Hay cosas que no me gustan: el pleito con los medios de comunicación, por ejemplo; o la insistencia en dividir a los mexicanos entre los que están con él (me refiero al presidente de México) y los que no (una actitud que contribuye a radicalizar a chairos y a fifís, un discurso desafortunado y exaltado, de un lado y de otro, ¡pa'aburrir!). No me gustan algunas declaraciones ni reacciones de miembros de su gabinete, ni que muchas decisiones que se han tomado no se hayan explicado bien. No me gustan los escasos resultados en materia de seguridad pública.

Aparte está lo que me gustaría: que las mañaneras no fueran todos los días, que el discurso del presidente siempre fuera incluyente (de y para todos los mexicanos, todos, todos, sin excepción alguna); que en esas conferencias de prensa algunos colegas de plano no se presentaran, los que hacen preguntas largas y lambisconas o preguntas fuera de contexto o cuestionamientos imprudentes e innecesarios; me gustaría que hablara más rápido y que explicara mejor todo lo que expone, pero si no, me gustaría que tuviera un equipo de comunicación que reaccionara de inmediato, que estuviera muy bien preparado y que distribuyera la información con toda la amplitud para no dejar espacios para las dudas o para las tergiversaciones y la manipulación.

Me gustaría mucho que no se satanizara a quien critica o señala sin intenciones ocultas; y que no se cortara con la misma tijera a los periodistas. Que el presidente de México (su equipo más cercano, sus asesores) discriminara y valorara la crítica constructiva y responsable, que la hay; y que tomara en cuenta a expertos en diferentes áreas que aportan su conocimiento con las mejores intenciones de contribuir a la definición de políticas públicas de urgente implementación y más efectivas.

Me gustaría que tuviera un poco de humildad real y reconociera que no lo sabe todo, ni lo puede todo; y que cuando llegó a la silla presidencial encontró las cosas peor de lo que le habían informado, de lo que las esperaba; y que no es fácil y la responsabilidad sobre sus hombros, descomunal. Y que no va a alcanzar a hacer tanto como quisiera, como prometió.

Me gustaría que dejara ya a un lado el discurso de los gobiernos del pasado (los mexicanos nos acordamos muy bien de todo eso) y se pusiera a trabajar, en el poco tiempo que tiene, para cambiar las cosas de fondo en lugar de repetir el discurso que se enfoca en adversarios y enemigos políticos. Así, paulatinamente, Andrés Manuel López Obrador ha ido tirando capital político.

Terminado un año, los cambios promovidos por el presidente son más superficiales que sustanciales. Si bien la corrupción pudo contenerse en la alta burocracia, no puede decirse que se haya eliminado.

La entrega de subsidios hacia los más pobres a través de los distintos programas sociales es lo que López Obrador suele presumir como un cambio radical. Si bien las transferencias de rentas hacia adultos mayores, estudiantes, discapacitados, campesinos y otros sectores puede paliar las carencias en millones de hogares, está lejos de constituir una política contra la explotación y la desigualdad que impera en el país.

A un año de asumir el mando, puede afirmarse que se han confirmado las contradicciones entre el discurso y la práctica en el ejercicio del poder en López Obrador. Un ejemplo es la administración de la guerra y la violencia organizada con política de militarización de la seguridad pública más radical que la de sus antecesores panistas y priistas.

Pero es la oferta de terminar con el modelo neoliberal donde el discurso del presidente muestra más fisuras. Lo ha dicho en todos sus informes y seguramente lo dirá el domingo: el neoliberalismo se acabó en México.

En lugar de la extinción del neoliberalismo, lo que tenemos en el 1er. año de la 4a. Transformación es un relanzamiento de este proyecto. Basta ver los proyectos más ambiciosos de López Obrador, como el Tren Maya, refinerías, el Corredor Transístmico o el aeropuerto de Santa Lucia para confirmar que persisten los grandes megaproyectos que refuerzan el extractivismo, el despojo de tierras y desplazamiento de poblaciones, la imposición del trabajo asalariado y la visión colonialista de "llevar progreso y desarrollo" mediante la inversión de capital privado y público.

Pues resulta que, cuando el presidente se dio cuenta de estaba tomando fuerza nacional la marcha del próximo domingo, protestando contra el México comunista, se le ocurrió que ese mismo día, él también va a hacer su propia marcha festejando su maravilloso 1er. año de gobierno. Con todo y su corona de florecitas.

Y para que se vea espectacular, acude a su gigantesco poder de convocatoria.

Para lo cual necesita el viejo truco priísta del CFTS (Collective Free Transportation System), llamado por mal nombre... acarreo.

Ya están alquilando cientos de camiones para traer a las 50,000 personas que "no muy apretaditas" pueden hacer que la plancha del Zócalo se vea llena, en la foto panorámica.

A ver... si AMLO tiene el 60% de aprobación y 30 millones de seguidores fieles, ¿para que necesitan acarreados? Si tan solo el 1% de los supuestos amlovers asistieran a festejarlo, serían 300,000. O sea que llenaría 6 veces la plancha del Zócalo. Sin acarreados.

Hmmm... ¿acaso será que en realidad no tiene tantos seguidores?

Porque "las encuestadoras" nos han repetido hasta el cansancio que AMLO es más querido que Juanga y Aurelio Casillas... ¿peeero sabemos quien paga esas encuestas?

Usando el sentido común... ¿ustedes creen que a la gran mayoría de los que están en esas manifestaciones, realmente les importa mucho si la política económica de México sigue los lineamientos de Keynes o de Friedman? ¿Y que significa neoliberalismo o comunismo? ¿O si siquiera se saben el nombre de su alcalde, gobernador o presidente?

Creo que esos mexicanos andan muy ocupados viendo de donde rayos van a sacar una lanita, para llevar a su casa un poco de comida, aunque sea por este día.

Por eso, si les regalan el famoso paquete TCGB (torta, camiseta, gorra y billete) se trepan al camión y por lo menos el domingo ya comieron, estrenaron, se pasearon y ganaron alguito.

Ojalá y los ciudadanos libres que no están de acuerdo con las políticas comunistas, venzan la apatía mexicana y llenen las avenidas y plazas principales de todas las ciudades del país. Ninguno de los que vamos a ir a esas protestas somos acarreados, nosotros si somos verdaderos. Y los políticos lo saben... y les da miedito.

Por favor señores políticos, no nos salgan con que su mejor táctica defensiva es hacer una manifestación de acarreados pro-gobierno, el mismo día y a la misma hora de una manifestación ciudadana contra-gobierno.

Que infantiles ¿vedá?

Para los que aún creen que el país tiene opción de crecimiento y prosperidad en el sexenio de López Obrador, ahí está su dogma de fe expresado ayer en la mañana al defender el nombramiento de un incompetente al mando de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA): 90% de honestidad y 10% de experiencia.

Dijo que prefiere tener funcionarios inexpertos que corruptos.

Pregunto: ¿y no hay quienes sean preparados y también honestos?

¿No hay ciudadanos con esas 2 virtudes? Sí los hay. Muchísimos.

Para el presidente saber es sinónimo de corrupción. Así se explica por qué vamos como vamos con el actual gobierno.

Y tal vez así se explique que en el Plan Nacional de Desarrollo dedique sólo un párrafo a la ciencia, en la última página, que hace alusión a un programa inexistente.

Ahí está la nuez de los castigos presupuestales a ciencia y a cultura.

Por eso echaron abajo la reforma educativa.

Con un acuerdo privado en palacio, AMLO le entregó a los vándalos de la CNTE el control de la educación en los estados que dominan. Ya es posible ascender en el magisterio sin hacer exámenes.

Está en contra de las evaluaciones.

A los alumnos de las normales les otorgó pase automático a una plaza de maestros.

Se crearon las universidades "patito".

De los centros de educación los jóvenes deben egresar sin mayores conocimientos o habilidades, pero muy bien adoctrinados en lucha de clases y en fobia al que piensa diferente, porque seguro esos letrados e instruidos son corruptos.

A vivir de los subsidios que les otorga el gobierno de Morena, sin cuestionar, es la divisa educativa de la 4T.

El presidente, que sí tiene experiencia política, debería saber que no se llega ya corrompido al sector público, sino que la corrupción pone a prueba a una persona cuando la ponen "donde hay".

Morena y los suyos llevan apenas un año en el poder. Ya hablaremos dentro de 2 o 3.

Si algo corrompe es el poder absoluto, sin contrapesos como los que AMLO ha ido eliminando. Tiempo al tiempo. Y no mucho.

Además, ¿no ha visto a los diputados y senadores que le aprueban sus leyes y caprichos -como el de Rosario Piedra al frente de la CNDH?

La mayoría de ellos no pasa la prueba del polígrafo ni con 20 gotas de Rivotril encima.

Dijo el presidente ayer en la mañana: "Antes era al revés, 90% de experiencia... buenísimos, además charlatanes, eso sí muy corruptos, firmaban todo por tener salarios de 300,000 pesos mensuales".

¿El presidente hablando de charlatanes? Bueno, dejemos el tema por ahora.

Urge gente preparada en el gobierno, y si cometen actos de corrupción que sean despedidos o encarcelados. Pero el país no puede seguir así.

No tienen idea de lo que hacen con la economía, y no por culpa de Arturo Herrera y Graciela Márquez -que sí saben-, sino porque la economía, como en el echeverriato, se maneja desde Palacio Nacional.

El presidente no confía en los que tienen conocimiento.

Y los resultados están a la vista. El Banco de México señaló que este año tendremos una economía con crecimiento negativo.

Y sin crisis exterior. Puros errores.

La economía con el presidente que prometió hacerla crecer al 4% porque los "neoliberales" no sabían nada, eran egresados del ITAM o de universidades del extranjero, no va a crecer ni una décima de punto en este año.

México, debajo de cero. Así dirán todos los reportes sobre el desempeño económico en el mundo.

Son una vergüenza. Y en seguridad no se diga: tenemos más de 30 matanzas en un año, luego de que el candidato AMLO anunciara que cuando llegue al poder "se van a acabar las matanzas".

Dedican más presupuesto al beisbol que a atender a 621,000 alumnos con aptitudes sobresalientes, necesidades especiales o discapacidad.

En lo dicho por el presidente ayer en la mañana, está pintado nuestro presente y da el color del futuro: los preparados son corruptos.

Al cumplirse un año de gobierno este fin de semana, muchos le reprocharán el 0% de la economía, la baja de los empleos e inversión y que no haya detenido la escalada violenta. Visto así pareciera un pésimo arranque. Pero AMLO ha comenzado la construcción del aparato de poder en el que va a montar su gobierno y desde el cual va a resistir cualquier embate de los poderes fácticos o incluso de los poderes establecidos, como serían gobernadores, presidentes municipales, congresos de los estados, o bancadas del Congreso de la Unión.

En estos 12 meses, López Obrador ha modificado organismos, leyes y dinámicas, que al mismo tiempo que provocan una concentración de poder, desactivan a una serie de interlocutores que solían tener puentes (y demasiada influencia) con el gobierno.

Eso abre la puerta a excesos, a discrecionalidad, a comportamientos erráticos que luego no son corregidos a tiempo, porque el diálogo es muy limitado; y abre la puerta, por supuesto, a la corrupción, porque un poder sin acotamientos, ya se sabe, no sólo puede incurrir en abusos y atropellos, sino que también puede darse licencias, dado que desdeña la vigilancia de los otros.

Ha creado un nuevo cuerpo policiaco que a la postre mermará a las fuerzas armadas; ha desmembrado los obstáculos que le impedían recentralizar la política energética; ha dado señales inequívocas de su autoridad con encarcelamientos emblemáticos; desplazó a un liderazgo enquistado en el sindicato petrolero; metió en un redil a los gobernadores; se agenció los votos necesarios en la Corte para inclinar la balanza cuando sea preciso; reemplazó casi por completo la forma gubernamental de dar apoyos sociales, y aniquiló proyectos emblemáticos de las pasadas administraciones.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) lamentó y rechazó la propuesta legislativa de reducir el periodo de duración de la presidencia de ese organismo de 9 a 3 años, al recalcar que se trata de una intromisión en la vida interna del instituto.

"Lamentamos y rechazamos la reciente iniciativa legislativa que busca disminuir, sin sustento racional, la duración de la presidencia del Consejo General, para poner un supuesto nombramiento rotativo del consejero presidente, al servicio de los vaivenes políticos en la Cámara de Diputados".

Así se destacó el jueves en un pronunciamiento firmado por 17 de los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y Secretaría Ejecutiva de la Junta General Ejecutiva del INE.

Aseguraron que la medida, como otras que se han presentado, es una reciente andanada en contra del instituto y de los consejeros que lo dirigen; además, sostuvieron que se trata de una injustificada intromisión en la vida interna y una flagrante violación a la autonomía del INE.

Los firmantes de la Junta General Ejecutiva apuntaron que resulta preocupante un eventual rompimiento de la continuidad de la función institucional. En ese sentido, consideraron que la iniciativa pone en riesgo la independencia e imparcialidad con que se debe conducir la autoridad electoral.

Recordaron que la decisión de tener una presidencia por 9 años, estuvo basada en una lógica transexenal de garantizar que ese nombramiento no respondiera a la lógica de los ciclos electorales. La disminución, aseveraron, busca afectar la conducción del árbitro electoral.

"De renovarse la presidencia cada 3 años, a la víspera de cada proceso electoral federal, cambiaría la conducción del instituto, lo cual desestabilizaría y sometería el proceso a una carga política adicional por el nombramiento".

Asimismo, recuerdan que corresponde a la Junta General Ejecutiva del INE coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y programas generales del instituto, así como las actividades de las direcciones ejecutivas.

"Exhortamos a los legisladores que conforman el Congreso de la Unión y las 32 legislaturas locales a analizar detalladamente las implicaciones de una reforma constitucional de esta magnitud que, de prosperar, significaría un retroceso en la certidumbre de las reglas vigentes y, por tanto, en la confianza en los resultados electorales", subrayó.

Un año después, resulta aún más insoportable de lo que ya era el moralismo del presidente, esta tan falsa como absurda dicotomía entre buenos y malos. Saca ronchas la victimización y la prepotencia del grupo gobernante, la falta de autocrítica y el desprecio de la técnica. Nada hay políticamente más peligroso que el purismo y la pretendida superioridad moral de un grupo, el que sea y por las razones que sean. El revanchismo es la tumba de todas las revoluciones.

Las mañaneras han resultado un ejercicio desgastante y desgastado. Un ejercicio que comunica mucho, pero informa poco, que banaliza lo importante y da un espacio exageradamente grande a lo banal. Gobernar no es tirar netas sino resolver problemas, y las mañaneras se han convertido en el púlpito desde el que el Tlatoani nos sermonea cada mañana y combate a la realidad con otros datos.

No se puede decir que es un buen año cuando la economía no crece y la inseguridad no baja, cuando el empleo cae y el crimen organizado anda a sus anchas por el territorio nacional, cuando, en palabras del presidente, los criminales le hacen una guerra de 4 horas al Estado y, eso no lo dijo el presidente, pero sí sucedió, el Estado sale derrotado.

Lo más preocupante de estos primeros 12 meses es sin duda lo político. La concentración de poder en manos del presidente no tiene antecedentes en la era de la democracia. La ruta que ha emprendido López Obrador para eliminar todo aquello que él considera un estorbo para el desarrollo de su proyecto debe ser motivo de preocupación, pero más aún debe serlo la incapacidad de la oposición, no digamos para articular un discurso alternativo de nación, sino simplemente una visión de país que les permita actuar congruentemente.

Un año después tenemos un presidente popular, un gobierno de medio pelo, un país con urgencias y una ciudadanía todavía con esperanza. Ah, y una realidad terca como una mula que no va a cambiar con discursos moralistas, sino con acciones y políticas públicas sustentadas y sostenibles a largo plazo.

Una de las frases de "La Mañanera" de ayer; una frase que algunos medios ya convirtieron -el "copy-paste" tan en boga-, por rotundo, por sonoro, por grandilocuente, en titular obligado de sus ediciones digitales: "¿Saben que es lo que más me importa (para desempeñar cargos públicos), más que la experiencia?: la honestidad".

Es probable ("lo que el presidente quiso decir...", según la frase que inmortalizó Rubén Aguilar en sus años de vocero del ex presidente Fox) que la frase, más que al pudor o al recato, intentara aludir a la 4a. acepción que la Real Academia da al vocablo: probidad, rectitud, honradez...

En México, por una lamentable tradición, la honestidad se ha visto como la virtud contraria al vicio de la corrupción ("En las organizaciones, especialmente en las públicas -acota nuevamente el 'Tumba-burros'-, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquéllas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores"), casi una característica distintiva de la clase política: nadie ignora que los "moches" -tan mexicanos como la "mordida" o la salsa de molcajete- han sido uno de los más comunes métodos de enriquecimiento de funcionarios públicos de todos los niveles en este país.

Suponiendo, sin conceder -en la hipótesis de que la realidad se correspondiera plenamente con el discurso oficial-, que esa modalidad de la corrupción se hubiera desterrado de la administración pública, nada demuestra que la honestidad, en consecuencia, sea la norma. La honestidad implica otras virtudes adicionales; eficacia y competencia, principalmente. Un funcionario público, aun sin robar, sin extorsionar al ciudadano, es deshonesto -y corrupto, en consecuencia- si no da resultados en el desempeño de sus funciones.

Una administración que merece censuras, no sólo de sus críticos -o "adversarios", como prefiere etiquetarlos- sino de un organismo tan respetable como Amnistía Internacional, por ejemplo, porque la gestión del flujo migratorio, la creciente escalada de violencia (los recientes, terribles episodios de Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Sonora) o las violaciones sistemáticas de los derechos humanos denotan incompetencia, es, toda ella, deshonesta; corrupta, pues.

Colofón: por algo dice el refrán que "Alabanza en boca propia es vituperio". Por algo sentencia el adagio: "Dime de lo que presumes... y te diré de lo que careces".

Como sucedió en su 1a. campaña electoral, que uno de sus ejes discursivos para conectar con su principal base de votantes, y durante la consolidación de su 1er. año de gobierno, fue posicionar la amenaza de la frontera sur y la necesidad de construir un muro para proteger a los estadounidenses, ahora Trump añadirá y encuadrará a ese mismo riesgo, el grave y evidente problema del narcotráfico en México.

Eso se venía venir desde que en julio se logró la prórroga diplomática y se disipó la amenaza de imponer aranceles del 5%, y progresivo, a las exportaciones mexicanas a aquel país, a cambio de modificar radicalmente la política de puertas abiertas a los migrantes que había propuesto en campaña Andrés Manuel López Obrador, y enviar, como sucedió, a miles de elementos de la entonces naciente Guardia Nacional para detenerlos y disminuir drásticamente la llegada de centroamericanos a la frontera de México y Estados Unidos.

Aunque aquello pareció una buena noticia, no solo por el rechazo al populismo inicial sino por la soberanía y control que cualquier país debe hacer valer en su territorio, esas primeras presiones de Trump exhibieron a AMLO al variar radicalmente e incumplir en los hechos su postura hacia los migrantes.

Pues bien, salvado el tema de los aranceles que le sirvieron a Trump para mostrar músculo ante sus electores en el tema de la migración, era claro que lo que vendría a continuación sería el tema de la inseguridad y el narcotráfico.

Así lo dejó entrever, desde que amagaba con los impuestos a las exportaciones, cuando expresó que en México poco se hacía para combatir a los capos del narcotráfico.

Aquel reclamo inicial fue creciendo en la medida que no veían una estrategia clara del gobierno de la 4T para atacarlos y cuando López Obrador admitió que no era su prioridad atraparlos. Vino entonces el amago de relanzar la certificación para evaluar las políticas del combate al narco desde Estados Unidos.

Para la estrategia de Trump de ir escalando y endureciendo esta narrativa, el culiacanazo del 17 de octubre y el brutal asesinato de las mujeres y menores de la familia LeBarón les cayó como anillo al dedo, y del ofrecimiento de facilitar tropas militares estadounidenses para combatir a las mafias mexicanas, pasaron esta semana a hablar de meter a los capos y sus cárteles a la lista de terroristas que amenazan la seguridad nacional de su país.

Se acabó pues, aquella prórroga diplomática y está en puerta una nueva embestida no sólo al calor de la campaña por la reelección, sino para exigir modificaciones en el T-MEC que aún no se aprueba, como ya lo plantearon ayer.

Dentro de todo el riesgo que esta nueva andanada de Trump implica, ojalá sirva para que el gobierno mexicano reconsideré su fallida política de seguridad, de abuelas y abrazos, que sigue permitiendo el empoderamiento cada vez más evidente de los grupos delincuenciales en México.

Paco Calderón
(29 de noviembre de 2019).

El nuevo gobierno ha hecho cambios importantes en la forma en que se ejerce el gasto público. Ha suspendido o reducido programas, muchos con alto contenido social, que habían permitido una reducción de la pobreza extrema, pero ha aumentado o creado otros que entregan recursos directamente a los beneficiarios. Ha cancelado importantes proyectos de inversión, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, pero ha anunciado otros, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. Ha combatido el huachicol y la corrupción. Ha elevado el salario mínimo 20% y 100% en la frontera norte. Ha creado la Guardia Nacional, una policía militar, mientras que afirma haber cancelado los intentos por combatir con violencia al crimen organizado. Ha buscado centralizar el poder, debilitando a organismos autónomos y regulatorios. Ha eliminado también buena parte de la reforma educativa de 2013.

A un año de distancia, los resultados son mixtos. La economía se ha estancado, en buena medida por una caída en la inversión fija bruta de 3.3% anual hasta agosto y un desplome de la construcción de 10% en septiembre. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y las suspensiones de nuevos proyectos de inversión privada en energía han sido 2 de los factores que han provocado este estancamiento.

Uno de los puntos positivos del año, a pesar de la falta de crecimiento, ha sido un alza en los salarios. El presidente López Obrador presta especial atención al incremento por decreto del salario mínimo, que pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios, pero como muy pocos lo reciben su impacto ha sido muy limitado. Sí ha habido, sin embargo, avances en el salario promedio cotizado en el IMSS. Este pasó de 350.62 en octubre de 2018 a 373.22 en octubre de 2019 (STPS), lo cual es un alza nominal de 6.4% frente a una inflación cercana al 3%. En contraste, la desocupación abierta se elevó de 3.2 a 3.6% de octubre a octubre, mientras que otros índices de desempleo también están subiendo.

En materia de seguridad hay igualmente un retroceso. El número de homicidios dolosos está en camino de establecer un nuevo récord en este 2019. La liberación de Ovidio Guzmán, tras ser capturado en Culiacán, Sinaloa, en octubre, subrayó la debilidad del Estado frente al crimen organizado. La matanza de 3 mujeres y 6 niños de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, en noviembre, ratificó que persiste la impunidad incluso de los peores crímenes.

El gobierno ha buscado desmantelar las instituciones autónomas y de regulación que creaban contrapesos al poder presidencial. Ha lanzado una guerra contra instituciones como la CRE, la CNH, la CNDH y el INE que han sido los pilares de la construcción de un sistema que limitaba el poder unipersonal que los presidentes tuvieron durante las décadas del viejo PRI. El propósito parece ser el de concentrar nuevamente el poder en la Presidencia.

El mandatario sigue gozando de una popularidad notable. En parte se debe a su muy particular habilidad como comunicador, pero también a un naciente culto a la personalidad.

Amnistía Internacional alertó el miércoles de las "incongruencias" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la defensa de los derechos humanos en México, uno de los temas que el presidente se comprometió a defender más.

También denunció violencia, torturas, y una militarización generalizada. El único avance que menciona la organización es en la gestión del problema de los más de 40,000 desaparecidos que hay en México.

"Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía.

Entre los ejemplos de las "incongruencias" entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace, Amnistía puso como ejemplo las promesas de dar un trato más humano a los migrantes mientras "manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles" o que se comprometa a proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, pero los desacredite púbicamente.

También alertó de los "muchos pendientes" en materia de violencia contra las mujeres y las niñas.

Amnistía instó al gobierno a que deje de responsabilizar a los gobiernos anteriores por estos problemas y empiece a tomar medidas "asegurándose que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental" ya que, a juicio de la organización, tiene una "oportunidad histórica" para cambiar el rumbo del país.

[El libro de López Obrador] no es un plan de gobierno (le falta todo), ni es un análisis económico (sería de caricatura en todo caso), no le pidan metas, diagnóstico, variables o construcción lógica. Es un planteamiento ideológico muy eficiente en términos de mensaje. Es un texto de divulgación que debe usar el nombre correcto: propaganda.

¿Y en qué consiste esa propaganda? No esperen un resumen del libro. Ya hay muchos y muy buenos. Lo que aquí propongo es registrar las 10 claves que pueden extraerse de la lectura completa para diseccionar el mensaje lopezobradorista para la posteridad.

A mí se me paran los pelos de punta.

Es un planteamiento ideológico muy eficiente en términos de mensaje. Es un texto de divulgación que debe usar el nombre correcto: propaganda.

El Plan Nacional de Infraestructura anunciado por el gobierno, a partir de inversión de la Iniciativa Privada, contempla casi 50,000 millones de pesos en obras que benefician a Jalisco.

Son buenas noticias porque entre estas obras se encuentran el acueducto a León de la presa El Zapotillo, el aeropuerto tapatío y la presa El Purgatorio.

Pero también hay que ver los números con frialdad. La inversión en El Purgatorio y el aeropuerto tapatío ya estaba destinada a ser inversión privada. De hecho, en 2018, la mitad de la inversión en infraestructura en el país ya era de la Iniciativa Privada. El apoyo de los empresarios ha crecido año con año.

En concreto, la 4T sumó los proyectos ya existentes, agregó algunos nuevos y los presentó en la mañanera.

Entre investigadores circulan documentos que prueban que Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de moda, sí fue contratada como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), por instrucciones de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, aunque ella lo ha negado anteriormente.

El 13 de diciembre de 2018, "por instrucciones de la directora del Conacyt", Edith Arrieta fue contratada como Subdirectora de Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica, se lee en el nombramiento oficial que emitió la Oficialía Mayor. El acuerdo se dio a pesar de su nula experiencia en materia científica.

Documentos recuperados de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que Arrieta Meza fue adscrita a la Dirección de Información y Fomento a la Investigación de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem.

En febrero pasado, en medio de la polémica que generó esta contratación, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, señaló a la prensa: "(Edith Arrieta) no es y nunca ha sido subdirectora de Conacyt. Ayudó en el proceso de entrega-recepción porque tenía conocimiento en temas como el maíz transgénico".

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de Transparencia 1111200018719, los Conocimientos Técnicos Específicos para ocupar el cargo que le fue otorgado a Arrieta Meza en la Cibiogem deben estar enfocados a "Biología Molecular, Ingeniería Genética y Biología Moderna". Además, el perfil del puesto especifica que debe tener una experiencia laboral en "investigación en el área de Ciencias Biológicas o Biotecnología y experiencia en gestión de tecnología o transferencia tecnológica", se lee en la descripción.

Sin embargo, Edith Arrieta no cuenta con este perfil ni cumplió los requerimientos elementales del puesto. De acuerdo con el propio curriculum que ella presentó ante el Conacyt, su grado máximo de estudios es el de licenciada en Diseño y Publicidad en Moda por la Universidad Jannette Klein.

También destaca que fue miembro fundador del partido Morena, secretaría general de Morena en Milpa Alta y candidata a la diputación local por el Distrito XXXIV Milpa Alta-Tláhuac. En su hoja curricular subraya además su participación en trabajo social, pero no tiene registrado ningún apartado relacionado en materia científica, mucho menos en biotecnología.

En su momento, Conacyt alegó que su colaboración con Arrieta se "dio en el contexto de la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de la Ciudad de México".

En el comunicado del 13 de febrero, la directora justificó que "Arrieta posee profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta (...) se ha desempeñado en cargos públicos en la alcaldía de Tlalpan en áreas relativas a la conservación de la agrobiodiversidad, por lo que su perfil completo justificó el encargo que se le dio en Cibiogem".

Edith Arrieta Meza fue parte activa de la campaña del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que fue enlace de Morena en la Delegación Milpa Alta, donde organizaba actos proselitistas en espacios públicos como Plaza la Corregidora en Tecomitl o en la Plaza Pública de Atocpan.

Tal vez el presidente López Obrador no lo sepa o no quiera saberlo, pero uno de los problemas críticos de la inversión hoy en día es que las autoridades operativas del gobierno no están haciendo su trabajo. El presidente López Obrador piensa que hoy tenemos el mejor gobierno en mucho tiempo, por el combate a la corrupción. El problema es que quizás sí tengamos mucha gente honesta pero tremendamente incompetente.

Si no hacemos algo en ese ámbito, tendremos problemas insuperables para que se hagan efectivas muchas inversiones.

José Ángel Carrizales López fue seleccionado "personalmente" por el presidente López Obrador como director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Así lo reconoció el secretario del Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Apenas el 15 de noviembre la Semarnat había descalificado una información de que Carrizales había sido nombrado para el cargo: "Negamos esta versión. La desconocemos por completo", dijo un vocero. Unos días después el propio titular de Semarnat declaraba: "Sí, esto lo eligió el presidente de la república. Finalmente, él se decidió por el ingeniero Ángel Carrizales".

Una vez más estamos ante un funcionario elegido para un puesto de relevancia para el que no está calificado. El presidente López Obrador reitera su mensaje de que no quiere capacidad ni preparación en sus funcionarios; lo que busca es lealtad.

Carrizales es ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas. Trabajó un tiempo en puestos de bajo nivel en la refinería de esa ciudad, pero su gran acierto fue haberse incorporado a la Ayudantía de López Obrador. En 5 ocasiones ha sido postulado ahora para cargos en la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el consejo de administración de Pemex, pero el Senado lo ha rechazado por no ser idóneo. Carrizales no tiene experiencia en materia ambiental y no cumple con los requisitos de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, especialmente "haber desempeñado cargos de alta responsabilidad, cuando menos 5 años, en actividades profesionales en el sector público o privado, sustancialmente relacionadas con las materias objeto de esta agencia". Su trabajo en la ASEA, sin embargo, no será al parecer el de tomar decisiones técnicas informadas, sino simplemente avalar las del presidente.

No es el único caso. Muchas de las designaciones en organismos autónomos o de contrapeso al poder presidencial han recaído en personas sin preparación para cumplir las responsabilidades. Quizá eso es lo que busca el presidente. Por eso redujo los sueldos de manera discrecional y estableció una veda de 10 años que impide que los funcionarios ocupen cargos en el sector privado en sus campos de especialidad. La estrategia es quitar a los expertos, a los que constantemente descalifica, y llenar los organismos de incondicionales.

El presidente sostiene que muchos de los organismos reguladores o instituciones autónomas, espejo de los que existen en las democracias occidentales, son neoliberales y se oponen a su proyecto de gobierno. Por eso los está debilitando a través de reducciones en los presupuestos y de la designación de funcionarios poco capacitados.

Los repetidos intentos por colocar a Carrizales en un puesto, cualquiera, en el sector energético son muestra de esta estrategia. También el recorte de más de mil millones de pesos, 8.6% de lo solicitado, en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. El presidente considera al INE una burocracia cara e innecesaria. Quizá sirvió para lograr la alternancia, pero ya no se necesita más alternancia.

Carrizales es un ejemplo de los funcionarios subcalificados de este gobierno. El año que viene López Obrador escogerá seguramente consejeros con las mismas características para el INE. Quiere ser un presidente gigante, pero en un Estado subcalificado.

"Ya no se puede hablar de crímenes de Estado porque no permitiremos ninguna injusticia", dijo el presidente López Obrador que, de un plumazo, o más bien un lengüetazo, quiso borrar una de las demandas más sensibles del país que es la solución al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 27 de septiembre de 2014. A un año de tomar la presidencia, el caso no ha avanzado un ápice, salvo la liberación de los presuntos responsables que tuvieron que soltarlos por fallas en el proceso del gobierno anterior. Pero lo preocupante de la frase del presidente no es que quiera hacer parecer lo que no es, es decir, que este gobierno ha hecho algo para esclarecer el paradero de los estudiantes, sino que confunde a su persona con el Estado y para colmo ya comenzó a hablar en el "nos mayestático" propio de papas y reyes.

Ayotzinapa es un crimen de Estado no porque haya o no injusticias o porque alguien grite una consigna en las marchas. Fue injusto desde el momento en que estudiantes son detenidos, apresados y luego desaparecidos y eso no cambia con la alternancia en el poder. Y es un crimen de Estado porque fuerzas policiacas, cuyo alcalde respondía a los intereses de un grupo delincuencial, participaron en la detención de los estudiantes y posteriormente los entregaron al crimen organizado. Así apresen y condenen a todos los policías que participaron en la detención y posterior desaparición y logren la condena a los Abarca, que más bien están a punto de salir libres, seguirá siendo en ese sentido un crimen de Estado.

Pero el presidente cree que el Estado es él y solo él. Que si él es bueno el Estado es bueno; que si él es o piensa que es justo, el Estado es justo; que si él es o piensa que no es corrupto, ya podemos dar por enterrada a la corrupción; que si él decide algo, es por el bien todos y que, si él habla, habla el pueblo. Sus seguidores podrán decir que son fórmulas retóricas que no tienen importancia, que es pedagogía del poder, pero cuando las instituciones de justicia son suplidas por el voluntarismo presidencial, la historia se cambia por decreto y sobre todo se confunde al Estado con la persona que tiene la representación, hay algo que no está funcionando.

A un año de la llegada del presidente López Obrador y Morena al poder, la desaparición de los estudiantes sigue siendo uno de los pendientes de la justicia y una de las promesas incumplidas y eso no se cambia con una declaración o una perorata dominguera.

En los últimos días se ha generado una discusión (una más) a causa del Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue aprobado por la mayoría de diputados que están a favor, casi sin cuestionamientos ni argumentación, de lo que dispone la Presidencia de la República. Es evidente que la mayoría de las autoridades locales (gobiernos estatales y municipales) sólo levantan la voz para reclamar la disminución de sus recursos, pero no explican ni transmiten explicaciones claras y comprensibles para sus gobernados y la ciudadanía en general.

Una lamentable combinación de ignorancia y temor de enfrentar al creciente poder central, provoca que las autoridades locales no adviertan del debilitamiento crónico del federalismo en nuestro país, cuando se habían concretado avances reales en los 2 sexenios anteriores a la administración de Enrique Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios en el gabinete y aliados políticos en la Cámara de Diputados, particularmente el coordinador Mario Delgado, han argumentado que la centralización del presupuesto federal (6.1 billones de pesos para el año 2020), dejará beneficios históricos en México, como la aplicación de una auténtica austeridad en el gasto público; el combate y la eliminación de la corrupción; el rescate de Petróleos Mexicanos; la disminución de la deuda pública y la construcción de una nueva "economía moral", nada menos.

Por si fuera poco, aunque eso no figura en los discursos oficiales porque es políticamente incorrecto, ese empoderamiento del poder ejecutivo federal permite también aplicar una evidente revancha contra los adversarios que bien podrían considerarse "la mafia del poder".

Entre otros resultados obvios del nuevo ejercicio presupuestal, también está el recorte a los recursos de los denominados organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto de Transparencia (INAI).

En el nuevo escenario político y administrativo, hay que preguntar: ¿Este esquema proporcionará la justicia social que hace falta en México? Y aún más: ¿Qué mecanismos legales han generado los diputados federales que aprobaron el presupuesto para contener y delimitar el creciente poder presidencial?

Cuando Enrique Peña Nieto accedió a la Presidencia, parte de su paquete de reformas recortó la autonomía creciente que habían obtenido estados y municipios. Con la llegada de la 4T y el ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta tendencia es avasalladora y tiende a crecer de modo imparable.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Eso no se ha abordado en ninguna conferencia "mañanera". Se aprobó un listado de obras y proyectos de desarrollo e infraestructura en diferentes puntos de la república, pero no tienen un monto presupuestal asignado, aunque sí dependen de la Presidencia. Eso es discrecionalidad, y en los hechos, significa que gobernadores y alcaldes deben retomar la práctica de acudir a Palacio Nacional para conseguir los recursos y la bendición presidencial. Naturalmente, jamás podrán cuestionar ni inconformarse sin sufrir las consecuencias.

México es una república federal. Incluso tiene una Cámara de Senadores que es garante de ese pacto entre los estados autónomos. El espíritu de la república, al menos en nuestro modelo, es frenar la concentración del poder en beneficio de los derechos de cada ciudadano.

Vamos en sentido contrario, y a toda velocidad.

Después de la forzada suspensión de clases que hubo como forma de protesta de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ante la falta de pago a más de 2,000 de sus agremiados, el secretario de Comunicación de ese núcleo magisterial, Adrián Delgado, agradeció a los padres de familia por "la comprensión", aunque reconoció que hubo quienes sí se molestaron.

Ayer, 60,000 maestros federalizados adscritos al SNTE frenaron labores, aunque acudieron a los centros de estudio sin recibir a los alumnos para darles clase.

Como parte de los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Educación, hoy se reanudan las clases en toda la entidad y, además, se instalaron unas mesas permanentes para solucionar los adeudos a los maestros que todavía existen en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, puntualizó que el atraso en los pagos para más de 2,000 maestros federalizados adscritos a la sección 16 del SNTE, es un tema federal.

"El dinero no se los debe el Gobierno del Estado. El problema es que en la federación han dejado crecer ese asunto y han dejado a muchos maestros del sistema federal sin tener pago, simplemente como reconocimiento a su trabajo".

La Secretaría de Educación en el estado comunicó que cuando llegaron a la administración se encontraron con 12,000 plazas de maestros en donde había problemas de falta de pagos, y que hasta el momento se ha resuelto 94% de estas irregularidades.

Víctor Trujillo, quien representa al personaje “Brozo” en el programa “El Mañanero”, anunció que esta semana será la última en transmisión en Aire Libre tras 25 años de transmisión.

De acuerdo con el conductor, "llegan los momentos inciertos" de despedirse luego de cumplir un año el próximo viernes 29 de noviembre.

"Se los queríamos comunicar para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un 'braguetazo de emergencia' o un asunto de 'viseras' o conflicto", dijo Brozo durante su transmisión en vivo de esta mañana.

Explicó que el programa y Aire Libre de 105.3 de FM han hecho "todo lo posible" y lo que "les corresponde" para permanecer al aire todo ese tiempo. Por lo que era momento de "tomar decisiones".

"Las cosas como se ven venir no presentan o no anuncian que habrá una mejoría o habrá mejores condiciones. Antes al contrario, ¿no?", agregó.

Sin embargo, también aseguró que "nos seguiremos viendo", pues así ha sido a lo largo de 40 años, y no querían salir con la noticia el viernes "como si fuera una bomba".

"Es como es. Una decisión que toma Aire Libre, una decisión que toma 'El Mañanero y una decisión que tomo yo', concluyó Trujillo."

Ningún presidente había tenido el gesto político de visitar todas (o casi todas) las comunidades indígenas del país. Ninguno los había puesto en el centro de su gobierno y de su discurso como lo ha hecho este presidente y, sin embargo, hay comunidades indígenas que no sólo no están de acuerdo con él, sino que consideran que la política del gobierno actual es represiva y de hostigamiento a las comunidades, como lo denunció la vocera del Consejo Nacional Indígena y ex precandidata a la presidencia de la república María de Jesús Patricio.

Según López Obrador 9 de cada 10 hogares indígenas ya reciben alguno de los apoyos del gobierno federal, lo que de alguna manera alivia las economías de los más marginados del país. Pero los pueblos originarios ven otra cosa. Lo que ellos señalan es que los megaproyectos del presidente, concretamente el Tren Maya y el Transístmico, lejos de traer desarrollo lo que provocarán es destrucción ambiental y desplazamientos de comunidades. Acusan que ha comenzado ya la presión e incluso desaparición de líderes indígenas que se oponen al proyecto desarrollista de la autodenominada 4a. Transformación.

Evidentemente, no todas las comunidades indígenas tienen la misma visión y por supuesto no todos al interior de una comunidad indígena piensan igual. Ese es el error más común que los analistas, los políticos y el mismo presidente, cometemos cuando queremos analizar y pensar el mundo indígena. Los indígenas no son una entelequia o una categoría, sino personas y comunidades concretas con problemas concretos y visiones particulares.

La consulta sobre el Tren Maya a mediados del mes de diciembre será la prueba de fuego para la administración de López Obrador. No se trata de ganar una elección amañada, como lo hicieron con el aeropuerto de Texcoco, sino de entender la lógica y los intereses de los pueblos aparentemente beneficiados. No es sólo un asunto de poner mesas de votación, eso sirve para legitimar la obra, pero nada más, sino de escuchar y eso es más complicado, más tardado y sobre todo implica estar abierto a recibir la crítica.

En un gobierno con prisa, que habla mucho y escucha poco y sobre todo que es poco tolerante a la crítica, la realización de la consulta podría ser incluso contraproducente.

En el presupuesto se reflejan los rasgos autoritarios que han asomado claramente en el 1er. año de López Obrador. Su desprecio a los contrapesos quedó patente en la disminución presupuestal de 4,183 millones de pesos a todos los organismos constitucionales autónomos, principalmente al Instituto Nacional Electoral, al que le redujeron 1,075 millones de pesos.

Están también ahí los reclamos de los gobernadores a los que se les redujeron las participaciones federales, como ocurrió con Jalisco, y que ven un trato preferente a los estados gobernados por Morena.

La nueva forma de repartir el presupuesto federal es para escandalizarse. El paquete económico 2020 consigna que un proyecto prioritario para Jalisco es la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero.

Sin embargo, en las partidas presupuestales no se especifica ningún monto para la Línea 4 sino sólo una bolsa general de recursos para proyectos ferroviarios del país.

El dinero, si lo hay, será entregado de manera directa por el presidente vía gestiones del gobernador Enrique Alfaro. Una nueva fórmula de "negociación": los mandatarios piden y el presidente decide.

El mecanismo de control de gobernadores, hay que decirlo, no puede ser más discrecional y más perverso.

El libro Hacia una economía moral del presidente López Obrador se antoja como una mezcla de informe de gobierno, mañanera extendida y panfleto moralista. Compendia y sistematiza las declaraciones del presidente en las mañaneras y otras presentaciones públicas. No da a crédito a nadie más, por lo que debemos suponer que lo escribió el propio mandatario en sus tiempos libres. Se ha convertido en un instantáneo éxito de ventas.

La obra refleja el lenguaje coloquial de Andrés Manuel, pero no exhibe las faltas de sintaxis, prosodia y concordancia en las que cae constantemente, lo que señala que fue sometida a una corrección de estilo, aunque han quedado algunas faltas de ortografía. Menciona, por ejemplo, que los liberales del siglo XIX "surcían sus propios uniformes" (zurcían) y habla del "oprovio neoliberal" (oprobio). Aun así, las faltas son relativamente pocas, si se consideran las afirmaciones en redes sociales que decían que el volumen estaba plagado de errores gramaticales.

El autor reitera en esta obra los argumentos que hemos escuchado constantemente de él y que se han convertido en dogmas repetidos por sus acólitos. México es un gran país que no ha podido prosperar por la corrupción, la cual dio inicio con Hernán Cortés, pero alcanzó niveles de despojo en los años del "neoliberalismo". Afortunadamente, ha llegado hoy un gobernante limpio. "Siendo honestos, como lo somos", escribe sin sonrojo, deberían abrirse expedientes contra los corruptos, pero "no habría juzgados ni cárceles suficientes para procesarlos y castigarlos".

A ratos el libro se vuelve un informe de gobierno con detalles sobre los precios de garantía, el Tren Maya, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la supuesta reversión de la caída en la producción petrolera, la inversión en carreteras, la llegada de inversión extranjera, el aumento en las exportaciones, el arribo de turistas internacionales, la deuda pública, el equilibrio de las finanzas públicas, el superávit de la cuenta corriente, la baja en el costo de financiamiento de Pemex e incluso el aumento de las reservas internacionales (que eran la cifra más importante de los informes presidenciales de los 70 y 80, pero que hoy se reportan semanalmente).

Muchas de las afirmaciones reflejan buenas intenciones más que resultados... o simple ignorancia económica. El superávit de cuenta corriente que festeja, y que no dice que se registró solo en el 2o. trimestre de 2019, se debe a que tuvimos menos crecimiento y no a que haya aumentado la productividad. "La economía está creciendo poco, pero no hay recesión", afirma, cuando la verdad es que se estancó en los primeros 9 meses de 2019. "Ahora es menos injusta la distribución del ingreso", sostiene, pero no hay forma todavía de saber si esa distribución ha mejorado o empeorado.

La última parte del libro busca justificar la filosofía moral del régimen. Los "fundamentos de una república amorosa deben convertirse en un código del bien", de ahí el compromiso de elaborar "una constitución moral". El presidente se considera artífice de "una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia" y añade que "los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero... están como fuera de quicio" y "están moralmente derrotados".

El volumen reitera una visión maniquea y narcisista de la historia en la que el autor representa todo lo bueno y sus predecesores y críticos todo lo malo. Es una versión simplista y moralista de la historia y de la economía.

La construcción registró en septiembre el 8o. mes consecutivo a la baja. El valor de la producción de esta industria está 10% abajo que hace un año.

Por fin le encontraron chamba a Ángel Carrizales López. Fue miembro de la ayudantía de AMLO. Lo propusieron 5 veces para la CRE y el consejo de Pemex, pero fue rechazado. Hoy lo nombran director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pese a carecer de experiencia.

Paco Calderón
(24 de noviembre de 2019).

López Obrador se empeña en debilitar contrapesos y apoderarse de organismos autónomos. Los nuevos objetivos son el INE y el Tribunal Electoral porque quiere garantizar que Morena siga en el poder.

¿Está fuera de la realidad la Ley de Austeridad Republicana? En un país donde los altos ejecutivos del sector privado ganan más de medio millón de pesos al mes, la ley fija un tope de salario de 108,000 pesos mensuales. Todo esto a partir de un salario presidencial que fue reducido a la mitad.

¿Debemos tomar como referencia los sueldos más altos del sector privado o el ingreso promedio del mexicano? El presidente López Obrador tiene su punto de vista y con él coinciden millones de mexicanos, que piensan que los funcionarios públicos ganaban demasiado. El que las mayorías y el presidente coincidan no basta para poner el punto final. El mercado laboral funciona en una realidad paralela, donde el tope de 108,000 pesos es absurdo. En México sobran trabajadores disponibles, pero hay una escasez de talento. Los altos salarios reflejan el esfuerzo por atraerlo.

¿Es sensato poner una prohibición de 10 años para que los funcionarios trabajen en el sector privado al que regularon? La Ley de Austeridad impone el plazo más largo en el mundo. En otros países, la cuarentena va desde los 2 hasta los 5 años.

México rompió el molde. El 1er. efecto es una salida masiva de funcionarios de nivel medio. Eso está ocurriendo en dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los trámites se han ralentizado y no está claro si la nueva velocidad es algo que llegó para quedarse o parte de una curva de aprendizaje. Las industrias reguladas lo viven como un incremento en el nivel de incertidumbre. En los altos círculos de la 4a. Transformación no parecen preocuparse. La sustitución del personal de carrera por gente leal al movimiento estaba en el libreto del amplio triunfo de 2018.

¿Qué pasará con los amparos de los servidores públicos? Hasta el momento son 5,700 funcionarios que han optado por la vía judicial. Objetan la prohibición de 10 años para trabajar en el sector que regularon o del que hayan tenido información privilegiada. También ponen de relieve la vulneración de sus derechos.

Estos amparos pondrán a prueba el sistema de justicia. Dirán mucho de su imparcialidad e independencia, pero también marcarán la pauta de lo que será en el futuro la administración pública y su relación con el sector privado.¿Qué pasará con la capacidad de atracción de talento del sector público? ¿Qué efecto tendrá en el nivel de la corrupción el tener menores sueldos?

Necesitamos tiempo para responder, pero tenemos suficiente para afirmar que la Ley de Austeridad sepulta la ley que creaba el servicio profesional de carrera. Esta data de abril de 2003 y nunca llegó a ser todo lo que se esperaba de ella. Entre sus objetivos estaban asegurar la profesionalización y el desarrollo de los servidores públicos, además de crear las condiciones para que los méritos profesionales fueran el principal criterio de ingreso y ascenso dentro del servicio público.

Fuego, fuego... gritan algunos exservidores públicos. En la 4a. Transformación, todo tranquilo. Consideran que hay una limpia necesaria y que el tiempo les dará la razón que ahora reflejan las encuestas. Mientras tanto, la curva de aprendizaje sigue. Lo cierto es que todo proyecto político requiere de un cuerpo técnico que lo haga realidad. No está claro que la 4a. Transformación lo tenga o que le preocupe carecer de él.

Algún día reciente amaneció "la mañanera" en franca y abierta promoción editorial, para dar a conocer un libro "suscrito" con el nombre del ejecutivo federal, y serguramente elaborado tras bambalinas por alguien que "algo" debe saber de Economía, porque el aludido autor nominal -que en vez de gobernar, supuestamente escribe- a todo le tira, pero a nada le pega.

14 años de experiencia académica, para graduarse por compasión o hartazgo de sus mentores, le han capacitado para naufragar en tiempo récord con la economía nacional, promocionar la inseguridad, exhibir la factura de sus compromisos financieros que le dejaron 18 años de costosas campañas, e intentar reeditar una versión corregida e hilarante de la historia oficial, dignamente asesorado por la intelectual e ínclita investigadora con quien disimulada o discretamente comparte créditos.

La gente honesta y responsable, la que cumple profesionalmente con la función de su encargo, cuida cotidianamente el que NO se acumule polvo sobre las cuestiones pendientes de solución. Hacerse "de la vista gorda" es, sin duda alguna, práctica de corrupción, y si su propósito evidente es ir "tapando" el excremento cotidiano para disimular su indolente falta de responsabilidad.

La Fiscalía General de la República tenía un presupuesto proyectado por más de 18,000 millones de pesos, pero quedó en poco más de 16,000 millones de pesos.

La Coparmex consideró como "lamentables y profundamente preocupantes" las afectaciones a los organismos autónomos, al rubro de seguridad, vivienda, salud y turismo. El presidente nacional, Gustavo de Hoyos, acentuó que el Presupuesto 2020 afecta a los organismos autónomos, que son entidades prioritarias para el equilibrio y desarrollo democrático.

Los afectados son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Explicó que el presupuesto registra una disminución en dependencias claves en el rubro seguridad pública, así como una insuficiente asignación de recursos a los municipios.

Añadió que no se tomaron en cuenta "las opiniones de los diversos sectores involucrados sobre las afectaciones por el recorte", como el turismo, con 45% menos de presupuesto en 2020 con respecto a 2019.

Después de 9 horas de discusión en lo general y en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó ayer el Presupuesto 2020 del gobierno federal con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Es el 1o. elaborado 100% por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y considera un gasto neto por 6.1 billones de pesos.

Si se compara la iniciativa original que envió el presidente con el documento avalado por las bancadas de Morena y los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Verde, los más afectados serán el poder judicial, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto, los ganadores serán, en 1er. lugar, la Secretaría de Bienestar, con un gasto adicional por 8,365 millones de pesos para contar con un presupuesto de 181,457 millones a ejercer el próximo año, equivalente a un incremento de 5% respecto al proyecto original.

Otras dependencias que salen ganadoras son Educación Pública, con 1,570.1 millones de pesos adicionales, y Seguridad y Protección Ciudadana, con un aumento de mil millones. Además, en el dictamen se privilegia a una de las instituciones de la banca de desarrollo: la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (FND, antes Banrural), con 2,500 millones de pesos. El sustento es fortalecerla para que se convierta en una especie de banco agrícola para el campo, con la creación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), que resultará de la fusión de diversos organismos.

A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le aprobaron una ampliación de 1,324 millones de pesos: ejercerá 47,577 millones.

Aunque en el último ajuste realizado por los diputados al Presupuesto 2020, Jalisco logró un aumento de 707.5 millones de pesos en el gasto federalizado frente a lo que inicialmente se tenía proyectado, en términos reales éste será 0.1% menor a la bolsa autorizada en 2019.

El próximo año, el estado recibirá transferencias federales por 110,983.6 millones de pesos. Sin embargo, la diputada Fabiola Loya, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, lamentó que esto representa un recorte de 3,000 millones de pesos.

La legisladora aclaró que se queda por debajo del anterior, "porque no le metieron el factor inflacionario. Entonces, seguimos mermados todavía en rubros como salud, en infraestructura carretera, la parte de desarrollo rural, que disminuyó por el tema de los programas de concurrencia".

El gasto federalizado para todo el país se reducirá también en 0.1%, pero sólo 8 entidades verán un impacto a la baja en términos reales. A Jalisco lo acompañan Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas. El resto tendrá un aumento real.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó que esto obedece a que el gobierno federal está cambiando la estructura del presupuesto. "Ahora se recibe una importante cantidad de recursos para becas y para todos los programas insignias del gobierno, como Sembrando Vidas, Pensión para la Tercera Edad, las Becas Benito Juárez... todo tipo de apoyos de carácter social, más no en el tipo de inversión".

Recordó que también es necesario esperar a la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, que será la próxima semana, para conocer cuáles son los proyectos que contempla el gobierno federal para Jalisco.

En el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comentó que logró 24 millones de pesos adicionales. "Es muy poquito... ni siquiera llega a la inflación. Sí es importante que se sostenga la provisión de recursos para el incremento salarial y también para los proyectos estratégicos de la universidad".

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que en dicho presupuesto se incluyeron los recursos más bajos para el campo en los últimos 30 años para privilegiar programas con fines electorales.

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el presupuesto 2020 es "clientelar", no genera inversión para el país y, con el recorte a los organismos autónomos, "respira venganza".

Ángel Ávila Romero, integrante de la dirigencia colegiada del PRD, sostuvo que los legisladores del grupo mayoritario sólo siguieron instrucciones del ejecutivo para privilegiar con todo aquello que les genera clientela electoral, a través de "dádivas".

La cancelación de reformas, proyectos y programas viables de gobiernos anteriores, así como la aprobación de nuevas y cuestionables leyes y políticas públicas impulsadas por el gobierno de López Obrador, han puesto a muchos de sus seguidores en la difícil e incómoda posición de tener que defender lo indefendible, buscando por donde sea justificaciones a las pifias y dislates, hasta llegar al absurdo de decir que éstas, aunadas a la pérdida de confianza en el país, a la inseguridad y a la protección de delincuentes afines a AMLO, es el precio que tenemos que pagar para mejorar el país y sacar de la pobreza a millones de mexicanos antes olvidados.

¿Dónde estábamos los críticos cuando gobiernos anteriores cometían sus fechorías? Es lo único que a los defensores de la 4T les resta decir cuando las necedades y despropósitos son de tal manera evidentes que dejan a sus actores expuestos no solo a la crítica fundada, sino al ridículo y al implacable escarnio de las redes sociales.

¿Qué otra cosa se puede esperar cuando el presidente de un país no es capaz de ver lo equivocado y dañino que es dividir a sus ciudadanos, ya no solo entre ricos y pobres, conservadores y liberales (whatever that means), sino ahora hasta entre mestizos e indígenas?

Para los que no lo sepan, hace unos días AMLO decidió otorgar beneficios diferenciados a los adultos mayores en función de orígenes étnico-raciales. Ahora los adultos mayores "mestizos" recibirán su apoyo a los 68 años, mientras que los "indígenas" a los 65, como si las necesidades de los mexicanos más pobres dependieran de sus usos y costumbres o del color de su piel.

Para empezar, ¿cómo se define quién es "mestizo" y quién "indígena"? ¿Harán pruebas de ADN a todos los mexicanos para encontrar los porcentajes que cada uno tenemos de ancestros indígenas, españoles o de cualquier otra parte, y de esa manera determinar quiénes tienen derecho a recibir el beneficio 3 años antes o 3 años después?

El presidente dijo que "es vergonzoso que se piense que es racista darle preferencia a los indígenas".

Guste o no, bien intencionado o no, por supuesto que es discriminatorio y racista dar preferencias a una persona por razón de su origen, raza, credo, etc.

Entiendo y estoy de acuerdo con la motivación y la intención del presidente de ayudar a los que menos tienen, a los marginados y olvidados de este país, pero así no.

A los indígenas pobres hay que ayudarlos porque son pobres, no porque sean indígenas, de la misma manera que hay que ayudar a los millones de pobres que no son indígenas, y que como mexicanos que también son, tienen derecho a recibir los mismos apoyos y beneficios.

Me parecen primarios, por decir lo menos, los argumentos en los que el presidente basa esta nueva política de apoyos diferenciados a los adultos mayores, así lo dijo: "Los indígenas, por su situación de pobreza, de marginación, se envejecen pronto. (Los mestizos de 65 años) están mejor conservados que un indígena de 65 años, porque trabajan, se mal alimentan, porque tienen que caminar kilómetros. Sufren mucho", expresó.

Frente a esta lógica se queda uno sin palabras... y yo que creía que es más sano vivir en el campo que en la ciudad, que caminar kilómetros diarios y respirar aire puro mejora la condición física, y que comer maíz y frijoles es más sano que comer comida chatarra, etc.

La mayoría de los ciudadanos críticos tenemos los mismos objetivos que los seguidores honestos de la 4T, los cuales resumo en solo 2 cosas y en este orden de importancia: mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos pobres y acabar con la corrupción. En este sentido, estamos todos del mismo lado. Las diferencias no son de fines sino de métodos.

Es importante hacerle ver al presidente que las dádivas no acabarán con la pobreza, sino con las arcas públicas; que las divisiones entre los mexicanos no ayudarán al desarrollo sino al deterioro del país; que aplicar la ley selectivamente no fortalecerá el Estado de Derecho sino la impunidad.

Es tiempo de hablar claro y hacer a un lado los eufemismos. Si los objetivos del presidente y su 4T son honestos, puede estar seguro que todos los mexicanos bien nacidos y bien intencionados queremos lo mismo que él: erradicar la pobreza y acabar con la corrupción.

Ya no hay siquiera el intento de ocultar la decisión de llenar los organismos autónomos o independientes con incondicionales del régimen. Lo vimos con los nombramientos de Rosario Piedra en la CNDH y de Loretta Ortiz y Verónica de Gyves a la Judicatura Federal. Lo mismo ocurrirá hoy, seguramente, con la terna para la Suprema Corte.

Ahora toca el turno al Instituto Nacional Electoral de sufrir el asedio de López Obrador. El recorte que se anuncia a sus finanzas, lo mismo que las iniciativas tendientes a reformar la estructura de ese organismo ciudadano y a forzar la salida de su titular, es una evidencia más de la campaña emprendida por el presidente para desaparecer o quitar fuerza a las instituciones que limitan su poder. El INE es un instituto cuya autonomía se consiguió y se ha mantenido a costa de grandes esfuerzos. Se le pueden señalar fallas, inconsistencias, omisiones, pero no cabe duda de que ha cumplido la función que le compete, que es la de organizar los procesos electorales y dar a conocer sus resultados sin injerencia de los gobiernos o partidos. Atentar en cualquier forma contra esa institución es atentar contra la democracia, volver al tiempo en que la voluntad de los ciudadanos era sustituida por la del gobernante. No debe suceder con el INE lo mismo que sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que antes era organismo de la ciudadanía y ahora es propiedad de AMLO. El Instituto Nacional Electoral es una de las pocas instancias que pueden acotar la voluntad presidencial. Cualquier daño que se le haga redundará en perjuicio no sólo para la democracia, sino igualmente para México.

La importancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las estatales es de carácter moral. Sus resoluciones o recomendaciones no obligan a las autoridades. Las pueden cumplir o no hacerlo, si bien hasta ahora lo han hecho en un promedio muy alto (un 90%), dada la calidad, seriedad de sus determinaciones y una verdadera autoridad no vinculante, pero construida por años por sus integrantes. Y por la opinión pública, gran parte de la ciudadanía activa, empresarios, periodistas, colegios de abogados y un gran etcétera, a cuyas recomendaciones seguían puntualmente precisamente por las cualidades de la CNDH. La principal: al ser el gobierno contra el gobierno, pero la CNDH sin poder de fuerza, total y absoluta independencia. De entrada, con el titular de ésta.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), a través de su presidente nacional, don Héctor Herrera Ordóñez, el día de ayer remitió un comunicado a la recién nombrada presidenta a de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra. En ella se le solicita su renuncia en virtud de las irregularidades en su nombramiento. Sin pretender sea un ataque personal, el documento se dice por la no debilitación de dicho organismo, además de no perjudicar la propia trayectoria de ella misma al aceptar un cargo de forma ilícita y de tal magnitud. (Yo agregaría, con su incompetencia).

Dice la BMA, en 1er. lugar, hubo irregularidades en el proceso de designación (sabemos, lo de los 2 votos mágicos y lo demás como la pertenencia de Piedra Ibarra a MORENA como dirigente o vueltas irregulares para su designación). Pero no solo eso. ¡No cumple con los requisitos de la norma para el cargo!

Luego: "La petición se hace en virtud de las irregularidades que se dieron el pasado 12 de noviembre en la elección hecha en el Senado de la República, destacando la violación a los artículos 102, apartado B de nuestra Constitución Federal, 910, 10Bis y 10 Ter. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de los hechos lamentables en los que se ha visto envuelta su designación."

"En efecto, la votación calificada que exige la Constitución para su elección no se alcanzó. La terna se sometió al pleno del Senado en 3 ocasiones, siendo que debió presentarse una nueva tantas veces como hubiese sido necesario. Asimismo, un requisito de legibilidad es no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación. Así es que, en el proceso, debieron acreditarse los requisitos de idoneidad, pero como no fue así debe reponerse el procedimiento, incluyendo lo relativo a la elegibilidad. La elección debió ser hecha por 2 terceras partes de los senadores presentes, y no sucedió de esa forma".

¿Qué tal?

También ayer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, básicamente señaló lo mismo.

La preocupación no es de a gratis. ¿Cuál barbaridad sigue?

La popularidad del presidente sigue estando alta, pero ya no es lo que era antes. Entre marzo y noviembre, en la encuesta de El Universal ha perdido 20 puntos: bajó de 79 a 59. En el mismo lapso, en la de Mitofsky que publica Roy Campos en El Economista, pasó de 66 a 57. Entre enero y octubre, Massive Caller en La Razón lo tiene también 20 puntos porcentuales abajo: de 80 a 60. En El Financiero, de marzo a octubre cayó 8 puntos. Y en Reforma, de marzo a julio perdió también 8 puntos.

Esto se debe sin duda a la falta de resultados en seguridad (Culiacán y LeBarón como episodios emblemáticos) y la parálisis económica.

Al presidente López Obrador se le presenta una oportunidad: Estados Unidos está de pleito con China, y México es el destino perfecto para que las empresas que tienen incertidumbre por esta disputa, diversifiquen sus inversiones: para no poner todos los huevos en la canasta china, pongan algunos en la canasta mexicana. ¿Por qué? Porque México ofrece la inmejorable cercanía física con Estados Unidos, el tratado comercial que está a punto de ratificarse y tiene una tradición de mano de obra suficientemente calificada y a bajo costo.

Pero el gobierno federal mexicano no ha sabido mandar las señales de certidumbre a los inversionistas como para que entren al país las carretadas de dólares que deberían estar entrando, en beneficio de todos los ciudadanos. Si bien se aquilatan la lucha anticorrupción, la disciplina fiscal y la decidida apuesta por la ratificación del T-MEC, al presidente AMLO se le percibe como adverso a la iniciativa privada, se recuerda el manotazo innecesario del aeropuerto, así como la crisis autogenerada por el rompimiento de los contratos de gasoductos.

Para revertir esas malas señales, el presidente puede dar 2 giros de 180 grados, que son menos difíciles de lo que parece: cambiar el discurso anti-capital privado para que se le perciba como amigable a los mercados y hacer una apuesta decidida por el gas natural en lo que nuestro país es súper competitivo.

Con eso bastaría, pero si además le entra en serio a la creación de infraestructura de transporte, e invierte en tecnología y capacitación de los trabajadores, México se puede poner de moda en el mundo como destino de atracción de inversiones.

Y entonces sí, podría encabezar una verdadera 4a. Transformación. No sólo de saliva.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sugirió mantener la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante el polémico nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como su presidenta.

Piedra Ibarra fue candidata al congreso por Morena y ejerció como secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, al que no había renunciado como militante hasta el día de su elección.

El organismo aseguró que, dada la importancia de la CNDH, la elección de su máximo responsable debe ser "particularmente escrupulosa, objetiva, transparente y certera". Y argumentó que el proceso ha generado "dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la 3a. votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución".

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de noviembre de 2019).

El presupuesto federal para Jalisco no deja de ser tema. Ahora Enrique Alfaro reveló que Alfonso Durazo se comprometió a dar recursos para la Policía Metropolitana de Guadalajara "no necesariamente en un ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación".

Cualquier reasignación de dinero para el estado -Jalisco busca 500 MDP para seguridad- será vía negociaciones con funcionarios federales y no por ley, es decir, en el Paquete Económico 2020 que se aprobará el viernes.

Entregar dinero al gobernador bajo esas condiciones se traduce en un mecanismo de control político, presión y en un centralismo desconfiado, todopoderoso.

Será un sexenio difícil para el estado o, mejor dicho, ya lo está siendo.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) castigará con menos recursos a los estados y municipios, y su repartición tiene un trasfondo partidista, criticó Clemente Castañeda, senador por Jalisco del Partido Movimiento Ciudadano.

"Hay un recorte real de casi 60,000 millones de pesos al gasto federalizado, y del total se plantea destinar más del 60% a las entidades federativas gobernadas por Morena", apuntó el legislador, quien añadió que el PEF no fortalece temas cruciales.

"Se hizo una reforma constitucional en materia de seguridad pública, pero no hay un esfuerzo claro para fortalecer a las policías locales; se aprobó una reforma para 'universalizar' el acceso a la salud, pero no hay suficiencia presupuestal para lograrlo; se habla de compromiso con la cultura y el medio ambiente pero las reducciones son drásticas", declaró Castañeda, quien adelantó que no dará su voto a un presupuesto "poco transparente".

Desde el momento que hace alrededor de 2 meses el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al secretario de la Defensa, general Cresencio Álvarez, que deseaba un desfile militar que no sólo fuera alegórico de la Revolución Mexicana sino que narrara épicamente algunos momentos históricos, el compromiso fue hacer algo inolvidable. El Ejército hizo a un lado a la Marina y lo organizó solo. Su puesta en escena fue espectacular: miles de soldados formaron un contingente de 8 kilómetros, que incluyó la participación de 2,700 caballos que formaron la cabalgata más grande que jamás haya pisado el Zócalo de la Ciudad de México. Más de mil personas interpretaron piezas musicales y 51 ejecutaron acrobacias, caracterizando a otros mil personajes. El Ejército sacó a la calle 44 vehículos e hizo volar 3 aeronaves. Pero hubo un problema. La parada militar fue casi clandestina.

Todo el despliegue militar y la organización del Ejército, con lo cual se restauraba el clásico desfile que fue suspendido en 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, pasó desapercibido para la mayoría de la gente, porque el presidente López Obrador, decidió que se realizara justo el 20 de noviembre, y no el día de asueto que conmemora la gesta revolucionaria, que fue el lunes pasado. López Obrador sacrificó a los capitalinos para enfatizar una vez más en su veneración a los símbolos para hacer del día una fiesta popular, que no lo fue, y organizar el desfile, su desfile, para consumo de unos cuantos.

Paseo de la Reforma estuvo semivacío, porque la parada se realizó en horas de trabajo y pocos pudieron salir. No hubo menores porque tenían clases. Dentro del gobierno se distribuyeron apresuradamente boletos para ir a las gradas para evitar que se quedaran vacías, pero una buena parte de los burócratas no asistieron porque no les dieron permiso para ausentarse. Fue una pena que el esfuerzo que hizo la Secretaría de la Defensa, terminara siendo un evento para el Presidente, que durante el día mostró una enorme sonrisa de satisfacción. Pero así es López Obrador, que tiene estos caprichos, donde nadie puede llevarle la contra.

Buena parte de la ciudad quedó estrangulada en los monstruosos congestionamientos que creó el bloqueo de decenas de calles durante más de 4 horas para que se desarrollara el desfile, alterando la actividad económica, las labores en las oficinas y las clases en las escuelas. El transporte comercial también se vio afectado por los cambios en la circulación que cruza el corazón de la Ciudad de México, y que volvió calles y avenidas en nudos gordianos. La vida cotidiana se alteró por el capricho de López Obrador, cuyos subalternos en el Gobierno de la Ciudad de México prohibieron todas las manifestaciones, para que no estorbaran ni ensuciaran el desfile presidencial.

Incluso, encapsularon a los campesinos, que querían marchar hacia el Zócalo para expresar su molestia por el presupuesto, y negociaron que no lo hicieran -lo que no han hecho durante más de una semana para que levanten su bloqueo a la Cámara de Diputados, que no ha podido sesionar ni aprobar el presupuesto, contraviniendo la ley, que marcaba el máximo para culminar el proceso desde el viernes pasado.

Este tipo de acciones unilaterales no son ajenas en López Obrador, quien previamente también había estrangulado Paseo de la Reforma. Fue en 2006, en la lucha postelectoral, que para presionar que Felipe Calderón no pudiera asumir la Presidencia, tras una elección altamente disputada y controvertida, realizó un plantón de 47 días, que causó pérdidas económicas en la zona por alrededor de 300 millones de pesos, y el despido de cerca de 50,000 trabajadores que perdieron sus empleos porque los negocios donde prestaban servicios cerraron y se vieron severamente afectados en sus costos de operación.

Se desconoce cuál fue la afectación económica por el desfile militar de este 20 de noviembre en un día hábil, pero de acuerdo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, bloqueos, marchas o megamanifestaciones que duran entre 4 y 5 horas, producen pérdidas de medio millón de pesos. El costo no le va a importar al presidente, muy discrecional cuando se trata de transparentar lo que cuestan las cosas que él o su gobierno hacen. Son los claroscuros de López Obrador.

La víspera, el presidente difundió un video, donde invitaba a "participar en el desfile conmemorativo" de la Revolución Mexicana de 1910. La invitación era general, aunque se sabía que la convocatoria quedaría trunca. No hubo ninguna disposición para suspender labores o clases, cuando menos durante la mañana, ni tampoco se dieron las movilizaciones de Morena para llenar de gente las calles –también sus militantes trabajan y tienen que cumplir con horarios.

En términos populares, entendido esto como un regalo para el pueblo de México, fue un fracaso. En términos existenciales, el presidente tuvo lo que quiso del Ejército, convertido en una institución mil usos -emergencias, tareas policiales, ingenieros de aeropuertos, vigilantes de aduanas, maromeros, cirqueros y lo que se le vaya sumando-, y vio lo que soñaba desde hace tiempo, la reconstrucción en carros alegóricos de los pasajes históricos.

Su selección fue metodológicamente arbitraria, que es la marca de la casa. Comenzó con los aztecas y culminó en 1940, con Lázaro Cárdenas. Pero en el colofón estaba el mensaje que quiso transmitir y conectar las 3 transformaciones en México, bajo su clasificación, la Independencia, la Reforma y la Revolución, con la suya, que dice, será la 4a.. Eso se verá, cuando concluido su gobierno se realice el análisis definitivo de su gestión. Por lo pronto, ahí queda un capricho y la pena que el desfile fuera sólo para unos cuantos mexicanos.

El partido de ultraderecha español Vox criticó a Andrés Manuel López Obrador, luego que el mandatario afirmara que la llegada de Hernán Cortés a México, constituyó "el primer fraude" en la historia del país.

"En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, y sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Fue el 1er. fraude", aseguró en la mañanera de ayer López Obrador.

Tras ello, el partido escribió en Twitter que "alguien debería decirle a este mediocre con ínfulas (sic) que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés".

Asimismo, el partido señaló que AMLO debería demostrar la misma "gallardía" contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro "que sigue matando".

Cumplidas, esta mañana, 48 horas desde que el Presidente López Obrador instó a sus "adversarios" (ese es el calificativo que acostumbra enjaretar a sus críticos), "ya pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos", ofrecieran una disculpa pública a los integrantes del pomposamente denominado "gabinete de seguridad", por el "linchamiento mediático" -según él- al que lo sometieron a raíz del "culiacanazo" de hace un mes, será interesante constatar cuántas respuestas hubo a su atenta invitación; cuántos comunicadores, cuántos ciudadanos quienes en su momento consideraron honestamente y manifestaron abiertamente que la decisión de suspender la detención de Ovidio Guzmán -hijo de "El Chapo"- fue una rendición de la autoridad ante la delincuencia, reconsideraron esa opinión, rectificaron, y, en efecto, ofrecieron la disculpa solicitada.

De entrada, es inexacto -por no decir que falso de toda falsedad- que quienes criticaron el fracaso del operativo de referencia, sostuvieran que el mismo debió haberse mantenido "a sangre y fuego". U oyó mal, o se lo contaron mal...

Se dijo que, a diferencia de lo que solía suceder, cuando las detenciones de renombrados capos de la delincuencia organizada -el mismo "Chapo" Guzmán las 2 veces que fue recapturado, por ejemplo- se realizaron limpiamente, "sin disparar una bala", según la expresión que de ordinario acompañaba los respectivos reportes, haber permitido que los secuaces de Ovidio iniciaran una balacera, incendiaran vehículos y dejaran constancia de su superioridad numérica -¡y estratégica, sobre todo!- con respecto a la fuerza pública, exhibió impúdicamente la torpeza e incompetencia de la autoridad.

Abortar el operativo fue, sin duda, lo más sensato, al efecto de evitar un baño de sangre que seguramente habría ocasionado equis cantidad de víctimas inocentes... Fue, dadas las malditas circunstancias, lo más prudente. Lo cual no necesariamente significa que la decisión fuera encomiable por sí misma, ni que dejar libre al delincuente que se pretendía detener a petición del gobierno norteamericano para efectos de extradición, merezca aplausos, reconocimientos y medallas.

La torpeza exhibida en ese episodio por los encargados de mantener el Estado de Derecho, de cumplir y hacer cumplir la ley, de combatir el delito y perseguir a los delincuentes, fue vergonzosa; su incompetencia, escandalosa. No procede, por tanto, querer hacer, de la necesidad, virtud.

Habrá lugar, en todo caso, para la disculpa solicitada, si, en el corto o mediano plazo, la fallida detención, en acatamiento de la ley, se realiza con la eficiencia y pulcritud deseables. No con la ineptitud exhibida aquella vez.

Casi nadie sabía de la existencia de este grupo. Sus actividades se mantenían bajo sigilo, en buena medida para no exponer a sus integrantes ni a sus familias. Operar casi en secreto era clave para su éxito. Pero el presidente les quitó el camuflaje y ahora están muy enojados.

El Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, GAIN, es un cuerpo de inteligencia dentro del Ejército Mexicano creado en 1995 y que por su naturaleza se había mantenido lejos de los reflectores. Hasta que el gobierno actual decidió exhibir su existencia, como parte de su control de daños político tras el operativo fallido para detener al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio, en Culiacán, Sinaloa, realizado el 17 de octubre pasado.

En un hecho inédito, durante la transmisión en vivo de la conferencia mañanera del 31 de octubre, el presidente López Obrador ordenó al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que revelara al responsable del operativo. El nombre que se dio a conocer ese día fue el del teniente coronel de caballería Juan José Verde Montes, quien es el jefe nacional del GAIN y como tal, supervisó desde la Ciudad de México las acciones el día en que se intentó apresar a Ovidio Guzmán. Más grave aún, se revelaron datos internos del GAIN, su número de elementos y a qué capos del narco atrapó.

Ese grupo se especializa en diseñar y ejecutar operativos para la detención de jefes de los cárteles y cuenta con protocolos estrictos que deben seguirse en cada operación que emprende. En ellos se prevén situaciones como la que enfrentaron los militares cuando tenían ya en su poder al narcotraficante: existen planes de qué hacer al verse rodeados, como esa vez, en la que las fuerzas del cártel de Sinaloa los superaban en número. Fuentes de Inteligencia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional me confirman que ese día los protocolos se rompieron.

La clave, me aseguran, fue que la cabeza del GAIN, en vez de aplicar los protocolos en automático, pidió instrucciones al que en el papel es el máximo responsable de la estrategia de seguridad, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Según este relato, en voz del secretario Durazo recibió la orden suspender las acciones y finalmente dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

A un mes de distancia, hay todavía en la relación de hechos dada a conocer por el Ejército un lapso de 3 horas en las que no se ha informado bien a bien lo que ocurrió: desde el momento en que el hijo de El Chapo estaba sometido por los militares hasta la hora en que lo dejaron libre.

Tras la crisis política que se le vino encima al gobierno federal, el presidente López Obrador decidió que el general Sandoval abriera la información durante la mañanera del 31 de octubre. Para sorpresa de muchos en el Ejército, ese día se reveló el número de elementos del GAIN, 190 de inteligencia y 350 de intervención, y se detalló que en el sitio de la detención de Ovidio Guzmán participaron 38 integrantes de ese cuerpo.

Se informó también que desde su creación, el GAIN ha detenido a 663 integrantes de la delincuencia organizada, 18 de ellos relevantes, y que desde el inicio de esta administración ha capturado a 46 delincuentes, 8 de ellos relevantes, de los que se identificó a 3: Eleno Madrigal Birrueta, Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y Santiago Mazari Hernández (El Carrete, líder de Los Rojos).

En Inteligencia Militar hay malestar. No sólo fue expuesta la cabeza del GAIN sino que se dieron detalles de su operatividad y número de elementos, lo cual viola las reglas de sigilo bajo las que deben mantenerse a esos órganos por seguridad nacional. El sentir es que para salvar a los políticos se sacrificó al GAIN, y existe el temor de que sus elementos participantes en el operativo terminen procesados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es un amante de la historia mexicana y siempre lo hace patente en sus conferencias matutinas, pero esta vez cometió un resbalón al casar a Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio, quien en realidad fue esposa de Porfirio Díaz.

Durante la tertulia mañanera, el mandatario nacional dio una clase de historia: "Inicia el Porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril y las venden debajo de su precio; se cotizaban esas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas las acciones. Y a los 6 meses, uno de los compradores firmó como testigo en la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio".

Sin embargo, hay un "pequeño detalle": María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló fue la 2a. esposa pero de Porfirio Díaz, mientras Benito Juárez se casó con Margarita Maza el 31 de julio de 1843.

En redes sociales, uno que otro que sí estaban despiertos, se dieron cuenta del desliz del mandatario nacional.

[Pero cómo se burlaban los chairos de Peña Nieto cada que se equivocaba - el webmaster.]

Andrés Manuel López Obrador se ganó un renombre nacional cuando caminó en contra de la injusticia. Marchó desde Tabasco luego de fraudes y violencia política. Marchó y tocó las puertas de la nación en el mero Zócalo. Marchó y se hizo de un prestigio por ese tesón, por decir no a esperar sentado una justicia que nunca le darían.

Hoy la historia es muy distinta. Hoy a él le toca procurar justicia y otros serán los que le caminen. El reverso de la moneda no le ha gustado al López Obrador presidente. No quiere que le caminen, no acepta que le protesten. El contestatario de ayer se ha encerrado hoy en su puchero: los que reclaman ser escuchados son conservadores, ello aunque apenas ayer, en un ayer que no es ni una generación, esos que marcharán pedían lo mismo que pedía él: justicia, cambios, apertura, diálogo.

Javier Sicilia ha anunciado que marchará hasta la casa presidencial -el Palacio Nacional- a demandar cambios en la estrategia (es un decir) de combate a la violencia y reconstrucción de la seguridad.

En una más de sus recientes cartas a AMLO, Sicilia ha publicado este domingo un párrafo poderoso: "Voy a caminar de nuevo con lo único que tengo, mi dignidad, mi rabia y mi palabra, para decirte a ti y a los que quieran escuchar que la casa de todos sigue en llamas, que debemos abandonar el hábito -que nos inoculó la violencia- de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos; que debemos sacudirnos la indiferencia bovina a la que, a fuerza de horror y miedo nos está reduciendo la violencia, hasta normalizar el crimen, y que sólo unidos podemos hacer posible lo único que importa: la verdad, la justicia y la paz".

Voy a caminar, agrega el poeta Sicilia, porque no se resigna a que México se convierta en un campo de concentración regido por los criminales, y porque para acercarse a la verdad y a la dignidad que vienen de la justicia es menester rebelarse ante la mentira y nunca acostumbrarse al sufrimiento.

Sicilia caminará, aún no anuncia la fecha, también para pagar una deuda a Julián LeBarón, que estuvo con él en las caravanas de víctimas de hace más de un sexenio, y quien, como se sabe, ha vivido de nuevo una tragedia mayúscula en la muerte de 3 mujeres y 6 niños de su comunidad en Bavispe, Sonora, asesinados hace 2 semanas.

Nadie se dirá sorprendido de la respuesta inmediata del presidente López Obrador, que ha dicho que no recibirá a Sicilia para no hacer el "caldo gordo" a los conservadores. Tan predecible como lamentable es, igualmente, la reacción de gente como Solalinde, cegado ante un proyecto gubernamental que en seguridad está lejos de convencer. Han salido a descalificar una idea, una iniciativa pacífica.

¿Por qué se sienten tan amenazados los del gobierno? Porque saben que las marchas son poderosas, que si Sicilia logra despertar a la gente que no está en gremios, nóminas o padrones, este gobierno, como los anteriores, será puesto contra las cuerdas.

Proponían el cambio pero actúan igual que sus antecesores. Calderón y Peña de mala gana veían a las víctimas, pero solían guardarse sus resabios. AMLO es más diáfano, pero no más demócrata. Igual que aquéllos, éste no quiere que nadie le dispute la palabra, ni la calle.

Pedir resultados a un año de gobierno puede ser excesivo por parte de Sicilia. Mas eso no merma su autoridad moral y menos la pertinencia de su reclamo: reunámonos, revisemos, recapacitemos. No pide más, pero para el poder -priista, panista o amlista- eso es pedir demasiado.

López Obrador tiene otro problema además de su miopía (su cerrazón hará crecer, mucho o poco el reclamo de Sicilia, pero lo hará aumentar).

El presidente no ha caído en cuenta que desde Culiacán y Bavispe el (todavía) secretario Durazo no es un interlocutor válido, perdió credibilidad. Sólo está fortachón a los ojos de su jefe, ante los de los demás su figura pública es enclenque.

Así que al mandatario le llegan todas las facturas por pagar. Y la de la inseguridad es muy costosa.

Imposible vaticinar cuánto en fin de año prenda la marcha de Sicilia, pero de que hay víctimas listas para reclamar ser atendidas, de que es amplio, además de legítimo, el reclamo de hacer una estrategia de seguridad entre todos, eso sin duda.

Así que si la próxima caminata no prendiera, por desgracia habrá más. Qué necesidad del presidente de atrincherarse en sus mañaneras de Palacio.

Porque le guste o no, habrá marchas y demandas, y es que Andrés Manuel lo sabe desde los años 80, el derecho a marchar, como otros derechos, no se piden, se ejercen. Le parezca o no al mismísimo Presidente de la República.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que su gobierno desconocerá cualquier recomendación que emita Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que su elección fue ilegal.

Mario Delgado estuvo promoviendo que los representantes populares firmen un documento aceptando lo que les envió el presidente. Es decir, que renuncien a su función, y violen con ello la protesta que hicieron de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Puesto que ya lo ha hecho el presidente mismo, nada nuevo.

Ya veremos qué aprueban, pero lo que se ha presentado como propuesta confirma dos elementos que caracterizan a este gobierno. Por un lado, incompetencia; por otro, anacronismo.

Ya van 130 o 150,000 millones de pesos que el gobierno tomó del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP), obligado por las circunstancias.

Todavía tienen 120,000 millones en el FEIP, que pueden utilizar para compensar parte del faltante, y con ello habrán agotado los ahorros del gobierno de varios años. Por eso me parecen incompetentes. Pero peor, entre la renuncia de los diputados a hacer su trabajo y la incapacidad de cumplir fechas, creo que están forzando a las calificadoras a actuar antes de lo esperado.

La semana pasada el presidente se lanzó contra Albero Athié, un consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que en uso de su derecho renunció por lo desaseado del proceso de elección, en el Senado de la República, de la presidenta. En la Mañanera lo ninguneó, dijo no saber quién era y que nadie lo conocía y que renunciaba porque había perdido, que era una comparsa más, desconociendo la trayectoria de este personaje, un luchador incansable contra a pederastia y sus formas de ocultamiento al interior de la Iglesia Católica.

Luego tocó el turno a Javier Sicilia, el poeta y activista por la paz que tras el asesinato de su hijo se lanzó a las calles para exigir al gobierno la seguridad que merecemos todos los ciudadanos de este país. Tras el asesinato brutal de mujeres y niños LeBarón en Chihuahua, Sicilia volvió a levantar la voz, pidiendo al presidente que se haga cargo de la seguridad, que salga del discurso hueco de "abrazos, no balazos" para construir un Estado de Derecho y convocó a una marcha para exigir al gobierno hacer los cambios estructurales para que el Estado Mexicano asegure la paz. La respuesta de López Obrador fue un lacónico "me da flojera recibirlo, para qué" y dijo que lo atendería la secretaria o el subsecretario de Gobernación.

El problema es que el presidente se está enfrentando a enemigos que, a diferencia de los políticos que suele denostar en la Mañanera, tienen una calidad moral superior a la suya y peor aún, que cada vez más sale a flote la falta de calidad moral de "los amigos" del presidente, esos compañeros de viaje que son capaces de realizar un fraude en una votación en el Senado; amañar el padrón del partido a tal grado que el propio presidente tuvo que intervenir para suspender la elección y convencerlos de que, ante la incapacidad de realizar un elección con los mínimos de certeza democrática, es mejor hacer una encuesta; torcer la ley para ampliar un periodo de elección de 2 a 5 años, etc.

El presidente, como le sucede a todos los que toca el poder, comienza a confundir la amistad con la lealtad y a los enemigos con la crítica.

Javier Sicilia (poeta que adquirió notoriedad a raíz de que un hijo suyo fue secuestrado y asesinado por un grupo delincuencial, en marzo de 2011, y de que él mismo, 2 meses después, encabezó una marcha, de Cuernavaca a la Ciudad de México, en un movimiento denominado "Por la paz con justicia y dignidad") recordó una entrevista que tuvo, unos meses antes de las elecciones de 2018, con el hoy presidente López Obrador. El entonces candidato presidencial de Morena le dijo: "Yo sé cómo afrontar los problemas del país. De las víctimas -de secuestros- e inseguridad, no lo sé; ayúdenme".

López Obrador, según Sicilia, lo invitó a colaborar con su gobierno, caso de ganar -como sucedería- las elecciones... "No -fue la respuesta-; estoy mejor afuera (...). Es mejor que me tengas como un crítico aliado. Yo no soy el experto, pero traigo a los expertos adecuados para este tipo de cosas".

Bien. El caso es que, a raíz de la masacre de 3 mujeres y 6 niños de la familia LeBarón, hace 2 semanas, que se sumó al "Culiacanazo" de hace un mes, Sicilia decidió convocar a una marcha, para exigir al presidente López Obrador modificar su estrategia en materia de seguridad, a la vista de su notoria (y ocasionalmente escandalosa) inoperancia. López Obrador, en "la mañanera" de ayer, ya anunció que no recibirá a Sicilia, "por no hacerle el caldo gordo", y remachó: "¡Qué flojera...!".

Si Sicilia cree conocer a "los expertos adecuados" para manejar los temas en que el entonces candidato López Obrador confesaba su desconocimiento y que al actual presidente se le han escapado de las manos, ¿no sería lo más sensato recibirlos...? ¿Qué perderían el presidente y los integrantes de su Gabinete de Seguridad escuchando a quienes eventualmente pudieran aportar algunas ideas que, a diferencia de las empleadas por él y sus colaboradores -y, por supuesto, de sus nefastos antecesores-, pudieran resultar más eficaces...?

Suponiendo, en el peor de los casos, que Sicilia y sus "expertos adecuados" resultaran tan torpes e incompetentes como los que ya probaron serlo, ¿no sería lo más saludable exhibirlos, aunque sólo sea para quitárselos de encima, y no dejar vigente la sospecha de que, por necio y soberbio, no se dejó aconsejar por alguien eventualmente más sabio y prudente que él...?

Presupuesto es amor y entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro no se ve reflejado ese amor ni ese presupuesto.

Demasiado pronto -2 días después de la visita del presidente a Jalisco- el tiempo nos dio la razón. El mandatario estatal confirmó que en el paquete presupuestal federal de 2020 hay un recorte de 3,500 millones de pesos. Algo así como el 4% del presupuesto, que es una barbaridad.

La prioridad para López Obrador son sus programas sociales y sus megaproyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. A las entidades y sus gobernadores ni los ve ni los oye.

"A Jalisco no se le trató bien", es la frase del mandatario. Y lo que hoy es una posibilidad se convertirá, seguramente, en un problema el año que entra: carencia de presupuesto en áreas prioritarias como seguridad, salud y educación. ¿Y qué? Si en la Ciudad de México son constantes los plantones de padres de niños enfermos de cáncer que exigen medicamentos, ¿qué pueden causar algunos plantones en Guadalajara?

Hay que decirlo con todas sus letras: estamos viviendo ahora una forma de corrupción peor, más nociva y peligrosa, que la que vimos en el anterior sexenio. En ese tiempo los dueños del poder robaban dinero; hoy se roban las instituciones. El caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un palmario ejemplo de esa nueva y ominosa corrupción que no vacila en violar flagrantemente la ley con tal de agrandar sus espacios de poder y fortalecer su control sobre el país apropiándose de los organismos que en cualquier forma podrían servir para señalar o poner freno a los excesos de la autoridad. Los regímenes que en otras naciones han actuado así han devenido en dictaduras. El desprecio por el orden jurídico y la estigmatización de los opositores constituyen indicios alarmantes que apuntan hacia la instauración de una voluntad caudillista por encima del Derecho y el orden institucional. La llegada de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH es una imposición consumada por el presidente contra toda ley y toda razón. He aquí uno de los más graves errores que López Obrador ha cometido. Esta acción lo presenta como un gobernante que vulnera la legalidad según su talante y su capricho después de haber jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. El único modo de salir de este cenagal sería la renuncia de la recién nombrada al cargo que asumió en modo tan irregular. Eso redundaría en bien de la República y aun de quien le regaló ese cargo para el cual no está preparada, y menos aún legitimada. Será difícil, sin embargo, que tal renuncia se presente: a veces se da mayor valor a una chamba que a los apellidos y la dignidad...

A López Obrador su Morena le obedece ciegamente, pero justo por esa obediencia ciega podría convertirse en un problema, aun cuando él mismo tarde en darse cuenta.

La atropellada imposición de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH en el congreso no es el 1o., y me temo que tampoco será el último, de los escándalos políticos en los que incurrirá el partido en su afán de cumplir un deseo del presidente. Ahora mismo los diputados están entrampados en una controversia legal con tal de no modificar el proyecto de presupuesto enviado por Palacio Nacional y responder así al exhorto de AMLO de que sea aprobado sin modificaciones. El problema es que, al tratarse de una cobija estrecha, el presupuesto disminuye la cobertura a programas y necesidades claves incluso para algunas corrientes morenistas, particularmente en el agro y en los municipios. Tradicionalmente estas semanas de otoño servían para que el proyecto del ejecutivo fuese discutido y ajustado de acuerdo a los consensos de las fuerzas políticas. El grupo en el poder, antes el PRI ahora Morena, es un mosaico de diversas corrientes sociales, regionales y sectoriales que deben conciliar urgencias y necesidades. El presupuesto constituye un juego de suma cero en el que alguien gana lo que otro pierde. Las discusiones y acuerdos en las cámaras permiten anticipar conflictos y conjurar exabruptos políticos.

Impedidos de decirle que no al presidente, las cabezas de Morena en el congreso han intentado hacer pasar la propuesta de Hacienda sin ceder a las exigencias de diversos grupos. Es cierto que algunas de estas son verdaderos chantajes en busca de prebendas a los que AMLO se rehúsa a responder. Pero en otros casos se trata de necesidades y actores legítimos que no necesariamente comparten las prioridades del ejecutivo y buscan ser escuchados. No es de sorprender que muchos diputados, incluso morenistas, no estén aún en condiciones de conceder su voto para la aprobación. El resultado es que para efectos prácticos la Cámara de Diputados habría violado la norma legal que establece el 15 de noviembre como límite para alcanzar un acuerdo (que resolverán mediante la argucia de declarar en receso la sesión del miércoles 6 de noviembre, que terminará convertido en el día más largo del siglo: cientos de horas más tarde la votación final podrá atribuirse a la sesión de principios de noviembre y así cumplir con la ley en tiempo y forma. Surrealismo tropical, que le dicen).

Seguramente los líderes de las fracciones negociarán tras bambalinas, doblarán manos y voluntades y obtendrán un dictamen que deje contento al presidente, pero puede anticiparse que será un acuerdo pegado con alfileres y muy probables descosidos en los meses por venir.

Lo que se mueve dentro de ese saco informe y vasto que es Morena solo puede intuirse. Fuerzas disímbolas llegadas de todas partes; una babel política que incluye igual a luchadores sociales que oportunistas de última hora; ex priistas, ex comunistas y ex panistas; niños bien del partido verde y agraristas cardenistas. Una bolsa en la que caben Claudia Sheinbaum, Manuel Bartlett, Germán Martínez, Manuel Velasco o Tatiana Clouthier en el 1er. círculo de AMLO, algo que lo dice todo (algunos de ellos no son militantes formales de Morena). Un ejército improvisado que tiene generales de distintas procedencias pero carece de cuadros y correas de transmisión confiables. Una manta frágil construida con parches que parecen adquirir vida propia y someten al conjunto a un permanente jaloneo. Les une la lealtad al jefe máximo, en algunos casos dictada por la convicción en otros por la conveniencia, pero la lealtad al líder no imprime ni la identidad ni la disciplina necesarias al mosaico de fuerzas. Alcanza para instrumentar directrices puntuales del ejecutivo, pero no impide que se hagan trizas sobre todo los demás. Y la mejor muestra es la caótica elección en la que está empantanado el movimiento para renovar su dirigencia. Como es sabido, la disputa electoral entre la presidenta Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, principal contendiente, se ha dado entre mutuas acusaciones de marrullerías y violaciones al grado de obligar al Tribunal Electoral a suspender y postergar elecciones.

Morena para efectos de gobernar está resultando una maquinaria desajustada, improvisada, caótica. Es capaz de resolver instrucciones coyunturales del presidente aunque la mayoría de las veces atropellando y sin la disciplina o la sensibilidad para convertir en práctica cotidiana el ideario y las convicciones de López Obrador, pero sí para meterlo en problemas.

La imagen es trágica. El Senado de la República, considerado la más alta tribuna parlamentaria de la nación, convertida en una vulgar representación de la antipolítica. En juego, la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el próximo lustro. 1o., una votación tramposa. Sufragan 116 senadores y se cuentan sólo 114. Ni siquiera cuando elegíamos representante de grupo en la secundaria caíamos en trapacerías tan elementales. Luego, una promesa de la mayoría morenista en el Senado para reponer la dudosa votación. Reposición que nunca llegó, y concluyó con empujones, amenazas y gritos entre senadores. Y, lo peor: Rosario Piedra Ibarra, nueva presidente de la defensoría popular, tomando protesta indignamente. No se le puede hacer tanto daño a una institución en tan poco tiempo.

La actuación de una parte de la clase política fue lamentable. México es un país sumido en la violencia cotidiana. Nos levantamos con noticias sobre asesinatos, desapariciones y masacres. No hay conversación que no comience por un "me asaltaron el otro día", "me robaron mi celular" o "se metieron a mi casa". Y, a pesar de ello, el oficialismo, el Gobierno de la 4a. Transformación y su mayoría legislativa, se aferra a un proceso viciado con tal de poner al frente de la CNDH a una militante de su proyecto. Y la oposición, en lugar de proponer alternativas y explorar los canales judiciales adecuados para evitar el albazo, prefiere la violencia y el histrionismo. Un teatro que alimenta a aquellos que consideran que con todo y López Obrador, el sistema está podrido. Luego, ¿por qué aparecen los Bolsonaro? ¿O los Trump? Aquellos que dicen que tenemos demasiada libertad y se necesita una mano dura que enderece el camino. Aquellos que dicen que no necesitamos parlamentos, tribunales o medios de comunicación. El bochorno del Senado es ideal para aquellos que agitan permanentemente la tentación autoritaria.

Sin embargo, detrás del fracaso político antes narrado, se esconde un debate de fondo: ¿Qué hacer con la Comisión Nacional? ¿Estamos frente a una colonización institucional por parte de Morena o frente a la justicia de que, por fin, llegue una víctima a encabezar la defensoría popular? ¿Es la muerte de la CNDH o su reconciliación con las causas que sufren todos los días los ciudadanos? Son los 2 relatos que se enfrentan diametralmente lejanos: el gobierno, y su mayoría, que consideran que es de elemental justicia que las víctimas de desapariciones estén representadas en la toma decisiones de la CNDH, y la oposición, así como organizaciones sociales, que sostienen que estamos frente al secuestro de la institución y su puesta a las órdenes del Gobierno de la 4T.

La CNDH es fundamental en un país en donde se violan los derechos fundamentales de forma sistemática y el gobierno, de cualquier color partidista, tiene claros incentivos para esconder a las víctimas. Sin embargo, se necesitan reformas. Consensos amplios para transformar estas instituciones y volverlas más representativas. El inmovilismo sólo alienta el discurso destituyente del presidente. Un discurso que le permite a López Obrador arrasar con cualquier institución, ante el drama de unos poquitos, e instituir sus reglas del juego.

Será un sexenio de colisión entre el presidente y algunos entes autónomos, pero quienes consideramos que siguen siendo necesarios para el México de hoy, la mejor defensa es presionar para que se reformen y se mantengan independientes del poder político. Instituciones sin aprecio social son burocracias inservibles que, tarde o temprano, mueren.

Debemos felicitar al PAN, pues lo hizo muy bien en el Senado. Mauricio Kuri, Kenia López, Josefina Vazquez Mota, etc., exhibieron la trampa, el fraude que hizo Morena en la votación de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH. Pero el PRI tampoco cantó mal las rancheras, pues los senadores, coordinados por Osorio Chong, dijeron claro y fuerte: "se debe reponer TODO el proceso. Debe haber una nueva terna. No podemos avalar lo que está mal de fondo". La esquela de Marko Cortés, por el fallecimiento de la autonomía de la CNDH, habla más que mil palabras.

(V.periódico El Financiero en línea del 15 de noviembre de 2019).

4 consejeras ciudadanas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregaron una carta de renuncia a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva de la cámara alta, al considerar que la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta del organismo defensor le resta legitimidad a esa institución.

En el documento firmado por María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuéllar Vázquez y María Olga Noriega Sáenz, las inconformes critican que la elección se llevó a cabo sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las Comisiones Unidas responsables del proceso, y que se consumó en el pleno del Senado de manera arbitraria, lo que, "presagia el sometimiento abierto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes actualmente detentan el poder político".

El miércoles, Alberto Manuel Athié Gallo renunció a su cargo como integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, en rechazo al procedimiento mediante el cual fue electa la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, militante con licencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Athié Gallo, quien también figuró entre los candidatos a presidir el organismo, adelantó que solicitará amparo por la violación de sus derechos en el proceso que culminó con la atropellada designación de Piedra Ibarra.

Las consejeras salientes dijeron que no será posible mantener el principio de autonomía de gestión que es indispensable para que funcione la CNDH.

"Una ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos. Tampoco podrá generar la confianza ni la certeza jurídica consustanciales a su misión", señalaron las ahora ex consejeras en su carta.

La bancada de Morena en el Senado resolvió quitar a los legisladores Kenia López Rabadán y Gustavo Madero, del PAN, como presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y Economía, respectivamente, por la "actitud agresiva" de los panistas que protestaron y descalificaron la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra.

El presidente está muy molesto, pero no sólo con sus adversarios, sino con sus diputados y senadores. El miércoles, en una reunión de gabinete en Palacio Nacional, invitó al coordinador de Morena en el congreso, Mario Delgado, para decirle que no estaban entendiendo que el presupuesto era estratégico y tenían que aprobarlo como lo había enviado la Secretaría de Hacienda. Delgado les transmitió el mensaje poco después. Esa instrucción es consecuencia de una atropellada reunión que tuvo días antes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con diputados y senadores de su coalición, donde afloraron diferencias de fondo en materia presupuestal, que provocó un choque violento en donde les respondió igual o más alto, antes de terminarla abrupta y groseramente.

Esto último sucedió el jueves de la semana pasada, según 3 personas que reconstruyeron esa reunión. El presidente convocó a las bancadas de Morena, el PT y Encuentro Social del congreso y el Senado, al Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, para hablar sobre el presupuesto. Había inquietudes entre los legisladores sobre el acceso a los recursos, que López Obrador quiso atajar. Estuvo flanqueado por Delgado y el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, aunque no participaron en una discusión, que fue subiendo de tono.

Al encuentro asistieron alrededor de 230 legisladores -de un universo cercano a los 340-, y transcurría sin sobresaltos hasta que un diputado le preguntó sobre los recursos al campo. Ese sector queda muy afectado en el presupuesto para el próximo año, porque cerca de 50% de los programas de apoyo fueron cancelados, lo que ha generado muchas protestas en varias partes del país, y el bloqueo desde hace varios días de la Cámara de Diputados. Ayúdenos, fue la petición directa que le hizo a López Obrador.

La respuesta fue "no se va a poder", de acuerdo con la reconstrucción del encuentro. Entonces, López Obrador, quien ya no está distinguiendo entre sus diferentes audiencias, repitió lo que dice en todos lados, "eso ya se acabó" y "ya no hay moches", el eufemismo acuñado en la prensa de la Ciudad de México para describir las comisiones que cobraban algunos diputados a municipios, tanto para que pudieran recibir de manera más expedita su presupuesto, o para que les ayudaran a gestionar más recursos.

La palabra moches, fraseada por el presidente como un señalamiento a ellos, e interpretado por varios como una acusación en su contra, encendió los ánimos inmediatamente y comenzaron a increparlo. "Pensaban que iban a darles dinero y se pelaron con él", recordó una de las fuentes consultadas. "Iban por lana y salieron trasquilados", ironizó. Pero el momento se tensó, dijeron las personas que reconstruyeron el encuentro, y estalló el clamor. De entre las sillas salieron gritos de "mentiroso" y "corrupto", a lo cual López Obrador respondía en los mismos términos beligerantes.

"Hubo mucho barullo", dijo una de las fuentes. "Los gritos eran entre ellos". Las otras fuentes que narraron esa reunión, dijeron que los gritos no eran entre legisladores, sino directamente contra el presidente. Cuando menos 20 diputados del PT, Encuentro Social y en menor número Morena, vinculados al campo, participaron en el intercambio de gritos con el presidente. Fue un momento que no se recuerda haya sucedido antes, donde legisladores del partido en el poder reclamaran airada y violentamente al presidente. Tampoco se había visto que un presidente fuera tan agresivo con sus bancadas y se enfrascara en acusaciones sin argumentación. El encuentro terminó de manera intempestiva, cuando López Obrador, sin decir palabra alguna a nadie, se levantó de su silla y se salió del Salón de la Tesorería sin concluir la reunión ni despedirse de nadie, incluidos Delgado y Monreal.

El resultado de ese atropellado encuentro no fue el esperado por el presidente. Las protestas de las organizaciones campesinas se agudizaron, sitiando la Cámara de Diputados e impidiéndoles sesionar, alterando todo el proceso legislativo, no únicamente el presupuesto. La inconformidad nace de fuertes recortes presupuestales, al reducirse el apoyo al campo de 65,435 millones de pesos en 2019, a 19,182 millones para 2020.

Según el Consejo Nacional Agropecuario, afecta a todo el país. El Programa de Concurrencia con las entidades federativas, por ejemplo, bajó de 2,000 millones de pesos antes de 2019, a cero. El diésel marino sufrió una mayor reducción, con lo que los pescadores, ya afectados severamente este año, padecerán más el próximo. Los agricultores ya no tendrán apoyos para la comercialización, que afecta principalmente a los estados con mayor producción de granos.

El presupuesto desprotege la comercialización, la sanidad y calidad agroalimentaria, la ganadería, la investigación y la ganadería, asegura el Consejo Nacional Agropecuario. Cubre a los más necesitados del campo, a través de los programas sociales, los precios de garantía y créditos ganaderos a la palabra, que representan un gasto de 20,000 millones de pesos. Es decir, se atenderá a la agricultura de autoconsumo, pero no a la comercial. Es correcto el apoyo a la 1a., pero sin los apoyos a la 2a., la producción sufrirá una caída, porque los recursos a los más necesitados no son productivos y alentarán probablemente la precarización del campo.

Al presidente, por la posición mantenida en los últimos días, esa realidad le tiene sin cuidado. Él quiere su presupuesto para apoyar a Pemex y los programas políticamente clientelares a costa del resto del aparato productivo. Los choques con los legisladores mostraron que tampoco es refractario ante las críticas de los suyos, pero como sucede con todas sus cosas, la única palabra que vale y se impone es la de él, aunque siga dinamitando sus alianzas políticas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no alcanzó un acuerdo con un 2o. grupo de organizaciones campesinas ante su demanda de que aumenten recursos para el campo dentro del Presupuesto de Egresos 2020, por lo que continúa el bloqueo en San Lázaro.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas advirtió que si hoy a las 11:00 horas no cuentan con el registro de reasignación de 30,000 millones de pesos para el campo, "arderá Troya". Informó que de ser necesario, el plantón en San Lázaro durará un año.

Si para algo deberá servir la presencia de Evo en México y la experiencia boliviana es para no repetir los mismos errores de este personaje que es sin duda el líder más importante de su país de los últimos años pero que terminó enamorándose de sí mismo y del poder que representaba hasta llevarlo a la exacerbación del autoritarismo antidemocrático.

Las actitudes de algunos de los líderes de Morena y del propio presidente nos pueden acercar al escenario boliviano: poner el proyecto de país -estemos o no de acuerdo con él- por encima de las instituciones democráticas, que son las que nos permiten procesar civilizadamente las diferencias, no hace sino incrementar la tensión social.

Hay que tener prisa en el combate a la injusticia y la inseguridad, pero ser muy cautos en las transformaciones institucionales. El espejo boliviano debe servirnos para ver los riesgos que implica polarizar. La polarización privilegia el desacuerdo, simplifica los argumentos, anula la inteligencia, pero sobre todo pone en jaque a la democracia que tiene sentido sí y sólo sí la usamos como un mecanismo de construcción de lo común y no de destrucción del enemigo.

La pregunta al gobierno mexicano ahora es: ¿por qué en el caso de Venezuela, cuando Juan Guaidó se proclamó "presidente encargado" de aquel país, y fue reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, el gobierno de México pidió encontrar una solución pacífica y democrática al problema, y "para no equivocarse" se apegó a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos establecidos en la Constitución, y ahora en el caso de Bolivia se involucra, toma partido y se manifiesta a favor de Evo Morales y por lo tanto en contra del pueblo de Bolivia que se opone a él?

Es evidente que el manejo de los intereses políticos de AMLO está por encima de las leyes y de la propia Constitución, y que la aplicación del principio de "no intervención y autodeterminación de los pueblos" es selectiva. Más bien diría que el principio que rige la política exterior de AMLO es: si conviene se interviene.

En México, tanto en gobiernos anteriores como en el actual, aunque digan que no son lo mismo, la transparencia, el respeto y aplicación de las leyes y reglas democráticas dependen de si éstas se contraponen o no a intereses políticos y económicos del gobierno en turno.

Un líder respeta la ley, un dictador la interpreta.

He recibido la misma pregunta muchas veces: "¿Que podemos hacer para detener a esta invasión comunista que estamos viviendo?".

Creo que la respuesta la sabemos todos porque es muy sencilla; se llama "Participar".

Y por lo pronto, participar en 2 acciones:

La 1a. es: reunir a un grupo de amigos y asistir a las protestas que se están organizando en todo el país. Creo que vale la pena sacrificar unas horas y hacerle ver a este gobierno que no estamos de acuerdo con sus políticas, y no vamos a permitir convertirnos es un país fracasado ni esclavizado.

La 2a. es: presionar diariamente, a través de las redes sociales, al PRI, PAN y PRD para que se unan y nombren a un solo candidato de alianza. Si cada partido necea con su candidatito mugroso, todos van a perder, porque se va a diluir el voto-libre y no lograremos nada contra el voto-comprado.

Amigos, estamos luchando contra un enemigo muy poderoso y muy bien organizado, su estrategia no la mueve un solo hombre, sino un grupo de profesionales perfectamente entrenados y coordinados, con una estrategia muy pensada desde otros países. La solución no es fácil, pero la podemos provocar nosotros: ¡Si actuamos ya!

¿Queremos corregir el error que cometimos en la pasada elección? Pues hay que dejar la comodidad de nuestros sillones enfrente de la tele, salir a la calle a manifestar nuestra inconformidad y utilizar a fondo nuestras redes sociales para presionar y lograr tener un solo candidato bien apoyado. Si no lo logramos, muy rápido nos vamos a convertir en otro Venezuela o Cuba.

Para muestra basta un botón; la oposición organizada boliviana logró derrocar al dictador... y ahora lo tenemos de asesor.

Solo les comento que tenemos poco tiempo, habrá elecciones dentro de un año y meses... y casualmente AMLO estará en la boleta.

Participar, esa es la única solución...

El día 5 de este mes, los diputados aprobaron las reformas constitucionales que regularán la revocación de mandato a quienes hayan sido electos por votación pública, incluyendo el Presidente de la República.

La revocación de mandato fortalece la democracia y constituye un freno para los funcionarios que hagan mal uso del poder que el pueblo les otorga con su voto.

Flota en el ambiente la incertidumbre de que, toda vez que la revocación de mandato se hace por votación, igualmente puede servir para prolongar el mandato mediante la reelección a la cual se ha manifestado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no se reelegiría, pero no puede creerse nada de lo que diga porque ha dado muchas muestras de volubilidad.

En 2 años se presentará la oportunidad de revocar el mandato a nuestro presidente; para eso se requiere tener el respaldo de al menos 40% del listado nominal y de éste, por lo menos 65% debe aprobar la revocación, lo cual no sucedería si hoy se hiciera la votación porque somos testigos de un curioso fenómeno que ocasiona que entre más errores comete, más se fortalece el índice de aprobación.

Ya veremos qué actitud toma AMLO en los próximos 2 años para que acumule más inconformidades que, hasta la fecha, ya suman una buena cantidad, como son: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el control de la Suprema Corte en lo que influyó el nombramiento de ministro a la esposa del contratista José María Riobóo -la Lic. Jazmín Esquivel-, a quien tiene asignada la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro y al ex presidente de Bolivia Evo Morales, la cancelación de la reforma educativa, el tratamiento blandengue a la delincuencia, el castigo fiscal a los empresarios, el bloqueo de las vías del tren en Michoacán, la mortandad producida por el huachicoleo, el incremento en los índices de la delincuencia en todas sus modalidades con el consiguiente número de muertos y desaparecidos más grande de la historia y del mundo, el deterioro de la economía, el enfrentamiento con el Ejército, la provocación para enfrentar a las clases sociales con la distinción de chairos y fifís, el apoyo al gobernador de Baja California para ampliar su periodo de 2 a 5 años, la pifia del operativo de Culiacán por la fallida captura del hijo del Chapo Guzmán, el ofrecimiento de liberar al ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva preso por peculado y, en general, esa actitud que nos infunde el temor de llevar el país hacia el socialismo, que es una doctrina económica que ha empobrecido más a los países que la practican. A esto hay que agregar las calamidades que se acumulen en los próximos 2 años.

Marcelo Ebrard dio muestras de su capacidad al rescatar a Evo Morales de Bolivia y, al mismo tiempo, abrirle un tanque de oxígeno político al presidente, que se estaba asfixiando en la crisis de seguridad. Una chuza política que le trajo costos y beneficios, pero que logró sus principales objetivos, cambiar la conversación -para ayudar a López Obrador- y retomar la política exterior -escapando por un momento del rol de bombero que le tienen asignado en Palacio Nacional-.

Ahora, dependerá del presidente que recupere la iniciativa perdida tras el culiacanazo. Será difícil. López Obrador es muy terco y no ve en el mediano y largo plazo. Esa incapacidad ha hecho que todas las bombas le estallen, como seguramente será en esta ocasión.

No digo que Rosario Piedra Ibarra sea AMLOver por sus tuits en los que pide no desaprovechar la oportunidad porque "no sabremos cuándo habrá otro AMLO". Tampoco porque hasta "el día de la votación en que fui electa, solicité licencia" a Morena, según me declaró.

Lo digo porque ya con el cargo en los hombros, su poco capital político ha sido invertido en defender al presidente López Obrador. Ayer, en una intensa entrevista que le hice en W Radio, quedó claro: sus reflejos son defender al presidente.

La mujer que por décadas de trayectoria en el activismo, iniciada a raíz de la desaparición de su hermano Jesús, pidió a los gobiernos no cerrar los ojos frente a los abusos, ayer decidió cerrarlos. La escena era salinista. En la tribuna del Senado, una batalla campal, golpes, empujones, un senador en el suelo, gritos, pancartas, insultos. Y en medio de esta atroz realidad, en la que el PAN reclamaba fraude en la elección de Piedra Ibarra y Morena se imponía con su aplastante mayoría, la nueva presidenta de la CNDH mantenía la vista al frente, como si nada sucediera. Ni los veía ni los oía.

Me lo dijo en la entrevista: para ella, nada de esto es importante. Son los senadores los que tienen que responder las preguntas sobre el desaseo en su proceso de elección. A ella sólo le informaron que había resultado ganadora, así que tomó posesión de su cargo, según dijo, "muy tranquila".

Son muchos los temas de preocupación en derechos humanos en nuestro país. Uno de ellos es el de los periodistas asesinados en el país. Colegas periodistas le preguntaron en el Senado a Piedra Ibarra. No quedó muy claro si ignoraba que este año, ya en la administración de López Obrador, México superó a Siria como el país más letal para los periodistas.

Mal arranque: los ataques constantes, personalizados, directos de Andrés Manuel López Obrador contra reporteros que le preguntan en la mañanera o que publican información que no le gusta, a Piedra Ibarra le parecen "opiniones" del presidente. A diferencia de otras organizaciones internacionales que han condenado al presidente por esta práctica.

Se entiende que cuesta trabajo pasar del activismo de más de 4 décadas a una posición de Estado como la que requiere la CNDH, pero llama la atención que las respuestas de su nueva cabeza hayan sido para defender al presidente. Y sorprende que el proceso tan impugnado que la lleva al cargo no le parezca algo de qué avergonzarse. Tampoco al presidente. Que ni vio ni oyó, y en la mañanera de ayer se proclamó feliz del nombramiento.

La crisis de derechos humanos en México, diagnosticada por la ONU y múltiples ONG internacionales, no comenzó con este gobierno pero este gobierno ha hecho poco para enfrentarla, más allá de discursos. Si sus reflejos han sido claramente contrarios a los contrapesos democráticos, la señal de nombrar a alguien tan cercana y leal al mandatario López Obrador es preocupante.

El día después de la imposición fraudulenta y obscena de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la bancada mayoritaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, acabó de hundir en el desprestigio a la nueva ombudsperson y se hirió de muerte a esta institución, que si bien tenía mucho que avanzar, había sido un claro contrapeso a los gobiernos en momentos críticos de violación a los derechos humanos y abusos de autoridad.

Por un lado, luego del cínico cierre de una jornada violenta y bochornosa en el Senado, que significó ver a Piedra Ibarra festejar al lado de la bancada morenista luego de los zafarranchos en medio de los cuales rindió protesta al cargo, su 1a. comparecencia ante los medios fue más que desafortunada y la debe obligar necesariamente a reconsiderar sus capacidades para permanecer al frente de la CNDH.

Cuestionada por el grave problema de violencia contra periodistas en México, que tiene a nuestro país entre los de mayor riesgo en el mundo para ejercer este oficio, Piedra Ibarra dijo que eso era problema de otros sexenios y preguntó si en el gobierno de AMLO han asesinado a algún periodista, ignorando los al menos 13 casos que se han denunciado públicamente.

Por esa pifia, lo 1o. que encontró a su llegada ayer a sus oficinas de la CNDH fue una denuncia de la organización no gubernamental Periodistas Desplazados de México, en contra de ella misma, por considerar su respuesta una violación a los derechos humanos de las familias de los reporteros caídos en los últimos 11 meses en el gobierno de la autollamada 4a. transformación.

"La respuesta", insistieron, "provoca una sensación de vulnerabilidad, ante el desconocimiento de tan cruda realidad, viniendo ésta de la misma titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al mismo tiempo, genera incertidumbre y miedo en aquellos que han sido víctimas de ataques a sus personas y sus familias por el simple hecho de informar".

El otro revés a la CNDH vino ayer en la mañanera, cuando el presidente aplaudió la imposición de la que siempre fue su candidata, pese al desaseo de su proceso de elección.

Fue un triple disparo al pie, aunque el 3o. pudo ser más que deliberado: 1) Puso en tela de juicio su discurso de dar prioridad al respeto de los Derechos Humanos en la escalada de violencia e inseguridad que padecemos. 2) Dejó en ridículo e inhabilitó a Ricardo Monreal, uno de sus principales operadores y líder de la bancada morenista en el Senado que incumplió su palabra de repetir la votación, y 3) Dio un golpe mortal a la CNDH que con la llegada de una militante morenista a su dirección, lesiona irremediablemente su credibilidad, influencia, independencia y autoridad.

Lo 1o. es darle la bienvenida a Rosario Piedra Ibarra. Es cierto que ha generado muchas dudas. No es abogada ni parece tener la preparación técnica para el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Apenas el año pasado fue candidata a diputada de Morena y no hay duda de que el presidente López Obrador impuso su designación. Por otra parte, ha descalificado como "chayoteros" a los periodistas que han sido críticos del actual presidente. A partir de hoy, sin embargo, tendrá la oportunidad de demostrar su independencia, porque la CNDH es una institución creada para ser incómoda ante el poder.

Lo 2o. es rechazar la afirmación del presidente en el sentido de que la CNDH ha sido un florero, "nada más de adorno, para simular con la hipocresía que les caracteriza". Esto es absolutamente falso. La Comisión ha sido una institución independiente de todos los gobiernos. Sus recomendaciones han defendido los derechos individuales y han limitado los poderes del Estado. Uno podrá aplaudir o cuestionar sus recomendaciones particulares, pero no han sido inocuas ni supeditadas a la autoridad.

La CNDH ha sido una de las grandes instituciones en la construcción de un Estado mexicano con equilibrios de poder. Piedra Ibarra deberá demostrar ahora que puede estar a la altura de sus predecesores. Tendrá que declarar su independencia ante un presidente al que claramente admira.

La animadversión de López Obrador hacia la CNDH ha sido evidente desde hace tiempo. Ha afirmado que "es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho". Los miembros de la Comisión, según él, "han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo. No es la institución, sino los que han estado ahí, que están demasiado vinculados al régimen".

Una vez más, las afirmaciones son falsas. La CNDH se ha comportado con independencia desde su creación. Quizá ha habido mejores o peores presidentes, pero la institución ha sido sólidamente autónoma. Ahí están como prueba los cientos de recomendaciones que han incomodado a gobiernos de todos los partidos.

Preocupa el afán del presidente de desmantelar las instituciones que han servido de contrapeso al poder en los últimos años. Lo que ha tratado de hacer con la CNDH, lo ha intentado también con el Instituto Nacional Electoral, al que ha calificado igualmente de "adorno, de florero". Ha dicho: "Es tanta la hipocresía" del INE "que sí calienta", ya que nunca sancionó a ningún gobierno anterior. Nuevamente, las acciones de la institución demuestran lo contrario.

La CNDH debe evitar ser capturada por el gobierno. Por lo pronto, es un mal precedente que la presidenta electa haya declarado que "donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores" y que haya preguntado: "¿Han asesinado periodistas [en este sexenio]?".

Quizá la nueva titular no se ha dado cuenta de que cuando menos 10 periodistas han sido asesinados en México en este 2019, lo que convierte a nuestro país en el peor lugar del mundo. La ignorancia, sin embargo, no podrá ser ya excusa en el futuro. Dadas las dudosas circunstancias en que fue electa, tendrá que demostrar más que ninguno de sus predecesores que es realmente independiente, aunque eso la lleve a un choque con el presidente que la ha impulsado. Si no lo hace, ella será el florero que el presidente dijo no querer.

La burda imposición de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es anuncio de que tendremos una Omisión Nacional de los Derechos Humanos, si me es permitido el obvio juego de palabras. En efecto, dicho importante organismo no pertenece ya a los ciudadanos: es propiedad ahora de López Obrador, que sin estorbo alguno va echando en sus bolsillos de presidente absolutista las instituciones que podrían servir de freno o contrapeso a su poder. Todo hace suponer que la señora Piedra será obsecuente a los designios de AMLO en vez de cumplir su deber de protectora de los ciudadanos frente a los eventuales abusos de la autoridad. 2 notas quiero destacar en relación con esto. La 1a.: para todos habría sido bueno que hubiese prosperado la idea de Monreal ante el problema motivado por las irregularidades cometidas en la votación para elegir a la persona que presidiría esa comisión. Sugirió que el proceso se repusiera con objeto de disipar cualquier duda sobre su legalidad. Seguramente Piedra Ibarra habría ganado de nueva cuenta la elección, y eso le habría dado una legitimidad y una autoridad moral de las que ahora carece. Ganando en la forma que ganó la dicha señora pierde. La 2a. nota es la lamentable participación del PRI en este turbio asunto. Nuevamente aparece como patético patiño de Morena, con lo que otra vez muestra haber perdido no sólo su rumbo político, sino también su dignidad partidista. Ya debe estar bien muerto el PRI, pues tan mal huele...

El lema de AMLO y Morena es "no mentir, no robar y no traicionar". Estos principios han sido violados numerosas veces por sus líderes, desde las elecciones del 1 de julio de 2018 hasta ahora. En este espacio me voy a ocupar específicamente, por ahora, del principio de "no traicionar". Ejemplos de esta violación hay muchos, y por eso tomará más de lo que pueda escribir en este espacio, pero vale la pena mencionar algunos casos.

Hoy me refiero a la traición a los pobres, a los verdaderos pobres de este país. La promesa de "Por el bien de todos, primero los pobres" ha sido traicionada. Empezó desde la eliminación de los apoyos del Instituto Nacional de Desarrollo Social a cientos de organizaciones civiles asistenciales que, muchas de ellas, vivían gracias al apoyo del gobierno y que específicamente estaban enfocadas a mejorar los niveles de bienestar de los más pobres: organizaciones dedicadas a los cuidados de los adultos mayores, dedicadas a atender a niños con discapacidad, a atender comedores comunitarios, migrantes y un muy largo etcétera. Esas organizaciones han disminuido sus actividades, la cobertura de población que podían atender, o de plano han desaparecido.

La decisión de eliminar el Programa Prospera, enfocado a los más pobres y vulnerables que incluía transferencias económicas para alimentación, consultas médicas, talleres de autocuidado, antes de contar con algún programa alterno, dejó sin atención a miles y miles de familias por muchos meses. En su lugar, está ahora el programa de Becas Benito Juárez para el bienestar que apoya a niños y jóvenes desde educación inicial hasta la universidad. Todavía es muy pronto para saber su efectividad, pero muchos de los nuevos programas no cuentan con reglas de operación (más de 400,000 millones de pesos serán erogados sin reglas de operación en 2020), frecuentemente están mal diseñados sin estar basados en evidencia, y con amplios huecos para la discrecionalidad y la corrupción.

La eliminación de los apoyos a las estancias infantiles, dirigidos a madres o padres jefes de familia de escasos recursos no cubiertos por la seguridad social, como por ejemplo personas que trabajan en la calle en un puesto de jugos o de tacos, en la central de abastos, en diversas ocupaciones no formales, que son las más numerosas y excluidas de nuestro desigual sector de servicios, se quedaron sin apoyo para dejar a sus hijos bien cuidados y atendidos, con alimentación balanceada, con desarrollo motriz e intelectual. Ello ya genera un atraso de los niños, con consecuencias de largo plazo pues está comprobado que lo que sucede en esos primeros años determina en buena medida las potencialidades del niño. Ellos no tienen capacidad de defenderse. Entregar el apoyo directamente a la madre, si acaso tuvo la suerte de que le tocara pues ya no hay recursos para más beneficiarios, no asegura que ese dinero irá para el desarrollo del niño. Con tantas necesidades urgentes, la madre fácilmente ocupa ese dinero para otra cosa. Por tanto, el futuro de los niños más pobres queda en riesgo.

Lo mismo ocurre con los apoyos a los refugios de mujeres violentadas. Se sabe que existe una enorme violencia intrafamiliar que lamentablemente mantiene en un infierno a mujeres y a sus hijos. El apoyo a los refugios también fue suspendido y afectó, principalmente, a familias de bajos ingresos que no tienen ninguna otra opción de huir de situaciones de violencia doméstica.

La escasez de medicamentos, de por sí difícil en zonas alejadas y en clínicas por todo el país, y que se evidenció por las protestas de los directores de los institutos nacionales de medicina y de los padres de niños con cáncer, afectan sobre todo a los más pobres, que no tienen los recursos para adquirir medicamentos si no se les entregan en las instituciones públicas.

El espacio se termina, pero hay más evidencia de que los pobres no van primero. No han ido primero. Y los programas existentes tampoco parecen tener un impacto positivo, a pesar de los miles de millones invertidos. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que apenas la Secretaria del Trabajo reconoció que solamente el 1.5% de los becarios del programa tendrá empleo, o el programa Sembrando Futuro, que incentiva la quema de selva y bosques para sembrar cualquier cosa y así obtener el subsidio.

La traición a los pobres también se pone en evidencia vía otras políticas, como la económica y la de seguridad. Aquí sólo menciono algunos ejemplos fehacientes de impactos directos sobre los más pobres. No se vale traicionar de esta manera.

Organizaciones de la sociedad civil lamentaron el proceso legislativo que se dio en el Senado para la elección de Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien el martes rindió protesta ante el pleno de la cámara alta.

Amnistía Internacional México consideró que no es aceptable que la designación de la titular de la CNDH se haya dado en esas condiciones.

El organismo advirtió que la grave crisis de derechos humanos en México "sólo puede enfrentarse con un órgano autónomo, independiente y legítimo, que sea el contrapeso del Estado y defienda los derechos de todas las personas".

Aparte, el colectivo #Designaciones, que impulsan las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19, señalaron que la Cámara de Senadores "sepultó la legalidad" con la designación de Piedra Ibarra al frente de la CNDH, "minando con ello la legitimidad e independencia de este organismo constitucional autónomo".

En tanto, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. calificó de una "imposición" la designación de la hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, y exigió una Comisión Nacional de los Derechos Humanos "con verdadero enfoque en la defensa de los derechos humanos en México, sin intereses políticos e ideológicos".

Al respecto, Marcia Itzel Checa, del colectivo #CNDHautónoma, calificó de "lamentable" y "vergonzoso" que Rosario Piedra rindiera protesta en medio de empujones entre senadores del PAN y de Morena, y dijo que para futuras designaciones de esta importancia se deben repensar las reglas de estos procesos legislativos.

Víctor Caballero, del Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, manifestó que lo que quedó claro en esta designación de Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue que ni a los senadores de Morena ni a los senadores del PAN "les interesan los derechos humanos".

Subrayó que, "como siempre, quedó de manifiesto que las instituciones creadas para atender a la sociedad están en manos de la clase política y sus intereses".

En tanto, el activista y excandidato a la presidencia de la CNDH Alberto Athié Gallo renunció al Consejo Consultivo de ese organismo tras concretarse el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la institución.

En una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, Athié Gallo informó de su separación, donde cuestionó la falta de transparencia en este nombramiento.

El exsacerdote fue uno de los 56 candidatos a ocupar la presidencia de la CNDH en el reciente proceso de designación, y es uno de los siete exaspirantes que solicitaron la reposición del proceso en la Cámara de Senadores.

Si ser ignorante fuera condición para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la bancada de Morena en el Senado bien pudo prescindir de una de sus integrantes que cumple cabalmente el requisito y endosarla para que fuera seleccionada. No habría tenido que recurrir a la tramposa imposición de Rosario Piedra Ibarra quien, aunque sin duda cumple con tal formalidad, tiene además el defecto de conducirse con bochornosa y patética indignidad.

Es Martha Guerrero Sánchez, senadora originalmente suplente de la derrotada ex candidata al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez (premiada con la superdelegación en aquella entidad). Habilitada secretaria de la Mesa Directiva, fue la marrullera escrutadora que, con lamentable dominio de la prestidigitación, desapareció el voto número 9 del aspirante José de Jesús Orozco Henríquez a la vista de la cámara de video que grabó su burdo engaño.

Desparpajada, esta inexplicable legisladora declaró ayer: "Yo sí les pido a los medios que verdaderamente jueguen ese papel de pluralidad y objetividad, y no solamente un papel inclinado hacia con quien están bien y con quien algunas veces hasta dinero les dan. Sean plurales, por favor, sean objetivos".

Como si tuviera nociones elementales de pluralidad y no se comportara con descaro de manera aviesamente sectaria, se revela ignorante de la verificable pluralidad de los medios y se atreve, además, a sugerirles que se comporten con "objetividad" porque desconoce que la subjetividad es consustancial al oficio periodístico. De pasadita, destila la insidia de que "hasta dinero les dan" pero, consciente quizá de lo que habla, no se atreve a sustentar su dicho con datos precisos, concisos y macizos.

Por lo que se refiere a la sucia consumación del asalto a la CNDH, queda claro que el compromiso asumido por el coordinador Ricardo Monreal, en el sentido de que se realizaría una nueva votación, se maquinó como vulgar coartada y sirviera de señuelo, a sabiendas de que sus correligionarios actuarían en pandilla para precipitar la toma de protesta de la ungida quien, casualmente, llegó con séquito de invitados para lo que sabía con antelación: la oficialización de su hueso en una institución de cuyas funciones tiene una equivocada, contraproducente y deficiente idea.

Rosario Piedra Ibarra desparrama ineptitud para ejercer el cargo: supone que la CNDH tiene facultades propias de fiscalías y procuradurías; que se ocupa nada más de las desapariciones forzadas y, a pregunta expresa sobre si continuarán las investigaciones de crímenes contra informadores (en lo que va de la 4T ya van 13 victimados), contrapreguntó a su vez: "¿Han asesinado a periodistas?".

De preocupación extrema, por lo mismo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera: "Estoy muy satisfecho de lo que se resolvió en el Senado, de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra...".

Los hackers que atacaron la red interna de Petróleos Mexicanos (Pemex) esta semana solicitan a la petrolera un pago de 5 millones de dólares y dijeron a Reuters que la firma estatal perdió el plazo para obtener un "precio especial" para liberar sus sistemas.

El ataque, detectado por Pemex el domingo, forzó a la compañía a apagar equipos de cómputo de sus trabajadores en todo el país, inhabilitando, entre otros, los sistemas de pagos, de acuerdo con 5 empleados de la compañía y correos electrónicos internos.

Los hackers han apuntado cada vez más a las empresas con programas maliciosos que pueden paralizar los sistemas que supervisan todo, desde las cadenas de suministro hasta las fábricas, eliminándolos sólo después de recibir pagos.

Una nota de rescate que apareció en las computadoras de Pemex y que fue vista por Reuters daba instrucciones para acceder a un sitio de internet anónimo ligado a DoppelPaymer, un tipo de ransomware.

En el sitio, los hackers pedían 565 bitcoins, equivalente a 5 millones de dólares, y daban a la petrolera un plazo de 48 horas para realizar el pago, añadiendo detalles de cómo hacer la transferencia y una dirección de correo electrónico.

Tras ser contactados, los presuntos hackers respondieron a Reuters que Pemex había perdido el plazo para obtener un "precio especial", en una aparente referencia al descuento que ofrecen a víctimas de ransomware por pago anticipado, pero dijeron que todavía tenía tiempo para entregar los 565 bitcoins.

Pemex no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el rescate.

El ataque es el último desafío para Pemex, que está luchando para pagar grandes deudas, revertir años de disminución de la producción de petróleo y evitar rebajas en sus calificaciones crediticias.

El fin de semana, Petróleos Mexicanos fue objeto de un ataque cibernético que resultó en el hackeo de sistemas y computadoras, y afectó la distribución de combustibles a gasolineras del país.

Pemex trató 1o. de esconder la realidad, luego la aceptó a medias y ahora busca maquillarla. La realidad es que la crisis continúa, a pesar de que el lunes Pemex sacó un comunicado para decir que todo estaba normalizado.

Hasta el cierre de esta columna, ayer por la tarde, miles de trabajadores de Pemex estaban como de vacaciones: en la oficina, pero sin hacer nada porque sus máquinas no sirven. Fueron secuestradas por un ransomware que se les metió, denuncian, a consecuencia de que el nuevo gobierno decidió ahorrarse el dinero de la renovación de las licencias de protección de sistemas y no quiso comprar nuevos equipos. Están sin sistemas, sin redes. En la famosa Torre de Pemex, hay varios pisos que, me reportan, tienen hasta el 60% de las computadoras inutilizables.

El ransomware es un software malicioso que al infectar un equipo le da al ciberdelincuente la capacidad de bloquear un dispositivo a larga distancia y encriptar los archivos, quitándole al usuario el control de toda su información y los datos almacenados.

Pemex dice que los piratas cibernéticos sólo afectaron al 5% de sus máquinas. Parece que es más que eso: existen aproximadamente 59,000 computadoras en Pemex, y de ellas, entre 5,000 y 10,000 han sido afectadas, según cálculos de funcionarios de Pemex, involucrados en el intento de paliar esta crisis, que me pidieron el anonimato por miedo a represalias.

En las pantallas de esas miles de computadoras, aparece un largo mensaje en inglés en el que los hackers de un llamado Tor Project explican los pasos a seguir para recuperar control de la máquina, advierten que de no hacerlo a través de ellos pueden perder para siempre sus archivos y rematan "Mientras más pronto nos contactes, puedes esperar un precio menor". Es un secuestro. Y es un rescate el que se paga. Explican a qué página meterse y en qué correo electrónico negociar.

Mientras tanto, no se puede usar ninguna computadora personal porque al entrar a la red quedan infectadas del ransomware.

Hasta ahora, ningún sistema de las plantas industriales ha sido afectado, sólo equipos de cómputo, pero por ejemplo, el sistema de facturación sí fue vulnerado y esto afectó la venta de gasolina: desde el fin de semana empresarios gasolineros reportaron que no llegaron las pipas a suministrarles el combustible y cuando llamaron a Pemex para preguntar qué pasaba, les dijeron que los habían hackeado.

La estimación es que este martes estén arriba el 80% de los servidores de sistemas, pero no pueden activar la red hasta que no hayan aislado el 100% de los equipos infectados. Va para largo.

Pero según el comunicado oficial, "Pemex opera con normalidad" y sólo acepta que el domingo "recibió intentos de ataques cibernéticos que fueron neutralizados oportunamente, afectando el funcionamiento a menos del 5% de los equipos personales de cómputo. No obstante lo anterior, Pemex reitera que la producción, abastecimiento e inventarios de combustible están garantizados".

Es grave que una empresa pública, que debe mantener intacta su credibilidad frente a los ciudadanos e inversionistas, sea otra vez descubierta en una mentira. Eso le ha costado dinero al país: como hay una enorme desconfianza sobre cómo se está manejando la paraestatal mexicana, la tasa de interés que le cobran a Pemex a cambio de prestarle dinero es brutalmente alta. Eso lo pagamos todos los mexicanos.

Hay quienes -a partir de la añeja máxima de "piensa mal y acertarás"- estiman que la noticia del asilo "fast track" concedido por el gobierno mexicano al ex presidente boliviano Evo Morales, fue una dorada ocasión de tender una cortina de humo con respecto a los asuntos de Aguililla, Culiacán y Sonora-Chihuahua, que han generado un aluvión de críticas a la actual administración por la escandalosa inoperancia -hasta ahora- de sus estrategias de seguridad.

El arbitraje de las fuerzas armadas fue el colofón de semanas de protestas tras unas elecciones consideradas fraudulentas, en donde Morales utilizó recursos tramposos para ganarlas, sentando en Bolivia, en muchos sentidos, un precedente preocupante para América Latina.

Sus opositores se fueron a las calles, y se enfrentaron violentamente a la policía durante semanas. Previamente, el Tribunal Electoral controlado por Morales, incumplió con la función legal que le correspondía y avaló el fraude. Como la Cámara de Diputados y el Senado estaban en manos de incondicionales del presidente, tampoco existieron los contrapesos para impedir sus abusos. La falta de equilibrios exacerbó a la sociedad y aumentó la polarización. La inexistencia de instituciones que sirvieran de equilibrio para contribuir a una salida política y constitucional al problema, obligaron a la ominosa intervención de las fuerzas armadas.

Los observadores bolivianos han subrayado que el jefe de las fuerzas armadas, el general William Kaliman, que "recomendó" a Morales renunciar, mantenía una relación excepcional con él. Morales los había colmado de privilegios, dinero y les encomendó responsabilidades que habían estado en el ámbito civil, como en el área de la aviación y programas sociales. Los militares eran parte de la gobernabilidad del presidente Morales, a quienes había cooptado política y económicamente.

Durante la mayor parte de la crisis, que explotó el 20 de octubre cuando la oposición rechazó los resultados electorales, se mantuvieron neutrales y pasivos. En una 1a. explicación del cambio de actitud, se puede conjeturar que Morales estaba derrotado antes de dimitir, que se comprobó cuando al anunciar nuevas elecciones para detener la crisis, el conflicto se agudizó. Al presidente no le quedaba más recurso que apoyarse en las fuerzas armadas para sofocar la rebelión, lo que en un análisis de costo-beneficio, por la reacción del general Kaliman, era más alto intervenir para sofocar la rebelión que deslindarse de Morales. No querían un baño de sangre. Morales dimitió ante el riesgo que aferrarse a la Presidencia pudiera haberlo causado.

Su caída fue posible porque el país se había roto. Las instituciones estaban anuladas como intermediarias al haberse puesto al servicio de Morales. 2 días después de la elección, líderes políticos, de la sociedad civil y sindicatos, convocaron a una huelga general. Los organismos internacionales regionales, también mostraron su precariedad, incapaces de poder actuar. 4 días después de la cuestionada elección, la Organización de Estados Americanos recomendó una 2a. vuelta, que denunció Morales como un intento golpista. El Tribunal Electoral reconfirmó la victoria de Morales, quien ya había declarado que su victoria y la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, se debían a la voluntad de los bolivianos. El domingo, la oficialista Central Obrera Boliviana, que durante los casi 3 lustros de Morales en el poder fue la cabeza de una coalición de sindicatos, organizaciones vecinales y pueblos indígenas que se agrupaban dentro del Movimiento al Socialismo, el partido del gobierno, rompió con él.

Morales utilizó los recursos de la democracia para minar la democracia. En 2017 una Suprema Corte subordinada a él, abolió los términos para mandatos constitucionales, permitiéndole ir por una nueva reelección. La libertad de expresión sufrió regresiones y utilizó los tribunales para hostigar y controlar a periodistas independientes. Su discurso polar fue alejando a las clases medias, en donde el Comité Civil de Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, uno de los 2 motores de la rebelión, fue ganando apoyo e influencia. Morales canceló proyectos de coinversión con el sector privado y dejó de recibir recursos para inyectarlos en la economía, cuyo mensaje negativo se acentuó por la creciente intervención del gobierno en la economía y la amenaza de nacionalización de los activos empresariales.

Un país partido, con una ruptura del orden constitucional originada por una violación de las leyes electorales, que está en el origen del conflicto y en el colofón del derrocamiento de Morales, es una derrota de la democracia. El andamiaje se ha mostrado como era, débil y disfuncional, mantenido por un gobierno autoritario. Le falló el cálculo y la sensibilidad política a Morales, al no ver la descomposición acelerada que la imposición para un nuevo mandato presidencial había provocado.

Este error debilitó sus alianzas, y aferrarse a un nuevo mandato presidencial, cegado por su ambición de poder, le impidió notar que se estaba quedando solo. La Central Obrera Boliviana no actuó como contrapeso de los sindicatos que convocaron la huelga general, y la policía lo fue abandonando en los últimos días al pasarse al lado de la oposición. No encontró el respaldo político de sus vecinos, con la posición extrema del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se sumó temprano a la petición de una 2a. vuelta.

La caída de Morales aporta lecciones para muchos, como aquellos que apuestan por el aniquilamiento de las instituciones, o de quienes, estando al frente de las instituciones, se vuelven subordinados de los presidentes. Los equilibrios son importantes y los contrapesos son fundamentales, particularmente cuando los líderes se ciegan por su poder y respaldo popular, pensando que con sólo gobernar a una parte del país, es suficiente. Bolivia, con la agudización de sus contradicciones y el colapso de la alianza en el poder ante un repudio encendido, es un buen espejo para reflexionar y evitar caminar por el mismo sendero que recorrió Evo Morales, que fue el de la polarización y la desunión.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió aprender de las lecciones que están ocurriendo en el mundo, y que muestran que para la estabilidad política, social y económica de un país es indispensable que haya autonomía de los órganos electorales.

En ese sentido, la propuesta que impulsan algunos diputados federales de Morena para acortar el periodo de la presidencia del Consejo General del INE, advirtió, tiene una clara "intencionalidad de establecer un control político de la autoridad electoral".

"Si prosperan iniciativas que buscan una captura política estaría en riesgo la democracia mexicana, no el INE, ni es una cuestión de personas", alertó.

Córdova pidió por ello "no desandar el camino que nos ha permitido hoy estar donde estamos".

La semana pasada, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez propuso -con el apoyo de 140 legisladores de ese partido- acortar de 9 a 6 años la presidencia del Consejo General del INE, y que eso sea vigente desde 2020, es decir, recortar el periodo de Córdova Vianello, que legalmente termina hasta 2023.

Entre jaloneos, descalificaciones, mantas y gritos de “fraude”, Rosario Piedra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El senador Salomón Jara, de Morena, y el panista Gustavo Madero, se empujaron en tribuna. Las morenistas Citlalli Hernández y Martha Guerrero detuvieron al albiazul, al grado de tirarlo al piso. Eduardo Ramírez presionó a la presidenta Mónica Fernández para que le tomara la protesta a Ibarra.

Desde su escaño, el coordinador Ricardo Monreal reía acompañado de Cristóbal Arias y Germán Martínez. Los morenistas gritaron "¡sí se pudo!" y aplaudieron a Rosario.

La juramentación se efectuó después de que el pleno rechazara la iniciativa de Monreal para volver a votar y elegir a quien encabezará la CNDH en los próximos 5 años, debido a irregularidades en la elección.

La propuesta de Monreal, quien también encabeza la bancada de Morena, fue rechazada por 46 votos a favor, 67 en contra y 9 abstenciones.

El 7 de noviembre, el Senado eligió a Piedra como presidenta de la CNDH para el periodo 2019-2024 tras sumar 76 votos que eran mayoría calificada, pero legisladores del PAN denunciaron la desaparición de 2 sufragios en el conteo. Se prevé que asuma el cargo el viernes.

Monreal murió 2 veces el día de ayer. No solo dejó de ser el interlocutor de la oposición en el Senado, el gran negociador de los asuntos delicados en el único espacio donde Morena no es mayoría, sino que perdió el liderazgo de su propia bancada.

Después de la elección fraudulenta de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que no pudo explicar dónde quedaron 2 papeletas que cambiaban completamente el sentido de la votación, ayer por la mañana dijo que repetiría la elección para que no quedaran dudas. Parecía que una vez más el político zacatecano se convertía en el puente negociador, en el gran hacedor de la política, pero por la tarde sus compañeros se le voltearon, lo dejaron literalmente colgado de la brocha y se negaron a repetir la elección.

La ruta que ha tomado el Senado al imponer por la vía de un fraude electoral a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un derrotero que llevaba irremediablemente a la destrucción de la institucionalidad y por tanto de la credibilidad de uno de los pilares del contrapoder en México. Pero no solo eso: haber mantenido la simulación es una mancha de la que la cámara alta difícilmente se librará. Las posibilidades de construir consenso en el futuro se reducen sustancialmente.

Nos puede caer bien, mal o regular el senador Ricardo Monreal, da igual, lo cierto es que se había convertido en un puente político fundamental no solo para la oposición sino para el proceso de cambio que quiere emprender López Obrador en México. Este Senado, con esa composición, se mantendrá todo el sexenio y cualquier cambio constitucional requiere de una negociación. Mantener el nombramiento de Piedra Ibarra tal como se dio tendrá un costo para proyecto transformador de Morena.

No son pocos los que consideran que Piedra Ibarra no es, por su perfil, idónea para ese puesto. Hay quienes incluso sostienen que jurídicamente es inelegible como titular de la comisión por su adscripción partidista; sin embargo, el Senado el día de ayer impuso la versión 2019 del "haiga sido como haiga sido" dejando muchos heridos en el camino. Qué poco diferentes son los diferentes cuando se trata de lo mismo. Ayer no solo perdimos la posibilidad de una CNDH fuerte y que ejerza un contrapeso al poder, pues la más afectada por las formas será la propia Rosario Piedra, también perdimos al Senado como el espacio de la alta política del país. RIP, 2 veces RIP.

Digamos que no fue trampa la elección de Rosario Piedra para la CNDH. Sólo para no perder tiempo digamos que fue torpeza, que los senadores del bloque gobiernista se hicieron bolas. Da igual, de todas formas tienen la mayoría y es muy factible que su voluntad se haga. Para eso tienen curules, para eso ganaron el voto.

Partamos entonces de que fue torpeza y pasemos a lo que importa: la elección de una morenista como nueva titular de la CNDH. ¿Por qué diablos arman tanto escándalo los opositores si la mujer es todo corazón, activista de 40 años, familiar de víctima e hija de luchadora social?

¿Por qué? Pues porque todo eso parece no haberle servido para entender un par de cosas. ¿Recuerdan cuando Virgilio Andrade salió a decir que la casa blanca no constituía conflicto de interés alguno para los funcionarios en turno?

Los argumentos legales y la investigación eran buenos. Pero ¿saben por qué nadie los consideró válidos? Porque Virgilio era un hombre cercano al presidente y su labor era vista como de protección. Por eso sus credenciales, su capacidad técnica y su investigación no funcionaron. Daban igual. Él era el títere del ejecutivo.

Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está cometiendo exactamente el mismo error, con la complicidad penosa de alguien que debería ser la 1a. en la fila para evitarlo, es decir, Rosario Piedra. Olviden esa patraña de que a diferencia de Peña, este presidente sí será honesto. Olvídenla. Estamos hablando de otra cosa: de la capacidad de la CNDH para justificar su existencia.

Sólo para fines argumentales, otra vez, digamos que Piedra nos sale buena. Que a pesar de que las autoridades son de Morena y ella tiene afinidad con ese partido y sus integrantes, Rosario se faja la falda, se arremanga la blusa y emite recomendaciones poderosas en el caso del aeropuerto de Texcoco, la Guardia Nacional, la muerte de niños por la falta de medicamentos o las muertes de migrantes en nuestra frontera sur. Nada más por poner 4 ejemplitos de poca cosa.

Digamos que lo hace, que se lava la mancha morena y nos calla la boca a todos los que creemos que la independencia institucional requiere más que fortaleza individual.

Y luego piensen que en una de esas, con la misma independencia, no emite recomendación. Investiga y concluye que las órdenes presidenciales a la Secretaría de Salud no constituyen una violación a los derechos humanos de nadie.

¿Saben qué va a pasar? Carcajada general. Los talentosos harán chistes en las redes y Rosario acabará como Virgilio: en un meme que la dibuje como títere, después de 40 años de lucha social.

La CNDH es un monstruo obeso a la que le pedimos más de lo que debe dar. Pero al ombudsman sí que se le puede y debe pedir todo, pues es su rostro y su fuerza contra la del Estado mexicano. De hecho, ¡eso es lo único que sirve de la CNDH!

Pero bueno, supongo que 40 años de lucha no le alcanzaron a Rosario para entender eso.

La palabra del presidente está en entredicho. Si su compromiso de irrestricto respeto a los derechos humanos es real, entonces para qué tanto afán en acomodar en la CNDH a alguien que al revisar la labor gubernamental tendrá mermada su credibilidad.

Si es genuina la decisión del presidente López Obrador de marcar diferencia frente al pasado en cuanto a derechos humanos, qué mejor que aprovechar la larga tradición de lucha en este renglón de múltiples personajes para que alguien con prestigio incuestionable sea el vigilante del gobierno en la materia que Andrés Manuel dice que nada teme porque él es "diferente".

Los tropiezos de Ricardo Monreal a la hora de tratar de forzar la imposición de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH exhiben no sólo la falta de oficio, sino, sobre todo, los pies de barro de lo que se suponía que era una piedra angular de esta administración.

Rara forma del presidente de meterse el pie al afanarse durante tantos días en que sea la señora Piedra Ibarra quien ocupe una oficina que antes que nada basa en la independencia y capacidad de interlocución su nivel de influencia.

Al terquear con la señora Piedra Ibarra, López Obrador devalúa su promesa de que los derechos humanos serían su prioridad.

Qué manera la del presidente de complicarse la vida, y de socavar una institución indispensable para México. Un error inaudito.

El trágico episodio de los LeBaron, que se combinó con el operativo de Culiacán para desnudar la estrategia de pacificación del gobierno federal, es todavía el lado más débil de la 4a. Transformación: el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede evadir las críticas y los señalamientos; no puede responder con alguna salida creativa en sus discursos a la realidad dolorosa de los muertos que se acumulan.

Queda, eso sí, su nueva petición pública: un año para que funcione la estrategia, para que la violencia se contenga y las cifras terribles de delincuencia y violencia empiecen a reducir. ¿Pero funcionará?

Algo que sí es obligado para el presidente es una revisión a fondo del gabinete de seguridad, y primero que nada, del papel que está desempeñando Alfonso Durazo.

En medio de esta mortandad, cabe preguntar qué significan los hechos trágicos de Culiacán, donde a pesar de haber suspendido el operativo hubo al menos una decena de personas fallecidas; ¿qué significa el asesinato del alcalde del municipio de Valle de Chalco? ¿Qué significa el asesinato del diputado local y líder estatal de la CNC en Veracruz? Y también, ¿qué significa la masacre de la familia LeBaron en los límites de Chihuahua y Sonora?

Este último caso es emblemático del malestar social, pues en él se cifra lo peor de nuestra sociedad: en 1er. lugar, dada la espiral de locura, terror y furia en la que han entrado los grupos de la delincuencia organizada; en 2o. lugar, por lo escueto y distante de la condena del hecho de parte de las autoridades, tanto estatales como del Gobierno de la República; y en 3er. lugar, quizás aún más preocupante, por la indolencia de amplios sectores sociales, que, ante la cruenta masacre, respondieron con la miseria discursiva dirigida a la criminalización de las víctimas, arguyendo que sus familiares podrían tener vínculos delincuenciales.

Ante tanto dolor y violencia, estamos ante el riesgo real de que caigamos en la espiral del silencio; y que ésta nos conduzca a la incapacidad de reconocernos en el temor y la angustia de los demás, y de convertirnos en una sociedad en la cual cada vez estamos más distantes unos de otros.

Es difícil encontrar algo más atroz, en términos de opinión pública, que una tendencia en redes sociales, al parecer orquestada, difundiendo mensajes de una insensibilidad total, de corte racista, clasista: "a los niños de la Guardería ABC les faltó ser güeritos o apellidarse LeBarón", decían algunos; o bien: "el tío de las niñas y niños es un priista que ha lucrado concesiones de agua".

Una de las principales ofertas de campaña del presidente de la república fue la de serenar al país. Y efectivamente eso es urgente. En ese sentido es importante recordar que el titular del ejecutivo reitera constantemente que el ejemplo es fundamental para transformar la vida pública; pero en este tema, poco ayuda el esquema de retórica de conflicto que ha puesto en práctica desde que llegó a la Presidencia.

De manera implícita, que el jefe del estado hable de liberales versus conservadores, progresistas contra la mafia del poder; prensa libre contra prensa vendida constituye, aunque no se lo proponga, una invitación a que sus simpatizantes no sólo desplieguen una estrategia similar, sino que la radicalicen.

La transformación que busca el jefe del estado puede darse en el ámbito de una nueva moralidad, si se quiere, pero de corte cívico; y por ello, el ejecutivo debe serenar su lenguaje, porque el lenguaje habla por sí mismo: puede desplegar su forma de pensar sin necesidad de construir dicotomías o adjetivar a quienes piensan distinto a él.

Adjetivar implica precisar y delimitar, pero también etiquetar y señalar. Pero más aún, adjetivar desde el poder implica una invitación a la acción; porque si algo caracteriza al juego político es precisamente ir en contra de la quietud o la inmovilidad.

Regenerar a la vida pública debió comenzar con una nueva retórica de paz sin confrontación; de convocatoria al diálogo, el cual implica capacidad y, sobre todo, disposición de escuchar a quien piensa distinto y sujetarse a la regla del mejor argumento; porque si algo es un hecho es que desde la confrontación o la polarización convocar a todos en torno a un propósito común mayor, se vuelve prácticamente imposible.

El presidente López Obrador llegó al poder con el mantra de que la mejor política exterior es la política interior. No meterse con nadie para que nadie se meta con nosotros, era su argumento. Sin embargo, su gobierno ha hecho 3 grandes apuestas de política exterior que tienen gran impacto en la política interior. Al revés del mantra.

La más importante fue plegarse por completo a las exigencias migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destinar la mayor parte de la apenas naciente Guardia Nacional a perseguir migrantes en lugar de atender la grave crisis de inseguridad en el país. Fue un giro de 180 grados a la política de puertas abiertas que postulaba al llegar al gobierno y el rompimiento de la tradicional postura mexicana frente a los migrantes indocumentados.

Las otras 2 fueron la de apoyar en los hechos a la dictadura de Nicolás Maduro y la de reconocer antes que nadie, sólo con Cuba y Venezuela, el fraudulento triunfo electoral del boliviano Evo Morales para un 4o. mandato en el poder.

Desatada la crisis en Bolivia por las multitudinarias protestas contra el fraude electoral, la rebelión policial y la indeseable intervención política del Ejército para pedir la renuncia del presidente que lo arrinconó a dimitir, México dobló la apuesta, sostuvo su reconocimiento a Evo y finalmente concedió el asilo político.

Esta apuesta demuestra que la "no intervención" esgrimida para abstenerse de condenar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela era sólo un pretexto. La aplicación del citado principio de política exterior depende del filtro ideológico que le ponga el gobierno de López Obrador.

La decisión de recibir a Evo Morales es oxígeno puro para el gobierno del presidente AMLO que llevaba semanas en crisis por el llamado Culiacanazo, la inseguridad y la parálisis económica.

El anuncio del asilo se ha convertido en el tema que une a los defensores de la llamada 4T y los revitaliza cuando estaban de capa caída.

Del otro lado, quienes tenían la preocupación de que López Obrador mostrara sus tendencias "chavistas", el apoyo a Morales les confirma sus peores miedos.

La polarización se profundiza y el debate se vuelve a dar en términos maniqueos: para unos, apoyar la salida de Evo es golpismo de derecha, para los otros, dar asilo a Morales es inscribirse en el bolivarianismo totalitario.

El asilo a la persona de Evo Morales puede ser bien recibido. Pero no se puede pasar por alto que al avalar el fraude electoral, el gobierno de México no se detuvo a escuchar las denuncias del verdadero cochinero en el conteo de los comicios, que incluyó una caída del sistema tras la cual aparecieron los miles de votos que le faltaban a Morales para proclamarse vencedor sin necesidad de una 2a. vuelta.

México tampoco tomó en cuenta el pequeño detalle de que antes Morales había perdido una consulta popular para cambiar la Constitución que le prohibía volverse a postular y que ante el resultado adverso, usó a sus leales para torcer la ley y ser candidato de nuevo contra viento y marea.

La supuesta adhesión mexicana a la "no intervención" fue tirada a la basura con el reconocimiento a la reelección de Morales.

El gobierno mexicano eligió cerrar los ojos durante todo el camino y abrirlos sólo cuando escuchó a Evo gritar ¡golpe de estado!

La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, dejó al desnudo lo que es el gobierno mexicano. En 24 horas mostró protagonismo, improvisación y precariedad en análisis y oficio diplomático, al mismo tiempo que construyó una coartada para defender los intereses y el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que parecía una confusión sobre los sucesos en esa nación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de estado. Punto. Sin concesiones. ¿Cómo llegó a eso? Con un sofisma. En la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, lo justificó de esta forma:

"Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el Gobierno de México vio muy bien... a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país".

La manera como se presentó tiene errores, y omitieron análisis más sofisticados sobre los hechos -probablemente deliberados-, así como las acciones de otros gobiernos de la región, que los desnudó internacionalmente, pero arropó domésticamete. Como botones de muestra:

Evo Morales renunció de palabra -hasta el lunes la entregó a la Asamblea Legislativa-, por lo cual, cuando expresaba México su posición, seguía siendo presidente y por tanto era apresurada. Junto con él renunciaron el vicepresidente, la líder del Senado y el líder de la Cámara de Diputados, quienes se encuentran en la línea de sucesión. Por tanto, no hay quien asuma la Presidencia para convocar nuevas elecciones. En la prelación constitucional podría subir la líder del partido de oposición Jeanine Añez Chávez, 2a. vicepresidenta en el Senado pero se le dificultará porque se requiere una mayoría calificada, imposible de alcanzar para ella porque está controlado por el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales. Se puede argumentar que Morales creó una crisis constitucional al dejar un vacío de poder que ha sido llenado por el caos y la anarquía en Bolivia.

El argumento del golpe de las fuerzas armadas no se sostiene. Las fuerzas armadas sólo pidieron que renunciara Morales, no todo el gobierno y el legislativo. No lo depusieron, ni instalaron una junta militar en su lugar, suspendieron garantías o impusieron a un títere. No salieron a las calles para evitar caos y violencia, ni decretaron un estado de excepción, o tomaron control del gobierno, las comunicaciones, ni censuraron los medios de comunicación o prohibieron las reuniones. Esto no quita importancia a la ruptura del orden constitucional, pero no es un golpe.

Lo más destacado surgió de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó: "Angela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada. Evo Morales tiene 13 años en la presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo, lo acusan de 'dictador'. El conservadurismo y su doble rasero".

La principal crítica a Sheinbaum provino desde Washington, en la cuenta de la embajadora mexicana Martha Bárcena, quien respondió: "Con una diferencia fundamental, Alemania es un país con un sistema parlamentario y Bolivia tiene un sistema presidencial. En Alemania el gobierno encabezado por Angela Merkel ha sido de coalición. Un poco de sistemas políticos comparados".

Optaron por ocultar, desde el presidente para abajo, que la crisis constitucional boliviana fue detonada por Morales, al haber cometido lo que interna e internacionalmente se considera un fraude electoral, y haber rechazado 4 días después de la elección la sugerencia de la OEA para convocar nuevas elecciones, como lo reiteró el domingo pasado. La confusión mexicana impide que haya en México un debate racional a partir del conocimiento. Los pronunciamientos primitivos, por ignorantes y temerarios, distraen y obstruyen un análisis que permita tomar decisiones correctas.

Pero quizás todo es deliberado, porque la caída de Evo Morales es un golpe directo al proyecto autoritario que está construyendo López Obrador en México.

A menos de un mes de que estalló la violencia en muchas de las asambleas distritales para elegir a los delegados para su Congreso Nacional, donde elegirían la nueva dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como pasó en Jalisco, donde en 8 de 20 distritos irrumpieron a balazos comandos para tronar la jornada electoral, en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a estallar el conflicto.

Como se sabe, el domingo pasado lanzaron 2 llamados a los integrantes del Congreso Nacional para renovar la dirigencia morenista. Una la convocó la actual dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, para el próximo domingo 17 de noviembre, y Bertha Luján, la ex presidenta del Consejo Nacional morenista, para el 24 de noviembre.

Ambas mujeres son aspirantes a la dirigencia nacional, al igual que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, así como el senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Díaz Rojas.

Los simpatizantes de Polevnsky alegan que la convocatoria de Luján es inválida, ya que desde el mes pasado renunció a ese cargo para poder competir por la dirigencia nacional, y nunca tramitó ante la dirigencia del partido su reinstalación formal.

Hay además 2 posturas irreconciliables entre ambas partes. Mientras Luján apuesta porque no se suspendan las asambleas distritales, argumentando que los hechos de violencia registrados hace justo un mes son "excepcionales" y que solicitarían a la Guardia Nacional vigilancia especial para evitar que ocurran de nuevo hechos violentos como los ocurridos aquí en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tepatitlán. Tequila y Jocotepec; Polevnsky está convocando para que el domingo se modifiquen los estatutos de Morena en un Congreso Nacional Extraordinario para que la nueva dirigencia se pueda definir a través de una encuesta, para evitar las asambleas ante el riesgo de que vuelvan a darse enfrentamientos.

La dirigente nacional morenista retoma así la propuesta de López Obrador de que para evitar divisiones en Morena se recurra al método de la encuesta para resolver la elección interna. Esa petición la respalda el diputado Delgado, otro de los suspirantes.

Además, mientras Polevnsky asegura que la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le permitirá seguir en el cargo mientras se elija la nueva dirigencia, el domingo en la sesión del Consejo Nacional a la que no acudió la presidente de Morena, se acordó que en el Congreso Nacional Extraordinario del 24 de noviembre se integre una dirección provisional que gestione el proceso interno de renovación de la dirigencia.

Lo dicho, las disputas de poder entre los grupos del muy joven partido en el gobierno, son tales, que han hecho a un lado la advertencia que les hizo en agosto pasado AMLO, el indiscutible jefe político de Morena, de que si las ambiciones de poder de sus dirigentes lo echaban "a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usarán, porque eso nos dio la oportunidad de realizar la 4a. Transformación".

¿Será por eso que el presidente ya respalda la construcción del partido llamado Frente por la 4T y de otro denominado Fuerza Social por México?

No es nada fácil lanzar un país de 120 millones de personas a la decadencia total en menos de un año. Un país que, a pesar de la corrupción e ineficiencia de su clase política, había estado progresando año tras año, y de repente, se convierte en un país fallido en todos los aspectos: economía, seguridad, unión social, productividad, libertad y hasta turismo.

Para lograr este cambio en 11 meses, se requiere de un plan perfectamente elaborado y cumplido a cabalidad por un grupo de expertos muy bien coordinados e inteligentes.

Su estrategia de cambio, que es genial, se llama "La estupidez... que cubre la estupidez anterior". O sea: hago un cambio a favor de mi plan de destrucción, muchos se enojan, pero antes de que actúen, hago otro cambio destructivo y antes de que reaccionen hago otro cambio... y así sucesivamente.

Cabe aclarar que cada cambio está perfectamente planeado porque implica una modificación a la constitución y las leyes estatales y municipales, pero está blindado legalmente por un grupo de abogados de extracción izquierdista muy bien preparados y por un grupo de economistas de extracción Keynesiana.

En México, en 44 semanas se han hecho más de 60 cambios al modus operandi legal, social y político. Tan solo recordemos las más conocidas, tramposas y en contra del progreso:
Consulta patito para cancelar el NAIM
Cierre de ductos para "evitar el huachicoleo" provocando el desabasto en 7 estados
Cierre de estancias infantiles, refugios de mujeres víctimas de violencia y del seguro popular
Asignaciones directas de todos los contratos multimillonarios
Despidos masivos de burócratas, sin liquidaciones
Regalo mensual de miles de millones, a jóvenes inútiles
Cambio para crear la Ley Taibo
Concesiones de estaciones radiofónicas a iglesias evangélicas
Cancelación de Promexico
Recortes presupuestales a los sectores educación, salud y cultura
Compra de estadios de beisbol por mil millones por orden presidencial y sin licitación
Consulta a mano alzada para la cancelación del Metrobus en la Laguna
Entrega de la educación a la CNTE y vuelta a la venta de plazas magisteriales
Prueba de reelección, a través de la Ley Bonilla
Apertura de la frontera a miles de centroamericanos ilegales
Regalo de 1,800 millones de pesos a El Salvador, Honduras y Guatemala
Creación de una Guardia Nacional para intentar eliminar al Ejército y la Marina
Liberación de un presunto delincuente detenido en Culiacán
Apoderamiento de la CNDH a través de trampas en la votación
Y hoy, ir por un dictador frustrado y mantenerlo con nuestros impuestos.

Todos los cambios están hechos para crear un país pobre, sin educación y sin emprendedores. Crear un país integrante del Foro de Sao Paulo.

Pero es imposible que un solo hombre haya hecho estos cambios nefastos... pero tan bien planeados y tan bien ejecutados.

Entonces la pregunta clave es: ¿quiénes son los que realmente están llevando al país hacia una dictadura comunista?

¿De quién es la mano que mece la cuna...?

Candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitaron al Senado reponer el procedimiento de elección, con el argumento de que el organismo autónomo exige que su titular tenga legitimidad y sea autónomo.

Alberto Athie, Rosy Laura Castellanos, Carlos Pérez, Rosalinda Salinas, Michel Chamberlin, Manuel Alejandro Vázquez y Alberto Xicoténcatl señalaron que el actual proceso deja en duda la legalidad que debe ser subsanada por el Senado, a fin de garantizar que la institución cuente con legitimidad indispensable para ser efectiva.

Sostuvieron que por los menos hay 3 irregularidades que ponen en duda el proceso: la 1a., la aprobación de un dictamen en el que no se hace públicos los méritos para estar en la terna; 2a., la emisión de un dictamen que se aprueba "arbitrariamente" en 3 rondas, violando lo establecido en la Ley de la CNDH, y 3o., el cómputo de votos por la Mesa Directa que no garantiza la "certeza jurídica" de las 2 terceras partes.

Sostuvieron que la falta de transparencia, de observancia a la ley, cuestionan el nombramiento de la electa el pasado 7 de noviembre, Rosario Piedra.

"La CNDH y el relevo de su titular se encuentran ante una situación de gravedad sin precedentes, que irremediablemente afectan a la institución, a sus integrantes presentes y futuros y, sobre todo, a las víctimas de violaciones a derechos humanos".

"Es imprescindible tomar las medidas pertinentes para transparentar el actual proceso, y proteger la legitimidad de la institución, que su mayor valor. Por ello solicitamos una reunión con la Mesa Directiva para dialogar estas preocupaciones", se lee en su pronunciamiento.

Los candidatos llamaron a todos los actores involucrados, incluida Rosario Piedra, a pronunciarse por un nuevo proceso "limpio, transparente, razonado, sujeto a la legalidad y a la certeza de sus resultado", como muestra del compromiso con la democracia y con los derechos humanos.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN), advirtió que evitarán "a toda costa" que Rosario Piedra tome protesta este martes como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En conferencia, Gálvez presentó un nuevo video donde se localiza uno de los 2 votos presuntamente "desaparecidos", durante el conteo de éstos en la elección del titular de la CNDH, el pasado jueves 7 de noviembre.

Con ello dijo, queda demostrado que fueron 116 sufragios que se emitieron en la elección, pero que solo se contaron 114, por lo que insistió en que se debe repetir el procedimiento.

"Fue localizado el 2o. voto, vemos el senador de Morena, Primo Dothé, que saca un voto y lo pone de lado izquierdo, sigue transcurriendo el conteo y nunca se mueve ese voto, se cierran los paquetes, y el voto ahí sigue. Si era una hoja en blanco debió mostrarla, ya está claro dónde están los 2 votos. Hasta ahora Morena no nos ha explicado dónde están los votos", detalló.

La exdelegada de Miguel Hidalgo reiteró que es inaudito que si Morena se ha quejado de fraudes, "ahora lo haga, ahora mienta, eso demuestra que Morena es capaz de todo".

Recordó que el 1er. voto desaparecido está en los sufragios que recibió José de Jesús Orozco, que sumó 9 y no 8, y que contó la morenista Martha Guerrero, como lo muestra otro video donde se le ve a la senadora contarlos uno por uno.

"Si Evo Morales cayó porque robo una elección, porque no tendría que caer una titularidad de la CNDH", expresó Gálvez.

La panista indicó que el PAN está dispuesto a lo que "tope", por garantizar la democracia, y a que en la CNDH quede alguien independiente.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, sostuvo que hasta ahora no han sido convocados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), para hablar sobre el tema de la CNDH.

"No hemos sido convocados estamos abierto al diálogo, pero es irreductible la posición, que se reponga el procedimiento para la presidencia de la CNDH", externó.

Entre broma, la senadora Xóchitl dijo que mañana habrá sorpresas, y que no lo anunciarán en el chat de los senadores del PAN, porque "está intervenido, Monreal se puede enterar".

La semana pasada, en un proceso lleno de tropiezos y denuncias por irregularidades, el Senado de la República consumó la operación gubernamental para imponer a una cercana a Morena al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Es una cuenta más del rosario de posiciones en distintos órganos autónomos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logra para sí o los suyos. Una más, sí, aunque sea una muy importante.

Ahora ya sabemos a qué se refería el tabasqueño cuando hablaba de cambio de régimen. Desapareció el INEE, forzó las salidas de los titulares de la CNH y la CRE, desdeña al INAI, obligó a un cambio en el Coneval, le aplicaron la de "copelas o cuello" a un ministro de la Corte, le hicieron manita de puerco a la titular del Tribunal Electoral... y ahora la CNDH.

En menos de un año, los contrapesos han quedado chimuelos. Con esas maniobras, el presidente ha fortalecido su poder. En contrapartida, la sociedad tiene menos garantías de que las decisiones gubernamentales serán las mejores o de perdida las menos malas.

El diseño de esos órganos contemplaba los vaivenes del poder, y se suponía que sus integrantes estaban blindados (con nombramientos de amplio periodo), para no depender de la voluntad del presidente.

El nuevo régimen tiene otra opinión sobre cómo deben ser esos entes que solíamos llamar autónomos o la división de poderes.

Con el ímpetu de su triunfo, López Obrador ha desbaratado el edificio institucional construido en 3 décadas de PRI, PAN y PRD.

¿Por qué esos partidos no han podido defender a sus criaturas? No es solo por medrosos: la oposición, que es pequeña, sabe que tiene mucha cola que le pisen, que su mejor opción es que el soberano se olvide de que existen. Lo que parece no saber la oposición es que no van a poder salir del hoyo por la misma rampa por donde se desbarrancaron.

Es frecuente escuchar a gente lamentarse de lo mucho que costará recomponer "lo que había".

El problema que la oposición no quiere reconocer es que "lo que había" no era lo funcional que PRI-PAN-PRD se afanan en vendernos.

Ante la actual concentración de poder, "lo que había" parece el espejismo de un estado escandinavo.

Sin embargo, "lo que había" no solo era imperfecto, y se prestó a corrupción, sino que muchas veces fue tratado por las autoridades de entonces con el mismo intervencionismo que hoy se le critica a López Obrador. Tan es así que el Instituto Nacional Electoral surgió de una purga que en su momento los partidos que tenían el sartén por el mango decretaron.

Alguien criticará que López Obrador prometió ser diferente. Pero es un político, piensa como político y en este caso tiene la capacidad, y el arrojo, de actuar como político. No como estadista, como político.

Desde esa perspectiva, Andrés Manuel tiene todos los incentivos para continuar el desmontaje institucional, y en esa línea tendría ya solo un par de premios mayores: el instituto de la transparencia y el INE.

La bancada de Morena formalizó ya en San Lázaro una iniciativa para limitar a 3 años la presidencia del INE, que hoy dura 9.

La asonada está en marcha. ¿La clase política no morenista defenderá al INE? Se antoja muy difícil. Esa oposición carece de legitimidad pues nunca hizo un mea culpa por "lo de antes". Y ahora, su hijo más adelantado, parece dispuesto a despacharse a la mayor de las instituciones autónomas. Nada se lo impide.

Acontecimientos de los últimos días han servido de tamiz para observar lo poco demócrata que es nuestra clase política.

En la elección de Rosario Piedra Ibarra como la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es momento que no queda claro por qué se perdieron 2 votos. Entre más explican los morenistas la operación, más bolas se hacen. Lejos de limpiar el proceso presentado evidencia sobre las boletas, haciendo el equivalente al voto por voto, han tomado una actitud de que la elección fue sancionada y no hay marcha atrás. No les importa tener una presidenta legítima en la CNDH, lo que les importa es imponer la voluntad presidencial, y eso viniendo del lopezobradorismo resulta doblemente patético y desilusionante.

