¿Estado de Derecho 2010?

La pesadilla le ocurrió a la señora Benita Monárrez y a sus hijos, luego de que en Noviembre de 2001, en los campos algodoneros, fueron encontrados los cadáveres de 8 jovencitas, entre ellos el de su hija Laura Berenice: "Tuve que salir de mi país porque en alguna ocasión trataron de arrollarnos a mis 2 hijos menores y a mí, y tuve que pedir asilo en los Estados Unidos, porque después de que no buscaron a mi hija yo formé una organización que se llamó Integración de Madres por Juárez".

La señora Monárrez debió huir de Ciudad Juárez el 4 de Septiembre de 2006. Por demandar que se encontrara a los culpables del crimen de su hija, por denunciar la ineficiente investigación de la Procuraduría, por demostrar la complicidad de las autoridades, por investigar por su cuenta, por protestar, fue víctima de hostigamiento, malos tratos e intimidación de funcionarios y policías estatales y federales.

A ella y a su familia la persiguieron en vehículos policiacos, las llamaron innumerables ocasiones por vía telefónica para amenazarlas de muerte, desconocidos ingresaron ilegalmente a su casa a hurtar documentos, intentaron raptarle a una nieta, le colocaron en la cabeza un arma a una de sus hijas para que no continuaran denunciando, etcétera. Un juez estadounidense aprobó otorgarles asilo, dados los peligros que enfrentaban.

Nada ha cambiado. Ante la ineptitud de las autoridades estatales y federales, en 2010 la historia se repite con similar trama: una joven es asesinada, la madre de la joven se pone a investigar por su cuenta, exige justicia a la Procuraduría, organiza protestas, la hostigan y amenazan de muerte, y ella, a su vez, es victimada cobardemente frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sí, se trata del crimen de la señora Marisela Escobedo, cometido este mes.

Pero la historia no culmina ahí: al igual que con madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, ahora familiares de la señora Marisela Escobedo también debieron buscar asilo en Estados Unidos. Se trasladaron hasta El Paso, Texas, el pasado 18 de diciembre, dos días después del asesinato. "Tenían mucho miedo y estaban nerviosísimos", dijo un testigo.

Exigir justicia en México es peligroso. Atreverse podría significar pagarlo con la vida. Salvo, claro, que el ofendido y su familia tengan abundantes recursos económicos e "influencias". El agraviado puede tener en contra no solo a los agresores o delincuentes. También a policías, a funcionarios y hasta a jueces. La víctima es doble o triple víctima al ser atrapada por un sistema policiaco y judicial como el mexicano: corrupto, ineficiente y cómplice.

Sergio René de Dios Corona
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de diciembre de 2010).

Felipe Calderón calificó de "rollo" el largo comunicado que enviaron a la opinión pública los plagiarios de Diego Fernández de Cevallos. Probablemente con tal descalificación Felipe pretende que restemos importancia al hecho de que el gobierno renunció a sus obligaciones elementales, "a petición de la familia" de Diego. El hecho mismo de que se dijera que la intervención oficial podría entorpecer las negociaciones y poner el peligro la vida de Diego es un reconocimiento de la ineptitud del gobierno en el tema de la seguridad pública: ¿es imposible intervenir, investigar y actuar sin poner en riesgo la vida del secuestrado?

Volviendo a sus plagiarios, supongamos que, en efecto, se trata de una organización ideológica, preocupada por transformar la sociedad, la política y la economía nacionales. Entre muchas otras cosas, dicho movimiento justifica el recurso a la violencia como un ingrediente de justicia. Quiso que el secuestro de Diego fuera tomado como "una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable, una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad". Es precisamente lo que sucede cuando impera la impunidad, cuando crímenes como los de los hijos de Isabel Miranda de Wallace o Marisela Escobedo son relegados por las autoridades, y cuando la búsqueda legal de la justicia lleva al asesinato de la señora Escobedo. Entonces más grupos e individuos pensarán que lo único eficaz será buscar justicia por propia mano, considerando la violencia -revolucionaria o no- como una vía legítima de justicia. Avanza el deterioro institucional.

José Antonio Crespo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de diciembre de 2010).

Entre lo más positivo de 2010 destaca la elevación a rango constitucional de las Acciones Colectivas, lo que permitirá una agregación de demandas individuales que comparten un problema común, lo cual podría facilitar la impartición de justicia a favor de grupos organizados.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.17 del periódico Público del 24 de diciembre de 2010).

Lo que se puede reconstruir a partir de conversaciones con personas que conocen los detalles de primera mano, son los primeros momentos tras el secuestro, que definieron no sólo el proceso de negociación, sino al gobierno mexicano. Tras la acción, socios de Fernández de Cevallos y su hijo mayor Diego, hablaron con los expertos del gobierno federal en movimientos armados, quienes les dijeron cuáles serían los movimientos de sus captores y ofrecieron hacerse cargo del caso.

Los socios de Fernández de Cevallos rechazaron la oferta porque eso significaba abrirles la lista de clientes del despacho del abogado y sus contratos. Ese dato era relevante para efectos de negociación del monto, pues la experiencia es que algunos secuestrados con personalidad fuerte -como era el caso-, buscan negociar en cautiverio y dan más información de la que pudiera dar un negociador entrenado.

Entre ese grupo se encontraba el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el procurador general, Arturo Chávez -abogados cercanos a El Jefe Diego-, quienes no actuaron como funcionarios sino como parte afectada. En esas reuniones se encuentra la claudicación del gobierno, y la PGR en específico, para que interviniera de oficio en la investigación del caso. El presidente autorizó que el gobierno, incumpliendo con sus obligaciones, se mantuviera al margen.

Raymundo Riva Palacio
(v.periódico Vanguardia en línea del 22 de diciembre de 2010).

El gobierno federal ha insistido siempre en que los ciudadanos denunciemos los delitos de los que seamos víctimas, así como movimientos sospechosos que pasen a nuestro alrededor y que podrían ser propios del crimen organizado. Recientemente, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, recomendó que perdamos el miedo para hacer denuncias anónimas como ingrediente esencial de la estrategia contra el crimen y la inseguridad. Se puede coincidir con dicha afirmación; con denuncias públicas se podría avanzar significativamente contra la delincuencia organizada, o no. Pero, a su vez, eso requiere de algo que no prevalece en nuestra sociedad: confianza en las instituciones públicas, policías, procuración de justicia, jueces y tribunales. No hay dicha confianza porque tales instituciones están profundamente corrompidas; son ineficaces, torpes, negligentes y altamente penetradas o cooptadas por el crimen organizado.

La disfuncionalidad mexicana se refleja como fiel espejo en los casos de las activistas Isabel Miranda de Wallace y Marisela Escobedo, que corrieron con suerte diversa. Ante la ineficacia o desdén de policías y ministerios públicos, decidieron hacer una investigación particular para encontrar a los asesinos de sus respectivos hijos (Hugo y Rubí).

La señora Escobedo protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando fue asesinada justo ahí. Había recibido amenazas de muerte por los familiares de Barraza, lo que provocó que exclamara: "Si me van a asesinar, que sea frente al Palacio de Gobierno, para que les dé vergüenza". Pero vergüenza es lo que menos les da. El gobierno había proporcionado una "protección discreta", tan discreta que no sirvió de nada; murió la activista y escaparon los asesinos. Ahora el gobierno dice que procesará a los jueces que dejaron ir a Sergio Barraza. ¿Hubo de morir la señora Escobedo para ello? Sí. La pregunta inevitable es: ¿Cómo ganar una guerra contra el crimen -organizado y no- con un sistema policial, ministerial y de justicia tan ineficaz y corrupto como el mexicano? La respuesta es obvia: no puede ganarse... aunque, en su obcecación, no quiera verlo Felipe Calderón.

José Antonio Crespo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de diciembre de 2010).

Tal vez la gran tragedia para este país, es que una buena parte de la sociedad civil (activistas y defensoras de los derechos humanos) trabaja creyendo que ésta es una labor de colaboración con el Estado, que a pesar de las críticas hay una coincidencia en la meta: un país mejor. Pero en realidad las grandes coincidencias las tienen los delincuentes y el crimen organizado con el estado mexicano. Ellos saben que mientras la sangre corre por las calles, los políticos entretenidos en sus juegos de dimes y diretes, tras la puerta cerrada, enviarán condolencias mediáticas o por Twitter. Mientras que los delincuentes consideran una amenaza a las defensoras de derechos humanos, pero no al Estado.

Las madres y los padres van dejando la vida por ir tras la memoria de sus muertas, van siguiendo las huellas de violadores, asesinos, sicarios, narcotraficantes, tratantes o policías que previendo su impunidad, se atreven a exterminar a sus novias, esposas, amigas, empleadas, esclavas o desconocidas. Y las matan porque quieren y porque pueden hacerlo.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2010).

No todos tenemos la admirable entereza de Isabel Miranda de Wallace, pero estoy seguro que usted y yo, lector, pensaríamos hacer algo similar en caso de que un hijo o una hija fuesen asesinados de manera arbitraria y salvaje. Y sin embargo, tendríamos que preguntarnos si no estamos abriendo una caja de Pandora al concluir que la obtención de justicia pasa necesariamente por la conversión en detectives de madres y familiares de las víctimas.

Justamente eso es lo que tuvo que hacer la señora Marisela Escobedo, acribillada el jueves pasado, quien persiguió durante 2 años a Sergio Rafael Barraza, asesino de su hija de 16 años, Rubí Marisol. La señora Escobedo no sólo se dedicó a buscar pruebas que demostraran la culpabilidad de Barraza, ex pareja sentimental de su hija. Sabedora de la ineficiencia de las autoridades, ella misma investigó durante meses el paradero del asesino prófugo, hasta encontrarlo: vivía en Zacatecas. Marisela Escobedo dio con la casa, atestiguó la presencia de Barraza y llamó a las autoridades para exigir su detención. El tipo logró escapar y meses después, todo indica, mandó a ejecutar a su perseguidora.

Un primer problema de la obtención de justicia por iniciativa propia, es que hace muy vulnerables a las perseguidoras. El asesino, o asesinos, saben que su fiscal ciudadana tiene nombre, cara y domicilio, y suponen, a veces con razón, que bastaría con suprimir a su "cazadora", para librarse de la persecución. Una cosa es ser buscado y acechado por la maquinaria del Estado, y otra por una señora o una familia que pueden ser amenazadas y ultimadas.

La sociedad mexicana no puede darse el lujo de que el asesinato de Marisela Escobedo quede impune. Si Barraza se sale con la suya, todas las futuras Miranda de Wallace estarán en peligro de muerte. Debe pasarse el mensaje a estos asesinos que todo intento para suprimir a una madre "justiciera" desencadenará una cacería del poder judicial a escala nacional.

Con todo, el riesgo seguirá latente mientras las víctimas tengan que convertirse en Ministerio Público improvisado frente a la incapacidad del Estado para impartir justicia y para proteger a quienes trabajan contra la impunidad.

