El éxito de Andrés Manuel López Obrador en redes sociales durante su campaña presidencial no se replicó en los primeros 6 meses de su gobierno toda vez que más de la mitad de las menciones en plataformas como Twitter, Instagram, blogs y portales de noticias son negativos y están relacionados con eventos críticos que han marcado su gestión hasta el momento.

Un estudio elaborado por SmartUp, una agencia de marketing digital mexicana, apunta que, aunque "las benditas redes sociales" encumbraron la imagen de AMLO el día que tomo posesión, el sentimiento negativo en momentos como la explosión de Tlahuelilpan, los días de desabasto de gasolina y cuando solicitó una disculpa al país por parte del Rey Felipe VI de España, que han sido en donde más popularidad ha tenido el tabasqueño en estas plataformas.

De 38 millones de menciones durante el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de mayo de 2019, que analizó el estudio, los días como mayor volumen de conversación en torno al ejecutivo federal fueron el día en que tomó posesión de su cargó y el 14 de mayo de este año.

Durante su 1er. día como presidente, AMLO obtuvo 877,000 menciones, 67% de ellas con un "sentimiento" positivo, toda vez que los internautas mostraron apoyo al nuevo presidente.

En contraste, el 14 de mayo la conversación se centró en señalar a López Obrador como uno de los responsables de la contingencia ambiental y los incendios ocurridos en el país de los que se informó durante esos días. Sin embargo, también surgieron temas como la reunión con el actor estadounidense Richard Gere y los comentarios del comunicador "Brozo" en contra del mandatario, en donde ambos casos generaron un sentimiento predominantemente positivo para AMLO.

Otro momento en que el tabasqueño acaparó las redes sociales en México fue la jornada del 25 de diciembre de 2018, cuando trascendió la muerte de la entonces gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle por la caída del helicóptero en el que se trasladaban; en este caso la mayoría de los mensajes se enfocaban en exigir una explicación al mandatario e incluso a señalarlo como responsable.

Con la explosión de una toma clandestina de gasolina en un ducto de Thlahulilpan, Hidalgo, que provoco la muerte de más de un centenar de personas el 54% de los internautas que integraron la conversación mostraron apoyo a las medidas tomadas por el presidente, sobre todo las referentes a la logística de entrega en gasolineras.

El posicionamiento oficial de México ante los conflictos políticos en Venezuela y la solicitud al Rey Felipe VI de España y al Papa Francisco para que pidieran perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista del país, generaron en gran medida señalamientos negativos a la gestión de AMLO.

Cuando el periodista Jorge Ramos, cuestionó al presidente sobre la inseguridad del país durante los primeros meses de la administración, la mayoría de los usuarios que mencionaron el tema en redes sociales señalaron a Ramos como un "provocador" y apoyaron al tabasqueño.

Otro punto débil durante la administración de AMLO, fue el 19 de abril cuando un grupo armado disparó contra los asistentes a una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, lo que provocó la muerte de 13 personas. Durante esta jornada el nombre de AMLO alcanzó 800,000 menciones, la mayoría de ellas en contra del mandatario.

El análisis del 1er. semestre de AMLO concluye que el sentimiento que predomina en redes sociales es negativo hacia el mandatario y los temas mencionados "fueron clave para crear esta recepción por parte de los internautas que consideran como el principal responsable de estas situaciones al tabasqueño".

En el hospital 20 de noviembre del ISSSTE se han cancelado la quimioterapias y la entrega de medicinas para niños con cáncer debido a los recortes en salud que ordenó el gobierno federal.

Y de verdad, parece que no les importa.

Siguen empeñados en crear una crisis social que nos haga más dependientes del gobierno, que nos obligue a rogar piedad al falso mesías.

Esto es indignante.

Los días 3, 4 y 5 de este mes, se llevó a cabo en la ciudad de Morelia una reunión de miembros del Consejo Nacional Ciudadano (CONACI), a la que asistieron alrededor de 500 personas de toda la república.

Las conclusiones a las que llegaron son acciones tendientes a presentar una demanda política en contra de (MALO) Manuel Andrés López Obrador, como aseguran que se llama antes de modificar su acta de nacimiento.

Manifiesta el CONACI que cuenta con más de 2 millones de miembros que están dedicados a evitar que se instale en México un gobierno comunista, lo cual afirman que son las negras intenciones de MALO.

El CONACI nació en la ciudad de Monterrey en el año 2009 para formar una red nacional de organizaciones de la sociedad civil apartidistas, con el objeto de actuar como mandantes con fundamento en el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el poder dimana del pueblo, lo cual, si bien, es cierto, también lo es que el pueblo con su voto elije a los gobernantes que desea que lo representen y según el cargo que desempeñan, lo enviste de poderes para que actúe dentro del marco de la ley.

Ya sea que se trate de alcaldes, diputados, senadores y hasta del presidente de la república solo ellos podrán ejercer el poder con los límites que le marcan las leyes. Lo que si puede hacer el CONACI, es llamarle la atención a la autoridad cuando se desvía o excede sus funciones de los límites de su encargo, en particular, violar la constitución.

El Congreso Nacional Ciudadano no es un partido político, es más, uno de sus objetivos es la de luchar por que se supriman los subsidios que se les otorgan con el dinero de nuestros impuestos, que este año 2019 que no es un año de elecciones nacionales, asciende a casi 5,000 millones de pesos.

Manifiesta el CONACI que está en proceso de presentar en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el presidente AMLO. Entre los motivos que señala tiene relación con traición a la patria por permitir la entrada indiscriminada de medio millón de migrantes sin ningún tipo de filtros de seguridad, medidas sanitarias y personas que cuentan con antecedentes delictivos.

Acusan también a AMLO de tener la intención de llevar a México por el camino de la doctrina del socialismo; que todas las acciones que toma están inspiradas en el Foro de Sao Paulo que pretende introducir el socialismo a toda América Latina como ya lo están, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Estima el CONACI que la demanda de juicio político la va a rechaza el Congreso, pero en ese caso se irían a la Suprema Corte y si no se consigue, están dispuestos a acudir al Tribunal Internacional de La Haya.

Todos los mexicanos que no estamos de acuerdo con la forma de gobernar de AMLO tenemos la libertad de expresarlo, pero lo que no debe hacerse, es causarle perjuicios a los demás ni acciones violentas como la toma de casetas que se hizo en Cadereyta, Nuevo León.

La detención del famoso empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya, director general de Pemex el sexenio pasado, es un salto de la saliva al expediente, que debe reconocerse al presidente López Obrador porque contesta -a sus tiempos, con su método- a una añeja demanda: que deje de difamar en las conferencias mañaneras y que persiga la corrupción.

El Lozoya-Ancira es el 1er. caso judicial contra la corrupción del sexenio pasado. Está en marcha y se inscribe a la perfección en la narrativa que el presidente repite a diario: el pasado corrupto. Con él, la batalla dejó de ser meramente discursiva porque la fecha de caducidad de las acusaciones generales y vagas se cumple cuando la sociedad empieza a pedir resultados y ya no se conforma con promesas de campaña. No pienso que echarle la culpa al pasado y estar presentando ex funcionarios culpables sea un salvavidas que le pueda durar años al presidente AMLO si siguen faltando medicinas, siguen despidiendo trabajadores, sigue retrocediendo la economía, sigue cayendo el empleo, sigue subiendo la inseguridad y quedan las escuelas en manos de la CNTE.

En cambio, opino que la exigencia de acabar con la impunidad que ha reinado fue en gran medida el motor del resultado electoral del 1 de julio. Como presidente electo y luego ya en el poder, López Obrador planteó un posible "punto final" y la conveniencia de no dedicar los esfuerzos del nuevo gobierno a estar litigando con el pasado. La sombra de un pacto de impunidad rondaba. El tiempo nos dirá si este paso fue un cambio de rumbo.

Y deberá cuidar, en ese tiempo por venir, que el entusiasmo que ha despertado este expediente no se le vuelva en contra si resulta que no había pruebas, no se armó bien la investigación y los implicados quedan librados de las acusaciones. La indignación sería entonces facturada directamente al presidente. A partir de hoy están a prueba la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, aunque haya raspones entre ambas.

Amainó un poco la tormenta contra Carlos Lomelí por su presunta participación como delegado de López Obrador en Jalisco y simultáneamente ser un empresario dedicado a le venta de medicinas a distintos gobiernos, incluido el federal.

Pero estamos convencidos que esto no ha terminado ahí; no hay que olvidar que el propio Lomelí, en una entrevista concedida a Ciro Gómez Leyva, llamó "mentirosos" a los integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que fue quien hizo la investigación que lo señala, y eso es algo que difícilmente va a dejar pasar esta asociación civil encabezada por Claudio X González y María Amparo Casar.

Además, Jalisco no es un estado donde Morena se mueva cómodamente como en otros ámbitos, como por ejemplo el Senado, donde la mayoría morenista "exoneró moralmente" a Napoleón Gómez Urrutia.

El caso de Carlos Lomelí puede llegar a convertirse en un flanco muy débil para Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la corrupción, y es que aunque desde el punto de vista formal no existen actualmente pruebas de que Lomelí esté vinculado a la empresa Abisalud, que es la que ha vendido al gobierno de López Obrador, sí hay antecedentes de que formó parte del consorcio y que fue operada por familiares o gente muy cercana al ahora súper delegado en Jalisco.

Tal parece, por las fechas que cita la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se hizo una "limpieza" u "ordenamiento accionario" para dejar esta empresa libre de la participación de Lomélí y su familia, y no así en el resto de las empresas donde incluso sí reconoce su propiedad y su participación.

Operación impecable para evitar ser acusado de conflicto de intereses.

Pero hay 2 eslabones que quizás olvidaron al momento de hacer esta limpieza: uno es un sobrino del propio Lomelí, Mario Vargas Lomelí, quien todavía hasta febrero de este año figuraba como representante de la empresa (y firmó varios de los contratos actuales), y el otro es un personaje llamado Juan Carlos Tadeo Martínez, quien hoy por hoy es representante legal de las empresas reconocidas por Lomelí, y simultáneamente accionista de la empresa Abisalud, que es la que está en el centro de la polémica.

No puede haber coincidencia.

Insistir: si se hace una revisión estrictamente jurídica de la composición de las empresas, ya no hay relación de Lomelí con Abisalud, pero él por medio de las otras empresas sigue siendo un empresario que vende medicinas y ahora metido a político de 1er. nivel en Jalisco.

Podría ser legal, pero totalmente indebido.

Habrá que esperar el nuevo embate de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad con más elementos de esta investigación porque en definitiva aquí sí hay caso, y sí se tiene con qué golpear severamente a López Obrador en su cruzada contra corrupción.

Marcos Nahmad, científico mexicano especializado en biología cuantitativa, consiguió que lo aceptaran para hacer una estancia académica en un centro de investigación en Chicago, Estados Unidos. Negoció que le pagaran el hospedaje y él puso de su bolsa los boletos de avión. Ya estaba todo aprobado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), al que pertenece, pero ayer se enteró que ahora tendrá que conseguir la autorización firmada de puño y letra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A partir de ahora, los más de 600 científicos del Cinvestav tendrán que pedir la autorización presidencial para hacer viajes académicos al extranjero, derivado del memorándum de austeridad enviado por López Obrador el 3 de mayo pasado para toda la administración pública que en su punto 9 señala: "Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el titular del ejecutivo federal".

Después de varias semanas en que las autoridades del Cinvestav estuvieron en contacto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la que dependen, para ver si estas medidas para funcionarios públicos también les aplicaban, la semana pasada confirmaron que sí y este lunes el director convocó al Consejo Académico para hacerlo extensivo a todos los departamentos, cuenta Nahmad.

"Originalmente, a mí me habían dicho: tú no te preocupes porque seguramente esto va a aplicar para las nuevas comisiones. Pero hoy en la mañana me citó de nuevo mi jefe de departamento y me dijo: te tengo una mala noticia, me acaban de avisar que sí te afecta. Entonces yo tengo ya comprometido mi boleto de avión con fondos propios, pero la reserva de hospedaje, que quedaría muy mal con otra institución si no voy", señala.

Nahmad hace investigación multidisciplinaria en biología del desarrollo con modelos matemáticos y datos computacionales para analizar cómo crecen los órganos del cuerpo y el momento en que se detienen. Desde enero empezó a tramitar que lo aceptaran para este intercambio académico y ya tenía la aprobación del departamento de Fisiología Biofísica y Neurociencias, y de la dirección del Cinvestav para usar los 20,000 pesos que cada investigador tiene para hacer viajes cada año.

"Ahora no queda claro cuánto se puede tardar y si me lo van a aprobar o no. Y el monto es ridículo, no estoy solicitando 200,000 pesos, es una cantidad que de por sí ya la tenemos autorizada para eso, no hay que transferir dinero de otros lados para esos viáticos, ya está esa cantidad que es sumamente razonable", dice.

El portal de la administración del Cinvestav publicó el nuevo formato que los científicos deben llenar para solicitar autorización para una "comisión" al extranjero, en el que además de la autorización del director general, como era hasta ahora, hace falta la firma del titular de la Unidad Administrativa y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Martín Garza González; y la firma del mandatario federal.

La medida ha causado malestar en algunos científicos, que la consideran violatoria de la estructura del Centro de Investigación, al dejar por debajo la autoridad de su director, y sobre todo porque no está claro qué criterio va a usar el presidente para decidir si aprueba o no las solicitudes.

El mismo documento publicado por la administración, titulado "Medidas adicionales a las que establece el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad", tiene una carta muestra, con fecha del 27 de mayo, que el Cinvestav enviará a la unidad de Finanzas de la SEP para pedir el aval a los viajes de sus investigadores para participar en congresos o cursos fuera del país.

"Se somete a su consideración la aprobación de las comisiones al exterior que se adjuntan, siendo la Secretaría de Educación Pública, cabeza del sector educativo, se solicita que por su amable conducto se gestione la autorización correspondiente ante el señor Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador", señala.

Los viajes al extranjero de estos científicos siempre han estado regulados, tienen limitaciones presupuestarias y todo tiene que comprobarse. Pero hasta ahora, solo hacía falta la firma del jefe de departamento y luego la del director general del Cinvestav.

Eugenia Roldán, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), dice que la cantidad de 20,000 pesos incluso puede considerarse "generosa" comparada con otros Centros de investigación, donde los limitan más y hay discrecionalidad sobre a quién y cuánto se asigna, mientras que ahí hay transparencia. Pero en una década no se ha aumentado esa asignación y tiene que incluir los boletos de avión, por lo que en viajes al extranjero a veces no es suficiente.

"Eso puede servir para la mitad de un viaje, a veces. Lo único que nos pagaban adicional eran las inscripciones al congreso, para eso hay una partida diferente. Pero para boletos de avión, hotel, y gastos diarios, comida y eso, son 20,000 pesos", detalla.

"Es muy poquito dinero para el nivel de internacionalización que tenemos y que nos exige el nivel de movilidad, que nos exigen las evaluaciones del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y del propio Cinvestav, es poco dinero. Entonces uno se administraba, uno decidía: voy a este, a este no, este me lo pago yo, pero uno sabe que tiene un monto limitado y uno decide en función de su carrera, de sus intereses, del proyecto que está haciendo, de los vínculos que tiene... decisiones muy orientadas por el trabajo, y todo se tiene que justificar, no hay manera de gastarse más dinero del aprobado".

Ahora, además, está la orden presidencial de reducir 30 % los viáticos nacionales y 50 % los extranjeros, que no saben cómo se les va a aplicar porque ellos recibían esa única cantidad en total.

Lo 1o. para solicitarlos, es contar con una carta de invitación para ir a presentar una ponencia en un congreso, dar una conferencia o un curso; en ningún caso se podía salir del país solo para asistir como oyente.

Después, los boletos de avión tienen que comprarse en la agencia de viajes con las que tiene convenio el centro, no hay opción de conseguirlos por otro lado. Luego, regresando del congreso, hay que entregar la constancia de asistencia, y llevar cada ticket, factura o recibo de los gastos hechos.

"Hay que presentar todos, todos los comprobantes a la vuelta. Si por obra y gracia del Espíritu Santo sobra dinero, hay que devolver hasta el último peso. Si te pasas, ya cada quién de su bolsillo", agrega Roldán.

"Otro lugar de donde se podía sacar dinero para hacer viajes es los investigadores que tienen un proyecto con fondos de otra parte, con fondos Conacyt o de la Fundación Rockefeller, o la fundación lo que sea. Por ejemplo, para los fondos Conacyt, los proyectos de ciencia básica siempre tienen un rubro para viáticos. Esos viáticos se podían usar pero también siempre con aprobación de la dirección general, con los mismos requisitos de compra del pasaje por la agencia de viajes, y comprobar los gastos. Y hay un límite máximo que uno puede usar por día, que está fijado por Hacienda: en internacionales son realmente mucho, son 225 dólares, uno no se gasta eso; pero para nacionales son 850 pesos. Entonces aunque el dinero venga de Conacyt, no de Cinvestav, de un proyecto que el investigador se ganó, se tiene que ajustar a esos montos de Hacienda y se tiene que comprobar. Siempre estuvo acotado".

"Una opción más es que el investigador reciba dinero de otro país, que no son 'recursos fiscales' (es decir, generados con impuestos mexicanos). En ese caso no hay necesidad de comprobar los gastos, pero de cualquier manera tienen que solicitar el permiso y comprobar que era únicamente un viaje de trabajo".

Este miércoles en su conferencia de la mañana, López Obrador presumió que aprobó menos del 20% de solicitudes hechas por funcionarios de todo el gobierno para salir del país.

"Si hace falta viajar al extranjero y se puede resolver con el teléfono, con las teleconferencias, hacerlo y ahorrar. Yo les decía, se pone la medida que se autorizan ahora los viajes al extranjero y apenas en una semana 120 solicitudes, en una semana, para viajar a todo el mundo. ¿Cuántas se autorizaron? 20", dijo el mandatario.

Alma Maldonado, también del Departamento de Investigaciones Educativas, lamenta que por la estructura del Cinvestav, a los científicos les termine afectando esta idea de que no hace falta que viajen.

"La gran contradicción es que somos servidores públicos pero no somos burócratas, y para estos efectos nos están tratando así. O sea, lo de los cortes de los viajes es para que los burócratas no se vayan de viaje porque sí, entonces el presidente tiene que autorizar los viajes. Y en este caso, pues nos están aplicando la medida a todos", señala.

A diferencia de las universidades, los centros de investigación no son autónomos, lo cual deja a su comunidad científica a expensas de lo que se decida para toda la administración federal.

"La razón por la que los investigadores estamos sumamente molestos es no tanto por la reducción de viáticos, entendemos que en tiempos de crisis es algo que puede suceder, sino porque sea el presidente del país el que tiene que autorizar. ¿Cuáles son las credenciales académicas del presidente para decidir si tal viaje se vale o no se vale, es autorizado o no? ¿Cómo él puede tener más autoridad que el jefe de departamento, el director del Cinvestav, los procesos de evaluación por pares?, o sea, todos estos mecanismos al interior de la comunidad científica a los que estamos acostumbrados en nuestras continuas evaluaciones. Sentimos que se pasa por encima de nuestra calificación académica", reclama Roldán.

El Ayuntamiento de Ciudad Madero informó que 20 beneficiarios del Programa Jóvenes Trabajando por México, dejaron de asistir pues no están de acuerdo con los horarios laborales de 8 horas.

El director de Recursos Humanos del gobierno municipal, Carlos Mora, informó que en un inicio 97 jóvenes participaban en el programa, sin embargo 18 se fueron antes del inicio del periodo vacacional y, en próximos días, se irán otros 20.

"Algunos han abandonado el trabajo por falta de interés o porque no son muy responsables, el horario les afecta también. Tenemos 18 bajas y estamos esperando unas 20 más", explicó el funcionario.

Destacó que los jóvenes "son buenos elementos, son buenos muchachos", sin embargo hay quienes ya no se sintieron interesados en continuar, "(algunos) no quieren tener una obligación, un horario y desertan en el trabajo y ya no regresan".

El programa tiene el objetivo de que los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan -llamados ninis-, tengan una oportunidad de empleo, puedan aprender alguna actividad y tener un pago por eso.

Carlos Mora puntualizó que se dará de baja a los jóvenes que abandonaron el programa y se reclutará a nuevas personas que sí deseen trabajar.

En medio de múltiples cuestionamientos por parte de habitantes, expertos, activistas y autoridades locales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó este jueves una reunión pública de información sobre el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la cual hubo una respuesta prácticamente unánime de rechazo a la iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el auditorio de la Escuela Primaria "Pedro Rodríguez Vargas", ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México, las autoridades del Ejército y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron a lo largo de una hora y media los datos principales del proyecto, muchos de los cuales están incluidos en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por ambas dependencias.

El teniente coronel Luis Enrique Calderón Fernández, del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía, expuso que en el aeropuerto mixto civil-militar que se pretende construir habría 3 pistas, en las cuales podrían operar aviones de grandes dimensiones, con el objetivo de que, en su fase inicial, la terminal pueda recibir 20 millones de pasajeros al año, para concluir con 80 millones cuando la obra alcance su máxima capacidad.

De igual manera, detalló que podrían recibirse 350,000 toneladas de mercancías en 10 posiciones de contacto, con miras a llegar a 700,000, y almacenar 25,000 litros de combustible, para llegar a 75,000 litros.

La ampliación de la base aérea creada en 1952, apuntó, permitiría recibir 190,000 vuelos al año al inicio de las actividades de la nueva terminal, con el objetivo de llegar a 750,000 al año, para un total de 80 millones de pasajeros, casi el doble de los 45 millones que hoy recibe el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Calderón indicó que, para construir este proyecto, haría falta adquirir 1,284 hectáreas para ampliar la terminal de Santa Lucía, en las cuales se ubicaría una zona de amortiguamiento acústico. En dicha zona, añadió, hoy se encuentran zonas agrícolas de temporal de los municipios de Nextlalpan, Tecámac y Zumpango.

La adquisición de dichas tierras sería a través de la compra directa con los propietarios de ejidos que estén dispuestos a vender sus propiedades, pero también se contempla la posibilidad de de expropiar terrenos en los casos donde no haya acuerdo y estén en manos de privados.

Con respecto al tema de la disponibilidad de agua, Jesús Mejía Gómez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que el nuevo aeropuerto requeriría de 6,000 metros cúbicos de líquido al día, que sería 184 veces menor de lo que hoy significa el consumo público urbano, por lo que no habría peligro de desabasto para la población.

Al dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, los asistentes a la reunión informativa lanzaron diversos cuestionamientos y críticas sobre el carácter "incompleto" de la información presentada por las autoridades, y pidieron mayor información sobre la manera en que supuestamente se evitaría el desabasto de agua.

De igual forma, preguntaron cómo se evitaría el daño a la flora y fauna de la región y la forma en que se manejaría el patrimonio arqueológico, e incluso cuestionaron que se se hiciera mención a los daños sicológicos que puedan generar las obras en los habitantes de los municipios afectados.

En un auditorio que por momentos se ocupó en tres cuartas partes, pero que después empezó a tener menos aforo, las intervenciones fueron prácticamente unánimes en contra de la edificación del nuevo aeropuerto, salvo algunas intervenciones para preguntar cómo se podría conseguir empleo en la obra o manifestar su respaldo al criterio de López Obrador con respecto a Santa Lucía.

De igual forma, durante la fase de presentación de ponencias, académicos, pobladores y expertos en temas ambientales señalaron que la MIA elaborada por el Ejército y el Instituto de Ingeniería de la UNAM carecía de evaluaciones realistas y de conclusiones certeras.

Por momentos, grupos de pobladores corearon "agua sí, aviones no", y desplegaron mantas en rechazo al proyecto.

La reunión estaba programada para terminar a las 19.30 horas, pero al agotarse las intervenciones, y tras no realizarse un 2o. receso, culminó a las 16 horas.

Paco Calderón
(29 de mayo de 2019).

Al llegar al aeropuerto de Tepic, trabajadoras de estancias infantiles de esa ciudad pidieron al presidente López Obrador restablecer la partida destinada a los centros de cuidado infantil. Un centenar de empleadas de guarderías exigieron recursos para esos lugares que se quedaron sin el subsidio federal.

Hasta ayer, 27,324 funcionarios públicos han solicitado amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, conocida como Ley de Austeridad.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), desde noviembre del año pasado que se publicó la ley hasta ayer, los juzgados federales de todo el país han recibido 5,165 demandas de amparo, 764 de ellas fueron presentadas en línea. Muchos de los amparos se presentan de forma colectiva.

"¿Saben por qué sé que votarán por la cuarta transformación? Porque los conozco mosco. ¿Y saben por qué los conozco mosco? ¡Porque me canso ganso!"

No se rían. Descontextualizada o en su contexto, esta pieza de oratoria no tiene desperdicio. Es una frase usada en la parte final de una campaña política que inaugura los procesos electorales locales en el marco de la nueva etapa política en el país.

Este domingo habrá elecciones en Baja California y en Puebla, con muchas probabilidades de que los candidatos de Morena se lleven el triunfo. En Baja California este escenario es asombroso pues se puede lograr sin fuerza previa del partido o de la izquierda o del candidato. En Puebla, con un candidato que entiende que el triunfo depende tan poco de sí mismo que ha optado por usar la chabacanería presidencial para que el electorado lo identifique con Andrés Manuel López Obrador y el carisma de éste se derrame en forma de votos hacia él.

El hombre que asombrosamente no se ruborizó al usar la bella pieza de elevada oratoria fue Miguel Barbosa, el candidato de Morena para la gubernatura de Puebla. El detalle podría ser irrelevante; una más de las ridículas escenas que hace un político en campaña. Todos sabemos que los políticos gustan de decir tonterías, da igual.

Pero ojo, esa pieza discursiva enfatiza dos alarmantes elementos presentes en la nueva etapa política del país. El 1o. es la construcción de un disfraz simbiótico con los ciudadanos, con garrote de autoridad en mano, y el 2o. es la degradación de la lógica territorial local.

No importa si Barbosa logra ser agradable o no, o si su estrategia de colgarse de los dichos presidenciales lo vuelve carismático a él; lo relevante es cómo los usa en una estrategia política efectiva.

"Los conozco mosco porque me canso ganso". Es alarmante esta construcción lógica. No tanto las palabras, que son de uso coloquial y pueden caer simpáticas, sino la idea misma de dirigirse a los votantes en un discurso de identificación (los conozco, somos uno, les leo el corazón) que proviene de una certeza personal (y los conozco porque sí, porque lo digo yo, que soy el que sabe que los conoce). Para poner los pelos de punta.

El 2o. elemento es el de la degradación de la dinámica federalista, de por sí ya vapuleada. Lo que se vende es la potencia presidencial, la figura del líder máximo. Si los aspirantes a un cargo pudieran ponerse el rostro del tabasqueño lo harían, sin importar las necesidades locales, las crisis estatales, los adversarios territoriales y la historia política propia. La forma previa de gobernar, la violencia criminal, las demandas morales, nada de eso es importante porque no es rentable. El objetivo es lograr que el electorado vote por un representante de la figura presidencial y de su proyecto nacional.

Los ciudadanos no parecen estar al tanto de estos dardos envenenados, pero hay que empezar a poner luz sobre ellos, porque se repetirán en todos los estados.

(V.El Heraldo SLP del 28 de mayo de 2019).

El periodista Ricardo Rocha acudió a la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador para reclamarle luego de que apareciera en la lista de los 36 comunicadores que recibieron dinero por parte del gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto.

Durante su intervención, Rocha aseguró ante el mandatario que con todo propósito lo pusieron a la cabeza de dicha lista por 2 montos que suman más de 4 millones de pesos.

"Como usted mismo dice, con todo respeto, algunos de sus colaboradores o no saben leer o mienten malintencionadamente", dijo al inicio de su discurso en el que rechazó que sea socio en la empresa JR Servicios de Información y Comunicación.

Respecto a la compañía RRR Comunicación S.A. de C.V., Rocha justificó que el monto por alrededor de 2 MDP que recibieron fue por la campaña “Somos lo que comemos” que realizaron para la Secretaría de Agricultura en 2016.

"Fíjese usted que en los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de 'lopezobradorista' (...) y ahora el 'lopezobradorismo' me quiera etiquetar de 'peñista'", sentenció.

El periodista dijo que han mantenido una calumniosa campaña sobre su trabajo como director del canal del Congreso de la Ciudad de México.

"Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más: si una crítica inteligente o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera señor presidente".

Ante esto, el mandatario reiteró que en el gobierno pasado abusaron en la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información.

"Estamos en la mejor disposición de ofrecer disculpas en el caso de que se haya cometido una injusticia", dijo el ejecutivo federal.

Llamado al regreso a la escena pública de los intelectuales mexicanos ante los riesgos a la democracia que, aseguran, significan los rasgos autoritarios y populistas que ha mostrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 6 meses de gestión.

La convocatoria para hacer un frente de intelectuales, académicos y escritores que sea un contrapeso y contención al gobierno de la 4a. transformación se hizo en el marco del Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI.

Además de las críticas lanzadas contra AMLO por Vargas Llosa, Krauze, Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos, y el ex presidente del desaparecido IFE, José Woldenberg, el ex canciller y ex estratega de la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya, Jorge Castañeda, dijo que los intelectuales deben regresar a cumplir la función que hicieron en el México sin democracia y que dejaron de hacer luego de la alternancia del año 2000. Este regreso, consideró Castañeda, debe hacerse en forma colectiva, ya que en forma individual, no se podría defender la pluralidad en riesgo. Christopher Domínguez advirtió por su parte que si los intelectuales no retoman los espacios de deliberación se "hundirá la conciencia crítica". Mientras que Federico Reyes Heroles invitó a gritar "falso" cada que el presidente dé datos erróneos en sus conferencias mañaneras.

Habrá que ver pues cómo se da la vuelta de estos intelectuales a los que ayer López Obrador de plano ignoró al no hacer ninguna referencia al torrente de críticas que recibió de su parte el domingo en el Paraninfo de la UdeG.

El nuevo miembro del gabinete del presidente López Obrador, Víctor Toledo, sugiere y proclama: "Tengamos fresca la memoria, Maduro es hoy el Juárez del XIX y el Allende del XX: defiende al país del asedio se los conservadores y el imperio".

A la Semarnat ha llegado un exponente del "socialismo del siglo XXI" que ha hundido a Venezuela en la miseria y la persecución física de los disidentes.

A nadie le quepa duda que este soldado del socialismo otorgará cuanto antes todos los permisos ambientales que se requieren para el ecocidio en Dos Bocas y construir la refinería, a lo que Josefa González Blanco se había negado.

Lo anterior es importante, pero también lo es que su presencia en el gabinete significa un triunfo para los radicales.

Hay quienes dicen que en el círculo cercano al presidente se libra una batalla entre radicales y moderados.

No es así: el presidente encabeza el ala radical del gobierno y en su entorno íntimo no hay más que apóstoles que van por reeditar en México los fallidos experimentos socialistas en el continente.

Sí hay moderados y sensatos en el gabinete, pero no en su círculo más cercano.

Los moderados están ahí porque así conviene a la circunstancia y a la estrategia de la toma total del poder del Estado.

El nombramiento de Víctor Manuel Toledo en la secretaría del Medio Ambiente es un acto de consecuencia ideológica.

Se trata de un chavista de hueso colorado que cada semana defendía en La Jornada las atrocidades de Nicolás Maduro y su tenebrosa "revolución bolivariana".

Dijo en su entrega del 17 de agosto de 2017: "Quienes hoy desde México quieren intervenir en la política interna de Venezuela, no sólo son desmemoriados, sino apátridas...".

¿Apátridas, secretario?

Pedir que México se sume a la corriente mundial que exige elecciones libres en Venezuela no es intervencionismo ni actitud de "apátridas", sino un deber constitucional que obliga al gobierno a defender los derechos humanos en sus relaciones internacionales.

No lo hacemos porque nuestros gobernantes se pusieron del lado de Maduro.

La razón por la cual Noruega y no México es la sede de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, es porque no le damos confianza a los opositores al habernos decantado en favor de la dictadura.

Dice el flamante titular de Semarnat: "Hoy defender la soberanía venezolana, es decir el derecho inalienable de una nación para resolver sus propios conflictos internos, significa resistir y evitar la posibilidad de una nueva muestra de despotismo imperial. El asedio que ha sufrido Venezuela como nación, sigue el mismo modelo aplicado por Estados Unidos en otros estados asiáticos y africanos como ocurrió en Afganistán. Irak, Libia y Siria".

El nuevo secretario de Medio Ambiente añade: "En el caso de Venezuela la guerra mediática lleva años, con la novedad que la artillería informativa es casi global, pues proviene de gran parte de los medios estadounidenses, europeos y latinoamericanos. El martilleo ha sido brutal y constante. Sin embargo nadie en su sano juicio podría afirmar que ese país vive una dictadura y que el presidente Maduro sea un dictador, cuando ha habido decenas de elecciones y el sistema electoral venezolano ha sido reconocido internacionalmente. Menos se pueden negar los avances en la erradicación de la pobreza, la construcción del poder popular o ciudadano, los derechos de los pueblos indígenas y la transición agroecológica para producir alimentos sanos".

Lo que el nuevo secretario de Estado llama "poder popular", no es otra cosa que milicias armadas por el gobierno y sus asesores cubanos para reprimir a la oposición en Venezuela.

Nuestro nuevo miembro del gabinete es también un admirador de los gobernantes que se eternizan en el poder: "En el caso venezolano, 14 años de socialismo bolivariano, cuyo perfil no acaba de delinearse por culpa del petróleo, enfrentando y cuestionando el modelo neoliberal de Occidente, quizás han sido demasiados para los poderes imperiales y la soberbia occidental, pero son demasiado pocos para su arraigo y consolidación".

Obviamente a este secretario de Estado le va a parecer poco un sexenio en México para arraigar la 4a. transformación.

¿Todavía no nos damos cuenta en qué manos hemos caído?

¿Aún hay dudas de hacia dónde nos quieren llevar?

Renunciar al cargo de secretario de estado como sacrificio por haber incurrido en un acto de influyentismo, no es algo normal. No quiere decir que el abuso del poder deba ser tolerado en cualquier grado, sino por lo inédito de la radical consecuencia de su acto vis-a-vis los precedentes que establece. Que no se entienda mal. Si Josefa González Blanco Ortiz Mena, en un acto de contrición presentó su renuncia al ser descubierta y el presidente Andrés Manuel López Obrador la aceptó, ¿cuál es el siguiente paso? Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que realiza todos sus viajes aéreos en líneas comerciales, se retrasa y el avión lo espera, ¿también renunciará?

La respuesta política a esta proposición es que López Obrador preferirá perder el vuelo que retrasarlo. Pero, la línea aérea, ¿lo dejará en tierra? De sí, las líneas aéreas están incurriendo en una ilegalidad al permitir que se siente en la fila de salida de emergencia, que por su edad, se le debería de impedir. Las empresas tienen problemas logísticos con la decisión del presidente, que regularmente reciben la petición de hacerle espacio a él y a su equipo de seguridad, con poco tiempo de aviso, por lo que si el avión va lleno, algunos pasajeros resultan perjudicados. ¿Eso no es abuso de poder? Cierto, no es lo mismo el presidente que una secretaria, pero ¿no en el fondo es lo mismo? Si se llega a dar una situación similar, pensar que el presidente renunciaría es una tontería, pero las críticas y demandas de sus adversarios y malquerientes caerían sobre él.

Este es el caso hipotético que plantea la renuncia de González Blanco Ortiz Mena a la Secretaría del Medio Ambiente. El castigo, si el presidente lo considerara así, podría haber sido su destitución sin detallar esa razón, que habría sido implícita, pero no habría puesto una trampa en la que puede caer el presidente en el futuro. La ex secretaria, desde un principio cuestionada por los ambientalistas, llevaba semanas frustrada por la indiferencia a su trabajo por parte de López Obrador, y el nulo respaldo presupuestal. La renuncia estaba en su cabeza, como también su cese estaba en la cabeza del presidente, quien ha estado revisando ajustes en su gabinete. Su salida, como la de varios miembros del equipo de gobierno, era un asunto de tiempo, ante lo que se prevé como el primer gran cambio de gabinete, a escasos 6 meses de haber iniciado la administración.

Un reacomodo de esa naturaleza junto con renuncias no programadas, como Germán Martínez en el IMSS, parecería que el gobierno está haciendo agua, lo que no sería una interpretación adecuada. La comparación mecánica con anteriores gobiernos no se aplica porque la velocidad e intensidad con la que inició López Obrador no tiene precedente, como tampoco la forma híper personalizada del ejercicio del poder que obliga a su gabinete a trabajar a marchas forzadas, muchas veces improvisando y otras más ajustando su funcionamiento y acciones, o ahogándose presupuestalmente para poder dotar de recursos a los programas prioritarios del presidente, que son lo único que importa, con la única excepción de mantener los fundamentos macroeconómicos y fortalecer a Pemex para que no bajen su calificación de deuda. Esto lleva a un desgaste importante, que se está notando.

La 1a. encuesta semestral de aprobación presidencial, acaba de ser difundida por De las Heras Demotecnia, que realizó una encuesta telefónica a mil personas, en donde López Obrador tiene 70% de aprobación entre los mexicanos. Aunque es un porcentaje más que robusto, perdió 10 puntos porcentuales en 3 meses, donde tenía 80% de aprobación. La desaprobación subió en el mismo periodo de 14% a 21%. El desgaste de López Obrador, sin bien importante, tampoco es insólito. De acuerdo con los expertos en opinión pública, las mediciones de acuerdo y desacuerdo de los presidentes mexicanos empiezan a mostrar una caída en la primavera, que es cuando se agota la expectativa del cambio que se da al iniciar una nueva administración. Los números de López Obrador, como dato adicional, son similares a los que tuvo Vicente Fox en el mismo periodo.

Los datos de De las Heras Demotecnia muestran también que el ejercicio de propaganda diaria que realiza López Obrador todas las mañanas desde Palacio Nacional le ha permitido seguir manteniendo muy altas las expectativas, pese al desgaste sufrido, y su voz ha sido tan fuerte que opaca los datos duros y las estadísticas. Por ejemplo, el 61% respondió que la seguridad pública está mejor que hace un año (lo que es falso). El 66% dice que la economía se encuentra mejor que como estaba en el 1er. semestre de 2018, aunque todos los indicadores indican lo contrario.

En capítulos específicos, el 47% dice que ha mejorado el empleo, y sólo 26% dice que ha empeorado, pese a que las tasas de desocupación reportadas por el INEGI registran un incremento. El 56% considera que ha mejorado el combate a la corrupción, aunque hasta este momento no hay resultados concretos en esa materia ni se han iniciado procesos en contra de funcionarios de anteriores gobiernos. Para el 47% la educación ha mejorado, aunque no hay bases para analizar si ha mejorado o empeorado, y el 64% considera que la libertad de expresión ha mejorado, que es un punto donde hay un creciente consenso interno e internacional de que es todo lo contrario.

La propaganda, a decir de los resultados de esta encuesta, le ha funcionado perfectamente. Pero no bastará. Para que siga siendo eficiente, tiene que dar resultados. Esa 1a. prueba se está acercando.

Es cierto, a López Obrador no le importa el medio ambiente, no está ni estará en sus prioridades. Pero siendo justos, a ningún presidente le ha importado jamás el tema medioambiental. Felipe Calderón, que presumía de ser el presidente ecológico, no tuvo mejor idea que convocar a una reforestación masiva de 5 millones de árboles. El mismo secretario de aquellos tiempos, Juan Elvira, no tuvo empacho en reconocer que aquello sería un fracaso y que 9 de cada 10 de los árboles plantados morirían antes de un mes. Hoy no sabemos en realidad cuántos sobrevivieron, pero, tenemos el Récord Guinness de más árboles sembrados en un mismo día y muchas primeras planas. Lo demás es lo de menos.

López Obrador nombró en la Semarnat a una mujer entusiasta, pero a la que no respetaba en términos institucionales. Su paso por la secretaría fue tan fugaz como inútil: no fue capaz de oponerse a una refinería sin estudios de impacto ambiental ni a un aeropuerto en Santa Lucía que, en términos de medio ambiente, es más grave que Texcoco. Josefa González Blanco finalmente no renunció como una forma de protesta por la falta de respeto a la ecología, sino por un error, muy grave, de prepotencia. Tristemente, fue la única primera plana y trending topic de Twitter que logró en 5 meses al frente de la cartera de medio ambiente.

En la lógica desarrollista del presidente el efecto medioambiental es consecuencia necesaria del bien común. Es más importante la refinería que el manglar; el tren maya y su impacto económico que las especies en peligro de extinción; la rectoría del Estado en materia energética que la contaminación y el impacto ambiental de una termoeléctrica, etc. En 5 meses de gobierno, el presidente y su equipo, han dado muestras de que el ambiente es una monserga, un tema que hay que sobrellevar, pero no una prioridad.

En quien ponga el presidente esta cartera será el mensaje. Ojalá, por el bien de todos, principalmente los más pobres, los que su vida cambia radicalmente cuando se pierde un arroyo o una mancha de bosque, que López Obrador ponga en Semarnat a alguien que sí le importe.

Josefa González Blanco nunca "se halló" en el gabinete del presidente López Obrador. Lo de que usó sus influencias para retrasar más de media hora un vuelo de Aeroméxico es solamente el pretexto para despedir a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Oficialmente se dice que "está fuera del gabinete" pero, de facto, nunca estuvo adentro:

Desde que fue nombrada en campaña, a lo largo de los meses de la transición, más el medio año que lleva el gobierno, se quejaba con sus compañeros secretarios de estado de que el presidente AMLO no le hacía caso. A los más cercanos a López Obrador les pedía ayuda para acercarse al líder, consejos sobre cómo llamar la atención de un primer mandatario que, en el fondo, ha mostrado un desprecio por la ecología: su modelo de desarrollo, su modelo de país, no se ocupa de la sustentabilidad. Ejemplos hay muchos: su apuesta por la generación de energía con carbón, la refinería de Dos Bocas, la termoeléctrica de Morelos, el tren maya, el transístmico, hasta el aeropuerto de Santa Lucía. Semarnat recortó 16,000 empleados y su titular lamentaba a la sorda que no tenía presupuesto para nada. El más claro ejemplo: los incendios que no pudieron combatirse eficazmente.

Si López Obrador no le hacía caso, Josefa González Blanco Ortiz Mena tampoco hacía mucho por llamar la atención: no existió en la crisis de contaminación, no existió en la crisis de incendios, no existió en la crisis de la vaquita marina, no existió en la crisis del sargazo. Y lo que más se recordará de su paso por el gobierno es aquella singular declaración sobre los aluxes, su mínima participación en la reconversión de las Islas Marías en centro cultural y su última entrevista banquetera en la que -aunque usted no lo crea- expresó que no estaban los permisos de impacto ambiental para la nueva refinería, pero que aun así ya podían iniciar los trabajos el 2 de junio.

En síntesis, estamos frente al caso de una secretaria que no existió, un presidente que nunca le hizo caso y un plan de gobierno que desdeña la sustentabilidad. Con tales ingredientes, el desenlace era previsible. Lo que faltaba era encontrar un pretexto. Y lo hallaron en el vuelo 198 de Aeroméxico: Josefa González Blanco movió sus influencias para que se retrasara 38 minutos y ella pudiera abordar a tiempo; los pasajeros se enojaron, hubo fotografías de su llegada tarde y se reportó que el piloto dijo por el altavoz que "por orden presidencial" debían esperar a una persona y no podían despegar aún.

Es un pretexto. Porque si esta fuera la vara de exigencia en el gobierno de la autoproclamada 4a. Transformación, quedarían pocos en el gabinete.

Retrasar un vuelo se castiga con renuncia. ¿Retrasar un aeropuerto?

El Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI que se realizó ayer en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara y que reunió a destacados intelectuales, académicos y escritores, fue la tribuna para lanzar fuertes reclamos a la intolerancia, a la crítica y rasgos autoritarios que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos de los que integran el autollamado gobierno de la 4a. transformación, así como para hacer un llamado a que se dé un auténtico debate para buscar y construir las soluciones a los grandes problemas del país.

Uno de los auspiciantes de este Foro fue el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a través de su Fundación Internacional para la Libertad, quien se convirtió en tendencia en redes sociales luego de condenar, en la apertura del encuentro, la postura neutral del gobierno de México ante el Gobierno de Venezuela que está "destruyendo" ese país.

Ya en otros espacios el escritor peruano había criticado a López Obrador. De hecho, todavía como candidato presidencial pidió a los mexicanos no votar por él por lo claros rasgos populistas que representaba. Ayer no lanzó una frase definitoria de lo que considera es el Gobierno de AMLO, como aquella de la "dictadura perfecta" con la que marcó a los gobiernos autoritarios del PRI [que Enrique] Krauze consideró que esa contundente conceptualización fue "el banderazo" a la democracia en México.

Luego de los fuertes encontronazos que ha tenido con el gobierno lopezobradorista, el último la semana pasada luego de las críticas que se le hicieron por haber aparecido en la lista de periodistas que recibió fuertes pagos de publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, a Krauze le tocó dirigir la 1a. mesa de diálogo titulada "La desilusión liberal, comprendiendo el descontento con la democracia", en la que Héctor Aguilar Camín consideró que México vive un estado de riesgo avanzado de "destrucción" de la democracia por la vía democrática por todas las características populistas y autoritarias mostradas por el gobierno de la 4T. Ahí mismo, el ex presidente del que fuera el Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, quien fue el árbitro electoral de la 1a. alternancia política en el 2000, coincidió que la descalificación a la sociedad civil y el desprecio a los órganos constitucionales autónomos del actual gobierno federal son también una amenaza a la democracia.

Es inevitable sentir una enorme desilusión ante una persona capaz de declarar con toda seriedad que México tiene unos depósitos de grandeza moral que no tienen comparación en el mundo. No se puede funcionar así. La cabeza de una persona equilibrada no funciona de esa forma.

Guillermo Sheridan

Me preocupa que lo que se ganó en términos democratizadores y en términos de ampliación de las libertades se pueda perder, y me preocupa por varios de los resortes que veo instalados en el gobierno actual: el discurso de claros tintes autoritarios del presidente de la república, que no responde a los argumentos con argumentos, sino con descalificaciones.

El 28 de febrero pasado Jesús Ramírez dio una charla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esa intervención llevó por título "La nueva narrativa en la 4a. Transformación". Y fue ahí donde comenzó un capítulo más de la historia de embates de una Presidencia de la República en contra de la prensa.

En esa ocasión, el vocero presidencial dijo lo siguiente: "De los 60,000 millones de pesos (de publicidad oficial gastados en el sexenio de Peña Nieto), los columnistas, comentaristas conspicuos, que no llegan a más de 15, recibían casi una cuarta parte. Nada más hagan cuentas ustedes, las listas están en internet, no voy a señalar a nadie, pero... porque también son públicas [...] y son 15 personas, como máximo, que se llevaban una cuarta parte. Y luego veremos quienes son los más críticos en estos momentos de las cosas que se hacen, creo que hay un sesgo en su análisis que tiene que ver con los ingresos que ya no van a tener, porque una decisión que se tomó fue reducir a la mitad el gasto gubernamental en publicidad para cerrarle el espacio a la corrupción".

Una semana después, un periodista de Contralínea entrevistó a Ramírez para que abundara en sus dichos sobre esa lista y ese monto. En esa fecha, el colaborador del presidente López Obrador declaró que sus aseveraciones surgían de 2 fuentes: un texto de Javier Tejado Dondé y que "hay muchos registros" (de hecho agregó que él tenía "listas de esos periodistas").

Cuando el reportero le pregunta si hay un periodista de ese listado que haya recibido mil millones de pesos (cantidad inverosímil aun en un México de abusos), Ramírez contesta que "no, no. Es un conjunto de periodistas o comentaristas y hasta directivos de periódicos que han recibido de manera directa, a su nombre, están los contratos a su nombre, como asesores de imagen, como asesores de información, incluso en campañas [publicitarias] -y que en conjunto recibieron 25% de un presupuesto de 60,000 millones en 6 años". O sea, sí, en promedio habrían recibido un mil millones de pesos (¡?)

3 meses después, estos dichos del vocero presidencial de un gobierno que se quiere presentar como honesto no se han podido probar. Esas declaraciones hoy resultan o muy exageradas o de plano falsas.

La semana pasada el periódico Reforma obtuvo vía transparencia un listado de periodistas que recibieron presupuesto durante el sexenio anterior. Lo que Reforma solicitó a la Presidencia fue, precisamente, la información relativa a los "15 periodistas" que se habrían llevado "15,000 millones de pesos". Es decir, solicitaron las pruebas de lo que declaró, 2 veces, el vocero.

La lista de Reforma está compuesta por mucho más de 15 periodistas que, sin embargo, obtuvieron mucho menos de 15,000millones de pesos. Y, más importante, esa respuesta gubernamental no prueba que tales recursos hayan sido eminentemente para sufragar "asesorías de imagen, de información o campañas", como declaró Ramírez a Contralínea.

El listado está compuesto por 36 periodistas y en total hay involucrados 1,081 millones de pesos.

La publicación de esa lista provocó, empero, el efecto deseado en la Presidencia de la República: se tendió un velo de sospecha en torno a la prensa en general, y en particular sobre periodistas que encabezan medios de comunicación, entre ellos algunos de talante claramente crítico y plural como es Animal Político.

Se jugó, de manera perversa, con la idea de que si un medio recibe dinero público está manchado, pues tal recurso provino de un gobierno desacreditado como lo fue el de Peña Nieto.

Un director de comunicación social debería ser un factor de entendimiento entre la sociedad y el gobierno. Por su contacto con los medios, por su obligación de diseminar de la mejor manera el mensaje gubernamental, se requiere en ese puesto a un gestionador capaz de atender, por un lado, las necesidades de los funcionarios por hacer saber sus políticas y, por otro, las demandas de los periodistas para divulgar información de relevancia pública.

En los sexenios anteriores, y cabe decir que el actual no está exento de esa posibilidad, hubo quien desde el poder corrompió a periodistas y hubo periodistas que vivieron de embutes gubernamentales.

Un gobierno que se autoproclama de cambio debería denunciar en las instancias correspondientes cualquier hallazgo en cuanto a conductas indebidas o ilegales en contratos de gobierno con periodistas o medios. Es una obligación normativa y un deber democrático hacer rendir cuentas a exfuncionarios y a los beneficiarios de tales prebendas.

Declarar desde Palacio Nacional barbaridades contra los medios que no se pueden probar, y que vulneran el ejercicio periodístico en su conjunto, socava no solo a la prensa, sino las capacidades de los periodistas para ejercer la libertad de expresión a favor de los mexicanos.

Como experiodista, el vocero presidencial es un volador de notas. Como funcionario público, es alguien que declaró en falso.

Lo peor es que no hay garantía de que el actual gobierno use sin favoritismos, o sin ceder a la tentación de castigar la crítica, los 4,000 millones de pesos disponibles para publicidad oficial. Y todo ese dinero pasará por la oficina de Ramírez.

A ver: la expresión "el hampa periodística", acuñada por el presidente López Obrador y presentada en sociedad en una "mañanera" de la semana pasada, surgió por la pregunta de un reportero acerca de los drásticos recortes dispuestos "por (la Secretaría de) Hacienda" al presupuesto destinado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que habrían ocasionado la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del mismo. Según la respuesta de López Obrador, tales recortes serían infundios de un sector de la prensa que ha tratado de mantener una posición crítica (en el sentido de predispuesta sistemáticamente a juzgar o evaluar) con respecto a su gobierno...

Planteado así, habría falsedad en tal aserto; además, presumiblemente, de dolo o mala fe en la difusión del mismo.

Objetivamente, el hecho es que el tema de los recortes fue tomado por el reportero que hizo la pregunta -y por todos los articulistas que abordaron el asunto-, de la carta de 11 cuartillas, íntegramente difundida en su oportunidad, con que Martínez Cázares fundamento y justificó públicamente su renuncia.

El reportero no se sacó de la manga ninguna patraña: planteó una inquietud social... Hay la promesa presidencial de que los mexicanos tendrán, al final del sexenio, servicios de salud "como en los países nórdicos". En lo que ese buen deseo se hace efectivo, consta en actas -y cualquier ciudadano que acuda a cualquier clínica del IMSS puede constatarlo- que la realidad, hoy, es muy distinta. Cabe, por tanto, la preocupación -legítima por lógica- porque la salud de los 60 millones de derechohabientes (casi la mitad de los 128 millones de habitantes del país) del IMSS, pudiera verse comprometida, si no por falta de medicamentos, sí por insuficiencia de camas y/o de personal médico y administrativo.

Valen, en esas condiciones, los planteamientos de los intelectuales que participaron, ayer, en el foro sobre Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, convocado por la Universidad de Guadalajara: "Si un político -incluido el Presidente de la República- es objeto de críticas -que no de ofensas ni de calumnias-, tiene que mostrar tolerancia con respecto a ellas" (Enrique Krauze); "Es imposible construir un espacio de deliberación medianamente racional (...) si el mandatario no responde a los argumentos con argumentos sino con descalificaciones" (José Woldenberg).

Aunque, claro, para aceptar esas observaciones antes habría que admitir, humildemente, que quizá Confucio tenía razón cuando escribió, 5 siglos antes de Cristo, que "Gobernar significa rectificar".

Las nuevas licitaciones gubernamentales para medicamentos preocupan al sector privado porque sería la administración federal la que los distribuya; sin embargo, no cuentan con personal ni equipo para hacerlo, lo que puede provocar pérdida de miles de suministros que necesitan refrigeración, alertaron expertos.

Además, advirtieron que existe el riesgo de importar fármacos de países que no cumplen con los estándares de calidad, ni con las normas mínimas que se piden de sanidad, lo que afectaría a los enfermos del país.

El presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Patrick Devlyn, y el director de farmacéuticos de Maypo, Jack Rodríguez, dijeron que el problema es que se puede poner en riesgo la vida de enfermos.

También criticaron que se impida que empresas mexicanas participen en el proceso sólo por descalificaciones del gobierno contra diversas firmas como Maypo, Grupo Fármacos Especializados y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico.

Jack Rodríguez dijo que el gobierno decidió cambiar las prebases de licitación porque pensaba que el distribuidor se quedaba con gran una ganancia. "Creen que los márgenes son de 30% y 40%, pero no, el margen de distribución es de entre 6% y 8%", señaló.

Cachetada con guante blanco recibió el regidor morenista de Tlajomulco, Miguel León Corrales. Esto luego de que el pleno del ayuntamiento aprobó revocar el actual Comité de Evaluación y Seguimiento para la Protección al Medio Ambiente y emitir una convocatoria pública para integrar uno nuevo.

León Corrales, molesto porque él formaba parte del comité que él mismo creó en la pasada gestión, reclamó al alcalde Salvador Zamora. Pero el 1er. edil le reviró que había un conflicto de interés porque el secretario técnico del comité extinguido era socio de la esposa del regidor morenista en una empresa ambientalista que tiene contratos con el ayuntamiento de Tlajomulco. ¡Plop!

Con la desaparición del programa Prospera, que operó por casi 20 años para hacer frente a la pobreza con un padrón de 6.7 millones de familias, hay estados donde los niños dejaron la escuela para irse a trabajar ante el retraso en la entrega de apoyos, se suspendieron medidas preventivas de protección a la salud y faltan medicamentos para los adultos mayores.

Esto es porque aún no se ha generalizado la entrega de las Becas Benito Juárez, estrategia que desde diciembre sustituyó a Prospera, que condicionaba la entrega de apoyos a que las mujeres fueran a los centros de salud y los niños a la escuela. Esto ya desapareció. De acuerdo con información recopilada a lo largo del territorio nacional, con testimonios de la gente e información de las delegaciones de los programas integrales de Bienestar, se encontró este panorama, aunque hay varios estados donde sí se han entregado las becas.

De los estados con más población en pobreza del país, en Chiapas, María que vive en una comunidad indígena de San Cristóbal, desde diciembre dejó de recibir 950 pesos bimestrales de Prospera, ya no acude a consultas trimestrales en la clínica de campo del IMSS. "Antes había reuniones cada 15 días para decirnos que era importante cuidar nuestra salud, pero ahora dicen que no es importante", dijo la mujer que pidió no mencionar sus apellidos ni su comunidad.

Cuando operaba Prospera se obligaba a las mujeres a realizarse la prueba de Papanicolau o si tenían una enfermedad como diabetes tenían que ir a consulta, agregó. Ahora, la mayoría acude con médicos particulares, como los de algunas farmacias, y ahí compran medicinas. Tampoco se realiza la vacunación. Su hijo dejó la escuela porque no habían recibido el apoyo y se puso a trabajar.

En Oaxaca, en la región del istmo de Tehuantepec, desde enero se dejó de brindar atención médica, no hay seguimiento de peso y talla en los niños, para la atención de los adultos mayores hay poco recursos. Mientras, las escuelas-albergue para niños indígenas del municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, carecen de recursos desde febrero, porque sin el apoyo de Prospera hubo padres que no pudieron pagar la cuota anual de 600 pesos. Niños indígenas fueron excluidos del Censo de Bienestar, por lo inaccesible de la región. Las familias rarámuris recibieron el último pago en noviembre. Los médicos dejaron de ir. Los indígenas deben caminar horas para recibir atención.

En el estado de México, en el centro de salud de Tultepec, la familia que desee servicio debe pagar 110 pesos por la consulta, los adultos mayores no reciben medicamentos gratuitos. Situación similar hay en Baja California, donde la gente ya no va a las Unidades de Salud para acciones preventivas, sólo en caso de enfermedad. En el trimestre enero-marzo de 2018 se impartieron 9,159 talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y en 2019 sólo 2,973.

Alrededor de 300,000 familias que habitan en zonas de pobreza extrema en Puebla se quedaron sin atención médica, desde el pasado 31 de marzo. Medio millón de potosinos que residen en los polígonos de pobreza eran atendidos por el componente de salud. Directores de instituciones educativas sólo dieron de alta a los alumnos "que a su juicio merecían el incentivo económico", aun cuando este es universal, según lo confirmó Ana Luisa Núñez Abud, coordinadora estatal de estas becas.

En 207 comunidades de Yucatán, entre cabeceras municipales y sus comisarías (pequeños poblados), la atención médica fluye irregularmente. La desinformación de las ex vocales de Prospera a beneficiarios de ese programa en Hidalgo dificultó la labor de los servidores de la nación, que realizan el censo, ya que convencieron a los beneficiarios a no reinscribirse con ellos y muchos quedaron fuera.

En Guerrero, eran unas 421,000 familias beneficiarias, y el pago de las becas se centralizó en una pequeña sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros en Acapulco; diariamente hay unas 200 personas formadas desde las 7 de la mañana en un estrecho espacio. Deben viajar varias horas y gastar parte del pago de la beca en su pasaje.

En Zacatecas se entregaron el 20 de mayo 463 de la meta de 20,000 becas de educación superior y en Aguascalientes no se han entregado las cerca de 7,000 de educación básica. Tampoco se han distribuido los apoyos de educación básica en Jalisco. En Baja California Sur las 20,000 familias inscritas en Prospera dejaron de recibir el subsidio económico, pero tendrán descuento de 20% en los 40 productos de la canasta básica en las tiendas Diconsa. En Guanajuato las Unidades Médicas Móviles siguen con la atención en las localidades. En Tabasco, Colima, Durango, Michoacán y Querétaro se han entregado las becas con regularidad.

El Programa de Vacunación es considerado como prioritario en la administración federal, pero en lo que va del año sólo se ha ocupado 29% de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egreso de la Federación para el 1er. trimestre del año.

De acuerdo con el Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda, sólo se han gastado 32 millones de pesos de los 111 millones de pesos previstos para este programa de enero a marzo. Esto significa que 70% del presupuesto está detenido.

El gobierno federal ha dicho que en temas de salud como compra de medicamentos, por ejemplo, la forma de adquisición ha cambiado con respecto a otras administraciones. Ahora las compras están a cargo de la Secretaría de Hacienda para evitar corrupción. Sin embargo, la Secretaría de Salud no confirmó que ésta fuera la razón por la cual el presupuesto está congelado.

En el informe de avance financiero de los principales programas presupuestarios, el Programa de Vacunación tiene etiquetados 2,130 millones de pesos para todo 2019.

Dichos recursos sirven para echar a andar en 3 ocasiones la Semana Nacional de Vacunación en las instituciones de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF y PEMEX y aplicar las dosis necesarias como parte del Programa de Vacunación consolidado desde 1991 para reducir la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación y mantener coberturas de vacunación de entre 90 y 95% entre la población.

Mientras tanto, las unidades médicas están registrando faltantes en el número de dosis que requieren. En Chiapas se reporta un abasto de 70% para 64 unidades de 10 jurisdicciones sanitarias del estado.

Fuentes de salud, que pidieron anonimato por temor a represalias, explicaron que no cuentan con vacuna doble viral para adulto, que tiene un precio comercial de entre 900 y 1,300 pesos en el mercado.

Tampoco cuentan con vacuna de rotavirus ni la vacuna pentavalente que se aplica a niños de entre 0 y 12 semanas de nacimiento. Es decir, no tuvieron el esquema completo de vacunación para la semana nacional, que además requiere de una logística que incluye brigadas en cadena para llegar incluso a los municipios más apartados.

En Oaxaca y el Estado de México sólo hubo retrasos en la entrega de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano. Aunque debían ser distribuidas en abril, llegaron el 21 de mayo, a 2 días de iniciar la semana nacional de vacunación. Mientras que en Hidalgo, llegaron las 4,220 dosis que se requerían contra VPH, y las 11,587 dosis del resto del cuadro de vacunación que requerían.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud sólo reporta un contrato de compra de vacunas en su Portal de Obligaciones de Transparencia. Se trata del contrato firmado el 28 de febrero de 2019 para la compra de vacunas triple viral contra sarampión, rubeola y parotiditis por 50 millones de pesos para 544,195 dosis y que se debía repartir en febrero. Pero no hay más contratos disponibles públicamente.

Los inversionistas mexicanos continuaron apostando su capital en el extranjero durante los 3 primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ampliaron el éxodo que comenzó en octubre, de acuerdo con información del Banco de México.

En el 1er. trimestre del año, los inversionistas mexicanos transfirieron 4,232 millones de dólares al exterior, cifra que multiplica por 4 la desinversión de capitales observada en el último cuarto del 2018, cuando se registró la salida de 973 millones de dólares.

Al respecto, el economista senior del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) Jonathan Fortun explica que el factor político, tanto nacional como internacional, "ha calado en los participantes del mercado".

En particular, "hay una percepción de incertidumbre sobre las decisiones del gobierno que recién llega, sobre todo en temas de inversión pública y petróleo que sí han impactado en los tomadores de decisiones, inversionistas domésticos".

Actualmente en México hay señales de alerta para el sistema democrático, coincidieron los participantes en la 1a. mesa de análisis del foro Desafíos a la libertad en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional para la Libertad.

El historiador Enrique Krauze hizo un llamado a la tolerancia y a que prevalezca el diálogo civilizado y con respeto. Refirió los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su contra y contra otros comunicadores a los que calificó como "el hampa del periodismo", planteó que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del año 2010, que especifica que entre mayor sea la relevancia del personaje público mayor debe ser su tolerancia ante la crítica; sostuvo que ese laudo lo deben acatar todos los que tienen una función pública, incluido el presidente.

"Es un llamado a practicar la tolerancia, no podemos admitir que en México el gobierno sea intolerante, no podemos admitir que en México prevalezca la intolerancia, lo que debe prevalecer es el diálogo auténtico, la civilidad, el respeto y la capacidad de escuchar", planteó en el diálogo en Guadalajara.

Krauze comentó que las conferencias mañaneras del presidente deben tener un tono de diálogo y pluralidad en quienes acuden.

Pidió que se transparente la relación económica de los medios de comunicación y los gobiernos y que se actualice cada mes.

Por su parte, Héctor Aguilar Camín, sostuvo que la sociedad mexicana ha llegado democráticamente a un momento que empieza a ser amenazante para la democracia y modernización del país, dijo que el presidente es un personaje muy popular que busca centralizar el poder. Consideró que el único contrapeso que tiene la actual administración federal es su impericia, que los ha llevado a cometer grandes errores.

"Estamos en manos de un gobernante que está tratando de construir una larga hegemonía política, no estoy diciendo que quiera reelegirse, lo que estoy diciendo es que su diseño fundamental es construir las condiciones de una larga hegemonía política parecida a la del PRI", aseveró.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Ana Laura Magaloni dijo que, ante los escándalos de corrupción de la pasada administración federal y la violencia, la figura de López Obrador despresurizó la complicada realidad del país, pero advirtió que se requiere construir soluciones abriendo el debate y sin descalificar o dividir al país entre chairos y fifís.

El ex consejero presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, consideró que la transición democrática del país no se valora adecuadamente porque le faltó un factor socialdemócrata. Hizo hincapié en que la corrupción es el peor disolvente de la confianza en el sistema político mexicano. Calificó como preocupantes los tintes autoritarios en el discurso del presidente y sostuvo que ante posturas disidentes o datos que no le agradan recurre a la descalificación.

El académico llamó a poner atención a la relación entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial, además del maltrato que dijo han recibido los órganos autónomos.

Guillermo Sheridan, profesor del Colegio de México, subrayó los riesgos de que se acentúe la desilusión del sistema democrático. Puntualizó que son malas señales que se intente desarticular el trabajo de la sociedad civil organizada y que crezcan posturas de nacionalismo.

En el marco de la 2a. mesa "La crisis del Pluralismo Político: ¿La Libertad acorralada?" del Foro Diálogos a la libertad en el Siglo XXI, intelectuales y académicos coincidieron en que el pluralismo, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en crisis y es débil.

El intelectual Jorge Castañeda aseguró que en México hay populismo y restricción del pluralismo. "Estamos hoy inmersos en una situación peligrosa", remarcó el intelectual y enlistó ámbitos en donde detecta amenazas al pluralismo y libertades, como en los medios de comunicación y el panorama internacional.

Sobre la situación de los conflictos entre el periódico Reforma y AMLO, comentó que la estrategia del presidente no es meterse personalmente con los medios, sino que manda un mensaje a las empresas anunciantes de "quién es el enemigo". Lo que, de acuerdo con el intelectual, causa que las fuentes de ingreso privadas a los medios se vayan "secando". "Es una política deliberada, consciente y clara", comentó.

Castañeda también señaló que no existe presión internacional para hacer contrapeso al gobierno de AMLO.

Por su parte Jaime Sánchez Susarrey, escritor y periodista, abordó la crisis de los partidos políticos en el país. "Parte del PRI, o buena parte de este, no está jugando como una especie de frente para hacer oposición, sino que está jugando, de nuevo, con López Obrador", comentó.

"Si uno mira los puntos de resistencia que tiene este gobierno, son puntos muy débiles, en el ámbito empresarial hay un realismo práctico que es: más vale acomodarse que confrontarse", agregó el periodista. También comentó que los gobiernos locales son un punto de resistencia débil.

Christopher Domínguez, crítico literario e historiador, aseguró que "si los intelectuales no recuperamos el espacio colectivo, en el cual la democracia política era una exigencia urgente, se va a hundir la conciencia crítica del país junto con el país entero".

En la mesa “Las garantías de la libertad: las instituciones como contrapesos democráticos”, intelectuales discutieron sobre el papel de la sociedad civil y las instituciones como contra peso en los gobiernos.

La activista Lisa María argumentó que la sociedad civil ha sido "uno de los pocos espacios en donde han podido orquestar vías organizadas de participación social y política no tradicionales" en el país. Sin embargo, afirmó que también ha fracasado en la creación de una narrativa coherente y suficiente "que nos permita imaginar un país fuera de la dicotomía de los fifís contra los chairos", comentó.

La activista usó como ejemplo la discusión de la Guardia Nacional, proceso en el que señaló que las instituciones fungieron como "espacios de opacidad, de exclusión de la ciudadanía y de diseminación de mitos". De acuerdo con Lisa, la Guardia Nacional "es otra reforma que también perdimos desde la sociedad civil", aunque aseguró que se logró utilizar recursos institucionales para hacerle frente a esta iniciativa del ejecutivo.

Por su parte, el académico mexicano, Roger Bartra, agregó que sin sociedad civil no hay democracia y que ésta, para ser un sistema sólido, necesita partidos políticos. "La sociedad civil necesita estar dividida en partidos políticos que compitan bajo condiciones democráticas, nos hemos olvidado de los partidos y estos están en una decadencia grande", comentó.

El intelectual y antropólogo también señaló que en México "no tenemos un régimen de izquierda, sino un gobierno populista conservador, no es el fruto de un proceso de regeneración, sino un movimiento de restauración".

Por su parte, el abogado y académico, José Ramón Cosío, apuntó que lo que se está construyendo con este gobierno "son las bases nuevas para poder generar una nueva gobernanza".

También señaló que la sociedad "no sabe cómo utilizar los medios jurídicos para contender el ejercicio del poder" y agregó que no ve una "sociedad empoderada". Sin embargo, aseguró que la sociedad civil ha hecho un esfuerzo con "litigio estratégico", y aseguró que "algunas de las decisiones más importantes de la jurisdicción" son debidas a la sociedad civil organizada.

México está desconcertado, muchos desarrollos se han detenido, las inversiones también, están esperando a ver qué sucede con el consejo de tu ganso y tu dedito.

Pendientes asimismo de tus expresiones y la negación de escuchar a algunos expertos que tienes como Poncho Romo y otros mexicanos que han demostrado gran conocimiento como Carlos Slim experto y exitoso en el desarrollo que declaró: "Se necesitan $460,000 MDD que debe invertir el sector privado en beneficio de México: este gobierno, más que ningún otro, necesita de los privados. El país necesita niveles de inversión privada muy altos".

"Varios inversionistas privados están muy interesados en invertir en México y lo que está buscando el gobierno es que la inversión privada haga eso". Mencionó que: "Para crecer al 4% se debe invertir el 20% y 22% del Producto Interno Bruto, por lo que tu gobierno debe aumentar la inversión pública de 2.5% al 5% y además la iniciativa privada debe andar en los rangos del 15% al 17% del PIB". Dijo asimismo que "la consolidación de la clase media es muy importante porque le da vida a la actividad económica y genera conocimiento y cultura".

Ahora, tus expresiones y reacciones a sugerencias que recibes y no les haces caso, me recordaron un dicho de Leopoldo Paviche, un gran amigo mío que ya no está con nosotros, que dijo: "Mira, sugerir y hacer proposiciones a personas que no entienden es como bañar un burro, pierdes el tiempo y el jabón". Ojalá que este no sea tu caso.

La responsabilidad política es dar la cara por tus acciones, pero también entender que eres cabeza de un movimiento político que pregona la regeneración de la vida pública en México. Por ello, el caso de Carlos Lomelí, delegado de programas sociales en Jalisco y ex candidato a la gubernatura de Jalisco, golpea tan duro la credibilidad del proyecto de la 4a. Transformación. Es apuntar en el centro de gravedad de la narrativa lopezobradorista.

Hoy es el reportaje de MCCI, pero las acusaciones vienen de lejos. Están documentados como Lomelí, a través de múltiples empresas, se ha beneficiado de licitaciones en múltiples sexenios. El sexenio de Peña Nieto fue especialmente próspero para dichas empresas: de acuerdo con El Universal, de 2013 a 2017, las empresas de Lomelí facturaron más de 500 millones de pesos en ventas al gobierno federal. De la misma forma, con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la capital, Lomelí acepta haber obtenido un contrato por 700 millones de pesos. Y en alguna entrevista me dijo el propio Lomelí, cuando yo le refería las cifras: "y si no me dedicara a la política hubiera hecho más dinero que eso". PRI, PRD, Morena, MC, todos han callado en su momento sobre los contratos, incluso siendo diputado, lo que supone un conflicto de interés de libro de texto. Estar en las instituciones públicas y al mismo tiempo participar en licitaciones para venderle al Estado.

El problema es que esta forma de operar choca frontalmente con aquello que pregona el Presidente de la República. Desde campaña, López Obrador denunció que en México, muchísimos políticos se enriquecían a costa de la salud de los ciudadanos. Y no sólo eso, el mandatario ha señalado que uno de los objetivos de su administración es "separar el poder político del económico". El presidente sostiene -y yo coincido- que hay una colusión entre élites y que, en muchas ocasiones, el gobierno defiende los intereses de una pequeña élite de empoderados frente a los intereses de las mayorías. No hay mayor simbiosis de lo que supone la colusión entre estos poderes, y la escenificación del capitalismo de cuates, que el caso Carlos Lomelí. No olvidemos, una de las grandes tragedias nacionales es que las grandes riquezas del país se han construido a través de privatizaciones del sector público. Ricos que hace el gobierno con nuestros impuestos.

¿Cómo creer en la "revolución moral" que propone el presidente si es capaz de sostener en el cargo a un delegado con tantos señalamientos que no pueden ser solventados? Hay 2 tipos de responsabilidades que deben asumir los políticos, y más aquellos que encabezan la cúspide de las instituciones. Las responsabilidades penales y administrativas. El caso de Carlos Lomelí está en la cancha de la Secretaría de la Función Pública y en la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto. Ellos determinarán si Lomelí está actuando fuera del marco de la ley. Sin embargo, hay otro tipo de responsabilidad: la política. Escribió Michael Ignatieff: la política es, cada vez más, una lucha de prestigios. El prestigio es credibilidad. Y la credibilidad es el oxígeno que le permite al gobernante tener margen de maniobra para impulsar los cambios para los que fue electo -por más dolorosos que sean-. Si el presidente permite que se apilen los casos de sospecha de corrupción en su administración, eso irá erosionando su credibilidad y la vigencia del discurso de cambio. López Obrador aterrizó en la Presidencia impulsando un alto listón ético para el gobierno: austeridad, eliminar lujos, separar el poder político del económico, transparentar bienes. El caso Lomelí supone un duro golpe para dicho compromiso.

La salida de Josefa González-Blanco del gabinete provocó críticas a su gestión de casi 6 meses por políticos y algunos especialistas. La oposición en el Congreso de la Unión aseguró que desde hace tiempo la ex funcionaria tenía que haber renunciado por no mostrar competencia ni eficiencia en el cargo; pidió que su relevo sea una persona profesional.

"Es urgente que se acaben las ocurrencias y nombren a una persona profesional y con conocimiento del tema al frente de la @SEMARNAT_mx. La ineptitud y soberbia de este @GobiernoMX no está dando resultados", posteó en Twitter el líder de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.

En esa misma red social, el secretario general del PRD, Ángel Ávila, dijo que hacen falta estudios ambientales de las obras "faraónicas" de la administración de López Obrador y pidió que su relevo cumpla con su tarea.

Por su parte, Jesús Zambrano, ex líder nacional del PRD, dijo que era evidente la "ineficacia" de la hoy ex funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Para Manuel Añorve, senador del PRI, González-Blanco no renunció, sino "la renunciaron" por su prepotencia y abuso de autoridad. "Es la 1a. víctima por actos de prepotencia de la 4a. transformación".

El ex candidato presidencial Gabriel Quadri ironizó en Twitter y aseguró que "la Madre Tierra se cimbra por la renuncia en Semarnat"; además, en otro mensaje se refirió a la situación que existe en el gobierno actual y afirmó: "Seguirán muchos más".

(V.Propuesta Inteligente MX del 25 de mayo de 2019).

El secretario de Hacienda del "gobierno legítimo de México" que Andrés Manuel López Obrador creó en 2006, Mario Di Costanzo, no ve un perfil de izquierda en la actual administración, reprueba la conducción del país por la austeridad extrema que ya afecta la seguridad social y alerta sobre un mayor deterioro de la economía.

"Esto se parece más a un estado neoliberal mal hecho y sin recursos", afirma Di Costanzo sobre las decisiones de López Obrador, de quien fue principal consejero económico antes y después de la elección de 2006, sobre todo en el diseño de la política de austeridad y la reactivación de la economía.

Economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, exdiputado federal del Partido del Trabajo y uno de los expertos que acreditaron los abusos y privilegios de la banca a través del Fobaproa, advierte que si el 1er. trimestre del año fue malo en materia económica, con una caida de 0.2% del PIB y una inflación de 4.4% en abril -la más alta del año-, el 2o. será "un verano terrible".

"Estamos en riesgo de caer en estanflación, es decir, no crecer con inflación. La inflación está repuntando y la actividad económica se está deteniendo", advierte al analizar las cifras oficiales actuales; y tampoco es optimista para el próximo año: "Ya se emitieron los precriterios de política económica para 2020 y eso está peor. El crecimiento proyectado por Hacienda está en un rango de 1.4 y 2.4. ¡El 4% es inalcanzable! Poniéndonos muy benévolos será de 2%, la tasa que hemos venido teniendo por años".

Al gobierno de la 4T le falta un plan... peor aún, está debilitando al Estado. Lamenta que el mandatario no instrumente una reforma fiscal más justa, como la que pregonaba en 2006, cuando se erigió como presidente legítimo.

El patrimonio del IMSS es tripartito, y como tal ha sido aportado por gobierno, patrones y los mismos trabajadores, para servicio o beneficio de estos últimos, como únicos derechohabientes.

Si se logran ahorros, por economías bien entendidas o erradicación de los corruptos, lo recuperado debe destinarse a fortalecer las acciones y consolidaciones de su desarrollo. Si de por sí se le han estado integrando derechohabientes adicionales -con innegable sentido clientelista y popular- sin que ello represente una aportación adicional por parte del gobierno, quien en realidad fortalece su imagen de manera gratuita.

Lo que molestó y orilló al congruente funcionario a sustentar su renuncia, fue que se presuma de algo que implica un cambio favorable al país mientras, "por debajo del agua", se ordene y solape hacer lo contrario, dilapidando incluso lo poco que se venía licitando formal y más adecuadamente. ¿Cuántos más se atreverán a exhibir la doble intención de los contradictorios actos pejidenciales? O en beneficio del codiciado hueso e intereses personales ¿seguirán siendo fieles a la actitud servil del "sí señor", a costa de su escasa o nula integridad?

Estudiantes de las diferentes normales del Estado de Michoacán bloquearon las vías del tren localizadas en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan.

Señalaron que fueron engañados con "la Reforma Educativa propuesta por el nuevo gobierno federal y la supuesta 4a. Transformación".

Esa reforma, acusaron los inconformes, "ha sido presentada con el objetivo de simular el cumplimiento de su promesa de campaña de cancelar totalmente la reforma educativa peñista".

Sin embargo, señalaron, "dicha propuesta no abroga las aristas más violentas que vulneraron le escuela pública, el normalismo y los derechos del magisterio nacional".

Si de dedazos se trata, un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) una organización de la sociedad civil que lucha por consolidar el Estado de Derecho en México, publicado el 28 de marzo pasado decía que en los primeros 116 días de la administración de López Obrador, el 74.3% de más de 28,000 contratos subidos a la plataforma de Compranet se han adjudicado de manera directa. Y para agregar aun más dudas a la honestidad de la 4T, el 6 de mayo pasado MCCI sufrió "casualmente" un ataque cibernético en el que el contenido total del servidor fue eliminado.

Me parece un contrasentido pretender acabar con la corrupción sin la transparencia que proporcionan las licitaciones públicas, y supliendo la rendición de cuentas formales con conferencias de prensa diarias en las que es imposible analizar al vuelo y sobre las rodillas, razones técnicas y financieras, además de que los pocos cuestionamientos serios o preguntas incómodas que se hacen, son contestados con evasivas, con "otros datos" o culpando al pasado.

Hasta ahora, todo indica que en el combate a la corrupción lo único que va a cambiar son los nombres de las personas que se benefician del gobierno, y la opacidad que propicia la corrupción y la impunidad será justificada por el halo de honestidad que se ha creado alrededor del presidente y la hidalguía que significa autonombrarse defensor de los pobres, a quienes ayuda con dádivas mensuales que nunca los harán salir de la pobreza, a menos que alguien piense que un par de miles de pesos al mes, repartidos a millones de personas arbitraria y opacamente seleccionadas, les cambiarán la vida para siempre.

El nuevo gobierno, en lugar de preocuparse por bien educar, especialmente a los que menos tienen y menos saben, en lugar de "enseñar y obligar a pescar", reparte pescados, y en lugar de ser facilitador y promotor de inversiones privadas que generan empleos y oportunidades -porque los empleos los genera el sector privado y no el gobierno- se está convirtiendo por un lado en una institución de beneficencia y por otro en un inversionista, constructor y operador de proyectos inviables y de los que sabe poco o nada.

Por el camino de las dádivas, las adjudicaciones directas a los cuates, y los proyectos-capricho, veremos que al final los pobres seguirán pobres, habrá nuevos ricos afines al presidente, la corrupción oficial se habrá transformado mas no acabado, y tendremos un presidente que será alabado hasta que las arcas públicas se vacíen o la sociedad despierte del encanto que produce recibir todos los días atole con el dedo.

(V.periódico El Financiero en línea del 24 de mayo de 2019).

La prensa fifí cambió de categoría. Ahora ya no solo es conservadora (cuyo sinónimo es hipócrita) sino delincuencial. El nuevo epíteto con el que el presidente se refirió a la prensa fue "el hampa del periodismo". El contexto es importante. López Obrador reaccionó así a una nota que habla de los despidos en el sector salud lo que calificó de falso: "no se está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo".

Una vez más el presidente no contestó con datos sino con adjetivos a la información que le es incómoda o simplemente no le gusta. Calificar de "hampa" al periodismo, ya no al opositor sino a todo aquel que simplemente publica datos que no le gustan, es subir el tono de una ya de por sí tensa y desigual relación.

El problema por supuesto no es la ocurrencia sino lo que ello implica. La violencia verbal desatada desde las redes tiene en las mañaneras su epicentro. El trabajo orquestado en redes, de ambos bandos, puede resultar molesto y por momentos en exceso agresivo, pero mientras no se gaste dinero público en ello es un asunto entre particulares. Sin embargo, que el presidente use la tribuna de palacio para acusar de hampones a los medios que publican algo que no le gusta no solo magnifica el encono en redes sociales, sino que implica un uso de la investidura presidencial para generar violencia verbal.

El derecho de réplica de los funcionarios públicos no es derecho al insulto. El presidente tiene el derecho y la obligación de contestar con datos los señalamientos. Datos que, por cierto, deben tener un sustento. La respuesta de machote que hoy tiene el Gobierno de la República a las solicitudes de información en la que señalan que el hecho de que el Presidente haga una declaración no implica que ésta tenga un soporte documental o que se trate de una política pública, es una buena ocurrencia para sacarse de encima un problema, pero no puede ser la política de información.

¿Hasta dónde le rendirá al presidente enfrentarse con la prensa? Está claro que mientras tenga altos niveles de aceptación social puede darse el lujo de gobernar usando a la prensa como esparrin, como ese símbolo del pasado detestable que quiere cambiar y llenarla de adjetivos. Pero nada hay más veleidoso que la aprobación social. La forma más rápida de pasar de héroe a villano es sentarse en la silla presidencial. La construcción de un mejor país y una mejor democracia pasa en gran medida por la capacidad de discusión que tengamos en los medios de comunicación, que los ciudadanos podamos disentir y cuestionar a las autoridades con seriedad y profesionalismo. El insulto, el adjetivo jocoso, la ocurrencia no son ni información ni derecho de réplica.

Con una novedad. El Presidente del no mentir, no traicionar y no robar ha reconocido haber mentido. En el show mañanero bananero del miércoles reconoció a diferencia de antes la existencia la crisis de abastecimiento de gasolinas durante la escasez de principios de año. Vale recordar. Entonces como acostumbra, insultó hasta el cansancio a la prensa por señalar precisamente eso: al desabastecimiento como causante de la escasez de combustible, cuya responsabilidad no reconocida por López Obrador es de él, a través de Pemex, y en aquellos meses simulada o disfrazada como medidas para combatir al huachicol. Dijo además logró disminuir dicho delito en un 95% sin justificar cuál método se utilizó para medirlo, ni dando datos comparativos.

Afirmó no haberlo dicho antes por "estrategia" o prudencia de las relaciones internacionales para salvaguardar la soberanía y también porque él debe de andarse cuidando de los "conservadores", como llama a sus críticos y adversarios. A su decir, no les importa nada, tienen doble moral, son hipócritas y son capaces de todo, porque los conservadores del siglo XIX fueron capaces de todo (también los liberales por cierto, porque así son las guerras civiles), pero como si hubiera una continuidad histórica de coordenadas políticas desde entonces lo cual es una falsedad histórica. Expuso también su paranoia y desconfianza en el comercio internacional.

Imaginó entonces como asunto de seguridad nacional mantener en "secreto" el desabastecimiento, porque según su manía, los vendedores del combustible al saber de nuestra vulnerabilidad hubieran decidido no vendernos gasolina o vaya usted a saber. La razón o indicio de esa posibilidad, ¿de dónde salió si no es de su ya mencionada paranoia? Por eso era mejor no se supiera. De ahí la necesidad de construir refinerías, dijo. Aún cuando las actuales producen solo a un 30% de su capacidad.

Puso como ejemplo a López de Santa Anna como el más pérfido conservador cuando en realidad Santa Anna fue ambos. Fue de los entonces llamados liberales y también de los conservadores. También le llamó conservador a Huerta el traidor, cuando ya no existían esos bandos, sino los porfiristas (liberales, pero no demócratas) y los revolucionarios. Los conservadores contra los liberales son algo del pasado. Hoy las coordenadas políticas son diferentes. Las diadas son distintas. Los conservadores se contraponen a los innovadores, y los liberales a los autoritarios. Y aunque no les guste a los ultras, todavía existe y existirá la díada derecha e izquierda.

Lo más grave de esta situación, no solo es el haber tratado de ocultar la ineficacia de Pemex desde el inicio del sexenio, ni los insultos y ataques a la prensa por querer decir la verdad. Simplemente ayer le llamó hampona y criticó durísimo a los columnistas, lo cual nos da el indicio de así seguirá. El verdadero problema es si bien desde antes se le escuchaba con cierta desconfianza, dada su visión del país de las maravillas donde solo con decir las cosas se vuelven realidad, ahora ya sabemos y nos consta: miente descaradamente. No es confiable.

Esta semana que termina quedará como la de la 1a. gran sacudida registrada al interior del equipo político del presidente Andrés Manuel López Obrador en su 1er. semestre de ejercicio con la estridente renuncia del ex panista Germán Martínez a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los desencuentros que narró el ex director del IMSS con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, como su principal motivo para dejar su cargo y volver al Senado a la bancada de Morena, no sólo causaron nerviosismo al interior del gobierno lópezobradorista, sino que tuvo claras repercusiones al exterior al generar la percepción de que las políticas de austeridad en la 4a. transformación agravaron la crisis del sistema de salud pública que ya se padecía en el país.

La durísima carta pública de renuncia impactó en uno de las principales líneas discursivas que mañana tras mañana despliega López Obrador contra lo que llama la etapa neoliberal que descompuso al país.

El argumento de que las políticas presupuestales del secretario de Hacienda eran el más claro ejemplo del neoliberalismo que tanto condena el gobierno morenista, no sólo golpeó a Urzúa sino al propio López Obrador quien dicta lo que se debe y no se debe hacer en la SHCP. Ni la respuesta gradual de desacuerdo del presidente con la visión de Martínez de la que 1o. dijo no compartir para luego reprochar su falta de persistencia ante las adversidades y su rendición, hasta lo que filtraron los morenistas más duros en el sentido que desafió al tabasqueño por ambiciones personales, pudieron para los efectos de esta 1a. renuncia que llegó casi en el arranque antes del nuevo gobierno, y que dejó entrever la descoordinación y los conflictos internos que empiezan a aflorar en el gobierno de la 4T.

Fue una renuncia real, no la simulación para ocultar un despido como se acostumbra en la política mexicana, tal vez por eso el efecto fue progresivo al grado que al otro día fue urgente la foto del renunciante con la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Sin embargo, el encuentro no paró las reacciones que remataron ayer con el hashtag #QueremosSaludNoBeisbol como expresión de la inconformidad de que el presidente privilegie sus aficiones, y que sus programas sociales de entrega de dinero directo, de dinero a niños, jóvenes y adultos, vaya en detrimento de otros servicios que le gobierno está obligado a brindar.

En ese sentido el "ger-manotazo" desembocó también en una cascada de reclamos por la baja presupuestal no sólo en el IMSS sino en todo el sistema de salud pública del país que puede empezar a cobrar altos costos a la popularidad y aceptación del presidente por la percepción de que la austeridad republicana responde más a una estrategia político-electoral que a una verdadera jerarquización del gasto público.

Para que alcanzara la dimensión de escándalo la presunción de que el delegado de Programas Federales para el Desarrollo del Gobierno de México -o Superdelegado a secas- en Jalisco podría haber incurrido en conflicto de interés, por su cachucha de doble visera (empresario en el ramo de la industria farmacéutica y funcionario público), hizo falta, para empezar, que una organización no gubernamental, denominada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, realizara una investigación; después, que un medio de comunicación -la edición para América Latina del diario español "El País"- la difundiera, y, finalmente, que la prensa nacional la replicara.

Lo anómalo del asunto estriba en la incapacidad histórica del aparato gubernamental para asegurarse de que sus propios funcionarios no incurran en conductas ilegales, reprobables o categóricamente delictivas. Lo llamativo, en el caso, estriba, 1o., en que la administración anterior en Jalisco ya había interpuesto una denuncia por ese motivo; y 2o., que el presidente López Obrador anunciara que la Secretaría de la Función Pública "investigará" -tiempo futuro- al respecto... ¿Quiere decir, entonces, que la denuncia precedente duerme el sueño de los justos, por incompetencia (malo) o dolo (peor) de las autoridades que la recibieron...?

Pretender que el gobierno de la "4a. Transformación" vaya a erradicar la corrupción, como ha ofrecido reiteradamente, es ilusorio. En todo caso, no vendría mal una clara señal -¡una al menos...!- de que esa intención va en serio.

Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínez. Grábense ese nombre porque podría ser clave en la investigación contra Carlos Lomelí Bolaños, el superdelegado en Jalisco.

Se trata del esposo de la diputada local por Morena Érika Pérez García. De entrada, la legisladora ocultó informar en su declaración de conflicto de intereses que su maridito era el accionista mayoritario de la polémica Abisalud. Pero no sólo eso. También ha sido apoderado legal de las empresas que Lomelí Bolaños sí reconoce como propias. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndida Sánchez, ya tiene de dónde jalar el hilo.

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir la entrega de las Becas para el Bienestar Benito Juárez. Demandaron la entrega de los apoyos y aseguraron que más de 30,000 escolares que deberían recibirlos aún esperan. "Jóvenes de Puebla fueron a cobrar su beca y nos salieron con que ya nos habían dado las tarjetas. Fuimos a retirar y resulta que había 0 pesos depositados. Ningún estudiante del país estamos de acuerdo en que se nos vacile de esa forma", dijo Itzel Bonilla, lideresa de los inconformes.

Algunos de los periodistas que han sido señalados por recibir dinero durante la administración de Enrique Peña Nieto respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer por la noche se difundiera una lista en la que aparece el nombre de 36 comunicadores, la razón social y el monto pagado durante el periodo 2013-2018.

López-Dóriga escribió en su cuenta de Twitter que "Registro el mensaje de la oficina del presidente @lopezobrador_ que es difamar para callar. Conmigo no lo logrará y asumo todas las consecuencias. En lo personal reitero quenunca he recibido un peso del gobierno. Y él (López Obrador) le consta cuando fue jefe de Gobierno", aseveró.

Mientras que Arreola y Krauze compartieron textos en los que critican al mandatario por haber publicado una lista incompleta.

Por su parte, Raymundo RivaPalacio, que según la lista recibió más de 31 millones de pesos, dijo que la filtración se trata de una campaña para desacreditar periodistas, pues hay "calumnias y difamaciones".

"No es mala leche. Es una campaña orquestada desde hace casi 10 meses para desacreditar periodistas. Hay calumnias y difamaciones. Sabemos quien es el autor intelectual, protegido hasta ahora por el presidente".

El director de Animal Político, Daniel Moreno explicó en una serie de tuits que sí recibieron dinero pero como parte de la publicidad oficial del gobierno, que representó menos del 15% de los ingresos totales del medio.

"Estos recursos fueron por la contratación de banners. Se hicieron contratos (que se pueden ver en Compranet) y se entregaron "testigos" de que la publicidad se difundió. No hubo compra de contenidos ni condicionamiento editorial", mencionó.

Además, resaltó que por alguna "razón desconocida", Presidencia incluyó su nombre y no el de la empresa, cuando el nunca ha recibido dinero o comisión por ventas.

"Les toca a Presidencia explicar la razón por la que incluyeron mi nombre, como también por qué decidieron excluir a los principales medios que recibieron publicidad. Los periodistas y medios señalados representamos alrededor del 2.5% del total de la publicidad oficial con EPN", concluyó Moreno.

Algunos otros comunicadores han rechazado la decisión del gobierno de López Obrador de publicar dicha lista, y cuestionan que justo cuando ocurre el desabasto de medicamentos y el despido de doctores y enfermeras, ocurra este escándalo.

Sobre la revelación de esta información, el presidente aseveró que "no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra, ante ataques, cuestionamientos o críticas legítimas. No. Se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información".

Recalcó que se mantendrá la contratación de publicidad oficial con medios de comunicación "transparentes".

La lista selectiva de periodistas y publicidad dada a conocer ayer es muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe. Otro ataque a la libertad de expresión. No me intimidarán.

El día de ayer desde la Presidencia de la República se difundió una lista supuestamente "completa" de las empresas de comunicación y comunicadores que recibieron dinero durante la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto. No obstante, parece que a Andrés Manuel López Obrador se le olvidó difundir la lista que contrataron "chayote" en su administración y específicamente gracias a él.

Por lo anterior, decidimos hacer nuestra propia lista, para que quede un precedente, de que en este gobierno se critica lo que se hace y se lincha a quien no le conviene.

Villamil al SPR

El tabasqueño dijo que uno de sus propósitos era armonizar los medios públicos y para ello propuso y puso a Jenaro Villamil para encabezar la coordinación del Sistema Público de Radiodifusión y Televisión del Estado Mexicano (SPR).

Cabe mencionar que Villamil comenzó a despedir a comunicadores incómodos, tal es el caso de Fernando Coca, que era el director de canal 14, mismo que descubrió presuntos actos de corrupción que fueron silenciados con su salida.

San Juana a Notimex

La periodista Sanjuana Martínez, quien es especialista en temas como derechos humanos, violencia de género, crimen organizado y corrupción en el país, confirmó que el tabasqueño la invitó a dirigir la agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

Una vez que fue elegida como titular de Notimex, la agencia del Estado se convirtió en una agencia de publicidad de la 4a. Transformación en donde se ataca a quienes critican al presidente y se publicitan las canciones de su esposa, la no Primera Dama.

Carmen Aristegui a Radio Centro

La periodista favorita de Andrés Manuel López Obrador, además de jugar un papel importante al realizar críticas a los gobiernos anteriores y que llegara a ser censurada y suspendida de la radio por su investigación de la famosa "casa blanca" de Peña Nieto, ahora ha decidido evitar su crítica al actual gobierno.

El pasado 28 de septiembre, la periodista anunció la configuración de una alianza entre su portal informativo de internet Aristegui Noticias y el Grupo Radio Centro.

Julio Hernández a Radio Centro

Por otra parte, el periodista Julio Astillero, quien es conocido por su activismo político de izquierda, ha reafirmado su posición al defender al Presidente de la República en cada crítica que se le hace.

El pasado mes de diciembre, Grupo Radio Centro lanzó un comunicado de prensa en el que informaban que el columnista de La Jornada tendría su programa radiofónico a partir del 14 de enero de 2019, este anuncio se dio tras confirmarse la salida de Carlos Loret de Mola de la empresa.

Federico Arreola

Otro de los preferidos de nuestro presidente es Federico Arreola, quien ha salido a la defensa del tabasqueño en innumerables ocasiones, claro ejemplo fue que en un texto publicado por Arreola en su espacio editorial, le pedía a Loret de Mola que se disculpara con AMLO por haber llamado "fifi" a su hijo mayor.

Hernán Gómez a Canal 11

Este periodista quedó en ridículo recientemente por nada más y nada menos que Gabriel Quadri, quien lo puso en su lugar por haber intentado opinar sobre temas de ecología y contaminación, de los cuales no tiene ninguna idea.

Estos hechos incluso le valieron las críticas de John Ackerman, quien criticó que Julio Hernández se haya disculpado y aceptado la derrota frente a Quadri, Argumentando que "demostró que le importa más su contrato con Televisa que la lucha por la justicia".

Ackerman a Canal 11

John Ackerman fue otro de los periodistas beneficiados por la 4a. Transformación, ya que llegó gracias a que es esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Pero, en este caso el descaro es aún mayor, ya que en días pasados se anunció que el esposo de una funcionaria del gobierno iba a entrevistar a la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez. ¿Hay nepotismo?

"El Fisgón", monero de La Jornada

La Jornada, el rotativo que se caracteriza por su evidente apoyo a la 4a. Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió una caricatura -que da vergüenza- del monero "El Fisgón", en la que hace ver a los críticos del gobierno como nazis.

Es decir, además de colocar periodistas, también se utiliza a los medios para criticar, de la forma más estúpida, a los críticos de AMLO.

Jesús Ramírez Cuevas a Comunicación Social de Presidencia

Finalmente tenemos a Jesús Ramírez Cuevas quien actualmente es el encargado de Comunicación social de AMLO.

Cabe mencionar que en 2006 cuando Andrés Manuel perdió en las elecciones e instauró el llamado "Gobierno Legítimo" desconociendo a Felipe Calderón, Cuevas fue el asesor del tabasqueño.

Por lo que desde el 2006 ha sido el encargado de llevar el mensaje obradorista, incluso siendo parte del medio Regeneración, del que fue responsable en 2010.

Paco Calderón
(23 de mayo de 2019).

La renuncia de Germán Martínez al Seguro Social reveló las entrañas de la 4a. Transformación y más: 1) Si alguien se atraviesa en los proyectos personales y prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convierte en desechable. 2) Los verdugos de la Secretaría de Hacienda son intocables; el secretario, Carlos Urzúa, tiene clara la encomienda que los recursos que necesite el presidente, tienen que salir de donde sea, a costa de lo que sea. 3) Ninguna disposición legal lo va a frenar; si un funcionario como Martínez considera que podría violarse la ley, se le expulsa, porque vendrá otro, como el soldado que ocupaba la Subsecretaría de Gobernación, Zoé Robledo, que lo sustituirá sin importar su desconocimiento técnico o financiero. Lealtad, es el factor clave para entrar en el alma de López Obrador.

Las secuelas de la renuncia de Martínez son el cianotipo del estilo de gobernar de López Obrador. La descalificación personal del ex director del Seguro Social, la sugerencia de que obedeció a intereses aviesos, el aislamiento gubernamental. La maquinaria funciona. El modelo también. El poder vertical es un diseño que requiere obediencia, y con incondicionales dispuestos a hacer todo lo necesario, suicidarse incluso, para cumplir los programas, deseos y ocurrencias del presidente. No es algo nuevo en López Obrador. El presidente tiene clonado el modelo de operación del Palacio del Ayuntamiento, que trasladó a Palacio Nacional. Favor y gracia a los suyos. Y quienes abandonan el rebaño se vuelven desechables.

Una síntesis apretada del estilo es empezar a trabajar alrededor de las 5:45 de la mañana, presidir la junta con el gabinete de seguridad convertidas muchas veces en reuniones tumultuarias, donde acuden secretarios y secretarias por ser la única oportunidad que tienen para plantearle algo, desayuna, revisa temas electorales, toma su siesta de 45 minutos, y de manera mucho menos frecuente que antaño, se va a macanear un poco al estadio de béisbol de Ciudad Universitaria.

Como lo hacía antes, delega de manera selectiva los asuntos de estado. En Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia y secretario de Gobernación de facto, recaen los temas políticos del presidente, a excepción de los legislativos, que encarga a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Al gabinete de seguridad le da toda su confianza, aunque al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le carga cada vez más un mayor número de responsabilidades, algunas tan estrambóticas como prepararse a ocupar áreas en el SAT. Los temas electorales, su verdadera prioridad, los ve con Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados.

En un siguiente nivel, opera con los segundos de a bordo. En Gobernación, utilizaba más, hasta ayer, a Robledo, por encima de la secretaria Olga Sánchez Cordero. En Educación, la persona de confianza es el subsecretario Luciano Concheiro, relegando al secretario Esteban Moctezuma. En Economía, la relación con los empresarios depende de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, no de la secretaria Graciela Márquez. La manera como establece sus líneas de mando lleva a un desconcierto general.

Antes de sus conferencias mañaneras, tiene reuniones multitudinarias con el gabinete legal, ampliado, subsecretarios, directores de empresas desconcentradas e invitados. En esas reuniones recibe los reportes de algunas de las áreas donde mostró interés en la víspera, y recibe información de su staff, aunque, como se quejan algunos funcionarios, es irrelevante el trabajo que hacen porque el presidente difunde los números que él piensa que son los correctos, en lo que comúnmente se conoce como el momento de "yo tengo otros datos".

El estilo híper centralizado de la toma de decisiones es, a la vez, un modelo que deja muchos vacíos y cabos sueltos que tratan de impedir y atar muchos de sus colaboradores de manera coyuntural y emergente. El propio Urzúa padeció las formas del presidente, cuando ante una pregunta de Bloomberg y Reuters en la mañanera, ofreció darles al día siguiente el plan financiero para Pemex, obligando a Hacienda a hacer un copy paste de documentos previamente trabajados, que provocó decepción y preocupación en los mercados internacionales.

El presidente, cuyo ejercicio de mando es inflexible, también aplica una rigidez en el proceso, que ocasiona por un lado, que sus colaboradores no lo apoyen en las tareas de gobierno, sino que estén a la deriva -porque son marginados-, en espera de qué instrucción les da en las mañaneras. También, por la forma como aplasta a sus colaboradores en las reuniones de madrugada en Palacio Nacional, han optado por callar y no dar su opinión, porque si discrepa de la de él, serán cuestionados, maltratados y alejados del núcleo de poder. El silencio del equipo impide que le llegue información oportuna sobre lo que sucede en el parabellum de la 4a. Transformación, donde para alcanzar su paz presupuestal, se preparan para la guerra contra Hacienda, los enemigos de todos.

Esto es lo que permite entender qué sucedió con Martínez, quien cayó derrotado. Buscó el respaldo del presidente para reducir los recortes draconianos en su presupuesto, pero sólo encontró su espalda. Es lo que pasa con otros miembros del gabinete a quienes López Obrador ignora. Hay cansancio en el equipo de gobierno, pero también miedo. Martínez rompió con el Presidente, aunque no lo hizo objeto de sus críticas, porque estaba harto de lo que sucedía. Su realidad es la de muchos. La pregunta es cuánto más tardarán en separarse del gobierno o lucharán internamente para sobrevivir; es decir, tendrán que matar para no fracasar. En ambos casos, lo que ha provocado López Obrador con su estilo, no es nada promisorio. La carta de renuncia anticipa nubarrones.

No hay dinero para las medicinas, pero sí se le compran por más de 160 millones de pesos al ex candidato de Morena al Gobierno de Jalisco. No hay dinero para hospitales, pero sí para tirar un aeropuerto a la mitad y hacer otro donde hay un cerro. No hay dinero para las guarderías, pero sí para construir una refinería que todos le han dicho que es un pésimo negocio. No hay dinero para los incendios, no hay dinero para las universidades, no hay para los refugios de mujeres víctimas de violencia, pero sí hay para repartir efectivo por todo el país.

¿No lo atienden en el IMSS? Páguese su doctor, que para eso le llega su dinerito en efectivo. ¿No le dan sus medicinas en el Seguro? Cómpreselas en la farmacia, que para eso apoya el gobierno con su sobrecito mensual.

¿Primero los pobres o primero el presidente?

La carta de renuncia de Germán Martínez a la Dirección General del IMSS es la crítica más dura y documentada a la autoproclamada 4T, sobre todo porque vino desde dentro. El secretario Urzúa y la súper oficial mayor Buenrostro (denunciados sin nombre en la carta de Martínez) sólo son los ejecutores de la voluntad del presidente AMLO que ha generado una parálisis de gobierno.

De todas, la crítica que debería calar más hondo es la de la insensibilidad frente a la población más vulnerable y pobre. Los recortes drásticos y la política de ahorros a toda costa parece neoliberal, como lo señala Germán Martínez en su carta, pero cuando se completa la película vemos que el dinero está redirigido a un proyecto de populismo extremo: 3 obras de infraestructura en las que sólo cree un hombre, el presidente, en contra de los suyos, en contra de las evidencias técnicas y en contra de los señalamientos nacionales e internacionales; y un grupo de programas en los que se anula a las instituciones y se privilegia el apoyo directo con dinero entregado en mano a nombre de ese hombre, el presidente.

Seguir por esa ruta es apostar por el desmantelamiento del Estado para engrandecer la figura de un líder supremo. Se va dejando manco, cojo, ciego al Estado, para alimentar al ganso.

El caso de Germán Martínez es el de un funcionario que heredó un IMSS en los huesos, en crisis, sostenido por alfileres, y en lugar de culpar a los de antes -tenía todos los argumentos para hacerlo- prefirió renunciar que quitarle los alfileres. Una cosa es cortar excesos, lujos, privilegios, camionetas blindadas, etc., otra cosa es paralizar al gobierno a costa de los más amolados.

Que no digan que soy corrupto, aunque no haya medicinas.

Que no digan que soy represor, aunque estalle el ducto en Tlahuelilpan.

Que no digan que soy conservador, aunque entreguemos la educación a la CNTE y Elba Esther.

Con una retórica medio fuera de lugar, Carlos Lomelí dijo que lo atacan porque quieren descarrilar a la 4a. Transformación y manchar el nombre de miles de servidores públicos. Que le baje. Si nomás le piden que explique cómo empresas que no le pertenecen comparten prestanombres y domicilio con aquellas que reconoce sí son de su propiedad.

El señalamiento en 2008 del Departamento del Tesoro a Carlos Lomelí Bolaños y a su empresa Lomedic como parte de la red de lavado de dinero de los Amezcua Contreras, 1er. cártel especializado en metanfetamina en el país, puso al hoy súper delegado y a su empresa en una situación complicada. Fueron muchos años y esfuerzos para que finalmente las autoridades estadounidenses lo sacaran de la lista. Entre la estrategias legales y políticas que utilizó el hoy súper delegado en Jalisco para salir de la lista negra, fue convertirse en un financiador de la campaña de Hillary Clinton.

La empresa Lomedic sin embargo quedó muy golpeada en su imagen e impedida por un tiempo para hacer negocios en Estados Unidos. Fue en ese contexto que, en 2009, 5 meses después de la aparición de la lista del Departamento del Tesoro, se crea Abisalud, una empresa del mismo grupo, dedicada a lo mismo, en la misma calle, en una propiedad del mismo dueño, pero donde el nombre de Carlos Lomelí no aparece. Todo quedó en manos de su secretario particular y hoy regidor en Zapopan, Hiram Torres, de su coordinador de campaña, José Juan Soltero Meza, y el de su sobrino, Mario Vargas Lomelí, quien dejó la empresa justo unos días antes de que su tío presentara su declaración de intereses en diciembre pasado. Cuando en 2015 Hiram Torres entró a la política, 1o. en MC y ahora en Morena, también dejó la empresa y en su lugar entró el hoy representante legal de Abisalud, Juan Carlos Tadeo Salcedo, quien curiosamente es esposo de otra diputada local de Morena, Erika Pérez García.

Si la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quiere tomar en serio el encargo que le hizo el Presidente de la República en la mañanera del día de ayer la investigación debe ser no solo si el delegado Carlos Lomelí tiene que ver con Abisalud, más allá de la renta del local y los servicios de cobranza que realiza para la empresa (al menos 2 funcionarios me han confirmado que el delegado ha gestionado el pago de 80 millones de pesos que Abisalud tiene detenido en Pensiones del Estado por sobre precio e incumplimiento de contrato argumentando que su único interés es que "ellos me deben a mí") sino lo que tiene que ver con la estructura de Morena en Jalisco, con el grupo de empresas proveedoras de medicinas domiciliadas en la calle Chicle y una red de compadrazgo.

Dicho de otra manera, si lo que busca la Función Púbica es el nombre del súper delegado de Jalisco en las actas y acuerdos de asamblea de Abisalud no va a encontrar nada. Si, apoyada por Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la huella del dinero de Abisalud, sus proveedores y contratos a lo mejor encuentra alguna información que le ayude a entender al presidente que hay algo más que politiquería y grilla en los contratos por asignación directa a esta empresa, algo más parecido a eso que él atinadamente llama "capitalismo de cuates".

El lunes 23 de julio de 2018, recién anunciado por el entonces presidente electo López Obrador como su futuro superdelegado en Jalisco luego de ser el candidato de Morena a la gubernatura, entrevisté a Carlos Lomelí Bolaños.

-¿Qué va a pasar con esa parte, tu eres proveedor de medicinas para el sector público, cómo evitar ahí un conflicto de interés?-, le cuestioné.

-Mira Jaime, es como pedirle a (Alfonso) Romo (jefe de la oficina de la Presidencia) que es nuestro mayor representante, que renuncie a todas sus empresas para poder estar en el gabinete del señor presidente. No, al contrario, él guarda una gran cercanía con toda la industria, con todas las cámaras. Nosotros seremos muy respetuosos de no estar presentes ni en la vida económica, ni de proveedor del estado (...) pero hay otras entidades federativas, y así como hay muchos empresarios que van a colaborar en esta administración, creo que también tengo el derecho de continuar con mi actividad empresarial a nivel central o donde me lo permitan algunos otros estados de una manera respetuosa, alargando los presupuestos, cuidándolos y apoyando lo más posible la salud del pueblo de México. Decir que no, que me voy a cerrar, no, no, no. No tiene nada qué ver el hecho que un empresario, de los primeros que llegó a la vida de Andrés, fuimos Yeidkcol y yo, tengamos que renunciar para poder estar dando lo mejor de nosotros para recuperar la buena calidad de vida de los jaliscienses, eso no tiene que estar peleado-respondió.

-¿O sea que tú vas a seguir vendiendo medicinas al sector público?

-Sí. Debemos recordar que soy un industrial, entonces yo entro a una licitación nacional con los otros laboratorios de todo el país, se nos convoca a cierta cantidad de piezas y tu empiezas a hacer tu licitación vía internet, en reversa, y donde se detiene, se le asigna...

-¿Y no ves el escenario que la industria "x" diga: él es muy cercano al presidente por eso le van a comprar?

-Mira me queda muy claro Jaime, que Andrés no se va a prestar a nada de eso y ay de aquel que se atreva a decirle oye... no, no, no, Andrés es pulcro (...) no estoy atenido a eso, yo voy a ganar mis licitaciones cuando se convoquen a nivel federal (...) en los sistemas ciegos de Compranet (...) si no hay gobierno corrupto no hay conflicto. Tampoco tenemos que caer en la indigencia para poder ser servidores públicos. Porque ya sabemos que hay una gran cantidad de servidores públicos que llegan con una mano adelante y una atrás y salen como grandes magnates, esa es la otra parte en la que no hay que estar de acuerdo.

Habrá que ver si estos argumentos son válidos para la Secretaría de la Función Pública y para la Unidad de Inteligencia financiera de la SHCP que ya lo investiga por los 164 millones de pesos que vendió en la era de la 4a. transformación al gobierno federal y al de Veracruz y si la carta que emitió ayer basta para deslindarlo de 5 de las 9 empresas a las que le vincula la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que lo habrían hecho incurrir en por lo menos conflictos de interés y por lo que su amigo AMLO pueda decidir sacrificarlo.

El esposo de una diputada de Morena es accionista mayoritario de una farmacéutica que ha recibido contratos del gobierno mexicano y es apoderado legal de 4 empresas del delegado federal en el Estado de Jalisco, Carlos Lomelí, informó este jueves Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Se trata de Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, quien actualmente es accionista de Abisalud, de acuerdo con un acta notarial en poder de MCCI.

Durante la actual administración, iniciada el 1 de diciembre de 2018, Abisalud ha tenido 7 contratos con el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, dependientes de la Secretaría de Salud. 5 de ellos fueron adjudicaciones directas.

Martínez funge como apoderado legal en cuatro compañías farmacéuticas que Lomelí reconoce como propias, de acuerdo con registros públicos y la declaración patrimonial del funcionario federal.

También es esposo de Érika Pérez García, diputada local en Jalisco por el gobernante Morena, quien obtuvo su escaño en las elecciones de 2018 sin tener experiencia previa en el servicio público, señaló MCCI.

En su única declaración patrimonial, presentada el pasado 8 de enero, la diputada Pérez no reconoció que su esposo es el socio mayoritario de Abisalud desde 2015.

De acuerdo con el archivo de la notaría pública 36 de Guadalajara -al que tuvo acceso MCCI- las acciones fueron transferidas a su cónyuge tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Morena en Zapopan.

En la investigación "El emporio farmacéutico del superdelegado Lomelí", MCCI documentó que Torres Salcedo fue secretario particular de Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.

Tras su derrota, Torres Salcedo se incorporó como regidor en Zapopan, donde preside la Comisión de Ecología.

Además, detalló MCCI, Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, quien le asignó directamente un contrato por 36 millones de pesos.

Durante su infructuosa campaña electoral por la gubernatura de Jalisco en 2018, el hoy "superdelegado" Lomelí, también de Morena, negó en reiteradas ocasiones estar relacionado con Abisalud ante las acusaciones de sus opositores.

En caso de probarse los señalamientos que hace MCCI en su investigación, este podría ser uno de los primeros casos de corrupción que enfrenta López Obrador dentro de su propio partido luego de haber repetido hasta la saciedad que su mandato se caracterizará por la ausencia total de impunidad ante ese délito.

La asociación MCCI, encabezada por el empresario y activista Claudio X.González Guajardo, ha desvelado importantes casos de corrupción del gobierno mexicano como el de la Estafa Maestra, una trama de adjudicación de contratos a empresas fantasma, dada a conocer en 2017 durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En un panel que me correspondió moderar se señaló que uno de los hechos que las empresas aprecian más es la certidumbre, la claridad de las reglas. "Uno puede decidir si invierte o no a partir de conocerlas, pero lo peor es la incertidumbre", señaló uno de los participantes, quien ponderó los mensajes que habían enviado Urzúa, Ebrard y Herrera.

Pero señaló que esa precisión y claridad no es lo que se escucha en las "mañaneras" por parte del presidente López Obrador.

Esta inconsistencia representa uno de los mayores enemigos de la inversión, se señaló.

Pregunté por la razón por la cual consideran que las empresas extranjeras tienen una visión más optimista de México que las corporaciones locales. La respuesta fue el nivel de riesgo. "Es diferente tener en México un 3 a 4% de los activos totales a un 80%". En el 1er. caso, se puede tener una actitud más tolerante al riesgo. En el 2o., hay una atención mayor a factores, incluso, de corto plazo.

En diversas ocasiones el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que dentro de su equipo de trabajo no existe un equipo que lo "apoye" en su estrategia de comunicación digital.

Sin embargo, investigaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) indican que la famosa #RedAmlove no sólo utiliza los llamados "bots" o cuentas falsas sino que convencen a usuarios reales para proteger la imagen del tabasqueño, principalmente en Twitter.

El estudio fue nombrado "México 201: la disputa por la interpretación" y desglosa todas las estrategias que utiliza este grupo simpatizante y de los opositores, dejando claro que el único objetivo ha sido polarizar a la ciudadanía.

Pese a las negativas, el ITESO encontró que la creación de hashtags –etiquetas– es promovida por personas con cuentas de miles de seguidores y utilizan el famoso "sígueme y te sigo", plan que también ha funcionado con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Uno de los grupos que ha recibido más ataques por parte de la #RedAmlove sin duda han sido los periodistas calificados por el propio presidente como "fifís" quienes han recibido insultos masivos ordenados por los llamados "Maestros de Ceremonias", llamados así por organizar a la horda de seguidores en caso de encontrar opositores.

Hace unos días anunció la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En realidad no es una nueva institución. Tenemos ya el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, de la Secretaría de Hacienda. El nuevo instituto será el mismo y estará encabezado por el director del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas; pero si el viejo nombre era neutral e institucional, el nuevo tendrá el propósito político de recordar constantemente a los ciudadanos que todos los gobiernos anteriores eran corruptos pero el suyo es honesto.

López Obrador es un presidente austero. Él mismo se preguntaba el martes 21: "¿O qué ya se olvidó que había un avión presidencial?... Por eso puedo decir que no hay corrupción... tolerada". Si bien cuesta mucho mantener el avión en un hangar en California, Estados Unidos, supongo que sí ha habido una disminución en el costo de los viajes presidenciales por la decisión del presidente de usar vuelos comerciales. Lo importante para López Obrador, sin embargo, no parece ser el ahorro sino el mensaje político de que él sí es honesto.

El gobierno está gastando menos, es cierto. Según Hacienda, el gasto neto total tuvo una baja de 6.1% anual real en el 1er. trimestre de 2019. En principio esto es positivo, aunque no siempre un menor gasto significa mejor gasto.

De lo que no hay duda es de la habilidad del presidente para comunicar. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado no es más que el viejo SAE con nuevo nombre, mientras que la subasta del próximo domingo es una más de muchas de bienes decomisados que ha hecho el SAE. La venta se hace en Los Pinos y se anuncia en la mañanera para darle una máxima difusión. Es más un triunfo de la comunicación política que de la honestidad valiente.

Dice AMLO que el aumento en los ingresos públicos demuestra que ya no hay corrupción. Pero ¿cuáles son las cifras? En el 1er. trimestre de 2019 los ingresos tributarios subieron 5.1% anual real, que no está mal; pero sin el IEPS de combustibles el aumento es de solo 1.1. Los ingresos presupuestarios totales, en cambio, declinaron 1.2. No vamos tan requetebién.

Falló el tiro Germán Martínez. En el texto de su renuncia a la dirección del IMSS enderezó sus reproches contra la Secretaría de Hacienda, cuando debió alzar la mira y apuntar a López Obrador, cuyas instrucciones y órdenes el secretario del ramo no hace sino obedecer. Esa dependencia está arañando recursos de donde puede, y escatimándolos cuanto puede, a fin de tener dinero para costear las 3 obras cumbres del sexenio -esperemos que sea sólo un sexenio-: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, todas costosísimas y emprendidas sin base en estudios serios que avalen su viabilidad, utilidad y racionalidad. El renunciante se apegó al antiguo uso priista según el cual el Señor Presidente jamás tenía la culpa de nada: de todos los errores eran responsables sus colaboradores, que le fallaban y traicionaban su confianza. El espaldarazo que AMLO dio a Hacienda y la prontitud con que Martínez fue reemplazado dan idea de la falla inicial cometida por él: cambiar la trayectoria de una vida para ir tras los husmos de la nueva fortuna política. En el pecado lleva ahora la penitencia. Aun así su renuncia es duro golpe para López Obrador, pues evidencia el caos que reina en su administración -es un decir-, la falta de coordinación entre sus dependencias, la miseria en que tiene sumidos a los estados y los municipios -con alguna excepción, claro- y el manejo político que se está dando a los recursos públicos.

Paco Calderón
(23 de mayo de 2019).

El linchamiento de Martínez Cázares por los lopezobradoristas ya ha comenzado. El ex director es un blanco muy fácil para los ataques: que si fue panista, y además calderonista; que si escribía en un diario fifí como el Reforma. Federico Arreola comentó ayer: "Germán Martínez, como el alacrán, fiel a su naturaleza traiciona a AMLO". Quien lea con honestidad la inusual carta de renuncia, sin embargo, entenderá que se trata de una renuncia por una posición de principios.

El sistema de salud enfrenta enormes retos y no de ahora. Tenemos una red dividida por clases sociales y privilegios. El servicio privado tiene un segmento de altísimo nivel y carísimo, y otro que atiende a pacientes que se cansan del deficiente sistema público y ofrece precios razonables pero calidad regular. Dentro del sistema público están los privilegiados con acceso a los servicios de las fuerzas armadas o de Pemex, y los menos privilegiados que tienen IMSS o ISSSTE. Luego están los que no tienen seguridad social y acuden a las instituciones que antes eran de la Secretaría de Salud y posteriormente del Seguro Popular donde los servicios son sumamente deficientes.

A todos se les prometen servicios de salud, pero los recursos se reducen cada vez más. Incluso el IMSS y el ISSSTE, que antes eran para privilegiados, tienen que reducir cada vez más la calidad de sus servicios. No hay medicamentos ni otros insumos. Los médicos reciben pagos muy bajos y se les hacen exigencias cada vez mayores.

Martínez Cázares tiene razón: estamos viviendo una creciente privatización de la salud. El propio presidente, que es todo menos fifí, acude a Médica Sur. Pero esto es consecuencia de políticas que pretenden ser sociales y que solo están bajando la calidad de los servicios de salud pública.

"Hacienda tiene que participar en todo lo que corresponde al Seguro Social y al ISSSTE", respondió el presidente López Obrador ante la renuncia de Martínez Cázares. "Afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo". Así de simple.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no está descartado suspender al superdelegado estatal en Jalisco, Carlos Lomelí mientras se llevan a cabo las investigaciones tras los señalamientos que lo ligan a una red de farmacéuticas que ha obtenido contratos millonarios por parte del gobierno federal por más de 164 millones de pesos.

Señaló que será la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien determine cómo procederán en el tema, además que darán seguimiento a lo que ocurra durante las conferencias de prensa, aunque reconoció que personalmente sí consideraría la suspensión del funcionario federal.

Aseguró que en materia de corrupción si no le importa su familia, menos un integrante de Morena.

Ayer renunció Germán Martínez. Como pocas veces en política, su carta para decir adiós es detallada, no esconde su confrontación con Hacienda y, aunque cuidadosa con el presidente, termina siendo un brutal diagnóstico del arranque de la autodenominada 4T: paralizada la inversión, paralizado el gasto, paralizadas las compras, paralizada la infraestructura, paralizada la economía, paralizada la atención a la gente.

La vida política de Germán Martínez dentro del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó difícil y se puso peor. Martínez había escuchado poco de los recortes draconianos que se pensaban hacer tan pronto López Obrador asumiera la Presidencia, y las recomendaciones casi instrucciones que se estaba haciendo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante la transición. Por ejemplo, que dejaran de comprar medicinas porque iban a revisar todos los contratos. Todo el discurso del despido masivo de funcionarios y burócratas, de recortes presupuestales y disminución de servicios se había dado bajo el mismo discurso: austeridad y erradicación de los abusos del pasado. Esa visión finalmente se estrelló con la realidad con la renuncia de Martínez al frente del Seguro Social.

Martínez no es un político que se quede callado, y ha hecho de la difusión pública de su decisión, un ejercicio ético que, dentro del gabinete de López Obrador, 3 de sus secretarios de estado y colaboradores cercanos fueron incapaces de sostener.

Con toda certeza se puede afirmar que la indignación de Martínez es compartida por muchos de sus compañeros en el gobierno de López Obrador, quienes se han topado con los muros infranqueables de [la oficial mayor de Hacienda Raquel] Buenrostro, quien tiene la encomienda de utilizar machetes, tijeras y bisturí, para recortar el gasto público y poder acomodar recursos a los programas prioritarios presidenciales, pero que han optado por el silencio.

La acusación es insólita por sus términos, sin margen para la confusión. Martínez quiso evitar personalizarla al mencionar que son "algunos funcionarios" hacendarios quienes "tienen una injerencia perniciosa" en el instituto. Pero no pudo quitar la carga de la denuncia sobre Urzúa y enfocándola, aunque sin mencionarla por nombre, en Buenrostro, pupila del secretario y a quien colocó en la Oficialía Mayor para controlar todas las compras del gobierno. La centralización de las compras del gobierno federal, con el argumento reduccionista de evitar la corrupción, es lo que ha generado conflictos dentro del gobierno, tensiones y fricciones que van desde la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica, hasta el gabinete legal y el ampliado.

El conflicto más serio con Hacienda, le provocó una reciente fricción con el presidente que, de acuerdo con funcionarios, lo maltrató y llevó a considerar su renuncia. López Obrador respaldó a Urzúa, quien le había anticipado a Martínez que habría un nuevo recorte presupuestal, que afectaría a las delegaciones. El argumento de Martínez de que tendría un impacto directo sobre los servicios de salud y los derechohabientes, fue ignorado. La falta de apoyo del presidente no era nueva. López Obrador quería cancelar el Seguro Popular, y Martínez le presentó un modelo para hacer la prestación de servicios de salud a través de él. Cuando trabajaba su proyecto, sin que nadie le consultara, el presidente anunció el remplazo del Seguro Popular, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

La insatisfacción de Martínez se venía acumulando desde hacía meses por las reducciones presupuestales y los ajustes que sobre la marcha hacía Hacienda, para acomodar las prioridades de López Obrador, o deshidratar al gobierno para darle capacidad fiscal y financiera a Pemex, con el fin de que no le bajen el grado de inversión. Urzúa, quien difícilmente objeta decisiones del presidente, y Buenrostro, quien cuida las llaves del dinero y lo distribuye a cuentagotas, son los garantes de los deseos de López Obrador, lo aplastaron. La carta de renuncia refleja frustración y su indisposición a hacer las maromas que practican ex compañeros de gabinete con menos arrestos, sabedor que era una batalla perdida.

No tardó mucho en comprobarlo. El presidente dijo que no compartía las razones de su renuncia y era imposible que coincidiera. Como esboza Martínez, la política hacendaria tiene un corte neoliberal salvaje, que tanto denuncia el presidente; es excluyente, contrario a la narrativa oficial, y afecta más a quienes menos tienen, contrasentido del discurso de López Obrador. La realidad alterna de la propaganda contra la realidad terrenal, tan víctima en esta ocasión como lo fue Martínez. Esta renuncia es de alcance mayor, porque muestra la crisis que se vive dentro del gobierno por las irracionalidades de una política de austeridad a rajatabla, porque socializa enfrentamientos que sólo se veían en la prensa política, y porque desnuda las contradicciones de un régimen que se dice del cambio.

La renuncia, larga y detallada, de Germán Martínez Cázares a la dirección del IMSS puso una bomba en el centro del equipo de López Obrador. No se fue porque no comulgara con el proyecto de gobierno sino con las formas de operación: con Hacienda hemos topado. La Secretaría de Hacienda en su afán de controlar todo está acabando con todo, dice en pocas palabras el ex funcionario panista, puso el dedo en la llaga y apuntó las baterías ahí donde muchos de los funcionarios del gobierno federal se quejan, pero nadie se atrevía a decirlo de frente: Hacienda tiene ahogado al gobierno.

El problema es más grave de lo que parece. Un alto funcionario del gobierno de López Obrador definió al secretario Carlos Urzúa como un cajero. Con perdón de los cajeros, el problema no es que se le compare con un personaje que lo que hace es abrir la caja y dar el vuelto, sino que no tenemos en la secretaría más importante del gobierno federal a un economista que piense el desarrollo económico del país. Hace unos días el presidente se quejaba que el Banco de México solo pensara en la inflación y no en el crecimiento, cuando en realidad Banxico tiene como mandato el cuidado de la inflación y quien debería pensar el crecimiento es nada menos que Hacienda, pero Urzúa, un matemático con espíritu de contador, está más preocupado por la caja que por el negocio.

Aunado a un secretario de Hacienda acostumbrado solo a ser el cajero de López Obrador (así fue cuando estuvieron juntos en el Gobierno de la Ciudad de México) la decisión de eliminar las oficialías mayores de las secretarías y concentrar todas las compras en Hacienda convirtió a Raquel Buenrostro en el personaje más poderosos del gabinete económico, pero también en el embudo ya no del desarrollo sino de la operación misma del aparato gubernamental. A un Gobierno atado de pies y manos por exceso de reglamentación López Obrador le puso un grillete para que no se fuera por la libre. El resultado, bien lo narra el renunciado, es el desabasto y la inacción.

Una carta como la de Germán Martínez suele tener un efecto político al interior de los grupos de poder. Los que tienen rodeado al líder cerrarán filas no solo para que no se abra el grupo sino incluso para poner a uno de ellos en el puesto vacante. Los excluidos del círculo de palacio tomarán fuerza en busca de hacerse escuchar. La renuncia del director del IMSS es una pequeña crisis que llega muy a tiempo para corregir la asfixia del gobierno. Esto claro si el presidente entiende el mensaje, porque el artífice de esta forma de operación en la que todo está centralizado es él y solamente él.

Muchos ven en la renuncia de Germán Martínez Cázares, titular del IMSS, una 1a. manifestación pública de las turbulencias internas de la 4a. Transformación. No se equivocan. A todas luces, la renuncia fue al mismo tiempo una denuncia.

Puntualmente contra la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa, en donde algunos funcionarios, acusó el ex presidente del PAN, tienen una injerencia "perniciosa" que pone en riesgo la prestación de servicios de salud.

En su carta, el ex albiazul se refiere de fondo a la decisión, centralista y amloviana, de que Hacienda concentre la compra de medicamentos para erradicar la corrupción, opacidad y malos manejos en la adquisición de medicamentos.

Pero esta decisión, con todo y sus buenas intenciones, ha entorpecido, y hasta paralizado, el abasto y adquisición de medicamentos en el país.

Nada extraño en la 4T. Si para combatir el huachicoleo cerró los ductos de combustible y generó un desabasto histórico, ¿por qué no dejar de comprar medicinas para acabar con los malos manejos? Sin gasolina no hay robo de gasolina. Sin medicinas, no hay corrupción. ¡Voilá!

La renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS se supo en una comida hace una decena de días. Dijo, según testigos presenciales, que iba a renunciar porque si bien López Obrador tenía todo el derecho de efectuar una serie de recortes demoledores al personal, al gasto, al proyecto del IMSS, y transferir esos recursos a Pemex, él tenía todo el derecho de no ser el agente de esa salvajada. Detalles más, detalles menos es lo que cuenta Martínez en su carta de renuncia, salvo que lo hace a la mexicana: los malos son los de Hacienda. A López Obrador simplemente no le llega la información de las fechorías de la dictadura de la SHCP.

Germán logró convertirse en vocero de muchos que reclaman los ajustes. Recibió respaldo de medio mundo; preciso, de casi todo el mundo, menos del presidente.

Ignoro si él sabía a dónde iba cuando aceptó el puesto. O quizás sí sabía y corrió el riesgo. O no sabía y pecó de ingenuidad.

Pero Germán sabe perfectamente que la responsabilidad de los recortes no es de Hacienda.

No es causalidad que apenas unas horas después de la renuncia, el presidente de la república le haya dado un espaldarazo a la dependencia encabezada por Carlos Urzúa.

Lo único que ellos están haciendo es operando las instrucciones del presidente de la república.

El presidente debería escuchar otras señales, por ejemplo las de sus propios colaboradores, que desde hace meses resienten el empoderamiento de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, a quien va dirigida, claramente, la carta de renuncia de Germán Martínez al IMSS, documento que ayer sacudió a la opinión pública.

Buenrostro estuvo hace meses a punto de ser corrida de Hacienda. Su jefe, Carlos Urzúa, le reclamó el envío de un oficio que definía a distintas dependencias recortes específicos. Esa instrucción provocó distintos reclamos en el gobierno, y Urzúa llamó a cuentas a su subalterna. Ésta salvó el cuello al prometer que no se saltaría de nueva cuenta las trancas, pero en las semanas subsiguientes, antes que cumplir lo ofrecido al secretario ha logrado que el presidente deposite en ella más poder de decisión, lo cual ha derivado en parálisis del gasto y en negociaciones bizantinas sobre la reestructuración gubernamental emprendida por AMLO.

Hoy ha quedado al desnudo la disfuncionalidad del modelo concentrador del presidente López Obrador. La carta de renuncia de Germán Martínez debe ser leída no como el anticipo de una crisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino como un diagnóstico puntual de lo que ha de ser corregido por el presidente si no quiere que su administración tropiece con su propio pie.

Los motivos esgrimidos por Martínez permiten varias lecturas. Más allá de discursos oficiales, por supuesto, desveló que la marcha de la inversión en infraestructura en el IMSS está en 0%, que al instituto se le regatea presupuesto para la atención de los más pobres, que el personal del instituto está castigado en número y remuneraciones, y que el abasto de medicamentos vive al filo de la navaja. Por delicado que sea ese diagnóstico, atribuible a decisiones donde interviene Buenrostro, es tan sólo uno de los componentes de la carta.

Destacaría 2 más: Martínez advierte en su renuncia que si al IMSS se le quitan, cosa que instruyó Buenrostro en un memorándum fechado el 29 de abril, sus delegados, se vulnera de grave manera la capacidad recaudatoria del instituto y la prestación de los servicios a los derechohabientes. Esto sin contar que un superdelegado nombrado por AMLO no tiene las facultades para nombrar un delegado del IMSS dado que este organismo tiene una composición tripartita, que le confiere gobierno propio, incluidos los mecanismos para nombrar a sus delegados estatales.

Y, 2o., el hoy exfuncionario advierte claramente que hay una intención de desviar dinero del IMSS a otras funciones. Si damos por sentado que los programas sociales del gobierno sí tienen presupuesto, es fácil leer entre líneas que a lo que Martínez se refiere es a Pemex: quitar dinero a atención médica para meterlo a comprar gasolina no suena muy "primero los pobres" que digamos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede desoír a sus críticos cuanto quiera. Pero no debería desatender la carta-renuncia de Martínez, quien incluye en ella gestos de fraternidad hacia el mandatario. Porque al final, no sería raro que el presidente tuviera razón cuando ayer también decía en la mañanera que los columnistas a veces ni en nuestra casa tenemos influencia.

Sin embargo, el real peligro para el gobierno, y por consiguiente para el país, está en decisiones que, aunque cargadas de buenos propósitos (combatir la corrupción y el dispendio), pueden atascar la marcha de la administración. Decisiones como las que se achacan a Buenrostro, a quien López Obrador escucha en demasía.

Primera llamada, primera. Ojalá el presidente sepa conjurar errores de su equipo que podrían dañar severamente a su administración... desde el corazón de la misma.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció por 1a. vez que durante el momento más crítico de la lucha contra el "huachicol" o combate al robo de diésel y gasolina, las reservas de combustible en México llegaron a disminuir al grado de que sólo había disponibilidad para una semana.

"¿Se acuerdan cómo estaba la crisis? Llegamos a tener la mitad en el país de gasolineras sin abasto, ya tenemos. Algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica, también porque tiene uno que andarse cuidando porque a los conservadores no les importa nada, qué les va a importar que le vaya mal al país", dijo AMLO.

AMLO precisó que no es un sólo asunto económico, sino que se trata de un tema de seguridad nacional y de soberanía, cosa que los conservadores no alcanzan a entender.

"Por eso también la prudencia en las relaciones internacionales, imagínense que en una circunstancia así, toco madera, decidan no vendernos gasolinas, ¿Aguantaríamos? Ah, y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa", sostuvo.

Fabián Rosales Ortega, director científico del Proyecto Binacional México-Estados Unidos del Telescopio de San Pedro Mártir, dijo que la política de austeridad implica recortes importantes en la operatividad de los 27 centros de investigación científica y despidos de personal calificado, lo que representa un "duro golpe" para sus tareas.

Las afectaciones por los recortes al presupuesto del sector salud, que incluyen falta de médicos y enfermeras, escasez de medicamentos, reducción de apoyos a pasantes e incluso la cancelación de aire acondicionado, se han extendido ya a hospitales de 24 estados.

A la situación crítica que vive el sector en Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México, se sumaron Durango, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Querétaro, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima y Sonora.

La delegada del Issste en Durango, Patricia Herrera, aseguró que el instituto atraviesa por un momento crítico, ya que no cuentan con los medicamentos ni el personal médico y administrativo suficiente.

El abasto de medicinas, dijo, ha pasado de 97% a 80%, poniendo en riesgo incluso a personas trasplantadas, por lo que alertó que de no solucionarse este problema "entraríamos a una situación grave".

Del personal dado de baja suman, hasta el momento, alrededor de 100 plazas importantes, porque anteriormente no se tocaba el área de enfermería ni a médicos; no obstante reconoció que la operatividad de los hospitales no se ha visto afectada.

Los recortes del gobierno federal en el sector ya impactan a hospitales y clínicas de San Luis Potosí, con la reducción de 50% de los apoyos a médicos y enfermeros pasantes hasta el suministro de medicinas, que está garantizado solo 70%.

En Yucatán, la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se resiente, por ejemplo, en la cancelación del uso de clima artificial en diversas áreas de los nosocomios, como el Hospital Regional del Issste en Mérida, justo cuando las temperaturas alcanzan hasta los 52 grados de sensación térmica.

El más golpeado por los recortes es el personal de hospitales públicos, principalmente de 59 centros de salud urbanos y rurales en Quintana Roo, donde 45% de los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud no serán recontratados y al menos 45 ya fueron retirados de sus funciones, mientras que otros 246 que laboran para el esquema Prospera seguirán en su cargo hasta el 31 de diciembre.

Desabasto de 50% en antirretrovirales, falta de fármacos oncológicos, abasto en farmacias de poco más de la mitad de materiales e insumos y suspensión de contrataciones de personal eventual para cubrir vacaciones e incapacidades, son algunos de los problemas que enfrentan clínicas y nosocomios de la Secretaría de Salud de Veracruz.

La disminución de 30 millones de pesos al presupuesto del sector en Baja California Sur afecta la operatividad de la atención básica a las familias de las zonas rurales, aseguró el secretario de Salud, Víctor Flores.

En Tabasco, aunque el suministro de medicamentos se está regularizando, en enero fueron despedidos 500 trabajadores adscritos al Seguro Popular, mientras que trabajadores de vectores denuncian la falta de pagos.

Por estos recortes, Querétaro ha dejado de recibir de la federación 50 millones tan solo del programa social Prospera, que han tenido que absorber las arcas estatales. Si bien no ha habido una disminución presupuestal en el rubro de medicamentos, sí hay retrasos en la entrega de estos.

Tras el desabasto de medicamentos en 11 hospitales de Chihuahua, a mediados de este mes, el Hospital General de Ciudad Juárez se vio forzado a suspender el servicio de urgencias por más de 36 horas, atendiendo solo a pacientes con "código rojo".

Personal del Instituto Chihuahuense de Salud también denunció que el sector hospitalario presenta desabasto de medicamentos y material de curación, sin contar los impactos negativos a las prestaciones de médicos.

Autoridades de Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Sonora también aseguran que atraviesan por una situación complicada debido a que el suministro de medicamentos y otros insumos está garantizado en el corto plazo.

En el caso de Baja California, pese a que el gobierno federal incrementó el presupuesto del sector, solo llegó 20% de esos recursos, lo que impactó en la prestación de los servicios médicos y ha obligado a que las operaciones sean reprogramadas.

Aunque la Secretaría de Salud de Colima informó que hasta ayer no se le había notificado de un recorte en el presupuesto, reconoció que sí hay carencia de personal, principalmente en el Hospital Materno Infantil, donde hacen falta 191 plazas.

El director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, anunció esta mañana que deja el instituto y acusó a la Secretaría de Hacienda de servir en los hechos al neoliberalismo.

"Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social", dijo en una carta publicada en el sitio oficial del Instituto.

"El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'", sostuvo.

"Claro que el IMSS -agregó- se debe transformar, como lo ordena el presidente. En el IMSS no se desobedece al presidente. Sólo creo que el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan en el IMSS", señaló.

Germán Martínez también dijo que algunos funcionarios de Hacienda "intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de 'delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS".

"Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque este Consejo Técnico y el director general, serán responsables -dice el artículo 276 de la Ley del Seguro Social- de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión", dijo el ex presidente de Acción Nacional, que dejó su partido para unirse a la campaña de López Obrador.

Martínez Cázares cuestiona: "Ese control del gasto tiene 2 consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un 2o. efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor 'gasto de bolsillo' de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento".

"Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano -apunta-. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres".

"El IMSS-BIENESTAR que otorga, como ordenó el presidente López Obrador, medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos recursos que el último año del gobierno anterior, porque le deben más de mil millones de pesos, del llamado 'componente de salud', que le correspondía del desaparecido programa Prospera. Pregunto. ¿Han gestionado los funcionarios de Hacienda la ayuda a los más desfavorecidos que atiende el IMSS?".

(V.periódico El Financiero en línea del 21 de mayo de 2019).

Resultaría ingenuo esperar que la 4T, y en particular el presidente en sus mañaneras, haga un examen riguroso de lo que ocurrió y reconozca que se provocó un efecto indeseado, pero real. La autocrítica, ya se sabe, no es uno de los pilares de este gobierno. Por lo demás, no está dispuesto a echar abajo el programa de estímulos al campo ni los recortes a la Conafor ni a reactivar el Programa de Empleo Temporal.

Ahora bien, más allá de eso, que de por sí es bastante grave, la gran sorpresa de este gobierno no es que haya abrogado la reforma educativa ni las transferencias en efectivo a campesinos, jóvenes y adultos mayores ni su rechazo visceral al NAIM, la gran novedad es que tiene una agenda antiambiental efectiva y sistemática.

Para confirmarlo basta pasar lista:

•Uso de carbón para generar electricidad.
•Termoeléctricas que utilizan combustóleo.
•Parar las subastas de energías sustentables.
•Tren Maya que atenta contra los ecosistemas de la Península de Yucatán.
•Ignorar los estudios de impacto ambiental.
•Refinería Dos Bocas y destrucción de manglares.
•Y etcétera.

¿De dónde viene esa agenda e impulso? ¿Es una cuestión generacional de la gerontocracia? ¿Son intereses amafiados? ¿O es el mismo presidente que considera que la ecología y el cambio climático son modas fifís?

No se puede adivinar. Tal vez sea una combinatoria de varias o todas. Pero hay algo cierto e indiscutible: la fobia a la ecología permea la 4T.

Se aprobó la reforma del presidente López Obrador a la reforma educativa del ex presidente Peña Nieto. Cambios constitucionales que requirieron el concurso de la oposición en el congreso. Pero todo mundo sabe que el destino de la educación en nuestro país no está plasmado en ese texto de reforma educativa, sino en las leyes secundarias que se estarán negociando los próximos 4 meses.

Será la madre de todas las batallas. Estarán en juego todos los postulados y habrá presiones de todos los intereses: juegan la CNTE, Elba Esther, el sindicato, el gobierno, las ONG, Morena y sus aliados, la oposición, los gobernadores.

La diferencia es que en las leyes secundarias va a suceder lo que Morena diga. Como se aprueban por mayoría simple (no se necesitan las 2 terceras partes de los votos camarales), el partido del presidente AMLO tiene todo el sartén por todo el mango.

Y muchos de los especialistas en educación y organizaciones no gubernamentales dedicadas a ello han abrazado la promesa presidencial de que no se devolverá el control de la educación en el país a los rufianes de sindicatos y coordinadoras.

Pero ya quedó claro en la Constitución que, aunque un maestro no dé una, no lo pueden correr del salón de clases.

Pero ya quedó claro que desaparece el órgano encargado de evaluar a los maestros, que estaba integrado por algunos de los más respetados científicos del tema educativo, y se sustituirá por otro cuyos integrantes quién sabe quiénes serán y qué tanto dominen la materia.

Pero ya quedó claro que la nueva "evaluación" es un examen diseñado para que el maestro apruebe siempre, aunque sea pésimo docente.

Pero ya quedó claro que los métodos para contratar maestros y promoverlos se van a negociar con la CNTE y el SNTE.

Pero ya quedó claro que el secretario de Educación le apuesta a la "carrera magisterial", un programa que creó él, de la mano de Elba Esther Gordillo, hace un cuarto de siglo.

Pero ya quedó claro que el presidente quiere que de las escuelas normales donde se aprende a ser maestro haya pase automático a dar clases, sin ninguna evaluación de competencias para ser contratado.

Por algo el SNTE saca desplegados de apoyo a la reforma y llena de elogios al presidente, y la CNTE ya no bloquea el congreso.

Ojalá tanta gente que sabe de educación y confía en la palabra del gobierno federal de la 4T tenga razón, y que sus esperanzas queden plasmadas en las leyes secundarias. Así nadie quedará como "tonto útil" de esta historia.

Hablando de Santa Lucía, hay una noticia en los diferentes medios, que uno de los puntos que se trataron en Tecámac México coincidieron en que hacer el aeropuerto civil nuevo en Santa Lucía provocará escasez de agua potable en las poblaciones cercanas y afectará seriamente los cultivos agrícolas aproximadamente 1,800 hectáreas, ¿será cierto?

Yo no sé si el ingeniero J.M.Riobóo, quien dicen que es tu asesor técnico, se haya dado cuenta de todo esto. Independientemente de los estudios hidrológicos, mecánica de suelos, impacto ambiental, vientos dominantes, nivel de lluvias máximas extraordinarias, que no se sabe si ya se empezaron esos estudios.

Las cabeceras del Aeropuerto de Texcoco fueron proyectadas y calculadas para soportar el impacto de un jet comercial de 4 turbinas y pasaje y carga que son más de 200 toneladas métricas, y de las de Santa Lucía no se ha hecho el estudio de mecánica de suelos.

La cercanía del cerro de Paula hace muy peligrosos los despegues y aterrizajes de los vuelos comerciales, por lo que no es recomendable el cambio del aeropuerto militar por el aeropuerto internacional, eso ya lo sintieron las aerolíneas internacionales.

El cerro de Paula se encuentra a 12 kilómetros de Santa Lucía, tiene una altura de 400 metros y está a 2,695 metros sobre el nivel del mar, los aviones que vuelan actualmente son militares que pesan alrededor de 7.2 ton. y los comerciales pesan 200 ton.

Se requieren 2.5 minutos para recorrer los 12 km de distancia del cerro de Paula, se tendrán que orientar en diferentes direcciones las pistas, además de eso ¿ya tomaste en cuenta todo lo que tendrás que derrumbar para realizar el Aeropuerto de Santa Lucía?

Se detectó que el cerro de Paula afecta las pistas civiles, por lo que se moverán y el costo de la obra subirá 78,500 millones; todavía no entendemos la mayoría de los mexicanos por qué te empeñaste en anular el Aeropuerto de Texcoco que sería un gran activo y apoyo para la economía y el turismo de México, la categoría de ese aeropuerto sería comparable con los mejores del mundo.

Ahora, imagínate todo lo que se va a gastar en derrumbar lo que ya está hecho y que yo creo que no lo han calculado, porque hay unas columnas monumentales de concreto y grandes construcciones ya realizadas.

Se supone que la nueva terminal será inaugurada a finales de 2021 y operará coordinadamente con el Aeropuerto Internacional de México y el Aeropuerto de Toluca, en el gasto habrá que incluir lo que anunció la SCT: un tren que va a conectar el Aeropuerto Internacional actual con Santa Lucía, ¿no sería bueno que le dieran una revisada a los números de los costos y de la conveniencia de todo este plan de construcción de Santa Lucía y de anulación del de Texcoco, todo esto por un capricho de tu ganso?

Realmente no tomaste en cuenta todos los comentarios que hicieron los verdaderos técnicos y los expertos en aeronáutica, que dijeron que no es aconsejable de ninguna forma la cancelación de Texcoco y la realización de Santa Lucía.

En la búsqueda de adeptos, al final de su campaña electoral al Gobierno de Jalisco el año pasado el equipo de campaña del empresario distribuidor de medicinas Carlos Lomelí Bolaños tuvo una idea genial: promover el voto usando el acrónimo de Amlomelí para transmitirle a los electores que López Obrador y él eran uno mismo. No le alcanzó, pero sacó más votos de lo que él mismo esperaba.

Después de los datos dados a conocer a partir de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la simbiosis entre el hoy Presidente de la República y su hoy delegado especial en Jalisco puede cambiar radicalmente. El empresario distribuidor de medicinas, quien ha sido señalado por ventas a sobre precio al sector público, eso que Andrés Manuel ha calificado en más de una ocasión como un crimen con el pueblo, aparece ahora como proveedor del sector salud nacional y en Veracruz con asignaciones directas por más de 164 millones de pesos.

El caso de Lomedic -la marca principal del súper delegado- y sus filiales son un claro ejemplo del comportamiento de las empresas proveedoras el sector público. Como lo demuestra el reportaje, lo que ha hecho el súper delegado en Jalisco es abrir diferentes razones sociales usando a parientes y allegados como prestanombres para simular concursos. En el caso concreto de este grupo de empresas de venta de medicinas no se nota demasiado cuidado o preocupación para encubrir las relaciones: todas tienen el mismo domicilio, unas con interior 1 y otras el 2, y operan de manera grupal. El escándalo más conocido recientemente es el de Abisalud, una empresa acusada por vender a sobreprecio y por incumplimiento de contrato como proveedor del Instituto de Pensiones del Estado. Lomelí, que como San Pedro en campaña negó 3 veces su relación con esta empresa, hoy no tiene empacho es gestionar a nombre de ésta cobros con sus antiguos aliados de Movimiento Ciudadano. Por si fuera poco, su sobrino era el representante legal de ella hasta hace unos meses en que López Obrador obligó a todos sus funcionarios a presentar su declaración 3 de 3.

Cómo trate López Obrador este caso, mostrará si existe un doble rasero en el trato a la corrupción y a lo que él llama el capitalismo de cuates. No estamos hablando de lo que sucedió en épocas de los corruptos gobiernos neoliberales sino en el suyo propio. No se trata de viejos asuntos de sus aliados políticos y de guerra sucia, como considera el presidente el escándalo Bejarano, el hombre de las ligas, sino de asuntos recientes de un funcionario de su gobierno haciendo negocios con prestanombres.

Dicho de otra manera, vamos a ver si Amlomelí es, como en la campaña, una sola cosa o, como se comprometió el presidente en su toma de posesión no meterá las manos al fuego ni por sus parientes.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de mayo de 2019).

Carlos Lomelí, súper delegado en Jalisco, ave de tempestades y 2 veces listado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como dueño de empresas vinculadas al crimen organizado.

Mírenlo, allí anda en la política, con sus escandalitos de vez en cuando, pero repartiendo subsidios del gobierno federal en Jalisco y ganando licitaciones millonarias como parte de su labor "filantrópica" para dotar de insumos de salud al IMSS.

El senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) advierte que algunos empresarios "no se han dado cuenta de que México ya cambió, que no creen en el proyecto de transformación y que posiblemente están actuando en contra todos los días".

Ojalá se incorporen a esta transformación y dejen de atacar al presidente, al gobierno, al sistema; más les vale, por el bien de su fortuna; de sus negocios, también.

"De esos empresarios, 2 son el 2o. y el 3er. hombres más ricos de México, que están en contra mía, del Sindicato Minero, de la clase trabajadora y del país".

Residentes de los 12 pueblos originarios de Tecámac que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía denunciaron que inmobiliarias y desarrolladores amenazan a los propietarios de tierras cercanas para que vendan los predios en los que se contempla edificar parte de la infraestructura.

Alertaron que supuestos integrantes de organizaciones delictivas los pretenden extorsionar con el dinero que obtendrán por la venta de sus parcelas, pero muchos de ellos aún no concretan la comercialización de las mismas.

Durante un foro en la comunidad de Los Reyes Acozac, los habitantes expusieron que en el proyecto de Santa Lucía los únicos que se beneficiarán serán los empresarios inmobiliarios, los de turismo, así como los inversionistas extranjeros y de gran capital en México, pero no los pobladores locales.

Los participantes del debate, en el que intervinieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Colegio Mexiquense, expusieron que el Gobierno de la República oculta los impactos negativos que traerá para la región un proyecto de esa magnitud.

"La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) representa para la cuenca de México, y particularmente para nuestros pueblos originarios y colonias populares que quedamos dentro de su área de impacto directo, un proyecto de devastación ambiental, destrucción, despojo y muerte".

Alertaron de que la edificación y operación del aeródromo empeorará las condiciones de vida de los vecinos de esa zona.

"Nuestra región ha jugado un rol de amortiguamiento ecológico, debido al suelo agrícola y a que su vegetación, por mínima que sea, captura el bióxido de carbono y demás contaminantes, al tiempo que oxigena el ambiente".

De concretarse la construcción del aeropuerto, su lugar será ocupado por vehículos que arrojarán gran contaminación al ambiente, aunada a la producida por los aviones mediante la quema de turbosina y el ruido de despegues o aterrizajes, indicaron en el documento.

El funcionamiento de la terminal aérea en la cuenca Cuautitlán-Pachuca, donde está asentada Santa Lucía, provocará escasez aguda de agua, así como otros daños: "Los pueblos de San Miguel Xaltocan, Reyes Acozac y Santa María Ajoloapan (...) quedarán sometidos a condiciones que afectarán su salud".

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno federal deben transparentar los costos y pérdidas económicas y financieras del desabasto de gasolinas suscitado a inicios de este año, pidió Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Este problema afectó a varios estados del país, entre ellos Jalisco. De acuerdo con la iniciativa privada, las pérdidas ascendieron a 5,000 millones de pesos.

"Es 10 veces más el costo de utilizar pipas que los ductos para transportar gasolina. Todavía no queda claro en Pemex cuál va a ser el impacto económico de los desabastos (...), no lo ha hecho público hasta la fecha y no lo ha podido explicar", indicó el legislador.

Además, cuestionó las informaciones que han dado Pemex y la Secretaría de Energía respecto a los resultados de la lucha contra el huachicol o robo de combustible, argumento oficial para cerrar los ductos.

"Las tomas clandestinas están más altas ahora que hace un año y que nunca, y Pemex da un dato desconcertante: se ha reducido el robo de combustible en 90%. Pero no dan una cifra de número de litros, no explican por qué crece el número de tomas clandestinas y disminuye el número de litros robados".

La contingencia ambiental que aparentemente ya termina fue una sacudida para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En la opinión pública fue un corte de caja de casi medio año de gobierno. Reprobó en la evaluación.

El descontento por su respuesta a la crisis ambiental provocó que no solo se hablara de una pobre gestión en esa coyuntura sino también de lo que se percibe como una parálisis ante la inseguridad sin control en la ciudad.

La lluvia de críticas marcó claramente el fin del periodo de gracia que le permitía acudir a la coartada de culpar a las administraciones pasadas.

Si a la 4T se le ha desgastado el recurso a nivel federal, en el caso de la ciudad está terminado. No se puede esconder que Sheinbaum y el mismo López Obrador son parte de ese pasado al que se pretende culpar. Son 22 años de PRD-Morena en el poder.

La mujer que presumió en campaña su formación como científica fue vapuleada en redes y medios tradicionales cuando quiso explicar el fracaso ante su 1a. gran crisis con un triste: "La administración pasada no nos dejó protocolos".

También quedó claro que asumir a su gobierno como una dependencia del proyecto nacional de López Obrador es inviable. El presidente no vendrá a salvarla de sus problemas. Y en este caso, al contrario: los recortes a rajatabla de presupuestos como el de la Comisión Nacional Forestal le hicieron más difícil la vida y pusieron en evidencia su falta de previsión frente a condiciones esperables en esta temporada. Ni siquiera había tocado la puerta federal para nombrar al responsable de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, tema del que al parecer ni se acordaban en Palacio Nacional. En Semarnat parece que ni sabían de su existencia.

Esta semana, podría decirse que comienza el gobierno de Sheinbaum sola. La inseguridad y la contaminación no esperan. Apostar con fe a que AMLO le mande la solución con la Guardia Nacional ya no es opción.

Veremos qué medidas anuncia el miércoles sobre el Hoy No Circula y las verificaciones. Sobre la creciente inseguridad, es tiempo de que entienda que el esquema de cuadrantes aplicado hace más de 12 años por AMLO ya no sirve. Y que la policía y la procuraduría están rebasadas. Las cabezas, como se ha visto en varios casos recientes, no controlan ni a los suyos.

Mención aparte merece el hecho de que los temas ecológicos no despierten la pasión del nuevo presidente. En su lógica, las apremiantes necesidades de los pobres no están para permitirnos reivindicaciones propias de un país rico. La generación de energía alternativa es aún más costosa que la tradicional al corto plazo, y él tiene prisa por sacar al buey de la barranca. El problema, y hoy lo estamos viendo, es que los desastres suelen cebarse con mayor crueldad sobre los desamparados. Inundaciones, sequías, incendios, huracanes y temperaturas extremas son un incordio para los ricos pero una verdadera tragedia para los pobres. Esperemos que la realidad misma lleve a reconsiderar la atención a la agenda de temas verdes a lo largo del sexenio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 14 de febrero en Palacio Nacional que ni las estancias infantiles, ni los centros de desarrollo infantil (Cendis) ligados al Partido del Trabajo tendrían recursos federales.

"¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no les vamos a dar a las estancias infantiles? Porque se les va a dar a los padres. Los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad", fueron las palabras del mandatario es esa ocasión.

Dentro de todo, lo que decía el presidente sonaba razonable. Habiendo cancelado, sin miramiento ni evidencia pública de corrupción a gran escala, el programa de estancias infantiles de la Sedesol, lo menos que se podría esperar es que con igual rasero fueran tratados los 80 Cendis que opera el PT en el país, centros en los que, ahí sí, ha habido denuncias de corrupción y hasta lavado de dinero.

Pero en cosa de 2 meses el panorama es muy distinto. El 8 de mayo líderes y representantes del PT visitaron al secretario de Educación Esteban Moctezuma con quien, según los petistas, acordaron la "regularización" de los Cendis.

De eso dieron cuenta los petistas y la reportera Galia García confirmaría la semana pasada, a través de una entrevista con el senador petista Joel Padilla, que el gobierno de López Obrador estaría a punto de destinar 800 millones de pesos para los Cendis del PT.

Tras la publicación de ese reporte, de gira por Nuevo León el presidente confirmó que regularizar eso centros fue un compromiso de campaña y que pasarán a formar parte de la SEP.

¿Qué pasó en unas cuantas semanas como para que López Obrador diera un giro que, en efecto, cuestiona su autoridad moral? Y, otra pregunta, ¿qué quiere decir el gobierno con regularizar los Cendis?

Sobre la 1a. pregunta hay quien señala que no es casual que la cita del 8 de mayo entre SEP y PT se haya dado en consonancia con las negociaciones de la reforma educativa.

Se antoja difícil creer que López Obrador cedió a un chantaje del PT. En todo caso, la alianza entre AMLO y el PT es añeja, y suena más bien a que la frase del 14 de febrero era hueca.

Salvo que según una versión consultada, la SEP ya tenía otro destino para la partida U031, que contiene 800 millones de pesos y que lleva por nombre "Expansión a la educación inicial".

Según esa versión, la SEP ya tenía definidos lineamientos y la Matriz de Indicadores Para Resultados del uso de esa partida, y que precisamente porque los Cendis del PT no se ajustan a tales normativas fue que se hizo necesaria una reunión con Moctezuma para negociar lineamientos a la medida.

En todo caso, asistimos al cierre de un ciclo de lo que pudo ser un capítulo de rendición de cuentas y ahora será un caso más de presunta impunidad.

Porque a finales de 2017 la ciudadanía fue informada de que la Auditoría Superior de la Federación había encontrado cuantiosas irregularidades en la operación de los Cendis y la extinta PGR anunció que investigaba un presunto lavado de dinero por 100 millones de pesos que involucraba al líder nacional del PT, Alberto Anaya.

El PT dirá que lo de la PGR fue una represalia del PRI-gobierno por la decisión del Partido del Trabajo de aliarse con López Obrador rumbo a las elecciones en 2018. Esa versión, sin embargo, no aclara las observaciones, no subsanadas, de 77 millones de pesos que en su momento denunciara la ASF. Basta además meterse a Google para encontrar múltiples denuncias de Cendis del PT que costaron 15 o 30 millones de pesos y nunca abrieron sus puertas. Y resta la 2a. pregunta. ¿Qué significa regularizar los Cendis?

El PT asegura que eso quiere decir que el gobierno basificará a los maestros que ahí laboren. Si eso fuera verdad, ¿significa que López Obrador pagará a maestros y cualquier personal de los Cendis, que no son otra cosa que una red de negocios del PT? O sea, ¿ahora los gastos de esos centros se pagarán con recursos públicos a pesar de que se trata de asociaciones civiles y órganos controlados por el Partido del Trabajo?

El compromiso de López Obrador de no permitir la corrupción tiene un pendiente en el caso de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en los Cendis. En vez de abocarse a ello, el presidente ha prometido más recursos para esos negocios particulares. Pues qué le deberá el tabasqueño a los del PT que no duda en comerse sus palabras y poner en entredicho sus promesas.

El delegado estatal, Carlos Lomelí fue ligado a una red farmacéutica conformado por 9 empresas, que han ganado contratos millonarios por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por más de 164 millones de pesos.

Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), detalló que dichas compañías, de las cuales el funcionario sólo reconoce como propias 4 de éstas, han compartido socios, apoderados legales, representantes y un domicilio ubicado en el municipio de Zapopan.

Una de estas empresas, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), ha recibido en lo que va de este año más de 164 millones de pesos adjudicados por el gobierno federal, a través de 7 contratos públicos, además firmó un contrato con el gobierno de Veracruz, del morenista Cuitláhuac García, en diciembre de 2018 por la cantidad de 36 millones de pesos.

Estos acuerdos han sido para la compra de Paracetamol, Levetiracetam, un anticonvulsivo, además de material de curación.

"6 de las contrataciones de Abisalud en 2019 fueron otorgadas bajo la modalidad de adjudicación directa, es decir que no tuvieron competencia al momento de ser elegidos para surtir medicamento y materiales de curación al sector salud'."

Al frente de Abisalud han estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, ex secretario y sobrino de Lomelí.

El reportaje señala que existen otras 8 empresas en las que han participado 11 familiares y colaboradores cercanos al empresario; se trata de Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío, de éstas, sólo las primeras 4 aparecen en la declaración 3de3 de Lomelí, presentada en febrero pasado.

En todas estas empresas colaboran las mismas personas: su ex esposa, Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí, además de su actual esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, los tíos de ésta Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.

"Actas del Registro Público de Comercio (RPC), obtenidas por MCCI, muestran que algunos de estos personajes han llegado a figurar en el mismo mes tanto en empresas que Lomelí reconoce como propias, como en aquellas con las que no reconoce relación alguna", relataron.

Mexicanos contra la Corrupción mencionó que varias de estas compañías comparten un domicilio ubicado en la calle Chicle número 205, en la colonia El Colli.

El super delegado rechazó dichos señalamientos y aseguró que ninguna de las empresas en las que participa intervendrá en licitaciones gubernamentales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a unas 300 personas lanzó un reclamo: les dijo que nada de perder el tiempo en la hamaca y tampoco de estarse autoengañando con la siembra de árboles.

Externó su molestia por aquellos que en lugar de trabajar y aprovechar el pago de 5,000 pesos mensuales por el programa Sembrando Vida, se pasan el tiempo tomando cerveza, aguardiente y hasta refrescos.

Un juez de distrito concedió la suspensión definitiva a favor de 5 estancias infantiles del Estado de Guerrero, por lo que dichos centros de atención deberán recibir los apoyos que suspendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El senador Manuel Añorve Baños informó que las 5 resoluciones, del juez 3o. de Distrito en Guerrero, son las primeras que se conceden con carácter definitivo.

López Obrador canceló la aplicación del programa de estancias Infantiles en el país, lo que dejó sin recursos públicos la operación de estos servicios.

En uno de los frentes de protesta de padres de familia y prestadores del servicio, en que el senador Añorve Baños brinda gestiones de atención, en este caso jurídica, se reportan 154 estancias infantiles por las cuales se ha solicitado la acción de la justicia.

Están en curso las acciones sobre 3 amparos colectivos, y se han presentado solicitudes de 46 amparos individuales, de los cuales 26 han recibido la suspensión provisional.

El fallo del juez, que es definitivo, subrayó el senador Añorve, tiene entre sus efectos que las estancias infantiles puedan continuar la prestación de sus servicios.

Con cargo al erario del Congreso del Estado, el diputado local de Morena -con licencia- Víctor Manuel Morán Hernández gastó en farmacias, refacciones para auto, comidas y hasta en una caja fuerte.

Morán Hernández, quien es cercano al candidato morenista al gobierno de Baja California Jaime Bonilla, hoy busca la reelección para el congreso local por el 8o. Distrito, con sede en Tijuana.

El diputado, quien en la 22 Legislatura del Congreso del Estado fue presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, gastó cerca de 3 millones de pesos en servicios para sus autos, comidas, supermercado, medicamentos, honorarios de dentista y hasta una operación estética para algún familiar, entre otros.

Las facturas demuestran la compra de una caja fuerte por la que se pagaron 6,966 pesos en una cadena de almacén de nivel nacional. Se encuentran también pagos en restaurantes por más de 4,000 pesos, lo mismo que en farmacias, donde llegó a facturar hasta 5,118.22 pesos.

En diciembre pasado, Víctor Morán solicitó licencia para separarse del cargo como diputado y se convirtió en secretario técnico del Sistema de Coordinación de Seguridad Pública Federal en Baja California. Hoy busca la reelección para el congreso local.

En tanto, ayer se dio a conocer que Eduardo Darío Arballo Torres, representante propietario de Morena ante el Distrito Electoral con sede en Playas de Rosarito del estado, cuenta con antecedentes penales por delitos federales contra la salud.

La entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) reportó en un comunicado de prensa que en noviembre de 2002 las autoridades estadounidenses deportaron y entregaron a Arballo Torres al gobierno de México para que continuara su proceso legal.

La antigua Tenochtitlan sigue estando para llorarla todos. Es muy hermosa, imponente y envidiable, pero le sobra gente, baches, gobierno burocrático, corrupto y deficiente, contaminación e inseguridad. Su actual jefa de Gobierno es una comediante divertida, pues de la crisis actual de saturación ambiental culpa a las administraciones pasadas, olvidándose que ella misma tuvo a su cargo la Secretaría de Medio Ambiente, de 2000 a 2006 (el burro hablando de orejas), antecedida por Alejandro Encinas y sucedida por Martha Delgado (prietitos del mismo arroz, entonces amarillo). ¿Crisis de memoria?

Externar una crítica u opinión negativa hacia algunas decisiones y planes del nuevo gobierno y luego de ello sostener una conversación respetuosa e inteligente con simpatizantes de AMLO y de Morena se ha vuelto cada vez mas difícil y en algunos casos imposible.

Piensan equivocadamente que quien critica al presidente y funcionarios del gobierno actual no le importan los millones de mexicanos pobres que viven en condiciones deplorables y cuyas necesidades han sido siempre el centro de los discursos y promesas político-electorales, ni que su atención haya sido postergada en aras de un desequilibrado desarrollo económico y social que sin duda ha beneficiado a los menos.

Pero en lugar de ver con objetividad si las críticas y opiniones negativas son fundadas, y en su caso reconocer los errores u omisiones que señalan, califican a los críticos como individuos inconscientes, socialmente irresponsables o cómplices de la corrupción, asumiendo que su fin es mantener condiciones y privilegios del pasado a costa de millones de pobres y socavar las buenas intenciones de un gobierno que recién comienza y ha prometido ser diferente.

La mayoría de las opiniones y críticas que se hacen son bien intencionadas, y se emiten con el único fin de que quienes toman las decisiones las escuchen, evalúen su sustento, en su caso corrijan rumbos que se consideran o demuestran equivocados, y de esa manera contribuir al logro de los objetivos comunes en los que todos coincidimos: reducir los niveles de pobreza y marginación y acabar con la corrupción y la inseguridad.

Si coincidimos en los objetivos, las discusiones deberían centrarse sólo en los métodos para lograrlos, dejando de lado el encono, las divisiones y descalificaciones.

Pero las cosas en torno a la 4T hasta ahora no han sido así. En lugar de escuchar las críticas con madurez y discutir con objetividad alternativas y mejores prácticas, las respuestas del gobierno y sus simpatizantes son cínicas, burlonas o agresivas, acusando a los críticos y opinadores de los medios de comunicación de ser defensores de privilegios a costa de los más pobres, cómplices de la corrupción y enemigos del cambio. Y mientras los críticos son etiquetados como enemigos del pueblo, los fans de la 4T se consideran a sí mismos paladines de los pobres y de las causas nobles.

Lo que hay que defender son principios y valores que nos hacen ser mejores individuos y mejor sociedad, y no personas, partidos o instituciones que se alejan de ellos, o que en la teoría los sostienen y en la práctica los traicionan. Lo anterior se resume en una sola palabra: congruencia, lo cual no parece ser una fortaleza de AMLO y su 4T.

La crítica fundada y respetuosa, en lugar de incomodar, debe verse como la oportunidad para revisar lo que hacemos, y si los argumentos, conocimientos y experiencias de otros nos hacen ver errores, lo que procede es dejar el orgullo a un lado y corregir el rumbo.

No hacerlo es una tontería que habla de necedades, caprichos o venganzas, o de inconfesables intereses ocultos detrás del discurso.

El 1er. y 2o. tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a 8 comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) y ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado contra la consulta ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM, ante la posibilidad de que se hayan violentado sus derechos.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, el acto reclamado de las comunidades es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones sobre el proyecto mediante una consulta pública.

El martes anterior los tribunales federales resolvieron las quejas 62/2019 y 55/2019 presentadas por los pueblos de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damián Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra el desechamiento de los amparos que promovieron el pasado 18 de febrero.

Ayer por la noche, circuló un video donde una maestra le reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Conacyt retiró recursos para apoyar a jóvenes estudiantes de la Olimpiada de Matemáticas.

En la breve discusión, la maestra señaló que "Conacyt le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país y representar a México". Mientras que el presidente sólo negó la falta de recursos y aseguró que investigará el caso.

Sin embargo, durante el 1er. trimestre del año sí existió una carencia de financiamiento para la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), así como para una docena más de academias científicas, debido a que Conacyt no emitió a tiempo la convocatoria que apoya a estos organismos.

Históricamente, Conacyt apoyaba a las academias científicas del país con el "Programa de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" que les permitía realizar olimpiadas, talleres, programas de investigación y concursos académicos pero con la llegada de la nueva directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se optó por no lanzar este apoyo.

El 28 de enero, EL UNIVERSAL informó que debido a estas acciones la Academia Mexicana de Ciencias se vio obligada a suspender todas sus programas durante el primer trimestre, pues no contaban con los recursos necesarios para operar. La situación era muy similar para otras organizaciones como la Sociedad Mexicana de Física, la Academia de Ingeniería, así como la SMM.

Ante la presión mediática que causó la suspensión en la Academia Mexicana de Ciencias, Conacyt reculó y anunció que sí entregarían los recursos pero sólo se extendería seis meses (para algunas sociedades se les designó un periodo más corto). "Hemos decidido articular un nuevo plan de vocaciones científicas al cual invitaremos a todas las academias y sociedades científicas a sumarse", comentó la directora Álvarez-Buylla, el 6 de febrero durante su 1a. conferencia de prensa.

Para la Sociedad Matemática Mexicana, Conacyt ya otorgó presupuesto para ejercer sólo de abril a junio. El reclamó que hizo la maestra al presidente es de un concurso que se realizó en Ucrania, en abril, pero cuando se efectuó la competencia aún no llegaba el financiamiento.

En Twitter, la SMM informó que no tienen recursos asignados para asistir a la Competencia Internacional de Matemáticas que se celebrará en julio, en Sudáfrica. Además de que han solicitado apoyo a Conacyt para asistir a la Olimpiada Iberoamericana pero no han tenido respuesta.

"El nuevo esquema de Conacyt de proyectos específicos y no uno anual para las sociedades cientificas, nos deja en la incertidumbre", explicó la SMM, en Twiiter.

También puntualizaron que la maestra que "encaró al presidente no pertenece a nuestra comunidad olímpica, pero le agradecemos haber puesto el tema en la mesa".

Paco Calderón
(16 de mayo de 2019).

Falta que el gobierno federal cumpla con todo lo prometido, pues el presidente ha hecho más compromisos de los que puede cumplir en el presupuesto.

Fiel a la línea dictada desde la mañanera en Palacio Nacional, el secretario de Gobierno de Veracruz, el morenista Eric Cisneros, lo ha dejado claro para los periodistas: están con su jefe, el gobernador Cuitláhuac García, o... ¡están con el crimen organizado! O sea, que el que critica al gobernador puede ser considerado criminal. Vaya, vaya. Su brutal irresponsabilidad destaca en un estado tan violento y con tantas muertes de periodistas en la impunidad. Luego dijo que se le sacó de contexto. Ajá.

El presidente presume como logro el nivel del peso frente al dólar, pero no dice que en realidad se debe a que el dólar está débil frente a todas las monedas del mundo y a que México paga una tasa de interés altísima por invertir en pesos aunque sea unos días. No acierta en explicar por qué el PIB mexicano decrece (números rojos) cuando uno de sus principales motores, la economía estadounidense, está registrando tasas de crecimiento récord.

Un total de 189 estancias infantiles, de 358 registradas en Sinaloa, obtuvieron amparos de jueces federales que obligan a la Secretaría de Bienestar a entregarles los subsidios por cada niño que atienden, en forma retroactiva de enero al mes de abril. El triunfo en los juzgados federales se suma a los amparos conseguidos en los estados de Chihuahua y Querétaro.

En 1995 Andrés Manuel López Obrador pidió a los tabasqueños dejar de pagar la electricidad como protesta por el presunto fraude que sufrió en las elecciones de 1994 para el gobierno del estado. Muchos lo obedecieron y Tabasco se convirtió en el estado con mayor robo de electricidad en la república. Cuando algunos gobiernos y la Comisión Federal de Electricidad intentaron impulsar programas de pago, López Obrador se opuso, pero en su campaña de 2018 prometió que, en caso de ser electo Presidente, habría borrón y cuenta nueva.

Este 14 de mayo la CFE anunció el programa "Adiós a tu deuda" con el que condonará los adeudos de los usuarios morosos de Tabasco... solo de Tabasco. El plan busca beneficiar a 500,000 tabasqueños y, según el gobernador Adán Augusto López Hernández, tendrá un costo de 11,000 millones de pesos. Además, los tabasqueños tendrán acceso a una tarifa de electricidad más baja que la que pagan la mayoría de los mexicanos.

Con este anuncio López Obrador está demostrando que cumple sus promesas de campaña, aunque sean injustas. El boicot al pago de electricidad ha sido ejemplo de cómo un político puede manipular a los electores para hacer daño a una empresa del Estado con el fin de beneficiarse en lo político. También reveló que la visión de López Obrador sobre el robo de bienes públicos es muy sesgada. Robar combustible a Pemex es malo, porque se está despojando al Estado y a los mexicanos, pero robar electricidad para apoyarlo a él es bueno porque la causa justifica el delito.

López Obrador está mandando también el mensaje de que no es un verdadero liberal. Uno de los principios fundamentales del liberalismo es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El presidente está dejando claro que en su visión algunos son más iguales que los demás. En este caso, los tabasqueños, o los tabasqueños seguidores de López Obrador que se abstuvieron de pagar la electricidad, tienen derecho a un trato especial de la CFE y del gobierno. Quienes cumplieron con sus pagos de electricidad son simplemente estúpidos.

Los tabasqueños morosos están felices con el regalo del líder, pero el resto de los mexicanos sabemos que el costo lo pagaremos los demás. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del Estado y los mexicanos somos los dueños. Sus pérdidas las tenemos que cubrir nosotros.

Preocupa que un líder político pueda hacer un llamado al robo de un bien público, como la electricidad, y al llegar al poder perdone ese mismo robo. Supongo que ahora podrá surgir un político que incite al robo de gasolina como protesta por agravios reales o fingidos y que prometa que cuando llegue a la Presidencia condonará las faltas cometidas al amparo de su llamado.

López Obrador ve la moral como un árbol que da frutos distintos dependiendo de la ideología. Para él, los robos de electricidad son no solo correctos sino que han sido una obligación moral para quienes quieren cambiar al país. En cambio, el hurto de gasolina es inaceptable por el daño que causa a la sociedad.

El presidente nos dice constantemente: "Nosotros no somos iguales. Nosotros somos honestos". Para él, sin embargo, la honestidad depende de la conveniencia. Robar está bien cuando se hace por una buena causa. Los que no roban, en cambio, son deshonestos simplemente por defender una causa con la que él no está de acuerdo.

Parece que a la 4a. Transformación no se le dan las estadísticas. O se le dan muy convenientemente a su favor como ocurre cuando se es gobierno.

Lo decimos porque en la mañanera del presidente este martes, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, informó sobre las fosas clandestinas en el país.

El funcionario reportó que hasta el 13 de mayo habían localizado 222 fosas clandestinas en todo México. Sobre Jalisco, dijo que eran 8 fosas con 20 cadáveres. Sin embargo, el fin de semana la Fiscalía del Estado reportó, sólo en una finca de Zapopan, el hallazgo de 30 cadáveres.

Pues así como.

La nueva idea es la creación de un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuero o similar, suponemos que se llamará) a través del cual le regresará a la gente lo que se incaute al crimen o lo que se recupere de bienes obtenidos por corrupción. El dinero, dice, se invertirá en escuelas, unidades deportivas, ambulancias, etc.

Con todo respeto para López Obrador esto es algo muy similar a lo que propuso Calderón, en el que la mitad de lo incautado al crimen organizado se destinaba a reforzar tareas de seguridad y la otra mitad a espacio público. En Guadalajara, por ejemplo, el parque San Jacinto, en lo que eran unos viejos talleres del ayuntamiento, se hizo con esos recursos. Pero, con todo respeto para Felipe Calderón, la diferencia está en saber hacerlo y saber venderlo: hacer el instituto le permitirá a López Obrador cacarear cada peso que gaste y encima, hacerlo con discrecionalidad legalizada. Podría meterlos al presupuesto, al fondo de capitalización de Pemex, por ejemplo, pero ahí no lucirían nada. Los 1,200 millones con los que dice contar para iniciar este instituto la petrolera más endeudada del mundo se los devora en un mes sin que nadie se dé cuenta. Repartidos por todo el país en pequeñas obras le permitirán reforzar permanentemente su discurso de combate a la corrupción y actualizarlo en beneficios concretos para personas concretas.

El gran problema que tendrá el presidente, como lo han tenido todos, es tener una ley que les permita incautar bienes y convertirlos en presupuesto público. La ley de extinción de dominio, también de la época de Calderón, no termina por ser funcional.