La más delicada es la intención del presidente de "renovar" el INE. En los últimos años las reformas electorales han nacido de la presión de la oposición, una de ellas encabezada nada menos que por López Obrador. Hacer una reforma desde la presidencia corre el riesgo de llevar a la democracia a una visión personal del ejercicio del poder. Si una institución debe ser autónoma es la que organiza las elecciones. Para cualquier duda del riesgo que ello representa ahí está el espejo boliviano.

Hoy más que nunca México necesita de sus demócratas de verdad.

Cuando veas a Evo Morales renunciar, pon tus barbas a remojar.

El presidente López Obrador ganó y gobernará con esa persuasiva estrategia de simplificar los malestares sociales en una lucha constante entre el bien (el pueblo) y distintas expresiones del mal (castas, élites, fifís, conservadores, golpistas). Esa estrategia le permitirá, por un lado, cultivar electoralmente el tercio leal que puede convertirse en mayoría relativa. Pero, por otro lado, le exime de dar forma a eso que denomina como la "4a. transformación". En las vaguedades de esa gelatinosa épica contra el "neoliberalismo", parece esconderse en realidad el propósito de desmantelar el régimen de la transición democrática, es decir, el modelo institucional del pluralismo, del poder compartido y dividido, de las autonomías que modulan el riesgo de la concentración del poder, de la descentralización que corrige las tentaciones excluyentes y mayoritarias del presidencialismo.

El acoso a los reguladores, la intención de captura sobre el poder judicial y el resto de las autonomías, el desdén a las restricciones constitucionales, el portazo al federalismo y al diálogo con las oposiciones, el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, el burdo fraude en la elección del titular de la CNDH y, ahora, el amago de tomar por asalto al INE, no sólo responden al propósito de restaurar el presidencialismo mayoritario, sino esencialmente a la intención de dinamitar los antídotos pluralistas que se diseñaron en la transición. Esas piezas de ingeniería que moderaban al poder porque lo sometían a un contrapeso, a una obligada concurrencia, a una racionalidad mayor que la mera voluntad.

La transición decidió que el Estado somos todos y el poder se comparte. La 4a. transformación ya ha mostrado el cobre: el Estado es él y el poder es sólo suyo.

Sin lugar a dudas yo estoy lejos de ser una experta en derechos humanos, pero sí sé leer, y en los requisitos para ser ombudsperson dice que tener un cargo partidista te hace inelegible. Así pues, Rosario Piedra NO puede ser elegida, puesto que tomó protesta como responsable en Morena de Derechos Humanos. Señora, le pregunto: ¿cuenta usted con el nivel ético y moral para ser ombudsperson con tanto cuestionamiento? Sabiéndose que es in-e-le-gi-ble, ¿qué fuerza tendrán sus recomendaciones? Aquí las pruebas de su imparcialidad.

La losa de cimentación del edificio terminal del NAIM, sí, la famosa X que se ve desde el cielo, ya tiene daños estructurales; en términos de ingenieros, ya bufó en los dedos. En palabras coloquiales, los extremos de la X ya se levantaron hasta 20 centímetros. Oooooobvio, estamos a 3,2,1 que AMLO, Riobóo o Jiménez Espriú salgan a decirnos: "De la que los salvamos. Miren cómo estaba mal planeado. Vean cómo se está partiendo". Relájense. Nada más alejado de la realidad, pues ellos, la 4T, son responsables de este daño, que ya es irreversible al NO preservar la obra, como lo mandatan [sic] los amparos otorgados por el poder judicial.

Me explico:

Para la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros, ícono del NAIM, se requería una losa de cimentación, la cual fue adjudicada mediante una LICITACIÓN PÚBLICA, a la constructora ICA, por casi 8 mmdp.

Para su ejecución, excavaron aproximadamente 6 metros de profundidad en un área de 310,000 metros cuadrados; es decir, se retiraron 3 millones de metros cúbicos de material.

Se utilizaron más de 520,000 metros cúbicos de un concreto diseñado especialmente para soportar las características especiales del terreno (salino), en los laboratorios de Cemex en Suiza. Además, les cuento que esta losa fue diseñada por Arup, una de las empresas de ingeniería más importantes del mundo, la cual proyectó, entre otras obras, la Opera de Sidney, símbolo de Australia, la cual casualmente está en el agua. Una vez construida la losa de cimentación, en tiempo y forma, el consorcio CTVM (encabezado por Carlos Slim) inició la construcción del edificio terminal.

Ahora bien, cuando el proyecto fue cancelado, la losa de cimentación quedó abandonada y, al no seguir la construcción, no se compensó con un peso o carga sobre la losa, para mantenerse estable. Además, súmele que dejaron de bombear el agua del subsuelo. Explicado lo anterior, la losa ya presenta grietas y en unos meses más el daño será estructural, el cual podría imposibilitar su uso futuro. O sea, están tirando a la basura casi 8 mmdp. Dimensionando esta cifra, sólo déjenme decirles que en el proyecto de presupuesto de la federación hay 5,372 mdp para ejercer el próximo año para Santa Lucía. ¡Los cuales ni para tapar una muela servirán!

Luego entonces, en unos años veremos:

¿Quién destruyó este patrimonio del pueblo bueno y sabio? Así como, ¿a quién responsabilizarán?
a) AMLO
b) Jiménez Espriú
c) Riobóo
d) Pueblo bueno y sabio que participó en la "encuesta"
e) Todos los anteriores.

Es verdad que muchas empresas privadas están dispuestas a trabajar en el Tren Maya, pero como contratistas, ninguna como concesionaria. Los constructores saben que el proyecto perderá carretadas de dinero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se creó para que fuera una piedra en el zapato del gobierno. Ahora será una Piedra en las manos de López Obrador. 2 faltas parecen concurrir en la persona de quien en modo muy polémico llega a la presidencia de esa institución: la carencia de antecedentes personales que garanticen aptitud para desempeñar el cargo y la evidente relación de dependencia que esa persona guarda con el presidente de la república. Eso anula toda posibilidad de que la dicha comisión pueda cumplir cabalmente su tarea de proteger a los ciudadanos frente a eventuales abusos del poder público. Estamos en presencia de un paso más de López Obrador para hacerse del control de todas las instituciones que pudieran oponerse a sus designios. Cada vez en mayor medida muestra AMLO su voluntad absolutista. A eso se añade una circunstancia agravante: la del PRI fue casi siempre una dictadura benévola. El nuevo régimen, en cambio, presenta signos de malevolencia hacia sus críticos y hacia todo aquel que resista en cualquier forma los propósitos personalistas del jefe del estado. Todos ésos son signos ominosos. La ciudadanía consciente debe estar alerta y protestar a tiempo ante cualquier indicio de absolutismo caudillista. Los regímenes dictatoriales son como la humedad en las paredes: avanzan lentamente, y cuando se les quiere poner freno ya es demasiado tarde. Mirémonos en el espejo de otras naciones latinoamericanas y no permitamos que se atente contra los valores de libertad y democracia que con tanto trabajo y tantos sacrificios logró conseguir México...

A 500 años del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, el presidente López Obrador de nuevo pidió al rey de España y al Papa Francisco que humildemente ofrezcan disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos en la Conquista.

Aunque parezca imposible, en 3 semanas desde que se dio el culiacanazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no aprendió nada sobre manejo de crisis y ordenamiento del mensaje. Todos los días da tumbos, aumentando por horas de manera unilateral su número de enemigos, y hundiéndose en el pantano. Nadie le ha dicho que cuando cae en arenas movedizas hay que moverse despacio, y él mismo es muy refractario al aprendizaje continuo, por lo que sigue nadando a toda velocidad. La matanza de la familia LeBarón, con sus inéditos grados de crueldad, le agregó problemas al enorme que ya tenía en México -por su docilidad ante los cárteles de la droga y la inaplicación de la ley-, pues al ser un crimen contra ciudadanos estadounidenses, se involucró el gobierno, el congreso, los medios y la sociedad estadounidense. En este caso, también siguió López Obrador sin moverse un ápice.

Los medios de comunicación en Estados Unidos siguieron tundiendo el jueves al presidente por la catástrofe de su estrategia de seguridad, diagnóstico ampliamente compartido en México, que escaló niveles con voces en The New York Times, el periódico más influyente del mundo, sugiriendo que este país se iba rumbo a ser un estado fallido, que es un concepto que no se utilizaba allá desde 2005, cuando el narcotráfico floreció durante el gobierno de Vicente Fox -por hacer lo mismo que López Obrador: no combatir a los cárteles de la droga-, y el Pentágono preparó un informe donde anticipaban ese destino para los mexicanos. Es la 1a. vez en el gobierno del presidente Donald Trump que todos los actores políticos y sociales en su país están alineados en un tema.

La reacción que han tenido en Palacio Nacional es que parecieran sentirse acorralados. El lenguaje crecientemente ácido del presidente contra los medios, clasificados oficialmente por él como "adversarios" -sinónimo de enemigos-, va acompañado por su inocultable irritación mañanera. No hay quien lo pueda calmar porque López Obrador es un peleador que goza de mantener la fricción en la relación con sus interlocutores y disfruta el enfrentamiento. Le funcionó en el pasado porque era el opositor de todos y la victimización le funcionaba. Ahora como presidente la victimización tiene un efecto contrario, y a quien ataca fortalece, como ha sucedido paradójicamente con su némesis, el ex presidente Felipe Calderón. Con Calderón ha sucedido lo que positivamente pasó con él cuando Fox quiso meterlo a la cárcel: como no lo mató políticamente, lo fortaleció.

La sobreexposición de López Obrador le ha provocado 3 semanas de caída sostenida en aprobación. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, considera que la caída del presidente será de alrededor de 3 puntos.

No puede atrapar todos los negativos todo el tiempo. El culiacanazo, con todo el desorden de versiones encontradas del gobierno para explicar lo inexplicable, desarrollado en este espacio en los últimos días, debió haberlos centrado en cómo administrar una crisis y unificar el mensaje. Sin embargo, prueba el caso de los LeBarón, el gobierno sigue entrampado en su insaciable vocación de ocupar todos los espacios aunque no le pertenezcan. Pese al horror de la masacre y la utilización de armas prohibidas en México, mientras la Fiscalía General no lo atraiga es un delito del fuero común -tipificado como homicidio-, cuya responsabilidad recae en la Fiscalía de Sonora. Por eso, es inaudito que fuera un general -¿Por qué volvió a meter a los militares en lo que no les compete?- quien divulgara los primeros peritajes del asesinato colectivo -¿No debía hacerlos el fiscal de Sonora y una autoridad civil?- que, además, contradicen las primeras versiones oficiales. La síntesis del desastre de comunicación de Palacio es eso: su versión oficial contradice su otra versión oficial.

No debe mantenerse en la negación absoluta de la realidad que lo atropella todos los días. El caso LeBarón requiere una estrategia (real) de comunicación política. El presidente dejó escapar la iniciativa de ponerse en contacto con Trump, no al revés, para informarle lo que había sucedido con sus connacionales. El canciller Marcelo Ebrard debió haber hecho lo mismo con el secretario de Estado, Mike Pompeo. No fue, ni tampoco impidieron las amenazas intervencionistas de Trump. Siguen dejando el campo abierto. Urge que Ebrard y la embajadora Martha Bárcena busquen entrevistas en los medios de comunicación de ese país y acudan a los populares programas de análisis dominicales, para evitar que los sigan quemando a fuego rápido.

Debe entender que el fusible no es él. Esta semana que termina ha sido prolífica en desatinos. Administrar su voz y manejar de manera más inteligente los silencios le ayudará mucho a recomponerse internamente y mejorar su comunicación externa. Tiene, por lo mismo, que huir de los temas de seguridad y dejar que sean otros los que se desgasten, porque en esos asuntos, debe entender, nadie sale bien librado.

El presidente quiere absorber todo, por autoritario, por vanidoso, porque no confía o por lo que sea. Eso no le da rendimientos. Encapsularse todavía más, es aislarse más. Es tiempo que empiece a admitirlo.

"Abrazos, no balazos". Así nos tiene sentenciados el presidente. ¿Y de dónde van los balazos y de dónde van los abrazos? No lo sé. Pero se pasa. Se pasa demasiado.

Mientras el presidente se ríe. Y sigue comportándose como, y con todo respeto como lo él mismo lo dice cuando va insulto: no es un payaso. Es él el Bufón del Palacio Nacional, y yo que tanto respeto le tengo a la jefatura del Estado (ya saben, la mandona sobre el territorio y población -no pueblo bueno o malo- sino los habitantes de México, y la autoridad o leyes o la Constitución y buscando siempre la soberanía interna o externa).

"Abrazos, no balazos". ¿Y dónde la estabilidad? O sea, la soberanía de todo el país. Nos estamos jugando el futuro de nosotros, de todos nosotros.

Adiós a la autonomía e independencia de ese órgano constitucional. La 4a. transformación destruyendo lo que con tanto esfuerzo se logró.

La testarudez y el cinismo de muchos políticos parecen no tener límites. Les cuesta mucho trabajo admitir que se equivocaron, mienten sin tapujos para esconder errores y a algunos, como Trump y AMLO, les es imposible aceptar el choque entre realidades y quimeras.

Pero el costo social de la terquedad, de sostener a toda costa sueños e ideales inviables es enorme. Un ejemplo de ello es la historia de Hugo Chávez y Maduro que han sido capaces de vender un "heroísmo" falso, basado en culpar al imperio yanqui por todas las carencias del pueblo venezolano y enfrentarlo con el mismo discurso revolucionario, bolivariano y socialista que sirvió para llevarlos al poder, pero también para llevar al país a la ruina. En el caso de AMLO su "heroísmo" se basa en culpar al neoliberalismo, a los ricos y corruptos (pero solo a los que no le son afines) y enfrentarlos con discursos mesiánicos de amor y paz, para que no le hagan ruido mientras concentra todo el poder posible.

La pregunta en el caso venezolano 20 años después de que Chávez asumiera la presidencia, concentrara todo el poder político y económico, y desmantelara los contrapesos propios y necesarios en una democracia, es si el pueblo venezolano esta mejor que antes. La respuesta inequívoca es: no.

¿Deben pasar 20 años para hacernos en México la misma pregunta?

El beneficio de la duda se otorga solo por un tiempo razonable, y el plazo dado a AMLO no durará mucho más. A casi un año de haber asumido el poder, los beneficios a la población se basan no en un aumento generalizado de empleos bien pagados, sino en dádivas insostenibles en el largo plazo. Y en temas de seguridad, el deterioro es notable. Los únicos mexicanos que hoy se sienten más seguros que antes son los delincuentes, y cada día que pasa más personas dudan de su capacidad e intenciones o se arrepienten de haber votado por él.

Los millones de mexicanos que compraron a ciegas el paraíso que AMLO ofreció tardarán más en darse cuenta que los métodos, políticas y autoritarismo del presidente no funcionan y en muchos casos habrán empeorado las cosas, y no es casualidad que la mayoría de sus críticos esté formada por los mexicanos más educados (lo cual no es sinónimo de privilegios mal habidos) y que por lo tanto tienen más capacidad para evaluar alternativas y medir sus consecuencias.

Pero el presidente no escucha a los que saben. Más bien se irrita cuando alguien cuestiona sus criterios o cuando con datos duros se le demuestran errores, consecuencias negativas o la inviabilidad de muchas de sus ideas, proyectos y políticas públicas.

Es una pena, pero la testarudez -del latín testa (cabeza) y rudis (áspero, que le cuesta percibir o aprender coloquialmente "cabeza dura")-, las manipulaciones y cinismo de la 4T acabarán con la democracia y con la oportunidad histórica que el gobierno actual tiene para realmente y de forma duradera mejorar al país.

Rosario Piedra Ibarra, con el apoyo de Morena, logró los votos necesarios para ser la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los próximos 5 años, según informó el Senado, aunque el Partido Acción Nacional (PAN) denunció que en realidad no obtuvo mayoría calificada.

Los senadores votaron por cédula (con una boleta y en secreto) por los 3 aspirantes: José de Jesús Orozco obtuvo 8 votos; Arturo Peimbert 24 votos y Rosario Piedra Ibarra 76. Además hubo 6 abstenciones. En total se registraron 114 votos de senadores, según el conteo que reportó el Senado en un comunicado, aunque panistas dicen que en realidad votaron 116 legisladores y fueron "robados" 2 votos.

"Se debe reponer el procedimiento", exigió Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

María del Rosario Piedra Ibarra es hija de la activista mexicana, fundadora del Comité ¡Eureka! Y exsenadora por el Partido del Trabajo, Rosario Ibarra de Piedra.

En 2018, fue propuesta como candidata a diputada federal por la coalición Morena-PES-PT, por el Distrito 10 de Nuevo León, pero no fue electa.

Los legisladores del PAN, durante el proceso de votación, mostraron fotografías de Piedra Ibarra junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y durante su campaña como candidata por Morena mientras gritaban "autonomía".

En conferencia de prensa, los senadores del PAN reiteraron el rechazo a la candidatura de Rosario Piedra, argumentando que es militante de Morena, y "no puede haber un titular de la CNDH a modo del gobierno federal".

Además, legisladores de Acción Nacional y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza acusaron después que hubo un "fraude" en la votación.

El verdadero peligro para el presidente es que el episodio de Culiacán le rompió la racha. Desapareció ese López Obrador al que todo se le resbalaba. Lo que hemos visto desde la semana pasada es al Andrés Manuel que pierde los estribos, que inventa conspiraciones, al del "cállate, chachalaca" que aprovechó en 2006 el PAN para exhibirlo como un radical que despierte temor entre los electores.

A López Obrador se le resbaló haber dejado sin gasolina al país al arranque de su mandato. Le "hizo lo que el viento a Juárez" el estancamiento económico derivado de sus decisiones y señales negativas a los inversionistas. No le quitó un punto de popularidad que las cifras de violencia repuntaban. Aguantó ser amigo de Trump y hacerle el muro en la frontera sur con la Guardia Nacional. Y hasta le alcanzó para defender a Bartlett y solapar a Bonilla. Tremenda racha.

Un presidente feliz, feliz, feliz. Una máquina de hacer dichos y frases pegajosas que todo mundo repite. Una máquina de generar confianza en el ciudadano de a pie. Una máquina de comunicar y empatar con el ánimo de la gente.

Pero llegó Culiacán y todo cambió.

Se le nota enojado, descuadrado, de mecha corta, frustrado, radical. ¿Lo han visto recientemente en las mañaneras? Viernes, lunes, martes, miércoles. Es, otra vez, el López Obrador que explotaba iracundo en las plazas, que no generaba empatía ni confianza sino preocupación.

Ha tratado de sacudirse el acoso de la realidad. Tras el fracaso de Culiacán, ha intentado pelearse con la prensa, advertir vagamente sobre un supuesto golpe de estado y denunciar una guerra "patito" de bots que lo atacan. Parecía que lo lograba, hasta que se le estrelló la realidad de la tragedia LeBarón. Así que ayer volvió a tratar de provocar a los periodistas críticos, ya sin éxito. Al mago le descubrieron el truco.

La realidad le va ganando a la narrativa del presidente. Ha fracasado en su intento de tender cortinas de humo. Eso parece que lo desquicia. Lo hace presentar la peor versión de sí mismo.

Ya no es sólo una gestión que tropieza, sino el carácter del presidente que la encabeza.

Las conferencias mañaneras pasan por una buena racha: de ejercicios de propaganda, a ejercicios de rendición de cuentas. Ojalá esta transformación sea duradera. Los reporteros que cuestionan, aún acosados por el presidente mismo y sus ejércitos en redes sociales, ganan notoriedad y respeto. Y la ciudadanía, desde las mismas benditas redes, se burla incansablemente de los que adulan en vez de preguntar. El presidente, descompuesto, ya no sabe a quién cobrársela: no bien termina de preguntar un reportero de TVAzteca que ya está fustigando al medio, y le dedica un par de días a exhibir su rencor hacia ¡La Jornada!

Envejece el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entendiendo el envejecimiento como la atrofia paulatina de las funciones vitales, y la pérdida de habilidades, el mandato de López Obrador envejece, y en ocasiones parece que a pasos agigantados.

Va perdiendo habilidades.

Ya no viaja en el emblemático jettita blanco, que se volvió noticia a nivel mundial por el reflejo de la austeridad republicana que pregonaba, y ahora, como lo hacían sus antecesores, se traslada en convoys de Suburbans que cruzan raudas y veloces por calles, caminos y carreteras.

Su remedio para todos los males, el combate a la corrupción, empieza a desparecer de los discursos oficiales, y cada vez es más infrecuente. Y cómo no, si ha habido tolerancia extrema para personajes como el senador Napoleón Gómez Urrutia, señalado por sospechoso enriquecimiento ilícito; además uno de sus brazos fuertes, Manuel Bartlett, al frente de la Comisión Federal de Electricidad, trabaja todos los días chapoteando en el lodo de la sospecha de negocios inmobiliarios turbios y de otro tipo en los que existiría conflicto de intereses, y finalmente, 10 de sus 12 superdelegados, los responsables de hacer llegar los programas sociales a los sectores más vulnerables de la población, están bajo sospecha de malos manejos, y 2 de ellos ya con investigaciones serias por corrupción como el de San Luis Potosí, Gabino Morales, y el ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí.

Ya no es tan recurrente el discurso anticorrupción. Ya no se puede.

La tarde negra de Culiacán fue un evento que provocó también un mayor envejecimiento de golpe, porque más allá de que le dio la oportunidad a los "Chapos" de demostrar que en el momento que quieran puedan dar golpes de autoridad, exhibió la falta de una estrategia de seguridad nacional (el coco del país), la sutil flaqueza de la Guardia Nacional, y para rematar provocó un desencuentro innecesario con los militares; desencuentro que, por cierto, va in crescendo.

Habrá que ver qué tanto envejece después de la impunidad con la que grupos del crimen organizado ejecutaron a mujeres y niños en Sonora.

Y como la economía no crece, y no se ve por dónde pueda arrancar una reactivación de la economía, el presidente López Obrador (como síntoma de envejecimiento) ha decidido refugiarse en la zona que mejor conoce y más domina: la de los zafarranchos verbales a diestra y siniestra con todo tipo de adversarios.

Ahí está el conflicto con el general Gallardo por lo dicho en un desayuno con militares (al que llamó públicamente imprudente), y las recientes confrontaciones por la guerra de mensajes robotizados en redes, en donde acusó incluso al hijo del ex presidente Felipe Calderón.

Síntomas del envejecimiento.

Hoy el presidente parece afanado en que los mexicanos crean que su gobierno no ha recibido recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ayer, frente a una delegación internacional de visores de la libertad de expresión, presente en la mañanera, repitió eso en 2 ocasiones. En la 1a. de ellas aseguró: "Nosotros hasta con esta Comisión de Derechos Humanos nunca hemos recibido una queja o una resolución, una recomendación de derechos humanos, de violación a derechos humanos, en el tiempo que llevamos. Y no es sólo porque sea nuestro deber político respetar los derechos, es una convicción, no nos vamos a negar a nosotros mismos".

El presidente sabe que no es verdad. No sólo recibieron una recomendación por el tema de la cancelación del programa Estancias Infantiles, sino que la rechazaron con una durísima carta de la Secretaría de Bienestar. (Hay otras recomendaciones sobre omisiones en el gobierno federal en el caso de la protección de la vaquita marina y de la obesidad infantil, y en temas relacionados con la procuración de justicia el mes pasado a este gobierno se le emitió una recomendación en contra por no garantizar los derechos de personas privadas de su libertad, estas provenientes de quejas de asuntos que venían desde otras administraciones).

Las aseveraciones de López Obrador, queriendo imponer una visión irreal de que su gobierno está exento de recomendaciones (además de las ya mencionadas hay otras, e incluso es previsible que llegarán más, pues la documentación de esos instrumentos no son de un día para otro) se dan, por si fuera poco, en medio de un cuestionado proceso de relevo de la CNDH, donde se ha acusado a su administración de tratar de influir para que el ombudsman sea una persona cercana a Morena.

Con eso, López Obrador crea una realidad aparte, una que el actual ombudsman ya no tendrá fuerza para contrarrestar, una que el próximo titular de la CNDH no tendrá interés en contravenir, y si acaso cuando llegue prueba en contrario, ésta tardará meses en establecer una nueva realidad.

Ese panorama nos lleva a un déficit social, a perder una de las pocas instituciones que sobrevivieron con prestigio a las alternancias, una de las pocas esclusas no partidistas donde muchas víctimas podían obtener respaldo, acompañamiento y eventualmente aspirar a justicia.

Pero al machacar que no hay recomendaciones para esta administración, lo que en realidad hace AMLO es desvanecer no sólo instrumentos legales existentes, sino el peso y la importancia de la CNDH. Esas fake news son dardos contra la solvencia y fuerza de una institución crucial para nuestro país, que está siendo enviada al rincón de lo irrelevante.

De todo el desmontaje institucional de este año, quedaba poco de los órganos autónomos. Ahora quedaría menos.

El Presidente de México ya no escucha. Vocifera.

El Presidente de México ya no explica. Inventa.

El Presidente de México ya no debate. Insulta.

Andrés Manuel López Obrador está fuera de control, tirando golpes al aire como boxeador novato. Descontando a quien se le ponga enfrente, como bravucón de barrio. Inventando golpes de estado que nadie le creyó y que sólo abonó para ahuyentar inversiones y a tensar -aún más- la polarización nacional. Calificando de "imprudente" a un general que le cuestionó, precisamente, ese ambiente polarizado. Lanzando a las garras del crimen organizado al responsable militar del operativo fallido en Culiacán en un lance inhumano. Peleándose -sí, otra vez-, con la prensa, comparando a los periodistas con perros, aunque sea el propio presidente quien enseñe los colmillos, muerda y ladre por las mañanas contra quien ose contradecirlo. Exhibiendo a tuiteros -incluido al hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala-, y públicamente azuzando a sus fanáticos para atacarlos. Mintiendo al decir que la escalada de violencia se ha podido detener, cuando los cadáveres aún calientes de la familia LeBarón -incluidos 7 niños-, indignan y conmueven a un país a merced de los criminales. Callando ante los arrumacos que a distancia le hace Nicolás Maduro. Dividiendo. Polarizando.

Así está el Presidente de México: fuera de control, habitando en su propio mundo de mártires y delirios. Ciego ante los problemas, sordo ante los reclamos.

¿A dónde nos lleva López Obrador?

Cierto: desde el llamado "culiacanazo", AMLO y su gobierno se descompusieron. Comenzaron a naufragar entre su propia descoordinación, víctimas de su falta de estrategia y evidente improvisación, sin voceros confiables y lúcidos -Jesús Ramírez estuvo desaparecido durante las horas críticas de Culiacán- pero, sobre todo, arrastrados por los berrinches y paranoias presidenciales.

¿Cuáles son los hechos principales para decir que el Presidente de México está fuera de control? A la luz de lo ocurrido, son los siguientes:

GOLPE DE ESTADO. El daño provocado por uno de los errores más graves de AMLO durante su corto gobierno y uno de sus deslices verbales más dañinos, ocurrió el sábado pasado cuando, en su cuenta de Twitter (TW), insinuó que se le pretendía dar un golpe de estado. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Jamás lo explicó. Tan se asumió en su equipo el tropiezo, que el lunes pasado se instrumentó la "caja china" emergente: arremeter contra Luis Calderón Zavala para intentar eclipsar el desliz presidencial. Empero, el daño estaba hecho. En lo económico: los inversionistas frenan sus planes para México en 2020, porque nadie que tenga 2 dedos de frente invertiría en un país donde... ¡su propio presidente advierte que le preparan un golpe de estado! Se agudizó, así, la incertidumbre económica–financiera. En lo político: AMLO contribuyó a tensar el clima nacional, de sí, polarizado y enfrentado, encendiendo las alarmas en el Ejército, clase política y ciudadanos, sobre la posibilidad del golpe de estado. En cuestión de horas, la confrontación subió de tono y la división entre mexicanos se profundizó. ¿Por qué deslizó AMLO la posibilidad del golpe de estado? Por 3 razones de fondo para cubrir los innegables y más evidentes fracasos de su gobierno: el económico (0% de crecimiento), el de seguridad (alrededor de 30,000 ejecutados en sólo 11 meses), y 3o., el pésimo manejo del presidente ante el discurso del general Gaytán que AMLO interpretó como una rebelión militar que daría paso al golpe de estado. Fue evidente la molestia del Ejército por la conducta errática de su Comandante en Jefe. De paso, justificar decisiones radicales que pudiera tomar el presidente más adelante, bajo el pretexto de la "emergencia nacional" por los "enemigos que nos acechan" y que solamente existen en la mente de Andrés Manuel.

EJÉRCITO. "Imprudente", calificó AMLO al general Carlos Demetrio Gaytán, quien manifestó su preocupación por el clima de polarización en México. "Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados", dijo Gaytán. López Obrador, en un arranque tan iracundo como inmaduro, arremetió contra la "imprudencia" del general. Pero en su arrebato, AMLO no reparó en un detalle de fondo: el general Gaytán habló frente al secretario de la Defensa Nacional y salió entre aplausos de militares que, de pie, reconocieron la valentía de su compañero de armas, avalando sus palabras. Con su calificativo -"imprudente"-, López Obrador generalizó y ese es uno de los motivos -además del "culiacanazo"-, que tiene molestos a generales y tropas. Horas después, AMLO insinuó lo del golpe de estado. ¿Coincidencia? No. En lo absoluto. Fue una frase precipitada, desafortunada y descabellada del presidente ante el duro discurso de Gaytán que, lo quiera o no reconocer AMLO, más que fortalecerlo, lo debilita ante uno de sus aliados claves: el Ejército.

CALDERÓN. El ex presidente panista se ha convertido, en la arena política, en la bestia negra de AMLO. Más allá de lo ocurrido en 2006 -la tragedia de este país es que no sabemos realmente, con actas en la mano, si el recuento parcial de votos hubiera ratificado la victoria de Calderón o le hubiera otorgado el triunfo a AMLO-, López Obrador se ha obsesionado con Calderón quien, todo así lo indica, obtendrá su registro como partido político, vía "México Libre". Los golpeteos entre ambos han sido una constante. Todo el gobierno -funcionarios, voceros y plumas afines a AMLO-, han señalado al panista como su enemigo, pero en el lance y de manera paradójica, lo han fortalecido también al mostrarlo como su único contrapeso posible, dada la debilidad tanto del PRI como del PRD. Sin embargo, el lunes pasado y ante el rencor que lo ciega contra Calderón, AMLO cometió un error: exhibió públicamente a Luis Calderón Zavala como responsable de ataques con bots vía TW, y de hecho, lo lanzó al coliseo con el pulgar abajo. Error, porque envileció sus ataques contra un ex presidente al que ve como amenaza para su proyecto y que al no poder debatirlo políticamente cara a cara -le lanzó un apodo vulgar-, arremetió ahora contra su familia. Un presidente debe estar más allá de ese tipo de enfrentamientos mundanos y personalizados. AMLO exhibe y se exhibe. Estar fuera de control lo ha situado en una posición frágil y vulnerable a los ojos de aquellos millones que, inclusive, votaron por él más motivados por el pésimo gobierno de EPN que por afinidad con AMLO.

PRENSA. No es nuevo: López Obrador arremete contra la prensa y la culpa de estar aliada con los enemigos del México que AMLO prefiere: el México que lo adula, el México que lo aplaude. Porque el México que lo cuestiona y critica, es aquel que de la mano de la prensa "conservadora y fifí" pretende aplicarle un golpe de estado imaginario. En realidad, López Obrador ataca a la prensa porque resultó con la piel muy delgada y no quisiera que nadie lo exhibiera. Político, a final de cuentas. Igual que Echeverría, ve en la prensa al enemigo a vencer. Igual que López Portillo, los fustiga por criticarlo. Igual que Peña Nieto, recrimina que no le aplaudan. Nos tilda a los periodistas de perros. Curiosamente, donde se escuchan a diario los ladridos, es dentro de Palacio Nacional.

LEBARÓN. Si el operativo fallido en Culiacán fue un misil en la línea de flotación de la estrategia contra la inseguridad de AMLO y su gabinete de seguridad -dejar hacer, dejar pasar-, la brutal masacre contra la valiente familia LeBarón acabó por hundir el modelo anticrimen implementado desde Palacio Nacional, operado -es un decir- por Alfonso Durazo, y apechugado por los cada vez más irritados secretarios de la Defensa y Marina. Hoy sabemos que con la llegada del gobierno de AMLO, se retiró al grupo de fuerzas federales que protegía a comunidades menonitas en Chihuahua. Son las consecuencias mortales de ser miserable.

La encuesta de Reforma (4/XI/2019), arroja resultados muy negativos para el gobierno de AMLO: el 55% de los encuestados piensa que la situación nacional se ha salido del control de AMLO; 60% cree que la estrategia del gobierno federal está fracasando, y el 70% considera que el gobierno ocultó información sobre lo sucedido en Culiacán. Vale recordar que las encuestas de este diario han sido las más certeras desde 2012, favoreciendo inclusive a López Obrador en la pasada contienda presidencial y siendo muy cercana al porcentaje con el cual finalmente ganó la Presidencia.

Preocupante, lo que sucede dentro de Palacio Nacional, con un presidente viviendo un mundo paralelo, agobiado por enemigos invisibles y viendo complots por todos lados. Y ni siquiera cumple un año de gobierno.

Y más que preocupantes, esos destellos de desequilibrio emocional que muestra AMLO cada vez que se le cuestiona o se le critica. Pierde la cordura, se desboca y dice barrabasadas.

Ese es el Presidente de México.

Hace 7 años y medio, en la campaña electoral de 2012, Javier Sicilia hizo una advertencia al candidato Andrés Manuel López Obrador. Si no se corregía el rumbo, le dijo el poeta, la violencia empeoraría. Por ello, pidió al entonces perredista que, en caso de ganar la Presidencia de la República, emprendiera "una agenda de unidad, que nos permitiera salvar la emergencia nacional en la que esta guerra imbécil contra las drogas y la corrupción de las instituciones nos han sumido".

Pero Sicilia fue más allá. Reprochó a López Obrador ser "tan soberbio para creer que en estas condiciones se puede gobernar sin la unidad de la nación, cómo hará si gana para crearla y no convertirse en un nuevo administrador de la desgracia del país, cuál es su propuesta de paz, más allá de programas constructivos a largo plazo (...) cuál es su posición frente al asunto de las drogas, y su propuesta para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional, y enfrentarlas como un asunto de salud pública que ponga fin a esta guerra perdida. ¿Cómo, por lo tanto, va a generar una política que no nos subordine a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos?".

Y remató: "para muchos, usted señor López Obrador, significa la intolerancia, la sordera, la confrontación, en contra de lo que pregona su república amorosa, con aquellos que no se le parecen o no comparten sus opiniones, significa el resentimiento político, las revanchas sin matices contra lo que fueron las desahuciadas elecciones de 2006, el mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las corrupciones de muchos miembros de su partido. Significa también la red de componendas locales con dirigentes, que años atrás reprimieron a quienes buscaban un camino democrático. El señor Bartlett es sólo la punta del iceberg".

El presidente López Obrador tenía un diagnóstico en 2012 consistente con su actuar en el 2019. Hoy sus programas en torno a la violencia buscan atender a los jóvenes, antes que nada. Claro que una de las novedades de su estrategia es la Guardia Nacional, que es militar aunque se diga civil, pero en todo caso es el mecanismo que ha propuesto el mandatario ante la debilidad de nuestras policías.

Sicilia veía el partidismo, las pugnas electorales y a la clase política toda, como parte de los grandes obstáculos a la hora de construir una salida a la violencia. "No me metan en el mismo costal", reclamó al respecto López Obrador en aquel encuentro con víctimas de la violencia, llevado a cabo en el Castillo de Chapultepec.

La crueldad con que los narcos mataron a la familia LeBarón es la derrota moral del gobierno ante el crimen que avanza en el país.

¿Con qué cara se presentan ante la ciudadanía luego de un acontecimiento así, si no es para pedir perdón?

No es un hecho aislado, sino un fenómeno creciente, provocado por la negligencia de quienes nos gobiernan.

Esta administración ha dejado crecer a los grupos criminales dedicados al narcotráfico y otros delitos graves porque no tiene idea de cómo combatirlos.

Para el presidente, son un producto del neoliberalismo y se van a extinguir cuando cambie el modelo económico.

Mientras llega ese paraíso imaginario que se logra con crecimiento cero en la economía e igualarnos a todos en la pobreza y no en la prosperidad, las masacres de los criminales crecen hasta una crueldad sin límites.

A la familia LeBarón la masacraron de la forma más brutal: acribillaron sus vehículos e incineraron a 6 niños y 3 mujeres adultas.

Para esos criminales, el presidente ha propuesto abrazos y les pide portarse bien.

Ha desmantelado los principales órganos de inteligencia y combate a los cárteles del crimen en la Secretaría de Marina y el Cisen.

Al que existe en el Ejército lo exhibe públicamente y ordena dar a conocer el nombre del teniente coronel que está a cargo de investigar al narco.

Pero, eso sí, creó una unidad de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública para espiar a sus adversarios políticos en redes sociales y en quién sabe cuántas cosas más.

Las prioridades presidenciales están atrofiadas por la obsesión contra los que él considera sus enemigos y no contra los enemigos de México y su población.

El Estado, bajo el actual gobierno, no tiene capacidad ni para retener físicamente al número 2 o 3 del Cártel del Pacífico que había capturado.

No se les escapó: lo soltaron porque los sicarios del cártel le impusieron sus condiciones al Estado mexicano. Una capitulación en toda la línea, sin cesados ni correcciones.

Ante ese panorama, Donald Trump levantó sus antenas y se dice listo para intervenir en México.

Teníamos una crisis de seguridad pública y la negligencia imperante la ha transformado en una crisis de seguridad nacional.

Ayer por la mañana Trump dijo que "si México necesita o solicita ayuda en la limpieza de estos monstruos (los del crimen organizado), Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El gran nuevo Presidente de México ha trabajado sobre este gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército".

Esta vez Trump dijo que intervendría militarmente "si México necesita o solicita ayuda". De ahí a quitar el "solicita" y dejar únicamente el "necesita", hay un paso.

Corremos el riesgo de una intervención armada de Estados Unidos en México por la ineptitud de nuestros gobernantes.

Los LeBarón asesinados tenían nacionalidad estadounidense, por eso Trump reacciona con la oferta de intervenir militarmente en nuestro país.

Esa "oferta" va a ser un "háganse a un lado" en la siguiente o cuando le convenga a Trump o sus electores se lo demanden.

¿Ya le tomaron el peso los señores de la 4T a lo que exponen a México con su demagogia en el combate al crimen organizado?

Se lamentó Trump ante sus paisanos: "Una maravillosa familia y amigos de Utah quedaron atrapados entre 2 malvados cárteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado que muchos grandes estadounidenses fueron asesinados, incluidos niños pequeños".

Olvidemos las imprecisiones sobre los hechos, lo que importa es que Trump le tuvo que dar una explicación a sus ciudadanos por los estadounidenses asesinados en México.

A la siguiente vez, ¿qué les va a decir?

El gobierno del presidente López Obrador y su estrategia contra los cárteles ha sido derrotado moralmente con este crimen a mujeres y niños.

Militarmente ya fue doblegado en Culiacán.

Encima tiene al presidente de Estados Unidos que lo urge a ir juntos a la guerra contra los grupos criminales.

Por ahora AMLO dice que no, pero si no revisa su estrategia y cambia de inmediato, dejará al país en manos del crimen organizado o en las del gobierno de Estados Unidos.

La información corrió como la liebre. Al menos 3 mujeres y 6 niños miembros de la familia LeBarón, de Chihuahua, miembros de la comunidad mormona de ciudadanos de México y Estados Unidos, fueron asesinados en Sonora. Fueron emboscados, acribillaron a un niño cuando corría para huir, mientras sus hermanos y su madre morían calcinados en una de las camionetas en las que viajaban. Vivimos la secuela del culiacanazo, donde los criminales están empoderados ante un gobierno federal rebasado, sin rumbo, y crecientemente aislado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quiso desviar el debate sobre la operación fallida en Culiacán y desató una cacería cibernética contra periodistas, que escaló a alertar sobre la gestación de un golpe de estado. No lo vencerán, proclamó, y utilizó como efecto de demostración la fábula de Esopo, "Las Ranas Pidiendo Rey", que concluye con una víbora de agua enviada por Zeus, que atrapó a todas las ranas opositoras y las devoró sin compasión. El enviado de Dios -él-, contra los que piensan distinto. Fue una metáfora de poder. Pero hay otra que podría servirle más al presidente, la del paradigma.

El Paradigma de la Rana es un ejercicio en Teoría de Juegos, que consiste en colocar a un batracio en un balde de agua sobre la estufa. Gradualmente se va subiendo la temperatura, pero la rana no siente nada raro, ni se da cuenta que su entorno se está alterando. Sólo hasta que comienza a hervir el agua, comprende que algo grave sucede. Demasiado tarde; la rana se coció por dentro. Este ejercicio tiene como fin ilustrar la falta de capacidad para reconocer la alteración de los factores externos a fin de tomar medidas correctivas, y suele ser una de las razones del fracaso de gobiernos, que insensibles ante esos cambios, entran en una dinámica perniciosa.

El culiacanazo es el balde subiendo la temperatura, y el presidente no quiere darse cuenta, o es muy orgulloso para admitir que está equivocado, por lo que corregir o cambiar el rumbo, está fuera de discusión. El presidente ha insistido, tras la liberación de Ovidio Guzmán López hace 20 días, que seguirá sin enfrentar a la delincuencia organizada. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lo ratificó ayer en el congreso, y justificó el desastre de la política de seguridad que ha instrumentado. "No podemos revertir una tendencia históricamente creciente", dijo. "A partir de diciembre tendremos punto de inflexión".

Una mentira más. La "tendencia históricamente creciente" es a partir de mediados de 2015 -tras 4 años de baja sostenida-, derivada del mismo error que cometió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto -con el mismo argumento que López Obrador-, no combatir criminales, que se combinó con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que puso en la calle a miles de delincuentes. La realidad sepultó las razones morales y la ingenuidad e ignorancia del gobierno ante un fenómeno que desconocen. De ahí el no combate a las organizaciones criminales y sus subsiguientes derrotas.

El presidente vive su propio paradigma de la rana. No está escuchando lo que le grita la realidad. Lo que sucedió con la familia Le Barón mostró la calidad de violencia inhumana que se vive en México, y que no parece comprender en toda su magnitud. López Obrador está prejuiciado y envenado con los medios en México, donde sólo ve a Tezcatlipoca, el dios de la muerte. Pero si se asomara a otras latitudes, comprobaría que el registro que hace de su política de seguridad la prensa mexicana, es compartido por lo que ven fuera del país.

En sus primeros despachos sobre el asesinato de los miembros de la familia LeBarón, The New York Times publicó: "El martes, el presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad ante el toque de tambor de la violencia. Pero los asesinatos del lunes parecen haber alcanzo un nuevo mínimo con niños y sus madres masacrados en la carretera. Amenaza con convertirse en un momento galvanizador para los ciudadanos frustrados con la violencia y los esfuerzos del gobierno por detenerla".

Con un lenguaje inusual, The Washington Post reportó que el asesinato de los mormones había sido "un asalto brutal que subrayó el creciente control del crimen organizado sobre algunas partes del país". Falko Ernst, un analista sobre México del Grupo de Crisis Internacional, citado por el Post, afirmó: "Este fuerte ataque probablemente afectará la política de seguridad del país. En los próximos días yo espero que se incremente la presión en Estados Unidos sobre Trump y que esa presión se le transfiera a López Obrador".

No conocen al presidente mexicano. López Obrador no siente estar mal, sino que todos están mal por no entender el alcance de los cambios que está haciendo en México. Descalificar a todos no es una buena señal, pero eso sucede con él de manera más que frecuente. Trump habló por teléfono ayer con él y le rechazó la oferta de apoyo para combatir a las organizaciones criminales, aduciendo la soberanía de su gobierno, aunque públicamente se vio mancillada en Culiacán el 17 de octubre por el cártel de Sinaloa, y anteriormente atropellada por Trump, al forzarlo, mediante chantajes comerciales, a servirle de policía migratorio en el sur mexicano.

López Obrador se mantiene firme sobre su mula, a la que le impide ver un nuevo camino. No importa que su estrategia de seguridad esté desarticulada y el país, que avanza su tiñe rojo, tenga dueños regionales empoderados, mejor armados, con mejores finanzas y capaces de chantajear al presidente. Son los cárteles de las drogas que López Obrador no quiere enfrentar salvo con lecciones morales y de buena conducta. La rana se está cociendo rápidamente en Palacio Nacional.

Paco Calderón
(6 de noviembre de 2019).

Para los que votamos por López Obrador resulta incómodo verlo pelearse todos los días con el Reforma, encarar con mofa a sus adversarios en las mañaneras, permitir ser rodeado por escolares que cantan himnos en su honor, auspiciar el atraco del gobernador Bonilla para extender su periodo en Baja California, comparar su lucha con la de Jesucristo, hacer consultas a mano alzada y considerar que son la voz del pueblo, y un preocupante largo etcétera.

Me habría gustado mucho más que la genuina austeridad y el indeclinable compromiso con los pobres que le caracterizan, viniese acompañado de la dignidad y el porte de un jefe de estado.

Hay frases y actitudes de AMLO que encuentro absurdas e innecesarias, pero eso no me lleva a concederle razón a los pregoneros del "se los dije".

Todo el debate y la conversación pública que, al estilo Donald Trump, desató el presidente Andrés Manuel López Obrador con los 3 tuits que soltó respecto a la nula posibilidad de que existiera en México un golpe de estado contra su gobierno, es otra consecuencia del jueves negro del operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre.

La evocación de una rebelión militar como le ocurrió a Francisco I. Madero, no la hacía ningún presidente desde 1938 que Lázaro Cárdenas sofocó la intentona de golpe de estado que encabezó el general Saturnino Cedillo, quien murió en un enfrentamiento en la sierra de San Luis Potosí.

Lejos de tratarse de una cortina de humo para sacar de la opinión pública el tema del fracaso del Culiacanazo, que con la liberación de Ovidio Guzmán, dobló al gobierno de la autollamada 4a. transformación ante las mafias del narcotráfico, como lo leen algunos, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, el tema del golpe de estado tiene su origen justo en ese episodio, que exhibió negativamente al Ejército como nunca antes al verse superado por las milicias del cártel de Sinaloa, y luego del cual, se han expuesto y revelado mandos e instancias de las fuerzas castrenses que antes se mantenían en absoluto sigilo, para garantizar la integridad de los mandos y la eficacia de su operación.

Sacar el tema del golpe de estado no ayuda a dejar de hablar del Caso Ovidio, sino que lo fija más en la agenda.

No es casualidad que lo expresado por el general calderonista en retiro, Carlos Gaytán, el 22 de octubre en una reunión privada de militares encabezados por el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en el sentido de que había soldados que se sienten agraviados por el gobierno de la 4T, haya venido luego del operativo fallido en Culiacán y tras la ola de críticas que se hicieron por ello a las fuerzas castrenses.

Más aún cuando el propio López Obrador preciso ayer que sus mensajes en redes sociales donde descarta la posibilidad de un golpe de estado fueron la respuesta al discurso del general Gaytán, al que tachó de imprudente.

Lo dicho, siguen imparables y en escalada, los ecos y los efectos del Caso Ovidio.

Cuando, al asumir el cargo, el presidente López Obrador anunció que todos los días, a primera hora, encabezaría una reunión del llamado Gabinete de Seguridad, y a continuación ofrecería una conferencia de prensa, hubo quienes interpretaron tales anuncios como promesas de que vendrían, para todo el país y para sus habitantes, tiempos mejores tanto en materia de seguridad como en comunicación entre gobierno y pueblo.

Lo 1o., de cumplirse, respondería a la principal demanda ciudadana previa a las elecciones federales del año pasado. Lo 2o. rompería una tradición perversa: que los presidentes sólo se comunicaran directamente con el pueblo mediante ocasionales monólogos, "en cadena nacional", cuando había temas coyunturales -sismos, huracanes...- que ameritara difundir determinados mensajes, o, en su defecto, entrevistas exclusivas con alguno de los medios más reconocidos y en los horarios de mayor "rating".

En la práctica, los beneficios de la innovación anunciada en materia de seguridad continúan en el ámbito de las buenas intenciones. Los resultados, antes de cumplirse un año de la actual administración, distan mucho de ser halagüeños. Las noticias, relativamente recientes, tanto de "ejecuciones" y balaceras como de hallazgos de cadáveres en la vía pública o de fosas clandestinas en casi todos los estados del país, demuestran que si, en efecto, alguna estrategia de seguridad se ha implementado desde que la cacareada "4a. Transformación" se puso en marcha, los beneficios no son tan notorios como sería de desearse.

En lo que atañe a la comunicación, los beneficios tangibles de ese ejercicio aún están por verse.

Ayer, por ejemplo, destacó la recomendación de "argumentar, no insultar", dirigida a sus críticos (a los que sistemáticamente llama "adversarios")... sin reparar en que motejar de "fifís", "neoliberales", "conservadores" y similares a quienes respetuosamente -¡y con argumentos, sobre todo!- ejercen el derecho de cuestionar los actos de gobierno, es una forma de violencia verbal equivalente al insulto, porque notoria y deliberadamente trata de lastimar, desacreditar o zaherir a quien alude.

El presidente Andrés Manuel López Obrador incendió las redes sociales. Como ofreció, este lunes dio a conocer el informe de los orígenes de una campaña ruin en contra de la prensa, desatada luego que lo cuestionaron por la opacidad y las contradicciones de la relatoría sobre el Culiacanazo. Alejandro Mendoza, jefe de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana -responsable también de Plataforma México-, identificó una cuenta madre de bots, @tumbaburros, y dijo que se registró actividad desde las cuentas del hijo del ex presidente Felipe Calderón, del ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, y del coordinador del PAN en el congreso, Juan Carlos Romero Hicks. La fiesta inició. Pan y circo para los gladiadores al servicio del presidente, quien pidió a los cibernautas que no insulten y que argumenten. En una cantina llena de borrachos, eso es imposible.

La campaña contra medios y periodistas fue una bomba en redes sociales. Mendoza informó que el 74.27% del intercambio de menciones fue de usuarios reales, con el restante 25.73% de bots. De estos totales, 2 de cada 3 menciones fueron negativas a los medios de comunicación, provenientes principalmente de la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Chihuahua, que no es atípico en estas oleadas, y que a nivel internacional procedieron de Chile, España y Perú, donde se concentran redes de anarquistas, algunas vinculadas a sectores en el entorno de López Obrador. Las imputaciones directas fueron rechazadas y desmentidas, pero Mendoza sostiene que su equipo tiene el soporte técnico que respalda lo informado. Un experto en redes sociales observó que el hecho de que no sean bots, tampoco significa que sean reales, sino que se refiere a un método de ataque diferente.

De cualquier forma, la polarización generada por la retórica presidencial se intensificó, sin que todavía esté claro el origen verdadero del ataque. Un estudio independiente realizado por empresas especializadas en redes al que se tuvo acceso, elaboró una tabla con los datos de los usuarios en donde más se recargaron los mensajes negativos el sábado pasado, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. El autor de esa columna, en el lugar 4, seguido en el 5 por Irving Pineda, reportero de TV Azteca, quien aseguró en la mañanera que los ataques contra la prensa eran por órdenes del gobierno federal, Luis Cardona, del periódico digital La Opción de Chihuahua, quien cuestionó las contradicciones del gobierno en el Culiacanazo en el lugar 6, y Carlos Loret en el 13. En total, durante ese periodo hubo alrededor de 3,200 usuarios interactuando.

En el lugar 9 apareció uno de los paleros del presidente, Ignacio (Nacho) Rodríguez, vinculado a gobiernos del PRI y el PRD en Tabasco, quien tiene un canal de YouTube llamado "El Chapucero", que es la cabeza de playa de los ataques sistemáticos a la prensa. Rodríguez, precisamente, fue uno de los primeros que actuó tras la información de Mendoza, y afirmó que @tumbaburros era el hijo de Calderón. Al ser desmentido por todos lados, la emprendió contra una estrella en las redes sociales y creador de memes políticos sin igual, @vampipe, quien respondió divulgando la lista de cuentas en Twitter desde donde se alimentó la conversación contra los medios: @mariahvv84 (que es falsa) con 187,559 mensajes, @Enrique0908 (también falsa) con 62,745, @DRFRANCISCORH_7 (falsa) con 48,880, @GarciaN97108791 (falsa) con 38,592, y @FaridGonzalez2 (que es real) con 15,816. Otra cuenta que también actuó de manera activa fue la de @LOVREGA, que opera en el entorno del propagandista John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

La información proporcionada por el gobierno el lunes, sugiere que la mayor carga negativa provino de cuentas asociadas a panistas y priistas. Investigaciones académicas han encontrado fuentes distintas. Un estudio realizado por Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en marzo pasado, encontró una "operación sofisticada" para producir narrativas políticas a un entramado de cuentas de Twitter de la llamada #RedAMLOVE, con el propósito de crear un cerco informativo sobre la crítica al presidente. Las campañas de ataque, dijo Signa Lab al dar a conocer su investigación, han sido capaces de construir estrategias de censura y acoso online a través de la diseminación de una idea a través de tuits y hashtags, con la finalidad de "mantener a raya a quienes critican al presidente".

Todo este esfuerzo de pan y circo, si se analiza el comportamiento del presidente López Obrador cada vez que un problema es más fuerte que su capacidad para manejar a la opinión pública, o como distractor para desviarlos de las cosas importantes, parece ser resultado de un tema que no le funcionó como esperaba, la existencia de una conspiración de medios y militares para derrocarlo, que se le salió de las manos, no sólo por la forma como descalificaron sus conocimientos históricos, sino porque enardeció más el ambiente. La discusión sobre las redes sociales y los medios, sin embargo, tampoco hará evaporar el tema de fondo: por qué liberó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y su estrategia fallida de seguridad.

Los esfuerzos del presidente y su equipo de propaganda por desviar la corriente de opinión pública, demuestra que para López Obrador es más barato asumir el gasto de su capital político y el deterioro acelerado de la imagen de los titulares del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es enorme, a que se descubran las razones de su Pax Narca. Todos los distractores, sin embargo, pasarán, y quedará la pregunta clave: ¿qué se descubrió en Culiacán que tanto quiere esconder?

Entre los muchos asuntos polémicos y delicados que afronta la 4a. Transformación todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido que los medios de comunicación convencionales (la prensa, como popularmente se les conoce) representan otro de sus problemas. Junto con la inseguridad, la violencia, la economía estancada, las diferencias de visión con autoridades civiles y militares, los errores de su gabinete y muchos otro temas, el presidente considera que la cuestionamientos de los medios son una bronca más, pero peor, financiada por sus contrincantes "conservadores".

Con la misma facilidad con la que pinta al país en blanco y negro, la Presidencia determinó que los medios de comunicación, así en general, o son aliados o enemigos. Y si están en el 2o. grupo, es porque están financiados por intereses que quieren frenar el cambio de la 4T e imponer sus propios intereses.

Esa táctica es muy dañina porque además de intentar silenciar al periodismo convencional, nulifica a los periodistas y al periodismo: para el presidente López Obrador no existe conciencia individual ni capacidad de discernimiento, porque el periodista simplemente hará lo que le dicten.

¿En dónde queda el ejercicio del periodismo como una crítica resistente a los embates del poder durante los últimos 18 años, justo cuando el presidente López Obrador denunciaba los errores y los excesos desde la oposición política? Sencillamente lo elimina.

Es sorprendente cómo en "las mañaneras" se ha establecido el discurso de considerar a los periodistas que cuestionan como enemigos del gobierno y enviados sospechosos de los enemigos del presidente y sus causas justas.

Pero a menos de un mes de que la administración federal cumpla un año de ejercicio, su confrontación con los medios no es novedad. Lo novedoso es que la costumbre del presidente puede convertirse en una tendencia seguida por gobernadores, presidentes municipales y otros personajes que ejercen cargos públicos de relevancia.

Si 1o. lo hace el presidente, y después se suman los gobernadores (también incómodos y molestos con las críticas que se publican por sus decisiones y gestiones), vamos a terminar en un escenario de imposibilidad periodística. Será imposible ya cuestionar, publicar críticas, reflejar la realidad cuando ésta sea negativa.

Si se establece esta tendencia y se deja crecer hasta convertirla en regla, el daño será irreversible porque se mezcla con la descomposición evidente en muchos otros ámbitos sociales.

La clase política, empezando por el presidente en Palacio Nacional, deben definir mucho mejor quiénes son enemigos. La prensa no lo es.

Sin escatimar recursos, el Presidente de la República no ha cejado en su táctica de emprenderla en público, y con todo el peso de su investidura, en contra de cuanta persona considera adversaria a su gobierno.

Ayer le tocó a un exsecretario de estado, a un joven -hijo de un exmandatario- y a un líder de la oposición en la Cámara de Diputados, que fueron acusados, en el podio presidencial, de alimentar ataques cibernéticos... contra la prensa. ¿Por qué hace esto el titular del poder ejecutivo?

La 1a. respuesta, y quizá la principal, es que recurre a esas maniobras porque a la par de darle resultados, estas intentonas por socavar la fama pública de personajes que le resultan incómodos, le salen baratísimas.

Lo ha hecho una y otra vez desde hace un año, y que sepamos nadie de peso -líderes del congreso (no se rían), del empresariado (compostura, dije), o sociales (Iglesia, OSC...)- le censuran tal manía.

Si la emprendes contra el titular de la CRE, a quien acusas, sin pruebas sólidas ni investigación conclusiva, de conflicto de interés, y frente al atropello, todo mundo calla o voltea a otro lado, o sólo declara convencionalmente su desaprobación, ¿por qué no habrías de repetir el numerito?, si a final de cuentas te sirvió para forzar la renuncia del titular de un órgano autónomo.

Lo de la CRE fue hace meses, en febrero, y de ahí para acá en varias modalidades el presidente López Obrador ha utilizado su poder y sus atribuciones más que para levantar denuncias por los canales adecuados y obligados, cosa que estaría muy bien, para hacer sentir el peso de su autoridad en espacios que gozan de la cobertura no sólo de la prensa independiente, sino de mecanismos de difusión del Estado mexicano que dependen de él.

El abuso, pues, incluye recursos gubernamentales que deberían ser usados para cuestiones de interés general, no para una agenda particular.

Porque al llevar al paredón mediático a un personaje no sólo busca deshacerse de él, sino, sobre todo, pretende usarlo de efecto distractor.

Obrador: los 3 personajes mencionados este lunes en la mañanera fueron, estrambóticamente, acusados de alimentar bots para denostar en las redes sociales a los críticos y la prensa que cubre al presidente.

La ligereza con que López Obrador pone en entredicho la reputación de otras personas podrá ser un recurso efectivo para llenar de ruido la agenda y socavar la autoridad (y hasta quitarle las ganas de animarse a otros) de sus críticos.

Pero esa efectividad tiene un costo. Vivimos hoy en un país donde la máxima autoridad fue depositada en un personaje que se afana en deforestar la diversidad de opiniones que se había vuelto natural en el paisaje de la política mexicana en las últimas 4 décadas.

La maquinaria de propaganda de López Obrador no sólo ha concentrado la agenda en Palacio Nacional o en lo que el presidente diga, sino que, al alimentarse indebidamente de la reputación de otros, socava la calidad del debate.

Todo el poder al servicio de una causa que es particular, no de México. Justo contra lo que prometió AMLO hace un año: ser presidente de todos los mexicanos.

Queda claro que el presidente destruirá la reputación de quien sea en su afán de sólo él dominar la voz cantante.

Ayer alcanzamos una nueva marca, a la baja, en esta administración.

El último arrebato -perdón, no el último, el más reciente- fue el espacio que utilizó en la conferencia matutina para decirle a los medios que el desprecio que les tiene la gente es legítimo. Con porcentajes, cuya metodología no dio a conocer, justificó cómo las tendencias en Twitter #PrensaCorrupta #PrensaProstituída y #PrensaSicaria habían crecido orgánicamente porque 3 de cada 4 tuits eran de usuarios y no de bots. Ahí tienen medios, 75% de la gente tiene una percepción negativa de ustedes, ven como sí son corruptos, prostitutos y sicarios, deslizó con palabras más elegantes y menos frontales el titular de la Unidad de Información y Vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez entre diapositivas sin ningún rigor. El presidente insistió, "no es un reproche a los medios, no es de ninguna manera un cuestionamiento, mucho menos una censura, es que nos ubiquemos de que ya hay otra realidad, y hay algunos que no quieren entender que eso ya cambió y hay otros que no se dan cuenta", así que lo que quiere el presidente es que nos "ubiquemos".

¿Qué entiende usted por esto? Ya basta de críticas, se necesita un cheque en blanco al gobierno, un apoyo incondicional, creer en cada uno de los miembros de la transformación de este país, huir de los cuestionamientos, dejar de pedir solicitudes de transparencia, sentirnos orgullosos de servidores públicos como Manuel Bartlett, avalar cada una de las decisiones presidenciales, aplaudir Santa Lucía, llorar al ver proyectos como el Tren Maya al saber que no necesitamos más que el permiso de la tierra, gritar eufóricos el fin de las estancias infantiles, reconocer que en economía el estancamiento es mejor que la recesión y sonreír, voltear orgullosos al recuerdo del 17 de octubre en Culiacán y conmovernos ante la captura y la liberación de Ovidio Guzmán y pensar que se salvaron muchas vidas, eso, señoras y señores, es ubicarnos y no hemos sido capaces de verlo.

Ahora la pregunta obligada es ¿cuándo la prensa mexicana será capaz de ubicarse? Pues mientras seamos un país democrático habrá que decirle al presidente que esperará sentado en Palacio Nacional, seguiremos siendo los desubicados y, peor aún, los enemigos del presidente; vaya extravío de visión del ejecutivo.

Lo apuntó muy bien hace unos días el escritor mexicano Emiliano Monge, "No nos hagamos: si el enemigo son los periodistas, la enemiga es la información. Y si la información es la enemiga, la enemiga también es la realidad. Y ya sabemos, por desgracia, como acaban los gobiernos que establecen una relación así de conflictiva con la realidad". Este desprecio no es de casas editoriales, es contra el oficio que por naturaleza vive por y para incomodar al poder.

Quedan 5 años y el ejecutivo tiene que entender que la buena prensa no se va a "ubicar", por el bien de la libertad de expresión y por el bien de la democracia mexicana.

Paco Calderón
(4 de noviembre de 2019).

López Obrador está viviendo su peor momento desde que arrancó su gobierno. Se juntaron las pifias y las malas noticias que cayeron en cascada, una tras otra sin dar respiro en 15 días. Las encuestas comienzan a reflejarlo: en el tracking poll de Roy Campos en El Economista el presidente cayó 3 puntos en 2 semanas, sigue altísimo, en 60%, pero es el periodo más prolongado de caída desde que tomó posesión hace 11 meses. En la encuesta de El Financiero la popularidad le mantiene en 67%, pero otra pregunta, formulada en términos beisboleros, refleja la opinión sobre las decisiones que toma el presidente traducido a porcentaje de bateo: va a la baja, rompió ya la barrera de la media tabla y se ubicó en 48%. Es el desgaste natural de un año de decisiones difíciles, de apuestas altas, de cambio de modelo, pero también de obsesiones personales y pifias de un gabinete que no funciona como tal y que acusa ya la falta de oficio de alguno de sus miembros.

El Culiacanazo dejó claro que la estrategia de seguridad merece una revisión de fondo. La decisión es sin duda complicada. Por un lado, hay una gran apuesta, que es la Guardia Nacional, que hay que dejarla madurar, pero demasiadas zonas oscuras e inexperiencias que no se resuelven solo con discurso. Por el otro, la confirmación del estancamiento de la economía derivado de una serie de decisiones del propio presidente que han detenido el ejercicio del gasto público y ahuyentado la inversión privada. Para que las cosas cambien no podemos seguir haciendo lo mismo, pero como sucede en todo proceso de transformación ante la falta de resultados la tentación y la presión será siempre regresar al lugar de confort, a hacer lo que creemos que sabemos hacer y no intentar algo distinto. El gobierno de López Obrador está en el punto de quiebre en el que hay quienes señalan que es el momento de rectificar, de reconocer que los resultados no se están dando, y quienes, encabezados por el presidente, sabemos que es tenaz hasta la terquedad, que creen que es el momento de apretar y dar una nueva vuelta de tuerca al cambio. Es momento del jugador que tiene que decidir si tomar pérdidas o doblar la apuesta.

Es en este contexto que hay que leer el mensaje del presidente sobre el golpe de estado. Lo que está haciendo López Obrador es construir un enemigo imaginario, para obligar a sus seguidores, pero sobre todo a sus colaboradores, a cerrar filas. Frente a un enemigo y un peligro mayor, las discusiones internas pierden sentido. Si realmente existiera una amenaza de golpe lo último que haces es decirlo, pero si se crea la sensación de un gobierno amenazado, la lealtad opaca a la crítica.

Cuando todo falla... construye un enemigo. Es perverso, sí, pero funciona.

Andrés Manuel López Obrador tiene razón. Es un presidente muy criticado y se puede argumentar que es quien más lo ha sido durante sus primeros 10 meses de gobierno en la historia moderna del país. Se explica por la velocidad con la que está haciendo cambios, que genera resistencias de grupos de poder internos y externos, y que en los medios produce análisis y señalamientos no del porqué de los cambios, donde hay enorme respaldo, sino por el cómo los está realizando, violentando leyes, aplastando instituciones y desarrollando proyectos que no se ve tengan destino. La crítica ayuda a los gobiernos a mejorar sus propuestas. En su opinión, la crítica lo quiere derrocar. Es absurdo, pero su exigencia irreductible de subordinación absoluta, tampoco tiene registro en la memoria moderna. Sus controversias las apoya en actos de fe; la crítica pide razones.

La intransigencia a dialogar con quien está en desacuerdo con sus ideas, también ha hecho estragos en el proceso de toma de decisiones. En las reuniones diarias previas a las mañaneras, los miembros del gabinete legal, el gabinete legal ampliado, directores de área y hasta invitados que acuden a ellas, hay quienes ya optaron por callar ante la descalificación que ha hecho el presidente de quienes discrepan. Su personalidad aplasta y resulta contraproducente que lo contradigan. Para tratar de persuadirlo a que cambie una política que fallará, o que acepte una propuesta que no está en su cabeza, hay que decírselo de manera repetida por días con diferentes palabras. El autoritarismo que enseña afuera es similar dentro de Palacio Nacional, y se nota. El 65% de inversionistas consultados recientemente por el Bank of America, dijeron que el principal riesgo que ven en México es la forma como toma decisiones el gobierno.

Hoy deben estar más preocupados, tras la forma ciclónica como cerró la semana el presidente López Obrador. El jueves se peleó con la prensa en su conferencia matutina, los llamó -nos llamó a todos perros, aunque el viernes matizó-, e hizo una analogía que sugería que los medios fueron quienes encabezaron el golpe de estado contra Francisco I. Madero. La comparación es falsa y tramposa. El golpe de estado contra Madero se fraguó y financió en las oficinas de Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México.

El viernes volvió al ataque, y reaccionó con descalificaciones de un sector del Ejército representado por el ex subsecretario de la Defensa, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien en un discurso frente a la cúpula militar afirmó: "La sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda". Las palabras de López Obrador hieren al Ejército en una semana donde los llevó al patíbulo, al llevarlos a asumir la responsabilidad única del culiacanazo, quitando presión pública al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Según el presidente, las palabras del general sobre la inconformidad del Ejército obedecieron a su rechazo a su estrategia de seguridad porque como subsecretario en el gobierno de Felipe Calderón "se aplicó una política de represión y exterminio" que él no va a llevar a cabo. El combate a criminales no es represión, sino aplicación de la ley; el exterminio es un delito de lesa humanidad (si tiene pruebas, debe proceder penalmente contra quienes lo realizaron). El presidente no sólo confunde conceptos -y esconde su laxitud en el combate a delincuentes-, sino que la falta de filtros en su discurso lastima a las fuerzas armadas. Quienes hoy lo rodean en el Ejército y la Marina, también participaron en aquella estrategia. Se puede criticar a Calderón por la forma como lo hizo, pero las fuerzas armadas, entonces como hoy, fueron institucionales. Los medios, a quienes acusa de silencio cómplice, denunciaron también los excesos de aquella política y documentaron ejecuciones extrajudiciales. El presidente miente cuando niega esa realidad, y los archivos están para desmentir sus dichos.

La escalada no cesó. En la suma de esos 2 días, al 3o., en su cuenta de Twitter, López Obrador escribió 2 mensajes inquietantes. Uno decía que "los conservadores pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero" porque no tuvo o las condiciones le impidieron tener una base social. Pero "ahora es distinto... la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no permitiría otro golpe de estado en nuestro país". En el otro, precisó: "Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren".

El presidente se quiere victimizar y a partir de esa postura identificar al enemigo interno -sus críticos-, recuperar el consenso para gobernar -incluido el apoyo a no combatir a los cárteles de la droga y avalar las violaciones a la ley que de ahí emanan-, debilitado por el culiacanazo, y justificar actos de represión. Pero no hay condiciones objetivas mínimas -ni las habrá- para un golpe de estado. El país no está quebrado, el Ejército no está dividido, el sector empresarial no está financiando a militares para que lo derroquen, ni hay insurrectos en el país. Tampoco hay una conspiración avalada por el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí hay, es un esbozo de lo que quisiera hacer. Al recomendar la fábula de las ranas de Esopo, que le piden a Zeus un rey por tanta anarquía y desorden, pero como no les gustó, le pidieron otro. Al que les mandó fue "una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó y devoró a todas sin compasión".

La vergüenza de aparecer una y otra vez para narrar ante uno y otro auditorio, con diferentes audiencias que alcanzan los millones de personas para explicar lo que implicó el llamado "caso Ovidio" en Culiacán, Sinaloa, ha dado pie a que tanto los soldados de tropa, como sus mandos y las propias familias que se sientan hoy en día señalados, amenazados y desdeñados por propios y extraños, aunque en lo personal, considero que continúan y continuarán mereciendo mi respeto, pues las tareas a las que están abocados pueden ser calificadas como de alta humanidad, lo cual hacen aún a costa de lo más preciado que tiene un ser humano: sus vidas.

El general Luis Cresencio Sandoval González, ha tenido que tomar fuerzas de lo más recóndito de su espíritu militar para enfrentar con toda entereza el show mediático a que ha sido convocado una y otra vez, y revelar información que sólo debiera de ser conocida y analizada por las áreas de inteligencia militar, con el ánimo de realizar las correcciones que fueran necesarias, pero en más de una ocasión he visto como ha tenido que apretar las mandíbulas y en otras pasar saliva, antes de hacer uso de la palabra.

Nunca, en por lo menos las 5 décadas en las que puedo decir que tengo uso de la razón, había sabido de un predicamento mediático tan difícil como el que están pasando en la actualidad las fuerzas armadas de nuestro país.

Todos los gobiernos cometen errores y tienen algún fracaso que les produce una crisis. Es inevitable. La manera como enfrentan esto, es lo que termina por definirlos.

El presidente López Obrador actúa ante cada tropiezo como si reconocerlo significara aceptar la derrota en una situación de vida o muerte.

En vez de acotar el problema a su dimensión real y buscar soluciones, se acorrala a sí mismo al atrincherarse contra cualquier cuestionamiento o crítica, porque los considera "ataques".

Por eso arremete contra los periodistas.

Prefiere mostrarse intolerante frente al trabajo natural de la prensa en una democracia -y atentar contra la libre expresión- que admitir que su gobierno enfrenta un problema. Y mucho menos que éste fue autogenerado.

Así que se fabrica enemigos: la prensa y muchos otros.

Si su gobierno provoca desabasto de medicinas, lo niega y denuncia una conspiración de farmacéuticas... aliadas con la prensa.

Si a sus correligionarios que gobiernan Veracruz y la Ciudad de México se les descompone la seguridad, hay unos "grandulones"... coludidos con la prensa.

Si la economía se estanca por las decisiones de su administración, dice que va muy bien y señala una campaña de conservadores neoliberales... aliados con la prensa.

Si su gobierno hace un operativo fallido en Culiacán, libera voluntariamente a un hijo de El Chapo y los reporteros le exigen explicaciones... hay una prensa porfirista como la que fustigaba a Madero.

Si en el Ejército se filtran señales de descontento por la confusa estrategia de seguridad que los expone a vejaciones de criminales y por el mal manejo de la crisis de Culiacán, el presidente de plano ya ve huertistas y pinochetistas acechándolo... junto con la prensa.

En lugar de admitir que su estrategia requiere una revisión profunda, el comandante supremo de las fuerzas armadas escribe en Twitter sobre conservadores que traman nada menos que un golpe de estado. Con algo así no se juega: o presenta pruebas contundentes y desarticula el supuesto golpe, o habrá que exigirle que deje de hacer politiquerías con supuestas amenazas golpistas, como lo han hecho en el mundo muchos izquierdistas radicales cuando las cosas les salen mal.

Es tiempo de que el presidente, como recomienda a sus "adversarios" con frecuencia, se serene y deje a un lado la retórica tremendista y las posiciones irreductibles.

Es muy delicado que invoque esos fantasmas. Y es extremadamente grave que equipare la crítica y la exigencia de información con el criminal golpismo.

El mal manejo que ha hecho su gobierno de la crisis de Culiacán lo está llevando a una preocupante contradicción: colocar a la primera de las libertades democráticas, la libertad de expresión, como una amenaza a la democracia. Y al cártel de Sinaloa, ni un reproche. La brújula moral le está fallando.

No es la 1a. vez que un gobernante utiliza primero a los medios para llegar al poder y después se incomoda ante su trabajo. En ningún caso, sin embargo, el cambio ha sido tan dramático.

Andrés Manuel López Obrador siempre se quejó de los medios, pero en realidad estos le dieron una plataforma envidiable para construir su movimiento. Si bien afirmaba que había un cerco informativo en su contra, la verdad es que, con excepción de unos cuantos medios y periodistas abiertamente opuestos a él, tuvo durante años más puertas abiertas que cualquier aspirante a la Presidencia. Sus presentaciones públicas eran más difundidas, mientras que los conductores pedíamos constantemente entrevistas que él solo aceptaba a cuentagotas.

López Obrador supo durante años administrar muy bien su presencia en medios. El que no prodigara sus entrevistas, por ejemplo, era frustrante para los periodistas, pero generó un enorme apetito por ellas. Las entrevistas que sí daba, en consecuencia, obtenían altos ratings y marcaban agenda porque eran citadas sistemáticamente por otros medios.

Desde la Presidencia, en cambio, Andrés Manuel ha ofrecido prolongadísimas conferencias de prensa y ha mantenido una actitud de rechazo a muchos medios, incluso a aquellos que abiertamente apoyaron su candidatura. El Reforma, al que ha calificado de fifí, conservador y neoliberal, así como de tener oficinas de palacio de mal gusto, ha sido el más atacado. Pero de Proceso, un semanario de izquierda, ha dicho que "No se portó bien con nosotros". Este pasado 31 de octubre el presidente cuestionó también a La Jornada y a TV Azteca y tuvo un momento de confrontación con algunos de los reporteros en su mañanera.

Un molesto presidente les recordó a los periodistas la frase de Gustavo A. Madero: "Le muerden la mano a quien les quitó el bozal", pero no es cierto que López Obrador haya eliminado una censura que se sufría con anterioridad. El proceso para construir la libertad de prensa ha sido lento y doloroso, pero hace ya años que el país la goza de manera amplia. El problema es que el presidente tiene una visión de la historia falsa y llena de lugares comunes. El mismo 31 de octubre dijo que Francisco Zarco es autor "del mejor artículo que se escribió al día siguiente de la muerte de Juárez", pese a que Zarco murió en 1869 y Juárez en 1872.

Hay que reconocerle al presidente que no ha ejercido actos de censura. Sus cuestionamientos a los medios los hace abierta y personalmente. Su coordinador de Comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, no llama a las redacciones para dictar línea o quejarse de reporteros o columnistas. La publicidad gubernamental, por otra parte, parece estarse colocando de manera más justa que nunca. Incluso los medios críticos de los que se queja el mandatario llevan publicidad gubernamental que antes se les negaba.

Las quejas constantes del presidente hacia ciertos medios y periodistas, sin embargo, generan preocupación. Los periodistas mexicanos han sufrido siempre agresiones, y no necesariamente de funcionarios sino de quienes quieren quedar bien con estos. Un mandatario que cuestiona constantemente a los medios y periodistas incómodos puede estar preparando el terreno para agresiones. Hay ciertamente una turba con ánimo de linchamiento que se manifiesta en redes sociales.

Las palabras pueden ser armas peligrosas. López Obrador no las está esgrimiendo con el cuidado que debería tener un primer mandatario.

La señora secretaria [de Gobernación], que aportó al régimen su prestigio y su respetabilidad, ha entrado en un tobogán de claudicaciones del cual no puede ya salir. Lo peor es que el tiempo de renunciar ya se le pasó. Y no es únicamente ella la que se encuentra en ese caso.

De acuerdo con el Banco Mundial, la contaminación del aire mata a 20,000 mexicanos cada año. Sin embargo, Pemex, al mando del inge agrónomo, Octavio Romero, vende diésel que contiene tanto azufre que alcanza casi 9 veces el límite máximo permitido.

La NOM-016-CRE-2016 establece desde octubre de 2016 que el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz es de 15 miligramos por kilogramo, que también se puede expresar como 15 partes por millón (ppm). Esto aplicó inicialmente en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y la Zona Fronteriza Norte. Sin embargo, a partir de 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo permitido de 15 ppm se homologó en todo el país.

Pemex está vendiendo un diésel con 131 ppm de azufre. ¿Cómo es posible? Pues ya les había dicho que el 'pero' es que del total de los 142 laboratorios acreditados y aprobados por la CRE, el 73% es de Pemex; por lo que el conflicto de interés es tan claro como el humo que respiramos. Leyendo lo anterior y más allá de lo que he escrito, todo documentado, vs. Dos Bocas... súmele que, para bajarle el costo, recortaron la HD (hidrodesulfuradora) y el cracker, necesarios para tener combustibles bajos en azufre. ¡Unos genios, diría Meade! Sí, la secretaria Nahle prefiere contaminar que desistir de su capricho. Se venden 268,000 barriles diarios de diésel y ni las refinerías de Salamanca o Salina Cruz cuentan con la tecnología necesaria para cumplir la norma. Ojo, Pemex no se ha ido por la libre, ha contado con el beneplácito del gobierno federal, si no me cree pregúntense, ¿dónde está la Semarnat, apá? ¡Sabe!

Cuando se ve el panorama económico... vaya que resulta difícil a veces no ser pesimista.

Durante los primeros 9 meses de 2019 la inversión pública cayó 14.4% en términos reales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

En el caso de la inversión privada, de acuerdo con el Inegi, hasta el 1er. semestre de este año (último dato disponible) retrocedió 4%.

¿Cuáles son los factores que han motivado esta caída en la inversión?

En el caso de la inversión pública, el tema central es el retraso en el ejercicio del presupuesto.

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Hacienda la semana pasada, hasta el mes de septiembre se había ejercido solo 63% de la inversión presupuestada para este 2019. Si se quisiera terminar el año sin subejercicio en este renglón se tendría que aplicar el 37% restante en un solo trimestre, lo que no se ve viable.

En el caso de la inversión privada, su caída se explica porque se ha presentado todo un conjunto de factores que la inhiben.

Estos comenzaron desde octubre del año pasado, cuando se anunció la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco.

A partir de ese momento empezaron a aparecer elementos que fueron estorbando a la inversión. Por ejemplo, la suspensión de las rondas petroleras; la cancelación de las alianzas estratégicas (farmouts) de Pemex con empresas del sector privado; la cancelación de la subasta eléctrica, por citar solamente algunos.

En el curso del año fueron surgiendo nuevos ingredientes, como el conflicto que la CFE entabló con las empresas constructoras y operadoras de ductos. Aunque al final haya llegado a un arreglo, el episodio también dañó la confianza.

A eso agregue usted el tema de la reforma para equiparar la defraudación fiscal a deliencuencia organizada, que muchas empresas vieron como terrorismo fiscal.

El tema de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio también apareció en el escenario generando el temor de que el gobierno tenga un instrumento jurídico que pueda ser usado discrecionalmente contra el sector privado.

Más recientemente está el asunto de la legalización de los autos 'chocolate', que volvieron a poner los diputados en la Ley de Ingresos.

Sume a ello el cambio de reglas en los Certificados de Energía Limpia (CEL), que afectaron a empresas que habían estado invirtiendo en la generación eléctrica a través de fuentes renovables.

Hay muchos más detalles. Los anteriores son solo ejemplos muy visibles.

Cuando se observa este panorama, no resulta sorprendente que la inversión privada haya caído, sino que no lo haya hecho más.

No se ve sencillo que se pueda dar la vuelta a esta tendencia negativa.

En el Presupuesto de 2020 ya observamos que hay la previsión de una caída adicional en la inversión pública en 5.4%. En el caso de la inversión privada, no se percibe la voluntad del gobierno federal para cambiar los inhibidores por incentivos.

El gobierno apuesta a la ratificación del T-MEC para que sea el gran catalizador de nuevas inversiones. Ojalá se apruebe.

Pero, con todo y el tratado, el país va a crecer muy poco si el gobierno no adopta otra visión.

La ruta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su 3er. intento por lograr la Presidencia de la República innovó a la hora de sumar aliados de toda clase. Aunque en algunos casos suscitó polémicas, esa apertura a integrar perfiles plurales consolidó las posibilidades del triunfo del tabasqueño. Los que llegaban ayudaron a forjar la idea de que el radicalismo del "Peje" había amainado; y que si AMLO por fin capturaba el poder, esos mismos personajes serían garantes de que no se cometerían locuras.

Por eso López Obrador hizo anuncios con respecto a quiénes integrarían su gabinete, mucho antes de siquiera ganar las elecciones. Él necesitaba ese arropamiento y lo obtuvo de gente como el ex panista Germán Martínez, el académico Carlos Urzúa, el empresario Alfonso Romo y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, entre muchos otros.

A casi un año de haber asumido el poder en toda forma, López Obrador ha demostrado que -como dicen que él dice- al presidente "nadie lo tripula". Es decir, que el mandatario se afana particularmente en que nadie le imponga agendas o límites.

En ese escenario, el estilo presidencial de López Obrador ya ha provocado algunas rupturas en el equipo original. Urzúa y Martínez salieron de Hacienda y del Seguro Social, respectivamente, porque básicamente chocaron con disposiciones que impuso o alentó AMLO en algunos incondicionales.

Martínez y Urzúa, pues, creyeron que el mejor servicio que podían hacer a la nueva administración era reinterpretar los objetivos planteados por el presidente, a partir de la realidad de los recursos institucionales a su alcance, utilizados con una mínima responsabilidad. Y que si no había más, no se podía más. Punto. Los "halcones" del gabinete piensan (es un decir) distinto. El desenlace es, por todos, conocido.

En cambio, otros colaboradores del presidente tomaron un camino muy distinto al de los 2 casos citados. Como Olga Sánchez Cordero.

La señora secretaria (es un decir) de Gobernación llegó al cargo con un halo de respetabilidad. Salió de la Suprema Corte en una época en que esa instancia tuvo algunos fallos alineados con la ampliación de derechos, la corrección de excesos (caso Jacinta) y la apuesta por una defensa a ultranza del debido proceso (caso Florence Cassez).

Eso traía en el equipaje Sánchez Cordero cuando integrose al proyecto de López Obrador. Por si fuera poco, una vez ahí, se afanó en aclarar que a diferencia de su jefe político, ella era partidaria de lograr pronto y bien la no penalización de las mujeres que abortan. Empeñó su palabra ello, cosechando vítores ahí donde repetía esa promesa.

Pero ya en el Palacio de Bucareli, Sánchez Cordero ni ha avanzado en la agenda que propuso, ni ha brillado por hacerse ver como la voz de la ley de este gobierno.

Su paso por la administración está marcada por la disminución de responsabilidades (ya le quitaron, y ni chistó, Migración) y por un comportamiento que ella quiere achacar a la ingenuidad, pero quizá enmarque más adecuadamente en el cinismo.

Sánchez Cordero es la funcionaria cuyo entenado, Ricardo Peralta, lo mismo un día se reúne con grupos delincuenciales, que otro día cree que la mejor ocupación sea perseguir ciudadanos que se ganan la vida en el volante de un Uber para proteger a los caciques que controlan los taxis en los aeropuertos y otras terminales de transporte.

De ella se esperaba que teniendo AMLO la tradición (por llamarla de algún modo leve) de no respetar la ley, quién mejor que una ex ministra para garantizar que las ideas juaristas del presidente no fueran sólo un eslogan, sino una realidad en la práctica de la administración.

Pero llegó Baja California y todo lo desnudó. La ministra en retiro es una señora que le gusta chacotear al respecto de la intentona más grave de burlar la ley electoral en décadas.

En 11 meses cobrando como secretaria de Gobernación, no le ha caído el veinte de la importancia de que ella se constituyera en factor de gobernabilidad y fortalecimiento de nuestra democracia. Qué grande le quedaron los zapatos de Reyes Heroles.

El video en el que se le ve validando a Jaime Bonilla en sus chicanas, su atrevimiento a concederle a ese gobernador un fallo favorable en los tribunales, y su pueril justificación de que ella dijo eso porque no sabía que estaba siendo grabada, constituyen la declaración de una falta total de conciencia del papel que estaba llamada a cumplir en una administración tan endeble en respetabilidad jurídica.

Ni modo.

Y no, doña Olga, los ingenuos fueron otros, los ingenuos fueron aquellos que hayan llegado a creer que con usted en Bucareli el régimen tendría un dique cimentado en la cultura de la ley, no una mansa pieza del pragmatismo político más barato, como ahora ha quedado claro por el video bonillesco.

Paco Calderón
(3 de noviembre de 2019).

La coordinadora de los perredistas en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, opinó que la conducta y expresiones de López Obrador son preocupantes, porque solamente genera encono y división, expone la integridad de periodistas e integrantes de la fuerzas armadas y violenta la libertad de expresión.

"Su intolerancia a la crítica lo lleva a excesos verbales, como plantear un golpe de estado, que nadie busca ni desea".

La elección del gobernador de Baja California, convocada para cubrir un periodo de 2 años y que pretenden ampliarlo a 5 mediante artilugios que atentan contra los principios democráticos consagrados en la leyes, de las que ahora tenemos mucha más conciencia.

La actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso significa mucho más que resolver un caso más; será un símbolo que puede convertirse en una señal de debilidad ante las presiones políticas o una acción que afirme un cierto grado de autonomía.

El argumento que sostiene la ilegalidad de las maniobras del Congreso de Baja California para extender el mandato es intachable y desestimarlo sería no solamente una decisión cuestionable desde el punto de vista jurídico, sino una aberración política que abriría las puertas a mayores atropellos.

Esto resulta aún más delicado si se considera que nuestro máximo tribunal se encuentra ahora mismo sujeto a presiones que pueden socavar aún más su autonomía, tanto por factores políticos, como por las consecuencias de una purga interna que puede fortalecer o debilitar su posición frente a factores reales de poder.

En ese contexto habrá de resolverse el caso de la llamada "Ley Bonilla", que por el bien de nuestra democracia debe terminar por invalidar la pretensión de extender el mandato del gobernador electo y someter a las autoridades estatales al cumplimiento estricto de las normas constitucionales.

La diputada Tatiana Clouthier, de Morena, criticó el comentario de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el periodo de 5 años de gobernatura de Jaime Bonilla "es legal porque la norma está vigente".

Ello luego de que, en una reunión con Bonilla, la funcionaria federal sostuvo que "estamos en un esgrima jurídico", y estimó que "la norma va a pervivir", con relación a la controversia que ha ocasionado la decisión del Congreso de Baja California de aprobar la ampliación de mandato de 2 a 5 años.

Al respecto, la ministra en retiro dijo que es ingenua del tema de redes sociales y que no se dio cuenta que la estaban grabando en esta reunión privada con el ahora gobernador de Baja California.

Ante estas declaraciones, Clouthier opinó que "el problema no es la grabación, sino lo dicho. Lo otro termina siendo secundario. La ley y las posturas son con o sin grabadora".

Por su parte, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que, el hecho de que Jaime Bonilla Valdez haya rendido protesta por 5 años ante el congreso estatal, no le asegura que su periodo como gobernador de Baja California se pueda ampliar de 2 a 5 años.

Advirtió que el PRD mantiene su objetivo de evitar que Bonilla gobierne por más de 2 años y que la Suprema Corte ya dio entrada a la acción de inconstitucionalidad, por lo que será el máximo tribunal quien lo determine.

Llamó al gobernador bajacaliforniano a no "echar las campanas al vuelo" porque existen instancias que aún no han definido una sentencia o resolución sobre la ampliación del período de gobierno.

Juárez Piña recordó que una de las acciones de inconstitucional admitidas por la Suprema Corte fue presentada por la dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD, en la que se fundamenta un cúmulo de inconsistencias legales cometidas por parte del Congreso de Baja California y del ahora gobernador, con el apoyo de las autoridades locales y federales.

La legisladora precisó que, de acuerdo con la Corte, al admitir a trámite los recursos contra Bonilla, el hecho de que el gobernador entre en funciones al tomar protesta, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, en referencia a la Ley Bonilla.

Desde el día siguiente del fiasco de la detención de Ovidio Guzmán, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha querido vender como un éxito, como un acierto, un episodio que muestra mucho de las limitaciones del modo de gestión del presidente.

Hay una suma de prepotencia e ineptitud. No solo en este caso, pero Culiacán ha llegado a cristalizar algo que se percibe en distintos ámbitos de esta administración. No en todos, pero la excepción no salva la tendencia.

La rueda de prensa de ayer, que duró una hora, pues los primeros 90 minutos fueron para los payasos, mostró a un presidente resentido con la falta de acompañamiento acrítico de lo que él, y solo él y unos cuantos incondicionales, ven como una virtud: el manejo de la crisis tras la fallida detención del hijo de un narcotraficante.

El presidente López Obrador, que pudo haber tomado/respaldado la decisión correcta al no insistir en una operación con riesgo de baño de sangre, no tolera que 2 semanas después la prensa siga demandando información y, menos aún, que se abran espacios a quienes discrepan de la triunfalista versión oficial.

En la sesión mañanera de este jueves, no fue sino hasta que la colega de Proceso tomó la palabra que comenzaron las preguntas que interesan a la sociedad y no a la presidencia. El modelo de las comparecencias en Palacio Nacional mostró, como nunca, sus limitaciones de diseño: los patiños intentaron maniobras de distracción, pero la prensa profesional reclamó que el ejercicio fuera real, así que acabaron preguntando a gritos. Nada de qué espantarse, mejor eso que someterse. Siempre.

Pero el presidente no opina igual. Ante las preguntas tuvo el mal tino de comparar a los medios con la prensa porfiriana que no supo aquilatar la llegada de la democracia maderista. Y, como su pecho no es bodega (así dice él), nos advirtió que se atrevería a decirnos lo que piensa de los cuestionamientos: "muerden la mano que les quitó el bozal", dijo al citar a Gustavo Madero.

Para ese momento el presidente había perdido el control de su operación de propaganda. Quiso dominar en solitario a los reporteros recurriendo a sus letanías. Pero el truco se ha desgastado. Estamos frente a una crisis y la prensa verdadera estuvo a la altura de lo que se espera de ella: no se dejó enredar por los cuentos del pasado con los que todo-todo error actual se quiere justificar.

Porque el 17-O de Culiacán es un poliedro de aspectos a cual más grave uno que otro. El poderío armamentístico de los criminales, su capacidad de logística, la decisión del cártel de arriesgar a la población de donde son nativos y su ruidoso triunfo representan una afrenta a la nación. Literal. Y encima el riesgo de que no sea la única organización criminal que recurra a ese modus operandi.

El gobierno, por el contrario, ha querido mostrar a la candidez como una virtud. Si fueran una orden religiosa, se entendería tal decisión. Pero son los encargados de garantizar la seguridad de la ciudadanía, de imponer la ley, de monopolizar la fuerza. Eso es lo que se les reclama. Y eso es en lo que fallaron: no pudieron hacer un operativo sin cuidar a la sociedad, y la criminalidad mostró que puede mandar. Necesitamos la señal contraria.

Al cuestionar sobre cómo pudo pasar eso, y cómo sabemos que se trabaja para que no ocurra de nuevo, el gobierno contesta en los únicos términos que son constantes de la administración lopezobradorista: nada de humildad y reconocimiento del error, menos pedirle a la sociedad que confíe en que se corregirá lo equivocado. Al contrario: desde el (todavía) secretario Alfonso Durazo al presidente (quito de esa línea al general secretario Sandoval, más mesurado) las respuestas lindan en la altanería.

El comando del Ejército que otras veces ha sido exitoso pudo haber tenido un fallo grave en el terreno en Culiacán. Mala tarde. Pero el concierto de incapacidades mostrada en el gobierno central, y sobre todo su incapacidad para entender que en una crisis no pueden darse el lujo de perder el apoyo popular es una señal aún más delicada.

En esta 1a. crisis hay espacio para rectificar estilo de mando, mecánica de toma de decisiones, perfil de colaboradores, modelo de comunicación, relación con los medios y mensaje a la sociedad. Nada de eso parece interesar.

Todo el esfuerzo del presidente fue dispuesto, a partir de la ineptitud mostrada y desde la soberbia, en distraer de lo central y, como otras ocasiones, salir a buscar quién la pague (en este caso la prensa) y no quién la hizo: ellos mismos.

Lo peor es que, de persistir en esa actitud, la factura del colapso de este modo de gobernar que ayer se vislumbró la pagaremos todos.

Una de las grandes virtudes políticas de López Obrador es convertir sus errores en aciertos políticos, enfrentar los problemas contratacando. Lo hizo con la escasez de gasolina que convirtió en una cruzada nacional contra el huachicol, convenció a los mexicanos que ahí estaba la herida que desangraba a Pemex. Lo mismo sucedió con el tema del Culiacanazo: después de haber exhibido el cobre dando a conocer cómo fue la derrota que los llevó a tomar la decisión de liberar al Ovidio Guzmán, el presidente arremetió contra los medios diciendo que ellos habían enseñado el cobre y mordían la mano de quien les quitó el bozal.

Vamos por partes y repartamos el cobre que le toca a cada quién.

1o.: Quien mintió y lo hizo flagrantemente fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien aseguró que todo se había derivado de una acción fortuita. Esa mentira 1a. y básica es la que genera las contradicciones que vendrían después entre los miembros del gabinete y el propio presidente. Se agradece que se haya abierto la información como se hizo ayer, pero hacerlo no fue un acto de transparencia voluntaria sino una decisión tomada después de que los medios exhibieron las incongruencias, las 6 versiones distintas sobre un solo fracaso verdadero.

2o.: El uso de eufemismos como "tropezón táctico" no ayuda a aclarar las cosas, por el contrario, deja más dudas. Es totalmente cierto que no es la 1a. vez que se falla en el intento de detención de un capo, el más claro y sonado fue el 1 de mayo de 2015 cuando se intentó detener el "Mencho" en Jalisco, pero la novedad de este "tropezón", y fue lo que los medios exigieron que se aclarara, es que se tenía detenido al objetivo y por falta de una buena preparación y coordinación se puso en riesgo a la población civil. Son demasiados muertos y heridos para un "tropezón".

3o.: Cuando todos los medios, incluso los que el presidente creía cercanos, critican el operativo, y la lectura es "sacaron el cobre", no hay más que de 2 sopas: o hay una negación de la realidad, que no me parece que sea el caso, o el presidente está construyendo un enemigo político. Ayer, cuando ya no pudo contestar la andanada de preguntas de los reporteros, repitió la historia de Madero y la prensa fifí, que tiene mucho de cierto y un buen cacho de interpretación. Lo que los medios hicieron en este caso específico (que nada tiene que ver con la Decena Trágica) fue obligar al presidente y a su equipo a dar información que de otra forma no habrían dado. Lo que vimos en estos días fue el resultado de una prensa haciendo su trabajo, una prensa que no "muerde la mano de quien le quitó el bozal" porque nadie, sino el esfuerzo y batalla de años de decenas de periodistas, otorgó esa libertad. Es al revés: si hoy López Obrador es presidente se debe en alguna medida al trabajo profesional de esos periodistas que hoy tanto le incomodan.

2 semanas después del jueves negro en Culiacán, Sinaloa, la sombra del caso Ovidio obnubiló como nunca al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Gabinete de Seguridad.

Se veía venir desde el trágico 17 de octubre pasado, van en escalada los ecos y los efectos del fallido operativo militar, que pusieron contra la pared al presidente Andrés Manuel López Obrador, al colocarlo al filo de la riesgosa disyuntiva de evitar un baño de sangre en Culiacán y doblarse ante el narco o cumplir la ley y su deber.

Esos ecos retumbaron ayer hasta el ofuscamiento, 1o. en la rueda de prensa mañanera que se prolongó por 2 horas y media, y se convirtió en la más larga de lo que lleva hasta hoy el gobierno de la autollamada 4a. transformación; luego se pasaron al pleno de la Cámara de Diputados durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; y rebotaron también en la Embajada de los Estados Unidos en México, donde por 1a. vez fijaron su postura sobre la detención momentánea y forzada liberación del hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la que aclararon que su país no participó en el fracasado plan y operativo en la capital sinaloense.

Si bien el miércoles quedaron muchas dudas sin despejar, más aún porque no se permitieron preguntas a los reporteros, de lo ocurrido hace 2 semanas en Culiacán cuando las milicias del cártel de Sinaloa superaron en velocidad, organización, estrategia, poder de fuego y número de elementos a las fuerzas armadas mexicanas hasta forzar la liberación de Ovidio Guzmán, muchos agradecimos el ejercicio inédito de rendición de cuentas y transparencia que se intentó al presentar una cronología minuto a minuto por parte de los mandos de las fuerzas armadas, en particular del titular de la Sedena, Cresencio Sandoval.

Sin embargo, ese avance se hizo añicos ayer cuando conforme a lo prometido, tocó el turno de las preguntas a propósito de lo expuesto el miércoles.

La presión de los cuestionamientos de los auténticos periodistas hizo que el presidente saliera de la estrategia evasiva que lo caracteriza, y obligara al secretario de la Defensa a revelar el nombre del responsable primero de la frustada operación castrense. El caso es que este militar, es el jefe del Grupo de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (GAIN), puesto que era tradición militar guardar en el más estricto sigilo y anonimato para cuidar su integridad física y la de su familia, y para mantener el bajo perfil indispensable para operar con eficacia esa función. Las "benditas" redes sociales se le volcaron en contra a AMLO, donde muchos consideraron una deslealtad a sus subordinados militares la revelación de ese mando.

Además, el tono de los reclamos a los medios por parte del presidente se elevaron como nunca, al grado de hacer un símil con la frase maderista de que las prensa estaba mordiendo la mano quien les quitó el bozal.

La sombra de Ovidio, como se temía, trae muy nublada y marcada para siempre a la 4T.

En tan sólo 24 horas, el Gobierno de México ha vulnerado su seguridad nacional por instrucciones de quien debe ser su mayor garante, el Presidente de la República. En 2 conferencias de prensa matutinas, el mandatario Andrés Manuel López Obrador arrojó a la tarima de la opinión pública al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para que en aras de la "transparencia" -como retóricamente se esconde la opacidad del gobierno- revelara información secreta que pone en riesgo la vida de militares y de sus familias, y mostró las capacidades tácticas y tecnológicas que, al poder ser vistas y analizadas por el crimen organizado, minan al Estado Mexicano. El presidente no es un traidor a la patria, no hay que equivocarse. Lo que se puede argumentar es que no termina de entender es que es jefe de estado, no un político en campaña permanente.

La nueva montaña rusa en donde se ha metido de manera voluntaria ha rebasado su capacidad cognitiva y de reacción, pero no su vocación indómita para hablar de todo sin detenerse un momento a reflexionar sobre el daño que pueda causar. En la conferencia del jueves sucedió algo muy grave. Nelly San Martín, de la revista Proceso, cuestionó que en la relatoría que hizo el general Sandoval el miércoles, no mencionara quién había ordenado el operativo, ni establecía la cadena de mando. Con una extraña demostración de sinapsis, el presidente, quien es el supremo comandante de las fuerzas armadas, interrumpió al general Sandoval cuando hablaba de un militar que por no aceptar un soborno del cártel de Sinaloa el 17 de octubre fue amenazado, al igual que su familia, le ordenó que, sin revelar el nombre de ese oficial, revelara el nombre del "operativo en lo nacional". Esa instrucción generó una lamentable confusión que atenta contra el Estado.

Operación nacional no es la operación en Culiacán per se. El general Sandoval no pidió explicación al presidente en la tarima de Palacio Nacional, en una conferencia transmitida en vivo, ni tampoco se negó a acatar la orden. Tampoco le pidió una aclaración a la instrucción antes de dar el nombre del jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GIAN), como el responsable, no de haber ordenado el operativo o como el mando más alto en el culiacanazo, sino como "el responsable de la generación de la obtención de información". No es lo mismo, pero el mensaje que salió de Palacio Nacional es que él fue el jefe de las acciones del 17.

En un día, se revelaron 2 secretos de estado. El miércoles, por instrucciones presidenciales, el general Sandoval dio a conocer la existencia del GIAN, un órgano secreto adscrito al desaparecido Estado Mayor Presidencial, que no podía encontrarse en ninguna parte de los organigramas del gobierno federal. El GIAN fue descrito miércoles y jueves como un grupo altamente capacitado que había participado en muchas acciones contra objetivos de alto impacto. En la exaltación del GIAN señalaron 2 de sus acciones, aunque uno de ellos, Santiago Mazari, el jefe de la banda criminal de Los Rojos, no fue capturado, sino se entregó este año. El otro secreto fue el nombre del jefe del GIAN, a quien, al haber exaltado como un grupo de élite altamente exitoso, se puso su vida en riesgo.

En ninguna parte del mundo se revelan los nombres de quienes encabezan las unidades especiales. Uno de los ejemplos más famosos de esta secrecía es el vestíbulo de la CIA en Langley, Virginia, donde en un muro de mármol blanco están estrellas, sin nombre, de sus agentes caídos en misiones. Cometer indiscreciones de esa naturaleza, por ignorancia o ingenuidad, tiene consecuencias. En México hubo un episodio lamentable de ruptura en la seguridad del Estado en diciembre de 2009, cuando después de que se hizo un homenaje público a un marino que participó en el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, como represalia sus hermanos subcontrataron a una célula de Los Zetas para que mataran a su madre y a sus 2 hermanos. El presidente López Obrador, quien forzó la revelación del norme del jefe del GIAN, había criticado, paradójicamente, aquella falla en la que incurrió el gobierno federal.

Todo ello, empero, no reveló quién diseñó y estuvo en lo alto de la cadena de mando operativa. El responsable de la operación fue el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ex jefe del GIAN, quien trabajó con el teniente coronel. Lo que sí quedó al descubierto con la relatoría de lo sucedido en Culiacán, fue la capacidad táctica y operativa del Ejército y los cuerpos especiales militares. Demostraron falta de organización, ausencia de estrategia, carencia de información de inteligencia y deficiencias notables en el mando. La estructura completa de lo que se considera la última trinchera de defensa de México, quedó exhibida como incompetente e incapaz.

Otro secreto de estado que se reveló fue que la Marina, que durante más de una década fue responsable del combate del cártel de Sinaloa, está desplazada. Sus comandos de élite, los más preparados de las fuerzas especiales mexicanas, están en sus bases. El resultado se vio hace dos semanas al intentar capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. De los operativos exitosos se pasó al fiasco. Y para ocultar la vergüenza de una derrota tan pública y contundente, la fuga fue hacia adelante, aumentando los yerros. Son estos muy graves, al haberse revelado secretos de estado, desnudando a la fuerzas armadas frente a las organizaciones criminales y regalándoles información para que puedan humillarlos cuando, con dinero y decisión, quieran hacerlo.

Los diputados federales criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por revelar nombres de funcionarios de seguridad y pidieron reservar las identidades de los mandos operativos encargados de combatir a los delincuentes.

El grupo parlamentario del PAN acusó a López Obrador de poner a las fuerzas amadas como "carne de cañón", por vulnerar las reglas básicas de la inteligencia al revelar datos que los pondrán en riesgo.

La legisladora panista, Adriana Dávila, advirtió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien compareció ante la Cámara de Diputados, que en los últimos 2 días "el Ejército fue sometido a una sobreexposición que pone en riesgo al país".

Dávila aseguró que al revelar el nombre del responsable del operativo del 17 de octubre en Culiacán "se quebrantó la regla básica de la inteligencia de cualquier país. Lo que vimos no fue un ejercicio responsable de rendición de cuentas y transparencia, sino de autorrevelación que aumentará los riesgos y las amenazas graves que enfrentamos".

Advirtió que el jefe de las fuerzas armadas, López Obrador, "renunció a su responsabilidad de proteger a su tropa y la está poniendo como carne de cañón no sólo ante la opinión pública, sino ante el crimen organizado" al que, dijo, "desde su campaña dio perdón anticipado".

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, pidió al gobierno federal no revelar nombres de los responsables de los operativos de combate al crimen, para evitar ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias.

Por instrucción de AMLO, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó el responsable del grupo de acción que realizó el operativo del 17 de octubre, en el que fue detenido y luego liberado Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una investigación por los ataques que recibió la prensa y los reporteros que cubren las conferencias mañaneras luego de sus cuestionamientos sobre el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, lo que derivó en la creación de los hashtags #PrensaSicaria y #PrensaProstituida.

El jueves, durante el 2o. informe que ofrecería el gabinete de seguridad a medios de comunicación por el "Culiacanazo", hubo un ríspido debate entre el presidente López Obrador y la prensa, lo que generó que usuarios de redes sociales criticaran, se burlaran y hasta amenazaran a los representantes de los medios de comunicación.

Este viernes, el titular del ejecutivo federal fue cuestionado sobre si se llevará a cabo una investigación por estos ataques, lo cual aceptó, a la par que aseguró que si se comprueba que algún funcionario público está detrás de las agresiones contra los periodistas, será separado de su cargo inmediatamente.

Aunque reprochó estas agresiones, el presidente consideró que no son artificiales y que es el mismo pueblo de México que se manifestó, porque cualquier asunto que no considera adecuado, lo expone.

"No fue artificial. Es que así está la situación, a veces no nos percatamos, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada... No creo que sean bots, a menos que sean de nuestros enemigos, o adversarios que, para exacerbar las diferencias con los medios, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, hayan desatado esa campaña, pero tampoco creo. Lo veo más espontáneo", afirmó.

López Obrador sostuvo que está mal que incluso esas agresiones hayan llegado a amenazas de muerte, pues lo que debe prevalecer es el respeto.

El presidente consideró que sería importante realizar una investigación contra estas agresiones, pero dijo, siempre y cuando no cueste.

El mandatario federal aprovechó para aclarar que la mención de la frase de Gustavo Madero "Le muerden la mano a quien les quitó el bozal", no fue para referirse a los periodistas.

"No era para igualar a los periodistas con ningún animal y además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, pero también no era esa la idea. Es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije", apuntó.

Integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) criticaron el "cinismo" de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que los 5 años en el gobierno de Baja California de Jaime Bonilla son legales y le exigieron una explicación.

En tanto, el PAN, el PRD y MC confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permita la ampliación de 2 a 5 años la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

El secretario general del PRD, Ángel Ávila criticó que Sánchez Cordero, en público, se manifieste contra la "Ley Bonilla" y en privado festeje que su administración sea de 5 años.

Además, el perredista confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura de la historia y no permita el rompimiento del pacto constitucional.

Además, Ángel Ávila dijo que como diría el presidente, Andrés Manuel López Obrador, "enseñaron el cobre" con la Ley Bonilla y acusó que el gobierno federal siempre estuvo de acuerdo con el "agandalle" de que Jaime Bonilla se quede 5 años en el gobierno bajacaliforniano y por eso nunca impugnaron esa reforma.

En tanto, la bancada del PAN en el Senado de la República exigió a la secretaria Sánchez Cordero que dé una explicación por sus palabras a favor del proyecto reeleccionista de Jaime Bonilla.

La mañana de este viernes, el líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que confía en la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus ministros, quienes pidió no someterse al interés del gobierno de Morena, ni del recién nombrado gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para ampliar de 2 a 5 años su mandato, y así evitar que éste se convierta en un laboratorio que se replique a nivel federal.

Por ello, el panista aseguró que confía en que la Suprema Corte hará valer el Estado de Derecho y resolverá a favor la Acción de Inconstitucionalidad, para que no se amplié el mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años.

Asimismo, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda también confió en la Corte para que esté del lado de la democracia y Bonilla deje su cargo el próximo 31 de octubre del 2021.

Puedo coincidir con el secretario Durazo cuando afirma que "un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad". El problema es que no puedo percibir cuál es la estrategia. ¿Qué significa ofrecer "abrazos y no balazos" al crimen organizado? ¿Ya no habrá esfuerzos por capturar capos aunque haya órdenes de extradición en su contra?

También estoy de acuerdo, como lo he estado desde que sonaron las primeras trompetas bélicas, con que no hay posibilidad de victoria. "A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas [...] en la guerra contra las drogas, los anteriores gobiernos no lograron resolver el problema", declaró Durazo. Las prohibiciones, es cierto, rara vez funcionan. Pero no hay ninguna indicación de que la estrategia haya cambiado. La guerra sigue vigente. Ni los programas de empleo para los ninis ni los subsidios para adultos mayores son una solución. Simplemente no hay relación entre crimen y pobreza.

Si la nueva estrategia es dar abrazos a los criminales, ¿para qué queremos una Guardia Nacional que, según Durazo, tendrá 92,000 elementos a fines de este 2019? Si ya no hay una guerra contra el narco, ¿por qué siguen estando prohibidos el comercio y la posesión de drogas en nuestro país? Si es una fantasía pensar que podemos ganar la guerra, ¿por qué no derogamos ya las leyes que nos obligan a pelearla?

Nos han dicho mil veces que este gobierno es diferente, pero las declaraciones siguen siendo las mismas de siempre. "Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano, en términos bélicos -dijo ayer Durazo-. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel, ni respeto a garantías individuales, al final de cuentas habríamos ganado".

Yo no sé si habríamos ganado: es muy fácil hacer declaraciones en modo condicional, como es fácil vanagloriarse de la fuerza de un Estado que va de fracaso en fracaso. Las palabras de Durazo, sin embargo, me recordaron las de Juan Camilo Mouriño del 4 de febrero de 2008: "En esta lucha no existe para nosotros la derrota. Ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado". El Cártel de Sinaloa tiene otros datos.

El presidente: una vez más responsabilizó a los medios de un fracaso de su gobierno. "Se nos lanzaron con todo", dijo. "Fueron capaces hasta de dar a conocer una fotografía falsa". Y supongo que sí, que la foto era falsa. Pero si el propio secretario de Seguridad no sabía lo que estaba ocurriendo el 17 de octubre, ¿por qué no podían los medios equivocarse también?

Impericia, torpeza, ineficiencia. Llámese como se prefiera... De todo eso fue una exhibición el fallido operativo del pasado día 17 para tratar de detener a Ovidio Guzmán López, hijo del celebérrimo "Chapo", en atención a una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, al efecto de procesarlo por narcotráfico y otros delitos.

Ni el relato pormenorizado de los secretarios de Seguridad Pública y la Defensa Nacional, ni la glosa posterior del presidente López Obrador, ayer, aportaron nuevos elementos de juicio. Más allá de algunas escenas de la captura de Guzmán y varios croquis relacionados con la reacción casi tumultuaria de cientos de sus cómplices, nada hubo, hasta donde pudo advertirse en las reacciones de la opinión pública, que modificara el consenso mayoritario al que se llegó desde el primer momento: que abortar el operativo, liberar al detenido y replegar a las fuerzas del orden fueron, en efecto, las decisiones más prudentes, a la vista de las inquietantes circunstancias; que haber intentado llevar el multicitado operativo hasta sus últimas consecuencias, habría redundado, casi seguramente, en el mejor de los casos, en una victoria pírrica, en la que probablemente hubieran sido mayores los estragos sociales e institucionales -un baño de sangre para los pobladores de Culiacán y los consiguientes señalamientos para las autoridades- que los beneficios. Lo cual justifica, en gran medida, la decisión tomada... pero no exime a quienes fueron incapaces de hacer su trabajo con la eficiencia y pulcritud deseables, de ser señalados, como se apuntó al principio, por su impericia, su ineptitud y su torpeza.

Los narcotraficantes -detrás de los cuales, como quedó de manifiesto en la relatoría que dio el show de la temporada en "la mañanera" de ayer, hay legiones- seguramente dieron acuse de recibo y tomaron debida nota del inequívoco mensaje implícito en el episodio del día 17 en las calles de Culiacán y en la glosa del mismo ayer en Palacio Nacional: "Sírvanse disculpar las molestias que ocasionalmente les causamos; trataremos de ser más cuidadosos en lo sucesivo...".

A través de uno de sus grupos políticos más poderosos, el partido Morena ha puesto en marcha una estrategia que le permitirá, en unos meses, controlar el Instituto Nacional Electoral (INE), el organizador de las elecciones en México. Algunos de sus alfiles han tomado por asalto posiciones claves en el INE, otros están bombardeando desde el Congreso y el jaque mate está por concretarse en marzo.

De lograrlo, Morena sería jugador y árbitro en las elecciones. Así, el presidente López Obrador estaría comportándose con menos decoro que cualquiera de los más recientes ex presidentes a los que tanto culpó de haberle hecho fraude electoral. Esta columna es una alerta a tiempo.

El cerebro de esta estrategia es el llamado Grupo Texcoco, dentro de Morena. Capitaneado por Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo y ex representante de López Obrador en el IFE-INE. Y por Higinio Martínez, figura prominente, 1o. del PRD, y ahora de Morena. La operación del asalto al INE tiene como ejecutor principal al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, suplente de Duarte, quien entró cuando éste tomó la subsecretaría.

1er. golpe: la cooptación.

Métase a las redes sociales de José Roberto Ruiz Saldaña. Rápido llegará a una conclusión: es de Morena. Las palabras de sus videos, lo alineado de su discurso con el del presidente López Obrador, las críticas brutales al INE (donde trabaja) con cualquier excusa y hasta la promoción de las opiniones de los propagandistas del régimen dejan pocas dudas. Encima, todo este contenido está potenciado por la poderosa red AMLOve.

El problema es que José Roberto Ruiz Saldaña no es jugador, es árbitro. Es árbitro de las elecciones. Es integrante del Consejo General del INE. Su comportamiento dista mucho de ser el de un árbitro imparcial.

Ruiz Saldaña tuvo en su historia política reciente una singular conversión: a él lo postuló el PAN para ser consejero del INE porque había trabajado para la administración del ex gobernador panista sonorense, Guillermo Padrés, quien fue encarcelado por escandalosos actos de corrupción. Cuando Padrés cayó en desgracia, el consejero Ruiz Saldaña se sacudió el filopanismo que lo encumbró como autoridad electoral y se alineó con Morena.

No fue el único que dio el mismo brinco. Sergio Gutiérrez Luna también saltó del desprestigiado panismo de Padrés a Morena, y ya es diputado federal. En Sonora, el diputado Gutiérrez Luna fue jefe del consejero Ruiz Saldaña, en la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El vínculo es estrechísimo.

2o, golpe: la conquista.

¿Qué tan grave es que esté cooptado un consejero, en un consejo de 11 integrantes? Así visto, no parecería haber problema. Salvo que desde el congreso, con la mayoría de Morena operada por el diputado Gutiérrez Luna, lo han vuelto quizá el consejero más poderoso.

Para muestra, lo que ocurrió en abril de 2019. Con el voto legislativo, puso a un alfil a cargo de uno de los órganos clave dentro del INE: la contraloría interna. Las auditorías, ni más ni menos. El alfil que encabeza el Órgano Interno de Control se llama Jesús George Zamora, ex asesor del morenista Horacio Duarte en la Cámara de Diputados, ex asesor del morenista Higinio Martínez en el Congreso del Estado de México y ex asesor del consejero Ruiz Saldaña en el INE.

Ya empoderado, el contralor George Zamora puso de subcontralor a Luis Oswaldo Peralta Rivera, ex abogado de Delfina Gómez (prominente figura del mismo Grupo Texcoco) y de Julio César Godoy, aquel diputado quien, vinculado con el narco, huyó de la cámara en la cajuela de un vehículo. Para amarrar, el nuevo contralor del INE también contrató en su equipo a Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del diputado Gutiérrez Luna. También sumó a Claudia Herrera Beltrán, Gabriel Martínez Mar y Fernando Vargas Manríquez, quienes se desempeñaban como asesores del consejero Ruiz Saldaña. Quedó tomado el Órgano Interno de Control, pues.

La pinza la cerró, ¿quién más iba a ser? Irma Eréndira Sandoval. El contralor George Zamora y la secretaria de la Función Pública hicieron un acto público juntos: firmaron un convenio de colaboración el 29 de agosto. No se pierda el boletín oficial que dio cuenta de la firma SFP-INE. Retomo algunas frases: "Nuestro país requiere un organismo electoral confiable, eficiente, austero y con autoridades honestas", "tras destacar el oneroso costo de las elecciones en México y la resistencia de algunas autoridades electorales a abandonar privilegios", "las fallas en el funcionamiento del sistema electoral mexicano es una de las denuncias más antiguas de la sociedad mexicana", "las elecciones en México son muy caras y el combate a las prácticas ilegales en torno a las mismas es una tarea pendiente" (¿pensará que hicieron fraude para ganar en 2018?). Parece que lo escribió algún propagandista de Morena, más que ser una comunicación oficial de 2 instituciones.

3er. golpe: la amenaza de reforma.

Con las piezas alineadas, el diputado Gutiérrez Luna es impulsor principal de una reforma política que se está cocinando y tiene como eje central desmantelar el INE como lo conocemos. Con el atendible argumento de la austeridad, Morena ha jugueteado con quitarle presupuesto para organizar las elecciones (que, de hacerse sin consenso, las volvería más vulnerables para el fraude), reducir el número de consejeros, desaparecer los INEs estatales que organizan elecciones locales y una larga lista de preocupantes ocurrencias. El presidente López Obrador ha dicho que no está en su agenda legislativa esta reforma política... en los primeros 3 años de su mandato.

4o. golpe: el jaque mate que viene.

En marzo del próximo año se van 4 de los 11 consejeros del INE. El proceso de renovación se inicia en enero. Con su aplastante fuerza legislativa, Morena puede ocupar esas posiciones con personajes leales, y entonces, ya con 5 consejeros, secuestrar al INE también desde adentro, bloquearlo, pues, para muchas de las decisiones hace falta tener 8 de los 11 votos.

He sido crítico de muchas decisiones del INE. De no pocas de sus políticas e incapacidades. Y del actuar de varios de sus consejeros a lo largo de su corta historia. Para alguien que valora la democracia, exigir su perfeccionamiento es una obligación. Pero también hay que aquilatar que el INE es ejemplo mundial en organización de elecciones. Cuando países batallan con atroces fraudes y buscan reformarse, funcionarios del INE viajan a mostrarles el camino. No por nada gracias a la certidumbre que brinda el INE hemos tenido presidentes emanados de todas las corrientes políticas. El 1o. en valorarlo debería ser quien actualmente es el más visible beneficiario de la naciente democracia mexicana.

Estimada 4T: No hay duda de que conforme pasan los días, ustedes se están volviendo más locos. Simplemente no puedo creer lo que están diciendo y lo que estamos viviendo. No puedo creer que estén muy orgullosos de lo que están haciendo. Sus contradicciones van en aumento hora por hora y sus mentiras superan una realidad aumentada. Y todo comenzó con lo que pasó este fin de semana.

Así es, en la Fórmula 1. Desde la cancelación del evento hace 9 meses para los próximos 3 años hasta la realización del evento los próximos 3 años. No se me olvida la cara dura e inexpresiva de nuestra jefa de Gobierno cuando hace 10 meses anunció que el Gobierno de la Ciudad no apoyaría este evento. Que la Fórmula 1 era un evento para un núcleo privilegiado y que el Gobierno de la Ciudad no tenía por qué apoyar esta espectacular carrera diseñada para el segmento fifí de nuestro país.

De repente, ¿cuál fue mi sorpresa? La jefa de Gobierno, feliz de la vida, tomándose selfies con el Checo Pérez ¡¡¡en el mismo autódromo!!! Y dentro de los 350,000 espectadores que asistieron a la Magdalena Mixiuhca este pasado fin de semana, casi todo el gabinete actual se hizo presente con sus hijos. ¿Lo puedes entender?

Otra: Lo de Culiacán. Ayer Alfonso Durazo se echó una explicación de lo sucedido con el Chapito que ¡¡nadie entendió!! En lugar de aceptar su ineptitud, Poncho se dedicó a echarle la culpa a los gobiernos del pasado. Igual que su jefe Andrés Manuel. Total, la conferencia de ayer sirvió para justificar su ineptitud en lugar de aceptarla.

Otra: La Secretaría de Energía dijo que donde se estaba construyendo la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, era el lugar idóneo desde el punto de vista del subsuelo. Que Dos Bocas tenía un subsuelo muy estable y que no había inundaciones ni nada por el estilo. ¿Y qué creen que pasó hace 5 días? ¡¡Dos Bocas se acaba de inundar!! Y nuestras autoridades... muy bien, gracias... ¡¡Se quedaron calladas!!

Veamos Santa Lucía: Nuestro presidente nos enseñó muy orgulloso la construcción de la primera pista en Santa Lucía. ¿Y ahora, qué creen que pasó? Aeroméxico, Delta y Latam ya dijeron que NO van a usar ese aeropuerto. Y la IATA -Asociación Internacional de Transporte Aéreo- declaró que el gobierno federal no ha consultado con las autoridades mundiales la viabilidad del proyecto.

Otra: Hace 10 meses nuestro presidente afirmó que este año, íbamos a crecer 4%. Luego que el 2. Luego que el 1. Y ahora, CERO CRECIMIENTO. Pero que eso no importa. Que lo único que importa, es que la gente esté feliz. Y aquí en México, la gente sí está viviendo ¡¡¡muy feliz!!!

Una más: Hace 2 meses, dizque Pemex iba de pelos. De hecho, ¡mejor que nunca! Sin embargo, hoy resulta que... en 9 meses, ¡¡¡Pemex ha perdido 176,000 millones de PESOS!!! Y que su director admitió que no conoce mucho de finanzas, pero que no hay bronca.

Y la última: Se han DUPLICADO los asesinatos en este año comparado con el gobierno de Peña Nieto. Pero que tampoco hay bronca. Que la culpa la tienen los ex presidentes.

Y hablando de asesinatos, Sra. Sheinbaum: 25 semanas del asesinato a mi colaboradora Ely Gutiérrez. Y 25 semanas aún sin resolverse. ¡Qué vergüenza!

En la encuesta levantada en septiembre por el Banco de México entre analistas especializados, aparece la radiografía: sólo 3 de cada 100 analistas piensan que este es un buen momento para invertir en México.

¿Por qué no quieren invertir? El principal escollo, de lejos, es la calidad del gobierno ('gobernanza').

Este año no hay inversión pública ni privada y la economía morderá el 0%.

México será este año más pobre que el año pasado.

Tampoco vamos a mejorar en 2020 porque no se pueden obtener resultados diferentes si se hace lo mismo. Es decir, si AMLO no corrige sus errores.

Así, muy pocos van a invertir y casi nadie va a gastar. La economía no crecerá 2%.

Insisten en gastar dinero en una refinería que se construye en un pantano. No pudieron poner la 1a. piedra porque el lodo se la llevó. Y antier el terreno se inundó hasta las tapias por un aguacero.

¿Quién va a confiar sus inversiones con un gobierno así de irracional?

La confianza se pierde una sola vez. Eso fue lo que ocurrió en el actual gobierno con el mensaje de que se concluiría el aeropuerto de Texcoco y a la hora de la verdad una consulta ilegal y amañada lo echó abajo.

Puro capricho del presidente. Lo mismo que congelar la reforma energética y despreciar el Estado de Derecho.

Los resultados ya los podemos evaluar ahora que estamos en el último trimestre del año.

Datos oficiales dados a conocer la semana anterior indican que el sector terciario (servicios, comercio), que aporta el 64% del PIB y ha impedido que la economía caiga bajo cero, por 1a. vez desde que hay estadísticas en el ramo registró una baja.

La gente no gasta por desconfianza en AMLO y su partido.

Morena, en el congreso, manda iniciativas de ley que ponen a temblar a cualquier inversionista y persona con sentido común.

El gobierno mandó una clarísima señal de que quiere cambiar la Constitución para prolongar el mandato de AMLO, con el experimento de la ley Bonilla. ¿Lo volverán a intentar, como Evo Morales? No lo sabemos, pero la duda queda. Y la duda genera desconfianza.

Con esas interrogantes y el Estado de Derecho en crisis, vamos a otro año de nulo crecimiento, más pobreza para el país y menos seguridad y democracia para los ciudadanos.

Cintya Ramos por fin está a punto de terminar el bachillerato, que abandonó en la adolescencia, gracias al programa de Prepa en Línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, 140,000 alumnos como ella acaban de recibir un correo oficial informándoles que el programa no tiene dinero para operar el siguiente año, por lo que no sabe qué pasará con sus estudios.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 le recorta a Prepa en Línea el 97.6% de recursos. Solo considera 6'673,015 pesos para 'Expansión de la Educación Media Superior y Superior', partida de donde sale el dinero para el programa, cuando en 2019 se le habían asignado 274'400,000 pesos.

La 1a. mala señal para los estudiantes de este programa llegó con el cambio de gobierno. Antes se podían solicitar becas: Cintya obtuvo 2 veces un apoyo trimestral de 1,200 pesos. Sin embargo, este año ya no hubo convocatorias.

Después, a medio semestre, se enteraron de que tutores y facilitadores no estaban recibiendo sus pagos desde enero. Poco después les avisaron que el retraso era por cambios de la nueva administración, ya que ya no se permitía contratar personal eventual, y aunque finalmente recibieron sus quincenas, ellos seguirían por outsourcing pero sin prestaciones ni contrato.

Y es que en realidad, desde este año el programa ya sufrió un drástico recorte de presupuesto. Los reportes trimestrales presentados por la Secretaría de Hacienda dan cuenta de que de los 274.4 millones asignados originalmente, el 1er. trimestre hubo un subejercicio de 76%, y a medio año de plano se recortó el presupuesto en 83%, a solo 46'400,000 pesos.

Hace unas semanas, después de que se presentó el proyecto de PEF 2020 en la Cámara de Diputados, se empezaron a enterar de que a Prepa en Línea lo habían dejado sin casi nada.

El pasado fin de semana toda la comunidad, incluyendo a quienes empezaban clases el lunes, recibió un correo que ante la ola de preguntas sobre la continuidad de Prepa en Línea, confirmó que está en el aire.

"Tiene preasignado 6.7 millones de pesos para el año 2020, lo que resulta insuficiente para la operación del programa", señaló.

"Actualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se está discutiendo en la Cámara de Diputados, por lo que es posible que este monto preasignado cambie. La Subsecretaría de Educación Media Superior está realizando lo necesario para que se asignen los recursos suficientes a Prepa en Línea-SEP y, en su caso, pueda seguir operando durante el próximo año".

El correo además reconoció que no hay recursos asignados para cubrir los gastos de operación de noviembre y diciembre, pero aseguró que seguirán ofreciendo los servicios educativos y dando el apoyo de facilitadores, tutores, supervisores y equipo administrativo.

Una semana después de la claudicación del gobierno federal ante el Cártel de Sinaloa, el saldo que dejó fueron 5 crisis al presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que no parece poder salir. Tiene maneras de lograr superarlas, pero requiere de un método, técnica, humildad y, sobre todo, la decisión política de hacerlo de manera racional, no intuitiva. De otra manera, el pantano en el que se encuentra será cada vez más pesado y difícil de vencer. Su retórica no basta. Convence a los incondicionales, se aleja de moderados y críticos.

Las crisis que dejó el culiacanazo son:

1.- La del proceso de toma de decisiones. Después de varios días de contradicciones, el no saber con claridad quién tomó la decisión de liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, empieza a oler a encubrimiento. El presidente ha estado en un péndulo, desde avalar la decisión, hasta decir que no estaba enterado. El mismo día de la liberación, 2 altos funcionarios del gobierno tenían informaciones encontradas sobre lo sucedido. Los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo, y de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dieron versiones antagónicas. NO se sabe si son mentirosos o quieren cubrir las violaciones a la ley que se cometieron y no encuentran la forma de hacerlo.

2.- La de la fractura en el gabinete de seguridad. El mal proceso de toma de decisión llevó a esta crisis en el gabinete. Durazo dijo que la acción del gobierno en Sinaloa se ejecutó en seguimiento a una estrategia acordada en el gabinete de seguridad, pero 12 horas después Sandoval afirmó que no había consenso en esa estrategia. Durante toda la semana pasada, los choques intramuros fueron muy fuertes: el secretario de Seguridad, contra el ex militar a cargo de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, de quien dijeron responde Sandoval; las fuerzas armadas contra Durazo; y el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, ex militar también, contra Durazo. Dentro de Palacio Nacional, la molestia se concentró en el secretario de Seguridad.

3.- La de comunicación política. El equipo cercano al presidente ha demostrado ser incompetente en momentos de crisis. El director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, responsable del mensaje del presidente, ha sido incapaz de unificar la narrativa de lo que sucedió -motivo directo de las contradicciones-, y de ordenar el discurso del presidente, que prácticamente todos los días se corrige a sí mismo. Es difícil disciplinar a López Obrador, cierto, pero Ramírez Cuevas lejos de intentarlo, calienta su temperatura. En Palacio Nacional se quejan que suele arrojar más gasolina al fuego cuando el presidente se incendia y pelea con quien se le ponga enfrente. La peor crisis de todas es esta, porque si existiera un buen manejo de la crisis, podría administrar las otras 4 y minimizar los daños.

4.- La de credibilidad. El presidente mantiene sus niveles de aprobación, pero las encuestas telefónicas para medir si había un acuerdo sobre su decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, resultó negativa. Los eventos de Culiacán, de acuerdo con las encuestas, fueron conocidas por más del 90% de los mexicanos, pero la sociedad se partió en apoyos, aunque quienes reprobaron su decisión estuvieron entre el 50 y el 60% de los encuestados, mientras que quienes lo apoyaron no superaron el 35% promedio. Los niveles de aprobación del presidente se mantuvieron prácticamente sin alterarse, aunque de acuerdo con los expertos, en las mediciones nacionales cara a cara, podría notarse una reducción en el apoyo. Internacionalmente, es un desastre. La percepción de derrota, debilidad, de ausencia de leyes, ha circulado por todo el mundo, con registros de prensa en ese sentido hasta en naciones muy poco interesadas en los temas mexicanos, como las africanas. El desprestigio de los mexicanos sólo es superado por la percepción negativa que, vista en primeras planas en el mundo, tiene López Obrador.

5.- La confrontación con Estados Unidos. La decisión del presidente de liberar a Guzmán López, sin una decisión inmediata de reordenar su captura, dejó al presidente en una ruta de confrontación con Washington. Las primeras señales se vieron la semana pasada en el Capitolio. La estrategia de no combatir a los cárteles, es relativa. En secreto México colabora con Estados Unidos, pero el problema, se quejan los estadounidenses, es que ese apoyo es parcial y marginal. Esa indecisión lleva a falta de compromiso, como se quejó el gobierno estadounidense la semana pasada de López Obrador, y conducirá a un choque por incumplir con acuerdos bilaterales de combate al crimen organizado trasnacional. El presidente no está viendo que desde que se resolvió el tema de los aranceles, el siguiente en la lista de presiones sería el de las drogas, que nunca terminó de alejarse. Culiacán les ha dado el pretexto perfecto, y será un nuevo tema en la campaña negativa en Estados Unidos.

Estas crisis encierran una serie de realidades objetivas que afrontará el presidente. La más delicada es cómo poder recuperar el Estado de Derecho, porque tiene un problema de fondo: no acepta que se ha perdido. La negación absoluta impedirá encontrar una solución a un problema que, como se vio en Culiacán, se acentuará, en buena parte por un efecto paralelo, con el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, enemigos del Cártel de Sinaloa, que al ver cómo operó tácticamente y su capacidad de fuego, los hará elevar la calidad de sus armas y la sofisticación de sus estrategias, convirtiendo a México en un campo de batalla de 3 ejércitos irregulares de criminales, frente a un Estado que por alguna razón cada vez más sospechosa, no los combate, salvo con prédicas, que con todo respeto, al presidente no le sirven para nada.

Si algo sabemos desde la campaña y luego en la toma de posesión era que los recursos de inversión federal irían principalmente al sur del país y a los programas sociales que promueve el presidente. Claro que luego vino López Obrador y se comprometió a "apoyar los proyectos de Jalisco" y vino el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, escuchó y tomó nota de las necesidades del estado, pero de sobra sabemos que un político que dice que no es político y que amor que no se expresa en el presupuesto no es amor. Dicho de otra manera, los recursos son finitos y las prioridades están claras: primero el sur, luego el sur, después el sur, luego todo lo demás. El Peribús es parte del todo lo demás, no es que no sea importante, simplemente no es prioritario para el gobierno federal como sí lo es para nosotros.

Para los jaliscienses es una desventaja que Javier Jiménez Espriú siga al frente de Comunicaciones y Transportes, porque la Línea 3 del Tren Ligero parece condenada a seguir siendo un elefante blanco que atraviesa toda la mancha urbana.

El tema reflota periódicamente. De pronto se ocupan del asunto las cúpulas empresariales, alguna asociación civil o autoridades locales, ya sean alcaldes o el mismo gobernador... pero no se ven avances reales.

Lo más indignante de todo es que pareciera una burla.

Lo más nuevo ha sido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está trabajando en el cambio de los neoprenos, esos hules que se colocan en los viaductos del tren justo para soportar las vibraciones de las vías que impactan en los pilares.

En enero de este año, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado aseguró que trabajando con regularidad, no se necesitaban más de 3 meses para cambiar todos los neoprenos, que ya estaban en su sitio, pero que se desgastaron prematuramente. Pasaron los 3 meses, y se aseguró que el cambio de los hules concluiría en septiembre.

¿Qué le cuento si ya estamos a punto de iniciar noviembre? Asunto aparte es que también al comenzar este año que ya huele a fiestas navideñas, se estimó que el costo de cambiar los neoprenos alcanzaba 65 millones de pesos. ¿Habrá aumentado la cifra? ¿La pagará la SCT o cargarán el costo a la empresa que vendió los aditamentos con caducidad adelantada? No tenemos ninguna certeza.

A estas alturas, lo único que se aseguró -aunque afirmar es algo muy distinto a demostrar- es que la Línea 3 estará concluida en diciembre. ¿Quién puede creerlo? Ni el mismo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que vino a decir eso en una visita que no ha dejado ningún resultado, porque como titular de la dependencia ni siquiera ha recibido a los alcaldes jaliscienses que solicitan mayor presupuesto para el año 2020, especialmente para salud y seguridad.

Los neoprenos recién colocados, volviendo al tema, tienen un grosor menor: de 3 milímetros que debieran medir, los están colocando de 2 milímetros. ¿Alguna diferencia? Sencillamente, provocarán que el viaducto se mueva más de lo debido al paso del Tren Ligero (cuando pase), y eso, con el uso cotidiano, generará una deformación de las vías que obligará, antes de que ocurra un accidente, a nuevas reparaciones y costos adicionales.

¿Nadie se da cuenta de eso?

Evidentemente, el delegado del gobierno federal no, ni el encargado de la oficina de la SCT en Jalisco, y mucho menos, Javier Jiménez Espriú.

Seguimos en las mismas.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Hacienda dejaron plantados a un grupo de presidentes municipales que exigen más recursos para el próximo año.

Ayer estaba programada una reunión a las 13:30 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, entre ambas partes. Los alcaldes iban a presentar una propuesta presupuestal a la Secretaría de Hacienda.

A la sede llegaron alcaldes de los municipios de Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Chihuahua, Tepic, entre otros, quienes esperaron a los representantes federales por más de una hora, aunque nunca llegaron.

El pasado 22 de octubre, un grupo de 80 alcaldes acudió a Palacio Nacional a solicitar recursos federales para destinarlos a seguridad e infraestructura; sin embargo, fueron rociados con gas lacrimógeno afuera del inmueble presidencial.

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, había prometido a los mandatarios revisar la propuesta relacionada con el presupuesto 2020.

Una decena de colegas pueden contar, algunos con heridas graves pero vivos todos, que el sábado derrapó el transporte que les consiguió la Presidencia de la República para seguir la visita de AMLO a Sonora.

Pasado el susto, con un nivel raquítico de empatía, López Obrador pretende zafarse de su responsabilidad al advertir que si las reporteras y los reporteros encuentran inseguro seguirle el ritmo, que se queden en casa, y que los medios lo cubran mediante corresponsales.

Quien como candidato le diera la vuelta al país varias veces sabe que así como no hay cobertura telefónica en todo el territorio nacional, tampoco existe medio en México –salvo acaso una televisora– que tenga desplegada una buena red de corresponsales.

Si esta administración renuncia a garantizar que la prensa haga su trabajo, en giras y en otros ámbitos, será por comodina marrullería: mejor para el presidente que nadie más que los suyos le vean, mejor para el mandatario que nadie crítico le observe, narre sus giras, detecte el humor de la gente, en las buenas y en las malas.

La prensa es una lata para los gobernantes. Una lata saludable; y parte de la obligación de cualquier gobierno es que los periodistas gocen condiciones, adecuadas y seguras, para trabajar. No es ni una graciosa concesión del poder, ni un gasto superfluo (hubo abusos, si persisten que se castiguen, pero ese sambenito ya no debe servir de espantapájaros).

Con un gasto público razonable en transporte y logística, las empresas de los periodistas pueden poner la parte de los costos que les correspondan. Es, en todo caso, una buena inversión del dinero de los mexicanos. Porque es un derecho democrático y el gobierno de López Obrador prometió un cambio... democrático.

El gasto en los programas sociales que consisten en realizar transferencias de recursos rebasará, el año entrante, los 630,000 millones de pesos (mdp), el equivalente a poco más de 3.4% del PIB, según se establece en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Sólo que más de 60% de esos recursos se otorgará a través de programas sin reglas de operación, es decir, sin un control claro de quién recibirá el dinero ni de sus resultados.

En 2008, cuando se crearon las reglas de operación para programas sociales, el gasto ejercido fue cercano a 300,000 mdp. En los años siguientes, aumentó a un máximo de 400,637 mdp en 2014. En contraste, lo programado sin reglas de operación fue de 248,751 mdp en 2009 y, el máximo, de 442,512 mdp en 2015.

Las reglas de operación son un candado para asegurar que los programas sociales resuelven un problema, tienen objetivos claros y cuenten con metodología para darles transparencia y ser medidos, pero ha sido notorio que el presupuesto para programas sociales sin reglas aumenta al acercarse elecciones federales.

En 2020, el gasto sin reglas de operación será el 2o. más grande, con 401,967 mdp. "Un programa puede llevar lineamientos para funcionar, pero no siempre tiene reglas de operación. Eso lo hace vulnerable a corrupción y mal desempeño", dice Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

De 109 programas de transferencias contemplados para el próximo año, 58 no cuentan con reglas de operación; en tanto, los 51 programas que sí cuentan con ellas recibirán únicamente 229,476 mdp, la cifra más baja desde que se instauraron reglas.

Los programas con reglas de operación deberían ser prioritarios en la recepción de recursos, dice Alejandra Macías Sánchez, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Un problema con los programas sin reglas es que sus resultados tampoco pueden compararse de un año a otro. Un ejemplo es la pensión para adultos mayores, que tenía reglas; pero éstas quedaron desfasadas al hacerse universal el beneficio en este gobierno. Como no se han emitido nuevos criterios, los expertos temen que no se podrán conocer avances o retrocesos en la eficacia del programa. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tenían, en conjunto 55,000 mdp, y sin reglas de operación.

"Los programas prioritarios tienen subejercicio de 30%, contra lo programado en 2019. No hay reporte claro de beneficiarios", dice Macías.

Las reglas permiten delimitar a la población beneficiaria. Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, estimaba un universo de 2.3 millones de beneficiarios. Pero el dinero que se le destinará en 2020 es menor en más de un tercio contra el de este año: de 40,000 mdp a 25,619 mdp.

"Jóvenes Construyendo presenta un recorte en su presupuesto, y quiero pensar que es resultado de un análisis de cómo ha estado operando: Se calculaban 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. De ese universo, la mayoría son mujeres, y algunas están cuidando niños porque tienen un trabajo no remunerado y no pueden contratarse en un empleo. Todas esas complicaciones reducen la población objetivo", concluye Macías.

La frase sobresaliente del discurso presidencial, el sábado en Etchojoa, Sonora, fue profusamente difundida en todos los medios. Se trataba de ponderar las bondades de los programas sociales institucionalizados, convertidos en insignia ideológica, por el gobierno de la llamada 4a. Transformación...

"El propósito (...) es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humano, y es, también, cristianismo...".

En las versiones grabadas del acto -político, supuestamente- se percibe, en ese momento, una incipiente salva de aplausos... El orador la atajó: "Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren: ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo; el amor al prójimo. Esa es la justicia social. Eso se le puede llamar solidaridad; se le puede llamar fraternidad; se le puede llamar de distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás: que haya humanismo; que no se le dé la espalda al que sufre".

El tema, como era inevitable que sucediera, fue materia de polémica en las redes sociales. De entrada, fue calificado más como una homilía ("en la religión, el comentario que hace el sacerdote para explicar los textos sagrados", define la Academia) que como el discurso político que pretendía ser. Después, más que a analizar la pertinencia teórica o a ponderar la eficacia probada de dichos programas asistenciales -tildados por sus críticos de "paternalistas" y de "recursos destinados primordialmente a captar simpatizantes de cara a próximos procesos electorales"-, las baterías de los debatientes se orientaron, en tono mordaz, sarcástico, al sesgo moral y aun al "mesianismo" que el presidente ha dado a muchos de sus cotidianos monólogos.

Pocos, empero, se detuvieron a plantearse en qué medida empatan con esa visión cristiana de la vida y del ejercicio de gobierno, las chanzas ("fifís"...), las descalificaciones ("conservadores"...) o los epítetos ("neoliberales", "miembros de la mafia en el poder"...) que el oficiante suele dedicar a quienes no acepta como críticos honestos, de buena fe, y tilda sistemáticamente de "adversarios". Pocos se cuestionaron si los habituales enaltecimientos a la honestidad propia y las frecuentes invectivas a la corrupción de sus predecesores no son impropios de un buen cristiano, y sí son característicos, en cambio, de los fariseos a los que se maldice en el evangelio...

Compararse con Jesús y asumirse perseguido igual que el nazareno es a todas luces una desproporción. El presidente lo sabía, advirtió que sería criticado por ello, pero no se aguantó las ganas de hacer el símil entre su política social y la doctrina cristiana, entre el mesías judío y él mismo, autoerigido en el gran transformador de México.

Más allá del mal gusto de la comparación y que la declaración es sin duda un bocado de cardenal para los productores de memes y los furibundos tuiteros antiAMLO, lo verdaderamente preocupante es la concepción de la política social como acto de caridad, y el amor al prójimo como una política pública. Esto nos lleva, otra vez, a los fangosos y resbaladizos terrenos de la rendición de cuentas. Los programas sociales del actual gobierno son poco transparentes y no tienen reglas de operación, lo que hace sumamente complicado de evaluarlos. Cuando no está claro qué, de manera clara y medible, es lo específico de un programa social, y los objetivos son tan abiertos como la justicia social y el bienestar (con lo que probablemente todos estaremos de acuerdo), la evaluación es meramente interpretativa y propagandística.

Este año se aplicaron 119,000 millones de pesos a programas sociales sin reglas de operación. Para el 2020 serán 420,000 millones. El incremento, de 3 veces y media en política social, es sin duda una extraordinaria noticia. No solo es un acto de justicia, sino que bien aplicados esos montos pueden hacer la diferencia en materia de pobreza y, en el mediano plazo, en materia económica. Pero, si la inversión pública no genera capacidades individuales y reduce las vulnerabilidades de las familias, no resolvimos el problema, solo lo estamos pateando, al prolongarlos y eternizarlos, tal como lo ha hecho la caridad a lo largo de los siglos.

Preocupa que al tiempo que observamos una megalomanía tan explícita tengamos una política social tan poco clara. Tiene razón el presidente cuando dice que el Estado mexicano es un elefante enfermo, incapaz de moverse, pero no es eliminando las reglas de operación como vamos a hacer que el elefante camine, lo único que lograremos es que el mismo elefante se vuelva, además de inepto, caprichoso.

El presupuesto federal para insecticidas va en picada. Y 2019 fue el año que menos recursos se destinaron para la adquisición de este material para la prevención y control del dengue en el país, comparado con el presupuesto anual ejercido desde 2013.

A pesar de los focos rojos en diversas entidades, la bolsa para este año es de 186.8 millones de pesos, mientras el año pasado la partida fue de 192.3 millones. Un año anterior fueron 195.4 millones, pero en 2016 se repartieron 248.6 millones de pesos, de acuerdo con datos compartidos por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud federal que se encarga de ejercer el gasto respecto a las acciones de fumigación en el país.

En días pasados, la diputada federal por el Distrito 8 de Jalisco, Abril Alcalá, le "regaló" un mosco enfrascado "proveniente de Guadalajara", al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

La legisladora sostuvo que la federación compró los insecticidas hasta agosto, 3 meses después de que inició la época crítica del dengue. "Solicité desde junio campañas de fumigación preventivas a las autoridades de las regiones sanitarias... y no había personal".

Tuvo que venir un gobernante de izquierda para reincorporar el discurso religioso a la política. Este 26 de octubre el presidente López Obrador dijo que su programa de gobierno es "humano" y "cristiano", y añadió que Jesucristo fue "sacrificado" y "espiado... por defender a los pobres".

Todos los días López Obrador se las arregla para decir algo. De ese modo se las arregla para no hacer nada. En efecto, el presidente es pródigo en palabras y exiguo en obras. Aumenta el número de muertos por efecto de la criminalidad; sube el desempleo al tiempo que baja la inversión; la tasa de crecimiento desciende a la altura del betún (expresión tabasqueña que hace alusión al que se usa para lustrar zapatos), y AMLO se la pasa en su principal realización, las conferencias mañaneras, y en viajes semanales de los que no resulta beneficio alguno para quienes reciben al viajero. En esta última ocasión su cortina de humo fue la homilía o sermón que predicó en Etchojoa, Sonora. Es una parajoda -cosa más paradójica aún que una simple paradoja- que quien repetidas veces ha manifestado su admiración por Juárez, artífice de la separación de la Iglesia y el Estado, haga alusión constante a temas religiosos y, en vez de aplicar la ley para frenar la inseguridad reinante, proclame un piadoso humanismo que de seguro tranquilizará a los delincuentes por la promesa de impunidad que las palabras del presidente implican. Yo pienso que las cosas de tejas arriba no se deben mezclar con las de Texas abajo, y que los Evangelios y la Constitución no han de juntarse, pues pertenecen a diferentes ámbitos.

La agresión de los sicarios del Cártel de Sinaloa a una unidad habitacional donde viven los militares con sus familias no sólo es un hecho sin precedentes. También es una herida abierta al orgullo militar. Las fuerzas armadas también presionarán para que haya una represalia contra el Cártel de Sinaloa.

Con el fiasco de Culiacán, la posición del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quedó seriamente comprometida. Faltó a la verdad en sus primeras declaraciones (en lo que parece un intento desesperado por deslindarse del desastroso resultado del operativo, dijo que la captura de Ovidio Guzmán fue incidental). Más grave todavía, hay señalamientos de que la filtración que puso en alerta a las huestes del Cártel de Sinaloa salió de su oficina.

Más allá de la imagen del secretario, el fiasco también empaña la imagen de la Guardia Nacional. Sospecho que algunos gobernadores y alcaldes no tendrán tan buena disposición como hasta ahora para que la Guardia realice operativos en su territorio (tal vez insistan que, cuando se trate de un operativo de alto perfil, mejor se deje en manos de la Marina).

Las próximas semanas serán decisivas. La gravedad de lo ocurrido coloca al presidente ante una difícil disyuntiva: puede impulsar una embestida contra el Cártel de Sinaloa o puede intentar evitar una confrontación directa. La 1a. alternativa generará de forma casi inevitable un escalamiento de la violencia. La 2a. alternativa confirmaría el pésimo mensaje de que se puede chantajear al gobierno mexicano. También confrontaría a AMLO con quienes, en las fuerzas armadas mexicanas y al norte de la frontera, consideran necesario un cambio de rumbo.

Después del operativo fallido en Culiacán, el secretario de Seguridad quedó sumamente desprestigiado y el gobierno perdió la confianza o la buena disposición de actores clave: no sólo la cúpula del Cártel de Sinaloa (que nunca había mostrado los dientes como lo hizo el 17 de octubre) sino también las agencias norteamericanas de seguridad e incluso algunos mandos del Ejército Mexicano.

Los recortes y el plan de austeridad del gobierno federal tienen contra las cuerdas al programa Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), el cual opera en más de 300 planteles de educación media superior en el país y está en riesgo de desaparecer.

Debido a que el proyecto piloto que nació hace 10 años no es reconocido de manera oficial, hasta ahora no se le ha otorgado una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En el 1er. Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se precisó que en esta modalidad educativa hay 27,878 estudiantes; 46% de ellos padece una discapacidad intelectual; 16%, motriz; 14%, auditiva; 10%, visual, y 2%, sicosocial.

Para 2020, las políticas económicas de esta administración y la falta de recursos asignados ponen en duda la continuidad del plan.

La Subsecretaría de Educación Media Superior reconoce que debe tener 670 millones de pesos para que el proyecto opere, pero sólo dispone de 34 millones.

El tal Ovidio sinaloense -que fue el motivo de acciones, negaciones y correcciones del affair culiche- al final quedo asustadito pero contento y el señor Durazo quedó avergonzadito pero contento. Curiosamente cuando Durazo fue emisario del pasado y corrupto con Fox tuvo que ver algo, o si quiere fue acusado de tener algo que ver con el papá de Ovido y ahora purificado por la pejegracia es limpio y puro servidor público. Cualquier mal pensado diría que lo que sirvió para soltar al papi serviría para soltar al hijo. Sin embargo resultan más que atractivas las versiones que el propio señor Durazo ha explicado de cómo estuvo la operación, mismas que deberán ser tomadas en cuenta a la hora que con toda la rectitud del mundo se verifique punto por punto la actuación de todos y cada uno de los participante en ese sainete.

Otra cosa que me enteré, yo que nunca he tenido ni siquiera una pistola en la mano, es la experiencia que tienen casi todas las gentes en armas. Resulta que los malos traían un megacañón o algo parecido capaz de tumbar una casa y que el aparatito cargaba 500 tiros o sea que si hubiera disparado hubiera dejado aquello peor que el aeropuerto de Texcoco.

El señor Gertz ya dijo que se va a lanzar a investigar a fondo. No sé en qué nómina esté cobrando actualmente este señor, pero esa amenaza suena como la 7a. trompeta del Apocalipsis y todos pero absolutamente todos los que estaban en el estado de Sinaloa serán cuestionados uno a uno. Sin que les tiemble la mano se verificará hasta sus últimas consecuencias (nada más tienen que esperarse que acaben con el dictamen del helicopterazo de Puebla).

¿Cómo llamar a alguien que de candidato tenía todas las soluciones y de presidente tiene todas las excusas?

Definiendo, a la par, qué es un humanista, un demócrata y un estadista, para concluir que el ejecutivo federal dista mucho de practicar cualquiera de los 3 conceptos. Pretendiendo cumplir, a modo o conveniencia, con algunas de sus promesas de campaña de manera más que selectiva. No usar el avión presidencial, que además no se ha podido vender y sigue siendo una carga para el erario público.

Y su supuesto interés por las comunidades de todos los rincones de la patria ha quedado en fatal entredicho, al negarse a recibir -e incluso faltarles al respeto- a los alcaldes, rechazados alevosamente de Palacio Nacional cuando acudieron a demandar audiencia para exponer las necesidades de sus municipios.

Una frase de Maquiavelo aplicable a nuestro actual presidente, es la siguiente: "El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser, por tanto, un zorro para reconocer trampas, y león para asustar a los lobos". Parece que nuestro gobernante no es ni zorro ni león. No pudo asustar al crimen organizado contando con 279,000 miembros en las fuerzas armadas y no pudo reconocer la trampa de lo que representaría para su imagen los hechos recientes suscitados en Culiacán.

Nicolás Maquiavelo alguna vez dijo: "No se puede evitar la guerra, sólo se puede posponer en beneficio de tu enemigo". Esta frase es difícil de interpretar, pues aparentemente no sabemos si actualmente la delincuencia organizada es enemigo o amigo de nuestro Estado. Considerando, ceteris paribus, que fungen como enemigos, lo único que hizo López Obrador por medio de su decisión en Culiacán fue fortalecer a la delincuencia organizada, debilitar su propia imagen y posponer el conflicto.

"No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", dijo el presidente López Obrador para defender la decisión de liberar al hijo de El Chapo Guzmán, luego de la andanada de críticas que recibió por el mal planeado y fallido operativo montado para su captura.

"Estaban en riesgo muchos seres humanos", subrayó.

Con este argumento se intenta convencer a los mexicanos, y en particular a los culiacanenses, de que nuestro Presidente no es un inepto, sino un humanista, una versión mexicana de Gandhi (Mahatma López) que ante las amenazas y ataques criminales optará siempre por la no violencia, mostrando así la grandeza de su alma.

Estoy de acuerdo en que cuando la vida de personas -sobre todo si son inocentes- está en riesgo, hay que hacer todo lo necesario para protegerlas, inclusive el ridículo, pero cuando ese riesgo se debe a ineptitudes, improvisaciones y malos cálculos, como fue el caso, las responsabilidades y culpas adquieren otra dimensión.

El propio secretario de la Defensa dijo que las fuerzas de seguridad del gobierno actuaron de manera precipitada, sin planeación y desestimando el poder de fuerza y convocatoria del grupo criminal.

Es inconcebible e inaceptable que el gabinete de seguridad, la Secretaría de Gobernación (que parece ajena a este asunto), y el presidente se hayan puesto ellos mismos en la insalvable situación de tener frente a sí solo 2 malas opciones: malo si lo capturan y malo si lo liberan.

La poca capacidad de análisis, aunada a la falta de experiencia y talento para poner sobre la mesa diferentes alternativas de solución a los problemas, es lo que normalmente pone a las personas contra la pared y las obliga a optar por un mal menor inmediato y que las más de las veces termina siendo un mal mayor, como en mi opinión fue el haber cedido a las presiones del Cártel de Sinaloa y liberar al detenido.

El mal mayor y duradero de la decisión tomada en Culiacán, y de la ridícula política de "abrazos, no balazos", no fueron los 8 muertos, 16 heridos, o la fuga de 55 reos de la prisión de Aguaruto... sino el que los criminales le hayan "tomado la medida" al presidente.

Ahora todos los delincuentes del país saben que para liberar compinches u obtener lo que les venga en gana lo único que tienen que hacer es amenazar o secuestrar a la población civil. Esto es exactamente lo que hacen los terroristas, secuestradores y extorsionadores.

Por ello la política internacional generalmente aceptada de jamás negociar con terroristas (limitada exclusivamente a no pagar los rescates solicitados cuando hay rehenes de por medio, sin quitar de la mesa otras formas de negociación), la cual tiene como objetivo eliminar los incentivos de tomar rehenes.

Cuando un gobierno aplica esta política "sin excepciones", los terroristas y criminales pueden anticipar que no recibirán ninguna recompensa a cambio de liberar rehenes. Pagar las recompensas solicitadas sin ninguna resistencia es el mejor incentivo para que las extorsiones se repitan.

El mal menor es un principio ético que justifica la elección de un mal con tal de evitar otro mal mayor, pero la condición del principio es la de un dilema estrictamente binario, es decir, que no considera la posibilidad de una 3a. opción (tertium non datur) que obligue a evaluar si el mal de la 3a. opción es mayor, menor o distinto al de las 2 primeras y sus consecuencias.

En el caso de Culiacán, el gobierno federal no consideró el mal mayor que significa negociar con terroristas y someterse a la fuerza de un grupo criminal.

Y para rematar la incomprensión al mal mayor y al problema en que ahora nos metieron a todos los mexicanos, el presidente dice que de haber actuado distinto a como se actuó en Culiacán, los mexicanos no tendríamos "tranquilidad espiritual".

Yo creo que de haber actuado de otra manera los ciudadanos no estaríamos en situación de indefensión, y el gobierno mexicano no estaría en situación de ridículo.

El miope mal menor que significó la decisión de Culiacán ocasionó una vergüenza y un mal mayor al país: le tomaron la medida al presidente y se cedió el uso legítimo de la fuerza a los criminales.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump hablaron por teléfono el sábado pasado. Según el mexicano, Trump expresó su solidaridad ante lo ocurrido en Culiacán. Trump no dicho nada de esa llamada, ni la Casa Blanca la ha registrado, pero fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien escribió a propósito, un cáustico mensaje en su cuenta de Twitter. "Expreso mi solidaridad total con las fuerzas de seguridad de México y el apoyo de mi gobierno a la lucha contra el crimen organizado trasnacional. El bien siempre derrota al mal. México no está solo. Juntos venceremos".

El mensaje de Landau revela voluntarismo -"juntos venceremos"-, empatía con el discurso religioso de López Obrador -"el bien siempre derrota al mal"-, pero, sobre todo, hay un deslinde. La solidaridad de la que habló el presidente no fue para todo el gobierno, sino para las fuerzas de seguridad, a quienes les ordenaron desde la Ciudad de México que liberaran a quien habían capturado -lo que nunca hubiera sucedido en Estados Unidos. Después vino la llamada a la acción, el apoyo de Washington a la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que es donde las maderas están crujiendo.

Las palabras importan: lo que dice el presidente pesa y tiene consecuencias. lo he expresado muchas veces.

El miércoles vimos un episodio que lo demuestra. Alguien en el equipo de seguridad del presidente decidió que era buena idea arrojar gas lacrimógeno a un grupo de alcaldes que se manifestaban frente a Palacio Nacional y exigían ser recibidos por el mandatario para pedirle que se asignen más recursos a los municipios del país.

La protesta era mayoritariamente de alcaldes panistas, pero había de varios partidos. Incluso 3 de Morena. Es posible que la ecuación haya funcionado más o menos así: alcaldes=políticos. Panistas=corruptos. Opositores=fifís. Como sea, el equipo de seguridad del presidente los recibió con gas cuando empezaron los empujones en la Puerta Mariana de Palacio Nacional.

No pasó nada grave, no hubo heridos, no hubo violencia... ¿No pasó nada grave? Nadie piensa que lo ordenó el presidente. Hubiera sido muy sencillo para él reprobar la acción y seguir a otra cosa, pero cuando le preguntaron en la mañanera, justificó la agresión y, como hace cada vez que hay un cuestionamiento, descalificó a los alcaldes: agresivos, provocadores, desesperados. ¿No es grave lo que ocurrió?

Este presidente se conmueve por el sufrimiento de los delincuentes más sanguinarios y de sus mamás cuando son encarcelados, los considera "pueblo" y rechaza usar la fuerza contra ellos porque sería "represión" pese a que ellos sí que echan mano de la violencia y las armas para atropellar, despojar, extorsionar, aterrorizar y asesinar a ciudadanos.

Este presidente rechaza mover un dedo en contra de los maestros de la CNTE cuando bloquean vías del tren y causan pérdidas de miles de millones de pesos a la economía, cuando bloquean el congreso y las calles, cuando vandalizan instalaciones oficiales. Él no los va a "reprimir". Al contrario, les da todo lo que exigen -dinero, plazas, privilegios- y les regala el control de la educación pública de México.

Este presidente desecha por completo el uso de la fuerza o la acción legal contra los normalistas que secuestran a 90 personas por más de una semana y se apoderan de autobuses. Él nunca va a "reprimir" al pueblo de México. Al contrario, les manda a un alto funcionario a dialogar, les regala plazas automáticas, les garantiza impunidad por sus delitos.

Este presidente descarta usar la fuerza legítima del Estado contra los cárteles mexicanos, que están entre las organizaciones criminales más poderosas del mundo, porque él no va a "reprimir al pueblo". Por el contrario, les manda abrazos, los respeta, los deja ir.

Pero este presidente, a la 1a. señal de empujones, recibe con gas lacrimógeno a las autoridades elegidas del 1er. nivel de gobierno, el que está en contacto más directo con la gente. Tan legítimos como él. ¿Qué hubiera dicho si estuviera en la oposición? ¿Estaríamos ya a las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Es preocupante, diría que ominoso. Y no se trata de caer en el juego de empezar a buscar qué alcaldes de los que estaban ahí son aceptables moralmente para los tramposos y cambiantes estándares religiosos del régimen y quiénes no. Estaban pidiendo audiencia, son autoridades elegidas por los ciudadanos -por "el pueblo", pues- y no cometieron ningún delito. No hay justificación para arrojarles gas desde la casa del presidente. Ni aunque haya sido poquito, como con perversidad sugirió el estrambóticamente orweliano-kafkiano comunicado oficial de Presidencia: "Se dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente, que no puso en riesgo la vida de ninguna persona". Ah, bueno.

Como tenemos a un presidente perfecto, o sea de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, goza de la perfección en su 2a. connotación: "Cualidad de perfecto". El perfecto de acuerdo con su denotación y 1a. connotación es: "1. adj. Que tiene el mayor grado de bondad o excelencia en su línea. 2. adj. Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Presidente perfecto.

¿Por qué es perfecto? Porque él lo dice hacia así mismo y al país. Y todos sus seguidores autómatas también. ¿En cuáles de sus significados? Es un héroe aun cuando se vean derrotas, fracasos y su incapacidad, ya no solo para decir mentiras y acusar al pasado. Se sigue rodeando de incapaces, cobardes e inútiles que nunca tendrán los arrestos para decirle: ya no la riegue más, apenas llevamos unos meses. Y a los que piensan poquito o quieren hacer las cosas conforme a la ley, los corre o no les hace caso. Aparentemente solo escucha a los locos o no oidores de sus madres antes de matar. Presidente perfecto.

El presidente además es bueno. La bondad se esparce a través de sus sermones mañaneros con todo y paleros de la 1a., 2a., 3a. y 4a. división. O como se maneje el rollo del béisbol. Yo también soy cristiano y para mayores señas Católico Apostólico y Romano. Pero yo sí soy mal portado. Pero no a ese nivel de hipocresía. Hay niveles. Y vaya, me considero bastante maleta. Que Dios me libre de ser eso. Un perfecto. Por supuesto soy malo -sin novedad-. Es más, en el argot lopezobradorista ya ni sé en cuáles de los círculos del infierno gozaré. Incluso más inventados de los de Dante. Los matones van primero al Cielo, eso que ni qué. Ellos sí tienen de adelantado el perdón. Los otros pecadores vamos después y de lado y al infierno por señaladores. Pero tenemos un presidente perfecto.

Y excelente y lo es. Eso es un hecho y quien no lo crea vea las cifras: no los números, sino los de él. Presidente perfecto.

¿Cualidad o defecto? Por supuesto hay quienes creemos nos metimos en un problemón cuando se votó mayoritariamente por el "salvador de la Patria". Hay quienes creen lo contrario. Interesantes las comunicaciones y la manera de ver lo opuesto con lo pasado en Culiacán. Todo su pasado ahí fue correcto, con toda la perfección de estupideces. Pero seguimos viendo mal. Tenemos al presidente perfecto.

Otro desaparecido más en el sexenio es el Seguro Popular. La noticia apenas levantó olas, pero esta semana los diputados crearon el Instituto Nacional de Salud en sustitución del Seguro Popular y no se trata sólo de un cambio de nombre.

La medida incluye tomar 40 mil millones de pesos del extinto programa para el arranque del nuevo organismo, lo que implicará recortes en la cobertura de enfermedades catastróficas como el cáncer.

Esta es la muestra de que el presidente no dará marcha atrás a su plan de federalizar los servicios de salud en las entidades -algo debe decirnos también el recorte de 1,600 millones para Jalisco el próximo año en el rubro-.

Finalmente, no dudamos de las buenas intenciones de la 4T, lo que asusta es su incompetencia acreditada para ejecutar de forma eficiente sus nuevas políticas públicas.

La elección para el presidente de Morena puso de mal humor al presidente. Cuentan que regañó a los súper delegados por usar sus atributos y los programas sociales para operar dentro de la elección del partido. Lo que sorprende es que le sorprenda, que espere algo distinto de una estructura política que él mismo creó para favorecer a los candidatos de Morena. Si la decisión fue poner a operadores políticos al frente del manejo de los programas sociales en cada estado, si optó por los más grillos y no por los más técnicos, el resultado esperado es que hicieran grilla, no un manejo pulcro y sistemático de los programas.

¿Se le está haciendo bolas el engrudo al presidente en Morena? Definitivamente nadie esperaba los niveles de violencia y mano negra que hemos visto en las jornadas de selección de representantes a la asamblea. El memorándum ordenando que nadie se meta desde el gobierno a operar elecciones, que es el equivalente el regaño de "fuchi-guácala" y "sicarios háganles caso a sus mamás", tiene por objeto mandar una señal de advertencia, poner límites y recordar que siempre es posible el rebosazo. Todos saben, pero el presidente más que ninguno, que hoy por hoy Morena es López Obrador y López Obrador es Morena. El partido sin el presidente es un cascarón vacío, de ahí la amenaza permanente de López Obrador de que, si las cosas en el partido no caminan o comienzan a estorbarle en su proyecto, lo deja. Estamos muy lejos de que eso suceda. Antes está la intervención del presidente para poner a todos en orden y decidir, como ya lo sugirió, por la vía de encuestas (ésas que solo las conoce su dedito). La pregunta es quién es el que más le conviene al presidente en esta coyuntura.

El encono mayor está entre el grupo de Bertha Luján y el de Yeidkol Polensky. La 1a. representa un proyecto mucho más ideológico y tiene de su lado al operador de los padrones de los programas sociales, Gabriel García. La 2a. representa el pragmatismo puro y duro, la máquina electoral, la rentabilidad no importa cómo ni de dónde vengan los candidatos. El 3o. en discordia es Mario Delgado, apoyado por los políticos más hechos del partido y que representa la posibilidad de mostrar una cara presentable, de mayor solidez intelectual. El problema es que ninguna de las 3 corrientes por sí sola tiene futuro. En cualquiera que sea el proyecto político los 3 necesitan a los otros dos y el presidente lo sabe mejor que nadie. Su tarea será acomodarlos.

Cuanto más avanza la contienda al interior de Morena más convencido estoy de que será una elección cerrada, que al final se decidirá por un solo voto: el de López Obrador.

Discutible como fue la decisión de abortar el operativo implementado para detener, con fines de extradición, a Ovidio Guzmán López -hijo de "El Chapo"- en Culiacán, hace una semana, las encuestadoras intentaron poner los puntos sobre las correspondientes íes. Así, "El Financiero" difundió el martes los resultados de una consulta telefónica a 820 personas, adultas, de nacionalidad mexicana, en las 32 entidades federativas del país, y con un margen de error estimado de +/-3.4%.

Estos fueron, a grandes rasgos, los resultados: la decisión de liberar al detenido para evitar una escalada de violencia mayor a la que ya había generado su detención, fue calificada como "correcta" por 39%, y como "incorrecta" por 51% de los encuestados; 56% de los entrevistados estima que "el crimen organizado" fue el ganador en esos hechos; 25% que considera que fue "la sociedad", y 8% que piensa que fue "el gobierno"; 60% de los participantes estima que lo más importante que debe hacer la autoridad en materia de seguridad es "combatir al crimen organizado", mientras 35% considera que la prioridad debe ser "evitar la violencia".

De manera complementaria, sin perjuicio de que conserva márgenes de aprobación de 61% en honestidad y de 54% en liderazgo, el episodio ocasionó un descenso de 5 puntos (de 48 a 43%) en la imagen de capacidad del presidente López Obrador para dar resultados.

Ahora bien: a falta de la posición que asuman otros contrapesos institucionales -o de que se les descalifique tildándolos de "adversarios" u otros epítetos-, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) merece ser calificada como organismo serio, imparcial y objetivo, ésta, en voz de su presidente, Luis Raúl González Pérez, emitió ayer su posición al respecto: "El cumplimiento de la ley no puede ser materia de negociación, ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener (...) como respuesta de aquél al que se le intenta aplicar (...). El que el Estado busque la conciliación y la pacificación en el país, no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza, y se abandone a los servidores públicos encargados de hacer valer la ley y defender a las instituciones".

Colofón: no se vale, pues, suscribirse a la arenga del general del cuento: "Si son muchos, le corremos; si son pocos, nos escondemos; y si no hay nadie, ¡adelante, mis valientes, que para morir nacemos...!".

Entre enero y junio de 2019, la venta de la vivienda popular en Jalisco bajó a la mitad. Entre los principales factores destaca que el gobierno aplicó un recorte a los subsidios en el presupuesto que se destina para este fin.

Mientras en el 1er. semestre del año pasado se colocaron 13,894 casas de interés social en el estado, en el mismo periodo de 2019 apenas fueron 6,722.

Jalisco encabezó la caída de las ventas en el ámbito nacional en este sector de vivienda, que va de los 316,000 a los 537,000 pesos.

El Programa Vivienda Social, con el que la federación otorga apoyos a la población de bajos ingresos, sufrió el peor recorte de los últimos 7 años. En 2019 sólo hay 1,726 millones de pesos para las 32 entidades, cuando el año pasado se distribuyeron 6,837 millones.

El gobierno advierte que los recursos presupuestados ahora serán dirigidos a los municipios que fueron afectados por los sismos de 2017. También para las comunidades más pobres del país.

En el proyecto presupuestal del siguiente año continuará con el recorte.

Como papalote sin cola anda el gobierno actual. A los traficantes de drogas, asesinos, vándalos y extorsionadores les brinda abrazos, no balazos, y a los alcaldes los ataca con gases lacrimógenos a los que se da el título eufemístico de "aerosol defensivo natural". Protestaban esos munícipes por la drástica reducción en sus presupuestos, y reclamaban más recursos de la Federación para poder llevar a cabo sus tareas. La misma justificada queja tienen los gobiernos de muchos estados y numerosos institutos de investigación, universidades, centros de cultura y organismos de servicio social que por efecto de la llamada "austeridad republicana" carecen de lo necesario para cumplir cabalmente su función. La pregunta es: ¿a dónde va todo ese dinero "ahorrado"? Las evidencias hacen suponer que se emplea en cubrir las ayudas y becas que el gobierno -es decir López Obrador- da a una vastísima clientela cuyo voto se asegura de ese modo para las elecciones próximas y para lo que en el futuro se ofrezca. Ahora que tanto se habla de moral cabe hacer otra pregunta: ¿es lícito emplear los fondos públicos, los recursos obtenidos del trabajo de los contribuyentes, en acciones que pueden ser tachadas de tener un propósito político? En los pasados tiempos reprobábamos los usos y costumbres del PRI, que sistemáticamente desviaba dineros del erario para costear campañas y ganar elecciones. ¿Se hace hoy lo mismo bajo el disfraz de programas sociales? Los fondos que deben aplicarse a tareas para impulsar el desarrollo y progreso del país ¿se están usando para fortalecer el poder de un solo hombre y realizar sus planes?

Debajo de la realidad nacional, unos creían, hay unos cimientos. El trazo de esos basamentos no es uniforme ni ocurrió, históricamente, sin traumas. Edificar nuevos proyectos sin respetar ese plano, o sobrecargar muros de ese croquis con una nueva estructura, no sólo puede cambiar la forma en que luce la casa, sino someter a estrés columnas y vigas de toda la construcción.

La nueva administración cree que la casa aguanta un piano. Y que esos históricos cimientos resistirán cualquier modificación, reacomodo o desgaste. Están convencidos de que la legitimidad de su triunfo del año pasado les da también gobierno sobre las leyes de la ingeniería de la política. De esa forma, todo escándalo, todo despiste, todo fiasco es minimizado: nuestro proyecto da para echarle eso, y más, encima a la casa nacional.

Hay de cargas a cargas. Si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cree de veras que ya libró la crisis de la semana pasada en Culiacán, donde su administración exhibió un recital de malas decisiones, puede llevarse aún muchas malas sorpresas.