Un segundo problema reside justamente en el hecho de que se trata de una improvisación. Es impresionante lo que la señora Isabel Miranda aprendió sobre procesos judiciales e investigación policiaca. Marisela Escobedo se sumergió en las profundidades del nuevo sistema de juicios orales para documentar la evidencia que mostrara la culpabilidad del asesino de su hija. Pero en la medida en que se generalice el ejemplo de estas madres admirables, veremos pulular por todo el territorio una legión de "detectives" cargados de dolor, resentimiento e indignación, en busca de culpables, reales o supuestos.

Por desgracia no en todos los casos habrá el prurito que la señora Miranda de Wallace y Marisela Escobedo tuvieron para poner nombre y apellido a los culpables a partir de investigaciones judicialmente sólidas. Pero si se generaliza la búsqueda de justicia por vías particulares, no es escaso el riesgo de acusaciones en contra de inocentes en el contexto de entramados cargados de prejuicios y pasiones previas a los hechos de sangre. Lo último que necesita nuestro precario y abrumado sistema de justicia es un alud de particulares convertidos en vengadores justicieros.

¿Dónde establecer la línea que divida los casos gratos y los no gratos de "vigilantes" de justicia por mano propia? Las asociaciones feministas tuvieron que documentar los delitos del tratante de niñas, Jean Succar Kuri, para obligar a las autoridades a detenerlo y eventualmente impedir su fuga de la cárcel. Las madres de Juárez tienen años documentado expedientes paralelos a los del Ministerio Público para evitar condenas a "chivos expiatorios". Es un trabajo valiente e insustituible. Pero en la medida en que asumimos como normal la incapacidad del Estado en materia de procuración de justicia, abrimos la puerta para una intervención cada vez más activa por parte de familiares y particulares. Un clima que a la larga podría ser del todo contraproducente.

Por eso es que me parece que el verdadero tributo al heroísmo individual de mujeres como Miranda de Wallace y Marisela Escobedo sería el compromiso del estado mexicano para protegerlas y no exponerlas. La primera es un caso exitoso y la segunda un capítulo vergonzoso de la misma infamia: la ineptitud de nuestro aparato de justicia.

Jorge Zepeda Patterson
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2010).

Hace tiempo que una imagen de un noticiero televisivo no me conmocionaba como la que atestigüé la noche del jueves y volví a ver atónito el viernes. Dura apenas unos segundos. Pero es brutal. Es un crimen a sangre fría, una acción espeluznante de un sujeto que, por la espalda, corriendo detrás de ella, le perfora la cabeza a una mujer de un balazo. En plena calle, con decenas de autos circulando y sorteando a los dos personajes del video, tomado por una cámara de vigilancia (¿qué vigilan, a quién vigilan esas cámaras que pueblan los cruceros de todas las ciudades del país lleno de asesinatos callejeros?), el crimen queda registrado como uno más.

La nota principal de El Universal del sábado 18 de diciembre presentó a los lectores una entrada periodísticamente impecable, demoledora, que sintetizó la fuerza del drama de una mujer, de una familia, cuyo caso ahora está en el centro de la discusión pública porque sintetiza la corrupción, la impunidad, la indolencia, la desvergüenza de funcionarios, ministerios públicos, jueces, gobernantes, que prefieren dejar pasar que comprometerse con la sociedad:

"Una bala mató el jueves a las 8 de la noche a Marisela Escobedo, pero desde hace 2 años, la impunidad, la corrupción y las fallas en el sistema penal ya la habían herido de muerte, cuando le negaron justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol, de 16 años."

Conocido el oprobioso asesinato cometido a las puertas del "Palacio de Gobierno" (así, con esas ínfulas describen los inmuebles en los que pasan las horas quienes debieran trabajar al servicio de la comunidad), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos distribuyeron un comunicado en el que son puntualmente descriptivos sobre lo que pasó en el caso de los crímenes de Rubí, primero, y de su madre Marisela, después: "La falta de coordinación, incapacidad, omisiones, desprecio, negligencia e impunidad en el feminicidio de Rubí, de las autoridades federales y estatales, contribuyeron a generar un contexto permisivo para que se privara de la vida a la señora Marisela Escobedo".

Usted puede agregar otros calificativos y otras expresiones descriptivas de la conducta de quienes tienen la responsabilidad constitucional de velar por la seguridad de los ciudadanos. Por más juicios negativos que se acumulen a esa bola de parásitos que cobran como "servidores públicos", de todos modos nos quedaremos cortos. Y mañana, por desgracia, el caso de Marisela será una anécdota en la historia de la criminalidad del país, pese a los esfuerzos de ella y otras madres que sólo piden justicia.

No podemos acostumbrarnos a ser testigos de estos hechos en los noticieros televisivos, como si fueran un macabro reality show producido al alimón por las bandas criminales y sus comparsas en el gobierno.

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.11-B del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2010).

La tragedia de Marisela sólo se puede atribuir a la podredumbre que impera en nuestros sistemas social, político, jurídico y policiaco. Tres jueces declararon inocente al homicida confeso y ex pareja de su hija Rubí, lo que la convirtió en una activista en busca de que el responsable de arrebatarle a su niña cumpliera el castigo por haberle quitado la vida.

Por fortuna, los esfuerzos de esta madre incansable tuvieron éxito, pero fue demasiado tarde. Un tribunal colegiado revirtió la sentencia que dejó libre al asesino de Rubí, pero el daño ya estaba hecho: el homicida confeso Sergio Rafael Barraza Bocanegra se dio a la fuga y hasta hora se desconoce su paradero.

En estos momentos de zozobra, no se puede evitar comparar su historia con la de otra madre coraje: Isabel Miranda de Wallace, quien durante 5 años luchó hasta ver tras las rejas a los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto. Y tampoco se puede evitar descubrir las diferencias.

Sin quitar mérito alguno a la señora Wallace, Marisela no tuvo el dinero para pagar espectaculares y ofrecer recompensa, no fue recibida en todos los medios ni tuvo trato especial de parte de autoridad alguna. La señora Escobedo fue protagonista de la triple tragedia de ser pobre, víctima de la injusticia y de las balas de los criminales. Eso es México, el país donde la justicia no es para todos.

Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 19 de diciembre de 2010).

La euforia generada por la lucha de Isabel Miranda de Wallace llevó a Felipe Calderón a regañar a su gabinete.

Palabras más, palabras menos, lo que Calderón le dijo a su gente fue que la sociedad civil estaba resultando más eficiente que ellos en la resolución de determinados conflictos.

¿Sabe usted lo que esto significa? ¿Lo que debió haber provocado hacia el interior del equipo de Felipe Calderón?

¡Y luego le dan el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace!

¿Usted cree que esto le haya gustado a todos los funcionarios de nuestro país? ¿Usted cree que esto dejó muy contento al crimen organizado? ¡Por supuesto que no!

En eso, como cosa hecha adrede, asesinan a Marisela Escobedo Ortiz, que era algo así como una sucursal de Isabel Miranda de Wallace. ¿A usted no se le hace demasiada coincidencia?

México apenas estaba comenzando a pensar que valía la pena exigir justicia cuando nos matan, de la manera más brutal, a una madre de familia cuyo único pecado era haber luchado por condenar al asesino confeso de su hija.

México apenas estaba descubriendo que protestar contra la delincuencia podía funcionar, cuando le dan un balazo en la cabeza a una pobre mujer por atreverse a protestar para que se le hiciera justicia a su hija muerta.

¿Puede haber un mensaje más macabro que ese video que le ha dado la vuelta a casi todos los medios de comunicación?

Esa escena amplificada hasta el cansancio de ese ser humano corriendo por su vida y cayendo al suelo de un plomazo pesa más que cualquier narcomanta que cualquier medio se haya negado a difundir.

¡Es monstruosa! ¡Es una advertencia! Es: mira lo que te va a pasar, pueblo de México, si te sigues atreviendo a creer que vas a poder salir de esto. Mira lo que te vamos a hacer si sigues exigiendo justicia.

Todo ahí era espantoso: la vulnerabilidad del espacio público, la indiferencia de los transeúntes, la ausencia de autoridad, el hecho de que ningún vehículo haya hecho algo para detener a los delincuentes.

Tenga miedo, asesinaron a una persona como usted o como yo, la mataron por exigir justicia y los medios nos reeducaron mostrándonos una y otra vez el instante de su muerte para que a la próxima nos quedemos callados.

Alvaro Cueva
(v.pág.14 del periódico Público del 19 de diciembre de 2010).

El homicidio de la activista Marisela Escobedo, el jueves por la noche frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, provocó que el Supremo Tribunal de Justicia suspendiera a los 3 jueces que absolvieron el pasado 29 de abril al asesino confeso de Rubí Frayre Escobedo, hija de la hoy fallecida.

La adolescente fue reportada desaparecida el 29 de enero de 2009.

Marisela, de 52 años, realizaba desde el año pasado una serie de protestas para exigir que la justicia aclarara el homicidio de su hija.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, lamentó el deceso de la activista, quien "siempre señaló al autor material de la muerte de su hija y que desgraciadamente fue liberado por 3 jueces, que insolentemente lo pusieron en libertad".

El presidente del Supremo Tribunal del Estado, Javier Ramírez Benítez, dijo que no se les había suspendido antes, debido a que el ejecutivo no había hecho la solicitud, sino hasta ayer por la mañana.

Agregó que la decisión suspende los derechos laborales de los jueces y se inicia una investigación de manera administrativa, que aplicará el Supremo Tribunal de Justicia que puede ser multa o suspensión del cargo.

(V.primera plana del periódico El Informador del 18 de diciembre de 2010).

Isabel Miranda de Wallace esta semana recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, de manos del Presidente de la República, quien no tuvo más que reconocer que el activismo de Isabel ha dejado en evidencia a las instituciones de seguridad y justicia por su ineptitud, por el desinterés y hasta por la filtración de la delincuencia en sus filas.

Isabel Miranda ha hecho y sigue haciendo tareas que corresponden al Estado, un Estado que debería ser garante y protector de sus ciudadanos. Pero realmente no ha sido "fuente de inspiración", aunque debería, ha hecho y logrado lo suficiente como para ser ejemplo, para verdaderamente cimbrar al aparato de seguridad y justicia de nuestro país, pero no, si así fuera, otra sería ahora la realidad de Marisela Escobedo Ortiz; estaría viva y seguramente el homicida de su hija tras las rejas.

Desde el asesinato de Rubí hace 2 años y con mayor fuerza desde que el asesino confeso fue absuelto, Marisela no paró un solo día en la búsqueda de justicia, no claudicó en su lucha contra la impunidad, contra la burocracia, contra la insensibilidad. Con plantones, caminatas, mantas y pancartas, acompañada por muchas otras madres que han perdido a sus hijas de manera similar, no se cansó, no se calló... la silenciaron.

Marisela hoy está muerta. Fue acribillada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Trató de huir pero fue en vano. Cayó inerme ante la persecución del asesino que fácilmente huyó en el automóvil que lo esperaba. ¿Quién se encargará ahora de hacer justicia por Rubí y por Marisela? ¿Quién, cuando Marisela dejó en evidencia una vez más que la justicia no es pareja? Ella denunció los privilegios del gobernador de Chihuahua, César Duarte, cuyo sobrino fue asesinado este año y este mismo año fue capturado al responsable.