El nombramiento la semana pasada del ex priista y ex alfarista Hugo Rodríguez Díaz como el 1er. delegado presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, coincidió con la 1a. visita que hizo a la entidad Alejandro Rojas Díaz-Durán, ex coordinador de asesores de Ricardo Monreal en el Senado de la República, y quien busca la presidencia nacional de Morena, lo que convirtió a suelo jalisciense en escenario de la desatada lucha por el control del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dirigencia nacional morenista que encabeza Yeidckol Polevnsky eligió al regidor zapopano Rodríguez Díaz de entre al menos otros 10 aspirantes.

Debido al arrastre electoral que logró AMLO en su 3a. campaña por la Presidencia de la República, Morena se convirtió en la 2a. fuerza política del estado y en un partido que muchos quieren como vehículo de acceso al poder.

Así Morena en Jalisco, como en otras muchas entidades en el país tuvo un crecimiento exponencial electoral que rebasó con mucho su capacidad organizativa e institucional que se volverá a poner a prueba en la lucha por la dirigencia nacional.

Para muchos la lucha por la todavía lejana candidatura presidencial de Morena se empieza a jugar en la elección interna de noviembre. En ese sentido, el activismo de Rojas, se observa como un 2o. round entre Yeidckol y el líder de los senadores morenistas, que ya se enfrentaron por la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, cuando Monreal promovió con todo al senador Alejandro Armenta quien impugnó infructuosamente la postulación de Miguel Ángel Barbosa, el candidato de la dirigente nacional.

Paco Calderón
(14 de mayo de 2019).

La persistente incertidumbre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha frenado inversiones y podría provocar una fuga de capitales, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

"Faltan datos certeros y eso confunde y genera un ambiente de polémica y de incertidumbre que permea en el sector financiero y económico de nuestro país, y vemos cómo los inversionistas frenan los proyectos a la espera de más datos, más claridad y más certidumbre. Si la incertidumbre se prolonga podría generar una fuga de capitales", soltó en rueda de prensa el presidente nacional del organismo, Fernando López Macari.

El presidente de la república "no escucha a los inversionistas" y su paciencia "se puede agotar, porque todo tiene un límite y no pueden mantenerse en un impasse. La peor decisión es no decidir, ya que pueden perder dinero y costo de oportunidad", dijo.

Añadió: "El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas están dentro de una polémica nacional donde ha faltado una comunicación adecuada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas, los mercados y la población sobre cómo se pretenden llevar a cabo en tiempo y costo".

Por 2a. ocasión en lo que va del año, el IMEF disminuyó el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, y esta vez previó un Producto Interno Bruto de 1.4% para 2019 (la previsión anterior fue de 1.5%). Para 2020 mantuvo sin cambios su pronóstico, ubicado en 1.8%.

El Instituto resaltó el apuntalamiento de las finanzas de Petróleo Mexicanos (Pemex) con cambios en las reglas de operación del Fondo Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), para volverlo un fondo contra-cíclico, y cambios en el régimen fiscal.

El presidente AMLO repite que está implementando un nuevo modelo económico. Acierta en diagnosticar el fracaso del neoliberalismo mexicano, pero no deja claras cuáles son las reglas y postulados que sostienen su propio modelo, al que, a falta de mejor nombre, podemos apodar ganso-economía.

Lo de ganso tiene que ver con que cada vez que lanza una política pública que parece chocar contra las reglas del mercado, la lógica del pensamiento económico e incluso las recomendaciones de su equipo, la acompaña de la frase: "Me canso ganso". Así, dobla la apuesta a quienes lo cuestionan, se autodefine necio en demostrar su teoría, jura que las cosas van a salir como él promete.

El presidente López Obrador esculpe sobre la marcha su modelo. Algunos de sus mandamientos empiezan a quedar claros:

1. La eficiencia está sobrevalorada. El gobierno apuesta a que sus inversiones generen polos de desarrollo. El objetivo es crear un montón de empleos. Si una refinería puede funcionar con 500 trabajadores, mejor que se haga con 100,000. La rentabilidad no es la prioridad. Queda por resolver quién pagará la ineficiencia deliberada: ¿el actual gobierno en su recta final o de plano el próximo?

2. Autosuficiencia más que competitividad. Lo eficiente es producir menos maíz y más aguacate, pero como "sin maíz no hay país", pues ni hablar. Al aguacate le hizo falta profundidad histórica y una frase pegadora. Otra: lo eficiente es dedicarnos al gas y no a la gasolina, pero al nuevo gobierno le parece una contradicción ser país petrolero e importar gasolinas. El presidente dice que es como si fuéramos productores de naranja pero compráramos jugo de naranja. En sus visitas a los 2,500 municipios del país quizá no reparó en que los agricultores de naranjas no suelen vender jugos y los jugueros no suelen tener en el patio de sus casas árboles frutales.

3. El desarrollismo por encima de la sustentabilidad. La refinería de Dos Bocas puede generar un ecocidio en el Golfo de México. Súmele que la termoeléctrica contamina, el tren maya tumba pedazos de selva y el tren transístmico parte en 2 al país por la sierra. En la ganso-economía, el concepto de progreso es a la antigüita: sin fijarse en la naturaleza.

4. Combatir la corrupción mejora las finanzas públicas y genera crecimiento económico. Indudablemente. La pregunta es qué tanto. Hasta ahora, las estimaciones de la ganso-economía sobre el dinero presupuestal que tendrían disponible por el proclamado fin de la corrupción no han sido cuantificadas. Hasta ahora, la vigilancia indispensable para evadir la corrupción ha frenado la actividad económica. Habrá que darle tiempo.

5. Más Estado y menos mercado. Es verdad que un gran número de empresas privadas se han despachado con la cuchara grande. En el nuevo gobierno hay una enorme desconfianza a que las ganancias queden en manos de inversionistas privados. Interpretan que ese dinero tendría que estar en manos del gobierno para, idealmente, beneficiar a los mexicanos.

6. La gente no responde a incentivos personales, sino que se contagia del ejemplo del gobierno y apuesta por el bien colectivo por encima del bien individual. Y así, como supone que el gobierno se porta bien, todo mundo se portará bien. Es un cambio de paradigma que hasta ahora no ha funcionado. ¿Funcionará?

La ganso-economía no se implementará de la noche a la mañana. Se trata de un modelo cuyo experimento se ejecuta en 125 millones de ciudadanos que habitamos en la 13a. economía más relevante del mundo.

Se ha criticado mucho, y con razón, la visión del siglo XX que existe en algunos sectores del gobierno, particularmente en el energético donde se cancelan plantas de generación eólica para regresar al carbón porque se confunden las prioridades y se cree que lo que es bueno para la CFE es bueno para el país.

La refinería Dos Bocas costaría más de los 10,000 millones o 12,000 millones de dólares sugeridos por las empresas privadas participantes en la licitacióny tomaría más tiempo de los 3 años anticipados por el gobierno mexicano para su construcción, estimó Moody's Investors Service.

"Dada la falta de experiencia del gobierno (y de Pemex) en la construcción de refinerías, es probable que el proyecto termine costando más y tome más tiempo de lo que anticipa el gobierno, lo que crea mayores presiones sobre los recursos fiscales".

Todos los funcionarios sin excepción sufrieron la reducción del sueldo al nivel que tiene el presidente, alrededor de 105,000 pesos antes de impuestos.

En estas circunstancias las personas honestas, capaces y preparadas ya están buscando a donde emigrar. En toda organización política o económica, el capital humano es el mayor valor con el que se sustentan las decisiones importantes, ya sea en materia de deuda pública, lucha contra los monopolios, lucha contra la corrupción, planeación de licitaciones, etc. Ese capital humano con impresionante currículum y notable experiencia son los que van a dejar la administración del país en manos inexpertas sin valor intelectual ni profesional.

La austeridad republicana se ha manifestado subiendo la pensión de los 65 a los 68 años; se suprimió el Seguro Popular que mal que bien ayudaba a un buen número de personas sin acceso a los servicios médicos. Cerraron las guarderías infantiles en perjuicio de las madres trabajadoras. El prepuesto para educación disminuyó 35%. Se suprimió el apoyo a los Pueblos Mágicos que tanto han favorecido al turismo. Se suspendieron las becas internacionales al Conacyt. Se despidió a miles de trabajadores del SAT, IMSS, ISSSTE y Salubridad sin estudio previo. Se bajó el presupuesto a los hospitales de especialidades como nutrición, cancerología y otros conocidos como los mejores de Latinoamérica.

Un verdadero ahorro no se logra haciendo recortes al troche y moche, sino mediante un estudio con bases técnicas que ya existen, del presupuesto partiendo de la Base Cero para eliminar los sobrantes y dejar únicamente lo indispensable para una operación eficiente.

El cantante Saúl Hernández, líder y vocalista del grupo Caifanes consideró que la creación del Tren Maya representa un "genocidio cultural, social y ecológico" sin precedentes en México.

"Es probable que esté equivocado, pero soy claro, esa es mi lectura, considero que esas consultas que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, son un poco extrañas", refirió.

"A mí no me consultaron ni preguntaron nada, entonces, ¿en dónde está la democracia?, ¿dónde está esa consulta para que realmente seamos escuchados?, las etnias de Oaxaca o las comunidades mayas, que serán los menos favorecidos, ¿lo aceptaron?", cuestionó el músico.

"Hay una serie de contradicciones que tenemos que empezar a aterrizar, dejar de exigir tanto en función a lo que debemos saber, tenemos que enterarnos qué es lo que queremos y trabajar por ello", apuntó.

México está fracturado, añadió, y eso Caifanes lo sabe.

"Tenemos que ser más humildes en todos sentidos y aceptarnos como somos, somos una sociedad fracturada y bien aborrecida, tenemos que reconciliarnos y aceptarnos", subrayó el también vocalista de Jaguares.

Saúl, al igual que Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera, sus compañeros en Caifanes, coincidieron en que para cambiar el mundo, y en específico a México, no basta con participar en plataformas y consultas ciudadanas. "Lo primero es que la sociedad debe reconciliarse y trabajar de la mano por lo que quiere", solicitaron.

Al cuestionarles sobre las caravanas migrantes, en lo que va del año se han realizado 2, y actualmente se encuentran varados en el país más de 5,000 extranjeros, a los que López Obrador prometió respetar sus derechos y les ofreció oportunidades de trabajo, Caifanes señaló que México no está preparado para recibir a tanta gente.

"México no es un país preparado para recibir migrantes, somos muchos y he leído notas de gente que dice que por qué le dan a los centroamericanos comida cuando ellos no tienen qué comer, ahí entra la democracia, y no es una cuestión victimista ni acusatoria", indicó Saúl.

Además, consideran, hay temas más importantes que tratar en la actualidad, "me parece que hay muchos asuntos que tendrían que priorizarse antes de voltear a ver qué está pasando con las caravanas. Finalmente, aquí hay mucha desigualdad, pobreza, hay muchas enfermedades de origen que posiblemente se estén acrecentando con la falta de higiene, de vacunación, vaya usted a saber, por comer alimentos en mal estado. Entonces yo pretendería someramente que alguien muy brillante pueda llegar al origen de esto y de esa manera se podrían desentrañar muchas incógnitas que hay alrededor", señaló Sabo.

El gobernador Enrique Alfaro viajó a Puerto Vallarta. Allá recibió al presidente López Obrador que entre otros anuncios, reiteró el respaldo del gobierno federal para el 2o. destino turístico más importante del país.

Durante el evento público infaltable en la agenda presidencial, el gobernador Enrique Alfaro fue objeto de una sonora rechifla. Fueron tan estridentes los gritos de rechazo, que en un momento de su discurso él mismo se detuvo y comentó, en un afán por recomponer: "si quieren no digo". Y los abucheos siguieron. Como ya se ha hecho costumbre, el presidente apareció después para pedir orden y exigir respeto.

Ya se ha documentado antes que las rechiflas contra los gobernadores que no son del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están siendo orquestadas y manejadas por líderes de este partido. Incluso en una ocasión el presidente lo reconoció públicamente durante una de las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

La queja, cada vez más insistente, es que Claudia Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es que esta política tendrá consecuencias en la política económica federal, al provocar una desaceleración que impactará negativamente las tasas de crecimiento y empleo. Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay 6,000 albañiles sin trabajo por esta razón.

El atorón inmobiliario tiene como origen la creencia de Sheinbaum que hubo corrupción en el sector durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus primeros días de gobierno en marzo, dijo que "estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario".

Las políticas de vivienda del gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el 1er. bimestre de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de 2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si las alcaldías seguían negando permisos de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una enfermedad, y el sector privado -aún quienes no están dentro de la industria-, están sonando las alarmas en el gobierno federal. No tuvieron interlocución en el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el presidente.

Un periodista que disfrazado de payaso ha tundido a personajes de todo el espectro político hace una crítica, con su mordaz y rasposo estilo (que desde siempre a unos gusta y a otros no) al montaje que se da en las mañaneras, donde sobran los paleros del presidente (expresión mía). Ese personaje de pelos verdes, en su momento, fue el más claro defensor de Aristegui cuando ésta fue censurada en MVS, y no tuvo reparo en llamar, reiteradamente, Henry Monster al anterior mandatario al criticarlo por su desgobierno. Pero hoy, esa carrera crítica parece no contar. En el patíbulo de las expresiones en tiempo real el payaso se convierte, de pronto, en el objetivo de Savonarolas región IV que pretenden atribuirse la potestad de definir quién sí debe y quién no debe ser escuchado en las redes. Y al payaso le llueve peor que en los tiempos del neoliberalismo.

Víctor Trujillo, en su personaje de "Brozo", el payaso tenebroso, respondió a aquellos que lo apoyaron y a los que lo criticaron y lincharon en redes sociales este fin de semana luego de que criticara que hay preproducción en las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Para agradecer a todos los que se fueron al cuello, a todos los que quisieron ver cómo me podía desangrar en 2 días. A todos lo que me quisieron pisar con zapato ajeno con bota prestada. Y un abrazo a todos los que salieron a defender, no a mí, a la libertad de expresión. Fíjate por donde se puede ir ponchando la libertad de expresión", dijo al inicio de su comentario.

"Si no hay resultados las tensiones van a ir haciéndose mucho más evidentes y mucho más difíciles hasta que se te salga de las manos. Eso que puede ser un gran instrumento se puede convertir en un arma contra los que piensan distinto, contra los que no están de acuerdo", sigue.

"Ya llegó Andrés Manuel, qué bueno que llegó, ya es gobierno. Y se le tiene que tratar como al gobierno. No como a un santo, no como a un ícono, no como a alguien venido de las estrellas, no como alguien parido del centro de la Tierra. Sangra y caga. Al poder se le revisa, no se le aplaude", dijo.

El payaso "Brozo", personaje interpretado por el locutor, analista político y actor Víctor Trujillo, criticó las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su programa de radio "El Mañanero".

En su emisión del jueves 9 de mayo, dijo que en las conferencias de López Obrador hay un "elenco fijo" y una "preproducción", luego de que uno de los reporteros le cediera el micrófono a Ricardo Belmont Cassinelli, empresario y exalcalde de Lima, Perú, durante la conferencia de esa mañana.

"La esperanza que usted ha construido es su culpa, presidente, porque es la 1a. vez que un mandatario después de ser electo se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia digno de un hombre con características singulares", fue parte de la intervención del exalcalde peruano que citó Brozo en su programa de radio.

El personaje de Víctor Trujillo, criticó a Comunicación Social de Presidencia al señalar que: "se ponen de acuerdo para que uno de los reporteros, que ya está ubicado, le dé la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a López Obrador, imagínate la indignación de la prensa".

Y añadió, "a lo mejor están pensando que como quieren llegarle a la perrada, al pueblo, a la masa y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce, entonces le puedes vender una mierda".

Dichos comentarios generaron controversia en Twitter y le valieron diversas reacciones, algunos usuarios en Twitter rechazaron los comentarios del personaje de Víctor Trujillo, solicitando dejar de seguir sus cuentas de cualquier plataforma o red social. Aunque otros defendieron su postura y expresaron estar a favor de la libertad de expresión.

Desde hace poco más de 2 semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En el horizonte se encuentra un 1er. ajuste al 1er. nivel del equipo de gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las conversaciones del presidente con diferentes interlocutores, dicen que se había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos del 2o. trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.

La calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el gobierno, pero es una de sus 2 principales preocupaciones. Colaboradores del presidente señalan el daño que causó el recorte de 2 escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados bonos basura, y en el umbral de perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que en número importante decidió suspender todo con México en espera de claridad sobre la política económica del gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.

En las últimas semanas el gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluyen recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el congreso antes del receso de verano, porque si es después coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la implementación de la Reforma Laboral y de la nueva política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.

Las discusiones sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos presupuestos en donde la solución parte de México, aunque con un fuerte componente en el extranjero, y con el rendimiento que ha tenido el gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien cuando fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal hacía lo mismo: delegaba el trabajo en 2 o 3 personas, varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de aprendizaje que "el bandidaje". El estado de cosas, sin embargo, se ha ido modificando.

Los supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan percepciones hacia fuera del gobierno de desorden y falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Pero no son los únicos.

En la Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la titular María Luisa Albores, y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Raquel Sosa, responsable de la creación de un nuevo sistema de universidades "Benito Juárez", que es lo único que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

2 casos de aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre 2 de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la operación política la lleva el subsecretario Zoe Robledo, y muchas funciones de la gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio Scherer.

El futuro del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al presidente, o para enfrentar una emergencia económica.

Quisiera explicarme o que alguien me explique, pues en febrero del presente año el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), de un prestigio que antaño le llevó a ser reconocido internacionalmente, diagnosticó que construir una obra de la envergadura que se pretende que sea la refinería de Dos Bocas, requeriría de entre 4 y 5 años, mientras que el costo sería -aproximadamente- de 14,740 millones de dólares.

¿Y qué sucedió? El entonces director del IMP, Ernesto Ríos Patrón, fue despedido por el patrón. Luego de lo cual el presidente de todos los mexicanos ordeno una licitación (casi, casi, como lo demanda la ley respectiva) en la que participaran las empresas más competentes del mundo, para definir cuál sí podría realizar la obra en 3 años y con un costo de 8,000 millones de dólares -más/menos-; por lo cual invitaron a las que fueron ponderadas por Andrés Manuel López Obrador como las inigualables para hacer el trabajo, no obstante, ninguna de las mismas arriesgó su prestigio, ni coincidió con las cifras del presidente, motivo por el cual encomendó al IMP y a la Secretaría de Energía la realización de la obra.

Así, todo hace suponer que volverá a imponer su ley en el caso de la refinería de Dos Bocas, coincidentemente ubicada en el estado que le vio nacer: Tabasco.

El caso específico de la refinería de Dos Bocas que anuncia el Gobierno de México que construirá con recursos humanos propios en un tiempo récord y a un costo "reducidísimo", nos presenta el ejemplo más claro, nítido y transparente de un hecho que sin duda alguna, mucho esconde "bajo la manga", entre otras cosas: ineptitud, inexperiencia, pero sobre todo soberbia, al pretender engañar a todos los mexicanos, o al menos a quienes no leen, ni se enteran de lo que pasa en el mundo, pues incluso, si estos "actos de gobierno" fueran de buena fe, y no para demostrar que aquí "nada más sus chicharrones truenan", habría que hacer caso a los expertos.

Si alguien cuestiona la decisión del gobierno de construir la refinería de Dos Bocas se le acusa de no creer en los ingenieros mexicanos que ya demostraron, tras la expropiación, que podían sacar adelante a la industria petrolera. La decisión de Dos Bocas tiene poco o nada que ver con la nacionalización de 1938; pero si se quiere hacer un símil, hay que hacerlo con información histórica verdadera y no con los mitos construidos por el viejo PRI.

La expropiación petrolera sí tuvo consecuencias negativas. La producción petrolera mexicana alcanzó un pico de 193 millones de barriles en 1921 (Howard F. Cline, The United States and Mexico), cuando el gobierno empezó a presionar a las petroleras privadas y a aumentarles impuestos. En 1937 se produjeron 49.9 millones, en 1938 38.5 millones y en 1942 35.1 millones (mexicomaxico.org, petroleo.colmex.mx). México se convirtió en importador neto de crudo y gas en 1942 y, con excepción de 1955, la situación se mantuvo hasta 1960 (mexicomaxico.org). Lo peor es que la expropiación nos heredó una empresa monopólica, burocrática e ineficiente.

El caso de la refinería es muy diferente. No hay ni siquiera la oportunidad de presentarlo como una gesta heroica. Es una simple necedad. El problema empieza desde la decisión de construirla. El crudo es la parte más rentable del negocio de los hidrocarburos. La gasolina tiene un margen muy pequeño, a veces negativo, y requiere de mercados muy grandes y de una implacable eficiencia para la rentabilidad. Pemex siempre ha perdido dinero en gasolina; su poco capital debe invertirse en crudo.

Felipe Calderón quiso construir una nueva refinería en Tula por razones de "seguridad nacional", sin importar la falta de rentabilidad, pero solo levantó una barda perimetral. En campaña López Obrador prometió 6, aunque después bajó el objetivo a una sola, en Dos Bocas, Tabasco, que no es el mejor lugar para una refinería, en parte porque está lejos de los centros de consumo.

Ni López Obrador ni su gente tienen idea de la inversión o el trabajo que se requieren para una refinería de crudo pesado para 400,000 barriles diarios. Primero dijeron que la harían por 6,000 millones de dólares y luego subieron la cifra a 8,000 millones, pero mantuvieron el plazo de 3 años: "Va a estar terminada para mayo del 2022, me canso ganso", dijo el presidente. Los especialistas prevén entre 12,000 y 15,000 millones de dólares y 8 años de trabajo.

Apenas el 22 de marzo el presidente justificó una licitación restringida a 4 firmas extranjeras. "No hay experiencia suficiente en las empresas mexicanas... Estas 4 grandes empresas que estamos convocando recientemente han hecho refinerías. Cada una de ellas ha hecho más de 100 refinerías... Hay una de ellas que ha construido más de 200 refinerías en el mundo".

Pero estas "4 grandes empresas" con experiencia señalaron que era imposible construir la refinería en el tiempo y costos que exigía el presidente. La reacción fue anunciar que la edificaría Pemex bajo la supervisión de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no tiene ninguna experiencia en construcción de refinerías o de cualquier otra cosa.

En 2018 le dije a Nahle que los especialistas consideraban que la nueva refinería costaría mucho más que los 6,000 millones de dólares que entonces pronosticaba. Su respuesta fue: "Quizá le costaría 20,000 millones a Peña Nieto. A Andrés Manuel le costará 6,000". Esta fe ciega saldrá muy cara.

Luego de que parte de los asistentes a la entrega de apoyos federales en Puerto Vallarta abuchearon al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez; el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad y pidió a sus simpatizantes dejarse de grilla.

"Saben qué, ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. Saben que es eso, con todo respeto, es politiquería, es la llamada grilla. Vamos a hacer política que es distinto, no grilla. Tenemos que levantar la mira pensar en el interés general, la patria es primero para qué nos vamos a andar peleando. Tenemos que unirnos, ya deveras no estamos en campaña, ya va a venir la campaña y entonces cada quien a su partido, pero ahora unidad para transformar a Vallarta, para transformar a Jalisco, para transformar a México", comentó.

Al arranque del acto, Enrique Alfaro afirmó que su administración respalda el proyecto del presidente. En medio de los abucheos, el mandatario estatal dijo que se sumará a la lucha del gobierno federal por reducir las desigualdades en las zonas turísticas.

"Todavía puede haber quienes piensen que las campañas no han terminado, nosotros tenemos muy claro que usted es el Presidente de México y lo vamos a apoyar con todo, cuente con nosotros para la lucha que está dando. A quienes quieran seguir confrontando al país les decimos que en Jalisco estamos en otra sintonía, aquí ganó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y aquí ganó Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco; así de sencillo y le duela a quien le duela", refirió Alfaro.

El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, también fue recibió abucheos de los asistentes.

Andrés Manuel López Obrador culpa al neoliberalismo de la situación económica que vive México. Pero no sólo de la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral, sino también de la corrupción, la deshonestidad, la desintegración de las familias, el abandono de la escuela pública, la pérdida de valores, la quiebra del IMSS y el huachicoleo. Es el metarrelato presidencial: el modelo económico neoliberal es la raíz de todos los males que afectan a la nación. Incluido, como no podría ser de otra forma, el declive de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la decadencia de México como gigante energético.

Por supuesto que la delicada situación de la empresa productiva del Estado, la petrolera más endeudada del mundo, tiene que ver con el neoliberalismo. El abandono del Instituto Mexicano del Petróleo y la apuesta por una reforma de mercado como la que impulsó Enrique Peña Nieto en el sexenio anterior. Sin embargo, la decadencia de Pemex no sólo se explica por el modelo neoliberal. No podemos sacar de la ecuación la corrupción del sindicato (nada neoliberal), la cobardía política de gobiernos anteriores para impulsar una reforma fiscal que aligerara el peso presupuestal de Pemex o la falta de inversión para encontrar nuevos yacimientos que sustituyeran a Cantarell. Es decir, México ya no es una potencia energética, y sin embargo en la mente del mexicano promedio sigue existiendo la idea de que lo somos.

La voracidad de gobiernos anteriores, federales y estatales, que se engulleron el bono energético que tuvimos desde el sexenio de Vicente Fox. ¿En qué acabó el dinero que provino de la exportación de crudo? En hospitales sin camas; escuelas abandonadas; carreteras a sobreprecio, sueldos y privilegios para los funcionarios públicos, en campañas electorales, en gobernadores corruptos, y un larguísimo etcétera. Durante 10 años, la tercera parte de los recursos públicos provenían de Pemex. Hoy, esa cifra está por debajo del 10%. La borrachera de aquellos ayeres es la cruda de hoy. De aquellos barros, estos lodos.

México produce hoy 1.6 millones de barriles de petróleo, 80% menos que su mejor nivel en el sexenio de Felipe Calderón. Para que nos demos una idea, Estados Unidos y Arabia Saudita producen más de 11 millones y México ya no está entre los 10 mayores productores del planeta. Y en términos de reservas tampoco: Venezuela encabeza la lista con 300 mil millones de barriles y México tiene seis mil millones de barriles. Si no existe una gran inversión en exploración, México podría no tener petróleo en menos de una década. La otrora potencia energética latinoamericana, hoy tiene menos reservas que Brasil o Estados Unidos. Ante esta situación existían 2 salidas: la del Pacto por México que optó por abrir la participación de privados (que no ha dado los resultados esperados un lustro después) o la recuperación de Pemex como el eje estratégico de la política energética nacional. López Obrador apuesta por esta 2a.

Pemex es un símbolo muy especial para el nacionalismo mexicano. La expropiación petrolera es un hito que celebramos como la preminencia de la soberanía mexicana frente a las potencias mundiales que querían el tesoro negro del Golfo. No ha habido encuestas recientes, pero las que se levantaron previas a la reforma energética de 2014, señalan que entre un 57 y un 75% de los mexicanos está en contra de que exista capital privado en la empresa estatal. Y si a esto le añadimos que se creó un discurso que culpó a la reforma energética del gasolinazo de 2017, es innegable que la apertura y privatización no son muy populares. Es el área de la administración pública que más inflama el nacionalismo.

López Obrador quiere resucitar a Pemex como sea. Sacarlo de terapia intensiva para que vuelva a ser la jugadora hegemónica del mercado. Desde que comenzó el sexenio, el presidente prometió un ambicioso proyecto de rescate que tranquilizara a los mercados. Hasta el momento, el rescate ha quedado en una inversión superior a 100,000 millones de pesos para enfrentar compromisos de deuda, la apuesta por la refinería en Dos Bocas -150,000 millones de pesos- que también construirá Pemex ante el desinterés de las empresas invitadas y una promesa de aligerar la carga fiscal de la empresa pública. Aunque en el presupuesto, los recursos que paga Pemex al Estado suben un 11% con respecto a 2018 para alcanzar los 524,000 millones de pesos. De la misma forma, se ha barajado la posibilidad de utilizar recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), para capitalizar a Pemex.

En el mismo sentido, detrás del rescate a Pemex y la vuelta al control estatal del mercado energético, está la idea de la autosuficiencia energética. El modelo de seguridad energética. ¿Qué quiere decir esto? No depender de las refinerías de Texas; producir el petróleo, pero consumirlo internamente; ser capaces de refinar en suelo mexicano los más de 700,000 barriles que consumimos diariamente. El proyecto de la refinería de Dos Bocas, tan controversial por los costos y su impacto ambiental, está fincado en la idea de la independencia energética. Incluso, el combate al huachicol tiene una dimensión que corre en paralelo. El asunto es: ¿estamos debatiendo de fondo el modelo energético nacional? Más allá de la rentabilidad económica, ¿tenemos un proyecto para la revolución de las energías limpias que está teniendo lugar en las economías más prósperas?

En el fondo, el debate sobre el modelo energético es una definición sobre el tipo de país, la economía y la sociedad que queremos construir. Si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, veremos escasas referencias, y muy superficiales, a las energías renovables. En el caso del transporte público, solo hay 2 referencias y todo relacionado a la inseguridad. Parece que el retorno al nacionalismo energético no sólo tiene la carga simbólica que hemos descrito, sino que también es la profundización de un modelo atado a los combustibles fósiles, a la dependencia del auto y sin ninguna estrategia para combatir los efectos del cambio climático. En muchos países europeos, se dejarán de vender autos que utilizan gasolina en 2025, y sin embargo en México toda la política energética se reduce a un solo ente: Pemex. Y desde una visión muy tradicional y con una idea de soberanía energética que es más propia de los años del desarrollismo que de los retos económicos que enfrenta México hoy en día.

Elecciones democráticas de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y apertura de las afiliaciones para que más personas se integren al partido, son las principales peticiones que hoy hizo públicas Alejandro Rojas Díaz-Durán, actual senador suplente de Ricardo Monreal.

Rojas criticó a Yeidckol Polevnsky, actual dirigente nacional del partido, por sus decisiones autoritarias al imponer dirigentes estatales y municipales a los actuales militantes de Morena.

"Polevnsky y su nomenclatura están desviando el rumbo del partido, no tienen un liderazgo democrático sino autoritario, impositivo, que no escucha a las bases", aseguró Rojas Díaz-Durán. "Queremos que haya elecciones democráticas, que todos los dirigentes estatales y nacionales se elijan por voto secreto y universal".

Actualmente, existen 3.1 millones de militantes de Morena en todo el país. Sin embargo, no se han abierto nuevas afiliaciones desde diciembre de 2017, por lo que Rojas exigió el derecho de afiliación al partido de cara a noviembre de 2019, fecha en la que se celebrarán las elecciones de la presidencia nacional y las dirigencias estatales y municipales.

"Si se abren las afiliaciones, no duda en que se sumarán más de 20 millones de personas", estimó Rojas Díaz-Durán, quien no descartó recurrir a los tribunales en caso de no abrirse los espacios a nuevos integrantes. "Todas las asambleas de Morena serán inconstitucionales e ilegales porque no serán con la afiliación actualizada al momento de la convocatoria".

Junto con otros disidentes de la actual presidente de Morena, Rojas y otros miembros del partido también buscarán una reforma que impida a funcionarios que manejen programas sociales postularse a las dirigencias del partido. Deberán tener 5 años de haber renunciado a un cargo que haya implicado el manejo de recursos públicos en estos programas.

"No van a ser los programas sociales trampolines de políticos y funcionarios para repetir los vicios del pasado, vamos a cortar el cordón umbilical entre los programas sociales y los temas electorales", advirtió Rojas Díaz-Durán.

El senador suplente criticó el desempeño electoral de Morena en Jalisco durante 2018, que consideró un fracaso, y aseguró que la democratización del partido es un paso esencial para ganar las elecciones estatales intermedias del 2021.

Recula AMLO; serán 2 minirrefinerías en Tabasco. El gobierno federal apostará por construir, en fases, 2 refinerías de menor tamaño en lugar de una: la originalmente prevista. En un 1er. período, de acuerdo con el plan de ejecución que será presentado la próxima semana, se trabajará en licitar y construir un tren de refinación de 170,000 barriles diarios de capacidad de procesamiento, la mitad del proyecto original. La 2a. refinería dependerá de los tiempos y del financiamiento disponible, por lo que no hay claridad sobre si se llevará a cabo en la actual administración.

La improvisación y la incertidumbre parecen ser las características fundamentales del nuevo gobierno encabezado por López Obrador. En efecto, las obras que se anuncian carecen de los estudios necesarios para toda obra importante del sector público, ya sea en cuanto a su factibilidad, conveniencia y pertinencia, de manera que todo parece surgir del sombrero mágico que en forma virtual lleva siempre a la mano el ejecutivo, del cual surgen no solo ideas, sino ocurrencias o puntadas que de inmediato se convierten en integrantes de los planes de desarrollo que López Obrador lleva siempre en su cabeza y que parece que son sueños o deseos que alguna vez tuvo y ahora los materializa tan solo con mencionarlos en sus conferencias de prensa, o quizá caprichos o frustraciones que alguna vez tuvo y ahora tiene el poder de materializar.

Lamentablemente las obras y proyectos de una nación no pueden manejarse ni concebirse de tal manera y todo hará suponer que serán fracasos en su mayoría, o quizá se queden tan solo como ocurrencias o meras puntadas de nuestro mesiánico y soñador presidente.

Ninguna de las 4 constructoras convocadas por el gobierno pudo garantizar la construcción de la refinería de Dos Bocas en 3 años, con un presupuesto de 8,000 millones de dólares. Por eso, se declaró desierto el concurso. Pudo haberse cancelado el proyecto, pero el gobierno decide duplicar la apuesta: Dos Bocas sigue y lo hará Pemex bajo el liderazgo de la Secretaría de Energía.

El peso perdió unos centavos luego del anuncio, mientras se encarecía el costo del seguro contra los defaults de la petrolera mexicana. ¿Por qué los mercados reaccionan así? Pemex es una empresa muy endeudada y se está aferrando a un proyecto que tiene altas posibilidades de fracasar. La reacción de ayer es una cachetadita, comparada con lo que puede venir: baja en la calificación de la deuda de Pemex y de la deuda soberana de México. Turbulencia en los mercados.

La refinería no gusta por muchas razones, empezando por el proceso de construcción. Pemex se hará cargo de la obra, a pesar de que no es una constructora ni cuenta con un área especializada en construcción, desde que la que tenía fuera desmantelada hace más de 25 años. ¿Podrá hacerla con mejores tiempos y costos que las mejores constructoras del mundo? AMLO piensa que sí.

Más allá de la construcción, los riesgos más importantes tienen que ver con la operación. En el mundo, el negocio más rentable para las petroleras es la producción de crudo. Genera 2 o 3 veces más ganancias que la refinación en el mundo. En México, la cosa es peor: la refinación sólo genera pérdidas. Aquí las refinerías utilizan 10 veces más personal que en Texas. Tienen costos 30% superiores que en Colombia o Brasil. Para justificar la decisión de seguir con la refinería, la secretaria Nahle no presentó estudios de factibilidad que justifiquen la inversión de 8,000 millones de dólares ni tampoco puso esta decisión en el contexto del plan de negocios de Pemex.

Para qué presentar un plan de negocios, si tenemos una narrativa que entusiasma a los que votaron por nosotros, supongo que pensó la secretaria Nahle. La refinería marca el renacimiento de la ingeniería petrolera mexicana... se trata de dejar atrás esa mentalidad perezosa que decía que no podemos ni debemos, explicaba Nahle en entrevista a Joaquín López Dóriga.

En la conversación, Rocío Nahle hizo una defensa de la decisión que ahonda las dudas, más que despejarlas. El plazo de 3 años se justifica porque la refinería de Cadereyta se hizo en ese tiempo... hace 40 años. El costo lo compara con el de la planta Etileno XXI, hecho en Coatzacoalcos por Idesa y Braskem (filial de Odebrecht). La funcionaria no dedicó ni un minuto a las características del terreno, que es diferente al de Cadereyta. El lugar elegido es pésimo para construir la refinería, propenso a las inundaciones. Tan malo, que los expertos estiman que el proyecto costará más de 12,000 millones de dólares y tardará mínimo 5 años en construirse.

En todo el día, no hubo una sola declaración de parte de Hacienda. Sabemos que el subsecretario Arturo Herrera no quiere volver a hablar de refinerías, pero hace falta una voz que explique cómo manejarán el riesgo financiero que nace con este plan B para la refinería. Los mercados tienen preguntas y está claro que el silencio no es una respuesta.

Cerramos el mes de abril con una martirizadora y soporífera celebración del "Día del Niño", en lastimosa mañanera del pejidente, dedicada a un grupo de infantes desmañanados: quienes estuvieron muy lejos de poder demostrar interés personal o vocación de "chairos", ante el antipedagógico y desmotivador mensaje pejidencial. Imploremos al Creador [que] no se vaya a tomar como eje de su naciente reforma educativa.

Para los "chairos", los ahora despedidos, que en su momento le votaron, y los seudo-profes de la CNTE... como que la fe o esperanza que le profesaban se les va agotando.

Si lo que se pretende es hacer valer un gobierno democrático y laico, no se puede establecer palabra por palabra lo que debe ser la moral dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Al hacerlo, se estaría limitando un concepto naturalmente relativista y se estaría perjudicando la evolución del mismo con el tiempo y el espacio. El regular la moral sería encadenarla y atentar contra la libertad de expresión dentro de nuestro país. En otras palabras: el gobierno no puede fungir como un absolutista moral.

Hoy por hoy, el discurso de nuestro gobierno parece ser más absolutista que objetivista, y eso es algo preocupante. Para López Obrador, las cosas son como son, le guste a quien el guste. En la práctica, el gobierno está fungiendo como absolutista moral al constatar lo que debe ser, considerando que sus razones son absolutas. Esto ocurre, cuando en realidad nuestro gobierno no debería respaldarse en extremos, pues los absolutismos morales van contra de la esencia democrática. Adicionalmente, en este y en cualquier caso el ser absolutista es peligroso, pues se pierde de vista la visión panorámica sobre el asunto en particular. Es inaceptable que el Estado se sumerja en el terreno del absolutismo al momento de regular un concepto tan cambiante como lo es la moral.

Paco Calderón
(10 de mayo de 2019).

Ayer por la mañana nos enteramos que la licitación [de Dos Bocas] se declaró desierta en virtud de que las propuestas no cumplían con el requisito de concluir la refinería en un plazo de 3 años y con un costo que no rebasara los 8,000 millones de dólares.

Así que la decisión anunciada fue que el proyecto sería desarrollado por la Secretaría de Energíay Pemex, y sería encabezado por la secretaria Rocío Nahle.

Sin demérito de las capacidades que tengan los funcionarios e ingenieros mexicanos, si algunos de los grupos más calificados del mundo no ven viables ni los tiempos ni los costos definidos, me parece que el gobierno corre un enorme riesgo al pretender que sí se pueden conseguir esas metas, que fueron vistas como inalcanzables por quienes más saben.

Entre algunos expertos hay una creciente preocupación por la posibilidad de que el gobierno vaya a colocar recursos cuantiosos en un proyecto inviable.

En cierto momento, habrá que decir, parafraseando a Cervantes: "con la realidad hemos topado, presidente".

Luego de que se llevara a cabo el domingo pasado la "Marcha del Silencio", llamada despectivamente "Marcha Fifí" -como si el hecho de tener o haber logrado una situación económica mejor al promedio, eliminara el derecho a disentir y los argumentos que motivan una manifestación pierden validez-, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a través de su cuenta de Twitter, se burló de los manifestantes diciendo: "Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí..., ¡FUERON TODOS!".

Yo nunca pensé que un secretario de estado pudiera mofarse de 15,000 mexicanos que, le guste o no, tienen el derecho a manifestarse de la misma manera que otros grupos disidentes lo hacen, pero con la enorme diferencia que en lugar de ser manifestaciones pacíficas y ordenadas como lo fue ésta, son más bien un método para extorsionar al gobierno, bloqueando carreteras, destruyendo edificios públicos y afectando a millones de ciudadanos para exigir acuerdos y prebendas, lo cual no sólo es tolerado por el gobierno actual, funcionarios y seguidores de AMLO, sino que en lugar de aplicar la ley y castigar sus desmanes como debieran, pagan las extorsiones con los impuestos que contribuimos todos, menos los quejosos.

Cabe hacer notar que las personas que por haber logrado un relativo éxito económico caemos en la insultante y divisoria categoría de "fifís" inventada por AMLO, somos las que más impuestos pagamos.

El secretario de Comunicaciones, en lugar de escuchar las razones y sentimientos que motivaron la marcha, y ver qué se puede hacer para atender las quejas y demandas (como sería la reanudación del Aeropuerto de Texcoco que cae en su esfera de in-competencia) se mofa de la cantidad de manifestantes que asistieron a la marcha.

Él y sus seguidores miden la validez y pertinencia de la crítica en función de la cantidad de críticos. En otras palabras: no les importa lo que se dice, sino quién o cuántos lo dicen.

Su manera de ver las cosas cambiaría si leyeran un poco acerca de la ignorancia y entendieran que el solo hecho de reconocerla la reduce.

En el seguramente iluso deseo de que los fanáticos de la 4T leyeran algo al respecto comparto 2 reflexiones acerca de la sabiduría e ignorancia que revelan lo que está ocurriendo:

1. "Un sabio enfrenta los hechos concretos sin deformarlos ni teñirlos con el tinte de sus significados subjetivos. Un ignorante deforma los hechos para que coincidan con sus creencias más amadas, así la realidad (imaginaria) se le presenta como él la planeó" (Omar Joray / Webislam).

2. "Cuando los ignorantes se han vuelto lo suficientemente numerosos o poderosos, se les denomina con un nombre especial. Este nombre es: Los Sabios" (Idries Shah).

Hay que reconocer algo obvio: los sabios nunca serán mayoría. El pueblo tiene individuos sabios, pero el pueblo como masa no es sabio, y menos en materias económicas, legales, aeronáuticas o pedagógicas, que tienen que ver con las decisiones y políticas públicas más criticadas del gobierno actual.

Los individuos sabios del pueblo, los más calificados son los que deberían gobernarnos, pero desgraciadamente no es ni ha sido así.

La única diferencia entre las administraciones pasadas y la de hoy, es que la bandera que se utiliza para hacer lo que les viene en gana es la de la honestidad, con lo cual se busca justificar la incapacidad e inexperiencia, argumentando en una absurda contradicción que para acabar con la corrupción pasada, la destrucción de todo lo anterior y hasta la violación de las leyes es necesaria.

El riesgo que estamos corriendo en el proceso de cambio de una mafia por otra, de una corrupción vieja por una nueva, por la manipulación y falta de capacidad y experiencia del nuevo gobierno, es que las empresas y empresarios que generan empleo e impuestos se reduzcan, cierren o se vayan, y terminemos todos en el peor de los mundos, uno en el que los ricos se hicieron pobres y los pobres siguieron pobres.

Y de esto último espero que el odio y resentimiento social de los fanáticos de la 4T no los haga llegar al extremo de adoptar en perjuicio de todos el dicho que dice: mal de muchos, consuelo de tontos.

"El hombre sabio hace inmediatamente lo que el tonto finalmente hará", dijo Maquiavelo.

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que las malas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tan solo 5 meses, han generado un derroche de más de 2,500 millones de dólares.

En un comunicado, el tricolor explicó que dicha cantidad se da por la penalización por la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y a esto se le suman proyectos "sin sustento técnico, ni viabilidad económica como la refinería en Dos Bocas o el Tren Maya".

"México requiere certidumbre y buena conducción política para arribar a mejores estadios de bienestar. Nuestro grupo parlamentario hace un llamado a tiempo para evitar un descalabro financiero en Pemex, consecuente con la refinería en Dos Bocas, que tenga repercusiones negativas a nivel nacional", explicaron.

Por todo ello, explicaron que los diputados priistas se mantendrán atentos al desarrollo del proyecto, que previsiblemente no llegará a buen puerto, a fin de que no sea un monumento a la improvisación, la falta de transparencia y el afán protagónico de algunos funcionarios del sector energético que no le están sirviendo bien al pueblo de México.

El grupo parlamentario que encabeza René Juárez explicó que sin beneficios cuantificables y ante las dudas que se acumulan, lo responsable es frenar en seco y evaluarlo todo. Pero en lugar de ello, "la Secretaría de Energía y Pemex han decidido pisar a fondo el acelerador. Los pronósticos están en su contra, la dirección del mundo también".

Los países desarrollados avanzan hacia las energías renovables y el aprovechamiento eficiente del gas natural, dejando atrás las refinerías y el uso del combustóleo por caro y contaminante, determinaron.

"Los recursos de Pemex se deben utilizar en las actividades más rentables. Así lo hacen las principales empresas energéticas del mundo. Las inversiones registradas en empresas eficientes son principalmente en exploración y extracción de petróleo y gas natural".

"El valor máximo a defender es la estabilidad económica de las familias mexicanas. La propuesta de una nueva refinería, ejecutada sin transparencia, sin estudios técnicos y sin supuestos creíbles, amenazan la estabilidad de Pemex, en un momento con poco margen de maniobra", consideraron.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados manifestó su preocupación ante la decisión tomada por el Presidente de la República de seguir adelante con la refinería en Dos Bocas, sin reconocer las señales de alarma que ya suenan.

Aseguraron que la mejor señal de la poca pertinencia de este proyecto multi-millonario es que ninguna de las empresas constructoras de refinerías, invitadas por el gobierno, pudo hacer un proyecto menor a los 8,000 millones de dólares, ni terminarlo en un plazo de 3 años. Bajo esos supuestos inviables, el gobierno ha decidido no reconsiderar.

"Ya es tiempo de que el gobierno federal establezca como eje principal el bienestar y el desarrollo de la sociedad mexicana", aseguraron.

Esta es la 3a. carta mala que le sale a López Obrador en el proyecto de la refinería de Dos Bocas: La 1a. fue la llamada de atención de los expertos que señalaron que poner una refinería en la cuenca del Golfo de México, que es donde más refinerías hay en el mundo, no es un buen negocio; el presidente los desoyó. La 2a. fue de su subsecretario de Egresos, Arturo Herrera, quien dijo que lo mejor sería retrasar la construcción de la refinería e inyectarle dinero a la petrolera mexicana; el presidente lo contradijo. La 3a. fueron las 4 empresas internacionales, expertas en construcción de refinerías, que le dijeron, en la licitación por invitación, que la obra costaría más de los 160,000 millones de pesos y que requería más tiempo del programado; el presidente los desinvitó.

Lo más grave no es que López Obrador desoiga o ignore las señales de alerta, sino que ha decidido jugarse el resto de su capital político con un par de doses: su secretaria de Energía, Rocío Nalhe y el director de Pemex, Octavio Romero. Ambos han dado repetidas muestras de su ignorancia en el tema energético. Sus virtudes en todo caso están en otro lado, principalmente en la lealtad, pero el trabajo que el presidente les ha echado sobre sus hombros es de la mayor especialización y los rebasa ampliamente. No dudo que en México exista la capacidad técnica para diseñar y construir una refinería, lo que no hay es un empresa organizada y especializada para hacerlo con eficiencia y eficacia. El riesgo de hacerlo de manera improvisada es que salga más caro y en mayor tiempo del que advierten las empresas, no por falta de voluntad o falta de supervisión, sino de conocimiento. Dicho de otra manera, esto no se revuelve con una visita presidencial cada mes, sino con experiencia y procesos bien definidos y probados a lo largo de los años.

López Obrador se está jugando su sexenio en un proyecto de altísimo riesgo. Dos Bocas puede comprometer seriamente la viabilidad financiera de Pemex y éste la calificación de riesgo del país con la cascada de consecuencias que ello tiene para la economía nacional. Desoír la crítica, sentirse diferente, es uno de los primeros síntomas del mareo de poder de todos los presidentes, gobernadores y políticos. A todos, tarde o temprano les cae el balde de agua fría llamado realidad. Calderón tuvo que echar reversa en un proyecto emblemático de su sexenio, que era la ampliación de la refinería de Tula y Peña Nieto el suyo, el tren bala a Querétaro, por incosteable.

Éste podría ser el punto de quiebre no solo del gobierno sino de la esperanza que millones de mexicanos depositaron en él.

Por increíble que parezca, El Peje parece estar dispuesto a morir por Dos Bocas.

Había 2 formas de asegurar que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se convirtiera en uno de los fracasos del sexenio.

La 1a. consistía en nombrar a Rocío Nahle como secretaria de Energía. Y la 2a.: encargarle a ella directamente el proyecto. La única diferencia entre ambas es la rapidez con que ocurrirá el colapso.

Andrés Manuel López Obrador eligió ambas. No es que tengamos nada en contra de la secretaria, pero tirios y troyanos coinciden en que es uno de los perfiles menos preparado del gabinete.

Y precisamente a ella le encargaron el proyecto del sexenio luego de que AMLO anunció que se declaró desierta la licitación.

La secretaria Nahle, la misma que reconoció un "error de logística" en la distribución de combustible tras cerrar los ductos durante el combate al huachicoleo, la que escribió que Dos Bocas tendría un "proyect manager" (sic), esa misma es la que ejecutará el sueño más ambicioso del presidente.

Me entero con mucha preocupación. El gobierno federal va a desaparecer 1,887 cargos de director general adjunto. O sea, todas las creadas desde la presidencia de Felipe Calderón. El gobierno las llamó direcciones injustificadas (a las cuales ya también se les bajó el sueldo). En efecto, se crearon muchas direcciones generales adjuntas desde entonces, algunas por necesidades operativas y otras debido a la necesidad de contar con direcciones de área (un nivel más bajo que las generales adjuntas) bien pagadas. Es ya conocido: el error de fijar como máximo en sueldos, el del presidente, no fue puesto en la Constitución por López Obrador, sino propuesto por Calderón. Además, este último tomó la decisión de no aumentar ni siquiera al equivalente de la inflación, los salarios de los funcionarios de confianza. Por ello, y con la finalidad de mantener el talento dentro de la administración pública a pesar de la tontería de Calderón, crearon muchas direcciones generales adjuntas para pagarle adecuadamente a funcionarios en puestos de direcciones de área.

En otras palabras, el maltrato a los funcionarios públicos viene desde hace 2 sexenios. No es nuevo. Tampoco con Peña hubo aumentos. Lo nuevo ya es el remate. De acuerdo con información de El Financiero, 400 corresponden a la SHCP, 240 a Segob, 106 a Medio Ambiente, 95 a Comunicaciones y Transportes, 85 a la Función Pública, Bienestar 70, no sectorizados 60 y el resto de las dependencias 831. En otras palabras, hay revuelto de todo en esas direcciones generales adjuntas. Unas lo son en la práctica y otras son direcciones de área bien pagadas. Unas con buenos funcionarios, otras quizá las menos con malos. Algunas siguen siendo necesarias, otras requieren escindirse, fusionarse o reasignarse incluso en alguna otra unidad administrativa, otras para poner orden, asignarles la dirección de área correspondiente, y otras en efecto eliminarse. Pero de todas formas llegar a hacer una "reingeniería" a machetazos es un nuevo error, ya que en su mayoría, ya sean adjuntos o de área son puestos clave en la administración pública.

Si a lo anterior agregamos la bajada de sueldos general, la eliminación de prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y por separación, el aumento de la jornada laboral a 6 días, cambio de adscripciones y el despido en masa de mandos medios operativos, la administración pública se encontrará en mucho peores términos de como está. Esto no es un plan de austeridad. Un bien pensado plan de austeridad no pasa por desaparecer la operatividad del gobierno. Todo lo contrario, por un análisis bien hecho para posteriormente tomar la decisión correspondiente, fusionando, escindiendo y todo lo dicho arriba, amén de no disminuir todos sus beneficios, ni rebajar sueldos no aumentados en 2 sexenios. López Obrador ha sido terriblemente injusto al tratarse en su mayoría gente cuyo camino al cargo ha sido el mérito. Funcionarios capacitados, entendidos y con experiencia. Imagine usted lector, hasta nuestros negociadores de tratados fueron despedidos (todo lo pendiente en tratados internacionales se quedó volando), por no hablar de PROMÉXICO que tan bien funcionó el sexenio pasado para atraer inversiones.

No entiendo así, cuál es la finalidad del presidente de tener un poder ejecutivo débil y vulnerable, solo por "ahorrar" para efectos comparativos unos centavos. Se está dando 2 balazos, uno en cada pie.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco llegó a la gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del ex futbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos 5 grupos delincuenciales, de presencia nacional como el cártel Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca -un negocio de 300 millones de pesos anuales-. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos -que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el 1er. trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el 6o. estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05%) y Jalisco (45.57%). La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el Gobierno del Estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al ex gobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal -que asumió en el gobierno de Ramírez-, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

Blanco es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato -reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de 7 millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras ganar la alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde septiembre de 2014, anunció el día de ayer, que renunció al consejo desde el día 30 de abril.

El motivo de la renuncia, según informa Elizondo, es porque tiene una visión distinta a la del nuevo gobierno, con respecto a la administración de Pemex. Afirma que antes de invertir en nuevas refinerías, es necesario garantizar seguridad, salud pública y educación de calidad; y que mientras esto no suceda, el gasto de recursos en nuevos proyectos, sería innecesario.

Elizondo considera que es un error invertir en activos industriales que son poco rentables, piensa que el gobierno está actuando guiado por la nostalgia de lo que Pemex pudo ser.

"Por eso voté contra la compra de Fertinal en la pasada administración. Es difícil ganar dinero en inversiones industriales si no se tienen mejores capacidades gerenciales, mejores trabajadores y flexibilidad en el contrato laboral", afirmó.

Paco Calderón
(9 de mayo de 2019).

López Obrador llegó a la Presidencia con su viejo lema, "por el bien de todos, primero los pobres", y su llegada a Palacio Nacional los empoderó. Aún no se ven las reformas fiscales que puedan de manera sólida y duradera atacar la desigualdad, pero una externalidad sí se ha instalado con rapidez: el resentimiento social, que está tomando cuerpo activo, hostil y agresivo, alimentado por un discurso político reivindicatorio, de polarización de clase y estigmatización: todo el pasado fue corrupto y lleno de privilegios; hay que erradicarlo.

Las consecuencias abandonaron el mundo virtual y crean nuevos fenómenos sociológicos.

Hace poco más de 2 años apareció un libro del indio Pankaj Mishra, llamado "La Edad del Rencor: Una Historia del Presente", donde argumenta la crisis universal ocasionada por la privación de millones de personas a los avances económicos, sociales y políticos de esa era, marginados por el inescrupuloso capitalismo global. La solidaridad social, agrega, se ha roto, con lo cual se han creado masas de individuos atomizados cuyos resentimientos se expresan en repudio de ese orden -aquí identificado como el viejo régimen.

Mishra sostiene que se vive una violencia "endémica e incontrolable" alimentada por los odios. Es claro el diagnóstico. El fenómeno es universal. Ni México representa un nuevo fenómeno, ni el presidente López Obrador es único. Es una figura que se ha sumado a la revolución que vive el mundo. El contexto y el discurso, como en cada nación en particular, añade variables. Aquí, se podría argumentar, está sacando lo peor de todos.

No hay receta en el libro para enfrentar el fenómeno, que tampoco es optimista.

Otra vez Andrés Manuel López Obrador estará en tierras jaliscienses, pero ahora visitará, el próximo domingo, Puerto Vallarta.

La razón de su presencia en el estado es supervisar los Programas Integrales de Desarrollo (subsidios para los pobres en castellano), por lo que se reunirá con pobladores del puerto y, desde luego, acompañado de Carlos Lomelí.

A ver qué novedades y avances le da el doctor sobre el Censo del Bienestar pues por lo último que supimos, nomás no avanza, y se ha convertido en un pie del que cojean la mayoría de los súper delegados de las entidades.

En el entorno del presidente López Obrador dicen lo mismo que dice él: que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es un buen hombre, es una persona bien intencionada, que le echa muchas ganas, que está metido en los temas...

...sin embargo, todos terminan poniendo cara de lástima y rematan: "pero pues no le da".

Se refieren a que -pongámoslo con elegancia- es nuevo en el servicio público, no tiene experiencia como funcionario y sus ganas no son suficientes para que sucedan las cosas que tienen que suceder en su administración. Sobre todo en un estado con tantos problemas como Veracruz.

El tema álgido es el de la seguridad. En medio de la descomposición, el gobernador morenista Cuitláhuac García mantiene una disputa brutal con el fiscal Jorge Winckler, heredado del gobierno de su archirrival panista Miguel Ángel Yunes. Circula en redes sociales un video en el que caricaturizan al gobernador echando la culpa de todo, una y otra y otra y otra vez, al fiscal Winckler.

Lo curioso es que mientras el gobernador atiza al fiscal y el presidente López Obrador lo respalda en esta disputa, el gabinete de Seguridad y los órganos de inteligencia del lopezobradorismo se coordinan directamente con Winckler.

El caso más reciente sucedió el viernes de la semana pasada, cuando el gobierno federal pidió implementar un operativo de última hora para capturar a Adrián Fernández "El Pelón", presunto responsable de la matanza en Minatitlán. Lo agarraron en su chamba: salía del complejo petroquímico Pajaritos: el sujeto trabajaba para Pemex.

Para armar el operativo, el gobierno federal se coordinó directa y rápidamente con el fiscal Winckler, según confiaron los propios integrantes de la administración de López Obrador encargados de estos asuntos. Y Winckler, entendiblemente cuestionado por sus vínculos políticos con Yunes y por irregularidades propias, pero con los hilos en la mano, actuó, y "El Pelón" cayó. ¿Y el gobernador? Pues quedó de lado.

Frente al cúmulo de retos que tiene Veracruz -muchos de ellos heredados- y si se da cuenta de cómo lo evalúan en el gobierno federal, quizá le convendría al gobernador dejar a un lado los pleitos políticos, a ver si coordinándose todos hay mejores resultados para los ciudadanos.

Hace un mes, el presidente López Obrador determinó vetar a 3 empresas que proveen de medicinas al gobierno federal: Grufesa, Dimesa y Maypo, ante la presunción de que realizaban prácticas monopólicas. Sin embargo, nadie le advirtió que esa decisión podría provocar un desabasto que repercutiría directamente en la salud de pacientes que requieren medicamentos, sobre todo los antirretrovirales. Y así sucedió. El viernes 3 el mandatario tuvo que recular y acordó con 2 de esas empresas la provisión de fármacos de suministro inaplazable. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.

El activista Javier Sicilia Zardain urgió al gobierno federal a no repetir las acciones de las administraciones pasadas y a evitar que crezca la "tragedia humana" que provoca la violencia en Morelos y en todo el país.

"Parece que pasamos de un gobierno de corruptos y de perversiones, como fue el de Graco Ramírez, a un gobierno de ineptos y de estúpido, no se les puso ahí para que digan que la responsabilidad de lo que está sucediendo es del gobierno pasado, eso ya lo sabíamos, lo que estamos esperando es una estrategia, decente, inteligente y profunda", apuntó el también poeta.

El escritor llamó a la federación para que ayude al gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya que, señaló, se sabía que había inexperiencia.

"Aquí hay ineptitud, en este gobierno, no es porque sea futbolista, cualquier ciudadano puede ser un buen político, éste no lo es", añadió.

"Tampoco él (López Obrador) ha entendido mucho el problema, tiene igual al país, entonces, lo que tienen es que tomar conciencia y formar -con los que sabemos- con las víctimas, con las organizaciones, una agenda prioritaria para la nación", abundó.

Sicilia Zardain insistió en que están dispuestos a contribuir por la paz y la justicia ante la tragedia humanitaria que vive el país, que daña al país y a las familias.

Asimismo, consideró que la Guardia Nacional no es una estrategia que lleve a la pacificación del país, al respecto, señaló que se requiere una "estrategia sistémica".

A casi 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno busca a los jóvenes en comunidades y pueblos de Guerrero porque el compromiso con las familias es encontrarlos.

El maltrato del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores no había hecho crisis hasta hace unos días, cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, presentó su renuncia. No se la aceptó, pero la herida quedó abierta. Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional -aunque Romo despacha en un edificio inteligente en Los Pinos-, y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador. El rechazo a aceptar la renuncia sofocó lo que habría sido el principio de una crisis profunda, pero está lejos de haberse resuelto la tensión que se vive en los corredores palaciegos. A los problemas naturales del ejercicio del gobierno se están acumulando los agravios del presidente contra su propio equipo.

Romo ha acompañado a López Obrador desde la campaña presidencial de 2006, esforzándose en explicar al sector privado lo que significan sus palabras y su proyecto de nación, y tratando de minimizar los costos de sus constantes choques con los empresarios. Siempre lo había respaldado, como cuando en la campaña de 2018, el Grupo Monterrey le dijo que establecerían un diálogo regular con él, pero que cambiara a Romo como su enlace. El entonces candidato se negó y forzó a los empresarios a tener a su coterráneo como el puente con él. Parecía tener, en ese momento, toda la confianza de quien apuntaba para ser presidente.

Como lo ha sido desde hace casi 3 lustros, Romo es su cara ante el sector privado, nacional e internacional, y lo llevó a su equipo cercano en Palacio Nacional aún cuando el deseo del empresario regiomontano era quedar fuera del gobierno. El presidente insistió y comenzó a trabajar muy cerca de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia. La cercanía con López Obrador, se fueron dando cuenta los inversionistas, no significaba realmente mucho.

El episodio público más claro fue cuando las deliberaciones sobre si se cancelaba o continuaba la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde 2 semanas antes de una consulta ciudadana a finales de octubre, con López Obrador en calidad de presidente electo, Romo les dio todas las garantías a los inversionistas que la decisión final, sin importar los datos de esa medición, sería continuar la construcción. Para sorpresa de Romo y varios en el círculo cercano de López Obrador, la decisión fue que cancelaría la obra, y forzó a su consejero a sentarse junto al él en una conferencia de prensa donde dio a conocer el rumbo que seguiría.

En menos de 24 horas, Romo perdió credibilidad ante inversionistas y el sector privado. No representaba a López Obrador, ni estaba enterado de lo que iba a decidir, fue la conclusión. El consejero aguantó la humillación, pero el maltrato, de acuerdo con personas cercanas a él, no ha cesado. No es algo personal, habría que atajar, sino parte del estilo del presidente. Por ejemplo, no ha intervenido en el creciente conflicto de Romo con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa -que también ya ha dado muestras de desgaste por razones similares-, generado por el propio presidente al no establecer con claridad las líneas de responsabilidad y mando, donde los 2 se han venido cruzando y enfrentando. La decisión que muestra López Obrador en público al transmitir todas las mañanas que está al mando, se vuelven vacíos de autoridad y silencios cuando de ordenar a su equipo de trata.

A veces parece hasta inopinada la forma como ni siquiera se da cuenta del daño que le hace a sus colaboradores, al gobierno y a sí mismo. Públicamente ha desautorizado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú y, de manera sonora, en 2 ocasiones muy importantes, porque se trata de inversionistas a quienes envía mensajes contradictorios, al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien desmintió que se pospondría la cancelación de la refinería en Dos Bocas, y que se estaba evaluando imponer la tenencia a nivel federal.

Ninguno de ellos ha reaccionado. Herrera ya conoce de los descolones de López Obrador desde que trabajó con él en el Gobierno de la Ciudad de México, y parece no importarle su prestigio. Nahle nunca hubiera llegado a donde se encuentra, si la mano de López Obrador no la cuida y la impulsa hasta la cartera de Energía, donde por su incompetencia y falta de conocimiento, no habría habido ningún otro gobierno que le delegara tanta responsabilidad. Jiménez Espriú ha figurado en los gabinetes de López Obrador desde el 1o. que anunció en 2006, recuperado del retiro para servir como fusible y pararrayos, con el convencimiento total de que será incapaz de llevarle la contra a su jefe. Romo no está hecho del mismo material.

No se revelaron los detalles que llevaron a la decisión de renunciar, ni los argumentos del presidente para rechazársela. El entorno económico, sin embargo, no es favorable al gobierno, aunque López Obrador insista que la economía se encuentra saludable. Internamente, el presidente sabe que el panorama económico está muy complicado, que se pondrá más difícil si se baja la calificación de Pemex, y que lo agrava el mal clima de inversión actual. La salida de Romo en este momento equivaldría a un mensaje que las fuerzas moderadas perdieron la batalla, y que el radicalismo en el equipo presidencial, ganó una partida que llevaría probablemente a una crisis económica.

Alfonso Romo realizó una operación de control de daños urgente en medios electrónicos. Le urgía, después de que terminó la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, desmentir que había presentado su renuncia al cargo -que no le aceptaron-.

Romo hizo lo que políticamente debía hacer para evitar, precisamente, infligir el daño al presidente que habría causado su renuncia. Si no fue irrevocable y aceptó la negativa del presidente a aceptarla, también tuvo que asumir el costo de dar la cara y decir cosas que, fuera del escrutinio público es totalmente contrario a lo declarado, su inconformidad por el poco espacio que tiene para incidir e influir en Palacio Nacional. Romo, incluso, no cuenta con una oficina cercana al presidente, sino despacha en el edificio inteligente que se construyó en Los Pinos durante el gobierno de Felipe Calderón, a 9 kilómetros en línea recta de Palacio Nacional, lo que lo hace el 1er. jefe de Oficina de la Presidencia que despacha lejos del presidente, y el 1o. cuyo peso político dentro del gabinete y el gobierno es prácticamente nulo. Como anécdota de fondo y forma, está tan alejado del imaginario del entorno presidencial, que en la Feria Aeroespacial en Santa Lucía en abril, se les olvidó reservarle una silla en el presídium.

Los motivos de la renuncia de Romo y su deseo de dejar el gobierno, están directamente relacionados con el maltrato del presidente que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado desde los meses de la transición, en una lucha por espacios y poder donde ha fracasado. Romo quiso poner al secretario de Hacienda, pero el presidente nombró a Urzúa. También buscó a uno de los suyos en la cartera de Economía, pero López Obrador le aplicó la misma receta.

Logró colocar a leales en organismos descentralizados, pero Urzúa los fue anulando, como sucedió con Eugenio Nájera, vinculado al sector empresarial regiomontano, que trabajó con Romo en la coordinación del gabinete propuesto por López Obrador durante la campaña, y a quien llevó a la dirección de Nacional Financiera. En su 1er. consejo de administración, Urzúa lo anuló y le hizo ver que ese organismo dependía de él, no de Romo.

Los choques entre los 2 comenzaron de manera abierta temprano en la transición. El 1er. roce fue en septiembre, cuando Urzúa reforzó una declaración de López Obrador sobre el costo de las gasolinas, y dijo que sólo subirían la tasa de inflación, y que no habría gasolinazos. Romo declaró, sin embargo, que no habría control en los precios de gasolina, que no iba a haber subsidios y que no se haría nada que no fuera regido por el mercado; es decir, dejó abierta la puerta a gasolinazos.

Un 2o. choque fue durante la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Aunque los 2 favorecían su construcción, Romo afirmó a los inversionistas que la construcción del aeropuerto seguiría y que no había de qué preocuparse por la consulta ciudadana que se iba a organizar. Urzúa siguió las instrucciones del entonces presidente electo, y a diferencia del jefe de la oficina presidencial, no perdió credibilidad ni interlocución ante los inversionistas. Romo no ha dejado de entrometerse en el terreno de Urzúa, como cuando adelantó en público que se realizarían nuevos recortes en la administración pública, que tuvo que ser desmentido por el secretario de Hacienda. En todos los casos, López Obrador ha respaldado a Urzúa, en perjuicio de Romo.

Romo está muy disminuido dentro del gobierno, sin equipo ni recursos. El presidente le prohibió utilizar su avión privado para viajar los fines de semana a Monterrey, donde está su familia, y su equipo no dispone de viáticos para hacer lo mismo, teniendo que subsidiar al gobierno por trabajar en él para poder regresar a Monterrey los días de descanso. En sus diferentes apariciones en los medios este martes, dijo que estaba organizando grupos empresariales en todo el país. En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

El espacio de maniobra de Romo es muy reducido y está acotado. El choque con Urzúa lo ha ido desgastando aún más que al secretario de Hacienda, a quien el presidente le ha encargado el rescate económico del país, ignorando por completo lo que pueda hacer su jefe de oficina. Esa realidad ha hecho de Romo un token, un anglicismo que se utiliza para describir a quienes sólo son utilizados como símbolo, sin ningún peso para quien los emplea de esa manera, y él está consciente de que perdió la batalla con Urzúa y que el presidente no ha tenido dudas en quién apoyarse.

La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que todo lo que ha sucedido en los últimos 7 meses se modifique, será inevitable.

Por desgracia, el meollo de la cuestión, en el tema de la traída y llevada Reforma Educativa, no estriba en los pasos que deberían darse para elevar, en efecto, el pobre nivel de la educación en México -y subsanar, por ende, uno de los más graves rezagos históricos que el país arrastra desde hace décadas-, sino en no contrariar al sector más radical, quisquilloso y beligerante del gremio magisterial.

Es probable que en los cabildeos entre los dirigentes de las bancadas representadas en el Congreso de la Unión, se hayan logrado consensos para que de la ("mal llamada", según su autoproclamado enemigo público número 1, el presidente López Obrador) Reforma Educativa de la administración anterior, "no quede una coma"... Pero si lo que aprueben las 2 cámaras no es del gusto de la temible CNTE, como dirían los jóvenes de hoy, "ya valió...".

Los recientes bloqueos -impunes todos, por cierto- a las cámaras legislativas, y los anteriores a las vías generales de comunicación, fueron notorias y hasta escandalosas manifestaciones de músculo de la susodicha CNTE.

Al incluir a los mentores en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, la reformada Reforma los vuelve prácticamente intocables. Evaluarlos, presumiblemente, de conformidad con lineamientos que sean del agrado de sus dirigentes, y no con estándares o parámetros internacionales de calidad, no garantiza la deseable mejoría continua, en lo sustancial, de la educación. Incorporar, como se pretende, "como un componente del Sistema Educativo Nacional, a los padres de familia, para darles participación dentro de los procesos de apoyo a la educación de sus hijos", a partir de una realidad en que la mayoría de los padres, aduciendo -válidamente, quizá, en la mayoría de los casos- "motivos de trabajo", delegan totalmente esa responsabilidad en escuelas y maestros, se queda, como tantos rubros incluidos en el proyecto en vías de convertirse en ley, en el terreno de las buenas intenciones.

Y algo más: la "obligatoriedad" de la educación superior, contemplada en la nueva Reforma, obligará a destinar recursos adicionales para construir aulas y contratar maestros, al efecto de que no haya estudiantes rechazados. La medida (que ningún país del mundo aplica, puesto que los jóvenes tienen vocaciones, aptitudes y aspiraciones profesionales muy disímbolas) acrecentará la cantidad -prevén los especialistas-, aunque en detrimento de la calidad, y repercutirá, previsiblemente, en la multiplicación exponencial del número de desempleados y subempleados... ¡ah, pero eso sí, con título universitario...!

El resumen de 63 páginas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (no pude encontrar en línea la versión extensa de 298 páginas) presenta una visión muy esperanzadora en su epílogo: - "En 2021... se habrá garantizado la preservación integral de la flora y de la fauna, se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados; el tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio nacional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción del cuidado del entorno". La esperanza es necesaria pero no suficiente.

Al analizar el documento para ver cómo se logrará ese futuro estado de bienestar socio-ecológico no pude encontrar propuestas concretas, factibles y realistas; peor aún: ¡ni siquiera se le dedicaron una sección del documento! No se demuestra una comprensión del funcionamiento de los ecosistemas de los cuales depende la sociedad mexicana para prosperar. El resumen no da confianza que la visión para 2024, ya que el tema socio-ecológico es mencionado someramente según se ejemplifica en el uso de palabras claves sobre el tema.

1. El documento no incluye una sección individual sobre la naturaleza, el medio ambiente, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que son la base para la salud pública y el desarrollo socio-económico. El tema no se trata de forma transversal en todas las secciones; más bien no se prioriza.

2. Al parecer, el mar, el océano, las montañas, los ríos, los lagos y los bosques de México no tienen relevancia, ya que no ameritaron ser analizados como componentes ambientales que requieren atención específica gubernamental.

3. Si bien menciona "desarrollo sostenible" en 5 ocasiones, se omite por completo el análisis integral del componente ecológico como uno de los tres elementos de la sustentabilidad (que son ecológico, económico, y social, incluyendo este último los elementos políticos y culturales).

4. Nunca menciona los problemas de contaminación de agua, suelos y aire, cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, acidificación oceánica, desertificación y erosión, entre muchos otros a los que se enfrenta el país.

5. Nunca menciona las palabras ecosistema, servicios ambientales, silvestre, y otros términos que demuestren una comprensión de la relevancia de los procesos ecológicos para el desarrollo nacional y el combate a pobreza y la inequidad.

6. Se mencionan superficialmente una vez las palabras "ecología" "medio ambiente" "suelo" y "biodiversidad".

7. No se menciona la palabra "fértil" más allá de ser las letras insertas en la palabra "fertilizante" en afirmaciones sobre su producción y aplicación.

8. Se menciona "naturaleza" o "natural" solo 2 veces en lo relativo a medio ambiente cuando afirma que: "Los técnicos... aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza..." y "propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso del... hábitat, defensor... del ambiente natural... consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas".

9. Las acciones de impulsar prácticas agroecológicas y sustentables, la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad; sistemas de energía renovable rurales, prácticas de producción sustentables, y la conservación de la biodiversidad, se mencionan de forma superficial y sin líneas concretas de acción.

Esperemos que el resumen no refleje el plan en su totalidad. Las omisiones en el texto del plan, se traducirán también en omisiones en la asignación de presupuesto, de personal y de compromiso, lo que lamentablemente ocasionará lo opuesto de lo que desea evitar: "dejar un territorio en ruinas para las futuras generaciones".

Quienes no han alcanzado consensos en torno a sus liderazgos son los morenistas de Jalisco.

La falta de acuerdo para nombrar al dirigente estatal, el ex priista Hugo Rodríguez, quedó manifiesta durante su unción. No acudieron ni Carlos Lomelí ni el coordinador parlamentario Bruno Blancas ni algún representante nacional del partido.

Muchos morenistas se inconformaron porque Rodríguez no tiene sangre azul, o mejor dicho, morena, y más bien desciende de las alas más priistas del priismo.

Lo que sí "cohesionó" a los morenos fueron los 24 millones de pesos de presupuesto público y que el partido no podía ejercer ante la falta de un presidente estatal.

A ver si con ese dinero les alcanza para elevar el "pedigrí" de sus iniciativas en el congreso local y aunque sea para amueblar con un poco más de seso y oportunidad su grilla local.

Acudieron miles. ¿Cuántos? Da igual, no vale la pena caer en el deleznable debate numérico. Lo relevante era PARA QUÉ estaban ahí libremente congregados -en domingo- tanta ciudadanía. Eso era y eso es lo trascendente de la marcha celebrada ayer en diversas ciudades de México.

Nadie acudió a exigir privilegio alguno, ni dádivas gubernamentales. Nadie reclamó nada que no sea democráticamente razonable. Se realizó con un civilidad ejemplar. Fue una muestra de una ciudadanía serena, pero firme, frente a un gobierno que pretende dividir -una día sí y al otro también- a la sociedad mexicana en 2 bandos irreconciliables.

Salieron a la calle grupos importantes de esa sociedad diversa que es México. Salieron a exigir respeto al gobierno, apego a la legalidad, así como transparencia en el ejercicio del poder público. A protestar por la suspensión del NAIM en Texcoco; a exigirle seguridad pública; a expresar su desacuerdo con el manejo de la economía; a manifestar el descontento por los recortes en servicios públicos indispensables para importantes sectores de la población, entre diversas expresiones.

Este ejercicio de ciudadanía es extraordinario, porque es la muestra manifiesta de una comunidad de hombres y mujeres libres que no están dispuestos a ceder sus derechos y libertades democráticas. Una sociedad que le recuerda la presidente López que, efectivamente ganó las elecciones, pero que las GANÓ SÓLO CON LA MAYORÍA DE LOS VOTOS EMITIDOS (30 MILLONES), DE UN PADRÓN ELECTORAL DE 89 MILLONES, EN PAÍS DE 123 MILLONES DE PERSONAS.

En esa tesitura, estas expresiones de la sociedad le dicen al presidente López que no puede hacer con el país lo que le venga en gana.

Nadie los acarreó. Asistieron familias enteras en ejercicio de su libertad. No hubo implicación de partidos políticos ni de organismos gremiales. No hubo dineros. Fue libertad ciudadana plena.

¡Bravo México! Tenemos una sociedad libre y suficiente para defender nuestros valores democráticos, nuestro presente y nuestro futuro. ¡Bravo México!

Acerca de la polémica que se ha suscitado en redes sociales por videos en los que se exhibe que no canta el himno nacional durante los eventos oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no lo entonaba porque se trataba, en algunos casos, de honores al Presidente. Sin embargo, se comprometió, de ahora en adelante, cantarlo en todos los eventos.

[¡Oh, Majestad! ¡Alteza serenísima! ¡Honorable excelsitud digna de todo homenaje! ¡Megapadre de la patria! ¡Ave Peje! - el webmaster.]

"Siempre lo canto, cada vez que puedo lo canto, a lo mejor en alguna ocasión no lo canté o no lo estoy cantando".

"Hay veces, de acuerdo al protocolo ceremonial, que cuando se trata de rendir reconocimiento al Presidente, entonces el Presidente está para eso, porque es una institución, tiene la representación de ser el jefe del estado".

"En otros casos a lo mejor sí de debe de cantar el himno. ¡Lo canto! Yo soy muy respetuoso de la bandera, del himno [...] respeto a las instituciones y respeto a la bandera, y conozco la historia".

"Entonces, si sale esa polémica en las redes, pues ya ahora a cantar el himno todos. Y yo más, sí", prometió.

Un grito de auxilio lanzaron ayer por enésima ocasión dirigentes de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, asentada en los municipios del norte de Jalisco, Mezquitic y Bolaños.

Se dicen engañados por el gobierno del priista Enrique Peña Nieto porque nunca liberó los 25 millones de pesos prometidos para iniciar el pago a los ganaderos nayaritas que ocupan desde hace más de un siglo más de 10,000 hectáreas de sus tierras. Pero lo peor es que el gobierno de la autollamda 4a. transformación dice no saber nada de ese compromiso para poder procesar las 14 sentencias que les han sido favorables de los 47 juicios abiertos y los mandan con los gobiernos locales de Nayarit y Jalisco donde también se deslindan de cubrir esos gastos.

Al Gobierno de Jalisco le reclaman además que en su proyecto refundacional no se vea claro su política hacia las comunidades indígenas. Ven incluso abandono por el hecho de que se hayan cerrado las bases policiales que instaló la Fiscalía hace más de un año en Tuxpan y la Mesa del Tirador, dejándolos prácticamente en la indefensión ante las hostilidades de los ganaderos nayaritas por los problemas de la tenencia de la tierra y la operación de grupos de la delincuencia organizada que han ampliado en los últimos años los cultivos de amapola en esa zona.

La atención dada a esta añejísima problemática de la comunidad huichola en nada honra la promesa que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado, que luego de pedir a representantes de los pueblos originarios "purificar" su investidura presidencial, inició su lista de 100 compromisos asegurando que los pueblos indígenas tendrían "atención especial" porque era "una vergüenza la opresión, el racismo que sufren y la marginación". En su toma de posesión, el 6 de diciembre, Enrique Alfaro también hizo alusión, aunque con menos énfasis, a la desigualdad social que padecen las comunidades indígenas en el estado, al prometer que dejaría de ser una "agenda abandonada".

La presencia de personajes que se han vuelto indeseables para un sector mayoritario de la población, como el ex presidente Vicente Fox Quesada, le restaron peso a los miles de mexicanos que sin necesidad de una convocatoria partidista, sí acudieron a manifestar su desacuerdo y enojo.

De entrada, las cifras: 15,000 en la Ciudad de México, 3,000 en Guadalajara. ¿Son pocas? Enfocan mal las cosas quienes, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, consideran que la cifra define. "¡Fueron TODOS!", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, para destacar que la cantidad es pequeña en comparación con el apoyo mayoritario que tiene el presidente. No es el punto, de entrada, y es mensaje negativo que uno de los miembros del gabinete participe en el juego de la desacreditación.

Querríamos verlo en acción en otras tareas. Y no me refiero a las obras del futuro Aeropuerto Felipe Ángeles (el de Santa Lucía), sino en cuestiones concretas y cercanas para los jaliscienses, como los trabajos de la inconclusa Línea 3 del Tren Ligero y las investigaciones para revelar, denunciar y castigar a los responsables del retraso y el evidente desfalco de la obra que fue considerada la más importante (ahora un evidente fracaso), del sexenio anterior.

Y de vuelta a la manifestación: desde la perspectiva de este autor, exigir la renuncia del presidente López Obrador es, primero, la manifestación extrema de molestia de quienes esperaban resultados inmediatos o de plano, no lo querían desde antes de comenzar el ejercicio presidencial que obtuvo legítimamente, por la vía democrática.

Pero además, es también un despropósito.

Se ha convertido en moda sexenal jugar con la posibilidad de que el presidente en turno no soporta la presión o ha cometido tantos errores en su desempeño, que es inminente su renuncia. Eso se puede rastrear, presidente tras presidente, desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero por fortuna para el país no sucedió. Quienes lo anhelan no calculan el daño que eso generaría.

Sin embargo, sí es necesario valorar la manifestación en contra.

¿Acontecerán cambios, removerá a miembros del gabinete o anunciará nuevas líneas de acción? Con toda seguridad, no. Pero al presidente se le agota el tiempo de "el beneficio de la duda". Las exigencias de resultados serán coros y no voces aisladas.

La utilidad de la manifestación es, primero, mantener vigente el derecho democrático de la libre expresión, no importa que no se pertenezca a movimientos partidistas o sindicales. Y después, es el recuerdo permanente para el presidente: todas sus decisiones son discutibles.

Los manifestantes del domingo ya no cabían en una selfie, como sucedió en la 1a. marcha convocada en Guadalajara hace unos meses que no juntaron a más de 20 manifestantes. Da igual si eran mil o 3,000 acá y 10 o 15,000 en Ciudad de México. La marcha en sí habla de un sector de la sociedad que normalmente es apático y reacio a la calle hoy movilizado y expresando públicamente sus reclamos.

Si bien vimos a algunos personajes de la oposición, principalmente panistas, haciendo proselitismo (el caso de Fox llama particularmente la atención) se trata de un sector en su mayoría conservador (había también algunos obradoristas arrepentidos) pero que son, para bien del país, más diversos y complejos que la caricatura que dibuja todos los días el presidente en las mañaneras.

Todo partido en el poder busca la hegemonía. Algunos lo hacen descaradamente como lo planteó el senador Monreal pidiendo votos a cambio de presupuesto en Aguascalientes, otros con chantajes, cochupos, negociaciones, etc., pero la lógica de reproducción del poder está en la agenda de todo grupo político. La apabullante mayoría acompañada de una alta popularidad hizo del principio del sexenio de López Obrador una maquinaria que parecía no tener oposición. Las marchas del fin de semana junto con una caída leve pero constante de la popularidad del presidente, merced del desgaste cotidiano, son, aunque a algunos no les guste, una señal de vida de la democracia.

Un juez federal de la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de amparo que impugna la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Juan Carlos Guzmán Rosas, juez 5o. de Distrito en Materia Administrativa, admitió el 30 de abril el Amparo 646/2019, y emplazó a las autoridades federales para que rindan informes justificados sobre la decisión de cancelar la obra, valuada en más de 13,000 millones de dólares y con 33% de avance.

A petición de la parte quejosa, el juzgado censuró su nombre en las listas de notificación.

El expelotero de Grandes Ligas, exdirectivo de equipos de beisbol y ferviente lector de libros cristianos, se orilla en la carretera para atender la llamada. "No era cualquiera: era el presidente". Aquel día, Andrés Manuel López Obrador le ofreció dirigir la oficina de beisbol de la Presidencia.

4 años antes, López Obrador tuvo entre sus manos el libro Desde el diamante, una obra que Edgar escribió hace ya algunos años y que se define como un texto "para aquellos que buscan ser profesionales de beisbol y para personas que quieren lograr las metas en su vida".

El mandatario y Edgar se conocieron en 2014, en un desayuno en Tijuana. Los presentó Jaime Bonilla, quien fuera directivo de beisbol hace varios años y ahora es coordinador estatal para el desarrollo en Baja California. "Don Jaime me dijo que el señor presidente [en ese momento no tenía ese cargo] le comentó que le gustaría que yo trabajara para él".

5 años después de ese encuentro, llegó la llamada del presidente. Edgar se orilló en la carretera y dio comienzo la historia del beisbol como un asunto de Estado.

Pero todo cuesta. Edgar afirma que, si le respetan el presupuesto de los 350 millones de pesos (mdp) cada año, sería "probablemente suficiente" para que el plan funcione. Eso significa que, para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), la Oficina de la Presidencia operaría con 2,100 mdp durante el sexenio.

Nunca un deporte tuvo en el país una oficina especializada, ni había recibido tanto dinero público de manera tan abierta.

Después de aquella llamada telefónica, López Obrador y Edgar González se reunieron en Palacio Nacional. El mandatario le explicó el proyecto y, entonces, el ex pelotero decidió desechar una oferta para trabajar en las oficinas de los Mets de Nueva York, en Grandes Ligas.

La idea es construir, a lo largo del sexenio, 15 o 16 academias para desarrollar peloteros profesionales, managers o directivos. Las 10 primeras instalaciones serán financiadas por la SEP a través del programa Bienestar.

La mayoría se construirán "en zonas marginales, como Iztapalapa (Ciudad de México), Minatitlán (Veracruz), Ticul (Yucatán) y Palenque (Chiapas); y después se elegirán las sedes donde los gobiernos de los estados apoyen la construcción para operarlas nosotros. Será una inversión de los estados y de la oficina de la Presidencia".

La petición de López Obrador a Edgar González es que, al finalizar el sexenio, hayan colocado entre 60 y 80 peloteros en Grandes Ligas. ¿Qué significa esto? Estar entre las 2 naciones que más beisbolistas extranjeros colocan en la MLB.

Pero estos jugadores no saldrían propiamente de las academias que se planea construir. "Serán muy jóvenes nuestros prospectos, pero hay 163 jugadores mexicanos en las Ligas Menores [divisiones inferiores]; creo que hay posibilidad de que muchos logren ese objetivo".

¿Cuántos niños y futuros entrenadores se verán beneficiados con los 350 mdp? Según las cifras de Edgar González, la cifra será de, al menos, unos 640 niños y unos 128 entrenadores, para un total de 768 personas; todo esto, si se logra construir las 16 academias que se tiene proyectado.

El programa de López Obrador, hasta ahora, no ha sido criticado abiertamente por deportistas o directivos. Las posturas en contra han llegado, más bien, de la clase política.

"El pasatiempo del presidente, por encima de los programas para pacientes con cáncer, sobre las estancias infantiles para madres trabajadoras, cancelando refugios para mujeres víctimas de violencia". Así redactó, al respecto, en su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón.

La senadora panista Xóchitl Gálvez también se sumó a la crítica del proyecto Probeis: "Lo que a mí me indigna es que invierta dinero en beisbol y no en las estancias infantiles", señaló.

El programa de beisbol no está enfocado en la activación física para el combate al sedentarismo; no podría estarlo, si sólo se atiende a 640 jóvenes al año, en un país donde hay casi 50 millones de personas obesas, según un estudio del Imco.

Los programas de desarrollo de la oficina del beisbol empezarán en este mes de abril, pero las academias estarán listas (2 o 3) para el verano, y las que se están construyendo lo estarán entre octubre y enero del próximo año. Así que el plan estará funcionando al 100% hasta enero de 2020.

La Oficina de Probeis está a un lado de donde despacha el presidente. A veces (cuando el tiempo lo permite), López Obrador decide ir a charlar con Edgar González sobre el programa o sobre algún detalle de índole beisbolera.

Además de este deporte, la caminata y el boxeo tendrán oficinas especiales (claro, no estarán al lado de la oficina presidencial). El presupuesto para las 3, en 2019, es de 500 mdp, de los cuales 350 mdp van para el deporte favorito del presidente, quien es aficionado a los Cardenales de San Luis (de las Grandes Ligas).

"La mayoría va para el beisbol", dijo López Obrador en una conferencia mañanera, cuando anunció la inversión para las 3 oficinas, y soltó la risa. "El beisbol no tendrá favoritismo en el sexenio", comenta Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, el organismo estatal del deporte; pero, crear una oficina especial para un deporte, ¿no es ya favoritismo?

Edgar González asegura que la idea es que el plan continúe después del sexenio.

¿No es complicada la relación con la LMB y LMP por el tema de las academias? Éstas afectarán su negocio de venta de jugadores, que es uno de sus ingresos más importantes...

Las instrucciones del presidente López Obrador son muy claras: las academias se van a hacer, sí o sí. Ante cualquier estrategia que ellos [las ligas] quieran hacer para parar este proyecto [deben saber que] no están parando a Edgar González: están parando al presidente. Y no sé si alguien quisiera aventarse algo en contra del presidente de la república...

Hay 2 clases de personas: aquellos que no saben y aquellos que no saben, pero creen que saben.

El presidente es de los segundos. Alguien que todos los días se burla de los técnicos, llama a la economía un "oficio", desprecia el conocimiento, desdeña la ciencia, trivializa la experiencia y cree que siempre tiene la razón.

Alguien que todos los días desoye a quienes le presentan datos duros, ningunea a quienes le advierten sobre las consecuencias de las posturas que toma, acalla a quienes intentan decirle que está cometiendo errores y muy graves.

Con la forma en que recorta, gasta y redacta memorándums, López Obrador demuestra el talón de Aquiles del proyecto que quiere impulsar: su analfabetismo económico.

El mayor peligro de la 4T y quien la lidera no es su "populismo"; es su ignorancia.

Ignorancia sobre cómo funciona el Estado y cómo funcionan los mercados. Ignorancia sobre cómo se arma un presupuesto y las variables que intervienen en su elaboración y ejercicio.

Ignorancia sobre el vínculo entre crecimiento y recaudación, certidumbre e inversión, regulación y competencia, competencia y productividad, política social e informalidad, monopolios y extracción de rentas, capitalismo de cuates y subdesempeño económico.

El presidente está intelectualmente atorado en los paradigmas del pasado.

Habla y escribe y dicta documentos como si hubiera dejado de leer, informarse y educarse desde 1970.

Defiende su visión de capitalismo estatal y discrecional como si esos modelos no hubiera producido crisis tras crisis debido a la politización y personalización de la política económica.

Presume un Plan Nacional de Desarrollo inspirado en documentos de 1906.

La ignorancia económica del presidente sería menos grave si se dejara educar, si tuviera voluntad de aprender, si reconociera sus limitaciones en este tema y permitiera que otros lo asesoraran.

Pero en México ya no hay un gabinete funcional; hay un gobierno cada vez más unipersonal.

López Obrador revela el carácter de quienes lo rodean y ellos demuestran no tenerlo.

Gente talentosa que carece de fuerza interior hace las concesiones obligadas, acepta las humillaciones impuestas, obedece las instrucciones presidenciales aunque las sepa desinformadas o tóxicas.

He ahí a Carlos Urzúa agachando la cabeza, a Arturo Herrera mordiéndose la lengua, a la subsecretaria de Egresos de Hacienda intentando explicarle al presidente que sus números simplemente no dan, a los pocos técnicos que quedan proveyéndole una dosis de realidad que AMLO prefiere ignorar.

Que no hay manera de rescatar a Pemex al estilo 4T sin hacer cada vez más grande el boquete en las finanzas públicas.

Que no hay forma de financiar proyectos inviables como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía con más recortes y más despidos y más adelgazamiento gubernamental.

Que no hay forma de forma de atraer y mantener la inversión si consuetudinariamente se cambian las reglas de juego.

Que los programas sociales no están garantizados porque al gobierno le faltan millones de pesos que no tiene.

Pero AMLO calla a los economistas que lo quieren asesorar; ignora a miembros de su equipo que le sugieren rectificar; insulta de mala manera a expertos con buenas intenciones.

Y evidencia así cuán terrible es la ignorancia en acción; cuán peligrosa es la ignorancia sincera; cuán contraproducente es no saber, pensando que se sabe.

Ignorancia presidencial -traducida en política pública- producto del orgullo o la obcecación o la prisa o la visión ideologizada de la economía.

Necedad detrás del último memorándum anunciando recortes adicionales que "permitan liberar mayores recursos para el desarrollo", y AMLO cree que la única forma de lograrlo es a través de la política petrolera.

Pero no ha entendido o no quiere entender las implicaciones de sus decisiones.

Pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para salvar a Pemex acabará desmantelando al Estado y su posibilidad de actuar, de subsidiar, de apoyar.

Porque le quitarán recursos al IMSS, al ISSSTE y los servicios básicos que proveen. Porque mermarán aun más la operatividad institucional.

Porque si el presidente sigue abrazando la ignorancia voluntaria, en lugar de desarrollo nacional habrá una pauperización general.

Y como lo escribió Robert Browning: "La ignorancia no es inocencia, es pecado". Pecado presidencial.

El analista político Sergio Aguayo afirmó que tiene la impresión de que el presidente López Obrador toma decisiones y su equipo de economistas las justifica o intenta justificarlas. Afirmó que parece que el mandatario toma decisiones sobre la marcha y posteriormente se busca el argumento económico. Dijo que sería preocupante que la economía únicamente la decida el ejecutivo federal.

Diversas agrupaciones civiles locales y nacionales, así como miles de ciudadanos independientes, decidieron dejar ayer domingo la tranquilidad de su día de descanso para salir a las calles de por lo menos 29 ciudades, incluidas la capital del país y de nuestra entidad, para dejar ver la angustia en que se vive, y que afortunadamente no se trata de comparar con Venezuela u otra nación en desgracia, pero de que la gente esta molesta y asustada, no hay duda, y una sociedad así puede reaccionar de muchas maneras, incluyendo las no deseables.

Hartos de la corrupción, impunidad, tráfico de influencias, robos de todo tipo, designaciones de compras millonarias sin previa licitación -o amañadas-, cobros de plaza, secuestros, miles de desaparecidos y asesinatos al por mayor, son algunas de las causas por las cuales la ciudadanía salió a las calles.

Las tropelías por resolver son muchas, sin embargo, un mal enquistado hasta el tuétano en el mundo entero y que pareciera que en México se tiene la carta patente es el tráfico de influencias. Los familiares, sus amigos cercanos -y los no tan cercanos también-, además de oportunistas que de último momento se adhieren a causas que antes ni volteaban a ver, gente cuyo lema continúa siendo: "si no tranzas, no avanzas" y muchos más, viven y han formado descomunales fortunas a la sombra de los hombres y mujeres del poder.

Si bien, habría que decir que no se trata de echar del poder a quienes hoy nos gobiernan, para darnos gusto a quienes no votamos por ellos, sino de alertarles de lo que está pasando en sus administraciones: lo mismo o peor de lo que tanto han criticado, y de que la ciudadanía ya no está dispuesta a soportar tanta mentira, inseguridad, impunidad y desacato a la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.

Es cierto, aún no se puede hablar de grandes marchas protestando en las calles, en buena medida porque el grado de concientización de muchos de nosotros aún no alcanza la madurez necesaria, pero sobre todo porque los organizadores no cuentan con el experiencia de quienes hoy se encuentran empoderados en los 3 ámbitos de gobierno, los cuales desde temprana edad han vivido de organizar marchas de protesta. Algunos con una imaginación y creatividad nada despreciables (quema de pozos petroleros, desnudos en las plazas principales, eternos plantones, entre muchas otras formas), que si se vieran reflejadas en su actuar como gobernantes, otra situación es la que estaríamos viviendo.

Hay quienes abogan en favor de dichos gobernantes porque sólo tienen unos cuántos meses en el poder... pero no quiero ni imaginarme con ellos 6 años a ese paso.

La marcha del domingo en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador -cacerolista o no- revela una 1a. reacción interesante frente a un gobierno que lleva tan solo 5 meses. Los partidarios de la 4a. transformación pueden alegar, con algo de razón, que se trata de una reacción reaccionaria, valga la redundancia, es decir, de los sectores fifí o conservadores, o de clase media alta, pero de todas maneras es algo que no habían visto. Los partidarios de esta oposición al gobierno, como es mi caso, aunque no haya asistido a la manifestación, podemos alegar que no se había visto una protesta antigubernamental tan pronto en un sexenio como ahora.

¿Qué es lo que está sucediendo? En 1er. lugar, una respuesta compleja, contradictoria, difícil de entender de un sector importante de la población, principalmente de la Ciudad de México, que no ve con buenos ojos lo que ha venido sucediendo. En 2o. lugar, un principio de aceptación de la protesta: se empieza a volver políticamente correcto o aceptable el no estar de acuerdo con la 4T, aunque tenga los supuestos niveles de popularidad que se dicen.

Parece que la realidad se empieza a constituir en la principal fuente de oposición al régimen. Desde la escasa creación de empleos, hasta el subejercicio del gasto -entre otros rubros en salud, por ejemplo- pero también para la clase media en lo que se refiere a un 10% de caída en la compra de automóviles, la única oposición verdadera al gobierno de López Obrador empieza a manifestarse.

No va a verse con claridad esta oposición, o este descontento o este rechazo, hasta que la realidad empiece a afectar a la gente, y hasta que las promesas o anuncios de López Obrador se compruebe que son irrelevantes. Es el gobierno del "vamos a". Pero lo que es real es que el gobierno empieza a enfrentar una serie de contradicciones y de reveses que son difíciles de justificar.

Creo que todavía tiene tiempo el régimen para seguir disfrutando de su luna de miel en materia de aprobación y favorables en las encuestas. Pero no tanto. Pronto aparecerán las encuestas que indiquen, que como tenía que suceder con este gobierno o con cualquier otro, los números empiecen a descender. Entiendo que no se puedan publicar todos, pero si no se publican, se filtran.

Empieza a llegar un 1er. momento de la verdad.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, se burló este domingo de la convocatoria a la marcha contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin mencionar cifra alguna de participantes en la jornada de manifestaciones en el país, la mayor de las cuales se realizó en Ciudad de México, Jiménez Espriú escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí..., ¡FUERON TODOS¡".

El comentario del funcionario del gabinete de López Obrador se dio luego de que opositores y simpatizantes del presidente se expresaran en la red social a propósito de la marcha. Mientras los primeros destacaron los miles de participantes, los segundos minimizaron y se burlaron de la baja convocatoria.

A lo largo del día, las frases #MarchaDelSilencio, #AmloMxTeReclama, #AMLOLaFuerzaDeMéxico y #MarchaFifí estuvieron entre las 10 tendencias de Twitter en México.

El tuit de Jiménez Espriú recibió una oleada de respuestas en contra y de apoyo.

El expresidente mexicano Vicente Fox, que participó hoy en una marcha en León, fue uno de los que reaccionaron: "Lambiscón, lame botas. Te instruyeron para mentir. Pobre secretario!".

Miles de personas realizan una marcha pacífica este domingo sobre el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes reclaman al mandatario que sus promesas de campaña no han sido cumplidas y critican decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Usuarios de redes sociales han publicado fotografías utilizando hashtags como #AmloMxTeReclama y #MarchaDel Silencio.

Unos callan a otros. Esos otros aplauden y no dejan de gritar "¡Mé-xi-co! ¡Mé-xi-co!". Por allá una señora molesta lanza: "¡AMLO, ya basta de ocurrencias!". Un grupo compacto, de unas 15 personas, todos familiares, insiste en guardar silencio. El silencio no llega. La marcha avanza.

Desde la semana pasada, los organizadores de esta nueva movilización en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, bautizaron esta caminata, de nuevo por Paseo de la Reforma, como "La marcha del silencio".

La expectativa del "silencio" es muy alta para los casi 3,000 asistentes que partieron del Ángel de la Independencia en punto de las 11 de la mañana.

El cosquilleo por hablar, por hacer ruido, por lanzar consignas, doblega esa convocatoria de "silencio", la resquebraja desde su origen, al pie de la Victoria Alada, que se eleva majestuosa desde su columna centenaria. Y luego minutos más tarde, cuando esa marea blanca de mujeres y hombres avanza con dirección al Centro Histórico.

Edgardo Farell, un señor de unos 50 años, de plano truena a la altura de la Glorieta de la Palma: "¡Que se callen, con una chingada! ¡Es una marcha del silencio!"

Algunos ríen. La mayoría asume el reclamo 3, 5 minutos. A los pocos metros retoman el bullicio y el reclamo a todo pulmón: "¡Ya no mientas AMLO!" "¡Renuncia por el bien del país!"

Hasta el momento no ha habido reportes de incidentes violentos o disturbios. Los ciudadanos marchan vestidos en color blanco y de manera pacífica.

Miles de personas en varios estados de la República respondieron a la convocatoria nacional para salir a protestar este domingo contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigir su renuncia, entre otras demandas.

Además de la manifestación que recorrió Paseo de la Reforma en Ciudad de México, la llamada "marcha del silencio" se replicó en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, Hermosillo, León, Mérida y San Luis Potosí.

Guadalajara

En la Plaza Universidad del centro histórico tapatío se reunieron cientos de ciudadanos para expresar su inconformidad con decisiones del gobierno federal como la cancelación del nuevo aeropuerto en Ciudad de México.

Durante la manifestación se pudieron apreciar diversas sombrillas negras con leyendas pintadas en blanco y pancartas con consignas como "AMLORenuncia", "No reelección", "Justicia sin Ley: corrupción", entre otras.

Monterrey

Más de 500 personas atendieron la convocatoria nacional al asegurar que las medidas que ha puesto en práctica el presidente López Obrador son un retroceso y además "no ve ni escucha" a los mexicanos.

El contingente realizó una concentración frente al Palacio de Gobierno y posteriormente hizo un recorrido por la calle Zaragoza, para regresar por la calle Zuazua al punto de partida de la manifestación.

Los manifestantes exigieron que se ponga freno a la violencia, y por medio de pancartas pidieron a López Obrador que no se permita el ingreso de migrantes centroamericanos.

Hermosillo

Unas 100 personas realizaron hoy manifestación pacífica. La vocera de la organización "Nosotros somos Chalecos México", Andrea Moreno, explicó que se trata de un movimiento nacional que pide respeto al jefe del ejecutivo.

Luego de caminar desde la Plaza Zaragoza al Mercado Municipal, en el centro de la capital de Sonora, los participantes entonaron el Himno Nacional y distribuyeron volantes con información sobre el colectivo.

Moreno, quien se identificó como ama de casa, planteó que los manifestantes están en contra de la cancelación de diversos programas de apoyo social y "lo más grave es lo que hace con la Constitución, ha hecho cambios fuertes para salirse con la suya, nos quiere llevar hacia un Estado autoritario".

León

En la ciudad ubicada en Guanajuato, el expresidente Vicente Fox Quesada encabezó la marcha en contra de las políticas del actual jefe del ejecutivo federal.

Querétaro

Con pancartas pidiendo al gobierno federal recapacite en sus políticas públicas, más de 2,000 queretanos se unieron a la manifestación pacífica por la paz en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La protesta se convirtió en una marcha silenciosa que transcurrió de manera pacífica en el 1er. cuadro de la capital queretana.

Morelia

Un contingente caminó con dirección al centro de la capital michoacana. La movilización fue encabezada por el político panista Salvador López Orduña y los ciudadanos gritaron consignas en contra del actual presidente del país.

San Luis Potosí

Un contingente de alrededor de 500 personas protestaron apoyados por la organización Chalecos México.

De acuerdo a lo señalado por los coordinadores de esta marcha, José Luis Pérez Castillo y Teresa Muriel, con este evento se buscaba no generar ningún tipo de consigna en contra del mandatario para ver si, a través del silencio que manifiestan los ciudadanos, atiende finalmente las necesidades que se han venido requiriendo.

"Es muy aventurado decir que se trata de una dictadura, pero hay señales muy claras porque está siguiendo los mismos pasos que en Venezuela y mucho más rápido; el problema es que no gobierna para todos, y pues aquí nos acompañan muchas personas que en su momento votaron a favor del actual presidente y ahora se manifiestan arrepentidos, protestando por la falta de acciones", señaló Teresa Muriel.

Mérida

Alrededor 300 personas se sumaron a la convocatoria en la capital de Yucatán. Marcharon apoyadas con pancartas y gritos de "¡Así no...¡" recorrieron el paseo de Montejo de esta ciudad.

A lo largo de la caminata se escucharon consignas en contra del gobierno federal, así como porras a México.

Los manifestantes también cargaban letreros que decían "no somos 'fifís' ni 'chairos', somos mexicanos" y "no a la división".

Cientos de manifestantes se congregaron en Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara, para expresar su inconformidad ante el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al grito de consignas como "Fue un error votar por Obrador", los inconformes destacaron la postura neutral del gobierno federal con respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mexico (NAICM) y el revés a la Reforma Educativa como algunos de los puntos en los que se encuentran inconformes con el actuar de López Obrador.

"Está tomando decisiones con consultas que no tienen ninguna validez. Consultando entre comillas a un pequeño grupo de personas a mano alzada no es una forma válida de gobernar", mencionó Andrés Velasco, uno de los manifestantes.

Carlos Guerrero, de Xiudadanos Mx y uno de los organizadores de la manifestación, expresó su inconformidad ante la falta de una postura en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de parte del gobierno mexicano. Dijo que "la aplastante mayoría de los países del mundo y de organismos internacionales no pueden equivocarse al estar en contra del gobierno de Maduro".

Los manifestantes leyeron un manifiesto exigiendo una postura clara en contra del gobierno de Maduro, el cual repartieron entre los asistentes para ser firmado. Además, expresaron su inconformidad ante los índices de delincuencia que se viven en Jalisco y el resto del país.

Saldos de la marcha:

Camiones secuestrados: 0
Comercios vandalizados: 0
Monumentos dañados: 0
Grafitis en monumentos historicos: 0
Llantas incendiadas: 0
Barricadas: 0
Bombas molotov: 0
Cohetones: 0
Piedras lanzadas: 0
Vehiculos privados dañados: 0
Robo a establecimiento: 0
Aparadores rotos: 0
Personas agredidas o excluidas por razones raciales, estilo de vida o religiosas: 0
Acarreados pasando lista: 0
"coordinadores" de consignas y cantaletas: 0
Daños a embajadas: 0
Ofensas a símbolos patrios: 0
Policias heridos: 0
Patrullas dañadas: 0
Personas arrestadas: 0
Pesonas que hicieron sus necesidades en la vía pública: 0
Repartidores de tortas y refresco en bolsita: 0
Acarreados en camiones foráneos: 0
Toneladas de basura dejadas por los manifestantes: 0
Dinero pagado para asistir: 0
Peticiones fuera de la ley y la justicia: 0
Descuentos salariales por inasistencia: 0
Mujeres violadas, acosadas o agredidas: 0
Horas de clase perdidas: 0
Daños a planteles escolares: 0
Metros cuadrados de vías publicas invadidos por plantones permanentes: 0
Allanamiento y daños a instalaciones gubenramentales: 0
Consultas "democráticas" a conveniencia a mano alzada: 0
Recursos, plataformas, trmpletes, sonido suministrado por las autoridades locales: 0

Y...

Asistentes por voluntad propia: 100%
Ideas libres : 100%
Defensa de la democracia y el Estado de Derecho: 100%
Compromiso con México: 100%

Algo tienen que aprender de esta marcha los que no saben manifestarse asi...

(V.Xiudadanos Mx del 5 de mayo de 2019).

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados opinó que es un "error" que el presidente Andrés Manuel López Obrador no acepte sus equivocaciones, pero sí descalifique a las organizaciones nacionales e internacionales, e incluso a dependencias de su gabinete que advierten que es necesario hacer cambios a la política pública en materia económica y de seguridad, para poder alcanzar los objetivos que su gobierno se ha planteado.

El sol azteca consideró como irresponsable la actitud de López Obrador, quien se niega a aceptar que la política pública en materia económica y en seguridad no van por el camino correcto y en lugar de corregir incurre en la misma práctica de negación y responsabilizar a otros de sus tropiezos.

Así, mientras que estudios del Banco de México aseguran que la economía del país no alcanzará tasas de crecimiento superiores a 2.2% en los próximos 10 años y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó que se espera un crecimiento para México de 2% a 1.6%; Andrés Manuel opina que la economía va "requete bien" y que "le va a ganar a los pronósticos que auguran una baja en el crecimiento".

El asunto, aseguraron las y los diputados del PRD, es que, a partir de los bajos indicadores económicos actuales, es muy probable que el presidente no podrá cumplir el objetivo que planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que sostiene que al terminar el sexenio en 2024, la tasa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) alcance 6% anual, para que al final promedie 4%.

Otro dato preocupante, comentaron legisladoras y legisladores perredistas es que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el empleo formal se desplomó 26.9% en el 1er. trimestre de 2019, respecto al mismo periodo en 2018.

La misma actitud de negación se observa en Andrés Manuel en relación a la inseguridad, incluso respecto a los datos que arrojan las propias dependencias federales.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 1er. trimestre de 2019 se registraron 8,493 homicidios dolosos, la cifra más alta en la historia reciente.

El organismo, integrado por instancias federales (Gobernación, Defensa, Marina y FGR), estatales y municipales; sostiene que de enero a marzo de 2019, tuvieron lugar 743 más homicidios dolosos que en el 1er. trimestre de 2018.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) hizo un llamado al presidente de la República Mexicana a que actúe con mayor sensatez y corrija lo que tenga que corregir en materia de política económica y de seguridad.

Es lamentable que se niegue aceptar que están aumentando la violencia, los homicidios dolosos, feminicidios e infanticidios y que en lugar de tomar las medidas pertinentes para reducirlos, minimice las cifras y descalifique a quien las emite.

Desafortunadamente, concluyó el GPPRD, quien sufrirá las consecuencias de esta necedad serán las y los mexicanos. La pobreza, la desigualdad y la inseguridad, son los 3 problemas estructurales que más han lastimado a las y los mexicanos en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y persisten en el actual.

Que el presidente de la república, quien prometió en campaña proteger al "pueblo", se niegue a tomar las medidas pertinentes para corregir las políticas públicas pertinentes, es una grave irresponsabilidad.

Esta semana fue dado a conocer el mal llamado Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de López Obrador, un documento inacabable, desarticulado e imposible de implementar en el mundo real del Siglo XXI.

Lo primero que sale a relucir es su 1a. parte, un almanaque que le da vueltas a sus frases de campaña que llevaron durante casi 2 décadas al opositor López Obrador a convencer a las clases bajas, que al no tener nada que perder, votaron por el cambio.

Fue tanto el abuso del priismo y los desaciertos del panismo, así como de los gobernadores que se sentían virreyes en sus respectivos estados, que el descontento se contagió a las clases medias, que finalmente dieron el beneficio de la duda con tal de buscar un mejor rumbo para el país.

En la 2a. parte del mal llamado Plan Nacional de Desarrollo se nota la ausencia de cifras y compromisos que lleven a ese cambio que el candidato ofrecía, pues más allá de la retórica, mientras no se avance en productividad, educación, competitividad, Estado de Derecho e impunidad, no habrá una varita mágica que cambie el deplorable estado en que están las cosas.

Después de 5 meses en el gobierno, ya nos dimos cuenta de que con la llegada del pseudomesías presidencial no se acabó la corrupción, no abandonaron su actividad los criminales, no se volvieron pulcros los jueces, ni se civilizaron los pseudomaestros en cuyas manos está la educación y el futuro de nuestros educandos.

No es con rollos ni con discursos de campaña como va a salir adelante México, pero López Obrador sólo se ha dedicado a promover divisiones, culpar a gobiernos anteriores, señalar como conservadores a todos los que se atreven a cuestionarlo o criticarlo y evadir compromisos reales que generen oportunidades reales a largo plazo a los mexicanos.

¿No se dan cuenta los morenistas que con el poder que ellos han alcanzado son los únicos que pueden hacer ver al presidente lo nocivo de su terquedad? ¿Hasta cuándo?

La alineación de las estrellas cambió para el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas 2 semanas, aunque todas las mañanas, de manera inexorable, sale a dar la batalla contra todos. El viraje se dio con la matanza del 19 de abril en Minatitlán, donde su indiferencia inicial ante un evento de alto impacto en la opinión pública -un menor de un año fue una de las víctimas-, le generó una fuerte crítica que marcó una inflexión en términos de opinión pública, que hasta hace muy poco manejaba de manera positiva. Ese asesinato colectivo se sumó a las persistentes críticas por el aumento a la gasolina y la cancelación de las estancias infantiles, que ha transformado el ánimo de la gente que antes lo recibía efusivamente en donde llegara, a expresiones de molestia y reclamos que han hecho mella en el presidente, mostrándolo cada vez más irritable ante las críticas.

La matanza de Minatitlán generó una intensa actividad en las redes sociales desde el día en que se supo de ella, pero el presidente sólo se refirió a ella 48 horas después. El Índice GLAC registró entre el 19 y el 22 de abril 259,086 menciones en las redes sociales y los medios de comunicación digitales, donde el 64% hacían responsable del asesinato a López Obrador, descalificando su respuesta ante la inseguridad y recriminándole no ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. La mañana del 20 de abril comenzó a aparecer el hashtag #AMLORENUNCIA, que fue tema de conversación durante más de 4 horas, hasta que fue neutralizado por #AMLOElPuebloTeApoya. El 1o. contra el presidente fue alimentado por 25% de bots -que es estándar-, pero el 2o. tuvo que recurrir a 37% de bots, lo que habla de cuánto tuvieron que invertir en recursos los defensores del presidente para acallar las críticas.

Las redes sociales son un pulso del ánimo de la gente, pero sus tendencias fueron gradualmente confirmadas por otros estudios. La encuesta de GEA-ISA de marzo sobre su gestión de gobierno, puso a la seguridad como el tema de mayor preocupación de los mexicanos (46%). La 2a. de mayor interés fue el de la economía (35%), que al sumarse mostraron que 2 de cada 10 mexicanos están enfocados únicamente en esos 2 temas. Los indicadores de ambos muestran un deterioro agudo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del gobierno federal y toma sus datos de todas las procuradurías y fiscalías del país, reportó que el 1er. trimestre de 2019 fue el más violento en la historia de México, desde que se tienen estadísticas -en 1996-, y fue 9% superior al 1er. trimestre de 2018. Esto da un promedio de 95 homicidios diarios, superior a lo que se ha registrado en Venezuela, que está sumido en el caos y la violencia, en el mismo periodo. El presidente López Obrador, sin embargo, niega los datos de su propio gobierno. En su conferencia de prensa de este jueves, dijo que los índices de violencia venían a la baja.

No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, salvo que juegue con las estadísticas. Por ejemplo, en marzo se registró una ligera baja en el índice de homicidios dolosos, pero con respecto al mes anterior, puesto que en el comparativo con el mismo periodo de 2018, seguía al alza. El manejo de las cifras puede ser engañoso, aunque se diga la verdad, como es este caso. López Obrador lo hizo previamente cuando semanas antes aseguró que la violencia se había contenido, al utilizar datos preliminares que después mostraron ser parciales. El manoseo de la estadística y la participación de funcionarios en diferentes oficinas ha llevado a fuertes contradicciones dentro del gobierno. La peor, por evidente, en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se contradicen las cifras de incidencia delictiva. Ciertamente, el juego con los números y las frases no es algo inusual en el presidente.

El comportamiento de la economía es otro de los fantasmas que combate prácticamente todos los días. Sin importar qué institución hable de un crecimiento a la baja, López Obrador la descalifica mediante el calificativo de "conservador" y de señalar a quien da a conocer su expectativa de crecimiento como parte de sus "adversarios" que quieren que le vaya "muy mal a su gobierno". También minimiza con retórica pura. Por ejemplo, tras informar el INEGI el miércoles que el 1er. trimestre de este año había sido el peor desde la crisis financiera global de 2009 -de la que Europa aún no termina de salir-, dijo que la economía iba "requetebién". Al comentar el reporte de El Financiero del subejercicio en el arranque de su gobierno, sobre la base de los datos de Hacienda, dijo que no era subejercicio, sino ahorros.

A menos que el presidente López Obrador sepa lo que nadie conoce en el mundo, las 2 variables seguirán en caída afectando su gestión y su aprobación. La encuesta de GEA-ISA refleja un creciente rechazo al presidente y dudas sobre su eficiencia. El 60% no lo cree capaz de gobernar y el 63% considera que no será capaz de resolver los problemas. Su aprobación general está en 64%, que sigue siendo muy alta, pero ya viene cayendo.

El teflón de López Obrador, que construyó desde hace unos 15 años cuando el presidente Vicente Fox lo quiso meter a la cárcel por una falta administrativa menor, se ha deteriorado rápidamente. Los síntomas en el país no pintan bien para su gobierno, y sus reflejos políticos, de fuga eterna hacia delante, no anticipan nada bueno para muchos. El verano y el otoño, se puede decir, lucen borrascosos.

Nadie pierde en Excel, dice la máxima de los negocios. Y es cierto, mientras uno juegue con las variables y quien decida el valor de cada una de ellas sea el autor del plan de negocios, no hay manera de que los números salgan mal. Algo similar sucedió con los Planes de Desarrollo de los últimos sexenios, de Luis Echeverría para acá (entes de ello seguro pasaba lo mismo, pero no vivía para sufrirlo). Los planes eran una carta de buenas intenciones, con números y metas grandilocuentes generadas a voluntad del magnánimo, y al final nunca fuimos capaces de exigirle cuentas por no haber cumplido lo que ellos mismos escribieron como compromisos.

No sé si para bien o para mal, es decir si estamos ante un ejercicio de sinceridad o de cinismo puro, el Plan Nacional de Desarrollo que entregó el presidente López Obrador es -valga el homenaje a Jis y Trino- una chora interminable: no hay un solo indicador, una estrategia, una meta del que el lector común pueda asirse para evaluar el desempeño del gobierno. Si hacemos la nube de palabras de estas páginas resulta que las más repetidas son conceptos genéricos como México, nacional, país, desarrollo, seguridad, social, mientras que palabras que implican compromiso como seguridad, violencia, economía, económica, instituciones aparecen mucho menos, y democracia, violencia, salud o empresas pasan a una 3a. categoría.

De acuerdo con las palabras del propio presidente este es el 1er. plan que no se ciñe a la voluntad de los organismos internacionales -esos tercos que se empeñan en decir que aquello que no se puede medir tampoco se puede evaluar- y por lo tanto es realmente nacionalista. De la lectura del plan, apenas 64 cuartillas redactadas en tono de panfleto, se pueden desprender 2 cosas: la 1a. es que el neoliberalismo es la madre de todos nuestros males y, la 2a., es que en 2024 creceremos 6% y el promedio del sexenio será 4% anual. Si logra esto nadie se acordará de todo lo demás. El problema es que eso no se sostiene ni en Excel y no concuerda con los criterios de política económica de la propia Secretaría de Hacienda que estimó, ya con optimismo, que el promedio de crecimiento en el sexenio será de 2.8%.

Es evidente que el presidente López Obrador no cree en la planeación: él es un hombre de intuiciones. Lo ha demostrado una y otra vez, y parece no importarle. Ese es su estilo personal de gobernar, pero luego no se extrañen que la confianza en el país baje como ha bajado o que los empresarios se vean dubitativos a la hora de invertir.

El Plan Nacional de Desarrollo es un rollo. Lo que era una oportunidad para mandar un gran mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros, terminó en un choro que sirve para cumplir (lo más vergonzoso es que en el congreso se lo van a aprobar con vítores) y nada más. Nomás que no nos extrañe que la inversión privada no llegue o que la pública no tenga la eficiencia esperada.

Siempre hemos sido una gran nación. Ahora atacada por nuestro propio gobierno. De nuevo esto les resulta ajeno al nuevo mando. A nuestro gobierno le falta historia. Se dice que sabe mucha historia. Y no tiene idea. Es de injuria el añejo de la nueva historia oficial. Los veo rompiendo y quemando archivos.

Es el reino de un bufón. Eso está captado y de nuevo con mucha tristeza corroborado. De la cuestión democrática ya ni hablar. Ya no existen ni las expectativas acaso.

Una circular de Hacienda enviada recientemente a delegaciones federales ordenaba que cualquier burócrata con "plaza permanente, eventual o de honorarios", contratado a partir del 1 de diciembre, "deberá ser separado de su encargo el día de la recepción del presente oficio".

Pero resulta que, al menos en Jalisco, todo tranquilo. De ese oficio-guillotina nada saben en varias delegaciones y hasta el momento no hay recortes, aunque tampoco contrataciones.

Lo más enigmático es que Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, confirmó la veracidad del oficio pero justificó que "no se trata de una medida en el sentido de generar algún despido".

¿Whaaat?

Que alguien nos explique qué quiso decir entonces Hacienda.

Es muy claro que López Obrador, a quien he entrevistado desde los tiempos del "cerco informativo", y yo pensamos de formas muy distintas. Yo soy un liberal en el sentido clásico de la palabra. Creo en "la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad" y suscribo la "doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos". Son las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española. El presidente se dice liberal, pero es más bien estatista, ya que defiende la intervención del Estado en la economía, y conservador, pues considera que el liberalismo ha promovido la desintegración de las familias y que el Estado debe promover una constitución moral para la sociedad.

Pero López Obrador fue electo presidente en un proceso democrático y le toca, por lo tanto, impulsar un programa político y económico que refleja el sentir de los mexicanos, que como los ciudadanos de tantos otros países del mundo se han mostrado cansados de las políticas liberales. Mucho me gustaría que López Obrador entendiera que ha sido electo presidente de todos los mexicanos, y no de un grupo político en particular, pero es su prerrogativa gobernar como él quiere y la de un periodista de opinión expresar sus puntos de vista con libertad.

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, le pidió al gobierno mexicano respetar los compromisos en materia de Cambio Climático ante el inicio de obras como el Tren Maya o la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.

"México ya lo hizo, puso el ejemplo (en la lucha contra el cambio climático), y ahora es tiempo de convertir los planes en normas y tomar decisiones de inversión en infraestructura que sean congruentes con un futuro sustentable", afirmó el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al presentar el informe "Financiando los Futuros Climáticos, Repensando la Infraestructura", dijo que "apostar por los combustibles fósiles es ir en contra del planeta, de la vida, de la salud de nuestros ciudadanos, y podríamos decir, de la evidencia y de la historia".

Gurría Treviño refirió que si bien dichos proyectos son prioridades para la actual administración, "lo que todos esperamos es que sean congruentes con los compromisos de México respecto al medio ambiente y la lucha contra el Cambio Climático".

"Estamos hablando de muchos proyectos importantes y por supuesto miles de millones de dólares, cada uno de ellos con su propia lógica, con su propia economía, y cada uno de ellos en su propio sector", resaltó.

En el caso específico de la posible construcción de una carboeléctrica, cuestionó que en un contexto en el cual se está "dando de baja" el carbón, el tema es cómo se puede asegurar que tenga disciplina ambiental que permita capturar las emisiones, o por lo menos, la mayor parte de ellas.

Sobre la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, dijo que son proyectos que están empezando apenas y, por lo tanto, "hay interés en que por supuesto sean todos congruentes con los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático".

Sin embargo, aclaró que en una ruta hacia un desarrollo sustentable de bajo carbón, México debe asegurar un flujo masivo de inversión en obras ante impredecibles futuros climáticos.

El objetivo, señaló, es proteger a la población, aumentar la competitividad y la riqueza natural de los sistemas, todo al mismo tiempo, y para "lograrlo tenemos que alinear la política financiera y al propio sector financiero con los objetivos y compromisos ecológicos y de medio ambiente de México".

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, aseguró que "el tema es serio" por lo que llamó al gobierno, a la iniciativa privada y sociedad civil, a ser responsables de los actos que han permitido que cada día la problemática avance, por lo que es necesario pensar y elegir entre "acciones o extinción".

Propuesta Inteligente.mx
(2 de mayo de 2019).

Busca el presidente pasar a la historia no como un simple presidente más, sino como el autor de una etapa que marcará definitivamente a su presidencia como el paso que "juntos haremos historia". El término "juntos" se refiere a su partido Morena, + el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social que, entre paréntesis, perdió el registro por no haber alcanzado el mínimo de votos que es el 3% del padrón nacional, pero AMLO lo resucitó.

Es una apuesta muy elevada la que pretende la 4a. Transformación y cabe la duda de que el avance que se puede lograr en un sexenio no será suficiente y se teme que después se quiera prolongar su mandato.

Solo la historia nos podrá decir si ese gesto de arrogancia se cristalizará y no se convierte en una franca decepción como ya nos ha sucedido con todos los presidentes anteriores después de Díaz Ordaz, que cada uno nos entregó un país peor, cada vez más endeudado, con menor índice de desarrollo, más desempleo y pobreza.

No deja de ser una idea pretenciosa transformar al país que enfrenta retos económicos, políticos, de seguridad, de corrupción, de presiones internacionales y de migración, entre otros.

El mismo día, antier, al presidente López Obrador le salieron 2 veces mal las cuentas.

La 1a. fue por la mañana. El INEGI reportó que el PIB mexicano cayó 0.2% en el 1er. trimestre del año comparado con el trimestre anterior. Números rojos en el estreno económico de la 4T. El peor 1er. trimestre de arranque de sexenio desde hace más de 20 años, desde la crisis del "error de diciembre" al arranque del mandato de Ernesto Zedillo. Es cierto que venía una inercia negativa heredada por la administración Peña Nieto, pero también es cierto que el nuevo gobierno no ha dado señales de certidumbre. Eso lo aceptan todos los funcionarios económicos del presidente, pero no lo acepta el presidente mismo. Vamos, el presidente ni siquiera acepta el dato del INEGI. Al día siguiente de la publicación del número rojo decía que en términos económicos las cosas van muy bien en el país.

La 2a. fue por la noche. Se confió la mayoría morenista y no le salieron las cuentas: se les escapó por un voto la mayoría calificada para reformar la reforma educativa. Creo que al final es anecdótico: no fue una operación en bloque de la oposición sino una pifia matemático-política de Morena y no tengo duda de que en el período extraordinario de sesiones ya anunciado se va a aprobar como lo quiere el presidente: se acabó el intento de que los maestros sean evaluados como en países con sistemas educativos exitosos, y el sistema de estímulos, crecimiento, mejora de ingresos y titularidad de plazas puede quedar de nuevo bajo control de la burocracia sindical. Más poder a la CNTE y Gordillo, menos poder a los padres de familia, peor educación a los niños.

Con la clara apuesta que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador en los 5 meses que lleva de gobierno, de estar decidido a capitalizar a ultranza su incuestionable legitimidad y enorme popularidad para imponer decisiones de gobierno que rayan en el autoritarismo, la sobrevivencia de los contrapesos al poder presidencial que ya habíamos desarrollado con los poderes del Estado y los niveles de gobierno, y las instancias autónomas que como sociedad civil se han construido, deben defenderse a toda costa y articular esfuerzos para el nacimiento de otros nuevos.

En ese sentido es más que oportuno y pertinente el espacio de discusión y propuesta que hoy tendremos en la ciudad en el Foro Regional Guadalajara sobre El Federalismo desde las competencias regionales al que convoca par.mx (Periódicos Asociados en Red).

Ya desde noviembre pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, el perredista de Michoacán, Silvano Aureoles y el entonces gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro habían centrado sus críticas en la figura de los súper delegados que empezaron a actuar desde el inicio del gobierno de la autollamada 4a. transformación y que ven como una amenaza al pacto federal y política por tener más un perfil político-electoral que administrativo.

Ahí también se retomó el añejo reclamo de terminar la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para asignar recursos extras a los estados con una lógica de premios y castigos para controlar a los gobernadores y mantenerlos alineados al proyecto e intereses del grupo político federal en turno, en un claro atentados a la vida democrática del país.

Este punto seguramente será retomado hoy por las explícitas inconformidades de distintos gobernadores, incluido el de Jalisco, por la política y criterios de asignación presupuestal que el gobierno de López Obrador aplicó en el gasto de 2019.

En ese sentido, tal vez las conclusiones girarán en torno de las posibilidades y la viabilidad de construir un nuevo convenio de coordinación fiscal entre los 3 niveles de gobierno por el que se han pronunciado legisladores y gobernantes, e incluso la realización de una 4a. Convención Hacendaria, para modificar que el gobierno federal recaude el 97% de los impuestos y gaste el 80%, mientras que las entidades cobran el 2% y gastan el 16%, y los municipios apenas cobran el 1% y gastan el 4%.

Habrá pues que estar atentos a la formulación que hoy se haga del Contrapeso "F" ante la tentación autoritaria del nuevo gobierno federal de querer acrecentar el centralismo.

El senador Clemente Castañeda señaló que, "de manera discrecional y política", la Mesa Directiva del Senado de la República ha turnado iniciativas a comisiones legislativas afines al grupo mayoritario de Morena, en vez de asignarlas para su análisis y discusión a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, como establece la Ley Orgánica del Congreso General.

Un ejemplo es la ratificación de la secretaria de la Función Pública, que turnó a la Comisión de Gobernación y los expedientes para la elección de los magistrados anticorrupción.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 2 de mayo de 2019).

Por lo pronto, no se están creando las condiciones para que la inversión crezca, menos aún para que lo haga a tasas aceleradas.

En los primeros 3 meses del año, la inversión fija del sector público cayó en 13.1% en términos reales, mientras que la inversión total (que suma también la del sector privado) crecía apenas a un ritmo de 1.1% en enero (último dato disponible).

Si no se realiza inversión pública y si no se crean las condiciones de confianza para que el sector privado invierta, evidentemente sólo un milagro de la "guadalupana" permitiría a la economía mexicana, siquiera mantener el triste 2% que ha tenido en los últimos años, mucho menos crecer a una tasa del 4%.

El informe trimestral del PIB que publicó este martes el Inegi señala que la economía del país tuvo su peor desempeño desde la crisis global de 2009.

La economía tuvo un crecimiento desestacionalizado de -0.2%. Es decir, decrecimiento.

Con ese dato hubiéramos esperado que nuestro presidente lanzara una serie de medidas para reactivar la economía, pero ocurrió todo lo contrario: "vamos requetebién", dijo ayer.

Y ante eso, no hay remedio. Sólo estupor.

Tenemos el peor arranque de sexenio desde el "error de diciembre" de 1994 de Ernesto Zedillo, ¿y no hay nada que rectificar?

Es cierto que Maduro ha destruido instituciones democráticas, atacado todo el régimen de libertades, violado derechos humanos y llevado a los venezolanos a vivir en la precariedad, produciendo un éxodo masivo. Pero aceptar que por esas razones un gobierno pueda colocarse, moralmente, al lado de un golpe de estado, es perder de vista los principios de soberanía. ¿Estarían de acuerdo los mexicanos que apoyan el golpe de estado en Venezuela en respaldar una acción de esa naturaleza en México por el hecho de discrepar con las acciones de López Obrador, que mina las instituciones, provoca regresión a las libertades y toma decisiones que pueden llevar a la precariedad?

Los venezolanos llegaron a la situación en la que se encuentran porque sus élites fueron incapaces de organizarse y enfrentar el régimen. Hoy necesitan el apoyo de Washington para derrocar a Maduro. Venezuela nos regala una lección. La pasividad y la cobardía, no ayudan. La defensa de los valores democráticos y sus instituciones es el camino, para no jugar el papel de títeres de un poder que les ayude a tirar el poder que no quisieron ni supieron enfrentar.

A medio camino entre la anécdota y la noticia, el asunto fue manejado profusamente por la prensa nacional. La historia, resumida, sería esta: 1.- El presidente López Obrador fue padrino, en marzo pasado, de la hija del dueño de una importante empresa papelera. 2.- La empresa ganó, un mes después, la licitación para suministrar 10,000 toneladas de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 3.- La semana pasada, aduciendo que "somos honestos" -algo que nadie había puesto en tela de duda-, el presidente, en una de sus "mañaneras", anunció que pediría "a la instancia correspondiente del gobierno, que se busque la forma legal de cancelar ese contrato". 4.- La empresa publicó ayer un desplegado en que señala (punto 4) que "para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias que promueve el Presidente de la República (...), se retira de esta licitación, sin exigir -subraya- indemnización alguna al gobierno, como corresponde, por ley, a una cancelación injustificada".

La empresa señala, en el texto referido, haber participado competitivamente en licitaciones públicas para vender papel a instancias gubernamentales, durante los últimos 50 años (antes y después de la alternancia, pues). Señala asimismo que sus ventas al gobierno federal representan apenas el 2% de sus ventas totales. (En este caso concreto, el contrato abierto le habría representado ingresos hasta por 221.6 millones de pesos).

Por mera coincidencia, el mismo día en que la empresa acepta la cancelación injustificada del contrato, Mary Anastasia O’Grady publica en "The Wall Street Journal" un artículo editorial en que concluye que López Obrador "tiende a centralizar el poder", y a gobernar "por decreto e intimidación".

Recuento de noticias durante las vacaciones escolares: El Ejército revela que en el diseño del aeropuerto en Santa Lucía no se había contemplado la existencia de un cerro.

Los primeros 3 meses de 2019 constituyeron el trimestre con más ejecuciones desde que se lleva registro.

Acribillan a 13 personas, entre ellas un bebé, en Minatitlán, Veracruz. El presidente López Obrador demora una semana en ofrecer sus condolencias.

El presidente AMLO visita Minatitlán. Llega custodiado por una decena de camionetas, patrullas y una ambulancia. Un par de días antes había declarado en su conferencia mañanera: "Era impresionante lo de antes. Yo no sé, ¿no se acuerdan cuando pasaba un presidente, cuántas camionetas, ya no se acuerdan de eso? A lo mejor hay alguna imagen por ahí, era una, otra, otra, otra, 10 camionetas y luego, atrás, ambulancias".

El presidente afirma que "básicamente" los que piden paz para México son sus adversarios, los conservadores.

La 1a. dama Beatriz Gutiérrez Müller lanza una canción a dúo con Tania Libertad y arreglos de Armando Manzanero.

El INEGI reporta que en el 1er. trimestre del año el empleo cayó 27% (?). 3 días después el presidente López Obrador asegura que en el 1er. trimestre se logró la cifra más alta de creación de empleos en una década.

El presidente anuncia que sin que la prensa se diera cuenta, se hizo la consulta a las comunidades del Istmo de Tehuantepec y dijeron "sí" al Tren Transístmico.

El presidente anuncia que sin que la prensa se diera cuenta, se hizo la consulta a las comunidades afectadas por la ampliación de la base aérea de Santa Lucía. La Sedatu aclara que solo fue consultada una comunidad: Xaltocan.

Se revela que Miguel Rincón, compadre del presidente e integrante de su consejo asesor empresarial, está concursando en una licitación por 220 millones de pesos para proveer el papel de los libros de texto gratuitos de la SEP. El presidente asegura que no sabía y que si es legal, no había ningún problema. Horas después el gobierno anuncia que el compadre gana la licitación. Al día siguiente el presidente determina que cancelará el contrato o le pedirá a su compadre que renuncie a él.

Los 3 hijos mayores del presidente publican su incursión a la vida empresarial, con el lanzamiento de Chocolates Rocío, compañía que cuenta con su propia plantación de cacao en una "finca familiar" en Teapa, Tabasco (distinta al rancho La Chingada, ubicado en Palenque).

Un juez devuelve a Elba Esther Gordillo todos sus bienes.

El presidente recibe en Palacio Nacional a Napoleón Gómez Urrutia, Napito. Se toman la foto. Napito encabeza la reforma laboral de la 4T.

El presidente aborda extensamente en su conferencia mañanera la supuesta reaparición del cantante Juan Gabriel, fallecido en agosto de 2016.

Morena plantea una iniciativa de ley para reducir el alcoholismo: que no se vendan cervezas frías.

Paco Calderón
(30 de abril de 2019).

En estos últimos días del periodo ordinario de sesiones del congreso se han estado discutiendo una serie de iniciativas de ley muy importantes, entre ellas la contrarreforma educativa. Por eso muchos legisladores se extrañaron cuando se dieron cuenta de que uno de sus colegas más controvertidos, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, no estaba presente en el pleno. Sus compañeros legisladores no lo encontraron ni siquiera por debajo de las curules.

¿Por qué adelantó sus vacaciones el diputado? El mismo Fernández Noroña lo dio a conocer en Twitter al señalar que estaba en China para tomar cursos para combatir la corrupción impartidos por el Partido Comunista.

Cuando algunos ciudadanos cuestionaron que este legislador estuviera en China antes del fin del periodo ordinario de sesiones, y en un momento en que se hacen votaciones cruciales, Fernández Noroña respondió en Twitter: "Si voy a Estados Unidos chingan, si voy a China igual. Si voy a Argentina, ni se diga, si voy a Venezuela, ni les platico... Lo de la derecha es joder por joder".

Después resultó que Fernández Noroña no estaba solo en la República Popular de China: eran 12 los estudiosos de la honestidad comunista que participaban en ese viaje. Destacaban la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de ese partido. Tanto Polevnsky como Díaz Polanco han revelado en el pasado su simpatía con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; ahora muestran su cercanía con el Partido Comunista de China.

China no es ni Suiza ni Singapur. De hecho no es un país que se distinga por sus logros en la lucha contra la corrupción. Si bien no hay libertad de expresión en China, lo que hace difícil que surja información crítica sobre el gobierno, los empresarios e investigadores señalan que el grado de corrupción en ese país es similar o superior al mexicano.

El Partido Comunista de China mantiene una política abiertamente autoritaria. En las elecciones ha impedido la participación de candidatos de ningún otro partido. No solo censura los medios de comunicación tradicionales sino también el internet.

El gobierno chino es responsable, asimismo, de la imposición de políticas públicas abiertamente violatorias de los derechos humanos, como la que castigaba a las familias que tenían más de un hijo. El régimen aplica todavía prácticas como el hukou, la prohibición a trabajadores de mudar su lugar de residencia sin autorización oficial, que mantienen en una situación de discriminación sistemática y oficializada a millones de chinos.

No creo que esta comitiva mexicana en China esté realmente interesada en aprender cómo combatir la corrupción. Si realmente ese fuera su propósito quizás habrían viajado a Noruega o a Dinamarca. En China lo que pueden aprender no es cómo combatir la corrupción sino cómo quedarse en el poder de manera indefinida y con poderes dictatoriales.

Una de las lecciones que deberían aprender estos políticos mexicanos en sus viajes internacionales es que la transparencia es la mejor manera de combatir la corrupción. La 1a. medida que deberían impulsar a su regreso, por lo tanto, sería dar a conocer cuánto gastaron en este viaje y quién lo sufragó. Pero esa no es una regla que puedan aprender en China, donde el gobierno comunista mantiene un enorme sigilo sobre los gastos de los funcionarios y del sector público en general.

La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del martes pasado, será un clásico sobre cómo el enajenamiento colectivo supera las contradicciones de la 4a. transformación. 1o. habló el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y explicó los resultados del combate al robo de combustible. Después, Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación, anunció que el gobierno había entregado más de 2 millones de pesos a familiares de 157 personas que resultaron afectadas por la explosión de un ducto de gas en Tlalhuelilpan en enero. En minutos, el gobierno mostró su firmeza contra el robo de combustible y su generosidad para con quienes lo roban.

El perdón de un delito por el cual lanzó el presidente una cruzada nacional contra el robo de combustible, no tendría sentido y sería irracional, salvo en la lógica del presidente donde los pobres pueden saquear a la nación, por ser víctimas de un sistema corrupto. Su racional política se mantiene: si la ley no es justa, la justicia está por encima de la legalidad. Nadie reclama porque nadie se sorprende. La mañanera tiene pasmada a la sociedad que observa sin cuestionar el tipo de país que se construye. Lo que sucedió el martes resume la gestión presidencial, donde los incentivos están invertidos. Esta forma de gobernar produce distorsiones en la sociedad y en algunos países, como Rusia, fracasos.

Ahí, escribió el profesor de la Universidad de Alabama, Robert Nielsen, los trabajadores tenían muy pocos incentivos para trabajar fuerte y ser productivos, porque les pagaban de cualquier manera. Esto creó una sociedad codiciosa del menor esfuerzo, por que no había premios por innovación y ahínco, ni castigo por un trabajo malo o ineficiente, que llevó a un rendimiento mediocre de la economía que finalmente causó la caída del comunismo. Aunque esta descripción es somera, explica por qué la igualdad, pese a sus muchos méritos, fue llevada al extremo. Como no había desempleo, nadie se preocupada de trabajar mejor; como les pagaban sin importar la calidad, mejorarla era irrelevante. La productividad se estancó.

Esta falta de estímulos era sistémica, y se conoce como incentivos inversos. David Smeron, profesor de la Universidad de Queensland, apuntó en un artículo publicado en The Conversation, que los incentivos son un elemento central en la economía y el comportamiento humano. Smeron recordó una epidemia de cobras en Nueva Delhi, cuando era colonia británica, donde las autoridades ofrecieron dinero por cada cobra que les llevaran. En un principio fue un éxito, y las cobras comenzaron a escasear. Entonces, los indios empezaron a criarlas para cobrar sus recompensas. Cuando terminó el programa, los indios liberaron a las cobras y Nueva Delhi terminó con más serpientes que antes, lo que fue llamado Efecto Cobra.

Ross Douthat, en un artículo en The New York Times, se refirió a los incentivos perversos de los programas sociales. Citó un caso en los Apalaches, donde los padres temían que si sus hijos aprendían a leer, perderían los apoyos de un programa que les daba 700 dólares mensuales hasta que cumplieran 18 años, por lo que creció el número de analfabetas. Las externalidades de los incentivos inversos siempre son contraproducentes para todos.

Es el caso de lo que sucedió la semana pasada. En lugar de castigar a quienes robaban combustible en Tlalhuelilpan, los premiaron por haber muerto o resultar heridos. El evento que pudo ser manejado de manera ejemplar para no repetirse, recibió un estímulo económico. Programas sociales como dinero directo a jóvenes que no tienen trabajo ni escuela sin nada a cambio, estimula que no trabajen ni estudien. Dinero directo a los padres en lugar de estancias infantiles, abre la puerta a que los padres se queden con el dinero o paguen menos por el cuidado de sus hijos. Las altas tasas de natalidad en Chiapas tienen como una de sus explicaciones el que no hay planificación familiar porque por cada menor los padres reciben compensación económica. No combatir a los delincuentes porque se consideran víctimas del neoliberalismo, es una invitación a que puedan delinquir sin miedo a ser detenidos.

Los incentivos perversos son altamente populares para un gobernante, pero en el largo plazo se revierten. En el caso de López Obrador, el tropicalizado Efecto Cobra busca reducir la desigualdad, pero conducirá a una mayor pobreza. Ese dinero es un subsidio directo improductivo, con recursos obtenidos de proyectos de inversión o infraestructura, o de políticas como la promoción del turismo en el mundo, que generaba beneficios indirectos. Si no hay inversión ni programas que estimulen el empleo o la productividad, llegará pronto el momento que el dinero público se acabe y haya crisis económica o, como dice genuinamente el presidente, que el país, 13a. economía del mundo, camine hacia la pobreza nacional.

Hay que creerle al presidente y entender que sus intenciones son genuinas. Por lo mismo, hay que buscar convencerlo de que lo que pretende es insensato, una sandez o, para hablar en sus códigos, una gansada que no beneficiará a nadie, empezando por él, que será arrastrado por el desprecio y el repudio de muchos de aquellos a los que prometió exactamente lo contrario.

En la 4T presumían que Napito no tenía foto con AMLO. Que por más que la había buscado, el presidente no había querido tomársela. Ni en campaña ni en el gobierno electo ni en funciones. Y que eso era prueba de que no avalaba su polémico historial. Bueno, pues ya se tomaron la foto.

Andrés Manuel López Obrador trata de gobernar con decretos e intimidaciones, afirma un artículo editorial de The Wall Street Journal.

En el texto firmado por la columnista Mary Anastasia O'Grady se señala que va en sentido contrario a sus promesas de campaña.

"Centralizando el poder, tratando de gobernar por decreto e intimidaciones y ampliando el papel de los militares en el gobierno", dice.

"López Obrador puede pensar que esto no tiene un costo para su poder porque la cotización del peso mexicano se mantiene sin variaciones. Pero eso se debe en gran medida a los diferenciales de las tasas de interés entre la moneda mexicana y el dólar. Los fundamentos de México siguen siendo fuertes, pero el nuevo gobierno hace que sea difícil ser optimista", subraya.

Indica que López Obrador se "enfurece" ante los señalamientos por sus acciones antidemocráticas.

La decisión sobre quitar los subsidios a estancias infantiles debió basarse en el interés superior del niño a una educación inicial, no en una ponderación política, recriminó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González.

El ombudsman aseguró que esa determinación atenta contra los menores, pues entregar directamente el recurso a los padres no garantiza una estimulación temprana, educación inicial, desarrollo físico, cognitivo y social de los pequeños.

Al participar en la sesión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lamentó que este mecanismo se reinstalara sin poner sobre la mesa una evaluación plural, objetiva e informada sobre las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que impiden la posibilidad de hacer vigentes los derechos de los menores.

"En particular, las decisiones que afectaron las estancias infantiles. En opinión de la Comisión debieron formularse teniendo como prioridad la defensa del interés superior de la niñez, considerando de manera especial la importancia de la estimulación temprana y la educación inicial en primera infancia".

"Beneficios que sólo se pueden atender mediante la atención especializada y que no son susceptibles de compensarse o monetizarse mediante la entrega de ministraciones económicas", afirmó.

Ante el argumento de López Obrador que el subsidio se terminó por la "corrupción" que imperaba en las estancias, González aseguró que cualquier falta administrativa o delito que se hubiese presentado debía investigarse y sancionar, pero no afectar el programa.

"Nadie puede oponerse a ello o que exista impunidad, cuando se hayan incumplido las normas, sin embargo, las ponderaciones económicas, políticas o de otra índole no coadyuvan a que los derechos de las niñas o niños sean más vigentes, ni tampoco que el derecho al trabajo de madres y padres también lo sean", apuntó.

REFORMA publicó que una tercera parte de las estancias infantiles cerró ante la cancelación del subsidio gubernamental, y las que se mantuvieron disminuyeron su población entre un 50 y 70%.

Además de que se han registrado cientos de casos de madres que afirman que no fueron censadas, en consecuencia, no recibirán el apoyo; muchas de ellas dejaron de trabajar para cuidar a sus hijos, mientras que otras que recibieron el dinero directamente aseguran que lo usarán como parte de su gasto cotidiano.

En la sesión, la ex representante de la Unicef en México, Isabel Crowley, aseguró que es necesario que el gobierno implemente un mecanismo de seguimiento para saber qué tipo de cuidado están teniendo los niños.

Mientras que Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia, expresó su preocupación porque la cancelación del programa dejó sin supervisión a los menores, lo cual está representando un riesgo a su integridad.

"Tenemos mucha preocupación porque este modelo que se hizo contra viento y marea, que claramente deja sin supervisión a niños", dijo.

La secretaria de Bienestar, María Luis Albores, aseguró habrá una mesa de diálogo para atender esas peticiones, y que a las madres que tenían hijos en las estancias y no fueron censadas, las delegaciones estatales están obligadas a inscribirlas.

El estilo de López Obrador no es directo y toma los caminos más largos para establecer un punto, o incorpora tantos enunciados y deja tantos cabos sueltos que a sus declaraciones hay que aplicarle una técnica de arqueología para conocer para dónde y el alcance de lo que afirma.

López Obrador no deja de hablar de corrupción de gobiernos pasados. Odebrecht es un caso abierto en el cual puede comenzar a demostrar que de acusaciones no sólo se llena la boca, sino las cárceles.

Inicia la semana y será el 3er. lunes en el que López Obrador revela los nombres de los gasolineros más careros o abusivos. El problema es que no pasa nada, porque el costo del litro sigue igual o continúa incrementándose en las estaciones de servicio; incluso, con todo y los estímulos millonarios que está depositando el gobierno federal todos los viernes.

Una buena pregunta para el presidente es: ¿por qué su fórmula de estímulos fue un fracaso para bajar los costos? Pero que no salga con su argumento de que la mafia del poder es la responsable de todo.

Andrés Manuel López Obrador convirtió su mitin para entregar apoyos de programas sociales, en una asamblea para respaldar la consulta que realizó entre las comunidades indígenas hace 15 días, a fin de avalar la realización del proyecto del tren transístmico.

Dijo que para evitar "acusaciones infundadas" también pediría la opinión de los asistentes al acto y solicitó que levantaran la mano los que estaban a favor de que el ferrocarril cruzara por los territorios del Istmo.

"La gente del Istmo nos dio su confianza", confirmó el presidente luego de que, por unanimidad, la audiencia mantuvo su mano levantada.

El recorte en los salarios "de los de arriba" permitirá contar con los recursos necesarios para rehabilitar las refinerías del país, "con lo que México será autosuficiente en la producción de gasolinas", aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Sin el menor asomo de conciencia -y mucho menos conocimiento de causa- de lo que esto está significando desde ya a todos los destinos turísticos del país, la semana próximopasada, los diputados aprobaron la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), sin que la administración federal haya siquiera propuesto un mecanismo (serio) diferente, o al menos igual, que venga a realizar tan importante función para el sector especializado, lo que en otras palabras significa: "Están matando a la gallina de los huevos de oro".

Tal parece que se ha convertido en una moda en la administración pública de los 3 niveles de gobierno, la desaparición de instrumentos públicos -por llamarles de alguna manera-, para cambiarles de nombre y responsables e imprimirles lo que los nuevos jefes consideran su "sello personal". Para lograrlo, cuentan con la docilidad de diputados de prácticamente todos los partidos políticos, ya sea por convencimiento o porque les llegaron al precio a sus convicciones.

El caso es que en el tema del CPTM, ciertamente habría cosas que mejorar, sobre todo en lo que hace a la concientización de quiénes deben de ser los más beneficiados con su actuación -no sólo los grandes consorcios empresariales-. Laura Barrera Fortoul, diputada por el Estado de México, hizo un pronunciamiento apasionado y documentado en la tribuna de la Cámara de Diputados, presentando algunas cifras dignas de tomarse en cuenta para evitar la desaparición del instrumento creado hace 19 años, pero no logro remontar la "instrucción recibida por la mayoría de los representantes populares".

En otras partes del mundo también existen estos organismos especializados y funcionan de manera adecuada, lo que nos deja ver que son las personas las que pervierten los procesos, no los procesos los que pervierten a las personas. Un ejemplo de ello es que Vietnam será la sede del circuito de la Fórmula 1 que canceló México, ¿será que no saben lo que hacen?

La decisión del ejecutivo federal contradice sus palabras en el Tianguis Turístico de Acapulco -él, que presume de siempre cumplirla- en cuanto al apoyo que se destinaría al sector.

¿Por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Si una auditoria al CPTM deja al descubierto fechorías de sus operadores, se les debe de castigar -aunque sean empresarios-. Y parafraseando a ya saben quien, el CPTM es una necesidad real para el sector, pero algunos de sus dirigentes se pasaron de la raya.

Un 1er. caso de corrupción, relacionado con quienes tomaron el control del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Hidalgo, pone por 1a. vez en el banquillo a uno de los muchos cacicazgos históricos que apoyaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador el año pasado.

Se trata del llamado "Grupo Universidad", formación con varias décadas de control hegemónico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tan poderoso en su región que solía obtener cuotas políticas, como un sector más del PRI, en espacios legislativos y de la administración pública, hasta que su líder, Gerardo Sosa Castelán, rompió con sus antiguos aliados.

La oportunidad se presentó magnífica: enemistado con Miguel Ángel Osorio Chong, pero también con el gobernador Omar Fayad, el cacique universitario pudo concretar una vez más las candidaturas para sus incondicionales a través de Morena no obstante el reclamo de los izquierdistas históricos y los obradoristas luchones que venían desde los tiempos del desafuero, así como de las elecciones de 2006 y 2012, que hicieron saber su malestar en los mítines proselitistas de 2018.

Eso ocurrió con regular frecuencia en muchas entidades federativas. Que el proyecto de cambio incluyera a expriistas, expanistas y experredistas recientes, que en no pocos casos tenían agravios pendientes con el morenismo incipiente de otros años, se respondió una y otra vez por el hoy presidente de México, como un asunto de pragmatismo: conseguir adhesiones para ganar la Presidencia y luego ver.

Naturalmente, ese tipo de adhesiones parecían (y en muchos casos parecen) sellar pactos de impunidad... excepto, por ahora, en el caso de Sosa Castelán y su grupo.

No es posible saber si hay una razón política, pero lo que si hay es una evidencia, aparentemente ya acreditada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por movimientos en torno a 150 millones de dólares, que naturalmente son inexplicables.

¿Cómo es que una universidad pública puede mover así, sin afectar su operación, 150 millones de dólares a Suiza y recibirlos de regreso? ¿Cuál es la procedencia de esos recursos? ¿Para qué serían destinados? ¿Quién controla las cuentas? ¿Bajo qué supervisión?

La revelación de esas operaciones, posiblemente filtradas desde la UIF –a cuyo titular Santiago Nieto Castillo, no se le da muy bien aquello del debido proceso- surgió a principios de marzo, una semana después de que Gerardo Sosa Cravioto, hijo Sosa Castelán, muriera asesinado en un ataque a tiros hasta ahora insuficientemente esclarecido.

La noche del pasado viernes, la UAEH –donde Sosa Castelán ocupa la presidencia de un patronato cultural- informó, a través de un comunicado signado por el rector Adolfo Pontigo, el congelamiento de todas las cuentas de la casa de estudios, afirmando que siempre operó en la legalidad y que la UIF ponía en riesgo su operación y la nómina.

Fue justo al día siguiente del desafuero del diputado de Morena (pero principalmente, del Grupo Universidad), Cipriano Charrez, a quien se le imputa un atropellamiento con persona fallecida y huida, presuntamente en hechos ocurridos el año pasado.

En una perspectiva tradicional, el cacicazgo de Sosa Castelán agoniza; también sería un mensaje para los grupos políticos que treparon al morenismo en el último año y medio, algo especialmente relevante pues el manotazo anticorrupción sería en las filas del partido que el hoy presidente fundó. Y, finalmente, sería un llamado de atención para el resto de los caciques universitarios en Durango, Sinaloa y, señaladamente, en Jalisco.

Lo único que puede salir mal es que la impericia de Santiago Nieto, titular de la UIF, deje el asunto impune, de manera que el caso ejemplar anticorrupción para el arranque de sexenio, resulte como ha ocurrido en sexenios pasados, en un rotundo ridículo.

Paco Calderón
(27 de abril de 2019).

(V.comentarios en Xiudadanos Mx del 27 de abril de 2019).

(V.comentarios en Xiudadanos Mx del 27 de abril de 2019).

Todos nos preguntamos -no exentos de "envidia"- ¿cómo les fue a los "chairos", que aprovechando el asueto de la Semana Mayor, se fueron a pescar en el Lago de Texcoco? O, mínimo, a visitar la reserva de la biósfera, con su próspero criadero de gansos.

Los "controladores aéreos" de "las mañaneras presidenciales" anuncian sorprendidos la aparición o brote de un cerro inesperado en el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. Nada que no pueda solucionarse con unos cuantos miles de millones más; pero que obliga nuevamente a posponer la fecha para el inicio de obras.

Para comodidad, operación segura y mayor fluidez en la atención de nuestros visitantes, se les comunica que en lugar de un solo aeropuerto moderno, con el diseño y los adelantos de ciudades de 1er. mundo, habremos de poner a su disposición 3 aeropuertos que operarán de manera secuencial o simultánea, según Andrés lo decida.

En una sola frase AMLO reveló de golpe su incapacidad para entender que significa ser Presidente Constitucional de México: "si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan a favor de la justicia".

Y ante la andanada de críticas que desató este mensaje que socava desde sus cimientos el Estado de Derecho, el presidente tuiteó: "Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados".

Al respecto, lo que quisiera hacerle saber al presidente, es que yo, como muchos, no somos conservadores, ni liberales, ni hipócritas, ni chairos, ni fifís, ni nada que se le parezca. Somos sólo mexicanos, y como tales pedimos y exigimos que se respete y aplique la ley a todos. Eso es hacer justicia.

Y si de justicia se trata, le diría que no es justo que alguien por ejemplo, bloquee una vía pública, nos impida cumplir con nuestras obligaciones y tengamos que pagar las consecuencias; no es justo que pierda un vuelo, tenga que pagar hoteles y comidas o que me descuenten horas o días de salario por no haber podido llegar a tiempo al trabajo; no es justo que delincuentes y corruptos estén libres y que mis impuestos se regalen a gente que pudiendo trabajar prefiere delinquir; no es justo pagarle a maestros que no asisten a su trabajo...

Estas y tantas más injusticias se arreglarían simplemente aplicando la ley, no haciéndola a un lado e incitando a cada uno de nosotros a convertirnos en jueces y hacer justicia por propia mano.

Ante la recomendación de AMLO de aplicar la justicia en lugar de la ley, la pregunta sería ¿qué debemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos y la autoridad se niega a aplicar la ley o usar la fuerza pública para garantizarlos?, simplemente porque el presidente decidió unilateralmente no combatir la violencia con violencia. ¿El uso de la fuerza pública para garantizar los derechos de todos, la paz y el orden público cae en la categoría de violencia o en la de aplicación de justicia?

Y si lo vemos del otro lado, del de quienes reclaman justicia bloqueando calles y carreteras, surge entonces un dilema: cuál justicia es superior o cuáles derechos deben prevalecer, ¿los de los violentos o los de los pacíficos? ¿Los de aquellos que reclamamos justicia por cauces legales o los de quienes violando la ley y los derechos de los demás, exigen justicia para sí?

No sobra en este caso recordar que es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las leyes, y si es necesario, usar la fuerza pública para ello.

Los jueces no somos los ciudadanos, ni el presidente. Para ello existen las leyes y los tribunales, que emanan del Poder Legislativo y Judicial.

Pero pareciera en México sólo existe el Poder Ejecutivo y que el presidente tiene la facultad de hacer lo que le venga en gana y pisotear el Estado de Derecho en aras de fines superiores concebidos por él mismo, pero no es así.

De manera inmejorable lo dijo Denise Dresser hace unos días a AMLO en un tuit dirigido al presidente: "Usted no es un señor feudal, no es un rey, no es Andrés I. No sea como sus predecesores y deje de tratar la Constitución como si fuera papel de baño. Su puesto no le da derecho a exigir que los ciudadanos, en nombre de la justicia, violen la ley".

La pregunta es: ¿Dónde están los otros 2 poderes? ¿Por qué no intervienen y reclaman al Ejecutivo el incumplimiento de la ley y la incitación a que los ciudadanos hagamos lo mismo?

Son 3 poderes no 1, y su funcionamiento cabal e independiente dan como resultado el equilibrio constitucional.

Exijamos a los diputados, senadores y ministros de justicia, que además de representar a los ciudadanos representan el Poder Legislativo y Judicial, que le llamen la atención al presidente, recordándole que su obligación es cumplir la ley y hacer que se cumpla, y que los ciudadanos queremos desterrar la corrupción, sí, pero no a costa de desterrar la Constitución.

Vale la pena recordar lo ocurrido. Una vez cometida la matanza comenzaron a circular en redes sociales imágenes muy duras de tal acción. Y ocurrió lo impensable. Las "benditas" redes sociales enardecieron ante las, primero, no respuestas y luego ante las malas formas de tratar el asunto. Cero empatía, como una cifra más. Incluso insultando al culpar al neoliberalismo de la matanza. Pues lo que normalmente a través de sus estructuras informáticas hace el lopezobradorismo, se le armó, pero de forma espontánea fue la rechifla. La etiqueta #AMLOrenuncia se colocó hasta arriba de los temas del día. Obvio, AMLO enfureció. ¿Cómo es posible que ahora me hagan lo que yo hago? Incluso llegó a hablar de bots y tal.

La cuestión de la seguridad no es un juego. El presidente dice básicamente que con la nueva Guardia Nacional comenzaremos a ver avances en 6 meses (un escape hacia adelante). También afirma que con las nuevas dádivas y con la lucha contra la corrupción bajarán los índices. Además, yo dudo en sobre la sinceridad en la lucha contra la corrupción. Institucionalmente ya se tienen todos los elementos para atacarla en serio. Ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción, menospreciado y hasta bloqueado no sólo por el gobierno anterior, sino también por éste. La entrega de dinero tampoco se sostiene como un elemento para combatir la seguridad. Hay gente decente y hay gente indecente, pero aún para los bien portados más vale ponerles un límite: la Ley. Si un delincuente sabe no será sancionado porque el sistema de justicia es nuestro gran lastre, seguirá cometiendo delitos.

La impunidad es la culpable. Pero eso tampoco le interesa al presidente. ¿Dónde están los corruptos, dónde están los maleantes? No hay ni un pillo detenido. La Ley le importa un rábano. Ya lo dijo de forma nítida. Si se tiene duda entre la ley y la justicia (la de cada uno) se debe optar por la justicia. Eso es un llamado inequívoco a la población a desobedecer la Ley. Algo impensable para cualquier otro jefe del Estado. La viabilidad de las naciones depende en gran medida del acatamiento a la norma. Sin seguridad no hay negocios. En general la Constitución limita al poder o autoridad y la Ley al poblador. Y en conjunto, tanto la norma como la autoridad son uno de los elementos del Estado. El territorio donde la norma se aplica y la población son otros elementos del Estado. La soberanía en sus 2 vertientes interna y externa es su finalidad. Un Jefe de Estado yendo en contra del Estado que gobierna llevándose de corbata nuestra soberanía. Bonitos regalos de la 4a.

La 1a. piedra de Santa Lucía será simbólica porque es falso que sobre ella se edificará un aeropuerto. Santa Lucía no sólo no tiene proyecto ejecutivo, ni siquiera un diseño conceptual porque para ello se necesita tener los estudios aeronáuticos que no son enchílame otra o caliéntame otra chela. Hacer las cosas bien implica tiempo de estudio y análisis de datos para tomar las decisiones correctas. El señor Riobóo, el asesor del presidente en esta aventura, tiene la corazonada, porque es alguien con experiencia, de que ahí se puede hacer un aeropuerto civil dado que ya hay uno militar, pero no hay aún un estudio de factibilidad definitivo que nos diga que se pueden operar simultáneamente, sin riesgos y con eficiencia (esta última es fundamental) los aeropuertos de México y Santa Lucía.

La 1a. piedra simbólica tiene más que ver con el momento político. Tras la crisis mediática por su silencio sobre el asesinato de una familia en Minatitlán, la 1a. gran piedra en el camino con la que se topa en 5 meses, el presidente puso en una sola semana 3 temas que le han sido particularmente rentables ante la opinión pública: el combate al huachicol, donde aventó cifras muy suyas por decirlo de alguna manera e imposibles de validar; dejó ver de nuevo la posibilidad de hacer una consulta para enjuiciar a ex presidentes, el as bajo la manga porque esa la gana con 99%, pero que será sólo una eterna amenaza; y el aeropuerto de Santa Lucía que es el símbolo, carísimo, de derrota del neoliberalismo.

Si las redes se calientan sábado y domingo, el lunes estaremos hablando de otro tema, de otras piedras, la simbólica y si se quiere también del montón de piedras del cerro inadvertido [en Santa Lucía]. Un error de diseño en una obra que no ha comenzado es una anécdota; la incapacidad del Estado de brindar seguridad entierra presidentes.

El 2 de junio, los poblanos votarán por un nuevo gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa, quien contendió contra la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se volvió a presentar como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de diciembre, en lugar de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad republicana, celebró sus muertes como si fuera justicia divina contra la corrupción. En medio de críticas por su actitud, su 2a. candidatura enfrentó una dura oposición interna y externa. Finalmente la venció, y la tozudez de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera, sólo se explica por la gratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellos que lo apoyaron contra las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado, cuando representaba al PRD.

Barbosa tiene allanado el camino legal para la gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en todas las encuestas como el probable ganador de la elección extraordinaria, con una ventaja cómoda de más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa, como ha sido la del resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos masivos, sustituidos por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los medios de comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado a Barbosa quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo, por razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser gobernador, como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería haberlo respaldado López Obrador por un problema serio de salud.

No hay honestidad pública, y lo impulsa la ambición. El neomorenista asegura que está en plenitud de salud, aunque cada vez que lo dice, su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre algo tan subjetivo como la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su salud es absurdo. Sin embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su diabetes, estuvo en el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida se redujo en ese momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad sigue haciendo estragos en su salud.

Esta situación lleva a considerar la viabilidad de Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un político quiera un puesto de elección popular cuando su estado de salud probablemente le impedirá estar con sus facultades plenas para cumplir con el mandato de las urnas?

El caso de Barbosa, el más extremo en los tiempos de la transición y la democracia mexicana, es el mejor ejemplo del atraso que tenemos en la materia. Pero no podemos dejar de luchar contra la opacidad política, cuya deshonestidad afecta a los electores.

Tenemos una sociedad que, de acuerdo con las encuestas, está mayoritariamente a favor del presidente de la república, y con mucho.

Pero en redes sociales, entre los que opinan en medios, en las mesas de la gente informada, hay una enorme polarización y un porcentaje alto de esa población está en contra de AMLO.

Como se diría en otros tiempos, en el 'círculo verde' AMLO tiene una amplia mayoría, pero en el 'círculo rojo' probablemente esté en minoría.

Y, como la mayor parte de los que opinan, escriben, leen, escuchan de política, pertenecen al ‘círculo rojo’, no se explican cómo pueden las encuestas decir que AMLO tiene tanto respaldo.

Nada bueno augura esta polarización. Algunos piensan que en el 'círculo verde' acabará reflejándose el rechazo que hoy existe hacia AMLO en el 'círculo rojo'.

No lo sé. Es posible. Pero también lo es que eso no suceda, y que el encono entre los 2 mundos crezca. Ojalá no.

La periodista Carmen Aristegui escribió una columna en el periódico Reforma en donde asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca al elegir al medio de comunicación como su adversario político.

Aristegui escribe que el presidente no debe ponerse al tú por tú con un medio de comunicación como si fuera un ciudadano común porque no lo es, pues representa al Estado mexicano.

"No es que Reforma no pueda ser tocado con el pétalo de un reclamo o que no pueda ser sujeto de todas las críticas o reclamos que se quieran. El tema aquí es la procedencia del ataque y la decisión calculada de convertir a Reforma en el oponente, o en el mejor de los casos, en el sparring del presidente", escribe Aristegui en su columna titulada El presidente vs. Reforma.

Esto, luego de que en reiteradas ocasiones, López Obrador ha dicho que la publicación está al servicio del expresidente Carlos Salinas y la ha calificado como un medio que calumnia.

Sin embargo, también ha dejado claro que pese a las críticas, siempre respetará la libertad de expresión.

"No voy a ir a decirle a Alejandro Junco: 'ya no publiquen cuestionamientos en su columna, ya no estén inventado, ya no calumnien, ya no apliquen la máxima del hampa del periodismo, según la cual, la calumnia cuando no mancha, tizna. Ya no hagan eso'. Nada", dijo durante su conferencia de este 25 de abril.

El tuit diría más o menos así: "Quién será el fifí guapo que en un país dominado por el fanatismo y la ceguera de los chairos (que son mayoría) se avienta el tiro de promover el recurso de anticonstitucionalidad del famoso memorándum de AMLO cancelando la Reforma Educativa".

Pero, un tuit de esa naturaleza, con su modesto alcance, sólo abonaría a lo que más hemos criticado del actual gobierno: consciente o inconscientemente le apuesta a dividir a los mexicanos en bandos polarizados, cada vez más distantes, entre quienes apoyan a ultranza todas y cada una de las decisiones del presidente, y quienes también desde el otro extremo critican cada uno de sus pasos.

Ojalá y existiera alguien, quien fuera, que le apostara a unir al país. Lo necesitamos.

No es menor la forma en que ha crecido la violencia descontrolada en México. Poco a poco nos hemos convertido en un país de pesadilla donde ya todos estamos expuestos a ser víctimas de las disputas de grupos del crimen organizado.

Vemos cómo empiezan a darse en lugares cada vez más céntricos y habitados ejecuciones a plena luz del día donde también crece el número de personas que sin deberla ni temerla recibe un balazo o una agresión.

El crimen organizado, con sus 20,000 frentes, niveles y formas de operar, realmente se está apoderando de la vida nacional.

La pesadilla que temíamos ya está aquí.

Son muchas las omisiones históricas de nuestras autoridades, seguramente acompañadas de corruptelas locales, que fueron caldo de cultivo para que se diera este desarrollo y crecimiento descomunal de "las fuerzas del mal". Pero quizás estemos ante una de las últimas oportunidades de hacerle frente antes de que termine de envolver y devorar al país.

Y el presidente no puede solo.Y menos cuando pretende hacer que todas las decisiones salgan de su escritorio.

Tratar de evadir el tema de la violencia, o señalar como responsables a gobiernos anteriores o a sus adversarios, no abona a la solución del problema.

Ofrecer que en 6 meses se reducirá la violencia es reconocer que con todo y su empeño, sus buenas ideas y su discurso, no ha podido armar una estrategia más o menos efectiva contra la inseguridad.

Sabemos que es muy poco lo que AMLO escucha a sus asesores (en general a su gente), prueba de ello son las exhibidas que le ha dado a sus propios colaboradores, o las dificultades en que ha metido a algunos otros por no consultarlos.

Pero ojalá y hubiera (por ahí escondido en algún rincón o recoveco de Palacio Nacional) algún iluminado que se acercara al presidente y lo convenciera de que "ya ganó", que ya es presidente, que ya no necesita seguir enfrentándose con sus monstruos y dragones. Hoy necesita sumar todo lo mejor de un país para combatir a una amenaza como nunca habíamos visto: el crimen organizado.

Ni chairos ni fifís, somos simplemente mexicanos, y necesitamos de un presidente.

Dijo AMLO ayer que no habrá "nada de censura", pero que usará el dinero de publicidad gubernamental para premiar a ciertos medios y castigar a otros, como los "amarillistas". No hay que ser genios para saber cuáles. Sobre el Reforma dijo que "va a terminar como un pasquín".

Culpar del recrudecimiento de la violencia en México -los casi 8,500 crímenes ocurridos en el país en los 3 primeros meses de 2019- a las administraciones (panistas y priistas) anteriores, es una forma cómoda de eludir responsabilidades. Precisamente porque tenían conciencia del "cochinero" que dejaron, y porque él se comprometió reiterativamente, en 18 años de campañas, a desfacer los entuertos perpetrados sistemáticamente, durante décadas, por "la mafia del poder", los ciudadanos le otorgaron en las urnas, en julio, no 1 sino 30 millones de votos de confianza.

Revertir problemas estructurales no es cuestión de "enchílame otra", ni de "abra cadabra"... ni de "me canso, ganso". En el caso de la criminalidad, el fenómeno obedece a la falta de oportunidades -un mercado laboral contenido, deprimido, con predominio de la economía informal-, por una parte; por la otra, a que la aplicación de la ley es letra muerta.

La impunidad es la regla; la aplicación de la justicia, la excepción. Detrás de cada crimen hay intereses y rencores, personales o de grupos, que han permeado los más profundos estratos de la sociedad. La incidencia de tales hechos, en los atroces niveles que consignan las propias estadísticas gubernamentales, es sintomática de que el organismo social está invadido por células cancerosas que tienden a multiplicarse, y que en vano se quiere combatir -o revertir, como se prometió en las campañas- con ocurrencias, discursos exculpatorios y lisonjas y dádivas al "pueblo bueno".

Si en México hubiera un entorno social más propicio para trabajar que para delinquir, no habría indicadores tan raquíticos para la economía... y tan alarmantes para la seguridad. Precisamente en generar condiciones propicias para lo 1o. y en combatir con denuedo lo 2o. deben centrarse las consignas.

Todas las buenas intenciones, planes y análisis amalgamados por Andrés Manuel López Obrador para beneficio de los mexicanos, durante sus años de lucha y campañas, se pueden ir al caño y a la basura, si no se aplica en cuidarse de los engaños, ocurrencias y la traición, que le pueden endilgar sus allegados, oportunistas, parientes y hasta su personalidad, pues son acciones de las que todos somos susceptibles de sufrir.

Andrés Manuel López Obrador es un personaje voluble y difícil de entender -por lo que se complica ayudarle-; de igual manera, he manifestado que "sabe lo que hace". Sin embargo, preso de sus ocurrencias y de la incompetencia y/o ambición de no pocos de sus seguidores, en los pocos meses de su mandato actual, ha incurrido en decisiones de un elevado costo para los mexicanos.

En diversas momentos AMLO ha dado a entender ser practicante del cristianismo. Un cristianismo que no siempre comulga con la realidad en que vivimos, prueba palpable de ello son algunos de sus más cercanos seguidores, de cuyos nombres no quisiera ni acordarme.

Casi cada día desde que asumió la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha dado una conferencia de prensa de entre una y 2 horas en las que establece la agenda política, responde a acusaciones, debate con algunos periodistas, escucha halagos y peticiones, da clases de historia y pontifica.

En un país en que las conferencias presidenciales eran una excepción, la mañanera cotidiana se ha convertido en un éxito de público. Los medios privados la cubren y los oficiales, como el canal 11 o el 14, la transmiten completa. Si en los tiempos del viejo PRI los informes de gobierno daban lugar al día del Presidente, las mañaneras hacen que todos los días sean del Presidente.

Improvisar cotidianamente frente a las cámaras tiene enormes riesgos. Los errores se magnifican, los aciertos se reiteran. Casi puede uno adivinar cuándo el mandatario ofrecerá su cotidiana condena a los neoliberales/conservadores, a la prensa fifí y al Reforma. López Obrador es tan previsible en sus diatribas como Donald Trump en sus tweets, pero la táctica le funciona. Todas las encuestas lo muestran en niveles sin precedentes de popularidad.

Si las redes sociales y los comentaristas despedazaron a Enrique Peña Nieto cuando dijo que "México se ha volvido un ejemplo por sus reformas" o cuando afirmó "Estamos a un minuto de aterrizar, menos, a 5 minutos", si el ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue objeto de burlas cuando una niña lo reprendió por decir "ler" en vez de "leer", López Obrador puede llenar sus conferencias de "han habido", "preguntastes", "pus" y "ntonces" sin recibir críticas.

López Obrador comparte mucho de la filosofía de comunicación de Trump, quien afirmaba: "Creo que hemos hecho más que quizá cualquier otro presidente en los primeros 100 días". Este pasado 3 de enero AMLO declaró: "En 100 días vamos a terminar de desatar toda la acción transformadora". Y a los 100 días afirmó: "Ya empezamos a escribir el prólogo de la transformación nacional". El presidente no acepta errores. "Nosotros no somos iguales", afirma de manera constante. "Nosotros somos honestos". De ahí su optimismo permanente: "Vamos bien, vamos muy bien".

Las cifras dicen otra cosa. La tasa de crecimiento se está desacelerando, se están creando menos empleos formales, el número de homicidios dolosos está aumentando. Es muy pronto, por supuesto, para cambiar a un país tan complejo como México; pero López Obrador siempre ha tenido otro cristal para ver el país. Antes decía que el simple cambio de presidente modificaría las cosas. Ayer en Veracruz, cuando Gaspar Vela de Radio Centro le preguntó cuándo empezaría a bajar la violencia, respondió: "Cuando ya todos los adultos mayores estén recibiendo su pensión, cuando las personas con discapacidad tengan su pensión, cuando todos los estudiantes tengan sus becas, cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se [esté] produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad". ¿Y cuándo será eso? "Yo creo que en 6 meses -dijo- ya van a estar operando todos los programas".

Si la popularidad es el cimiento de la política, López Obrador va por buen camino. Sus mañaneras lo han acercado al pueblo. La gran pregunta es si esta popularidad se mantendrá en el sexenio o si las mañaneras terminarán por desgastarla.

Ayer AMLO respaldó al gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, y afirmó que "fue un error que el gobernador pasado dejara un fiscal". Pero si el tema es la matanza de Minatitlán, habría que recordarle que la responsabilidad de una fiscalía es investigar lo sucedido mientras que la prevención es responsabilidad de la policía.

Siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la Presidencia, afirmó ante las fuerzas armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una "política económica antipopular y entreguista", que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con programas de empleo y educación para los jóvenes, y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

La Guardia Nacional, dijo, "permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad". Todo esto arropado en que "ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia". Está por verse, en el plazo de 6 meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Por qué está obsesionado con fijar plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia, disminuiría la delincuencia "en muy poco tiempo", dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del gobierno. En febrero matizó. Ya no sería en los primeros 3 meses, sino en los primeros 6, donde habría "un punto de inflexión en la tendencia creciente". En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360,000 policías y un plazo de 100 años. El presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero, ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y que las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70% de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aun si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En muchos países, los índices delincuenciales se elevan en verano por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Un factor objetivo es cómo bajar los índices si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, sino se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos contra delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de Los Zetas empieza ganando casi 10,000 pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan 2 meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en 6 meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

Una manera de orillarlos a la legalidad es eliminar los incentivos de la vida criminal, que se daría atacando la impunidad. Sin embargo, la racional de López Obrador es que no se debe criminalizar a quienes menos tienen, por tanto, un narcomenudista no será perseguido. Bajo su lógica, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que ha declarado ante el Ministerio Público ser agricultor, sería un hombre libre en México. Para el presidente, ser pobre o percibirse pobre es salvoconducto para cualquier conducta criminal.

De cualquier forma, combatir la delincuencia per se, no es importante en su estrategia. López Obrador dijo en octubre que el 30% restante del modelo tenía que ver con lo coercitivo, "para que se actúe con eficacia", lo que significa, si se le entiende bien, luchar contra la corrupción. Entonces, si un funcionario no es corrupto, como dice de quienes forman parte de la 4a. transformación, eso ya no existe. Ergo, la estrategia funcionará.