Las lecciones de un error garrafal no surgen todas en cuestión de días. Hay males que tardan mucho más en incubar su real dimensión. ¿De qué tamaño es el malestar de las fuerzas armadas luego de ser exhibidas la semana pasada? ¿Cuánto de la relación con Estados Unidos quedará tocada? ¿Qué tan profundo es el descrédito del todavía secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Pública? ¿Qué tan envalentonados quedaron los otros grupos delictivos?

El presidente de la república parece no reparar en la gravedad de lo ocurrido en Sinaloa. Rápido el fiscal general sale a decir que este caso no será el Ayotzinapa de este gobierno. Cómo sabe eso el fiscal, si aún ni da los primeros pasos de la investigación de 8 muertes. Qué sabe él de cómo logrará, o no, la administración procesar el deslinde de las responsabilidades.

Porque por lo visto hasta hoy, para el presidente de la república no hay más bujía que la razón de movimiento. No la razón de Estado, que es más comprensible. No, la razón de su movimiento por encima de la razón que lleva a anteponer, sobre todas la cosas, la salud del Estado, es decir, de algo más parecido a México que lo que es el partido de AMLO.

El presidente minimiza Culiacán, sin reparar en que el episodio puede lastrar la autoridad de su gobierno para imponer el Estado de Derecho.

López Obrador se equivocará históricamente si traduce la respuesta en las encuestas, que le dicen que la población cree mayoritariamente que hizo bien en elegir el mal menor de dejar ir a un detenido ante la probabilidad de una carnicería, con un respaldo al pésimo manejo de la situación, que comienza con su desconocimiento -en varios momentos del jueves pasado- del operativo, hasta su aislamiento en una hora crítica del mismo.

Que al final el resultado haya sido menos terrible de lo anticipable -ello sin minimizar que hubo muertos y daños al por mayor- no convierte para nada en un éxito la torpe maniobra en Culiacán, cuyas réplicas mayores están por verse en otros operativos donde los delincuentes pongan a prueba al gobierno.

Por si eso fuera poco, Culiacán es sólo una muestra de lo refractario de esta administración a la hora de ver cosas que son contrarias a los cimientos de México. Para no ir más lejos ahí están las salvajes declaraciones de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, que en un acto oficial presumió que ha muerto la tradición de nuestro país como país de asilo y amigo del migrante. A los foráneos que lleguen a nuestro país buscando mejor destino, dijo, palabras más palabras menos, hay que mandarlos a Marte si es necesario.

Pero el presidente López Obrador ni se inmuta. Nada vale si menoscaba su movimiento. Nada. Ni lo ominoso de echar gas a funcionarios municipales. Todo para sus leales, nada para los que él decide que son adversarios. Y si la casa había sido construida para que cupiéramos todos, los de una y otra ideología, eso no importa: hoy sólo la razón de su movimiento prima. A los demás, ni abrazos.

Acéfalo. No es preciso. Hay cabeza legítima, hoy muy cuestionada. La razón: de esa cabeza manan ideas de destrucción. Es algo nuevo, una destructocracia.

No cree en el Estado, luego a destruirlo. Residencia oficial, EMP, carros, aviones, los símbolos. Ignora que el Estado es mucho más y que alguien lo debe encarnar.

Todos los jefes de Estado, Papa incluido, necesitan de protección. Pero él no pertenece a este mundo, he allí la diferencia. El "pueblo bueno" lo cuidará. ¿También en Culiacán? Él puede con todo y solo. No quiere aceptar las reglas esenciales del Estado y ser un hombre de Estado. Es lo contrario, es el anticristo del Estado. Culiacán no lo detuvo, se fue a Oaxaca a jugar al presidente. Muertos, heridos, la ciudad tomada y él en un vuelo comercial, incomunicado, jugando al presidente. El Estado lo necesitaba y no estuvo allí. Nuevo ridículo frente a la prensa nacional e internacional, algo ya casi cotidiano. La burla hacia México y él se generaliza y lleva menos de un año. Hiere al Estado. Incompetencia, pero sobre todo ignorancia de los cánones inexorables del Estado. Primero, van sus caprichos, su jueguito.

Podría tener un avión como el de Evo Morales, funcional, adecuado. La Fuerza Aérea cuenta con esos equipos que hoy esperan su remate. Y llega de nuevo el ridículo: no fue operativo, dice el secretario en improvisación total, sí lo fue, desmiente el jefe. La prensa internacional se mofa, ¿cuánto le cuesta a México en inversiones y empleo la imagen de país bananero? Un Estado fuerte y serio no tiene precio, es la mejor garantía. ¿Operativo?, cómo es posible que las FA y Guardia Nacional no midieran sus riesgos, su desventaja. Extraña en las FA, que tienen gran experiencia y un aparato de inteligencia. Fue impericia y peor aún, imprudencia que puso en jaque a la población, a los militares y al Estado.

Pero el destructor no cree en la inteligencia, como si fuera cuestión de fe. Puro espionaje, dice en su ignorancia. Felipe González, que algo sabe de gobernar, lo sentenció para México: más inteligencia, menos violencia. Pero el destructor en semanas terminó con el CISEN, que llevó décadas construir. Sin inteligencia desoye consejos porque los de su clase moral -es clasista-, él se considera un aristócrata de la moral, no necesitan consejos. En términos éticos es Hiperión: vuela por arriba de todos, militares, profesionistas, científicos. No entiende de ciencia, de economía, ni de leyes, ni de estrategias militares, ni de aeropuertos, para qué, si el arquitecto de la destructocracia es, en esencia, superior a todos. Él lee su propia biblia. Pero los cánones religiosos y el Estado no empatan. Resultado: desprecio y destrucción de lo terrenal.

Las FA hicieron su trabajo, expusieron sus vidas, las de sus familias, protegieron a civiles, desbloquearon la ciudad y ya con la presa, en plena refriega, viene la contraorden, suéltenlo. Ellos tomaron la decisión, dice el verdadero responsable, la respaldé. ¿Quién manda? Pero hay un Código Penal Federal y su artículo 150 establece las responsabilidades de quien facilite la evasión de algún detenido por delitos contra la salud. No es discrecional. Y ahora, quién sí y quién no. Peor aún: amenacen y recibirán premio, tal el perverso incentivo. El prestigio de las FA surge de su profesionalismo y entrega que ya son historia. Hoy los exponen a la humillación. Nada de triunfo. Fue una derrota, operativa y moral, que duele al país. Por imprudencia se entregó la plaza. No más muertos, pero todos perdimos perdonando a una banda de asesinos. El Estado está zaherido. Cómo recuperar Culiacán, -¿con programas sociales?- cuál será la próxima ciudad. Horas después, los narcos bendicen al señor presidente.

La economía naufraga, la violencia escala. Las instituciones están amenazadas, además Bonilla. Muertos, heridos, desempleados, enfermos sin atención, descrédito mundial, nada es casual, es la estela del destructor.

Como se esperaba, los ecos del jueves negro en Culiacán llegaron para retumbar cada vez con más fuerza en tanto no se logre el encarcelamiento y extradición de Ovidio Guzmán.

Los efectos de la derrota del autollamado gobierno de la 4a. transformación por todos los errores de planeación, estrategia y ejecución castrense, que pusieron contra la pared al presidente Andrés Manuel López Obrador, al ponerlo al filo de la riesgosa disyuntiva de evitar un baño de sangre en Culiacán y doblarse ante el narco o cumplir la Ley y su deber, a donde han llegado 1o. es al espacio de las ruedas de prensa mañaneras, que siempre habían estado bajo el control absoluto del tabasqueño.

Convertido desde el 1er. momento en el principal pilar de su gobierno, ese ejercicio de comunicación cotidiana se manejaba al antojo y las prioridades del presidente. Los temas a los que quería dar relevancia eran los que se mantenían por días o semanas, como ocurrió en enero con la guerra contra el huachicol.

Desde ahí fustiga y condena a sus adversarios (políticos, organismos constitucionales autónomos, organizaciones de la sociedad civil, prensa, entre otros) pero también pontifica como si estuviera en un púlpito de iglesia, como lo hizo ayer al insistir en su benévolo pero muy poco eficaz discurso de llamar a los que anden en "malos pasos" a portarse bien para poder ser todos felices. Nadie puede estar en contra de esa visión, pero un presidente que tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad y es el comandante supremo de las fuerzas armadas que tienen el monopolio legal del uso de la violencia por el bien común, tiene la responsabilidad de hacer mucho más que eso.

Tras el Caso Ovidio las mañaneras ya no han sido las mismas. Desde la del día siguiente en Oaxaca, donde imponiendo la alternancia de preguntas de temas estatales con nacionales, hasta con los reproches a reporteros, quiso, sin lograrlo, hablar lo menos posible de la jornada que marcará para siempre su gobierno.

La sombra de haberse rendido al cártel de Sinaloa se quedará mucho tiempo en el que era su espacio y atmósfera más cómoda. El lunes tuvo que responder que sí acudiría a los tribunales si lo llaman a comparecer por los motivos de soltar a un delincuente, ayer que no estaba enterado del operativo, y el viernes de la semana pasada reveló que se trataba de cumplimentar una orden de aprehensión y extradición, que contradijo la versión inicial de su secretario de seguridad, Alfonso Durazo, de que la detención fue fortuita.

Una protesta de 200 presidentes municipales de 15 estados frente a Palacio Nacional para exigir más recursos terminó en "fumigada".

Para dispersar a los manifestantes, entre los que estaban munícipes como Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua, los guardias de Palacio Nacional les rociaron gas lacrimógeno.

La explicación de Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, estuvo a la altura de la 4T: "pero no se le roció a nadie y fue al ambiente". También acotó que fue para salvar vidas humanas: "aunque ellos (los alcaldes) sí pusieron en riesgo la vida de los trabajadores que están restaurando el edificio".

No hay dinero para combatir al mosco del dengue ni mano dura para someter a un cártel, ¿pero qué tal gas lacrimógeno para los grillos?

Normalistas indígenas de Chiapas se manifiestan esta mañana en uno de los accesos a Palacio Nacional para exponer diferentes demandas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El contingente trató de impedir el acceso a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes de la normal Jacinto Canek mantienen bloqueada la calle de Moneda, tras denunciar que está en riesgo el semestre ante la negativa del gobierno federal a atender sus demandas en relación con matrículas.

El vocero presidencial Jesús Ramírez dijo que ayer se usó gas lacrimógeno para disuadir a alcaldes porque estos no "guardaron las formas" al solicitar audiencia al Presidente de la República.

Si desde el gobierno se guardaran las formas, varios de los que entran a las mañaneras no tendrían carnet de prensa expedido por esta administración. Porque las buenas formas indican que los que asisten a una rueda de prensa deberían, por principio, ser periodistas (de un medio pequeño o grande, nuevo o antiguo, no importa, pero de un medio real, de valor genuino para una comunidad, etc.). Y las formas periodísticas implican que aquellos que van a una conferencia se comporten con mínima urbanidad y respeto a sus colegas, lo cual no es la norma de un par de esos paleros.

Si desde el gobierno se guardaran las formas, la secretaria de la Función Pública no atacaría en su Twitter al titular del ejecutivo de un gobierno anterior, a quien acusa de horrendas cosas que no se han probado en un juicio ni administrativo ni penal. (Irma Eréndira Sandoval acusó a Felipe Calderón de, entre otras cosas, haber encabezado un "narcogobierno").

Guardar las formas es algo cuyo significado no saben, ni de lejos, los legisladores (es un decir) Gerardo Fernández Noroña o Félix Salgado Macedonio.

Guardar las formas no es precisamente lo que hace Marcelo Ebrard cuando limita unilateralmente a cada periodista a hacer sólo una pregunta.

La CNTE no sabe guardar las formas, pero en vez de ser gaseados son recibidos con mantel largo (y qué bueno que no los gaseen, qué bueno que haya diálogo, ¿por qué no hacer lo mismo con los alcaldes?).

No me parece que presentarse en la mañanera sea la mejor manera de un funcionario de hacerse escuchar por el poder ejecutivo. Sí creo, pues, que hay formas. Pero si lo que esos alcaldes alegan es que no se les han abierto canales de diálogo, entonces no suena ni a terrorismo ni a táctica guerrillera el apersonarse en la puerta Mariana del Palacio Nacional. Y ya ahí, las formas indican que el gobierno federal debería gestionar un acuerdo con los ediles antes que usar gas pimienta.

Es positivo que la actual administración intente una comunicación más directa con la gente. Es refrescante también la cercanía que el presidente de la república muestra en sus traslados. Esas nuevas formas son bienvenidas, señal de un cambio desde el poder.

Pero tales muestras de diálogo directo entre la población y el titular del ejecutivo no pueden cancelar la posibilidad de que otras autoridades sean escuchadas.

El poder ejecutivo puede incorporar, pues, nuevos formatos de comunicación sin cancelar o limitar otros. Abrir los más posibles, antes que discriminar. Privilegiar el intercambio con la población es una buena forma que no debería dejar de reconocer el mandato que tienen otros funcionarios para solicitar audiencia con las más altas autoridades.

Bien haría la Presidencia de la República en revisar si ha guardado las formas necesarias para generar el mejor ambiente posible para el ejercicio de las libertades de prensa y expresión.

Los denuestos presidenciales, las múltiples, reiteradas y vehementes ocasiones en que el presidente López Obrador descalifica y denuesta a sus críticos no edifica una buena convivencia ciudadana.

Si el presidente guardara las formas frente a quienes discrepan de él, dejaríamos a malos clowns, como Vicente Fox, hablando solos; pero en cambio, desde el Palacio Nacional se le ha insuflado vida a ese Frankenstein guanajuatense de nuestra política.

Estoy de acuerdo con Jesús Ramírez: guardemos todos las formas, y el gobierno los gases.

La misión del FMI está por llegar a México para revisar a Pemex y normalmente ya vienen con los papers hechos. Si vemos lo que han estado anunciando, nos damos cuenta que Arturo Herrera, secretario de Hacienda, logró que le concedieran que el menor crecimiento estimado para el país, en 1er. lugar es por el tema internacional y, en 2o. lugar, por las políticas públicas de la 4T, lo cual sabemos es al revés. Sin embargo, como en las multiplicaciones, el orden de los factores no afecta el resultado, de no hacer nada para corregir el plan de negocios de Pemex, es que perderá un notch el año que entra. Es decir, que le vuelvan a bajar la calificación a la petrolera.

Paco Calderón
(22 de octubre de 2019).

El talento, y el talante, de López Obrador para hacerse de todo el poder ha quedado demostrado.

Por hoy, dejemos de lado los repliegues, estratégicos o simplemente medrosos y convenencieros, de aquellos que permitieron al presidente no enfrentar mayores costos en la opinión pública por su voracidad y, hay que decirlo, desaseo en la captura de instituciones.

Andrés Manuel ha capturado buena parte de los órganos autónomos y ya no tiene mayor resistencia en el poder judicial federal.

Con eso en la mesa, el presidente descubrirá de a poco y no sin trauma (lo ocurrido en Culiacán es, entre otras muchas cosas, parte de ese descubrimiento) que no basta con tener en la mano todas las palancas del sistema. Que las fallas operacionales están ahí, independientemente de quién gobierne.

En otras palabras, espectacular como resulte haber desbancado a Romero Deschamps o encarcelado a Juan Collado, tal poder, sin embargo, no sirve para demostrar que el Estado es funcional. Ni la economía se ha reactivado, ni la seguridad mejora.

Si todo lo que López Obrador pretendía era un ajuste de cuentas con el pasado, con ese que por cierto también es suyo, pues ahí la lleva: ha descabezado y cooptado como en los mejores tiempos del PRI.

Si lo que pretendía, ya en la silla presidencial, era instalar lo más pronto posible una nueva maquinaria de poder, que no necesariamente de gobierno, no está lejos de su objetivo.

Pero si lo que buscaba es también mejorar los índices del bienestar poblacional o generar una nueva realidad social, eso no solo no se ve cerca, sino que muchos de los pasos que ha dado parecen evidenciar que para eso el tabasqueño no es nada bueno: escasez de gasolina y medicinas, mala prevención del dengue, parálisis del gasto, etc.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó "fascistoides" a aquéllos que cuestionan su decisión de haber avalado la liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente señaló que aunque sus adversarios digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó al gobierno, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio.

1. ¿Hay molestia en las fuerzas armadas? ¿Están enojados soldados, marinos y guardias con el presidente, con su Comandante Supremo? ¿Están hartos de que no los dejen responder, de que la orden sea aguantar la humillación, que suelten a un icónico detenido, que aparezca en una foto con el uniforme militar? ¿Hierve la tropa? ¿O por qué el Ejército se deslinda del fracaso del operativo de Culiacán en 2 videos semioficiales?
2. Este es un presidente que ha mostrado más empatía con los victimarios que con las víctimas. ¿No va a ofrecer disculpas por poner en riesgo la vida de la gente de Culiacán a consecuencia de un operativo desastroso? El viernes que lo entrevisté en W Radio, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se disculpó. Gesto reconocible. ¿Y los demás? ¿El presidente no se disculpará a nombre de su gobierno? ¿Por qué presume tanto la administración federal sus disculpas por episodios infames que sucedieron hace 50 años y no es capaz de pedir perdón por el que sucedió la semana pasada?
3. Déjese las disculpas. ¿Y las condolencias? El presidente no ha ofrecido ninguna por los soldados y policías caídos en Culiacán, y prácticamente a lo largo de todo su gobierno ha sido parco en solidaridad con los deudos de uniformados que han perdido la vida.
4. ¿Por qué, a 5 días del desastre, sigue sin existir una explicación oficial, única, coherente y sin contradicciones sobre qué pasó? La foto de Ovidio, la supuesta detención también de Iván Archivaldo, el video de los militares conviviendo con sicarios, ¿hubo contacto o negociación entre el cártel y las autoridades (el secretario de la Defensa confirmó en la conferencia que hubo 7 soldados retenidos y luego liberados)? ¿Cómo murió el soldado de Veracruz? ¿Corresponde a él el video que circula en el que sicarios asesinan a un uniformado frente a un bloqueo? ¿En serio iban a detener al hijo del narcotraficante más poderoso en la historia de México y no avisaron a sus superiores? ¿En serio no llevaban orden de cateo?
5. ¿Contribuyó a este desastre la decisión de este gobierno de marginar a la Marina de operaciones especiales que en el pasado realizó con éxito? ¿De desmantelar al Cisen? ¿De desmantelar a la Policía Federal?
6. Por años el presidente dijo que los responsables de la violencia eran los de hasta arriba. Hoy que le estalla en las manos Culiacán, optan por despedir ¡al director del penal local!
7. ¿Cuál es realmente la estrategia contra la violencia? ¿Ir por las cabezas de las organizaciones criminales, como en el pasado? ¿Patear el avispero a lo puro tonto, como en el pasado? ¿Mandar un despliegue de miles de elementos cuando hay una crisis de inseguridad en un municipio, como en el pasado?
8. ¿Va a seguir el presidente volando en aviones comerciales y quedando incomunicado por horas? No tiene que usar el suntuoso avión presidencial. Puede usar los de 10-12 pasajeros que tiene la Fuerza Aérea, con internet y comunicación satelital.
9. ¿Seguirá tratando con más rudeza a periodistas y críticos, que a líderes de cárteles? ¿Seguirá suavecito con los delincuentes e implacable con los ciudadanos enojados porque no les llegan medicinas o no hay doctores? ¿Seguirán siendo mezquinos con sus opositores pero pidiéndoles apoyar sin mezquindades al presidente frente a crisis como esta? ¿Seguirá la hipocresía de proclamar "amor al prójimo" cuando no hay día que no calumnie, agreda o insulte a quienes no coinciden con él?
10. ¿Será Culiacán el punto de inflexión del gobierno de AMLO, como lo fue Ayotzinapa para Peña Nieto?

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de octubre de 2019).

El Caso Ovidio representó el sometimiento del gobierno de la 4T al cártel de Sinaloa y todo el daño que eso implica en la tarea de recuparar la paz que tanto invoca el presidente y la recuperación de la seguridad y el Estado de Derecho.

El gobierno de Peña detuvo en 2 ocasiones al capo Joaquin "El Chapo" Guzmán, padre de Ovidio, la 1a. vez en Mazatlán y la 2a. en Culiacán, sin que ocurrieran rebeliones que lo obligaran a liberarlo como le sucedió a AMLO. Para López Obrador el vergonzoso episodio del jueves en Culiacán es la 1a. gran crisis a menos de cumplir un año de gobierno que no dejará de crecer mientras no se dé una versión única y completa de lo ocurrido que ponga fin a todas la información contradictoria que se ha dado hasta hoy.

Lejos de profundizar en los errores cometidos en el operativo de detención de Ovidio, que permitieron que los sicarios del cártel de Sinaloa los doblegaran y humillaran, el presidente ha insistido desde el viernes, todos los días, que liberarlo fue la mejor decisión porque evitó una matanza.

Pero lo cierto es que esa señal de debilidad del Estado Méxicano al doblarse ante las amenazas del narco de afectar a la población solo agravarán los niveles de impunidad y descomposición social que alcanza la mezcla corrupción y narcotráfico.

Se le debe detener cuanto antes, de lo contrario, el Caso Ovidio será irremediablamente un Ayotzinapa que debilitará al presidente más poderoso de la historia reciente de México.

El sentido racional de la vida no puede sostenerse con declaraciones difíciles de aceptar como la del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien admitió que "no se consideró la magnitud de la reacción de los criminales". O de la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien cree que nadie tiene derecho a opinar sobre lo acontecido porque se trató de una decisión para defender a "seres humanos que tienen derecho a vivir y que no pueden caer en una masacre".

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés afirmó el lunes que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador comparezca ante las autoridades porque se cometió un delito y los mexicanos necesitamos conocer la verdad.

Lo anterior, luego de que el jefe del ejecutivo dijera estar dispuesto a comparecer para explicar los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa.

Cortés Mendoza insistió también en que debe haber responsabilidad para los que tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"Yo retomaría las palabras de López Obrador en 2015 cuando se escapa El Chapo: López Obrador dijo que al menos debería de renunciar el Gabinete de Seguridad y que si no ocurría, se entendería un acuerdo al más alto nivel del gobierno, yo le diría exactamente lo mismo, que haya responsables de quienes tomaron esta decisión y si no entenderíamos que hay un acuerdo al más alto nivel del gobierno con los criminales", dijo.

El dirigente nacional subrayó que por ello su partido presentó una denuncia de hechos.

Además, expuso que confía en las instituciones para que se integre un expediente de forma correcta, que México conozca la verdad, por qué fue que se liberó a un criminal con orden de aprehensión pero lo más importante, que esto no vuelva a ocurrir y que quede claro que se cometió un delito.

Comentó que "si se trata de salvar vidas, la decisión fue incorrecta. Salvar vidas es darnos seguridad, es darnos certidumbre, y hoy lo que ha hecho el presidente con esta decisión, es exponer la vida de todos los mexicanos porque hoy el criminal sabe que el escudo de protección somos los civiles".

(V.periódico El Financiero en línea del 21 de octubre de 2019).

En apenas 5 días, Alfonso Durazo, todavía secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pasó de tratar de convencer a México de que el país ha llegado, en materia de violencia, a un "punto de inflexión" que vislumbra un mejor futuro, a ser el artífice de un fiasco monumental en Culiacán, que costará al gobierno reputación internacional y doméstica.

Antes de que terminara la semana, graves sucesos desmontaron el optimismo oficial. Vimos una matanza de policías mal equipados en Michoacán, una masacre de civiles en Guerrero donde surgen dudas razonables sobre posible abuso de los militares, una cárcel que se sumó a la rebelión en Culiacán, donde quedó evidenciado que en el operativo para detener a un hijo del Chapo Guzmán hubo de todo, menos un ápice de inteligencia.

Encima, Durazo mintió a la ciudadanía en su 1er. comunicado respecto a la crisis de Culiacán, y en el caos de ese jueves, quienes hayan diseñado y aprobado tan deficiente operativo, que causó muertes, heridos y pánico, se llevaron entre las patas el prestigio del Ejército y la Guardia Nacional, esas aprobaciones que presumían apenas el lunes en Palacio Nacional.

A la luz de todo lo acontecido en la semana, podemos en efecto citar a Durazo y decir con puntualidad: en seguridad, de lo mostrado por este gobierno, "nada que festejar".

La pasada, fue sin duda la semana más violenta en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que exhibió como nunca la debilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales ante los grupos de la delincuencia organizada, y la penetración y control casi absoluto que han logrado las mafias en las corporaciones policiales, e incluso de la milicia.

Paradójicamente, esa misma semana inició con el 1er. gran balance que hizo el presidente y su gabinete de seguridad de la estrategia que han aplicado para atender la principal preocupación de los mexicanos que es la crisis de inseguridad y violencia que se padece en prácticamente todo el territorio nacional y desembocó el jueves con Culiacán en llamas y con el desconcertante episodio de capitulación del autollamado gobierno de la 4a. transformación ante el cártel de Sinaloa con la captura y posterior entrega de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado, sentenciado y preso en Estados Unidos.

Desde luego que lo que no sólo marcó esta semana de severa violencia, sino que marcará al sexenio de López Obrador, fue el operativo fallido del gobierno federal que llevó a la detención momentánea de Ovidio Guzmán, y el posterior sometimiento del Estado Mexicano ante el cártel de Sinaloa al verse superado en número de elementos y armamento, que los obligó a devolverles al detenido.

La mala planeación del operativo aceptada por las propias autoridades, la nula participación de la policía estatal de Sinaloa y la municipal de Culiacán para enfrentar la movilización de los vehículos de los sicarios que sometieron a los soldados, así como la información contradictoria que en forma tardía se dio desde el jueves mismo de parte del gobierno, dejan claro que nada se ha avanzado en este gobierno, sino que se ha retrocedido, en el combate al narcotráfico.

Nadie quiere más muertes, pero la claudicación que respaldó AMLO invocando los riesgos de la población y su doctrina de paz, lo único que provocará es envalentonar más a los mafiosos y darles impunidad pese a ser los principales responsables de la crisis de inseguridad que padece la población. Decía el estadista Winston Churchil "el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra".

Pueden usar los eufemismos que quieran, aplicar la técnica de la negación y gastar la popularidad y credibilidad del presidente para negar lo sucedido el jueves pasado en Culiacán, pero la derrota está ahí. Porque no es un caso aislado, fue la triste coronación de una serie de enfrentamientos fallidos. Unos por falta de fuerza, otros por exceso en el uso de ella, todos con una característica común: la improvisación y falta de estrategia.

La liberación de Ovidio Guzmán es desde donde se vea una derrota para el Estado. Podemos discutir si fue una buena decisión liberar a al preso, lo cierto es que se hizo en condiciones de derrota. Si el Estado había perdido esa batalla lo mejor era retirarse y proteger a la población. Es doloroso y penoso, a nadie le gusta ver a nuestras fuerzas armadas en retiro, al crimen organizado imponiendo su ley, pero así fue. Más preocupante que la derrota en sí misma es cómo el gobierno de López Obrador va a procesarla y para ello lo primero es admitirla, no en un acto público, no se trata de inmolarse, sino internamente.

Tenemos un secretario de Seguridad Pública que no conoce el tema y que claramente no está al mando. Las contradicciones entre la información del propio secretario y las de las fuerzas armadas dejan en claro que no solo no hay coordinación, sino que no tiene los hilos de los aparatos de seguridad en sus manos.

Tenemos un Ejército en las calles, con uniformes distintos, lo vemos a veces como Guardia Nacional y otras como efectivos militares, pero son lo mismo, está atado de manos en cuanto al uso de la fuerza y sobrecargado de chamba. Esto ha provocado que las fuerzas armadas sean cada vez más ineficientes en sus labores y con más presiones al interior.

Tenemos un presidente dispuesto y deseoso de cambiar el rumbo de la seguridad de este país, pero sin estrategia. Desde que comenzaron los famosos foros de seguridad en la etapa de transición quedó claro que el discurso de amor y paz del presidente, el de abrazos no balazos o el fuchi guácala, se enfrenta a una realidad que nada tiene que ver con los buenos deseos.

Como procese el presidente la derrota del jueves pasado, definirá en gran medida el futuro y la trascendencia de su gobierno. Un golpe de timón requiere, entre otras cosas, la remoción del secretario de Seguridad, no sólo como una señal política de que alguien asume la responsabilidad de la falta de estrategia, sobre todo como un cambio en la forma de entender y enfrentar el problema. Dedicarle tiempo todas las mañanas es importantísimo, pero claramente insuficiente. Una política social consistente y que ataque los problemas de la pobreza es fundamental para una visión de seguridad a largo plazo, pero no la contiene en lo inmediato. Recuperar el Estado de Derecho y el territorio es hoy la tarea más urgente y eso requiere algo más que sermones mañaneros.

Una derrota que nada tiene de heroica, mucho menos de humanista.

El 99.9%, más menos, de los principales columnistas de todo México y de los más destacados periódicos y medios masivos del mundo opinan y concluyen en sus entregas de los días 18, 19, 20, 21 -y seguramente los subsiguientes-, que la decisión tomada en el "caso Ovidio" confirma la debilidad del Estado mexicano. Hábil como lo es Andrés Manuel López Obrador, "aprovechó para adelantarnos" el viernes 18 en su "mañanera", que los puntos de vista de los columnistas conservadores no serían favorables a su firme decisión de "gobierno".

Ante lo cual, resulta claro que no están en la misma sintonía que el señor Presidente, por lo que también habríamos de entender que los asuntos del país tampoco se pueden tomar tan en serio, porque de lo contrario nos puede alterar la presión sanguínea. No obstante, resulta difícil entender cómo es posible que a un presidente al que se le ha dado prácticamente todo... más de 30 millones de votos que lo legitiman en el poder; un congreso con mayoría en ambas cámaras, que ha reformado la Constitución de acuerdo a su visión personal -que no capricho-; presupuesto con "caja chica" a su disposición y mando; libre elección de sus colaboradores -con la capacidad que él defina-; un pueblo bueno y sabio, y hasta aplausos ante los dichos populares que utiliza para evadir respuestas... y con todo y ello, puede tener a un país "al filo de la navaja".

Las respuestas del gobierno a la derrota en la batalla de Culiacán han sido fáciles: los responsables son los gobiernos anteriores y la prensa crítica. Los mexicanos de buena voluntad deben unir esfuerzos y alabar la nueva estrategia del presidente López Obrador.

"No somos como el comandante Borolas", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al periodista José Cárdenas. "¿De qué periódico es usted?", reconvino molesto el presidente al reportero Jorge Ricardo cuando este le preguntó si reconocía que la estrategia ha fracasado: "Vamos muy bien en la estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, pero está muy difícil que el Reforma acepte, reconozca que vamos bien, porque el Reforma es un periódico de la oposición, un periódico conservador...".

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, declaró en Twitter: "Respaldamos a nuestro presidente... y a su gabinete de seguridad en la lucha por la pacificación del país". La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que "una extrema derecha que no se atrevió a hablar en el momento en que su presidente inició la guerra contra el narco... no tienen derecho a opinar, no pueden criticar". El senador morenista Félix Salgado Macedonio tuiteó: "Eres un héroe mi querido AMLO... Es mejor barrer la basura de los medios que te linchan, que barrer la sangre de familias completas".

La verdad es que la batalla de Culiacán, así como las matanzas de Aguililla y Tepochica y el persistente crecimiento de los homicidios dolosos, demuestran que la estrategia de repartir abrazos y no balazos no está funcionando, si es que realmente existe.

Quizá la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, haya sido inevitable el 17 de octubre. El propio secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que "se actuó de manera precipitada, con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencias". Cientos de pistoleros rodearon la casa en que Ovidio estaba asegurado, tomaron con violencia las calles de Culiacán y al parecer aseguraron como rehenes a militares y a sus familiares. Si los guardias hubieran tratado de salir a tiros con Ovidio, seguramente se habría registrado un baño de sangre. Esto subraya la debilidad del Estado mexicano ante la fuerza del verdadero crimen organizado (que no son los contribuyentes).

Fuera de la retórica, la estrategia del presidente López Obrador frente al crimen organizado no parece muy distinta a la de Calderón y Peña Nieto. Una vez que se descarta la 1a. mentira, que la detención de Ovidio fue producto de una patrulla rutinaria, resulta que la Guardia Nacional mandó a 30 efectivos sin orden de cateo para detener al narcotraficante y extraditarlo a Estados Unidos. No supongo que el propósito haya sido darle abrazos. Después de la batalla, la Sedena ha enviado a Culiacán a 230 nuevos efectivos del Ejército (ya no de la Guardia Nacional) sin que su objetivo parezca ser tampoco repartir abrazos.

Es verdad que Calderón empezó la guerra contra el narco en Michoacán en 2006 (a petición del entonces gobernador y hoy jefe de asesores de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel); pero, a pesar de las críticas, la estrategia de fondo sigue siendo la misma. Suspender un operativo porque el crimen tiene mejor organización y mayor poder de fuego en una plaza no significa que haya una nueva estrategia. La guerra no ha terminado.

Después de criticar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aseguró que el presidente está equivocado con el neoliberalismo.

El exfuncionario aclaró que el problema de la economía mexicana no es el neoliberalismo, como lo asegura AMLO, sino uno que lleva mucho tiempo atrás.

"Contrario de lo que piensa el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy claro que la economía mexicana no ha sido bien manejada desde hace mucho tiempo", escribió.

De hecho, Urzúa afirmó que el problema comenzó antes del periodo neoliberal, y se volvió mucho más complejo durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo.

"Ningún historiador económico que se precie de serlo incluiría esos 2 sexenios en el llamado periodo del desarrollo estabilizador, pues la semilla de la posterior debacle fue sembrada entonces", afirmó.

Asimismo, Urzúa escribió que AMLO tiene en su calendario establecido como el inicio del periodo neoliberal con el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid.

Anteriormente, el exfuncionario dijo que fue cerca del 30 de abril, la fecha límite para mandar a la Cámara de Diputados el PND, cuando el presidente le indicó que el PND sería reemplazado por uno suyo.

"Me atreví entonces a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de estado no es, después de todo, más que un secretario", concluyó.

Pues esta semana nuestro amado señor presidente don Andrés Manuel López Obrador dio una muestra más de su poder y volvió a poner por 2a. vez la 1a. piedra del cerroaeropuesto de Santa Lucia, que según muchos expertos del ancient regime (famosos por corruptos, malos, conservadores e hijos del 7 de espadas) pero que el 1er. mandatario actual dijo que ése es el bueno y lo será mientras él sea el tlatoani, durante ese tiempo él es dueño de la verdad absoluta según su propio estilo personal de gobernar.

Ya se lo he dicho, el suscrito, bien o mal, considera que en nuestro amado país todos, absolutamente todos los gobernantes, llámense como se hayan denominado en el poder supremo, tlatoanis, virreyes, presidentes, emperadores, reyes, dictadores o como haya sido denominados han sido dañinos para el país, vamos hasta el que duró 45 minutos en el poder han sido dañinos para el país, lo que varía es lo dañeros que han sido y esto se sabe hasta después.

A mí de éste me gusta que no finge, ahí el que manda es él, los secretarios que pasaron a la ubre inagotable por obra y gracia de su voluntad y tienen la humildad de que aceptan ser ninguneados por él y emociona ver a la gerontocracia actuante formaditos por la mañana -muchos de ellos con fama nacional de ratas- ahora cubiertos bajo su manto son honradísimos y ejemplos de democracia que saben a quién deben la leche.

De lo que le reclaman con más furia es el haber suspendido el aeropuerto de Texcoco, pero el hecho es que tan solo son opiniones de gentes que tienen "otros datos" que el tlatoani. Personalmente y sin saber nada de aeropuertos a mí siempre me parecieron pretenciosas las llamadas "reformas estructurales" de Peña, que ya han quedado anuladas. El proyecto peñista era demasiado pretencioso, pero proyecto, no realidad. Ni con él ni después de él hemos dejado de ser un país de 3er. mundo, un país injusto para casi todos, y protegido para pequeños grupos de los que muchos beneficiados entonces o antes mantienen, ahora gracias al nuevo jefe su posición, o sea los que eran poderosos antes, lo son ahora.

Creo que Vargas Llosa -quien en lo general no es santo de mi devoción- dicen que dijo -yo no lo he leído- que AMLO es como los gobiernos PRIISTAS, que había de varios, no del tipo de Peña, pero muy parecido, esto a mi juicio del estilo de Luis Echeverría, si es así si estoy de acuerdo.

Paco Calderón
(20 de octubre de 2019).

10 meses.

Eso duraron el discurso y las promesas.

La 4a. transformación ya tiene su lugar y fecha fatal.

El 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, México, el estado mexicano, el gobierno, renunció a uno de los deberes que le impone la Constitución.

Desde el 1o. de diciembre de 2018 el señor al que eligieron millones de mexicanos esperanzados y justificadamente hartos por años de corrupción y violencia, nos ha recetado madrugada sí y madrugada también un evangelio de paz y concordia que sólo puede existir en alguien totalmente ensoberbecido de sí mismo y ajeno a la realidad de un país que se le cae a pedazos.

Estaba convencido de que bastaba que él lo dijera para que la pobreza y la violencia se acabarían en un cerrar de ojos. Repetía hasta el cansancio que el pueblo era bueno y que solo con levantar la mano garantizaba que en 6 meses la violencia cesaría, que los malos se someterían, que los corruptos dejarían de serlo y que juntos de la mano, caminaríamos hacia una futuro lleno de prosperidad y paz.

No contaba con la realidad.

La prosperidad creció 0.0 en estos 10 meses. Sin palabras.

El jueves, en uno de los episodios que sin duda ya marcaron a la 4T, el gobierno, el ejército, los policías estatales, la inteligencia del país, sin coordinación ni planeación alguna, sin medir las consecuencias y estar preparados para la reacción, captura sin orden de cateo a uno de los hijos del Chapo Guzmán.

Se mete al infierno en pleno centro de Culiacán, con todos los pecados a cuestas.

El ejército, con las manos atadas por las órdenes estúpidas de no contestar las agresiones, escaso de armamento, sin la fuerza debida es enviado al matadero poniendo solo la obediencia, la voluntad, la dignidad de siempre y el pecho a las ráfagas de metralleta.

El gobierno al verse desbordado después de que los sicarios que responden al cártel de Sinaloa perfectamente coordinados tomaran el control de la ciudad en menos de media hora, nerviosos, rebasados, impotentes, angustiados deciden que para evitar las balaceras sin fin es mejor liberarlo y rendir la plaza.

Claudicar.

Esa misma tarde, López viaja a Oaxaca, visiblemente sobrepasado y con un sudor frío que apenas alcanza a disimular solo alcanza a balbucear :"mañana hablamos".

En la conferencia mañanera más difícil y cuestionada, justifica la libertad del narcojunior aduciendo que era la única manera de parar la balacera y salvaguardar a la población.

De forma inmediata sus fieles atiborran las redes justificando la liberación del delincuente e idealizando los afanes del redentor afirman confundiendo una cosa con otra que no vale más la captura de un criminal (y con esto entregar al país) que la vida de las personas, exhibiendo una visión de corto plazo e ignorando el mensaje fatal que se le envía a todos los que matan, secuestran, trafican, extorsionan y tienen desde hace rato postrada a la Patria.

El canciller Ebrard sin memoria alguna, pide cerrar filas y respaldar a López sin mezquindades alentando a nuestro Ejército y Guardia Nacional y pidiendo prudencia.

En un ejercicio de cinismo sin paralelo el señor secretario olvida convenientemente los más de 15 años de calumnias, insultos, mezquindades, exigencias de renuncia, mentiras, agravios y denostaciones que López y su movimiento hicieron durante todo ese tiempo.

La familia del narco, a través de sus abogados, montados en el colmo del cinismo y en una burla descarada que debería ofender a todos los mexicanos protagonizan un día después, uno de los episodios que pasarán a la historia como testimonio vergonzante de la sumisión del estado al narco: "La familia Guzmán le manda una mensaje de agradecimiento al presidente Andres Manuel Lopez Obrador y a su gabinete de seguridad porque nuestro hijo recibió buen trato. No fue torturado ni venadeado. No fue como en Tlataya en el gobierno de Peña Nieto. Nosotros como abogados estamos muy agradecidos , tenemos un presidente humano, cristiano, que finalmente no tomó la decisión de causarle daño a Ovidio".

López, miserable, acusa como siempre, a la prensa conservadora, a sus adversarios de no entender.

De preferir la sangre.

No. No. No.

No se confunda señor López y no engañe más. Basta.

No disfrace de preocupación la claudicación grotesca y grosera del estado frente a los criminales y el terror y la indefensión en la que amanecimos hoy millones de mexicanos.

Lo de ayer en Culiacán es consecuencia de su ineptitud y arrogancia.

De su soberbia sin límites.

De su afán irracional de mandar al diablo las instituciones.

De aniquilar al CISEN.

De fulminar por capricho a la Policía Federal.

De desmantelar el Estado Mayor Presidencial.

De permitir que el Ejército sea insultado y agredido cada día.

De sus discursos infundados y anclados en el pasado diciendo que no habrá más masacres.

De su miedo profundo y terrible a usar la fuerza legítima del estado.

De sus evangelios de amnistía y de perdonar a todos.

De sus mentiras en el combate al huachicol.

De levantar memoriales a los ladrones de combustible.

De permitir pintas y violencia de parte de vándalos.

De sus reuniones inútiles a las 6 de la mañana dizque para recibir el parte diario de seguridad y salir convencido de que el pueblo está feliz feliz feliz.

De sus dichos y ocurrencias que son burlas sin piedad y desgraciadas.

De sus abrazos no balazos.

De sus Fuchi y Guácala.

De su los voy a acusar con sus madrecitas y abuelitas.

De su hipócrita austeridad.

De la total falta de coordinación entre los aparatos de seguridad del estado que aún nos quedan.

De poner al Ejército a construir caprichos en forma de aeropuertos ridículos en vez de planear con inteligencia, tecnología y todo eso que usted desprecia, operativos para someter a los criminales.

De afirmar que el crimen organizado también es pueblo.

De mantener en su puesto a un secretario de Seguridad verdaderamente imbécil y cínico que con su actitud de perdonavidas y prepotente, arrogante como el que más, sigue engañando y mintiendo a diestra y siniestra.

Lo de ayer es consecuencia de la ineptitud de su gabinete y su afán enfermo de destruir y desmantelar instituciones.

De sentirse omnipotente y omnipresente.

Así de claro.

Es la suma de 10 meses de evadir la realidad, de ocurrencias y malas bromas, de no saber estar a la altura, de austeridad criminal y de un miedo a ejercer la fuerza que asusta.

Usted seguirá buscando excusas y sus fieles seguirán creyendo sus mentiras, atacando sin piedad, ciegos e ignorantes, culpando al pasado como pretexto perfecto y llamando conservadores a quienes no nos creemos sus patrañas.

Pero la realidad López, aunque usted tenga otra, es una: El gobierno que encabeza, ayer fue exhibido y arrasado.

Y México, el México de todos, ese que le confió la patria, ese que ingenuo creyó en usted amanece hoy rendido y derrotado, frágil y lastimado.

Aterrado e indefenso.

Le quedó grande el país señor López. Muy grande.

Si le queda un resquicio de humildad y decencia, un poco de dignidad, dése cuenta.

Es una derrota del país. Es una derrota de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es una derrota de la muy dudosa estrategia de pacificación que defiende en el discurso.

Más aún, la figura presidencial es sometida, por la inconsistencia de la estrategia oficial, al ridículo.

Los hechos de este jueves en Culiacán pintan un cuadro dramático del Estado mexicano doblegado ante los criminales. El Gobierno de la República libera al hijo de El Chapo Guzmán "para proteger vidas" de los ciudadanos, según declaró el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

La guerra de Culiacán -eso fue lo de este jueves- vino a coronar la semana negra del gobierno mexicano en su política de seguridad: Aguililla, Iguala, Acámbaro, Nuevo Laredo. Una semana en que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un arrojo de sinceridad declaró que estas masacres sucedían frecuentemente. Qué decirle: tiene razón.

Y ante cada episodio, no varió el discurso fácil de una presunta apuesta por el enfoque no violento, que se sacude la responsabilidad del Estado de brindar seguridad a sus ciudadanos a través del uso legítimo de la fuerza. Los aparatos de seguridad simplemente se rinden ante el poder de un cártel del narcotráfico.

Después de que el primer mandatario se declaró conmovido por la sentencia a cadena perpetua contra El Chapo Guzmán en Estados Unidos, de que se solidarizó con la madre y las hermanas del capo, y les ofreció ayuda para que fueran a visitarlo, el grupo criminal al que representa Guzmán Loera responde con fuego en las calles de Culiacán a la detención de uno de sus hijos, Ovidio.

Una detención, además, que no pareció planeada por las autoridades. Más como un encuentro fortuito.

El Estado aparece débil, sin brújula y errático frente al crimen organizado que despliega sin pudor su poder de fuego a cualquier hora y en cualquier lugar, desafiante e impune.

Es el fracaso del "abrazos, no balazos", del “fuchi, guácala” y de la retórica presidencial de apelar a las mamás de los criminales para que se porten bien.

La posición del gobierno es delicada y la situación del país es grave. Es hora de rectificar. Les quedan 5 años.

Si lo que dijo el secretario Durazo es real, resulta impensable que una decisión de este nivel no la hubiera tomado el presidente. De él es, pues, la responsabilidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una exageración decir que ha fracasado la estrategia de su gobierno contra de la delincuencia, luego de la captura y liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán.

En conferencia de prensa, en la zona militar número 15, el presidente señaló que los hechos de ayer jueves en Culiacán, Sinaloa, fueron lamentables.

"Se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia, eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos, andan como desquiciados buscando que fracasemos, pero no".

Al cuestionarlo de que en 2015, luego de la fuga del "Chapo" Guzmán como opositor pidió la renuncia del gabinete de seguridad, el titular del ejecutivo respondió que no es lo mismo.

"No es lo mismo, cómo pueden comparar el gobierno de Calderón u otros gobiernos, donde la política que se siguió fue de exterminio, se declaró la guerra... nosotros no vamos a continuar con lo mismo".

Apenas terminamos de asimilar el asesinato de 14 policías y un civil en Aguililla, Michoacán, cuando al siguiente día ocurrió otro enfrentamiento fatal en Iguala, Guerrero: 14 civiles y un soldado muertos.

Y ahora el caos desatado ayer en Culiacán con la detención y liberación de un hijo de "El Chapo" Guzmán, además de enfrentamientos, la liberación más de 20 reos por parte del cártel y enfrentamientos por toda la ciudad.

No vemos por ningún lado el "punto de inflexión" en la baja de homicidios dolosos que anunció Alfonso Durazo al iniciar la semana. También dudamos que los delincuentes, acusados con sus mamás, depongan las armas y se inscriban a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por 3a. vez en lo que va su mandato, el presidente echó a volar el aeropuerto de Santa Lucía, la obra más emblemática de su sexenio.

El proyecto de Santa Lucía libró las suspensiones (después de una manifestación de fuerza del presidente que usó al ministro Zaldívar para mandar el mensaje de lo que le pasa a los que se oponen), lo que no ha librado son los problemas propios de un aeropuerto, esto es, desde las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de viabilidad aeronáutica y los problemas sociales que causa una obra de este tamaño en la que siempre hay afectados, en este caso no solo las comunidades vecinas sino los militares avecindados en la base de Santa Lucía.

Poner primeras piedras es uno de los deportes favoritos de los políticos. Es un acto de voluntad, una manifestación de poder al decir "hágase" y que las máquinas obedezcan y en ese momento comiencen a trabajar, aunque en muchas ocasiones no hagan sino mover tierra de un lado para otro, como es el caso del pretendido aeropuerto, pues no hay proyecto ejecutivo, por lo tanto, tampoco hay permisos, ergo no está listado en el banco de obras de Hacienda y por conclusión no tiene presupuesto. Lo que hay en el proyecto de presupuesto 2020 -que por supuesto puede ser modificado- es dinero para los estudios y el proyecto ejecutivo. El presidente insiste en que el aeropuerto estará funcionando en 2021, lo cual no solo es improbable sino indeseable: una obra de ese tamaño no puede construirse bien, con proyectos ejecutivos y arquitectónicos bien hechos, en tan poco tiempo.

Pero ninguna opinión, ni la de López Obrador, ni la de la Secretaría de la Defensa, ni la del amigo contratista José María Riobóo, es tan importante como la de los expertos en aeronáutica, quienes deberán no solo opinar sino dictaminar sobre la viabilidad de operar simultáneamente los aeropuertos de Ciudad de México y de Santa Lucía y con qué condiciones. Mientras ese estudio no esté terminado, lo demás es especulación.

En lo que eso sucede, Santa Lucía seguirá siendo el símbolo de la batalla del presidente contra los conservadores, contra los corruptos, los fifís (incluida por supuesto la prensa fifí) y contra el dispendio gubernamental. Paradójicamente, si sigue por la ruta en la que va, donde lo político se antepone a lo técnico y la voluntad del poderoso a lo lógico, Santa Lucía podría terminar convirtiéndose en el gran símbolo del despilfarro de este sexenio, en el aterrizaje forzoso de un gobierno que no le gusta volar con instrumentos.

El día de ayer dizque arrancaron las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, (AISL) aeropuerto que por cierto seguramente terminará como elefante blanco o, en el mejor de los casos, como una ampliación innecesaria del militar, actualmente ahí ubicado. Porque terminaría estorbando en lugar de ayudar al ya rebasado desde hace años AICM. Las 8 suspensiones definitivas dentro de los más de 100 amparos interpuestos que las tenían detenidas, fueron levantadas, se presume, bajo una presión indebida del presidente mediante la Defensa Nacional. Sin embargo, es muy importante hacer los siguientes comentarios. En 1er. lugar, de acuerdo con el colectivo #NoMasDerroches, los litigios se seguirán hasta su conclusión.

Además, los requisitos incumplidos para su construcción ahí siguen y de continuar adelante con las obras se estarían incurriendo en verdaderos ilícitos. #NoMasDerroches nos advierte de los siguientes: "El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. La Sedena evidentemente no cumple con este requisito. No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado. Aún no se cuenta con un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie. La empresa NAVBLUE SAS no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el gobierno federal. No se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la SEMARNAT en la Autorización de Impacto Ambiental. No se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social. Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez".

Además, el propio colectivo de nuevo hace un extrañamiento por la reserva hecha por la Sedena en septiembre sobre toda la información del proyecto por lo menos hasta finalizar el sexenio, fundándose en que pudieran cometerse "delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio". Se preguntará el lector si es en serio. Sí, lo es.

Evidentemente todo esto vuelve a confirmar el carácter poco aseado, obscuro, poco o nulo acatador de la Ley y la Constitución, por parte del gobierno federal lopezobradorista. Yo no se quiénes serán los valientes, pero también imprudentes y quizá ignorantes o valemadristas funcionarios públicos incluyendo militares, que se animarán a autorizar y firmar tanta ilicitud, aún sabiendo que cargarán responsabilidades desde penales, administrativas y civiles, poniendo en riesgo tanto su libertad, como su patrimonio, o la posibilidad de continuar sirviendo como tales.

En resumen. Esas 8 suspensiones definitivas se cayeron. Eso no implica que [no] pueda haber otras. Aun así, los más de 100 amparos siguen su curso esperando la autoridad y los jueces no los alarguen deliberadamente. Y ponerse a construir así como están las cosas representaría una incontable cantidad de sanciones a los funcionarios públicos que intervengan. Ahí sabrán.

Paco Calderón
(18 de octubre de 2019).

México está a punto de unirse al pequeño grupo de países, como China y Corea del Norte, que censuran el internet. En la miscelánea fiscal del 2020 se está proponiendo bloquear las plataformas o aplicaciones que no se registren en México para el pago de impuestos. Millones de pequeños y medianos servicios internacionales que no tienen forma de tener una presencia fiscal en México serían censurados.

Manuel Clouthier C.
(Twitter 17 de octubre de 2019).

El gobierno federal eliminó los apoyos a la innovación y la tecnología, un tema que la 4T desprecia.

El crimen organizado se está burlando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas en un búmeran que pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales -porque la realidad lo empuja al ridículo-, y que tampoco se les extiende un salvoconducto de impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando mayor conciencia que su único enemigo es la organización criminal rival, porque el gobierno les cedió la plaza.

La matanza de policías estatales en Aguililla puso al gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30 personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47, fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son de uso reglamentario del Ejército; los AK-47 no los usa ningún cuerpo de seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído el caso de manera automática al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo ordenó el presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a 13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.

La decisión presidencial de no confrontar a los grupos criminales, menos aún combatirlos sistemáticamente -en Iguala se cruzaron con ellos-, se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A López Obrador le importan mucho las encuestas -quizás es el presidente que más apegado a ellas ha gobernado-, pero las está leyendo mal. El que los mexicanos no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no lo debe llevar a la esquizofrenia.

Se queja de las 2 formas de enfrentar a las organizaciones criminales pese a que sus estrategias fueron totalmente distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011, cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia, pero al no confrontarlos, en 3 años la violencia creció a niveles nunca antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo gobierno. López Obrador critica a los 2 y escoge el camino de Peña Nieto. Su gobierno se parece mucho al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de seguridad.

Pero está peor que el de Peña Nieto. Arturo Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes, dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.

El presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables den buenos resultados. Pero en estos momentos no se sabe cuáles son los resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La 1a. carece de recursos. No hay dinero para construir una Guardia Nacional -sólo hay salarios presupuestados para 7,000 guardias-, ni tampoco para equipamiento. El dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha reducido en el presupuesto porque no hay recursos. La 2a. es una broma. "Abrazos, no balazos", es una frase bonita que no tiene nada que ver con una política pública de seguridad.

López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aun así optaron por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por nada. Incurrió el presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto al pensar que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las únicas armas reales que tiene el presidente en sus manos son la retórica y su discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la inseguridad. Debe recordar que hoy los muertos ya no son de Calderón ni de Peña Nieto. Los muertos son de él, de su gobierno y de su incapacidad para desarrollar una estrategia de seguridad.

La soberbia, la marca del nuevo gobierno, está cobrando su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar que desconoce, aunque el presidente siga pensando que su política de palabra cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así, no va a poder con la violencia.

Varios de nuestros amigos de la 4a. Transformación empiezan a acusar cansancio y desgaste cuando apenas están por cumplir un año de haber llegado al gobierno. La mayoría son migrados de las izquierdas mexicanas que durante años permanecieron en la oposición, prácticamente marginados, y la mayor parte del tiempo sobreviviendo en las distintas caras que tuvieron los partidos de izquierda desde el ya remoto Partido Comunista hasta el antecedente inmediato de MORENA que fue el aún entonces fuerte PRD, gobernado la mayoría de las veces por los intereses de las tristemente célebres y violentas tribus.

Gente brillante de izquierda. Y varias veces lo dijimos: las mentes más lúcidas del país están en el peor partido.

Con el arribo de López Obrador al poder, la mayoría de ellos (sin sentir que traicionaban su propio proyecto de transformación) se sumaron entusiastas al movimiento morado y de hecho encontraron posiciones relevantes en distintos ámbitos del nuevo gobierno.

Y ahí están.

Pero empiezan a desgastarse porque ellos se sumaron al gobierno morenista para cambiar al país, para dar salida a distintos proyectos sobre todo de interés social que incubaron durante años y que, creían, ahora era el momento de materializarlos.

Pero por muy diversas razones, esos herederos de las izquierdas mexicanas han podido hacer muy poco por transformar al país. Han visto cómo el aparato burocrático sigue siendo el mismo de regímenes pasados (pesado y monolítico) y que es muy difícil mover piezas y recursos para iniciar cambios de fondo.

Es un régimen en que, nos dicen, todo empieza y termina en el propio presidente.

Él debe decidir prácticamente cada paso innovador, algo que es materialmente imposible.

Han visto cómo los esfuerzos del presidente se han centrado en ahorrar recursos para destinarlos íntegramente a sus programas sociales.

Y el dinero ya no alcanza.

Ni tampoco el tiempo del presidente para atender otros asuntos.

Y lo más desalentador para ellos y sus intenciones es que no ven cómo en el futuro cercano puedan hacer algo.

De ahí el desgaste.

Y claro, también desgastados están todos aquellos que migraron del PRI y partidos afines que vieron en las filas de MORENA la posibilidad de seguir gozando las prebendas que significan formar parte de la clase gobernante. Empiezan a descubrir que sí hay una reducción importante de ingresos para ellos (no hay bonos ni compensaciones extraordinarias), y se sienten "con las manos atadas" si pretendiesen hacerse de recursos indebidamente.

Hay marcaje personal.

Saben que como la consigna fundamental del presidente es erradicar la corrupción como origen de todos los males que aquejan al país, el que cometa un error y pretenda robar no sólo será exhibido sino inmediatamente expulsado del proyecto.

Y cada quincena ven cómo el dinero no les alcanza.

Desgaste arriba, y desgaste abajo.

La caída de Romero Deschamps, cuyo reinado ha concluido este miércoles, podría confirmar el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador: quienes no se subieron oportunamente a Morena, son bajados del barco del poder a punta de insinuaciones de "carpeta de investigación o carpetazo, tú eliges".

Tenemos, eso sí, una paradoja. Si esto fuera una limpieza, los procedimientos no son muy asépticos que digamos. Las filtraciones y los periodicazos son la norma en casi la mayoría de estas defenestraciones y procesos. ¿Viejos trucos del poder pueden ayudar a construir un futuro distinto?

Esa es la cuestión relevante. Si el presidente López Obrador hace una depuración del sistema autocrático sólo para instalar uno similar, si fuerza la salida de unos solo para instalar sus propias correas de transmisión, si el cambio de régimen es sólo un: se va el que no era mío y llega el que sí es mío. Si nos quedamos en eso, las noticias de ayer son alegrías que marchitan pronto.

En 1993 el sistema intentó perpetuarse un poco más al poner a Romero Deschamps en el STPRM. Les duró el gusto 26 años.

Ojalá el nuevo sistema no consiga su propio Romero Deschamps. Ojalá la noticia de ayer alcance para algo más que reforzar el poder presidencial.

Un muy singular oficio dirigido a mí, llegó a las oficinas de W Radio el martes. Venía de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, para hacerme una notificación. Hacía referencia a "Operación Saqueo", el reportaje en el que se revelan las grabaciones clandestinas a ex funcionarios de Pemex en las que detallan cómo operaba la corrupción ahí adentro en el sexenio pasado, y que fue publicado el lunes en estas páginas y en el programa de radio a mi cargo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) "solicita su colaboración con esta autoridad investigadora, a fin de que dentro del término de 07 días hábiles, contando a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, tenga a bien remitir a esta autoridad administrativa copia certificada de toda la documentación con que cuente respecto de los hechos antes referidos, así como de los audios, videos y/o videograbaciones que tenga, en torno a la nota periodística relacionada con la empresa Black Cube y funcionarios y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos".

Siguen 2 párrafos citando leyes, reglamentos, artículos, fracciones, en las que se supone se basa esta solicitud-notificación-emplazamiento.

Ahora resulta que un periodista le tiene que hacer la chamba a las autoridades. Frente a los enormes recursos que tiene una secretaría, toca al periodista presentar las pruebas. Todito: documentos, audios, videos. Y certificadas, eh. Y en 07 días hábiles a más tardar.

El gobierno federal mexicano tiene esas grabaciones clandestinas. Las tiene la Secretaría de Economía. Es la que tramita el panel de arbitraje del TLC, en el marco del cual se presentaron las grabaciones como prueba. Al exhibirlas a este panel, los denunciantes marcan copia a la contraparte, que es la Secretaría de Economía. Bastaría que la secretaria Irma Eréndira Sandoval le echara un telefonazo a su colega secretaria Gabriela Márquez para pedirle documentos y audios. O que la emplace a entregar copias certificadas en un lapso no mayor a 07 días hábiles. Encima, las grabaciones son públicas.

El oficio cita el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Habla desde multas hasta uso de la fuerza pública. ¿Tienen contemplado aprehenderme si no atiendo su solicitud?

Un dato curioso: en estos mismos espacios periodísticos se denunciaron las 23 casas y 12 empresas vinculadas a Manuel Bartlett. Y no me llegó ninguna solicitud ni petición de colaborar ni mandar copia certificada de nada. ¿Será que la SFP escoge políticamente qué expedientes perseguir? ¿Será que un reportaje que denuncia corrupción en el sexenio pasado amerita una notificación inmediata a un periodista, pero no un reportaje que denuncia corrupción en el actual gobierno?

Por si tenían duda: no les voy a hacer su trabajo.

Que no se haga pato el ganso. Todas las trápalas, engañifas, añagazas, fullerías, chicanas, artimañas y tropelías que se están haciendo en Baja California le serán cargadas a su cuenta. Resulta imposible pensar que el tal Bonilla, su cuate y paniaguado, esté actuando por la suya al urdir y llevar a cabo ese atentado, el peor que se ha cometido en nuestros tiempos contra la ley, la democracia y la República. A las claras se ve que Bonilla procede no sólo con conocimiento de López Obrador, sino también con su consentimiento. Si la autoridad electoral o los órganos superiores de justicia no echan por tierra la burda e ilegal maniobra del morenista -hablo de Bonilla- habrá que perder toda esperanza en cuanto al futuro de nuestro país.

Paco Calderón
(16 de octubre de 2019).

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy su sorpresa por el rechazo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a la reforma que eleva a categoría de delitos graves la entrega de facturas falsas y la creación de empresas "fantasma".

"Me llama muchísimo la atención. ¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo?, ¿cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas?, lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos", dijo en su conferencia de prensa matutina.

Aclaró que no habla de todos los empresarios, sino de la actitud de los dirigentes que se comportan como un partido político. "Me dejó anonadado este asunto", expresó López Obrador.

Por ello, el mandatario mexicano se preguntó dónde queda la honestidad y decencia de este sector conservador que culpaba a los comerciantes informales de no pagar impuestos y advirtió que "el que nada debe, nada teme".

"Los delincuentes de cuello blanco son los peores, son los que dañan más, como los políticos corruptos, imagínense no era grave la corrupción, es para que estuvieran pidiendo disculpas todos los que apoyaron al régimen neoliberal", consideró.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, contestó a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por la postura del organismo empresarial sobre la ley aprobada para combatir a las empresas factureras.

"El presidente López Obrador señaló en la conferencia de prensa que veía en la Coparmex un partido político. Yo quiero decirle al presidente que no se confunda y que no mienta. La Coparmex es una institución que tiene 90 años impulsando los principios de la democracia laboral, impulsando la economía de mercado y la responsabilidad empresarial. Hemos sido, somos y seremos apartidistas".

Entrevistado después de reunirse con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el empresario dijo que la Coparmex mantendrá su postura de crítica al gobierno federal en las medidas con las cuales no esté de acuerdo el sector patronal.

"Jamás vamos a renunciar a nuestro derecho ciudadano de estar interesados en lo público. No aceptamos ni de él ni de nadie la censura. Más allá de señalamientos vamos a ejercer nuestro derecho a juzgar cada una de las posturas del gobierno federal", dijo.

En ese sentido, dijo que el organismo apoya el combate a la evasión fiscal a partir de la simulación de facturas, está en contra de que se afecte a los contribuyentes cumplidos.

"Es absolutamente falso lo dicho por el presidente López Obrador en el sentido de que la Coparmex apoya a las empresas factureras. Apoyamos el esfuerzo del gobierno federal en contra de las empresas factureras, es una competencia desleal y deben ser absolutamente combatidas y erradicadas. Lo que decimos es que este propósito no puede tener como consecuencia una vulneración de los derechos de seguridad jurídica y defensa de los contribuyentes", dijo.

En ese sentido, dijo que en conjunto con el PRD analiza la posibilidad de imponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley contra las factureras, además de que ejercerá su derecho a ampararse.

"Un gobernante despótico puede negarle a los ciudadanos el derecho de legítima defensa conforme a las leyes. Nadie puede señalar que hay un sabotaje legal y que se está excediendo cuando se está ejerciendo un derecho jurídico establecido. Ni el señalamiento de un presidente ni el señalamiento de un funcionario van a amedrentar la acción de la Coparmex", añadió.

De entrada, la coincidencia en el tiempo: mientras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, aseveraba, el lunes, que las estadísticas muestran "una inflexión" que permite avizorar una disminución de la inseguridad -la gran preocupación de la mayoría de los mexicanos-, en la comunidad de "El Guaje", municipio de Aguililla, Michoacán, 13 policías estatales eran abatidos por un comando integrado por alrededor de 30 miembros de un cártel delincuencial, que se desplazaron en 7 camionetas. Otros 4 policías resultaron heridos. Al cabo del ataque, en que emplearon armas de alto poder, rifles antiaéreos y granadas de fragmentación, los agresores huyeron. Al parecer, todos ilesos.

Después, las reacciones de las autoridades: la declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que los hechos fueron "un accidente lamentable". Si accidente, por definición, es "un hecho eventual, imprevisible, del que involuntariamente resulta un daño", lo del lunes en "El Guaje" -perpetrado con premeditación, alevosía y ventaja- ni fue un accidente, ni fue -como dijo ella misma- "una circunstancia que se dio como se dan todos los eventos en el país, todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país"... A no ser, claro, que deba aceptarse que a eso estamos condenados los habitantes de este país: a que la violencia, el crimen y la muerte sean la regla, y el orden, la tranquilidad y la paz, la excepción.

Ayer, durante la ceremonia luctuosa oficial, en Morelia, el gobernador Silvano Aureoles invitaba a la sociedad en pleno a "repudiar" esas acciones, y enviaba a su vez un mensaje al gobierno federal: "Los delincuentes no entienden". Tácita reprobación, esto último, a los discursos utilizados hasta ahora como estrategia para combatirlos: desde los "abrazos, no balazos" hasta la recomendación de que piensen en sus madrecitas, pasando por el "fuchi, guácala" que también sería anecdótico si no fuera patético.

En las benditas redes sociales, como las llama AMLO, pero especialmente en los grupos de policías, empezó a circular una presunta convocatoria para un paro policial nacional bajo el título: Llamado de Alerta General a todos los Heroicos Policías de la República Mexicana, en el que muestran su repudio al presidente por la muerte de policías, por no "asumir una política criminal responsable e inteligente", y por los exámenes de control de confianza. "A los maestros ya no los va a evaluar porque les tiene miedo y le harían un desmadre. O evalúa a todos o no evalúa a nadie. Los policías no somos monstruos ni apestados para que nos haga menos", se lee en el texto.

En él lanzan también un amago de voto de castigo al partido Morena y a sus diputados y diputadas, y le advierten al presidente no obligarlos a "perderle el respeto por sus estúpidos e idiotas pensamientos de abrazos no balazos, de acusar a narcotraficantes, ratas, y delincuentes con sus abuelitas y mamás". Y agregan: "Usted no quiere establecer una política criminal frontal y de cero tolerancia contra los criminales y delincuentes". Le reprochan también pactos con el cártel más poderoso del país y le exigen acabar con las narcotienditas "en todas las calles, colonias y rincones de este país".

Seguramente el gobierno federal minimizará esta convocatoria y las críticas y amagos por su carácter anónimo, pero independientemente de ello, ya sea que se trate de propaganda de grupos de presión, de la arena político-electoral o de los grupos fácticos que aglutinaba en la mafia del poder o los que nunca menciona de los grupos de la delincuencia organizada, es claro que están aprovechando la evidente crisis de inseguridad que se padece en muchos estados del país, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Estado de México y Chihuahua, para llevar agua a su molino.

Es, pues, urgente que el gobierno federal comparta un diagnóstico de cómo van las principales acciones de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, en el que su principal apuesta era la creación de la Guardia Nacional, y que su éxito dependía 80% de su programa económico, pero en el que también se contemplaban otras 8 líneas de acción de las que poco se ha dicho.

Como dijo Manuel Clouthier, el único apoyo del gobierno federal al campo en Sinaloa es a un campo de beisbol.

En lugar de atajar el tema por evidentemente anticonstitucional y ponchar al político (que se quiere quedar 5 años cuando fue electo para 2) en la 1a. base, el presidente ha dejado correr intencionalmente la jugarreta política para que su amigo se embase para luego ver hasta dónde llega.

La consulta popular del domingo no tuvo los mínimos requerimientos de certeza, equidad y secrecía del voto y participó menos de 2% del padrón electoral (1.9 para ser exactos). Visto desde ahí y analizado desde los mínimos de una democracia es claramente una payasada y un acto de absoluta irresponsabilidad política. Pero eso es lo de menos, dejar correr la jugada le sirve al presidente para medir la capacidad de respuesta de la opinión pública, pero sobre todo medir la fortaleza de las instituciones democráticas como el INE, el Tribunal Electoral, el Senado de la República y sobre todo de la Suprema Corte.

En Baja California se juega no solo el periodo de la gubernatura en ese estado fronterizo, sino la estabilidad democrática del país. Pase lo que pase en la Corte, el simple hecho de haberlo dejado llegar hasta donde ha llegado es un mensaje poco halagüeño.

La Ley Bonilla es la síntesis perfecta de la corrupción tolerada. Tras las denuncias de los moches a los diputados (la mayoría de ellos panistas) la Unidad de Inteligencia Financiera debería estar ya rastreando los depósitos, como lo hizo con el magistrado que votó contra Santa Lucía. Pero no, hay una tolerancia distinta que va más allá de la justicia y gracia para los cuates de Juárez y raya ya en la complicidad.

Una serie de grabaciones telefónicas de funcionarios de Pemex donde mostraban la corrupción en los más altos niveles de Pemex, fueron presentadas ante la Corte Federal del Distrito Sur en Brooklyn hace 5 días como evidencia en una demanda contra el Gobierno de México por parte de la empresa Oro Negro, renovando el escándalo por el saqueo en la empresa del estado mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

López Obrador dijo que las grabaciones que muestran corrupción correspondían al gobierno anterior y no deberían sorprender ni provocar rasgaduras de vestiduras. La simpleza de su pensamiento es peligrosa. Hacer la diferencia entren el Pemex del presente y el Pemex del pasado juega bien en su narrativa de la destrucción de todo lo que lo antecedió, pero en términos políticos y jurídicos, es la misma empresa. El presidente debería ser cuidadoso en sus declaraciones y preocuparse, pues desde mayo la Comisión de Bolsas y Valores, conocida como la SEC, el acrónimo de Securities and Exchange Commission, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigan a Pemex.

"Las grabaciones revisadas por The Wall Street Journal ofrecen una rara ventana a la corrupción endémica en una de las más grandes empresas estatales de México", escribió Robbie Whelan, uno de los corresponsales del diario en este país. "Durante un periodo de 3 meses en 2017, Black Cube -una empresa de investigación israelí-, contratada por Oro Negro, grabó en secreto decenas de horas de conversaciones con ex ejecutivos de Pemex, en ese entonces en funciones, describiendo un elaborado sistema de pagar para jugar en la empresa petrolera, donde se aceptaban sobornos por contratos".

El párrafo es demoledor en términos jurídicos, pero se apoya en la investigación que inició la SEC sobre posibles irregularidades contables (subrayado mío), apoyada por los abogados de la unidad criminal del Departamento de Justicia que se enfoca al Acta de Prácticas Corruptas, los fiscales de la Corte Federal de Brooklyn, la oficina del FBI en Houston y la oficina de la SEC en Miami, donde vive Gonzalo Gil White, fundador y presidente de Oro Negro. Si López Obrador no entiende lo que esto significa, o si en su equipo de colaboradores no le han explicado la magnitud de lo que representa esta investigación, la omisión significará una irresponsabilidad más grande de lo que las consecuencias para Pemex podrían significar que se le señalara como una institución endémicamente corrupta.

El análisis comparativo es PDVSA, Petróleos de Venezuela, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia civil y militar, donde se hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, por las componendas con los empresarios, beneficiados con contratos a cambio de sobornos.

Esto se paró cuando intervino Estados Unidos. El 28 de enero el Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades y los intereses de PDVSA y prohibió realizar transacciones con la compañía. Cortó el acceso del Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Ya no puede acceder a financiamiento en los mercados estadounidenses, una de las razones por las que detonó su crisis.

La economía venezolana quedó a merced de Estados Unidos porque no fueron las personas, sino PDVSA la que estaba con la gangrena de la corrupción. Por ese camino va Pemex. El presidente López Obrador debe avivarse y ampliar su horizonte estratégico y de acción. No hizo caso del juicio en Brooklyn en un principio cuando no figuraba directamente Pemex. Hoy ya no es lo mismo. O actúa rápidamente, o todos pagaremos su negligencia.

Después de que desde el Gobierno de Jalisco nos regañaron porque la epidemia de dengue está bajo control, ahora Andrés Manuel López Obrador informó que todo ocurre en nuestras cabezas y no en Huentitán el Bajo, la Colonia Atlas y la Consti.

"Tenemos información de que no hay nada extraordinario, que no es algo incontrolable, lo del dengue", declaró el presidente para luego reconocer que "no tenía el reporte de Jalisco, pero hoy mismo se informa". Ah, el arte de descartar un problema antes de conocerlo.

El dengue es un invento de los conservadores, no se dejen picar por ese mosco. Y si los picó en Jalisco, la culpa es del cambio climático porque el estado tiene bajo control un problema... que la federación dice que no existe.

La participación en la consulta que respaldó la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California de 2 a 5 años fue de 1.9% del padrón. La del aeropuerto de octubre de 2018 fue de 1.2%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este martes que el notable recorte de las previsiones económicas para México, sobre el que espera apenas un 0.4% de expansión este año, responde en gran parte a la creciente incertidumbre sobre "la dirección que el país va a tomar" lo que está dañando la inversión.

"Hay mucha incertidumbre en general, el sector privado se encuentra en un momento de mucha incertidumbre sobre la dirección que el país va a tomar", dijo el director adjunto del Departamento de Investigación del Fondo, Gian Maria Milesi-Ferretti.

"Y el resultado de esto es claramente que la inversión cae -subrayó-, porque los inversores esperan ver hacia dónde van las cosas".

Según el FMI, la economía de México avanzará un 0.4% este año y un 1.3% el próximo año, 5 y 6 décimas por debajo de lo estimado hace apenas 3 meses.

Milesi-Ferretti precisó, sin embargo, que hay otros factores que contribuyen también a estas perspectivas más modestas como es el caso de los altos tipos de interés o las tensiones comerciales con EU.

"La política monetaria ha tenido que enfrentarse a una subida de las expectativas de inflación, y es una política muy restrictiva. Estamos hablando de tasas de interés arriba de 7% cuando en EU están en el 2%, esto también tiene un impacto sobre la inversión y la demanda de consumo", sostuvo.

Asimismo, ha habido una "subejecución del gasto fiscal en la primera mitad del año, que también ha afectado".

Por último, Milesi-Ferretti concluyó que si el panorama no fuese lo suficientemente complicado para México se mantienen "las tensiones con EU, que van y vienen, y cuando uno tiene que pensar dónde poner una planta, se lo piensa".

Había 2 maneras de cumplir el compromiso que asumió públicamente el gobierno federal, de reducir, en los primeros 6 meses de su ejercicio, los niveles de inseguridad vigentes cuando lo iniciaron: una, mejorar significativamente la desigualdad social, al efecto de que los delincuentes -muchos de ellos, al menos- reencauzaran su vida; la otra, incrementar la eficacia de las policías -la cacareada Guardia Nacional incluida, por supuesto- para prevenir (impedir, pues) delitos y detener delincuentes, y del aparato judicial para procesarlos y sancionarlos. Como ninguna de las 2 cosas ha sucedido, se explica que el compromiso, asumido como respuesta a la más insistente demanda de la población -el 64.5% para ser exactos-, captada y manejada hasta la saciedad durante las campañas previas a las elecciones federales del año pasado, hasta ahora no se haya cumplido.

Pruebas de lo anterior, algunos datos difundidos ayer, durante la tradicional "mañanera", no precisamente por "los fifís", "los neoliberales", "los conservadores", los emisarios de "la mafia del poder" u otros cualesquiera de los críticos o enemigos imaginarios de la actual administración, sino -en presencia del supremo tlatoani en turno, por cierto- por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, nada menos: que sólo en 2018 se cometieran en el país 33 millones de delitos en perjuicio de 25 millones de personas (según datos de la Encuesta Nacional correspondiente, realizada por el Inegi), significa, estadísticamente, que 1 de cada 5 mexicanos vivió al menos una experiencia de ese tipo; que en ese lapso se abrieran 29,106 carpetas de investigación, significa que se denuncian menos del 1% de los delitos que se cometen, en parte porque los trámites son engorrosos, pero principalmente porque la generalidad de los ciudadanos presupone que tales trámites serán inútiles; por otra parte, el dato de que en el país -según el Instituto Mexicano de la Competitividad- hay 1.14% de probabilidad de que un delito "se denuncie y se esclarezca", no debe interpretarse alegremente como indicio de que se esclarezcan casi todos los delitos que se denuncian.

Aunque el discurso sostiene que el Gabinete de Seguridad se la vive "tomando decisiones para garantizar (?) la paz y tranquilidad del país", el hecho probado ("a confesión de parte, relevo de prueba") es que el aparato encargado -en teoría- de administrar justicia (perseguir, esclarecer y sancionar delitos, principalmente), está ampliamente rebasado por la maldita realidad...

Es, como suele decirse, muy poco gato para tanta rata.

Lo que ocurrió en las asambleas distritales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el pasado sábado 12 de octubre es un signo muy claro de descomposición temprana. El partido político más exitoso del país en este momento, con apenas 5 años de existencia, se está desmoronando antes de empezar a construirse. ¿Es permisible interpretar que su comportamiento interno es espejo de lo que ocurre en el gobierno federal? Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el líder visible en ambos espacios: el de gobierno y el político partidista.

El mismo día, cuando todavía no se informaba de cuatro hombres heridos de bala en una de las asambleas distritales, la que tuvo lugar en Huentitán (Distrito 9), uno de los miembros de la bancada de Morena en el congreso local, me compartía con pena: "Y nosotros somos la transformación".

La pregunta elemental es: ¿Qué está ocurriendo?

Es difícil responderla, porque las versiones de los interesados se cruzan e incluso se confrontan. Es evidente que hay mentiras o medias verdades en sus declaraciones.

El dirigente del partido (delegado presidente, le llaman) Hugo Rodríguez, salió a pedir que se repita la elección. Parece lógico, ya que no consiguieron obtener resultados completos ni siquiera en un tercio de los procesos.

Pero tampoco engaña a sus "compañeros". Es conocida su alianza con la actual presidenta, Yeidckol Polevnsky, quien ha defendido desde hace varias semanas que la elección de Morena debe suspenderse porque el padrón no es confiable y porque no hay garantías suficientes para la elección que más les importa: la presidencia nacional de Morena... donde ella quiere repetir.

Hugo Rodríguez habla de una "mano negra", personajes ajenos "a los morenos". A ellos responsabiliza de las acciones violentas no solo en Jalisco sino también en estados como Sinaloa y Zacatecas.

¿Es cierto? ¿A quiénes se refiere? ¿Militantes de otros partidos?

Las versiones que intentan explicar lo ocurrido también apuntan al excandidato a la gubernatura, Carlos Lomelí Bolaños. Se afirma que el empresario y delegado suspendido en Jalisco, tiene un pacto con el diputado federal Mario Delgado, para que sea él quien alcance la presidencia de Morena.

Actores menos conocidos en el interior del partido, que defienden la causa de Bertha Luján para convertirse en la máxima dirigente de Morena, afirman que la violencia ocurrida en Jalisco es única y que es erróneo decir que se extendió a otras partes del país.

¿Los agresores de los morenistas fueron contratados por líderes de Morena interesados en reventar la elección? Es una pregunta que no debe descartarse.

Mientras tanto, el dirigente Hugo Rodríguez descarga en la Fiscalía del Estado la responsabilidad de resolver este acertijo. Seguramente el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez sonrió cuando se enteró de este nuevo "encarguito". En el mejor de los escenarios, las autoridades estatales podrían dar con los agresores y reventadores de las asambleas, detenerlos, ponerlos a disposición del Ministerio Público, deslindar hechos y eventualmente, responsabilizarlos por delitos electorales, agresión a personas y robo. Pero nunca resolverán el pleito político en el que están metidos los expriístas, expanistas, experredistas y recién llegados a la grilla, que hoy se ufanan de ser impulsores de Morena.

Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró válido la semana pasada el triunfo electoral del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, pero sólo para un periodo de 2 años y no de los 5 que pretendían ilegalmente, el domingo insistieron en esta posibilidad al convocar a una encuesta sin rigor metodológico alguno.

Según Morena, esta encuesta que encargaron a la consultora Buendía & Laredo arrojó como resultado que el 73% de las personas de Baja California que participaron en el ejercicio, aprobaron que el próximo gobierno tenga una duración de cinco años, con lo que buscarán revivir la intentona autoritaria y antidemocrática de querer ampliar el periodo de gobierno de Bonilla.

Como se sabe, pasadas las elecciones en las que se le eligió sólo por 2 años, Bonilla y Morena urdieron todo un plan, con la complicidad del gobernador panista saliente, Francisco "Kiko" Vega, a cambio de impunidad, para aprobar una reforma, a todas luces ilegal, para ampliar su periodo que aprobaron en lo oscurito las y los diputados salientes de todos los partidos políticos del congreso bajacaliforniano.

Fue desde luego una consulta a modo, al igual que la consulta con la que se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en octubre pasado, y la que vino después para validar el proyecto del Tren Maya y otros programas sociales, y la que se hizo para preguntar si se continuaba o no con la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos, a la que muchas comunidades rechazan, pero que en la encuesta 59.5% votó a favor de continuar esta obra, y 40.1% en contra.

Como en todos estos ejercicios, en el de ayer en Baja California, en las 250 mesas que se instalaron en toda la entidad, los votantes podían hacerlo las veces que quisieran, y nunca quedó claro quién custodió las urnas y quiénes fueron los responsables del conteo de los votos.

Este tipo de consultas, lejos de honrar los beneficios sociales de la participación ciudadana y la democracia directa para discutir y decidir sobre los grandes asuntos públicos, como lo presumió el domingo el propio Bonilla, los desvirtúa.

Como se seguirá desvirtuando la imagen de Morena, el partido del gobierno de la autollamada 4a. transformación, que al parecer no le bastó la afectación por todos los conflictos y la violencia que se registró en sus asambleas distritales el sábado pasado, y ahora se exhibe con esta encuesta amañada con la que se aferran a atropellar el Estado de Derecho en Baja California.

El Congreso de Baja California enmendó en julio la ley para ampliar el mandato del gobernador electo, pero la ley no ha sido publicada, por lo que no ha sido posible llevarla a una controversia constitucional. El presidente del congreso estatal dice que la ley "está perdida", pero en realidad se espera que la promulgue poco antes de la toma de protesta con la idea de que así no habrá tiempo de cuestionar su constitucionalidad.

El rechazo a la Ley Bonilla ha sido generalizado. Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que "el Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende la inteligencia, cae en la ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo". La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, afirmó que en su opinión se trata de "una reforma inconstitucional". El propio presidente López Obrador ha declarado que no está de acuerdo con la ley. Este 11 de octubre declaró: "Es algo, incluso, que me produce pena. Me da pena, porque no deben estarse discutiendo estos asuntos. Hay que respetar lo que establecen la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades".

El Tribunal Electoral decretó que no se podía cambiar el mandato de 2 a 5 años de manera extemporánea. La consulta popular ni siquiera existe en términos legales. Si se promulga la enmienda horas antes de la toma de protesta, lo más seguro es que se presente una controversia constitucional a la Suprema Corte, pero el argumento de los morenistas será que Jaime Bonilla ya rindió protesta y por lo tanto no se puede revocar el mandato.

Este sábado 12 de octubre, por extraña coincidencia, el presidente estuvo en Baja California. La visita se limitó oficialmente a San Quintín, pero supongo que habrá habido ocasión para algún intercambio de opiniones al más alto nivel.

Mientras tanto, Jaime Bonilla, un gobernador electo por un margen incuestionable, ha desperdiciado la mayor parte de sus esfuerzos en ampliar el mandato, en lugar de prepararse para gobernar.

Parte de la clase política mexicana parece decidida a desandar la historia. Con la tolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la complicidad de su partido, el candidato ganador de los comicios bajacalifornianos de este año pretende manipular su propia elección. Sería un caso para Ripley si no fuera una cosa tan seria, que puede vulnerar a la democracia del país.

Este domingo se montó un remedo de consulta mediante el cual Bonilla pretende ensuciar una elección que no solo ganó sino que representaba, en sí misma, otro giro electoral de nuestra historia, uno que en principio era saludable.

Lo que era una nota positiva ha quedado opacada por la terquedad antidemocrática de Bonilla, que ha emprendido una lucha por la vía legal y por la vía política en su pretensión de aumentar de 2 a 5 años el término para el que fue elegido.

El gobernador electo ha cabildeado su idea en la capital del país y ha llevado el tema al grado de la pantomima de ayer, cuando en Baja California se instalaron urnas para "consultar" a la "ciudadanía" sobre la pretensión de Bonilla.

Hay que poner comillas porque esta consulta no pasa la prueba de la ley o de la risa y, por supuesto, no existe garantía de que quienes hayan votado sean representativos de la población bajacaliforniana.

Este episodio maltrata un elemento central de todo proceso electoral. Los ciudadanos votan en la confianza de que el resultado será no solo legítimo sino respetado. Toda elección debe conllevar la posibilidad de la incertidumbre sobre el resultado, pero la certeza de que sin importar éste, los políticos acatarán la voluntad traducida en votos. Y a México le ha costado muchos muertos, mucho dinero y mucha frustración llegar a un escenario en que las elecciones son más o menos así.

Hoy sin embargo, a Bonilla, a López Obrador, y a casi todos los de Morena les parece válido no respetar en todos sus términos una elección consumada. Les parece legítimo pisotear la decisión ciudadana.

Si López Obrador insiste en permitir el socavamiento de una elección, si ayuda a que se devalúe la confianza en las elecciones, estará llevándonos "hacia una nueva era en la política", hacia la regresión democrática. Eso, ni más ni menos, significa el caso Bonilla.

A más desorden y conflicto interno menor posibilidad de que Morena transite a la institucionalización y eso le da un mayor grado de discrecionalidad al líder moral. El escenario que se está configurando es similar al del momento de la selección de las candidaturas de Morena el 2017: en aras de la unidad, el dedo flamígero del presidente decidirá, con base en encuestas fantasma que solo conoce (así lo hizo en la elección del candidato en Ciudad de México) quién será el afortunado y quiénes los derrotados; luego, repartirá salomónicamente el poder. Este escenario le permitirá no solo evitar que algunos calientes para la elección del 2024 quieran meterse al partido, a su partido, sino sobre todo que todos los aspirantes y suspirantes sigan comiendo de su mano, atentos al dedo que decidirá su futuro.

Episodio VI: El regreso del dedí.

Los morenistas en Jalisco dejaron la vara alta: 4 baleados, padrones de militantes robados a punta de pistola y 8 asambleas distritales reventadas.

Ese fue el saldo de la pasión democrática de los morenos para elegir el sábado a 200 consejeros en 20 asambleas distritales del estado y que definirán al próximo presidente estatal y nacional del partido.

Y es sólo el comienzo de un proceso interno. Se pondrá mejor con la selección de candidatos para la contienda electoral intermedia.

Entonces sí, el verdadero amor a la patria de Carlos Lomelí, Alejandro Peña, Armando Zazueta y otros que intentan controlar el partido en el estado, dejará claro que lo del sábado fue apenas el inicio.

En agosto pasado, el jefe político del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obrador, advertía que si las ambiciones de poder de sus dirigentes lo echaban "a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usarán, porque eso nos dio la oportunidad de realizar la 4a. Transformación".

Habrá que ver por eso si esta mañana en su rueda prensa no se los recuerda, luego de todos los conflictos y la violencia que afloraron el sábado en las asambleas distritales que Morena realizó para elegir a los delegados para su congreso nacional, donde elegirán a su nuevo dirigente.

Jalisco fue la entidad en la que más sobresaltos y agresiones hubo. La dirigencia estatal reconoció que en los distritos 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17, es decir, en 8 de 20 distritos, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tequila y Jocotepec irrumpieron grupos armados a las asambleas para llevarse equipos de cómputo, listados nominales, urnas y boletas con las que se votaría por los delegados representantes de Jalisco para la renovación de la presidencia de Morena. En Guadalajara uno de estos enfrentamientos dejó saldo de 6 heridos, 2 de ellos graves.

Estos pleitos internos de Morena no harán más que debilitar la marca en detrimento de sus resultados electorales de cara al 2021, competencia ante la cual, sin contar con estructuras sólidas, aparecen con grandes oportunidades en encuestas, frente a su rival a vencer, como lo es el partido Movimiento Ciudadano, donde seguramente vieron con agrado cómo se les complicaron las cosas a sus adversarios.

Otros que también acelerarán motores son los ex morenistas que trabajan en construir el Frente por la Cuarta Transformación, partido que impulsa Elías Miguel Moreno, hombre cercano a AMLO, por lo que se ofrezca y seguramente por si el presidente le cumple la amenaza a los de Morena que se vieron muy mal el sábado.

Aunque la paz y la tranquilidad social son derecho constitucional de todos los mexicanos, ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales y municipales han contado con la capacidad para dotarnos de los mismos, y por si eso fuera poco, algunos de los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes públicamente se ostentan como los "paladines" de la democracia y hoy en día están abocados al proceso de cambio de su dirigencia nacional contribuyen con sus costales de arena, y aumentan el de por sí permanente número de personas heridas de bala de civiles.

Cuesta trabajo pensar que los llamados "fifís" o conservadores, contrincantes acérrimos de los militantes de Morena, hallan planeado los numerosos hechos violentos ocurridos en el Estado de Jalisco y algunas otras ciudades del país (Ahome, Sinaloa; Gómez Palacio, Durango; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Xalapa, Veracruz) en donde se desarrollaron, o pretendían desarrollar, asambleas distritales para elegir a los consejeros que tendrán derecho a votar y ser votados con motivo de la renovación de su dirigencia nacional, y acabaron en zafarranchos, en donde hombres armados abrieron fuego en contra de los militantes que esperaban turno para votar.

Los hechos apuntan y recuerdan el pasado reciente ocurrido durante años con los miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde las llamadas "tribus" pelearon entre sí, con tal de alcanzar y/o no dejar el poder, muchos de los cuales abandonaron sus filas para ir a engrosar las de Morena. Además, claro está, de la "colecta" de "distinguidos" militantes de otros partidos, que al no tener nuevas oportunidades para seguir el la nómina gubernamental, declinaron de las que decían eran sus convicciones, para ir a conformar parte de alguna de las "tribus" que hoy se sabe controlan al partido en el gobierno del país.

El caso es que hoy hay 6 mexicanos más que pasan a engrosar la lista de heridos de bala -a 2 de ellos los reportan graves- , lo cual viene a contradecir todos los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el sentido de que las cosas han cambiado para bien en México.

Por lo que hace a Jalisco, el delegado presidente de Morena en la entidad, doctor Hugo Rodríguez Díaz, no las trae todas consigo, y la situación se ve más que complicada, pues por una parte están los seguidores del doctor Carlos Lomelí, quien parecía ser el "factótum" hasta hace unas semanas en que tuvo que renunciar a su cargo de delegado federal. Por otro lado están los auto denominados "originarios", quienes dicen tener todo el derecho por haberles correspondido la difícil tarea de empezar a construir a Morena, y otra de las tribus tiene que ver con oportunistas que llegaron de otros partidos.

Pareciera que Pemex vuelve a la época de la autorregulación y fomenta la competencia desleal. Y me pregunto: ¿La CRE autorizará a los privados autoevaluarse o sólo a Pemex? O peor aún: ¿Pemex evaluará a su competencia, conociendo sus fórmulas y mezclas de combustibles? Pero si lo que acaba de leer lo escandalizó, déjenme decirles que el poder del sindicato de Pemex regresó a las andadas, algo que prometieron erradicar en el gobierno de AMLO. Así de fuerte, ya que los 22 laboratorios móviles que verificaban el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 son letra muerta en el Pemex de Octavio Romero, pues hoy en día son los sindicalistas quienes certifican la calidad de las gasolinas y los otros productos tipo diesel, etc., en las estaciones de servicio. Y lo hacen sin cobrar un solo centavo. ¿Por qué no cobran? Por cierto, en el pasado fue el sindicato el que se oponía a que los laboratorios aplicaran "trazadores" en la gasolina para poder localizar el combustible robado, hoy huachicoleado. Sin laboratorios independientes, la calidad de los combustibles, pero sobre todo nuestra salud, se vuelve un acto de fe a la 4T.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentará ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una denuncia por posible desvío de fondos que fueron etiquetados al campo en este 2019, anunció su coordinador, Juan Carlos Romero Hicks.

Esos recursos, informó, estaban destinados al Fondo para los Productores Ganaderos y al Fondo de Apoyo de Aseguramiento a la Sequía.

"Estamos ante un claro desmantelamiento del campo mexicano, con el abandono de la política de desarrollo rural y la desaparición o disminución, sin razonamiento alguno, de programas relevantes que han ayudado a la productividad y a la exportación en materia agropecuaria, poniendo en grave riesgo la balanza comercial y la generación de empleo", expuso el legislador.

Se está jugando -expresó- con una estructura "que permitió en los últimos 15 años contar con un campo mexicano competitivo y con presencia en prácticamente todos los mercados del mundo".

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le han informado -expuso Romero Hicks- que el sector agropecuario es el único que ha estado creciendo, y por eso le llamó a que reconsidere su propuesta de disminuir 37% el gasto al sector agropecuario en 2020.

Esto porque para el próximo año también hay señales de alarma pues se propone la reducción de casi 30,000 millones de pesos del presupuesto agropecuario lo que afectará diversos programas.

De acuerdo al panista hay en cambio otros programas prioritarios de este gobierno que no muestran indicadores que aseguren que se vaya a elevar la productividad del campo y éstos son "Producción para el Bienestar", "Precio de Garantía", "Crédito Ganadero a la Palabra" y el tema de fertilizantes.

El PAN expuso que este escenario preocupante ha sido expuesto por integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en reunión con la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Cómo se te ocurre pensar que es buena medida acusar con sus mamás a los que se ponen máscaras, hacen el desorden en las manifestaciones y crees que sus mamás les jalarán las orejas porque tú se los pides, ¡en lugar de ponerlos en orden como es tu obligación!

Ya es tiempo de que te pongas a analizar tu deber como presidente, las acciones que has anunciado y que no se han hecho, lo que hace falta, los verdaderos problemas y las tonterías que ordenaste y que algunas se pueden realizar, basadas en tu famoso "me canso ganso", con ese gran poder de convocatoria que tienes y la obligación con los que creyeron en ti ¡y se están dando cuenta que no es cierto!

Hay algunas cosas verdaderamente ilógicas que determinan tu incapacidad, por ejemplo: has demostrado que de turismo no tienes la menor idea, como es el cancelar los Consejos de Promoción Turística en los estados, que no le costaban un peso al gobierno.

No puedo pensar cómo se te ocurre el no apoyar el turismo y su desarrollo, eso es una tontería y una torpeza, el turismo es un tesoro para México y tienes a Torruco, que es muy buen elemento.

Otra gran brillante tontería es la cancelación de miles de guarderías, eso impide a las mamás trabajar y producir, tú crees que dando dinero a las madres van a tener mejor a la familia, ¡eso no es cierto!, por favor piensa, reflexiona, a veces se te derrapa el cerebro, no sé a quién le haces caso o te aconseja.

No hablemos de los grandes errores, decisiones equivocadas que a lo mejor están por realizarse, como la cancelación dramática del aeropuerto de Texcoco, que apoyaría grandemente el turismo en México, y luego el intentar hacer el aeropuerto en Santa Lucía, a 50 kms. del actual aeropuerto, contra todos los diagnósticos de los grandes expertos en aeronáutica y las aerolíneas.

Por favor toma un tiempo para pensar, analizar y reflexionar ¿a dónde quieres llevar a México?

La inversión extranjera está dudosa, ausente de la confianza, la inversión en México ha disminuido grandemente por tu proceder.

María de Jesús Patricio, Marichuy, está de gira por ciudades vascas y españolas con la encomienda del Congreso Nacional Indígena (CNI) de denunciar el aumento de la represión, los asesinatos y el hostigamiento a los pueblos originarios desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México. Las denuncias de la ex precandidata a la Presidencia también incluyen a la Guardia Nacional, a la que señala como la principal responsable de la represión, sobre todo para impulsar los proyectos energéticos en sitios como el Istmo de Tehuantepec, Morelos y el territorio por el que pasará el Tren Maya.

En entrevista con La Jornada, Marichuy ratificó estas acusaciones que expone en los foros a los que asiste y advierte que en la próxima asamblea general de los pueblos indígenas, entre noviembre y diciembre, se decidirán las estrategias de resistencia para afrontar la situación gravísima, afirma, en que se encuentran sus comunidades.

–¿Que lleva al CNI y a usted a hacer esta gira fuera de México para denunciar lo que pasa en México?

–Es para informar la situación real que viven nuestros pueblos indígenas, ya que lo que se dice en los medios y lo que dicen los de arriba, entre ellos el presidente de México, no es lo que pasa abajo. Queremos que se sepa que hay muchos muertos, hay desaparecidos, hay agresiones hacia gente que se organiza por defender su territorio. Estamos viviendo un estado de guerra declarada hacia los pueblos por querer introducir los megaproyectos que sólo traerán destrucción territorial a pueblos enteros y comunidades. Es un despojo que lleva a cabo el gobierno a través de las fuerzas represivas, como el Ejército, las policías, aunque también los grupos del narco que se rinden a los intereses de las empresas.

–¿Según ustedes, la represión se ha intensificado desde que asumió el poder López Obrador, incluso peor que con el PRI?

–Sí, justamente es lo que estamos viendo. Se dice que es un gobierno de izquierda y de que todo está bien, pero no es así. Abajo estamos peor que antes, porque nos han asesinados compañeros del CNI y concejales y eso antes no había pasado. Para los pueblos se ha declarado la guerra para imponer esos megaproyectos. De hecho, nosotros creemos que la Guardia Nacional se puso para reprimir, no para cuidar a las comunidades, y para consumar los acuerdos para que se ejecuten los megaproyectos. Así que es una mentira eso del cambio. El cambio para los pueblos fue hacia atrás. Además haciendo consultas a los pueblos, simuladas y amañadas, en las que ofrece apoyos, dádivas, para condicionar el resultado de la consulta.

–Si se da el caso de que la comunidad vota en favor, ¿qué pasaría?

–Es que a veces se paga información para que salga en los medios de que se hacen las consultas, pero en realidad no es así. No es algo que digan las comunidades sino que lo hacen las empresas pagando.

–Usted asegura que la Guardia Nacional es la responsable de la represión y los ataques al CNI. ¿Me podría señalar exactamente qué ataques y qué tipo de violencia se ha ejercido contra ustedes con la GN?

–Es justo en los lugares donde hay más organización para impedir que se establezcan las empresas, como las eólicas. Nos han dicho que la gente que resiste ha sido golpeada por la Guardia Nacional; en concreto en el Istmo, pero no recuerdo bien el pueblo.

–¿Cómo saben que son de la GN?, ¿van uniformados?, ¿los conocen?

–Porque siempre traen como un brazalete con una GN. Y así está ocurriendo en el Istmo, en Puebla, en Chiapas.

–Y esos ataques, ¿en qué han consistido exactamente?

–Nos han dicho que han sido golpes, también ha habido algunos muertos, pero no hay seguridad de quiénes hayan sido. Por ejemplo, el asesinato de Samir Flores fue poco después de una visita de gobierno en la zona en la que hubo una manifestación contra la termoeléctrica. Y para nosotros fue evidente que fue un mensaje para el que alza la voz y no diga nada. También nos asesinaron a 4 concejales de Guerrero y a otros delegados del CNI. Y eso antes no pasaba.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que atraviesa su peor crisis de liquidez de los últimos 10 años, tiene pagos pendientes acumulados de 1,385 millones de dólares.

"Hay 65 países que aún no han pagado, de ahí viene esa cantidad. 7 países representan el 97% del dinero y el resto en torno al 2.5%. Los 7 países son EE.UU., Brasil, Argentina, México, Irán, Israel y Venezuela", dijo este viernes Chandramouli Ramanathan, subsecretario general de finanzas de la ONU.

A finales de septiembre, 60 autobuses fueron secuestrados por normalistas de la Escuela Normal de Tenería, Méx. (oficial) (Estado de México).

El 4 de octubre, un delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) dio a conocer a medios que más autobuses habían sido secuestrados, y ahora la cifra era de 92 unidades además del secuestro de los conductores.

El delegado de la #CANAPAT también dio a conocer que las autoridades no habían respondido a sus denuncias, que también incluían el tráfico de drogas y el asesinato de un maestro por discusiones internas en la normal de #Tenería (Radio Fórmula, octubre 7).

El 9 de octubre, 65 de los 92 autobuses fueron liberados con sus respectivos conductores luego de finalizar negociaciones con Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Secretaría de Gobernación, en la que los normalistas consiguieron plazas y otras garantías laborales (Animal Político, octubre 9).

Irónicamente, durante su conferencia matutina del día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que tenía "rodeados" a los "corruptos" y les aconsejó rendirse (Aristegui Noticias, MILENIO; octubre 10).

Luis

Paco Calderón
(11 de octubre de 2019).

Ayer el periodista Mario Maldonado dio a conocer que la UIF, horas antes de la renuncia, el 3 de octubre, giró un requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para bloquear 11 cuentas de Eduardo Medina Mora y otras personas y empresas relacionadas con él. Pero, ¡milagro!, una vez que el ministro renunció, la UIF pidió a la CNBV que desbloqueara las cuentas. Esta petición se giró el 5 de octubre, un sábado.

Si el ministro cometió algún ilícito debe ser investigado y sancionado. Sus decisiones como ministro, sin embargo, no pueden justificar el hostigamiento. El congelamiento de cuentas antes de la renuncia y el descongelamiento después son muy mala señal. Sugieren que la UIF fue el instrumento para presionar a un ministro incómodo.

El magistrado Jorge Camero, que votó contra el aeropuerto de Santa Lucía, ha sido suspendido por el Consejo de la Judicatura. Dice el ministro presidente, Arturo Zaldívar, que tenía "inconsistencias graves en su situación financiera". Esperemos que no esté siendo castigado por votar contra los deseos del presidente.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, tomó en vano el nombre del Señor cuando dio a entender que la muerte de Rafael Moreno Valle y su señora esposa, gobernadora electa del estado, era un castigo de Dios por haberle, según él, robado la elección. Eso habla muy mal de quien profirió semejante necedad. He aquí al Padre Eterno convertido en guarura de Barbosa para vengarlo de sus enemigos. El morenista debería pensar más y hablar menos. Desgraciadamente no tiene un buen ejemplo.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respondió a quienes le exigen disculpa pública por afirmar que Dios castigó a los que le robaron la gubernatura en 2018: "que se queden sentado", dijo tajante.

El mandatario sostuvo que no va a ofrecer disculpa por sus dichos, pues se trata de una expresión de cultura popular que pegó en el corazón de la hipocresía del Partido Acción Nacional (PAN), de la derecha y algunos panistas.

Una de las frases favoritas del presidente López Obrador es que él no es rencoroso. Como todo buen político (aunque él odie que lo comparemos con otros) lo que niegan con mayor énfasis en su discurso es lo que están maquinando con mayor ahínco. Andrés Manuel no olvida el 2006; lo trae a colación cada vez que se enoja, cuando lo increpan, cuando le piden cuentas. Hasta ahora ha sido incapaz de hacer una revisión crítica de aquellos años y reconocer que la derrota tuvo más que ver con sus propios errores en campaña que con el desafuero, que fue en realidad el grave error de sus adversarios que al victimizarlo lo pusieron en los cuernos de la luna. Es incapaz de reconocer que el origen del video de las ligas no es el complot de sus adversarios para difundirlo (que sin duda lo hubo), sino la avaricia y falta de ética de sus colaboradores, particularmente del René Bejarano, hoy de regreso al poder gracias a la lealtad presidencial.

Todos los "enemigos" de aquellos años han ido cayendo uno a uno en procesos judiciales selectivos cuando no amañados. La indefendible Rosario Robles está en la cárcel no por porque se le hayan probado los desvíos en La Estafa Maestra, sino por un exceso del "juez sobrino"; a Carlos Humada lo retuvieron solo para recordarle que es persona non grata. Juan Collado y Diego Fernández de Cevallos, 2 abogados que estuvieron detrás de la filtración y que han cruzado el charco chapoteado en el lodazal, han sido acusados más con filtraciones que con pruebas y procesos legales. A Eduardo Medina Mora, en aquellos años director del Cisen, que como hemos dicho el error inicial fue empecinamiento de Peña Nieto de hacerlo ministro de la Corte, lo presionaron con el congelamiento de sus cuentas, las de sus hermanos y de las empresas de todos ellos para forzarlo a la renuncia y una vez consumada le dijeron "disculpe".

Si algo no puede ser la justicia es selectiva. Cuando la inteligencia financiera se usa no para combatir al crimen organizado, sino para chantajear a enemigos políticos, el derrotero es la guillotina de la Revolución Francesa. Eso no es justicia, es venganza. Venganza vil y vulgar, como la practicaban esos políticos a los que Andrés Manuel dice ser diferente.

El poder envilece, no a fulano o mengano, a tal o cual presidente, envilece al ser humano y se manifiesta de múltiples maneras, desde la más común que es la incapacidad de escuchar opiniones divergentes hasta las más terrible que es la venganza y más aún convertir a ésta en el alimento del poder, en el motor del gobierno cuando las cosas no salen bien.

Por ahí no es el cambio.

El pasado martes, el presidente Andrés López Obrador tuvo un desayuno de trabajo con diputados de Estados Unidos, donde estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y del Trabajo. La reunión, aunque se le reconoció su importancia, se mantuvo en bajo perfil. En la página personal del presidente se difundió un comunicado kosher y de trámite, que no mostró lo relevante del encuentro y el personaje que encabezó a los estadounidenses, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Diputados. Ese Comité, uno de los más poderosos en el Capitolio, es el que maneja el presupuesto y autoriza adquisiciones. Asimismo, es el órgano clave para determinar si los demócratas podrán sentirse cómodos con un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los diputados no vinieron a perder su tiempo ni a hacer cabildeo. Pasaron revista al gobierno de México, y evaluar si como le habían exigido, estaba cumpliendo con acuerdos que, si no secretos, se han mantenido opacos ante la opinión pública. Estos acuerdos tienen que ver con compromisos adicionales en el Anexo 23 del convenio norteamericano, que aceptaron los mexicanos ante las demandas demócratas, y como única alternativa para que su aprobación pudiera pasar al estatus de viable y posible. El camino se allanó el 19 de julio, cuando una avanzada bajo el liderazgo de Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, le dijeron a López Obrador que para que aprobaran los demócratas, necesitaban ver no sólo la Reforma Laboral, sino las garantías de que se va a ejecutar.

Una condición demócrata, que aceptó el gobierno de López Obrador, es que el acuerdo no se pondría a voto hasta que los demócratas en el Congreso y el Senado revisaran la ley y evaluaran si satisface los requerimientos de la extensión al Anexo 27. La preocupación en el Capitolio es que no había suficientes dientes en la legislación para asegurar que el gobierno fortaleciera las nuevas leyes laborales. La oposición del canciller Marcelo Ebrard a que las leyes fueran supervisadas por un cuerpo externo, como en este caso los legisladores estadounidenses, fue ignorada por López Obrador, quien permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la Reforma Laboral.

Los estadounidenses no quedaron satisfechos. "Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas", dijo Neal en el comunicado dado a conocer por su Comité. "Aprecio el compromiso positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que serán requeridos en la renegociación del TLCAN".

Ni Herrera [de Hacienda] ni Alcalde [del Trabajo], mucho menos López Obrador, les dieron la certidumbre de que lo ofrecido será cumplido. Se fueron menos inquietos de lo que estaban hace 10 meses, pero aún no están convencidos de dar el voto a favor del acuerdo. Acción, no palabras es lo que han demandado desde mayo cuando hablaron con el presidente, y aun no terminan de concretarse las promesas de hacer las cosas como quiere el Capitolio. López Obrador le ha dado mucho a Estados Unidos, en migración y ahora en comercio, pero no deja de ser puesto a prueba y sometido a más presiones. Lo tienen controlado y lo sabe. Por eso siempre elude confrontar al presidente Trump o a su gobierno. Por lo mismo, hay acuerdo en lo oscurito de los que no quiere hablar. Sería muy indigno y vergonzoso admitir lo que ha entregado y lo poco que, hasta este momento, ha recibido a cambio.

La falta de personal en la Delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha provocado que se extiendan los tiempos de atención y que cada vez se hagan menos visitas de verificación y notificaciones.

Los trámites en la dependencia ahora duran más de 5 meses contra los 2 meses que duraban en promedio anteriormente.

Anteriormente la dependencia contaba con alrededor de 80 funcionarios y ahora son 43 personas en total en la dependencia ubicada en Morelos 1830 en Guadalajara.

En la oficina ahora los consumidores se atienden por medio de fichas, de las cuales se dan 30 por día.

Debido a los recortes, Profeco cerró sus oficinas que tenía en ciudades como Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. Si un consumidor de estos municipios quiere interponer su queja, debe viajar a la sede de Guadalajara.

Como parte de la política de austeridad de la administración actual, la Profeco cerró 2 delegaciones y 8 subdelegaciones en el país, además de 4 unidades de servicio, las cuales dejaron de operar el pasado 31 de julio.

Hay quien se pregunta por qué Andrés Manuel López Obrador habla tanto, como si no fuera obvio lo que pretende el mandatario con su sonsonete.

Quiere, claro está, comunicarse con eso que llaman su base: los militantes de Morena, sus votantes fieles, los beneficiarios de programas sociales a conquistar/retener y con otros aliados (la CNTE, el SNTE, etc.).

Pretende, igualmente, cincelar en todo espacio público las nociones de su proyecto, la filosofía de su movimiento.

Repetirá sus mensajes miles de veces, literalmente, tanto para fijarlos en la mente de la población como para que sus colaboradores tengan claro que eso, y sólo eso, es su administración.

Pero con su machacona retórica (sin pleonasmo en este caso), López Obrador busca también otro objetivo mayor.

El mandatario habla tanto, a cada día y no pocas veces en más de una ocasión durante la jornada, porque quiere que nadie más hable, que sólo a él lo escuchen y que, encima, sólo de lo que él hable se hable en plazas, medios, hogares y redes sociales.

Nessum dorma, dicen en la ópera. Que nadie duerma en todo el reino hasta que la princesa caprichosa sea complacida en sus demandas.

Que nadie hable, quiere AMLO. Que nadie hable del fondo de las cosas, que todos chapoteemos sólo en la epidermis de los problemas, que todos transpiremos las 24 horas anécdotas y chascarrillos, que vayamos de Riqui-Riquín-Canallín a las mamases de los criminales.

Las chachalacas han triunfado: la opinión pública se llena de una alharaca que dura todo el santo día, hasta que al siguiente amanecer un nuevo cotorreo se instala.

Mientras López Obrador habla y casi todos hablan de lo que López Obrador dijo, pasan otras cosas. Inéditas. Como la misteriosa renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así se llama el cuerpo ese que se reúne allá por el Zócalo.

Nadie va a defender al indefendible Medina Mora. Durante años no hizo nada para borrar la grosera forma en que fue metido, con el calzador de "va porque va", a la SCJN por su amigo Enrique Peña Nieto.

Así que la salida de Medina Mora de ese órgano sería una buena noticia, salvo que apresurarse a repicar campanas por un anuncio del cual no sabemos el trasfondo puede ser un equívoco. La alegría en realidad presagiaría motivos para el duelo.

Andrés Manuel habla y otros callan: como en el Senado, en donde a Morena le comió la lengua el patrón. Muchachxs, silencio ante la Historia, que esta transformación es tan muda como una genuflexión para nuestro pontífice, que es el único que dice misa. Amén, responden los morenos.

(V.periódico El Financiero en línea del 11 de octubre de 2019).

Aunque sin mencionar el nombre de la gobernadora fallecida Martha Erika Alonso, el morenista Miguel Barbosa Huerta genera polémica al asegurar que aquellos que le "robaron" la elección de 2018 fueron castigados por Dios.

Lo que no está claro, más allá de la pésima idea de quitar los exámenes de admisión y un absurdo proyecto de universidades estatales patito llamadas Benito Juárez, es qué quiere el gobierno de López Obrador para la educación superior.

En respuesta a una solicitud de transparencia que pidió todas las cartas, documentos y oficios enviados por López Obrador a jefes de estado, primeros ministros y presidentes de otras naciones entre el 1 de diciembre de 2018 y el 29 de marzo de 2019, la Presidencia declaró su inexistencia y se atrevió a sugerir que la Secretaría de Relaciones Exteriores podría tenerlas. La SRE lo negó y señaló que la Presidencia era la responsable de resguardar esa información.

Ante las evidencias públicas sobre la existencia de las misivas, el instituto de transparencia, el INAI, obligó a la Presidencia a realizar una nueva búsqueda. Fue entonces que sus oficinas respondieron con un abanico de pretextos para negar que tuvieran las cartas.

La Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República argumentó que no está obligada a entregar documentos que no tiene, por lo que se apega a la máxima de que "a nadie se le puede obligar a lo imposible". Y para rematar, en su respuesta aludió al mensaje del 29 de marzo en el que López Obrador dijo que no se daría a conocer la carta dirigida al Rey de España.

La Coordinación de Asesores del primer mandatario respondió que no existe información "ad hoc" y remitió a 2 comunicados en los que la Presidencia acepta que existe una carta dirigida al Rey de España y otra al Papa Francisco.

El INAI también recibió respuesta de la Secretaría Particular del presidente, de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, de la Subjefatura de la Oficina de la Presidencia, de la Coordinación de Opinión Pública, de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y de la Coordinación de Marca País y Medios Internacionales. Todas negaron resguardar las misivas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió clasificar como información reservada durante 5 años todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del aeropuerto de Santa Lucía.

De acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma, la dependencia federal resguardó todos los documentos técnicos como el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de seguridad y la aeronavegabilidad.

"Este Comité confirma y declara formalmente como información reservada la totalidad de la información relacionada con el proyecto de construcción de un aeropuerto mixto militar/civil de capacidad internacional, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, su interconexión con el AICM y reubicación de instalaciones militares, permaneciendo con tal carácter por el término de 5 años, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a la reserva", dice la resolución del 18 de septiembre.

La decisión fue tomada por el Comité de Transparencia, integrado por los generales de división David Córdova y André Foullon, y por el general brigadier José Ramírez Zúñiga, en respuesta a una solicitud para entregar "la versión más reciente del plan maestro" del proyecto para aportarla como prueba en uno de los amparos que litiga el colectivo #NoMásDerroches.

"La divulgación de esta información representa un riesgo real, en virtud de que podría ser utilizada por miembros de la delincuencia organizada para consumar delitos de espionaje, terrorismo, sabotaje, traición a la patria, genocidio, dentro del territorio nacional", justificó el comité la decisión.

La reserva no es clara sobre si también se abarcará información sobre contrataciones que serán necesarias para la obra, valuada actualmente en 95,000 millones de pesos.

Hoy, los superdelegados son acusados de inmiscuirse en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena por desviar recursos públicos. La que los acusa, nada más y nada menos es la secretaria general de Morena en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky. ¿Qué? Sí, y no sólo se queda en una declaración, sino que amaga con denunciarlos ante la Secretaría de la Función Pública. "Los funcionarios, los diputados, no tienen por qué meterse en los temas electorales, y este tipo de acciones son delitos graves, y así iremos nosotros a hacer la denuncia y no nos va a detener nada ni nadie para ir denunciando todo lo que encontremos con el fin de cuidar al partido".

La declaración de Polevnsky escala al partido, rebasa cualquier polémica partidaria y señala el desvío de recursos públicos en beneficio de aspirantes a la presidencia de Morena, ¿estos 2 renglones que acaba de leer no le parecen lo suficientemente graves como para que le exijamos a la secretaria general de Morena una lista detallada de los superdelegados y legisladores que están en pleno mapacheo electoral?

Otro dolor de cabeza al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en noviembre de 2018 presumía esta figura como la solución para "simplificar la administración pública" y así evitar el derroche y los excesos. Hoy son acusados por su propio partido, por una de las suyas que incluso los llevará a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Algo no huele bien en el Movimiento de Regeneración Nacional y ellos mismos lo saben. ¿Acaso Yeidckol cree que le "robarán" la elección?

El nuevo conflicto por el presupuesto federal en 2020, perdidas las batallas de El Zapotillo, El Purgatorio, el río Santiago y la Línea 4, serán los recursos para el sector salud.

El gobernador Enrique Alfaro adelantó que hay un recorte adicional de 1,600 millones de pesos que pone en riesgo los servicios en el estado. También insinuó que detrás podría estar un amague de la federación para quitarle los servicios de salud a los estados.

El mandatario estatal tiene la boca llena de razón. Recordemos que la federalización de la salud -que todo lo opere, concentre y gaste la Federación- comenzó este año en 8 entidades.

Las previsiones, según anunció el presidente, son tener todos los servicios federalizados en el país para 2020. Es decir, el próximo año le tocaría a Jalisco. Ahí se asoma un nuevo punto de conflicto.

Andrés Manuel López Obrador ofreció una y otra vez romper con el pasado y hacer cambios profundos, pero nadie podía imaginar que uno de los primeros temas en los que cumpliría de manera drástica su promesa sería en el de la postura del Estado mexicano frente a la migración indocumentada.

En un día, tiró a la basura no sólo la tradición de México y la visión tradicional de la izquierda mexicana, sino también su postura personal -con la que llegó al gobierno unos meses antes- y aceptó considerar "ilegales" a los migrantes sin papeles, desplegar más de 20,000 militares para detenerlos, recibir en nuestro territorio a miles de personas que ya habían cruzado a Estados Unidos y solicitado asilo para que esperaran en México una resolución e impedir físicamente que mexicanos y extranjeros cruzaran hacia el país vecino.

El cúmulo de temas de la agenda nacional y el ruido que comienza en las conferencias mañaneras y continúa en los esfuerzos coordinados en redes sociales parecería que hubieran relegado, casi desterrado, el tema de la discusión pública. Pero el asunto es de tal profundidad que seguramente lo perseguirá durante y después de su sexenio.

A finales de septiembre pasó con poca atención pública la denuncia de la política migratoria de este gobierno que hicieron una decena de organizaciones civiles mexicanas e internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Expusieron que la administración lopezobradorista prioriza la detención, deportación y violación de derechos de quienes cruzan sin documentos y tiende a su criminalización al considerarlos un riesgo para la seguridad nacional de México y Estados Unidos.

Advirtieron también que el gobierno mexicano puede incurrir en responsabilidades legales internacionales al aplicar una estrategia de detención sistemática de personas solicitantes de protección, incluidos niños y niñas, y criminalización de las personas y grupos que se organizan para ayudar a los migrantes, que se ha materializado en persecución judicial.

Recordaron que en los últimos meses 3 personas murieron cuando estaban bajo custodia de autoridades mexicanas.

Para estas organizaciones, la excusa de la presión estadounidense no sirve para librar de responsabilidad a México porque se acumulan acciones y omisiones oficiales en la violación de derechos.

La comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya había expresado la preocupación de ese organismo por la política de México hacia los migrantes y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, visitó nuestro país también en la última semana de septiembre y advirtió que pese a la intención declarada del gobierno de respetar los derechos humanos, se requieren muchos más recursos de los disponibles para enfrentar la magnitud de los retos para los más de 40,000 solicitantes de asilo que se encuentran en nuestro país.

Es un hecho que la situación preocupa internacionalmente. La mirada de los organismos multinacionales y las instancias regionales de derechos humanos no se desviará con alguna frase ingeniosa en la conferencia mañanera. El tema no se va a ir.

Regente es una palabra de varias acepciones. Una es política, de quien gobierna. Si hablamos del Gobierno de la Ciudad de México, también cabe la definición de administración. Regencia es como se llamaba al entonces Distrito Federal, que era un departamento administrativo del gobierno federal. Lo encabezaba un regente, al que más adelante se le llamó jefe de Gobierno del Distrito Federal, nombrado por el presidente en turno. Desde 1997, cuando el cargo pasó a ser de elección popular, la izquierda ha gobernado la hoy Ciudad de México, cohabitando con gobiernos del PRI y del PAN, manteniendo una distancia y abordaje crítico a los problemas comunes. Esa relación autónoma con el gobierno federal ya no existe. Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con sus acciones y omisiones, la desapareció y se convirtió en regenta.

Sheinbaum fue electa en las urnas, con una gran legitimidad y amplio mandato. Sin embargo, se ha subordinado al presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera vergonzosa, quien le resuelve los problemas que generalmente la atropellan. Es un apéndice de López Obrador, de quien se mimetizó. Cada vez que el presidente da una instrucción, ella repite el mensaje y sus palabras. Cada vez que se le va la ciudad de las manos, lo que es cotidiano, el presidente ordena a su gabinete que le ayude a salir del pozo. No quería Guardia Nacional, y se la pusieron. No podía con las bandas de narcomenudistas, y el Cisen y la Marina entraron a su rescate. Iba a entrar en desabasto de combustible, y el director de Pemex le dio todo lo necesario para evitarle problemas. El lunes, fue la Secretaría de Gobernación quien negoció con los líderes de taxistas que estrangularon a la Ciudad de México durante 12 horas, para que levantaran sus bloqueos.

López Obrador la estima como alguien casi de la familia desde hace varios lustros, y si por ellos fuera, sería la candidata a la Presidencia en 2024. El presidente la ha cuidado sobre manera desde los sismos de 2017, cuando el equipo de mayor confianza de López Obrador recibió instrucciones de apoyarla para evitar que cometiera tropiezos, en particular cuando parecía que el colapso del Colegio "Enrique Rébsamen", en la entonces delegación que ella encabezaba, se la iba a llevar entre sus escombros. Cuando un par de sicarios ejecutaron a 2 israelitas en Artz Pedregal, para desviar la opinión sobre el crimen organizado, sacrificaron al entonces secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, a declarar la sandez que se trataba de un crimen pasional.

Hasta ahora la han protegido, pero ¿hasta cuándo será esto posible? La semana pasada, ante la creciente exasperación de la ciudadanía ante las órdenes a la policía capitalina de no hacer nada frente a la violencia y destrozos urbanos de los grupos anarquistas, colaboradores del presidente López Obrador dijeron que no iban a seguir permitiendo esa política impulsada por Sheinbaum, porque estaba a punto de volverse un conflicto entre ciudadanos. La obligaron a desplegar una estrategia -los irresponsables "Cinturones de Paz", que violaron la Ley Federal del Trabajo y el Estatuto de Roma, que es un instrumento de la Corte Penal Internacional-, pero respaldaron sus acciones con un despliegue de fuerza federal, incluida la Policía Militar.

Sheinbaum tiene rendimientos decrecientes, sin cumplir aún el año de gobierno, al haber permitido -con su confusa decisión de para no afectar la libertad de manifestación-, tolerar la paralización de la Ciudad de México de manera constante sin importar que afecte la libertad de terceros, se produzcan daños en propiedad privada, y afecten la economía capitalina. Policías federales han frenado diversas partes de la capital durante más de 10 horas, que aunque su problema es federal, las leyes que violan son locales. La protesta de los taxistas se llevó otras 5 horas. Agricultores de todo el país afectaron la zona poniente de la ciudad y el Centro Histórico por más de 5 horas. Todo tipo de grupo social, organizado y gritón, y de preferencia violento, pone en jaque a la ciudad ante la mirada pasiva de la policía, cuyas órdenes son no intervenir. Hasta vecinos inconformes con políticas microlocales han bloqueado el Segundo Piso del Periférico.

La Ciudad de México es de quien trabaja la mejor protesta o se organiza con mayor eficiencia para violar la ley, a sabiendas que la autoridad no se interpondrá. De esta manera, el ambulantaje regresó a Paseo de la Reforma y volvió a inundar Plaza Pino Suárez. Los taxistas, que ya les tomaron la medida a las autoridades capitalinas, recibieron prórrogas indefinidas para pasar revista, y los temibles microbuseros -la amenaza más grande para los capitalinos-, pudieron retomar algunas de las rutas de donde los habían erradicado. La capital es la 2a. entidad más violenta del país y, como no se había visto, sus calles se han vuelto campo de batalla de organizaciones criminales.

Sheinbaum ha resultado muy pequeña para el cargo, lo cual explicaría el por qué el presidente López Obrador decidió meterse tantas veces como sea necesario para evitar que fracase ante la opinión pública y se vuelva un lastre para sus propios fines. Una vez más, ¿hasta cuándo será esto posible? Por lo pronto, la fuerza del presidente es suficiente para apuntalarla en sus yerros y deficiencias, pero ser regenta de la Ciudad de México no es sólo un despropósito sino una regresión. No se luchó por democratizar la vida pública capitalina para que venga Sheinbaum a desmantelar, por incapacidad o subordinación político-intelectual, lo que con tanto esfuerzo se construyó.

Extraña parajoda, que es algo más que paradoja: el presidente más autoritario que hemos tenido en México desde Porfirio Díaz no muestra a veces ninguna autoridad. Eso se evidenció con los actos vandálicos que vimos en la recordación del 2 de octubre, y volvió a ponerse de manifiesto en los intolerables atentados cometidos contra la ciudadanía por un grupo de taxistas, abusos que no tuvieron ninguna respuesta por parte de quienes están obligados a proteger a la sociedad contra los excesos de quienes perturban la vida comunitaria para obtener provecho personal o de facción. Desde luego López Obrador dirá que en ambos casos la aplicación de la ley correspondía al gobierno local, pero sabemos bien que en la Ciudad de México no se mueve nada si no lo determina el dedito que todo lo decide. Con el pretexto de evitar la represión se permite que grupos minoritarios atenten contra la mayoría. Así el caos y la impunidad toman el sitio de la legalidad y el orden. Una cosa debe saber AMLO: su actitud omisa ante violencias como las que se han visto en los días últimos está demeritando con rapidez su imagen. Se le empieza a ver como un mandatario que a fin de no perder el apoyo de su clientela política deja librados a los ciudadanos a su propia suerte, y en vez de protegerlos deja hacer y deja pasar. Excesivos fueron los excesos cometidos por los taxistas para oponerse a algo que es imposible resistir: el progreso tecnológico. Tan graves fueron sus abusos que uno de sus representantes ofreció disculpas a los afectados. Quienes en verdad deberían disculparse son aquéllos que teniendo autoridad no la ejercitan, y teniendo obligación de cumplir y hacer cumplir la ley no hacen ni una cosa ni la otra.

Durante 24 horas, hoy 25 universidades y 45 sindicatos universitarios se irán a paro para protestar por la falta de presupuesto y para demandar más recursos para rescatar a las 9 universidades que se quedaron sin recursos para enfrentar el pago de salarios de sus trabajadores. Se trata de 100,000 trabajadores que suspenderán actividades, de acuerdo con los organizadores.

La Confederación de Trabajadores Universitarios (Contu) demanda "de manera urgente" la solución al problema de pago de la nómina de los últimos meses, puesto que hay instituciones que desde agosto no han podido recibir el pago de nómina, así como recursos para enfrentar las obligaciones de cierre de año.

Las universidades que se encuentran en crisis y que participarán son autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas. Adicionalmente se sumarán al paro en Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Sonora, Guanajuato y Querétaro.

La brecha entre sus gobernados se está ensanchando. La sociedad que invierte, la que mueve la economía, provee los equilibrios, la que le ayuda a reducir la opacidad, que con los contrapesos permite que la gestión sea más eficiente, está bajo acoso y ataque permanente por parte de López Obrador, embarcado en un proceso de desinstitucionalización, no para desaparecerlas, como en un principio parecía ser su objetivo, sino para colocar a sus incondicionales dentro de sus órganos de dirección para influir en ellos y que no dificulten el cambio que desea.

La renuncia de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permitirá presentar una terna con personas que respondan a su proyecto. Próximamente enviará sus propuestas para el relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recientemente hizo lo mismo en el Consejo Regulador de Energía y está cambiando a los consejeros independientes de Pemex. A través de los instrumentos democráticos que se fueron construyendo en el último cuarto de siglo, está mediatizándolos. El presidente está tomando el control de los pilares del Estado, como el congreso, que acata inopinadamente sus deseos, y la Suprema Corte, cuyo presidente, Arturo Zaldívar, parece crecientemente subordinado a López Obrador.

El presidente está en el mejor de los mundos. Alto consenso ciudadano para lo que quiera hacer, con un mandato poderoso. Contra sus enemigos utiliza la mañanera para amedrentarlos y hostigarlos, utilizando como fuerte arma política al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que suelen acusar públicamente con investigaciones sin terminar. El último caso es el de Medina Mora, que no tenía planes de renunciar, hasta que se fue ablandado la semana pasada cuando la UIF congeló las cuentas de varios de sus hermanos, como parte de su investigación por el presunto delito de lavado de dinero y enriquecimiento. A quienes expresan puntos de vista distintos, los descalifica y etiqueta de conservadores que defienden el status quo, entendido este, en la verbena popular del nuevo gobierno, como defensores de un sistema corrupto y lleno de privilegios.

La encuesta de El Financiero revela que el discurso del presidente, la demagogia y la propaganda, recuperaron energía y está penetrando eficientemente entre la población. Ello le da espacio de maniobra y le reduce presiones. Levantó esperanzas sobre el combate a la corrupción, a partir probablemente de las acciones contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que a su vez llenaron el imaginario colectivo -expresado a través de la prensa política- con su sed de venganza para que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea sometido a juicio. Mejoró sustantivamente (8%) la percepción sobre el combate a la delincuencia, sin hacer nada salvo manejar el discurso de la contención. De la misma manera, sin tampoco hacer nada visible, el respaldo a la Guardia Nacional creció 5 puntos, de 62 a 67%, y sus negativos cayeron 6, de 22 a 16.

El discurso, por tanto, está teniendo impacto y éxito. Sin embargo, como el mismo admite en privado, la aprobación no será para siempre, lo que suele repetir entre sus colaboradores para que no se dejen engañar por la magia efímera de la demoscopia. La administración de expectativas que le funciona se sostiene en temas económicos de bolsillo, donde el incremento al salario mínimo, el diferencial de tasas de interés, la transferencia directa de recursos en sus programas sociales y las remesas, neutralizan las preocupaciones en otros campos, como el de la seguridad y el empleo formal.

El problema de lo bien que lo hizo en el último mes es, paradójicamente, su principal riesgo. Las expectativas pueden administrarse hasta el momento que se tienen que entregar resultados, particularmente económicos. No puede alterarse el ingreso y el dinero en el bolsillo.

Las prioridades presupuestales del país en el paquete económico del 2020 no están en Jalisco sino en otras entidades principalmente de la región sur.

Quedó así frustrada la expectativa de que Arturo Herrera abriera alguna posibilidad de asignar recursos federales a los proyectos prioritarios de Jalisco como la Línea 4, el Peribús, para el saneamiento del Río Santiago, para la presa El Zapotillo y el macrolibramiento de Puerto Vallarta, como había prometido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en las reuniones que tuvo con empresarios de Jalisco en junio en Palacio de Gobierno, y en julio en la Cámara de Comercio de Guadalajara, y que quedaron fuera del presupuesto de egresos 2020.

A lo que más se comprometió el secretario de Hacienda fue a fondear con 200 millones de pesos para la conclusión de las obras complementarias en torno a las estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero y la posibilidad de aportar 120 millones para el proyecto de la Línea 4.

Ante los cuestionamientos por el maltrato presupuestal a Jalisco, el secretario aceptó que será necesario revisar el próximo año o el siguiente los términos de los esquemas actuales de coordinación fiscal de la federación que data de los años 70 y que era ya necesario actualizar. Aunque también les planteó que es necesario que los gobiernos estatales y municipales se apliquen más para aumentar la recaudación fiscal y allegarse de más recursos para su desarrollo.

El que se quejó amargamente del desmantelamiento de las dependencias federales fue Alberto Esquer, titular de la Sader.

El funcionario estatal dijo que la falta de personal provoca que se atoren los trámites.

Prueba de ello es que la denuncia que interpusieron ante la Semarnat y la Profepa por las plantaciones ilegales de aguacate en el estado está atorada y no avanza.

Siguen pasando los meses y el presidente López Obrador sigue reprobando en Economía. Su discurso de que "vamos requetebién" contrasta con los datos oficiales y pone a México en una situación que no había estado peor desde la brutal crisis mundial de 2008.

Sólo que ahorita no hay crisis mundial. De hecho, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial e importantísimo motor económico, está batiendo marcas de crecimiento.

México, en lugar de estar aprovechando el viento a favor, lo ha desperdiciado. Y de eso, el responsable es el presidente.

¿Ha notado que cada que sale una pésima cifra económica se dice que es la peor cifra en 10 años? Ayer se dio a conocer el dato de inversión fija bruta. Central para el desarrollo económico. De los más importantes datos que revelan el estado real de la economía de un país. Y su caída fue dramática, estrepitosa, y sin duda alarmante: 9.1% de julio de 2018 a julio de 2019.

En México no se está invirtiendo. Y eso compromete la viabilidad del país y al hacerlo, el proyecto transformador que tiene en mente el primer mandatario.

Ya valdría la pena que líderes del mundo empresarial dejaran de matizarle la historia al presidente y éste dejara de hacer como que se entiende con ellos. Esa danza de hipocresías mutuas.

Las buenas señales económicas que ha enviado el gobierno del presidente López Obrador -el respaldo a la renegociación del TMEC, la disciplina fiscal, el respeto a la autonomía del Banco de México- han quedado diluidas frente a los desatinos, pero sobre todo ante las constantes declaraciones de un hombre, el más poderoso de México, que parece empecinado en negar la realidad a un grado que genera incertidumbre sobre el futuro económico del país.

No habla nada bien de un gobierno que el secretario de Hacienda le renuncie al medio año. Tampoco que rompa los contratos energéticos, se arrepienta y termine renegociándolos a un costo más alto para el país. No se diga que invite a las que considera 4 mejores empresas del mundo para hacer una refinería, las 4 digan que es imposible a ese bajo costo y en ese corto tiempo, y aún así se empecine en construirla cuando la empresa petrolera está al borde de la quiebra.

Tiene un diagnóstico impecable sobre la herencia funesta de la corrupción neoliberal, sobre la desigualdad y la pobreza, pero cuando se trata de encontrar los remedios, lo único que ha logrado es poner al enfermo en peor condición. Y cuando se le dice, prefiere insultar que escuchar.

Así, sólo queda recordar aquella vieja analogía: cuando se trata de Economía, el presidente no sabe. Peor: no sabe que no sabe.

Tanto en la caída de la inversión fija bruta como en el estancamiento del consumo hay un componente esencialmente anímico.

Los empresarios, más allá del diálogo que han tenido con el presidente de la república, no están invirtiendo.

No se han generado suficientes señales para movilizar la inversión y muchos en el sector privado siguen con enorme desconfianza.

Lo hemos dicho una y otra vez. Se necesita un conjunto de acciones que puedan ser vistas por la mayoría de los hombres de empresa como símbolos de que las reglas del juego que definirá la administración de AMLO pemitirán un buen desempeño de las inversiones.

Y lo que tenemos es que aparecen signos de que puede haber más problemas para invertir, como las reformas que criminalizan la defraudación fiscal y otras medidas.

Y, en el caso de los consumidores, es probable que la gente recupere la confianza hasta que empiece a ver de nuevo el crecimiento económico y recupere su seguridad laboral y en ingresos.

Es una ilusión pensar que la economía va a cambiar mientras no cambien las condiciones que la han puesto en la situación que hoy tiene.

Atletas con discapacidad, entrenadores, administrativos y hasta el vicepresidente del Comité Paralimpico Mexicano, Efraín Mora, se manifestaron a las afueras de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por la falta de pagos de 10 meses de salario de coaches y administrativos.

"Fuimos aproximadamente 120 personas los que estuvimos en la protesta. Son 10 meses los que no les pagan a los entrenadores y administrativos, fue por eso que presidentes de federaciones, atletas y familiares nos reunimos para exigir que les dieran sus salarios", sostiene Mora.

El caso de los entrenadores de atletas de deporte adaptado se suma al caso de coaches que laboran en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) que tampoco han recibido su salarios por parte de las federaciones y de la misma Conade.

En 3 ocasiones en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irán para zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo que nadie en la industria de la aviación cree que sucederá, eso tendrá que esperar. El avión presidencial que compró el gobierno del presidente Felipe Calderón y sólo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en ese monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.

Sólo hay 2 interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., de San Antonio, que, entre sus empresas, está Jetran, que es de aviación. Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al gobierno mexicano fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alrededor de otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde que asumió la Presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70 helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.

De acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001 y la dramática caída de pasajeros, que colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para remplazar su vieja flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López Obrador puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada por el avión presidencial, que llamó "una ofensa para los mexicanos" y símbolo de "la opulencia y lo ridículo".

El TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California del Sur, donde no hay aviación comercial pero que entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing, y de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929, está pagando poco más de un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo por otro.

Cuando el avión iba a partir para California, el gobierno de México celebró su partida y la puesta en venta de un avión "casi nuevo y muy lujoso". No lo es tanto, salvo que por lujo se incluya todo el sistema de seguridad y comunicaciones que tiene un avión presidencial, como el mexicano. En diciembre de 2015 se publicó en este espacio que la compra del avión fue presentada al congreso para su aprobación y lo incluyó en el presupuesto de 2012. El dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425 votos a favor, incluidos 45 legisladores del PRD, incluidos 2 prominentes morenistas hoy en día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

La decisión técnica y financiera fue adquirir el 787 Dreamliner de la Boeing, uno de los aviones más sofisticados de la industria que tienen gobiernos y más de 55 aerolíneas en el mundo. El que adquirió el gobierno tiene una arquitectura más ligera que cualquier otro avión comercial, que le permitía ser más eficiente en consumo de combustible y tener un mayor rango de vuelo. En ese momento había 2 tipos de Dreamliners, el modelo 9, con más capacidad de pasaje y un precio de lista de 250 millones de dólares, y el modelo 8, que costaba 212 millones.

El avión presidencial tuvo un precio inferior al modelo 9 -231 millones de dólares-, pese a los avanzados sistemas de telecomunicaciones y defensa que se le incorporaron. Durante la campaña, López Obrador dijo que había costado 7,500 millones de pesos (573 millones de dólares al tipo de cambio de noviembre de 2012, cuando se cerró el trato con Boeing), aunque en realidad, Banobras, que hizo la operación financiera, pagó menos de la mitad en ese entonces. Ese avión nunca tuvo la capacidad para 280 personas, como dijo López Obrador, sino para 110, y estaba lejos de ser un avión lujoso, para los estándares de la aviación gubernamental. Por ejemplo, el Air Force One del presidente de Estados Unidos, un Jumbo 747, con quien lo comparó, tiene salas de conferencias y comedores, y su precio es de 379 millones.

La configuración del avión presidencial es uno de los problemas para poder venderse. Estuvo armado de acuerdo con lo que pidió el gobierno -como es la configuración de las aeronaves presidenciales en el mundo-, por lo que su capacidad de pasajeros es reducida, para efectos comerciales, y las turbinas tienen menor potencia, porque tiene menos peso. Adicionalmente, el TP-01 era el avión que la Boeing utilizó como demo en todo el mundo, y similares a él existen otros 3 en el mercado. Es decir, es una nave vieja para la velocidad como van los modelos Dreamliner y no sirve para vuelos comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea comercial adquirir uno nuevo.

El avión "José María Morelos y Pavón" se está deteriorando pese al servicio de mantenimiento contratado, y entre más demore su venta, menos dinero se obtendrá por él. Los clientes también se han estado desanimando, y de una decena cuando se anunció su venta, se redujo a la mitad en verano y ahora sólo están Wyatt y Jaffe, a quienes todavía no les aceptan la oferta.

Sólo por causa grave, prescribe la ley máxima, puede renunciar un ministro de la Suprema Corte. Tan grave fue el motivo por el que renunció Medina |Mora que nunca lo sabremos. De algo podemos estar seguros: lo sucedido redunda en un agrandamiento del poder presidencial y en mengua del sistema de frenos y contrapesos que debe privar en una democracia. Poco a poco -en ocasiones mucho a mucho- AMLO se va fortaleciendo al tiempo que el equilibrio de poderes se va debilitando. Alguien dirá que después del sexenio de Enrique Peña Nieto, periodo nefasto, es necesario un presidente fuerte que cambie corrupción por honestidad, opacidad por transparencia, dispendio por austeridad. Sin embargo, la acumulación de poder en una sola persona entraña grandes riesgos. En el caso de nuestro país la incuestionable fuerza de López Obrador -legítima fuerza- y el enorme capital político que el pueblo le entregó al elegirlo pueden ser lo mismo para bien que para mal.

Tras la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en estos momentos está a prueba el equilibrio de poderes de la nación.

El país, expuso, "vive momentos en los que los 3 poderes de la unión tienen que dar muestras claras de independencia y autonomía por el bien de la república, donde las decisiones que tomen queden a salvo y sin sospecha de presiones de ninguna índole".

En un comunicado en el que no mencionó a Medina Mora el panista admitió empero que "en esta hora en la que se pone a prueba el equilibrio de poderes de la nación, nos corresponde impedir la regresión al autoritarismo".

Por eso el PAN mantendrá la postura de "construir acuerdos, mantener una conducta de Estado y legislar a favor de los ciudadanos".

En su balance de 1er. año de la 64 Legislatura, Romero Hicks dijo que en éste "he visto más corrupción y más intereses de grupo que en ningún otro momento de mi vida política".

Por 1a. vez, sostuvo, "he visto reformas que, sabiendo que son nocivas para México son impulsadas por la mayoría con un objetivo más destructivo que constructivo y cediendo a los intereses de la auténtica mafia del poder".

En una democracia nadie gana todo o pierde todo. El sistema de pesos y contrapesos, de distribución del poder y la posibilidad de lograr consensos para la toma de decisiones ha significado una serie de disposiciones legales y luchas históricas por hacer del sistema político uno basado en la pluralidad y el diálogo. Por supuesto que el costo de las decisiones recae en aquellos que buscaron, por medio del voto, alcanzar el espacio de responsabilidad por el que tanto lucharon.

Como todo sistema presidencialista, el mexicano busca las mayorías para la construcción de consensos, la figura del mandatario ocupa toda la esfera política por su aparente capacidad de hacer, pero la Constitución establece mecanismos para evitar que la tentación del poder desborde en la consecución de la vida pública. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador goza de una legitimidad y condiciones de gobernabilidad como no se había visto desde que un partido hegemónico se montó en el gobierno y conformó una especie de trinidad en que el gobernante era la encarnación del poder. La narrativa ambiciosa de una transformación de la vida pública del país se hizo pertinente a la visión generalizada de un sistema agotado, deshecho, corrupto en toda la extensión de la palabra. Pero esta narrativa, que se impone como un discurso uniforme y aplastante da muestras de una nostalgia que puede ser alarmante, peligrosa.

El presidente entiende el poder y sabe ejercerlo, se preparó en la tradición del estilo personal de gobernar y hoy que, al fin lo ha podido hacer, aprovechará cada momento y cada instancia para imprimir su sello y lograr la trascendencia. Su ventaja natural, además del carisma, es la conformación del Legislativo, la cómoda mayoría y la facilidad con que se pueden lograr las cosas se hace atractiva para unos adversarios que poco a poco comprenden que el ejercicio del poder los tocará y puede hacerlo, incluso para doblegarlos. La desconfianza en los órganos autónomos, que fueron creados como respuesta al abuso del poder pareciera una afrenta sistemática por ahogarlos, por desarticularlos, la posible polarización de la opinión pública para señalar "adversarios" cuyo única característica es la pintoresca etiqueta, el estrado y micrófono matutinos que se decoran poco a poco en púlpitos y megáfonos no sólo determina la agenda política, sino obliga a todos a actuar en consecuencia, cuando uno habla primero sólo puede esperar réplicas, y buen pueden ser ignoradas. El diablo está en los detalles, el presidente está desmontando la estructura del Viejo Régimen pero opera con las reglas del mismo puesto que lo conoce, porque fue lo que lo formó y el que lo hizo ser quien es.

El liberalismo parte de la desconfianza de quienes ostentan el poder, de que naturalmente buscarán adoptarlo y usarlo, y pugna porque sea limitado y vigilado. El presidente se ha declarado en numerosas ocasiones, como un liberal, como alguien que sabe que la ampliación de las libertades y la razón son las condiciones y herramientas para el desarrollo y la búsqueda de plenitud del individuo. Esperemos que la tentación del autoritarismo no lo seduzca, como lo hace con aquellos que saben que el poder es para ejercerlo.

En la misma votación en la que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales para la nueva (contra) Reforma Educativa -con la que la 4T pretende garantizar la "excelencia" de la educación en México-, desaparecieron el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y de ahora en adelante entregar directamente a los padres de familia y maestros el dinero necesario para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de escuelas.

Para los que no lo sepan el Inifed era el organismo encargado de construir y mantener la infraestructura educativa en el país, emitir normas y especificaciones técnicas, elaborar guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa y dar seguimiento técnico y administrativo a los programas de obra a cargo de las entidades federativas cuando incorporan recursos federales.

Las preguntas ahora son: ¿cómo supervisarán lo que miles de comités de padres de familia harán, cómo sabremos si el dinero de nuestros impuestos se usa y destina correctamente, si las escuelas que los padres de familia construirán o remodelarán serán seguras, funcionales y con las especificaciones y calidad necesaria, quien será el contratista o "maistro" de obra que sin concursos de por medio ejecute las obras como mejor le parezca?

Para hacer las cosas bien se necesita un organismo que administre y supervise todo esto, y lo que pasará al final es que así como se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que hace lo mismo que el anterior de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) habrá de crearse ahora un Instituto para la Construcción y Apoyo a Padres Constructores de Escuelas (Incapace) que haría lo mismo que el desaparecido Inifed hacía, pero con un nuevo y sugestivo acrónimo.

La razón para la cancelación de proyectos y desaparición de organismos públicos ha sido la corrupción dentro de ellos, sin entender que en realidad "no hay organismos corruptos, lo que hay son personas corruptas manejando organismos".

Si seguimos la lógica de desaparecer todas las entidades en las que hay o ha habido corrupción, deberíamos entonces desaparecer todo el poder ejecutivo, y entregar nuestros impuestos directamente a los albañiles que construirán los muros de las escuelas, a los doctores y enfermeras de los hospitales, a los jubilados, a los fabricantes y prestadores de servicios de todo lo que el país necesita comprar o contratar para su funcionamiento.

Pero para administrar todo esto, dar cuentas y supervisar lo que se hace, sería necesario crear miles de comités y organismos especializados, es decir una estructura gigantesca paralela al gobierno controlada por ciudadanos. Un absurdo.

La solución al problema de la corrupción no es eliminar los organismos existentes que son necesarios, sino poner al frente de ellos personas honestas y exigir que hagan bien su trabajo.

Si el gobierno considera por ejemplo, que los comités de padres de familia de las escuelas son confiables y republicanamente austeros, que ponga al frente del Inifed, a una persona emanada de esos comités, y no a un emanado del sindicato de maestros o de las filas de las amistades, parientes o partidos políticos afines.

Si los recursos asignados por ejemplo a las Estancias Infantiles eran mal utilizados, que exija fianzas de cumplimiento a los concesionarios, audite, supervise su correcto funcionamiento y, si es el caso, cancelar las concesiones.

El gobierno debe ser sólo un auditor garante de la calidad y costo de las obras y servicios públicos, y de los productos y servicios que los particulares venden y prestan a la población. ¿Para qué quiere ser el gobierno, por ejemplo, el peor productor de petróleo y gasolina del mundo, el peor constructor de obras o el peor proveedor de servicios, si puede ser el mejor supervisor de éstos?

Y si las razones para hacer algunas cosas directamente tienen que ver con asuntos de seguridad o soberanía nacional en un mundo cada vez mas global, especializado e interdependiente, habrá que hacerlo de manera eficiente y competitiva, para que el intento por ser autosuficientes en algunos campos no lleve al País a la quiebra o nos cueste tanto (como ha sido el caso del petróleo, gasolinas y electricidad) que nuestra soberanía merezca el calificativo de pírrica.

"Estábamos al borde del precipicio. Hemos dado un paso adelante". (Dicho popular del sexenio de Echeverría).

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que la renuncia del ministro, Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue forzada y el presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso más hacia la construcción de un México autoritario y sin contrapesos al poder público, ni equilibrios de poder.

En un comunicado, Marko Cortés dijo que la dimisión de Medina Mora desata muy graves consecuencias en la confianza del país.

"López Obrador busca controlar resoluciones judiciales en temas como el Aeropuerto de Texcoco, estancias infantiles o la Ley Bonilla. Ante estas amenazas, Acción Nacional ha denunciado y lo seguirá haciendo para que no haya intentos de pasar por encima de la ley en México y mucho menos orquestados desde el poder ejecutivo", dijo el panista.

En el PAN, puntualizó, así como lo hicimos con el extrañamiento por la expresidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora, quien fue sometida a presiones para renunciar, así manifestamos toda nuestra condena a lo que está ocurriendo con el ministro de la Corte.

El panista michoacano dijo que el poder judicial no puede convertirse en un instrumento del ejecutivo federal.

"Es de suma preocupación lo que estamos viviendo en México y debe prender la alerta de los ciudadanos, ya que los gobiernos autoritarios comienzan a penetrar y tener injerencia en los poderes hasta que los debilitan, lo cual está haciendo en este momento López Obrador".

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cumplió su deber al desechar las impugnaciones contra el triunfo electoral del candidato del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, pero sólo para un periodo de 2 años y no de los 5 que pretendía mañosamente este méxico-americano, amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como se sabe, hubo toda una intentona autoritaria y antidemocrática de querer ampliar el periodo de gobierno de Bonilla, mediante una reforma a todas luces ilegal que hicieron las y los diputados salientes de todos los partidos políticos, pasadas las elecciones en las que se convocó a los bajacalifornianos a elegir a un gobernador sólo por 2 años, para una transición de ajuste del calendario electoral, como ocurrió anteriormente en Puebla y Veracruz.

Con la coartada de querer ahorrarle al erario de Baja California un nuevo gasto con la realización de una nueva jornada electoral en apenas 2 años, Bonilla urdió todo un plan con el congreso local saliente, aprovechando la complicidad del gobernador panista, Francisco "Kiko" Vega a cambio de impunidad, para lograr su objetivo.

Hubo incluso versiones y denuncias formales de que las y los legisladores recibieron millonarios sobornos para votar a favor las reformas de la conocida como "Ley Bonilla" que se aprobó en una sigilosa y casi secreta sesión del congreso local fuera del Palacio Legislativo.

Todavía la nueva legislatura, que se instaló hace un mes en Baja California, anunció que organizarían una consulta popular para saber si la mayoría validaba o no la reforma que ampliaba el periodo de gobierno, en un último intento por legitimar lo que era una flagrante violación constitucional para beneficiar a Bonilla, quien ganó una desairada elección a la que acudió sólo el 30% de los bajacalifornianos.

Hasta ayer que el TEPJF dio palo a la Ley Bonilla, el Presidente se pronunció por el respeto a la ley en Baja California, pero a lo largo del conflicto la ausencia de un pronunciamiento contundente que dejara claro que estaba en desacuerdo con ese atentado contra la vida democrática del país, hizo aparecer a López Obrador como interesado en ver qué pasaba con su amigo el gobernador electo de Baja California, lo que fortaleció las versiones que veían en este episodio un experimento para medir las posibilidades reeleccionistas a futuro.

Aunque el TEPJF cerró el paso a esta tentación autoritaria y preservó el orden republicano, este experimento de Morena contra la democracia, que afortunadamente fue fallido, dejó en entredicho la vocación democrática y la reputación del futuro gobernador de Baja California y de Morena, el partido del presidente.

Que hubiera saldo relativamente blanco (14 personas lesionadas, casi todas policías, con heridas leves) cuando, según las notas periodísticas, "grupos de encapuchados intensificaron las protestas y ocasionaron la intervención de la policía para contenerlos", en ocasión de la marcha conmemorativa de los sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, no quita que la decisión de encomendar la seguridad y el orden a 12,000 funcionarios del gobierno capitalino -burócratas, pues, impreparados para esos menesteres... y no necesariamente voluntarios, además- hubiera sido, más que simplemente temeraria, altamente irresponsable.

Utilizar como escudo humano a centenares de burócratas, ante una pandilla (en la acepción de "grupo de personas que se reúnen para realizar desmanes o cometer delitos" que da al vocablo el Código Penal) es tan irresponsable -y tan necio, sobre todo- como pedir a las mamás y los abuelitos que sometan a los delincuentes, o como pretender contenerlos a la voz de "¡Fuchi, guácala...!".

Ante la violencia desatada durante las marchas en las últimas semanas y la crítica por la inacción de la policía, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió con una estrategia ilegal e irresponsable, con la cual volvió a incumplir con su responsabilidad prima como autoridad: el uso de la fuerza, no para reprimir, sino para que dentro de la ley, haga respetarla a quien pretenda violarla. Utilizó a civiles como carne de cañón contra los violentos para que suplieran el deber del gobierno. Y para que no hubiera daños en propiedad privada o inmuebles públicos, tapió con vallas de metal todo el Centro Histórico, afectando la vida económica, la libertad de tránsito y el orden público.

Esta solución no caminará en el tiempo. La forma como respondió a la crítica por permitir que grupos anarquistas realizaran desmanes, causaran daños y se adueñaran de las calles del centro, es insostenible. Utilizar civiles en lugar de policía para que enfrenten a los anarquistas o a quienes irrumpan con violencia en la vida cotidiana es un acto cobarde, no de gobierno. Pretender que con ese tipo de estrategia evitará que siga escalando la tensión y que las posibilidades de un enfrentamiento entre civiles y anarquistas crezcan con cada marcha, es ingenuo al dejar que sea el azar resuelva el dilema.

La idea para contener la violencia fueron los "Cinturones de Paz", una instrucción de Sheinbaum girada el martes a todas las dependencias capitalinas para que aportaran 300 trabajadores, y sirvieran de colchón entre los manifestantes en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco de 1968, y los grupos anarquistas. Ninguna fuerza pública mediaba entre ellos. Fueron personas sin capacitación para contener, a quienes se obligó a cumplir una función por la cual no fueron contratados. Peor aún, la disposición de Sheinbaum violó el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los trabajadores "ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas".

Hubo golpes, gases, algunos heridos y mucha suerte para las autoridades, porque los grupos de anarquistas que llegaron al Centro Histórico a cumplir con la agenda que sigue el anarquismo insurreccional desde hace 20 años, provocar y llamar la atención de los medios como forma de protesta contra el modelo económico global y neoliberal, no incluían su corpus más experimentado -que se vio a plenitud en la violencia que desataron cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente en 2012-, ni su capacidad de ataque regular, que incluye bombas molotov. No está claro si a través de los vasos comunicantes de los anarquistas con miembros de los gobiernos de Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quienes comparten objetivos, hubo una negociación para que se redujera el nivel de violencia.

Pero utilizar burócratas como escudo humano frente a los violentos, es idéntico al empleo de mujeres y niños por parte de los cárteles de la droga para impedir que sean atacados por la policía. A la utilización de civiles para cuidar que la policía no interviniera en su contención, que al final ese fue el resultado, se le agrega la forma como tapiaron las fachadas de comercios e inmuebles creando una trampa en la ruta de la marcha. Esto planteó un escenario de alto riesgo, producto de otra falla estratégica, al haber creado embudos para los civiles en caso de que hubiera estallado la violencia dentro de esos caminos bardeados con metal.

En la planeación de operativos donde el objetivo es dispersar a quienes violentan el orden público, nunca se les encierra para emboscarlos, sino se deja una puerta de escape, deliberadamente, para que por ahí puedan huir, reduciendo de esta forma el grado e intensidad de la violencia. Las autoridades capitalinas no hicieron eso, y levantaron muros de metal, prácticamente imposibles de saltar, con cordones de policías en las calles donde no se había tapiado con las vallas. Si no hubo consecuencias que lamentar, se debió a que los anarquistas no tenían la intención de escalar los enfrentamientos -como se puede ver al analizar sus comportamientos en otras marchas a lo largo de los años-, y no como resultado de una buena estrategia policial.

Blindar resuelve coyunturalmente para Sheinbaum el problema del vandalismo en comercios, pero no es una solución de corto, mediano o largo plazo. No puede recurrir al mismo ejercicio cada vez que haya marcha, porque como en el caso de los "Cinturones de Paz", transferir a la sociedad una responsabilidad de gobierno, y pedirle indirectamente que sea ella la sacrificada porque la autoridad no quiere pagar costos políticos al tener que cumplir con sus obligaciones de ley, es insostenible. El pozo donde se ahogó el niño no se tapa cada vez que haya niños merodeando; se cancela y punto. En este caso, no se trata sólo de evitar que se dañen comercio sacrificando a comerciantes y consumidores, sino que se impida que terceros afecten sus derechos, su libertad y su vida cotidiana.

Sheinbaum tiene que dejar atrás sus dogmas de oposición y asumir los costos de gobernante. No es reprimiendo a quien violente la ley, sino aplicando la Ley. Para reforzar esa acción, el uso de la fuerza pública siempre debe ser opción, no para reprimir, sino para restablecer el orden de las cosas. Para eso existen protocolos para la policía y organismos de derechos humanos que pueden acompañarlos en sus tareas para impedir abusos, y trabajo de inteligencia. Por encima de ello, se necesita actuar con responsabilidad y valor, 2 cualidades de las que hasta ahora carece Sheinbaum.

Dice Yeidckol Polevnsky que su condonación de impuestos por 16.4 millones de pesos fue producto de un error del contador. Un error así, sin embargo, la habría convertido a ella y al contador en miembros del crimen organizado según la nueva ley fiscal aprobada por el Senado que están considerando los diputados.

Usaré la palabra "simpleza", aunque otros vocablos hay más lapidarios que ése para expresar la misma idea. Simpleza fue aquélla de proponer hablar con las mamacitas, los papacitos y los abuelitos de los vándalos para que les digan que se porten bien. Simpleza fue lo de los ilícitos e inútiles cinturones de paz. Simpleza lo del chu chu del indecible Bartlett. Simpleza enorme lo de llamar "valientes" a los asesinos de don Eugenio Garza Sada. Simpleza lo de declarar personas non gratas a personas ciertamente no gratas. Simpleza la explicación de la señora Polevnsky acerca de su condonación fiscal. Estos últimos días han sido pródigos en simplezas, y todo indica que la cosecha seguirá. Urge dar honestidad y transparencia al país, es cierto, pero también urge darle un poco de seriedad.

"Que tengan cuidado porque en una de esas, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Estoy seguro que no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel". "Los que se portan mal ya no son bien vistos". "Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás. Ahí andan las mamacitas sufriendo porque sus hijos están detenidos". "Nosotros no queremos la guerra". "Ya chole con eso". "Fuchi, guácala". "Cinturones de paz". "No vamos a reprimir al pueblo", "No hay un gobierno autoritario".

Policías con instrucciones de no responder, aguantar que vándalos les avienten piedras, botellas, palos y bombas molotov. Soldados con órdenes de no usar la fuerza contra delincuentes armados que imponen su autoridad con sangre y terror en no pocas franjas del territorio nacional.

¿Estamos ante un enfoque novedoso para enfrentar la violencia, al que hay que darle tiempo para funcionar? ¿O es que tenemos un gobierno que no quiere asumir su responsabilidad como garante de la seguridad de los ciudadanos y como responsable de perseguir a quienes rompen la ley, a quienes agreden, despojan, roban, secuestran, violan, extorsionan y asesinan?

¿Es aceptable que el gobierno se escude en "cinturones de paz" conformados por burócratas -incluso mujeres y hombres de edad avanzada- porque no quiere que la policía se enfrente con los grupos anarquistas que vandalizan monumentos, edificios y comercios? ¿Es legal poner en peligro a esos trabajadores? ¿Se vale que los distraigan de sus tareas para hacer un trabajo de seguridad que no les corresponde?

¿Es legal la intervención de grupos de organizaciones sociales que se coordinan con autoridades para mantener el orden en una marcha? ¿Es exagerado advertir que así nacen los grupos de choque paralegales en regímenes que desprecian la ley?

¿Resulta aceptable un discurso suave, paternal, para integrantes del crimen organizado y un discurso agresivo, descalificador, para los críticos u opositores al régimen?

¿Tenemos un gobierno que confunde la represión con su tarea obligatoria de garantizar seguridad, o en realidad es una administración que prefiere permitir que ciudadanos que no respetan la ley afecten a ciudadanos pacíficos con tal de evitarse el costo político que le podrían cobrar sus clientelas por recurrir de manera legítima a las fuerzas policiacas?

En la marcha de ayer en conmemoración del 2 de octubre, los contingentes de "anarcos" hicieron lo que siempre hacen: pintas por todo 5 de Mayo, destrozos en edificios públicos como el del Banco de México, petardos, agresiones a policías y periodistas. No hubo ningún detenido y reportes de una treintena de personas lastimadas, de las cuales 2 necesitaron ser trasladadas a un hospital. La amenaza de acusarlos con sus mamás, casi sobra decirlo, no les preocupó.

Los "cinturones de paz" promovidos por Claudia Sheinbaum y apoyados por Andrés Manuel López Obrador se disolvieron rápidamente cuando comenzaron las agresiones. La policía vio de lejos lo que ocurría. Sólo cerró el paso durante varios minutos a un contingente que pretendía llegar al Zócalo al final de la marcha.

La forma de proceder del Gobierno de la Ciudad de México deja muchas dudas y preocupaciones. De seguridad, de respeto a la ley por parte de la autoridad y de la actitud política tanto de la administración local como de la federal.

La estrategia de convencer "por las buenas" a los infractores de la ley (desde narcos hasta anarcos) se está topando con que éstos se la toman a burla, se mofan de la autoridad, del gobierno, del Estado. ¿Cuánto más va a durar?

Esperar a que el país se mueva hacia adelante y se empiecen a ver resultados de transformación, se antoja imposible. Simplemente porque para atacar los grandes problemas nacionales los planteamientos han sido totalmente ingenuos.

Usted recuerda que para combatir a los delincuentes, además de no darle prioridad a la lucha a nivel nacional contra la [in]seguridad, lo que personalmente hizo el presidente fue convocar a los malandros a pensar "en sus mamacitas" antes de cometer un delito.

Inimaginable cuando vemos la crueldad con que se cobran cuentas entre grupos del crimen organizado, y entre las mini bandas de narcos que dominan barrios y colonias de las principales ciudades del país.

Y pretender que haya el movimiento económico que se requiere para generar un crecimiento capaz de generar nuevos ingresos también se antoja complicado, porque la estrategia ha sido convocar a la buena fe de los empresarios para invertir en el país, cuando en los hechos el propio gobierno no ha detonado el gasto que se requiere para empezar a mover inversiones. Obviamente es muy alentador ver a Carlos Slim salir sonriente de sus reuniones en Palacio Nacional, pero Slim y una docena de empresarios más no representan al enorme universo de pequeños empresarios que tendrían que apostarle invirtiendo para crecer. Para ellos, con salir adelante en las circunstancias actuales es suficiente.

Reunión en Palacio Nacional. Los empresarios dicen que van a invertir. El presidente dice que los quiere. Todo mundo sabe que ellos no van a invertir... y que él no los quiere.

El presupuesto 2020 ha sido calificado por sus promotores como responsable, austero y realista, mientras que sus detractores lo califican de sumamente optimista y sin herramientas para impulsar el crecimiento económico, explica Hugo Briseño Ramírez, profesor-investigador de la Universidad Panamericana.

En el tema de los ingresos federales remarca que "hay una clara estrategia recaudatoria en esta administración. Dicha situación es positiva porque busca incrementar la base gravable, cobrando mejor los impuestos. Sin embargo, la crítica se da en que pareciera inequitativa la distribución de los recursos para los estados. Por citar un ejemplo, Jalisco recibirá menos presupuesto, teniendo todavía pendiente la culminación de la Línea 3 del Tren Ligero y nuevos proyectos que ven difícil su culminación sin el apoyo federal".

Sobre Petróleos Mexicanos, indica que "el actual gobierno hace una fuerte apuesta. Si bien es cierto que todavía se ve lejana la transición del uso de hidrocarburos a otras fuentes de energía, la principal crítica a este punto es que no se perciben esfuerzos que busquen combustibles más amigables con el medio ambiente. Ante este señalamiento cierto, es importante mencionar que, aunque es necesario llevar a cabo acciones para descarbonizar la economía, los combustibles fósiles seguirán siendo indispensables durante muchos años más".

De los programas sociales, indica que Jóvenes construyendo el futuro y la pensión para adultos mayores son las propuestas más emblemáticas en materia social. "Existen muchos cuestionamientos en cuanto a la transparencia del padrón, así como la eficacia de estos programas para combatir la pobreza y la desigualdad. Si bien es cierto que hace falta mayor rendición de cuentas, es muy temprano para saber si estas acciones tendrán un resultado positivo en temas de bienestar".

También abunda sobre los proyectos "estrella": "A juzgar por lo dicho en la campaña presidencial y en 'las mañaneras', el presupuesto no tiene sorpresas en cuanto a la generación de infraestructura. Se prevé que la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tengan recursos financieros importantes para el próximo ejercicio. Hay una apuesta muy clara por el sur del país, aunque el centro y norte generen el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. Los promotores señalan que estos proyectos serán motores claros de desarrollo, mientras que los detractores cuestionan la factibilidad financiera y ambiental de los mismos".

En un documento de 124 páginas, el Movimiento Nacional por la Esperanza, encabezado por René Bejarano, sostiene que el cambio de régimen prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo se podrá lograr si ese partido, junto con fuerzas progresistas, convocan a un constituyente para sustituir la carta magna aprobada en 1917.

Los trabajos para lograr tal objetivo, dice el documento que lleva por título "Por venir: El buen vivir", comienzan justo este mes, octubre, fecha en que quieren iniciar la estrategia para ganar la mayoría de los puestos en disputa en 2020 y 2021.

El Movimiento Nacional por la Esperanza, que en el documento presume que este año pasará de 700,000 a un millón de afiliados, recuerda a sus militantes que en 2021 estarán en juego, además de 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados federal, miles de puestos, pues todas las entidades de la república tendrán comicios concurrentes.

Para Bejarano, que usa la primera voz en singular en el plan, lo 1o. que se tiene que hacer para que la idea de tener una nueva constitución política gane terreno, es que al interior de Morena se cuente con "un guion de su posible contenido" y convencer a la población de que hace falta que el "cambio de mentalidad" que pretende imponer el nuevo gobierno "se exprese en la ley". Se llamaría, si el proyecto del líder morenista camina, "la Constitución del Buen Vivir".

Al Buen Vivir se le define en esos papeles como "un referente conceptual de enorme trascendencia, no sólo para encontrar sintonía con los planteamientos de las comunidades y los pueblos indígenas, sino también para reconfigurar la relación humana con un entorno ambiental golpeado profundamente por el capitalismo neoliberal".

El documento es claro en que, para la izquierda, la conquista del poder está lejos de haber concluido.

"Ganamos una parte del poder público, vía las elecciones, pero la visión más amplia del poder aún está en litigio. El poder económico, la administración de justicia y el poder de los medios de comunicación, siguen en disputa; la élite neoliberal pretende seguir ejerciendo el control sobre esos poderes, por lo que se vuelve indispensable que desde los sectores progresistas y democráticos nos empeñemos en conquistarlos".

La nueva constitución se justifica para dejar de "estar acotados por los poderes fácticos", entre los que el documento incluye al actual poder judicial que "ha impedido que se avance a fondo en la transformación del país, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Jueces son un poder funcional al antiguo régimen".

Agrega que "un proyecto de esa naturaleza no se construye en la víspera de las elecciones de 2021, se consolida en esa elección federal y se abren las condiciones para materializarse en las elecciones de 2024, sin intenciones reeleccionistas pero sí de continuidad, que permitan que los efectos de la cuarta transformación tengan largo aliento en la vida pública de México. Después de 2021 se tiene que pasar a una etapa superior de crear un nuevo congreso constituyente...".

Finalmente, advierte que se "busca descarrilar a la 4T": "los golpes blandos (...) están en curso en México. Este modelo que sirve para descarrilar gobiernos ya se está aplicando en México. Claro, es prematuro. Nuestros adversarios no tienen la autoridad moral, no han logrado construir un liderazgo alterno nacional, no tienen la organicidad y además todavía no se cohesionaron todos los actores en nuestra contra, pero ya están trabajando y están sellando, por ejemplo, los sabotajes legales con multiplicidad de amparos para suspender las obras en Santa Lucía. Como esos va haber muchos más también".

No es la 1a. vez que René Bejarano impulsa la idea de aprobar una nueva constitución, pero en el marco del relevo de liderazgo en Morena, esta iniciativa estará en la agenda de no pocos de sus activos militantes, entre los que está, por supuesto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, y compañera de batallas del líder de MNE.

El embajador de la India, Manpreet Vohra, trajo a un grupo de farmacéuticas de su país para promover y fomentar la transportación o la producción de sus medicamentos en México, lo cual es válido.

Lo que no es válido, me dicen, es que la industria mexicana, desde hace 9 meses, le ha pedido a Cofepris una cita para la apertura técnica, la capacitación y comunicación, y hasta hoy han recibido como respuesta un NO.

De hecho, el comisionado Novelo, en su comparecencia del pasado lunes, dijo que para evitar problemas sanitarios revisarán con lujo de detalle a las 324 empresas mexicanas para que cumplan al 100%. Postura sin duda plausible; el punto es, ¿hará lo mismo con los extranjeros? En Hacienda, también me cuentan han pedido piso parejo, pues están invitando a las licitaciones a empresas que reciben subsidios de sus países como China e India, lo cual las deja en desventaja.

Comprar barato No es comprar bien.

Ejemplo: por ahorrarse 5 pesos y comprar las jeringas de insulina a una empresa de la India, en 84 pesos, la empresa mexicana que se las vendía a 89 pesos cerró sus puertas dejando sin empleo a 300 personas y súmele el dinero que se dejó de recaudar por ISR, IMSS e Infonavit.

AMLO: "LA EXCELENCIA ACADÉMICA ES UN ENGAÑO".

Claro, lo dice el burro que tardó 14 años en terminar su máximo nivel de estudios, licenciatura.

Lo dice un gobierno para el que está bien copiar en los exámenes.

Lo dice el gobierno que odia la autonomía de las universidades públicas.

Lo dice el gobierno que recorta recursos a universidades públicas para entregarlo a ninis improductivos (pero que bien llenan plazas y urnas electorales).

Desesperados por defender a Bartlett, cuestionan que nunca dijimos nada de los escándalos de Peña Nieto cuando era presidente. Olvidan este caso (la venta de 1,700 hectáreas de un terreno frente al mar en San Quintín, Baja California, al fabuloso precio de 73 pesos por hectárea), pero también otros: revelamos las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, revelamos los videos de cómo los custodios del Chapo jugaban solitario mientras se escapaba el capo, la existencia de una aerolínea con cargo multimillonario al erario para servir al entonces gobernador Roberto Borge, los descuentos ilegales a los trabajadores de Veracruz en tiempos de Javier Duarte, los ranchos y ranchos que compró el entonces gobernador César Duarte, los desvíos millonarios en Sagarpa con el mismo esquema de la Estafa Maestra, y muchos otros. Todo, cuando Peña y los suyos estaban en el poder. Por algo nos traían espiados con Pegasus. Pero claro, nada de eso quieren recordar porque lo que les urge, les urge... es defender a Bartlett.

La Iniciativa Privada (IP) de Jalisco observa con cautela el 2o. semestre del año, debido a la incertidumbre que genera la coyuntura actual sobre el rumbo económico del país.

Así lo reveló la encuesta sobre las Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense hacia la segunda mitad del año, presentada ayer en el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

"La incertidumbre generada por la política económica nacional es el principal obstáculo que los encuestados manifiestan para la evolución de sus empresas", enfatizó el estudio.

Mauro Garza Marín, presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que la encuesta refleja la desconfianza actual del empresariado jalisciense.

"Si no hay certeza no hay inversión, y sin inversión no hay empleos", afirmó.

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, agregó que los datos de inversión son menores y es reflejo de la falta de certeza económica que vive México.

"No es una percepción de unos cuantos, es una percepción de una gran mayoría", sostuvo.