Después de la absolución del asesino de Rubí, Marisela apeló y logró que el homicida fuera declarado culpable, pero estaba prófugo. No contenta con eso, ella lo localizó en Zacatecas y dio aviso a las autoridades, pero nunca fueron por él. Hoy Marisela está muerta y es una historia que se suma a decenas de historias de dolor y ausencia en México, a historias de impotencia, de lucha infructuosa, de impunidad.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de diciembre de 2010).

El asesinato de Marisela Escobedo demuestra el grado de ineficiencia que impera en los sistemas estatales de procuración y administración de justicia. Urge su revisión en el marco de la implementación de la reforma constitucional en materia penal.

Alejandro Martí
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 18 de diciembre de 2010).

Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de diciembre de 2010).

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de leyes y de normas.

Es decir, cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la Corte podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectivo.

De igual forma se modifica el amparo y el llamado "Efecto Otero", que sólo protege a las partes involucradas. Ahora con la declaratoria de inconstitucionalidad ésta será para todos los ciudadanos, y no sólo a la parte que impugnó.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2010).

Sin duda alguna, uno de los problemas que más severamente vivimos en México hoy día es la violencia mortal asociada con la delincuencia. Abundan las noticias sobre las ejecuciones consideradas como "ajustes entre mafias", que a fuerza de ser tan repetidas, ya no son vistas como noticia nueva, sino como hechos de la cotidianeidad. Asimismo, el sentido de seguridad en las comunidades es abrumado por el temor que impone la presencia dispersa de actividades "sospechosamente ilegales", que ni son atendidas por las autoridades ni son denunciadas por los vecinos ante el miedo a represalias.

Se reconoce que hay 3 ámbitos de violencia y agresión que se dan por el fenómeno de la delincuencia (los que son entre ellos mismos, los que son contra las autoridades y los que son contra la sociedad). Quienes han estudiado el tema con entereza y seriedad reconocen que esta violencia surge de la pugna por dominar los mercados altamente lucrativos, cuyas ganancias están aseguradas por la ilegalidad misma (porque la oferta tiene una alta demanda segura en un mercado negro extendido).

Norberto Alvarez Romo, presidente de Ecometrópolis,A.C.
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2010).

Comerciantes oaxaqueños integrados en la organización "14 de Junio" bloquearon esta mañana los cruceros de la Volkswagen y del ADO, para solicitar la autorización de más puestos ambulantes en el centro de la ciudad.

Al igual que el domingo, los vendedores ambulantes, que se dicen afines a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, colocaron diversos autobuses del transporte urbano para impedir el paso por ambos carriles.

Gabriela Jiménez, integrante de esta organización, indicó que están solicitando que se les devuelva la mercancía decomisada en julio pasado, cuyo valor asciende a 300,000 pesos.

Dijo que aún cuando han presentado propuestas a las autoridades municipal y estatal, ellos no definen todavía un espacio en donde estos vendedores puedan instalarse.

(V.Notisistema del 13 de diciembre de 2010).

Luego de una década de permanente uso del clenbuterol en la alimentación del ganado bovino y el consecuente riesgo para la salud pública, "se pone al descubierto el fracaso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la vigilancia de las sustancias prohibidas en la crianza de ganado destinado al consumo humano".

Así lo denuncia el profesor del Departamento de Producción Animal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, José Manuel Zorrilla Ríos, quien refiere que el hecho de que haya una sustancia legalizada (el zilpaterol), "ha generado ruido y una cortina de humo para diferenciar si se utiliza un producto autorizado y otros que están prohibidos, como el caso del clenbuterol".

Indica que los gastos del erario que se destinan a la vigilancia sobre el uso de las sustancias que aumentan la masa muscular del ganado (y su consecuente reducción de grasa), llamadas técnicamente betagonistas o betanálogos, ha redundado "en beneficiar los ingresos de dos empresas farmacéuticas que venden los productos autorizados, ya sea el zilpaterol para los bovinos, vendido con la marca Zilmax, o la ractopamina para los cerdos, comercializada por Elanco-Eli Lilly".

Expone que una solución definitiva para ordenar el mercado de la carne, sería la prohibición de los dos betagonistas que se han autorizado, "de modo que se corrijan los errores que han permanecido durante 10 años y que suponen el uso de los productos no autorizados".

Además, indica que el gobierno federal debería obligar a quienes usan los productos autorizados, informen debidamente que las carnes comercializadas fueron obtenidas de animales alimentados con betagonistas, de modo que el consumidor conozca lo que consume y con base en ello se influya en la decisión de compra. Abunda que es urgente que el consumidor final sepa con toda claridad que la carne que consume proviene de animales que fueron o no, alimentados con sustancias químicas autorizadas que estimularon su masa muscular, ya sea hormonas o betagonistas.

Resalta que en los hechos, al autorizarse los betagonistas con registro para su utilización, se ha propiciado que el mercado de la carne de res haya quedado supeditado al consumo de sustancias químicas y a los intereses de las empresas que las comercializan. En este sentido, sostiene que hay argumentos infundados a favor de los betagonistas permitidos, como afirmar que el consumidor los demanda por su gusto por la carne magra. Precisa que "una cosa es la preferencia por la carne con poca grasa y otra cosa es que ésta se obtenga por el uso de sustancias que no deberían emplearse". Concluye con un cuestionamiento: "¿Qué necesidad tenemos de implementar un gasto con recursos del erario para salvaguardar los intereses de dos empresas que han desquiciado el mercado de la carne?".

(V.pág.17-B del periódico El Informador del 13 de diciembre de 2010).

Ésta es una estadística escalofriante que da razón de la inhabitabilidad en la Ciudad de México: cada año hay 2,500 manifestaciones que equivalen a 6.8 marchas por día, o lo es lo mismo, una cada 4 horas. Ha habido casos en que pequeños grupos de 15 personas han cerrado el Paseo de la Reforma, sin importar cuán legítimas pudieran ser sus motivaciones. La vida cotidiana llena de incertidumbres se ha vuelto impredecible, pues la estrangulación de una arteria importante genera un caos vial multiplicador. Hay marchas de todo y para todos; políticas y económicas; sociales y particulares; de niños y de niñas; con machetes y pañuelos blancos; de policías contra delincuentes y de delincuentes contra el gobierno; de marginados; de campesinos y burócratas; de obreros y encuerados, etc. De todo y para todos. En los últimos 5 años se han movilizado en la Ciudad de México 10 millones de personas, es decir, 5,479 personas por día; 228 por cada hora. Hay 2,500 protestas exasperantes por año. ¿Se les puede pedir a los inconformes que ya no marchen? Para los políticos, esta petición debe ser una exigencia. Es preocupante la frustración de una sociedad de agravios acumulados y tolerancia decreciente. ¿Hasta cuándo?

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2010).

Carlos Salinas de Gortari advierte que en el problema de inseguridad en México "se requiere de la acción firme y decidida del Estado" para cumplir con el pacto social de dar tranquilidad y certidumbre a todos los ciudadanos.

Sin embargo, agrega, sorprende que ante "la virulencia de esta inseguridad" proliferan grupos de vecinos organizados que dicen: "¡hasta aquí con esta violencia indiscriminada!".

El expresidente mexicano alude a esas zonas del país devastadas por el narco y subraya el papel que deben tener sus autoridades:

"Un Estado moderno es aquel que considera un territorio dentro del cual tiene el monopolio en el uso de la fuerza y cuando se pierde en territorios ese monopolio, entonces el Estado tiene que apreciar esta realidad y actuar en consecuencia".

(V.pág.20 del periódico Público del 10 de diciembre de 2010).

El proceso parlamentario para aprobar, tras 2 años de trámite, el dictamen de reformas de la llamada Ley de Acciones Colectivas, llegó a su fin.

El pleno del Senado aprobó el documento cuyo contenido sienta las bases para que consumidores de bienes y servicios puedan emprender acciones judiciales de manera común, cuando vean afectados sus intereses.

Con 319 votos a favor y una abstención fue aprobada la reforma al artículo 17 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos.

Además se reforman 7 códigos y leyes que tienen que ver con procedimientos civiles, competencia económica, protección al consumidor, equilibrio ecológico y medio ambiente y servicios financieros.

En el dictamen, que contó con pronunciamientos a favor de las principales fuerzas políticas, se establece que la acción colectiva podrá promoverse en materia de consumo de bienes o servicios públicos o privados.

Estas acciones podrán ser llevadas a cabo también en áreas como medio ambiente y contra los servicios financieros que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas.

(V.periódico Público en línea del 10 de diciembre de 2010).

El juez ordenó 60 días de prisión preventiva para "El Ponchis", pero... Según el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial en Morelos, la máxima sanción para adolescentes delincuentes, de 14 a 16 años, es de tres años de prisión. Sea cual sea el delito. Además, las declaraciones previas ante policías o militares carecen de validez. Es decir, si "El Ponchis" es culpable podría quedar libre en 3 años. ¿Por ello abundan los "niños sicarios"? Sólo el crimen ha reclutado a unos 30,000. Son presa fácil. Carne barata de cañón. Desde 2006, 1,326 menores han muerto en hechos vinculados con el narco. Sólo en Morelos van 16 en el año. "El Ponchis" y "La Chabela" encarnan la tragedia de millones de jóvenes en un país que por ineptitud los ha dejado mutilados. Sin futuro. Sin valores. No hay política pública eficaz.

José Cárdenas
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2010).

A un año de que inició la actual administración en Tonalá, ninguna de las 23 denuncias que presentó el Ayuntamiento por presuntas irregularidades de la pasada administración reporta un avance, informó el síndico municipal, Edgar Oswaldo Bañales.

"En materia concreta no sé qué decirle, es una pregunta que se debería de hacer a las procuradurías, tanto en la General de la República, como la del Estado [de Jalisco]; desconozco el motivo por el cual no haya pasado nada".

"Desafortunadamente nosotros hemos presentado lo que nos han pedido y este tipo de circunstancias depende de ellos".

Durante el transcurso del primer año de la administración de Juan Antonio Mateos Nuño, presidente municipal de Tonalá, se presentaron diversas denuncias penales por supuestos actos irregulares que cometieron funcionarios de la pasa administración, que encabezó el panista Jorge Vizcarra Mayorga.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 6 de diciembre de 2010).

Todo esto -las amenazas a los seres queridos, la perspectiva de tener que pagar una cuota a unos canallas para recibir "protección", la incertidumbre, el espanto, la intimidación- resulta de un orden de las cosas completamente distorsionado y, sobre todo, injusto. ¿Se puede vivir así? ¿Merecemos vivir así los mexicanos? ¿En este país ya no se puede trabajar honradamente y tener, en lo términos utilizados por Vicente Fox, un "changarro" -es decir, la tiendita de la esquina, la farmacia, la ferretería o la óptica- porque los delincuentes te van a decomisar cualquier ganancia, cualquier beneficio y cualquier provecho?