Los discursos de López Obrador se inscriben en una realidad que no comparten muchos de sus gobernados. Las principales diferencias estriban en la tensión de argumentos cristianos del alma buena de los criminales, frente a quienes pensamos que los discursos no persuaden ni doblegan delincuentes. El presidente descalifica las visiones discordantes, pero pocas veces reflexiona sobre las críticas, y prácticamente nunca rectifica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 6 meses la inseguridad disminuiría gracias a sus programas sociales. (Milenio, abril 22).

El presidente también aprovechó para asegurar que el gobernador de #Veracruz por #MORENA, Cuitláhuac García Jiménez, podía lidiar con la situación debido a que es «gente honesta» (El Universal, abril 22).

No obstante, #AMLO también pasó la culpa del hecho a administraciones anteriores (MSN México, abril 22), e incluso llegó a calificar los reclamos de seguridad nacional como "hipocresía" de conservadores. (Proceso, abril 23).

Lo anterior popularizó en redes sociales varios tuits previos del presidente, en los que criticó como las administraciones pasadas no resolvían el tema de seguridad del país en un tiempo similar al que él (o el gobernador García Jiménez) llevan en sus cargos; particularmente uno de junio de 2017, en el que AMLO reclamaba al entonces gobernador de Veracruz: "El siniestro de Yunes Linares ofreció en campaña que en 6 meses habría seguridad. Se venció el plazo y sólo ayer 16 ejecutados en Veracruz".

- Luis.

Paco Calderón
(23 de abril de 2019).

Nadie previó -¿o sí...?- que cuando Andrés Manuel López Obrador programó las cotidianas conferencias de prensa como parte de su estilo personal de gobernar, en poco tiempo se convertiría en ejemplo viviente de que "el que mucho habla, mucho yerra"... Exponerse al escrutinio público es, en principio, un ejercicio democrático socialmente saludable. Ya después se verá hasta dónde ese ejercicio responde a un afán genuino de rendir cuentas de manera sistemática a la sociedad, y desde dónde se limita a ser un gesto demagógico.

Aunque hubo receso en las popularmente denominadas "mañaneras" con motivo de los "Días Santos", no hubo silencio presidencial en esas fechas. Fue así que, el sábado, López Obrador se valió de su cuenta de Twitter para enfrentar a sus críticos... Aunque ocasionalmente asume actitudes más propias de predicador que de presidente, esta vez, al replicar las opiniones adversas que desató su memorándum de la semana pasada, en que instruye a las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda a desacatar los efectos jurídicos de la ("mal llamada", según su muletilla) Reforma Educativa, dejó pasar la ocasión de suscribirse a alguna cita bíblica alusiva a la mansedumbre, y optó por arremeter contra sus críticos.

Si lo hubiera hecho mediante argumentos, excelente: elevar el nivel del debate siempre será saludable. Por desgracia, prefirió hacerlo -como suele...- a base de epítetos: "Callaron como momias -escribió... o suscribió lo que le escribió alguien- cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos, y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción".

No puntualizó a quiénes, en concreto, aludía en la primera parte de su exabrupto, ni a qué saqueos o atropellos se refería. Y mintió -al margen del desafortunado epíteto de "pregoneros" (por definición, "el que anuncia algo en voz alta para que el público lo conozca")- al insinuar que se le reprochara "hacer justicia y desterrar la corrupción"..., y no, como realmente sucedió, ordenar a los titulares de sendas dependencias del poder ejecutivo a su cargo, desacatar la ley que él, solemnemente, "protestó" cumplir y hacer cumplir.

Más allá de las respuestas -de representantes de la oposición y de los ex presidentes Fox y Calderón, entre otros- que su mensaje desató, y de las consecuencias jurídicas que su famoso memorándum pueda tener, alguien de su entorno cercano podría recomendar un poco de moderación al presidente, a partir de la frase de Víctor Hugo en "El 93": "El derecho que triunfa no requiere ser violento".

Por 1a. vez desde que tomó posesión, el presidente no supo qué decir. La tragedia de Minatitlán lo dejó mudo. Lo que dijera sería inútil, no había manera de que aquello saliera bien. La reacción de las redes fue furibunda: el hombre que se indigna con la conquista, que ofrece sus condolencias a Francia por el incendio de un templo, que es capaz de defender, con maromas mentales, que la justicia está por encima de la Constitución, se quedó callado ante el asesinato artero de una familia (15 personas, entre ellos un niño de un año) en Veracruz. Y, como siempre hay un tuit, las redes le recordaron al presidente lo que él mismo escribió hace exactamente 6 años para reclamarle a Peña en el 1er. trimestre de aquel sexenio: "En Michoacán 189 homicidios en el 1er. trimestre del año, el más alto en décadas. EPN deja la pantomima y atiende las necesidades del país". (21 de abril de 2013). ¡Bum!, malditas redes.

La defensa de los amlovers es decir que los anteriores dejaron el país en ruinas y la seguridad hecha pedazos (Epigmenio Ibarra comienza a rayar en lo patético). Cierto, pero eso mismo dijo Calderón a manera de justificación, y lo dijo Peña cuando llegó y cada uno no ha hecho sino criticar al de atrás y entregar un peor país en materia de seguridad. Los que inventaron lo de los muertos de Calderón se tuvieron que tragar los muertos de Peña y los que hicieron campaña con los muertos de Peña hoy se tienen que tragar los muertos de López Obrador. Pero, si bien ningún presidente puede sacarle al bulto de la responsabilidad de la violencia en el país, pues como Jefe de Estado su primera obligación es la seguridad de los ciudadanos.

La única forma en que el presidente logre salirse de esa trampa que él mismo creó al atribuirle los muertos a una persona, es que reconozca, 1o. que nada, que el fenómeno no está disminuyendo sino creciendo, que deje de maquillar las cifras en la mañanera, que deje de mostrar y defender "sus números" en lugar de las cifras oficiales. Lo 2o. es que reconozca que la única forma de hacer frente a este fenómeno es con estrategias de mediano y largo plazo, que se salga de la lógica sexenal y del yo sí puedo, para convocar al país a una reconstrucción de fondo, que pase por la reestructuración de policías estatales y municipales (o regionales cuando sea necesario) y un profundo trabajo de reconstrucción social en los territorios controlados por el crimen organizado.

Paco Calderón
(22 de abril de 2019).

El presidente puede alternar posturas conservadoras y progresistas, de izquierda y de derecha, sin darle demasiada relevancia. Un día anuncia una agresiva política de empleo -Jóvenes Construyendo el Futuro- y el otro decide dejar de transferir recursos a las estancias infantiles. La 1a. es una política claramente de izquierda, y la 2a. es el sueño húmedo de un neoliberal. Y así lo vemos con la seguridad pública: apoyo a comunidades marginadas vs. militar al frente de la Guardia Nacional. No busquemos coherencia ideológica en López Obrador.

El de López Obrador no es un nacionalismo agresivo, pero sí embona claramente con la mentalidad conservadora de una parte -no sé si mayoritaria- de la sociedad mexicana. Sospecha de todo aquello que viene de fuera. Lo dijo en diciembre: algunos se van a estudiar a universidades extranjeras y ahí aprenden las malas mañas. Y no estaba hablando de universidades en Perú o en China, sino en el primer mundo. Al igual que buena parte del pensamiento conservador mexicano, el presidente ensalza al pueblo bueno, trabajador y nacionalista, frente a esos mexicanos, integrantes de la élite global, que dejan su pueblo y se convierten en malas personas. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia u Holanda son el epicentro del libertinaje y las malas costumbres.

Rescatar a Pemex sin importar que eso arrastre a la economía mexicana. Y no se hace para tener recursos para hospitales o escuelas, sino por el símbolo grandilocuente del nacionalismo mexicano. O incluso la soberanía energética: la nación que no depende de la gasolina gringa sin importar que en una refinería, que daña el medio ambiente y no tienen nada que ver con la transición energética hacia energías limpias que tenemos que discutir en México, se gasten 150,000 millones de pesos que podrían servir para construir una incipiente red de seguridad social universal en México. O que en las aulas se enseñe la historia alterada para engrandecer a la nación. El nacionalismo que entiende que su función es el endiosamiento de la bandera y su identidad.

El presidente debe entender que México sí necesitaba una dosis de nacionalismo, pero cualquier idea llevada al extremo produce malos resultados.

En pleno Viernes Santo y en las playas del pecado caribeño cancunense, el grupo Maná ofreció un concierto y ante más de cuatro mil asistentes, entre turistas y habitantes locales, se pronunció la noche de este viernes en contra del mega proyecto del Tren Maya, al considerar que implicará la devastación de la selva y el aumento de la degradación de los recursos naturales,de la Península de Yucatán.

"La Península de Yucatán es hermosa y no creo -me vale madre echarme encima a la mitad de México- no creo que sea buena idea el Tren Maya. Van a destruir muchísima selva. Lo que es, es y lo que no es, no es. Está bien que el nuevo gobierno dé opciones, pero cuando va contra la ecología, ahí no va, ahí no se permite.

"Hay que hacer un estudio para saber qué va a pasar con ese Tren Maya, que va a destruir millones, millones de árboles. No hay que dejarnos mexicanos, eso vamos a hacer una lucha", expresó Fher, el vocalista de la banda mexicana, al hacer una pausa, en la que llamó a frenar la devastación de los manglares y los impactos ambientales en Cancún y en el sureste del país.

Oportuno aprovechamiento del espacio vacacional de Pascua para la expedición de un ridículo memorándum contra la Refoma Educativa, sin mayor base jurídica que la detentación de un supuesto porder supraejecutivo, mismo que denota a todas luces su incapacidad negociadora con los integrantes de la mafiosa CNTE, aunado a su obvio temor por llegar a perder la mayoría en el congreso por falta de respaldo de los [40] legisladores filiales a dicha Coordinadora.

Lic. Leopoldo Hernández Rocío, exconsejero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados
(circulando en redes sociales el 19 de abril de 2019).

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El Consejo General de la Abogacía Mexicana, agrupación integrada por asociaciones y colegios del gremio, consideró que el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender la reforma educativa deja a los funcionarios a quienes está dirigido susceptibles de ser responsables penalmente, al no cumplir con su deber como servidores públicos.

Al emitir su postura sobre el tema, el consejo señaló que es preocupante que el documento no esté debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta contrario a la Constitución.

"El memorándum emitido por el presidente viola el principio constitucional de la división de poderes, al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con este documento el presidente invade atribuciones no sólo del poder legislativo, sino del Constituyente Permanente al 'arrogarse facultades extraordinarias para legislar'", indicó.

(V.periódico El Informador en línea del 19 de abril de 2019).

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Ningún presidente mexicano se había atrevido a hacer algo así. Pero reflexionado hasta ningún virrey ni Tlatoani. Ordenar además en público violentar el pacto político, que es hoy la Constitución y sus leyes secundarias es indecible. Eso no corresponde a un Presidente de México, en que él manda. Un país destinado a recuperar su grandeza. A su pesar.

Tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué piensan los últimos garantes de nuestra soberanía, los militares? ¿La justicia y el derecho ya son excluyentes por decreto? ¿Ya todos somos "libres" de hacer lo que nos pega la gana si alegamos justicia? La Ley además de regular los habitantes, regula a los funcionarios públicos. Y lo hace doble en la Constitución. La Constitución le amarra las manos a los funcionarios.

Es burdo cantinflear. Que si el super memo es político y no jurídico. Es una orden. Y de violentar todo lo que ha hecho posible la llegada de López Obrador al poder. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nunca el orden jurídico le ha rebatido su presidencia. ¿Quiere destruirlo? ¿Qué oculta? ¿Destruir su propio poder? ¿Para qué? ¿Hizo trampa? Todo estará en los archivos. A menos de que los queme.

Hay quienes dicen que ya se [le] fue el avión. Yo no comparto esas apreciaciones. El poder siempre enloquece. El reto planteado no es tan fácil como una descalificación. El mal gobierno es deliberado. Nunca en la historia constitucional nos habían hecho ese reto.

Sergio Aguirre
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 19 de abril de 2019).

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En concordancia con todas las voces que cuestionaron la validez jurídica del memorándum de marras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió ayer, oficiosamente, un "respetuoso exhorto" al Presidente de la República, para que, "en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo -cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan-, rectifique las instrucciones que ha girado...".

El exhorto incluye considerar "el interés superior de niños, niñas y adolescentes (...) para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país".

En un párrafo del texto se señala que "nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar". Quizá faltó subrayar que ese desacato es aún más grave si su autor es el titular del poder ejecutivo, quien debería ser, para todos los ciudadanos, el modelo más perfecto del respeto a la ley, en el entendido de que si ésta tiene alguna o muchas imperfecciones -como tantas veces sucede-, los mismos ordenamientos disponen la vías adecuadas para corregirlas.

El desacato, por cierto, afecta tanto al poder legislativo, porque dispone el incumplimiento de la ley vigente, como al Judicial, porque dispone liberar a maestros "injustamente encarcelados" (según él) y reinstalar a los despedidos, "víctimas de evaluaciones punitivas" (ídem).

Puesto que el lema del señor -además del celebrado "me canso, ganso"- es "este macho es mi mula", es de temerse que el "respetuoso exhorto" sea desoído... o complementado por otro memorándum que disponga el destierro inmediato del firmante de aquél, a cualquiera de las localidades (2 de ellas ubicadas en Jalisco, por cierto: una cerca de San Gabriel, otra a las afueras de San Juan de Los Lagos) homónimas de la famosa quinta de descanso que el presidente tiene en el municipio de Palenque, Chiapas...

Jaime García Elías
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de abril de 2019).

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En la conferencia de prensa mañanera del pasado 12 de abril, el presidente AMLO, en un equivocado argumento para justificar su estrategia (si es que se le puede llamar así a la decisión de no usar la fuerza pública para detener a quienes violan la ley) dijo que a diferencia de los anteriores presidentes que no se levantaban temprano para atender el problema de la inseguridad y la violencia, él tiene una reunión con el gabinete de seguridad todos los días de 6 a 7 de la mañana, como si el hecho de trabajar mucho y desde el amanecer fuese garantía de resultados.

Trabajar y esforzarse no basta. Que AMLO y su equipo trabajen desde las 5 de la mañana no significa ni es garantía de nada. Es más, trabajar en exceso puede ser hasta contraproducente. El exceso de trabajo detona una cadena de males que comienzan con cansancio y agotamiento físico y mental que llevan a sufrir una condición llamada "ceguera de taller" que impide "ver claro" o ver los problemas desde otro "ángulo".

Adicionalmente, como el trabajar más horas no significa necesariamente arreglar más problemas, la ineficacia hace que las responsabilidades y obligaciones se acumulen, lo cual produce frustración y ansiedad.

Es un error, y las actitudes del nuevo gobierno sugieren que lo cometen, normalizar el exceso de trabajo bajo la creencia de que trabajar más horas y estar desbordado es lo que se debe esperar. Desde esta visión, tomarse un descanso es un acto irresponsable.

Por lo anterior, es aconsejable cambiar las "horas nalga" que la nueva administración federal le invierte al país por "minutos cerebro", escuchando las voces de expertos, entendiendo que lo que importa son los resultados y no las horas dedicadas para tratar de obtenerlos, y que en éste como en muchos casos más, calidad es mejor que cantidad.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(19 de abril de 2019).

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Paco Calderón
(18 de abril de 2019).

"Sépanlo de una vez y para siempre los súbditos del soberano que reside en Palacio Nacional, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir las disposiciones, ocurrencias o caprichos del susodicho...".

No lo dicen las notas periodísticas, pero es obvio que así podría rezar, parafraseando la célebre frase del virrey Marqués de Croix, a manera de postdata, el memorándum mediante el que el presidente López Obrador ordenó a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda pasarse las leyes -de la Constitución p’abajo- por lo que los fifís llamarían "el arco del triunfo", dejar sin efecto la ("mal llamada", según él) Reforma Educativa que desde 2013 forma parte del cuerpo de leyes, y reinstalar, a la soberana Ley de sus Pistolas, a los maestros cesados en la administración ("corrupta" y "neoliberal" obviamente) anterior.

Extraña un desplante de ese calibre por cuenta de quien protestó "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan". Sorprende un gesto así, propio de un autócrata, por parte de quien proclamó -aún resuenan los ecos de sus palabras- que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".

Puesto que el famoso -amén de disparatado y aberrante- memorándum carece de fundamentación jurídica (no cita los preceptos legales en que se apoya), además de que atropella frontalmente, entre otros, los artículos 29 y 49 constitucionales, es previsible que de las impugnaciones que seguramente promoverán las fracciones de oposición en la Cámara de Diputados, se desprenda una resolución de la Suprema Corte de Justicia que ponga en su lugar al Presidente de la República. Cuando eso suceda -si no es que antes él mismo, consciente de su pifia o debidamente asesorado, hace lo conducente para sacar el choclo que esta vez metió hasta la ingle- se comprobará, por una parte, que en México (aunque en tantos aspectos no lo parezca) está vigente el Estado de Derecho; por la otra, que el actual titular del poder ejecutivo, con todas las virtudes que seguramente tiene y algunas más que el servilismo de sus incondicionales quieren agregarle, tiende, con mucha más frecuencia de la recomendable, a asumir actitudes autoritarias, prepotentes, atrabiliarias y autocráticas.

El incidente, por lo demás, deja claro que la prioridad del presidente es honrar sus compromisos con la facción más violenta y retrógrada del gremio magisterial..., y no, como debiera, anteponer el interés superior de la educación de los niños mexicanos.

A un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara un memorándum a 3 secretarías de estado para abrogar la reforma educativa avalada en 2013, diputados federales de la oposición analizan las acciones que tomarán en caso de que los funcionarios den cumplimiento a dicho documento.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, informó que, a reserva de estudiar una base jurídica, de la cual el documento carece, sí hay acciones legales que podrían presentarse en contra de los funcionarios que hicieran valer lo que en él se dispone.

La priista Cynthia López, secretaria de la Comisión de Educación, rechazó el memorándum y lamentó que el ejecutivo federal no sepa sus funciones, por lo que lo instó a no engañar a los maestros, porque la reforma de Enrique Peña Nieto sigue vigente.

Afirmó que es labor del poder legislativo hacer las reformas y no puede el ejecutivo federal invadir funciones, su memorándum sólo quedará como una carta de buenas intenciones para la CNTE.

Por lo menos en discurso, los gobiernos anteriores mencionaban la importancia de estar al día en las nuevas tecnológicas y evolucionar con ellas. Se hablaba incluso de nuestro país como un buen lugar para la innovación y el emprendimiento, esto fundamentalmente por la cercanía con Silicon Valley en California, Estados Unidos, la capital mundial de la innovación y los nuevos desarrollos, y por el enorme talento de los jóvenes mexicanos para subirse a esa ola, establecer redes entre ellos y provocar nuevas ideas.

Es cierto que, por ejemplo, a través del Instituto del Emprendedor (que descanse en paz) seguramente se perdieron muchos recursos ya sea por la corrupción, el dispendio o porque fueron a parar a proyectos de dudosa rentabilidad. Pero por lo menos se creó la sensación de que "algo" había qué hacer para subirse a esa ola que mueve a los principales países del mundo.

En nuestras fantasías incluso llegamos a pensar que si en México se conseguía dar acceso a las nuevas tecnologías a la siguiente generación de los pobres más pobres del país (ese doloroso 50%) se abría una posibilidad real de combatir a la pobreza: era un dar herramientas efectivas para que esas nuevas generaciones, por marginadas y relegadas que estuviesen, reconocieran sus talentos y habilidades y "empujar" a toda esa clase a mejorar.

Pero no, para el actual gobierno el tema no existe y por lo que se ve no va a existir.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno contrate a grupos, expertos o especialistas en materia de seguridad para enfrentar el problema de violencia que padece el país.

Esto similar a cuando el actual titular del ejecutivo federal fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y contrató al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, como asesor del programa para reducir la delincuencia llamado "Cero Tolerancia".

"No se va a contratar a ningún especialistas o experto o agrupamiento, lo vamos a hacer nosotros", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de abril de 2019).

Lo que hizo el presidente López Obrador esta semana es lo más grave que le ha pasado a la democracia en México desde Lázaro Cárdenas, cuando se acotaron los decretos. No se engañen, esto es más grave que los gravísimos fraudes electorales a los que estaba acostumbrado el nefasto PRI, más grave que la farsa del voto durante décadas, más grave que el predominio de un partido hegemónico y, de lejos, más grave que la corrupción que los canallas de todos los partidos instalaron en la vida pública de este país.

Lo que hizo ahora el presidente López Obrador le cambia el nombre a nuestro régimen. Oficialmente, con video, con firma y por escrito, este político acaba de decretar la muerte del régimen democrático constitucional. Hágase en mi reino mi voluntad y tírese la ley a la basura. La ley máxima. Tírese la Constitución y lo que ella protege a un barranco inaccesible, que aquí está el dador de normas para arreglar lo que fuere necesario o lo que sea su voluntad.

Tristemente, a este titular del ejecutivo no le bastó tener una amplia mayoría legítima en el congreso para llevar a cabo su proyecto de gobierno. No le basta con tener formalmente todos los elementos para impulsar el México que quiere a través de la ley y las instituciones. No. Él quiere hacerlo con una hojita membretada, con fondo de organillero, desde su escritorio y sin consultar a nadie. Lo voy a decir con todas sus letras: López Obrador mancha la historia de la izquierda, escupe a la memoria de los que antes de él lucharon por la democracia en el país, ofende a los demócratas que votaron por él, ensucia el historial de los movimientos que construyeron con sangre su llegada a Palacio Nacional y se burla de los mexicanos todos.

Esto no se puede escribir de otra forma. López Obrador no tiene facultades para hacer a un lado la Constitución. La Constitución es nuestra norma máxima y se construye y modifica con el impulso del ejecutivo, las fuerzas en el legislativo y la vigilancia del poder judicial. No señor Presidente, no puede usted enviar un memorándum para que el artículo 3o. y el artículo 73, relacionados con la educación, dejen de aplicarse mientras una camarilla de sindicalistas negocia con su camarilla de legisladores.

Esta vez el presidente pasó de las declaraciones y las actitudes autoritarias a un acto formal de gobierno que lo vuelve un tirano. No debe haber más antilopezobradoristas, eso es ridículo; debe haber más defensores de la Constitución, de la ley, de la libertad y de la democracia. Los puede haber y los hay en la izquierda, hoy mancillada por el presidente.

Lo que pasó esta semana de asueto, con la gente de vacaciones y los mexicanos más activos poco atentos, no tiene nada qué ver con los legítimos derechos y reclamos de los maestros ni con los reclamos de los sindicalistas ni con el proyecto educativo del gobierno anterior. Esto no tiene qué ver con la poderosa Elba Esther Gordillo. Esto tiene que ver con el 1er. acto que amplía los márgenes de gobierno de un autócrata que hasta hoy era un presidente con carisma, mayoría y legitimidad democrática. El tirano firmó, con un memorándum, su nombramiento.

Hace casi un mes escribí aquí que con la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a los términos de la nueva reforma educativa consensuada entre la Secretaría de Educación y las distintas fuerzas políticas en San Lázaro, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le abría una decisiva disyuntiva, que pondría a prueba al gobierno de la autollamada 4a. transformación: si cedería o no a los chantajes de quienes fueron sus aliados electorales, aún con el riesgo de perder el apoyo popular que esto podría significar, incluyendo el de una eventual escisión de los 40 diputados de Morena que pertenecen a la CNTE.

Pues bien, para López Obrador tuvo más peso el conservar su hegemonía en el poder legislativo que emplear su gran capital político y su inmensa popularidad para poner un alto a la CNTE en beneficio de la educación de las niñas y los niños de este país.

No se puede entender de otra forma el memorándum que envió ayer el presidente a la y los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Hacienda, con el que pretende derogar la que él y la CNTE denominan "la mal llamada reforma educativa" promulgada en 2013 en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Lo peor es que más allá de los justificados reclamos de partidos de oposición, organizaciones sociales y empresariales como la Coparmex y juristas que le reclaman al jefe del ejecutivo que excede sus facultades e invade atribuciones del poder legislativo, y que como el ministro en retiro, José Ramón Cossío, consideran que ese documento es "fácilmente impugnable jurídicamente" por carecer de "fundamentación y motivación", el memorándum no fue siquiera del gusto de la CNTE.

AMLO pretendió congraciarse con el ala más radical del magisterio ordenando a la SEP reinstalar a los maestros que fueron sustituidos por las "evaluaciones punitivas", y dar las nuevas plazas de maestros a los egresados de las escuelas normales del país como era la exigencia de la CNTE.

Invadiendo también competencias del poder judicial, el presidente instruyó a la ex ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hacer las "gestiones necesarias" para liberar a los líderes y activistas magisteriales detenidos durante las protestas contra la reforma educativa el sexenio pasado, así como tramitar las indemnizaciones respectivas.

Sin duda eso gustó a la CNTE. Pero lo que para nada les agradó sin que lo hayan dicho explícitamente, es que López Obrador haya pedido a la Secretaría de Hacienda, mantener el control de la nómina magisterial y a la Secretaría de Educación de administrar las plazas, privilegios y canonjías cuya recuperación, es la motivación principal de este sector radical del magisterio.

Se trata, pues, de una especie de declaratoria de rendición inútil que le creará más antipatías que las simpatías que tanto le gusta conquistar al presidente.

Entre que son peras o manzanas, AMLO ya puso a bailar a su son a todos los medios y a toda la oposición escandalizada con la medida.

Se trata sólo de un show mediático de cara a la negociación de la reforma educativa con la CNTE. Si ya vamos conociendo al Presidente, ni para qué le damos tanto vuelo a sus locuras.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó "profundamente" el anuncio del gobierno federal: "Es lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo".

El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther opinó que "todos estos avances, resultado de un largo proceso de discusión y ejemplo de democracia, se están dejando a un lado para ceder a las presiones de un grupo. Los niños mexicanos son quienes pagan las consecuencias de ceder a los chantajes de este grupo, pues seguirán recibiendo una educación que ha colocado al país entre los niveles más bajos de desempeño académico de la OCDE".

Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, declaró: "La sociedad debe exigir que se cumpla la ley que ahora está vigente y no caprichos de grupos de choque. En educación debemos ir hacia adelante, no regresar a prácticas caducas".

El especialista en Derecho Constitucional, Miguel Carbonell, calificó como "un golpe directo a la Constitución", la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de emitir un memorándum contra la aplicación de la reforma educativa.

"No es el presidente contra la reforma educativa, es el presidente contra la Constitución", aseveró.

Categórico, señaló que el documento "no tiene fundamentación, choca directamente con el texto constitucional y está mandando un mensaje muy cuestionable a la ciudadanía".

En opinión de Carbonell, la llamada reforma educativa, "hoy es Constitución, y el rumbo es muy claro, o aplicamos la carta magna, o la violamos".

La reforma educativa, enfatizó, no es un documento programático, no es una carta ideológica de un partido o de un expresidente, es un derecho constitucional vigente al más alto rango del sistema jurídico mexicano.

Refirió que el Artículo 128 constitucional señala que antes de tomar posesión de su cargo, todo funcionario protesta guardar y hacer guardar la Constitución, y "si está vigente la norma, no puede a través de un memorándum, dejar de acatar el mandato".

Dijo que cuando una autoridad emite un acto de la naturaleza que sea, necesita fundamentarlo, de acuerdo con el Artículo 116 constitucional, es decir, debe citar los preceptos y artículos de alguna norma jurídica que le dan la facultad para emitir ese acto de autoridad.

Pero en el memorándum de López Obrador "no se cita ni un solo artículo de ninguna norma jurídica, por lo que carece de toda fundamentación, alguien debió haberle dicho que había que citar algún precepto", por eso, dijo, "con urgencia requiere asesoría jurídica".

El experto en derecho constitucional destacó que el Artículo 49 de la Constitución prohíbe al ejecutivo federal tomar la función del poder legislativo.

"Señala el principio que a todos debe importar: la división de poderes, que consiste en que haya un poder ejecutivo, que se encarga en la esfera administrativa de aplicar las normas jurídicas vigentes y un poder legislativo, que dice qué normas están vigentes y cuáles no", explicó.

Así, al poder ejecutivo que encabeza López Obrador le corresponde su aplicación, no puede suspender una norma, no puede inaplicarla, porque no le guste o le parezca neoliberal, si la norma está vigente se tiene que aplicar, no hay de otra, por eso es una norma jurídica, subrayó.

Carbonell recordó que el propio presidente de la república ha señalado que se requiere fortalecer el Estado de Derecho, por lo que si el ciudadano se percata que es la propia autoridad la que no aplica la norma, "imagínese el mensaje que se está transmitiendo, es muy peligroso".

No hay grupo social más influyente en México que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Es por ello que el presidente López Obrador emitió ayer un documento muy comprometedor para su gobierno: ordena a sus subordinados ignorar los efectos de una ley vigente, que deriva de una norma constitucional.

No es la primera vez que, desde la presidencia, AMLO ignora sus obligaciones constitucionales, con relación a la CNTE.

En enero, militantes de la Coordinadora en el estado de Michoacán bloquearon el paso de ferrocarriles.

El hecho podría haber sido tipificado fácilmente como "ataques a las vías de comunicación".

El artículo 167, inciso 3, del Código Penal Federal, señala lo siguiente: "Se impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa... al que para detener los vehículos en un camino público o impedir el paso de una locomotora o hacer descarrilar esta o los vagones, quite o destruya los objetos señalados (durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas, o demás, o un cambiavías) de ferrocarril de uso público".

El gobierno federal, por 32 días fue omiso de aplicar la ley, argumentando que no habría represión.

Simplemente, al seguir con esa filosofía, y querer congraciarse con los integrantes de la CNTE, ayer, el presidente instruyó no cumplir la ley.

Dice el memorándum emitido ayer por López Obrador: "Mientras el proceso de diálogo no culmine con un acuerdo, las otras instancias del poder ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya aplicado la llamada Reforma Educativa".

El presidente podría haber enviado al Congreso reformas a la ley o reformas constitucionales. Es su facultad.

Lo que no puede hacer es instruir a no cumplir la ley.

La administración de la SEP, encabezada por Esteban Moctezuma, su titular, y la fracción de Morena en la Cámara de Diputados que lidera Mario Delgado, habían hecho en marzo un gran trabajo para lograr consenso respecto a la nueva propuesta de reforma educativa.

Bastó con que la CNTE comparara la reforma de AMLO con la de Peña, para que el presidente reaccionara destruyendo el delicado trabajo del titular de la SEP y de sus legisladores para regresar a punto muerto.

AMLO se está metiendo en un pantano y creo que nadie se lo está diciendo o él no está escuchando.

No es lo mismo dar opiniones sobre un periodista o hacer apreciaciones subjetivas de los datos, que llamar a no cumplir la ley. Las implicaciones son muy diferentes.

Si alguien va a la Corte a cuestionar esa instrucción, meterá en menudo problema a Arturo Zaldívar y a los integrantes del máximo tribunal del país, pues no habrá más remedio que declarar la validez de la norma vigente, en contra de la instrucción del presidente.

No puede descartarse tampoco la posibilidad de que AMLO haya usado deliberadamente el asunto de la CNTE y la reforma educativa para generar una situación de disyuntiva entre los ministros.

Si AMLO no fue consciente de la crisis constitucional que eventualmente podría estar creando, malo. Si AMLO fue consciente de la crisis que podría desatar y eso no importó para seguir adelante. Peor.

Si se trata de una pirotecnia política para satisfacer a la CNTE, mejor.

Una ley expedida por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 impide al presidente Andrés Manuel López Obrador abrogar la Reforma Educativa que se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que no existe alguna disposición que faculte a AMLO para cancelar dicha Reforma sin pasar por el Congreso de la Unión.

El 12 de agosto de 1938, en la administración de Cárdenas del Río se le agregó al artículo 49 constitucional: "En ningún otro caso se otorgarán al ejecutivo facultades extraordinarias para legislar", por lo que dicha ley del entonces presidente elimina cualquier posibilidad de que el congreso otorgue facultades a AMLO.

Cabe recordar que el artículo 49, establece: "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".

Lo anterior derivado del posicionamiento del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, por un posible decreto expedido por el presidente para abrogar la Reforma Educativa, como lo prometió en campaña el político tabasqueño y tras haber comentado que si el Congreso no tuviera un acuerdo sobre el tema sacaría un decreto "quitando la mal llamada Reforma Educativa, en tanto se aprueba".

En tanto, López Obrador este 16 de abril, dio a conocer que ya firmó el memorándum que instruye al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a que busquen la manera de que quede sin efecto la Reforma Educativa, mientras el Congreso de la Unión resuelve la reforma a las leyes para dar efecto a su propuesta.

Según informó AMLO, en el memorándum también plantea que se reconozca "todo el daño causaron" de las autoridades anteriores y una indemnización para familiares de los que perdieron la vida oponiéndose a la Reforma Educativa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum dirigido a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa vigente.

"Todo esto mientras en el congreso se resuelve de lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares", explicó en un video difundido en sus redes sociales.

El mandatario federal detalló que en el documento recomienda que se reinstale a los maestros cesados, se libere a los profesores y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados.

En el memorándum, López Obrador también plantea que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, "que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa".

El ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, afirmó que el memorándum en el que el presidente de la república ordena suspender la aplicación de la reforma educativa promulgada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, es "fácilmente impugnable".

El ministro en retiro indicó que el documento carece de fundamentación y motivación pues no cita ninguna norma jurídica para sustentarlo.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado rechazó que el presidente de la república hubiera dado instrucciones, mediante un memorándum, dirigido a 3 secretarios de su gabinete, que anula la Reforma Educativa en vigor y a revisión en San Lázaro.

"Ante las amenazas" de parte del ejecutivo federal de derogar la Reforma Educativa vigente, la bancada priista que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que "cualquier intención unilateral de dejar sin efecto la disposición legal sería una abierta violación a la Constitución".

El grupo sostuvo que "el presidente no posee facultades para abrogar reformas constitucionales ni legales, por lo que, carece de toda legalidad el memorándum".

De llevar a cabo acciones contrarias a lo que establece la Constitución el presidente y sus secretarios de gabinete "faltarían a su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen".

"El proceso legislativo para derogar la reforma educativa está en curso a partir de una iniciativa presidencial, lo que pone en evidencia el total desconocimiento del ejecutivo sobre los procedimientos parlamentarios en las cámaras del congreso", lamentó la 3a. fuerza en el Senado.

Un político calculador de convicciones socialistas que movió varios hilos para acercar el PRI al comunismo desde la dirección estatal de Tabasco: esta es la imagen que se desprende del presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus años de militancia en el PRI, según documentos de espionaje realizados entre 1979 y 1983 que fueron desclasificados este martes.

Las páginas del expediente público de López Obrador, resguardadas en el Archivo General de la Nación y divulgadas este martes, ponen de manifiesto las inquietudes del gobierno federal y de su propio partido ante sus actividades políticas en el estado de Tabasco.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS), la agencia de espionaje del gobierno mexicano, vigiló de cerca al político, que a finales de la década de 1970 dirigió el Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco y, posteriormente, el PRI en el mismo estado.

En varios informes sobre López Obrador, los espías lo definieron como un "simpatizante" del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y expusieron el contenido de reuniones privadas que mantenía con líderes campesinos para abordar planes de desarrollo de carreteras y potabilización de agua en el estado.

En la dirección tabasqueña del INI, López Obrador se rodeó de personal perteneciente a "organizaciones políticas" estatales, sobre todo del PSUM, reveló un informe fechado el 21 de julio de 1983.

Este cable, firmado bajo las siglas "arb", afirma que López Obrador promovió "el intercambio tecnológico con el Gobierno de Cuba", una acción que fue coordinada con el entonces gobernador de Tabasco, el priista Leandro Rovirosa (1977-1982).

"El Gobierno cubano envió técnicos a Nacajuca (Tabasco) para que asumieran la responsabilidad de casas que resultaran módicas y, a cambio, el INI envió a campesinos para que visitaran solamente La Habana ya que los campesinos enviados no sabían nada de técnicas", según la DFS.

La inteligencia mexicana llegó incluso a estudiar también la vida personal del político, de quien destacó que en esa época "pudo lograr la compra de una finca rústica ubicada en las cercanías de Palenque (Chiapas)" y contaba con "ganado de alto registro" en el rancho de sus tíos.

Pero las inquietudes de la DFS se incrementaron cuando en 1983 López Obrador asumió la dirección del PRI de Tabasco, cargo desde el cual se dedicó a "imprimir orientaciones políticas a los cuadros priistas en los municipios".

"López Obrador, quien por ser de filiación comunista, pretendía debilitar al PRI en las próximas elecciones para diputados locales y alcaldes y meter gente del PSUM", sostenía la DFS en 1983.

Mientras las suspicacias aumentaban en el gobierno mexicano, también crecieron en el seno del partido comunista, donde llegaron a considerar a López Obrador como un "traidor".

En un informe de la DFS, se expone que en el seno del PSUM de Tabasco las opiniones estaban divididas: "Unos dicen que la actitud del presidente del PRI, Andrés Manuel López Obrador, es totalmente contraria al PSUM, otros dicen que se trata de hacer más progresista y revolucionario al PRI".

En una reunión de dirigentes del PSUM, su coordinador en Tabasco y Chiapas, Rodolfo Lira, opinó que López Obrador era "un traidor al PSUM y a la clase marginada".

"Este político sin ideología definida no es más que un mecanismo utilizado por el presente régimen del Gobierno estatal para restarle fuerzas al partido de oposición más importante", aseveró, según la DFS.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó varias recomendaciones a modo de advertencias para la prensa y periodistas, ya que -dijo- si se exceden la gente los pondrá en su lugar.

Otra vez los medios fueron tema de la conferencia de prensa mañanera de López Obrador. Ahora fue una advertencia a los periodistas impertinentes. "Ustedes son prudentes, pero si se pasan ya saben lo que sucede. Pero no soy yo, es la gente". Más allá de la amenaza nada velada de que caerán sobre los imprudentes todo el peso de las redes (orquestadas desde las esferas del poder, como bien documentó Rosana Reguillo de SigmaLab del ITESO) el presidente puso, sin querer, sobre la mesa una pregunta importante ¿es la prudencia una virtud en los periodistas?

Uno de los elementos distintivos del periodismo, no el único, es incomodar al poder. Investigar cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman las decisiones en el gobierno, resulta molesto a cualquiera que ejerce el poder. No hay manera de que un periodismo bien hecho no incomode. Está en su naturaleza. Pero también es cierto que el periodismo mal hecho, ese que es altanero, terco, protagónico y sordo incomoda no por inteligente, sino todo lo contrario.

La prudencia es una virtud de la inteligencia cuando es usada de manera estratégica para conseguir el objetivo, nunca de la sumisión. Por lo mismo, es muy fácil que la prudencia se confunda con miedo y que detrás del prudente se esconda un timorato. El problema de la frase de López Obrador no está, pues, en la celebración de la prudencia sino en la consecuencia, en el "si se pasan ya saben lo que les sucede". La gente, las benditas redes que son inteligentes, informadas y democráticas según la visión del presidente, pero no por ello menos orquestadas, se convierten de inmediato en el tribunal popular listo para masacrar con insultos (porque, con todo respeto, en las redes el bien más escaso son los argumentos y la inteligencia) al preguntón.

Frente a las benditas redes protectoras del poder siempre habrá un maldito preguntón dispuesto a incomodar, a dejar el confort de estar bien con el presidente, el gobernador o el poderoso en turno para poner los puntos sobre las íes y peguntar lo que hay que preguntar sin importar lo que suceda por haberse "pasado".

Si de algo servirán la mañaneras será para ir develando poco a poco al López Obrador de verdad. No se puede hablar diario sin que aflore lo que realmente piensa el presidente, para bien y para mal. En lo que se refiere a los medios, Andrés Manuel ha ido definiendo claramente su posición: no está dispuesto a gobernar con ellos, pero tampoco a ponderar sus críticas.

Saquen para andar igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró que en 3 años, apunten bien, la atención médica y los medicamentos serán gratuitos. Pero no sólo eso.

Según el presidente, tendremos servicios de salud similares a los de los países nórdicos como Suecia o Dinamarca.

La promesa la hizo justo el día en que más de 9,000 médicos residentes de hospitales de alta especialidad amagaron con un paro de labores por falta de pago.

Me cuesta mucho trabajo entender a Andrés Manuel López Obrador, pues conforme un día dice públicamente una cosa, unas horas después dice o hace lo contrario, sin mayor explicación que algún refrán popular, de esos que la vox populi entiende como verdades.

Si como en el resto del mundo, la educación se convierte en el eje de desarrollo, el apoyo económico a los jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y el nivel superior definitivamente recibe el aplauso "del respetable": lo caído, caído. Pero no se puede entender la suspensión de apoyos de Conacyt para aquellos, pocos por cierto, que aspiran a seguirse preparando en los posgrados, ya sea nacionales o en el extranjero (con independencia de los cuestionados nombramientos de funcionarios sin experiencia), no sea que se vayan a convertir en neoliberales, "desos" que estudian en el extranjero, sólo para su beneficio personal.

En el mismo contexto, resulta inentendible la suspensión del apoyo traducido en financiamientos que se venía proporcionando a los emprendedores, quienes al tiempo de aprovechar los conocimientos teóricos adquiridos en las instituciones formales, también sacan la "casta" y con audacia se atreven a arriesgar capital propio y adquirido, con tal de salir adelante y convertirse en seres sustentables, pero con la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, y de los créditos blandos, será más difícil poder salir adelante y aportar al desarrollo del país, tal y como venía sucediendo.

Como en el mundo al revés: A los médicos residentes, quienes se esfuerzan, trabajan, se preparan y arriesgan, Dios que les ayude, y a los que no, que el gobierno federal los mantenga -incluso, si no pasan de grado-.

Siempre será más fácil estirar la mano, que esforzarse por ser mejor.

El Ejército Mexicano tuvo claro desde hace mucho que la discusión sobre la Guardia Nacional pasaba por cultivar una imagen de respeto a los derechos humanos, y asegurar un mando militar del cuerpo en cuya creación están depositadas las esperanzas gubernamentales de recuperar la paz.

¿Por qué tenía que ser un militar quien encabezara la Guardia Nacional?

"Ellos insistían en que no podían dejar un mando civil al frente porque no podían garantizar que una persona no castrense sea una persona incorruptible, como tampoco se podía garantizar que tuviera lealtad al presidente. Ellos insistieron en que el trabajo de jerarquía y de ascenso en el Ejército y las fuerzas armadas permite generar lealtad y amor a la patria, y que no se puede confiar en los civiles, porque además hay muchos ejemplos de cómo estos no han dado resultados, que los resultados han sido pésimos, y que era momento de que le dieran total fuerza y mando a los militares, pues para que ellos resolvieran este problema de la inseguridad".

"Los periodistas y el presidente estamos aprendiendo a coexistir. Pero habitamos espacios distintos. El nuestro, siempre, debe ser del otro lado del poder", asegura Jorge Ramos.

El periodista escribió en The New York Times sobre el intercambio que tuvo el viernes pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo cuestionó sobre todo por la violencia en los primeros meses de su administración.

En su columna, apuntó que "la principal labor social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. A nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. Pero eso no lo parece tener muy claro el presidente mexicano. Hace poco alabó a los periodistas 'prudentes' y sentenció: 'Si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede. Pero no soy yo; es la gente'".

Al respecto, Ramos comentó que "las críticas en la jungla de las redes son brutales cuando se toca a López Obrador. Es un presidente muy popular, muy poderoso -controla el congreso- y que ganó la presidencia con un gran respaldo social -más de 30 millones de personas votaron por él- en una nación sumida en la violencia y la corrupción. Tras el desastre del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, es entendible que AMLO haya logrado acumular todas las esperanzas de cambio. Particularmente entre los mexicanos más vulnerables".

Sin embargo, "eso no significa que AMLO sea intocable. Sería gravísimo que México resucitara algunas de las prácticas de la época -de 1929 a 2000- en que los presidentes dictaban qué publicar y qué no. Y la única manera de evitarlo es siendo imprudentes y desobedientes con el poder. Esa es la tolerancia que López Obrador debe extender. No es falta de respeto; es la manera en que se hace un periodismo vigoroso e independiente".

"El presidente, para dejarlo claro, no es nuestro jefe. Los periodistas nos debemos a la gente que nos lee, nos ve y escucha y, sobre todo, a la verdad. Al final de cuentas, es una simple cuestión de credibilidad. Y eso nunca se logra estando cerca del poder o alabándolo", sostuvo.

No obstante, reconoció que "AMLO aguantó y respondió todas mis preguntas durante la conferencia de prensa en Ciudad de México, mientras que Trump, en 2015, me expulsó con un guardaespaldas de una de ellas en Dubuque, Iowa".

"El presidente de México no tiene por qué descalificar a periodistas que cuestionan su labor; ese es precisamente nuestro trabajo. Los ataques personales sobran y, desafortunadamente, se multiplican e intensifican con mucha peligrosidad en las redes. Sobre todo si el presidente los origina. AMLO puede hacer mucho para proteger y dar a respetar el oficio periodístico".

"La relación poder-prensa siempre estará cargada de tensión. Pero en una democracia en construcción como la mexicana es fundamental discutir, diferir y dialogar; no descalificar. El reto está en seguir viviendo juntos, aunque a veces no estemos de acuerdo", concluye.

"Sí, estos son otros tiempos en México. Los periodistas y el presidente estamos aprendiendo a coexistir. Pero habitamos espacios distintos. El nuestro, siempre, debe ser del otro lado del poder. Sea quien sea quien lo ejerza", abunda.

El periodista Jorge Ramos apuntó que pese a la apertura, el presidente mexicano ha descalificado a los reporteros y a los medios que hacen preguntas incómodas, al llamarlos "prensa fifí"; además emplea las conferencias para hacer uso de "su derecho de réplica".

"El presidente, para dejarlo claro, no es nuestro jefe", mencionó Ramos, y aseguró que los periodistas se deben a le gente que los lee, ve o escucha, pero en especial a la verdad.

Agregó que López Obrador no debe descalificar a los periodistas que lo cuestionan, ya que ese es su trabajo.

Las carpetas de investigación por el delito de secuestro aumentaron 55% en el 1er. trimestre del 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior, reportó la organización Alto al Secuestro.

Según su informe, de enero a marzo de este año las procuradurías y fiscalías abrieron un total de 552 investigaciones contra las 356 iniciadas en los primeros 3 meses de 2018. Una carpeta de investigación puede tener una o más víctimas.

La activista Isabel Miranda de Wallace detalló que en lo que va de la administración de López Obrador se han registrado 831 víctimas de secuestro, lo que representa 6 privaciones ilegales de la libertad al día.

Los estados con mayor incidencia en el periodo diciembre de 2018 a marzo de 2019, son Veracruz (192), Estado de México (115), Ciudad de México (54), Puebla (43), Tamaulipas (34), Morelos (30), Guerrero (25), Tabasco (18).

En los estados anteriormente mencionados se concentra el 64% de los secuestros en el país, aseguró la activista.

El presidente López Obrador promete que nunca más las fuerzas armadas habrán de violar derechos humanos. En prenda va la palabra del tabasqueño, que cada 3er. día se compromete a no ordenar represión alguna, pero como ya vimos que la voluntad presidencial no basta, habría que preguntarse si no es un poco una locura que justo al buscar resultados diferentes se ponga en las posiciones de mando a quienes ya mostraron que ni pudieron ser efectivos ni pudieron evitar (menos castigar) violaciones a los derechos humanos.

Al escuchar el jueves pasado a cada uno de los integrantes del llamado Estado Mayor de la Guardia Nacional exponer su hoja de vida era imposible no temer lo peor: con ustedes los mismos que estuvieron, por ejemplo, en el infierno que fue Monterrey, en donde a estudiantes del Tec asesinados por el Ejército, éste les sembró armas; o en Veracruz, donde la población lleva más de 10 años viendo que los marinos no pueden con los criminales.

Así caminaremos (¿o será mejor decir "marcharemos"?) hacia el mañana. Dando a los militares la batuta: con el general Luis Rodríguez Lucio, pieza central de las fuerzas armadas de Calderón y Peña Nieto, una nueva administración promete que ahora sí todo será distinto.

En realidad, quizá lo único diferente es que ni en el sexenio panista ni en el priista se les dio tanto poder a las fuerzas armadas como en la naciente administración. En eso sí estamos ante algo inédito, estamos frente a una nueva hora militar de México.

Buena parte de su larga experiencia como líder opositor no sólo no le está ayudando, sino en ocasiones me parece que le está perjudicando para convertirse en jefe de estado. Las palancas de velocidades que aprendió manejar en su vida anterior no se parecen en nada a las que ahora manipula. Sólo espero que la curva de aprendizaje termine pronto y en el proceso no cometa más errores de los imprescindibles.

Mientras tanto, en lo que descubre en qué consiste convertirse en un buen presidente, hay un recurso infalible del que podría echar mano: hacer lo contrario de lo que haga Donald Trump. Es tan ostensible mal presidente, que intuitivamente sabremos que estamos en la zona correcta si procuramos no hacer lo que él.

Trump se ha enzarzado en un pleito personal con CNN, un medio de comunicación que lo critica sistemáticamente. Trump ignora la estadística que no apoya sus opiniones y genera las suyas propias, por ejemplo sobre economía o violencia. Trump está rompiendo las reglas de civilidad con su congreso, abusando de prerrogativas que por lo general el ejecutivo no solía esgrimir en contra del poder legislativo; por ejemplo el llamado a declarar una emergencia nacional sin que existan las razones.

Resulta poco tranquilizador constatar que en algunas acciones de López Obrador encontramos paralelismos con su colega del norte. Nuestro presidente tampoco esconde la urticaria que le provoca un medio de comunicación, en su caso el diario Reforma, al que reiteradamente llama fifí y lo declara enemigo personal. De igual forma, parece manejar su propia estadística cuando la que ofrecen los organismos internacionales, los bancos o las calificadoras difieren de las que él desearía. Y su relación con el congreso no es mucho mejor que la de Trump. Designar a un general que apenas está solicitando el retiro para hacerse cargo de la Guardia Nacional y pretender cumplir así el acuerdo que Morena había hecho con la oposición (un mando civil) a cambio de la aprobación de la ley, es una jugarreta de mal gusto. Más cercana a las tácticas abusivas de Trump que a las del jefe de estado que nos prometió en su discurso inaugural. Tampoco ayuda que Trump haya tenido una desavenencia con Jorge Ramos en una conferencia de prensa.

Desde luego que la discusión del periodista de Univisión con el presidente mexicano no alcanzó la hostilidad que caracterizó a la que sostuvo con el equipo de la Casa Blanca. Pero lo que llama la atención es lo gratuito de esa fricción, en la mañanera de Palacio Nacional. Como político López Obrador siempre se caracterizó por su mano izquierda para navegar por encima de los detalles. Ante el reclamo de Ramos de que la estadística de asesinatos era preocupante y a ese ritmo terminaríamos peor, bastaba con que el presidente hubiera dicho que ninguna cifra de muertos resulta menor, que mientras los haya su gobierno no descansará y que justo ese día presentaba un equipo en el que confiaba para comenzar a resolver el problema. En lugar de eso se enfrascó en una discusión absurda de números que terminó perdiendo porque su propio secretario de Seguridad horas más tarde la dio la razón al periodista.

En suma, los errores son inevitables en el difícil proceso de aprender a ser presidente. Pero muchos de ellos podrían obviarse si AMLO observa a Trump detenidamente y decide hacer lo contrario. Por desgracia hasta ahora, en más de un sentido, parece estarlo imitando.

La organización de periodistas Artículo 19 condenó este lunes las palabras del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió que los reporteros deben ser "prudentes" porque de lo contrario "ya saben lo que sucede".

"El mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas", dijo Sebastián Salamanca, oficial del programa de defensa de periodistas impulsado por Artículo 19.

Salamanca criticó que López Obrador diga "cómo deben actuar" los informadores y que sugiera que "van a recibir el castigo del pueblo" si no se comportan debidamente.

Las polémicas palabras del presidente tuvieron lugar este lunes en su conferencia matutina en el Palacio Nacional, donde López Obrador fue cuestionado sobre su relación con los medios de comunicación.

"Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan pues ya saben lo que sucede, ¿no? Pero no soy yo, es la gente. No es conmigo, es con los ciudadanos", apuntó.

Salamanca sostuvo que "lo más grave de todo" es que López Obrador tiene "razón", porque "los periodistas que están haciendo cierto tipo de preguntas que no son del agrado del presidente están sufriendo hostigamientos e intimidaciones".

"Cualquier seguidor de López Obrador va a interpretar estas palabras como una tolerancia a continuar agrediendo a los periodistas que le sean críticos", señaló.

Todo este revuelo nace de la participación el pasado viernes del periodista de Univision Jorge Ramos en la conferencia de prensa, donde contradijo de manera incisiva las cifras de violencia en México ofrecidas por López Obrador.

La participación de Ramos fue duramente criticada en redes sociales por seguidores de López Obrador e incluso por periodistas de medios de comunicación cercanos al presidente.

"La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio", dijo el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, cercano al presidente.

Desde Artículo 19 lamentaron que lo dicho por López Obrador "se suma a una serie de ataques" realizados por el presidente, que tacha a los medios conservadores como "prensa fifí".

La semana pasada hubo otra polémica con la prensa, puesto que López Obrador pidió al periódico Reforma que revelara la fuente que le filtró el borrador de la carta enviada por el gobierno mexicano al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por la conquista.

Salamanca señaló que los ataques de López Obrador a la prensa son un fenómeno "paradójico" dado que es el mismo presidente quien convoca a los periodistas cada día en el Palacio Nacional.

"Tenemos un presidente particularmente agresivo con la prensa, pero al mismo tiempo a diario hace conferencias en la cual necesita a los medios e interactúa con los medios", concluyó.

Al menos 7 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la Presidencia el pasado 1 de diciembre, por lo que la situación es alarmante.

Durante el pasado sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se produjeron 47 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 9 fueron en 2018.

Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Una de las frases favoritas del Presidente es: "No miento, no robo, no traiciono". En el áspero intercambio con Jorge Ramos en la mañanera del 12 de abril recalcó: "No me gusta decir mentiras". El 8 de abril afirmó, en una paráfrasis del Che Guevara: "La mentira es reaccionaria y es del demonio. La verdad es revolucionaria y es cristiana".

La verdad, sin embargo, es otra. Tal vez algunas de las mentiras del Presidente son inadvertidas, producto de la repetición de respuestas convencionales en prolongadas conferencias de prensa todos los días, pero otras parecen producto de cálculos políticos.

Cuando Ramos lo cuestionó sobre la violencia, el Presidente respondió: "Hemos controlado la situación, según nuestros datos". El periodista insistió: "Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8,524 en los 3 meses primeros", a lo que el mandatario reviró: "No han aumentado... Yo tengo otra información". López Obrador procedió a mostrarle una gráfica de promedios diarios con 79 homicidios en diciembre, 75 en enero, 83 en febrero y 77 en marzo, pero reconoció que no tenía las cifras totales.

La información que encuentro en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un poco distinta a la que cita Ramos, pero el resultado es un alza. De diciembre de 2018 a febrero de 2019, los 3 primeros meses del gobierno, se registraron 7,299 homicidios dolosos.En el periodo correspondiente de un año antes, diciembre de 2017 a febrero de 2018, fueron 6,456. El aumento es muy alto, de 13%.

Si se contrastan las cifras de los 3 primeros meses de López Obrador no con las del año anterior sino con los 3 meses previos, septiembre a noviembre de 2018, cuando hubo 7,346 homicidios dolosos, podría decirse que la violencia se ha contenido, pero no es la forma en que tradicionalmente se comparan estos datos. Ahora bien, todos sabemos que la violencia no puede acabarse de un día para otro.

El Presidente miente, por otra parte, cuando arremete, como lo hace casi todos los días, contra Reforma (aclaro interés: soy colaborador). Este 12 de abril repitió su aserto de que el periódico "protegió a Salinas, [...] protegió a Zedillo y a todos, incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero". La verdad es que el caudal de cobertura crítica a Salinas y Zedillo está disponible para quien quiera revisarlo. Las posiciones expresadas sobre la elección del 2006 y el desafuero fueron muy diversas y están también registradas.

"Ellos no dijeron nada -insistió el Presidente- cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui". Una vez más la información es incorrecta. Reforma le dio una cobertura puntual al conflicto de Gutiérrez Vivó con Radio Centro (empresa con la que también colaboro). Aristegui no solo es colaboradora del periódico, y de Radio Centro, sino que su sitio AristeguiNoticias tuvo un respaldo decidido del Reforma.

Creo que López Obrador debe ser más cuidadoso con la verdad. Algunas de sus medidas son correctas, otras objetables; en el campo de la violencia, en el que apenas está conjuntando su estrategia con la Guardia Nacional, los resultados todavía no se ven. Esa es la verdad hasta el momento.

Al rechazar que la violencia esté aumentando, AMLO argumentó que "los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es la inseguridad y la violencia", mientras que él tiene "una reunión con el gabinete de seguridad todos los días" de 6 a 7 de la mañana. Qué bien, pero no confundamos esfuerzo con resultados.

Los estados y municipios que requieran del apoyo de la Guardia Nacional para combatir los índices delictivos en su "territorio" deberán cubrir "proporcionalmente" los costos de operación del nuevo cuerpo de seguridad, con recursos de su presupuesto.

Así lo establece el artículo 96 en el Título 6o. de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado de la República la semana pasada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Todas las semanas, López Obrador habla del periódico Reforma, lo llama fifí, conservador e hipócrita. Con ello, desconoce 25 años de periodismo profesional, del que él mismo se ha servido para denunciar los abusos del régimen neoliberal, e insulta el trabajo de decenas de periodistas y colaboradores, algunos de los cuales, incluso, hoy trabajan en su gobierno.

Es paradójico; mientras AMLO denuesta al Reforma, los dueños del duopolio televisivo ocupan 2 sillas en el consejo económico asesor de la Presidencia de la República.

Mientras AMLO recuerda que la "prensa fifí" es heredera de una corriente de pensamiento conservador que llegó al extremo de incendiar la casa de Francisco I.Madero, los medios oficialistas buscan acomodo en la 4a. Transformación.

López Obrador monta su conferencia de prensa matutina y dedica la mitad del tiempo a darle cuerda a su narrativa de buenos y malos, liberales y conservadores, progresistas y fifís; pero no ha hecho nada para desmontar la perversa maquinaria de la publicidad oficial.

Su retórica mañanera afirma que nunca ejercerá la censura ni el control de los medios, pero su administración dispone de más de 3,000 millones de pesos para pagar propaganda en 2019. Él dice que ya nada será igual, pero los mensajes gubernamentales siguen llenando espacios de televisión y radio, igual que antes.

Se asegura que habrá tolerancia a la crítica y un "diálogo circular" en las conferencias mañaneras, pero se tolera y hasta se alienta que a ellas acudan "periodistas" de repentina aparición a hacer preguntas halagadoras o absurdas, youtubers y jilgueros que cuestionan, no al presidente, sino a las reporteras y reporteros que se atreven a incomodar al gobierno con preguntas.

Es loable que el presidente informe en tiempo real lo que pasa, día a día, en el país y en su gobierno. Es inédito que haya hecho ya casi cien conferencias de prensa, y haya respondido más de 2,000 preguntas. Es saludable que comparezca a diario; incluso, que se queje de los encabezados, los ángulos noticiosos y las coberturas que no le gustan.

Pero ojalá que alguien le recuerde que la prensa crítica está ahí para cuestionar al poder, no para ovacionarlo. Ojalá alguien le recuerde que la prensa oficialista, el duopolio televisivo, los dueños de grandes negocios que tienen un periódico o una estación de radio sólo para defender sus verdaderos intereses –esos que hoy buscan quedar bien con él– son los mismos que "le cerraron el paso en 2006 y 2012".

Esa prensa que hoy le gusta, porque transmite en vivo las mañaneras y se dedica a reproducir sus dichos, es la misma que antes él mismo encasilló en las filas de la "mafia en el poder".

Esa prensa elogiosa de su gobierno seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: acomodarse con el poderoso en turno para seguir haciendo negocios. Mientras tanto, la prensa libre hará lo que sabe hacer: periodismo crítico, para cuestionar e incomodar al poder, para incomodarlo a él.

La Iglesia Católica mexicana advirtió este domingo que las medidas del nuevo gobierno para combatir la ola de violencia del país "no son suficientes" y le exigió "no escurrir el bulto" del problema.

"La inseguridad y la corrupción se han convertido en las 2 batallas principales del nuevo gobierno y de la sociedad; sin embargo, pareciera que las acciones tomadas hasta hoy no son suficientes", señaló la Arquidiócesis de México.

En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia se preguntó "¿Qué falta por hacer?, ¿Qué estamos haciendo mal?, ¿De qué forma podemos apoyar para terminar de raíz con estos temas que nos duelen en lo más profundo?".

Y advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre, que "no nos podemos escudar en echar las culpas a las administraciones pasadas porque eso sería escurrir el bulto del problema".

El organismo mexicano de transparencia ordenó este domingo a la Secretaría de la Defensa Nacional publicar los estudios que acreditan la viabilidad de convertir el aeropuerto militar de Santa Lucía en aeropuerto civil, como prevé el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe buscar y, en su caso, dar a conocer los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía", aseveró en un comunicado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)."

El organismo aseguró que la Sedena, encargada del Ejército Mexicano, debe informar de "las características topográficas del terreno; impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue".

"Es indispensable que la sociedad conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo", sostuvo el INAI.

El organismo consideró que publicar estos archivos "podría propiciar un ambiente de confianza y respaldo a la actuación de los servidores públicos".

Las acciones del actual presidente no dan una idea clara de cuál es su verdadera manera de pensar y, en muchos casos, lo que dice, lo que propone y lo que realmente se realiza no coinciden y no se ve una estructura coherente entre el dicharacherismo presidencial, a veces totalmente incomprensible, y su doctrina política, sus propuestas de campaña y sus acciones presidenciales o, más bien, sus omisiones, pues a pesar de lo prometido, no se ha sabido de ningún "huachicolero" procesado, de ningún político acusado de corrupción.

Todo han sido expresiones populacheras, lenguaje indescifrable y cartas obsoletas exigiendo disculpas. Esperamos con cierto escepticismo, que la razón y la cordura se impongan en el actuar presidencial.

He visto un par de intervenciones de Diego Fernández de Cevallos en Milenio Televisión. En una de ellas se refirió al presidente López como "diosManuel", aclarando que no es porque lo sea o lo merezca, sino porque así se siente y se sueña o autoidealiza. Y en su otra participación lo ubicó en el extremo opuesto, afirmando que "si la mentira es el demonio", el pejidente está endemoniado, pues todos los días miente.

[Para complementar, el webmaster agrega que en un video, Diego Fernández lo calificó como "un rufián con poder".]

En mi caso, y creo que en el de la mayoría de nuestro pueblo pensante -aunque se nos etiquete como fifíes, ni buenos ni sabios- de los NO esperanzados a alguna dádiva vergonzante... NO podemos sentirnos representados por "el pejidente de las mañaneras" por mucho que en estricto sentido legal se le catalogue como el presidente de todos los mexicanos. En verdad, merced a su actuar desde el pasado 1 de diciembre, y cada día más, NO ganamos pa'vergüenzas. Cuando no se ataruga o contradice, de manera inverosímil, pretende hacernos ver como sus propios tarugos o patiños.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes fijó un nuevo plazo de 48 horas a la Secretaría de Salud para recibir el pago retrasado de 3 quincenas y el reembolso de un bono sexenal o el próximo 15 de abril 68 hospitales de 24 entidades federativas iniciarán una asamblea permanente que consiste en atender sólo áreas críticas como urgencias y obstetricia.

Erika Orozco, Eva García y Karen Arteaga, integrantes del Comité de Comunicación de la Asamblea, explicaron que hasta el momento sólo se han depositado los pagos retrasados al 10% de un promedio de 6,000 residentes.

Las 8 sillas en el escenario de Palacio Nacional donde el presidente ofrece sus mañaneras fueron ocupadas por 5 hombres y una mujer en uniforme, así como 2 civiles. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la nueva Guardia Nacional. Otros 3 uniformados habrán de integrar la Coordinación Operativa Institucional del nuevo cuerpo de policía.

Rodríguez Bucio está en proceso de retiro del Ejército. El contralmirante Gabriel García Chávez, quien representará a la Marina en la Coordinación, está ya en retiro y el general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, quien participa por la Defensa, está en proceso de retiro también. Sin embargo los militares no dejan de serlo por pasar a retiro. La doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, también en uniforme, no es militar sino comisaria general de la Policía Federal. Llama la atención que dijo tener ¡12 doctorados! No sé cómo sea posible, pero ese es otro tema.

No encuentro ninguna objeción en los resúmenes biográficos del comandante o los integrantes de la Coordinación. Parecen bien preparados para los cargos que ocuparán. Esto no evitará, sin embargo, el debate sobre la militarización de la Guardia Nacional.

Es paradójico que la izquierda, que tradicionalmente ha cuestionado el uso del Ejército como policía y se ha quejado de los abusos de los militares a los derechos humanos, hoy esté militarizando la institución que asumirá el papel más importante de seguridad interior. No ha pasado mucho tiempo desde que los activistas insistían que la Sedena abriera las puertas de los cuarteles para determinar si en sus supuestas mazmorras estaban confinados los normalistas de Ayotzinapa. El caso de Tlatlaya, apenas en 2014, se convirtió en bandera para la exigencia del retiro del Ejército de las funciones de policía.

El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un enorme esfuerzo para impulsar una Ley de Seguridad Interior que permitía el uso de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior y que finalmente fue invalidada por la Suprema Corte. Morena y algunos activistas fueron los principales opositores a esta ley. Ya como presidente, sin embargo, López Obrador ha llegado a la misma conclusión que sus 2 predecesores inmediatos, Peña Nieto y Felipe Calderón: la militarización es, de momento, inevitable.

El titular de la CRE, Guillermo García Alcocer, afirmó que hay escasez de gas, "estamos cerca de una alerta crítica", y advirtió que la falta de líneas entre Chiapas y Yucatán puede desconectar la península. López Obrador, en cambio, dice que se está estudiando si los apagones en Yucatán han sido producto de sabotajes.

De acuerdo con cifras de la mesa general de inteligencia del gobierno federal, los homicidios dolosos en los meses de enero y febrero han aumentado en 672 casos con respecto al mismo periodo de 2018.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo presentó las cifras hasta febrero de los homicidios en el país.

En enero y febrero de este año, se registraron en total 5,649 homicidios dolosos. En la misma fecha de 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto, se registraron 4,977 homicidios dolosos.

Durazo aclaró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió un país con seguridad en ruinas.

Ante esto aseguró que el gobierno se ha fijado una meta de 6 meses para revertir la tendencia de homicidios al alza.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por las cifras de homicidios en el país.

El periodista cuestionó al mandatario sobre el aumento de los asesinatos en el país, por lo que el presidente reviró que todos los días trabaja su gobierno para atender el principal problema de la inseguridad y la violencia.

"Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solo en asuntos graves, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así", dijo.

Sin embargo, Ramos volvió a preguntar que según las propias cifras del gobierno federal, los homicidios van en aumento.

Por lo que López Obrador respondió que han controlado la situación y no han aumentado, según sus datos y presentó una lámina que ambos analizaron.

El presidente aclaró que el problema de la inseguridad y la violencia no están resueltos, además tomará algún tiempo los resultados.

"Mi compromiso es que van a bajar los delitos. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema sino que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios", aseguró.

López Obrador aseguró que nunca atentará contra el periodismo, incluso a quienes no revelen fuentes, porque su gobierno no es una dictadura.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) junto con el resto de jueces federales, es al día de hoy la única institución capaz de ponerle freno al presidente. Lo anterior es muy relevante al entenderse y recordarse uno de los puntos clave para saber hacia dónde va el gobierno lopezobradorista, porque sí, aunque no parezca, este dizque nuevo régimen tiene objetivos con un único fin: conservar y ampliar el poder de López Obrador por el mayor tiempo posible. Si no se ve con éste prisma, solo se verá a un gobierno de dar pena ajena y casi de risa, donde pudiendo hacer todo bien lo hacen todo mal. A la fecha no hay documentos donde se pueda confirmar la supuesta gran victoria sobre el huachicoleo. De los programas y acciones ordenandos cada rato por el ejecutivo, tampoco hay información. Así, solo veríamos a un gobierno hechizado, banalizado, inmovilizado por entre otras cosas, el terror infligido a los burócratas. Un mal gobierno. Pero habría de entenderse también: ese mal gobierno también es algo deliberado.

Por eso hay una cuenta atrás contando. Tic, tac, tic tac. Y terminará en el éxito o fracaso de López Obrador para controlar a la SCJN. Lo sabe: sin ella de su lado, no podrá tan fácilmente destruir las instituciones no de su agrado (las autónomas principalmente porque en su generalidad tienen funciones ejecutivas). Así, esta semana Morena presentó en el Senado una iniciativa para incrementar de 11 a 16 ministros en la SCJN. Así con los nuevos ministros tendría la mayoría. ¿Como? Con la creación de una 3a. sala (ya existen dos, una penal civil y otra administrativa y del trabajo) para asumir funciones anticorrupción, responsabilidad de los servidores públicos y la ya golpeada hasta el cansancio por los jueces, responsabilidad patrimonial del Estado. De hecho el 1er. funcionario en reventar -junto con el entonces Jefe del SAT-, la nueva y sencilla forma de reparar daños por la conducta irregular de la autoridad, fue el mismo López Obrador como gobernante de la hoy Ciudad de México. Dice mucho su inclusión en la nueva sala propuesta. Para él el gobierno no debe de responder por sus actos.

Ante ello hubo diversas reacciones. Es de destacar la del Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana: firme, rotunda y clara. Dicho consejo está compuesto por los 3 colegios de abogados más importantes del país, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Son 3 colegios de adeveras. Con miembros, obligaciones, derechos y pago de cuotas. Y concentran sin duda a la mayoría de los mejores abogados del país. De ahí su importancia. El consejo dijo palabras más o menos: crearía una dificultad muy grande para integrar mayorías en la SCJN al ser de número par y dotarla de más cuestiones de legalidad aumentaría su carga de trabajo. Además, El nuevo sistema anticorrupción ya contempla jueces especializados. No han sido nombrados, pero además ni a Peña antes, ni a López Obrador hoy jamás se les ha visto ocupados en echar el sistema anticorrupción a andar, todo lo contrario, ha sido bloqueado. Se le pide al Constituyente Permanente no aprueben la reforma y en todo caso citen a parlamento abierto para la discusión.

Tic tac, tic, tac. Si esta intentona no funciona, vendrán más.

Los primeros reclamos a AMLO vinieron ayer mismo de distintas voces de partidos de oposición que le reprocharon su incumplimiento a la promesa de que se nombraría a un mando civil para la Guardia Nacional, eso pese a que el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio estará en situación de retiro en septiembre de este año.

Y es que desde que se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno de la autollamada 4a. Transformación, en el que su principal apuesta fue la creación de la Guardia Nacional, que integrarán policías federales, militares y marinos el reclamo fue que se estaba militarizando la seguridad pública cuando como opositor y aún como candidato, López Obrador se había pronunciado por regresar a los soldados a los cuarteles.

Más aún porque en la coordinación operativa interinstitucional de la Guardia Nacional, habrá también solo un mando civil.

Sin duda el gran reto del 1er. comandante de la Guardia Nacional será demostrar que no se trata de la misma estrategia fallida que aplicaron los 2 últimos presidentes, en la búsqueda de cumplir su promesa de pacificar al país, que es la principal demanda ciudadana. Ojalá esta vez de verdad sea distinta y el Estado pueda recuperar el terreno ganado por los capos, que hoy tienen al país sumido en una crisis de inseguridad y de violencia nunca antes vivida.

El Presidente de la República puso sobre la mesa un debate tan añejo como controversial: ¿deben los medios de comunicación revelar sus fuentes de información? A su estilo, López Obrador soltó la piedra para ver quién la recogía y llevó la discusión ya no solo al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes sino a si los medios están o no obligados a la transparencia.

Los medios, lo hemos dicho en otras ocasiones, son empresas privadas de interés público. Como empresa privada tiene obligaciones que implican dar a conocer su información financiera al gobierno a través de sus declaraciones fiscales, pero hasta ahí, y el gobierno está obligado a proteger esa información que es de carácter privado.

Con el gobierno pasa exactamente lo contrario. Éste está obligado a transparentar toda su información salvo aquella que explícitamente, por razones de seguridad o de protección de datos personales, la ley le permite reservar. Y la razón es muy sencilla: los dueños de la información somos los gobernados porque nosotros pagamos con nuestros impuestos cada peso que ejerce el gobierno y por lo mismo tenemos derecho a saber cómo y por qué se gastó (que no existan, por ejemplo, documentos de los planes y programas de gobierno como el de fomento a la lectura o de combate al huachicol no es un asunto menor, puede tener consecuencias serías al momento de explicar el gasto ante la Auditoría Superior de la Federación).

Buscar meter a los medios a la lógica de revelar sus fuentes como un mecanismo de transparencia no solo es un despropósito sino un atentado a la libertad de expresión. Es entendible que a los políticos les caiga en el hígado las filtraciones de información y nada les hace más daño en el ejercicio del poder que quedarse con la duda de quién fue el "traidor" que pasó a la prensa un documento. Pero eso solo le importa a él. Dicho de otra manera, eso que López Obrador llama transparencia en los medios no es sino una forma de control de información que han buscado todos los hombres de poder y que algunos logran en mayor medida que otros, pero, por suerte, ninguno completamente.

"Una desgracia" fue como describieron los asiduos visitantes al Tianguis Turístico de Acapulco. "Los pasillos estaban vacíos. Qué tiempos aquellos, hace 3 años, cuando no podías caminar. Ni un solo jugador internacional vino". Torruco está nominado para el mejor secretario de Turismo de Perú, Colombia y República Dominicana. Cifras del 1er. trimestre: -0.5% turismo internacional. Búsquedas en Google "México": -20%. Búsquedas en Expedia: -15%. Utilidades: -15%.

Tras un referendo irregular y meses de investigación para probar las acusaciones de corrupción que se usaron para justificar el cierre del #NAIM y la deuda adquirida con inversionistas extranjeros por la misma; Javier Jiménez Espriú anunció que no se encontraron indicios de corrupción. (Excelsior, abril 9).

No obstante, el titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que el Nuevo Aeropuerto Internacional de #México hubiera sido un "un elefante blanco" gracias a los costos del proyecto (Proceso, abril 9) a causa de la falta de planificación. (La Razón, abril 9).

Irónicamente a lo anterior, se estima que la deuda adquirida por la cancelación del NAIM tomará unos 20 años en liquidarse. (El Economista, enero 6).

El día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo abiertamente Jímenez Espriú, asegurándo que el titular de SCT se equivocó y sí hubo corrupción, pero agregando que definía corrupción con detalles como que el dictamen que concluyó que "No se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la CDMX y el aeropuerto Santa Lucía". (El Universal, 10 de abril).

Con lo anterior, fue la 2a. vez en la semana que el presidente #AMLO contradijo abiertamente a un de sus secretarios (Animal Político, abril 10), siendo el otro Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda; que propuso recuperar el impuesto sobre tenencia de autos (ADNPolítico, abril 9).

Y de hecho, Herrera acumularía con este 2 choques con el presidente, siendo la 1a. ocasión en marzo, cuando el subsecretario de Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró en entrevista con el Financial Times en Londres, que Hacienda analizaba la posibilidad de detener la construcción de la refinería de Refinería Dos Bocas debido a su alto costo. (ADNPolítico, abril 9).

- Luis.

Paco Calderón
(11 de abril de 2019).

Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que improvisar para seguirle el paso. Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del gobierno, se han convertido en eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete, son un martirio porque todo puede pasar y cambiar, y todo puede esperarse. Todas las mañanas es como entrar en un túnel oscuro donde no sabe la mayoría qué va a encontrar.

Varios miembros del gabinete dedican personal a monitorear esas apariciones, para saber si hay alguna indicación que haya sobre su sector, algún nuevo programa que se le ocurrió al presidente y que no les había dicho, o algún tema contencioso sobre el cual les preguntará más adelante. Algunos han recibido instrucciones públicas sobre temas que nunca antes habían platicado con el presidente. Otros van a Palacio Nacional para participar en las reuniones de preparación de las mañaneras, donde a veces se juntan más de 100 funcionarios que aprovechan algún momento previo, para poder arreglar asuntos de su dependencia, ya que nunca los recibe.

López Obrador utiliza ese espacio para hacer lo que quiera. Una de las peculiaridades es cómo destroza la credibilidad de su propio equipo. Por ejemplo, el martes le tocó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al desmentirlo de la evaluación para restablecer la tenencia en el país. El miércoles al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que el nuevo aeropuerto de Texcoco no fue cancelado por corrupción, como originalmente se afirmó. En otra ocasión le dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para rasurar la Reforma Educativa, que estaba en el congreso, para que los maestros no dijeran que era como la del presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador es un jefe sumamente complicado, en buena parte, porque le interesan muy poco la mayor parte de los temas de su competencia. Su rutina de trabajo empieza alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando su gabinete de seguridad le da un reporte sobre la incidencia delictiva y se ponen de acuerdo sobre las cifras que darán a conocer. Siempre buscan dar números a la baja, aunque haya discrepancias hasta en un 20% con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como sucedió en el 1er. bimestre del año.

Terminando se abre el mercado de funcionarios queriendo plantearle al presidente algún tema, salvo aquellos que previamente fueron notificados que esa mañana tendrían sus 15 minutos de fama. Así le sucedió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a mediados de febrero, cuando le notificaron que tenía que presentar el plan para el sector eléctrico. Bartlett llegó con su presentación, pero minutos antes de entrar al Salón de la Tesorería, le dijeron que su documento sería para después y le entregaron uno que se había hecho en las áreas de propaganda de Palacio Nacional, que era la que tenía que enseñar a la prensa. En ella estaba el topten de presuntos empresarios empapados en complicidades y conflictos de interés en el sector, que Bartlett, mostrándose como un ignorante, denunció sin poder sustentar sus dichos y acusó a ex funcionarios que ni siquiera estaban vinculados con el sector.

Al presidente no le interesa su gabinete. Para López Obrador, según funcionarios, los únicos con quienes tiene interlocución diaria y frecuente son los que se sientan permanentemente en la mesa de seguridad: el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Tiene contacto, sin ser estrecho, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de manera coyuntural con quienes encabezan sus programas sociales. Hay miembros de su gabinete que incluso piensan que quiere despedirlos porque nunca les hace caso.

Lo conocen poco. En el Gobierno de la Ciudad de México hacía lo mismo: reunión con el gabinete de seguridad, mañanera y desayuno de trabajo. Después se iba a jugar un rato béisbol, a tomar una siesta, y caminaba por el Centro Histórico repartiendo dinero. Ahora ha tenido que reducir sus prácticas de béisbol y recortar sus siestas. Ya no reparte dinero en las calles y por razones naturales de su mayor responsabilidad, a veces tiene eventos al mediodía. Pero en general, todo lo resuelve en la mañanera: informe de acciones de gobierno, conferencia de prensa y, como sucedió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un evento formal y protocolar.

Después de eso, cada quien atiende lo que le ordenó directamente o a través de Scherer, principalmente. López Obrador es el poder todas las mañanas y delega la gestoría a través de un puñado personas específicas. Para él no hay líneas de mando, y se recarga en quienes tienen su confianza. A quien le delega ese poder, lo empodera para los asuntos de gobierno. Lo único que atiende directamente además de la seguridad, es lo que tiene que ver con la política electoral, con un staff encabezado por el coordinador de delegados federales, Gabriel García Hernández, responsable de fortalecer el andamiaje para la consolidación del proyecto mediante las urnas, que es su mayor prioridad.

La Superma Corte es una institución de nuestra democracia que ha cobrado mayor fuerza, independecia y autonomía. En los últimos 15 años ha tomado decisiones fundamentales para el desarrollo económico del país y las libertades individuales de los ciudadanos.

Hoy la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el senador Ricardo Monreal para crear una 3a. sala especializada en anticorrupción y aumentar a 16 el número de ministros de la Corte es una clara amenaza a la independencia de la impartición de justicia y, con ello, a los controles y contrapesos indispensables en todo estado democrático.

Incrementar la cantidad de integrantes de las más altas instancias del poder judicial es una estrategia a la que han recurrido los poderes políticos en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de dichos tribunales. Se crece el número de jueces para designar perfiles cercanos y obedientes. Por supuesto, este objetivo se oculta y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias de los poderes judiciales.

En su iniciativa, Monreal argumenta que "se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que [...] se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales". Si esta iniciativa prospera pondría a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas del poder político en gobiernos como Argentina, Hungría, Polonia, Turquía y Venezuela.

De ahí la postura de la secretaria Olga Sánchez Cordero en contra de la iniciativa. La SCJN funciona. No está rota. No la toquen. Hay muchas cosas en México que sí urge resolver, aboquemos nuestros esfuerzos a esos asuntos.

La anomalía que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que baje el consumo en todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la confianza del consumidor sea positiva? El Inegi respondió al dar a conocer el Índice de Confianza del Consumidor de febrero, en el que los niveles son los más bajos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los peores desde enero de 2017. Hay incertidumbre por la inseguridad, y desconfianza en la política económica. La percepción ciudadana se está alienando con la de inversionistas, analistas, bancos privados, nacionales y extranjeros, instituciones multilaterales y organismos internacionales, que suman a esos factores dudas por las señales contradictorias de López Obrador. La más grande, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco.

Cancelar el proyecto como resultado de una consulta, concentrada en los municipios pobres en el sur del país, tuvo consecuencias económicas inmediatas, pero, sobre todo, lanzó una señal de alerta al mundo. Al gobierno de López Obrador lo empezaron a ver con cuidado. Las inversiones se frenaron y la economía se contrajo. La Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020, pero el presidente insistió que crecería en 2% y que para finales del sexenio el crecimiento estaría en 4%. El Fondo Monetario Internacional lo desmintió ayer al dar a conocer sus expectativas de crecimiento en el mundo. Las señales emitidas por el nuevo gobierno, llenas de incertidumbre política, produjeron un nuevo ajuste a la baja para estos 2 años.

Frente a las noticias negativas, López Obrador siempre acelera el paso. Aún no reacciona sobre el nuevo balde de agua fría que le tiró el FMI, pero en situaciones similares en el pasado, disfraza los malos números con acusaciones a políticos, empresarios, órganos autónomos y prensa.

López Obrador no entiende de economía, y a sus colaboradores les cuesta mucho trabajo explicarle las cosas porque tampoco razona. La subordina a sus objetivos políticos, olvidando que acciones similares llevaron a la ruina al país. Él mismo lucha contra sus creencias y se mete en contradicciones. Las evidencias de que la economía del país estaba mucho más grave de la que se imaginaba, lo ha hecho enfurecer en algunas ocasiones y molestarse con propios y extraños.

Tuvo que aceptar el recorte presupuestal que le propuso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuyo tufo neoliberal es superior a los que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que tanto se compara, al demostrarle que el dinero en las arcas del tesoro simplemente no alcanzaría, con todos los indicadores en contra, más la caída en la recaudación y en el empleo. El subsecretario Arturo Herrera dijo que para aumentar la recaudación contemplaban restablecer la tenencia de automóviles en el país y horas después el presidente lo desmintió por completo. Este choque con la realidad evoca un dicho tabasqueño: lo mejor de todo, es lo peor que se va a poner.

Pero para López Obrador, esto puede significar el final anticipado de su sueño transformador. ¿Qué puede hacer sin cometer un suicidio financiero? Enviar una señal a los inversionistas de que entendió que lo que quería hacer, como lo quería hacer, no funcionó, y es capaz de rectificar. ¿De qué escala tendría que ser esa rectificación? La respuesta sería tirar la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y reanudar la construcción en Texcoco. El mero planteamiento, dada la necedad del presidente, parece descabellado. Sin embargo, una consideración que podría hacerse, es que la disyuntiva está entre restablecer un proyecto y encontrar la forma de tener el menor costo político posible, o pagar costos económicos, políticos y sociales de mayor envergadura en el largo plazo.

Santa Lucía es un aeropuerto que sí puede construirse, pero que, de acuerdo con los estudios de aeronavegabilidad, no puede operar en forma simultánea con el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Construirlo sería como añadir una pista más en la Ciudad de México sin ampliar el tráfico aéreo. No sólo organismos internacionales han concluido en ello, sino que un estudio de la Fuerza Aérea Mexicana dice lo mismo. Empeñarse en Santa Lucía, visto logísticamente, provocará una disrupción en las operaciones de las aerolíneas. Y en términos de seguridad, existe la certeza de la cancelación de vuelos internacionales.

El presidente no sabe de estos temas y los responsables de él, tampoco. Pero dentro del gobierno hay personas con conocimiento técnico y financiero de lo que significa entercarse en Santa Lucía. López Obrador tiene una oportunidad, aunque en un principio parezca una locura política. Una pista más en Santa Lucía, disfrazada de nuevo aeropuerto, no provocará el crecimiento de Texcoco, aunque el gobierno diga lo contrario. Texcoco no era la mejor opción; era la única posible. Una de las empresas a las que se recurrió por su opinión, que así lo determinó, es Aeropuertos de París, a quien le comisionaron el Plan Maestro de Santa Lucía. Al paso que va, ni siquiera estaría lista su 1a. fase antes de terminar el gobierno. El nuevo aeropuerto de Estambul, como espejo, arrancó este fin de semana su 1a. fase operacional, tras casi 5 años de construcción sin problemas.

López Obrador puede intentar el rescate de la confianza de los inversionistas y quitarles la idea de que es un aventurero como jefe de estado y que sí es capaz de corregir una decisión equivocada. Para ello, sin embargo, se requiere que cuando menos crea los números que le presentan los no radicales, y que se aleje de quienes empapan todo en demagogia, retórica y, sobre todo, embustes.

Ojalá no renuncie el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ayer, otra vez, lo contradijo su jefe, el presidente López Obrador: el lunes Herrera planteó a legisladores revivir la tenencia y cobrar impuestos a los servicios digitales, pero ayer martes el presidente en su conferencia mañanera dijo que eso no iba a suceder, que era mentira, que es lo que quieren sus adversarios (como si Herrera lo fuera).

Es la 2a. vez que el presidente se la aplica a Arturo Herrera: la anterior fue hace menos de un mes, cuando el subsecretario anunció al Financial Times en Londres que por ahora no había dinero para arrancar la refinería de Dos Bocas (proyecto criticadísimo por especialistas e inversionistas) y López Obrador le enmendó la plana y hasta anunció licitaciones.

Uno solo de estos episodios sería argumento -lo es en gobiernos del mundo- para que Herrera renunciara: el presidente no puede devaluar la palabra de su enviado a hablar con empresarios e inversionistas de México y el mundo. A la autoridad hacendaria le tienen que creer porque sus palabras deben tener la capacidad de generar confianza, y eso pasa porque las consideren ciertas. Herrera tiene ya 2 razones para renunciar. Y tendría razón. Pero ojalá no lo haga. Es de las pocas voces del nuevo gobierno que entienden de economía. Su presencia ahí minimiza las barbaridades, canaliza las ocurrencias, contiene los exabruptos de gasto populista, neutraliza las travesuras. Yo sé que su jefe lo ha tratado mal. Que es para renunciar. Pero ojalá, ojalá no se vaya.

El 27 de enero, en la "Atenas de Sinaloa" -como recordó Beatriz Gutiérrez que le llamaban a Mocorito-, el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, definió el objetivo de la nueva Estrategia Nacional de Lectura: Haremos una gran república de lectores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué era fundamental lograr este objetivo: el nuevo gobierno buscaba el bienestar del alma. En el evento público incluso se delinearon 3 ejes rectores de la estrategia: enfocarse en los niños y adolescentes como lectores, que los libros tengan precios más accesibles, y fomentar la lectura mediante una campaña de comunicación en medios.

Sin embargo, la Estrategia Nacional de Lectura no existe.

Al solicitar vía transparencia "el documento completo, metas, objetivos, población a la que va dirigida, presupuesto planeado para operar, plan de trabajo y de implementación", la Secretaría de Cultura reconoció que el gobierno federal no cuenta todavía con la Estrategia.

"El área que está elaborando el documento formal de la estrategia es la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México", señaló el 28 de marzo en respuesta a una solicitud de información.

"Dicha Coordinación se encuentra adscrita directamente a la Oficina de Presidencia de la República y no a esta Secretaría de Cultura, por lo que, con el fin de que pueda tener acceso a la información que requiere, se sugiere ingresar una nueva solicitud de información ante dicho sujeto obligado", añadió.

También se consultó a Comunicación Social del Fondo de Cultura Económica, pero la respuesta fue que esa dependencia no es quien encabeza el plan, sino -como dijo la Secretaría de Cultura- la Coordinación Nacional de Memoria Histórica, adscrita a la Presidencia.

Sin embargo, la Oficina de Presidencia declaró que no es competente para atender la solicitud de información sobre la Estrategia Nacional de Lectura ni sobre los planes de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica. Además, justificó que no tiene obligación legal de contar con documentos sobre lo que diga el presidente.

La Oficina de la Presidencia concluyó su respuesta diciendo que para conocer la Estrategia Nacional de Lectura es necesario realizar solicitudes de información y consultar a la Secretaría de Cultura, el sujeto obligado -dijo- a cargo de esos datos.

Pero este no es el único caso de programas o estrategias presentados por el presidente López Obrador o algún integrante del gobierno federal que resultan en "inexistencia" de información oficial que sustente qué son, cómo van a operar o el presupuesto asignado.

El principal argumento de la Oficina de la Presidencia es que si bien López Obrador habla de programas ante la opinión pública, no existe obligación de tener documentación al respecto.

"No existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del titular del ejecutivo federal", señaló citando una resolución de 2013 del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI, entonces IFAI).

El 27 de enero en Guasave, Sinaloa, López Obrador dijo que había en todo el país 80,000 trabajadores del sector Salud -contratados como eventuales o por honorarios- que serían regularizados durante su sexenio, y lo repitió 5 días después en su conferencia mañanera.

"A mediados de este año empieza un plan en el noroeste para regularizar a todos los trabajadores del sector salud", dijo el 1 de febrero.

En respuesta a solicitudes formales hechas a la Secretaría de Salud y Presidencia para conocer ese plan, el gobierno reconoció que no existe todavía ni tiene los datos sobre dónde están o en qué áreas emplean a esos supuestamente 80,000 trabajadores eventuales.

"La Unidad de Administración y Finanzas y la Dirección General de Coordinación de Proyectos y Operación declararon no contar con la información descrita en el Antecedente I del presente escrito; toda vez que ésta no obra en sus archivos, en consecuencia, se declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada", respondió Salud el 6 de marzo.

Confirmó posteriormente que la declaratoria de inexistencia era tanto para el plan de basificación como para la información sobre los trabajadores eventuales.

Por su parte, la Oficina de Presidencia se declaró incompetente para atender la solicitud, a pesar de que su Reglamento, en el Artículo 18, fracción VII, establece como una de las funciones de la Coordinación de Comunicación Social "ampliar y, en su caso, precisar la información relacionada con los posicionamientos del gobierno federal".

Tras un recurso de revisión ante el INAI, se deslindó de la obligación de tener sustento documental sobre los anuncios del presidente, y agregó que "dicha información está relacionada con un acto que aún no se ha llevado a cabo, y por lo tanto, aún no ha sido generada la información requerida".

A pesar de que el gobierno federal presentó en marzo pasado un programa de pesca sustentable para el Alto Golfo de California que busca desarrollar la región y proteger a la vaquita marina, 4 dependencias clave de esta estrategia indicaron que no cuentan con información sobre el proyecto.

Al solicitarles datos sobre metas, acciones, costos y beneficiarios de este nuevo programa en el Alto Golfo de California, las dependencias señalaron no tener información al respecto y se limitaron a dar cifras o documentos de años anteriores relacionados con la conservación de la vaquita marina.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la principal encargada de este programa, respondió mediante la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (CONABIO) que "no posee información sobre el Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el Alto Golfo de California".

En cambio, sugirió solicitar la información a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En esas dependencias las respuestas también fueron negativas. La Conanp entregó el 21 de marzo una respuesta en la que declaró "inexistente la documentación relativa a lo requerido" y dijo que no contaba con datos vinculados. Esto pese a que fue una de las dependencias que presentaron el programa.

La Sader, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca dijo que "en los archivos físicos y digitales de esta Dirección General, no obran información requerida por el solicitante" y se declaró incompetente para entregar la información solicitada. Incluso, detalló que esto le correspondía a Semarnat.

Comunicación Social de la Sader rechazó, además, dar una entrevista o detalles del programa.

El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) también se deslindó de dar información al respecto, pese a estar involucrada en la nueva estrategia del gobierno federal, y solamente sugirió consultar a la Secretaría de Medio Ambiente.

De acuerdo con el gobierno federal, en este programa también participa la Marina, las secretarías del Bienestar, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, así como los gobiernos de Baja California y Sonora. Pero las que encabezan el plan no cuentan con información al respecto.

Ante el problema de desabasto de combustible que se vivió en diciembre y enero pasados como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, López Obrador anunció el 18 de enero la compra de al menos 500 pipas (sin licitación de por medio), para trasladar gasolina, y la contratación de 2,000 conductores.

El manejo de las pipas y la capacitación de los conductores estarían a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de una activación del Plan DN-III. Sin embargo, a una solicitud de información, el Ejército respondió que no tenía documentos sobre la activación y la aplicación del plan.

El Plan DN-III se activa, a solicitud del presidente, ante casos de desastre, agentes "perturbadores" de origen natural o resultado de la actividad humana, que causan daño y rebasan la capacidad de respuesta de una comunidad, por lo que los militares acuden a brindar auxilio a la población.

Entre los desastres que pueden atenderse, está el de "desorganización de los servicios públicos", que afecte entre otras situaciones el abastecimiento de combustibles.

Animal Político pidió a la Defensa el 22 de enero vía transparencia "copia de la solicitud o documento con el que la Sedena activó el Plan DN-III, para el abasto de combustible en el país y del que ha hablado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas".

En una conferencia de prensa posterior, el 21 de febrero, el titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval, confirmó que el Plan DN-III se había activado desde el 17 de enero.

En la respuesta a la solicitud de información, con fecha del 5 de marzo, la secretaría respondió que no tenía algún documento que confirmara que se había activado el plan de emergencia.

"Se hace de su conocimiento que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó ningún documento que pueda dar respuesta a su requerimiento, respecto a que esta Secretaría de Estado haya activado el plan DN-III E, para el abasto de combustible en el país", indicó la Defensa Nacional.

El pasado 28 de febrero, en una reunión en Washington con autoridades estadounidenses, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsabilizó a la organización civil Pueblo Sin Fronteras de reclutar migrantes centroamericanos para las caravanas que atraviesan México y que buscan llegar a la frontera norte con Estados Unidos.

Después, en una entrevista radiofónica el 1 de marzo, en el programa de Denise Maerker, la secretaria de Gobernación dijo incluso que tienen "pruebas demoledoras" acerca de que la participación de Pueblos Sin Fronteras en el reclutamiento masivo de migrantes.

"Tenemos muchísimos elementos. Pero, por razones de privacidad, prefiero no dar los datos concretos. Pero las evidencias que tenemos son demoledoras", recalcó Cordero, quien también señaló que este presunto reclutamiento se hace a través de engaños para que las personas migren en caravana y no de manera "ordenada, segura y regular, como pretende el gobierno mexicano".

Animal Político solicitó vía transparencia a la Secretaría de Gobernación cualquier prueba documental, esto es, fotografías, documentos, videos, etc., que sustente la participación de Pueblos Sin Fronteras en el reclutamiento de migrantes.

La Segob turnó la solicitud a 2 instancias que dependen de ella.

Una fue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la cual, al ser una instancia cuyo foco principal de trabajo no es la migración, contestó que, por obvias razones, no cuenta con la información.

Y la otra fue la Unidad de Política Migratoria, que, si bien sí tiene competencia en el tema migratorio, contestó que tampoco cuenta con información al respecto.

"La Unidad de Política Migratoria no hace el seguimiento de organización de la sociedad civil alguna, ni tampoco recaba o documenta la actuación de ninguna de ellas", puntualizó la Unidad de Política Migratoria.

Ante estas respuestas de la Segob, Animal Político buscó, a través de comunicación social de la dependencia, una postura o comentario. Pero no hubo respuesta.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta dictar cátedra sobre una historia de libro de texto formada por héroes y villanos. Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari son los grandes villanos, los que no pueden haber hecho nunca nada positivo, personajes perversos que se retuercen el bigote para enfatizar su maldad. Del otro lado están los héroes impolutos, los que solo hicieron el bien, entre los que se encuentran Benito Juárez, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, el revolucionario de Anenecuilco traicionado y asesinado hoy hace 100 años.

El problema es que estos héroes tenían principios e ideas no solo distintos sino contradictorios. López Obrador puede ser quizá juarista, maderista o zapatista, pero no las 3 cosas a un mismo tiempo.

Juárez fue un presidente liberal, que impulsó y defendió las Leyes de Reforma, la libertad de comercio, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (incluyendo a los indígenas) y la propiedad privada. La Ley de Desamortización de 1856, la Ley Lerdo, buscó acabar con los bienes de manos muertas, los que no estaban en el mercado, y esto puso fin a las tierras que las comunidades indígenas mantenían desde la colonia y que reflejaban formas colectivas de tenencia de la tierra provenientes de los tiempos prehispánicos.

Madero era un rico hacendado de Coahuila que luchó contra el régimen porfirista para construir una verdadera democracia. El Plan de San Luis, es cierto, cuestionaba el abuso de "la ley de terrenos baldíos", que había llevado al despojo de "numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas", y ordenaba "restituir a sus antiguos poseedores, los terrenos de que se les despojó de un modo tan inmoral". Madero, sin embargo, era un firme creyente en la propiedad privada de la tierra y no planteó nunca la posibilidad de revocar la Ley de Desamortización.

Zapata no era un liberal. Buscaba no solo la restitución de las tierras confiscadas por la Ley de Terrenos Baldíos de 1883 y 1894, sino la cancelación de la desamortización de las tierras comunales indígenas de 1856. Zapata lanzó su Plan de Ayala de rebelión contra Madero, a quien llamó "traidor a la Patria", el 28 de noviembre de 1911, apenas 3 semanas después de que Madero asumiera la Presidencia el 6 de noviembre. Prometió la expropiación, aunque "previa indemnización", de "la tercera parte de esos monopolios [latifundios] a los poderosos propietarios..., a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor...". Sin embargo, Zapata, un agricultor próspero y bien parecido, que gustaba de vestir bien y seducir a las mujeres, que fumaba puro y bebía coñac, no estaba de acuerdo con la propiedad colectiva de la tierra que pregonaban los comunistas.

Juárez, Madero y Zapata son 3 personajes cruciales de nuestro pasado, pero no podemos suponer, como la historia oficial, que defendían los mismos principios. Juárez fue un liberal, Madero un demócrata y Zapata un justiciero que buscaba recuperar las tierras que los hacendados habían arrebatado a sus antepasados.

Hoy que recordamos el centenario de la ejecución de Zapata debemos tratar de entenderlo, pero no como esa caricatura que nos ofrece la historia oficial, y que repite el presidente desde el púlpito de las mañaneras, sino como un hombre complejo que luchó contra las reformas liberales de Juárez y que llamó traidor a Madero.

Zapata peleó por el restablecimiento del ejido, una forma colonial de tenencia de la tierra que los liberales trataron de erradicar, pero rechazaba la tutela gubernamental sobre los campesinos. Enrique Krauze lo llamó, citando a Eric Wolf, un "anarquista natural".

El panorama educativo se ve tan complicado que casi no parece educativo. Los amagos constantes de la CNTE -de que la perra es brava que hasta a los de casa muerde- y la nueva irrupción de "la Maestra" -muy entre comillas- en la actividad pública son factores que perturban la buena marcha de la educación, pues introducen en ella elementos insanos de politiquería. Tanto la señora Gordillo como los cenetistas resurgieron al amparo de López Obrador. El ahora Presidente los cobijó a fin de allegarse su apoyo cuando era candidato, y hoy por hoy tiene en ellos un grave quebradero de cabeza. Así las cosas los esfuerzos de los funcionarios de educación no se están encaminando al mejoramiento de la calidad educativa: deben aplicarse, junto con los de otras instancias gubernamentales, a enfrentar los problemas que aquellas dos fuerzas políticas provocan. Mientras eso sucede la reforma educativa, que bajo tan buenos auspicios había arrancado, parece naufragar.

Elba Esther amenaza con regresar a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el presidente Andrés Manuel López Obrador le asegura a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que si no hay un acuerdo para la reforma educativa él se encargará de que todo quede como antes. Esto es, volvemos al punto de partida, como estábamos hace 6 años: la educación en manos de los gremios y no del Estado; una educación pensada desde y para los sindicatos y no desde y para los niños.

La decisión de frenar el aeropuerto de Texcoco será menor en su costo y repercusión comparada con ésta. Claudicar a una reforma educativa y dejar el sistema como estaba en 2012 significa condenar al país a una educación, por decir lo menos, mediocre.

Rendirse a la posibilidad de arreglar la reforma y encontrar una vía en la que, en pleno respeto de los derechos laborales de los maestros, mejoremos el sistema, pone al país en una desventaja sustantiva en materia de competitividad, pero sobre todo condena a una generación entera de mexicanos a una educación pensada y diseñada para el siglo pasado, esa época en que, a decir del presidente, todo fue mejor. ¿Regresar todo a como estaba antes de "la mal llamada reforma educativa" significa tolerar a los maestros que tienen plaza de directores, pero no ejercen porque tienen comisiones sindicales; implica regresarle a la CNTE el control presupuestal de la Secretaría de Educación de Oaxaca; que los secretarios de educación de los estados tengan que rendirle pleitesía a Elba Esther Gordillo porque ella es el verdadero poder detrás de la educación?

Es evidente que el presidente prefiere cualquier cosa a tener que enfrentar a la CNTE en la calle, bloqueando vías de ferrocarril o las avenidas del centro de la Ciudad de México; que su prioridad en este caso es la estabilidad política de su movimiento y del país; que no está dispuesto a gastarse su capital político en la mejora de la educación; que en su diagnóstico para superar la desigualdad y la pobreza la educación no es un tema estratégico.

La educación es mucho más que un servicio que presta el Estado y que el gobierno en turno debe garantizar. La educación es el punto de encuentro en el que la sociedad, en su diversidad y pluralidad ideológica, logra trazar el futuro deseado. Esa oportunidad parece desvanecerse, una vez más, porque no es prioridad de ningún gobierno.

Otra vez, hipotecamos el futuro para conquistar el pasado.

Estaba arrinconada, desarticulada, sin capacidad de operación. Secaron su poder político y los golpes a su poder económico fueron relevantes. No se podía decir que "ya no existía" porque su historia recuerda que no es de las que se rinden, pero claramente no se encontraba ni cerca del clímax de su influencia. Habían quedado atrás aquellos tiempos en que tenía sometidos a varios gobernadores y chantajeado al presidente. Lejos de las épocas en que mandaba sobre la educación en México. Pero supo jugar del lado ganador en el 2018. Se mostró intacta su intuición política. Se alió con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y él la resucitó de entre los muertos (según las escrituras) de la política nacional. Se supone que estaba enferma de muerte, pero hoy goza de cabal salud. Y desde esa posición empieza a recorrer el camino que conoce: ir por la suya, se le ponga quien se le ponga enfrente; privilegiar sus intereses, no los de la educación de los niños, y si hace falta, volverse rival del mismísimo hombre que la resucitó, aunque ese hombre hoy despache en Palacio Nacional.

El párrafo anterior aplica lo mismo para Elba Esther Gordillo que para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Reléalo. Se parecen más de lo que quisieran. Se critican y dicen odiarse, pero son idénticas, se mimetizan y buscan el mismo jugoso botín: la Educación. Recuperar lo que alguna vez tuvieron: el control total.

En los últimos días se ha mostrado una disputa entre la CNTE y el presidente López Obrador. Él les prometió en campaña derogar la reforma educativa. Y no les ha cumplido: los expertos que se han metido a detalle calculan que la reforma educativa de la 4T mantiene entre 50 y 70% de "la mal-llamada" reforma de Peña Nieto.

Pero no puede quejarse el presidente López Obrador. Él es responsable del resurgimiento de la CNTE. Si bien en la recta final del sexenio del presidente Peña Nieto le dieron oxígeno (dinero, pues), la Coordinadora ya no era ni cercanamente lo que solía ser: le arrebataron el control de la educación en los estados donde tiene mayor presencia, le congelaron las cuentas, le retiraron el control de la asignación de plazas de maestros, le quitaron el IEEPO oaxaqueño (fuente estratégica de poder y recursos), le abrieron a varios dirigentes procesos judiciales, les restaron capacidad de movilización.

Y ahora, está de vuelta, lanzada contra el presidente que le tendió la mano y le dio respiración de boca a boca.

Igual Elba Esther Gordillo. Detenida, exhibida en acusaciones de corrupción y dispendio, desprestigiada (bueno, eso ya estaba, pero más), su partido en otras manos, su sindicato también, mermada en sus capacidades políticas y en alguna medida económica, supuestamente enferma, arrinconada.

El que las resucitó que pague la factura. Ya lo está haciendo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no destinará recursos para la promoción turística de México, porque en las pasadas administraciones ese dinero se usaba como una subvención encubierta para el pago de favores.

"Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6,000 millones de pesos del fondo de turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y en el extranjero, no para fomentar el turismo, sino publicidad para el Gobierno y para pagar favores a medios de información".

"Ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias de las ciudades de los centros turísticos donde viven los trabajadores, sin colonias marginadas sin servicios públicos; hay contrastes que avergüenzan, los centros turísticos con hoteles de gran turismo y colonias sin agua sin drenaje, con marginación".

El fin de semana pasado, al acudir a la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco, el sector empresarial del ramo pidió al presidente más recursos para la promoción turística del país.

López Obrador dijo que su administración invertirá este año solo en ciudades turísticas 2,500 millones de pesos y cada año se usará recursos para eso propósito y que todas las embajadas y consulados en el extranjero se harán cargo de la promoción turística del país.

Un juez de la Corte de Arizona, Estados Unidos, condenó a 18 meses de prisión a Rogelio Aboyte Limón, edil del municipio sonorense de Bácum, tras ser procesado por intentar ingresar a ese país con un pasaporte falso.

Aboyte Limón, de extracción morenista, asumió el cargo de presidente municipal el pasado 15 de septiembre, mientras que el 27 de diciembre fue detenido por las autoridades migratorias cuando llevaba a pasear a sus hijos a Disneylandia.

En tanto, en el Ayuntamiento de Bácum, el titular de comunicación social, Marco Antonio Martínez García, justificó la ausencia del munícipe con una solicitud de licencia por 90 días, para atenderse un supuesto problema de salud, y por ese periodo, el cabildo nombró a Francisco Javier Villanueva Gaxiola.

Arizona Daily Star publicó que la fiscal federal Heather Siegele señaló que Aboyte Limon usó 3 identidades para obtener un pasaporte para él y visas de inmigrante para su esposa e hijos. Obtuvo el pasaporte fraudulento en 2004 bajo el nombre de un conocido en Bácum que nació en California.

Siegele detalló que en los antecedentes Aboyte Limón, cuando vivió en EU, está una condena en Indiana por cargos de tráfico de cocaína en 2011, y antes había sido deportado en 1999 y 2000.

Apenas estudiantes de nivel medio superior recibían su 1er. depósito de la beca Benito Juárez, ya se difundían en redes sociales fotografías de adolescentes presumiendo los 1,600 pesos del apoyo económico.

Dichas imágenes generaron controversia entre usuarios de las redes sociales, quienes iniciaron una discusión sobre en qué o quienes decidían el destino de ese dinero otorgado por la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Destacó la frase "Estimado(a) Becario(a): El dinero es tuyo", la cual era acompañada de una lista de cosas en las que podrían los adolescentes gastar su dinero, pero al final de esa lista se decía: "Para eso, para que lo DISFRUTES, es que pago mis impuestos".

En respuesta otros internautas criticaban el mal uso que se le podría dar al apoyo económico destinado a evitar la deserción escolar, pues aseguraban que el dinero que se brindaba a diferentes instituciones se retiró para otorgárselo a ellos.

"Ninis" reciben becas y médicos tienen que marchar para que les paguen.

Esta mañana, médicos residentes que realizan sus prácticas en el Hospital General de México salieron a las calles de la Ciudad de México como protesta por la falta de pago de 3 quincenas de su bono.

Con su característica vestimenta, los futuros doctores se dieron cita a las afueras del hospital localizado en Eje 1 Poniente para luego dirigirse al Zócalo capitalino.

Además de exigir sus pagos, los manifestantes aseguraron que buscan un mejor entendimiento por parte de las autoridades ante la situación que viven los pasantes cada día.

En la caminata, varios médicos provenientes de diversos hospitales se unieron a la marcha, misma que fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Diversas corrientes dentro del congreso o incluso al interior del gobierno están buscando opciones para buscar una mayor generación de recursos, pues han percibido que la llamada 'pobreza franciscana' que ha planteado AMLO más que aplicarse al Estado, se traduciría en un aumento de esa condición... pero para el grueso de la población.

Las reducciones del gasto en áreas como la salud ya están creando problemas severos en hospitales y clínicas.

Durante los primeros 2 meses del año, el gasto en salud del sector público federal cayó en 13.6% en términos reales, lo que significa que se dejaron de desembolsar aproximadamente 4,000 millones de pesos cada mes.

Pero los ajustes se han dado en otros temas sensibles. Por ejemplo, en asuntos de orden y seguridad interior, la caída real fue de 31% en los primeros 2 meses del año y en educación de 12%.

Es la percepción del deterioro de la capacidad financiera del Estado lo que está llevando a buscar opciones, incluso sin modificar las tasas federales.

En diciembre de 2018, el gobierno federal anunció la intención de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, con una inversión estimada de 160,000 millones de pesos. En días recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció menores ingresos presupuestarios, menor crecimiento y mayores recortes al gasto para 2019.

Es indispensable analizar si la refinería tiene viabilidad financiera y si ayudará a mejorar la situación de Pemex, y si es compatible con la política de austeridad económica del gobierno federal. ¿Llevar a cabo este proyecto traerá beneficios para Pemex?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) creó un modelo financiero de la refinería, el cual sometió a una simulación Montecarlo para estudiar 30,000 escenarios. Este análisis modifica los supuestos que determinan los flujos financieros en cada escenario, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SHCP, para evaluar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión. Los supuestos que cada escenario modifica son márgenes de refinación, inversión total, tiempo de construcción y gastos operativos. Los resultados de este ejercicio consideran de forma robusta las contingencias de un proyecto de esta naturaleza. Es importante subrayar que este ejercicio no considera los costos de construcción de infraestructura adicional, como ductos e instalaciones de almacenamiento, o la remodelación del puerto de Dos Bocas para recibir buques de hondo calado.

El análisis concluye que en 98% de los escenarios, el proyecto de inversión en la refinería Dos Bocas genera más costos que beneficios. Es decir, destruye valor para Pemex.

Una decisión como esta puede generar una grave crisis de las finanzas públicas para todo el país. Como lo afirmó la SHCP, Pemex necesita tener un plan de negocios creíble y razonable. Para lograrlo, es necesario que la principal empresa de México se enfoque en inversiones que generen valor y no que lo destruyan. De acuerdo a la información disponible, que fue incorporada en este ejercicio, la construcción de una refinería en Dos Bocas tiene una alta probabilidad de ser un obstáculo para alcanzar ese objetivo.

El IMCO Propone cancelar el proyecto de la refinería de Dos Bocas.

-Explorar otras opciones para mejorar las condiciones de abasto en el mercado de gasolinas y diesel, como inversiones en logística y almacenamiento de combustibles.
-Reasignar los recursos a actividades que incrementen la viabilidad financiera de Pemex, como son la exploración y producción.

Una de las habilidades políticas más notorias de AMLO consiste en resignificar y renombrar eventos. Darles un significado distinto al que verdaderamente tienen para arrancar aplausos y atajar críticas, desactivar granadas y convertirlas en guirnaldas. Así la militarización se vuelve la pacificación. El desabasto de gasolina se convierte en una cruzada contra el huachicol. El rechazo del Senado a las ternas para la Comisión Reguladora de Energía y la imposición presidencial de incondicionales incompetentes es muestra de contrapesos robustos. Restablecer la extracción estatal de rentas vía los monopolios disfuncionales de Pemex y la CFE significa recuperar la soberanía energética. Señalar decisiones des-democratizadoras o regresivas del nuevo gobierno equivale a ser fifí o defensor del statu quo. Y proponer la ampliación de la Suprema Corte de 11 a 16 ministros -en la narrativa oficial- forma parte de "la lucha contra la corrupción".

Cuando hay que exhibirla como lo que es: una táctica política diseñada para que el presidente pueda nombrar a 5 ministros más y con ello controlar a la Corte. Una moción para manipular el tamaño del tribunal supremo con objetivos partidistas. Un intento por erigir a la Suprema Corte Morenista de la Nación, la SCMN. Algo que se conoce como "court packing"; aumentar el número de miembros de una corte para determinar su composición y asegurar decisiones favorables al gobierno. Algo que Roosevelt intenta hacer en 1937 ante los reclamos de inconstitucionalidad producidos por las medidas del Nuevo Trato, pero es frenado por el congreso. Una decisión que busca alterar la estructura fundamental del gobierno para desmantelar obstáculos a su agenda. Agrandar a la Corte para achicar su oposición. Aumentar el volumen de la Corte para reducir su autonomía.

El argumento de ampliar a la Corte para crear una 3a. Sala Anticorrupción es tramposo. Los casos de corrupción deben ser atendidos por otras instancias, la SCJN se pronuncia sobre la constitucionalidad de leyes no sobre la culpabilidad en casos concretos, y no hay suficientes amparos como para ameritar otra sala que costaría al menos 280 millones de pesos anuales en salarios. Si la intención es combatir la corrupción hay otras instituciones a las cuales habría que remodelar y fortalecer para lograrlo. Si el presidente quiere barrer las escaleras de arriba a abajo hay mejores escobas a su disposición. Pero el objetivo aquí parece ser otro. Dominar al Poder Judicial o amedrentarlo. Postular a más cuates u obligar a que los ministros actuales lo sean a la hora de votar. Designar a más ministras contratistas para que la Corte no sea un contrapeso constitucional sino otro coto colonizado por Morena.

Y quizás AMLO se vea a sí mismo como el Roosevelt mexicano que necesita barrer a los conservadores de su camino para promulgar una agenda progresista. Ojalá fuera así. Ojalá viéramos un conjunto de leyes y propuestas como las del Nuevo Trato que buscaban fortalecer al Estado y no solo al presidente, regular al capitalismo oligárquico y no sólo cambiarle de nombre, construir instituciones sólidas abocadas al bienestar social y no nada más desmantelar las existentes, mejorar el intervencionismo estatal, y no reducirlo a la entrega de dinero. Roosevelt buscó cambiar a una corte conservadora que frenaba su agenda progresista. López Obrador quiere someter a una corte que en muchos temas -mariguana, aborto, militarización, derechos LGBT- ha sido más vanguardista que él. Su enfrentamiento con el Poder Judicial no es tanto un tema de discrepancia ideológica como un asunto de control político.

Porque si prospera la iniciativa presentada en el Senado ninguna ley o política instrumentada por el ejecutivo podría ser declarada inconstitucional. Toda decisión del máximo tribunal dependería de 7 votos por parte de ministros propuestos por el presidente, y si 7 coinciden con él, jamás se alcanzaría la mayoría de 11 necesaria para determinar que una ley viola la Constitución. La mayoría morenista en el congreso podría aprobar iniciativas violatorias de derechos fundamentales, y la mayoría morenista en la Suprema Corte se encargaría de avalarlas. Tendríamos una corte más displicente pero menos democrática, con más amigos del presidente pero con menos legitimidad. Y una Corte anti-democrática no sería evidencia de la lucha contra la corrupción. Sería evidencia del agandalle.

La polémica sobre la petición de disculpas al rey Felipe VI parecía haber pasado a un 2o. plano en la opinión pública. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a referirse a ello en una entrevista publicada el jueves en El Universal. En respuesta, López Obrador dijo: "Yo no di a conocer la carta. Fue una filtración. No sé si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. Hay las 2 posibilidades, pero sí se equivocaron".

Esta es la 4a. versión del Presidente sobre la filtración. Primero fue, tras la respuesta del Gobierno español que lamentaban la difusión de la carta, cuando López Obrador dijo que había sido en España. Al día siguiente reconoció que había sido una filtración de su propio Gobierno. Al siguiente, señaló que se trataba de espionaje. Iba de mal en peor. La carta no salió de España, como asegura, porque como él mismo dijo, era un borrador que no estaba firmado. Adjudicar al espionaje, sería un escándalo, pero muchas cosas que dice el presidente pasan desapercibidas ante la creciente imprecisión y trivialización de su palabra.

Esta última versión anulaba la posibilidad de una filtración dentro de su gobierno, lo cual volvió a corregir la semana pasada cuando regresó a que una indiscreción de la cancillería hubiera sido la fuente de origen.

La filtración ha sido manejada con mucha especulación por parte de López Obrador pero, a la vez, con gran hermetismo ante la opinión pública. Sin embargo, funcionarios mexicanos dijeron que en Palacio Nacional tienen identificada una persona como la responsable de haber filtrado extractos de la carta al diario madrileño El País, que dio la primicia. Esa persona es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colaboradores cercanos a Ebrard afirman que es absolutamente falso y que se trata de rumores con el único propósito de dañarlo.

En los círculos de la casa presidencial, el sentir contra el canciller es negativo, adjudicando de manera subjetiva, pero concreta en cuanto a las relaciones de poder palaciegas, su enemistad con la esposa del presidente.

El canciller no la lleva bien con la familia. Entre quienes operan políticamente, consideran a Ebrard como un traidor, mientras que la señora Gutiérrez Müller y su entorno, tienen un problema de empatía con él, que vienen arrastrando. Lo más evidente, dentro de los muros de Palacio, es el choque que tiene con Martha Bárcena, la embajadora de México ante la Casa Blanca, y tía política de la esposa del presidente, a quien Ebrard considera una imposición. Para neutralizarla, el secretario planeó abrir una oficina en Washington, encabezada por la hermana de Javier López Casarín, un empresario muy cercano a Ebrard, a quien le encarga asuntos delicados en la cancillería. Por esto, Bárcena, una diplomática muy respetada en el Servicio Exterior, lo confrontó en diciembre, y le dijo que la representante de México ante el Gobierno de Estados Unidos era ella. Ebrard negó que hubiera una oficina y, hasta donde se sabe, canceló los planes.

No ha sido un arranque de gobierno terso para Ebrard, aunque parezca lo contrario, y ahora enfrenta las imputaciones de filtrador. ¿Fue él? El significado político de fondo es el choque en los corrillos palaciegos, donde Ebrard está en desventaja y no tiene posibilidades de ganar. El desgaste tenido en las últimas semanas es grande, así como su imagen pública como un político sofisticado. Los señalamientos que le hacen son fuertes, enormes en este momento, cuando menos, para sus aspiraciones presidenciales.

Mario Espinoza Zetina, asesor en el Senado de la bancada de Morena, fue detenido por elementos de la Policía Naval la noche del domingo acusado de violación en prejuicio de una menor de 14 años.

Los hechos ocurrieron en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Espinoza Zetina es señalado como pareja de la senadora Claudia Balderas.

La parlamentaria en sus redes sociales dijo sólo tener una "vinculación laboral" con Mario Espinoza, aunque hay infinidad de fotografías que revelan lo contrario.

Mario Espinoza fue interceptado por elementos de la Policía Naval cuando intentaba huir a toda velocidad en calles del puerto de Coatzacoalcos; su detención se logró gracias a que la víctima se comunicó con su mamá para informarle que había sido llevada por la fuerza a un motel de la localidad de Villa Allende.

Elementos de la Policía Naval también procedieron a la detención del encargado del motel.

En redes sociales, Claudia Balderas aseguró que Espinoza hacia funciones de asesor, recopilador de información, escolta y chofer, pero que con su reciente conflicto y escándalo se tendrá que valorar si continúa prestando sus servicios al Senado de la República.

En la multitud de ocurrencias que mencionas a diario y que algunas son totalmente imposibles de cumplir como las promesas de darles dinero a pasto a niños, a jóvenes, a mamás, a personas de la 3a. edad, hacer el Tren Maya, cancelar el Aeropuerto de Texcoco y deshacer todo lo hecho, ya te comenté una vez que tienes tiempo de reflexionar, recuerda que las aerolíneas no quieren irse a Santa Lucía y que los grandes expertos en aeronáutica han dictaminado que no es oportuno ni lógico el Aeropuerto de Santa Lucía, por el tránsito aéreo y lo que tendrías que llevar a cabo: derruir 900 construcciones, escuelas, clínicas, hospitales, vivienda, etc.

Tú eres bastante inteligente para convencer y manejar a las multitudes, aunque muchas veces haces que se equivoquen, como el día que les dijiste a unas 1,200 personas que te estaban escuchando: "Levanten la mano los que crean que no le debo contestar a Estados Unidos" y todos levantaron la mano excepto algunos 10 que pensaron bien. El hecho de contestar no quiere decir pelear, pero sí expresar sensatamente que México no está de acuerdo y que sería un gran daño para nuestro país el cerrar la frontera.

Volviendo al tema del aeropuerto, imagínate nada más una línea extranjera que llegara al Aeropuerto Benito Juárez, a la Terminal 2, y que algunos pasajeros tienen que tomar otro avión para ir a otra ciudad en nuestro país; si existiera Santa Lucía, que espero recapacites y no se haga, tendrían que sacar todo su equipaje y llevárselo a Santa Lucía, a 50 kilómetros de distancia, para conectar con alguna aerolínea que acepte trasladarse para allá.

Otro punto a reflexionar es lo que expresaste de las manifestaciones, que tú les vas a ofrecer la mano abierta y no el puño cerrado, como el largo tiempo que invadieron las vías del ferrocarril, provocando gran pérdida económica, y esto es siendo propiedad federal y la invasión es delito federal y, sin embargo, las autoridades no hicieron nada y tú dijiste que tu gobierno no era represor, que había que dialogar; hay una obligación de cumplir con la ley que a veces parece que se te olvida.

Ni el crecimiento económico, ni la relación con Estados Unidos son cosas irrelevantes para la política mexicana; extraña pues que ante asuntos tan delicados, los hilos estén sueltos y no haya congruencia y unidad entre lo que declaran unos y otros.

Esto es síntoma de un gobierno errático en el que la continua necesidad de dar nota y hacer declaraciones interminables cada mañana, sin hacer labor de equipo, desorienta a la opinión pública y genera desconfianza y ya hasta burla.

Nada es gratuito, ahí está la cruda realidad, esperando demostrar que se es lo que se es, no lo que se declara. Basta echarle un ojo a los indicadores económicos, de seguridad y de decomisos, por citar solo algunos, para darnos cuenta [de] que no todo es hablar, por más que lo haga el presidente.

Hoy, nuestro gobernante y sus colaboradores suenan desafinados. De seguir así, pronto se verán desatinados.

Pocos temas de la agenda pública han logrado un consenso casi unánime como el cuestionamiento al uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En los pasados 3 años que se ha planteado tanto la Ley de Seguridad Interior en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como con la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada propuesta por Andrés Manuel López Obrador, se han levantado voces en el país y de organismos internacionales cuestionando dichas propuestas con datos contundentes sobre el riesgo de uso de soldados y marinos en tareas policiacas.

A pesar de ello, el presidente López Obrador se empeña en mantener una Guardia Civil de claro corte castrense como lo asentó ayer en Guadalajara, donde celebró su conferencia de prensa mañanera, al confirmar que el nuevo cuerpo de seguridad estará bajo el mando de un militar en activo.

Dijo que ya ha escogido a los mandos de la Guardia Nacional que tendrá un "estado mayor, que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional", dijo. Éste comandante, adelantó, va a ser un militar en activo pese a que explícitamente esta semana el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de las organizaciones que conforman el colectivo Seguridad sin Guerra exigieron que se respetara que el mando de la Guardia Civil no recayera en un militar.

Si esto es así, señalaron en el Colectivo Seguridad sin Guerra, "sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el congreso… debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública, máxime cuando más del 90% de los delitos que se cometen en el país no son federales, sino del fuero común", expusieron.

Con esta decisión, López Obrador parece estar traicionando los acuerdos parlamentarios y los compromisos que estableció con organizaciones de la sociedad civil en las semanas que el debate llegó al Senado de la República.

Ante los cuestionamientos y el rechazo en la sociedad civil, los senadores aceptaron sesionar como parlamento abierto y en dichas sesiones se expusieron argumentos contrarios a una guardia militarizada. Parecía que los legisladores escucharon, y cambiaron la iniciativa turnada por los diputados.

No obstante, con el empecinamiento de López Obrador de poner al frente a un militar, se cambia todo el sentido. En su justificación para tomar esta decisión, el presidente alega que requiere el apoyo de las fuerzas armadas para enfrentar la violencia y la inseguridad y que ahora las cosas son distintas y que el ejército no reprimirá porque él, como comandante de las fuerzas armadas, no mandará reprimir al pueblo.

Con esta declaración, López Obrador parece no conocer en detalle la larga cadena de violación a las garantías individuales y derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Como si la actuación de unas instituciones entrenadas para abatir enemigos pudieran cambiar su formación y su historia sólo por la buena voluntad del actual presidente.

Es una grave decisión que apuntala la tendencia de militarización del país que venía desde los anteriores gobiernos del PAN y del PRI y que lamentablemente continúa ahora en este gobierno de Morena. Uno que prometió transformación y que está entregando continuidad.

(V.periódico El Financiero en línea del 5 de abril de 2019).

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, fue abucheado durante su participación en el evento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Sistema de Universidades Benito Juárez.

En la localidad de Zacapu, el presidente López Obrador arribó para entregar también becas y apoyos de los programas integrales de bienestar. Mientras presentaban al gobernador Silvano Aureoles, comenzaron las rechiflas y los abucheos.

Al tomar el micrófono en un discurso de 10 minutos, el mandatario michoacano también recibió rechiflas en varias ocasiones por personas que se encontraban en las primeras filas del evento organizado en la escuela pública de la localidad.

El llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador a las madres y padres de familia el primero de diciembre que asumió la Presidencia, para que les dijeran a sus hijos que ya se portaran bien, pues el nuevo gobierno daría apoyos monetarios directos para que dejaran de delinquir, de nada sirvió a juzgar por los índices delictivos al alza registrados en el 1er. trimestre del año, donde destaca el incremento de homicidios.

Por eso hoy en su visita a Jalisco y en su rueda de prensa mañanera que dará en las instalaciones militares del Colegio del Aire sería muy oportuno que comparta un diagnóstico de cómo van las principales acciones de su estrategia de seguridad, que ha dicho, su éxito depende 80% de su programa económico.

Como se recordará, en el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó en noviembre pasado todavía como Presidente electo, su principal apuesta era la creación de la Guardia Nacional recién aprobada. ¿Con cuántos elementos y en qué puntos de la república iniciarán sus acciones? ¿Qué harán para que quienes integrarán la Guardia Nacional estén libres de la infiltración delincuencial que ya padecen tanto corporaciones federales como castrenses? ¿Cómo será la coordinación con las policías estatales y municipales?

Entre los 9 apartados de la estrategia contra la inseguridad está el combate a la corrupción, que el congreso ya autorizó que se convierta en delito grave, así como el robo de hidrocarburos. En ese sentido, bien haría el gobierno en decirnos en qué ha contribuido la inédita guerra contra el huachicol que fue la 1a. gran bandera del presidente, y de la que ya poco se habla, pese a que el número de tomas clandestinas lejos de disminuir ha crecido.

Se plantearon reducir brechas salariales entre policías, ministerios públicos y jueces. ¿En qué va ese proceso? ¿Cuánto personal más de seguridad se ha contratado en estos primeros 4 meses?

¿Qué tanto han incidido los programas de empleo, y de política social, de respeto a los Derechos Humanos, y de la pretendida regeneración ética de la sociedad, para desincentivar la actividad delictiva?

¿Por qué se ha aplazado el desmantelamiento de la política prohibicionista y el impulso de la legalización del consumo de distintas drogas, que prometió el autollamado gobierno de la 4a. Transformación, como alternativa para combatir al narcotráfico y su enorme poder corruptor y de fuego?

Finalmente, ¿cómo han contribuido las acciones de amnistía y atención al tema de las y los desaparecidos para avanzar en la construcción de paz, y qué acciones se han hecho para la recuperación y la dignificación de las cárceles, que casi en su mayoría siguen en manos de los autogobiernos delincuenciales a las órdenes de las mafias?

Los mal portados, pues, siguen haciendo que AMLO no tenga prácticamente nada que presumir respecto a la mayor preocupación ciudadana, que junto con la irritación social por la corrupción, lo llevaron a la Presidencia con grandes expectativas de que él sí cumpliría.

Decir en una mañanera que el dato de crecimiento económico, ya no del Banco de México sino de la Secretaría de Hacienda, que depende directamente de él, es "conservador" (por poco le dice estimación fifí) y que él cree que este año creceremos 2% y el 2020 llegará a 3, simplemente porque se le cansa el ganso, es entrar a una zona de incertidumbre. Los inversionistas, me queda claro, le harán caso al Banco de México y a Hacienda, pero la única salida a futuro de esta "ocurrencia" será decir que alguien está haciendo mal su trabajo, confrontar a las instituciones y poner en entredicho el trabajo de los expertos.

Más grave aún fue decir, en otra célebre mañanera, que no era para cantar victoria, pero que en 15 estados de la república no hubo asesinatos el día 2 de abril y que ello era muestra de que la estrategia contra la inseguridad estaba dando resultados. La fuente citada por el presidente es la Agencia de Investigación Criminal del Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, es decir una agencia del Estado Mexicano. Pero el sabueso (sistema de verificación de datos de Animal Político) encontró que otras fuentes del mismo gobierno, el reporte diario de homicidios dolosos dice que no fueron 15 sino 9 los estados que no tuvieron incidencia de homicidios ese día y que no fueron 62 sino 84 las personas asesinadas en el país. ¿El presidente nos engañó o engañaron el presidente?

Con la demanda de que se restablezcan los apoyos y las reglas de operación en las estancias infantiles en Jalisco, el grupo Estancias por el Bienestar de Jalisco se presentó en las instalaciones de la Ciudad Judicial Federal para interponer recursos legales.

"Estamos hablando de 157 amparos", expuso Sofía Berenice García Mosqueda, diputada local presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.

Fueron las madres de familia las que se dieron a la tarea de reunir los documentos y certificar 7 copias por cada amparo. En esa tarea fueron asesoradas por abogados facilitados por la diputada y otros participantes del movimiento.

"De los 157 amparos, 101 son de madres de familia y 56 son de responsables (de estancias) y competen a 20 municipios del estado".

La legisladora también hizo un exhorto que fue enviado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la Secretaría de Bienestar en donde también solicitaron que se restablezcan las reglas de operación y que no desaparezca el programa.

"Es en Guanajuato y en Chihuahua donde ya se obtuvieron las suspensiones a favor de las estancias responsables y de las madres donde ya se restablecieron las reglas de operación y es también lo que venimos a solicitar desde Jalisco".

Estimó que resolver cada amparo puede durar entre 60 y 90 días pero puede prolongarse hasta 2 años, por lo que solicitaron a las autoridades que los resuelvan lo antes posible para dejar de afectar a las familias que requieren de los servicios de las estancias, sobre todo aquellas que no cobraban cuotas a los padres y que sólo subsistían con los recursos federales.

En Jalisco operan 460 estancias en las que se estima que se dieron de baja la mitad de los niños. "Si estamos hablando que el programa estaba a más de 4,000 millones (de pesos) y se redujo a 2,000 millones aquí en Jalisco, están dejando desamparados a 9,500 niños".

La designación de los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) significa una "preocupación", señaló el coordinador de los senadores tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, aseguró que los comisionados "son los siervos" del presidente, y que sus nombramientos son una muestra de su "desprecio" por el Senado.

Gálvez agregó que ante los ciudadanos tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como los legisladores de Morena, se "exhiben", porque prometieron no mentir, y lo han hecho.

La legisladora anticipó que con estos perfiles se corre el riesgo de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda perder calificación por malas decisiones en materia de inversión, "después que el presidente acuse a las calificadoras".

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, lamentó que los nombramientos del presidente no cuenten con la confianza del Senado, y que seguirán impugnando por la vía judicial por vicios de origen en el proceso.

"Esto, a lo que va a llevar, es a que Pemex vuelva a tener el control de la CRE, y esto lo que va a llevar es a querer colonizar todos los órganos autónomos y este tipo de estrategias que está manejando el gobierno federal".

"A mí me preocupa que México pague el costo de esta decisión", dijo Osorio Chong sobre los nombramientos e indicó que la gente designada "no reúne el perfil".

Agregó que su elección es un "mal mensaje" de parte de México hacia las inversiones, hacia el mundo y, por supuesto, a nivel interno con los empresarios.

En caso de que este órgano autónomo deje de serlo, las consecuencias puedan ser enormes no sólo para el sector, sino para todo el sistema económico del país, agregó el legislador.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, señaló que es "exclusiva" la responsabilidad del ejecutivo federal sobre la actuación de los comisionados que ha designado para la CRE.

Alguna vez ya comenté aquí la experiencia. En octubre del año pasado acudí a una oficina del INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y una mujer de edad avanzada, que me dijo que no veía bien, me pidió que la ayudara a llenar su formulario de registro. Cuando llegué a la sección sobre si la solicitante era beneficiaria de programas sociales, le leí la pregunta. Ella primero no la entendió. "¿Recibe usted dinero de algún programa de gobierno?", le expliqué. "Sí", me respondió. "¿De cuáles?". "Me da dinero Andrés Manuel -dijo- y también Sedesol".

Más de una década después de haber dejado la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, los beneficiarios de la ayuda a adultos mayores de la capital seguían considerando el recurso como una dádiva personal de López Obrador. En cambio, el programa federal era identificado por el nombre de la institución.

El actual presidente mantiene la idea de que gobernar es repartir dinero. "Atender a la gente humilde -ha declarado- es la función del gobierno". Pero no solo ha entregado recursos, sino que ha sabido presentarse como quien, en lo personal, lo hace. Si esto ayudó en su momento a que el PRD, que él controlaba, asumiera una posición hegemónica en la Ciudad de México, lo mismo puede ocurrir a nivel nacional. De hecho, el subsidio a adultos mayores que él creó en la capital federal ha desaparecido con el fin de tener una sola ayuda de 2,550 pesos bimestrales en todo el país. Nadie más podrá asumir el crédito político.

Ayer el presidente señaló que 7 millones de adultos mayores están recibiendo el subsidio, aunque 8 millones tendrían derecho a él por lo que el gobierno está buscando a los que faltan. El subsidio es universal. Los pensionados del ISSSTE y del IMSS lo obtienen de forma automática al cumplir 68 años. El ex secretario de Hacienda y ex presidente del consejo de Telefónica México, Francisco Gil Díaz, advirtió en Twitter que lo había recibido y que no encontraba cómo devolverlo porque no lo necesitaba (23.2.19).

López Obrador dijo ayer que 13 millones de personas están recibiendo alguna ayuda del gobierno federal. Si no son adultos mayores, son jóvenes con becas, personas discapacitadas o miembros de algún otro grupo. El proyecto es subir esta cifra a 20 millones. Con este aumento el gobierno estaría dando dinero a casi todas las familias de un país de 129 millones de habitantes. Y la experiencia nos dice que si el abuelo recibe dinero de un político o partido, toda la familia votará por ellos.

López Obrador busca un sistema más eficiente de entregar las ayudas. Ha descartado utilizar instituciones o intermediarios, como Antorcha Campesina o las asociaciones que manejan estancias infantiles y refugios de mujeres violentadas. Quiere entregar el dinero directamente a la gente. Está reviviendo, curiosamente, las ideas de Milton Friedman, a quien algunos consideran el padre del neoliberalismo. Friedman propuso sustituir la multiplicidad de programas sociales del gobierno con una sola transferencia en efectivo que llamó "impuesto sobre la renta negativo".

El propio presidente no se hace ilusiones de que estos programas puedan acabar con la pobreza. Por eso descarta la idea "neoliberal" de enseñar a los pobres a pescar. Quiere un sistema más eficiente de repartir dinero, pero también una forma de fortalecer su control político a través de la compra de lealtades. Esto permitiría que la 4a. Transformación pudiera mantenerse en el poder por lo menos tanto como el viejo PRI.

HUELGAS

La UAM lleva ya más 2 meses en huelga. Chapingo más de uno. La 4a. Transformación ha convencido a los sindicatos de que pueden extraer mucho más dinero de instituciones y empresas. Las huelgas serán más frecuentes y costará más saldarlas.

Andrés Manuel López Obrador parece que va solo.

Peligrosamente solo.

Avanza con su particular estilo de gobernar e ir aventando sobre la marcha ideas, proyectos y ocurrencias sin una oposición real, y sin el más mínimo asomo de crítica o siquiera duda por parte de los millones que lo llevaron a la Presidencia.

Leales, fieles e incondicionales lo apoyan sus seguidores a pesar de que miles de ellos empiezan a padecer "el estilo" de López ya que no han recibido los apoyos que casi todos los días pregona en los medios. Ahí están miles de jóvenes, de los llamados "ninis", que no han recibido nada; también los adultos mayores que viven en el desconcierto de no tener información suficientemente clara y sin saber a dónde ir, y papás y mamás afectados por el cierre de las estancias infantiles que no han recibido el dinero con el que teóricamente tendrían la capacidad de elegir a dónde llevar a sus hijos o con quién encargarlos.

Sí ha habido recursos, pero han llegado a muy pocos y, por supuesto, no existen cifras reales del estado de los cosas.

Pero nadie dice nada.

Después de su abrumadora victoria el 2 de julio, López Obrador cuenta con el apoyo de toda su gente y no enfrenta una oposición real. Fue tan duro el batacazo que recibieron sus opositores naturales, el PRI y el PAN, que hoy cualquiera de sus voces no tiene ni el tamaño ni la calidad moral para ser tomada en cuenta. No pesan.

De ahí que el presidente pueda saltar de una ocurrencia a un proyecto, y de un proyecto a una ocurrencia sin que se escuche una verdadera voz en contra.

No hay quien tenga el peso para ser escuchado al momento de conocer proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y tantos más que parecen surgir de una mente muy creativa, pero muy lejos de escuchar y sumar opiniones.

Pero a nivel macro es como si él fuera por un lado y el país por otro.

Tal parece que México tiene una economía y un sistema económico lo suficientemente fuerte y dinámico que no se ha visto afectado por el estilo de López: la economía marcha, el dólar estable, la inflación baja y niveles de empleo más o menos aceptables.

Como vive en su mundo, el presidente parece no gobernar. Alguien dijo alguna vez que nuestro país no necesita gobernantes, necesita que lo dejen en paz, moverse de manera natural y no tendrá problemas.

Y para rematar el presidente tiene su propia visión y conclusiones, incluso apartado de su propia gente; sólo así se explica que diera prioridad a las opiniones de la CNTE en la discusión educativa por encima de lo que sus legisladores ya habían decidido, o asegurar que México crecerá más de lo que pronostica su secretario de Hacienda.

Interesante el quehacer de López Obrador, pero peligrosamente interesante.

Y sin voces ni contrapesos hacia donde voltear.

Luego de ser rechazadas en 2 ocasiones las ternas enviadas por el ejecutivo, el presidente nombró a Luis Linares, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante como nuevos comisionados de la CRE.

López Obrador dijo que los nuevos comisionados son los que más votos tuvieron.

Un presidente con la mayor votación en la era de elecciones no organizadas por el gobierno, con mayoría en el congreso, amplia legitimidad y aprobación popular, ¿qué necesidad tiene de arrollar a la minoría opositora para la designación de 4 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía?

Había 4 puestos vacantes para comisionados, así que, como marca la ley, el presidente López Obrador envió 4 ternas de aspirantes al Senado para que eligieran. Tras una comparecencia desastrosa ante los legisladores, en la que casi todos demostraron carecer de conocimientos básicos sobre los temas que deberán analizar y regular, fueron rechazados los aspirantes propuestos.

Para aprobar a los candidatos se requería una mayoría calificada en el pleno del Senado, por lo que Morena y sus aliados necesitaban forzosamente convencer al bloque opositor.

Ante ese 1er. rechazo, la ley obligaba a que el presidente enviara "otras ternas". Envió los mismos nombres: 11 de los 12 rechazados. Es decir, no envió "otras". Era previsible que serían rechazados de nuevo. Lejos de buscar un entendimiento con la oposición, el presidente descalificó a los que no quisieron a sus candidatos y dijo que su negativa era porque querían que fueran "achichincles". Justo lo que los opositores dicen de los propuestos: que serán achichincles del presidente y le dirán a todo que sí.

Ayer fueron rechazados de nuevo, en una sesión llena de descalificaciones e insultos, e incluso una acusación de que Morena falsificó la firma de una legisladora ausente para sacar el trámite.

El truco es que la ley establece que si las 2as. ternas enviadas son también rechazadas, el presidente queda en libertad de designar directamente a los 4 comisionados.

Hay una discusión legal en el sentido de que no envió "otras" ternas sino las mismas y burló "el espíritu" de la ley. El lopezobradorismo alega que no hay ninguna violación legal. El hecho es que el presidente no estuvo dispuesto al acuerdo y prefirió hacer una interpretación por lo menos tortuosa de la ley para imponer su voluntad.

Pero atendamos a lo que declaró el presidente del Senado, el morenista Martí Batres: que la discusión es en realidad ideológica porque el nuevo gobierno quiere una composición diferente en los órganos reguladores, un perfil de comisionados que protejan a las empresas del estado y no a las empresas privadas del sector energético, a diferencia de perfiles neoliberales que la oposición quería mantener.

Es decir, para el presidente López Obrador esta batalla no era tanto por su autoridad sino por su idea de que el país ya dejó atrás la era del neoliberalismo y él representa una exigencia de un nuevo modelo económico.

Esta vez el presidente se impuso. Pero aún tienen los opositores batallas pendientes en las que sus votos son indispensables. La reforma educativa es la más inmediata.

El pleno del Senado de la República rechazó a los 12 aspirantes que forman las ternas para desempeñarse como integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues no alcanzaron una mayoría calificada de votos.

Esta determinación de la cámara alta permite que el presidente Andrés Manuel López Obrador elija libremente a las personas que ocupen dichos cargos.

La oposición en el Senado, integrada por PAN, PRI, PRD y MC, presentaron ante un juez de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, una demanda de amparo indirecto en contra de la integración de las 2as. ternas de las personas a integrar la Comisión Reguladora de Energía.

Diputados federales de la oposición anunciaron que se unirán en un Frente Nacional por la Niñez para defender las estancias infantiles y pedir a la Secretaría del Bienestar transparente las pruebas de que había "niños fantasma" enlistados en las guarderías que recibían el subsidio de la dependencia.

El documento presentado este miércoles por la mañana solicita a la titular de Bienestar, María Luisa Albores, "el instrumento, cédula o listado sobre la verificación de la presunta inexistencia sobre los 50,000 niños y niñas fantasmas" a los que la secretaria hizo mención el sábado pasado.

El presidente Donald Trump mandó un mensaje de paz al presidente Andrés Manuel López Obrador en la voz de su vocera, Sarah Sanders, quien afirmó que el gobierno mexicano estaba siendo más responsable con la inmigración indocumentada. En 24 horas cambió el tono y la forma. Pero si dejan de hacerlo, agregó Sanders, "nos veremos obligados a tomar medidas drásticas, como cerrar los puertos de entrada en nuestra frontera". La amenaza de sellar la frontera esta semana parece cancelada, al menos por ahora, ante las alentadoras señales recibidas desde la Ciudad de México, que significaron degradar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del manejo de los temas migratorios y desautorizar su posición en Miami.

El martes de la semana pasada se reunió en esa ciudad con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirstjen Nielsen, donde discutieron la forma en cómo los dos países podrían trabajar juntos para enfrentar la migración irregular a Estados Unidos y México, combatir el tráfico humano, el contrabando y fortalecer la iniciativa del 3er. país seguro. No hubo mucho más oficial de ese encuentro, pero el viernes, explotó Nielsen: "Enfrentamos una crisis en cascada en nuestra frontera sur. El sistema está en caída libre. La Secretaría de Seguridad Territorial está haciendo todo lo posible para responder a la creciente catástrofe humanitaria mientras garantiza la seguridad en nuestras fronteras". Ese mismo día, Trump reinició sus ataques contra México.

La molestia de Trump obedeció a lo sucedido en Miami, donde Nielsen pensaba instrumentar los acuerdos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el asesor especial de Trump, su yerno Jared Kushner, delineados una semana antes en la Ciudad de México. En esa reunión, López Obrador ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, así como evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quieren hacer del fenómeno migratorio un tema electoral.

Información desde Washington permite entender que la indignación de Trump obedeció a que la secretaria de Gobernación desconoció los acuerdos del presidente y Kushner. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Kushner quedó expuesto ante su suegro, el presidente, porque sus esfuerzos diplomáticos discretos -no pensaba dar a conocer su cena con López Obrador, que fue quien la socializó- habían fracasado. Asimismo, en la dinámica de las luchas palaciegas en la Casa Blanca, Kushner quedó disminuido frente a la dureza de Nielsen, quien se convirtió en la voz cantante de las acciones punitivas de Trump.

Sánchez Cordero probablemente no se ha dado cuenta del daño que hizo al desconocer los acuerdos, al haber lastimado la puerta que abrió Kushner en México ante la pérdida de interlocución de alto nivel con el Presidente de México, y las dificultades por encontrar funcionarios que tuvieran el respaldo absoluto de López Obrador. Desde la transición, Kushner, a quien Trump le encargó la relación directa con México e Israel, no simpatizó con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien tampoco le abrió la puerta de la Oficina Oval. Su enlace en Washington es el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La reunión con López Obrador, buscada por Kushner, era para restablecer el nivel de relación que había con el presidente Enrique Peña Nieto, donde tenían claro que hablar con el canciller Luis Videgaray era hablar con el jefe de Los Pinos. En el caso de López Obrador, la conclusión fue que nadie podía hablar por López Obrador porque nadie lo representaba.

De acuerdo con la información que ha trascendido de la Casa Blanca, Kushner convenció a Trump de que era importante el encuentro con López Obrador, como lo había tenido que hacer en 2016, cuando le dijo que hablaría con Videgaray. En el gobierno de Peña Nieto tuvieron una relación ejecutiva, donde los compromisos adquiridos se respetaron. Eso pensaba Kushner del nuevo gobierno, según lo que sale de Washington, pero la posición de Sánchez Cordero en Miami les mostró que no era así.

El desacuerdo público de Trump con México -quien ha cuidado no tocar directamente a López Obrador- obligó a hacer más claro que el Presidente de México iba a honrar los compromisos con Kushner, y se comunicó a Washington que Sánchez Cordero había sido relevada del manejo de los temas migratorios y que Ebrard la sucedería. El cambio se había dado desde la semana pasada, pero a nadie en Estados Unidos ni en México le quedó suficientemente claro. En esa línea, Ebrard comenzó a aparecer en espacios públicos desde el lunes para hablar sobre el tema migratorio, mientras que a Sánchez Cordero la guardaron.

La sutil degradación de la secretaria de Gobernación tuvo un acuse de recibo con la declaración de la señora Sanders, y tendieron un puente para que juntos, los 2 países resuelvan el fenómeno de la migración. López Obrador tiene que enviar señales claras a Washington, si quiere evitar que Trump vuelva a arremeter contra México.

La laxitud de su política migratoria ya permeó en las élites, reflejadas en The New York Times, que publicó que la aglomeración de migrantes en México, adjudicada a las restricciones del gobierno de Trump al proceso de asilo, "también parece ser responsabilidad, en parte, del presidente mexicano". Aunque López Obrador ha elegido en algunos aspectos ayudar a Estados Unidos en su agenda migratoria, el mensaje que ha enviado es que "ahora son más bienvenidos que nunca en México". La comunicación a la Casa Blanca es que eso ya cambió. Por lo menos, por ahora, a decir de ambos gobiernos.

El respeto al estado laico está en riesgo con iniciativas presentadas en el Senado de la República, como la que plantea incluir la religión en los programas educativos, coincidieron especialistas que participaron en el foro "Libertad Religiosa, Respeto al Estado Laico", realizado en el Congreso de Jalisco.

El doctor Miguel Carbonell Sánchez, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, cuestionó la intención del gobierno federal de promover una "constitución moral". El especialista consideró que el marco jurídico actual cumple con un proyecto de estado con libertad religiosa que incluye a todos. Destacó que el origen de los problemas del país no es una cuestión moral sino la impunidad y que no se respete el Estado de Derecho.

"El Estado es el que ha fallado permitiendo la corrupción, la impunidad. Si la respuesta es generar una Constitución Moral eso va a ser el más profundo fracaso de las últimas décadas", comentó.

Carbonell Sánchez se pronunció porque las concesiones del espacio radio eléctrico se mantengan alejadas de la operación de asociaciones religiosas, aunque cada medio tiene libertad de expresión para informar sobre determinados líderes religiosos.

Bernardo Barranco, maestro en Sociología, afirmó que la laicidad como instrumento jurídico está amenazada, dijo que el momento actual es clave sobre el carácter laico del estado mexicano. Refirió que esta característica ha sido una herramienta que permite la convivencia pacífica entre el conjunto de diversidades del país. También se pronunció en contra de entregar concesiones de radio y televisión a agrupaciones religiosas.

La Secretaría de Hacienda publicó una muy sensata proyección económica para este y el próximo año. Tan sensata que al presidente no le gustó. Él dijo en su mañanera de ayer que tenía otras cifras (sí, leyó usted bien, el presidente dice que tiene cifras económicas diferentes a las de su propia Secretaría de Hacienda. Ahí queda para el récord del asombro).

Hacienda recortó sus proyecciones de crecimiento económico y estimó rangos cuyo promedio son: 1.6% para 2019 y 1.9% para 2020. Lejos de la promesa del 4%.

La 1a. lectura es reconocer la seriedad de un equipo hacendario que no se deja contagiar por la demagogia.

La 2a. lectura, sin embargo, no es tan favorable: difundieron los pre-criterios económicos, pero no dijeron una palabra de qué van a hacer con Pemex. Esa es la verdadera guía de lo que sucederá en la economía del 2020. Al omitir el tema de Pemex dan la impresión de que no saben aún qué hacer con ese problema, o que estos pre-criterios van a ser remplazados pronto. Ambos escenarios incomodan a inversionistas. Constituyen una incertidumbre que una economía emergente no se puede dar el lujo de generar. Los analistas que toman decisiones de inversión quieren saber si la deuda de Pemex va a ser deuda soberana. Mientras eso no se defina, todo es un volado... incluso los pronósticos de crecimiento, presupuesto, deuda, dólar, etc.

Saciamorbos

Hace unos días contamos la historia del singular y próspero capitán Héctor Mora Gómez, nombrado al frente del estratégico puerto de Manzanillo. 2 veces ha estado en esa posición. Con un sueldo de 82,000 pesos al mes ha alcanzado un patrimonio asombroso: creó al menos 5 empresas que no había reportado a la Secretaría de la Función Pública. El pasado 22 de marzo venció el plazo para que presentara su nueva declaración patrimonial y de conflicto de interés con motivo de su nuevo nombramiento al frente de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. ¿Y qué cree? Otra vez se le "olvidó" mencionar el detallito de sus empresas. Ya sin contar que tiene una denuncia ante PGR por una presunta maquinación para estafar a ejidatarios y desviar dinero público que habría redituado 54 millones de pesos. Funcionario de la 4T, el caballero. Con el aval del secretario Jiménez Espriú.

En su conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que en las proyecciones económicas para este año y el siguiente que fueron entregadas al congreso, la Secretaría de Hacienda se quedó corta.

Y refiere cuáles pueden ser algunos factores positivos: el empuje al consumo derivado de programas sociales y de inclusión financiera; el impulso a la inversión por los proyectos de infraestructura y la mayor inversión pública, y el incremento de las exportaciones por la reconfiguración de las cadenas de valor.

Llevamos poco tiempo, pero los datos disponibles hasta ahora no sustentan ninguno de estos probables efectos positivos.

Por ejemplo, el gasto en la actual Secretaría del Bienestar y en la del Trabajo, que manejan diversos programas sociales, cayó en 36 y 40% en los primeros 2 meses del año. En ese mismo lapso, la inversión fija del sector público cayó en 5.6%. Y las exportaciones de febrero se desaceleraron y crecieron 3.4%.

Las cifras planteadas por Hacienda también pueden irse hacia abajo.

(V.periódico El Financiero en línea del 3 de abril de 2019).

La aspirante a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Norma Leticia Campos aseguró que en ocasiones es necesario transformar e incluso "destruir la naturaleza" para sobrevivir.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, Campos mencionó que el problema del CO2 no es tan grave "como para la implementación de medidas para el cambio climático".

Asimismo, la candidata señaló que había que entender que el medio ambiente es igual de importante que los seres humanos, por lo que se necesita hacer uso de la naturaleza para las necesidas básicas

"A fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas", sentenció.

La terna enviada por el Presidente López Obrador ha sido muy criticada debido a que los candidatos no supieron contestar algunas preguntas sobre el sector energía.

¡Ese es mi pueblo! exclamó López Obrador tras el mitin en Poza Rica cuando en coro le respondieron lo que él quería escuchar. Más allá de la pequeña ridiculez de llamarles mis asesores de política internacional, la frase encierra 2 cosas muy preocupantes, por no decir aterradoras.

La 1a. sin duda es que el pueblo es bueno y sabio cuando está de acuerdo con el líder. Pero ¿qué pasará cuando esos mismos estén en desacuerdo con alguna política del gobierno de López Obrador? Pasarán en automático y por decreto a engrosar las filas del conservadurismo, da igual lo que piensen; hoy la ideología no es una forma de pensar sino de estar frente al poder. Es claro que ante la andanada de críticas la semana pasada por ser muy rudo con España por no ofrecer disculpas y muy condescendiente con los insultos del presidente Trump, López Obrador necesitaba que alguien le dijera que tenía razón. Y quien mejor que el pueblo. Los expertos me critican, pero el pueblo me apoya. El pueblo es sabio; el pueblo piensa como yo, ergo soy un sabio y tengo la razón.

Pero más delicado que este juego retórico de autoafirmación es el adjetivo posesivo: "Mi pueblo". Ya bastante preocupante había sido aquella expresión de "Yo ya no me pertenezco, pertenezco al pueblo", pero ahora es el pueblo quien le pertenece a él. Adjudicarse la propiedad, creerse dueño de las voluntades, es algo que sucede con cierta frecuencia a quienes viven en el escenario. Mi público, mis fans, mi gente querida suelen decir los cantantes y otros trabajadores del show business, El presidente entró ya en esa lógica del mal del escenario.

Como muchos otros políticos, López Obrador se alimenta de la gente. Es el aplauso, el apapacho, el reconocimiento de quienes ven en él una esperanza lo que le hace tener la vitalidad que tiene, pero también perder piso. Los políticos tienen, todos, un problema grave de percepción de la realidad, entre otras cosas porque su círculo cercano se convierte en un espejo que solo refleja las ideas, buenas y malas, del líder. El papel de los medios es, entre otras cosas, mostrar esas cosas que no van bien, no para molestar a los gobernantes, sino simple y llanamente para regresarlos a la realidad. El mundo, para bien de todos, no es como decimos los medios, es sin duda mucho mejor. Aun así, ese mundo suele parecerse más a la realidad que el que nos venden los políticos.

En algo tiene razón López Obrador: el pueblo, ese que él quiere ver como una voz unívoca, no perdona, porque compuesto por personas de carne y hueso, ciudadanos diversos y plurales que no tienen dueño, cobran caro la falta de resultados y votan -unos con la cabeza, otros con el estómago y no pocos con el corazón- por sus propios intereses, grandes o pequeños, pero todos igualmente válidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esquivando un choque con el presidente Donald Trump por el tema migratorio. Visto pragmáticamente, es una decisión inteligente, y no habría razones por la indignación de Trump, salvo que considere, como parece ser, que los compromisos con su yerno y asesor Jared Kushner en la Ciudad de México, los incumplió. Ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, y evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quieren hacer del tema migratorio un tema electoral. A cambio, se fortalecería la posición de Trump para cabildear la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Kushner fue muy específico, según minutas del encuentro. Si México resuelve los problemas de la migración desde Centroamérica, Estados Unidos estará dispuesto a ayudar a López Obrador con sus problemas económicos. Pero si no los resuelve y con ello contribuye indirectamente a la presión de los demócratas para acotarlo, no habrá ratificación del acuerdo y el presidente se retirará del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No creo que eso le convenga a México, dijo Kushner, pues entraría en recesión.

La preocupación de la Casa Blanca es un problema de seguridad nacional porque dentro de las caravanas viajan sirios, iraquíes y pakistaníes, que ingresaron a México sin que el gobierno de López Obrador se percatara de ello. Abrir la frontera sin controles -aunque insisten los mexicanos que realizaron censos-, explica por qué Trump declaró una crisis en la frontera, desplazó más fuerzas federales al sur de su país, y elevó la presión a México.

López Obrador pareció entenderlo. Despachó a Miami a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para una reunión de casi 2 horas con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen, en la cual, dicen funcionarios, hubo 15 minutos donde la estadounidense enfureció tanto -por razones no reveladas-, que incluso se le puso la cara colorada. A su regreso, Sánchez Cordero anunció controles migratorio en el istmo de Tehuantepec -un viejo sueño de Washington para establecer un dique en ese cuello de 200 kilómetros de largo-, se acabarían las visas humanitarias -el cambio de la política de puertas abiertas por una de contención-, serían un 3er. país seguro para albergar a quienes pidieran asilo político en Estados Unidos, y que las agencias de inteligencia de ese país contribuirían con la identificación de posibles criminales y terroristas. Es decir, les entregaron todo lo que ningún gobierno mexicano antes había aceptado.

Pero aun así, Trump enfureció. ¿Qué sucedió? La impresión, puede argumentarse, es que la Casa Blanca concluyó que no hubo reacción de parte de López Obrador. El 27 de marzo, abrió fuego el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAllenan, quien dijo en El Paso que la situación fronteriza estaba en un "punto de quiebre". En los 2 días anteriores, reveló, se detuvieron más de 12,000 inmigrantes en la frontera con México, 3 veces más de lo que se considera una cifra "alta" y lo doble de un nivel de "crisis". Sólo el lunes de la semana pasada se capturó a 4,000 personas, el número más alto de aprehensiones en un solo día en la historia de Estados Unidos.

2 días después, el 29 de marzo, Trump escribió en Twitter: "México debe evitar que los ilegales entren a Estados Unidos a través de su país y por la frontera sur. Por muchos años México ha hecho una fortuna de ello, mucho más grande que los costos fronterizos. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal... cerraré la frontera o amplios segmentos de ella la próxima semana". Algo está en disonancia. Si el presidente López Obrador cedió en todo, ¿qué pasó? Aquí, 3 claves de ello:

1.- Ante las quejas de Trump, López Obrador respondió que sí están haciendo cosas, y creando opciones de trabajo para los mexicanos. Pero no entendió. La migración mexicana -que ha decrecido en los últimos años- no es el problema, sino la que viene de Centroamérica. Hablar de mexicanos es darle la vuelta al problema que abordó Kushner e incumplir lo que acordó.

2.- López Obrador dijo que revisarían si hay criminales dentro de las caravanas. El problema es que el instrumento que tenían para ello, Plataforma México, fue desmantelado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y no ha sido restituido. Estados Unidos, que financió el equipamiento tecnológico, no lo sabe. El gobierno de López Obrador tampoco, porque tienen un diagnóstico equivocado de lo que era la plataforma. El gobierno peñista les dijo que era "un proyecto de Slim" y lo creyeron, por lo que han desestimado la mayor base de datos criminal en América Latina. Por eso no saben con certeza, de forma instantánea, quiénes entran a México como inmigrantes.

3.- El Instituto Nacional de Migración anunció el domingo la reinstalación de las visas humanitarias, contrario a lo ofrecido por Sánchez Cordero.

López Obrador no ha cambiado su visión sobre cómo manejar la relación con Trump, a quien genuinamente le tiene miedo por lo que puede ocasionarle a su gobierno. Es peor lo que está sucediendo. Al ser tan locuaz para declarar sin acotar sus palabras, transmite ideas equivocadas. Al tener colaboradores incapaces, carece de información de calidad para responder a las exigencias. Tener un mensaje de gobierno diseñado como propaganda, comunica fallidamente. Es el peor de los mundos. Se entregó a Trump, y la Casa Blanca no entendió que se subordinó.

Desde que llegó al poder, el presidente López Obrador ha anunciado que revisará todos los contratos. Si una empresa firmó con gobiernos anteriores, navega ahora en la incertidumbre. El asunto es delicado. Porque es muy loable el propósito de no dejar pasar un centavo de corrupción. Pero los litigios internacionales son cosa seria (no como los juicios de las mañaneras) y si no hay pruebas y se cancelan contratos, puede venir una andanada de demandas contra México que además ahuyente a los inversionistas.

El 1er. episodio pudo resolverse: el aeropuerto en Texcoco. No hubo demandas porque el gobierno decidió hacer un gasto enorme para regresar todo el dinero a los perdedores y además se les prometió un premio de consolación en la terminal de Santa Lucía a cambio de no ejercer las penas convencionales.

Pero un 2o. episodio se puede complicar:

El hombre que se volvió famoso porque tiró el sistema electoral, está por tirar el sistema de gasoductos. Y es mucho más monstruoso que el aeropuerto. Para empezar, los contratos fueron firmados pasando por comités de inversión, consejos de administración, mejores prácticas, etc. Nadie tomó decisiones de asignación directa o invitación restringida (como sí sucede en 7 de cada 10 contratos en lo que va del sexenio lopezobradorista, según documentó Mexicanos contra la Corrupción).

El esquema, para volverlo fácil de entender, era el siguiente: el gobierno decía que no tenía dinero ni capacidad para la muy necesaria red de gasoductos. Constructores, transportistas y fondos de inversión acordaron hacer la infraestructura para entregar gas natural. Las empresas que arriesgaron el capital solicitaron que dichos proyectos fueran pagados a través de una renta de capacidad por parte de la CFE y algunas empresas privadas. Firmaron contratos de largo plazo, conocidos como take-or-pay. Esas rentas fueron establecidas incluso por debajo de los límites que en su momento marcó la hoy tan apabullada Comisión Reguladora de Energía. Es decir, dado que compraban por mayoreo, se convinieron en un buen precio.

Desde hace unos días desde el gobierno se ha venido coqueteando con la posibilidad de cancelar los contratos de los gasoductos de la CFE. Se supone que hay irregularidades (Bartlett hablando de corrupción siempre se toma con precaución). Combatir la corrupción, de nuevo, es una gran señal. Pero un paso en falso puede impactar el riesgo-país. Si los inversionistas son maltratados sin pruebas y sus contratos no son honrados, pueden bajar la cortina y decir: no me pagas, no tienes gas natural. Y sin gas, no hay luz, no hay industria.

La relación de los medios de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es cada vez más difícil. Se esperaba sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan, contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante para los medios que para él -quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la mayoría de los espacios la mayoría del tiempo-, aunque en la última semana el presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus insultos.

Varios periodistas lo han confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como peyorativo el calificativo de "fifís" y "conservadores", y cada vez los medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el discurso del presidente contra medios y periodistas -algunos de los cuales identifica por nombre-, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva abrió un debate en Radio Fórmula donde varios abogados hablaron sobre este derecho. 2 posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, dijo que el presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional -como las mañaneras-, aunque en ningún espacio está facultado para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador general, afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo "en esta nueva dinámica" que vive nuestra sociedad.

Una 3a. visión que cabe, a partir de un concepto asimilado en el mundo, pero poco debatido en México -de ahí la falta de bibliografía sobre el tema-, es que el presidente no tiene los mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más allá de la función social que realizan. Robert Sharp, un activista por la libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a la de los ciudadanos.

Un caso básico es sobre los límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no puede aprehender al presidente, ni un juez procesarlo. "La libertad de expresión del presidente está constreñida a las realidades de la política", apuntó Sharp. "La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado". Esta línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.

Trump no ha argumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho -que no lo limita a responder con datos y argumentos- queda limitado al no ser equitativo.

Todas las mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad porque nadie más tiene el mismo espacio para replicarlo. La libertad de expresión del presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular con sus palabras linchamientos. Se puede argumentar que está en los linderos de violar la Constitución, que señala que "es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas", y de manera indirecta, por intimidación, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura. El achicamiento de las libertades es real.

Puebla ha prosperado en las últimas décadas, pero la muerte de la gobernadora panista Martha Érika Alonso ha abierto una oportunidad de oro a Morena. Luis Miguel Barbosa, quien habló pestes de López Obrador cuando estaba en el PRD, siente hoy que Morena está a punto de cumplirle su ambición.

Me cuesta trabajo empatar al mandatario que oímos durante la toma de posesión, con el que hemos escuchado los últimos días. Hace 4 meses Andrés Manuel López Obrador afirmó que deseaba ser un buen presidente para todos los mexicanos, para los que habían votado por él y para los que no habían votado por él; su ejemplo era Benito Juárez, dijo, y aspiraba como el benemérito a convertirse en un verdadero estadista.

Pero no veo cómo un estadista cometería la bravuconería de mandar de nuevo los mismos 12 candidatos para un comité de regulación que los senadores ya rechazaron porque sus perfiles carecían de experiencia mínima o de la imparcialidad requerida. Un acto que entenderíamos en Donald Trump, pero no en un jefe de estado que aseguró que gobernaría con todas las fuerzas políticas.

Tampoco veo a Benito Juárez llamando mascotas o animalitos a los pobres que necesitan ayuda. Hay razones morales, humanas y políticas para trabajar a favor de los que más necesitan, pero ningún político que se precie recurriría a las razones que se desprenden de las palabras del presidente. Me recuerda el exabrupto de Vicente Fox cuando se refirió a las mujeres como lavadoras de 2 patas en supuesta alusión meritoria a su laboriosidad, sin darse cuenta de la descalificación grosera que su frase entrañaba. Es obvio que López Obrador no pretendió ofender a los pobres, pero terminó haciéndolo. En Vicente Fox, un empresario lenguaraz metido a la política no extraña la falta de oficio. Pero resulta inexplicable que alguien que durante tantos años ha hablado de los pobres cometa un desliz tan absurdo. La compasión por los animalitos a la que se refiere nace del sentido de responsabilidad que debemos experimentar frente a un ser que de alguna manera es inferior a nosotros. Un lenguaje similar al que esgrimían los misioneros en la Colonia para proteger a los indígenas.

Y a propósito de la Colonia, tampoco me parece lógico que un mandatario tan comprometido con los profundos problemas que padece México, tan consiente de las enormes dificultades que tiene por delante, se desgaste en infiernillos con el pleito gratuito que significa exigir públicamente una disculpa al Vaticano y a la corona española por las atrocidades cometidas en contra de las sociedades prehispánicas hace 500 años. Lázaro Cárdenas, otro de sus referentes, expropió el petróleo en respuesta al abuso de las transnacionales, pero no se metió en pleitos verbales innecesarios sólo para darse la frívola satisfacción de enardecer a la tribuna.

Este sábado en un mitin sometió a consulta pública, mediante mano alzada, si debía o no contestar a Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera en caso de que México no haga algo para detener las marchas de centroamericanos. Es un tema complejo y delicado que exige a nuestro mandatario a actuar con responsabilidad y prudencia. Por lo mismo resulta inquietante, por decir lo menos, que aborde el asunto entre chacoteos con 3 o 4,000 simpatizantes en una plaza de Poza Rica.

Es desconcertante este súbito engolosinamiento con el poder que le lleva a exhibir arranques altaneros y perder el olfato político que siempre le caracterizó.

¿Por qué ahora este afán pendenciero, esta calificación de fifí a los que no piensan como o él, esta burla machacona, frívola y triunfalista cuando se había autodefinido como siervo de la nación?

Durante 30 años López Obrador vio lo que el poder hizo con gobernadores y presidentes, quienes terminaron creyendo que la única verdad era el aplauso de sus públicos cautivos. Espero que esté en condiciones de reconocer las primeras señales de lo que el poder pueda provocar en él y en contra de la oportunidad histórica que tiene en sus manos.

Extraño al Presidente de las primeras 24 horas y ciertamente no me enorgullezco del Presidente de los últimos días.

La sección más combativa del gremio magisterial consiguió, a cambio de apoyar al candidato ganador en las elecciones presidenciales del año pasado, el compromiso del mismo, de "no dejar ni una sola coma" de la Reforma Educativa.

Los bloqueos y manifestaciones que han entorpecido las sesiones del congreso orientadas a reformar la Reforma (y que van a continuar, según se ha anunciado, en cuanto las comisiones camerales intenten reanudar las discusiones sobre el tema), cuentan con el apoyo decidido de un experto, precisamente, en bloqueos y manifestaciones -las utilizó como estrategias de campaña durante 18 años-, quien declaró, la semana pasada, que "...ya hicimos lo más importante, que es rechazar la mal llamada 'Reforma Educativa'", y anunció haber dado instrucción -a los legisladores, se infiere... no obstante la teórica división (y consiguiente autonomía) que equilibra y limita los poderes en el régimen gubernamental vigente- de que "todo aquello que pueda significar el que se mantengan disposiciones que afecten a los maestros, he dado instrucción de que se quite todo".

No se trata, pues, de implantar el modelo educativo que responda a las necesidades de los niños y jóvenes interesados en (o necesitados de) ganarse un lugar en la vida, por su propio esfuerzo, sino de reformar la Reforma para dejarla al gusto de "trabajadores de la educación" poco identificadas con el concepto clásico ("persona que transmite conocimientos, pero principalmente valores y enseñanzas") del maestro.

El coordinador de asesores de Morena en el Senado de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, renunció a su cargo debido a sus diferencias la presidenta nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky, y dijo que analiza contender por la dirigencia nacional de ese organismo político en noviembre próximo.

El senador suplente manifestó que en el próximo congreso nacional del partido buscaría la dirigencia de Morena, pero que antes hará una gira por diferentes estados del país para conocer el sentir de los ciudadanos.

"He decidido renunciar a la comodidad de mi puesto en el Senado de la República para ir en defensa de mis convicciones, mis principios y mis ideales, que creo comparten la inmensa mayoría de quienes conformamos Morena", expresó.

Rojas Díaz Durán dijo que Héctor Díaz Polanco es un hombre lúcido y asistente académico que le ha "lavado" el cerebro a Yeidckol y a una minoría que controla el aparato burocrático de Morena.

Es un académico que se ha quedado "congelado" en el Siglo XIX y en la Guerra Fría, y con la secretaria de Morena en funciones impulsa y proclama que la Revolución Bolivariana de Maduro se expanda en México y en América Latina.

El legislador advirtió que no está de acuerdo con ningún régimen autoritario que conculque las libertades públicas y los derechos políticos.

Los integrantes de Morena no quieren imitar ningún régimen político del mundo, lo que sí hay que copiar son los sistemas que nos humanizan y nos hacen democráticos.

Refirió que la camarilla que dirige Yeidckol Polevnsky es la que lo quiere censurar por expresar sus ideas, y que también quiere quitarle sus libertades; es la que lleva el "terrorismo totalitario", "estamos en alerta amarilla".

2 naciones sin duda han estado muy vinculadas a nuestra historia, España y Estados Unidos ¿Cuál debería disculparse más? ¿A cuál le debemos más beneficios? ¿Cuál nos ha saqueado más? ¿Cuál lo sigue haciendo y con la complicidad de quiénes? ¿Debe México exigir disculpas a Donald Trump por todos los males que su país nos ha hecho con la complicidad y el aliento de las iglesias evangélicas? Pero bien sabe el diablo a quién se le aparece, como dice el refrán.

Desde luego son cuestiones históricas que merecen ser analizadas con todos los elementos y criterios de la historiografía contemporánea. Pero ¿deben ser agenda del gobierno?, ¿es que no hay asuntos de mucha mayor gravedad y urgencia que deben ser atendidos con la máxima concentración y capacidad?

El exceso de verbo cotidiano y su notoria limitación de lenguaje y raciocinio; le llevan a exhibir para vergüenza ajena, sus 2 bocas mañaneras: la de su verborrea maledicente, aparejada a su aparente ingenuidad de provecto, respetable y conocedor anciano.

Está supuestamente decidido y empeñado en terminar con la corrupción heredada de sus antiguos correligionarios, desentendiéndose cínica y acomplejadamente de la lógica que implica el hecho de que su ignorancia manifiesta para el desempeño de un cargo o función es flagrante inmoralidad y más que ostensible impunidad. ¿Cuánto le van costando al país sus 120 días de notorio desgobierno?

Horacio Hernández Galván "Horax"
(v.29 de marzo de 2019).

Ahora sí, ya le llegaron sus españoles al emperador Gansolopochtli.

Nadie los vio venir, pero así como unos blancos y barbados hombres llegaron a América, a la 4T le llegó su oposición. Y mientras los partidos políticos aún se lamen las heridas por la noche triste del 1 de julio, una fuerza opositora nació.

Su nombre: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; estos ejemplares maestros y sus fulgurantes dirigentes lograron lo que no ha podido hacer la mafia del poder, los conservadores, la prensa fifí y demás alimañas: doblar y domar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aprende PRI, aprendan PAN, PRD y MC, eso es oposición y no gilipolleses, rediez -con todo respeto-.

Dicen que no quieren ser evaluados, pero eso es completamente falso. Ellos sí quieren que haya evaluaciones, pero no están de acuerdo en que éstas tengan algún valor o sirvan para algo. Y en todo caso, en las escuelas los que evalúan son los maestros; ellos están para calificar, no para que los califiquen y lo más importante, ellos están para enseñar, no para que les enseñen.

Aseguran que la CNTE quiere tener el control de las plazas. Eso no es así. ¿Qué no se emitió un decreto en el que el nuevo gobierno ordenó que todos los documentos oficiales llevaran la leyenda “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"? Pues inspirados en la máxima del prócer, los maestros de la coordinadora consideran que la plaza es de quien la trabaja, es decir de su propiedad, así que si quieren venderla o heredarla, es su derecho.

Los acusan también de permanecer más tiempo en las calles y el activismo que en las aulas y de chantajear al gobierno federal y gobiernos estatales con dinero y beneficios a cambio de dejar las protestas. Pura mala fama, y malos entendidos. Los 1,200 millones de pesos que el gobierno de Michoacán tuvo que liberar para pagarles a maestros adeudos, a cambio de que levantaran el bloqueo que por semanas mantuvieron a las vías del ferrocarril, no se puede considerar un chantaje, cada uno de esos pesos será escrupulosamente entregado a los abnegados maestros, ni por un momento vaya a usted a pensar que la CNTE se puede quedar con algo de esos recursos, es un dinero sagrado.

Y como el 1er. paso es el difícil, la CNTE le encontró el modo y ahora repitió la dosis al gobierno federal, y tras unos días de bloqueos a la Cámara de Diputados logró que el presidente López Obrador le ordenara a su secretario de Educación que le hiciera a la coordinadora una reforma educativa a la carta, y dio instrucciones a su bancada de diputados -con todo respeto de la independencia de Poderes- que se haga la voluntad de los maestros.

"En todo aquello que pueda significar el que se mantengan disposiciones que afecten a los maestros he dado instrucción que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores que digan que somos iguales. Voy a pedirle a Esteban Moctezuma que hable con los maestros, que dialogue con ellos, que informe y que se quite todo lo que pueda ser utilizado como pretexto para que puedan vociferar de que somos iguales. No es así", dijo el presidente, ayer por la mañana.

Y aunque ayer levantaron su bloqueo al Palacio Legislativo de San Lázaro, pues no son, como lo ha dicho el presidente unos conservadores, la próxima semana se darán otra vueltecita por la Ciudad de México para ver cómo va su reforma educativa y ver si para entonces no se les ofrece alguna otra cosa.

La CNTE se consolida como la principal, y por el momento única, fuerza opositora en el país, la domadora de AMLO.

Fotos de la manifestación de ayer en pleno centro de Guadalajara. Se presentó por alguno de los asistentes la bandera española (también asistió una venezolana en el exilio) y le dimos la bienvenida para comunicarle a la esposa de AMLO que en México no "odiamos a los españoles" (sic) y nos enorgullece nuestro origen, mitad español y mitad indígena.

NO queremos que se reelija López Obrador; bastante pesado serán 6 años para aguantar su AUTORITARISMO y enfrentar la debacle económica, como para querer alargar la pesadilla POPULISTA.

Ayer, frente al monumento a Madero depositamos una ofrenda florar con el "Sufragio efectivo, no reelección" y rodeamos la base de su estatua con cinta roja y la palabra "peligro".

(V.Xiudadanos Mx del 29 de marzo de 2019).

El Partido Acción Nacional presentó una carta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que alerta que hay una amenaza al sistema democrático mexicano mediante acciones, que desde el gobierno y el congreso lesionan los principios de legalidad, equidad y dañan el orden constitucional.

En una carta que el líder nacional del PAN, Marko Cortés; la secretaria de Relaciones Internacionales, Mariana Gómez del Campo; y el secretario de Comunicación del blanquiazul, Felipe González, entregaron en las oficinas de la OEA en México, le piden de la manera más atenta hacer un llamado a la estabilidad democrática en México.

En la misiva, dirigida al secretario general de esta organización, el doctor Luis Almagro Lemes, Marko Cortés planteó que el poder ejecutivo, mediante la Cámara de Diputados, utilizó desde el pasado 14 de marzo su fuerza para aprobar una reforma constitucional, con la cual se pretende establecer una consulta de revocación de mandato solicitada por el ejecutivo, convirtiéndose así en un riesgo de ratificación.