Luis Roberto Arechederra, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), dijo que es necesario que el gobierno federal genere políticas económicas que den confianza a los empresarios.

El gobierno de la 4a. Transformación está en pleno proceso de metamorfosis. Del discurso original del presidente Andrés Manuel López Obrador y la estructura de gobierno que diseñó para llevar a cabo sus ambiciosas reformas en todo el país, se transita rápidamente a un método circunstancial y más o menos desordenado en el que están aflorando más las pasiones humanas que las líneas de trabajo apegadas al ideario que se conoció del Andrés Manuel candidato y después, presidente electo.

Un análisis mucho más detallado del que permite un espacio como este merece cada una de las secretarías del gobierno federal. Desde hace tiempo, el presidente se ha resistido a hacer cambios que los expertos y la evidencia exigen; queda claro que para muchos titulares del gabinete el reto los superó casi desde el inicio de la administración.

Por otra parte, una de las figuras novedosas en el ejercicio de la 4a. Transformación y que más repudian los gobernadores, es la del delegado de programas sociales, más conocido como "superdelegado". Unos más, otros menos, pero literalmente ya entraron en crisis y lo más sano sería que la Presidencia de la República revise a fondo si conviene mantenerlos.

2 casos llaman la atención en los últimos días: por un lado, Carlos Lomelí Bolaños, que asegura públicamente haber tramitado sendos juicios de amparo para dejar sin efecto la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública para que 2 empresas de su conglomerado, Lomedic y Solfran, le vendan al gobierno de la república, a los estados y municipios. Esto tiene un enorme trasfondo.

Por otra parte, la inminente llegada de Manuel Espino Barrientos como "superdelegado" del gobierno federal a su natal Durango. Espino, expresidente nacional del Partido Acción Nacional, ha sido identificado desde siempre como uno de los más ultraderechistas militantes que hayan llegado al poder. Pero su flexibilidad parece ilimitada: ahora defiende la causa lopezobradorista al grado de regañar a Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes les pide que se autoevalúen antes de criticar la gestión del actual presidente.

Todo puede pasar en un equipo de gobierno donde lo mismo se encuentran Manuel Espino, Manuel Bartlett y Alfonso Romo, entre otros muchos ejemplos.

¿Pero qué ocurre con Carlos Lomelí? ¿Tramitar amparos para echar abajo la determinación de la Función Pública significa romper definitivamente con el presidente López Obrador? Hasta hace algunas semanas, el empresario y excandidato a la gubernatura aseguró que era inminente su retorno a la delegación en Jalisco. Pero el tiempo transcurre y aparentemente pudieron más sus intereses económicos que su determinación de trabajar en la 4a. Transformación.

Si el Dr. Lomelí decide enfrentar las decisiones de Irma Eréndira Sandoval (secretaria de la Función Pública) porque según dice, las empresas de su consorcio han sido falsamente acusadas, está en todo su derecho. Y algo más: ser proveedor de los gobiernos no es ningún delito. El punto es que el presidente mismo es quien ha insistido que una de las obligaciones de sus colaboradores es no hacer negocios con el gobierno.

Quizá Carlos Lomelí decidió que ya no le interesa ser otra vez candidato a gobernador de Jalisco.

No fueron pocos los que interpretaron como amenaza la afirmación que hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en la convención anual de banqueros en Acapulco, de que, si se diera un fraude electoral, él no frenaría el descontento popular y no sería él quien amarrara al tigre. La metáfora generó reacciones de alarma, por lo que trató de matizar sus declaraciones. No hubo fraude en la elección, sino un voto masivo a su favor que le dio enorme legitimidad a su victoria y a su presidencia. Sin embargo, él no dejó de seguir alimentando al tigre con la exacerbación de sus sentimientos y un discurso de odio que afirma no tener, pero que todos los días ejecuta contra todo aquél que, deliberadamente o no, interfiere en sus planes. Su obsesión contra un pensamiento diferente llega a veces a lo absurdo.

Hace unos días, en su conferencia de prensa matutina, al hablar sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, dijo que en un vuelo a la Ciudad de México, el capitán informó a los pasajeros que tendrían una demora para aterrizar por la saturación en el aeropuerto Benito Juárez. Cualquier persona que haya viajado a esta capital en los últimos años sabe que, rara vez, sobre todo en la noche, llegará a tiempo porque siempre está saturado. López Obrador sugirió, sin embargo, que el piloto había exagerado la saturación, porque seguramente era "simpatizante del conservadurismo". Dijo textualmente: "Lo que quieren es que haya saturación de más en el aeropuerto y nos echen la culpa a nosotros".

La sobrevaloración que tiene el presidente de sí mismo, corresponde a su ego al pensar que todo lo que sucede tiene que ver con él. No es el epicentro del mundo ni todos están atentos a lo que hace o deja de hacer. Pero la retórica con la cual procesa inconvenientes -algunos ajenos a su responsabilidad, como la saturación del aeropuerto-, polariza y enfrenta. Su visión maniquea de la vida pública ha colocado a quienes no son sus incondicionales como sus enemigos, y los combate todos los días. A quienes lo apoyan, se les han sumado grupos violentos tolerados por el gobierno.

La toma de casetas, por ejemplo, se ha convertido en un método sistemático de allegarse recursos los fines de semana. Las autoridades consienten que se tomen las casetas en horas específicas de la mañana sin que intervengan. El resultado práctico es una especie de impuesto social para compensar, quizás, la falta de recursos y de crecimiento derivado de la política económica. Ofrecer amnistía a delincuentes -en lugar de reponer procesos para hacer justicia dentro de la ley-, y ofrecer disculpas a los victimarios y olvidar a las víctimas, aumentan la combustión social. La impunidad para el que violenta y afecta las libertades de terceros, envía señales de apoyo para que se ultraje, sin castigo y hasta con alegría -"las benditas redes sociales", justifica-, a todos aquellos a quienes apunta el presidente en sus mañaneras.

La tolerancia al vandalismo ante la mirada pasiva de la policía de la Ciudad de México durante la marcha por el 5o. aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa dejó pintas que decían "quema al rico", una evocación al discurso del presidente donde acusa que todo aquel que ha tenido en su vida movilización social, lo ha logrado gracias a un sistema de privilegios, abusos y corrupción de los gobiernos anteriores, por lo que son "conservadores" y "neoliberales". En otra marcha 48 horas después, por la despenalización del aborto, activistas dañaron muros y rejas de la Catedral Metropolitana, y prendieron fuego a la puerta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.

La permisividad a la violencia del presidente López Obrador, con los mensajes claros a quienes delinquen de que las fuerzas de seguridad no irán detrás de los criminales porque "no van a reprimir" -confusión conceptual o posición política que manipula la aplicación de la ley con un delito-, y que prefiere becarios a sicarios, porque la forma de pacificar el país es con abrazos y no balazos, otorga carta blanca a quienes quieran cometer delitos o utilizar la fuerza para alcanzar sus objetivos.

El tigre está suelto, pero no aquel que veía López Obrador durante la campaña electoral, como consecuencia de un fraude electoral que lanzaría a las calles a miles de personas para impedirlo. El que soltó al tigre es su discurso que blinda a criminales, y el que reiteradamente llama a la acción -el ataque violento a todo lo que no es López Obrador y su proyecto-, para que se sumen a su lucha por transformar el país. Su estrategia es altamente riesgosa.

El presidente López Obrador está conjurando un clima de violencia entre los buenos, que son los que lo respaldan, y los malos, que son el resto de los mexicanos, los que se mantienen pasivos y neutrales, y los que discrepan de él. Su discurso de empoderamiento lo acompaña con llamados implícitos al ajuste de cuentas mediante demagogia simplista, pero efectiva, ofreciendo el paraíso e identificando a los demonios. No es, como dice, Presidente de todos los mexicanos, sino de una parte. Esta división que hace diariamente con la semántica fractura el tejido social y alimenta el encono. Cuidado. Tenemos experiencias amargas.

De todas las declaraciones mañaneras de nuestro (?) presidente, ninguna tan extraña y hasta cierto punto risible como la de que quienes hicieron los desmanes en la marcha en recuerdo de la desapariciones de los 43 jóvenes de Ayotzinapa seguro eran conservadores, porque los anarquistas tienen ideales. Lo que el presidente quiso decir es que los anarquistas, normalmente cercanos a la izquierda, le caen bien, así que los violentos de seguro fueron los otros, ese otro totalizado y globalizador que él llama conservadores.

López Obrador ha construido un discurso facilista en el que solo hay 2 bandos: los que están con él y los conservadores, ese otro amorfo que nada tiene que ver con ideologías, sino simple y sencillamente con la oposición a su proyecto de gobierno. El concepto conservador en López Obrador nada tiene que ver con lo que la ciencia política define para esta ideología política. No es un asunto de moral ni de derechas, sino de estar del lado incorrecto de la historia. En el catecismo nacional los conservadores son presentados como los vende patrias, los que combatieron a Juárez, los que rechazaban la modernización, los moralmente derrotados: ninguno de ellos mereció siquiera el nombre de una calle. Así, conservador no es otra cosa que estar en una posición distinta a la del destino manifiesto de la patria lopezobradorista.

El discurso funciona en tanto ese otro conservador no se salga del esquema. El problema comienza cuando aparecen grupos de izquierda que no están de acuerdo con el gobierno que se dice de izquierda y que supuestamente combate el conservadurismo. Dicho en otras palabras: está muy claro qué es el conservadurismo para el presidente, lo que no está claro es cómo y en qué medida su administración es de izquierda. Un gobierno que en materia económica no hace una reforma fiscal, plantea una gran disciplina del gasto público y apuesta por el libre comercio difícilmente califica como de izquierda. Contrario a lo que se espera de un presidente de izquierda, en materia migratoria y en su relación con Estados Unidos éste ha sido el gobierno más sumiso en décadas. Tampoco es un gobierno cuya noción de izquierda esté en la agenda la ampliación de libertades (matrimonio igualitario, interrupción del embarazo, legalización de drogas). Por el contrario, es profundamente moralista y un incansable promotor de las iglesias, al grado de abrirles las concesiones de radio y televisión. Ser de izquierda en López Obrador se constriñe estrictamente a una loable batalla por mejorar la distribución de la riqueza en el país.

En este escenario, es previsible que el gobierno de López Obrador encontrará cada vez más oposición y decepción de las izquierdas que, paradójicamente, se enfrentarán con el gobierno en una absurda batalla por ver quién es el conservador.

El caso Bartlett es, cuando menos, un cúmulo de conflictos de interés.

Hoy le pongo sobre la mesa uno más: la persona encargada de investigar a Manuel Bartlett es la esposa de uno de sus más cercanos colaboradores.

¿Quién se va a encargar de investigar el patrimonio de Manuel Bartlett Díaz? La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se trata de María de la Luz Mijangos Borja. Ella es esposa del doctor Jaime Cárdenas Gracia, uno de los colaboradores más cercanos del propio Bartlett.

Jaime Cárdenas Gracia fue asesor jurídico del PT en el Senado cuando Manuel Bartlett era el coordinador de la bancada. No era cualquier asesor: por su escritorio pasaban todas las iniciativas que Bartlett propuso durante el sexenio pasado. Él hizo, por ejemplo, los amparos contra la reforma energética. Jaime Cárdenas Gracia fue también diputado del PT, de 2009 a 2012. Y fue consejero del Instituto Federal Electoral (hoy INE) de 1999 a 2005.

Jaime Cárdenas Gracia es, pues, hombre de todas las confianzas de Manuel Bartlett. Y la esposa de Cárdenas, la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, es la encargada de investigar a Bartlett.

El jueves, en conferencia de prensa, Manuel Bartlett se concentró en deslindarse de Julia Abdala. Ella es dueña de casas y sociedades que el funcionario no declaró. Frente a la información de que son pareja desde hace casi 20 años, y que en ese lapso ella ha acumulado propiedades y empresas, Bartlett negó que fuera su esposa o concubina.

De inmediato, en redes sociales circularon un sinnúmero de fotografías de ambos en eventos sociales, actos públicos, hasta fotos de familia con los hijos. Un álbum que probaba que son pareja desde hace 2 décadas.

Finalmente, el viernes, Manuel Bartlett lo aceptó: "Felizmente, Julia Abdala es mi pareja sentimental desde hace más de 20 años. Aclarar jurídicamente que no hay concubinato ni matrimonio, no significa negar mi afortunada relación. La campaña en mi contra ya no solo es falaz sino cobarde y misógina".

La prueba madre. La que hacía falta.

Sin mover un dedo, las autoridades federales ya tienen todos los elementos para la investigación a Bartlett. Claro, salvo porque la tarea le toca a una amiga de la pareja.

El tiempo corre. Las promesas de cambio y honestidad de Andrés Manuel López Obrador comienzan a topar con pared. Tanto año de hablar y hablar, de criticar, de asegurar que sería distinto y ahora ha llegado la hora de las pruebas. Y Manuel Bartlett será una de las grandes.

López Obrador llevaba muchos años hablando de cómo serían con él en el gobierno las declaraciones patrimoniales.

Por ejemplo, en marzo de 2012 dio a conocer su declaración patrimonial. Nada relevante -la finca de Palenque y una cuenta con 20,000 pesos, fue lo declarado-, pero la ocasión sirvió al tabasqueño para insistir que, con él, la honestidad se convertiría en maná: acabaría la corrupción y del cielo caerían los recursos.

"La meta es cero corrupción en el gobierno para moralizar el gobierno, que se tenga autoridad moral y que se liberen fondos para el desarrollo. Ese es el objetivo. Este tema no está en la agenda nacional, no se toca, pero es fundamental para nosotros, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes", dijo en esa ocasión.

No muchos meses después, Peña Nieto presentaba, ya como presidente y junto con su equipo, la declaración patrimonial. El equipo de AMLO dio a conocer un boletín sobre ese anuncio; el comunicado, fechado el 17 de enero de 2013, arrancaba así: "Como un acto de simulación, de engaño y de pura mentira calificó Andrés Manuel López Obrador la presentación pública de la declaración patrimonial de los integrantes del gabinete peñista, porque ningún funcionario proporciona el valor monetario de sus respectivos bienes (...) 'Todo es pura simulación, el dar a conocer los bienes sin informar cuánto cuestan, no se sabe nada. Lo cierto es que todo es puro engaño, es pura mentira'".

Un par de años después, en mayo de 2015, López Obrador criticó duramente a Peña Nieto, a quien le acababan de encontrar una propiedad.

"Da hasta pena y es una vergüenza que al priista Enrique Peña Nieto otra vez lo hayan agarrado en una mentira debido a un terreno en Valle de Bravo, Estado de México, y eso lo dio a conocer la agencia informativa internacional Reuters", decía el comunicado del líder de Morena fechado el 29 de aquel mes.

Andrés Manuel pavimentó su camino a la Presidencia de la República con la promesa de ser diferente a la clase política que le ganó 2 veces ese puesto. Los mexicanos estaban hartos de simulaciones, de cinismo a la hora de no rendir cuentas, de inverosímiles evasivas por parte de sus enriquecidos gobernantes. Así que lo eligieron a él para encabezar un cambio, que López Obrador prometió como "verdadero".

Al presentar en enero su declaración, ya como presidente, AMLO dijo que en su gabinete "todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública. Todos sin excepción. Y lo van a hacer por convicción, porque los que fueron convocados para trabajar en el gobierno son gentes honestas. Puede darse el caso, por qué no, de que tengan bienes, pero ese dinero, esos bienes materiales son fruto del trabajo honrado. Entonces, no hay por qué ocultar lo que se tiene".

Cuánta razón tenía el candidato López Obrador cuando decía que las declaraciones patrimoniales tenían que ser transparentes, exhaustivas y fuente de legitimidad. Todo eso que no está siendo la de Manuel Bartlett, (todavía) director de la Comisión Federal de Electricidad, a quien la reportera Arelí Quintero ya le documentó millonarias propiedades no declaradas y un entorno sociedades mercantiles ocultas.

En el caso Bartlett se verá si López Obrador tiene palabra, o es exactamente tan poco creíble como Peña Nieto. No falta mucho.

Esta es la injusticia de la 4T.

Un pensionado que trabajó 500 semanas y cotiza en el IMSS recibirá poco más de $3,000 al mes.

Un nini, de tus impuestos, recibe $3,600 al mes. Y se pone exigente cuando no le pagan.

El ex presidente Vicente Fox Quesada llamó a "imponer riendas y bozal al poder absoluto de su 'alteza serenísima' López" en la elección intermedia de 2021.

En su cuenta en Twitter @VicenteFoxQue, quien fuera presidente de México del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006, definió al tabasqueño como un "mesías tropical" y lo acusó de tener al país en desgracia.

"A la Cámara de Comercio y los comerciantes de todo México. El país está en desgracia, gracias al Mesías Tropical que hoy tenemos dizque haciéndola de Presidente".

Antes, el expresidente escribió: "López, ni tu tierra aseguras. Muertos y más muertos. Para cuando la seguridad prometida??".

Este año pinta con ser el más violento de la historia de México, sin crecimiento económico, con una caída de empleos y con problemas en el suministro de medicinas, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Subrayó que el tricolor va a levantar la voz y hacer los contrastes para que el gobierno federal cumpla con sus compromisos.

El hombre y la mujer de la calle difícilmente han experimentado un cambio en materia de bienestar social y económico, en acceso a oportunidades o en la sensación de vulnerabilidad ante la violencia en las calles. Ciertamente para muchos ancianos y jóvenes recibir un apoyo en metálico hace bastante diferencia, pero en un país de 125 millones de habitantes resulta insuficiente para provocar la impresión de que vivimos en otro régimen.

Y es que pese a las buenas intenciones y el enorme desgaste físico del presidente, un gobierno puede hacer una diferencia sustancial si la economía se encuentra estancada y el empleo no está creciendo.

Está claro que con el "me canso ganso" no va a alcanzar. Habría que insistir que todo el sistema que preside el gobierno de la república apenas representa el 25% del Producto Interno Bruto de la nación. El resto lo genera la iniciativa privada, la economía informal, los comercios, las remesas de los emigrados, el turismo, los ingresos por drogas y un largo etcétera. Las políticas públicas pueden matizar la acción de los otros, pero no hay manera de activar una economía si los grandes, medianos y pequeños empresarios, comerciantes, banqueros, agricultores tienen miedo a los tiempos y se guarecen para esperar momentos mejores.

Antes, en otra realidad que quizá nunca existió, el Estado podía hacer la diferencia. Hoy, que vivimos en un mundo de interdependencias y en el cual las leyes del mercado interno y externo se vuelven implacables, el margen de acción del presidente es infinitamente menor. López Obrador puede reorientar partes del presupuesto; pero siendo realistas su impacto como herramienta para redistribuir la riqueza es muy limitado: la mayor parte del gasto público está comprometido en obligaciones de deuda, pensiones y pago de la burocracia, y el grueso de esta forma parte de las filas de la clase media baja. Quitarle recursos a un maestro o a un empleado federal para dárselo a un campesino, incluso si se pudiera en términos políticos, equivale a destapar un hueco para cubrir otro.

Es un alivio saber que el gobierno de la 4T está taponando las salidas absurdas de moches, gastos suntuarios y corruptelas de los de arriba, pero los ahorros así logrados son meras gotas frente a la difícil tarea de hacer reverdecer la pradera.

Los secretarios, subsecretarios y titulares de dependencias se despachaban con la cuchara grande pero se trataba de un millar de individuos; de allí no sale para financiar el combate a la pobreza. En realidad no saldría de ningún lado, salvo de un crecimiento con una mejor distribución. López Obrador está haciendo esfuerzos denodados para conseguir esa mejor distribución; el problema es que sin crecimiento no hay distribución que luzca.

Tener la razón moral o encabezar las causas justas no basta. En ocasiones parecería que el presidente está empeñado en demostrar que él hizo el esfuerzo, que la legitimidad social y política estaba de su lado, que sus adversarios no fueron solidarios y no abandonaron su mezquindad. En tal caso quizá AMLO se vaya a su casa con la frente en alto dentro de 5 años, niveles de aprobación elevados pero ningún cambio significativo en la vida de los ciudadanos, salvo en términos discursivos. Los radicales se irán más furiosos de lo que entraron, convencidos de que si no se pudo fue por la perfidia de los conservadores.

El verdadero reto del estadista no es demostrar que se tiene la razón y los otros están equivocados sino encontrar la forma de que los actores que pueden cambiar la realidad participen de sus razones, las compartan y las impulsen. Pero eso no se conseguirá mientras se siga hablando de adversarios mezquinos o de oposición derrotada. No se trata de doblar las rodillas frente al 30% que no lo apoya (porción importante de los que tienen los recursos y dan empleo directo o indirecto a buena parte del otro 70%); se trata de convencer a todos de que dejen atrás la atonía, de que pese a las diferencias es posible construir un clima de confianza mutua y de que es factible mejorar la situación de las mayorías para provecho de todos.

Como bien apunta Denise Dresser, "nos ilusionó el presidente, con barrer las escaleras de arriba hacia abajo..." pero ha resultado ser de manera muy selectiva, conservando escalones de excepción.

Un grave problema que veo con las conferencias de López Obrador son las acusaciones directas y personales que tiende a hacer. En el momento en el que el presidente señala a una persona o un grupo específico, esto tiene un gran impacto sobre la población y se convierte en uno de los temas del momento, para bien o para mal. Basta con que López Obrador mencione un nombre y le brinde un atributo para que la población tome una postura y se le coloque en el ojo del huracán. Es por esto que el presidente tiene una gran responsabilidad de no hacer acusaciones personales sin antes corroborar la totalidad de sus fuentes.

En caso de sí señalar a alguien específico que, a mi parecer, no debería ocurrir en un principio considerando que en lugar de hacer señalamientos nos deberíamos enfocar en soluciones, a estas personas se les debería brindar su derecho de réplica consagrado en el Artículo 6 constitucional. El acusado se debe poder defender frente a la misma audiencia en la misma conferencia que se le vaya a señalar.

Los actos vandálicos ocurridos en la marcha de la capital del país por los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 dejaron pérdidas por unos 100 millones de pesos, informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El presidente de la Canirac, Francisco Fernández, precisó que lo que más le preocupa es "cómo se pone en peligro la integridad física" de los clientes y trabajadores de los establecimientos. "No se vale que llegue un grupo de gente que irrumpa y destroce y es realmente lo que lamentamos, que este tipo de acciones se permitan".

Criticó que esas personas "tengan la libertad durante 2 horas de hacer lo que quieran", algo que consideró "realmente reprobable", y acusó que el gobierno capitalino "no se hace presente".

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que los actos vandálicos fueron realizados por "conservadores". "¿Cómo van a ser anarquistas los que destruyen? Eso no tiene nada que ver con el movimiento progresista de izquierdas, eso tiene que ver con el conservadurismo".

Lo que está mal -esto dicho a título personal- es que el Presidente de la República, sin fundamento legal o razón ética, descalifique con denuestos a quienes hacen periodismo, analizan políticas públicas, realizan activismo o incluso a quienes con la ley en la mano promueven recursos en las cortes para que se revise la legalidad de obras públicas. No abona al ambiente de concordia social que el líder de una nación debe en todo tiempo procurar, y sí es un precedente que linda peligrosamente con la autoritaria tentación de coartar libertades, al amedrentar y denigrar sin sustento a quienes simplemente ejercen derechos.

Bartlett no desmintió ninguno de los múltiples documentos que acompañaron esos trabajos periodísticos. Incluso confirmó la existencia de esos bienes y sociedades, pero intentó deslindarse de ellos deslindándose también de su pareja Julia Abdala y de las actividades de su hijo.

Sus argumentos:

1.- Bartlett dijo que no tiene "vínculo jurídico alguno" con Julia Abdala Lemus. Que no tiene matrimonio ni concubinato. Que su patrimonio y el de ella son "completamente independientes" y que no viven bajo el mismo techo.

La vida privada del funcionario no es de nuestro interés. Públicamente, Bartlett y Abdala son conocidos como pareja desde hace más de 20 años. Hay infinidad de fotografías de la pareja en eventos sociales y de la fundación que ella preside. La propia Abdala lo ha dicho en entrevistas y ha contado cómo se conocieron.

Hay otros aspectos de la relación entre ambos que están documentados: Julia Abdala y los hijos de Bartlett León y Alejandra compraron en copropiedad una casa de Avenida Tecamachalco 146, en Lomas de San Isidro.

Además, la empresa de Abdala "Tidure's by Julia Abdala", tiene su domicilio en Manzanillo 15, colonia Roma. Comercial Lebasi, empresa de la que Bartlett es socio y administrador único, está al lado, en Manzanillo 17. Y Cyber Robotics y CBW y Asociados, de León Manuel Bartlett Álvarez, en el siguiente número: Manzanillo 19.

A todo ello, súmele la relación política. Rodrigo Abdala Dartigues, sobrino de Julia Abdala y actual superdelegado del gobierno federal en Puebla, fue secretario particular de Manuel Bartlett Díaz en el Senado, de 2012 a 2018. Su carrera política creció tan rápido de la mano de Bartlett como crecieron los bienes y negocios de su tía y los de los hijos del director de la CFE.

El hecho de que Bartlett y Abdala no estén casados y se niegue una relación de concubinato es, pues, sencillamente, una burda simulación.

2.- Bartlett dice que no tiene relación con las sociedades enlistadas en nuestros reportajes.

Los documentos demuestran que Manuel Bartlett Díaz es socio y administrador único de Comercial Lebasi S.A. de C.V. y de Cawaret S..A de C.V. Estaba obligado a declararlo. Tanto León Manuel como Alejandra Bartlett Álvarez participan en esta 2a. empresa.

La casa de Sierra Aconcagua 510, donde es público que vive Bartlett Díaz y cuyo domicilio aparece en su credencial de elector, fue comprada a través de su empresa Cawaret S.A. de C.V. Tampoco la declaró.

La empresa estelar de su hijo León Manuel, llamada Cyber Robotics ha sido y es contratista del gobierno federal. En el sexenio de Peña Nieto obtuvo contratos por más de 800 millones de pesos. En la actual administración, de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo ya un contrato, sin licitación de por medio, con la Secretaría de la Defensa, por 2.2 millones de pesos. Si su hijo es contratista del gobierno, claramente estaba obligado a declararlo en sus intereses. Que su hijo no sea su dependiente económico no lo exime. Bartlett también declaro en su conferencia que desde hace 10 años su hijo no es su dependiente económico. Sin embargo, los documentos exhiben que el hijo empezó a acumular terrenos en Valle de Bravo desde el año 2001 y a fundar empresas desde el 2007.

Pero no es sólo su hijo. Es también su pareja. La empresa JAL Consultoría Estratégica S.A. de C.V, de Julia Abdala, ha obtenido por lo menos un contrato con el Fondo de Cultura Económica, en 2009, por 2.7 millones de pesos. En total, los reportajes documentaron 5 empresas del hijo y 5 de la pareja.

Bartlett afirmó ayer: "Lo que he declarado es lo que poseo, ni un peso más ni un peso menos".

La ley aprobada en 2017 amplió la obligación de los funcionarios sobre sus declaraciones de bienes e intereses. No sólo deben declarar los que "poseen" sino los que "usan" y de los que "gozan". Y los intereses deben declararlos para que sea la autoridad la que decida si hay conflicto. No puede determinarlo de antemano el funcionario.

Bartlett ayer dijo que seguía la instrucción del presidente de aclarar todo. Sólo se exhibió descubierto. Tanto, que constantemente tuvo que esconderse tras el presidente y repetir varias veces que López Obrador ha dicho que confía en él, que no es corrupto, que si lo fuera no estaría trabajando en este gobierno. Vaya "defensa".

El 92% de las personas está a favor de que se investigue a Manuel Bartlett, titular de la CFE, luego de que se reveló que tiene una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces y que habría ocultado su participación en 12 empresas, no reportadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 92.4% está de acuerdo, 4.8% está en desacuerdo, 1.9% no sabe, 0.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 0.3% no contestó.

Sobre el mismo caso, para el 76.4% cree que la declaración de Bartlett es falsa, mientras que 7.6% considera que el documento es verdadero, 14.1% no sabe.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por "ahora convertirse en paladines de la democracia" al pedirle que responda por irregularidades de servidores de la nación.

Aunque hasta ayer jueves por la noche la Presidencia no ha recibido notificación del emplazamiento del INE, el mandatario respondió que "lo único que voy a decir es vámonos respetando, no somos iguales, no enfrentándolos a ellos, que no me confundan porque eso sí calienta".

"Venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de estado, de uso de presupuesto para favorecer a partidos y candidatos, de uso de programas sociales con fines electorales, de solidaridad, progresa, oportunidades prospera, puro programa clientelar", criticó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sostuvo que no podrá asistir al INE a declarar pero sí responderá a través de una misiva para hacer uso de su derecho a la defensa.

"Ahora se convierten en paladines de la democracia y los respeto y son autoridad y sí ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine", expuso.

Esta tarde, el Instituto Nacional Electoral (INE) citó a comparecer a Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, así como a todos los delegados responsables de los programas sociales que encabeza la 4T, por el presunto uso indebido de recursos públicos.

La dirigencia nacional del PRD, como parte acusadora, dio a conocer que la Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) citó para este viernes 27 de septiembre al primer mandatario y los funcionarios citados como parte del proceso sancionador en contra del supuesto uso del erario para promover la imagen del presidente y el favorecimiento de la imagen de Morena para los próximos comicios.

Con la denuncia de "pruebas y alegatos", presentada por el partido "del sol azteca", el árbitro electoral requirió al tabasqueño por el caso de los "Servidores de la Nación". Dicho requerimiento fue firmado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, Carlos Alberto Ferrer Silva.

El PRD denunció una supuesta violación al artículo 134, concretamente párrafos 7o. y 8o. de la Constitución Política. "Derivado de la supuesta realización de actos de promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad, por parte de Andrés Manuel López Obrador y los servidores públicos conocidos como coordinador general, delegados estatales, coordinadores regionales, todos de Programas para el Desarrollo y de los Servidores de la Nación", dice la notificación.

Asimismo, el INE, a través de un comunicado recordó que el 17 de agosto, la Comisión de Quejas determinó medidas cautelares para que dichos funcionarios quitaran de sus chalecos y gorras el nombre del mandatario federal, además de no promocionarlo en redes sociales o su discurso ante beneficiarios.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador refiere que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha intentado "sabotear su gobierno", bromeando: "Hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción... Ah no, me equivoqué, Mexicanos en favor de la corrupción. ¿No es así?"

(Aristegui Noticias, septiembre 24)

Posteriormente, #MCCI giró un comunicado donde acusó a la administración actual de recurrir a las mismas practicas que las anteriores y usar medios a su disposición (auditorias, espionaje, amenazas) para desanimar e interferir en su trabajo.

El comunicado también destacó que de más 170 investigaciones realizadas, el 57% involucraban al #PRI y el 24% a Morena Sí. (Revista Proceso, septiembre 24), siendo una de las más recientes la que exponía gran cantidad de irregularidades en el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro". (El Universal, Forbes México, Noticias Periódico am; agosto 27)

Luis

Paco Calderón
(26 de septiembre de 2019).

Manuel Bartlett fue implicado por Estados Unidos en el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, al grado que el entonces procurador americano, William Barr (que está ahorita de nuevo en el cargo) pidió que Bartlett fuera extraditado.

Manuel Bartlett era el jefe directo de José Antonio Zorrilla, sentenciado por el asesinato del periodista Manuel Buendía, principal columnista en la década de los 80, quien había denunciado la complicidad del gobierno con el narco.

Manuel Bartlett fue guardián de un sistema político monopolizado por el PRI en el que la libertad de expresión se pagaba con la vida, a los opositores les fabricaban delitos para perseguirlos y encarcelarlos, la corrupción era el ejercicio cotidiano y el narcotráfico empezaba a tener un alcance nacional gracias a su colusión con el poder político.

Manuel Bartlett impidió el 1er. triunfo de la izquierda en una elección presidencial. Fue el operador del fraude electoral conocido como la "caída del sistema" contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación en tiempos de De la Madrid. Salinas de Gortari lo bendijo como secretario de Educación y luego lo impulsó para ser gobernador de Puebla. Zedillo lo hizo senador la 1a. vez. La 2a. vez fue encumbrado por López Obrador, que ahora lo tiene de director general de la Comisión Federal de Electricidad.

Manuel Bartlett hizo negocios con la urbanización de zonas de Tabasco. De esto en particular no tengo ninguna prueba, pero el que lo denunció fue el propio López Obrador en uno de sus libros.

Manuel Bartlett puso en grave riesgo al gobierno del presidente López Obrador al cancelar los contratos de los gasoductos. Tuvo que llegar medio gabinete económico con el primer mandatario para alertarle de la barbaridad hecha por el director de la CFE para que el mismo presidente interviniera para renegociar los contratos, a un costo más alto para el país.

Manuel Bartlett ocultó que él, su pareja y su hijo tienen 23 propiedades de lujo en las zonas más exclusivas de la capital del país, con valor comercial de 800 millones de pesos.

Manuel Bartlett tampoco declaró su vinculación con 12 empresas privadas. Una de ellas recibió ya un contrato de 2 millones de pesos del actual gobierno federal y otra ofrece servicios relacionados con el sector eléctrico, en el que Bartlett es funcionario público.

Las casas y las empresas fueron denunciadas en mis espacios periodísticos través de 2 reportajes de Arelí Quintero. Ayer en su conferencia mañanera le preguntaron al presidente sobre el asunto. Contestó: "No le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones porque no son honestos". Dijo que Bartlett era víctima de una campaña y adelantó que "tiene que responder como lo ha hecho y estoy seguro que va a aclarar todo". En realidad las respuestas que ha dado Bartlett no desmienten ninguno de los muchos documentos que hemos presentado como evidencia.

Una vez más, ante las pruebas, el presidente opta por hacer como que no existen porque no le gusta lo que demuestran. De nuevo, con la esperanza de desaparecer la realidad, simplemente calumnia a quien las presenta. Al hacerlo, se confirma como una amenaza a la libertad de expresión. Y exhibe el verdadero alcance de su lucha anticorrupción: si es de los suyos, se tolera. Por lo menos ya quedó claro.

Estoy convencido de la honestidad personal de López Obrador, pero no de su honestidad política. Tengo la seguridad de que como presidente no tomará para sí indebidamente un solo peso, y en apoyo de dicha certidumbre puedo meter en el fuego las manos de mi mejor amigo. Considero, no obstante, que en muchas ocasiones la conducta política de AMLO ha sido deshonesta. Tal es el caso de las "consultas populares" que hizo para fincar decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la consiguiente construcción del de Santa Lucía. Esa consulta, con otras de similar jaez, fue una farsa indigna de un primer mandatario, y constituye también una forma de corrupción, pues se corrompe quien impone su voluntad por encima del bien comunitario.

El mismísimo presidente con frecuencia es el 1o. en proponer ejemplos de malevolencia y de rijosidad cuando debería hacer llamados a la concordia como vía para solucionar, con la participación de todos los sectores, los graves problemas que afectan al país. Desde luego la política no se lleva bien ni con la lógica ni con la ética. Ambas son arrojadas al desván de los trebejos inútiles, sea cual fuere el partido dominante.

La Universidad Benito Juárez de Villa del Carbón, en el Estado de México, una de las 100 creadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una crisis porque sus estudiantes no están conformes con la educación que se les está dando y la manera en que se conduce la coordinadora de su carrera, Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, al grado de que ya hubo deserciones.

Además, no encuentran eco a sus reclamos porque no hay autoridades en la universidad -ellos ni siquiera tienen credencial de estudiante ni les dieron un reglamento que puedan hacer valer- y aunque acudieron hasta las oficinas centrales en Michoacán del organismo que administra las escuelas, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), nadie les ha hecho caso.

19 de los 25 alumnos que iniciaron hace un mes la carrera decidieron escribir una carta para exponer que son víctimas de malos tratos y una actitud despectiva hacia ellos y hacia el propio proyecto universitario por parte de la profesora Ángela Sánchez Martínez.

En la carta y en entrevistas, los estudiantes refieren que desde un principio les dijo que la universidad, que opera en la Casa de Cultura del Municipio, se había organizado de manera muy improvisada y que para ella no cubría con los requisitos para ser una ingeniería, sino más bien una carrera técnica. Además, que hay temas que reconoce no dominar e incluso a un alumno le ha señalado que sabe más que ella.

Cuentan que separó a los que son menores de edad y vienen saliendo de la preparatoria para hablar con los mayores y proponerles interactuar solo entre ellos, ya que no creía que los jóvenes terminaran la carrera, sino que se casarían o embarazarían antes, y que seguramente solo estaban ahí por la beca de 2,400 pesos mensuales que el proyecto ofrece (aunque no se los han pagado). O que ha hecho comentarios despectivos por el origen rural de la mayoría de los muchachos, haciendo distinciones si alguien viene de la ciudad.

También denuncian que les grita, usa groserías, les dice que no saben hacer las cosas, y que no estaba respetando el horario planteado al inicio de que tomaran 2 materias por día, para así no tener que presentarse toda la semana con ellos, ya que ella no es de la comunidad, se ha quejado de que no le están pagando, y tiene otro trabajo como profesora en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM.

Otra inconformidad surgió porque casi les cancelan las prácticas que tienen un día a la semana, los viernes. Cuando se creó la escuela, la asociación del Tianguis Orgánico de Villa del Carbón se acercó a ofrecerles un terreno de 150 metros cuadrados para enseñar a los estudiantes a sembrar, cosechar y hasta comercializar sus productos en el mercado local.

Pero este acuerdo se había hecho con otro profesor que estaba coordinando el proyecto en un inicio y que ya no continuó, así que cuando Sánchez asumió la coordinación, les dijo que ya no se harían las prácticas porque no estaban en el plan original del Crefal. Finalmente accedió a mantenerlas y un miembro del tianguis funciona en los hechos como un profesor más, aunque sin retribución alguna, y los alumnos refieren que les enseña con más interés que los 2 coordinadores que han tenido.

Según los estudiantes consultados, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, 4 compañeros han abandonado la carrera por esta situación.

El viernes pasado, otros 2 alumnos fueron avisados de que estaban dados de baja por faltas, ya no se les permitió entrar al salón, pero tampoco se les dio algún tipo de notificación oficial.

Esto, a pesar de que ellos habían informado a sus profesoras que trabajan y habían solicitado comprensión si tenían que ausentarse por motivos laborales. Aun así, nunca se les dijo cuántas ausencias estaban permitidas, porque ni siquiera se les dio el reglamento de la escuela.

Es más: no cuentan con credencial de estudiante ni documento que pruebe su condición, más que el número de folio que recibieron al inscribirse y los correos electrónicos en los que les avisaron dónde y cuándo presentarse para empezar a estudiar.

En el plantel de Villa del Carbón solo tienen 3 maestras, una de las cuales, Sánchez, es la autoridad superior, ya que no hay directores de universidad u otra figura similar.

El único representante del gobierno federal que se presentó en el plantel fue Oswaldo Hernández Noguez, coordinador regional de programas sociales.

El 9 de septiembre, los estudiantes hablaron con él y les contaron sus inconformidades, que él prometió llevar ante el Crefal, y les escribió de puño y letra su correo electrónico para que le hicieran llegar la carta que redactaron. Se la mandaron con copia al único correo institucional que encontraron en internet del Crefal, ya que no sabían a quién más dirigirse. Sin embargo, Hernández nunca volvió a presentarse y nadie respondió.

Animal Político logró contactar a Hernández, pero negó tener conocimiento de los problemas en la universidad, repitió en varias ocasiones que no está "autorizado" para dar ninguna información, que había que dirigirse directamente al Crefal, y la llamada se cortó porque dijo ir en carretera.

Una de las estudiantes fue la semana pasada hasta Pátzcuaro, Michoacán, a llevar personalmente la solicitud de sus compañeros de que la profesora Sánchez sea removida y exigir una respuesta. Pero ni eso bastó.

Según los testimonios, le dijeron que Hernández Noguez no tenía competencia en la universidad, pero que sí se habían enterado de los problemas "de oídas".

La directora de vinculación, Leticia Vargas Salguero, le dijo a la joven que solo podía recibir su carta, pero no darle respuesta en ese momento. La estudiante logró que la recibiera el coordinador operativo, Leonardo Rodrigo Torres Escobar, quien se excusó con que él solo atendía casos más graves y no del área académica. Y que no podía cambiarse a una profesora porque estaban a medio ciclo.

Así que la estudiante regresó al Estado de México tan solo con un sello de "recibido" a la carta, pero sin ninguna solución.

Después de esta movilización, el viernes pasado la coordinadora Sánchez citó a todos los alumnos para informarles que habría "cambios". Testigos aseguran que con un tono intimidante, cuestionó a los alumnos sobre si todos habían firmado la carta, y les anunció que a partir de ahora el horario de clases sería de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

Originalmente, acababan a las 2, pero se les ofrecía una hora de "tutoría" personalizada, para quien quisiera quedarse a aclarar dudas o revisar sus avances de proyecto. Ahora, ya no tendrán esta posibilidad.

Algunos cuestionaron si esto era una especie de castigo, y la profesora contestó que era una "consecuencia". También le preguntaron las bases pedagógicas de los horarios, sin obtener una justificación.

Los alumnos dados de baja han tratado de atender su caso llamando al Crefal, pero cuentan que solo les piden sus datos de contacto y no los atienden.

En los teléfonos del organismo, las operadoras piden en cada llamada el nombre, los 2 apellidos, estado y municipio de residencia -sin ofrecer ningún aviso de privacidad sobre qué uso dan a esos datos-, después dicen que van a transferir la llamada, pero luego nadie contesta o se corta la línea.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que no atiende lo relacionado con las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, así que proporcionó el teléfono directo de la directora del Crefal, Raquel Sosa. Pero tras varios intentos, respondió un hombre que dijo llamarse Clemente Islas y ser del "área de atención", que nuevamente solicitó datos de contacto y dijo que ellos se comunicarían.

En las páginas de internet de Crefal y de las universidades no hay manera de saber siquiera dónde están ubicados los planteles, ya que solo enumera los municipios, pero no las direcciones. Tampoco hay información sobre quiénes son los profesores o coordinadores, o dónde se puede solicitar información; tampoco se especifica quiénes coordinan de manera global las 36 carreras ofertadas, y ni los propios estudiantes lo saben.

El ex ministro José Ramón Cossío negó que asesore a grupos opositores a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, como lo informó el presidente esta mañana de miércoles.

"No tengo ninguna vinculación con estas personas, en términos profesionales o de asesorías", dijo el otrora miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cossío aclaró que el único comentario que ha realizado sobre Santa Lucía fue en una entrevista de radio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que presuntamente el ministro en retiro José Ramón Cossío asesora a sus adversarios para presentar amparos y evitar que se construya el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.

"Tengo información y ojalá y se aclare, que no sea cierto, yo no tengo sistema de espionaje... pero la gente me informa y me dicen qué hay un ex ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes promueven los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno y que son 16 despachos de abogados".

n su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que esa presunta acción si no es ilegal, si es ilegítima porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades.

"Puede ser que no firme nada, pero si coordina y asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro".

Si los principios son "no mentir, no robar y no engañar al pueblo", el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ya abanicó el 1er. strike. Podrá decir misa, atacar al mensajero (la salida típica de los políticos) escudarse en su lealtad al presidente, imaginarse, como dijo en su carta, que nadie lo ha acusado de corrupción y que goza de buena fama pública, pero no puede ni podrá sostener que no mintió en su declaración de bienes y de intereses.

No sabemos si el patrimonio de Manuel Bartlett es mal habido. Resulta altamente sospechoso que un político de carrera que solo ha vivido de los sueldos del sector público, como secretario de Gobernación, de Educación, gobernador de Puebla, y senador, tenga un capital que incluya entre él, su esposa y su hijo, 23 propiedades y 12 empresas y sobre todo cuáles de ellas representan un conflicto de interés con el puesto que detenta. Le toca a la Función Pública investigar si además de mentir, el director de la CFE también violó el segundo precepto, no robar, lo que en automático implicaría la traición al pueblo, o sea, 3er. strike, y se ponchó.

Cuando un gobierno se autodefine como moralmente superior a otros -lo vimos claramente con los emanados del PAN- termina convirtiéndose en parodia de sí mismo. La superioridad moral del gobierno solo puede ser evaluada a posteriori y tendrán que ser otros, en este caso los gobernados, quienes decidan si efectivamente dicha administración fue más o menos corrupta que otras. Pero, cuando alguien se coloca de antemano por encima de los demás corre el riesgo de ser permanentemente confrontado, como le pasa ahora al gobierno de López Obrador. Más complejo aún resulta cuando se pretende gobernar con los mismos de antes y pensar que por el simple hecho de pertenecer a un nuevo equipo la moralidad se contagia.

Cabe por supuesto la posibilidad de que el presidente se aferre y mantenga al viejo político en su puesto. El caso, sin embargo, es muy similar al del súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, y hasta ahora la actitud del presidente ha sido similar: lo defiende en público argumentando que todo son grillas y ataques de los enemigos de su gobierno, los emisarios del pasado, pero permite que la Función Pública haga su trabajo.

[López Obrador] tiene razón en que cada cambio radical presenta resistencias fuertes. Emiliano Zapata se levantó en armas contra la industrialización de los ingenios en Morelos, como él mismo, sin empuñar las armas, se ha rebelado y desmantelado el proceso de industrialización del país de los últimos 40 años. Son acciones reaccionarias, que es lo que achaca a otros. Quienes se oponen al cambio climático y a la equidad de las mujeres, como sucede con él, también son clasificados mundialmente como conservadores, aunque en realidad forman parte ineludible de la agenda de izquierda. López Obrador es una contradicción viva entre el conservadurismo que ataca y el progresismo que proclama.

En los hechos toma postura. Por ejemplo, este lunes el Estado mexicano -así se dijo- ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que fue una de las víctimas de la guerra sucia. El domingo en Los Pinos, se entregó el premio "Carlos Montemayor" a 2 ex miembros de la misma organización.

Es decir, sí hay una definición presidencial en los hechos, pero no así en las palabras. López Obrador ha dicho reiteradamente que la opción armada no es solución, y el mandato de las urnas el año pasado demostró que sí es posible el cambio mediante votos, no balazos. Su legitimidad le permitía abrir este debate y zanjar de una vez las diferencias históricas que arrastramos desde entonces. Desgraciadamente no lo hizo. En cambio, pronunció una vez más frases baladíes. "(En) este ambiente hay que procurar serenar, tranquilizar", dijo. Pero volvió a atacar a los empresarios, a los funcionarios públicos, a los medios. Nuevamente, gasolina sobre el pasto seco. Nuevamente, un debate frustrado.

Paco Calderón
(25 de septiembre de 2019).

Paco Calderón
(24 de septiembre de 2019).

De acuerdo con el presupuesto federal proyectado para 2020, el rubro de protección al medio ambiente que se etiqueta a través del Ramo 16 continuará a la baja.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone una bolsa de sólo 2,776 millones de pesos: casi mil millones menos con respecto a lo que se presupuestó este año.

Y la brecha es mayor si se compara con lo autorizado en 2013, cuando se asignaron 6,648 millones.

A pesar de las críticas que se realizaron durante la temporada de incendios de este año, porque se eliminó la partida del Programa de Empleo Temporal (PET), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tampoco contempló recursos para ese fin.

Los señalamientos por desaparecer este apoyo tomaron fuerza durante la contingencia ambiental extraordinaria que se presentó en la Ciudad de México a causa de los incendios pasados que, a su vez, afectaron a estados colindantes.

El último reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) precisa que, en lo que va del año, se han registrado 7,289 conflagraciones en todo el país que ya superan a las 6,890 que se documentaron durante el año pasado.

Entre las entidades más afectadas en lo que va de 2019 por este tipo de siniestros se encuentran Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Durango (representan 77% del total nacional).

La caída en el presupuesto federal para el medio ambiente coincide con las exigencias que se hacen a nivel mundial por la inacción de los gobiernos contra los efectos del cambio climático.

Casi un millar de representantes de empresas y gobiernos de diferentes países también debaten en Nueva York, en donde ayer se abrió la Cumbre Climática, cómo "construir un mundo más sostenible" a través de la colaboración público-privada en una cumbre del Foro Económico Mundial, cuyo objetivo es acelerar la Agenda 2030 de la ONU.

El próximo Gobierno de Guatemala recibirá de México 30 millones de dólares como parte del Plan de Desarrollo Integral: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y cuyo monto servirá para "reforestar la zona fronteriza", subrayó el presidente electo de ese país, Alejandro Giammattei.

1o. fue el escándalo por el contrato millonario para instalar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un comedor gourmet con platillos orgánicos, que puso en el ojo del huracán a su titular, María Elena Álvarez-Buylla.

Pese a ese episodio que ponía en entredicho el discurso de austeridad republicana que pregona a diario el Presidente Andrés Manuel López Obrador, éste le dio todo su respaldo a la funcionaria federal.

Ahora el Conacyt vuelve a estar en el centro de la polémica por el arbitrario e injusto despido del doctor Antonio Lazcano Araujo, uno de los científicos mexicanos más destacados y reconocidos en el país y en el extranjero, de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores.

El pretexto fue que no había asistido a varias de las reuniones plenarias de la Comisión del Área II del SNI sin haber justificado las faltas, por lo que se hacía acreedor a "perder su condición por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias" de acuerdo al artículo 13 inciso d, que regula a estos cuerpos de científicos con base en los Lineamientos de Comisiones Dictaminadoras y Comisiones Transversales del SNI.

Este resolutivo se le hizo llegar vía correo electrónico y sin firma alguna, y en el comunicado oficial se habla de que en el nuevo gobierno en el Conacyt ya no habrá irregularidades que queden "impunes".

Desde luego, Lazcano Araujo, también investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional, rechaza las acusaciones y asegura tener la documentación necesaria para probar que sólo tiene dos faltas justificadas, una de ellas porque fue convocado en una fecha equivocada.

Lo cierto es que la lectura que dan muchos de la comunidad científica a la salida de Lazcano es la de una clara represalia de Mario de Leo-Winkler, director general del Sistema Nacional de Investigadores, a quien le había hecho algunas críticas por su trabajo, así como a las políticas de la titular del Conacyt.

A De Leo, Lazcano le habría recomendado renunciar, entre otras cosas, por ignorar y desechar contribuciones de la comunidad científica mexicana, mientras que a Álvarez-Buylla le reprochó en un editorial que las medidas tomadas en el Conacyt estaban provocando graves daños al sistema científico mexicano.

Más allá de que los miembros de las comisiones del SNI son electos por votación y no pueden ser destituidos por decreto, lo preocupante es este nuevo signo de intolerancia a la crítica y desprecio al conocimiento y a los expertos que han mostrado los funcionarios del gobierno de la autollamada 4a. transformación, empezando por el presidente, tan proclive a desdeñar y debilitar a los organismos constitucionales autónomos que le signifiquen un contrapeso. El caso Lazcano es un claro ejemplo más de estas tentaciones autoritarias cometidas.

Como todos los altos funcionarios del actual gobierno, Manuel Bartlett Díaz llegó con la promesa central de erradicar la corrupción, y para ello aceptó el requisito establecido por el presidente López Obrador de transparentar su patrimonio e intereses.

Pero tras ser nombrado director general de la Comisión Federal de Electricidad, en su declaración ante la Secretaría de la Función Pública dejó fuera su relación con 12 empresas y afirmó no tener ningún interés que le pueda implicar conflicto.

El presidente López Obrador ha dicho que Bartlett está dedicado a ayudarle a limpiar de corrupción la CFE. Interesante tarea para un hombre que ocultó su actividad empresarial, la de su pareja, la de su hijo.

De 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades, 5 encabezadas por su pareja Julia Abdala Lemus y 5 por su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. Y en otras 2, el titular de la CFE participa directamente: ambas fueron creadas antes del año 2000 y están aún vigentes en el Registro Público de la Secretaría de Economía.

Una de las empresas de Julia Abdala, pareja de Bartlett, llamada JAL Consultoría Especializada, ofrece servicios relacionados con el sector en el que Manuel Bartlett tiene responsabilidad pública: fibra oscura y ahorro de energía.

León Manuel Bartlett Álvarez encabeza Cyber Robotics, que en la administración de López Obrador ya obtuvo un contrato por más de 2 millones de pesos. Asignación directa del Ejército, por cierto.

Estos párrafos son solamente un adelanto de lo mucho más que denuncia y documenta un nuevo reportaje de Arelí Quintero sobre el patrimonio del director general de la CFE.

La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, informó, mediante un comunicado, que, del total de personas que formaron parte del reajuste en la dependencia el 10% (12 personas) decidió entablar una "demanda contra la empresa".

La semana pasada, replicando la más vieja usanza que tanto criticó el presidente López Obrador de lo que llamaban la aplanadora priista, en la Cámara de Diputados las leyes secundarias de la reciente reforma constitucional en materia educativa, dictadas por la CNTE.

Es curioso que en su defensa de estas leyes, el presidente argumentó el viernes que antes las leyes se aprobaban por unanimidad (a pesar de que sus partidos votaban sistemáticamente en contra), y que eso nada tenía que ver con democracia. ¿Será que hoy es democrático porque lo hace Morena?

Derivado de la reforma constitucional, que con grandes esfuerzos se corrigió en el Senado gracias al contrapeso firme que ha mantenido Monreal al gobierno, se tenían que emitir 3 leyes generales: la de Educación; la del Sistema de Carrera de Maestros, y la de Mejora Continua de la Educación.

Con las leyes aprobadas por Morena, con toda la oposición en contra, se conjuraron muchos de los riesgos que se habían esquivado en la reforma constitucional; por lo que estas leyes, además de significar un retroceso en el sistema educativo, contravienen también la Constitución.

Uno de los aspectos de mayor preocupación es la abierta violación al principio de equidad del sistema de ingreso de docentes, al darle preferencia a los egresados de escuelas normalistas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización Magisterial.

No sólo se viola la equidad, sino que se vulnera de manera franca y abierta la calidad de los docentes que tendrán los estudiantes. Es de todos conocido que muchas normales no son propiamente formadoras reales de maestros.

Para complementar este grave riesgo, se viola también el principio de imparcialidad en los procesos de selección y ascenso, al darle facultades a los sindicatos para participar en las decisiones finales, con lo que no será el mérito, sino la corrupción sindical lo que determine la calidad de maestros.

En su defensa, el presidente enalteció el carácter tripartito del sistema, con participación de sindicatos y gobiernos federal y estatales. Curiosa la incongruencia presidencial, cuando no quiso aceptar el mismo sistema tripartito para la reciente Reforma Laboral por "conflicto de intereses".

Hoy, para el presidente el magisterio es casi casi como el pueblo: bueno y sabio. Señaló que están acreditadas las campañas de desprestigio del gobierno anterior al magisterio. Lo extraño es que para él, el magisterio se reduce a la CNTE, que por mucho ha probado ser todo menos magisterio.

Otro aspecto altamente negativo de las leyes es la eliminación del Instituto de Infraestructura Educativa, así como abrogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Ahora, estas responsabilidades recaerían en los Comités Participativos.

Si bien el INIFED tuvo opacidad y corrupción el sexenio pasado, particularmente en la reconstrucción post sismos, eliminarlo es un error. Al contrario, tenía que corregirse. Poca o nula es la capacidad de los comités en la materia, lo que pondrá en riesgo la seguridad física de los estudiantes en sus planteles.

Una omisión, que para nada parece error, es no contemplar en las leyes el mandato constitucional de una política de evaluación de aprendizaje. Esta política es fundamental para valorar los avances del sistema educativo, y detectar y corregir a tiempo los posibles riesgos que existan.

Sin embargo, dado que la CNTE no está de acuerdo con la evaluación porque no le conviene a sus agremiados, y dado que el presidente está atendiendo todas las demandas de la CNTE aunque sean contrarias a los derechos de los niños, se decidió no atender el mandato constitucional.

También es de llamar la atención que en estas leyes no se reglamenta la Comisión de Mejora Continua de la Educación, ni se concreta su Junta Directiva. A cambio, se trasladan sus facultades a un comité, presidido por el propio secretario de Educación, quitándole así la autonomía.

Con todos estos elementos, queda claro que el presidente está privilegiando los intereses de la CNTE como grupo minoritario, por encima del derecho de la niñez y la juventud a la educación.

Hoy la única esperanza que queda es que Monreal, como único contrapeso real del gobierno, vuelva a reivindicar al legislativo como poder independiente y corrija la plana al deficiente trabajo de Mario Delgado en Diputados con las leyes secundarias educativas.

"La reforma educativa se va, se va y se fue", dijo el presidente en Mérida el viernes. Lo que se está yendo con estas leyes es la oportunidad de lograr un sistema educativo medianamente decente en México. Lo que se fue, es la promesa presidencial de una educación de excelencia.

El viernes, el residente llamó un error garrafal a la anterior reforma educativa, sin darse cuenta que las nuevas leyes educativas podrían ser el error garrafal de la 4T.

Circula en redes la siguiente frase atribuida a Ítalo Calvino: "Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o la cultura, está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber".

Un pueblo sin educación siempre será mejor para un gobierno sin preparación.

López Obrador ha dicho en cuanta oportunidad ha tenido que quiere pasar a la historia. Hoy, en lugar de ser el presidente que ayudó a transformar a México, corre el riesgo de ser recordado simplemente como el presiCNTE, el que entregó la educación y nuestro futuro a unos bandidos.

No es común que se haga tanta publicidad a la importación de un medicamento. Este pasado 21 de septiembre, sin embargo, las secretarías de Salud, Marina y Hacienda emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron "la compra internacional" de 38,200 unidades "del medicamento llamado metotrexato".

¿Por qué tanto bombo y la participación de 3 secretarías? Se entiende Salud y quizá Hacienda, que hoy centraliza todas las compras, pero según el comunicado Marina "tuvo la responsabilidad de ser la dependencia que consolidó los requerimientos del Sistema de Salud..." y, una vez hecha la compra, "se encargó de internarlo a través de su agente aduanal".

El gobierno federal ha reaccionado así a la escasez de una medicina que en un principio negó. El presidente López Obrador atribuyó "las campañas de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer" a "3 empresas" farmacéuticas que están molestas "porque tenían una mina de oro y ya se les acabó" (30.08.19). En realidad fueron los padres de los niños enfermos los que protestaron y generaron atención. Pero este pasado fin de semana la versión oficial cambió. La escasez sí era real, pero se debía a "3 empresas que ni producían los medicamentos, pero tenían influencias. Andan queriendo jugar a las vencidas. Nos quisieron boicotear al no entregar las medicinas para los niños con cáncer".

Las farmacéuticas nacionales, sin embargo, no se han negado a entregar el medicamento. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) frenó en mayo de este 2019 la producción de la planta en Coyoacán de Pisa "a partir de una denuncia en el Hospital del Niño Poblano por reacciones adversas por el uso del metotrexato". Pisa pertenece al mismo grupo que Dimesa, una de las 3 empresas distribuidoras que el presidente vetó en un memorándum el 20 de marzo.

Ya López Obrador había advertido que si no hay medicamentos, "se toma un avión... a donde sea" para comprarlos. Y lo ha hecho. No adquirió la medicina en India o China, los más baratos, sino que recurrió a Mylan, una empresa originalmente estadounidense, hoy con sede en los Países Bajos, que absorbió Matrix Laboratories de la India y la línea de genéricos de Merck en Europa. La planta de Francia cuenta con certificación de la Autoridad Sanitaria Europea. No sé si esto baste para una autorización de Cofepris, pero por lo menos suponemos que el medicamento sí es bueno.

Nos dijeron, sin embargo, que las farmacéuticas tenían una mina de oro y resulta que la compra en Francia no ahorró nada. El precio de la presentación de 50 miligramos fue de 3.8 euros por unidad, 81.70 pesos, pero la "administración pasada" compró el medicamento "al único laboratorio que lo producía", Pisa, en 82 pesos. El ahorro es, pues, de 30 centavos por unidad. La presentación de 500 miligramos se compró a Mylan a 253.70 pesos contra 254.70 de Pisa. El economista Isaac Katz ha calculado el ahorro total en solo 17,739 pesos. Seguro se gastó más en trámites y viajes.

Yo no soy partidario del nacionalismo económico, pero el presidente sí. En distintas ocasiones ha afirmado que en México debemos producir lo que consumimos. Sin embargo, suspender la producción de un medicamento en México porque el productor no es grato, aunque haya ganado licitaciones, para comprar por asignación directa el mismo producto a virtualmente el mismo precio en el extranjero no es la forma de lograrlo.

El gran perdedor del Texcocazo fue el propio presidente. Los empresarios obtuvieron nuevos contratos, los inversionistas fueron compensados por el gobierno, y en cambio, la señal de desconfianza enviada a los mercados financieros terminó paralizando la economía mexicana y dejando expuesto a un presidente que seguía apostando que creceríamos al 2%. Va a ser cero.

La semana pasada se aventó otro Texcocazo.

El presidente aborrecía la reforma educativa aprobada en 2013 y que no alcanzó a implementarse bien. El odio era personal, quizá porque los impulsores de esa reforma son enemigos a los que detesta: el Pacto Por México con el que fue arrinconado, el PRI de Peña Nieto, el PAN que le revuelve el estómago, el PRD de Los Chuchos, los organismos de la sociedad civil que desprecia por fifís, la experiencia de instituciones internacionales a las que considera imperialistas y neoliberales.

Pero todos ellos, tan pronto llegó el presidente al poder, se pusieron a sus órdenes para encontrar la manera de implementar mejor, arreglar donde hiciera falta, limpiar de cualquier corruptela una reforma educativa que además era muy popular entre la gente.

El presidente López Obrador no quiso ni acercárseles. Tampoco se atrevió a hacer una consulta seria sobre la permanencia de la reforma. Estoy convencido de que hubiera perdido su propuesta de derogarla y entregar la rectoría de la Educación a los sindicatos, esos sí muy impopulares: el SNTE, reconquistado por Elba Esther Gordillo, y la CNTE, asociada a paros, ausentismo y violencia más que a maestros en las aulas.

Con su nueva reforma educativa, el presidente López Obrador ha cometido el error político más grave de lo que lleva su sexenio.

El error consiste en que ha decidido empoderar a 2 actores políticos que van a traicionarlo, porque eso es lo que han hecho históricamente, desde que existen en el juego político mexicano (y existen mucho antes de que López Obrador fuera una figura relevante). Empoderar a la CNTE y Elba Esther es echarse 2 alacranes al hombro. Y lo van a picar, porque está en su naturaleza. Se equivoca si piensa que tiene sus lealtades en la bolsa.

Ceder la rectoría de la educación, privatizarla a 2 grupos llenos de vicios y aprobar en el congreso que se implementen de nuevo las peores prácticas arriesga el legado que tiene en mente. Porque en temas educativos, no hay resultados inmediatos, pero los años pasan factura. La nueva reforma garantiza el fracaso estructural.

Si algo ha demostrado López Obrador es que la ampliación de libertades no está en su agenda de gobierno. Si bien ha tenido que cumplir con lineamientos establecidos por la Corte, por discusiones y decisiones que vienen desde gobiernos anteriores, no ha habido una sola política pública que cambie algo al respecto de matrimonios del mismo sexo o la interrupción legal del embarazo.

El Paquete Económico 2020 presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con proyecciones optimistas y mantiene inversiones importantes al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero si no genera certidumbre a empresarios e inversionistas, los mercados pueden obligar al presidente a una "5a. transformación".

Así lo analizó el periódico británico Financial Times en su editorial de ayer, titulado "El presupuesto de México es una oportunidad perdida". El medio consideró que en el Paquete Económico hay ausencia de grandes inversiones en infraestructura, y de estrategias para alianzas de Pemex con privados para el trabajo de exploración petrolera que permita revertir la baja de la producción.

"Los líderes empresariales mexicanos quieren que el presidente adopte un ambicioso plan de infraestructura para impulsar el crecimiento. López Obrador debería hacerlo, descartar su dogma de los años 70 que favorece la inversión estatal en petróleo y reabrir a Pemex a alianzas con privadas. Y debería revertir la mal considerada cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México", detalló.

Financial Times externó que la oportunidad para restaurar la confianza se está cerrando, e incluso consideró que las agencias calificadoras analizan reducir la nota de deuda de Pemex, de 104,000 millones de dólares, a una categoría basura, además de bajar la calificación de México.

"La economía estancada amenaza con descarrilar las sumas presupuestarias. López Obrador debería cambiar de rumbo antes de que los mercados lo obliguen a una 5a. transformación", añadió.

El Paquete Económico considera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2%, el cual califica Financial Times de "optimista".

Cientos de comentarios en redes sociales cada vez más ocultas y de perfiles modificados por la persecución y sanciones de que han sido objeto soldados y marinos críticos a la 4a. Transformación, se desataron esta semana para responder con dureza y enojo al presidente Andrés Manuel López Obrador la pregunta que lanzó en su conferencia mañanera sobre por qué los soldados tienen una plaza al salir de las escuelas y los normalistas no.

Cuando parecían funcionar los constantes esfuerzos de los mandos militares por conciliar los ánimos acalorados al interior de las filas, por la serie de ofensas y actos indignantes que se han cometido contra las fuerzas armadas, un nuevo episodio de molestia se ha desatado entre los más altos niveles del Ejército y la Marina. El presidente volvió a levantar protestas de mandos, oficiales, clases y marinería al comparar a estudiantes de las escuelas militares del país con estudiantes de escuelas normalistas, para contar en ambos casos con una plaza laboral automática.

El enojo, porque el presidente no sabe u omite que sólo existe una fuerza armada constitucional para la cual se deben preparar oficiales per se, sino porque la comparación justo con normalistas, que ha sido motivo de rencillas, agresiones, violencia, detenciones y acusaciones durante los últimos años contra soldados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, refleja una lastimosa ausencia de sensibilidad presidencial.

Así, sin más, el comentario en la conferencia le salió: "Si un joven quiere ingresar al Colegio Militar, a la Escuela Naval, pasa su examen, ingresa en el caso del Colegio Militar, termina de subteniente con su plaza porque en el Colegio lo preparan para que lleve a cabo la carrera de las armas, para que sea un militar, ¿por qué no va a ser así en el caso de la educación?", aseveró López Obrador.

La comparación fue más que una provocación y fuente de molestia para los soldados de carrera del país, también una muy desafortunada muestra de desconocimiento del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas sobre los procesos de ingreso, preparación y particularmente el estricto escalafón de ascensos, a decir de la cantidad de críticas en redes sociales, comentarios abiertos y hasta cartas que fueron dirigidas a la opinión pública por parte de soldados y marinos.

"Sabrá el presidente de México que la Constitución que él prometió defender y sobre la que juró, otorga la facultad de defensa de la patria a un solo ejército nacional y no hay otro espacio alternativo para los soldados de México, a diferencia de la oferta que pueden tener los maestros normalistas? ¿Sabrá el presidente de la república que las filas armadas en lugar de tener cada año más demanda de plazas cada vez tienen menos inscripciones, lo que reduce el gasto de plazas al gobierno federal?

La variedad de comentarios contra las palabras de López Obrador en ese sentido se tornaron más violentas en las redes sociales cuando se mencionó al secretario Luis Cresencio Sandoval como un mal asesor del presidente o un secretario que ha preferido guardar silencio a pesar de las posibles pifias presidenciales, al no intentar explicar al mandatario la muy marcada diferencia entre la educación en los diferentes planteles del sistema militar y las de las normales rurales del país.

"Señor secretario, es urgente que le aclare al comandante supremo de las fuerzas armadas que la comparación es falsa y absurda. 1o. porque los requisitos de ingreso son distintos para unas condiciones de trabajo también muy diferentes; que le detalle cuáles son los procedimientos de ascenso en la carrera militar, la serie de controles en la preparación permanente de soldados, la vigilancia en las hojas de servicio, adiestramiento, disciplina, responsabilidad y honor", señala un capitán cuyo nombre esta columna ha preferido omitir.

Otro comentario, mucho más subido de tono contra las palabras de López Obrador, le pide al presidente "igual que lo hace en cada momento, que ofrezca una disculpa a las fuerzas armadas por su provocadora comparación" y añade: "...sin incluir que las fuerzas armadas no basan sus ascensos en toma de casetas, plantones, cierres de avenidas, cambios de residencias, faltas de estabilidad familiar, daño a la población, engaño, flojera, irresponsabilidad y todo eso que caracteriza a maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación, que cuando mucho trabajan 200 días al año, mientras que un soldado lo hace 365 días".

Ello, señor presidente, sin contar con que los maestros dan todo por la infancia, por la educación, pero no la vida, como lo hacen los soldados.

"Que me expliquen, ¿por qué tiene que ser distinto? Ingresa un joven a la normal, se prepara, termina, ¿por qué no va a ser maestro? A ver, los expertos que me digan la diferencia y esto debería aplicar también para los médicos, que saliendo terminan su práctica profesional, ya sea para terminar el nivel de licenciatura en medicina y su plaza", cuestionó.

Porque a diferencia de otras profesiones que pueden contar con otras ofertas, como escuelas privadas, hospitales privados, instituciones y fundaciones sociales, altruistas, privadas, etc..., sólo existen unas fuerzas armadas en la Constitución, sólo una dividida en tierra, aire y mar que le garantiza la lealtad a los mexicanos y a su gobierno y cuando se han dividido o desertado para aceptar ofertas de otros, hemos visto la violencia y el caos en su máxima expresión.

Por eso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que "llueve, truene o relampaguee" su administración llevará a cabo la construcción del Tren Maya.

"Lo quieran o no lo quieran, me refiero a los conservadores que están queriendo poner obstáculos, pero ya saben ustedes cómo soy de especialista en carrera de obstáculos", agregó el mandatario.

Lo que resulta paradójico, y me lo hizo ver el abogado Jorge Torres, es cómo López Obrador manda mensajes contradictorios en materia de justicia penal. Por un lado, propone esta amplia Ley de Amnistía que podría favorecer a miles de presos en el país. Una propuesta que si se discute bien, se acota adecuadamente y se enmarca en la discusión sobre los derechos fundamentales, podría suponer una importante despresurización de las cárceles. Pero, por el otro lado, Morena impulsó en la Cámara de Diputados la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, a la cárcel mientras investiga el Ministerio Público. Recordemos que la prisión preventiva es la más extrema de las medidas cautelares que puede tomar un juez ya que implica privar de la libertad a un inocente (todos lo somos hasta que el juez determine lo contrario). ¿Cómo entendemos esta dualidad obradorista?

[Para el webmaster no es paradójico... necesita lugar en las cárceles para encerrar a quienes percibe como sus enemigos.]

Está claro que los delincuentes no tienen en alta estima a sus madrecitas. Asumimos que el exhorto de Andrés Manuel López Obrador a los criminales, hace unas semanas, para que no hagan sufrir a sus progenitoras no forma parte de la estrategia de la 4T contra la inseguridad, porque está claro que no hizo ninguna mella.

No los voy a aburrir con el recuento semanal de ejecuciones, ajusticiados, fosas encontradas. Las cifras de sangre hace mucho que no son un argumento para llamar la atención sobre el problema. Pero ya han dejado de ser una estadística para convertirse en otra cosa. Aquellos que consideran que ya no podríamos caer más bajo en materia de inseguridad tendrían que darse una vuelta a Tamaulipas, Michoacán o Acapulco.

Los números de muertos y desaparecidos siguen siendo similares e incluso mayores que los de hace años, pero en términos cualitativos hay cosas que están cambiando. Y no precisamente para bien.

Los videos que ahora circulan por las redes muestran cómo saquean una tienda en sólo 2 minutos, asesinan a un dependiente de manera absurda, una mujer es jaloneada y sacada de su auto o 3 tipos enfundados en gorras desvalijan a los comensales en un restaurante. La oferta de imágenes es interminable aunque rara vez el guion tiene alguna variante. A la ansiedad que provoca la inseguridad se suma ahora la angustia que despierta la impotencia por la impunidad y el cinismo que se nos restriega en los ojos por la pantalla de un teléfono o una computadora.

Me pregunto si estamos cayendo en una debacle irreversible sin que lo estemos advirtiendo.

En Nuevo Laredo trascendió que bandas locales habían quemado alguna gasolinería por haber desobedecido la orden de no vender combustible al Ejército o a la Guardia Nacional. Otra docena de establecimientos decidieron cerrar para no quedar mal "ni con Dios ni con el Diablo". Estos empresarios saben que el señor podrá estar en Palacio Nacional, pero eso no los protege en un lugar tan cerca de los infiernos. La extorsión en restaurantes y antros de los centro turísticos ya es prácticamente generalizada, con la novedad, ahora, de que está llegando a la Colonia Roma o La Condesa de la Ciudad de México, a tiro de piedra del asiento de los poderes nacionales.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que se aparezca un fulano a la puerta de nuestra casa a exigirnos una cuota mensual por encontrarnos en su territorio? ¿Creemos que nunca va a suceder? Díganselo a alguien en Uruapan o en Playa del Carmen.

El cambio de gobierno no ha modificado ni para bien ni para mal la tendencia expansiva que ha seguido la violencia y la inseguridad en México. Es un fenómeno demasiado arraigado y a partir de causas variadas y profundas que tomarán tiempo y acciones a muchos niveles para tener un efecto. Los protagonistas de la escena pública intentarán convertirlo en botín político echándose la culpa unos a otros, pero lo cierto es que se trata de un asunto endémico en el que estamos metidos todos.

No sé si la Guardia Nacional y las reformas judiciales que intenta la nueva administración son las mejores medidas para atender el problema; lo que está claro es que lo realizado en los últimos 2 sexenios fracasó rotundamente. Es necesario exigir y cuestionar porque es mucho lo que está en juego.

El ex presidente Vicente Fox hizo un llamado a todas las fuerzas políticas de oposición y ciudadanas del país, para conformar un frente nacional contra Andrés Manuel López Obrador, y así lograr un triunfo como en el 2000.

"No tiene que ser todo azul, rojo, amarillo o México Libre. Cuando se trata del país no hay colores, por el país nos sumamos todos. Estoy convocando a todos la fuerzas ciudadanas. Ya me reuní con el PAN, PRI, Calderón, los 'Chuchos' del PRD, y vamos a cabildear de nuevo, vamos a repetir el 2000, desnudando las mentiras de este personaje", expresó. En entrevista en el marco de la 24 Asamblea Nacional del PAN, Fox Quesada reiteró que se debe cabalgar de nuevo por todo el país todos juntos, porque México no es de un grupo, "ni de una secta, ni de un pastor".

"Las cosas van mal y se están poniendo peor, color de hormiga, cabalguemos en contra de las chinches bravas, víboras prietas y de además alimañas que se han refugiado en Morena y la 4T", indicó.

Vicente Fox dijo que el futuro de México es lo que lo tiene aquí, por eso es que va a colaborar con todos los partidos de oposición, "nunca me ido del PAN, soy panista de corazón, pero no voy hacer activista ni voy hacer campaña", simplemente abundó, el país no puede estar en manos de un "mesías, de un profeta, de una persona que miente y engaña en cada mañanera".

Aseguró que será un activo para México, y que bien haría el presidente López Obrador en revisar las cifras de los gobiernos del PAN, porque si bien los ha criticado, hicieron mucho por el país, y tan mal no estaban que si se revisan los números la aceptación presidencial estaba en las mismas alturas.

"No puede reinventarse México en la mente de un personaje que ni siquiera parece mexicano. México no le pertenece, no lo va a controlar. Tenemos que restaurar los equilibrios del poder todos los partidos políticos, no podemos estar a una sola voz", agregó.

Invitó a toda la ciudadanía a luchar por México, "vamos a votar en el 2021, no podemos perder las instituciones, este pan y circo se tiene que acabar, todos queremos acabar con la corrupción y la inseguridad, por eso cabalguemos para cambiar las cosas como lo hicimos en el 2000", anotó.

La semana pasada en este espacio, señalé una de tantas barbaridades legislativas actuales en materia federal aparejadas de un pretendido terrorismo fiscal nunca visto por lo menos en las leyes. Pues ahora va otra más de tantas. Para mayor precisión me voy a referir al pronunciamiento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) -quizá el Colegio de Abogados más relevante en todo el país-, del pasado 17 de septiembre por conducto de nuestro presidente nacional don Héctor Herrera Ordónez.

Evidentemente esta iniciativa del 10 de septiembre del senador Monreal es una locura nueva. Para tratar de evitar que los abogados impugnen medidas inconstitucionales. Como el aeropuerto ficticio de Santa Lucía, y demás imaginerías del nuevo presidente. Controlarnos a todos al gusto del gobernante a todos. Ya ni quiero mencionar las otras obras, pues eso quiere.

Dice la BMA citando la iniciativa en sus partes más relevantes como la exposición de motivos de MORENA: "...el objetivo de la iniciativa es; establecer un régimen sancionatorio hacia quienes ejercen la profesión de la abogacía procesal de manera indebida al presentar testigos o documentos falsos, entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional". ¿Indebida? ¿Y de eso cual es el significado? Para comenzar.

Una cosa es sancionarlos cuando los abogados hacemos cosas irregulares. Y otra es otra cosa.

Transgrede el derecho de libertad para ejercer una profesión lícita.

Muchos de nosotros hemos luchado para que las cosas no acaben así.

No sé si el predicador-presidente que ahora tenemos se imagina a cada uno de los delincuentes y desalmados asesinos que a diario roban, matan, secuestran y descuartizan personas, o a los capos que ordenan cometer esas atrocidades, postrados en la tumba de sus madres o de sus víctimas pidiéndoles perdón y prometiéndoles que de ahora en adelante se portarán bien y ya no harán "travesuras".

Como ciudadano y como padre de familia me siento temeroso por la inseguridad y el notorio incremento de la delincuencia. Sin esperanza alguna de que la Policía o la nueva y pasiva Guardia Nacional combatan a los criminales con algo más que prédicas y consejos. Me siento al mismo tiempo frustrado, impotente y enojado cuando escucho al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, al Presidente de México, al responsable de la seguridad de los mexicanos, pedirle a asesinos "por favor" que se porten bien y que "le bajen" ya a la violencia, diciéndoles que lo que hacen es "fuchiguácala".

Decirle "fuchiguácala" a las actividades de criminales de la peor calaña, es equiparar sus atrocidades con travesuras de niños, como si pedirle pizzas al vecino o esconderle la mochila a un compañero de la escuela fuese lo mismo que asaltar, secuestrar, extorsionar o cortarle la cabeza a una persona.

Me puedo imaginar perfectamente a los criminales burlándose del presidente, y entre rifles de asalto, granadas y pacas de dinero, arrodillarse en el piso de sus casas de seguridad, "prometiéndole" con risotadas que ya se van a portar bien.

Es lógico: un sanguinario criminal aguanta lo que sea menos que el presidente le diga o le haga "fuchi".

¿A quién engaña, quién le cree al presidente que el no perseguir y combatir delincuentes hará que éstos por convicción dejen de hacer lo que hacen y se pongan a trabajar honestamente?

México está al revés: los delincuentes seguros y protegidos, y los ciudadanos temerosos y desprotegidos; criminales usando violencia en contra de la población, y la población sin poder ejercerla para detenerlos (con la fuerza pública como debe ser, y no por propia mano).

Pues resulta que SÍ HUBO FIESTA en el patio del Palacio. Y fue una fiesta con unos 350 invitados. También resulta que el presidente y su esposa no estuvieron solos en el Palacio rumbo al balcón. Estaba prácticamente todo su gabinete ampliado con sus respectivas parejas.

Y lo más priista del 16: Para llenar el Zócalo, ocuparon 6,323 autobuses para llevar a los acarreados. También se vieron fotos de los acarreados con su bolsa de plástico con su lunch.

¿Es o no priista esa fórmula?

Después, me puse a comparar entre ustedes y el PRI.

¡Son IGUALES! pero más TORPES y TONTOS.

Y por problemas de espacio, solamente les haré una breve comparación del porqué ustedes son más nefastos que su hermano mayor, el PRI. Todas estas comparaciones, están basadas en los HECHOS:

El PRI apoyaba a los pueblos indígenas. A ustedes les valen gorro. Les recortaron 50% del presupuesto.

Sus hermanos mayores apoyaban al campo. Ustedes no. Ahora le cortan 35% del presupuesto.

El PRI hacía una muy buena política exterior. Hoy ni siquiera la tenemos.

El PRI más mal que bien, combatía el crimen. Ustedes les piden a sus mamacitas que cuiden a sus hijos criminales.

A sus hermanos les importaba dar certidumbre a la inversión extranjera. Ahora, ustedes se la quitan y se frena la inversión extranjera.

Antes, el PRI se preocupaba por sus hijos poniendo guarderías y estancias. Ustedes la quitaron y se jodieron las mamás.

Y por último: El PRI reformó la educación para que los niños tengan mejor preparación. Ustedes la acaban de regresar al siglo pasado para desgracia de nuestros hijos.

Ante estos HECHOS, ¿verdad que tengo razón?

P.D.

Sra. Sheinbaum: Fiel a su costumbre, nos volvió a MENTIR. NO ES CIERTO que la delincuencia haya bajado 34%. Al contrario, hasta el mes de agosto, la delincuencia ha SUBIDO 18% en comparación con el año pasado. Creo que la mentira ya es un patrón de Morena.

Nada más le recuerdo que esta es la semana número 20 del asesinato a mi colaboradora Ely Gutiérrez.

20 semanas sin resolver.

20 semanas mintiendo.

Y 20 semanas valiéndole madres.

Si presume que ya logró la separación del poder político del poder económico, no podrá presumir que ya logró separar al poder político del poder sindical: la educación en México será regida por la CNTE. Qué lástima que no se animó a hacer una consulta para preguntar: ¿está usted de acuerdo en que la CNTE determine la educación de sus hijos? Quizá hubiera descubierto lo repudiada que es la Coordinadora por la sociedad.

Las contradicciones no son lo único que tiene metido al gobierno federal en un problema de difícil solución en el Caso Ayotzinapa. La acotación que se pretende hacer en la nueva investigación, difícilmente podrá ser lograda. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, abrió el coliseo para ofrecer sangre a los mexicanos, al denunciar al ex procurador general, Jesús Murillo Karam, y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, como responsables de un proceso que, por decisiones del juez federal Samuel Ventura, fueron liberados 77 presuntos responsables del crimen contra 43 normalistas. La Fiscalía General irá por ellos y puede llegar a detenerlos incluso, pero echada la rueda a andar, no se podrá parar.

Encinas es la representación de esa contradicción. En enero pasado, al instalar la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, dijo que el punto de partida serían los informes del grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el equipo forense argentino, que fue el primer grupo extranjero que trabajó con los padres de los normalistas. Los 2 concluyeron que varios testimonios claves habían sido obtenidos mediante torturas, lo que violaba el debido proceso. La izquierda, entre otros, elogió el trabajo y reiteró que había sido un crimen de Estado, donde participaron soldados y policías federales.

En reconocimiento abierto del gobierno al trabajo del grupo de expertos, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, nombró a su secretario técnico, Omar Trejo, jefe de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa. Poco tiempo pasó para que en el nuevo el gobierno vieran que las cosas no eran como las creían. Ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Encinas, les gustó el rumbo de aquello que inicialmente celebraron cuando en septiembre del año pasado, el 1er. Tribunal Colegiado del 19o. Circuito, con sede en Reynosa, le dio el marco jurídico a la Comisión de la Verdad que querían formar, y le dio la razón a 3 presuntos culpables del crimen, incluido Gildardo López Astudillo, "El Gil", que los habían torturado para auto incriminarse.

Ahora, el presidente y el subsecretario se quejan del poder judicial, mostrando claro antagonismo con su postura de hace meses. No se sabe cómo va a cuadrar las cosas Encinas, pero si la línea que persigue es procesar solamente a Murillo Karam y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no alcanza a ver el mediano y largo plazo de lo que inició, le faltarán brazos para nadar a puerto seguro. Junto con el ala más beligerante alrededor del presidente, acusó al 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, de responsabilidad en el crimen, por lo cual debería llamar a declarar a su entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez. También al jefe de la 35a. Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, a quien el gobierno de Guerrero le informó lo que estaba sucediendo, así como al ex subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, con quien el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre hizo lo mismo. No menos importante el jefe de la Zona Naval en Acapulco en ese entonces, el almirante Rafael Ojeda, actual secretario de la Marina.

Y hay más. Alfredo Higuera Bernal, quien durante los 2 últimos años del gobierno de Peña Nieto tuvo a su cargo la investigación del Caso Ayotzinapa, fue nombrado por Gertz Manero subprocurador especializado para Investigaciones de la Delincuencia Organizada. También ratificó a Roberto Ochoa como subprocurador de Procesos, responsable antes y ahora de revisar las resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción. El actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que también depende de la Fiscalía, Vidal Díaz Leal Ochoa, era el responsable de inteligencia de la PGR en los tiempos de la desaparición de los normalistas.

Es decir, el gobierno de López Obrador cuenta con personas que conocen a fondo el caso, la información y los contextos de cómo y cuánto avanzó la investigación. En los archivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes el CISEN, deben estar las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero, donde se documentó la penetración de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos en las estructuras políticas de Guerrero, sin que se hiciera nada a nivel federal. Esas minutas, que oficialmente no existen, podrán darle al gobierno una idea muy clara del entramado político-criminal que se vivía en 2014, cuando desaparecieron los normalistas, aunque no les gustará. Esa red corrupta y criminal involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena, que tenían relaciones estrechas con la corriente perredista de "Los Chuchos", y con los morenistas René Bejarano y Dolores Padierna. Un ex funcionario que participó en esa reuniones reveló que las razones por las cuales nunca se procedió eran "políticas" -no querían involucrar a la izquierda con el crimen contra los normalistas.

Este mapa de vínculos sobre los funcionarios y ex funcionarios que sabían lo que sucedía en Guerrero, lo que pasó aquella noche en Iguala en septiembre de 2014 y su investigación, perfila la trampa en la que se metió Encinas con sus palabras ligeras. A menos, claro, que como demanda el núcleo duro de López Obrador, lleve al paredón político a miembros del Ejército y de la Marina, a comandantes de la Policía Judicial, a 3 administraciones de la vieja PGR, a quienes Gertz Manero recicló, y a líderes de su coalición de gobierno, para documentar lo que han dicho durante 5 años, que fue 'un crimen de Estado'. Estos nudos no serán fáciles de deshacer. Menos aún, de encontrar la verdad legal a lo que sucedió con los jóvenes sin ahogarse en sus contradicciones.

Diré ahora lo que no me gustó del Grito. Lo que me pareció muy mal de esa ceremonia es que en ella no se observó el ceremonial. No hablo de los inanes protocolos que solían enmarcar el acto, parecidos a los de cortes reales. López Obrador hizo muy bien en suprimir tales usos que sin faltar a la verdad podían calificarse de chabacanos, y aun de cursis. Con eso no solamente salió ganando la austeridad republicana, sino también el buen gusto. Cuando digo que no se observó el ceremonial me refiero al respeto -igualmente republicano- que el poder ejecutivo debe a los otros 2 Poderes de la Unión, a los que AMLO marginó en forma notoria de la celebración tanto en la noche del Grito como en los actos -sobre todo el desfile- del día 16. En el balcón central del Palacio Nacional no se hizo acompañar por los representantes del poder legislativo y judicial, que en los términos de la Constitución tienen igual jerarquía que él y a quienes postergó -por no decir ninguneó- visiblemente. Al hacer eso envió una ominosa señal: la del gobernante que se siente absoluto y no admite otro poder junto al suyo. Esto que digo no es cuestión de mera forma, minucia de urbanidad o convencionalismo fútil. Pertenece al fondo de la integridad republicana y a la estructura misma de la nación. La falta de consideración que mostró López Obrador por los otros 2 poderes evidencia un presidencialismo mayor que el de los antiguos mandatarios priistas, que al menos sabían respetar las formas. Lo digo una vez más: cuidado.

Xiudadanos Voz y Libertad
(17 de septiembre de 2019).

- Tabasco. Un grupo de ciudadanos, vecinos de la comarca del primer mandatario, lo abordan y le piden protección contra la violencia. López Obrador responde que el Ejército no está para reprimir al pueblo. Un filisteo revira: ¡pero son narcos! AMLO responde: también son seres humanos, también son pueblo.

- El Presidente de la República, en Tamaulipas, decide dar, por fin, un manotazo: guácala, fuchi, al carajo el narco, exclama, y conmina a los delincuentes a que piensen en sus mamacitas. Termina con un exhorto: ¡Pórtense bien!

- El Congreso aprueba la Ley de Extinción de Dominio. Lo hizo de manera exprés. En teoría va contra los delincuentes. En la práctica, atenta contra ciudadanos honrados que puedan verse "involucrados" en un acto delictivo por haber rentado de buena fe una casa o un local comercial. La Ley los obliga a probar que no sabían del ilícito que se cometía en su propiedad, pero, mientras son peras o manzanas, el Estado puede confiscar y vender sus bienes.

- A Manuel Bartlett se le encuentran 23 propiedades que suman más de 800 millones de pesos. Si no puede demostrar que las obtuvo de manera lícita deberían estar sujetas a la Ley de Extinción de Dominio. Pero, en lugar de investigar a fondo, el presidente lo exculpa públicamente porque se trata de un ardid de los conservadores.

- La Guardia Nacional, recién sacada del horno, se emplea para perseguir a los migrantes. Es parte del acuerdo que se negoció con Trump y Pompeo.

- Pero, al mismo tiempo, soldados, marinos y guardias son insultados, golpeados y humillados por el "pueblo bueno", que está aprendiendo, día a día, que nadie ni nada está por encima de sus reclamos o veleidades.

- El Presidente de la República recibe un reconocimiento público de un cártel que lo considera un hombre bueno y honrado. Antes de eso, AMLO expresó su conmiseración por la sentencia que recibió El Chapo en Estados Unidos.

- AMLO cancela el NAIM, con una pérdida estimada en 270,000 millones de pesos. Plantea construir una refinería y el Tren Maya, que son inviables financieramente.

- Le entrega la educación superior al SNTE y la CNTE, que engullirán y dilapidarán decenas de miles de millones de pesos.

- Los caprichos han obligado al Gobierno de la República a efectuar recortes en todas las áreas, incluido el sector salud. Los efectos han sido dramáticos y escandalosos. Muertes e imposibilidad de dar servicio. Y no, no es propaganda de la reacción, es una realidad.

Tiempos y vientos de la 4T, en apenas 9 meses. Lo que viene no será mejor.

El país quiere un presidente que respete a las instituciones. Por eso el reconocimiento general a la sobriedad incluyente de su grito la noche del 15, con los símbolos patrios y nuestros héroes en su lugar. Son lo que nos une.

Pero a la hora de gobernar López Obrador lleva al país por otro camino.

En caso de no reparar y reaccionar ahora ante el túnel en que su gobierno nos está metiendo, después será demasiado tarde para impedir el establecimiento de una tiranía.

Si el propio presidente cree en lo que gritó el domingo, debe frenar su ley que equipara fraude fiscal con delincuencia organizada, en la que el acusado va a la cárcel sin haber sido declarado culpable.

El tema es mucho más grave de lo que parece.

Irá a la cárcel el que quiera el gobierno, no el que haya cometido un delito.

Y se le quitarán sus bienes, aunque hayan sido adquiridos legalmente, porque al ser delito grave aplica la reciente Ley de Extinción de Dominio.

No los podrá recuperar nunca, aun y cuando después del juicio, que enfrentará desde la cárcel, sea declarado inocente.

Esa ley que equipara al fraude fiscal con delincuencia organizada, otorga un poder ilimitado a los funcionarios públicos del régimen, sobre la libertad de los ciudadanos.

López Obrador dice que "el PRI y el PAN se están oponiendo en el Congreso para que sea delito grave la expedición de facturas falsas y la evasión fiscal".

No es así. No es únicamente por "facturas falsas" por lo que un ciudadano irá a la cárcel sin juicio previo.

Con la sola sospecha del auditor fiscal de que hay evasión de impuestos con dolo, el auditado va a la cárcel.

No es como dice el presidente que PRI y PAN se oponen a castigar el fraude al fisco.

PAN y PRI se oponen a nulificar la presunción de inocencia que plantea esa ley, por la cual quien el gobierno considere sospechoso de fraude fiscal irá directo a la cárcel y ahí, tras las rejas, enfrentará el juicio.

Y mientras se desarrolla el proceso, el gobierno le podrá confiscar los bienesdel periódico El Informador del 13 de septiembre de 2019).

La sola sospecha del morenismo gobernante llevará a un empresario a la cárcel y le quitarán sus bienes, que serán rematados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

No importa si es culpable o inocente. El desenlace es exactamente el mismo: cárcel y despojo de sus bienes al ciudadano sobre el cual recaen las sospechas del gobierno.

Podrán usar, porque será legal, esa herramienta contra sus adversarios políticos. Contra empresarios que financien medios de comunicación críticos. O simplemente contra los que no se alineen con el gobierno.

Estamos ante el principio de una tiranía. ¿No lo vemos?

Ahí está escrito, en la ley que aprobó Morena, contra los argumentos de los cada vez más combativos senadores del PAN y del PRI.

La sociedad no puede dejarlos solos.

No están defendiendo privilegios, como dice el presidente, sino el régimen de libertades que existe en el país.

La prensa oficialista (a la que progresivamente se suman más medios), dice que la oposición se opone a castigar a "las factureras".

Falso. No sólo por una factura falsa va preso un contribuyente (aunque no sepa que era de una empresa fantasma) y puede ser despojado de sus bienes, sino por sospecha de evasión fiscal.

Una denuncia anónima basta. Como en los países gobernados por tiranías de izquierda o de derecha.

El poder que tendrá un auditor del SAT es de terror.

Podrá mandar a la cárcel a un empresario por su sola sospecha, al que le van a rematar sus bienes, como ocurre en el caso de la delincuencia organizada a raíz de la reciente Ley de Extinción de Dominio.

¿De qué tamaño será la mordida cuando lo que está en juego es la libertad y el patrimonio de quien no ha violado la ley?

¿Hasta qué punto el gobierno usará ese instrumento para castigar a sus críticos o acobardarlos?

Mejor no esperarse para averiguarlo.

Si pasa esa ley, es el principio de la tiranía.

Vimos cómo las fuerzas armadas aceptaron dócilmente dar carácter oficial a la versión propagandística de la historia de México que pregona el régimen lopezobradorista.

Fuimos testigos de la división de la historia nacional en 4 grandes transformaciones, en las que un gobierno con 9 meses y medio en el poder y una lista larga de pendientes e incluso retrocesos fue colocado nada menos que a la misma altura de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Que nos estemos acostumbrando a la retórica presidencial de autoexaltación y que algunos la tomen a chunga, no quita el hecho: un exceso inadmisible y una muestra de la visión patrimonialista del poder que impera en la autoproclamada 4T.

Tras ese despropósito, vimos también la caricatura de esa pretensión de grandeza: camiones recolectores de sargazo, pipas compradas en el extranjero en total opacidad para la "gesta" antihuachicolera cuyos resultados son imaginarios, camiones alusivos a los programas insignia del gobierno, y hasta uno dedicado a una supuesta lucha por el ambiente con la transformación de las Islas Marías, en una administración que le apuesta claramente a las energías más contaminantes.

Y la realidad del 1er. gobierno surgido de la izquierda: encabezando el desfile y el bloque de la 4T, la Guardia Nacional como una de las ramas de las fuerzas armadas. Militar, pues.

¿Qué pasó con Carlos Lomelí Bolaños, el delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya está fuera de la carrera política?

Entre sus aliados más cercanos corre una versión que parece contundente: el presidente de la república ya cumplió con el compromiso que tenía con él.

Las empresas farmacéuticas de Lomelí Bolaños, 2 de las más importantes al menos, fueron sancionadas oficialmente por el gobierno federal y aunque a él no se le castiga, es un claro mensaje de que no volverá a ser el "superdelegado".

En política, los favoritos suben y caen muy rápidamente.

Los "ninis" de Jalisco responden... a los políticos de Morena.

Si no, pregunten a la diputada federal María Teresa López Pérez y a los regidores Key Tzwa Razón Viramontes, de Tlajomulco, y Rafael Marmolejo Avilés, de Ojuelos.

Los 3 tienen a sus becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro a pesar de que contravienen las reglas de operación del programa.

Los 3 deberían desfilar también, pero frente a la Función Pública.

La 4a. Transformación insiste en que lo es. Todos los días busca crear una narrativa de cambio verdadero, de ruptura real, de bandazo bendito. Según la historia oficial, membretada y diseminada en cada documento de gobierno, ha habido solo 4 hitos de alteración auténtica: la Independencia, el periodo juarista, la Revolución de 1910 y la etapa actual.

Todos los esfuerzos de democratización antes de Andrés Manuel López Obrador fueron apócrifos. Todos los trabajos de construcción y remodelación institucional fueron en balde. Todas las alternancias anteriores no cuentan. Ahora se trata de reescribir el pasado para controlar el futuro; de concebir a la política como un espectáculo continuo con actores que memorizan el guion escrito en Palacio Nacional; de poner a desfilar a pipas de Pemex y a los beneficiarios de los programas sociales y los miembros de la Guardia Nacional. México transformado cuando en realidad es México abreviado. Simplificado.

No reconoce de dónde venimos y cuánto trabajo nos tomó salir -incompletamente- de ahí. El país del presidencialismo imperial y el centralismo discrecional. El país del partido hegemónico y los contrapesos inexistentes. El país del ejecutivo fuerte, el legislativo subordinado, la Suprema Corte omisa. Un lugar donde no había comisiones de derechos humanos o acceso a la información pública o Banco de México autónomo o reguladores de competencia en telecomunicaciones o periodismo de investigación independiente o autoridades electorales que no estuvieran al servicio del PRI. Un paraje de poder predominante y concentrado que fuimos transformando con luchas sociales y reformas electorales; con elecciones competidas y batallas aguerridas.

La 4T se comporta como si esa etapa no hubiera existido y no fuera necesario defender lo que ahí se logró. No reconoce el camino recorrido; lo ignora o lo denuesta. No recuerda cómo se pavimentó la ruta que le permitió llegar; más bien asume el monopolio moral de la representación porque finalmente arribaron los impolutos. El nuevo gobierno no comprende que sólo ganó una elección; presume un cambio de régimen. No entiende que sólo llegó al poder; piensa que puede ejercerlo como le plazca. Y para ello tiene que rechazar la complejidad y apelar a la simplificación. Nada de negociaciones complejas o deliberaciones democráticas; nada de datos o mediciones o evaluaciones. Ahora se gobierna con soluciones fáciles y mantras mediáticos. Para enfrentar los feminicidios, el despliegue de la Guardia Nacional. Para encarar la impunidad, el populismo penal y la prisión preventiva oficiosa. Para superar la crisis educativa, 100 universidades anunciadas pero inacabadas. Para acabar con la corrupción, la voluntad presidencial pero aplicada selectivamente. Para asegurar el desarrollo, apostarle a la petrolización aunque quiebre las finanzas públicas.

Ante cada reto complejo, la 4T tiene una solución simple. Una app o una promesa presidencial o una declaración mañanera. Para el lopezobradorismo, sólo se requiere sentido común, 99% de honestidad y 1% de capacidad. Y si alguien señala efectos contraproducentes o políticas públicas deficientes, la respuesta también es sencilla. Quien las critica representa intereses oscuros o se opone al cambio o no quiere perder sus privilegios o es un conservador o un sicario del periodismo. Lo único que se necesita para que la economía crezca y Pemex aumente su producción y la desigualdad disminuya es la exhibición de los moralmente derrotados. Lo único que se requiere para transformar a México es que desfilen los militantes de una "causa trascendente", como dice José Woldenberg.

Ante esta simplificación políticamente útil pero democráticamente peligrosa, urge reaccionar. Estos no son tiempos ordinarios y nos corresponde hacer cosas extraordinarias para defender instituciones acosadas y valores amenazados. Toca señalar y analizar y alertar ante el espectáculo de las ocurrencias cotidianas, las frases efectistas y la mercadotecnia manipuladora llevado a cabo por quienes no entienden la diferencia entre ser un propagandista y ser un funcionario público. Toca combatir los resortes autoritarios con las convicciones democráticas. Toca enfrentar a la 4a. Simplificación con el arma más poderosa: la verdad. Y el acto más revolucionario y transformador en estos tiempos es decirla.

Cientos de personas se manifestaron este domingo en Guadalajara y otras ciudades en el llamado "Grito ciudadano" para mostrar su descontento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien piden su renuncia y el fin de las políticas públicas "socialistas".

En Guadalajara, miembros del Congreso Nacional Ciudadano y otras organizaciones civiles tomaron algunas calles para reclamar por lo que consideran la "traición" del presidente mexicano.

"Traicionero, traidor López Obrador" y "traicionero que miente es el presidente" gritaron los manifestantes en su recorrido hasta llegar a la Glorieta de los Niños Héroes, también conocida como la glorieta de los Desaparecidos, donde colocaron pancartas exigiendo la renuncia del primer mandatario.

"AMLO traidor por afectarnos económica como gubernamentalmente al pueblo de México decadente también en salud, educación y seguridad pública, entre otras muchas cosas", decía una de los carteles.

Diego Zavala, miembro de la comisión de seguridad del Congreso Nacional Ciudadano, dijo que desde hace 10 años han conformado unas 3,000 células de hasta 30 personas en diversas ciudades de México para "observar a los gobernantes" y buscar "el bien común".

"Ahorita estamos vigilando al gobierno federal. No nos parece (gusta) que el presidente López Obrador esté haciendo un desastre, esté diciendo mentiras en las redes sociales, que el país está bien cuando la seguridad está por los suelos. La libertad de expresión la están coartando y recortan el presupuesto en medicinas. Eso es muy grave", explicó.

Señaló que están trabajando en un plebiscito para pedir la renuncia del presidente para lo que en los próximos 3 meses estarán haciendo una encuesta y recabando datos de ciudadanos inconformes.

Vestidos de blanco y portando banderas mexicanas los manifestantes iniciaron los discursos con frases como ¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva México!, ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡No al comunismo!

Oradores de diversas organizaciones ciudadanas expresaron su inconformidad por la intención del gobierno federal de "instaurar el socialismo" y "una guardia nacional bolivariana" y pretender imponer en las escuelas una "ideología de género" que "está en contra de la vida".

Ana Cortés, una joven perteneciente al Congreso Nacional Ciudadano afirmó que salieron a las calles para defender a "México, el valor de la vida y la libertad".

"Nos están ocultando toda la información que está pasando, hay mucha gente que está muriendo, están apoyando causas que no son correctas, que está matando la vida, hay muchas luchas que no son correctas, nos están mintiendo a todos, nos están vendiendo ideas que no son y están permeando a la sociedad y no debemos permitirlo", señaló.

La manifestación se realizó de manera paralela en algunos de las plazas de 60 ciudades de México y Estados Unidos.

Paco Calderón
(15 de septiembre de 2019).

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar de utilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para presionar a jueces y magistrados en la resolución de los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, advirtió el integrante de la dirigencia del PRD, Ángel Ávila Romero.

Destacó la importancia de que el poder judicial siga las vías necesarias para resolver en tiempo y forma todos y cada uno de dichos recursos legales que se han interpuesto en el caso del nuevo aeropuerto, pues "sería un grave precedente que el ejecutivo decidiera por decreto darle la vuelta a los amparos con el único propósito de llevar a cabo un capricho".

El integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que tanto organizaciones civiles como los pueblos comunitarios han hecho un esfuerzo legal para que el gobierno federal responda por los planes de desarrollo medioambiental, los de desarrollo sustentable y las excavaciones arqueológicas que se afectarán con esta obra.

Insistió en que el gobierno federal "debe dejar en total plenitud al Poder Judicial de la Federación para que responda oportunamente y no presionar para que estos amparos se resuelvan a la voz que marca el titular del ejecutivo".

Consideró muy grave la pretensión de presionar al poder judicial, pues con ello no habría condiciones para que funcione un sistema republicano de pesos y contrapesos, "por eso la importancia de dejar de utilizar a la Sedena para presionar y permitir que se responda en total libertad todos los amparos que se han interpuesto".

El dirigente perredista aseguró que resolver el caso del Aeropuerto de Santa Lucía a través de una resolución con tintes políticos y brincarse el procedimiento judicial, sería un grave precedente para la vida democrática de todo el país.

"Por el bien de México, esperemos que el presidente de la república rectifique, la mejor decisión sería retomar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en manos de los privados, de esa forma, el gobierno tendría un menor gasto y ellos se harían cargo de terminar una obra tan importante, además de conservar los vestigios arqueológicos y la fauna de Santa Lucía", finalizó.

Durante la presentación de su informe anual, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló: "En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años, nuestro país ha enfrentado".

Esta declaración resulta aún más preocupante si se toma en cuenta que, por primera vez desde la creación de este organismo, el Presidente de la República no asistió a la presentación de dicho informe. Esto no es un hecho aislado, sino la continuación de una serie de acciones en contra de la CNDH, y un ejemplo de que los derechos humanos no son una prioridad para el gobierno federal. Repasemos algunos ejemplos.

En una de sus conferencias "mañaneras", el presidente señaló que la Comisión "se quedó callada cuando lo de ABC". El presidente no está informado o miente. En su Recomendación 48/2009, la CNDH acreditó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los menores de la Guardería ABC y de sus familias, atribuibles al IMSS y a los gobiernos estatal y municipal.

Además de no hablar con la verdad, el presidente no cumplió con su compromiso de aceptar todas las recomendaciones de la CNDH, al rechazar la primera recomendación emitida por un acto cometido en su administración: la cancelación del programa de estancias infantiles. "Una vergüenza", dijo, ignorando la violación a los derechos de los niños, las niñas y sus familias.

No conforme con lo anterior, sus aliados en el congreso han fomentado estos ataques. Ejemplo de lo anterior, es la negativa para que los secretarios de Hacienda y de Bienestar comparecieran para explicar por qué se negaron a atender dicha recomendación, eliminando el derecho de las víctimas a recibir una explicación fundada y motivada por parte de las autoridades. En una declaración lamentable, la diputada Dolores Padierna señaló que "ni el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ni nadie nos dicta la agenda".

Preocupan también las declaraciones de un senador de Morena, quien señaló que el presidente planea enviar una iniciativa preferente para desaparecer a las comisiones de derechos humanos y crear una Defensoría del Pueblo, con titulares a modo y sin garantías reales de independencia.

El panorama es preocupante y desalentador. Los ataques a la CNDH forman parte de una política de debilitamiento institucional y pérdida de libertades. Sólo así se puede entender la consolidación de la militarización del país, con la creación de la Guardia Nacional y la destrucción de la Policía Federal, el incremento de delitos que ameritan prisión automática, la ley garrote, la ley Bonilla, entre otras.

En una democracia tan frágil e inacabada como la nuestra, los ataques en contra de la CNDH ponen en un grave riesgo los logros que tantos años nos han costado. Es momento de construir un frente desde sociedad civil, colectivos de víctimas y academia que impida la destrucción de la Comisión, impulse su fortalecimiento y rechace la creación de una Defensoría del Pueblo a modo.

En noviembre iniciará el proceso para la selección de la persona que ocupará la presidencia de la CNDH por los próximos 4 años. Además de salvar a la Comisión, debemos exigir un proceso transparente, en el que se evalúe la independencia y la capacidad técnica y no la afinidad política.

Desde su creación, la CNDH ha defendido nuestros derechos: es hora de defenderla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que diversos amparos, principalmente los promovidos por el empresario Claudio X. González, están demorando la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía.

"Sí nos están afectando para que cada quien asuma su responsabilidad. Nos afectan porque nos demoran los trabajos de Santa Lucía y también lo del Lago Nabor Carrillo", aceptó.

Aclaró que espera que resuelva el poder judicial y ya se han desechado algunos porque no tiene fundamento.

AMLO quiere eliminar examen de admisión a universidades. Resaltó que durante el gobierno "neoliberal", los exámenes de admisión fueron usados para rechazar a los jóvenes que querían estudiar.

Cuando lleguen las próximas citas comiciales, el partido del Presidente de la República no podrá prometer lo mismo que en 2018, o sí, lo mismo, pero erosionado por escándalos, arrebatos e insuficiencias que costarán votos.

El vuelo de la promesa de quienes se presentaron desde 2015 como distintos al prianismo se cotejará en agendas clave como anticorrupción, política frente a EU, cuestiones de género, uso de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad, respeto a las instituciones, laicismo y Estado de Derecho.

La metamorfosis ha ocurrido ya en algunos de esos temas, pero no es una cuestión acabada.

Ya no habrá gritos en los mítines de Morena despotricando contra Donald Trump. Esa retórica quedó sepultada luego de todos estos meses en que el presidente López Obrador y su canciller se han propuesto, como ningún gobierno antes, ser los más obsequiosos con las condiciones que demanda el mandatario estadounidense. Esa promesa, bye.

Las maromas morenas serán de antología cuando, de seguir como va el affaire Bartlett Bienes Raíces -denuncia periodística frente a la que López Obrador ha decidido exculpar antes que investigar a su colaborador- la promesa de la anticorrupción, favorita de las anteriores campañas de AMLO, no resista la prueba de la risa.

Será interesante ver en los debates justificar que Andrés Manuel un día sí y otro también abraza, y da chamba y encargos como repartir la cartilla moral, a ministros de culto religioso. Juarismo en sotanas.

Construir un cuerpo policial para todo el país en cosa de meses es casi una misión imposible. Que encima esa nueva policía demuestre efectividad inmediata para domar un poderío criminal que lleva un decenio acumulando fuerza, más. Pero si encima ni siquiera se ha iniciado ese proceso, porque las fuerzas armadas son las que en realidad componen y dirigen a la Guardia Nacional que Morena prometió que sería civil, pues entonces el panorama es desolador. Vivimos el peor de los mundos de la simulación. El ideario de Morena, una fuerza que se decía de izquierda y que como tal prometía en campaña que de ganar los soldados regresarían a los cuarteles, ahora tendrá que reconocer frente al electorado que llevó la lógica calderonista de usar al Ejército en labores de seguridad a un nivel de esteroides.

Las mujeres que hayan votado por AMLO tendrá a la mano harto ejemplo para demandar explicaciones en las nuevas citas electorales: Por qué Morena es tolerante con los dichos misóginos de Mireles, por qué este gobierno desbarató de un plumazo las estancias infantiles, por qué se desdeñó el apoyo a los refugios de mujeres violentadas, por qué no fue solidario con los reclamos de las mujeres asesinadas y violadas en la capital y en el país, por qué son tan refractarios a las cuestiones de género.

En el mismo tenor, combativos e influyentes sectores como los que militan en los colectivos de científicos y artistas tendrán en las campañas mucho qué cuestionar sobre la atrabiliaria manera en que se condujo la titular del Conacyt y no pocas autoridades culturales, sobre el desdén a estudiantes en el extranjero, sobre el maltrato a jóvenes y niños brillantes.

Esta breve revisión, deja en pendiente el asunto de Baja California, donde en unas semanas veremos si Morena confirma que es una fuerza predispuesta a la trampa a un nivel de peligro democrático.

Si bien en 2020 hay pocas elecciones (Congreso de Coahuila y ediles de Hidalgo), el ajuste de la plataforma electoral de Morena, impuesto por el contraste entre sus promesas y la realidad a la hora de ejercer el poder, está en marcha.

Mientras el gobierno chiquea a matones, delincuentes, dementes, odiadores de mujeres, operadores de fraudes electorales y corruptos de la peor especie, y parece querer armar una ridícula y sumamente peligrosa, extremadamente peligrosa pax narca, ahora resulta; si uno se equivoca de a de veras o a consideración de la autoridad fiscal, por un sólo peso, puede ser acusado al mismo tiempo, junto con sus contadores o asesores, de, además de defraudación fiscal, de delincuencia organizada aunque no exista. Así se llevan los lopezobradoristas. De la otra pasada de lanza de la ley de extinción de dominio luego hablamos.

Lo de las facturas apócrifas o falsas es otro tema con el que jamás he estado de acuerdo y nunca lo he recomendado, así como "estrategias" claramente evasoras. Pero ahí tampoco se vale inventar delitos inexistentes.

El tratar de pagar los menos impuestos posibles es absolutamente normal. No conozco a nadie gustoso de pagarlos. Incluso, nuestro actual presidente no los pagó nunca. Sus declaraciones son 200 pesos en el bolsillo. Y sus egresos sólo los sabe el antiguo Cisen, a decir del mismo López Obrador ante la pregunta hecha hace años por mi amigo y hermano de la vida Víctor Beltri, según recuerdo, en Madrid. En el nuevo Cisen, controlado ahora por él, tiene sus egresos. ¿Dónde andan? No entiendo y sí entiendo. ¿Dónde están sus egresos? Un misterio. Algún historiador luego lo hará. López Obrador dijo que lo abriría, pero no lo abrió. Recordemos, ahí están su egresos, él lo dijo. Va a pasar a la vergüenza de la historia.

Los líderes de la CNTE tienen el mismo poder que Donald Trump: también ellos pusieron de rodillas a López Obrador. En su acuerdo con los cabecillas de esa banda el presidente les entregó en charola de plata todo lo que pidieron, incluyendo demandas tan extremas como la asignación automática de plazas y la supresión de todo tipo de evaluación a las tareas docentes de sus agremiados. El hecho de que AMLO haya cedido a esas exigencias y a otras igualmente desbocadas causará graves daños a la educación de los niños y jóvenes en los estados donde predomina la nefasta agrupación, y redundará en atraso para esas entidades, cuyos gobernadores quedan a merced de los cenetistas, engallados por su triunfo sobre el presidente y protegidos ahora por él. Como efecto de la debilidad de López Obrador ante la CNTE un izquierdismo anacrónico y radical ha invadido definitivamente las aulas en buena parte del país. Será difícil ya sacarlo de ellas.

El presidente López Obrador, quien en uno de sus libros de hace años, Entre la historia y la esperanza, denunció el enriquecimiento de Bartlett, ahora lo defiende. En su informe de gobierno del 1o. de septiembre le dio un inusitado reconocimiento, mientras que en su conferencia de prensa del 11 de septiembre afirmó: "Estoy muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad". A ojos del lopezobradorismo, Bartlett ha pasado de ser el símbolo del fraude electoral de 1988 a un honesto combatiente contra el neoliberalismo corrupto. Es cierto que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, ha iniciado una investigación sobre su caso, pero nadie duda que confirmará el espaldarazo que ya le dio el presidente.

Es muy posible que Bartlett haya presentado una declaración patrimonial apegada a la ley. En principio, no tendría por qué declarar lo que han comprado sus hijos. Su pareja, por otra parte, proviene de una próspera familia empresarial. Sin embargo, si la historia de las compras multimillonarias es cierta, y hasta ahora nadie la ha negado, estaríamos frente a una familia que se enriqueció en los tiempos del neoliberalismo, cuando supuestamente el país estaba hecho ruinas.

La Secretaría de la Función Pública primero lo defendió, luego abrió una investigación porque hubo denuncias formales. Unas horas después, el presidente adelantó el destino de la investigación: los reportajes sobre la fortuna no declarada de Manuel Bartlett son "ataques de opositores y grupos de intereses creados" porque el ex senador le está "ayudando a combatir la corrupción". Ellos no son iguales a los anteriores, dijo el presidente, pero actuó igualito a Peña Nieto con la indagatoria sobre la "casa blanca". Los documentos sobre Bartlett Bienes Raíces están disponibles en carlosloret.com Son eso, documentos: no son conservadores ni opositores ni atacan ni están enojados. No hay un solo dato que los desmienta.

Esta misma palabra, "nalguita", usó hace días José Manuel Mireles, quien antes había calificado de "pirujas" a las mujeres que viven en unión libre con afiliados al ISSSTE, institución de la cual es subdelegado en Michoacán. Muestra de insolente machismo es usar el nombre de partes del cuerpo de la mujer para referirse a ella, lo mismo que calificarla con adjetivos denigrantes. El subdeslenguado, sin embargo, no tiene de qué preocuparse: su jefe máximo lo perdonó ya, igual que perdonó a Bartlett. Y es que AMLO extiende su perdón a los suyos, los ampara y protege con paternal solicitud, en tanto que a sus desafectos los persigue con saña vengadora, aun por encima de la ley, y endereza calificativos denostosos a sus críticos. Complacencia para los amigos y rigor para quienes no lo son.

En la tribuna del Congreso de Tabasco, el diputado Charlie Valentino expresó: "Sufragio efectivo sí reelección, porque queremos a Andrés Manuel López Obrador 6 años más en la Presidencia de la República", y planteó reformar el artículo 83 constitucional para que el presidente López Obrador pueda buscar su reelección.

El jefe del ejecutivo federal indicó que no tiene esa intención y por eso se aplica "para hacer las cosas bien" en su periodo.

La sucesión de malas señales económicas del presidente López Obrador inició con la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Lo reconocen hasta en el gobierno. Ahí empezó la desconfianza.

Lo del aeropuerto parecía validar los peores temores sobre qué tipo de mandatario sería. Luego vinieron los otros datos, la necedad de Dos Bocas, las respuestas a las calificadoras y bancos que cuestionaron a su gobierno, el plan insuficiente para Pemex, la cancelación de contratos de gasoductos...

Para el presidente López Obrador lo del aeropuerto fue una señal política. Pero tuvo efectos económicos negativos.

Sobre el aeropuerto, lo que me revelan fuentes diplomáticas es que Singapur quiere proponerle al presidente López Obrador que les permita diseñar un plan para rescatar esa terminal abandonada, terminar de construirla y sacudirla de cualquier corrupción.

El contexto en que el presidente de México va a recibir esa propuesta parecería inmejorable para él: los amparos contra la Santa Lucía están avanzando en tribunales, no hay hasta este momento una validación técnica ni aeronáutica sobre su viabilidad y en el presupuesto para el próximo año sólo le destinaron 5% del total de su costo. Todo esto exhibe que Santa Lucía está entrampado, y se antoja muy complicado que logren echarlo a volar en 3 años, como prometió el gobierno federal.

Singapur tiene uno de los aeropuertos más elogiados del mundo por su belleza, modernidad y eficiencia. En cualquier lista aparece entre los 5 países menos corruptos del mundo. Quizá sea una salida.

SACIAMORBOS

La reacción inicial del gobierno federal (empezando por el presidente AMLO) fue proteger a Manuel Bartlett frente a la denuncia periodística sobre su patrimonio inmobiliario. Después de mucha presión pública, finalmente antenoche, 2 semanas después, la Secretaría de la Función Pública anunció que abrirá un expediente. Habrá que estar vigilantes, a ver si esto no es parte de la "Operación Encubrimiento" que echó a andar el gobierno federal frente a la revelación periodística. Porque también puede ser la manera de extirparse a un funcionario que cada vez tiene más enemigos... dentro del propio gobierno federal.

La violencia retórica de las mañaneras contra medios y periodistas ha sembrado el mal ejemplo. Fuera el diálogo, bienvenida la descalificación artera e impune. La soberbia del poder es lo que marca la hora política de estos tiempos agrios y oscuros, donde las normas se están desvaneciendo rápidamente en muchos campos. Entre los empoderados y los oportunistas, definidos por la falta de recursos dialécticos para discutir, replicar y defenderse -legítimo derecho de cualquier servidor público-, funcionarios de diferentes niveles se han sumado a la ola: si el presidente saca la cimitarra para cortar cabezas por las mañanas y encabeza el Comité de Salud de Robespierre, ¿por qué no seguir su ejemplo?

El último en la lista de los que se formaron en la fila presidencial es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se quejó públicamente de que la cobertura de los medios sobre la violencia en la región le cargue la mano a su estado.

El penúltimo en esa lista es el director de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo Navarro (poblano como Bartlett, que fue director de Comunicación Social del PT en el Senado, que coordinó Bartlett), quien utilizó papelería oficial y tiempo de oficina -que pagan los contribuyentes-, para escribir 2 cartas en defensa de su jefe, Manuel Bartlett, por un asunto de su vida privada.

El mal ejemplo de las mañaneras ha cundido. Desde hace un buen tiempo los políticos y las figuras públicas ven más fácil atacar al mensajero que al emisor de los mensajes. Pero es sólo hasta los últimos meses donde el discurso contra medios y periodistas ha llegado a provocar rencor y odio en varios casos. Esto no va a parar. Se sabe cuando inició, pero no cuándo terminará. Esto es algo que deberían pensar los políticos y sus colaboradores cuando deciden salir en defensa de posiciones legítimas, pero con violencia en la descalificación, insultos y amenazas indirectas.

Los climas matan. No es una figura retórica. Según Artículo 19, de 131 periodistas asesinados en México desde 2000, 11 han caído durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos meses, varios periodistas han sido agredidos en la calle, insultados, retomado frases del presidente para acosarlos y denostarlos.

Con la violencia extendida por todos lados -no sólo por los delincuentes-, al tener la lengua suelta y pronta para disparar al mensajero, se construyen condiciones sociales que pueden terminar en una fatalidad. Cualquiera en su sano juicio pensaría que no es lo que nadie de ellos desea. Pero una reflexión sobre el costo de una palabra incendiaria, bien valdría la pena para ahorrarnos lamentos, recriminaciones y esquelas.

Falta ver la realidad del gasto público al final del 2019, pero al margen de las estimaciones del que contiene el Paquete Económico, la realidad es que, hasta el mes de julio, el gasto programable del sector público, es decir, aquel en el que el ejecutivo puede incidir, cayó en -3.5% en términos reales. Esto significa una reducción de 114,000 millones de pesos efectivos. Pero los ingresos prespuestales del sector público cayeron en -2.7%, lo que significa una pérdida de 82,000 millones de pesos.

Es decir, después del ajuste de gasto necesario para compensar la pérdida de ingresos, el ahorro efectivo es solo del orden de 32,000 millones de pesos. Ni lejanamente cercano a los cientos de miles de millones de pesos de los que se habló.

El Tren Maya costará, según cifras de Fonatur, 120,000 millones de pesos. Para este 2019 se le dedicaron "cacahuates" de presupuesto. Apenas unos millones para hacer estudios y demás. Y para el próximo año no se ve un avance relevante: según el Presupuesto 2020 entregado al poder legislativo, al Tren Maya se van a destinar 2,500 millones de pesos, lo que equivale a 2% de su costo total. Si consideramos que prometieron tenerlo listo para 2022, va francamente a paso de tortuga. Ya sin contar que, diversas fuentes involucradas en el proyecto me han confiado que está congelada la compra de terrenos por donde va a pasar el tren porque no hay acuerdos con las comunidades.

Otro de los grandes proyectos es el aeropuerto de Santa Lucía. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha difundido que costará 95,260 millones de pesos. En el presupuesto para el próximo año se le están destinando 5,372 millones de pesos, lo que equivale a un 6%. También se ha prometido que Santa Lucía estará funcionando para 2022. Si a la falta de recursos se le suman los amparos que van avanzando, no se ve cómo, o por lo menos, no se ve claramente.

La refinería de Dos Bocas. La Secretaría de Energía ha calculado el costo de la refinería en 164,000 millones de pesos, de los cuales en el Presupuesto 2020 se destinan ya 41,000 millones, es decir, el 25%.

La diferencia con respecto de los otros 2 llamados grandes proyectos es bastante notable. En los primeros 2 parece haber dudas, en Dos Bocas parece haberse tomado una decisión.

Pero como en el beisbol no siempre las ganas de meter un jonrón se convierten en jonrón. A veces son elevados fáciles de atrapar, o peor aún, pueden ser rolas al short stop que se traducen en doble play, doble out. Baste recordar que incluso las empresas avaladas por el presidente como capaces y legítimas para construir esta refinería, se pronunciaron recomendando no hacerla.

Uno de los momentos más álgidos en la relación entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador fue en diciembre pasado cuando se definió el gasto federal de este año.

En aquella ocasión, AMLO cepilló del paquete presupuestal los recursos para la Línea 4, el Peribús, el saneamiento del Río Santiago y el Libramiento Sur de Puerto Vallarta.

Ya en febrero de este año, Alfaro se sentó amigablemente con el presidente y desde Palacio Nacional anunció que las obras prioritarias de Jalisco serían apoyadas en 2020 por la federación.

Pero el presidente tiene "otros datos" y en el proyecto de gasto para el próximo año, y que debatirá el Congreso de la Unión, no hay un solo peso para el Peribús, la Línea 4 ni el Libramiento Sur a Puerto Vallarta.

Yo me quedé como el que chifló en la loma cuando le pedí a López Obrador que no cancelara el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Pero el tiempo es justiciero y vengador, dice con sobra de razón una canción vernácula. En Tamaulipas el presidente les pidió a los narcotraficantes, secuestradores, asesinos, extorsionadores y demás fauna que antes de delinquir piensen en su mamacita, y le bajen siquiera sea un poco a su violencia, pues todas esas actividades criminales son fuchi, guácala y etcétera. No es necesario ser muy perspicaz para decir desde ahora que AMLO se quedará, al igual que yo, como el que chifló en la loma.

Hay 3 cosas que se les está olvidando al actual grupúsculo de funcionarios públicos mexicanos:

La 1a. es que vivimos en una democracia, donde no hay reyes divinos omnipotentes y esclavos semi-humanitos; en nuestro país hay gente y funcionarios públicos "temporales", elegidos por los mexicanos, no por Dios.

La 2a., es que todo el dinero que tiene el erario proviene de los impuestos que pagamos los que producimos dinero a través del trabajo: los trabajadores, los pequeños y grandes comerciantes y los empresarios de cualquier tamaño. Esos fondos no los producen ellos, los politicos, que nunca han sido capaces de producir ganancia alguna.

Pero la 3a. cosa que olvidan, es que los que trabajamos tenemos una arma poderosísima, que de un solo golpe puede eliminarlos y así evitar la caída de nuestro país.

Esa poderosa arma se llama "Dinero"... y se apellida "De los impuestos".

Las cifras de crecimiento económico son negativas, lo cual implica que no habrá utilidades en este año y por ende no recibiran los impuestos que graban la productividad.

Si estos señores no reciben el dinero de los que trabajamos ¿de donde va a salir el sueldo de la burocracia inútil, los honorarios de los asesores bolivarianos, los programas de compra de votos con dádivas, los regalos a países centroamericanos, los libros de texto comunistas, las piadosas cartillas evangélicas, las encuestas "a modo" y las obras faraónicas modelo sesentero?

Y no estoy hablando de una huelga de impuestos provocada por los empresarios (que en otras ocasiones ha funcionado muy bien...), estoy hablando de la soga que ellos solitos se están amarrando en el cuello, simplemente porque no entienden como funciona la economía. Es que no estudiaron.

Si nosotros no ganamos dinero debido a sus políticas económicas equivocadas y sus berrinches, no tienen forma de seguir acosándonos.

Un presidente de un país pobre, es un pobre presidente (o algo así era la frase... ¿no?).

La Coparmex y los medios masivos "no vendidos" nos están poniendo el ejemplo, por ende los mexicanos que sí trabajamos, tenemos que organizarnos, fajarnos los pantalones, y ¡ponerles un hasta aquí!

Ya es hora de recordarles quien es empleado de quien...

La cantidad de mentiras y verdades a medias que el presidente López Obrador pronuncia en sus continuas conferencias e intervenciones públicas ya no es novedad y hasta aburre como tema de conversación. Es triste, pero ya nos hemos acostumbrado.

A lo que no nos podemos acostumbrar es a otro fenómeno que ha venido ocurriendo y resulta muy preocupante: el que de manera más frecuente y en diferentes lugares del país se esté yendo la gente encima de las autoridades supuestamente responsables de la seguridad, sean éstas de mera vigilancia, policías locales o federales, pertenezcan a la Guardia Nacional e incluso militares y navales; de hecho, ya se han registrado las primeras bajas. Cuando un pueblo le pierde el respeto a la autoridad, las puertas de la anarquía quedan abiertas. Aceptando esto le estamos poniendo la alfombra roja.

La principal responsabilidad de un gobierno es crear las condiciones para que el pueblo tenga acceso a la sana convivencia y al bienestar. Para lograr esto, el pueblo le concede el poder monopólico de la fuerza pública, misma que debe ser utilizada para garantizar el cumplimiento de su objetivo, por el bien de todos.

El gobierno de López Obrador ha renunciado de facto a esta responsabilidad y día tras día reafirma la idea de pedirle a quienes se dedican al crimen que "se porten bien". ¡Qué pena!

Lo que refleja esta estupidez es no querer pagar el precio del desgaste de imagen para quien sólo tiene en mente ganar votos y eternizarse en el poder, sin tomar en cuenta que sin seguridad, toda postura populista se le acabará revirtiendo.

Vale la pena preguntarle a los mandos militares, navales y policiales hasta dónde están dispuestos a hacer el ridículo frente al pueblo, y cuántos miembros están dispuestos a perder por la falta de valor del presidente de dejarlos hacer las funciones para las que están capacitados y comprometidos.

Les recordamos que su mandato se deriva de la voluntad del pueblo, no de la ridícula y vergonzosa manera de pensar del presidente.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántas bajas más?

Los políticos celebran la existencia de los medios cuando son su caja de resonancia, los amplificadores de su voz, sus ideas, sus ocurrencias y hasta de sus chistes. López Obrador es feliz frente a los medios todos los días, a veces hasta le gustaría que aplaudieran, pero no importa, se da con que estén ahí todos los días para llegar hasta al último rincón del país con su palabra. Tienen derecho a preguntar, pero no a cuestionar ni a poner en duda la honorabilidad de los suyos. Bartlett puede tener muchas casas porque es un hombre arrepentido; Lozoya es un criminal, aunque también haya comprado las casas "cuando no era funcionario" (PLOP! secretaria Sandoval). Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, tiene derecho a ser un inútil, porque se lo ganó con horas de sol en mítines y concentraciones, levantando los ánimos de los agotados ciudadanos que acudían a escuchar al entonces candidato eterno; los gobernadores de oposición, ellos sí son responsables de la inseguridad.

Una verdadera transformación sería dejar de desacreditar a los medios y concentrarnos en la veracidad de la información; discutir la eficiencia y pertinencia de las políticas públicas sin importar quién la propone o propuso; impedir y castigar los negocios que se hacen desde el poder y con el poder y no la filiación política de quienes los hacen. Pero nada, es solo una ocurrencia.

Desde hace varios días las mañaneras se han convertido en un reguilete de distracción. El espionaje en el comedor de Palacio Nacional, con una cámara a la vista de todos, sin sonido, que no transmite y para la cual hay que sacarle la memoria para ver qué grabó. El tema de su salud, donde inventar una afirmación inexistente en esta columna le regaló 48 horas de diversión a las redes sociales. La suspensión del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, le ayudó en este esfuerzo distractor, como también el indeseado agandalle de Morena en la Cámara de Diputados para retroceder la ley electoral -que finalmente logró a partir de 2021- más de 22 años.

El circo mediático ocultó la realidad de la economía nacional en vísperas de la entrega del presupuesto este domingo, que para describirlo gráficamente es como un motociclista atropellado que llega a la sala de emergencias donde se apuran a evitar que entre en shock.

El presupuesto que llevará el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados el domingo por la tarde, está siendo altamente esperado por los inversionistas, los analistas y todos los que tomarán decisiones estratégicas a partir de los números que presente. De cómo establezca la tasa de crecimiento, el ingreso por recaudación, la plataforma petrolera, el superávit fiscal, el gasto y la deuda, por citar algunos de los datos más relevantes, dependerá si la misma noche de ese día los mercados se vuelven locos porque no le creen al planteamiento del gobierno, o le dan el beneficio de la duda porque la información en el presupuesto les parece razonable. Esto es lo que anticipa Herrera será el paquete que entregará; otra cosa es lo que, en esta última etapa, decida el presidente López Obrador.

Los analistas se muestran ligeramente escépticos sobre lo que pueda suceder. Un análisis de la consultora Eurasia a sus clientes señala que Hacienda tiene poco margen de maniobra ante la caída de las finanzas públicas para mantener el superávit fiscal -ofrecido por el presidente en su informe el domingo pasado- de 1.3% del PIB al tiempo de disponer de los recursos para sus programas sociales. Varios bancos y calificadores internacionales están advirtiendo a sus clientes de la probabilidad de que se baje el grado de calificación de Pemex -porque no convenza su plan financiero-, con lo cual arrastraría la deuda soberana de México. Si esto se diera, probablemente comenzarían a irse inversiones del país, con una creciente pérdida de confianza.

Nuevas medidas de austeridad, señaló Eurasia, son probables y "mostrarán desesperación" del gobierno para encontrar recursos adicionales. Tampoco considera, pese a las señales de la semana pasada, que el presidente modifique su oposición a inversión privada en el sector energético, que le daría recursos frescos. Su pronóstico es pesimista y ve que los riesgos políticos hacen probable un mayor deterioro económico de las finanzas públicas en 2020.

Luego de escuchar el Primer Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador lo único que puedo decir es que los ciudadanos informados tenemos otros datos y vivimos otra realidad.

Por razones de espacio comentaré sólo algunas de las afirmaciones hechas en el triunfalista discurso de autoelogios del llamado Informe de Gobierno.

Afirmación 1. "Ya es un hecho la separación del poder político del poder económico". Me parece bien que las decisiones de política económica se tomen en función de un desarrollo económico y social equilibrado y no atendiendo intereses económicos particulares. Pero una cosa es separar y otra ahuyentar. La estabilidad y desarrollo del país dependen tanto de la buena marcha de la economía como de la buena marcha del gobierno. En el lenguaje del "me canso ganso", diría que los intereses económicos y los del Estado deben funcionar "juntos pero no revueltos".

Afirmación 2. "Tenemos que tener un buen mecanismo de abasto y distribución de medicamentos". Sí claro, no hay duda que debemos tenerlo, sin embargo no lo tenemos y la responsabilidad de organizarlo y garantizar que los medicamentos no falten corresponde al ejecutivo, quien reconoce el problema, pero no se informa de la solución.

Afirmación 3. "Ya existe un auténtico Estado de Derecho". ¿Ya existe? ¿Cómo, dónde, cuándo? En la práctica no veo que nada haya cambiado, y el hecho de verbalizar un propósito o un deseo no lo materializa, y menos cuando el propio gobierno viola la Constitución, las leyes y reglamentos vigentes, y el mismísimo presidente sostiene que "la justicia está por encima de todo; y que si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo pensemos mucho, y decidamos en favor de la justicia".

Una idea tan abstracta y relativa como la justicia, que tiene que ver con consideraciones éticas, morales, filosóficas y hasta religiosas, no puede estar por encima de la ley. Si así lo propone el presidente, ¿en dónde queda su reiterada frase de "al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie"? ¿Habrá entonces que considerar los conceptos personales de justicia como excepción a la aplicación y cumplimiento de la ley?

Afirmación 4. "Nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de gobierno". Con todo respeto, eso no es ninguna propuesta económica. Eso es sólo una declaración obvia y esperada por todos los mexicanos, y una obligación legal y moral de cualquier persona a la que se le confía el manejo de recursos ajenos para ser administrados con honestidad y con ahorros (austeridad) bien entendidos. Sin embargo, el desarrollo y crecimiento del país no se logrará sólo con honestidad y austeridad, sino bien invirtiendo los impuestos que pagamos los mexicanos, generando las condiciones adecuadas para que otros, (nacionales y extranjeros) invirtamos en el país, generemos empleos bien remunerados y utilidades que a su vez generarán impuestos que aumentarán los recursos disponibles del Estado.

Afirmación 5. "El plan del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad". Al igual que la afirmación anterior, eso no es un plan. Es un deseo que se puede lograr con un plan. Para empezar, reducir (que no acabar) la corrupción no es una meta, sino una consecuencia. Lo que sí se puede es reducir la impunidad (actualmente en niveles del 98%) y en consecuencia reducir la corrupción. Pero con la propuesta de amor y paz hacia los delincuentes, reducir la impunidad y en consecuencia la corrupción es algo más que imposible.

Afirmación 6. "Los conservadores están moralmente derrotados". Referirse a los opositores, a quienes piensan y opinan diferente de esta manera, es arrogante y antidemocrático, por decir lo menos. El triunfo de AMLO fue una victoria electoral, no una victoria moral, y en la democracia, las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana.

El presidente de todos los mexicanos no debe promover la idea de ganadores y perdedores, de buenos y malos, de conservadores y liberales, etc. Sí puede haber una parte del pueblo que esté feliz, feliz, feliz, pero también hay un importante porcentaje de mexicanos que lejos de estar felices, están preocupados por el futuro y sufriendo en el presente las atrocidades de la violencia, la inseguridad e incertidumbre económica que el nuevo gobierno ha causado.

Espero y deseo que en el Cuarto o Quinto Segundo Informe, haya menos sueños y mejores realidades.

La sonorosa mentada de madre que profirió Porfirio en el recinto de la Cámara que antes era baja y ahora es bajisísima quedará como una de las páginas más ilustrativas de la moderna historia política de México. La grosera intentona que hicieron los diputados de Morena a fin de apoderarse para la eternidad de la presidencia del órgano legislativo mereció una amonestación del Jefe Máximo, López Obrador, en los siguientes términos: "No se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupo... Espero que se actúe igual en todos los casos". Muy puesto en razón estuvo el réspice presidencial. Por mi parte yo espero que esas palabras se apliquen también en Baja California al caso de la llamada Ley Bonilla, donde su muy amigo Jaime pretende hacer lo mismo que AMLO reprobó: modificar la ley en función de intereses personales...

El juzgado 6o. de Distrito en el Estado de México admitió a tramite un amparo tramitado por habitantes de los pueblos originarios en resistencia a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía (NAIMFA), para que se cancele la obra debido al fuerte impacto social y ambiental que generará en sus municipios.

Los afectados reclaman que las autoridades fueron omisas de llevar a cabo un estudio sobre los pueblos y comunidades perjudicadas por la obra aeroportuaria, además de la falta de una consulta indígena previa entre los habitantes de los pueblos y comunidades aledañas.

Esto en base al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) además de que advierten que se aproxima la "guerra del agua" porque lamentan que se quedarán sin el recurso.

Con este recurso jurídico, suman ya 9 las demandas de amparo que desde la semana pasada tramitaron representantes del municipio de Tecámac, Estado de México, en juzgados federales de Naucalpan.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2019).

Finalizó el Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Primero? ¿Tercero? Quién sabe.

Apagamos el televisor.

En un ejercicio de introspecciónón nos preguntamos. ¿Qué acabamos de ver?

E inevitablemente lo 1o. que vino a la mente fue: ¡Pero si es el PRI! El de siempre, el clásico, el habilidoso para montar eventos solemnes rodeado y apapacho por amigos y cercanos.

Muy renovado, es cierto, pero es el mismo ritual, en fondo y forma, que se vivió durante décadas.

La misma categoría de los asistentes, los mismos estrados, y el mismo callado respeto al líder supremo del país. Quizás las piezas movidas de sitio, pero al fin las mismas piezas.

Un PRI que ha cambiado en forma: tiene ahora otro nombre, otros colores, pero en esencia maneja el mismo discurso en lo que tiene que ver con políticas públicas, con los temas que "lastiman" al presidente y con los mismos actores; ahí vimos los mismos rostros de tantos informes (muchos de ellos ahora más envejecidos) atentos al nuevo líder de la clase política.

Como en los mejores tiempos del PRI, y gracias a este extremo "make over", vimos una muy disminuida y desacreditada oposición.

Quizás lo más plausible de toda esta revolcada a la vieja clase política y a su viejo estilo es que por lo menos hasta ahora y en apariencia este PRI sí parece acotado y restringido en el tema de "manos libres" para entrarle a sacar beneficio de los presupuestos. López Obrador, consciente que la motivación mayor de los mexicanos para llevarlo a la Presidencia fue el hartazgo por la corrupción campante del último gobierno priista, hace énfasis que su guerra es contra la corrupción y contra los excesos de la clase política.

Y aunque la corrupción sigue, quizás no a los niveles lastimosos de sus antecesores, aparentemente se terminaron los beneficios extra de esta recién llegada burocracia que tendrá que conformarse con su sueldo, dejando de lado bonos, rebonos y recontrabonos, y por supuesto el pago de muchos de sus gastos.

Lo que vimos el 1 de septiembre no fue un informe, pero no hay que rasgarse las vestiduras por ello. Que no sea un informe es lo deseable, lo normal y lo lógico.

1o. Que sea así es deseable porque no hay mexicano que aguante 12 (¿18?) horas de lectura y explicación de las políticas públicas, con diagnóstico incluido y loas a las piedritas que se pusieron este año. Al ritmo de comunicación de este titular del ejecutivo habríamos tenido a todos los gobernadores y personajes relevantes de este país mortalmente aburridos durante días en ese patio.

¿Y por qué es normal? Es normal en el sentido de que es el uso, es decir, la costumbre, lo esperado, la marca de la casa, sin importar el color del partido. Ninguno de los actos públicos en los que los presidentes leen un mensaje a la nación tiene la característica de un informe, no es ahí en donde están los indicadores ni los subrayados en las áreas vulnerables. Lo que hacían los anteriores presidentes, como éste, era mandar un mensaje con algunas cifras acomodadas, algunos datos vistosos y alguna bandera relevante de su administración o su estilo personal de gobernar. Y todos, como éste, mandaban / mandan / mandarán (por los siglos de los siglos) el golpe fuerte al final.

Ahora, ¿por qué es lógico que sea así? Es lógico porque es una conclusión que se deriva directamente de las premisas de la naturaleza del poder. Sin importar si es Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro, el Papa o Carlos Salinas, el poder se comporta como poder, se ve a sí mismo como triunfante y usa el lenguaje a conveniencia. No, no se van a encontrar un mensaje de informe en el que el presidente o el gobernador bajen la voz, lloren y cuenten que sus políticas públicas no han funcionado, no están completas o no tienen impacto en la inversión.

Por eso, porque no es un informe, no se le debe exigir lo que a uno. Y por eso lo importante es detenerse en su concepción sobre el poder, sus nociones sobre el objetivo de un gobierno y sus advertencias como hombre de poder y animal político que es. Y ahí hay que tomarlo muy en serio.

En sólo 3 meses, los 17 alcaldes de Tabasco (15 de Morena) incurrieron en irregularidades por más de 234 millones de pesos; una de ellas fue haber excedido su presupuesto en 178 millones para cubrir "servicios personales" que incluyen salarios, compensaciones, incrementos y hasta la creación de nuevas plazas.

El domingo pasado, empresarios y gobernadores, tras salir de Palacio, del Informe de Gobierno, se encontraron con una movilización de algunas decenas de personas que los increparon e insultaron.

Algunos de los asistentes se preguntaron: ¿quién manda aquí?

Hay, dentro de Morena, grupos que perciben que necesitan atizar el enojo de los empresarios.

La provocación es burda. Quieren propiciar el distanciamiento del sector privado con el gobierno.

Quienes increparon a empresarios y políticos el domingo pasado, son integrantes del movimiento de López Obrador.

Lo mismo que los legisladores que, obtusamente, pretendían la reelección de Muñoz Ledo en la presidencia de la Cámara [de Diputados].

Se trata de corrientes políticas radicalizadas que le están metiendo goles al presidente de la república.

Pocos entendieron, el pasado 20 de agosto, cuando AMLO habló de que el pueblo sabe quién es un trepador, un oportunista, un politiquero, que en realidad hablaba de una clase política que se está formando en Morena.

Días después, el 28 de agosto, refirió que, si Morena se corrompe, él renunciaría.

Ya no dijo que era imposible que Morena se corrompiera. Más bien construyó el escenario de lo que ocurriría en esa circunstancia. Revelador.

La tarea que hoy tiene pendiente el presidente es establecer la separación del poder político, que claramente concentra él, el presidente de la república, de los grupos radicales que quisieran llevarlo a la senda de Hugo Chávez.

¿Qué fue lo que hizo que la economía mexicana frenara y qué es lo que puede hacer el gobierno para que vuelva a crecer?

Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones e hizo sus primeros pronunciamientos de lo que sería su estrategia económica, despertó expectativas muy favorables entre los empresarios e incluso los consumidores.

Hacia el mes de septiembre del año pasado, de acuerdo con la encuesta del Banxico entre expertos, el porcentaje que consideraba que era buen momento para invertir era igual al que pensaba que no lo era.

Ese tono positivo, sin embargo, tuvo un drástico cambio a partir del mes de octubre, cuando el entonces presidente electo lanzó la consulta pública respecto a la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco. Hoy apenas el 11% piensa que hay un buen momento para invertir.

Se gestó una situación de incertidumbre. Las empresas temieron que el nuevo gobierno decidiera suspender proyectos en curso y cancelara contratos.

El resultado fue que la inversión productiva se empezó a ir para abajo y en diciembre se desplomó en -6.2%.

No fue suficiente con un Paquete Económico 2019 que dejó claro que el gobierno no iba a gastar desordenadamente, como algunos temían.

Ocurrió lo contrario. Al diagnosticar que el combate a la corrupción requería la centralización de las compras del gobierno, se diseñó un esquema que hizo pasar todas las adquisiciones por la Oficialía Mayor de Hacienda, propiciando una gran lentitud en el ejercicio del gasto.

Hasta el mes de julio de este año hubo una caída de -15.8% en la inversión pública y de -3.5% en el gasto público total. Además, hay un subejercicio superior a los 190,000 millones de pesos.

La falta de confianza de los empresarios y el freno del gasto del gobierno fueron los factores que más le pegaron a la actividad económica, al punto de que hubo un cero crecimiento de la economía en el 2o. trimestre del año.

Allí están las causas, pero también están los remedios.

Si en la última parte del año se reactivan la inversión y el gasto del gobierno federal, se puede contribuir a tener un mejor desempeño económico.

Las empresas proveedoras de bienes y servicios para el gobierno pueden empezar a recibir recursos, que a su vez lleguen a sus proveedores y empleados, aumentando el dinamismo global de la economía.

Pero quizás el factor más importante esté en la confianza del sector empresarial.

En el mes de junio, ésta recibió un nuevo golpe cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que llevaría tribunales internacionales 7 contratos de construcción y operación de gasoductos.

Este hecho incluso motivó un reclamo del embajador de Canadá en México.

Por esa razón, cuando en los últimos días de agosto se anunció que el sector privado y el gobierno habían logrado acuerdos en este tema, se percibió la posibilidad de una recomposición de la confianza.

En el 1er. Informe Constitucional, el presidente López Obrador fue muy enfático al plantear que el crecimiento económico requiere de la inversión privada y de la participación del sector empresarial.

Si en los próximos meses se perciben nuevas señales que restablezcan la confianza, quizás como el regreso de las asociaciones de Pemex con empresas privadas podría haber una recuperación de la inversión.

Sin embargo, si lo que prevalece son acciones que la inhiben, como fue la Ley de Extinción de Dominio, o el tratamiento penal a la defraudación fiscal para equipararla a la delincuencia organizada, entonces, se corre el riesgo de que el estancamiento económico se haga más prolongado y de que sí podamos tener para el 2020 una situación de crisis financiera.

Alguna vez López Obrador pidió que lo dieran por muerto. Ahora es él quien da por muertos a sus adversarios. En su 1er. Informe (el 3o.) dijo que quienes se le oponen están moralmente derrotados. La verdad es que AMLO no tiene frente a sí prácticamente ninguna oposición. Su aplastante victoria en la elección presidencial hizo que frente a Morena todos los demás partidos entraran en vías de extinción. El gran capital se ha convertido en colaborador del tabasqueño -el dinero sabe siempre de qué lado estar-, y los representantes de la iniciativa privada guardan en general silencio cauteloso. Sólo la prensa independiente -"fifí", la llama el todopoderoso- saca a la luz sus yerros, sus medias verdades y sus enteras mentiras, sus contradicciones, sus fracasos en campos tales como la salud pública, la economía, la seguridad. El hecho de que un gobernante no tenga frente a sí ninguna oposición es sumamente peligroso, pues el poder omnímodo conduce muchas veces a un gobierno dictatorial. Quienes cortejan y adulan por interés al Presidente le causan un gran daño, y se lo hacen al país. Por el contrario, quienes en forma honesta, con buena fe y recta intención critican sus acciones le ayudan a moderar sus actos y a encontrar un rumbo bueno para la nación. ¿Será capaz de entender eso López Obrador?

Garci
(v.pág.39 del periódico El Financiero del 3 de septiembre de 2019).

A 9 meses de la toma de posesión, ¿qué es lo que sí funciona y qué no? Comienzo por lo 2o. y enumero.

1. No funciona la economía que crecerá por debajo del 1%. La inversión y la confianza están por los suelos.

2. No funciona la estrategia para rescatar Pemex. El riesgo que pierda el grado de inversión y arrastre al país en su caída es cada vez mayor.

3. No funciona el gabinete. Sus integrantes son políticos de viejo cuño o carecen de formación y experiencia, según la regla: 1% de capacidad versus 99% de honestidad.

4. No funciona la seguridad pública. La tasa de homicidios ha alcanzado niveles sin precedente y la brutalidad de los crímenes es el corolario de la impunidad y el empoderamiento del crimen organizado.

5. La Guardia Nacional es una contrahechura. No tiene preparación ni espíritu de cuerpo. Se trata de un simple cambio de uniformes y siglas. Y, por si fuera poco, los soldados e integrantes de la GN son insultados, vejados y humillados –por el "pueblo bueno"– con la venia del presidente.

6. No funciona la educación pública que ha sido entregada, de nuevo, al SNTE y la CNTE, al mismo tiempo que se eliminó el INEE, y la capacidad académica es tachada de clasista y fifí.

7. No funciona el sector salud que enfrenta una escasez de medicinas y recursos nunca antes visto. La centralización de las compras ha provocado desabasto, con las consecuentes muertes.

8. No funciona el programa Jóvenes Construyendo Futuro, que tiene un presupuesto de 43,000 millones de pesos, pero carece de transparencia y efectividad, como ha mostrado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

9. No funciona la lucha contra el huachicol. Es más, ahora sabemos, porque así lo reconoció públicamente AMLO, que el desabasto de gasolina fue anterior y ajeno a la ofensiva contra el robo de hidrocarburos. Por eso nadie sabe qué fue de las más de 600 pipas y, a la fecha, no hay detenidos ni enjuiciados.

10. No funciona la propuesta alternativa al NAIM. Santa Lucía es un proyecto inviable y no hay ninguna razón para suponer que funcionará.

11. No funciona una presidencia errática que, lejos de enfocar problemas y solucionarlos, crea megaembrollos que luego debe desenredar: desabasto de gasolina, crisis migratoria, renegociación de los contratos de los gasoductos.

Repasemos, ahora, qué sí funciona. Enumero.

1. El congreso, dominado por Morena, aprueba, con la complicidad de las oposiciones, notablemente el PAN, la Ley de Extinción de Dominio, que viola la Constitución, atenta contra la presunción de inocencia y la propiedad privada, y pende sobre ciudadanos, que nada deben, como una espada sarracena.

2. El soborno y la complicidad que han extendido en Baja California el periodo de mandato de 2 a 5 años, violando la Constitución.

3. El sometimiento de los organismos autónomos y las presiones sobre la SCJN, amén que se anuncia que la CNDH es la siguiente en la lista.

4. El instituto o escuela de promoción y formación de jugadores de beisbol, que hará que México emerja como potencia regional capaz de desafiar a cubanos y gringos.

5. Las mañaneras, donde el presidente reparte bendiciones, maldiciones y absoluciones, y los paleros preguntan a modo y aplauden como focas.

6. La poda de los medios electrónicos que han registrado una serie de bajas de periodistas o intelectuales críticos de la 4T.

Lo anterior produce efectos bizarros [extraños]. López Obrador afirma que los pobres son como las mascotas; se niega a escuchar una petición de ayuda de gente indefensa, en Tabasco, porque el Ejército no está para reprimir al pueblo y los narcos también son pueblo; condena y denuncia la falta de civismo y solidaridad de médicos y enfermeras, del sector salud, que no organizan coperachas para salvar niños que mueren por el desabasto de medicinas. ¿Y qué pasa? Nada. El efecto teflón lo protege.

Añado 3 elementos: la mayoría de los medios no tocan al presidente; de manera tal que sus yerros se pierden en el día a día.

2o., la mina de la corrupción sigue rindiendo frutos e irradiando un aura de honestidad sobre la cabeza de AMLO.

3o., una habilidad innegable para transmitir un mensaje (honestidad valiente) con hechos banales: venta del avión presidencial, viajes en líneas comerciales, eliminación de las pensiones de los expresidentes, tope a los salarios en el sector público y así.

9 meses. Deterioro en casi todos los campos, riesgo de una crisis mayor, alta popularidad del presidente y nulas esperanzas que rectifique. Futuro incierto, cada vez más negro.

Andrés Manuel López Obrador asegura que reelegirse no está en su cabeza ni en sus planes. Muchos no le creen, pero esta idea también ha sido muy consistente a lo largo de los años. Sin embargo, el hecho de no pretender hacerlo, no significa que la construcción de un andamiaje para la preservación de su proyecto a través de los años, no sea de la más alta prioridad. A López Obrador le urge establecer esas bases para levantar el nuevo edificio que eternice lo que comenzó en diciembre. Sabe, porque así lo ha dicho, que el respaldo popular que tiene ahora es efímero y tiene que aprovecharlo. Hay quien piensa que su ideal es un Maximato, como el de Plutarco Elías Calles, pero no es así. Le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida, porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio -pese a que no hay ningún indicio de que esté mal, incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con este temor.

Al gran plan de López Obrador lo abraza el discurso de la 4a. transformación, pero nunca aparece en la retórica ni se observa desde el exterior del gobierno. Es, sin embargo, un ambicioso proyecto electoral muy inteligentemente diseñado. Está montado sobre las 266 coordinaciones regionales y territoriales donde operará, cuando esté desplegada totalmente, la Guardia Nacional. En esos puntos no sólo se concentrará el esfuerzo para tratar de restablecer la seguridad, sino que se acompañará con la aplicación de la mayor parte de los programas sociales para que, de acuerdo con la promesa presidencial, se demuestre que con trabajo y bienestar se resuelve el problema de la seguridad y valide su estrategia. El resto del país fuera de esas regiones, es desechable.

En esas zonas se concentra la mayor parte de la población, mayoritariamente urbana y electoralmente valiosa. No tienen que buscar el apoyo de todo el país, sino basta con el voto mayoritario en esos 266 puntos. La cuarta transformación se ancla a este proyecto. No es una tarea sencilla. Hoy la presencia y legitimidad de López Obrador le permite tener una concentración absoluta del poder. Pero el traslado automático de esa autoridad sobre los electores es imposible. López Obrador ha venido haciendo un trabajo de poda para sembrar la semilla de Morena, achatando y mediatizando a la sociedad, neutralizando y anulando a quienes discrepan de su proyecto, y realineando a las instituciones a su modo.

Junto con ello, la arquitectura jurídica que permitirá el cambio de régimen está prácticamente completa, al haber sido desmanteladas las reformas energética y educativa que deseaba aniquilar López Obrador. Por la vía de los amagos y jugando con los tiempos, ha ido remplazando con incondicionales a los miembros de los órganos autónomos reguladores para que operen a favor del proyecto. Con manotazos también ha logrado que el sector privado, en muchos casos temeroso, acceda -por ahora básicamente de palabra- a colaborar en la construcción del México que imagina.

Con amenazas de iniciar investigaciones penales ha paralizado a la clase política y limitado sus posibilidades de organización opositora. Sus campañas de difamación han buscado inhibir al pensamiento crítico. De manera clara ha iniciado el proceso de creación de instituciones sobre las cenizas de las instituciones de la segunda generación de reformas democráticas, como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o para deshidratar a las universidades públicas a través de la creación de sus 100 universidades de adoctrinamiento para sus cuadros.

El modelo de López Obrador es un cambio del viejo régimen por el nuevo régimen, que toma del sistema político que se encuentra en agonía lo que le sirve para su perpetuación, el control lineal sin disidencia, una vieja tipología autócrata, para dirigir verticalmente el dinero de los recursos sociales a la creación de entornos en paz y construir bolsas de bienestar de donde esperan obtener en cada votación el apoyo a las y los candidatos de Morena. La ingeniería electoral es la base de todo. López Obrador dice que el éxito del 1 de julio fue haber trabajado las secciones electorales, que suman en total 68,436. Y como está el diseño para Morena, en sólo una fracción de ellas está la llave de la victoria.

El tema electoral es lo único que le importa a López Obrador al 100%. En sus giras, a lo que dedica tiempo es a hablar con los líderes de Morena locales para que le den un informe de cómo se va implantando el partido y dónde hay alertas que tienen que atenderse. En Palacio Nacional, una de las 3 personas más influyentes en López Obrador es Gabriel García Hernández, el coordinador de los delegados federales, quien es el cerebro de este plan. García Hernández es quien define en dónde se aplicarán los programas sociales, seleccionados por valor electoral, y tiene superioridad jerárquica, aunque meta legal, sobre los propios miembros del gabinete.

El diseño es llevar el clientelismo a un nivel superior y más sofisticado, con apoyos estratégicamente dirigidos, en donde toda la estructura piramidal tiene como cabeza de playa a los "servidores de la nación", las brigadas desplegadas en el país para que al alimón de los trabajos que realizan, como el censo del Bienestar o la entrega de programas sociales, reclutan cuadros para Morena. El gobierno está montado sobre ese plan y debe operar en función a sus intereses. Por ahora no hay nada que pueda enfrentarlo o vulnerarlo. Es decir, si no sucede algo extraordinario en el país, Morena habrá para rato y López Obrador para siempre.

El pasado 13 de junio los empresarios más importantes de México se pusieron la soga al cuello. En esta danza de simulaciones que ha sido su relación con el nuevo gobierno -el presidente AMLO hace como que le caen bien y ellos hacen como que no les apanican sus políticas-, decidieron comprometerse a invertir este año 32,000 millones de dólares.

Para que no fuera negocio de saliva, todos plasmaron su firma en un documento y se lo entregaron al presidente López Obrador en un acto en Palacio Nacional. Ahí estaba el sector privado mexicano apostándole al éxito de la nueva administración.

Luego vinieron la renuncia del secretario de Hacienda, la insistencia en la construcción de la refinería en Dos Bocas, la cancelación de los contratos de los gasoductos, el crecimiento cero...

Hoy, la conversación entre los grandes empresarios de nuestro país, agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios, es que esa meta de inversión no se va a alcanzar.

Y no se va a alcanzar por una sencilla razón: desde que se hizo, traía truco: cuando declararon cuánto pensaban invertir este año para hacer entre todos la suma, muchos declararon sus inversiones dentro y fuera de México. No son pocas las compañías, cuyos dueños están en el CMN, que tienen negocios importantísimos en el extranjero, en donde invierten en plantas, desarrollo, etc.

Así que una cosa es que las compañías mexicanas vayan a invertir 32,000 millones de dólares este año... y otra es que ese dinero lo vayan a invertir todo en México.

Además, se sabe con claridad que buena parte de esa cantidad enorme de dinero tiene que ver con proyectos que ya estaban echados a andar (salía más caro pararlos que dejarlos correr) y no necesariamente nuevas inversiones que impliquen una muestra de confianza en la actual administración.

Basta ver las cifras de confianza empresarial divulgadas ayer: cayeron los 15 componentes, en su comparación anual.

SACIAMORBOS

Bartlett feliz, feliz, feliz.

Divulgamos el reportaje en el que se denuncian las 23 casas y 2 terrenos de los Bartlett. #BartlettBienesRaíces. Al día siguiente, la secretaria de la Función Pública, la supuestamente implacable Irma Eréndira Sandoval, tendió un manto de impunidad sobre el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Frente a cientos de documentos públicos, en vez de investigar de oficio el asunto, como manda la ley, optó por darle una lectura política al asunto, y desdeñarlo.

Un día después, en la mañanera, el presidente López Obrador hizo su versión del "no te preocupes, Rosario" diciendo que Bartlett tenía toda su confianza y respaldo.

Y para rematar la semana, el domingo, el único funcionario al que el presidente mencionó por nombre durante su Informe fue a Bartlett. Lo hizo poco después de decir que si tuviera que resumir su gobierno en una frase, sería: acabar con la corrupción y con la impunidad.

Así que mientras le aparecen casas y terrenos... Bartlett feliz, feliz, feliz.

Antes del 1 de julio de 2018 y durante al menos 3 décadas, buena parte de la clase política, incluida la del PRI, y de la opinión pública se puso de acuerdo en que se tenía que dotar a México de reglas y procedimientos electorales que todo mundo aceptara.

No es que en ese periodo no hubiera trampas o chicanas legaloides, pero el umbral de las mismas se fue reduciendo en la práctica y, sobre todo, si un actor político era evidenciado en una mapachada los partidos afectados podían reclamar la burla y cancelar el diálogo tendiente a sacar alguna legislación, o hacerle un vacío al gobierno en algunas negociaciones o actos públicos, etc. Dicho simplemente: se volvió poco funcional pasar por alto las trapacerías (por ejemplo en Veracruz, cuando en el sexenio pasado el PAN y el PRD reclamaron al PRI lo que el delegado de la Sedesol hacía en ese estado en tiempos de Javier Duarte. Peña Nieto no tuvo más alternativa que prometer castigo).

En tiempos de López Obrador, sin embargo, eso ha cambiado. Porque, y siguiendo en los temas electorales, nada ha enervado más en las últimas semanas a la opinión pública que el intento de Jaime Bonilla, vía el Congreso de Baja California, por extender su mandato como gobernador de ese estado de 2 a 5 años.

Toda una generación de políticos y observadores ven con azoro cómo el entendimiento anterior, de lo que se valía y no se valía, hace crisis por la intentona bajacaliforniana, y cómo a pesar de la polémica pasan las semanas sin que Bonilla renuncie a su pretensión y sin que López Obrador condene o descalifique la misma.

Pero no solo no la condena o la descalifica, sino que AMLO invita a Bonilla, que no es gobernador constitucional ni nada, a su informe en Palacio Nacional. Espaldarazo más claro, imposible. Bueno sí, es como cuando Peña Nieto invitaba a su compadre Juan Armando Hinojosa a sus eventos a pesar de la casa blanca.

¿AMLO rectifica luego de que tantos publican que lo de Baja California es una barbaridad en términos democráticos? No. Ni ve ni escucha a quienes reclaman. Se concreta a hacer mutis y a abrirle Palacio Nacional a su amigo y correligionario.

Así fue lo de los ductos. Solucionó un problema que había creado su colaborador Bartlett. Y lo revistió de hazaña dialoguista. Pero de rectificación, nada de nada.

Falto la autocrítica y se extrañó la capacidad de síntesis. El presidente mexicano compite abiertamente con otros mandatarios como Fidel Castro y Hugo Chávez por hacer de sus actos públicos un maratón discursivo. Pero sinceramente, las casi 2 horas de discurso pudieron haber quedado en 10 minutos; se hubiera dicho lo mismo, sólo que en menos tiempo.

¿Qué sigue ahora?

Eso no lo abordó el presidente. No hay permiso para que la 4a. Transformación admita errores, pero urgen cambios en el gabinete.

Al contrario de lo que se maneja en las "benditas redes sociales" la dirección del gobierno federal no depende únicamente del presidente. Es cierto que su posición dominante hace parecer que todas las decisiones son tomadas por él, pero lo que aparece es apenas la superficie.

Se necesita una persona que realmente encabece la Secretaría de Gobernación; la señora Olga Sánchez Cordero puede tener todas las credenciales, pero es obvio que no le facilita al presidente un control político interno de la nación.

En Comunicaciones y Transportes, el secretario Javier Jiménez Espriú es prácticamente un vocero de todos los amparos contra el proyecto del aeropuerto Santa Lucía; pero los proyectos de infraestructura para el país van mucho más allá de un aeropuerto, aunque se trate de uno de los emblemas del sexenio.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es de las pocas caras jóvenes en un equipo de gobierno que se caracteriza por su avanzada edad; pero a la joven secretaria le ha quedado enorme la responsabilidad de operar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en que la 4a. Transformación finca sus expectativas de rescate de las nuevas geneaciones; ni opera por completo los recursos ni ha podido garantizar el respaldo de las empresas pequeñas y medianas para que abran sus puertas a los jóvenes beneficiarios.

Y hay varios casos más de deficiencias: Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por citar algunos casos.

No es que López Obrador esté mal en todo... es que varios de sus secretarios no pueden, o no quieren, el compromiso.

Tal vez porque llegaron con el acicate de lo expresado en la mañana por el presidente, en el sentido de que sus opositores estaban "moralmente derrotados", los representantes de los distintos partidos políticos no aliados a Morena hicieron fuertes críticas al gobierno de López Obrador, que sirvieron para contrastar el tono en general triunfalista que emitió antes el presidente en su autoevaluación.

El denominador común de los discursos opositores fue el reclamo al desprecio presidencial por los contrapesos, por ejemplo, de los órganos constitucionales autónomos (CRE, Inegi, Coneval, CNDH, INE, entre otros), así como la utilización de la hegemonía morenista para imponer vicios y decisiones autoritarias y antidemocráticas, como la que está a punto de imponerse en Baja California con la Ley Bonilla.

Los gobiernos, le dijeron, no pueden ser de un solo hombre, sino de equipos capaces y con visión global.

Se criticó también que en nombre de la austeridad se asfixien aún más instituciones de salud y se agudice la falta de medicamentos. Cuestionaron también la falta de crecimiento económico y de generación de empleo, y el carácter clientelar de sus programas sociales. Le reprocharon que en el tema de seguridad nada haya dicho del grave problema de los feminicidios, y su omisión de temas ambientales.

Ante las tentaciones autoritarias en las que sin duda ha incurrido el líder de la 4T, en parte por su abrumador triunfo electoral, que le dio las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, esta especie de despertar en el debate parlamentario que se dio ayer en San Lázaro, sin duda, es una buena noticia.

Lo deseable sería que esta actitud sea permanente, y sirva como impulso para iniciar la reconstrucción de una oposición, que si bien se puede discutir si está o no "derrotada moralmente", sin duda está más debilitada que nunca.

El rictus, el lenguaje no verbal, el tono del discurso. La sede, el escenario, el boato. Todo junto para la construcción del mensaje a la nación este 1 de septiembre: que quede claro, hay un Él y, aparte, un los otros. Incluidos en ese "los otros" sus propios colaboradores, o representantes de otros poderes, o gobernadores, y no se diga los invitados.

En el poder de México hoy hay un Él, y nada más. Palabras irán y vendrán en el discurso, al fin y al cabo con este presidente la retórica es más que previsible. Pero el mensaje está en otra parte. El significado del acto de ayer es la reiteración de que hay quien manda y que ese mando reside solo en una persona: que así lo quiere, así lo disfruta, así lo ejerce.

Todas las miradas para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El templete apenas si tiene elementos distractores. Por aquí los colores patrios, por allí los héroes marrones, pero al centro el nombre presidencial. La figura del tabasqueño en una silla cualquiera, y luego en el podio durante el informe, se convierten en el punto que anuda la vida nacional.

El presidente habla al pueblo, y a los suyos, antes que al Congreso. No sólo habla antes de enviar el informe a San Lázaro, sino que habla dándole pauta al Congreso. Revocación para este periodo, pide el mandatario; con el debido respeto, eso sí, como siempre que impone su deseo o palabra sobre la de los otros.

También en el arranque de su informe, López Obrador habla del hito de haber separado el poder político del poder económico, palabras que resuenan poco después de que se escucharan en el patio de Palacio Nacional los aplausos de empresarios que valen su peso en Producto Interno Bruto (PIB).

La separación de esos poderes es en realidad un cambio de plano. Ahora es una disposición vertical, el Presidente arriba y manda; pero no necesariamente horizontal: en ese plano los empresarios se volvieron coro y comparsa que festeja acuerdos que llaman "gana-gana" y posan sonrientes para la foto. Ayer en Palacio aplaudían Harp, Slim, Larrea... a quien por años los denostó. Otro Presidente al que se cuadran, otro Presidente al que sonríen, otro Presidente al que cortejan, ¿otro Presidente al que verán caer? La separación de poderes te saluda, Andrés Manuel.

Por lo demás, el presidente López Obrador recorre los temas que le gusta machacar: que su gobierno da becas, que su gobierno es austero, que su gobierno "no se entromete en decisiones de órganos autónomos", que respeta al Legislativo y Judicial, que las "elecciones serán limpias y libres", que no se tolera "ni huachicol arriba ni huachicol abajo".

Durante hora y media la de Andrés Manuel será la multiaplaudida voz que quiere instalar una verdad única: que el país cambió en apenas 9 meses. Que pasamos como quien se cambia de ropa del "predominio de la más inmunda corrupción pública y privada" a un gobierno cuyo plan él resume en 7 palabras: "acabar con la corrupción y la impunidad".

López Obrador está convencido de que su mensaje es tan contundente como las pirámides de las zonas arqueológicas, que llegaron para quedarse y marcar la identidad nacional; que lo que dice no necesita ser contrastado, ni comprobado, que decir es crear, que dictar es provocar, que la palabra presidencial todo lo puede, como en la biblia, que el principio es el verbo, y que el verbo es él, y que como tal por eso lo que dice es, aunque muchos en el país tengan otros datos.

Hasta ahora, el modelo de país del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que dice no ser. Ya no hay corrupción porque la barrió de arriba hacia abajo -que es el método que dijo en campaña utilizaría para purificar el país-, ya no hay balazos porque hay abrazos, ya no hay avión presidencial, ni Los Pinos, ni Texcoco, ni Reforma Educativa, ni Reforma Energética, ni lujos, ni ostentaciones. Aunque no es parte de su discurso, tampoco hay el crecimiento prometido, ni bajó la violencia que dijo tendría una inflexión en sus primeros meses de gobierno, ni hay paz en el país. Hasta ahora, López Obrador es el presidente del no. Lo que sí existe es el país que se imagina -por tanto aún imaginario- hecho realidad a través de su poderosa narrativa.

En su realidad alterna, la guerra contra el huachicol fue un éxito -los datos de Pemex lo contradicen-, la lucha contra la delincuencia avanza aunque falta más por hacer -los datos de su gobierno dicen lo contrario-, cancelar el aeropuerto de Texcoco le ahorró pagar a los mexicanos millones de pesos -que en realidad era un costo autofinanciable-, el programa para jóvenes sin escuela ni trabajo es un éxito -no ha superado el 40% y ha perdido fuerza-, se restableció el Estado de Derecho -justo cuando su partido violó la ley en el congreso para perpetuarse en la presidencia-, tener a Pro México era "ridículo" y ni Japón, Francia o Alemania tienen algo parecido -los 3 sí tienen ese equivalente-. La lista podría seguir, aunque quizás la síntesis de todo está en cómo llamó a este acto constitucional: "Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México". Así, 2 alocuciones partidistas previas, las convirtió en actos de estado.

En todo caso, el resultado hasta ahora de este 1er. corte de caja legal es un sacudimiento nacional que ha hecho crujir todo el andamiaje institucional y la arquitectura del país. López Obrador lo llama "la 4a. transformación", comparando su modelo con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Visto con objetividad, ese discurso renovador tiene que ver con otro cambio radical, que es el otro sí de su joven administración, el retorno al presidencialismo más fuerte que hemos vivido desde hace cuando menos unos 40 años, donde el poder está concentrado en una sola persona, que busca quitarse obstáculos del camino: órganos reguladores, ONG’s, prensa crítica y empresarios. A ellos se refirió indistintamente en su mensaje, al afirmar que "estaban moralmente derrotados". El poder judicial, por otra parte, está en camino del sometimiento; el poder legislativo está hincado frente a él.

El andamiaje de una democracia le estorba a la construcción del país que quiere. Como prácticamente todas las cosas que han sucedido en su gobierno, no hay engaño. Su mundo se construyó en la cosmogonía de Macuspana, su tierra, durante sus años de formación. Lo que bajo esa óptica interpretó, moldearon al presidente que hoy nos gobierna. Quizás el Tren Maya es un sueño de aquellos años, con su confusa visión de desarrollo, donde habla del periodo del desarrollo estabilizador de los 70s, pero da las estadísticas del periodo del milagro mexicano de los 50s. A pocos les importa esta diferencia, pero habla de cómo las ideas se mezclan y cruzan en su cabeza sin contexto, ni tiempo y espacio.

Sólo observándolo en ese marco de referencia se puede entender, o cuando menos intentar comprender acciones como sus rituales de respeto por "la madre tierra" y por los pueblos originarios -con los que ha convivido por décadas-, y que esté empeñado en iniciativas tales como que las carreteras del sur se construyan a mano, sin maquinaria industrial, y que las escuelas las levanten los maestros y los padres de familia. Soslayar totalmente procedimientos, regulaciones, reglas de operación y controles que las obras significan, no es algo ajeno al presidente. El mundo de López Obrador es otro, que todos tengan trabajo, que se haga agricultura de autoconsumo y un ingreso fijo, sin importar que sea bajo. Es la búsqueda de una sociedad menos desigual, aunque el piso de la igualdad sea un retroceso en el desarrollo.