La acometida ya no es perpetrada contra unos "ricos y poderosos" que serían biológicamente culpables de tener dinero y cuyos bienes merecerían ser expropiados siguiendo los postulados de la trasnochada "lucha de clases" sino que ahora un tendero de un pequeño poblado de la costa de Michoacán, obligado a soltar 15,000 pesos al mes -monto que le es imposible de juntar- sale huyendo y pierde, de un golpe, el patrimonio logrado luego de una vida entera de trabajo; el patrón de un puesto de tacos en Mazatlán, tras denunciar a los extorsionadores, aparece decapitado y con huellas de tortura (es evidente la ruin complicidad de unos cuerpos policíacos que no sólo no nos aseguran -ni a ustedes ni a mí ni a nadie- los derechos más esenciales sino que trabajan al lado de los criminales); el dueño de un negocio de coches usados en Aguascalientes recibe la visita de unos zetas que le birlan el auto más costoso del lote... Esto, ¿qué es? ¿Ésta es una sociedad donde podemos vivir? ¿Éstas son acaso las reglas que debemos seguir de ahora en adelante?

La primera pregunta que te viene a la cabeza es la siguiente: ¿qué clase de sistema de justicia tenemos? Es decir ¿qué jueces, qué policías, qué detectives, qué fiscales y, en general, qué autoridades? Uno pensaría, por ejemplo, que un acto de extorsión resulta, fatalmente, en un encuentro, así sea indirecto, entre el extorsionado y el extorsionador. La transacción económica debe ocurrir, tarde o temprano. Y, a partir de ahí, uno imaginaría que, con un trabajo de investigación adecuado, el criminal va a ser sorprendido en algún momento (a propósito de esto, lo que más extraño le resultaría a un observador externo -en el caso de don Alejo Garza, por citar un suceso reciente- es que no hubiera dado aviso a la policía sabiendo, mira tú, la hora de la llegada de los sicarios porque, justamente, le habían avisado que se presentarían en su propiedad 24 horas después de la advertencia). Pues no. Dar aviso a la policía puede ser una suerte de condena de muerte. Y, en todo caso, la eficiencia de los cuerpos de seguridad es más que dudosa. ¿La prueba? Los casos de extorsión no estarían tan generalizados si el estado mexicano cumpliera con su primerísima obligación de proteger a los ciudadanos.

No estamos hablando de un asunto menor. Este infierno es una auténtica amenaza para la nación. ¿Ya se habrán enterado nuestros gobernantes?

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 5 de diciembre de 2010).

A voz en cuello se proclama la impotencia de la autoridad para frenar el crimen. Hay un poder ilegítimo que regula la vida cotidiana de gran número de mexicanos. Está en el comercio, en el campo, en los tribunales. En muchos lugares el poder criminal es el gobierno, el que administra a los hombres y a las cosas.

La prueba está en los pueblos abandonados, en los predios, en las propiedades, muebles e inmuebles, en el patrimonio y las vidas cedidas al crimen. El sacrificio ya casi olvidado de don Alejo Garza Tamez es una prueba del honor y de la valentía de un hombre, pero es la mayor evidencia del fracaso de la política contra la inseguridad.

Hay una regulación establecida en la sociedad por los criminales, contra la que el ciudadano no tiene amparo alguno. La amenaza contra la vida institucional y sus agentes es cada vez más desalentadora.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 5 de diciembre de 2010).

Continúan voces promoviendo algún tipo de negociación con los grupos de crimen organizado ante la percepción de que el gobierno no puede controlar la ola de violencia que se vive en México. "Así se hacía antes, por eso no había tanta violencia", argumentan esa mismas voces con añoranza de los viejos tiempos.

Hay varios problemas fundamentales con los que proponen esta solución a la violencia. En primer lugar, el que un grupo de criminales acuerden no ejercer violencia en contra de la población civil a cambio de que ellos puedan continuar con sus actividades delictivas, no es una negociación, es el sometimiento del Estado ante la incapacidad o corrupción de sus gobernantes. Es difícil imaginarse un gobernante, ya sea presidente, gobernador o alcalde, que acuerde con un grupo de criminales por su profunda preocupación por proteger a los ciudadanos. Si algún día se pudiera hacer un estudio de los "acuerdos" a que se llegaron en el pasado, seguramente encontraremos un importante componente de corrupción.

Pero supongamos que llegase el momento en que el Estado, reconociendo su incapacidad de someter a los delincuentes, decidiese negociar con los diferentes cárteles, ¿cómo asegurar que los capos respetarían lo acordado: no dañar a la sociedad civil? Si la negociación se lleva a cabo debido a la incapacidad del Estado de perseguirlos y controlarlos, entonces ¿cómo someter a estos criminales, si incumplen con lo acordado: no dañar a la sociedad civil? En el México del pasado, el gobierno tenía absoluto control y monopolio sobre la violencia, y los que osaban retar u oponerse a los designios del presidente o el gobernador eran sometidos a la fuerza, sin ninguna preocupación por los derechos humanos y por el Estado de derecho. Esos eran otros tiempos, y otros tipos de criminales.

¿Pero se puede negociar con el crimen organizado? Sí, pero bajo parámetros legales claros y transparentes. Valdría la pena analizar la "política de sometimiento" de 1990 que se implementó con resultados mixtos en Colombia. El gobierno implementó una ley donde se les ofreció a los capos del narcotráfico de esa época la opción de entregarse a la justicia, confesar todos sus delitos, entregar sus bienes y colaborar con las autoridades, a cambio de una reducción hasta la mitad de la pena y la no extradición a Estados Unidos.

Otro ejemplo de negociación con criminales, es el famoso "plea barganing", que es una herramienta fundamental de la justicia penal estadounidense. Por razones de eficiencia judicial, buscan los fiscales estadounidense ofrecer al acusado una reducción de la pena, a cambio de su confesión a todos los delitos e información de sus cómplices. Y aunque se llegan a acuerdos que definitivamente son controvertidos, la realidad es que sin el "plea barganing" el sistema de justicia penal de ese país dejaría de funcionar, por no tener recursos necesarios para llevar a todos los acusados a juicio.

Éstos son ejemplos de como se puede negociar con delincuentes, pero las premisas tienen que ser que exista un sistema de justicia penal suficientemente sólido que pueda perseguirlos y someterlos, si no cumplen con lo acordado. De lo contrario, estaríamos hablando no de una negociación, sino el sometimiento del Estado al narco.

Ana María Salazar
(v.periódico El Informador en línea del 4 de diciembre de 2010).

WikiLeaks revela que en Chihuahua sólo 2 de cada 100 detenidos por un delito relacionado con el crimen organizado son sentenciados, aunque a escala nacional, según la PGR, el promedio llega a 25%. Vaya diferencia.

(V.pág.4 del periódico Público del 3 de diciembre de 2010).

Los trabajadores de los Hospitales Civiles se movilizaron desde la esquina de Belén y Hospital a partir de las 10:20 am. Recorrieron la calle Hospital y doblaron a la izquierda al llegar a la avenida Alcalde, donde tomaron los 6 carriles de la vía. A las 11:00 am, los contingentes arribaron a la Plaza de Armas.

Durante poco más de media hora, el tiempo que le llevó al contingente recorrer el trayecto, se disparó el caos vial en la zona centro.

(V.pág.6 del periódico Público del 3 de diciembre de 2010).

No sorprende que el segundo tribunal colegiado del quinto circuito haya otorgado un amparo a Marcia Gómez del Campo. No había razón jurídica para responsabilizarla penalmente del incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo que mató a 49 niños y dejó heridos a decenas más.

La señora Gómez del Campo era una de las accionistas de la guardería, pero no la operaba. No tenía a su cargo tampoco la seguridad del inmueble. En el juicio demostró que la guardería contaba con todas las autorizaciones de operación y seguridad que requerían el Instituto Mexicano del Seguro Social y el municipio de Hermosillo. Comprobó también que el incendio comenzó en una bodega de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora, la cual estaba separada de la guardería por una endeble división. Esta bodega gubernamental, en contraste con la guardería, no cumplía con los reglamentos de seguridad ni tenía las autorizaciones correspondientes.

Ha habido una verdadera campaña de linchamiento contra Gómez del Campo. Se le acusa, me imagino, de "portación de pariente prohibido". Su falta es ser prima segunda o tercera de Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Poco importa que la guardería haya venido operando desde 2001, mucho antes de que Calderón ocupara la Presidencia de la República, o de que haya habido poca o ninguna relación entre ambas.

Me parece triste que una tragedia como la de la Guardería ABC no haya servido para extraer las conclusiones razonables que permitirían evitar este tipo de accidentes en el futuro. Estas lecciones se pierden en el ánimo de linchamiento: en la búsqueda de un pez gordo al que se le pueda aplicar un castigo ejemplar. No entendemos que la falta de una cultura de la seguridad es la culpable de ésta y muchas otras tragedias.

Hoy sabemos que la Secretaría de Finanzas de Sonora estableció una bodega, la cual llenó de papeles, en un local adyacente a la guardería porque nadie se atrevió a exigirle a una oficina gubernamental el cumplimiento de los requisitos municipales de seguridad. Sabemos también que tanto el IMSS como las autoridades de Hermosillo fueron negligentes en sus inspecciones de seguridad. La guardería, por ejemplo, no contaba con salidas de emergencia adecuadas, mientras que los techos tenían materiales que emitían gases tóxicos al quemarse, pero las inspecciones nunca lo señalaron.

La inspectora del IMSS que tenía la responsabilidad de revisar el funcionamiento de la guardería contaba con conocimientos de educación y salud, pero no del tema de seguridad. Nunca se le requirió experiencia en ese campo ni habría sido fácil encontrar a alguien que supiera de temas de salud y aprendizaje de infantes así como de protección civil. Por otra parte, los puntos de seguridad que se le pedía verificar, como la presencia de extintores, se cumplían adecuadamente. Los inspectores del departamento de bomberos de Hermosillo dieron el visto bueno a la guardería a pesar del material tóxico en el techo.

Si en lugar de buscar linchamientos políticos tomáramos medidas para generar una cultura de la seguridad, si revisáramos los reglamentos y exigiéramos su cumplimiento, quizá podríamos evitar más muertes de niños en el futuro. Pero eso es lo que menos importa en México. Lo que se busca es un chivo expiatorio al que se pueda linchar públicamente. La muerte de 49 niños no es más que un arma política.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 2 de diciembre de 2010).

Las autoridades encargadas de la seguridad pública en Oaxaca no han dado los resultados que espera la ciudadanía, es por ello que algunos pobladores, hartos de la escasa procuración de justicia, han decidido emprender acciones por su propia cuenta. De enero a octubre de 2010 hubo al menos 20 intentos de linchamientos, en uno de ellos se llegó al homicidio. Le siguieron el Distrito Federal, Chiapas, Guerrero y finalmente Jalisco con 2.

El caso más dramático en tierras oaxaqueñas ha sido la muerte de un joven de 17 años de edad, a quien acusaron de robo en el Puerto de Salina Cruz, donde un grupo de taxistas lo torturó y después le prendió fuego. La Policía Municipal no detuvo el ataque y a la fecha no hay ningún detenido.

Los taxistas se justificaron al asegurar que desde tiempo atrás habían exigido vigilancia por la ola de asaltos registrados, pero al no ver respuesta, determinaron hacer justicia por propia mano.