Expone que a simple vista pudiera parecer un mecanismo más para ejercer la democracia directa, pero no es así. En realidad, destaca, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, serviría de mecanismo para alargar los periodos constitucionales presidenciales.

De esta manera "generar ventajas para el partido político del presidente, si la boleta para el revocatorio está en la mesa electoral, el mismo día de la elección del congreso".

La carta detalla que en países donde se aplicó esta vía, se han consolidado regímenes autoritarios, rompiendo así el orden constitucional.

Otra preocupación que plantea la carta es la reducción de al menos 50% al financiamiento a los partidos políticos y acusar que ha iniciado una persecución de líderes de opinión como Enrique Krauze y diarios de circulación nacional, que no van con sus ideales.

Finalmente, tras alertar sobre la situación y externar la preocupación del parecido con otras naciones que están sufriendo lo mismo, como Bolivia y Venezuela, pide se haga un llamado a mantener la estabilidad en México.

"Desde el poder ejecutivo se están realizando consultas públicas vinculatorias de los mínimos elementos de certeza e imparcialidad, para poder considerarse legítimas y legales. Todas ellas se han realizado al margen de las instituciones constitucionales", dijo Marko Cortés.

Uno de los programas insignia del Ppesidente, Jóvenes Construyendo el Futuro, ya suma 4,000 becarios en capacitación en Jalisco.

También registra más de 1,300 centros de trabajo inscritos en el estado a los que se ha vinculado a jóvenes a cambio de un apoyo mensual de 3,600 pesos.

Nada más que entre esos empleadores hay abarroteras, autolavados y hasta centros de fotocopiado. Ante esto, surgen algunas preguntas.

¿Nuestros "ninis" van a graduarse con mucho conocimiento "técnico" de una abarrotera? ¿Desarrollarán habilidades "sobresalientes" para sacar fotocopias? ¿O el programa será semillero de futuros viene-viene?

Y pensar que sólo en Jalisco, en ese programa de subsidios hay más de 200 millones de pesos de nuestro dinero...

El poeta y activista Javier Sicilia aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha traicionado a las víctimas de la violencia; ha militarizado al país de forma "más brutal"; e incluso consideró que la política de la 4a. Transformación en materia de seguridad y justicia es "hasta ahora, peor, por su traición" a la de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que se fundó hace 8 años, recordó que durante la campaña del hoy presidente López Obrador se generó expectativa por su discurso contra la militarización del país y por los compromiso que hizo con las víctimas, pero acusó que se ha dado una traición de parte del mandatario: "Nos pusimos a trabajar; no lo hemos dejado de hacer desde hace años. Por desgracia la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la traición".

Y destacó como el 1er. punto de esta traición, fue que se "militarizó de forma más brutal al país disfrazando la permanencia de las fuerzas armadas en la calle con un eufemismo: Guardia Nacional, y amparando su tarea de guerra bajo una reforma sumamente cuestionable".

El activista incluso aseguró que en el fondo, la política en materia de seguridad de la 4a. Transformación es "peor" que la que se implementó durante los sexenios de Felipe Calderón, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, y el de Enrique Peña Nieto.

El poeta también consideró que otra traición de López Obrador es la que "ha hecho con los pueblos indios al imponer, con consultas anticonstitucionales y amañadas, proyectos de naturaleza neoliberal disfrazados de populismo, como el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos".

"Dichos proyectos, nacidos en los sexenios neoliberales anteriores, están destruyendo de manera considerable el tejido social de los pueblos y generado violencia y crimen", añadió.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad surgió el 29 de marzo de 2011, tras el asesinato de Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia, el 28 de marzo en Temixco, Morelos y unió a padres de familia, hermanos, hijos y demás familiares de personas fallecidas o desaparecidas durante la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón.

"Hoy, 28 de marzo de 2019, en que conmemoramos el 8o. aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, volvemos a salir al espacio público para exigir ahora al presidente Andrés López Obrador que cumpla, como lo prometió, con una política integral y sistémica en relación con la justicia transicional", dijo Sicilia en su posicionamiento público en Cuernavaca, Morelos.

"Hoy, después de 8 años de simulaciones, le decimos algo semejante al presidente López Obrador: si usted no está dispuesto a asumir responsable e integralmente la verdad, la justicia y la paz, como lo prometió, dígalo con claridad para que nosotros, como lo han hecho las madres de los desaparecidos identificando con sus propios métodos las fosas clandestinas, construyamos mecanismos no oficiales de búsqueda de la verdad y pidamos la justicia a la comunidad internacional", añadió.

El pasado 7 de marzo, Javier Sicilia comentó también que López Obrador había traicionado a las víctimas y a los pueblos indígenas. Aunque reconoció "una buena voluntad" del nuevo gobierno.

Javier Sicilia reprochó la creación de la Guardia Nacional, el "abandono" al proyecto de Justicia, la falta de creación del Consejo de Atención a Víctimas y, principalmente, el discurso contra las organizaciones civiles.

"El tema de desaparición no puede separarse del tema de justicia de todos los crímenes de otro orden y no puede separarse de la ruta de la paz; y en ese aspecto, el gobierno actual está desarticulado", pronunció.

López Obrador en las mañaneras; habla por todos los sectores del gobierno y opina sobre temas tan distintos como las características técnicas de aeropuertos o refinerías, o la posición moral sobre conflictos nacionales.

Pero peligrosamente es también el lugar en donde con el beneplácito de las miles de personas que lo votaron para llevarlo al poder, se ha convertido en fiscal y juez para acusar y dictaminar sobre su propio comportamiento.

Porque "él lo dice", no hubo conflicto de intereses en la entrevista que tuvo con el yerno de Donald Trump en la casa de un ejecutivo de Televisa, sin aviso previo a nadie, para discutir temas de la relación bilateral. Dijo el presidente que no había conflicto de intereses y ahí murió el tema.

También desde ahí ha hecho acusaciones severas, sin mostrar pruebas, en contra de personas e instituciones saltándose cualquier cantidad de preceptos legales.

Desde tiempos de la transición, cuando se cocinaba el Paquete Económico 2019, el [actual] presidente mostró una inesperada pasión por arrastrar el lápiz y hacer cuentas. Se sentaba por horas a revisar los interminables números del presupuesto para decidir qué y dónde mover. No dejaba esto solo en manos de su equipo financiero.

Así que los funcionarios más entendidos en temas económicos (como Romo, Urzúa y Herrera) no saben aún qué les va a entregar el presidente, tijera en mano, ni cómo se le tiene que llamar oficialmente en el argot financiero para que no genere inquietudes ni falsas expectativas.

Todo esto me lo aseguran fuentes de 1er. nivel en el equipo presidencial. Señalan que viene un recorte de 200,000 millones de pesos al presupuesto federal. Ya veremos cómo le llaman.

Mientras tanto, hay dudas y preocupaciones sobre qué hará el gobierno federal con el Fondo de Estabilización Petrolera, que tiene casi 300,000 millones de pesos. Se diseñó y se ha empleado como un seguro frente a las fluctuaciones del precio del petróleo. El impulso inicial de la nueva administración fue gastárselo. Luego, me dicen, el presidente cambió la señal y pidió no gastarse ese dinero. Pero ya recientemente parece que están pensando en sí hacerlo. Para muchos especialistas la idea es tan buena como dejar de pagar el seguro de un coche calculando que nadie te va a chocar, o que si te chocan va a salir con polish.

Normalmente, cuando un país manda una carta a otro, se envía a través de los canales diplomáticos. De las cancillerías, pues. Sin embargo, la carta del presidente López Obrador a España no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fuentes oficiales me informan que fue enviada directamente desde la oficina presidencial. Y si me apuran, a juzgar por una serie de elementos, quizá no salió de ninguna oficina de gobierno, sino de la casa del primer mandatario.

El más estruendoso rebuzno -con perdón para los burros- emitido hasta ahora por cierto personaje de la vida pública empecinado en reforzar su popularidad hoy con ocurrencias y mañana a punta de disparates, tuvo -sería necio regatearle el mérito- su lado bueno: generó una serie de reacciones que, en contraste con la acción original, se caracterizaron por su sensatez conceptual y su brillantez discursiva.

Acierta Henry Kamen, hispanista británico, en fin, al comentar que sería mejor si los actuales gobernantes asumieran sus propias responsabilidades, en vez de buscar "chivos expiatorios de hace 500 años"... (o de los sexenios "neoliberales").

El presidente López Obrador esperaba una respuesta diferente del Palacio de la Zarzuela, pero no se dio. Las consecuencias fueron un choque con el gobierno español, la mayoría de sus partidos y la academia

España quería ubicar su relación con México en el contexto de la generosidad mexicana con su asilo, y las enormes aportaciones a la vida pública e intelectual del exilio español, pero la forma como se procesó públicamente la carta modificó el encuadre deseado, donde las relaciones, sin estar en riesgo, quedaron lastimadas. La doctora Gutiérrez Müller, detrás de estas reivindicaciones, ha quedado políticamente herida en el núcleo del presidente por las filtraciones.

Sería muy sano para fortalecer la democracia y combatir la corrupción registrar los errores, falta de cumplimiento de las leyes, la negligencia, la apatía, la violación de las declaraciones 3 de 3 y demás cargos que se suman para una justa evaluación de la actividad de los gobernantes con el objeto de reclamarles y, en su caso, revocar el mandato.

Para dar inicio a esta idea, menciono a continuación las acciones negativas que en poco más de 100 días lleva nuestro novel presidente:

La declaración 3 de 3 se refiere a: 1-Declaración fiscal, 2-Declaración patrimonial, 3- Declaración de conflicto de interés. En esta última se acaba de presentar la relativa al nombramiento de ministro de la Suprema Corte de la Nación, de la esposa del Sr. José María Riobóo que es el contratista que asesoró a AMLO en el DF: sobre la construcción de los 2os. pisos de autopistas, cuya información se bloqueó por 20 años. La Sra. Jazmín Esquivel, es una clara muestra de la violación a la ley 3 de 3 por ser su esposo un contratista del gobierno que AMLO ha incorporado como asesor de su gabinete y construirá el aeropuerto de Santa Lucía.

Otra acción para los apuntes, es el apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro, al tiempo que es una ofensa al pueblo de Venezuela, deja un mal sabor de que al apoyar a un dictador, es porque hay simpatía con esa forma de gobierno y que no le caería mal a nuestro presidente seguir sus pasos.

La cancelación de la Reforma Educativa, lejos de apaciguar a los maestros, los ha reactivado en sus dañinas protestas, que se traducen en bloqueos de calles y otros desmanes que han costado miles de millones de pesos de pérdidas al bloquear las vías del tren en Michoacán.

Otra más, las calificadoras de riesgos son agencia especializadas en evaluación y clasificación de riegos de los títulos de deuda emitidos por países y empresas, están encargados de hacer estudios que indican el riesgo crediticio con el fin de facilitar a los inversionistas la toma de decisiones a la hora de colocar sus recursos. México depende en gran medida para financiar su presupuesto de egresos en el crédito que obtiene del exterior, de ahí la importancia de mantener los índices de confianza altos para no ser castigados con el alza en las tasas de interés. La reciente confrontación con las empresas calificadoras nos trajo como consecuencia una baja en la calificación de confiabilidad en nuestra economía y lo más grave de todo es que este gobierno está empezando, si continúa con las nocivas políticas económicas y financieras, cuántas veces nos castigarán bajando la calificación en todo el sexenio, lo cual se traduciría en aumento en las tasas de interés que pagamos a nuestros acreedores y el consiguiente incremento en el servicio de la deuda, lo cual disminuye la capacidad del gobierno para hacer obras y pagar el gasto corriente.

En 3 años se presentará la oportunidad de revocar el mandato. La iniciativa señala que debe tener el respaldo de al menos 40% del listado nominal y de éste, por lo menos 65% esté por la revocación.

(V.periódico El Financiero en línea del 28 de marzo de 2019).

El presidente de México ha vuelto a traer ese sentimiento, inoculado por los gobiernos nacionalistas del Siglo XX en los libros de texto simplistas que educaron a muchas generaciones de mexicanos. Según esa historia, los españoles son nuestro pasado perverso, nuestro lado siniestro, el que tenemos que negar o despreciar. Nuestro presente es sólo la mitad y esa mitad inocente, usada en el discurso del poder, alimenta el resentimiento. ¿Pero para qué lo alimenta? Para reforzar en los mexicanos la idea de los enemigos. ¿Y para qué sirve eso? Para que se acepte cada vez con mayor facilidad que frente a ellos hay un redentor.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a meter en un pantano al exhortar a la monarquía española y al Vaticano a ofrecer disculpas por los atropellos y el avasallamiento durante la Conquista. Levantó una polvareda en España, donde este martes todos los partidos, salvo Podemos, cuestionaron o se burlaron de la petición de López Obrador, que corrió la misma suerte en México, donde las redes sociales que tanto ha bendecido, se voltearon furiosamente contra él desde el lunes. El gobierno español rechazó que La Zarzuela vaya a ofrecer esas disculpas y lamentó que se haya dado a conocer extractos de la carta que envió hace 15 días a Madrid. Al preguntarle la prensa al presidente sobre la filtración de la carta, negó que él o alguien en su gobierno lo hubieran hecho, aunque horas después difundió un video grabado en la zona arqueológica en Comalcalco, Tabasco.

En el video, donde socializa la petición a los 2 estados europeos, aparece con su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, quien tras subrayar la 1a. defensa contra las tropas de Hernán Cortés hace 500 años, en la cercana Centla, dijo que "recordar es imprescindible para comprender el pasado y prever para el futuro". La presencia de Gutiérrez Müller era lo que voceros oficiosos de López Obrador hacían notar como lo más importante del evento que debió de haber sido mucho más que eso, pues el presidente dejó plantados a los más altos mandos de la Marina en Acapulco, donde iba a otorgar reconocimientos a varios de ellos, incluido el secretario, el almirante José Rafael Ojeda. El protagonismo de la esposa del presidente sólo se explica por su papel como la verdadera impulsora de la iniciativa reivindicatoria.

En el sector diplomático la señalan como la autora intelectual detrás del exhorto que lanzó el presidente.

Una breve noticia que apareció este martes en la prensa de la Ciudad de México, señala que en enero pasado, en el marco de la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a México, la señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del gobierno para solicitar las disculpas del Estado español por los agravios registrados durante la Conquista, a lo cual se llegara de común acuerdo a lo largo de una serie de encuentros que culminaran en 2021, en el 500 aniversario de la Conquista de la Nueva España. Este encuentro no fue confirmado de manera independiente, pero tampoco fue desmentido.

Gutiérrez Müller puede tener todos los méritos posibles -es doctora en Literatura-, pero no tiene el mandato constitucional de su esposo. López Obrador fue electo con más de 30 millones de votos, que le dan la fuerza política y moral para hacer muchas cosas, pero no para compartir la Presidencia. El cargo no es bicéfalo, y ya tuvimos la experiencia durante el gobierno de Vicente Fox, donde Marta Sahagún tenía una intervención ejecutiva -irregular e ilegal- en los asuntos públicos, que la llevó a convertirse en una eficaz intermediaria y gestora de temas delicados, pero en forma metaconstitucional.

Las esposas de los presidentes no están sujetas a controles ni a mecanismos de rendición de cuentas. Tampoco representan la voluntad popular de nadie. Su papel puede ser decorativo, o puede contribuir con trabajo voluntario a la gestión del presidente.

Gutiérrez Müller va más rápido a jugar el papel de influencia de Sahagún, entrometiéndose en temas sensibles, como el caso del exhorto, que lo había ido posponiendo el presidente hasta que cedió. López Obrador asumió su posición de Jefe de estado para cumplir los deseos, se puede argumentar, de la doctora Gutiérrez Müller. En el fondo él lo cree importante, pero los tiempos políticos, por las consecuencias, no eran los mismos que los de su esposa.

Al final, el costo político y el desgaste público no se los llevó ella, sino el presidente, cuya acción desconcertó a muchos y le causó desde burlas e insultos, hasta descalificaciones y críticas. Son muchos los frentes que está abriendo, algunos de trascendencia para los mexicanos y su gobierno que requieren inteligencia y dirección. Introducir un tema que generaría conflicto, que ni es urgente ni cambiará la vida de los mexicanos para satisfacer a su esposa, no es propio de un jefe de estado. Menos de él, que hace mucho tiempo deja claro que quien manda es él, y que el poder no lo divide, al menos, hasta este episodio.

López Obrador es víctima de su historia. Tiene tanto por hacer, según plantea cada mañana, pero su desconfianza mítica le ha hecho rodearse de un equipo que difícilmente aguantará debidamente el paso, y menos le garantizará que sus iniciativas lleguen a buen puerto.

Por eso los reclamos de que las pensiones -que no son otra cosa sino la savia esencial que debe nutrir el apoyo popular a este gobierno- están rezagadas y no llegan a los viejos, por eso la cascabeleante economía, por eso la desconfianza internacional sobre la política energética, y por eso -entre otras cosas que no tienen visos de ir a bien- las matazones siguen a todo lo que dan por todo el país.

Andrés Manuel tiene una agenda. Por décadas la ha cultivado en su cabeza.

Pero tener muchas ideas no significa tener un plan. Sucede que AMLO no sólo es el vocero cuasi único del proyecto de cambio de régimen. Es, preocupantemente, más que el líder y vocero: prácticamente es el único que empuja e instrumenta tan complejos cambios.

No tiene un jefe de oficina que se sepa qué hace, ni un jefe de la política social que rinda cuentas por los padrones y los apoyos retrasados, ni un canciller que explique las incongruencias de reclamar a España y doblarse ante EU, ni una secretaria de Energía que entienda su responsabilidad...

"Por septiembre/octubre el gobierno descubrirá que las cuentas no les salen: la recaudación no va a dar el kilo, la economía se va a estancar y los ahorros no serán suficientes para financiar el gasto social. Mercados y calificadoras tocarán entonces la puerta".

Así me dijo hace poco un amigo que precisamente trabajó décadas en una de esas "calificadoras conservadoras fifís neoliberales" y que ahora es banquero de inversión y miembro del consejo de varias empresas e instituciones financieras.

Alguien que sabe, pues, de lo que está hablando. Es obvia la respuesta del régimen ante estas advertencias: en el mejor de los casos un "les vamos a demostrar que sí se puede", o más bien insultos y ataques.

Sorry, pero así no es. La economía responde a señales precisas y no a rollos genéricos. La realidad sí tocará a la puerta.

Desde el año pasado pronostiqué que si las políticas económicas eran irracionales, la crisis económica se cocinaría "a fuego lento". Que llevaría un par de años mínimo. Ya no estoy tan seguro.

Hay demasiados nubarrones que pronostican truenos y relámpagos. Vamos a repasarlos.

LA TORMENTA INTERNA

1. Muchas ideas de Andrés son malas (el Tren Maya, cancelar el aeropuerto, enfocarse a CFE y Pemex cancelando alianzas con sector privado y competencia, tirar la reforma educativa, los precios de garantía, la refinería, etc.). Y en muchas otras la estrategia o ejecución son equivocadas, como en el combate al huachicol o el improvisado programa de aprendices.

2. El margen de maniobra del gobierno es precario. Imagine, el 28% del presupuesto se destina a deuda y pensiones. En eso sí tiene razón Andrés: administraciones pasadas dilapidaron la bonanza en estupideces y corruptelas. Habría que castigar, no tumbar todo.

3. Los ingresos petroleros ya no son fuente de financiamiento. La producción está en franco desplome y si hubiese solución, sería de largo plazo (algo dudoso por la estrategia energética).

EL TEMPORAL EXTERNO

4. La aprobación del T-MEC no será fácil. Y si Trump se desespera y tumba al TLC o pone aranceles del 25% al sector automotriz, se nos vendrá el mundo encima.

5. La desaceleración de Estados Unidos es franca. El crecimiento de su PIB pasará de 2.9% en 2018 a 2.3% este año y entre 1.8 y 2% en 2020, en el mejor de los casos.

Este coctel traerá desaceleración económica, presión presupuestal, reacciones de mercados (aunque no le guste a ya sabes quién) y turbulencia. Por cierto, otros aspectos a considerar:

a) La inversión extranjera en cartera (fija y variable) se ubicó a fines de 2018 en $255,000 millones de dólares (mmd) y las reservas internacionales en $175,000 mmd.
b) La deuda pública externa (incluyendo a Pemex) a septiembre de 2018 fue de $202,000 mmd (subió 61% con EPN) y la privada fue de $121,300 mmd, 41% más en el sexenio.
c) Las deudas en tarjetas y créditos personales crecieron 74% en 6 años y la de vivienda subió 81%.

Los defensores de la 4a. transformación dirán: "Pero las variables económicas están controladas". Es cierto... por ahora. Yo no sé si como dice mi amigo la crisis llegará en la 2a. mitad de este año. Podría ser también como dice Ernesto O'Farrill, en el 2020.

Pero ahí viene.

¿Qué hacer? Para los que están en el gobierno: no responder con etiquetas y ataques. La opción madura es analizar y ajustar. Si el objetivo es transformar, que sea para bien.

Y para usted, 5 típicos consejos para tiempos turbulentos:

1. Cuidado con la deuda, sobre todo en dólares. Tómela sólo si tiene ingresos en dólares.
2. Contemple escenarios malos y asegúrese que pueda sobrevivirlos. ¿Está expuesto? Evalúe coberturas, alianzas, etc.
3. Sea prudente en gastos. La austeridad siempre es buena compañera, pero más ante la incertidumbre.
4. No entre en pánico. El temor irracional siempre empeora las cosas. Analice, anticipe señales y tenga planes específicos para actuar si la cosa pinta mal.
5. Apueste por México. Si los buenos se rajan, el país se hunde.

Ni modo, aunque me tachen de fatalista: las señales ahí están. Hombre o mujer precavida vale por 2.

EN POCAS PALABRAS...

"Los dictadores y déspotas florecen en tiempos de crisis económicas". (Robert Kiyosaki, empresario estadounidense).

(V.periódico El Financiero en línea del 27 de marzo de 2019).

El pasado 21 de marzo, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en pleno, rechazó los perfiles de los candidatos propuestos por el Presidente de la República para ocupar 4 vacantes de los 7 comisionados que integran la junta de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Le recuerdo que el presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, cuestionó que los perfiles de los candidatos estaban sesgados hacia el tema de hidrocarburos, y que, en todo caso, faltaban quienes tuvieran más experiencia en electricidad.

Esas declaraciones encendieron la hoguera que condujo a acusaciones del gobierno en contra de García Alcocer.

Ricardo Monreal, en cierta medida, reivindicó al titular de la CRE. En el comunicado sustentando la decisión del 21 de marzo, refirió el Senado: "Después de un análisis exhaustivo de los expedientes de las y los candidatos, esta Junta de Coordinación Política valora la preparación académica y experiencia profesional de las y los ciudadanos pertenecientes a las ternas enviadas por el ejecutivo federal. Sin embargo, para el perfil que esta soberanía pretende dar a la Comisión Reguladora de Energía, los candidatos no lograron un consenso mayor y suficiente para ser sometidos a la consideración del Pleno del Senado de la República". Lo que fue avalado unánimemente en el Senado.

Pues ayer, el presidente insistió y mandó al Senado a 11 de los 12 propuestos, sólo con algunos cambios de orden.

Si, resulta que de nueva cuenta, el Senado objeta la lista, entonces, legalmente, el presidente López Obrador podrá nombrar a quien guste.

El mensaje del senador Monreal al ejecutivo fue inequívoco: hay que seleccionar bien, y no habrá ningún problema para ratificar a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.

El mensaje de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al Senado, fue inequívoco: salen los que yo quiero porque salen.

Y, con la decisión de enviar básicamente a los mismos, el día de ayer, quedó claro que en este ajedrez, quien va ganando es la secretaria de Energía.

No tenemos un Presidente de la República cuya fortaleza sea evaluar los temas técnicos.

Quien piense defender su argumento con razones técnicas, está perdido.

AMLO es capaz de respaldar a quienes siente leales, hasta el final.

Paco Calderón
(27 de marzo de 2019).

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca y miembro del Consejo Asesor Empresarial, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivocó al cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), que se construiría en Texcoco.

Salinas Pliego criticó el estilo "centralista" del presidente, tras afectar a los inversionistas del aeropuerto de Texcoco.

De igual forma, consideró que es un error parar la reforma energética, pero confió en que pueda "convencer" al presidente de que divida a Petróleos Mexicanos (Pemex) en varias partes, así como de que se permita la inversión de China al país.

Además, Banco Azteca, que pertenece a Grupo Salinas, fue la entidad elegida para repartir los programas sociales del gobierno de López Obrador. Incluso el Financial Times se refiere a Salinas como "el empresario favorito" de AMLO, al afirmar que desplazó a Carlos Slim.

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, es uno de los seis empresarios designados por el presidente López Obrador como integrantes de su Consejo Asesor Empresarial, creado a partir de una propuesta de los hombres de negocios y en donde también figuran Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez y Miguel Alemán Magnani.

Una de las empresas más importantes de Salinas, Banco Azteca, manejará los pagos y la dispersión de los programas sociales a los sectores más desprotegidos junto con Bancomer y Banorte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que son "fantoches, conservadores, hipócritas, doble cara" quienes forman parte de la "prensa fifí".

Durante su conferencia mañanera, el mandatario respondió que él no inventó el término "fifí", y dijo que fue una palabra que se utilizó en la época de Francisco I. Madero.

"Existe una prensa fifí, no es una invención, existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México", dijo.

Los dichos de López Obrador fueron respuesta a un periodista, quien le pidió dejar de utilizar el término.

Cada uno lee en el abucheo a López Obrador en la inauguración del estadio de beisbol de Los Diablos de México lo que quiere ver. Algunos festejan la 1a. caída, el 1er. tropezón del presidente hiperpopular y comparten en sus redes sociales la silbatina, acompañada de la pésima respuesta del presidente, como un triunfo, como la 1a. piedra que atina un destanteado David frente a Goliat. Los más pejistas por supuesto ven un complot, algo orquestado desde las esferas fifís, por la mano invisible ya no del mercado sino de la mafia en el poder, esa fuerza oscura que nunca sabes por donde atacará porque es perversa por naturaleza, para desacreditar al presidente.

La rechifla que recibió López Obrador no fue distinta, más aún diría que fue idéntica, a la que recibieron el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, cuando fueron a la coronación de los Charros en la Liga del Pacífico. Tampoco es diferente a la rechifla que le dieron al ex presidente Felipe Calderón cuando inauguró el estadio del equipo Santos en Torreón.

Normalmente son los dueños de los equipos quienes, en busca de favores del poder, invitan a las autoridades a estos eventos, y los políticos, ansiosos de colgarse cualquier medalla, de sentir que el mundo gira a su alrededor, quienes torpemente se meten donde no les toca y salen abucheados, no por lo que hicieron o dejaron de hacer sino por su sola presencia que resulta molesta.

Nadie experimenta en cabeza ajena. Todos tienen la convicción o la esperanza de que ellos sí serán bien recibidos porque son populares.

Ver al mandatario destanteado, pasando un mal rato, recibiendo en carne propia uno de los muchos abucheos que los morenistas aplicaron a los gobernadores no deja de tener su encanto. Una caída del Olimpo con aterrizaje forzoso en la realidad siempre ayuda.

El nuevo embajador de Estados Unidos en México (está a la espera de que lo ratifique su congreso), el abogado conservador Cristopher Landau, es un integrante del clan Trump.

Llega en un momento delicado de la relación bilateral por varios temas que están sobre la mesa:

1.- Migración. Sin duda el punto más delicado actualmente. Los datos del Gobierno de Estados Unidos señalan que desde que llegó el presidente López Obrador al poder ellos reciben más migrantes y eso es exactamente lo contrario a lo que quieren. Eso que pone de malas a Trump y le resta discurso de cara a la campaña por la reelección: lo que quiere es salir a gritar en los mítines que ha parado la "amenaza". En cambio, el muro no se hace y la nueva política del presidente AMLO de abrir la puerta en la frontera con Guatemala ha disparado la migración. Es previsible que conforme avance el tiempo la presión estadounidense sobre México aumente por este tema. Tiene muchas herramientas para presionar.

2.- T-MEC. Aún no ha sido ratificado en el congreso estadounidense el nuevo tratado comercial. Es estratégico para las 2 naciones. Ahorita está vigente el viejo TLC, pero si los demócratas en el congreso americano no quieren aprobar el T-MEC, es posible que Trump decida romper con el viejo TLC. Tendría efectos devastadores para le economía (más para la mexicana que para la estadounidense), pero le daría discurso electoral y capacidad de presión política. Una delegación mexicana de alto nivel estuvo en Washington hace unos días para cabildear a favor del T-MEC. Ofrecieron que en México se aprobarán las nuevas leyes laborales (que quieren los del partido Demócrata) en abril, y eso puede detonar el proceso de aval al tratado en nuestro vecino del norte.

3.- Seguridad, drogas, armas. Estados Unidos ha ofrecido su ayuda tecnológica y de inteligencia al nuevo gobierno para combatir al crimen. Ambas partes quieren un México más seguro. Antes del 2o. semestre de este año se tienen que empezar a ver resultados, si no, comenzarán las presiones. Mientras, Estados Unidos se seguirá quejando del flujo de drogas y México del de armas.

4.- Los temas que (aún) no son tema. La crisis política en Venezuela y la protección a las inversiones estadounidenses (sobre todo en el sector energético), son asuntos que parecen calentarse en la cocina... pero aún no llegan a la mesa.

Esta vez, el tiempo no es aliado.

El presidente anuncia que espera respuesta del rey español y del gobierno peninsular, igual que también espera una postura del Papa Francisco, para que hagan un recuento de daños y presenten una petición de perdón a los pueblos originarios de México. A nuestros indígenas.

Es de suponer que el Papa Francisco responderá con algún texto breve y extremadamente diplomático, aunque no se sabe cuándo. El gobierno español ya se adelantó y rechazó tajantemente ofrecer una disculpa por algo que ocurrió cuando el Estado español ni siquiera existía. Pero además, lamentan que el propio López Obrador haya dado a conocer el contenido de la carta que le envió al monarca y que se suponía, era privada.

¿Cuál es el objetivo del presidente? Los 11 millones de mexicanos de las diferentes etnias en el país no han manifestado una postura que comulgue con el reclamo.

Este gesto presidencial tiene cierto resabio a la ceremonia realizada para solicitar permiso a la Madre Naturaleza antes de iniciar los trabajos del proyecto Tren Maya; se trata de un gesto que seguramente despertará simpatías populares, pero tendrá un impacto casi nulo en la realidad cotidiana de los pueblos indígenas en México.

Si este individuo [López Obrador] se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza.

Frente a la corona española y el Vaticano, que den disculpas, porque "todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas". El problema, que tampoco puede ocultarse, es que se compara con Estados Unidos. Más de 156 intervenciones en México, en el recuento del historiador Gastón García Cantú, forman parte de las heridas infringidas. Incluye la pérdida de 50% del territorio en la guerra de 1846-48, la ocupación de Veracruz en 1914 para evitar llegada de armas en apoyo a Venustiano Carranza, y la expedición punitiva contra Francisco Villa en territorio mexicano en 1916, luego de que el jefe revolucionario atacara Columbus, en Nuevo México.

El espejo estadounidense se coloca frente a la reciente visita de Jared Kushner, yerno del presidente Trump y asesor especial a cargo de las relaciones con Israel y con México, con el presidente López Obrador. El encuentro fue intenso, pero respetuoso, donde Kushner entregó -y lo dijo textualmente, explicaron funcionarios federales-, el mensaje de Trump: está en total desacuerdo con la política migratoria de México, porque en lugar de contener a los inmigrantes los deja pasar. Esa política está contaminando la discusión con los demócratas en Washington, explicó Kushner, y pone en riesgo la ratificación del acuerdo comercial norteamericano. Si el gobierno mantiene esa política, quedó claro, no habrá acuerdo y Trump repudiará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

López Obrador se dio cuenta que la relación con Estados Unidos está en problemas. Tras el cambio de gobierno, fueron degradadas en la Casa Blanca y la ventanilla se envió al Departamento de Estado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no es recibido en la Casa Blanca y Kushner tiene un contacto mínimo con él. El secretario de Estado, Mike Pompeo, lleva la relación con él, pero sus prioridades se encuentran en Venezuela -donde la Casa Blanca aún no se siente afectada por la posición neutral de México-, Irán y Corea del Norte. La reapertura de una ventanilla directa entre López Obrador y Kushner, fue buena para la relación bilateral, aunque los mensajes recibidos fueran ominosos.

En el encuentro de 3 horas con López Obrador, dijo un funcionario mexicano, Kushner expuso que el problema no era con la inmigración hondureña en general, sino con los criminales y los paquistaníes y sirios que, afirman, han aumentado su tránsito por México. El asunto es de seguridad nacional. López Obrador no había visto la dimensión del problema ni lo había atajado en las discusiones de gabinete donde se han confrontado 2 visiones antagónicas.

Por un lado, la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, principal promotora de dejar entrar a los inmigrantes, que se ha enfrentado con la posición de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con una visión pragmática del fenómeno. Los argumentos de Ebrard fácilmente desmontan los de Sánchez Cordero, pero el respaldo que le da el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había inclinado hasta ahora la balanza hacia el paso libre de migrantes, protegidos por la Policía Federal. El presidente, hasta la reunión con Kushner, los había respaldado.

Sin embargo, de acuerdo con los detalles de la conversación, esto se acabó. López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación para que comenzara a contener a los migrantes en la frontera sur. En paralelo, Sánchez Cordero viajó a Washington, donde este martes se reunirá con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirstjen Nielsen, para hablar sobre este tema. López Obrador no quiere tener problemas con Trump, pues sabe -ha dicho varias veces en privado-, que el único que puede descarrillar a su gobierno y afectar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. España y El Vaticano no le importan.

Pedir que ofrezcan disculpas no le afecta en nada por ahora, aunque los analistas internacionales lo coloquen en la trinchera de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, y Evo Morales de Bolivia. Felipe VI y Francisco pueden hacer sus reivindicaciones de los pueblos originarios y detonar un conflicto diplomático de la nada, pero con el Norte, respeto y subordinación tácita, como nunca nadie se imaginó que lo haría.

Ayer, se abrió un frente que parece innecesario: el conflicto con el gobierno español por el reclamo respecto a su demanda de que la Corona ofrezca una disculpa por la Conquista y sus consecuencias.

Se puede polemizar respecto a cómo debe verse la Conquista desde la perspectiva del siglo XXI.

Algunos pensamos que ese ente que hoy llamamos México tiene genes de los pueblos originarios de estas tierras y también de los españoles que invadieron el territorio.

La conquista de territorios no fue algo privativo de los españoles. Antaño, el Imperio Azteca se expandió a través de la conquista y el avasallamiento de otros pueblos.

Así que en la lógica esgrimida por el presidente López Obrador, bien podría exigirse a los herederos de los aztecas una disculpa por sus conquistas, tal vez tan mortíferas y crueles como las de los españoles.

Pero, en fin, sin entrar a esa discusión, resulta sorprendente que en este contexto se abra un frente más de conflicto.

Estamos en una coyuntura en la que sería mejor concentrar la energía en temas que tendrán un efecto mayor sobre la población, como el desempeño general de la economía, los problemas de Pemex, la seguridad pública, el combate a la corrupción, por citar sólo los más relevantes.

En términos internacionales, no se entiende tampoco que el gobierno mexicano, que se ha quedado virtualmente aislado con una posición tolerante frente a Nicolás Maduro en Venezuela, guste de abrir un potencial conflicto con el gobierno español.

Y peor aún, con la demanda de que el Vaticano también se disculpe, pareciera ignorar la disculpa pública que el Papa Francisco ya ofreció respecto a los abusos de la Conquista durante su visita a Bolivia en julio de 2015.

¿Será que López Obrador pretende que la disculpa sea específicamente a su gobierno?

Abrir demasiados e innecesarios frentes puede conducir a que al final se fracase en las tareas más importantes.

Sería bueno que alguien le dijera que no puede poner -sin costo- más "fierros en la lumbre".

El proceso mediante el cual se canceló la construcción nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México fue "equivocado", admitió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, durante la 102 Asamblea General de Socios de la American Chamber en México.

"Nunca fue la intención del gobierno intervenir en las comisiones de los bancos, pero con una iniciativa de algún legislador, que está en su derecho, se creó un gran mar, eso causa mucha incertidumbre, más que habíamos pasado por un proceso equivocado de cómo cancelamos el aeropuerto, no de la cancelación, sino del proceso", comentó Romo.

Un estudio de la consultora KPMG arroja que la incertidumbre que hoy viven los empresarios en México es mayor con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hace 6 años, en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero no en la misma magnitud que cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Lo anterior, sobre todo, por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de acuerdo con Roberto Cabrera, socio líder nacional de Asesoría de KPMG en México.

"Para poder crecer, el gobierno debe darnos un paraguas de seguridad jurídica y física, lo que genera certidumbre y confianza, pero también es función del gobierno que las señales que mandan las diferentes dependencias vayan en congruencia con esto", comentó Romo.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2019).

El empresario Ricardo Salinas Pliego criticó varias acciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y sus programas sociales.

Salinas Pliego también dijo que los planes de infraestructura del presidente tienen poco sentido de negocio, al tiempo que criticó su estilo "centralizado" de gobernar.

"Como ejecutivo, tienes que aprender a construir un equipo y también a confiarles, delegarles y evaluarlos. Parece que AMLO tiene un problema para confiar y delegar", dijo.

Pliego levantó duras críticas contra los programas sociales impulsados por López Obrador al decir que "las políticas de izquierda, en las que el estado provee bienestar a las masas, han fallado, punto. No hay un solo caso de éxito", dijo.

Una de las cosas se han platicado con el gobierno, explicó el empresario, es que las empresas pudieran hacer que sus inversiones fueran deducibles de impuestos de manera inmediata.

Paco Calderón
(24 de marzo de 2019).

Al inaugurar el nuevo estadio de Los Diablos Rojos del México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recibió abucheos y rechiflas, además de muestras de apoyo de parte de los aficionados que se congregaron en este nuevo inmueble.

"Hay algunos de la porra del equipo fifí, pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y del Rey de los Deportes. Vamos a impulsar todos los deportes y vamos desde luego a impulsar el beisbol", resaltó el primer mandatario ante un repleto recinto escarlata.

"Quiero terminar agradeciendo a Alfredo Harp Helú, principal promotor del beisbol en México", agregó Obrador, quien junto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudieron como invitados de honor a la inauguración del nuevo hogar para el México.

"Ahora sí vamos a pichar, les voy a seguir tirando pura pejemoña, los voy a seguir controlando, con liza, con recta de 95 millas y con curvas, vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder, muchas gracias amigas y amigos", agregó.

Después de la recta proveniente de su diestra, López Obrador se retiró y los presentes, de nueva cuenta, le dedicaron gritos.

Es difícil estar de acuerdo con Maryfer Centeno en el generoso calificativo de "su sonrisa siempre espontánea del presidente López"; cuando en realidad la hemos visto transformarse de manera más que versátil, de bondad en triunfo; de rictus iracundo en hipócrita "yo no fui" de vernácula canción ranchera, cuando intenta infructuosa y cándidamente disimular sus típicas contradicciones personales; de senil ingenuidad en hostil ironía...

Los banqueros son muy institucionales, pero también pragmáticos. Más les vale: es un sector que es intensivo en relaciones con gobierno. Representan un negocio multimillonario que depende tanto del mercado como de las decisiones de las autoridades. No se pueden dar el lujo de confrontarse abiertamente, tampoco el de no entender en qué dirección sopla el viento.

Con las grabadoras apagadas, los banqueros expresan su temor en temas como la regulación de comisiones y el efecto que podrían tener algunas de las decisiones del nuevo gobierno en el clima de negocios. El aeropuerto, el sector energético y el nuevo escenario laboral-sindical son temas a los que aluden para ilustrar sus preocupaciones, además de la libertad de los legisladores para hacer propuestas que podrían cambiar las reglas del sector financiero.

Entienden que las cosas han cambiado. On the record se muestran casi optimistas. Off the record se les nota más bien resignados. Saben que hay muchas cosas en las que hay que dar vuelta a la página, pero argumentan que no se puede tapar el sol con un dedo. Utilizan la palabra incertidumbre, una y otra vez. Les preocupa también la capacidad de implementación de los planes. Preguntan, aunque creen que saben la respuesta: ¿hay capacidad para ejecutar los grandes planes, sin desbordar los presupuestos?

"No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias", dice Esteban Moctezuma, secretario de Educación. No se evaluará siquiera a quienes obtengan nuevas plazas docentes. Esto presagia una caída en la ya escasa calidad de la educación pública, pero no es suficiente para una CNTE que siente que ya recuperó el control del sistema educativo.

¿Qué tal si dejamos de seguir las diarias y cada vez más irrelevantes y aburridas conferencias de prensa matutinas, en las que reporteros obligados por las circunstancias se presentan para hacerle preguntas de todo tipo al presidente, las cuales responde con lo que le viene en gana, y si alguna llega a ser comprometedora la evade, aprovechando el momento para repetir hasta el cansancio discursos de campaña, justificar pifias, atacar y denostar a sus críticos, o culpar al pasado por el presente, sin ninguna muestra de planificación profesional o experta para el futuro?

¿Qué tal si las organizaciones de la sociedad civil, en lugar de reaccionar al vapor y descoordinadas a cada una de las acciones o a cada una de las ocurrencias del nuevo gobierno, se unen para una vez al mes de manera ordenada, convocar a una conferencia de prensa y manifestar en ella su opinión y sentir, los apoyos o críticas que según el caso procedan, respecto de las propuestas, acciones u omisiones del gobierno en turno, para controlar la agenda del interés nacional y que la sociedad tenga la oportunidad de escuchar otras voces y opiniones además de la del presidente y sus colaboradores?

¿Qué tal si en lugar de aplaudir y medir el desempeño del gobierno con base en el combate a la corrupción, cuyos participantes ni siquiera son castigados, lo medimos con base en la mejora de la calidad de vida, excluyendo de esta medición las dádivas y subsidios que la disfrazan?

¿Qué tal si exigimos que el gobierno aplique la ley y castigue a quienes bloqueen vías de comunicación, roben gasolina o lo que sea, y en el combate a la corrupción con la debida presunción de inocencia, investigue, denuncie, juzgue y en su caso condene a los culpables?

¿Qué tal si en lugar de dividir al país en chairos y fifís o en amloístas y anti-amlos, lo dividimos en los que acatan o desacatan la ley, en demócratas y antidemocráticos, en cívicos y no cívicos, en éticos y no éticos, de manera que en la exclusión o inclusión de unos y otros vaya una dosis de educación en lugar de una dosis de odio?

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un documento donde afirma no buscará su reelección y por tanto dejará la investidura en 2024. Lo anterior ante la crítica de su propuesta, e inicio del trámite para integrar a la Constitución la figura de la revocación de mandato. Mexicanizada de forma muy peculiar. En lugar de significar en teoría un arma de la ciudadanía, para llamar a votar si tal o cual gobernante termina o no su periodo. La revocación lopezobradorista es un juego donde decidirá el mismo presidente a su antojo, si la echa a andar. Además se llevaría a cabo junto con la próxima elección federal intermedia la cual implicará la elección de alrededor de 10 gubernaturas y demás. Diré lo evidente. La entrada del presidente (dada su popularidad) a la contienda, romperá aún más con su equidad.

AMLO en su carta, afirma sólo tratarse del cumplimiento de un compromiso de campaña. Y parece dirigida no al pueblo de México, tal como se anuncia, sino para aquellos entendemos dicha revocación como un elemento más para prever su futura reelección. El problema es todo lo demás. Lo pudo haber dicho todo claro y bien en un par de párrafos. Pero salió muy mal redactado. Banal. Descuidado. Mal estructurado, innecesariamente majadero y amenazante. Con fastidia y arrogancia, y con un enorme desprecio hacia sus críticos. Impropio de la investidura. Quizá el documento más impropio jamás firmado por un presidente de México en funciones.

Aparte, deja un montón de dudas. De ambigüedades. Van algunas partes del mismo. "Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores -que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía-, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024". "Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia el día preciso que marca la ley y que en 2024 me iré allá por Palenque". Y enseguida va esta joya: "Pero también les digo con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia en el poder". Antes señala: el pueblo pone y el pueblo quita, aunque luego afirma estar en contra de la reelección presidencial por ir en contra de sus principios y se afirma maderista. Y es precisamente lo más más confuso del mensaje haber usado así el término pueblo. Porque desde su discurso él, López Obrador es el Pueblo en mayúsculas. Así, él se quita y pone. Pero no se le eligió para ser el Pueblo, sino para ser el Presidente.

Ahora bien, el documento también llama a la especulación. Si efectivamente AMLO no buscará la reelección, ¿a qué se deberá? ¿Implicará temas de salud? Quizá él ya sepa físicamente no aguanta otro sexenio. A la mera, esa es la razón de la rabia y tristeza transmitida en su carta. Creo deberíamos saber más sobre su salud. Pero total, yo así entiendo el mensaje dirigido a sus críticos y/o adversarios: Me reelija o no, me encargaré de la irreversibilidad del nuevo régimen, y para ello no les permitiré llegar al poder ni criticarme. Una amenaza rabiosa, triste.

Luego del freno de la iniciativa para la revocación del mandato en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la acción como algo semejante al desafuero que vivió en 2006, porque sus opositores no querían verlo en la boleta electoral.

"El que no quieran aprobar la revocación del mandato, argumentando de que no voy a ir en la boleta, es algo parecido a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que yo fuera en la boleta del 2006, inventaron que había incumplido la decisión de un juez, que había violado un amparo, que había yo construido un camino para un hospital", dijo.

Aclaró que no cambiará la fecha de la revocación de mandato, que se realizará en julio de 2021 con las elecciones federales, porque será una boleta diferente.

"Es una boleta aparte, es aprovechar que se va a llevar a cabo una elección para elegir al nuevo congreso y otros cargos pero es una urna a parte donde lo único que se va a preguntar es que si quieren que continúe el presidente o que renuncie, sí o no. Y ya es eso".

Por otra parte, López Obrador descartó que el encuentro que tuvo con Jared Kushner se haya dado "en lo oscuro", ya que estaban presentes testigos y "se informó puntualmente"” del encuentro que se dio en términos amistosos.

(V.periódico El Financiero en línea del 22 de marzo de 2019).

"Yo vengo de un movimiento liberal", dijo el 19 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. A sus críticos los descalifica habitualmente como "conservadores" o "neoliberales", sin hacer distinción entre los términos.

López Obrador, sin embargo, no parece entender el liberalismo. Muchas de sus posiciones son abiertamente conservadoras. No debería haber vergüenza en ello, si las posiciones son honestas, pero el régimen busca aparentar un ascendiente liberal del que carece.

El término "liberal" proviene de "libertad". El liberalismo es la "doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos" (Diccionario, Real Academia Española). López Obrador puede ser progresista, socialdemócrata o socialista por su insistencia en elevar la intervención del Estado en la economía, puede ser nacionalista o proteccionista, como Donald Trump, por su afán de construir una economía autosuficiente o puede ser conservador por sus ideas morales y religiosas, pero no tiene nada de liberal. "Lo que López Obrador entiende por juarismo", según Rafael Rojas, "es más nacionalismo o republicanismo que liberalismo".

Los liberales del siglo XIX defendían las mismas posiciones que los del siglo XXI. Querían una menor intervención del Estado en la economía, mientras los conservadores buscaban un mayor control. Proponían una mayor competencia económica, cuando los conservadores defendían los monopolios de la corona o del gobierno, predecesores de Pemex y la CFE.

Para los liberales mexicanos del siglo XIX, como para los de hoy, el libre comercio interno y externo era indispensable para construir una sociedad más próspera. El sistema capitalista de Estados Unidos era para ellos el mejor modelo para que México escapara de la pobreza; los conservadores, en cambio, admiraban la Europa monárquica de gobiernos fuertes.

Los liberales se oponían a la propiedad colectiva de la tierra. La Ley Lerdo de 1856 desamortizó -privatizó- los bienes de manos muertas, tanto de la Iglesia como de las comunidades indígenas, predecesores del ejido. Para los liberales solo la propiedad privada en un mercado libre podía generar prosperidad. Cuando algunas comunidades indígenas se negaron a la desamortización de sus tierras, Juárez envió tropas para tomar posesión de ellas.

Si la Ley Lerdo eliminó las tierras comunales indígenas, la Ley Juárez de 1855 decretó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La disposición eliminó los fueros militares y clericales, pero también la tutela especial que recibían los indígenas desde la época colonial. Para Juárez era indispensable que los indígenas tuvieran todos los derechos y obligaciones de un ciudadano para competir y prosperar. Los tratos especiales que hoy tienen los indígenas, para la realización de consultas, por ejemplo, serían considerados conservadores por Juárez. Hoy podemos también señalarlos como racistas.

Es loable que un presidente conservador como López Obrador recuerde hoy a un liberal como Juárez. Pero no celebremos nada más el liberalismo en abstracto. Defendamos las ideas liberales.

En enero y febrero pasados fueron asesinadas un total de 5,803 personas en México. Esta cifra convierte al 1er. bimestre de 2019 en el más violento del que haya registro, rompiendo el récord de homicidios que para este periodo se había alcanzado en 2018. La tasa de homicidios creció 13% de un año a otro.

Así lo muestran los datos actualizados de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El reporte arroja que febrero es el mes con mayor promedio diario de homicidios de los 3 que lleva el actual sexenio; de hecho, se trata del febrero con más asesinatos de los últimos 21 años.

Estos datos también prueban que existen más homicidios de los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad reportan diariamente, y que el promedio diario de asesinatos ha crecido. El subregistro en la información del presidente es de más del 20% de los homicidios.

El dictamen de la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato, deberá ser rechazado por mal hecho, tendencioso y antidemocrático. Prevé solicitarlo con 3% de firmas del padrón -el estándar en las naciones es 20%- con un umbral de participación de 25%, el respaldo de 33% del congreso y el Senado, o una solicitud del ejecutivo. Establece que sea un referéndum concurrente con las elecciones intermedias, cuando lo normal es después del medio término, para eliminar el factor de la popularidad del gobernante. Es decir, prepararon un manjar para el paladar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Senado, donde querían debatirlo y aprobarlo este mismo jueves, no se va a poder. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admite que no hay consenso y que se tendrá que discutir de manera más amplia. La oposición afirma que el dictamen es inaceptable, pero su argumento es que no quieren que la fotografía de López Obrador esté en la boleta electoral porque haría campaña por candidatas y candidatos de Morena. Se puede argumentar que tienen razón. Si eso sucediera, es probable que Morena los barra en las elecciones y que algunos partidos como el PRI y el PRD, caminen a su desaparición.

Con una visión de corto plazo, la oposición quiere legislar una reforma de gran calado. Intelectuales y políticos han identificado otro riesgo, abrir la puerta a López Obrador para que busque la reelección presidencial en 2024.

López Obrador, que realizó 2 referéndums sobre la revocación de mandato cuando gobernaba la Ciudad de México, en 2002 -a los 2 años de haber iniciado- y en 2004, pero no en 2003, cuando se realizaron elecciones intermedias. Aduce que el cambio de año es por razones de costo -papelería y capacitación de funcionarios de casilla, por ejemplo-, lo que parece baladí frente a decisiones costosas e inútiles en materia presupuestal, pero altamente redituables para su narrativa de cambio, como poner en venta el avión presidencial que, hasta la fecha, sólo ha costado su hospedaje en Estados Unidos y su mantenimiento, o el despilfarro, hasta ahora, de 100,300 millones de pesos porque 700,000 personas, muchas de ellas en zonas indígenas y rurales en Chiapas, Tabasco y Veracruz, votaron contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.

La revocación de mandato no es un recurso que necesariamente fortalezca la democracia, sino que, de acuerdo con una línea de pensamiento amplia, la limita. En América Latina, los únicos países que tienen este recurso a nivel presidencial son Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos la discusión se dio desde los Papeles Federalistas en el Siglo 18, y hasta hoy no se aplica a nivel presidencial.

En países donde los mandatos son fijos, el sistema crea una certidumbre para la gobernanza. Plantear un referéndum sobre revocación de mandato a la mitad del término, reduce el periodo, para efectos de planeación, a 3 años, insuficientes para el desarrollo de cualquier proyecto de largo plazo, para la implementación de políticas públicas, para el entorno de inversiones y para la estabilidad política. En países donde existe la revocación de mandato, se llegan a dar paralizaciones de los funcionarios electos para evitar las malas evaluaciones de los electores. El otro es el impacto en la legitimidad, donde al ganarse una elección, el mandato es para cumplir con el plazo establecido, por lo cual, al incorporar el recurso a medio término, altera esa legitimidad y daña el orden de la sociedad, a la que se pretendía dotar de un instrumento democrático para empoderarla.

Encerrona en Palacio Nacional. 27 de febrero de 2019. El presidente López Obrador pide a su gabinete cuidar los nombramientos que hacen en sus dependencias. Dice coloquialmente que no quiere que le "metan goles".

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, nombró al frente del estratégico puerto de Manzanillo a un hombre cuyo perfil se dibuja desde varios ángulos: es un próspero empresario, fue funcionario en sexenios panistas, ha creado compañías que no ha declarado, es capitán de la Marina, piloto aviador. Se llama Héctor Mora Gómez. Es el director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo.

El capitán Mora Gómez ya había ocupado ese cargo, de 2003 a 2006. Entonces ya era propietario de 2 compañías en Colima: Propeco S.A. de C.V. y Prefabricados de Calidad S.A. de C.V., fundadas en 2002. La 1a. se dedicaba a la gestión de residuos sólidos municipales y la 2a. fabricaba pisos y alquilaba maquinaria de construcción.

Al término del sexenio, el capitán incursionó en el negocio del transporte de carga y el rastreo satelital de contenedores, muchos de los cuales entran y salen por el Puerto de Manzanillo. Esto, para los estándares de la mañanera, califica como rampante corrupción neoliberal.

La declaración patrimonial del capitán Mora. Tiene hasta este viernes para presentarla. A ver si no se le olvidan propiedades... como a su jefe Jiménez Espriú.

Paco Calderón
(20 de marzo de 2019).

El lunes 18 de marzo, en el Aniversario 81 de la expropiación petrolera, hablaron el presidente, la secretaria de Energía y el director general de Pemex. Lo más importante no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron.

No dijeron nada, y es una mala noticia, respecto a un nuevo o al menos un mejorado plan financiero para apoyar la precaria situación económica de Pemex. Es más, ni al secretario Urzúa ni al subsecretario Herrera se les vio en "la mañanera" o en el evento en Tula. Lo más cercano a los temas económicos fue la mención del ya conocido plan de 5,500 millones de dólares. Pero nada se comentó acerca de una inyección adicional de recursos frescos.

No dijeron nada, y eso es buena noticia, de aquella pésima idea de tomar 15,000 millones de dólares del fondo petrolero. Ojalá no se la estén guardando. Ojalá ya se hayan arrepentido.

Tampoco dijeron nada de que urgen cambios en el estrangulante régimen fiscal para aliviar la presión económica. Ni de la renegociación de la deuda o la cancelación de proyectos sin sentido, como Chicontepec.

Y con todo ello, no me queda claro que hayan entendido que el más grave problema de Pemex es financiero.

Sí dijeron que se respetarían los resultados de las primeras licitaciones de bloques al sector privado. Pero lo que no dijeron, pero se entendió claramente, fue que detrás del reclamo del presidente hacia los ganadores de las rondas de la reforma energética porque no han producido ni un barril de petróleo, parece estar considerando concederles un periodo de gracia para que efectivamente lleguen las inversiones y comience a recuperarse la capacidad de extracción de crudo; de otra forma, entonces quién sabe si se mantendrá el discurso de que respetarán los contratos. La cuenta regresiva de la 4T está corriendo.

Sí dijeron que van a invertir más en pozos. El director de Pemex parece que finalmente identificó uno de los más graves problemas de la empresa que recibió: el declive en la extracción de petróleo crudo. El diagnóstico que hace de la situación es impecable: se dejó de invertir en pozos exploratorios y productores (de 1,200 a sólo 160 en el sexenio de Peña). La conclusión es clara: sin inversión no hay extracción. Por eso, ahora proponen invertir en más de 500 pozos durante 2019. Gran idea. El único problema es que sigue sin quedar claro de dónde van a sacar el dinero, pues las planean hacer sin capital privado y sabemos que Pemex no tiene recursos. Ahí se escuchó otro tropezón: volvieron a la carga contra las calificadoras, argumentando que cuando se invirtió menos se subieron las calificaciones, y ahora que se piensa invertir más, les dicen que les bajarán la calificación. Ese no es el problema. El problema es de dónde van a sacar el dinero para invertir, el problema es que las calificadoras no les creen que lo puedan hacer sin comprometer aún más la frágil economía de Pemex.

Y, ni hablar, sí dijeron que harán la refinería en Dos Bocas. A ver si no se vuelve el "error de marzo". Llamó mucho la atención que la secretaria Nahle declaró muy orgullosa que los trabajadores de Pemex van a ser los encargados de la rehabilitación. Para ello, anunció, la refinería de Ciudad Madero cuenta con casi ¡5,000 trabajadores!, la de Salina Cruz con ¡2,500! y la de Minatitlán con ¡3,400! Lo que no dijo es que cualquier refinería eficiente del mundo, incluso la de Pemex en Texas, opera con 500 empleados. Eso, junto con decisiones operativas sin sentido tomadas en los últimos meses, como meterle crudo pesado a plantas que no están diseñadas para eso, ha dado al traste con la capacidad de refinación. Eso, por cierto, tampoco se dijo.

El patrón de insultos y calumnias contra Enrique Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que cuestione al presidente, aun cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales. En un texto que publicó en el portal Sin Embargo, Sanjuana Martínez, cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y nueva directora de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, "la guardia pretoriana" del presidente.

La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quien disienta del ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión. López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de los que ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aún estando en desacuerdo con sus ideas como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.

AMLO tiene la agenda diaria, los altavoces requeridos y el monopolio del mensaje legítimo. Lo que diga es verdad y su palabra será retransmitida 100 veces más que todas las que evidencian que hay mentiras, manipulaciones y errores en las decisiones tomadas.

En el caso del Presidente de la República el episodio es un formidable acto de propaganda que nada tiene que ver con un cambio objetivo de la realidad. Lo que hay es un radical cambio en el marco normativo, pero hoy nadie tiene mejor empleo, más seguridad o mejor futuro por lo que haya hecho AMLO o haya aprobado Morena.

En la Ciudad de México, los 100 días fueron un penoso actito de propaganda que sólo empequeñeció a la jefa de Gobierno. Como es imposible que hayan cambiado las cosas importantes en 12 semanas y ella no tiene el potente aparato para inflar y hacer de su mensaje el único que se oiga, Claudia Sheinbaum termina por informar cositas, como que ya tiene una página que sirve como el Inegi para la ciudad pero con mapitas, que un edificio que se cayó hace 2 años ya fue reconstruido y que en lugar de que 5 chilangos sean asesinados al día, hoy son 4 punto y algo.

Y pues claro, si considera que ese es su logro (y para empezar es penoso), entonces también se le pueden cargar a ella los incrementos en más de 250% en violaciones o asaltos a transeúnte, pero no porque sean su culpa sino porque ella empezó al mostrar como logro un ridículo decremento en asesinatos. Lo importante, en todo caso, son las interesantes estrategias policiacas que ya adoptó, pero esos no son resultados.

Paco Calderón
(19 de marzo de 2019).

Iracheta
(19 de marzo de 2019).

La conferencia mañanera es el principal acto de campaña del presidente y a la vez su más eficaz arma política.

Pero también, casi a diario, pone a temblar a sus funcionarios: a ver qué se le ocurrió al jefe hoy.

Ya son varios integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador que se quejan -medio en serio, medio en broma- de que tienen que sintonizar las mañaneras, o poner a alguien de toda su confianza a verlas en vivo, porque no saben qué día el primer mandatario dicta desde ahí una política pública que tiene que ver con su área pero de la que ellos no tienen ni la más remota idea: anuncia que habrá un plan de tal cosa, o que al día siguiente se presentará el programa de otra, y ¡todo mundo a correr! Todo mundo a la oficina a sacar los datos, las cifras, las ideas, preparar un Power Point para tratar de aparecer a la brevedad con la promesa del Presidente echada a andar.

Y, claro, así como hay quienes hacen faena al toro, también ya son varias las ocasiones en que funcionarios públicos de distintas importancias quedan evidenciados por no estar en sintonía con la palabra presidencial, por presentar bosquejos de información que lucen hechizos, por anunciar programas que cuando se "detallan" siguen en las generalidades debido a que aún no están listos para echarse a andar.

Un equipo con capacidad de reacción es deseable. Un equipo motivado por su líder también. Pero un gobierno que tiene que improvisar sobre las rodillas suele tropezar consigo mismo y generar un daño indeseado.

No hay que poner todos los huevos en la canasta de su instinto. Habrá que guardar unos en la canasta de la planeación. Al cabo que planear no es neoliberal.

Vista con otra óptica, la cancelación de la reunión México-Alemania sobre políticas energéticas, que se iba a llevar a cabo hoy martes, es una buena noticia.

Porque como están las cosas, lo importante es que la imagen de Petróleos Mexicanos en el exterior no se deteriore. A Pemex y a la política energética les urge enviar al mundo mensajes que disipen las dudas sobre la viabilidad financiera de la empresa y de lo que el gobierno de López Obrador quiere hacer con ella y con la CFE. Y una reunión de Rocío Nahle, o su equipo, con funcionarios alemanes podría ser un riesgo enorme. Qué tal si lograran justo lo opuesto: sembrar más dudas.

En este caso, entonces, más vale que critiquen al gobierno por lo que no dijo en ese foro, antes que por lo que dijo. Gracias Rocío, por tu prudencia.

Pero como ya se sabe que la tranquilidad, como la felicidad, son un bien de naturaleza efímera, ayer surgieron nuevos motivos de preocupación. Y Nahle parece que en esta ocasión no quiso cuidar ya no digamos a México, qué va, ni siquiera a su jefe, que no es otro que el Presidente de la República.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, hizo que ayer su jefe asumiera un compromiso público de algo que, salvo ella, quién sabe quién más se crea: que una refinería se puede hacer en 3 años y que costará 8,000 millones de dólares y ni un centavo más.

Circulan versiones de que incluso dentro del gobierno hay quien ya advirtió que ni esos tiempos ni ese monto son posibles, pero que Nahle no le quiso comentar ese pequeño detalle a su jefe, pasándole la papa caliente a Octavio Romero, director de la petrolera.

Además, esos 3 años comienzarían en 2020, cuando se pueda hacer uso de presupuesto para ello. Y a lo mejor ahí está oculto el patriotismo de Nahle, que hoy estaría ganando tiempo para, llegado el plazo fatal, quitarle la venda de los ojos a Andrés Manuel y desengañarlo.

Qué bueno contar con Nahle, que seguro en su momento le dirá a AMLO que lo de Dos Bocas no va porque costaría (mucho) más y tomaría (mucho) más tiempo. Corrección que sería una gran noticia de PEMEX para el mundo.

"Yo no vería mal que las iglesias tuvieran medios de comunicación", fue el escalofrío de ayer en la mañanera de López Obrador. El problema no es que no lo vea mal, pues como él dice, es una opinión muy respetable, sino que es la 2a. vuelta -el jueves pasado fue la 1a.- para aflojar una tuerca que, con todo respeto, sí pone en riesgo el estado laico, una institución fundamental en nuestro país. Por si el argumento no fuera suficiente hay que entender que una decisión así abre un "mercado de salvación" que nada tiene que ver con la pluralidad religiosa sino negocios, de eso que Renée de la Torre -siguiendo el concepto de videocracia de Regis Debray- definió como videogracia: la mercantilización de bienes y servicios de salvación acompañados de la puesta en circulación de objetos sacros reconvertidos en mercancías.

El espectro radiofónico es propiedad del Estado y desde ese punto de vista es absolutamente inviable que las iglesias puedan acceder a canales permisionados, esos que el Estado cede sin costo, pero también sin posibilidad de comercialización, a universidades, gobiernos estatales o comunidades. Hoy en día las iglesias, en ejercicio de su libertad de creencia y expresión, ya tienen acceso a radio y televisión comprando horas o incluso canales completos de cable: en la televisión abierta hay 11 horas diarias de programas de la Iglesia Universal del Reino de Dios (mejor conocida como "Pare de sufrir") y en cable hay varios canales religiosos, el más conocido de ellos es sin duda María Visión. Cada iglesia se hace cargo y encuentra maneras distintas de gestionar, producir el contenido y pagar el tiempo.

Darles a las iglesias frecuencias de radio y televisión permisionadas, amén de los criterios para decidir a cuál sí y a cuál no (hay 7,000 denominaciones inscritas en Gobernación) tiene otro problema de carácter económico. Dejando de lado la fe y el derecho inalienable de cada persona a creer en el dios o el no-dios que quiera y la obligación del Estado de velar por ese derecho (de ahí la importancia de que éste sea radicalmente laico) la oferta de salvación es un mercado como cualquier otro y cuando pasa por los medios adquiere características de show business.

Mientras países como Angola, por citar un ejemplo reciente, están reglamentando a las iglesias para impedir que se conviertan en depredadoras de pobres a través de la manipulación mediática, en México, el 2o. Estado más laico del mudo, solo después de Francia (al menos en la letra), pretende dar un paso atrás solo para cumplir con un extraño compromiso del presidente con algunas iglesias evangélicas. Por cierto, y solo para saber qué opina el pueblo, 67.9% de los mexicanos no está de acuerdo con que las iglesias sean propietarias de medios de comunicación de acuerdo con la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas realizada en 2016 por la Red de Investigadores del Fenómeno religioso en México (Rifrem) y Demoscópica.

Ay, si Juárez viviera, AMLO... una revolcada sí te pusiera.

Enrique Krauze aseguró que las acusaciones que la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, realizó en su contra son "una bravata".

"Tatiana Clouthier es una diputada con fuero y habla desde el poder. Decirme que nos vemos en tribunales es una bravata".

El historiador señaló que "no existe, ni va a existir nada que implique que maquiné contra el presidente", como denunció la diputada de Morena.

(V.periódico El Financiero en línea del 19 de marzo de 2019).

El gobierno presenta acusaciones contra el documental Populismo en América Latina. ¿Y Esto soy de Epigmenio Ibarra? ¿Y el video de la Niña Bien de YouTube? ¿Y tantas otras películas pro AMLO y anti-PRI? ¿Realmente queremos más censura?

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó tener listas de 15 columnistas que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibieron alrededor del total del presupuesto de comunicación, por lo que cada uno de ellos habría recibido mil millones de pesos. Ninguno de ellos entraría en la lista de los multimillonarios de Forbes, pero no estaría nada mal. Cada uno de ellos habría generado al día 2.7 millones de pesos. Con ese dinero en la bolsa, todos o la gran mayoría de ellos, habrían estado en condiciones de comprar el medio para el cual trabajan, o garantizar la vida de generaciones de su familia.

En una entrevista posterior con la revista Contralínea, Ramírez Cuevas añadió que esos pagos no sólo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y "menciones" favorables al gobierno de Peña Nieto en columnas y noticieros. Dijo tener contratos de ello, aunque dejó ver que están incompletos, porque "muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno". Lo que revelan sus palabras es que tiene una miscelánea de cosas, como convenios de publicidad que son regulados por normas y por los que se pagan impuestos, contratos adicionales por otros rubros, con sus correspondientes cantidades y los impuestos que hay que pagar, así como un alto volumen de pagos que no tienen manera de documentarse, de los que tiene pruebas.

Ramírez Cuevas declinó dar los nombres de las personas aludidas, pero Contralínea publicó su propia lista, que viene de una relación imprecisa y tendenciosa publicada previamente en la misma revista, donde los enumera -quien esto escribe aparece en el 1er. lugar de la clasificación- y adjudica a cada uno de ellos la inverosímil cifra de ingresos individuales por mil millones de pesos. Algunos periodistas están convencidos de que se la dio Ramírez Cuevas, quien ha dado muestras de temeridad acusatoria, que cuando menos pareció avalar lo dicho en la publicación porque no sintió necesidad de una corrección contextual a lo difundido, o un deslinde siquiera.

Hasta ahora, no se ha dado, o no se sabe de que algún periodista de los aludidos haya sido víctima de robo o secuestro, al ser mil millones de pesos una cifra bastante atractiva para jugar el riesgo de un crimen. Lo que sí provocó fue una renovada campaña de difamación en las redes sociales, con nuevos memes circulando en Twitter y Facebook con las fotografías de cada uno de los millonarios de Ramírez Cuevas, acusándolos de corrupción. No es nuevo.

Personas asociadas a Morena o cercanas a él llevan meses difundiendo mensajes de odio calumniando y difamando columnistas. En cerca de 6 meses de campaña ininterrumpida, según una empresa que hizo un somero análisis de Twitter, más de 5 millones y medio de retuits fueron hechos sobre la 1a. lista, denominada de "chayoteros" -la palabra que en el argot periodístico mexicano es equivalente a corrupto-, y sobre una 2a. lista fabricada donde los llamaron "huachicoleros", palabra convertida hoy en eufemismo de criminal.

La imputación que acompañó esas listas era que como estaban "vendidos" al gobierno de Peña Nieto, ocultaron críticas y callaron ante la corrupción o el robo de combustible. Son palabras que casi textualmente ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con diferente fraseo usó Ramírez Cuevas en Contralínea. En las hemerotecas y videotecas, o en las búsquedas simples en la red, se podría corroborar que los señalamientos son falsos. Puede haber diferencias en los niveles de crítica a Peña Nieto y a su gobierno, y ellas también pueden compararse en los trabajos de los periodistas, pero de lo que a simple memoria uno puede alegar, es que todos, sin excepción, llevan años refiriéndose al robo de combustible.

Las difamaciones y las calumnias no tienen sustento en el trabajo periodístico, sino en la construcción de la idea de que ese grupo, donde la coincidencia es que nadie es incondicional del presidente o está al servicio del vocero, es corrupto. Esta idea ha sido sembrada de manera sistemática por años, pero se intensificó en 2018 y se profundizó en 2019, que corresponde al patrón de demolición de instituciones que ha seguido el presidente López Obrador.

El trabajo de convertir todo en cenizas para de ahí reconstruir "el nuevo régimen", tiene como motor las campañas de odio en las redes sociales. La semana pasada el Laboratorio Interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dio a conocer un estudio sobre tendencias y tipologías en Twitter durante los 2 primeros meses de este año, y entre otros hallazgos encontró la permanencia de "una narrativa de la prensa como enemiga", a través de 16 comunidades en esa plataforma y un centro generador de discusiones, desde donde salen las campañas de mensajes virales que buscan la estigmatización a medios de prensa convencionales y periodistas de larga trayectoria (curioso, de carreras profesionales no habla nadie).

El ITESO identificó a varios de quienes magnifican estas campañas de odio -que en la víspera de la agresión a los periodistas se tomaron fotos con Ramírez Cuevas en Palacio Nacional-, y alertó que ese tipo de ataque podría hacer que "las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques". El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ya tiene solicitudes de intervención, pero no ha hecho nada aún.

El tema del acoso a la prensa empezó a saltar las fronteras, pero a Ramírez Cuevas no parece preocuparle. Él aprieta el acelerador, como se aprecia en las comparecencias matutinas del presidente, donde planta preguntas sustentadas en calumnias que presuntos periodistas hacen a López Obrador. El presidente evade la respuesta directa, pero avala el fondo. Dice que respeta la libertad de expresión, pero las señales van en camino opuesto. Esta confrontación apenas comienza.

López Obrador tiene una obsesión por el petróleo y por el rescate de Pemex.

Para el presidente, Pemex es otra cosa, más allá de la principal industria nacional, para él es un símbolo de lo que el país fue y de lo que él cree que puede ser. En muchos sentidos el proyecto económico de Andrés Manuel es "pemexcentrista", rescatar a la empresa es rescatar a la economía nacional, pero ¿Qué pasa si no lo logra, si el diagnóstico no es el adecuado o si simplemente nos topamos con una enorme pared llamada sindicato?

De las petroleras nacionales Pemex es la más improductiva. El nivel de producción por número de trabajadores es el peor de todas las empresas comparables, las empresas de estado; peor que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o que la petrolera brasileña (Petrobras), no digamos si la comparamos con la empresa noruega. Refinar en México es caro y malo. Si los gobiernos anteriores optaron por refinar en Estados Unidos rentando plantas allá fue por lo improductivo de nuestras plantas refinadoras. Podemos, otra vez, señalarles a los anteriores que no enfrentaron el problema de fondo y prefirieron darle la vuelta antes que arreglar la productividad de Pemex, el problema es que López Obrador está dispuesto a invertir un dineral en una nueva refinería sin tocar el fondo, la carga impositiva y la carga laboral, lo cual, dicen los que saben, es echarle dinero bueno al malo.

La refinería de Dos Bocas tiene un enorme valor simbólico para la actual administración, pero podría ser también el Waterloo de la visión económica. No son pocos, entre ellos el Instituto Nacional del Petróleo (INP) los que consideran que Dos Bocas no es viable ni económica ni ambientalmente, pues difícilmente se verá un barril refinado antes de terminar el sexenio, su retorno económico es bajo, está en la cuenca con más refinerías del mundo (el Golfo de México) y generará un desastre ambiental en la zona. En una empresa técnicamente quebrada esta podría ser la acción que termine por sacar a Pemex del grado de inversión.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una decisión polémica por su impacto económico, pero sobre todo en la confianza de la inversión; la construcción de la refinería de Dos Bocas es una obsesión que puede convertirse en el punto de quiebre de Pemex: desde el punto de vista del presidente, la salvación; desde una visión financiera, el hundimiento.

El turismo es una industria dinámica que necesitó un fuerte impulso por parte de diferentes entidades gubernamentales junto con inversiones importantes por parte de la iniciativa privada para posicionarnos como un destino atractivo, moderno y con un gran potencial.

Es por lo anterior que no entendemos los "golpes" que ha recibido últimamente:

La cancelación del NAIM que entre otras bondades iba a convertirse en un hub (centro de conexión) que recibiría turistas de todo el mundo para que de ahí se trasladaran a destinos en toda la república.

La falta de apoyo a eventos como la Fórmula 1 y la NFL que, además de un escaparate para que muchas personas piensen en México como un destino para grandes eventos y no sólo por sus playas o ciudades coloniales, provocan una derrama importante para proveedores locales de servicios turísticos.

El proponer destinar para el proyecto del Tren Maya entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, provenientes de los recursos que anteriormente se destinaban a la promoción turística y de recursos públicos, cuya viabilidad económica aún no la conocemos.

La participación en dimensión, inversión y calidad mucho menor por parte de nuestro país en el ITB Berlín que con más de 50 años desde su creación, se ha convertido en la principal feria comercial de la industria de viajes en todo el mundo. Más de 180 países de 6 continentes y con más de mil compradores calificados se juntan para conocer destinos, desarrollar oportunidades de inversión y cerrar ventas.

No solo es importante sino deseable que invirtamos como país en infraestructura turística, siempre y cuando, para hacerlo, no se quite inversión a otros proyectos de carácter prioritario, lo que a la consideración de muchos empresarios del ramo sucede en este caso.

México cuenta con una ventaja comparativa que no todos poseen como la arqueología, playas, ciudades coloniales, pesca, la hospitalidad, el buen trato a los turistas, etc., y lejos de buscar que ésta se incremente, invirtiendo en su promoción, desarrollo de infraestructura a nivel nacional y no sólo regional, parece que estamos obsesionados con dedicarnos a un solo megaproyecto como lo es el anteriormente mencionado Tren Maya.

Espero equivocarme, pero si seguimos el mismo curso, ese 6o. lugar a nivel mundial [en recepción de turistas internacionales] pude convertirse en algo anecdótico afectando a miles de empresas pequeñas que ahora se dedican a atender a los visitantes y con la falta del arribo de estos vamos a tener que buscar incorporarlos a otra industria o convertirlos en beneficiarios de los nuevos programas sociales.

Los primeros 100 días del nuevo gobierno se han caracterizado por un discurso y por acciones que lastiman nuestros derechos y lastiman a nuestra democracia. De hecho, se han provocado discusiones que creíamos ya superadas en un estado constitucional democrático: el valor de la independencia judicial y de los órganos constitucionales autónomos, el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, y el reconocimiento de las organizaciones sociales como actores, no sólo válidos, sino necesarios para los procesos de deliberación democrática, por mencionar algunos de los temas más relevantes.

Específicamente en el ámbito de la seguridad y la justicia, hay aspectos sumamente preocupantes. Por un lado, se mantiene la militarización en las labores de seguridad pública, continuando con el abuso que se hace de nuestras fuerzas armadas y relega, si no es que olvida, la construcción de una vía civil para recuperar nuestra seguridad. La oposición logró eliminar algunos de los aspectos militaristas más preocupantes de la Guardia Nacional, pero a cambio de afianzar constitucionalmente la actuación de las fuerzas armadas en seguridad pública por los siguientes 5 años. Además, cabe recordar que la militarización transcurre también por otros carriles: con incrementos presupuestales para la Sedena, o con proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, o mediante la coordinación operativa de las fuerzas de seguridad en todo el país. Todo lo anterior, en detrimento de una auténtica reforma policial civil, dadas las amputaciones que está padeciendo la Policía Federal y los recortes a presupuestos esenciales para el desarrollo de policías locales.

En cuanto a la justicia, las recientes designaciones para la Suprema Corte de Justicia o las críticas generales a los jueces por "liberar delincuentes", muestran un desprecio a las garantías judiciales más básicas, tales como la presunción de inocencia y el debido proceso. En el mismo sentido va la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; es decir, prisión automática, porque también descarta la presunción de inocencia; porque significa una intromisión en la esfera del poder judicial retirándole a los jueces la facultad de evaluar caso por caso cuándo amerita encarcelar a alguien sujeto a proceso; porque facilitará mayores atropellos en contra de los más vulnerables (¿primero los pobres?); porque perpetuará los vicios e insuficiencias de policías y ministerios públicos; y porque, por si fuera poco, abrirá un ominoso espacio para utilizarla en contra de quienes sean considerados "enemigos" políticos. De hecho, la prisión automática atenta contra el espíritu garantista de la reforma penal en la que con enormes trabajos e insuficiencias se ha embarcado el país la última década. Para decirlo rápido: en México, ya todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Podremos ponerle cualquier nombre, pero esto no merece llamarse justicia.

Hay quienes ven, en los tiempos que corren, un intento por recrear el pasado. Quizá estamos asomándonos a algo diferente: a la construcción de un régimen y un estilo de vida derivados de una imagen de un México idealizado que nunca existió. Y no habría mayor problema con eso, siempre y cuando no significara la reducción de nuestros derechos y libertades. No debemos, o más bien no deberíamos olvidar nunca que esas conquistas, junto con las instituciones que las hacen posibles, no se construyeron de a gratis; costaron mucho en términos de tiempo, esfuerzos, sufrimientos y vidas. Si lo que se quiere es consolidar nuestra democracia, lo que debería procurarse es cómo defender esos derechos, cómo ampliarlos y cómo fortalecer nuestras instituciones. Si eso es lo que se quiere, habría que rectificar el camino. Pero, ¿es eso lo que se quiere? Qué grave que tengamos la duda.

El recorte en el pronóstico de crecimiento nacional que estimó el Banco de México, entre 1.1% y 2.1% al Producto Interno Bruto (PIB), se debe a la baja inversión provocada por la falta de confianza del sector, coincidieron empresarios.

La baja credibilidad, la justicia y la falta de respeto al Estado de Derecho disminuyen la confianza de los inversionistas, y por ello las expectativas económicas para este año descendieron, puntualizaron empresarios jaliscienses.

"Para apuntalar la confianza, tiene que ver la justicia, hemos coincidido con el presidente López Obrador con que es prioritario terminar con la corrupción, a la hora que dice que se cancela el aeropuerto porque hay corrupción, pero no había corruptos que sean perseguidos, lo que prevalece es la impunidad", indicó José Medina Mora, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En Hidalgo aún persiste el robo de combustible, pese a la entrega de apoyos sociales a poblaciones cercanas a los ductos, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lamentó que los pobladores de zonas donde actúan las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible agredan a efectivos del Ejército y la Marina que buscan combatir el huachicoleo.

Aceptó que los programas sociales no han tenido el impacto necesario en zonas huachicoleras, pues la población sigue optando por tener combustible barato para consumo propio o para venderlo, antes que acercarse al gobierno.

El presidente reiteró su llamado a los habitantes por donde atraviesan los ductos a que se abstengan de participar en la ordeña ilegal, y exhortó a los miembros de esas bandas a reincorporarse a la vida pública y legal en el país.

El presidente López Obrador podría haber tratado de ser el presidente de todos los mexicanos; no obstante, una y otra vez se refiere a "nuestros enemigos", a los que se oponen a sus proyectos, a los que no tienen llenadera, a los que quieren mantener un régimen corrupto.

Los desplantes contra los medios, contra el enemigo del pueblo, no son nuevos. En un momento, quizá, se volvieron más sutiles. A la prensa, el enemigo, se le trataba con cuidado y se le compraba con publicidad. Hoy el presidente López Obrador quiere regresar al viejo PRI que desde el poder cuestionaba a los medios independientes y a un José López Portillo que declaraba: "No pago para que me peguen".

Para quienes no lo sepan, la Feria ITB de Berlín es una de las ferias de turismo más importantes del mundo en la que se presentan y compiten entre sí países, destinos, operadores turísticos, sistemas de reservas, transporte, hoteles, etc., y donde se gestan negociaciones de las que dependen mercados y corrientes turísticas globales.

La participación de México este año en la ITB fue simplemente vergonzosa. En lugar de montar un pabellón, se improvisó un "pafellón".

Si queremos competir exitosamente en el mercado del turismo mundial, hay que mostrar la mejor cara, y la austeridad a ultranza de la 4a. Transformación aunada a la cancelación de la promoción turística de México, lo único que mostrará exitosamente es pobreza mental y baja de miras.

Ser y mantenerse como uno de los principales destinos turísticos del mundo cuesta. Presentar un producto, en este caso un país entero, de manera que genere confianza y sea "comprado" por el mundo que viaja, cuesta.

Pero sólo mentes profesionales y vanguardistas, acostumbradas a competir al más alto nivel, entienden que el costo de un pabellón que logre atraer la atención de clientes sofisticados de alto perfil no es un gasto, sino una inversión.

Hoy más que nunca, México debe invertir en promoción turística, y participar en estas ferias dedicadas a la venta de descanso, placer y tranquilidad con instalaciones que borren de la mente de los compradores, aunque sea temporalmente, los problemas de inseguridad y pobreza que sufrimos.

Pero parece ser que el gobierno actual no sabe invertir ni vender. Creen que tendremos más ahorrando que produciendo.

El gobierno federal ve al país como una familia pobre sin darse cuenta que la manera de salir de la pobreza, de hacerse rico, no es ahorrando, sino generando más, lo cual sólo es posible con trabajo, talento e inversión, a menos claro está que alguien espere que los ingresos adicionales llegarán por vía de dádivas, ayudas o subsidios, lo cual parece ser la política económica de la 4T: dar subsidios en lugar de dar trabajo; premiar lealtades en lugar de talentos; ahorrar en lugar de invertir.

Suena obvio pero no lo es tanto: para salir de la pobreza hay que generar riqueza. No hay de otra. Nadie nos va a regalar nada, ni a subsidiar como país, sólo porque queremos ser "honestos" y "buenas personas".

Al contrario, lejos de darnos algo, todos estarán atentos a ver qué nos quitan. Y lo primero que nos quitarán al mostrarnos frente al mundo como un país débil, retrógrada, austero y "pobrecito", lo cual en la mente del viajero es sinónimo de baja calidad e inseguridad, es el turismo, y especialmente el tipo de turismo que buscamos, el de alto nivel que más beneficios y derrama económica genera.

La manera de vender y mostrar las maravillas turísticas de México, su historia, arquitectura y hotelería de vanguardia, no es con mesitas y tablones rentados, adornados con un sarape o papel picado encima, sino invirtiendo en promoción e imagen acorde al nivel de empresarios que somos y calidad de la oferta turística que tenemos.

Como lo había anunciado, este viernes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en la producción del documental "Populismo en América Latina", que ha acusado de ser parte de una "campaña negra" contra Andrés Manuel López Obrador.

Nieto aseguró que esta demanda no tiene nada que ver en contra de la libertad de expresión.

"Quiero dejar muy en claro que esta demanda no es tema de libertad de expresión, la libertad de expresión tiene sus límites y el Tribunal Electoral ya se ha pronunciado respecto a este caso señalando que el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de investigar, y por el lado de la Unidad de la UIF encontrar cualquier tipo de irregularidad y hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes".

En la sede de la Fepade, Nieto Castillo señaló que la queja está basada en lo que señala la Ley General en materia de Delitos Electorales "que establece que no puede haber aportaciones de recursos en dinero o en especie cuando exista una prohibición legal y establece una sanción de 5 a 15 años de prisión en caso de que se acredite".

"Es una denuncia de hechos sobre lo que nosotros consideramos conductas delictivas en materia electoral relacionada con el documental 'El populismo en América Latina', un documental que se presenta durante el proceso electoral 2017 y 2018, violando las características de la normatividad electoral".

Aseguró que en el órgano que encabeza "hemos visto ciertas triangulaciones, incluso ciertas vinculaciones en el ámbito de actividades de carácter gubernamental, secretaría de estado, coordinaciones de la anterior administración, y esto es incompatible con el sistema democrático".

"Como ha dicho el presidente López Obrador, el objetivo es mandar un mensaje de que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir en el sistema electoral nacional".

Ayer jueves en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo reveló la existencia de una red de empresas vinculadas al gobierno de Enrique Peña Nieto y al Estado de México, e incluye al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que realizó supuestas triangulaciones de recursos millonarios para una "campaña negra" contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral de 2018.

La serie documental fue lanzada en la campaña presidencial de 2018 y dedica un capítulo completo a resaltar el pasado priista y el supuesto populismo de López Obrador.

La democracia es un gobierno de opinión (Sartori). De ahí la importancia de la opinión pública. Una manipulada no es lo optimo, sino el buscar una opinión informada. El voto finalmente es una opinión personal sobre el quién tomará las decisiones. ¿Cuales? Las de la circunstancia y no necesariamente las prometidas como candidato. Las promesas de campaña por eso no me significan las acciones venideras, sino en todo caso y no menos importante, su forma de analizar los problemas y su resolución. Son relevantes para saber como piensan los candidatos. No más.

En ese sentido, mucho se ha luchado por la neutralidad del gobierno respecto de la opinión pública para contar con una más genuina. Aun así, ya nos parece normal la promoción de López Obrador mediante la comunicación gubernamental tratándose de programas sociales. Con la llegada del lopezobradorismo, tanto la Constitución como la ley han sido modificadas por un acto paranormal. Pudiera decirse: como AMLO tiene la posibilidad de modificar de facto hasta la Constitución, no es necesario modificar la normas vulneradas con su diario actuar.

Tenemos así un gobierno cuya misión primordial y sin recato alguno es atrapar votos. El llamado clientelismo no es otra cosa que el intercambio del voto por un bien o servicio, pero ahora ya no a cargo de un partido, sino a cargo del gobierno, financiado con sus impuestos, paciente lector. Y si a eso le agregamos la manipulación de las redes sociales ya tantas veces reseñada aquí amén de otros lados. Y ejercida (y azuzada en las mañaneras) de forma magistral por el pejelagartismo, nos encontramos ante un ataque real contra la democracia. Ante una voluntad de deshacernos de ella al pretender una opinión pública distorsionada y comprada.

Parcializar al electorado con las medidas clientelares anunciadas, dicho por un reciente estudio de Maria Amparo Casar (en Nexos) estarían pesando sobre alderredor de la mitad de los votos a emitirse en la próxima elección intermedia.

Así, tan solo con esos 2 elementos el lopezobradorismo tiene casi garantizado un triunfo arrollador en las elecciones intermedias. Pero viene en camino un 3er. elemento para agregar a la manipulación de redes y compra del voto. Se trata de la revocación de mandato. Figura aún no contenida en la Constitución pero iniciado ayer jueves el procedimiento para llevarla a la constitución mexicana. Es, uno de los conceptos de democracia directa, siempre y cuando siempre permanezcan como auxiliares de la representativa: la del voto. La constitución ya regula las consultas ciudadanas (no las patito como la del aeropuerto) y las iniciativas de ley ciudadanas. La revocación de mandato, ésto es, someter a votación la continuidad o no en el cargo, desde mi perspectiva es una figura no muy conveniente. Agita las aguas cuando deben estar calmas y no tiene mucho sentido, menos cuando no hay reelección como es el caso hasta hoy de la investidura presidencial.

Lo anterior permitirá ver de nuevo en la boleta a López Obrador y haciendo abiertamente campaña para la elección intermedia, si bien ya lo hace de forma velada a través de sus sermones mañaneros. Y aún se duda que va por la reelección. Mañaneras, revocación de mandato, manipulación de redes sociales y compra del voto. No lo ve el que no quiere.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la advertencia de la oposición de que éstas abrirán la puerta a la reelección y volverán a generar el “efecto López Obrador” en las elecciones intermedias de 2021 es decir, habrá votación en cascada en pro de Morena.

El dictamen presentado fue aprobado por Morena y sus aliados pero con 153 votos en contra y 2 abstenciones, sin atender una docena de propuestas de cambio planteadas por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, quienes por ello desplegaron diferentes formas de protesta: pancartas con la figura de Francisco I. Madero y su lema "sufragio efectivo, no reelección", mantas y carteles con la leyenda "revocación de mandato, prerrogativa ciudadana, no de gobernantes".

La consulta de revocación de mandato podrá ser convocada por el presidente -único país del mundo en que el ejecutivo podrá hacerlo, alerto la oposición-, 33% de alguna de las cámaras del congreso, o 3% de los ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE), es decir, más de 2.7 millones de electores.

Sobre la consulta popular se propone reducir el umbral de 3 a 1% el número de ciudadanos en LNE (891,250 firmas) que podrán solicitar la consulta popular y su resultado vinculatorio si participan 34% de LNE (34.8 millones de ciudadanos).

El miércoles antes de la hora de la comida varias figuras de la oposición al presidente López Obrador terminaron de negociar la formación de un bloque legislativo para contenerlo.

Saben que tienen que estar a fuerzas todos, y a fuerzas unidos, porque sólo así -y apenas- alcanzan los votos para que el presidente, su partido y sus aliados no alcancen los 2 tercios de los votos que les dan mayoría calificada para hacer lo que les dé la gana en el congreso.

La 1a. intención fue que el bloque existiera tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. No se pudo. Se quedaron solo con Senadores. ¿Por qué? Calcularon que en la Cámara de Diputados no van a juntar los votos porque sus bancadas se van a dividir, fracturar debido a la operación política de Morena, encargada al coordinador Mario Delgado, sumada a la operación del gobierno federal que ha convencido a varios gobernadores de oposición de que sus diputados voten con Morena. Sucedió en la propuesta de la Guardia Nacional militarizada que luego enmendó el Senado para darle mando civil.

Así pues, definieron que el bloque opositor debe apertrecharse en el Senado. Sumando los senadores del PAN, del PRI, los de Movimiento Ciudadano y los que quedan del PRD alcanzan apenitas los votos para que Morena y los suyos no tengan la mayoría calificada. De hecho, en el Senado ya pusieron a prueba el bloque durante el debate de la Guardia Nacional y lograron que el gobierno rectificara.

La 2a. intención fue que el bloque opositor se mantuviera unido para todas las votaciones en todos los temas. Pero esa intención estuvo por reventar las negociaciones, particularmente entre el PAN (más inclinado a rechazar en todo al presidente AMLO) y Movimiento Ciudadano (más inclinado a negociar), según me explican fuentes involucradas.

Así que se abortó la idea de que el bloque permaneciera unido en todo. Escogerán sus batallas. Las primeras 2 serán la reforma educativa y la revocación de mandato.

En la reforma educativa, su posición de inicio es muy muy dura: plantearán avalar las reformas lopezobradoristas a cambio de que la federación absorba la gestión y el costo total de la educación en todos los estados del país (como lo hace ahora sólo con Oaxaca y la Ciudad de México). Es un cambio del pacto federal e implica una cantidad de dinero gigantesca que puede poner en aprietos al presupuesto.

En la revocación de mandato, el objetivo del bloque opositor es que el presidente López Obrador no esté en la boleta electoral del 2021. El presidente ha dicho que el día de las elecciones federales para renovar congreso y gubernaturas quiere también que la gente vote si él se queda o se va. El bloque tiene fundado miedo de enfrentar de nuevo a López Obrador y tener a un presidente activamente en campaña que los arrase, así que quieren darle el "sí" a Morena en la revocación de mandato, pero que suceda hasta el 4o. año de gobierno.

Son los planteamientos de saque. Vienen las negociaciones. Vienen las presiones. Veremos quién aguanta y quién gana.

1. Una de sus propuestas en la toma de posesión fue la creación de una Constitución Moral, paralela a la Constitución Política, que norme el comportamiento de servidores públicos y de los buenos ciudadanos. Para ser un buen ciudadano ya no basta con cumplir la ley, hay además que cumplir preceptos morales que en su momento dictará una comisión de notables, que no expertos porque no es lo mismo, aunque en la práctica dé igual.

2. En tanto la comisión decide el contenido de dicha constitución sacamos del cajón de los recuerdos la Cartilla Moral de Alfonso Reyes para moralizar al pueblo, para, cito "hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad". En su presentación el presidente dice que "la decadencia que hemos padecido por años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales".

3. Cuando se anunció la cancelación de las instancias infantiles el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que con el dinero que se iba a entregar directamente a las madres "se puede ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá mejor, a los niños que las propias estancias infantiles" en una visión no sólo idílica sino tradicional de las familias.

4. En su comparecencia ante el Senado, 2 de las 3 candidatas propuestas por el presidente, Celia Maya y Jazmín Esquivel asumieron posturas absolutamente conservadores respecto al matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la interrupción del embarazo. Los senadores de Morena, que se asume como un partido progresista en sus estatutos, votaron y cabildearon los votos por Jazmín Esquivel y no por la candidata de perfil más liberal, Loretta Ortiz.

5. Cuando en una mañanera le preguntaron al presidente López Obrador cuál era su posición sobre la interrupción del embarazo se sacó el bulto y dijo que lo importante era la corrupción.

6. El miércoles pasado, el presidente organizó una reunión entre líderes evangélicos y miembros de su gabinete. De un lado estaban los representantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas-Evangélicas, mejor conocida como Confraternice y del otro lado el propio presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y 5 funcionarios más de diversas dependencias. De acuerdo con la versión de los propios líderes evangélicos en la reunión se pidió que se les autorice participar en medios y puedan ser permisionarios de estaciones de radio y televisión y el presidente le pidió a la secretaria que revisara la ley.

Conclusión: No puedo estar más de acuerdo con el presidente López Obrador: qué peligrosos son esos conservadores disfrazados de liberales.

Los datos hacen mucho ruido. A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra contra el huachicol. En escasas 3 semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de combustible. Como partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero el avance de las fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la creciente queja por desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y luchar contra la corrupción, justificó el presidente. Se cerraron ductos y compraron pipas, sin licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron decenas de vehículos fuera de norma.

2 meses después, los partes de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a conocer lo que ha sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta semana en Excélsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta una historia de derrota. Durante los 2 primeros meses del año se incrementaron 50% las tomas clandestinas en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque Pemex dijo que en enero se recuperaron 442,000 litros de combustible, el total de tomas clandestinas se elevó de 1,046 durante los 2 primeros meses del año pasado, a 1,565 en 2019. Hidalgo, donde se cerraron ductos y se reforzó la seguridad, el incremento de tomas se elevó 265%.

La cruzada contra el huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que se veía venir desde el inicio del gobierno en diciembre: el desabasto de gasolina. The Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la empresa que monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que asumió López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos, al bajar 25% en el periodo diciembre-enero de 2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017-2018. López Obrador dijo que el diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su orden y en enero se compraron volúmenes de gasolina superiores a 93% con respecto a lo adquirido en enero de 2018.

La suspensión de las importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro del gabinete, según los tiempos que identificó el presidente López Obrador, sobre el huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La decisión de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No supieron cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar un ducto, la planeación se llevaba al menos 2 meses para evitar el desabasto.

El último reporte sobre lo logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son totalmente diferentes a las que 20 días antes hizo públicas el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. López Obrador dijo que la incidencia de ese delito pasó de el hurto de 81,000 barriles diarios que se sustraían en noviembre, a 15,000 barriles. Sin embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56,000 barriles, y que se había disminuido a 8,000. Nadie ha explicado la inconsistencia. Tampoco se han dado informes adicionales a lo publicado en Excélsior sobre el creciente número de tomas clandestinos. La feria de cifras es compleja para ser absorbida y procesada por la opinión pública. El discurso plano que es un sacrificio para combatir la corrupción, es lo que prende.

Las cosas no van a marchar bien. La estrategia no sólo está equivocada, sino que, además, lo único que se ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para transportar combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende cómo funcionan los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los mercados se paran sobre 3 patas: incidencia delictiva, logística y debilidad institucional. La estrategia gubernamental las fortalece.

El incremento en el robo de combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la impunidad con la que se mueven hasta ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz, habla de que el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El argumento de que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver el problema estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol, que es la racional del gobierno para evitar la violencia, la incidencia delictiva se mantiene intacta, al tiempo que se incrementa la debilidad institucional por no combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal; comprar pipas facilita el robo de combustible transportado en vehículos robados.

GLAC señaló que la tendencia en mediano plazo ubica a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato como los estados más vulnerables, al figurar entre las 10 entidades con mayor cantidad de vehículos robados, que "son incorporadas como parte de la logística necesaria para llevar a cabo la comercialización del combustible robado". Vista la correlación, o la estrategia está totalmente equivocada, o es una que de antemano, al no combatir el problema de fondo, se sabe fracasará. En todo caso, la narrativa de la guerra contra el huachicol esconde la incompetencia del gabinete en el abasto de combustible y la nueva estrategia del régimen contra el crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar.

el Fraga
(14 de marzo de 2019).

Los priistas calificaron al actual gobierno, tras sus primeros 100 días, como "muy bueno... pero para la confrontación, la destrucción, la descalificación y la polarización". Javier Corral, gobernador (panista) de Chihuahua, aseveró que los gobernadores, afectados por recortes en el presupuesto federal, son "víctimas de la concentración de recursos para un enfoque asistencialista" que pretende "crear una base de apoyo popular para formar una nueva hegemonía en el país". Señaló que el presidente López Obrador "no está pensando en un gobierno de 6 años, (sino) en la construcción de un nuevo régimen político para varias décadas; está concentrando recursos, pero también facultades y funciones". Su estilo personal -apuntó- "recupera muchos trazos del viejo PRI: nacionalista, con un presidente fuerte y un Estado que concentra; está construyendo una nueva hegemonía basada en la voluntad de un solo hombre; es un regreso al hiperpresidencialismo, en el que el mexicano siempre ha creído y depositado sus esperanzas".

Con respecto a lucha contra la corrupción, que López Obrador esgrimió como bandera en la campaña y los debates, y que seguramente le ganó carretadas de votos de ciudadanos hartos de las prácticas institucionalizadas por los partidos que precedieron al suyo en la presidencia, Corral pone el dedo en la llaga: "La lucha contra la corrupción no será creíble ni auténtica si no se investigan y se lleva ante los jueces a los responsables de todas las trampas que todos los días relata López Obrador".

En efecto: mientras el discurso presidencial oscile entre señalamientos flamígeros, sarcásticos, pero meramente verbales, mediáticos, a "fifís", "conservadores", "PRIAN", "mafia en el poder", etc., por un lado, y "perdón y olvido", "amor y paz" y "no revanchas" por el otro, la conclusión -resumida en uno de los dicharachos que, como a Sancho, le salen a borbotones a la menor provocación- sería que "de lengua me como un plato"...

En cualquier país con sistema abierto, una descalificación tan pública y dura como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendría que haber ido acompañada de su renuncia. Herrera declaró al Financial Times que la refinería de Dos Bocas no se construiría -este año-, y que una parte del dinero presupuestado, se invertiría en Pemex. No, dijo López Obrador, se trata de un malentendido. El caso está cerrado, pero el episodio arroja luz sobre la forma como funciona el gobierno. Si alguien pretende entender a López Obrador, tire los referentes que conoce y parta del hecho que todo nace y muere entre 7 y 8 y media de la mañana, cuando comparece ante la nación y ofrece una conferencia de prensa.

López Obrador ejerce de manera unipersonal. Ordena a su gabinete en función de ideas u ocurrencias surgidas del encuentro con periodistas, y los obliga a rendir cuentas. La mañanera, como se conoce al momento en el que se presenta ante el público, es el eje articulador de su administración, y su equipo, particularmente aquellos que no conocían su estilo de gobernar, lo ha ido aprendiendo para capitalizar del desorden que el propio presidente provoca.

El gabinete carece de líneas de mando claras y establecidas. Por ejemplo, la política, que lleva la Secretaría de Gobernación, se maneja predominantemente desde otras oficinas en Palacio Nacional, como la Conserjería Jurídica, la Coordinación de Delegados o la Dirección de Comunicación Social. La economía, orienta la Secretaría de Hacienda, la determina el presidente, y en función de sus temas y prioridades, asigna eventualmente poderes superiores a otras dependencias, como en el caso de Dos Bocas, donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle, corrigió al subsecretario Herrera, que no habló sobre la refinería sin el conocimiento y aprobación del secretario, Carlos Urzúa, por lo que a quien finalmente enmendó fue a él.

Urzúa no siempre es escuchado, y comparte responsabilidad para hablar con inversionistas con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el 1er. gran lastimado del gabinete, antes incluso de iniciar el gobierno, cuando les garantizó que se concluiría el nuevo aeropuerto, al ser aplastado por el actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y por el ministro sin cartera, el constructor José María Riobóo. Comparten lamentos con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien le quitaron la responsabilidad del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, para entregárselo al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también se mete en el tema de los inversionistas.

Cada quien actúa, no dentro del ámbito de su responsabilidad, sino de las tareas que les encarga el presidente, para quien las líneas de mando son un estorbo y busca la funcionalidad sobre la organización. No necesariamente eso resulta, como se ha visto con discrepancias tan fuertes como la de este martes, o con aclaraciones que ha tenido que dar porque sus secretarios declararon algo que no iba en línea con su pensamiento. El problema que han visto varios de sus colaboradores es que la línea de su pensamiento es cambiante y contradictoria en cuestión de días. Por ejemplo, en el aeropuerto, donde además de Romo, secretarios estaban convencidos de que continuaría Texcoco, o Urzúa y Herrera, quienes probablemente escucharon las dudas que tenía López Obrador sobre Dos Bocas la semana pasada, pensando en la reacción de los mercados, y que el martes se despertaron con la sorpresa de la descalificación al subsecretario.

Un gran número de miembros del gabinete no saben lo que les depara cada mañana, por lo que están siempre atentos al mensaje del presidente y procuran ir a las reuniones previas a la mañanera. Normalmente López Obrador llega a Palacio Nacional poco antes de las 6 de la mañana para presidir la reunión con el gabinete de seguridad. En esa misma junta, secretarios de otras áreas llevan temas sus asuntos para planteárselos al presidente. Esto se resolvía en el pasado con acuerdos, pero el estilo de López Obrador los tiene cancelados. Salvo excepciones o casos de emergencia, no existen tales acuerdos, por lo que esa es la única oportunidad que tienen para hablar con él. "Si no lo hiciera, jamás lo vería", confió un miembro del gabinete.

Este modelo hiperpresidencialista, hipercentralizado, tiene el beneficio, para él, de tener un control vertical y rígido sobre su gabinete, al cual no deja que haga nada o diga nada que no autorice y avale. Tiene también la vulnerabilidad de que al no tener contacto con prácticamente nadie del gabinete, su falta de información sobre temas en general, así como su desconocimiento, son grandes y profundos. El martes no sabía, por ejemplo, de la entrevista de Herrera en el Financial Times. Tampoco conocía con detalle la privación de libertad de 22 migrantes. El riesgo es que no tiene contención alguna para hablar de todo, sin importar que no tenga todos los elementos para ello.

Su escapatoria es la corrupción. Cualquier obstáculo lo salta con el caballo de los males del neoliberalismo con antifaz que ya acabó. Frente a la opinión pública, eso le podrá seguir funcionando, pero estructuralmente irá aflojando los amarres de su andamiaje hasta que se colapse, entendido esto como contradicciones que no podrán ser resueltas sin impactos perniciosos para su gobierno, como es el caso de Dos Bocas, o que sus secretarios, ante la humillación continua y la imposibilidad de trabajar para dar resultados, abandonen el gobierno derrotados por este asfixiante estilo de gobernar.

El balance general de los primeros 100 días es negativo. Andrés Manuel López Obrador ha oído los gritos de pesar ante decisiones que perjudican a la economía y, por ende, a toda la nación y a la mayoría de sus habitantes, pero no los ha escuchado.

Hace poco más de 4 años, el 11 de marzo de 2015, Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter: "Al triunfo de MORENA los ciudadanos elegirán a ministros de la Corte, no como ahora que los nombran Salinas, Diego, Azcárraga, EPN, PRIAN".

Está claro que con lo ocurrido el martes en el Senado, con la elección de Yasmín Esquivel como la ministra que sustituirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Margarita Luna Ramos, AMLO incumplió esa promesa ahora como presidente, e incurrió en lo que tanto criticó de sus antecesores.

Los cuestionamientos a López Obrador vinieron desde el momento mismo que propuso la terna a la cámara alta, en la que también figuraba Loretta Ortiz (la menos impresentable) y Celia Maya, por la cercanía de las 3 a Morena y al propio presidente. Y peor aún, la desaprobación no era sólo por algún eventual conflicto de interés, sino por su pobre desempeño en su comparecencia ante las y los senadores donde exhibieron estar desactualizadas de las últimas ponencias y debates en la Corte. Eso sin dejar de apuntar que la posición conservadora que mostraron respecto a los derechos de las mujeres, acusa de incongruencia a los y las senadoras de Morena, que en teoría, se esperaba que defenderían y postularían a alguien con principios de izquierda.

Tal vez confiado en el enorme capital político con el que cuenta ahora que es el presidente con la aprobación popular récord de la historia de México, López Obrador decidió pagar el costo y pedir a su bancada y sus aliados en el Senado hacer lo necesario para imponer como nueva ministra a Esquivel, pese a ser la esposa de José María Riobóo, contratista que hizo los 2os. pisos en la Ciudad de México cuando el tabasqueño fue jefe de Gobierno, y quien siempre ha estado cerca de él. Ayer en redes sociales la mofa era que el nombramiento de esta ministra era como si Peña Nieto haya impuesto a la esposa del dueño de la empresa Higa, contratista favorito del priista y quien había vendido la escandalosa casa blanca a la pareja presidencial.

Lo más preocupante es que este episodio no sólo golpea la credibilidad del presidente, al repetir conductas que antes reprobó, sino también al Senado y a la propia Suprema Corte.

Si aquí escribí que el caso de la Guardia Nacional había sido un episodio alentador porque la oposición demostró saber convertirse en contrapeso, y la bancada morenista y sus aliados ceder para llegar a acuerdos, ese avance quedó anulado el martes, cuando los opositores no se mantuvieron firmes para regresar la terna al presidente y obligarlo a enviar otra, con perfiles con las credenciales y la experiencia adecuada, y no a incondicionales.

Episodio desalentador porque ganó el autoritarismo presidencial, la oposición se dobló seguramente por algunas migajas, y el poder judicial en situación vulnerable.

El gobierno federal del presidente López Obrador hizo pública la lista de las 10 compañías farmacéuticas consentidas durante el sexenio anterior. Entre 10 se repartieron el pastel, es la acusación central. Faltó una empresa. La de Carlos Lomelí. Ah, no, perdón. A él le compró las medicinas López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y luego lo hizo político: candidato de Morena al Gobierno de Jalisco y ahora superdelegado del gobierno federal en esa importantísima entidad. No creo que salga en la lista. No por otra cosa sino porque la lista es del gobierno federal anterior.

(V.periódico El Financiero en línea del 14 de marzo de 2019).

Ante las elecciones que se avecinan este año en los estados, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que en su partido son muchas las sabandijas que se han infiltrado y muchos que le están echando el ojo al instituto político de mayor peso en el país.

Yeidckol pidió a los militantes de Morena cerrar filas para cuidar a su partido porque "cuando vienen los procesos electorales, los demonios andan sueltos, todo mundo quiere meter mano, todo mundo quiere decidir, aunque no le toque".

"Están desatados, también porque ven el poder y muchos se dedican a vender candidaturas, por eso están desatados", dijo.

Yasmín Esquivel Mossa, esposa del empresario José María Riobóo, contratista cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando éste fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue electa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un periodo de 15 años.

En una 2a. ronda de votación, el Senado eligió a Esquivel Mossa, una de las 3 candidatas que el mandatario propuso ante esa cámara: sumó 95 votos, mientras que Loretta Ortiz obtuvo 6 y Celia Maya no registró sufragios; hubo 19 votos en contra de la terna.

El PAN y PRI no votaron a favor de ninguna de las 3 candidatas al no considerarlas óptimas para el cargo debido a su cercanía con el titular del ejecutivo federal.

Riobóo es dueño del Grupo Riobóo, un conglomerado de empresas que diseñaron los 2os. pisos del Periférico de la Ciudad de México cuando López Obrador gobernaba la capital (2000-2006). En esa ocasión recibió los proyectos a través de 4 adjudicaciones directas.

¿A dónde debe poner Pemex su dinero? Esa es la pregunta que subyace en el contrapunto que ayer se presentó entre el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por un lado, y el presidente de la república y la secretaria de Energía, por el otro.

Arturo Herrera es uno de los funcionarios más brillantes del gabinete de AMLO.

El presidente lo conoce muy bien, y él conoce perfectamente al presidente de la república, pues por un par de años fue su secretario de Finanzas del entonces gobierno del Distrito Federal.

Herrera es absolutamente leal y su participación en diversas reuniones en Londres apuntaba a defender y garantizar la salud financiera del gobierno de AMLO.

Se ve muy complicado que Pemex pueda aumentar su producción petrolera de manera significativa en los siguientes años. Y la única manera de evitar que Moody’s y Fitch le bajen la nota y le quiten el grado de inversión a Pemex es dándole una buena suma de recursos para exploración y producción.

Eso por lo menos da más oxígeno. Por eso Herrera quería echar mano de los recursos para la refinería.

Si el gobierno sale con que todo lo que se ofrece es una aportación de 2 a 3,000 millones de dólares, y eso es todo, considere que será muy factible que las calificadoras degraden la deuda de Pemex al final de este año, generando así un aumento sustancial de los costos del crédito para el país y una corrida contra el peso.

Obviamente, hasta ahora esto no ha sido entendido ni por la secretaria de Energía ni por el presidente de la república.

Herrera está poniendo en riesgo su puesto para defender la viabilidad financiera de la 4a. transformación.

¿Cuántos integrantes del gabinete serán capaces de jugar de esta manera? Tal vez se cuenten con los dedos de una mano.

Yo no desestimo la importancia de contar con otra refinería, particularmente si desde el origen se diseña para procesar crudo pesado. Es un proyecto para evaluarse desde la perspectiva de la seguridad energética.

Pero Pemex no está en momento de elegir.

Si no se entiende que el eslabón débil de las finanzas públicas en esta coyuntura es la situación de la empresa petrolera y que por ello vale la pena hacer un compás de espera en el tema de la refinería, entonces vamos derechito a la crisis.

Una pérdida del grado de inversión comprometería no sólo las finanzas de Pemex, sino también las del país.

Al menos 1,700 estancias infantiles, de las 9,000 que operaban en todo el país, ya ganaron 5 amparos colectivos que obligan al gobierno federal a reponer el programa tal y como operaba hasta diciembre de 2018.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, mostró documentación en la que diversos jueces, principalmente el primero de distrito, Edgar Rentería con sede en Nuevo León, envió un apercibimiento a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores y a la subsecretaria, Ariadna Montiel Reyes, para que en un plazo de 24 horas restituyan los recursos a las estancias amparadas y apliquen las reglas de operación incluso de forma retroactiva.

Dejó en claro que no hay forma de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obradror "le de vuelta a esta resolución judicial, por lo que esta cascada de amparos ha demostrado que nadie puede atropellar el derecho de niñas y niños".

"Vía el poder judicial vamos a poder sacar adelante el programa de estancias infantiles, también nos da mucho gusto que el día de hoy el presidente haya confirmado y corregido se van a acatar las sentencias que han ido ganando".

"Ayer nos notifican 2 suspensiones en Nuevo León por lo que ya son 5 suspensiones colectivas que amparan cientos de estancias", destacó el legislador.

El legislador advirtió que la secretaria y subsecretaria podrían ser destituidas e ir a la cárcel, en caso de que no cumplan con el apercibimiento que les giró el juez.

Ante ello, hizo un llamado a las mas de 7,000 estancias infantiles que no han procedido legalmente, para que recurran al amparo y sean incluidas en los beneficios de esta suspensión definitiva.

Destacó que tienen un plazo de 30 días a partir de que se publicaron las nuevas reglas de operación, que fue el 27 de febrero es decir 15 días, para poder ampararse.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer, durante una recortada conferencia mañanera, un video sobre el cierre del penal de las Islas Marías. El video es emotivo y con buena producción. Empieza con una serie de imágenes del propio Presidente, en una de las cuales empuña un bate de beisbol, y continúa con los reos en proceso de trasladado a nuevos presidios. La música es repetitiva y busca generar entusiasmo. Aparece después otra imagen del Presidente hablando con dos niños, seguida de vistas de una playa y de un ave volando con un título que dice "Libertades". Para dar un toque más emotivo, el video anuncia la liberación de un indígena tzotzil encarcelado por transportar marihuana y al final aparece una nueva imagen de López Obrador. Sobre ella se oyó ayer gritar al presidente: "Me canso ganso, sí se pudo".

Supongo que a 100 días del inicio del sexenio es mejor presentar este video, de un tema popular que puede ser ilustrado de forma atractiva, que alguno que exhiba el desastre que quedó en Texcoco tras la cancelación del aeropuerto. Lo que preocupa del video, sin embargo, es la descarada promoción del presidente. Si Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox hubieran presentado un video de promoción de algún proyecto de gobierno con sus propias imágenes habrían sido criticados severamente, y con razón, por los mismos entusiastas de Andrés Manuel que hoy aplauden este ejemplo de culto a la personalidad.

La popularidad ha sido siempre un objetivo de quienes buscan el poder o pretenden mantenerlo. "No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes de que hemos hecho mención -escribió Maquiavelo en El Príncipe-, pero conviene que aparente poseerlas". Adolf Hitler argumentó en Mi lucha: "La popularidad es una de las bases más importantes para la construcción de un régimen fuerte". Stalin promovió su imagen y buscó convertirse en una figura paterna para los ciudadanos de la Unión Soviética, al grado que la imagen persistió décadas después de su muerte pese a la divulgación de sus errores y abusos. Mao Zedong promovió el culto a su personalidad para impulsar campañas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que violaron los derechos humanos y mataron de hambre a decenas de millones de chinos; cuando algunos camaradas comunistas lo cuestionaron, él respondió: "¿Qué hay de malo con el culto? La verdad está en nuestras manos, ¿por qué no habríamos de adorarla?". Millones de venezolanos mantienen hasta la fecha el culto a Hugo Chávez, a quien consideran un santo, y afirman que el desastre de Venezuela fue provocado solamente por Nicolás Maduro.

López Obrador goza de una popularidad extraordinaria, rebasada en el mundo solo por Rodrigo Duterte de Filipinas. Ha sabido encontrar el lenguaje y los mensajes para acercarse al pueblo llano. Su popularidad contrasta con el rechazo abrumador de su predecesor, Peña Nieto.

El presidente, sin embargo, no debería recurrir a videos oficiales para promoverse. Tampoco necesita que los encuestadores que preparan los padrones para el reparto de subsidios utilicen chalecos con su nombre. No debe usar recursos públicos para impulsar un culto a su personalidad, en primer lugar porque no es ético, y él afirma que encabeza una nueva moral, pero además porque está prohibido. La ley impide que la propaganda del gobierno se personalice. Es una prohibición razonable que debe respetarse.

En su informe por los 100 primeros días de gobierno el presidente criticó la reforma energética, como siempre, pero después declaró: "Afortunadamente, como una bendición, cuando parecía que todo estaba perdido, la gente decidió a favor de un cambio de régimen y por otra política económica".

Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) instruyeron de forma interna a no usar el lema maderista "Sufragio efectivo. No reelección" en los oficios oficiales.

En una comunicación, difundida por la analista Denise Dresser en Twitter, se indica a los burócratas a apegarse a la identidad institucional del gobierno federal, la cual consiste en el logotipo de la dependencia y el ícono de Emiliano Zapata, toda vez que este año fue dedicado al líder revolucionario.

De acuerdo con fuentes del área de Comunicación Social del gobierno federal, la instrucción en la SCT solamente es una aclaración interna de que la frase acuñada por Francisco I. Madero, otro dirigente revolucionario, no está en línea con lo establecido en el manual de identidad de la administración.

Desde hace décadas, funcionarios, sobre todo los emanados del PRI, han acostumbrado poner en escritos oficiales el lema antirreeleccionista de Madero, como una reminiscencia del origen revolucionario del partido y del régimen priista.

Los ataques contra adversarios y tendencias en Twitter impulsados por cuentas afines al presidente López Obrador, bajo tendencias como #ReformaTodoLoDeforma, #RedAMLOVE y #NoSoyBotSoyReal, afectan la imagen pública del mandatario e inhiben con groserías y descalificaciones las voces críticas del actual gobierno.

Son 2 de las conclusiones del estudio "Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, análisis de Tendencias y Topologías en Twitter. El caso de la #RedAMLOVE", realizado por Signa_Lab, que es un centro especializado en estudios del comportamiento de los usuarios de redes sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

A raíz del análisis de 176 cuentas de Twitter, seleccionadas tras una muestra de más de 98,000 tweets que utilizaron los 3 hashtags o tendencias mencionadas, se detectó una estrategia de ataque coordinada para cercar las opiniones contrarias a López Obrador, principalmente mediante bots o semibots, cuentas de Twitter con un comportamiento automatizado a favor del presidente.

Según las conclusiones del estudio, lo anterior está provocando una imagen negativa de los seguidores de AMLO por los tonos ofensivos y las amenazas de los contenidos reproducidos por los bots.

"Consideramos que esto no favorece en absoluto a la imagen del gobierno, específicamente a la del presidente; por el contrario, abona al clima innecesario de polarización", remarca el estudio.

La investigación recomienda a la administración federal un pronunciamiento oficial ante estas redes de ataques a favor de AMLO, con el propósito de saber si estas tendencias traducen fielmente el verdadero sentir de los seguidores del presidente, o se validan o no las propuestas oficiales del gobierno a través de estas cuentas.

Respecto al acoso hacia las voces críticas del gobierno, el estudio advierte que los ataques coordinados pueden acallar la disidencia.

"Campañas de ataque, como las analizadas aquí, han sido capaces de construir estrategias de censura y acoso online a través de la diseminación de una idea por los tweets y hashtags. ¿Cuál es el mensaje en este caso? Uno peligro para cualquier democracia: mantener a raya a quienes critican al presidente".

Principales cuentas de apoyo a AMLO

Master of Ceremony (MC)

Son generadores de contenido que definen una tendencia o narrativa a seguir por los fans.

Coro (bots o semibots)

Son cuentas automatizadas que se limitan a retuitear o dar me gusta a los contenidos de los MC's.

Trolls

Cuentas creadas para atacar a otros usuarios. Pueden producir contenido propio, como los MC's, o replicarlo como los bots.

Fans

Cuentas reales de seguidores y simpatizantes que suelen sumarse a una tendencia detonada por los MC's.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 12 de marzo de 2019).

El episodio más reciente ocurrió el jueves. Ese día, en La Ciudadela, parte de la comunidad cultural reclamó en una reunión sobre el futuro del Fonca que ellos habían votado por el cambio, pero que no estaban siendo tomados en cuenta por el mismo.

Antes habíamos escuchado algo similar de burócratas despedidos sin pago de finiquito, de titulares y beneficiarias de estancias infantiles condenadas a cerrar ante el dramático cambio en el monto y la forma de dar esos apoyos, y de mujeres que, perplejas, asisten a la constatación de que el candidato que apoyaron cerrará los centros donde se da refugio a las violentadas.

¿Está el presidente traicionando a su base electoral?

López Obrador cree que antes que traicionar, está cumpliendo su palabra, que todo lo que está ejecutando es para generar un modelo igualador.

Su idea, que tiene aspectos muy problemáticos, se concentra, como AMLO ha repetido sin cesar, en 2 grandes ejes:

1) Que toca al gobierno y sólo al gobierno el procurar la atención de aquellas cosas que requiere la población -por eso quiere que Pemex produzca la gasolina que consumimos y sólo la CFE nos venda luz-, y más aun tratándose de grupos vulnerables: él entregará novillonas, recursos para el cuidado infantil, préstamos a la palabra, plazas de trabajo temporal, refugios, becas para estudiar, productos con precios de garantía y hasta un aeropuerto para la Ciudad de México.

Y 2) que no hay agendas particulares sino una general, que una sola causa -atender a los más pobres y necesitados- resolverá todos los problemas (incluida la violencia), y que eso se financia con el uso austero de los recursos salvados al pillaje de la corrupción, y con matar instancias gubernamentales que algunos grupos creen indispensables, pero él no. Esa es la nueva cornucopia.

Por tanto, para AMLO no hay causas particulares, así que no reconoce traición alguna.

Y sólo por si hiciera falta decirlo. Este modelo de López Obrador tiene al menos 3 pruebas que superar: que el gobierno que va a regar ese bosque sea eficaz, que esa causa no privilegie intereses meramente electoreros de Morena, y que -por si fuera poco- haga un milagro: que logre esa transformación de la mano de los mismos empresarios que en los últimos 30 años no han dejado para los más pobres ni zacate.

El autobalance del presidente fue altamente aprobatorio, y en distintos momentos lo aprovechó para responder a las críticas de sus "adversarios", por ejemplo, para insistir en que la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue la mejor decisión pese al costo económico que implicará.

Por esta decisión, y otras tomadas en Pemex, las calificadoras internacionales, y organismos nacionales y extranjeros, ubican como un punto negativo el manejo inicial de la economía, lo que han expresado con la baja de las notas a la perspectiva económica del País. A ellos, les dijo ayer que no hay ninguna señal de "recesión" y que la economía crece lento, pero va bien.

Tal vez por la escalada de violencia que continúa en todo el país, la única crítica que asomó, y muy tímidamente, fue la aceptación de que la crisis de inseguridad apenas se ha podido contener, pero no la ha podido reducir.

En este periodo formal de gobierno (porque en realidad AMLO empezó a gobernar desde el 2 de julio, al día siguiente de la elección) la inseguridad es sin duda uno de los temas en los que menos se ha avanzado. Esto a pesar de que una de sus fortalezas, la obtuvo sin duda, con la inédita cruzada contra la red de complicidades que saquearon por años el robo de combustibles de las plataformas marinas, las refinerías y los ductos de Pemex.

Tal vez por ello, las reformas que más destacó fueron la creación de la Guardia Nacional, la Ley de Extinción de Dominio y la ampliación del catálogo de delitos con obligación de prisión preventiva, como la corrupción y el robo de hidrocarburos. Habrá que ver si estos nuevos instrumentos de verdad contribuyen a pacificar el país como lo han prometido sin lograrlo, los últimos 2 presidentes, el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.

Las tentaciones autoritarias en las que ha incurrido al atentar contra la autonomía de los órganos independientes al descalificar a sus titulares o proponer candidatos que no cumplen el perfil técnico, así como la intolerancia a la crítica de las organizaciones de la sociedad civil a las que también fustiga, es otra de las zonas oscuras que han quedado al descubierto y que es muy oportuno empezar a contrarrestar desde la ciudadanía.

Nada halagador para un gobierno que cumple 100 días resulta que una de las notas más importantes que las que amanece el país sea que 19 personas fueron secuestradas mientras viajaban a bordo de un autobús foráneo, en la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas. Sí, San Fernando otra vez.

Inevitablemente, al leer las líneas vuelven a la mente los 72 migrantes que hace más de 8 años y medio, en aquel municipio norteño fueron secuestrados y masacrados por al menos 8 hombres integrantes del grupo criminal Los Zetas.

De acuerdo con notas periodísticas, tan sólo en la jornada del domingo, 34 personas fueron asesinadas en hechos violentos, principalmente en los estados de San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato, la Ciudad y el Estado de México y nada menos que Jalisco.

Es urgente que los resultados del combate a la inseguridad permeen en todos los ámbitos en los que la delincuencia tiene azotada a la población; que la paz llegue a todas aquellas personas que ha visto quebrantar su patrimonio o a su familia; pero sobre todo, que la justicia se garantice a todas y todos sin distinción.

Me preocupa que en estos 100 días no tengamos claro que es lo que se ha hecho para frenar y revertir delitos tan graves y lacerantes como la desaparición de personas. Que todas las esperanzas estén puestas en el inicio de operaciones de la Guardia Nacional cuando se supone que ya hay miles de efectivos de las fuerzas federales desplegados por el país.

Los abrazos llegaron pero las cifras nos dicen que no precisamente ha sido a cambio de balazos.

El crecimiento económico de 4% que el presidente busca con obsesión es posible, pero requiere de grandes inversiones, públicas y privadas. Hasta ahora lo que hemos tenido es un mayor empuje de la inversión pública, que es sin duda positiva pero también mensajes poco claros por no decir negativos para los inversionistas privados. Detener la construcción del aeropuerto tuvo un efecto de contracción de la inversión y 4 meses después es momento que no se recupera del todo esa confianza. Por más que hoy dedicó una parte importante de su largo discurso a los empresarios la inversión lo que requiere es, dentro de los posible, certeza económica y jurídica. Si a la falta de confianza le sumamos un entorno internacional adverso, se ve muy complicado que este año e incluso el próximo el crecimiento llegue a 2%, una cifra que el mismo presidente calificaría de mediocre.

En seguridad seguimos con la misma inercia alcista del gobierno de Enrique Peña Nieto. No podía ser de otro modo; nadie por su sola presencia puede detener el deterioro de las instituciones de seguridad y mucho menos la ruptura social que ha implicado tantos años de violencia. Pero pensar en que la creación en el papel de una Guardia Nacional va a cambiar las cosas es iluso y más aún lo es pensar que las fuerzas armadas en las calles por 5 años más van a hacer algo distinto a lo que vimos con Peña y Calderón. Por el contrario, está demostrado que la letalidad en el combate del crimen organizado ha aumentado, esto es que el Ejército y la Marina usan cada vez más fuerza en sus acciones lo que implica mayor número de muertos.

En materia de corrupción López Obrador habla mucho y hace poco. Seguimos en la lógica de la corrupción etérea, la corrupción sin corruptos. Hoy por hoy no tenemos forma de saber si la corrupción bajó por el simple hecho de que el de arriba ya no roba o si todo está igual. Lo que sí sabemos y no es buena noticia es que la mitad de la inversión pública se ha hecho por asignación directa, las grandes obras y compras no se licitan lo que favorece la opacidad, el sobreprecio y la falta de vigilancia externa. A 100 días la baja de la corrupción es solo un acto de fe.

No está claro qué tanto entiende López Obrador que 2 decisiones políticas lo confrontan con el presidente Donald Trump, con quien no quiere pelearse porque está consciente de que el único que puede descarrilar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. Por eso, instruyó a que nadie fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve la relación con Estados Unidos, marginando a la Secretaría de Gobernación en temas migratorios, o a la Secretaría de Economía, en asuntos comerciales. El canciller Marcelo Ebrard es quien se encarga de ello. La unificación de un mando, en el contexto del desordenado y desequilibrado gabinete de López Obrador, parece un acierto. Pero por otras razones, no lo es.

Ebrard carece de una relación de alto nivel en la Casa Blanca, y su ventanilla es la del secretario de Estado, Mike Pompeo. En términos de política real, la relación con México fue degradada con López Obrador. La relación con México e Israel, ordenó Trump al iniciar su administración, la llevaría personalmente su yerno y consejero, Jared Kushner, que es como se llevó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya no. Kushner no está interesado en tener una relación con Ebrard. El acceso a la Casa Blanca está cancelada para el canciller mexicano, quien sólo lo tiene, de manera ajustada a los tiempos de Pompeo, a Foggy Bottom, la sede de la cancillería estadounidense.

La falta de acceso a la Casa Blanca no le ha permitido a Ebrard la posibilidad siquiera de explicar algunas de las decisiones de López Obrador que tienen muy molesto a Washington. La principal, el respaldo al presidente Nicolás Maduro, que es interpretado de esa manera ante la incomprensión y falta de razonamientos convincentes de lo que significa para México, en este momento, la política de neutralidad y no intervención.

En Washington no creen el discurso del gobierno mexicano, donde ven símbolos adicionales a los diplomáticos de no reconocer como interlocutor válido, siquiera, al proclamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien han respaldado la mayoría de las democracias. Una de esas señales es la continua presencia en México -con visitas a colaboradores cercanos de López Obrador- de Juan Carlos Monedero, ex asesor del presidente Hugo Chávez, y uno de los fundadores de Podemos, partido de izquierda radical en España, que durante varios años recibió financiamiento de Maduro.

El respaldo al régimen de Maduro por la vía de la autodeterminación de los pueblos, ha unido a republicanos y demócratas en Estados Unidos contra México. El 8 de febrero se dio la 1a. gran señal de que las relaciones bilaterales dejaron de ser lo que fueron. El senador republicano Marco Rubio afirmó a través de su cuenta de Twitter que las relaciones habían cambiado. "Esperaba que pudiéramos redefinir la relación entre México y Estados Unidos, para que la transformáramos en una asociación estratégica. Una alianza para afrontar nuestros desafíos comunes", escribió. "Pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno a Maduro pone todo eso en duda". 2 semanas después, en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le hizo un llamado directo a México a rectificar su posición -cada vez más aislada en el mundo.

La relación con Trump se ha modificado radicalmente por el caso Venezuela, que es de muy alto interés para Estados Unidos. Haberse entregado a Estados Unidos como 3er. país, para mantener a los inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo en esa nación, no ha servido para nada. Este lunes que López Obrador hablaba de cordialidad en la relación con Trump, este pedía fondos para construir el muro en la frontera con México, un tema del cual el presidente mexicano no ha querido hablar. Les dieron a Estados Unidos lo que buscaron por años, y no le redituó en nada a López Obrador.

No ha sido el único error importante. Dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay interés de invitar a una empresa paraestatal china al proyecto del tren bala México-Querétaro, que se canceló en el gobierno de Peña Nieto ante las presiones de Estados Unidos. Todavía más grave, sigue adelante con la instalación de un cable de fibra óptica submarina para telecomunicaciones, que conectará a Topolobampo con La Paz, con la participación de Huawei, el gigante chino vetado en Estados Unidos por razones de seguridad nacional, y por lo que está enfrentado con la Union Europea porque no quieren cencelarle contratos.

Venezuela y Huawei son temas de la geopolítica que no entiende el presidente López Obrador, quien por la manera como actúa, debe pensar que hincarse ante Estados Unidos en el tema migratorio, que es el más sonoro, es suficiente para tener una buena relación bilateral. Está equivocado. Su reduccionismo lo lleva por la ruta indeseable, pelearse con Trump. El choque no va a venir pronto. Ya se dio.

El PAN aplica una campaña contra López Obrador en sus redes sociales, con la leyenda "100 días de un gobierno incompetente". Señala que hay "un saldo negativo en economía, derechos de las mujeres, inseguridad, desempleo, influyentismo, transparencia y sin claridad en el combate contra el huachicol".

De acuerdo con Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio Político-Electoral, las medidas del presidente con menor aprobación fueron: el recorte a las estancias infantiles, la controversia sobre los refugios de mujeres en extrema violencia y la actitud presidencial en el marco de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y del senador Rafael Moreno Valle.

Que la Línea 3 del Tren Ligero estará terminada este año. Bien, pues el plazo vence el 31 de diciembre próximo. Ahora toca esperar la llegada de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsable de la obra. Esperar también a que se asignen los recursos económicos. Faltan 3,500 millones de pesos. ¿En qué plazo estarán entregándose?

También deben empezar a verse, en calidad de urgente, los trabajadores que a lo largo de toda la Línea 3 dejaron trabajos pendientes porque las empresas contratadas ya no recibieron pagos. ¿Y las pruebas de rodaje del tren y los vagones? Después de comprobar que las vías resisten el rodaje, también hay que cargar los trenes con peso muerto para calcular las cargas que deben resistir para transportar hasta 240,000 pasajeros al día.

Además, el presidente López Obrador denunció manejos irregulares en las obras; desvío de recursos y sobreprecio. ¿Quiénes y cuándo llamarán a cuentas a los directivos de la pasada administración? ¿Comparecerán Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la SCT, o Rodolfo Guadalajara, ex director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano?

Y el de la obra inconclusa del Tren Ligero es quizá el más visible de los pendientes. ¿Pero el combate efectivo a la inseguridad y la violencia cuándo será proyecto duradero? Los jaliscienses vivimos en uno de los estados con mayor tasa de homicidios: al menos 10 por día, y las zonas con más violencia están perfectamente ubicadas. Si ya se aprobó, la Guardia Nacional debe tener entre sus prioridades a Jalisco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su informe por sus primeros 100 días de su gobierno.

En realidad, se trató de una extensión de sus consabidas "homilías" mañaneras porque aplicó el mismo "rigor" para su informe que el caracterizado en sus ruedas de prensa matutinas en donde se saca de la manga cifras, planes y justificaciones para todo.

Lo decimos porque aseguró que la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara había pasado de costar 25,000 millones a 50,000 millones. Esta última una cifra inaudita pues en el peor escenario, tocamos madera, la obra costará alrededor de 35,000 millones de pesos al final.

En la Oficina de la Presidencia de la República no tienen documento alguno que justifique el "Plan Nacional Contra el Robo de Hidrocarburos" ni uno en el que se planteen objetivos y metas específicas sobre la implementación de esta política pública.

La Coordinación de Asesores del Presidente, la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y la Subjefatura de la Oficina de la Presidencia declararon inexistente el documento que justificara las acciones anunciadas por el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el 27 de diciembre de 2018.

Y precisaron que "el hecho de que el Presidente de la República comunique a la sociedad, a través de conferencias de prensa, comunicados o mensajes, temas de diferentes materias de interés público, no conlleva a establecer la obligación por parte de la Oficina de la Presidencia a poseer el soporte documental respectivo".

El PRD donde militaba, y el PAN y el PRI, que fueron incapaces de ver que el discurso teológico y binario que tenía, iba a ser imposible de vulnerar con el viejo discurso de la clase política. La clase gobernante lo soslayó cuando se construyó el Pacto por México mediante acuerdos cupulares, para producir reformas económicas profundas.

Antes que la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD se rompiera, se le preguntó a uno de los principales colaboradores de Peña Nieto si no pensaban que forzar los acuerdos de élites, sometiendo a las militancias partidistas, podría tener un impacto negativo en el largo plazo al estar desdibujando los liderazgos de la oposición y anulándolos. El colaborador volteó a ver al periodista con ojos de perdonavidas y respondió: "¿Está mal?". El 1 de julio del año pasado tuvo su respuesta. Todos ellos construyeron el ascenso de López Obrador al poder.

Nunca entendieron a López Obrador y no lo entienden. Ven su actuar como el de un iluminado. Se equivocan en parte. López Obrador sí se siente un iluminado y ha llegado a decir en privado que la derrota en las elecciones de 2006, que fue muy dolorosa para él, fue una prueba que le impuso Dios para probarlo.

La transformación no es sólo una reformista, como algunos la perciben por mantener lo que observan como una contradicción: políticas populistas y disciplina macroeconómica. Menosprecian, quizás porque les parecen disparatadas como muchas de las cosas que ha dicho López Obrador, que él prefiere que toda la nación camine hacia la pobreza, revirtiendo décadas de desarrollo, si es la única opción para acabar con la corrupción.

La destrucción de todo no es sólo discurso político. La transferencia directa de recursos a los grupos sociales desfavorecidos, el control político-electoral a través de su Coordinación de Delegados, la cruzada contra las instituciones y el pasado mediante la acusación son producto de la corrupción, a la que combate porque su gobierno emana del pueblo y para el pueblo, plantea un cambio social que sólo puede ser realizado por las masas. Esta es la categoría de análisis que debe utilizarse con él.

Su gobierno no se está construyendo a partir de la presidencia convencional, sino mediante un gran frente de masas donde las minorías, a las que combate todas las mañanas, deben ser erradicadas para dar pie al nuevo régimen. Las cámaras, los fiscales, los sindicatos y los medios alternativos son la cabeza de playa. El frente de masas es una concepción de poder vieja -Lenin pidió "todo el poder a los soviets"- que se llega a interpretar como autoritarismo. Para quien defiende esta ideología, quien lidera este cambio es un "vanguardista", que entiende lo que está en juego y para dónde va. Las masas no entienden de estas abstracciones, pero marchan detrás de su líder.

(V.pág.2 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 11 de marzo de 2019).

Los chairos furibundos le hacen a López Obrador el mismo dudoso beneficio que un hooligan a su equipo de fútbol. Una barra brava de la UNAM, del América o de cualquier otro club, puede provocar incluso el veto del estadio o por lo menos que los aficionados moderados dejen de ir a las tribunas a apoyar a su equipo.

Me parece que México necesitaba un cambio urgente por los niveles de corrupción y la inseguridad pública que padecemos debido al abandono al que se ha condenado a los más desprotegidos. El país no podía seguir transitando por esa ruta. La ineptitud de los gobiernos panistas y la frivolidad y el saqueo mostrado por los priistas que les reemplazaron, amenazaba con llevarnos a la violencia social y a un estado fallido (en algunas regiones ya lo es). Mucho de lo que está proponiendo López Obrador intenta enderezar el camino o al menos buscar otras vías para resolver nuestros problemas.

Eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas sus ideas, expresiones y actitudes. Me parecen desafortunados sus denuestos a la prensa fifí, el tono irónico o burlón con el que descalifica a lo que considera sus enemigos, y sus embestidas indiscriminadas a todo lo que sea neoliberal o provenga del pasado inmediato. Pese a sus exabruptos, se advierte un verdadero esfuerzo de su parte para tratar de convertirse en un presidente para todos los mexicanos, incluso para los que no votaron por él o no lo quieren. Y haría bien, porque las metas que se ha propuesto López Obrador no pueden conseguirse solamente desde la Presidencia. Entre otras razones porque todo el presupuesto del gobierno federal representa apenas una cuarta parte del producto bruto y porque la globalización por un lado, y la economía sumergida por el otro, provocan que buena parte de lo que sucede en la realidad escape a las posibilidades de la Presidencia. Necesita de todos, incluyendo la iniciativa privada y los grandes actores nacionales y extranjeros.

Por lo mismo, le hacen un flaco favor todos aquellos que salen en su defensa agrediendo y descalificando sumariamente a todo el que no esté de acuerdo con el líder. Desde luego que muchas de las críticas en contra de López Obrador son de mala leche, pero eso no significa que todas lo sean, ni que haya un imbécil reaccionario en cada detractor. La imbecilidad, la ignorancia y la mezquindad no son atributo de un solo bando.

Para los que no votaron por López Obrador y están dispuestos a ofrecerle el beneficio de la duda deben de resultar irritantes los chairos que actúan como talibanes. Por la misma razón que un vecino fanático y burlón me hizo odioso al equipo América, en más de uno puedo encontrar alarmante la actitud de linchamiento y de soberbia que asumen algunos simpatizantes. Ayuda muy poco que Irma Sandoval, la secretaria de la Función Pública, dijera que López Obrador es el Estado, así haya sido sacada de contexto, porque hace pensar en regímenes autoritarios centrados en el liderazgo personal; o que el senador Salomón Jara proponga una normatividad para restringir a las calificadoras que disminuyen la calificación de México, porque parece un 1er. paso para legislar en contra de los enemigos del Presidente. En su afán de defender al jefe de gobierno, le dan argumentos a todos aquellos que profetizaban la tontería esa de que López Obrador y Chávez son la misma cosa.

No se trata de ofrecer la otra mejilla ante la crítica mal intencionada o responder a los ataques con una bobalicona actitud conciliatoria. Se requiere responder con argumentos a los contraargumentos, defender la pertinencia de las políticas públicas en las que creemos, a pesar incluso de que puedan reconocerse pifias en el camino. Lo que menos necesita López Obrador son hooligans a su alrededor. Requiere colaboradores inteligentes capaces de fortalecer sus aciertos y ayudarle a matizar sus desaciertos. Y necesita de simpatizantes que lo sigan no por una fe ciega e incondicional sino porque sus propósitos y la manera de llevarlos a cabo coinciden en mayor o menor medida con los que cada uno de nosotros creemos.

La tarde de este domingo la cuenta en Twitter de la Secretaría de Bienestar federal @bienestarmx, publicó una imagen que llevaba por título "5 razones por las que No quieres BIENESTAR en México", texto que resultó ofensivo para un gran número de internautas quienes de inmediato reaccionaron en contra.

Y es que el listado da 5 razones para reprobar a una persona que supuestamente no quiere el bien de México, tal como no aceptar recibir directamente un apoyo del gobierno federal, así como migrar al extranjero por querer una mejor vida, lo que fue calificado por algunos como "adoctrinamiento".

Algunas personalidades como la analista, Denise Dresser se sumaron para lamentar el tuit: "Este mensaje es lamentable: manipulador, maniqueo, construido sobre una serie de falsas disyuntivas. O apruebas las políticas del gobierno o eres un mal mexicano, poco nacionalista, que no ama a su país. Muchos sí queremos bienestar, pero sin adoctrinamiento ideológico".

Por su parte el periodista y columnista León Krauze, escribió: "¡¿Perdón?! ¿Qué le quiere decir esto a los millones de migrantes mexicanos?". "El posteo de Bienestar causó malestar, pero que no había sido aprobado. ¿Sí fue redactado por ustedes? ¿Estaba en espera de aprobación?", cuestionó en su mensaje Vampipe, popular usuario de twitter.

Tras algunas horas de la publicación y de que se volviera viral por las protestas de tuiteros, la cuenta @bienestarmx borró el tuit y aclaró que se trató de un "error”.

"En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar. Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos".

Tras la aclaración, la dependencia no ha hecho público a quiénes sancionará por el desacierto.

(V.periódico Mural en línea del 10 de marzo de 2019).

Como alguna vez sostuvo "The Economist": "la realidad muerde". El juicio de la realidad es implacable. Hay cosas que el presidente no puede controlar aunque se obstine en negar. La economía muestra signos de desaceleración, existen causas internas, pero sobre todo por el enfriamiento de la economía de los Estados Unidos. Economistas como Jonathan Heath o Raúl Feliz han advertido que México difícilmente crecerá en el 1er. trimestre del año. Y la mayoría de los pronósticos sitúan el crecimiento del país en torno al 1-1.5%. La inseguridad tampoco muestra grandes signos de mejora. Los homicidios se mantienen por las nubes y la Guardia Nacional, como proyecto insigne de la actual administración, difícilmente quedará conformada en el resto de 2019. Como cada sexenio, la paz -paradójicamente- dependerá de los militares.

No sabemos, en términos reales, cuánto ahorro ha habido, pero la construcción de la imagen de un presidente cercano al pueblo ha influido, de manera determinante, en la percepción de que López Obrador es un mandatario distinto. Un antisistema desde el gobierno.

De la misma forma, el presidente ha hecho del combate a la corrupción, un eje transversal que marca todas sus políticas públicas. La denuncia de la corrupción le ha permitido al presidente utilizar el machete -en lugar del bisturí- para minar la credibilidad de cualquier institución que no sigue "a pie de juntillas" sus deseos. El discurso voluntarista -no existe el "no se puede"- está siendo premiado por los ciudadanos. Después de gobiernos que ponían excusas, o que parecían estáticos frente al sistema, las prisas de López Obrador brindan una percepción de una tremenda sacudida al estatus quo.

También hay medidas concretas que trascienden lo simbólico. Por ejemplo, el salario mínimo subió 16%. No es menor. Las pensiones a adultos mayores se duplicaron. Se acabaron los privilegios de la alta burocracia y el congreso aprobó un presupuesto con mayor tinte social. Y es que las medidas de López Obrador son más efectivas cuando atiende problemas directos de la sociedad y no cuando busca que el símbolo se superponga a la realidad.

Empero, el presidente necesita más sentido de realidad y pragmatismo. Hace algunos días, López Obrador dijo que el gobierno es un "elefante que se mueve muy lento". Un animal complejo que no se activa a la voz cantante del mandatario. El presidente tiene prisa por demostrar que las cosas se pueden cambiar simplemente con la voluntad y eso ha provocado problemas que repercuten en la credibilidad de su proyecto, en la certidumbre de sus acciones y en el horizonte a mediano y largo plazo. Y es que, si algo podemos rescatar de los gobiernos de izquierda que han logrado avances relevantes en determinados países como Uruguay, Chile, Portugal o España, es que logran vincular el simbolismo (fundamental en la política y en la construcción de expectativas) con el realismo y el pragmatismo. López Obrador debe desoír a esas voces que creen que la polarización es su mejor aliado. La certidumbre es y será la base que dote de viabilidad a su proyecto político.

Por ejemplo, el mayor foco rojo que tiene López Obrador en materia económica es Petróleos Mexicanos. Y es donde el símbolo y la realidad se entrecruzan. El presidente no va a abandonar a su suerte a la empresa pública que representa, de forma fidedigna, al nacionalismo mexicano. López Obrador quiere que la petrolera sea lo que fue: eleve su producción, produzca gasolina y sea la hegemónica del mercado energético nacional. El asunto es que Pemex tiene finanzas muy delicadas, con compromisos de deuda que ascienden a 2 billones de pesos y cumplimientos de créditos por más de 130,000 millones de pesos sólo en 2019. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir López Obrador con tal de rescatar a la petrolera? ¿No puede generar más problemas económicos un proyecto que a corto plazo no es sustentable? El símbolo es fundamental mientras no desplace la razón a la hora de ver de frente a la realidad.

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también difuminó la diferencia entre realismo y simbolismo. López Obrador enterró el Aeropuerto en Texcoco más como mensaje político que como proyecto de gobierno. Frente a los poderes fácticos que presionaban, el presidente quiso manifestar la autonomía del Estado como eje simbólico de la ruptura con el neoliberalismo. Sin embargo, la decisión que pudo haber sido aplaudida por las bases más duras de sus simpatizantes, tuvo un efecto de desconfianza con el empresariado que todavía no se subsana del todo. Tan es así, que los indicadores en materia de inversión siguen muy lejos de los óptimos para esperar un crecimiento por encima del 2% en este 2019. Es donde el presidente tiene que ser más pragmático.

El presidente no debe menospreciar la realidad. No debe menospreciar los mensajes que mandan la economía, la seguridad y el combate a la corrupción. El símbolo no puede estar por encima de la fría realidad.

Xiudadanos Mx
(9 de marzo de 2019).

¿Qué han dicho las calificadoras acerca de Pemex y de México? ¿Por qué han generado tanta molestia en el presidente, los legisladores y los seguidores de AMLO?

Moody's fue la 1a. en expresar sus dudas sobre los planes del gobierno para Pemex y el sector energético. No le salen las cuentas. La calificadora describe una empresa en una situación muy complicada: producción a la baja; reservas probadas en declive; fuerte carga fiscal; flujo de efectivo negativo, y alto nivel de endeudamiento.

El diagnóstico de Moody's explica que uno de los principales riesgos se encuentra en las gigantescas necesidades financieras de Petróleos Mexicanos para los próximos 3 años: entre el 2019 y 2021 deberá pagar vencimientos por el equivalente a 25% de su deuda actual (cercana a 92,000 millones de dólares). A estos pasivos habría que añadir los compromisos por pensión de jubilación de sus trabajadores.

¿Puede una empresa con una carga financiera tan grande lanzarse a un ambicioso plan de inversión? AMLO piensa que sí: quiere que la producción petrolera regrese a los niveles de 2.6 millones de barriles diarios (en enero fue de 1.66 millones) y, además, aspira a que México sea autosuficiente en refinados.

¿Cuánto cuestan estos planes y de dónde saldrán los recursos? Aquí está el corazón del debate entre López Obrador y las calificadoras. Moody's y Standard and Poor's consideran que hay una brecha que asciende a miles de millones de dólares al año. Si se suman los compromisos financieros y los nuevos planes, los requerimientos financieros están en un rango de 18 a 20,000 millones de dólares anuales. El flujo de efectivo garantizado para la empresa está muy debajo de esa cantidad y no han podido explicar cómo se llenará la brecha. Un factor a tomar en cuenta es que el mejor negocio de Pemex es la exportación de crudo. En refinación, siempre ha perdido dinero.

¿Pondrá el gobierno federal los recursos? Este es uno de los dilemas. Si lo hiciera, podrían descomponerse las cuentas del propio gobierno. Esto es una de las cosas que dijo Standard & Poor's en su informe de 7 páginas que provocó tanta molestia. Las dudas sobre los planes en el sector energético en un contexto de menor crecimiento económico están incrementando los riesgos para el gobierno federal. Tantos compromisos podrían romper el equilibrio de las finanzas públicas y, eventualmente, poner presión para la calificación de la deuda soberana del gobierno federal.

¿Hay otras fuentes de recursos? AMLO no es partidario de la inversión privada y ha congelado los planes para que Pemex se asocie con otras empresas. Ir a los mercados por recursos es una opción cara, que se volverá más cara... y, además, depende de cómo nos vean las calificadoras.

¿Por qué Moody's, S&P y Fitch no toman en cuenta los esfuerzos para combatir la corrupción? En 1er. lugar, porque no es su papel. En 2o. lugar y quizá más importante, porque la información sobre el combate a la corrupción se produce en clave política y no en clave financiera. En el contexto actual, el gobierno podría lograr que sus logros fueran tomados en cuenta por las calificadoras si ofreciera cuentas más claras de sus avances: ¿dónde están? En campaña hablaban de ahorros por 500,000 millones de pesos, ¿cuánto llevan?, ¿en qué rubro de las cuentas públicas los hallamos?, ¿cuánto corresponde a Pemex?

El cambio obligó la purga de la nomenclatura y la burocracia; el sacrificio de la clase media, para la que no hay presente ni futuro. No es nuevo. Desde el cierre de campaña en el Estadio Azteca, definió un gobierno para ricos y pobres, pero no para los de en medio. Esa marcha desplaza y destruye al viejo régimen, que antes fue "fifí", previamente "mafia del poder" y antaño "pirruris".

Nada ha sufrido tanto los embates de los primeros 100 días de gobierno de López Obrador como la agenda de igualdad de las mujeres. 2 golpes letales, la cancelación de los programas de estancias infantiles y el de refugios para mujeres violentadas fueron pésimas señales que dejaron ver la falta de una visión del problema y perspectiva de género en el gobierno. Las intervenciones de 2 de las candidatas a la Corte son anécdotas que solo confirman que no se trata de un problema de comunicación sino de una agenda que, salvo contadas excepciones como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o la diputada Tatiana Clouthier, les es ajena al grupo gobernante.

La de López Obrador, lo hemos comentado antes, es una izquierda conservadora. Nunca ha hecho suya la agenda de la ampliación de libertades y tampoco cree en ella. En su concepción idealizada del pueblo, bueno y sabio, no hay mejor guardería que la familia y la violencia es una desviación moral. Lo que no ve o no le gusta ver es que el pueblo no es una entelequia, sino que está compuesto de ciudadanos de carne y hueso, capaces de salir a manifestarse para defender a un huachicolero por 500 pesos; de violentar a las mujeres de su familia, esposas e hijas; de corromperse y corromper. Que el machismo no es una conducta aislada sino un problema estructural que todos, hombres y mujeres, reproducimos incluso inconscientemente.

Combatir la corrupción es el mandato más claro del electorado y el presidente lo tiene clarísimo. Lo que no es mandato sino ceguera es hacerlo retrocediendo en lo poco que habían ganado las mujeres en políticas públicas por el hecho de que, en esos, como en todos los programas sociales del país, hay corrupción. En este estilo personal que tiene López Obrador de, como definió Jaime García Elías, "matar los piojos a martillazos", en ocasiones es más el daño que se causa que el bien que se persigue. Los abuelos buenos y sabios jamás van a suplir el trabajo profesional de una guardería, pero sobre todo nunca dará a las mujeres que perdieron el derecho del espacio de libertad que tenían.

La picaresca atribuía a los políticos una fórmula infalible, si no para resolver problemas graves, sí, al menos, para salir del paso a la hora de las grandes dudas: "Crea una comisión". La fórmula, en el presente, ha sido modernizada: "Si no puedes tomar una decisión..., haz una consulta".

La actual administración federal, de hecho, ha optado por hacer "El Paso de la Muerte" entre las 2 estrategias. Para hacer malabares con el chayote caliente del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sometió el tema a una supuesta consulta que se pronunció por abortar un proyecto técnicamente pertinente y en el que ya se habían invertido miles de millones pesos. Y para tratar de sofocar los clamores desatados por el caso Ayotzinapa ("¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!"), creó una "Comisión de la Verdad" que presumiblemente terminará como "El Parto de los Montes" de la añeja fabulilla: "Después de tanto ruido..., sólo viento".

Puesto que someter a "consultas" las graves decisiones fue un compromiso público y explícito de la actual administración, el método se aplicó ya para el proyecto del Tren Maya y para la Termoeléctrica de Huexca, Morelos, con resultados afirmativos -que no necesariamente positivos...- para ambas propuestas.

En su carácter de director de la Comisión Federal de Electricidad, con un historial extenso y polémico en lo político, pero escaso o nulo en lo técnico, Manuel Bartlett Díaz argumenta, en un artículo de opinión publicado ayer en "El Universal", que la planta tendría "la capacidad de alumbrar a todo el Estado de Morelos (...) para cumplir con el principio de que la electricidad es un bien público, para el desarrollo económico y la justicia social", y que "de no ponerse en operación la termoeléctrica, habría que comprar electricidad a empresas extranjeras, a precios elevados".

Planteado así el tema, la pregunta cae por su propio peso: si los beneficios son tan obvios, ¿qué caso tiene someter el asunto a consulta pública, dejando la decisión en manos de "gente buena", acaso bien intencionada pero profana, desconocedora o ignorante del tema, y exponerla, además, a la posible manipulación de quienes dolosa o interesadamente quisieran sabotearla?

Aunque Bartlett sostiene que "diversos especialistas" -no especifica quiénes- estiman que las consultas "'favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía", gobernar significa tomar decisiones, corriendo los riesgos que ello implica.

Consultar no siempre equivale a "democracia real", y sí, muchas veces, a demagogia. Así que...

La teoría señala que se vota, en las democracias, con la cabeza. La práctica enseña que una sociedad en que predomina la pobreza, vota con el estómago.

Una de las leyendas urbanas que más favorecieron al PRI en los años de la "dictadura perfecta" -Vargas Llosa dixit-, sostenía que si el PRI perdía las elecciones, desaparecerían la educación gratuita y el Seguro Social, y los trabajadores sindicalizados se quedarían sin empleo. La especie alentaba "el voto del miedo".

Cambian los tiempos, cambian los gobiernos... pero no queda claro en qué medida cambian los métodos. Referencia obligada sería, al respecto, el trabajo de María Amparo Casar, en el número de "Nexos" de este mes, intitulado "El gran benefactor". Alude, por supuesto, al generoso personaje -Santa Claus redivivo- que, desde Palacio Nacional, ha destinado cuantiosos recursos de dinero del pueblo, que él puede manejar discrecionalmente, a "programas"; como si se tratara de convocar multitudes de menesterosos en el Zócalo, y hacerlos felices quebrando piñatas de las que cayeran, en vez de caramelos, monedas de 10 pesos.

Se trata de los 191,000 millones de pesos presupuestados para 2019, en 7 programas de "asistencia social", en beneficio directo de 23 millones de personas. El programa "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores" repartirá 100,000 millones de pesos, a razón de 2,500 pesos bimestrales, entre casi 10 millones de personas mayores de 68 años. En "Jóvenes Construyendo el Futuro", 40,000 millones de pesos se distribuirán, a razón de 3,600 pesos mensuales, entre 2.3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan; 300,000 estudiantes de nivel superior, de escasos recursos, recibirán 2,400 pesos mensuales. Otros 5 millones de estudiantes percibirán "becas" de 800 pesos mensuales. 7 millones de personas con discapacidad permanente y un millón de pequeños negocios están incluidos en la extensa lista de beneficiarios de esos programas.

El trabajo de María Amparo Casar señala que "el asistencialismo (...) nunca ha sacado a un país de la pobreza". Tampoco resuelve las injusticias causadas por una política que desatiende soluciones estructurales como educación y producción. Sí, en cambio, genera "clientelas"...

Propicia, en conclusión, que mucha gente vote... con el estómago.

López Obrador, desde su conferencia mañanera lanza (ante los medios que le siguen todos los días) acusaciones muy serias contra alguien, trátese de personas, instituciones, organismos, gobernadores, empresas, etc.

En el transcurso de las horas que siguen a la acusación mañanera, las entidades gubernamentales relacionadas con la acusación, confirman que hay "sospechas", "líneas de investigación" o " fuertes indicios" de que la acusación es cierta.

Obviamente el acusado empieza a retorcerse, niega todo, y empieza a buscar espacios públicos para defenderse. Nada sirve.

En días subsecuentes, a preguntas expresas de reporteros de la mañanera, el presidente hace comentarios muy breves, se burla, ironiza sobre el tema.

Finalmente, y a petición de la parte afectada, se da un encuentro con el presidente donde todo queda aclarado, donde se despejan dudas, donde quedó visto que el acusado "es una buena persona", y López Obrador lo tiene sentado a su mesa, feliz de haber sido "perdonado", y por supuesto dispuesto a colaborar a muerte con el nuevo gobierno.

Asunto zanjado.

En el camino, desde la acusación misma sin mostrar la más mínima prueba, hasta la absolución bajo la mirada del presidente, se violaron leyes y códigos de manera flagrante y ante la vista de todo un país, empezando por la famosa "presunción de inocencia", ya que la víctima fue acusada, juzgada y perdonada por el presidente solo frente a los medios. No se muestra el mínimo indicio de algún proceso o acusación en forma.

¿Quién reclama? Nadie.

Por un lado, los opositores a López Obrador ya empiezan a sonar más como el zumbido sordo y constante de un avispero (al que finalmente uno se acostumbra), y por otro lado en un México donde campea la impunidad, y donde se violentan leyes y leyes todos los días, no aparece quién pueda tener la suficiente autoridad para levantar la mano y exhibir al presidente.

Parece que frente a un problema, la solución que encuentra la autodenominada 4T es sacar el hacha en vez del bisturí. ¿Huachicol? ¡Cierren los ductos! ¿Corrupción en varias estancias infantiles? ¡Córtenles el dinero a todas! ¿Refugios ineficientes para mujeres violentadas? ¡Se acabó el financiamiento a todos los refugios!

La terna que envió el presidente López Obrador al Senado de la República para elegir al sustituto de la ministra Margarita Luna Ramos resultó simplemente impresentable. Hay una, Loretta Ortiz, menos mala que las otras 2, Yasmín Esquivel y Celia Maya, que mostraron no sólo un profundo desconocimiento de las tesis emitidas por la Corte sino un conservadurismo decimonónico en materia de igualdad de derechos que apenaría a un partido de derecha, no digamos a uno de izquierda. Fue tal el papelón, que ayer en la rueda de prensa mañanera el presidente dijo que no iba a comentar más la respecto y que todo eso ya estaba en manos del Senado.

Para el nombramiento de cualquiera de las 3 se requieren 2 terceras partes de los votos que Morena y sus aliados, PES y PT, no tienen, lo que abre 2 posibilidades: que alguno de los partidos de oposición negocie en cortito sus votos a cambio de otras posiciones o algún interés específico en algún estado, o bien que PAN, PRI, PRD y MC se mantengan firmes, como ya sucedió en el dictamen de la Guardia Nacional, con lo que obligarían al presidente, sin que éste tenga que hacerlo en un tiempo definido, a enviar una nueva terna, y en caso de que dicha terna fuera también rechazada, dejarlo en libertad de escoger de entre sus propuestos a la nueva o nuevo ministro, con el costo de desgaste que ello implica.

Rechazar la terna sería un grito claro y fuerte: hay oposición. Después del triunfo, con todos los matices que se quiera, en el tema de Guardia Nacional, mantener el frente y rechazar una terna a todas luces inelegible sería un gran mensaje de equilibrio de poderes, pero sobre todo de seriedad. El presidente López Obrador, el mismo que criticaba el amiguismo del gobierno de Peña Nieto, ha antepuesto el valor de la lealtad y amistad a los de capacidad y conocimiento. La tecnocracia, entendida como la preponderancia del conocimiento técnico sobre las valoraciones políticas y sociales y que tanto odia el presidente, no se combate buscando perfiles políticamente afines sino con aquellos del mismo o mayor nivel técnico, pero con capacidad política y perspectiva social.

Tener en el supremo tribunal perfiles inadecuados es la mejor forma de debilitarlo y someterlo. Lo que se juega la oposición en esta decisión no son unos pesos más o menos en un estado o un intercambio de favores; se juega al mismo tiempo su existencia y la posibilidad de tener un poder judicial independiente que sea un verdadero contrapeso para un poder ejecutivo empoderado urgido de equilibrios.

Ahora sí que, parafraseando al propio Andrés Manuel, por el bien de todos, rechacen la terna.

Poner el foco en Caminos y Puentes Federales puede resultarle en cuestionamientos por algunas de las cosas que han estado pasando en las carreteras administradas por el gobierno federal.

1o., la intención de fomentar más el pago con dinero en efectivo en las casetas, señalada como una de las estrategias del actual sexenio, disminuye los controles, favorece las transas y hasta puede servir de escondite al lavado de dinero. Sea o no la intención oficial.

2o., la política de "tolerancia" a manifestantes que le son afines al gobierno lopezobradorista que toman casetas, cobran directamente a los coches y se quedan con el dinero del presupuesto público. Tan solo este fin de semana, el movimiento que exige la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa tomó la caseta México-Cuernavaca. Personas encapuchadas cobraron 50 pesos por coche y en vez de recibo, entregaban un volante. También el fin de semana, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, platicó con líderes sociales de su natal Sonora para desactivar bloqueos carreteros.

Permitir que un grupo tome una caseta y cobre el peaje -que es dinero de todos los mexicanos- es también una forma de desviar recursos y puede ser también una nueva forma de financiamiento desde el Estado a movimientos que le son afines: solo les dejan por horas la caseta y el control de la pluma, que con eso tienen y mucho.

El 2 de marzo, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, fue abucheada durante un evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Milenio, marzo 3).

El mismo día la misma situación se repitió con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que anunció sospechas sobre los manifestantes y la posibilidad de no volver a compartir un mitín con AMLO. (Excélsior, marzo 4; ADNPolítico, marzo 5).

Un par de días después, la situación se repitió con el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, que confrontó a los manifestantes con un "¿Le van a seguir o ya terminaron?" (Reporte Índigo, marzo 5) y abiertamente calificó los abucheos de "prefabricados" (El Universal, marzo 3).

Llamó la atención que en dichas protestas eran bastante similares:

1. Un gobernador de oposición se reúne en un evento con López Obrador.
2. El gobernador es abucheado.
3. Lopez Obrador intercede en apoyo del gobernador, generalmente hablando de reconciliar o con la frase "La cuarta transformación también es reconciliación".

Desde el inicio del sexenio de AMLO, la misma situación se vio con al menos 14 de los 32 gobernadores. A saber:

- Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche por el PRI. (Diciembre 8 y febrero 23).
- Arturo Nuñez, exgobernador de Tabasco por el PRD. (Diciembre 9).
- Omar Fayad, gobernador de Hidalgo por el PRI. (Diciembre 18).
- Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca por el PRI. (Diciembre 21).
- Miguel Angel Riquelme Solis, gobernador de Coahuila por el PRI. (Diciembre 28).
- Silvano Aureoles Conejo, gobernador de mMichoacán por el PRD. (Enero 3).
- Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero por el PRI. (Enero 11 y febrero 8 ).
- Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas por el PRI. (Enero 18).
- Alfredo Del Mazo Maza, gobernador del Estado de México por el PRI. (Enero 22).
- Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí por el PRI. (Enero 29).
- Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora por el PRI. (Marzo 2).
- Javier Corral, gobernador de Chihuahua por el PAN. (Marzo 2).
- Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur por el PAN. (Marzo 3).
- José Ignacio Peralta, gobernador de Colima por el PRI. (Marzo 5). (El Universal, marzo 5).

En su columna de opinión, Pascal Beltrán Del Río anotó como el único gobernador de MORENA abucheado de forma similar fue Cuauhtémoc Blanco en septiembre, después de un intercambio de acusaciones con Yeidckol Polevnsky. (Excelsior, marzo 4).

- Luis.

Paco Calderón
(7 de marzo de 2019).

El vocero de la bancada de Morena en el Senado, Salomón Jara, informó que su grupo presentará este jueves una iniciativa que faculte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a revocar permisos de operación a las calificadoras de riesgos de inversión que se aparten de los principios de independencia, objetividad y rigurosidad.

Calificadoras que siguen la conducción de Petróleos Mexicanos (Pemex), como Standard and Poor's, pasaron a negativa la valoración del riesgo de inversión, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la marcha de la economía es buena.

Salomón Jara dijo que retirar dichos permisos a calificadoras aplicaría "cuando atenten deliberadamente contra la estabilidad financiera de una empresa o sector determinado".

Para el legislador de Morena, Standard and Poor's "no tiene vergüenza, ni calidad moral", y sostuvo que dicha firma "quiere presionar, chantajear", al gobierno de López Obrador que está empeñado en combatir la corrupción.

Sostuvo que con reportes de estable a negativo "no quieren que se siga con la política de entrega de los recursos públicos a privados, amigos; pretenden que la economía sea de cuates".

Por tanto, "no puede haber una calificadora que descalifique; esta no es una calificadora, es una descalificadora".

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero Muñoz del Partido Acción Nacional, dijo que el problema no son las calificadoras de riesgos de deuda, que rechaza Morena y el gobierno federal, sino la realidad de que los planes de inversión de Pemex, no convencen y la empresa está sobreendeudada.

"A nosotros nos toca preocuparnos por los internos, en los que tenemos posibilidad de influir, incidir y, sobre todo, este gobierno que no puede cancelar un aeropuerto y no entender que esa es una señal que va preocupar a todos los mercados".

Entrevistado por los reporteros en el Senado, Madero Muñoz consideró que "es arrogante de parte del gobierno federal y de Morena tratar de crear sus propias leyes de la Economía, que funciona con certidumbre, Estado de Derecho, con reglas claras". Agregó: "El dato preocupante no son las calificadoras, sino que la inversión está parada, que los empleos están perdiéndose, que no está habiendo crecimiento en el consumo, y eso es muy delicado".

Pemex, señaló, "tiene la obligación de dar información pública y con ella cualquiera puede opinar si tiene suficiente capacidad de repago o no, y esa calificación la toman en cuenta los grandes fondos de inversión que manejan el ahorro de los inversionistas internacionales.

Para inversión se prefiere a los emisores que tienen mejor calificación, y muchos inversionistas están impedidos de invertir en papeles los que no tengan grado de inversión, que garantiza que esa deuda no está corriendo un riesgo de repago.

Madero subrayó: "Cuando perdemos la calificación -y eso es lo que está en riesgo-, la calificación de deuda de Pemex, que está más en riesgo de tener un deterioro, porque no está convenciendo el Plan de Negocios de Pemex a los inversionistas".

El hecho es que Pemex está sobreendeudada. Obviamente tiene el respaldo del gobierno federal y por eso la han tratado bien, y lo que ahorita está preocupando a las calificadoras y a los mercados es el Plan de Negocios que está queriendo capitalizar a Pemex, pero para invertir en refinación no en exploración y producción de petróleo, sino en refinar gasolinas.

Por tanto, "el problema es muy grave, porque ahí tenemos muy mala experiencia: se generan pérdidas recurrentes en refinación. Eso es un poco lo que no está convenciendo a las calificadoras".

Lo que pasa es que Pemex contribuye con 30% de los ingresos públicos, y si Pemex falla, el gobierno federal va a empezar a tener problemas de ingresos y después, en 1, 2, 3 años, el gobierno federal empezará a tener problemas de pagar su propia deuda.

A la pregunta de si se trata de una vacilada, sostuvo que "es una pendejada".

Paco Calderón
(6 de marzo de 2019).

Con 75 votos, el pleno del Senado aprobó en lo general el proyecto de dictamen de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos con cambios que ameritan la devolución de la minuta a la Cámara de Diputados.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que no están a favor, pese a los cambios, porque la ley que se aprueba regula los salarios de los servidores públicos y se considera como tales a los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma viola la autonomía del poder judicial que debe tener independencia presupuestal.

Esta reforma incluye la disposición de que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República y forma parte de los instrumentos de la austeridad promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al final no hubo consulta popular ni fallo de los tribunales. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió por sí solo el destino de una inversión minera muy importante: "Les digo al pueblo [sic] de Baja California Sur: no a la mina. ¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruirlo, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de la gente que vive del turismo, tenemos que cuidar del medio ambiente".

El mandatario afirmó este 3 de marzo que a él le corresponde decidir: "Y esto me toca a mí iniciarlo y yo digo que no. Tengo la facultad". Con anterioridad, López Obrador había prometido organizar una de sus consultas populares para tomar la decisión.

Pero no, el Presidente no tiene la facultad para determinar por sí solo si un proyecto puede o no recibir un manifiesto de impacto ambiental. Hay leyes y reglamentos que regulan estos procesos y ordenan que cada inversión sea evaluada por especialistas. El Presidente no es el Estado.

La mina de Los Cardones (aclaro interés: me dicen que pertenece a Grupo Salinas y yo colaboro con TV Azteca de la misma organización) recibió una autorización de la Semarnat para operar en 2014. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa la anuló y la empresa tomó medidas para subsanar las observaciones. En este momento la autorización está suspendida mientras se litiga un juicio de amparo promovido por un Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.

Una de las grandes luchas de la sociedad mexicana en las últimas décadas fue despojar al presidente de las facultades metaconstitucionales que ejercía para crear un Estado de Derecho que diera garantías a los ciudadanos. La manifestación de impacto ambiental es uno de los logros en este esfuerzo. Con anterioridad, el primer mandatario decidía de forma personal qué inversiones se aprobaban y cuáles no. Esta discrecionalidad abría la puerta a la arbitrariedad y a la corrupción.

El presidente puede tener convicciones personales sobre los proyectos, pero no la facultad de autorizarlos o cancelarlos a voluntad. Las decisiones públicas deben tomarse sobre la base de la ley. El mandatario no puede cancelar una manifestación de impacto ambiental ni reemplazar a los magistrados de un tribunal de amparo.

López Obrador, sin embargo, parece convencido de que tiene facultades absolutas. No solo ha decidido cancelar el manifiesto ambiental de Los Cardones, sin presentar documentos técnicos que justifiquen el acto, sino que también ha ordenado, sin molestarse en solicitar un manifiesto, la limpia de la vegetación del predio de Dos Bocas, en Tabasco, donde quiere poner su nueva refinería. Se apresta igualmente a iniciar el proyecto del Tren Maya sin más manifiesto ambiental que una ceremonia de petición de permiso a una diosa llamada Madre Tierra.

Yo no tengo capacidad técnica para decidir si los proyectos de Los Cardones, Dos Bocas o el Tren Maya son sustentables, pero para decidirlo se estableció un procedimiento de autorización que pasa por una manifestación de impacto ambiental preparada y revisada por especialistas, la cual puede ser recurrida en los tribunales. El presidente no tiene facultades ni legales ni técnicas para decidir si se aprueban o no estos proyectos. No debemos volver a los tiempos de la Presidencia Imperial, aunque la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, haya declarado al periodista Fernando del Collado que "AMLO, el presidente, es el Estado".

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de marzo de 2019).

La tenacidad es quizá la virtud más importante del presidente López Obrador. Él mismo lo ha expresado coloquialmente en frases como "me canso ganso", "no me van a doblar", "yo no me rindo", etc. Cuando el presidente habla de sí mismo esa es la cualidad que más suele resaltar junto con aquella de que no es rencoroso ni vengativo. Pero ¿qué pasa cuando el perseverante-terco se enfrenta a la realidad, que esa sí, es más terca e incansable que cualquier ganso?

En los últimos días la realidad le ha puesto cara al presidente en 3 temas sumamente delicados: Primero, la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), sin meterse a temas financieros ni de aeronáutica sino sólo de logística, dijo que la operación simultánea de 3 aeropuertos complicaría muchísimo la vida de las aerolíneas y que eso sin duda afectaría el número de vuelos a la Ciudad de México. Después vino la calificadora Standard & Pours (S&P) a decir que la perspectiva de la deuda de Pemex iba a la baja, lo cual no es otra casa que poca credibilidad en el plan del gobierno mexicano para rescatar a la petrolera nacional, pues. Entre otras cosas, el presidente se ha aferrado a ser él quien tome las decisiones y puso al mando de la petrolera a obedientes operadores y no a expertos en la materia. Y, finalmente, el día de ayer el informe sobre finanzas públicas del mes de enero que arroja algunos datos muy alarmantes: la caída de los ingresos petroleros más allá de lo esperado y, lo más delicado, una caída de 14% en la recaudación de IVA de enero a enero, que es un síntoma claro de desaceleración económica.

Responder que las calificadoras y los organismos internacionales tienen intereses, que son tecnócratas y que gente como ellos son los que dejaron al país como está, no es otra cosa que negarse a ver la realidad. Aun suponiendo que el presidente tuviera razón lo cierto es que la opinión de la IATA tiene una fuerza enorme sobre las decisiones de las aerolíneas y la de S&P en la de los inversionistas. Las consecuencias de ello no son ideológicas sino factuales como, por ejemplo, la baja recaudación de IVA que no es otra cosa que falta de gasto e inversión.

No hay ganso que pueda contra la realidad. El presidente puede ser perseverante, pero la realidad es más terca que ninguno y no verla es uno de los primeros síntomas de esa enfermedad llamada poder.

En el Golfo de México, en la vecindad de Texas y Luisiana, existen ya en operación casi 60 refinerías rentables que además pueden procesar el petróleo crudo mexicano, que es pesado. Funcionan casi a su máxima capacidad y con menos de 500 empleados. Pemex lo sabe. Tanto, que desde hace décadas se asoció con la holandesa Shell y en una inversión a partes iguales son propietarios de la refinería Deer Park, la más rentable de Pemex (ha pagado su inversión ya varias veces).

El Instituto Mexicano del Petróleo, en un estudio pedido por la nueva administración, concluyó que la refinería de Dos Bocas no es rentable. Que costaría 14,000 millones de dólares (mucho más de lo que ha dicho el gobierno federal) y que esa inversión tardaría décadas en recuperarse. Además de que difícilmente se entregaría el 1er. litro de gasolina refinada en Dos Bocas en este sexenio. Y si bien ya tienen los terrenos y ya están deshierbando a la brava, aún no hay un proyecto ejecutivo y menos aún ingenierías básicas.

Del financiamiento, ni hablar: las calificadoras y los principales bancos de inversión internacionales están convencidos de que Dos Bocas es una pésima idea: generará más gastos y más endeudamiento a Pemex, que de por sí es la empresa petrolera más endeudada del planeta.

¿Sabrá esto el presidente? ¿Serán sus decisiones o alguien le está informando mal? En lo que averiguamos eso, vale la pena explorar qué opciones reales tiene el gobierno federal: 1a. Si a fuerzas quiere hacer una refinería en territorio nacional, puede reactivar Tula. Ya tiene terrenos, permisos ambientales, proyecto ejecutivo, ingenierías básicas y hasta barda. Mañana podrían colocar el 1er. ladrillo. Pero Hidalgo no es la tierra del presidente.

2a. Comprar una refinería usada en Texas. Hay varias en venta. Incluso las empresas petroleras internacionales podrían asociarse y replicar el modelo de Deer Park. Pero no sería un proyecto en territorio mexicano y aunque sea petróleo mexicano procesado, el gobierno sería un importador de gasolinas (parece que, en pleno siglo XXI, la nacionalidad de la gasolina se ha vuelto relevantísima).

3a., que ha estado en el ambiente. Hacer mini refinerías modulares para crudo ultraligero (WTI). Las inversiones son de 300 a 500 millones de dólares por planta. En menos de 2 años producirían gasolinas para México y hasta para exportar. Las 56 refinerías en Texas y Luisiana no serían competencia, ya que son para crudo pesado. El problema es que el gobierno tendría que superar 2 prejuicios: asociarse con inversionistas privados que compraran el petróleo e hicieran la inversión (para que Pemex no se endeudara más), e importar crudo ligero.

Durante las giras presidenciales, suele ocurrir que el gobernante local es tratado con rechiflas e insultos... y eso no le gusta a ningún político con carrera y aspiraciones, especialmente si es el anfitrión del evento.

Lo que no pasaría de ser mera anécdota, alcanzó este lunes carácter de Estado. El PRI denunció en redes sociales, con fotografía de por medio, que el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene instrucciones por escrito para sus seguidores, de manera que si en un mitin con el presidente está presente un gobernante de otro partido, deben abuchear y repudiarlo ruidosamente, y por el contrario, lanzar porras y vítores para López Obrador.

La presidencia del partido negó rotundamente que eso sea verdad y rechazó la autoría del documento que supuestamente circuló en Hermosillo, Sonora. La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó de inmediato que se trata de "guerra sucia", pero para su sorpresa, el mismísimo presidente López Obrador reconoció que efectivamente sí ocurre que organizan rechiflas para los gobernadores de oposición. Al menos, según reconoció, eso sucedió durante un encuentro con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Gobernar a México es un reto plagado de problemas complejísimos que además tienden a complicarse con el paso de los días. Sorprende que muchos colaboradores del presidente López Obrador contribuyan a hacer más difícil la tarea en lugar de apoyar lo que él les pide, que dejen de ser "infantiles" y revanchistas.