Por 1a. vez en la historia, más del 51% de los trabajadores gana entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que significa entre 9 y 18 dólares por día, que es lo que cobra un trabajador en Estados Unidos -una economía con la cual el presidente gusta comparar la mexicana-, reveló Tomás de la Rosa en una serie de trabajos analíticos publicados en Eje Central. En 2005, el 27.7% de la población ocupada ganaba más de 3 salarios mínimos, y actualmente se cayó a 11.6%, mientras que en ese mismo periodo, el número de personas ocupadas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos se elevó de 38.6% a 51.3%. Estos datos perfilan un país rumbo a la precariedad, que es lo que el presidente López Obrador parece entender como sociedad igualitaria. Por eso piensa que es mejor tener un país agrícola que una economía de servicios.

Desde el universo de Macuspana, López Obrador también observó las oleadas democráticas en el mundo -incluido México-, pero no es algo que esté debajo de su piel. Se dice democrático pero este sistema político de contrapesos y rendición de cuentas es algo con lo que no se siente cómodo -que tampoco es algo novedoso- y trata de colocarle muros. Su modelo no es democrático, sino utilizar los recursos de la democracia para imponer el suyo, la 4a. transformación, que es eminentemente político, con un andamiaje que se está construyendo para garantizar, electoralmente, la hegemonía transexenal de Morena.

Las renuncias de miembros de su propio partido -y las que están a punto de darse a conocer-, de quienes asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador "le tienen sin cuidado, porque se trata de decisiones personales y ya están grandes para saber lo que hacen", equivalen a una plena corrupción, porque designar o aceptar una responsabilidad para la que de antemano se sabe que no se tiene experiencia: ES CORRUPCIÓN.

Mientras tanto, lo que más aplaudió AMLO durante su Informe de Gobierno, es que los empresarios -a los que antes criticaba- ahora colaboran con su gobierno: algunos como sus asesores de cabecera y otros "aceptando utilidades más razonables en sus negocios". Qué bien que "haya convencido" a los dueños de las industrias y servicios (mismos que tienen asegurada una súper cómoda vida para ellos y toda su descendencia), de que ganen unos quintos menos, pero es urgente que despierte de su sueño de que ahora somos felices, felices, felices.

Insistió que el pueblo está contento y "feliz, feliz, feliz".

Pese a que en general fue una autoevaluación más que optimista, en la que aseguró, por ejemplo, que haber cancelado las obras del aeropuerto en Texcoco fue la "mejor decisión" y que los apoyos sociales directos están llegando ya a 5 de cada 10 familias mexicanas, también reconoció que no se ha alcanzado el crecimiento económico esperado y que en materia de seguridad no hay buenos resultados.

De hecho, el tema de la seguridad lo abordó hasta la parte final de su mensaje, en la que planteó que le dejaron un país con una grave crisis de violencia por la aplicación de malas estrategias. Repitió que ya no hay guerra contra la delincuencia organizada sino una estrategia integral contra la inseguridad con la mejora de las condiciones de vida a las familias y las y los jóvenes.

Pocas cosas tan complicadas de explicar y explicarse como la noción de conservadurismo en López Obrador. Lo 1o. que hay que entender es que él usa la palabra conservador en el sentido más decimonónico. Los conservadores son los enemigos de Juárez, de la república y de la reforma del siglo XIX. Pero hay una forma aún más sencilla de entender el término en boca del presidente: conservador es todo aquel que está en su contra o simple y sencillamente le cae mal. Así, por ejemplo, los zapatistas pueden ser, en el discurso del presidente, conservadores disfrazados y los grupos más conservadores de este país, aliados de su proyecto de gobierno.

Desde el punto de vista de la moral pública nunca habíamos tenido un presidente tan conservador, ninguno que citara a la biblia con tanta frecuencia o que tuviera una visión de lo bueno y lo malo tan maniquea; ninguno que se reuniera tanto con las iglesias, particularmente las evangélicas que son profundamente conservadoras; ninguno que apelara y apoyara con políticas públicas al modelo de familia tradicional; ninguno que apelara al buen comportamiento de los jóvenes como política de seguridad pública. En fin, ejemplos del moralismo lopezobradoristas hay muchísimos a lo largo de estos 9 mes de gobierno.

¿Está derrotado el conservadurismo en México como dijo el presidente? La única respuesta posible es una pregunta: ¿cuál de los conservadurismos? Porque hay uno que está gobernando e imponiendo su agenda. Hay otros, los más vinculados a la Iglesia Católica y al PAN que es están ciertamente bocabajeados, divididos y faltos de liderazgos, que fueron abrumadoramente derrotados en las urnas en julio de 2018 pero están lejos, muy lejos, de haber desaparecido. El caso brasileño es la evidencia de que el conservadurismo político puede alimentarse de los errores de los gobiernos de izquierda y regresar con agendas que echen por tierra los avances, por pequeños que sean, de la agenda de ampliación de libertades.

No hay discurso, por bueno que sea, que soporte la falta de resultados y ese es el lastre más importante de este gobierno. El principal enemigo a vencer no es la oposición conservadora sino la ineficiencia gubernamental. No hay palabra que funcione cuando la seguridad, lejos de mejorar, empeora; no hay programa social que se aprecie cuando se pierde el empleo; no hay amor a la patria que se sienta cuando falta la medicina a los enfermos.

El pasado sábado, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunció que Boris Berenzon Gorn, profesor destituido de la UNAM por plagiar su tesis doctoral en Historia, y acusado, con pruebas, de plagiar la tesis de maestría, se incorporaba a su equipo. Desde hace meses se le había visto colaborar con Conacyt.

"Es un gusto contar con el apoyo del Dr. Boris Berenzon Gorn en esta lucha contra la ciencia neo-liberal. Bienvenido al equipo de trabajo del Conacyt", escribió la funcionaria.

Paco Calderón
(1o.de septiembre de 2019).

Desde agosto del año anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha una gravosa estructura burocrática, que desde entonces realiza una gigantesca operación electoral con uso indebido del presupuesto para los programas sociales. Esta operación pretende consolidar e incrementar la base electoral proclive al presidente y a su partido, como lo hizo ver María Amparo Casar.

De acuerdo con los datos publicados en la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, la erogación anual en los sueldos de la estructura de los servidores de la nación alcanza los 2,577 millones de pesos, sin contar prestaciones ni bonos. A esta cifra se debe añadir una estimación conservadora de gastos de operación por 663 millones de pesos, de manera que hacen un total de 3,240 millones de pesos.

Este monto equivale al presupuesto autorizado en este ejercicio fiscal al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), al del Registro Federal de Electores para la actualización del padrón electoral y la emisión de la credencial del INE o al del Fondo Metropolitano, que son programas presupuestales estratégicos del Estado mexicano. Cubriría 10 años el presupuesto de los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y 16 años el del programa de protección a periodistas.

En la nómina correspondiente a la 1a. quincena del mes de julio, aparecen 18,299 Servidores de la Nación contratados por honorarios, en los que se incluye a los coordinadores regionales de programas para el desarrollo. Cada servidor de la nación tiene un sueldo bruto de 10,217 pesos y cada uno de los 266 coordinadores regionales percibe en cambio 73,507 pesos cada mes.

Los coordinadores regionales de programas para el desarrollo coordinan a los servidores de la nación en regiones que coinciden geográficamente con los distritos electorales federales, por si quedaba alguna duda de la naturaleza electoral de su tarea. En las grandes ciudades, que cuentan con más de un distrito electoral federal, se designó a un solo coordinador regional por municipio o alcaldía, cosa que también responde a un sentido electoral, por lo que su número total no es equivalente con los 300 distritos electorales federales en los que está dividido el territorio nacional.

Los coordinadores regionales de programas para el desarrollo están, a su vez, bajo las órdenes de los delegados estatales del gobierno federal, más conocidos como superdelegados. Éstos reciben un sueldo bruto mensual de 122,512 pesos. Los delegados estatales de programas para el desarrollo, nombre que la ley asigna a estos cargos, además de mandar sobre los coordinadores regionales y sus huestes de servidores de la nación, cuentan con múltiples facultades. El artículo 17-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal obliga a todas las oficinas estatales de las secretarías y dependencias federales a informarles de la ejecución de los programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades. La misma disposición otorga a los superdelegados la facultad de designar a todos los representantes de las secretarías y dependencias del gobierno federal en su estado; sus nombramientos serán realizados por el titular de éstas, pero a propuesta del respectivo delegado estatal.

El vértice superior de esta estructura lo ocupa el coordinador general de programas para el desarrollo, que responde directamente al presidente de la república. Aunque los nombramientos de los superdelegados llevan la firma de la titular de la Secretaría de Bienestar y su nómina se carga a dicha dependencia, se efectúa en la presidencia tanto su designación como la coordinación de sus trabajos.

Dado que ilustra el involucramiento directo del presidente en esta operación, conviene citar las palabras que, en un evento con los 1,200 servidores de la nación de la Ciudad de México a principios de marzo de este año, dijo el coordinador general de programas para el desarrollo, Gabriel García Hernández: "Reciban un saludo del presidente de la república (aplausos). Él diario, diario ve el esfuerzo que ustedes hacen, él sabe perfectamente, todos los días revisa el andar de ustedes (sic)...".

La estructura burocrática que aquí hemos descrito, aunque está sufragada con cuantiosos dineros públicos, es más parecida a un tipo de organización partidaria en campaña, que al de una de carácter gubernamental.

Como queda claro, esta estructura es centralizada y designada de arriba hacia abajo, lo que se asegura su control verticalista. Es, además, excluyente de los gobiernos estatales y municipales, de las organizaciones sociales y comunitarias y prescinde, incluso, de las propias dependencias del gobierno federal que han visto menoscabadas sus atribuciones para el nombramiento de sus representantes en las entidades federativas en favor de los superdelegados, a la vez que varias de ellas han debido jugar un papel testimonial en la ejecución de programas sociales que son de su competencia, arrebatada en favor de los servidores de la nación.

Pero además de ello, el estudio de los antecedentes de los delegados estatales del gobierno federal y los coordinadores regionales de programas para el desarrollo muestra un perfil netamente partidista. Se ha escrito mucho sobre quiénes son los superdelegados, baste decir que antes de ocupar sus altos cargos federales fueron candidatos postulados por el partido Morena o dirigentes de éste partido o de alguna de sus organizaciones aliadas. En lo que respecta a los 266 coordinadores regionales de programas para el desarrollo, habrá que añadir que las principales fuentes de su reclutamiento son la coordinación de las recientes campañas electorales del mismo partido (ejerciendo cargos de coordinadores, enlaces distritales o representantes electorales), con un 34%; las candidaturas a los diversos cargos de elección popular, con el 30%; el 20% proviene de diversos cargos de elección popular postulados por Morena (diputados locales y federales, alcaldes, regidores); en tanto que una décima parte integra las estructuras de dirección partidaria.

Se puede afirmar que los delegados estatales y los coordinadores regionales de programas para el desarrollo intercambiaron su designación o cargo partidario por un nombramiento oficial que los convirtió en servidores públicos federales de alto rango, sin que mediara ningún procedimiento que asegurara, con un sentido institucional, su idoneidad para el cargo, su habilitación legal, conocimientos y nivel académico necesario.

Las organizaciones sociales y civiles, los especialistas y el personal capacitado en la ejecución de políticas de desarrollo social enfocadas a apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los productores agrícolas y ganaderos, a los estudiantes, a los pequeños comerciantes o pequeños industriales, entre muchos otros sectores, que después de años de labor acumularon pericia y experiencia especializada y focalizada, quedaron desplazados con el argumento, repetido muchas veces por el propio presidente de la república, de evitar intermediarios en la entrega de los apoyos. Para éste, los únicos intermediarios válidos son los servidores de la nación que él designa y maneja. Todo indica que el amiguismo y el compadrazgo fueron los criterios de integración de esta costosa estructura burocrática, mezclados con la fidelidad en grado de incondicionalidad respecto de quienes ocupan los escalones superiores de la misma.

Es a través de esta estructura que el Gran Benefactor descrito por María Amparo Casar está canalizando los dineros de los programas sociales del gobierno federal. A los 7 programas sociales que la autora contabilizó se deben añadir 4 adicionales que también manejan los servidores de la nación: Crédito Ganadero a la Palabra, con 4,000 millones de pesos; Programa de Mejoramiento Urbano, con 8,000; Programa Nacional de Reconstrucción, también con 8,000; y Producción para el Bienestar, que tiene presupuestados 9,000 millones de pesos más. Añadidos a los 191,000 que la autora había detectado, la suma alcanza la cifra de 220,000 millones de pesos tan solo en este ejercicio fiscal.

En la ejecución de estos presupuestos no prevalece una administración que racionalice y supervise la labor censal y la entrega de beneficios y apoyos mediante tarjetas bancarias u órdenes de pago. No hay reglas de operación que garanticen apego al objetivo del gasto presupuestal, los servidores de la nación recorren las localidades y visitan los domicilios del país decidiendo sobre el terreno, bajo las órdenes de sus coordinadores, a quién enlistan y a quién no en los padrones de los distintos programas. Dichos padrones de beneficiarios, hasta hoy ocultos por las autoridades, guardan de seguro muchas historias de exclusión, de simulación, de arbitrariedades y de corrupción en el manejo de los apoyos, las que se conocerán cuando se publiquen y se les apliquen las correspondientes auditorías.

Todo ello por una meta que desentrañó Casar: 23 millones de beneficiarios-votantes afines y agradecidos con el gobierno de Morena, agrupados en un masivo caudal electoral que podría representar la mitad de la votación en las elecciones intermedias de 2021.

Los servidores de la nación levantan el Censo del Bienestar y entregan los apoyos a los beneficiarios, al tiempo que llevan a cabo una incesante promoción personalizada en favor del presidente de la república y de sus propios coordinadores estatales y regionales, quienes en su momento se convertirán en los candidatos a gobernador, a diputados y a alcaldes que en el futuro postule el partido Morena.

En las visitas domiciliarias y en los mítines políticos que realizan en escuelas públicas, en auditorios municipales o ejidales, los servidores de la nación declaman que van de parte del presidente, que éste otorga a la población necesitada su apoyo económico y piden a los beneficiarios a agradecerle la atención al titular del ejecutivo. Lo anterior se puede ver desde la vestimenta: en todas sus actividades aparecen ataviados con chalecos de color café claro que llevan estampado el nombre de López Obrador en el pecho, el que también aparece en sus mochilas y gafetes de identificación.

Al respecto se debe tener presente lo que dicta el artículo 134 de la Constitución Política de nuestro país: los recursos de que dispongan los servidores públicos en virtud de su cargo se deben emplear con eficiencia, honradez, de conformidad con planes y programas de trabajo y con fundamento legal. A la vez, su uso debe ser neutral, es decir, no debe favorecer a partido o persona alguna, además de que está prohibido el que la propaganda gubernamental de cualquier tipo realice promoción personalizada de un servidor público.

A despecho de lo que ordena el texto constitucional, los servidores de la nación efectúan un operativo electoral del gobierno federal, que incurre de entrada en 2 violaciones a la Constitución: 1) el uso indebido de los recursos públicos, vulnerando el principio de imparcialidad del servicio público, y 2) la promoción personalizada de los servidores públicos.

A través del despliegue de los servidores de la nación,su indumentaria y su discurso, el gobierno federal hace una propaganda que ni es institucional ni tiene fines informativos, educativos o de orientación social. Tal propaganda viola la prohibición de incluir el nombre del servidor público, en este caso el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es también propaganda personalizada la exhibición de los superdelegados y de los coordinadores regionales en reuniones de entrega de apoyos gubernamentales, las que se convierten en mítines políticos en los que se les agradece y ensalza tanto como a los fines de la 4a. Transformación. Con esta mecánica se les da a conocer y se les posiciona favorablemente en la opinión de un mercado político cautivo constituido por los beneficiarios o los aspirantes a serlo.

Los servidores de la nación son una estructura apartada de lo que ordena la Constitución, porque ha sido concebida con el verdadero propósito de hacer una vinculación directa de los programas sociales y de sus cuantiosos recursos presupuestarios con la exaltación de la figura presidencial y la de los superdelegadosy los coordinadores regionales.

Junto a lo anterior, se debe afirmar que la concentración de todos los programas sociales en la operación de una sola estructura de naturaleza ejecutiva, como la descrita arriba, contradice también el artículo 90 constitucional, pues incumple con lo que se podría llamar el espíritu competencial de la administración pública, consistente en distribuir las atribuciones del poder ejecutivo entre las distintas secretarías de estado. En virtud de ello, éstas tienen competencias específicas que se desarrollan con detalle en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley en la que nadie encontrará la denominación servidores de la nación.

En resumen, el Gran Benefactor es un monstruo de 18,000 cabezas, dirigido desde el Palacio Nacional por el mismo presidente de la república. Con una cuantiosa nómina de más de 3,200 millones de pesos al año, esta ilegal estructura es la encargada de cortejar a la población necesitada de México, al ritmo de 220,000 millones de pesos cada año.

Miles de manifestantes marcharon este domingo en Ciudad de México para protestar por las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su presentación del Primer Informe de Gobierno.

"Nos estamos reuniendo para manifestar la disconformidad respecto a la forma en cómo se están conduciendo las decisiones que el gobierno está tomando para el país", dijo Homero Velázquez, cofundador del grupo civil Chalecos México, uno de los grupos organizadores de la protesta.

La protesta arrancó en la capital de México a las 11:00 hora local en el icónico Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma, congregando alrededor de 3,000 personas que se dirigieron hasta el Monumento de la Revolución.

A lo largo de la protesta, que se realizó de manera pacífica, se escucharon consignas como "Fuera López" y "México, México".

Y también se leyeron pancartas donde se pedía la renuncia del mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y otras que denunciaban que el mandatario es un "peligro" para el país.

Velázquez explicó que en la marcha participaban una decena colectivos, entre estos Futuro 21, una nueva plataforma opositora de López Obrador y conformada por miembros del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), de otros partidos y de figuras de la sociedad civil.

Indicó que la finalidad de esta concentración es velar por "la defensa del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y la defensa del progreso de México".

Consideró que los "datos duros" reflejan que las políticas de López Obrador "no están funcionando", especialmente en materia económica.

En un sentido muy similar se posicionó también la manifestante Doris, quien dijo que la ciudadanía está "harta" del "autoritarismo" de López Obrador.

"No escucha al pueblo. (...) Es un mal gobernante y no sabe gobernar, se le está yendo el país de las manos, sobre todo en la inseguridad", apuntó.

Otro protestante, el empresario Sergio Durán, explicó que el país "está parado", especialmente en materia económica, y clamó por un cambio de gobierno porque "el pueblo ya no aguanta".

"Estas movilizaciones que estamos haciendo (que nos permitan) tener más fuerza, y no permitir que lleve a la quiebra a este país", concluyó.

¿Qué ha ido mal? La austeridad devino en un recorte brutal a derechos sociales, estancias infantiles, hospitales con retraso en la llegada de medicamento y materiales por el obsesivo control de la Secretaría de Hacienda; riesgo de clientelismo con la estructura de los servidores de la nación; programas sociales operados con mínimas o sin reglas de operación claras; pasamos de un crecimiento económico mediocre (2%) a un estancamiento (0%); un presidente que desalienta las inversiones con sus discursos y con las ocurrencias de su partido o de la coalición que lo llevó a la Presidencia de la República. La corrupción está siendo combatida más por voluntad del fiscal que por un compromiso de la Presidencia con el Sistema Nacional Anticorrupción y las instituciones que lo componen; escándalos que no han sido atajados por el presidente como la Ley Bonilla. Y, en seguridad, es en donde hay muy poco que presumir, utilizando el eslogan del mandatario. La violencia toca sus niveles más altos, las mascares son moneda corriente, la Guardia Nacional juega a la improvisación, no hay una estrategia clara y los militares no saben cómo reaccionar ante los mensajes contradictorios de la Presidencia.

2020 es el año en donde sólo los resultados hablarán de la gestión del presidente. El peñanietismo o el neoliberalismo que, en este momento son los grandes culpables de los problemas que agobian al país, lentamente dejarán de ser adversarios rentables. El presidente y su gobierno tendrán que medirse consigo mismos y con las expectativas que crearon: un México menos violento, menos inseguro, menos desigual, menos pobre, menos corrupto.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 30 de agosto de 2019).

2 indicadores malos: el nulo crecimiento económico y los embates contra instituciones del estado. Nadie puede festejar el crecimiento cero, pero sabemos dónde está el atorón y que tiene solución. Igual el embate contra instituciones del Estado, particularmente la CNDH es muy preocupante, pero hasta ahora no ha pasado del esgrima verbal. Hay 2 muy malos: el aumento de la inseguridad y la escasez de medicamentos que, independientemente de las razones de uno y otro, resultan intolerables: cuando se trata de vidas humanas no hay ahorros ni novatez que lo justifique. El desabasto del sector salud ha sido criminal; la falta de una política certera de seguridad (que hasta ahora no va más allá de reunirse todas las mañanas) y la mala operación de la Guardia Nacional, es el déficit mayor de este gobierno.

El presidente, ante las cifras trimestrales medidas y expuestas recientemente, donde tuvimos un crecimiento inexistente, nulo o del 0.0%, anda afirmando una barbaridad. Eso no importa, dice. No se olvida, 1o. hubo prometido un 4% de crecimiento económico y un 2% después, con ello significando su trascendencia. Ahora, lo relevante es el desarrollo y según él, la redistribución más justa del ingreso dizque ya existente. ¿Cuál desarrollo? ¿Ha creado algo valioso de infraestructura? ¿O algo inteligente por parte de las empresas públicas? Desarrollar es mejorar, no empeorar. ¿Alguna idea seria para volver al pobre más rico? Ni siquiera eso en un gobierno supuestamente de izquierda.

Destruir experimentados programas sociales, pero siempre perfectibles, a lo loco, por una entrega directa e indiscriminada de efectivo por partidarios, ya está puesta en duda por su ineptitud e ineficiencia. Digo, yo he dicho siempre, se podría hacer dicha entrega en transferencia electrónica, a través de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero vinculada con las ganancias de las empresas del gobierno federal y de una forma institucional como debe ser y como una deducción opcional. De alguna manera sin quebrar las empresas de todos. Todos los mexicanos accionistas. Con derecho a voz y con todas las reglas de las minorías.

Pero estas entregas de dinero no solo van con la directa la imagen del presidente, además de ser por supuesto dádivas a cambio del voto, ya se quejan los supuestos beneficiarios y ya se detectaron fraudes. No es una intriga descubrirlo. Por eso andamos en campo minado. Vamos caminando por un un lugar donde no se puede ver lo pisado.

¿Qué es el crecimiento económico? A mi entender, mayor flujo de movimientos económicos sin obedecer a políticas inflacionarias provocando dinero a lo artificial o restándole. Ya sea de inversión pública o privada. Ese es el crecimiento económico a mi ver: Transacciones.Transacciones legítimas. Unas no registradas, pero lícitas, también las amorfas y las ilegítimas y de plano las delincuenciales, pero sin aportar al fisco.

En este país tenemos crecimiento demográfico, quizá por algunos criticable por ser poco, quizá por otros envidiable, pero existe. Las transacciones nos tienen que alcanzar para todos. Estamos detenidos. Independientemente del tamaño demográfico, el 0.0% ya de por sí es un retroceso a corto plazo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le tiene confianza al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, luego de que fue señalado por ser propietario de al menos 23 casas de lujo.

"Yo estoy seguro que Bartlett va a informar, todos tenemos la obligación de informar, yo le tengo confianza al licenciado Bartlett", señaló.

Hace 2 días el periodista Carlos Loret de Mola señaló en una columna que Manuel Bartlett construyó un "imperio inmobiliario" con casas ubicadas en las zonas más caras del Valle de México.

Sin embargo, el titular del ejecutivo no dio importancia a esta información porque consideró que proviene de los conservadores, de los mismos que "no quieren que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, los que no están de acuerdo con la austeridad republicana, son opositores, pero todos tenemos la responsabilidad de informar".

Manuel Bartlett llegó a cuestas, y contra todo pronóstico, al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. No sólo por su edad -tiene 83 años-, sino por su conocido protagonismo y poca experiencia en el sector energético, fue que apenas se anunció su nombramiento como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las calificadoras de riesgo alertaron sobre un cambio radical en la conducción de la empresa y los analistas de bancos de inversión como Barclays lo consideraron "una mala señal".

La misma Tatiana Clouthier declaró a los medios que "había mejores candidatos" para ese puesto. Tras las declaraciones de la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador y la andanada de tuits que recibió en las redes sociales, Bartlett se dejó ver de cuerpo entero: "Son descalificaciones estúpidas", "son bots, son una minoría", dijo el entonces senador del Partido del Trabajo.

Una de las primeras acciones que anunció Bartlett tras ser propuesto como director de la empresa productiva del estado fue "rescatar" a la CFE y reducir las tarifas eléctricas, así como condonar más de 43,000 millones de pesos de adeudos a los usuarios del servicio en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador y donde él tiene su propio imperio de propiedades: su padre fue gobernador del estado y su familia posee decenas de inmuebles y terrenos a lo largo y ancho del "Edén".

En febrero, Bartlett enumeró una larga lista de exfuncionarios del sector energético que a su parecer contribuyeron al "deterioro" de la compañía al "apoyar" a empresas extranjeras tras su paso por el sector público. Mencionó a José Córdova Montoya, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Georgina Kessel y Yordi Herrera, quienes supuestamente "beneficiaron" a firmas privadas con contratos "leoninos".

Así fue como desató su mayor crisis, luego de que intentó iniciar arbitrajes internacionales contra cuatro empresas constructoras y operadoras de gasoductos, entre ellas una de origen estadounidense, una canadiense y otra más propiedad de Carlos Slim, con lo que se atizó la crisis de confianza entre los inversionistas extranjeros y nacionales.

Fue entonces que tuvo que intervenir el presidente y de la mano de los líderes de las cúpulas empresariales y de Carlos Slim logró un acuerdo. En su discurso en Palacio Nacional, el martes, el magnate mexicano no agradeció a Bartlett, quien más que ayudar a destrabar el conflicto era visto como un "dinamitador" de los acuerdos.

La escena trágica de Bartlett, aquel martes, fue magnificada con la publicación de un reportaje de Carlos Loret de Mola y Areli Quintero, en el que lo dibujan de cuerpo entero: 23 lujosas casas en las zonas más exclusivas de México cuyo valor comercial es cercano a 800 millones de pesos.

"Y se quedaron cortos", dice una persona que conoce desde hace años a Bartlett.

Los hijos de su pareja, Karla y Julio de Regil, son socios y dueños de antros como el M.N. Roy de la colonia Roma y del exclusivo complejo de 11 hectáreas Zamna Tulum. Sus cuentas de Instagram los delatan: como juniors, se la pasan en los más exclusivos destinos del mundo.

Según fuentes de la CFE, también han integrado a funcionarios a la empresa. Para ser precisos, 18 personas en la dirección de administración y en el SUTERM.

Así las cosas, los bonos de Bartlett en el gobierno de la 4a. Transformación están como tiene Fitch a los de Pemex: en estatus de chatarra.

Por si fuera poco, en la parte política el ascenso del grupo del ahora gobernador Miguel Barbosa en Puebla significó el fin de sus aspiraciones por recuperar el control de la entidad que gobernó en la época de los 90; esto a través de su sobrino político Rodrigo Abdalá Dartigues, quien todavía se desempeña como superdelegado del gobierno federal en la entidad.

De hecho, en Puebla tienen la seguridad de que durante el proceso electoral de 2018 Bartlett operó en favor de Martha Erika Alonso y en contra de los candidatos de Morena, al grado de convencer al propio presidente López Obrador de bajar en aquel entonces de la candidatura morenista al exrector de la Universidad de las Américas Puebla, Enrique Cárdenas.

En los cálculos del también ex secretario de Gobernación, Cárdenas sería un candidato con mayores posibilidades de victoria ante la aspirante panista, lo que permitiría mantener durante 6 años al sobrino de Julia Abdalá, su pareja, como único representante del obradorismo en la localidad poblana.

Por extraño que parezca, la suerte de Bartlett Díaz quedó también marcada por la caída del helicóptero del ex gobernador Rafael Moreno Valle, suceso que a la postre terminó debilitando su posición dentro del equipo cercano al presidente y, de paso, sus opiniones sobre el adecuado desarrollo del mercado eléctrico.

Otra de las funcionarias que está perdiendo fuerza en el gabinete es Rocío Nahle, la secretaria de Energía que ayer tuvo que invitar a Carlos Slim a sus oficinas para postearlo en redes sociales sin más noticia que la visita del multimillonario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso de una niña quien habría perdido la vida por el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", y, en su caso, castigar a quienes resulten responsables.

En su conferencia de prensa, se pronunció por esclarecer este caso y detectar si hubo negligencia médica por la escasez del medicamento metotrexato para la afección oncológica, pero pidió "ser muy objetivos en estos casos y no mentir ni crear campañas de desprestigio".

El mandatario señaló que detrás del retraso en la distribución de medicamentos está inconformidad de los vendedores “porque se pasaban” antes con los precios.

"No vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder", expresó.

López Obrador recordó que el año pasado se compraron 90,000 millones de pesos en medicamentos, 70% de los cuales procedieron de 3 empresas, lo que evidenció las prácticas de corrupción.

"Por ese influyentismo se está investigando a las empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos, (...) es un asunto complejo porque se pagaban de más, se robaban el dinero y había una gran corrupción", insistió el jefe del ejecutivo federal.

Este jueves, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ofreció una disculpa a los padres de los pacientes con cáncer y reafirmó el compromiso del gobierno federal para evitar que falten medicamentos para el tratamiento contra esta enfermedad en los hospitales.

"Soy sensible a sus demandas y si me expresé mal en otro momento, hoy reitero mi más profundo respeto a su lucha diaria contra el cáncer", dijo a los padres de familia.

Hasta ahora, han ido avanzado en juzgados las suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía, como parte de la estrategia legal de un colectivo de ONG llamado #NoMásDerroches. El presidente López Obrador se ha mostrado muy enojado con esos obstáculos a su aeropuerto. Tan enojado que raya en lo errático. Primero se quejó de que todo se esté haciendo por la vía legal. Vaya, vaya. Luego dijo que exhibirá los nombres de quienes están detrás de los amparos. Pero no son anónimos. Añadió que publicaría quiénes eran los jueces. También se sabe. Y más recientemente amagó -a la Donald Trump- con declarar a su aeropuerto un asunto de seguridad nacional para que se haga su voluntad.

Es muy importante que los expedientes que están armando estos organismos de la sociedad civil estén muy robustos, para que no se caigan por deficientes y para que no se pueda pretextar que por eso no ganaron.

Porque si están bien armados, el poder judicial, y en particular su cabeza, el ministro Arturo Zaldívar, serán puestos a prueba para mostrar su autonomía e independencia. Otra vez.

Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más torpe porque no el día no tiene más horas, ni luce más ignorante, porque prefiere guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país, y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado, con el escarnio masivo de las redes sociales. El gobernador le dijo al presidente una mentira sobre la masacre del martes en Coatzacoalcos, y el presidente la repitió al país desde Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el gobernador, por su incapacidad de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político, y lastre para López Obrador. Pensar en un proceso de destitución en el Congreso, debe ser una opción.

Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna permanente con el fiscal Jorge Winkler, que se ha trasladado a la falta de colaboración entre él y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador, respaldado por el presidente, pese a haber sido destituido en 2016 en la procuraduría de Nuevo León por presunta extorsión. El dislocamiento del gobierno tiene a la violencia como su principal externalidad.

El descontrol que tiene el gobernador en el estado no puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la comunicación política. Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz García, y proporcionarle información fidedigna a López Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de prensa, el presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre había sido puesto en libertad por la Fiscalía de Winkler. Documentos que se hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del presidente, revelaron que fue la Fiscalía General la que puso en libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.

Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una verificación en las bases de datos policiales, devolvió en la calle a quien presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como aparente represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, "Caballo Blanco", no vendían productos con el sello del CNG. 4 días antes, el 24, de acuerdo con el portal e-veracruz.mx, el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.

Tras el secuestro del dueño del "Caballo Blanco", la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CNG. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales, podría haber visto que la suma de los 2 eventos anticipaba que habría una reacción criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha vuelto en campo de batalla de los cárteles de la droga.

El estado es ingobernable. Los empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Sólo en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había desaparecido entre 30 y 40% del sector productivo, ante la exigencia del derecho de piso. García no ha hecho nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.

La violencia se ha extendido, y la procuración de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el presidente. García se ha convertido en un lastre para López Obrador y lo está arrastrando políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a subir por el cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele en un estado problemático no le funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena, lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada de López Obrador.

El presidente López Obrador anunció ayer un acuerdo con las principales empresas constructoras y operadoras de gasoductos. Era importante para mandar el mensaje de que el gobierno mexicano respetará los contratos. Sin esta certeza, difícilmente se habrían realizado nuevas inversiones en México.

Carso Energy, IEnova (de Sempra Energy) y TC Energía (TransCanada) fueron las empresas que llegaron a acuerdos. La 1a. consecuencia será la liberación del gasoducto del sur de Texas a Tuxpan. La Comisión Federal de Electricidad ha señalado que "este gasoducto apoyará a la industria nacional con 1,040 millones de pies cúbicos diarios (40% del total) en las regiones golfo y centro del país, con posibilidades de llevarlo a la península de Yucatán". IEnova ha informado que la CFE "proporcionará los apoyos que correspondan para lograr el reinicio de operaciones del gasoducto Guaymas-El Oro". No se ha logrado un acuerdo todavía con Fermaca, que tiene 2 segmentos de gasoductos en Aguascalientes.

El mensaje es positivo. Un país en el que se violan impunemente los contratos no puede generar inversiones. Pero cuando se revisan los términos de los acuerdos es inevitable pensar que el ejercicio fue una pérdida de tiempo.

Gonzalo Monroy, de la consultora GMEC, señala en entrevista que con el acuerdo la CFE terminará pagando más por el gas que con los contratos originales. Es verdad que "bajan las tarifas entre 10 y 15%", pero se alarga el tiempo de la concesión de 30 a 35 años y, sobre todo, se nivelan los pagos a lo largo de la vigencia del contrato. Los acuerdos originales consideraban pagos pequeños en un principio que se elevarían con el tiempo; ahora serán todos iguales.

Carlos Slim, de Grupo Carso, declaró ayer que "la renta pareja a lo largo del plazo, nos permit[e] financiar más proyectos..., hacer mayores inversiones". Efectivamente, Carso y las demás empresas tendrán un mejor flujo desde el principio y esto les dará un mayor ingreso, que se podrá usar para invertir... o para cualquier otra cosa. La baja de la tarifa es poco relevante ante la nivelación de pagos. No sorprende que ayer se hayan disparado las acciones de las empresas de gasoductos.

Ya el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa había señalado en su entrevista con Proceso que "es preocupante que alguien que dirige una empresa de electricidad no entienda el concepto de valor presente". Quizá un curso de 1er. año de Economía en el ITAM ayudaría a subsanar este desconocimiento. Siempre es mejor recibir dinero hoy que en el futuro; esa es la base del concepto de valor presente. Al nivelar los pagos en 35 años, la CFE obtiene un ahorro nominal de tarifas, pero un costo real mayor.

Es mejor tener un mal acuerdo que mandar el mensaje de que el Estado mexicano no respeta los contratos. También es importante que empiece a fluir el gas del sur de Texas, que el ingeniero Slim calificó correctamente como "el más barato del mundo". El gas, además, va a sustituir al diésel y al combustóleo, mucho más contaminantes. Mientras el gobierno mexicano siga impidiendo la producción de gas por fracking en nuestro país, la importación de Texas será nuestra mejor opción.

Lo que no tiene sentido es haber pasado por esta peligrosa renegociación solo para salir con un acuerdo más caro. Quizá es un buen momento para que los funcionarios tomen clases de Economía y aprendan a calcular el valor presente.

En el caso de los padres de hijos con cáncer, y de su protesta por la falta de medicamentos para ellos, no caben ni la indiferencia ni la demagogia del gobierno. Estamos en presencia de un crimen causado por la omisión, la negligencia, la mala administración. Y no es posible ya culpar a los colaboradores del presidente, como se hacía en los pasados tiempos: al presidente mismo se debe responsabilizar de este atentado cometido igualmente en otros campos de la salud pública donde la errática política de austeridad decretada por López Obrador ha provocado carencias y desabastos de todo orden. "Los pobres primero", predicaba el entonces candidato en sus campañas. Y, en efecto, son los pobres los que primero están sufriendo las consecuencias de un régimen fincado en la voluntad de un solo hombre y en sus cotidianas e imprevisibles ocurrencias.

El 1er. fracaso que salta a la vista -de los mensajes oficiales del 1er. Informe de Obrador-, es precisamente el eslogan del mensaje.

¿Por qué?

Porque si bien es un eslogan coloquial que exalta los supuestos logros sexenales, también es cierto que, sin ningún problema, es utilizado para exhibir, aún con mayor fuerza, los fracasos del presidente.

Peor aún, el mensaje resulta un feo contrasentido cuando se cambian 2 palabras y se dice: "¡no es para presumir el fracaso de Obrador!", en alusión a los muchos fracasos del gobierno en turno.

Pero obliga preguntar. ¿Dónde están los fracasos de Obrador?

La lista es infinita, al extremo de que no faltamos a la verdad si decimos que en los primeros 9 meses del gobierno de Obrador no existe un solo acierto.

¿Lo dudan?

Es un fracaso, por ejemplo, la seguridad y la lucha contra el crimen en sus muchas caras y en todo el país. ¿Por qué? Porque en los primeros 9 meses llegaremos a 26,000 muertes violentas, según el diario digital @ContrapesoC , lo que significa más de 100 muertos diarios.

2.- Es un fracaso el gobierno de AMLO por la epidemia de feminicidios incontenible y que, con mayor incidencia, se cometen en gobiernos estatales y municipales de Morena. Hoy el feminicidio se elevó casi 50% respecto al gobierno de Peña.

3.- Es un fracaso el gobierno de Obrador porque el secuestro en todo el país muestra cifras alarmantes a la alza, lo que significa que los plagiarios entendieron que el de López Obrador es un gobierno de impunidad.

4.- Es un fracaso la Guardia Nacional ya que se trata de un grupo castrense al que nadie respeta y de cuyos efectivos todos se burlan. ¿Y por qué el fracaso y la burla? Porque mientras el presidente Obrador empodera al crimen y al narcotráfico, prohíbe a los efectivos de la Guardia Nacional el uso de la fuerza. Es decir los condena al papel de caricatura.

5.- Resultó un fracaso y una burla la lucha contra el huachicol. ¿Y por qué fracaso y burla? Porque según los informes de Pemex, en los primeros 9 meses de gobierno se multiplicaron por 3 el número de tomas clandestinas, no sólo de gasolina sino de gas, además de que la compra de 500 pipas fue una mentira descomunal.

6.- Es un fracaso la creación de empleos al extremo de que las Afores se quedan en ceros a causa del desempleo general. En el sexenio del gobierno de Peña se crearon 4 millones de puestos de trabajo y en el de AMLO se han perdido casi un millón de empleos. Así el tamaño del fracaso.

7.- Es un fracaso la promesa de bajar el precio de la gasolina y el gas. Pero al fracaso de las promesas se suma el alza en el precio de los combustibles, al extremo de que todo fue una ofensiva mentira de Obrador.

8.- Es un fracaso el crecimiento económico. Y es que según el INEGI la economía mexicana vive el peor estancamiento en más de una década y la recesión está a la vuelta de la esquina. El crecimiento del PIB es 0.0%.

9.- Y es tal el fracaso de la política económica de Obrador que se tradujo en el peligroso retroceso -y desempleo masivo-, en "industrias motor" como la automotriz, la turística y la industria de la construcción, además de un peligroso estancamiento en la inversión foránea y la pérdida de confianza en México, como destino de inversión.

10.- Es un fracaso la democracia en el gobierno de AMLO. ¿Por qué? Porque hemos perdido libertades como la de expresión, porque van 17 periodistas muertos, en sólo 9 meses de gobierno; porque también han muerto los contrapesos, porque Morena promueve leyes regresivas como la "Ley Garrote"; porque desapareció la "división de poderes", al extremo de dar luz a leyes nada democráticas como la "Ley Bonilla" y porque los poderes legislativo y judicial están sometidos a la dictadura de Obrador.

Y el mayor fracaso de todos -y el de mayor costo-, es que ya no existe presidente en México; existe un dictador.

¿Para eso quería Obrador ser presidente?

Tras una revisión al padrón de los centros de trabajo en Jalisco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se encontró un caos.

Se oculta el domicilio de las empresas o tutores que capacitan a los becarios; hay registros que se repiten, como "Paletería La Michoacana" y "Paleteria (sin acento) La Michoacana"; y otros sólo contienen el Registro Federal de Contribuyentes o no se completa el nombre, como "Ayuntamiento", sin especificar a cuál se refiere.

En la entidad están documentados 4,261 centros de trabajo, que capacitan a 18,578 jóvenes (reciben 3,600 pesos mensuales provenientes del gobierno federal). De esos espacios, destacan 1,112 personas físicas, pero la información que proporcionan impide saber las actividades que realizan o que verdaderamente existan.

Las anomalías detectadas por esta casa editorial coinciden con otra investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ayer reveló que se mantiene la opacidad al tener un padrón con "información improbable, incompleta y no verificable".

María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización, detalló que se halló que todos los días se inscribió la misma proporción de hombres y mujeres, y la escolaridad de los becarios también se mantuvo constante.

Otras fallas fueron personas físicas, incluso diputados federales (como "María Teresa López Pérez"), que se inscribieron como centros de trabajo.

"La información no se puede verificar, no hay datos o una dirección. No tenemos los elementos para decir que está fracasando, pero es un programa que se mantiene en la opacidad... y para que no fracase es necesario tener los datos, evaluarlo, corregirlo".

Casar remató que en la investigación se revisaron 5,439 centros de trabajo de la Ciudad de México, de los cuales no se pudo obtener información en 2,881.

Entre las anomalías se encuentran la falta de pago, despido de empleados para sustituirlos con becarios, ausentismo, vínculo familiar de los beneficiarios con el espacio de trabajo y amenazas.

Principales hallazgos

- Un padrón atípico-inverosímil. Se observan patrones difíciles de creer.
- Prácticamente todos los días se inscribió la misma proporción de becarios, de hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades. Esto resulta difícil de creer.
- El patrón de evolución de los jóvenes vinculados es atípico: prácticamente lineal.
- La representación de género se mantuvo constante 1.36 mujeres por cada hombre. Salvo en 3 días, en todos los demás se inscribieron en la misma proporción.
- Otro patrón poco común es que la proporción de becarios por escolaridad es constante en el tiempo, de principio a fin. Lo mismo sucede con el perfil de los becarios por edad.
- La conclusión del estudio es que la información es improbable, incompleta y también inverificable.

Padres de familia bloquearon el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigieron tratamientos para sus hijos con cáncer, pues desde hace mes y medio no hay medicamentos como el Metotrexato. Canifarma ha dicho que Cofrepis tiene permisos pendientes.

López Obrador ha personificado, en estos meses, un pequeño melodrama. 1o. ofreció que se crecería al 4%. Pero cuando los expertos bajaron la estimación al 2%, se mofó de ellos y advirtió que él tenía otros datos.

Poco después, los bancos y las calificadoras bajaron, de nuevo, el pronóstico de crecimiento. AMLO respondió descalificándolos y reiterando la meta, pero ya no del 4, sino del 2%.

Luego, ante el fantasma de la recesión, AMLO festinó el crecimiento del 0.1%, estimado por el INEGI, para el 2o. trimestre, y señaló que sus adversarios se habían quedado con un palmo de narices.

El penúltimo episodio arrancó con una inusitada reflexión del presidente, que vale citar: junto "con el combate a la corrupción y la austeridad, se requiere que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente... ahora es importante que impulsemos el crecimiento".

La nota sorprendió a propios y extraños. El presidente reconocía, implícitamente, que las cosas no iban bien en la economía y precisó cuatro estrategias para impulsar el crecimiento. Ninguna de ellas, sin embargo, consideró una corrección de rumbo en temas capitales: NAIM, gasoductos, farmouts, Dos Bocas, Tren Maya, energías renovables.

En esas estábamos, digiriendo la 1a. autocrítica del sexenio -que algunos vieron con ojos esperanzadores-, cuando el INEGI hizo público que el crecimiento estimado del 0.1% no había sido tal y que los números definitivos arrojaban un crecimiento de 0.0%.

La respuesta del Presidente de la República queda allí para los anales de la historia: "Crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay más y mejor distribución del ingreso... Por eso no nos preocupa mucho el asunto".

En pocas palabras, el presidente volvió por sus fueros, reiteró que los expertos se equivocan y que la economía va muy bien. El sainete recuerda la fábula de la zorra y las uvas verdes.

En el imaginario de AMLO hay frases sintomáticas: "debemos producir lo que consumimos", "es mejor heredar a los hijos pobreza pero no deshonra", que nos hablan de su visión ideológica, y está también el mecanismo reiterado de responsabilizar a la mafia en el poder de los males que está siendo incapaz de solucionar.

Así que si en el mediano o largo plazo AMLO enfrenta una crisis de envergadura, optará -antes que admitir su error o responsabilidad- por una fuga hacia adelante.

Y en ese arrebato contará, sin duda alguna, con las facciones radicales de Morena que consideran que, hasta ahora, la 4T no ha cumplido sus objetivos esenciales, que exigen la depuración y expulsión de los moderados.

Mientras esos tiempos llegan, y los radicales están seguros que así será, ambos bandos velan armas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador vive atado al pasado. No es sólo que tenga una declarada nostalgia por el siglo XX. Es que ni la victoria de 2018 fue suficiente para que el tabasqueño dejara atrás rencores, se liberara del fardo de los agravios de las luchas de casi 3 sexenios. Tenemos un mandatario consumido más por la necesidad de presumir que al final ganó, inconsciente de la urgencia de que asuma plenamente la responsabilidad de gobernar.

Eso ha sido este año. Una kermés por la victoria. Mientras los opositores se esconden, mientras la clase política se achica a sabiendas de lo mucho que falló -corrupción y negligencia-, López Obrador campea sin que nadie se alce con un proyecto, sin que alguien proponga algo distinto al pasado prianista y al presente lopezobradorista.

Bajo es el nivel del gobierno si el titular del ejecutivo, incontenible por los suyos, despacha grosería hacia un exmandatario, hacia un excomandante supremo de las fuerzas armadas.

Las frases que el presidente AMLO dedicó a Calderón la semana pasada denotan que muchos meses después de su triunfo electoral el mandatario desconoce que el alcance de sus palabras ha cambiado, que ya no es el opositor en una plaza, sino la cabeza de una nación, la voz que debe hablar por los más sin descuidar a los menos, privilegiar lo que ayuda, callar lo que no suma.

¿Con quién pretende quedar bien el presidente López Obrador cuando señala: "no olvidemos -que esto no se dice- que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, en Apatzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco, es la Tierra Caliente de Michoacán, y va vestido de militar, se pone un chaleco -que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas- y ahí declara la guerra"?

¿A quién alimenta López Obrador al exacerbar así los ánimos?

La tragedia que vivimos merece contención de parte de todos. Demanda una narrativa que, antes que nada, recuerde de forma permanente que estamos ante decenas de miles de muertes, de víctimas de una guerra que por las más diversas razones ha enlutado a familias en todo el país.

Los gobernadores se quedaron sorprendidos. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, hablaba, daba números, datos, cifras en láminas de elementos del ejército desplegados en los estados: tantos a Guerrero, tantos a Coahuila, tantos a Puebla...

Resumía así el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio mexicano.

La sorpresa de los gobernadores fue porque esos números no coincidían con la realidad. Varios de los ahí presentes intercambiaron mensajes de texto en celular cuando salieron de la reunión, como para corroborar si a otros les había pasado lo mismo: ¿a ti ya te llegaron los elementos que dijo el general? No. A mí tampoco. Tampoco acá.

Los gobernadores no tenían los mismos datos. Lo grave es que los datos de los gobernadores son los que les suministra el mismo ejército a nivel local, es decir, en sus zonas y regiones militares, durante las reuniones de seguridad que se dan cotidianamente.

Es decir, los mandatarios estatales se quejaban que al interior de la misma Secretaría de la Defensa Nacional había datos distintos sobre el despliegue de la fuerza federal en el país, y que la realidad es que ese despliegue es mucho menor a lo que acababa de reportarles el general secretario Luis Crescencio Sandoval.

Sucedió en el más reciente encuentro entre el gabinete de seguridad y los mandatarios estatales, me cuentan varios de los asistentes.

En los chats de gobernadores, empezaron a circular anécdotas, según me relatan. Una de ellas se repitió en varios estados: los soldados realizan por la mañana labores de soldados, en sus uniformes habituales y todo; regresan al cuartel a comer, y para la tarde, se ponen su brazalete de Guardia Nacional y salen a la calle a patrullar. En la contabilidad del ejército, aparentemente, los cuentan doble: un soldado en la mañana más un guardia en la tarde, aunque en el fondo sea una misma persona, dedujeron los mandatarios estatales, tratando de encontrarle lógica a los datos del gabinete de Seguridad.

"También aquí tiene otros datos", bromeaban entre los gobernadores.

SACIAMORBOS

1.- "Tú tienes tache", le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, delante de otros mandatarios. El presidente recién había presentado en su conferencia mañanera la evaluación de confianza de las policías locales. Veracruz había salido fatal.

2.- En el spot sobre inseguridad con motivo del 1er. Informe, lo único que dice el presidente AMLO es que el gabinete se reúne todas las mañanas muy temprano. En efecto, lo único que puede presumir es que tienen una junta diaria. Los índices de violencia han empeorado y aquel diagnóstico en el discurso de los 100 días cuando el presidente dijo que ya habían logrado contener la violencia, ha quedado claro que, una vez más, no fue verdad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con los representantes de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo Coordinador Empresarial que han servido como mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, hoy podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario, se habrá conjurado.

López Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a anunciar el fin de las negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett en la última plática del miércoles, impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio, que iba a durar mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las negociaciones.

Para entonces, el presidente ya tenía encima las presiones de Estados Unidos y la información que le había dado su equipo de que no ganarían un litigio en los tribunales internacionales. Los miembros del Subcomité de Comercio del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, se lo plantearon directamente a López Obrador en Palacio Nacional, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también lo ventiló con el canciller Marcelo Ebrard durante su última reunión en la Ciudad de México. Previamente, la embajadora en Washington, Marta Bárcena, recibió llamadas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado donde le plantearon el tema y su pronta solución. Tras esas comunicaciones, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, el Estado más afectado por el impasse, le envió una carta al presidente urgiéndolo a resolver el problema. Además, la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días.

La declaración optimista del presidente de la semana pasada se fincaba en un encuentro que había sostenido con el mismo grupo días antes en Palacio Nacional, donde fue muy claro que a él sólo le interesaba ver el tema de las tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para llegar a ese punto ya habían logrado sortear una convicción equivocada de Bartlett. El director de la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era por servicio de transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder a la paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se hizo ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era la expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el presidente ha rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas que tendría para su gobierno.

Por insistencia del presidente, el tema central con todas fue el de las tarifas y la extensión de los contratos. De acuerdo con personas que participaron en las negociaciones, cada empresa planteó su propuesta de ahorro, nivelada a 25 años con posibilidades de extensión, con lo cual calculaban el ahorro, y se lo dijeron al presidente, de alrededor de 15%. El anuncio del jueves pasado reflejaría el éxito de la negociación, donde las 2 partes ganaban. Pero no contaban con Bartlett.

El director de la CFE decidió que lo que quería el presidente no bastaba, y el miércoles dijo que quería seguir discutiendo las cláusulas de fuerza mayor de los contratos. Lo que establecen los contratos es que las "fuerzas mayores" pueden durar hasta 2 años, tiempo en el cual la CFE debe pagar por el servicio de transporte de gas, y que si no se resuelven, se cancelan, pero no por decisión de la CFE, sino que es facultad de cada empresa.

Esa cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de Bartlett que eran contratos "leoninos", refiriéndose en particular al gasoducto Guaymas-El Oro, que cruza Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017, pero que antes los sabotajes de la comunidad yaqui dejó de operar en agosto. Los yaquis afirmaron que la empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les había informado los detalles de la obra, pero un juez desestimó el amparo al comprobar que sí les habían informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga de 4 meses a IEnova para seguir negociando con los yaquis para evitar la cancelación del contrato.

Las conversaciones jueves y viernes arrojaron avances y puntos de entendimiento con Bartlett, que les hicieron abrigar expectativas de éxito. Las empresas confiaban en que tras la reunión con López Obrador en su despacho, podrían limpiar el resto del camino, que era poco, y que se pudiera anunciar en la mañanera. Pero no querían anticipar nada. Con Bartlett, nada era seguro.

Ayer a mediodía comenzó el bombardeo. Los spots del presidente López Obrador a propósito de su 1er. Informe de Gobierno.

Y viene el spot. De traje y corbata, en los pasillos de Palacio Nacional, habla más rápido que nunca: "No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo: 16%, como no había sucedido en 36 años. Ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Los compromisos se cumplen".

Propongo otro spot. En 30 segundos resumo lo económico:

"No es para presumir: la economía está estancada. En el 2o. trimestre el crecimiento fue de CERO%. CERO. No han aumentado los empleos, no ha aumentado la inversión, la actividad industrial ni el consumo. Lo que sí aumentó fue el desempleo: en este sexenio se han perdido 70,000 empleos, algo que no había sucedido hace 10 años. Y a la gente humilde se le quitó lo poco que le daban los gobiernos anteriores y llevan meses sin recibir lo que les prometieron los nuevos. Por algo renunció el secretario de Hacienda".

Él tiene otros spots. En ellos, presume que ha subido el salario, pero el consumo está estancado. Suena raro.

También suena raro que siga presumiendo el éxito de la estrategia contra el huachicol, cuando las cifras de Pemex no reflejan un aumento en las ventas: entonces, ¿dónde está el combustible que supuestamente ya no se roban?

Sigue diciendo de los sueldos de 700,000 pesos mensuales: no se ha encontrado ni uno así.

Enarbola como logro que ya no hay avión presidencial. Pero éste sigue arrumbado, perdiendo valor cada minuto porque nadie lo compra. Y déjese que no hay avión: a este paso no va a haber aeropuerto.

Y festeja que ya no haya atención médica privada para los funcionarios, cuando lo que ha hecho crisis en esta administración es que no hay atención médica para los mexicanos más pobres: los recortes los han dejado sin medicinas ni doctores.

Al 1er. Informe, el presidente llega como campeón de los símbolos y la parafernalia, rey de las cortinas de humo y las frases pegajosas. Si dicen que al pueblo hay que darle pan y circo, la parte del circo está atendida. Pero de pan cada vez hay menos.

Para ser un presidente que habla de todo, que en sus conferencias de prensa ofrece desde recetas de cocina hasta reacciones a la supuesta resurrección de Juan Gabriel, sorprende que se le vea tan calladito frente al atropello de su amigo Jaime Bonilla en Baja California.

Comenzó la campaña rumbo al 1er. Informe de Gobierno de López Obrador y la 1a. frase de su video es "No es por presumir, pero..." y habla, claro, de lo que según él han sido los logros económicos de estos primeros 10 meses, entre los que destaca por supuesto la estricta disciplina fiscal: no ha habido más impuestos, no ha crecido la deuda, hay estabilidad macroeconómica, no ha subido la gasolina ni la luz y por el contrario subió el salario mínimo. Las focas aplaudirán sin pensar los datos del presidente y los críticos se irán a la yugular de López Obrador destacando igualmente datos aislados.

¿Cómo está realmente la economía mexicana? Nadie puede decir que bien, pues simple y llanamente no hay crecimiento y ese es el indicador primario. Si bien es cierto que este indicador no dice todo sobre la economía, si es el primero y básico. Es el equivalente a la temperatura en un paciente: si bien no explica la enfermedad, sí nos alerta de que algo no anda bien; puede ser una gripita o una infección generalizada. La economía mexicana está estancada, pero no desde que llegó López Obrador, sino desde hace 5 trimestres. Los 3 últimos de 2018 la economía ya daba signos de ralentización y los 2 primeros trimestres del 2019 han sido peores de lo esperado. ¿Tiene que ver con el gobierno actual? Una buena parte sí, pues si bien la inversión extranjera directa sí creció, la que está detenida es la inversión privada mexicana, fundamentalmente en construcción y minería, pero sobre todo la inversión pública, que esa sí es responsabilidad completa del gobierno. Si bien preocupa la falta de claridad en algunas políticas públicas lo cierto es que el problema económico tiene que ver en gran medida con la falta de experiencia del nuevo gobierno (cosa que tristemente sucede cada 6 años) y con algunos nubarrones de la economía internacional.

Nunca nadie ha tomado decisiones económicas por los discursos del presidente: nunca le hemos creído a ninguno y mucho menos a sus campañas publicitarias. Las campañas son para presumir, para fortalecer a la presidencia, no para analizar la realidad.

La paradoja estriba en que en el momento en que estamos, las continuas contradicciones y ambigüedades en el discurso del presidente son hoy por hoy el principal obstáculo a vencer.

Es importante comprender que el gobierno mexicano enfrenta un conjunto de factores que representan no sólo dificultades, sino auténticos elementos adversos que ponen en riesgo las propuestas centrales de la visión de gobierno del presidente López Obrador.

Por un lado, la violencia no cede; la apuesta por una Guardia Nacional que pacifique el país, acompañada de una nueva política social, implica que se verifique un supuesto enorme: que las personas delinquen mayoritariamente por ser pobres. Si esto no es así, entonces la estrategia implementada por el gobierno tendrá serias dificultades para reducir la violencia y la delincuencia; porque si es cierto que ni los expresidentes Calderón y Peña presentaron diagnósticos integrales sobre esta materia, lo es igualmente el hecho de que en esta administración tampoco se ha diseñado un diagnóstico convincente sobre la estrategia a seguir.

En 2o. término, la construcción de consensos requiere de interlocutores con legitimidad y liderazgo regional y nacional; pero atravesamos por la peor crisis de representatividad de los partidos políticos de nuestra democracia reciente; y ello imposibilita el surgimiento de voces con la autoridad suficiente como para disputar o al menos, exigir diálogo franco con el ejecutivo federal.

Por otro lado, las restricciones económicas se agudizan: la inversión productiva decae, el crecimiento económico de este año al parecer será nulo. No se tiene evidencia suficiente para evaluar el impacto de los nuevos programas sociales; la inversión extranjera sigue focalizada en los "sectores tradicionales", lo que impide un efecto general en la economía; la informalidad laboral crece y la protección social no vinculada al empleo sigue dispersa y con signos cada vez mayores de fractura.

A nivel internacional se enfrentan severas amenazas: entre las estructurales, se encuentra el cambio climático y el calentamiento global. Los monstruosos incendios en la Amazonia nos recuerdan los frágiles equilibrios de los ecosistemas, y nos mandata (sic) a actuar de inmediato en esta materia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a uno de sus temas favoritos, insultar periodistas. En esta ocasión le tocó a quien esto escribe, a quien llamó cretino por haber publicado una columna "El negocio de las Mañaneras", el lunes pasado, en donde se hacía referencia a que empresas estaban aprovechando el formato caótico que tienen sus conferencias de prensa matutina, para plantar preguntas, pagando 200,000 pesos a quien las formulara, para obtener del presidente una respuesta que apoyara sus intereses particulares. Fue un denuesto gratuito. No le faltaré el respeto a López Obrador, por la investidura presidencial, ni a Andrés Manuel, como individuo, porque los vituperios no son lo mío.

La ofensa la hizo el viernes durante su mañanera en Villahermosa. En la víspera le habían hecho la pregunta en Palacio Nacional, pero había eludido una respuesta directa. En esta ocasión no sólo la tomó sino que mostró su enojo, que es una apreciación subjetiva, y su desinformación, que es una apreciación objetiva.

"Decía un columnista que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200,000 pesos. A ver, a ver, a ver ¿cómo esta eso?".

Periodista: "¿Riva Palacio?".

Presidente: "Sí, Riva Palacio. Imagínense la falta de respeto, que además qué desfachatez. Eso no es cinismo, es cretinismo. Pero hay que respetar a todos, ¿no?".

Curiosa su forma de respeto. Pero veamos. El presidente acusó: "Decía un columnista que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200,000 pesos".

La diatriba del presidente es difamatoria porque es mentira. La columna mencionó que era una iniciativa de empresas, no de la Presidencia, y que López Obrador era ajeno a esos manejos.

Después de sus insultos, paradójicamente, quien esto escribe recibió más información sobre el tema: una contratista de una empresa paraestatal ofreció dinero para que le hicieran una pregunta al presidente, y pudiera conocer la posición de López Obrador sobre un tema específico de su mayor interés; un gobierno estatal también pagó para plantar otra pregunta para que al ventilarse públicamente el tema de su interés, pudiera desencadenar una serie de acciones de gobierno; y en otro caso, la crítica a una empresa la obligó a pagar desplegados en prensa para desneutralizar [?] los ataques.

La columna mostraba la vulnerabilidad del modelo de comunicación y sus riesgos, para que se pudieran hacer ajustes. Era un ejercicio normal en la prensa, alumbrar en donde se considera hay algo que debe observarse para corregirse. En los medios no se espera agradecimiento por lo que es su trabajo, pero tampoco una filípica. En cualquier caso, este momento no deja de ser parte de la picaresca matutina y del anecdotario profesional. Sin embargo, hay una variable preocupante.

Si el presidente decidió subirse a una locomotora y estrellarse contra un muro, con injurias sin el menor sustento y totalmente errático, la pregunta y duda es si así es como toma las decisiones que afectan la vida de 130 millones de mexicanos. Que insulte a un periodista o a alguna otra persona es, salvo personas relevantes, un pie de página, a lo más, en la crónica de su sexenio. Pero si resuelve políticas públicas o acciones estratégicas sin información y manipulado fácilmente por sus asesores, sí tenemos un problema como país por su no método de toma de decisiones. López Obrador mostró que le hierve la sangre y explota en retóricas violentas, sin tener datos ciertos. No es la forma como se deben tomar las decisiones, menos aún las de un jefe de Estado. Su responsabilidad requiere de eso, responsabilidad, lo menos que se le exige a un presidente.

Mientras Andrés Manuel López Obrador denuesta a los que escriben de su fallida compra consolidada de medicinas y su oficial mayor firma y firma acuerdos, el desbasto crece rampantemente.

La semana pasada el ISSSTE que maneja Luis Antonio Ramírez firmó las primeras órdenes de entrega, lo que hace suponer que en esta empezarían a fluir los medicamentos a sus centros.

De ahí en fuera, cero, como el crecimiento al 2o. trimestre del año. Y lo peor de todo es que a los genios de la 4T no parece importarles gran cosa el tema. No les apura nada.

La prueba es que de las cerca de 1,167 claves que sí se lograron fincar desde el 29 de junio (el resto, 1,923 se declararon desiertas) no se han materializado en órdenes de compra.

Y no se han concretado en buena medida porque las secretarías de Hacienda, de Arturo Herrera, y de Salud, de Jorge Alcocer, tampoco han sido capaces de emitir fallos para la distribución.

El 15 de julio la oficial mayor, Raquel Buenrostro, anunció 7 ganadores que se encargarán de abastecer los centros de salud en igual número de regiones en que se dividió el país.

Esas empresas fueron sometidas a auditorías para comprobar su solvencia técnica y operativa para asegurar la distribución, pero los resultados parece que no salen porque nadie sabe de fallos finales.

Respecto del 62% de las claves desiertas, desde el lunes 19 de agosto, Buenrostro y pupilos recibieron las ofertas, pero en esa misma semana salieron con el cuento de que querían otra cotización.

Quesque como hay ciertos medicamentos que requieren un tratamiento especial, pidieron una segunda oferta que considerara entrega a domicilio, es decir, directamente en los hospitales.

Las farmacéuticas hicieron el ajuste requerido y desde entonces, otra vez, los de la 4T tienen en sus escritorios las propuestas. Pero como las bases no los obligan a fijar fechas de fallos, pues...

En paralelo también desde el martes 20 de agosto Hacienda y Salud, tras un ríspido jaloneo con los laboratorios, tienen las posturas de unas 230 claves de medicinas de patente y de fuente única.

En una reunión el 25 de julio se dio un encontronazo entre una funcionaria del laboratorio estatal Birmex, que dirige Carlos Rello, y el dueño de la distribuidora Pentamed, Humberto Tello.

No tiene desperdicio porque adelanta la dura relación que habrá entre laboratorios y la 4T. Se amagó a éstos con que si no otorgaban descuentos serían desplazados por otros fabricantes extranjeros.

Y es que los del gobierno exigían descuentos de al menos 15% equivalente al costo de la distribución. Pero Tello les recordó que salir a comprar por la libre sin darles la 1a. opción, era ilegal.

Roberto Beltrán, director adjunto de la SHCP, salió a mediar el pleito casi al tiempo que Buenrostro se incorporaba a la reunión (llegó media hora tarde). Esta misma pediría también el 15% de descuento.

Luego de ese sainete, el gobierno fijó el 19 de agosto para recibir ofertas de medicamentos de patente, pero las difirieron un día y solicitaron que las mandaran con fecha 7 de agosto.

Acto seguido, al igual que como sucedió con las que se declararon desiertas desde el 29 de junio, volvieron a pedir se considerara entrega a domicilio. Ya las tienen en sus escritorios.

En síntesis: el IMSS que dirige Zoé Robledo no ha girado hasta ahora ninguna orden de compra al igual que otras instituciones de salud del sector público, excepto el ISSSTE, y a cuentagotas.

El desfase es ya de 3 meses. 3 meses en el que el desabasto se empieza a desbordar por todo el país. Esa es la realidad que los otros datos de AMLO le impiden ver.

Paco Calderón
(25 de agosto de 2019).

Aunque ya rebaso de lejos la edad para recibir la viejo-limosna, no me ha llegado porque como siempre están engañando al señor presidente, diciendo que ya todos estamos recibiendo. No es cierto y conozco a muchos veteranos que tampoco reciben, alguien se los debe estar carraceando.

La icónica diputada morenista Dolores Padierna repartió tenis pirata y una bolsita de dulces a niños, como final del curso de verano que su partido realizó en parques públicos. El curso, realizado a lo largo de 3 semanas bajo la tutela de militantes que invariablemente llevaban chalecos con distintivos del Movimiento de Regeneración Nacional, concluyó con porras que lanzaron los menores de entre 6 y 12 años a la morenista.

Ella, previamente, constató la entrega de otros apoyos directos para los niños que participaron en el curso (certificado médico y fotografía tamaño infantil, otros dos requisitos escolares) e hizo un recuento de todo lo que las familias recibirán gracias a los programas de la 4a. Transformación.

"Somos de Morena, yo soy su diputada de distrito", aclaró Padierna.

Este viernes, al parque Ignacio Chávez, ubicado entre las colonias Roma y Doctores (bastión de Padierna y su esposo, René Bejarano), arribó la camioneta Toyota con placas MUY-25-10 y cargadita, bien cargadita, de zapatitos, imitaciones de Vans y Nike. Todos los tenis son blancos, obvio, para cumplir los requisitos escolares. Los logos sobre ellos, en el empeine y en la suela del talón, lucen claramente como imitaciones. "Son piratas, pero si es regalado...", diría más tarde al respecto, para despedirse de sus amigos, una de las niñas beneficiadas.

La morenista Padierna desembarcó al parque paralelamente, con séquito y su bolsa (parecida a una Guess) y calzando unos tenis de doble plataforma que llamaron mucho la atención de la concurrencia.

Los tenis pasaron entonces de manos de La Lola (como se le conoce en el medio de la política nacional) a los chiquitines. Lista en mano, los fue llamando y los pequeños salieron de allí con tenis de su talla (incluso alguna mamá logró unos talla 24) y una bolsita de dulces.

Los promotores de Morena, portando su chaleco guinda, organizaron luego un gran aplauso para la connotada política y finalmente una porra. Las voces infantiles acompañan a los adultos en el "¡Chiquitibum a la Bimbomban, Dolores, Dolores, ra, ra, ra!".

Las masas que AMLO convoca en los pueblos que visita o en el Zócalo "desconocen la sed de la verdad y demandan ilusiones irrenunciables, para darle preferencia a lo irreal que actúa con la misma fuerza que lo real".

La llamada "nueva escuela mexicana" se ha venido difundiendo "a cuentagotas", como para írsela dosificando a la gente que sí sabe, y que ellos saben que ya iniciaron las lógicas protestas.

El 1er. paso que dio el secretario de Educación fue presentarla como "una educación humanista, integral y para la vida, que no sólo enseñe asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música y, fundamentalmente, civismo e inclusión".

Pero ya en las nada ágiles "mañaneras", se ha ido intercalando la clara intención dictatorial, de lo que pretende ser más un "adoctrinamiento" que una sana educación. Iniciando con la teoría de que las escuelas privadas sólo enseñen estrictamente lo mismo que las escuelas públicas, y a la burocrática manera de éstas. O sea, puedes ayudarle al Estado para hacer lo que éste no hace bien, pero no lo puedes hacer mejor, y mucho menos a la medida de tus deseos.

¿Qué pasó con aquello de que "quien paga manda"?

El producto interno bruto de México tuvo un crecimiento nulo del 0% en el 2o. trimestre del 2019 en comparación con el trimestre anterior, según cifras ajustadas por estacionalidad y divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado definitivo del PIB supone una disminución de 0.1 puntos porcentuales frente al dato preliminar publicado el 31 de julio, cuando se estableció que la economía había crecido un magro 0.1%.

Entonces, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el país había esquivado la recesión tras un 1er. trimestre en rojo, cuando el PIB de México se contrajo 0.2% frente al periodo octubre-diciembre, si bien el gobierno reconoció una desaceleración económica.

En el 2o. trimestre, las actividades terciarias avanzaron 0.2 % en tanto que las primarias cayeron 3.4 % y las secundarias un 0.2 % frente a los 3 meses anteriores, de acuerdo con cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), señaló el organismo en un comunicado.

En cifras originales, el PIB cayó un 0.8 % en el 2o. trimestre de 2019 respecto al mismo período del año anterior.

El decrecimiento del PIB se debió a la caída del sector secundario (-3 %) contrarrestada parcialmente por el alza del sector primario (1.4 %) y el crecimiento nulo del sector terciario (0 %), respecto al periodo abril-junio de 2018.

De esta manera, la economía mexicana creció apenas un 0.2 % en los primeros 6 meses del año, en cifras desestacionalizadas.

El Instituto también anunció este viernes que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que muestra la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo, creció en junio un 0.2 % respecto al mes previo.

A pesar de estas cifras, López Obrador ha sostenido en muchas ocasiones que la economía del país crecerá un 2 % este año y un 4 % en promedio anual durante su mandato, que concluiría en 2024.

Pero la mayoría de analistas han reducido las perspectivas económicas para México a lo largo del año y actualmente sitúan el crecimiento para 2019 en torno al 1%.

El gobierno mexicano anunció el pasado 30 de julio un plan para movilizar 485,000 millones de pesos para apoyar la economía e incentivar el consumo, una decisión que fue bien vista por buena parte del empresariado.

En los últimos 2 días, el presidente López Obrador parece ser otro. Como si hubiera escuchado la crítica. Y soltó 3 frases que rompen con su discurso habitual: sorprendió con que no tiene otros datos sobre la economía del país, prometió que no va a andar denostando gente sin pruebas y anunció que ya no va a seguir echando la culpa de todo a los gobiernos del pasado.

Para serles franco, no creo que dure mucho. Pero esa es mi expectativa. Ojalá que, por el contrario, sea una nueva tónica en la comunicación presidencial.

Así que abro la apuesta: ¿cuál será la vigencia de las siguientes frases? ¿cuánto tiempo pasará antes de que las contradiga con dichos y hechos?

Frase 1.- Antier al acudir a la convención de Banorte, despertó a la audiencia cuando declaró: "no basta con el combate a la corrupción y la austeridad, se requiere que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente, eso es lo que tenemos que procurar". Solía decir que con acabar la corrupción mejoraría la economía. Solía decir que la economía iba "requetebién". Frente a la desaceleración y estancamiento, que tenía otros datos.

Frase 2.- Ayer en la mañanera de Palacio Nacional expresó: "no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan, entonces sí. Pero ya es nuestra responsabilidad". Atrevida apuesta política. A mi gusto, el presidente es responsable de la parálisis económica que sufre el país, pero frente al problema de la inseguridad creo que puede recibir algunos meses más de gracia considerando cómo recibió las cosas.

Frase 3.- En otro momento de la mañanera de ayer dijo: "no se puede acusar por acusar, menos el titular del ejecutivo, menos el presidente". Ya veremos con el paso de los días si en efecto, la conferencia mañanera y el templete en los mítines dejan de ser el instrumento de calumnia más efectivo contra quien se atreva a criticar o disentir.

3 frases y una apuesta: ¿cuál es la fecha de vencimiento?

Hace casi 3 semanas, una reunión privada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, describía satisfecha cómo estaban trabajando intensamente con diferentes grupos armados para establecer mecanismos que restablecieran la seguridad y se acabara la violencia. ¿Con grupos armados?, le preguntó su interlocutor. "Hablamos con todos", respondió. En el encuentro, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo que acababa de dialogar con los grupos de autodefensa en La Huacana, donde había acordado la instalación del parque industrial, y con la "Columna Armada Pedro J. Méndez", en Villagrán, Tamaulipas. "Pero ese grupo está ligado al Cártel del Golfo", interrumpió el interlocutor. "Ellos no son, sino una escisión", dijo Peralta. "Inclusive me dieron las órdenes de aprehensión contra ellos".

Peralta tenía razón, pero a medias. De acuerdo con personas que conocen el desarrollo de ese grupo, hace varios meses se fraccionó y la parte que dialogó con el subsecretario se había alineado con Morena. Quienes rompieron con ellos no se vincularon a ningún partido, por lo que, según las mismas fuentes, han sido hostigados permanentemente. Sin embargo, la escisión no redime de manera instantánea a quienes se acercaron a Morena, en busca claramente de un certificado de impunidad a sus cuentas pendientes.

La falta de experiencia en el gobierno y de pericia en el manejo de comunicación, provocó una nueva crisis donde no existía. El plan no era desconocido en Palacio Nacional y la secretaria Sánchez Cordero hablaba con esa confianza. Al explotar el tanque de dinamita sobre el que no se habían dado cuenta estaban sentados, el presidente López Obrador se vio obligado al control de daños. Desautorizó a Peralta y le pidió ajustarse a la Constitución y ceñirse a las leyes. En el gabinete de seguridad de este miércoles se dio la contraorden de mantener el diálogo con los grupos armados y expresó su desacuerdo con el programa de los proyectos productivos. Es decir, reculó sobre una política que él mismo ideó y estimuló.

Pero no está más. Es dialéctico rectificar, porque su problema puede ser más grande. El gobierno del presidente Donald Trump lo tiene nuevamente en la mira. Lleva casi un mes criticando al gobierno de López Obrador por carecer de una política más enérgica para frenar el narcotráfico, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sugerido que podrían certificar una vez más los esfuerzos del gobierno en esa materia. Como en la migración, se está yendo de bruces el gobierno. A diferencia de la actitud en el tema migratorio, el presidente está actuando con celeridad. No basta la retórica, pero es una buena oportunidad para corregir y rediseñar la estrategia contra los criminales. Por ejemplo, que los combata, que les cambie los incentivos, que no los apoye ni los tolere, aunque esto se de por omisión y no necesariamente -esperemos-, por comisión.

Nadie puede decir que las cosas no han cambiado: antes, se presumía, el secretario de Gobernación era el hombre más enterado del país; ahora pareciera que la secretaria de Gobernación es la última que se entera de lo que pasa en la secretaría. La desatinada declaración sobre el diálogo con grupos que ejercen violencia en el país es, además de un soberano desatino, la muestra fehaciente de que algo no está funcionando bien en el gobierno y que el gabinete Montessori, donde cada quien hace lo que le dicta su voluntad o, peor, lo que cree, sospecha, adivina que es la voluntad del presidente, no está articulado.

Una de las claves del desatino de la semana está en que nadie contesta lo que le preguntan. Si hubo una confusión (yo lo dudo) ésta fue provocada por la secretaria que no contestó lo que le preguntaron. El reportero fue muy claro: "¿están negociando con grupos del crimen organizado?" y ella contestó "no, estamos dialogando y con muchos grupos". Lo que negó fue la negociación, no que fueran grupos del crimen organizado. Pero después de escuchar 4 entrevistas con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, la confusión es aún mayor: él sí nunca contesta lo que le preguntan, quiere instruir a los conductores de cuál es la pregunta importante y pertinente y, sobre todo, tiene una capacidad para contradecirse poco vista. Si él fue quien informó a la secretaria de Gobernación sobre el tema, no hay duda de dónde viene la confusión.

Ojalá los malentendidos fueran solo un asunto de comunicación, que se tratara efectivamente de malas interpretaciones de los periodistas. El problema de fondo es que existe un enorme vacío de información sobre las estrategias de este gobierno frente a la violencia. Por un lado, se ha dejado de perseguir a los capos, ya no existen los llamados "objetivos estratégicos", lo cual en principio está bien, pues esa estrategia no llevó a una mejor seguridad en sexenios pasados. El problema es que está muy claro que ya no hacen, pero no está claro qué sí hacen. La estrategia de pacificación ha brincado de ocurrencia en ocurrencia, desde la famosa amnistía en campaña hasta los diálogos, que no son tales, con grupos que no está claro a quién representan.

¿Están enterados de esta estrategia de diálogos del subsecretario de Gobernación tanto el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio? ¿Quién es el encargado de la estrategia global? Más aún, ¿alguien sabe cuál es la estrategia? Estos son los malentendidos realmente preocupantes y no si el periodista captó mal lo que dijo la secretaria. La falta de un gabinete organizado, articulado y que funcione comienza ya a desgastar y pasar factura al gobierno de López Obrador, pero sobre todo a los ciudadanos que en materia de seguridad somos los que pagamos el costo.

Me encontraba hace algunos años en una reunión aquí en Guadalajara, invitado por mis amigos empresarios muy generosamente como siempre. La expositora -mis respetos-, Georgina Kessel, era la secretaria de Energía. Por supuesto, gente como ella, para el lopezobradorismo está completamente fuera de la vista por "neoliberal", lo cual a estas alturas se identifica con las matemáticas, la ciencia, la tecnología y en general el saber. Y quizá odiada porque usa precisamente números. Ya ven, el nuevo gobierno -no llegará a ser un nuevo nuevo régimen sino a un ridículo gigantesco- les espantan los egresados del ITAM aplicando lo estudiado. Porque saben hacer cuentas. Confirmó ella en dicha conferencia el pico del petróleo mexicano. Gracias al azar y al esfuerzo de mucha gente ya no somos una economía dependiente del petróleo, pero el presidente así lo cree. ¡Y aparte en el carbón! El puente es la tecnología.

Por subirse al tren del populismo, a los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco les ganó la prisa y su flamante iniciativa de reducir presupuesto a los partidos para subsidiar la tarifa del Tren Ligero incluyó errores como no tener actualizadas las fórmulas vigentes con las que se calculan las prerrogativas.

Los morenistas no se acordaron de que con la reforma #SinVotoNoHayDinero en años electorales se considera la votación que alcanzó el partido y no el total de padrón electoral.

Afirmaron que la pifia fue sólo en la presentación y se corregirá en la iniciativa. Ni cómo ayudarlos.

Los periodistas que cubren al presidente López Obrador saben ya que la expresión "Con todo respeto..." abre las puertas al caudal de descalificaciones con las que el mandatario cubre a todos aquellos que percibe como enemigos o críticos.

Así, con todo respeto, los consejeros del INE son floreros que nunca hicieron nada para impedir los fraudes electorales, todos los funcionarios de gobiernos anteriores son corruptos y no tienen llenadera, la prensa es fifí, los empresarios son conservadores y no quieren dejar de robar, los funcionarios que renuncian a su gobierno son neoliberales, los defensores de las instituciones son neoporfiristas, los intelectuales son ternuritas, los economistas críticos y las calificadoras no tienen autoridad moral, los periodistas que no se ajustan a su línea son hipócritas, deshonestos o calumniadores y los críticos en general son zopilotes.

Nunca hemos tenido un presidente tan creativo y tan prolijo en el uso de descalificaciones, ni siquiera Vicente Fox, quien dejó de referirse a sus rivales como tepocatas, alimañas y víboras prietas cuando asumió la Presidencia de la República.

La técnica le ha funcionado al presidente hasta ahora. Una de las razones que lo llevaron al triunfo electoral en una sociedad cansada de la clase política fue su cantaleta contra los otros candidatos y contra los políticos de gobiernos anteriores, que eran todos camajanes, canallines, de derecha, espurios, fichitas, hampones, ladrones, maiceados malandrines, mañosos, oportunistas, rufianes, pillos, piltrafas morales, pirrurris, reaccionarios, simuladores, tecnócratas, títeres y traficantes de influencias. Ya como mandatario, el presidente ha mantenido su popularidad en parte por el público de sus mañaneras y por las descalificaciones constantes a todos los que ve como rivales de su poder.

Lo curioso es que el presidente entiende la necesidad de unir a los mexicanos. En distintas ocasiones ha hecho llamados para ello. El 2 de junio, en medio de la disputa con el gobierno de Donald Trump, declaró: "Creo que va a ayudar mucho que los mexicanos nos unamos, que haya unidad nacional, que todos, independientemente de posiciones políticas, ideológicas, de corrientes de pensamiento, defendamos a México".

El llamado a la unidad es una constante en México y en cualquier lugar del mundo para un jefe de gobierno. Las oposiciones viven y prosperan en la crítica, los gobiernos en la unidad. Todos los gobernantes que he conocido, y no solo en México sino en el mundo, hacen llamados a la unidad en los momentos de crisis, independientemente de la opinión que puedan tener de sus oposiciones.

La pregunta es si López Obrador puede pedir unidad cuando descalifica de manera sistemática a todos los que no están de acuerdo con él. Su temperamento intolerante, y su creatividad en el uso de adjetivos descalificativos, generan una animadversión creciente entre grupos importantes de la sociedad. Esto no beneficia a nadie.

El presidente está convencido de que sigue en campaña. Y quizá lo está. Pero México se merece tener a un presidente para todos los mexicanos, uno que no se burle de las oposiciones ni de quienes piensan de forma diferente a él. Con todo respeto, señor presidente, quisiera pedirle que asuma ese papel unificador que nos permitirá llegar a mejores acuerdos para cumplir con su sueño y el nuestro de construir un país más próspero y más justo.

1.- Si el avión no lo tenía ni Obama, ¡ese banco central no lo tiene ni Trump! Mientras el presidente estadounidense se queja amargamente de que la Fed mantiene altas las tasas de interés, el presidente López Obrador debe estar muy contento de que ayer el Banco de México redujo su tasa de referencia y con ello da a la economía mexicana el empujoncito que su administración no ha sido capaz de darle. El comunicado de Banxico es elegante, de Estado, y no recorre (aún) la carretera del reproche al "modelo-AMLO" que circula fuera de micrófono en los pasillos de los actores económicos.

2.- El domingo en Oaxaca, el presidente agregó un par de convicciones a su modelo de desarrollo: vámonos todos a vivir al campo mexicano y hagamos las carreteras a mano. Van las citas textuales:

"Se despobló el campo en los últimos 30 años... necesitamos por eso regresar al campo, que no sólo es producir alimentos; en el campo hay una forma de vida buena, sana, que nos aporta bienestar, paz y tranquilidad".

"No se está utilizando maquinaria, no es asfalto... les invito a que vean los caminos, son obras de arte, que las mujeres con su sensibilidad, con su delicadeza, escogen las piedras, se hacen los caminos de concreto y en medio, piedra".

Martí Batres ha acusado a sus compañeros senadores de Morena de haber recibido sobornos.

Cañonazo es soborno. Y al perder la posibilidad de reelegirse en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Batres publicó el lunes en Twitter: "Quiero agradecer a los 29 senadoras y senadores de #Morena que, resistiendo todo tipo de presiones, amenazas, chantajes y cañonazos, votaron por mí para seguir presidiendo el Senado de la República".

La frase encendió la polémica. Al día siguiente, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena y de quien Batres pide la renuncia al acusarlo de "ser un factor de división", le conminó a denunciar los presuntos sobornos.

En las conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en que su movimiento es un parteaguas, en que los de Morena en el poder no son iguales a la clase política del alicaído trío opositor; que compararlos con lo de antes incluso le molesta ("eso sí calienta", es su frase habitual en ese tema).

Y si en un tema se quiere distinguir el presidente frente al pasado, es en el de la integridad. AMLO ha llegado a decir que para él privilegia, a la hora de elegir un colaborador, la honestidad por sobre la capacidad.

Cañonazos es corrupción. Al verse derrotado, Batres soltó una acusación que contradice en lo fundamental el compromiso del presidente López Obrador de ser y comportarse de manera honesta: en Morena, siguiendo la lógica de Martí, los legisladores son "como los de antes", se doblan en votaciones gracias a dinero, que es, como se sabe, el más barato de los recursos en la mala política.

En el Senado, siguiendo a Martí, no sólo tilda de corruptos a decenas de senadores que son algo más que sus compañeros de partido: los representa en actos oficiales y a nombre de ellos habla en su calidad de presidente. El presidente de senadores maiceados.

¿Por qué ensuciar a todos y todo? Si tan seguro está de que hubo corrupción, ¿no sería mejor puntualizar con denuncias específicas que embarrar a media bancada con la sospecha del peor pecado para el credo lopezobradorista?

Rara la manera en que procede Martí. Quiere quedarse en la presidencia de un Senado -de hecho se aferra a la idea de que es la única solución a esta minicrisis morenista- plagado de -según él- senadores morenistas corrompidos. Quesque eran diferentes, decían.

En un momento en que personalidades como Mario Molina hacen llamados para reducir el uso de combustibles fósiles y combatir el calentamiento global, una empresa está buscando construir una generadora eólica en Baja California Sur. El proyecto está planteado para un ejido en el kilómetro 40+200 de la carretera transpeninsular Benito Juárez. Eólica Coromuel tramitó y obtuvo un manifiesto de impacto ambiental. Pero como el proyecto no es de los que está impulsando el gobierno federal, o quizá porque no implica talar selvas o manglares o utilizar combustibles altamente contaminantes como el carbón, se encuentra detenido en la oficina local de la Semarnat.

Baja California Sur, me dice Luis Manuel Guerra, el químico Guerra, un especialista en temas ambientales, "está aislada del sistema interconectado nacional y actualmente obtiene su electricidad, en las tres zonas eléctricas en las que está dividida (Constitución, La Paz y Los Cabos), en 47% de combustión interna (muy contaminante), 21% térmica convencional (contaminante) y 32% turbogás".

El proyecto de Coromuel aportaría alrededor de un 10% de la energía que necesita Baja California Sur, algo muy importante en un estado que sufre apagones constantes y que no cuenta con un suministro adecuado de gas. "Las alternativas de llevar electricidad por un cable submarino (que costaría 30,000 millones de dólares) o gas natural por buques tanque son remotas y no se contemplan a corto plazo", comenta el químico Guerra.

Después de 5 años de mediciones, la empresa encontró un lugar ideal para la instalación en las estribaciones de la sierra de los Filos. Elaboró y obtuvo la manifestación de impacto ambiental y llegó a un acuerdo, cosa nada fácil, con el ejido Alfredo V. Bonfil. Los ejidatarios recibirán 20,000 pesos mensuales por cada aerogenerador durante 30 años. Las tierras son "de agostadero, semidesérticas, donde actualmente no se cultiva nada".

El proyecto contempla la instalación de 25 turbinas de última generación que producen cada una 2 megavatios. La capacidad total sería de 160 gigavatios (millones de millones de vatios) al año. Con esta energía, el estado superaría su déficit de energía.

A pesar de que el proyecto ya tiene el manifiesto de impacto ambiental, no cuenta con la autorización definitiva. Se necesitan 12 meses desde esta aprobación hasta la entrada en operación del proyecto. Toda la inversión será de la empresa privada. No se requieren subsidios ni del gobierno municipal ni del estatal. La empresa venderá la electricidad a la CFE a un precio menor, garantizado contractualmente, al que la Comisión cobra a los municipios.

El proyecto se encuentra dentro del municipio de La Paz y tiene el apoyo del alcalde Rubén Muñoz, pero está detenido en la oficina de la delegada estatal de Semarnat, Daniela Quinto, una joven veracruzana, ex militante del Partido Verde, que en abril fue designada para ocupar esa responsabilidad en BCS. Quizá le preocupa que los aerogeneradores se roben el aire de los indígenas, pero mientras tanto el estado sigue sufriendo apagones, generando electricidad de manera contaminante y los ejidatarios están dejando de recibir el recurso que pactaron con la empresa.

Reconozco y aplaudo los afanes de López Obrador por suprimir la pompa y circunstancia que han acompañado desde siempre a la figura presidencial. Supongo que en esa intención se finca el hecho de que haya dejado de ceñir la banda presidencial en los actos de recepción de credenciales de los embajadores que ante él acreditan su calidad. Tal omisión se antoja de poca monta, detalle sin importancia. No lo es. Al no usar la dicha banda en tales ceremonias protocolarias el Presidente está violando la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que le ordena expresamente llevarla cuando recibe las cartas credenciales de los representantes de gobiernos extranjeros. Quien viola la ley en lo pequeño la violará igualmente en lo grande. Por eso es necesario señalar esto que en la superficie parece mera ocurrencia de López Obrador, pero que en el fondo muestra una vez más la marcada tendencia del presidente a poner su voluntad por encima del orden jurídico. Entonces esto no es cuestión nimia o baladí.

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha sido omiso ni ha sido "florero", pues ha aplicado la ley siempre, aun cuando a los actores políticos les genere molestia.

"A lo largo de su historia, son ya prácticamente 29 años desde la fundación del Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora del INE, nosotros jamás hemos actuado como florero absolutamente de ninguna administración, la autoridad siempre cumple con sus responsabilidades en el marco de la ley", sostuvo el consejero Marco Antonio Baños.

Este martes, el mandatario aseguró que el Instituto dejó pasar la compra de votos, y "eso nunca lo vio el INE, pasó de noche, nunca hubo una sanción, están ahí con todo respeto, de adorno, de florero".

El mandatario respondió así al referirse a la medida de tutela preventiva dictada por el Instituto el pasado viernes, en que ordenó al gobierno federal instruir a los más de 17,000 "servidores de la nación" que operan en todo el país no hacer propaganda personalizada del presidente, al que atribuyen todas las entregas de recursos y programas sociales sin hacerlo institucionalmente.

Este miércoles, en rueda de prensa para presentar su ante proyecto de presupuesto 2020, los consejeros del INE respondieron a esas críticas.

La consejera Claudia Zavala destacó sólo los ejemplos más recientes en los que también en casos de promoción personalizada el INE puso freno a gobiernos del PRI y del PAN.

Por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto "se le ordenó de parte del INE quitar una leyenda porque había una posible vulneración a la Constitución, esta leyenda de 'Mover a México'", recordó la consejera.

"También ha habido órdenes a gobernadores en el caso de Puebla, de Chiapas, en muchos asuntos donde lo que el INE hace más allá de las opiniones que pueda generar a quienes son responsables de cumplir, el mandato del lNE es responder estrictamente con apego al Estado de Derecho y a las normas que nos rigen", sentenció.

El juez 10o. de Distrito en el Estado de México concedió una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) emitida por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

El juez dio esta resolución al considerar que la misma autorización de la Semarnat reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria.

Según el juez, en el documento de la Semarnat acepta que para construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía debería existir tala y poda de la vegetación; desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua; aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos, aunado a la falta de infraestructura vial; así como daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno.

La resolución del juez se dio luego de que el colectivo "#NoMásDerroches" promovió un juicio de amparo.

El colectivo anunció que con esta nueva medida cautelar, el inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, luego de que el juez analice si la Autorización de Impacto Ambiental cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege la Constitución.

El juez 5o. de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, tomó una decisión la semana pasada cuya alta politización, oculta sus alcances. Uno de ellos podría ser que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, uno de los 4 grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se construya. El otro, que podría ser que el aeropuerto cancelado en Texcoco pudiera ser revivido como obra en algún momento. El destino de estas obras no pasa por la política. De hecho, las decisiones políticas de López Obrador soslayando la Constitución, es lo que ha puesto en un brete a Santa Lucía. Al mismo tiempo, el poder judicial ha sido benevolente con él. No importa lo que haga con la ley, cierran los ojos.

El juez Guzmán emitió 2 resoluciones en el fallo de un amparo del colectivo #NoMasDerroches, donde suspende cualquier obra en Santa Lucía hasta determinar si la decisión del gobierno, como señala el artículo 134 constitucional, "cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público", y que mientras eso se prueba, cancela el desmantelamiento de las obras en Texcoco. La reacción del presidente fue una vez más política y mediática, pero jurídicamente errático. "Es un sabotaje legal", describió la acción del juez, acusándolo implícitamente de actuar de manera ilegal. Pero estas escaramuzas nos plantean diáfanos los escenarios, la política contra la ley, y viceversa, la ley contra la política.

El amparo contra Santa Lucía es parte de la estrategia del colectivo #NoMasDerroches, que encabezan Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, al que se han sumado organizaciones civiles, despachos de abogados y, como afirman, "cientos de ciudadanos". En el campo político, son probablemente los enemigos número 1 del presidente López Obrador, y su estrategia se compone de 147 juicios de amparo para que se revise la legalidad de la cancelación de Texcoco y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos.

Según el juez Guzmán, el gobierno debe determinar si actuó en función de que Texcoco no reunía todos los preceptos indicados en el artículo 134 constitucional. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así fue, y tiene publicado en su home de internet un largo alegatosobre el porqué canceló el presidente Texcoco. Todas sus afirmaciones técnicas, ambientales y financieras fueron desmentidas por las autoridades de la administración pasada. Este documento está lleno de valoraciones subjetivas y calificativos, alineado en su retórica al discurso de López Obrador, contrario al de la dependencia, de que se canceló por actos de corrupción.

En todo caso, como lo estipula el artículo 134, serán instancias técnicas las que evaluarán los resultados de los ejercicios; es decir, la cancelación de Texcoco y la construcción de Santa Lucía. Un abogado comentó que nadie va a auditar al presidente, por lo que todo lo que diga no será tomado en cuenta por el poder judicial, que ha sido consistente en sus omisiones sobre el ejecutivo. En ningún momento ha externado alarma, preocupación o extrañamiento por sus constantes violaciones a la ley, como en quizás la más notable, presentar al congreso un Plan Nacional de Desarrollo sin cumplir con los fundamentos legales. López Obrador no tiene problema en este sentido. Al tener controlado al congreso, hace lo que quiera con la legislatura y las leyes. Al tener amedrentado al poder judicial, neutraliza al otro contrapeso. Como agregó el abogado, al final se reducirá a un análisis constitucional teórico, y los jueces resolverán a modo.

Esto es lo que probablemente sucederá con Texcoco, donde los técnicos revisarán los alegatos de las 2 partes para tomar su decisión. En el caso de Santa Lucía, como sugiere un observador de la industria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haría bien en comenzar a preparar un escenario ante la posibilidad de que pierda el amparo sobre esa obra. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un permiso de impacto ambiental por 28 años para la construcción de Santa Lucía, pero condicionado a que la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, amplíe sus estudios, porque el 1o. que entregó tenía 52 errores, de acuerdo con la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.

El gobierno no pasa ese escollo aún, que sería el 1o.. De acuerdo siempre con el 134 constitucional, también deberá probar la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que la obra sea eficiente, eficaz, transparente y con honradez en el gasto público. Eficiente y eficaz falta por ver el estudio final, pero la información oficial hasta el momento señala que las metas originalmente planteadas sobre el incremento de la capacidad de pasajeros, están por debajo de lo anunciado. Tampoco se sabe el resultado final del estudio sobre la simultaneidad de operaciones con el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", que según el consenso internacional, no es posible. La transparencia está en entredicho, pues el gobierno está evaluando considerar la obra de Santa Lucía un tema de seguridad nacional, con lo cual podrían mantener todo en opacidad.

Si Texcoco muere en forma definitiva, la suerte de Santa Lucía no estará decidida por descarte. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tendrá que aportar la información técnica, ambiental y financiera completa que cumpla con lo establecido en el 134 constitucional. De otra forma, será el gran fiasco, no para el secretario, sino para el presidente.

Entiendo que con eso de la austeridad republicana se han suprimido todas las asesorías, con lo cual el presidente se ha quedado sin más opinión que la suya propia. Sin embargo, alguien cercano a él, alguna persona de buena voluntad que realmente quiera a López Obrador y desee el bien de México, debería aconsejarle que se olvide ya del aeropuerto de Santa Lucía, proyecto que presenta inconvenientes de todo orden, y que en su lugar autorice y promueva la continuación del aeropuerto de Texcoco. Eso enmendaría el mayor y más grave error en lo que va de su sexenio, le allegaría el reconocimiento y apoyo de grandes sectores de la sociedad y le permitiría continuar su gestión sin proyectar esa sombra de autoritarismo que hasta ahora sigue proyectando. La nueva obra se le atribuiría a él, ya no a su antecesor; cualquier abuso que en su construcción se hubiese cometido sería fácilmente corregible, y AMLO daría a México, sin necesidad de comprometer en la obra fondos públicos, uno de los más modernos y eficientes aeropuertos del mundo. Recuerde nuestro Presidente un viejo dicho: "El que manda manda, y si se equivoca vuelve a mandar". Un error cualquiera lo comete. Si no se obstina en él y lo corrige, el 1er. error será olvidado y a él le corresponderá el mérito de la obra. El nuevo aeropuerto sería parte de la 4T y todos contentos, sobre todo la navegación aérea nacional e internacional y sus millones de usuarios. Lo único que se requiere en este caso es la decisión de López Obrador. De lo demás se encargarían los particulares. ¿No sería cosa buena, muy buena, convertir el mayor error en el más grande acierto?

Ricardo Monreal demostró su fuerza al destronar a Martí Batres de la presidencia del Senado. Pero la victoria le puede salir cara a él, al ganarse gratuitamente a un enemigo, y a Morena, que busca consolidarse como el partido hegemónico de la 4a. Transformación.

Iracheta
(en Facebook el 21 de agosto de 2019).

El que arruinó ayer el "mundo feliz" del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los cibernautas bautizaron rápidamente como "Pejelandia", fue el líder saliente de la mesa directiva del Senado de la República, el morenista Martí Batres, que ayer despotricó contra su correligionario y coordinador parlamentario, Ricardo Monreal.

El pleito en el Senado vino después de que en su rueda de prensa mañanera, López Obrador asegurara que en México ya se erradicó el mal humor social (término que empleó el sexenio pasado el entonces presidente Enrique Peña Nieto, al intentar explicar por qué los mexicanos sólo reconocían las malas noticias y no aceptaban ni reconocían lo que consideraba sus logros) y ahora el pueblo de México está "feliz, feliz, feliz". Antes había asegurado que su gobierno no hace uso de las instituciones de justicia de manera facciosa y negó que se esté desplegando algún tipo de venganza por el episodio conocido como el de “Las ligas”, cuando en 2004, el operador político de AMLO, René Bejarano, fue grabado recibiendo fajas de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada, quien tuvo amoríos con la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, ahora que ambos han sido detenidos y sujetos a proceso.

Pues bien, todos esos escenarios de cordialidad y optimismo del presidente, que no empatan en la realidad, por ejemplo, por tantas víctimas de la inseguridad, tampoco se reflejaron en la vida interna de Morena, donde ayer estalló el conflicto entre Batres y Monreal, por la sucesión en la mesa directiva del Senado.

Como Batres no logró que se le reeligiera como presidente, acusó a Monreal de haber "ensuciado el proceso" y de ser un "factor de división en Morena" al señalarlo de haber encabezado las presiones a las y los senadores morenistas para no votar por él y dejar el camino libre a la senadora por Tabasco, Mónica Fernández, para que sea la próxima presidenta de la mesa directiva de la cámara alta. Pero no sólo eso, Batres aseguró que Monreal no cumple acuerdos y que quiere tener todo el control de su bancada y del Senado porque no tolera la pluralidad.

Monreal sólo contestó en sus redes que "en política, las decisiones que se toman suscitan controversias y hasta polarización. El grupo parlamentario de @MorenaSenadores votó en libertad. Comprendo las reacciones y las descalificaciones, son injustas, pero actuaremos con tolerancia y altura de miras".

Este es el 1er. gran rompimiento al interior de Morena, mucho más estridente que el que se dio a inicios de año entre el propio Monreal y la dirigente de ese partido, Yeidckol Polevnsky, por la candidatura al gobierno de Puebla.

En ese sentido, vuelve a aparecer el riesgo de que en Morena pase lo que pasó en el PRD con las disputas internas de las llamadas tribus que debilitaron casi hasta su extinción a ese partido. Su 1a. prueba será cómo resuelvan la elección interna cuyas reglas quedaron en la convocatoria lanzada el domingo pasado, y que pudiera generar más estallidos como el Batres y Monreal. La prueba de que la "Pejelandia" no reina ni en Morena.

Los de Morena se están peliando... puedes leer esto cuando quieras.

Y sin embargo, incluso en Morena hay de pleitos a pleitos. El que ayer afloró en el Senado, cuando apenas está por concluir el 1er. año de la legislatura, es sintomático de un mal que podría amenazar la marcha del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y al país mismo.

Yo no sé por qué los de Morena se pelean en el Senado si son mayoría, decía ayer alguien. Pero bien visto, eso de pelearse incluso desde la mayoría es la constante en el grupo ganador del 1 de julio de 2018: se enfrentan y grillan en la Asamblea Legislativa de la capital, lo mismo en el Congreso del Estado de México y se pelean, de tiempo atrás, en el partido, donde la elección para renovar la presidencia promete ser una batalla campal que envidiarán rijosos perredistas de todos los tiempos.

Lo cierto es que nunca habían tenido tanto y, por ello, nunca en su corta historia se habían descarado así a la hora de reclamarse cosas en público.

Se dirá que estamos asistiendo a una reedición o revancha de lo que vimos cuando a Ricardo Monreal le negaron la candidatura a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México para dársela a Claudia Sheinbaum.

En esa ocasión, Martí Batres estuvo en el grupo que se alineó con la decisión (el dedito) que favoreció a la hoy gobernante de la capital. El modosito en aquellos días fue Batres, y el que despotricó fue Monreal, que culpó del agandalle a "la nomenclatura morenista". Este lunes los papeles se invirtieron.

Monreal terminaría disciplinándose: volvió al redil pejista y a la postre no le fue mal: hoy tiene en la mano la llamada cámara alta.

En cambio, Batres ahora muerde el polvo. Su ego le impidió leer que la balanza del poder no le favorecía, que el zacatecano le dejaría en evidencia.

La diferencia es que en aquel entonces se trataba de una pugna partidista por una candidatura, y hoy estamos hablando de 2 personajes en el gobierno, así sea desde la rama legislativa. El pleito puede tener consecuencias muy distintas.

Los de Morena, que parecen más preocupados en pelearse el poder entre ellos que en lo que esas peleas intestinas pueden provocar en la política.

¿Se puede hacer de Morena algo distinto si todos los militantes vienen de otros partidos; qué puede salir de una mezcla de perredistas, panistas y priistas dispuestos a abordar el barco del poder a como dé lugar? Lo que estamos viendo es que no, que los vicios se repiten, que el comportamiento de estas "figuras" es igual acá que allá, que el poder es igual de corruptor para un partido que para otro.

Jalisco cumplió ya 5 semanas sin delegado de programas sociales. Los enemigos de Carlos Lomelí dicen que renunció; él dice que solo pidió licencia y que una vez que termine la investigación regresará al cargo. Lo cierto es que la renuncia/licencia cayó en medio del proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena y el caso Lomelí quedó atrapado en la lucha por la presidencia del partido. Lomelí es cercano y parte del grupo de Yeidckol Polevnsky; enfrente está la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que juega en el proyecto de Bertha Luján. El asunto del delegado está tan trabado como la elección misma. En medio, en Jalisco no hay quién tome decisiones en lo referente al gobierno federal. Si antes de la crisis Lomelí ya eran bastante complejas e inoperantes las delegaciones federales, merced del recorte, hoy no hay literalmente quién conteste el teléfono, mucho menos una demanda.

Otro encontronazo lo vimos ayer en el Senado. El senador Martí Batres acusando a su compañero Ricardo Monreal de operar la elección interna en su contra. ¿Qué nos debe extrañar más, que un ex priista opere una elección para cargar los dados a su favor o que un cercano colaborador de López Obrador grite fraude porque perdió por un voto? (solo falta en la fórmula un panista que diga "haiga sido como haiga sido" para completar la radiografía de la democracia sin demócratas de este país). Detrás de la operación Monreal y del pataleo Batres está la elección interna de Morena.

El problema de la simbiosis entre el Morena y la presidencia de López Obrador no es solo que es un riesgo para el sistema electoral, sino que afecta ya el ejercicio de gobierno. Es cierto, en cada alternancia los partidos se debaten y se alimentan desde el poder, pero lo que estamos viendo con Morena tiene rasgos particulares, debido quizá a lo joven del instituto político y a la falta de estructuras, pues el partido nació, creció, se desarrolló y se está canibalizado en torno a la figura de un solo liderazgo.

La fuerza centrípeta del AMLOcentrismo ya no alcanza para controlar todos los elementos del sistema, pero tampoco hay quién entre el quite.

En los primeros 7 meses del año se han generado 31,119 nuevos empleos en Jalisco, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es la cantidad más baja desde 2012, cuando no se alcanzaron ni los 26,000 puestos de trabajo.

Desde 2013, los números habían mostrado una tendencia alcista en el estado, que llegó a su punto más alto en 2017, con 93,631 nuevos empleos, colocando a Jalisco como líder nacional, por arriba del Estado de México o la capital del país.

Mauro Garza Marín, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, señala que la responsabilidad de este fenómeno recae en las acciones del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. "Lo hemos advertido desde hace varios meses: (la caída en el empleo) es una consecuencia de las decisiones que está tomando el gobierno federal... no generan confianza, no generan certidumbre. Y sin confianza y sin certidumbre no hay inversión, no hay crecimiento económico y no hay generación de empleos".

El líder empresarial acentúa que la situación en Jalisco forma parte de un fenómeno nacional, pues mientras en años anteriores se generaba medio millón de empleos entre enero y julio, en el pasado semestre apenas fue posible superar las 300,000 plazas en México.

Por su parte, Benjamín Ruiz Álvarez, vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), concuerda con los reportes de expertos, los cuales señalan que las afectaciones se han resentido en los sectores de la agricultura y la ganadería, en donde Jalisco es clave en el ámbito nacional. Acentúa que también hay un decrecimiento en el sector de la construcción, principalmente ante la parálisis en la inversión pública federal.

El cese de recursos para la investigación científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), afecta de manera particular a los programas de apoyos dependientes del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología [de Jalisco] (Coecytjal), afirmó el secretario de Innovación, Alfonso Pompa Padilla.

Algunos de los proyectos perjudicados se enfocan en el incentivo a la innovación básica en conjunto con la iniciativa privada, y los apoyos a centros de investigación especializados.

Este es el 1er. año en el que no se tienen recursos garantizados por parte del gobierno federal a través de Conacyt. En 2018, Jalisco obtuvo recursos por cerca de 200 millones de pesos (MDP) para programas de innovación.

En contraste, el presupuesto para Coecytjal en 2019 es de 138 millones de pesos, similar al aprobado el año pasado, pero sin los 200 millones de las arcas federales.

"Tenemos que ser conscientes de que, a nivel nacional, ha habido una serie de recortes muy serios, particularmente en los que se manejan del Conacyt y otras instituciones que comprendían el desarrollo de la tecnología y la competitividad", aclaró Pompa Padilla.

"Sí veo un panorama a nivel federal preocupante cuando el país debería estarse moviendo agresivamente a desarrollar ciencia, tecnología e innovación con modelos propios para ver cómo vamos a competir mejor en los próximos años. Hay un retroceso y una visión muy limitada al respecto y en Jalisco no queremos estar en ese plan, por lo que debemos alinear bien nuestros recursos para que tengan un buen impacto", comentó Pompa.

La crisis provocada por la marcha de mujeres el pasado viernes 16 de agosto en la Ciudad de México, dejó en una posición tan débil al Gobierno de Claudia Sheinbaum, que otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha debido salir a dar la cara por ella y apoyarla públicamente.

¿Les falta sensibilidad para atender la problemática femenina? La respuesta es totalmente afirmativa, y no solo sensibilidad, también están totalmente carentes de ideas sobre qué hacer y cómo proceder.

En los últimos meses de 2017, Ernestina Godoy hacía giras por las ciudades más importantes del país. Eran días de optimismo y de promesas por cumplirse para ella. Todo pintaba muy bien mientras el ex presidente Enrique Peña Nieto era criticado hasta el hartazgo todos los días.

Varias veces visitó Guadalajara, en compañía de Rocío Nahle y Yeidckol Polevnsky. Eran personajes accesibles y de discurso fácil. Cuánto han cambiado las cosas y qué diferente es ser gobierno.

En charla con una sonriente Ernestina Godoy, le pregunté: ¿Ya está definida la candidatura para la Ciudad de México?

Como si estuviera brindando una revelación, la hoy titular de la Procuraduría de Justicia respondió con voz apenas audible. "Es Sheinbaum... Monreal está haciendo todo lo que puede, pero es Sheinbaum", y casi puedo asegurar que su vista entornada era lo más parecido a un gesto de pícara complicidad.

Después vendrían las declaraciones polémicas de los 2 políticos de Morena, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Las evasivas de Andrés Manuel López Obrador y la famosa encuesta que terminó por darle a ella la candidatura. El distanciamiento de Monreal y su refugio final en el Senado desde donde opera y ve con satisfacción cómo el 1er. gobierno de Morena en la capital del país se asemeja más a una operación fracasada que a una administración modélica.

La incapacidad del gobierno de Sheinbaum es evidente. El movimiento de las mujeres, obvio, está enraizado en muchos años de machismo, condiciones desventajosas y agresiones permanentes contra ellas. Pero la urgencia permanente en que vive el país por las constantes violaciones, feminicidios y grotescas muertes de mujeres, sobre todo en la zona urbana de la Ciudad de México y las poblaciones aledañas del Estado de México, derramaron el vaso.

¿Hubo o no una violación de una joven de 17 años cometida por 4 policías? Ya ni siquiera importa responderlo. Y eso no lo han entendido ni la jefa de Gobierno ni su procuradora capitalina, quien ha dejado de sonreír desde hace mucho tiempo, desde los malos manejos de homicidios cometidos contra jóvenes estudiantes y durante estos meses de filtraciones permanentes de los expedientes que deberían ser secretos y terminan en los medios de comunicación.

En esas condiciones, en cualquier momento van a tirarle a la señora Sheinbaum un puñado de brillantina rosa. Y se lo merece.

López Obrador llegó al gobierno con la confianza de una gran parte de la sociedad. Tal vez, tantos años de lucha -pese a críticas sobre sus modos- le ganaron la confianza de muchos.

Pero al mismo tiempo, tal vez el ganar esa confianza trajo como reverso de la moneda que, en ciertos grupos, sobre todo los de más influencia económica, llegara la desconfianza.

Pero, del otro lado, igualmente, el menosprecio a las críticas por parte del presidente y de algunos actores del gobierno, incita a la polarización.

A su llegada, [López Obrador] fue recibido con protestas en el hospital rural IMSS-Bienestar de Tlacolula de Matamoros, Oax.

Entre los inconformes destacó un grupo de trabajadores del Seguro Popular y de Prospera que fueron despedidos.

Vaya problema que enfrenta Morena, ahora que es gobierno, con las manifestaciones que exigen una alto a la violencia contra las mujeres.

1o, porque el solo hecho de que existan conlleva una descalificación a su gestión de gobierno en una de las causas que fueron su bandera para fustigar al poder cuando estaban en la oposición.

2o, porque históricamente cuando algún legítimo reclamo social derivaba en manifestación violenta, Morena en la oposición siempre abogó para que el gobierno no criminalizara la protesta.

3o, porque Morena en la oposición siempre dijo que los violentos eran infiltrados del gobierno para lograr que la opinión pública descalificara las manifestaciones. Ahora que son gobierno... ¡gulp!

4o, porque desnuda la infantil y binaria visión que tiene Morena de la fuerza pública: cualquier actuación es represión. Cuando en realidad, entre no hacer nada y reprimir, hay una amplia gama de matices de ejercicio legal y legítimo de la fuerza pública. En su falso dilema, para no reprimir, crean un vacío que crece hasta llegar a lo que vimos el viernes: ausencia total de autoridad.

La Ciudad de México es de manera natural el lugar donde pueden converger grupos y organizaciones para expresar con impacto nacional ese hartazgo general. No sólo eso: en la capital del país se registra una dinámica particular del fenómeno que no se puede ocultar: se ha disparado la incidencia de crímenes contra mujeres en un periodo que coincide con la llegada del gobierno morenista.

Ante ello, los reflejos de la administración, empezando por su cabeza, la doctora Sheinbaum, han exhibido una consistente visión absurdamente limitada: cualquier reclamo lo consideran provocación, ataque político, complot.

El enojo de los grupos de mujeres se viene expresando desde las primeras semanas del gobierno de la doctora Sheinbaum y ha venido creciendo. La jefa de Gobierno ha sido incapaz de articular respuestas y de acercarse a los grupos (un terreno que le debería ser natural). La manifestación previa, en la que ya hubo vandalismo y violencia, trajo la misma respuesta: "es una provocación". Rápidamente Sheinbaum armó una reunión con feministas como para demostrar su cercanía y deslegitimar la protesta. Pero con un error que los grupos hoy más activos hicieron notar de inmediato: reunió a lo que consideran la "vieja guardia" feminista y marginó a las más jóvenes, que son las más radicales, las más enojadas. Y aumentó la irritación.

La inacción de la policía es criticable porque su intervención podría evitar escenarios como el que vimos, sin necesidad de caer en el abuso. Y, sin duda, es urgente que el gobierno de la ciudad, el federal y los de los estados respondan con acciones reales al clamor general por la violencia e impunidad.

La modalidad única en el mundo de comunicación política instaurada por Andrés Manuel López Obrador en lo que se conoce como "la mañanera", ha sido útil y funcional para los propósitos del presidente. Aunque cualitativamente no domina la agenda informativa -aproximadamente 7 de los 10 temas que trascienden a la opinión pública son los que plantean los medios-, cuantitativamente domina la conversación, lo que le permite mantener sólido el consenso para gobernar. El ritual de "la mañanera" ha ido evolucionando en la manera como la perciben sus interlocutores y generando una diversidad de estrategias para propósitos diferentes.

En un principio todo era expectativa, que rápidamente viró a ser un espectáculo que generaba angustias y temores, al ser utilizado por el presidente para ajustar cuentas con individuos o sectores. Desde el atril convertido en patíbulo, juzgó y sentenció a empresarios y empresas, periodistas y medios, organizaciones de la sociedad civil y políticos de oposición, utilizando el terror como método de sumisión. Tuvo éxito con algunos a los que arrodilló, mientras que otros de sus interlocutores comenzaron a imaginarse formas más inteligentes para poder obtener los mejores frutos de la maravillosa oportunidad de tener todos los días durante casi una hora y media al presidente, respondiendo todo tipo de preguntas.

De esta peculiaridad extraordinaria es la relación permanente con el presidente, que a la vez generó la certidumbre de que en "la mañanera" siempre atacaría a una persona, organización, negocio o sector que se le atravesara en su estilo de gobernar y su proyecto de cambio de régimen, varios interlocutores comenzaron a analizar y descubrir ventanas de oportunidad para sacar un mayor provecho, más allá de lo meramente informativo, de esas comparecencias públicas. El formato ampliaba las posibilidades.

Periodistas de medios perfectamente acreditados acuden al ejercicio diario, pero una de las innovaciones en "las mañaneras", comparado con el realizado a principios de esta década cuando López Obrador era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, fue la inclusión y participación de personas ajenas a los medios de comunicación, pero que experimentaban con otras formas de comunicarse con la gente. La mayor novedad fue la integración -siempre sentadas y sentados en la primera fila del salón de las comparecencias-, de representantes de medios nativos digitales, todos proclives al presidente y dispuestos a preguntar cualquier cosa para denostar a sus interlocutores críticos, lanzar lisonjas sin pudor a López Obrador, y hacerle preguntas a modo para que pueda ajustar alguna cuenta pendiente, enfatizar en una idea o desviar la opinión pública de un tema incómodo.

Lo más importante de todo es que pese a la colocación de preguntas para inyectar oxígeno político al presidente, no hay filtro alguno. Es decir, es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López Obrador se lanza todos los días a la selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era donde se encontraron las ventanas de oportunidad. Si el presidente respondía cualquier pregunta, ¿habría manera de controlar las preguntas que pudieran afectar a una persona o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas?

No era posible tener ese control. La jungla en Palacio Nacional es real. Lo que sí encontraron, cuando menos en dos casos que han trascendido, es que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del presidente, sí se podía contratar que uno de los presentes cotidianos en "las mañaneras" repreguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200,000 pesos hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del presidente, que aceptaron la tarea de contra preguntar en el entendido que quien temía que iba a ser balconeado de manera negativa, les entregara un menú de respuestas ante probables preguntas.

La falta de organización y control en "las mañaneras", junto con la eterna disposición del presidente para hablar de todos los temas y tener una respuesta para cada cuestionamiento, duda o exigencia para que tome una posición, fue vista en otro caso por un interesado que pagó para que uno de los habituales en Palacio Nacional, hiciera preguntas con intencionalidad negativa sobre una empresa competidora, en busca de una respuesta negativa. En este caso, el intento no resultó, porque ante la provocadora pregunta, López Obrador evadió la insidia.

También se puede argumentar que están timando al presidente, cuyo cristianismo moldea su convicción sobre la buena fe de las personas y que seguramente jamás pensó que este tipo de arreglo pudiera construirse en "las mañaneras". Los interesados con agendas extra informativas han encontrado la vulnerabilidad en este evento, eje rector de su gobierno. Influir en el presidente es muy difícil para sus colaboradores, pero la debilidad que lo hace susceptible a manipulación es su protagonismo, verticalidad y desorden en la organización del instrumento que inventó.

Un juez federal ordenó evitar la inundación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y suspendió indefinidamente la obra en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

El juez 5o. de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva en uno de los amparos tramitados contra la cancelación del NAIM Texcoco para que la construcción de Santa Lucía permanezca paralizada. Dicho freno permanecerá vigente hasta que el juez revise si la cancelación del NAIM fue decretada conforme a Derecho.

La resolución notificada ayer reiteró los efectos ordenados por el 6o. Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México, que este lunes resolvió un recurso de queja tramitado en el amparo porque el juez negó la suspensión provisional.

De este modo, al conceder la suspensión definitiva, el juez 5o. ordenó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran para que se lleven a cabo acciones para la conservación de lo ejecutado en el NAIM y se evite la inundación de su infraestructura.

Asimismo, para que no se realice la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, hasta en tanto se resuelva el amparo, lo que podría ocurrir el 27 de agosto próximo, fecha que se tiene programada para la celebración de la audiencia constitucional.

El ex presidente Felipe Calderón pidió a sus simpatizantes organizarse y sumarse a la actividad política para ser contrapeso del gobierno. Advirtió que la democracia en México está en riesgo, con el regreso de un modelo de partido hegemónico, sostuvo que el sistema de partidos tradicionales está debilitado porque cerraron la participación a los ciudadanos.

"Yo creo que la democracia sí está en riesgo, hay varios síntomas. Hechos como el de Baja California, donde la gente votó por un gobierno de 2 años y de la manga le sacan un gobierno de 5, o la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En Venezuela se tardaron 12 años en reaccionar, México no puede esperar 12 años, hagámoslo ahora."

En un gobierno que centra en el presidente todos los reflectores y de hecho la vocería de todos los temas y áreas de la administración, un personaje clave en el proyecto de la llamada 4a. transformación opera y construye discretamente.

Se puede decir que Gabriel García Hernández es el arquitecto y responsable de obra del proyecto del presidente.

Es doctor en economía por la UNAM y trabaja desde hace 18 años con López Obrador. Fue director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor del GDF. Fungió como responsable legal de la polémica fundación Honestidad Valiente, encargada del financiamiento de las campañas presidenciales del tabasqueño en 2006 y 2012. En 2018 era secretario de Organización de Morena y fue responsable de los comités territoriales del partido, además del famoso fideicomiso de ayuda a damnificados por los sismos de 2017.

Su especialidad es el manejo de recursos y la organización en tierra para su uso electoral.

La polémica reforma a la administración pública para crear la figura de súper delegados de los programas federales en los estados es su diseño.

Y se reservó para sí la coordinación general. En sus manos está el uso, la aplicación y distribución de los miles y miles de millones de pesos destinados a la política social en este gobierno.

El sello que el presidente quiere imponer en su política social, y así lo resalta cada vez que tiene oportunidad, es la entrega directa de dinero a los beneficiarios, sin intermediarios, sin instituciones estorbosas.

García Hernández tiene en sus manos ese aterrizaje. Pesa más en ese andamiaje que los secretarios de Hacienda y Bienestar.

Libró las denuncias y polémicas por el manejo opaco de recursos en las 3 campañas presidenciales de su jefe y en el sostenimiento de su movimiento durante 12 años. Libró también, con más polémica, las denuncias y la multa que el INE había impuesto a Morena por el fideicomiso para damnificados.

No lo persiguen los reflectores, y las exigencias de rendición de cuentas le tocan a la Secretaría de Bienestar antes que a él.

En Morena no les preocupa que se reduzcan las prerrogativas oficiales para el partido mientras el súper delegado esté al mando de la aplicación de los programas sociales. A medida que se acerque la elección intermedia de 2021 la atención se irá dirigiendo más y más a él.

Josué Farelas Pacheco, hijo del líder de la asociación de iglesias evangélicas Confraternice, cobra 73,000 pesos como Servidor de la Nación de la Secretaría de Bienestar y es asesor jurídico de la organización, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El hijo del líder de iglesias evangélicas Confraternice, con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido varias reuniones y les ha encargado repartir por el país la cartilla moral, es al mismo tiempo que es asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre, Arturo Farela.

Este es el sueldo que perciben los 259 coordinadores del programa para registrar a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, el salario más alto de entre los 18,000 servidores de la nación.

"Además de Josué Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela, al menos otro hijo de uno de los líderes de Confraternice, Ricardo Camarero Salcedo, y el pastor Roberto Vital Pineda, aparecen en la nómina de Servidores de la Nación", dice MCCI.

En lo que va de esta administración, Farela padre se ha reunido o ha asistido a eventos públicos con el presidente López Obrador al menos 6 veces.

"En 2 de esas ocasiones, Farelas hijo aparece en las fotos con López Obrador y su padre, aunque no está claro si asiste en calidad de líder religioso o como funcionario público. El 29 de marzo estuvo también en la Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas a la que asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los dirigentes de Confraternice", de acuerdo con MCCI.

Los servidores de la nación no podrán portar el nombre del mandatario en su indumentaria y accesorios.

Por ello, los funcionarios tendrán que abstenerse de señalar a AMLO como el promotor de la entrega de estos apoyos, según el fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

"Por la presunta violación a los principios rectores del proceso electoral, así como el presunto uso de recursos públicos, derivado de la promoción del nombre, imagen y logros del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante la indumentaria utilizada durante la entrega de becas a estudiantes y apoyos económicos a personas con alguna discapacidad y a adultos mayores", decidió la comisión.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la comisión del INE, quien ordenó la suspensión inmediata del uso del nombre de López Obrador en la entrega de los programas sociales.

El subcomandante Galeano arremetió de nueva cuenta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de "mentir" y "maquillar" la realidad financiera en que se encuentra el país.

El dirigente político militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió una nueva misiva -la 2a. en una semana- donde criticó el tono "festivo" que utiliza el "Supremo" en sus encuentros con los representantes del poder económico, pero se vuelve iracundo cuando, subrayó, el pueblo le reclama, en particular los trabajadores del campo.

Desde la óptica personal del subcomandante Galeano, las filias y fobias de López Obrador son propias de un "tirano". Y la mejor prueba de ello, abundó, es el trato a los migrantes y el modo "servil" y "rastrero" que asume frente al gobierno estadunidense, así como la derrota del laicismo desde los tiempos de "Salinas, el malo", el impulso y aceleración de los megaproyectos, junto con la destrucción de territorios de los originarios, y el aliento al individualismo y la confrontación con la comunidad.

También se refirió al trato que recientemente dio el ejecutivo a la revista Proceso, al eliminarla como fuente de consulta. "El Supremo borró de eructo toda una historia de labor e investigación periodística difícil de igualar por otro medio", subrayó.

En su carta, titulada "Sonata para violín en sol menor: DINERO", el dirigente zapatista también criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego, simpatizante del gobierno de la 4T.

Con el grupo Elektra y el Banco Azteca, "Salinas, el bueno" -sostuvo- "estafa a los campesinos con el programa Sembrando Vidas, divide y confronta familias, y provoca corrupción entre beneficiarios y supervisores del programa".

Galeano aceptó no ser experto en economía política, pero precisó que será la realidad la que dará los mejores argumentos, y eso sí, acotó, "de forma más pedagógica".

Finalizó: "Cualquiera que hubiera quedado (en la Presidencia de México: Meade, Anaya, el Bronco o Miss Xerox) se hubiera tenido que enfrentar a ese 'entorno mundial adverso' (así dicen los Think Tanks del gran capital) y salir derrotado y buscando culpables. Y todos hubieran hecho y estarían haciendo lo que hace el gobierno actual: mentir y maquillar".

Nerilicón
(en Facebook el 15 de agosto de 2019).

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro beneficiarán a 20,000 personas en El Salvador y 13,000 en Honduras, con el Plan de Migración y Desarrollo que impulsa el gobierno mexicano.

La cantidad que se entregará a cada beneficiario, que se incorporarán desde hoy hasta diciembre, será de 250 dólares y el proyecto ya cuenta con el apoyo de 35 naciones en América Latina, Europa y Asia.

Detalló que el 1er. corte de avance sobre el proyecto se presentará en marzo.

Ebrard informó que, hasta el momento, hay 14,184 migrantes para quienes que se prevé crear 20,000 empleos.

Según el funcionario federal, el gobierno mexicano ya trabaja con 5 agencias de cooperación internacional y 8 organismos internacionales, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se transparente el proceso de apoyo.

En junio, el titular de Relaciones Exteriores anticipó que México destinará 100 millones de dólares para implementar el programa Sembrando Vida en 3 países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Yo no sé si esto sucedió en el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o esta semana:

La delincuencia está desatada. Especialmente contra las mujeres. El caso que causó escándalo es el de una menor de edad que fue violada por policías que la engañaron haciéndole creer que estaban ahí para ayudarla. El secretario de Seguridad Pública sale a defender a sus elementos. La máxima autoridad de la capital del país le enmienda la plana, promete que no habrá impunidad y dice que se pone del lado de las víctimas. Se filtran los datos personales de la víctima. La familia dice que no denunciará más, que ha perdido la confianza en la procuraduría. La autoridad se dice indignada, condena la filtración y promete una investigación exhaustiva. Paralelamente, organizaciones marcharon para protestar contra la violencia hacia las mujeres. La protesta derivo en vandalismo. La máxima autoridad de la Ciudad de México descalificó las protestas, dijo que eran violentas, que eran provocaciones, y que, claro, el gobierno no iba a caer en ninguna provocación. Anunció que se abría ya una investigación contra las y los manifestantes para deslindar responsabilidades.

Me cuesta trabajo identificar las diferencias entre los gobiernos de Morena, que prometieron ser tan pero tan distintos, con respecto de sus antecesores a los que han condenado tanto. Para ser de izquierda, no parecen.

Este miércoles, Morena fue sancionada por no transparentar datos que por ley deben ser públicos.

Con las multas impuestas hoy -por 886,600 pesos- ese partido rompió récord de sanciones por opacidad, pues en lo que va del año ya acumula casi 30 procedimientos sancionatorios por el mismo motivo: incumplir su obligación a publicar en su portal información pública sobre sueldos, gastos, contratos, presupuesto e incluso currículos de candidatos o estructura de la dirigencia.

Desde abril pasado y derivado de procedimientos iniciados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Morena ha sido multado ya por casi 20 casos, 11 de ellos también confirmados por sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión de este miércoles, el Instituto Nacional Eelectoral (INE) impuso otras 12 nuevas sanciones que suman 886,600 pesos.

En los proyectos de resolución de procedimientos sancionadores, se establece que Morena tuvo desde abril de 2018 para subir a su portal la información que le fue requerida; sin embargo, 8 meses después, se mantenía en incumplimiento.

Entre otros datos que ese partido no ha querido subir a su portal se encuentran la información relativa a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, de los 2 primeros trimestres de 2018 sobre contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; aportaciones a campañas y precampañas, correspondientes al periodo 2015 a 2017; e incluso datos sobre sus tiempos en radio y televisión.

También omitió informar sobre estados financieros o la estructura orgánica completa de su dirigencia nacional.

De acuerdo a la Ley de Transparencia, los partidos deben tener en sus portales de internet todos esos datos y actualizarlos. En el caso de Morena, en particular 9 procedimientos que se le abrieron a principios de año y derivaron en multas en abril.

El instituto político argumentó ante el INAI que había sufrido un virus informático que le impidió cargar la información.

Incluso omitió informar datos básicos sobre quienes fueron postulados bajo sus siglas a cargos de elección popular, pues no subió a su página web el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa.

Daniel Cancel, reportero de Bloomberg, entrevistó a 6 directivos de grandes empresas que definieron el estilo personal de gobernar de AMLO como errático.

Moody's, por su parte, advierte una falta de coherencia en el gobierno. Incoherencia que no deriva de las distintas corrientes en el gabinete, sino del propio presidente.

La 4a. transformación padece el síndrome de Penélope: lo que se teje por la mañana, se deshace por la noche.

Se ha creado, así, una dinámica patética: el presidente se reúne con los empresarios, les ofrece el oro y el moro, y afirma que la inversión privada es estratégica para su gobierno.

Los empresarios, por su cuenta, particularmente los más fuertes, se presentan, a la vieja usanza de los sectores organizados, disciplinados y bien formados, y se comprometen a grandes inversiones. La última vez fue por 33,000 millones de dólares.

Pero, al día siguiente, AMLO clausura las farmouts en Pemex y, ya encarrerado, decide apoyar a Manuel Bartlett para que someta a revisión contratos de gasoductos con empresas nacionales y extranjeras.

El resultado es la inmovilidad. Los empresarios hacen mutis, en mayor o menor medida, pero no invierten. Y con las firmas internacionales ocurre algo similar, como lo confirma la carta del gobernador de Texas.

El temor es más que fundado. López Obrador ha faltado a su palabra: prometió no suspender el NAIM o, en el peor de los casos, otorgarlo en concesión a la iniciativa privada para que terminara el proyecto y lo operara.

Era la salida más fácil y económica para todos. Para AMLO, porque cumplía con su compromiso de no invertir en un proyecto que condenó desde siempre. Para los empresarios, porque tenían los recursos para hacerlo y el negocio sería a todas luces rentable.

De hecho, el NAIM es indispensable, para el país, por la importancia de una conexión moderna y eficiente en los tiempos de la globalización.

Peor aún. No había ni hay alternativa viable. Santa Lucía es intransitable. Lo más probable es que el aeropuerto no opere jamás. Y eso sin mencionar que los costos de cancelar el NAIM constituyen la dilapidación de recursos más irracional e irresponsable de la historia de México, y en el mundo compite en el top ten.

Fue justamente ese punto de inflexión el que ha puesto al gobierno de AMLO bajo lupa. Por eso resulta contradictorio que se diga respetuoso de la autonomía del Banco de México y sugiera que baje la tasa de interés para alentar la inversión y el desarrollo.

De hecho, la alta tasa de interés establecida por el Banco de México es el ancla que mantiene los capitales golondrinos en México y se ha convertido en la columna que sostiene el tipo de cambio, que tanto valora y presume López Obrador.

El problema real es que la tasa de interés no es la causa de la atonía económica -término que se usó en el sexenio de Echeverría. La inversión no fluye porque no hay confianza. Y no hay confianza porque AMLO dice una cosa y hace otra o efectúa pronunciamientos alucinantes.

Afirmar que la política debe estar al mando de la economía, rememora inevitablemente la sentencia de Luis Echeverría: "La política económica se decide en Los Pinos", que se inscribió en las puertas del desastre que se abrieron durante el echeverriato y el lopezportillismo.

A contrapunto, la lección de Claudia Sheinbaum, que jamás será entendida ni reproducida en Palacio Nacional, es clara y ejemplar. El Gran Premio de México continuará con patrocinadores privados. De ese modo ganan los aficionados al automovilismo, la industria turística y, por supuesto, la CDMX.

Así que para decirlo en 2 palabras: mientras con la cancelación del NAIM todos pierden, incluso AMLO, para no hablar del país, con el Gran Premio de México todos ganan, incluso la jefa de Gobierno.

Lo anterior contiene una enseñanza muy simple, aunque difícil de asimilar para muchos: López Obrador no va a rectificar, ni un ápice, en nada, pero en materia energética las probabilidades son infinitamente negativas. Porque eso sí constituye, para él, un dogma de fe, que absorbió en los años 70, cuando veneraba al echeverriato y al lopezportillato. Es una cuestión de principios, pues.

Así que todos aquellos que albergan una pequeña esperanza que se haga la luz y se despejen las tinieblas, se equivocan. Simple y llanamente no hay posibilidad que suceda tal cosa. Ante este problema sólo hay 2 soluciones: la mágica (aún por definir) y la científica: rezarle a la Virgen de Guadalupe. Elija, usted.

El presidente ganó con plenos merecimientos y 30 millones de votos, pero no estaba preparado para gobernar.

Lo suyo -y de algunos miembros del equipo que le acompaña-, siempre fue obstaculizar, polarizar, destruir.

Ahora en la Presidencia sigue en lo mismo.

Su retórica en favor de los pobres no pasa la prueba de los hechos en su gobierno.

Con toda seguridad lo anhela, pero no sabe cómo y hace exactamente lo contrario. Su soberbia le impide corregir. No estaba preparado para la enorme responsabilidad que es gobernar México.

La economía va a crecer este año 0.6%, y la población crece a un ritmo de 1.2% anual.

El resultado de que la población crezca al doble que la economía es muy claro: seremos un país más pobre.

Creceremos 0.6% a pesar de un entorno externo favorable. La debacle es por errores de nuestro gobierno.

Y ya somos un país más violento y ensangrentado, porque no hay una estrategia para disminuir la criminalidad.

En 8 meses han demostrado que México podía estar peor en violencia, porque llegaron al poder con pura retórica y nada de planes.

"Vamos a atacar las causas de la violencia, que son la pobreza y el bajo crecimiento económico", repitió una y otra vez el ahora presidente. Entusiasmó a muchos. A millones.

A la hora de la verdad la economía cayó por errores suyos y la criminalidad deja un reguero de cadáveres por todo el país. Más que antes.

El presidente no tiene políticas públicas que entusiasmen a la inversión. Todo lo contrario, la inversión fija (la productiva) cayó 6.9% en mayo, el peor comportamiento en una década, desde la gran depresión global.

No hay atractivos para invertir, y con ello crear empleos, mover la economía, propiciar una mejoría en la calidad de vida de la población.

En sentido figurado, López Obrador sigue bloqueando pozos petroleros.

Bloqueó el gasoducto que conecta Texas con Tuxpan, ya terminado, para recibir gas texano -el más barato del mundo- y que con eso nuestras centrales eléctricas, que funcionan con carbón y petróleo, migren a una energía más limpia y económica.

De hecho, son 7 gasoductos los que el presidente tiene boqueados.

¿Quién se va entusiasmar con invertir en México si el gobierno se niega a pagar lo que ya estaba firmado en contratos?

Los errores de la Presidencia de la República ponen en riesgo la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

El gobernador de Texas le envió una carta al presidente López Obrador el 25 de julio, en la que le pide terminar cuanto antes la revisión de contratos de los gasoductos y destrabar su operación.

"De violar normas del TLCAN -le dice el gobernador Abbot al presidente-, o incumplir contratos, arriesgaría la ratificación del T-MEC" (por sus siglas en español).

México no crece porque su presidente no quiere.

Hay rechazo a la inversión privada en energías renovables, en petróleo y en gas. Cero concesiones.

La cancelación del aeropuerto fue la gran estocada a la confianza, y le siguieron el freno a la reforma energética y la impugnación de los contratos de gasoductos indispensables y ya terminados.

Tan sencillo que sería corregir y relanzar el despegue del país, pero no se hace a pesar de la evidencia.

La inflación es muy baja, excelente. Pero está así porque no hay demanda.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Inegi la semana anterior, el consumo de los hogares registró en mayo el crecimiento más pobre en 10 años: 0.28%.

Claro que no hay inflación. Se frenó el consumo.

Y no se consume por desconfianza en un gobierno errático. Mejor se guarda lo que se tiene y se gasta lo indispensable, por lo que pueda ocurrir.

En los 5 primeros meses del año el índice de confianza del consumidor retrocedió -3%.

¿Invertir? ¿Gastar? Desde luego que no. Todo está paralizado.

Jonathan Heath, integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, explicó hace unos días que la inversión fija bruta en la industria de la construcción está por debajo de la observada en la crisis de 2008-2009.

Durante 2017-2018 las exportaciones mexicanas crecieron 10% en promedio anual. Y ahora sólo crecen a 3.7%.

Por qué caen las exportaciones mexicanas si la economía de Estados Unidos, nuestro principal comprador, ha caminado a muy buen paso (creció 3.1% en el 1er. semestre).

Desde que inició este gobierno, ya no vamos de la mano con el crecimiento de Estados Unidos.

Sí, vamos rumbo a ser un país más pobre y más violento.

A la iniciativa privada se le ponen trabas por atavismos ideológicos del presidente y algunos de sus colaboradores.

¿Cómo vamos a crecer así?

La pobreza se supera con empleo formal, que da seguridad social, prestaciones, acceso a la vivienda y al crédito.

Pero si no hay confianza en el gobierno (porque no corrige ni corregirá sus graves errores), no hay inversión. Y sin inversión no hay empleo, ni consumo, ni crecimiento.

Una lástima. 18 años tras la Presidencia, pero nunca se preparó para gobernar.

La realidad es que a la gente promedio le interesa mucho menos la lucha contra la corrupción que el desempeño de la economía.

Si López Obrador mira hacia el sur, aprenderá mucho de lo que pasa en Argentina.

Lo esencial no es que no haya algunos listos que se aprovechen de las circunstancias sino que el resultado sea de un buen desempeño de la economía para todos.

Si no es así, los electores lo cobran. Más vale que lo registren.

El presidente López Obrador "desprecia y castiga la ciencia y la innovación tecnológica", por lo que "así no se podrán resolver los grandes problemas nacionales que enfrenta el país", sostuvieron científicos e investigadores del CIDE, la UNAM y el IPN.

(V.periódico El Financiero en línea del 13 de agosto de 2019).

Luego de una participación histórica de México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Ana Gabriela Guevara, dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, entregó una medalla simbólica al presidente López Obrador, a quien le agradeció la promesa de apoyo económico a los atletas, con mira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esto después de que varios de ellos fueran despojados de hasta la mitad de sus becas previo al arranque de la justa, argumentando recorte presupuestal.

Si López Obrador ha hablado, en promedio, 89 minutos durante esas mañaneras y controla de manera centralizada el mensaje, el discurso y el protagonismo, los márgenes de equivocación son enormes. Y algunos de esos errores son monumentales, como cuando dijo que había imprenta en México desde hacía 10,000 años, cuando en realidad Johann Gutenberg la inventó hasta 1452 en Alemania. Este lunes afirmó, como explicación del porqué el equipo mexicano había tenido tan alto rendimiento en los Juegos Panamericanos de Lima, dijo que porque las cosas ya habían cambiado, el ánimo estaba en alto y había desaparecido, salvo en pequeños grupos, el mal humor social. ¿Cómo midió el presidente el humor social? El cuestionamiento podría ser directo, inclusive con bromas y provocaciones: ¿el humor social lo mide el índice de la felicidad del presidente?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su secretario de Seguridad se contradijeron el fin de semana pasado. El tema: los 4 policías acusados de agredir sexualmente a una joven, a bordo de una patrulla en la alcaldía Azcapotzalco.

En una entrevista banquetera, tras la entrega de patrullas, Jesús Orta aseguró a los colegas reporteros que los elementos continuaban en sus labores de costumbre porque no había imputación en su contra y la Procuraduría de Justicia local no los había llamado a presentarse. Agregó que no podía violentar sus derechos laborales.

Pero su jefa, Claudia Sheinbaum, dio una declaración que chocó de frente: aseguró que los 4 policías señalados no se reincorporarían a sus funciones y que ella se pondría del lado de la Justicia.

Los reporteros insistieron y le preguntaron a Sheinbaum si contradecía a su secretario. Para salir del paso, tuvo que ponerle polish al golpe: "Me comunicaré con él y la procuradora para ver cuál es el avance de la investigación", dijo.

72 horas después, mujeres integrantes de distintas organizaciones se manifestaron en calles de la Ciudad de México para exigir avances en este caso y en el del Museo Archivo de la Fotografía, donde también una menor de edad ha acusado de abuso sexual a un policía.

El secretario Orta vivió las consecuencias de la contradicción. Al salir a ofrecer el diálogo, una de las manifestantes tomó un puño de diamantina y se lo aventó. Un secretario empanizado en color rosa, contrariado y que, visiblemente molesto, regresó a su oficina cancelando la posibilidad de cualquier encuentro.

También la Procuraduría vivió las consecuencias de la contradicción. Pintas, cristales rotos, cámaras y equipo destruido.

En el discurso de Morena este tipo de actos violentos se justifican porque son una muestra del hartazgo en un sector especialmente vulnerable. Así que no tienen ni cómo reclamar lo de ayer: un sector de la población que ya no puede caminar sin miedo por una calle solitaria. Un sector de la población que, cuando vence los miedos de la denuncia y se atreve a acudir ante el ministerio público, ve sus datos filtrados, expuestos al público y prefiere el silencio porque una investigación decente es prácticamente imposible.

Si las autoridades quieren que lo sucedido ayer no se vuelva a repetir o escale, deben cuando menos actuar en coordinación.

Sería apenas un punto de partida.

Aunque por el desprestigio que se ha ganado a pulso el Tribunal de Justicia Administrativa, y en general el Poder Judicial en Jalisco, muchos celebraron el congelamiento de las cuentas bancarias de los magistrados Celso Rodríguez González, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, es muy probable que esta misma semana queden amparados y la justicia federal obligue el desbloqueo de sus finanzas.

Como se sabe, la semana pasada trascendió que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), decidió congelar las cuentas de estos juristas como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción.

El caso es que aunque el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta al titular de la UIF congelar las cuentas de funcionarios o particulares para investigar lavado de dinero por tráfico de drogas o corrupción, esto tiene que ser sólo cuando exista un convenio internacional y se tengan que cumplir los compromisos, como pasó en el caso de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, o en su caso, acudir con un ministerio público para hacer la acusación y de ahí con un juez de control que autorice el congelamiento de las cuentas.

Pero en el caso de los magistrados, Nieto no tomó ninguno de esos 2 caminos y decidió por sí sólo la medida cautelar con lo que claramente incurrió en una violación constitucional al invadir facultades del ministerio público.

Sus cuentas quedarán desbloqueadas esta misma semana.

No niego la relevancia de la voluntad. Sobre esto, se ha teorizado durante décadas en las Ciencias Sociales, desde la psicología hasta la filosofía. Uno de los libros más importantes que marcó a generaciones de líderes fuertes en el mundo es "El papel del hombre en la historia" de Georgi Plejánov. La voluntad es condición necesaria, pero no suficiente. Es indispensable, pero dicho impulso, que muchas veces nace de la visión de una persona o un grupo de personas, debe institucionalizarse para que se reproduzca en el tiempo. Es el cambio de una sociedad de dádivas, muy arraigada en la cultura religiosa, a una sociedad de derechos y libertades.

Nuestra cultura política, que premia históricamente el voluntarismo y su narrativa, se ha vuelto aún más intensa luego de la victoria política de Andrés Manuel López Obrador. Sólo hay que escuchar 10 minutos al presidente para entender que el voluntarismo es un manto que cubre su narrativa entera. ¿Por qué se va a acabar la corrupción? Porque estoy yo. ¿Qué garantías tenemos que la Guardia Nacional no va a reprimir? Porque estoy yo y no reprimo al pueblo. ¿Cómo le vamos a hacer para que crezca la economía al 4%? Vamos a invitar a los empresarios a reunirnos y convencerlos de que inviertan. La voluntad es el motor político del presidente, suficiente para él, pero difícilmente para el país. Impuestos, leyes, nuevas instituciones, eso es accesorio.

El presidente puede hacer los discursos que sean en materia de combate a la corrupción, pero sólo apuestas institucionales como la Unidad de Inteligencia Financiera están mostrando avances concretos en esta agenda. Es la institucionalización de la voluntad.

La calificadora mexicana HR Ratings consideró "preocupante" la actual política de austeridad del gasto del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que tuvo un impacto sobre el crecimiento económico en los primeros 6 meses del año.

Si bien la debilidad económica y el mal desempeño de los ingresos petroleros resultan preocupantes para la estabilidad de las finanzas públicas, también lo es la política de austeridad, ya que tiene un impacto negativo sobre el mismo crecimiento económico, apuntó la agencia.

Afirmó que la restricción del gasto durante el 1er. trimestre contribuyó negativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es probable que este efecto se haya extendido a los primeros 6 meses del año.

"En este sentido, resulta vital evitar un ciclo vicioso donde los recortes al gasto debiliten aún más la economía y generen a su vez menores niveles de recaudación", estimó en un reporte sobre las finanzas públicas de México en el 2o. trimestre de 2019.

La agencia evaluadora de riesgo crediticio señaló que los resultados de las finanzas públicas a junio de este año reflejan un fuerte control sobre la deuda, ayudado por la estabilidad del tipo de cambio.

"Sin embargo, además de este efecto, la contención en el crecimiento de la deuda también se atribuyó a la austeridad en el gasto, no únicamente contra el mismo periodo de 2018, sino también relativo al gasto programado".

Integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas se manifestaron frente a la Bolsa Mexicana de Valores en demanda de diálogo con el presidente López Obrador, por la entrega de recursos que no se ejercieron en el 1er. semestre del año para el sector agrario. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se manifestó frente al Senado y Secretaría de Gobernación con demandas similares, mientras que el Frente Auténtico del Campo retiró los plantones que mantenía afuera de la cámara alta, en la Segob y Palacio Nacional, pero advirtió que volverá el 1o. de septiembre.

Afortunadamente en México las armas están prohibidas, lo cual minimiza el riesgo de que un fanático de la 4T entre a una escuela privada o a una tienda de lujo a matar "fifís" a mansalva.

Sin embargo, el discurso de "austeridad republicana" que AMLO pronuncia a diario, en el que confunde calidad con despilfarro y éxito económico con corrupción, ha comenzado a permear en la mente de los que menos tienen, de los ignorantes, de los fracasados y resentidos, y peor aun, de los delincuentes, quienes han encontrado en la máxima autoridad del país explicaciones falaces a la pobreza o justificación para cometer delitos, los cuales en lugar de ser vistos como violaciones a la ley merecedoras de castigo son vistos ahora como actos de merecida justicia, obtenida por propia mano.

Los seguidores de la 4T deben reflexionar en la plutofobia nacional encabezada por AMLO, y que ha comenzado ya a boicotear las posibilidades de mejora del país, aumentando el riesgo de invertir en México, reduciendo el crecimiento y el empleo, atizando insanos sentimientos de rechazo hacia los más conocedores y exitosos, y sugiriendo que detrás de todo bienestar económico hay corrupción.

"Periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que, sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros". El presidente estaba enojado, no sin razón, pues si algo le molesta es que le digan ya no que es igual, sino que en algo se parece a los otros, a los de la mafia del poder. El asunto eran las compras de chorizos y longanizas para la alimentación del presidente. El listado era tan absurdo en precios y referencias que resultaba fácil dudar de la veracidad. En eso tiene razón el presidente: no pocos se lanzaron al agua sin hacer las mínimas preguntas sobre el documento, sin checar si la información, más allá de absurda, era cierta.

El problema es que la información viene de una fuente oficial, fue elaborada y subida a la red por alguno de los colaboradores del presidente, finísimas personas más preocupadas por lo que consideran una venganza histórica que por el ejercicio de gobierno. Los verdaderos obstáculos al gobierno de López Obrador no son los periodistas, ni los escritores, ni los organismos de sociedad civil, sino la incapacidad de muchos de sus colaboradores.

Que la oposición critique nunca será noticia. Que los periodistas señalen los errores del poder es parte fundamental de su misión. Que los escritores no se plieguen al poder es lo deseable. Que los organismos de la sociedad civil busquen convertirse en contrapeso del poder presidencial es lo más sano para nuestra democracia. En todo caso, lo que sorprende es que el presidente, que durante años vivió en y de la oposición, se haga el sorprendido por las críticas y recale contra el mensajero; en eso, aunque no le guste que se lo digan, es idéntico a sus antecesores.

Lo verdaderamente preocupante es que el presidente no vea el problema interno. Si el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no alcanzó las metas, fue por un problema de diseño. Si Dos Bocas está en boca de todos, es porque alguien engañó al presidente diciéndole que se podía construir una refinería en 3 años y a un costo, a todas luces, insuficiente. Si hay un problema de subejercicio, es por la incapacidad de los funcionarios para ejercer el gasto. Si hay campesinos protestando en la Ciudad de México, es porque los programas no bajaron a tiempo. Si la Guardia Nacional no aparece, es porque administrativamente es un desastre.

La popularidad del presidente sigue a tope. López Obrador tiene suficiente capital político para seguir haciendo esgrima verbal con quien quiera y lanzando acusaciones a diestra y siniestra (literal, hoy hasta a los activistas de izquierda les llama conservadores disfrazados con absoluta impunidad). Lo que ya no tiene es tiempo para que se note un cambio más allá del discurso, para que el gobierno funcione y para que las finísimas personas que cobran en el gobierno (menos que los anteriores, es cierto, pero de todos modos cuestan y viven de nuestro dinero) comiencen a dar resultados.

Hasta ayer, el presidente López Obrador ha dedicado 15,470 minutos, es decir, 257 horas a sus famosas conferencias mañaneras. Dicho de otra forma: casi 11 días de lo que va de este sexenio se han consumido en tan sui géneris sesiones.

Esta numeralia fue recogida por SPIN Taller de Comunicación Política e hizo el corte a petición de esta columna.

Semanas atrás, aquí se planteó la interrogante sobre qué tan conveniente para el país resulta que secretarios de estado o funcionarios de importantes dependencias, como Petróleos Mexicanos, se tengan que quedar toda la mañanera cuando les toca asistir para dar un informe o para contestar preguntas sobre algún tema en específico. Las intervenciones de esos funcionarios en la mañanera rara vez ocupan el mayor tiempo de tales conferencias y, sin embargo, ahí se quedan.

Hoy propongo preguntarnos qué tan conveniente es que el mandatario invierta ese tiempo y energía en un ejercicio que ha derivado en un formato de cuestionables virtudes.

Hasta este jueves el presidente López Obrador ha realizado 173 mañaneras. O sea, cuando aún no son ni las 10 AM de cada día entre semana, AMLO ya ha dedicado 89 minutos, en promedio, a hablar (no toooodo el tiempo que dura la mañanera habla él, es cierto, tiene invitados y algunos de los paleros disfrazados de periodistas suelen tomarse largos minutos para sus sonseras, pero todo el tiempo de la mañanera él está al habla en esos eventos).

Este conteo, por supuesto, no incluye días como ayer, de actos públicos fuera de la Ciudad de México donde el presidente suele hablar tanto o más que un candidato.

Construir una realidad de palabras es algo que los políticos encuentran útil. ¿Pero no será que le estamos dedicando demasiado tiempo a las puras palabras?

El plural de la anterior frase busca denotar que, al imponer la mañanera a los ámbitos mediáticos, AMLO ha logrado que nos ocupemos de cosas a las que en otro sexenio no invertiríamos tanto tiempo ni tantos recursos.

Eventos presidenciales ha habido muchos, o incluso demasiados, desde siempre. Y los periodistas deben cubrirlos para buscar la nota, como se dice en el argot reporteril. Sin embargo, los reporteros que cubrían esa fuente sabían que una cosa era lo que la Presidencia quería hacer público y otra muy distinta lo que a la prensa independiente le interesaba de ese evento, y esto, casi siempre, era la posibilidad del chacaleo, es decir, la verdadera sustancia informativa ocurría fuera del programa oficial del acto del ejecutivo: cuando se podía cuestionar a funcionarios o al mismísimo presidente.

Paradójicamente, hoy los periodistas profesionales siguen obligados a chacalear, pues López Obrador da la palabra a un puñado de patiños que le ayudan a posicionar lo que a él le interesa, dinámica que no sólo ha desvirtuado lo que, se pretendía, sería una rueda de prensa, sino que provoca los largos soliloquios del mandatario. Lo que nos regresa al tema de esta entrega: ¿qué ganamos cuando el presidente habla tanto y cada día?

Qué ganamos con que el presidente hable a solas en vez de estar con su equipo, en vez de estar revisando/discutiendo proyectos, en vez de estar hablando con gente que le interpele, ilustre, debata o, simplemente, le informe.

Si uno habla tanto, ¿a qué horas piensa y a qué hora procesa, a qué hora trabaja en otras cosas, a qué hora corrige?

O para quién trabaja AMLO cuando habla hora y media diariamente. Muchos de esos minutos son repetitivos, predecibles, prescindibles. Palabrería que nos consume demasiado. A él y a nosotros. No debería ser así.

El problema de Alito Moreno no es ganar la elección del Partido Revolucionario Institucional, cosa que encima se da por descontada. Su problema es que el PRI creó una cultura (por llamarle de manera elegante) del agandalle y que hoy esas maneras de hacer política son dominadas por importantes cuadros de Morena.

Quién necesita al PRI si ya tenemos los impulsos de los morenistas en la Cámara de Diputados.

Hoy, los compañeros de aventura del presidente Andrés Manuel López Obrador pretenden retroceder el reloj más de 40 años.

Los de Morena promueven cambios que además de asegurarles el control monopólico de San Lázaro constituyen un homenaje al peor PRI, en forma y en fondo.

Días atrás la diputada Dolores Padierna anunció que su partido buscará que se modifique la Ley Orgánica del Congreso para que la presidencia de los diputados ya no se turne anualmente, sino que se la quede el partido mayoritario -Morena- durante toda la legislatura.

Los argumentos esgrimidos por Padierna al hacer el anuncio tienen toda la retórica de la naftalina del PRI más rancio.

La diputada sostiene, sin soltar la risa, que ella sólo pretende ajustar la ley a la realidad electoral surgida en 2018: según ella, la idea de que la presidencia de la Cámara de Diputados cambie de partido era para reflejar el pluralismo que desde los 90 trajo como resultado, entre otras cosas, que ninguna fuerza política tuviera la mayoría absoluta. Pero como ahora sí hay mayoría absoluta, lo que toca es hacerle caso a la realidad y modificar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso para que la bancada predominante se quede el liderazgo de San Lázaro los 3 años.

Padierna llegó incluso a declarar que "es ingenuo que una mayoría le ceda el control de la cámara a una minoría".

La pretensión de Padierna tiene una raíz revanchista. "Yo estuve en bancadas de 133 integrantes y no nos daban ni siquiera la presidencia de una comisión que no fuera de las secundarias. ¿Cuántas legislaturas han pasado en que a la verdadera izquierda (sic) no nos daban ni el saludo? Hay que reconocer ahora el peso político de cada quien".

Estos argumentos los habría firmado Fidel Velázquez.

Fueron los métodos antidemocráticos del PRI los que impidieron que durante décadas el congreso reflejara el verdadero pluralismo de la nación. Víctima de esas maniobras fraudulentas fue la izquierda histórica. Por ello es cuando menos decepcionante atestiguar que cuando por fin gana una fuerza que se dice de izquierda, ésta pretenda una regresión: cerrarles espacios a las minorías.

Qué malos ganadores han resultado los de Morena. Arribaron con fuerza al poder, pero les parece poco lo que, por una vez, las urnas les dieron; ahora mediante baratas maniobras pretenden hacerse de más.

Y falta ver lo que pretenden hacer los de Morena con el presupuesto para los partidos. No vaya a resultar que la letra chiquita de un caro anhelo (que los partidos no reciban las barbaridades de recursos que desde los 90 les llueven) sea una trampa embozada: dejar a las otras fuerzas políticas sin apenas dinero cuando el partido en el poder tiene más de lo que nunca siquiera soñó.

Desde los años 70, el sistema político comenzó a aceptar que tenía que tender hacia la apertura. Hoy Morena quiere mover las manecillas del reloj al revés.

Alito podrá ganar la elección en su partido, pero en una de esas descubre que de esa marca histórica en Insurgentes Norte ya queda muy poco: porque para priistas, lo que se dice priistas, los de Morena.

Un veterano empresario que estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a lo largo de su larguísimo proceso para llegar a la Presidencia (uno de sus incondicionales, pues), en una reunión entre amigos, lo definía como un hombre extraordinariamente inteligente y profundamente ignorante.

Lo de la ignorancia ha quedado manifiesto en múltiples momentos de su gestión y va más allá de citar eventos históricos con una distorsión brutal o cifras y datos completamente fuera de la realidad. Por ejemplo, una manifestación de ignorancia es su grosero menosprecio a instituciones independientes y autónomas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los distintos organismos reguladores, y también su desconocimiento del complejo operar de la economía de un país o del mundo petrolero en la actualidad.

Quizás esa ignorancia es la causa de su pavor a viajar al extranjero y participar en cumbres y reuniones con otros jefes de Estado.

La falta de coherencia política está minando el sentimiento económico de México y confianza de los inversionistas, frenando las perspectivas económicas hasta mediados o finales de 2020, con repercusiones para las empresas no financieras del país, informó Moody's Investors Services.

Según la firma, la inversión vacilante, los mayores costos y las tensiones comerciales socavan las perspectivas de crecimiento de México.

Moody's también resaltó las presiones que representa la situación financiera de Pemex, quien necesitará mayor apoyo del gobierno para tratar de elevar su nivel de reservas.

"Pemex enfrenta una incierta normativa y el entorno legal y la liquidez débil obstaculizarían su capacidad de impulsar la inversión de capital. Moody's pronostica el gasto de capital de Pemex en la exploración y el desarrollo crecerán cerca del 21% en 2019 a 6,900 millones de dólares desde aproximadamente 5,700 millones en 2018, pero esa cantidad es probablemente insuficiente para aumentar las reservas adecuadamente", añadió.

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que conquistó al electorado con un discurso de grandeza. Que invitó a soñar con una Transformación con mayúsculas. Que planteó, así, de saque, que el primer año de su gobierno crecería la economía al 2%. Y de ahí para arriba, hasta el 4%. Hoy lo que hay es un presidente que festeja como gran logro que el crecimiento es de 0.1% [en realidad 0.053%, pero lo redondearon - el webmaster].

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que atemorizaba a los más poderosos cuando anunciaba un mitin de domingo en el zócalo, una marcha de decenas de miles, un plantón bloqueando el corazón de la capital nacional. Que hizo de la protesta callejera el megáfono internacional de su lucha política. Hoy lo que hay es un presidente que se esconde en sus cómplices políticos -como el morenista gobernador de Tabasco- para prohibir las manifestaciones y blindar así la 2a. peor decisión de su gobierno: construir una refinería en Dos Bocas, a la fuerza, y en contra de las recomendaciones hasta de sus aliados.

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que se quejaba desde la oposición de un tal "cerco informativo". Que decía que todos los medios de comunicación estaban plegados al poder presidencial. Hoy lo que hay es un presidente que exige que la prensa se alinee a sus dictados, tome partido por él y sólo por él, que no sea plural ni crítica.

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que decía que la violencia se resolvería desde el 1er. día de su gobierno. Hoy lo que hay es un presidente que lleva más de medio año en el gobierno, y los índices de delincuencia están en récord histórico. Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que criticaba los operativos que sólo pateaban el avispero. Hoy lo que hay es un presidente cuyo principal operativo antidelincuencia, el ejecutado en Guanajuato contra los huachicoleros, tiene hoy a ese estado en 2o. lugar nacional de ejecuciones.

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que prometía ser implacable si alguien de los suyos cometía un acto de corrupción. Hoy lo que hay es un presidente que protege a sus colaboradores denunciados por su propio secretario de Hacienda en su carta de renuncia. Un presidente al que le basta con que el más escandaloso de sus súper delegados se separe del cargo (salida política clásica de régimen corrupto), frente al cúmulo de denuncias de los contratos que lo beneficiaron.

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que nunca hubiera tratado mejor a Donald Trump que a un migrante, que nunca se hubiera mostrado más conmovido por la sentencia a un narco que por el dolor de las víctimas de la violencia.

Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador... y no reconozco al que veo en cada mañanera.

En tiempos de un partido hegemónico con mayoría en ambas cámaras y gobiernos en varios estados el papel de la Corte está destinado a frenar abusos de poder derivados de imposiciones mayoritarias que se extralimitan en este afán de cambiar el país en 3 días.

La fila de leyes pasadas de la raya que tendrán que revisarse en la Corte va ya en 3, pero podrían acumularse más. La 1a. y más urgente, porque tiene fecha de inicio, es la de la ampliación del periodo de gobierno del gobernador de Baja California. La hemos comentado ya: por más que tenga lógica administrativa la ampliación del periodo atenta contra un principio básico de la democracia que es el respeto al voto.

La llamada Ley Garrote de Tabasco tendrá también que pasar más temprano que tarde por las salas de la Corte, pues la forma en que está redactada la ley atenta contra el principio básico de la libre manifestación. El gobernador de Tabasco y la presidenta de Morena podrán cantar una misa y decir que el objetivo no es impedir manifestaciones, sino evitar chantajes, pero tal como quedó redactada la ley es un claro atentado a la libre manifestación.

El 3er. caso es la famosa Ley de Extinción de Dominio en la que a los diputados y senadores se les olvidó que existe un principio básico que es la presunción de inocencia y que, aunque nos pese, no se puede disponer de los bienes de un presunto delincuente hasta que no esté sentenciado. La Ley de Extinción de Dominio es una actualización dolosa de aquella frase del general Villa de "mátalos y después viriguas". Dicho de otra manera, no podemos solucionar los problemas de una justicia que, es cierto, no es rápida ni expedita, sino lenta y tortuosa, haciendo leyes para acelerar procesos. Los problemas administrativos hay que resolverlos en la práctica cotidiana, no generando leyes que parten del principio de que el gobierno es tan ineficaz que hay que generar leyes que ayuden a cumplir la ley violando la Constitución.

Vamos a ver de qué está hecha la Corte en la era Zaldívar.

Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a 1a. vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior y muestra indignación ante el asesinato de 8 conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días. Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea, con el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el Artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un gobierno que las transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La empatía del gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad con su gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la retórica.

Insistir en que quieren acusar a Crusius de terrorismo es una táctica de distracción.

Ebrard dice que, para México, Crusius es "terrorista" y plantea extraterritorialidad. Adelante querer su extradición, pero es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza contra los "hispanos" en su manifiesto, los abogados del gobierno mexicano tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General, en todo caso, no tiene competencia y la valoración sobre la acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema es la "preocupación" que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la Colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema que se arrastró el siglo XX y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los 80, cuando el sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.

Por ejemplo, en Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de narcotraficantes. Un comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el criterio de Ebrard, también son terroristas.

Los familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo, de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión de las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del gobierno en Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presenta involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en México.

¿Alguien sabe si ya llegó a Jalisco la otra mitad de los efectivos de la Guardia Nacional? Según algunas fuentes policiales, todo sigue igual que hace un mes. No ha llegado ni un solo elemento más de los 1,800 anunciados -la mitad de lo prometido-.

De hecho, en algunas instancias de gobierno estatales y municipales hay inquietud porque perciben un alto nivel de desorganización. Los policías de la Guardia no tienen dónde dormir, y la logística y comunicación es poco menos que caótica entre los distintos mandos del nuevo cuerpo policial y el Ejército.

En los 8 meses que López Obrador lleva en el gobierno, ha descalificado investigaciones periodísticas que revelaron comportamientos inadecuados de funcionarios de su gobierno o enfoques que no le gustan y por los que ha llenado a la prensa con adjetivos como "fifí", "mentirosa", "conservadora" o el "hampa del periodismo".

Hay quienes defienden la política de comunicación de AMLO, pues argumentan que "las mañaneras" son un ejercicio inédito de apertura, una dinámica que ha desterrado las viejas prácticas de censura, que el presidente solo está expresando el hartazgo popular hacia la prensa corrompida y tiene derecho a defenderse. Pero es inevitable considerar que la hostilidad verbal del político tabasqueño alimenta también los ciberataques feroces y los reclamos de ciudadanos a los reporteros de ser enemigos de la llamada "4a. Transformación" y sirve de coartada para los gobernadores y alcaldes que califican de corruptos a los medios independientes para asegurar su impunidad.

Uno de los reclamos del presidente fue a la revista Proceso -una publicación históricamente crítica con el poder- por no "portarse bien" con él. Aclaró que los buenos periodistas son aquellos que toman partido y apoyan las grandes transformaciones. La referencia de AMLO del buen periodismo pertenece a la antigua tradición de editorialistas militantes al servicio de un proyecto político, como ocurrió durante la Guerra de Reforma en el siglo XIX y durante la Revolución Mexicana, a inicios del XX.

Por lo mismo, su exhortación significa un rechazo a lo que ha costado más de un siglo forjar: una prensa que busca la imparcialidad, la independencia y ser el contrapeso a cualquier gobierno sin importar el signo ideológico. Es también un estatequieto al periodismo de investigación independiente que -en medio de dificultades y peligros- ha revelado escándalos de corrupción estatal que contribuyeron al clima de hartazgo ciudadano que López Obrador capitalizó en su triunfo electoral. Aplicado hoy a su gobierno, ese cuestionamiento le resulta incómodo y lo fustiga en cualquier oportunidad.

El llamado presidencial a "portarse bien" resulta ominoso al recordar que el mismo pedido fue hecho en 2015 por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte -preso actualmente- mientras ese estado se convertía en el más mortífero para ser periodista y México en lo que es hoy: el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio.

Era imposible pensar que con el cambio de gobierno esa inercia violenta contra la prensa se frenara repentinamente. Pero ante las esperanzas generadas por el triunfo electoral del líder de izquierda que creó su propio partido para poner un alto a los poderes fácticos a los que llama "la mafia del poder", nadie esperaba lo opuesto: que fuera a empeorar. Desde que empezó su gestión, 10 periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su profesión; a este ritmo, 2019 podría convertirse en el año más sangriento para la prensa mexicana.

De manera equivocada y hasta contraproducente, el debate en México gira en torno a lo que es una prensa "bien portada" y no sobre qué implica tener a una prensa amenazada, hostigada o diezmada por el poder político, económico o criminal o sus múltiples combinaciones. Una muestra del poco interés del gobierno a esta realidad está en el presupuesto: en el país donde entierran a más periodistas al año que los países en guerra, el fomento al beisbol recibió más dinero que el mecanismo federal que debe proteger a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

López Obrador debe poner el ejemplo de lo que significa el respeto a la libertad de expresión, no solo al dejar de hostigar a la prensa, también al implementar acciones concretas. El presidente debe asegurar el pleno funcionamiento del sistema de protección de periodistas -el mecanismo de protección para amenazados y la fiscalía especializada en investigar los delitos contra la prensa-; empujar a los gobiernos estatales a responder con efectividad cuando se trata de prevenir e investigar las agresiones contra periodistas o medios y acabar con la impunidad de los delitos contra periodistas para que no se repitan.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es y seguirá siendo una institución de contrapeso al gobierno federal sin traspasar la línea del activismo político, asegura su dirigente nacional Gustavo de Hoyos Walther. Van a continuar cumpliendo con su "rol tradicional" en la esfera pública del país al señalar los aciertos y errores de los gobiernos locales y el federal.

"La Coparmex no tiene filias, ni fobias juzga por sus méritos cada iniciativa del gobierno federal y los gobiernos locales y municipales. No nos cuenta ningún trabajo acompañar, apoyar y reconocer las decisiones de política pública que le hagan bien al país y tampoco nos va a molestar señalar en donde hay decisiones erráticas y plantear propuestas alternativas", apunta.

Cuando advierte que no va a dudar en señalar los desaciertos de un gobierno, lo dice en serio y señala al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por generar un presidencialismo "casi imperial" y el ataque constante de éste con los órganos autónomos del país, además de generar poca confianza para la inversión en el país con sus decisiones de gobierno.

Para dar cumplimiento a las medidas de austeridad dictadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que cerró desde el pasado 31 de julio 2 delegaciones y 8 subdelegaciones en México, así como 4 unidades de servicio.

El organismo que dirige Ricardo Sheffield Padilla, detalló que en Ciudad de México, la oficina que cierra es la Sur.

En el caso de Naucalpan, la población será atendida en la oficina ubicada en Tlalnepantla y en Toluca.

Quienes observaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa el lunes desde Valle de Bravo, pudieron haber apreciado a una persona que se veía desaliñada, con ojeras notorias y un rostro de fatiga. Gobernar a México ha resultado bastante más complejo de lo que pensaba el presidente, aunque públicamente dice lo contrario. La permanente molestia contra la crítica en los medios exuda frustración ante la observancia de sus yerros, limitaciones y contradicciones, lo que se ha reflejado intramuros. Uno de sus más leales colaboradores admitió que ya prácticamente nadie le dice nada en las sesiones masivas previas a las mañaneras, porque no quieren que los regañe y descalifique en público.

El presidente sufre un desgaste pronunciado. En febrero, López Obrador alcanzó un máximo de aprobación al llegar a 81%, que representaban 27 puntos arriba del porcentaje de mexicanos que votaron por él en la elección presidencial. Para la medición de junio, había caído 15 puntos, una tasa que se mantuvo estable en julio, de acuerdo con la encuesta de aprobación presidencial publicada por El Financiero este lunes. Es un margen importante que mantiene el consenso para gobernar, pero está lejos de ser una cifra extraordinaria. De hecho, es apenas un punto más de lo que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón al medirse el 1er. semestre de sus presidencias.

El porcentaje de aprobación de 66% es el principal dato duro del estudio, pero no refleja el desgaste. Para verlo hay que comparar los resultados de esta última medición con la que hizo el periódico al cumplir el presidente 100 días en el cargo.

En los rubros torales donde existe la pregunta expresa, la aprobación de López Obrador cae y el desacuerdo sube. El más pronunciado, paradójicamente, fue su caballo de batalla durante 3 campañas presidenciales, la corrupción. A la pregunta si veían muy bien/bien (MB/B) el combate a la corrupción, 53% aprobaron las acciones presidenciales en su corte a los 100 días, mientras que 24% lo desaprobaban y lo calificaban de muy mal/mal (MM/M). En la encuesta de julio, la respuesta MB/B se desplomó 37 puntos (21% aprobaron), y la MM/M se elevó 27 (51% desaprobaron).

A los 100 días de gobierno, 58% de los encuestados calificaron la seguridad pública como MB/B, contra 22% que la pensaban MM/M, pero en julio, las cifras se habían invertido: 33% respondieron MB/B y 42% dijeron MM/M, lo que significó una caída en la aprobación de 25 puntos, y un incremento de 20 puntos en la desaprobación. En el tema de la economía, a los 3 meses el 53% dijo que la conducción económica era MB/B contra 24%, que al responder MM/M reprobaba esa gestión. 3 meses después, la respuesta MB/B cayó 30 puntos (23% de aprobación de los encuestados) y la respuesta MM/M subió 27 puntos (51% de desacuerdo). Los niveles de satisfacción cayeron 16 puntos en la aprobación, y se elevaron 12 puntos en el desacuerdo.