Para Nora Martínez, del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, es evidente el sentimiento de desesperanza de la población hacia la posibilidad de que las autoridades les brinden protección. "La ciudadanía ya no cree en las autoridades, sabemos que no son las formas de solucionar los problemas, pero se han llegado a momentos de hartazgo colectivo. Los ciudadanos deben comprender que toda persona tiene el derecho de ser juzgado ante las autoridades correspondientes y la autoridad debe hacer su trabajo".

La activista llamó a la población "a no hacerse justicia por propia mano, porque incurren en delitos, más bien debemos tener el papel de cuidar que los funcionarios cumplan con su papel de hacer que la justicia llegue".

De acuerdo con información de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la mayoría de los intentos de linchamientos son por el delito de robo y de los registrados en la región de Valles Centrales, a donde pertenece la capital oaxaqueña, "hemos llegado a tiempo y los presuntos ladrones sólo han sido golpeados y retenidos".

Uno de los casos más emblemáticos en el municipio de Oaxaca de Juárez, el de la agencia de Pueblo Nuevo, al poniente de esta ciudad. Ahí los habitantes se organizaron para crear una especie de "policía vecinal".

La labor de sus miembros es estar a la expectativa de cualquier anomalía y avisarse por medio del sonido de silbatos cuando haya una situación de riesgo. Cuando éstos suenan, es que hay que acudir al auxilio.

El pasado 28 de febrero, un grupo de vecinos se organizó y detuvo en flagrancia a Marco Antonio Aquino Hernández, quien presuntamente había cometido asaltos a mano armada en distintas ocasiones. Ese día, en una asamblea, los habitantes determinaron detener al presunto asaltante a quien, entre otras cosas, lo identificaban como el que había ido a robar unas computadoras a la escuela de la agencia. La denuncia por ese delito ya estaba hecha, pero les parecía que las autoridades no hacían nada al respecto.

Organizados, los residentes lograron capturar al presunto delincuente. Gritaron consignas como "échenle gasolina", "yo le prendo el cerillo", pero los líderes del grupo decidieron amarrarlo hasta que la policía llegara.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2010).

Ya han pasado 10 años desde el inicio del combate al empleo del clenbuterol como sustancia prohibida en la suplementación del ganado destinado al consumo humano en el centro y occidente del país. Sin embargo, su utilización no cede y de modo sorpresivo siguen apareciendo brotes de personas intoxicadas.

Si bien las autoridades no han bajado la guardia, la presencia de este producto en la ganadería bovina sigue como un problema de salud pública. Varios de sus protagonistas involucrados reconocen que hay cabos sueltos, como lagunas de tipos técnico y jurídico que impiden derrotar a quienes comercializan y suministran este anabólico.

Viene al caso señalar que el alto costo del zilpaterol, en comparación con lo económico que resulta el empleo del clenbuterol, explica que este último siga siendo utilizado como alternativa de rentabilidad, a pesar de que su empleo esté prohibido.

(V.pág.20-B del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2010).

¿Qué significa que un hombre se atrinchere en su propiedad y mate y muera defendiéndola? ¿Que era un hombre valiente? Sí, sin duda, pero sobre todo, que se sentía o sabía totalmente solo.

Los símbolos importan. Que don Alejo Garza Tamez, un hombre de 77 años, ante la amenaza de que lo despojaran de su propiedad, se haya atrincherado en su rancho y enfrentado hasta la muerte a un grupo de hombres armados nos habla, sobre todo, del estado de indefensión y de soledad en el que se encontraba. No pensó en pedir ayuda, explicó su hija, porque, seguramente con toda razón, no confiaba en las autoridades.

Su historia ha sido narrada con acentos épicos: "Un anciano de 77 años se llevó por delante a 4 sicarios antes de morir peleando como el mejor soldado: con dignidad, honor y valentía". Y los comentarios de lectores y televidentes se deshicieron en elogios: "Mis respetos, señorón, descanse en paz..." "Murió por la patria..." "es la única forma..." "si cada uno de nosotros matara a uno de esos cobardes analfabetas, nos libraríamos muy pronto de la pestilencia del país..." "Don Alejo qué deshonra no ser su hijo, pero qué orgullo como mexicano saber que hay alguien que entregó su vida por su propiedad y su dignidad".

Para muchos, lo que hizo don Alejo debería ser un ejemplo para todos. Yo no lo veo así. Es un caso que me duele, pero no me inspira. Me indigna que en muchos lugares del país no exista otra opción para defenderse y defender el patrimonio arduamente logrado que ceder o resistir hasta la muerte. Me indigna la soledad en la que se sintió don Alejo, la total ausencia del Estado. Me indigna que no existan ahí y en otras partes del país autoridades confiables y que la legítima desesperación lleve a muchos a pensar que sólo a balazos lo vamos a resolver. ¡Ése ha sido el error de este gobierno!

Esta batalla no se va a ganar porque todos muramos con dignidad, está en juego algo que trasciende el honor de cada uno de nosotros, y es la posibilidad futura de una sociedad pacificada. Es a lo que creo que debemos aspirar, no a convertirnos en un país de valientes que en solitario y sin esperanza enfrentan a los malos -quienesquiera que estos sean-, sino en una comunidad en la que podemos vivir sin armas y sin miedo, y donde los conflictos se resuelvan según reglas generales aplicadas por autoridades respetadas.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2010).

El martes leí con detenimiento y desánimo la columna del periodista Ciro Gómez Leyva, en la que relató el triste y aleccionador caso de don Alejo Garza Tamez, el mexicano que eligió cómo y cuándo morir. Un grupo de maleantes acudió hace 3 semanas al rancho de don Alejo, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para decirle que tenía 24 horas para que les entregara la propiedad y se largara. Don Alejo, de 77 años, empresario maderero, no se rindió y ante la inanición de las autoridades, y alimentado por la impotencia, sacó a los empleados, aceitó pistolas y esperó la hora. Los maleantes llegaron, don Alejo los recibió a tiros, mató a 4 e hirió a 2 antes de que lo ejecutaran.

Carlos Alberto Lara G.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de noviembre de 2010).

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que el país vive una situación crítica, debido a que prevalece un desánimo social porque no se aprecia contundencia ni efectividad en el combate a la delincuencia e impunidad.

Indicó que la ausencia de denuncia, limitada por una real o percibida ineficiencia de autoridad, es lo que hace proliferar un ambiente de impunidad, donde el delincuente sabe que hay poca probabilidad de que se le detenga o se le sentencie con la pena que merece.

"Junto con la violencia que se ha extendido en México, lamentablemente, la sofisticación del crimen organizado en la expansión de sus actividades, la impunidad es la gran amenaza a las instituciones, a la ley, a la capacidad del Estado para proteger a sus gobernados", manifestó.

Cuando hay impunidad, explicó, se genera un círculo vicioso que termina por socavar la efectividad, la credibilidad y, sobre todo, el respaldo a las instituciones.

(V.pág.20 del periódico Público del 26 de noviembre de 2010).

La forma en que alguien es asesinado ya no explica quién está detrás del asesino, ni el móvil del crimen, ni el tipo de relación que había entre víctima y victimario. Es decir, no sólo el asesino no es automáticamente un miembro de las bandas del narcotráfico que se pelean mercados y rutas de tráfico, sino que el muerto tampoco es, por la forma en que lo mataron, un delincuente.

Las evidencias se han ido acumulando. Si alguna vez esa relación existió, cada vez encontramos más datos que nos dicen que en ciertas regiones del país matar es visto como una forma de solucionar todo tipo de conflictos. Dicho de otro modo, la exposición constante a la violencia, el que todas las muertes violentas se le endosaran sin mayores consecuencias al crimen organizado le ha dado ideas a muchos y acabó con el tabú de que matar no es la manera.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2010).

En la Cámara de Diputados, las bancadas señalaron que el asesinato del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos del Partido Revolucionario Institucional, pone nerviosos a los políticos, ya que muestra que el crimen organizado está "fuera de control".

Las fuerzas políticas indicaron que ante la violencia extrema, que se vive en el país, hay sectores que se están acostumbrando a la comisión de delitos graves sin castigo. Ya parece que forman parte del escenario cotidiano.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2010).

-¿Qué está sucediendo?- el diputado federal del PRI Arturo Zamora Jiménez se auto preguntaba en San Lázaro, para responder así: "Se está dejando de lado un renglón muy importante, que es la persecución de los delitos pase lo que pase. Estamos en el fomento a la impunidad de manera drástica y estamos en el ámbito de una situación que pareciera que no tiene retorno".

Fue lo mismo que Beltrones se preguntó. Y afirmó que es obligación preguntar al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa "si los instrumentos (leyes) para combatir a la delincuencia que ha aprobado el poder legislativo están siendo utilizados a cabalidad y ordenadamente".

Y entonces Beltrones reclamaba al gobierno federal qué ha hecho con el arraigo, que a costa de imagen política los partidos políticos le extendieron a 80 días posibles "para poder integrar buenas investigaciones".

Qué ha hecho el gobierno federal, insistía Beltrones, luego de que el poder legislativo ha otorgado licencia para que realicen cateos y capacidad de intervenciones telefónicas. ¿Por qué no se utiliza la Ley de Extinción de Dominio para secar financieramente a la delincuencia, mediante el decomiso de sus propiedades?, se preguntaba.

Varios legisladores evocaban ayer las palabras funestas que el 23 de agosto pasado pronunció el entonces gobernador electo de Sinaloa Mario López Valdez, cuando dijo: "No tardan en que puedan matar a un gobernador".

Fue allí cuando Mario López había dicho que hay 600,000 delincuentes en México. Y cuando se preguntó: "¿Cómo van a poder 600,000 más que 106 millones?".

El asesinato del ex gobernador era una sombra que conmocionaba, por su alta carga funesta, de mal agüero ante la inobjetable ineficacia de las autoridades por esclarecer con prontitud ya no digamos todos los crímenes, sino éstos, en cuyo centro de fuego ha comenzado a aparecer la clase política mexicana.

Vicente Bello
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2010).

En México se duda todavía sobre los sectores en los que se encuentra involucrado el crimen organizado y el grado de penetración que esto alcanza.

La inseguridad prevaleciente en el país es el temor más grande que tiene la población en general y está plenamente comprobado que no importan el número de elementos de seguridad con que cuenten políticos, empresarios o ciudadanos comunes, cuando se trata de perpetrar un atentado en contra de ellos.

El alcance de la delincuencia es patente, con todo y las frecuentes declaraciones optimistas que emiten las autoridades.

Con todo y ello, surgen con frecuencia los avisos de la delincuencia sobre su presencia en cada rincón del país y muestran que con todo y la guerra declarada en su contra, el territorio les pertenece.

De los crímenes en los que se han visto involucrados personajes de corte político, pocos son los resueltos y menos todavía los que se conocen las causas que llevaron a cometerlos.

En aquellos en los que se encontraron motivos, fue tan malo el procedimiento de investigación y conformación de los expedientes que las dudas quedaron sembradas para siempre.

Sin embargo, de lo que no hay duda es que con todo y los guardias de seguridad con que cuentan estos personajes, el brazo ejecutor de la delincuencia es todavía más grande que los blindajes que puedan tener los políticos o empresarios que cazados por los miembros de la delincuencia que buscan justificar su accionar, dejando constancia de su presencia.