Los aspirantes de Andrés Manuel López Obrador para ocupar vacantes en la Comisión Reguladora de Energía no hacen el mejor de los papeles durante las entrevistas en el Senado de la República.

Quizás el más notable fue Jorge Amaya, que al ser cuestionado por la senadora Xochitl Galvez Ruiz durante el examen sobre cómo se obtenía un CEL ("Certificado de Energía Limpia"), Amaya refirió a un teléfono celular (CNN Expansión, febrero 14).

En el cartón vemos a Armando Guadiana Tijerina a la izquierda, senador por MORENA para el estado de Coahuila. Guadiana militó en el PRI desde 1969 hasta 2012. Actualmente es presidente de la comisión de energía del Senado.

- Luis.

Paco Calderón
(4 de marzo de 2019).

Palacio Nacional como sede para plegarias inatendidas por este y anteriores gobiernos: reporteros de medios de Aguascalientes, Veracruz o Sonora, por mencionar algunas entidades, exponen al mandatario pendientes en busca de un milagro reparador de deudas específicas, algunas muy viejas.

De lunes a viernes el presidente toma preguntas de los periodistas. A veces hace un dilatado prólogo de algún tema específico. A veces, previo a aceptar cuestionamientos da un sermón sobre algo que le gustaría machacar (ese algo no es sorpresivo si se conoce el estilo u obsesiones del mandatario). Y a veces usa la ocasión para dar una conferencia dentro de la conferencia.

Entre quienes cuestionan diario al titular del ejecutivo hay desde representantes de comunidades que, como ya se dijo, asisten con temas hiperlocales para ver si logran que el gobierno atienda deudas históricas con sus regiones, hasta periodistas que juegan a emplazar al presidente a cumplir lo que prometió a ellos semanas atrás en el mismo recinto. Si en estos últimos casos el tema abordado es relevante o no es lo de menos, lo importante es que ellos tienen ese pendiente y quieren actualizarlo. Duelos de ego que superan al presidente, lo que ya es mucho decir.

Lo que rara vez se da, porque no hay sentido de gremio ni una lógica en común de algo así como hacer juntos que el presidente responda sobre el tema del día, es una acción coordinada para hacer que el mandatario informe a profundidad sobre un asunto crucial que rebase agendas particulares. Si AMLO no responde al colega, punto para mí, que en una de esas hago que sí me responda a mí un tema aunque el del otro medio sea más relevante.

Así, cada mañana vemos a un presidente vencer entre colegas divididos por algo más que la sana competencia. Cada día se va hora y media sin que López Obrador sea obligado a responder con puntualidad. Porque las mañaneras son muchas cosas, desde lugares para plegarias desatendidas hasta espacio para el lucimiento. Pero rueda de prensa, lo que se dice rueda de prensa, no necesariamente.

Hasta ahora he defendido la tesis de Andrés Manuel López Obrador de que es preferible entregar recursos y apoyos directamente a los ancianos, a los jóvenes y a los discapacitados que a los intermediarios que los atienden. Se evita la corrupción, los beneficiarios reciben el 100% y, al ser universal, disminuye la posibilidad de que tenga un uso clientelar. No es una medida perfecta, pero era indispensable para no seguir engordando a líderes campesinos y obreros ladinos, a seudo empresarios que profitan [sic] del subsidio y empobrecen los servicios y a burócratas corruptos.

Sin embargo, me parece desafortunada la suspensión del apoyo a refugios para mujeres víctima de la violencia familiar. El presidente ha dicho que no se deben hacer excepciones, pero habría que hacerle ver que no es así, porque se trata de un asunto totalmente distinto.

1o. no es un grupo demográfico como tal. Me congratulo de que todas los hogares con niños de 3 a 5 años de edad reciban un apoyo para el cuidado de los menores, o que los ancianos simplemente por serlo obtengan un recurso adicional para afrontar su vejez. Pero no es el caso de las mujeres que se ven en la necesidad de refugiarse en un momento dado; representan una fracción mínima en términos estadísticos y por lo general no es una condición permanente. Es decir, nos se resuelve haciendo un censo y entregando un cheque.

2o. la ayuda que requieren es protección física, apoyo psicológico y jurídico, albergue y orientación. La violencia familiar y la relación al interior de una pareja es un tema complejo en el que abundan emociones marcadas por la dominación y la codependencia. Asumir que un subsidio entregado en mano va a ayudar a esas mujeres es ignorar la naturaleza de este terrible flagelo. No son todos los casos pero sí la mayoría; muchas mujeres golpeadas están subordinadas por motivos físicos o psicológicos a una voluntad que no es la suya y un cheque tampoco va a resolverlo. Acuden a un refugio en un momento de desesperación, en medio de enormes dudas y, en muchas ocasiones, con un sentido de culpa. El refugio se convierte en un espacio indispensable, particularmente en casos en que las víctimas carecen de una red familiar solidaria.

Esto no lo ignora el gobierno federal, pero no ha sabido comunicarlo. Hizo tabla rasa y equiparó el apoyo a los refugios con el resto de subsidios a grupos demográficos, lo cual es más grosero que comparar peras con manzanas.

La crítica que ha desatado el anuncio condujo a una precisión por parte de las autoridades: ahora se dice que la propia Secretaría de Gobernación se hará cargo de ofrecer una red de centros de asistencia. Esto de entrada supone reconocer que, en efecto, no era comprable a los otros casos en los que se ha decidido entregar los recursos directos al beneficiario.

Lo que ahora se propone es en realidad una estatización de los refugios. De ser así, entramos a otra discusión que requeriría una argumentación distinta a la que ha presentado el presidente.

No descarto que tendencialmente el Estado pueda responder a esta necesidad. Pero tendría que vencer 2 objeciones importantes. Una: muchos de los casos más brutales de violencia proceden de hombres de poder e influencia, capaces de usar el sistema a su favor para recuperar esposas e hijos que intentan romper el círculo de dependencia. Maridos o amantes que pertenecen al crimen organizado o a las policías, o que simplemente cuentan con capacidad de comprar voluntades. Durante algunos años seguí de cerca los casos de un refugio en Cancún (dirigido por Lydia Cacho) y otro en Monterrey (por Alicia Leal). Las situaciones más complicadas eran aquellas en las que en su fuga las mujeres habían dejado un rastro oficial en hospitales o centros asistenciales en los que habían solicitado orientación; una y otra vez estos hombres fueron capaces de encontrarlas y presionar con violencia al refugio y/o utilizar su poder y dinero en el sistema judicial para recuperarlas. Me resulta difícil creer que centros operados por la Segob vayan a ser inmunes al tráfico de influencias por lo menos al mediano plazo, a pesar de la 4T o de Doña Olga Sánchez Cordero. La experiencia en muchas entidades en las que los DIFs locales intentan subsanar esta tarea deja muchas preocupaciones a este respecto.

Y 2: la capacitación que requiere el personal que maneja un refugio es compleja. Los hay buenos, malos y regulares. Pero no es algo que pueda improvisarse. La red nacional de refugios ha construido protocolos con ayuda internacional y promovido la formación y capacitación de muchos centros a los largo de varios años. Echar a la basura todo este esfuerzo acusándolo de ser de naturaleza neoliberal es absurdo. Los refugios para mujeres y niños víctimas de la violencia existen con distintas modalidades desde la Edad Media, si no es que antes. Los que ahora tenemos son insuficientes y habría que mejorarlos. Bienvenido el esfuerzo de la Segob, pero sería mejor participar construyendo que destruyendo.

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que había registrado inusuales movimientos financieros millonarios de cuentas del extranjero hacia una universidad pública. Eran más de 150 millones de dólares que se concentraron en Suiza, provenientes de una veintena de países, para luego transferirse a México, a las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Esta universidad está dominada por el grupo político local conocido como "La Sosa Nostra", que encabeza el hoy morenista Gerardo Sosa. Él es el presidente del Patronato de la Universidad. El rector, Adolfo Pontigo, es un operador suyo.

El movimiento irregular de más de 150 millones de dólares de Suiza a México, sobre el que recibió una alerta la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto, no solamente representa un impacto contra Morena en la política local hidalguense.

Según me explican fuentes muy bien informadas sobre este expediente de la UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está bajo sospecha Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de estado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con estas fuentes, el vínculo que está bajo la lupa es el de Rosario Robles y Gerardo Sosa.

[...]

Crecen y crecen las denuncias de irregularidades en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), el organismo tipo Conasupo creado por el gobierno del presidente López Obrador. Cada vez se lee y oye más de cosas sospechosas y presuntos actos de corrupción. El expediente aún no es tema nacional. Puede serlo pronto.

Aunque afirmó que escuchará y analizará propuestas de organizaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a veces las recomendaciones son de organismos que no actúan de manera seria y profesional.

"Están como los tecnócratas que no pierden su respetabilidad, que son técnicos que se consideran científicos y miren cómo dejaron al país", expresó.

Aclaró que la decisión está tomada y el nuevo aeropuerto será construido en Santa Lucía.

"Se toma en cuenta, se escucha, se analiza, pero ya se tomó la decisión de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del general Felipe Ángeles, en reconocimiento a este extraordinario militar y revolucionario", expresó.

El mandatario detalló en conferencia de prensa que el aeropuerto será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y dará servicio a empresas aéreas civiles con las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Andrés Manuel, como Presidente Absoluto no cabe duda que has tenido buenas iniciativas y también pésimas decisiones; una pésima ocurrencia fue cancelar el Aeropuerto de Texcoco, que todavía no tienes idea del costo que va a tener el deshacer todo lo hecho. Realmente no explicaste nunca las razones técnicas y económicas de esa cancelación después de todo lo que ya está construido y escoger Santa Lucía, donde no te diste cuenta que tienen que demoler 900 construcciones entre casas habitación, apartamentos, escuelas, hospitales y clínicas para construir 2 nuevas pistas y luego llegó una fatal noticia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo expresando que el aeropuerto civil en Santa Lucía no puede funcionar en manos del Ejército, ya que en un aeropuerto comercial, entre otras funciones, se incluye el manejo de la terminal, áreas comerciales, restoranes, lo cual es totalmente ajeno a la actividad de los militares. La pérdida calculada al cancelar Texcoco es mayor a 100,000 millones de pesos.

No es muy positivo que en tu equipo nadie se atreve a decirte que no y es preocupante que rechaces todo lo que no coincide contigo, pero tuviste que aceptar la modificación que le hizo el poder legislativo, incluyendo los miembros de tu partido, a tu propuesta de la Guardia Nacional.

De pronto no alcanzo a entender cuál es la razón o el motivo de que los gobernantes en turno, en el país y aquí en Jalisco (no sé de otros casos hasta el momento), se aferren a impulsar iniciativas hasta las últimas consecuencias, a pesar de que no sólo no sean bienvenidas sino de plano rechazadas; el mensaje es que no les importa porque en el proceso dañan el tejido social y la relación con los afectados por tales medidas.

Van con todo en asuntos que, además, no han sabido gestionar -se llama oficio político- ni socializar ni comunicar. Hay un serio problema en esta materia, en ambos casos, coincidentemente. Y luego resulta que se echan para atrás, por la presión o porque la decisión, aparte, contravenía disposiciones constitucionales y convenciones internacionales.

Digo, qué bueno que han rectificado en ciertos casos (o que los han ayudado a hacerlo) pero me sigo preguntando ¿por qué así? ¿Por qué aferrarse, con urgencia y la peor práctica política, antes de asegurarse de que lo que ordenan o ejecutan es verdaderamente lo mejor, que es algo que necesita o reclama la sociedad? ¿Por qué actuar lastimando? ¿Por qué hacer enojar a los y las afectadas y a personas interesadas en estos procesos? Se echa pleito, se hacen declaraciones contundentes como para dejar claro quién tiene el poder y luego los cambios de giro se revisten de actitud democrática y todo eso, que escuchan, que consideraron, que tomaron en cuenta ¿por qué no conducirse así siempre antes de lanzarse con todo como locomotora o aplanadora?

Creo que ya nos dimos cuenta que nuestro nuevo presidente está haciendo una serie de cambios legales para poder tener el control total del país, sin contrapesos y sin oposición posible.

Eso es peligroso.

También sabemos que se está rodeando de viejitos ineptos, sujetos poco preparados y de una retahíla de corruptos exlíderes sindicales.

Eso también es peligroso.

Pero el verdadero peligro, el que no podemos ni debemos permitir, es que cuando AMLO deje el puesto, herede a su sucesor ese poder absoluto. Quien, para nuestra desgracia, obviamente va a ser alguien de su gabinete.

¡Eso sí es un verdadero peligro!

Porque aunque fuéramos excesivamente optimistas, pensemos que gracias a ese poder omnipotente que va a tener AMLO, todos nos volvamos buenos y que ya no haya corruptos, ni delincuentes, ni pobres. Y que los miles de asaltantes, traficantes, sicarios, sindicalistas, ninis y políticos corruptos, se conviertan en personas responsables, educadas, chambeadoras y honestas.

¡Ooooooórale! Eso sería sensacional.

Pero no siendo tan optimistas, imaginemos que se quede de Presidente de la República Fernández Noroña, ilustrísimo político refinado y sumamente honesto. O al señor de las ligas y su ilustre consorte o sea la pareja presidencial ideal (más que Madtita y su maridote). O a Riobóo, honesto e inteligentísimo constructor de periféricos horrorosos y carísimos. O a la distinguida dama que se cambió el nombre de Petra Pérez a "Yeidkol Polevsnky" y se volvió güera y hermosa. O al senador Guadiana, ese que se pone un sombrerote de caricatura de Rius para presidir la Comisión de Energía. O a Bartlett y "se le caiga el sistema" del país completo. O a Ebrard y convierta a México en Línea 12 del Metro, toda chueca y carísima. O mejor a Taibo II, ilustrísimo intelectual con un manejo de la oratoria digno de un miembro de la Real Academia de la Lengua hispana.

Imaginen a cualquiera de estos ejemplares con todo el poder, defendidos por la nueva Constitución y por la Guardia Nacional militarizada. ¡Noooo! Pos pior que el señor venezolano que platica con los pajaritos o que el norcoreano gordito con copete mamalón...

Debemos de darnos cuenta que actualmente México tiene el peligro inminente de acabar con un dictador totalmente corrupto, increíblemente cruel y excelsamente estúpido.

Y eso no está chido...

Así que cuidemos muchísimo a AMLO, no se nos vaya a infartar, o por desmañado le dé un ataque de demencia senil. O peor, que a algún huachicolero poblano de cuello blanco, se le ocurra mandarle un misil a su avión de VIVA Aerobús, y luego no haya ninguna grabación coherente de la torre de control con los pilotos...

¡Por favor señores militares protejan a nuestro líder! Las multitudes son ideales para realizar atentados y el presidente todos los días anda entre la multitud sin protección efectiva.

Reitero, el verdadero peligro no es AMLO, es el monito a quien AMLO le herede ese poder absoluto.

El miércoles María Amparo Casar publicó "Presidencia de Dos Vías", una columna donde establece, con argumentos, que estamos ante una realidad donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un gobierno formal, y uno paralelo.

"Parecería absurdo decir que un gobierno electo democráticamente y que además goza de una gran popularidad y aceptación pudiera estar montando un gobierno paralelo. No lo es".

Argumenta María Amparo, "el federalismo -de utilería como lo llamé en algún momento- ha sido rebasado por una nueva estructura que se controla desde Palacio Nacional: los superdelegados que concentran poder político, económico, social y territorial -quizá también policial y de inteligencia- y que responde a la Presidencia de la República". Y luego agrega:

"Las políticas públicas no se adoptan con base en 'libros blancos' en los que se ofrece un diagnóstico y se ponen a consideración distintas rutas de acción basadas en estudios de costo-beneficio, impacto ambiental, marco normativo, afectaciones de terceros, racionalidad económica o cualquier otro criterio propio de las administraciones modernas, sino de consultas a modo que violan la legalidad vigente (...). Los censos y/o padrones de beneficiarios ya no pasan por las instancias gubernamentales como las secretarías de estado o los órganos autónomos como el INEGI sino por un pequeño ejército de 'servidores de la nación' sobre los que no hay información". Al respecto de esto, Casar advierte el peligro del uso político de padrón y empadronadores.

Enseguida, Casar destaca cómo desde Palacio Nacional lo mismo se hacen acusaciones a funcionarios o ciudadanos, se otorgan perdones a corruptos o formulan realidades numéricas sobre la marcha del país, y que ante todas esas aseveraciones "estamos obligados a creerlas aun cuando carezcan de fuente comprobable. Se ofrecen a la buena de Dios y se toman por buenas porque el emisor es honesto y su palabra infalible".

Tenemos un presidente que opera con una lógica administrativa y otra estrictamente de captura, concentración y operación de poder.

Pero no es cierto que López Obrador opere sin libros blancos, racionalidad económica o análisis de costo-beneficio. Tenemos el defecto de minimizar el entendimiento que el presidente posee del país que recibió, del funcionamiento de las instituciones heredadas y de las consecuencias administrativas y/o financieras de sus actos a la hora de cancelar el aeropuerto, deshacerse del avión presidencial o hacer consultas "a modo". AMLO sabe que había una ortodoxia, la atiende más a menudo de lo que estamos dispuestos a conceder (la SHCP va bien, por ejemplo), pero ha decidido cambiar de cuajo esa forma de operar, con el único propósito de privilegiar su idea de que se debe gobernar para los pobres y a partir de un paradigma nacionalista antes que global. Y no le importan mucho los costos (es cierto que puede ser que algunos de esos costos ni siquiera los dimensione). Ese gobierno formal existe, pero, y aquí lo más valioso de la tesis de Casar, está al servicio de un proyecto político.

No olvidemos cómo llegó AMLO a la Presidencia en 2018. No fue porque "ya le tocaba", sino porque montó una red nacional de operadores que 1o. armaron Morena y luego, tras la derrota de 2017 en Edomex, una eficaz estrategia electoral en el territorio.

Hoy, desde el gobierno, López Obrador encabeza una nueva ocupación territorial que borra límites estatales, municipales, formales y... legales.

Pensándolo mejor, quizá no exista la presidencia de 2 vías. Es una sola vía: cambiarán lo que haga falta para, desde la ocupación territorial de todos los ámbitos -seguridad, producción, asistencia social-, redefinir la operación gubernamental. Hay una sola vía: la territorial, lo demás es accesorio de ello. ¿Un ejemplo? Las estancias infantiles eran una red que no operaba en el territorio en la lógica presidencial. Y era de las pocas que aún quedaban. Que pongan las universidades sus barbas a remojar.

De todas las cosas que hemos escuchado a lo largo de los 3 primeros meses del gobierno de López Obrador, algunas emocionantes y esperanzadoras y no pocas barbaridades, ninguna me ha asustado tanto como la candidez con la que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que cuando fueron a Morelos les tomó por sorpresa el movimiento social, que no sabían que la situación estaba tan tensa por el conflicto de la termoeléctrica. Si lo hubiera dicho el encargado de prensa sería grave, que no lo supiera el encargado de giras, gravísimo, pero que una cosa así tome por sorpresa a la encargada de la gobernación de este país, asusta. Se agradece, eso sí, la sinceridad, pues permite dimensionar el tamaño del problema.

La desaparición simultánea del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Estado Mayor Presidencial, encargado de organizar, checar y rechecar, todas las giras presidenciales, abrió un enorme hueco de información. Las dos instituciones estaban llenas de defectos, pero sobre todo de mitos, por lo que simbólicamente fue muy eficiente aniquilarlos como los representantes del pasado, pero en la práctica dejaron un hueco difícil de llenar.

El Cisen cargó en su génesis con la macabra y triste memoria de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y se generó una falsa idea de que había sido creado solo para espiar a los políticos de oposición. No dudo que haya sucedido, pero de lo que estoy cierto es que cada vez era menos escondido: no eran espías sino procesadores de información, muchas veces incómoda para gobernadores, miembros del gabinete y toda la clase política. Su verdadera misión era investigar y anticiparse a las amenazas al Estado Mexicano y, como lo definió un ex presidente, ayudar al gobierno a saber dónde pisaba.

El Estado Mayor era cada día más insoportable en su tarea de proteger al presidente. Era, eso sí, la institución más democrática de todo el país: trataba como perro a todo aquel que no fuera el presidente. Su desaparición ha permitido tener un mandatario más cercano y alejado de la insoportable parafernalia del poder.

Si de algo no peca López Obrador es de ingenuidad, conoce al país como ninguno y todas sus acciones tienen sentido político, no da paso sin huarache y sabe hacer de los errores virtud. El riesgo como siempre es haber tirado el agua sucia de la bañera con todo y niño. El gobierno se puede dar el lujo de ser austero, pero no incompleto; sencillo, pero no ineficiente; cercano, pero no cándido. 3 meses después y visto a la luz de las declaraciones de la señora secretaria es momento de evaluar, y corregir, esos excesos de sencillez que pueden terminar en candidez.

Ahora, de repente, el presidente López Obrador no tan sólo en sus sermones matutinos, sino a cada rato violenta el principio de laicidad. Y el silencio es abrumador. Se sabe se trata de una persona religiosa, un cristiano bíblico. Y por ello es de preocupar bastante tanto argumento bíblico y moral.

Todos los días desprecia a alguien por no cumplir con sus estándares de valor. Pareciera, a su entender, lo religioso permea lo político o lo político a lo religioso. O peor, son lo mismo, afirmación a la cual nunca ha llegado ni el catolicismo ortodoxo mexicano. Y eso debe de preocuparnos. ¿Por qué cuando los presidentes son católicos se les exige un altísimo grado de cumplimiento con dicho principio, y ahora no hay fijón?

Los analistas, de normal críticos en estos temas, están ausentes. A la mejor ahora ven bien al presidente calificando las acciones ajenas como bíblicas o antibíblicas, pecaminosas o angelicales, en lugar de basarse en nuestra constitución y la ley.

En realidad no importa la religión del presidente, la bronca es su falta de neutralidad y su uso político de la Biblia, no un libro cualquiera.

Viene en camino la "constitución moral" y casi nadie repara: ¿nos llevará, además de a un régimen autárquico o autoritario, a un estado confesional? Para mí sería una tragedia. Para casi todos, parece, no amerita ser ni tema de conversación en cantina de mala muerte.

Al dar a conocer la Estrategia Nacional de Turismo este pasado 25 de febrero en Chetumal, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, declaró que el turismo tendrá ahora en nuestro país un "sentido democrático". No sé qué significa eso, pero supongo, por el vergonzoso video que lanzó, que lo importante es promover los dogmas de Morena. El video era tan inaceptable que incomodó hasta al propio presidente López Obrador. "Eso no corresponde a un gobierno democrático -dijo-. Eso da pie a nuestros rivales para decir: ya ven, son lo mismo. No, no somos iguales".

El nuevo gobierno se da cuenta de la importancia del turismo. "En los datos recientes -dijo López Obrador en Chetumal-, las entidades con más creación de empleos formales son las que se caracterizan por el turismo, cuya actividad es lo principal. Quintana Roo y Baja California Sur son las entidades con más generación de empleo".

El secretario Torruco señaló que el turismo representa el 8.8% del PIB, con una aportación superior a la construcción, los servicios financieros, la fabricación de equipos de transporte, la minería o el sector primario. Genera 4 millones de empleos directos y tiene un saldo positivo de 11,000 millones de dólares en la balanza de pagos.

Algunas de las cifras del secretario, sin embargo, enfatizan la importancia de promover el turismo fifí. "Hoy, México se ubica en el 6o. lugar en recepción de turistas internacionales, con 41.5 millones de turistas. En cuanto a recepción de divisas por turismo, descendemos hasta la posición 15 a nivel mundial, con 22,500 millones de dólares, y en gasto per cápita del turista, nuestro país se encuentra muy rezagado en el ranking internacional, ocupando el lugar 40, con 490 dólares".

Las cifras no son nuevas, pero hay que entenderlas. Mucho del turismo internacional que recibe México proviene de mexicanos en el exterior y de sus familias, que realizan visitas a México y muchas veces se quedan en casa de parientes. El turismo internacional de mayor gasto ha sido ahuyentado por la violencia y por los problemas sociales.

Para atraer a un mayor número de visitantes fifí necesitamos, por supuesto, reducir la violencia, pero también proyectar una mejor imagen del país. Esta era la razón de ser del Consejo de Promoción Turística, que se financiaba con el Derecho de No Residente, un impuesto especial al turismo. El nuevo gobierno de México, sin embargo, ha decidido tomar este dinero y utilizarlo para la construcción de un tren maya de dudosa rentabilidad. Esto no es ni democrático ni fifí. Es una simple estupidez.

Ayer se usaron 34,000 millones de pesos de dinero público no para invertir sino para retirar bonos de Fibra E para financiar el aeropuerto de Texcoco. El gobierno prefiere usar el poco dinero disponible para destruir un proyecto rentable que habría aumentado la conectividad y el turismo.

Jamás pensé vivir en un país donde el término "sociedad civil" tuviera connotaciones negativas. Donde el concepto "contrapeso"” fuera cuestionable. Donde la defensa de la división de poderes fuera controvertida. Donde exigir el fortalecimiento en vez del desmantelamiento institucional fuera reaccionario. Donde para entender la política tenemos que estar atentos a cada palabra que pronuncia el presidente, como lo hacíamos en los viejos tiempos de la "presidencia imperial". Donde señalar esto significa ser clasificada en automático como fifí, elitista, complaciente ante el dolor y la rabia y el resentimiento legítimo de los desposeídos. Estos son los tiempos del pueblo bueno y las élites insensibles; de los que buscan la verdadera transformación y quienes son sus enemigos. Estos son tiempos de canallas y la 4T se encargará de identificarlos.

Con todo respeto, Sr. Presidente, yo también soy pueblo. Los científicos a los que tilda de "mafia" también son pueblo. Los profesionistas educados a los que acusa de "aprender mañas" en el extranjero también son pueblo. Los miembros de la burocracia a los que despide y sataniza también son pueblo. Las mujeres trabajadoras y víctimas de la violencia a quienes desprotege también son pueblo. Las organizaciones de la sociedad civil "conservadora" que llevan años peleando por buenas causas también son pueblo. México es muchos Méxicos: los de abajo, los de arriba, los de en medio, los de tez blanca, los de tez morena. México es Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón. México no es homogéneo ni está dividido sólo en ángeles y demonios, en miembros del pueblo sabio y élites que se dedican a exprimirlo.

Al construir un país binario, usted pone en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar. Usted y quienes mimetizan su forma de pensar y hablar ponen en jaque mis libertades y las de otros. En su mapa mental no puedo tener voz, ni derecho a disentir, ni capacidad de participar, o sólo debería hacerlo por la vía partidista. No soy mexicana auténtica, de a de veras, o no merezco serlo. Como a tantos más, se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Una identidad apócrifa, alejada de mi biografía, de quien soy, de donde vengo. Una identidad estereotipada que me coloca en el basurero de las élites complacientes cuyo privilegio se construyó sobre las espaldas de otros, aunque no haya sido así. Si cuestiono las consultas populares, no creo en la democracia aunque lleve años señalando cuán deficitaria ha sido. Si cuestiono el ataque a los órganos autónomos, soy una vocera del neoliberalismo. Si pido que la política pública se haga con datos en vez de prejuicios, soy una tecnócrata neoporfirista. Si busco participar en la vida política a través de organizaciones de la sociedad civil, arrogo una representatividad que no me corresponde.

Esta es una visión no solo incorrecta e injusta; también es profundamente antidemocrática. Presupone que los críticos no son interlocutores con los cuales hay que hablar, sino adversarios a los cuales hay que aniquilar. Presupone que las mayorías no tienen la obligación de proteger a las minorías. Presupone que quienes alzan la voz lo hacen para apoyar el statu quo ante, cuando muchos también buscamos sacudirlo. Presupone que defender algunas conquistas democráticas es sacralizar lo que no funcionó, cuando intentamos componerlo. Millones queremos lo mismo que usted, pero con frecuencia no estamos de acuerdo en los medios para lograrlo. Es posible mejorar sin destruir. Es imperativo promover más igualdad y también más legalidad. Es necesario fortalecer al Estado pero eso no implica entregárselo al ejecutivo. La única opción para México no es una serie de falsas disyuntivas: o AMLO irreprochable o Bolsonaro, o la 4a. Transformación o la Revolución.

Yo voté por usted, Sr. Presidente, y aunque lo hice con ambivalencia, no quiero que fracase. Precisamente porque taché su nombre en la boleta, mi responsabilidad de señalar sus errores y sus excesos y sus pulsiones antidemocráticas es mayor. La militarización indeseable, la desinstitucionalización contraproducente, el clientelismo preocupante, la concentración del poder en sus manos, por más limpias que estén. Como parte del pueblo plural y como ciudadana que soy, refrendo mi derecho a estar, a participar. No permitiré que la 4T me convierta en una extranjera en mi propio país.

El rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Ángel Navarro Navarro, afirmó que sería mejor si los recursos que el gobierno federal tiene la intención de utilizar para abrir 100 nuevas universidades en todo el país fueran destinados a la UdeG y otras universidades ya establecidas.

"Lo hemos dicho muchas veces: con ese dinero nosotros podríamos hacer más porque ya tenemos la experiencia, la infraestructura instalada, los académicos, los laboratorios", declaró.

El rector señaló que a cada universidad le tocarían 10 millones de pesos, dinero que sería insuficiente para que puedan ser verdaderas casas de estudios universitarios.

"Con 10 millones, ¿qué haces? Sería mejor dárselo a quien ya tiene la infraestructura hecha. Nosotros estamos en todo el Estado de Jalisco en todas las poblaciones que se supone que se van a instalar estas universidades", señaló.

Calificó del plan de crear las nuevas universidades como "una intención muy bonita", pero afirmó que "hay que despertar" de concepciones erróneas de lo que es una universidad. Señaló que una institución así es algo más que "una escuelota".

López Obrador se encuentra atrapado en la contradicción de ser jefe de Estado y comportarse aún como si estuviera en campaña por la Presidencia.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar los documentos que sustenten las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre posibles actos de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM).

Este miércoles, en sesión del pleno, Joel Salas Suárez aseguró que es necesario que el ejecutivo proporcione la información al respecto, debido que así "logrará que sus declaraciones y decisiones mantengan la legitimidad del voto popular y sobretodo que a ella sumen la legitimidad de desempeño".

En México hay un presidente con credibilidad y legitimidad. Su creciente popularidad lo demuestra. Un camión de capital político que bien utilizado puede impulsar a México para dar el salto que hace tiempo anhelamos. La crítica, los contrapesos y la oposición sirven para que ese camión avance por la autopista y no se desbarranque. La popularidad pavimenta la carretera, la crítica le pone barreras metálicas laterales para que no caiga al precipicio. Y eso es bueno, aunque el camión no lo entienda.

El episodio reciente de una Guardia Nacional aprobada por unanimidad en el Senado, con el aval de expertos y organismos de la sociedad civil, debería ser motor de una nueva relación del presidente López Obrador con aquellos a quienes arroja en el mismo costal del desdén, desprecio y descalificación: los críticos, los contrapesos, la oposición. Son grupos distintos. Muchas veces enfrentados entre sí, pero el Presidente ha preferido echarlos en el mismo saco, porque así conviene a su narrativa.

El presidente goza de credibilidad y legitimidad. Pero no es el único. Es importante que lo entienda: la sociedad civil con una historia de activismo en acotar al poder público y una prensa que lleva varios años cuestionando a funcionarios de todos los niveles, han sido pilares fundamentales para abrir en México las avenidas que pudo recorrer y ensanchar López Obrador para llegar a Palacio Nacional.

La autopista que quiere recorrer el presidente a toda velocidad es más segura con barreras metálicas en los extremos. López Obrador, como en el episodio de la Guardia Nacional, puede escoger sumar y escuchar, en ejemplar democracia. O puede continuar en la muy ensayada ruta de insultar y ya hasta perseguir desde el poder a quien no está de acuerdo con él.

Cuando se trata de optar entre la división y la suma, el presidente ha mandado muchas señales en los meses que lleva al mando (transición y gobierno): la mayoría son de división, pero recientemente ha habido algunas de suma (la negociación de la Guardia Nacional, hacer las paces con el de la CRE, la promesa de abrir los audios del helicóptero de los Moreno Valle). 2 o 3 golondrinas no hacen verano.

Por cierto, a esas barreras metálicas laterales en las carreteras les apodan "quitamiedos".

Al menos 4 personas heridas de bala y la quema de un camión recolector de basura es el saldo preliminar de una pelea entre seguidores de la presidenta municipal de Tehuantepec, Oaxaca, Vilma Martínez Cortés, y empleados del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento.

Los hechos comenzaron ayer por la mañana cuando los empleados se apoderaron de las instalaciones del palacio municipal para protestar contra la negativa de la alcaldesa, surgida del partido Morena, de reconocer a los trabajadores y firmar el contrato colectivo de trabajo, además de pagarles las 4 quincenas laboradas en la nueva administración.

Antonio Aquino García, representante del gremio, argumentó que mientras "tomaban" el palacio, seguidores y "un grupo de choque" de la alcaldesa llegaron hasta el lugar e intentaron desbaratar la manifestación, por lo que se dio el enfrentamiento a tiros, piedras y palos, del que salieron heridos 4 trabajadores por impacto de bala.

Molestos por la agresión y la supuesta falta de diálogo de la presidenta municipal, los inconformes le prendieron fuego a un camión recolector de basura.

En el poco tiempo que ha estado en el poder -en el ilimitado poder- López Obrador ha dividido a México en "Nosotros los pobres" y "Ustedes los ricos". Ha acuñado varios adjetivos denostosos para afrentar a quienes no pertenecen al pueblo bueno y sabio, vale decir a su feligresía. Todo aquel que se le opone es fifí; quienes critican sus acciones son pirrurris; a los que buscan prevenirse contra sus excesos en el ejercicio del gobierno los llama ternuritas. Acusa a sus adversarios de conservadurismo, él, que es absolutamente conservador en temas tales como los derechos de la mujer o de las personas homosexuales. La polarización que causa AMLO con sus expresiones no es positiva para el país. Ya lo dice el sabio Salomón en Proverbios 11-29: "El que turba su casa heredará el viento". Unir, no provocar divisiones, es tarea de gobernante bueno.

El lunes, las portadas de los periódicos hacían la crónica del calvario económico: "Pemex limita consumo de gas en centro del país" (El Financiero), "Producción de Pemex, a su menor nivel en 30 años" (El Economista); "Banca de desarrollo se encuentra paralizada" (El Universal). El martes continuaron: "Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019" (El Financiero); "Mexicanos sacaron más de 5,270 millones de dólares del país en 2018" (El Universal). Es la instantánea de un presagio que tuvo, por cierto, un preámbulo en la edición de ayer de The Wall Street Journal: "El presidente Andrés Manuel López Obrador está atacando a los órganos reguladores independientes, estableciendo un curso de colisión con las instituciones que han servido como un contrapeso del ejecutivo durante las décadas que el país se volvió una democracia plena".

El escenario económico está mal y pinta para peor. Pero además, se está contaminado con la política. Las respuestas del presidente son siempre las mismas. Si todo se ve mal es porque todo lo dejaron mal. El crecimiento es malo porque la economía es un desastre. Las dependencias se vaciaron de funcionarios porque comenzó la limpia contra la corrupción. Descalifica a las calificadoras y los contrapesos son corruptos. El modelo neoliberal fue impuesto para robar y saquear el país. López Obrador es dueño de la narrativa del polpotismo de terciopelo.

Quienes se oponen a su proyecto es porque no entienden el cambio. El cambio irá por encima de todo, y si esto significa que empobrecerá al país, textualmente ha dicho que será mejor que México sea una nación llena de pobres. Parece un contrasentido querer mejorar el nivel de vida de los pobres y luchar por una sociedad igualitaria, al mismo tiempo de estar dispuesto a sacrificarlos y crear más pobres a cambio de llevar hasta el final su proyecto de nación. Pero es retórico.

López Obrador está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que le dará la vuelta a la economía y al destino del país. Es tan grande la confianza que tiene en él mismo, que cuando el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, dijo que estaba mal y no sólo crecería este año a 2%, sino hasta más. Los expertos, dice, están equivocados porque no entienden la magnitud de su 4a. transformación.

Los números lo contradicen por ahora: la desaceleración de la economía en el 4o. trimestre del año pasado tuvo como antecedente la petición al presidente Enrique Peña Nieto que ya no gastara en nada y cancelara las compras, como las de gasolina y medicinas. La contracción se explica también en algunas acciones, como la consulta contra el nuevo aeropuerto en Texcoco, donde un millón de personas encabezadas por él, cancelaron la posibilidad de que la economía tuviera un impacto de 6% al PIB, el doble de lo que aporta Pemex. Ese tipo de decisión, particularmente esa, congeló las inversiones.

Enrique Quintana publicó en El Financiero que la inversión extranjera directa se contrajo 12% con respecto a 2017. Y cuando se revisen los números a finales de año, ese porcentaje probablemente sea mayor. Inversionistas mexicanos y extranjeros suspendieron todas sus inversiones nuevas hasta ver qué sucede con la política económica de López Obrador y cómo resuelven las agencias la calificación de la deuda de Pemex y la soberana de México. La crisis económica no se ha visto porque todavía hay incertidumbre sobre el futuro inmediato de México y no se han ido las inversiones. Existen aproximadamente 200,000 millones de dólares en México que en estos momentos, al no existir un diagnóstico objetivo de que López Obrador lleva al país al desastre, están esperando lo que suceda en los próximos meses. Si bajan la calificación de Pemex, esos 200,000 millones se irán, todos juntos, todos rápido, lo que provocará un colapso.

¿Es un destino manifiesto? De ninguna manera. Es un escenario en el cual, aunque muchos especialistas piensan que será el que se materialice, hay inversionistas que están esperando y pagando por ver. Pero el presidente debe tener cuidado con lo que hace y lo que hagan en Morena. Por ejemplo, la iniciativa en el congreso -aparentemente congelada- para limitar la inversión extranjera a 49% y otorgarle a la Secretaría de Economía el derecho a vetar a los inversionistas bajo una categoría de buenos y malos, es un despropósito. Cancelar las subastas energéticas es otro y provocará un desabasto de energía eléctrica si no hacen los ajustes durante la primavera. Invertir en proyectos económicamente inviables, como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya, tendrán un costo que obligará a posponer o nunca hacer otros proyectos de infraestructura necesarios en el resto del país.

El presidente López Obrador tendrá suficiente capital político para seguir atribuyendo todos los males al viejo régimen y acusar indistintamente de corrupción. Puede abrir juicios políticos contra ex presidentes -que serán un circo espectacular- y ajustar cuentas con sus enemigos históricos, los empresarios. Podrá culpar a los medios y satanizarlos, o modificar cuantas leyes quiera para que todo el país se alinee verticalmente a sus deseos. Pero todo ello no modificará la realidad económica.

Si no hace las cosas bien, el impacto negativo arrollará a su gobierno. Podrá tener respaldo político, pero generará inestabilidad que, quizás, detone repudio. Lo puede evitar, por supuesto, si el manejo económico es inteligente y responsable. Si así lo hace, podrá cumplir su sueño: ser el mejor presidente que ha tenido México. Si no es así, irá directo al infierno político de la nación.

Por mandato constitucional, el Estado mexicano y las corporaciones privadas están obligados a realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre los proyectos estatales o privados que puedan afectar sus territorios, bienes comunes o identidad.

Está establecido en el Artículo 2º de la Constitución y de manera más explícita en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 que ha sido firmado por el gobierno mexicano y por tanto su contenido es vinculante.

Conviene recordar el marco que regula el derecho de los pueblos a las consultas toda vez que el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador está utilizando esta herramienta para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La herramienta de la consulta fue utilizada nuevamente por el gobierno de la autodenominada 4a. Transformación (4T) el pasado fin de semana en municipios de Morelos, Tlaxcala y Puebla para decidir si se continúa o no con la puesta en operación de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, una de las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM).

La consulta se llevó a cabo contra la voluntad de las comunidades afectadas.

Para López Obrador, con este ejercicio quedó zanjada la controversia, pero los pueblos se niegan a aceptar el resultado por considerar que la consulta es ilegal. Y anuncian que seguirán resistiendo la imposición de este megaproyecto que incluye 2 termoeléctricas, un acueducto de 10 kilómetros y un gasoducto de 150 kilómetros. En conjunto, el PIM afecta a unas 120 comunidades, de 24 municipios de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

¿Por qué no dan validez a esta consulta? Porque no reúnen los requisitos que mandata (sic) el Convenio 169 de la OIT, lo que señala la Constitución y lo que estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 27/2016.

Según la CNDH las consultas a los pueblos deben tener estas características:

1) Libre: no debe haber interferencias ni presiones;
2) Previa: debe ser anterior a la adopción y aplicación de la medida legal o la administración nacional y a la ejecución del proyecto o actividad.
3) Informada: se debe dar a conocer el objeto de la ley, decreto o proyecto a los posibles afectados.
4) Culturalmente adecuada: se debe realizar a través de asambleas y de las instituciones representativas de cada pueblo indígena.
5) De buena fe: (recomendación CNDH 27/2018).

Basta revisar las condiciones en las que se han celebrado las consultas por el gobierno de la 4T para constatar que no cumplen estos mínimos requisitos. En el caso del PIM, las obras comenzaron en 2011, por lo que la consulta debió ocurrir antes y no ahora en estas condiciones donde no se llevó a cabo de manera libre, previa ni informada.

En el gobierno de la 4T se llevan a cabo consultas patito o, utilizando la mascota de la actual presidencia, en consultas "gansito". Los proyectos que afectan a los pueblos, que están destinados a acarrearles una transformación de sus condiciones de vida, no deben ser impuestos.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Samuel García, informó que obtuvo un amparo contra las modificaciones a los recursos destinados a las estancias infantiles por lo que, refirió, el gobierno federal debe publicar las reglas para que las guarderías operen como lo hacían hasta el año pasado.

El senador emecista agregó que la cancelación de los apoyos para esos espacios para el año en curso afecta a los infantes, trabajadores y miles de padres de familia, por lo que el juez "ordenó que inmediatamente se comience a aplicar el presupuesto".

García aseguró que la determinación del juez 1o. de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Rentería, es el primer paso para ganar la suspensión definitiva, la cual puede llegar en "meses o años".

El presidente López Obrador lanza el gasolinazo y esconde la mano.

Si su idea es cobrar más impuestos a la gasolina, que lo diga. Habrá polémica, debate, estará contradiciendo sus promesas de campaña y sus posturas como dirigente opositor, pero estará diciendo la verdad.

Pero no ha ido por esa ruta. El periódico El Universal ha documentado que en las últimas 2-3 semanas se ha disparado el precio de la gasolina, sobre todo la Magna. Súmele que durante los 2 meses que lleva el sexenio, a fuerza de dejar de subsidiar el precio de la gasolina como lo venía haciendo Peña Nieto tras su propio gasolinazo, la Magna está costando 4 pesos más [de lo que debiera] por litro.

López Obrador lleva un gasolinazo más duro que el de Peña Nieto. Y eso ya es mucho decir.

Ayer le preguntaron al presidente López Obrador sobre el asunto. Tuvo que hacer malabares. Dijo: "En el tiempo que llevamos ha aumentado en la gasolina Magna y ha disminuido en la Premium. De todas maneras, yo tengo un compromiso que voy a cumplir para que se sepa: No va a aumentar la gasolina ni el diésel, ni el gas ni la luz en términos reales. Si se está dando este aumento, estamos esperando el momento para hacer un ajuste".

Precisamente por esa inmensa popularidad de López Obrador debe haber voces que con objetividad, independencia y buena fe señalen tanto sus aciertos como sus errores. Los muchos votos y la popularidad de un mandatario no convierten automáticamente en buenas sus acciones. Sin dejar de reconocer el cariño que el pueblo tiene por su presidente es necesario mantener una actitud crítica ante él. Eso quizá pueda servir para que AMLO no se sienta un dios y para que, alejado de toda tentación mesiánica o autoritaria, sirva con prudencia y eficacia al pueblo que lo eligió, sobre todo a los más pobres...

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el hecho en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no fue un accidente, sino que fue provocado.

"De lo que se quiso presentar como un accidente, y hoy a la luz de las poca evidencias que lo acrediten, a la luz de no tener un veredicto pericial, nos hace ver que no fue un accidente, sino un hecho provocado", dijo el dirigente del blanquiazul, partido al que pertenecían Alonso y Moreno Valle.

A 2 meses del accidente, Cortés acusó que "hay mano negra y hay quienes se beneficiaron de la muerte de Martha Érika", quien sólo estuvo 10 días en el cargo, luego de un proceso electoral que fue impugnado por Morena, por presuntas irregularidades.

El panista incluso comparó la muerte de la gobernadora de Puebla, con el asesinato del activista Samir Flores en Morelos, quien se oponía a la termoeléctrica de Huexca. "Preocupa que los opositores, como Samir Flores y Martha Érika, puedan estar siendo asesinados vilmente", señaló en entrevista.

Cortés llamó al gobierno federal a esclarecer de manera inmediata el suceso.

Demandó que se informen las causas de la tragedia en la que murieron sus compañeros y 3 personas más, y consideró que mientras no se tengan resultados de las investigaciones, "el silencio alimentará las sospechas".

"Ya estamos en el inicio del proceso electoral en Puebla y las investigaciones siguen estancadas. La falta de una explicación clara y contundente sobre las causas de la caída del helicóptero está generando más incertidumbre entre los poblanos y la sociedad", apuntó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cancelarán los recursos para los refugios de mujeres en situación de violencia.

"Que quede claro, el refugio de mujeres maltratadas, discriminadas, todo lo que tenga que ver con justicia, eso se mantiene y más", dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que su administración busca dar el apoyo directo a las personas, no con el aparato.

"Esto cuesta trabajo que se entienda porque había una costumbre burocrática simuladora, porque se creaba un instituto para todo".

Señaló que la política neoliberal tuvo que ver con eso porque para su formación académica, estudiaban en el extranjero, y creaban institutos para todo.

Ante el recorte presupuestal a las estancias infantiles, en Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco consideró que la decisión afectará a casi 20,000 niños jaliscienses que actualmente son cuidados en 487 estancias, 110 al interior de la zona metropolitana de Guadalajara.

La Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano (TEU) de Guadalajara está paralizada, abandonada porque el gobierno federal decidió quitar la escalera del presupuesto, y dejó al local agarrado de la brocha. Para reanudar las obras de la Línea 3 del TEU, habrá que elevar plegarias a la Virgen de Zapopan -patrona de todos los entuertos que aquejan a los vecinos de esta "Noble y Leal" Guadalajara de todos nuestros pecados- para que toque el corazón al omnipotente señor (con minúsculas, para evitar blasfemas confusiones) que mora en Palacio Nacional, y éste tenga a bien liberar -merced a los ahorros que se hacen gracias a la guerra verbal declarada contra la corrupción- los recursos que permitan retomar las obras referidas y encender nuevamente la llamita de la esperanza de que, con el tiempo y el ganchito consabido, mejore un poco el calamitoso transporte público de la susodicha "Perla de Occidente".

Es irónico que la Fiscalía General de la República ponga como pretexto (para no revelar información de expedientes a pesar de que están concluidos) el honor y la reputación de las personas, el hecho de que tienen derecho a la presunción de inocencia, mientras el presidente López Obrador emplea sus conferencias mañaneras para acusar todos los días, con nombre y apellido, pero sin pruebas, al que se le ponga enfrente. Está claro que en la 4T hay quienes tienen derecho a la presunción de inocencia (Gordillo, Napito, Deschamps, Jiménez Espriú, Rioboó), y hay quienes no.

Al INAI, tan vapuleado también por el presidente, le toca resolver si la Fiscalía puede heredar la opacidad que caracterizó a la PGR de Peña Nieto. Es una prueba de transparencia para esta administración.

El próximo sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará en Hermosillo, Sonora. Como ha sido hasta ahora, viajará con un equipo de seguridad no mayor de 20 personas y se apoyará en las policías locales, más los grupos de voluntarios que se sumarán a la protección del presidente. Igualmente, carecerá de información de inteligencia -que es parte de las tareas no vistas del desaparecido Estado Mayor Presidencial-, donde se establecían los riesgos que podría enfrentar el jefe del ejecutivo para tomar la decisión final si iba o no al lugar previsto. López Obrador no toma en cuenta esas consideraciones, y las únicas ocasiones en las que ha optado por no ir a una ciudad o comunidad, es porque espera reclamos políticos que no quiere enfrentar. El presidente dice que el que nada debe nada teme, y que quien no hace daño, no es atacado. Pero lo que sucede en Sonora debería de preocuparlo sobremanera.

De acuerdo con los últimos datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de este año fue el más violento en la historia de México, con un incremento significativo en las cifras de homicidio doloso. Sonora fue el 3er. estado que registró el mayor aumento, con 58.3% de homicidios dolosos más que en el mismo periodo en enero de 2018, superado sólo por Quintana Roo y Jalisco.

La respuesta de los funcionarios es empírica, sin información de inteligencia que justifique soslayarlo. Nada puede tomarse de manera automática, pero tampoco, nada puede descartarse mecánicamente en la tierra de los cárteles.

Opositores a la termoeléctrica del Estado de Morelos rechazaron los resultados de la consulta ciudadana sobre el futuro de la central divulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los activistas anunciaron que impugnarán los resultados de la consulta y buscarán el apoyo de instancias internacionales además de continuar con sus acciones de resistencia contra la puesta en operación de ese proyecto termoeléctrico.

"A pesar de que según ganó el sí, mucha gente no está de acuerdo con el proyecto", declaró Jorge Velázquez, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

López Obrador anunció ayer que en la consulta votaron 55,715 personas, 59.5% por el sí y 40.1%, por el no, con 0.4% de sufragios que fueron anulados.

Velázquez resaltó que los pueblos afectados, 26 según los expertos, votaron no al llamado Proyecto Integral Morelos que integran la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, más un acueducto y un gasoducto que cruzan las entidades mencionadas.

"Sabíamos que la decisión de poblaciones externas a la obra sustituiría la decisión de las comunidades afectadas, que votamos por el no. Entonces, esto fue una burla", apuntó Velázquez.

El activista consideró la consulta como "ilegal e ilegítima" y señaló que aunque el gobierno federal emitió sus resultados "faltan por resolver amparos y denuncias" ante organismos internacionales.

El gobierno federal no tenía conocimiento de la oposición a la construcción de la termoeléctrica en Huexca, dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Dijo que cuando Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata, le había exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometiera a que no operara la planta, "el presidente se sorprendió porque ni siquiera estábamos en conocimiento de que este señor se iba a levantar. Por otra parte no teníamos ni siquiera conocimiento de la inversión. Ahí tuvimos conocimiento de la inversión y de los opositores", señaló. Y agregó que ya identificaron a integrantes de ese grupo.

Al igual que la consulta con la que se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en octubre pasado, y la que vino después para validar el proyecto del Tren Maya y otros programas sociales, el domingo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo una consulta más para preguntar si se continuaba o no con la planta Termoeléctrica en Huexca, Morelos. Como se veía venir, este ejercicio se dio en un contexto de polarización agravada por el asesinato en días previos a la consulta, del activista Samir Flores Soberanes, que encabezaba a los grupos que se oponían a este proyecto, y que ayer quemaron boletas y urnas en protesta por el ejercicio, especialmente en el municipio de Amilcingo.

Sin duda eso inhibió la participación en la consulta, ya que a decir del propio presidente, participaron apenas 55,715, de los que 59.5% votaron a favor de continuar la termoeléctrica, contra 40.1% en contra.

Además de esta polarización, lo que preocupa es la degradación en la calidad técnica y la validez de este tipo de consultas, ya que seguimos sin saber a ciencia cierta quién custodió las urnas y quiénes fueron los responsables del conteo de los votos.

En el mejor de los casos, estaríamos ante un ejercicio que se dice democrático, pero en el que el gobierno es juez y parte. Ayer los resultados los dio Hugo Erick Flores, quien es el delegado de Bienestar Social de la Presidencia de la República en Morelos.

Faltará además revisar que tan consistente fue el ejercicio y si no se repitieron las improvisaciones y las carencias metodológicas y legales en las que se han incurrido en las anteriores consultas, especialmente en la del aeropuerto que terminó siendo una simulación burda y autoritaria.

Como lo dijimos en su momento, este tipo de consultas lejos de honrar los beneficios sociales de la participación ciudadana y la democracia directa para discutir y decidir sobre los grandes asuntos públicos, los desvirtúa.

Más aún cuando se utilizan de forma arbitraria y a conveniencia del poder en turno. En ese supuesto puede caer el gobierno de la autollamada 4a. transformación al no realizar la consulta que había prometido para que fuera la población, el pueblo "sabio y bueno" quien decidiera si iba o no la Guardia Nacional.

Esta opacidad y falta de criterios claros elimina toda credibilidad en estos ejercicios, que han servido sólo para justificar decisiones ya tomadas.

(V.periódico El Financiero en línea del 26 de febrero de 2019).

Los refugios para mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar son ejemplo de cómo la sociedad puede organizarse para atacar con eficacia problemas sociales que el gobierno, con su tendencia a crear burocracias, no puede ofrecer.

Que se suspenda la convocatoria para asignar subsidios a estos refugios, solo porque el Presidente piensa que las organizaciones de la "sociedad civil" no son de izquierda, es prueba de lo equivocado que es gobernar solo para un grupo ideológico. Las mujeres y los niños golpeados no son ni de izquierda ni de derecha. Son simplemente víctimas que pueden pagar con la vida el no contar con un refugio ante la agresión de un macho golpeador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su desprecio por las organizaciones no gubernamentales: "La sociedad civil antes era pueblo, nada más que ahora ya se apropiaron de la sociedad civil. Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos de izquierda. Con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo. Hasta los grandes consorcios promueven la sociedad civil. Es una bandera la sociedad civil".

¿Cuándo fue pueblo la sociedad civil y por qué ha dejado de serlo? Supongo que era pueblo cuando se pronunciaba en contra del desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal o cuando protestaba por el supuesto fraude electoral de 2006. Pero ¿cuándo se volvió conservadora? ¿Acaso cuando defendió los derechos de los niños y se opuso a los abusos de la CNTE y del SNTE, hoy aliados del gobierno, o cuando defendió a las mujeres y los niños golpeados por la violencia machista?

Hay una lógica, supongo, en la decisión del presidente López Obrador de no entregar recursos a las organizaciones de la sociedad. Algunas son fachadas de grupos de extorsión. En la mayoría de los casos, sin embargo, el gobierno está cancelando programas con enormes beneficios argumentando que hay actos de corrupción que no ha querido o no ha sabido probar. Este es el caso de las estancias infantiles, que proporcionan un servicio a bajo precio que el Estado no ofrece más que a unos cuantos y que resulta crucial para permitir que cientos de miles de madres puedan salir a trabajar. Los refugios para mujeres y niños golpeados están en la misma situación.

Una de las primeras reglas de la práctica médica se atribuye a Hipócrates y en su versión latina señalaba Primum non nocere, "Lo primero es no hacer daño". Antes de resolver un mal, lo primero es asegurarse que no se causará un mal mayor del que se pretende remediar.

El presidente López Obrador, sin embargo, tiene una filosofía distinta. Lo 1o. que hace es amputar. Si comete un error, ya después tratará de resolverlo. Esto lo hemos visto varias veces, 1o. con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el cierre de ductos de Pemex, ahora con la suspensión de los recursos para las estancias infantiles y los refugios para mujeres y niños golpeados. No hay deseo ni intención de sopesar primero los pros y los contras de la decisión. El presidente actúa con la filosofía de que él sabe más que nadie y puede tomar medidas drásticas que serán necesariamente buenas porque es un hombre honesto y decidido. Es la filosofía del "Me canso ganso".

La forma como se procesó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en el Senado, dibujó la dinámica de un Estado. El Presidente manda una reforma controversial, que enmiendan en el congreso, por lo que pide que se corrija en el Senado para mantener su propuesta de militarizar la seguridad pública, y que después de que exige que o le dan atribuciones a los militares para dirigir las tareas policiacas o denunciará las razones ocultas de los legisladores. Los senadores rechazan sus amagos y aprueban una ley contraria a sus deseos. Pero el Presidente no denuncia nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo que hicieron. Todos se congratulan. Todos satisfechos. Todos cedieron algo para ganar mucho. Así funciona una democracia. Pero fue engañoso.

Las negociaciones de 20 días con los senadores fueron políticamente violentas, con enfrentamientos en la Junta de Coordinación Política, donde su presidente, el morenista Ricardo Monreal, quiso forzar a la oposición para satisfacer el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador: Guardia Nacional con mando militar, sujeta al fuero militar, y atemporal en su tarea en seguridad pública. Desde un principio, la oposición dijo que no, y hubo momentos de confrontación total, como cuando los gobernadores del PAN boicotearon una reunión con el gabinete de seguridad el 15 de febrero, para evitar presiones.

Ese desaire fue una señal clara del clima que se vivía. Los gobernadores del PRI fueron más sumisos al gobierno, y presionaron a sus senadores para que aprobaran la ley en los términos como planteaba Monreal, pero no tuvieron eco. Las conversaciones en el Senado, mientras tanto, se volvían más intensas. Hubo un momento, dijeron participantes en la mesa de las negociaciones, que el conflicto llegó al punto de explosión, cuando Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, gritó que él se dejaba las pláticas en la sesión del 18 de febrero. Monreal lo acusó de ser él quien estaba promoviendo la oposición a la reforma y que había manipulado al resto de los coordinadores en el Senado, lo que motivó una intervención de Miguel Ángel Mancera, del PRD, reclamándole con sarcasmo que les diera el beneficio de una oposición real.

Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue uno de los factores que contribuyó a que no reventara la mesa de negociaciones que se había instalado en Bucareli, no sólo por su conocimiento sobre los procesos parlamentarios, sino por su mano suave y conciliadora. En las reuniones estaba el emisario de López Obrador, Julio Scherer, coordinador jurídico de la Presidencia, y participaba el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se encargó de hablar con los militares para explicarles las posibilidades reales que tenía el proyecto original donde ellos tendrían el mando, y buscar su apoyo.

El presidente no quería que las cosas salieran como él no deseaba, por lo que jugó rudo con amagos. Al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, López Obrador lo amenazó en una conferencia de prensa, al decir que iba a informar sobre corrupción en el área de seguridad y en las compras de alimentos para reclusorios y penales, su responsabilidad en el sexenio pasado como secretario de Gobernación. A la panista Xóchitl Gálvez, le reciclaron en la prensa imputaciones de malversación de fondos cuando era delegada en la Miguel Hidalgo. A Mancera le echó en cara la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que había maquillado las cifras de incidencia delictiva. Ningún senador de la oposición se amilanó y se mantuvo firme. Los enviados del presidente buscaron entonces persuadir a senadores en lo individual y fueron hablando con ellos por separado para tratar de alcanzar el número de votos que necesitaban para aprobarla, pero descuidaron al Partido Verde, que decidió sumarse a la oposición.

El problema que tenían para el miércoles eran los militares. Insistían en el fuero militar para que sirviera como un incentivo para mantener la disciplina, y estaban totalmente en desacuerdo que prevaleciera el fuero civil. Durazo fue quien más trabajo hizo con ellos, quienes al final se comportaron institucionalmente, pero la molestia persistió. Un análisis al que se tuvo acceso, elaborado por un militar de rango, decía: "La reforma constitucional resultante en mi opinión es muy mala, ya que de las 250 páginas, el 80% es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las fuerzas armadas son violadoras de los derechos humanos".

"El hecho de que le hayan quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la Guardia Nacional y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la fuerza armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la Secretaría de Seguridad y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal, se castiguen a la Secretaría de la Defensa Nacional".

Los militares quedaron insatisfechos con la reforma constitucional, lo mismo que el presidente. Pero contrario a lo que muchos pensaron, el consenso interno y externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al gobierno: pese a ser una fuerza minoritaria, hay momentos donde si se mantienen unidos, pueden frenar la colonización de la 4a. transformación.

Esta vez toca reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus legisladores y a sus seguidores que -esta vez- supieron decirle "así no".

Por supuesto, también tocar reconocer a los partidos de oposición y a las organizaciones de la sociedad civil que no cedieron ante insultos y presiones.

La aprobación por unanimidad en la cámara alta de una Guardia Nacional desmilitarizada, y la declaración del primer mandatario felicitando a los legisladores y definiéndose "muy satisfecho", deben aquilatarse como una buena señal.

El presidente y Morena, pudiendo imponerse, pudiendo conseguir la decena de votos que faltaban usando toda suerte de métodos antidemocráticos, escogieron construir un consenso y el resultado final, aunque no era exactamente lo que el presidente quería, fue aceptado, reconocido y agradecido.

Si en la Cámara de Diputados no hay tropiezos, el presidente tendrá en breve su Guardia Nacional en la Constitución. No es poca cosa: se trata del instrumento central que diseñó el nuevo gobierno para prometer que en 3 años la delincuencia dejará de ser una pesadilla en México.

El presidente no quería ponerle una fecha al regreso de los militares a los cuarteles, pero el Congreso aprobó 5 años (es casi todo el sexenio, puede estar tranquilo). El presidente quería un mando militar, pero el congreso aprobó que el mando sea civil (aunque el mero-mero de la Guardia podrá ser militar... además, ¿quién le dice que no a los generales?).

Frente al desánimo que dejan las recurrentes imposiciones, las habituales andanadas de acusaciones sin pruebas y las políticas públicas en las que el prejuicio aplasta a la ciencia, el episodio de la Guardia Nacional deja un buen sabor de boca.

Esta vez no ganó el López Obrador autoritario que descalifica, insulta y hasta persigue a quien no hace lo que él quiere o dice lo que él piensa.

Esta vez el presidente, su gabinete y sus senadores negociaron con sus opositores (a los que se han cansado de tildar de neoliberales corruptos) y encontraron un punto en donde todos ganaron algo y todos cedieron algo.

Esta vez escucharon en las organizaciones ciudadanas, a las que suele desdeñar como "fifís" al servicio del empresariado.

Esta vez atendieron las recomendaciones de los especialistas, que normalmente son acusados de cómplices de inútiles gobiernos pasados.

Esta vez queda abierta una rendija a ver si el presidente entiende que la oposición representa a una parte del electorado con la misma legitimidad que él a la porción más grande, y que sin el trabajo de la sociedad civil él no habría llegado al poder. Ojalá desista del método de gobierno de descalificar y perseguir a quien tiene una visión diferente. Eso genera encono, descompone el ambiente y le cuesta a su proyecto, por más que él sienta que su actual popularidad lo blinda.

Merecen mucho reconocimiento la oposición partidista y los organismos de la sociedad civil que, frente a los misiles de abuso de poder durante la negociación de meses, resistieron. Los partidos de oposición, que supieron recomponerse y parecen haber encontrado su sitio, tras la brutal derrota electoral y ante la aplastante popularidad del primer mandatario. Las ONG, que no se dejaron intimidar y pelearon por conseguir que las nuevas leyes incluyeran lo que tantos años de estudio les han hecho aprender.

El diseño aprobado de la Guardia Nacional no es perfecto. Normal. Su implementación puede tropezar. Desde luego. Si no hay voluntad política en su creación y funcionamiento podrán darle la vuelta a los candados que le pusieron a la ley. Es cierto. Con el paso del tiempo puede haber trucos y trampas. Claro. Pero mientras se lidia con esos desafíos del futuro, más jueves como el de la semana pasada.

Todo poder necesita un contrapoder o de lo contrario se hace absoluto. El triunfo arrollador de López Obrador, sus mayorías en las cámaras y sus astronómicos niveles de aprobación entre las masas, requieren también de contrapesos que le ofrezcan retroalimentación y contención, le exijan mejorarse a sí mismo y le hagan corregir errores o excesos.

El problema es que no se observa ninguna entidad con los tamaños o los méritos para convertirse en rival capaz de subirse al ring o poner a prueba al soberano. Adversarios hay, desde luego, pero están muy disminuidos políticamente o muestran una moralidad aboyada frente a la opinión pública.

Para empezar, los partidos políticos tradicionales se encuentran totalmente desdibujados. Como fuerza electoral son punto menos que membretes en el sentido de que Morena arrasaría en cualquier elección que se celebre en este momento y lo veremos muy pronto en el caso de Puebla. Desde luego esos partidos poseen todavía la mayoría de las entidades federativas, pero la real politik obliga a los gobernadores a negociar unilateralmente con el presidente y al margen de su partido debido a la vulnerabilidad presupuestal, a la necesidad de seguridad pública federal y al hecho de que muchos de ellos bregan con congresos locales en manos de Morena.

En términos de prestigio o calidad moral, la posibilidad de que PRI, PAN, PRD o PVEM lancen reivindicaciones exitosas en nombre del interés público es aún más raquítica. El rechazo del PAN a la presencia de los militares o la exigencia de más transparencia por parte del PRI es más un chiste irónico que un acto político. Toda crítica que enarbolen termina poniendo sobre la mesa lo que hicieron o dejaron de hacer cuando estuvieron en el poder e invariablemente la comparación les deja mal parados.

Por razones similares muchos de los organismos autónomos carecen también del suficiente crédito moral. Algunos porque fueron penetrados ostensiblemente por intereses del sector que en teoría deberían regular, otros porque sus miembros se rodearon de groseros privilegios económicos y canonjías, algunos más simplemente porque fueron demasiado tibios frente a los terribles excesos de corrupción y abuso de la administración anterior.

Esta última crítica se hace hoy a diversos organismos de la sociedad civil, a columnistas que flagelan al presidente, y a intelectuales que si bien hicieron cuestionamientos a las irregularidades de la gestión de Peña Nieto y a las incapacidades de Calderón y Fox, terminaron conviviendo y, en ocasiones, beneficiándose de sus relaciones con el poder.

Este fin de semana se anunció la formación de un grupo opositor de procedencia variopinta: incluye a políticos (Javier Corral y Alfaro, gobernadores de Chihuahua y Jalisco respectivamente, Cecilia Soto, Salomón Chertorivski, Jorge Castañeda, Emilio Álvarez Icaza, Agustín Basave, Luis Colosio Rojas), a empresarios (Gustavo de Hoyos y José Luis "Chacho" Barraza), a escritores (Luis Villoro y Héctor Aguilar Camín). Prácticamente todos ellos han sido opositores de López Obrador sea porque participan o han participado en partidos rivales (la mayoría) o porque han sido críticos sistemáticos del tabasqueño a lo largo de su carrera.

Desde luego eso no desvirtúa su derecho para plantear como grupo propuestas alternativas, matices a los proyectos del régimen y cuestionamientos a sus políticas públicas. Por el contrario, no solo son pertinentes sino indispensables.

Solo habría que transparentar las agendas. Unos porque oficialmente están comprometidos con la defensa de intereses puntuales (por ejemplo, Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex, o los 2 gobernadores), otros porque han mostrado que su prioridad ha sido el ascenso de sus propias carreras políticas en sus saltos partidistas, unos más porque profesan explícitamente banderas opuestas a las que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Desde luego tampoco eso desvirtúa su derecho a manifestarse, sobre todo si son capaces de encontrar posiciones comunes, útiles y favorables al interés general.

Lo que es importante destacar es que se trata de jugadores políticos inmersos ellos también en la disputa por el poder. Eso no los descalifica ni anula por sí mismo el valor de las propuestas que estén en condiciones de producir. Pero, si bien no hay que descalificarlos, tampoco debemos asumirlos como representantes de la sociedad, una tentación que suele asaltar a las asociaciones que se definen como no partidistas.

Bienvenida la multiplicación de voces, siempre y cuando cada una de ellas entienda que expresa puntos de vista parciales de una realidad que necesariamente es compleja y diversa.

Paco Calderón
(24 de febrero de 2019).

El PRI, a través del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Arturo Zamora Jiménez, llamó a defender las instituciones autónomas ante el embate sistemático en su contra.

Subrayó que dicho hostigamiento pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del país y exhortó a sus correligionarios y a la sociedad a "no permitir que los órganos autónomos -base fundamental de la democracia- se pierdan".

De igual manera, reclamó la actitud del ejecutivo federal de amenazar a quienes disienten, y exigió aclarar el homicidio del activista morelense Samir Flores Soberanes, un luchador social que alzó la voz para que la tierra de su comunidad no fuese mancillada y defender legítimamente sus derechos.

También refirió el caso del proyecto de refinería que se pretende construir en Dos Bocas, Tabasco, con el cual se pretenden avasallar selvas y comunidades, alterando sus costumbres, lo mismo que en el sur-sureste, donde pretenden "vender espejitos", pero según él en realidad van a dañar mucho la naturaleza con el Tren Maya.

El Partido Acción Nacional señaló que a 2 meses del fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, el gobierno federal sigue sin esclarecer el accidente, por lo que exigen que de manera inmediata informen sobre el suceso.

"Hay un silencio sospechoso por parte del gobierno de López Obrador. Por eso, una vez más exigimos que nos informe de las causas de la tragedia en la que murieron nuestros compañeros y 3 personas más".

"Las investigaciones emprendidas por el gobierno brillan por su ausencia. Mientras no tengamos resultado de las investigaciones, el silencio cómplice solo seguirá alimentando las sospechas y las especulaciones", afirmó.

"El silencio vergonzante del gobierno federal ante la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, nos hace preguntarnos una y otra vez, ¿quiénes son los beneficiados directos de su muerte?, ¿qué espera el gobierno para informar lo sucedido con los dictámenes y las pruebas científicas respectivas?", indicó en un comunicado.

Cortés Mendoza señaló que el accidente debe ser esclarecido, ya que ambos políticos fueron opositores al gobierno de Morena y el propio presidente López Obrador, quien abiertamente no reconoció el triunfo de la gobernadora de Puebla, aun después de haber sido confirmada por el Tribunal Electoral.

El líder nacional del blanquiazul, asentó que ante el inicio del proceso electoral en Puebla, las investigaciones siguen "estancadas" y no ayuda a dar certeza a la contienda, al contrario, genera más incertidumbre entre los poblanos y la sociedad.

"Por ello exigimos al gobierno federal no meter las manos en los tribunales electorales, ni en las elecciones de Puebla, ni de ningún otro estado".

Le exigió apegarse a la Constitución y a sus leyes secundarias, "respetando siempre a los ciudadanos para que elijan a sus autoridades mediante el voto libre y secreto", destacó.

Pobladores de Amilcingo, Morelos, anunciaron que realizarán una caravana de información por la región oriente, debido a que no hay casillas en las comunidades de la zona.

Aseguraron que su jornada será completamente pacífica y señalaron que el objetivo es contrarrestar la información oficial sobre la Termoeléctrica del municipio de Huexca.

Samantha César, habitante de esta localidad, consideró que por lo menos el 60% de las personas afectadas deberían votar para legitimar el proyecto "pero ya lo escuchamos ayer, son muy pocos".

Además hicieron un llamado a municipios como Yautepec y Cuernavaca a participar porque el proyecto contempla una 2a. termoeléctrica en Cuernavaca.

Como un acto simbólico los pobladores entonaron el Himno Nacional y al finalizar lanzaron consignas en contra del Plan Integral Morelos (PIM) y exigieron justicia por el asesinato de su compañero, Samir Flores, perpetrado 36 horas antes de que comenzara esta consulta ciudadana.

"Samir vive!", "Samir no murió el gobierno lo mató", "No a la termo" y "Obrador decía que todo cambiaría, mentira mentira la misma porquería", "La decisión está tomada, la consulta a la chingada", fueron las frases de resistencia que lanzaron.

La consulta sobre la construcción de la planta termoeléctrica en Huexca, Estado de Morelos, arrancó con baja participación, quema de boletas y destrucción de casillas por parte de inconformes con el proyecto, ante lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió no caer en provocaciones.

Al contrario de lo ocurrido en las jornadas de consulta por el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por la del Tren Maya, la cuales transcurrieron en relativa calma, el ejercicio para conocer la opinión de pobladores sobre la termoeléctrica encontró la resistencia de morelenses.

Pobladores del municipio de Temoac, por ejemplo, quemaron el centro de votación en protesta contra la planta de Huexca, así como por el asesinato del activista Samir Flores, quien se oponía a ese proyecto.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al que pertenecía Flores, tomaron las casillas e intentaron agredir a funcionarios. "¡Samir no murió, el Gobierno lo mató!", "¡Agua sí, termo no!" y "¡Cancelen la consulta!", fueron sus consignas mientras llamaban a boicotear la consulta que decidirá el futuro de la polémica obra.

En el municipio de Jantetelco, opositores quemaron y rompieron urnas y boletas para impedir la consulta organizada por la Secretaría de Gobernación.

López Obrador reaccionó a los actos de violencia al pedir a la población de Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde se realiza la consulta hasta el día de hoy, no caer en ninguna provocación, y destacó que "la gente siempre actúa de manera responsable, siempre".

Los actos vandálicos contra la logística se detectaron al menos en 5 municipios, mientras que en otros puntos de la entidad inconformes reclamaron por el asesinato del activista.

En las ruedas de prensa matutinas, López Obrador se refiere a sus adversarios como "los conservadores". Acto seguido, la definición de los conservadores: aquellos que buscar conservar lo que hay, los protectores del status quo. Un discurso dibuja permanentemente la batalla del presidente contra las resistencias del sistema. En muchos casos, el presidente tiene razón. Existen resistencias palpables y una élite, que lleva tomando decisiones por décadas, y que se niega a perder su protagonismo e influencia. Sin embargo, en otras ocasiones, las posiciones conservadoras son las del presidente. Por ejemplo, la Guardia Nacional militarizada; la inclusión de múltiples delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, o la erosión de los "intermediarios" para la ejecución de programas sociales. El conservadurismo no es monopolio de una parte de la oposición que se niega a entender por qué ganó López Obrador, sino del propio presidente al recargarse en soluciones centralistas y de concentración del poder. En fórmulas que nos trasladan al pasado y no al futuro.

El debate público suele hacer una dicotomía: o somos un país de hombres fuertes o de instituciones fuertes. Desde mi punto de vista, es una falsa elección. México es un país que concede una importancia política fundamental al Presidente de la República y eso no cambiará en nuestra cultura política. Es parte de nuestra historia. Y la voluntad política del presidente es fundamental para cambiar algunas inercias gubernamentales. Voluntarismo e instituciones fuertes no son autoexcluyentes. Es posible que coexista un liderazgo político fuerte con un marco institucional que le ponga límites al poder y que, a través de la autonomía, proteja derechos y libertades de los ciudadanos. Es innegable que los órganos autónomos han jugado un papel democratizador de relevancia en México. Su protección -y reforma- es esencial para la vida pública nacional.

Tuvo que ceder la terquedad dictatorial del "pejidente" para alcanzar no sólo la mayoría requerida para la modificación constitucional, sino la unanimidad del Senado de la República, en la aprobación de una Guardia Civil Nacional.

Una Guardia Nacional con mando totalmente civil y no militar, respetando la soberanía de estados y municipios de manera que "la presencia de la Guardia será a petición de cada ejecutivo estatal". Se incorporó el tema de capacitación a las policías locales para reforzarlas y será el Senado el que establezca un control a sus acciones mediante la aprobación de un informe anual por parte de la misma.

En resumidas cuentas, se impuso la democracia legislativa para evitar, en buena medida, la sobremilitarización del país. A dicho del propio Presidente de la República, será una Guardia Nacional que opere en forma similar a los llamados "cascos azules" de las Naciones Unidas. Por esta vez no acabamos autorizándole sus ambicionadas "boinas rojas".

Ahora sólo falta verlos en operación. Cómo hacen -respetando cabalmente los derechos humanos- que se cumpla la ley, por parte de grupos arbitrarios como la CNTE, y se brinda seguridad a las comunidades ante los sicarios del crimen organizado y el narcotráfico.

Para acatar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar recursos públicos a ninguna organización civil, la Secretaría de Salud también suspendió la convocatoria mediante la cual se daban subsidios para la creación de refugios en favor de mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema.

La dependencia, encabezada por Jorge Alcocer Varela, lo confirmó a través de un oficio. El documento indicó que la orden de no apoyar con dinero a ninguna organización civil se recibió desde el 14 de febrero pasado a través de una circular firmada por el presidente López Obrador.

La decisión fue criticada al ser considerada como "un atropello" para las mujeres y menores de edad que deben huir de la violencia en el hogar.

Se puede decir con sobra de razón que las consultas hechas por López Obrador son paparruchas que sólo sirven para dar apariencia democrática a los ucases del presidente, órdenes tajantes y arbitrarias que sus camarlengos no se atreven a cuestionar, así sean tan desatinadas y aberrantes como la que llevó a la cancelación del aeropuerto de Texcoco o al cierre de los ductos de gasolina para combatir el huachicoleo. La forma en que AMLO impone a capricho su omnímoda voluntad, la manera en que se aparta de la ley, el desdén altanero que muestra por la sociedad civil, son indicios ominosos que preocupan a muchos ciudadanos. El Poder Legislativo y el Judicial deben pensar en el bien de México y servir de efectivos frenos y contrapesos al desorbitado poder del ejecutivo. Si no lo hacen serán responsables de la pérdida de la libertad y la democracia conseguidas a costa de tantos esfuerzos y tan grandes sacrificios...

"Secuestros CDMX", cartón de Chavo del Toro.

A finales de enero, un usuario de redes sociales recopiló casos de secuestros e intentos de secuestro en el Metro de la ciudad de mexico y publicó un mapa señalando estos. También expuso el modo en que se dan, evidenciando que eran poco probables como eventos aislados.

A esto, la gobernadora de la #CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración no contaba con denuncia alguna de intentos de secuestros en el metro (HuffPost México, enero 31), mientras que el 2 de febrero, se dio una marcha contra el problema de secuestros (El Universal, febrero 2).

Ante la situación, una empresa (Clear Channel) decidió llevar a cabo una campaña de concientización con el eslogan #MeEstánLlevando, llamando a potenciales victimas a usar la frase de encontrarse en peligro y a la población en general a responder en caso de oírla. (Excélsior, febrero 13).

El 12 de febrero, Claudia Sheinbaum, sorprendió declarando que la campaña de prevención: "Seguramente es parte de algunos adversarios que no les gusta que la ciudadanía nos esté apoyando" (Animal Político, el Universal; febrero 12).

Sheinbaum cerró indicando que su consejero jurídico se pondría en contacto con la empresa para "que esta campaña ya deje de proceder en la Ciudad de México" (Animal Político, febrero 12), cosa que se logró el día siguiente (La Jornada, febrero 13).

- Luis.

Paco Calderón
(22 de febrero de 2019).

Moody's Investors Service advirtió que las medidas de apoyo anunciadas por el gobierno federal el pasado 15 de febrero son negativas para la calificación crediticia de México.

"El anuncio es negativo para México. No sólo el alivio fiscal adicional para Pemex afectará los ingresos del gobierno, sino que, en general, si la confianza del mercado no mejora, Pemex requerirá un respaldo soberano adicional en 2020 y más allá erosionando las finanzas del gobierno", dijo la calificadora.

En un comentario sobre las medidas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para aliviar las finanzas de la petrolera, Moody's añadió que el anuncio se encuentra en varias fuentes de financiamiento ya conocidas y, por lo tanto, asciende a sólo 200 millones de dólares en financiamiento fresco en forma de desgravación fiscal.

"Además, el sentimiento pesimista del mercado hacia Pemex, impulsado por las preocupaciones sobre si será capaz de satisfacer grandes necesidades de financiamiento en 2019 de alrededor de 14,000 millones de dólares, no mejoró como resultado de las medidas anunciadas. Esto sugiere que se puede requerir más apoyo del gobierno", explicó.

Según la agencia, el paquete de soporte a Pemex tiene 2 implicaciones de crédito negativo para México. En 1er. lugar, la reducción en la recaudación de impuestos de la petrolera, estimada en una pérdida de alrededor de 750 millones de dólares anuales en relación con la propuesta de presupuesto del gobierno, lo que podría comprometer los objetivos presupuestarios del gobierno.

"En 2o. lugar, la naturaleza decepcionante de este anuncio en relación con las expectativas del mercado y los desafíos de financiamiento a mediano plazo de Pemex sugiere que se requerirá más apoyo del gobierno. De hecho, los rendimientos de los bonos más negociados de Pemex se dispararon con el anuncio, lo que elevó el costo ya prohibitivo de los fondos de mercado para Pemex", dijo Moody´s Investors Service.

Siniestra ha resultado esta izquierda de origen priista que es capaz incluso de desconocer a las organizaciones de la sociedad civil de izquierda que la llevaron al poder. Pero más preocupante es lo siniestro que resulta un presidente enamorado de su propio personaje, de la imagen que se ha construido de sí mismo.

En los albores del sexenio de Fox escribí un texto sobre el dulce encanto de la propia voz, una enfermedad que aqueja con harta frecuencia a los políticos y a no pocos periodistas; de tanto escucharse a sí mismos terminan confundiendo la realidad con su propia imagen. El "yo ya no me pertenezco" de la toma de posesión, más allá de la función retórica y sus poco democráticos antecedentes (antes la habían usado nada menos que Luis XIV, el rey sol quien dijo también "El Estado soy yo"; Maximilien Robespierre, dijo "el incorruptible" instaurador de la época del terror en la postrevolución francesa; Fidel Castro y Hugo Chávez) fue la 1a. señal de auto enamoramiento del presidente.

La pérdida de sentido de realidad aqueja a todos los gobernantes. Es un problema de los que muy pocos han podido escapar y tiene más que ver con las condiciones externas que con la fortaleza psicológica. Zedillo, por ejemplo, no tuvo tiempo para saborear el poder porque la ola de la realidad lo revolcó a los 20 días de iniciada su presidencia, pero la mayoría pierde piso en los primeros meses de gobierno. López Obrador cambió los símbolos externos del poder, aviones, guardias, comitivas, por los símbolos históricos; él piensa que su misión como presidente no es hacer un buen gobierno sino cambiar la historia. Es la misma megalomanía puesta en otro sitio.

Decir que el asesinato del activista contra la termoeléctrica en Morelos, Samir Flores, se cometió para enturbiar su consulta en lugar de entender que lo que provocó el famoso discurso sobre las organizaciones de izquierda conservadoras fue un enrarecimiento del ambiente político de la zona, refleja un presidente convencido de que todo y todos giran a su alrededor. Decir que las llamadas organizaciones de la sociedad civil, esas que se opusieron a la militarización y lograron cambios fundamentales en el dictamen del Senado, no son de izquierda porque la izquierda es él y que sólo los que piensen como él y le aplaudan pueden llamarse así es siniestro.

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y corrupción no es sólo robarse el dinero del erario. Corrupción es también abusar del poder para aniquilar a los que estorban (como sucedió con el director del Instituto Mexicano del Petróleo y ahora con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía); imponer funcionarios sin el perfil adecuado para el puesto; eliminar programas públicos que, independientemente de sus problemas, funcionaban para cambiarlos por otros que generen clientelas electorales.

Jamás vimos una siniestra tan siniestra.

En los últimos días afloró la fobia del presidente López Obrador hacia la llamada "sociedad civil". Desde su visión es mala. Se trata de grupos de interés y asociaciones privadas con el poder suficiente para proteger a los individuos de los excesos del gobierno. Además para ellos de forma inherente, con la defensa del mercado y de la propiedad privada.

La sociedad civil es el conjunto de una serie de entidades privadas de diversa naturaleza y permitidas por las leyes del gobierno para operar en el territorio del Estado. Son en realidad sociedades "especiales" a través de las cuales las personas actúan colectivamente para expresar sus ideas, defender sus intereses y alcanzar objetivos comunes en determinados campos de la vida pública. Pueden ser de carácter cultural, científico, religioso, político, artístico, deportivo, social, no gubernamental, etc. Pueden recibir o no dinero público. Pero ni juntas ni separadas tienen la representación de la sociedad. Nadie se las ha conferido.Tampoco son partidos políticos aunque los complementan. Si apoyan a un partido son parte del mismo y no sociedad civil. Se agrega a las corporaciones clásicas: partidos políticos, sindicatos, gremios, colegios de profesionistas, grupos de presión, iglesias y empresas. Sus finalidades pueden ser hasta en extremo variadas. Hay quienes quieren cambiar las cosas y quienes quieren mantener las mismas.

Aun así, en el discurso los integrantes de la sociedad civil, sociedad a secas, sociedad organizada con fines políticos pero apartidistas, o sociedad activa, como a mí me gusta llamarle, afirman su representación (además de la de sus agremiados, lo cual es válido) sobre una parte de la sociedad o incluso su totalidad. "Nosotros representamos a la ciudadanía, nosotros a los deportistas", así dicen. Arrogarse esa representación molesta al gobierno y con razón. Pero no se debe hacer a un lado esa labor importantísima también de complementación de lo gubernamental. Sin la sociedad activa se pueden cometer muchos errores, tener malos medidores, malos diagnósticos y peores remedios.

Ahora vemos, además, el surgimiento de nuevas organizaciones del internet y en concreto de las redes sociales. Se trata de colectivos nacidos de forma espontánea, pero con identidades afines a sus objetivos. Un ejemplo reciente es la creación del colectivo #HijasdelaMX, causando justificada preocupación en las filas del lopezobradorismo al grado de tratar de crear como respuesta, amén de lo de siempre, insultos y descalificaciones, una organización sombra. Ahí se puede confirmar. AMLO no puede no entender la valía de las organizaciones activas. Pero las detesta: pueden servir de contención a la arbitrariedad.

En el cierre de posturas ante el pleno del Senado, momentos antes de votar y aprobar la Guardia Nacional, el senador morenista Ricardo Monreal se deshizo en elogios y agradecimientos al resto de las fracciones.

Se refirió en estos términos al dictamen que se iba aprobar por unanimidad: "Sí es un instrumento que debemos aplaudir, sí es un instrumento que debemos sentirnos satisfechos, nadie nos puede reclamar, escuchamos a todos, incluso insultos de algunos".

Esas palabras sonaron a respuesta a Andrés Manuel López Obrador, que por la mañana reclamó que el dictamen, en los términos planteados, con un mando civil y no militar como él lo pedía, no lo dejaba satisfecho.

Y el presidente advirtió, por momentos incluso molesto: soy perseverante, lo voy a conseguir. Él quiere la Guardia en sus términos y vaya que cuando se lo propone, ya vimos, no toma, arrebata.

Pese a que todavía en la mañana de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador insistía que la Guardia Nacional debía tener un mando militar, su bancada en el Senado aprobó su creación sin esa petición central de su indiscutible líder.

Por eso lo primero que habrá que escuchar hoy es la reacción de AMLO en su conferencia mañanera al referirise a lo que se convirtió ya en su primera gran derrota política, que es a su vez un respiro para la consolidación de nuestro sistema democrático y el efectivo juego de los contrapaesos.

La votación unánime de los 127 senadores y senadoras para crear una Guardía Nacional con mando civil no fue desde luego una concesión del mayoritario partido Morena y sus aliados, sino el resultado de una intensa negociación política de una oposición que jugó plena y dignamente su papel, al hacer suyas las críticas de académicos y expertos en derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil, de los riesgos que implicaba que la Guardia Nacional quedará en manos del Ejército.

Se verá en la relación que muestren de hoy en adelante López Obrador y su aliado de múltiples batallas, el coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, quien no sólo no pudo mantener la minuta en los términos que les envió el congreso, sino que se sumó junto con su fracción a la aprobación de las modificaciónes que además de dar un mando civil a la Guardia Nacional, establece un plazo de 5 años para que militares sigan en labores policiales y regidos por el fuero civil y no castrense. Además, se cambió la junta militar como órgano máximo de decisión de esta nueva corporación policial a un consejo interinstitucional integrado por los titulares de las secretarías del gabinete de seguridad.

El aval presidencial para aceptar este revés se verá también con lo que suceda en la Cámara de Diputados con lo aprobado por los y las senadores, sobre todo por lo que dejó entrever ayer el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, de que una policía militarizada era mejor. De insistir en volver a modificar la minuta en la cámara baja, el debate de la Guardia Nacional tendría que ir hasta septiembre en el próximo periodo de sesiones.

Otro buen punto de la aprobación ayer para el inicio de la construcción de esta nueva institución policial es la inclusión de cláusulas de las obligaciones en materia de formación y ejercicio policial de estados y municipios, que en un principio se había dejado de lado.

Lo que ahora toca es empezar desde ya a enfrentar con este nuevo instrumento el combate a los grupos delincuenciales que hoy llevan la batalla ganada.

Durante la LXIII Legislatura, la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nahle, le habló a Andrés Manuel López Obrador, que andaba en precampaña electoral. La acababa de hablar el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y la había invitado a platicar sobre la Ley de Seguridad Interior que deseaba fuera aprobada en el congreso. López Obrador le respondió en forma instantánea que declinara la invitación y que, además, votara todo en contra de los militares. No les darían ningún apoyo, pero después, adelantando su convicción de que llegaría a la Presidencia, les darían todo. López Obrador así lo hizo.

En vísperas de tomar posesión, lo 1o. que le dijo López Obrador en su último encuentro fue que su sustituto sería una persona que le encantaría, y que además, hablaba muy bien de él.

Se trataba del general Luis Cresencio Sandoval, quien era el penúltimo promovido entre 23 de los generales de 3 estrellas. El presidente escogió a quien pensaba un general con experiencia de campo, con menos compromisos internos, que ha sido una de las variables fijas en la selección del gabinete de López Obrador. Lo que le dijo a Nahle meses antes, lo cumplió. Con un incremento de 11% en el presupuesto, la Secretaría de la Defensa fue de las pocas dependencias que tuvieron un aumento, y quiere que se hagan cargo de la Guardia Nacional, lo que, se puede argumentar, será una transformación hacia el empequeñecimiento del Ejército para convertirlo en una policía militarizada. En los altos mandos militares discrepan de esta hipótesis y sostienen que la Guardia Nacional no será sustituto del Ejército sino una fuerza más, con similar despliegue territorial.

Su desaparición, sin embargo, es una idea que rebota hace tiempo en la cabeza del presidente. Durante la campaña dijo que no había necesidad de tener un Ejército ni una doctrina de seguridad nacional, porque México no tenía enemigos externos ni estaba en guerra. El papel de los militares estaba adentro, en la seguridad pública. Parece una contradicción lo que ha hecho López Obrador por militares, pero la Guardia Nacional es más una trampa que un beneficio.

En la ley de la creación de la Guardia Nacional en el Senado, hay una división con respecto al fuero. Los mandos civiles serán regidos por procesos civiles, y los militares por la justicia militar. Esto es un contrasentido, según explicaron militares de alto rango, ya que aunque toda su estructura, capacitación y doctrina será militar, el elemento central del funcionamiento castrense, la disciplina, se funda en el fuero. La dualidad de ellos traerá problemas con los civiles, presentará distorsiones en las líneas de mando, y habrá disfuncionalidad en sus tareas. Tal asimetría tendrá consecuencias en las operaciones de campo y eventualmente en los resultados.

El fuero era lo que más buscaban en el Ejército, no la temporalidad porque están convencidos de que sus funciones en seguridad pública trascenderán el sexenio de López Obrador, ni el mando militar, porque seguirán operando como lo hicieron en los últimos 2 gobiernos, donde las decisiones macro -estrategias y teatros de operaciones- las tomaban los civiles, y la operación de campo los militares. Este elemento vital para los militares, que nunca estuvo bajo la atención de la opinión pública, puede ser definir el éxito o el fracaso en sus tareas futuras.

La Guardia Nacional apunta a un desvanecimiento en la fuerza del Ejército como la institución que protege la seguridad nacional, y el fortalecimiento de una policía militarizada. Dentro de la Secretaría de la Defensa consideran que el proceso que se viviría con la Guardia sería precisamente el gradual retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública para regresar a sus cuarteles. Es cierto ese proceso, pero tiende más hacia su desaparición que al retorno a los cuarteles.

La hipótesis se irá probando cada año con los presupuestos. Un rubro para ver es el equipamiento. El Ejército no puede equipar a la Guardia Nacional porque las armas son de uso reglamentario y bajo los acuerdos internacionales, no pueden ser utilizadas para seguridad pública. Nuevas armas y equipo -como cámaras de videograbación para los operativos- serán adquiridas para el nuevo cuerpo policial. Se verá si se mantienen simétricos los presupuestos o si se empieza a disminuir el del Ejército por la Guardia Nacional.

Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se descarta por completo la desaparición de las fuerzas armadas, pero el discurso de López Obrador sobre el futuro del Ejército ante la ausencia de amenaza externa, no debe olvidarse.

López Obrador necesita recursos para financiar su proyecto de nación por los pobres y no le guarda aprecio a los militares, como muchos en su equipo, desde 1968. La Guardia Nacional se convierte de esta forma en el puente para cumplir un viejo objetivo multifactorial.

Empezó, la nueva administración federal, por destruir lo que iba a ser el mejor aeropuerto del mundo, y cancelando la oportunidad de restaurar todo el lago de Texcoco y mejorar así la precaria salud y la calidad de vida de 24 millones de chilangos. Así nomás, de un manotazo, como en la mesa de una cantina, tirando a la basura 25 años de esfuerzos de Alberto Kalach, Teodoro González de León y su equipo, quienes ya tenían listos todos los proyectos para rescatar 84 kilómetros de litoral y el lago que hubiera sido más grande que la bahía de Acapulco. Pero es de suponerse que los que tomaron esa decisión ni siquiera saben quién es Gonzalez de León, ni Le Corbusier, ni Palladio o Vitruvio, ni Kalach, ni el urbanismo. También tiraron así al caño, según los expertos, como 200,000 millones de pesos, más lo que se siga acumulando por las demandas de Sir Norman Foster (Premio Pritzker y el arquitecto más caro del mundo, a quien el despacho de urbanismo de la nueva administración tampoco conoce ni de nombre, como tampoco conoce al señor Pritzker) ni a Fernando Romero (arquitectos del aeropuerto que llevaba 30% de avance).

Siguió con el Tren Maya. Sin ningún estudio ni proyecto ni permisos de los habitantes ni manifestación de impacto ambiental ni idea de para qué sirven los trenes ni nada, la nueva administración, tan definitivamente orwelliana (La granja de los animales, que seguro tampoco han leído), dispuso hacer un gran tren, muy porfiriano, alrededor de la península de Yucatán y más. Se van a destruir así centenares de comunidades (de gentes y de animales y de árboles) que ahora viven muy en paz. Bravo.

Después recortó los fondos para la terminación de la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que hasta ahora ha costado 30,000 millones de pesos. Afectó así la vida de los 5 millones de tapatíos que viven en la 2a. ciudad de este país que es la 12a. economía del mundo (o algo así). Eso puso furiosos a los tapatíos, con justa razón. Ahora parece ser que el gobernador algo logró destrabar al respecto. Ánimas.

También la nueva administración acabó rápidamente con Los Pinos, pero sigue sin la menor idea de qué hacer con esa muy histórica e importante mansión (megafifí y megacorrupta, aunque la haya hecho San Lázaro Cárdenas). Tampoco tiene ni idea de que un vecino del bosque de Chapultepec tiene desde hace años el proyecto de mudar al presidente al Campo Marte y así convertir a Los Pinos y sus 60 hectáreas, junto con el Panteón de Dolores y otros predios, en una extensión del doble del parque público más importante de América. Pero a la nueva administración, América (que no es el equipo fifí, hay que aclararlo) y los parques parece que le valen 4 hectáreas también.

No se fatiga al lector con otras igualmente lindas ocurrencias. Pero sí, segurito que ese despacho de urbanismo de la nueva administración se va a ganar el Pritzker. Qué orgullo. Y se lo van a volver a dar cuando a regañadientes se acaben de enterar de que lo de Santa Lucía es una ocurrencia megafifí y megaestúpida y tengan que retomar la construcción del aeropuerto de Foster y Romero y por lo tanto también puedan retomar y hacer finalmente el rescate del lago de Texcoco.

En esta semana, las señales de consolidación del autoritarismo han sido abundantes. Por un lado, desde la Presidencia se ataca sin piedad al encargado de un órgano autónomo que osó enfrentar al gobierno. Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE, se negó a renunciar a su puesto cuando, de forma ilegal, la secretaria Nahle se lo exigió, como lo hizo con todos los comisionados de la CRE y la CNH. Además, expresó críticas (muy respetuosamente) a las propuestas que anunció Manuel Bartlett la semana pasada.

A López Obrador no se le puede decir que no. Quien lo hace, se convierte en un estorbo, que quitará de su camino en cuanto pueda y como pueda. Así ha sido siempre, como podrían atestiguarlo muchos que en algún momento colaboraron con él. Un ejemplo más fue la descalificación que lanzó el martes en su 'Aló, presidente' de las mañanas: en la sociedad civil sólo hay conservadores. Para quien aún no descifra el lenguaje de López Obrador, conservador significa enemigo. Es autoritario, ya deberían haberlo entendido.

Precisamente por esa orientación del presidente, los cambios institucionales de la semana son preocupantes. El martes, 9 diputados del PRD abandonaron ese partido y anunciaron que conformarán un grupo independiente, aunque es evidente que intentarán acercarse a Morena. Algunos morenistas se oponen, considerando el historial de corrupción de un par de esos diputados, pero no desentonarían con el resto del partido, un edificio que se construyó con cascajo de todas partes. Lo relevante, en cualquier caso, es que con esos votos la coalición que apoya al presidente tiene ya 335 votos en la cámara, una mayoría constitucional.

Muchos seguidores de López Obrador insisten en que él es bueno y por eso no deberíamos preocuparnos. Yo no coincido con esa apreciación, pero un marco institucional autoritario es peligroso, sin importar quién lo encabece.

Lo único que faltaría ahora para cerrar la pinza, es una estructura de delatores, uno por cuadra, como son los comités de defensa de la revolución en Cuba y Venezuela. Un vecino o colega de trabajo que acusa de violación, robo a casa habitación, trata de personas, y con eso es suficiente.

No hay duda de que la inseguridad en México debe combatirse con urgencia. Pero su origen es la falta de capacidades en seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia. Eso no se resuelve con leyes draconianas y militares empoderados. No se dejen engañar, esto va en otra dirección.

Paco Calderón
(21 de febrero de 2019).

"Todos coludos o todos rabones" fue la respuesta del ex presidente Vicente Fox al presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar algunos de los posibles delitos por los que podrían ser enjuiciados ex mandatarios.

"Tú también vas a juicio x los delitos de: Usar fuerza militar y tus 5,000 muertos más 175 quemados vivos. Fobaproa del NAIM. Por reventar a Pemex. Por crimen ambiental Tren y 2 bocas AMLO enlista delitos x los q se enjuiciaría a ex presidentes" fue el mensaje que escribió Fox en su cuenta de Twitter.

Un ex presidente espera 4 años antes de trabajar en una empresa privada extranjera. El presidente AMLO acepta que es legal, pero acusa que no es moral.

Un secretario de estado oculta un departamento en Houston en su declaración patrimonial. Descubierto en la omisión, acusa a su hijo de no haber completado una maniobra financiera para legalizar la herencia en vida que hizo de la propiedad y así no aparecer como dueño. El presidente defiende que el asunto quedó aclarado: ya es legal.

Un ex secretario de estado aguarda 12 años antes de trabajar en una empresa privada mexicana que tiene relación con el gobierno. Es legal, acepta el presidente, pero no es moral, acusa.

Un secretario de estado fue socio -su esposa lo sigue siendo- de una empresa contratista del gobierno. Es legal, defiende el presidente.

Un titular de un órgano autónomo tiene un primo en 4o. grado que trabaja para una empresa energética. No es moral, acusa el presidente.

Un fiscal para delitos electorales denuncia la colusión política en el caso Odebrecht. El gobierno en turno lo corre, espía y persigue. El presidente AMLO condena el uso de la fuerza del Estado y le da trabajo.

Un titular de un órgano autónomo pide que se equilibren los perfiles de especialistas en hidrocarburos y electricidad propuestos por el presidente. El presidente AMLO lo acusa de corrupto, títere de empresas privadas, en conflicto de interés. Instruye al fiscal perseguido... para que lo persiga.

Un periodista mexicano informa que los mercados financieros castigaron a México por la decisión de cancelar el aeropuerto y la desastrosa gestión en Pemex. Es corrupto, vendido, mentiroso, acusa el presidente.

Un presidente extranjero encarcela y asesina opositores, hace fraude electoral para perpetuarse en el poder y sumerge a su población en una crisis humanitaria. El presidente no se mete con él.

Organismos de la sociedad civil piden contrapesos. El presidente los tacha de interesados y corruptos. Los financia el sector privado. Es legal, pero es inmoral.

El presidente nombra a un amigo de fiscal general, a otro amigo de fiscal electoral y ofrece al Senado escoger entre 2 amigas y una militante para ser ministra de la Corte. Es legal, defiende el presidente.

Es corrupta la mamá que se molesta porque le van a cerrar las guarderías. Es corrupta la dueña de estancias infantiles que se queja del recorte. Es corrupto el funcionario que se queja de que lo corrieron sin justificación.

No son corruptos la maestra que se volvió millonaria a costa de los profesores. No es corrupto al que acusaron de robarse 55 millones de dólares de los mineros. No es corrupto el que hizo el fraude del 88 y está acusado de asesinar opositores y periodistas.

Se condena al intelectual de izquierda que se desmarca. Se condena al dirigente empresarial que lo critica. Se condena al periodista que lo cuestiona. Se condena a la activista que critica la militarización. Se condena a la especialista que no quiere entregar a los sindicatos la educación.

No se condena al huachicolero. No se condena al narcotraficante. No se condena a los secuestradores. Ellos delinquen por pobres. Los otros se quejan por ricos.

Instalado en el papel de juez y verdugo, el presidente López Obrador decide qué es legal y qué es moral. Y a juzgar por lo que se ha visto, su concepto sobre la ley y la moral es francamente elástico.

Es importante combatir los conflictos de interés, los abusos, los contubernios público-privados que existen y han existido en gobiernos revolucionarios, postrevolucionarios, priistas trasnochados y neoliberales (y en el actual). Pero es evidente que con la política de "si te doblas te perdono, si resistes te aniquilo", lo que se propicia es justo lo contrario: acuerdos al margen de la ley.

Como se veía venir por las mayorías alcanzadas en la elección del 1 de julio y en la integración de la LXIV Legislatura federal en agosto pasado, las y los diputados del partido Morena y sus viejos aliados (PT y PES) y nuevos (Partido Verde y los 8 ex perredistas que el martes les dieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados) estrenaron ayer la aplanadora que ni PRI ni PAN habían podido echar a andar desde 1997 por falta de votos. Morena-PT-PES iniciaron con mayoría simple de 307 votos y en 6 meses lograron 27 más, para tener 334 votos que significan uno más que los necesarios para hacer reformas constitucionales.

Así, la nueva maquinaria amlista empujó hasta imponer la reforma al Artículo 19, que amplía el catálogo de delitos que obligarán prisión preventiva a quien los cometa sin derecho a fianza.

El pragmatismo morenista y de su indiscutible líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo que les pareciera una minucia que al menos 4 de sus nuevos diputados ex perredistas afines enfrenten y enfrentaron juicios, incluso tras las rejas, por desvíos, extorsión, robo y hasta homicidio. Por lo visto por la pretendida purificación del país, el gobierno de la autollamada 4a. transformación está dispuesto a bajar al mismísimo infierno a traer a los demonios que hagan falta para derribar cualquier obstáculo. Esa misma película podríamos ver hoy en el Senado de la República para sacar a como dé lugar la Guardia Nacional, con mando militar, como la quiere y la exige AMLO.

Aunque con una legitimidad inicial indiscutible, este nuevo modelo de aplanadora sacó el martes, en la cooptación de los perredistas, las más rancias prácticas del viejo régimen que tanto dicen combatir.

Si bien muchas voces habían pedido tipificar como graves estos delitos, para detener el fenómeno de la llamada "puerta giratoria", que consiste en que muchos delincuentes detenidos in fraganti cometiendo esos abusos eran liberados, también es cierto que esta reforma, puede ser utilizada por los gobiernos, para intimidar a adversarios políticos como lo advierte la oposición.

Por eso, para que este exceso político y autoritario no se le revierta al gobierno federal, debe venir una baja en la incidencia delictiva y en la impunidad, así como el manejo aseado y no faccioso de ministerios públicos, jueces y magistrados ante eventuales infractores de organismos autónomos y contendientes políticos. Todos deberemos estar vigilantes.

La Guardia Nacional es una trampa para el Ejército, y no se ha dado cuenta de ello. Los gobiernos, los políticos y los ciudadanos reconocen que en el tema de la lucha contra la delincuencia son necesarios para enfrentar a los criminales y alcanzar la seguridad en el país, aunque no se han puesto de acuerdo si la Guardia Nacional sea comandada por un militar, por un civil o por una combinación ecléctica de ambos. Los generales quieren todo y han escuchado el canto de la sirena del presidente Andrés Manuel López Obrador que está invirtiendo un gran capital político para que así suceda, sin darse cuenta del camino por el cual los inducen y conducen.

La Guardia Nacional es el símbolo de la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno, que así la ha presentado al país. Si no hay Guardia Nacional, ha dicho el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, los militares regresarán a los cuarteles. Es retórica política, porque en realidad, no responde a una estrategia de seguridad en términos reales. Ese nuevo cuerpo no tiene presupuesto asignado. Tampoco le van a dar mayores facultades para poder operar de una forma integral y extensiva. El discurso de que o son los militares a cargo de tareas policiales o es la nada, no se sostiene con ese tipo de apoyos que supondría un modelo que se defiende con tanto ahínco.

De hecho, poco ha cambiado en el último cuarto de siglo, cuando comenzó el involucramiento de los militares de manera regular en la seguridad pública. El cambio que ahora pretende el presidente López Obrador y que se consumará, es que eleva la militarización de la seguridad pública a rango constitucional.

La oposición política y los organismos de derechos humanos han rechazado este proceso de militarización, pero los militares han visto en ello el blindaje legal por el que cabildearon los secretarios de la Defensa Clemente Vega, Guillermo Galván, Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval para evitar las lagunas legales que los tienen en la frontera con la ilegalidad. El Ejército ve hoy una oportunidad adicional para ampliar sus recursos y extenderse a empresas colaterales, como las que le ha asignado López Obrador en materia de bienes raíces y construcción, reclutamiento y capacitación de personal civil hasta este momento.

En gobiernos anteriores tenían inyección de recursos. En la administración de López Obrador, los negocios serán asignados directamente, pero mantendrán la misma arquitectura de los sexenios previos en sus posibilidades para atacar la inseguridad. Es decir, más allá de cómo resulte el mando, no habrá diferencia con el pasado en las facultades de combate a los delincuentes, ni en cuanto a aspectos operativos. El gran cambio con el nuevo gobierno, es el político.

En esto radica la trampa de la Guardia Nacional. Hasta antes de la ley que creará ese nuevo cuerpo policial militarizado, la responsabilidad por resultados y las violaciones a los derechos humanos recaían en el poder civil. Incluso el presidente López Obrador, en su defensa de los militares-policías, ha reiterado que el fracaso de la estrategia no se debió al Ejército, sino a los políticos que la diseñaron. No eran malos los soldados sino los políticos. La condena no debía ser para la Secretaría de la Defensa, sino para la Presidencia y el gabinete de seguridad. Las palabras son música para los oídos de los militares, pero en el largo plazo serán veneno.

El consenso para que los militares encabecen la lucha contra la delincuencia significa que el poder civil está transfiriendo la responsabilidad al Ejército. La reacción de los gobernadores es clara: sí a los militares pero, ¿dónde están sus planes para mejorar sus policías, con mejores salarios y recursos para su capacitación y equipamiento? La postura del presidente y su secretario de Seguridad Ciudadana es igualmente diáfana: si los soldados no están en ese combate, no habrá serenidad en el país. Entonces, quienes rendirán cuentas por los resultados, serán los generales en la Secretaría de la Defensa Nacional, no los civiles en Palacio Nacional o Constituyentes.

Mejor imposible. Los militares pasarán a la 1a. fila del aparador de la seguridad, y si las cosas no salen bien o violan los derechos humanos, el gobierno ya no será su cobertura política ni el que responda por ellos. Sólo ellos serán responsables del éxito o del fracaso de la lucha contra la delincuencia. Ya se verá al final del sexenio, cuando ante las críticas y acusaciones, exigencias de resultados en el corto plazo y tropiezos, los militares se encuentren en una situación peor que la actual, señalados de incompetentes y de violar las leyes, allanando el camino para el anhelo final de López Obrador, acabar con las fuerzas armadas.

Mientras en Jalisco el gobierno de Enrique Alfaro no sabe qué hacer con los medios públicos del estado, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión prácticamente lo tiene en el abandono; a nivel federal el gobierno de López Obrador ha decidido convertirlos en medios de propaganda. No es menos grave uno que lo otro, son solo 2 formas diferentes de ejercer el poder y despreciar a los medios públicos.

El gobierno de López Obrador puso al frente de los medios públicos a periodistas afines (el más célebre, Jenaro Villamil ni siquiera cumple con los requisitos de ley) y los usa abiertamente como medios de propaganda: transmitir todos los días de manera íntegra la rueda de prensa matutina no es informar, es generar culto a la personalidad.

Los medios públicos tienen una función muy importante en la democracia, una palabra tristemente desgastada y en desuso: garantizar el derecho a la información a través de mecanismos que no estén sujetos a los vaivenes del mercado. Es decir, una televisión donde las decisiones no se tomen por el rating o las presiones de los anunciantes y una radio que sirva a los intereses de la comunidad.

La buena televisión de Estado (BBC en Gran Bretaña , la CBC en Canadá, TF1 en Francia por citar algunos casos) y la buena radio pública (Public Radio en Estados Unidos o la Deutsche Welle en Alemania) no tienen por objetivo competir por las audiencias con las privadas, pero le ponen las peras a peso, pues son opciones serias de información, y se manejan con lógica de Estado, no de gobierno; tienen programas de debate, se discute con toda libertad, se critica al gobierno, se debate sobre las políticas públicas, se reportea sobre los problemas de las comunidad, etc.

El desprecio de los medios públicos es directamente proporcional al desprecio que tienen nuestros gobernantes por la crítica y el disenso. En sus estilos personales y por razones distintas, Alfaro y López Obrador han decidido, tristemente, anularlos.

Cuando la mayoría de los empresarios que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador lo aplaudían el lunes por la mañana en Palacio Nacional al convocarlos a invertir para crecer a 4% este año, no entendieron que les había endosado esa responsabilidad y que de no llegar a esa cifra, como no se llegará ni a la mitad, será su responsabilidad.

A esto agrego lo que publicó el vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel: La desaceleración económica parece ser más generalizada de lo que algunos creen. En diciembre de 2018, la actividad industrial en Europa cayó a una tasa anual no vista desde hace una década. Lo mismo ocurrió en México.

Consultado otro especialista, me dijo: Esquivel tiene algo de razón, pero dada la dependencia con Estados Unidos, que no se ha desacelerado, caer igual que Europa es una mala noticia.

¿Qué quiere decir la suma del planteamiento del presidente a los empresarios de invertir para crecer este año a 4%, cuando los indicadores nos ponen por debajo de 2% y la afirmación de Esquivel que de darse es desaceleración, como se dará, será un asunto del exterior?

Pues que el decrecimiento de este año será responsabilidad de los empresarios, que no invirtieron y de la caída de la economía internacional.

Y le doy estos datos: en los últimos 4 sexenios, de acuerdo con el Inegi, el crecimiento promedio de la inversión bruta de capital fue de un triste 1.8%, lo que no se alcanzará este año.

Así, pues, será imposible, no diga usted crecer a 4%, como le celebraron los inversionistas el lunes por la mañana, ni siquiera al 2. Pero ya hay responsables: esos empresarios que le aplaudieron en el salón Tesorería y los factores externos de volatilidad.

Sus decisiones de gobierno, no.

Para un presidente que afirmó que no lanzaría cacerías de brujas, que dijo que "no queremos venganza", sorprende la saña de la persecución contra Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La acción la inició el propio Andrés Manuel López Obrador, quien no ha ocultado su desprecio por los organismos autónomos, "en la mayoría de los casos subordinados a una manera de pensar, a la política de privatizaciones", los cuales "mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex" (18.2.19).

La andanada ha estado a cargo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien afirmó este 18 de febrero que García Alcocer ocultó el otorgamiento por la CRE de un permiso para transporte de gas a la empresa Femarca, con la que él mismo reconoció tener un conflicto de interés. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, presentó, a su vez, información sobre una indagatoria en la que una empresa para la que trabaja Mario Barreiro, cuñado de García Alcocer, realizó transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares, pese a que presentó declaraciones bajas al Sistema de Administración Tributaria. Además, dijo, Barreiro realizó 2 viajes a Guatemala y 9 a El Salvador, lo cual es una "práctica común" para quienes lavan dinero.

García Alcocer ha señalado que en su declaración de posibles conflictos de interés asentó que tiene 2 parientes, uno en 2o. grado y otro en 4o., en empresas del sector energético, una regulada y otra no. Afirma que se excusó de participar en la sesión de la CRE en la que se dio una concesión a Femarca. "Está asentado en actas", dijo, y presentó el acta de sesión. Afirmó además que las empresas en las que trabaja "un pariente por afinidad en 2o. grado", su cuñado, no están reguladas por la CRE.

La secretaria Sandoval sugirió que sería "bueno" que el presidente de la CRE pidiera licencia a su cargo mientras se llevan a cabo las pesquisas. "Evidentemente la ley como está hoy todavía le permite estar ahí, pero estamos caminando y eso tenemos que dejarlo muy claro", dijo.

En su conferencia de prensa de ayer el presidente López Obrador negó que haya ordenado la investigación para castigar a García Alcocer por sus críticas a las ternas enviadas por el presidente para la CRE. "Ya existía una investigación sobre conflicto de intereses", dijo. "Ya Inteligencia Financiera tenía toda la información".

El acta de sesión y la información presentada por García Alcocer, sin embargo, sugieren que las acusaciones presentadas públicamente por la secretaria Sandoval son incorrectas. El que el titular de Inteligencia Financiera haya dado a conocer los elementos de una investigación, por otra parte, sería violatorio de la secrecía de las averiguaciones previas y violatorio de las garantías individuales de los investigados.

El actual gobierno conoce y entiende la importancia de la secrecía. La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha iniciado averiguaciones sobre una presunta complicidad de funcionarios de Pemex en robo de combustible. Hasta la fecha, sin embargo, no han revelado los nombres con el fin de no violar su presunción de inocencia. Este cuidado no se aplicó en el caso de García Alcocer, a quien al parecer se pretende acosar públicamente.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la existencia de "órganos autónomos, independientes y profesionales".

A través de redes sociales, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de esa organización, escribió: "A México no le conviene regresar a un presidencialismo imperial. #YaEstuvo".

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que los organismos autónomos debían ser "purificados", pues se encontraban al servicio de intereses particulares.

"Creemos en un presidencialismo acotado, respetuoso de la división de poderes y con vocación federalista", indicó De Hoyos.

Ese abrumador respaldo e inercia pareció distraer y exacerbar la convicción del presidente, de que con su autoridad moral puede desde su púlpito en Palacio Nacional hacer señalamientos de malos manejos y afectar honras sin la acreditación fáctica y legal indispensable. En ese encandilamiento ha tropezado al confiar al cuestionado Manuel Bartlett señalar presuntos conflictos de interés de exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al reducir las estancias infantiles y acotar el funcionamiento del Conacyt por la existencia de irregularidades generalizadas no documentadas plenamente.

Este tono de desaprobación presidencial alcanzó ya a los organismos autónomos como el casi extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, el Instituto de Transparencia y otros, que son fruto de décadas de luchas de la sociedad civil para crear contrapesos al poder político-gubernamental. Si hay excesos de gasto o privilegios en estas instituciones, desde luego que se revisen, pero de ahí a que se descalifique su aporte y pertinencia, es de alto riesgo tanto para el presidente y su auténtica lucha anticorrupción como para la consolidación democrática del país.

Si el exorcismo de los males de México en el gobierno de la 4a. transformación pasa por la revisión de los organismos autónomos que a decir de AMLO deben "purificarse", el proceso debe ser abierto y sin el uso faccioso del poder. No se vale, ni construye, querer quitar a un presunto mal funcionario de estos órganos para poner a un incondicional muy honrado pero que no sabe nada de lo que será su función principal, como se quiso hacer en Conacyt y se quiere en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El presidente debe contenerse y ser más precavido si quiere mantener la fuerza de su discurso "purificador" y que no se diluya en la tentación autoritaria de borrar del mapa político nacional todo contrapeso, con la coartada que es impuro.

No se exagera al afirmar que una de las motivaciones de los electores para votar mayoritariamente a favor de Andrés Manuel López Obrador era la promesa de pacificar el país, terminar la guerra que tenemos con sus caras más ominosas como las desapariciones, las masacres y las fosas clandestinas.

En campaña, López Obrador ofreció una estrategia distinta que consistía en regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles y armar una estrategia de pacificación capaz de detener la violencia y la inseguridad en México.

Pero como otros políticos, López Obrador se olvidó de su promesa y paradójicamente su plan de pacificación se está convirtiendo en el plan de militarización más acabado que hayamos tenido en la historia reciente del país.

A menos que ocurra un cambio descomunal, mañana jueves es probable que los senadores aprueben los cambios constitucionales que abren paso a la Guardia Nacional como una 4a. rama de las fuerzas armadas, con un artículo transitorio que legalice la presencia de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México en tareas de seguridad pública. Es un precedente legal gravísimo que viene a culminar un proceso de militarización de la vida nacional iniciado sexenios atrás.

Por alguna razón que cabe desentrañar, López Obrador empezó desde la transición un acercamiento con las fuerzas armadas (con las que se distanció en campaña) y que ha terminado en una especie de amorío en estos primeros 3 meses de gobierno.

Además de empujar para que se apruebe la Guardia Nacional, López Obrador ha encomendado a militares varias tareas que en principio corresponden a los civiles, como ya se ha observado.

El gobierno de la 4T parece haber apostado ya por los balazos en lugar de los abrazos que prometió en campaña.

El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las fuerzas armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. "Con todo respeto a los legisladores, no acepto como titular del ejecutivo la simulación", dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.

Para el presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las fuerzas armadas -que es lo que llevan años pidiendo-, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado.

Las explicaciones de López Obrador del porqué quiere acabar con la Policía Federal y desea una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tiene nombre y apellido, aunque el presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el presidente confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.

Pero López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal. Hasta ahora no ha sido claro en este tema en esa área, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo de las ambigüedades, acusaciones incompletas, o de las simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió con los recursos para la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto, es un túnel que necesita luz. El presidente haría bien en alumbrarlo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró que la creación de la Guardia Nacional "no es pertinente ni viable".

Exhortó al Congreso, mediante un comunicado, a que respete y proteja los derechos humanos en las modificaciones constitucionales planteadas en la creación del nuevo cuerpo de seguridad, al igual que en la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Consideró que la propuesta "no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática".

Señaló que contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos "al regularizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública".

La creación -en proceso en las cámaras- de la Guardia Nacional fue una decisión tomada por el entonces presidente electo López Obrador, y anunciada a los ciudadanos como la respuesta gubernamental a la clamorosa demanda social a favor de la seguridad (una de las carencias más acentuadas del México actual), sin pasar -a diferencia de lo que sucedió con el proyectado aeropuerto capitalino en el ex Lago de Texcoco- por el trámite de la consulta popular previa. Si la cancelación del aeropuerto se ha criticado, entre otras cosas, porque la decisión se dejó, supuestamente, en manos de una "vox populi" poco versada en la materia, la probable creación de la Guardia Nacional, aunque también ha sido ampliamente debatida, ha recibido elogios porque se supone que la idea fue resultado de una consulta, amplia y profunda, con las voces más autorizadas -por su ciencia y su experiencia- en la materia.

Es absolutamente escandaloso. Nos estamos ahogando en contaminación gracias a los coches y tenemos, tirada al caño, la infraestructura de movilidad más cara que se ha construido nunca en Guadalajara. Y todos calladitos menos Alfaro -hay que reconocerlo-, afortunadamente. Parece increíble que ninguna institución se manifieste públicamente, que los estudiantes perjudicados -decenas de miles- no hagan ni un paro, que las escuelas de arquitectura como la del Iteso no digan nada, ¿y la FEU antes tan activa?, etc.

¿Cuánto cuestan cada día de intereses 28,000 millones de pesos botados? ¿Cuánto cuesta en horas hombre no tener Línea 3 todo este sexenio? Porque, hasta donde se ve, a la administración federal si le interesa el tren... pero el maya. Prodigios de la 4T. Si los jaliscienses no nos defendemos solos nadie nos va a defender.

Las estaciones están ya siendo gravemente afectadas por el descuido y el vandalismo, los grafiteros no han dejado columna limpia, los equipos se echan a perder, siguen los embotellamientos por las obras inconclusas, nadie hace los proyectos ejecutivos en poder de Siop de las plazas para cada estación y en los 14 sitios es un tiradero, no se puede acabar ni mantener el Paseo Alcalde por culpa de SCT. El jardín del Santuario, el de San José, el atrio de San Francisco, la glorieta de la Normal y el parque Chopin son un desastre atribuible también a la 4T. Los corredores de Ávila Camacho y Revolución están fatal. ¿Algo que falte?

Por mucho menos que todo eso en la federación ya hubieran, orita, corrido a los responsables como en cualquier país medianamente civilizado. Y no es la curva de aprendizaje, es el Tren Maya, el aeropuerto cancelado estúpidamente y todo eso. A lo mejor aquí también se hubiera corrido a varios.

El presidente López Obrador parece haber encontrado en el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, la suma de todos los males, cuando se trata de un funcionario discreto y honesto que no aceptó renunciar cuando se lo pidió la secretaria de Energía, pero nunca denunció ni reclamó el ilegal hecho.

No es amenaza pública ni corrupto. Simplemente, tocó fibras sensibles del poder con sus declaraciones.

Pareciera que, en este caso, AMLO quiere dar una lección a quienes eventualmente lo pretendan confrontar. Mal antecedente.

López Obrador mantiene su ataque contra Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE, a quien acusa de conflictos de interés. Tienen mayores conflictos de interés, sin embargo, los nominados por el gobierno a la CRE, los cuales no tienen conocimiento sobre el tema y solo deben la nominación a su lealtad a AMLO.

El presidente López Obrador quiere que el gobierno vuelva a tomar control directamente sobre Petróleos Mexicanos. Una propuesta de reforma a la Ley de Pemex es la última de las estrategias paralograrlo.

El director general, nombrado por el presidente de la república, asumiría un lugar en el consejo de administración, si bien solo con voz y no con voto. El consejo, sin embargo, no podría sesionar sin la presencia del director general, por lo que se pone en sus manos la posibilidad de que haya juntas legalmente válidas o no.

Pemex podría celebrar contratos de asociación con particulares mediante lineamientos establecidos por las secretarías de Hacienda y de Energía, o sea, por el ejecutivo, sin pasar por el proceso de licitación que actualmente debe llevar a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El plan de negocios, por otra parte, sería propuesto por el director general y aprobado por el consejo de administración.

El comité de auditoría del consejo, actualmente integrado por 3 consejeros independientes, tendría además otros 3 consejeros: un funcionario de Hacienda, otro de la Secretaría de Energía y otro más de la Función Pública. En caso de empate, el voto de calidad le corresponderá al representante de la Función Pública.

Hay puntos positivos, pero también negativos en estas reformas. La participación del director general en el consejo de administración, con voz aunque no con voto, me parece adecuada. El director general debe tener la posibilidad de llevar directamente la voz de la administración al consejo.

Es aceptable también que el plan de negocios sea propuesto por el director general y aprobado por el consejo. No hay nada peor en una empresa que tener a un director general que va por un camino mientras el consejo de administración avanza por otro. El plan de negocios, sin embargo, debe ser de negocios y no político. En la misma propuesta de reforma se plantea que uno de los principales objetivos de la empresa debe ser producir el 80% de la gasolina que el país consume, "lo que blindaría al país y permitiría lograr la soberanía energética que el ejecutivo federal plantea". Esta no es una decisión de negocios sino política, que probablemente resultará en pérdidas cuantiosas para la empresa.

En lo personal me parece correcto que haya un representante del gobierno o de la empresa en el comité de auditoría. Es importante que la empresa tenga voz en las decisiones de este comité. Pero nombrar a 3 representantes del gobierno junto a los 3 independientes, dándole al gobierno el poder de desempate, elimina la independencia del comité. No olvidemos que la Ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos obliga a que los miembros de los comités de auditoría sean todos independientes y Pemex tiene colocada una gran cantidad de deuda en Estados Unidos.

Pemex, como cualquier empresa, debería poder escoger a sus socios estratégicos, pero eliminar las licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es uno más de los intentos del presidente por hacer a un lado a los reguladores autónomos. Pemex es un monopolio y requiere regulación asimétrica para evitar que opere de manera abusiva en el mercado.

No todo está mal en la nueva legislación, pero preocupa la tendencia a centralizar las decisiones de Pemex en el gobierno. Esto solo llevará a aumentar la corrupción y a usar a la empresa para propósitos políticos.

Paco Calderón
(19 de febrero de 2019).

Más allá de la trifulca legislativa que se armó este lunes y continuará hoy porque el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, literalmente mintió al decir que estaban en disposición de hacer cambios que pedía la oposición y nunca los consideraron, lo verdaderamente importante es revisar en qué se convertirá esa Guardia Nacional.

La posible militarización de la que han advertido académicos, asociaciones civiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta la ONU, es una realidad. Los hechos no serán diferentes simplemente porque se estipule en un artículo que el mando de la Guardia Nacional será mixto, es decir parte militar y parte civil.

El mayor temor de los especialistas y observadores, sobre todo porque no existe ningún antecedente positivo en cualquier otro país del mundo, es que al constituirse esta Guardia Nacional en el único cuerpo jurídicamente respaldado y organizado para enfrentar la criminalidad, la violencia, los asesinatos, las desapariciones y los múltiples delitos tanto del orden común como federal, se estará empoderando desde el gobierno federal a un ente sin contrapeso, que bien podría fallar en su tarea y terminar siendo un mal mayor que el que debe combatir. Se advierte con insistencia en que puede ser un foco de violación a los derechos humanos en las tareas de combate a la criminalidad. Y para rematar: no habría manera de detenerlo, de acotarlo.

Los más pesimistas ven en la Guardia Nacional el 1er. paso para consolidar una dictadura en México.

Por otra parte, hay una realidad que se siente y se contabiliza: 240,000 muertos (o más), 40,000 desaparecidos y una ola de violencia que recorre el país y azota en entidades como Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Veracruz y otros estados. ¿Quién o quiénes pueden detenerla? No los gobiernos estatales, mucho menos los gobiernos municipales.

Varios sondeos apuntan que hasta 80% de la población apoya la Guardia Nacional.

El asunto es simple desde la perspectiva del mexicano promedio: acaben con la violencia; devuelvan la seguridad.

Se trata de una apuesta ciega.

El parlamento abierto es una práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la justificación política para que los legisladores de Morena acaten las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los senadores de Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin prurito, vergüenza o decoro. La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo vivo de las falacias e indignidad que se viven en estos tiempos de regresión democrática.

Durante las sesiones públicas para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la Guardia Nacional, todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los expertos, argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay consenso para utilizar a las fuerzas armadas en tareas policiales mientras se reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones jurídicas.

El artículo 5o. Transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 5 años, la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad, además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando militar sobre la autoridad civil.

El dictamen hace maromas: "El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así como por su dirección civil". Es falso, como se aprecia en el 5o. Transitorio previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo paramilitar responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las contradicciones van acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras. "Si el régimen propio de las fuerzas militares regulares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, el régimen especial de las policías con un diseño de disciplina militar como el pretendido, sí logra esa conciliación", señala. "Consideramos que ello reduce significativamente el riesgo para los derechos humanos que puede implicar la incursión de tropas regulares de defensa nacional en tareas de seguridad pública".

Considerar es una reflexión que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué hace pensar al presidente y a Morena que por ser un nuevo gobierno cambiará la doctrina, entrenamiento y visión de las fuerzas armadas? El texto es tramposo. Cuando se refieren a "tropas regulares", parecería que fueron sólo estas las que se utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas, pero sobre todo policía militar, que es lo que se volverá a emplear.

De hecho, la Guardia Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está operando de facto con 3 brigadas de infantería de la Policía Militar desde el inicio del sexenio. La 1a. Brigada está en 6 municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La 2a. en otros 7 municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la 3a. en otros 6: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay 1,235 soldados desplegados en la entidad, que sin ser la más violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los poderes económico y político, y los medios de comunicación nacionales, hace que su impacto se multiplique.

Falta por desplegar a militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia delictiva, como fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la delincuencia del fuero común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque al combate de los cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de seguridad pública y delitos del fueron común, que representan alrededor del 92% del total de los delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los cárteles de las droga tendrán una vacación sexenal.

Ni los perseguirán físicamente, ni hay nada previsto para erradicar sus plantíos de drogas, ni canales de distribución y comercialización, ni sus ingresos y finanzas. La regresión es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la Madrid a pedir resultados a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

El avasallamiento de López Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los legisladores de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la desea el presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo proyecto de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se está planteando, sino para cooptar a las fuerzas armadas.

La estrategia de Morena ha sido subir la vara. La iniciativa de ley que salió de las comisiones del Senado es aún más "brava" que la que recibieron de la Cámara de Diputados. No solo le regresaron el famoso 4o. transitorio que López Obrador exigió en una de las conferencias mañaneras, para que el Ejército pueda ejercer tareas de seguridad, sino que le quitaron algunas del tema de igualdad de género y la obligatoriedad de coordinación con los estados entre otras monerías.

El jaloneo está a todos niveles. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que siempre juega para su santo, dijo que no tenía los votos seguros ni siquiera de la bancada de Morena, lo cual puede ser cierto, pero más lo es que Monreal va a exagerar la dificultad de conseguir los votos para adjudicarse el triunfo. En la otra banda comienza a aparecer la Secretaría de Gobernación haciendo política con los gobernadores, los más urgidos del apoyo de la federación en materia de seguridad, para que ellos a su vez presionen a los senadores de sus respectivos estados.

Pero la batalla más fuerte y encomiable es la que están librando las organizaciones de la sociedad civil que alertan sobre el peligro que entraña una guardia civil militarizada y que no solo enfrentan a una sociedad harta y dispuesta a ceder libertades a cambio de seguridad sino a un presidente que desde el poder y una popularidad enorme los descalifica y los enfrenta.

Cuando se trata de resolver problemas estructurales, como la corrupción o la profunda penetración que el crimen organizado ha tenido en nuestra sociedad, la prisa es mala consejera. La apuesta, como lo dicen las organizaciones agrupadas en Seguridad sin Guerra debe ser tan radical en el combate como en la permanencia de libertades y Estado de Derecho.

La militarización de la seguridad no ha logrado reducir la violencia, la ha exacerbado. Tan importante es el combate a los grupos de delincuencia organizada como la construcción de paz. Cambiar la ley, pero seguir poniendo el acento solo en el primer elemento, como se ha hecho a lo largo ya de doce años, no nos llevará a un derrotero distinto.

Sí a la guardia, pero con mando y lógica civil. Sí al ejercicio legítimo del poder, pero escuchando a la sociedad civil.

Su estrategia está más que cantada: darle dinero a la gente para que gaste, sin importar a cuántos programas sociales tenga que sacrificar, además del manejo de los medios de comunicación prácticamente a su antojo, monopolizando desde temprana hora la agenda del día.

La amplia experiencia académica de Gerardo Herrera le lleva a vislumbrar 3 grandes riesgos: Quiebre de la macroeconomía, para lo cual se deberían de cumplir toda una serie de acciones, incluyendo de índole internacional. Que la corrupción se salga con la suya, pese a todos los esfuerzos de AMLO. La inseguridad es el otro rubro con el que habremos de seguir lidiando, pues no parece tener final.

Lo que sí nos debe de quedar bien claro, es que mientras AMLO está creando un país de muchas imágenes y poca prosa en su comunicación, la incongruencia nos lleva de un federalismo tradicional -casi ideal-, a un centralismo en donde "sólo sus chicharrones truenan".

Con globos multicolores y pancartas, trabajadoras de estancias infantiles de Durango pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no disminuir el subsidio del programa.

Ivón Rivera, de la estancia "Grandes Genios de Gómez Palacio", explicó que desde el anuncio de reducción del presupuesto para el programa han visto disminuida 30% la cantidad de usuarios.

Comentó que ante el descenso de los pequeños que asisten a las guarderías, han descansado a maestras, o ya no pueden pagar a la cocinera que prepara los alimentos de los niños. "Está mal que generalice que hay corrupción en las estancias, en nuestro caso teníamos supervisión de lo que era la Sedesol y el DIF Nacional".

Aseguró que la decisión de entregarles 1,600 pesos a los padres de familia de manera directa no significa que el recurso se irá a las estancias porque las familias tienen otras prioridades económicas.

Si el presidente López Obrador insiste en enfrentarse a los mercados financieros internacionales bajo la lógica de que no pueden estar por encima de la soberanía, esa actitud no sólo lo haría perder sino crearía un muy alto riesgo para el desempeño de todos los programas de su administración, y con ello la posibilidad de transformar el país.

"Estar del lado correcto de la historia" no es una patente de corso para cometer imprudencias, innecesarias muchas de ellas, que hacen más accidentado el camino y más desgastante la travesía. En ocasiones López Obrador me hace pensar en el polemista que maneja la tesis correcta o más razonable, pero a veces usa los argumentos equivocados.

No hay motivo, por ejemplo, para presentar ternas en las que se incluyen candidatos cercanos al presidente o a los suyos, en obvio conflicto de intereses, y traicionan el espíritu de independencia con el que fue creado este mecanismo de selección. Tiene toda la razón López Obrador cuando advierte que en muchos casos los consejeros y representantes de los llamados organismos autónomos son personeros de intereses políticos y de la iniciativa privada. Pero esta crítica pierde toda su validez si van a ser sustituidos por personeros propios o simpatizantes conspicuos de Morena. Un engaño no se subsana con el engaño opuesto. El innegable esfuerzo de moralizar y dignificar el servicio público, en el que está inmerso el presidente, resulta seriamente dañado. En materia de dispendios y corrupción AMLO se ha propuesto dar un ejemplo con su austeridad personal. También podría hacerlo en materia de imparcialidad. En otros casos López Obrador fue capaz de convocar a profesionales respetados que no pertenecían a su corriente política ni estaban asociados a sus intereses (por ejemplo Olga Sánchez Cordero, ahora en Gobernación, para no ir más lejos). No habría razón para no encontrar gente valiosa en las áreas de competencia correspondiente, comprometidos con México y con la ética.

Tampoco encuentro sentido en mantener este permanente afán de legitimación moral mediante la reiterada aunque vaga acusación contra "malosos" del pasado. Si se tienen pruebas habría que llevarles a juicio, pero no desgastarse en infiernillos cada 3 días con acusaciones que luego tienen que ser matizadas. Eso sólo lleva a perder autoridad moral (resultó que la mitad de los señalados por el director de la CFE no han tenido negocios con empresas del sector energético como se había dicho). Y exhibirlos por ocupar puestos directivos en los gobiernos de Salinas, Zedillo o Calderón constituye un argumento bumerán cuando varios de los miembros del gabinete fueron colegas de los aludidos.

Entiendo que políticamente pueda ser rentable producir el villano de la semana o encontrarle nuevos pecados al de la semana anterior. Pero es una ganancia efímera, a menos de que vayan sustentados con juicios legítimos. Es una fórmula que se agota rápido y tiene el inconveniente de fomentar un ambiente propicio al linchamiento verbal, además de multiplicar los frentes de batalla, algo que no es útil a quien intenta ser presidente de todos los mexicanos.

Es tal la convicción de López Obrador de estar haciendo lo correcto, que corre el riesgo de no darse cuenta de sus incorrecciones en su afán de hacer lo correcto. Entiendo el viejo argumento de que para hacer una omelete se necesita romper algunos huevos; pero no veo el caso de romper también los platos o los huevos que no nos vamos a comer.

Lo que más me preocupa es que estos incidentes ofrecen a los detractores y a muchos de los paseantes distraídos en las redes sociales material para confundir lo anecdótico con lo importante. El presidente le ha propuesto a la nación dar un vuelco histórico ante los insostenibles niveles de corrupción y desigualdad que padecemos; a todos nos convendría que su gobierno sea eficaz para atacar esta agenda tan olvidada. Por lo mismo, es lamentable que pierda tiempo y reciba machucones innecesarios en estas batallas fútiles e innecesarias.

El presidente no va a cambiar a la que llama prensa fifí simplemente porque la critique, ni se defenderá de los ataques descalificando a sus enemigos. Sería mucho mejor concentrar la atención para que los actos y dichos de cada día sean congruentes con la importantísima misión que se ha propuesto: hacer de México un país menos corrupto y desigual.

Manidas enseñanzas o desvaríos cotidianos del vejete mañanero -fruto de la democracia del hartazgo- e híbrido heredero de una mezcla amañada de los héroes de una historia oficial y mal contada.

¡Necesitamos G-O-B-I-E-R-N-O! Con inteligencia y previsión; con planes y orientación; con propósito de beneficio común hacia un futuro realizable y mejorado; NO un salto para atrás, resucitando errores y disculpas de un pasado malhadado.

Transformar a Pemex implica cambios de fondo. En puerta está una reforma a la Ley de Pemex que dará más facultades al director general y centralizará los controles en su oficina. Los expertos advierten que esta reforma puede convertir a Pemex en una oficina de la Presidencia. Llaman a una discusión a fondo sobre lo que Pemex necesita. En palacio, ni los ven, ni los oyen, pero viene un nuevo eslogan para la petrolera: Por el rescate de la soberanía.

(En Facebook el 15 de febrero de 2019).

Sin duda alguna, una de las partes más controversiales de la 4a. Transformación de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, personaje a quien muchos consideran como una mujer responsable y preparada.

Uno de los momentos más "destacados" de la esposa de AMLO, tuvo lugar cuando quien tendría que ser la primera dama de la 4a. Transformación decidió rechazar el calificativo, así como "el encargo".

¿Qué dirías si te dijéramos que es una aviadora más, de esos de los que AMLO se queja?

Justamente cuando dijo que rechazaba ser la primera dama, estaba incurriendo en una falta; a diferencia de su esposo no en lo referente a lo constitucional, pero a final de cuentas una falta. En lugar de estar dando clases en la UACM, doña Beatriz se pavoneaba en los mítines de AMLO y Morena.

Por si fuera poco, lo más "sucio" de las labores como profesora de Beatriz Müller, tienen que ver con que inició a dar clases en la UACM sin ningún tipo de preparación para la enseñanza.

En 2013 se le ofreció la plaza de "profesora investigadora" misma que aceptó, y que en teoría la obligaba a dar materias con enfoques estructuralistas. Actividades por las que se le pagaron mensualidades de 40,000 pesos.

Pero, ¿cómo? si no daba clases por estar en los mítines de AMLO.

Pues así como lo lees, cobraba 40,000 pesos por una plaza que no merecía al no estar calificada y que finalmente no cumplía por ser aviadora.

Cabe recordar, que ya en el gobierno de AMLO, miles de trabajadores fueron despedidos por las mismas acciones de la esposa de Andrés Manuel. Pese a ello, muchos le siguen aplaudiendo cada acción que realiza.

Finalmente, hay un rumor que recorre Palacio Nacional desde hace mucho de la llegada de la 4a. Tranformación a las vidas mexicanas. Personajes allegados a la pareja presidencial han asegurado por años que es la escritora y periodista, quien escribe los libros de Andrés Manuel López Obrador y por ello es Beatriz Müller quien cobra las regalías. Pero, atentos… solamente es un rumor. Lo que sí es un hecho es que la esposa del presidente es "aviadora" y se beneficiaba con 40,000 pesos a la cuenta de la familia López-Gutiérrez.

Hay una lógica detrás de la aparente insensatez. Andrés Manuel López Obrador está buscando crear condiciones para que solo sus incondicionales ocupen cargos públicos.

Con el argumento de que ya se acabó la "burocracia dorada" y "no va a haber gobierno rico con pueblo pobre", el presidente busca reducir el atractivo del servicio público para los más capacitados. Para eso recorta remuneraciones de los altos funcionarios y elimina prestaciones como el seguro de gastos médicos privado. El ahorro es pequeño, pero el propósito es garantizar que solo los incondicionales se queden.

La disminución de las percepciones de los funcionarios ha sido políticamente popular, pero "pasará a ser un grave error", según Ricardo Hausmann de la Universidad Harvard. "Desgraciadamente, AMLO no se va a dar cuenta de eso hasta pasados varios años y para entonces el daño sufrido por México será enorme".

"Los gobiernos pagan a sus empleados significativamente más en promedio que el sector empresarial privado, porque [los] servicios gubernamentales [...] suelen exigir una formación más alta". En 2012, los sueldos del sector público mexicano eran 13.5% superiores al sector privado, pero también menos desiguales: los bajos eran más altos y los altos más bajos que en las empresas privadas. Por eso tanta gente busca los puestos públicos de bajo nivel, al grado que hay compra de plazas, mientras que los altos no son tan atractivos y el gobierno tiene problemas para reclutar y mantener a personal altamente capacitado. La compactación que está ordenando López Obrador incrementará todavía más el atractivo en los bajos niveles, lo que explica, por ejemplo, por qué hay tantos aspirantes a manejar pipas de gasolina a 29,000 pesos al mes más prestaciones, pero reducirá la capacidad de atraer personal de alto nivel.

Al contrario de lo que sugiere Hausmann, López Obrador no está cometiendo un simple error, sino que está aplicando una estrategia diseñada para asegurar que los funcionarios estén comprometidos con él. Con las nuevas reglas, solo los ricos, los que tienen apartamentos en Houston o fortunas acumuladas, y los subcalificados podrán darse el lujo de trabajar para el gobierno en puestos altos. No sorprende que Edith Arrieta Meza, una licenciada en moda de la Universidad Jannette Klein, haya sido nombrada subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad del Conacyt o que el ahora ex subdirector de Comunicación del Conacyt, David Alexir Ledesma, tenga solo estudios de 3er. semestre de comunicación; tampoco que Jorge Amaya, candidato a la Comisión Reguladora de Energía, no haya sabido responder a una pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez sobre qué es un CEL, un Certificado de Energía Limpia, y haya pensado que se refería a un teléfono celular; o que el presidente haya propuesto a un joven miembro de su Ayudantía, Ángel Carrizales, como comisionado para la CRE.

Ampliar de uno a 10 años la veda durante la cual un funcionario no puede ser contratado por una empresa privada de su ramo no es tampoco una ocurrencia. El propósito es lograr que los especialistas altamente preparados no consideren la posibilidad de incorporarse al sector público. Nadie realmente calificado puede dejar de trabajar 10 años en su campo de especialidad.

El presidente sabe exactamente lo que quiere. No le interesa contratar a los mejores; los prefiere mediocres, o independientemente ricos, pero comprometidos al 100% con su causa política.

"Puede que no sea ilegal, pero es una inmoralidad, sin duda". Esto dijo ayer AMLO después de que varios ex funcionarios demostraron que no han violado la ley al trabajar en el sector privado. Claro que la moralidad, en contraste con la ley, es subjetiva.

Las encuestas revelan que la popularidad de AMLO subió en tan solo 75 días, de 30 millones que votaron por él a 90 millones que están fascinados con su forma de gobernar.

¡Eso que se los crea su abuela, señores encuestadores y señores conductores de noticiarios!

Es imposible cambiar la opinión pública en tan corto tiempo. Bueno... solo cuando El Chapo se escapó en moto tunelera, y a todos nos dio mucho gusto.

¿Se les hace lógico que todos los afectados por las medidas que ha tomado el gobierno, pensemos que AMLO es un buen presidente?

Posiblemente sí convenció a los ninis, a los viejitos de la CDMX y a los 5,000 huachicoleros que reciben más dinero, pero ustedes creen que convenció a los 52 millones de habitantes de 9 estados de la república que estuvieron haciendo colas eternas en las gasolineras; o las 12,000 familias de burócratas despedidos sin liquidación y los 223,000 burócratas que están esperando que los corran; o ya lo adoran las cientos de miles de señoras que andan buscando, por 800 pesos, quién les cuida a los niños para poder irse a trabajar; o los millones de empleados que están a punto de perder sus ahorros en las Afores debido a que el señor sigue necio con su berrinchito de pagar una obra que no se va a hacer; o los obreros y empleados de maquiladoras cerradas porque que no han podido trabajar debido a los bloqueos de los seudo-maestros de la nefasta CNTE; o también los millones de empresarios que trabajamos en nuestros pequeños, medianos y grandes negocios, que estamos felices por el camino a la dictadura que está tomando nuestro país.

Ora sí, como dicen los chavos, ¡no manchen encuestadores!

¿En serio, los medios masivos creen que nos tragamos la historia de que todos estos millones de mexicanos cambiamos de opinión y ahora resulta que adoramos a AMLO?

¿Creen que no nos hemos dado cuenta de que AMLO ganó las elecciones gracias al pacto que hizo con los "neoliberales del gobierno de Videgaray" (a los que nunca ataca) y a las encuestas que decían que todo México lo apoyaba?

Por favor, no nos dejemos influenciar por las "encuestas hechas a modo" que predican estos comunicadores maiceados.

Simplemente no puede ser verdad que los millones de afectados adoremos a nuestro verdugo.

Las encuestas se pagan, y siempre benefician a quien las paga.

¡No creamos ooootra vez en las encuestas!

Jorge Martinez S comentó lo siguiente en Facebook respecto al artículo anterior:

No podía yo creerlo, así que googleé el asunto. Me encontré esta clara muestra de manipulación engañosa de la información:

Primer caso, la que parece ser verdad:
"El 89% de los encuestados aprueban el combate al robo de gasolina que emprendió el gobierno federal, y 64% cree que el cierre de ductos es la manera correcta de llevarlo a cabo, aseguró Alejandro Moreno, jefe de encuestas de El Financiero." Fuente: elimparcial.com

Segundo caso: la que es claramente cochina:
"La popularidad de Andrés Manuel López Obrador roza el 90% de aprobación, pues alcanzó la cantidad de 88.7%, según una encuesta difundida por el Gabinete de Comunicación Estratégica." Fuente: frontera.info

Así que, pese a lo que dice la segunda nota, lo que sucedió es que casi el 90% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se combatiera el robo de gasolina (lo extraño es que no haya sido el 100%), aunque sólo el 64% estuvo de acuerdo en que se hiciera como lo hizo AMLO. No fue que de repente el 90% de los mexicanos apoyara a AMLO. ¡Fiuuu!

Vivimos en una sociedad vertical, imperial, en que la voluntad soberana del gobernante se impone, de manera aplastante, sobre los derechos de los gobernados.

En su afán por sacar adelante la Guardia Nacional, el presidente López Obrador no está dispuesto a oír a nadie. Eso lo sabíamos, pero confrontar a los expertos con el pueblo es un paso que no había dado. Los senadores, dijo, deberían de escuchar al pueblo, no a los expertos, pues ellos son representantes del pueblo.

La falsa dicotomía entre los expertos y el pueblo puede llevar a malas decisiones, no solo en materia de seguridad, sino en todas aquellas donde la sabiduría popular no suple al conocimiento técnico.

El caso del aeropuerto de Texcoco es un buen ejemplo de ello. Más allá de lo manipulado de la consulta popular, lo que hizo el presidente fue enfrentar a los expertos contra la voluntad del pueblo y tomó una decisión, para muchos equivocada, pero para él políticamente acertada, pues le permitió cambiar las fichas del tablero.

Despreciar el conocimiento especializado, a los expertos, es una ruta de alto riesgo para el país, pero parece ser un patrón en ciertas áreas del gobierno. Lo hemos visto con la desastrosa presentación del director de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez García, en Nueva York, que tuvo de inmediato un costo en las calificaciones de la deuda; en los pésimos candidatos que mandó en la terna para la Comisión Reguladora de Energía, uno de ellos exhibidos de manera grotesca por Xóchitl Gálvez en las comisiones del Senado; en los escándalos en Conacyt, no 1 sino 3, por la elección de perfiles bajísimos para hacerse cargo de puestos especializados, etc.

Al presidente no le gusta que le digan que no, menos aún en los temas que para él son de carácter ideológico, como la autosuficiencia alimentaria, las empresas energéticas o los asuntos que conllevan control político llámese la seguridad o los programas sociales. En esos casos prefiere tener colaboradores obedientes, ejecutores puntuales de sus ideas y deseos y no personal calificado que cuestione o ponga en duda sus ideas fijas.

La sabiduría popular, esa a la que el presidente apela y manipula con singular alegría, no está peleada con el conocimiento técnico. Son saberes distintos que sirven para cosas distintas. Sería un error poner a un experto en aeronáutica a decidir el momento de la siembra de una parcela; por más que busque en internet y se refile 4 libros nunca tendrá la capacidad del campesino de leer la naturaleza, así como una modista no tendrá jamás la competencias para decidir sobre la política de alimentos transgénicos o el pueblo bueno sobre las implicaciones de la guardia militarizada, salvo claro los que han sido víctimas de abusos por parte de los militares, pero a esos nadie los quiere oír.

Un chofer que además es una buena persona, será un gran chofer; una buena persona que no sabe manejar nunca será un buen chofer. El conocimiento técnico no se suple con buena voluntad y buenas conciencias. La ineptitud es una forma de corrupción. ¿No era eso lo que decíamos cuando llegó el PAN al poder? ¿Por qué ahora habría de ser distinto?

De qué tamaño será el centralismo de Andrés Manuel López Obrador que ni los encuentros del gobernador [de Jalisco] con Alfonso Durazo ni mucho menos Carlos Lomelí pudieron dar certeza sobre la llegada de federales a Jalisco.

Nada de eso. Hasta que el presidente se sentó ayer con el gobernador Enrique Alfaro, el inquilino de Palacio Nacional otorgó su venia para desplegar 1,800 elementos de las fuerzas federales en Guadalajara, Tlajomulco y la Región Altos.

El presidencialismo en su máxima expresión. El centro es el presidente y él lo decide todo. Nada antes, ni después, ni por encima del tlatoani.

Eso explica en parte el caos en las delegaciones federales en Jalisco en donde, en muchos casos, ni siquiera hay responsables y los funcionarios que atienden sólo saben responder que esperan indicaciones de la Ciudad de México.

El gobierno de López Obrador inició en diciembre pasado, pero en Jalisco aún no se nombran a los titulares de las dependencias u organismos federales que, de acuerdo con el delegado de Programas para el Desarrollo, Carlos Lomelí Bolaños, son 76. "No hay titular", "no sabemos quién se quedará", "estamos a la espera". "No se tiene responsable", son las respuestas de los empleados de más de 30 dependencias consultadas, de los cuales 26 dieron el nombre solamente de los responsables del área.

Alma León fracasó en su intento para que su padre, de 94 años, consiguiera la pensión del gobierno federal. "Están todos enredados" en la delegación jalisciense de la Secretaría de Bienestar. Por su parte, en la Comisión Nacional Forestal indican que no hay personal para el área de incendios, mientras el programa de apoyos para el desarrollo forestal sustentable (Pronafor) ni siquiera está operando. Una más: en la delegación del Infonavit, interesados en el Programa de Responsabilidad Compartida son rechazados. Además, Jésica Fernández, de 30 años, acudió al Palacio Federal (en Alcalde) para solicitar apoyo del programa para jefas de familia, aunque nadie le informó a dónde acudir para hacer efectivo el subsidio. Y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no hay un representante, por lo que están atorados los trámites.

A 2 meses y medio del arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, beneficiarios de programas sociales y tapatíos que acuden a las delegaciones reportan que impera el desorden en la mayoría de las dependencias.

Por ejemplo, tras consultar a más de 30 dependencias, en 26 dieron el nombre solamente de los encargados de área. Ni siquiera hay responsables o nombramientos.

Para los usuarios, la vía telefónica es una mala alternativa para obtener información, pero acudir directamente a las oficinas gubernamentales tampoco resuelve sus problemas.

Carlos Lomelí Bolaños, acepta que hay retrasos en algunos programas y también en los nombramientos de responsables de áreas, pero ya trabajan en eso para tener todo bajo control en los siguientes días. Sobre los programas sociales remarcó que la instrucción es que, "más que ventanillas, tengamos un contacto directo con la gente, que sigamos recorriendo los municipios y el estado".

Se intentó recibir la información tanto vía telefónica como en oficinas de algunas delegaciones, pero la respuesta por ambas fue negativa.

Uno de los nuevos programas del que se tiene menor detalle es el de Tandas del Bienestar, a través del cual se beneficiará a los micro y pequeños comercios con créditos a la palabra, sin pago de intereses.

En la Secretaría de Economía respondieron que no tenían información porque es la Secretaría de Bienestar la responsable de implementarlo. Sin embargo, en esta dependencia no responden vía telefónica y, al acudir a sus oficinas ubicadas en Lerdo de Tejada 2466, el personal aclara que no tiene información. Es probable que arranque, pero a partir de abril próximo.

Lo mismo sucede con el Programa de Pensión para Adultos Mayores, en el que actualmente se atienden las reafiliaciones. En el caso de los nuevos beneficiarios que no han sido censados, un familiar puede acudir a aportar los datos, aunque deberán esperar a que un "servidor de la nación" visite su hogar para recabar toda la información.

Una vez concluido el censo se habilitarán los módulos para que las personas de la 3a. edad acudan personalmente a realizar su afiliación. Y luego pasarán alrededor de 60 días para recibir el apoyo, respondieron los trabajadores.

Con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se replican las fallas. Al acudir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicada en Palacio Federal, se aclara que aún no se tiene un enlace para brindar información sobre éste.

Tanto los jóvenes que ya se inscribieron en la plataforma o quienes no han podido subir sus datos a la página oficial del programa deben esperar a que el responsable del área que se tendrá en la entidad llegue a un acuerdo con las empresas que se sumarán.

Carlos Lomelí Bolaños, reconoció que no se ha avanzado lo suficiente a nivel local, a pesar de que el mes pasado el presidente puso en marcha el programa. "Debo ser sincero, creo que hay poca respuesta del sector empresarial. No porque no quieran, sino porque no han ido a tocar la puerta para saber cuántos jóvenes se van a integrar".

Acentuó que la encargada está por ser nombrada para comenzar a recorrer las empresas como enlace de este programa. Luego vendrán los apoyos.

Otro de los nuevos programas es el de Producción para el Bienestar, que pretende beneficiar a 2.8 millones de pequeños y medianos productores de granos básicos. En la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa) respondieron que aún no se cuenta con una ventanilla para registrar a los nuevos beneficiarios. Se pidió llamar a finales de febrero o principios de marzo para conocer la fecha en la que podría iniciar el registro.

A pesar de que la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) concentra los nuevos programas anunciados por el presidente, no es posible obtener una respuesta sobre éstos.

Este medio intentó comunicarse en varias ocasiones. Por ejemplo, al elegir la opción sobre el programa dirigido a los adultos mayores, nadie responde. En otras ocasiones no entraba ni la operadora.

Otro ejemplo es el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sus oficinas se encontraban anteriormente en el edificio Mind. Este medio intentó comunicarse a los 3 teléfonos que aparecen en el portal, pero no responden.

Uno de los casos que llamó la atención sobre el descontrol que impera en algunas delegaciones fue en la Profeco. Durante las semanas en que se tuvo el problema del desabasto de gasolinas no dieron entrevistas ni información.

Después de acudir a las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Jalisco para solicitar el pago de la pensión de su papá, quien tiene 94 años, la señora Alma León señaló que en la dependencia federal "están hechos un lío".

"Supuestamente ya tienes el apoyo, pero no se entrega porque te mandan al banco para abrir una cuenta y que luego te van a mandar un giro... y después debes ir a Telégrafos. Están todos enredados".

Lamenta que, a la fecha, no resuelvan sus apoyos. "Debo esperar a que llamen para cuando esté el giro, tengo que volver a traer a mi papá y tiene 94 años. A veces está bien, pero a veces está tirado en una cama porque no puede ni respirar. Es un ir y venir".

Comenta que, a muchas personas, les dicen que regresen en marzo. "A otras que se esperen. No hay claridad".

Isidro Molina, de la colonia La Federacha, contesta que tampoco le dieron información clara sobre la entrega del apoyo que está pendiente desde diciembre.

"Me dijeron que había llegado el giro, pero que se había devuelto. Vine ahora precisamente a recibir (el apoyo) y me dijeron que hasta el lunes les llegan los giros, pero ahorita ya me dijeron que venga hasta la 2a. semana de marzo".

-Infonavit

María González y Alfredo Neri también acudieron para ver si eran aptos para el descuento que anunció López Obrador a principios de febrero. Se les atendió y, una vez que revisaron en el sistema, les informaron que no aplicaban pese a cumplir con todos los requisitos. Les respondieron que no hay más información al respecto. "Ya estamos dados de alta en el sistema. Que ellos nos van a contactar".

María dijo estar decepcionada: "No es como dicen, que aplicará para todos los que cumplamos los requisitos".

-Jefas de familia

Desde las 9:00 horas, María Martínez esperó en las oficinas del Palacio Federal donde atendían a las personas que recibían el apoyo del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia; sin embargo, 4 horas después no tenía respuesta a sus inquietudes, pues la coordinadora del programa, "una tal Adriana Anaya", no había llegado.

"Desde las 9:00 estoy esperando a la coordinadora. Hay un pésimo servicio, apenas van llegando todos. Una muchacha nada más nos dice que ahorita viene. Yo necesito que me den un folio para cobrar la pensión de mis 3 nietos que se quedaron sin su mamá; desde diciembre ya no me llegó. Mi esposo y yo no podemos trabajar porque ya estamos grandes. Ahorita estamos vendiendo plástico y cartón en lo que nos resuelven".

Por su parte, Jésica Fernández, de 30 años, también relató su mala experiencia: "Yo venía a preguntar sobre el programa para madres jefas de familia, pero en Palacio Federal me dicen que no es aquí, que pregunte en las oficinas que están donde antes era el Registro Civil, en La Normal. No me dijeron nada más. También pregunté por el apoyo a los jóvenes, para inscribir a mi hermano, y me contestaron que no sabían dónde me podían informar".

-Secretaría de Agricultura

La Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco presenta problemas para la realización de trámites a los usuarios. De acuerdo con el encargado de una de las áreas aún no hay un representante de esta dependencia en el estado, lo cual atora los trámites de los usuarios.

En el recorrido se encontró que las ventanillas de atención se encontraban cerradas y no había gente realizando trámites.

-Jóvenes Construyendo el Futuro

De acuerdo con la encargada del área de orientación del programa, Georgina Valerio, en Jalisco ya hay varios jóvenes que se encuentran recibiendo capacitación para el trabajo, aunque aseguró no tener el número debido a que no puede ingresar al sistema, pues aún no llega la coordinadora del programa.

"Nos dijeron que en las próximas semanas va a llegar la coordinadora, supongo que ella tendrá las cifras y posiblemente hasta pueda hacer más promoción a las empresas".

-Conafor

El programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable, también conocido como Pronafor, de la Comisión Nacional Forestal, tiene 2 meses de retraso. "Generalmente salía en diciembre, pero este año no ha salido", comentó Érika, quien trabaja en la dependencia desde hace 12 años. "Este año no está operando".

La servidora pública también asegura que no hay personal en el área de incendios forestales para que contesten las llamadas. "Es una de las cuestiones que no se ha definido".

Cuenta que, en diciembre, a las personas que manejan contrato eventual se les dijo que ya no se presentaran a trabajar hasta nuevo aviso. El 15 de diciembre del año pasado, la servidora pública dejó de laborar y fue hasta febrero de 2019 que se le citó para que se presentara de nuevo.

Aunque está regresando todo a la normalidad, 90% de los trabajadores no operó en enero.

-Pensión para adultos mayores

"Yo venía a preguntar sobre los apoyos, me enteré porque hace 5 años me daban apoyos en la Sedesol en la Central Camionera, pero de pronto me dijeron que estaba yo pensionado y me lo suspendieron. Aquí me responden nada más que me viniera a finales del mes, no me dieron nada de información. No me dijeron qué papeles debo traer", reporta Jorge Pérez Ortiz, de 70 años.

Salir todas las mañanas a sostener sobre sus hombros el peso del gobierno mexicano, controlar el mensaje, manejar los ciclos informativos e imponer la agenda pública del día, no debe ser nada fácil para Andrés Manuel López Obrador, quien en una combinación de comparecencia pública a través de un town hall con medios y una conferencia de prensa matutina que suele extenderse por más de 70 minutos, desarrolla un tema que quiere enfatizar ese día y entra a la dimensión desconocida.

El 1er. momento está controlado, con un mensaje que acompaña con un Power Point y ocasionalmente con miembros del gabinete. El 2o. es impredecible, con una miscelánea de preguntas que responden a intereses informativos y políticos diversos, en ocasiones convertido en una especie de corte de los milagros, donde algunos periodistas son utilizados como gestores, o activistas colados plantan su manifiesto. López Obrador batea todo lo que le mandan -por utilizar una metáfora de su deporte favorito-, y a veces abanica strike.

López Obrador responde todo, pero usualmente deja más dudas que certezas. Es natural. Si en el 2o. momento se mete a una selva y sin más herramientas que su moral, la utilidad práctica que de ella emane se agota rápidamente cuando lo que se busca son datos, no sermones. Si el ejercicio empieza a hacer agua, como en los últimos días, el presidente empieza a exasperarse y se le empieza a notar.

El ideal para un presidente, cancelar las comparecencias diarias y hacerlas periódicas, está fuera de discusión; López Obrador no lo hará, cuando menos por ahora. El formato tampoco cambiará, porque considera que sí le funciona para llenar el espacio público, lo que es cierto, pero al mismo tiempo, engañoso: si ocupa el espacio, pero comete errores o se tropieza, los errores se magnifican.

A López Obrador no le gusta mucho compartir el escenario y sí, en cambio, mostrarse como un actor dominante en toda su extensión. Aún así, debería tener detrás de las mamparas un equipo que esté preparando tarjetas con información que le puedan suministrar inmediatamente después de que le hagan una pregunta comprometedora, como cuando una corresponsal de Bloomberg le pidió el jueves estimaciones sobre la deuda de Pemex y él no supo qué contestar y se tambaleó. El presidente puede y debe tener la mejor información de todo, pero no necesariamente saber de todo. El equipo del presidente que le ayuda con la información, también le sirve para verificar que lo que le está informando su equipo es cierto. No basta que diga que lo que él dice en el Salón de la Tesorería está confirmado; tiene que demostrarse que así es.

Este sistema presidencial de verificación le evitaría meterse en problemas por culpa de otros. El caso de los sospechosos de siempre del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es un ejemplo. Bartlett presentó una lista de destructores de la empresa, hablando de conflictos de interés y corrupción, en donde incluyó nombres de personas que nunca trabajaron en el sector eléctrico o jamás tuvieron relación con nada vinculado a la CFE. Pero al estar parado López Obrador junto a él, lanzando acusaciones a partir de su mensaje, el presidente quedó vulnerable y tuvo que pagar el costo de estar mal informado por la información incorrecta que usó Bartlett, que no fue corroborada por el equipo presidencial.

Mucho ayudaría a López Obrador que tuviera ese respaldo y, sobre todo, que aceptara que lo necesita. Es difícil contradecir al presidente porque es de ideas muy fijas, pero en juego está toda la acción del gobierno.

Los gobiernos priistas y panistas fueron un escenario tan lastimoso que es difícil poder afirmar que mejoramos o empeoramos. No podemos olvidar que más que ganar por méritos propios, López Obrador recibió tremenda ayudada por la corrupción, la impunidad y la simulación del gobierno de Peña Nieto.

Y hasta ahora lo que se ha visto del nuevo gobierno, más que dar certidumbre de un rumbo o un proyecto, ha sembrado cualquier cantidad de dudas sobre si realmente ya está gobernando y sobre si realmente se mueve todo lo que se dice en su conferencias mañaneras que se mueve.

Porque una cosa es lo que se escucha en su mañanera y otra lo que realmente está pasando.

¿Hubo realmente una guerra contra el huachicol que paralizó a varios estados por la falta de gasolina? Poco a poco va quedando claro que si bien se ha puesto atención a los pinchazos en los ductos y a la mafia petrolera que sacaba litros y litros de las refinerías para venderlos en un mercado negro, la escasez aparentemente se dio por pésimas decisiones al cancelar la importación de gasolinas.

Hay enormes dudas sobre si efectivamente va marchando la liquidación puntual y formal de todos y cada uno de los renglones que significó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las razones del por qué no hacen ruido quienes resultaron perjudicados y que no son pocos.

Y es tan poco el tiempo que lleva en el cargo el actual equipo de trabajo del presidente, que incluso no se ha podido medir el impacto en la economía de 2 sacudidas como fueron la falta de gasolina en los estados más pujantes del país y el cierre del tráfico ferroviario entre la región occidental y el centro del país por las protestas de maestros.

Económicamente debieron ser afectaciones mayores, pero nadie opina, nadie crítica.

Todos los días se habla y se habla en la conferencia mañanera, pero hay dudas de que esos discursos vayan de acuerdo con lo que realmente pasa en el país. Vamos, hasta en el tema de los apoyos sociales a personas mayores y discapacitados hay dudas de que estén llegando los recursos porque lo que se ha visto es que sí se entregan, pero a quienes asisten a algunos eventos de los morenistas y que no representan ni 5% de quienes deberían ser beneficiados.

Con tolerancia total y beneplácito a todo lo que dice, imposible hacer una medición real de dónde estamos.

Debido a que el presupuesto en materia de infraestructura productiva no recibió el crecimiento esperado este año, el dirigente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza Marín, declara que esto les preocupa porque los recursos se asignaron a proyectos con fines "clientelares o electorales".

El gobierno federal hizo algunos ajustes para dar prioridad a los nuevos programas sociales que se anunciaron durante campaña, como son el de adultos mayores, que se proyecta sea universal y que tendrá un incremento en la pensión (el doble, en comparación con el año pasado). Se suma Jóvenes Construyendo el Futuro, que entregará becas mensuales para capacitación en algún oficio, entre otros subsidios.

El alcalde de Hidalgo del Parral (Chihuahua), Alfredo Lozoya, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover la primera controversia constitucional por el recorte presupuestal a las estancias infantiles del país.

En su demanda, el municipio solicitó la suspensión para que no se aplique la reducción presupuestal a las estancias durante el ejercicio 2019. Hasta anoche, el asunto no había sido admitido por la Corte.

El edil señaló que dará la batalla legal ante esta medida de ser necesario hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La caída en la producción de gas natural y el declive en la exploración y producción de petróleo, que le heredaron al gobierno del presidente López Obrador y que él está profundizando, parece que está por generar un efecto indeseable: apagones masivos en el país.

Hoy, México está parado al borde del colapso: el sexenio de Peña Nieto dejó el asunto colgado con alfileres y la administración de López Obrador se los está quitando.

Por ejemplo, en una de las zonas de exploración y producción de Pemex llamada Cactus Sitio Grande hay más de 200 pozos cerrados debido a que no se ha invertido en sistemas que puedan tratar el problema de agua congénita. Es decir, para Pemex era tan rentable la extracción que un día, cuando vio que los pozos sacaban 40% de agua y 60% de gas o aceite, decidió cerrarlos. Mejor hacer otra perforación. Hoy hay sistemas que pueden hacer la separación de productos y que no requieren gran inversión. Hay valor ahí debajo de la tierra, pero prefieren ir por las soluciones básicas. En Estados Unidos, cuando hay agua congénita, la extracción se lleva hasta que es 90%.

Otro caso a destacar es el del descubrimiento denominado Lakach. En años pasados se fincó el futuro del gas natural en ese proyecto. Al bajar el precio del gas en Texas, mercado de referencia, los proyectos se volvieron menos rentables. Se decidió parar el proyecto. Quizá tengan que revivirlo tarde o temprano.

También la explosión en la plataforma del sureste llamada Abkatun impactó considerablemente la provisión de gas. Hoy sigue sin trabajar: no hay dinero.

El gobierno de Peña Nieto prometió que lo iba a resolver importando gas por el puerto de Pajaritos, pero el gobierno entrante no estuvo de acuerdo y detuvo el plan.

Dice el Presidente, que el neoliberalismo conservador (sic) es responsable de los supuestos actos de corrupción de las estancias infantiles. Pero no sabemos ni cuáles son esos actos ni por qué no se castiga a nadie.

El Presidente quiere ampliar de 1 a 10 años la veda para que los funcionarios públicos puedan trabajar en empresas de su ramo. La medida parece buscar que los especialistas ya no trabajen en el gobierno. Solo los políticos que no pueden conseguir un puesto en el sector privado tendrían responsabilidades en el gobierno.

El 11 de febrero, el secretario de la CFE nacional, Manuel Bartlett, acusó a las administraciones de Carlos Salinas, Ernestos Zedillo y Felipe Calderón de haber debilitado a la #CFE con lo que calificó de "esquema perverso" (La Jornada, febrero 11).

Irónicamente, Bartlett es mejor recordado por haber organizado (al frente de gobernación y la comisión electoral) las controvertidas elecciones de 1988 en las que resultó votado Salinas.

Posteriormente, durante el salinato, Bartlett estaría al frente de de la Secretaría de Educación Pública para luego ser lanzado (y electo) como gobernador de #Puebla (1993 - 1999).

Previamente, Bartlett había sido ligado al secuestro y asesinato del agente Enrique Camarena en 1985. (Proceso; enero 4, 2014).

En el cartón también vemos una referencia a los bloqueos de Andrés Manuel López Obrador de 1996 en #Tabasco.

Tras perder las elecciones de 1994 para la gobernatura de Tabasco ante Roberto Madrazo, #AMLO encabezó una de protestas "pacificas", incluyendo bloqueos de pozos petroleros de Pemex (se ligó la protesta al incendio de un pozo) y reconexión del servicio de luz deudores a la CFE. (Proceso; marzo 30, 2012).

En noviembre de 2015, AMLO llevó a cabo una "Resistencia civil" contra el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, que consistió en una brigada de 20 vehículos con equipo eléctrico que recorrieron el estado para reconectar el servicio a deudores morosos. (Excélsior, noviembre 24, 2015).

- Luis.

Paco Calderón
(13 de febrero de 2019).

El presidente arreció ayer su ataque contra los organismos autónomos, a los que lanzó durísimos calificativos: "Se crearon supuestos organismos autónomos, independientes; toda una constelación de organismos. Otro gobierno para operar el saqueo, entregar contratos y permisos a empresas particulares... en todos estos organismos, la mayoría de los consejeros representaba al grupo de intereses creados... afortunadamente se vencieron los plazos (de los consejeros) o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos", señaló ayer el presidente López Obrador.

¿Se imaginan cómo están recibiendo estos juicios los integrantes de la Comisión de Competencia (Cofece), de la Comisión Reguladora de Energía, del Cenace, del IFT?

Más aún, ¿qué efecto van a tener en las empresas que decidieron hacer inversiones en México a partir de la existencia de una autoridad reguladora independiente en el sector que invirtieron?

¿Y cuánto tiempo tardará para que esta visión crítica se extienda al Banco de México?

El presidente tendrá que ser informado de que está cuestionando el diseño institucional del Estado mexicano, que cambió de manera importante en los últimos 25 años.

Quizás los primeros cambios relevantes fueron la autonomía del Banco de México, en 1993, y posteriormente la ciudadanización del IFE en 1994.

A partir de entonces, pero sobre todo en este siglo, fueron agregándose instituciones a las que el congreso otorgó autonomía técnica o de gestión.

Los procesos de apertura de los sectores en los que, por décadas, hubo monopolios estatales, en muchos países condujeron a la conformación de organismos reguladores que fundamentalmente tenían que cuidar que esos mercados maduraran sin abusos de las empresas que fueron monopolios.

No estaban diseñados para favorecer a las empresas estatales, sino para favorecer la competencia que pudiera darse en sectores que dominaron. Y, eso requería independencia técnica y de gestión. Eso hicieron (a veces a medias por cierto) y ahora se ve como saqueo.

Esa visión parece anticipar el fin de los organismos autónomos, por más que se diga que no.

Y me temo que, a la larga, también traiga consigo el cuestionamiento de la autonomía del banco central y de la independencia de la autoridad electoral, pues tomarán resoluciones que no van a gustar al presidente y que pueden ser asumidas como intentos de debilitar al gobierno electo democráticamente.

Se trata de una diferencia de fondo en el diseño del Estado y de los contrapesos que se han establecido en las últimas décadas.

Sé que diversos funcionarios del gobierno de AMLO no piensan así y saben que debilitar a los organismos autónomos va a erosionar la confianza y a crear problemas estructurales con la inversión, que podrían costar mucho y por años.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es inmoral que un ex funcionario se vaya a trabajar al sector privado en un ramo relacionado con el puesto que tenía en el gobierno. Los llamó "chapulines fifís".

Pero no es inmoral para el presidente presentar en la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 3 perfiles cercanísimos a él.

Se trata nomás de la esposa de José María Rioboó, contratista estrella de Andrés Manuel, y de 2 ex militantes de Morena. ¿Y eso cómo se llama?

Por cierto, fijar un plazo mínimo de 10 años a un ex funcionario para desempeñarse en el ámbito privado relacionado con su puesto en el gobierno es algo cercano a la "muerte civil".

Con los salarios reducidos y ese candado al desarrollo profesional seguramente un trabajo en el gobierno cada vez será menos atractivo y competitivo.

Castigar los actos de corrupción y revalorar el servicio público son 2 medidas alternativas a la propuesta de prohibición, por 10 años, a los funcionarios públicos para emplearse en la iniciativa privada luego de trabajar en el gobierno, consideraron las cúpulas empresariales de Jalisco.

Estos organismos también señalaron que la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, añadida a la Ley Federal de Austeridad Republicana, afecta el derecho a la libre elección al trabajo.

"No puedes pedirle ni exigirle a nadie que se dedique a una profesión lícita una vez cumplidas sus funciones en otra", consideró Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. "Mientras te quieras dedicar a cualquier trabajo u oficio, siempre y cuando sea lícito, no se te puede impedir ejercerlo".

Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco, manifestó que la propuesta del mandatario podría afectar negativamente a funcionarios que han sido despedidos durante los 2 primeros meses del actual gobierno federal, quienes no encontrarían un puesto laboral a pesar de ejercer sus funciones con honestidad y buen desempeño.

"Funcionarios que trabajaban en el Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que con estas reducciones de sueldo y con esta nueva orientación decidieron salir de sus funciones o algunos funcionarios que fueron despedidos sin mayor investigación, si el día de mañana no pueden trabajar, ¿qué van a hacer?", preguntó Garza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado. Lo hizo explícito en su comparecencia pública en Palacio Nacional, al realizar el alegato en contra del pasado más profundo, vehemente y desafiante que ha hecho en su naciente administración. López Obrador fustigó a gobiernos y ex funcionarios, a quienes acusó de corrupción, escalando sus imputaciones a órganos autónomos y organizaciones no gubernamentales. El mensaje es que todo el pasado apesta y hay que erradicarlo. Hay verdades en sus razonamientos, pero su belicosidad generalizada preocupa e intriga. ¿Qué tanto esa retórica es pura y qué tanto es distractor? El dilema no podrá resolverse en el corto plazo, pero la ruptura con todo el pasado comenzó.

López Obrador se presentó en Palacio Nacional ante la expectativa de con qué iba a salir y contra quién se iba a ir. Pese a ello, sorprendió con su narrativa del presente y el futuro que representa él, como símbolo de honestidad, y todo lo que no es él ni responde a él, como íconos de lo oscuro y la corrupción. Reaccionó así a las réplicas que le hicieron ex funcionarios y empresas a las que acusó de corrupción y conflicto de interés. En su intervención mañanera, atacó todos los frentes en 360°.

López Obrador volvió a condenar esa puerta giratoria, donde hay circulación recurrente entre el gobierno y el sector privado y viceversa, tomando como medida a Estados Unidos para enfatizar lo que considera corrupción en México. Su analogía fue incorrecta, y esa puerta giratoria es una práctica normal en el mundo, que apunta precisamente lo contrario, la honestidad del servidor público que tiene que seguir trabajando para vivir. Lo que es extraño es cuando un servidor público no tiene que trabajar al dejar el cargo, o vivir sin ingresos registrados. Pero no está del todo mal lo que sostiene el Presidente. Lo que necesita es apuntar quirúrgicamente.

"Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del gobierno eran unos corruptos".

Su ataque busca regresar a principios de los 90’s, cuando empezó el cambio del diseño institucional del gobierno y se crearon órganos constitucionales autónomos que sirvieran de contrapeso a los poderes del Estado. Así surgió la autonomía del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos en aquella década, y en la siguiente logró su autonomía el INEGI y se fortaleció lo que hoy es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En la 2a. década de este siglo nacieron la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Descalificar con generalizaciones no lleva a ningún lado salvo a la polarización. No son las instituciones, sino las personas.

"No le hace que se enojen, que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma pero se violan en el fondo, que se está hablando de derecho cuando es un estado de chueco".

Toda la narrativa concluye en esto, que justifica su denuncia permanente de corrupción. Si no le gustan las leyes al presidente, dice que se violan porque no se aplican. Cuando las que existen no le benefician, las cambia. El conflicto de interés no existe en su entorno, sino en el de los otros. El determinismo que emplea produce confusión y confrontación. Es tan fuerte y tan expansiva su crítica a todos por todo, que queda la duda si no es un distractor para el problema económico que se le avecina.

Si hay delitos que perseguir que actúe; si no existen, que no estigmatice. La desunión nacional que tanto promueve no lleva a ningún lado, y puede acabar con él mismo, incluso, tarde o temprano.

"No se lleven entre las patas a los niños. ¿A poco creen que los mexicanos no nos damos cuenta que ésta es un forma para nuevamente ir generando clientelismo electoral y político, pensando en las elecciones de 2021 y 2024?", expresó René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entregó un documento a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar, en el que pidió a las autoridades federales no reducir el presupuesto de las estancias infantiles, pues restringe derechos a los infantes.