La encuesta de julio reflejó insatisfacción en cómo está enfrentando la pobreza -otro de sus compromisos históricos-, la salud, los apoyos sociales, la educación y la obra pública, que de alguna manera se pueden explicar por los recortes presupuestales en todas las áreas, las deficiencias en la asignación de recursos para la compra de medicinas, el subejercicio y la desorganización dentro del gobierno que impactó en la no entrega de los programas sociales, así como al parar la construcción, se deshidrató la economía. 2 datos duros del estudio que refuerzan estos desacuerdos tienen que ver con la percepción de los colaboradores del presidente, donde 39% respondieron a la pregunta cómo calificaría al presidente, con MM/M contra 35% que dijeron MB/B, y la forma como perdió respaldo en su capacidad para dar resultados, donde si bien 45% respondió MB/B, 35% dijo MM/M.

El presidente mantiene altos niveles en sus principales atributos, honestidad (58% de aprobación contra 24% de desacuerdo), y liderazgo (53% de aprobación contra 32% de desacuerdo), pero al revisar los resultados en el manejo de los temas, cabe la interpretación de que el discurso del presidente de que todo lo malo que existe es culpa del pasado, está perdiendo efectividad. Los mexicanos le han empezado a no creer a López Obrador, y a cuestionarlo sobre promesas incumplidas, como muestra la mala calificación que le dan a su lucha contra la corrupción. No le ayudaron para mejorar esa percepción, según refleja la encuesta, los procesos contra la ex secretaria de estado, Rosario Robles, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el abogado de las élites, Juan Collado.

La medición no prende los focos rojos al presidente, pero sí es una llamada de atención. El desgaste tiene que ver con el discurso y su comunicación política, que empieza a mostrar vacuidad e ineficiencia. Los sofismas también han perdido efectividad. La ventaja es que apenas lleva 7 [8] meses en el gobierno, y tiene suficiente tiempo para corregir y administrar de manera más inteligentemente las expectativas-si admite que está mal y va mal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá, literal, "otros datos" sobre pobreza en México durante su sexenio.

Durante la presentación de indicadores 2008-2018 sobre la materia, el Coneval anunció que a partir de este año inicia un nuevo sistema de medición.

Un sistema en donde actualizarán los cuestionarios para conocer los niveles de desarrollo; medir nuevas carencias y detectar las brechas entre grupos sociales.

Recordemos que AMLO nombró recientemente a José Nabor Cruz al frente del Coneval, por lo que tiene en esa posición a un aliado. Y ya lo dijo el presidente: no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo.

Traducción: con nuevos indicadores a modo, prepárense para un sexenio de combate histórico a la pobreza.

Por cierto, en la presentación de las cifras de pobreza, el Coneval expuso los indicadores a partir de la lectura de una década. Sin embargo, la mayoría de los datos eran conocidos, con excepción del periodo bianual 2016-2018 que completaba el sexenio de Enrique Peña Nieto.

¿Y qué creen? En ese lapso México redujo la pobreza -de hecho con sobresaliente para Jalisco-. Lo que hizo en realidad el Coneval de AMLO, así debemos llamarlo de ahora en adelante, fue minimizar el logro e impacto de los avances de su antecesor.

Abusadillos desde chiquillos...

Nerilicón
(en Facebook el 3 de agosto de 2019).

Que se suspendan servicios de internet a universidades e instituciones de investigación, se restrinjan las participaciones en congresos internacionales sobre sus temas de estudio y no se pueda ni siquiera cargar los celulares o calentar la comida de quienes ahí trabajan para ahorrar en pago de luz [energía eléctrica], mientras se asignan mil millones de pesos para la compra de 2 estadios de béisbol en Sonora suena, cuando menos, incongruente. ¿Hablará sobre congruencia la cartilla moral que pregona el titular del ejecutivo?

Que se pida [exija] una disculpa al Rey de España por el daño que otras generaciones hicieron a los pueblos originarios, mientras él encabeza en la actual 2 importantes desastres ecológicos -refinería en Dos Bocas y Tren Maya- en sus regiones sin escuchar lo que ellos tienen que decir, sólo por haberle pedido permiso a la Madre Tierra, que por cierto no habla, es una combinación de cinismo e irresponsabilidad. ¿Este tipo de faltas se evitan siguiendo los lineamientos de la cartilla moral?

Que se ponga en riesgo la posesión de una propiedad por incurrir en una falta administrativa que por ley tiene una sanción económica, pero ahora se pretende escalar la pena a extiguir el dominio sobre la misma, parece una desmesura insensata. ¿Qué dirá sobre la mesura y la sensatez la cartilla moral de López Obrador y sus secuaces?

El presidente Andrés Manuel López dice que no es vengativo. Pero de que guarda un profundo rencor por lo que sucedió en la elección presidencial de 2006, no hay duda. López Obrador tiene muy bien identificados a quienes no ve como adversarios, sino como enemigos, los ex presidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón, con quienes tiene un diferendo histórico y, todo sugiere, está en proceso de ajustar cuentas. Lo transpiró ayer en su comparecencia ante la prensa cuando le preguntaron sobre Rosario Robles, y si seguía pensando que era un chivo expiatorio. "Sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo decirles como les decía antes", dijo. O sea, "la mafia del poder".

López Obrador no supera la elección presidencial de 2006, que perdió ante Calderón por sólo 243,934 votos. Nunca admitió el resultado y profundizó un conflicto postelectoral para solicitar, por fuera de la ley electoral, que hubiera un recuento general de votos. Calderón envió a un emisario, Florencio Salazar Adame, un ex priista que se sumó a su campaña, para hablar con 2 personas cercanas a López Obrador y proponerle que abrieran todas las urnas y recontaran todas las boletas, con la condición de que quien resultara perdedor, aceptaría la derrota. Como respuesta sólo hubo silencio.

López Obrador revivió ese año con toda fuerza, pero en un contexto donde están alineándose las cañoneras. Salinas es a quien responsabiliza primariamente de "imponer" a Calderón, y "robarle" la elección, tras una embestida para descarrilar su campaña presidencial al difundir escandalosos videos producidos por el empresario argentino-mexicano, Carlos Ahumada, a quien el abogado Juan Collado llevó ante el ex presidente para entregárselos y fraguar el desprestigio de López Obrador.

Collado está en la cárcel enfrentando un proceso por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Ahumada, de la nada, volvió a la escena pública criminal, al desempolvar la Fiscalía General una denuncia de Robles en su contra por la falsificación de documentos y la firma apócrifa de un pagaré, que había desestimado la vieja Procuraduría General de la República en 2013. Entonces, lo que tiene es al autor intelectual y material de los videos políticos en los que aparecían el secretario particular de López Obrador, René Bejarano, recibiendo miles de pesos, y a su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas, así como al facilitador del encuentro con Salinas, en la picota. Los 2 ex presidentes no tienen cargos en su contra, pero ya los colocó López Obrador en la línea de fuego.

El rencor de López Obrador, se reflejó de manera evidente en su tono, retórica y lenguaje de cuerpo, al enseñar que esta vieja guerra que reabrió ayer no tiene luz al final del túnel.

Hace falta un "golpe de timón" que restaure la confianza de los inversionistas… pues hubo uno que la derrumbó.

En la encuesta levantada por el Banco de México entre los especialistas del sector privado en octubre del año pasado, solo el 19% pensaba que entonces era un mal momento para realizar inversiones. El 11% pensaba que era un buen momento y el 70% decía no estar seguro.

Las cifras dadas a conocer el día de ayer indican que el 77% piensa que el actual es un mal momento para invertir; 17% no está seguro y solo el 6% considera que es un buen momento.

Pero, desde luego que el presidente López Obrador tiene otros datos.

La economía mexicana no cayó en recesión técnica en el 1er. semestre de 2019 como habían previsto los economistas de algunas instituciones financieras. De cualquier manera, el crecimiento del 2o. trimestre fue anémico, apenas 0.1% frente al trimestre inmediato anterior. El crecimiento anual, que compara con el 2o. trimestre de 2018, alcanzó 0.4%. En las circunstancias no es un mal resultado.

El presidente festejó la equivocación de los especialistas: "Contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía e íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció". Varios economistas pronosticaron, en efecto, que en el 2o. trimestre se registraría un descenso de 0.1% en el PIB. El "error", sin embargo, es de apenas 2 décimas de punto porcentual. En cambio el presidente, quien sigue insistiendo que la economía crecerá 2% este año, parece encaminado a un desvío bastante mayor. "Sabemos que va muy bien la economía", dijo ayer López Obrador, lo cual es por lo menos una exageración con un crecimiento trimestral de 0.1%.

La desaceleración no es producto de factores externos. Tanto la industria de exportación como las remesas mantienen buenas tasas de expansión. La economía de Estados Unidos, el socio comercial que absorbe 2 terceras partes de nuestras exportaciones, está creciendo a una tasa de 2.1% anual.

Los problemas se están registrando en el mercado interno. La reducción del gasto neto total de 4.5% en los 6 primeros meses de 2019 ha sido uno de los factores en la desaceleración (aunque el presidente dice que él tiene "otra información", distinta a la de su propia Secretaría de Hacienda). El consumo interno se muestra débil, particularmente el que registran las empresas de comercio al mayoreo. Si bien las cifras de desocupación abierta están estables, la subocupación ha aumentado de forma importante.

Es importante que las nuevas inversiones públicas sean realmente rentables. El gobierno ha cancelado proyectos importantes, como el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no solo estaban generando una fuerte actividad económica, sino que serían rentables en el futuro. Los proyectos del nuevo gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, van a perder dinero por lo que en vez de crear valor lo van a destruir.

Todo inicio de sexenio en México viene acompañado de una desaceleración o una recesión. Esto es consecuencia del peso que tiene el gobierno en la economía de nuestro país. En otras naciones, como Estados Unidos, no se generan afectaciones económicas visibles por el cambio de gobierno. Nuestra dependencia es malsana.

El estancamiento económico del 1er. semestre de 2019 no debe preocupar demasiado de momento a la luz de la experiencia histórica. Habrá que estar atentos a partir de ahora a la inversión privada. Si los empresarios sienten que México sigue ofreciendo oportunidades de inversión, la economía podrá recuperar su crecimiento. Las inversiones públicas, sin embargo, no serán de mucha ayuda, porque tienen propósitos políticos y no realmente económicos.

Quizá el país no está en recesión técnica, pero 13 de las 32 entidades del país registraron contracciones económicas en el 1er. trimestre de 2019 según el INEGI. Aguascalientes tuvo el peor desempeño con una caída de 3.9%. Tlaxcala tuvo el mayor crecimiento con un avance de 4.4%.

Los partidarios del gobierno hicieron una virtual fiesta ayer, cuando los datos del Inegi -por lo pronto- descartaron la posibilidad de que se vaya a presentar una "recesión técnica", pues revelaron un crecimiento de apenas 0.1% en el PIB del 2o. trimestre del año.

Pero, muchos cuestionaron severamente al gobierno por el hecho de que el crecimiento fuera de solo ese porcentaje. Circuló ampliamente un tuit de López Obrador, cuando cuestionó los resultados económicos del gobierno de Peña en 2014, al darse solamente un crecimiento de 0.8%.

En mi opinión, el gobierno no debió festinar que eludimos la "recesión técnica". Reconociendo el hecho, debió decir que tenemos un crecimiento virtualmente inexistente y que se están tomando medidas para impulsar tasas mayores en los próximos meses.

Los datos del 1er. semestre revelan que los ingresos públicos se quedaron cortos en 68,430 millones de pesos. Y el desempeño esperado de la economía en el 2o. semestre hace pensar que podría haber también ingresos insuficientes en la 2a. mitad del año.

El estancamiento económico que vivimos podría poner en riesgo la estabilidad de la economía si los inversionistas percibieran que un crecimiento muy bajo -no tiene que ser recesión- puede hacer inviable el superávit primario al que se ha comprometido el gobierno.

Por eso es que Hacienda no se detiene mucho en los argumentos de que hay bienestar, aunque la economía no crezca.

La realidad es que, en la práctica, el gobierno sí está preocupado por el bajo crecimiento, aunque el presidente no lo diga.

El gobernador del Estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), ordenó la publicación en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Código Penal en la que se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras, por lo que hoy entra en vigor.

La diputada María Rosete Sánchez (PES) dijo que su fuerza política "está en contra de este tipo de reformas que atentan contra los derechos humanos y generan violencia". Señaló que la reforma será "traición a la sociedad de Tabasco", en la línea de leyes "a modo contra el espíritu de la 4a. Transformación.

Paco Calderón
(31 de julio de 2019).

El actual titular de Semarnat, a diferencia de los titulares de esta dependencia en los sexenios anteriores, es un crítico de los megaproyectos. De hecho, en su artículo de ayer en La Jornada llamó a estos conflictos "infiernos ambientales".

El problema es que la decisión no está en sus manos, sino al final de cuentas en las de López Obrador que parece más favorable a este tipo de planes, con el discurso de que llevan progreso y desarrollo a los pueblos.

Si bien es cierto que el presidente canceló el NAICM, también dio su visto bueno al Proyecto Integral Morelos al que se oponen una veintena de pueblos de ese estado, Puebla y Tlaxcala. Además, López Obrador ha definido como asuntos prioritarios los megaproyectos del corredor interoceánico y el Tren Maya, proyectos resistidos también por decenas de pueblos del Istmo y de la península de Yucatán.

Si bien se manifiestan estas diferencias entre López Obrador y su titular de Semarnat, los planes impulsados por el gobierno de la 4T parecen más encaminados hacia la realización de este tipo de megaproyectos, en lugar de promover formas de desarrollo acordes con las decisiones de los propios pueblos y comunidades asentadas en esos territorios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe de la Secretaría de Hacienda de que hay un subejercicio del gasto por 174,484 millones de pesos y aclaró que él tiene otros datos de la misma dependencia.

"Tengo otra información. Tengo información que está bien el ejercicio del presupuesto porque es algo que se ha manejado sin sustento", sostuvo.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente sostuvo que no es subejercicio sino ahorro.

Paco Calderón
(30 de julio de 2019).

El esfuerzo de utilizar a la banca de desarrollo como una palanca para dinamizar la actividad económica es muy positivo.

Pero va a ser insuficiente.

Lo que se tiene que generar no es solo oferta de crédito. Esa existe, tanto en la banca de desarrollo como en la banca comercial. El tema de fondo es generar demanda de crédito.

Y esa se crea con confianza.

Como decía Cantinflas: "ahí está el detalle".

No sé si algunos personajes que tienen entrada con López Obrador le han dicho que hay decisiones que quizás a él le gusten, pero que han generado desconfianza entre los inversionistas. No lo sé.

AMLO tiene 2 perfiles.

A veces es doctrinario y en otras es pragmático, por eso es difícil de entender.

Como doctrinario, podría decir: "allá el sector privado y sus opiniones, si no les gusta lo que estamos haciendo, que se vayan a otro lado".

Como pragmático asumiría que le disgusta ser condicionado por los inversionistas, a los que considera ambiciosos sin calidad moral. Sin embargo, sabe que son importantes para el desempeño de la economía. Y más aún, sabe que un enfrentamiento con ellos podría descarrilar todo el proyecto económico de este gobierno.

La clave está en que algún funcionario, empresario, asesor, de aquellos que el presidente escucha y cree, le explique que, si no manda otras señales de confianza, ni el programa anunciado el lunes ni, incluso, un paquete económico sensato para el 2020 van a ser suficientes para reactivar el crecimiento.

La calificadora Standard and Poor's dijo que el lento crecimiento económico en México actuará como un lastre para el desempeño corporativo, con lo que aumenta el riesgo de una baja en calificaciones para las empresas en el país.

La firma resaltó que el entorno político sigue siendo una preocupación ya que la ausencia de políticas económicas pragmáticas y otras decisiones políticas han socavado la confianza de los inversionistas. "Aunque el gobierno está tratando de construir relaciones con el sector privado para disipar las preocupaciones, no esperamos que la actividad de inversión se reanude hasta que sea más evidente que el marco de políticas apoya el entorno empresarial", dijo.

Así, destacó que es poco probable que la inversión privada se reanude en los próximos 6 meses. "Las inversiones de capital se han estancado en los últimos años, y esperamos que el gasto de capital permanezca expuesto a riesgos políticos y perspectivas de crecimiento económico lentas", explicó.

Standard and Poor's explicó que las decisiones de inversión permanecen principalmente en suspenso, lo que mantiene detenida la infraestructura y los sectores relacionados, tales como materiales de construcción, ingeniería y construcción, y bienes de capital, entre otros.

Este lunes, el Congreso de Tabasco aprobó con 24 votos a favor, un voto en contra y cero abstenciones una reforma al código penal del estado, donde estableció una pena de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas.

La legislación, conocida como "Ley Garrote", ha generado opiniones encontradas entre diversos sectores sociales, pues varios consideran que esta reforma pretende castigar a quienes realicen manifestaciones en la entidad; conoce los alcances de esta iniciativa y las reacciones que ha generado entre diversas figuras de la política mexicana.

Esto se debe a que, en la década de los 90, el [ahora] presidente Andrés Manuel López Obrador realizó diversas marchas y bloqueos en su natal Tabasco para manifestarse en contra de fraudes electorales o por lo que consideraba injusticias para los campesinos, por lo que algunos críticos consideran que la "Ley Garrote" es una contradicción para la historia del actual presidente, quien [dice que] no tuvo una acción directa en las modificaciones al Código Penal.

También muchos recordaron que, en 2006, López Obrador organizó un bloqueo en Reforma que duró en total 47 días tras los resultados que le dieron 0.56% de ventaja a Felipe Calderón en la elección presidencial.

En aquel momento, el bloqueo afectó la vialidad y la economía de Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente aseguró que de lo que se trata con esta ley es de frenar los casos de soborno y extorsión a funcionarios, principalmente de Pemex.

"Se está buscando corregir un vicio, se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo en esa empresa o una compañía que trabajaba para ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500,000 pesos a la semana para poder pasar", comentó.

López Obrador remarcó asimismo que es "para que no haya sobornos y no se instaure el moche como forma de gobierno. Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo".

El Ejecutivo federal señaló que se tiene que hacer la investigación y separar, pues aseguró que "hay que garantizar el derecho de manifestación, pues es un derecho sagrado".

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, condenó la aprobación de la llamada "Ley Garrote" al considerarla una incongruencia por parte de la bancada de Morena.

El legislador recordó que hace 25 años, el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, modificó las leyes para acusar de pandillerismo y delincuencia organizada a quienes se manifestaran, aplicándoles una sanción de 5 años de cárcel, lo que fue muy criticado por el [ahora] presidente Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, agregó que con la aprobación de dichas reformas se comete una injusticia para quienes demandan empleo, más y mejor atención de sus autoridades y quienes exigen justicia. "Es una traición a los ciudadanos que votaron por más progreso".

La organización Amnistía Internacional (AI) consideró, a través de un comunicado, que la libertad de expresión y los derechos humanos se "ponen en riesgo" con la ley aprobada este fin de semana.

La entidad expuso que la llamada "ley garrote" afecta a "la libertad de expresión y de reunión en el país" y que podría "ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos".

La organización considera que esta es "una reforma que criminalizaría las manifestaciones públicas".

"La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos", destacó en el boletín Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

Agregó que "esto es una clara violación a la libertad de expresión en México", dado que "además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica".

AI consideró que este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos.

Por otro lado, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, expuso que esta ley genera comentarios desfavorables porque se afecta a pseudo líderes sindicales ligados al PRI que obstruyen instalaciones y construcciones para extorsionar.

El común denominador en las denuncias sobre las prácticas, informa el edil, es el de exigir cuotas para dejar trabajar a las empresas es que se trata de grupos políticos y pseudo sindicatos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI); "sabemos quiénes están del lado de la extorsión", subrayó.

Aseguró que, en el caso de los reclamos sociales, las personas serán atendidas y no habrá ninguna medida que coarte sus garantías a la libre manifestación. Recalcó que no hay un estado represor, sino respetuoso de los derechos humanos.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, cuestionó la llamada "Ley garrote" en Tabasco a través de sus redes sociales al considerar que es una medida de "intolerancia".

Consideró que en esa entidad, "el autoritarismo y la intolerancia del régimen morenista pretende penalizar la protesta y silenciar la crítica ciudadana".

Ayer el presidente dijo que el Coneval continuará, pero con un nuevo titular que no gane 200,000 pesos mensuales, como Gonzalo Hernández Licona, sino solo 90,000. Pero el extitular ya mostró su recibo con un sueldo de 91,957.52. ¿Nadie le dice al presidente cuando sus "otros datos" están equivocados?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó que el documento denominado "Hacia una Nueva Escuela Mexicana", tenga validez oficial.

Dicho texto promueve un aplauso del magisterio para el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio del nuevo ciclo escolar, detalló la dependencia en un comunicado.

El documento "Hacia una Nueva Escuela Mexicana" fue revelado por Proceso, que detalló que como parte del protocolo del inicio de clases, en todas las escuelas públicas del país se leería una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las y los maestros en la cual asegura que con su gobierno empieza la "Nueva Escuela Mexicana". El semanario lo calificó como un hecho inédito, pues en ningún inicio de clases de las escuelas de educación básica pública del país se había leído una carta del presidente como parte de los inicios de las actividades magisteriales.

Además, la SEP precisó que no ha emitido los instrumentos de capacitación previos al inicio del ciclo escolar 2019-20.

Como parte del protocolo del inicio de clases, en todas las escuelas públicas del país se leerá una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las y los maestros en la cual asegura que con su gobierno empieza la "Nueva Escuela Mexicana".

Esto es un hecho inédito, pues en ningún inicio de clases de las escuelas de educación básica pública del país se había leído una carta del presidente como parte de los inicios de las actividades magisteriales como ahora se tiene previsto para el ciclo escolar 2019-2020.

El mensaje presidencial consistirá en los lineamientos que todo el magisterio deberá atender como una obligación.

En un documento titulado "Hacia una Nueva Escuela Mexicana", que es parte de un taller de capacitación, se tiene previsto una carta con un mensaje de López Obrador y la explicación de su propuesta de enseñanza que considera como "una filosofía y una política educativa". Se les pide a los maestros que celebren la carta con aplausos.

En el "Guion de conducción" del documento se señalan los pasos que se seguirán en el curso y el primero de ellos lo explica de la siguiente manera: "Lectura de la carta del presidente. Celebremos con aplausos que el gobierno de la República valora nuestro esfuerzo y festejemos que concluyó un marco jurídico injusto como fue la reforma educativa anterior".

"También celebremos que tenemos un mensaje del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a propósito del inicio de las actividades del ciclo escolar 2019-2020.

"Este mensaje contiene la visión del Gobierno de México en el marco de la Cuarta Transformación y será uno de los insumos para la construcción de la NEM (Nueva Escuela Mexicana); les pido que escuchen con atención y tomen nota de las ideas".

México vende afuera una imagen de lo que no es hacia adentro, pues mientras anuncia apoyos por 90 millones de dólares (1,713'600,000 pesos), para atender las causas de la migración en esos países, aplica al interior un plan de austeridad que implicó una reducción en el Presupuesto de Egresos para este año del 25% y con ello el arranque de una ola de despidos en la administración pública de al menos 200,000 trabajadores, la eliminación de las estancias infantiles y una crisis en el sector salud, que ahora requiere de cuando menos 10,000 millones de pesos para funcionar.

Las bancadas del PRI y el PAN en el Senado coincidieron en señalar que la estrategia migratoria del presidente López Obrador es "incongruente y sin sentido".

Mauricio Kuri, líder del PAN en el Senado, señaló que "hay que recordarle a las autoridades mexicanas que ellos están para salvarguardar los derechos y hacer más digna la vida de los mexicanos no para regalar dinero a otros países".

El también panista Damián Zepeda sostuvo que "México quiere vender afuera una imagen de lo que no es, pues con el acuerdo, el presidente y su gabinete están desenfocados, en una lógica que por un lado acepta posturas indignantes para México en términos migratorios de Estados Unidos y por el otro lado queriendo resolver los problemas de otros países cuando lejos están de resolver los propios".

Añadió que sí hay que ser solidarios, pero "de ahí a agarrar 90 millones de dólares es un sinsentido".

Zepeda recordó algunos de los problemas que ha derivado de la austeridad el actual gobierno como la reducción de recursos para los médicos pasantes, el cierre de las estancias, "el problema de los policías federales que no les pagan su salario completo y así nos podemos ir".

El coordinador y vicecoordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio y Jorge Carlos Ramírez Marín coincidieron con la postura panista. "Se están comprometiendo importantes recursos federales cuando se ha dicho hasta el cansancio que es necesario hacer ahorros".

Dijeron que es contradictorio porque el apoyo a Centroamérica, obligado por presiones externas, "va a contracorriente de la imperiosa necesidad de invertir recursos en el sector salud a nivel federal y de las entidades federativas".

A propuesta del gobernador Adán Augusto López, el Congreso de Tabasco aprobó en comisiones un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.

La reforma será votada en el pleno hoy y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es "incongruente" castigar una práctica que promovió hace más de 2 décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

[¿Emparejándole el camino a Dos Bocas? - El webmaster.]

Como si no tuviéramos problemas que enfrentar, esta semana buena parte de la conversación pública (léase medios, redes sociales y charlas de sobremesa) giró en torno a la especulación de que López Obrador se reelija al final de su sexenio en 2024. Enrique Krauze, incluso, propuso lanzar un Frente Nacional Antireeleccionista que podría ser encabezado por el mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas. Como es sabido López Obrador acudió a un notario público para certificar su decisión explícita de nunca intentar eso de lo que ahora se le acusa. Inmediatamente sus críticos advirtieron que esa promesa notarial no elimina el peligro. 1o., porque es un documento que no tiene valor jurídico, simplemente acredita que en tal fecha esa era su voluntad. Tendría el mismo carácter que un testamento que igual puede cambiarse cualquier otro día. Y 2o., porque la reelección no es el único camino para mantenerse en Palacio Nacional, la otra vía es la extensión del mandato mediante un cambio en la constitución. Aunque conseguirlo supondría un brete jurídico, en estricto sentido esa opción no requeriría presentarse a unas elecciones.

Desde luego el temor no es gratuito. Se originó con el albazo que propinó el congreso estatal de Baja California mediante el cual se extendió el mandato del gobernador de Morena recién elegido. Como se recordará, las elecciones en aquél estado fueron convocadas para cubrir un período de apenas 2 años, obedeciendo al deseo de recorrer así el calendario estatal y empatarlo con las elecciones federales intermedias de 2021. Pero una vez en el poder, el gobernador elegido, Jaime Bonilla (un empresario ex priista que supo leer a tiempo el cambio de aires políticos), encontró que 24 meses no justificaban ni el esfuerzo ni los gastos de campaña y movió los hilos para que los diputados locales le ampliaran la chamba para continuar hasta el 2024, es decir en total 5 años. El problema, claro, es que los ciudadanos habían elegido a un funcionario para el término de 2 años, sin derecho a reelección según reza la convocatoria, lo cual supondría un abuso inexplicable de parte de los generosos legisladores locales. Curiosamente la mayor parte de ellos eran panistas, algunos en proceso de cambiar a Morena y en medio de muchas acusaciones de haber sido convenientemente "maiceados". El tema seguramente habrá de resolverse en la Suprema Corte.

Pero el caso de Baja California encendió las alarmas entre todos aquellos que ven a López Obrador como enterrador de la democracia. Suponen, incluso, que puede tratarse de un laboratorio de lo que podría suceder luego a nivel federal. No obstante el presidente ha declarado reiteradamente que es un republicano de cepa y cita a Francisco I Madero, el antirreleccionista, como uno de sus referentes históricos. Una y otra vez ha dicho que no seguirá en el poder al final de su mandato y ahora lo ha afirmado ante notario público. Pero se habría ahorrado todo este desgaste de paja si simplemente hubiese hecho un deslinde crítico con lo que está pasando en Baja California. Por el contrario, sus intervenciones al respecto no han podido ser más ambiguas. Interpelado en las mañaneras al respecto, solo ha dicho que él no metió las manos, que se trata de un asunto regional y que, en todo caso, las autoridades federales electorales y la Suprema Corte tendrán la última palabra. Sobre esto último tiene razón, sobre lo 1o. hay más dudas. López Obrador no es de Morena sino al revés. Se trata de un partido hecho en torno a su persona y cuesta trabajo creer que el congreso local y el mismo gobernador hubieran perpetrado esta patraña si el líder nacional se hubiera opuesto. Cabe la posibilidad de que lo hicieran sin consultarlo, pero no tengo dudas de que, de haberlo deseado, él tenía capacidad de pararlo una vez que se puso en marcha.

Quiero pensar que López Obrador es sincero cuando afirma que no traicionará su palabra en 2024, lo que no me explico son las ganas de complicarse innecesariamente las tareas de gobierno. La 4T se habría podido quitar muchos obstáculos y molestias si el presidente usara menos explicaciones e impartiera menos lecciones verbales; si no ofendiera a las tradiciones republicanas con encuestas a mano alzada para presumirlas como la voz del pueblo, si no desafiara y descalificara a sus adversarios todos los días casi siempre con razón pero a veces sin ella.

Horas antes de firmar notarialmente su intención antirreleccionista, dijo en la conferencia mañanera que gobernaría "hasta que el pueblo quiera". Se refería a que incluso podría salir antes, si es que un referéndum se lo pedía. Pero sus críticos lo sacaron de contexto para insistir que era una amenaza velada para perpetuarse en el poder. Lo dicho, López Obrador siempre se las arregla para darles municiones a sus adversarios.

En lugar de promover la inversión y el crecimiento, las decisiones del gobierno han llevado a la economía mexicana al estancamiento o a la recesión, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En el reporte Análisis Económico Ejecutivo, el organismo informó que eventos como el arbitraje que inició el gobierno contra las empresas que construyeron el gasoducto Texas-Tuxpan, el insuficiente plan de trabajo de Pemex y la Ley de Austeridad, "no han sido los más acertados para revertir la tendencia al estancamiento o la recesión".

Al contrario, esas decisiones generarán presiones sobre las finanzas públicas y frenarán la inversión productiva, abundó el organismo.

Explicó que hay inquietud por los recientes cambios en el gabinete y las declaraciones contra los organismos independientes, como el Coneval, lo que "apunta a un entorno de mayor inquietud para la segunda mitad del año, con su consecuente efecto sobre los niveles de confianza".

Todavía la 1a. y 2a. marcha contra el alza al transporte, el viernes y sábado, conservaron cierto halo de legítima demanda ciudadana.

En la 3a. protesta convocada ayer frente a Casa Jalisco, y que creímos iba redondear la expresión del descontento, se aparecieron los morenos. Con esto, politizaron una demanda que pudo pasar por auténticamente ciudadana. Ahí anduvieron, sin disimular y con chalecos de Morena, regidores y actores del partido en Jalisco.

Una de las asistentes fue Claudia Delgadillo. Expresó su descontento portando una playera Fendi que en una googleada cuesta, ahí nomás, 10,000 pesos. Una torpeza imperdonable. ¿Quién puede creerles así?

Con esto, los morenistas le dieron el pretexto perfecto al gobernador para argumentar que detrás de esas marchas sólo están sus rivales políticos.

Paco Calderón
(28 de julio de 2019).

El gobierno debería saber que su actuación debe estar sujeta al escrutinio público, que ese escrutinio es expresión de la más genuina democracia aún si es un escrutinio deficiente, incluso si se trata de un ejercicio periodístico mal intencionado, ya que en una democracia hasta quienes nos parece que "se portan mal", tienen derecho a pensar y expresarse. Si lo que afirman y dicen daña delictivamente a terceros, es de suponerse que también tendrán la capacidad de asumir las consecuencias.

No es función del periodismo avalar los programas de gobierno, tampoco denigrarlos nomás porque sí. Para apoyar a ojos cerrados las acciones del poder ya hay muchas instancias, así los correligionarios a ultranza, y no pocas sectas religiosas que traicionan todos los días su aparente ideal cristiano, vendiéndose a cambio de privilegios y concesiones, aun si para ello deban ser los bufones de las nuevas cortes.

El trabajo del periodista es mucho más serio porque su compromiso no es con las estructuras del poder, sino con la sociedad.

Uno de los grandes errores del que te vas a arrepentir toda tu vida es la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que ya te enfadé de tanto mencionarlo, pero es un error que perjudica a México y doblemente se realiza, es todo el desperdicio y gasto irracional de lo que se invirtió hasta la fecha en el aeropuerto, que sería una gran maravilla para nuestro país, además muy rentable y un gran atractivo turístico, Aeropuerto que se compararía con los mejores del mundo.

Por otra parte, tú sabes perfectamente y te lo han dicho los mayores expertos en aeronáutica y en todos los ámbitos, que Santa Lucía no es viable y lo peor es que lo que se invierta ahí se va a perder irremediablemente.

Luego la ocurrencia y capricho de la Refinería de Dos Bocas es otro de los grandes errores que sufrirá México.

Otro gran problema como lo mencionó en su artículo Jaime Sánchez Susarrey: "hay un gran problema que está en el IMSS y el abasto de medicinas, como muchos advierten se avecina una crisis de enormes proporciones que provocará desabasto y pérdida por el manejo de las medicinas, lo anterior deriva de la posición de centralizar todas las compras en la Secretaría de Hacienda por un monto de $17,000 MDP. AMLO está convencido de que no hay otra manera de eliminar la corrupción que supuestamente permea el abasto de medicinas".

Pero basándome en lo que menciona Jaime Sánchez Susarrey, el remedio está peor que la enfermedad, porque si el IMSS nunca fue ejemplo de eficiencia ahora está peor por la falta de medicinas y sin poder realizar cirugías u otros procedimientos importantes, provocando la agravación o muerte de los pacientes.

Otra cosa, ¿por qué la traes contra las instituciones y los órganos autónomos que miden la eficiencia de las políticas del gobierno federal y de los servidores públicos?, piensa que las instituciones son realmente positivas para nuestro país y para los mexicanos.

Entre las innumerables carencias, manifiestas en sus cotidianas mañaneras -un día sí y otro también- por el titular del ejecutivo, la que se llevó el récord semanal fue su creencia de factibilidad de control sobre la prensa.

Su clara tendencia megalómana, respaldada por sus legisladores chairos y ya un 1er. par de juristas en la máxima corte, le han llevado a la ilusión de unificar en su persona los poderes constitucionales. Pero se ha olvidado que el 4o. poder piensa, analiza, critica e informa por su cuenta.

Ese 4o. poder no es de 4a... y menos cuando le faltas al respeto, lo tildas de "fifí" y pretendes que sólo informe en la medida de tus deseos.

¿Por qué han dejado de quererlo o seguirlo fielmente, como en campaña lo hacían, periodistas como Ricardo Rocha, Víctor Trujillo "Brozo", y revistas como Proceso, sólo por citar algunos?... ¿Practicarán el examen de conciencia, entre los evangélicos? Valdría la pena que se lo recomendaran.

Dice mi amigo Alejandro que el problema de la 4a. Transformación es que muy pronto cambiará de género: La CuatroTe se convertirá en un CuatroTe. No son pocos lo que creen que justamente eso es lo que está pasando en Baja California, que la falta de definición del presidente respecto a una clara violación a la Constitución es una evidencia de que el señor se quiere reelegir.

El problema de tener una política tan amlocentrista es que hoy la discusión gira casi exclusivamente en lo que dice el presidente y en lo que no dice. Si el presidente no se pronuncia en contra de la ampliación del periodo de Bonilla quiere decir que está de acuerdo y de ahí, en un salto mortal epistemológico, se concluye que López Obrador se quiere reelegir. La cosa es más simple y más perversa: Jaime Bonilla puso como condición para aceptar la candidatura que le ampliaran el periodo y Yeidckol se comprometió a ello. Esta es, pues, una operación de la presidenta de Morena y el presidente no la va a dejar colgada... salvo que sea necesario.

Hoy resulta que el presidente no estaba enterado (lo cual, de ser cierto, habla pésimo del gobierno y confirma los peores temores sobre el gabinete); que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice que respeta la decisión del Congreso de Baja California, aunque, aclara, es inconstitucional. Y para ponerle cereza al pastel, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, ignora toda opinión incluso de sus propios compañeros de partido porque para ella lo único que vale es la opinión del pueblo que, ya aprendió de su jefe, se resuelve con un encuesta a modo.

El CuatroTe de la CuatroTe está en poner a prueba las instituciones democráticas. Si la Corte y las cámaras pasan esta fechoría, si no llaman a cuentas a la secretaria de Gobernación y a los partidos, si no se impone la lógica constitucional y democrática, veremos este tipo de jueguitos perversos repetirse por todo el país.

Lo leemos y no lo creemos, pero es verdad. El mandatario evalúa la desaparición del Coneval, organismo que mide la pobreza en México.

¿Bajo qué (i)lógica? Mejor invertir ese dinero destinado a medir la pobreza directamente en combatirla. El Inegi, justificó el presidente, puede hacer el trabajo del Coneval. Paréntesis: el Inegi ya opera con recortes este año a causa de la "austeridad republicana".

Lo más importante para que una política pública funcione, además de destinarle dinero, es medirla. Andrés Manuel parece empeñado en ahorrarse la 2a. parte durante todo su sexenio. Así él siempre tendrá "otros datos".

El tono de desaprobación presidencial y desprecio a los contrapesos que representan para el poder los organismos constitucionales autónomos, que el gobierno de la autollamada 4a. Transformación ya había manifestado contra el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el INE, el Instituto de Transparencia y el Inegi, entre otros, alcanzó esta semana al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La embestida a este organismo, que como los otros, es fruto de décadas de luchas de la sociedad civil, fue doble. 1o., el lunes se anunció la destitución fulminante de Gonzalo Hernández Licona, quien fue fundador y estuvo 14 años como titular de este organismo, que es ejemplo mundial y que siempre fue incómodo para los gobiernos por medir de forma independiente los resultados de los programas sociales y el número de pobres en el país. El cese vino luego de que Hernández Licona publicó un artículo en el que mostraba su desacuerdo con la reducción presupuestal que la Secretaría de Hacienda decidió y que ponía en riesgo la actividad del Coneval. La 2a. vino ayer cuando en su rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó desaparecer a este organismo y que sus funciones las asuma el Inegi. Dijo que mejor sería utilizar los 600 millones de pesos que tiene de presupuesto esta instancia para combatir la pobreza, porque sus altos funcionarios se "servían de lo lindo".

Como lo planteé aquí desde el 1er. cuestionamiento a estos organismos, si hay excesos de gasto o privilegios en estas instituciones, desde luego que se revisen, pero de ahí a que se descalifique su aporte y pertinencia, es de alto riesgo para la consolidación democrática del país.

Si la cura de los males del México en el gobierno de la 4T pasa por la revisión de los organismos autónomos que a decir de AMLO deben "purificarse", el proceso debe ser abierto y sin el uso faccioso del poder.

Por eso el 1er. reto de José Nabor Cruz Marcelo, un académico de la UNAM con excelente reputación y reconocimiento que fue designado como sustituto de Hernández Licona, será 1o. convencer al presidente de no desaparecer el Coneval y mantener la independencia de la institución. Sería una gran pérdida para el país que el nuevo director del Coneval se deje someter a la hora de evaluar el año próximo la eficacia o no de los programas sociales de la 4T. Si eso sucede, se confirmaran las hipótesis de que el cambio en el Coneval fue para tener mediciones a modo de las políticas sociales del lópezobradorismo. En ese sentido, el poder legislativo debe actualizar la ley reglamentaria que norma la operación del Coneval, y que de haber estado vigente no hubiera sido posible que el relevo fuera decisión del ejecutivo sino del legislativo. Promover que salga esa ley podría ser la 1a. tarea de Nabor para blindar este espacio clave para ajustar y mejorar el combate a la pobreza.

Las conferencias de prensa mañaneras se han convertido en muchas cosas. Una de ellas, de suma importancia, es que han permitido ver qué piensa, cómo piensa y qué sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia del lunes, el presidente se refirió a 4 medios de comunicación, de diferente historia y línea editorial, a los que agrupó en una misma bolsa, la de la descalificación. Se quejó del portal sinembargo.mx, porque dio a conocer un video donde aparece su hijo menor en un campamento de verano que cuesta 40,000 pesos semanales. Fustigó a Reforma porque publicó que al mudarse a Palacio Nacional, ocuparía uno de los 12 espacios donde no hay acceso al público. Se volvió a meter con el diario británico Financial Times, por haber apoyado las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, y lo más ilustrativo se dio durante un diálogo con Arturo Rodríguez, de Proceso.

"Estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones", dijo López Obrador cuando lanzó una crítica a Proceso, porque no es pusilánime con su gobierno. Rodríguez reviró: "Los periodistas militantes sí". Le replicó: "Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también".

Su visión es distinta porque no entiende la diferencia entre prensa independiente y militante. La militante, como la de Francisco Zarco y los hermanos Flores Magón, cumple un papel distinto al de la prensa independiente. Zarco y los Flores Magón utilizaban el periodismo como plataforma política, y eran más políticos que periodistas. Incluso, su vida periodística inició después de haber entrado a la política. No obstante, sus aportaciones periodísticas fueron contra la dictadura, por la libertad y la independencia, que es similar a lo que han hecho por décadas -sí, décadas-, los periodistas de Proceso, Reforma y sinembargo.mx. Cualquier acusación de lo contrario, como hizo el presidente, es una calumnia.

López Obrador añadió en su visión de los medios: "Los mejores periodistas que ha habido en la Historia de México, los de la República Restaurada, todos, tomaron partido". Sin embargo, una de las característica de la prensa en ese periodo, reconocida por todos los historiadores, fue que era "libre", más que militante, y de amplia crítica al poder centralizado de Benito Juárez y su evolución hacia el autoritarismo, un proceso interrumpido por su muerte. Existía una opinión pública "libre y alerta", recordó Daniel Cosío Villegas, que tenía una "amplia libertad de expresión". López Obrador piensa diferente y peyorativamente sobre los medios libres.

"Es muy cómodo decir 'yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación'", dijo en la mañanera. "Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla". Es vasta su confusión. A los 4 medios les recriminó por informaciones, no opiniones ni editoriales. Mezcló géneros periodísticos sin darse cuenta de los géneros. El presidente no tiene que saber de ellos, pero cuando acusa a medios o periodistas, debería ubicar correctamente el espacio de su interpelación. Quiere juzgar y replicar, bienvenido, pero que lo haga con conocimiento de causa.

López Obrador acusó maniqueamente a todos los medios que no militan por su anunciada transformación, de estar contra el cambio que anuncia. No quiere medios libres, sino dóciles y serviles. Ni siquiera su prensa militante se ajusta a esos imperativos caprichosos. Es difícil encuadrar su pensamiento porque no tiene referentes claros, al confundir el papel de los medios de comunicación. Nunca han sido agentes de cambio, como él cree, sino que son el vehículo para que los agentes de cambio -el ejecutivo, el legislativo y el judicial- se movilicen.

El presidente López Obrador afirmó el 24 de junio en Cancún que "lo del sargazo es un asunto menor". Afirmó que la tarea de recoger "341 kilogramos" diarios es muy pequeña en comparación con las 13,000 toneladas de basura que se recogen cotidianamente en la Ciudad de México. Sus cifras fueron cuestionadas por los propios reporteros, que le dijeron que en Quintana Roo se recogen mil toneladas diarias. La Red de Monitoreo del Sargazo afirma que este año llegarán entre 800,000 y un millón de toneladas.

López Obrador ha encargado la tarea de combatir el sargazo a la Secretaría de Marina con un presupuesto de 52 millones de pesos. La Semar presentó un informe que señala que el gobierno de Peña Nieto gastó 800 millones de pesos para ese propósito sin ningún resultado: "No resolvieron el problema, no hubo lecciones aprendidas".

La ocupación hotelera en la Riviera Maya fue de 81.4% en el 1er. semestre de 2019, según Conrad Bergwerf, de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Esto es un descenso pequeño ante el 83.8% de 2018 o el 85.9 de 2017, pero si el Caribe mexicano pierde la fama de sus playas azul turquesa, el daño se iría haciendo mayor con el tiempo.

Hay registros de sargazo en el Atlántico desde las bitácoras de Cristóbal Colón, pero la cantidad que se está acumulando hoy rebasa los precedentes conocidos. Una isla de sargazo de 550 kilómetros de diámetro está amenazando la costa.

Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo 2 avisos en forma de llamadas, de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió 2 nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere anular contratos con EInova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del Estado de Derecho.

El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo -si se llega al arbitraje internacional va a perder-, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.

López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) "los contratos no fueron aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general", dijo, lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque "las tarifas están por las nubes" y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercado doméstico estadounidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.

La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores quienes han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la gasera, que es también contra Trans Canada, cuyo gobierno ha sido más beligerante y público que el estadounidense. Una semana después, dijo: "No se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino".

López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica. Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de dólares diarios.

Ese gasoducto parte de Brownsville, en donde se concentra todo el gas de Texas, que tiene excedentes, y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno de los principales apoyadores de Trump para llegar a la Presidencia, por lo que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el viernes pasado son una señal de que no es así. Adicionalmente, la lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a Derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.

Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a Derecho. Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.

Subido en esa ola fantástica de la aprobación, donde más del 65% de los mexicanos está a gusto con su gestión, el presidente todavía se puede dar el lujo de ser cínico en sus mañaneras, y eventualmente echar "chostoretillos" como aquel de "se va a acabar el mundo" cuando tuvo que renunciar el doctor Carlos Lomelí a su cargo de super delegado del gobierno en Jalisco porque ya eran insostenibles las sospechas sobre la participación de sus empresas en el suministro de medicinas a distintos gobiernos, incluyendo el de AMLO.

El problema está, y seguramente estará, cuando los datos del propio López Obrador tengan que encontrarse (y es inevitable) con los datos de la realidad. Será más o menos a final del año, principios del próximo. Veremos qué pasa cuando pronósticos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que augura un crecimiento de nuestra economía de apenas 0.9 %, se comparen con la "cifra necia" del presidente que insiste que para este año andaremos mínimo en un 2% de crecimiento.

Se pretende que el reparto de 10 millones de ejemplares de la Cartilla Moral, redactada por Alfonso Reyes en 1944, se dedique a moralizar, evangelizar, manipular y controlar a las masas, tratando de imponer su visión moral a los mexicanos. El reparto se hará por medio de los maestros normalistas y la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas de la Arquidiócesis que dirige Carlos Aguilar.

En lo oscuro, en una sesión a puerta cerrada dentro de una sede alterna en el Palacio Municipal de Rosarito, con una orden del día que no incluyó el tema fundamental que se votaría, el Congreso de Baja California declaró este 24 de julio la procedencia de la Ley Bonilla, la reforma que amplía el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, de 2 a 5 años.

Pocas reformas han generado un rechazo tan generalizado. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo por unanimidad -sí, incluyendo a los legisladores de Morena y del PT- para exhortar al Congreso de Baja California a dejar sin efecto la reforma. La secretaria de Gobernación y ministra de la Suprema Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, comentó que "por supuesto que es una reforma inconstitucional", pero añadió que sería "absolutamente respetuosa del congreso local" y de lo que en su momento resuelva la Suprema Corte. El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas señaló: "El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar [el] orden republicano y democrático. Ofende [la] inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad". Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sugirió incluso que el Congreso de la Unión podría decretar la desaparición de poderes en el estado.

El presidente López Obrador se ha levantado de hombros. "Lo único que quisiera -declaró ayer en la mañanera- es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba".

Si la decisión de ampliar el mandato no la tomó el presidente, resulta claro que tampoco ha impulsado ninguna medida para detener a Bonilla, quien le debe todo su ascenso político y todo su poder. Si en algún tema el presidente no tendría por qué estar de florero es este.

La Ley Bonilla fue aprobada el 9 de julio por 21 votos a favor y uno nulo en una legislatura de 25 diputados. Votaron por la iniciativa 10 diputados del PAN y 5 del PRI, además de los 3 de Morena y otros 3 más. Esta conducta atípica ha generado suspicacias y acusaciones de corrupción a los legisladores, las cuales, sin embargo, no han sido comprobadas.

El gobernador saliente, el panista Francisco Vega, ha declarado que no firmará la reforma, pero el congreso local, que a partir del 1o. de agosto estará controlado por Morena, tiene facultades para promulgarla. Habrá varias controversias constitucionales, por lo que el asunto terminará en la mesa de la Suprema Corte.

No sé si los ministros coincidirán con Sánchez Cordero, quien no titubeó al calificar a la Ley Bonilla de inconstitucional, pero es indudable que los bajacalifornianos votaron el 2 de junio por un gobernador que ejerciera el cargo durante 2 años, solo para que después los diputados locales modificaran la ley para beneficiar al ganador.

Si el gobernador electo insiste en mantener esta ley podrá gozar de 3 años más de gobierno, pero a un costo muy alto. Será un gobernante muy poderoso, sobre todo por el respaldo que ha recibido del presidente López Obrador, pero dividirá a la sociedad bajacaliforniana en lugar de unirla como debería hacer.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de julio de 2019).

El presidente ya fijó postura. Reclamó al Fondo Monetario Internacional y aclaró que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo. El 1o., aseveró, puede aumentar, pero concentrarse en unos pocos neoliberales. El 2o. es el que él impulsa.

¿Pero adivinen qué? La medición del PIB sigue una metodología estandarizada a nivel internacional, pero el desarrollo... no...

Con esto, les adelantamos que el presidente siempre tendrá "otros datos" y el pretexto perfecto para decir que no crece el PIB, pero hay desarrollo.

La idea de la transformación profunda de la sociedad es un elemento que encuentro más como elemento discursivo en el gobierno que como eje de sus acciones y políticas públicas. Veo a López Obrador más neoinstitucionalista que revolucionario. O quizá ni siquiera neoinstitucionalista como reformador, sino restaurador. La destrucción que sí es dirigida (el desmantelamiento de la Policía Federal, del Instituto para la Evaluación Educativa, del Instituto para la Infraestructura Educativa, por ejemplo) toca la capa superficial de las instituciones, esa que apenas es una pátina puesta en los últimos años, y recupera la esencia centralista y omnipotente de la voz presidencial en todos los cajones de las instancias gubernamentales, con las fuerzas que le son leales y con relación sin intermediarios entre los beneficiarios y la Presidencia. Eso no puede verse como la destrucción de un esquema de privilegios, sino como la recuperación de uno.

Pero además, me temo, hay otra destrucción no dirigida, la que obedece a la impericia normal de una administración nueva y de un cambio de partido.

No se entiende la cruzada del gobierno de López Obrador contra los organismos autónomos. Parece una venganza política, pero estos organismos facilitaron el ascenso de Andrés Manuel. Los gobiernos anteriores cayeron en el desprestigio en buena medida por cuestionamientos de organismos como el Coneval y la CNDH. Los reguladores tuvieron un papel crucial para limitar los poderes del ejecutivo. El INE hizo posible que López Obrador ganara las elecciones de 2018.

Nadie cuestiona las reducciones del gasto público. "La austeridad es importante para un servicio público que se había excedido desde hace varios años -escribió hace unos días Gonzalo Hernández Licona, todavía secretario ejecutivo del Coneval-. Había que corregir. Pero hay que hacerlo con cuidado". La respuesta de López Obrador fue destituir al respetado titular del Coneval.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determina la eficacia de los programas sociales. Es un mal ahorro despojar a la sociedad de la capacidad para medir los costos y beneficios de estos programas. El Coneval es un organismo pequeño, relativamente barato, y que ha hecho ya varios ajustes importantes a su presupuesto.

Hernández Licona ha señalado cómo los recortes han afectado los ingresos no solo de los altos funcionarios sino de trabajadores con sueldos de, por ejemplo, 14,000 pesos al mes, que hoy ganan un 8% menos que en 2018 sin contar la inflación. Se le exigen al Coneval reducciones adicionales de 20% en el personal de estructura y se le impide utilizar el 49% del presupuesto ya aprobado para contratar estudios y evaluaciones, que son "la razón esencial del Consejo".

En el caso del INEGI, los recortes han llevado a la cancelación de estudios muy importantes, como el censo agropecuario. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue simplemente cerrado y reemplazado por un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio con integrantes alineados al presidente.

Los recortes no afectan solamente a los organismos autónomos, sino a toda la administración; pero el presidente tiene una actitud de desprecio hacia los autónomos. Sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha declarado: "No considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos". La acusación es injusta; la CNDH ha sido desde su creación una voz firme de protesta ante los abusos de las autoridades.

En el caso de los reguladores, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, la forma de debilitarlos ha sido la designación de comisionados notoriamente subcalificados pero leales al gobierno. El presidente ha respetado la autonomía del Banco de México y la Suprema Corte, pero algunos de sus nuevos designados parecen seleccionados por su cercanía a la 4a. Transformación.

Esta política es un error. Los organismos autónomos no son parte de un complot, sino equilibrios saludables al poder del ejecutivo. Está bien revisar sus gastos, pero la sociedad pagará muy caro que los dejemos sin recursos para cumplir sus funciones. Por lo pronto la destitución de Hernández Licona es una decisión injusta y equivocada. Es señal de que tenemos un gobierno que no quiere ser evaluado.

Remoción del titular del Coneval y su estrangulamiento presupuestal manda un mensaje. El gobierno no quiere ser evaluado, medido, auscultado, comparado o criticado. Actuará como se le dé la gana, no en función de datos/evidencia sino a partir del voluntarismo/mecansogansismo.

Según el presidente no hubo en México periodismo de investigación en el periodo neoliberal. "Ahora sí hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje. Ahí están en falta los medios, con todo respeto, guardaron silencio cómplice".

López Obrador ha sido respetuoso de la libertad de expresión, pero su afirmación de que no ha habido periodismo de investigación en México hasta ahora revela falta de información o una desmemoria selectiva.

Tenemos un presidente respetuoso de la libertad de expresión, eso es bueno, pero que no entiende el papel de los medios. Su labor no es portarse bien con ningún gobierno, sino informar de manera cierta y valiente.

No puedo estar más de acuerdo con López Obrador en que el fin último del periodismo es la transformación, que hacemos lo que hacemos, bien, mal o regular, para que las cosas cambien, para que el mundo sea un poquito menos peor, un poco menos corrupto, un poco más humano. En lo que no estoy ni puedo estar de acuerdo con el presidente es que el periodismo debe estar al servicio de quien diga "la transformación soy yo".

La discusión, en realidad monólogo con interrupciones del periodista Arturo Rodríguez de Proceso, en la mañanera de ayer sobre el fin último del periodismo es un retrato, poco halagüeño, de la concepción que tiene el Presidente de la República sobre los medios y la crítica: los que se portan bien son los que están de acuerdo con nosotros, los grandes periodistas de la historia son los que se aliaron a las causas en las que él cree. Pero, una vez más, el presidente presenta esa versión maniquea de la historia que tanto le gusta, la de buenos y malos, esa que deja de lado los incómodos matices que obligan a pensar.

Es cierto que Francisco Zarco apoyó desde su trinchera periodística la república liberal, pero también lo es que cuando sus propios compañeros liberales en el Congreso, temerosos de la crítica, quisieron acotar la libertad de expresión, él y otros 3 compañeros, Francisco Zendejas, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez (El Nigromante) defendieron que no se pusieran límites a la libertad de expresión. En aquellos debates Guillermo Prieto dijo algo que debería estar grabado en letras de oro en el escenario de las mañaneras: "Considero a la prensa como la égida de la libertad, como el escudo más firme de los derechos del hombre y por lo tanto sostengo que debe ser libre como el pensamiento... En la sección de derechos del hombre -donde se inscribe la libertad de expresión- no es propio hablar de abusos. Esto es elevar el abuso al rango de derecho".

El origen del problema es que el presidente cree que la transformación es él y solo él, que el mandato de cambio expresado en las urnas en julio pasado quedó congelado hasta nuevo aviso, que esa prensa crítica, sobre la que él se apoyó para ganar las elecciones, cumplió su cometido el 2 de julio y ahora todo señalamiento a su ejercicio de gobierno es conservador, fifí, hipócrita, etc.

Las grandes transformaciones, suponiendo que esto que estamos viviendo pueda equipararse a la Reforma o la Revolución, son el fruto del debate que anima el cambio, jamás de los deseos de un líder. Lo que no ha entendido el presidente en su relación con la prensa -regresemos a Guillermo Prieto- es que cuando se trata de libertad de expresión no es propio hablar de abusos; cuando se trata del ejercicio del poder, sí.

Campesinos del Frente Auténtico del Campo instalaron un plantón de 3 días frente al Palacio Nacional, en espera de una respuesta del presidente López Obrador a sus demandas. El grupo exige al mandatario que deje de descalificarlos y acusarlos de corruptos sin pruebas.

A 10 días de la renuncia de Carlos Lomelí como súper delegado de los programas federales en Jalisco, la disputa de los suspirantes por esa posición además de crecer, cada día se intensifica más, mientras que muchas de las 69 delegaciones del gobierno federal siguen semiparalizadas por la incertidumbre de su futuro.

Los jaloneos por la silla que dejó Lomelí se dan desde algunas dependencias del gobierno de la autollamada 4a. transformación en la Ciudad de México, en el Palacio Federal de Guadalajara y en las oficinas locales y nacionales del partido Morena.

De entrada, el que está haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de quedarse definitivamente en ese lugar es Juan Soltero, el más cercano colaborador de Lomelí y quien quedó como encargado del despacho de la súper delegación a su salida el viernes 12 de julio. Sus posibilidades son pocas porque juega en su contra, no sólo ser representante jurídico en el grupo de empresas por las que Lomelí entró en conflicto de intereses que lo obligaron a dejar el puesto, sino por su trayectoria de litigante en la que figuran casos de defensa de familiares del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, que le reprochan los detractores de Lomelí, y de su aliada Yeidckol Polevnsky, la dirigente nacional de Morena.

El que también está moviéndose con todo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el ex naranja alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, quien es cercano colaborador de Marcelo Ebrard, y quien no ve nada mal que en el tablero del poder, su causa gane para proyectos futuros internos, la delegación federal de Jalisco.

Quienes también tienen fuertes impulsores desde la Ciudad de México para que ocupen este espacio, es el dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, a quien respalda la poderosa diputada federal, Dolores Padierna, mientras que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, promociona abiertamente a la jalisciense Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Este fin de semana se sumó a la lista de suspirantes el ex candidato de Morena al Senado por Jalisco, Antonio Pérez, papá del corredor de autos "Checo" Pérez. Los suyos propalan fotografías de este personaje con Andrés Manuel López Obrador, para presumir la cercanía que, aseguran, tiene con el presidente.

Por ser uno de los primeros empresarios de Jalisco que apoyó a López Obrador desde su 1a. campaña presidencial en 2006, hay también quien ve posibilidades a Manuel Peraza Segovia, actual súper delegado en Nayarit.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que al Inegi se le quitaron 500 millones de pesos que le impedirán realizar 14 encuestas.

Mientras que al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se le quitaría el 20% de personal de estructura, una decisión que finalmente se canceló.

"México necesita datos confiables de los 3 órdenes de gobierno para poder desarrollar política pública con base en evidencia. Más allá de premisas ideológicas, cualquier toma de decisiones en el ámbito gubernamental debe estar basada en datos y contener un sustento teórico y técnico que permita implementar disposiciones adecuadas", dijo el líder patronal.

En su mensaje semanal expuso que si se sigue adelante con los recortes se eliminará la capacidad del Estado mexicano para evaluarse y por lo tanto no se tendría la posibilidad de generar eficacia en la política social, porque "lo que no se mide, no se puede mejorar".

La labor de Coneval e Inegi son fundamentales para entender la situación de la pobreza multidimensional en México, porque son las que generan datos para identificar los problemas del país, con los cuales se determina el destino del gasto público.

"Mantener un presupuesto adecuado de operación para el Inegi y el Coneval ha sido un elemento clave para su éxito en la generación de datos confiables. Los recursos otorgados a estas instituciones han permitido el desarrollo de un profesionalismo y especialización que es, hoy en día, un ejemplo de calidad para toda la administración pública", dijo el líder de la Coparmex.

Por lo que agregó que los recortes presupuestales o ahorros que se hicieron o pretenden hacer en estas instancias que evalúan la política pública "son contraproducentes pues no se basan en un análisis caso a caso de las necesidades de cada organismo, sino en instrucciones sin sustento que afectan de raíz la capacidad del Estado mexicano".

A través de poco más de 176 procedimientos ante juzgados federales y la concesión de igual número de amparos, se ha frenado la intención del gobierno federal de dejar sin recursos a igual número de estancias infantiles en Yucatán.

El presidente del PAN en Yucatán, Asís Cano Cetina, manifestó que la suspensión que los jueces federales otorgaron es una buena decisión que permite augurar que se podrá ganar el proceso a favor de las estancias infantiles. "La orden fue suspender el procedimiento y se espera en breve fallen a favor".

Como se ha informado, el gobierno federal decidió entregar los recursos en forma directa a padres de familia y evitar dárselo a las estancias infantiles, muchas de las cuales tuvieron que cerrar ante la falta de recursos y otras más han trabajado con menos personal y menos alumnos.

De igual manera, el Partido Movimiento Ciudadano también ha retomado varios casos de estancias infantiles en Yucatán para presentar amparos y obligar a las autoridades federales a entregar el recurso a las mismas para que retomen el trabajo que realizaban en forma profesional con los pequeños.

Cano Cetina expresó que en los casos que están avalando el PAN y su diputada federal Cecilia Patrón Laviada, ya hay fallos importantes por parte de jueces federales, en los que se declaró la suspensión de la decisión gubernamental de no entregar el recurso federal a las estancias infantiles.

En ese sentido, el entrevistado subrayó que esperan fallos a favor porque ya tienen elementos y pruebas de muchos casos en los que la entrega de esos recursos en forma directa han provocado que los padres de familia retiren a sus niños y no regresen a esas guarderías, por lo que se sospecha que estén usando ese dinero en otros asuntos.

Cano Cetina señaló que el PAN ha abanderado esa causa en muchos otros puntos del país, pero en el caso de Yucatán los procedimientos van bastante avanzados y hay muchas posibilidades de que fallen a su favor.

"Fue un error y se está evidenciando, esa decisión arbitraria del gobierno federal de entregar ese dinero en forma directa y quitarle el recurso a los maestros y gente especializada que atendía a los pequeños a diario y con los cuidados necesarios", comentó.

Los datos han sido sustituidos por las corazonadas, los estudios autónomos por las inclinaciones ideológicas, la razón por la fe. Ya no hay que medir, basta con creer. Ya no hay que planear, basta con prometer. Ya no es necesario diseñar la política pública, ya que se hace sobre la marcha en las mañaneras. Como sentenció Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda: "el problema de este gobierno es su voluntarismo".

Voluntarismo basado en creencias, prejuicios y chismes. Voluntarismo reflejado en cómo y para qué se toman decisiones. Voluntarismo ejemplificado en la afectación a múltiples instituciones. Y como botón de muestra, la decisión de eliminar las estancias infantiles, porque alguien le dijo al presidente que se habían vuelto negocios panistas. Alguien esparció el chisme y AMLO actuó en función de lo que escuchó, no a partir de lo que su gobierno evaluó. Tan es así que hasta la fecha la Secretaría de Bienestar no ha hecho público el padrón que supuestamente detectó la existencia de 97,180 niños fantasma. No ha sabido responder racionalmente al señalamiento de la CNDH sobre un número importante de niños que no fueron censados. No ha atendido la exigencia del INAI de hacer públicas las irregularidades en las estancias que llevaron a su cancelación. No se ha presentado una sola denuncia pública contra los administradores de los recintos o contra algún funcionario público que haya condonado su mala operación. Todo indica que la orden surgió desde la boca del estómago, no a partir de la evidencia.

Porque si el gobierno atendiera datos y cifras, en vez de dimes y diretes, habría visto que la Auditoría Superior de la Federación sólo hizo observaciones al 1.8% del presupuesto de las estancias y no justificó su cancelación. Porque si la Secretaría de Bienestar operara conforme a las mejores prácticas y no conforme a los más jugosos chismes, jamás habría afirmado que aceptar la recomendación de la CNDH –exigiendo que el gobierno restituya los derechos infantiles cercenados– implicaba "seguir permitiendo el robo de 1,049 millones de pesos al erario público". Jamás afirmaría que los apoyos entregados directamente evitan la corrupción y protegen a la niñez, ya que no tiene evidencia para probarlo. ¿Dónde están los documentos que avalan la cifra denunciada? ¿Dónde está la denuncia judicial presentada ante la Fiscalía General de la República? ¿Dónde están los estudios que demuestran cómo la entrega de dinero en efectivo a los padres es una política pública más justa, más progresista y más eficaz que las estancias? ¿Cómo sabe la Secretaría de Bienestar que los recursos serán destinados al cuidado de los niños en lugares seguros? No tiene manera de saberlo o defenderlo, ya que no cuenta con evidencia para ello.

Prefirió complacer al presidente antes que revisar las evaluaciones del Coneval, donde los padres indican el impacto positivo de las estancias. Optó por seguir una orden desde arriba antes que mirar lo que en realidad estaba sucediendo abajo, ahí, en el pueblo. Madres que podían trabajar porque había un sitio seguro para sus hijos. Mujeres empoderadas en lugar de mujeres arrinconadas. Padres que manifiestan 95% de satisfacción con el programa y sus efectos sobre la calidad de vida. Toda esa evidencia, ignorada; todas esas mediciones, desechadas. Y como sustituto, la "voucherización" al estilo más neoliberal, justificada con el argumento de que "genera mejores resultados", cuando eso nadie en el gobierno lo puede probar. Ni María Luisa Albores ni Adriana Montiel tienen un solo estudio realizado donde se demuestre lo que defienden. Pueden afirmar, pueden prometer, pueden argumentar lo que quieran. Pero no hay forma de constatarlo.

Lo que sí sabemos es que la cancelación de las estancias implica un retiro del Estado con respecto a sus obligaciones. En este tema, la 4T no corrige; privatiza. No amplía la cobertura social; obliga a los padres a buscar instituciones privadas -o abuelos- que la suplan. No le provee mayor margen de acción personal y laboral a las mujeres; lo reduce. No enarbola las mejores causas de la izquierda; despliega los peores instintos de la derecha. La Secretaría de Bienestar lleva a cabo todo esto sin demostrar que sus acciones producirán mayores beneficios, dado que no cuenta con una base de datos, con un padrón, con una serie de recomendaciones basadas en las mejores prácticas internacionales. Obediencia mata evidencia.

Como la evidencia no importa, el gobierno decide desmantelar a quien la recolecta, con recortes austericidas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la institución que mide e informa, evalúa y disemina, nos dice cómo vamos y dónde debemos corregir. Ahora el gobierno quiere acabar con ella y al hacerlo reitera un mensaje dual y ominoso. La política social -como lo demuestra la cancelación de las estancias infantiles- será enteramente discrecional y no contaremos con mediciones que comprueben su impacto. Habrá chismes, opiniones, "otros datos" muy distantes de la realidad. Pero cuando un grupo que asume el liderazgo elimina la evidencia sobre cómo lo ejerce, deja de ser un gobierno. Se vuelve un culto, o una secta de esas que creen en los ovnis, la telepatía, el Triángulo de las Bermudas y los milagros de la 4a. Transformación.

El cascajo es una revoltura de piedras de diverso tamaño, ladrillos y otros materiales que de ninguna manera pueden ser utilizados para cimentar una construcción, ya que su diversidad le impide tener la firmeza y cohesión que un buen cimiento necesita.

El actual gobierno federal en buena medida se ha construido sobre cascajo y debería urgentemente reemplazar ese tipo de material por algo realmente sólido. Uno de los espacios donde el cascajo parece abundar es justamente en el partido del presidente, pues muchos de sus integrantes no han logrado superar los hábitos y las inercias de los partidos en que anteriormente militaron, sobre todo los que pasaron por las prácticas disolventes del PRD. El resultado de esa diversidad lo vemos en el actual proceso interno de MORENA, y su tensión entre la lealtad y la disciplina propias de organismos fuertes y experimentados, y la tendencia al golpeteo y a la anarquía típicas de los partidos variopintos, y sin embargo, de la superación de estos hechos depende la mayoría que hoy todavía tiene el presidente como apoyo legislativo.

También es verdad que en el triunfo del actual gobierno participaron otros líderes y movimientos no partidistas, pero con la misma característica de la disparidad y hasta del contraste explosivo, lo cual produce plataformas irregulares, no aptas para una rotación uniforme y segura.

Consta el trabajo previo del presidente electo, incluso antes de su triunfo, para conformar un gabinete eficiente con personas no solamente capaces sino bien avaladas, por lo menos en carteras de alto impacto, como fue el caso del secretario de Hacienda o el de la Defensa Nacional, dada la enorme implicación que el ejército tiene hoy en la gestión del país. Sin duda muchas otras designaciones que dependían del ejecutivo, más allá de las del gabinete, se atuvieron a ese cuidado, sin descuidar compromisos ideológicos o electorales, con lo cual todo el conjunto de los nombrados aparece como un reflejo del cascajo inicial, dicho siempre de manera alegórica, es decir, lo mismo materiales sólidos que deleznables. La gran interrogante sigue siendo si es posible gobernar un país desde ese tipo de plataforma.

La ubicua corrupción y su combate pueden todavía darle al presidente la razón por algún tiempo, pero no cuando para salvar el barco haya que hundirlo.

Ya ha pasado un buen tiempo en donde la multitud de pláticas mañaneras llenas de ocurrencias te debe haber dado espacio suficiente para reflexionar de todo lo que declaras un día y al día siguiente es diferente y sigues como dice el dicho: "Este macho es mi mula y no me bajo".

De la infinidad de promesas que has hecho, algunas acertadas y otras decisiones totalmente equivocadas, como el haber mandado ya al congreso una iniciativa para anular el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed), antes Capfce fundado en 1944; hasta la fecha no ha habido nunca ningún accidente en las escuelas y ha funcionado bien ¡y ahora se te ocurre que los padres de familia construyan las escuelas!, ¿por qué no le das 2 pensaditas y mueves un poquito más tu cerebro antes de tomar esas decisiones totalmente ilógicas?

Asimismo, la cancelación de las miles de guarderías infantiles que sirven para dejar tiempo para que las mamás trabajen y así puedan ayudar y mantener a su familia, ¿de dónde se te ocurren tantas banalidades? Eso va a impedir que las mamás puedan trabajar eficientemente como lo hacen actualmente.

También comentaste que el pueblo va a hacer los caminos en Oaxaca en lugar de las constructoras y que sería posible ya que sus antepasados ¡hicieron las pirámides!

Y recordemos de nuevo, aunque te lo he mencionado muchas veces, los grandes caprichos que se convierten en errores, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que va a costar miles de millones de dólares y la comunicación entre el aeropuerto actual y el que se supone que se va a construir en Santa Lucía, que ojalá algo suceda y no se pueda hacer, porque hay infinidad de obstáculos y cosas negativas para hacerlo ahí. Pídele a Santa Lucía que es la patrona de los ojos, que te ayude a abrir los ojos y la mente y reflexiona en todas las dificultades y problemas que sucederían al construir ese aeropuerto, todo lo que tienes que derruir, cambiar familias de militares y, sobre todo, vuelvo a repetir, la distancia de 55 km entre el aeropuerto actual y Santa Lucía. Imagínate un turista que tiene que cambiar de avión y transportarse 55 km con todo y sus maletas, ¿de dónde se te ha ocurrido todo eso?

Luego arbitrariamente te pones a criticar a diferentes dirigentes de universidades, como la UdeG, que no tienes la menor idea de lo que ha crecido y ha mejorado y la transformación realizada desde hace 29 años con los campus de la UdeG en las principales poblaciones de Jalisco, así como la promoción cultural que se ha hecho, resaltando la Feria Internacional del Libro que es la número 1 del mundo de habla hispana y otra que está en Estados Unidos, además del Festival Internacional de Cine, ¿cuál es el objeto de esas absurdas críticas negativas?

Otro tema muy importante: cuando hace poco estuvimos contigo un grupo de empresarios de Jalisco en Palacio Nacional, se tocó el tema de la presa El Zapotillo y tú claramente dijiste: "Sí, hay que hacerla". Estuviste en esa reunión muy positivo y visionario que hasta me caíste bien, mencionando la armonía y el trabajo en conjunto que tienes con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciaste la continuación de la reunión, que se suspendió por falta de tiempo para hacerla en Guadalajara. Viniste a Guadalajara y pediste que estuviera el gobernador y luego a la hora que se mencionó de nuevo la firma del acuerdo entre el Gobierno de Guanajuato y el Gobierno de Jalisco para la distribución del agua del Río Verde y la necesidad de reiniciar la construcción de El Zapotillo, tú extrañamente dijiste: "Sí, es muy positivo, pero hay que preguntarles a las personas de la zona". Eso es totalmente absurdo, es fácil reubicar 50 casas de Temacapulín, ya se había iniciado el proyecto y no se siguió porque se terminó el sexenio.

El ex presidente Vicente Fox hizo un llamado a la población para que vote contra Morena en las elecciones intermedias de 2021. El ex mandatario pidió los votos para el PAN, PRD, PRI o MC. "Pongamos freno y rienda a López o termina con nuestro gran país", tuiteó.

"Tristemente hoy podemos decir que pasamos de mal con Peña Nieto a peor con López Obrador. Y pasamos de mal a peor en materia de economía, y pasamos de mal a peor en materia de seguridad, porque tristemente también con base a datos del Secretariado de Seguridad Pública hoy podemos ver que están disparados los homicidios, robos, secuestros en todo México", dijo Marko Cortés, líder nacional del PAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en diversas ocasiones que la Secretaría de Gobernación ya no es como antes, que ahí ya no regañan, que esa dependencia ya no asusta.

Y qué bueno que como consecuencia del cambio de gobierno, en la Segob ahora se busque más un perfil dedicado a los derechos humanos. Pero la pregunta es si además de la labor que realiza Alejandro Encinas se hace algo sustantivo en Gobernación.

La titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero, no es una voz predominante o de referencia en los debates.

Aunque cuentan que ella ha advertido que nadie debe equivocarse, que ella es la interlocutora de la gobernabilidad en el país, la rectora de las políticas de interior, esas versiones refuerzan lo evidente: si la secretaria de Gobernación tiene que andar repitiendo que es la puerta más importante de la administración, entonces no lo es. Si tienen que desmentir que no se ha ido...

Sánchez Cordero no gravita en la discusión sobre la nada laica alianza de la Presidencia de la República con las iglesias evangélicas. Sánchez Cordero sigue en Twitter, como los otros mortales, el reporte de la discusión del ejecutivo con el legislativo sobre la agenda de probables leyes.

Y por supuesto Sánchez Cordero está al margen de la importante agenda migratoria.

Rasurada de sus funciones policiales, a Gobernación le corresponden relaciones con el legislativo, con las iglesias, con medios de comunicación, la política poblacional y migratoria y, desde luego, los derechos humanos.

Qué opinará la secretaria Olga de la majadera forma en que el Gobierno en el que participa descalificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la recomendación sobre las estancias infantiles. ¿Valida los términos de esa respuesta?

¿Opinará que la trastada de Baja California, que pretende reelegir por 3 años a un gobernador que ni ha empezado su periodo, constituye una amenaza para la gobernabilidad y la república? ¿Creerá de verdad que es suficiente su argumento de que ella está esperando ver qué recursos de anticonstitucionalidad se interponen para proceder al respecto?

Antes se decía que no es preciso que el titular de Gobernación sea visto, que con que se adviertan su capacidad y poder bastaba.

¿Sánchez Cordero 1) autorizó y 2) secunda lo dicho por su subsecretario de Gobierno (es un decir), quien encuentra de lo más natural un argumento huizachero de que se puede ampliar el mandato en Baja California porque en la boleta electoral no advertía que el periodo del gobernador era por 2 años?

Nada de salirse por las ramas como el presidente que ayer argumentó que todos tienen derecho a expresarse: el subsecretario de Gobierno aceptó esa chamba no por los derechos que adquiría (esperamos), sino por los deberes. Y andar buscando atajos para que anticonstitucionales reeleccionistas se salgan con la suya no está en la descripción de su puesto. Que tan alto puesto de Gobernación publique a favor de ampliar el mandato de Jaime Bonilla es un mensaje importante. Si lo autorizó Sánchez Cordero, grave, si no lo autorizó y no lo corrió... pues qué pachanga es esta.

Luego de una carrera en el poder judicial, ¿estará consciente Sánchez Cordero que de seguir como va quizá pase a la historia por haber convertido a Gobernación en una entidad más de la administración, una que opera en contra de la gobernabilidad? ¿Que lo que hoy por hoy solo podrá presumir en Wikipedia es que fue la 1a. mujer a cargo de Bucareli?

Contrario a lo que dice el presidente López Obrador, esta Segob sí da miedo. Espanta que esté tan ausente.

La voluntad no basta. Generar un cambio, sea en una empresa, una institución o un país, parte siempre de una necesidad más o menos consensuada y de la voluntad de un líder dispuesto a encabezar ese cambio. Pero no es suficiente; se requiere además un saber y una estrategia, una hoja de ruta donde quede más o menos claro cuáles son las acciones, quién es el responsable de cada una de ellas y los resultados esperados para poder evaluar y corregir el rumbo para acercarse lo más posible al objetivo.

El presidente tiene voluntad de cambio y una idea más o menos clara de a dónde quiere llegar. Lo que no tiene es esa hoja de ruta y un equipo organizado para hacerlo. El gabinete, independientemente de los perfiles (hay muy buenos, regulares y malos) no funciona porque ellos mismos no saben cuál es el plan. Si los secretarios de estado decidieran no escuchar las mañaneras para no hacerse bolas con las contradicciones y ambigüedades del jefe del ejecutivo y recurrieran al plan de desarrollo como una guía para entender qué es lo que les toca hacer en este proceso de cambio y cuáles son las metas por cumplir, les sería imposible. No les queda, pues, más que avanzar a tientas, tratar de interpretar la voluntad del presidente e intentar algunas acciones con la esperanza de que al día siguiente no sean exhibidos o, peor aún, que no choquen con algún otro compañero que haya emprendido una acción en sentido contrario.

Pasan los meses, la voluntad se cansa y los resultados no llegan. En campaña prometió que bajaría la inseguridad en el 1er. semestre; pasaron 7 meses y nada. Luego a finales de abril dijo que en 6 meses más habría resultados, es decir que para noviembre veremos un cambio, pero no hay ninguna evidencia de que vaya a ser así. El plan de rescate de Pemex no fue lo bien recibido que esperaba el presidente porque compromete los mismos recursos que estaban ya destinados a otras cosas: quitarle la carga fiscal a la paraestatal implica descobijar otras áreas del gobierno. La famosa venta del avión presidencial, cuyos recursos se han comprometido para el combate a la pobreza, el plan migratorio y la Guardia Nacional, dejará a todos vestidos y alborotados porque, como se lo habían advertido expertos en la materia, su venta no dejará un peso, entre otras cosas porque lo debíamos todo, por citar solo algunos ejemplos.

¿Cuándo chocará el presidente con la realidad? Más pronto, más mejor, porque entre más se prolongue esta etapa de voluntarismo más talento perderá el equipo gobernante, se seguirán bajando del barco las mentes más brillantes -y por lo mismo las más críticas- y se irá quedando solo con aquellos dispuestos seguirle el juego.

El problema de un presidente que habla tanto (promedio de 4 a 5 horas al día) no es que sature el espacio público con una sola voz, sino que no se da el tiempo necesario para escuchar: la voluntad sale por la boca; la reflexión entra por los oídos.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó juicios políticos en contra de los 21 legisladores del Congreso de Baja California, quienes votaron la ampliación a la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez (Morena).

La demanda, presentada ante la Secretaría General de San Lázaro expone como motivos para iniciar juicio político "los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus empleos como servidores públicos".

Los perredistas también consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe hacer un llamado a cumplir la ley, "a que exista finalmente certeza en torno a lo que ya definieron los ciudadanos y las ciudadanas".

La coordinadora de la fracción del sol azteca, Verónica Juárez Piña, anunció que se están promoviendo amparos colectivos por haber transgredido los derechos electorales de los ciudadanos de Baja California.

Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo (Morena), dijo que como Congreso de la Unión deben ser respetuosos de las decisiones de los congresos locales, y recordó que la mayoría de los legisladores que avalaron la reforma a la constitución "son panistas".

Señores Asesores Políticos del Presidente de la República Mexicana: Esto es una reclamación por su pésima asesoría y falta de previsión.

A ver... si su intención es empezar a modificar el sistema electoral para legalizar la instalación de un mandatario vitalicio, creo que la acaban de regar grueso.

Su estrategia estaba bien planteada; sobornar a los diputaditos del corrupto PRIAN en Baja California para que aprobaran el alargamiento del mandato del gobernador, ya que es una pequeña prueba para ver como reaccionará la oposición cuando se haga la revocación de mandato por otros 6 años más, y al infinito... y más allá.

Y supongo que planearon también, que si la gente se daba cuenta de su maravilloso plan y empezaba a reclamarles, el mismísimo Presidente le echaría la culpa a los prianistas que había votado por ese cambio. ¿Estoy en lo correcto?

Entonces Señores Asesores, ¿por que rayos no se cubrieron la retaguardia y ordenaron a una parte de los diputados de Morena que votarán en contra? Una votación por mayoría es mucho más creíble que una votación absoluta. ¿No han leído "El arte de la guerra" de Sun Tzu?

Si lo hubieran hecho así, el Presidente, en aras de mantener la democracia, hubiera defendido la decisión de la mayoría, a pesar de que muchos de los diputados de Morena habían votado en contra de tal decisión. Se hubiera convertido en un Prócer que defiende la la libertad, el pluralismo, la democracia y la tolerancia. ¡Pero no! Toooodos los de Morena votaron a favor. ¡No manchen! Nomás lo hicieron quedar en ridículo otra vez.

¿Con que argumentos puede defender el Señor Presidente de la República su estrategia, si toda su bancada esclava votó por la aprobación del fraude?

¡Caramba, hasta para hacer cochupos son ineptos!

De veras que no se miden...

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Arturo Herrera como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) después de la renuncia de Carlos Urzúa, ocurrida el pasado 9 de julio.

Herrera fue ratificado por 341 votos a favor, 74 en contra y 2 abstenciones, con el rechazo de la bancada del PAN.

"No estamos votando en contra de usted, estamos votando en contra de un modelo económico fallido, contra las ocurrencias de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas", dijo el diputado del PAN, Carlos Alberto Valenzuela.

"Que quede claro, no estamos votando en contra de usted, estamos votando en contra de Andrés Manuel López Obrador", enfatizó el diputado panista.

Nuestros políticos no entienden por qué los analistas de calificadoras y fondos de inversión se han mostrado tan escépticos ante el mal llamado plan de negocios de Pemex. Pero las razones son claras. Como rescate no es suficiente y además no incluye medidas para aumentar realmente la producción de crudo.

Acertará quien diga que López Obrador no tiene asiento. No se está quieto en Palacio, mirando con calma y sensatez los asuntos nacionales a fin de darles acertada solución. Prefiere andar de un lado a otro, para arriba y para abajo. Eso, claro, dentro del territorio nacional, pues más allá de nuestras fronteras no se siente a gusto, como el aldeano que nunca ha salido de su lugarejo. Político itinerante, en campaña permanente, ha visitado todos los municipios del país, y no es difícil que vuelva a recorrerlos todos, según se ve su andar. Eso lo acerca a la gente, pero lo aleja de la administración, que se ve errática, caótica y anárquica, si me son permitidas las esdrújulas. El presidente se evitaría muchos tropiezos con un poco más de ponderación y un poco menos de dispersión.

El tan esperado plan de rescate de Pemex se dio a conocer ayer y decepcionó. No solo faltaba mucha información para el plan de negocios de una empresa en dificultades, sino que la propuesta quedaba lejos de ofrecer una solución real. No sorprende que el peso haya perdido terreno.

La producción de crudo de Pemex ha caído de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 1.7 millones en mayo de este 2019. El gobierno ha ordeñado a la empresa durante décadas con una estrategia absurda de utilizar un recurso natural no renovable para subsidiar el gasto corriente. Hoy Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con un pasivo de 106,000 millones de dólares.

En junio Fitch Ratings bajó la calificación de la petrolera a BB+, por debajo del grado de inversión. Si otra calificadora toma la misma decisión, muchos fondos se verán obligados a vender los bonos de la empresa, ya que por reglamento deben mantener sus recursos en documentos con grado de inversión. La venta forzada de deuda podría alcanzar los 16,000 millones de dólares.

El plan de negocios dado a conocer ayer por el director general, Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo sin experiencia previa en la industria petrolera, no resuelve los problemas más importantes. Pemex gozará de una disminución de su carga fiscal de 128,000 millones de pesos entre 2020 y 2021 y obtendrá un subsidio a cargo del erario de 141,000 millones entre 2020 y 2022. Los montos parecen importantes, pero suman menos de 14,000 millones de dólares. No le hacen mella a la deuda de la empresa.

La verdadera solución no radica en reducir la carga fiscal o darle un subsidio a Pemex, sino en aumentar su producción de petróleo crudo y su rentabilidad. Las medidas que Pemex ha anunciado, sin embargo, no cumplen con estos objetivos.

La empresa se ha comprometido a enfocarse a la producción en aguas someras. Se entiende porque es más fácil y barata y porque es la actividad en que Pemex tiene mayor experiencia. Pero las reservas de aguas someras no son suficientes para mantener una recuperación de la producción de largo plazo. Para eso se necesita desarrollar también los yacimientos de aguas profundas, que requieren de inversiones de empresas privadas extranjeras con experiencia y tecnología, y la producción en tierra, que precisan de técnicas de fractura hidráulica o fracking [el webmaster aclara estar en desacuerdo con el fracking por contaminante].

El presidente, sin embargo, no quiere ya inversión privada en petróleo, ya sea en farmouts de concesionarias o en alianzas con Pemex. Los nuevos contratos con empresas privadas serán solo de servicios, por lo que el riesgo completo quedará en Pemex, pésima decisión para una empresa tan endeudada. El mandatario también rechaza el fracking por razones políticas, ya que no entiende los verdaderos riesgos ambientales de las distintas formas de producción. Pemex, por otra parte, está manteniendo el proyecto de inversión de la refinería de Dos Bocas, que aunque costara solo 8,000 millones de dólares, cosa altamente improbable, destruiría valor para Pemex en vez de generarlo.

En los próximos días veremos la reacción de los mercados a este plan de negocios. Muchos especialistas necesitan más información de la que se dio. Una presentación de Power Point no es un verdadero plan de negocios. La información disponible hasta este momento sugiere, sin embargo, que Pemex continúa en camino de perder el grado de inversión.

El plan de negocios para Pemex presentado por el gobierno federal no se tradujo en nuevas ideas y tiene montos decepcionantes, remarcó Citi Research.

Acentuó que la estrategia no resuelve los principales problemas estructurales de la empresa, mientras el gobierno confirma que no entendió la naturaleza ni la importancia de la fragilidad de la empresa del estado. "En nuestra opinión, la probabilidad de una baja de la calificación a los bonos basura por parte de Moody's aumentó".

Consideró que el plan de la petrolera no trae nada nuevo, al presentar una reducción en su carga impositiva, la firma financiera subrayó que este cambio ya fue presentado el pasado 6 de junio.

Los planes sobre Pemex han decepcionado por 3a. vez a Citi Research, quien ha criticado que el gobierno no ha entendido la problemática de la situación financiera de la petrolera.

Resaltó que las inyecciones de capital que pretende dar el gobierno a Pemex son muy decepcionantes, con un monto de 7,400 millones de pesos en 3 años, cuando se requieren al menos 10,000 a 15,000 millones de pesos por año.

"El gobierno dice que va a permitir la participación privada, pero sólo a través de acuerdos de servicios, que en el pasado no han funcionado. En otras palabras, no hay ningún cambio. El plan reitera la misma repetición sobre el aumento de la producción. Pemex planea volver a un presupuesto equilibrado para 2021. El flujo de efectivo es negativo y podría desencadenar una baja de calificación".

Añadió que habrá implicaciones para las finanzas públicas federales. "Con la desaceleración de la economía y los ingresos fiscales para 2019 y 2020 con un sesgo a la baja, un escenario menos optimista para los precios del petróleo en el mediano plazo y el aumento de los presupuestos para los programas sociales y proyectos de infraestructura de la administración, parece que será difícil mantener un superávit primario".

El plan de negocios no toca a los trabajadores sindicalizados, por lo que mantendrán sus sueldos y prestaciones. Incluso, López Obrador afirmó que posiblemente se aumentarán salarios y prestaciones. "Que se mejore su situación laboral. Todo el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran los privilegios".

Si bien la reducción de la carga fiscal es positiva y la meta de producción es posible de alcanzar, el plan de negocios no modificará la percepción de las agencias calificadoras sobre la situación de la empresa, pues esperaban que se contemplaran los "farmouts" (asociaciones entre el sector público y privado), consideró el consultor independiente Arturo Carranza, quien dijo que no es una sorpresa que se descartaran estas alianzas, lo que poco contribuirá a cambiar la visión entre los inversionistas.

Acentuó que la apuesta de la petrolera por los campos terrestres y las aguas someras es entendible, dado que las reservas están en estas zonas; además, Pemex tiene más experiencia que lo que podría tener en aguas profundas y en proyectos no convencionales.

Sin embargo, opinó que lo ideal sería que contemplaran todos los proyectos del mapa energético, no descartar ninguna de las opciones y considerar el amplio abanico.

El peso registró una baja de 11.7 centavos para cotizar en alrededor de 19.09 pesos por dólar, siendo una de las divisas más depreciadas entre los principales cruces del dólar y entre las monedas de economías emergentes.

De acuerdo con Banco Base, este retroceso se debió a que el plan de negocios de Pemex dejó insatisfechos a los participantes del mercado, destacando la propuesta de reformar la Ley de hidrocarburos para reducir la tasa del Derecho de Utilidad Compartida del nivel actual de 65% a 58% en 2020, y posteriormente a 54% en 2021.

Pemex recibirá recursos del gobierno federal por 141,000 millones de pesos, por lo que, para los mercados, es negativa la insistencia de la administración de otorgar recursos para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

A decir de la entidad financiera, la reacción fue negativa, ya que "el plan de negocios no resuelve el problema estructural de Pemex, que es la caída de la producción petrolera, por lo que eleva el riesgo de nuevos recortes a la calificación crediticia de Pemex y que se recorte la calificación crediticia de México".

La empresa productiva del Estado sigue siendo la mayor fuente de incertidumbre para la economía mexicana, y el menor crecimiento económico puede reducir el espacio fiscal del gobierno, disminuyendo su capacidad para respaldar a la petrolera, refirió.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), acusó que el plan "es una aspirina que no aliviará la grave enfermedad. Pemex no necesita sólo dinero. Es una empresa quebrada técnicamente, sus pasivos son más grandes que sus activos. Debe cerca de 113,000 millones de dólares".

Y vienen más: la reelección de facto en Baja California y las acusaciones de corrupción al ex embajador del lopezobradorismo en Jalisco son apenas la 1a. hondonada del barranco que ya se asoma.

Y no, no es porque hayan salido malos. Figurines como Carlos Lomelí y como Jaime Bonilla hay por carretadas en la república y por puños en la política, no nos hagamos. Pero no todos tienen la confianza del otra vez todopoderoso Presidente de la República para sumarla a su capital previo de poder fáctico y oscuras mañas.

Se veía venir. En el caso de Jalisco con mucha mayor claridad por las huellas que fue dejando a lo largo de los años la conducta de Lomelí. En el caso de Baja California, por el poder y el dinero del personaje utilizado para ganar la elección.

Los personajes tienen lo suyo, sí, pero el modelo es insalubre. Facilita la concentración de poder en personajes elegidos de antemano por ser actores fuertes frente a los gobernadores. ¿A quién le ponemos como oponente al bravo de Alfaro? A otro toro. Uno que ponga recursos y le pueda sacar la lengua sin temor al gobernante. Y además le damos el control de todos los programas sociales federales para el estado. Y que los use políticamente, faltaba más. Y luego averiguamos de dónde proviene su fuerza, lo primero es lo primero.

¿No lo creen? Miren, antes de los súperdelegados había una estructura espantosa de 2,300 delegados en el país, de los cuales la mayoría era inútil o cumplía funciones protocolarias. Pero eso sí, la ley los obligaba a demostrar estudios relacionados con el área de la delegación.

Al reformarse la ley se redujo esa estructura inflada y qué bueno, pero se quitó el requisito de los estudios y qué malo. ¿Por qué? Porque todos los superdelegados tienen ahora, en realidad, una tarea partidista en territorio. Miren: los 32 sin excepción, militan en Morena. 10 fueron presidentes del partido en su eEstado y la tercera parte tiene experiencia en manejo de programas sociales con la militancia. 4 no tienen estudios universitarios acreditados; 19 fueron candidatos en las pasadas elecciones federales y 9 en elecciones locales.

Cualquiera con 2 dedos de frente puede entender que son políticos antes que expertos del servicio civil. Y con un solo dedo de frente es posible advertir que el caso de Lomelí y la canallada de Bonilla son la punta del iceberg. En todas las entidades estos superdelegados fueron ungidos con demasiado poder y como todo mundo sabe, la naturaleza del poder es la insaciabilidad. Si además se entrega a personajes con poder fáctico previo, a veces de dudoso origen, y se les encomienda una tarea política, estamos en el peor de los mundos: empezará a salir el cobre de algunos de los elegidos y habrá un nuevo significado para cacique.

Esto apenas comienza...

Acorralado por las sólidas evidencias mostradas en reportajes periodísticos, el delegado del gobierno federal, Carlos Lomelí Bolaños, presentó su renuncia al cargo que le encomendó su "amigo", el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso el día de su renuncia, Carlos Lomelí sigue insistiendo que las revelaciones periodísticas en su contra son mero "golpeteo político". Esto le dijo al canal de televisión ADN 40: "El presidente es mi amigo y sabe que yo estaré ayudando desde cualquier lugar donde decida participar, pero por el momento es conveniente para el gobierno y para mi persona que haya ese espacio y la libertad para que se realicen las investigaciones correspondientes de la Función Pública y acabe el golpeteo y violencia al gobierno federal y político que he estado recibiendo".

Pero no se trata de ningún golpeteo político, como afirmó el ex delegado del gobierno federal en Jalisco y como incluso insinuó López Obrador en mayo pasado, cuando se presentaron los primeros reportajes de Valeria Durán y Laura Sánchez Ley, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Se trata de indicios de actos ilegales como ya admitió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el lunes pasado al anunciar que hay 7 investigaciones en contra del ex delegado Carlos Lomelí.

"Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares", dijo la secretaria de la Función Pública, y añadió que las investigaciones iniciaron el 22 de mayo, 2 días después de que Valeria Durán y Laura Sánchez Ley publicaron el reportaje "El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí".

4 de las 7 investigaciones de la Función Pública son sobre las empresas vinculadas a Carlos Lomelí y 3 más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

No son situaciones menores, agregó Irma Sandoval: "Son faltas graves todas ellas y evidentemente pueden implicar la destitución, la sanción económica que juzgue el Tribunal de Justicia Administrativa (...) y desde luego la inhabilitación del servidor público hasta por 20 años". Incluso habló de posibles acciones penales en contra del ex delegado y ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena.

Aunque se presenta la salida de Carlos Lomelí como una renuncia voluntaria, todo indica que ésta le fue solicitada, pues la secretaria de la Función Pública precisó que 4 días antes de anunciada la renuncia, "a través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019, y por instrucciones del Presidente de la República, informamos al licenciado Gabriel García Hernández (coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo) de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y diligencias", dijo Irma Sandoval. La medida preventiva, ahora sabemos, fue la renuncia del súper delegado.

Este caso, entre otros, va a poner a prueba la congruencia del gobierno de la autonombrada 4a. Transformación, de si el combate a la corrupción va en serio o seguirá siendo mera simulación, como en gobiernos de partidos diferentes.

Veremos si las investigaciones contra Lomelí van en serio o son mera simulación para apaciguar la atención mediática del momento. La congruencia del discurso de la 4T depende del caso Lomelí y de las investigaciones sobre otros casos similares que existan en este gobierno.

(V.periódico El Financiero en línea del 16 de julio de 2019).

El dinero sigue fluyendo a los asalariados del sector formal. Sin embargo, hay un ambiente de cautela que ha conducido a una reducción de los gastos, particularmente en bienes de consumo duraderos.

Si el presidente de la república estuviera consciente de la necesidad de dar un golpe positivo a la confianza de los consumidores, se podría cambiar el ánimo relativamente pronto.

Sin embargo, si el diagnóstico es que todo está "requetebién", no hay necesidad de hacer nada.

Y, en ese caso, se nos va a seguir desacelerando el empleo y también el consumo.

La falta de un pronunciamiento contundente que deje claro que está en desacuerdo por ser un atentado contra la vida democrática del país, ha hecho aparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador como interesado en ver qué pasa con su amigo el gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, quien fue electo para gobernar 2 años pero con una reforma a todas luces ilegal que hizo el congreso local, pretende quedarse 5 años en el cargo que aún no asume.

La tibieza con la que respondió la semana pasada en su rueda de prensa mañanera cuando se le cuestionó sobre este atentado que transgrede preceptos constitucionales, fortalece las hipótesis que ven en este episodio un experimento para medir las posibilidades de intentarlo eventualmente a nivel federal.

Es por eso urgente que el presidente se deslinde de este atropello a los votantes de Baja California, que pone en entredicho no sólo la vocación democrática de él y su partido Morena, sino también su discurso anticorrupción, ya que cada día suena más la versión de que para que esta iniciativa propuesta por la fracción morenista pasara en el congreso, se sobornó con pagos de entre 500,000 y un millón de dólares a diputadas y diputados del PRI y del PAN, para aprobar con 20 de 21 votos la chicanada. Por lo pronto en el PAN ya iniciaron la expulsión de las y los legisladores locales de su partido que votaron a favor.

El escándalo que causó esta decisión que rompe el orden democrático y republicano, pasó medio de noche la semana pasada porque todos los reflectores se enfocaron a la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y las denuncias de conflictos de interés e influyentismos que hizo. Si la salida de este funcionario afectó la credibilidad del gobierno de la autollamada 4a. transformación ante los mercados, el sólo intento de esta acción autoritaria que se pretende concretar en Baja California se convertirá en otra señal negativa que seguirá minando la reputación del gobierno lópezobradorista.

Ese costo es demasiado alto para una apuesta que, de tan arriesgada raya en lo ingenuo, ya que es fácilmente atacable por al menos 3 vías:

Cualquier votante de Baja California puede impugnar esta reforma en el congreso tramitando un amparo por la violación de sus derechos al querer ampliar el plazo de un gobernador por el que se votó sólo por 2 años. Otra vía puede ser la impugnación ante el Tribunal Electoral y una 3a. a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalide la reforma.

Mientras eso sucede, el que llegará marcado como un antidemócrata, y hasta como corruptor será el aún gobernador electo de Baja California, que abre otro frente al presidente y a su partido Morena.

El caso de Carlos Lomelí Bolaños es todo un indicador de cómo se procederá en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que apenas está en su 7o. mes: sin que se reconozca abiertamente el proceder incorrecto de los funcionarios, serán orillados a dejar el gobierno por la vía de la renuncia.

¿Cuántos casos como el de Lomelí quedan por destaparse? ¿Cuántos funcionarios están bajo presión dentro del gobierno federal y ya consideran seriamente renunciar?

El presidente López Obrador subrayó un día después de la salida de Urzúa Macías que "no importan los hombres y las mujeres en el gobierno", sino la transformación que se inició con su llegada a la presidencia. Ese día quedó instalada la guillotina de la 4T.

¿Quién llega en su lugar?

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional está desarticulado en Jalisco. No bien empiezan a tomar algunas decisiones en asambleas, como el último fin de semana (13 y 14 de julio) y se presentan las disputas y las denuncias.

Lomelí Bolaños, siendo el liderazgo más visible, no aportaba unidad.

Quien lo suceda como delegado del gobierno federal tendrá, además de la oportunidad de ser uno de los candidatos fuertes para las elecciones intermedias del año 2021 (las alcaldías de Guadalajara y Zapopan son las joyas más preciadas), la obligación de "armar" a Morena, convertirlo en una estructura electoral sólida.

7 indagatorias abiertas pero ninguna sanción (aún). Ese es el resultado preliminar de la investigación de Irma Eréndida Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, sobre Carlos Lomelí y su presunta red de empresas para venderle al gobierno.

El plazo para terminar la investigación no quedó asentado. ¿Una semana, un mes, un año, el sexenio? Por lo pronto a la Secretaría no le corren las prisas y el tiempo que tarde será oxígeno puro para que Lomelí reacomode sus piezas porque, ¿a poco creen que va a renunciar a la política?

Por cierto, nos cuentan que en México tumbaron la propuesta de que Juan Soltero se quede en el lugar de Lomelí debido a sus antecedentes como abogado de la familia de "El Chapo". En su lugar quedaría Jaime Moreno, vinculado a supuestos desvíos en FOJAL. Del comal a la lumbre.

El presidente lo prometió y lo cumplió: reinstalará a los maestros cesados con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En muchos casos fueron despedidos por acumular faltas o cobrar sin trabajar. Pero para ellos sí habrá perdón y olvido.

Para el próximo ciclo escolar habrá 174 profesores frente a un grupo de educación básica y media superior en Jalisco que costarán 180 millones de pesos en salarios caídos.

Así lo confirmó Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación Jalisco. ¿Qué padre de familia quisiera a uno de esos profesores al frente del salón de su hijo?

Me parece que López Obrador ha cometido errores y algunas de sus actitudes alimentan el pesimismo de los mercados financieros. Sus encuestas a mano alzada para (supuestamente) tomar decisiones de obra pública, la decisión de cancelar la construcción en marcha de un aeropuerto o su belicosidad verbal para con sus adversarios y críticos son aspectos que seguramente han afectado la confianza de los inversionistas y tienen un impacto en la actividad económica. Él mismo se pudo haber hecho un favor evitándose algunas fricciones innecesarias.

Para los mexicanos que vimos por televisión el anuncio del ingreso de Arturo Herrera, como relevo de Carlos Urzúa, como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue una escena decepcionante por muchas razones, al grado de que la misma se convirtió en trending topic en las redes sociales, pero además, en mi caso personal, vino a la mente la aberrante escena en que el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adalid de la democracia, entonces líder de la oposición en México, le indicaba públicamente a Rafael Acosta, alias Juanito: "entonces estás de acuerdo en ser nuestro candidato y en cuanto llegues a ser delegado renunciarás para cederle el cargo a Clara Brugada", (incondicional de AMLO).

Por si fuera poco, el lenguaje corporal de ambos fue patético. No recuerdo haber visto nunca antes a AMLO tan nervioso -y no era para menos, la jugada implicó movimientos de miles de millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores y en las firmas internacionales que dan seguimiento a los aconteceres políticos, económicos y sociales de nuestro país. Sólo gracias a la habilidad de AMLO para aparentar, medio se pudo controlar, pero los deditos de sus manos decían otra cosa; mientras tanto, Arturo Herrera, con cara de asustado, labios apretados, mirada perdida y mano derecha sosteniendo su brazo. Las actuaciones me recordaron a Edmundo Miller y su patiño "Don Roque".

Me parece que Arturo Herrera tiene méritos académicos para el cargo, pero dudo que se atreva a contradecir a AMLO, ni siquiera por el interés de la patria.

APUNTE

La intempestiva salida de Carlos Lomelí, de su cargo como Delegado de Programas para el Desarrollo Integral en Jalisco -deseada por los gobernantes estatales y otros más-, lejos de apagar el desánimo entre la federación y el grupo de Movimiento Ciudadano, servirá de acicate para los seguidores de uno y otro grupo, pues una batalla no implica el triunfo de la guerra, misma que se viene preparando para el 2024, con la breve escaramuza del 2021 que les servirá de parámetro a unos y otros.

Se puede decir que a regañadientes, pero con entereza y audacia, Lomelí Bolaños acepto la indicación de su "patrón, amigo y aliado", ante los resultados de hechos consumados que la Secretaría de la Función Pública ha venido compilando para dar a conocer lo que a Derecho corresponda, a la brevedad, pues la presión política ha venido creciendo cotidianamente.

Por supuesto que quien se quedó de encargado de despacho es una gente de todas las confianzas del ahora renunciado, por lo que los emecistas no tardarán en enfocar sus baterías en su contra, seguramente señalando que quien manda continúa siendo Carlos Lomelí... en fin, ya ninguno se conforma sólo con tener el recurso presupuestal y su amplio patrimonio, también desean más poder político.

Aunque quiso ayudarlo por todos los medios, López Obrador no pudo sostener a su amigo y mecenas como delegado por el poco margen de acción que le dejó el propio Lomelí al negar que eran suyas 5 de las 9 empresas relacionadas con temas de salud que le documentó una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Especialmente en el caso de la empresa Abisalud a la que el propio gobierno de la autollamada 4a. transformación y el gobierno morenista de Veracruz ya le habían comprado medicinas por 164 millones de pesos. En Jalisco, Abisalud había sido ya denunciada por la presunta venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones.

El no haber aceptado lo evidente, y haber pensado que aún como delegado y parte del gobierno de la 4T, tenía derecho de continuar con su actividad empresarial, como me lo dijo en una entrevista en julio de 2018, lo hizo caer en evidentes conflictos de interés que estaba a punto de sancionar la Secretaría de la Función Pública, a juzgar por lo que se publicó en las redes oficiales de esta dependencia casi inmediatamente después de que el propio Lomelí atribuyó a politiquerías los señalamientos en su contra.

Por eso el gran pendiente con el que se fue el presidente el viernes de Jalisco fue quién será el que sustituya como su súper delegado al empresario que siempre lo hizo fuerte en las buenas y en las malas.

Después de la elección de 2018 Morena Jalisco quedó crucificado por 4 corrientes que se disputarán el botín. La principal, a pesar de la renuncia del delegado, sigue siendo la que encabeza del doctor Lomelí Bolaños. Le sigue las de los tránsfugas del PRI, con Claudia Delgadillo a la cabeza. Los que salieron del alfarismo, donde Alberto Uribe es el más visible y finalmente los ex panistas de José María Martínez que desde que anunció su salida del PAN desapareció de la escena pública.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza 7 investigaciones sobre Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado de programas del gobierno federal en Jalisco, que tienen indicios de posibles conductas irregulares, informó hoy la titular de la dependencia, Irma Sandoval.

4 de las investigaciones son sobre contrataciones y empresas vinculadas de una u otra forma con Lomelí, detalló Sandoval tras la conferencia matutina del presidente López Obrador en Ciudad de México.

Las otras 3 se relacionan con sobre conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales son sancionables a través de procesos administrativos disciplinarios, agregó.

El viernes pasado, Lomelí anunció su renuncia como delegado, en medio de una investigación que lo liga tanto a él como a su familia por tener acceso a contratos gubernamentales en sus farmacéuticas.

Los primeros señalamientos contra Lomelí se dieron en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el pasado 20 de mayo.

La secretaria de la Función Pública dio a conocer que la 1a. investigación se abrió el 22 de mayo.

Sobre la renuncia, Sandoval comentó que desde el pasado 8 de julio expresaron la necesidad de tomar medidas preventivas para pemitir el curso de las investigaciones.

Los sospechosistas dicen que detrás de la renuncia de Carlos Lomelí podría haber una carambola a 3 bandas. 1o., le quita reflector a las acusaciones en su contra por un presumible conflicto de interés como contratista del gobierno. Luego, deja a un incondicional en su puesto, su abogado Juan Soltero, para seguir manejando los hilos como súper delegado. Y finalmente, apostando al olvido y al perdón de la 4T, en agosto regresa candidateado como presidente estatal de Morena Jalisco.

Pues al menos los 2 primeros supuestos ya se cumplieron. Vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador cumple con revelar el informe de la SFP acerca de Lomelí o de plano da el asunto por zanjado. Si evade rendir cuentas, significaría que en realidad Lomelí sólo huyó para adelante.

Porque la posición de súper delegado ya estaba muy desgastada. Nació condenada y a Lomelí sólo le ha traído enemigos y complicaciones. Como presidente de Morena Jalisco, en cambio, su papel sería eminentemente político y ahí sí podría confrontar abiertamente a los naranjas y su líder moral, el gobernador.

Por cierto, todo indica que el doctor fue notificado de su "baja" la tarde del viernes, durante la visita del presidente a Nayarit. Lo decimos porque en ese recorrido compartió imágenes alegres por la mañana de los apapachos del pueblo a AMLO, pero por la tarde dimitió y ya no estuvo en la comida con empresarios jaliscienses.

Extrabajadores de Notimex acusaron que su directora Sanjuana Martínez no cumplió con el acuerdo de liquidación al 100% de trabajadores despedidos por lo que el diálogo iniciado se ha suspendido.

Al grito de "Sanjuana, escucha, Notimex está en la lucha", extrabajadores de la agencia de noticias del Estado Mexicano se manifestaron en Palacio Nacional y entregaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la misiva exponen que " la directora Sanjuana Martínez lo engaña ya que no ha cumplido con el acuerdo al que llegó a través de sus representantes con un grupo de compañeros despedidos que representan a más de 100 trabajadores y que no somos 14 como ella señala".

Advirtieron que decisiones de la directora de Notimex los hace pensar que la intención del gobierno es querer desaparecer este medio de comunicación, y fuente de trabajo, que ha sido referencia de noticias de México en el mundo hasta antes de la triste llegada de esta "profesional".

Además de solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, los extrabajadores de Notimex demandaron la intervención de la Secretaría la Función Pública y de la Fiscalía General de la República para que se investigue qué ha pasado con los 170 millones de pesos que aprobó el congreso como presupuesto de este año para Notimex.

Paco Calderón
(14 de julio de 2019).

El neoliberalismo es uno de esos conceptos que están en boca de todos, pero que nadie define. Se utiliza para precisar una cosa y la contraria. Y Andrés Manuel López Obrador lo refiere para explicar todo. Desde la violencia que sufre el país, pasando por la corrupción y hasta la pérdida de valores familiares. Le endilga el endiosamiento de la tecnocracia y la corrupción tolerada desde las altas esferas de la política. De acuerdo con un conteo que hizo Radio Fórmula, López Obrador utilizó la palabra "neoliberal" en 128 ocasiones, durante su mañanera, luego de transcurridos 100 días de gobierno. Digamos que el repudio al neoliberalismo es la metanarrativa de la 4a. Transformación. No hay nada que quede fuera del manto explicativo del neoliberalismo.

La renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, le permitió al presidente volver a culpar al neoliberalismo de la sorpresiva dimisión. Durante la rueda de prensa posterior a la renuncia, López Obrador dijo que Urzúa seguía instalado en la lógica neoliberal. Incluso, llegó a decir, que le presentó un Plan Nacional de Desarrollo que pudo haber hecho José Antonio Meade o Carstens en Hacienda. En pocas palabras, el secretario saliente seguía atrapado en el pasado y nunca se dio cuenta que el régimen ya había cambiado. Al nuevo titular de Hacienda, Arturo Herrera, lo calificó de "progresista".

A diferencia de lo que muchas personas creen, López Obrador no es un político ideológico. Es cierto que hace muchas referencias a principios, valores e ideas, pero no concibe a la ideología como una camisa de fuerza. Puede implementar políticas públicas de izquierda (seguridad social para empleadas domésticas o jóvenes construyendo el futuro) o conservadoras (Guardia Nacional, concesiones para evangélicos o transferencias directas de recursos por las estancias infantiles). Más que una ideología concreta, el presidente tiene una "mentalidad". Una narrativa del mundo, pero que no se articula como un sistema sólido de creencias. Cuesta mucho definirlo en el plano cartesiano ideológico.

La ruptura de López Obrador con el neoliberalismo es discursiva, no real. Veamos las acciones concretas. El presidente presentó un presupuesto con algunos gestos sociales, pero que mantiene las directrices de la política económica neoliberal. Ortodoxia pura. Un guiño a programas sociales por un total de 165,000 millones de pesos, que no es ni 5% del presupuesto total que alcanza los 5.8 billones. El gasto en salud no crece, el gasto en educación tampoco. Una forma de ver si hay o no voluntad de contrarrestar los efectos del neoliberalismo, es tocar la base fiscal (los impuestos). Es decir, el neoliberalismo consiente a los grandes capitales con bajas tasas mientras se ensaña con las clases medias; pues López Obrador toca ni con el pétalo de una rosa a la estructura fiscal. Es decir, no vemos visos de ir hacia un estado del bienestar que reduzca los efectos nocivos del neoliberalismo.

El propio López Obrador mide su éxito económico con parámetros que son absolutamente neoliberales. Presume que el tipo de cambio está estable con el dólar. Inflación baja. Confianza del consumidor. Y no sólo eso, el mayor triunfo político del presidente, juzgando por su celebración en Tijuana, fue festejar que Estados Unidos no le impusiera aranceles a los productos mexicanos. Pocas cosas tan neoliberales como festejar la cabal salud del libre mercado.

Otro aspecto del neoliberalismo es la colusión entre el poder político y económico. Es decir, los políticos ganan elecciones, pero son los grandes capitales los que deciden cómo se gobierna. Tras 7 meses de gobierno, solamente han colisionado estos poderes en una ocasión: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Algunos representantes de cúpulas empresariales han sido críticos con el presidente, pero los peces gordos siguen tendiendo puentes con el jefe del ejecutivo. ¿No es Alfonso Romo, un empresario neoleonés, el jefe de la Oficia de la Presidencia? ¿No es quien cuida los intereses de los grandes capitales en el gobierno de México?

El neoliberalismo es, para López Obrador, una narrativa política más que una realidad económica o social. Le sirve al presidente para deslegitimar todo aquello que contradice su proyecto. Es también una táctica para englobar a la oposición y a los gobiernos anteriores, sean panistas o priistas. México no está en una época posneoliberal. Y tampoco se están poniendo los cimientos de un nuevo modelo económico en donde el Estado garantice servicios y derechos. La renuncia de Carlos Urzúa no tiene nada que ver con el combate al neoliberalismo, sino que es espejo de las disputas políticas y los antagonismos que tratan de coexistir en la 4a. Transformación. El neoliberalismo no ha muerto, está vivo y coleando.

El partido en el gobierno -el partido oficial- podría tener 317,000 militantes, 3'100,000 o más de 10 millones, dependiendo de a quién se le quiera creer.

El lío del padrón es vital para Morena, pues se pretende que el 20 de noviembre de este año tome protesta una nueva dirigencia nacional tras un proceso interno que será convocado formalmente el próximo 19 de agosto, para renovar todo: en septiembre, comités municipales y distritales; en octubre, los órganos estatales y en noviembre, los nacionales.

Pero el pleito entre un padrón legítimo y un padrón espurio muestra algo más profundo: que Morena no ha transitado de movimiento a partido político.

En su ascenso vertiginoso al poder, muchos de sus cuadros dirigentes se convirtieron en funcionarios públicos o legisladores. Desde López Obrador, que al asumir la candidatura presidencial dejó a la secretaria general Yeidckol Polevnsky como presidenta en funciones (de eso hace ya año y medio), o como Gabriel García, quien por un "descuido" del partido aún aparece en los registros oficiales que tiene dados de alta el INE en su portal, como secretario de organización en funciones.

Un año después de ganar la Presidencia, la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 4 gubernaturas, la mayoría en 20 congresos estatales y múltiples cargos municipales, Morena no ha pasado por un proceso de renovación de sus órganos de gobierno, de sus estatutos ni de sus padrones.

La "institucionalización" no está en los genes de sus fundadores y sus dirigentes; es más, probablemente ni siquiera quieran dejar de ser "movimiento" y se seguirán resistiendo a ser llamados "partido".

Lo cierto es que las rencillas internas van en aumento, y está latente el riesgo de dividirse en corrientes o tribus (eso sí está en el ADN de un movimiento formado principalmente por ex militantes del PRD).

Yeidckol Polevnsky, presidenta en funciones; Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional; Mario Delgado, coordinador de los diputados, y Alejandro Rojas, consejero nacional y morenista en rebeldía, ya han levantado la mano para dirigir el partido.

Para que su contienda interna sea legalmente reconocida por las autoridades electorales, deberá sujetarse a sus estatutos, a la convocatoria emitida por sus órganos de gobierno y a la Ley General de Partidos Políticos vigente.

Si además quieren que su nueva dirigencia nacional y sus dirigencias municipales y estatales, sean legítimas, éstas deberán surgir de procesos democráticos, con reglas claras y un padrón validado por todos. En el entendido de que nadie en Morena querría ver a uno de los suyos encabezando manifestaciones para impugnar el proceso y exigir que se recuente "voto por voto", militante por militante.

La escena de un dirigente bajando a empujones a un militante de un estrado y de éste respondiendo con una cachetada a su agresor, ocurrida el sábado en un evento de Bertha Luján en Monterrey, no es un buen augurio para la contienda que vendrá en los próximos meses. El riesgo de fractura quedó a la vista. La posibilidad de "perredizarse", también.

Andrés Manuel López Obrador está muy ocupado como para hacerse cargo, una vez más, de organizar, dirigir y serenar a sus huestes. En el camino de consolidar al partido, sus discípulos deberán avanzar solos y evitar la tentación de replicar el modelo priista de partido-gobierno, con Andrés Manuel como "el 1er. morenista" del país.

En entrevista con la revista Proceso, número 2228, Carlos Urzúa abre las diferencias que tuvo como Secretario de Hacienda con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Además, cuestiona la labor de Manuel Bartlett al frente de Comisión Federal de Electricidad (CFE), al considerar que pone en riesgo, con equivocadas decisiones, el abasto de energía en parte del país y el futuro del T-MEC.

"¿Dónde están tus principales diferencias con Alfonso Romo?", le pregunta Hernán Gómez en la entrevista para Proceso.

"Me cuesta entender el tipo de relación que tiene con el presidente. Ideológicamente Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no sólo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el Jefe de la Oficina de la Presidencia?", responde.

"Ahora bien, es verdad que aun cuando Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía, el presidente no lo dejó. Pero sí pudo imponer a Margarita Ríos-Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomext. Este último ha sido desde siempre su mano derecha en el sector empresarial, mientras que para que ella pudiera ser impuesta se tuvo que cambiar la propia Ley del SAT".

Sobre el conflicto de interés de Romo, Jefe de la oficina de Presidencia, Urzúa dice: "Dado que en la jefatura de la Oficina de la Presidencia se maneja a diario un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de 1er. grado no tuvieran actualmente participación accionaria alguna en la Casa de Bolsa Vector".

Sobre por qué dejó el gabinete, Urzúa abrió las diferencias con López Obrador.

"En uno de los párrafos de mi carta me refiero a una serie de políticas públicas sin sustento. No quiero hablar de todas, pero de entrada te puedo decir que yo sí estuve a favor de que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco. Creo que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. Si bien es cierto que muchos de los terrenos aledaños estaban controlados por gente vinculada a la administración anterior, un gobierno fuerte como el de López Obrador podría haberlos expropiado por razón de estado", expone.

Cuando se le pregunta cuál fue la gota que derramó el vaso para definir su salida, arremetió contra Bartlett por haber llevado a tribunales los contratos de gasoductos.

"Uno de los gasoductos paradigmáticos es el que va de Texas a Tuxpan, Veracruz, el cual se firmó hace 5 años y ya se terminó de construir. Ese gasoducto, que provee más de un tercio de toda la demanda de gas en México, fue construido por Transcanada, una paraestatal canadiense, junto con Ienova, una empresa mexicana, subsidiaria a su vez de una estadunidense llamada Sempra", indicó.

"Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo. Bartlett no quiere entregar ese gasoducto y pretende renegociar el contrato, pero no está evaluando correctamente su costo, porque al parecer no entiende el concepto de valor presente. Es preocupante que alguien que dirige una empresa de electricidad no entienda el concepto de valor presente. Alguien así no puede dirigir una empresa de electricidad. El problema es que, si no se respeta el contrato, Transcanada demandará a la CFE, porque el gasoducto ya se terminó de construir".

Luego de la renuncia de Carlos Lomelí a su cargo como delegado federal de Jalisco, Enrique Alfaro, gobernador del estado, señaló que espera que las denuncias lleguen a sus últimas consecuencias.

"No quisiera opinar al respecto, pero sí espero que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias. Que una simple renuncia no genere perdón y olvido en los temas que se puedan acreditar. Si hay algún acto indebido, sea quien sea la persona involucrada, ojalá pague las consecuencias", expresó.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, calificó como "una buena noticia para México" la renuncia de Carlos Lomelí Bolaños, al cargo de delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco.

Señaló que Lomelí era un ejemplo de los riesgos del conflicto de interés en el gobierno federal.

En su publicación, Hoyos lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "no decretase el cese inmediato" y que la Fiscalía General de la República (FGR) siga sin actuar.

Carlos Lomelí Bolaños renunció al cargo tras señalamientos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de formar parte de una supuesta red de empresas que venden medicamento al gobierno federal.

De manera reciente con el lanzamiento de la Guardia Nacional y la protesta de un grupo de la Policía Federal que se ha inconformado por el tratamiento laboral que les están dando, ha cobrado nueva presencia en la escena política el expresidente Felipe Calderón.

Se le ha acusado a Calderón de estar detrás de la protesta de los policías federales que rechazan incorporarse a la Guardia Nacional. "No es casual que uno de los propios representantes de la Policía Federal solicitara que el expresidente Felipe Calderón fuera su representante sindical", dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Calderón contestó: "Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo estoy detrás de las protestas... si tiene pruebas que las presente, y si no las tiene, de inmediato retire las calumnias".

Creo que cualquiera que conoce un poco de mi trayectoria política sabe que Felipe Calderón no es santo de mi devoción, pero por justicia tengo que estar de acuerdo con el cuando concluye: "Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías y dejen de escucharse ustedes mismos".

Resulta infantil pensar que si Calderón estuviera detrás del movimiento de los policías federales, serían los propios policías quienes denunciaran públicamente a quien supuestamente los auspicia.

Posiblemente alguien pudiera estar queriendo sacar provecho político de la manifestación, pero lo que es evidente es que tales protestas de los policías son por sus derechos laborales y la incertidumbre que genera su traslado a la Guardia Nacional.

La moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 2 caras. La de sus adversarios y oponentes, donde todos son inmorales y por tanto corruptos, y la de él, donde nadie es inmoral ni corrupto porque como él no lo es, tampoco el resto. "Somos diferentes", dice con frecuencia, "no somos iguales". Sus 2 visiones de moral, sin embargo, se mueven bajo los mismos referentes que en el pasado. Su aplicación es discrecional, y cuando se le llega a confrontar con una contradicción, evade. Es lo que está tratando de hacer luego que Carlos Urzúa, en su carta de renuncia como secretario de Hacienda, denunció la existencia de conflictos de interés de "personajes influyentes del actual gobierno". López Obrador respondió: "Yo no veo conflicto de interés".

Tampoco lo vio nunca el ex presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la casa blanca, pero a finales de noviembre de 2014, López Obrador dijo que era "un soborno, un moche" el hecho que una constructora que hizo obra pública en el Estado de México, hubiera adquirido una residencia para su ex esposa. Dijo que con acciones como esa "supuesta" compra de la casa "se está pisoteando, socavando, manchando, degradando la institución presidencial".

La carta de Urzúa es clara, pero a la vez medrosa, al denunciar los conflictos de interés, sin decir de quién se trata, o de qué se trata. Cuando uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en el sector hacendario, con influencia en Palacio Nacional que incurre en conflicto de interés, es claro que se refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca de desarrollo -contra la ley que le da esa facultad sólo a la Secretaría de Hacienda-, que apoya proyectos empresariales, como podrían ser los personales. También controla a Margarita Ríos Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria, donde el sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor contribuyente.

Pero los conflictos de interés dentro del gobierno de la cuarta transformación no se limitan a Romo. De hecho asombra el número de ellos que se han hecho públicos sin que causen escándalo. Uno muy notorio es el del fiscal general Alejandro Gertz Manero y Javier Coello Trejo, el abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Coello Trejo representó a Gertz Manero en una denuncia penal para investigar la muerte de su hermano. Es decir, tuvieron una relación profesional importante que nunca reveló ninguno de los 2, hasta que fueron descubiertos, y que arroja una sombra de sospecha sobre la imparcialidad y objetividad de Gertz Manero en el proceso que se le sigue a Lozoya. Cuando le preguntaron a López Obrador sobre esto, dijo que le tenía plena confianza al fiscal, que no creía que fuera ilegal, aunque quizás sí moral, dejando esa decisión a su colaborador. Por menos fustigó a Peña Nieto durante más de un año; en esta ocasión, se lavó las manos.

Otro conflicto de interés, público, que no ha causado escozor, fue el nombramiento de Omar Gómez Trejo como jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo es un experto en derechos humanos, pero el haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que rechazó la versión del gobierno anterior sobre el Caso Ayotzinapa, lo coloca en un conflicto de interés. Más allá de la objetividad con la que pueda desarrollar su trabajo, dados sus antecedentes, siempre existirá la sospecha de parcialidad.

Hay otros conflictos de interés que no han trascendido a la opinión pública que están generando incomodidad en el gobierno. El más importante es el de José Luis Peña, esposo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien está vinculado a empresas que hacen negocios con Pemex. Este conflicto de interés es el secreto a voces más sonoro dentro del gobierno, y el más delicado.

El conflicto de interés se puede resolver notificando a la Función Pública la existencia de un conflicto de interés, como lo hicieron la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el consejero jurídico Julio Scherer, donde dejaron claro en qué temas tocan esos linderos por cuestiones personales o familiares. Cuando es más tenue la línea, como el caso de Peña, se debe romper el vínculo.

El conflicto de interés pasa por reconocer su existencia y aislarlo para evitar que se convierta en corrupción. El nuevo régimen que está tratando de construir López Obrador está infectado de conflictos de intereses, como los señalados, o el nepotismo. La negación absoluta de ello no lo ayuda, ni tampoco el sofisma que todo el gobierno es honesto porque él lo es. Esta realidad, como otras que estamos viendo, lo podría alcanzar con mayor fuerza que a Peña Nieto, porque el número de casos de estas situaciones es mucho mayor de lo que fue en el pasado.

Después de "me canso ganso", que es ya una joya del anecdotario presidencial, la frase más reconocida y repetida por el presidente es "yo tengo otros datos", lo que le ha permitido jugar en la rayita de las verdades alternativas, pero sobre todo tomar distancia de eso que él considera que es el origen de todos los males de este país: la tecnocracia neoliberal.

En la renuncia del secretario Carlos Urzúa llama profundamente la atención el dicho de que en el actual gobierno se toman decisiones de política pública sin el debido sustento y evidencia. La respuesta del presidente a estos señalamientos es que justamente es eso lo que quiere cambiar y lo acusó de haber hecho un Plan Nacional de Desarrollo con lógica neoliberal, "como si lo hubiera hecho Carstens o Meade", es decir con metas, objetivos e indicadores de medición, con muchos números y poca emoción. En el fondo lo acusó de haber hecho un plan cuando él quería, e hizo, un ideario.

López Obrador cree fervientemente, lo ha dicho con todas sus letras, que gobernar no es una ciencia sino una cuestión de sentido común, de política. ¿Se puede gobernar sin echar mano de la ciencia y la técnica? De que se puede se puede, no sería el 1er. presidente que lo haga, pero los riesgos son altísimos, como lo es que se gobierne solo desde la lógica de los números. El gran reto de cualquier gobierno es combinar en la dosis adecuada ciencia, técnica y política. Tan grave y dañino es que las decisiones las tomen tecnócratas que no entienden de política como que las tomen políticos que desprecian la técnica [porque no la entienden - el webmaster].

El péndulo hoy se inclina por la política y desprecia el conocimiento, la experiencia y la preparación. Haber estudiado en el ITAM ya no es una virtud sino un pecado; la experiencia y la preparación en el extranjero es sospechosa en sí misma; advertir un riesgo de mercado o citar a una calificadora internacional convierte en automático al sujeto en neoliberal, conservador, fifí, hipócrita, neoporfirista, más el adjetivo que se sume en la semana.

¿Podemos aspirar a una mezcla sensata entre técnica y política? No en este momento. La lógica del presidente es que hay que derrumbar ese conocimiento sobre el que cimentó "el régimen corrupto", tal como la revolución lo hizo con los científicos del Porfiriato. Eso tiene un enorme costo de oportunidad para el país, implica tirar a la basura años de conocimiento acumulado, regresar a fórmulas que no aportan futuro, pero que tienen su lógica y su función en una visión heroica del pasado y romántica del futuro.

El presidente no solo tiene los otros datos, también tiene otra visión. La política transforma, pero la ciencia le pone límites. López Obrador es muy tenaz, muy terco, pero me temo que la realidad es más.

Las diferencias que tuvieron Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al Plan Nacional de Desarrollo fueron debido al lenguaje utilizado y al modo de comunicarse, aseguró Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

"Como yo lo veo, participé en una o 2 conversaciones con el presidente, creo que (la diferencia con Urzúa) era más en la forma en como se comunica el plan (...) Lo que quiere (AMLO) es que los instrumentos del gobierno representen aspectos técnicos y comuniquen de manera llana y clara. El documento tenía un lenguaje técnico" [que López no tiene la capacidad de entender - el webmaster], dijo Herrera.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de julio de 2019).

El presidente López Obrador dijo ayer que Carlos Urzúa, quien renunció a la Secretaría de Hacienda el 9 de julio, había defendido un "continuismo neoliberal" en el Plan Nacional de Desarrollo: "Era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia". En su carta de renuncia Urzúa señalaba, en contraste, que se han tomado decisiones sin sustento y sin considerar que las políticas públicas deben estar exentas de ideologías de izquierda o de derecha.

Es muy claro que la renuncia de Urzúa se debió a diferencias ideológicas con el presidente. Al contrario de lo que ocurría en el periodo del desarrollo estabilizador, que el presidente ha señalado como ejemplo del rumbo que debe seguir el país, López Obrador no permite que las decisiones económicas las tome el secretario de Hacienda, como ocurría con Antonio Ortiz Mena. Busca, de hecho, concentrar todas las decisiones, incluso las más técnicas. Cuando ayer se le preguntó a Andrés Manuel qué haría si el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se opusiera a las "obras prioritarias" de su gobierno, la respuesta fue: "Lo convenzo. Fíjense que tengo manera de convencer, tengo argumentos".

Los ideólogos del lopezobradorismo no tardaron mucho en lanzarse contra Urzúa, como lo hicieron con Germán Martínez tras dejar el IMSS. La renuncia de Urzúa "era previsible", comentó en Twitter el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. "No es fácil adaptarse a un proyecto cuyo objetivo es sacudirse el neoliberalismo; los intereses son fuertes; las resistencias, también".

"¡Qué bueno que se fue Urzúa! -escribió el senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio-, estaba ahorcando a su administración. ¡Felicidades!". Salgado no ha entendido que la austeridad no fue una idea de Urzúa, sino del propio presidente. La sustitución no cambiará esta política.

En los medios financieros se especula que la decisión de Urzúa fue forzada por un nuevo plan para Pemex, el cual se dará a conocer esta semana. Al parecer el gobierno lanzará un rescate, un bailout. Urzúa se habría opuesto a este nuevo rescate, que mejorará quizá la calificación de la petrolera, ahogada por una deuda excesiva, pero que lleva el riesgo de contaminar la deuda soberana de México. El mejor rescate de Pemex habría sido la continuación de los farmouts, los contratos de producción de crudo con empresas privadas, y la cancelación de la refinería de Dos Bocas, que está destinada a perder dinero. López Obrador, sin embargo, mantiene sus posiciones de manera dogmática y descarta, como "neoliberales", las opiniones pragmáticas que presentan los especialistas.

López Obrador no debería tener a un secretario de Hacienda al que deba convencer de que todo lo que ordena es correcto. La magia del desarrollo estabilizador que él tanto admira se debió en buena medida a la independencia de Ortiz Mena. En el momento en que Luis Echeverría decretó que "la economía se maneja en Los Pinos", empezó el camino que llevaría a las crisis económicas de 1976 y 1982. El presidente debe entender que las soluciones pragmáticas a los problemas económicos no son una inercia neoliberal sino la aplicación de las reglas de la economía.

No hay duda de que el presidente López Obrador es testarudo. Ayer propuso por 4a. vez para un puesto en el sector energético a Ángel Carrizales, quien fue miembro de su Ayudantía y que ha sido rechazado 3 veces por el Senado para ser comisionado de la CRE y miembro del consejo de Pemex. Una vez más, sin embargo, López Obrador lo ha propuesto para ser consejero independiente de Pemex. La táctica parece ser hasta que se cansen porque yo seguiré insistiendo.

El régimen de López Obrador va de tumbo en tumbo por un camino incierto, ante una ciudadanía preocupada por el futuro del país. Pero él tiene otros datos.

Es la mañanera 152 en su día 222 de gobierno. Estuvo llena de revelaciones sobre las intrigas y enfrentamientos en palacio, con detalles de quién contra quién y el porqué de las pugnas. La narrativa también muestra la otra cara, de cómo el presidente, quien sabía lo que sucedía en su entorno, dejó que corrieran los conflictos, solapó las diferencias y, en la mayor contradicción de todo, respaldó al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pese a pensar que representaba el continuismo, que explícitamente rechaza. Es decir, se desnudó como un presidente que no controla a su equipo, donde cada quien, si lucha por su territorio, puede hacer lo que quiera. El desorden, como modus operandi de un gobierno extravagante.

El presidente admitió ante la prensa: "Estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud. Es un hombre con criterios, como nosotros". López Obrador confunde la transparencia y el ejercicio de gobierno. No tiene por qué mentir, pero la forma como explica su apertura, demuestra es que cada quien, por tener criterios propios, puede hacer lo que se le plazca, incluso denunciar al presidente que observó cómo se despedazaban sus principales colaboradores para la política económica sin intervenir, ni hacer un control de daños para neutralizar el mensaje de la renuncia de Urzúa que los conflictos internos son ordinarios.

Luego, añadió: "Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan (Nacional) de Desarrollo, que hubo 2 versiones, y la versión que quedó es la que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla porque había otra versión. Y sentí que era continuismo". El plan es responsabilidad de Hacienda, pero cuando Urzúa llevó el documento técnico al presidente, le incorporaron 70 páginas de contenido político, sin haber leído el contenido. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, trató de minimizar el escándalo y aseguró que eran lo mismo. Luego el presidente dijo que el documento de Hacienda eran "anexos" del plan.

En esa misma idea, López Obrador agregó: "Era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia". Su política económica, con Urzúa y con Arturo Herrera, su sucesor, hasta ahora, es neoliberal: disciplina fiscal, déficit cero y control macroeconómico. La inercia neoliberal que señala, por diseño estratégico, fue una instrucción presidencial. Urzúa no se mandaba solo. Aplicó lo que le pidió el presidente y continuó reduciendo el gasto público y la nómina del gobierno.

El presidente entró entonces a detalles: "También (hubo) discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos notorias". Fueron más que eso. Los consejos de administración los encabezaba Urzúa, quien desacreditaba lo que presentaban los directores de la banca de desarrollo, que recibían instrucciones de Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia. El 1er. encontronazo fue en Nafín, en diciembre, y desde entonces las pujas no cesaron, sabiendo de ello el presidente. Cuando le preguntaron a López Obrador si una de las causas de la renuncia era Romo, respondió: "Sí, seguramente eso era algo evidente, tenían diferencias y con otras áreas". Esta disputa nunca la sofocó, pese a que con el paso de los meses varios miembros de su equipo tomaron partido por Romo en contra de Urzúa.

El presidente no se contuvo en seguir narrando los problemas: "Diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT". Margarita Ríos-Farjat, jefa, no directora, del Sistema de Administración Tributaria, quien es una de las herramientas de las que dispone Hacienda para manejar la tesorería, fue nombrada por Romo con la aprobación del presidente. El principal problema con ella explotó el viernes pasado, cuando quiso forzar una ley contra las empresas fantasmas -son 5 grandes evasores fiscales los que tiene en la mira, incluido un neoleonés- a lo cual Urzúa se opuso. El entonces secretario de Hacienda maniobró y estuvo a punto de colocar a Renato Sales como contrapeso de Ríos-Farjat, pero López Obrador lo vetó.

La plática de Urzúa con López Obrador sobre su renuncia fue el lunes, pero no hizo nada el presidente porque su salida fuera ordenada, como tampoco lo hizo con Germán Martínez, cuando renunció al Seguro Social. En los 2 casos hubo recriminaciones sobre obstáculos y sabotajes internos, de los cuales sabía el presidente y dejó correr. Igual que ahora sucede en Morena, donde 2 miembros de la nomenklatura, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, están peleando a sartenazos sin que el presidente ponga orden. Vendrán quizás más renuncias, anticipó el mandatario.

En efecto, hay algunos en camino, como ha discutido con su equipo sobre los conflictos entre Gobernación y la conserjería jurídica, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Energía y Pemex, o la Secretaría de Bienestar hacia adentro y con la Presidencia. Son demasiados los choques internos por territorio y poder, al amparo de la omisión del presidente, a quien por sus funciones podría señalársele una irresponsabilidad. El piloto del gobierno y el país, no gobierna ni guía. Reina el libre albedrío que produce un desbarajuste sistémico.

Los ciudadanos le dieron en las urnas una mayoría cómoda sobre sus competidores para gobernar por un periodo de 2 años. Pero le parecieron pocos, así que pidió que mejor sean 5. Y sus adversarios, con mayoría en el congreso saliente, se lo aprobaron.

Ocurrió esta semana en Baja California.

A 7 meses de iniciada la que nos presentan como 4a. transformación del país, una que promete que va a terminar con la "larga noche" del neoliberalismo y la corrupción de toda la clase política, atestiguamos cómo esa misma clase política, esa "mafia del poder" atascada de panistas y priistas, se confabula gustosa con Morena para construir su nueva noche. Y, sí, quiere que sea larga.

Jaime Bonilla, de Morena, compitió para ser gobernador por 2 años. Desde antes de la elección del 2 de junio pasado intentó que se ampliara a 5. El tribunal electoral local (sometido a los intereses) le dijo que sí 2 veces, pero el federal le tumbó la decisión.

El lunes pasado, con votos a favor de la mayoría del PAN, más el PRI y Morena, el congreso saliente de Baja California aprobó cambiar la constitución local y ya le dio sus 5 años a Bonilla.

Se les olvidó aquello de "sufragio efectivo". Lo que votaron los ciudadanos no importa. Ellos quieren 5, se lo aprueban. Al estilo Varguitas de La Ley de Herodes.

La lógica, la cordura, la legalidad y hasta la más débil convicción democrática hacen pensar que la Suprema Corte revertirá el atropello. Sólo que hasta ahora no hay recurso ante el máximo tribunal.

El 1 de julio de 2018 el hartazgo con las cochinadas de la clase política se expresó con mucha claridad. ¿Se habrá entendido? ¿Se habrá acabado el impulso democrático del que tanto hablaron en campaña los ganadores de la contienda?

Se entiende que en Palacio Nacional están muy ocupados con no pocos asuntos delicados que estallan casi a diario. ¿No tendrán un minuto para fijar una posición clara sobre el atropello en Baja California? ¿Será que al presidente no le incomoda lo que se cocinó ahí? ¿Si fuera un gobierno priista, lo dejaría pasar? ¿Pesa más que Bonilla es amigo? Veremos.

Qué paradoja que sea un presidente de un partido de izquierda [?] el 1er. gobernante mexicano que acepte y asuma abiertamente la sumisión de México hacia Estados Unidos.

Durante décadas el discurso en universidades, grupos de discusión, ambientes intelectuales y sobre todo en los gobiernos revolucionarios era de una defensa a ultranza de nuestra soberanía y el rechazo a cualquier tipo de injerencia imperialista de Washington en los asuntos internos de nuestro país.

Aunque siempre sospechamos que era eso, discurso, y que en la realidad siempre se aceptaron en lo oscurito las reglas del vecino del norte, se llevó la vecindad en paz y nunca hubo conflicto alguno entre ambos países que realmente comprometiera la relación.

Simulación pues; en lo público gritos y brillante retórica invitando a la defensa de los intereses nacionales mientras tras bambalinas se llegaba a acuerdos de sumisión, dando su lugar a una política imperialista y para llevar la fiesta en paz.

Pero tuvieron que llegar simultáneamente a la Casa Blanca un presidente ególatra y caprichoso, y a Palacio Nacional uno amante del "amor y paz" y enemigo de los conflictos para que las cosas quedaran más que claras.

A raíz de la amenaza del presidente Trump de subir los aranceles a los productos mexicanos, argumentando que nuestro país hacía muy poco para frenar la migración de centroamericanos por nuestro territorio rumbo a la frontera norte, López Obrador reaccionó asumiendo la debilidad mexicana y se convirtió en el más férreo defensor de nuestras fronteras a costa de enfrentar, reprimir y maltratar a los centroamericanos en su intento de transitar por territorio mexicano.

A costa de sacrificar prioridades mexicanas destinó esfuerzos y recursos para enfrentar a los migrantes. Destacó buena parte de los elementos de la flamante y recién creada Guardia Nacional a sellar y patrullar la frontera sur sacrificando en parte la prioridad de este cuerpo armado que era combatir la inseguridad y la violencia crecientes en distintos puntos del territorio nacional.

Además, anunció el envío de cantidades millonarias de dinero para tratar de mejorar las condiciones de vida en los países centroamericanos. Y además de que esas cantidades son minúsculas cuando se ve la dimensión de la problemática centroamericana son recursos de un gobierno que apostándole a la austeridad ha hecho innumerables recortes, pero sobre todo en renglones tan importantes como la salud o la educación, o tan sensibles como la cultura y el fomento de las artes.

De ser un militante de la izquierda, López Obrador pasó a ser el 1er. general a las órdenes de Washington para combatir el flujo migrante.

Pero bien visto no deja de ser positivo; más vale asumir pública y abiertamente que México no debe enfrentar a Trump que seguir manejando la simulación de un discurso soberanista.

Y más paradojas: finalmente Trump aplicó un arancel bastante pesado al acero mexicano que se utiliza para la construcción en Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión a funcionarios de las comisiones Federal de Competencia Económica y de los Derechos Humanos, por lo que podrían ganar hasta 50% más que el titular del ejecutivo.

(V.periódico El Financiero en línea del 10 de julio de 2019).

La renuncia de Carlos Urzúa pegó en el centro de la diana del gobierno de López Obrador y retembló en Hacienda la tierra.

El contenido de la carta acusa que en el gobierno actual las políticas públicas se implementan sin sustento técnico, que si bien no es una novedad, el hecho de que venga desde dentro no hace sino confirmar los malos augurios. Y, 2o., que hay imposición de funcionarios con conflicto de interés, que si bien no los explicita se puede pensar que tiene que ver con Alfonso Romo, con quien nunca tuvo una buena relación. Urzúa actualizó en su renuncia los 2 grandes temores de los inversionistas: la improvisación como forma de gobierno y el uso de los recursos y programas públicos para generar adeptos al partido y asegurar su continuidad.

La llegada de Arturo Herrera, un funcionario serio y con carrera en organismos internacionales, es en principio una buena señal. Pero si aplicamos el infalible método del "jetómetro" al video de presentación en Palacio Nacional el presidente no estaba contento y el nuevo secretario está más asustado que emocionado. En las últimas semanas han tenido diferencias y la señal que mandó López Obrador es que en esto solo hay una opinión que vale y esa es la suya. El problema del nuevo secretario no será, como piensan algunos, que el presidente se deschongue con el gasto sino esa extraña obsesión con los recortes sin planeación que ahogan a la administración pública y el funcionamiento del gobierno y, por supuesto, el crecimiento de la economía que cada día se ve más lejos.

El presidente suele reaccionar mal a la crítica de quienes abandonan el barco. Dice que Urzúa no entendió los cambios y prácticamente lo acusó de neoliberal (el peor insulto en la era lopezobradorista) pero no respondió a los señalamientos de la carta de renuncia como tampoco lo hizo con la de Germán Martínez [del IMSS]. Si atendemos ambas cartas, el problema de fondo con López Obrador es la improvisación, el exceso de confianza en la intuición y en lo que es el bien y el mal, que está muy bien para una iglesia o creencia religiosa pero que es riesgosísima cuando se trata de gobernar.

La renuncia del secretario de Hacienda es verdaderamente grave.

Lo que le dice en su carta de salida debe ser tomado por el presidente López Obrador, por el gobierno y sus opositores, por la opinión pública, con la mayor seriedad, serenidad, y decisión de no jugar a las politiquerías que pueden llevar a este país a la desgracia.

El 2o. párrafo de la carta es brutal para la estabilidad económica de México. El 3er. párrafo es brutal para el discurso político del presidente. En el 2o. le dice que "en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento", sin evidencia, sin cuidar los efectos. En el 3o. acusa la existencia de "personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés" que imponen funcionarios sin conocimientos. El 2o. párrafo debe obligar al presidente a tomar medidas. El 3er. párrafo debe obligar al saliente secretario de Hacienda a denunciar, con nombre y apellido, a quienes están cometiendo esos presuntos delitos. El 2o. párrafo puede terminar de derrumbar la calificación crediticia de México. El 3er. párrafo desmonta la ilusión del presidente de que el suyo es un gobierno sin corrupción ni intereses.

Viniendo de quien viene, pues, la carta de renuncia del secretario de Hacienda de México es un golpe brutal al gobierno. Es otra campana de alerta que suena desde adentro del barco. Si el presidente ha descalificado los llamados que recibe desde afuera, no puede seguir desdeñando los que surgen desde adentro.

Es momento de que el presidente López Obrador devuelva a Arturo Herrera la credibilidad que él mismo le arrebató. Siendo el ya secretario Herrera un discípulo del doctor Urzúa, no dudo que parte de la negociación de la salida hubiera sido que Herrera se mantuviera de relevo. Pero lo que exige el mundo del dinero a un secretario de Hacienda es que pueda decirle que no a su presidente y que por su boca habla el presidente. López Obrador desacreditó en el pasado 2 veces a Herrera: una cuando el entonces subsecretario de Hacienda dijo que no había dinero para construir la refinería en Dos Bocas y otra cuando habló de la necesidad de cobrar tenencia.

Es momento de dejar de insistir en el peso fuerte y la alta recaudación, cuando la economía apunta a la recesión y la moneda está así porque la tasa de interés en México es altísima (más de 8% contra 2% de Estados Unidos).

El presidente ha dicho una y otra vez que para sacar al país de la pobreza necesita crecimiento económico, y que para tener crecimiento requiere de la inversión privada. La carta de Urzúa obliga a que demuestre que no son solo palabras.

SACIAMORBOS

¡La cara de Herrera durante los 6 minutos del video!

Tengo que empezar diciendo que me gustan más las formas de las renuncias (cada día más frecuentes) de los altos funcionarios del gobierno de la autollamada 4a. transformación, que hacen públicos sus motivos en las "benditas redes sociales" y luego se van a su casa en medio de la polémica desatada y que debe encarar su ex jefe el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Antes de la 4T, las renuncias provocadas por diferendos como la de ayer, o los ceses fulminantes que se disfrazaban de retiros voluntarios, las anunciaba el presidente en actos protocolarios donde al que se iba se le colocaba a su izquierda y se le agradecía todo su legado y al que llegaba, se le ponía a su derecha y se le alababa por su trayectoria. Todos calladitos y alineaditos en el presídium.

En la 4T el que se va publica su carta de renuncia, en la que reparte acusaciones, y luego el presidente les reclama sus titubeos y su incomprensión al cambio, para luego revelar el nombre del sucesor. Cada quien por su lado.

La durísima carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se puede interpretar como una respuesta tardía a las acusaciones que hace mes y medio le hizo Germán Martínez, cuando renunció a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en la que le reclamó políticas presupuestales neoliberales que estaban asfixiando a esa institución en detrimento de la salud de los mexicanos.

Urzúa aprovechó ayer su salida para revirar al argumentar que se fue por considerar inaceptable la imposición de funcionarios que no saben de Hacienda Pública y que los promueven personajes influyentes del lópezobradorismo que caen en claros conflictos de interés. Y lo más grave, por las decisiones de política pública sin el suficiente sustento, sin base en evidencia, sin pensar en los efectos que pueda tener y con extremismos, ya sea de derecha o de izquierda.

Los tonos y reproches de ambas renuncias hablan de las tensiones y disputas internas que hay en el equipo de AMLO y el déficit de liderazgo político que pudiera estar asomando ya de él como líder para mantener los equilibrios internos sin que le estallen los conflictos.

La salida de Urzúa además profundiza la incertidumbre que en materia económica siempre ha representado para los mercados el gobierno de AMLO, y lo obliga, como pidió ayer la Coparmex, a deslindar responsabilidades por los conflictos de interés señalados, y junto con el sucesor Herrera, demostrar que las decisiones tomadas sí tienen sustento y que en las que no, hay voluntad de corregir.

Ya hemos visto otros portazos, pero esta oveja negra o mejor dicho, descarriada, no sólo deja el juego a la mitad y a sus compañeros con un palmo de narices, sino que al azotar la puerta se atreve a sacar los secretos de familia. Grita a los 4 vientos que el equipo no funciona, que hay ineptos que no encuentran un melón en el refrigerador y revuelven la verdura, que hay tramposos influyentes que se saltan las reglas y protegen a los ineptos para beneficiarse a sí mismos. Por último, antes del rebozazo, revela lo peor: que se están tomando decisiones a ojo de buen cubero, sin fundamento.

Como esa oveja negra es pilar en la conducción del país y las decisiones a las que alude pueden ser de las que hunden la economía nacional, los mercados se asustan, los periodistas corren en círculos, las redes estallan, la oposición grita se los dije y los ciudadanos sin bandera se dividen en escépticos, nerviosos e incautos.

El único al que no se le mueve un pelo es al Presidente de la República. Hábil como es para tranquilizar a sus devotos (a los demás no los calma con nada, pero no es a ellos a quienes habla), manda un mensaje de respuesta inmediato.

Ese mensaje es brutalmente efectivo para los creyentes de mano alzada, pero aterradoramente vacío en términos de comunicación política.

Para empezar, el Presidente desestima la calidad del ministro saliente. Nos cuenta que la oveja negra la verdad es que ni servía, ya estaba muy vieja, no entendía de nuevos vinos y le rechinaban los goznes.

En 2o. lugar, el mandatario advierte que el barco navega con el viento en popa, que el tesoro aguanta, que habrá abundancia y al repartirla, felicidad.

Por último, el Presidente presenta al relevo y lo vende. Nos dice que es el mejor, el más bonito y el más listo.

Y ahí se acaba todo. Más allá del impasible rostro del relevo, lo que hay que destacar es lo no dicho. El Presidente de la República borra de un plumazo las razones de la oveja negra para azotar la puerta. No desmiente la ineptitud ni la influencia de personajes siniestros pero sobre todo, y esto es lo grave, no aborda la preocupante afirmación de que las políticas públicas no tienen sustento y nos deja en ascuas sobre las decisiones que cuestiona el ministro saliente.

Este ministro era, no lo olvidemos, el responsable de la aplicación del tesoro. Los mexicanos deben saber con certeza si está diciendo sandeces porque es intolerante y le gusta renunciar a los gabinetes de su jefe o si sus razones son tan atendibles que hay que cambiar las actitudes personales y empresariales de gasto, ahorro e inversión.

El portazo de Carlos Urzúa cimbró el edificio, pero la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, al ser insuficiente, agrava su impacto.

La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, es una denuncia. Igual a la de Germán Martínez a la dirección del Seguro Social. El texto de Urzúa es de hastío y derrota, convirtiéndolo en la primera gran víctima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su significancia en el gobierno y el contexto en el cual se da la salida.

El único conflicto de interés "patente" entre su función de gobierno y sus negocios es de Alfonso Romo, un empresario e inversionista a cargo de la relación con empresarios e inversionistas. La "imposición" de funcionarios inexpertos en asuntos hacendarios fue hecha por Romo. La principal se dio en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, una abogada neoleonesa que para poder asumir el cargo se tuvieron que cambiar los requisitos. No fue la única cabeza de playa que sembró en el territorio de Urzúa. Todos los directores de los bancos de desarrollo fueron propuestos por Romo.

Urzúa se iba incomodando cada vez más, porque aparte de Romo, estaba a disgusto con otras acciones, expresado con claridad en su carta, al afirmar que "se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento", refiriéndose al nuevo aeropuerto en Santa Lucía y a la refinería de Dos Bocas, y exteriorizando su molestia por el último choque intramuros, con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, que quiso anular contratos con trasnacionales del gas, generando incertidumbre jurídica en el exterior.

La molestia de Urzúa fue expresada hace casi 3 semanas durante una reunión vespertina en Palacio Nacional, donde se discutieron los ajustes al gabinete y el reordenamiento de la administración pública. Su salida estaba anunciada, pero no se esperaba en estos momentos. Una de las principales razones de su molestia era cómo lo había reducido el presidente, al convertir al secretario de Hacienda en un jefe de compras gubernamentales, y no en el funcionario que debería de estar atendiendo y cuidando a los mercados. Su papel de guardián de la disciplina fiscal lo cumplió con creces, pero su papel dentro del gran concierto estratégico interno, estaba disminuido.

Quien tomó ventaja del contexto fue Romo, más enfocado en la inversión y en el sector privado, que es uno de los brazos estratégicos que el presidente le cortó a Urzúa.

La promoción de Herrera no significa que el modelo de operación aprobado por el presidente se modifique. Al contrario, si López Obrador aceptó la renuncia a Urzúa, es porque no iba a cambiar su modelo de operación. Herrera tendrá que seguir haciendo ajustes al gasto público, recortando la nómina del gobierno y hurgando en los dineros públicos para reforzar la capitalización de Pemex y armar un buen plan de negocios. No va a tener problemas con él. En el pasado, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y renunció Urzúa como secretario de Finanzas a la mitad de su administración, lo sustituyó el subsecretario Gustavo Ponce, quien fue cesado en medio de un escándalo de conflicto de interés y dispendio, relevándolo Herrera, quien en ese entonces era director de Gestión Financiera.

La renuncia de Carlos Urzúa a Hacienda provocó la 2a. peor caída del peso frente al dólar en lo que va del año: 26 centavos. Sólo el amago de Trump para imponer aranceles a México ha provocado una pérdida mayor del peso en un día: 56 centavos el 31 de mayo.

Pero la cosa pudo ser peor. Qué bueno que los mercados no consideraron la cara desencajada de Arturo Herrera, nuevo titular de Hacienda, mientras lo anunciaba Andrés Manuel López Obrador como relevo de Urzúa. Porque si no hasta devaluación nos toca.

Paco Calderón
(10 de julio de 2019).

Carlos Urzúa era el ancla de este gobierno: el personaje firme y sensato que daba estabilidad a una administración inconstante y turbulenta. Todos sabemos que perdía muchas batallas, pero su simple presencia generaba tranquilidad. Tenía el valor de advertir al presidente sobre las consecuencias de sus decisiones erróneas en medio de un gabinete dogmático y lisonjero.

No solo preocupa su renuncia como secretario de Hacienda sino las razones que expuso en su carta. Urzúa buscó definir una política económica "con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda"; pero esta filosofía pragmática chocaba con el irracional proceso de decisión del actual gobierno.

Los logros del actual gobierno se han debido en buena medida a Urzúa y a su equipo. El ex secretario de Hacienda mantuvo un presupuesto no solo equilibrado sino superavitario. La recaudación subió mientras el gasto disminuyó. La estabilidad del peso y de los mercados se debe en buena medida a la certidumbre que Urzúa generaba en el timón de Hacienda.

Por eso el peso perdió ayer casi 2% en los mercados internacionales en el momento en que el secretario anunció su renuncia. La Bolsa Mexicana perdió 1.77% en la jornada. El presidente, sin embargo, cuando menos estaba preparado y menos de una hora después anunció que había seleccionado al subsecretario Arturo Herrera para ocupar la vacante.

Herrera es un profesional, como Urzúa, que ha asumido también posiciones sensatas en las discusiones dentro del gobierno. Por eso, cuando el presidente anunció que él sería el sucesor, el peso ganó algo de terreno, sin recuperar lo perdido antes.

Herrera es el sustituto que más confianza podía generar en este momento. Elegir como secretario a uno de esos personajes ideológicos, ignorantes de las realidades económicas, que pululan por la 4a. Transformación habría podido provocar un desplome de los mercados nacionales. Herrera ofrece, por lo menos, continuidad.

No podemos, sin embargo, hacernos ilusiones. Si el presidente no le hacía caso a Urzúa, difícilmente escuchará a Herrera. Recordemos que en marzo el subsecretario declaró al Financial Times que "no autorizaremos la construcción" de la refinería de Dos Bocas hasta que no tengamos un plan "que no sea muy diferente a los 8,000 millones de dólares que contemplaron originalmente. Es casi un hecho que la refinería está cancelada". Al día siguiente López Obrador lo desmintió sin miramientos en la mañanera.

De poco sirve tener a los mejores especialistas si no se les permite hacer su trabajo y si no se toman en cuenta sus opiniones. Esperemos que a Herrera el presidente le haga más caso que a Urzúa.

Un nuevo secretario al menos sonríe cuando se le nombra. Pero el rostro de Arturo Herrera ayer en el video en que López Obrador lo anuncia como nuevo titular de Hacienda no era de simple preocupación sino de terror. Ojalá que se le quite pronto, porque necesitamos a un secretario fuerte.

Pese a las cuentas alegres de AMLO sigue la sublevación de la Policía Federal frente a un régimen que acostumbra poner la acción antes que la planeación. Esperemos que sean respetados los derechos de los policías y su libre voluntad, pues López Obrador no parece tener en mucho a los derechos humanos, antes bien agrede a la institución encargada de protegerlos. Por último, aguardemos a ver el resultado de mezclar elementos civiles y militares en un mismo organismo cuya actuación sólo el tiempo podrá aquilatar debidamente...

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, renunció a su cargo este martes por medio de una carta en la que manifiesta su desacuerdo con decisiones de la política económica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El ahora exfuncionario reveló que ha tenido muchas discrepancias en materia económica, algunas de ellas porque se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.

"Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco", apuntó.

Además, Urzúa indicó que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios sin el conocimiento adecuado por parte de "personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".

"Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México", apuntó en su carta difundida en redes sociales.

A más de 7 meses del nuevo gobierno, diversos estudios de opinión dan cuenta que la luna de miel de López Obrador con la ciudadanía está por concluir, ya que de porcentajes de aceptación del orden de 78% se ha desplomado al 47, y lo más grave para su causa es que le tendencia tiene tintes negativos.

Antes de entrar en materia, recobro una cita de la canciller alemana Angela Merkel: "Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conoce de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre".

De acuerdo con la Encuesta Nacional de México Elige, de Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza, al 7 de julio el nivel de aprobación de AMLO se ha desplomado de 73%, en febrero de este año, a 46.9, lo que representa una caída de 26.1 puntos en 5 meses.

La calificación que dan los usuarios de Facebook al presidente es reprobatoria, ya que de un 68.8 se precipitó a 44.6%.

Tal como lo propuso Hugo Chávez en campaña y que a la postre lo cumplió, Andrés Manuel ha insistido en el tema de revocación de mandato. Sin embargo, en esta medición de México Elige saldría derrotado, ya que el 50.2 votaría por su renuncia, mientras que el 46.2 pediría que permanezca en el cargo.

Desde luego, el veto a la revocación de mandato que ha hecho el bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Senadores, ha detenido el tema; sin embargo, esto no será razón suficiente para que no se insista en el asunto, aunque con los resultados de esta encuesta tal vez dejen de hacerlo.

En cualquiera de los casos, los datos dan cuenta del fracaso de López Obrador en eso que llaman gobernar, ya que en pocas semanas ha vulnerado instituciones, dañado la confianza en el país, terminado con obras de gran envergadura como el aeropuerto de Texcoco, despedido a miles servidores públicos y, lo más grave, no ha podido contener la inseguridad a nivel nacional.

Como candidato se dedicó todos los días a atacar al gobierno en turno y descalificar todas las acciones emprendidas por ellos. Hoy, cuando ya está en el poder y no tiene contrapeso alguno, no puede con el paquete, y como se ven las cosas ni podrá, en virtud de que su cosmovisión es muy limitada, al igual que sus capacidades.

Con él queda perfecto la conseja popular de: "Es más fácil destruir que construir".

El principal problema del país, de acuerdo con México Elige, es la seguridad, con un 31.7%, luego la corrupción, con 22.5, y en 3er. lugar la economía, con 14.4%.

Estas cifras, por desgracia, van a agravarse con un nuevo componente en la medida que pasen los meses, en el rubro de la economía aumentarán los negativos ya que empiezan a mostrarse atisbos de una recesión económica y esto, sin duda, impactará en el empleo.

Las estimaciones de crecimiento del PIB siguen en descenso. Ahora están del rango del 1% para este año y seguramente seguirá decreciendo para el otro.

En esta ocasión el tamaño de la muestra es de 18,352 mexicanos con acceso a Facebook, mayores de 18 años.

Dirán algunos que es un muestreo fifí, empero si hay una red social transversal en donde el usuario pertenece incluso a extractos económicos bajos, es precisamente Facebook.

Para Andrés Manuel López Obrador la mayoría de las empresas de comunicación se mantuvieron como parte de la mafia del poder sobre todo cuando perdió en 2006 y en 2012, e incluso en 2018 que ganó cuando atribuyó a las "benditas redes sociales" más que a la apertura de los medios tradicionales parte de su triunfo electoral.

Lo cierto es que aunque es verdad que hasta nuestros días siguen existiendo gobernantes intolerantes a la crítica, que atentan contra la libertad de expresión al gustar callar voces que los cuestionan y controlar a los medios vía erario público para presionar líneas editoriales y hacerlas acríticas y sumisas, y aunque ciertamente las redes sociales han democratizado la emisión de mensajes, también es verdad que en el tema de la cobertura electoral, la equidad, salvo desafortunadas excepciones, se cumple desde hace al menos 2 décadas.

Pues, bien, toda esta reseña que deja claro las preferencia, simpatías y credibilidad que tiene AMLO por las redes sociales viene a cuento por la publicación ayer de una encuesta a 18,352 usuarios de Facebook, de un universo de 80 millones inscritos en México en esa red, en la que el presidente aparece con 46.9 de aprobación, la más baja publicada desde que asumió el poder. La encuesta de México elige coloca a López Obrador además por 1a. vez por debajo del 53.2% de votos que sacó en la elección y a la pregunta de si votarían para que siga o se vaya en un eventual ejercicio de revocación de mandato, 50.2% ya no quieren que siga como presidente.

Habrá que ver la reacción del propio tabasqueño ante estos resultados, para ver si manda al infierno o no a este ejercicio, o si sigue considerándolo parte de las "benditas redes sociales". Pero sin duda en su equipo se deben prender los focos rojos de cara a la revocación de mandato que exige López Obrador.

El ex presidente Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra el ex gobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido, convirtiéndose Veracruz en el catalizador de la corrupción en su gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de corrupción en su gobierno empiezan a emerger. Como dijo Ernesto Canales, ex zar anticorrupción de Nuevo León, "la corrupción no se acaba con actos de amor o de perdón". López Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.

Nunca habíamos hablado tanto de los medios públicos como en la administración de López Obrador. Desgraciadamente no para bien. La pretendida transformación de la radio y la televisión públicas, y la agencia noticiosa nacional (Notimex) lejos de acercarse a algo parecido a medios de Estado están cada vez más en el centro de discusión por el uso faccioso o por la falta de certeza sobre lo que se quiere de ellos en este gobierno.

Todos los gobiernos, de una u otra manera, han querido servirse de los medios públicos para hacer propaganda. Eso, desde donde se vea, es un uso indebido de recursos públicos. Los medios que se pagan con dinero de todos deben asegurar no solo la neutralidad con respecto al gobierno en turno sino su uso para beneficio público.

La televisión pública quiso incursionar, por ejemplo, en la sátira como elemento de formación de opinión. La televisión francesa, por citar un ejemplo, lo hace muy bien, la diferencia estriba que allá el 1er. satirizado siempre es el presidente de la república y de ahí para abajo, mientras que los nuevos responsables de las televisoras, periodistas que alguna vez se pensaron independientes, han concentrado su golpeteo en los opositores al presidente.

La radio pública estuvo a punto de ser desmantelada. Los obligaron a llegar al límite para que, en una especie de síndrome de Estocolmo intelectual, después del maltrato de la actual administración salieran a agradecer al presidente que les hubiese regresado un poco del presupuesto que les había quitado. Cayeron en el juego de la sumisión; su patrón ya no es el Estado mexicano, es el presidente en turno.

El caso más sonado en los últimos días es el de Notimex. La directora, Sanjuana Martínez, se dice atacada y perseguida pero no por el gobierno sino por colegas periodistas que, dice, han emprendido una campaña en su contra. El problema es que la agencia que debería actuar con criterios de Estado, pues es la cara informativa de México al mundo (podemos discutir si hoy en día tienen sentido las agencias de Estado, pero ese es otro boleto) se convierta en el centro de una discusión entre colegas que a nadie le importa salvo a los directamente involucrados.

La pregunta es dónde está la Secretaría de Gobernación en todo este dislate que, al menos en teoría, es la responsable de la política de medios. Hasta ahora no nos han dicho cuál es el proyecto de medios públicos y qué quiere el gobierno de ellos. Como en muchos otros asuntos en esta administración las decisiones corren por extraños cauces que no son los institucionales lo que permite, tristemente, que los medios públicos estén abocados a grillas privadas.

De acuerdo con Milenio, entre las razones para la cancelación del programa de estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar, podría estar involucrado René Bejarano.

Por su parte, Clara Torres, quien era responsable del programa de estancias infantiles y renunció cuando se canceló, confirmó que entre las razones para cancelarlo hubo motivaciones políticas, pues cuando la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, le informó que se cancelaría el programa le dijo: "Clara, soy discípula de (René) Bejarano y 9,500 estancias infantiles en 1,200 municipios es estructura que ya quisieran muchos partidos (...) cancelaremos las estancias infantiles porque son una amenaza para el presidente".

De acuerdo con una grabación obtenida por el medio, en una reunión que habría ocurrido el 3 de julio en un salón de fiestas de Morelia, Michoacán, representantes del Movimiento Nacional por la Esperanza, que lideran René Bejarano y Dolores Padierna, ofrecieron a representantes de estancias infantiles apoyos a través de programas sociales del gobierno federal a cambio de unirse a su movimiento y ayudar a afiliar a más personas. Les dijeron que como el programa de estancias infantiles ya se había cancelado las ayudarían a ser "estancias autosuficientes" para que no tuvieran que depender de esos recursos que se le daba por cada niño.

"El programa ya cerró. Ya no hay, cómo les comento, ya no hay reapertura, ya ni se va a trabajar sobre ese programa. Entonces, ahora Movimiento Nacional por la Esperanza encabezado por la diputada Dolores Padierna, lo que hace es adaptarse y subsistir con lo que hay. Qué es lo que hay, pues Jóvenes Construyendo el Futuro (...) Lo que viene a ofrecer Movimiento Nacional por la Esperanza es un mecanismo para ser autosuficientes", ofreció una representante del movimiento de Bejarano.

Una de las asistentes preguntó a los representantes del movimiento quién los encabezaba. "René Bejarano y Dolores Padierna", respondió el representante. –Representante de estancias: "Es que ustedes también se sujetan con el recurso del gobierno federal. Entonces en un momento dado, ustedes están prometiendo determinada, porque se oye muy bonito pero si ustedes están prometiendo algo y al rato van a decir 'saben qué', siempre no porque no tengo dinero".

-Representante del movimiento: "El profesor René Bejarano va a utilizar su cercanía, eso es lo que les quiero decir a ustedes acá, para que no se sientan intranquilos y vamos a utilizar al gobierno federal para volver a las estancias infantiles autosuficientes".

La condición, les insistieron, era unirse al movimiento de Padierna y Bejarano. Y quienes lo hicieran serían invitados a otra reunión para garantizarles los apoyos. -Representante del movimiento: "Para ello es importante, como les vuelvo a repetir, formar una lista con las estancias que les interesa formar parte del movimiento y sobre de esto que cada una nos exprese cuáles son sus necesidades y posterior a esto realizar una segunda mesa de trabajo, dónde vamos a trabajar de diferentes maneras con los programas que se ofertan".

-Representante del movimiento: "Es decir, la 2a. mesa de trabajo, también traeríamos ya de entrada a la diputada, probablemente y a la coordinadora nacional de las estancias".

Les ofrecieron hasta obras de infraestructura sin meter al gobierno municipal, solo había que ayudarles a afiliar gente al movimiento. -Representante del movimiento: "Nosotros nos comprometemos a ayudarlos con todos los programas sociales habidos y por haber, incluso con infraestructura de pavimentaciones, de puentes, de cosas así. Con o sin el gobierno municipal y ustedes firman su parte del pacto social y nos ayudan a afiliar. Nosotros tenemos en aproximado 3 millones de afiliados en el país".

Les aseguraron que el pacto social, como le llamaron al acuerdo, ya se había implementado en el oriente del Estado de México con representantes de estancias infantiles y su meta para Michoacán era lograrlo en 3 meses. -Representante del movimiento: "Iniciamos primero en el oriente del Estado de México y funcionó. En un promedio de 3 meses se volvieron ya autosuficientes, lograron bajar sus costos, llegar a unas metas más rentables. Con suficientes niños, más niños más rentables, menos niños más para abajo. Esa es nuestra meta que en Michoacán en 3 meses estemos siendo autosuficientes".

En esa reunión, los que se dicen representantes del Movimiento Nacional por la Esperanza les dicen a los asistentes que si lo desean pueden seguir con sus amparos y que seguramente los ganarán, pero les insistieron que aún así el programa ya estaba cancelado y no habría manera de recuperarlo. La diputada federal, Dolores Padierna, no quiso hacer comentarios tras la difusión en MILENIO Televisión de los audios de la reunión.

(V.periódico El Financiero en línea del 8 de julio de 2019).

Los servidores públicos de confianza de la Administración Pública Federal (APF), altamente especializados y en los que recaen labores vitales para el funcionamiento de los entes gubernamentales, son el principal blanco de la serie de despidos que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que arrancó su gestión.

En muchos casos, los procesos de despido se llevan a cabo a través de practicas intimidatorias, presiones para aceptar liquidaciones menores a lo que les corresponde al trabajador e incluso solicitudes para que sea este "quien renuncie", de acuerdo con diversos testimonios recabados por Forbes México.

"El director de Recursos Humanos me dijo que le daba mucha pena mi caso pero que tenían que correrme porque les 'estaban solicitando plazas' y que no tenían presupuesto para liquidarme al 100% y aunque me dijo que tenía derecho a no firmar y acudir a otras instancias me empezó a amenazar con que los prestamos que solicite en la institución -a los que tenemos derecho los trabajadores-, se iban a incrementar por los intereses", detalla una ex empleada del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) que pidió reservar su identidad para evitar represalias o consecuencias en su proceso legal.

La ex servidora pública relata que desde el 30 de diciembre de 2018 hasta la fecha en que a ella le pidieron entregar su puesto, alrededor de 40 personas fueron despedidas a través de diversos argumentos y, en algunos casos, se les menciono que se les levantaría actas administrativas con el objetivo de que firmaran sus liquidaciones por cantidades menores a las que les corresponden.

"El Fonacot es un organismo público descentralizado con patrimonio propio y autosuficiencia presupuestal, es decir, con las utilidades que se generan se sobrevive y la Cámara de Diputados nada más aprueba nuestro presupuesto pero no nos da dinero, lo que tengo entendido es que, como dependemos de la Secretaría de Trabajo y a ellos si tuvieron que hacer reporte pues están quitando plazas de ahí para esa secretaría", relata la afectada.

Otra practica común es presionar a funcionarios públicos a renunciar, sobre todo a los que se agrupan en el Servicio Profesional de Carrera, un mecanismos para garantizar "la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito", de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF.

"Son despidos o terminaciones de la relación laboral con base a criterios del jefe inmediato superior, sin tomar en cuenta la capacidad de trabajo, antigüedad o eficacia del servidor público. Hay liquidaciones por debajo de lo que establece la ley o se reduce la categoría laboral, para que poco tiempo después se liquide al trabajador, con un monto de sueldo menor y también hay acoso laboral", relata una trabajadora del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que también solicitó preservar su identidad.

La especialista en derecho laboral señala que los trabajadores de confianza originalmente ya carecen de una estabilidad laboral por la misma naturaleza de su puesto, sin embargo tienen derecho a la seguridad social y al ser separados de su cargo deberán ser sujetos al pago indemnizatorio y cualquiera de las prestaciones que legalmente hubieran devengado.

"El artículo 123 constitucional en su apartado B fracción XIV limita los derechos de los trabajadores de confianza a las medidas de protección al salario y a gozar de los beneficios de la seguridad social, pero los excluye de la estabilidad en el empleo (...) aunque eso no impide a estas personas a demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje aunque sea de manera mínima el pago de finiquitos que contemplen sus partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, y salarios devengados", explicó Valente Quintana Pineda, maestro en relaciones laborales y profesor de Derecho Laboral.