Ramón Zurita Sahagún
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2010).

Un hombre golpeado, un camión "secuestrado", un enfermo en riesgo, una polémica sobre el alcance de la manifestación y muchas mentadas de madre, fue el saldo de los bloqueos organizados por Universidad de Guadalajara para exigir el pago de 701 millones de pesos al Gobierno de Jalisco.

Autoridades de la casa de estudios sostuvieron que el bloqueo se realizó ayer en los 100 cruceros anunciados, mientras que la Secretaría de Vialidad y Transporte indicó que según sus reportes, recogidos por 148 agentes viales, el cierre de calles y avenidas sólo se hizo en 50 puntos y en la mayoría de ellos la protesta apenas duró 3 minutos, por lo que el tráfico no se afectó en la medida que se pronosticó.

Al concluir la movilización, el rector general de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, presentó un balance y dijo que el saldo fue "blanco". Calificó el bloqueo como una medida "civilizada y respetuosa" [!] para exigir que el gobierno del estado lo que adeuda a la casa de estudios, pues "las finanzas de la universidad están en serio riesgo".

(V.pág.6 del periódico Público del 12 de noviembre de 2010).

¿Quién ganó con la acción de ayer? Imposible saberlo. Es más fácil decir quién perdió: sin querer, la máxima casa de estudios del estado se propinó, ella sola, un gancho al hígado. Hasta el momento, quizá los más afectados con las protestas de la universidad habían sido los vecinos de Casa Jalisco, que ya incorporaron a su rutina del día la protesta respectiva de la prepa o centro universitario en turno. La imagen de la UdeG había sacado incluso buenos dividendos de la megamarcha de hace unas semanas, esa que sí desquició una buena parte de la ciudad por mucho más de cinco minutos. Pero de lo de ayer no salió tan bien librada.

Según la percepción de mucha gente, la UdeG está errando el camino. Y es que una cosa es marchar un día y demostrar que son un titipuchal de afectados por la cerrazón del gobierno encabezado por Emilio González Márquez, y otra muy distinta aparecerse por toda la ciudad y disponer del tiempo ajeno arbitrariamente. No quiero saber la opinión que tiene el conductor que presuntamente fue linchado por los estudiantes que tuvieron a su cargo el bloqueo en R.Michel y Salvador López Chávez o el chofer del camión secuestrado -también presuntamente, claro- allá por la plaza de La Bandera. Por "mínimos" que se quieran ver ambos casos, a diferencia de la citada megamarcha ahora no se puede presumir el impecable buen comportamiento de los universitarios.

Edgar Velasco
(v.pág.18 del periódico Público del 12 de noviembre de 2010).

No se trata de un concurso de belleza ni de popularidad, eso está clarísimo, pero aún así cuesta trabajo entender la lógica de la Universidad de Guadalajara de hacer bloqueos "de cinco" minutos, como medida de presión para el gobierno. Un bloqueo de 5 minutos de un crucero significará retrasos de 15 a 20 en el trayecto de un ciudadano común. Adeptos no van a ganar: pocas cosas pueden hacer enojar tanto a alguien, como quedarse cinco o 10 minutos parado en su coche o en el camión por una manifestación.

La efectividad de un bloqueo es la presión que se puede ejercer en el gobierno para que ceda o se siente a negociar. Pero los bloqueos son cada vez menos eficientes: los gobiernos son cada día más insensibles a este tipo de manifestaciones (con el argumento de que "no nos dejaremos chantajear") y llegaron a su cenit de impopularidad cuando Andrés Manuel López Obrador tomó Reforma: hasta algunos de sus seguidores más cercanos se inconformaron con la medida.

Como era de esperarse, la mediación de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal fue un fracaso. A lo más que llegó la SEP fue a plantearle al gobierno de González Márquez "dales 200 millones ahorita para que se acaben las manifestaciones, y luego vemos lo demás", a lo que el Gobierno de Jalisco, como era de esperar, respondió que no.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2010).

En la práctica uno (el Gobierno del Estado) y otra (la Universidad de Guadalajara) continúan aferrados a dar a la sociedad -de la que viven y a la que se deben-, so pretexto de la discusión derivada de la demanda de más dinero, el bochornoso, deprimente espectáculo del intercambio sistemático de ofensas, cuchufletas, acusaciones y diatribas.

De hecho, en la tónica de "radicalizar el tono" de las protestas realizadas hasta ahora, con los "mini-plantones" de 5 minutos, anunciados para realizarse a partir de hoy en cruceros estratégicos -seleccionados, ya se verá, con la mayor perversidad y la mayor mala leche del mundo-, se pretende hacer extensivos a toda la población, de ser posible, la irritación y el malestar que hasta ahora había sido "privilegio" exclusivo de los vecinos de "Casa Jalisco".

Se engañan el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara si suponen que, a raíz de su conflicto, que de lo simplemente ríspido pasó a lo decididamente escandaloso, la opinión pública tiene una idea nítida acerca de quién es "El Bueno" y quién "El Malo" de la película.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-B del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2010).

Más de mil manifestantes que se concentraron ayer en la Plaza de Armas para exigirle al gobernador del estado, Emilio González Márquez, que dé marcha atrás a la construcción de la presa El Zapotillo, pues con esta obra hidráulica quedarán inundados los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Durante el recorrido del contingente, que partió de Los Arcos hasta el centro de la ciudad, y que se prolongó más de 3 horas, los manifestantes lo hicieron en orden. Sin embargo, mientras recorrían Avenida Hidalgo invadieron los 4 carriles, a pesar del acuerdo que se hizo con la Secretaría de Vialidad de sólo utilizar 2 carriles para no obstaculizar el tránsito vehicular.

Esto comenzó a provocar la agitación del ambiente, los conductores que tenían que circular por estas calles fueron afectados y comenzaron a hacer sonar su claxon.

Una vez que llegaron al centro de Guadalajara y trataron de utilizar el kiosco de la Plaza de Armas como escenario, elementos de la Policía del Estado que se encargan de resguardar Palacio de Gobierno trataron de bajar a los manifestantes, provocando que se presentaran algunos empujones y un hombre cayera al suelo.

Después de dimes y diretes, los elementos cerraron la puerta de Palacio de Gobierno para evitar el ingreso de los manifestantes, quienes exigían hablar con González Márquez. Fueron atendidos por personas del área de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, pero este acto no congratuló a los opositores de la presa.

Entonces, la diputada local, Olga Araceli Gómez Flores, custodiada por 2 hombres de seguridad, trato de pedir el ingreso al edificio, y aunque se dijo que sólo entraría una comitiva, la gente pedía la entrada de todos.

En su intento por ser escuchados, los manifestantes se dirigieron al cruce de Alcalde y Avenida Juárez para cortar la circulación vehicular, en protesta por los "oídos sordos" que ha tenido el gobernador para atenderlos.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2010).

No termino de entender la lógica de los que se oponen al combate que Felipe Calderón está llevando a cabo contra las mafias criminales.

El primero de los argumentos utilizados para sostener la descalificación es que la "guerra", hasta ahora, ha causado más de 30,000 muertes. Es cierto que la cifra es escalofriante, pero estamos hablando, justamente, de una guerra. No creo que sea demasiada infamia hacerse un par de preguntas: primeramente, ¿qué muertos son esos? Y, en segundo lugar, ¿quién los mató?

No hablemos ya de Calderón ni le atribuyamos intenciones políticas, o de otra índole, a su decisión de afrontar al crimen organizado. ¿No es entendible, de entrada, que un jefe del estado mexicano, el que sea, se responsabilice de parecida tarea? Por el contrario, ¿es aceptable que -sabiendo de la existencia de un poder que amenaza la integridad de la nación y que, desde todos los puntos de vista, representa un auténtico desafío al estado- el jefe del ejecutivo se quede cruzado de brazos? Es más, de no haber lanzado la ofensiva, ¿no lo estaríamos acusando ahora de omisión, de tibieza o, inclusive, de complicidad?

Pensemos, por un momento, en la capacidad de matar. Es un hecho, vistas las cifras, que hay, en el territorio nacional, fuerzas que pueden asesinar, en efecto, a 30,000 seres humanos. Y, en este sentido, no atribuyamos a Calderón -ni al Ejército, ni a las fuerzas de seguridad del Estado- la autoría de esos crímenes. El Presidente de la República no es quien ha matado a toda esa gente. Tampoco los soldados ni la Policía Federal. Una mínima parte de las bajas, es cierto, puede deberse a errores o excesos de las corporaciones públicas. Otros individuos han caído al oponer resistencia en operaciones llevadas a cabo por esas mismas corporaciones. Y, desde luego, hay víctimas inocentes en todos los casos. Pero, lo repito, no es el Estado el que mata. Los que ejecutan y cortan cabezas y torturan y secuestran y sueltan ráfagas indiscriminadamente en una fiesta de jóvenes son los criminales. Y, en su mayor parte, los muertos son miembros de las propias bandas delictivas, enfrascadas en una cruenta lucha para controlar territorios y mercados. Calderón inició una guerra, como todos sabemos, pero los narcos, sobre todo, se están matando entre ellos.

En este sentido, habría que pensar justamente al revés: esos 30,000 cadáveres son una evidencia brutal; representan, en toda su dimensión, la fuerza del crimen en México; dan cuenta de un poder y reflejan la pérdida de las facultades del Estado en muchos puntos del país. Luego entonces, no podemos siquiera insinuar que el gobierno hubiera debido abstenerse de intervenir. Al contrario, una vez hecha esta constatación, está absolutamente obligado a actuar. No puede, por principio, celebrar pactos de ninguna naturaleza con una potencia capaz de perpetrar tamañas atrocidades ni mucho menos acomodarse, a partir de un pragmatismo tan contraproducente como vil, a una convivencia dictada por el acobardamiento. El mal ya está ahí y no necesita manifestarse de forma tan descarnada y salvaje para requerir, así fuere por una mera cuestión de moralidad pública, la intervención decidida, decisiva y terminante del Estado. Dicho en otras palabras, la posibilidad de que la abstención propiciara una especie de paz presuntamente beneficiosa para la sociedad mexicana no justificaría, en manera alguna, la renuncia a ejercer la fuerza para combatir a los criminales.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 7 de noviembre de 2010).

La espiral sin fin de la violencia, su arraigo cultural y simbólico, tiene que ser detenida, reducida, normalizada, acotada. Esa es la prioridad ética del gobierno y -con perdón de las almas buenas, los mercenarios y quienes medran con el drama- no se trata de "derrotar" al narcotráfico. Es prioritario detener la matazón. No hacerlo, no asumirlo como obligación elemental y fundamental hace al Estado -de por sí en cabal descomposición- vaciarse de sustancia ética y del mínimo grado de autoridad moral.

Los privilegios que otorgan fundamento ético al Estado contemporáneo son: el deber de garantizar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de protegerse ante la desgracia; y, que la calidad de la sociedad no sea medida por una fuerza media, sino por una debilidad media, la media de los débiles. Esos son los privilegios de carácter ético que fundamentan sus atribuciones prácticas; monopolio legítimo de la fuerza, cobrar impuestos, impartir justicia, crear leyes. Sin los primeros las atribuciones son poderes sin sentido, opresivos y dañinos como los de cualquier truhán particular.