La CNDH señaló que la baja presupuestal al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos implica que los menores restrinjan su derecho a la educación y estimulación temprana, así como a vivir en condiciones de bienestar.

"El recorte presupuestal anunciado por más de 2,000 millones de pesos puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral", señaló la institución defensora.

González pidió a las autoridades que durante la toma de decisiones tengan en cuenta los marcos legales nacionales e internacionales, siempre en favor de los derechos de la niñez y la perspectiva de género.

El organismo pidió que se haga un estudio sobre la opción de entregar a los familiares los recursos económicos que antes se daban a las estancias: "Dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos, que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez".

La CNDH cuestionó que "el hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos, no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos".

Llama la atención la columna publicada en el diario El Heraldo de México en la que se dice: "Engañaron al presidente. Cercanos a Bejarano dijeron que en las estancias infantiles había una red de corrupción", señala la periodista Peniley Ramírez, en referencia al programa de estancias infantiles de la ahora Secretaría de Bienestar, a las que se retiró el apoyo, argumentado hechos de corrupción, para entregarlo directamente a las madres trabajadoras, que según diferentes funcionarios fue engañado el presidente pues "no era una red de corrupción. Eran casos que no tenían vínculo entre sí, de las delegaciones estatales de Sedesol, no imputable a las estancias".

La periodista dice que en las investigaciones sobre las estancias hechas durante la transición, los casos de corrupción detectados no fueron presentados como red en ninguna investigación y que el presupuesto de las estancias auditado solo encontró posibles malos manejos en menos del 2% del programa en 2016.

Afirma Peniley Ramírez que sus fuentes aseguran que funcionarios cercanos a René Bejarano convencieron a López Obrador "no solo de que sí existía esta alegada red de corrupción, sino que además era partidista y constituía una base de control social del Partido Acción Nacional a través de más de 9,500 guarderías, que atienden a más de 329,000 niños, la mitad del total de infantes cuidados en estancias con financiamiento público en el país. Lo engañaron, o por lo menos le presentaron una verdad a medias y lograron convencerlo". (El Heraldo de México, 13 de febrero de 2019).

Sobre el caso particular de las estancias infantiles el presidente López Obrador mantiene la posición de no modificar su determinación de desaparecer los apoyos y canalizar los recursos por medio de los padres de familia, para que ellos decidan dónde utilizan el dinero.

Informó López Obrador que se distribuirán las tarjetas asociadas a los programas del bienestar y aseguró que los beneficiarios no constituirán alguna forma clientelar o electoral. "No se condicionarán los apoyos para que la gente vote por un determinado partido".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador comentó que la problemática de las estancias corresponde a un esquema utilizado por el régimen neoliberal que tendía a privatizar todo, estas estancias y las guarderías del IMSS, "y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió. No queremos eso, no se sabían. Existen reportes de las autoridades encargadas de la fiscalización de que no había legalidad, no había normatividad, seguridad. Se trata de niños". (La Jornada, 13 de febrero de 2019).

En toda esta trama destaca la referencia a René Bejarano, quien reapareció hace unos meses en la política nacional como dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) y anunció que organizaría un 'ejército' de 30,000 dirigentes en todo el país, para vigilar la transparencia y el manejo de los programas sociales.

En esa ocasión, Bejarano comentó que tenía "que armar los equipos para una estructura en los 300 distritos electorales federales". Explicó que la idea es "desarmar el antiguo régimen y que no ocurra como cuando hubo alternancia con Vicente Fox, ya que en ese entonces el PAN fortaleció las estructuras del gobierno saliente. Si nosotros queremos hacer de verdad los cambios, necesitamos desarmar las estructuras de corrupción, corporativas y delincuenciales, y al mismo tiempo tenemos que armar una estructura". (El Financiero, 7 de agosto de 2018).

Los hechos indican que estamos en el escenario de las verdades a medias o en el del engaño con la verdad. Los dichos y los hechos no concurren en el mismo tiempo, pero convergen en el trabajo político de crear las condiciones para una larga estancia en el poder, no necesariamente mirando al futuro en el intento, sino volteando al pasado, como la indica la tendencia al centralismo político y la imposición del criterio presidencial, aunque no guste a muchos. "Aquí nomas mis chicharrones truenan".

Como todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer con su escopeta habitual. Ahora tocó al sector energético, donde se le fue encima a empresas mexicanas e internacionales, y señaló a ex funcionarios federales de haber contribuido a la "destrucción masiva" de la Comisión Federal de Electricidad. Había anticipado el viernes que hoy revelaría casos de corrupción en la CFE, lo que no sucedió. Lo que sí pasó, en voz de su director Manuel Bartlett, fueron viejos señalamientos sobre ex funcionarios que trabajan para empresas de generación eléctrica internacionales, o les dan consultorías.

Lo que explicaron, cuando menos hasta ahora, no acreditaba siquiera conflicto de interés. Se lo hizo ver inmediatamente el ex presidente Felipe Calderón, cuando le recordó una vez más que la ley establece plazos durante los cuales no puede trabajar un ex funcionario en un campo que fue de su especialidad. Las críticas al presidente y a Bartlett siguieron durante el día, por la imprecisión o falsedad de varias imputaciones. Eso ya lo debía haber sabido con seguridad, pero lo importante para él no es la realidad, sino la percepción. El viernes pasado planteó abrir la cloaca en la CFE, que se redujo a una acusación sin pruebas por parte de Bartlett, de que "la influencia de ex funcionarios en empresas privadas deriva en que la capacidad de la CFE se haya reducido a ser una empresa que genera apenas el 50% de la energía del país".

Echar la culpa al pasado es la justificación que ha utilizado para buscar el apoyo consensuado para sus políticas de gobierno y colocar los ladrillos para, si no la abrogación de la Reforma Energética, sí su congelamiento. En su conferencia de prensa, el presidente mantuvo el mismo patrón que ha seguido desde el arranque de su gobierno: empaquetar sus acciones en el discurso de que los anteriores gobiernos eran corruptos y saquearon al país. El discurso tiene la técnica de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, de repetir una idea hasta que termine incubándose en la mente como una realidad.

"Es un asunto de semiótica", dice un agudo observador político. "Todo lo que maneja el presidente son símbolos". La semiótica, en su definición clásica, es la ciencia que estudia los sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos. Grandes imágenes que ha logrado sembrar en el imaginario colectivo son las de los "fifís", para identificar todo aquello que se opone a los deseos de las mayorías, o "conservadores", que utiliza para referirse a sus críticos o a los disidentes. López Obrador juega todo el tiempo con la palabra corrupción, pero siempre la asocia con los privilegios. "Los mexicanos responden a los privilegios, que les molestan mucho, no a la corrupción", agregó el observador.

La forma como presentan verosimilitudes vestidas con verdades es muy eficiente. Por ejemplo, nadie reparó que Bartlett fue miembro de uno de los gobiernos que ahora fustiga (Carlos Salinas) y gobernador priista de Puebla durante otro (Ernesto Zedillo). Tampoco en que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, trabajó muy de cerca con el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, mencionado por el vocero presidencial como otro de los ex funcionarios clave en la "destrucción" de la CFE, ni que trabajó como el hombre fuerte de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

El método utilizado por el presidente es siempre el mismo. Si modifica la entrega de recursos a estancias infantiles, es porque hubo actos de corrupción de panistas. Si las cosas en Pemex no están saliendo bien, tiene que ver con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Si hay exigencia de transparencia a su gobierno, la descalificación corre a través de la mentira [de] que antes no se exigía nada y ahora sí acosan a su gabinete. Si la economía tropieza es porque le dejaron un país en bancarrota. Si le está costando trabajo que su gobierno funcione, es porque lo están saboteando los "conservadores". Dentro de su propio equipo, cuando hay observaciones sobre algún funcionario y su inexperiencia, responde que "prefiero la larga curva de aprendizaje al bandidaje". A cada síntoma que pueda causarle daño a su gobierno, siempre recurre a la misma receta, voltear por el espejo retrovisor para mostrar la podredumbre del pasado.

Los símbolos que permanentemente emplea López Obrador le han permitido ir aumentando su aprobación como presidente, en niveles muy superiores incluso al total de quienes votaron por él. Se podría argumentar que el discurso que tiene es penetrante y efectivo porque cumple funciones terapéuticas, que ni en la clase política ni en los medios alcanzamos a comprender en toda su cabalidad. La indignación nacional contra la corrupción y los privilegios, registrada en las urnas desde las elecciones intermedias en 2015, es la fortaleza que va acumulando cada día con esos mensajes, y le permite pelearse todos los días con agentes económicos, actores políticos o medios y sociedad civil, sin mella alguna.

El presidente sale todos los días a la palestra del Salón de la Tesorería en Palacio Nacional para disparar con una escopeta para todos lados. Siempre pega en el centro, porque sus objetivos cotidianos le responden de manera convencional y no contrarrestan los ataques. ¿Cuánto más lo podrá hacer? Por la forma como se le responde y confrontan sus dichos, el combustible que tiene López Obrador es bastante. El desafío, como apuntó el agudo observador, es encontrar un símbolo que se enfrenta a los suyos. Es decir, la batalla de las imágenes por las mentes, herramienta indispensable en estos tiempos de la 4a. transformación.

La luna de miel de López Obrador con el pueblo bueno, ese ente idealizado que solo existe en el discurso del presidente, parece haber tenido su 1er. descalabro en Cuautla, Morelos. La consulta sobre la termoeléctrica de Huexca que, en principio, deberá hacerse los días 23 y 24 de febrero, sin que esté aún claro quién será el encargado de ella, se topó con pared este fin de semana cuando los movimientos ecologistas y de defensa del agua se manifestaron en contra de la propuesta del presidente.

Usando los argumentos que López Obrador planteó en campaña, los inconformes dijeron que la pregunta que plantea el presidente es amañada, pues solo habla de la termoeléctrica y no considera las afectaciones que el gasoducto y el acueducto traerán a la zona; que ésta debe ser sólo entre las comunidades afectadas y no involucrar a todo el Estado de Morelos y, finalmente, que no se debe decidir en 13 días una obra que lleva 9 años parada, que es muy poco tiempo para socializar la información y organizar correctamente una consulta.

Ahora no son los fifís, sino una nueva especie de opositores: los "radicales de izquierda que no son sino conservadores", dijo el presidente en una de esas maromas discursivas a las que ya nos tiene acostumbrados. La pregunta es qué pasa si estos grupos que él ahora considera radicales bloquean la consulta o peor aún, no aceptan el resultado.

El de Cuautla ha sido quizá el mitin menos entusiasta y más tenso de lo que va del periodo del presidente. Por 1a. vez probó la hiel del desamor y hubo barreras de metal entre podio y el pueblo, que no por bueno estaba menos enojado. Tratar de revivir una termoeléctrica después de 12 años suspendida no es un asunto que se resuelva con una consulta, requiere un amplio proceso político para ir desenmarañando lo que hay detrás, desde abusos de poder hasta amparos, violaciones a derechos humanos, torpezas de los gobiernos y de la propia CFE, etc.

Hasta ahora la popularidad y credibilidad del presidente le ha alcanzado para echar para adelante cualquier tipo de decisión, incluso las más controvertidas. No es que no existan voces de oposición, sino que su palabra es tan pesada, tan fuerte, tan apreciada que el resto se desvanece. Quizá el capital político le alcance para sacar adelante la consulta de la termoeléctrica de Huexca, pero de ahí a que se construya hay un trecho importante.

Mientras el mundo avanza a las energías limpias, la 4T tiene entre sus prioridades el uso de carbón para la generación de energía eléctrica en nuestro país. ¿Será cierto que esto tiene feliz de la vida al hoy senador de Morena Armando Guadiana?

Entre las muchas noticias presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días, una es de tan gran calado que preocupa y sorprende, aunque poco se ha reparado en ella: el Ejército Mexicano, es decir la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se encargará de la edificación del aeropuerto de Santa Lucía (el polémico sustituto del proyecto aeroportuario de Texcoco), pero también se hará cargo de su administración y además, se quedará con los beneficios económicos que genere la terminal aérea "para fortalecer" sus finanzas... ¡¡!!

¿Cómo? El tema es tan sorprendente que requiere más explicaciones y espacio para sopesar sus posibles consecuencias.

El presidente López Obrador, que como candidato desacreditó en repetidas ocasiones a las fuerzas armadas mexicanas por diferentes motivos, se ha convertido no sólo en admirador de una de las instituciones más respetadas de México, sino también en su promotor y ahora garante de sus finanzas.

Un 1er. punto de revisión es el proyecto del aeropuerto, no de su construcción sino de su administración. Es perfectamente legítimo preguntar cuál es el tráfico aéreo, de personas y mercancías que manejará; estos datos permitirán estimar un monto económico en costos y beneficios. Dicho de otro modo: ¿Cuánto va a ganar el Ejército año con año? ¿Van a dar cuentas de ello o será información reservada? Eso no implica, según la escasa información que se tiene ahora, que le vayan a recortar a la Sedena parte del presupuesto que recibe todos los años y que, vale anotar, siempre satisface las necesidades que proyectan los altos mandos.

Paradójicamente, numerosos actores discuten hasta el cansancio si el país se militarizará o no, con el proyecto de la creación de una Guardia Nacional bajo responsabilidad militar, aunque el tema cuando menos sí está enmarcado en algo que se relaciona con el Ejército: el ejercicio de la fuerza para hacer que se respete la ley.

Pero en contraste, casi no hay voces que cuestionen la entrega a las fuerzas armadas de un aeropuerto civil y comercial en la capital del país. De concretarse el proyecto que someramente expuso el presidente López Obrador, la Sedena estaría recibiendo miles de millones de pesos anualmente que podrá usar, ¿a discreción?, ¿en otras inversiones de bienes raíces?, ¿en la compra de armamento?, ¿en aumentar sueldos o construir hospitales, escuelas?

¿Es posible garantizar que en 10 o 20 años no se enquistará en la cúpula militar una célula de intereses ajenos a la línea de comportamiento que debe regir a las fuerzas armadas? ¿Son incorruptibles? La respuesta en ambos casos es no.

Además, ¿cómo es que determina el presidente hacer eso?, ¿cómo llegó a esa conclusión?

En materia de seguridad, la administración de López Obrador está convencida que sin el Ejército será imposible enfrentar la violencia y el poder de los cárteles. Por ello impulsan la estrategia de la Guardia Nacional, a pesar de la resistencia de los sectores político, académico y civil.

Ahora, sin más explicaciones, le entregarán una fuente de ingresos multimillonaria que será imposible quitarles. Ese es un empoderamiento peligroso.

La Guardia Nacional va. De eso no tengan duda. Sólo resta ver cuántas comas o puntos, si acaso, podrá modificar la oposición en el Senado con las audiencias públicas que se realizarán esta semana.

Uno de esos cambios, aunque sea mínimo, podría impulsarlo el senador Clemente Castañeda, quien coordinará el jueves la mesa de "Federalismo y Seguridad Pública" para enriquecer el dictamen a votar en el pleno.

Uno de los puntos a defender, adelantó el senador emecista, será otorgar mayor capacitación y presupuesto para fortalecer a las policías civiles. Ojalá quede alguna garantía de eso en el texto final.

Porque el resto será "dictamen a la carta" de la bancada de Morena para complacer al Presidente.

La austeridad y el arranque de sexenio han generado un freno en uno de los componentes más importantes de la demanda: el gasto público, lo que ha venido a sumarse a la tendencia a la baja que ya traía la economía en general desde el último trimestre y la incertidumbre asociada al arranque del sexenio.

Mi opinión es que estos hechos no pueden ignorarse y que vamos a tener un primer semestre con un crecimiento económico muy pobre o casi inexistente.

Por esa razón es que el gobierno necesita cambiar de narrativa.

Y, sobre todo, tomar acciones para remediar lo que está en las manos de las actuales autoridades, como el ejercicio del gasto.

¿O será que hay resignación a tener una muy mala 1a. mitad del año en materia económica con la expectativa de que las cosas luego se compongan?

Espero que no.

Andrés Manuel López Obrador nunca ha mostrado respeto por el máximo tribunal de nuestro país. Cuando era candidato, en febrero de 2018, llamó a los ministros "maiceados" y "alcahuetes". En mayo preguntó: "¿Saben algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México? ¿Se han enterado de algo que hayan hecho a favor del pueblo? Nada".

Los cuestionamientos del ahora presidente a los sueldos y a los fallos de los ministros han generado un ánimo de linchamiento. Desde hace 2 meses se mantiene un plantón que bloquea la entrada principal del edificio de la Corte. El 13 de diciembre, el director de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Camargo, fue agredido fuera del edificio por manifestantes que pensaron que se trataba de un ministro.

López Obrador se congratuló hace unos días por haber intervenido para cambiar una decisión de la Corte: el amparo promovido por Beatriz Sánchez Navarro Redo, ex accionista de Grupo Modelo, quien reclamaba la devolución de un pago de Impuesto Sobre la Renta de 47 millones de pesos (el presidente habló de 35,000 millones de pesos) por no haber sido parte del grupo de control de la cervecería en el momento de la venta a AB InBev. El proyecto de sentencia del ministro Eduardo Medina Mora, que concedía el amparo, fue desechado en la 2a. Sala por 4 votos a 1. Se ha pedido a otro ministro la redacción de un nuevo proyecto.

Que el gobierno argumente lo que convenga a sus intereses ante la Corte es legal y correcto, pero presionar a los ministros para cambiar un fallo no lo es. No está claro que el proyecto del ministro Medina Mora haya sido desechado por presión del presidente, pero es inquietante que López Obrador piense que tiene la facultad de ordenar fallos a la Corte.

La Oficina de la Presidencia parece estar interviniendo en la Corte en otros temas. El consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, promovió la candidatura de Arturo Zaldívar y ayudó a convertirlo en el 1er. ministro sin carrera judicial en llegar a la presidencia de la Corte en tiempos recientes. En principio esto no tendría que ser incorrecto. Los gobiernos siempre han cabildeado a favor de algún u otro candidato, pero los ministros votan en libertad. Más inquietantes son las afirmaciones de que Scherer pidió a Zaldívar que exigiera la renuncia de Janine Otálora a la presidencia del Tribunal Electoral en represalia por la ratificación del triunfo de Martha Érika Alonso en la elección de Puebla de 2018.

La importancia del presidente de la Corte en el pleno es relativa. Los votos de los 11 ministros son en principio iguales; el voto de calidad solo se da después de varios empates. Sin embargo, el ministro presidente es también cabeza de la Judicatura Federal y desde ahí tiene una influencia decisiva en la conformación de todo el poder pudicial.

El presidente López Obrador, que ya controla el ejecutivo y el legislativo, está buscando dominar también el judicial. El nuevo ministro Juan Luis González Alcántara, quien previamente participó en la terna para elegir al fiscal general, es muy cercano al presidente. La terna para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos está formada también por 3 mujeres muy alineadas con el presidente. Al parecer, la forma de lograr que la Corte no esté maiceada es que esté formada por ministros que obedezcan al presidente, como en los tiempos del viejo PRI.

Los nominados para ocupar los cargos de fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, y fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, estaban en las ternas que propuso López Obrador cuando era candidato. Los 2 son muy cercanos al presidente. No habrá tampoco independencia de los fiscales en la 4a. Transformación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de éxito. Severo y probablemente grave para su gobierno y el país, pero invisible para él y para sus miles de seguidores que crecen cada mes. El problema es el éxito alcanzado en el consenso para gobernar. La última encuesta publicada por El Financiero el lunes pasado, mostró que el apoyo al presidente subió 10 puntos porcentuales en 3 semanas, y lo colocó con una espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 10. Con ese respaldo, como sugieren sus leales, ¿qué importa lo que digan sus críticos? O peor aún, ¿quién dice que no está haciendo lo que el pueblo quiere?

El pueblo aplaudió que vendiera el avión presidencial, por el que, aún estacionado en una bodega que cuesta un millón de pesos al mes, se seguirán pagando más de 8,000 millones de pesos anuales por el arrendamiento. Y apoyó el manejo político con los maestros de Michoacán que provocó pérdidas superiores a los 15,000 millones de pesos. Con el voto de 700,000 personas canceló el aeropuerto en Texcoco, y generó deudas por más de 6,000 millones de dólares -que seguirá subiendo-, el quiebre de la confianza de los inversionistas, la elevación de las tasas a largo plazo a 28% y una pérdida de 7 meses de utilidades en las afores. No importó. Más vítores.

Ocultó el desabasto de combustible, el despido de los expertos de logística de Pemex con la cruzada contra el huachicol, que dice permitió ahorros de más de 5,000 millones de pesos, aunque a costa de pérdidas por más de 30,000 millones y una contribución importante a la desaceleración de la economía. La ovación sigue de pie. Se pueden seguir enumerando costos que no había hace 2 meses y que están golpeando a los mexicanos -aunque sus efectos aún no sientan con rigor-, con un presidente que es la antítesis del Rey Midas. Pero a la mayoría de los mismos mexicanos, es irrelevante. López Obrador está haciendo aquello por lo que votaron por él.

Esto es lo que debe hacer un gobernante por sus gobernados. Pero si bien esta es una verdad absoluta, un gobernante tiene que relativizar sus acciones. ¿Qué tanto una promesa de campaña puede ser contraproducente para sus propios electores si la lleva a cabo?

El gobierno del pueblo, en un sistema representativo como es México, entrega el mandato al Presidente para que tome decisiones colectivas en nombre suyo, no para que le regrese al pueblo las decisiones a mano alzada, y emprenda algunas quizás impopulares o, incluso, contrarias a lo que prometió.

En el caso de López Obrador, sólo la participación de los militares en la lucha contra la inseguridad, es ejemplo de cómo sí puede tomar decisiones por las cuales no votaron por él. Pero esa decisión, como todas las de índole económica y política que ha tomado, generan creciente apoyo acrítico en una población mayoritaria que cree todo en él. Ese respaldo acota a quienes en su entorno le quieren hacer ver lo fallido de algunas de las decisiones que ha tomado o lo invita a estudiar alternativas. ¿Por qué no hacer las cosas como las desea cuando a la gente le gustan y lo apoyan?

El apoyo creciente de su aprobación tiene muy nerviosos a los mercados, al empoderarlo aún más por el consenso en torno suyo. Varios inversionistas reprocharon a su equipo hacendario en enero en Nueva York que no los entendieran. La consultora Euroasia envió un reporte a sus clientes tras la publicación de la encuesta en El Financiero, advirtiendo que ese apoyo fortalecía la ruta por la que corre el presidente López Obrador. Lo que están viendo no les gusta.

El viernes pasado, el Financial Times, el periódico financiero más influyente del mundo, publicó una encuesta de Credit Suisse elaborada por Buendía&Laredo, donde inversionistas mexicanos y extranjeros decían que la economía se encontraba en una situación peor de cómo estaba hace un año (75%), y que las decisiones políticas y económicas de López Obrador habían generado incertidumbre (51%).

"La luna de miel de López Obrador puede ser más larga que cualquiera de sus predecesores, pero inevitablemente, al final de este año, declinará", anticipó Eurasia, "en parte al deterioro natural, pero el crecimiento más bajo y la creciente polarización empezará a lastimarlo. Mantendrá el control del sistema político y probablemente el apoyo de una gran parte del electorado. (Entonces) redoblará sus esfuerzos para incrementar el poder de la Presidencia y la intervención del Estado para manejar las dificultades".

El éxito lo tiene, pero los presagios son malos. Si antes escuchaba poco, es la lectura entre líneas, ahora menos.

Un grupo de personas que se opone a la construcción de la termoeléctrica en Morelos, protestaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en el que presentó la consulta dónde se decidirá si va el proyecto adelante o se cancela.

Con mantas con frases como "Señor presidente, usted tendrá su termoeléctrica, nosotros a cambio la muerte", las personas gritaron que no quieren que siga el proyecto por la contaminación del agua. "Agua sí, termo no", gritaron los ciudadanos que se instalaron con un megáfono a un costado del escenario donde se presentó el presidente López Obrador.

Durante su discurso, el jefe del ejecutivo federal criticó ahora que llegó al gobierno se levantan los de "la extrema izquierda" contra él, por eso afirmó, "son conservadores". Afirmó que aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este la instalación de la termoeléctrica.

"Escuchen radicales de izquierda que para mí no son más que conservadores", acusó.

La consulta se realizará los días 23 y 24 de febrero y se instalarán casillas en todos los pueblos.

La bancada del PRI en el Senado, señaló que el recorte del 50% al presupuesto destinado al programa de Estancias Infantiles dependiente de la Secretaria de Bienestar (antes Sedesol), se suma a una serie de acciones cuya característica es el sello del nuevo gobierno es la "falta de planeación y la improvisación".

Agregó que si el argumento del gobierno federal es que hay corrupción en algunas estancias, entonces solicitan a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a la Fiscalía General de la República (FGR), que se investigue, sobre todo, a aquellos servidores públicos acusados de desvío de recursos del programa, para que se les castigue conforme a la ley y no quede solo en "declaraciones mediáticas espectaculares".

En un comunicado, la fracción encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al gobierno federal explicar con claridad las medidas que ha tomado para afrontar la problemática en todo el país; además de demandar la reasignación de los 4,070 millones de pesos, que recibió el programa el años pasado, a fin de que pueda operar sin ningún inconveniente y permita atender a todos los beneficiarios.

"La medida gubernamental no sólo impacta al desarrollo de los niños, se trata de un programa que beneficia de forma directa a las mujeres que se han visto seriamente afectadas por la brecha salarial, por la discriminación laboral y por la falta de oportunidades para crecer", externó.

Los senadores del PRI exigieron a la Secretaría de Bienestar, emita de inmediato las reglas de 0peración del programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, a fin de que puedan funcionar al amparo de esa normatividad.

Precisaron que el recorte de 2,000 millones de pesos, no sólo afecta a las niñas, niños, sus madres y sus padres, sino que vulnera una fuente de empleo para quien es responsable de las estancias infantiles, y para todo el personal que labora en ellos, pues desde los últimos 11 años las guarderías son su principal fuente de ingresos.

(V.pág.28 del periódico El Financiero del 11 de febrero de 2019).

La política de austeridad de AMLO disparó en 155% el pago de jubilaciones anticipadas, finiquitos y liquidaciones entre el 3er. y 4o. trimestre de 2018.

El rubro de gratificación por renuncia subió 75.5%.

Paco Calderón
(10 de febrero de 2019).

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que no va a gobernar "agachado" ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha tenido diversos desencuentros desde que comenzó su mandato. En su lugar, afirmó que pedirá un trato digno y justo para la entidad.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y 20 alcaldes de esa entidad presentarán el miércoles, cada uno por separado, una controversia constitucional para pedir que se respeten las reglas de operación del Fondo Minero que fueron modificadas recientemente por el Gobierno de la República y cuyos recursos se pretenden utilizar en el programa nacional de "Tandas".

En un comunicado, el mandatario estatal hizo énfasis en que no se trata de defender sólo el Fondo Minero, sino también "el federalismo y frenar el acaparamiento de recursos que no le corresponden al gobierno federal".

Corral convocó a iniciar una defensa legal por dichos fondos, mismos que a Chihuahua le han significado 1,278'084,501 pesos, invertidos en obras sociales en el periodo de 2014 a 2017, de acuerdo con el documento.

Se agregó que el 13 de febrero cada alcaldía presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el estado hará lo propio. "Además se hará un llamado a todas las entidades federativas y municipios mineros del país para que se sumen" a esa demanda.

Corral señaló: "El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, conocido como #FondoMinero, fue fruto de una batalla federalista en la #ReformaEnergética para construir infraestructura básica en los municipios, y ahora el gobierno federal pretende usarlo para financiar tandas de microcréditos", se añadió en el boletín.

Quien se lleva las palmas a la mejor perla sea el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien es el principal promotor del megaproyecto consentido de López Obrador: el Tren Maya.

Entrevistado por Claudia Ramos, dijo que "no podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria" y que "no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos; tiene que haber un equilibrio". Jiménez Pons planteó un ultimátum a las comunidades del sureste de México por donde se diseña este proyecto: o se suben al tren o se les pasa, dijo. Y remató con la siguiente frase: "Nosotros somos un grupo de izquierda, que inclusive está instaurando más que otra cosa un verdadero capitalismo, más allá del capitalismo de cuates que hay en México (...)".

Representa el pensamiento colonialista y dominante que cree que es desde el Estado y el capital que se "lleva" y "regala" el desarrollo a los pobres, desconociendo las formas de reproducción de la vida que tienen las propias comunidades y sus concepciones de relación con la tierra, el medio ambiente y otras formas de vida. Y desconociendo que muchas comunidades no quieren ese "desarrollo" por significar más bien proyectos de muerte.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República exigió que el gobierno federal transparente la estrategia que emprendió contra el robo de hidrocarburos en el país.

El senador Clemente Castañeda planteó en la tribuna de la cámara alta que se informara en qué etapa se encuentran las investigaciones penales en contra de los responsables del huachicoleo en México, así como la estrategia jurídica para combatirlos.

"Que se informe sobre el costo que ha tenido para el país y el número de detenidos por huachicoleo", informó la fracción parlamentaria emecista, a través de un comunicado.

Pero el exhorto "no fue considerado de urgente resolución por el grupo mayoritario de Morena, que con apoyo de legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social sumaron 57 votos para no discutirlo en la sesión".

El vicecoordinador del grupo parlamentario emecista destacó que si bien apoya la estrategia de combate al huachicol, "es nuestra responsabilidad señalar que la puesta en marcha de este plan se ha hecho, desgraciadamente, desde la opacidad. A esto debemos sumar el proceso de adjudicación directa por más de 92 millones de dólares para compra de pipas".

Finalmente, lamentó que el presidente López Obrador responda con cifras y declaraciones "erráticas y contradictorias".

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que presentó una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los bloqueos que mantienen grupos de maestros en vías ferroviarias de Michoacán y llamó a liberar estas vías.

El mandatario pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aclarar si estos grupos que continúan los bloqueos forman parte de su organización, puesto que ya se atendieron sus demandas.

La queja, precisó el presidente, la presentó él mismo el pasado miércoles "por violaciones a los derechos humanos". El titular del Ejecutivo descartó la intervención de la Policía Federal para retirar el bloqueo.

"No queremos utilizar la fuerza porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras, de izquierda, o sea, así como hay conservadurismo de derecha, hay uno de izquierda, es cuando los extremos se tocan", expresó.

Ante la toma de vías de tren, pidió a los miembros del magisterio no ser rebeldes sin causa. "Vengo de la oposición, sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles (a los maestros): no se puede ser rebelde sin causa, nada de intransigencia, y nada de decir que me van a provocar y usar la fuerza pública para que me acusen de represor".

El presidente López Obrador está equivocado e interpretando mal el principio de no intervención con relación a Venezuela, que durante décadas ha sido la posición internacional de nuestro país. Si bien es cierto que no se debe interferir en los asuntos internos de los demás países, cuya filosofía es respetar la voluntad de los habitantes, esto no significa que la comunidad internacional esté obligada a contemplar pasivamente la exterminación paulatina, mediante el hambre, las carencias en el cuidado de la salud, la represión y el asesinato a mansalva de aquellos quienes luchan democráticamente contra la represión y el autoritarismo.

En aquel país estamos contemplando cómo se masacra a los opositores, cómo se está matando de hambre al pueblo en forma perversa, cómo se le subyuga mediante la represión y la violencia por el "cleptogobierno" que se está apoderando de las riquezas del mismo. Se impide la ayuda humanitaria de la comunidad internacional y cínicamente se pregona la "voluntad" popular. Por fortuna el hartazgo de los países democráticos y conscientes ha llegado al límite y nuestro gobierno hace mal en intentar ocultar estas realidades y hablar de un "diálogo" inexistente.

Los inconformes con los salarios que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que mantienen bloqueada la entrada principal del edificio del máximo tribunal advirtieron que no retirarán su plantón, no obstante que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que lo hicieran.

Miembros del grupo que desde el pasado 2 de enero instalaron un campamento aseguraron que continuarán con el bloqueo hasta que renuncien los ministros, que éstos sean elegidos de forma democrática, que se descongele la ley federal de remuneraciones y que se constituya un órgano colegiado para supervisar y regular las acciones de la Corte.

"Nosotros no nos vamos a mover, porque el presidente López Obrador ha dicho que respetará la libre expresión", dijo Daniel Mateos González, uno de los integrantes del grupo de 35 personas que tienen tomadas las puertas de la SCJN, sobre la calle José María Pino Suárez. "Ya renunció una de las ministras [refiriéndose al caso de Margarita Luna Ramos], vamos bien", sin saber que ella dejará el máximo tribunal porque concluye su periodo.

En una entrevista, Armando Monter, a quien se le ha ubicado como líder del movimiento, afirmó ser militante activo de Morena y simpatizante de los ideales de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza.

En tanto, Juan Carlos Pérez Góngora, director de la organización México Justo, resaltó que "los cauces actuales correctos para manifestarse deben ser por medio del Congreso de la Unión, ya que el órgano representativo de la sociedad mexicana es éste, en donde se deben hacer los cambios que definan el rumbo del país".

Además de injustificada, es muy peligrosa una nueva Constitución federal, e incluso su necesario rediseño, consistente en quitarle a la Constitución lo que debería estar a nivel de ley. Los signos y hechos autárquicos, autoritarios y arbitrarios de los 2 últimos meses del presidente nos lo deben de advertir. Y es el autoritarismo y más el unipersonal (ni el PRI en sus buenos tiempos) el que disminuye la libertad, destruye la equidad y genera la arbitrariedad.

El poder no se comparte; el gobierno sí. Pero para López Obrador poder y gobierno son una misma cosa: el poder es para gobernar, para definir el destino de la nación y llevarla de la mano a la tierra prometida. No hay un plan, solo él conoce la ruta que lleva a la meta imaginada. López Obrador no está dispuesto a compartir con nadie ni el poder ni el gobierno.

Los secretarios de este gabinete son quizá los más acotados de los últimos tiempos. No deciden a qué hora se levantan, mucho menos la agenda del resto del día. Es un gabinete "desempoderado". Lo que tiene López Obrador a su alrededor es un grupo de secretarios particulares por tema, que tienen que estar ahí a su lado para cuando los necesite. Hablan cuando el presidente les da la palabra y sólo cuando él les da la palabra. Carecen de agenda propia, van a la troupe que ofrece la magia de la transformación.

Los secretarios tampoco llevan la agenda política del sector, simplemente acomodan la operación y el presupuesto a los deseos, ideas u ocurrencias en turno del presidente, que por lo demás son muchas; algunas extraordinarias, de gran sensibilidad y creatividad, otras terribles, sacadas de la manga de un mago sin recursos. Si hoy amanecemos con protestas de las estancias infantiles hay que articular de inmediato un programa para darle dinero a los padres. Nadie pensó en los beneficios o perjuicios del programa. Tampoco importa, nadie lo evaluará. Si el presidente dice que hubo corrupción nadie necesita demostrarlo, se asume verticalmente como una verdad universal. Si la secretaria de Energía dice que utilizarán el fracking (pero moderno para no gastar tanta agua) y el presidente la desmiente al día siguiente nadie se siente obligado no digamos a renunciar sino simple y llanamente a explicar.

Si los secretarios, salvo contadas excepciones, no se hacen cargo de la agenda de las secretarías entonces ¿quién gobierna? Ahí es donde aparecen los subsecretarios y los directores, la mayoría de ellos personas vinculadas directamente al presidente y al partido acostumbrados a esta forma unipersonal de gobernar.

¿Y qué tiene de malo que se haga lo que dice el presidente y solo lo que dice el presidente, si a fin de cuentas es él y nadie más quien fue electo para el cargo? Preguntará más de uno. El problema no es solo la exacerbación del presidencialismo, que, en este país, en el que pasamos de los argumentos a las creencias con más facilidad que de una acera a otra, es enorme, sino la pérdida de la discusión interna. Estar en el 1er. círculo del presidente López Obrador significa claudicar al derecho a disentir y eso en pocos años comenzará a cobrarnos la factura.

Carlos Lomelí, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno de México, en sus últimas apariciones ha bajado su protagonismo y sus declaraciones sobre los programas clave del gobierno federal son muy genéricas porque, todo parece, la información y las decisiones están centralizadas en la Ciudad de México.

Así que no esperemos muchas novedades sobre la parálisis que enfrenta la obra de la Línea 3, el despliegue federal contra la inseguridad o las estancias infantiles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontraron informes adulterados en las estancias infantiles, por lo que anunció que los apoyos de 1,600 pesos serán directos para los niños y niñas cada 2 meses, los cuales se entregarán a los padres de familia.

En la conferencia de prensa de ayer, el ejecutivo federal detalló que más de 300,000 menores de cuatro años están inscritos en las estancias infantiles, por lo que cada 2 meses se destinarán 480 millones de pesos para este propósito.

"Hay informes adulterados: no son, en todos los casos, los niños que se registran. Y otro tipo de irregularidades", acentuó el presidente.

Por eso, argumentó, la decisión es entregar el apoyo económico a los papás. Y si una familia tiene 2 menores se le dará doble ayuda.

López Obrador explicó que si la familia desea entregar este dinero a sus hermanas, a una tía o a los abuelos, será su decisión. Pero si quieren seguir en las estancias infantiles pueden entregar los recursos ahí.

Tras la decisión del gobierno, en un debate de más de una hora y media, el pleno de San Lázaro consideró la pertinencia de solicitar que los recursos públicos para el Programa de Estancias Infantiles sean ejercidos eficientemente y con eficacia.

La bancada del PAN tomó la tribuna de la Cámara de Diputados y desplegó una enorme manta con la leyenda #EstanciasInfantilesSí. Al hacer uso de la palabra, el diputado Armando Tejeda pidió que no haya recorte en éstas.

En tanto, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó a los panistas de utilizar políticamente el recorte. "Se les acabó el negocio con los niños y las niñas del país".

El diputado del Partido del Trabajo Óscar González Yañez, dijo que las irregularidades encontradas en el Programa de Estancias Infantiles es en aproximadamente 3% del total y tiene que ver con la alteración del padrón de los menores registrados.

En su opinión, más de 90% de los lugares en donde se cuida a los infantes funciona de manera normal.

"Las irregularidades tienen que ver con alteraciones del padrón y con que la calidad de los alimentos no era la adecuada para los niños... o temas administrativos, como el uso de suelo".

El diputado advirtió que resolver el tema podría llevarse 2 o 3 semanas más. "Se trata de sanear el asunto de fondo, que es evitar la corrupción y el mal uso de los recursos".

Cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido de que "los abuelos pueden cuidar mejor a los niños", respondió que no aplica esta opción en algunos casos. "Creo que le faltó un poco de tacto al secretario, porque a veces los niños no tienen abuelos. A veces el tema tiene que ver con una cuestión de logística para trasladar a los infantes".

El grupo parlamentario del PRI en el Senado pidió al gobierno federal reconsiderar la decisión tomada respecto a las estancias infantiles.

Por eso considera que la austeridad debe aplicarse en los sueldos de los altos funcionarios, no en el presupuesto dedicado a la niñez mexicana.

"Recortar el presupuesto de las estancias infantiles es un acto de injusticia que atenta contra la niñez mexicana. Por ello, desde el Senado exigimos al Gobierno que rectifique".

El gobierno, añade, recortó el presupuesto en cerca de 50%, al pasar de 4,070 millones de pesos en 2018 a 2,041 millones en 2019, lo que pone en situación de vulnerabilidad a más de 300,000 niños y niñas menores de 4 años de edad.

Parece que los nuevos directivos de Liconsa en Jalisco quieren seguir ordeñando la "vaca".

Después de conocer el caminito que siguió Gerónimo Corona, alias "Lord Liconsa", ahora Ignacio Ovalle, director general de SEGALMEX, quiere poner como coordinador de centros de acopio en el estado a Marcos Muñoz de Alba.

Nada más que este personaje tiene el antecedente de haber constituido la empresa Transportes Bibi, misma que ha estado durante los últimos años llevando la leche de Los Altos a varias gerencias del país.

¿No parece más bien una carambola a 3 bandas con conflicto de interés incluido?

El domingo se conmemoró el 47 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, que fundó y dirigió la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, cuyos dirigentes han sido sometidos por décadas a vigilancia, persecución y represión por parte de fuerzas federales. Su viejo compañero de lucha, Arturo Miranda Ramírez, dirigente actual de la ACNR, hizo una propuesta provocadora al presidente Andrés Manuel López Obrador: crear milicias populares -grupos paramilitares- para defender su proyecto de gobierno porque no cuenta con el Ejército, el poder económico sigue en manos de la oligarquía y en su gabinete, subrayó, hay personas que incluso defienden esa clase.

De aceptarse la propuesta -lo que se antoja remoto-, empataría con el imaginario colectivo que López Obrador quiere seguir el camino de Fidel Castro y Hugo Chávez, mediante la instauración de un estado subordinado a él y controlado a través de un aparato policial represor. La ACNR tuvo un origen guerrillero que apostaba por la lucha armada para generar cambio. Hoy se le puede ubicar como parte del frente de masas, con conexiones guerrilleras, pero sin ser parte orgánica de ella, para que mediante acciones coordinadas se logren objetivos políticos. Al apoyar al presidente y proponerle tácticas paramilitares, Miranda Ramírez mostró que en Guerrero no hay un enfrentamiento contra López Obrador, a diferencia de otros grupos radicales que rompieron con el presidente y optan por un cambio fuera de los cauces legales.

Uno es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recientemente confrontó a López Obrador y estableció su territorio para impedir la construcción del Tren Maya. El EZLN, sin embargo, es una guerrilla que ha utilizado más la pluma que las armas, y desarrollado un sistema de organización social que ha construido ante la complacencia de gobiernos sucesivos, un estado dentro del Estado en Chiapas, con decenas de comunidades donde los zapatistas son gobierno. El otro es el Ejército Popular Revolucionario, que había guardado un silencio casi total frente a López Obrador -aunque emitió un comunicado crítico al iniciar su gobierno-, y que confrontó al presidente en el último número de El Insurgente, el órgano de comunicación guerrillero, donde la descalificación de López Obrador, se podría decir, es brutal.

El editorial del periódico cambió de pluma. La actual es menos propagandística, ideológicamente más sólida y marcadamente militarista. No hay concesión a López Obrador, ni reconocimiento de nada. Para el EPR, el presidente es parte del mismo estado burgués que pese a su discurso contra el neoliberalismo de los gobiernos tecnócratas, sigue siendo un gobierno capitalista. López Obrador, dijo el EPR con una marcada influencia marxista, no cuestionó las leyes con las que funciona el modo de producción, ni alteró sustancialmente la base económica, ni la superestructura social de la formación socioeconómica. Por tanto, aclaró, el régimen de producción de intercambio y de distribución de carácter capitalista, permanecen intactos.

No cree en que sea un gobierno del pueblo para el pueblo, como ha dicho López Obrador retomando la frase más trascendente de Abraham Lincoln, y de su política de bienestar sostiene que "son paliativos que aparte de otorgar un falso carácter popular a la política de gobierno, fortalece a la base económica de la política del régimen neoliberal". Si se analiza el discurso de López Obrador bajo líneas historicistas, se puede argumentar que el EPR tiene mucha razón en esa crítica. El Estado de Bienestar, ideado por el economista inglés John Maynard Keynes, fue definido por el historiador Eric Hobsbawn, como la "edad de oro" del capitalismo, por el desarrollo económico de todos los grupos sociales.

El editorial del EPR diseccionó el Proyecto de Nación 2018-2024 que presentó hace más de un año, y minimizó sus propuestas. Ni siquiera le da el nivel de "gobierno" al de López Obrador, sino se refiere a él como una "junta administrativa", donde lo que busca es sustituir a las élites con sus élites, y mantener un capitalismo a su medida. López Obrador no es un neoliberal ante sus ojos, pero sí un "liberal moderado" que ha propuesto -esta es una de sus más grandes críticas-, una Guardia Nacional que justifica a partir de premisas falsas, como la estigmatización de la pobreza como factor único de la inseguridad, que en realidad pretende dos objetivos: sujetar a la sociedad a su propio imperio, y distorsionar la realidad para "cuadrarla" a su propio gobierno.

El planteamiento del EPR, sin los calificativos despectivos que hizo el EZLN sobre López Obrador, no lo ubica, ni por asomo, como una alternativa positiva para el cambio social por el que han estado luchando, sino como una figura, quizás más peligrosa que los presidentes emanados de la tecnocracia, con un discurso popular y populista totalmente contrario a los objetivos que pretende -empoderar y mejorar la vida de los más pobres-, y que le permitiría apuntalar lo que llaman la "dictadura del capitalismo".

Los señalamientos guerrilleros podrán ser discutidos y debatidos política, ideológica y militarmente, pero lo que dejan ampliamente sentado es que aquellos que lucharon contra regímenes del PRI y del PAN, no lo ven como un aliado, sino como un enemigo más peligroso al estar construyendo un régimen autócrata que, según el EPR y sus movimientos sociales, quiere instituir un Estado que sólo responda a sus intereses y desarrollar una estrategia de contrainsurgencia para concretarlos. La propuesta de Miranda Ramírez, en este contexto, confirma la advertencia del EPR y la ruptura de la extrema izquierda, en donde López Obrador quería afianzarse. Las guerrillas han vuelto a la arena pública más radicales que en años previos.

El combate al lavado de dinero es una prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que el gobierno federal presentó el pasado 1 de febrero. Aunque el documento indica que ampliarán las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto aprobado para su funcionamiento es el más bajo desde 2013.

La UIF recibirá 176.5 millones de pesos este 2019, lo que significa una disminución de 34.8 millones comparado con el año pasado.

Rodrigo Lazo, profesor de Derecho en la Universidad Panamericana, calificó como "un desatino" la reducción del presupuesto para la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que es una instancia clave dentro de la lucha para desintegrar las estructuras de la delincuencia organizada.

"La Unidad de Hacienda no ha funcionado mal, pero hace falta más estructura y tecnología. En temas de intercomunicación entre dependencias o redes de información, en ese sentido es una mala noticia bajar los presupuestos".

Mencionó que, aunque los resultados no se notan en las sanciones, sí hay un avance en materia de prevención, ya que se reforzó la vigilancia en acciones en las que se suele lavar el dinero, como la compraventa de inmuebles, joyerías o vehículos.

"Todo mejorará en la medida en que nuestras autoridades federales puedan tener visibilidad de las operaciones y acceso concreto".

Detalló que es importante reforzar la comunicación entre las autoridades financieras bancarias con distintos países, por ejemplo en Islas Caimán o Suiza.

Analicemos el espíritu, no la letra del principio de no intervención al que México se apega, y que en este caso lo veo como un pretexto para no actuar decididamente o para ocultar afinidades políticas perversas.

En general el principio de no intervención puede resumirse en lo siguientes puntos, en mi opinión aplicables sólo en situaciones en los que la democracia y derechos humanos imperan y son respetados por todas las partes involucradas:

1. Rechazo a la injerencia política, económica y militar en los asuntos internos de los pueblos. 2. Rechazo a la práctica de reconocer o no a los gobiernos que llegan al poder en un país por un medio no previsto en la constitución respectiva. 3. Rechazo al establecimiento de alianzas con otras naciones y uso de la diplomacia para evitar todas las guerras, excepto las libradas para la autodefensa. 4. Respeto a la libre determinación, que es el derecho de los pueblos a aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.

Pero, ¿qué pasa cuando un pueblo no acepta, no quiere mantener y quiere sustituir a su gobierno y autoridades, y éstas utilizan el poder y la fuerza pública para callarlo, encarcelando y hasta asesinando a quienes democráticamente luchan por un cambio?

Es iluso pensar que el pueblo, es decir, los ciudadanos pacíficos de un país, dedicados al trabajo y manutención de sus familias, pueden enfrentar a un dictador y a su ejército con las armas de la democracia.

En casos como el de Venezuela y otros países con dictaduras o gobiernos totalitarios, la neutralidad es criminal.

El pacifismo tiene límites morales y humanitarios. La sistemática violación de los derechos humanos de un pueblo, el hambre, los presos políticos y la opresión, bajo ninguna óptica pueden considerarse como "un asunto interno" en el cual no debemos intervenir. Al contrario, intervenir en estos casos debe ser una obligación moral. No intervenir ni siquiera con la manifestación verbal de un rechazo es (parafraseando a AMLO) un "pecado social" o un "pecado político" de graves consecuencias.

El espíritu del principio de no intervención no es el de la omisión o de la pasividad.

Diego Fernández de Cevallos calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como "porro" y un "rufián con poder", y aseguró que lo dicho por el mandatario en el sentido que se intervino para no pagar una devolución de impuestos a un particular "es una catarata de majaderías del jefe del ejecutivo contra la Corte".

El panista aseveró que Andrés Manuel López Obrador no puede dejar de ser quien es.

"No me sorprende que López Obrador presione a la Corte para defender lo que considera legítimo defender”, opinó el ex candidato presidencial.

Dijo además que no se puede aceptar que el Presidente de la República intimide a otro poder.

"Debemos esperar que la Corte no se deje intimidar por nadie, sea un ciudadano cualquiera o sea el Presidente de la República", indicó.

Como el presidente López Obrador tiene 75% de popularidad y no siente presión ciudadana se puede dar el lujo de mantener alto el precio de la gasolina. Si hubiera respetado la regla de precio de la gasolina establecida cuando el impopular "gasolinazo" de Peña Nieto, el litro estaría 4 pesos más barato. ¿Por qué? Sencillo: el petróleo ha bajado 10 dólares por barril y el tipo de cambio está menos caro.

El precio de la gasolina que pagamos los usuarios contiene un impuesto. Se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS por sus siglas. Cuando la administración Peña Nieto dio el golpe del gasolinazo, publicó una fórmula a través de la cual el precio fluctuaría en función de los precios internacionales del petróleo, pero anunció que para "suavizar" las subidas y bajadas del precio, el amortiguador sería un subsidio al impuesto que cobra el gobierno, el IEPS.

Así, desde enero de 2017 y hasta el final de su administración, los economistas de Peña Nieto ensanchaban y adelgazaban la recaudación del IEPS y su subsidio para mitigar el golpe a los consumidores. Por ejemplo, cuando aplicaron el "gasolinazo" cobraban 4.30 pesos de IEPS por litro de gasolina Magna, pero subsidiaban ese mismo litro con 3.20 pesos. En números redondos, recaudaban 1 peso de impuestos por cada litro de gasolina. Curiosamente, la nota indignante con la que se despidió ese sexenio fue que en su última quincena ya de plano les valió y cobraron el IEPS completo, no suavizaron nada: cobraron los 4 pesos completitos. Fue noticia de primera plana.

Y entró la "Cuarta Transformación"... y se siguió por ahí: sin suavizar nada, cobrando el IEPS completito, recaudando con ello una nada despreciable partida presupuestal. Y no sólo eso, tampoco tomó en cuenta que ahora el dólar está más abajo y el barril de petróleo más barato. Ambos datos deberían significar una gasolina más barata bajo la fórmula del sexenio anterior. No en el actual.

Según datos de Pemex, la Comisión Reguladora de Energía y publicados en el Diario Oficial de la Federación, de haber seguido con la fórmula peñanietista, el litro de Magna y el litro de Diesel estarían hoy 4 pesos más baratos. Pero esa fórmula es del repudiado gobierno anterior. Y el actual... no ha definido cómo va a manejar el precio de la gasolina.

Lo peor: la administración López Obrador no tiene ningún incentivo para hacerlo porque está cobrando el IEPS completito y eso le significó, nada más en enero, una brutal cantidad de dinero para su presupuesto: 2,000 millones de pesos mensuales, según estimaciones propias (unos 1,600 millones por IEPS y unos 400 millones más por el efecto del tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo).

Abrumados por horas y horas de conferencias matutinas sobre temas energéticos, la estrategia contra el huachicol, el desabasto de combustible y la tragedia de la explosión, la definición gubernamental de la política de precios de la gasolina es un tema del que no se habla. Mejor para ellos.

La moral del presidente López Obrador es un chicle que empieza a pudrirse. Este lunes acusó a Calderón en su conferencia de prensa matutina de cosas como corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés, por el hecho de haber sido consejero de una empresa de energía que fue proveedora de la Comisión Federal de Electricidad. La consultoría fue real, y se dio 4 años después de haber dejado la Presidencia; es decir, superó por 3 años el impedimento legal de no poder trabajar en nada que pudiera significar un conflicto de interés durante el 1er. año tras dejar el cargo público.

Minutos antes, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un conflicto de interés al haber nominado para la Suprema Corte de Justicia a 3 mujeres con vinculaciones directas y profundas con él o Morena, el partido en el poder, respondió que no había ningún impedimento legal en ello. No se refirió en ningún momento al conflicto de interés al ser, 2 de ellas, al menos, esposas de personas muy cercanas a él, Loretta Ortiz, de José Agustín Ortiz Pinchetti, que trabajó con él en el Gobierno de la Ciudad de México y en campañas presidenciales, y Yasmín Esquivel, del empresario constructor y viejo consejero de López Obrador desde que hizo obras públicas en la capital federal, José María Riobóo.

Riobóo es el autor intelectual del asesinato del aeropuerto en Texcoco y promotor de construirlo en la Base Militar Aérea en Santa Lucía. Su oposición contra la obra en Texcoco tiene como antecedente que perdió la licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto, que marcó su cambio de querer ser parte de aquel proyecto de infraestructura, a evitar que se concretara. Riobóo alcanzó su objetivo, y logró que López Obrador nombrara a Sergio Samaniego, con quien trabajó largo tiempo, como el responsable de la obra en Santa Lucía. Samaniego, además, fue asesor de Esquivel en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Cuidad de México.

Entonces, si Calderón tardó 4 años en servir 24 meses como consejero de una empresa extranjera dedicada al negocio de la energía, incurrió en tráfico de influencias, corrupción y conflicto de interés. Si nomina López Obrador a Esquivel para la Suprema Corte, no hay conflicto de interés, ni tráfico de influencias ni, eventualmente, se abre la puerta a la corrupción. Se puede argumentar que en el caso de Esquivel, se constituye la existencia de cuando menos un conflicto de interés similar al que incurrió el ex presidente Enrique Peña Nieto al permitir que la empresa Higa, de su amigo el constructor Juan Armando Hinojosa, sirviera de intermediario en la operación inmobiliaria de la casa blanca, propiedad de su ex esposa Angélica Rivera. Peña Nieto nunca aceptó que en aquel caso hubiera un conflicto de interés. López Obrador ni siquiera se detiene a pensar en ello.

Peña Nieto se quedó corto frente al nivel que está alcanzando López Obrador en cuando a conflicto de intereses. Higa no participaba en licitaciones federales -no así en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador-, ni recibió contratos después de ello. En cambio, un empleado de Esquivel es el jefe de obra de Santa Lucía, que sustituyó al proyecto que descarriló Riobóo por motivos personales. En el caso de Calderón, ni siquiera aplica alguna de las acusaciones de López Obrador.

El presidente no mencionó el lunes, sino hasta el martes, que hubo un precedente, el de Ernesto Zedillo, también dentro de los plazos contemplados por la ley, consejero de una empresa de ferrocarriles que tenía intereses en México. Su subjetividad original había incurrido en un conflicto de interés por sí mismo, pues como presidente, Zedillo facilitó que por encima de la ley, porque no tenía la residencia, el tabasqueño contendiera por la gubernatura de la Ciudad de México.

López Obrador le ofreció una disculpa a Calderón por acusarlo de corrupto, pero insistió que si no había sido ilegal lo que hizo, sí era inmoral. El presidente está midiendo los conflictos de interés y el tráfico de influencias en función de sus creencias, y metiéndose en contradicciones. Las puede resolver, sin embargo, si le ordena a Morena que rechace su terna para la Suprema Corte, al caer en un conflicto de interés descarnado y descarado que es imposible de no ver.

Si el presidente es serio, no sólo debe barrer la escalera de arriba hacia abajo, como dice que erradicará la corrupción, sino comenzar en su casa. El discurso no le alcanza para ser una persona íntegra. Su comportamiento es lo que lo definirá. Sus propios conflictos de interés son ilegítimos, no ilegales, pero si no los ataja, el camino estará allanado para que la corrupción, que tanto dice odiar, entre sin freno en su administración.

El presidente López Obrador ha cumplido su anuncio de comparecer, día tras día, como cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a una conferencia de prensa: la ya tradicional "mañanera". La medida habla bien de su intención de transparentar el ejercicio de su cargo. Ha servido para abordar asuntos que eventualmente requieren o ameritan, desde la perspectiva de su alta encomienda, una explicación, y para evitar que la basura termine escondida debajo del tapete.

Las "mañaneras", al desahogar inquietudes de otros actores políticos (gobernadores, por ejemplo), se han convertido -permítase la analogía- en curiosos palenques en se confrontan posiciones... y López Obrador dice siempre la última palabra, que no pocas veces es una cuchufleta, un ex abrupto... o una ligereza rayana en la calumnia.

En el episodio más reciente, López Obrador arremetió -sin nombrarlos- contra los ex presidentes que, según él, incurren en "conflicto de intereses, coyotaje, corrupción", al convertirse, al término de su mandato, en integrantes del consejo de empresas extranjeras. Uno de los implícitamente aludidos, Felipe Calderón, aclaró paradas: fue asesor independiente de una firma estadounidense, no tras un año -como dispone la ley-, sino 4 años después de haber dejado la Presidencia; retó a López Obrador a debatir el asunto, en privado o en público, y lo desafió, ya encarrerado, a exhibir sus antecedentes laborales: "Que diga de qué ha vivido tantos años, cómo es posible que tenga lo que tiene (...), sostenga a su familia (...) con 200 pesos en la cartera".

López Obrador, ayer, respondió al jaque -valga la metáfora- con un enroque: se disculpó por la ligereza con que soltó la lengua, y pretendió justificarse aduciendo que "siempre digo lo que pienso"...

Puesto que no es la 1a. vez que se enreda en su propia lengua, quizá convendría que el parlanchín de palacio entendiera que un estadista que se respete y que respete a sus gobernados, nada pierde si ocasionalmente invierte la fórmula; es decir, si piensa lo que dice.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que la administración actual apostó solamente por el Tren Maya como proyecto sexenal, con lo cual cometió el error de eliminar las instituciones que promueven el turismo en el país.

"Todo por el Tren Maya, nada al desarrollo turístico integral. Esta es una apuesta equivocada. De alto riesgo. Casi suicida", explicó.

Acentuó que la "deconstrucción de instituciones determinantes para el desarrollo de la industria turística mexicana es un gran error. Desde la restricción presupuestal, hasta la fusión o simple eliminación, son todas manifestaciones de la precarización del apoyo del gobierno al sector turístico".

Comentó que se observan en estos primeros días de la administración "decisiones carentes de racionalidad, sin análisis y valoración de datos, y claramente inconvenientes para el país".

Paco Calderón
(5 de febrero de 2019).

Si el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, u otro funcionario tiene evidencia de que algún juez comete algún delito, debe denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.

"Muy peligroso me parece que el presidente diga algo así como 'yo tengo una información privada, que no puedo compartir, donde el juez A, el juez B o el ministro C están cometiendo un delito'. Eso me parecería muy preocupante, porque lo único que hace es aprovechar el enorme poder político de Presidente de la República para estar golpeando", dijo.

El lunes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador advirtió que su respeto por el poder judicial no será impedimento para que denuncie a ministros, magistrados y jueces que solapen actos de corrupción o que protejan a delincuentes de cuello blanco y sentenció que no será cómplice de este tipo de actos porque "el pueblo se cansa, de tanta pinche transa".

Al respecto, Cossío comentó que los jueces tienen una condición muy importante en cuanto a la inmunidad procesal.

"Si se considera que un juez, cualquiera que sea su jerarquía, ha cometido un delito, lo que procede es presentar las denuncias ante el Ministerio Público, esa es la forma correcta. Me parecería muy peligroso que el Presidente de la República, a partir de una información privada, empezara a acusar jueces, porque eso sí acabaría con la división de poderes. Si el presidente o algún otro funcionario tiene una información que cree que puede ser comprobada en un proceso, lo que debe hacer es abrir una denuncia penal", aclaró.

Los presidentes neoliberales, como les llama de forma por demás simplista López Obrador, hicieron reformas que efectivamente le quitaron al Estado atribuciones para dejarlas en manos de la sociedad. A pesar de que los candados para las reformas constitucionales son bastante fuertes (2 terceras partes de ambas cámaras más la mitad más uno de los congresos estatales) y que la Corte, que tiene las facultades de tribunal constitucional, puede -como ha hecho en algunas pocas ocasiones- echar para atrás una reforma si la considera que va contra el espíritu de la carta magna, cada sexenio hay montones de cambios y, efectivamente la mayor parte de ellos en los últimos 6 sexenios: la era reformista comenzó con De la Madrid, que hizo 66 cambios a la Constitución; Zedillo 55; Salinas 77; Fox 31; Calderón 110 y Peña se voló la barda con 147. Un promedio de 13 cambios por año. En los 102 años, que hoy se cumplen, de existencia del documento solo 22 de los 136 artículos se mantienen intactos.

Ahora Andrés Manuel quiere no solo echar para atrás esas reformas, algunas muy cuestionables sin duda, sino que quiere adecuar la Constitución no solo a su forma de ver el mundo sino a sus necesidades de ejercicio del poder. La lógica es muy simple: si la Constitución impide el desarrollo del proyecto del pueblo, pues la cambiamos. El ejemplo más claro y grave es la guardia nacional, y apenas llevamos 65 días de gobierno.

Lo mejor que podemos hacer para honrar la Constitución, de la que la mayoría de los ciudadanos nos acordamos solo cada año, y de preferencia con un coco en la mano, es evitar que se personalice. Son los presidentes los que se deben someter al mandato de constitucional y no la Constitución a los caprichos de cada presidente.

El estilo hiperpresidencialista de Andrés Manuel López Obrador le ayuda a controlar el mensaje, pero causa tensiones y fatigas dentro y fuera de su gobierno. Son varios de sus colaboradores más cercanos que expresan en privado el desgaste de estar de madrugada, todos los días en Palacio Nacional, ajustando con el presidente lo que tienen programado anunciar. Sus conferencias de prensa matutinas las ha convertido también en la comparecencia pública de sus funcionarios, mostrando la mayoría de las veces sus limitaciones, carencias o agotamiento. También los coloca en ridículo, haciendo ver a miembros de su gabinete como personas mal informadas o como floreros.

Ayer precisamente se dio uno de esos momentos, donde López Obrador descalificó a su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo que iban a utilizar el método del fracking en la producción de petróleo. Eso no se hará, aseguró, dejándola una vez más en ridículo. La secretaria de Energía es a quien más ha enmendado las cosas en público, pero no tendrá consecuencias futuras. Nahle tiene una fuerte coraza frente a cualquier descolón o situación embarazosa. Será secretaria hasta que el presidente lo decida. No era nadie antes de conocerlo; no sería nada sin él.

No es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una de las colaboradoras del presidente que más ha resentido su estilo de gobernar y la forma como utiliza canales de comunicación y acción sin apegarse a las líneas de mando. La secretaria es a quien probablemente más han golpeado las desmañanadas, al tener que estar siempre en Palacio Nacional como parte del gabinete de seguridad que sesiona diariamente, que ha llevado a que en más de una ocasión haya estado al punto del colapso por agotamiento físico. La colocación de sillas en el templete de las conferencias se origina en lo duro que estaba pasándola de pie durante más de una hora, pese a que en ocasiones salía del escenario para que pudiera descansar fuera del ojo público.

Poca gente se daba cuenta de sus ausencias porque, casi siempre, es irrelevante si está o no está acompañando al presidente. La conferencia del lunes, donde el presidente dio a conocer el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, fue el último ejemplo. Sánchez Cordero estuvo presente en la conferencia, pero prácticamente fue de ornato. Por decisión de López Obrador, quien hizo la exposición y respondió preguntas de periodistas y activistas fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin decir palabra alguna, Sánchez Cordero, cabeza del sector de Gobernación, estaba desempoderada.

Su relación profesional con López Obrador ha sido complicada, no por el trato personal con él, sino por el profesional. Durante la transición, López Obrador dejó de responderle sus mensajes telefónicos porque decía a sus cercanos que no terminaba de concretar lo que le pedía, y en el diseño del nuevo gobierno, se inclinó por Alfonso Durazo, que desmanteló Gobernación para sumar las tareas de inteligencia y protección civil a la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente dice que esa Gobernación se encarga de la relación con los poderes, pero en la práctica, también ha sido desplazada.

La operación política para la elección del presidente de la Corte así como el relevo de la presidenta en el Tribunal Electoral, que están en su ámbito, la hizo Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia. En la relación política con la oposición, también la han avasallado. Por ejemplo, el compromiso de que la gubernatura de Puebla, tras la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso el 24 de diciembre, sería para los panistas, ha sido dinamitado por la presidenta de Morena, Yeidkol Polevsky y el ex candidato al gobierno poblano, Miguel Barbosa, que ignoraron el acuerdo político de Sánchez Cordero con el PAN, y están operando en sentido contrario para que la victoria en la elección que se programará, la gane Barbosa.

Sánchez Cordero se dio cuenta hace tiempo del papel que está jugando y en 2 ocasiones, según funcionarios federales, le ha presentado su renuncia al presidente. No se conocen los detalles que le planteó la secretaria a López Obrador, pero los funcionarios dijeron que su molestia está en el campo de lo profesional y la ausencia de poder real como responsable de la gobernación. El presidente rechazó en ambas ocasiones la renuncia. Es natural. Una renuncia a 2 meses de iniciado el gobierno mostraría rupturas y crisis interna, lastimando también el estilo personal de gobernar de López Obrador.

Las renuncias están siendo un síntoma del crujir del modelo hiperpresidencialista, pero López Obrador no va a cambiar. El argumento en Palacio Nacional es que si como jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue un éxito esa forma de gobernar, por qué no lo sería ahora. Esa dialéctica llevó al presidente Enrique Peña Nieto al barranco. Toluca no era México; la capital federal, tampoco. Valdría la pena no caer en silogismos.

Las redes sociales no perdonan y en esta ocasión le tocó a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller ser la comidilla tras confundirse durante una entrevista y decir "Mamado Nervo" en lugar de Amado Nervo.

En Twitter se ha viralizado parte de la entrevista que ofreció la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Universidad Autónoma de Nayarit con motivo de la presentación de su libro.

Paco Calderón
(4 de febrero de 2019).

No conozco a Yasmín Esquivel Mossa, la actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, pero quienes sí la conocen me dicen que es una abogada brillante y magistrada que actúa con capacidad y honradez. También es esposa de José María Riobóo, el contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta es al parecer la razón por la que ha sido incluida en la terna de aspirantes a la Suprema Corte con la aparente bendición del mandatario para ocupar el lugar que dejará vacante Margarita Luna Ramos.

La acompañan en la terna otras 2 abogadas que, independientemente de sus virtudes o defectos, han sido también nominadas por su cercanía al presidente y a su partido. Loretta Ortiz Ahlf, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, amigo y colaborador de López Obrador durante décadas, fue fundadora de Morena; aunque dejó su militancia apenas el pasado 17 de diciembre, en un fútil gesto de independencia cuando ya buscaba ser ministra. Celia Maya García, la única nominada con carrera judicial, fue candidata de Morena al gobierno del estado de Querétaro.

El 12 de marzo de 2015 escribí en este espacio que la imposición de Eduardo Medina Mora, un abogado capaz pero sin experiencia judicial o en investigación jurídica, era un acto de arrogancia. "La imposición era innecesaria -escribí-. Al final será una victoria muy costosa".

Añadí: "Todos salimos perdiendo en este arreglo cupular. Pierde el presidente, que lejos de mostrarse como un mandatario que gobierna para todos se presenta como un político que busca repartir puestos de servicio público como botín. Pierde la Corte, que deja de ser vista como una institución imparcial de impartición de justicia para convertirse nuevamente en apéndice del poder presidencial. Pierde Medina Mora, que ha sido objeto de ataques politizados que poco o nada tienen que ver con su verdadero desempeño en el servicio público y que a partir de ahora será cuestionado en cada fallo como ministro. Pierde también el pueblo mexicano... por la incertidumbre surgida de la visión de que estamos regresando a los tiempos de un viejo PRI que dominaba todos los aspectos de la vida pública".

Hoy tendría que agregar que México perdía también, porque cualquier nuevo presidente se sentiría justificado para nombrar ministros que en vez de imparcialidad ofrecieran compromiso con causas políticas. Si bien los miembros de Morena en su momento cuestionaron la nominación de Medina Mora, quien no era miembro de ningún partido, hoy han olvidado sus argumentos y respaldan por 2a. ocasión un descarado intento por llenar la Corte con simpatizantes del presidente.

Cuando Ernesto Zedillo cambió la Constitución para destituir a todos los ministros en diciembre de 1994, yo lo cuestioné porque la medida parecía un golpe de estado y porque descartó por igual a buenos y a malos ministros. Reconozco, sin embargo, que cuando llegó el momento de nominar a los nuevos, propuso a abogados reconocidos, la mayoría con carrera judicial y sin antecedentes políticos. "Por 1a. vez en nuestra historia -declaró en su informe de 1995-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente sobre la Suprema Corte". Una de las nominadas fue Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación.

Los tiempos de los nombramientos políticos no terminaron. Peña Nieto abrió la puerta para regresar, pero López Obrador ha entrado por ella sin asomo de rubor.

Hay consenso sobre muchas de las metas de López Obrador. ¿Quién no querría que se acabe con la impunidad y la corrupción, que se erradique la violencia del crimen organizado, que la economía crezca del 4 al 6%, etc.? Pero una vez cerrando filas en todo ello, la siguiente pregunta es, ¿cómo se va a hacer?

Cuando surge la propuesta gubernamental o se anuncia la política respectiva, conocedores o involucrados pueden presentar sus reparos, cuestionando los medios o los tiempos en cada caso. Lo que convendría es un debate racional y civilizado entre los que pueden aportar algo para encontrar los medios más eficaces. En todo caso, ante una crítica argumentada (que puede ser válida o no), correspondería una respuesta también fundada, con lógica, razones e información. Pero la respuesta del gobierno y sus ideólogos ha sido de 3 tipos.
A) La descalificación ideológica. Quien cuestiona es corrupto, conservador, neoporfirista, lacayo de la mafia o alcahuete de la minoría rapaz, por lo cual ni siquiera vale la pena responderle. A los números que sobre el NAIM presentó José Antonio Meade se le contesta con chistoretes o acusaciones de corrupción, no con cifras alternativas. Si Meade es un hombre triste, que se tome un antidepresivo, pero que se le responda con argumentos y números. Se termina el debate.
B) Ante las cifras manejadas por los críticos, generalmente surgidas de fuentes oficiales nacionales o internacionales, la respuesta es: "Tenemos otros números". El problema es que muchas veces no se dice de qué fuentes surgen tales cifras alternativas. El debate se convierte en palabra contra palabra, o peor aún, cifras oficiales versus cifras fantasma. Se imposibilita el intercambio de ideas.
C) Cuando el debate es sobre los cómos, más que sobre los qués, se termina acusando al crítico de en realidad no buscar las metas propuestas. Ejemplos sobran:
1) A: "Estamos de acuerdo con la democracia participativa pero que se hagan con todas las de la ley, y no consultas sesgadas y a modo". B: "En realidad no quieres que la gente decida, prefieres que las decisiones se tomen autoritariamente".
2) A: "De acuerdo en que haya programas sociales, pero con recursos sanos y sin utilización electoral". B: "Más bien, quieres que los pobres lo sigan siendo".
3) A: "Celebramos que se combata el huachicoleo, pero proponemos que se planee bien y con tiempo para no generar efectos secundarios negativos". B: "Lo que sucede es que avalas que continúe el robo de combustible. Igual te pagan los huachicoleros".
4) A: "Estamos de acuerdo en que se contemple el tren maya, pero deben hacerse estudios de viabilidad y ambientales". B: "Lo que no quieres es que se desarrollen las comunidades indígenas de la región".
5) A: "Estamos de acuerdo en la austeridad administrativa, pero debe hacerse con bisturí más que con machete, y con justicia para todos". B: "Tú no deseas que acaben los privilegios de la burocracia dorada".

Bajo dicha "argumentación", se imposibilita el debate racional. Estamos sumergidos en un diálogo de sordos.

Este gobierno se dice de izquierda, pero con su desmantelamiento irracional de las instituciones públicas está siendo más neoliberal que ninguno, y con ello daña al pueblo más de lo que se imagina. Ahora le tocó a las mujeres y a los miles de niños que se benefician de las estancias infantiles, pues el programa ha sido prácticamente cancelado al eliminar más de la mitad del presupuesto, de por sí escaso, a las estancias infantiles.

Las estancias infantiles fueron reconocidas por la ONU como uno de los mejores programas públicos de México. La UNICEF lo consideraba una medida que ayuda al sistema de protección de los derechos de los niños, ha sido considerado como un ejemplo de mejores prácticas. ¿Por qué?

Porque mejora las condiciones para que las mujeres accedan al mercado laboral y eleven sus ingresos. Las mamás de estos niños pueden ir a trabajar o a continuar con sus estudios tranquilas, dejando a sus hijos en buenas manos. Además, las mujeres que participan como cuidadoras en las estancias reciben un ingreso estable. Era una situación "ganar-ganar", en la que todos salían adelante con su esfuerzo, no con dádivas.

Porque mejora la atención a la niñez. Muchos niños pequeños eran simplemente dejados en su casa al cuidado de alguna pariente o vecina ocupada en otras tareas. Otros de plano tenían que irse con su madre al trabajo, donde no podían atenderles. Todo esto cambió cuando las mujeres pudieron llevarlos a una estancia infantil que la propia mamá podía elegir y que además recibían una buena atención de mujeres dedicadas y capacitadas, que se dedicaban sólo a su cuidado.

Porque es un programa incluyente. Las estancias que recibían a niños y niñas con discapacidad recibían una subvención especial. Y también ayudaba a mujeres indígenas que salieron de sus comunidades a estudiar pedagogía, las cuales pudieron regresar y poner una estancia infantil.

Las senadoras Martha Márquez, Kenia López y Josefina Vázquez Mota denunciaron esta terrible decisión. Los de Morena respondieron que se recortaba el dinero porque "había corrupción". Tal vez era cierto: todo lo hecho el sexenio pasado parece estar manchado por la duda. Lo que había que hacer entonces era investigar, denunciar, destituir, llevar a juicio y castigar a los responsables; y no dañar a quienes nada tienen que ver, porque, ¿qué culpa tienen los niños de los desórdenes de la administración pasada?, ¿tienen alguna idea de lo que significa para una mamá quedarse sin estancia?, ¿escucharon las opiniones de las mamás trabajadoras, de los papás, de las encargadas de las estancias?, ¿alguien les hizo una "consulta popular"?

Muchas medidas que se han tomado arbitrariamente en los 2 meses que lleva este gobierno han afectado la economía del país. Pero para mí, que soy humanista, esta decisión está fuera de límites. Aquí no hay calificadoras, ni mercados internacionales, ni inversionistas, ni caídas en la Bolsa de Valores. Aquí hay miles de mamás y papás que no tienen dónde dejar a sus hijos. Muchos de ellos, supongo, votaron por López Obrador llenos de esperanza en un cambio para bien. Qué dura manera de hacerlos ver la realidad.

Un gobierno debe poner en el centro a la persona humana. Este programa era la expresión de principios de subsidiariedad y de solidaridad, era una muestra de que la sociedad puede organizarse y cuidarse a sí misma, con un mínimo de orientación y apoyo del gobierno. Como lo dijo Cecilia Landerreche: "Es un programa de mujeres apoyando a otras mujeres con el apoyo del gobierno federal".

Una decisión así solo la explica la soberbia, la carencia de altura de miras, la ceguera ideológica que no permite ver el enorme daño que ocasionan los resentimientos políticos.

En las últimas semanas la CNTE, el sindicato disidente de maestros, decidió resolver de una vez por todas las muchas reivindicaciones pendientes, los sueldos atrasados y bonos retenidos por las autoridades del Gobierno de Michoacán. La vía de presión ha sido poco menos que una pistola en la sien sobre la economía de la región, al bloquear vías de ferrocarril y algunas carreteras, oficinas públicas, bancos y la suspensión total de clases. La negativa tajante de parte del gobierno federal de el uso de la fuerza para liberar los bloqueos y su disposición para ayudar económicamente al gobernador está permitiendo, todo indica, resolver pacíficamente el conflicto. Al menos en esta ocasión.

El problema es que habrá muchas otras ocasiones y esto apenas comienza. Una porción de la industria maquiladora en el norte está paralizada por el estallido de huelgas con pliegos petitorios de incremento salarial hasta por 20%. La CNTE en Oaxaca ya comenzó a bloquear caminos para exigir la resolución de sus agravios. No es un escenario improbable que el país se convierta en un territorio minado por un sin fin de conflictos. El descalabro puede ser prohibitivo para una economía que ya de por sí difícilmente crecerá de acuerdo a las expectativas o las necesidades de la población. Por no hablar de la crisis política que puede generar el riesgo de un enfrentamiento violento o simplemente por la exasperación de la iniciativa privada ante el bloqueo reiterado de sus negocios y propiedades (desde fuga de capitales hasta el boicot fiscal y económico, por no hablar de acciones más siniestras).

México no necesita más mártires, si Andrés Manuel López Obrador ya ganó la Presidencia de la República, ahora debe de cuidarla, de respetarla y de cuidarse por el bien de la nación. De nada nos sirve muerto, lo queremos vivo, para que cumpla todas las promesas de campaña.

Aquello de que lo cuidará el pueblo y viajará en su Jetta, son puras patrañas (si en Tabasco, su tierra natal, la comitiva arribó en camionetas blindadas), no hay necesidad de pretender engañar al pueblo, en el sentido de que "anda poniendo el pecho para defender a la patria".

La amenaza del crimen organizado es cosa seria.

Habría que recordarle al mandatario, que si bien es cierto que el sureste del país es la región menos desarrollada del país, todos los ex presidentes del PRI y del PAN -de los que él dice renegar- también se enfocaron en realizar obras importantes en la entidad que les vio nacer, por lo que, ayudar a su terruño con obras personalísimamente seleccionadas -con dinero del erario público- aún en contra de la lógica, la razón y los diagnósticos elaborados por especialistas, es corrupción.

(En Facebook el 3 de febrero de 2019).

Andrés Manuel: recordando otra vez tu frase "hay dinero para apoyar a todos", recuerda que en Jalisco no has cumplido con lo que debe el gobierno federal para terminar la Línea 3 del Tren Ligero, que está sin utilizarse y que fue una promesa tuya el apoyo para concluirla.

Esta de la Cuarta Transformación más bien parece la Cuarta Tergiversación, porque las cosas nomás no cuadran entre los dichos y los hechos.

Éstos son sólo 10 ejemplos de incongruencia entre el decir y el hacer que dan muestra clara de la teriversación con que el actual gobierno nos arrastra a una dictadura improductiva, sin Estado de Derecho, insostenible a largo plazo y absolutamente clientelar.

Cómo cuesta rabajo el raciocinio ante una mente cerrada... como tratar de convencer a un "promo-chairo" de la falsa bondad proactiva de su 4T; la cual -salvo muy escasas excepciones- no ha pasado de ser más que transformación de cuarta. Pues como bien acotase "El Bronco" en su defensa: "Yo proponía cortarles la mano, no prenderles fuego...".

Ya hasta sus grandes paleros de la época de campaña, como "Brozo", intentan su mejor esfuerzo "por volverlo al redil", por intentar inútilmente que preste oído a las advertencias o sus consejos sanos. Cito a Víctor Trujillo: "Nomás para que te ubiques... Ay mi querido y viejo amigo, si no te detenemos a tiempo, Andrés, vas a creer que estás caminando sobre el agua, cabrón".

Durante este sexenio de López Obrador, solamente podrá colocar de facto -tiene el control de ambas cámaras-, [en la Suprema Corte de Justicia de la Nación] aparte del ya nombrado González Alcántara y de la sustituta de Luna Ramos, al del ministro Franco González Salas a finales de éste año. Los siguientes nombramientos tocarán en el próximo gobierno.

Solo le tocarán 3. Pero el lopezobradorismo ya cuenta además con uno de los ministros no nombrado por él. Por ello, para tener un control mínimo momentáneo de la SCJN para fines de año, AMLO o cambia la Constitución y la anula, o convence a 2 ministros más de acompañarlo. Y con uno posible más férreo, si logra dicha mayoría para nombrar al próximo presidente de la SCJN en 2022. Así López Obrador tendría una Corte en sus manos para sus últimos 2 años de este sexenio. Hay otro mecanismo mediante la intervención en la integración de las Salas, pero ese es otro cuento.

En el CJF la cosa es diferente, teniendo 7 integrantes y siendo encargado entre otras cosas del desarrollo de la carrera judicial y nombramiento de magistrados y jueces, para finales de este año será uno nuevo. Ya tenemos a un nuevo presidente de la SCJN y del CJF, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea. En febrero se va uno de los nombrados por la SCJN, 2 en septiembre (nombrados por el Senado, o sea AMLO) y otros 2 en noviembre: uno nombrado por el Presidente de la República y otro por la SCJN. Así, el lopezobradorismo contará de entrada para diciembre de este año con 3 de 7 votos en el Consejo. Solo le bastará a López Obrador jalar a uno para controlarlo.

¿Controlará AMLO al Poder Judicial? ¿Podemos hacer algo para impedirlo?

Resulta inverosímil que nuestro gobierno se resguarde en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos para reconocer un gobierno opresor e injusto con sus ciudadanos.

No perdamos enfoque: los principios existen y deben ser respetados. La línea delgada del asunto radica en el discernimiento que se debe hacer en cada caso específico entre los principios y lo que es moralmente correcto, lo lógico. No podemos permitir que nuestros representantes utilicen los principios como escudos para evitar pronunciarse sobre un tema de una manera más crítica y justa.

Habrá que distinguir entre lo fácil y lo correcto. Es fácil que se protejan en los citados principios para justificar su posicionamiento y evitar un análisis profundo sobre el tema. Es correcto que ante todo, se realice un análisis crítico sobre el tema en cuestión y elijan la libertad y la democracia tanto en el plano nacional como en el internacional. Aunado a lo anterior no debemos pedirle al gobierno que distinga entre lo fácil y lo correcto al hacer uso de los principios, se lo debemos exigir.

(V.periódico El Financiero en línea del 1o.de febrero de 2019).

Más de 150 maestras, madres y padres de familia de las estancias infantiles de Jalisco se manifestaron en contra del recorte de presupuesto federal que se hizo a las guarderías. Para este año las estancias infantiles recibirán sólo 2,041 millones de pesos, la mitad de lo que se les destinó en 2018. "Venimos a exigir que se nos regrese el subsidio que teníamos anteriormente", dijo Susana Cedeño, responsable de la estancia infantil "Jina". Las manifestantes aseguraron que son más de 400 las estancias en Jalisco que se han visto afectadas por los recortes.

La embestida de los sindicatos contra las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, no se daría si los líderes no tuvieran la confianza del respaldo del gobierno. Por eso han paralizado las plantas con demandas de aumentos salariales de 20% y bonos de 32,000 pesos anuales. Algunas empresas han cedido, pero por lo menos 15, con 30,000 trabajadores, han decidido cerrar.

Las giras que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador por diversas entidades del país, donde ha puesto en marcha acciones y programas de gobierno, se han vuelto un dolor de cabeza para los gobernadores de oposición que son abucheados o increpados por asistentes a los eventos presidenciales.

Los mandatarios estatales han enfrentado el descontento de seguidores del Presidente de la República en los eventos, donde incluso, las rechiflas y los gritos han provocado que acorten sus mensajes o de plano abandonen el micrófono.

En más de una ocasión, el presidente López Obrador ha defendido a los gobernadores de los abucheos, en alguna ocasión pidió que a mano alzada los asistentes votarán si el gobernador debía concluir su mensaje o no, en otras pidió mesura a los asistentes.

Resalta el caso de Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, quien fue abucheado el 11 de enero en Tlapa de Comonfort, lo que le obligó incluso a acortar su discurso y a López Obrador declarar un empate entre los asistentes tras votar a favor y en contra de que el guerrerense finalizara su mensaje.

Posteriormente, Astudillo (emanado del PRI) se quejó en comentarios a la prensa y en redes sociales sobre el incidente, acusó al delegado federal en la entidad, Pablo Sandoval Ballesteros, de ser "promotor del odio, el rencor y generar confrontación" y amagó con no asistir más a un evento del presidente en Guerrero. López Obrador se disculpó con el gobernador por el incidente y le pidió seguir juntos.

López Obrador ha insistido, cuando se presenta esta situación, que la disputa política de los procesos electorales ha quedado en el pasado.

Hoy el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, recibió rechiflas e insultos durante la gira del presidente en la entidad para presentar los Programas del Bienestar.

"Y digo esto, también, para que se vaya aceptando y actuemos de manera respetuosa con todas las autoridades… A mí me gustaría que, así como se protesta en contra del gobernador también se le ofrezca un aplauso al gobernador. ¿Se puede?", refirió sobre este incidente el presidente López Obrador ante sus simpatizantes.

Otros gobernadores de oposición han enfrentado situaciones similares. El pasado martes 29 de enero, en el evento oficial del presidente López Obrador para anunciar el plan para la cifra de productos de la canasta básica, el gobernador de San Luis Potosí, el priista Juan Manuel Carreras, fue abucheado.

Durante su intervención, el gobernador fue recibido con rechiflas y gritos de "fuera", así como "mentiroso".

Uno de los primeros en recibir rechiflas fue el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, el 8 de diciembre en Ciudad del Carmen.

El 9 de diciembre en Dos Bocas Paraíso, le tocó al perredista Arturo Núñez, gobernador entonces de Tabasco quien fue objeto de improperios.

El 18 de diciembre, durante la presentación del programa de Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García", Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo fue abucheado, pero también un sector de los asistentes le mostraron su apoyo.

Esa misma semana durante la presentación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat enfrentó una serie de rechiflas.

Asimismo los gobernadores de los estados de Coahuila y Zacatecas, ambos priistas, también fueron abucheados durante mítines.

Otro caso fue el del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo quien encabezó la entrega de Programas Integrales de Desarrollo en el municipio mexiquense de Acambay.

Los asistentes comenzaron a gritar una serie de consignas por lo que el presidente tuvo que intervenir, señaló que la campaña ya quedó atrás. Después, López Obrador y Del Mazo comieron juntos.

Ha tenido siempre mucha razón el presidente López Obrador cuando ha criticado los shows mediáticos que han hecho los gobiernos que le antecedieron. Anuncios y presentaciones espectaculares que buscan conducir a la opinión pública a una narrativa favorable al gobierno han desatado también muchas discusiones al interior de los medios de comunicación.

Ha criticado tanto los shows mediáticos el presidente AMLO... que ya los empezó a hacer. No pocas de sus conferencias de prensa se han vuelto eso, meros espectáculos diseñados para despertar el morbo mediático, en las que no se contestan con precisión las preguntas y se busca controlar la agenda e impulsar la narrativa oficial del presidente épico que combate como nunca nadie antes todas las oscuras fuerzas que quieren impedir su éxito.

Quizá el momento cumbre fue este martes. Mientras se prolonga el desabasto de combustible en varios estados del país, mientras decenas de empresas maquiladoras en Tamaulipas amenazan con cerrar, mientras sus aliados de la CNTE mantienen tomadas las vías de tren generando pérdidas de 1,500 millones de pesos diarios, el presidente dedicaba su conferencia de prensa matutina a mostrar las imágenes de los lujosos coches, camionetas, motos, helicópteros que tenían los presidentes anteriores, soltaba un "fifí" por aquí, un "machuchones" por allá, y anunciaba un "tianguis" para vender tanto vehículo lujoso en Santa Lucía (base militar, nuevo aeropuerto, futuro lago, próximo fraccionamiento residencial, ahora también mercado sobre ruedas).

El ejemplo cunde. A horas de que Fitch Ratings bajara 2 peldaños la calificación de Pemex y la pusiera a un escalón de ser considerada un bono basura, una inversión especulativa, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se metió a un túnel en Azcapotzalco donde encontraron unas tomas huachicoleras. Claro, subió el video a sus redes sociales. Aparece a oscuras, agachado a boca de túnel, como si fuera policía o reportero... o político en campaña, pero no ejecutivo de una empresa trasnacional que requiere generar confianza entre inversionistas.

Pero el destino es desgraciado, y se las cobró rápido. Mientras el presidente andaba en el show del tianguis y su director de Pemex en el show del hoyo, Fitch Ratings le bajó la calificación a Pemex.

El Presidente AMLO ha tenido como una de sus banderas centrales la crítica a los privilegios del poder. Su llegada al poder debe implicar su desmantelamiento. La venta de lujosos vehículos forma parte de ello. Está muy bien denunciarlo, detallarlo, hacerlo frente al público. Y es hasta divertido. Pero hay que saber elegir los momentos, porque con tantos frentes abiertos, tantas crisis que le explotan, lo de antier supo a cortina de humo, no a combate a los excesos.

El presidente AMLO ha tenido como una de sus banderas centrales que su gobierno no va a hacer shows mediáticos. Híjole. Ya lleva varios.

Vaya que resultó costoso el road show que hizo el director corporativo de Pemex, Alberto Velázquez, a Nueva York, hace casi mes y medio. Su presentación fue tan desastrosa, que después de 2 horas de explicaciones chabacanas que provocaron cuestionamientos de inversionistas que le dijeron que desconocía la empresa, el costo de la deuda de la paraestatal se elevó 139 millones de dólares. El problema no era de él, dijeron los inversionistas, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber designado a un incompetente.

En México no pasó nada en ese momento. López Obrador dijo que les había ido muy bien, y que habían generado confianza y certidumbre. No era cierto. Fitch Ratings redujo la calificación de la deuda de Pemex este martes a nivel casi de bonos especulativos, y lo colocó en el umbral del abismo financiero. Pero el presidente optó por una fuga hacia delante. En su conferencia de prensa del miércoles, el presidente estalló contra Fitch y contra las calificadoras en general, a las que acusó tácitamente de haber sido cómplices de la crisis de Pemex. Su postura fue ideológica, no técnica.

El road show mexicano fue contraproducente para los objetivos que buscaba, tranquilizar a los mercados. Para organizarlo la Secretaría de Hacienda contrató a Barclays, el banco de inversión, un apoyo que es normal cuando un gobierno necesita hablar con inversionistas. Lo que fue inusual es lo que sucedió después. Las presentaciones dejaron tanto que desear, revelaron personas que estuvieron presentes, que Barclays tuvo que hacer un control de daños para evitar afectación en su prestigio. La principal fue sacrificar a quien lo contrató, el gobierno de México. No muchas horas después de que se fuera la delegación mexicana, Barclays envió un informe de 33 páginas a sus clientes donde la prospectiva era terrible desde el título, "Pemex, un crudo despertar".

El documento muestra los análisis negativos de Barclays y recuerda que Pemex tuvo una gestión "extremadamente desfavorable" en 2018. Altamente revelador fue que mencionaran que los mercados comenzaron a tomar posiciones de cautela en México en la medida en que se iba afianzando la candidatura de López Obrador -las amenazas de cancelación de la Reforma Energética eran el contexto-, cuya incertidumbre pareció disiparse con una mejora en el valor de los activos de riesgo de corto plazo durante la jornada electoral y el siguiente mes. Sin embargo, describe Barclays, la consulta para cancelar el aeropuerto en Texcoco, tuvo como consecuencia una "feroz" venta de bonos de Pemex, que marcó el fin de aquella burbuja de entusiasmo.

Esa reacción de los mercados fue menospreciada por López Obrador y su equipo, que no imaginaron -o entraron en negación- el impacto que tendría en el mundo. En las reuniones que organizó Barclays al nuevo gobierno mexicano, los inversionistas criticaron a Velázquez y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque, dijeron, no entendían los mercados ni conocían bien Pemex. A los 2 les dijeron que los números que les habían presentado no cuadraban con sus propias estimaciones, por lo que pensaban que la inversión prevista en Pemex y la recuperación calculada, eran insuficientes. No les hizo caso López Obrador y en las explicaciones de la baja de calificación de Fitch, esas fueron 2 de las variables más importantes para su decisión.

Barclays anticipó en su reporte que Fitch reduciría 2 grados la calificación de Pemex, ante el deterioro en los fundamentales de la macroeconomía, que refuta la Secretaría de Hacienda, al sostener que el presupuesto está construido de manera sólida. Pero la creencia en los mercados, como se lo dijeron a Urzúa en Nueva York, es que no veían que el lenguaje que utilizaba Hacienda fuera el mismo que tiene el resto del gobierno y el congreso. Cuando difundieron el reporte, aún no se daba la crisis del abasto ni mostraba el gobierno sus enormes limitaciones y habilidades para resolver un problema de logística.

No ha ayudado tampoco la forma como el presidente López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, fueron vehementes en negar que se habían reducido las importaciones de hidrocarburos, y se pelearon con el periódico The Wall Street Journal porque publicó los informes de los expertos en Estados Unidos que así lo señalaban. López Obrador se llegó a mofar del Journal, aunque 2 semanas después, con datos de Pemex, el gobierno tuvo que reconocer que el periódico neoyorquino tenia razón. La sorna contra el gobierno mexicano se dejó sentir en Manhattan.

Las decisiones de López Obrador, siendo muy generoso, han sido equivocadas y contraproducentes en materia energética. La instrucción para que Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pidieran a sus contrapartes durante la transición que suspendieran las compras de combustible para ir reduciendo la dependencia de Estados Unidos, provocó parte del desabasto al no tener un plan para compensar esas pérdidas. Los montos de inversión en refinerías tampoco gustaron a los mercados y generaron dudas sobre el rigor fiscal presupuestal.

La baja de calificación de Fitch es una fuerte llamada de atención a México. Pero López Obrador no lo ve así. En su conferencia de prensa del miércoles llamó "hipócritas" a las calificadoras porque permitieron el "saqueo", avalaron la Reforma Energética y "nunca dijeron nada de porqué no se incrementó la inversión en Pemex". Los datos que usó el presidente, sin embargo, están mal. Por ejemplo, la inversión dentro de la Reforma Energética asciende a 185,000 millones de pesos hasta ahora. Pero eso no es lo grave. Pelearse con las calificadoras es confrontar a los mercados, un lucha que nadie, en cuando menos 30 años, ha ganado.

El director de Pemex al final resultó ser una figura de papel (ignorante de lo que pasaba en su empresa), ya que 2 veces prometió gasolina y falló, y cuando realmente empezó a fluir la gasolina a Guadalajara él no estaba enterado.

Si los morenos se pelean, ustedes no quieren estar en medio de la bronca. De las grillas del nuevo gobierno salen más chispas que cuando los priistas no planchaban la sucesión presidencial.

Y si no lo creen, vayan y pregunten a quienes hasta hoy trabajan en Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Como no tenemos problemas, como el abasto de combustibles fue restablecido, los ductos parchados y sin más riesgo de pinchazos; como ni nos abrieron un boquete en la pared crediticia de Pemex los de Fitch; como el crimen organizado se volvió ya bueno y regresó a los valores nacionales de la santa paz; como el país se caía de aburrimiento ante el paisaje suizo en el que de repente se volvió México con la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, pues ante tanta aburrición y tranquilidad, el mero mero de la Secretaría de Hacienda decidió que era un buen momento para armar un palenque en la banca de desarrollo. Si no hay problema, se lo armamos; si funciona, se lo descomponemos, parece ser el nuevo lema de Morena.

¿Quién es el giro y quién el colorado de este pleito nada barato? Del que peor se habla es del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien dicen que se olvidó de modales e impuso en Nafin y Bancomext a los encargados del jurídico y de administración. ¿En perjuicio de quién fue esa medida? Pues en 1er. lugar de Eugenio Nájera, personaje que llegó a la banca de desarrollo de la mano de Alfonso Romo. Pero, las fuentes apuntan, los verdaderamente perjudicados son 1) unos bancos que funcionaban bien, que no viven del presupuesto e incluso generan recursos para el erario; y 2) los mexicanos, quienes sin darse cuenta asisten a la destrucción de 2 instituciones bancarias porque el señor Urzúa llegó el viernes pasado y en sendas sesiones de consejo de esos bancos dejó claro el ranchero mensaje de que ahí solo sus chicharrones truenan.

Un par de datos antes de seguir. Los consejos de Nafin y Bancomext son en efecto presididos por el titular de Hacienda. Pero en los tiempos recientes, ningún encargado de esa secretaría se presentaba a los mismos y menos se ponía a "sugerir" a los consejeros sobre cómo votar en alguna decisión. 2o. dato: se dijo que esta administración iba a fusionar esos bancos, de ahí que Nájera se haga cargo hoy de ambas direcciones.

El caso es que el viernes pasado Urzúa, cuentan diversas fuentes, quiso pasar por encima de nombramientos de Nájera, que buscaba ratificar al jurídico (Jorge Di Sciullo) y al administrativo (Juan Carlos Téllez). El secretario dijo que no, propuso cesar a Di Sciullo y que en su lugar fuera en los 2 bancos ocupada por José Trinidad Hernández, mientras que en administración quería un perfil que no reúne la experiencia necesaria.

El punto de quiebre vino cuando le demostraron a Urzúa, con el reglamento en la mano, que para empezar eso no estaba en la orden del día, así que no se podía discutir, y que el secretario de Hacienda no podía hacer esos nombramientos porque no era su atribución legal, sino del director del banco.

Ustedes están en todo su derecho de expresarlo, no vamos a discutir el fondo del asunto, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y creo que es capaz para el puesto. Háganle como quieran, fue la respuesta, palabras más palabras menos, de Urzúa al cuestionamiento sobre uno de sus recomendados. Cuentan las fuentes que el subsecretario Arturo Herrera tenía cara de pena ajena.

Los consejeros se removieron, incómodos, en su asiento y las designaciones fueron impuestas, incluso a pesar de que el Banco de México, que participa en los consejos, se manifestó en sentido contrario a la decisión y pidió esperar. No se le concedió: ahorita, fue la orden de Hacienda.

Las fuentes consultadas mencionan que, en el fondo, el verdadero problema ni siquiera es el capricho de Urzúa contra Romo para nombrar lo que no le corresponde.

El asunto clave es que no pocos funcionarios que hacen caminar a esos bancos esperaban de esas sesiones de consejo el humo blanco necesario para saber si tendrían la posibilidad de un arreglo, en condiciones salariales, que les permitiera seguir laborando, pues de lo contrario la baja de salarios y la cancelación de prestaciones los harán migrar.

La respuesta fue: no habrá negociación, y si se quieren ir, ahí está la puerta.

Así, a partir de este día mandos medios de Nafin y Bancomext, que creyeron que podrían negociar alguna forma para quedarse y no dejar a su suerte a bancos que necesitan de cuadros calificados y de continuidad en el negocio (Bancomext incluso está demandado por un tema de alta complejidad), están a punto de quedarse en los huesos.

¿Por qué? Ojalá Urzúa lo explique algún día. Y que se haga cargo de las consecuencias o la nación se lo demande.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que nadie debe ganar más que el Presidente de la República.

Estrategias equivocadas como las que se implementaron en el combate al huachicoleo -si bien fue plausible atacarlo, condenable resultó la manera en que se han ejecutado-, generan errores, y los errores gubernamentales tienen costos para la población, y esos costos le pegan al bolsillo de millones de mexicanos, y ello genera pobreza.

Echemos un vistazo a las cifras irrefutables, contundentes:

El desabasto y cierre de gasolineras a nivel nacional, tan solo por la falta de venta del combustible, ha dejado pérdidas económicas por 10,000 millones de pesos, alertó el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS), Pablo González.

En Guanajuato, las pérdidas ascendieron a más de 15,000 millones de pesos, reportó el Consejo Empresarial de León. Se afecta al 50% de las actividades comerciales, de turismo y a una parte importante de la industria local, señaló el secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Usabiaga.

En Jalisco, las pérdidas por la falta de gasolina son superiores a 5,000 millones de pesos. Diariamente, las afectaciones se tasaron a un ritmo de 250 millones de pesos, afectando al 85% de las empresas. "Por una logística de abasto de combustible mal manejada, se está parando la economía", advirtió el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel. Además, se contratará a un 33% menos del personal durante enero. Desempleo.

En Michoacán, el estimado de pérdidas por escasez de gasolina ya rebasó los 5,000 millones de pesos, mientras que hay caídas en los sectores productivos y económicos de entre 30 y 50%, aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza.

En el Estado de México, las pérdidas por la misma causa son por 1,500 millones de pesos, dijo la vicepresidenta de Enlace Legislativo de la Concanaco, Laura González Hernández.

Por otro lado, las pérdidas por el huachicoleo en el último año fueron del orden de los 66,000 millones de pesos, dio a conocer AMLO el pasado 27 de diciembre al presentar el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex.

Sumemos:

Hasta ahora, las pérdidas por la estrategia errónea en el combate al huachicoleo ascienden, de manera conservadora, a casi 37,000 millones de pesos, generando parálisis industrial y desempleo.

Según reportó el lunes pasado el vocero del gobierno de AMLO, Jesús Ramírez, el #PlanvsHuachicoleo ha logrado ahorros hasta por 5,000 millones de pesos. Es cifra oficial.

Así, tenemos que las pérdidas han sido muy superiores a las ganancias en cuanto a miles de millones de pesos.

Y el desabasto continúa en esos estados.

A este ritmo, en la lucha contra el huachicoleo saldremos tablas, si tan solo hasta hoy ya registramos pérdidas equivalentes al 60% de lo que se perdió en 2018 por el robo de gasolina.

Insistimos: qué bueno que ha bajado en 65% el robo de combustibles. Ello es positivo, aunque si somos justos, es obligación de cualquier gobierno emprender acciones en contra de cualquier ilícito, en este caso, robo de gasolinas.

Y si en el pasado Fox, Calderón y Peña Nieto no lo hicieron, que los investiguen y los castiguen, dejando a un lado las bravatas de barrio que a diario vemos desde muy temprano.

Se viven momentos difíciles en todo el mundo y hay líderes, como López Obrador, que o no alcanza a medir el peso e impacto de sus palabras, o es una estrategia deliberada para seguir incendiando a las masas, ya enardecidas, y terminar de voltearlas para ir más allá de la consolidación de su poder. En su conferencia de prensa matutina el martes, dijo que las élites mexicanas son corruptas, pero el pueblo es bueno. ¿Cómo define élites? ¿Qué abarca ese grupo que estereotipa? Para sus seguidores, élites es igual a todo que no está incondicionalmente con él. El presidente avanza en la polarización del discurso sin dar pasos concretos para solucionar el problema que dice querer desterrar. Habla mucho y acusa más, pero no pasa de la retórica. Cuando se le pregunta si va a hacer algo, dice que no, que borrón y cuenta nueva, porque no va a perder el tiempo en perseguir delincuentes pues agotaría su sexenio en ello. Pero en su lógica de perdón sin olvido, sigue avivando el fuego en la pradera y generando odios. Eso tiene que cambiar, y lo puede hacer.

La cruzada contra el huachicoleo, como dijo Eduardo Bohórquez, quien encabeza el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, es un buen comienzo. Lo que está haciendo, agregó, es atacar la red de corrupción existente en el robo de combustible, perfilando el segundo paso, que es la red política. Falta, abundó, lo que nunca ha habido, que es el regreso de lo robado al erario. Esta es una de las recomendaciones que hace Transparencia a México para corregir el rumbo seguido por el gobierno de Peña Nieto. También se necesitan enmendar las acciones preventivas que puedan medirse y orientar la política anticorrupción, con sanciones y recuperación de activos, y no cejar el esfuerzo en esa dirección.

La legitimidad de López Obrador se asienta sobre su retórica invariable contra la corrupción, pero el discurso lo ha utilizado con un propósito político estratégico, no para limpiar la casa de arriba hacia abajo, como garantizó en campaña. El presidente tiene la oportunidad de cumplir lo que ofreció, hasta el fondo como prometió, y no esconder detrás de esa narrativa un cambio de organización social que parece ser lo que está haciendo. Usar la corrupción clientelarmente para un objetivo político, es tan pernicioso como usarla para enriquecimiento. Cambiar de régimen demoliendo las estructuras corruptas, pero manteniendo un modelo democrático, sí. Desmantelarlas bajo la máscara de la corrupción para instalar una autocracia, no. Que dé ejemplo de honestidad, atacando la corrupción y eliminando la impunidad, con menos alegorías y sin evasivas.

A ver, señor Presidente, ¿va en serio que "cada quién se va a hacer responsable de sus actos", o es pura palabrería para evitar, precisamente, asumir la responsabilidad que como autoridad suprema del país le corresponde...?

La frase entrecomillada forma parte de la declaración presidencial, en la consabida "entrevista mañanera" cotidiana en Palacio Nacional, acerca del conflicto social de moda, una vez que "la guerra contra el huiachicol" pasó a segundo plano... y en un descuido queda en el olvido. Se trata del bloqueo de vías férreas, en 7 puntos del Estado de Michoacán, por parte de una facción -"la más radical", dicen- de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que demanda el pago de salarios atrasados para mentores de la entidad, del orden -sostienen ellos- de los 6,000 millones de pesos.

El bloqueo comenzó hace 15 días. Sus afectaciones se valúan en unos mil millones de pesos diarios. Quiere decir que los perjuicios ocasionados por los bloqueos ya son mayores que los adeudos que los motivaron.

Si, en efecto, "cada quién se va a hacer responsable de sus actos", habría que preguntar, a continuación, ¿quién va a asumir el costo, en pesos y centavos -porque en eso debería consistir la "responsabilidad" (por definición, "obligación de responder de algo")-, de las afectaciones a terceros causadas por los bloqueos?: ¿los "trabajadores de la educación" que instalaron campamentos sobre las vías para inmovilizar los trenes?; ¿los dirigentes sindicales que decidieron utilizar esa táctica como forma de presión para reivindicar los derechos de sus agremiados?; ¿el gobierno federal, si en las proyectadas "mesas de negociación" resulta que incumplió su "responsabilidad" de liquidar puntualmente los honorarios de los mentores?; ¿a quienes gobernaban hasta hace 2 meses, si ellos, por negligencia, torpeza, dolo o lo que se quiera y mande, al incumplir la "responsabilidad" que legalmente les correspondía, propiciaron este costoso desgarriate...?

Por lo demás, suena muy bonito eso de "no vamos a reprimir" (faltó decir "al pueblo bueno y sabio"), se infiere que para no imitar a quienes gobernaban en 1968 y 1971...

Reprimir, empero, no equivale a agredir, masacrar, o perpetrar abuso, injusticia o atrocidad alguna. Reprimir significa, simplemente, "contener por la fuerza el desarrollo de algo"... Si se trata de algo ilícito -como afectar gravemente "el derecho ajeno"-, hacer un uso adecuado, razonable y proporcional de la fuerza pública forma parte, también, de la "responsabilidad" del gobernante. ¿O no...?

La sociedad convertida en rehén del apetito insaciable de la CNTE por recursos públicos, la irresponsabilidad de un gobierno estatal y la inacción de un gobierno federal que trata bien a sus aliados aunque golpeen la economía de los ciudadanos y del país, y que parece convencido de que la fuerza pública solo sirve para "reprimir al pueblo" así que no la usará para garantizar los derechos de todos.

Y mantiene la promesa de sorprender al mundo con un crecimiento económico mayor al esperado en 2019 como si enero no hubiera sido un mes de puras pérdidas.

Los maestros de la Coordinadora tienen la palabra presidencial de que nadie será despedido y son los vencedores en la batalla por derogar la reforma que les había quitado parte de sus privilegios.

¿Y los niños? Bien, gracias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de recortar 950 millones de pesos a su presupuesto de 2019 y la reducción de salarios, pero negó la suspensión.

En el acuerdo publicado este martes, el ministro Alberto Pérez Dayán explicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación ya entró en vigor y por tanto no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar que tiene como propósito preservar la materia del juicio.

Sólo 20 días después de que Pemex realizó una gira de trabajo con la Secretaría de Hacienda en Nueva York para dialogar con inversionistas, analistas y agencias calificadoras, Fitch Ratings recortó su nota en dos escalones, de BBB+ a BBB-.

Si bien conserva el grado de inversión, está cerca de perderlo, pues su calificación mantiene un panorama negativo.

La directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, anticipó que "un escenario de recorte a la calificación crediticia de Pemex (que ya se materializó), tendría en automático un efecto negativo sobre la percepción de riesgo soberano".

Los paros que se iniciaron, hace unos días, en 45 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, la intromisión del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia y la inacción del gobierno federal, provocaron que al menos 15 maquiladoras anunciaran su salida del país, dijo Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

"Esa situación afectará a 30,000 trabajadores que se quedarán sin empleo, además de que se sienta un mal precedente, se manda una mala señal a los mercados y al mismo tiempo ya frenó inversiones como la de Aptiv (una firma del sector de autopartes)", añadió.

Hasta el momento hay 37 empresas en paro, las del sector automotriz, eléctrico y de otros sectores; pero en varias de éstas a pesar de que ya se cedió en sus peticiones siguen sin abrir porque hay personas que no permiten el acceso a los trabajadores, según el industrial.

"La Secretaría del Trabajo ha estado ausente para este conflicto. He informado a las secretarías de Economía y Gobernación del riesgo que se está generando y que debemos de actuar, porque no es un tema de resolución local, estamos siendo invadidos en este proceso laboral por actores externos que no tienen nada que ver en la resolución ni la producción", dijo.

Está en "inacción" el gobierno federal e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere atender la solicitud de audiencia "para atender esta crisis", porque no hay respuesta para recibir a los directivos de las empresas afectadas y las dependencias de gobierno tienen una respuesta "muy tímida o nula".

Recordó que parte de la situación se generó porque hubo falta de claridad por el anuncio del gobierno federal del aumento salarial en la frontera, ya que si bien se dio a conocer a principios de diciembre del 2018, fue hasta 5 días antes de hacerse efectiva el alza cuando se dieron los detalles.

Expuso que el 25 de enero de 2019 un total de 45 maquiladoras, en donde trabajan más de 40,000 trabajadores, iniciaron paros azuzados por la abogada Susana Prieto y por el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutía.

Iniciaron paros pidiendo un aumento de 20% directo al salario y un bono de 32,000 pesos anuales.

"Están asfixiándonos, estrangulando la vida productiva de 45 plantas en Matamoros, del sector automotriz, autopartes y electrónicos que están siendo extorsionadas por este grupo de personas... nos asfixian lentamente a las empresas nos tienen arrodillados con pistola en la cabeza", añadió.

Ni los líderes más destacados del principal movimiento de izquierda en México podrían haber previsto hace apenas unos meses que su ansiado arribo al poder traería consigo el mayor protagonismo de las fuerzas armadas desde que la vida política postrevolucionaria de México se institucionalizó y fue poniendo a un lado a los militares.

El presidente López Obrador ha dejado claro que considera a las fuerzas castrenses las únicas capaces de hacerse cargo.

No solo es la obvia, la seguridad pública, en la que el presidente está empeñado en que la Constitución dé al Ejército el control absoluto, a través de la Guardia Nacional y de una reforma que le permita a él usarlo sin limitantes durante todo el tiempo que considere que esa estructura no está terminada.

Va mucho más allá. También quiere dar a las fuerzas armadas facultades para construir el aeropuerto de Santa Lucía, conducir y ejecutar un proyecto de desarrollo inmobiliario en Santa Fe, en la Ciudad de México, y por lo tanto convertirse también en agentes vendedores que generen financiamiento para proyectos de gobierno.

Y hasta les encontró capacidades para participar en compras gubernamentales, como la adquisición de pipas en tiempos de "emergencia" (aunque sea autogenerada), con lo que proveen el plus de la opacidad gracias al velo de supuestos temas de seguridad nacional. Y operar esos vehículos bajo el Plan DN-III (¡de apoyo a la población en desastres naturales!). Claro, también contratan choferes de pipas y la oficina de empleos es en el Campo Militar Número 1.

Tantas facultades generan preocupación. Incluso dentro del lopezobradorismo.

No es que gobierno de izquierda y militarización sean conceptos excluyentes. No hay que ir muy lejos en el vecindario continental para encontrar ejemplos.

Pero la contradicción aquí es evidente. Durante por lo menos una década, el discurso de López Obrador y su movimiento fue de condena sin matices a "la guerra" contra el narcotráfico y a la incursión de los militares en el combate directo al crimen organizado.

Su promesa fue siempre "regresar al Ejército a sus cuarteles" y enfrentar la violencia que azotaba al país con la fórmula de "abrazos, no balazos".

En esos años, no escatimaron denuncias de asesinos y represores a los altos mandos militares. "Masacran al pueblo", decían al referirse a operativos de la Marina y el Ejército contra la delincuencia organizada. Exigían sacarlos de las calles de inmediato. No a la militarización, era su lema convertido en mantra.

En la campaña electoral de 2017-2018 apareció entre las propuestas del candidato presidencial la creación de una Guardia Nacional, con la que asomaba ya un cambio de postura frente a la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Pero los voceros del movimiento no variaron su discurso antimilitarista y afirmaban que sólo se podía escoger entre un enfoque pacifista representado por López Obrador o la prolongación de una guerra sin sentido iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.

Ya ganador de la elección presidencial, el equipo de transición del entonces presidente electo comenzó a combinar el discurso pacifista con la inclusión de los militares. Tras los foros para la pacificación, en que víctimas de la violencia en todo el país rechazaron de manera contundente el llamado de campaña al perdón, si no incluía antes hacer justicia, todo cambió.

El presidente AMLO concluyó que sin los militares no podría avanzar gran cosa en seguridad o entendió que pese a su discurso de años, las fuerzas armadas tienen una aceptación elevada en la opinión pública. O ambas.

Hoy los militares avanzan con paso firme en la construcción del nuevo esquema de poder. Y no se han cumplido ni 2 meses de la nueva administración, que se presentó como heredera de las luchas del 68, el 71 y la guerra sucia.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2019).

La señora presidenta de Morena ha declarado hace unos días que debemos acostumbrarnos a que PRIMor suena mejor que PRIAN.

Gustos estéticos aparte, tal maridaje (que al parecer oficiará en Puebla su confirmación, con el verde de chaperón ón-ón) supone una más de las opciones silenciadas. Adiós al PRI hasta en el debate. Para lo que quedaba, pero en fin. ¿Y esos son los que llegaron a decir que los íbamos a extrañar?

(V.pág.2 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 28 de enero de 2019).

Andrés Manuel López Obrador aseguró que a un mes de lanzada su estrategia contra el robo de hidrocarburos ya se evitaron 4,000 millones de pesos en pérdidas para Pemex.

Sin embargo, la complacencia del gobierno federal para tolerar los bloqueos de vías férreas en Michoacán por parte de maestros de la CNTE durante 2 semanas, ya ha tenido un costo, según el sector empresarial, de 10,000 millones de pesos.

Pero además, los normalistas demandan 7,000 millones de pesos para prestaciones, salarios caídos y plazas. Es decir, ya nada más nos faltan 13,000 millones de pesos para salir tablas con un problema mayúsculo en Michoacán que, con 180 trenes detenidos, también tiene costos económicos para Jalisco.

Lo que por un lado el gobierno ahorra, por el otro lo dilapida. Ahí la llevamos.

Se presenta como reformador de la política, pero también de la moral familiar. Envía 2 vicegobernadores de buen perfil al Banco de México y al mismo tiempo resucita los polémicos precios de garantía.

Madruga para hablar con el país, pero no le interesa presidir la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el máximo espacio creado en los últimos años para dirimir qué hacemos con la violencia. El jueves, día en que éste sesionó, llegó, habló y se fue. Algo así como aconséjense entre ustedes. Y tan tan.

Minimiza el daño económico que puede provocar al Bajío el desabasto de la gasolina; en cambio, ha iniciado un peregrinar por la ruta de pueblos aledaños a algunos ductos, poblaciones marginales hasta las que irá para reconvenir a las ovejas descarriadas por los huachicoleros.

¿Cuántos Andrés Manuel López Obrador ocupan la Presidencia de la República? ¿Cuántos hemos visto en estos sus primeros 2 meses en Palacio Nacional?

López Obrador el contradictorio: el presidente que busca crear una guardia nacional militarizada, que quiere además endurecer penas y volver a la prisión preventiva (que siempre castiga más a los más pobres), critica a sus antecesores por haber emprendido básicamente "medidas coercitivas".

El presidente declara y declara, convencido y (hasta hoy) convenciendo a muchos de que tiene un plan.

En ese plan existe un destino manifiesto para los mexicanos. Nuestra tierra prometida es la bondad. "La gente es buena, buena, buena", agregó ese día martes. "Tenemos un pueblo noble, un pueblo honesto. Es que estos gobernantes han sido muy malos, muy malos; o sea, no merecemos vivir así. Hay muchas riquezas naturales, un pueblo bueno. Pero un mal gobierno, eso es lo que se ha padecido durante mucho tiempo".

Y qué mejor destino para un "pueblo bueno" que el que por fin haya surgido un presidente bueno. Porque eso es lo que contaba López Obrador de tiempo atrás a algunos de sus compañeros de andanzas. Eso, que todo lo que a México le hacía falta era un presidente bueno. No mejores instituciones, no más equilibrio de poder, no más desarrollo por regiones. No. Un bueno en la presidencia.

Sin detenernos a cuestionar eso de que "la gente es buena, buena, buena", qué si dentro de todo lo que la gente necesita no es un presidente bueno per se, sino uno con políticas surgidas no solo de la voluntad, por más buena que ésta fuese, de un solo hombre. Qué si lo que México necesitaba era alguien cuyo plan no sea él mismo, solo él, con todas esas (nada menores) contradicciones que le vemos anunciar cada semana con semana, sino alguien que sumara, alguien que entendiera que los planes suelen tener mejor destino cuando el hombre se ajusta al momento, y no al revés.

La búsqueda de una 3a. vía para encontrar una salida negociada a la crisis venezolana ha fracasado, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que encontrar un equilibrio entre su postura principista y una toma de posición clara entre 2 polos, el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, porque se está quedando aislado. López Obrador ha ido modificando su posición en los últimos días, pero la imposibilidad de saber si el corrimiento hacia una postura que si bien neutral, está más en el contexto de lo que piensan la mayoría de los gobiernos del mundo de Maduro, obedece a que el presidente no entiende los matices de la política exterior, por lo que es incierto si ello fue acompañado de instrucciones precisas a la cancillería mexicana para que prepare un control de daños a lo que parece estar cerca: la caída de Maduro.

Guaidó rechazó la intermediación de México y Uruguay. El viernes respondió a los 2 gobiernos: "La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo. Debe tener muy claro el mundo y este régimen que para el falso diálogo, aquí nadie se presta". Dicho de otra forma, Guaidó le dijo a López Obrador y a Tabaré Vázquez que el diálogo propuesto era un engaño.

Vistos los resultados, ni el gobierno de López Obrador ni el de Vázquez pesan en el concierto internacional, ni son tomados en cuenta como interlocutores. El alineamiento internacional en contra de Maduro los avasalló, sin saberse en México si la posición mexicana fue precedida de consultas informales previas para saber qué espacio y tiempo tendría para ello, o fue una nueva ocurrencia del gobierno para salir al paso. Lo que es evidente es que las cancillerías del mundo llevaban una velocidad que no contempló o rebasó a la mexicana.

La postura del gobierno de López Obrador del jueves tuvo un ajuste el viernes, cuando el presidente dijo que la intermediación mexicana sólo se haría si ambas partes la aceptaban. Es decir, sólo si Maduro y Guaidó estaban de acuerdo. Para efectos de argumentación, dado que no hubo rectificación a lo declarado el viernes, el gobierno mexicano reconoce a Guaidó como un actor legal y legítimo, equiparado en peso político a Maduro.

De esta forma, el gobierno de López Obrador se acercó a la postura del gobierno de Peña Nieto de reconocer a la Asamblea Nacional, que es el único de los 5 poderes reconocidos por la Constitución venezolana, que no se sumó a la parodia de la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro en agosto de 2017.

Maduro es inviable y López Obrador lo debe entender. Tuvo el fin de semana para encontrar una posición acorde con los principios que defiende, pero debe entender que su iniciativa fracasó y no puede permitir que su neutralidad sin diplomacia eficaz, lo coloque ante los ojos de todos, respaldando a un régimen autoritario.

Salvo casos contados en que algunos "listillos" pretendieron meterse a la fila cuando no les correspondía, con molestia y todo, sin bravuconadas, ni grillas, el pueblo que requiere del combustible que distribuye Pemex para poder desplazarse, ya sea por trabajo, estudio, entretenimiento, etc., aguantó estoicamente la falta de información, la desinformación, desveladas, precios elevados, litros de 800 mililitros, dosificación de compra y otras tantas acciones propias de los seres humanos inconformes con la vida en sociedad, para darle una lección a los políticos.

De nada podrá quejarse Andrés Manuel López Obrador por el apoyo brindado y la actitud asumida por los jaliscienses y avecindados ante la crisis provocada por el nefasto robo de combustible a la nación, perpetrado desde los más altos niveles de la burocracia de nuestro país, en esa "cadena" de sinvergüenzas de "cuello blanco", hasta llegar a los desdichados que arriesgan su vida (y la pierden), por la falta de oportunidades, aunque para un servidor, unos y otros deben de ser juzgados y sancionados.

Las perdidas multimillonarias de comerciantes y empresarios son de llamar la atención, pero igual lo son la pérdida del sueño y descanso que todos merecemos y necesitamos, pero que durante semanas hemos dejado de lado para poder saciar la necesidad de nuestros vehículos de trabajo.

Entre tanto, la crisis sirvió de pretexto para que políticos de diferentes colores y jerarquías utilizaran los reflectores en busca de llamar la atención, dando pie a que no pocos medios de comunicación llenaran sus espacios con los dimes y diretes de unos y otros.

La crisis de falta de combustibles, ya sea provocada o porque se les fue de las manos a las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno, ha mantenido la atención y expectación de la ciudadanía, mientras que otras necesidades y problemas de igual o mayor trascendencia no se dejan ver. Ejemplo de ello es lo que sucede en las respectivas cámaras, en donde se ventilan leyes, reglamentos y nombramientos a escondidas de quienes pagamos impuestos.

Así, la gasolina y demás combustibles se esfumaron, y con ellos los causantes de tan descarado latrocinio en contra de la nación, pues salvo algunos que fueron detenidos infraganti, ningún "pez gordo" ha sido evidenciado, mucho menos encarcelado. Ya sea por complicidad o ineficiencia, el caso es que los zares del huachicol se mantienen en libertad, disfrutando de los dividendos de sus actos delincuenciales, que significan miles de millones de pesos.

En resumen, la sociedad civil está cumpliendo con sus impuestos y por si fuera poco, padeciendo con paciencia los múltiples inconvenientes provocados por los delincuentes. Vamos a esperar aún más para ver si, efectivamente, los que la hacen, la pagan.

A la cárcel los corruptos, sin importar a qué doctrina, gavilla o grupo político pertenezcan.

Paco Calderón
(27 de enero de 2019).

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reviró al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tras un exhorto que el segundo hizo, respecto al conflicto magisterial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El titular de la SCT realizó un exhorto al gobierno de Michoacán y a la CNTE "a considerar los intereses nacionales y buscar vías de solución distintas", luego de que los maestros disidentes han bloqueado vías de tren durante varios días, a manera de protesta por pagos.

"El conflicto laboral entre la CNTE y el Gobierno de Michoacán, lesionan la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas", indicó el secretario a través de redes sociales.

Ante ello y por la misma vía, el gobernador de Michoacán respondió a Jiménez Espriú que "Michoacán agradece su 'exhorto', pero también le recordamos que las líneas del ferrocarril son competencia federal, es decir, son su responsabilidad como secretario de Comunicaciones y Transportes".

Ante el cierre de las vías de ferrocarril, Aureoles exigió al secretario que "asuma lo que le corresponde y, por el bien de los michoacanos, de la economía del estado y del país, intervenga de manera formal para garantizar la liberación inmediata de las líneas ferroviarias".

Finalmente, el gobernador de Michoacán demandó al gobierno federal que resuelvan "de una vez por todas el problema de fondo para solucionar las demandas del magisterio".

¿Qué te pasa Andres Manuel?

Parece que tu tartamudeo mental te impide poner el orden que tanto has prometido a tu México.

Ha habido diferentes temas que están sin decidirse y ahora un problema más es el bloqueo ferroviario en el tramo Lázaro Cárdenas-Maravatío que mantiene la CNTE desde el 14 de enero.

Con esa acción la CNTE exige a las autoridades que paguen lo que les deben, como condición para liberar las vías férreas, afectando la economía de muchos estados, las pérdidas son cuantiosas y peor para los estados vecinos, principalmente Jalisco, que nos perjudica por una parte en el sector de exportación y además aumenta la dificultad del abasto de gasolina y diésel.

Las pérdidas hasta el día 23 de enero han sido de 7,500 MDP, causadas por 150 trenes parados, 8,200 contenedores y más o menos 1.5 millones de toneladas de diversas mercancías detenidas.

Este es un tema muy grave y complejo que exhibe el desastre en el sistema educativo nacional, siempre de acuerdo con el sindicato.

Esta situación Jalisco no la puede sostener, sumada a las acciones de los huachicoleros, que extrañamente no han detenido a las principales cabezas causantes de estos descarados y peligrosos robos. No es posible que siga esta extorsión del bloqueo sin que los pongas en orden, esto es un deber del gobierno federal y tiene que resolverse de inmediato.

Otro tema que no se ha definido es la decisión del aeropuerto de Texcoco, no se han dado cuenta y yo creo que Andrés Manuel no ha visto lo que está construido, columnas de concreto de 2.5 metros de diámetro diseñadas para soportar grandes claros y no se imaginan el extraordinario costo que será el desaparecerlas; además se deben analizar una vez más las consecuencias que traerá la anunciada construcción de Santa Lucía, que está a casi 50 kilómetros de distancia de la capital; imagínense ustedes el desplazamiento que tendrán que hacer los pasajeros y más los que van a transbordar, la cantidad de empleados y familias que tienen que mudarse de la capital a Santa Lucía y los militares que tienen que abandonar Santa Lucía.

Otro de los "tartamudeos" de Andrés Manuel es que México no esté presente en Davos. ¿Cómo es posible que no le interese a Andrés Manuel que México acuda a este gran evento, siendo la 14ª economía del mundo?

Maestros y agricultores recibieron con protestas al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta localidad donde supervisará el avance de las obras en la presa Santa María en Sinaloa.

Con mantas y pancartas, maestros jubilados exigieron al mandatario el apoyo para el pago de 924 millones de pesos del fondo de vivienda que no les ha sido depositado.

A la protesta de los jubilados se sumó una de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que exigieron el pago justo por sus productos.

Arnoldo Verdugo, líder estatal de la CNC detalló que ellos no piden el doble de pago, sino un precio justo de 5,000 pesos por tonelada de maíz.

Asimismo, alumnos egresados de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Mazatlán pidieron al presidente poner un alto a los abusos a cobros injustificados como el servicio social y el internado.

Pasados 50 días de su gobierno, en sus soporíferas conferencias mañaneras -que más que informar resultan en un lugar de chacoteo, donde el tío ya mayor tira chistes y se hace el loco- [...] si la prensa cuestiona su inasistencia a un funeral de estado puesto que murió una gobernadora y un senador, la respuesta es obvia "no voy a caer en provocaciones"; si se le pregunta por la asistencia de un dictador a su toma de protesta "no voy a caer en provocaciones"; si un periódico internacional exhibe que parte del problema del desabasto se debe a mala planeación "no voy a caer en provocaciones"; si un gobernador manifiesta su molestia porque no le enviaron el mínimo de combustible necesario "no voy a caer en provocaciones". Así a todo.

El detalle es que nuestro presidente consigue zafarse de dar una explicación sensata del por qué se tomó determinada decisión, y ahí va, pateando la pelota hasta donde alcance.

Lo que si habrá que estar pendientes es que de tener la mañita de delegar responsabilidad o no explicar el por qué de sus acciones, no pase a no querer salirse de donde se había mudado. Una cosa es que sean solo 6 años y otra que la transformación suponga sustituir las imágenes de Madero por las de su alteza serenísima.

Alguien comentaba en las redes sociales -intentando armar un paralelismo- los tiempos de Cuba y Venezuela, su situaciuón internacional, la política mexicana basada en la "Doctrina Estrada" de la "no intervención", y el papel de nuestros respectivos presidentes, el López Mateos de aquel entonces, ante el López de la actualidad.

Si bien es cierto que en 2 de los 3 parangones se dan muy claras diferencias y actitudes, en los titulares del ejecutivo mexicano las diferencias son abismales.

Comparar a quien se le reconoció en su época como el Presidente Caballero con quien -en menos de 60 días- ha dado muestras claras de su afán dictatorial, tirado por la borda cientos o miles de millones de pesos con caprichos como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y logrado 2 importantes detenidos en su loable lucha contra el robo de combustibles: la gasolina y la economía.

La diferencia es muy clara sin temor alguno a equivocarnos: "Hay de López a López", ni duda cabe. Bien lo dijo también alguien que aclara no sentirse defraudado por los desaciertos del actual presidente: "está actuando tal y como me lo imaginé...".

Debido al desabasto de combustible en Jalisco, el Mercado de Abastos -el 2o. más importante del país- reportó pérdidas por 400 millones de pesos en ventas durante los 23 días de carestía en las gasolinas, informó Salvador Hernández Navarro, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA).

"Reportamos un decremento en las ventas del 50% respecto al año pasado, esto significa que los principales clientes, tianguis, abarroteros, restauranteros, mercados municipales y clientes y distribuidores finales, han dejado de asistir al mercado a hacer sus compras ordinarias", declaró Hernández.

El líder de los comerciantes explicó que no existe un desabasto de alimentos hasta el momento, ya que todavía no ha escaseado el diésel mediante el cual se transportan los camiones de carga. Tampoco se han presentado incrementos en los precios de los productos.

Sin embargo, Hernández Navarro aseguró que la continuación del desabasto podría traer consigo una "verdadera crisis agroalimentaria" que afectaría por igual al Mercado de Abastos y al sector agropecuario de Jalisco.

"Dentro del sector agroalimentario, hay afectaciones colaterales en horarios al no poder programar embarques, lo que provoca detrimento en tiempos de entrega, y también menor efectividad en las horas de trabajo", complementó Hernández.

Aunque respaldó la lucha contra el robo de combustible, la UCMA solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizar a la brevedad el abasto de combustible, "antes de que haya pérdidas que nos lleven a una crisis económica", advirtió su presidente.

La gasolina pasó de ser un bien escaso por una decisión, sin duda correcta pero acelerada y mal planeada del Presidente de la República y su equipo, a una batalla por los derechos de los estados frente al gobierno central.

No deja de ser paradójico que el gobierno que planteó la descentralización (una descentralización imaginaria e imaginada desde el centro) tenga funcionarios incapaces de salir de sus oficinas y ver lo que sucede allende Cuautitlán. Los secretarios viven pegados al presidente, todos tienen que estar cerca de él porque nadie sabe cuál es la agenda de mañana. El presidente López Obrador tiene una forma radial de gestionar su gobierno, todo gira a su alrededor, es el Presidente-Sol y los secretarios satélites. Si él no va de gira, nadie lo hace; si él no toma decisiones, nadie lo hace; si él no da la palabra, nadie la toma.

La desatención a las demandas de Jalisco no es un castigo al estado o a un gobierno de otro color, como algunos podrían imaginar, es simple y sencillamente una forma de gobernar. Los secretarios tampoco han ido a ver qué está pasando en Nuevo León (salvo cuando fueron con el presidente) o a Guanajuato, o a Chihuahua. Lo que priva es la desconfianza. Hay una clara política, justificada en la gran cantidad de desfalcos que se dieron en el pasado, de quitarle poder a los gobernadores reduciéndoles los recursos discrecionales, pero eso se ha traducido en ignorar a todas las regiones que no están en las prioridades del presidente.

La crisis de la gasolina ha puesto en evidencia no solo el tamaño del crimen organizado, las implicaciones desde dentro del gobierno con el huachicoleo y la improvisación de los planes gubernamentales, sino también la distancia del gobierno central con la problemática de las regiones.

El desplegado publicado ayer por los organismos empresariales de Jalisco pone sobre la mesa la incomunicación que hay entre el gobierno central y los estados. Los empresarios de Jalisco (y estoy seguro de que muchos de otros estados lo habrían firmado porque comparten la misma condición) se quejan de los daños colaterales que ha tenido una política; aplauden en principio, pero que no conocen, no saben su alcance ni el tiempo que durará la afectación, lo que les impide tomar decisiones.

Hora y media o 2 horas de rueda de prensa todos los días han servido para que el presidente sea escuchado, pero no para que el presidente escuche.

Cerca de 5,000 millones de pesos son las pérdidas económicas derivadas del desabasto de combustibles en Jalisco, reporta la iniciativa privada. Diariamente, las afectaciones se tasaron hasta en 250 millones de pesos, afectando al 85% de las empresas. Las pérdidas totales equivalen al 8% del Producto Interno Bruto del estado.

"No podemos permitir que los ciudadanos sigan padeciendo este problema, cuando Jalisco ha mostrado liderazgo en su sector productivo. Por una logística mal manejada de abasto de combustible se está parando la economía", declaró Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Los organismos representantes del sector privado, sociedad civil y sindicatos se pronunciaron para solicitar de manera "imperativa" la reapertura total del ducto Salamanca-Guadalajara y así restablecer el abasto normal de las gasolinas.

"En Jalisco apoyamos el combate al robo de combustible y el combate de la corrupción, pero no la falta de planeación, ni la falta de sensibilidad para todas las familias jaliscienses", remarcó Mauro Garza, presidente del Centro Empresarial en la entidad (Coparmex).

Las consecuencias del desabasto también se están reflejando en despidos de personal en algunos sectores industriales, como las artes gráficas. En otros sectores, como el restaurantero, ya se plantea la reducción de plantillas laborales para hacer frente a la caída en sus ventas. Además, se contratará un 33% menos de personal en las empresas de Jalisco durante enero, lamentó Mauro Garza. Esto significa que, mientras en enero de 2018 se generaron 6,123 empleos formales en el estado -según el Instituto Mexicano del Seguro Social-, para este mes sólo se contratarán a unas 4,000.

Otras consecuencias del desabasto se reflejan en que la mitad de las empresas tiene problemas para entregar mercancías a tiempo, y una tercera parte tiene trabajadores que llegan con retraso o se ausentan de sus labores diarias.

México ha cambiado su postura de relaciones exteriores respecto de Venezuela. Si antes México pedía fervientemente el arreglo de la situación venezolana, hoy va por su perpetuación.

Y el mensaje es muy sencillo: el gobierno de México es amigo de Maduro. No le parece mal dicho sistema político y además a mi ver se está curando en salud, para cuando si lo logra -como me parece es su objetivo-, tomar en sus manos todo el poder posible con reelecciones incluidas, rodeándose de traviesos y cuanto malandro encuentre, pueda decir: no se metan conmigo, yo no me metí con Venezuela.

¿Ya va a ir de gira el presidente AMLO a Puebla? ¿Ahora sí porque no están los Moreno Valle? Si va, ¿no estará haciendo campaña a favor de Morena con esas visitas?... ¿Hasta dónde se va a meter?

Comentario de Paco Calderón sobre un tuit publicado el 24 de enero por David Luhnow, editor para latinoamerica del The Wall Street Journal.

El tuit de Luhnow citó un tuit publicado por Gerardo Fernández Noroña, del cual anotó: "¡Ugh! A propósito de Fake News, este (semi) importante izquierdista mexicano mostró protestas de la oposición venezolana ayer, y mintió a sus seguidores diciendo que eran A FAVOR de Maduro. Ten no más tantita madre, por favor..."

A lo que Paco Calderón agregó: "[Fernández Noroña es] Un bufón en el mejor de los casos, y uno patético en este."

Dada la crisis venezolana por la reelección de Nicolás Maduro y el nombramiento de un nuevo presidente por parte de la Asamblea Nacional, el diputado Gerardo Fernández Noroña publicó activamente a favor del dictador en sus redes sociales.

- Luis

Paco Calderón
(24 de enero de 2019).

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda criticó la "tibieza" y el "menosprecio" a Jalisco por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el tema del desabasto que ha provocado el cierre de 85% de las gasolineras en el estado.

El político aseguró que el combate contra el huchicoleo tiene el apoyo de todos los jaliscienses, sin embargo, dijo que la estrategia tiene errores sustantivos que ha provocado que municipios como Zapopan tengan el 4% de sus gasolineras abiertas, a Guadalajara con el 10% y a Zapotlanejo con sólo 2 centros de abastecimiento abiertos.

"Son inadmisibles las respuestas que el presidente Andrés Manuel López Obrador da los jaliscienses sobre el desabasto de gasolina en la entidad", expresó Castañeda.

Castañeda reaccionó así ante la disputa que han mantenido el mandatario y el gobernador de Jalisco desde el pasado martes, cuando López Obrador llamara "publicitario" a Enrique Alfaro.

"Los cuestionamientos emitidos por el gobernador de Jalisco responden a las exigencias de los jaliscienses que quieren saber cuándo se normalizará el abasto de combustible en su ciudad, pero el presidente de México ha optado por descalificar y minimizar sistemáticamente las dudas, mientras pide paciencia y comprensión", sentenció.

Finalmente, el legislador lamentó que la estrategia del ejecutivo federal sea la de atacar y recurrir a descalificaciones.

Crisis, aunque a alguno de ellos le moleste el uso reiterado del vocablo, porque esto significa "conflicto, problema, situación delicada", y ese es el clima en que están atrapados, desde hace 20 días, millones de ciudadanos. Crisis, porque los efectos perniciosos del desabasto ya se manifiestan, por ejemplo, en hoteles, restaurantes, comercio y demás rubros relacionados con el turismo. Crisis, además, porque cuando el ciudadano quisiera recibir mensajes de armonía entre gobernantes sensibles para comprender el malestar de la población y aptos para tomar las medidas pertinentes para hacer frente a la emergencia, se los encuentra aferrados a convertir sus respectivas tribunas en "la esquina de los técnicos" y la del adversario -que por ningún motivo debiera serlo- en "la de los rudos", y a hacer gala de su incuestionable talento para la mordacidad y de su ingenio para la cuchufleta: talento e ingenio que muy bien podría -¡y debería, sobre todo!-aplicarse a mejores causas.

Aunque el martes se informó que todo ocurrió por un mensaje viral en redes sociales, ayer el presidente López Obrador reconoció que el desabasto de gasolina en Monterrey, N.L. y Reynosa, Tamps. se debió a que les "han pinchado los ductos". Explicó que se avanza en la normalización del abasto.

Tenemos el temor fundado de que nos equivocamos al elegir como presidente a un candidato cuyo curriculum y antecedentes políticos dejan mucho que desear; que no obstante haber dado muestras de atropellos a los más elementales derechos del individuo al cerrar durante 3 meses el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y haber gobernado la capital del país con resultados mediocres, entre otros atropellos.

A menos de 2 meses de iniciado su mandato AMLO, se presenta la 1a. crisis con el desabasto de combustible, que no ha podido resolver en más de 3 semanas. Estamos conscientes del combate a la delincuencia organizada que tenía en su poder a la empresa emblema de México, PEMEX, pero en mucho depende la rapidez con que se resuelva el problema para no retirarle el voto de confianza a nuestro presidente.

El temor que tenemos es por el enorme poder que se le ha otorgado con el control mayoritario en el congreso y la intención manifiesta de meter la mano en el poder judicial.

Las decisiones unilaterales que ha tomado AMLO, como suspender el aeropuerto de Texcoco, construir un ferrocarril en el sureste, cambiar la sede de las secretarías y constituir una guardia nacional, entre otras, nos conmina a pensar que se está configurando un gobierno autócrata; entendiendo como democracia al gobierno de muchos y autocracia al gobierno de un solo hombre.

Las inclinaciones del presidente López Obrador lo han llevado a marginarse de las posiciones críticas hacia Maduro, como las de la OEA.

Y en contraste, lo han acercado a puntos de vista como el del gobierno de Cuba o Bolivia, cada vez en minoría más notoria en la región.

En un contexto de una gran división en Venezuela, el discurso de AMLO tenía más posibilidades de prosperar. Pero con el cuadro que vimos ayer, en donde la oposición borra del mapa a quienes respaldan a Maduro, claramente la postura del gobierno mexicano se ve virtualmente como un respaldo al sucesor de Chávez, por más que se justifique bajo el principio de la no intervención.

El gobierno mexicano puede hacer un papelón si no se sale a tiempo de esa postura.

Hay algunos que rememoran lo que ocurrió en el gobierno de López Mateos cuando en el seno de la OEA, México se quedó solo y no respaldó la posición de Estados Unidos y de la mayoría de la OEA, de expulsar a Cuba.

No se sostiene el paralelo.

En ese entonces, había triunfado un movimiento popular que derrocó al régimen dictatorial de Fulgencio Batista.

Hoy, el movimiento popular que vimos en las calles pretende el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

El guion que tiene el gobierno de AMLO está al revés.

Todavía tiene la oportunidad de salirse de la trampa en la que se está quedando por su posición abiertamente ideológica y poco pragmática.

En un 2o. mensaje en respuesta a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro presentó los datos de los daños que ha dejado el desabasto en el estado que ya cumplió 3 semanas.

"Mientras el presidente dice que el desabasto de combustible en Jalisco es pura publicidad, este es el tamaño de la crisis que se vive en el estado. Sin polémica, con mucha seriedad, con datos y de frente".

Alfaro señaló que Tapalpa ya reportó el paro total de servicios públicos; la recolección de residuos tiene 3 días sin servicio; el patrullaje y el servicio de ambulancias ha estado limitado, además de que el turismo disminuyó un 80%.

"San Juan de los Lagos tiene un desabasto del 93%; es época de festividades y los peregrinos bajaron a más de la mitad, afectando la economía del municipio. Han detectado la reventa de combustible y la ordeña de vehículos particulares”, continuó.

En Zacoalco de Torres, señaló, no se cuenta con combustible desde hace más de 10 días, ya que fueron cerradas por presuntamente vender combustible ilícito. La gente se abastece en Ciudad Guzmán y Techaluta.

Mientras que en Tequila ya se registraron conflictos sociales debido a la inconformidad de la población por el desabasto. La gente lamenta que las estaciones prioricen abasto de ambulancias y patrullas. Turismo baja 70%. En Ameca y Tala, "las salidas al corte de caña se limitaron a los días que hay combustible, solo 3 por semana".

Hay 18 municipios sin combustible o con menos de 15% de abasto.

La crisis de la gasolina continúa y peor aún, el desabasto de información raya ya en lo patético: el director de Pemex, Octavio Romero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, enmudecieron como el palenque.

En 3 semanas el "jetómetro" (análisis de la expresión facial que dice más que los discursos) de los funcionarios del gobierno federal pasó de una clara expresión de "no saben que no saben" a una más reciente que dice "ya saben que no saben, pero no saben qué hacer". Si la crisis los ha rebasado no es por otro motivo que por la falta de conocimiento. Nada hay más soberbio que la ignorancia y los funcionarios del gobierno federal partieron de una posición de la superioridad moral de quien sí combate a la corrupción (no como otros) tope con quien tope, con la certeza de que la razón estaba de su lado y eso bastaba.

Hoy parece que nunca hubo un plan estratégico, que se aventaron al agua sin saber nadar, pero sobre todo sin saber lo que había dentro del mar. Su asombro, que quieren vendernos como justificación, es más producto de la falta de planeación e investigación previa que de cualquier otra cosa. Están, patéticamente, repitiendo lo que tanto criticaron de la estrategia de Calderón contra el narco.

Es cierto, muy temprano para decir que la estrategia fracasó, pero es muy tarde para comenzar a diseñarla. Es muy aventurado sacar cuentas de los daños colaterales de la estrategia de López Obrador y demasiado pronto para hablar de logros. Quitemos pues el contenido ideológico de uno y otro lado para tratar de entender lo que está sucediendo, porque esto, todo parece indicar, va para largo.

El cierre de ductos sin tener una alternativa a la mano ha provocado severos daños a la economía de los estados del centro-occidente. Esta guerra no será de una batalla, no se ganará en una partida ni de una vez y para siempre, por lo que es indispensable tener un plan de mediano plazo que incluya todos los factores y todas las consecuencias, positivas y negativas de cerrar los ductos y no solo el justificado pero costoso enfado presidencial.

En ningún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el robo de combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza. López Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre las comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían la sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido, frente a gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de hidrocarburos en donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la delincuencia organizada, que sería la sociedad mala.

La dicotomía del discurso permea en su voz, sin que se le vean las contradicciones. Pero su propia palabra está construyendo una trampa: si casi un centenar de muertos y sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su origen en la corrupción de gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el pasado en el olvido y no como prólogo del cambio de régimen? El deseo político de López Obrador se está agotando en lo prolífico de su retórica y propaganda.

Enfrenta, como quedó de manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío pocas veces visto. Los criminales, en reacción a su cruzada contra el huachicoleo, están saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía criminal tendrá condiciones abiertas para confrontar al Estado -porque eso está haciendo- únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y regateo al llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado, quienes hoy se resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por los criminales porque se acomodaba a su lucha política, sería una irresponsabilidad imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento para cobrar ese tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.

Pero hay otros grupos, blanco preferido de López Obrador para justificar sus acciones, los anteriores gobiernos a los que sin matices y mucha generalización, acusa de haber sido cómplices de la delincuencia organizada. El discurso sin acción concreta, eventualmente perderá fuerza. Utilizar la corrupción de sus predecesores como la fuente de todos los males, tiene un límite retórico. Si quiere salvar a la sociedad buena de que rinda cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que actuar contra la sociedad mala.

La semana pasada anunció el inicio de investigaciones contra políticos y ex funcionarios presuntamente vinculados con las redes criminales del huachicol. Pero en el discurso de López Obrador sus lanzas han ido más alto, ex presidentes y anteriores funcionarios en los gabinetes de Hacienda y seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de sus acusaciones han ido directamente contra Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. El presidente debe dejarse de simulaciones y si tiene evidencia, como uno supone que tiene quien hace imputaciones tan serias, debe actuar en su contra, y aportar elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de investigaciones. En ese paquete debe incluir a los ex directores y subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito federal.

Es importante que López Obrador se aleje del discurso propagandístico y comience a actuar en aspectos concretos. Acusaciones orales y estigmatización no son suficientes ante el ataque del crimen organizado en contra del Estado mexicano. El presidente necesita de acciones que respalden su afirmación de que irá con todo y contra todos los que resulten responsables del saqueo petrolero, sin amedrentarse ni ceder. Que sea la judicialización de esos casos los que determinen los grados de responsabilidad de los gobiernos anteriores y quienes los encabezaban. Pero debe apurarse porque la tragedia en Tlahuelilpan empezó a costarle en la opinión pública.

Una encuesta dada a conocer este martes por el Gabinete de Comunicación Estratégica, muestra que sólo el 1.8% a nivel nacional considera que ex presidentes y gobiernos anteriores son los responsables de la explosión y, ante la oferta de López Obrador de apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, 7.5 de cada 10 mexicanos, se manifestó en contra.

La reacción en las redes sociales, siempre muy proclives a López Obrador, fue peor. De acuerdo con el análisis de GLAC, una consultoría de seguridad y tecnología que publica regularmente sus mediciones El Financiero, entre el 18 y el 21 de enero registró 375,008 menciones, donde el 98.83% se expresó en contra de la actuación de López Obrador, destacándose entre los argumentos la falta de capacidad para atender ese tipo de emergencias.

Para evitar que esta caída coyuntural pueda convertirse en tendencia, López Obrador tiene que dar resultados tangibles. Ahora es cuando si tiene evidencias de corrupción de ex presidentes, ex secretarios de estado y ex funcionarios, debe denunciarlos. De otra forma tendrá que encontrar nuevos enemigos porque los actuales se le están desvaneciendo entre las manos de la opinión pública.

En sus tiempos de opositor, particularmente desde su 1a. postulación presidencial en el 2006, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador fustigaba siempre que la base de la "mafia del poder" se sustentaba en que el PRI y el PAN eran la misma cosa. Que ambos partidos, siempre habían trabajado en alianza, para lograr mayorías en el congreso y sacar reformas "neoliberales", que desde su visión, eran perjudiciales para el país.

Fue entonces que acuñó uno de sus tantos clichés para la batalla política, al bautizar esa supuesta unión partidista como el PRI-AN.

Como los llama el mismo presidente, ahora son sus "adversarios" los que le reprochan lo mismo. Desde que a fines del sexenio pasado el partido lopezobradorista Morena se unió al PRI para impedir la elección de fiscal propuesto para la ciudadanía, pero más ahora que los votos del disminuido tricolor han sido claves para la aprobación de 3 temas cruciales para el presidente y su partido:

1) La alianza PRI-MOR, como le llaman, fue decisiva para que junto con los votos de sus aliados electorales PT y PES, y los del Verde, que también se alineó ya con Morena, sacar en la Cámara de Diputados, y seguramente en unos días más en el Senado, la creación de la controvertida Guardia Nacional, ignorando las advertencias de 0rganizaciones civiles, nacionales y extranjeras, incluida la ONU y Amnistía Internacional, de los riesgos de militarizar la seguridad pública.

2) Gracias también al voto priista, Morena y sus aliados dejaron de lado las exigencias de los grupos que integran el movimiento #FiscalíaQueSirva, e hicieron las maniobras necesarias para designar en el Senado a Alejandro Gertz Manero como el 1er. fiscal general de la República. Con lo que se perdió la oportunidad de romper con la dependencia y subordinación jerárquica que mantienen los fiscales a su jefe en turno, que los convierte en los llamados "fiscales carnales" y...

3) La más reciente muestra del entendimiento entre morenistas y priistas, fue la designación, el lunes pasado, del 3 veces dirigente estatal del tricolor en Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, como gobernador interino de esa entidad, en sustitución de la panista Martha Erika Alonso, que murió el 24 de diciembre pasado junto con su marido el senador y ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, junto con otro colaborador y 2 pilotos.

La mayoría morenista en el congreso local de Puebla no tuvo la generosidad política para dejar en manos de un panista este interinato como solidaridad a la desgracia, y que a más tardar en 5 meses deberá convocar a elecciones extraordinarias para elegir al nuevo gobernador constitucional.

Los morenistas prefirieron a este priista que también fue alcalde de Puebla de 1987 a 1990, y quien fue titular del poder judicial durante los sexenios de los priistas de Melquiades Morales, y del cuestionado Mario Marín Torres, como el que le tocó jugar un muy desaseado papel en el caso de la detención y censura de la periodista Lydia Cacho.

Es el paso del PRI-AN al PRI-MOR.

Los consejeros electorales, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños, informaron que alistan un documento para que el Instituto Nacional Electoral presente una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la decisión de la Cámara de Diputados de recortar 950 millones de pesos el presupuesto del instituto.

Esta controversia representa un recurso jurídico al que tienen derecho, previsto en el Artículo 105 de la Constitución Mexicana, para solicitar al alto tribunal que pueda reponerse el presupuesto del INE que compromete sus funciones sustantivas y que marca la ley, así como su autonomía.

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha empezado mal, por lo menos en un tema importante: los empleos. Es muy pronto para ofrecer algún tipo de condena o cuestionamiento, por supuesto, ya que un mes no puede definir a un sexenio; pero no hay duda de que en este tema en particular el inicio del gobierno no ha sido el más afortunado.

La 1a. sorpresa la vimos cuando se dieron a conocer las cifras de puestos de trabajo formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social para el pasado mes de diciembre. La cifra fue de 20,079,365, lo cual representa una pérdida de 378,561 empleos en tan solo un mes.

No es inusitado que se pierdan puestos de trabajo en el mes de diciembre. Esto sucede porque en la temporada navideña se registra un incremento importante de empleos temporales que se terminan una vez que pasa la Navidad. En 2017, por ejemplo, se perdieron 337,536 empleos en diciembre. La diferencia es que la cifra de 2018, según la organización México Evalúa, es la mayor en un solo mes desde que se tienen registros.

No este el único indicador que enciende las luces de alerta en materia de empleo. El INEGI ha dado a conocer sus cifras de desocupación abierta y ahí queda clara también la magnitud de la pérdida de empleos en el primer mes del nuevo gobierno. Este indicador fue de 3.6% en diciembre de 2018, un aumento importante frente al 3.3% de diciembre del año anterior.

La tasa de desocupación mide a través de una encuesta el número de personas que no trabajaron ni siquiera una hora en una semana determinada. La tasa de subocupación, que se refiere a aquellos que están trabajando pero que quieren hacerlo más todavía, pasó de 7 a 7.2% en este mismo período. Es también un aumento significativo.

Las tasas de desempleo son bastante reducidas en México, en parte porque el país no tiene seguro de desempleo, lo que obliga a la gente a trabajar a como dé lugar. Otra razón es que el salario mínimo ha sido muy bajo desde hace años. Con el alza de 16% de este mínimo, y de 100% en la frontera, se espera un mayor incremento en el número de personas que pierdan su empleo. El nuevo mínimo no afecta a las empresas grandes, que pagan bastante más que este monto, pero sí a los pequeños comercios o granjas que en algunos casos se verán obligados a mantener a sus empleados en la informalidad o a despedirlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está aumentando, por supuesto, los programas sociales. El nuevo gobierno duplicará las pensiones para las personas para la 3a. edad, que en lugar de obtener 1,200 pesos al bimestre recibirán este monto cada mes. Los becarios del programa para jóvenes sin empleo ni asistencia a clases, mientras tanto, obtendrán 3,200 pesos mensuales. Estos montos ayudarán a paliar la situación de jóvenes y personas mayores. Pero la experiencia nos dice que no es la caridad, sino el empleo, la forma de construir una prosperidad duradera.

Durante su aparición frente a los medios de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la postura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha criticado en constantes ocasiones el incumplimiento de los plazos y acuerdos para regularizar el abasto de gasolina en Jalisco.

"Sobre la opinión del gobernador de Jalisco pues no... Mire, acabo de informar que ayer en 4 ocasiones nos sacaron de operaciones el ducto, lo demás es polémica y nos estamos apurando para que se resuelva el problema en Jalisco", dijo el mandatario federal en una de las respuestas más cortas de su conferencia de prensa.

La reacción del presidente se da minutos después de que Enrique Alfaro tuvo una aparición en el espacio de radio de Ciro Gómez Leyva donde afirmó que el gobierno federal no ha dado la cara ante el problema en Jalisco, donde, dijo desde hace 15 días padecen la falta de gasolina y que el 85% de las estaciones de servicio no pueden operar por falta de suministro.

"No se puede resolver una crisis como la que estamos viviendo con decisiones a la distancia, con decisiones equivocadas", indicó, apuntando también que Pemex "no ha dado la cara. El único que sale a dar información soy yo y es un problema del gobierno federal", acusó Alfaro.

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, criticó al gobierno federal por no cumplir con su palabra al sólo haber entregado 22,000 barriles de gasolina y no 45,000 como lo había prometido el domingo pasado cuando anunciaron la apertura intermitente del ducto Salamanca-Guadalajara.

El alcalde aseguró que el gobierno federal está haciendo oídos sordos ante la situación que está viviendo Jalisco y defendió las acciones que ha tomado el gobernador del estado al exigir al ejecutivo federal que resuelvan la situación lo antes posible, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara en su conferencia de prensa mañanera que no iba a polemizar ante las exigencias de Enrique Alfaro.

“Polemizar son las filas de 400 vehículos que estamos viendo en la calle. Polemizar es ver a la gente desesperada que no puede llevar a sus hijos a las escuelas. Ya basta del gobierno federal que nos esté diciendo cosas que no esté cumpliendo”, aseveró.

Lemus aseguró que seguirán insistiendo y pedirán respuesta del ejecutivo federal para solucionar el problema de desabasto en Zapopan, uno de los municipios más afectados.

"La situación no está mejorando. En Zapopan tan sólo el 5 % de las estaciones de servicio tienen gasolina magna y premium. La promesa efectuada por Petróleos Mexicanos nuevamente se incumplió (...) la situación de desesperación de la ciudadanía está llegando a un punto de crispación social y no tenemos respuesta del gobierno federal”, denunció Lemus.

Además, el alcalde cuestionó que la crisis del desabasto sólo haya durado un día en la Ciudad de México, al igual que en Puebla, uno de los estados más afectados por el huachicoleo.

Alertó que el desabasto se está agravando, pues en las últimas horas ya se registró desabasto de diésel y de gas LP, además que ya comenzó a "pegar" en las actividades productivas y en materia de seguridad pública, pues "no tienen la capacidad de llevar el patrullaje como debería".

La cantidad de barriles que Pemex ha enviado en los últimos días para surtir de combustible a la zona metropolitana de Guadalajara son suficientes para 60% de abasto diario, pero hay alrededor de 85% de estaciones de servicio en la metrópoli que permanecen cerradas, confirmó el coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Guzmán.

Esa situación, explicó, se debe a la sobredemanda que hay de combustible, pues no son pocas las personas que han optado por comprar más gasolina de la que necesitan. Además, este medio detectó que, pese a las prohibiciones de vender el hidrocarburo en bidones, esto sigue ocurriendo, pues hay quienes lo revenden.

"Por la percepción de desabasto, la gasolina que llega a las estaciones de servicio se agota por una sobredemanda y prácticamente en 4 horas tiene que cerrar. No es que no se esté abasteciendo; se abastece, se agota y cierran la gasolinera. Y, simultáneamente, no han podido mantener las más de 450 estaciones de servicio con producto todos los días".

La apertura del poliducto Salamanca-Guadalajara permitirá contar con una mayor cantidad de gasolina en inventario, por lo que los tanques de las terminales ubicadas en El Salto y Zapopan tendrán qué habilitar una estrategia "más intensa" para que sean reabastecidas la mayor cantidad de estaciones posibles.

Alejandro Guzmán, informó que el problema no es menor en el interior del estado, donde hay entre 80 y 85% de gasolineras sin operar. Y eso, añadió, se debe tanto a la estrategia de entrega en zonas de difícil acceso (como la Sierra de Amula) como a los límites con otros estados, pues más conductores cargan en Jalisco, en detrimento de los volúmenes.

Pemex notificó al Gobierno del Estado que, de nueva cuenta, ayer por la mañana detuvo la operación aunque ésta se normalizó horas después. La razón, dijo el mandatario estatal, "se debe a que en Salamanca no hay gasolina suficiente. O sea, ya ahora no es un problema de operación propiamente, sino que ya se les acabó el material en Salamanca. Pues entonces estamos todavía, creo, lejos de que el gobierno federal resuelva el tema".

Alejandro Guzmán, por su parte, abundó en que las actividades económicas han sido golpeadas en, al menos, 30%. Al mismo tiempo, precisó que el abasto de diésel (el combustible que utilizan los vehículos que surten las ciudades con productos de primera necesidad) no ha resentido los estragos de la falta de combustible.

Ya no hay partes de guerra del combate contra el huachicol. El desabasto resultó más importante en la vida cotidiana de los mexicanos que la cruzada contra los delincuentes, y requirió que el gobierno reorientara su estrategia -no su discurso- para resolver el suministro. La urgencia por evitar mayor escasez de gasolina, provocó una compra apresurada de pipas y el reclutamiento militar de conductores.

Se puede hacer una 1a. evaluación sobre la estrategia de la guerra contra los huachicoleros, emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre. Lo último que supimos sobre los logros de esa cruzada son del 8 de enero, cuando se informó que se había frenado el robo de hidrocarburos, y se habían ahorrado 2,500 millones de pesos. Ya no hay más datos duros porque el torbellino de las consecuencias de un plan diseñado en 3 semanas, es enorme.

Lo que estamos observando ahora es que los costos están resultando más grandes que los beneficios. Pero que no se mal interprete. La lucha contra el huachicol debe apoyarse incondicionalmente. Si por corrupción o para evitar desabasto, si porque el delito no se originaba sólo en la delincuencia organizada y los gobiernos, sino también en las comunidades enteras que entraron al negocio ilícito como una forma de vida y subsistencia, la realidad es que anteriores gobiernos no lo hicieron a fondo. El problema radica en la estrategia. Si se hace algo bueno que resulta más perjudicial en su implementación, no es para dejar de hacerlo, sino para corregirlo.

Para que funcione se requiere alinear todos los esfuerzos dentro de un plan estratégico. Si no existe este alineamiento, por mejor pensada que esté la estrategia, habrá tropiezos, estancamientos e, incluso, retrocesos. Es lo que está sucediendo: la estrategia de la cruzada contra el huachicoleo fracasó en esta 1a. etapa. Pese a alinear a todo el gobierno, el recurso humano es lo que no le funcionó. A la lucha militar y policial, cuyos resultados divulgados la semana pasada fueron positivos, la logística que debieron desarrollar la Secretaría de Energía y Pemex ha sido un desastre. El desconocimiento de sus titulares y la ligereza con la que inicialmente se refirieron al desabasto, permite conjeturar que incurrieron en 2 errores que llevan al fracaso de una estrategia: la ausencia de escenarios para saber los pros y contras de cada medida, y la falta de un plan de contingencia.

Los resultados derivados del desabasto se expresan de manera distinta. La forma más dramática fue el viernes pasado en Tlahuelilpan, donde cientos de pobladores de la zona buscaron abastecerse de gasolina que se fugaba de una toma clandestina en un ducto, tras 10 días de desabasto. López Obrador responsabiliza a gobiernos corruptos del pasado de esa tragedia, lo que si bien puede alegarse como parte del origen del problema, no tiene nada que ver con la realidad objetiva que Pemex no abasteció combustible en la zona. Esto, de ninguna manera, hace responsable de la tragedia al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pero muestra las deficiencias de una estrategia mal diseñada y peor instrumentada.

El desabasto se dio por el cambio de logística de Pemex, que incluyó el cierre de ductos y la distribución de combustible mediante auto-tanques. Las cuentas de Romero Oropeza fueron pésimas. Este lunes, López Obrador anunció la compra de 571 pipas en Estados Unidos, que se suman a las 3,500 que aportó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Este error de cálculo -el déficit de 4,000 pipas no previstas en Pemex- tuvo un costo no revelado aún con la Canacar, y de más de 1,615 millones de pesos por el equipo que se adquirirá en Estados Unidos. Las pérdidas no paran ahí.

Citibanamex reportó la semana pasada que la escasez de combustible va a generar una pérdida neta de 23,600 millones de pesos del Producto Interno Bruto, derivada del cambio poco eficiente y costoso del transporte de combustible que, añadió, excedió los beneficios. Aunque no hay nuevos datos sobre cómo va el ahorro por la cruzada contra el huachicol, si se duplicara mecánicamente la cifra anunciada por López Obrador a las 2 semanas de haber iniciado el combate, se podría argumentar que se ha reducido la utilidad de los criminales en 5,000 millones de pesos; es decir, poco menos de una cuarta parte de las pérdidas causadas por la mala estrategia.

Esta estrategia, señaló Citibanamex, debe de ser temporal, acompañada de un éxito en el combate al huachicol, para que compense y mejore el balance económico entre costo y beneficio. No parece que así sea, porque no se ha planteado temporalidad ni, como exige una guerra, se establecen los términos de la victoria. Se puede argumentar que el presidente sí lo estableció, acabar con la corrupción. Pero es retórico. La corrupción nunca se acaba, aquí o en el mundo, pero combatir la impunidad la reduce. Elevar el costo para que nadie sea impune no está en el discurso ni en el la voluntad política presidencial plena, como sugiere Tlahuelilpan, como tampoco un cambio de estrategia. O sea, si las cosas van como hasta ahora, la medicina habrá sido la correcta, pero matará al paciente.

Crítico feroz de la corrupción en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el presidente López Obrador determina establecer precios de garantía para los productos básicos a través de un nuevo organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encabezado por Ignacio Ovalle. El caso más emblemático de corrupción en el sexenio de Salinas fue el de su hermano Raúl en Conasupo. Conasupo hacía hace décadas lo que ahora va a hacer Segalmex. Ignacio Ovalle fue director de Conasupo en el sexenio de Salinas.

Para comprar 500 pipas el presidente de México envió a Estados Unidos a 3 secretarios de estado y 3 altos funcionarios. Se fueron el canciller y las secretarias de Energía y Economía, además de la oficial mayor y 2 altos funcionarios de Pemex y el Ejército. Lo que antes se hubiera criticado como "turismo" hoy el presidente le llama "misión".

"La misión" logró amarrar la compra de 517 pipas por 85 millones de dólares. El presidente dice que no habrá licitación sino será por adjudicación directa. Argumenta que debido a que estamos en emergencia no hay tiempo para hacer la licitación. Esa es una cosa. También argumenta que no se licita porque "no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos". Eso es otra cosa.

El presidente AMLO nombró al doctor Alejandro Gertz Manero como encargado de despacho de la PGR. Aunque oficialmente no lo era, públicamente le llamaba "procurador". Luego se volvió -voto mayoritario de Morena de por medio- el 1er. fiscal general. Es la 1a. vez que no se llamará Procuraduría porque la Fiscalía es autónoma del presidente. El doctor Gertz ha sido asesor de López Obrador desde hace una década.

Paco Ignacio Taibo II comienza a tomar control del Fondo de Cultura Económica (FCE). 1a. declaración: "Los gustos editoriales de este nuevo FCE estarán marcados por mis locuras".

(V.pág.2 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 21 de enero de 2019).

Y de la contingencia de las gasolinas y el diésel, ni hablar. El propósito es de primera, la forma reprobable y no recuerdo que en por lo menos 5 décadas se haya padecido un fenómeno como el que hoy en día se ha presentado, con desesperantes filas interminables de hasta medio día de espera, para ver si es posible cargar aunque sea 500 pesos de gasolina. Aunque en realidad, lo más desgastante en este sentido, es la psicosis que se ha provocado y el estado de animo del pueblo, el cual ya debiera tener suficiente con el fantasma de Venezuela sobre nuestro país, como para sumarle nuevas tensiones.

Con diferencia de un día, el gobierno federal modificó su versión sobre el tiempo que tardó en reaccionar tras reportarse la fuga de combustible en un ducto de Pemex que condujo a la tragedia de Tlahuelilpan, según muestran documentos oficiales de los que tengo copia.

Un 1er. documento, elaborado por la Dirección General del Centro de Alertas y Atención a Riesgos de la Policía Federal, con fecha del viernes 18 de enero de 2019, señala que "a las 13:30 horas, personal de Seguridad Física de Pemex detectó una fuga de hidrocarburo" en el poliducto Tuxpan-Poza Rica-Tula. Señala las coordenadas.

En el párrafo que sigue, reporta que "a las 17:00 horas, personal de Sedena, Policía Militar y Gendarmería arribó al lugar encontrando a 300 personas aproximadamente, a quienes se trató de persuadir para que se retiraran del lugar, haciendo caso omiso y tornándose agresivos con el personal de Seguridad".

Así pues, según este documento, entre que Pemex detectó la fuga y el Ejército y la Gendarmería llegaron al lugar del siniestro, pasaron 3 horas y media.

La explosión, según el reporte de la Policía Federal citando al Comité Nacional de Emergencias, sucedió a las 18:50 horas. Casi 2 horas después de que el Ejército había llegado, según el documento que está clasificado como Confidencial, lleva el logotipo de la Policía Federal y es la Tarjeta Informativa "Incendio de toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo", TI No. PF/DGCAAR/IE/0110/2019. Al calce dice: "Respetuosamente, Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas. DMJA/doo/sagi".

A la mañana siguiente, la versión oficial de los hechos cambió y aparenta que la reacción del gobierno federal no demoró 3 horas y media sino solamente 10 minutos.

Fechado el sábado 19 de enero de 2019 a las 9:00 horas, se trata de un "Reporte de Situación. Información Preliminar" de la Coordinación Nacional de Emergencias, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil. 3 páginas y logotipos.

La Relatoría de Hechos establece que a las 16:50 horas "se reporta a las Fuerzas Federales la detección de la toma clandestina" y 10 minutos después, a las 17:00 horas "efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional arriban a fin de persuadir a la población concentrada en la toma clandestina para que se retiren por su seguridad". Lo que ya no expresa el documento es a qué hora Pemex detectó la fuga. Al omitir ese dato, en el reporte se aparenta que tardaron 10 minutos en reaccionar. Pero si Pemex se enteró desde las 13:30 horas, como dice el documento de la Policía Federal, entonces sería una reacción tardía de las autoridades federales, especialmente porque el huachicol es la prioridad nacional, Pemex está volcado a su prevención y hay 5,000 elementos del Ejército desplegados en la tarea con todo ahínco.

Paco Calderón
(20 de enero de 2019).

Entre los aliados del ahora presidente están: sindicatos, partidos que se asumen de izquierda, otros de carácter religioso, empresarios, organizaciones sociales. Por lo tanto, la misma coalición de gobierno de López Obrador integra fuerzas que son antagónicas, algunas que navegan en las aguas de la protección del status quo y otras que, por el contrario, son rupturistas con el sistema.

Por lo tanto, la oposición se configura como espejo de las tensiones que existen al interior del proyecto que encabeza López Obrador. Empecemos con las organizaciones sociales. La discusión sobre la Guardia Nacional es un reflejo. Muchas organizaciones, e incluso simpatizantes de Morena, denunciaron la continuidad y profundización del modelo militarista. Una oposición que se estructuró, en mayor medida, en torno a activistas que se definen de izquierda. Sin embargo, las cúpulas empresariales, críticas en otros temas, apoyaron con su silencio la aprobación del mando mixto de la Guardia Nacional. Por ello, el discurso de López Obrador sobre la sociedad civil, como homogénea y cohesionada, es falso: para cada tema, las oposiciones son diversas y provienen de distintos signos ideológicos.

Cúpulas empresariales, medios de comunicación hegemónicos, organizaciones sociales y activistas son parte de lo que podemos llamar "oposición sistémica". No porque tengan como encomienda la celosa defensa del status quo -que algunos sí- sino porque entienden que el reformismo y las instituciones son el camino del cambio.

Está también una oposición antisistema. Aquella que considera que López Obrador es más de lo mismo. Un gatopardista, pero neoliberal al fin. El Ejército Zapatista es, tal vez, la cara más reconocible de esta oposición rupturista. Pero no sólo ellos, también periodistas antisistema, activistas, organizaciones sociales. Esta oposición antisistema tiene más peso que durante el peñanietismo, porque apela a una parte del movimiento que encabeza López Obrador. Es decir, una parte del voto lopezobradorista coincide con esta oposición antisistema y, a diferencia de la relación del gobierno con los partidos tradicionales (el PRIAN famoso), en este escenario los críticos colocan a López Obrador en la defensa del sistema. Es una oposición más letal para el lopezobradorismo. Frente a esta oposición, las dicotomías del discurso presidencial son menos efectivas: ¿le puede llamar a los zapatistas, mafia del poder?

Hay, también, una oposición que se cimenta en el tejido institucional. Por ejemplo: gobernadores. Javier Corral y Enrique Alfaro son los rostros más visibles, pero por aritmética es innegable que, dentro de las instituciones, los gobernadores son la oposición más difícil de manejar. En las cámaras, por la mayoría de Morena-PT-PES, con acuerdos muy puntuales con partidos minoritarios, el presidente tiene posibilidad de empujar su agenda de reformas. Con los gobernadores es distinto: sólo 5 de 32 son de Morena, y el presidente ha renunciado a la posibilidad de comprar lealtades en los gobiernos subnacionales a golpe de billetazos.

Sin embargo, no es la única oposición en las instituciones. El propio Movimiento de Regeneración Nacional articula fuerzas antagónicas que se convierten en oficialistas y oposición, dependiendo el asunto. Tatiana Clouthier, perfil muy cercano a López Obrador, fue muy crítica de la guardia nacional. No es descabellado pensar que su toma de postura fue más potente en la opinión pública que los discursos deshilvanados y poco efectivos de Marko Cortés o Jesús Ortega.

Lo que en campaña se prefiguraba como una sana distancia entre un eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora ya en el poder, la relación entre el presidente y las fuerzas armadas es de una peligrosa cercanía.

No es sólo la aprobación de la Guardia Nacional, el pasado 16 de enero; ahora resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será encargada de operar las 500 pipas para transportar combustibles, y será en el Campo Militar nº 1 donde se contraten a los 2,000 choferes para esos vehículos.

Son varios eventos, acciones y decisiones donde se muestra esta sospechosa cercanía entre el presidente de la autodenominada 4a. Transformación, y las fuerzas armadas. Para valorar y juzgar esta cercanía hay que recordar que a lo largo de la campaña, López Obrador no sólo ofreció sacar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, sino que criticó al Ejército por participar en masacres.

Pero en lugar del regreso paulatino a los cuarteles, lo que vemos es una presencia cada vez más activa, y hasta estratégica de los militares en planes y acciones del nuevo gobierno.

La Cámara de Diputados ya aprobó una reforma constitucional, con los votos de Morena y sus aliados, además del voto de los priistas. Esta reforma le concede a las fuerzas armadas facultades legales que ni siquiera gobiernos del PAN y del PRI pudieron conseguir.

De entrada se anunció la disposición de 4,000 elementos del Ejército y de la Marina para cuidar instalaciones estratégicas de Pemex y los ductos de la petrolera. No sólo eso: son militares quienes revisan las facturas que consignan el combustible que carga cada pipa.

Otro encargo que los militares tienen de López Obrador es la reconversión del aeropuerto militar de Santa Lucía en una terminal civil. Estos son los casos públicos de la cercanía del nuevo gobierno con los militares, cuando todavía no se cumplen 2 meses de la presente administración. Y ya tenemos militares en funciones policiacas, de ministerio público, como constructores aeroportuarios y administradores de red de distribución de combustibles.

Demasiadas funciones, demasiados encargos en cuestiones críticas para el funcionamiento del país.

Es evidente que López Obrador se está recargando en el Ejército, y al mismo tiempo está recargando (de poder) a los militares.

Sí, la historia los recordará, pero no por cumplir con sus promesas de campaña y "salvar al país", como dijeron, sino por impulsar uno de los peores errores históricos del México moderno: profundizar la militarización del país y elevarla a nivel constitucional.

Recordemos que, de los 20 países que tienen mejores calificaciones en el Democracy Index, 18 tienen mando totalmente civil y los 2 restantes están en la categoría de predominantemente civil. En cambio, 12 de los 20 países peor calificados cuentan con mando militar en las fuerzas de seguridad.

En lugar de diseñar un sistema civil que estableciera y velara por la política criminal del país, y que impulsara el fortalecimiento de las policías civiles mediante un programa integral de dignificación y profesionalización, caminan en el sentido contrario e impulsan una guardia militar, que denominan como "civil". Ante la mentira, hay que insistir: es militar, porque su jerarquía, disciplina, servicios, ascensos, prestaciones, ingreso y profesionalización deben "homologarse" a las fuerzas armadas. Para dorar la píldora, ahora dicen que habrá un mando mixto porque la Secretaría de Seguridad estará a cargo de la "planeación" y la "administración". Eso no es "mando", y además el presupuesto seguirá radicado en Sedena. Por algún extraño prurito, no quieren hablar con la verdad: se trata de una militarización simple y llana, concebida para quedar permanentemente instaurada en el país a nivel constitucional.

Y encima lo hacen sin escuchar a las víctimas de abusos, y las muy justificadas preocupaciones por la salvaguarda de derechos humanos, tema en el que país enfrenta una crisis desde hace ya muchos años.

Deberían asumir la medida y sus consecuencias, buenas o malas, pero no. Como parte de la simulación, se organizaron "foros de pacificación" y luego audiencias. En ellos, de forma reiterada, en todos los tonos y desde muy distintos sectores, el mensaje fue claro: "No a la militarización", ya no abusen de las fuerzas armadas, el camino es la vía civil, es posible un auténtico desarrollo policial. Nada importa. El presidente continúa empujando, con el apoyo acrítico de su partido, así como del PRI y parte del PRD, la militarización más profunda, operativa y legalmente, en la historia moderna del país.

La propuesta ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y ahora que va en camino al Senado, el presidente manifiesta que lo aprobado no es suficiente porque debe quedar en claro que, en lo que se construye la guardia militar, las fuerzas armadas deben atender la seguridad pública. La militarización plena, sin fisuras ni interrupciones, desde hoy y para largo. Ni en el antiguo PRI ni en los gobiernos panistas se atrevieron a tanto. Había reparos políticos, quizá algún sentido republicano. Ya no más.

El tamaño de este despropósito dejará una huella indeleble en la historia del país. Lo hará porque marcará el momento en que se claudicó en la construcción de una seguridad civil, respetuosa de los derechos humanos; en que se claudicó en la obligación de mantener un equilibrio civil-militar; en que se claudicó en la obligación de fortalecer un sistema democrático.

Está claro que el país no logró producir estadistas. Estamos en manos de políticos que no ven más allá de sus miedos al jefe, de sus cargos, de las encuestas del día y de las elecciones de pasado mañana. Pero de la responsabilidad histórica no se libran.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite 4 acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición contra la figura de los "superdelegados", que fungen como enlaces entre el gobierno federal y los estados.

El ministro Luis María Aguilar Morales dio entrada a los recursos 115/2018 y sus acumulados 116/2018, 119/2018 y 120/2018 promovidos por legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano el año pasado, contras las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, no se otorgó la suspensión respecto de los efectos, solicitada en la acción de inconstitucionalidad 120/2018.

El ministro dio un plazo de 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Presidente de la República para responder a las demandas.

La gira de sus financieros por Nueva York fue un fracaso y por si faltara un golpe, el banco Barclays emitió un reporte sobre Pemex: 33 páginas donde hace pomada la gestión financiera del equipo lopezobradorista. Lo tituló: "Pemex: el crudo despertar; iniciando por debajo de su peso". Pronostica que le van a bajar la calificación. ¿Por qué es tan importante Barclays? Porque fue el anfitrión de la gira de la "Cuarta Transformación" para generar confianza en Pemex. Y en un hecho casi inédito en el mundo financiero , le fue tan mal a Pemex que hasta los organizadores tuvieron que deslindarse públicamente.