Ante esta situación los empleados despedidos han estado recurriendo a las demandas laborales o amparos administrativos, sin embargo estos procesos suelen ser tediosos, inciertos y generalmente pueden alargarse entre 2 y 3 años.

De acuerdo con un comunicado publicado el 30 de mayo de este año por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que como parte de un ejercicio de Austeridad Republicana se ha "tocado" únicamente al personal de base y operativo que representa 8.6% de los servidores públicos. En ese mismo documento la dependencia federal señaló que en julio se daría a conocer el saldo final de los despidos con motivo de la "reorientación" del gasto gubernamental.

Desde septiembre de 2018 un grupo de servidores y ex servidores públicos, profesionistas y académicos alertaron en torno a los planes y medidas en aquel momento anunciadas por López Obrador través del documento "Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza".

El análisis advierte que en los servidores públicos de confianza recaen funciones como la toma de decisiones, elaboración de programas, la aplicación del marco normativo e entes gubernamentales y la inspección, vigilancia y fiscalización de los entes públicos a los que pertenecen.

Se trata de empleados especializados en las áreas que laboran con alto grado de conocimiento y experiencia, sin embargo han sido el blanco del recorte de personal que se lleva a cabo en la APF y en ese sentido, se pronosticó que atravesaría por una compleja situación de crisis.

"Bajo el supuesto de un recorte drástico como el que nos ocupa, es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para en su caso, ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública; pudiendo incluso comprometerse con su carencia, el total cumplimiento de metas y objetivos trazados para las instituciones públicas", advertía desde entonces el documento.

Lo anterior coincide con los relatos de los servidores públicos entrevistados, toda vez que señalan que el personal sindicalizado o de base no puede llevar a cabo las funciones que los trabajadores de confianza toda vez que no cuentan con los conocimientos o incluso están impedidos expresamente por los sindicatos que los representan.

"Se ha tomado a la ligera este proceso eliminando de tajo un alto porcentaje de empleos, y no se tomaron las medidas necesarias para que se quedaran los servidores públicos mejor calificados. Ante este panorama la pregunta ahora será, ¿dónde se ubicaran estas personas despedidas?, si el IMSS también ha anunciado una caída en picada del empleo formal", advierte Quintana Pineda.

Pero también se prevé otra consecuencia ante los despidos y la disminución de salarios: que las personas altamente especializadas decidan no integrarse al sector público.

"Lo que estamos observando es que se está renunciando a captar probablemente el capital humano más especializado y lo que podría acabar inhibiendo es, que otras personas no entren a trabajar al servicio público y que hasta vean la opción de ir a otros lugares y al final del día esto puede acabar generando pérdida de conocimiento en el país", señaló José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

En diversos actos públicos se ha cuestionado tanto a Luisa Maria Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, y a Carlos Urzua, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno a los despidos al interior de las dependencias públicas, en la mayoría de los casos, los funcionarios de alto rango han respondido que todo se trata de un reajuste de funciones de los servidores públicos, recorte de plazas duplicadas y la reducción del gasto corriente del gobierno federal.

Las adjudicaciones directas siguen siendo las preferidas del gobierno actual para realizar comprar y asignar contratos, ya que a 6 meses de iniciar la nueva administración 7 de cada 10 contratos han sido entregados por esta vía.

De acuerdo con Mexicanos Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación más empleado por el gobierno, sino que incluso se ha incrementado respecto a los 3 primeros meses de la nueva administración y a otros sexenios.

En marzo pasado, MCCi señaló que de las compras de la administración de López Obrador el 74% de los 28,458 contratos otorgados hasta ese momento se habían entregado a través de adjudicaciones directas, mientras que la licitación pública sólo había sido utilizado en 18% de los contratos.

A mitad del año, la cifra total de contratos registrados en la plataforma COMPRANET ha llegado a 76,613, y las asignaciones directas se incrementaron a 77.4% y las licitaciones abiertas fueron sólo de 15.9%. Este último mecanismo debería ser usado como regla, apunta la ONG.

MCCI apuntó que al comparar con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas. Entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72% de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5% de las ocasiones.

De esta manera, agregó la ONG, el gobierno de López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales.

"Esta práctica no sólo vulnera la Constitución y las leyes que establecen que las licitaciones públicas deberían de ser la norma y no la excepción, sino que se encuentra en abierta contradicción con las propias promesas, discursos y objetivos legales definidos por el presidente".

En su informe del pasado 1 de julio, AMLO omitió el tema específico de los contratos del gobierno, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se establece "prohibir las adjudicaciones directas" como una de las medidas para el combate a la corrupción, así como la eliminación del tráfico del tráfico de influencias, el amiguismo y el compadrazgo.

Otro Velasco-gate que exhibe a AMLO y a sus aliados.

El 1o. fue en septiembre del año pasado cuando en la instalación de la LXIV Legislatura federal, con todo desaseo senadores y diputados de Morena y sus aliados del PT y PES, y luego los del PRI y Movimiento Ciudadano, convirtieron al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en el 1er. gobernador-senador en la historia del país, vulnerando todos los principios constitucionales de nuestra vida política.

Ahí empezó a asomar la simulación y a quedar claro que la cuarta transformación de la república que tanto pregonó su líder, Andrés Manuel López Obrador, al menos en el poder legislativo quedaba ya en pura retórica y los acuerdos se iban a seguir procesando como siempre: privilegiando los intereses de la partidocracia, con pactos en lo oscurito y de espaldas a los ciudadanos.

Pues bien, debido a la cercanía y la bendición del presidente con las que cuenta este ex gobernador-senador postulado por el siempre acomodaticio y mercenario Partido Verde, los y las legisladoras de Morena, del PES, y del Verde volvieron a exhibirse ahora como cómplices de la corrupción del gobierno estatal que encabezó Velasco.

La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Rogelio Colmenares, solventó de un plumazo observaciones por 685 millones de pesos que se habían hecho a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sadem) por su programa "Bienestar: de corazón a corazón", por la contratación de al menos 26 empresas fantasmas.

Al menos 2 aspectos destacan en esta nueva trama de corrupción e impunidad:

1) El auditor Colmenares está tomando por buenos los documentos y comprobantes que invalidó en su momento, en su informe de febrero de 2018, el entonces titular de la ASF, Juan Manuel Portal, a quien por su verticalidad removieron con los votos de priistas y morenistas en la pasada legislatura federal.

2) La senadora Sasil de León Villard, lideresa de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), junto con legisladores de Morena y del Verde, se opusieron a la petición que hizo el 9 de octubre la panista Xóchitl Gálvez para llamar a comparecer a Velasco por este caso y para revisar la auditoría. Curiosamente, ese mismo día la ASF envió documentación al Senado notificando que las observaciones a la Sadem habían sido solventadas. El caso se agrava si tomamos en cuenta que Sasil de León fue titular en Chiapas de la Sadem, y que a su salida de esa dependencia en septiembre de 2015, llegó su cuñada Nancy López, y luego su hermana Itzel de León Villard, quien firmó los contratos con las empresas fantasmas. Además de que su hermano Yumaltik, a través de la empresa Narcia Servia S.A. de C.V. ganó contratos por 184 millones de pesos en el gobierno de Velasco en Chiapas.

Estamos pues ante un nuevo episodio de simulación que destruye la credibilidad del titular de la ASF, y el discurso de lucha contra la corrupción que es pilar del gobierno de la 4T.

2 meses antes de la elección presidencial, hubo un entendimiento entre López Obrador y Peña Nieto -aparentemente a través de intermediarios-, de que el entonces candidato se comprometía a no perseguirlo penalmente, si no se entrometía en la elección. Nunca ha quedado claro si ese compromiso abarcaba a varios de sus colaboradores. Como lo ha dicho varias veces López Obrador, Peña Nieto no se metió en el proceso y, hasta ahora, tampoco hay ninguna instrucción para que se inicie una investigación directa sobre él.

Pero fotografías como la de la boda [de la hija del abogado Juan Collado, de la mesa de honor donde se encontraba el cantante español Julio Iglesias, los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora, el ex procurador interino Alberto Elías Beltrán, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que varios medios identificaron a ese grupo como "la élite del poder"], han generado crisis dentro de Palacio Nacional, ante los reclamos de los colaboradores del presidente del porqué no actúa contra Peña Nieto, y críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir la corrupción no se está cumpliendo.

Los consulados que hoy están sin titular corresponden a ciudades como Seattle (Washington), Orlando (Florida), Nuevo Orleans (Luisiana), Calexico, San Bernardino, Oxnard y Fresno (California), Boise (Idaho), Portland (Oregon), y San Antonio y McCallen (Texas).

En medio de esa pesadilla para los migrantes mexicanos, la cancillería no tiene prisa por nombrar a quienes podrían encabezar la defensa de sus compatriotas en 11 importantes ciudades. ¿Por qué Marcelo Ebrard no tiene prisa? Vayan ustedes a saber.

(V.Bloque Opositor del 8 de julio de 2019).

López Obrador necesita tener pobres y entre más pobres sean en número y pobreza mejor para él.

Paco Calderón
(7 de julio de 2019).

El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha tenido un discurso de confrontación (menos en aquellos días de la República Amorosa en 2012). El mandatario visibiliza a los que él define como sus adversarios. Los llama conservadores, neoliberales, fifís. Primero como estrategia para mantener una amenaza viva (porque los partidos políticos no son oposición hoy en día), cohesionar a su base y culpar a alguien de la inestabilidad. Sin embargo, el discurso de confrontación no sólo golpea a la oposición, a los columnistas, empresarios o medios de comunicación no afines a él, sino que también va calando en la sociedad. Las encuestas ya empiezan a notar dicho desgaste narrativo.

Hace un año, López Obrador ganó la Presidencia con una transversalidad inusitada. El ahora mandatario ganó entre pobres y ricos, en la clase media, entre los que sólo estudiaron primaria y los que estudiaron posgrados; entre los que vivían en el norte y en el sur, en el Bajío y en el Golfo. Sólo se le escapó Guanajuato. Incluso, el discurso de la corrupción, como eje explicativo de todo lo que sucede negativo en México, le permitió trascender su techo electoral. Se fue el miedo a la implantación del bolivarianismo en México e incluso el 10% más rico del país votó por López Obrador.

Sin embargo, un año después, dicha transversalidad social y territorial comienza a mostrar signos de agotamiento. Por ejemplo, de acuerdo con Consulta Mitofsky, López Obrador sigue teniendo más del 60% de aprobación, pero ya existe una región (occidente/centro) en donde hay más ciudadanos que desaprueban la gestión de AMLO (56/44%). El presidente ha perdido, de acuerdo con El Financiero, respaldo en el noreste del país y entre aquellos electores que no se declaraban lopezobradoristas al inicio del sexenio. Por hacer una comparación, entre diciembre y julio, el presidente perdió 14 puntos de apoyo entre electores priistas y 23 puntos entre aquellos que se definen como panistas. De la misma forma, el rechazo a su gobierno se duplicó entre aquellos ciudadanos que se definen como apartidistas (18-37%).

Algo similar sucede con las clases socioeconómicas. Lo explicó bien Sabina Berman en El Universal y la cito: "cuando hoy el presidente López Obrador habla ante el micrófono de sus conferencias mañaneras de los fifís, aún si entre las sienes piensa en la minoría rapaz, lo que el país entero escucha es que abofetea simbólicamente a la esforzada clase media. Y parece entonces un sinsentido. La clase media no puede ser el enemigo a vencer para un gobierno que se dice de izquierda". Las propias encuestas de valoración presidencial ya muestran un alejamiento de las clases medias con respecto al discurso presidencial.

Una cosa es denunciar el privilegio. Sí, como tal. Decir que existe una élite en este país que se construyó con influencias, relaciones y con favor públicos. Incluso, que en este país el apellido cuenta más que las capacidades, que origen es destino -en la mayoría de los casos- y que la política debe visibilizar dichas exclusiones. Sin embargo, otra cosa es señalar de fifí a todo aquél que se distancia mínimamente de las tesis del gobierno o que tiene un determinado modelo de vida. La clase media sostiene al Estado -no las empresas ni los grandes oligarcas- y creo que el presidente al confrontar con ellos sólo diluye la transversalidad que lo llevó a Palacio Nacional. El capital político debe servir para cambios estructurales, reformar la seguridad social, las pensiones, los programas de desarrollo, la estructura fiscal. Es una tontería dilapidarlos en calificativos inútiles.

Las grandes transformaciones de países no se hicieron lanzándose los unos contra los otros. En Chile, España, Italia o Portugal, las izquierdas lograron cambios significativos porque emprendieron procesos de cambio profundos que politizaron a la sociedad, pero que no la fracturaron irremediablemente. De la misma forma, las élites fueron responsables y entendieron el ánimo de cambio que se instalaba en la sociedad. Aguas con los demonios que liberan oposición, el gobierno y algunos comentaristas de la vida pública, porque en una de ésas será imposible regresarlos al clóset.

El conflicto del gobierno con la Policía Federal ejemplifica perfectamente las virtudes y defectos de Andrés Manuel López Obrador. Una buena idea, pero instrumentada de manera apresurada por el excesivo optimismo. Poner fin a un cuerpo policiaco inoperante era un 1er. paso imprescindible, pero lo que pudo haber sido un acierto termina convertido en un escándalo y, por consiguiente, pasa una factura política al presidente. Nadie puede negar que se trata de una corporación plagada de corrupción, pero tampoco que existen elementos que han perdido la vida en cumplimiento del deber. Hay derechos laborales adquiridos que tenían que ser respetados o negociados, experiencias acumuladas para tomar en cuenta e incluso unidades aisladas que hacían un trabajo adecuado.

Quizá haya una mano negra que encendió la mecha, como dijo AMLO, pero la falta de tacto y planeación ofrecieron suficiente combustible para el incendio. También es cierto que los medios y columnistas críticos ahora inflan el conflicto y hablan de la PF como un cuerpo heroico y abnegado, cuando hace un año ellos mismos la tachaban de nido de corrupción. Pero, por lo mismo, ¿qué necesidad de ofrecer un flanco fácil a los críticos?

Algo similar sucedió con el combate al huachicol o el recorte del oneroso gasto público. Ambos son 2 aciertos extraordinarios del gobierno de la 4T, pero ambos resultaron terriblemente manchados por los negros del arroz que pudieron ser evitados.

El cierre de ductos no fue acompañado de la planeación necesaria para neutralizar los daños colaterales.

El recorte en el gasto deja la misma moraleja. Es histórico lo que el gobierno está haciendo para revertir el abuso al que nos condenó la clase política, que hacía de la cosa pública una cosa nostra. Guaruras, asesores, gastos suntuarios en viajes, helicópteros, negocios paralelos y un largo etc. Si AMLO consigue instalar una cultura de austeridad a lo largo del sexenio, la 4T en efecto habrá ganado su nombre a pulso. El problema surge cuando el cierre del grifo deja a víctimas sin medicinas y camas, ocasiona despidos masivos entre los más humildes y necesarios miembros de la burocracia o provoca la suspensión de programas absolutamente imprescindibles. Otra vez, los negros del arroz terminan monopolizando la conversación pública e impiden valorar la trascendencia de lo que está en proceso de conseguirse. Tanto en el caso del huachicol como en el de la malversación del gasto público, era importante cerrar el grifo para obturar fugas y corregir procedimientos, pero no antes de considerar las implicaciones para los sectores más afectados.

Lo mismo sucedió con el desabasto de medicinas, los fertilizantes, las becas de Concacyt o las incongruencias en la contratación de indeseables por parte de colaboradores. Corrección o ajustes inmediatos. El problema es que en muchas ocasiones el daño ya está hecho para efecto de las percepciones públicas. Sobre todo cuando la 1a. reacción del presidente es atribuir las quejas a la desinformación ("yo tengo otros datos") o la mala leche de sus enemigos (que la hay, pero no solo).

Desde hace 11 años el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) alertó que el municipio de Paraíso, Tabasco, presentaba el mayor riesgo para la instalación de una refinería (como la que ahora se pretende construir en Dos Bocas), por lo que en ese entonces declaró que no era recomendable la elección de ese sitio.

El Análisis de Prefactibilidad Ambiental y Socioeconómica de Diferentes sitios para la Localización del Proyecto de Ampliación de Capacidad de Proceso del Sistema Nacional de Refinación (SNR), elaborado por el IMP en 2008, destaca que este municipio, donde se halla Dos Bocas, es el que presenta mayores limitantes para el desarrollo de una refinería, tanto en materia ambiental como social y de infraestructura.

El documento entregado a Petróleos Mexicanos (Pemex) en noviembre de 2008 resalta que Paraíso presenta una "problemática" relacionada con los ecosistemas, que alberga una variedad de especies protegidas o en estatus de peligro, así como vegetación conformada principalmente por pantanos, esteros o mangles.

"El municipio de Paraíso fue el que presentó el mayor riesgo relacionado con la instalación de una nueva refinería, por lo que no es recomendable la elección de este sitio. Esto es debido a que tanto en materia ambiental como social o de infraestructura se encontró la mayor cantidad de limitantes comparado con el resto de los sitios de estudio", advierte el documento.

El IMP, que es un centro público de investigación especializado en hidrocarburos, evaluó 7 municipios al comparar las condiciones ambientales, sociales y económicas para determinar cuál es el mejor sitio para el desarrollo de la refinería. Los lugares analizados fueron Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Paraíso, Tabasco; Salina Cruz, Oaxaca, y Tula de Allende, Hidalgo.

Desde ese entonces el IMP alertó del aumento del nivel del mar en la zona ocasionado por el cambio climático, lo cual se deriva de la condición particular del estado de Tabasco y su escasa altura sobre el mar.

Aunque las demarcaciones evaluadas presentan ventajas y desventajas, es el municipio de Paraíso en el que el IMP advirtió sobre los mayores factores de riesgo, en términos ambientales y geográficos; en contraste consideró a Tuxpan como un "sitio adecuado" para la construcción de la refinería por el impulso a la industria que presentaba esa región, así como las vías de comunicación. No obstante, alertaba como un factor de riesgo la riqueza biológica de la región.

El IMP resaltó que la falta de terrenos adecuados para la construcción en Paraíso requiere de "importantes obras para el acondicionamiento del terreno", debido a las lagunas y pantanos con suelos arcillosos.

Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), destacó que pese a que en 2008 el instituto consideró la vulnerabilidad que presenta el terreno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador continúa impulsando la obra de Dos Bocas, lo cual manifiesta un desinterés por el ambiente.

"El gobierno federal se tiene que serenar en cuanto al ritmo al que quieren hacer las cosas, eso los puede hacer tropezar, está bien que quieran hacer obras, pero lo tienen que hacer conforme a los tiempos que marcan las leyes. Lo que hemos visto es que el tema ambiental no es una prioridad para la administración", subrayó.

Comentó que esta obra "comenzó con el pie izquierdo", pues el año pasado se hizo pública la tala de 220 hectáreas de manglar en Dos Bocas, a fin de preparar el sitio para la refinería, sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental o con una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo cual consideró como "una falta de respeto" a la legislación en la materia.

"Esto hace ver que el respeto al Estado de Derecho en materia ambiental no les importa; minimizan instrumentos de política en este sector, como es el caso de la evaluación de impacto ambiental, para haber hecho ese desmonte debieron presentar este estudio", enfatizó Alanís.

Para Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, la construcción de la refinería Dos Bocas no sólo generará impactos en el ambiente por todas las especies de flora y fauna que habitan en la zona, sino que contribuirá al calentamiento global, puesto que se generarán emisiones de gases de efecto invernadero.

"Esta obra es incompatible con lo que requiere el mundo ante la emergencia que representa el cambio climático, la justificación para el desarrollo de este proyecto es alcanzar la autosuficiencia energética y el desarrollo del sureste. Pero eso se puede lograr con las energías renovables", enfatizó.

Más de 4,000 animales de 119 especies de mamíferos, reptiles y aves estarán amenazados con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con el documento elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo, en la zona donde se desarrollará la refinería se identificaron en un muestreo realizado del 13 de marzo al 1 de abril de este año, 4,239 individuos pertenecientes a 119 especies de 53 familias.

Hace unos días, las organizaciones "Causa en Común" y "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad" presentamos un registro que da cuenta de diversas acciones probablemente ilegales cometidas por el poder ejecutivo federal en los primeros 6 meses de su administración. De todas, por su gravedad, vale la pena detenernos en las violaciones a la progresividad de los derechos humanos.

¿Qué significa y por qué es importante? Significa que, constitucionalmente, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de manera progresiva, con la finalidad de ampliar el alcance y la protección de estos derechos en la mayor medida posible, hasta lograr su total efectividad. En otras palabras, existe una prohibición constitucional para aplicar medidas que impliquen una regresividad de nuestros derechos; una medida restrictiva sólo podría justificarse cuando se pruebe, no sólo la carencia de recursos, sino que se realizaron todos los esfuerzos posibles para utilizarlos o, en su caso, para implantar la medida menos lesiva. Es decir, para cancelar algún derecho ganado, no basta simplemente decir que "hay corrupción" o que "no hay dinero".

¿El presidente ha cumplido con el principio de progresividad? No. Por ejemplo, la cancelación del programa de estancias infantiles por supuestos actos de "corrupción", ha afectado los derechos humanos de la totalidad de las y los trabajadores, usuarios y beneficiarios de este programa, tal y como lo señaló en su recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otras palabras, en lugar de garantizar que el Estado amplíe la protección de los derechos fundamentales, se decide sin más eliminar un programa que garantizaba el acceso de niñas y niños a servicios de cuidado y de atención, así como el desarrollo profesional de sus madres y padres.

Otro caso grave fue la cancelación del programa de comedores comunitarios que beneficiaban, por lo menos, a medio millón de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Este programa, que protegía el derecho a la alimentación de estas personas, simplemente fue cancelado alegando otra vez "corrupción", sin ofrecerles otra oportunidad de subsistencia. Por cierto, según el informe de resultados de la entonces Sedesol, 92% de sus usuarios consideraron que los comedores "les permitían mejorar su alimentación".

También está la cancelación o reducción de recursos para programas relacionados con la atención de pacientes con cáncer y con VIH/SIDA. Vemos en redes sociales madres y padres de familia desolados porque no hay recursos para la quimioterapia de sus hijos, o las manifestaciones de personas enfermas que denuncian el desabasto de retrovirales, indispensables para mantenerse con vida. Vemos también los injustos despidos de jóvenes médicos que trabajaban en hospitales públicos, de por sí en situaciones muy precarias. Y ahora también se habla de un probable desabasto de medicamentos.

Sumado a estos actos del ejecutivo, el legislativo ha votado leyes regresivas. Es el caso, muy delicado, del aumento de delitos que ameritan prisión automática. En lugar de fortalecer el principio de presunción de inocencia, ahora habrá más casos en los que el "presunto culpable" tendrá que enfrentar el juicio, o eso que en México llamamos "juicio", en prisión.

Pero los atentados contra los derechos humanos no se quedan ahí. La regresión que se busca ahora abarca a la CNDH, con ataques directos del presidente de la tepública. No permitamos que México abandone un camino que nos costó mucho tiempo y esfuerzo transitar. Lo que el gobierno tendría que impulsar es una defensa de nuestros derechos y su ampliación mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es grave lo que está sucediendo con nuestros derechos. Vamos para atrás muy rápidamente. Unamos voces y fuerzas para defenderlos.

Mejorar en lugar de "destruir" a las instituciones que el mismo Estado mexicano creó es la opción que María Elena Morera ve para disminuir [mejorar] los indicadores no sólo de inseguridad, sino de prosperidad: "Si siguen, a este paso no les va a dar tiempo de volver a construirlas".

Morera indicó que con la integración de la Policía Federal a la Guardia Nacional el gobierno no está asumiendo la responsabilidad que tiene "con la institución que ha dado con lo mejor que puede, con todas sus deficiencias que no dejamos de reconocer".

"Querer pasarlos por exámenes de control de confianza que incluyen pruebas físicas es una violación de derechos humanos y una burla para los elementos".

Dijo que es lamentable la posición de las autoridades, pues los elementos no tienen certezas laborales, no ha habido planeación, ni integración de policías federales, marinos y militares.

Indicó que, pese a no estar de acuerdo con algunas exigencias, "lo mínimo que pueden hacer es escucharlos". Agregó que la forma en que afecta a la sociedad la división en materia de seguridad es por el grado de violencia que existe en el país. "Necesitamos que todos trabajen, no que todos se peleen".

Opinó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que dijo que los elementos son "ineptos y corruptos", son injustas por "estigmatizar y maltratar" a quienes dan su vida por proteger a la sociedad, además de que las pruebas de control de confianza no son adecuadas.

La lista es larga y a un año de las elecciones del 1 de julio, muchos se han encargado de inventariar las torpezas y pifias hechas por el gobierno de AMLO, la mayoría de las cuales las acaba pagando el pueblo mexicano, ése que un día sí y otro también, dice estar protegiendo el presidente. Como dice el refrán: ¡No me ayudes, compadre!

¿Cuánto tiempo tardará el pueblo en darse cuenta de que aunque le hablen muy bonito -es un decir- y en un lenguaje cercano a ellos, no podrá decir que está mejor con López Obrador? Para muchos el tiempo se está agotando, lástima que para el pueblo todavía no y, al parecer, falta mucho... es una pena.

Luego de que la convocatoria para formar parte de la Guardia Nacional logrará solo 6 reclutas, el gobierno decide disponer de la policía federal para formar la Guardia Nacional (Proceso, junio 23).

A esto, policías federales denunciaron condiciones como haber sido seleccionados sin su conocimiento, lo que incluía mudanzas a otros estado sin notificación (Proceso, junio 23), la eliminación de su antigüedad como policías, el ser forzados a firmar la baja de servicio, y todo a cambio de un contrato de prueba por 2 años (El Sol de México, julio 4).

Lo anterior llevó a que elementos de la policía federal en la #CDMX convocará a un paro el 4 de julio (Excélsior, julio 3), que luego se volvió nacional (Aristegui Noticias, julio 3).

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo (representado en el cartón), declaró que debía de haber una "mano negra" entre los líderes de la protesta (El Heraldo de México, julio 4).

A lo anterior, representantes de la policía federal exigieron al presidente #AMLO y a Durazo el rectificar sus acusaciones (EL FINANCIERO, julio 4).

Mientras tanto, el presidente Andres Manuel Lopéz Obrador compartió en redes sociales que había decidido tomarse el día para practicar #béisbol.

Luis

Luego de ver y oír el discurso de López Obrador en el Zócalo, en el jubileo que organizó el pasado 1 de julio para mantener la fe de sus seguidores y aumentar el culto a su persona, comprobé una vez más que las elecciones fueron ganadas no por un partido político sino por una secta religiosa, cuyo carismático líder es el sacerdote o predicador principal que en cada mitin-misa evoca la vida y muerte del neoliberalismo que hace las veces del mal, el demonio, el enemigo a vencer, mientras él representa al bien y el camino de salvación.

Morena y sus seguidores funcionan de la misma manera que las sectas religiosas y sus jerarcas, con embestidas colectivas a críticos o detractores, y defensa a ultranza del líder y la causa.

Si se fijan, AMLO habla siempre en el plural mayestático utilizado especialmente por reyes y papas que usa el pronombre nos, en sustitución del yo.

Las reuniones o mítines que preside son rituales que siguen una liturgia (vocablo griego que curiosamente significa "servicio o ministerio público") para llevar a cabo ya sea en 1a. o 2a. lectura, la reflexión y proclamación de la palabra de "Dios", contenida en la mística de Morena y en la cartilla moral que hace las veces de Biblia.

La liturgia de su palabra incluye siempre la cura para todos los males y el desprecio hacia las ovejas descarriadas, es decir, los ateos-políticos que no creemos en él.

Por eso AMLO habla de justicia y no de leyes. Habla de moral y no de civismo o ética. De fines superiores, de deseos, intenciones y promesas de un mejor futuro muchas veces bloqueado por los métodos y los procedimientos.

Por eso desprecia la ciencia y la tecnología que nos ubican en el mundo real y tangible, y valora más lo intangible y los sueños de una vida idílica anclada en el pasado.

Esto en psicología se llama "pensamiento desiderativo" (más conocido en inglés como "wishful thinking") y que ocurre cuando en lo que pensamos tiene más peso lo que deseamos que la realidad. Los efectos nocivos de esta condición se explican en la máxima de Ayn Rand: "Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad".

Raquel Lemos (experta en Herramientas Google y Social Media Marketing) explica en su blog "La mente es maravillosa", que el pensamiento desiderativo es muy cómodo porque parte no de la realidad sino de lo que deseamos que sucediese.

Por eso las respuestas de AMLO a cuestionamientos expertos y a los datos duros se basan en "otros datos", y sus promesas y decisiones se enfocan sólo en la meta, sin considerar el proceso o si hay factores que harán que el esfuerzo sea en vano y los sueños se destrocen.

Para AMLO el "cómo" es irrelevante y hasta molesto frente al "qué".

En el jubileo para celebrar el 1er. aniversario de su elección, el líder "informó" lo que le vino en gana y sin tener que comprobar nada, como las 78 promesas que con sus datos dice haber cumplido, frente a otro tanto de decisiones y caprichos que con datos duros demuestran por qué la economía del país y la generación de empleos van a la baja y la inseguridad y desconfianza al alza.

Creo que al propio AMLO y a sus seguidores les ocurrirá lo que Raquel Lemos bien apunta en su blog: "Si vivimos en un mundo de fantasía durante demasiado tiempo, llegará el momento en el que no sepamos distinguir qué es real y qué no, y habrá momentos en que los demás intentarán abrir nuestros ojos, lo que será recibido como una bofetada de realidad".

Los más fieles seguidores de la 4T recibirán su bofetada de realidad (la cual nos dolerá a todos) el día que se den cuenta que más que ciudadanos son feligreses; que los mítines políticos y conferencias de prensa son el disfraz de ceremonias de culto; que el país está pasando de ser laico a uno confesional en el que la "justicia" está por encima de la ley y la "cartilla moral" encima de la Constitución; que violar la ley no es un delito sino un pecado y que las dádivas son en realidad compras de conciencia, pero sobre todo cuando caigan en cuenta que lo que eligieron no fue a un presidente, jefe del poder ejecutivo de un país democrático y de leyes, sino a un salvador de almas que ofreció llevarlos de regreso y por caminos de miel y hojuelas a la tierra prometida por Huitzilopochtli: la Gran Tenochtitlan.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser muy cuidadoso al desintegrar la Policía Federal, para concentrarse en la conformación de la Guardia Nacional, ya que sus elementos podrían ser reclutados por grupos del crimen organizado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, afirmaron expertos.

La periodista Ana Lilia Pérez y el escritor Fabrizio Mejía coincidieron que el gobierno debe ser muy cuidadoso al extinguir a este cuerpo policíaco, ya que durante el sexenio de Peña Nieto tenía acceso a información sobre organizaciones criminales y víctimas, así como a mapas que podrían ser mal utilizados.

"Hay que recordar que tenemos experiencias en México de que cuando se han desintegrado otros cuerpos policíacos desgraciadamente algunos de esos miembros terminan reclutándose en las filas del crimen organizado. Se debe evitar a toda costa que esto pueda ocurrir", afirmó Pérez.

Los bloqueos son populares porque funcionan. Generan atención a los agravios. En muchas ocasiones llevan a las autoridades a resolver problemas que en otras circunstancias habrían dejado como estaban. Es verdad que dañan a terceros inocentes, pero esto no les importa ni a los organizadores ni a las autoridades. Por eso el gobierno de López Obrador ha anunciado que no piensa utilizar la fuerza pública para levantar bloqueos.

López Obrador ha argumentado, como tantas otras veces, que hay "mano negra" detrás las protestas. Y no sorprende. Él conoce más que nadie la forma en que las organizaciones políticas manipulan las protestas. ¿Cuántas manifestaciones y bloqueos fueron instigados en el pasado por activistas de Morena y de otras agrupaciones cercanas? ¿Se acuerda usted de las violentas protestas y saqueos después del gasolinazo del 1o. de enero de 2017? También entonces hubo mano negra, como bien lo sabe Andrés Manuel.

El presidente ha hecho de la Guardia Nacional la columna vertebral de su estrategia para combatir la inseguridad y la violencia. No sé si sea la mejor de las apuestas, pero la solución es muy similar a las que trataron de aplicar sus 2 inmediatos predecesores, Felipe Calderón y Peña Nieto. Cuando 3 presidentes de 3 partidos políticos promueven la misma estrategia quizá haya que darle a esta la oportunidad de funcionar.

A mí no me inquieta que la Guardia Nacional tenga mando y estructura militares. No creo que los soldados o los marinos violen los derechos humanos más que los policías civiles. La resistencia a la militarización en el pasado vino de Morena y sus aliados, por lo que no deja de ser paradójico que hoy sean ellos los que impulsan la solución militar; pero la mayoría de la gente que vive en zonas de gran violencia me dice que prefiere una policía militar que la inseguridad y la violencia que agobian a sus comunidades.

Los policías que han protestado contra la Guardia Nacional lo han hecho por varias razones. Algunos no quieren perder antigüedad y prestaciones al incorporarse a la Guardia, pero este tema se puede superar salvaguardando los derechos laborales de quienes sean transferidos. Otros no quieren quedar bajo un mando militar, pero ya es inevitable. Algunos más se quejan de que no han sido seleccionados para ser transferidos porque no cumplen con los requisitos, por ejemplo, la condición física. Otros no quieren ser evaluados, pero el presidente que derogó las evaluaciones para los maestros insiste en mantenerlas para los policías. López Obrador sostiene que las protestas no son justas porque ningún policía perderá su trabajo, aunque algunos no están satisfechos de dejar de ser policías federales para cuidar, digamos, parques públicos.

A final de cuentas el presidente superará la resistencia. Una rebelión de 30,000 elementos hubiera puesto en jaque a su gobierno, pero esta, de unos cuantos cientos, que solo afecta a quienes piensan que tienen derecho de usar las vías de comunicación, no le generará dificultades. El verdadero problema vendrá después, si la tan cacareada Guardia Nacional no reduce la inseguridad y la violencia.

Dice Alfonso Durazo que Felipe Calderón es la verdadera fuerza detrás de las protestas de la Policía Federal. ¡Quién hubiera dicho que el ex presidente conservaría tanta influencia 6 años y medio después de dejar el poder!

Si bien en ocasiones la sabiduría da poder, el poder nunca da sabiduría. La ignorancia sólo causa más ignorancia. De ahí los atentados contra la cultura que está cometiendo el régimen actual. Los desatentados cortes que se han hecho al presupuesto de las instituciones culturales han puesto a algunas de ellas al borde de la desaparición. Lejos de mí la temeraria idea de una república gobernada solamente por sabios. Los sabios saben poco del arte de gobernar. Pero los ignorantes saben aún menos.

Medio en broma, medio en serio, el pastor de una iglesia evangélica dijo que para entender a López Obrador y su movimiento era mejor estudiarlo como religión que como partido político. Hay que tomarlo por supuesto con humor, pero las categorías de mito, rito y fe sí ayudan a entender al presidente y sus decisiones.

La redención de Manuel Velasco es uno de los pasajes menos comprensibles y más siniestros del poder redentor del presidente. Si alguien representa el estilo corrupto del régimen priista -aunque él siempre ha sido electo por el Verde- es este ex gobernador de Chiapas que emuló a Peña Nieto no solo en la invención de su propia telenovela sino incluso en el peinado. Uno de los capítulos más vergonzosos de la historia moderna de México lo protagonizó él cuando se hizo cargar por indígenas de la comunidad de Oxchuc, una práctica desterrada muchos años atrás, una instantánea que le dio la vuelta al mundo como imagen del despotismo del siglo XXI.

Resulta que el poder redentor del todo poderoso logró que le borraran de un plumazo al ex gobernador de Chiapas observaciones por 685 millones de pesos de programas para la mujer y que fueron desviados, de la manera más burda, a través de empresas fantasmas y comprobaciones falsas. Los cargos, claramente establecidos por la Auditoría Superior de la Federación en las épocas de Juan Manuel Portal, desaparecieron como por arte de magia con la llegada de David Rogelio Colmenares a la Auditoria. No solo eso, sino que cuando se quiso hacer la revisión en el Senado el grupo parlamentario de Morena y del Partido Encuentro Social (PES), cuya lideresa es nada menos que la ex titular de la secretaría donde se dieron los desvíos, Sasil de León Villard,lo impidieron. Los pecados de ambos senadores, Velazco y De León fueron borrados de un plumazo por la gracia transformadora del nuevo régimen.

Javier Duarte ¿por qué uno es condenado a los infiernos y otro llamado a la derecha del gran líder? Porque el Tlatoani castiga, pero también perdona; porque de los arrepentidos es el reino de López Obrador. Pero también porque cuando se trata de hacer mayorías en las cámaras todos los políticos son iguales, panistas, priistas, perredistas, verdes, emecistas o morenistas; porque el poder es el poder y todos comen del mismo plato, la misma materia.

Por supuesto que hay muchas cosas diferentes entre el gobierno de López Obrador y los anteriores, principalmente el mito fundante de que la corrupción de acabó, el rito religioso de las 7 de la mañana, pero sobre todo la fe de muchos mexicanos que creen en la gran transformación y en el poder redentor del Presidente.

Ya nos la sabemos, cuando el gobierno lopezobradorista se equivoca a lo grande, no acepta su responsabilidad y le echa la culpa a oscuros y misteriosos intereses. Evidentemente esos intereses ocultos siempre serán responsables de sus fracasos y errores. La diferencia ahora es la naturaleza del problema. No es lo mismo maltratar a sus secretarios de estado, maltratar a los trabajadores de Notimex, a los funcionarios del SAT o de cualquier otra dependencia tal como lo ha hecho inexplicablemente el gobierno, que maltratar a los policías federales. Sencillo, éstos si están armados.

Reconfigurar la administración pública no es enchílame otra. De entrada, para cualquier modificación relevante en cualquier institución debe por necesidad gestionar adecuadamente la resistencia al cambio. Es algo natural y debe de hacerse bien para prepararlos sin desestimular ni dañar a los empleados públicos. Y por lo menos no le debe de costar al funcionario los cambios. No deben de afectar su patrimonio. A manera de ejemplo, mandar a vivir a los funcionarios a lugares diferentes de donde se reside, requiere pagarles sus mudanzas y gastos. Además, la fusión o escisión de instituciones es casi un arte. Porque se habrán de crear o equilibrar nuevas competencias, sueldos y prestaciones, capacitaciones, reestructurar o crear plataformas informáticas, etc. Desde mi perspectiva siempre la administración pública debe de estar en continua transformación. Así lo determinan las nuevas tecnologías y la innovación, aparte de las circunstancias.

Evidentemente al nuevo gobierno no le interesan esas cosas. (De la tecnología e innovación ni hablemos, se ha ufanado de no haber comprado nuevas computadoras). Ha hecho y desecho estructuras administrativas sin ningún tipo de método. Sus famosos recortes, disminuciones de sueldos y prestaciones, maltrato, amenazas y corredera de funcionarios públicos calificados, tarde o temprano lo vamos a acabar pagando nosotros. Una mayor ineficiencia gubernamental en materia federal ya se comienza a notar y cada día será más clara.

Ahora veamos por qué están tan enojados los policías federales con su incorporación a la Guardia Nacional, aparte de lo anterior. Para comenzar el cambio les va a costar dinero a los policías. Vamos si de por si ganan mal. Ganarían como guardias nacionales hasta el próximo ejercicio fiscal, pero por mientras les van a seguir pagando como policías, pero sin un bono que les otorgaba cuando salían a hacer operativos. Ahora de plano los van a ubicar territorialmente. Les están poniendo requisitos de acceso como si no tuvieran ninguna competencia, atentando contra su dignidad. Es como un despido con una recontratación condicionada. Y todavía les dicen que si no quieren entrar a la Guardia Nacional los reubicarán sepa dónde y con cual salario en la Administración General de Aduanas o en el Instituto Nacional de Migración. Finalmente, muchos no están de acuerdo en volverse militares porque de facto y así lo ven, la Guardia Nacional es militar. Si hubieran querido ser militares se hubieran hecho militares, no policías.

Desde mi apreciación, se debió haber reforzado con todo a la Policía Federal, e incrustarle una agencia muy poderosa de policías con entrenamiento militar. No toda esta vacilada de la Guardia Nacional. Veremos cómo acaba. No soy optimista.

La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló "la mano negra" detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el ex presidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual.

Las explicaciones de López Obrador sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tienen nombre y apellido, el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el presidente no lo hubiera mencionado. Aún hoy, no han mencionado ningún nombre, López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en enero del año pasado, pero su sucesor, Alfonso Navarrete Prida no quedó satisfecho con la entrega-recepción de su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se documentaron de la gestión anterior.

La rebelión de la Policía Federal obligó al gobierno a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha publicado en este espacio cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló lo que se había hecho y su incompetencia detonó la espiral de violencia que heredó a López Obrador. El presidente hace bien en buscar las fuentes del desastre que le dejaron para tratar de reconstruir lo destruido. Los oscuros manejos de dineros en la Policía Federal el sexenio anterior son un buen principio.

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, quien saltó al foco público en noviembre de 2014 tras su presentación sobre populismo en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, España, calificó las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como un "circo mediático" que "todos los populistas del socialismo del Siglo XXI han utilizado".

"Yo tengo claro que quiero un gobierno limitado a 2 funciones: seguridad y justicia, que lo quiero separado de la economía. No quiero un gobierno dueño de recursos. Pero cuando tú le preguntas a los jóvenes ¿qué creen que el gobierno tiene que hacer? No tienen idea y eso es porque no se han definido ideológicamente. Si no se definen ideológicamente van a votar como mediocres o van a votar lo que la mayoría te dice", manifestó.

Dijo que uno de los motivos por los cuales los jóvenes desconocen lo que quieren de su gobierno es porque no leen sobre la situación que ocurre en su entorno y muchas veces se dejan llevar por lo que dicen sus gobernantes, sin confrontarlo ni verificarlo. "No basta con leer 140 caracteres, hay que leer a Carlos Marx, a George Orwell, La Rebelión en la Granja... y llegar uno a sus propias conclusiones".

La politóloga añadió que otro de los problemas, no sólo de México, sino en general de América Latina, es que los jóvenes (principalmente) no se involucran en la resolución de los problemas o de aquello que les molesta y dejan todo en manos del gobierno.

En México, Gloria Álvarez tomó mayor protagonismo cuando en abril pasado compartió un tuit en el que criticaba al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el anuncio de la venta de los aviones propiedad del gobierno mexicano.

Inicia la elección en 1, 2, 3... Durante el censo de afectados que realizó el Ayuntamiento de Guadalajara con motivo de la granizada histórica del sábado pasado -Alfaro dixit- ocurrió un hecho extraño.

"Servidores de la Nación" con cachuchas de las CLB (Creando Lazos de Bienestar o Carlos Lomelí Bolaños) se presentaron a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar qué necesidades tenían.

Lo interesante es que siempre estaban al lado de una persona no uniformada -tal vez de Abisalud o de Lomedic-. Recordemos que fue el propio súper delegado Carlos Lomelí el que dio a conocer que los vecinos de la zona afectada recibirían fondos del gobierno federal. ¿Sabrá el presidente que su delegado saluda con sombrero ajeno?

En cuanto la Ley de Austeridad Republicana sea aprobada por la Cámara de Diputados y se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo más probable es que caiga una oleada de amparos promovidos por quienes consideren que sus derechos constitucionales son violados por esa legislación.

Particularmente, en el tema de la "cuarentena" de 10 años que se propone para que un funcionario del sector público que ha regulado empresas no pueda trabajar en alguna de ellas en el lapso de una década. Aunque otros temas pueden suscitar amparos.

La redacción de la ley es genérica y evidentemente va a requerir de un reglamento que la norme. No se trata solamente de los altos funcionarios de organismos reguladores, sino de aquellos que por su posición hayan podido obtener "información privilegiada" de éstas, es decir, información que no es de acceso público.

En el caso de los presidentes, lo que resulta hasta cómico es que, tras quitárseles la pensión, y con una interpretación literal del texto se les prohibiría trabajar casi en cualquier empresa.

Para hacerse efectiva esta legislación se requiere que regrese a la cámara de origen, la de diputados, y se vuelva a votar con algunas reformas hechas por los senadores.

En cuanto a la idea de que esta ley traería consigo el resurgimiento de la "partida secreta" que los presidentes usaron por muchos años, eso es impreciso.

La adición del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue aprobada, sí da una mayor discrecionalidad al uso de los ahorros en las dependencias, dando al presidente de la república el margen para decretar su reasignación al propósito que defina.

La realidad es que las reasignaciones hechas por Hacienda, directamente o por orden de Presidencia, no son novedad. Sin embargo, en el pasado eran más frecuentes cuando había excedentes que al darse ahorros.

La discrecionalidad no significa necesariamente en este caso opacidad, pues el ejercicio de esos recursos podrá ser auditado en la Cuenta Pública por el congreso a través de la Auditoría Superior de la Federación.

No es positiva la discrecionalidad, pero sería mucho peor agregarle opacidad.

Lo peor de todo es que, con una reforma como la aprobada, se destruyó el esfuerzo de un proceso serio de legislación sobre la austeridad, que involucraba una negociación entre fracciones.

Esto pasó por la exigencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública, que dijo llevar al congreso los deseos del presidente, cosa que, por cierto, algunos importantes legisladores de Morena ponen en duda.

Que no lo comparen con Salinas; acusa abiertamente a Calderón de conspirar contra su administración. Que el petróleo será palanca del desarrollo, que es necesario buscar la autosuficiencia energética y alimentaria. Si hubiese sido personaje de Charles Dickens, Andrés Manuel López Obrador no hubiera soltado al Fantasma de las Navidades Pasadas, buscando esa era gloriosa que nunca existió, revisitando los rencores que hoy lo obnubilan.

¿Qué frustra tanto a AMLO sobre su derrota en 2006 a manos de Calderón? ¿Que tenía 12 años menos, con mayor vigor y mejor salud? ¿Que el precio de los hidrocarburos y los niveles de producción de crudo le hubiesen permitido petrolizar a México como en ese momento lo hacía Hugo Chávez? ¿Que hubiese llegado a Palacio Nacional sin 12 años de una campaña desgastante y frustrante, alejado del poder que ya había saboreado como jefe del gobierno capitalino?

Imposible de saber, pero López Obrador gobierna cada día desde el rencor que alimenta ese pasado que lo obsesiona y con la ineptitud de ideas ya probadas y fracasadas. Se obstina en derrotar a Calderón, en enterrar las ideas de Salinas, mientras se estrella contra la realidad del siglo XXI.

No puede romper las restricciones de la ortodoxia económica que muchos llamarían neoliberalismo mientras que proclama su muerte en México. Desarrolla, en consecuencia, una política económica esquizofrénica, que apoya el libre comercio y busca la autosuficiencia, que rechaza a los inversionistas y los corteja. Al mismo tiempo, que recorta el gasto público con una saña digna de un anarquista mientras infla los padrones de sus programas clientelares, que aplaude un crédito gigantesco para Pemex en tanto habla de soberanía energética. Los fracasos que trae dicha esquizofrenia se proyectan en rencor: es culpa de la ex mafia del poder, de los fifís, de los empresarios abusivos o de los corruptos que no ha podido desterrar del gobierno.

Reparte sin pudor las culpas sin que ninguna le corresponda. El evento del 1er. día de julio fue, como se esperaba, una fiesta para masajear su ego, reafirmar que tiene razón en lo que hace y reafirmar que el futuro bajo su conducción será glorioso. Fue, como le gusta, el candidato ofreciendo el oro y el moro, inmune a una realidad en que el aparato de su gobierno (lo más visible siendo la salud y la seguridad) se resquebraja ante los masivos recortes presupuestales y la improvisación. El año tras su elección solo lo ha reafirmado en sus fantasías personales.

Lo ominoso sobre este año es que muestra cómo serán los 5 que faltan. No puede esperarse realismo o pragmatismo, sino revanchismo y victimización. La demagogia ya rampante en su actuar se radicalizará, afianzada en ese autoritarismo que ha desarrollado gracias al cheque en blanco que le entregaron millones. Los fracasos de la ineptitud serán adjudicados desde un creciente rencor a otros –o los mismos que ahora ya están en la lista obradorista de villanos.

AMLO lo dijo hace unos días: pretende arrasar para que no se pueda reconstruir aquello que hoy destruye. Su megalomanía y rencor muestran una faceta de inseguridad: el temor de que el péndulo regrese al detestado neoliberalismo. Por ello tiene prisa en derruir, en quemar la tierra para que nada crezca en ella, al tiempo que ignora el daño que está provocando a tantos mexicanos, incluyendo muchos que lo apoyaron. Pero el rencor es la antítesis de la gratitud, y la ineptitud magnifica su poder destructivo.

¿Quién podría oponerse a una ley de austeridad y más aún de "austeridad republicana"? Uno supondría que nadie. El problema es que detrás de este nombre políticamente correcto se esconde una realidad incómoda.

Preocupan muchas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada por el Senado esta semana. Una es la que da al presidente el uso discrecional de los recursos que se ahorren. La medida más cuestionable, sin embargo, no tiene nada que ver con la austeridad; es la que establece una veda de 10 años para que un funcionario público pueda ocupar un puesto en una empresa privada en un ramo relacionado a su responsabilidad.

Esta medida busca impedir la llamada "puerta giratoria", la práctica de pasar del sector público al privado y viceversa. En México se ha aplicado un candado de un año. En algunos países desarrollados no hay ni siquiera este, pero sí leyes que castigan el uso indebido de información o el tráfico de influencias; en otros hay vedas de 1 a 3 años y, en algunos casos, hasta 5.

El presidente propuso originalmente una veda de 10 años, pero cuando la Ley de Austeridad salió de la Cámara de Diputados las bancadas la habían reducido a 5. López Obrador montó en cólera y condenó la reducción como una demostración de la corrupción que aún persiste pese a la 4a. Transformación. Envió a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al Senado a presionar a los legisladores de Morena y sus aliados para aumentar nuevamente el plazo a 10 años.

Algunos afirman que la veda es ilegal, que viola el Artículo 5o. Constitucional que dispone que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos". No sé si sea cierto, pero si lo fuera sería tan inconstitucional un candado de un año como uno de 10. De lo que no tengo duda es de que las vedas no solo no evitan la corrupción, sino que pueden promoverla.

Un funcionario puede ser destituido en cualquier momento, sin indemnización o explicación. Si alguien ocupa un cargo público en estas circunstancias, y sabe que no podrá trabajar durante 10 años en su campo de especialidad, tendrá enormes incentivos para convertir su precario empleo en una fuente de ingresos extraordinarios.

El presidente parece impulsar una veda prolongada por un prejuicio ante la puerta giratoria. Para él es más importante la lealtad que la capacidad técnica. Quienes tienen los conocimientos y el desempeño para trabajar en una empresa privada no son confiables.

Esta desconfianza explica por qué López Obrador está llenando los órganos reguladores, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, con personas sin la capacidad técnica para ocupar esos cargos. Explica también la mediocridad o falta de conocimiento técnico de muchos de sus colaboradores. El presidente no quiere a especialistas sino a burócratas que obedezcan todas las instrucciones que reciben.

Un candado de 10 años a la puerta giratoria tendría efectos muy negativos para el país en el largo plazo. Se eliminaría el sano intercambio de experiencias entre la iniciativa privada y el sector público. Tendríamos un gobierno dominado por burócratas y un sector privado con especialistas que no podrían nunca aportar su experiencia a una administración pública que no debería ser monopolio de nadie. Perderíamos la oportunidad de tener un gobierno realmente surgido de los ciudadanos en vez de uno dominado por la clase política.

El presidente reconoció ayer que su propósito de descentralizar la administración pública no ha avanzado. Y es muy claro por qué no. López Obrador concentra todas las decisiones, lo cual obliga a una mayor centralización.

Eso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, cosa tan decantada por el régimen, ha sido atole con el dedo. Todos los que se enriquecieron en el pasado sexenio, epítome de lo corrupto, andan libres y campantes, bailando mal y jugando al golf peor, sin que el gobierno actual los haya tocado ni siquiera con el pétalo de un ligero susto. No parece ser falsa la impresión según la cual debe haber habido algún arreglo o pacto entre el que se fue y el que llegó. "No te metas conmigo y yo no me meteré contigo". De otra manera no se explica que el combate a la corrupción, una de las mayores banderas ondeadas por López Obrador en su campaña, haya quedado en agua de borrajas, esto es decir en nada. Puras palabras. Y para colmo mal pronunciadas y con exasperante lentitud.

Fiel a su estilo, el Jefe Diego llenó de calificativos al presidente López Obrador, de quien dijo no ha sido cuestionado por la prensa como se merece, pues los periodistas han sido cuidadosos de no lastimarlo.

"Se debe reprochar de él que mienta todos los días, que sea inepto probado, y que sea, además, insolente y majadero, y esto no es usar lenguaje procaz, no es injuriarlo, es calificarlo como se merece", dijo el excandidato presidencial.

Fernández de Cevallos señaló que López Obrador tiene "un comportamiento dual", que por un lado usa su pronunciamiento ético de "por el bien de todos, primero los pobres", pero cuyas acciones afectan justo a los más pobres.

"No tiene más obsesión que pasar a la historia y colocarse sentado con los héroes que él adora, en ese momento, sea como sea y a costa de su propia vida, lo va a hacer, la ley y las instituciones no pintan, la democracia es nada, es un estorbo, él es congruente con él mismo, pero no con su palabra", agregó.

Reconoció que el presidente llegó al poder por el asco y repudio de la gente por la clase política. "Si creían que estaban saliendo del peor de los mundos, se equivocaron, porque estamos entrando a otro más oscuro y más peligroso, que es el totalitarismo".

Héctor de Mauleón alertó de lo ataques, "desde el púlpito presidencial", a quien se opone al ejecutivo; del intento del presidente por "dinamitar" al INE y del "desmantelamiento" de medios de comunicación públicos para "convertirlos en medios de propaganda".

La liga finalmente se rompió. Fueron meses de acusaciones de corruptos, de humillaciones políticas, maltrato y desprecio por parte del nuevo gobierno. Vivieron bajo amenazas de iniciar procesos penales para quienes no quisieran ser trasladados al Instituto Nacional de Migración y al resto lo trataron como objetos desechables. Los mandaron a las calles en condiciones laborales que nunca habían tenido y cuando se quejaron, los insultaron. Ningún respeto se había mostrado a una institución que durante años fue la 1a. línea de fuego contra los criminales. Desaparecerla e integrarla al Ejército, bajo el paraguas de formar parte de la nueva Guardia Nacional, como planteó el gobierno, galvanizó la molestia que venía creciendo y que provocó este miércoles una rebelión que cambió el metabolismo en el corazón de las áreas de seguridad pública federal.

La rebelión comenzó a las 4 de la mañana del miércoles. A las 5:08 de la mañana se emitió el 1er. informe a las autoridades superiores, que daba cuenta de que los policías federales que iban a salir del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para pasar exámenes de control de confianza, habían cerrado los accesos para impedir la salida o entrada de cualquier vehículo. A través de los chats de los policías federales, comenzaron a llegar los avisos de refuerzos. Los primeros salieron de la zona de San Juanico, sobre la carretera que conecta la Ciudad de México con Pachuca, donde se encuentra un cuartel de la Policía Federal y de la Gendarmería –una base policial muy grande y considerada modelo–, y bloquearon la autopista.

Una alerta, jamás confirmada, apareció en los celulares: "Compañeros ya vienen los PM (policías militares) con equipo antimotín para sacarnos... compañeros compañeros hay que apoyarlos y vienen los guachos (soldados) con antimotín no hay que hacerles caso no hay que ser militarizados ánimo ánimo". Los reportes mostraban que la rebelión no se limitaba a los policías federales a quienes les habían quitado prestaciones, antigüedad y los habían alejado de sus familias para ser tratados como elementos de 2a. clase dentro de la Guardia Nacional, sino que se estaban sumando elementos de las 7 divisiones de la Policía Federal en todo el país. Sólo en la Ciudad de México hubo 6 bloqueos, incluidas la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y el cuartel general de la Policía Federal.

La rebelión pudo haber sorprendido a muchos, pero se venía gestando. El detonante fueron unas notificaciones que recibieron policías federales el martes, donde les informaban que a partir de la fecha del oficio estarían bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que significaba un cambio radical a sus esquemas laborales: se acababan los descansos de 5 días al mes por 25 días de trabajo consecutivo, incluidos los fines de semana. La operatividad, que era el equivalente a un bono de riesgo, de 9,800 pesos, también desaparecía. Serían absorbidos por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a partir de enero de 2020, cuando también entraría en vigor la homologación de sus salarios con los de los militares. No sabían a cuánto equivaldría porque aún no lo precisa la Secretaría de Hacienda.

Los policías federales dejarían de ser civiles y pasarían a ser militares, aunque asignados a la Guardia Nacional, que es un cuerpo paramilitar mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dio los primeros pasos para desaparecer a la Policía Federal, y sentar las bases para que, si encuentra las condiciones políticas durante su sexenio, eliminar a las fuerzas armadas, que serían absorbidas a esa nueva estructura que entró en vigor el domingo pasado. Las nuevas condiciones perfilaban que cerca de 30%, según circuló en los chats de los policías federales, pensaban pedir su baja, aun cuando no les dieran el finiquito.

El presidente López Obrador dijo durante la conferencia de prensa matutina que no se iba a despedir a nadie que cumpliera con los requisitos –uno muy importante es el peso, donde los militares están exigiendo dietas para reducir hasta 35 kilos– ni tampoco se iban a modificar sus prestaciones, lo que contrarrestó con la información que les habían dado a los policías federales la víspera. Pero volvió a arremeter contra los policías al asegurar que la institución "se echó a perder" al relajarse la disciplina y se cometieron abusos. El presidente incurrió una vez más en el error que llevó a esta crisis, al personalizar en los policías las deficiencias, omisiones e incluso corrupciones de algunos mandos superiores, o en la Secretaría de Gobernación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La rebelión no fue sofocada y los federales preparaban continuar este jueves la protesta con un paro nacional. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, buscó neutralizar la rebelión con paliativos, algunos concretos –como el regreso de seguros médicos privados, que sirvieron para salvarle la vida a decenas de policías heridos en combate– y la no separación de sus familias. Poco efecto tendrán en el fondo del problema. La convicción es que los desaparecerán, que los militares aceptarán quedarse con un mínimo número de ellos y, sobre todo, que las palabras llegaron tarde. Las humillaciones, vejaciones, amenazas y descrédito permanecen como heridas incurables.

Las autoridades esperan sofocar la revuelta y podrá ser esa la solución inmediata. Pero el daño permanece. La moral dentro de la Policía Federal es muy baja, como consecuencia del maltrato sistemático del gobierno, como lo ratificó ayer mismo el presidente López Obrador. Más allá de alcanzar un resultado favorable, no ganan él ni Durazo ni los policías federales. Esta crisis favorece a los criminales. Nadie parecer saber para quién trabaja.

En una mesa en la que estuve hace días se volvió a plantear la pregunta que rebota por aquí y por allá: cuando vea que las cosas se empiezan a complicar, ¿el presidente López Obrador corregirá el rumbo, se moderará, renunciará a proyectos como Dos Bocas o Santa Lucía?

Pasan los meses, y hay quien sigue creyendo que sí lo hará. No entiendo por qué ese optimismo, pero los que ven el peje medio lleno ahora tienen nuevo argumento: el caso Trump y los aranceles. Creen que el tabasqueño demostró que no come fuego y que puede ser "pragmático" si huele peligro.

Ante Trump no vimos una "corrección" de AMLO. El presidente y el país fueron amenazados. EU iba a generar una inoportuna crisis en materia económica, por un lado, y la solución era muy barata para López Obrador: continuar lo que desde el sexenio de Peña Nieto se ha ido dando en materia migratoria, es decir, total acatamiento a las disposiciones de Washington.

Así que ese "pragmatismo" no le hizo virar en nada sustantivo. Él no quiere que se metan con su gobierno, y, para ello, antes que iniciar una larga batalla que no iba a ganar, pero que podría haber perdido con dignidad, prefirió una derrota más costosa de lo necesario, pero sin pelea... y sin honra. Una derrota copeteada.

Empero, a López Obrador no le importan los costos de esa capitulación, pues los pagarán los migrantes mexicanos -ya no tendrá argumentos para defender a los paisanos indocumentados en suelo estadounidense, pero no parece importarle– y, claro, también los migrantes de otras nacionalidades.

Así que es muy endeble eso de que con Trump vimos a un Andrés Manuel que puede ceder. Qué chiste tiene mostrar flexibilidad en una negociación donde no te piden nada sustancial. Es más, incluso le dio oportunidad de hacer pasar a la Guardia Nacional como más necesaria que nunca. No es improbable el caso de que AMLO supiera, porque hay voces de alerta de empresarios desde antes de las negociaciones de los aranceles, que su posición antiinmigrante incluso le sería premiada por mexicanos xenófobos, que por las encuestas sabemos que no son pocos.

Pero volvamos a quienes creen que el tabasqueño va a recapacitar ante una crisis.

El presidente mismo se ha mostrado sorprendido por la sorpresa de quienes creían que la realidad sería distinta luego del 1 de julio de 2018. Ayer, en la mañanera, insistió al respecto: "Miren, algunos se sorprenden, porque pensaban que lo que decíamos en campaña o desde hace mucho tiempo era discurso y que no íbamos nosotros a ser consecuentes. Imaginaron que iba a quedar nada más como era siempre, en la retórica, en palabras".

Esa "consistencia" hoy amenaza al gobierno a una mínima expresión administrativa-normativa, estructura que todo lo alinea a sus deseos y tiempos, que entrega recursos de manera directa a los más necesitados, población que sabrá que debe al presidente, y no a la burocracia, el favor de los apoyos y los servicios de salud. Se dice fácil, pero es un giro de 180 grados donde todavía le quedan organismos por descapitalizar, lo que le redundaría en más "ahorros" y menos resistencia.

¿Que qué va a ocurrir si llega una crisis? ¿Va a reconocer y rectificar? Mientras tenga dinero suficiente para seguir entregando, mediante su ejército electoral, los programas sociales, no. Mientras tenga el control territorial -Guardia Nacional incluida- de los 266 coordinaciones en que dividió al país sin la oposición de gobernadores o munícipes, no.

Este jueves, elementos de la Policía Federal (PF) presentarán un amparo indirecto ante un juzgado de Distrito en Materia Administrativa contra su transferencia a la Guardia Nacional (GN), pues argumentan que perderán sus conquistas laborales.

El abogado de los agentes, Iván Chávez Espejel, afirmó que hasta el momento más de 600 agentes se han sumado a esta medida y esperan que lo hagan más de 10,000 integrantes de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería.

"El amparo es contra el acuerdo del 28 de junio de la Presidencia de la República en donde solamente se le garantiza la continuidad de derechos a Policía Militar y Policía Naval, sin que aplique esta permanencia de derechos laborales a los policías federales", explicó el miembro de la organización Ciudadanos Uniformados Asociación Civil.

Elementos de la Policía Federal que se manifestaron contra el proceso para formar parte de la Guardia Nacional señalaron que a López Obrador lo "están desinformando o engañando" sobre su situación, formación, preparación y los derechos y prestaciones que pretenden quitarles a los uniformados.

Lamentaron que con su traslado a la Guardia se pretendan eliminar antigüedad, prestaciones y otros derechos que han ganado por años o décadas de prestar servicio en esa corporación.

El centro manda y el centro decide. Esa es la lógica que se aplica para la Guardia Nacional desplegada en Jalisco. Nos cuentan que toda la operación, estrategia y coordinación de los efectivos se decide en las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México.

Al margen de que la Guardia es más militar que civil por donde se le vea, ¿cómo harán para coordinarse con autoridades locales si todas las acciones deben pasar por un escritorio en la Ciudad de México? Ojalá sea sólo parte del ajuste de estrategias al arranque de esta nueva corporación.

Hace un año, cuando Andrés Manuel López Obrador, recién electo presidente, ratificó que para impulsar el desarrollo del país no habría necesidad de aumentar impuestos en términos reales porque a ese efecto se destinaría todo lo que se ahorraría mediante el combate a la corrupción y la abolición de los privilegios de la burocracia "de angora" -una de sus más aplaudidas banderas de campaña-, hubo 2 tipos de reacciones: de aprobación, porque eran públicos y notorios tanto el abuso como la ineficiencia de los gobernantes de las administraciones anteriores, de todo signo; ...y de escepticismo, porque la sabiduría popular enseña que "del dicho al hecho hay un largo trecho".

A un año de la jornada electoral y a 7 meses del inicio formal de la administración sexenal, la austeridad implementada como norma suprema y absoluta sigue en el centro del debate. La renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, en mayo, encendió luces amarillas. Los efectos de recortes presupuestales a rajatabla -"con machete, no con bisturí", como han dicho los críticos- pueden ser funestos. Postergar cirugías; suspender programas de prevención y atención temprana de enfermedades (como el cáncer cérvico-uterino, 2a. causa de muerte en el país); comprometer los tratamientos médicos a causa del desabasto de medicamentos -por mínimo que sea, según las declaraciones oficiales- en las clínicas; invitar a los pacientes a la automedicación, los tratamientos alternativos -de muy dudosa eficacia- e incluso al abandono de los mismos, ante la saturación los consultorios en los hospitales de 1er. nivel y la postergación sistemática de estudios y tratamientos -el pan de cada día de infinidad de "derechohabientes"-, es jugar a la ruleta rusa con la salud y aun con la vida de miles de personas.

Los analistas en políticas públicas concuerdan en que la imposibilidad de evaluar los impactos de las medidas de austeridad dispuestas por la actual administración es, por decir lo menos, preocupante. Hay consenso, empero, en que ahorrar por ahorrar en temas de seguridad, incrementa la delincuencia; en temas de educación, la ignorancia; en temas de salud, la enfermedad y la muerte.

Moraleja de la historia: lo más barato no necesariamente es lo más conveniente.

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo que el instituto no cuenta con recursos ni para pagar los servicios básicos, como la luz.

Guevara dijo que buscará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con la Secretaría de Hacienda, para solicitar que les extienda el recurso.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de julio de 2019).

Jorge "Chatón" Enríquez fue parte del plantel que consiguió la medalla de oro en futbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se quejó vía redes sociales, que la Conade les quitó su beca, por el logro conseguido.

"Chale! Ya nos quitaron la pensión deportiva! Ahora si a empeñar la medalla #QueVivaLaCuatroT@AnaGabrielaGue, @lopezobrador_, @lacornetafm", escribió el futbolista vía Twitter arrobando al presidente Andrés López Obrador y a Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En el 2012, se aprobó que todos los que hubieran ganado medalla en los Olímpicos y Paraolímpicos de Londres, recibirían apoyos vitalicios, incluidos los 18 jugadores de futbol que ganaron la medalla de oro.

"Se aprobaron todas las becas vitalicias, entró todo el equipo de futbol dentro del programa de apoyos, nos queda claro que son profesionales, pero lograron un resultado que está avalado por ley", explicó Alejandro Cárdenas, subdirector general de Calidad para el Deporte de la Conade en esos años.

El monto en esos años era de 13,000 pesos mensuales por medalla de oro; 11,500 por la plata y 10,000 por el bronce.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puedan ganar hasta un 40% más de lo que percibe el Presidente de la República.

El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, se autodestapó y anunció que buscará la Presidencia de la República en el 2024, y así suceder a Andrés Manuel López Obrador como titular del poder ejecutivo.

Fernández Noroña consideró que sí le va a alcanzar a la alianza Juntos Haremos Historia para tener un nuevo sexenio en la Presidencia de la República y adelantó que estarán los próximos 30 años en esa posición, pues no hay nadie en la oposición que se le vean tamaños para disputarles el poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, por favor, que no lo comparen con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, por una supuesta partida secreta de los ahorros que se obtendrá de la Ley de Austeridad y que se aprobó que pudiera ser manejada discrecionalmente por el titular del ejecutivo federal.

Hace unos días el crítico Jorge Ayala Blanco vaticinó que en algunos años llegarán al cine los procesos desatados por la 4T: el desabasto de gasolina y medicinas, la ampliación del desempleo, el crecimiento de la economía informal, la polarización en las convicciones políticas.

Osmany Cienfuegos, entonces ministro de Turismo y uno de los combatientes históricos de la revolución cubana junto con su famoso hermano Camilo, reconoció que parte de las crisis que azotaron la economía del pueblo cubano se debían a que en algún momento de la revolución sus dirigentes tiraron "la aritmética al mar".

El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje desde el Zócalo para festejar el aniversario de su triunfo electoral.

Es incorrecto afirmar que un año después en México se vive una transformación histórica. Ese término le queda grande a una serie de decisiones de las cuales no se puede, aún, predecir su desenlace. Para bien y para mal.

El presidente dio cuenta el lunes de medidas que ha emprendido su administración. Y reportó números sueltos sobre índices de desempeño que no configuran sino una gelatina que está por cuajar y de la cual es aventurado adivinar si el producto mediato será algo armónico o un adefesio.

Como cualquier otro político, por más que le choque ser presentado como uno más de tantos que hemos tenido en el poder, el lunes López Obrador manipuló un poco la verdad y disfrazó un poco las mentiras. E hizo comparecer, como tantos otros en el pasado, a demasiados acarreados para que festejaran con él.

Vivimos de la inercia que traíamos desde antes del 1 de julio de 2018, y eso favorece, aunque le enoje, al presidente.

La inercia, sin embargo, no durará mucho más. Decisiones tomadas por este gobierno han provocado que ladinos empresarios detengan el impulso de las inversiones, lo que enfriará la economía. Pero, es cierto, fue antes que nada la tozudez del ejecutivo la que abonó el terreno de la incertidumbre de la que nacen las tormentas.

Tozudez entendida como una agenda refractaria a puntos de vista externos e internos y alérgica a negociaciones.

Tenemos las variables de la deuda, el déficit y la inflación en un horizonte estable por ahora.

Sin embargo, la obsesión petrolera, la obsecuencia con colaboradores obtusos y la soberbia que impide escuchar a los discrepantes podrían alterar las variables macro y alimentar la tentación de, como los cubanos en su momento, negar la realidad.

Bien lo decía Castillo Peraza en aquel ameno texto sobre su visita cubana, titulado "Orula regresó a su casa": "El desastre del PRI, en México, es hijo de la pretensión de monopolizar políticamente, partidistamente, las ideas de nación, de patria, de revolución, de estado, de historia". Y de la propensión de tirar la aritmética al mar, agregaría yo pensando en Morena.

La 4a. transformación tiene un estado superior, el paraíso, pero terrenal, no metafísico. Para alcanzarlo, sin embargo, se necesita la fe. Y para alimentar la fe y utilizarla como catalizador, se necesita un ejército. Esta milicia la tiene lista el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de personas en espera de sus instrucciones para comenzar a difundir el evangelio de la "“nueva patria" que anunció el lunes en el Zócalo, que se sustentará en la inyección de principios éticos. López Obrador, un hombre profundamente religioso, fundamenta en ese conjunto de valores el éxito del país que desea. El general que comandará las tropas que diseminarán sus postulados es Arturo Favela, quien fue presentado nacionalmente el 8 de junio, al ser uno de los invitados a hablar en Tijuana, en el acto presidencial tras la suspensión de la aplicación de aranceles.

Favela es presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, la Cofraternice, y lo conoce hace más de 20 años, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. "Somos amigos", dice. "Nuestra amistad se basa en una relación 100% espiritual, no política. Mi amistad es con él porque es un hombre de integridad, es un hombre de principios y valores. Un hombre que lucha por la justicia, equidad especialmente de los más desvalidos". Al mando de él, decenas de pastores evangelistas predicarán en templos y casa por casa la Cartilla Moral, comenzando por 100,000 folletos que repartirán en todo el país en una semana.

López Obrador es cristiano, aunque suele esconder sus creencias, sin esconder su religiosidad, y con Favela ha caminado durante un largo trecho de su vida pública. López Obrador ha hecho de la religión un elemento inseparable de la estructura política del país, como lo hizo Ruyolá Musavi Jomeini, que regresó a Irán del exilio en París a principio de 1979, para encabezar la Revolución Islámica.

"Somos un ejército de Dios, de Jesucristo, pero también estamos listos para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo en la distribución de la Cartilla Moral, sino en otros proyectos sociales" [declaró Arturo Favela].

Ciertamente, la religiosidad de López Obrador está presente en todos sus actos, discursos y acciones. Un elemento más de división nacional.

Dice AMLO que está tomando medidas para evitar que si sus adversarios llegan al poder puedan "dar marcha atrás a lo establecido y lo logrado en beneficio del pueblo". Me recuerda a José López Portillo, que en 1982 cambió la Constitución para evitar que los bancos regresaran a manos privadas.

Si la dinámica de la economía va a ser marcada por la inversión privada y episodios como la controversia respecto al tema de los ductos por parte de la CFE generan desconfianza de los inversionistas, el pronóstico no es precisamente favorable.

Uno de los hitos del resultado económico que estamos viendo hoy ocurrió el año pasado y es la decisión del gobierno de AMLO de cancelar el aeropuerto de Texcoco.

No exagero si digo que el sexenio fue otro después de esa determinación.

Crecíamos a tasas por arriba del 2% y después de octubre, se nos cayeron.

No sería raro que, tras la controversia de la CFE en las cortes internacionales de Londres y París, el crecimiento se nos cayera por debajo del 1%.

Todos los indicios señalan que a AMLO le explican con profusión que las empresas quisieron abusar del gobierno... cosa que está por ver.

Pero, aun concediendo que así hubiera sido, no le explican los apabullantes efectos del desconocimiento de los contratos.

Se murió el político que desafiaba a las élites, a la Presidencia y a los magnates. Murió el tabasqueño que llenaba el Zócalo con seguidores genuinos. Murió el Andrés Manuel que caminaba entre la gente y se dejaba besar y abrazar.

Murió... hace un año.

Y en él reencarnaron Luis Echeverría y José López Portillo. Al estilo del viejo Echeverría que pasó todo su sexenio culpando a Gustavo Díaz Ordaz de la desgracia nacional, el presidente López Obrador se desgarró las vestiduras, como lo hace todas las mañanas, desacreditando a Fox, Calderón y Peña. Sólo faltó que derramara unas lágrimas y gritará: "¡Defenderé el peso como un perro!".

Al estilo del priísmo más rancio, llenó el Zócalo con acarreados de los municipios más pobres (y que por su condición económica no tenían los medios para regresarse a sus casas en cuanto comenzó a llover), entregaron un lonche y un Boing y algunos hasta un dinerito como "apoyo". Al estilo de Peña Nieto, el presidente López cerró el 1er. cuadro de la ciudad con 8,000 policías, sacó a los vendedores, prohibió el ingreso de mantas en contra del gobierno actual y sólo permitió la entrada a vendedores con mercancías alusivas al presidente o su partido.

Ayer en su mitin proselitista, disfrazado de informe de gobierno, (por cierto innecesario pues ya había dado un informe a los 100 días de gobierno), el presidente López se dio baños de santidad, bondad y honestidad. Autoelogios hasta el hartazgo. Todo era yo, yo, yo, yo, yo... Y los corruptos, neoliberales, conservadores, bla, bla, bla. Y los acarreados ansiosos de ver a Margarita, la diosa de la cumbia.

Murió el López Obrador que fingió ser oposición y salió el verdadero López Obrador, el priísta de hueso colorado. Un priísta más que se empeña en engañar al pueblo con informes de gobierno falsos, cifras maquilladas, acciones inexistentes y todo simulado.

En Amlolandia todo va muy bien. No hay corrupción. No hay desempleo. No hay desabasto de medicamentos. No hay crisis económica. No hay delincuencia. No hay homicidios. No hay narcotráfico. "En 6 meses se ha hecho más que en los últimos 50 años", dijo. Vivimos en el Edén. ¡Aleluya!

El PRI no ha muerto.

Ninguna novedad en la retórica, una narrativa épica sobre el antes, el hoy y el futuro.

El pasado era opresor, pero el presente que ofreció construye futuro, mediante la transformación de la vida pública. Esa metamorfosis significa el desmantelamiento de lo que existía y que está tirando a pedazos en forma acelerada. En su discurso lo dibujó de manera sencilla al hablar de las transferencias directas de recursos, sin intermediarios, que es uno de los cambios más profundos que ha hecho en 7 meses de gobierno al cancelar derechos adquiridos en más de 20 programas sociales, como Prospera y el Seguro Popular, y desaparecer el edificio social que levantaron 5 presidentes. El poder centralizado y vertical, contrario a todo aquello por lo que se luchó durante 2 generaciones debilitando el autoritarismo hasta que tuvo que abrirse, restaurado hoy a plenitud, y presumido desde el corazón político del país como una de las grandes rupturas con todo lo que acabó hace un año.

En este poco tiempo, López Obrador demolió prácticamente todo el Pacto por México e hizo una serie de contrarreformas que estableció, jurídicamente, el nuevo andamiaje institucional. Vendrá ahora una 2a. fase, que es el reordenamiento del gobierno para darle una nueva dirección. Dentro de esa nueva etapa está considerando la desaparición de varios órganos autónomos, comenzando por aquellos que le estorban a su transformación. Los primeros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Regulatoria de Energía, con los que públicamente ha expresado su molestia. La destrucción del Estado como lo conocemos es la aniquilación de las instituciones, como bien lo dijo desde hace más de una década cuando tras perder la elección federal declaró "¡al diablo las instituciones!".

El presidente es consistente, y en esa congruencia radica su repudio a las reformas políticas de segunda generación. No le interesa el Instituto Nacional Electoral, porque no encuentra valor a su trabajo o, porque su sola existencia le impide reorganizar el país en su ideal, sugerido en algún momento de su presidencia, mediante el equivalente de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, que es una organización de masas que tiene permanentemente movilizada a la población para defender las conquistas mediante el trabajo directo con las personas y la comunidad. Tampoco la Comisión Federal de Competencia, porque su visión no es el de una economía de mercado, sino el de una centralmente planificada. La existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos, está en entredicho, así como todos los órganos de transparencia, a los que considera rémoras que tiene que sacudirse. Estos organismos autónomos también se encuentran en el horizonte de la desaparición. Pero antes que ellos sucumbirán varias secretarías de estado, o serán compactadas en otras dependencias.

La lista la encabeza Economía, a la que ya despojaron del manejo de comercio exterior, entregándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo único internacional valioso que parece apreciar el presidente, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. El canciller Marcelo Ebrard está realizando funciones de ministro de Economía sin cartera, como quedó demostrado esta semana al encabezar una misión comercial a China para explorar las formas de incrementar el comercio bilateral. Ebrard también se quedó con la promoción del turismo, mientras que el 75% de los recursos para ese sector, fueron desviados para la construcción del Tren Maya. La desaparición de la Secretaría de Turismo también está sobre la mesa, al no interesar el viajero internacional y enfocar la estrategia en lo que llaman "turismo de barrio", que es el desarrollo turístico en zonas como Iztapalapa.

El achicamiento y reordenamiento del gobierno en esas áreas desnuda lo que significa la 4a. transformación: voltear hacia adentro y convertir a México en una isla para su desarrollo. López Obrador quiere un país que coma lo que produce, que genere sus propias fuentes de desarrollo energético para el consumo y la industria, que le apueste a la mano de obra intensiva -por definición masiva-, donde la tecnología no sea utilizada, con el propósito de incrementar el empleo, optando por volumen y no por calidad. Uno también que no dependa de los empresarios, cuyo sector está en el escenario de ser destruido. Ayer en el Zócalo habló de uno de esos sectores, el de telecomunicaciones, al que le antepondrá una empresa estatal de telecomunicaciones. Pero no será el único.

Su proyecto "por el bien de todos, primero los pobres", está marchando en forma veloz. Hacia ellos enfoca su esfuerzo, marchando sobre las clases medias y las altas. Ya se verá, llegado el momento, si es tan buen gestor de la construcción de un nuevo Estado, como exitoso ha sido en la destrucción del que estructuró y dio orden a México durante 9 décadas.

En mi vida he visto muchos "informes" de gobierno. El de ayer en el Zócalo fue uno más. Conmemorativo del 1er. aniversario de la victoria electoral del presidente López Obrador, fue como los de los mandatarios priistas y panistas que lo antecedieron: el retrato de un gobierno de ensueño, que no comete errores, que no tiene tropiezos, triunfalista hasta el extremo en el que la realidad incómoda se borra del discurso y sólo tienen cabida las acciones emprendidas, las instrucciones giradas, los programas iniciados, los beneficios otorgados.

La única diferencia es que fue a Zócalo abierto. Es el escenario donde se siente más cómodo este presidente. Con la gente, su gente. Acarreados muchos: las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, con filas de camiones. Desalojados todos los vendedores ambulantes, excepto los que ofrecieran mercancías con la imagen del presidente.

El presidente bombardeó con puras maravillas de su gobierno. Después de 80 minutos consecutivos de autoelogios remató: "Les expreso con sinceridad que me siento optimista". A esas alturas ya había quedado claro.

Hubo espacio para el reparto de novillonas y sementales, y del camino Tayoltita-San Ignacio que ya se está haciendo, pero nada sobre cómo las ejecuciones están en niveles récord, nada de cómo han subido los secuestros y la delincuencia está peor que nunca, según datos oficiales.

Nada dijo el presidente de que el crecimiento económico está en números rojos, que la inversión está frenada, que el empleo cayó 88%, que la tasa de interés está muy alta. No habló de la desconfianza de los inversionistas sobre Pemex ni de que le han bajado las calificaciones crediticias al país. Tampoco de que los pronósticos de crecimiento se recortan mes a mes en una espiral preocupante.

Nada se dijo de las clínicas urbanas que desaparecen, del desabasto de medicinas, del sargazo contra el que no han podido. No aparecieron las afectadas por el cierre de las estancias infantiles ni quienes dejaron de recibir los apoyos de siempre y no han recibido los que promete la nueva administración. Ni una palabra sobre los comedores comunitarios. Ya no se escuchó aquello de que aceptaremos todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esa promesa tampoco pasó la prueba del año. Nada del viraje en la política migratoria.

De la parálisis económica, la violencia desatada y la crisis en el sector salud, el presidente habló 14 segundos, de un total de una hora y 25 minutos de discurso.

Él dice que es diferente, que no es igual a los de antes, lo de ayer fue la repetición de un tipo de discurso que se agotó hace tiempo.

Logró algo que parecía imposible en él: volverse tedioso, repetitivo, aburrido, acartonado, como cualquier informe de cualquier presidente en cualquier momento del tiempo.

Advirtió en su discurso del 1 de julio que remontará las "campañas de sabotaje legal" con las que sus adversarios quieren detener la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, y garantizó que los trabajos empezarán "a más tardar este mes. Se ha demorado porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, y estamos siendo cuidadosos en el estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal".

Afirmó que las razones por las que se canceló el Aeropuerto de Texcoco fueron diversas. Se acordó cancelarla "porque ustedes lo decidieron, se canceló la construcción del aeropuerto por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia".

El espacio donde se construiría "se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el Lago Nabor Carrillo entre otras acciones".

Expuso que, para avanzar en la reconstrucción de la paz y recobrar la seguridad de los mexicanos, da seguimiento diario al fenómeno delictivo, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza.

"Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten razias, masacres ni la desaparición de personas. El estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos".

La Coparmex Jalisco aseguró, mediante un comunicado, que falta certidumbre para el desarrollo económico. Esto derivado de la cancelación o la falta de claridad en proyectos estratégicos, como el 2o. aeropuerto de internacional de la Ciudad de México. También celebró el respaldo del presidente al tratado comercial en América del Norte, aunque sigue pendiente la coordinación de los 3 niveles de gobierno para atender la inseguridad, la falta de un estudio de impacto ambiental para la refinería de Dos Bocas y la construcción del Tren Maya, que no cuenta "con un proyecto ejecutivo sólido que garantice la viabilidad técnica, financiera, de impacto ambiental y de impacto social en esa región del país".

Alberto Bayardo, académico del ITESO, coincidió en que la administración federal es de claroscuros hasta el momento. Recalcó que existe opacidad en los megaproyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.

"En el caso del Tren Maya no está claro que exista sustento para suponer que habrá una activación de la economía en esa región después de que se construya".

La conformación de la Guardia Nacional, para el académico, es un punto que preocupa en esta administración porque "se presumió que tendría un carácter civil, pero no es así. Está integrada y comandada por militares".

1. AMLO sigue mandando señales encontradas. Un día a favor del mercado y la inversión. Al otro, imponiendo trabas y limitaciones a los privados para que inviertan en electricidad y petróleo.

2. No se trata sólo de declaraciones, sino de acciones. El presidente fue el principal impulsor de la aprobación del T-MEC, se hizo cargo de la negociación con Trump, a propósito del arancel del 5%, y suscribió un acuerdo con los grandes empresarios para impulsar una inversión de 32,000 millones de dólares.

3. Pero los pasos en dirección opuesta también cuentan y cuentan mucho. La cancelación del NAIM, la eliminación de las farmouts (asociación de privados con Pemex), y ahora la controversia con TransCanada e IEnova por el contrato del gasoducto que conecta Texas con Tuxpan.

4. Esto último es particularmente relevante porque provocó una reacción del embajador canadiense, que señaló que ese litigio cuestiona la convicción del gobierno de México de respetar los contratos de inversión extranjera en nuestro país.

5. En el mismo sentido, los grandes empresarios manifestaron que dicha controversia va contra el acuerdo de inversión que suscribieron con López Obrador.

6. Hasta esa declaración, los empresarios habían reaccionado –ante los gestos y decisiones de AMLO– con una excesiva cortesía –para decirlo suavemente– y con una fuerte dosis de zalamería.

7. Hay que remarcar que el resultado de la estrategia de guardar silencio y apechugar, lo que sea y como sea, ha sido completamente negativo.

8. AMLO, después de su victoria, montó una estratagema: declaró que no cancelaría el NAIM y que, en el peor de los casos, dejaría que la iniciativa privada asumiera el proyecto y lo concluyera.

9. Pero, después de la toma de posesión del nuevo congreso, dio un giro de 180 grados. La forma en que lo hizo fue tan importante como el fondo: organizó una consulta 'patito' para dejar en claro que era una decisión suya y desdeñaría cualquier opinión técnica que le fuera adversa.

10. Optó, además, por un proyecto inviable que no tiene posibilidad real de operar, donde se enterrarán decenas de miles de millones de pesos que se irán literalmente a la basura. Así que el daño patrimonial será doble: a los recursos enterrados en Texcoco se sumarán los destinados a Santa Lucía.

11. Este hecho, por sí solo, debió haber provocado una reacción y llamada de atención de los empresarios al Gobierno de la República, pero no fue así. El único que levantó la voz fue Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

12. Simultáneamente, AMLO ha ido colonizando los organismos autónomos (CRE, CNH) y minando paulatinamente la autonomía de la SCJN. Los próximos objetivos de esa poda serán el INE y la CNDH, que podrían desaparecer de la faz del Estado.

13. Hasta donde vamos, ha quedado claro que AMLO no escucha razones ni rectifica, si no es por presión y temor a las consecuencias negativas.

14. Así que el futuro ha alcanzado a los empresarios y sólo tienen 2 opciones: o seguir jugando al avestruz o manifestarse abiertamente y convertirse en críticos de la política de la 4T, cuando atente contra la inversión y la estabilidad o debilite el Estado de Dderecho.

15. Porque si las cosas siguen como van, llegaremos fatalmente a un punto de inflexión sin retorno. Me explico: si Morena gana en 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados y suma a los nuevos partidos satélites (PV, PES, y, todo indica, PRI) tendrá la mayoría calificada para reformar la Constitución e, incluso, embarcarse en un Congreso Constituyente.

16. A final de cuentas, lo que está en juego son 2 proyectos de país: uno que apuesta a consolidar el poder del presidente, eliminando o sometiendo los contrapesos, y otro que defiende el fortalecimiento del Estado de Derecho y la economía de mercado.

17. Si los empresarios renuncian a ser un actor relevante en esta dinámica le dejarán abierto el camino a la discrecionalidad y, más temprano que tarde, padecerán en carne propia el debilitamiento del marco legal que protege la propiedad y la economía de mercado.

18. La batalla no está perdida, aunque sería ingenuo no reconocer que AMLO tiene a su favor la mayoría en el congreso y una alta popularidad, que ronda el 60-70%. Pero eso no significa que la suerte ya esté echada.

19. Por eso, los hombres de negocios harían bien en recordar 2 frases: una, que se atribuye a Lenin: en su avaricia, los burgueses venden la soga con que habrán de ser colgados. Y otra, premonitoria: no llores como niño, lo que no supiste defender como hombre.

La gente común no ve cambios. El 46% de los encuestados piensa que el país sigue igual. El 27% piensa que está mejor y el 26% considera que está peor.

En los temas específicos, en prácticamente todos los temas, hay opiniones desfavorables respecto a la gestión de AMLO. Destacan la opinión negativa respecto al combate a la pobreza y a la corrupción. 2 de las banderas fundamentales de este gobierno.

La economía tiene un rostro de claroscuros. El crecimiento se ha desplomado. En marzo fue negativo y en abril, apenas creció. El ritmo de creación de empleos va para abajo. Pero, en contraste, se ha mantenido la estabilidad con base en una férrea disciplina fiscal y con la autonomía plena del Banco de México.

El gobierno de AMLO tomó la decisión de ratificar la integración a la economía norteamericana, y para conseguirlo, no ha dudado en ponerse como blanco de las críticas de las políticas de migración. Ni modo, es el costo de tener el respaldo de EU, como garantía de que haya una economía estable.

Durante tanto tiempo las izquierdas se quejaron del triunfalismo de los gobernantes en sus informes que resulta paradójico que hoy aplaudan con tanto entusiasmo el informe (¿o preinforme?) más triunfalista de la historia.

Es verdad que López Obrador no ofreció información nueva. Todas las mañanas, en sus primeras 145 conferencias de prensa, ha ofrecido pequeños informes que ayer incluyó en un texto más largo. Hay que aplaudirle el esfuerzo de dar transparencia al ejercicio de gobierno en un país en que los presidentes se resistían a hablar con periodistas, pero el optimismo de todas las mañanas ("vamos bien, requetebién") se desbordó ayer.

Los conceptos eran los mismos de siempre, pero aumentados. Los gobiernos anteriores no fueron más que "un régimen corrupto y despiadado". Hoy no vemos un simple cambio de administración, sino la construcción de "una patria nueva". "Con lo conseguido en siete meses bastaría para demostrar que no ha sido más de lo mismo".

El gobierno ya no permite ni tolera la corrupción. "Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo". Se redujo el robo de combustible en 94%. 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial han dejado de cuidar al presidente porque "al presidente lo cuida la gente".

En las compras de gobierno "hemos obtenido ahorros por 113,000 millones de pesos". Se han eliminado secretarios particulares, directores generales adjuntos, delegados en los estados y otros cargos. Lo que no dijo el mandatario es que los recortes han afectado también servicios importantes, como la salud pública. Quienes tienen mayor influencia política pueden revertir los recortes, como ocurrió con el Instituto Mexicano de la Radio, pero otras instituciones están enfrentando crecientes dificultades para cumplir con sus responsabilidades.

López Obrador presentó como grandes victorias acciones lamentables. "Ya se canceló la mal llamada reforma educativa", dijo, cuando en realidad se ha borrado la oportunidad de elevar la calidad de las escuelas públicas contratando a mejores maestros y evaluándolos.

El aeropuerto de Texcoco también se canceló, dijo, porque "ustedes lo decidieron". La realidad es que las encuestas señalaban que el proyecto era apoyado por la mayoría, pero la consulta fue hecha para arrojar el resultado que el presidente quería. López Obrador reconoció que "Ya se inició la construcción de la refinería de Dos Bocas", pero el proyecto no cuenta todavía con todos los permisos y estudios necesarios. En contraste, los estudios ambientales del aeropuerto de Santa Lucía se están haciendo con mucho cuidado para evitar "campañas de sabotaje legal".

Para el presidente la función del gobierno, más que proveer servicios públicos, es repartir dinero a los pobres. Así, mientras el gobierno recorta el gasto público, incluida la inversión, eleva fuertemente las dádivas a estudiantes, campesinos, adultos mayores y otros grupos. Es positivo que se ayude a quienes más lo necesitan sin pasar por intermediarios, pero los recortes se están haciendo sin prestar atención a los problemas que están generando.

Todo gobierno tiene aspectos positivos y negativos y el de López Obrador no es excepción. Su triunfalismo, sin embargo, rebasa todos los límites que hemos conocido. Este optimismo desbordado puede convertirse en una trampa que le impida ver los riesgos que algunas de sus políticas están generando.

No se trata del 1er. Informe oficial de gobierno, pero para efectos prácticos sí lo es, pues López Obrador empezó a tomar decisiones al día siguiente de su elección. Eso, en virtud del presunto acuerdo con Enrique Peña Nieto a cambio de su impunidad. Y dado que el evento de hoy es un buen escaparate para la permanente campaña electoral de AMLO, seguro tendremos 2 informes de gobierno al año durante este sexenio. De ahí la fiesta de hoy (más urgente que ir a Osaka).

Oiremos en este 1er. Informe informal los datos alternativos de López Obrador que demostrarán que la economía va bien, a diferencia de lo que sugieren los indicadores y pronósticos de bancos, analistas y calificadoras. Los datos oficiales señalan que se han perdido empleos en virtud del "austericidio" practicado con sierra eléctrica en dependencias y programas federales. Lo cual ha provocado graves deficiencias en materia de salud, ecología, seguridad, educación, turismo y ciencia (que es neoliberal). Se ofreció que los recursos captados al recortar los elevados ingresos y privilegios de la "burocracia dorada" servirían para elevar los salarios de la base burocrática. No ocurrió.

Dicha política, en lugar de corregir lo que podría mejorarse (y limpiar la corrupción), ha afectado no tanto a las élites privilegiadas sino justo a los menos favorecidos. Es decir, más que un papel de Robin Hood tradicional (quitar recursos a los ricos para pasarlos a los pobres), este gobierno parece estar jugando a un Robin Hood "horizontal", que quita fondos y servicios a algunos sectores necesitados para dárselos a otros segmentos desfavorecidos con propósitos clientelares.

Los indicadores económicos tampoco van bien; desaceleración económica, menos empleo, inversión contenida, incumplimiento de contratos de Estado, y bajas perspectivas de crecimiento. Lo cual coincide con lo que sucede en los últimos gobiernos el 1er. año, pero se teme que la tendencia actual no sea coyuntural, sino estructural por el tipo de decisiones que se han tomado (cancelación de proyectos productivos y su sustitución por elefantes blancos), y la forma en que se han hecho (consultas sesgadas, a mano alzada o incluso a la Madre Tierra). El simbolismo político suplanta la racionalidad económica, sin importar el costo. Señal de ello es la propuesta de inundar el NAIM -símbolo del neoliberalismo- para que nadie ose rehabilitarlo después.

Políticamente, viene la gradual subordinación o sustitución de instituciones de Estado autónomas, que si bien pueden ser perfectibles para dotarlas de mayor autonomía, son puestas bajo control presidencial. Lo hemos visto ya en varios casos y están en la mira otros más (INE, CNDH). Y en cuanto a la impunidad, se le combate con dureza... retóricamente. Diario se mencionan varias veces la corrupción y la impunidad; que ya no hay. Pero los corruptos de ayer no rendirán cuentas, al fin que ya no podrán robar de aquí en adelante. Como quien dice "lo caído, caído".

Y de la República Amorosa, otra bonita promesa de campaña, ni qué decir. Lejos de haberse aplacado la polarización típica de los procesos electorales, ha continuado y se profundiza alentada por el dedo flamígero agitado desde el púlpito presidencial. Mientras tanto, Trump nos pone su bota en el cuello e impone condiciones humillantes. Mas no se ve disposición para reconocer errores y corregir el rumbo. Es una presunta revolución que podría terminar en involución. Un universo paralelo, donde gobernar es cuestión de sentido común, pues no requiere de mayor ciencia. Pero, como decía Maquiavelo, al príncipe debe evaluársele no por sus intenciones, sino por sus resultados.

López Obrador es un presidente que entiende la importancia de los mitos y de los símbolos. Esta celebración de su triunfo electoral del 1o. de julio de 2018 es un nuevo paso en la creación de un culto a su persona. El presidente que da conferencias de prensa todos los días, y que repite constantemente sus "otros datos", aun cuando no sean los mismos que su propio gobierno emite de manera oficial, no necesita un informe de gobierno adicional. Lo que sí quiere son ceremonias que ayuden a crear la idea de que esta 4a. Transformación es un cambio histórico para el país.

El presidente recibió una economía estable y ha mantenido la disciplina fiscal. Prometió que crecería al 4% desde el 1er. año. Los pronósticos para este 2019 ya van abajo del 1%. El último trimestre fue de números rojos y la inversión está parada.

Hizo lo que para sus estándares es un fraude electoral a modo de consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco. A un año, su alternativa, Santa Lucía, no tiene aún autorización ambiental ni estudios aeronáuticos que la avalen. Del Tren Maya no hay un riel y la refinería de Dos Bocas es hasta ahora un terreno deshierbado.

Recibió Pemex en crisis. La crisis en Pemex está peor. Sus calificaciones crediticias han bajado, su proyecto de rescate no convence y es tal la desconfianza, que lo que sería un habitual refinanciamiento de su deuda lo tiene que cabildear el presidente con los grandes bancos y presumirlo como un magnífico logro económico.

Mayo de 2019 fue el peor mes del empleo desde que el planeta entero estaba en crisis económica. Cayó 88%.

Lanzó una campaña de combate al huachicol que trajo desabasto de combustibles en 8 estados. Las cifras oficiales de ventas de Pemex muestran que el huachicol no ha bajado.

Ofreció "abrazos, no balazos" y sacar al Ejército de las calles. A un año, su plan principal fue crear una Guardia Nacional, aprobada por unanimidad y conformada sobre todo por militares. Su 1a. gran misión es detener migrantes, no delincuentes.

Recibió un país brutalmente violento. Está peor. El 1er. cuatrimestre de 2019 ha sido el más violento de la última década. La cifra de ejecuciones en el 1er. trimestre es récord histórico.

El programa "Jóvenes construyendo el futuro" tiene ya a cientos de miles de afiliados que por lo menos no coquetean con la maña.

Aprobó una ley que busca saldar una vieja deuda nacional: dignifica a las trabajadoras del hogar.

Despojó al poder político de excesos y lujos de un día para otro. En el camino de la austeridad y el fin de la corrupción, recortó fondos a estancias infantiles, a refugios para mujeres golpeadas, a la cultura, el deporte y la ciencia. Frenó la compra de medicinas y hospitales sufren aún de desabasto.

El 1er. proceso relacionado con corrupción en esta administración fue contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Siguió respaldando el T-MEC, lo ratificó en el congreso y cumplió su compromiso con Estados Unidos de hacer una reforma laboral que favorece la democracia sindical.

No toca a Donald Trump y tras su amenaza de aranceles, cambió por completo su política migratoria: de "puertas abiertas" a fronteras cerradas. Más de 20,000 militares detienen el flujo de migrantes en norte y sur. Hoy Trump hace campaña de reelección con México de la mano.

Frente a la crisis de Venezuela, México se puso más del lado de Maduro que de sus opositores.

Derogó la reforma educativa, pero no totalmente. Después de los bloqueos ferroviarios de la CNTE, negoció con ellos que redactaran la nueva ley educativa. También con el SNTE y con La Maestra Elba Esther Gordillo, quien salió libre un mes después de la elección presidencial.

No se metió en las elecciones de este año. Ganó las 2 gubernaturas en juego.

Difama y calumnia a todo aquel que discrepe de su punto de vista. La conferencia mañanera es su hoguera para ajustar cuentas, su método para girar instrucciones, su vía para fijar agenda, su plataforma de campaña y el pulso más diáfano de su estado de ánimo.

A partir del 1 de diciembre que protestó como presidente, López Obrador no hizo más que intensificar su agenda y marcarla con su conferencia de prensa mañanera diaria desde donde condena a sus adversarios "fifís", "conservadores", "neoliberales", hace anuncios de sus políticas de gobierno, contradice a los miembros de su gabinete, descalifica las críticas a su gobierno porque él "tiene otros datos", defiende sus consultas a mano alzada. Pontifica y dicta la agenda diaria desde esa especie de púlpito presidencial con su estilo semilento de verbalizar sus mensajes que a veces rayan en la homilía.

Pese al inicio del despliegue de la Guardia Nacional ayer, López Obrador poco tiene que decir de resultados en el tema de seguridad que sigue siendo la demanda social número 1 y de la marcha económica el país es poco probable que haga una autocrítica, Más bien lo que escucharemos será la "realidad alternativa" que ve un hábil político que festeja un año de conquistar el poder, pero que está lejos de afianzar su gobierno y mucho más de transformar el régimen.

El régimen de partidos con todos sus problemas, bastante críticos, sigue vivo; las instituciones fundamentales de la República y la división de poderes funcionan y las presiones de López Obrador a la postre han servido para demarcar claramente sus diferencias. Hay, sin embargo, otras instituciones, todas aquellas que hemos creado para evitar la arbitrariedad del Estado, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta la Comisión Reguladora de Energía, por citar solo 2 de las más vapuleadas, que han sido objeto de persecución de parte de un presidente que no le gustan los contrapesos más allá de los esenciales de la República. Para él todos los organismos autónomos o descentralizados no solo le quitan margen de decisión a la presidencia, sino que le quitan recursos para su proyecto de nación.

Lo más controvertido sin embargo en este año de mandar y 7 meses de gobierno de López Obrador ha sido su constante afán por polarizar, nombrar al enemigo, descalificar, su uso del discurso como una forma de ejercicio del poder. Si algo ha logrado el presidente en estos meses es imponer el habla y los temas de discusión; ha usado la confrontación y la banalización como una forma de identificación de los suyos frente a ese otro imaginario, pues no tiene nombre ni rostro, y que representa todos los males.

Nadie puede decir, un años después, que México no ha cambiado, aunque esté muy poco claro a dónde vamos.

No faltó -¡no podía faltar...!- la admonición moralista, más propia de homilía parroquial que de discurso presidencial, en la arenga que el presidente López Obrador dirigió a los 70,000 miembros de la Guardia Nacional que ayer entraron en operación, con una doble encomienda sobre sus espaldas: combatir la inseguridad -clamor generalizado de los habitantes de este bendito país- y, de paso, "llevar a cabo la (cacareada) 4a. transformación de la vida pública de México"...

Fue esta: "Es mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra".

[¿Por qué no ha puesto la muestra con sus propios hijos? - pregunta el webmaster.]

Dijo el presidente, en el mismo acto, tangencialmente, que "está bien la economía, vamos bien en política, no se tolera la corrupción ni la impunidad, se aplica el programa de bienestar más importante en beneficio de México...".

Por supuesto, eso habría que someterlo a la consideración de la opinión pública... y, de preferencia, comprobarlo. Vale, en tanto, como presunción a beneficio de inventario, a partir de la premisa de que, cuando deben contrastarse sus dichos con los hechos, él, como los tahúres que saben esconderse en la manga la carta del triunfo, siempre tiene "otros datos"...

La declaración del senador Ricardo Monreal sobre un gabinete que dejaba qué desear y no acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue públicamente compartida por él, quien de esta manera escondió del público lo que prepara en privado, el ajuste de su equipo y una reorientación de su gobierno. Monreal no es el único cercano al presidente que ha hablado con él sobre el gabinete, que se ha venido revisando desde mayo. La semana pasada hubo reuniones en Palacio Nacional donde se discutieron esos cambios. Pero lo más importante, de acuerdo con lo trascendido, no fueron las personas sino el rumbo que el presidente quiere imponer a la siguiente etapa de su administración.

Quedó el entendido que López Obrador quiere un cambio radical dentro de su gobierno, pero lo que no quedó del todo claro, por lo difícil que es descifrar al presidente y lo incierto de sus decisiones, es hacia dónde realmente quiere dirigirse para saber qué aires oxigenarán su golpe de timón. En el interior del gobierno hay confrontación entre el sector moderado del gabinete y el sector radical, donde hay líneas claras que los definen.

El moderado es el más capacitado técnica y políticamente, que es el que busca contener aquellas políticas que le han hecho daño -como los enfrentamientos con sectores o incumplimientos de promesas, como no suspender subastas en el sector energético-, mientras que el ala radical se caracteriza por ser dócil a las instrucciones presidenciales y, en términos de capacidad, más limitada.

Los radicales en el gobierno son los que han encabezado las acciones que más daño le han hecho López Obrador -además del sector energético, el social, por ejemplo-, aunque también lo ha mermado la incapacidad en varias áreas, como documentó la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por GEA-Isa, ya sea por la deficiencia de políticas "adecuadas", carencia de personal experimentado, así como recortes presupuestales "autoimpuestos y desmedidos" que redujeron la capacidad de operación y registraron 6 crisis que pudieron no darse. El estudio las enumeró:

1. Desabasto de gasolina en el centro y occidente del país por la reducción de importaciones y el cierre innecesario de ductos para combatir el huachicol.
2. Crisis de violencia sin contención, por la ausencia de instituciones y estrategias.
3. Contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por los recortes presupuestales y el mal manejo de la emergencia.
4. Deficiencias "severas" en la prestación de servicios de salud por la desaparición de Prospera y Seguro Popular, los recortes presupuestales, las licitaciones tardías y los despidos de personal.
5. Degradación de la calificación crediticia de Pemex por la ausencia de un plan eficaz de rescate, y la decisión presidencial de hacer la refinería de Dos Bocas.
6. Crisis migratoria y conflicto con el presidente Donald Trump por la política inicial de puertas abiertas a los inmigrantes centroamericanos y de otras nacionalidades.

Al final todo queda en la manera como López Obrador concibe su trabajo y su funcionalidad, al ser el eje de todo, y de quien depende si qué ala se impone dentro de su gobierno y en el diseño de su plan de navegación. Hasta ahora, el radicalismo que lleva adentro lo ha inspirado.

Los moderados en el gobierno, ha trascendido, están llegando a la frontera de lo posible para resistir, porque tampoco hay mucho espacio para que puedan seguir apuntalando a un gobierno y buscando persuadir al presidente de tomar acciones ante los pronósticos negativos sobre el crecimiento y el diagnóstico que ven bancos, consultoras e instituciones financieras en México y el mundo, para que no aísle sus decisiones o las empaquete con fines político-electorales. La posibilidad que le dejaron sobre la mesa es que esa ala moderada, de mantenerse la línea actual, se irá del gobierno, ante los altos costos que estarán pagando por avalar acciones en las que no creen, y que van en detrimento directo de su prestigio profesional.

Dentro del ala radical hay quien argumenta que las advertencias sobre la economía no son reales, ante indicadores sobre consumo y empleo, sin explicar que los mexicanos siguen teniendo dinero por las tasas de interés, las transferencias directas de recursos no productivos y mejoría salarial por el incremento al salario mínimo.

En el mediano plazo, salvo que haya un milagro, esto se desvanecerá porque la macroeconomía terminará arrollando lo micro. Guillermo Valdés, socio de GEA, lo explica de manera clara: se vienen juntando todos los elementos debajo del centro -que son las personas que tienen liquidez- que están abriendo un socavón, donde tarde o temprano, todos caerán. La visión del presidente sobre lo que no se ajusta a su realidad, es totalmente distinta, que es lo que tratan de conciliar con él los moderados, que piensan que el golpe de timón tiene que alejarse de la radicalización. Ir en esa dirección, cierto, es afectar a los duros en su gobierno, que van ganando la partida sin comprender lo que su victoria significaría en estos momentos económicamente tan delicados para el país.

Diferentes colectivos de personas se manifestaron en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Yucatán, en un gesto de desaprobación al evento que realizará hoy el presidente López Obrador, a un año de su triunfo electoral en 2018.

La marcha la organizó "Chalecos México" junto con el Congreso Nacional Ciudadano y Voces del Contrapeso.

Aunque la respuesta en "las benditas redes sociales" no se dejó esperar por parte de los seguidores convencidos ($$$) del actuar de las autoridades, las marchas de protesta que se visualizaron durante el fin de semana próximo pasado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su forma de gobierno, de parte de quienes ellos califican como fifís y/o ricachones a favor de la corrupción, son una manifestación real del rechazo que miles de personas enteradas de la situación crítica que se está viviendo en el país, pusieron de manifiesto por lo menos en las ciudades capitales más importantes de la nación.

Como era de esperarse, la presencia en las calles de la Ciudad de México fue mucho más abundante que en las entidades del interior del país, pero de que hubo participación de la gente, no hay la menor duda, incluso con independencia de las cifras oficiales y las de las organizaciones que coordinaron las acciones de protesta.

De acuerdo a la que se pudo observar, la población civil que salió a las calles a pedir la renuncia de AMLO y lo califica de "traidor de la patria", son personas que de una u otra manera están padeciendo en carne propia los estragos de las decisiones adoptadas por el mandatario, ya sea como ex empleados de alguna dependencia, madres de familia perjudicadas con el retiro del apoyo a las estancias infantiles, trabajadores que perdieron su trabajo con la suspensión de la obra pública y otros tantos que se dicen engañados por las promesas de campaña que a final de cuentas no se han cumplido.

Con gritos de "¡México, México, México!", cientos de personas se manifestaron este domingo desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un día antes de cumplir un año de haber ganado las elecciones presidenciales.

La marcha la organiza "Chalecos México" junto con el Congreso Nacional Ciudadano y Voces del Contrapeso.

Los manifestantes, vestidos en su mayoría de color blanco, avanzaron gritando consignas contra el presidente.

El periodista Pedro Ferriz de Con encabezó el mitin celebrado en la Plaza de la República y cuestionó si el 1 de julio de 2018, el "pueblo tomó una decisión inteligente" y tras señalar que en la marcha se concentra "la inteligencia del país", aseguró que "Sin nuestra voz no habrá ni un solo matiz que se oponga a la debacle que está cayendo frente a nuestros ojos".

No es la 1a. vez que México ayuda con dinero o en especie (especie llamada petróleo) a Centroamérica. Ya desde los tiempos en que administrábamos la abundancia, es decir en el docenio Echeverría-López Portillo, y también después, el gobierno mexicano ha apoyado, con o sin crisis migratoria, a dichos países. ¿Resultados? Los observables.

El donativo mexicano es de 100 millones de dólares en favor de un programa de reforestación que daría trabajo a personas en 3 países. Por lo pronto, treinta se han etiquetado para El Salvador, que en materia de donativos tiene ya una historia, recordemos el caso de los 10 millones de dólares que el presidente Flores recibió de Taiwán en su momento, y que fueron luego materia de una grave acusación por desvío.

Después de enviar a la guardia nacional a "contener" migrantes, había que suavizar el golpe, aun a costa del erario, pues el orgullo mexicano se estaba viendo muy deteriorado, eso de arrodillarse ante el poderoso, traicionando caros ideales, la verdad, no era fácil de sufrir.

Alrededor de 5,000 elementos de Seguridad Pública serán desplegados mañana con motivo del acto que encabezará en la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de su triunfo en las elecciones federales de 2018.

Al igual que el PRD, el PAN solicitó cancelar el acto masivo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino), con motivo del 1er. aniversario de su triunfo en la elección presidencial.

En quejas con solicitud de medidas cautelares se pidió al INE iniciar un procedimiento especial sancionador en contra del titular del ejecutivo federal, por presunta vulneración a la prohibición a la promoción personalizada de servidores públicos establecida en el Artículo 134 de la Constitución.

La solicitud de medidas cautelares es también para retirar la propaganda que llama al evento, la cual ha sido desplegada en la página web de la Presidencia de la República y en sus redes sociales.

En los alegatos se indica que sólo procede la rendición de informes de gobierno o legislativos una vez al año y el Presidente cumple su 1er. año de gestión el 1 de diciembre, ocasión en la que informará a la nación sobre ese periodo a cargo de la administración federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el dinero para construir caminos debe ser entregado al pueblo y no a los contratistas "como si fuese una gran ciencia hacer un camino".

Durante la “Supervisión del Programa de Construcción de caminos de acceso a cabeceras municipales de Oaxaca” pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, entregar de manera directa a pueblos el dinero para pavimentar caminos.

Esto como parte de su promesa de que no contratará a empresas para hacer estas obras, pues será el mismo gobierno quien lo haga y dé empleo a los vecinos del lugar.

Ayer se presentó en el municipio de San Juan Atepec para supervisar las obras.

Desde que tomó las riendas del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador -en una forma similar al presidente de Estados Unidos Donald Trump-, no ha parado su campaña política, señaló el diario británico, The Guardian.

Sin embargo, López Obrador ha dejado a un lado compromisos importantes en materia de política exterior como asistir a la reunión de lideres mundiales del G20 que se celebra en Japón.

"Su gobierno apenas firmó un nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, y sus diplomáticos lograron eludir aranceles punitivos de los Estados Unidos, pero Andrés Manuel López Obrador siempre ha mostrado una abrumadora falta de interés en los asuntos exteriores", señala el artículo firmado por el reportero David Agren.

A diferencia de Trump, AMLO ha mantenido su gran popularidad, con una aprobación de casi 70% de los ciudadanos mexicanos, en gran medida por la percepción colectiva de un cambio en un sistema político plagado de corrupción y privilegios.

La publicación también remarca que el presidente mexicano ha aumentado el gasto social y disminuido el gasto corriente del gobierno a través del despido de miles de serviores públicos, mientras despliega al ejército para labores de seguridad y se apoya de lideres evangélicos para la difusión de su "agenda moral".

Especialistas citados por el artículo señalan que AMLO es "un populista en términos distributivos, pero un conservador en temas sociales".

El artículo también se enfoca en que AMLO ha impulsado una serie de megaproyectos, que incluyen ferrocarriles y una refinería masiva, comenzando la construcción antes de terminar los estudios de impacto ambiental y las consultas con los pueblos indígenas.

"Igual que Trump, López Obrador a mundo arremete contra los medios de comunicación por las críticas hostiles, y los reporteros críticos constantemente se convierten en el blanco de las redes sociales de los partidarios del presidente", se puede leer en el portal británico.

Con pancartas contra las acciones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador y mensajes como "AMLO traidor", cerca de 80 personas del colectivo Xiudadanos Voz y Libertad se manifestaron en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Pablo Medina, uno de los organizadores, explicó que "festejamos que, con la ley en mano, es posible detener las tonterías de López Obrador. Específicamente en el tema de los aeropuertos y fondos federales". Xiudadanos forma parte del grupo "No más derroches" de la Ciudad de México, con el que, según dijo, se ha logrado que se detenga la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Los integrantes prepararon 2 escritos para hacer llegar al Congreso de la Unión con el fin de "ordenar" a los diputados federales y senadores del estado "que exhorten al presidente a que saque las reglas de dónde se está sacando el dinero y cómo se está gastando". Además, invitaron a los participantes a firmarlos con su nombre y clave de elector.

De acuerdo con Medina, esta es la 5a. manifestación que realiza el colectivo y, según Medina, continuarán para evitar que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el 1er. mandatario sigan con el "poder" que tienen.

También indicó que el movimiento es jalisciense y buscan que, en las siguientes elecciones, "no salga ni un solo distrito a favor de Morena porque diputados y senadores no sirven a México, sino a López Obrador y olvidan que fueron elegidos por los mexicanos".

En el lugar, los organizadores también parodiaron a AMLO con una máscara mientras los asistentes gritaban "¡fuera!" y "¡eres un traidor!"

"¡Fuera, fuera!" "¡AMLO, eres un traidor!" Fueron las consignas, además de rechiflas y cartulinas con las mismas leyendas, que una ochentena de personas, pertenecientes al colectivo Xiudadanos, Voz y Libertad, consignaron y mostraron en una protesta anti lopezobradorcista.

La reunión inició en el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, para después partir con rumbo hacia la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Entre los organizadores estaba Pablo Medina, quien destacó por su intensa participación en la marcha de protesta.

"Esto es un festejo. Un festejo de protesta. Y protestamos que, con la ley en mano, es posible detener las tonterías de López Obrador. Específicamente en el tema de los aeropuertos y fondos federales".

De igual manera pidieron la destitución del delegado federal, en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, por presuntas irregularidades.

A Hugo Chávez le encantaba celebrar el día en que había dado un fallido golpe de estado. Ahora México tiene un megalómano parecido, ansioso por conmemorar la fecha mágica en que el pueblo le entregó la Presidencia de la República.

El evento de Tijuana fue un adecuado preámbulo para el próximo homenaje a la egolatría lopista, entonces era un supuesto acto de unidad nacional ante Donald Trump, ahora se trata de una especie de informe de gobierno con una multitud a modo.

Andrés Manuel López Obrador no necesita pretextos para convocar a las masas. Ahora será presentar su verdad en torno a la economía nacional. Porque el PIB crecerá 2% o más, la creación de empleos sube, el crimen baja, y así muchas otros sucesos maravillosos. Poco importa que las fuentes oficiales presenten números que no empatan con esos dichos. Ya se sabe: el presidente es rey de los "otros datos". Es el único habitante de esa realidad alterna que comparte cada mañana. Cuando se estrella ante una pared, se lanza de nuevo. La necedad es su estrategia, el "me canso, ganso" su grito de guerra.

El 1er. día de julio alcanzó ese sueño que persiguió por 3 sexenios. No tiene importancia que este año caiga en lunes, una fecha tan trascendente es inamovible. No sería sorprendente que en un futuro cercano se proclame dicha efeméride como algo extraordinario en el calendario de la República (¿Día de la Democracia?) y se instituya como feriado obligatorio. Porque ese día millones de votantes lograron derribar al fraude electoral y defenestrar a la mafia del poder. En esa fecha inició una nueva etapa en la Historia (con mayúscula) de México, un periodo comparable con la gesta de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución. Por ello se celebrará cuando corresponde.

Sin preguntas potencialmente incómodas o gráficas que no reflejan plenamente sus dichos, desde ese templete que prefiere en lugar del escritorio presidencial, López Obrador presentará a esa multitud que lo vitoreará hasta enronquecer las mágicas cifras de esa 4a. transformación.

Será apoteósico, porque el país se encuentra claramente en el camino del bienestar. Primero, claro, los pobres, son los beneficiarios de esas políticas públicas que a la par arrasan con la corrupción y llevan el dinero público a los más necesitados. Nada de recursos etiquetados, reglados, con engorrosos procesos burocráticos. El dinero sí tiene una etiqueta, aunque no se despliegue: 'AMLO'. Y tiene destinatarios claros: una clientela política cuya fidelidad será comprada una y otra vez.

Ajenos al festejo estarán las víctimas colaterales de esa generosidad presidencial. Los niños sin quimioterapias, los adultos sin retrovirales, las mujeres violentadas sin albergues, las madres e hijos sin estancias infantiles, los funcionarios despedidos o los niños de nuevo forzados a llevar clases con 'profesores' de la CNTE. Otros ausentes serán aquellos que ahora deben pagar su medicina o consulta médica en el sector privado o los muertos por fallas en la prevención del dengue.

La fiesta del ganso será en realidad el homenaje a un megalómano y su cadena de irresponsabilidad e ineptitud, de un proyecto de gobierno improvisado que llevará, con suerte, a una caída del crecimiento y en el peor escenario a una fuerte crisis. Será la celebración de un desastre que ya suma numerosas vidas destrozadas, y muchas más que se acumularán con los años, y que no tienen ni tendrán nada por celebrar en esa u otra fecha.

El respeto a los contratos es uno de los cimientos fundamentales del Estado de Derecho y de una economía de mercado. Un contrato es una promesa. Una persona, una empresa o un gobierno que rompen sus contratos tendrán muchas dificultades para lograr otros acuerdos o inversiones.

Por eso preocupa tanto la actitud de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno de México de desconocer los contratos firmados con empresas que han construido gasoductos en el país con la confianza de que en México se respetan los contratos. Independientemente de las pérdidas que dejarán los gasoductos, el país sufrirá un daño moral enorme por violar acuerdos suscritos de buena fe.

El embajador canadiense Pierre Alarie expresó su preocupación en su ya famoso tweet en el que señaló que, a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad "no desea respetar los contratos de gasoductos". El Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan fue concluido el 11 de junio por Infraestructura Marina del Golfo, propiedad de IEnova (filial de la estadounidense Sempra) y de TC Energy (antes TransCanada); pero la CFE, en lugar de emitir una constancia de aceptación de la operación comercial, dio inicio a un arbitraje para pedir la nulidad de varias cláusulas del contrato. De la misma manera, el 26 de junio la CFE promovió también un arbitraje contra Grupo Carso pidiendo la nulidad de varias cláusulas del contrato para la construcción y operación del gasoducto Samalayuca-Sásabe. Grupo Carso, empero, no tiene un embajador que lo defienda.

El presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones que los contratos firmados por la CFE con estas y otras empresas son "leoninos", pero las reglas las estableció la propia Comisión como requisito para la licitación. Las disposiciones, por otra parte, son bastante similares a las que se utilizan en otros lugares para este tipo de proyectos.

El problema del presidente es ideológico. Está convencido de que el gobierno debe hacerse cargo directamente de una amplia gama de actividades productivas. Por eso se niega a licitar nuevos contratos de petróleo o de electricidad y por eso entrega al Ejército la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y a la Marina las labores para impedir que el sargazo llegue a las costas de Quintana Roo. Su visión es estatista. Le molesta que los nuevos gasoductos sean operados por empresas privadas.

Nadie cuestiona a un presidente con un claro mandato de las urnas el afán de imponer su visión estatista en las nuevas obras, pero es muy peligroso revocar contratos no solo firmados sino completados o a punto de concluirse. El Gasoducto Marino requirió una inversión de 2,500 millones de dólares. El presidente no puede decir hoy que quiere cambiar las reglas del juego una vez que se han terminado los trabajos.

López Obrador ha declarado que "se va a buscar que mediante la conciliación que se resuelva el problema [sic]". Buscar un arbitraje para anular el contrato, sin embargo, no es un acto de conciliación. Es verdad que, como afirmaba Maquiavelo, "a un príncipe nunca le faltan razones legítimas para violar una promesa", solo que violar contratos o promesas tiene costos elevados. Significa que quienes quieran invertir en México no tendrán ya la confianza de que un contrato firmado por una empresa gubernamental será respetado. Y si no hay confianza no habrá inversión, ni el país podrá crecer para generar empleos y prosperidad.

El fallo de la compra consolidada de medicamentos y material de curación fue pospuesto hasta las 23:59 horas de este viernes.

A través del documento "habilitación de horas", la Secretaría de Salud informó que el fallo ya no sería a las 17:00 horas como estaba previsto.

Este retraso se suma a los que han caracterizado la licitación LA-012000991-E82-2019; hay que recordar que la convocatoria se publicó 30 días después de lo previsto, la Junta de Aclaraciones se pospuso en más de 3 ocasiones y la presentación de propuestas sufrió una demora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó con la caída del sistema de la plataforma CompraNet.

Para Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), está licitación ha tenido un proceso atropellado y confía que para compras posteriores haya mejor planeación, pues de lo contrario lo que más está en riesgo es la salud de los mexicanos.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial lamentó el nuevo retrasó aunque no le tomó por sorpresa.

"No me sorprende y este cambio en el horario no abona nada bueno, no genera confianza. Esperemos que la decisión final priorice a los pacientes, la calidad de los medicamentos, y la seguridad de las personas", subrayó.

Argentina y Brasil quieren jugar en la 1a. división en las discusiones mundiales y por ello sus presidentes apuntaron al Grupo de los 20 en Japón. China e Indonesia aprovecharon este 2019 para anotar sus avances en alianzas económicas y diplomáticas. Este foro es de los pocos espacios donde los países más fuertes del globo discuten al mismo nivel y pueden equilibrar a Estados Unidos. Requiere que se le tome con seriedad.

La cumbre anterior en Buenos Aires sentó un precedente para diferenciar los temas del presente con los del pasado. El mañana son las energías limpias, la infraestructura para el comercio y la educación de calidad para tener pueblos más productivos. El pasado son las burocracias lentas, los negocios que afectan las reservas naturales, al medio ambiente y las decisiones unilaterales de los gobiernos. Se enfatizó: "Reconocemos oportunidades de innovación, crecimiento y creación de empleo mediante inversiones mayores en fuentes de energías renovables, tecnologías e infraestructura".

Los mexicanos tienen en el G20 ese acceso a la 1a. división de las decisiones mundiales, el conformarse con la 2a. o la 3a. liga, no sólo es un error sino un retroceso histórico.

Un juez federal concedió el 1er. amparo contra la decisión del gobierno federal de cancelar el programa de Estancias Infantiles.

El juicio de amparo 674/2019 fue tramitado en abril pasado y ayer el Juez 2o. de Distrito con sede en Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, concedió la protección federal a Viviana "N", quien tramitó el amparo a nombre de su hijo y Yadira "N", operadora de la estancia infantil a la que asistía el menor para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, les restablezca el apoyo que recibían conforme a las reglas de 2018.

Es decir, que no se aplique la reducción presupuestal prevista en las reglas de operación emitidas en febrero pasado por el gobierno federal, que implicaban un pago de 800 pesos por niño en lugar de 950 pesos mensuales, y que los recursos se entreguen a la responsable de la estancia infantil y no a los padres de familia, como estableció la Secretaría de Bienestar.

La sentencia fue emitida este jueves, por lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador puede impugnarla mediante un recurso de revisión.

El juez indicó que si las adecuaciones presupuestarias que realice la Secretaría de Bienestar no resultan suficientes para entregar los montos conforme a lo ordenado en la sentencia, la Cámara de Diputados debe realizar lo necesario para que la reducción presupuestal prevista para el ejercicio 2019 no le afecte a la operadora de la estancia infantil que ganó el amparo.

El Juzgado 8o. de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva que se promovió contra la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM).

La resolución, emitida dentro del expediente 669/2019, es uno de los 147 amparos promovidos por organizaciones civiles representadas en el colectivo #NoMásDerroches para evitar que se construya el Aeropuerto Internacional en la Base Aérea de Santa Lucía.

Diversos jueces han emitido suspensiones provisionales y definitivas bajo el argumento de que no se cuenta con una manifestación de impacto ambiental para construir la nueva terminal aérea en las instalaciones militares.

El jueves, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impugnó ante el 3er. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 2o. Circuito, una de las suspensiones definitivas que se habían concedido en días anteriores por el Juzgado 13o. de Distrito del Estado de México.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el dictamen de impacto ambiental para la obra en Santa Lucía, iba a llevar más tiempo de lo esperado, para que la determinación se presente en forma y sin errores.

Si preguntamos a cualquier mexicano ¿cuál es la principal promesa de campaña de López Obrador, lo que le hizo ganar las elecciones y el corazón de su administración?, la respuesta sin duda es: acabar con la corrupción.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC) que por 1a. vez ha sido elaborado, México aparece en el antepenúltimo sitio, sólo arriba de Venezuela y Guatemala.

Muchos defensores de AMLO y la 4T dirán que en los casi 6 [¿7?] meses que lleva la actual administración es imposible revertir décadas de corrupción. Cierto. Este mal no se arregla de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos ver de la noche a la mañana es si los pasos que se han comenzado a dar van en la dirección correcta, lo cual no es posible afirmar cuando se exonera o se pacta con corruptos del pasado, cuando la investigación de casos de corrupción y la aplicación de la ley es selectiva, o cuando el 74% de las compras y contrataciones del gobierno se hacen por medio de adjudicaciones directas, haciendo de la excepción la regla y contraviniendo lo que claramente establece el Artículo 134 de la Constitución: "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas...".

El reporte de México en el Índice CCC habla de una "ausencia de progreso" en el combate a la corrupción y menciona como una de las preocupaciones clave, la independencia y eficiencia del sistema judicial mexicano, en el que los juzgados continúan propensos a la intromisión política, señalando que si acaso hay una fuerza anticorrupción en México, ésta está fuera de la esfera del gobierno, y corresponde a los esfuerzos que la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado han hecho. Y a pesar de ello, el propio presidente acusa a estas organizaciones de ser "fifís conservadoras" que buscan mantener privilegios, cuando han sido las más activas en la promoción de leyes anticorrupción, en muchos casos luchando contra el propio gobierno para lograr su aprobación y/o correcta aplicación y en otros más haciendo el trabajo de investigación que las autoridades debieran hacer para sacar a luz y castigar casos de corrupción.

El reporte menciona también que el compromiso de AMLO para combatir la corrupción será puesto a prueba en las acusaciones de corrupción que miembros de su propio partido enfrentan, aludiendo específicamente al caso del delegado federal en Jalisco, señalado por la adjudicación directa de contratos para proveer medicinas a través de compañías farmacéuticas controladas por él.

Es inevitable pensar y suponer que detrás del 74% de adjudicaciones directas que la administración de AMLO ha otorgado hay corrupción, lo que pone en duda la veracidad de la bandera de honestidad que la 4T enarbola, y si el cambio de régimen al final será sólo el cambio de una mafia por otra.

Nadie pide imposibles. Lo que pedimos y tenemos derecho a exigir sin que se nos etiquete como conservadores fifís es congruencia, racionalidad de las decisiones, capacidad y eficiencia y que las acciones del gobierno, aunque en la forma parezcan distintas, no sean en el fondo iguales o peores a las del pasado corrupto que queremos erradicar.

Lo que pedimos es que los cuestionamientos serios y los datos que se muestran diferentes a los que el presidente expone, se evadan respondiendo que "con todo respeto" se difiere o se tienen otros datos.

Los datos duros, las evidencias científicas y las experiencias técnicas no son opiniones que se emiten para que "con todo respeto" se hagan a un lado y se siga haciendo lo mismo. Si las evidencias y el conocimiento se refutan, los "otros datos" deben demostrarse.

Si el combate a la corrupción de la 4T va en serio, con "todo respeto" les digo que lo único que tienen que hacer para lograr avances y resultados visibles e inmediatos es: evitar al máximo las adjudicaciones directas, auditar el pasado y el presente, transparentar los resultados y aplicar la ley. Y por encima de todo, no insultar la inteligencia ciudadana mintiendo, lo cual ocurre cada vez que el presidente dice que no miente.

La Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que guiará las estrategias del gobierno federal hasta el fin de sexenio, en medio de recriminaciones de la oposición, por tratarse de una "proclama", un "manifiesto ideológico" sin objetivos, indicadores de evaluación ni presupuestación.

El documento fue avalado tras casi 5 horas de debate con 305 votos en pro, 139 votos en contra y 3 abstenciones, y fue remitido al ejecutivo, junto con el informe del Parlamento Abierto realizado por las comisiones de la Cámara, de las que derivaron 248 observaciones.

Entre ellas, la opinión negativa de la Comisión de la Marina, que con la firma de 7 diputados de Morena concluyó que el documento es "carente de objetivos nacionales, estrategias, prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país".

A esa misma conclusión arribaron diputados de la oposición, quienes, dado que por ley el documento sólo puede ser aprobado o no, pero no modificado, demandaron su devolución al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que lo corrija.

Pero frente a las críticas, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron el contenido del PND.

Al unísono, PAN, PRI, PRD y MC criticaron el PND enviado el 30 de abril por López Obrador a la Cámara para su consideración, y que llamaron catálogo de conceptos ideológicos, manual de mercadotecnia y proclamas de campañas.

Todo lo que se puede hacer lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para capitalizar Pemex y persuadir a los mercados y a las calificadoras que la ingeniería financiera que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el que se encuentra. No ha regateado nada para que no le bajen el grado de inversión, que arrastraría la deuda soberana y con ello al país entero. El esfuerzo del presidente es muy importante, pero están olvidando importantes detalles en Palacio Nacional que no tienen que ver con lo cual comulga, la lucha contra la corrupción, sino con un aspecto que no han visto con claridad: la estrategia para limpiar al país también puede destruirlo.

Expliquémonos, para que no haya duda. La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución. ¿Es Pemex el corrupto o son corruptos sus funcionarios? La forma como el gobierno está desdoblando el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es el presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya, en la ruta seguida, es más chico que Pemex, y la empresa estatal es el 1er. blanco para fumigar. Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior. Mucho cuidado.

Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y estamos tan acostumbrados a ello que no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el ex presidente Enrique Peña Nieto, o el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del gobierno y como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta y mientras se deslindan responsabilidades, la apretarían financieramente en el mundo.

Un ejemplo para analizar es el de Petróleos de Venezuela, conocida por su acrónimo PDVSA, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia, tanto civil como militar, que hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, ante el tipo de componendas que tenían sus directivos con empresarios, que resultaban beneficiados por el tipo de contratos que les daban los ejecutivos venezolanos a cambio de sobornos.

Esto se paró abruptamente cuando se metió Estados Unidos. La última acción fue el 28 de enero pasado, al designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como sujeta a sanciones en Estados Unidos, por lo que toda las propiedades y los intereses de la empresa en la jurisdicción de ese país, fueron bloqueadas y se prohibió realizar transacciones con la compañía. Paralelamente, el Tesoro cortó el acceso al Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Desde 2017 ya no puede acceder a financiamiento para su deuda en los mercados estadounidenses, que es una de las razones por las que detonó su crisis.

Es cierto que el problema de corrupción en Venezuela es distinto al de México, pero si se analiza el discurso de sus líderes, es más grave lo que sucede aquí. El presidente Nicolás Maduro rechaza las acusaciones y asegura que es una agresión más del presidente Donald Trump. López Obrador dice que la corrupción es profunda -por eso envió a dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero Oropeza-, y Gertz Manero, respalda esa línea discursiva al señalar que el Consejo de Administración deberá responder por los actos de Lozoya. En el caso mexicano, el Tesoro estadounidense no tendría que investigar a Pemex; el gobierno lópezobradorista ya lo hizo y concluyó que es corrupto.

Sin darse cuenta, el gobierno mexicano abrió la Caja de Pandora. Si Pemex es corrupto y también su filial estadounidense PMI Comercio Internacional, que aunque no son empresas públicas que operen en las bolsas de valores sí mueven recursos a través del sistema financiero en Estados Unidos, entonces son sujetas a la autoridad del Tesoro y el Departamento de Justicia. En cualquier momento se podría anunciar que están investigando la corrupción en Pemex, por presuntos daños patrimoniales en Estados Unidos y, como siguiente paso, emitir sanciones como las que impusieron a PDVSA. En el hipotético caso que eso sucediera, los 100,000 millones de dólares de deuda de Pemex tendrían serias dificultades para refinanciarse, y la empresa sería acotada para vender petróleo en el mundo.

Las consecuencias serían catastróficas.

El presidente López Obrador no puede permitir la existencia de ese escenario, y no es difícil neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar, separando a las instituciones, y blindar a Pemex. La institución después de todo, no era la corrupta, quienes la manejaban y administraba, en el peor de los casos sí, y deben ir a la cárcel. Pero sin arrastrar al precipicio a Pemex, que es lo que están haciendo en estos momentos sin percatarse de su monumental error.

El presidente López Obrador siempre está pensando en la Historia. Así, con mayúscula. La palabra aparece constantemente en sus discursos y hasta sus lemas de campaña. Ha leído sobre el tema, tiene su versión de la historia mexicana y la divulga constantemente. Él se ve a sí mismo en la historia.

Es tempranísimo para hablar de cuál será el juicio de la Historia sobre la figura política de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay algo que debería preocuparle al presidente. Hay algunos párrafos que pueden empezar a escribirse y estoy seguro que no es así como quiere entrar a los libros.

El despliegue de más de 20,000 militares contra la migración "irregular", como se le llama en este gobierno, es algo inédito, inaudito. El propio Donald Trump -el mandatario estadounidense más racista y antimexicano del que se tenga registro- afirma que las leyes mexicanas de migración son muy duras y felicita a México por cómo trata a los centroamericanos. Eso debería darnos una pista de dónde está alineado el país.

Si Peña Nieto le hizo la campaña a Trump invitándolo a Los Pinos para darle trato de jefe de estado, López Obrador le está haciendo la reelección dándole el principal argumento de campaña: gracias a que presioné a México, sí pude con la migración, los demócratas no.

"Ellos pueden hacer muchas cosas", dice Trump sobre los gobernantes mexicanos. Sabe que en Estados Unidos no podría poner a militares a detener migrantes ni a detener personas nomás para pedirles sus documentos. Una lluvia de amparos lo frenaría. Es una lucha añeja de las organizaciones defensoras de migrantes, a las que solía acompañar el gobierno mexicano. Eran otros tiempos. Pero el actual Gobierno de México sí puede hacer eso y lo está haciendo. Lo vimos en las fotos de la AFP, sabemos lo que pasa en los camiones, nos llegan noticias de militares que detienen al que tenga cara de migrante y le exigen sus documentos. Hasta donde me quedé, eso no sólo viola los derechos humanos: eso viola la Constitución. Si esto estuviera sucediendo en Estados Unidos, habría un escándalo mayúsculo.

El presidente evade con su discurso de que "respetan sus derechos humanos" como si violar los derechos humanos sólo fuera matarlos o golpearlos. ¿Qué estaría diciendo López Obrador si fuera opositor? ¿Qué diría del pacto con Trump, del uso de las fuerzas armadas para detener migrantes? ¿Qué diría de los albergues donde mujeres y niños sobreviven hacinados, sin comida, devorados por zancudos?

El riesgo de derechos humanos asoma la cara. Es la represión generalizada de la migración indocumentada. Ni más ni menos. Que el lopezobradorismo no entienda el significado de represión es otra historia. Los periódicos estadounidenses así lo manejan: "Mexico's crackdown on ilegal immigration". Si la mayoría de la población está de acuerdo con este trato a los migrantes, si el gobierno se da terapias de autoayuda convenciéndose de que no había de otra frente a la amenaza de aranceles, eso no les otorga un cheque en blanco.

¿Así quiere pasar a la Historia el presidente?

Está por cumplirse un año de la locura. Del día en que finalmente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección para Presidente de la República.

Y a un año de la victoria habrá que reconocerle la consistencia que mantienen sus seguidores ya que son pocos, o poquísimos, aquellos que han decidido bajarse del barco o criticar al gobierno. Y reconocerle también los altos índices de aceptación a un año de la elección y 7 meses de gobierno.

Esto a pesar de que no se ve claro el arranque de ninguno de sus grandes proyectos, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía o Refinería de Dos bocas, y que hay cifras como la producción petrolera y el empleo que van a la baja, así como la calificación de las consultoras internacionales, por más que él insistía en que va bien y que él tiene otras cifras.

Ha quedado atrás, es cierto, la arrogancia triunfalista de varios que llegaron al gobierno aprovechando la ola morenista. Ejemplos notables: Paco Ignacio Taibo, aquel que presumía que "la había metido doblada", o Jenaro Villamil, que iba a hacer televisión exitosa "para jodidos", que no sólo no han podido arrancar sus programas espectaculares, sino que están perdidos en los océanos de la burocracia, los recortes y la austeridad, y en el caso de Villamil lo más que ha logrado ha sido convertir a los canales de televisión del Estado en canales de propaganda lopezobradorista.

La gran amenaza de crisis que significaron los amagos del presidente Trump de subir los aranceles a todos los productos mexicanos que se venden en Estados Unidos fue librada gracias al compromiso del gobierno mexicano de tratar de frenar a toda costa la migración de centroamericanos, aunque ello signifique sacrificar a un bueno número de policías federales y elementos de la flamante y recién creada Guardia Nacional para dedicarlos a la caza de migrantes, en lugar de combatir la violencia y la inseguridad en el territorio nacional, que era su objetivo original.

Elegir es renunciar. Y gracias a que no hubo aranceles tampoco hubo sobresaltos y tampoco hubo crisis.

La economía se mantiene (hasta hoy jueves) estable, el peso poco presionado frente al dólar, la inflación baja, y el gobierno no ha requerido fondos "urgentes" por lo que afortunadamente no han subido los impuestos.

Para López Obrador se tornan irrelevantes las críticas de sectores como el empresarial (no las oye, no las escucha), y menos las de integrantes de la oposición, ya que tanto PAN como PRI, que no resolvieron los problemas en las oportunidades que tuvieron de gobernar no tienen autoridad moral para criticar.

López Obrador sigue en el terreno de las promesas: cada nuevo gran problema (la falta de luz en la península, o la invasión del sargazo en las playas) lo invitan a prometer fondos millonarios sea para construir una planta generadora de energía o para limpiar las costas.

Falta mucho tiempo de este gobierno y por tanto hay esperanza de que cumplan. Así las cosas: sin avances espectaculares, pero tampoco sin grandes caídas.

Mal que bien, López Obrador navegando va.

En las 2 primeras campañas presidenciales de López Obrador no hubo siquiera el intento de procurar un encuentro, porque la clase empresarial de Jalisco no veía ninguna presencia importante de la izquierda en Jalisco y calculaban mínimas las posibilidades de que un candidato de esa expresión política pudiera acceder a la Presidencia de la República.

En la campaña presidencial del año pasado, los papeles se invirtieron. El candidato de la alianza Morena-PT-PES encabezó la contienda electoral de principio a fin, y siempre fue el candidato a vencer. El empresariado de Jalisco empezó a tender puentes para tener un encuentro, ahora sí, con el candidato presidencial puntero, pero la reunión nunca ocurrió. Fue como un cobro de factura por el desdén con el que la IP local lo había tratado en 2006 y en 2012.

En el 2018 a lo que más se llegó fue a la realización de una reunión del sector privado jalisciense con el empresario regio, Alfonso Romo, quien ya pintaba para ser el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, que tuvo que acortarse de última hora por la agenda del colaborador de AMLO. Ese encuentro fue en agosto de 2018 y se contemplaba como un 1er. paso para gestionar una cita con el ya presidente electo, que nunca pudo ser.

Un grupo de estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) acudieron esta mañana a la Plaza de la Constitución para exigir el pago de las becas "Benito Juárez" y calidad educativa.

Así mismo pidieron que se reparen los planteles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la zona de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco y los Reyes La Paz.

(V.periódico El Financiero en línea del 26 de junio de 2019).

El gobierno de López Obrador gasta el dinero en programas para injuriar a sus opositores en espacios como Canal Once y abandona a la radio pública. Inadmisible.

El presidente declaró que su gobierno había logrado detener la caída en la producción de petróleo. Pemex dio a conocer las cifras oficiales que marcan que en los últimos 3 meses ha estado cayendo la producción de petróleo. El presidente dice que tiene otros datos. ¿Otros datos a los de Pemex? ¡Pero si son el mismo gobierno! ¿Habrá caído en la cuenta el presidente de la sanción que le puede caer a Pemex en los mercados financieros si resulta que hay datos en poder del gobierno diferentes a los datos oficiales públicos?

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó de nueva cuenta al partido Morena por incumplir en obligaciones de transparencia, y le hizo un llamado a apegarse a las normas solicitadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En sesión extraordinaria, se votaron 3 proyectos donde se mostró que el partido político no publicó información relativa a cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes en el 1er. semestre de 2018.

Asimismo, el partido omitió la experiencia curricular de militantes, y tampoco dio a conocer los gastos destinados a comunicación social y publicidad oficial en el mismo año.

"Me parece llamativo que en este año ya tengamos 12 asuntos a sancionar, porque Morena no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia incluso hacia su propia militancia", recalcó el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, quien invitó a Morena a sumarse a las prácticas de transparencia.

Lamentó que, aunque el INAI ya había dado un plazo para resolver las peticiones, Morena mostró reticencia, por lo que se tuvo que dar vista al Consejo General del INE, aun cuando ya tenía 9 sanciones previas por temas similares.

"La transparencia, bien entendida, no debe de verse como una carga o un obstáculo a la vista de los partidos, sino justamente como un puente de comunicación con la propia ciudadanía que permite legitimar al conjunto de los partidos políticos y a cada uno de ellos en lo individual", acotó Murayama.

La consejera electoral Dania Paola Ravel consideró que el incumplimiento de Morena es grave al incurrir en omisión con un pronunciamiento del órgano garante de transparencia, y lamentó que las faltas se hayan calificado como conductas culposas en lugar de dolosas.

"Desde mi perspectiva, existió la intención del partido político de incumplir la norma; era sabedor de las obligaciones de transparencia que tenía, no solamente las obligaciones de transparencia, sino incluso de la resolución que ya había de una autoridad competente y decidió no cumplirla y con eso vulnerar el acceso a la información pública que tiene la ciudadanía", indicó.

Por su parte, el consejero electoral Enrique Andrade González consideró necesario que exista una mayor comunicación con los comisionados del INAI para acordar a mayor detalle el tipo de sanción, ya que en esta ocasión en cada uno los 3 casos fue de alrededor de 80,000 pesos.

Sin embargo, consideró necesario la comunicación para evitar doble investigación; determinar con mayores elementos si las conductas son culposas o dolosas y analizar la acreditación de la reincidencia; así como que el propio INAI sea el que determine el grado de responsabilidad para que el Consejo fije las sanciones.

Llegó el 2006, con un López Obrador ensoberbecido y confiado en demasía porque todas las encuestas lo daban como ganador de la contienda electoral, y antes de aquel 2 de julio tormentoso, ya anunciaba en privado la nacionalización de Teléfonos de México. Se daba como ganador. Pero se le atravesó Calderón.

Y ya en 2018-2019, ocurrió el encontronazo con Slim por la cancelación del NAIM Texcoco, donde el poderoso empresario era uno de los accionistas principales.

Inclusive, se reveló que desde octubre del 2018, Slim le pidió al entonces presidente electo que no cancelara el NAIM Texcoco, e inclusive ofreció asumir su construcción si se lo entregaba al sector privado mexicano. De acuerdo al medio estadounidense Bloomberg, Slim envió una carta personal a AMLO. En ella, le propuso incluir en las operaciones del aeropuerto de Texcoco al de Toluca.

Pero AMLO ignoró a Slim. Ni siquiera le respondió.

Aún más: López Obrador expresó en privado su molestia por la carta de Slim, a la cual tomó como un desafío a la cancelación de Texcoco. Así, la semana pasada llegó la respuesta de AMLO: amagar a Slim con la llamada a Mark Zuckerberg.

Le quiere abollar el internet.

Sobre este tema, le tenemos malas noticias a López Obrador: su propuesta a Zuckerberg no tendría el efecto deseado.

"La inviabilidad del proyecto, según expertos, radica en la imprecisión de los datos de población y de territorios desconectados, además de que no existe una estrategia definida para desarrollarlo, lo que genera mucha incertidumbre; resultaría altamente costoso, incluso superando los 7,000 millones de dólares destinados en la Red Compartida... Hace 4 años, Facebook intentó llevar internet a países en desarrollo mediante una aplicación móvil llamada Free Basics. Tiempo después, su propuesta fracasó..." (El CEO. Itzel Castañares y Marisol Morelos. 21/Junio/2019).

Para los especialistas, la oferta de AMLO a Zuckerberg no resulta atractiva.

Zuckerberg tampoco querría comprar pleito contra Slim. Sabe que los presidentes se van, y los empresarios se quedan.

Y nadie está peleado con su dinero.

Al presidente no le gustan los columnistas: "Ya se acabó el régimen en donde no se podía tocar al intocable... a un juez, a un magistrado, a un ministro, a un gobernador, al presidente, bueno, a un columnista... Debe haber como 100 columnistas en todo lo que es la prensa escrita, que hay periódicos que tienen hasta 10, 15, como 100, y de esos 100, yo creo que 90 o 95 están constantemente, un día sí y el otro también, cuestionándonos".

No es el 1er. presidente que se queja de la prensa. Enrique Peña Nieto decía que a los periodistas "ningún chile les embona". También a López Obrador le molesta la crítica. Para él los columnistas no son más que calumnistas: "Nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información... Y dije que les íbamos a cobrar un impuesto, porque eran empresas muy lucrativas. Columnistas de 200, 300, 500,000 pesos mensuales... Éramos como los clientes preferidos".

Quizá el presidente no leía a los perversos y ricos columnistas antes. Las quejas que escucho de López Obrador son las mismas que expresaban Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas de Gortari.

En su mañanera de este martes el presidente dijo: "Ayer estaba yo leyendo una columna donde hablan de que una estación de radio, una cadena de radio que está vendiendo estaciones y que tiene que ver con una operación llevada a cabo desde el gobierno federal. Es falso, completamente... Nosotros no nos metemos en estos temas, no nos metemos a la vida interna de los medios".

No sabía yo si ponerme el saco, ya que el lunes dejé de trabajar para una cadena de radio después de 36 años. "Lo único que queremos -dijo el presidente- es que no nos echen la culpa de lo que no tiene que ver con nosotros. Si a una empresa le va mal y ya no le alcanza, me refiero a un medio de comunicación, para pagarle a un conductor de un programa o a un columnista, y ya no va a trabajar ese columnista en ese medio, pues no es por culpa de nosotros. No es porque nos criticaban y entonces por eso lo despiden. No, nunca hemos hecho eso ni lo haríamos".

No sé si se refería a mí, pero no hay razón para pensar que pidió mi salida del grupo en que trabajé. No imagino a un presidente perdiendo el tiempo ordenando el despido de un periodista. Tampoco creo que Fox haya pedido la salida de José Gutiérrez Vivó de Radio Red o Calderón y Peña Nieto la de Carmen Aristegui de W Radio y MVS Noticias, a pesar de que el presidente López Obrador lo ha afirmado varias veces.

Los presidentes suelen quejarse de los medios. López Obrador ha cuestionado varias veces a Pablo Hiriart de El Financiero y al Reforma, conservador, neoliberal y fifí, lo ha acusado de atacarlo. Es normal.

Pero un periodista debe ser crítico por naturaleza. A Fox yo lo cuestioné por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a Calderón por la guerra contra las drogas y a Peña Nieto por la reforma fiscal, entre muchos otros temas. A López Obrador le he aplaudido su honestidad personal, pero he cuestionado muchas de sus decisiones concretas. Ese es mi trabajo. Cuando López Obrador afirmaba sufrir un cerco informativo, yo lo entrevisté las veces que él aceptó en televisión y radio. También es mi trabajo.

López Obrador nunca me ha censurado, ni como jefe de Gobierno ni como presidente. Estoy convencido de que cree en la libertad de expresión. Pero eso no significa que los dueños de los medios no quieran quedar bien con él. Eso también es natural.

No crean que tiene mucha ciencia el gobernar.

Al aceptar que pudo registrarse excesos de fuerzas federales en la detención de migrantes sin documentos oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que todo el despliegue de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Marina y Policía Federal es parte de la estrategia para disminuir el flujo migratorio y evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos.

Esto luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que hay aproximadamente 26,000 elementos de las distintas fuerzas federales desplegados en las fronteras sur y norte del país, con la finalidad de detener a migrantes y frenar la operación de bandas de trata de personas.

"Tenemos que evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Si nos confrontarnos podemos ganar, pero sería como el triunfo del general Pirro, sería una batalla que nos costaría muchísimo, por eso se habla de triunfo pírrico, no queremos la guerra ni la confrontación, tenemos que actuar con mesura", aclaró.

El presidente reconoció que pudieron registrarse excesos de parte de elementos de la Guardia Nacional en el caso de una familia que buscaba cruzar el Río Bravo y no les fue permitido por medio de jaloneos, por lo que aclaró que se analizará ese caso para que no haya más excesos.

Afirmó que el Ejército también, por ley, puede detener a los migrantes.

A pesar de los apoyos que el gobierno federal entrega a través de su programa insignia -Jóvenes Construyendo el Futuro- para insertar al mercado laboral a quienes no estudian ni trabajan, en Jalisco el desempleo en los jóvenes aumentó durante el 1er. trimestre del año.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y marzo de 2018 había 33,863 personas desempleadas de entre 15 y 24 años en la entidad. El escenario en los primeros 3 meses de 2019 es de 44,062; es decir, a la estadística se sumaron 10,199 personas más sin empleo. Más de la mitad (57%) son hombres.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro beca con 3,600 pesos al mes a personas que no han encontrado trabajo ni estudian y tienen entre 18 y 29 años. En Jalisco sólo hay 13,802 personas inscritas.

Sin embargo, aún hay 30,919 plazas vacantes que no han sido solicitadas por quienes se han inscrito al programa federal en el estado.

De acuerdo con Merilyn Gómez Pozos, coordinadora estatal de la estrategia federal, dichas plazas "ya están en oferta para los chavos, pero ellos no están interesándose o no están escogiendo estas vacantes, y el tema es que ya hayan encontrado trabajo o no les sean tan atractivos los planes de capacitación que ofrecen los centros de trabajo".

La mayoría de los aspirantes prácticamente ignora las ofertas laborales porque éstas no se acomodan. Son alrededor de 26,000 quienes están inscritos en el programa pero no están vinculados. "Casi el doble (de los 13,802) que tenemos vinculados y que están esperando alguna opción que sea más atractiva que lo que está ofreciendo ahorita la plataforma".

En la lista de los centros de capacitación que hay en Jalisco están al menos 108 tiendas de abarrotes, tortillerías, carnicerías, carpinterías, estancias infantiles e instituciones públicas.

6 de cada 10 de los 13,802 aprendices vinculados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Jalisco son mujeres. A nivel nacional el fenómeno es prácticamente el mismo: representan 57.7% de la población beneficiada.

Las reglas de operación del programa, que entrega 3,600 pesos mensuales a los becarios, establecen que el seguro médico sólo cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgo de trabajo en el periodo de permanencia.

La conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes no sólo fue diferente porque se realizó desde Cancún, sino por la forma como la prensa de Quintana Roo lo cuestionó por las afirmaciones sobre seguridad y el sargazo. El presidente afirmó que en un mes se redujo a la mitad el número de homicidios dolosos, y dijo que el fenómeno -provocado por el cambio climático- era un problema "heredado" que no era "gravísimo", como muchos lo han asegurado -incluido el gobierno estatal que hace 2 semanas emitió una alerta de emergencia por el sargazo en las playas de la Riviera Maya. Los periodistas locales no aceptaron las respuestas que les dio López Obrador, y lo confrontaron. Sus respuestas fueron la confirmación de lo que viene para el resto del sexenio.

"El sargazo es un asunto menor", dijo el presidente. "Lo voy a ejemplificar. En la Ciudad de México se recogen diariamente 13,000 toneladas de basura y el sargazo significa recoger 341,000 kilos. Estamos hablando de 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México". Un reportero le replicó de inmediato: "Las playas son diferentes, el turismo, la imagen". López Obrador pidió que lo dejara terminar de responder. "Estamos hablando de 3%, 341 kilos de sargazo, 13,000 toneladas de basura, 341 kilos diarios de sargazo", repitió. "Una tonelada diaria se recoge al día, según el gobierno", atajó otra reportera, y lo metió en contradicciones. "Mil toneladas", dijo López Obrador. "Eso es 13,000 toneladas de basura en la ciudad, si estamos hablando de como 8%, más o menos".

Los periodistas continuaron. "Presidente -le dijo otro reportero-, nada más una precisión del sargazo. ¿Por qué se declaró emergencia a 11 municipios si nos está diciendo que no es tan importante?". El reportero le pidió explicación sobre por qué los hoteles de Cancún cobran a sus huéspedes dinero para limpiar las playas y datos sobre cuántas estaban contaminadas. López Obrador no respondió, pero insistió: "Lo que puedo decir es que no es un asunto delicado, mucho menos grave, que tiene solución y que ya estamos trabajando. Eso es lo que puedo comentarles". Sus respuestas incomodaron a los periodistas locales y una de ellas, María Cristina de la Cruz, reportera y columnista del portal Macrix Noticias, lo interrumpió: "Es un exceso de optimismo, presidente, y eso es faltar a la realidad de lo que se está viviendo en Quintana Roo. Aquí estoy yo. ¿Y sabe qué? Es una situación realmente tremenda. El gobierno del estado incluso se trata a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo, al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador casi de cachetito. Entonces, la cosa es que en medio de todo eso la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo.

"También en ese exceso de optimismo, presidente, es que su Cisen o quienes le están informando le están informando mal. Nosotros, que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de 2, a veces alcanzamos hasta un pico de ejecutados de 3, hasta 4 con heridos de 7, 7 personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo; no hay investigación. Hay 3 reporteros asesinados; hay 2 reporteros que están huyendo. Es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada, se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo en la zona norte. Hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno, desde que usted asumió, de todo lo que está pasando".

"Lamento mucho… que usted esté manejando tanto optimismo, cuando nosotros hoy estamos en una situación realmente de emergencia social, presidente, y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible... No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad... Y espero, por favor, presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras engañosas que no corresponden en lo absoluto a una realidad que a todos en Quintana Roo nos afecta".

El presidente respondió: "Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, y no engaño. Tengo 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas... No coincido con lo que tú planteas, pero respeto tu punto de vista".

En realidad, no respeta puntos de vista u opiniones divergentes. López Obrador no soporta la crítica, aunque dice ser un defensor de la libertad de expresión, y la mañanera del lunes fue un buen ejemplo de lo que no va a cesar en el sexenio: la intimidación a quien ejerza el derecho a expresarse libremente por discrepar del presidente.

Paco Calderón
(25 de junio de 2019).

Como en otras ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue llevado por la prensa a decir cosas que no están seguras, no existen o, incluso, ni siquiera hay intenciones verdaderas de hacer. El viernes dijo que "sería conveniente" una reunión con el presidente Donald Trump después del 7 de septiembre, luego que se cumpla el plazo de 90 días que dio el jefe de la Casa Blanca a México para que reduzca "drásticamente" la inmigración. López Obrador señaló que le gustaría tener ese encuentro como parte de un interés general, porque quisiera "procurar estas reuniones bilaterales" con él y otros jefes de estado. Esto es falso.

López Obrador no sólo siempre dice que "la mejor política exterior es la política interior", sino que tiene una aversión al mundo. No lo entiende, ni le interesa. No es algo nuevo, sino una constante en su vida pública. Su cosmogonía es local y no ve importancia a desarrollar un trabajo internacional. En el caso de Trump hay un matiz. Aunque en lo privado sus expresiones no son aduladoras, en público extrema precauciones para no confrontarlo. Depender en más del 80% de la economía de Estados Unidos es la razón. Y poderosa sin duda.

Su deseo de reunirse con él no es cierto en estos momentos. Hubo interés verdadero cuando habló en marzo con Jared Kushner, yerno y asesor especial de Trump, a quien se lo sugirió. La respuesta fue que en ese momento no había condiciones para llevarla a cabo, por lo que plantearlo en la Casa Blanca estaba fuera de discusión. Desde entonces no ha habido propuesta de ninguna de las 2 partes para ir construyendo las condiciones para que se reúnan López Obrador y Trump.

Lo que mencionó el viernes sobre su interés para hablar con él después de septiembre, es una frase que se ajusta a la línea seguida por López Obrador para no confrontarlo e irritarlo.

Jugar ajedrez con Trump, quien suele utilizar ese tablero como línea de boliche, sería una estrategia más acuerpada si López Obrador entendiera que desarrollar una política internacional activa de su parte, le redundaría en beneficios para lidiar con el presidente estadounidense al ir logrando respaldo a su postura. No es suficiente que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sea el que vaya tejiendo esos apoyos en el mundo; los presidentes o jefes de estado son quienes tienen que concretarlos. Pero la real politik, vigente desde los 70's, cuando le echó por última vez una mirada al mundo López Obrador, es algo que le es inclusive (sic), quizás, porque no lo entiende.

La mejor demostración de ello fue su falta de interés de ir a las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos -donde envió representantes de bajo perfil-, perdiendo la oportunidad para tejer lo que retóricamente dice anhelar, el liderazgo regional, o declinar desde un principio participar en la cumbre de jefes de estado y de gobierno del G-20 en Osaka, a finales de este mes, donde dialogan las economías más importantes del mundo.

Colaboradores de López Obrador argumentan que no había mucho que hacer en el G-20 porque lo único importante iba a ser el resultado del encuentro que tengan Trump y el presidente chino Xi Jinping, lo cual ciertamente dominará el encuentro, pero bajo esa lógica reduccionista, no iría ninguno de los líderes que estarán en Osaka. López Obrador perdió la oportunidad de haber podido tener reuniones bilaterales y cabildear recursos para el desarrollo económico en Centroamérica.

El presidente de México no se siente cómodo en esos entornos. En realidad, no se siente a gusto en ningún ambiente que no domine o donde no sea el centro de atención. No habla nada fuera del español -aunque hay traductores- y tampoco ha tenido ningún roce o experiencia sustantiva, incluso a nivel privado, con el mundo. Pero sobre todo, carece del interés y de la visión sobre lo que es la globalización, que la repudia a partir de una visión anacrónica de la interdependencia, en donde juegan y buscan aprovechar sus ventajas líderes que son verdaderamente de izquierda sin recovecos analíticos sobre realidades que desaparecieron hace décadas.

López Obrador comete un error. Aislarse lo debilita. No lo ven así en el gobierno, donde tienen una visión sobredimensionada de lo que son. Un alto funcionario dijo que el no ir a Osaka enviará el mensaje que no están de acuerdo con Trump y mostrará la molestia de López Obrador. Eso no sucederá. El que no vaya será interpretado de muchas maneras, pero esa no. El propio presidente desnuda la sumisión en la que se encuentra. En la conferencia del viernes dijo: "Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Sí nos gustaría tener este encuentro, pero yo no fijo la agenda". Es decir, sí le gustaría, pero él no decide. Su agenda la maneja Trump, y él se ajusta a lo que le digan de Washington. Así no construye respeto. El presidente y el canciller tienen que revisar su estrategia porque el camino que siguen no los beneficiará, reuniéndose o no con Trump.

Todos los días López Obrador escucha a alguien que se queja de un parque infestado de vagos, un camino vecinal que quedó inconcluso, la polémica sobre una presa que se construye en Sonora, la necesidad de aulas en un pueblo de Oaxaca, la corrupción de un funcionario de un municipio de Veracruz y un largo etcétera. A todos los casos el mandatario intenta dar una explicación, a veces con éxito y a veces sin él, pero la ofrece.

No obstante, comienzo a preguntarme si esta intensa micro administración, esta extraordinaria y loable atención al detalle está en camino de provocar una dispersión en la gobernanza y peor aun, traducirse en una distracción para gestionar las prioridades, distinguir entre lo importante y lo urgente. Los problemas de México son tales que la atención y el tiempo del presidente se convierten en un recurso escaso, una cobija que al cubrir una zona necesariamente destapa otras. Definir cómo y en qué se aplica la voluntad política presidencial se vuelve un asunto de estado. Mirar solo el bosque sin entender el estado de los árboles, como hacían los presidentes anteriores, es tan grave como perderse todos los días en el examen de algunos troncos en menoscabo de la comprensión del bosque en su conjunto, sus límites y su relación con otros. Sobre todo porque él se ha pasado 30 años recorriendo el terreno y conoce como nadie su realidad. Ahora tiene la posibilidad de hacer algo por ellos pero eso requiere más gobierno y menos baño de pueblo.

Hace unos días AMLO dijo que pretendía visitar todos los municipios del país si gana la consulta en 2021. Una intención plausible, pero habría que preguntarse a qué horas entonces gobernaría. Después de visitar 10 pueblos en los que se han quejado de la falta de aulas, otros 10 a los que no llega el agua, una docena de ejidos en los que se advierte falta de créditos o fertilizantes, etc., lo que se necesita no es escuchar otra veintena de quejas similares o con algunos matices, sino irse a la cabina de control de la nave y abordar las complejas tareas de políticas públicas, negociaciones con grupos de interés, finanzas y presupuestos, normas y leyes, para intentar resolver los problemas escuchados.

Por lo demás, las mañaneras obligan al presidente a operar in situ como si él fuese su gabinete y le llevan a atropellar las tareas y criterios de sus ministros. Además de que eso los trae azorrillados, entre menos tiempo pase "no delegando" menos tiempo tiene para hacer lo que solo él puede hacer.

En una columna escribí que tenían razón las élites cuando afirmaban que el presidente desconocía cómo funcionan los pisos superiores del edificio social y económico (o en otras palabras, se pierde en Polanco), pero conoce como nadie los pisos inferiores en los que vive el grueso de la población. El problema es que para poder gobernar a favor de los de la calle tiene que pasar más tiempo convenciendo, venciendo o negociando en esos pisos superiores y para ello debe conocerlos mejor. Si no por otra cosa, porque la inversión privada es 6 veces mayor que la del sector público y su peso en el PIB equivale al 75%. La tasa de crecimiento de 4% que ha ofrecido AMLO, ya no digamos de 2% que deseaba para este año, es absolutamente irreal sin la participación del resto de los actores económicos nacionales e internacionales. Y eso, por desgracia, no lo va a resolver escuchando una vez más la legítima letanía, como lo ha hecho por décadas, de los que tanto han sufrido. Ahora toca hacer algo por ellos allá en Palacio, en Wall Street, en el G20 o donde sea necesario ir. El diagnóstico ya lo tiene claro, lo que le va hacer falta es tiempo para resolverlo.

El presidente necesita sustraerse un rato de su obsesión por el detalle, delegar la morralla del día a día y concentrarse en resolver la media docena de problemas más urgentes, esos que van a definir si su sexenio es un intento fallido o un cambio con éxito. Eso implicaría dejar de reaccionar a lo que dijo un columnista, la portada de Reforma o Carlos Loret en su noticiero. Eso no solo provoca pérdida de tiempo y atención, sino un enrarecimiento del ambiente y el desgaste propio de quien que se la pasa subido al ring.

Esto no significa aislarse (una mañanera a la semana sería más que suficiente), pero sí dosificar sus giras (las ha hecho muy onerosas en tiempo y desgaste) y concentrarse en desatorar lo que ha comenzado a atorarse.

Era viernes de quincena por la tarde, previo al Día del Padre. El restaurante Porter de Polanco, en la concurrida zona de Polanquito, se encontraba a reventar cuando llegó un grupo de inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.

"Hicieron una inspección y argumentaron que nuestros residuos no estaban bien clasificados, concretamente, que en un bote de basura de inorgánicos había una cáscara de plátano y además que el ruido estaba fuera de la norma. Sacaron un aparato para medirlo y nos dijeron que las voces de los comensales rebasaban los decibeles de la norma. No nos dieron ningún dictamen sobre esto. Solo fue verbal y ¡zas...! Había que desalojar a la gente y clausurar. Al día siguiente nos pidieron 150,000 pesos para quitarnos los sellos de clausura, los cuales les dimos y pudimos abrir".

Antonio Taracena, quien me cuenta la historia, fue durante décadas un respetado ejecutivo de la industria cementera. Tras retirarse se unió a un grupo de 7 inversionistas para poner el restaurante. "Apenas vamos recuperando la inversión después de 7 años gracias al trabajo intenso de la gente que colabora con nosotros". El restaurante, me asegura, "opera con todos los permisos que se requieren".

Aun así, este viernes pasado, 21 de junio, llegó un nuevo grupo de inspectores "a la misma hora" y de "la misma secretaría a decirnos que los sellos anteriores estaban 'mal quitados' y que tenían que volver a ponerlos... Llegaron el viernes por la tarde y piden desalojar, exactamente igual que la semana pasada. No respetaron el acuerdo que hicimos. 105 empleados se quedan sin ingresos el fin de semana y sin saber hasta cuándo abriremos nuevamente".

Los restauranteros de Polanco han tenido que acostumbrarse a las extorsiones. Ha surgido un grupo de "activistas" que las han convertido en un negocio. Azuzan a los vecinos en contra de los restaurantes y después ofrecen a estos sus servicios de abogados para "defenderlos".

Los funcionarios gubernamentales son los extorsionadores que cuentan con mejores armas a su disposición. "Hace unos 6 meses, en un fin de semana similar de buena venta, llegaron gentes del INVEA también a clausurarnos porque nuestro uso de suelo 'era incorrecto'. Pusieron los sellos y para quitarlos nos pidieron 300,000 pesos. Finalmente, unas horas después el asunto se arregló con un pago de 160,000 pesos... [Pero] este restaurante tiene el uso de suelo correcto desde hace 20 años".

El restaurante ha sufrido también intentos de extorsión por parte de criminales que han exigido pagos por protección. Las autoridades capitalinas, sin embargo, sí actuaron en ese caso para investigar y proteger al establecimiento y a sus trabajadores.

Otros dueños y trabajadores de restaurantes de Polanco y de la Condesa, las 2 zonas más populares para este giro en la Ciudad de México, me han contado historias similares. La diferencia es que hoy una víctima se atreve a dar la cara.

El gobierno capitalino debe entender que nunca generará la actividad económica, los empleos y la prosperidad que desea si sigue permitiendo la extorsión a los negocios. Tiene que haber reglas claras y razonables de operación; pero una vez que estas se cumplan, la autoridad no puede permitir que sus funcionarios los extorsionen.

Los gobernadores que no son de Morena temen la visita del presidente en vez de desearla. Sucede que la presencia de López Obrador los expone a rechiflas y abucheos y, peor todavía, a una de sus repentinas ocurrencias, que anula lo hecho por el gobernador y pone patas pa' arriba las cosas en la entidad, como sucedió recientemente en Durango. Antes cuando una visita se prolongaba demasiado la señora de la casa ponía disimuladamente la escoba atrás de la puerta, pues se pensaba que eso hacía que la tediosa visita se acortara. De seguro más de un gobernador pone ahora la escoba para pedir que AMLO no vaya a su estado. Y es que de las visitas del presidente no derivan subsidios: derivan sólo susidios. (Claro, excepción hecha de Tabasco)...

¿Usted quiere saber cuáles fueron las compañías que se beneficiaron de contratos amañados, adjudicaciones a modo, licitaciones torcidas y demás irregularidades? ¿Usted quiere conocer cómo operó el capitalismo de cuates en el NAIM y quiénes fueron los funcionarios públicos que lo permitieron? ¿Usted quiere examinar los estudios de sobrecostos e inviabilidad financiera que respaldaron la cancelación? ¿Usted ha presenciado algún castigo a los involucrados en actos ilegales o visto la suspensión a contratistas tramposos o la indagatoria en torno los presuntos culpables? ¿Usted sabe exactamente los motivos verificables por los que se suspendió la obra, más allá del rechazo presidencial a ser percibido como florero? Pues si usted quiere saber todo esto, el presidente de México piensa que no tiene derecho a hacerlo. Andrés Manuel López Obrador cree que usted es un adversario al cual es necesario desacreditar, no un ciudadano al cual es obligatorio informar.

¿Usted ha examinado los estudios ambientales, de viabilidad aeronáutica e impacto arqueológico que -por ley- el gobierno debió presentar antes de iniciar la obra en Santa Lucía? ¿Usted quiere saber si el aeropuerto producirá daño ambiental, como se argumentó que lo haría el de Texcoco? ¿Usted quiere saber si afectará el suministro de agua potable a las comunidades aledañas y a la ciudad, así como se insistió que lo haría el NAIM y por lo tanto era necesario salvar el lago ahí? ¿Usted quiere saber si el Cerro de Santa Paula aumentará el costo final y obligará a contemplar modificaciones al proyecto, como lo ha señalado el Colegio de Ingenieros Civiles? ¿Usted quiere saber si Santa Lucía proveerá la seguridad aérea necesaria para operar, y si existen estudios reconocidos internacionalmente capaces de acreditarlo? ¿Usted quiere saber qué ocurrirá con los restos arqueológicos en la zona que será preciso preservar y si para ello se ha recabado el visto bueno del INAH? ¿Usted sabe -sin la menor duda- que Santa Lucía será viable y contribuirá a disminuir la saturación del sistema aeroportuario del Valle de México? Si quiere saber todo esto, el presidente de México piensa que detrás de usted hay intereses oscuros, saboteadores del cambio. Cree que usted es miembro de la oligarquía expoliadora y no un ciudadano con derecho a exigir transparencia a su gobierno.

¿Usted cree que el gobierno de López Obrador debe respetar el artículo 134 constitucional, donde se establece que los recursos públicos no pueden usarse de forma voluntariosa o discrecional? ¿Usted cree que los principios de racionalidad y transparencia deben normar las decisiones de política pública, sobre todo cuando se trata de obras multimillonarias de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Usted quiere evitar que el gobierno actual repita vicios de sexenios pasados, durante los cuales se despilfarró dinero público en obras que terminaron siendo elefantes blancos, como el tren interurbano México-Toluca? ¿Usted cree que ciudadanos insatisfechos ante la falta de transparencia, la falta de información, y la falta de estudios documentados tanto en el caso de Santa Lucía como el de Texcoco pueden presentar amparos ante el poder judicial? Si usted cree esto, el presidente no está de acuerdo con sus demandas ni con su apelación al poder judicial. Ha sugerido que tanto usted como los jueces no actúan por el deseo de instaurar el Estado de Derecho, sino por mala fe. Usted y cualquiera que se ampare será reclasificado como golpista o traidor o corrupto, al que se exhibirá en alguna mañanera.