Alán Arias Marín, FCPyS-UNAM, Cenadeh
(v.pág.14 del periódico Público del 7 de noviembre de 2010).

En México 1 de cada 100 delitos llegan a tener ejecución de sentencia condenatoria; es decir, de los 7'483,000l delitos, tanto de fuero común como fueron federal, que se han cometido en 2010 sólo 74,835 han sido condenados, revela el estudio Propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la Seguridad Pública.

El análisis indica que de este universo delictivo tan sólo se denuncian 64,000 delitos, lo que equivale a 22% de los casos. Esto debido a la "debilidad institucional de la policía y procuración de justicia".

De estas 64,000 denuncias sólo se le inicia averiguación a 15%, de las cuales, únicamente se concluyen 4%, debido a la "lentitud en la mayoría de los procesos y el incumplimiento de las leyes", establece el informe.

El estudio del Tec de Monterrey indica que el porcentaje de los delincuentes sujetos a proceso penal y que reciben sentencia es de 1.75%.

De esta cifra, sólo se condena a 1.56% ciento de los delincuentes, tanto de fuero común como de fuero federal, lo que no equivale a 112,249 condenados.

El análisis indica que esto se debe principalmente a las limitaciones que tienen los 3 niveles de gobierno para impartir justicia y en gran medida a la impunidad que existe en el sistema judicial.

Sumado a esto los días promedio requeridos para la integración de una averguación previa es de 130 días, cifra que se redujo, pues en 2006 los días que se tenían que esperar eran de 269.

Asimismo, la Reforma de Justicia Penal aprobada en el Congreso en 2008, donde se contempla la figura de juicios orales, sólo ha sido aplicada en 7 estados del país: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí.

Esto implica que las demás entidades federativas no tienen garantía, ni certidumbre en la impartición de justicia. Debido, al antes mencionado lento proceso penal, que genera desconfianza entre la ciudadanía.

La Propuesta del Tecnológico de Monterrey para mejorar la Seguridad Pública en México establece que los presuntos delincuentes pasan en promedio 11.5 meses en prisión preventiva antes de que se les dicte sentencia.

Lo anterior genera un costo social muy alto, especialmente cuando se concluye que los inculpados son inocentes, destaca el Tec.

Además, el estudio destaca que 41.3% de los reclusos en todo el país se encuentran internados por delitos menores o en espera de una sentencia.

(V.pág.18 del periódico Público del 7 de noviembre de 2010).

En la medida en que las instituciones pierden su función, el pueblo comienza a tomar las riendas de la situación.

El deterioro social al que estamos llegando comienza a causar un malestar tan generalizado, que el pueblo muestra signos de hartazgo, ya pide a gritos que se termine la violencia. Y amenaza con hacer suya la violencia contra los violentos, valga esta redundancia, en función de que si las "autoridades" ya no pueden con el paquete, entonces la gente se echa a cuestas el compromiso de erradicar la basura que estorba.

Linchamientos, escuadrones de la muerte, grupos de limpieza, barredoras de lacras, aspiradoras de corruptos y eliminación de indeseables, es la respuesta más común en las anarquías sociales. Es un hasta aquí rotundo de gente que ya no está dispuesta a poner en manos de la justicia la responsabilidad de detener a los delincuentes y de hacer cumplir el imperio de la ley.

Si algunas víctimas se sienten llenos de impotencia contra los infractores, y además descubren complicidad con las autoridades, seguramente pensarán, y en algunos casos buscarán hacerse justicia por sus propias manos, como ya ha sucedido recientemente en varios lugares de nuestro país.

El crimen organizado ya no será sólo de malandrines, sino compuesto de gente harta que ha decidido contratar asesinos y mercenarios para eliminar a sus agresores y a los delincuentes que dejan ir las autoridades incompetentes.

Cuando la violencia azota sin cuartel a una sociedad, el miedo crece, y si la seguridad se va por la borda, la gente se envalentona y toma el toro por los cuernos y hace lo que cree que está bien para proteger a su familia y comunidad. De aquí surgen todo tipo de acciones que justifican el usar los recursos al alcance para defender el patrimonio y los valores que poseen.

Ya estamos cerca de ese riesgo, inician los brotes de justicia en manos del pueblo, en diversos puntos del país. Los empresarios y líderes comienzan a perder la fe en las autoridades, si no es que ya la perdieron, y comienza la organización de la guardias blancas que harán el trabajo de limpieza que, se supone, el gobierno debería de ejecutar.

Hay 2 caminos: o las autoridades le ponen un pronto remedio, o lo hará la gente ante la incapacidad del otro.

De verdad, cómo deseo que pase la primera, pero no veo ni cómo, ni por quiénes. Y me temo la segunda.

Si el peligro toca la puerta de tu casa, ¿tienes confianza en que las autoridades te protejan y te den confianza y apoyo?

Guillermo Dellamary
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2010).

El presunto criminal se llama Juan José Pereda Beltrán, le apodan "El Ferras", es originario de Ciudad Juárez, pertenece al cártel de "La Línea" y, en los últimos 6 meses, ha sido capturado por efectivos federales en 3 ocasiones, acusado por delitos como homicidio, robo agravado, portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, ataques contra servidores públicos, robo de vehículos...

¿Por qué un "pájaro de cuenta" como "El Ferras" puede cometer tales atrocidades y delitos; ser detenido, liberado, vuelto a detener y vuelto a ser liberado, en la ciudad más violenta del mundo? La respuesta la ofrece el propio criminal, quien muerto de risa dice a todo el que quiera escucharlo: "No importa que me agarren, es fácil salir, sólo se trata de repartir dinero a los policías, a los agentes del Ministerio Público, a los fiscales, a los peritos, a todos los funcionarios... porque aquí, con dinero baila el perro". ¿Qué tal?

Es decir, la violencia que impera en Juárez, en todo Chihuahua, en Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Michoacán... cuenta con la complicidad de policías, agentes del Ministerio Público, peritos, fiscales y jueces. Es decir, resulta inútil que el gobierno federal invierta miles de millones de pesos en seguridad, en policías federales modelo, en operativos, desplazamiento de miles de efectivos a Juárez y a las zonas de conflicto, porque los detenidos están en la calle a los pocos días, gracias a la corrupción.

De nada sirven la vida de policías y militares; la muerte de inocentes, los millones de pesos destinados a operativos, desplazamiento de marinos y soldados... si a la captura de un delincuente le sigue la cadena de corrupción que al poco tiempo los tiene de nuevo en las calles, muerto de risa de la "justicia mexicana". ¿De quién es el problema?

Queda claro que buena parte del problema no está en lo eficiente o deficiente de los operativos federales; tampoco en la eficacia de la Policía Federal, la Marina o el Ejército. No, el corazón del problema está en la cadena de corrupción, germen de la impunidad. ¿Cuántos casos como el de "El Ferras" existen en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán...? ¿Cuántos policías, ministerios públicos, jueces, peritos, políticos... están en esa monstruosa red de corrupción que acuna al crimen organizado y el narcotráfico?

Esa verdad que, burlón y con cinismo reveló "El Ferras", es el problema de fondo; el caldo de cultivo de la impunidad.

Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de noviembre de 2010).

Miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de Atequiza marcharon la tarde de ayer por las calles del centro de Guadalajara, el contingente de alrededor de 200 manifestantes se movilizó sobre la avenida 16 de Septiembre, desde el parque Agua Azul hasta la Glorieta de la Normal, generando caos vial en el primer cuadro de la ciudad. La movilización la realizaron en conmemoración al 22 aniversario de la represión por parte de policías y militares en la Normal de Atequiza. Entre sus exigencias a la Secretaría de Educación esta, el no a la alianza por la educación y no a la represión.

(V.pág.13 del periódico Público del 29 de octubre de 2010).

En 5 días se han producido 3 masacres, en 3 estados, con 42 muertos y, claro, ni un solo detenido.

El cemento con el que todos los días se construyen altos muros que parapetan y hacen posible al crimen organizado y el narcotráfico, se llama impunidad; que es posible por la incapacidad y la apatía de gobernadores, alcaldes y autoridades federales; por la corrupción policiaca y jueces vendidos, por legisladores miopes y venales y por políticos y partidos -de todos los colores-, a los que importa todo, menos los ciudadanos.

Queda claro que en Chihuahua, Baja California y Nayarit -donde se produjeron las tres ejecuciones con 42 muertos-, no hay ley y no hay gobierno. Los ciudadanos están solos, a la buena de Dios y a la mala de los criminales. Pero la tragedia también se vive en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán... en casi todo el territorio nacional.

Lo curioso, a pesar de que dos tercios del país están bajo el control de grupos criminales, es que en todas esas entidades parece que los gobiernos, los partidos y sus respectivas burocracias de poder, ni ven ni oyen. ¿Es posible y creíble que en Chihuahua, Baja California y Nayarit, ninguna autoridad sea capaz de contar siquiera con una pista de los responsables del fusilamiento de jóvenes?

A la caída del presidencialismo del PRI -en donde el presidente era el jefe de los gobernadores-, los mandatarios estatales se convirtieron en virreysuelos intocables, impunes, que hacen a su antojo. Y con ello se ha gestado una burocracia mafiosa que solapa a narcos y criminales, que no ve y menos escucha. Sin un poder superior, los gobiernos estatales son modernos caciques, a cuya sombra crece la inmundicia criminal.

Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de octubre de 2010).

Una, porque nadie cree que los criminales puedan llevar a cabo sus actividades sin apoyo de ciertas autoridades, y, sin embargo, no hay alcaldes, procuradores, secretarios de seguridad estatales o federales en la cárcel. Es obvia la impunidad con la que operan las autoridades corruptas y la incapacidad de los fiscales. Dos, porque en Chihuahua, y no sólo ahí, hemos sido testigos de los amplios márgenes con que operan ciertos grupos sin ser molestados.

El resultado concreto es que convivimos con delincuentes y encarcelamos inocentes, que destruimos reputaciones y descobijamos a valientes que dan la cara por nosotros. Pero no sabemos quién es quién.

Porque parece mentira la verdad nunca se sabe, es el genial título del difícil libro de Daniel Sada. Lo cierto es que, con buenas instituciones, hasta la verdad más increíble sería aceptada.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de octubre de 2010).

Mientras promueve su imagen en Madrid, a Marcelo Ebrard podría estallarle acá un caso de desacato judicial contra su administración. El Gobierno del Distrito Federal es acusado por un particular, Grupo MR, de apropiarse ilegalmente del predio en Eje Central 59, en el centro, para instalar ahí la plaza de comercio "Guillermina Rico", donde reubicó a vendedores ambulantes del centro. Marcelo, junto con su secretario José Ángel Ávila y un subsecretario, son acusados de autorizar la ocupación del predio, propiedad de Grupo MR, según escritura 122,563 del 22 de agosto de 1979. El particular interpuso un juicio de amparo contra el GDF, que respondió negando la existencia de los actos reclamados, pero un Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el juicio de Revisión 150/2009, dio la razón al particular y ordenó al gobierno de Ebrard devolver "desocupado y limpio" el predio. El jefe de Gobierno no ha acatado ese fallo y los particulares amenazan con acusarlo de desacato ante la Suprema Corte. ¿Cómo sacará Marcelo del predio a las huestes de la extinta lideresa Rico, hoy comandadas por Rafael Tarín?