Una baja en la calificación de Pemex, se ha dicho a saciar, podría ser la antesala de que México perdiera el "grado de inversión". Eso sería fatal para las apuestas de crecimiento del presidente AMLO.

Los pronósticos de las tentaciones autoritarias en las que podría incurrir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el abrumador triunfo electoral del 1 de julio, que le dio las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se han manifestado claramente en 2 temas cruciales para enfrentar la peor crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.

Me refiero a la forma en cómo sus mayorías parlamentarias han dado trámite a la creación de la Guardia Nacional y al nombramiento del primer titular de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República.

A ambos temas se les dio curso justo en el momento que el presidente está capitalizando el enorme apoyo popular que ha recibido por la inédita cruzada que ha iniciado contra el robo de hidrocarburos, pese a las crecientes molestias ciudadanas que ha provocado el desabasto de gasolinas en las más importantes ciudades de México.

De acuerdo a distintas mediciones y encuestas, la guerra de AMLO contra los huachicoleros ha logrado reunir las simpatías de muchos mexicanos, incluso por arriba de las alcanzadas en la jornada electoral.

En esta comodidad, y con todo el olfato y habilidad política que le caracteriza, López Obrador y sus bancadas lograron las alianzas necesarias para sacar adelante sus controvertidas iniciativas para implementar su Plan Nacional de Paz y Seguridad.

En el caso de la Guardia Nacional, el tabasqueño hizo la finta de escuchar las críticas de gobernadores, de las y los alcaldes, académicos y expertos en derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil, y pidió modificar la iniciativa para supuestamente dejarla con un mando civil y no militar.

Pero lo cierto fue que los términos en los que se aprobó el miércoles en la Cámara de Diputados, el control civil de la Guardia Nacional quedó sólo en temas administrativos, y su operación en manos militares. Todavía ayer se dio el lujo de manifestarse en contra de la minuta de aprobación por haber excluido un artículo que permite a soldados y marinos participar en labores policiales, mientras se consolida la Guardia Nacional y anunció que pedirá al Senado lo reincorpore.

Con ello, el presidente, su partido Morena, y sus aliados electorales PT y PES, y los coyunturales Verde y PRI, ignoraron olímpicamente las advertencias de organizaciones civiles, nacionales y extranjeras, incluida la ONU, de los riesgos de militarizar la seguridad pública.

Tampoco atendió las exigencias de los grupos que integran el movimiento #FiscalíaQueSirva, para que el 1er. fiscal viniera de propuestas ciudadanas. El Senado confeccionó y simuló una lista de 10 aspirantes de la que AMLO palomeó a Alejandro Gertz, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves, todos de una gran cercanía al presidente.

El problema del nuevo fiscal como el de los anteriores procuradores es su dependencia directa al poder ejecutivo. El presidente lo designó, a través de un complejo sistema de simulación (algunos de los candidatos no perdonaron la burla y tuvieron comparecencias de 10 minutos) pero finalmente fue una designación presidencial disfrazada, tan es así que desde hace al menos un mes todos sabíamos que el Senado lo designaría independientemente de quien se apuntara al proceso.

López Obrador dijo, desde el 2o. debate presidencial, que el fiscal sería independiente "de facto" (es decir, porque lo digo yo y me obedecen). Es un exceso de voluntarismo o, para decirlo en plata pura, de demagogia. No se trata de la buena o mala voluntad del nuevo fiscal, todos creemos o queremos creer que tiene la mejor intención de hacer su trabajo, pero el hilo conductor ahí está y la tijera la tiene Andrés Manuel. Lo sabe el fiscal y lo sabe el presidente. Por eso ambos sonríen, aunque no se rían de lo mismo.

Si tuviéramos un fiscal independiente no sería atribución del presidente si hay o no punto final, si condena o no a los ex presidentes de la república, mucho menos hacer una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si se les juzga o no. Si tuviéramos un fiscal independiente no habría riesgo de que la justicia se utilice políticamente; no habría duda de si los cargos contra el ex candidato Anaya fueron inventados o efectivamente merece estar bajo proceso o de plano en la sombra; Romero Deschamps estaría más preocupado por explicar su enriquecimiento que por publicar desplegados zalameros para alagar a López Obrador.

Pero no lo tenemos ni lo tendremos en este sexenio. El presidente y la obediencia ciega de los morenistas no quisieron eso para el país. López Obrador prefirió un fiscal que le sirva a un fiscal que sirva.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está satisfecho con la aprobación de la minuta para conformar la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, porque se eliminaron temas como dejar que el Ejército y Marina apoye con la seguridad pública mientras se conforma la nueva corporación.

Reprochó a los diputados federales la eliminación del transitorio sobre que, en tanto se consolida la Guardia Nacional, las fuerzas armadas apoyen con la seguridad pública del país.

"Se quitó ese transitorio y prácticamente va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policía Federal que sabemos no funcionó, no por culpa de elementos sino que desde que se creó, en el gobierno de Ernesto Zedillo, no se le dio fuerza", expresó.

López Obrador pidió a los senadores que reincorporen ese transitorio, ya que ahora la discusión pasa al Senado de la República.

También pidió al Senado que se contemplen otros temas que fueron eliminados en la aprobación, particularmente en lo relacionado con la participación de las fuerzas armadas en el proceso de capacitación, formación y la definición con claridad sobre la facultad del Ejército y Marina para invertir en asuntos de seguridad pública, "eso debe quedar claro".

Tatiana Clouthier se abstuvo en votación por la Guardia Nacional. Ernesto D'Alessio, del PES, y Lidia García Anaya y Hugo Ruiz Lustre, de Morena, también se abstuvieron.

La palabra que describe este contexto en este momento, porque las calificadoras, bancos y analistas financieros coinciden en su apreciación de que la economía mexicana no crecerá en 2%, la palabra es incertidumbre, incertidumbre a las reglas, objetivos, la capacidad de operación de este gobierno y atraer inversión extranjera (...) no podemos sobrevivir como país simplemente porque el gobierno de México no tiene los recursos suficientes para echar a andar la economía, requiere inversión privada y extranjera.

El gobernador Enrique Alfaro afirmó que antes de poner en marcha el nuevo modelo de distribución de combustible es necesario que la administración de Andrés Manuel López Obrador abra el ducto Salamanca-Guadalajara para que se arregle el desabasto en la entidad.

"Nosotros estamos dispuestos a ayudarle al gobierno federal a lograrlo, lo que queremos explicar es que para que ese ejercicio se pueda hacer sin afectar los intereses de la gente, primero se tiene que abrir el ducto de Salamanca, se tiene que normalizar la situación y luego se podría avanzar hacia un nuevo modelo de distribución de la gasolina, ese fue el acuerdo más valioso el día", dijo en Casa Jalisco, horas después de que sostuvo, en compañía de los mandatarios de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Estado de México e Hidalgo, una reunión con funcionarios federales en la Ciudad de México para acordar la nueva estrategia.

Explicó que para permitir la apertura de este canal se deben cumplir 4 medidas: restablecer el funcionamiento de toda la infraestructura de la red de Tula, que suministra a Salamanca del componente MTB (necesario para el hidrocarburo que se vende en el estado); preparar la mezcla en la refinería de Guanajuato y que se produzca suficiente combustible para enviar a Guadalajara; poner a prueba el ducto, y la implementación de un modelo de supervisión a cargo del Ejército.

Alfaro acentuó que, de acuerdo con el último reporte, llegaron a Guadalajara 52,000 barriles de gasolina. Resaltó que con 13,000 más se podría normalizar el abasto en la ciudad.

Tras 2 semanas de desabasto de gasolina en Jalisco y reiteradas y hasta contradictorias declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y su titular de Energía, Rocío Nahle, así como de Octavio Romero, director de Pemex; del gobernador Enrique Alfaro, alcaldes, gasolineros, analistas, expertos y más, por fin, por fin tenemos una "certeza".

La única certeza es que el abasto de gasolina en Jalisco no se normalizará en el corto plazo.

El "problema de reparto" (que no desabasto) que iba a ser por 72 horas ya va en 15 días; tras una reunión en la Ciudad de México le prometieron al gobernador 15 millones de litros de gasolina para Jalisco y solo llegó la mitad; una noche anuncian desde la oficina de comunicación de la Presidencia (nadie lo inventó) la apertura del ducto y al día siguiente en la mañana dicen que no es cierto.

Por momentos pareciera que existe un desdén particular contra Jalisco porque el gobernador no se pliega, para bien o para mal, a la visión del presidente. Unos culpan a Alfaro de no entender cuál es su posición en el tablero político; otros al presidente de vengativo. Lo cierto es que la comunicación no fluye... y la gasolina tampoco.

Si, como bien lo dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, somos la cola del poliducto y seremos los últimos en tener un abasto, deberíamos ser la prioridad, en un gobierno que tenga ojos más allá de la Ciudad de México y Tabasco. Pero eso no va a suceder por sí solo. Hay que exigirlo.

Si algo ha quedado en evidencia en estos días sin gasolina es la precariedad del transporte público y la urgencia de culminar la Línea Tres. Esa tiene que ser hoy nuestra exigencia, no del gobierno, sino de universidades, empresarios, partidos y organismos de la sociedad civil. Los 2 o 3,000 millones que faltan para culminar la obra no son nada para el presupuesto federal; exijámoslos con firmeza, con respeto, con argumentos.

En el mes de agosto de 2018, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para que se suprimiera el IEPS a todos los combustibles, apoyada por más de 200,000 firmas pero fue ignorada por la bancada de Morena que votó en contra por lo que no es cierto que AMLO está siguiendo la voluntad del pueblo, lo ha hecho cuando le conviene y cuando tiene arregladas sus consultas populares. Esta iniciativa no fue una consulta, fue un reclamo popular ante una actitud del gobierno de mantener los precios de los combustibles al doble de lo que valen en el mercado internacional.

AMLO le apuesta a las consultas, pero ¿qué tiene más poder, una consulta amañada o una iniciativa apegada a la Constitución? Esta iniciativa fue legal, supervisada por INE y no fue instalando casillas donde tiene adeptos y no ponerlas en donde no tiene. Estas acciones deben inventariarse para que a medio sexenio se haga un plebiscito de revocación de mandato.

El nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador fue vinculado en el juicio del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, a través de un miembro de su círculo cercano.

De acuerdo con 2 periodistas, de The New York Times y Vice, el allegado del mandatario fue supuestamente sobornado en 2006 por el cártel de Sinaloa por medio de Jesús "Rey" Zambada, hermano de Ismael "Mayo" Zambada.

De acuerdo con un documento sin sellar, se menciona que el supuesto pago se remonta a 2006, cuando López Obrador contendía por primera vez por la Presidencia por el PRD.

El experredista sería el destinatario final del soborno, no obstante, nunca llegó a sus manos de acuerdo a lo que se detalla en el escrito.

Sin especificar la identidad del "hombre cercano", ni la cantidad del presunto soborno, Alan Feuer, de The New York Times, y Keegan Hamilton, de Vice, puntualizan que el documento fue desclasificado por el juez Brian Cogan.

[A ver si ahora también hacen alboroto los chairos como cada vez que en ese juicio se señala a funcionarios de pasados sexenios - el webmaster.]

Nos contaron que Carlos Lomelí, el súper relegado, perdón, súper delegado federal en Jalisco, sigue mandando a colaboradores con oficios a dependencias federales a ver si le pega al gordo.

Ahora tocó el turno al representante de la Secretaría de Gobernación en la entidad, a donde fue enviado José Radillo con un oficio firmado por el doctor Lomelí para que lo instalaran en sustitución de José Luis Mata Bracamontes.

Pero la maniobra resultó fallida ya que al prospecto le aclararon que por indicación de Vladimir Martínez González, coordinador de delegaciones de la Segob, no hay cambios hasta nuevo aviso.

Parece que al gobierno federal no le corren las prisas con los nuevos nombramientos. Y a Lomelí nomás no le pega una.

¿Por qué me preocupa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado ayer que va a comprar 500 nuevas pipas de gasolina de 60,000 litros cada una? Porque es señal de que la crisis de desabasto de gasolina no se va a resolver ni ahora ni en el resto del sexenio.

El mandatario no parece tener intenciones de abrir nuevamente las válvulas de los poliductos que de manera eficiente han conducido la gasolina y otros petrolíferos a lo largo y ancho del país durante décadas. Aunque ayer López Obrador volvió a afirmar que el desabasto -que antes ni siquiera existía- "es una situación transitoria", añadió después: "Están jugando a las vencidas estos traviesos. Pero vamos a demostrar que puede más el pueblo digno de México".

El presidente ha dicho en varias ocasiones que les está ganando la batalla a esos "traviesos" y que el robo de combustible se ha desplomado desde que cerró las válvulas. Pero si así fuera, ¿por qué estaría ordenando la compra de estas 500 pipas?

Estos 500 vehículos representarían una capacidad de transporte de 30 millones de litros. Es un monto importante, aunque palidece ante los 125 millones que se consumen diariamente en nuestro país. El problema es que una vez realizada la compra, Pemex tendría un incentivo para utilizar en el largo plazo estos autotransportes. Los especialistas, sin embargo, señalan que resulta entre 10 y 15 veces más caro transportar gasolina por pipa que por ducto. Pemex se estaría comprometiendo así a usar de manera indefinida un transporte más caro e ineficiente.

Dice el presidente que las 500 pipas se comprarían con el ahorro logrado al reducir el robo de combustible. ¿Será cierto? Como en muchas otras afirmaciones que hace, no hay cifras precisas. López Obrador ha declarado que el robo de combustible significa una pérdida para Pemex de 60,000 millones de pesos al año, aunque no ha dado a conocer las bases de esta cifra. El transporte en pipas en lugar de ductos, sin embargo, representa un incremento sustancial en los costos de Pemex. Hasta ahora no sabemos cómo se compara este gasto adicional con el supuesto ahorro del robo de combustible. Tampoco conocemos el monto de robos de combustible en pipas.

La verdad es que el gobierno no podrá decir que ha logrado una victoria mientras mantenga cerrados los ductos de distribución. Sería muy fácil cortar la luz de una ciudad y afirmar que se ha reducido al 100% el robo de electricidad en ella, solo que cuando se reanudara el servicio comenzaría en automático nuevamente el robo. El cierre de ductos, en realidad, dificulta el combate contra el robo de combustible, porque no permite ubicar y detener a las bandas que se dedican a este negocio.

El gobierno sí está haciendo algunos esfuerzos eficaces en el combate al huachicoleo. Los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de que se han encontrado cientos de gasolineras que tienen ventas superiores a sus compras de combustibles sugieren un camino más eficaz para combatir el comercio ilegal de combustible robado [¿No será combustible robado a los consumidores al venderles litros recortados? - pregunta el webmaster]. Usar drones para patrullar los ductos sería también una medida sensata. Pero el cierre de ductos no hace más que dañar al consumidor sin afectar realmente a los huachicoleros.

El presidente tiene razón cuando dice que "no es tan imposible poner orden en el caos". Hasta ahora, sin embargo, el cierre de válvulas solo ha creado un caos al que ya habría que poner orden.

Cientos de pipas de Pemex, Canacar y otros están transportando gasolina a la Ciudad de México. Por eso empieza a bajar el desabasto en la capital. Pero nadie en el gobierno federal parece preocuparse por Jalisco, Michoacán o Guanajuato. ¿Será porque la Ciudad de México es gobernada por Morena y las otras entidades por la oposición?

(Para escribir esta columna se consultó al doctor Luis Serra, director de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey y uno de los especialistas del sector energético más reconocidos del país).

De entrada, aclarar: Estamos a favor de que se combata al huachicoleo. En esta tarea es plausible que el gobierno de López Obrador haya decidido atacar el robo de gasolina, una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado. En ello, apoyarlo.

Pero tampoco podemos cerrar los ojos: La estrategia de AMLO y de su gobierno -por llamarla de alguna manera-, fue improvisada, errática y cruel. Es insostenible y no dudó en sacrificar a millones de mexicanos al dejarlos sin gasolina, bajo la falacia de que era necesario cerrar los poliductos para descarrilar a los huachicoleros. Falso.

¿Por qué lo afirmamos?

Porque el robo del combustible no solamente se da en los ductos, sino en toda la cadena de valor: en yacimientos, en el transporte y en los centros de almacenamiento, como se detallará líneas abajo.

¿Se pudo haber atacado al huachicoleo sin necesidad de provocar el grave desabasto de gasolina que tiene semiparalizadas a varias ciudades? La respuesta es SÍ.

¿Se cometieron errores graves en Pemex y en la Secretaría de Energía que detonaron dicho desabasto? SÍ.

¿Hay mucho de ideologización y dogma en esta medida brutal por parte de AMLO, en su obsesión personal de pasar a la historia como el nuevo Lázaro Cárdenas? SÍ.

Los periodistas tenemos la obligación de consultar a los especialistas en temas complejos como el energético, y después, escribir tal cual, sin jamás tener la intención de quedar bien con absolutamente nadie.

Los fanáticos se ciegan y evaden la realidad, y lo que en estos días vivimos, es una realidad a la que hay que despellejar: se sacrificó por ineficacia gubernamental, inexperiencia, negligencia, y por obsesiones políticas-históricas a millones que, hoy por hoy, siguen sufriendo por el desabasto de gasolina.

Desmenucemos lo que provocó que se tenga semiparalizados a varios estados. (Basta un botón de muestra: en Guanajuato solamente funcionan 115 de las 600 gasolineras registradas. Fue necesario que ante el abandono del gobierno federal, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez gestionara que Texas llegara al rescate, abasteciendo con casi 10 millones de litros de gasolina a la entidad que, tras 11 días de cuasi parálisis, registra pérdidas por 1,200 millones de pesos).

ESTRATEGIA INSOSTENIBLE Y FALSA. No era necesario ni tampoco es sostenible que el gobierno federal cerrara de manera imprudente los ductos para atacar al huachicoleo. ¿Por qué? "Porque el robo del combustible no solamente se da en ductos, sino en toda la cadena de valor: en yacimientos, en el transporte y en los centros de almacenamiento, así que aun abriéndolos hoy y si no se cambia la estrategia, el huachicoleo permanecerá", explica Serra. Es decir: de poco o nada habría servido sacrificar a millones de mexicanos sin gasolina durante casi 2 semanas.

TERMINALES VACÍAS. Error garrafal, que se cerraran los ductos de gasolina sin considerar que 10 de las 75 Terminales de Almacenamiento y Reparto de PEMEX, estaban vacías. (Reforma /14-Enero-2019- Sebastián Garrido).

PIPAS INSUFICIENTES Y MÁS CARAS. Falacia, que AMLO asegure que solamente con las pipas se podrá suplir el abasto que se realiza por los ductos de Pemex. Será insuficiente e imposible hacerlo en número, además de oneroso para los bolsillos de los mexicanos, ya que los costos de distribución son mucho más caros vía pipas que a través de los ductos en una proporción considerable.

BUQUES VARADOS. Los 24 buques petroleros estacionados en muelles nacionales, han costado 50,000 dólares diarios que saldrán de nuestros impuestos. Un ritmo despilfarrador de 1'200,000 dólares por día en promedio tirados a la basura por la ineficacia de nuestro sistema de distribución. Y fueron 11 días. Saquemos cuentas.

SISTEMA DE DETECCIÓN OBSOLETO. El gobierno de AMLO utiliza el Modelo Scada que sirve para el registro del movimiento, más no para detectar el robo de gasolina. De acuerdo a los especialistas, lo primero que se debió haber hecho era cambiar de sistema mediante la digitalización de la cadena de distribución, y en vez de recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda o al SAT, haber instalado el sistema denominado "block chain" que se utiliza en Europa con excelentes resultados y que sí funciona para detectar robos e implementando, posteriormente, la estrategia de seguridad en los puntos focalizados. De otra manera, será una estrategia a tontas y locas contra el huachicol.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS. AMLO informó la semana pasada que el gobierno ha evitado el robo de gasolina por el equivalente a 2,500 millones de pesos. Bien. Pero tan solo en Guanajuato, las pérdidas son la mitad de esa cifra: 1,200 millones de pesos. Agregar Jalisco, Michoacán, Edomex, Querétaro y Ciudad de México. En la balanza final, seguramente serán más las pérdidas que las ganancias para todos.

¿Por qué tanta improvisación, errores y mentiras?

Hay 2 respuestas:

1a., porque el tema está ideologizado por AMLO. Explicamos: el presidente tiene una obsesión por simbolismos y personajes históricos, como Zapata -2019 será su año-, Juárez y Lázaro Cárdenas, y es precisamente con el responsable de la expropiación petrolera en 1938 con quien López Obrador se quiere igualar en la historia. Ese dogma nos está costando caro por la visión aldeana de AMLO y su rechazo a todo lo que desconoce o lo que no entiende. Para AMLO, el escenario ideal no sería que la gasolina regresara a los tanques de millones de autos, sino que decenas de miles de fieles le gritaran ¡gracias, Tata! y desde la plancha del Zócalo le ofrendaran gallinas y cerdos para abonar al gesto heroico. La globalización, la tecnología y la modernidad, es algo que nada más no embona en el actual gobierno.

2a., por la ineficacia de escándalo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle -exhibida en cadena nacional cuando AMLO le pidió las cifras de importación de gasolina y ella respondió con un patético "no las tengo a la mano"-, que poco entiende de tema y coyuntura, y solo se dedica a echar loas a su líder político; y también, por la inoperatividad e ignorancia del director de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero, quien ha sido una figura decorativa en toda esta crisis. Tanto Nahle como Romero deberían ser removidos de su cargo por el bien del país. Pero eso no ocurrirá ya que, para AMLO, están cumpliendo su labor a la perfección: aplauden muy bien. (Allí quedará para la historia el ridículo del improvisado director de Finanzas de Pemex ante inversionistas en Nueva Yok).

Así, se pudo haber iniciado una lucha preparada, inteligente y certera en contra de los huachicoleros, sin generar desabasto ni afectar a millones de mexicanos.

Pero se optó por el dogma, por la obsesión histórica.

Y allí la mala estrategia.

Para López Obrador la historia, que él acomoda a su antojo, es una especie de religión de la patria, donde héroes sin mácula, hombres unidimensionales que no tienen lado oscuro, que no tienen biografía sino hagiografía (como se les llama a las historias de vida de los santos) construyen un país ideal mientras los malos, que no tienen arista buena, destruyen al pueblo. En este contexto, recuperar la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es el equivalente a reeditar el Catecismo de Ripalda, y pedir que se lea en familia no es muy distinto a recomendar el rezo del rosario.

El texto de Alfonso Reyes (el mejor prosista en lengua española según Borges) hay que ponerlo en contexto. Fue escrito en 1944 por encargo del secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, en un momento en que lo que buscaba el presidente Ávila Camacho era contrarrestar el impulso de la educación socialista que había echado a andar su antecesor, el presidente Lázaro Cárdenas.

El texto leído hoy suena viejo, conservador y por momentos absurdo, pero tiene como objeto volver a poner sobre la mesa la discusión sobre la moral pública y la construcción del bien común. Leerlo como un texto histórico, con la prosa de Reyes como incentivo adicional, tiene sentido. Plantearlo como la base de la reconstrucción moral de la sociedad y, según plantea el propio presidente en el prólogo a la nueva edición, "un 1er. paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad" es no solo anticuado sino indeseable pues hay en él muchos de los anatemas que, gracias a una modernidad que avanza lenta pero segura, hemos superado.

Idealizar el pasado no es una forma de conocimiento sino de ideologización y por lo mismo corre el riesgo de que nos quedemos atrapados persiguiendo el fantasma de lo que ya no somos.

Sería una pésima noticia y una desfachatez, que el gobierno de la autodenominada 4a. Transformación piense que la demanda de justicia y verdad para miles de víctimas de la guerra en México se satisface sólo atendiendo, legítimamente, a las familias de los normalistas de Ayotzinapa.

Hay miles de otros desaparecidos a quienes el gobierno actual debe dar respuestas, también inmediatas y también contundentes.

Las familias organizadas en el Movimiento por Nuestros Desparecidos en México, emitieron ayer mismo un comunicado donde le exigen a López Obrador que se reúna con ellos para acordar la implementación del sistema nacional de búsqueda. Debe atenderlos y darles una respuesta semejante, al menos, a la que dio a las familias de los normalistas de Ayotzinapa.

No ha sido fácil. Hay quienes han destinado horas de sueño a esperar en fila, mientras otros han tenido que estirar su gasto semanal. Algunos han bajado temporalmente la cortina de su negocio y todos han aprendido a olfatear gasolinerías abiertas. Ciudades enteras han bajado su ritmo económico y familias completas han pasado angustia por la falta de combustible o la reducción de sus ingresos.

No ha sido sencillo y las historias abarcan un rango que va desde el orgullo por el aprendizaje (el sobreuso del automóvil y el innecesario gasto en movilidad de lujo), hasta el dolor de ver una fuerte inversión esfumarse hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de una empresa (la Feria de León es un ejemplo).

Falta medir los impactos inflacionario y presupuestal, pero quedémonos por ahora con el saldo negativo del desabasto de gasolina en la vida cotidiana de miles de mexicanos. Cientos de miles. Millones, quizá.

Por el desabasto de combustible, las pérdidas económicas para las empresas de Jalisco se estiman en más de mil millones de pesos, de acuerdo a proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Este monto se suma a los más de mil millones de pesos de pérdidas registradas en Guanajuato, otro estado afectado por el desabasto de gasolinas; y el quebranto por 5,500 millones de pesos que ha sufrido el campo mexicano, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

"En lo general, se ha manifestado el inicio de ausencia de productos y consumidores en los comercios al por menor, y afectaciones en el sector agroalimentario para llevar los productos al campo a los centros de comercialización", informó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Como consecuencia de la falta de gasolinas, 6 de cada 10 comercios de la zona metropolitana de Guadalajara reportaron reducción de sus ventas, 3 de cada 10 tuvieron problemas para abastecer insumos a proveedores locales, y el 84% de las empresas del sector comercio tuvieron complicaciones de operación, informó Xavier Orendáin, titular de la Canaco.

En el mismo sentido, la mitad de los comercios tapatíos reportó ausentismo o retardos laborales, y 6 de cada 10 se atrasaron en la distribución de productos.

Tanto Canaco como CCE calcularon afectaciones del 20% en las ventas de los comercios al por menor en Jalisco, como consecuencia de una menor asistencia a establecimientos.

Antes del desabasto de combustible, cada una de las 450 estaciones de servicio ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara despachaba, en promedio, 22,222 litros de gasolina al día.

Sin embargo, luego de la crisis que provocaron las acciones del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, actividad que también es conocida como huachicoleo, el ejecutivo estatal estimó que del 4 al 9 de enero el flujo en las gasolinerías de la ciudad se redujo en 60%. Es decir, perdió más de 13,000 litros que vendía diariamente, en promedio.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se puso las pilas y viajó a Texas, Estados Unidos, para gestionar que importadores abastecieran de combustible a su entidad.

Según lo que informó este martes, el mandatario pactó el abastecimiento de gasolina por medio de un carrotanque y algunos más que llegarán en la semana en acuerdo con la empresa Mobil.

Plantear que apoyar la decisión gubernamental de luchar contra la corrupción implica aplaudir frenética e incondicionalmente incluso sus efectos perniciosos, conduce a un falso debate. La eficacia de la autoridad para combatir a los delincuentes no necesariamente implica sacrificar a los inocentes. La honradez y la justicia no tienen por qué estar reñidas con la sensatez y la prudencia.

Se detuvo el flujo de combustible en los ductos para detener el robo dentro de Pemex y fuera de la empresa, en todos los lugares donde se registran tomas clandestinas y huachicoleo. Mientras se hacen las investigaciones correspondientes, es con pipas como se está surtiendo la gasolina, con el correspondiente desabasto y los problemas que deben padecer las personas, la economía y las cadenas de producción.

La expectativa es que al final de esto, Pemex quede limpio de corruptos y delincuentes.

El sacrificio habrá valido la pena.

Claro que en este planteamiento no se consideran elementos como los 24 buque-tanques que en la costa veracruzana no han descargado la gasolina que se compra fuera del país; tampoco se han considerado los procesos judiciales y el necesario rigor en investigaciones para que no terminen "cayéndose" por errores de procedimiento; el sacrificio general que se está pidiendo a los mexicanos en estados como Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán o Tamaulipas, sólo está siendo retribuido hasta ahora con el aviso de que se están congelando cuentas bancarias de "varios" investigados. Pero cuando se esperaba que un "pez gordo" como el líder sindical Carlos Romero Deschamps estuviera entre los señalados, el presidente López Obrador advirtió que no hay denuncias contra él.

[Romero Deschamps es representante de uno de los aspectos del priismo más añorados por López Obrador - el webmaster.]

¿Hasta cuándo seguirán cerrados los ductos? ¿Cuándo habrá claridad y cifras precisas sobre detenidos y presuntos responsables? ¿Comprar gasolina será problemático de modo permanente? Todas son preguntas para las que todavía hay paciencia.

Pero esta virtud, igual que la gasolina, también se agota.

Persisten los problemas de abastecimiento de combustible en la metrópoli porque no se ha incrementado el número de pipas que llevan gasolina a las estaciones de servicio, concluyeron gerentes y trabajadores de una quincena de negocios en Guadalajara y Zapopan, tras un sondeo.

Esta información contradice la presentada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de Pemex, Octavio Romero. Este último aseguró la reposición de suministro para Jalisco, al repartir de 7.9 millones de litros el pasado 11 de enero a 16.8 millones al día siguiente.

"La última pipa que nos llegó fue el viernes en la tarde; el sábado tuvimos venta normal y nos quedamos sin combustible desde ese día", señaló ayer Jorge Flores, gerente de una estación en Independencia Sur y Ramón Corona.

"Todo sigue igual, están muy intermitentes las entregas", manifestó Gabriela Martínez, responsable de una estación cerca de La Minerva. "No sé de qué dependa".

Los industriales del país requieren una reunión con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para conocer la estrategia que seguirá la empresa, porque hasta la fecha no existe ninguna y en las plantas de producción se necesita planear para definir la fabricación de las próximas semanas, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

El problema es que hay impacto para todas las cadenas del país, incluso, se requiere de los trabajadores del 3er. turno para que se formen en las gasolineras para llenar los tanques de los camiones, en lugar de que se enfoquen a la producción.

Con el desabasto también hay problemas para la distribución de perecederos, de artículos de primera necesidad y, lo más importante, para el abasto de maíz para tortilla, porque en la zona centro del país se requiere grano para 26 millones de personas.

"No sabemos si mañana o dentro 2 semanas esto nos aguante, esa es la preocupación, y no sabemos hasta cuando podemos aguantar... no queremos llegar a eso, al desabasto (de alimentos), los centros de distribución desbordados. Y no podemos arriesgarnos a lo que pueda pasar".

Comentó que aplauden la medida de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de gasolina, pero es necesario asegurar el abasto de combustible.

Añadió que, para los industriales, es necesario que el combate al huachicoleo termine en detenciones. "La pregunta que tenemos es: ¿Dónde están los detenidos?".

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid, respaldó la medida del gobierno federal para erradicar el llamado huachicoleo, pero pidió las medidas necesarias para evitar que el problema de la distribución de combustibles afecte el traslado de alimentos del sector.

Señaló que las afectaciones han dejado pérdidas de hasta 5,500 millones de pesos por los problemas para trasladar los alimentos.

Comentó que dicho inconveniente también ha retrasado las salidas de las exportaciones de productos agroalimentarios, como berries y aguacates, incluso del envío de perecederos.

El colectivo "#FiscalíaQueSirva" rechazó participar en la elección del fiscal general de la República, pues considera que el proceso no cumple con los estándares internaciones, y el método elegido por el Senado, vía "fast track", no garantiza una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación.

"El colectivo considera inadecuado asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia que se realiza; declinamos la atenta invitación de los legisladores en virtud de que el procedimiento no ofrece certidumbre de seriedad", expresaron en un comunicado.

Consideraron que es indispensable ahondar en aspectos preocupantes sobre los antecedentes o posibles conflictos de interés de los candidatos, "este proceso debe tener objetivos claros, ser planificado, y llevado a cabo con participación real de la sociedad civil", externaron.

El colectivo indicó que el Senado deberá "asumir" la responsabilidad política y social de una designación que impactará directamente en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace tiempo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la suspensión de las obras en Texcoco no ha ocurrido.

Especialistas explicaron que el gobierno enfrenta 4 factores que le impiden 'enterrar' definitivamente el proyecto aeroportuario, cuyo costo fue estimado en 13,300 millones de dólares.

Entre los aspectos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) aún debe destrabar para frenar totalmente la obra se encuentran: el alto costo financiero a cubrir por la cancelación, las complicaciones legales con inversionistas, el proceso de suspensión de los contratos con constructores, y la remediación del terreno de casi 5,000 hectáreas a su estado de origen.

Costo financiero

El costo de cancelar la obra es un monto que la actual administración no ha podido esclarecer. Por una parte, López Obrador estima que el país ahorrará 100,000 millones de pesos al 'enterrar' el NAIM; mientras que el GACM prevé un costo de alrededor de 120,000 millones de pesos por cancelar las obras.

Sin embargo, el impacto económico de la suspensión se podría disparar debido al pago de intereses que el gobierno deberá realizar sobre los 4,200 millones de dólares de bonos colocados en el extranjero.

Según el analista financiero, Raymundo Tenorio, tan solo el pago de intereses supondría una erogación de 4,388 millones de dólares adicionales al valor del principal de los bonos que se tendría que amortizar en un periodo de 21 años.

Existe la posibilidad, agregó, que los bonistas firmen la reestructura de bonos a una tasa mayor en hasta 400 puntos base, como lo sugirió la calificadora Standard&Poors, lo de que dispararía aún más el costo.

Costo legal

La recompra de 1,800 millones de dólares en bonos del Fideicomiso MexCat evitó que el Estado enfrentara litigios internacionales.

Sin embargo, Roberto Hernández, abogado especialista en contratación pública, señaló que la cancelación de los contratos con constructoras, legalmente se dará hasta que la actual administración anuncie su 'terminación anticipada', proceso que ya contempla el GACM.

"La terminación anticipada de contrato llevará entre 4 y 6 meses por el volumen de las obras y contratistas", refirió el experto.

Alejandro Loera y Luis Felipe Aguilar, socios del despacho Aguilar & Loera, explicaron que se debe pagar una penalidad por la obra ejecutada y los servicios prestados, pero de no llegar a un acuerdo con los contratistas podrían surgir controversias legales. "El particular tiene derecho de asistir al Poder Judicial Federal o al mecanismo de arbitraje para demandar el pago correspondiente", dijo Loera.

Un contratista del NAIM que pidió el anonimato, descartó que las constructoras mexicanas demanden al gobierno, pero sugirió que las firmas extranjeras sí podrían hacerlo.

Traba contractual

Algunos contratos con constructoras culminarían en no más de 6 meses, según el GACM. Rogelio Rodríguez, abogado experto en aeronáutica, explicó que es probable que se decida dejar correr los que todavía estarían vigentes, para evitar su término anticipado que es más costoso.

"Esta decisión del gobierno federal forma parte de un plan para evitar costos adicionales por término anticipado de contratos que tienen un avance considerable y están por concluir", dijo Rodríguez.

El semestre fijado por el GACM es 'realista' y permite a la autoridad seguir las obras que están por expirar antes que indemnizarlos, añadió. Además, un contratista indicó que "una terminación anticipada es muy difícil, por lo que mejor es llevar el contrato a buen fin".

Según el GACM, al 16 de noviembre 134 contratos estaban vigentes con un valor total de 154,013'515,000 pesos, incluido el edificio terminal, a cargo de Carso, ICA, GIA y Prodemex.

La remediación

Gerardo Ferrando, titular del GACM, refirió que demoler lo construido en Texcoco no es lo más sensato, por lo que se debe buscar un destino a lo construido.

Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que de acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental del NAIM se tiene que desmantelar la obra o buscar otro uso para el proyecto, a través de un 'Programa de Restauración Ecológica' que señale la rehabilitación, demolición o uso alternativo de la obra, lo cual encarecería más la cancelación. "Remediar un sitio es a veces más caro que el proyecto mismo", advirtió Alanís.

El juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, concedió al abogado Javier Mijangos González la 1a. suspensión provisional contra el cierre de ductos de Petróleos Mexicanos como parte de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustibles.

El juzgador admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el pasado 11 de enero de este año el ex secretario de Estudio y Cuenta del ministro Arturo Zaldívar, la cual quedo radicada en el expediente 30/2019.

En el recurso, Mijangos González señala como actos reclamados la orden verbal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cual instruye la "clausura" de al menos 4 de los 13 oleoductos de Pemex, así como su cumplimiento y el consecuente desabasto de gasolina en la Ciudad de México.

Asimismo, añade que la reducción en la oferta de gasolina ha repercutido negativamente para que los mexicanos desarrollen con normalidad sus actividades cotidianas, lo que podría representar una violación a los derechos fundamentales, ya que la falta de suministro suficiente influye en la distribución de productos de primera necesidad.

Al conceder la suspensión provisional, el juez Regis López ordenó garantizarle al quejoso la adecuada distribución y suministro de gasolina.

Del mismo modo, fijó como fecha para la realización de la audiencia constitucional el 8 de febrero a las 9:44 horas, día en el que deberá resolver si concede la suspensión definitiva.

Lo 1o. que advierto al salir del aeropuerto de Tijuana es que las gasolineras operan de manera normal. No hay largas filas, ni la desesperación de otros lugares del país.

En parte la razón es que en Baja California no había ductos que cerrar. La gasolina se recibe por barco desde Estados Unidos y se distribuye por pipas. Las distribuidoras pueden traer combustible directamente si tienen problemas de abasto. Advierto, por otra parte, que el número de gasolineras de Pemex es relativamente reducido. Veo en cambio numerosas estaciones de Arco, Chevron o Rendichicas, una empresa con personal exclusivamente femenino.

Esperaba hallar un gran entusiasmo por la reducción del IVA y el Impuesto Sobre la Renta, pero encuentro más dudas que aplausos. Los recortes, para empezar, no se incluyeron en la Ley de Ingresos, sino que proceden de un decreto presidencial firmado el 29 de diciembre y cuyas reglas no se emitieron hasta el 7 de enero.

A pesar de que el presidente López Obrador anunció la creación de la "zona libre más grande del mundo", no se ha establecido una demarcación en la que puedan entrar y salir productos libremente, sin aranceles ni barreras burocráticas. Ni siquiera hay una disminución generalizada de impuestos. El decreto presidencial simplemente crea "créditos" o estímulos fiscales para el IVA y el ISR de algunos contribuyentes, pero los estímulos son voluntarios.

¿Voluntarios? ¿Por qué habría un contribuyente de optar por pagar un impuesto mayor? Porque si el comercio, por ejemplo, paga a sus proveedores 16% de IVA, pero solo cobra 8% a sus clientes, tendrá que esperar a que Hacienda le devuelva la diferencia; y quienes tienen que recibir devoluciones de Hacienda saben que el proceso requiere más paciencia que la de un automovilista en una gasolinera de Guadalajara. El hecho es que hasta ahora todos están cobrando 16% de IVA.

No todos los contribuyentes, por otra parte, pueden optar por el estímulo. Hay que haber estado radicado en la zona cuando menos 18 meses. Pero como el decreto solo tiene vigencia de 2 años, si alguna empresa opta por establecerse en la frontera para aprovechar los créditos solo le quedarán 6 meses de 2020 para usarlos. Para recibirlos, sin embargo, deberá obtener más del 90% de sus ingresos de clientes en la frontera. Ni las maquiladoras ni otros grupos de contribuyentes, por otra parte, podrán recibir el estímulo.

Aceptar el crédito significa someterse a una serie de trámites burocráticos. Las empresas deben solicitar autorización al SAT antes del 31 de marzo de 2019 y quedar inscritos en un padrón de beneficiarios. La inscripción no da ninguna certeza. El SAT puede revocar la autorización en cualquier momento y no hay recurso legal contra la decisión.

El decreto presidencial no está creando, ni de lejos, una zona libre. Supongo que habrá empresas, con buenos abogados y contadores, que podrán pagar menos impuestos con este decreto. Hacienda calcula que el erario perderá 41,600 millones de pesos por ello, pero la mayor zona libre del mundo habrá que buscarla en otros lugares. En este momento, de hecho, la única ventaja con la que cuenta Baja California frente a otras regiones de México es que todavía tiene gasolina.

La duplicación del salario mínimo en la frontera no ha afectado, hasta ahora, a las maquiladoras, que pagaban entre 3 y 4 veces el mínimo. Pero sí está dañando severamente a los restaurantes y pequeños comercios de zonas rurales, como el Valle de Guadalupe.

Enrique Peña Nieto entregó Pemex como la empresa petrolera más endeudada del mundo, con más de 2 billones de pesos de deuda. Su gestión fue desastrosa. Andrés Manuel López Obrador la recibió al borde del precipicio... y la ha ido empujando para que caiga. Aplica perfectamente el dicho de: si estaba sostenida con alfileres, ¿para qué se los quitan?

Financieros de Pemex y de la Secretaría de Hacienda del actual gobierno federal realizaron una gira por Nueva York (road show, como se le conoce en el argot del dinero), organizada por el banco multinacional Barclays. Se reunieron con inversionistas y analistas del sector para presentarles su plan de gestión en Pemex, para tratar de convencerlos de que confíen en lo que viene para Petróleos Mexicanos con la Cuarta Transformación.

Fue un fracaso estrepitoso. Les fue tan mal que incluso el co-director de Inversiones de uno de los fondos más grandes del mundo, Stone Harbor, que tiene los bonos de la paraestatal mexicana, en una entrevista con la agencia Bloomberg posterior al encuentro en Nueva York, de plano pidió la renuncia del director de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez.

Según el mismo cable, los analistas de Nomura Holdings y de Jeffries hicieron pedazos a los funcionarios mexicanos: "Carecen de una estrategia", "no impresionaron a nadie", "están desconectados de lo que percibe el mercado", "podemos esperar que les bajen la calificación", "muchas cosas siguen sin estar claras", "no dieron una explicación creíble", "decepcionantes", "más cercanos a Guatemala que a Colombia", fueron algunas de las frases con las que describieron las reuniones reporteadas por Bloomberg y Redd Latam.

El tour de los financieros de la 4T para generar confianza en Pemex... terminó generando desconfianza.

Su mal desempeño se plasmó de inmediato en los mercados: la tasa de interés de los bonos de Pemex subió casi medio punto porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Que Pemex va a tener que pagar más intereses. ¿Y de dónde saca su dinero? Es dinero de todos los mexicanos. ¿A cuánto dinero equivale este medio punto porcentual, considerando el tamaño de la deuda de Pemex? Si consideramos que la deuda de Pemex es de más de 2 billones de pesos, el road show costó a México cosa de 10,000 millones de pesos.

En un par de reuniones en Nueva York, Pemex perdió el doble de lo que se ahorró en 2 semanas de sacrificio ciudadano contra el huachicoleo.

Pemex está aún más al borde de que le bajen la calificación crediticia y con ello México pueda perder el grado de inversión, lo que sería una pésima noticia para la economía mexicana y para el presidente AMLO.

Los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina fueron a la consulta de la Cámara de Diputados a pedir que se modificara el dictamen de la ley de seguridad pública para que el mando de la nueva Guarda Nacional sea civil y no militar. La posición de los secretarios sorprendió a todos, y abrió la puerta a la aprobación de esta nueva institución de seguridad.

Hay 3 posibilidades de explicación en este cambio de rumbo: La 1a. es que el gobierno haya escuchado las críticas de la sociedad civil y de los gobernadores y por ello haya cambiado de opinión. Sin minimizar la importancia de los argumentos que dieron activistas, académicos y gobernadores, esa no suele ser una razón por la cual López Obrador cambie una decisión. Lo ha dicho con todas sus letras: desconfía profundamente de eso que llaman sociedad civil y su visión de la república no es federalista sino centralista.

La 2a. es que después de mucho intentar convencer (léase comprar) los votos necesarios para lograr las reformas constitucionales se hayan dado cuenta que no les salían las cuentas, que incluso estaba perdiendo algunos de los que consideraban seguros en el PES y aún en Morena donde Tatiana Clouthier encabezó un movimiento en contra de la Guardia Nacional militarizada.

La 3a. es que haya sido una de esas jugadas políticas de 3 bandas de López Obrador, que nunca haya querido la Guardia bajo el mando militar pero que era necesario plantearla así para quedarse con los elementos castrenses, que haya hecho la finta de estar con ellos para al final decirles al más puro estilo de Ruiz Cortines, "perdimos compadre". No hay que perder de vista que antes de tomar la decisión de poner a la Guardia Nacional en manos civiles el presidente les dio a los militares la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y aprobó un proyecto de urbanización del Campo Militar F1 en Santa Fe, con el que siempre habían estado en contra y del que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prefirió no opinar. Así, el presidente llevó a las fuerzas armadas a un punto en que no apoyar a la Guardia Nacional, ahora con mando civil, no solo tenía un alto costo en la opinión pública sino un alto impacto económico.

Según expuso el viernes pasado el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, su jefe el presidente le había instruido modificar la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para que el mando de esta nueva corporación [la Guardia Nacional] integrada por policías federales, militares y marinos, quedara en manos de la Secretaría de Seguridad y de un civil y no del secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, como se propuso inicialmente.

Si bien fue recibido con beneplácito en general el gesto del presidente de escuchar a los críticos y tener la apertura de corregir, la pregunta ahora es si ese cambio es suficiente para apresurar la votación en la Cámara de Diputados para la creación de la Guardia Nacional, que es lo que parece urgir al nuevo gobierno federal y que quieren sacar esta misma semana en un periodo extraordinario. Prueba de esa prisa es que aun sin la existencia legal de ese nuevo cuerpo policial, que es la principal apuesta del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador, ya se lanzó la convocatoria para reclutar a 50,000 jóvenes para integrar sus filas.

Otro debate que no parece obviar este cambio es el papel del Ejército en tareas policiales.

Habrá que recordar que el anuncio de la Guardia Nacional en noviembre pasado, coincidió con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la controvertida Ley de Seguridad Interior que pretendía darle certeza jurídica al actuar del Ejército en labores de vigilancia policial, que tanto fue criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluso por la bancada morenista en la pasada legislatura federal.

Otro tema en el que también se debe trabajar antes de la aprobación de la Guardia Nacional es en el de la coordinación policial con estados y municipios. Más aún porque este tema brilló por su ausencia en la exposición del modelo de seguridad federal en noviembre pasado. El mensaje implícito fue que de entrada la estrategia policial federal no incluía a las corporaciones policiales locales.

Ese también fue uno de los reclamos de los gobernadores y de los alcaldes en el foro de la semana pasada en San Lázaro, en el que plantearon que las reuniones cotidianas de seguridad en estados y municipios no acaban de articularse bien con las corporaciones policiales federales y los mandos castrenses.

El 7 de diciembre anticipó en su comparecencia mañanera que presentaría un plan contra el huachicoleo, enmarcado en el orden legal, con sanciones más severas contra los criminales. 20 días después anunció el plan, que tenía como eje acabar con la corrupción en Pemex porque desde ahí, dijo, se manejaba el robo de ductos. Nunca habló de vigilar los ductos, sino de las instalaciones estratégicas de Pemex, ni tampoco mencionó nada sobre el abastecimiento de combustible. Hoy en día son estos 2 factores, no los que informó, a los que adjudica la crisis de abastecimiento, lo que muestra la improvisación presidencial. Su diagnóstico era correcto, su planificación fallida y su ejecución desastrosa.

López Obrador tardó menos de 20 días en lanzar esa gran operación contra el robo de hidrocarburos. No informó a ningún gobierno estatal, por lo que no buscó su apoyo. No utilizó a la Policía Federal, y se recargó en el Ejército y la Marina para vigilar las instalaciones de Pemex.

No hizo uso de información de inteligencia para atrapar a los jefes del huachicoleo, que siguen libres como cientos de personas que delinquen diariamente. Por ejemplo, el 27 de diciembre el encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que quienes manejaban el control de los ductos desde Pemex, eran quienes permitían que ese robo se llevara a cabo, pero hasta ahora no hay ningún funcionario de Pemex detenido, lo que sugiere que actuaron sin tenerlos identificados.

El presidente sugirió que el énfasis del combate sería el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era sólo una "cortina de humo", que hoy ya no lo es. Ha dicho que se ha reducido de 800 a 100 el robo diario de pipas de gasolina, pero el desabasto explotó. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudican al combate contra el huachicoleo la crisis de abasto, que ayer López Obrador volvió a señalarlo como justificación de la escasez de gasolina. Sólo oculta las deficiencias de su gobierno, donde lo más grave de sus improvisaciones fue el olvido de la estrategia del suministro, que metió a su gobierno en una crisis de desabasto que ya le pegó a la economía y que, una vez más, subrayó el carácter ocurrente con el que inició el sexenio.

Frases que se han vuelto repetitivas; la reiterativa declaración presidencial ("¡Paciencia...!") como replica a la "exigencia" de miles de ciudadanos -el gobernador de Jalisco entre ellos- para que (con la venia de Pito Pérez) "El Supremo Gobierno, que no se equivoca nunca", dé una explicación plausible o fije un plazo para, 1o., exhibir ante la opinión pública a los autores del saqueo sistemático de combustibles que supuestamente se intenta combatir, y, 2o., para salir de esta pesadilla y volver a la normalidad. Una normalidad, dicho sea de paso, que dista mucho de ser paradisíaca, pero que, en comparación, resulta bastante llevadera.

Se admite que para erradicar del organismo un tumor canceroso como el que se pretende extirpar, haya que pasar por un proceso cruento y costoso. Se admite, planteado con otras palabras, que a veces, para que paguen los pecadores, también tienen que pagar los justos... Lo que ya no queda tan claro es hasta dónde se calcula o se pretende que tienen qué llegar la paciencia y el sacrificio de los justos (molestias, contratiempos, afectaciones al sector turístico y a la planta productiva por el entorpecimiento en el suministro de productos básicos; perjuicios para miles de asalariados -empleados y trabajadores de las gasolineras, entre otros-...) para que empiecen a conocerse los nombres de los pecadores y se sepa que ya se iniciaron los procesos penales para que, conforme a la ley, paguen por sus delitos.

La escasez de gasolina tiene efectos multiplicadores sobre otras áreas de la vida que quizá muchos de los que apoyan la medida no habían considerado y no están dispuestos a sacrificar: desabasto de otros productos, suspensión de clases, colapso del transporte público, etc. Por no hablar del impacto de los especuladores que intentan medrar con la crisis.

La ocasión está siendo aprovechada por los adversarios políticos y económicos de López Obrador, para provocar un estallido de impopularidad: grupos de "ciudadanos" que ejercen bloqueos en protesta por la falta de combustible, provocando el caos vial; amenaza de desabasto de artículos de primera necesidad.

Para las autoridades se trata pues de un asunto de eficacia logística en una carrera contra el tiempo. Deben restablecer en pocos días los niveles aceptables de suministro para que las molestias sean simplemente eso, molestias y no una alteración radical de la vida diaria de tantos mexicanos. Eso implica ganar la batalla inmediata contra los huachicoleros y evitar la perforación y el sabotaje.

Pero incluso si logra el restablecimiento del abasto de combustibles para fines de la próxima semana, como ha prometido, resta aún demostrar que el sacrificio no ha sido en vano. Tanto los que están dispuestos a soportar las molestias como aquellos que las repudian, todos las habrán experimentado y esperarán algo a cambio: el fin de la corrupción en Pemex. En realidad esa es la batalla de fondo. De nada habrá valido todo este desgate si no quedamos convencidos de que el huachicol está herido de muerte y la limpieza radical de Pemex ha comenzado. En tal caso, habrá razones para pensar que está en marcha un verdadero proceso de cambio en el país.

Habrá que presionar para asegurarnos de que todo esto culmine con una verdadera transformación de Pemex.

Un grupo de manifestantes se reunió enfrente de la Glorieta Minerva para mostrar su inconformidad por la estrategia del gobierno federal para combatir el huachicoleo, la cual ha generado un desabasto de combustible en Jalisco y otros puntos del país que se ha extendido por más de una semana.

"Estamos a favor de que se combata el delito al robo de combustible, pero la estrategia no ha sido la correcta y nos está afectado a todos en nuestra vida cotidiana, a los negocios y la dinámica de la ciudad", externó Fernando Guízar, de Mexicanos por la Libertad, grupo que convocó a la manifestación.

"En la empresa donde trabajo tenemos camiones, vehículos, maquinaria pesada. Las obras están paradas, nuestros empleados comienzan a llegar tarde", dijo Sergio Barrón, uno de los manifestantes.

Los ciudadanos que se congregaron en la vía pública exigieron al gobierno federal que tome medidas "inteligentes" para combatir el robo de gasolina sin afectar a la población. Además, pidieron se dé a conocer una fecha en que el abasto de gasolina volverá a normalizarse, pues consideran que la falta del combustible ha provocado que se "paralice" la vida en la ciudad.

Externaron que la federación debe hacer "lo necesario" para volver a proveer de combustible a la población, ya sea mediante pipas o volviendo a abrir los ductos por donde solía distribuirse el hidrocarburo.

La manifestación se extendió entre las 10:00 y las 11:30 horas aproximadamente, tiempo durante el cual algunos de los asistentes hicieron uso del micrófono abierto para contar las formas en que se han visto afectados por el desabasto. Algunos afirmaron haber llegado a pasar hasta 5 horas recorriendo la ciudad en busca de una gasolinera en servicio o haber dormido en sus coches en las filas para cargar combustible.

Debido a la falta de combustible y a las dificultades para transportarse, la afluencia de clientes locales disminuyó aún más para el Mercado de Abastos.

Salvador Hernández Navarro, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, estimó que ayer hubo 40% menos compradores provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara, a comparación del 30% que se reportó el viernes pasado.

El costo del combate al robo de combustibles puede representar 0.1% del PIB, aproximadamente 18,000 millones de pesos, coincidieron el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic).

Los distribuidores de combustibles afectados pudieron perder un tercio de sus ingresos, lo que "ascendería a más de 6,000 millones de pesos, lo que representa 0.03% del PIB. Aunque puede parecer mínimo a esto habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una décima del PIB", detalló el CEESP.

El director general del Idic, José Luis de la Cruz, calculó que el impacto puede ser de una décima de punto del PIB, aunque la desaceleración económica que se observa tanto por factores externos como internos puede ser más profunda si continúa el problema de desabasto de gasolina.

El CEESP afirmó que el combate al robo de combustibles en lugar de tener un impacto positivo de corto plazo se convirtió en desabasto de gasolina, de suministros para las tiendas, en la imposibilidad de mover flotillas, en descontento social, hechos de inseguridad y preocupación por el daño a la economía.

Se siguió una estrategia en la que no se consideraron todos los efectos sobre la actividad económica, porque si bien se cerraron los ductos, se sustituyó ese medio de transporte por flotillas "limitadas" de camiones.

Sucede que el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Jalisco y entre otras cosas anunciará el precio de garantía de la leche. Éste pasaría de 7 pesos a 8.20 pesos.

La historia dice que el anuncio ha sido ya publicitado por las redes morenas en el estado, particularmente en la zona de Los Altos de Jalisco, cuenca lechera como las que más (aporta 20% nacional). Ahí, a partir incluso de perifoneo, desde días atrás se han anunciado las buenas nuevas: en cosa de nada, los productores de leche serán testigos de cómo, por decisión presidencial, ganarán 17% más.

La cuestión es que en una de esas, si la historia no sigue por donde sus ideadores pretenden, el ciclo económico de la leche podría terminar por salirse de madre, generando escasez por un lado y abundancia por otro, y consumidores enojados en el medio. ¿Les suena?

El punto es que una buena idea, pagar más a productores de leche pobres, puede llevar a que una industria sufra un corto circuito mayúsculo. El éxito de la medida estribará, dice un conocedor de la materia, en que expliquen y comuniquen bien qué es lo que pretenden y a cuántos beneficiará y a quienes no.

Los 8.20 pesos se les pagarían a aquellos productores que sacan al mercado menos de 2,000 litros diarios. En México hay "250,000 productores, la mayoría pequeños: el 92% tiene menos de 100 vacas y el 75%, menos de 50". (Fuente: http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1106530.html)

Las fuentes se preguntan qué va a hacer el gobierno con el resto de los productores, con aquellos que aportan más de 2,000 litros al día.

"Como están bajando esa señal, como están haciendo llegar el mensaje, los lecheros podrían entender que toda la industria tiene la obligación de pagar, parejo, los 8.20 pesos. Así van a generar frustración y confrontación entre los productores", aventura una de las fuentes.

Además de que el precio actual en realidad no es de 7 pesos. Ese es el monto que alcanza la leche de mejor calidad. Antes de esa cifra hay varias categorías que, lógicamente, son tasadas con distinto precio.

"No están siendo claros en cómo se estructurará la lista de precios, de cómo se fijarán los premios de calidad hasta llegar a los 8.20 pesos. Si se instala la idea de que es a 8.20 como sea, echarás al suelo todos los sistemas de calidad y de productividad", dice la fuente.

(V.pág.2 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 14 de enero de 2019).

La realidad es que, sin duda en el caso de la distribución de gasolinas hubo incompetencia y también una curva de aprendizaje, pero se inventó el desabasto.

Pero en el caso del combate al huachicoleo, hay que reconocer que ningún gobierno anterior asumió su combate frontalmente y hubo un cierto grado de tolerancia a esta actividad ilegal por los costos sociales y políticos que representa enfrentarlo.

Quizás el error más serio de todos, y el que hace factible que haya críticas recurrentes hacia AMLO, tenga que ver con la comunicación.

Simplemente con que Pemex o Sener dieran a conocer las cifras de importación disponibles y explicaran la dinámica que han tenido, sería suficiente para zanjar la polémica.

El no hacerlo crea la sospecha de que hay algo que quiere ocultarse y desata las especulaciones.

La palabra del presidente no es suficiente, se requiere que además, haya datos.

Paco Calderón
(13 de enero de 2019).

El desabasto de gasolina que se vive desde hace ya 9 días en la metrópoli no corresponde a la falta de pipas para abastecer las estaciones, sino a que no se está enviando la cantidad suficiente de combustible, tal como lo había prometido Pemex, según informó este domingo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez.

"El lunes siguiente al desabasto hablé con el director de Pemex y se comprometió a traer 94,000 barriles diarios y están mandando 40,000 en promedio. Nos está pidiendo apoyo para mandar 40,00 barriles diarios y con eso no alcanza ni para satisfacer la demanda diaria de combustible, es decir, el rezago del desabasto está incrementándose y acumulándose día con día (...) de qué sirve tener pipas si no hay gasolina”, expresó Alfaro Ramírez.

Explicó que si bien tiene el conocimiento de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se ofreció a colaborar con Pemex para poner a disposición pipas que ayudarán a restablecer la demanda de combustible, el problema radica en que Pemex está enviando alrededor de 54,000 barriles menos.

Dijo que espera que las autoridades puedan responder lo antes posible cuándo y como se restablecerá el combustible, pues "no hay nada más que hacer como estado" que lo que hasta hoy se ha hecho, que es aportar las pipas solicitadas, prestar el apoyo en temas de seguridad y establecer mesas de trabajo para verificar los avances y afectaciones diarias, que al día de hoy domingo, abarcan poco más del 50%, según explicó Alfaro Ramírez.

"Una cosa es combatir el huachicol, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, y otra cosa es que esa decisión esté generando las afectaciones que todos conocemos. Cuando se tomó la decisión a este problema se debió de haber previsto, tomado las medidas logística para evitar colapsar a un estado tan importante", expresó.

Hasta hace 3 días, el desabasto de 50% en combustible entregado a las estaciones de servicio del estado había alcanzado a 19 municipios, pero según el corte más reciente del Gobierno de Jalisco, ya suman 35 los puntos afectados por la escasez de gasolina. El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán, informó que ya se han registrado afectaciones en el turismo y la agricultura.

Aunque Petróleos Mexicanos se comprometió en la semana a entregar 94,000 barriles de gasolina y diésel diarios al estado, sólo se recibe la mitad. Estos distribuyen en 60% para la zona metropolitana de Guadalajara y 40% se envía al interior de Jalisco.

Ante la situación actual, la afluencia de turistas ha bajado en municipios como Mazamitla, Tequila y Chapala, mientras que puntos como Unión de Tula, Tototlán y Colotlán han reducido el uso de vehículos oficiales, lo que ya afecta la prestación de servicios.

Ameca, Lagos de Moreno, Tala y Acatlán, agregó el funcionario, disminuyeron su producción agrícola, en tanto que Zapotlanejo no recibe la misma cantidad de compradores para el sector textil.

De acuerdo con el coordinador, estas afectaciones podrían traducirse en un aumento en el precio de la canasta básica y en la menor asistencia escolar. Además, los organizadores de algunas exposiciones de nivel nacional e internacional a realizarse en la zona metropolitana de Guadalajara han considerado posponer las fechas de los encuentros.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exigió al Gobierno de la República que "digan cuándo y cómo van a resolver el desabasto que hoy afecta la vida económica del estado, la cotidianidad y el bolsillo de los jaliscienses". El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, sostuvo que Pemex y el delegado federal en la entidad, Carlos Lomelí, deben dar una explicación.

"Este problema lo generó el presidente y su gobierno debe resolverlo", dijo el mandatario estatal. "Ni el estado ni los municipios vamos a seguir dando la cara por ellos. Exigimos que se deje de tratar así a Jalisco. ¡Ya basta! ¿Dónde está la Secretaría de Energía, dónde está el director de Pemex, dónde están los superdelegados?".

El 6 de enero, la Dirección de Logística de Pemex afirmó que incrementaría la cifra de auto-tanques para que la situación se normalizara en 4 o 5 días. Las largas filas que aún se registran en las proximidades de las gasolineras abiertas confirman que esto no ha sucedido.

Para este momento, Andrés Manuel López Obrador debe haber aprendido que la incertidumbre es la kryptonita de su proyecto de gobierno. Pasó en la polémica por el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: la incertidumbre mandó al dólar a los 21 pesos y, luego de una transición tersa, las presiones macroeconómicas aparecieron. Como contrargumento está el presupuesto: desde su presentación, hay calma y certidumbre, y el peso se ha valorizado en las últimas 3 semanas.

El plan para combatir el huachicoleo es otro ejemplo del riesgo de las incertidumbres, sobre todo cuando hablamos de una gestión que recién comienza. Nadie niega la importancia de golpear contundentemente al crimen organizado en un negocio ilícito que se ha multiplicado exponencialmente en el último lustro. De acuerdo con cifras oficiales, el robo de gasolina incrementó 790% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y lo más grave es que son entre 50 y 80,000 millones de pesos que llegan a las manos de los delincuentes y alimentan el control territorial del crimen organizado. La tasa de impunidad en este delito, el robo de hidrocarburos, es del 97.5%.

El presidente tiene la obligación de actuar en la materia, el debate es el cómo. El fin no admite discusiones; la logística, la estrategia y la transparencia, sí. No sólo para evitar afectaciones tan dramáticas en las estaciones de servicio, sino también para que la estrategia sea sustentable y dé resultados en el largo plazo. Hay consensos en los objetivos y, de acuerdo con una encuesta que publica Mural, 73% respaldan el combate presidencial al huachicoleo, pero existe una división clara sobre los futuros resultados de la estrategia (47% considera que no dará resultados y 46% que sí).

López Obrador decidió cerrar el poliducto que traslada el combustible de la refinería de Salamanca a 13 terminales que se encuentran en el Centro-Occidente y Bajío. Así, mientras los ductos son reparados, el traslado de combustible se hace con pipas que, por naturaleza, son más ineficientes, tardadas y costosas que los ductos. El problema es que la decisión de cerrar los ductos se hizo obviando la verificación de las reservas en las Terminales de Abastecimiento y Reparto, lo que provocó desabasto en ciudades como León, Morelia y Guadalajara. No sólo eso, las primeras señales del desabasto de combustible ocurrieron el miércoles 2 de enero; sin embargo, Pemex y el Gobierno de México empezaron a asumir el desabasto hasta la tarde del sábado 5 de enero.

La errada estrategia de comunicación provocó vacíos de información, que se llenaron con todo tipo de especulaciones (politización en la decisión, hay quien decía que estaba agotada e interpretaciones de todo tipo). El vacío de información provocó incertidumbre y ésta, a su vez, ansiedad y reacciones de pánico de algunos automovilistas. La comunicación social es una herramienta que tienen los gobiernos para dotar de información clara y precisa a los ciudadanos, sobre todo en momentos críticos.

Es inentendible que la secretaria de Energía estuviera tuiteando de futbol cuando en las calles había filas de hasta 2 horas para cargar combustibles. Los comunicados de Pemex fueron igual de inútiles, más preocupados por la propaganda que por informar a medios de comunicación y ciudadanos. En el mismo sentido, vemos la lejanía del gobierno federal con respecto a los problemas que suceden en otras urbes que no sean la capital del país: los habitantes -e incluso las autoridades- de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro han recibido información a cuentagotas.

López Obrador enfrenta en poco más de 40 días su 1er. momento crítico. Y no tanto por el fondo, en donde parece haber un extraordinario consenso en la sociedad mexicana sobre la necesidad de combatir el robo de combustibles, sino por las formas.

¿Cuáles son los objetivos del plan? ¿Cuáles son los plazos para dar resultados? ¿Cuánto durará esta situación de excepcionalidad? ¿Habrá responsables? ¿Por qué en algunos estados sí hay desabasto y en otros no? Gobernar es explicar y rendir cuentas. Y los consensos sobre las estrategias, en una sociedad democrática, se construyen con información y convencimiento. La legitimidad de los fines se puede ver ensombrecida si el presidente no es capaz de comunicar adecuadamente por qué opta por una estrategia en lugar de otra. O si sus secretarios o equipos de comunicación dejan inexplicables vacíos informativos.

Y en el fondo del aparente descuido de las formas está la apuesta de López Obrador por construir la percepción de que están pasando muchas cosas. En un mes: se subió el salario mínimo, se aprobaron leyes de austeridad y hasta los ministros se bajaron los sueldos, se apostó por un cuerpo militarizado para combatir la violencia como la Guardia Nacional, se aprobó un presupuesto que incrementa el gasto social, banderazo al Tren Maya, se canceló oficialmente el proyecto aeroportuario en Texcoco e implementó el plan contra el huachicoleo. Es cierto que la política moderna, con su énfasis en la comunicación y las redes sociales, empuja a la velocidad, pero las prisas también pueden descomponer los ambiciosos planes de López Obrador.

Las prisas pueden provocar descuido en la planeación e implementación de las estrategias. La forma en que se toman algunas decisiones puede tener como consecuencia que la opinión pública perciba más improvisación que solidez en las estrategias que implementa el actual gobierno.

López Obrador recibió un mandato inequívoco en las urnas: combata la corrupción, presidente. Y la planeación y comunicación adecuada no son incompatibles con tal propósito.

Todo indica que el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, trae prisas por imponer su modelo de seguridad que legaliza la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

La propuesta central, ya se sabe, es crear una nueva fuerza de seguridad denominada Guardia Nacional, integrada por policías militares, policías de la Marina y policías federales. Para que sea legal la participación de soldados y marinos en estas tareas, además de darles facultades de investigación, el nuevo partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está presentando un dictamen que incluye una reforma constitucional.

El proyecto de López Obrador y Morena ha sido cuestionado prácticamente por la mayoría de las organizaciones de víctimas (como familiares de desaparecidos) y las organizaciones mexicanas y extranjeras dedicadas al tema de derechos humanos. El tema central del cuestionamiento es que con la propuesta del nuevo gobierno, prácticamente se entrega la seguridad a los militares, con los riesgos que ello entraña.

Ante las críticas, ayer el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, anunció algunos cambios, entre ellos que el mando de la Guardia Nacional será civil y no militar.

Pero para expertos en el tema, como José Antonio Guevara, director de la misión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH) e integrante destacado del colectivo #SeguridadSinGuerra, el anuncio es "completamente insuficiente" debido a que esta medida no elimina el riesgo central que cuestiona este colectivo: legalizar que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública.

El rechazo de estas organizaciones está sustentado en los datos que confirman que desde que se sacó a las fuerzas armadas mexicana a las calles a la supuesta guerra contra las drogas, la violencia ha aumentado, especialmente los homicidios violentos y las desapariciones, además de comprobarse un patrón reiterado de violación a los derechos humanos y las garantías individuales por parte de soldados, marinos, y policías federales.

El problema que vivimos no puede pasar demasiado tiempo sin solución, porque el país está, en buena parte, paralizado. El ausentismo en el trabajo, en colegios y escuelas es mayor que nunca. Proveedores no entregan sus productos con el pretexto de que sus vehículos no tienen combustible. Gente que compra centenas de litros para revender la gasolina a 35 pesos es cada vez más común. Y es natural, donde hay escasez, hay mercado negro.

Muchas teorías alternativas a la versión oficial circulan en internet. Entre ellas una que dice que la verdad es que no se firmó un nuevo contrato para importación de gasolina desde Estados Unidos y que hay buques de ese país esperando en el Golfo de México para desembarcar la gasolina, mientras el gobierno nacional estaría negociando un nuevo contrato con Venezuela.

Sea cual sea la verdad, el hecho es que el problema ya se alargó más de lo debido y esperado.

El presidente López Obrador insistió que no hay desabasto, que sí hay gasolina. Mientras tanto, millones de mexicanos se enfrentan a una pesadilla cotidiana para tratar de cargar gasolina.

Aunque el presidente dijo a los mexicanos "resistan" apenas el 9 de enero, las afectaciones están creciendo y la paciencia se desvanece. En mi programa de radio he recibido cientos de llamadas con historias como la de Graciela Flores de Ecatepec, discapacitada, que pregunta: "¿Cómo pretenden que me transporte?"; la de una profesora de la UAM que me dice que ya no tiene gasolina, que no tiene forma de llegar a sus clases en transporte público, que el Uber le sale muy caro y que no tiene tiempo para pasar 3 o más horas esperando a que le surtan gasolina; o la de una empleada a la que después de esperar horas solo le surtieron 15 litros. Tarde o temprano todos se quedarán sin gasolina.

Si bien mucha gente sigue esperando que las cosas súbitamente regresen a la normalidad, esto no ocurrirá si el gobierno no abre los ductos. Solo Jalisco, dice Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, requiere de 750 pipas diarias, pero está recibiendo apenas entre 150 y 200. Las explicaciones de por qué están cerrados los ductos, por otra parte, han cambiado. Primero el presidente dijo que él había ordenado que se cerraran para evitar el huachicoleo, pero ayer afirmó que se habían registrado 2 actos de sabotaje en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco.

El presidente insiste en que no hay desabasto, que sí hay gasolina suficiente, que es cosa de distribuirla. "Ya vamos hacia la normalidad", afirmó ayer. De momento, sin embargo, no hay indicación de que el desabasto vaya a desaparecer. Como el flujo de combustible sigue siendo menor a la demanda, a pesar de que la población ha recortado su consumo, lo previsible es que la escasez se agrave en los próximos días y semanas. Solo la apertura de ductos podría cambiar la situación; pero si el gobierno no quiere o no puede hacerlo, el desabasto puede volverse dramático y generar una crisis económica. Ayer, sin embargo, López Obrador dijo: "Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso".

Una de las grandes lecciones de esta crisis es el peligro para la nación de tener una empresa monopólica. Si bien la reforma energética legalizó la importación o producción de gasolina por empresas privadas, la mayor parte del combustible sigue siendo producido, importado o transportado por Pemex. En los países del mundo donde hay muchas empresas productoras y distribuidoras, este tipo de desabasto difícilmente tiene lugar.

Aquí lo importante es que si el desabasto se prolonga varias semanas más, las consecuencias serán catastróficas. Ya estamos viendo problemas como la suspensión de la recolección de basura por falta de combustible para los camiones. El abasto de alimentos empezará pronto a ser afectado. Si no se reanuda la provisión de combustible pronto, el país entrará a una crisis, primero económica y luego humanitaria.

Entre tanto dure el operativo de cancelar el uso de los oleoductos -sirva o no-, se seguirá con el desabastecimiento que no es desabastecimiento, o una escasez autogenerada con todas sus implicaciones económicas -necesaria o no-; o como guste decirle a la falta de gasolina. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Ni siquiera el presidente en su misa diaria de 7 se animó a fijar una fecha. Al contrario de sus exageradas y rudas formas, pide paciencia pero de malas.

La comunicación y el manejo de crisis por parte del ejecutivo, cuando ha existido, ha sido paupérrima. Cuando no contradictoria y fuera de tiempo. Un operativo semejante requería, por necesidad, una comunicación a su nivel, con su respectivo equipo de manejo de crisis. Eso es muy básico. Pero no ocurrió y sigue sin ocurrir.

Pero y cuando la falta de planificación del operativo ya fue reconocida por la Secretaría de Energía, todo mundo se sigue preguntando si hay gato encerrado. ¿Acaso una extorsión o duro golpe dirigido a los estados opositores, un castigo a la clase media, a los empresarios del transporte y sus clientes? ¿Acaso un ataque contra el empresariado en venganza de sepa cuál cosa? ¿Acaso provocar una crisis y un pleito de la nada o constituir una cortina de humo? Acaso, acaso, acaso. Porque no saben comunicar o tal parece no les importa. Si se quieren evitar las llamadas compras de pánico, en lugar de culpar a los medios de comunicación por comunicar la situación, por lo menos que expliquen lo hecho y por hacer en dicho operativo.

Aún falta la conclusión del cerradero de ductos. Y aquí la pregunta importante no es si será o no un operativo exitoso, sino cómo lo van a medir. Si van a tomar en cuenta los daños a la economía o solo los litros ahorrados. ¿Y cómo van a medir los litros ahorrados? ¿Piensan arrestar a las cabecillas de tal negocio ilegal? ¿Habrá arrestos? Porque con eso de estar sacando medio a hurtadillas de la cárcel a sepa quiénes como que no da confianza tal resultado. ¿O acaso van a recurrir al aplausómetro de las redes sociales, y por supuesto al sermón de las 7 como forma de medir su eventual éxito?

Ya a estas alturas todo puede pasar. Pero al final del día solo importa una cosa para efectos de la opinión pública. La gente está más enojada de lo normal por la falta de gasolina, enojo "normal" hoy por los tiempos más oscuros de las redes sociales, y con toda su distorsión. Y contra el gobierno de López Obrador.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo A. de Hoyos, reiteró el respaldo a la estrategia del gobierno federal contra el robo de combustible, pero aseguró que la implementación ha tenido errores graves y ha resultado "extremadamente dañina" para los ciudadanos y para las empresas.

"El equipo del presidente lo está haciendo quedar muy mal, la decisión política del presidente es adecuada; la implementación de su equipo es desastrosa. Parecería que lo están mal informando, no se le está transmitiendo por sus colaboradores la gravedad de la problemática y la inconformidad de la sociedad", señaló.

A nombre de todos los presidentes de los Centros Empresariales de la Coparmex que se han visto afectados por el desabasto, pidió una revisión al plan para saber cómo piensa hacer frente a esta situación. "No hay tiempo que perder, cada día la afectación crece".

Específicamente, los empresarios solicitaron que ya no se prolongue la distribución a través de pipas y que se abran los ductos o se importe gasolina si es lo que hace falta.

Recalcó que las empresas solo pueden asumir las pérdidas una semana más, de lo contrario habría una "hipercrisis".

Hasta el momento calculan daños económicos por 1,250 millones de pesos sólo en Michoacán, Querétaro y Guanajuato, sin considerar las pérdidas de los gasolineros.

Hubo errores graves en la planeación de la estrategia y éstos han tenido una afectación directa en la población y en la economía. Tan no lo midieron que el propio gobierno ha venido cambiando la versión sobre la dimensión del problema: lo que era un asunto de 72 horas pasó a 10 días y luego a un mes. Lo que era un tema puntual de distribución en el occidente del país por falta de pipas se convirtió en una escasez mayor.

Quienes debían dar la cara por lo sucedido, el director de Pemex, Octavio Romero, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, han sido incapaces de dar una explicación convincente. El 1o. no habla; Nahle al menos atinó a decir "posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente". Lo cierto es que este desabasto acusa un problema serio de improvisación en las acciones de gobierno. Si algo caracteriza a López Obrador es su olfato político, su gran capacidad para reaccionar intuitivamente. Pero al resto de los funcionarios lo que se les pide no es intuición sino capacidad técnica. Algunos claramente la tienen (haiga sido como haiga sido los funcionarios de Hacienda sacaron adelante el reto del aeropuerto, que no era menor) otros, como quedó demostrado en esta crisis, no. Los nombramientos de Romero en Pemex y de Nahle en Energía fueron de los más cuestionados. Ya quedó claro por qué.

Todo combate a la corrupción y a los mercados ilegales implica una afectación. No hay remedio. Lo que no se vale es pasar facturas extras a la población y que por incapacidad la pretendida Cuarta Transformación se quede en Cuarta Improvisación.

Pemex tiene 1,800 pipas. Las controla el sindicato. No son muchas si pensamos el tamaño del desabasto y la extensión del país. Hay también algunas pipas de empresas privadas, pero son las menos. En realidad, en el país hay pocas pipas, por eso no se están dando abasto.

El error central de implementación de la loable intención de acabar con el huachicoleo es el momento en que decidieron hacerlo. Hay 2 épocas del año en las que las reservas de combustible están al mínimo porque la gente demanda de manera extraordinaria: Navidad-Año Nuevo y Semana Santa-Pascua. En sitios como la Ciudad de México, Guadalajara, Acapulco, las reservas bajan a solamente medio día de combustible almacenado. Es decir, operan en el límite.

Los nuevos funcionarios no tomaron eso en cuenta y cerraron los ductos en el momento en que más iban a afectar a la ciudadanía. Cuando decidieron encomendar toda distribución del combustible a las pipas se dieron cuenta de que no había suficientes y que la ingeniería de las estaciones de almacenamiento está armada para que se reparta en ductos y pipas por separado, y no es tan sencillo como "mover la manguera" para que llene la pipa en lugar de llenar el ducto.

Quizá el ejemplo más claro es Tuxpan. Hay buques llenos de combustible anclados ahí, pero la terminal no puede recibir de los buques más gasolina y diésel porque no tiene espacio para almacenarlos porque no ha podido repartir a la misma velocidad de antes.

¿Se acuerdan de Gerónimo Corona Alcalá, ex gerente estatal de Liconsa Jalisco? Finalmente las tareas del llamado #LordLiconsa las asumirá Gustavo Ernesto Gutiérrez Cuevas, hijo de un ex alcalde de Ocotlán.

El nombramiento vino de la Ciudad de México, por parte de Ignacio Ovalle, titular de Segalmex, el organismo que fusionó a Liconsa y Diconsa. Esta es otra canica que pierde Carlos Lomelí, nos dicen, porque ese puesto también lo quería para uno de sus colaboradores.

El desabasto que no es desabasto no se resolverá pronto. El presidente López Obrador no solo no está preocupado por la falta de gasolina sino que piensa que su estrategia está teniendo éxito. "Ayer, que fue un día especial, es el día en que menos gasolina se han robado, desde la expropiación petrolera... Solo se robaron 27 pipas, después de robarse más de mil".

Si la estrategia es exitosa no hay, por supuesto, razón para cambiarla. "Sería fácil abrir los ductos y decir ya se normalizó la situación -dijo ayer el mandatario-, pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a resistir todas las presiones".

Si no se abren los ductos, sin embargo, no hay posibilidades de que se regularice el abasto. El transporte en pipas no solo es entre 10 y 15 veces más caro, sino que no tiene por mucho la capacidad para satisfacer la demanda de gasolina. El presidente insiste, sin embargo: "Estamos en proceso de normalizar el abasto... Hay gasolina suficiente".

Jesús Cantú, jefe de información en el área de comunicación social de la Presidencia de la República, me explica lo que quiso decir el presidente: No es que no se vayan a abrir ya los ductos. "Pemex ya tiene una estrategia, trabajando con vías alternas, toda esa distribución vía pipa y obviamente abriendo y cerrando los ductos de manera muy controlada y muy vigilada". Sí se abrirán los ductos, pero no de manera indiscriminada.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, me señala que Pemex ha aumentado su provisión de gasolina de 118 millones de litros diarios el 20 de diciembre a 128 millones hoy. A esto hay que sumar lo que están importando los privados.

Como siempre, el presidente descalifica a quienes cuestionan su estrategia, a quienes presentan información "alarmista, tendenciosa" porque están "a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse".

Nadie cuestiona, por supuesto, la necesidad de atacar el robo de combustible. Se puede cuestionar al gobierno anterior de no haber hecho nada ante un crimen que se volvió generalizado, con decenas de miles de perforaciones al año. Los sistemas Scada de Pemex permiten determinar cuándo una ordeña provoca una baja en la presión. Hay que fincar responsabilidades a quienes hayan participado en ese robo o a quienes hayan permitido que terceros lo realizaran.

El cierre de los ductos puede ser una forma eficaz de reducir el robo de combustible, pero los daños a la población son demasiado elevados. ¿Cómo se puede pedir a la gente que no haga compras de pánico cuando las gasolineras cierran o tienen filas de varios kilómetros? Pero además no es la única manera de evitar el robo. Pascal Beltrán del Río describía en 2017 cómo Colombia logró reducir en 97% el robo de combustible sin dejar sin gasolina a la población.

La falta de claridad en las explicaciones no ayuda a la certidumbre. El presidente ha dicho que el cierre de los ductos generó el desabasto, pero ayer afirmó que no hay desabasto, sino compras de pánico generadas por alarmistas vinculados al viejo régimen, para luego añadir que una fuga en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco provocó el desabasto en la Ciudad de México. Ya no sabemos cuál es la explicación oficial.

La información de los especialistas señala, sin embargo, que la razón del desabasto es el cierre de los ductos. El presidente dice que no va a abrirlos, no por lo menos en este momento. Pero mientras no se abran los ductos, el desabasto que no es desabasto no dejará de afectar a los mexicanos.

La crisis de la gasolina ha sido la crisis del nuevo gobierno de México. El equipo energético del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de combustible. Pero entre más lo hace, más gente apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un problema de abasto, sino de distribución, dice el presidente López Obrador. Pero la distribución, se supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La secretaria dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el presidente anunció el programa contra el robo de combustible. Estaba tan confiada de lo bien que lo habían hecho, que el domingo, mientras 6 estados mostraban un problema de abasto de combustible, Nahle veía el partido de futbol entre Veracruz y los Pumas de la UNAM, sin pudor para escribir en Twitter sus sentimientos deportivos. La crisis de la gasolina crecía y ella se divertía. Cuando la acusaron en las redes sociales de insensibilidad, respondió que todo estaba bajo control porque había una estrategia para evitar el desabasto. Nahle, la jefa del sector energético, no parecía tener idea de lo que sucedía.

No se puede decir que la estrategia fuera un desastre, porque en realidad no había estrategia para la distribución del combustible. Nahle dijo que 15 secretarías de estado y dependencias federales participaban en la preparación de la estrategia, lo cual es cierto, pero era para detectar los puntos de fuga de combustible al interior de Pemex, y el reforzamiento militar para resguardar 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluían 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y control de ducto. Adicionalmente, se intervino a personal de Pemex, se monitorearon y observaron sus procedimientos de abastecimiento y reparto. Es decir, nada sobre la contingencia de distribución.

¿Por qué no lo hubo? A partir de la información aportada el 27 de diciembre, porque no había necesidad de ello. El abasto y la distribución no sufrirían alteración alguna. Sin embargo, algo que desconoce la opinión pública sucedió, porque cuando la crisis de la falta de combustible afectó a 6 estados, el presidente López Obrador explicó a la prensa, a manera de justificación, que obedecía a que se habían cerrado los ductos para evitar el robo de combustible, y que se estaban utilizando pipas para suministrar la gasolina. El cierre de ductos no estaba contemplado en la estrategia contra el huachicoleo, ni hubo explicación del porqué se hizo.

Pero, para efectos de argumentación, si hacerlo obedeció a circunstancias no previstas al finalizar el año, Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debieron haber tenido listo el plan de distribución de combustible a través de pipas. Como ha quedado perfectamente claro, no lo hicieron, o si lo hicieron, lo realizaron de manera muy deficiente. El desabasto en 6 estados contaminó a la Ciudad de México, donde en cuando menos 12 puntos de la capital federal se acabó el combustible en las gasolineras, provocando la percepción de desabasto, que fue creciendo con las horas, como se pudo observar por la forma como se fueron saturando las gasolineras, y otras 3 entidades empezaron a tener los mismos problemas.

López Obrador es el único que ha hablado de problemas de distribución. Romero Oropeza está escondido en su oficina y emite comunicados institucionales poco tranquilizadores, a decir por los resultados que provoca, mientras que Nahle, en la línea marcada por el presidente, no habla de nada operativo, sino que se encierra en la retórica del robo de combustible como la explicación de acción-reacción por la falta de gasolina. El robo de combustible ciertamente es un crimen lacerante para la economía en México y en muchos países. Pero no es nuevo. Se viene arrastrando desde 2002 y tuvo un incremento sustantivo en los 2 últimos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el problema del huachicoleo no provocó desabasto ni una crisis en la distribución de la gasolina. El contraargumento de que el robo no es la madre del desabasto lo ofreció el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa el martes por la mañana, cuando reveló que desde que comenzó el programa contra el robo de combustible, los criminales se han robado 8,540 pipas menos. Entonces, la narrativa de que la falta de gasolina es resultado de la estrategia contra el huachicol, significa que el desabasto tiene que ver con que se cortaron los suministros de gasolina robada.

Asumiendo que es cierto lo dicho por el presidente, regresamos al punto de la distribución. Si el programa del 27 de diciembre se anticipaba tan exitoso en el corto plazo y se cerraron los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero Oropeza y Nahle para evitar el desabasto? Romero Oropeza quién sabe, porque no da la cara. Nahle estaba viendo el partido del futbol confiada en que había una estrategia, que no contemplaba la distribución, que resolviera el abasto. Entre los 2, por su incompetencia profesional, provocaron una crisis donde no la había, que de no atajarse crecerá hasta a afectar el aparato productivo y el transporte terrestre y aéreo. Por lo que ha dicho el gobierno hasta ahora, todo se trata de un fenómeno de percepciones. Pero que no se les olvide que las percepciones, si no se atajan, se convierten en realidad.

La crisis -escasez, desabasto o como quiera denominarse- de la gasolina, ya ha generado los primeros efectos perniciosos: largas filas de automóviles en las gasolineras; conflictos viales; pérdida de miles de horas-hombre; conatos de violencia; encarecimiento artificial y doloso del combustible; medidas desesperadas, potencialmente peligrosas, como el empleo de depósitos inadecuados para transportar e incluso almacenar el (permítase la expresión) "vital líquido"; decisiones como la anunciada por el gobernador de Michoacán, de justificar el ausentismo escolar, "por falta de transporte"; previsiones acerca de un próximo desabasto -con los correspondientes mercado negro, encarecimiento, etc.- de alimentos, medicinas y demás productos básicos...

Ha generado, también, recriminaciones de funcionarios de todos los niveles a los funcionarios de Pemex, incapaces de accionar una varita mágica para resolver el problema de inmediato; (recriminaciones, por cierto, equivalentes al consabido "Te lo digo, Juan, para que me entiendas, Andrés Manuel", porque su verdadero destinatario, obviamente, es quien, al ordenar el cierre de los ductos, ocasionó todo este desgarriate).

Detrás del susodicho desgarriate, sin embargo, hay otro tema: la necesaria complicidad de los expendedores que "normalizaban" la comercialización de la gasolina robada.

A partir de la crisis, más allá de las señaladas recriminaciones, el fenómeno ha tenido implicaciones políticas. Por ejemplo, el debate cameral orientado a que se penalice a los gasolineros que han fungido como el eslabón final en la cadena delictiva del "huachicoleo", con la cancelación de sus concesiones...

No ha habido, en cambio -que se sepa, al menos- acciones policiacas; no se ha tenido conocimiento de ningún señalamiento concreto en contra de ningún participante activo en un delito que se ha cometido sistemáticamente, no desde hace años, sino -importantísima diferencia de matiz, porque alude a la ineficiencia, igualmente sistemática, de varios gobiernos para atacar ese problema- desde hace varios sexenios. No ha habido detenciones. No se ha iniciado ningún proceso "contra quien resulte responsable"...

No se ha enviado, en suma, el mensaje que sería fundamental para inhibir, de cara al futuro, una práctica a la que sólo se ha decidido llamar por su verdadero nombre a raíz de la presente crisis: no "perdón y olvido"; sí que, en efecto, aquí "el que la hace, la paga".

El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, informó que Petróleos Mexicanos incumplió el compromiso de suministrar los 94,000 barriles de gasolina diarios que se requieren para regularizar el abasto de combustible en la zona metropolitana de Guadalajara, detalló que al corte de ayer sólo se recibieron 39,000 barriles.

El mandatario reiteró que apoya la estrategia federal de combate al robo de combustibles, pero lamentó que se afecte a la población con la falta de gasolina.

"Lo que está pasando en Jalisco con el tema del combustible me parece que ya requiere de una explicación mucho más amplia que la simple presentación como heroica de que estamos luchando contra el huachicol y que esas son las consecuencias de esta lucha", comentó.

El coordinador del gabinete económico, Alejandro Guzmán Larralde, detalló que lo entregado por Pemex cubre sólo 65% de la demanda de la ciudad, refirió que se registra una mejora en la disposición de combustible, pero aún no en su totalidad, como se comprometió la paraestatal. Destacó que a este ritmo la totalidad del abasto en la ciudad no se alcanzará hasta dentro de 2 semanas.

"Los barriles que nos han mandado en los últimos días, más los que van a llegar hoy, son alrededor de 45,000 barriles, de 60,000; sin embargo, por los retrasos no se surten 100% en las estaciones. No llegan directamente a las estaciones, tienen que llegar primero a las terminales y no tienen la cantidad de pipas para abastecer. Nos pueden querer mandar más pueden tener esa intención, pero mientras no tengan los vehículos están limitados", explicó.

El funcionario advirtió que se teme que Jalisco "deje de ser prioridad" para Pemex, por los problemas de abasto que ya se registran en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Aunque las autoridades estatales afirman que el desabasto de gasolina en la metrópoli es menor que hace días, éste ya llegó al interior del estado. Los puntos críticos son Amacueca, Atemajac, Atoyac, San Martín Hidalgo, Villa Corona, San Juanito de Escobedo, Ocotlán, Mazamitla, Zapotitlán de Badillo, Colotlán, Villa Hidalgo, Arandas, San Julián y Cañadas de Obregón.

Las pérdidas económicas registradas por el desabasto de gasolina en el área metropolitana de Guadalajara alcanzaron los 3,000 millones de pesos, informó Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), quien sostuvo que ellos "no son los únicos que pierden" y que el conflicto afecta a toda la economía del estado.

Destacó el caso de quienes trabajan como despachadores en las estaciones de servicio, pues ellos han visto mermados sus ingresos al no recibir propinas. "En un trabajo de 8 horas, ellos ganan de 300 hasta 500 pesos de propina; ellos son los que están ahorita sufriendo", detalló.

Reiteró que, de mantenerse el esquema de distribución con pipas, llevará varias semanas regularizar el abasto. Agregó que, si se reabre el poliducto Salamanca-Guadalajara, en 5 horas se tendría el combustible diario que requiere la ciudad.

Nos preguntamos cuándo Andrés Manuel y su gabinete dejarán de jugar con el gobernador Enrique Alfaro, y de paso llevarnos a los jaliscienses entre los pies.

Primero llenaron de ilusión al mandatario estatal: habrá recursos para la Línea 4, el Río Santiago, el Purgatorio y el libramiento sur de Puerto Vallarta, pero fue pura finta y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, no destinó un solo peso en el Paquete Económico 2019.

Luego, en medio del desabasto de combustible, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, le prometió a Jalisco 94,000 barriles diarios de gasolina para aliviar la crisis, pero al final no llegó ni la mitad.

También fue medio iluso, hay que aceptarlo, creer que esa cifra de envíos era posible. Significaba mandar más de 740 pipas al día o, en otras palabras, 31 pipas por hora. No había manera.

A la fecha han sido presentadas 3,806 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de las cuales 618 fueron interpuestas en línea.

De acuerdo a datos del Poder Judicial de la Federación, son 21,409 los quejosos, de los cuales 459 son jueces, 617 son magistrados, 5,434 secretarios, 1,272 actuarios y 6,388 oficiales.

Asimismo, 4,776 externos de dependencias como Petróleos Mexicanos, de las comisiones federales de Competencia Económica y de Electricidad, de la Procuraduría General de la República y del Instituto Politécnico Nacional.

Los quejosos contra dicha ley también son funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del Instituto Nacional Electoral, del Servicio de Administración Tributaria, y de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

También, del Banco de México, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital General "Doctor Manuel Gea González".

Según esos datos, los amparos también provienen de trabajadores y funcionarios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, y de los sindicatos únicos de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros.

La varita mágica de Carlos Lomelí anda fallando.

Hasta ahora sólo ha podido hacer un nombramiento: el de su incondicional Juan Soltero, designado como enlace administrativo de la Delegación Estatal de la ex PGR.

Los nombramientos de los más de 80 delegados en Jalisco, adelantó Lomelí, tardarán hasta 6 meses. Y hay 2 que ha querido colocar, pero le han rebotado.

Con sendos oficios de Lomelí, 2 cercanos al doctor se presentaron para tomar posesión del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) -sí, existe algo así llamado- y de la Delegación del Infonavit.

En el 1er. caso, se concretó el nombramiento, pero regañaron al delegado en funciones que cedió el puesto y en el 2o. caso, Alberto Alcántar del Infonavit Jalisco, de plano frenó en seco a Óscar Ábrego de León que iba por el "hueso".

Cuando se preguntó respecto a si no había otra manera de instrumentar las medidas de combate al robo de combustible, la respuesta de López Obrador fue que no había otro modo.

Y allí es donde creo que las incuestionables buenas intenciones chocan con los errores de instrumentación.

No iba a ser nada sencillo programar el cierre de ductos usados para la ordeña. Tanto así que se tomó la decisión de realizar un proceso escalonado. No se cerraron ductos derivados de la refinería de Minatitlán, por ejemplo.

El proceso era riesgoso y complejo, tanto que no se había intentado antes.

No iba a ser sencillo reemplazar la distribución de gasolina entregada por ducto mediante el uso de pipas.

Aun con la planeación más cuidadosa, iba a existir seguramente un riesgo de desabasto.

Y, si había errores en la logística y deficiencias de comunicación que pudieran propiciar compras de pánico, estaba puesta la mesa para un problema a gran escala, que es el que tenemos hoy.

Hubo una decisión absolutamente justificada y deficientemente instrumentada, que propició un problema evitable.

Lo peor que puede hacer el gobierno de López Obrador es minimizar el asunto. Tal vez AMLO tuvo razón en un principio, cuando señaló que había quienes querían magnificar el tema.

Pero desde hace 3 días, la dimensión objetiva es enorme y el potencial de una crisis aún mayor allí está.

Ya no bastan los dichos o las solicitudes del presidente López Obrador a la población. Lo que requiere es que, así sea poco a poco, la gasolina regrese a las estaciones de servicio.

El gobierno tiene un número suficientemente grande de enemigos como para pretender aprovechar esta situación y convertirla en una gran crisis, que pase de la falta de gasolinas a la falta de mercancías en las tiendas.

Espero que haya el talento y el trabajo indispensables para que esto no suceda.

Y además, que se aprenda la lección.

El robo de combustible es un delito que se había convertido en una industria, asociada con grupos criminales y también con municipios enteros, incluyendo a su "pueblo bueno".

Los problemas derivados del cierre de ductos y otras medidas contra el robo de gasolinas no deben inhibir otras acciones de grandes proporciones.

Pero, sí debe haber la lección de que no se trata de medidas triviales, sino complejas, con una profunda afectación de intereses que van a responder y con implicaciones muy serias.

No se debe apostar todo al respaldo de la población al presidente López Obrador.

Si se quiere cambiar el país, el capital político que representa ese respaldo debe ser usado con absoluta responsabilidad y no emprender acciones que por bien intencionadas que estén, pueden llevar "al infierno".

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en su conferencia de prensa matutina que no hay razón para preocuparse. Agradeció a la gente el respaldo a su decisión de cerrar las llaves de los poliductos de Pemex, aunque reconoció que "han habido [sic] molestias". Se congratuló, por otra parte, del éxito en su plan contra el robo de gasolina; se han ahorrado, dijo, 2,500 millones de pesos.

Mientras tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, me comentó ayer que la situación en su estado es crítica. "De 583 gasolineras, solo funcionan 96", dijo. "Es el 16.5%". Se ha generado "una crisis de grandes filas, de horas y horas de espera, de personas que pasan la noche esperando para cargar gasolina". Las filas se extienden hasta cuatro kilómetros. "La gente está desesperada... Ya hay conatos de violencia".

Las afectaciones en la Ciudad de México han sido hasta ahora menores. El desabasto de gasolina no ha generado un mayor impacto en la opinión pública nacional porque la capital, donde se concentran los políticos y los medios, casi no lo ha sufrido.

Hay quienes atribuyen la falta de gasolina en Guanajuato, Jalisco y el Estado de México al hecho de que esos estados están gobernados por partidos de oposición, mientras que la capital, menos afectada, es regida por Morena. No hay pruebas, en realidad, pero el hecho es que mientras la Ciudad de México tiene gasolina, por lo menos hasta ahora, el vecino valle de Lerma, a unos 20 minutos, no cuenta ya con ella. Curiosamente en Puebla, donde supuestamente se concentraba el robo de combustible, sí hay abasto. [¿No será porque vienen elecciones de gobernador? - pregunta el webmaster.]

Ayer por la tarde, sin embargo, empezaron a surgir reportes de que la falta de combustible estaba aumentando en la capital. Algunas gasolineras se quedaron sin producto. Otras empezaron a racionar y solo permitían la compra de 300 pesos de Magna.

La falta de gasolina es consecuencia de la decisión del gobierno de López Obrador de cerrar las llaves de los ductos. Quizá las razones de la decisión sean loables; pero la restricción de la oferta, sin una disminución de la demanda, ha producido lo que cualquier estudiante de 1o. de Economía habría previsto: una escasez artificial. El presidente López Obrador y quienes apoyaron la decisión sin duda sabían lo que iban a provocar.

Combatir el robo de combustible es una acción positiva, pero el cierre de los ductos no parece la mejor estrategia para lograr el objetivo. Si bien el presidente afirma que los robos son organizados desde Pemex, y ha metido a personal militar en las refinerías para salvaguardar la seguridad, la creciente escasez de gasolina se está convirtiendo en un incentivo para el fortalecimiento del mercado negro. Una persona de nombre Carlos Escárcega, que escucha el programa de radio que conduzco en las mañanas con Guadalupe Juárez, reportaba ayer: "Estuve buscando gasolina aquí en Irapuato, Gto., y solo había una estación de Mobil vendiendo, pero había una cola de cientos de metros. Al lado de ese lugar, estaban vendiendo huachicol a taxis".

Quizá lo peor es que no sabemos cuánto tiempo pueda durar esta situación. El propio presidente ha señalado que habrá que ver quién se cansa primero, si él o los huachicoleros. Los que ya están cansados, por supuesto, son los consumidores de Guanajuato, el Estado de México o Jalisco. ¿Qué pasará cuando el desabasto se generalice en la capital, cuyos problemas se magnifican en los medios y en la política?

Es loable que AMLO combata el robo de gasolina, pero durante años impulsó el robo de electricidad en Tabasco. En su campaña electoral prometió a quienes lo habían hecho el beneficio de un borrón y cuenta nueva. Este robo asciende a 43,000 millones de pesos.

(V.periódico El Financiero en línea del 9 de enero de 2019).

O el coordinador de Morena, Mario Delgado, sabe algo que nosotros no sabemos, como arreglos con diputados concretos o fracciones parlamentarias completas, o el "va porque va" de la Guardia Nacional no es sino una interpretación libre del "me canso ganso" de López Obrador, una forma de mandar el mensaje de que dejará la piel en el intento por lograr un proyecto de seguridad pública que el presidente da por hecho antes aún de que haya sido discutido y aprobado por los legisladores.

Los foros sobre la guardia civil militarizada que comenzaron ayer en Ciudad de México parecieran ser un mero trámite, una cortesía política (si a eso se le puede llamar cortesía) ante decisiones previamente tomadas. Sin embargo, la reforma es de tal magnitud y con consecuencias tan profundas que más bien da la impresión de que el gobierno federal está echando el caballo, adelantándose a los hechos, simple y sencillamente para generar presión.

La reforma tiene muchas implicaciones que, aun suponiendo que sean positivas (yo no lo creo) requieren ser discutidas, procesadas y pensadas. Darle a la Guardia Nacional atribuciones en la persecución en investigación de delitos del fuero común implica un cambio radical en el sistema federal que quizá necesite un aggiornamento, pero no así. Dejar el mando en manos militares es no solo peligroso para la estabilidad de los equilibrios del poder en el país, también para los derechos humanos de todas y cada uno de nosotros. Si bien se dice que el régimen militar de la Guardia Nacional es temporal, lo que hemos vivido en los últimos 12 años muestra que no es una buena idea. Eso sí está documentado por los grupos de sociedad civil que han dado seguimiento a las estrategias de seguridad, mientras que la propuesta del Gobierno de la República y el Ejército es solo un acto de fe en que ahora sí esta estrategia va a funcionar.

Más allá del voluntarismo morenista, para ser aprobada la reforma se requieren 2 terceras partes de los votos de ambas cámaras. Para ello los líderes de Morena tienen que asegurar que ninguno de los que ya tienen en la bolsa de votos se les salga del huacal (han existido manifestaciones en contra de la ley de legisladores del PES y algunos de Morena, Tatiana Clouthier entre ellos) y quitarle al núcleo opositor compuesto por PAN, PRI, MC y PRD al menos 10 senadores y 13 diputados. A lo mejor ya los tienen, pues diputados de los llamados Pay Per View (los de Pago Por Evento) siempre han existido en todos los partidos. Más allá de números ojalá entiendan unos y otros que no se trata solo de votos de legisladores sino de lo que está en juego: por un lado, sí, la seguridad de los mexicanos, y por otro los derechos humanos de todos y la estabilidad de la república; que esto va más allá del "va porque va".

Pemex insiste en que esto no es desabasto de combustible.

Si vas a una gasolinera, cerrada, buscas otra a unas cuadras, cerrada, vas de Zapopan a Guadalajara, cerrada, hasta que encuentras en Tonalá finalmente una con combustible, 100 autos haciendo fila, eso no es desabasto.

Toda la gasolina que hay está en las Terminales de Abastecimiento y Reparto (TAR) fuera del occidente del país porque el poliducto de Salamanca, Guanajuato, que abastece las TAR de El Salto y Zapopan, fue cerrado, sin que alguien calculara la necesidad de tener existencia suficiente antes de combatir a los huachicoleros.

En una declaración medio perdida, ayer Rocío Nahle, secretaria de Energía, soltó una cándida frase que merecería, mínimo, que la corran -por decirla y por no haber hecho nada para evitarlo-: "Posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente".

Los de atrás pagan.

La escasez de combustible se agrava en diversos puntos del país. Tanto, que en Michoacán 4 de cada 10 unidades del transporte público dejaron de circular. Son alrededor de 2,400 vehículos menos.

Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso su opinión. Afirmó que "decir que no hay desabasto es una burda mentira", ya que "millones de personas y miles de empresas dan testimonio de ello".

Y aunque sostuvo que Coparmex apoya el plan contra el huachicoleo, e incluso lo ve como "una decisión impostergable y valiente", consideró que su planeación es "pésima" y la implementación "torpe".

Ayer, durante una entrevista en la Ciudad de México, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calculó que, de mantenerse el abasto de 94,000 barriles diarios de combustible que prometió Pemex, pasarían hasta 10 días más para normalizar el flujo.

"Me da gusto que se esté combatiendo un problema como el del huachicol, pero me parece que no se midieron las consecuencias y el impacto que iba a tener en los ciudadanos una medida que, si bien me parece plenamente justificada, creo que está siendo muy mal implementada".

"Me parece que no se midieron las consecuencias y el impacto que iba a tener en los ciudadanos una medida que, si bien está plenamente justificada, creo que está siendo muy mal implementada. Tengo muchas dudas de que se vaya a poder sostener ese ritmo de abasto a través de pipas".

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, exigió un inmediato abasto de gasolina en todo el país, pues la situación se ha vuelto "crítica y desesperante" en algunos de los estados más productivos del país. "En Guanajuato, de 583 gasolineras, sólo 96 tienen gasolina. En Michoacán, 9 de cada 10 no tienen combustible y en la ciudad de Guadalajara sólo está abasteciendo 40% de la demanda de gasolina". Cortés Mendoza indicó que millones de habitantes resultan afectados; entre ellos, enfermos que no puede ser trasladados en emergencias, comerciantes que no pueden abastecer sus negocios y familias que no pueden llevar a sus hijos a la escuela.

Las fracciones parlamentarias del PAN y PRI en el Congreso del Estado criticaron la estrategia para combatir el tráfico de combustible. Gustavo Macías, panista, lamentó que frenar el huachicoleo afecte a la población en general. Mariana Fernández, priista, dijo que se creó una crisis para crear distracción.

La claridad sobre la política de no intervención que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre el papel que debe jugar en Venezuela, es antagónica a la subordinación política que desde que ganó las elecciones ha mostrado frente al presidente Donald Trump. Su promesa de campaña que las cosas serían diferentes entre él y Trump a como habían sido con el presidente Enrique Peña Nieto, porque lo convencería que era mejor tener una buena relación con México que de conflicto permanente, se quedó en un discurso maniqueo. No lo confronta, cierto, pero tampoco lo persuade de nada. Le extiende un tapete para que haga con México lo que quiera.

La semana pasada, en el conflicto de Trump con los demócratas en el Capitolio porque no le quieren presupuestar 5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, dijo que estaría dispuesto, de no conseguirlo, de cerrar la frontera con México. Cuando la prensa le pidió una reacción a López Obrador, se lavó las manos y dijo: "Hemos actuado con prudencia y de manera precavida. No hemos opinado de este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos y preferimos abstenernos".

Ciertamente, la discusión presupuestal sobre el muro es doméstica, pero cuando en las presiones de Trump contra los demócratas involucra a México, el tema ya corresponde atenderlo a los mexicanos, en voz de su gobierno. Sellar la frontera no es un tema menor. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada día hay más de un millón de cruces legales de personas, además de 300,000 vehículos de los cuales, 70,000 son camiones de carga, lo que representa un intercambio comercial de más de mil millones de dólares cada 24 horas. Un cierre desestabilizaría a 94 municipios en 6 estados fronterizos, que participan con el 21% del PIB nacional. El problema que quiere estallar Trump se traduciría en una crisis social y económica regional en México.

López Obrador soslaya la amenaza para no quedar atrapado en la lucha de Trump y los demócratas, pero su silencio tampoco contribuye a que se movilicen otras fuerzas internas en Estados Unidos, como los empresarios y comerciantes que también resultarían afectados por el cierre fronterizo, que podrían presionar a Trump para que si quiere mantener abiertos los frentes de guerra en el Capitolio, no utilice a México como chivo expiatorio de sus arrebatos. Su enmudecimiento contrasta con la celeridad como quiere ayudarle a resolver el problema de la migración centroamericana, que también le disminuye vulnerabilidades en su diferendo político con el Capitolio.

Esta afirmación tiene su sustento en el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interna el 20 de diciembre pasado, que da cuenta del anuncio realizado por la secretaria Kirjsten Nielsen, sobre "la acción histórica" para confrontar la crisis migratoria, donde Estados Unidos dejaría de mantener en su territorio a los migrantes centroamericanos que buscan asilo político en ese país, porque de acuerdo con una negociación con el gobierno de López Obrador, sería México quien haría ese trabajo. El acuerdo entre los 2 gobiernos modificó radicalmente las políticas migratorias de ambos, sirviendo el mexicano a los intereses de la administración Trump.

Varios funcionarios del gobierno lópezobradorista han dicho que si bien hay pláticas aún no hay nada concreto, salvo la decisión de que México no serviría como la estación migratoria para Estados Unidos. Sus palabras realmente no tienen peso en Washington, ni son creíbles. Este lunes, en la reunión con embajadores y cónsules mexicanos en el exterior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo oportunidad de clarificar la posición de su gobierno, pero fue omisa, probablemente en forma deliberada. Explicó que los migrantes centroamericanos tendrán garantías a sus derechos humanos cuando crucen territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y mientras se resuelve su situación migratoria en aquel país. Es decir, aceptó implícitamente la existencia de la nueva política estadounidense, aceptada según Washington por el gobierno de López Obrador, llamada Permanecer en México.

No hay presión alguna en México para que el presidente responda sin evasivas sobre lo que está haciendo Trump, ni forma de que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores rindan cuentas sobre lo que han estado hablando con Washington. Pero esconderse no blinda lo que viene. Trump no se detiene ante nadie, ni le importa nada salvo sacar adelante su agenda. A México lo ha utilizado como instrumento de presión y el gobierno de López Obrador se ha prestado para ello. De este vasallaje, como en el pasado sucedió, no saldrán buenas cosas.

Elegimos a un Presidente tosco en sus formas.

Con tal de conquistar su objetivo, exaltado por su fe en el bien se descubre cada día más testarudo.

Por eso, lo mismo invade el "Olimpo" de privilegios de los ministros de la Corte que deja sin gasolina a 6 entidades de la república para acabar con el robo de combustible.

Hasta ahora, Andrés Manuel no se ha podido alejar de 2 vicios en la ejecución de sus políticas públicas que a fuerza de repetirlos empiezan a sistematizarse como un hábito. El combate al "huachicoleo" no es la excepción.

UNO. El presidencialismo voluntarioso de Andrés Manuel avanza más aprisa que la capacidad de reacción y previsión de sus colaboradores. El Tlatoani es inalcanzable. Entonces, la prisa prevalece por sobre el sentido común y la planeación.

Los gasolineros del país, con una simpleza lógica, le han preguntado estos días de desabasto: por qué cerró el poliducto de Salamanca, en Guanajuato, antes de verificar que había suficiente inventario en las Terminales de Abastecimiento y Reparto (TAR) del occidente del país. 2 de ellas en El Salto y en Zapopan, lo que tiene al área metropolitana de Guadalajara sin combustible.

La respuesta es simple. Porque no hubo tiempo y capacidad para planear. Un plan bien ejecutado prevé las consecuencias y el resultado final. Andrés Manuel, apunta al saqueo escandaloso de PEMEX, pero devora todo lo que se atraviesa a su paso. Sus colaboradores, hasta ahora, le han quedado chicos: el común denominador es su mediocridad. Y un hombre de estado también es tan eficaz como los colaboradores de los de los que hace rodear.

"Posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente", soltó casi con descuido, 5 días después, una cándida Rocío Nahle, titular de Energía.

Ejemplar.

DOS. Andrés Manuel es un gran comunicador que adivina con facilidad desde dónde lo escucha su público. Y si el presidente siempre es noticia, Andrés Manuel es la única noticia. Pero ser noticia no es lo mismo que comunicar.

El alcance de sus conferencias mañaneras ha sido limitado. Apenas ahora el gobierno federal alcanzó un discurso consistente para explicar el desabasto, pero el extravío de la opinión pública, descontextualizado por la desinformación y polarización en redes sociales, impide que el grueso de la población asimile las dimensiones del problema y la justificación de sus consecuencias.

Hasta hoy, por otro lado, no tenemos una fecha convincente para que se normalice el abasto.

Y este mismo modelo se replica para otros programas emblema del nuevo gobierno: el improvisado Censo del Bienestar; la desinformación sobre las pensiones para adultos mayores; y la falta de socialización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro .

Mientras no se descomponga su bono democrático, Andrés Manuel seguirá con su estilo particular de gobernar y tomar decisiones.

(V.periódico El Financiero en línea del 8 de enero de 2019).

No hay desabasto, pero tampoco hay abasto. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo ayer: "Tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado".

El mandatario pidió a los medios, de hecho, no usar el término "desabasto", porque la palabra por sí sola genera problemas de desabasto. Sin embargo, él mismo la utilizó en su conferencia matutina.

Lo curioso del caso es que el propio presidente ha afirmado que el huachicoleo, el robo de combustible a través de perforaciones en los poliductos de transporte, no existe. "Se robaban 60,000 millones de pesos de combustible al año, con el huachicoleo -afirmó el 6 de enero en Tijuana-. Nos hacían creer que era por la ordeña de ductos. Fue una cortina de humo, una farsa, porque en realidad ese robo se permitía desde el gobierno". En otras palabras, López Obrador está ordenando el cierre de ductos para detener una ordeña que no es real.

No dudo que el robo de combustible se haya organizado desde el interior de Pemex. Es muy cuestionable que los sensores con los que cuentan los ductos no hayan permitido detectar de inmediato las ordeñas. Pero si realmente estos corruptos funcionarios se robaban 60,000 millones de pesos de combustible al año, ¿dónde están las acusaciones penales? ¿Cuáles son los nombres de los responsables? ¿Va el nuevo gobierno a perdonar a corruptos que causaron un daño tan grave al país? ¿O acaso el problema es que no hay pruebas para avalar estas acusaciones?

Aun si es cierto que el robo del combustible se organizaba desde el interior de Pemex, la decisión de cerrar los poliductos es equivocada. Esta acción castiga a los mexicanos por un delito que ellos no cometieron, mientras que perdona o solapa a los funcionarios corruptos que ejecutaron el robo. Dejar sin gasolina a millones, especialmente si, como dice el presidente, hay una cantidad suficiente de combustible almacenada, parece una medida ya no inepta sino perversa.

El problema de escasez no se limita, al parecer, a la gasolina. Ayer se publicó en el periódico Reforma un anuncio de un grupo gasero que señalaba: "Ante el desabasto de gas LP, Grupo Tomza informa: Sí contamos con suficiente gas ya que somos y contamos con terminales de alto almacenaje para cubrir cualquier contingencia". La pregunta es si también esta aparente escasez de gas LP es consecuencia de robo o de huachicoleo o si estamos sufriendo los resultados de decisiones erróneas del nuevo gobierno.

El robo de combustibles, en todas sus vertientes, se ha convertido en un problema profundo para Pemex y para el gobierno de México. Sí hay razones para pensar que ha habido complicidad de funcionarios de Pemex y del gobierno: sólo así se explica que haya habido decenas de miles de perforaciones y pérdidas por 60,000 millones de pesos anuales. Sí es importante tomar medidas para no solo detener el robo sino para castigar a los responsables. Pero la suspensión del servicio de los poliductos de transporte no es la solución adecuada, como no lo es perdonar a quienes han robado el combustible. Tampoco resuelve nada meter la cabeza en la tierra como avestruz, o como ganso, y repetir muchas veces que no hay desabasto.

Aun no hay una fecha para que se normalice el abasto de gasolina en el país, dijo ayer, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador. "¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender. A ver quién se cansa primero. Los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada más les mando decir que soy perseverante". ¿Va para largo el desabasto que no es desabasto? Me canso ganso.

Es evidente que el gobierno federal se ha visto rebasado para poder dar abasto a las gasolinerías por medio de pipas, lo que ha generado molestias e irritación entre los consumidores y efectos colaterales como el que ocurrió en Zapopan, donde se afectó la vigilancia porque las patrullas se quedaron sin gasolina. Ayer, el gobierno estatal precisó que para surtir los 15 millones de litros de hidrocarburos que se consumen en las 900 estaciones de servicio que operan en Jalisco, serían necesarias 150 pipas diarias, pero sólo están llegando 75.

El director de Pemex le prometió al gobernador que llegarán 94,000 barriles diarios de combustible. Eso no alcanzará para normalizar la situación.

El actual retraso en la distribución de gasolina, que en los pasados 3 días fue de 60% en la zona metropolitana de Guadalajara y de 40% en el resto de Jalisco, durará todavía entre 4 y 5 días más, informó el coordinador del Gabinete de Crecimiento y Desarrollo Económico del gobierno estatal, Alejandro Guzmán Larralde.

Actualmente, Petróleos Mexicanos abastece de gasolina a Jalisco con sólo 75 autotanques de 60,000 litros, la mitad de los 150 necesarios para cubrir la demanda de 15 millones de litros diarios. Debido a esta situación, el Gobierno de Jalisco solicitó la reapertura del poliducto proveniente de Salamanca para normalizar el servicio.

"Estamos buscando al director general de Pemex, Octavio Romero, para solicitar que reabran el ducto de Salamanca a El Salto, al menos durante los días en que se tardan en conseguir esos autotanques faltantes", señaló Guzmán.

Criticó la forma en que se presentó el cierre del poliducto Salamanca, el cual surte a las gasolineras jaliscienses y fue suspendido por "picaduras" de los huachicoleros, de acuerdo con la Dirección Logística de Pemex.

"Fue una acción con poca sensibilidad hacia el estado y hacia el área metropolitana de Guadalajara haber cerrado el ducto sin haber tenido todos los autotanques requeridos para abastecer a toda el área metropolitana".

La desesperación en las largas filas que se hacen en las estaciones de servicio [en Michoacán] cuando de manera intermitente llega una pipa de Pemex a abastecer gasolina, ya empezó a provocar riñas y conflictos entre automovilistas, expuso el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez.

El ex presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, pidió al Gobierno de la República reconocer "con toda humildad" que la estrategia contra el huachicol "no funciona" y que quienes pagan el costo de la medida es el pueblo.

Es tarde, con motivo a la crisis que se vive en la escasez de gasolina en estados como Guanajuato, Michoacán, Puebla, Ciudad de México -aunque Petróleos Mexicanos descartó esta situación-, Estado de México, Guadalajara, Aguascalientes, entre otros, Calderón subió un video en su cuenta oficial de Twitter en el que muestra una larga fila de ciudadanos esperando comprar el energético.

Está por verse, por una parte, si al cumplirse la meta de "recortar" a 222,515 trabajadores cuya presencia en el presupuesto se estima innecesaria, los recortes no deteriorarán la ya de por sí discutible calidad y eficiencia de los servicios que esas dependencias prestan a la ciudadanía; por otra, las secuelas jurídicas y económicas de las denuncias ya presentadas o en vías de presentarse, por los métodos ilegales utilizados en los despidos; y por otra, hasta dónde el sector privado, hasta dónde el autoempleo y hasta dónde la delincuencia absorben la fuerza de trabajo a la que súbitamente le sacan la escalera y la dejan agarrada de la brocha.

Unos 150 empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se han amparado ante la eliminación de prestaciones del gobierno federal como parte de las medidas de austeridad que aplica a partir de este sexenio.

El socio abogado de Trusan y Roma, Rodolfo Martínez, quien afirmó que representa legalmente a los inconformes, explicó que se trata de trabajadores de base y directivos de confianza que se oponen principalmente a la cancelación del servicio médico privado y del seguro de separación individualizada.

Ayer, empleados se manifestaron a las afueras de la dependencia, en Insurgentes Sur, a la altura de Plaza Inn, donde hubo cierres a la circulación.

"El tema principal es que ya tienen un derecho adquirido, han trabajado durante años con una serie de prestaciones en términos de la Constitución y no se puede, de un plumazo con el presupuesto y con un oficio, quitarlos", dijo el abogado.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, estimó que el gobierno mexicano debe replantear la manera en que busca promover la ética pública en todas las dependencias federales, pues hay debilidades, como la carencia de conocimientos especializados y profesionalización de los funcionarios en la lucha por la integridad y el combate a la corrupción.

Opinó que la SFP podría relanzar la reforma del servicio profesional de carrera con el objetivo de privilegiar el mérito en la selección, desarrollo y promoción de los servidores públicos e incorporar la integridad en las políticas para la gestión de recursos humanos.

En esta área, dijo, habría que sopesar con mucho cuidado el impacto del recorte de los salarios en las capacidades e integridad de los servidores públicos, "la cuestión de la integridad no debe ser incompatible con la austeridad".

El secretario general de la OCDE consideró que debe asegurarse la vigencia y la equidad de un sistema disciplinario, el cual mantiene un bajo nivel de efectividad que se traduce en un alto nivel de impunidad.

De acuerdo con un estudio de "Impunidad Cero", la SFP sanciona 13.4% de las denuncias recibidas, y si bien es un nivel relativamente bajo, se compara con que el Tribunal de Justicia Administrativa anula 42% de las denuncias que presenta la propia secretaría.

Hay que hacer congruente la austeridad con la profesionalización y la suficiencia de esta función, porque si queremos ahorrar mucho a través de no tener muchas estructuras, lo que va a pasar es que el sistema no responde y se puede volver ineficiente ante la opinión pública y perder la credibilidad y autoridad, anotó.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por Cofece y Banxico en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió las controversias y concedió la suspensión para que la ley no se aplique a los trabajadores del Banco de México.

Los trabajadores de Banxico son especializados, razón por la que solicitaron la suspensión y al tratarse de un organismo autónomo, pueden ganar más 108,000 pesos más el 50% como establece el artículo 127 constitucional.

En cambio, según los estrados de la Suprema Corte, la Comisión Federal de Competencia Económica no solicitó la suspensión.

En su demanda, la Cofece argumentó que la ley produce incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de dicho organismo con especialización técnica.

La presidenta municipal de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, en la región Cañada de Oaxaca, Marta Regules Mendoza, rechazó aceptar el cargo de alcaldesa al denunciar amenazas por parte de integrantes del partido Morena.

La presidencia, como el resto del Cabildo, fue integrado sólo por hombres.

Este es el 3er. caso en Oaxaca donde una mujer renuncia a su cargo como presidenta municipal.

El 1o. de ellos se registró en Santiago Tamazola, donde media hora después de rendir protesta como edil, el 1 de enero, Anayeli Huerta lo rechazó.

Un día después, Fidelia Cuenca Fermín en San Miguel Ahuehuetitlán, región de la Mixteca, presentó su renuncia. En ambos casos las mujeres ganaron las elecciones bajo las siglas del PRI.

Por otra parte, el Consejo de Ancianos del municipio de San Juan Colorado, en la región Costa, negó la entrega del Bastón de Mando a la alcaldesa Tania Remedios Arias, en funciones desde el 1 de enero, "por ser mujer"; en lugar de ello, se la otorgó al síndico Eliezer Alberto García Lorenzo.

(V.periódico El Financiero en línea del 7 de enero de 2019).

Esperar que el ciudadano común y corriente pueda detectar, sumar y entender los porqués de los miles de millones de pesos que se han ido esfumando del erario público debido a las decisiones tomadas en lo que va del nuevo gobierno federal, tan solo un mes y 6 días, es prácticamente imposible, pues incluso para los sabiondos que se dedican al análisis de las cuestiones económicas del país es todo un galimatías, sin embargo, aun para los neófitos resulta evidente que la curva de aprendizaje de los funcionarios, nos esta resultando bastante costosa... y contando.

En el mismo contexto, más nos vale que el desabasto de gasolinas y diesel iniciado el último fin de semana en varios estados de la república, incluyendo Jalisco, sólo sea un error de estrategia, parte del aprendizaje. Que no se repita, pues la alteración del estado de ánimo del pueblo tiene costos más que significativos, difíciles de cuantificar, pero de efectos económicos y psicológicos de gran envergadura, si no que les pregunten a los expendedores de combustibles (que dejaron de obtener su utilidad y de cualquier manera tuvieron que pagar sueldos completos de su personal, y a los propios despachadores, quienes dejaron de percibir las propinas que son un complemento importante de sus ingresos).

Afortunadamente el capital político, la esperanza de cambio que tiene la población y la habilidad del Presidente López Obrador para medio calmar los ánimos con su discurso de que no pasa nada y de que todos empezamos a portarnos bien a partir de su toma de posesión, permite que "las aguas se mantengan a la expectativa", lo que no quiere decir que estén tranquilas.

No tiene caso profundizar sobre los otros "botones de muestra", pero desde la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en la que según el diagnóstico presidencial todos los que intervienen en ella son corruptos, la insinuación de la "quita" de comisiones a los bancos, la fuga de capitales; las demandas laborales de los corridos, y una larga lista de etcéteras, significan altísimos costos para el país.

A manera de un "se los dije", que una cosa es el discurso de campaña y muy otra gobernar, habría que señalar que con todo y los peores adjetivos esgrimidos en contra de Enrique Peña Nieto, durante su sexenio no se vivieron tiempos de angustia como los ahora experimentados, en que hubo personas que pagaron un alto costo por el litro de gasolina o diesel, además del tiempo invertido en las largas filas para acceder a unos cuantos litros de combustible (sí, como en Venezuela, país con grandes yacimientos petroleros).

Como la policía china, misteriosos y atarantados, cada día han explicado y variado las causas del problema: la merma por las ordeñas; el combate a los huachicoleros y el transporte demorado de combustible en pipas en lugar de ductos para evitar el robo de gasolina.

Y luego AMLO, este domingo desde Tijuana, respondió con un mensaje heroico del triunfo de la verdad y la justicia sobre la corrupción en Pemex. Como si en lugar de combustible o un plazo claro para resolver el problema lo que nos faltara fuera inspiración.

1o.- El yo-yo presidencial. Lo que hemos visto en los meses de transición y las primeras semanas de gobierno es que todo gira en torno a López Obrador. El servilismo y la adulación del lenguaje priista en torno a la figura presidencial palidece frente a un AMLO que habla desde su propio monumento y sus colaboradores y simpatizantes que parecen competir por quién ensalza más al caudillo. Él hace historia, él resuelve, él cambia las cosas, él, él... Él.

2o.- El insulto fácil. No hay un terreno en el que se sienta más suelto el discurso presidencial que en el insulto y la descalificación. Una actitud profundamente antidemocrática, por cierto.

Peligrosa carretera cuando la recorre un hombre tan poderoso en un país con tanta impunidad. Pero eso no parece importarle al presidente López Obrador. En un desperdicio de creatividad, echa incesantemente mano de nuevos terminajos mientras retoma los que se han vuelto un clásico de la opinión pública. No discute, no debate, no contrarresta ideas. Lo que hace es insultar y descalificar a quien se atreve a cuestionarlo. Sea un opositor político, un medio de comunicación, un burócrata despedido. Son neofascistas, vendidos y corruptos. La devaluación de la palabra presidencial, que creíamos había alcanzado su sótano.

3o.- Yo tengo mis datos. Los recortes al presupuesto que primero negó que fueran ciertos y que cuando vio que sí eran, justificó como "errores". La violencia que repuntó en su 1er. mes, pero él dice que tiene otros datos (nadie podría culparlo cuando está apenas llegando al mando, pero parece que el ego no se permite ni la estadística adversa). Sigue sin aceptar que va a costar una fortuna su plan de cancelar el aeropuerto en Texcoco. Y así.

En estos 3 rubros, el presidente López Obrador empieza a forjar un estilo personal de gobernar muy parecido al de Donald Trump en Estados Unidos. Cada mañana, el presidente norteamericano tuitea su amor propio, sus insultos y su realidad. Cada mañana, el presidente mexicano verbaliza lo mismo.

Andrés Manuel López Obrador es el gobernante más poderoso que ha tenido México desde los tiempos de José López Portillo, cuando el país sufría todavía la dictadura perfecta del PRI. Nuestro actual presidente no le debe el poder a nadie. Ningún mandatario anterior le dio su candidatura con un dedazo. Él mismo formó el partido que lo postuló a la Presidencia.

Hoy Andrés Manuel no solo es cabeza del poder ejecutivo, sino que domina el legislativo a través de su alianza de partidos. Ya ha escogido a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y a 2 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, uno independiente y el otro incondicional. A los órganos autónomos, que fueron los contrapesos del poder en los últimos gobiernos del PRI y del PAN, los está asfixiando con recortes presupuestarios. A los medios de comunicación y periodistas independientes que lo cuestionan, los acusa de conservadores, corruptos y fifís; cuenta, además, con un ejército de seguidores en redes sociales que hostiga a quienes lo critican, los tilda de chayoteros y los amenaza.

El proceso de toma de decisiones no había estado tan concentrado en México desde los tiempos en que López Portillo culpó a los banqueros de todos los males económicos que él mismo había provocado y ordenó el control generalizado de cambios y la estatización de la banca. El propio López Obrador reconoce que hay voces en su entorno que se oponen a algunas de sus decisiones: "No crean que no hay resistencias -dijo el 4 de enero-, yo tengo resistencias hasta dentro del gobierno". Pero de nada sirven porque cuando él dice que algo va, nadie puede impedirlo.

Solo así pueden explicarse algunas de las decisiones que hemos visto en este todavía joven gobierno. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México es quizá la peor, porque no se gana nada y en cambio se pierde mucho. El Tren Maya podría ser una apuesta para impulsar el desarrollo de la península de Yucatán, pero sin estudio de factibilidad, sin manifiesto de impacto ambiental y sin proyecto ejecutivo la decisión muy probablemente solo llevará a la creación de un elefante blanco.

Un ejemplo costosísimo de esta nueva forma de tomar decisiones la da el desabasto de gasolina. Resulta que el propio presidente ordenó suspender el transporte de combustible por ductos y utilizar en cambio pipas para este propósito. ¿Por qué? ¡Para evitar el robo de gasolina! Esto no solo ha multiplicado los costos de distribución, ya que es hasta 15 veces más caro transportar combustible por pipa que por ducto, sino que ha dejado con un serio problema de desabasto a varias regiones del país. "Como se están dando estos cambios -explicó el presidente- puede ser que haya en algunos puntos desabasto, pero se está atendiendo, y pido a los ciudadanos la comprensión y el apoyo".

Pretender combatir el robo de combustible suspendiendo el transporte por ducto es una decisión simplemente irracional. Sería como suspender el servicio del Metro para evitar los robos en los vagones. El que lo haga el presidente López Obrador, y que todavía pida "la comprensión y el apoyo" de los ciudadanos, es alucinante. Esto solo puede ocurrir en un país que ha desechado todos los equilibrios de poder para regresar a los tiempos en que un gobernante tomaba por sí solo todas las decisiones... sin importar cuán irracionales fueran.

Nerilicón
(7 de enero de 2019).

La dicotomía es el terreno fértil en donde se siente cómodo López Obrador. Es una apelación continua a que no existan fisuras en el bloque político que lo llevó a la Presidencia. Funciona como recordatorio de la pervivencia del adversario.

Hay quien interpreta el discurso de López Obrador como "preparar las armas" para la batalla electoral de 2021. Una especie de calistenia electoral con miras a ratificar su mayoría en los comicios intermedios y avanzar en aquellas entidades federativas en donde Morena no es el partido hegemónico. O se dice: "el presidente siempre está en campaña; que se dé cuenta: ya ganó". La narrativa de López Obrador poco tiene que ver con la cita electoral de 2021. Tal vez otras decisiones de gobierno sí estén vinculadas al cálculo electoral, pero su discurso obedece a su naturaleza política.

El día a día de una administración pública es un desafío para aquellos personajes políticos, como López Obrador, que buscan mantener el discurso antisistema desde el gobierno. La coyuntura lo obliga a dar explicaciones por todo. ¿Por qué no baja la violencia? ¿Por qué sigue existiendo la corrupción? ¿Por qué tal secretario declara tal cosa y aquel dirigente político defiende esas causas? ¿O por qué hace 2 años defendías tal política pública y hoy opinas lo contrario? Las dicotomías pueden servir por algún tiempo, pero luego es impostergable el juicio de la realidad y los hechos.

La administración es fría y la política caliente. La dinámica de los medios de comunicación y las redes sociales visibilizan, cada vez más, las discrepancias que existen sobre el espacio público y las contradicciones de los proyectos políticos.

Paco Calderón
(6 de enero de 2019).

El presidente López Obrador ha sido muy selectivo en los temas que aborda en sus interminables conferencias matutinas sin medir el desgaste que éstas va a traerle a él y a su equipo en el mediano plazo.

Lo que le ineresa es marcar la agenda del día y llamar la atención de los medios de comunicación en horas pico para que el público no deje de tenerlo presente, pero el estar todos los días haciendo declaraciones y continuar con promesas irrealizables, más temprano que tarde se le va a revertir.

¿Acaso habrá algún mexicano que no quiera un seguro social como en Canadá, Inglaterra o Dinamarca? Su compromiso de alcanzarlo en 2 años suena más a "echarse la soga al cuello" que a una tarea planeada que de acuerdo a un programa conocido se va a realizar.

¿Por qué mejor no le entra al tema de desabasto de gasolina y diésel que se padece en El Bajío y occidente del país? Sería bueno saber por qué el nuevo director de Pemex no pudo controlar esta situación que ya se le presentó cuando solo tiene un mes en el cargo. ¿Nos tendremos que acostumbrar a este tipo de situaciones?

Sería mejor no tener tantas conferencias de prensa y que los asuntos se atiendan debidamente. Las campañas terminaron a finales de junio de 2018, ya estamos en enero de 2019.

El Banco de México está haciendo valer su autonomía. Emite un llamado de atención sobre las asignaturas pendientes y los riesgos. En torno al alza del salario mínimo recuerda el riesgo inflacionario y habla de la necesidad de cuidar la capacidad adquisitiva. Urge a promover la competencia en los mercados de bienes y servicios que integran la canasta básica.

Es necesario que el banco central juegue ese rol. Más allá de la conducción de la política monetaria y la regulación del sector financiero, el Banxico debe ser una conciencia crítica de la política económica. Así fue Guillermo Ortíz frente a Felipe Calderón y Agustín Carstens en el sexenio de Peña Nieto, pidiendo un mayor esfuerzo de recorte del gasto público y de reducción de la deuda externa. Un Banxico independiente y hablando claro no será un arma contra AMLO, más bien a favor de la economía.

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, anunció que no presentará su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, "porque esa plataforma no es legal".

Texcoco en definitiva cancelado. La negación de un legado, la consumación de un capricho, la arrogancia mezclada con la ignorancia. Porque creer a los "asesores aeronáuticos" es pensar que los aviones se repelen y que todo es tan simple como sumar pistas (que 6 pistas del AICM, Santa Lucía y Toluca son más que las 3 del NAIM).

López Obrador muestra, con hechos, que no le importa hacer una tontería mayúscula que costará miles de millones de dólares mientras denuesta incansable al "neoliberalismo". El proyecto de infraestructura más ambicioso en décadas, apoyado por todos los organismos técnicos en aeronáutica e ingeniería, con un grado de avance notable, a la basura.

Una arrogancia no vista desde los tiempos de López Portillo, cuando sus funcionarios aumentaron el precio del petróleo en 1981 y proclamaron que quienes no compraran el crudo mexicano serían eliminados de la lista de clientes de Pemex. Un error que costó igual miles de millones, inició una fuerte fuga de capitales y llevó al derrumbe en 1982.

No es solo Texcoco. La reforma educativa, por abolirse legalmente; la energética, detenida con el eufemismo de congelar subastas y concesiones por 3 años. Mientras tanto, dinero público en abundancia para proyectos, como refinerías y tren maya, que perderán dinero a carretadas al operar. Al parecer, las restricciones financieras y los análisis técnicos son instrumentos del neoliberalismo.

Lo que no entendieron los antineoliberales Echeverría y López Portillo tampoco lo entiende López Obrador: nadie se pelea con su dinero. Los inversionistas buscan ganancias, no salivan por los recursos naturales de México (o de nadie). AMLO está desarticulando con rapidez los motores económicos. En el corto plazo, la inversión privada y el consumo. Ya no se trata de expectativas, sino de realidades. En el largo plazo, la inversión y la productividad. En su ceguera ideológica, el presidente está saboteándose a sí mismo y al país, afectando ese mayor bienestar futuro que quiere alcanzar. Pudo aumentar el salario mínimo por decreto, no podrá hacer lo mismo con el poder adquisitivo de la población.

Las expectativas de crecimiento para este año ya están por debajo del 2% en términos reales. Es ya claro que el gobierno no solo no entiende lo que se necesita para crecer, sino que aplica la receta contraria. La conjunción de esa ignorancia con la incertidumbre global ya hace posible una recesión durante 2019 o, en las palabras del presidente, un crecimiento de menos cero.

El presidente López Obrador respondió al amparo ante la Corte del Banco de México que la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica para todos y no se va a imponer nada, "sino a aplicar la legalidad".

El mandatario dijo que el artículo 127 de la Constitución tiene una excepción cuando se trata de especialistas en ciertas materias o quienes realizan un trabajo específico que requiere especialidad que implica un conocimiento especial.

"Pero en ese caso no puede tampoco superar el sueldo de un funcionario más del 50% de lo que gane el Presidente de la República. Un especialista, alguien que tenga este matiz y esta característica podría ganar 150 ó 160,000 pesos y no más", afirmó.

Aclaró que si se ampara es un derecho que tienen todos los ciudadanos, además las autoridades competentes son las que van a resolver.

"Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el poder judicial, que es a quien compete. No vamos a imponer nada, es aplicar la legalidad existente", indicó.

A López Obrador no le gusta esperar. Nunca le ha gustado. Para él, el congreso es un trámite; los gobernadores apoyos o estorbos, pero no un poder soberano. El inicio del desafuero en 2005, independientemente de lo absurdo y políticamente equivocado que fue, tuvo su origen en una decisión acelerada del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la falta de respeto a los tiempos y las formas. No es ingenuidad, todo lo contrario, es una forma personal de hacer que las cosas sucedan, de presionar.

Convocar a los jóvenes a que se sumen a una guardia nacional inexistente es una jugada política. Tal como ha sucedido con el tren maya o el aeropuerto de Santa Lucía, a López Obrador le gusta vender los quesos antes de ordeñar la vaca para luego presionar a los lecheros para que las decisiones se alineen a su proyecto y su forma de ver el país. En el caso de que el congreso no aprobara las reformas constitucionales en materia de seguridad los diputados y senadores serán los culpables de la violencia.

El riesgo de vender quesos sin leche es que luego las cosas no sucedan, que la varita mágica con la que gobierna el Presidente se atrofie y comience ese incómodo momento de todo gobierno en que las promesas no se cumplen, las cosas no caminan, los presupuestos no alcanzan y la realidad, siempre tan terca, acabe imponiéndose.

De todos los proyectos acelerados de López Obrador el de la guardia nacional es sin duda el más controvertido por las implicaciones políticas y sociales que conlleva. Cancelar el aeropuerto de Texcoco tiene efectos económicos, pero los promotores estiman -sin lograr aún convencer a los expertos- que a la larga es mejor tener 2 aeropuertos que uno. El tren maya con todo y su permiso fake de la madre tierra tiene implicaciones ecológicas, oposición de comunidades indígenas y seguro perderá dinero durante muchos años, pero, nos prometen, traerá desarrollo económico en el sur del país. La Guardia Nacional militarizada, más allá de que pueda dar resultados de seguridad en el mediano plazo, como lo haría también una guardia civil, tiene un problema mucho más profundo y es que cambia la correlación de fuerzas: darle más poder y presupuesto a las fuerzas armadas trastoca en la estructura fundamental del Estado mexicano.

Las prisas de López Obrador son todo menos ingenuidad.

En éstos tiempos donde el "abrazos, no balazos" del presidente es fácilmente traducible por sus dichos y obras al "me abrazas o te doy de balazos" (esperando no lo haga de forma literal) pero ya echando tiros de otra índole; ya sea con tuitazos mala leche, insultos, denigramientos, acusaciones infundadas, vejaciones y demás expresiones propias de un iracundo en desenfreno, el pasado miércoles 2 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió de acuerdo a la Constitución, de entre sus pares como ministro presidente para los próximos 4 años a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Zaldívar lo tiene tan claro como el gremio y el análisis serio: le tocan tiempos políticos muy complicados y su tarea será en 1er. lugar como lo ha afirmado en su discurso de toma de protesta, defender la independencia judicial ante un embate nada discreto del ejecutivo y sus seguidores en contra del Poder Judicial de la Federación.

En ese entendido su función será de carácter eminentemente político. Quizá como nunca nos ha tocado verlo, por lo menos en tiempos relativamente recientes. Aunque algunos a mi gusto despistados, ya lo incluyen dentro del lopezobradorismo y otros más como en su contra, en realidad se está jugando todo su prestigio como abogado y juez. Por eso dudo juegue con los dados cargados. Lo cual por cierto no será sencillo comunicar, más aún ante una opinión pública tan volátil y dividida, acelerada por la mezquindad de las redes digitales y su polarización.

El ministro Zaldívar, está preparado para ello. Sabe deberá superar el mayúsculo reto de asentar un diálogo constructivo -tal como se hacía antes del arribo de MORENA- con los otros poderes, con la evidente finalidad de conservar algo elemental de toda democracia liberal: el equilibrio de poderes y funciones (con la independencia judicial al frente) de acuerdo a nuestra constitución y demás tratados de carácter internacional.

Repito, no será fácil. Por lo menos en la etapa democrática del país (de 1997 ¿hasta la fecha?) todos los presidentes de México han obedecido así sea echando berrinches lo decidido por el orden judicial federal. Aquí se está yendo desde el desprecio hasta el insulto e intimidación. Pero con una SCJN unida y bien liderada. Aun así, el resultado es de pronóstico reservado.

Han dejado claras sus diferencias con la izquierda electoral: antes con el PRD, y ahora con Morena. La izquierda electoral busca reconstruir el estado capitalista, el EZLN quiere desmoronar esa institución y construir otra sociedad.

Por eso llaman la atención las críticas que el EZLN recibe por cuestionar y anunciar su oposición al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. A nadie deben sorprender esas críticas: desde siempre han dejado claro que se trata de proyectos políticos distintos.

Hay acusaciones absurdas contra el neozapatismo, como que por cuestionar la llamada 4a. Transformación, le hacen el juego al PRI y al PAN. Como si el EZLN no hubiera sido crítico de los gobiernos de la partidocracia tradicional, además de enfrentar la guerra que los gobiernos de esos partidos desataron contra las comunidades mayas organizadas en torno al EZLN.

Más allá de las críticas absurdas, sin sustento o mal intencionadas, el neozapatismo ha logrado afirmarse como una fuerza política fundamental en México. En estos 25 años han caminado en su propia utopía: construir una sociedad distinta a la capitalista y al sistema político liberal que la legitima.

¡Espejos! ¡Espejitos! ¡Pase por su espejo de la 4a. Transformación! Mire, ahora le traemos un antídoto contra la corrupción. ¿Que Transparencia Internacional ubica a México entre los países más corruptos del mundo?

Aquí está la solución: todos los funcionarios del gabinete federal deberán transparentar su patrimonio.

¿Que no le parece suficiente? Pues será una condición para despachar en la República Amorosa.

Y Andrés Manuel López Obrador empieza hoy con este ejercicio de contorsionismo republicano. Venga y conozca también el patrimonio de Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y Poncho Romo. Pase y maravíllese con las proezas de la 4T.

Un panorama económico poco optimista le dibujaron el pasado 19 de diciembre los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

En resumen, los subgobernadores y el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, le dijeron a él y a su subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien también asistió a la reunión-, que les preocupa la recuperación de la inversión, los efectos de las políticas económicas del nuevo gobierno, el futuro de Pemex y CFE, el efecto de los aumentos al salario mínimo en la inflación y la política de precios de los combustibles.

La minuta de la más reciente reunión de política monetaria de Banxico presenta un escenario más bien complicado para la economía nacional en 2019, en buena medida por la incertidumbre que generan los planes del nuevo gobierno y también por algunos posibles choques externos derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El panorama económico expuesto por la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico contrasta con la visión optimista del presidente Andrés Manuel López Obrador que, paradójicamente, se basa en los ajustes y proyectos implementados por su gobierno, como el aumento al salario mínimo, las políticas de austeridad, el cambio de modelo de Pemex y CFE, las obras de infraestructura y la cancelación de otras, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El presidente dijo el miércoles que "están sentadas las bases para transformar al país" y que a pesar de "un cambio de régimen", las variables económicas se han comportado favorablemente. "México fue de los pocos países cuya moneda se fortaleció frente al dólar en diciembre, la bolsa de valores permaneció estable y se alcanzó un acuerdo 'histórico' para incrementar el salario mínimo", expresó.

Sin embargo, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico ven otro panorama completamente distinto.

"La trayectoria de la inversión continúa siendo un motivo de preocupación (...) parece poco probable que este indicador se fortalezca en el corto plazo (...) la falta de confianza es claramente uno de los más importantes entre ellos", alertaron.

"Existen importantes factores de riesgo derivados de la posible adopción de políticas que pudieran conducir a cambios profundos en la economía y la capacidad de crecimiento; así como los derivados de la falta de Estado de Derecho, inseguridad pública e impunidad que están afectando considerablemente las perspectivas de inversión y crecimiento económico", añadió la mayoría de los integrantes.

Algunos coincidieron en que existe un alto riesgo de que se retrase el periodo de convergencia de la inflación general a la meta de 3%, y que para que esto pueda darse en 2020 -no en 2019, como estima Carlos Urzúa- se tendrían que aplicar incentivos adicionales de política económica.

Uno de los integrantes advirtió que los riesgos se acentúan en un entorno en el que las expectativas de inflación basadas en encuestas para los próximos 2 años se han ajustado al alza, inclusive sin incorporar el impacto del reciente aumento de los salarios mínimos (que pese a lo que dijo AMLO, sí tendría efectos en el aumento de precios).

Los economistas del banco central consideran que la magnitud de los aumentos recientes en el salario mínimo, además de su posible impacto directo, se enfrenta el riesgo de que estos propicien revisiones salariales que rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios.

Todos destacaron que desde la última decisión de política monetaria, los precios de los activos financieros en México continuaron mostrando una marcada volatilidad. La mayoría coincidió en que además de los factores externos, este entorno continuó reflejando la incertidumbre en torno a las políticas de la nueva administración, siendo este factor el más relevante.

Entre los elementos que han propiciado el ambiente de incertidumbre destacan la intención de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la preocupación por el modelo de negocios de Pemex y el posible efecto de distintos proyectos legislativos. Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores se encuentra en niveles mínimos observados desde 2014.

La pregunta que queda después de ver el enorme contraste de visiones entre el nuevo gobierno y el banco central es qué se va a imponer: ¿la realidad o el realismo mágico?

(V.periódico El Financiero en línea del 3 de enero de 2019).

Diagnóstico: el Presidente de México no sólo se mudó de Los Pinos a Palacio Nacional. También instaló parte de su residencia fuera de la realidad.

En ese sector del país que gobierna Andrés Manuel López Obrador desde su imaginación, comenzó un proceso muy sui generis: la convocatoria para enrolar a los integrantes de la Guardia Nacional.

Una Guardia Nacional que hasta ahora es una alucinación del paciente, existe en el submundo denominado República Amorosa y se introyecta como un mecanismo de defensa ante la realidad.

La Guardia Nacional, si nos apegamos a los estándares obsoletos y probablemente fifís de esa despreciada realidad, todavía no existe como figura en la Constitución ni la Corte ha aprobado su legalidad. Pero ya estamos buscando a sus integrantes.

Por el cuadro de psicosis que presenta el aludido, no se descarta que sus policías militares, aún hologramas en su aferrada psique, logren una reducción de la criminalidad durante este mes.

Hay que vigilar al enfermo las 24 horas. Baños de asiento.

La elección de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa una muestra más del poder e influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a la vez constituye una señal a la que el primer mandatario deberá responder con inteligencia.

El ministro Zaldívar era el favorito del presidente AMLO para ocupar ese cargo. Uno de sus principales operadores políticos, el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, operó a favor de él, y en ocasiones durante el proceso parecía que lo hacía en contra de los impulsos de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Sin embargo, no debemos necesariamente esperar que el nuevo ministro presidente Zaldívar sencillamente se dedique a seguir las órdenes de su vecino de Palacio Nacional. Tiene un nombre propio y una trayectoria profesional que defender. Basta revisar su historial de proyectos ante el pleno de la SCJN para descubrir que si el entonces presidente Felipe Calderón imaginó que sería un ministro sumiso cuando lo propuso, lo que se encontró fue casi un duro opositor.

El ministro presidente Zaldívar, en tanto cara representativa del poder judicial, está obligado a mostrar autonomía e independencia frente a un presidente AMLO que ataca con soltura y no valora ni respeta mucho los contrapesos, que no se cansa de repetir que el ejecutivo no es el poder de los poderes, pero manda, pesa y actúa como si lo fuera.

Al mismo tiempo, la elección de Zaldívar es una señal del pleno de la Suprema Corte al presidente AMLO, que debe responder: no eligieron a alguien que fuera un dique para su naciente sexenio, sino alguien con quien se siente cómodo; ahora toca al presidente responder al gesto respetando la autonomía de la SCJN. Se lee fácil. Con el temperamento del presidente López Obrador y su larga agenda de agravios con el máximo tribunal del país, no es poca cosa.

Al ministro presidente toca empatar al poder judicial con los reclamos de no corrupción y sí austeridad que si bien enarbola el presidente AMLO, son de la sociedad entera. Al presidente AMLO toca no usar esos temas frívolamente como para en el fondo buscar someter a quien no esté de acuerdo con él.

El derecho de AMLO a cambiar de cuajo la política mexicana no cancela otros derechos. Porque el golpe de timón dado por López Obrador es legítimo. Tan legítimo como las críticas que algunos vocean al respecto del mismo.

En los primeros 30 días de la presidencia obradorista, sin embargo, hemos asistido a un singular fenómeno de regateo de derechos.

Haciendo una generalización, se puede decir que cualquier cuestionamiento -pedestre o elaborado- es visto por la nueva administración como un reclamo a su legitimidad. Al mismo tiempo, cualquier iniciativa importante del naciente gobierno es denostada como locura o insensatez.

Esa dinámica cancela las posibilidades del diálogo y reduce al máximo la ocasión de que las nuevas políticas sean mejoradas gracias a propuestas surgidas fuera del radio de Morena.

Por ello es menester volver a la noción, elemental pero erosionada en medio de la crispación, de que los derechos de unos y otros no solo pueden sino que deben coexistir.

El problema es que toca al gobierno procurar las condiciones para ello. Sin embargo, una administración donde el presidente no se ha quitado los guantes que durante tantos años le ayudaron a sobrevivir en la lucha política, no parece tener ni conciencia ni voluntad de lo crucial que resulta que los derechos coexistan y enriquezcan la vida pública.

El presidente ha anunciado, en más de una ocasión, que será un mandatario contestatario, que hará saber cuando no esté de acuerdo con un comentario o revelación en torno a su gobierno. Está en su derecho solo si para tal efecto sabe medir que hay una desproporción entre lo que él diga -y los efectos de lo que él señale- y el peso de opositores, por un lado, y de otros actores, como es la prensa, por otro.

Porque en nuestro sistema político el presidente tiene en su mano todo el peso de una administración más leal que profesional, burocracia de corte partidista antes que funcional en la que un gesto presidencial puede activar los peores reflejos. Si eso ya era lo típico en otras administraciones, tal perfil se ha exponenciado en un gabinete cuajado de personajes quedabién, carentes de una carrera sólida fuera de la política e incluso dentro de ella y que no ven al congreso de mayoría morena una amenaza a su proceder.

En su 1er. mes como presidente, López Obrador ha puesto en marcha las reformas para el cambio radical que él considera que urgía a México.

6 años después asistimos a un momento parecido al del arranque del peñismo: un gobierno se propone empujar un cambio dramático a la nación.

Hace un sexenio, la respuesta de los peñistas a las críticas por ese cambio fue el desdén o de plano el castigo (publicitario en algunos casos, silenciamiento en otros) a los medios o periodistas críticos. Solo ellos se creían con derecho a dictaminar el cambio de rumbo del país.

La historia se repite, solo que hoy de manera un poco más descarada. Vemos en público expresiones que antes se daban en privado. De ahí que sin nada qué presumir en su desempeño, 3 secretarios de estado (Durazo, Espriú y Torruco) se atrevan a denostar sin argumentos a algunos críticos.

Altos (es un decir) funcionarios que hacen una mala lectura del derecho que tiene su jefe de proponer un cambio. Una que pretende anular los derechos de otros a participar en ese cambio. Pero lo aprendieron de su líder, que no ha demostrado en este 1er. mes de gobierno aspirar a ser presidente de todos los mexicanos, a velar por los derechos de todos y no solo de aquellos que, paradójicamente, le dieron el derecho a ser jefe del estado.

Con el perdón a posibles corruptelas, transas y desvíos de gobiernos anteriores, se garantiza que los actuales gobernantes (las legiones de la Cuarta Transformación) son honestos, se acabó la corrupción, y ya no buscarán la forma de hacerse de recursos extra mediante la venta de favores, cobro de comisiones y negocios irregulares.

Una vez que ya ha bajado la euforia por el triunfo y están obligados a empezar a trabajar, es interesante imaginar a estos "nuevos" burócratas al momento de registrar en realidad cuánto van a estar ganando al mes (sueldos bajos para lo que recibían sus antecesores) y que no se pueden equivocar porque estarían contraviniendo y traicionando uno de los principales enunciados por López Obrador de combate a la corrupción.

El desfile de los millones, auténticas fortunas, pasará frente a sus narices cuando se vaya a los programas sociales del actual gobierno; desfilarán frente a ellos fuertes sumas de dinero y estarán conscientes que es precisamente de esos fondos de donde más pudieron sacar provecho gobiernos anteriores. Pero ellos, los nuevos, en teoría, no los podrán tocar.

Y como López Obrador se encargó, y se sigue encargando de dividir al país, habrá miles de ciudadanos atentos al comportamiento de la Cuarta Transformación, y cuando se vean excesos (no se pueden ocultar) las cámaras de los celulares harán su parte, lo subirán a sus redes, y numerosos medios de comunicación (también resentidos desde que fueron llamados prensa fifí) harán eco y los exhibirán. Ya hay un video de un funcionario de la Secretaría del Trabajo en Cancún que se pasa de prepotente, y otro de una fastuosa llegada en camionetas Suburban de la comitiva de López Obrador a Tabasco.

Esto apenas comienza, y le esperan largas jornadas a las legiones de la Cuarta Transformación en caso de que decidan traicionar a su líder y no seguir sus principios y enunciados.

Urge reducir el presupuesto a los partidos políticos, que ahora se les asignan más de 5,000 millones de pesos. Esa partida no se tocó porque los ganadores son los de Morena por ser el partido mayoritario.

El golpe del recorte presupuestal a Jalisco por parte del gobierno federal ya está medido. El gobernador Enrique Alfaro indicó que la disminución equivale a 8,642 millones de pesos (MDP) que no se destinarán a proyectos de infraestructura e inversión.

Aunque el Presupuesto de Egresos 2019 de la Federación registró un aumento de 4.2% en los recursos para el estado (pasó de 108.3 a 116.9 mil millones de pesos), Alfaro consideró que la reducción afectará proyectos como la conclusión de la Línea 3 del Tren Ligero.

Según las estimaciones, la entidad recibirá 2,597 millones de pesos menos del Ramo 23, recurso sujeto a concurso para apoyar la construcción de vialidades, mercados, escuelas, parques e infraestructura hidráulica en estados y municipios.

Además, se dejarán de percibir 6,045 millones por recortes en los Programas de Subsidios y Proyectos de Inversión para Jalisco, que dependen de organismos federales. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dispondrá este año de 1,967 millones de pesos. En 2018 recibió 6,918 millones.

"El presupuesto nacional se elaboró estrictamente a partir de los intereses del gobierno federal, y los intereses de los jaliscienses no están bien entendidos y mucho menos atendidos", dijo el mandatario estatal.

Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena, celebró: "En el 60 aniversario de la Revolución que nos mostró que la dignidad, la solidaridad y la batalla de las ideas son las armas más poderosas de los pueblos, enviamos al gobierno y al pueblo de Cuba nuestra alegría y parabienes. 'Un mundo mejor es posible'".

Dicen los simpatizantes que el ingreso cubano está mejor distribuido, y quizá tienen razón, pero hay una aristocracia en Cuba, de funcionarios y miembros del Partido Comunista, con un nivel de vida muy superior al resto de la población.

El peor problema de Cuba no es el económico, sino la falta de democracia y libertades individuales. El poder ha sido controlado de manera personal por los hermanos Castro. A sus 87 años, Raúl ha accedido a entregar el trabajo cotidiano a Miguel Díaz-Canel, pero sigue siendo secretario general del Partido Comunista. Cuba tiene elecciones, pero solo con candidatos del Partido Comunista o aprobados por la Comisión Nacional de Candidaturas.

El entusiasmo de Polevnsky hacia el comunismo cubano sugiere que quiere construir un sistema similar en México. Quizá pueda decir que los morenistas no son comunistas, pero lo mismo dijo Fidel el 19 de abril de 1959 en Washington: "El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista". Para el 22 de diciembre de 1961 ya había cambiado de opinión: "¡Seremos siempre socialistas! ¡Por eso somos marxista-leninistas!", dijo en la Plaza de la Revolución.

El mandatario federal se refirió esta mañana a la crítica hecha por el PAN al incumplimiento de la oferta de campaña de que no se permitirían más "gasolinazos" y se reduciría el precio de las gasolinas; en respuesta, sostuvo que no hay aumento al precio del combustible, "si hay un incremento va a ser acorde con la inflación", dijo López Obrador.

"La causa principal de la inflación en México es el aumento en los precios de las gasolinas; no al revés como plantea el presidente", advirtió el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

También insistió en su crítica al programa de exención de 50% de IVA en la frontera y a la supuesta reducción la gasolina en la zona fronteriza, pues en ambos casos no fue generalizado.

La gasolina "no bajó en general sino solo en algunas ciudades, como ya antes lo habíamos denunciado y la gran mayoría de los consumidores tendrán que pagar el 100% de Impuesto sobre la Producción y Servicios (IEPS) en combustibles", expuso el panista.

Apenas arranca el año 2019 y el 2021 ya está en marcha. La queja recurrente de que el presidente López Obrador sigue polarizando al país, que parece que está en campaña, su forma de enfrentar más que negociar con la oposición, tiene una explicación muy sencilla: él está pensando en el 2021. Si un político mexicano piensa a largo plazo ese es Andrés Manuel y su horizonte está más allá de 2024. No porque esté pensando en la reelección, pero sí en la continuidad de un proyecto a través de un partido articulado desde la Presidencia de la República con el ejercicio de gobierno (nada que no hayamos visto antes).

¿Fue un error político no haber asistido a los funerales de la gobernadora de Puebla? Desde el punto de vista de la Presidencia de la República por supuesto que sí. Es un pésimo mensaje de alguien que presume ser republicano, es una de esas faltas de cortesía política que se acaban pagando muy caro y mucho tiempo después. Pero, desde el punto de vista del líder del partido, del político que confronta, no haber asistido a los funerales de una gobernadora que representaba "el viejo régimen" lo acerca con su base que le festeja y le festejará cualquier gesto de animadversión con "el enemigo", de los que, parafraseando a Peña, sí aplauden. AMLO no es ni quiere ser el presidente de todos, solo de los que están del "lado correcto de la historia" (una historia por demás simplista y que él mismo se ha construido a conveniencia).

La 1a. y principal aduana para el proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación será el 2021. López Obrador lo tiene clarísimo; la oposición parece no tenerlo tanto. Los cambios de fondo, los estructurales, los que implican modificaciones a la Constitución y nuevas instituciones, pasan por tener mayoría absoluta en las 2 cámaras en la 2a. parte de su sexenio, y para eso está trabajando todos los días López Obrador. Las prisas por hacer obras sin proyectos ejecutivos, por cambiar el sistema de salud en 2 años, aunque nadie tenga claro exactamente cómo va a funcionar, su afán por subirse a todos los pleitos, por contestar todas las provocaciones no son errores, mucho menos novatadas, es una estrategia de polarización.

Faltan 30 meses para la elección y el presidente estará todos los días en campaña. Ahora sí que, para ponerlo en sus propias palabras, "váyanse acostumbrando", con López Obrador no hay tregua, será un larguísimo año electoral.

La polarización social con la que terminó la elección en Puebla, por los reclamos de fraude electoral de los morenistas encabezados por el excandidato Miguel Barbosa, que llevaron la resolución hasta la última instancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, se agravó tras las reacciones de los panistas luego del accidente, que llegaron incluso a responsabilizar al gobierno federal de la tragedia.

A estos ánimos caldeados entre los morenovallistas y los morenistas sin duda contribuyó la actitud asumida por el propio López Obrador, que descalificó el fallo del tribunal que dio el triunfo a Martha Érika Alonso, y su anuncio de que no iría por ello a Puebla por el momento. También había enrarecido el ambiente político poblano la indicación de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, de que ni las ni los presidentes municipales postulados por su partido tuvieran relación alguna con la recién llegada gobernadora, así como la petición a la bancada mayoritaria de Morena en el congreso de mantener una postura de distanciamiento con el gobierno estatal.

Todos estos reclamos y posicionamientos morenistas fueron tomados como agravios por los morenovallistas, y su venganza vino justo en la ceremonia luctuosa de la gobernadora y del ex gobernador, cuando increparon y abuchearon a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que acudió en representación del presidente a los funerales.

Por este trato a la funcionaria en Puebla, y seguramente por las críticas que recibió en las "benditas redes sociales", donde incluso se hizo tendencia el #AMLOasesino, el mismísimo presidente justificó no haber acudido al sepelio de la gobernadora por el clima de linchamiento alentado, dijo, por sus adversarios conservadores "neofascistas", "mezquinos" y "canallas". Por las reacciones de desaprobación que recibió por esta narrativa de confrontación, López Obrador llamó el 28 de diciembre a acabar con los "gritos y sombrerazos" y entrar a una etapa de reconciliación y respeto.

Habrá que ver si este llamado lo atienden de entrada las y los diputados locales de Morena cuando en los próximos días designen al gobernador o gobernadora interina que tendrá que convocar a elecciones en un plazo no mayor a cinco meses. Un gesto de generosidad sería que la bancada mayoritaria morenista deje en manos de un panista este interinato.

José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI y ex secretario de Hacienda con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, publicó una serie de tweets el 27 de diciembre mientras salía de vacaciones en un vuelo con su familia. Tras considerar el gasto de un pasajero promedio en el actual aeropuerto, y lo que aportaría un viajero en el nuevo, concluyó que "dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145,000 millones de dólares". No se limitaba Meade a calcular el reembolso de los bonos o la indemnización de los contratistas, sino que buscaba definir el costo de oportunidad que se perderá por no tener un aeropuerto con la escala y conectividad que tendría Texcoco.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes del actual gobierno, y desde siempre crítico de Texcoco, respondió furibundo en Twitter el 30 de diciembre: "La 'enorme pérdida' -145 mMde USD- que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son 'las cuentas alegres de un hombre triste'". No hubo en este mal redactado tweet ni un solo argumento. Desde la arrogancia del poder, Meade es un hombre triste porque ya no está en el gobierno y por eso todo argumento suyo es inválido.

Miguel Torruco, secretario de Turismo, se unió al ataque el 31 de diciembre de la misma manera: sin argumentos, solo con descalificaciones personales. "Muy curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de la @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de tanta transa que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo ¿?".

Las premisas del cálculo de Meade son públicas. El gasto por pasajero y el incremento esperado en el número de viajeros con un aeropuerto de gran escala y conectividad proceden de la IATA y la Dirección General de Aeronáutica Civil. No son cuentas alegres ni Meade parece particularmente triste en sus vacaciones.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco no va a descarrilar la economía, pero sí va a significar una menor competitividad en una actividad en la que nuestro país tiene ventajas importantes. Pensar que los pasajeros van a hacer conexiones de 2 horas yendo de un aeropuerto a otro es cerrar los ojos a la experiencia internacional. Los aeropuertos que se beneficiarán de la cancelación de Texcoco serán los de Estados Unidos y el de Tocumen, en Panamá, que ofrecerán la conectividad que está descartando México. Y la conectividad representa ingresos multimillonarios.

La cancelación de Texcoco es un desplante dogmático. Los argumentos en contra del proyecto se han caído uno a uno. Se dijo que el sistema Santa Lucía-AICM sería más barato, hoy sabemos que será más caro y menos eficiente. Se dijo que los contratistas eran corruptos, pero el nuevo gobierno les está ofreciendo nuevos contratos para compensarles las pérdidas. Se dijo que el proyecto de Texcoco representaría un daño ecológico enorme, hoy sabemos que la afectación es menor mientras que el Tren Maya se está comenzando sin manifiesto de impacto ambiental. Se dijo que Texcoco tendría problemas de niebla, hoy sabemos que Santa Lucía tiene más incidencias de niebla.

El que un ciudadano mexicano ofrezca argumentos de manera respetuosa para mostrar que la cancelación es un error no debería llevar a las descalificaciones que hemos visto de 2 secretarios de estado. La intolerancia es una señal peligrosa en un gobierno que apenas empieza.

El 2019 será, como lo prometió López Obrador, un año de cambios profundos. Esto no es un pronóstico, pues desde el 2 de julio comenzó, con buenas intenciones pero mucha prisa y poca planeación, la avalancha de anuncios y acciones que han comenzado a transformar el rumbo del país. El debate no será, por tanto, si con AMLO México cambia; lo va a hacer.

Las preguntas pertinentes son otras. La 1a. es si las nuevas políticas tendrán los resultados deseados: una sociedad más rica, justa, segura y democrática o si se caminará en reversa (recuérdese que el camino del infierno está empedrado de las buenas intenciones, incluyendo las presidenciales). La 2a. es si los nuevos gobernantes, comenzando por el presidente López Obrador, son capaces de lograr que 3 componentes de la realidad -una economía mediocre y globalizada; la estructura política y burocrática del Estado y los contrapesos y resistencias de actores institucionales y/o poderes fácticos- en vez de tratarlos como adversarios o enemigos se convierten en socios y aliados del cambio, pues de esa relación depende, en buena medida, que los cambios se den en el sentido esperado.

Plantearé algunos escenarios básicos a modo de respuesta a esas 2 preguntas, comenzando por la relación de la economía con el proyecto de la 4T. De la fortaleza de la economía depende en gran medida que AMLO pueda dar resultados en términos de justicia social y reducción de la pobreza. Si la economía no crece más de 4% al año y se hace más productiva, los avances serán muy mediocres, porque no se crearán los empleos suficientes, ni las empresas podrán resistir los incrementos salariales, ni el gobierno tendrá recursos crecientes para repartir más subsidios (el modo como AMLO cree que la gente saldrá de la pobreza).

El escenario de crecimiento económico para 2019 es pobre: menos de 2% según la mayoría de los analistas internos y externos. Pero lo preocupante es que la ambigüedad de la política económica de López Obrador (por un lado, la destrucción de la riqueza y la confianza que significó la cancelación del aeropuerto y por otra, el presupuesto equilibrado que se aprobó) mantiene la incertidumbre y una confianza frágil de los inversionistas, la cual parece caminar al filo de la navaja.

Otra decisión equivocada en el futuro (por ejemplo, revertir la reforma energética, una política equivocada en Pemex y CFE, o desbordar el gasto público) paralizaría muchas inversiones productivas y generaría una salida drástica de inversiones financieras.

De suceder eso, el crecimiento sería menor al pronosticado, lo cual reduciría drásticamente las probabilidades de sostener en el tiempo los programas redistributivos. Quizá la única decisión que pudiera recuperar la confianza sería continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues significaría reconocer y enmendar un error que ha tenido y seguirá teniendo consecuencias muy graves.

En ese poco probable caso, la confianza y la economía pudieran abrir una vía más promisoria de crecimiento.

Aunque a AMLO no le guste, su displicente, deficiente y ambigua relación con la economía, sus reglas y sus protagonistas, puede ser la tumba de su proyecto. No comienza bien en este tema. Ojalá y recapacite por su propio bien y el del país.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 15.63%, su mayor descenso anual desde la crisis financiera de 2008.

Diversos factores generaron volatilidad en los mercados financieros del país, entre los que destacan el aumento de las tensiones comerciales y las medidas arancelarias de Estados Unidos impuestas a diversas economías, incluida la mexicana en el caso del acero y aluminio.

Otro fue el proceso de negociación del nuevo acuerdo comercial trilateral (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado por los mandatarios de los 3 países el 30 de noviembre.

Falta su ratificación en los congresos de las 3 naciones para su posterior entrada en vigor.

Un factor más de volatilidad fue la incertidumbre asociada a la elección en México, que terminó siendo un proceso ordenado.

Otros fueron el anuncio de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, la preocupación de los mercados por las políticas de la nueva administración y la iniciativa de la bancada de Morena en el Senado para prohibir que los bancos cobren comisiones a los usuarios por ciertos servicios financieros.

(V.periódico El Financiero en línea del 2 de enero de 2019).

Atrapados por el fanatismo ciego y sordo, muchos votantes de Morena se niegan a ver que diciembre de 2018 es el peor mes de la historia para el arranque de un gobierno -si, el peor arranque de un gobierno en la historia-, sea del PRI o sea del PAN.

Y es que el 1er. gobierno federal de Morena -el 3er. partido en la alternancia presidencial mexicana, luego del PRI y el PAN-, arrancó el 1er. mes en medio del cáos, la tragedia, el mayor número de muertes violentas y, sobre todo, empezó "tocado" por el mayor Fobaproa; la deuda del NAIM no será deuda del gobierno de AMLO sino de todo los mexicanos.

Eso sin contar con el feo gasolinazo que pagarán los ciudadanos que menos tienen; usuarios del transporte público a quienes se aplicará un nuevo impuesto en medio de "la cuesta de enero" y del desempleo de casi un millón de empleados sector público y privado.

Además, los fanáticos de AMLO se niegan a ver, entender, escuchar y atender que ya lo persigue el abucheo. Y es que en Tabasco, tierra natal del presidente, aparecieron gritos de "cobarde" y "criminal", lo que hizo olvidar al presidente el "surito" y el "Jetta" de la austeridad valiente y reaparecieron los transportes blindados.

El presidente debió viajar en potentes camionetas blindadas -como "La Bestia" de Trump-, para no escuchar los reclamos de "cobarde" y "criminal" que lanzaron sus paisanos ofendidos por el nepotismo.

Pero vale preguntar, ¿por qué diciembre de 2018 es un año peor -incluso-, que el arranque de la gestión de Ernesto Zedillo; peor que el "error de diciembre" y que la instauración del Fobaproa? Van datos duros:

1.- Nunca en la historia -el 1er. mes de gobierno-, rebasó 2,000 muertes violentas.
2.- Nunca un gobierno presidencial arrancó con el despido de casi un millón de empleados; públicos y privados.
3.- Nunca un presidente huyó en el 1er. mes de gestión ante una tragedia como la de Puebla.
4.- Nunca un gobernador y un senador -esposos y severos críticos del presidente-, murieron en una tragedia aérea en el 1er. mes de gobierno.
5.- Nunca un presidente endeudó a los mexicanos con 145,000 millones de dólares, el mayor Fobaproa de la historia.
6.- Nunca los secretarios de Comunicaciones y Turismo habían hecho el ridículo como lo hicieron con el NAIM los colaboradores de AMLO.
7.- Nunca un presidente y sus secretarios de estado habían dicho tal cantidad de estupideces, que los convirtió en la burla nacional.
8.- Nunca un presidente arrancó tirando la mayor obra de América Latina, como el NAIM.
9.- Nunca un presidente mexicano había dicho más de 100 mentiras en sólo 30 días.
10.- Nunca un presidente llegó al poder sin haber trabajado en buena parte de su vida...

Le guste o no a los simpatizantes del nuevo presidente, a los fanáticos del fallido gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que nunca un gobierno mexicano había fracasado en el 1er. mes de gobierno.

Sólo falta preguntar: ¿qué debe pasar para que despierten 30 millones de mexicanos?

Sin mencionarlo por su nombre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dijo que no le cree al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien "vamos a enfrentar" y no permitir "que pase por aquí su proyecto de destrucción", como es el Tren Maya.

En el caracol "Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños", que se ubica en La Realidad, el Subcomandante Moisés declaró, ante miles de insurgentes, que no le tienen miedo al presidente López Obrador, más ahora que creó la Guardia Nacional, que es sólo es un cambio de nombre del Ejército, pero "son los mismos" militares.

El vocero del EZLN, sostuvo que los zapatistas "vamos a defender lo que hemos construido y lo que hemos demostrado al pueblo de México" y por eso "no vamos a permitir que venga a destruirnos".

Consideró que López Obrador "es muy mañoso", al hacer creer que "está con el pueblo de México", al que sigue engañando, como lo hace con los pueblos originarios, a quienes demuestra respeto y se hinca a la Madre Tierra, pero "nosotros le decimos que no le creemos".

Dijo que en la ceremonia de toma de posesión, del 1 de diciembre, López Obrador "simuló" pedir permiso y "agarró nuestros modos y nuestras costumbres" para pedir permiso a la Madre Tierra, pero lo hace para "destruir a los pueblos originarios".

El indígena tzeltal recordó que desde hace 5 años, el EZLN advirtió al pueblo que vendría para el país, "una cosa peor", algo así como el "colapso", "hidra", "monstruo" y "muro", pero no le creyeron.

Por eso, los zapatistas "aquí estamos; aquí seguimos", pero el mal gobierno, solo se dedica a turistear, sin importarle "la miseria, la desigualdad, la injusticia" del pueblo, que va seguir muriendo.

"Qué lástima que le hagan caso al que está ahí engañando al pueblo de México", consideró Moisés.

Agregó que el "mal gobierno no manda", sino que "mandan los que están organizados" y los que "no están organizados siguen creyendo en esa desesperanza que se dice", que "no es esperanza", pero "nos quieren mentir. Nos quieren engañar, porque hay un pueblo que cree eso que dice la Virgen Morena. Es un loco el que dice eso. No sabe pensar, no piensa por el pueblo".

Agregó que pese a todo, los zapatistas van a ganar, pero "no es fácil enfrentar a los partidos políticos y los malos gobiernos, como el actual, tramposo y mañoso".

Moisés recordó que hace 25 años, salieron "a despertar al pueblo de México y al mundo" y hoy desde ese tiempo, "vemos que no estamos solos".

El líder nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró que el estímulo fiscal de 50% en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera es un engaño, porque beneficiará a unos pocos.

Cortés marcó la diferencia entre el decreto firmado el sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según el cual serán los intermediarios de la cadena productiva los que puedan acreditar 50% de su IVA y eventualmente recibir de la Secretaria de Hacienda una devolución, es decir, serán beneficiarios de un crédito fiscal."

El panista indicó que lo que debió hacerse, como ofreció López Obrador en campaña, es una reducción del 50% en la tasa del IVA y de manera generalizada para toda la población fronteriza, lo que no ocurrió.

Explicó que para eso era necesaria una reforma legal, misma que fue rechazada por la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y el Senado durante la discusión de la Ley de Ingresos.

"Que nadie se equivoque. Ningún ciudadano común dejará de pagar el 16% de IVA en la frontera. Los únicos beneficiarios serán los intermediarios de la cadena productiva que puedan acreditar el 50% de su IVA resultante, pero el consumidor final, que son todos los ciudadanos, no van a ver ningún beneficio. Lo que ofreció en campaña fue una reducción en la tasa del IVA del 50%, no un crédito fiscal. Ofreció que fuera general", añadió.

En el debate por el costo de la cancelación del NAIM, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, calificó al excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, como un hombre triste con cuentas alegres. Pero lo cierto es que el titular de la SCT no presentó cifras concretas. En su pelea en redes sociales, no quedó muy claro cómo el actual gobierno llegó a la cantidad de 100,000 millones de pesos de supuesto ahorro por no construir el aeropuerto en Texcoco. El exsecretario de Hacienda sí mostró cifras, pero Jiménez Espriú mejor se retiró del tira-tira, deseándole feliz Año Nuevo.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), Javier Jiménez Espriú, calificó de "cuentas alegres de un hombre triste" las cifras que dio a conocer el ex candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Posteriormente, Meade le contestó "Como millones quiero que le vaya bien al presidente López Obrador. Por eso insisto. Lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencias. El @CICMoficial coincide. Te recomiendo leas el documento que te enviaron. Con el respeto y alegria de siempre te deseo feliz año".

En uno de los tuits [del día 27 Meade] explicó que un nuevo aeropuerto es sustancial, ya que activa la economía: "Cada pasajero gasta 415 dólares en promedio: 184 en la industria de la aviación 231 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repite 120,000 veces al día en el Aeropuerto de la CDMX, aporta 1.6% del PIB".

En otro mensaje señaló que la escala y conectividad del aeropuerto en Texcoco atraería más pasajeros y elevaría el gasto promedio a 555 dólares, aportando 6% del PIB. "La escala y conectividad del #NAICM atraería más pasajeros y elevaría el gasto promedio a 555 dólares: 245 en la industria de la aviación, 310 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repetiría 342,000 veces al día en el #NAICM, aportando 6.0% del PIB".

En su último tuit, Meade aclaró que ni Santa Lucía ni la red aeroportuaria compensarían el costo de cancelar el aeropuerto en Texcoco, el cual estima en 145,000 millones de dólares (para iniciados: tasa de descuento del 15% real, y como costo, la mitad de la diferencia de aportación al pib entre construirlo o no). De cancelarlo, explicó que México no generaría empleos ni actividad económica.

"El costo de cancelar el #NAICM no lo compensa #SantaLucía ni la red aeroportuaria mexicana. Expertos señalan que la pérdida de valor para MX beneficia a aeropuertos de EEUU y de América del Sur. ¿No prefieren que se generen empleos y actividad económica en México?", finalizó.

El 29 volvió a insistir en que habría pérdidas económicas para el país. "Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de donde salen los 145,000 millones de dólares, acá puede verlo", escribió.

El presidente es el primero que debe dar el paso para reconocer que su política de descalificar a sus adversarios sólo genera más tensiones y polarización. Nuestro país está lo suficientemente dividido entre ricos y pobres; norte y sur; ciudades y campo, como para que el discurso presidencial haga exaltación continua de la rivalidad política. Es como si el jefe del ejecutivo quisiera cohesionar permanentemente a su base de simpatizantes e hiciera del antagonismo su discurso político por excelencia. No hay rueda de prensa en donde no señale a un adversario o identifique a algún enemigo público del nuevo gobierno.