¿Usted cree que todo ciudadano debe contar con la facultad legal de ampararse ante actos de autoridad que considera arbitrarios o ilegales o caprichosos o violatorios de la Constitución? ¿Usted cree que las mayorías temporales -como las que hoy tienen AMLO y Morena- no deben atropellar a las minorías cuestionadoras, aunque hayan obtenido 30 millones de votos? Si usted cree esto, lo felicito; es un demócrata. Pero lamentablemente el presidente no comparte ese criterio. La 4a. Transformación y quien la lidera ha determinado que usted no cuenta como ciudadano con derechos protegidos por la Carta Magna. Usted es un florero.

Paco Calderón
(23 de junio de 2019).

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, calificó hoy como "pésimo" el desempeño de la economía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo atribuyó a la "incertidumbre y desconfianza" que ha generado entre los inversionistas.

"Tenemos que alzar la voz para decir que en lo económico las cosas van de mal en peor. Las políticas de López Obrador no dan confianza a los inversionistas", señaló Cortés en un comunicado, en el que advirtió el riesgo de que México "caiga en recesión" si la tendencia no cambia.

El líder nacional del PAN criticó los "desplantes" en el gobierno federal que aseguran que la economía marcha "muy bien" y que se tienen los recursos para "paliar la peor crisis", cuando "todos los expertos y organismos nacionales e internacionales pronostican muy poco crecimiento en 2019".

Exigió al gobierno federal ejercer cuanto antes el gasto público en infraestructura y brindar facilidades y certeza jurídica al capital privado, para estimular el crecimiento económico y la generación de empleos formales.

De 9 promesas ambientales que hizo Andrés Manuel López Obrador de 2010 a 2018 en lugares en conflicto por empresas o megaproyectos, sólo ha cumplido una, tiene 3 en proceso y 5 no han comenzado.

Los sectores con los que se comprometió en sus campañas presidenciales, e incluso como mandatario electo, son el eólico, termoeléctrico, hidroeléctrico y minero, muestra un rastreo realizado por este diario.

La termoeléctrica de Huexca, en Morelos, y las presas de El Zapotillo y La Parota, ubicadas en Jalisco y Guerrero, respectivamente, están entre los proyectos que López Obrador prometió cancelar, pero sobre los cuales no ha actuado.

También incumplió que los sueldos de mineros mexicanos se equiparen con los de sus pares canadienses y que ejidatarios se beneficien de los aerogeneradores que hay en sus tierras.

En contraste, la única promesa que concretó es el apoyo a 9 municipios de Guerrero donde hay explotación minera y la inversión para pavimentar caminos rurales.

"Ahora estamos mejor..." circula por todos los medios -eso sí, con muy distintos propósitos- y a veces hasta con rima si el remitente es chairo (aún quedan muchos por arrepentirse... y para tristeza de México; algunos quedarán hasta el final y morirán de pie, con la mano tendida o señalando a las alturas, para "votar a mano alzada").

Llegan videos y comentarios periodísticos del mundo entero. La fama de México trasciende fronteras y ya no sólo por sus inigualables parajes turísticos, su artesanía, música o arte culinario, sino también por el folclorismo presidencial, su agilidad verbal y su genuino parecido con el inseparable compañero de Shrek (guardadas las proporciones y respeto correspondientes).

No cabe duda de que, definitivamente, podemos afirmar -sin temor alguno a equivocarnos-: "Ahora estamos mejor... mucho mejor que la semana que viene".

Jóvenes reclaman al presidente López Obrador durante la entrega de becas en San Martín Texmelucan.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) se pronunció este viernes en contra de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregue de manera directa recursos para realizar obras a la sociedad civil, pues consideran que estos no cuentan con los conocimientos técnicos para asegurar que los trabajos sean de calidad y no impliquen riesgos para la población.

En específico, el CICEJ expresó su rechazo en contra de la cancelación del Metrobús en Durango, la entrega de 25 millones de pesos para la construcción de caminos directamente a comunidades indígenas en Oaxaca sin que haya contratistas de por medio y la desaparición de Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) para, en su lugar, entregar los recursos para el mejoramiento de escuelas a las asociaciones de padres de familia.

"No podemos poner en manos de personas que no tienen conocimientos desde hacer un estudio para hacer un proyecto ejecutivo y llevar a cabo el proceso y culminación de una obra", expresó Armando Brenez Moreno, presidente del CICEJ, quien opinó que estas son decisiones tomadas a la ligera por parte del ejecutivo.

Los ingenieros civiles también solicitaron que se liberen los recursos que ya están etiquetados para obra pública en todo el país, pues afirmaron que hasta ahora solo se ha usado el 18% de los 381,000 millones de pesos que las arcas federales tienen destinados para este fin. Destacaron que la construcción es genera entre el 7.5 y el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), así como 6 millones de empleos directos otros 13 millones indirectos.

Ya conocerá el lector la histórica reacción del presidente López Obrador ante las suspensiones dentro de varios de los 147 juicios de amparo llevados en alianza táctica por el colectivo #NoMásDerroches, cuyo efecto fue detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la destrucción de lo que va del de Texcoco. Dicho colectivo está conformado por varias organizaciones, además de alrededor de 30 abogados colegiados en al menos uno de los colegios que agrupa dicho consejo. En su modalidad pro-bono o sin cobrar honorarios, litigando en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco. Y más de un centenar de reclamantes entre los que se encuentran vecinos de Texcoco y Santa Lucía, usuarios del actual aeropuerto de la Ciudad de México y pilotos aviadores.

La suspensión en el amparo tiene como efecto general dejar las cosas como están en tanto se resuelve el juicio. Y las suspensiones actuales además se aducen como razones sencillamente para cumplir con la ley. Pendientes de cumplimiento están casi todos los requisitos. Los técnicos y propiamente aeronáuticos, los ambientales, etc. y hasta su cumplimiento no se pueden hacer nada. De ahí la rabia del presidente acostumbrado a hacer lo que le pegue en gana.

Para comenzar, el viernes de la semana pasada llenó de insultos a todos y amenazó con hacer públicos los datos de los organizadores, abogados y a los estrategas de tales juicios, para así balconear sus supuestos intereses oscuros. Nomás faltó tacharlos de traidores a la patria. No tiene ya ni sentido repetir tanto insulto a los cuales ya estamos aclimatados sus críticos y adversarios. Al día siguiente la jauría lopezobradorista buscó levantar en Twitter la etiqueta #RenovarJudicialYa como siempre repartiendo bajezas a diestra y siniestra, ante el cual surgió la de #YoTambienApoyoElAmparo. El domingo, ante la gravedad de lo ocurrido, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. (BMA), uno de los 3 integrantes del CGAM (los otros 2 son la ANADE y el INCAM y juntos los 3 son los colegios más relevantes de país) emitió un comunicado donde se le advierte al presidente todas las ilicitudes pudiera cometer con su simpático balconeo y el ataque al Estado de Derecho. Además, y de acuerdo a lo comentado hace una semana con el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José Mario de la Garza Marroquín, estratega legal del colectivo, la mayor preocupación tanto de la Barra como del Consejo, consiste en considerar la defensa de derechos como un acto contra el Estado mexicano por el mismo Jefe del estado. Un revoltijo de locura.

Sin manera de defender derechos, ningún derecho lo es. Tampoco cuando su ejercicio depende de la buena voluntad del presidente ¿O acaso para AMLO, los derechos solo están de adorno? El lunes luego se le fue a la yugular a la BMA. No es el 1er. ataque presidencial en contra de nuestro colegio y la BMA los ha superado todos. No por nada nos preguntamos: ¿Así va a estar? ¿Así nos vamos a llevar?

Andrés Manuel López Obrador tiene la mecha muy corta. No es el 1er. presidente que es explosivo. De los últimos sexenios, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo se prendían rápidamente o eran muy groseros con sus colaboradores. La diferencia con López Obrador es que aquellos cuidaban que sus explosiones no fueran públicas, mientras que él exterioriza todo -justifica que su pecho no es una bodega-, y tiene fijaciones en la cabeza. Ayer, molesto por el titular principal de El Financiero sobre la caída del empleo durante mayo, volvió a disparar, de la nada, contra Pablo Hiriart, quizás el columnista más crítico del presidente.

López Obrador tiene otros clientes en las mañaneras. Mexicanos contra la Corrupción y Reforma son sus preferidos, a quienes identifica -con otras palabras- como cabezas de playa del neoconservadurismo mexicano y bastión de la resistencia a su proyecto de nación. En esto también es diferente a sus antecesores. Carlos Salinas, molesto por la cobertura de El Financiero sobre la deuda externa, le retiró toda la publicidad de gobierno, mientras que José López Portillo le retiró la publicidad a Proceso con una frase que se volvió clásica: "No pago para que me peguen".

Los medios no son su único blanco matutino. Dependiendo del tipo de acciones que va a seguir su gobierno, son víctimas de su retórica las instituciones autónomas, el poder judicial, los empresarios, los banqueros, políticos del viejo régimen y quien se le atraviese en el camino, incluidos miembros de su gabinete a quien con inusual regularidad descalifica y desmiente. Las tensiones con actores políticos, agentes económicos o con organizaciones de la sociedad se acentúan porque sus molestias se dirimen en público, a diferencia de sus antecesores, que lo procesaban con discreción, pero también, con mayor efectividad.

No quiere decir que el presidente no tenga derecho alguno de expresar su inconformidad con lo que se dice o se publica, pero pierde esa efectividad de antaño porque parecen pleitos callejeros entre iguales. Y aunque López Obrador tiene un comportamiento más de opositor y líder social que de presidente, esa dinámica de conflicto es asimétrica y pierde por el desbalance. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, donde ha hablado de presuntos actos de corrupción pero por la manera casuística e informal pero agresiva que utiliza, él mismo quita valor a sus señalamientos -perfectamente documentados en cuanto a abusos-, porque parece ser uno más de sus agarrones cotidianos.

Quien le caliente la cabeza antes de subirse al paredón que instaló en el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, es a quien más debería de reclamarle que lo coloque en una situación que a nadie, empezando por él, ayuda. El presidente ha utilizado la mañanera para controlar la agenda y construir consenso para gobernar, pero la forma como lo hace ha llevado a que no controle la agenda -domina el tiempo de exposición, pero los temas de coyuntura los coloca la prensa, que muchas veces lo arrollan en la arena pública-, ni tenga el consenso necesario para un gobernante, particularmente en situaciones tan complejas y delicadas como las que vive México y su gobierno.

El consenso que solidifica todas las mañanas López Obrador es con sus clientelas incondicionales, que lo respaldarán incluso hasta la ignominia. Ellos son importantes en elecciones, pero insuficientes para gobernar. La construcción del consenso no puede ser dinamitado todos los días. Requiere el apoyo nacional real, donde cabe la discrepancia, para que comprometa a todos los sectores a respaldar el cambio radical que desea para el país. Muchas cosas que plantea son necesarias y se habían convertido en indispensables para sanear la vida pública, pero la forma, no el fondo, es lo que lo acota al prevalecer su carácter mercurial sobre su cabeza. Maneja un modelo más apegado a las mayorías populistas -que se dan con mayor frecuencia en los regímenes parlamentarios-, que a la democracia madisoniana, que busca siempre los consensos para afinar la toma de decisiones.

Cualquiera de los 2 es funcional y puede ser eficiente, pero dentro de un marco de análisis convencional. López Obrador es todo menos convencional. Muy pragmático, cuenta con la legitimidad de los años de lucha política y de las urnas, para poder moverse entre las tormentas, a veces sumido en contradicciones, sin que tenga costo político en su fuerza para gobernar. Pero como él mismo lo reconoce, el apoyo popular que hoy respalda a su personalidad no será para siempre. Lo que hace, lo definió nítidamente Sergio Aguayo, quien el lunes escribió en su colaboración en Reforma al hablar de la mesura ante el presidente Donald Trump y la derrota ideológica de la 4T, que la actitud de López Obrador es "rijosa en el interior y sumisa hacia el exterior".

Rijoso es una persona conflictiva, que pelea. Ese es López Obrador, mediante la percepción construida y proyectada a nivel nacional en la mañanera. Eso no le conviene a él, a su gobierno o al país entero. Los mexicanos siempre andamos en busca de un líder, y difícilmente habrá alguien que vivió un presidente con sus cualidades de liderazgo. Pero ese líder tiene que ser para todos, no sólo para una minoría, que aprecien y respalden su energía y voluntad política para cambiar las cosas. Se requiere convencer no amedrentar, persuadir a quienes discrepen con él pero sin amagos ni amenazas. Si así lo hiciera, muchos que hoy lo ven con temor, le darán el apoyo, que tampoco debe regatear. Temple y calma se necesita de López Obrador, que a cambio obtendrá lo que requiere para su éxito sexenal, respaldo y respeto nacional.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, reconoció la caída en la creación de empleos durante el mes de mayo y contradijo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario afirmó que "hay 481,000 jóvenes inscritos en el Seguro que, si se suman, cambian completamente el informe" del empleo en el país.

Sin embargo, el titular del IMSS apuntó que los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no son empleos nuevos porque el organismo no recauda recursos con ellos. "La cifra de los Jóvenes Construyendo el Futuro no la consideramos como empleos nuevos; sí hay que mencionar que están recibiendo un ingreso y tienen seguridad social, pero como reciben una beca no cotizan para el retiro ni sus jefes aportan cuotas obrero-patronales".

La oposición en el Senado acusó que con el cierre del programa Prospera se afecta a 6.7 millones de familias en México, lo que equivale a 25 millones de pesonas. La senadora Nuvia Mayorga (PRI) dijo que con el cierre del programa las 6.7 millones de familias se han quedado sin Seguro Popular, becas de educación básica y el apoyo a las jefas de familia para la alimentación. "Son 25 millones de personas a quienes les han quitado Prospera" detalló la legisladora.

El desenlace en torno al súper delegado Carlos Lomelí llegará pronto a su fin. El presidente Andrés Manuel López Obrador apresuró a la Secretaría de la Función Pública para entregar la próxima semana el resultado sobre el presunto conflicto de interés del empresario farmacéutico.

El doctor enfrenta 3 escenarios generales, según la ley: un apercibimiento o amonestación; la destitución o inhabilitación como servidor público o librar cualquier sanción. El propio presidente anunció que se encargará de dar a conocer el resultado del dictamen.

Hagan sus apuestas.

Se puede argumentar que 2019 es un 1er. año de gobierno y en el inicio de una administración siempre hay una desaceleración. López Obrador prometió que tan pronto tomara posesión aumentaría el crecimiento, pero la realidad ha sido otra. La economía se contrajo en el 1er. trimestre de 2019. La menor creación de empleos es natural.

Las cifras del IMSS, por otra parte, no pintan el panorama completo. El gobierno de López Obrador ha despedido a miles de empleados de confianza, sin pagarles indemnizaciones, y a muchos otros que trabajaban por honorarios. Como no estaban en el IMSS, su despido no se refleja en las estadísticas de esta institución. Las encuestas del INEGI, sin embargo, muestran un aumento pequeño en la desocupación abierta de 3.4% en abril de 2018 a 3.5% en el mismo mes de 2019.

Entre actos de protesta por parte de migrantes centroamericanos que esperan una resolución de asilo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, presentaron el Plan de Desarrollo de Centroamérica que está orientado a fomentar el desarrollo en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como frenar el paso a la migración indocumentada rumbo a Estados Unidos.

Durante el encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, dijo que como una parte de este programa, México hará una transferencia directa de 30 millones de dólares a El Salvador como inversión inicial para poner en marcha el programa "Sembrando Vida", que será utilizado para cultivar más de 50,000 hectáreas, actividad que generaría 20,000 empleos.

El evento se retrasó poco más de 2 horas debido a que en el aeropuerto de Tapachula, salvadoreños, cubanos y haitianos protestaron ante el presidente Andrés Manuel López Qbrador, para exigirle una mayor rapidez en la atención de sus solicitudes de asilo y de permisos de trabajo.

"Presidente, haz cumplir la ley migratoria y apoya a niños y mujeres", rezaba una de las pancartas que varios menores de edad, acompañados de mujeres, sostuvieron ante el mandatario mexicano.

Entre empujones y gritos los mandatarios lograron subir a sus unidades, mientras migrantes y maestros obstruían el paso de las camionetas con pancartas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su postura de punto final ante los probables casos de corrupción de los expresidentes de México, pues no hay que apostar a anclarnos en el pasado, sino ver hacia adelante.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre la consulta de someter a juicio político a los últimos 5 expresidentes, por casos de corrupción en sus sexenios.

El titular del ejecutivo dijo que solo que los ciudadanos le exijan se llevará a cabo una consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, incluso dijo que sí son necesarios foros para debatir el tema, él participará para reiterar su postura.

"En esencia es no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante, eso fue lo que planteé. Dije que justicia también significa prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia adelante en lo que a nosotros corresponde con honestidad y no permitir la corrupción".

"Debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a que cambie el país, que haya una verdadera transformación, eso es más importante que el apostar a lo espectacular. A lo mejor sería más fácil y hasta popular actuar así, pero sentimos que lo menor es sentar las bases para que nunca más se repitan actos de corrupción".

La revocación de mandato que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a legisladores y dirigentes de todos los partidos para declarar su rechazo.

El bloque político exigió que el INE organice la revocación y se programe hasta pasados 3 años de mandato. Entre los críticos estaba el senador emecista Clemente Castañeda.

"Queda claro el intento de revocación de mandato para que el presidente pueda hacer campaña en 2021", acusó el líder naranja.

Si bien siempre hubo migración hacia Estados Unidos, y a su vez México fue lugar de paso para centroamericanos, de alguna forma las cifras estaban controladas y tanto nuestros vecinos del norte tenían la capacidad silenciosa de absorber a los que sí conseguían pasar (legal e ilegalmente) así como nuestro país absorbía a quienes se tenían que quedar en este territorio.

Pero con la combinación de Trump y López Obrador la cosa cambió.

El discurso pacifista y no represivo del presidente mexicano llegó a oídos centroamericanos y empezó la desbandada. México se entendió como un país de puertas abiertas, un "santuario", por donde se podría transitar sin mayor problema rumbo a la frontera norte.

Empezaron las migraciones masivas que con relativa facilidad cruzaron la frontera sur y empezaron a recorrer territorio nacional sin mayor problema que el de su traslado a lo largo de miles de kilómetros.

Pero Trump, con esa habilidad casi perversa que lo caracteriza, entendió que este fenómeno, magnificado por él y por los medios, podría ser vendido al norteamericano medio como una amenaza a la estabilidad del país. Un ingrediente magnífico para promover el miedo, en un país acostumbrado a vivir precisamente de miedos.

El presidente norteamericano fue subiendo de tono tanto su discurso como sus desplantes hasta llegar a la locura de amenazar con aumentar los aranceles a las importaciones mexicanas si aquí no se frenaba la migración. Quizás involuntariamente mostró la incapacidad de los gobernantes mexicanos (no sólo de ahora, de siempre) para manejar problemas serios como éste.

A López Obrador no le quedó de otra que doblegarse, aceptar las condiciones de Trump, y virar en su discurso para pasar de ser "país santuario" a "territorio de caza de migrantes", esfuerzo encabezado paradójicamente por el responsable de la diplomacia.

No se recuerda una presión como ésta.

Y además, el gobierno mexicano tiene la obligación de hacer bien las cosas (aquí ya no se puede simular como siempre) porque si falla la en la disminución del fenómeno migratorio en nuestro país, Donald Trump volverá a la carga y lo hará con la certeza de que lleva todas las de ganar.

El presidente López Obrador se reunió con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Éstos se comprometieron a invertir 32,000 millones de dólares este año. Ese mismo día, la Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció que cancelaba las rondas de inversión privada con Pemex. Ante ello, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, fue a Palacio Nacional a manifestar su asombro y pedir una explicación. Se reunió con el jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con el empresariado, Alfonso Romo. Le dijo que él también estaba asombrado y que pediría cita con el presidente López Obrador para saber qué pasó.

El presidente López Obrador declara en su conferencia matutina que son corruptos los que buscan frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, acudiendo al poder judicial para tramitar suspensiones y amparos. El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, dice que no está de acuerdo con el presidente. Así lo recoge incluso la agencia de noticias del gobierno, Notimex. A las pocas horas, el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes dice que sí está de acuerdo con el presidente.

Durante un mitin, al vociferar una pregunta y pedir que la gente levante la mano, el presidente canceló el proyecto del Metrobus de La Laguna Coahuila-Durango que significaba una inversión de 1,500 millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador no es un gran orador, por lo menos no en el sentido tradicional de la palabra. No tiene una retórica de altos vuelos, su vocabulario es pobre y repetitivo, sus vicios de dicción y solecismos son numerosos y el ritmo de sus oraciones es lento. Sabe, sin embargo, hablar a la gente del pueblo.

Uno pensaría que cualquier político se desgastaría en una prolongada presentación diaria en la que respondiera siempre de la misma manera, con los mismos argumentos, preguntas distintas, culpando de todos los problemas a la corrupción de sus predecesores, recurriendo a una visión sesgada y simplista de la historia. López Obrador, sin embargo, ha logrado mantener una popularidad extraordinaria a pesar de, o quizá debido a, la exposición constante en medios. A veces da la impresión de que gobierna desde el podio de las mañaneras. Ahí parece tomar decisiones clave con reacciones inmediatas a las preguntas de un pequeño grupo de reporteros.

Los medios oficiales le han dado a López Obrador una inverosímil cobertura. Imagino la reacción que habrían tenido sus seguidores si los canales del gobierno hubieran usado sus tiempos en el sexenio pasado para transmitir completas las presentaciones de Enrique Peña Nieto. Habríamos visto protestas justificadas, pero quizá lo más relevante es que habrían caído los ratings de las televisoras públicas. No es el caso con López Obrador. Las mañaneras suben el público. Millones de mexicanos están inmersos en un reality que todos los días nos trae la vida y las obras de Andrés Manuel.

La política siempre ha tenido una parte de show business, pero hoy se ha ampliado por la multiplicación de los medios de comunicación y las redes sociales. Los políticos actuales tienen que ser personajes mediáticos. Lo es Donald Trump pese a la irracionalidad de muchas de sus acciones y posiciones. Lo es también López Obrador, porque rompe las reglas establecidas.

Algunos miembros de Morena han entendido el mensaje. Gerardo Fernández Noroña y Jesusa Rodríguez generan controversias en redes sociales con ocurrencias de todo tipo. Saben, como Trump, que en la política moderna es mejor ser notorios que desconocidos. De alguna manera, sin embargo, debemos lamentarlo. Es mejor un gobernante o un político que escuche, y que entienda los problemas, a uno que hable sin parar.

Andrés Manuel López Obrador sabe manejar multitudes, pero no sabe manejarse él mismo. En presencia de una muchedumbre lo posee el vértigo del poder, y lo ejerce en ese momento contra toda razón y toda ley, sin fundamentar su acción ni medir sus consecuencias. Así, sus actos van pareciendo cada día más los de un dictador. Lo que hizo en Gómez Palacio, Durango, cancelar la construcción del Metrobús de La Laguna, atenta en forma grave contra la soberanía de dos entidades de la Federación, causa daños económicos considerables y frena el progreso de una importante comarca cuyos habitantes, tanto duranguenses como de Coahuila, resentirán perjuicios grandes por tan irracional cancelación. Ante esa medida, de tintes claramente dictatoriales, las autoridades de ambos estados tienen recursos de ley para oponerse a ella, y deben ejercitarlos tanto en bien de sus gobernados como por la defensa que deben hacer del pacto federal. No es posible que un proyecto de tanta importancia para La Laguna sea cancelado por una sola persona, así sea el Presidente, en forma tan prepotente e ilegal. Alguien que tenga cercanía con López Obrador debe decirle, por el bien de México, que su conducta se asemeja a la de un dictador que sin respeto alguno al orden jurídico y a la racionalidad impone su voluntad como si fuera un monarca absoluto, con autoritarismo mayor que el de los peores tiempos del presidencialismo priista. Ese comportamiento es también una forma de corrupción, pues implica abuso del poder y allanamiento de la legalidad. Quien incurre en tal proceder está violando flagrantemente el juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Con eso anula el ejercicio democrático y establece un ámbito dictatorial que en muy diversas formas está causando daño a la República. Por fortuna existe un Poder Judicial que ha dado muestras de independencia frente a ese desorbitado Ejecutivo que en lo exterior se ve como pigmeo y en lo interior actúa como ogro todopoderoso. La aplicación de la ley, el ejercicio de la crítica y la participación de los ciudadanos, especialmente de los organismos no gubernamentales y de los representantes de la iniciativa privada, pueden servir de valladar a ese presidencialismo autoritario que busca el dominio total de la Nación, la anulación de la ley y las instituciones y la instauración de un poder personal absoluto y permanente...

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está jugando un riesgo altísimo. El nuevo esquema de compra consolidada de medicamentos podría provocar un desabasto enorme con las terribles consecuencias para la salud de millones de mexicanos. En la lógica de ahorrar todo lo posible, siempre plausible y deseable, la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, ha llegado a un límite que parece haberse pasado ya de la línea de no retorno: vamos tardísimo.

Comprar directamente a los laboratorios los medicamentos en lugar de a las empresas distribuidoras (muchas de ellas de los mismos dueños) será sin duda más barato, pero no necesaria o solamente porque las tan cuestionadas distribuidoras fueran unos tiburones (sin duda había abusos y muy probablemente corrupción) sino simple y sencillamente porque no es lo mismo comprar un producto que un servicio. Los que venderán las medicinas estarán felices, pues su margen de ganancia es mucho mayor si solo venden.

Las compras consolidadas como las que pretende ahora el gobierno federal fueron eliminadas en la administración de Ernesto Zedillo justamente por los problemas que causaba la distribución de los medicamentos. Una cosa es tener el medicamento en una bodega en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Puebla y otra muy distinta y costosa es ponerla en el anaquel de la farmacia de la clínica rural o el hospital regional en el momento en que se demanda y, lo más delicado, con los cuidados que requiere el manejo de las medicinas. La pérdida por manejo inadecuado y el no abasto en tiempo y forma eran enormes, por lo que el gobierno cambió la lógica de compra y decidió licitar no solo el producto sino la distribución y administración de los medicamentos.

Con todos sus defectos, la administración pública tiene una memoria y un aprendizaje que en aras del combate a la corrupción este gobierno ha decidido simplemente tirar por la borda. El regreso al esquema de compra consolidada y que cada institución se haga cargo de la logística meterá al sistema de salud en un estrés enorme, pues a estas alturas los esquemas de distribución simplemente no existen. El nuevo gobierno podrá tener argumentos para sostener que lo anterior era mejor pero el caso es que eso ya no está, con lo que las instituciones de salud tendrán 2 opciones: o bien crean su propio esquema de distribución desde la burocracia con el riesgo de que funcione mal, o lo subcontratan con particulares lo que, me temo, terminará por encarecer el resultado final sin que necesariamente sea superior al servicios que se contrataba con las empresas especializadas.

En el mejor de los casos es probable que lo que nos ahorremos en la compra de medicamentos lo terminemos gastando en distribución, pero hay un escenario peor y éste es que el ahorro se traduzca en falta de atención, que lo que nos ahorremos en Hacienda lo paguen los pacientes que tengan que comprar ellos mismos sus medicamentos o peor, que lo paguen con su salud.

La oposición en el Senado adelantó que no avalará la reforma de revocación de mandato, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la fecha a marzo de 2021.

Los coordinadores del PRI, PAN, PRD y MC, anunciaron que la revocación no puede ser el 21 de marzo, aunque sea una fecha significativa para el gobierno federal, ya que se trata de una "treta electoral".

El líder parlamentario del blanquiazul, Mauricio Kuri, externó que si bien están a favor de la revocación de mandato, ésta "no debe ser" solo una atribución del ejecutivo, sino del ciudadano, además de que no se debe realizar en el periodo electoral que arranca en octubre de 2020 y termina con la entrega de constancias de mayoría.

"Esto es un plan mañoso, que busca que haya 2 elecciones, pues el 21 de marzo estamos en pleno calendario escolar, y deja inequidad en el proceso para los demás partidos", precisó.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, sostuvo que no se le puede dar al titular del ejecutivo, al actual y a los futuros, la facultad de intervenir en los procesos electorales, por lo que la revocación de mandato se podría hacer cuando se cumplan los 3 años, pero no fechas intermedias.

"Es una acción regresiva para el proceso democrático del país, más allá de apostarle a lo inmediato, es un mandato constitucional, y estaríamos dejando la posibilidad de que el presidente en la condición que esté pueda intervenir en las elecciones".

Por el PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que aunque su partido está de acuerdo con la figura, debe ser pasando los 3 años de gobierno y que no coincida con las elecciones intermedias.

"Desde mi punto de vista el presidente tiene un impedimento jurídico para poder promover su figura en un tiempo electoral, es decir, si nosotros avalamos que sea el 21 de marzo, estaríamos trastocando una disposición constitucional", añadió.

Les voy a contar una historia de esas que caben en la categoría de "vueltas que da la vida". Para empezar, por favor encuentren la diferencia sustancial entre estas 2 aseveraciones sobre las ventajas de que sea el pueblo el que haga las obras públicas:

a) "No hemos tenido ningún problema de desvío de recursos, porque son autoridades honestas. No es la licitación, el contratista, el soborno, el moche, la irresponsabilidad de las empresas, la mala calidad de la obra. (...) Por eso se decide entregarles los fondos de manera directa. (...) Esto es gobernar con la gente, que la gente nos ayude para avanzar; porque además de la corrupción cuando el dinero pasa por muchas oficinas se tarda mucho en que se puedan llevar a cabo las obras, porque es un enjambre burocrático. (...) Así como estamos haciendo los caminos, así va a iniciar un programa de construcción, mejoramiento de aulas, conservación de escuelas".

b) "Cuando se contratan constructoras, las obras no quedan bien. En cambio, con Solidaridad como es por administración y participación de la propia comunidad, las obras sí se terminan, y bien... Hemos cambiado de mentalidad. Ahora la comunidad está dispuesta a cooperar, porque las obras, como la rehabilitación de la escuela, ya son un hecho. Vamos a seguir funcionando en el comité, porque necesitamos mantenerla bien. La idea que tenemos es servir al pueblo".

Entre ambos párrafos median 26 años. El 1o. es del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo pronunció el lunes. El 2o. viene incluido en las memorias del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y lo dijo en julio de 1993 el chiapaneco Miguel Ángel Martínez Ramiro al agradecer al gobierno la ayuda directa.

A pesar de la distancia, temporal e ideológica por parte de esos políticos, esas líneas comparten algo esencial: la idea de que es funcional, y que por tanto hay que estimular, que las comunidades hagan sus propias obras. Algo tendrá de cierto que 2 personas tan enfrentadas lo sostienen.

En "México. Un paso difícil a la modernidad" (Plaza & Janés, 2000), Salinas habla maravillas de su programa Escuela Digna, parte del esquema de Solidaridad. Ahí, junto al testimonio ya referido, el ex presidente asegura que de las 120,000 escuelas que había en 1988 en el país, "mediante la amplia movilización de padres de familia y maestros, auspiciados por el programa Solidaridad para una Escuela Digna, habilitamos y dignificamos a 119,706 escuelas". O sea, todas prácticamente.

En cuanto a construcción de instalaciones educativas, y a partir del mismo esquema padres-maestros, Solidaridad habría ayudado, siempre según CSG, a construir 81,350 aulas, laboratorios, talleres y anexos.

Ahora, el presidente López Obrador pretende que sean 300,000 comités escolares -que deberán formarse- los que reciban fondos de la Tesorería de la Federación para la construcción y conservación de las escuelas. Es decir, de alguna manera alguien podría decir que lo que propone el actual mandatario se parece a lo que vimos entre 1988-1994.

Un observador de aquel proceso me hizo ver que, sin embargo, durante el sexenio de Salinas no se desapareció al CAPFCE (Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas), encargado de hacer nuevas escuelas, cosa que por el contrario anunció, con todas sus letras, López Obrador el pasado fin de semana: "Ya no va a haber dependencias, como había antes, que el CAPFCE o la institución que sustituyó al CAPFCE (INIFED, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa), construyendo escuelas. Se va a entregar el apoyo de manera directa a cada escuela para que nos ayuden, maestros y padres de familia, y se mejore la situación de los planteles escolares".

Solidaridad fue acusado de pretender crear "células de una nueva organización, pensada para conformar nuevas bases de legitimidad al sistema de gobierno".

El actual gobierno ha despertado suspicacias con su manera de dejar de lado a las instituciones y querer constituir nuevas formas de reparto de recursos, lo que coquetea con el clientelismo.

En su carrera política, López Obrador ha hecho de Salinas de Gortari su mayor antagonista. Pero en una de esas se parecen más de lo que ambos estarían dispuestos a aceptar. ¿Vueltas que da la vida?

Ahora solo falta que alguien se haga cargo de eso que ya se dijo aquí también, que la autoconstrucción tendrá sus virtudes, pero también representa retos: la mayor destrucción en escuelas por los terremotos de 2017 se dio en planteles autoconstruidos.

Los datos del daño del cambio climático son aterradores y sin embargo hacemos muy poco. Según el último estudio elaborado por las Naciones Unidas, mueren al año 5% de las especies de animales y peces que existen en la tierra, un ritmo de unas 150 especies se extingue al día. Así, solo en esta semana más de mil especies dejarán de vivir.

Asimismo, científicos estiman que tenemos 12 años para frenar el calentamiento global y revertir el crimen generado. Con la Tierra no hay Plan B. Tenemos que remediarlo, y sin embargo las emisiones aumentaron 2% en el 2018, el incremento más acelerado desde 2010. Vamos en la dirección equivocada y urge reducir las emisiones de carbono en muchos frentes. Las energías renovables son una vía indispensable para lograrlo, pero debemos acelerar su crecimiento; que en el 2018 fue de 15%, aunque apenas son una tercera parte del aumento de la generación de electricidad en todo el mundo.

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Japón la Reunión Ministerial del G20 sobre transiciones energéticas y medio ambiente, a la cual acudió la subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien a nombre de México, subrayó la importancia del combate al cambio climático mediante la protección del medio ambiente, así como la transición energética con acciones concretas. ¿Qué se habrá hablado sobre energías limpias, como la solar y la eólica? ¿Cómo revertir el calentamiento global?

Sobre este tema no tiene desperdicio el documento de Shell, que con base en su metodología de escenarios desarrollaron el documento Sky, que ilustra la posibilidad real de revertir el calentamiento, no solo parándolo, sino incluso bajando la temperatura del planeta 2º centígrados para el 2070. "Ya que necesitamos energía para prácticamente cualquier cosa, lograr los objetivos de Sky requiere reescribir por completo la economía global, para alcanzar cero-emisiones en 50 años". Lograr un objetivo así de ambicioso, indispensable y urgente, solo será posible con el liderazgo de estas 20 naciones. Sin embargo, las declaraciones del nuevo ministro de Medio Ambiente de la 4T no parecerían estar en línea con esta visión y compromisos. ¡Preocupante y muy distinto a lo expresado por la cancillería en Osaka!

La Academia Mexicana de Impacto Ambiental reveló sus apreciaciones en torno a la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en donde establece más de una decena de consideraciones que aún no se toman en cuenta.

En el documento dado conocer "Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Aeropuerto Internacional Santa Lucía", señala la AMIA que se carece de un nivel de desarrollo de proyecto que fuera al menos de ingeniería básica, que permita entender sus principales componentes y justifique técnicamente su planteamiento.

Ello, de modo que se asegure en primera instancia su viabilidad técnica.

En función de esto, resalta la falta de estudios como un plan maestro específico que incluya servicios aeroportuarios, accesos a usuarios, desarrollo de alrededores y plan de conexiones, entre otros.

Asimismo, el documento dice que carece de un plan de pistas; de seguridad aeronáutica conforme a los estándares internacionales; geotecnia y mecánica de suelos, en donde se trata de suelos que forman parte del exlago de Texcoco y por tanto susceptibles a hundimientos.

Falta también el procedimiento constructivo de pistas y edificaciones y su consecuente afectación a la diversidad biológica promovida por la apertura de los nuevos bancos de materiales.

Refirió también el monitoreo aviar de al menos un ciclo anual, que permita entender el uso que hacen las aves de la región y su posible interferencia con el proyecto propuesto y la hidrología superficial y subterránea.

Carece de estimación de emisiones de gases y partículas, así como estimación y modelación de niveles de ruido y de las áreas de amortiguamiento acústico y de seguridad conforme a estándares internacionales.

En cuanto a estudios del entorno ambiental, la información técnica es cuando menos insuficiente.

Aquí destacó el estudio aviar que se realizó con un esfuerzo de campo de unos pocos días en invierno, sin presentar información sobre la presencia de aves a lo largo del año.

Asimismo, para el caso de vertebrados terrestres, tampoco se presenta un inventario metodológicamente adecuado en cuanto al esfuerzo de muestreo.

En torno a la flora, es confusa la información sobre el tipo de vegetación en la zona, confundiendo entre el concepto de pastos inducidos y pastos halófilos.

También, a pesar de la existencia de vestigios arqueológicos, sólo se menciona su presencia y que el INAH los rescatará, sin aportar datos que permitan valorar la magnitud e importancia de los mismo.

Se omite reconocer que este proyecto tiene como antecedente indisociable el desarrollo de las obras para el aeropuerto en Texcoco, por tanto, todos los impactos de obra en el sistema ambiental regional deben considerarse y valorarse en forma acumulativo a lo ya ejecutado en Texcoco.

En este tema, se omite valorar la operación conjunta de ambos aeropuertos y sus efectos ambientales.

El gobierno federal no podrá mover ni un ápice en las obras para construir el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, ni para destruir los avances de la terminal aérea de Texcoco, de acuerdo con determinaciones judiciales que otorgaron suspensiones definitivas en favor de #NoMásDerroches.

El colectivo, en el que participan diversas organizaciones, despachos de abogados y cientos de ciudadanos, presentó 147 amparos, de los cuales obtuvo 7 suspensiones -3 definitivas y 4 provisionales-, siendo la última la que concedió el Juzgado 8o. de Distrito en el Edomex, que ordenó detener la obra de Santa Lucía, a partir de ayer, hasta que cuente con los dictámenes y permisos necesarios, y, al mismo tiempo, obliga a las autoridades a que conserven los avances del proyecto de Texcoco.

El vocero de la organización, Gerardo Carrasco Chávez, apuntó que las suspensiones que concedió el poder judicial en las últimas semanas son en materia ambiental, de derecho a la cultura y sobre seguridad aérea, pero destacó que "la más poderosa" es la última que les concedió el juez federal en el Estado de México, con lo que consiguieron entre 2 y 3 años para "congelar" los trabajos, pues ése sería el tiempo estimado que se tardaría la resolución de todos los recursos que interpusieron.

"Tenemos 7 suspensiones y las definitivas abarcan todos los temas. Por un lado, para el efecto de que no se destruya, desmonte o desmantele el avance que guarda el aeropuerto de Texcoco, hasta que se resuelva el juicio de amparo, y por otro lado, que no se continúen con los procesos de planeación y construcción de la terminal aérea de Santa Lucía, hasta que se cuenten con dictámenes y permisos en materia ambiental, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, de prospección arqueológica y de viabilidad social, política e interinstitucional", explicó.

El también director de litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), puntualizó: "A partir de hoy (lunes) no se puede mover un solo ladrillo, una sola varilla, ni en Texcoco ni en Santa Lucía, hasta que terminen los juicios de amparo o hasta que se muestren que tienen todos estos permisos".

Comentó que aunque la lógica llevaría a esperar a que el poder judicial resuelva los 147 amparos, el gobierno federal tiene la oportunidad de reconsiderar su decisión sobre edificar el nuevo proyecto y reanudar el anterior.

Asimismo, aseveró que con las suspensiones otorgadas la actual gestión también está obligado a garantizar los recursos necesarios para la preservación de las obras del aeropuerto de Texcoco.

Sin embargo, el excandidato presidencial, Gabriel Quadri, quien también forma parte del colectivo, consideró que es poco viable que el presidente Andrés Manuel López Obrador rectifique su decisión; por ello, estimó que son fundamentales las acciones que emprendieron a través de los amparos, por lo menos hasta el próximo sexenio, cuando llegue otro gobierno.

"Santa Lucía es un proyecto que ha sido descalificado prácticamente por todos los expertos y todas las instituciones reconocidas en el mundo en esta materia, entonces seguir con Santa Lucía es realmente aberrante, y más todavía, desperdiciar y destruir la infraestructura en Texcoco como un capricho político es inaceptable", declaró a este medio.

Por la mañana, el ejecutivo federal reiteró que "hay gente que está de malas porque no pudo consolidar la tranza", y por eso han promovido decenas de amparos.

Aseguró que la construcción de la terminal en Texcoco "era un negocio lucrativo y entonces quedaron molestos", y comentó que "ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo y puedan parar (la obra) con amparos; son personas vinculadas con los que no nos ven con buenos ojos".

Por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, apuntó que está de acuerdo con el presidente.

La Barra Mexicana de Abogados dijo que las advertencias de AMLO sobre mostrar a quienes promuevan amparos contra el proyecto de Santa Lucía, atentan contra el Estado de Derecho.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) aseguró que siguen trabajando para cumplir la ley en la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía; sin embargo, aseguró que nadie detendrá la obra.

"Estamos esperando la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero vamos a trabajar para que (la obra) se haga de manera ordenada, pero nada nos va a detener", señaló.

En entrevista, Gerardo Ferrando, director del GACM, comentó que de los 692 contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que fueron liquidados tras la cancelación de la obra en Texcoco, sólo quedan 70 por concluir.

Asimismo, mencionó que puede ser que en julio ya se liquiden en su totalidad, y que son 170,000 millones de pesos el universo de los contratos suscritos, y que se está dando la cancelación anticipada.

Indicó que el proyecto de Santa Lucía tendrá 3 pistas de aterrizaje, 2 de uso comercial y carga y otra de servicio militar, con lo cual se espera que mueva 20 millones de pasajeros al año.

El gobierno federal debe acreditar que cuenta con los permisos en materia de preservación de restos arqueológicos para construir el aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía.

Así lo ordenó el Juez 8o. de Distrito del Estado de México que el lunes concedió las 2 suspensiones definitivas para mantener paralizada la obra de Santa Lucía.

De acuerdo con el colectivo #NoMásDerroches, que tramitó 147 amparos contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el juez ordenó, además de frenar la obra de Santa Lucía, "que se paralice cualquier orden de destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificación" de lo que ya se construyó hasta ahora.

Esta es la 7a. suspensión que los juzgadores federales conceden para frenar, por ahora, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

El colectivo informó que en estas 2 suspensiones concedidas por el Juez 8o. de Distrito, se ordenó: "Que no se construya el Aeropuerto de Santa Lucía hasta en tanto se cuente con los permisos ambientales y en materia de preservación arqueológica por parte de las autoridades competentes".

EL UNIVERSAL informó que en la zona de la base militar en la que se planea construir el aeropuerto de Santa Lucía, fueron hallados restos de megafauna prehistórica que datan de al menos 23,000 años, según los informes emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Otros argumentos que han sustentado los juzgadores para conceder las suspensiones han sido la falta de dictámenes en materia de impacto ambiental y de permisos en materia de seguridad aérea.

El Metrobús de La Laguna fue la nueva víctima de una decisión del Presidente de la República. Levanten la mano los que no quieran el Metrobús, preguntó López Obrador a un grupo, a un pequeñísimo grupo de seguidores que lo acompañaban en el mitin el domingo pasado, y a mano alzada una minoría echó por la borda el proyecto de transporte público más importante de la región que conectaría a 4 municipios de la zona metropolitana más compleja del país (4 municipios, en 2 estados por partidos distintos).

A menos de que el presidente tenga otros datos (lo cual es muy probable, pues siempre los tiene) la obra no solo es fundamental para la zona metropolitana de la Laguna sino socialmente aceptada. Como toda gran obra ha generado molestias entre la población y, como es de esperarse en este país, va muy retrasada entre otras cosas porque el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, se ha dedicado a patear el balón. Como lo señala Javier Garza, el mejor periodista de La Laguna, los verdaderos afectados con esta obra eran los transportistas del viejo sistema particularmente en Durango. En este contexto, la decisión de cancelar un proyecto en el que se habían invertido ya 450 millones de pesos y para el que estaban programados 1,500 más, puede tener 2 explicaciones o incluso que sea la mezcla de ambos. Por un lado, la alcaldesa morenista, ex priista, de Gómez Palacio, Marina Vitela, le pidió al presidente cancelar el proyecto que venía de administraciones anteriores para no tocar intereses que le generaran alteraciones políticas y canalizar los recursos a obras que le dieran a ella más visibilidad y rentabilidad electoral. Por el otro, es un acto político de autoridad de López Obrador, un mensaje de en México ahora manda el pueblo y que el único interprete de la voluntad del pueblo es él.

Dicen que en política no hay casualidades; yo no estoy tan seguro, más bien creo que la historia y la política están hechas de circunstancias casuales y fenomenales equívocos. En todo caso lo cierto es que la cancelación del Metrobús de la Laguna se da justo en el momento en que los jueces obligan al gobierno federal a preservar Texcoco y detienen las obras en Santa Lucía y unos días después de que el presidente se había comprometido con el sector empresarial con que habría certeza en la inversión. ¿Quién traicionó a quién o, si se prefiere, quién traiciono primero: los empresarios que al mismo tiempo que firmaban el compromiso de inversión alentaban los amparos contra la obra emblemática del sexenio, o el presidente que se había comprometido a que en adelante todas las consultas serían formales?

Como sea, haya sido para fortalecer políticamente a sus aliados o para mandar un mensaje a los empresarios en este tour de force en que se han enfrascado el poder político y el económico, se trata de una pésima decisión para los lagunenses y una muy mala señal para la inversión que las decisiones se tomen a mano alzada.

En la crisis migratoria que vive México en la frontera con Guatemala, hay un personaje que ha pasado desapercibido desde el punto de vista de las responsabilidades políticas de haber provocado el conflicto político con Estados Unidos. Es el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue "Hermanos en el Camino", a quien se le puede adjudicar la paternidad de las visas humanitarias que otorgó el gobierno mexicano sin control desde diciembre, y de la política de brazos abiertos a inmigrantes de la Secretaría de Gobernación. Solalinde, a diferencia de todos los funcionarios involucrados, no tiene que rendir cuentas a nadie, ni estar sometido al escrutinio público, pero su influencia sobre Andrés Manuel López Obrador, metió al presidente y al país en una situación incómoda y de amenaza permanente desde Washington.

La agenda de Solalinde la adoptó íntegramente López Obrador.

Solalinde se le metió a López Obrador, quien desde la etapa de la transición comenzó a formular la política a seguir. De hecho, siguió la política que Solalinde dictó. El entonces presidente electo lo incorporó al equipo de transición, donde participó activamente en el armado de la política migratoria, cobijado, por si fuera necesario, con su primo en grado lejano, Alejandro Encinas, quien después fue nombrado subsecretario de Gobernación, responsable de los derechos humanos.

Desde esa posición, el padre Solalinde impuso el concepto de "visas humanitarias", bajo su vieja idea de que el tema migratorio siempre había estado anclado a la seguridad, con una estrategia de combate desde la perspectiva policiaca, donde los derechos humanos eran secundarios. La apertura de la frontera para recibir a quien quisiera, también fue un concepto desarrollado por Solalinde y aprobado unánimemente en la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero. La crisis con Estados Unidos estalló en marzo, cuando al mostrarle la estadística del incremento de capturas en Estados Unidos y la proyección anual de mantenerse el ritmo, le remarcaron que la gran mayoría de las personas detenidas, tenían visas humanitarias extendidas por México.

Durante la transición, Alfonso Durazo, quien era el enlace con el gabinete de seguridad, propuso que los agentes de migración pasaran a formar parte de lo que sería la renaciente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo cual coincidía con Solalinde que la corrupción en ese cuerpo era incorregible y había que tomar acciones radicales. Sin embargo, el padre se opuso y lo vetó. López Obrador le dio la razón. Quería tener el religioso el control de todo y el presidente electo le dio carta blanca para entrometerse. Migración permaneció dentro de Gobernación, pero desde el principio se confrontó con el ex director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Solalinde quería "acelerar" el cambio de las estaciones migratorias en Chiapas en "auténticos albergues", como los que opera, y donde se gestionaron un importante número de las visas humanitarias que provocaron el choque con el presidente Donald Trump.

Su proyecto personal no estaba a la par de cómo lo iba instrumentando el gobierno. Incluso, criticó abiertamente a la Secretaría de Gobernación, por no haber actuado de manera más expedita en el armado de un modelo de desarrollo con los países de América Central, y fue agudamente crítico con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la negociación que llevó a cabo en Washington para evitar la imposición de aranceles.

Solalinde excluyó por completo de la crítica a López Obrador, de quien dijo, fue colocado "entre la espada y la pared", soslayando sibilinamente que Ebrard no hizo nada que no fuera discutido y avalado por el presidente. El padre está hablando por la herida. El acuerdo limita sus operaciones de albergues en el sur de México, y le ha quitado la iniciativa en la formulación de la política migratoria. Su revés es una derrota para la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo, aunque no se perciba, es mayor el descalabro para el presidente, que tuvo que asumir la humillación ante Trump y acatar sus imposiciones. López Obrador ha sufrido en credibilidad; el gobierno también. Solalinde salió inmune e impune, cuando tendría que ser el principal responsable de este fiasco.

Morena Jalisco quiere abrir brecha y marcar agenda. Por eso cada lunes realizarán ruedas de prensa encabezadas por Hugo Rodríguez, su delegado presidente.

En la 1a. realizada ayer pusieron el ojo y la bala en supuestas extorsiones a comerciantes ambulantes en Guadalajara. Y con una indignación de señora persignada, acusaron a Pedro Martínez Ponce, director de Tianguis y Espacios Abiertos, como el responsable de los abusos.

Nada más que Martínez Ponce fue el director de esa dependencia, pero en la administración pasada. La actual directora es Blanca Estela Valdez.

Si así va a estar el nivel, ya que son los "nuevos ricos" de la comarca, en vez de invertir en un nuevo edificio, mejor que armen el "cochinito" para pagarse asesores con mayor nivel.

Una de las razones del desplome económico de 1982, que llevó a la década perdida de los 80, fueron las paraestatales. Estas no solo generaban grandes pérdidas, que resultaron en un déficit de presupuesto inmanejable así como en inflación y devaluaciones, sino que crearon monopolios que distorsionaron la economía y provocaron corrupción. Las privatizaciones que empezaron en el sexenio de Miguel de la Madrid y se extendieron hasta el de Ernesto Zedillo le dieron una mayor estabilidad y competitividad a la economía nacional.

No sé si López Obrador esté buscando crear nuevos monopolios públicos. Con frecuencia ha anunciado que está dispuesto a trabajar con la iniciativa privada. Su cultura del viejo PRI, sin embargo, lo empuja a pensar que para producir lo que quiere, y lograr la autosuficiencia que considera una virtud, debe reconstruir las viejas paraestatales.

Es un error. El gobierno es un pésimo empresario. Si las plantas de fertilizantes son un buen negocio, que las compren y manejen compañías privadas, pero no el gobierno, que tiene ya muchas responsabilidades financieras que solo él puede satisfacer.

El propio presidente reconoció en su discurso inaugural que "hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento". Esperemos que no lo olvide en este momento, cuando busca reconstruir las paraestatales tan características del viejo PRI.

Un juez federal en el Estado de México concedió 2 suspensiones definitivas para mantener congelada la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAICM) y sustituirlo por el de Santa Lucía.

El juez 8o. de Distrito en el Estado de México dictó hoy 2 sentencias interlocutorias en amparos tramitados contra la cancelación del NAICM en las que concedió la suspensión definitiva para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran hasta que dicte sentencia definitiva de amparo.

En consecuencia, las órdenes de mantener frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, permanecerán vigentes hasta que decida si concederá o no la protección constitucional, para lo cual puede demorar hasta un año más.

Los amparos forman parte de los 147 juicios tramitados por el colectivo #NoMásDerroches con el que organizaciones de la sociedad civil, despachos jurídicos y ciudadanos se coordinaron para buscar que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la decisión de cancelar el NAIM.

Con estas 2 resoluciones, suman ya 3 suspensiones definitivas a favor de los quejosos y 4 provisionales concedidas por tribunales y juzgados federales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las suspensiones han sido concedidas bajo el argumento de que el gobierno federal no ha garantizado que la obra de Santa Lucía no afecta el medio ambiente ni que cuenta con los dictámenes necesarios en materia de seguridad aeronáutica.

De todos los amparos, fueron solicitadas aproximadamente 40 suspensiones de las cuales una ya fue negada, en la provisional, a María Elena Morera, especialista en seguridad pues el juez que conoció de su demanda y el tribunal Colegiado en la Ciudad de México que ratificó la negativa, indicaron que aunque el Presidente de la República anunció la cancelación del proyecto de Texcoco no había aún nada oficial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se molesten las asociaciones de abogados, él ejercerá su derecho a expresarse sobre los amparos interpuestos contra la cancelación de NAICM en Texcoco.

"Salió una asociación de abogados señalando que no podía hablar del asunto, estoy haciendo uso de mi derecho a expresarme... y entre más me impidan hablar seré más claro".

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "los corruptos" que tenían la construcción del aeropuerto en Texcoco, están inconformes porque no pudieron concretar la transa.

"Quedaron molestos, no se resignan que ya no es lo mismo, y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto (en Santa Lucía) y quieren pararlo con amparos, son personas vinculadas con los que no nos ven con buenos ojos".

Reiteró que aunque se enojen las de la asociación de abogados, aquí se toca todo, la vida pública cada vez más pública, ya la autoridad correspondiente va a resolver (los amparos).

Ayer domingo, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) consideró inapropiadas las declaraciones del titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, con relación a los amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su sustitución por el de Santa Lucía.

El pasado 14 de junio, el presidente dijo en conferencia de prensa que los amparos en los que se ha ordenado la paralización temporal de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fueron tramitados por sus adversarios a quienes exhibirá "para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses".

Tales declaraciones, indicó la BMA, atentan contra el Estado de Derecho pues el ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo.

Una votación a mano alzada en uno de sus eventos oficiales bastó para que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera poner fin a la construcción del Metrobús en La Laguna que abarcaría los municipios de Lerdo y Gómez Palacio.

Durante el evento en la unidad deportiva de Francisco Gómez Palacio, varias personas portaron pancartas en las que se oponen a la construcción del Metrobús, que para este año ya tiene un presupuesto federal autorizado de 450 millones de pesos.

Y para que no haya imposición, el presidente hizo una consulta a mano alzada: ¿quieren que se construya el Metrobús sí o no? La mayoría de los asistentes optó por el "no".

"Ya no hubo Metrobús", afirmó el presidente.

Adelantó que se va a poner de acuerdo con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para que el dinero que está ya autorizado se destine a obras para abastecer de agua y también para el hospital. "Ya existe el presupuesto, en el caso del Metrobús tiene que ver con lo de Torreón y faltaba Lerdo y Gómez Palacios. Pero si la gente dice no, el pueblo manda", aseveró.

Sigo asombrado por el discurso que dio el sábado antepasado en Tijuana el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí. Su tono de sumisión y elogio desmedido ante el presidente López Obrador, tras el acuerdo de 45 días para evitar los aranceles, me hizo recordar los discursos de los casi momificados dirigentes de la CTM a sus presidentes priistas.

A los pocos días, el Consejo Mexicano de Negocios se reunió con el presidente AMLO. Le prometieron inversiones por 32,000 millones de dólares. Todo fue miel sobre hojuelas y el presidente del consejo, Antonio del Valle, si bien no alcanzó los estándares de adulación que dejó como récord Salazar, tampoco reflejó el verdadero sentimiento que, a la sorda, comentan la mayoría de los empresarios mexicanos: hay miedo e incertidumbre por el manejo económico del presidente, por su desdén a los mercados y su desprecio por las calificadoras, su insistencia más allá de toda lógica en la construcción de su refinería, de su aeropuerto, de su tren, hay preocupación por los tropiezos en la gestión y sobre todo, por la posibilidad de que la administración López Obrador está por convertir una desaceleración en una recesión.

Valoran la disciplina fiscal, es verdad. Animan los programas sociales y el combate a la corrupción, también es cierto. Pero no hay triunfalismo, confianza ni gran ánimo ante lo que ven. Los discursos de los líderes del empresariado no reflejan lo que piensa la mayoría de los empresarios.

Quizá sea una estrategia para no perder interlocución, para no romper con un presidente que no toma bien la crítica. Pero también corren el peligro de ser una voz que cada vez represente menos a los empresarios.

Claro, en este juego de sombras, el presidente también les habla muy bonito.

El 6 de febrero pasado denuncié que el gobierno federal estaba haciendo un "guardadito" a espaldas de la ciudadanía: la gasolina debería costar 4 pesos menos por litro y esto le generaba una bolsa mensual de 2,000 millones de pesos para usar discrecionalmente.

Curiosamente, a los pocos días de esa publicación, el gobierno rompió el silencio sobre el tema: aclaró que si bien en campaña se había prometido bajar el precio de la gasolina, aquello no iba a ser tan fácil. Argumentaron que no se podía desaparecer el impuesto IEPS que se cobra a los combustibles, luego dijeron que tampoco se podía bajar tantito ese IEPS, más tarde que ni siquiera iban a seguir dando el subsidio al IEPS que buscaba mitigar los aumentos en el precio de la gasolina, pero finalmente revivió el subsidio al IEPS y hace unos días volvió a morir el subsidio al IEPS pero sólo en la gasolina Premium.

En medio de todos estos volantazos, a medio año de haber tomado posesión, el actual gobierno mantiene el gasolinazo que tanto criticó desde la oposición: si comparamos los precios de los combustibles en noviembre de 2018 con los de mayo de 2019, tenemos que la gasolina Magna estaba en 19.42 y está en 19.44 pesos por litro, la Premium estaba en 20.94 y está en 20.95, y el Diesel estaba en 20.77 y está en 21.25.

Una de las declaraciones más inverosímiles, por cuando a candidez y reconocimiento de incompetencia que se hayan escuchado en la política mexicana: "No sé por dónde pudieron pasar".

La perla es de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la responsable de la política migratoria hasta hace unos días, cuando si no formal pero sí factualmente, la despojaron de esa responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se había tardado. La forma como manejó Gobernación el fenómeno migratorio fue un desastre, y peor aún, está demostrado que la política de puertas abiertas con visas humanitarias disponibles para todo aquél que quisiera viajar a México, detonó la más grande crisis en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos que se recuerde en una generación, incluida una tragedia humanitaria de niños en la frontera entre los 2 países, y provocó la pérdida de soberanía mexicana, al haberse tenido que tomar decisiones que se acomodaran a los dictados de la Casa Blanca.

La 1a. víctima visible fue Tonatiuh Guillén, cuya gestión como comisionado del Instituto Nacional de Migración se volvió insostenible. El viernes pasado, de manera escueta, el INAMI informó de la renunciade Guillén, sin ninguna explicación sobre los motivos de su salida. El final de Guillén y su breve paso por la administración pública es la derrota completa de la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, donde la ingenuidad de sus funcionarios le permitió a Guillén impulsar la política de brazos abiertos a quien quisiera viajar a México rumbo a Estados Unidos, otorgándoles visas humanitarias, techo, comida y protección de la Policía Federal. El ex comisionado no actuó de manera unilateral. Dentro de Gobernación existió el consenso de que ese debería de ser el camino, sin alcanzar a ver las consecuencias de su reduccionistas visión del fenómeno.

López Obrador no puede decirse sorprendido. La división dentro de su gobierno entre las 2 posiciones antagónicas sobre qué hacer, entre Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores se arrastró por meses. En no pocas reuniones de evaluación estratégica sobre el creciente fenómeno, expuesto de manera amenazante con represalias económicas por la ex secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen en febrero, y subrayado por el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, directamente al presidente en marzo, Guillén fue la cara beligerante de Bucareli.

Cuando le exigían al ex comisionado explicación del porqué habían desarrollado esa política de brazos abiertos, expresaba como valor supremo la protección de los derechos humanos, sin matices. Cuando le exponían que ello podría tener repercusiones y reacciones por parte de Estados Unidos, respondía que no importaba, pensando que lo iba a doblegar. La soberbia de Guillén fue la ceguera de Gobernación, montada en un gobierno naciente donde la incompetencia por desconocimiento de su desconocimiento que lleva a tomar decisiones sin contemplar los diversos escenarios, provoca reveses costosos.

El presidente es quien más los ha tenido. Todos sus compromisos de campaña sobre cómo iba a lidiar con Trump han sido modificados radicalmente. Toda su bravuconería se volvió docilidad. Toda la fortaleza prometida se convirtió en una debilidad, que al tener cerradas las opciones por los flujos de migración inéditos en la historia entre los 2 países, se volvió una vulnerabilidad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ganó 45 días de tiempo, quizás hasta 90, con la negociación en Washington. Sabe que la prórroga de la imposición unilateral de aranceles podría extenderse más allá del plazo acordado con Estados Unidos, pero será una amenaza permanente durante toda la campaña presidencial, que termina en noviembre del próximo año.

La urgencia por evitar los aranceles se resolvió temporalmente con la militarización de la frontera sur y convertir a 6,000 elementos de la Guardia Nacional en coadyuvantes del INAMI, reforzado con 647 elementos de la Policía Federal, que comenzaron a desplegarse en Chiapas este fin de semana disfrazados como agentes migratorios, para ir en busca de los migrantes que se hayan quedado varados o se perdieron en territorio mexicano, y llevarlos a la frontera con Guatemala.

Las maromas de Ebrard habrían sido innecesarias porque también se pudo haber evitado la crisis con Estados Unidos. Dejemos lo retórico, porque lo que falta, aunque parezca una obviedad, es lo que viene. Sabemos las tareas encargadas al gabinete de seguridad y que el presidente nombró a Francisco Garduño, militante de Morena sin experiencia en el tema migratorio, como sustituto de Guillén, manteniendo el papel periférico del INAMI en donde debía ser cabeza, que funcionará como una ventanilla administrativa. La estrategia y las decisiones tampoco caerán en Sánchez Cordero o el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, otro de los arquitectos de esta crisis, lo que lleva a pensar si su permanencia en el gabinete se volvió ociosa y es tiempo que, ante la nueva realidad, los cambios en el gabinete que vienen, comiencen por ahí.

Del "valiente defensor del país" que dijo ser en campaña (quien iba a contestar con la misma o más saña los embates del presidente estadounidense) a través de las "benditas redes sociales", pasó a convertirse en el "prudente y obediente defensor del mandato del pueblo bueno", que le ordenó mantener silencio ante las amenazas del irracional gobernante estadounidense.

Tal parece que Claudia Sheinbaum, gobernante de la Ciudad de México y favorita para llegar a la candidatura a la presidencia de la república en el 2024 por el partido de Morena (con la "bendición" de Andrés Manuel López Obrador) al parecer ha tenido que ceder su lugar a Marcelo Ebrard Casaubón, ahora convertido en el súper secretario del gabinete de AMLO, tras el tremendo ridículo hecho en las negociaciones con los representantes de Donald Trump, en contra de la dignidad del pueblo de México, pero que ha sido disfrazado de todo un éxito, con tal de salvaguardar el nombre de su jefe, el ejecutivo federal.

Luego de los primeros meses de acción de gobierno en la CDMX, Claudia ha presentado un gran número de ineficiencias y hasta soberbia, lo que combinado con las "acciones" de Ebrard, en la actualidad se encuentra fuera de la competencia.

La historia se repite, el alumno más avanzado de Manuel Camacho Solís (+), sigue los pasos del maestro y tras potenciar algunos de los muchos problemas que se presentan en nuestro país, Marcelo surge de entre los fantasmas del pasado, para posicionarse como el consentido de AMLO, lo cual le lleva hasta las alturas. ¿Llegará?

"Después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'Yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura... ¡Vete a volar, Gaviota!'. Parece que se equivocó (sic)". Sergio Sarmiento.

"Tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante". Susana Zabaleta.

Las declaraciones de la actriz se dan luego de que hace unos días la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca de México y el Museo Nacional de Culturas Populares cerraran sus instalaciones debido a que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) iniciaran un paro de labores para exigir un alto a los recortes de personal y un aumento salarial.

Los 3 centros culturales son vitales en la vida de los capitalinos. El cierre, y una serie de errores que arrastra la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, desde el inicio de su gestión, han levantado una ola de críticas en los poco más de 6 meses que lleva la actual administración. El último gran fiasco fue el de entregar el Palacio de Bellas Artes al líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien es acusado en Estados Unidos de pederastia y producción de pornografía infantil.

La Barra Mexicana de Abogados aseguró que las advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre mostrar a quienes promuevan amparos contra las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, atentan contra el Estado de Derecho.

El pasado 14 de junio el presidente López Obrador advirtió que si sus "adversarios" logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, él los exhibirá "para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses".

A través de un comunicado, la asociación señaló que es "inapropiado que el ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole".

Además, lamentó las acciones del poder ejecutivo "que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el Estado de Derecho. El ejercicio de derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo", subrayó.

En tanto, la Dirigencia Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD rechazó las descalificaciones presidenciales contra los opositores al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía.

La DNE aseguró que acosar a los ciudadanos que opinan libremente y ejercen sus derechos no es un acto democrático.

En entrevista, Camerino Márquez consideró grave este tipo de descalificaciones públicas del ejecutivo federal, que dijo en el pasado fue un opositor y criticó prácticas de ese tipo desde el poder.

La dirigencia perredista argumentó que no corresponde al presidente de la república actitudes de encono contra las personas que no piensan igual que él o que se oponen a sus políticas y proyectos.

En ese sentido, expresaron que todos los ciudadanos tienen derecho a inconformarse y cuestionaron que hasta el momento el gobierno no ha transparentado los permisos, el proyecto ejecutivo, el trazo, la ruta y su impacto ambiental que generará su construcción.

Por ello, exigieron al ejecutivo federal acatar las resoluciones judiciales en torno a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

En una de tus "mañaneras" expresaste que la economía de México está muy bien; sin embargo, el Banco de México dijo que estamos en peligro de recesión. Yo creo que el Banco de México, y en general las calificadoras, saben un poquitito más que tú; tú lo que sabes es convencer a la muchedumbre, pero de economía no tienes la menor idea.

Luego sales con algunas acciones totalmente ilógicas que van en contra del desarrollo de un país, como es la desaparición que hiciste del Consejo de Promoción Turística de México y sin embargo anuncias que se van a invertir 3,000 MDP en una oficina de beisbol del gobierno, ¡vaya, qué maravilla de idea!, como si el beisbol fuera un motor positivo para el desarrollo global de México; vaya que a mí me gusta el beisbol y jugué beisbol, pero no tiene nada que ver con que promueva el desarrollo de México.

Tu gente sale además con que se debe inundar el Lago de Texcoco porque es su vocación, ya sólo falta que digan que quieren plantar un nopal y buscar un águila con una culebra.

¿Qué no te das cuenta de lo positivo que sería el Aeropuerto de Texcoco para el desarrollo turístico, además ya sea en la inversión turística y en la ocupación turística? Y antes de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México, le encargas por parte del gobierno a las embajadas mexicanas la tarea de atraer mayor flujo de viajeros extranjeros al país.

"Es indispensable hacer de manera urgente que participe el gobierno federal en el esfuerzo de promoción del país asegurando que los ingresos captados por los impuestos sobre los servicios hoteleros se canalicen directamente a la promoción turística", expresó fuertemente Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, y vaya que si te digo esto es porque yo he estado involucrado en el turismo y conociendo el desarrollo turístico por más de 40 años.

¿No crees Andrés Manuel que los 3,000 MDP que dijiste que los vas a dirigir a crear la oficina de beisbol del gobierno, serían mucho más útiles si apoyas a la Secretaría de Turismo y se revive el Consejo de Promoción Turística de México?

Por otro lado, la iniciativa privada ha mencionado que se compromete a elevar la inversión, pero pide certeza en todas tus expresiones, porque se necesitan reglas claras y cumplir con un Estado de Derecho fuerte, este año se invertirán 625,000 MDP a la economía.

Ahora, tengo la curiosidad de que nos digas qué vas a hacer con los 147 amparos que hay en contra de Santa Lucía y a favor de Texcoco; naturalmente que los jueces no van a poder contigo, eso por sabido se calla, pero se necesita claridad y no expresiones que provoquen incertidumbre.

La capacidad destructiva de algunos funcionarios de esta administración puede generar daños irreversibles para el país.

Un ejemplo es la nueva política que pretende instrumentar la Semarnat.

Víctor Manuel Toledo, secretario de la Semarnat y experimentado académico, promete rediseñar la política ambientalista del país. Al presentar el Plan Nacional de Transición Energética dio indicadores del rumbo que llevan sus planes.

Por ejemplo, pretende descansar la sustentabilidad del país en el petróleo, en un mundo que hoy se mueve hacia la generación de energías limpias, con lo cual, seguramente va a destruir toda una estructura innovadora que fue creada por gobiernos anteriores para proteger el medio ambiente.

Se ha convertido en un "trending topic" la declaración del secretario Toledo respecto a que los generadores de energía eólica, o aerogeneradores, "atrapan el aire de las comunidades indígenas", lo cual es un disparate, pues las grandes aspas simplemente se benefician del paso del aire, que las mueve, generando así energía eléctrica de bajo costo.

Parece ser que el tema indigenista hoy es el filtro que define las políticas gubernamentales, lo cual imprime un toque ideológico que está por encima de las decisiones prácticas que debiesen guiar al gobierno.

Esto significa que se frenará la inversión en la generación de energías limpias por parte de las empresas con experiencia, porque estas representan al "neoliberalismo". En contraste, con visión populista el secretario de la Semarnat habla de fomentar la creación de pequeños proyectos donde se involucre a la ciudadanía.

Lo que no nos dice es cómo la ciudadanía podrá generar energía, aunque sea para su propio consumo familiar.

Al calificar a su proyecto como "transición energética", presentándolo como la antítesis del neoliberalismo, nuevamente pone una visión ideológica por encima de lo que conviene a nuestro país, o sea, impone un freno ideológico al desarrollo.

Pretende destruir los avances tecnológicos en materia ambientalista simplemente por convicciones personales.

Cabe cuestionar por qué la institución que debe vigilar la salud del medioambiente, que es la Semarnat, impone políticas energéticas, que debiesen ser tema de la incumbencia de la Secretaría de Energía. Lo peor es por qué el Congreso de la Unión ha ignorado la trascendencia e impacto futuro de estas nuevas políticas energéticas, siendo que es al congreso a quien le corresponde dictar las políticas energéticas, no a ninguna secretaría de estado.

Esto muestra descoordinación interinstitucional entre los organismos gubernamentales.

Mientras el Valle de México, que concentra la mayor densidad poblacional del país, sufre de contingencias ambientales vinculadas con el uso del petróleo como generador de energía, la Semarnat se convierte en el defensor de la industria petrolera simplemente por llevar la contraria a las grandes potencias y al neoliberalismo, según declaraciones del secretario Toledo, cuando la lógica nos vislumbra como solución la conversión tecnológica hacia energías limpias.

¿Alguien entiende esta incongruencia?

Si a esto añadimos el impacto de la contaminación ambiental en la salud de los ciudadanos, por la utilización del petróleo y sus derivados, se debe involucrar en este problema ambientalista a la Secretaría de Salud. Por tanto, vemos que el proyecto de la Semarnat tiene un espíritu destructivo, equivalente al de un niño pequeño que hace una rabieta que destruye artículos valiosos, sin tener conciencia del daño que ha hecho.

Las acciones que hoy se instrumentan parecieran derivarse de ocurrencias y no de estrategias sustentadas en planeación.

En esta problemática podríamos incluir el posible desmantelamiento de la infraestructura del Consejo de Promoción Turística, lo cual fue anunciado, aunque aún no se concreta en la práctica. Esto constituye un ejemplo de desmantelamiento de infraestructura productiva. La disminución del 85% de su presupuesto, pone al CPT al borde de la desaparición.

Si este organismo desaparece o se achica, dejaremos de tener una importante red de oficinas promotoras alrededor del mundo, la cual representó una gran inversión de gobiernos anteriores. Con su desaparición en el corto plazo habrá un ahorro, pero en el futuro veremos pérdida de competitividad turística.

Por otra parte, el cierre de ProMéxico y sus 46 oficinas en el extranjero, dedicadas a promover productos mexicanos en el exterior y apoyar a los exportadores nacionales, ha echado por la borda contactos, experiencia y una importante presencia global de nuestro país.

Una estrategia constructiva, deseable, sería evaluar programas y proyectos, así como replantear el futuro de instituciones, para mejorar lo que hoy hay, haciendo eficiente su operación y evitando la corrupción. Sin embargo, desmantelar instituciones e infraestructura trae un daño patrimonial irreparable y de consecuencias a mediano plazo.

(V.periódico El Financiero en línea del 14 de junio de 2019).

Noticia de la semana: el "acuerdo de Washington", según el cual México dejará de ser puente -alfombrado, además, por las facilidades que se les dieron al inicio de la actual administración- y se convertirá en barrera o filtro para los migrantes centroamericanos; 2o., por la declaración del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de que Estados Unidos remitirá a México 50,000 centroamericanos aspirantes a conseguir el estatus jurídico de refugiados; y 3o, por el compromiso (verbal) del presidente López Obrador, de dar "un trato humanitario" a los migrantes en su tránsito o estadía en territorio mexicano.

La danza de los números es inevitable: a los 50,000 centroamericanos que enviará a México el gobierno norteamericano, habrá que añadir los que lleguen directamente de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son los principales países centroamericanos expulsores de migrantes. Según la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de 30 a 40,000 personas de esa procedencia trataban de llegar a Estados Unidos, pasando por México, cada mes; ese promedio ("yo no sé por dónde pasaron", declaró la funcionaria) aumentó hasta llegar a 100,000 en abril... y a más de 144,000 en mayo.

Jesús, según el evangelio de San Marcos, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a una multitud. Lo hizo una vez solamente... México tendría que hacer ese milagro diariamente, por tiempo indefinido, para hacer efectiva la aseveración presidencial, de que "donde uno come, deben comer 100, mil, un millón de seres humanos".

El evangelio no explica cómo hizo Jesús el portento: se limita a consignarlo. López Obrador sí anticipa cómo lo hará él: "porque no hay corrupción tolerada en el país, y por el plan de austeridad republicana"... O, explicado con palitos y bolitas, mediante la venta del avión presidencial de su antecesor, una vez que las Naciones Unidas lo evaluaron: "mínimo 130 millones de dólares"... aunque la eficacia del truco (o milagro, como se prefiera) dependerá de que salga, a la brevedad deseable, un cliente dispuesto a pagarlos sin regatear.

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, estimó que la máxima casa de estudios jalisciense ha recibido unos 1,200 millones de pesos menos por parte del gobierno federal en lo que va de 2019 para dedicarlos a investigación y becas.

"Calculo que deben ser 1,200 millones los que ya van a impactar. Son bolsas que tenía el gobierno federal a las cuales las universidades podíamos acceder con proyectos", lamentó.

Entre las afectaciones que esta falta de liquidez acarreará a la universidad, está la mitad de las becas de los estudiantes de la carrera de Medicina, el fondo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y el programa para el reconocimiento de plantillas.

El conflicto que afronta la Universidad de Guadalajara en materia de recursos federales no es nuevo. Cuando se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, la casa de estudios tachó de "ridículo" el aumento de 20 millones de pesos de parte de la federación a comparación con el año pasado, argumentando que la cifra no permitía un crecimiento sustantivo.

En mayo, el rector universitario afirmó que la universidad ha gastado 80 millones de pesos en seguridad privada, dinero que "debería estar dedicado a otras acciones sustantivas de la universidad".

El acuerdo entre México y Estados Unidos derivado de la amenaza arancelaria a las importaciones de productos mexicanos a dicho país, no es un acuerdo sano que solucione el fondo del problema migratorio a EU a través de México, sino un convenio punitivo celebrado bajo amenazas para una suspensión de aranceles temporal y condicionada.

Lo digo así porque a pesar del acuerdo logrado, y que equivocadamente liga asuntos comerciales con problemas migratorios y de derechos humanos, las amenazas de imposición de aranceles continúan.

Un tuit que ha circulado en redes sociales a raíz de la celebración de AMLO en Tijuana por este acuerdo explica coloquialmente sus términos y la debilidad y sumisión del gobierno mexicano frente a Trump: "Celebrar el acuerdo con Estados Unidos es como celebrar que te dejaron de hacer bullying en la escuela a cambio de hacerle todos los días la tarea, cargarle sus libros y darle tu lonche al niño que te bullea".

La falta de planeación y el exceso de improvisación que hay en su gobierno, más que un estilo personal de gobernar raya ya en el desorden administrativo y comienza a toparse con eso que sus defensores llaman excesos de la burocracia y sus detractores simplemente Estado de Derecho (o al revés cuando no coincide con sus intereses).

2 casos han reventado en las últimas semanas merced de las prisas del presidente. El 1o. fue el de las estancias infantiles. Una serie de reveses jurídicos y de violaciones a los derechos de los beneficiarios han puesto contra la pared al gobierno federal. Una parte tiene que ver con las formas, pues administrativamente la cancelación del Programa de Estancias Infantiles se hizo sin seguir los procesos adecuados adelantándose a hablar de corrupción, pero sin poder señalar nunca a los corruptos. La otra tiene que ver con la ineficiencia de los Servidores de la Nación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demostró que el famoso censo de beneficiarios se hizo con las patas lo que dejó a niñas y niños que estaban legalmente recibiendo el beneficio fuera del padrón, en perjuicio de estos y sus padres.

El otro caso es el del Aeropuerto de Santa Lucía. Las prisas por tener un aeropuerto alterno lo más rápido posible ha llevado al gobierno federal a cometer errores que a la postre podrían salir más caros que el derroche que se quiso evitar en Texcoco. Los amparos presentados por el grupo identificado como #NoMásDerroches lo único que piden es que las cosas sigan el debido proceso, que las manifestaciones de impacto ambiental se hagan como deben hacerse y se atiendan todos los problemas que causa una obra de ese tamaño. Eso es tiempo y dinero, sí, pero no hacerlo bien significa trasladar los costos a otros y pérdidas económicas a futuro.

La refinería de Dos Bocas parece caminar por el mismo sendero. La urgencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por atender los tiempos del presidente nada tiene que ver con los requeridos para hacer una manifestación de impacto ambiental medianamente seria, no digamos para construir una refinería. En el intento topó con el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo en lo que augura un próximo enfrentamiento al interior del gabinete.

Confundir la capacidad para responder ante una situación imprevista, el reflejo político, con improvisación es muy riesgoso. El presidente ha sobrevalorado su intuición y ha despreciado la planeación y la capacidad técnica de su propio equipo.

El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo galvanizó la zozobra en la Ciudad de México por los altos índices de criminalidad. Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, ha dicho que las cifras crecientes de violencia se magnifican porque en la anterior administración se habían "maquillado", y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a arroparla el martes, convirtiéndola en víctima de "grandulones abusivos" -que no identificó-. Algo está muy mal en esta díada de la retórica contra realidad, el eterno dilema de la 4a. Transformación. Los datos, sin embargo, son alarmantes.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el secuestro, el detonante de la inquietud en la capital federal, bastión de López Obrador, se elevó 271% en el 1er. cuatrimestre de este año, superando casi 10 veces el promedio nacional. Vivimos el peor momento desde 2009, al haber subido los secuestros de 1.5 por mes en el 1er. cuatrimestre de 2018, a 6.5 en el mismo periodo de 2019. Lamentablemente, no es el único delito descontrolado.

De diciembre del año pasado a abril de 2019, las mayores tasas de crecimiento delictivo son robos a transporte público, transporte individual, robos a casas, a negocios y a transeúntes, considerados como robos patrimoniales. Pero en homicidios dolosos, como en secuestros, las tasas son inverosímiles. Las 3 alcaldías que más altos índices tienen de son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde el incremento de ese tipo de homicidios fue de 165, 162 y 157%. En el resto de la capital, el aumento fue de 100% promedio.

Sheinbaum tiene un problema con su equipo de seguridad y se anticipan cambios para la próxima semana. Sin embargo, hay otros factores ajenos al fenómeno de la violencia que inciden en la inseguridad. Por un lado, el recorte presupuestal draconiano que impuso el gobierno de López Obrador. Los fondos para seguridad pública en la Ciudad de México se redujeron 53%, y las alcaldías con mayor disminución, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, son donde mayor número de secuestros se ha registrado. Por el otro, la coincidencia en el crecimiento de la incidencia delictiva con el nivel de desempleo creciente (5.3% de diciembre a marzo), y la pérdida de poder adquisitivo, ante la disminución de salarios en la administración pública y los despidos.

Se puede plantear como hipótesis de trabajo que la externalidad de la austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador ha tenido un alto costo en materia de seguridad y los crecientes índices delictivos. No puede ser asumido como el único factor, porque también existe la larga curva de aprendizaje del equipo de seguridad de Sheinbaum, que llevó decisiones estratégicas fallidas, como la disminución de patrullajes en la Ciudad de México y la cancelación de unidades móviles de policía -internamente le dijeron a los policías que no servían para nada-, y al despido masivo de jefes policiales, bajo la concepción, imbuida desde la Presidencia, que todo el pasado era corrupto y había que erradicarlo.

En cualquier caso, el tipo de delito que ha subido exponencialmente es el patrimonial, o secuestros, que tiene una tipología que se imita el método de un secuestro exprés, que siempre se ha asociado con necesidades económicas en la sociedad. La desaceleración general de la economía ha provocado que las actividades productivas tengan un atorón, por lo que las empresas han tenido que recortar sus costos laborales, añadiendo presión a la tasa de desempleo, al no absorber personal despedido del gobierno central. En el caso de la Ciudad de México, decisiones de la jefa de Gobierno como parar la industria de la construcción, no sólo impactó en todo el conjunto de la economía capitalina, sino que provocó desempleo en estados colindantes de la capital.

Luchar contra la corrupción y los excesos es una política necesaria como principio, pero a la luz de los resultados, su instrumentación ha sido un desastre. Reducir a rajatabla los presupuestos en materia de seguridad trasciende a la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda recortó 3.8% el presupuesto dedicado a la seguridad pública en el país, que incluso ya había sido aprobado. La necesidad de ajustar el gasto por todos lados para transferir recursos al plan de rescate financiero de Pemex, sin afectar los programas prioritarios del presidente -Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas-, han llevado al gobierno a una contradicción de la cual no se ve cómo va a salir. Presiones adicionales tendrá en los próximos 45 días al tratar de reducir significativamente el flujo migratorio, con el respaldo de 6,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.

Si en estos momentos esa fuerza significa 40% del total de elementos de la Guardia Nacional, ¿qué sucederá en el territorio que vigilaban previamente? Los índices de violencia y crimen seguirán subiendo. La Ciudad de México es el microcosmos que tiene que ver el presidente López Obrador para convencerse de que su política de austeridad sin matices, aunque correcta en concepto y visión, tiene costos muy altos al carecer de una planeación estratégica, lo que ha llevado a la deshidratación del gobierno.

El problema, como se aprecia en la capital federal, es que su intransigencia está costando más vidas, más violencia, más inseguridad, más incertidumbre y más miedo. El camino es equivocado en su diseño y debe modificarlo porque ni él ni el país irán así a ningún lado.

Desesperados, presionados, preocupados y casi hundidos en Washington los primeros días de su visita, los altos funcionarios mexicanos estaban buscando por cualquier vía que les abrieran las puertas del gobierno para negociar. Fueron días difíciles porque llegaron el viernes y hasta el miércoles entraron a la Casa Blanca. Fue clave el papel de Jared Kushner, yerno y súper asesor del presidente Donald Trump, para abrir la agenda oficial a la parte mexicana, al grado que un alto funcionario de la 4T dijo: "quién lo iba a pensar, tanto que lo criticamos y ya estamos como Videgaray: colgados del yerno".

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), deploró que la Guardia Nacional, fuera de sus funciones, hoy sea muro militar en Chiapas para detener el paso de migrantes.

"Nos quieren convertir en un país enjaulado", afirmó en los debates de la Comisión Permanente.

Dijo que a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le han anulado sus funciones en materia migratoria. Incluso, agregó, de facto, esas atribuciones las tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), estimó que en los "próximos meses" llegarán al país más de 50,000 migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos (EU) quienes deberán esperar en México mientras sus casos se procesan.

Encinas informó que ya se tomaron medidas de carácter presupuestal y organizativo para ampliar la capacidad de respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM). "Va a haber una reasignación del gasto de distintas dependencias o aprovechar el presupuesto que ya está asignado en cada una de las secretarías. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) va a tener un fortalecimiento".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una suspensión para que no se le aplique la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y sus trabajadores conserven sus sueldos conforme a lo establecido en el 2018.

La 1a. Sala decidió, por mayoría de votos, que los funcionarios del IFT podrán mantener los sueldos de 2018 siempre y cuando no rebasen el 40% de lo que gana el titular del ejecutivo.

Con ello, la SCJN declaró fundado el recurso de reclamación presentado por el IFT y revocó la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien en la controversia constitucional contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos negó la suspensión.

¿Qué hace Carlos Lomelí de mediador con los ejidatarios del aeropuerto tapatío? Es lo que todos nos preguntamos, pues no está en sus facultades resolver un asunto que se dirime en tribunales.

En vez de pugnar por un grupo de ejidatarios vivales que vulneran derechos de los pasajeros, mejor debería de preocuparse por otras cosas más importantes. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Guadalajara con una 2a. pista. Ese es un proyecto estratégico para la economía del estado.

Anda falla la asesoría jurídica y política de los cercanos a Lomelí.

"Nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero -dijo ayer López Obrador-. Nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano, ni es cristiano. Ahí les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero". Cuando los presidentes conservadores hacían referencias religiosas, la izquierda los cuestionaba. Hoy son otros tiempos.

El periodista veracruzano Marcos Miranda Cogco, quien fue privado de su libertad la mañana del miércoles y rescatado por la policía la madrugada de este jueves, agradeció a Dios haber salido con vida tras la balacera en la que fue librado de sus captores, y externó sus sospechas de que detrás de estos hechos esté el gobierno de Veracruz.

"He sido un duro crítico de la administración morenista, de Cuitláhuac (García Jiménez), he sido crítico de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (estatal) y las mantengo con razonamiento y fundamentadas, y aunque no me dijeron quién me lo hacía, yo sospecho que pueda venir del gobierno", expresó.

Durante largo tiempo en el corto periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard guardó el perfil más bajo posible. "“Quiere cuidarse de intrigas y no quiere exponerse", admitía uno de sus colaboradores en el entendido de que aún desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una de las figuras presidenciables en el horizonte. Las agresiones del presidente Donald Trump orillaron a Ebrard a dar la cara. López Obrador lo mandó a ser la voz que enfrentara a Trump y, al mismo tiempo, quien evitara entrar en conflicto con él. En ese momento, no se imaginaban que en vísperas de iniciar su campaña por la reelección, iba a retomar como tema la migración, utilizando los aranceles como arma política.

López Obrador despachó a Ebrard a Washington para evitar la guerra comercial, para lo cual se comprometió a acuerdos por fuera de su jurisdicción. Los aranceles se pospusieron, pero quedaron condicionados a que en 45 días el acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos tiene que reducirse de manera "dramática". ¿Cómo hacer que Ebrard cumpla lo ofrecido personalmente a Trump? López Obrador lo solucionó el lunes por la mañana: lo nombraría coordinador de un grupo especial para cumplir con los acuerdos sobre migración. El presidente comunicó al gabinete por la tarde en Palacio Nacional, lo que por la mañana había definido con su kitchen cabinet, donde estaba el canciller, cómo se integraría la coordinación de 5 grupos, y las personas que serían responsables de cada uno de ellos.

Bajo este esquema, Ebrard tendrá atribuciones sobre 3 secretarías de estado, además de la que él encabeza: Seguridad Pública, que aportará 2 cabezas de grupo, la de la Guardia Nacional, y la de la administración federal de cárceles, que supervisará al Instituto Nacional de Migración; Trabajo y Previsión Social, que deberá de instrumentar programas de trabajo temporal para los migrantes centroamericanos que esperen la resolución sobre su petición de asilo en Estados Unidos en 11 puntos fronterizos mexicanos; y Bienestar Social, que tendrá que desarrollar un plan para que aquellos que se queden en México tengan salud, educación, empleo y vivienda definitiva.

La alineación de todos esos esfuerzos sería muy difícil de lograr sin una cabeza que esté por encima coordinándolos. La designación de Ebrard al frente, en el tema de mayor preocupación para López Obrador por las consecuencias económicas que significaría un conflicto con Estados Unidos, fue la solución que se encontró. Su nombramiento responde a la lógica de López Obrador de tomar decisiones transversales y recargar el trabajo no necesariamente en quien es responsable de ello, sino en quien le da mejores resultados.

Sin embargo, en los hechos, las atribuciones que le otorgó lo convierten no sólo en un supersecretario, por influencia y relevancia, sino con funciones de vicepresidente que van más allá de las protocolares. López Obrador le dio mandato sobre el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores. El 5o. grupo, que trabajará sobre estrategias regionales, será responsabilidad de Relaciones Exteriores.

Dentro del plan y el cronograma aprobado por el presidente, Seguridad Pública, Trabajo y Bienestar Social son las nuevas secretarías integradas en la estrategia para enfrentar a Trump y sus amenazas. La secretaría que era responsable de esas tareas era Gobernación, que quedó excluida del diseño estratégico. La secretaria Sánchez Cordero quedó una vez marginada. Este es el gran mensaje político enviado por el presidente al no ser parte de la solución sino, visto a través del ostracismo en el que la metió, parte del problema. Su ineficiencia en alcanzar las metas acordadas en la reunión en Miami del 17 de marzo con la ex secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen, le ha costado caro.

El plan que propuso en Miami se colapsó. El número de inmigrantes centroamericanos creció de 100,000 en abril a 144,000 en mayo, que calentó el ánimo de Trump. La secretaria no tiene mal ambiente en el entorno del presidente, pero para efectos prácticos, está ya descontada como funcionaria ineficiente. Ni siquiera permitió el presidente que el Instituto Nacional de Migración encabezara un grupo de la comisión especial, pese a estar bajo su área de responsabilidades. Debió haber sido parte del equipo negociador que fue a Washington, y la dejaron en México. No hubo ningún funcionario de Gobernación, que estuvo compuesto únicamente por miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, estuvieron en la comitiva pero no en las negociaciones, al no ser incorporados para que las conversaciones no se mezclaran con el tema comercial. Incluso se excluyó al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, porque la percepción de él es como negociador en jefe del acuerdo comercial. "De haberlo sentado en la mesa, hubieran incorporado a (Robert) Lighthizer (representante comercial de la Casa Blanca)", dijo un funcionario federal, "y se habría abierto la Caja de Pandora".

La eliminación de Sánchez Cordero del equipo y su marginación en la estrategia es directamente proporcional al empoderamiento de Ebrard, que asumió funciones de Gobernación y tomó el liderazgo en la formulación de la estrategia a seguir. López Obrador lo está respaldando y le ha dado toda la fuerza para que cumpla lo prometido con Trump. Es una buena noticia para el vicepresidente de facto, y convertirlo en héroe. Pero también es mala. Si no funciona su estrategia, saldrá derrotado y debilitado. La Presidencia se alejaría junto con sus aspiraciones, que quedarían mermadas, si no sepultadas.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las solicitudes de refugio en el país, particularmente de migrantes centroamericanos, se han disparado.

En los primeros 5 meses del año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha registrado las peticiones de 24,424 extranjeros.

Esta cifra es 3 veces mayor que la que se reportó el año pasado. En este mismo periodo de 2018, la dependencia documentó 8,260 procedimientos.

Los que han buscado el apoyo del gobierno federal este año provienen principalmente de países de Centroamérica y el Caribe.

Los migrantes son, en su mayoría, procedentes de Honduras (53.3%), El Salvador (15%), Venezuela (12.4%), Cuba (6.8%), Guatemala (5.2%) y Nicaragua (3.9%).

Entre enero y mayo del año pasado, las peticiones iban desde mil hasta un máximo de 1,900 por mes. Sin embargo, sólo en enero de este año llegaron hasta 3,945; y mayo no fue la excepción: cerró con 6,059.

La delegación de la Comar que más recibió solicitudes fue la de Chiapas (61%), seguida de la que se encuentra en la Ciudad de México (20%).

Sólo entre febrero y abril de este año México tuvo un flujo migratorio sin precedentes de 3,333 personas diarias. Este indicador es 24 veces mayor al que se reportó en 2016 y 2017.

Según Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, alrededor de 600,000 personas llegaron a la Unión Americana por territorio mexicano desde el arranque de 2019.

Tras las negociaciones con Estados Unidos (EU) para frenar los aranceles a los productos mexicanos, que iniciarían el 10 de junio, el gobierno de AMLO se comprometió a reducir la llegada de centroamericanos al país vecino en un plazo de 45 días.

Si no se consiguen los resultados esperados, se discutirá con Washington la posibilidad de que México se convierta en un "3er. país seguro", es decir, que podrá recibir y acoger a los demandantes de asilo en lugar del país vecino.

Desde el 29 de enero hasta el 8 de junio de este año, EU ha "devuelto" a 11,037 personas originarias de Centroamérica a México. Ellas esperan la respuesta de su solicitud de asilo a EU en puertos fronterizos de Baja California y Chihuahua.

Funcionarios de Semarnat, que quieren guardar el anonimato, sienten demasiada presión "de arriba" para iniciar las obras del aeropuerto en Santa Lucía, pero saben que el mismo gobierno no ha cumplido con los requisitos ni tiene todos los estudios para que la Semarnat les apruebe su Manifestación de Impacto Ambiental, que es la luz verde para construir.

No quieren dar esa autorización, pero tienen miedo de decirlo en público.

Argumentan que Semarnat no cuenta con la información suficiente para emitir de manera fundada y motivada un resolutivo de impacto ambiental, por lo que está obligada a rechazar la Manifestación presentada por el Ejército (constructor del nuevo aeropuerto), o cuando menos solicitarle información adicional.

Según la información que me hicieron llegar funcionarios y especialistas, el 15 de abril pasado, la Secretaría de la Defensa presentó a la Secretaría del Medio Ambiente la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su Interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares". Fue elaborada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, el Ejército presentó información complementaria. Dichos estudios se encuentran disponibles para su consulta en la página de la Semarnat.

Funcionarios y especialistas diagnostican que ambos documentos presentados por el Ejército a la Semarnat tienen varias omisiones graves:

1.Movieron la pista, pero sigue topándose con el cerro. Si bien se indica que uno de los principales problemas detectados en la planeación para la ubicación de la pista sur es la presencia del Cerro de Paula, en los mapas presentados se observa que parte de la ruta de aproximación y despegue de esa pista 04C-22C aún incide con el cerro.

2. No cuadra el tamaño: no coinciden las superficies referidas en la Manifestación de Impacto Ambiental y las que resultan de medir las coordenadas que se señalan.

3. No estiman bien el impacto del ruido. De hecho, usa una imagen del aeropuerto ¡de Munich! Y no contemplan el ruido al que se vería sometida la población de las instalaciones de la Sedena que serán reubicadas y donde actualmente hay viviendas, parques, escuelas, un hospital. La tecnología permite modelar las emisiones de ruido que tendrá un aeropuerto y proyectar a varios años en función del tráfico aéreo que se espera. No se hizo.

4. Quieren sacar agua de un acuífero sobreexplotado. Se indica que la fuente de suministro de agua serán los pozos de la Base Aérea Militar No. 1, sólo que se extrae del acuífero Cuautitlán-Pachuca que está sobreexplotado, lo que actualmente ya representa desabasto o tandeo en la zona. Como posible solución hablan de usar ductos del acuífero Valle de Mezquital, sólo que éste tiene, según la Conagua, zonas de veda. Tampoco presentan los criterios de diseño para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y omiten la estimación de volúmenes en las diferentes etapas del proyecto.

5. No describen la construcción de la interconexión con el Aeropuerto Benito Juárez, así como las características y construcción de un hotel, una planta de tratamiento de residuos sólidos, del área de combustibles y almacenes. Y como no los describen, tampoco analizan sus impactos ambientales ni aclaran su propuesta de mitigación.

6. Si no vieron los cerros, menos los cedros: no evalúan el impacto a los individuos existentes del árbol cedro blanco (cupressus lusitanica) y nopal (opuntia streptacantha), especies en protección. Además, tratan de justificar que la flora al interior de la Base Aérea Militar no es natural sino pastizal inducido, pero el INEGI establece que es un ecosistema de pastizal halófilo (vegetación natural). Súmele que la flora en el tramo de interconexión con el Aeropuerto Benito Juárez no fue evaluada.

7. No hay estudio de riesgo aviar, por lo menos de un ciclo anual, que incluya los movimientos migratorios estacionales a fin de evaluar el riesgo de colisión con las aeronaves o la seguridad de los vuelos.

8.- Tampoco de contaminación del aire. La propia Manifestación reconoce que existen datos que no son representativos de la zona donde se ubicará el aeropuerto, como los resultados de calidad del aire de las estaciones de monitoreo cercanas.

Y una falla estructural: una Manifestación de Impacto Ambiental debe elaborarse con base a un plan maestro definitivo considerando por lo menos una ingeniería básica. Nada de eso existe. Sólo hay un plan maestro preliminar.

Ana Guevara lo negó todo. De nueva cuenta la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) negó que los denominados ''ninis'' reciban mejores becas que algunos deportistas mexicanos, mismos a los que volvió a llamar berrinchudos ante sus protestas por los ajustes en cuanto a los apoyos económicos.

Fue en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola que la dirigente del deporte en el país negó sin mayor problema esta situación, esto a pesar de que las becas para deportistas se hayan reducido a 2,000 pesos mensuales y los apoyos a los ''ninis'' estén pactados entre los 2,400 pesos y los 3,600 al mes.

-¿Están ganando más los ''ninis'' que algunos atletas?

-Negativo.

-¿Entonces están mintiendo?

-Voy a volver a repetir esa parte que se hizo viral: es un berrinche. Lo único que hemos hecho es ajustarnos al programa que mantiene las becas, al fondo que paga las becas, que es el fondo para el deporte de alto rendimiento. Ese ajuste no tiene que ver con presupuesto, porque presupuesto hay, recursos hay. Lo único que hicimos es ajustar y pedir a los atletas que colaboren en ese ajuste, no tienen resultados. El ajuste se llevó revisando paso por paso, expediente por expediente. Había 130 atletas irregulares dentro del fondo de alto rendimiento.

A pesar de que la titular de la Conade afirma que el estos ajustes se hicieron de manera meditada y con un análisis meticuloso, existen atletas como la frontenista Laura Puentes, quien a pesar de haber sido 3er. lugar del mundo el año pasado, hoy su beca se redujo a 2,000 pesos, todo esto previo a su participación en Juegos Panamericanos.

Un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó una nueva suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, lo que obliga al gobierno federal a conservar las obras realizadas en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco.

Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios, informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Apenas el lunes de esta semana, el director general del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua, anunció que se inundará la losa de cimentación del NAIM a fin de desarrollar el llamado proyecto, por lo que la destrucción de los avances de dicho proyecto es inminente.

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos, plantearon que el Poder Judicial de la Federación ordene a las autoridades tomar las medidas necesarias para preservar el avance que actualmente tienen las obras del NAIM en Texcoco hasta que éstos se resuelvan en definitiva.

La medida tomada por el 10o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 1er. Circuito ordena detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad conducentes a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su Reglamento. Además, ordena que se mantengan las obras del NAIM sin que sean destruidas hasta que se revisen a fondo, por parte de un Juez de Distrito, todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente.

Esta es la 4a. resolución judicial que obtiene #NoMásDerroches en este tema. 3 de ellas obligan a las autoridades a detener la construcción de Santa Lucía hasta en tanto se cuente con los permisos ambientales por parte de las autoridades competentes.

La más reciente obliga, por un lado, a preservar los avances en el Aeropuerto de Texcoco y, por el otro, a detener la construcción a falta de estudios en materia de seguridad, explicó MCCI en un comunicado.

"Con esta decisión el Poder Judicial de la Federación, una vez más, demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a decisiones apresuradas e injustificadas del poder ejecutivo y genera un nuevo e importante precedente", destacaron las organizaciones que integran #NoMásDerroches.

En 4 meses, la percepción popular en torno al desempeño de Andrés Manuel López Obrador se ha tornado negativa e incluso ha aumentado el número de personas que consideran que el presidente debería de renunciar.

Una encuesta nacional elaborada por México Elige, una agencia de Investigaciones Digitales, detalla que, si se llevará a cabo un proceso de revocación de mandato de la presidencia, 42.5% de los mexicanos votarían por la renuncia de AMLO.

Los que votarían a favor de que López Obrador permanezca en la silla presidencial ascienden a 52% de la población, sin embargo, este porcentaje representa 18.7 puntos porcentuales menos respecto a la cifre de febrero de este mismo año (70.7%).

La propuesta de revocación de mandato, que se analiza en el Congreso de la Unión establece que este proceso se llevaría a cabo el mismo día que la jornada electoral en la que se elijan a diputados federales y podría ser solicitada por el Congreso de la Unión.

El nivel de aprobación de AMLO también disminuyó en junio 19.7% desde febrero, cuando se ubicó en su nivel más alto con 73% de aprobación. Lo mismo ocurrió con la "calificación" que asignaron los encuestados, toda vez que en el 2o. mes del año López Obrador tuvo un promedio de 68.8 y para junio disminuyó a 49.7.

La encuesta elaborada por México Elige se aplicó a 10,987 mexicanos con acceso a Facebook del 4 al 8 de junio de este año.

Hace muchos años, Henry Hazlitt, periodista especializado en economía, publicó un libro titulado Una lección de economía. Es poco probable que sea conocido entre los actuales funcionarios del gobierno.

Sin embargo, es precisamente lo que deberían leer. No por las prescripciones económicas, sino porque esa única lección de economía es que todas las acciones tienen consecuencias que deben preverse. Y creo que si algo está faltando hoy en el gobierno, es esa visión, ya no digamos de largo plazo, sino siquiera un paso más allá de la decisión misma.

Si uno deja de importar petróleo ligero y gasolinas, es de esperarse que haya dificultades para surtir a la población, por poner un ejemplo. Si pospone uno las licitaciones, sería razonable suponer que la entrega de los libros de texto no estará a tiempo. Si se expulsan 3 de las 4 distribuidoras de medicamentos de las compras consolidadas, suena lógico que no se tendrán las medicinas en todos los puntos, en el momento en que se necesiten. Si llamo a los centroamericanos a pasar por México, y les ofrezco becas, sueldos, apoyos, no parece difícil imaginar que vendrán más que antes.

Si decido cancelar la obra más grande de infraestructura en décadas, debería esperar que los inversionistas pongan en duda mis compromisos futuros. Si cancelo licitaciones y contratos dentro de un calendario de inversiones energéticas, no me debería sorprender que haya menos interesados en arriesgar sus capitales en ése y otros sectores.

Uno de los experimentos más famosos y verificados en sicología, es que la capacidad de los niños de posponer una gratificación está altamente correlacionada con el éxito que alcanzan de grandes. Puesto que comprenden que cada acción tiene consecuencias, y no sólo inmediatas, después pueden tomar mejores decisiones. Por el contrario, quienes no tienen esa facultad, suelen complicarse la vida cuando mayores.

El gobierno actual se ha complicado la vida como muy pocos, si es que acaso encuentra uno algo similar en la historia. Cuando llegaron, había 2 grandes demandas ciudadanas: seguridad y lucha contra la corrupción. No han avanzado en ninguna de ellas, pero han producido todo tipo de problemas nuevos: estancamiento económico, desabasto de combustibles, limitación en servicios de salud, destrucción de capacidad de investigación, crisis con Estados Unidos. En todos los casos, se pueden encontrar excusas: que Pemex es una empresa en quiebra, que la economía es débil, que Trump es un energúmeno. O se puede intentar convertir las crisis en victorias: contra el huachicol, contra la amenaza exterior...

Es muy difícil ver lo que ha ocurrido en 6 meses, y no llegar a la conclusión de que el gobierno está conformado por personas que no entienden que las decisiones tienen consecuencias. Sin embargo, cuando se recuerda que el estilo personal del presidente es de profundo autoritarismo, y que gobierna solo, utilizando a sus secretarios como mensajeros, entonces la conclusión es diferente: es él quien no entiende las consecuencias de sus actos.

En ese sentido, se podría decir que, a pesar de su éxito político (negociar con Peña Nieto impunidad a cambio del triunfo, capitanear a un equipo de sumisos y de sinvergüenzas, aparecer como honesto sin serlo), el presidente es profundamente inmaduro. Y cuando sumamos a esta conclusión sus reiteradas referencias a una historia oficial que se aprende en 4o. de primaria, no queda otra que reconocer que nos gobierna un niño de 10 años.

Si existe alguna otra explicación de cómo es que han producido tantas crisis autoinflingidas en estos 6 meses, me gustaría conocerla.

El viernes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló por teléfono con el presidente Donald Trump, que recién había llegado de Europa.

Ebrard le detalló a Trump lo que había acordado con Pence, Pompeo y el secretario de Seguridad Territorial, Kevin McAleenan, que era el reforzamiento de la frontera sur con 6,000 miembros de la Guardia Nacional, el control migratorio en Chiapas, tener un censo completo de los inmigrantes que llegaban a la estación en Tapachula, y la ampliación del programa Remain in Mexico (Permanecer en México), dentro de los parámetros de la Sección 235(b)(C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, y de los Protocolos de Protección de Migrantes.

-Ya nos lo han dicho antes, respondió Trump quejándose de incumplimientos previos del gobierno de México, "no van a cumplir".

Ebrard respondió, apelando al beneficio de la duda: Yo apenas llevo 5 meses.

-Si tú ganas tiempo, yo pierdo electores, replicó Trump.

No había duda de las motivaciones centrales de Trump al utilizar los aranceles como una arma de presión migratoria. Ebrard lo supo desde que llegó a negociar el miércoles con Pence y Pompeo en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde el secretario de Estado, con cruda franqueza política, se lo había dicho al canciller. El fondo es la migración, afirmó Pompeo, recordaron los funcionarios mexicanos. Y toda la campaña electoral será basada en la migración, le subrayó a su contraparte.

En la conversación con Trump, Ebrard acotó su escepticismo al establecer junto con él un plazo de 45 días para que los compromisos adquiridos en Washington mostraran resultados. Si no se veía un punto de inflexión en la llegada de inmigrantes a Estados Unidos por la frontera con México, empezaría la negociación para establecer la figura de "3er. país seguro", que al ser un acuerdo bilateral que implica cambios en las leyes mexicanas, tendría que pasar por el Senado. Lo que planteó el canciller iba al fondo del problema. "El cambio de paradigma", describió un diplomático mexicano.

Ese cambio de paradigma es con lo que Pence y Pompeo habían recibido a Ebrard el miércoles, donde además de McAleenan se sumó el consejero jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone. McAleenan le mostró a los mexicanos la gráfica de detenciones de indocumentados en la frontera con México. El número de capturas se mantuvo estable, en alrededor de 60,000 mensuales, durante el último trimestre de 2018 y enero, que es cuando ante la política migratoria mexicana de brazos abiertos, comenzó a incrementarse. En febrero subió 31%, a 76,533, en marzo a 103,729, abril tuvo 109,474, y en mayo hubo un disparo a 144,278. Ese miércoles en la Casa Blanca, lo que recibió Ebrard, según dijo en la conferencia mañanera de este lunes, "fue un ultimátum".

El escepticismo de Trump, en los primeros minutos de la conversación con Ebrard, se podría asociar al brinco entre marzo y abril, que fue después de la reunión en el aeropuerto de Miami, el 17 de marzo, entre las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la entonces titular de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen. En ella habían acordado incrementar la cuota de personas enviadas a México para esperar la resolución sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos, de 60 a 300, y reforzar la política migratoria. "Gobernación hizo su parte, pero no cambió el paradigma", reconoció el diplomático mexicano. Trump lo definía como acciones "insuficientes" por parte del gobierno mexicano.

Ante ese diagnóstico, Pompeo puso sobre la mesa que México fuera "3er. país seguro" o aceptara el principio de "1er. país de asilo", una modalidad donde intervendría Guatemala, para que los guatemaltecos capturados en Estados Unidos fueran enviados a México, mientras que los hondureños y los salvadoreños serían deportados a Guatemala, en espera del resultado de su solicitud de asilo. Ebrard les dijo que México no podría aceptarlo, pero Pompeo respondió que si bien entendía las razones, no eran convincentes. Ebrard propuso una mesa en el Departamento de Estado para persuadirlos de las propuestas mexicanas, que significaban un cambio en la política de brazos abiertos, una modificación en su política de asilo, y priorizar la migración sobre el tema de seguridad pública, al comprometer un alto número de guardias nacionales a la frontera sur.

Cipollone y el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, trabajaron el jueves hasta los alcances de la propuesta mexicana que se acomodaran a las exigencias de los estadounidenses, que fue presentada a Pompeo el viernes. El secretario de Estado la aceptó, y junto con Pence convenció a Trump de hablar con Ebrard. 45 días fue el plazo máximo para dar resultados o entrarán a un terreno donde Estados Unidos tendrá carta blanca para buscar un acuerdo migratorio profundo con México o, como anticipó Trump, impondrán aranceles.

No está claro que México va[ya] a poder cumplir en mes y medio con frenar la migración y lograr un punto de inflexión. Sin embargo, no tuvieron márgenes más amplios. El ultimátum de Trump solamente se aplazó.

López Obrador, quien en su momento se opuso al TLCAN, ahora ha comprometido sus esfuerzos en la defensa del libre comercio. Bien dijo ayer Marcelo Ebrard que los aranceles habrían ocasionado un desplome de la economía nacional.

El gobierno del presidente López Obrador logró zafarse de un problema que en parte generó. Al inicio del sexenio declaró que habría puertas abiertas a los migrantes. Cuando llegaron por decenas de miles trató de cerrar esa puerta pero ya era demasiado tarde. Donald Trump, necesitado de un motor para su campaña de reelección y de un buen distractor para las acusaciones en su contra, no dudó en servirse de la bandeja de plata que le ofreció el gobierno mexicano: lanzó la amenaza de los aranceles.

Haber desactivado esa amenaza es un éxito indudable.

Pero cuidado, se desactivó por 90 días y lo que implica en términos de política pública y uso de recursos, la fragilidad que exhibe para su cumplimiento, hace pensar que hacer un mitin de festejo es demasiado prematuro:

México acepta ser cadenero de Trump, sala de espera VIP de Estados Unidos. En lo que nuestro vecino del norte define las solicitudes de asilo (cada caso puede demorar un par de años), los migrantes esperarán en nuestro país. El presidente AMLO les ha prometido trabajo, salud y educación. Considerando que, según el discurso del propio presidente, la mitad de los mexicanos no tienen esos servicios, implicará un gasto económico enorme y una dificultad de implementación que requiere cirugía mayor en la administración pública: si ahorita faltan medicinas en los hospitales, no quiero pensar qué pasará cuando tengan la carga de además atender a decenas de miles de migrantes. Quizá tendrán que olvidarse de alguno de esos megaproyectos que lucen como un tiradero de dinero.

México acepta controlar la migración hacia Estados Unidos. Nunca lo ha logrado en la historia.

México acepta que la Guardia Nacional tome el papel de Border Patrol del sur. 6,000 elementos dedicados a contener a los migrantes en la frontera con Guatemala. Ya no se van a dedicar a resolver el principal problema del país, la inseguridad.

Si lo quieren cumplir, es muy difícil. Si lo quieren cumplir, tienen que hacer un golpe de timón en el gobierno. Si lo quieren cumplir, el presidente se pone en riesgo de pasar a la historia como el más antiinmigrante, contra su convicción personal. Si lo quieren cumplir, es ceder ante la presión del más destacado representante del nativismo, la intolerancia y la xenofobia del siglo XXI. Si lo quieren cumplir, podría significar la derrota moral de la izquierda: a 6 meses de llegar al poder, estaría militarizando la frontera sur, criminalizando la migración y aceptando las condiciones del imperio americano.

La otra es no cumplir. Y esperar a que Trump se declare insatisfecho. Porque el acuerdo del viernes tiene fecha de revisión en 90 días. Y ahí puede revivir la amenaza arancelaria.

U otra, con cualquier otro pretexto, porque de aquí a noviembre del 2020, Trump está en campaña y lo antimexicano le da votos.

Puestas las convicciones aparte, era peor el 5%.

Este lunes no hay 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas pero se abre un mar de dudas de los términos de la negociación. ¿Qué comprometió el canciller?

Claro está que sus cartas fueron enviar a 6,000 elementos de la todavía no clara Guardia Nacional a la frontera sur y atrapar a un activista presunto traficante de migrantes.

Eso dio pie a la prórroga diplomática que le costó a AMLO variar radicalmente su discurso de los migrantes. En Tijuana, en el festejo, insistió en que la solución de fondo era invertir en proyectos productivos en Centroamérica pero sin dejar de prometer que se haría valer la legalidad de los que quieren entrar al país sin papeles. Eso es buena noticia no sólo por el rechazo al populismo inicial sino por la soberanía y control que cualquier país debe hacer valer en su territorio.

El tema será si lo que estaba de fondo de verdad era una guerra por la frontera, o en realidad es un cálculo con tintes electoreros.

Salvado el tema de los aranceles y en puerta el lanzamiento de la campaña de la reelección de Trump, será muy interesante ver qué sucede con el tema de la inseguridad y el narcotráfico que también cuestionó el inquilino de la Casa Blanca cuando amagaba con los impuestos a las exportaciones.

En el planteamiento hecho por Trump de que en México poco se hacía para combatir a los capos del narcotráfico va intrínseco el reclamo al discurso de López Obrador de que su prioridad no era atraparlos.

Habrá, pues, que estar atentos a cómo se da la relación entre los equipos negociadores y los propios presidentes cuando aborden temas como el de la Iniciativa Mérida que el presidente de la autollamada 4a. transformación ha rechazado.

Si bien puede ser auténtica la aspiración de modificar el enfoque y más que invertir en armas y personal de guerra, hacerlo en proyectos de apoyo social en Centroamérica, esa no es prioridad estadounidense y más bien despierta sospechas.

Por eso la duda es hasta cuándo durará está prórroga diplomática y qué tanto al calor de la campaña por la reelección no venga otro reproche por el empoderamiento cada vez más evidente de los grupos delincuenciales en México.

Me cuesta trabajo entender que el gobierno mexicano, un gobierno que se dice de izquierda, haya cedido de tal manera a las peticiones del gobierno estadounidense en un acuerdo que está en contra de todos los principios previamente proclamados y que encima lo festeje. Más aún, de a poco nos vamos enterando que no han terminado de comunicarnos completamente el contenido del acuerdo o al menos hay datos que se manejan allá, como el de la compra de productos agropecuarios, y no acá. Si nos parecía fuera de lugar la presencia del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, en las negociaciones, el tuit (otra vez) de Trump le dio sentido.

El jueves pasado parecía que México asumiría el 5%, ya descontado en el mercado cambiario, y prolongaría la negociación para no llegar más allá. La urgencia por negociar, cediendo en todo lo que pedía el gobierno de Trump tiene desde mi punto de vista sólo 2 explicaciones posibles. O bien el cálculo del efecto económico era mucho más grave de lo que alcanzamos a ver, esto es que el arancel sería leído por los mercados con desconfianza, como un fracaso del T-MEC y alteraría la visión de las calificadoras y los inversionistas, o bien Marcelo Ebrard entendió que ese era su momento político y que un acuerdo, el que fuera, lo pondría en candelero, que lo importante no era el contenido sino el acuerdo en sí mismo (algo me recuerda, no se por qué, a las negociones de Camacho con los zapatistas hace 25 años).

Tampoco comparto con el canciller eso de que la dignidad quedó intacta. Más bien podríamos decir que nos secuestraron y pagamos el rescate. El costo del acuerdo es todo para México y hemos decidido pagarlo como un mal menor. Liberamos al secuestrado (el T-MEC) sano y salvo, pero nada más. La pregunta es si el secuestrador ya nos tomó la medida. Lo sabremos en los próximos meses.

En mi fuero interno -el único fuero que tengo- estoy seguro de que López Obrador y Ebrard saben que no hay motivo para festejar. El mitin de Tijuana, reunión de pacotilla semejante a las que en el pasado organizaba el PRI, no sirvió ni aun remotamente para encubrir el hecho de que Trump consiguió al fin que México pague el muro, sólo que el tal muro estará ahora en la frontera sur. El presidente norteamericano usó con los negociadores mexicanos las tácticas que en su libro describe, y que en este caso le dieron muy buen resultado. A partir de los desarreglados arreglos pactados por nuestra representación seremos en adelante patrulla fronteriza al servicio de los Estados Unidos, país al que le haremos el trabajo sucio de detener a los migrantes, y además gratuitamente y con la amenaza de que Trump nos castigará si no cumplimos esa tarea a su satisfacción. Lo que Ebrard hizo de consuno con López Obrador fue rendirse al grosero chantaje del presidente yanqui. Ante eso no hay nada que celebrar, de modo que el festejo de Tijuana bien puede calificarse de farsa. Desde ahora la principal función del gobierno mexicano será servir de gendarme fronterizo a Trump y, derechos humanos o no, contener a como dé lugar a los migrantes para que no se enoje el señor Don.

La aplicación de tarifas punitivas por parte de Donald Trump podrían haber sido un golpe de gracia a una economía que se muestra cada vez más frágil y vulnerable. Y no solo por el impacto directo del gravamen de 5% que entraría en vigor este lunes y escalaría en los siguientes meses, sino por la percepción de los mercados, inversionistas y calificadoras de la incapacidad del gobierno para sortear la tormenta.

Por el contrario, el acuerdo alcanzado este viernes no solo conjura en lo inmediato el estallido de la tempestad, también deja importantes lecciones esperanzadoras; López Obrador puede mostrar la necesaria flexibilidad para salir de la adversidad. Una flexibilidad que se pide a gritos en otros campos para evitar la polarización y el pesimismo que se extiende en algunos importantes ámbitos del país.

Lo que vimos en la negociación en Washington es la claudicación por parte de AMLO de la política, muchas veces reiterada, de permitir el paso indiscriminado de los centroamericanos por razones humanísticas, para comprometerse ahora a la estrategia opuesta consistente en hacer valer la ley e impedir el paso ilegal de los inmigrantes. Es evidente que no es una opción de su agrado, pero claramente favoreció razones de Estado que pasan por encima de sus inclinaciones personales.

En 6 meses muchas cosas se han descompuesto; algunas inevitables en una transición de régimen como la que vivimos, toda vez que se está intentando poner un freno histórico al dispendio absurdo, a la corrupción, a la desigualdad y a la inseguridad pública.

La caída en las perspectivas del PIB o la vulnerabilidad de la economía mexicana que hoy ensombrece las perspectivas, tienen que ver con decisiones que bien pudieron haberse evitado o matizado, sin comprometer los objetivos más que legítimos del ideario lopezobradorista.

Las draconianas políticas de austeridad, por ejemplo, necesarias como son, tendría que haber sido aplicadas con más sensibilidad para con algunos sectores afectados. Así como Andrés Manuel ha dicho que la reforma educativa nació muerta por no haber incluido a los maestros en su concepción e implementación, la suspensión de recursos a rajatabla en multitud de programas e instituciones, sin escuchar a los responsables provocó una miríada de injusticias absurdas e imperdonables: desde el paciente que no pudo continuar sus quimioterapias hasta el científico que vio interrumpido un largo e importante proyecto de investigación. Bajo el principio de "cerramos el grifo y luego vemos el daño", operado ciegamente desde Hacienda, el régimen generó descontento entre sus propios aliados y ofreció combustible inagotable a sus adversarios.

El NAIM es otro doloroso ejemplo. Las relaciones con la iniciativa privada hoy en día serían distintas, y probablemente también las perspectivas del PIB, si López Obrador no se hubiera empeñado en cancelar el aeropuerto de Texcoco. Desde luego había corrupción y malos manejos en la operación, pero podría haber optado por un saneamiento en las condiciones e incluso un recorte en la escala de la construcción. En su lugar decidió destruir el avance, de manera incomprensible para muchos, y convertir la polémica clausura en un diferendo muy costoso con un sector que necesitará como compañero de viaje. Considerando los duros contratiempos que afronta la administración pública, hoy cabría preguntarse dónde nos encontraríamos si no se hubieran invertido tan cuantiosos recursos políticos y financieros en esa batalla.

López Obrador ha padecido 6 duros meses de confrontación y desgaste, en parte instigado por su estilo provocador.

El peje celebrando y echando "cuetes" en Tijuana el que se haya arreglado que no se vayan a poner aranceles a México.

Lo que no sabe ni él, ni el pueblo mexicano, por andar como siempre, en la parranda, es que se vulneró totalmente la ya de por sí endeble soberanía mexicana, pues los EUA impusieron su voluntad, por que:

1 México tendrá que salvaguardar la frontera sur, desplegando desde ayer, a 6,000 soldados, a su costa.

2 México tendrá que recibir de entrada, a 8,000 migrantes que regresará EUA, y les deberá dar asilo en todos los sentidos, casa, comida, empleos, oportunidades, etc, a su costa.

3 Cualquier extranjero que entre por territorio mexicano de manera ilegal, para pedir entrada a EUA, deberá ser retenido en México, con todas las facilidades, y los cargos serán pagados por México, por todo el tiempo que dure el proceso de admisión o rechazo de esos migrantes, por el tiempo que sea, un año, o mucho más.

4 México deberá adquirir más productos estadounidenses en este lapso.

5 Este acuerdo solo durará 90 días, al cabo de los cuales, si México incumple, se ganará otro manotazo de Trump, y quizá más duro.

En pocas palabras, México agachó la cabeza, y se dejó golpear por EUA, y negoció con miedo y se dejó intimidar por el golpe en la mesa dada por Trump, quien muy seguramente dará muchos más manotazos a México, de aquí a 15 meses, hasta que consolide su reelección presidencial.

Cuando hubo negociaciones delicadas con otros países por parte de EUA, como Corea del Norte, China e Irán, estos no se dejaron doblegar, y no perdieron su dignidad, como ahora México sí la perdió, y por eso Trump los respeta y los trata con mano suave.

Todo esto está basado en el propio libro de Trump, "El Arte de Negociar", y México se doblegó ante los caprichos y rabietas de Trump, y ahora ya sabe de qué pie cojea México, y no lo va a respetar.

En resumen: ¡NADA QUÉ CELEBRAR!

Medio año después de asumir la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la exvelocista Ana Gabriela Guevara enfrenta un problema con tintes de crisis: no hay recursos para pagar las becas de los atletas de alto rendimiento, entrenadores, médicos y fisiatras -principalmente- del deporte adaptado.

En la antesala de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 (a realizarse del 23 de agosto al 1 de septiembre próximos), los deportistas y sus equipos afectados sólo han recibido un pago con un atraso de 3 meses, dinero que utilizaron para cubrir algunas deudas que adquirieron para alimentación o cubrir otras necesidades básicas.

ORGULLO CHAIRO

- López es el único "político" de 65 años en todo el mundo que ha estado en campaña toda su vida, hasta la fecha.
- Es el único mexicano (?) que ha llegado al poder a base de puras mentiras.
- Es el populista mas grande que ha visto este país, incluyendo a Fox.
- Rompió récord como el gobierno con mayor índice de delincuencia en su 1er. trimestre.
- Rompió récord como el presidente que ha endeudado al país mas pronto, apenas a los 2 días de su mandato (NAIM).
- Es el único presidente que ha desconocido a nuestra Constitución.
- Es el presidente que más ha insultado al pueblo.
- Es el único presidente que ha usado el erario público para regalarlo a extranjeros.
- Es el único presidente que invita a extraños a que vengan a invadirnos atendiéndolos y pagándoles por ello $6,000 a cada uno para que se animen más.
- Es el presidente que ha destruido más; ninguno destruyó tanto aun en los 6 años de su mandato.
- Ninguna otra persona había sido tan poco respetada en México, incluyendo Santana, López Portillo, Salinas, Peña, Duarte, El Chapo, o quien sea.
- Nadie dividió jamás al pueblo de México como López, solo para llegar al poder y permanecer en él.
- Es el único presidente mexicano que jamás ha trabajado, en nada, ni aun ahora (cuando fue regente capitalino solo se dedicó a promocionarse con obras de relumbre y al vapor, y aventó el cargo para buscar la presidencia).
- Es el único presidente mexicano con antecedentes de homicidios.
- Es el único presidente que no canta nuestro himno nacional ni saluda a nuestra bandera.
- Es el único presidente que ha vendido nuestra patria al comunismo.
- Es el presidente mas ignorante, inepto, e incompetente que ha tenido este país.

Por todo lo anterior, ya puedes sentirte muy orgulloso de tu mesías, chairo, y eso que, como tú mismo dices... APENAS ESTÁ EMPEZANDO.

Dice AMLO que las calificadoras no entienden que la economía mexicana va muy bien porque utilizan una "metodología" del "periodo neoliberal". Quizá. Mientras tanto el consumo cae 1.5% y la inversión 3% de febrero a marzo. Ayer Fitch quitó el grado de inversión a Pemex.

En las pláticas que sostienen representantes de alto nivel de México con sus contrapartes en Estados Unidos para frenar la elevación de aranceles a partir del lunes, no hay ninguna negociación, como se han planteado, sino un trabajo de cabildeo por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para convencer al presidente Donald Trump que quieren cumplir con sus exigencias y demandas en materia migratoria. Entonces, si lo que estamos viendo es capitulación mexicana en materia migratoria, lo que tendría que estar buscándose son los términos de la capitulación para que no resulte humillante para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay duda a partir de la lectura de las declaraciones públicas y la información que está saliendo de Washington, que nunca hubo negociación alguna sobre aranceles, sino una rendición mexicana de los resultados de su política migratoria. Aun así, percibiendo la vulnerabilidad mexicana por sus propias contradicciones, le siguen subiendo la presión a Ebrard. La vocera de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo ayer: "Parece que nos estamos moviendo hacia la ruta de los aranceles, porque lo que hemos visto hasta ahora es que lo que están proponiendo los mexicanos, simplemente no es suficiente". El presidente Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca que lo acompaña por Europa, y desde el aeropuerto irlandés en Shannon dijo: "Ya veremos qué sucede, pero algo muy dramático podría suceder". Ya sucedió.

El diario The New York Times reveló que aunque México se había opuesto firmemente a ser un "tercer país seguro", que sirviera de hostal de migrantes en espera que les dieran asilo en Estados Unidos, su justificación que esperaban que los inmigrantes no llegaran a su frontera sur y se quedaran a vivir en México, se colapsó con la realidad, el incremento acelerado de migración indocumentado hacia aquella nación. En la reunión del miércoles en la Casa Blanca, Ebrard, 1er. opositor a ese concepto, reculó. Dijo que su gobierno estaba dispuesto a reforzar la frontera con Guatemala y le prometió al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Estado, Mike Pompeo, que combatirían al crimen trasnacional que trafica humanos y que ofrecería asilo a miles de centroamericanos a cambio de que no fueran a Estados Unidos. Patético.

El periódico The Washington Post, añadió elementos sobre la capitulación mexicana. Ebrard comprometió el envío de 6,000 soldados dentro de la Guardia Nacional a la región fronteriza con Guatemala, y que dentro de la aceptación de "tercer país seguro", recibiría a los guatemaltecos deportados, sin cuota máxima, que llegaran a pedir asilo en Estados Unidos. A su vez, los hondureños y salvadoreños detenidos en ese territorio, serían enviados a Guatemala, de acuerdo con una negociación separada con ese gobierno. Guatemala y Honduras se han venido quejando que la política migratoria de López Obrador también los afectó, al desestabilizar sus países por ofrecer visas humanitarias y paso exprés y custodiados por la Policía Federal hasta cruzar la frontera norte. Patético, por partida doble. La política lópezobradorista provocó problemas y disgustos con todos.

El gobierno mexicano despachó a un equipo de abogados a Washington, y se reunieron con Pat Cipollone, el consejero jurídico de la Casa Blanca, para analizar los términos jurídicos para que México sea un "tercer país seguro". La discusión entonces sobre ese concepto, a decir de los estadounidenses, está rebasada, porque hay una aceptación. En términos conceptuales, esa es una derrota para el Gobierno de México. En cuanto a la estrategia, es el fracaso de la postura de la Secretaría de Gobernación y un revés directo para quien estaba detrás de la política de brazos abiertos, el presidente López Obrador.

La ingenuidad del nuevo gobierno es el cimiento de la humillación que están viviendo desde Washington. En otoño pasado, durante la transición, Olga Sánchez Cordero, quien estaba designada como la secretaria de Gobernación, fue a una plática con el consejo de uno de los bancos más importantes del país, y le preguntaron cuál era su mapa de riesgos. Sánchez Cordero no sabía qué decir y casi susurró, "¿los migrantes?". Podría ser, dijo antes de descalificarlo. "No, no creo", agregó. La futura secretaria no tenía idea de lo que estaba sucediendo pese a todas las amenazas y advertencias de Trump. En enero, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que "la política migratoria ya cambió", anticipando que quienes quisieran emigrar, serían recibidos con los brazos abiertos. Un alto funcionario de Gobernación admitió que la intención era muy noble -cierto-, pero no calcularon las consecuencias -doblemente cierto-.

Las presiones de Washington hicieron que modularan su postura, pero fueron insuficientes. El consejero presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, se lo dijo a López Obrador en la Ciudad de México. Migración y seguridad es la prioridad. Kushner dejó ver que los recursos de Trump para la represalia eran enormes. China era un ejemplo. Turquía, meses antes, otro. A China le impone aranceles crecientes y en Turquía descarriló la lira y minó al presidente Recep Tayyip Erdoğan. López Obrador se comprometió a tomar acciones concretas y lo hizo, pero no convenció. Enviar a Ebrard sin Sánchez Cordero era una señal de lo que estaba dispuesto a hacer México. El único problema, como afirman en Washington, es que la cancelación de aranceles no es un hecho pese a todo lo ofrecido. Trump aún no acepta los términos de la rendición mexicana.

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, renunció este viernes a su cargo, luego de señalar que el organismo no ha recibido apoyo económico suficiente para hacer cumplir la Ley General de Víctimas.

A través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, Rochín señaló que "a pesar del trabajo realizado, las preguntas que dieron origen a la Ley General de Víctimas permanecen sin respuesta. Atenderlas, convocaría a un auténtico compromiso de todas las instituciones del Gobierno de México y de los gobiernos estatales hacia la víctima, no sólo en el discurso, sino en las acciones".

De igual forma, indicó que "se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden, no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben. Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de la calidad de la atención de los casos y, por ende, en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia", dijo Rochín en la misiva.

"Por lo anteriormente expuesto es que, en este acto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, con efectos al 15 de junio de 2019".

No hay becas para universitarios
No hay Seguro Popular
No hay Seguridad
No hay medicamentos
No hay Prospera
No hay aeropuerto
No hay inversión
No hay posturas firmes ante E.E.U.U.
No hay desarrollo económico
No hay empleo
No vendió el avión presidencial
No se ha castigado la corrupción
No se respeta nuestra soberanía y fronteras
No se cuida el medio ambiente
No se apoya a la ciencia e investigación
No se respeta el Estado de Derecho
No disminuyen las muertes violentas
No hay tratamientos para el cáncer
No hay estancias infantiles
No hay apoyo al campo
No hay apoyo para atletas
No hay política exterior
No hay trabajo legislativo
No hay servidores públicos preparados
No hay apoyo para la sociedad civil organizada
No hay gasolinas y gas baratos
No hay respeto ni respaldo al ejército
No hay responsables ni respuestas.

NO HAY RUMBO EN EL PAÍS... pero pueden ir de falda a su escuela a jugar béisbol.

Pese al aumento de los casos de dengue en Jalisco, la Secretaría de Salud confirmó que, a más de 5 meses de que inició el año, autoridades federales no han adquirido ni distribuido los insecticidas necesarios para prevenir brotes epidémicos de dengue en las entidades donde se han registrado más casos.

El coordinador del programa estatal de lucha contra el dengue en Jalisco, Juan Salvador García explicó que se ha registrado un incremento de 256% en la incidencia de dengue; a pesar de ello el gobierno federal no les ha enviado insumos para realizar fumigaciones preventivas y, añadió, tampoco les ha informado oficialmente cuándo serán entregados, o si esta entrega se consumará en algún momento.

García explicó que en lo que va del año, las acciones para prevenir los brotes de dengue en Jalisco fueron hechas con recursos estatales y, hasta la fecha, han fumigado poco más de 15,000 hectáreas, en comunidades vulnerables, principalmente de Puerto Vallarta y de Autlán.

"Hemos hecho ya 2 compras de insecticida y de larvicida, y en este momento tenemos suficiente para atender el arranque de las labores preventivas" (que se prolongan durante todo el año).

No obstante, advirtió que el insecticida adquirido en Jalisco para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue no alcanza para cubrir la demanda que habrá durante todo 2019, por lo que, subrayó que es necesario el insecticida que debieron adquirir las autoridades federales para apoyar las acciones anuales contra esta enfermedad.

Según los registros oficiales, la entidad con mayor incidencia de dengue durante 2019 es Quintana Roo, con 13 casos por cada 100,000 habitantes, aunque en algunas localidades de la entidad esta incidencia llega a 20 por cada 100,000.

En esa entidad las autoridades sanitarias informaron que, en lo que va del año, han realizado labores de fumigación en 31,000 hectáreas, y subrayaron que estas acciones se realizaron con recursos financieros de origen tanto estatal como federal.

Aunque se pidió a las autoridades sanitarias de Quintana Roo detallar concretamente si han recibido insecticida del gobierno federal durante 2019 para realizar fumigaciones contra el dengue, las autoridades estatales determinaron no atender dicho cuestionamiento.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que para 2019 el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (de la Secretaria de Salud federal) cuenta con un presupuesto de 192'371,000 pesos para la adquisición de insecticida, que debe ser empleado exclusivamente en acciones de vigilancia epidemiológica.

Los registros de adquisiciones y eficiencia presupuestaria de la Secretaría de Salud federal revelan que hasta el último día de mayo de 2019, dicho presupuesto para insecticidas no había sido ejercido, aun cuando dicha compra solía realizarse a principios de cada año.

Al cotidiano número de muertos por el crimen organizado debe añadirse otra cifra igualmente cotidiana: la de los niños y ancianos, las mujeres y hombres que están muriendo por falta de medicinas y tratamientos médicos en los hospitales públicos. Los recortes presupuestales hechos por el nuevo régimen han incapacitado a esas instituciones para cumplir debidamente su función. No pueden ya surtir a los pacientes los medicamentos que necesitan, ni darles los tratamientos que requieren para seguir con vida. Eso provoca muertes atribuibles al manejo que se está haciendo de los recursos públicos, destinados a pagar obras cuya viabilidad y utilidad son en extremos discutibles, a mantener a ninis -personas jóvenes que ni estudian ni trabajan-, o entregados con propósitos electorales a gente que en verdad no necesita ese dinero. Las instituciones de salud pública deberían llevar una estadística de las personas que mueren por causa del desabasto de medicamentos o de la falta de atención a los pacientes necesitados de tratamientos especiales que no se les proporcionan ya por falta de presupuesto. Así se vería que el número de esos muertos es semejante a los causados cada día por el crimen...

Jaime Reusche, analista soberano de Moody's para México, afirma que la nota soberana A3 ya contempla el estatus de corrupción que hay en el país.

"La metodología de Moody's para asignar calificaciones soberanas sí contempla el impacto de la corrupción sobre la economía. Además, considera un análisis de los factores económicos en todos los países de manera consistente, esto implica la fortaleza institucional, fortaleza fiscal y susceptibilidad a eventos de riesgo", dijo Jaime Reusche en conferencia de prensa.

Por la mañana, el presidente de México criticó la metodología de las agencias calificadoras, pues consideró que utilizan un marco neoliberal y desactualizado.

Moody's revisó este miércoles la perspectiva para la calificación de México, que pasó de estable a negativa; sin embargo la nota se mantiene en nivel A3. Por su parte, Fitch Ratings redujo la nota de BBB+ a BBB con perspectiva estable, a dos grados de una calificación "basura".

En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia matutina que las calificadoras de riesgo tenían una metodología aplicada desde hace 30 años pensada para un marco neolibera, que no contempla los efectos del combate a la corrupción.

No obstante, Reusche explica que la revisión de la perspectiva está relacionada con la incertidumbre derivada de las políticas del sector energético (la construcción de la refinería de Dos Bocas y las limitantes para que Pemex se asocie con privados), el débil crecimiento económico y la debilidad institucional.

Reusche explicó que las políticas relacionadas con el apoyo del gobierno a Pemex crean incertidumbre debido a que no garantizan la viabilidad financiera de la empresa.

"Pemex va a necesitar apoyo recurrente y va a convertirse en un pasivo recurrente, no hay claridad acerca de cómo se va a resolver su situación financiera".

Para el analista, Pemex no ha podido fondearse en los mercados debido a que los inversionistas no están de acuerdo en invertir en una refinería, pues no representa un negocio rentable, además de que no se ve con buenos ojos que la petrolera se abstenga de generar asociaciones estratégicas con privados para mejorar su desempeño.

"No se han dado medidas suficientemente fuertes para anclar la confianza", dijo el analista de Moody's.

Cuestionado sobre el panorama de corrupción en el país, Reusche dijo que Moody's ya considera esta variable dentro de su calificación.

"México debería tener una mayor calificación, pero la corrupción, la impunidad limitan la calificación y tienen un efecto de deterioro de la fortaleza crediticia".

Para Moody's la corrupción es un tema complejo que tomará más de un sexenio en resolverse.

"No hay una medida que por sí sola tenga un impacto significativo, hemos visto un conjunto de medidas, ajustes a varias leyes, regulación a las transferencias a estados y municipios que podrían ser positivas, pero la corrupción es generalizada y necesita un ataque concertado".

El presidente López Obrador hay alguien con quien no se mete, hay alguien a quien sí parece tenerle miedo: al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quizá sea el poderío del imperio. Quizá sea porque un berrinche de Trump puede hacer llorar a México.

A cualquiera que lo critique o no piense como él, el presidente López Obrador lo tacha de corrupto, fifí, conservador. No duda en descalificar así a mamás de guarderías, doctores de hospitales sin recursos, opositores, activistas, académicos, empresarios, líderes de la sociedad civil, periodistas. Pero Trump es su amigo. Se lo dice y se lo firma.

El presidente López Obrador encontró en Trump a la horma de su zapato. Y ahora ya sabe lo que se siente: Trump es un mandatario que descarta razones técnicas, no tiene respeto por la ciencia, tiene siempre sus propios datos, desoye a sus asesores, ignora a la academia, desprecia a los expertos.

En síntesis, le aplica al presidente López Obrador el "me canso ganso", en inglés.

Mientras el mexicano apela a la razón, el estadounidense se instala en la campaña política. Frente a la lógica del mexicano, el capricho del vecino. López Obrador le manda una carta muy sentida, Trump ni la referencia (¿la habrá leído?).

Es cierto que Trump odia a México, que está en campaña, que usa a nuestro país como bandera para encender a su base y llevarla a las urnas. Sí. Pero también es innegable que un tramo del desorden en la frontera México-Estados Unidos tiene que ver con la política migratoria lopezobradorista que al arranque del sexenio abrió las puertas y hasta ofreció visas humanitarias. Esta política pública, inobjetable desde la moral, generó la expectativa en todo el mundo de que México era la puerta de entrada a Estados Unidos. Se disparó aun más la migración y cuando la autoproclamada 4T se asustó y disminuyó la emisión de visas, ya era demasiado tarde: la fama se había esparcido en el mercado ilegal del tráfico de personas.

Ante ello, Estados Unidos avisó: lo declaró Trump, lo dijeron los de su gabinete, el yerno vino a cenar con el mismo mensaje al presidente mexicano: paren el flujo de migrantes. México no hizo lo suficiente. Nada más en mayo llegaron 140,000 a la frontera americana. Se la pusieron en bandeja a Trump y, en campaña, no la iba a desaprovechar.

No se ve muy bien lo que viene para Andrés Manuel López Obrador. Y es que no se puede vivir eternamente sólo de palabras.

Al momento de estar cumpliendo 6 meses al frente del gobierno varios de sus argumentos empiezan a agrietarse.

Donald Trump, dentro de toda su necedad, y en medio de las amenazas de cobrar un arancel a los productos mexicanos, le tocó una fibra muy sensible al presidente mexicano.

Cuando López Obrador contestaba a las amenazas de Trump con mensajes de concordia y buena voluntad, palabras más, palabras menos, el jerarca estadounidense le aclaró vehementemente: "Más acciones, menos palabras", recordando que su amenaza con los aranceles surge del hecho de que el gobierno mexicano (con o sin razón) no ha hecho gran cosa por frenar el ingreso de migrantes centroamericanos a México, o por tratar de frenar o inhibir su marcha en territorio nacional rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Menos palabras y más acciones.

Y en la semana, a manera de confirmación a la percepción que Trump tiene de nuestro presidente se dan 2 eventos significativos:

Cuando un tribunal ordena la suspensión de la obra del Aeropuerto de Santa Lucía a petición de un empresario que demanda que exista un estudio de impacto ambiental, aparece el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ya famoso Javier Jiménez Espriú a informar que no se puede parar la obra de algo que no se ha iniciado.

A buen entendedor pocas palabras: pese a ser el proyecto que arrancó a la par del sexenio no se ha hecho nada tangible, mucho menos de los trabajos de preparación para la construcción de un aeropuerto.

Y aquí, en Guadalajara, mientras el presidente había insistido que la inauguración de la problemática y cara Línea 3 del Tren Ligero estaría para enero del próximo año, los expertos, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, como voz autorizada, acotó que si bien se podrá inaugurar en abril del próximo año, lo más probable es que sea hasta finales del 2020. Al fin tiempos de ingenieros y arquitectos.

Y habría que echar un ojo también a las otras 2 grandes obras "cómo van y cómo avanzan": la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Hoy sólo existen en las mañaneras y en los discursos de López Obrador.

Su problema es que el tiempo avanza, se aprieta, y se van a necesitar más acciones y menos palabras.

La psicoanalista norteamericana Karen Horney define en sus teorías sobre la personalidad que el ser humano tiene necesidad neurótica de afecto, aprobación y necesidad indiscriminada de complacer a los demás y ser querido por ellos.

Horney clasifica las tendencias neuróticas en 3 movimientos: hacia la gente, en contra de la gente y aparte de la gente. El hecho de regalar dinero es un movimiento hacia la gente que genera satisfacción al sentirse amado por sus beneficiados. La neurosis necesita alimentarse de provocar enfrentamientos contra la gente. En el movimiento aparte de la gente el individuo experimenta un despego neurótico por la íntima necesidad de poner una distancia emocional entre él y los demás. El individuo experimenta ansiedad cuando los demás se entrometen en sus eventos aun cuando los demás sean personas de su propio equipo, no se toma la molestia de escuchar, simplemente los destituye.

El neurótico suele perder la noción del valor del dinero, sobre todo cuando se trata de dinero público; igualmente pierde la noción del tiempo histórico; algunas veces adopta una actitud mesiánica, se autoconsidera el salvador de su pueblo, el redentor de las causas de los más necesitados, todo por su inminente necesidad de sentirse querido.

Si México se encuentra en este caso, no hay que perder la esperanza en que las cosas pueden cambiar al reconocer el neurótico las tendencias contradictorias y, resolver el conflicto básico del daño que está creando y los enfrentamientos perjudiciales de los que resulta. que si bien uno de los grupos que se enfrentan lo aprueba, el otro lo condena. Al fin y al cabo, la existencia de necesidades neuróticas no es una característica inherente al ser humano, por lo tanto, es mucha ayuda hacerle ver al neurótico el daño que está causando, señalando sus errores y tomando acciones que lo hagan reaccionar y, sobre todo, hacerle ver que en esta etapa inicial estamos al borde de un precipicio, pero que no se le ocurra que debemos dar un paso adelante.

Luego de toda la polémica que ha generado el recorte en las becas de algunos atletas del país, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) emitió un comunicado en donde expone sus motivos para tomar esta determinación.

Sin embargo, en dicho documento el organismo deportivo cae en contradicciones, mismas que dejan al descubierto que esta determinación de reducir los apoyos económicos se realizó arbitrariamente y sin llevar un proceso meticuloso en el que se evaluaran los merecimientos de cada atleta.

"A partir del diagnóstico elaborado en el primer cuatrimestre del año, se encontraron inconsistencias de deportistas que ya no están activos o que no cumplen con los resultados que la normatividad indica y que aun así siguieron recibiendo el apoyo, sin un sustento técnico que lo respalde".

Lo anterior es parte de la explicación que otorgó la Conade al respecto, misma en la que también afirma que todo se trata de una reestructuración que, como 1a. medida, determinó un monto base para todos los deportistas activos en el padrón de becas.

Sin embargo, aquí es donde radica la 1a. contradicción, pues así como existen deportistas que vieron disminuida su beca, hay otros que incluso recibieron un monto mayor.

En lo referente a las injusticias, saltan a la vista casos como el de la frontenista Laura Puentes, quien también vio reducida su beca a sólo 2,000 pesos, esto cuando ostenta los resultados internacionales para recibir un apoyo mayor.

Además de que recientemente fue confirmada para los Juegos Panamericano de Lima 2019, Puentes ha sido protagonista en las últimas justas mundialistas de su especialidad, pues sólo en 2018 se agenció 2 terceros lugares en el Campeonato del Mundo Absoluto, el cual fue realizado en Barcelona, España.

Con estos resultados y amparándose en las "Bases para el otorgamiento de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios 2019", mismas que Conade establece, Laura Puentes debería contar con una beca de 4,000 pesos mensuales, esto por haberse ubicado entre los primeros 6 lugares de un campeonato mundial dentro de una prueba compartida no olímpica.

Por todo lo anterior, la Conade ha propiciado que diversos deportistas de Selección Nacional duden de la seriedad de esta reestructuración. Como ejemplo está la tapatía Haidee Aceves, quien intuye que este recorte arbitrario en las becas se debió a que la comisión prefirió "evitarse la fatiga" de revisar el currículum de cada atleta.

Según lo expuesto por la Conade, los montos de 2,000 pesos mensuales se mantendrán hasta la implementación de la 2a. fase de su reestructuración, la cual, según afirman, comenzará después de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El triunfo tiene una relevancia política indiscutible y un simbolismo poderoso: Morena se quedó cómodamente con las 2 gubernaturas en juego en las elecciones de este domingo. Miguel Barbosa será gobernador de Puebla y Jaime Bonilla de Baja California. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador arrebató al PAN 2 bastiones: uno que había construido recientemente Rafael Moreno Valle y el otro donde el partido inició su historia de éxito hace 30 años.

Sin embargo, hay datos de los comicios de este fin de semana que deben encender los focos guindas en Morena:

En las zonas urbanas del país, sectores de la sociedad que le dieron su voto de confianza al presidente López Obrador en julio de 2018, ya no se lo ratificaron a su partido un año después.

El caso quizá más ilustrativo es Puebla. Morena ganó la gubernatura de Puebla como solía ganar el viejo PRI: con baja participación ciudadana, perdiendo las zonas urbanas y arrasando en las rurales. Qué curioso: el año pasado el candidato morenista Miguel Barbosa acusó de fraude electoral a Marta Erika Alonso de Moreno Valle justo con el argumento de que había perdido las ciudades y había ganado los pueblos. Ahora fue él quien venció exactamente con esa fórmula. Súmele que las encuestas al arranque de la campaña apuntaban una diferencia de 60% para Morena contra 20% de la alianza panista. Esa ventaja de 40 puntos bajó a 11. Sigue siendo una diferencia notable, rotunda, pero sustancialmente menor que hace 3 meses.

Algo similar puede decirse que pasó en Durango, Aguascalientes y Tamaulipas: Morena aplastó hace un año, pero este domingo fue notablemente desplazada por sus opositores. En Durango empataron PRI y PAN. En Tamaulipas arrasó el PAN y en Aguascalientes también vencieron los azules.

Pasada la fiesta, tendrán que ponerse a hacer números y llegar a conclusiones. Ya sabrán si ven algún asomo de peligro o lo descartan. El antídoto, en cambio, lo pueden encontrar en Baja California. Ahí, Morena se llevó "carro completo": la gubernatura, todos los distritos del congreso local y todas las presidencias municipales. Se aprovechó de un panismo brutalmente desgastado, un pésimo gobierno estatal saliente, un priismo que se fue a Morena y una medida de política pública que tiene felices a los ciudadanos de allá: el presidente les bajó el IVA.

Claro, más preocupados tienen que estar en los partidos de oposición.

La forma en que el gobierno federal está cortando recursos y controlando los centros de investigación comienza a ser ya una amenaza a la libertad de cátedra. Que la Presidencia controle los viajes al extranjero de los académicos no solo es un absurdo administrativo (necesitamos un presidente que tome decisiones, no un contralor cuenta chiles) sino una amenaza a la libertad de cátedra. La decisión de a qué congresos asistir, qué temas abordar y con quién reunirse para realizar el trabajo académico solo puede y debe tomarlo el propio investigador. Si a la postre no hay resultados y en una evaluación entre pares se decide que el trabajo no es de nivel (tal como funciona hoy el Sistema Nacional de Investigadores) entonces debe quitársele recursos, que son públicos y por lo mismo de obligada rendición de cuentas, a dicho investigador.

En la libertad de cátedra como en la libertad de prensa siempre será mejor el exceso que el control. Tenemos los mexicanos, del presidente para abajo, todo el derecho de exigir que el dinero que destinamos a Ciencia y Tecnología y a investigación en universidades públicas genere conocimiento que ayude a transformar la realidad y a formar nuevos cuadros. Pero caer en la tentación de controlar por la vía administrativa la generación de conocimiento nos puede llevar a derroteros no deseados.

Sí a la rendición de cuentas y al freno al turismo académico, pero anteponiendo ante todo la libertad de cátedra y de pensamiento. Nada tiene que hacer el presidente decidiendo viajes.

Esto sólo ocurre en la 4a. Transformación. Un tribunal federal ordenó que se detuvieran las obras para construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía debido a la falta de una manifestación de impacto ambiental.

¿Pero qué creen que respondieron el presidente y su secretario de Comunicaciones y Transportes? Que no era procedente porque las obras aún no comienzan.

¡Pero el pasado fin de semana pusieron la 1a. piedra de la obra con todo y ceremonia!

Ni en los peores años de la simulación y desprecio por los derechos humanos el presidente había dejado de recibir públicamente el informe anual de actividades de la CNDH.

Así lo reporta la propia CNDH: "En un hecho inédito, desde la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace casi 29 años, el ejecutivo federal no recibió el Informe de Actividades del Ombudsperson Nacional de manera directa para para que este Organismo Autónomo expusiera el balance anual sobre la situación de los derechos humanos en México, así como reflexionara sobre retos a enfrentar en 2019".

Aunque el informe contiene información que corresponde a otra administración, el actual gobierno es el responsable de esta agenda. Desafortunadamente este desprecio no es nuevo. A 6 meses de haber iniciado el gobierno, la agenda de justicia transicional sigue fuera de las prioridades.

Solo por mencionar algunas de las agendas prometidas y olvidadas. En temas de justicia, la nueva fiscalía aceptó tener un rezago de cientos de miles de expedientes. Está desbordada y sin capacidades instaladas. ¿La justicia tendrá que esperar lustros o se creará, como se ofreció en campaña, un mecanismo extraordinario contra la impunidad con componente internacional? ¿La Comisión Nacional de la Verdad será una realidad o se quedará como promesa de campaña? A pesar de los múltiples discursos ¿habrá un mecanismo extraordinario para atender la crisis forense como lo exigen los colectivos de víctimas? En temas de seguridad, a pesar de las múltiples voces que se opusieron, la respuesta fue la militarización sin controles.

Allí queda el Informe de Actividades 2018 de la CNDH que el presidente se rehusó a recibir públicamente. En él se detallan parte de los grandes pendientes en materia de derechos humanos que requieren atención urgente: "personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso a migrantes, fosas clandestinas, violencia de género, trata de personas y violencia contra periodistas". El estado de toda esta agenda fue lo que a AMLO no le pareció relevante. Bien por la CNDH en haber hecho público este desprecio por parte del ejecutivo. Mal que desde SEGOB no se pudo convencer al presidente.

Es difícil saber si el desprecio de AMLO es ante la agenda de derechos humanos o ante la CNDH. Se comenta el interés por descafeinar esa institución aprovechando el relevo que tendrá que haber a finales de año. Al parecer les corresponderá, de nuevo, a víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios salir en defensa de una institución que ha costado años ir consolidando y recuperando del control desde el ejecutivo.

Las palabras de Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, parecen indicar lo que desde sociedad civil se ha venido comprobando, lo único que queda es la esperanza para rescatar esta agenda: "Ojalá que el respeto a la dignidad humana efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de políticas y programas de gobierno". Si la agenda de derechos humanos descansa en un "ojalá" estamos en graves problemas. La violencia y la impunidad, a pesar del discurso gubernamental, seguirán si no se establecen mecanismos extraordinarios para atender esta crisis de Estado. El costo de posponer esta agenda por otro sexenio será catastrófico.

El 14 de noviembre pasado, en este espacio editorial di a conocer que la entonces candidata a secretaria de Energía, Rocío Nahle, había pedido la renuncia al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer.

La petición de Nahle era indebida e ilegal. Los titulares de los órganos autónomos no deben ser hostigados, y menos orillados a renunciar, por políticos o funcionarios, así sea una inminente secretaria de estado a punto de asumir formalmente el poder, pero cuyo jefe despachaba ya, luego de que Peña Nieto capitulara el 1 de julio.

En esa ocasión, García Alcocer respondió que no estaba listo para contestar a Nahle, que debía hablar con sus compañeros comisionados de la CRE, asunto que hizo y decidió no renunciar. Semanas después vino la acusación (el descontón) de López Obrador, quien ya como titular del ejecutivo y desde Palacio Nacional, endilgó al líder del órgano autónomo presuntos temas de conflictos de interés.

Luego García Alcocer sería recibido en audiencia por AMLO, encuentro que parecía cerrar el diferendo, al fin y al cabo López Obrador metería a la CRE a 4 comisionados a modo, qué más se podía pedir.

Pero no fue así. Las ansias, y el empeño del gobierno por capturar a la Comisión Reguladora de Energía se tradujo en 2 cosas.

La más obvia, la renuncia de García Alcocer, forzado a dejar el barco, hecho que se dio a conocer este lunes.

La menos obvia, pero igualmente grave, es la intención del gobierno de tratar de dar reversa a los acuerdos tomados por la CRE antes de que Morena pudiera capturarla del todo.

Porque como se publicó también aquí el 11 de abril, alguien del gobierno federal nomás no quiere que las resoluciones aprobadas por la CRE se publiquen, como marca la ley, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, les aplican un veto de bolsillo.

En esa columna de abril, se informaba que a esa fecha estaban pendientes de publicarse 8 resoluciones. Después de esa denuncia, 2 resoluciones vieron la luz del DOF. Pero están pendientes 6 de entonces y una más que se ha acumulado en las últimas fechas.

Las 2 publicadas son las relativas a las modificaciones al Reglamento Interno de la CRE, y el acuerdo que da certeza a los contratos de interconexión, por los que la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) manifestó preocupación por temor a perder inversiones.

De entre las resoluciones que están en el limbo, destaco las siguientes:

A-065-2018. Que establece zonas de exclusión temporal para el suministro de diésel ultra bajo azufre, de conformidad con el artículo 5o. transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones sobre calidad de los petrolíferos.

A-002-2019. Que modifica las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución de energía eléctrica, y las disposiciones administrativas de carácter general para la prestación del suministro eléctrico.

A-005-2019. Que establece, de manera enunciativa mas no limitativa, productos y servicios que pueden ofrecer los integrantes de la industria eléctrica que desarrollen actividades de almacenamiento de energía.

Legalmente, la CRE goza de independencia de gestión. Sin embargo, la tardanza de la publicación no puede ser casual, ni meramente un asunto del desorden burocrático al que en estos 6 meses nos ha acostumbrado Morena en el poder.

¿De quién es la mano que para las prensas del DOF? Creo que no hay que buscarle mucho. La lógica indica que podríamos estar ante la revancha de Nahle. En noviembre no le alcanzó para hacer que se fuera García Alcocer, pero qué tal impedir que se publiquen los acuerdos de esa CRE que no le gustaba. Con el veto de bolsillo se borra el trabajo de meses de ese organismo.

Hay que dar concesiones inteligentes. Suponer que se puede obtener un cambio en la posición de Trump, a cambio de nada, es ilusorio. Habrá que darle la ocasión de que se cuelgue una medalla, para lo cual, como le hemos comentado, basta con que apliquemos nuestras leyes en materia migratoria en la frontera sur.

Si quiere hacerlo, "como signo de buena fe", México puede frenar el flujo de migrantes sin documentos y drogas que ingresan a la Unión Americana, insistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El asunto es de números. Cuando vino a cenar con el presidente López Obrador, el súper asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, trajo el claro mensaje de que México debía endurecer su política migratoria para que no llegaran tantos centroamericanos a territorio de Estados Unidos.

La expectativa estadounidense, me dicen fuentes diplomáticas de ese país, es que se diera una reducción dramática de los aproximadamente 4,500 migrantes diarios que le caen al gobierno de Trump. México lo bajó a cosa de 3,500 personas. No fue suficiente para el vecino del norte. Y entonces vino el contraataque de Donald Trump: aranceles a todo lo que exporte México.

El anuncio tomó por sorpresa a México. De aplicarse, los aranceles acarrearían contundentes consecuencias contra las economías de ambos países, pero más contra la mexicana.

El dilema es bastante claro, lo cual no quiere decir que sea sencillo de resolver: México tiene que endurecer su frontera para que menos migrantes lleguen a Estados Unidos. Mil menos al día no bastan.

¿Qué quiere decir, exactamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que México "ha estado 'hablando'" sobre los asuntos migratorios durante 25 años, y que "queremos acción, no conversación"...?

Ya dieron algunas luces tanto el secretario interino de Seguridad Interna del gobierno norteamericano, Kevin McAleenan, como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney: 1o., realizar intercepciones de migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala, en vez de virtualmente franquearles el paso, dar albergue a las caravanas y aun facilitarles la transportación, por vía terrestre, hasta la frontera norte -en contubernio con organizaciones criminales que lucran al ofrecer ese servicio, y con las autoridades que cierran un ojo para permitirlo-, donde las barreras físicas y las acciones de la Patrulla Fronteriza obligan a familias enteras de guatemaltecos y hondureños, principalmente, a entender que el "sueño americano" era un espejismo de su imaginación; y tercero, buscar la manera de que México dé asilo político a más solicitantes centroamericanos y se convierta en "puente" -Tercer País Seguro, es el tecnicismo preciso- hacia la unión americana.

Mulvaney lo dijo con todas sus letras: "El presidente (Trump) habla absoluta y tremendamente -rotundo adverbio- en serio": al menos el arancel del 5% para las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos anunciado para el 10 de junio -el lunes próximo-, a manera de 1er. aviso, se va a aplicar.

O sea que "¡Va el golpe...!", y no va a ser con mensajes inspirados en las cursis calcomanías y tarjetitas de "Amor es...", como van a disuadirlo.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, lamentó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no asistiera a la presentación de un informe del organismo que contiene críticas a la actual administración.

Precisó que el documento fue entregado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debido al rechazo a la solicitud de la CNDH para que la presentación del documento se hiciera ante el presidente, "tal y como se había podido llevar a cabo durante los casi 29 años de existencia de este organismo autónomo".

Destacó "el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el Gobierno de la República".

Por otro lado, mencionó el aumento en el número de asesinatos en 2019 (11,221 de enero a abril frente a los 10,512 del mismo periodo del pasado año), así como "la diversificación y alcances de las actividades del crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida y los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó respetar la decisión de un juez y esperar a que se emita el dictamen del impacto ambiental para comenzar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Esto, luego de que El Universal publicó que el 1er. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México ordenó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para para garantizar que no afectará al medioambiente.

"No hay obras todavía, de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez. Pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental", respondió en conferencia de prensa mañanera.

El amparo con el que un tribunal federal ordenó frenar la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía forma parte de 147 juicios presentados por el colectivo "#NoMásDerroches", conformado por organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y más de un centenar de ciudadanos.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, los amparos buscan que el Poder Judicial de la Federación (PJF) "revise la legalidad de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (NAIM) y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos".

"La cancelación injustificada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco ha costado cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46,000 empleos directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en nuestro país".

"Su sustitución por el proyecto de construcción del aeropuerto civil internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, representa un riesgo importante para la seguridad aérea y, además, carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y económicos necesarios", indicó la organización.

La suspensión definitiva será resuelta este jueves, en la audiencia incidental que el juez 4o. de Distrito dijo para las 09:10 horas.

"Con esta decisión el Poder Judicial de la Federación, una vez más, demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a decisiones apresuradas e injustificadas del poder ejecutivo y genera un precedente importante", consideró Mexicanos Contra la Corrupción.

La organización anunció que el colectivo continuará con esta estrategia legal en contra de cualquier otro proyecto de infraestructura que afecte al medio ambiente y que conlleve posibles violaciones a derechos humanos.

El colectivo "#NoMásDerroches" está integrado por organizaciones como Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (Comexdh), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), despachos de abogados y ciudadanos.

Representantes de sindicatos de trabajadores de Jalisco, así como empresarios y miembros del Consejo Consultivo de la delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se posicionaron en contra del plan de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues consideraron que afecta los derechos de los trabajadores.

Daniel Curiel miembro del consejo técnico del IMSS por parte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que lo que más preocupa a los trabajadores y empresarios es la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda sea la entidad encargada de recaudar y administrar las cuotas obrero-patronales.

"Si ese dinero está en la misma bolsa que todo lo que recauda Hacienda sin respetar la autonomía del IMSS, corremos el riesgo de que se deje de crecer en instalaciones y equipamiento", dijo.

En más de una ocasión, López Obrador ha mencionado sus intenciones de crear un Sistema de Salud Universal en México que brinde atención a toda la población del país, lo que podría implicar la absorción del IMSS a un nuevo sistema federal.

Los trabajadores y empresarios firmaron que si el IMSS se integra a ese sistema, la calidad del servicio [¿¡!?] será insuficiente. Señalaron que el IMSS es una institución creada para el beneficio de los trabajadores del sector formal, quienes aportan el 80% de su presupuesto mediante el pago de cuotas. Resaltaron que el Consejo Consultivo de la delegación Jalisco estima que con el presupuesto actual que tiene la institución de salud solo da para atender a la mitad de los 5 millones de derechohabientes que hay en Jalisco.

Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, recordó que el IMSS tuvo 9,000 millones de pesos de superávit en 2018, recursos que se deberían de ver reflejados en el crecimiento y mejora del servicio. Recordó que hay obras que se requieren en la entidad, como la construcción de un hospital en Tesistán.

"Venimos a pedir lo que nos toca, no queremos que se juegue con la salud", remarcó.

López Obrador envía un memorándum al pueblo estadounidense donde refrenda su amistad; el presidente de EU le responde: "Queremos acción, no platica."

"El problema con México es que ha estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no plática. Podrían resolver la crisis en la frontera en un día si así lo decidieran. De lo contrario, nuestras empresas y empleos regresarán a Estados Unidos", escribió.

En 72 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio muestras de un manejo de crisis totalmente inapropiado ante la amenaza del presidente Donald Trump de imponer 5% de aranceles, que irían escalando en represalia por las insuficientes acciones para frenar a la migración centroamericana. El presidente fue de una posición enérgica a una serie de equivocaciones tácticas, falta de estrategia, situaciones embarazosas para su secretario de Relaciones Exteriores, y afirmaciones donde mostró un giró de su actitud soberana, para caminar hacia la capitulación. Después de esos 3 días erráticos y confusión política, el presidente continuó enredándose en declaraciones y Trump escalando el costo político para el gobierno mexicano. El resultado de las pláticas esta semana en Washington no pinta bien para el gobierno lópezobradorista.

En su 1a. respuesta enérgica y clara ante las amenazas de Trump, fue tan arriesgado como el Twitter del jefe de la Casa Blanca. En una carta que hizo pública antes de que se entregara al Gobierno de Estados Unidos, dijo que su llamado a acción de "America First" ("Estados Unidos Primero") era una falacia, con lo cual golpeaba al eje de la política e ideología del estadounidense, y planteaba el diferendo comercial como una situación de guerra. Si Trump elevó el tono, López Obrador lo subía aún más. En cuestión de horas, por lo que sucedió después, se puede argumentar que la carta, escrita por el propio presidente según sus colaboradores, fue un arrebato sin pensar 2 veces lo que escribía, al mostrarse en las acciones una clara ausencia de estrategia y falta de análisis sobre las consecuencias.

El 1er. dato que refuerza esta proposición es que despachó al secretario Marcelo Ebrard a Washington para que fuera "atendido" por representantes del Gobierno de Estados Unidos. Ebrard obedeció la instrucción, lo que es correcto, pero no le dijo al presidente, aparentemente porque tampoco sabía, algo muy importante: su contraparte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no estaba en Washington. La ausencia de Pompeo no era un secreto. El miércoles 29 de mayo el Departamento de Estado dio a conocer la agenda de viajes del secretario, donde se anunció que visitaría Alemania, Suiza y Holanda del jueves de la semana pasada al próximo miércoles. López Obrador y Ebrard mostraron estar desinformados, o el presidente quiso actuar con tal rapidez, que ni siquiera esperó un memorando de la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para tomar una decisión informada.

No se sabe si Trump leyó la carta o no, o si Pompeo lo hizo. Pero el viernes, Trump insistió que México "haga finalmente lo que debe" en materia de migración. Ebrard llegó a Washington, pero nadie le abrió la puerta hasta el miércoles. La justificación fue que prepararía la estrategia de la conversación con Pompeo, que pomposamente llamó "cumbre". Para el sábado, la firme posición de López Obrador se había desdibujado con la cadena de errores en la comedia en que se convirtió su política exterior. Pero el presidente, como suele hacerlo todos los días, nos volvió a sorprender.

En una conferencia de prensa en Veracruz, a una pregunta del corresponsal de Proceso sobre qué propuesta llevaba Ebrard, respondió: "Lo primero, lo más importante es informar sobre lo que ya estamos haciendo en materia migratoria, y si se quiere reforzar estas medidas sin violar derechos humanos, estaríamos dispuestos a llegar a ese acuerdo". Esto es exactamente lo que está pidiendo Trump. Que hagan más de lo que ya han hecho. López Obrador dijo que no va a entrar en una guerra comercial y tampoco se vio muy dispuesto a recurrir a los paneles internacionales de resolución de disputas. O sea, ni responderá elevando aranceles, ni acudirá a los tribunales internacionales. Así lo hicieron los gobiernos mexicanos que desprecia. Así lo hacen todos los países en el mundo. Él, no.

Al final, regresamos a lo mismo. Que no se enoje más Trump -este domingo respondió: "queremos acción, no hablar"-, y López Obrador le dará lo que pide. ¿La carta del jueves? Claro, para consumo doméstico.

No ha pasado ni siquiera un año de aquella visita que hicieron a la entonces casa de campaña del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en Tlalpan, en julio de 2018, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el de Seguridad, Kirstjen Nielsen; y Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump, cuando ya el inquilino de la Casa Blanca pisoteó la relación que en aquella ocasión se dijo que sería muy distinta a los desplantes que hizo una y otra vez al presidente Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado.

En aquel momento AMLO parecía fascinado de su relación con Trump con quien conversó por teléfono al día siguiente de la elección del 1 de julio.

"Pensé que se iba a quedar ahí la situación, pero no, al día siguiente que quería hablar conmigo y afortunadamente muy respetuoso. En media hora no tocó asuntos delicados que me hubieran obligado a responder de otra manera. Facilitó las cosas y sí nos importa mucho lograr un acuerdo", dijo sobre su primer contacto con el presidente estadounidense.

Bueno pues ni siquiera se cumplió medio año de gobierno cuando vino la enésima ofensiva de Trump que ya no pudo evadir López Obrador con su amor y paz y ahora sí se vio obligado el jueves pasado a responder en una carta y rechazar el amago del cobro de aranceles progresivos del 5 al 25% a todos los productos mexicanos que crucen su frontera, en tanto el gobierno mexicano no frene los flujos migratorios de mexicanos y de extranjeros.

Como respuesta Trump embistió de nuevo y reiteró que el cobro de esos impuestos iniciaría el próximo 10 de junio, y añadió el reproche del problema del narcotráfico en el país.

El apresurado viaje del canciller, Marcelo Ebrard, a Washington de poco sirvió porque ni Pompeo ni Kushner estaban en Estados Unidos, y el encuentro se agendó hasta pasado mañana. Ayer López Obrador envió un nuevo memorándum a Trump en el que apela a la amistad entre los gobiernos de México y Estados Unidos y donde le plantea que quiere seguir "siendo su amigo".

Hoy veo a un presidente que, en materia educativa, está repitiendo exactamente la misma dosis que cuando el aeropuerto: hacer un par de declaraciones para que crean que va a rectificar, y al final tomar la decisión que ha anunciado siempre.

El presidente ha dicho desde hace años que quiere tumbar la reforma educativa impulsada por todos los partidos en el sexenio de Peña Nieto. Se matrimonió con los enemigos de esa reforma: la CNTE, el SNTE, Elba Esther. Ha dicho que quiere pase automático, que con los sindicatos (y sobre todo la impresentable CNTE) redactará las leyes, que no quiere meritocracia sino antigüedad, que no quiere despedir maestros aunque no vayan a dar clases o sean malísimos enseñando. Pero, como en el aeropuerto, veo otra vez a grandes sectores de la sociedad civil y de la oposición creyendo que no lo va a hacer.

La [elección de gobernador] que más ha llamado la atención es la de Puebla, en donde la elección de estado es prácticamente un hecho -y en las otras entidades también- en lo que viene a ser una fehaciente demostración de que sí aprendieron a hacer bien lo que antes tanto criticaban y habían prometido que nunca de los nuncas harían.

La zozobra incluye la posibilidad de que en algunos lugares los candidatos más débiles pudieran llevar a su partido a perder el registro, lo que vendría a convertirse en un caos para los opositores, y en un apalancamiento para el gobierno, el cual ahora presiona para que los 3 poderes constitucionales "descansen" en una misma persona.

La 4a. Transformación parece estar trayendo a la realidad el mundo de lo absurdo: recortes presupuestales, despidos de burócratas, reducciones de sueldos y todo tipo de insensibles cortes por motivos financieros, bajo la irrefutable bandera de la lucha contra la corrupción, en aras de dotar de recursos a iniciativas presidenciales que en poco o nada ayudan a las clases más necesitadas del país.

Los recortes que han generado escasez en medicinas, la suspensión de programas de prevención o detección del cáncer y otras enfermedades complejas y delicadas, la suspensión de programas de estancias infantiles y de empleo temporal para limpiar bosques y campos, el recorte de programas y presupuestos a dependencias como Conafor, Semarnat, los institutos de salud, la desaparición del Fonatur y ProMéxico y muchísimas otras medidas de este tipo, están afectando más a las clases bajas que a las mejor acomodadas. ¿Dónde está el gobierno de izquierda?

Uno podría pensar que todos esos recursos se están utilizando para privilegiar a los pobres, que incansablemente se prometió que irían primero, pero ¿cuál es la sorpresa? Que no se están yendo para su bienestar los recursos, sino que se están utilizando para solventar caprichos presidenciales que en nada benefician a las clases marginadas: pagar bonos para dejar de construir un aeropuerto, lo cual cuesta más que terminarlo; construir un Tren Maya al que difícilmente se subirán los pobres de México; construir una refinería de muy dudosa rentabilidad y un muy cierto daño ecológico; promover el beisbol en un país en que este deporte es bastante menos popular que el futbol y el boxeo, deportes que, por cierto, no recibirán ningún apoyo especial; dar "becas" a jóvenes y beneficios a los pseudomaestros sin otro beneficio duradero que no sea comprometer su voto a favor del partido oficial.

Todo esto es tan absurdo, que en cualquier democracia activa en el mundo ya hubiera causado levantamientos sociales, pero, al parecer, aquí vivimos el mundo al revés. La gente a quien más va a perjudicar todo esto se sigue creyendo las absurdas promesas presidenciales.

Hay que preguntarse hasta cuándo explotará esto, y más vale que reviente temprano que tarde.