De la misma forma, la oposición tiene que elevar sus argumentos y no caer en ese juego facilón de desgaste que no le da ningún beneficio al país. Es como si una parte de la oposición -partidista y no partidista- esté en la tesitura de "en cuanto peor, mejor". Buscan cualquier argumento, por más mínimo que sea, para destruir y pronosticar el fracaso del proyecto presidencial. No es una oposición leal al mandato de las urnas, sino tóxica [El opositor más desleal al mandato de las urnas y más tóxico que ha habido en este país es López Obrador. Ahora quiere que a él se le trate de forma diferente a como él trató a los 2 últimos gobiernos. Más le vale irse acostumbrando a que le van a aplicar a él el mismo tratamiento que él utilizó. - El webmaster.]. El conflicto es inherente a la política, pero sin responsabilidad de gobierno y oposición, no nos sorprendamos si la polarización acaba mal. La violencia debe ser el límite que nunca puede traspasar la política.

Provocadores mezquinos.
(Por: Cuauhtémoc Villa)

Calificativos y calificativos y calificativos. En eso se han convertido las declaraciones de Andrés Manuel cuando se refiere a cualquiera que se atreve a poner en duda las acciones de su gobierno.

Sabemos que las redes sociales son malintencionadas y lo único que buscan es agitar el avispero de la discordia y en una de esas, atinarle a alguna verdad incómoda. Las redes no entienden de derechas e izquierdas y es fácil adivinar que cualquier persona con un teléfono inteligente o una computadora, aprovechará la oportunidad para arrojar porquería a quien sea que esté en el gobierno. Hoy le toca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibir la porquería que las redes arrojan y, junto con sus incondicionales, tragársela.

Las palabras: "los conservadores corruptos, provocadores y mezquinos", llenan la boca del que se asume presidente de tan solo el 53% de la población [votante], ignorando al 47% que no votó por él. López olvida que ya no está en campaña (¿o sí lo estará?) y ahora trabaja para la totalidad de la población y no entiende, aún, que su labor debería tender a convencer a este último porcentaje y no desilusionar a sus votantes.

De los presidentes anteriores pueden decirse muchas cosas (como se dirán de este) algunas ciertas y otras no: que si solo nos dieron atole con el dedo; que si robaron y fueron corruptos; que si nos llevaron a una guerra contra el narco; y tantos otros "que si..." como se les ocurra. Pero lo que sí no pueden decir de ellos es que salieran, en cadena nacional, a descalificar a sus opositores con adjetivos propios de una campaña política y tan fuera de lugar cuando de gobernar se trata.

En la pasada conferencia de prensa del 26 de diciembre, Andrés Manuel tan solo se refirió a la muerte de (sic) la exgobernadora de Puebla y el exgobernador Moreno Valle. Así, sin hacer mención de sus nombres. Tal parece que no pudo, o no quiso, decir clara y abiertamente, la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, cuyos nombres se le habrían atorado en la garganta y, en lugar asumirse como jefe de estado, segundos después, se puso la casaca de dueño de MORENA y salió a proferir epítetos contra sus enemigos (mezquinos, neofascistas, entre otras linduras).

Señor presidente, las palabras cuentan, tanto las que dice como las que deja de decir.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el regalo de Año Nuevo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, será que los mexicanos pagarán el 1er. gasolinazo del 2019, al eliminar los estímulos a las gasolinas y al elevar las cuotas del IEPS de estos energéticos.

En un comunicado, el panista insistió en que López Obrador incumplió su promesa de bajar el precio de las gasolinas con lo que le dio la espalda a los mexicanos con el incremento de los combustibles.

Y agregó: "La gasolina es detonante de inflación y no hay nada más contrario al bien común que productos y servicios caros, cuando hay una alta inflación siempre los más pobres terminan pagando".

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a partir del mes de enero los consumidores pagarán completo el impuesto especial sobre producción y servicios para las gasolinas y el diésel, incluso, las cuotas del IEPS para las gasolinas serán más altas con relación a la última semana de 2018.

"Acción Nacional insistirá en su iniciativa de disminuir en 50% el IEPS a las gasolinas. Es una lucha que hemos emprendido desde 2017 cuando se liberó el precio de las gasolinas. Apenas en septiembre pasado la bancada del PAN en el Senado volvió a presentar una iniciativa sobre el tema, porque estamos convencidos de que sí se puede bajar el precio de las gasolinas", destacó.

El presidente nacional del PRD, Ángel Ávila reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador faltó a su palabra de reducir los precios de las gasolinas, aumento que ésta se encuentra en marcha, pues Morena lo aprobó en la Ley de Ingresos.

En su cuenta de Twitter el dirigente escribió "Otra promesa incumplida del Presidente @lopezobrador_ los impuestos a las gasolinas seguirán elevándose y los terminará pagando la gente".

"El #GasolinazoMoreno está en marcha. El @PRDMexico seguirá insistiendo que baje el precio de las Gasolinas, ésta es nuestra causa".

Desde el 23 de diciembre pasado, la construcción de la L3 del Tren Ligero entró en paro debido a la falta de pago del gobierno federal, dijo Pablo Lemus; tras el cambio de administración, la SCT arrastra un adeudo de 800 millones con la constructora.

Aunque durante años operó un "Pemex pirata" paralelo a la paraestatal, para robar cientos de miles de litros de gasolina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró "punto final" en la persecución de quienes así saquearon a la industria desde altos cargos directivos.

"Soy partidario, en este caso, del punto final y de que iniciemos una etapa nueva", dijo al insistir en que perseguir la corrupción del pasado es llevar a "chivos expiatorios" a la justicia y quedarse empantanado en acusaciones, juicios y denuncias sólo para generar legitimidad.

"Vamos a ser inflexibles, estrictos en lo que a nosotros nos corresponde. Es cero corrupción, cero impunidad, a partir de nuestro gobierno", garantizó al recordar que desde el gobierno del presidente Vicente Fox empezó el saqueo de gasolina de Pemex desde las mismas refinerías y no sólo desde la perforación de ductos para extraer ilegalmente el combustible.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llamó al Presidente de la República a mantener la armonía entre los mexicanos y a no polarizar a diversos sectores de la sociedad.

"El presidente debe procurar condiciones de armonía y gobernabilidad, no polarizar a la sociedad con discursos de odio, dividiendo a los ciudadanos”" anotó Cortés Mendoza.

Desde el día del accidente, el pasado 24 de diciembre, en redes sociales circularon diversos mensajes con acusaciones en contra del presidente López Obrador y su gobierno, donde los trataban de sospechosos luego del altercado que mantuvo Morena con el PAN por la elección para gobernador en Puebla.

Paco Calderón
(27 de diciembre de 2018).

Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRI, MC y PRD, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se crean los "superdelegados" y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que fue promulgada el pasado 30 de noviembre.

El documento, recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tarde del 26 de diciembre de 2018, argumenta 5 puntos que, a decir de los legisladores, demuestran las violaciones que se cometieron al aprobar diversos cambios en la citada ley.

Entre sus argumentos aseguran que en este nuevo ordenamiento hay "violación al principio de legalidad y principios de la democracia representativa, fundamentalmente el principio deliberativo, derivado del procedimiento legislativo en el que se aprobó el decreto de reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal".

Lo anterior debido a que el dictamen aprobado fue realizado después de un procedimiento viciado, acusan, que impidió el cumplimiento de las formalidades de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando los principios de la democracia representativa, fundamental de las actividades de cualquier asamblea democrática.

También explicaron que hubo una violación a la soberanía de las entidades federativas prevista en los artículos 41, 116 y 122 de nuestra carta magna, por la inconstitucionalidad de los artículos 17 bis y 17 de la LOAPF.

Los legisladores de PAN, PRI, MC y PRD nuevamente manifestaron su inconformidad por la nueva figura de "superdelegados" y denunciaron la aparición de un sistema netamente centralista que, afirman, rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.

Advierten que la creación de los "superdelegados" genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población.

Sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales, y por el contrario, la permisión al "superdelegado" para crear su ejército de funcionarios adscritos a esta labor, se abre un gran espacio para el ejercicio arbitrario del poder, manifiestan.

Las bancadas que presentan esta acción también destacaron que resulta inconstitucional la adición propuesta al artículo 33, fracción XXI, estableciendo que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

La modificación propuesta contraviene el mandato constitucional mediante el cual se otorga autonomía técnica a los órganos reguladores coordinado en materia de energía, apartándose del espíritu previsto que sean estos órganos los que fijen de manera independiente las diversas cuestiones técnicas que implica la implementación de las disposiciones en materia de energía. Explicaron que hay violación a lo dispuesto en los artículos 14, 28 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo dispuesto en el 2o. párrafo de la fracción VII del artículo 43 de la LOAPF.

Lo anterior porque ahora la Consejería Jurídica nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Asimismo consideran una violación a lo previsto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de lo dispuesto en el artículo 31, fracciones XXV y XXVI, de la LOAPF.

En este último punto el cual asigna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves a los políticos conservadores "jugar limpio" tras el accidente aéreo en el que perecieron los políticos Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

[El maestro del juego sucio pidiendo jugar limpio - el webmaster].

"Decirles a los conservadores, no a todos, que vayan actuando de manera distinta. También que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio", apuntó el mandatario.

López Obrador, que ayer negó cualquier teoría conspiratoria en torno a esta fatalidad, pidió a los conservadores que tengan "un poco de decencia" y que, además, "no aparenten ser liberales".

[El burro hablando de orejas - el webmaster].

El lunes pasado se desplomó en el municipio de Coronango, en el estado Puebla, un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su marido y senador, Rafael Moreno Valle, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), además de otras 3 personas.

Finalmente, se disculpó por usar este miércoles el término "neofascistas" al hablar de quienes "promueven el odio" y actúan "de manera mezquina" aprovechando tragedias como la del lunes.

"Mezquino es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario. A lo mejor debía decir que son tiempos, desgraciadamente, de canallas", apuntó.

[El Rey de la Mezquinidad ha hablado - el webmaster.]

Realmente toda esa aristocracia burocrática que ha acompañado a AMLO en su llegada al poder estará dispuesta a vivir con menos (mucho menos) de como lo hacía la privilegiada aristocracia peñista que gastó como pocas administraciones y engordó las nóminas de la burocracia. Quien acompaña a AMLO tiene pasado fundamentalmente perredista, y es un partido que está reventado precisamente porque permitió que todo funcionario fuera corrupto (poquito, pero corrupto) al grado que hoy la Ciudad de México es el paraíso de las mordidas y comisiones para todo. Es difícil de creer que ya por ser de la legión morenista se volvieron mágica e instantáneamente incorruptos e incorruptibles, sólo por decreto.

Nunca como ahora se ha presentado para su aprobación al congreso un presupuesto con tantas fallas que, al parecer, se hizo al "troche moche". Se castiga a las universidades institucionales para favorecer a las 100 patito. Ya vamos conociendo a nuestro presidente, qué bueno que reconoce cuando se equivoca. Dice él que en el presupuesto a universidades hubo un error, "hizo el compromiso público de que no se reducirían los recursos a las universidades y que recibirían el presupuesto acordado". En cuanto a la partida destinada a Relaciones Exteriores, se habían olvidado de los consulados.

Si la función de elaborar el presupuesto de egresos se encomendara a profesionales independientes, partirían de la base cero. Esto es, que en ningún ramo debe partirse de lo ejercido el año anterior, sino que se justifique la necesidad de cada erogación con relación al servicio que prestará o el beneficio que obtendrá. Que se compruebe que cada persona que figura en la nómina realmente existe, tiene una función específica, que su remuneración corresponde al puesto que desempeña y que concurre invariablemente a desempeñarla. Garantizo que se llevarían la sorpresa de su vida.

El gobierno que México necesita, es aquel que no permite se violen impunemente los derechos de los demás, los ciudadanos nos sentimos ofendidos doblemente por la audacia irreflexiva de los técnicos que elaboraron el presupuesto que suprimen la compensación universal de los impuestos. Se requiere que la autoridad asuma el papel para el cual fue electa. Queremos que nos resuelvan los problemas; no nos gusta que desciendan a nuestro nivel, ni que nos traten como a menores de edad en donde nos tiene colocados la Ley Federal del Trabajo. El pueblo quiere que tomen su papel en serio, que lo saquen de la pobreza, no que le den limosnas. El titular del poder ejecutivo no es la autoridad, ni el gobierno es suyo, la autoridad se la ha conferido temporalmente el pueblo y el gobierno es el órgano mediante el cual se ejerce la autoridad.

El Gobierno de la Ciudad de México pedirá corregir un error en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el cual se asignaron 1,400 millones de pesos a la Línea 9 del Metro, cuando el proyecto es concluir la extención de la Línea 12.

No habría mucho que preguntar si no existiera el criticado antecedente de cómo se comportó el presidente de México tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección en Puebla: clamó fraude, fustigó la decisión final de los magistrados y anunció que excluiría de sus giras a ese estado donde, por cierto, viven más de 6 millones de sus gobernados.

Y así, a pesar de haber arrasado en las elecciones de julio de este año, fue fiel a su creencia: la democracia no está completa a menos que gane yo. Y no es que no hayan existido irregularidades en la elección poblana, es sólo que no detectó ni denunció ningún problema en lo que hicieron sus operadores políticos para vencer en otras gubernaturas. Pienso en el caso de Chiapas, por ejemplo. Ahí, la operación del gobernador Manuel Velasco a favor de Morena no tuvo ninguna importancia porque ahí ganó Morena. Lo grave fue lo de Puebla, donde perdió. En la cadena democrática el último eslabón es el triunfo lopezobradorista; si no, no hay democracia.

Con eso como contexto, ¿qué hará el presidente López Obrador con la elección a la que habrá de convocarse en Puebla para determinar la gubernatura?

¿Intervendrá a través de la mayoría de Morena en el congreso local para elegir al gobernador interino que convoque a la elección y conduzca el proceso o respetará a quien proponga la coalición que postuló a Martha Érika Alonso? ¿Pondrá de candidato de Morena a Miguel Barbosa, principal vocero del encono personal con la gobernadora fallecida? ¿Cómo se comportará el superdelegado de su gobierno, el bartlettista Rodrigo Abdalá que maneja recursos públicos y programas sociales federales?

¿Va a ir de gira el presidente AMLO a Puebla? ¿Ahora sí porque no están los Moreno Valle? Si va, ¿no estará haciendo campaña a favor de Morena con esas visitas? Considerando lo importante que ha sido en el discurso presidencial la denuncia de fraude en Puebla y el reclamo de la elección a favor de Morena, ¿el resultado de la contienda será una 1a. evaluación de cómo va el gobierno lopezobradorista? ¿Le cobrarán no conceder el triunfo al rival, el desencanto de esos sectores de la población que le dieron el beneficio de la duda en julio pero luego se asustaron con las primeras decisiones, como lo del aeropuerto?

A pesar de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) recibió un aumento de 8,000 millones en su presupuesto con respecto al proyecto entregado por la Secretaría de Hacienda, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para la dependencia será el más austero desde 2008.

Para el ejercicio presupuestal de 2019, la Sader contará con 65,434.9 millones de pesos, 14% más que la partida contemplada en el Paquete Económico entregado el 15 de diciembre al congreso, que le otorgaba 57,343 millones de pesos.

El alza ocurrió después que organizaciones como Antorcha Campesina, bloquearan los accesos a San Lázaro, en exigencia de más recursos para el sector.

No obstante, aun con el aumento, el monto es el menor de los últimos 11 años. En 2008, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) recibió 95,145 millones de pesos reales, a precios de 2018. En los años posteriores, el presupuesto de la dependencia aumentó y en 2015 llegó a 105,858 millones de pesos reales.

La baja que tendrá la dependencia en el presupuesto de casi 13% real respecto a 2018 se da a pesar de que el nuevo gobierno ha señalado que el campo es una de sus prioridades y a que incorporará nuevos mecanismos de apoyo al sector, como los precios de garantía y los créditos a la palabra.

Según cifras del Consejo Nacional Agropecuario, para concretar todos los planes del nuevo gobierno de manera eficiente era necesario un presupuesto cercano a 82,500 millones de pesos. Dicho monto fue el que el sector privado pidió al gobierno.

Sindicatos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se han sumado a los amparos tramitados contra la Ley de Remuneraciones que hasta el 24 de diciembre llegaron a 3,317 demandas.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, 290 de esas demandas fueron tramitadas en línea y en total van 14,737 quejosos en contra de la ley que regula las disminuciones salariales para que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República.

La mayoría de los quejosos son funcionarios del Poder Judicial de la Federación, 430 jueces; 573 magistrados; 4,172 secretarios; 934 actuarios y 4,578 oficiales.

1,812 quejosos son de otras dependencias y organismos como Pemex, Cofece, PGR, IPN, CISEN, INE, SAT, IFT, ISSSTE y Segob.

A estos quejosos ahora se han sumado trabajadores del INAH, el Sindicato Único de Trabajadores docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

La aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones fue suspendida el 7 de diciembre pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la medida permanecerá hasta en tanto los ministros resuelvan las acciones de inconstitucionalidad tramitadas por Senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, la ley no sólo prevé reducciones salariales a la burocracia mexicana sino sanciones a quien gane más que el Presidente de la República y a quien no denuncie a sus compañeros que se encuentran en este supuesto.

De acuerdo con lo acontecido en los últimos 23 días, la gran mayoría lo único que hemos recibido es una ¡Santa sorpresa!

Incluso muchos de los 30 millones de votantes que decidieron llevar a su candidato a la Presidencia de la República, se dicen desde ya, sorprendidos y hasta descontentos por las formas en que se ha empezado a ejercer el poder otorgado en las urnas, pues entre otras cosas, lo que ha prevalecido son acciones que provocan la división entre los mexicanos, pues mientras unos "jalan la cobija para un lado, otros, la jalan en sentido contrario".

Era de esperarse, pues han sido décadas de haber sido creado el sistema político que la gran mayoría repudiamos, luego de enterarnos de la existencia de corruptelas cada vez más cínicas y cuantiosas, sin que al parecer nadie haga nada por impedirlo, antes al contrario, han surgido "nuevas" complicidades que se multiplican de manera escandalosa, y la "magia" esperada no aparece por ningún lado.

Por supuesto que algunos podrán pensar que es muy pronto para evaluarlos, y podría estar de acuerdo con ellos, de no ser porque se han tomado decisiones tan inverosímiles, que solamente alguien con plena ignorancia -o con intereses personales de por medio- habrían de aceptar como positivas para las mayorías, sobre todo pensando en el mediano y largo plazo.

La esperanza depositada en las urnas debe de trascender en acciones cotidianas, más que en declaraciones diarias -matutinas, vespertinas o nocturnas- y los twits que han puesto de moda, pues se supone que las campañas electorales terminaron, a menos que ya estén en plena acción rumbo a las elecciones del 2021 y 2024 (en los 3 ámbitos de gobierno).

Diego Luna señaló en sus redes sociales que nunca hizo campaña a favor del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que votar por él no le quita el derecho de cuestionarlo o criticarlo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que los diputados federales aprobaron la madrugada de hoy, plantea recortes a los organismos autónomos que tendrán la mayor reducción en términos nominales: el poder judicial, el INE y el Inegi, entre otros, mientras que universidades y el campo recuperaron.

Tras el retiro del plantón de campesinos que evitó la discusión del presupuesto el fin de semana, los legisladores mermaron al poder judicial en sus asignaciones del próximo año y se prevé una partida de 63,656 millones de pesos (MDP), una reducción de 1,700 millones con respecto de la propuesta del ejecutivo federal.

Para el Instituto Nacional Electoral (INE), los legisladores plantearon quitar 950 MDP, a lo que el organismo manifestó que esa baja de recursos imposibilita la realización de elecciones locales en 2019. El órgano electoral pidió 16,313 MDP; tendrá 15,363 millones.

Con una resta de 500 MDP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es el 3er. órgano afectado por el monto recortado. Para el próximo año sus asignaciones serán de 12,129 millones.

Otros organismos afectados son el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con 300 MDP; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 280, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 162 millones.

El equipo de AMLO no conoce la posición tan relevante que llegó a ocupar México dentro de la OCDE en materia de política pública pro Pyme y del emprendimiento.

Encabezó la comisión no porque "ya le tocaba" sino por el sólo mérito de lo que en México se hizo a lo largo de 3 sexenios.

México demostró que era posible articular esas políticas, ponerlas en prácticas, medirlas y ofrecer resultados que incrementen la productividad de las más pequeñas unidades económicas como puede ser una simple tienda de abarrote manejada por una sola persona.

Eso sucedió 2 años antes del homicidio de la política pública pro Pyme en México con lo que el comité respectivo queda ahora vacío dentro de la OCDE.

A eso también se renunció.

El 20 de diciembre, redes sociales se llenaron con publicaciones en las que empleados del SAT (dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) denunciaban despidos en masa anunciados de forma sorpresiva y sin razón aparente ni liquidación.

La cifra total pasó de 700, afectando a unidades en Baja California Sur, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas y otros; (Milenio, diciembre 20) y al parecer, respondió a la nueva política de "Austeridad republicana".

En algunos casos se reportaron abusos, como en Veracruz, donde a los empleados no se les dejó salir de las instalaciones hasta que firmaran sus renuncias. (Proceso, diciembre 20).

Tras críticas y dudas expuestas en medios y publicadas en redes sociales (por ejemplo, la elección de una fecha 4 días antes de Navidad para despedir sin liquidación), el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que revisaría los despidos. (El Universal, diciembre 21).

Esa misma noche, se dio un plantón en la casa del presidente, y aunque este no identificó a los manifestantes, se especula que muy probablemente fueron exempleados del SAT.

En cualquier caso, López Obrador desestimó a lo manifestantes asegurando que "no voy a ser rehén de nadie", y que en las protestas que el mismo AMLO había encabezado en el pasado "nunca fui a protestar a la casa de un servidor público". (Proceso, diciembre 21).

Por su parte, el director general del IMSS, Germán Martínez Cazares, anunció también se preparan despidos en su dependencia, pero que no se afectará a médicos ni sindicalizados, y se dará a conocer el 30 de enero. (Excélsior, diciembre 20).

Luis

Llegó el realismo y López Obrador tuvo que recular -diciendo que era inviable regresar a los militares a los cuarteles-, pero nadie puede borrar los años en donde el ahora presidente fue un crítico implacable de la estrategia militarista de combate al narcotráfico.

Y en ese sentido, López Obrador no sólo traicionó a aquellos que pensaban que es posible una estrategia de seguridad sin guerra, con democracia y libertades, sino que su propuesta de Guardia Nacional profundiza la militarización del país. No sólo concibe a las fuerzas armadas como la columna vertebral de la seguridad pública en México, sino que el presidente decidió que había que normalizar su actuación modificando de la Constitución. No le importó al jefe del ejecutivo que la Corte sea clara y rotunda en este tema: la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no es constitucional. Normalizar la militarización del país, como lo está haciendo López Obrador, fue un esfuerzo que ni siquiera Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudieron lograr (éste último fue el impulsor de la Ley de Seguridad Interior que fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal).

Es cierto que los diputados modificaron algunos de los puntos clave en la iniciativa que envió el presidente. Por ejemplo: en 5 años, la Guardia Nacional debería pasar a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública y se da facultades al Senado para que disuelva la Guardia Nacional cuando juzgue conveniente. Sin embargo, se mantienen dispositivos preocupantes como la atribución que tendrá la Guardia Nacional de intervenir en todos los delitos. Todos son todos. No es un cuerpo especializado en el combate al crimen organizado, sino una policía militarizada que te puede detener en la calle por cualquier motivo. 150,000 elementos que tendrán amplísimas competencias y que sustituyen a la Policía Federal.

Y detrás de la aprobación de la Guardia Nacional, se esconde una narrativa y un argumentario que suponen una victoria cultural para el calderonismo: la inevitabilidad de que el Ejército se encargue de la seguridad pública en México. 12 años después, el michoacano ganó la guerra cultural frente a la izquierda. Nos dicen exactamente lo mismo que nos decía Calderón: mexicanos, ¡No hay alternativas! O como reza el dicho: ¿quieren paz? prepárense para la guerra. El eclipse de las alternativas no sólo contaminó a Peña Nieto y al priismo, y a los gobernadores de uno y otro bando, sino también a quien le hizo la vida imposible a Calderón por buscar a través de las armas su legitimación política.

López Obrador estaba obligado a poner una alternativa sobre la mesa. No deja de ser paradójico que quien hizo de "abrazos no balazos" su principal eslogan durante la campaña, hoy recurra a 150,000 uniformados con entrenamiento militar para "garantizar" la paz en el país. Las discrepancias al interior del proyecto de López Obrador (ahí tenemos la voz enérgica de Tatiana Clouthier) son un espejo de las contradicciones en las que se está moviendo la estrategia de combate a la violencia del presidente.

Llevamos 12 años con el mismo discurso y, a pesar de su insistencia, la realidad es tozuda y desmiente todos los días a quien considera que sólo en estado de sitio podemos sentirnos tranquilos. Llevamos dos sexenios contando tragedias, homicidios, desaparecidos y hoy somos un país más violento e inseguro que hace 12 años. Hoy somos un país con nuestras libertades amenazadas y con un permanente estado de excepción. ¿No ha quedado claro el fracaso? ¿Por qué creer que el liberticidio y la militarización es la única salida?

A los diputados no les quedó de otra que aplazar la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 luego de que el plantón que desde el viernes inconformes colocaron en los alrededores del Palacio de San Lázaro por el monto asignado para el campo bloqueara la entrada al recinto y obligara el reforzamiento de la seguridad.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, tuiteó que la sesión ordinaria para elaborar el dictamen se pospuso para hoy, a partir del mediodía, luego de varios intentos de comenzar ayer la discusión, incluso fuera de la sede del congreso.

La disminución de 37% en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente para el 2019 no es un error de dedo, sino una señal de alerta: el cuidado a la naturaleza y la protección del medio ambiente no son prioridades para el gobierno de AMLO.

Van 3 ejemplos. 1: El Tren Maya es uno de los proyectos insignias del nuevo gobierno. Un vehículo para "detonar" el desarrollo del Sur-Sureste. La ruta prevista incluye el paso por la Reserva de la Biósfera de Calakmul y por la Laguna de Bacalar, también conocida como la laguna de los 7 colores. No hay forma de exagerar la riqueza de Calakmul. Se trata de la 2a. selva tropical más grande de América, sólo por detrás de la del Amazonas. De acuerdo con Víctor Lichtinger y Homero Aridjis, es uno de los 3 espacios más relevantes en el mundo, en materia de biodiversidad. Para el Tren Maya, el proyecto de impacto ambiental estará listo hasta el 2019, pero se calcula que cada kilómetro de construcción de esta obra destruirá 500 árboles. El daño ecológico se justifica por la urgencia de llevar el "progreso" a algunas de las zonas más pobres del país. A la carta de protesta firmada por cientos de científicos, ecologistas y líderes sociales, AMLO contesta con una acusación de elitismo y de falta de contacto con la gente.

2: La CFE revivirá plantas que utilizan combustóleo e impulsará la construcción de una planta de electricidad que funcionará con carbón como insumo principal. La decisión se justifica con argumentos de costos: 1 megawatt generado con carbón vale 600 dólares. 1 megawatt producido con insumos limpios vale 1,000 dólares. Entre líneas el argumento es: "México no puede darse el lujo de ser tan ecológico... China no lo es". La apuesta por el carbón se complementa con el regreso del combustóleo: este combustible líquido tiene cantidades importantes de azufre, nitrógeno y cenizas. Es supercontaminante y, quizá, cancerígeno, pero se produce en casa. Utilizarlo hace daño, pero no importa: su uso servirá para reducir las importaciones de gas desde Estados Unidos.

3: La Secretaría de Energía está presionando a la Comisión Reguladora de Energía para que postergue por un año la entrada en vigor de la norma que obligaría a partir del 1 de enero del 2019 a usar en territorio mexicano un diésel con menor contenido de azufre. La Sener está consciente de los daños que el diésel que ahora usan los vehículos genera a la salud y el medio ambiente, pero exige que se haga una pausa en la implementación de una norma cuyos plazos fueron anunciados hace más de 3 años. El argumento de la Sener parece extraído de un discurso de Donald Trump o de un capítulo de Los Simpson. La Secretaría de Energía establece en su exigencia ante la CRE que el bien superior a tutelar es la salud financiera de Pemex y el equilibrio de la balanza comercial nacional.

En el presupuesto del 2019 también se pretende recortar drásticamente los recursos para mejorar la calidad del aire. No hay error de dedo que corregir porque el problema es otro: el proyecto de AMLO carece de un lugar relevante para la acción en favor del medio ambiente. Ojalá los árboles se pudieran juntar con la Madre Tierra para presionar y defenderse como lo hicieron los rectores de las universidades públicas, pero los árboles no pueden votar.

En contra de lo que ofreció en campaña, rompiendo promesas y dando un giro de 180 grados a sus posturas anteriores el nuevo partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prepara su aplanadora para sacar adelante la reforma constitucional que permite la creación de la Guardia Nacional.

A lo largo de su campaña por la Presidencia, incluso antes como precandidato, Andrés Manuel López Obrador criticó en varias ocasiones la estrategia de usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El 28 de marzo de 2017, en Nuevo Laredo, López Obrador, criticó la declaración de "guerra" de Calderón a la delincuencia y su decisión "absurda y criminal" de recurrir al uso indiscriminado de la fuerza militar que "en vez de resolver el problema, lo empeoró".

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, dijo el pasado martes a diputados federales que el tema de la Guardia Nacional ha sido el más debatido al interior del gobierno de López Obrador, y añadió que desde el periodo de transición "exploramos todos los escenarios imaginables para construir una solución al problema de la inseguridad en el país", dijo y al final admitió que no encontraron otra salida que echar mano de una Guardia Nacional con personal militar. La Guardia Nacional arrancará con 35,000 soldados, 8,000 marinos y cerca de 10,000 policías federales.

López Obrador y Morena llevan prisa para sacar los cambios constitucionales que permita crear esta nueva fuerza armada. El jueves por la noche, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dominada por Morena, aprobó el dictamen de las reformas constitucionales. En el dictamen se permite que las fuerzas armadas puedan realizar labores de seguridad pública e incluso está planteado que la Guardia Nacional sea a la vez ministerio público para indagar cualquier delito, incluso los delitos de fuero común.

Las críticas no se han hecho esperar. El colectivo Seguridad sin Guerra denunció que la propuesta de Morena ignora las recomendaciones de organismos de derechos humanos de México y del mundo que proponen limitar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y que con esta propuesta se ignora "la evidencia acumulada durante los pasados 2 sexenios de atrocidades" cometidas por estas fuerza militares: "La creación de la Guardia Nacional representa la institucionalización de un régimen militar en la política de seguridad pública del país".

La propuesta de Morena para crear la Guardia Nacional no sólo es un incumplimiento de las promesas que ofreció a la sociedad, además implica riesgos de enormes consecuencias para la sociedad mexicana, pues concentra el mando militar y policiaco del país en la cúpula militar, por más que digan que es una institución "híbrida" donde tendrán cabida los mandos civiles.

¿Qué pasaría si en los siguientes años el mando militar tuviera diferencias con el mando civil? En este escenario los militares ya tendrán concentrado el uso de todas las fuerzas de seguridad del país.

Sin especificar el número de empleados que resultaron afectados ni el monto del ahorro por otras medidas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó los miles de despidos de trabajadores de confianza, y anunció que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo.

Lo anterior como parte de los principios de austeridad que se ejercerán a recursos en forma racional al combate frontal de la corrupción.

Empleados del SAT en la Ciudad de México aseguraron que han recibido órdenes de no comentar nada sobre el caso del personal despedido de la institución.

El nuevo gobierno de México se comprometió a recibir y mantener a todos los centroamericanos que desean asilo en EU.

México se echó todo el paquete de recibir a los centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos mientras esperan su turno en su sistema lentísimo, donde un caso normalmente dura 2 a 3 años para ser procesado.

La propuesta de presupuesto para el próximo año también tendrá muchos más retos con este nuevo anuncio. Se proponen cortar los recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al Instituto Nacional de Migración (INM), las 2 agencias encargadas del trato con los extranjeros en México, además del programa de Protección Consular, que defiende los derechos de mexicanos en EU.

Es difícil ver cómo la Comar, con un incremento de 9 o 10 veces en solicitudes de asilo en los últimos 3 años (de un poco más de 3,000 en 2015, a aproximadamente 28,000 este año), puede ser efectiva sin recursos adicionales para atender los casos de protección de los ciudadanos de países vecinos que buscan asilarse en México.

Asimismo, INM tiene previsto un gran recorte presupuestario, justo cuando se supone que hay que modernizar las fronteras, desarrollar controles internos para proteger los derechos humanos e implementar una visa nueva de trabajo para centroamericanos, amén de coordinar con Estados Unidos el alojar a los extranjeros que le pidan asilo.

Algo similar ha pasado con el rubro de Protección Consular, que son los esfuerzos que hace el gobierno nacional para defender a los migrantes mexicanos en el exterior, sobre todo en un momento en que Estados Unidos ha endurecido sus políticas internas hacia los migrantes. El presidente López Obrador hizo un gran énfasis en la relación de los mexicanos en el exterior y habló en la campaña de su compromiso de fortalecer la defensa de los migrantes, pero el monto presupuestado no refleja la gravedad del tema.

Ha habido declaraciones muy alentadoras de parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, sobre su compromiso para aumentar los montos asignados a estas funciones.

El presidente López Obrador ha hablado de la importancia de los vínculos con los mexicanos en el exterior y de una política humana y con apego a los derechos humanos para los migrantes que llegan en México. Pero los primeros pasos no parecen coincidir con esta visión todavía.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal resolvió que el partido Morena vulneró el interés superior de la niñez por la promoción del spot denominado "Gracias", por lo que le impuso una multa de 257,920 pesos.

No deja de ser significativo que haya sido en Francia, en un momento en el que se buscaban atajar las cíclicas convulsiones generadas por la revolución de 1789, cuando se desveló con claridad que toda transformación profunda en la vida de un Estado tendría que basarse en un inicial pacto social que fuera el antecedente de un pacto político, el cual, una vez maduro pudiera culminar en un pacto constitucional.

Aquella ruta sigue siendo una fórmula probada de que los cambios de fondo, como los que propone el Presidente de la República en su 4a. Transformación, son posibles solamente si su realización preserva los derechos y libertades históricamente ganados por las y los mexicanos, sobre los que sigue existiendo un elevado consenso social, y a cuyo ejercicio se debe, en buena medida, que el vehículo para conquistar el poder en 2018 fuera el voto libremente emitido.

Ningún cambio podrá materializarse sin el puntual compromiso del nuevo gobierno federal de preservar esas conquistas.

Para que ese pacto social pueda alcanzar sus objetivos dentro de un periodo sexenal necesita acompañarse de un pacto político que comprometa a las autoridades federales, estatales y municipales, con independencia de su signo ideológico, a los partidos políticos, las instituciones autónomas, los poderes privados, y a todos quienes conformamos la sociedad mexicana hacia la consecución de la 4a. Transformación de nuestro país, a través de un acompañamiento solidario y responsable desde su específico ámbito de actuación.

Aun con las relevantes mayorías obtenidas por MORENA, dicho pacto no podrá desconocer que avanzamos para que nuestra heterogeneidad social se viera reflejada en un pluralismo político que ha logrado madurar a través de una democracia representativa que no puede ser desplazada mediante el llamado directo al pueblo soberano, y mucho menos que algunas instituciones públicas se legitiman precisamente en sus funciones de control y equilibrio del poder.

Así, una vez asegurado que nuestros derechos no serán objeto de negociación, y comprometido el respaldo solidario de ciudadanos y autoridades, será posible transitar a un pacto constitucional que de manera ordenada moldee la forma jurídica del poder.

Por más profunda que sea, una transformación no necesita cambiarlo todo. Hay un patrimonio constitucional de más de 2 siglos, cuyas decisiones fundamentales siguen vigentes y que debemos preservar.

Nadie ahora está planteando que la 4a. Transformación de México transite por un proceso constituyente que quebrante nuestra continuidad jurídica, sino que se encauce mediante un conjunto de reformas constitucionales y legales que brinden certidumbre.

Si seguimos una carta de navegación que ha probado su eficacia histórica, no tenemos por qué dudar que llegaremos a buen puerto. Un tránsito como el que propone el gobierno, puede ser un tránsito democrático si reconoce que provino de nuestras libertades y se debe a nuestros derechos; puede ser de gobierno, si define la nueva dirección política del país y dirige a ella al conjunto de sus instituciones. Pero necesita ser constitucional si lo que busca es ajustar, que no sustituir, un modelo de derivación liberal por otro que acentúe lo social, dentro de un loable compromiso con el bienestar común dentro de un Estado de Derecho y para los derechos.

Senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron 2 acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN para revertir las reformas al artículo 21 de la Ley de la Administración Pública Federal, que fueron aprobadas en ambas cámaras del congreso, con la mayoría de Morena y sus aliados, y publicadas el pasado 30 de noviembre en el Diario Oficial.

En las impugnaciones, los senadores de oposición argumentaron que la figura de los superdelegados y las comisiones presidenciales violan la Constitución, van en contra del pacto federal y la división de poderes.

La acción de inconstitucionalidad promovida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las comisiones presidenciales fue firmada por 52 senadores de oposición."

En el documento presentado argumentan que estas comisiones violan los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al no contar con parámetros ni atribuciones concretas de funcionamiento y por lo tanto, situarse por encima de la propia Constitución.

Asimismo, argumentan que hay una invasión de facultades, pues la Constitución establece claramente quiénes son las autoridades facultadas para perseguir ilícitos penales.

Mientras, la acción de inconstitucionalidad promovida contra la figura de los “superdelegados” lleva el respaldo de 45 senadores de oposición.

Argumentan que los delegados estatales rompen con el sistema político federal, contravienen los principios generales de la administración pública y violan el principio de división de poderes, al equipararse a los gobernadores sin contar con legitimidad democrática.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, dijo que la figura de los superdelegados crea un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Ello, expuso, porque contraviene la prohibición constitucional de crear órganos intermedios entre los niveles de gobierno, además de que trastoca el principio de jerarquía de la administración pública y rompe con el principio de horizontalidad que debe operar entre funcionarios.

Aseguró que las impugnaciones buscan salvaguardar los principios federalistas y de equilibrio entre los poderes de la república.

Con esto suman 3 acciones de inconstitucionalidad, junto con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovidas en la Corte, por senadores de oposición.

Unas 21 organizaciones campesinas, la mayoría afiliada al PRI, mantienen bloqueados los accesos de la Cámara de Diputados, en donde trabajadores, legisladores y visitantes no pueden ingresar ni salir.

Los quejosos, miembros de la Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Cardenista, Congreso Agrario Permanente y Unión Campesina Democrática, entre otras, exigen incremento de presupuesto al campo.

Se prevé que se sumen 50,000 campesinos de Antorcha de un momento a otro, en protesta por la reducción del presupuesto al agro mexicano.

El diputado priista y líder de la CNC, Ismael Hernández Deras, demandó que se restituya como un 1er. paso los más de 20,000 millones de pesos para el presupuesto del campo del año próximo.

"Que no se nos reduzcan los 20,000 (millones), por supuesto que para nosotros sería una apertura muy importante del grupo parlamentario mayoritario, pero lo menos es que siga el presupuesto como estaba en este año", subrayó.

Según el legislador del partido tricolor, "se trata de una disminución histórica, que afectará gravemente al desarrollo del sector agropecuario".

Aseguró que todas las organizaciones campesinas comparten el mismo propósito, colaborar y cooperar, participar con el gobierno de la República, "porque sabemos que solamente así habremos de impulsar y generar una energía social".

Hernández Deras indicó que están evaluando en qué programas solicitarán como organizaciones campesinas, una asignación mayor para el año próximo.

Mientras al interior de San Lázaro, trabajadores buscaban alternativas para comer, pues restaurante y cafeterías lucían abarrotadas, incluso hubo quienes compraban comida desde las rejas.

Otros intentaban sin éxito abandonar las instalaciones, era prácticamente un secuestro, pues todo estaba bloqueado y no había forma de salir ni de entrar.

Usuarios de redes sociales le recordaron al diputado de Morena, Mario Delgado, que se opuso al desarrollo de un complejo inmobiliario en los terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Constituyentes y que ahora será puesto a la venta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Apenas en marzo pasado, el morenista criticó al ex presidente Enrique Peña Nieto y al otrora jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de coludirse para armar un "negociazo".

Los argumentos que Delgado daba en aquel momento para evitar la construcción de un proyecto inmobiliario en los terrenos de la Sedena eran que complicarían más el tránsito de la ciudad y para evitar un "ecocidio".

Ahora, el presidente López Obrador dijo que pondrá a consulta la venta de esos terrenos, que fueron desincorporados del Régimen de Dominio Público de la Federación desde el sexenio pasado, con lo que se autoriza su venta a través del organismo público descentralizado denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que revisará los despidos masivos de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varios estados del país, quienes han denunciado que esto se debe a causa del programa de austeridad que impulsa el gobierno federal.

El ejecutivo indicó que su propuesta está enfocada en recortar puestos de la alta burocracia y no en los empleados de base.

Cientos de empleados de confianza de varias oficinas locales SAT fueron notificados de que estaban despedidos a causa del programa de austeridad presupuestal y a través de una circular leída por empleados de base se les notificó en Guanajuato, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México que por órdenes del gobierno federal terminaba su contrato.

Se afirma: si al presidente López Obrador le va bien, le va bien a México. Razón por la cual por lo menos justifica el beneficio de la duda y explícitamente implica un llamado a ayudarle en todo, incluyendo sus sinrazones, tales como militarizar la función policial y anular los contrapesos institucionales incluyendo a los estados y municipios, lo cual nos lleva directo y sin escalas a un estado policial. Pero en serio, si le va bien al nuevo mandamás tropical, ¿nos va bien a nosotros? Para comenzar habrá de comprender el significado del "irle bien". Yo entendería "el irle bien" el cumplir con sus objetivos. Así sean atroces, sumamente dañinos, inmorales, irresponsables, de capricho y carísimos. Por eso no la compro. De entrada sólo conocemos cuál es su idea primordial. Y dicha idea, como se ha repetido hasta el cansancio aquí, es centralizar el poder en sus manos lo más posible y el mayor tiempo posible. De ahí mi absoluta confianza en la búsqueda de su propia próxima reelección. Es claro, va en pos de una autocracia, contraria evidentemente a una democracia. Y espero se me disculpe, pero así no me interesa le vaya bien a nuestro por desgracia presidente actual. Por eso digo, entre más mal le vaya a López Obrador en sus acciones para succionar todo el poder posible en su persona y mantenerlo a toda costa, mejor.

López Obrador está dispuesto a militarizar no sólo la seguridad, también la obra púbica y el desarrollo urbano. Nunca habíamos visto tal presencia del Ejercito en el gobierno. Nos quejamos, con razón, de la militarización en el gobierno de Felipe Calderón, que aumentó el presupuesto de las secretarías de la Defensa y Marina de manera desproporcionada. En el nuevo gobierno las cosas van más allá y más de prisa.

Convertir la base militar de Santa Lucía en el nuevo aeropuerto es una decisión polémica, con virtudes y defectos, pero que ya está tomada. Que el aeropuerto lo construyan los militares usando el proyecto de la Terminal 2 de la Ciudad de México es meter a las fuerzas armadas al manejo de recursos públicos, con los inconvenientes y riesgos que ello tiene. La única explicación es que lo que busca AMLO es evadir las licitaciones y los "engorrosos" trámites de la administración pública, pero ¿van las fuerzas armadas a transparentar cada peso que ejerzan?, ¿responderán a las solicitudes de información?, ¿se someterán a la vigilancia externa que implica un proyecto de esta magnitud? Este no es un asunto de seguridad nacional, si el Ejército se mete de contratista habrá que tratarlo como contratista y si por algún motivo estalla un escándalo de corrupción el descrédito no será para X o Y ingeniero militar sino para la Sedena.

Por si esto no fuera suficiente, el Ejército se convertirá también en un desarrollador inmobiliario en los terrenos de la antigua fábrica de armas para, con ese dinero, construir bases militares en todo el país. Tiene toda la lógica del mundo deshacerse de activos de alto valor económico que ya no aportan valor estratégico y operativo para destinar ese recurso a centros que sí lo tengan, pero, otra vez, meter al Ejército a hacer negocios conlleva el riesgo de la corrupción y el descrédito.

Suponiendo que no habrá corrupción porque los miembros de las fuerzas armadas ya fueron todos tocados por el manto salvador del Presidente, más riesgoso aún que meter al Ejercito a los negocios es aprobar la Guardia Nacional tal como ha sido propuesta por Morena. Un mando único militar para una Guardia Nacional militar, con esquema operativo militar no puede sino terminar en la imposición de una lógica militar de la seguridad pública, exactamente lo mismo que Morena criticó de la Ley de Seguridad Interior y que la Corte ya declaró inconstitucional. Reformar la Constitución para darle el mando único de la seguridad a un mando militar, más allá de los efectos perversos en materia de derechos humanos, terminará de nuevo en la Corte con un desgaste inútil para todos.

Ninguna solución al problema de seguridad es mágica ni de corto plazo. Tener autorizada la Guardia Nacional en fast track, como quiere el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no adelantará resultados, pero sí puede meter al país en un callejón sin salida.

Nunca habíamos visto un Presidente que se apoyara tanto en las fuerzas armadas para gobernar. Esta transformación no la entiendo.

Tirar a la basura el aeropuerto de México con un 30% de avance real es una de las más espectaculares y dañinas estupideces cometidas jamás por un gobierno entrante. Los costos siguen aumentando: se habla de varios miles de millones de pesos en pérdidas, reclamaciones, desinversiones actuales y futuras; y puro y simple desperdicio. Stupendo.

Repasemos: no hay mejor lugar que Texcoco, por docenas de razones, para el NAICM. Se hubiera podido emplazar en un lugar menos profundo y más atinado de la cuenca, pero eso ya es otra cosa. El proyecto es de Norman Foster, uno de los mejores arquitectos del mundo, premio Pritzker y experto en aeropuertos, en asociación con un joven arquitecto mexicano: Fernando Romero. El partido del gran edificio es atinado y su funcionamiento ejemplar. Hubiera sido una de las mejores puertas de entrada a país alguno. No es cierto que sea una construcción "suntuaria": es digno, y hasta alegre. Pero bien se sabe: del árbol caído todos quieren hacer leña.

De las "opciones" para hacer en otro lado el NAICM ya se ha dicho suficiente: todas son más desventajosas, lejanas, costosas. El "trípode de aeropuertos" (Benito Juárez, Toluca, Santa Lucía) sería un planteamiento simplemente cómico y ridículo si no fuera trágico. Y aquí viene la otra gran tragedia: con el aeropuerto cancelado existía la oportunidad de regenerar todo el vaso de Texcoco (que tiene más área que la bahía de Acapulco), sanear todas las aguas que escurren al lago, llenarlo y contar entonces con un litoral de 80 kilómetros donde llevar adelante un desarrollo urbano sostenible y justo destinado a las clases más desprotegidas.

Devolver la salud ambiental a la ciudad de México, beneficiar directamente a 4 millones de habitantes y a otros 20 por extensión, contar con uno de los mejores y más eficientes aeropuertos del mundo (en este caso la consolidación de un "hub" latinoamericano): esto es parte de lo que, salvo un golpe de timón como el del dinero de las universidades, se está perdiendo, repitámoslo, de la manera más estúpida que se pueda imaginar. Y el aspecto más terrible: los miles de millones de pesos que se están tirando al caño son los que, precisamente, necesitan con desesperación los más pobres de esta patria. Son ellos los despojados, los que acabarán pagando el costo de la arrogancia y la sinrazón.

La abrupta cancelación del NAICM, de un manotazo presidencial y cantinero que intentaba decir "aquí quién manda", va mucho más allá de la coyuntura. Claro que hay que hacer auditorías, revisar cuentas, calidades, condiciones. Todo esto se puede hacer, y corregir lo corregible. Incorporar plenamente al salvamento del lago de Texcoco es una buena bandera que allí está para quien la tome. Falta que la gente, los arquitectos, las instituciones educativas y empresariales se manifiesten con firmeza y argumentos irrebatibles. Para evitar que se consume esta gigantesca, estupenda estupidez. Y para beneficiar mucho más al país.

En Jalisco no hay un panorama claro del avance del "Censo para el Bienestar" del gobierno federal.

Mientras los voluntarios o "servidores de la nación" aseguraron que ya recorrieron toda la metrópoli y realizan una "2a. vuelta" para incluir a quienes faltan, Claudia Delgadillo, coordinadora del registro en Guadalajara, dijo desconocer cuántas casas han visitado.

"En 10 días, cuando entreguen el corte, diremos 'así va Guadalajara'", comentó.

Sin embargo, expuso que cuando tomó el cargo, a finales de noviembre, había una cobertura de "menos de 10%".

Ambas estimaciones se contradicen con las del coordinador estatal para los Programas de Desarrollo Integral, Carlos Lomelí, quien esta semana advirtió un avance de 48.7%.

Sobre la fecha de conclusión también hay incertidumbre. El personal de campo afirmó que es el 31 de diciembre y Delgadillo indicó que hasta finales de febrero.

Los voluntarios no cuentan con un esquema establecido en sus horarios. En un recorrido en la colonia Echeverría, Francisco Mosqueda explicó que se cubren 2 turnos en el día, pero Sofía Lameira acentuó que en el Distrito 8 laboran hasta 6 horas diarias.

Entre las dudas que persisten está la de ubicar teléfonos o direcciones para atender a quienes no estaban en sus domicilios cuando se les visitó.

Delgadillo reconoció que los 150 voluntarios que hay en Guadalajara son insuficientes, y que algunos no tienen la capacitación requerida para levantar el censo, por lo que buscará más personas "con experiencia probada en los trabajos de calle".

El gobierno del presidente López Obrador cedió a las presiones y permitirá a Estados Unidos "devolver" extranjeros a México para que esperen en la frontera durante el trámite de petición de asilo.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, aclaró que, en el corto plazo, en México no se tiene capacidad operativa para recibir a los migrantes centroamericanos que pudieran retornar de Estados Unidos.

El funcionario añadió que no se puede porque no se tiene figura jurídica en la legislación y precisó que para poder aceptar que retornen a migrantes de origen no mexicano de Estados Unidos al territorio nacional, 1o. se tiene que plasmar en la ley de migración el ingreso por retorno.

"No tenemos la estructura operativa para el retorno, ni la figura jurídica, esos son los obstáculos. No es que nos estemos oponiendo, simplemente en el corto plazo, como están las cosas, no tenemos capacidad de hacerlo".

(V.periódico El Financiero en línea del 21 de diciembre de 2018).

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ordenó detener las obras de desmonte de vegetación en el predio para la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco.

El regulador energético ordenó "no continuar con las actividades de desmonte, la presentación de un estudio de daño ambiental así como proceder al rescate de la fauna silvestre con presencia en dicho predio", de acuerdo con un comunicado.

También tendrá que presentar un informe detallado de las medidas de conservación adoptadas durante el desarrollo del desmonte y deberá implementar e informar sobre el rescate de las especies de vida silvestre que se observen en el sitio para procurar su supervivencia.

La Agencia fijó un plazo de 5 días para que la compañía responsable cumpla con las medidas correctivas, en caso de que no ocurra, informará al Ministerio Público.

"Los probables responsables comparecieron ante esta autoridad reconociendo haber realizado actividades que pueden resultar en violaciones a la normatividad ambiental vigente".

ASEA dijo que continuará con el cumplimiento de las distintas etapas y plazos de acuerdo con el procedimiento previsto en las leyes aplicables para, en su caso, sancionar las posibles irregularidades en este caso.

Para todos ha quedado claro que el nuevo líder planteó expectativas muy rápidas y muy ambiciosas antes de considerar los escasos márgenes políticos y económicos con los que habría de arrancar. Ofrecer un presupuesto austero y responsable como lo ha hecho esta semana (una de las promesas) necesariamente ha entrado en contradicción con otras promesas que habrían requerido una chequera más vasta y, por desgracia, inexistente al corto plazo.

No se trata solo de una limitación económica. No solo es una cobija presupuestal que obliga a destapar un hombro para cubrir un pie (sacrificar en cultura y ecología para favorecer a los jóvenes desempleados, por ejemplo), sino también de un margen de operación política que solo permite abrir un limitado número de frentes. Si López Obrador no administra bien sus batallas con los distintos sectores afectados por sus políticas, su anhelada Cuarta Transformación quedará en anécdota.

No puede desafiar a las empresas mineras al mismo tiempo que a las televisoras, a los mercados financieros y a los organismos empresariales, a las grandes constructoras del país y a las ONG del sector privado decisivas en la formación de opinión pública, a los gobiernos estatales de oposición y a los líderes sindicales del pasado. López Obrador enfrenta la veleidad de mercados financieros que miran con enorme suspicacia los titubeos de un gobierno que intenta modificar el statu quo. No es poca cosa. Cabría incluso la pregunta si todavía es posible en un mundo de globalización neoliberal introducir cambios significativos a favor de los sectores empobrecidos y las regiones marginadas.

No se trata de convertirse en rehén de los grupos de poder, sino de escoger con mucho tiento una a una las batallas que habrá de librar con cada uno de ellos para conseguir un estado de cosas menos injusto. Más que encender la pradera con el advenimiento de una 4a. Transformación ambigua y confusa para muchos, el presidente tendría que asumir que esa narrativa fue útil en la campaña y que ahora requiere convertirse en un hábil jugador de palillos chinos: ¿Cómo remover uno a uno sin testerear al resto?

Este martes López Obrador reaccionó con rapidez y rectificó un error al anunciar que el recorte de presupuesto a las universidades públicas dado a conocer un día antes sería subsanado. La cobija había destapado una porción políticamente explosiva. El problema es que no puede hacer lo mismo con cada una de los reclamos sociales o las resistencias del sector empresarial y de los actores políticos. Lo cual nos lleva al debatido tema de la cancelación del nuevo aeropuerto, la ambiciosa obra del gobierno anterior que López Obrador amenaza detener pese a un 30% de avance y entre duros cuestionamientos del mercado financiero, del sector empresarial y de la opinión pública mexicana. Probablemente sus razones para cancelarlo siguen siendo legítimas desde su perspectiva (corrupción en el proceso, innecesario, gasto suntuoso). Pero las circunstancias políticas han modificado la conveniencia de esa decisión.

Por un lado en términos económicos. Evitarse la indemnización de varios miles de millones de dólares le daría un margen presupuestal para subsanar recortes en otros rubros y satisfacer así promesas incumplidas que han comenzado a costarle políticamente. Ya en una ocasión el propio López Obrador jugó con la posibilidad de ofrecer la continuación del proyecto al capital privado, en lugar de cancelarlo y ponerse a construirlo en otro lado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la opinión de la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, quien aseguró que con la creación de la Guardia Nacional los militares tendrán el control del país.

"Lo de Tatiana, está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse y la respetamos y la queremos mucho", afirmó el mandatario, quien evadió polemizar con la legisladora, considerada como una de las mujeres más cercanas al presidente.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que siempre ha respetado la opinión de todos, que en su administración está garantizado el derecho a disentir.

El Universal dio conocer un audio sobre una reunión "privada" de los diputados de Morena con Pedro Miguel Arce, asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad. En ella, Clouthier consideró que con el dictamen que se pretende aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tal como está redactado, se está "militarizando" al país y la presencia del Ejército en las calles sería permanente.

El lunes se peleó con las universidades públicas. El martes les dijo "mantenidos" a los gobiernos anteriores por haber cobrado salarios vigentes en la administración pública. El miércoles lo acusó de espionaje y prometió que daría a conocer sus abusos. Qué pasará el jueves, nadie lo sabe. El presidente López Obrador así es. Dice, se desdice; rompe puentes y luego, con el discurso, trata de repararlos. Por casi 5 meses le dio a golpes retóricos al sector privado y luego les pidió ayuda para financiar sus programas sociales. Agradeció por todo el país a quienes votaron por él, pero se ha dedicado a purgar toda la burocracia para que sólo los morenistas trabajen con él. Al Gulag todo lo que sirvió a gobiernos anteriores. La pureza es el eje de su proyecto, donde el cambio de régimen cabalga sobre la renovación moral, donde todo es polar: quienes no estuvieron con él son marcados como reses con el sello de corruptos e impuros; para los que sí le fueron fieles, el paraíso de la 4a. Transformación.

López Obrador tiene problemas con su belicosidad. No logra transitar de la agitación social a gobierno, ni ha logrado su 1a. transformación, de candidato sempiterno, a presidente. Si quiere ser un buen presidente, debe buscar la conciliación y reconciliación nacional, gobernante para todos, no para quienes considera que son el pueblo bueno, que lo apoya incondicionalmente, mientras considera adversarios a quienes disienten de él, y los estigmatiza.

El discurso que lastima lo ha utilizado toda su vida, polarizado Tabasco cuando perdió la gubernatura, y la Ciudad de México, cuando llamó a quienes reclamaban seguridad "pirruris", y en sus campañas electorales donde los buenos luchaban junto a él, mientras el resto eran los deshonestos que lastimaban al pueblo. Ese discurso enfrentó y dividió a familias, donde no se podía hablar de política en la mesa porque la confrontación sudaba la piel. Poco ha cambiado. Sigue en la dicotomía de su narrativa de los ricos contra los pobres, los corruptos contra los impolutos, los que defienden los privilegios y quienes quieren derruirlos. No hay matices, ni grises. Es absolutista y desprecia a quienes no creen en la 4a. Transformación o critican las simulaciones donde es campeón de campeones.

Como botones de muestra, cambiar su repudio a las fuerzas armadas a colgarse de ellas para que combatan criminales, inquietó a los expertos, pero el perdón de sus gobernados es superior a cualquier crítica. Eliminar presupuestos de género, cancelar 85% de los recursos para el Fondo de Desastres Naturales, estimular el desarrollo de combustibles fósiles mientras desmantela las protecciones al medio ambiente, navegan sin cuestionamientos.

Todo se puede en la 4a. Transformación porque la hacen los puros que hablan con la Madre Tierra, cuyo diálogo metafísico permite, porque se lo perdonan también millones de mexicanos, iniciar el gran proyecto de infraestructura del sexenio, el Tren Maya, noble iniciativa destinada, financiera y turísticamente, al fracaso. Violar promesas, como mantener el presupuesto para las instituciones públicas, es fácil, porque las remplazará con 100 universidades que impartirán, cada una, no más de 2 carreras aplicadas en las zonas marginadas del país.

Por las mejores razones posibles, el camino iniciado es el achatamiento del país. Salarios bajos para los funcionarios públicos, porque pagándoles mucho no mejoró la nación, llevará a la pauperización del servicio público. Ayuda asistencialista a adultos mayores y niños discapacitados, altamente noble, construida a costa de inversiones productivas. Programas ambiciosos como la ayuda a los ninis, sin revelar sus reglas de operación, que provocará nuevas tensiones y descalificaciones. Grandes inversiones petroleras, que cuando empiecen a dar resultados el mundo estará en la lógica de la energía alterna, ignorada por el presidente en su presupuesto.

No importa. Las críticas no le llegan. Tiene bajo su control el congreso y lo que está fuera de él, como los organismos autónomos, los está deshidratando. No los acabará por decreto, sino de inanición. El doble estándar del presidente se resuelve con actos de fe y pleitos de barrio. A quien no le guste, como les dijo a los burócratas, que se vayan a buscar empleo a otra parte. La exclusión sobre la negociación, porque el arte de construir no tiene cabida en la 4a. Transformación.

El polpotismo de terciopelo se tiene que instaurar rápidamente, mediante el genocidio político de todo lo que fue durante los casi 40 años en donde establece López Obrador el periodo para la purga. Lo que viene es el adoctrinamiento. Aquellos jóvenes que quieran acceder al servicio público, tienen que pasar exámenes de ingreso en los que les piden -violando la ley- que revelen por quién votaron y qué piensan de los programas del presidente. Huelga decir: ante cualquier asomo de mínima visión independiente y observación crítica, las gracias por participar, y se cancela su ingreso para la fábrica que está construyendo un nuevo régimen.

La transformación requiere de la fuerza de la idea y del discurso. López Obrador tiene de sobra ambos. Frente a la oposición, el vituperio y el ostracismo. Ante la razón, el sofisma. Rey del silogismo, López Obrador siempre tiene el combustible para reforzar el impulso de sus palabras y acciones, la belicosidad de su retórica. Le irá bien hasta que le vaya mal. Le irá mal si las cosas no le resultan como las planea. Pero si funciona, entonces qué importa si tiene un país dividido y confrontado. La reconciliación se dará mediante la sumisión. La turba será su herramienta más poderosa. Ya se está viendo como la está trasladando de las redes sociales a las calles. Y esto apenas comienza.

El martes eran las universidades en pie de guerra en demanda del cumplimiento de la palabra para que les mantuvieran el presupuesto en términos reales, es decir, lo mismo de este 2018 más inflación; esa misma tarde el presidente salió a decir "se cometió un error" (los errores nunca tienen responsable, son hijos bastardos de la administración). Ayer los alcaldes de todos los municipios de Jalisco (menos los de Morena, por supuesto) se manifestaron en la Minerva para pedir más inversión. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, anuncia una cumbre de gobernadores el día de hoy en la Ciudad de México para exigir mejor trato presupuestal a los estados. Ayer mismo, de un plumazo los diputados sacaron de la chistera 23,000 millones de pesos más (que probablemente estaban detrás de la oreja del secretario de Hacienda) para corregir algunos excesos del presupuesto.

Las elecciones se ganan polarizando, pero se gobierna consensuando. López Obrador mantuvo durante todo el periodo de transición el tono confrontativo y las acciones polarizadoras. El amplio margen del triunfo y tener por 1a. vez desde 1994 la mayoría en las 2 cámaras les hizo pensar que podían gobernar arrollando. En el discurso de toma de posesión y en las 1as. acciones de gobierno el presidente borró a gobernadores y alcaldes, luego se confrontó con la Suprema Corte y quiso imponer decisiones que afectaban a terceros, como la ley de salarios del sector público, la guardia nacional militarizada y el mismo presupuesto, por la vía del mayoriteo, sin hacer trabajo político previo.

Las cosas, para el bien de todos, no están resultado tan sencillas. Existe un país plural y unas instituciones que, llenas de defectos, torpes y obesas en su nómina, finalmente tienen fuerza y vida propia. Nuestra democracia está bastante viva y tiene reflejos.

Reconocer públicamente el error de las universidades fue la primera manifestación de López Obrador de que es momento de hacer política, que no basta la mayoría para transformar al país, se requiere del consenso de las fuerzas políticas. Ojalá sea este el principio de una etapa donde la política se imponga sobre la arenga.

A los reclamos por el "mal trato" presupuestal que, considera, ha recibido Jalisco en el 1er. plan de gasto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha hecho el gobernador Enrique Alfaro, se sumaron ayer 119 de 125 presidentas y presidentes municipales de Jalisco para protestar por la reducción del dinero canalizado a los municipios vía la partida conocida como "ramo 23" en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Inédita en la historia reciente de la entidad, en la manifestación participaron todos los alcaldes postulados por el partido Movimiento Ciudadano, y de prácticamente todas las fuerzas políticas, incluidos los alcaldes del Partido Verde, cuya bancada en San Lázaro respaldó a Morena en esta propuesta presupuestal. Como era de esperarse los únicos que no acudieron fueron los alcaldes y alcaldesas morenistas.

En la protesta se escucharon fuertes reclamos contra López Obrador como el de la presidenta de Juanacatlán, Adriana Cortés, quien le reprochó que alguien como él "que ha recorrido todos los municipios pretende ignorar y agraviar con estas medidas la dura realidad de nuestras comunidades".

Las y los alcaldes exigieron también recursos para los proyectos estratégicos del gobierno estatal como la Línea 4 del Tren Ligero, la presa El Purgatorio, el macrolibramiento de Puerto Vallarta, y al igual que más tarde los diputados naranjas en el congreso, por el saneamiento del Río Santiago.

Sin duda los reclamos de los ediles son más que legítimos, y pertinente su propuesta de que para evitar los moches y corruptelas que se daban en el manejo del ramo 23, sea el gobierno federal quien los opere, pero en los proyectos prioritarios de los municipios. Incluso es comprensible el cierre de filas con el gobernador. Pero la pregunta es qué tanto ayudará que se privilegie el reclamo abierto en las plazas y en las calles de Guadalajara, sobre la negociación en corto en la Cámara de Diputados y con los funcionarios federales e incluso con la Presidencia.

Porque en Palacio Nacional no cayó nada bien que a muchos de los alcaldes que estuvieron ayer en La Minerva, se les haya convocado desde el Palacio de Gobierno de Jalisco y haya sido personal de la Secretaría General de Gobierno quien los haya dotado de los carteles en los que se leían los proyectos de infraestructura pública que están en riesgo por la falta de presupuesto federal.

Eso se suma a la molestia que existe por el vacío que muchos liderazgos de la sociedad jalisciense han hecho al delegado de López Obrador en Jalisco, Carlos Lomelí, y que consideran, se promueve desde el gobierno estatal porque así lo han expuesto algunas dirigencias empresariales para justificar su ausencia a llamados del representante presidencial.

Por el bien de Jalisco, ojalá la subida al ring de las y los alcaldes sea una palanca para atraer más recursos para los municipios y para Jalisco, y no la puntilla para cerrar de plano la llave, en respuesta de la federación a estas manifestaciones que ven más que un auténtico reclamo federalista, como la ruta de construcción de un protagonismo personal para escenarios políticos futuros. En este último escenario todos perdemos.

La disminución de poco más de 80% al proyecto de presupuesto destinado a la protección consular, se pudo deber a un error de dedo, consideró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"Lo vamos a corregir, es un error. Lo que pasa es que una reducción de 80% es mucho, no existe en ninguna otra oficina. Supongo o suponemos que es un error de dedo, la verdad, porque 87% (menos) es casi desaparecer esa área. Lo vamos a dejar como estaba", expresó Ebrard.

El diputado local del PAN, José de Jesús Hurtado Torres, acusó al Gobierno Federal de impulsar un proyecto de presupuesto clientelar, para usar a los beneficiarios de programas sociales con fines políticos. El legislador aseveró que el programa de becas a jóvenes que no estudian, ni trabajan; se utilizará para que los "ninis" organicen alborotos y manifestaciones.

"Lo que no veo bien es que se le de dinero al que no trabaja ni estudia, no me parece correcto. Es un presupuesto clientelar, quieren una clientela para la hora que vengan sus alborotos tienen a su gente a la que le están pagando. Cómo le van a decir que no vayan a los alborotos si tienen una lana, tienen una beca. Esos muchachos no estudian, ni trabajan; tienen todo el tiempo del mundo para ir hacer su relajo. Tú no estudias ni trabajas, vienes a las manifestaciones, me haces tu desmadre, agarras a trancazos a los magistrados, a los ministros afuera de la Suprema Corte y ahí pa arriba", aseveró el legislador; durante la discusión de un punto de acuerdo para enviar un exhorto a la Cámara de Diputados para que modifique el proyecto de presupuesto federal y asigne recursos para la Línea 4 del Tren Eléctrico.

El diputado perredista, Enrique Velázquez, acusó que no hay voluntad política por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para cumplir su compromiso de apoyar proyectos estratégicos para Jalisco. El perredista se sumó a los señalamientos respecto a que los programas sociales tienen fines electorales.

"Se está armando un ejército electoral, se está armando un ejército para ir y poner a la ciudadanía contra los demás que no estén de acuerdo con la forma de pensar del presidente en turno", sostuvo el perredista.

La peor tontería de la semana fue la de la flamante secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pidiéndole al mercado que baje los sueldos y los ajuste a los del sector público (por favor que alguien nos explique cómo es ese ritual, supongo que los que danzan son los banqueros y los casabolseros y en lugar de pollos y aguardiente se le ofrece al mercado caviar y coñac, y humo de habano en lugar de copal).

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un error en la asignación del presupuesto para las universidades en 2019 que se presentó al Congreso y aclaró que no habrá una reducción.

El mandatario agregó que se entregará lo que corresponde y, en cambio, les pidió a los rectores de universidades públicas austeridad en el manejo del presupuesto. "Seré respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el presupuesto".

Diputados de oposición se manifestaron abiertamente durante la discusión previa a la Ley de Ingresos del próximo año, y le exigieron al presidente López Obrador "que baje la gasolina" como lo prometió.

La Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otras instituciones académicas enviaron una carta de protesta a la Cámara de Diputados, en la que se inconforman por el recorte de 2,500 millones de pesos que tendrá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 2019.

[Los científicos son fifís - el webmaster.]

Por lo escuchado el lunes en el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde se hizo una defensa a ultranza del proyecto de la Guardia Nacional, y por la asignación presupuestal en el tema de la seguridad, donde la única que recibe más dinero es la Secretaría de la Defensa Nacional, queda claro que la apuesta por la militarización policial del país es una decisión tomada.

Habrá que ver por lo tanto, qué hace el presidente con la promesa hecha el 21 de noviembre pasado de que la Guardia Nacional se sometería a consulta popular, con mucho mayor rigor y legalidad que las que hizo como presidente electo para cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y para que se aprobará su proyecto del Tren Maya, entre otros.

En medio de un cierre de año con índices delictivos que han agravado la crisis de inseguridad y violencia en los primeros días del nuevo Gobierno federal, en su mensaje desde el auditorio del Colegio Militar de la Sedena, AMLO pidió evaluar en cuatro meses el resultado de su estrategia de seguridad que dejó en manos de mandos militares. Ahí mismo, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana arremetió contra los críticos de la Guardia Nacional y expresó que la fallida estrategia contra el narcotráfico de la pasada administración no representa un fracaso para el Ejército, sino para las autoridades civiles que los utilizaron. Ayer mismo, este funcionario insistió que de no aprobarse en el congreso la creación de este nuevo cuerpo policial formado por policías militares, navales y federales, se regresará a los soldados a los cuarteles, pero advirtió que sería "irresponsable" porque no hay policías de los cuales echar mano para combatir en estos momentos a los grupos delincuenciales.

Esa narrativa a favor de la Guardia Nacional se apalancó con dinero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sólo el Ejército recibió un aumento. Se le dieron 12,648 millones más, lo que significó un aumento presupuestal de 11.3% al pasar de 81,000 millones a casi 94,000 millones de pesos. Al resto de las dependencias y corporaciones se les redujeron las participaciones. Recibieron menos recursos para seguridad los municipios y los estados, la Marina, la Fiscalía, la Policía Federal, Reclusorios, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Plataforma México, la Coordinación Nacional Antisecuestros y al poder judicial.

Esta determinación, además de relegar a policías estatales y municipales, con las que sigue sin haber una verdadera coordinación pese a representar la mayor cobertura policial del país, parece dejar totalmente en manos de gobernadores y alcaldes su depuración, fortalecimiento y profesionalización.

Ignora además los argumentos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la controvertida Ley de Seguridad Interior que pretendía darle certeza jurídica al actuar del Ejército en labores de vigilancia policial, que tanto fue criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluso por la bancada morenista en la pasada legislatura federal.

Será pues una Guardia Nacional sin consulta y sorda a cualquier crítica.

Los enfrentamientos por influir en el rumbo de la Suprema Corte de Justicia, han elevado su nivel de confrontación. Hacia el interior de Morena también hay conflicto, como se perfiló en este espacio el lunes pasado, donde han quedado patentes las fracturas dentro del partido en el poder.

Se apuntó que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, y Rafael Moreno Valle, coordinador del PAN en el Senado, tenían un acuerdo político para que lo ayudara a evitar que se anulara la elección en Puebla, con lo que su esposa Marta Erika Alonso asumiría, como sucedió, la gubernatura. A cambio, el poblano lo respaldaría para que Loretta Ortiz, resultara electa como ministra de la Corte. Varios senadores panistas confirmaron que Moreno Valle les había pedido que votaran por Ortiz, a petición expresa de funcionarios de la Presidencia.

"El intercambio entre los 2 senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica", se agregó en este espacio. "Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México".

La columna provocó reacciones en Morena y expresiones públicas. Por ejemplo, el senador Monreal envió una carta a este espacio donde afirmó: "No hay acuerdos cupulares, ni en contra de Morena".

"La elección de la ministra o ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz y Celia Maya), se hará como resultado de los debates y acuerdos que se construyan en el seno de la Comisión de Justicia y el pleno del Senado".

"En Morena, diferencias no implican divisiones y aceptamos la crítica y las opiniones de unos con otros. Afirmo que la única agenda parlamentaria que tengo como senador de la república es la de la bancada de Morena, que coordino con responsabilidad, pluralidad y respeto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación". A la réplica de Monreal se sumó la inesperada renuncia de Ortiz a Morena, quien en una carta dirigida a la líder nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, subrayó la necesidad de la independencia de jueces y juezas. "Sin embargo -añadió-, en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente", presentaba su renuncia.

2 senadores del partido en el gobierno enviaron mensajes a Polevsnky para comentarle, separado de lo publicado en esta columna, que habían tenido la confirmación de la existencia del pacto de su coordinador con Moreno Valle y la posibilidad de que se rechazara la terna enviada por el presidente López Obrador. Personas cercanas a Monreal sugirieron que la información de la columna había provenido de Polevnsky.

El conflicto entre la líder del partido y Monreal se arrastra desde el proceso para seleccionar a quien sería candidata de Morena para la gubernatura de la Ciudad de México, que al ganar Claudia Sheinbaum mediante una encuesta opaca, el hoy senador se inconformó públicamente y estuvo a punto de irse del partido. Monreal le adjudicó su derrota a una decisión de la "nomenklatura" de Morena, en donde estaba Polevnsky y Gabriel Hernández, actualmente el coordinador de los delegados de López Obrador en el país, con lo que su relación quedó fracturada. Otro de quienes contendieron por esa candidatura fue Martí Batres, con quien Monreal sostiene una lucha muy fuerte en el Senado por el liderazgo del partido.

La réplica de Monreal a esta columna es cuidadosa y no refleja la contradicción que se vive al interior de Morena. Cercanos a él sostienen que todas sus acciones, algunas de las cuales han generado tensión con los líderes de Morena, han sido acordadas con López Obrador. Pero ni la semántica o la retórica ayudaran a amainar el conflicto interno en el partido que se está profundizando.

Otra vez la burra a trigo.
(Por: Cuauhtémoc Villa)

Expresiones tales como la que titula el presente artículo eran comunes en mi infancia. Mi madre solía dejarnos en claro su desaprobación cuando reincidíamos en algún mal comportamiento o una necedad.

Pues nada, no me queda más que dirigir un "otra vez la burra al trigo" a nuestro gobierno, que no se cansa de dar la nota (mala nota) cuando, por mencionar solo 2 asuntos, se atraviesa en su camino la educación y en particular la Universidad Nacional Autónoma de México.

Primero, en aras de cumplir absurdas promesas de campaña, tira a la basura la reforma educativa. Si bien es cierto que la tal reforma requería una manita de gato para mejorarla y hacerla más presentable en sociedad, también es cierto que no merecía el olvido, lo mismo que el INEE no merecía el desprecio del señor López y sus esbirros.

Después, la ignorancia y los malos oficios de nuestros pobres congresistas, casi se "cepillan" la autonomía universitaria. ¿O será que estaban testeando para ver cómo reaccionábamos? (Piensa mal y acertarás, era otro de los dichos de mi madre). Tal parece que las curules están siendo ocupadas por tablajeros listos para dar el hachazo y hacer trizas todo aquello que su patrón les diga. Tristemente las cámaras de diputados y senadores se han convertido en la oficialía de partes de la presidencia.

Me gustaría continuar mi reflexión con el adverbio, finalmente; pero me temo que el final de desatinos no está ni remotamente cerca, así es que retomo y escribo:

Ahora deciden que la UNAM, junto con todas las demás universidades autónomas, politécnicos y CONACYT, deben trabajar con un presupuesto menor al que venían manejando, como si aquello que le sobrara a la educación fuera el dinero.

¿Es preferible quitar dinero a las instituciones educativas con planes de estudios perfectamente estructurados; con programas de investigación; con espacios para el desarrollo y promoción de la cultura y las artes; con acuerdos internacionales de colaboración, para tirarlo en dádivas y... a ver qué pasa? Yo creo que no.

Ahora que les están quitando sus recursos, me gustaría ver a la comunidad estudiantil en defensa de sus universidades y politécnicos. Directores de escuelas y facultades abanderando a sus estudiantes. Politécnicos festejando Goyas y universitarios festinando Huelums. Un gran coro a 2 voces a las puertas del Palacio Nacional y San Lázaro.

Tal parece que la estrategia de la 4a. transformación consiste en emparejar a los jodidos con los no tanto, pero lo hacen sacrificando a los segundos para que ahora todos estemos jodidos. Si no lo creen, solo hay que voltear a leer las declaraciones de nuestra no muy lúcida secretaria de la Contraloría, cuando pide a los patrones que no paguen tanto a la gente más preparada, porque el gobierno no puede retenerlos o contratarlos. La señora no entiende que el mercado de talento (que por cierto, se está cocinando en las universidades y politécnicos) tiene un costo, que las empresas siempre buscan contratar a los mejores y que, quiéralo o no, el gobierno, en su calidad de patrón, debe competir en ese mercado, aunque el presidente solo gane 108,000 pesos.

En medio de críticas por el proyecto del tren maya, Andrés Manuel López Obrador decide llevar a cabo una de las acciones más curiosas en la historia de las presidencias: Pide permiso para el proyecto a la "Madre Tierra" con un ritual que incluyó el sacrificio de una gallina.

Las controversias sin atender sobre el proyecto incluyeron la ausencia de estudios sobre impacto ambiental (El Financiero, diciembre 17), oposición de grupos mayas locales (Revista Proceso, noviembre 27) y la petición de varios académicos de desistir sobre el proyecto (La Jornada, noviembre 19).

Paralelamente, hubo más revuelo en redes sociales cuando medios dieron a conocer que el presupuesto para 2019 incluía:

- Recortes tanto a la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México como al IPN, además del Conacyt (Animal Político, diciembre 16).
- Recortes a la CNDH y a seguridad pública, pero aumentos al #ejército (Animal Político, diciembre 16).
- Aunque sopesando lo anterior con recortes a los salarios de militares (Milenio, diciembre 12).
- Un aumento severo (53% más con respecto a Enrique Peña Nieto) de publicidad para la presidencia (Forbes México, diciembre 17).
- 374 millones de pesos asignados al Estado Mayor Presidencial, cuerpo de seguridad militar que #AMLO aseguró haber desaparecido (ADNPolítico, diciembre 16).

Luis

Las más espectaculares acciones de gobierno realizadas hasta ahora por el presidente de la cacareada "Cuarta Transformación", han sido, según todos los indicios, contraproducentes...

Comenzó con la decisión -hija, supuestamente, de una consulta "al pueblo bueno y sabio"- de abortar el proyectado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya en plena obra en Texcoco. Después, la creación de una Comisión de la Verdad -de legalidad discutible y de viabilidad bastante dudosa- para el "Caso Ayotzinapa". Luego, la confrontación con los magistrados de la Suprema Corte, quienes le hicieron ver que pretender que todos los servidores públicos acepten un salario inferior al del presidente, atenta contra derechos adquiridos y quebranta preceptos constitucionales (o sea que no todo lo que parece justo es legal). A continuación, la iniciativa de dinamitar la Reforma Educativa promovida por su antecesor. Y la más reciente -que no la última...-, el incumplimiento de los apoyos prometidos en campaña para los proyectos estratégicos de varios estados (Jalisco entre ellos). En lista de espera estarían los previsibles recursos legales de los trabajadores de confianza despedidos masivamente de dependencias gubernamentales...

En todos esos casos -más los que se acumulen esta semana-, "por darle al violín, le dio al violón".

Todo lo cual recuerda al Aprendiz de Brujo del cuento de Goethe. Muchos reconocerán al Aprendiz de Brujo reencarnado, al que las escobas parecen estársele saliendo de control...

¿Se acuerdan de: El que a hierro mata...? Bueno, pues así como el 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se regodeó, vamos, se dio gusto, cuando puso en el "banquillo de los acusados" a Enrique Peña Nieto, y en su propia cara -como debe de ser- le dijo lo que pensaba del gobierno de aquél y de todos los que le antecedieron por lo menos en las últimas 3 décadas, minutos que seguramente fueron de los peores vividos por una persona, pues incluso no tenía ninguna oportunidad de réplica. Pues bien, en la semana próxima pasada López Obrador fue ubicado en el mismo sitial, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quién también de frente le hizo ver la importancia del respeto que debe de existir entre los integrantes de los diferentes poderes constitucionales, razón que llevo al ejecutivo y sus cercanos a abandonar el recinto, sin siquiera quedarse a degustar la comida de cortesía que es toda una tradición, como símbolo de respeto y cortesía entre los Poderes de la Unión -y tampoco los representantes del legislativo se quedaron-.

En el presupuesto federal entregado el sábado al Congreso de la Unión, los servicios consulares y de protección a mexicanos en el exterior vieron mermado, en términos reales, 83% y 22% de su presupuesto.

"Lo bueno es que nuestros paisanos no necesitan ya ayuda...", tuiteó el domingo Jorge A.Castañeda.

También se puede leer ese recorte de otra forma: así agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo de quienes votaron por él allende las fronteras. Su apoyo entre ese sector, minoritario pero no menos simbólico, fue de 64.86%, 13 puntos más que el promedio de la elección.

El presupuesto, que podría ser modificado en el congreso si y solo si López Obrador así lo desea, contiene una clara alineación para beneficiar programas y agendas -de jóvenes, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de seguridad...- a los que el hoy mandatario quiere darles prioridad. Hasta ahí, todo bien.

Pero cómo interpretar los recortes que el gobierno de AMLO propone a distintos centros de educación superior.

De no ser modificado por los legisladores, frente a lo presupuestado en 2018 el Instituto Politécnico Nacional perdería 4.7%, la Universidad Nacional Autónoma de México 6.3%, la Universidad Autónoma de Chapingo 3.3%, la Autónoma Metropolitana 7.7% y la Universidad Pedagógica Nacional 6.6%.

Visto de una manera más general, en el presupuesto federal para las universidades hay 2 subsidios -a universidades públicas de educación superior, y a universidades públicas estatales, de apoyo solidario, interculturales, tecnológico nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas- que bajan 6.2% y 3.2%, respectivamente.

Aunque no hay datos tan específicos como en el caso de los votantes en el extranjero, no es arriesgado aventurar que esos recortes caerán mal en sectores que vieron con buenos ojos eso que llamamos "el cambio".

Por ejemplo, una encuesta de salida en las elecciones del 1 de julio realizada por Alejandro Moreno en El Financiero, revela que 50% de quienes votaron tiene escolaridad de preparatoria o más. De esos, de los que solo llegaron a nivel preparatoriano, que representan el 26% de todos los votantes de ese día, 59% lo hicieron por López Obrador. Y de los que tiene universidad o posgrado (24% de los sufragios) 55% eligieron al candidato de Morena. Solo para tener perspectiva, en este último nivel de estudios solo 12% sufragó por José Antonio Meade.

Es decir, a centros donde se formaron no pocos de sus votantes les llegará un seco golpe presupuestal.

¿Cómo resentirá ese gesto no amistoso la masa votante de AMLO? Quizá deberíamos empezar por tratar de definir los subconjuntos del universo que votó por el tabasqueño.

El propio Alejandro Moreno, según publicó Sergio Aguayo en Reforma el 3 de octubre, calcula que de los 30 millones de votos obtenidos por López Obrador, el voto duro de éste sería de 13'200,000 personas, mientras que más de 17 millones serían votantes "cambiantes".

Cuántos de esos votantes "cambiantes" estarán hoy extrañados por algunas de las políticas de López Obrador, y en concreto por la manera en que cargará sobre ellos la posibilidad de proyectos sociales, y de infraestructura, que se supone beneficiarán a la gente más pobre.

Mexicanos en el exterior, universitarios o gente de su entorno y, para también consignarlo desde ya, aquellos ligados a la cultura, otro de los sectores castigados por el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, estarán preguntándose si "el cambio" era esto, si en vez de impuestos progresivos a los más ricos era necesario desmadejar la educación universitaria preexistente a AMLO.

Señales curiosas estas que envía Morena, que por ejemplo en Veracruz, donde ganó, quitará la tenencia, que como se sabe redunda en más apoyo para los que coches más caros tienen.

López Obrador, el nuevo amigo de los potentados mediáticos, el que quiere para sí la mitad de lo que en publicidad dispendió Peña Nieto, el que quiere dar a banqueros el manejo de las tarjetas del dinero para los más pobres, el que dará más dinero al Ejército...

Y mientras, cuántos votantes de López Obrador estarán sintiéndose engañados, burlados.

¿Así hoy los universitarios, los de la cultura, los mexicanos en el exterior... con AMLO?

La Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrá una reducción real de 3.4% en la asignación de recursos que recibirá, según el Proyecto de Presupuesto de la Federación que revisa la Cámara de Diputados.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo Padilla, informó que, en la propuesta que recibieron, a la UdeG se le asignan 5,773 millones (apenas 40 millones más que este año), lo que no cubre el ajuste por la inflación y no sería suficiente para cumplir con obligaciones como el aumento salarial de ley para el personal.

El rector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se había comprometido ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a aprobar un presupuesto con el ajuste inflacionario para todas las universidades públicas del país.

Sin aspavientos, con la cautela de un político florentino, Marcelo Ebrard ha ido avanzando y conquistando terreno en el traicionero laberinto donde se mueven los distintos equipos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Personaje para observar y seguir, Ebrard ha cuidado las formas con el presidente, sabedor de lo difícil que es contraponerse a sus ideas, y lo fácil que es que los mande a hibernar por largas temporadas porque cuestionan sus decisiones. Al mismo tiempo, ha ido acomodándose dentro de un equipo por años homogéneo y refractario a quienes no han sido parte del kitchen cabinet de López Obrador, y en donde algunos cercanos en la vieja izquierda social lo ven con suspicacia.

López Obrador le ha dado manga ancha a Ebrard para mover la Secretaría de Relaciones Exteriores de acuerdo con los intereses estratégicos que concibe para la nueva administración, y él ha operado de forma inteligente. Por ejemplo, esperó hasta el último momento el acuerdo con el presidente electo para designar subsecretarios, y logró que López Obrador le mantuviera, como a ningún otro civil, toda la estructura de gobiernos previos sin imponerle a ninguno de los principales cuadros. Además, fue el único secretario que nombró a su equipo de administración, sin que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, designara a alguien de su confianza, como hizo en las demás dependencias civiles.

La audacia política de designar a Jesús Seade subsecretario para América del Norte, luego de que había rechazado una subsecretaría en Economía, busca perfilarlo para llevar la relación directa cotidiana con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con lo cual pretende neutralizar a la única imposición, Martha Bárcena, diplomática de carrera ampliamente respetada en el Servicio Exterior, como embajadora en Washington, y a quien relegará para atender únicamente los asuntos consulares de protección a migrantes mexicanos. No tenerla de aliada puede ser el único error de Ebrard, al ser la experimentada embajadora tía política de Beatriz Gutiérrez Müller, la influyente esposa de López Obrador.

Sabedor el presidente López Obrador de que una mala relación con el presidente Donald Trump es lo único que puede generarle serios problemas para llevar adelante su proyecto de nación, no quiere que nada pueda provocarlos. Esa es la encomienda a Ebrard, que entre más la cumpla, mayor fuerza acumulará dentro del gabinete presidencial, como ha sido hasta ahora.

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Jalisco quedaron aprobados sin mayor discusión y casi en fast track el sábado mismo que se presentaron en el Congreso local, solo con el voto en contra de los diputados de Morena.

La razón del voto no aprobatorio morenista, según Bruno Blancas, coordinador de esa bancada, es que el presupuesto está "centralizado" en la figura del gobernador Enrique Alfaro y su difusión, y por el crecimiento burocrático que implica. Paradójicamente, el mandatario estatal reclamó lo mismo de la propuesta de gasto del presidente López Obrador porque, considera, "se centraliza en los intereses del gobierno federal" e ignora necesidades y proyectos claves para Jalisco.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, criticó la iniciativa del presupuesto federal para el próximo año, ya que dice "premia" a la gente que no trabaja.

"La verdad de las cosas es que es un atentado contra el federalismo, pero sobre todo, pensar que nuestro país se convierta en un lugar donde se premia la flojera, que sea una fábrica de inútiles al cual el gobierno les va a regalar dinero a cambio de absolutamente nada", mencionó el alcalde.

Lemus Navarro señaló que lo que se va a hacer si se siguen privilegiando estas políticas electoreras es "crear un país de flojos".

"Dejamos de apostarle a la infraestructura para regalarle dinero a la gente, es decir en este país vamos a contrasentido, a la gente que no trabaja se le regala el dinero, y a la gente que trabaja, pues cada vez la carga impositiva es más alta".

Sobre las afectaciones al municipio, el primer edil indicó que en Zapopan la afectación podría ser de entre 400 y 600 millones de pesos para el 2019.

El municipio presentó ante la federación proyectos por 380 millones de pesos, los cuales todos fueron rechazados.

Ante esto, Zapopan eliminará de su presupuesto los programas sociales que se "repitan" con los federales para reasignarlos a obra pública e inversión.

El alcalde aclaró que el tema del presupuesto no es un pleito de Jalisco con el Presidente.

"Es un pleito del federalismo con el presidente, aquí hay una afectación para todos los estados de la república. No es una cosa exclusiva de Jalisco contra la federación.Todos los gobernadores y todos los presidentes municipales debemos de exigir el que las obras de infraestructura en nuestros municipios de inversión puedan continuar".

Pablo Lemus señaló que están planeando el próximo jueves ir a la Cámara de Diputados para exigirles dar marcha atrás y corregir la propuesta federal del paquete económico 2019.

Del presupuesto federal lo 1o. que habrá que decir es que pese a todas las promesas de campaña y las críticas de estancamiento económico que hizo a su antecesor priista, el 1er. paquete económico de López Obrador pronostica una desaceleración económica el próximo año al estimar un crecimiento de apenas 2% cuando en el 2018 la meta fue de 2.3%.

Pese a ello, analistas financieros consideran que los supuestos macroeconómicos sobre los que se diseñó el presupuesto son, en términos generales, razonables y factibles. Advierten sin embargo que estimar que los ingresos tributarios aumentarán 3.8% en un año con una expectativa de menor crecimiento económico podría significar un exceso de optimismo.

Hay 2 maneras de ver este presupuesto. La 1a. es que simplemente López Obrador ha sido congruente con lo que dijo en campaña: no más impuestos, no más deuda, pero por el bien de todos primero los pobres. Podemos estar o no de acuerdo con la política social del presidente, pero nadie puede llamarse a engaño. La 2a. es que hay recortes muy importantes en las áreas estratégicas (aquellas que aportan futuro) como Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura para aplicarla en lo urgente: salud, bienestar y obras en el sur.

Por cierto, dónde anda el súper delegado, Carlos Lomelí, el mismo que prometió que la Línea 4 estaría entre las prioridades de López Obrador. Extrañamos su explicación.

Para el gobernador (es un decir) Manuel Velasco, el triunfo de Morena en las elecciones presidenciales y legislativas representó una bendición. No solo amigos de ese partido le permitieron renunciar a su obligación en el Senado y regresar a su estado a cobrar unos meses más de sueldo, sino que hace unos cuantos días los legisladores detuvieron una moción para que al chiapaneco no se le investigara una cuenta pública.

Así pasa con algunos políticos en estos morenos tiempos, resultaron ganones aunque sus partidos perdieran las elecciones (no se rían, Velasco dizque es del dizque Partido Verde); pero con otros políticos pasa exactamente lo contrario, habiendo triunfado en el proceso electoral -como algunos gobernadores- la tendrán muy cuesta arriba este sexenio.

Porque si ustedes van más allá del folclor de la ceremonia de ayer en Palenque, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por iniciados los trabajos de los trenes Maya (habrá 3: de turismo y carga, y uno subsidiado a pasajeros locales), tendrán que reconocer la canija suerte que tiene Alejandro Moreno, quien cobra como gobernador de Campeche.

No hace falta ir a la hemeroteca digital para contrastar lo que el señor Moreno, llamado por sus amigos Alito, decía de López Obrador antes de que éste ganara las elecciones. Era un priista de la línea dura y como tal actuaba. Pero una vez pasado el 1 de julio, el mandatario campechano cambió su discurso por uno obsequioso (priista al fin) y, casualidad o no, tan súbito giro parece que se traducirá en que Campeche resulte ganón en este sexenio: PEMEX podría irse para ese estado y del Tren Maya también se beneficiaría, porque incluso si esa obra no funcionara, de aquí a ese supuesto momento de fracaso a Campeche, a Chiapas, a Tabasco, a Yucatán y a Quintana Roo hartos recursos les caerán.

Así que para esos gobernadores los millones prometidos para sus estados bien valen la vernácula misa de ayer, donde se supone que una obra sin datos técnicos se hincó ante un socavón para pedir permiso por el huateque ecológico que armará Fonatur con el Tren Maya.

A pesar de lo anterior, no se les veía demasiado contrariados a los mandatarios que acompañaron a López Obrador. Primero, porque ni que fuera nuevo un gobernador mexicano asistir a ceremonias surrealistas: desde informes de gobierno hasta jurar hacer cumplir la ley, se la pasan en ello. Pero sobre todo, porque están (y lo saben) entre los ganadores: sus estados son la médula del discurso "Sur versus Norte" que ha instalado la nueva Presidencia de la República. Así que se les ve contentos, chiflando y aplaudiendo, a esos mandatarios que fueron invitados ayer.

Muy distinto la tendrán otros mandatarios, como Enrique Alfaro, de Jalisco, que ayer respingó por el maltrato, eso dice él, que se le da a su estado al no incluirse en el presupuesto federal dado a conocer este sábado, ninguno de los proyectos de infraestructura que esa entidad había solicitado.

Alfaro denunció que "el presupuesto de egresos se centraliza en los intereses del gobierno federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local. Para Jalisco, se les quitan recursos federales a los 125 municipios, así como al estado y por consiguiente a las y los jaliscienses. No se contempla inversión federal para ninguno de los proyectos que desde Jalisco definimos como estratégicos, tales como el saneamiento y rescate del Río Santiago, la Línea 4 del Tren Ligero, la presa derivadora El Purgatorio y el libramiento Sur de Puerto Vallarta".

Hace 11 días, al asumir la gubernatura de su estado, Alfaro dijo que hablarán con franqueza al gobierno federal, pero que no aceptarían un trato que los jaliscienses no merecen.

Ayer refrendó que "en Jalisco, la palabra empeñada vale; vamos a ver si para el Gobierno de la República también. Nosotros seguiremos de pie exigiendo un presupuesto federal que NO ignore a las y los jaliscienses. Quedan unos días para defender a nuestro estado y sé que no estoy solo".

En las próximas horas veremos cómo responden otros gobernadores a las cuentas incluidas en el presupuesto. Pero una cosa es segura, aunque la cobija presupuestal nunca ha alcanzado para dejar felices a todos, es claro que en este arranque de sexenio hay una región consentida, mientras otras entidades deberán remar contra la corriente morena.

Por lo pronto, a ver si algunos mandatarios ya dejan de creerse ese rollo de que la Conago sirve para algo, y aceptan que habrá un pleito en torno al llamado pacto federal.

Durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) criticó las estrategias de seguridad de los anteriores gobiernos, así como la declaratoria de la guerra contra el narco, que comenzó durante la administración de Felipe Calderón.

Durazo se lanzó contra los críticos y dijo que "no somos iguales. No nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad que les negaron las urnas: al presidente López Obrador lo respaldan y comprometen 30 millones de votos".

En sus redes sociales, la periodista Denise Dresser reaccionó al discurso: "30 millones de votos dan legitimidad, no dan permiso para hacer estupideces".

Denise Dresser acusó que el gobierno federal pretende la militarización de México y entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas.

"(López Obrador) le está fallando a su palabra y le está fallando a la gente de Jalisco. Se les quitan recursos federales a todos los 125 municipios, así como al estado", declaró Enrique Alfaro.

Alfaro recordó que "el mismo Presidente de la República, entonces en campaña, se comprometió a realizar expresamente obras como la Línea 4 al sur de la ciudad de Guadalajara y a privilegiar una agenda responsable en el cuidado del agua para nuestro estado.

Luego que se diera a conocer el plan del Gobierno de la República, Alfaro ha dicho que convocará a todos los alcaldes del estado para acudir al Congreso de la Unión para hacer oír sus reclamos.

El senador Damián Zepeda señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lleva 2 promesas incumplidas en el paquete económico 2019: la reducción de las gasolinas y el gasto en deuda pública.

El panista mostró en sus redes sociales imágenes de las páginas del paquete económico para respaldar sus dichos y comprobar que López Obrador "miente".

"Tenemos las primeras promesas incumplidas: si le creíste que bajaría la gasolina, lamento informarte que no será así. Ley de Ingresos sí incluye el IEPS, por lo tanto no bajará", escribió el panista.

"2a. promesa incumplida: decía AMLO que no habría más deuda, que era nociva y pura incompetencia del gobierno... pues sí hay deuda... y más de 500,000 millones (para contratar el siguiente año)".

Paco Calderón
(16 de diciembre de 2018).

4 proyectos de inversión estratégica para Jalisco están en riesgo. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF), enviado ayer por el poder ejecutivo al Congreso de la Unión, no contempla recursos para la Línea 4 del Tren Ligero, el saneamiento del Río Santiago, la presa derivadora El Purgatorio y el Libramiento Sur de Puerto Vallarta.

En un extraordinario mensaje, el gobernador Enrique Alfaro planteó que todos los actos y acciones que ha propuesto el desconcertante presidente López Obrador deben estar dentro del marco de respeto a la Constitución, inclusive expresó que se debe respetar la independencia de los poderes según lo ordena la Constitución Mexicana.

Otro de los temas en los cuales ha sido muy claro el gobernador Alfaro es exigiendo a la federación recursos por 20,000 millones de pesos para diferentes proyectos prioritarios en Jalisco y uno de los temas más importantes es que la federación no tiene el conocimiento de las necesidades y las prioridades de las obras en nuestro estado; mencionó también que están pendientes en el presupuesto que está planteando la federación, la duda de incluir los suficientes recursos para obras prioritarias como son la presa El Purgatorio, el inicio de la Línea 4 del Tren Ligero, el saneamiento del Río Santiago que se debió haber hecho en los anteriores gobiernos, fondeo para infraestructura regional y comunicación entre los municipios para avanzar en la regionalización del estado.

Estoy totalmente de acuerdo y seguro de que así estamos todos los jaliscienses, en que el Gobierno del Estado y los municipios son los que deben decidir a dónde van los fondos federales, dónde son prioritarios, porque aquí se conocen las necesidades mucho más que en la federación y que ellos no deben decir a dónde se aplican los recursos federales que le corresponden a Jalisco; además eso está dentro del pacto federal.

Alfaro defendió con respeto, pero con mucha claridad y firmeza, estos conceptos y la decisión que le corresponde al estado y no a la federación sobre definir a dónde se aplican los recursos que le pertenecen a Jalisco.

Por otra parte, López Obrador en sus promesas fantásticas dice que va a construir 100 universidades y ya mencionó los municipios donde se harán estas universidades en Jalisco, sin tener la opinión ni la participación de las autoridades locales; lo que expresa es en realidad una imposición sin estudio ni fundamento, sólo basada en "me canso ganso".

Aquí en nuestro estado reconocemos la capacidad y apoyamos las exigencias del gobernador y su defensa basada en la Constitución, a Jalisco y a los jaliscienses.

Hace unas semanas, en la Cumbre de Negocios que se celebró aquí en Guadalajara, uno de los ponentes fue Max Kaiser, encargado del área de Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad. Él dijo lo siguiente. "La frase 'acabar con la corrupción' está destinada al fracaso". Y propuso, para empezar a combatirla con éxito, 4 acciones muy claras: contener, controlar, reducir el impacto y hacerla más cara. En el caso de la 1a., se trata de contener su expansión, es decir, que no cunda más; la 2a., el control, implica implementar mecanismos de vigilancia y de supervisar con lupa, por ejemplo, el sistema de contrataciones de servidores públicos; la reducción del impacto, dijo Kaiser, quiere decir reducir el número de casos y acortar hasta detener su permanencia y, finalmente, que sea más cara, es decir, que los castigos o sanciones por casos de corrupción sean verdaderamente inhibidores de caer en esas prácticas o de seguirlas ejerciendo, detenerlas cuanto antes. Por ejemplo, que pierdan sus empleos y la capacidad "de volver a hacer daño al Estado" además de quitarles lo que se llevaron.

Me parece imprescindible que el equipo de AMLO considere estas propuestas que no sólo son eso, sino que además incluyen método y estructura. Tendrían que aplicarse estas 4 acciones de manera simultánea junto con la operación transparente y eficiente de las instituciones y el ejemplo. Sólo así se podría pensar en acabar con la corrupción, en empezar a acabar con la corrupción, mejor dicho.

Los bonos del aeropuerto. Hemos empezado a hablar de ellos como si fueran un animal mitológico. En cierto sentido lo son. Parece que tienen vida propia y que están embrujados. Por lo pronto, han convertido en zombi la obra de la terminal en Texcoco; han obligado a hacer su 1er. frenado a la aplanadora de la Cuarta Transformación (4T) y, si no se liquidan pronto, podrían convertirse en un hongo tóxico para las finanzas públicas. Algunos gurús del mercado advierten que, en el peor escenario, la emisión de 7,800 millones de dólares podría terminar costando entre 10,000 y 12,000 millones de dólares. Eso es muy costoso, pero saldrá barato si el asunto concluye, sin salpicar a otros lados. El mayor costo podría venir en el caso de que el aeropuerto "contamine" la percepción de la deuda de otros emisores, como Pemex, que tiene una deuda de 107,000 millones de dólares.

Los bonos no tienen poderes mágicos, pero han dejado al nuevo aeropuerto en calidad de muerto viviente. A esa obra de infraestructura la mató una consulta, pero no puede descansar en paz. En el momento en que se deje de trabajar en ella, se activa una cláusula de los bonos, que le otorga a los tenedores de esos títulos el derecho a demandar. Son cientos de trabajadores los que aún laboran para terminar la losa de cimentación de algo que pudo ser un aeropuerto.

Los bonos del aeropuerto son sólo papeles, pero su tinta tiene algo de kriptonita. Ante ellos, la 4a. transformación no ha podido aplicar toda su fuerza. El plan presentado el 2 de diciembre por la Secretaría de Hacienda implicaba un desembolso de 90 centavos por dólar y no duró vivo ni 24 horas. La kriptonita de los tenedores obligó a la 4T a poner más billetes en su propuesta. Va en un dólar por dólar, más intereses. Es más de 11% superior a la oferta inicial. Tratándose de una emisión de 1,800 millones de dólares, implica un pago adicional de 200 millones de dólares en la oferta del Gobierno de México. Es mucho dinero, pero no alcanzó. Los tenedores quieren más y lo conseguirán.

¿Quiénes son los tenedores de bonos? Los partidarios de AMLO pueden verlos como una rémora del neoliberalismo. Sus adversarios, como un contrapeso que les está dando una lección. Sabemos su número, 750 y algunos de sus nombres: JP Morgan; Wells Fargo; UBS; BlackRock; Afore Sura; Pimco; Temasek; Pinebridge. Hay una oficina de abogados que los representa: Hogan Lovells. Es un tiburón que ha olido la sangre. No se alejará sin arrancar un buen trozo de carne. Es el mercado, reconoce AMLO. Es un mercado que funciona con las reglas de Wall Street.

¿Recompra o litigio? Para evitar un largo proceso legal, deberá haber una solución antes de que termine enero. No será fácil. El gobierno busca que los tenedores que mantengan los papeles acepten un cambio en el contrato que, entre otras cosas, permita construir un aeropuerto a menos de 70 km del aeropuerto de la Ciudad de México. De parte de los inversionistas, hay preocupación de que los bonos, emitidos por una "hija" de la SCT, no tengan garantía del gobierno federal.

¿Quién tiene el control? lo único claro es que no estaba en los planes de AMLO empezar su sexenio con un proceso de renegociación de la deuda. Esto es algo que marcó sexenios "neoliberales", como los de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Hay pocas cosas en común entre AMLO y ellos. La diferencia más notable, en este caso, es que la 4T hizo todo para meterse en la renegociación. Los otros fueron obligados por las circunstancias.

Amnistía Internacional (AI) consideró que la creación de la Guardia Nacional, una propuesta del presidente López Obrador, para combatir la violencia y la inseguridad, es "una estrategia muy semejante" a las de gobiernos anteriores.

Según el reporte La Guardia Nacional del presidente López Obrador: Cinco realidades que hay que saber, esa iniciativa "representa una amenaza para la seguridad y los derechos humanos de las personas en México".

AI denunció que el gobierno mexicano afirma que su modelo de seguridad será "radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores", pero "en lo propuesto queda claro que usaría una estrategia muy semejante a gobiernos anteriores", en referencia a la estrategia implementada por los hoy ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El salario del presidente López Obrador, de 108,000 pesos mensuales, se está convirtiendo en un dique que impide ejercer una política salarial eficiente y competitiva, que permita retener a los funcionarios cuyo perfil es de alta especialización.

Es muy fácil de resolver este problema, que solo requiere sentido común. Con duplicar el salario del presidente se podrá respetar la regulación salarial. El actual sueldo del presidente equivale al que percibe un ejecutivo de un rango medio en las empresas multinacionales y en las nacionales de gran tamaño.

Duplicar el salario del presidente permitiría al gobierno federal salir de esa trampa en que se ha metido a partir de una promesa que él externó durante su campaña. A final de cuentas, si él quiere donar la mitad de su salario a una institución de beneficencia, una fundación o alguna organización filantrópica, sería su elección y una solución políticamente rentable para su imagen de austeridad.

Debemos reconocer que los salarios de los funcionarios altamente especializados deben ser competitivos y capaces de retener a quienes en su trayectoria profesional ya tienen un capital invertido en conocimientos y experiencia. Dejarlos ir será un desperdicio que pagará caro la nación.

Esta política salarial restrictiva parece ser más una respuesta moral y emocional, que nace de la solidaridad con el pueblo, que tiene un amplio sector de población en la sobrevivencia y los altos salarios gubernamentales parecen ser una afrenta, que una estrategia para tener un gobierno eficiente que trabaje para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

El verdadero problema que se avecina con respecto a la disminución de los salarios y prestaciones a funcionarios públicos de alto nivel en la jerarquía organizacional del gobierno es que provocará una desbandada de talentos y con ello descenderá el nivel profesional y de experiencia, por lo cual veremos decisiones mal tomadas y posiblemente ineficiencia, pues los más capacitados emigrarán hacia la iniciativa privada, donde les pagarán lo que valen.

Es previsible que en la práctica la solución viable, pero éticamente cuestionable, para frenar la desbandada de talentos que se derivará de esta política, propiciará la simulación: la creación de bonos y compensaciones "en lo oscurito", lo cual equivale a corrupción, porque al no ser una política transparente, propiciará los excesos que hoy se quieren combatir.

A mayor jerarquía, empiezan a descubrirse nuevos atributos que debe tener la persona y por ello se hace necesario retener a la gente talentosa, preparada profesionalmente y comprometida, ofreciéndole salarios competitivos frente a las ofertas laborales que ofrece el sector privado.

El grave riesgo que surgirá en varias áreas gubernamentales, es que funcionarios muy experimentados y con conocimientos muy especializados, como los que hay en la Secretaría de Hacienda, que administran las finanzas públicas del país, por poner un ejemplo, renunciarán al cargo y entonces tendrá que habilitarse a otros que carecerán del perfil profesional y la experiencia requerida, lo cual puede llegar a tener un alto costo.

Como es sabido, en las áreas de procuración de justicia esta problemática ha sido grave en los últimos sexenios, porque la integración deficiente de las carpetas de investigación ha permitido que sean liberados delincuentes peligrosos, lo cual seguramente se agravará e impedirá resolver la inseguridad y violencia que vive el país. La ineficiencia de muchos funcionarios ha generado vulnerabilidad gubernamental frente a los abogados de delincuentes, con mayor talento, conocimiento jurídico y experiencia que la parte acusadora.

Es una gran idea la de combatir privilegios y excesos y ello en la práctica debe constituir un gran ahorro para el país, pero los extremos, como lo es la reducción drástica del salario de forma indiscriminada, puede generar un daño irreversible a la nación.

Es necesario revisar la política salarial con una visión técnica y competitiva, para poder retener a quienes tienen talento, experiencia y conocimientos.

Tuit publicado por Paco Calderón en diciembre 7 de 2018.

El mismo 7 por la mañana, Andrés Manuel López Obrador tomó un vuelo de Ciudad de México a Mazatlán en Volaris.

Personal de la aerolínea pasó al presidente para que fuera el 1o. en abordar junto con su equipo, mientras que el resto de los pasajeros fueron remitidos a los últimos lugares de la fila de inspección para pasar por un proceso especial de revisión por parte del personal del #AICM que incluyó tomar muestras para buscar residuos químicos.

- Luis.

Paco Calderón
(15 de diciembre de 2018).

Todo lo están haciendo mal. No pasa el día sin brincarse la ley, la Constitución, de proferir mentiras descaradas, de celebrar fracasos, de amenazas, de insultos, imprudencias a lo bestia, contradicciones, malos modos, iniciativas de ley presentadas por párvulos y a mentadas de madre. Algo increíble: Con la novedad de que todavía no hay Presupuesto de Egresos. Y puras de ese nivel.

Da la impresión de no tener ni la menor idea de lo que harán. Hasta el día de hoy se sigue construyendo el NAIM en Texcoco para evitar caer en incumplimientos. El pleito con todo el Poder Judicial de la Federación (PJF) ya estaba cantado desde antes. Es el único obstáculo (a menos de llamar al Constituyente Permanente) que tiene antes de reventar la autonomía de ya no sé cuantos entes constitucionales autónomos son, como BANXICO, INE, CNDH, y un largo etcétera. No se sabe a ciencia cierta, pero se dice finalmente se brincará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la creación de un Tribunal Constitucional (TC) a modo. Dejando a la SCJN como un tribunal de última instancia en materia de legalidad, pero ya ajena a cualquier control constitucional.

De ahí la importancia de este asunto. Sin un control efectivo sobre la Constitución la SCJN y/o su substitución por el susodicho TC, rápidamente el ejecutivo controlaría de forma directa a los reguladores. Ya se sabe tiene al congreso en la bolsa, aparte de en la mayoría de los locales. Ayer con la marcha para atrás de la reforma educativa se prevé la destrucción de otro.

Esa es la parte lógica, donde evidentemente van por la centralización de todo el poder. Pero insisto, ¿para qué? Porque proyecto de gobierno como que no veo nada. Miro a un lado, luego al otro y nada. Si acaso ocurrencias irrealizables y daños sin ton ni son. Anuncios de políticas públicas pospuestos. Puras generalidades y muy confusas en materia de seguridad. Todo es un dolor de cabeza. Ninguna de sus políticas medio anunciadas son efectivas. ¿Más refinerías? El mundo va a al revés. Y bueno, el otro gran tema de campaña. La corrupción. Y efectivamente ya terminó con ella a su arribo: los perdonó. Así ni siquiera para tratar de hacer el esfuerzo de barrer de arriba hacia abajo. Los corruptos ya fueron perdonados. Pero en materia de seguridad es donde las cosas no se pueden tomar tan a la ligera.

¿Cómo llamaríamos a un gobierno que en menos de 2 semanas de gestión sometiera al país a una desventajosa negociación con inversionistas extranjeros por bonos que pueden costarle a México mucho más que la nada despreciable suma de 6,000 millones de dólares, que es el valor nominal de los títulos emitidos para construir el aeropuerto de Texcoco?

¿Irresponsable? ¿Temerario? ¿Negligente? ¿Incapaz? ¿Antipatriota?

Igual hay algún otro término, que se me escapa en este momento, que capture el talante de la naciente administración que en el NAIM se ha obcecado en un juego de ruleta rusa donde México no gana: al tambor de este revólver no le faltan balas.

Llámenle como quieran, pero por favor, no llamen a ese gobierno el de "la cuarta transformación".

El poder siempre busca insuflar mitos o instalar una liturgia a fin de imponer una realidad que no se corresponde con lo que está a la vista.

Crean en lo que no ven, pregonan los que apelan a leyendas; crean y llegará una tierra prometida, insisten: háganlo incluso si lo que ven hoy apunta exactamente en sentido contrario de eso que esperan.

Como práctica privada, personal, cualquier fe es respetable; pero decretar un credo único en el ámbito social supone violentar el libre albedrío de las personas, y una afrenta a la salud pública.

Por eso hay que dejar de mencionar por aquí y por allá, de poner en titulares, de repetir acríticamente, eso de que estamos/vivimos en la 4a. transformación.

Hay que resistir el canto de la propaganda, hay que regresar el relato a su seca, y no por ello necesariamente mala, condición terrenal del aquí y el ahora.

Si dejamos de apantallarnos con los héroes patrios en el trasfondo de la propaganda gubernamental, si nos tomamos en serio los mensajes de la realidad tendremos oportunidad de comenzar a calibrar el delicado momento que estamos pasando.

Hay que despojar a la política del ropaje que mandó a hacer la nueva administración y señalar lo obvio. México iba mal por donde iba, pero no va mejor hoy que hace un mes, y las señales de mejora no se atisban en el horizonte trazado por los recién llegados.

El voto por el cambio pudo ser de hartazgo y de convicción simultáneamente. No es cierto -porque del otro lado también hay falsos profetas- que con los que llegaron la resultante actual era obvia e ineludible. Rechazar esto último es igualmente crucial: quien con autosuficiencia apela al determinismo cancela imaginación y reflejos, y apuntala la versión victimista de los que se dicen llamados a transformar. Al complementarse en su mutua cerrazón, reducen al máximo las posibilidades de introducir nuevos (urgentes) elementos al debate.

Ese voto por el cambio no es monolítico 5 meses después, ni a prueba de balas.

Por eso, hay que comenzar por regresar al terreno de los hechos, asumir que el voto del 1 de julio es una cosa, pero lo que hemos vivido después es otra.

Estamos ante un gobierno que en su afán por medirse con la historia descuida su elemental obligación de cuidar la armonía, la concordia y la estabilidad.

Las señales están al alcance de todos. No por nada la volatilidad financiera, la polarización y las crisis económicas son viejas conocidas de varias de las actuales generaciones de mexicanos.

Si dejamos de llamar 4T a eso que quieren vender desde Palacio Nacional, acaso podremos reconocer lo inaceptables, en términos incluso de una democracia como la mexicana, que resultan los desplantes de Monreal y Delgado, lo improcedente del presidencial me canso ganso.

Hasta hoy nuestra trágicamente desigual economía, a pesar de todo, ha soportado la turbulencia causada por los nuevos, pero los riesgos permanecen en amenazante latencia. Pero si el miedo aflora y alcanza niveles de contagio, si la crispación no es desactivada, serán varios los tigres que se suelten, para mal de todos.

Comencemos por llamar a las cosas por su nombre. No hay 4T. Hay, eso sí, una delicada coyuntura que demanda generosidad e inventiva de todos para ver si será posible ayudar incluso a los que hasta hoy no quieren escuchar.

Nadie pidió el 1 de julio una revolución. Ni que se decretara un cambio histórico de manera anticipada. El mandato fue corregir las injusticias que asuelan a los que menos tienen, reto nada menor pero no irracional. Entonces, ¿para qué desviarse del curso necesario? ¿Para qué encadenarse en el espejo del pasado?

Políticamente la proposición luce descabellada. Si López Obrador empeñó su palabra durante la campaña para cancelar Texcoco y presentar la Base Aérea de Santa Lucía como proyecto alterno, y durante la transición inventó una consulta para justificar su decisión política, que fue reforzando con denuncias de corrupción en la construcción de la obra que no ha dejado de llamar "faraónica", ¿en dónde habría espacio para que rectificara su decisión? Sólo si actúa como Presidente y toma una decisión impopular con sus clientelas que, en el mediano y largo plazo, se verían beneficiadas de ese incumplimiento de promesa de campaña. Es un tema de números.

El costo que tendría la cancelación de la obra sin demandas de los tenedores de bonos o contratistas está estimado en el gobierno entre 10,000 y 12,000 millones de dólares -muy superior a lo que saldría terminarla-, por lo que la decisión tendría que ser basada en la relación costo-beneficio que, no hay que olvidar, jamás ha determinado sus acciones. Aunque el matiz sobre la autonomía de la Secretaría de Hacienda, sugiere que López Obrador se encuentra en un estadio de entendimiento en donde no caben los arrebatos o posiciones sin visión estratégica, su carácter nunca le ha permitido aceptar equivocaciones. Todo lo contrario. Cuando yerra, acelera y profundiza en la misma dirección del traspiés cometido. Como se ha salido con la suya, debe pensar que nunca le va a fallar.

Pero en el caso del aeropuerto en Texcoco, ese tipo de comportamiento provocó un quiebre fundamental en su proyecto de nación, al introducir presiones a su presupuesto por la elevación de las tasas de interés que afecta el servicio de la deuda y modificar los parámetros macro económicos, la pérdida nominal de 16,000 millones de pesos en las afores, congelamiento de inversiones y fuga de capitales, así como cuestiones subjetivas, como es la pérdida de confianza de inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo por el que llevará al país.

Los 2 intentos del gobierno para recomprar una tercera parte de los bonos que sirvieron para financiar parte de la obra de Texcoco, han resultado fallidos. Los tenedores de los bonos no están de acuerdo con los términos planteados, aunque en la 2a. oferta les prometieron pagar dólar por dólar de lo invertido. Los bonistas están acorralando al gobierno, y en la medida que avancen los días sin arreglo, se irá encareciendo la solución. Argentina se peleó con los inversionistas que la ayudaron para resolver su crisis económica, y la presidenta Cristina Fernández terminó pagando 15 dólares por cada 1 de lo originalmente prestado. Ese escenario es lejano en México, pero probable. La obra en Texcoco, mientras tanto, tiene que seguir de acuerdo con lo programado, porque de no cumplirse el cronograma habrá incumplimiento de contrato y permitiría a los tenedores de bonos exigir el pago inmediato de lo que invirtieron.

El solo anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco ya está costando más de lo que habría significado terminar la obra que, además, iba a ser financiada por la Tarifa de Uso de Aeropuerto. La 2a. oferta del gobierno es que se use la TUA, no para finalizar Texcoco, sino para pagar el costo de su cancelación. Financieramente hablando, no parece la decisión más inteligente que tomó el Presidente. El secretario Urzúa deslizó el miércoles la posibilidad de que una nueva terminal en Santa Lucía nunca sea construida, lo que refleja discusiones con López Obrador sobre las opciones que se tienen. En la 2a. oferta a los tenedores de bonos se incluye también que el aeropuerto en Toluca no tendría más de 5 millones de pasajeros anuales, que es otro ajuste a la idea original del gobierno de adaptarlo para generar un volumen de 8 millones.

Urzúa está hablando con sensatez financiera. No se sabe qué tipo de diálogo o mensajes ha recibido de los inversionistas. Entre ellos, cuando se pregunta que podrían hacerse para que el presidente López Obrador recuperara la credibilidad de los inversionistas y que se volviera a abrir el beneficio de la duda, sugieren en 1er. lugar continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Políticamente parece un obstáculo insalvable, pero López Obrador podría hacerlo sin dejar de revisar la probable corrupción y bajar los gastos suntuosos. Puede haber un rediseño de la terminal, menos asiática como es en la actualidad y más sobria, sin perder sus certificaciones internacionales. También puede expropiar los terrenos en los alrededores del aeropuerto para atajar la especulación inmobiliaria, y revisar los contratos de los servicios no aeroportuarios. Hacer un aeropuerto sin sueños de grandeza cosméticos es una opción al alcance del deseo de López Obrador, si piensa más en el largo plazo y no en la coyuntura electoral. Sus clientelas políticas, aunque no lo vean hoy, se lo agradecerán.

Primero fue el recortón en el proyecto de presupuesto. Inmediatamente salió el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a decir que se trataba de un error, que los recursos para las universidades quedarían intactos. Luego, en el contexto de la reforma educativa de un plumazo borraron la fracción 7a. del artículo 3o. en el que se establece la autonomía universitaria. Horas después el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el mismo Presidente de la República salieron a decir que se trataba de un error de captura.

Si hemos de creerles que se trató de 2 errores consecutivos, no tenemos por qué no, el asunto no es menos preocupante, pues muestra un descuido de quienes están elaborando iniciativas a toda prisa, pero sobre todo que no hay quién lea los documentos antes de que los firme el presidente. ¿Cuál era la prisa de enviar un proyecto de reforma que se va a discutir en febrero? ¿Cuántos errores similares a la reducción de los recursos para las universidades hay en el proyecto de presupuesto que llega a la cámara el sábado?

Una de las promesas más arriesgadas de López Obrador, no solo por lo que significa sino porque el propio presidente le puso plazo de un año, es la creación de 100 nuevas universidades en todo el país. ¿Por qué 100 y no 94 o 116?, nadie sabe, lo más probable es que le gustó el número, pero así sean 50 o 10, el presupuesto que requieren es enorme y no hay manera de hacerlas bien en un periodo de 12 meses. Ese dinero en manos de las universidades estatales y nacionales sería mucho más eficiente, si de lo que se trata es de abrir espacios para los jóvenes en unos cuantos meses, pero hay una desconfianza ganada a pulso por la forma en que las universidades evaden la rendición de cuentas y porque se han prestado para triangular recursos para destinos políticos, como se demostró en el reportaje de "La estafa maestra".

La desconfianza del gobierno hacia las universidades está más que justificada y, después de los 2 errores, la de las universidades hacia el gobierno federal también. Es evidente que con tantos frentes abiertos López Obrador no puede darse el lujo de confrontarse con los universitarios, pero comienza a enviarles mensajes: las universidades autónomas tienen que rendir cuentas mucho más allá de lo que lo hacen ahora y no pueden escudarse en la autonomía para perpetuar sistemas antidemocráticos de control político.

Me temo que no estamos sino en los prolegómenos de una relación que se antoja compleja.

Tras un supuesto acuerdo, el grupo parlamentario de Morena en el Senado, dejó fuera de la Comisión de Justicia, al senador Juan Zepeda (PRD), lo que ocasiono un diferendo entre el grupo mayoritario y la oposición conformada por el PAN, PRI, MC y el sol azteca.

Al iniciar la sesión, la Mesa Directiva informó que el senador Juan Zepeda dejaría la Comisión de Justicia, y que en su lugar quedaría la senadora Lucía Meza de Morena.

Zepeda dijo que este tipo de atropellos son constantes por parte de la bancada mayoritaria, y señaló que su salida de dicha comisión puede ser por la próxima discusión de la terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Se subió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde faltan firmas (...) Enmarcado esto en otra de sus mentiras, en otra de sus arbitrariedades. Nada les costaba solamente especificar a mí que yo me salgo o me sacan de la comisión de justicia y que meten a una senadora de ustedes, pero siempre simulando los marcan que uno se sale de la comisión de estudios legislativos de su grupo. Para que la ciudadanía entienda. Es el interés de sacar a su ministro carnal", añadió.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, señaló que no se pueden tomar como un asunto cualquiera el que se saque a alguien de una comisión sin consultar y consensuar, "no es Juan Zepeda, es el Senado de la República, y si estiman que es de la República, tendrán que revocar este acuerdo. Apresurarnos, imponer, avasallar, pasar por encima del otro, solo nos va a llevar a la confrontación, y eso no es bueno".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la creación de la Guardia Nacional que quiere impulsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría suponer una vulneración de derechos y un debilitamiento de las instituciones.

En el pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, solicitó que la garantía directa de los derechos no se deposite "en órganos o estructuras militares", en referencia al nuevo cuerpo de seguridad que busca crear López Obrador.

La Comisión insistió en que el cambio que se propone en las funciones de la Guardia Nacional no es la respuesta que se necesita a los grandes problemas de inseguridad, violencia e impunidad que sufre actualmente el país.

Opinó también que esta reforma debilitaría la "institucionalidad civil y democrática" e iría en contra de las recomendaciones de instituciones internacionales relacionadas con derechos humanos. "México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia".

González pidió a los diputados que rechacen esta reforma porque, para él, las organizaciones civiles deben estar por encima de las militares no sólo en lo "teórico", sino como condición para garantizar "el libre desarrollo de la convivencia social".

Aclaró, sin embargo, que la CNDH no se opone a que exista un sistema de seguridad que persiga las actividades delictivas siempre y cuando se respeten los derechos humanos.

En muchas ocasiones, la Cuarta Transformación se transforma en realidad en la nueva restauración. En la fiebre por destruir el pasado reciente, en lugar de construir para el futuro, se termina recuperando, conscientemente o no, políticas que antaño no funcionaron o que sí lo hicieron, pero en una realidad distinta, diferente a la de hoy.

Algo de eso sucede con la nueva reforma educativa, que en realidad termina siendo un regreso al estado de la educación durante el sexenio de Felipe Calderón. En aquella reforma de Calderón el límite estuvo puesto por el sindicato y por el peso de Elba Esther Gordillo (y en aquel momento también por las profundas diferencias que existían entre la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, y Elba Esther). Ahora, la reforma de López Obrador revoca la política impulsada por Peña Nieto para volver a darle al sindicato magisterial las posiciones que perdió. Si "la mal llamada Reforma Educativa", como dice el presidente López Obrador, fue, siempre según sus dichos, "una reforma administrativa", laboral, en contra de los maestros, ésta es una reforma sindical para regresarle al liderazgo magisterial, el peso y la influencia que había perdido. Y no hay mejor símbolo de ello que la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y su transformación en un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, donde los maestros tendrán un papel protagónico.

No está mal que se revalorice la función del magisterio en la transformación de la educación. Me parece que ése fue el principal error de la pasada reforma, aunque era verdad que se partía del supuesto de que sin arrancar de manos del magisterio el control de la educación no se podría avanzar en la reforma. Pero se hizo mal. El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo pareció una simple venganza, al SNTE de Juan Díaz de la Torre se le marginó de la toma de decisiones y, paradójicamente, se terminó dando oxígeno y peso político a un grupo como la Coordinadora.

Ahora regresan el magisterio y, sobre todo, el SNTE a tener un papel protagónico en la estructura educativa, aunque la corriente de Gordillo y la Coordinadora, ambos aliados del presidente López Obrador, tendrán que tener espacios e influencia. Pero sería injusto decir que la Reforma Educativa 2.0, que firmó el miércoles el presidente, se basa sólo en eso. Hay otras medidas que también deben ser analizadas. Una de ellas es la política universitaria planteada en el documento.

Todo joven con posibilidades de ir a la universidad debe tener la oportunidad de hacerlo y si es necesario el Estado debe proporcionarle los recursos para ello. Pero no todos los jóvenes del país tienen que ir a la Universidad, no es lógico ni necesario ni conveniente. Tampoco es lógico que la enseñanza universitaria pública sea absolutamente gratuita. Debe serlo para quien no tiene recursos, pero para quien puede pagarla, es justo que aporte a su casa de estudios, entre otras razones, para que éstas tengan los recursos suficientes para impartir una educación de calidad que les permita competir contra las universidades privadas.

Eso implica también que debe haber exámenes de ingreso para optar por las necesariamente reducidas plazas universitarias: el mérito y los conocimientos mínimos necesarios debe ser la norma para poder ingresar a una universidad. Ningún país desarrollado del mundo se plantea, ni remotamente, que todos sus estudiantes lleguen al nivel universitario, y mucho menos que lo hagan sin costos y sin demostrar que merecen estar en ese nivel educativo. Cuanto más desarrollado es un país, más exigentes son las condiciones para las universidades y posgrados.

Esto se relaciona con la propuesta de crear 100 nuevas universidades públicas en todo el territorio nacional. Pensar seriamente en crear cien nuevas universidades es imposible. No hay siquiera el personal académico para hacerlo. Lo que se hará, será llamar universidades a escuelas técnicas y de oficios, una suerte de Conalep de 2a. generación. No está mal, al contrario, el país necesita muchos más especialistas técnicos que académicos en humanidades o derecho, lo que no tiene sentido es llamar a esos centros, universidad. Y no se debe perder de vista el debate sobre la desaparición de la autonomía universitaria en el texto de la propuesta de reforma. Ya Esteban Moctezuma ha rechazado esa posibilidad, pero no es algo que pueda quedar a la libre interpretación de los legisladores.

Es evidente que hoy importa más la extensión de la cobertura educativa (obligada por una realidad social en la que hay millones de jóvenes sin estudio o trabajo que necesitan estar en el cobijo de un aula y con una posibilidad laboral en su futuro) que la calidad de la misma. Pero sería un grave error volver a sacrificar la segunda por la primera.

Y finalmente, hay que recordar otra cosa: esta nueva reforma educativa implica profundos cambios constitucionales. Y al oficialismo no le alcanza para tener la mayoría calificada de 2 terceras partes de los votos de diputados y senadores para sacarla adelante. Como en muchos otros temas, tendrán que aprender a negociar con una oposición que, aunque parezca raquítica, tiene aún cartas por jugar.

El principal problema que veo a la propuesta del presidente AMLO de reducir los salarios de los funcionarios públicos de manera que nadie gane más que el presidente, es que en una organización tan compleja y variada como lo es el gobierno y la administración de un país, la valuación de puestos no puede hacerse solamente por "ranking" o posición en el organigrama como de manera simplista lo ha planteado el presidente.

Hay muchos otros factores que deben tomarse en cuenta si lo que se busca además del simple ahorro de dinero, es que el país crezca y sea competitivo.

Estoy de acuerdo que en algunos casos los sueldos pueden ser o parecer excesivos, y esos habría que revisarlos y ajustarlos en lo posible, sin embargo el tope salarial no puede ser el sueldo del presidente.

Claro está que para la mayoría de los mexicanos el sueldo de 108,000l pesos mensuales netos (167,000 brutos) que AMLO decidió cobrar puede parecer como una fortuna frente a los bajos salarios que se pagan en México, pero el talento, conocimientos y experiencia de los mexicanos más capaces y competitivos debe pagarse bien y servir precisamente para encontrar caminos y soluciones que mejoren las condiciones y nivel de vida de todos.

Haciendo una analogía de esto, sería como si en aras de una austeridad republicana aceptamos que en un hospital público nuestra salud y hasta nuestra vida esté en manos de médicos que ganan poco porque saben poco, y no tenemos acceso a mejores prácticas y conocimientos porque los más capaces se fueron a trabajar a lugares donde les pagan mejor y donde hay equipos e instalaciones de vanguardia (doctorados vs. bachilleratos, Santa Lucía vs. Texcoco, etc.).

Tal vez en el caso de AMLO, el sueldo que él mismo se asignó sea correcto y acorde al nivel de preparación y conocimientos que tiene, pero determinar que nadie puede ganar más que él significa entonces que nadie puede saber más que él, con lo que se condena al gobierno mexicano a la mediocridad.

Los criterios para la evaluación y remuneración de puestos no dependen sólo de la posición que guardan en un organigrama, y más cuando la persona que ocupa el puesto más alto decide unilateralmente bajarse el sueldo, ya sea porque sus necesidades o ambiciones económicas son bajas, porque tiene ingresos personales de otras fuentes que le permiten cobrar poco o nada por su trabajo, o porque ha decidido convertirse en un asceta.

Lo anterior podría ser válido en organizaciones pequeñas en las que los puestos son simples y pocos, pero obviamente no es el caso del gobierno federal.

Los sueldos y bonos de desempeño de los funcionarios públicos deben incluir consideraciones adicionales a las jerárquicas, como serían la importancia y contribución a los intereses de la organización para la cual se trabaja, el nivel de responsabilidades y de riesgos, habilidades, experiencia y esfuerzos requeridos, demandas exigidas, etcétera, y de manera muy especial el mercado laboral que nos dice cuánto pagan otras organizaciones por tener esos talentos, trayectorias y experiencias en puestos clave.

AMLO argumenta, en mi opinión equivocadamente, que un sueldo alto en un país pobre es una injusticia. Para mi pagar mal en cualquier parte es una injusticia.

Si lo que se obtiene a cambio de pagar bien de acuerdo con el mercado laboral, niveles de responsabilidad y experiencia produce beneficios, no debe verse como un despilfarro sino como una inversión que beneficia al todo.

Más que ver si los sueldos son altos o bajos, lo que hay que ver es si el puesto y la función son necesarias y si quien la desempeña produce, al menos, los resultados esperados.

Despilfarro es pagar lo que sea, poco o mucho, y obtener resultados mediocres o malos, pues de esa manera el dinero gastado, aunque haya sido menos, sirvió para nada.

En resumen diría que el crecimiento y buen funcionamiento de un país o de una empresa no se logra con ahorros mal entendidos, sino generando mayores ingresos, y estos se obtienen mejor y más rápido reclutando y reteniendo personas que tengan el talento, capacidades y experiencia más alta posible.

¿Sabe el presidente lo que está haciendo?

El problema es que la pregunta tiene muchas respuestas. López Obrador tiene una idea clara de adonde quiere llegar (un país con menos pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad pública) pero apenas está descubriendo los límites y peculiaridades del vehículo en el que viajará, por no hablar de las incidencias que le esperan en el accidentado camino.

Quiere cortar de cuajo los excesos de la alta burocracia en el gobierno pero no esperaba la rebelión de los jueces ni los impedimentos legales que lo obstaculizan; desea impedir un aeropuerto que él considera prohibitivo para el erario público, y se sorprende que la cancelación desestabilice la relación con los mercados financieros.

Para sus detractores estos y otros incidentes constituyen la confirmación de la debacle: el presidente es un inepto irresponsable.

Es verdad que a ratos le gana su ímpetu de candidato opositor en campaña, pero a mi juicio terminará ganando su deseo de convertirse en estadista (lo consiga o no). En las primeras semanas han abundado los exabruptos y las cartas a Santa Claus, pero una y otra vez ha matizado ante la reacción inesperada o los efectos secundarios no deseados. Critica con severidad la resistencia de los jueces, pero afirma que respetará lo que decidan los tribunales; cuestiona la intolerancia de los mercados financieros y al mismo tiempo su equipo opera todas las estrategias de apaciguamiento posibles; desafía los privilegios de una parte del empresariado y propone una luna de miel con otros dueños del dinero. En fin, su retórica es a ratos incendiaria, pero gobierna con un equipo de funcionarios moderados en las posiciones clave (Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma, Alfonso Romo, Carlos Urzúa).

No creo que López Obrador consiga para México la prometida 4a. Transformación; es un país complejo con un intrincado tejido de intereses creados y poderes fácticos. Pero tampoco derivará en la pesadilla chavista que anuncian los malos agoreros y no lo hará justo por las mismas razones, pero también por el talante republicano del presidente. Lo que sí veremos es un ejercicio pendular del gobierno a favor de reivindicaciones populares que habían sido marginadas en los últimos 30 años. Los jueces probablemente mantengan sus privilegios pero intentarán limitar el nepotismo y los abusos ahora que han sido puestos en vitrina, por ejemplo; la corrupción en las altas esferas no será erradicada, pero acotará el ambiente depredador en que se había convertido el servicio público.

Probablemente Andrés Manuel concluya su gobierno con la frase con que la que Juan Manuel Santos terminó en Colombia: no pude cambiarlo, era un país demasiado dividido. Pero habremos de agradecer cualquier avance en la dirección correcta en el combate a la pobreza y la corrupción.

Qué ironía en la 4a. Transformación. El absolutismo, propio de un viejo régimen y no de uno nuevo, ha metido al presidente López Obrador en una secuencia de problemas que ya sabemos cuándo y cómo empezaron, pero no cuándo y cómo terminarán. Se planteó en este espacio desde principios de octubre que la novatez del gobierno entrante producía escalofríos, cometiendo errores que tendrían la oportunidad de corregir antes de que asumiera López Obrador el poder. Han pasado sólo 12 días que parecen un año, y siguen cometiendo los mismos errores pero con una diferencia: ahora ya cuestan, política y económicamente. Todos los días, literalmente, hay nuevos equívocos y molestias porque las cosas no salen como esperaban.

Lo más costoso ha sido la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, cuyo solo anuncio tuvo un impacto en las tasas de interés que incrementó en 50,000 millones de pesos la carga en el presupuesto para 2019, lo que introdujo mayores obstáculos para financiar los programas sociales de López Obrador. Adicionalmente se dio la pérdida de confianza en López Obrador, y provocó que empresas europeas comenzaron a desmontar sus operaciones comerciales en México, mientras otras empezaron a trasladarse a Brasil.

La suspensión de proyectos de inversión de empresas mexicanas fue casi total, sumándose a lo que ya había sucedido con firmas extranjeras. El dinero continuó saliendo de México al no encontrar los capitales tranquilidad en las declaraciones del presidente. López Obrador ha dicho que no será rehén de los mercados, pero la falta de conocimiento de los mercados de su equipo no lo llevó a ser rehén, pero sí a modificar su proyecto de nación. La incertidumbre detuvo obras en el país y un dinamismo ominoso en el sector de bienes raíces.

El clima de inversión quedó profundamente dañado, así como la certidumbre del futuro mediato. El anuncio de que se cancelaría Texcoco obligó a la Secretaría de Hacienda a salir al mercado a recomprar bonos que financiaron parte de la construcción del aeropuerto. La 1a. oferta fue rechazada, y la 2a. fue vista de mejor manera, pero no se sabe aún cómo finalmente reaccionarán los tenedores de los bonos. La 2a. oferta incorpora una rectificación en la promesa de López Obrador de que aumentaría el volumen de pasaje en el Aeropuerto en Toluca a 8 millones de pasajeros, y establece como máximo 5 millones, como originalmente se hizo el proyecto, a fin de que no lastimen la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que quiere incrementar el gobierno, para apalancar la recompra de los bonos. Paradójicamente, la TUA fue el instrumento para financiar Texcoco, y ahora, sin ese aeropuerto, servirá para evitar que los demanden en tribunales neoyorquinos. La decisión explícita del presidente convirtió una caja registradora de ingresos, en un costo.

Las decisiones incomprensibles y la novatez del equipo están siendo la marca de la administración de López Obrador en la 1a. quincena del sexenio. Pero lo que está ocurriendo no es por el infortunio que vino de fuera, sino obedece a un diseño, quizás a partir de un diagnóstico equivocado sobre el nivel de calidad de funcionarios que quiere en su gobierno, cuyo recorte salarial no sólo acható el conocimiento que rodea al presidente, sino que adicionalmente llevó a la nueva administración a sostener casi 1,500 litigios de amparo contra esa medida y un enfrentamiento con el poder judicial.

El sector energético es un ejemplo. Cuando Rocío Nahle, la secretaria de Energía, acudió a su 1er. encuentro con el ex secretario Pedro Joaquín Coldwell durante la transición, le explicaron por más de 3 horas las entrañas del sector y lo que se había hecho en términos de inversión e infraestructura. Al terminar, Nahle dijo que todos los datos que le habían presentado eran falsos, y sacó de la bolsa un recorte de La Jornada como sustento de su impugnación.

Otro caso es Octavio Oropeza Romero, el director de Pemex, quien al tener su 1er. encuentro en la transición, dijo que querían abrir licitaciones para refinerías el 1 de diciembre y producir 600,000 barriles diarios más de petróleo. Imposible, le dijeron, si no sabía qué quería licitar, y tampoco podían producir ese volumen de petróleo por falta de inversión, porque se habían utilizado esos recursos en las finanzas públicas. Le advirtieron, eso sí, que tuviera mucho cuidado para que el presupuesto de Pemex no tuviera más gasto que ingreso, porque las calificadoras podrían bajar la deuda de la empresa. De eso, respondió, no entendía nada.

En la prensa política abundan las descripciones negativas sobre el equipo de López Obrador. Pero ya sabemos que el presidente no escuchará las críticas ni las observaciones. Lo que no sabemos es hasta dónde llegará y cuánto nos costará.

Aunque se deben eliminar los excesos en salarios, la Ley de Remuneraciones atenta contra la independencia de la función judicial, coinciden Jorge Torres González y Rodrigo Lazo, expresidentes y miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco. La preocupación que tienen los abogados es qué pasará con el poder judicial si los funcionarios "de bien" se empiezan a retirar afectando la calidad de las resoluciones que emiten.

Luego que la Secretaría de Hacienda presentó la tarde del martes una nueva propuesta para la recompra de los bonos que servirían para financiar la construcción del NAIM, el grupo mayoritario de inversionistas rechazó anoche la oferta.

"Si bien el grupo (de inversionistas) reconoce que la propuesta enmendada hace mejoras incrementales, los problemas fundamentales siguen siendo tales que el grupo no puede respaldar dicha propuesta en su forma actual", señaló el comunicado enviado por la firma jurídica Hogan Lovells, que representa a los bonistas.

"El gobierno anterior pidió prestado para construir un aeropuerto que iba a tener un tráfico de 100 millones de pasajeros al año, pero ese aeropuerto no se va a hacer, por lo que tiene que ofrecer una garantía similar para esa deuda", señaló una persona cercana a las negociaciones.

Hasta el miércoles al menos 6,271 funcionarios federales habían presentado 2,772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, según informó el Consejo de la Judicatura Federal. En esas más de 6,000 demandas que buscan ampararse para evitar que les recortes sus salarios y prestaciones, hay 384 jueces, 445 magistrados, 2,174 secretarios, 445 actuarios, 1,226 oficiales, todos del Poder Judicial de la Federación, en tanto hay otros 1,043 funcionarios de distintas dependencias del poder ejecutivo federal, como de la Secretaría de Gobernación, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Procuraduría General de la República, Cisen, Sistema de Administración Tributaria y de organismos autónomos o descentralizados como el Instituto Nacional Electoral, Cofece, y del Instituto Politécnico Nacional.

El 1er. año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no será brillante en materia de desempeño económico, más bien mediocre, como lo han sido los últimos.

La previsión del propio subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, es que el Paquete Económico que habrá de entregarse a más tardar el próximo sábado al congreso, incluirá un crecimiento estimado del PIB de poco más de 2% para 2019.

Una cifra que está en línea con el promedio de las estimaciones de los expertos del sector privado.

Aun si los programas que el gobierno de AMLO emprenda resultan exitosos, va a ser muy difícil que se reflejen en el desempeño de la economía en el 2019.

La clave para dinamizar el crecimiento se llama inversión.

Y se requiere una combinación de una mayor inversión privada con un crecimiento de la inversión pública para conseguir tasas más elevadas.

No dudo que se pueda incrementar la inversión pública, pero la gran interrogante es si habrá la confianza para que haya un fuerte empujón de la inversión privada.

Hay el potencial para lograrlo. Pero, hay que ser muy claros: hasta ahora lo que hay es incertidumbre, que es una gran enemiga de la inversión.

Paco Calderón
(12 de diciembre de 2018).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a respetar los poderes de la unión y no promover la división y confrontación de la sociedad.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional priista, el secretario general del organismo político, Arturo Zamora, pidió no permitir que se pase por encima de la ley y de los derechos del pueblo mexicano.

A través de un video mensaje, Zamora Jiménez aseveró que nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos el Presidente de la República.

El llamado se da en el marco del conflicto desatado entre el poder ejecutivo y el poder judicial, por el debate existente sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los jueces advierten que la reducción de salario es una afrenta a la legislación judicial.

"Hemos sido testigos de ataques sistemáticos a todo lo que signifique contrapeso al poder del Presidente", aseveró el secretario general del CEN del PRI.

Arturo Zamora señaló que hoy en día se ven embestidas de las mayorías legislativas (en referencia a Morena) contra la oposición en ambas cámaras del congreso.

"Yo somos testigos del nulo respeto que tiene el nuevo gobierno por el pacto federal atentando contra la soberanía de los estados. Igual hemos presenciado descalificaciones a órganos autónomos como el Banco de México y el INAI".

"En los días recientes la cargada ha sido contra el poder judicial. Los priistas vemos con preocupación la ignorancia y la irresponsabilidad con la que se acusa a este poder del Estado mexicano", añadió.

Zamora señaló que el Presidente de la República trata de quitar del camino todo lo que se interponga a su voluntad, en lo que se incluye medios de comunicación, periodistas o calificadoras internacionales.

En el PRI, subrayó, "defendemos el Estado de Derecho, sin el cual nuestra república estaría bajo la amenaza de un poder único, absoluto y autoritario".

No se puede decir que no son congruentes: Morena apoyó al PRI de Peña Nieto en su intento de tener un fiscal carnal y ahora el PRI votó con Morena para que el presidente tenga su fiscal a modo. Y, si el argumento que esgrimirán los defensores del gobierno será "si todos lo han tenido, por qué López Obrador no", me temo que no han entendido de qué se trata. La transformación de la PGR a Fiscalía era una oportunidad de oro para tener un fiscal autónomo, con toda la fuerza de la república (pues en la propuesta sería evaluado y electo por 2 terceras partes del Senado) y con el visto bueno del presidente. Tal y como fue aprobada la ley, el nuevo fiscal será un funcionario más del gabinete que podrá ser despedido por el presidente cuando a éste le dé la gana o le sea incómodo. Esto último difícilmente sucederá, pues quien llegue sabrá agradecer la mano tendida del amo.

Desde que estaba en campaña, López Obrador dejó claro que él no soltaría esa rienda y que la autonomía sería "de facto". Pero él sabe bien que eso no existe. En la autonomía, como en la independencia, la libertad o la soberanía no hay medias tintas; no las hay de hecho, tienen que ser también de derecho.

Ya que el presidente decidió ser él quien cargue con la responsabilidad del nombramiento del fiscal carnal exijámosle también que se haga responsable de los resultados y de la eficiencia de la Fiscalía. Está claro que el presidente nombrará a alguien cercano. Toca a la sociedad civil convertirse en la sombra del nuevo fiscal y exigir esa autonomía "de facto" de la que tanto hablan.

Otra vez: no es un asunto de quiénes son los buenos y quiénes los malos, de si se apoya o no al presidente, sino de tener instituciones que nos permitan levantar la mirada más allá de los periodos sexenales y aspirar a un equilibrio de poderes que haga avanzar a nuestra democracia. Esa es la batalla, no la perdamos de vista.

Desde su perspectiva [de Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH] los derechos humanos deben ser el eje de la 4a. transformación. De igual forma, magistrados y jueces defienden la necesidad de que cualquier acción o cambio estén sustentados en el absoluto respeto a la ley.

González Pérez aborda temas fundamentales del acontecer nacional: la urgencia de fortalecer la eficacia de la burocracia, lineamientos sobre mecanismos de justicia transicional sin que estén por encima de la ley y los derechos de las personas, el riesgo del establecimiento de una Guardia Nacional militar que contraviene el marco constitucional hoy vigente, y concluye este tema nodal de la seguridad diciendo: "Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad sino contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles".

Además de los aguerridos funcionarios judiciales, el gobierno morenista deberá lidiar con muchos otros funcionarios y funcionarias con derechos laborales obtenidos y que han iniciado ya centenas de litigios para pelear contra la disminución de sus salarios.

Por ello, López Obrador tendrá que emplear todo su capital y talento político para no entrar a un callejón sin salida. Habrá que ser flexibles para que una iniciativa que ha detonado este muy necesario debate no se pervierta. Ni con funcionarios que busquen compensar la baja salarial con corrupción, ni con la pérdida de servidores públicos con una alta formación técnica y alejados de la grilla. Se deberá buscar la fórmula para fijar remuneraciones justas a la responsabilidad y labor que realizan, incluso más que la presidencial, sancionada por algún comité de valoración salarial independiente, que evite la fuga de talentos que degenere en un gobierno con una administración y servicios aún más deficientes.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es un personaje polémico, y que genera posiciones encontradas.

Entre quienes son sus adversarios, hay el deseo de que pronto tengamos una crisis financiera que ponga en jaque al gobierno.

"Si la crisis va a estallar en cualquier momento, más vale que sea pronto y que el gobierno de AMLO lo resienta; que se caiga o que vea muy restringidos sus márgenes de maniobra", algunos dicen.

Es una visión que circula cada vez más en algunos medios empresariales y financieros.

AMLO polariza. No es sorpresa.

Lo que me sorprende es que la visión de ciertos personajes normalmente racionales ahora sea el deseo de que pronto surja una catástrofe que sacuda al gobierno de López Obrador. Mínimo como pasó con Zedillo.

Quienes desean que este gobierno se hunda y que pronto entremos en crisis, suponen que es mejor que en unos cuantos meses el país se debata en un desastre financiero.

Que pronto las calificadoras nos bajen la nota; que el dólar se dispare incontrolablemente; que las tasas se vayan para arriba; que el empleo se desplome; que la inversión cese; que la inflación repunte. Que el descontento llegue a las calles.

Total, todo lo que le pueda ir mal a AMLO -dicen- va a ser bueno para México.

Son aún pocos, en el sector privado y entre los inversionistas, que piensan de esta manera, pero los hay.

Algunos pensamos que, independientemente de que AMLO esté en el gobierno, lo mejor para el país es que no tengamos crisis y que la economía crezca con estabilidad, independientemente de cuál sea la implicación de este hecho para las fuerzas políticas.

Pero creo que la mínima cordura, si todavía queda alguna en el polarizado país que tenemos, es que las cosas vayan mejor en lo económico.

¿O será que la 4a. transformación nos está transformado la racionalidad a todos?

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecha el caso para repetir las elecciones de Puebla.

Paco Calderón
(11 de diciembre de 2018).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció hoy que el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat) mejorará la oferta de recompra de bonos de la nueva terminal aérea, cuya construcción fue suspendida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un grupo de tenedores que afirmó poseer más del 50 % de la emisión total de bonos original, 6,000 millones de dólares, rechazó una primera propuesta de recompra hecha por las autoridades la semana pasada.

Esta recompra se podrá hacer a un precio fijo de 1,000 dólares por cada mil dólares de monto de principal, más intereses devengados y no pagados, confirmó.

Esta nueva oferta "modificará de igual manera la solicitud de consentimiento a efecto de incrementar la comisión por consentimiento" a 10 dólares por cada mil dólares que será pagada a todos los tenedores de bonos que participen en la oferta de recompra, explicó.

Esto sucederá "siempre que MEXCAT recompre bonos de la serie correspondiente y todos los tenedores de bonos que den su consentimiento a las modificaciones propuestas sin que participen en la oferta de recompra, y que dicho consentimiento sea aceptado por MEXCAT".

Para aquellos bonos que sean aceptados para su recompra, la comisión por consentimiento estará incluida en el precio de recompra.

La fecha para la presentación anticipada de la venta se amplía hasta el 19 de diciembre y el vencimiento de la recompra al 4 de enero, en lugar del 2 de enero previamente anunciado.

Se plantea si al dar "palo" -como se dice en la jerga jurídica- a la Ley Federal de Remuneraciones (LFR) que formalizaría la decisión personalísima del presidente López Obrador, de que ningún funcionario público gane más que él, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se confronta con el titular del poder ejecutivo. Éste, al comentar la resolución referida -que dejaría intactos, entre muchos otros, los salarios de los ministros de la SCJ (de 269,000 pesos mensuales: más del doble que los 108,000 del presidente)-, tildó de "exageradas" sus percepciones; los calificó de "deshonestos e insensibles"; los acusó de dar "un mal ejemplo", y les reprochó su incapacidad para "entender la nueva realidad" (más justa, se supone...) en que él -López Obrador- pretende insertar al país.

Planteada en el aire, como la consulta relacionada con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o como la posterior, con obviedades tan groseras como si deberían incrementarse las pensiones de los adultos mayores, la interrogante sería ociosa: "¿Aprueba que ningún funcionario público gane más que el Presidente de la República?" (quien, vale recordarlo, decidió reducir considerablemente su salario con respecto a su antecesor). Puesto que para el ciudadano común los salarios de los funcionarios públicos, en general, son abusivos, la respuesta parecería obvia: "¡Por supuesto que sí!".

Empero, como se supone que vivimos en un Estado de Derecho, donde la ley es el imperativo supremo para todos los ciudadanos -el mismo López Obrador ha dicho que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie"-, antes de bajar los salarios de todos los funcionarios públicos, de un plumazo, debe observarse que la Constitución (la ley suprema del país) establece (Art. 14) que "A ninguna ley -lo que aplicaría para la polémica LFR- se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", y que (Art. 94) el salario de ministros, magistrados, jueces, etc., "no podrá ser disminuido durante su encargo".

Los ministros de la SCJ, así, hacen lo mismo que López Obrador "protestó" solemnemente hacer al asumir su cargo: "cumplir y hacer las leyes": algo que alude a las ya existentes... y excluye, por "buena y sabia" que pueda parecer -o ser, incluso-, la Soberana Ley de sus Pistolas.

(V.periódico El Financiero en línea del 11 de diciembre de 2018).

Si bien el presidente López Obrador no ha ordenado la cancelación de la reforma energética, está dando una clara vuelta en U. El mandatario anunció que invertirá 75,000l millones de pesos adicionales en Pemex en 2019 y que buena parte de la inversión se enfocará a la refinación de gasolina. Su visión de las políticas energéticas anteriores quedó plasmada en la afirmación: "No es que haya faltado dinero, es que ha sobrado corrupción".

Si hubo corrupción, lo cual debe demostrarse con pruebas y procesos penales y no con declaraciones políticas, hay que castigar a los responsables. El perdón en estos casos es inaceptable. Sin embargo, la decisión de impulsar la producción de crudo a través de la apertura a la inversión privada se tomó por razones válidas que tienen que ver con la alta rentabilidad del petróleo frente a la gasolina.

Cuando Petróleos Mexicanos daba todavía información de sus subsidiarias, Pemex Refinación tenía enormes y sistemáticas pérdidas. Su única refinería que no perdía dinero era la de Deer Park, en Texas, que maneja su socia Shell y que no sufre ni la burocracia de Pemex ni los abusos del Sindicato Petrolero.

El presidente ha decidido no derogar la reforma energética, pero ha declarado que fue un fracaso porque no ha elevado la producción. Sin embargo, la reforma energética apenas se concluyó en 2014 y las subastas por campos de exploración o producción empezaron en 2015. Nadie que conozca la industria podría esperar que en ese tiempo empezaran a producir los campos licitados.

Aunque no ha querido modificar las leyes energéticas, López Obrador está cambiando el rumbo de manera radical. Ha suspendido, para empezar, las nuevas subastas. Las siguientes perforaciones las hará directamente Pemex. Los campos ya licitados se mantendrán en operación, pero solo hay garantía por 3 años: "El compromiso nuestro -dice- es dar una tregua de 3 años para que haya resultados".

Al impulsar la producción de gasolina y no ofrecer más subastas de campos, el presidente está dando marcha atrás a la reforma en términos prácticos. Sus ataques contra los organismos reguladores, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, perfilan también un regreso a los tiempos en que el gobierno era juez y parte en el negocio petrolero a través de la Secretaría de Energía y Pemex.

No sorprende que las calificadoras internacionales hayan mostrado preocupación. Ante la fuerte deuda petrolera, el que la política energética se dedique a un producto poco rentable, la gasolina, y no se hagan nuevas subastas de campos de crudo, significa que hay una mayor posibilidad de que Pemex no pueda continuar dando en el futuro un servicio adecuado a sus pasivos. Hasta el momento las calificadoras solo han bajado la perspectiva de Pemex de estable a negativa, pero podrían quitarle el grado de inversión si advierten que se mantiene una estrategia sin viabilidad financiera.

Lo peor es que los contratos con empresas privadas están diseñados para dar al Estado mexicano y a Pemex todas las ventajas y quitarles riesgos. En algunos casos recibirán más del 70% de las regalías o del crudo. Si no hay petróleo, las empresas privadas se quedan con las pérdidas. Son condiciones inmejorables. En cambio, con la vuelta en U, Pemex y el gobierno tendrán que cargar nuevamente con todos los riesgos. Es una apuesta que solo puede resultar perdedora.

"Fue una decisión equivocada, diría antidemocrática". Así se expresó López Obrador de la decisión del Tribunal Electoral sobre la elección de Puebla, pero no la que le dio el triunfo a él en la presidencial, sino la que no se lo dio a Miguel Barbosa en la estatal.

La 4a. Transformación arrancó llena de conflictos. Se trata de imponer el cambio de régimen por la vía de la fuerza y por encima de todo. El discurso es noble y correcto: acabar con los privilegios y la corrupción, pero los cómos, que están haciendo crujir las instituciones, son inquietantes. Si no se ajustan al modelo y la ruta que plantea el presidente, serán ajustadas o eliminadas. Si las leyes no se ajustan a su realidad, las mayorías en las cámaras modificarán leyes y realidad. La famosa frase de Andrés Manuel López Obrador de "¡al diablo las instituciones!", cuando el Tribunal Electoral desestimó su impugnación presidencial y validó la victoria de Felipe Calderón en 2006, ha recuperado fuerza, con la diferencia que aquél candidato hoy es presidente de la república, y la retórica se convirtió en un recurso del poder.

La Suprema Corte de Justicia suspendió la ley que recorta los salarios hasta resolver si viola o no los artículos 75 y 127 constitucionales, y López Obrador declaró que como ganan salarios "estratosféricos" no entienden la realidad, escondiendo que la Corte sólo revisa si la ley aprobada por el legislativo, es legal. El choque avanza rápidamente. Los voceros del presidente en el Senado y el Congreso [Cámara de Diputados], Ricardo Monreal y Mario Delgado, afirman que no harán caso a la Corte, lo que llevará a un desacato. Si la Constitución estorba, al diablo la Constitución y quien la defienda.

Lo escribió el senador Félix Salgado Macedonio este domingo: "Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como virreyes, habrá que plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo también lo hizo. AMLO puede hacerlo". El senador propone un golpe de estado técnico a uno de los 3 poderes del Estado Mexicano, con una falacia. Zedillo, que también propició un golpe de estado técnico en 1995 y dejó sin Suprema Corte de Justicia al país durante 11 días, tuvo como objetivo una profunda reforma al poder judicial. Lo sugerido por el senador pretende desaparecerla porque desafió el deseo de su jefe político. Detrás de ello está la vieja idea en el equipo de López Obrador de crear un Tribunal Constitucional que sustituya a la Corte.

El viernes pasado, el presidente López Obrador criticó 2 órganos de regulación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este último está en fase de extinción, que vendrá con la abrogación de la Reforma Educativa, quizás la 1a. en ser desmantelada por el gobierno. Al INAI lo fustigó con varias mentiras, la mayor, haberlo acusado como explicación de su ineficiencia, de esconder todo lo relacionado con el Caso Odebrecht, cuando fue lo contrario. El INAI ordenó a la PGR que hiciera pública la información, que se negó a hacerla. Pero para efectos de su propósito, la postverdad pega bien, y el argumento que ganan mucho dinero para lo que hacen en un país de pobres que no se benefician de sus acciones, ayuda a sus propósitos.

El INAI va a desaparecer, o al menos es lo que desea López Obrador. En su gobierno ya circula el borrador para su liquidación y la creación de un zar contra la corrupción, que sería el instrumento del nuevo régimen para cumplir con esas funciones. De concretarse el plan, el INAI sería la 1a. institución de 2a. generación democrática en desaparecer, dentro de este proceso de desmantelamiento acelerado del andamiaje construido por años como parte del desarrollo nacional. El zar dependería del ejecutivo y no sería un contrapeso para el ejecutivo. No respondería a las inquietudes de los ciudadanos, sino a los intereses del presidente. No sería transparente, sino opaco, ni tampoco buscaría que el gobierno rindiera cuentas, al ser el propio gobierno el que administraría qué cuentas hay que saldar.

Al presidente López Obrador no le gustan las instituciones que existen. Ha hablado contra el Instituto Nacional Electoral, y sugerido del manejo de las elecciones regrese a la Secretaría de Gobernación, como sucedía en el pasado. Se le atoran las comisiones de derechos humanos y como jefe de gobierno en la Ciudad de México hizo caso omiso a sus recomendaciones. No le gusta la prensa crítica, y sólo reconoce como honesta a quien ha estado incondicionalmente de su lado. Todo gobierno pasado, desde 1980 a la fecha, afirma, o fue corrupto o aquellos que no participaron de la corrupción en forma directa, fueron sus "personeros". Desde que gobernaba la Ciudad de México ha tratado de darles la vuelta hasta derrotarlas. El momento llegó.

A López Obrador hay que leerlo al pie de la letra. El proceso del cambio de régimen, aunque a trompicones, avanza en medio del conflicto y la violencia política. Las consecuencias aún no se alcanzan de ver en todo su alcance y magnitud. El caso de los bonos del aeropuerto en Texcoco es un ejemplo, y viene en camino otro potencial conflicto con empresas y gobiernos extranjeros con la Reforma Energética al cancelar las próximas rondas de exploración y perforación, antesala de que si no la abroga, la congela. El estilo mostrado por López Obrador no abre las puertas que tienen las democracias, donde los equilibrios entre los poderes los obligan a interactuar y a negociar. La negociación con sus opositores está cancelada. No tiene tiempo para ello. Las cosas se harán como las quiere tan rápido como necesite, hasta que la cuerda, si se llega a ello, se rompa.

A los tenedores de los bonos no les importa en realidad si el aeropuerto se construye en Texcoco, Santa Lucía o si sólo se amplía el aeropuerto Benito Juárez. A ellos lo que les importa es contar con la certeza de que van a recibir sus pagos.

Lo que hizo que el precio de los bonos se derrumbara ante el anuncio de que el proyecto sería cancelado, fue la percepción de que, sin Texcoco, los flujos que recibiría el Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM) por la TUA futura, podrían no ser suficientes para cubrir los pagos de la deuda y al mismo tiempo mantener las condiciones operativas del actual aeropuerto.

También temen que, si hubiera un nuevo proyecto en Santa Lucía, el GACM pudiera tomar los recursos de la TUA para financiar ese proyecto, lo que igualmente bajaría su capacidad de pago.

Si la decisión del gobierno hubiera sido recomprar la totalidad de la deuda emitida, los 6,000 millones de dólares, no existiría ya ningún problema, pues se pagaría toda la deuda. Y en todo caso, sería un asunto de precio lo que definiría la aceptación de la recompra o no.

Como son 1,800 millones a lo sumo, se deja viva una deuda de al menos 4,200 millones de dólares que requiere contar con garantías suficientes de que puede pagarse.

Curiosamente, si en el Presupuesto para 2019 aparecen suficientes fondos para Santa Lucía o para la modernización del actual aeropuerto, ese será una buena señal para los tenedores de los bonos, porque implica que esos proyectos no distraerán los recursos de la TUA.

Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la corrupción, pero su visión de ella es bastante peculiar. Para él corrupción es usar un avión presidencial, despachar en una oficina o tener sueldos públicos altos.

El avión presidencial era un instrumento de trabajo, que utilizan la mayor parte de los gobernantes del mundo. Los Pinos es una oficina hecha para el funcionamiento de un gobierno; emplearla no es un acto de corrupción, como tampoco lo es usar un monumento histórico, como Palacio Nacional, como oficina. Los sueldos de los funcionarios son la remuneración por un trabajo y no un acto de corrupción.

El ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad por la reducción forzada de salarios. No sorprende: él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, el presidente López Obrador y los líderes de Morena se lanzaron contra la Corte. El mandatario declaró: "En el caso del poder judicial, si ellos mismos van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600,000 mensuales, pues están dando un mal ejemplo quienes deberían impartir justicia... Es un acto de deshonestidad. Esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible, ni son partidarios de verdad de la justicia". ¿Por qué habría de ser deshonesto recibir un sueldo alto? López Obrador no lo explica, simplemente lo da por hecho.

Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, lanzó en Twitter la amenaza de que el congreso no obedecería la suspensión: "A pesar de la suspensión..., en el decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que @lopezobrador_ como lo ordena la Constitución. Aunque se resistan, habrá #AusteridadRepublicana". Esto es una virtual amenaza de golpe de estado. Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, añadió: "La falta de cuidado y tacto social del Poder Judicial y la oposición partidista, al proteger privilegios, adelanta un episodio de confrontación entre aquél y el Poder Legislativo...".

Nuestro régimen jurídico impone barreras a la reducción forzada de salarios. El artículo 14 de la Constitución establece: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Este es, de hecho, un principio jurídico universal. Además, el artículo 94 de la Constitución dice: "La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo".

Si el nuevo grupo en el poder quiere disminuir los sueldos de funcionarios o jueces, tendrá que hacerlo a partir de las nuevas contrataciones o nombramientos. Esto dice la ley y los nuevos gobernantes juraron cumplirla y hacerla cumplir. Hoy amenazan con desconocer los fallos de la Corte, y lo peor es que lo hacen sin ofrecer ninguna explicación de por qué bajar los sueldos ayudaría a combatir la corrupción.

Cuando AMLO sostuvo que al vender el avión presidencial México ahorraría 100 millones de dólares, se equivocaba de punta a punta. ¿Razones? El aeroplano no es propiedad de México y, por ende, no puede enajenarlo. Es como quien arrienda un automóvil en una agencia y tratara de venderlo sin tener derecho a ello. Si el gobierno mexicano hubiera adquirido el avión por medio de un contrato de compraventa, sin duda alguna podría colocarlo entre los multibillonarios de los Estados Unidos y tratar de recuperar así una parte los recursos públicos invertidos. Solo que la operación de marras se llevó a cabo por medio de un contrato de arrendamiento financiero llamado leasing, por medio del cual el arrendador, o sea el legítimo propietario, concede al arrendatario el uso y goce del aparato mediante el pago de una renta mensual. Al término del contrato se puede ejercer una opción de compra, con la cual el activo ahora sí podría pasar a ser propiedad de quien hubiera sido el arrendatario. En el evento, como es el caso, que el gobierno decidiera dar por terminado anticipadamente el contrato de referencia, entonces tendría que pagar las penalizaciones pactadas que podrían elevarse a más de 90 millones de dólares. Es decir: México no habría ahorrado 100 millones de dólares al vender el avión, sino que tendrá que desembolsar coactivamente la cantidad antes mencionada.

Otro error de cálculo lo encontramos en los elevadísimos castigos por intentar cancelar la construcción del NAICM. Los tenedores de los "bonos verdes" por valor de 6,000 millones de dólares con los que se planeaba, entre otros financiamientos, concluir la edificación de la obra de ingeniería civil mexicana más importante nuestra historia no están dispuestos a aceptar pérdidas patrimoniales solo por el capricho del presidente de la república. Los tribunales mexicanos son incompetentes para conocer de este asunto. Así de fácil. Existe obviamente un contrato, en donde se especifican las penalizaciones en el evento que México quisiera dar por terminado anticipadamente la relación contractual. A nadie escapa que los 1,800 millones de dólares con los que el gobierno pretende adquirir una parte de dichos bonos, o sea, más de 36,000 millones de pesos, irían a dar directamente al bote de la basura en un país con 50 millones de compatriotas en la pobreza. A lo anterior habría que agregar otros 150,000 millones de pesos ya invertidos en el aeropuerto, que de llegar a cancelarse definitivamente, quedarían como un monumento a la insensibilidad, a la necedad y a la torpeza más grande de la que se tenga memoria. Alguien tendría que atreverse a explicarle a López Obrador que la única opción existente para no continuar dañando el crédito público de México y rescatar esa montaña de dinero hoy enterrada es continuar con el NAICM, sobre la base de que un consorcio empresarial le devuelva al gobierno federal en un plazo convenido, los capitales invertidos en la obra y se le concesione a la iniciativa privada para su debida explotación con sus enormes beneficios económicos y sociales.

Pero hay más, muchos más errores de cálculo, como el catastrófico daño causado a las afores, esos magníficos fondos de ahorro de los trabajadores mexicanos que han visto severamente dañado su futuro económico, ya que se tenían invertidos miles de millones de pesos en el aeropuerto. La decisión de la cancelación se traduciría en una pérdida gigantesca cercana a los 136,000 millones de pesos que estaban destinados a financiar sus pensiones y sus jubilaciones. Un presidente que se dice de izquierda, ¿puede dejar sin empleo, por lo pronto, a casi 50,000 empleados del NAICM y no le agrede ni le alarma que el fondo de ahorro de los trabajadores se vea tan lastimado por un capricho suyo?

En este delicado recuento me resulta imposible dejar en el tintero los supuestos beneficios que el gobierno hubiera llegado tener al reducir los ingresos de la alta burocracia. En la decisión no solo se perdió de vista que la Corte podría llegar a frenarla, tal y como ocurrió, sino que no se tomó en consideración que si un funcionario público ganaba 100,000 pesos mensuales y sus ingresos se le reducían, modo de ejemplo, a la mitad, el ahorro por este concepto, según la autoridad sería por 50,000 pesos. ¡Falso! En los 100,000 pesos del caso, al funcionario se le retenían, pesos más pesos menos, el 30% por concepto del ISR que ya eran recursos propiedad del gobierno, de modo que el ahorro se podría reducir a 20,000 pesos. A lo anterior habría que agregar el importe de la indemnización por despido del funcionario que no iba aceptar la reducción arbitraria de su salario cuando tiene a su favor protecciones legales para impedirlo. La alta burocracia podría aceptar la disminución de su salario siempre y cuando se le liquidara en términos de ley y se le volviera contratar. En este caso la indemnización a los trabajadores al servicio del estado se elevaría a 150,000 millones de pesos que deberían aparecer en el próximo presupuesto federal de egresos.

Otro error de cálculo consiste analizar el castigo que resentirían las finanzas nacionales si se subieran o dispararan las tasas de interés derivadas de la monstruosa deuda pública contratada por Peña Nieto y Videgaray. Por cada punto que se incrementen las tasas de interés, México tendrá que pagar alrededor de 70,000 millones de pesos, lo cual podría afectar el presupuesto público del 2019 y los planes de auxilio social del presidente. No quisiera imaginarme que la banca mundial nos subiera 2 o 3 puntos las tasas de interés ante el evento, nada remoto, que se incrementara el riesgo país y se nos bajara nuestra calidad crediticia. Menudo desastre.

En resumen, a la temeraria decisión del AMLO de controlar los mercados y cancelar el aeropuerto como parte de un arrebato deben sumarse los errores de cálculo, en donde el conjunto equivale a ir sentados en un tobogán sin control en dirección al abismo.

Pese a lo que afirman los que ya viven en el futuro, aunque eso sea siempre algo tan incierto, el compromiso del presidente en el tema de los energéticos puede ser bastante esperanzador si no deja de lado la búsqueda de nuevas fuentes de energía ajenas al petróleo.

Otra derogación, la "mal llamada" reforma educativa, no resuelve desde luego el grave problema del estancamiento educativo nacional que nos sigue situando entre los países con menores resultados en este trascendental rubro ¿cuál será la nueva opción?

2 enfoques más. Habló del final definitivo de la corrupción frente a un auditorio bastante familiarizado con ella, incluso, muchos de los presentes, estaban ahí precisamente gracias a ella. Afirmó contundente que "primero los pobres", y todos aplaudieron, sólo que en ese espacio no había un solo pobre.

"Cuarta Transformación de México", título que AMLO decidió darle a los planes de gobierno de su "Movimiento de Regeneración Nacional" (Morena) y a su "Proyecto de Nación" con el que "Juntos haremos historia".

Títulos, frases y nombres de marketing político cuya calidad y eficacia debemos reconocerle, pero que en mi opinión reflejan una obsesión personal de "hacer historia" de "pasar a la historia", antes inclusive de haber hecho o logrado nada, comparando sus promesas, la corriente política que encabeza y a él mismo, con movimientos clave en la construcción del país y los héroes de la historia nacional que los encabezaron, como lo fue Hidalgo en la Independencia (Primera Transformación), Juárez en la Reforma (Segunda Transformación) y Madero en la Revolución (Tercera Transformación).

Si AMLO pasará o no a la historia como un transformador de la vida nacional no es algo que se pueda evaluar y valorar ahora. Está bien ponerse metas ambiciosas, pero una cosa es elevar las miras y proponerse cambiar las cosas, y otra autodeclararse reformador, confundiendo intenciones con logros.

Hay que recordarle a AMLO y a sus seguidores que también se pasa a la historia de manera nefasta. Basta recordar a Hitler, Chávez, Castro, Bin Laden, Hussein, Stalin, etc.

Los títulos de "transformador", "redentor", "mesías", o de haber "cambiado la historia" son una consecuencia, no una meta. Son la consecuencia de haber logrado, no de haber prometido. De haber sido, no de haber deseado ser.

Hasta hoy la "Cuarta Transformación" es sólo una frase pretenciosa y ambiciosa que sirvió para ganar votos y fervientes adeptos.

Ahora bien, ¿qué es, en qué consiste la llamada Cuarta Transformación?

Intentando descifrarla, se medio entiende como la intención de: acabar con la corrupción, aunque ésta sólo puede reducirse mas nunca acabarse; fortalecer el mercado interno produciendo en nuestra tierra todo lo que necesitamos consumir, aunque todo lo que necesitamos no se pueda o convenga producirlo en México; pacificar al país, aunque sea perdonando corruptos y delincuentes; y lo que no se entiende, o al menos yo no lo entiendo, es en qué consiste la abstracta intención de "refundar el Estado mexicano". ¿Refundar significa que buscará cambiar la Constitución completa o aquellos artículos que sostienen, por ejemplo, la democracia, la separación de poderes o la libertad de expresión?

Pienso que más que transformar, lo que AMLO está haciendo es emular lo que Hidalgo, Juárez y Madero hicieron siglos atrás.

Hidalgo encabezó el movimiento de Independencia para liberarnos de 300 años de dominio español. AMLO emula este evento en la reivindicación de los pueblos indígenas, pero no para insertarlos en la modernidad sino para "que todo mexicano pueda ser feliz donde nació, donde están sus costumbres y tradiciones".

Juárez, separó la Iglesia del Estado y estableció el principio de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de los conflictos.

AMLO pretende separar a ricos de los pobres y pacificar el país simplemente dejando de pelear contra los grandes delincuentes y corruptos, lo que significa aplicar la ley selectivamente. Así, mientras Juárez impulsó la paz entre las naciones, AMLO impulsa la impunidad entre los mexicanos.

Madero terminó con la dictadura de Porfirio Díaz, y estableció el principio de sufragio efectivo no reelección. AMLO pretende modificar la Constitución en lo necesario para que, sin reelegirse (al menos así lo ha dicho), sus ideas perduren y sean seguidas por otros (como Maduro siguió las de Chávez) tal como lo dijo: si mañana Morena deja de ser gobierno, que a los vencedores "les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir".

Ojalá y me equivoque, pero veo a la llamada "Cuarta Transformación" como una nostalgia que resucita el pasado glorioso para nunca salir de él.

El tono empleado por los nuevos funcionarios ha conducido a que algunas empresas ya estén valorando si siguen con los proyectos [relacionados con la Reforma Energética] o de plano desisten, ante la percepción de que habría riesgos en el futuro.

Por lo pronto, habrá que estar muy atentos de los anuncios del próximo domingo, cuando se revelará el plan completo de refinación. Y en una semana más tendremos el plan de producción de Pemex.

Esperemos que no haya sorpresas que derrumben los mercados.

(V.periódico El Financiero en línea del 7 de diciembre de 2018).

Atrás ya dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de "la mafia del poder" para referirse a sus adversarios y a quienes discrepan de su proyecto de nación. Ahora los llama conservadores, al evocar la República Restaurada de Benito Juárez, que es en dónde él gusta ubicarse, y que acabó con el imperio de Maximiliano. El discurso juega en las antípodas y difícilmente existen áreas grises entre sus 2 polos. No es fácil ubicar la confrontación cotidiana entre liberales y conservadores salvo en un solo lugar, en este momento, de alta relevancia para el equilibrio del poder y la definición de México en los próximos años, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a principios de 2019, en la 1a. decisión de gran calado, los ministros elegirán a su presidente por los próximos 4 años.

Los punteros son 2 ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El 1o. respaldado por el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El 2o., Arturo Zaldívar, tan cercano a López Obrador que ha tenido muestras de gran afecto en público hacia él, está en el lado de los liberales. Las definiciones vendrán en los próximos días, al cerrarse el 13 de diciembre el ciclo de Pardo, quien rendirá su último informe como presidente de la Corte y se irán de vacaciones. Sin embargo, la decisión sobre a quién elegirán en enero, terminará de cocinarse mientras oficialmente están fuera del trabajo.

Las diferencias entre conservadores y liberales en una institución como la Suprema Corte, en México o en otras democracias occidentales, son notables. Un ministro conservador siempre se apega al texto del estatuto, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa, por ejemplo una inconstitucionalidad, bajo la premisa que quienes cambian las leyes son las legislaturas, no las cortes. Los liberales, en cambio, utilizan la historia y el propósito del estatuto como una herramienta para interpretar la ley, por lo cual tienden a darle a la gente una mayor libertad.

En el discurso del desde ayer gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro hay 3 muy claras tomas de distancia con López Obrador. La 1a. es que en Jalisco la Reforma Educativa se corrige, pero no se cancela: habrá evaluación a maestros y a alumnos. La 2a. es un no a la militarización de la seguridad pública; colaboración de con las fuerzas armadas, dijo, pero no policía militarizada (aunque él mismo haya recurrido a un militar para encabezar la Secretaria de Seguridad). La 3a. y más importante es que plantea una visión de futuro y no instalarse en un pasado glorificado, en clara alusión a la restauración del México de los 60 del que habló el Presidente en su discurso del sábado pasado.

La figura de Carlos Lomelí, lo confirmamos ayer, es profundamente odiosa para Alfaro. El gobernador naranja lo trae atravesado. No es un pleito de vecindario sino algo más hondo que sólo alimenta un sentimiento tan profundo como el de la traición.

Aunque Andrés Manuel dijo que los superdelegados dejarían de ser secretarios técnicos de las mesas de seguridad, y acudirían en calidad de invitados, Alfaro ya puso un alto.

Tras instalar el Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador aseguró que si la federación desea integrar a un funcionario al margen de la ley, se deberá votar su integración.

El Consejo, conformado por alcaldes naranjas y Alfaro, ¿creen que le permitirán el ingreso a Lomelí?

El conflicto Andrés Manuel versus Alfaro versus Lomelí no tiene pinta de terminar aún.