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de octubre de 2010).

La Secretaría de Salud Jalisco reporta el brote de 12 personas intoxicadas por clenbuterol. Los afectados consumieron carne de res en el comedor de su escuela.

Las 12 personas comenzaron con síntomas característicos de una intoxicación por clenbuterol tras comer milanesa y barbacoa contaminadas.

Juan Carlos Olivares Gálvez, director de Regulación Sanitaria, informó que con este registro, notificado el 20 de octubre, Jalisco llega a 37 intoxicaciones en lo que va del año.

Los productos fueron adquiridos en una carnicería del poblado de Santa Lucía, en Zapopan, cuyo ganado fue sacrificado en el rastro del municipio, el cual se encuentra monitoreado por la dependencia desde hace unos meses porque ha registrado muestras positivas a clenbuterol.

"Nos encontramos preocupados porque, de los rastros de la zona metropolitana de Guadalajara, el de Zapopan es el que nos ha resultado con más muestras positivas. Afortunadamente, hasta ahora no se habían visto implicados en un problema de esta naturaleza".

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 26 de octubre de 2010).

Es necesario que se dilucide la protección que la dirigencia del PRD otorgó a Greg Sánchez al hacerlo candidato a gobernador no obstante la fundada sospecha en su contra. Todavía peor es lo que ha acontecido con el michoacanazo y la grosera utilización de la influencia política de la dirigencia del PRD para obligar a la mayoría del Congreso a obsequiar impunidad a Julio César Godoy Toscano. La evidencia en su contra es apabullante, como también es la incapacidad de la PGR y/o la venalidad en el poder judicial federal para llevarlo a la justicia.

Poco se sabe del financiamiento ilegal de campañas, aunque todos tienen la sospecha de que el dinero del crimen se hace presente. Todo queda en la especulación, porque no existen los instrumentos legales para auditarlo, prevenirlo o sancionarlo. Para el caso concreto, se difunden los diálogos telefónicos de dudosa procedencia, pero de un enorme peso acusatorio. El tribunal de los medios se impone frente a la impúdica ineficiencia del sistema de justicia. La fuerza del señalamiento nuevamente se vuelve contra la cámara.

Los legisladores viven en la impunidad, lo de Julio César Godoy es uno de los capítulos más lamentables de este creciente deterioro.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 24 de octubre de 2010).

La conocida y repetida exclamación de una persona se ha convertido en moneda corriente entre varios actores de la vida pública. Las instituciones son mandadas al diablo con frecuencia y de forma alarmante. Desde gobernantes y opositores políticos hasta clérigos, empresarios, trabajadores, y los más diversos grupos sociales de todo el territorio nacional, atentan diariamente contra las estructuras jurídicas constitucionales.

El entorno delata un nuevo equilibrio catastrófico. Riesgoso, ingobernable y violento, tanto que hace recordar la década de los veinte del siglo pasado. A los grupos que disputan el poder de manera belicosa y poco democrática, a los organismos políticos socavados y desdeñados, se suma una violencia que no reposa, como ocurrió con otra matanza infame de adolescentes en Ciudad Juárez, 2 días atrás.

Todo conspira para minar la cohesión social y rebajar la confianza de los mexicanos, no sólo en las instituciones y en su clase política, sino también en su propia capacidad para enfrentar y resolver los problemas.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 24 de octubre de 2010).

Aumentan las quejas. Por una parte, la conducta de muchos participantes en los paseos nocturnos que, lejos de suscitar la imitación de los observadores por su buen comportamiento, merecen su reprobación por su tendencia de pasar de la diversión a la majadería, saltándose a la brava las barreras del respeto a los terceros, y muy particularmente a las damas. Por otra, la tendencia de los ciclistas a la anarquía: a circular en sentido contrario, por arriba de plazas y banquetas, invadiendo los espacios peatonales, desdeñando semáforos y demás señalamientos, pasándose por el arco del triunfo las más elementales reglas de tránsito y haciendo gala de prepotencia con respecto a los peatones. Y una más: la incapacidad de la policía para hacer frente a una de las modalidades en boga de la ratería urbana: los ladronzuelos que operan a bordo de bicicletas, solitarios o en parejas, y arrancan a las damas (sobre todo) bolsos, brazaletes, collares o prendedores.

El fomento del uso de la bicicleta estaría muy bien, si hubiera venido acompañado de una campaña de educación. Sin ella, ha sido -permítase aludir a la parábola evangélica- como sembrar cizaña junto al trigo.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 21 de octubre de 2010).

El gobierno de Felipe Calderón licitó espectro radioeléctrico, es decir, espacio en los cielos mexicanos para que viajen nuevas señales de video, voz e internet.

El secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, encabezó la promoción de esta licitación con grandes capitalistas de Estados Unidos, China, Gran Bretaña e India para que se animaran a fundar una telefónica en nuestro país. La respuesta fue unánime: no, gracias. Los argumentos: que no hay certidumbre jurídica, que en México pesan más las presiones que la ley, y que era previsible que si Telcel se sentía amenazado emplearía todas sus influencias para aniquilar a los "nuevos jugadores".

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2010).

Dos empresarios mexicanos viven situaciones similares, mostrando las graves fallas de las autoridades, donde sus casos son usados para exaltar el morbo, jalar auditorio, evidenciar las fallas del sistema judicial, pero sin que nadie encuentre la ruta de satisfacción a su sed de justicia.

Los casos de Alejandro Martí y Simón Charaf, son representativos de la inequidad que se vive en México en todos los aspectos y donde la justicia queda evidenciada en su total ineficacia.

El caso del secuestro y asesinato del chico Fernando Martí, hijo de Alejandro impactó al país, por la frialdad con que se cometieron los dos ilícitos y por la torpeza con que actúan las autoridades de la materia, presentando a 2 bandas -sin aparente conexión- como responsables de los ilícitos.

La crudeza del delito y las buenas relaciones de Martí padre le permitieron acceso a todos los medios, de comunicación, empresariales y gubernamentales, ya que el propósito de unos era evidenciar la cruel etapa de inseguridad que se vive en el país y de los otros mostrar las bondades del sistema político mexicano que produce una pronta respuesta.

Distinto en sus implicaciones es el caso del empresario Simón Charaf, propietario del Bar-Bar, un centro de diversión en el que un pleito de borrachos dejó como saldo un herido y el infortunio para el dueño.

Desde el momento mismo en que ocurrió el incidente, en el que estuvo involucrado un afamado deportista, cuyo contrato pertenece a la principal televisora del país, y un hasta entonces desconocido personaje, el que posteriormente se supo pertenece a uno de los grupos delincuenciales más peligrosos del país, Simón Charaf fue crucificado.

Sus victimarios le negaron la posibilidad de réplica, sus argumentos no fueron escuchados, sus pruebas fueron desechadas y 8 meses después, sufre el acoso de las autoridades, las que lo amagan con un arresto si continúa divulgando información sobre lo ocurrido en su local.

Es cierto que los 2 casos son distintos, pero también lo es que ninguno de los dos, con largo tiempo transcurrido, recibe el beneficio de la justicia.

Martí busca la detención de quienes participaron en el secuestro de su hijo y son cómplices del asesinato, sin importarle todos los espacios que le han sido asignados, ni las propuestas de participación política. Charaf espera la reivindicación de su nombre, la clarificación de los hechos, el dejar de ser acosado, la reapertura de su negocio, la libertad de sus empleados y encontrar autoridades que acepten sin coacciones de ninguna clase las pruebas que aporta para mostrar los pormenores de lo ocurrido en el Bar-Bar.

En el caso de Charaf, el asunto demanda la atención de las autoridades por la presión que en su contra se ejerce y aunque al empresario socio de Televisa se le niegan espacios en los medios de comunicación, la juez Segundo de lo Civil, Magdalena Malpica Cervantes obligó al empresario a no divulgar información sobre la empresa, porque de hacerlo procederá su arresto y lo enviará a prisión.

Ramón Zurita Sahagún
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2010).

Por más de una hora, vecinos de los fraccionamientos los Olivos I, II y III, en Tlajomulco de Zúñiga, bloquearon el medio día de ayer la Carretera a Chapala a la altura del kilómetro 23+100, justo a la entrada del poblado El Rodeo.

El bloqueo inició con la obstrucción total de la circulación pero la molestia de los conductores hizo que los organizadores de la manifestación reabrieran un carril por sentido. Las fricciones verbales e incluso físicas entre automovilistas y vecinos continuaron durante la protesta.

Argumentan los quejosos que hace más de dos años, sin resultados, gestionan ante distintas autoridades estatales y municipales, que una empresa procesadora de alimento para animales ubicada en la zona ponga fin a emisiones contaminantes que, afirman, les provocan dermatosis, conjuntivitis, irritación e inflamación de las vías respiratorias, entre otros padecimientos que han sido documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Las gestiones vecinales continuaron hasta que el Ayuntamiento de El Salto clausuró la empresa el pasado 13 de agosto por carecer de licencia municipal para su operación, pero fue reabierta por instrucción del magistrado Horacio de León Hernández, quien ordenó el retiro de los sellos de clausura 15 días después.

La carretera fue reabierta después que Mario Reynoso Esparza, de Asuntos del Interior del Gobierno del Estado, arribó al lugar de la movilización y explicó la gravedad del delito en que incurrían al bloquear una vía federal de comunicación. El funcionario prometió coordinar una reunión el próximo martes entre los líderes vecinales y la titular de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Martha Ruth del Toro, a la que también podrían acudir representantes de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 18 de octubre de 2010).

Si creen en México que son sólo las policías las que están corrompidas, advirtió ayer el ex presidente colombiano César Gaviria, están completamente equivocados.

A partir de la experiencia colombiana, Gaviria recordó que no sólo había que hacerse cargo de los policías corruptos, sino de sistema judicial, y que ahí donde había policías corrompidos habría seguramente jueces, fiscales, alcaldes, políticos.

Un asesor del gobierno de Texas en materia de seguridad explicó ahí que ese estado se había vuelto el gran corredor de paso de la droga mexicana a Estados Unidos.

Y no era sólo un problema de policías corruptos, dijo el asesor, sino de toda una cadena de agentes aduanales, jueces, alcaldes, fiscales, bancos y empresarios.

La piedra de toque no es limpiar las policías, deduje de lo dicho por Gaviria, que algo sabrá del tema, sino construir un sistema de procuración de justicia que garantice la aplicación de la ley y castigue a los culpables.

En Colombia agarramos a todos, dijo Gaviria: policías y soldados, alcaldes, políticos, todo. Y esa es la piedra de toque de la eficacia en el combare al crimen organizado.

Pensé mientras lo oía que su reflexión daba cuenta del desaguisado diario de detenidos que no pueden ser puestos en prisión por defectos del proceso acusatorio y por fallas en el aparato de administración de justicia.

Pensé también que mientras no agarremos a todos y los sujetemos a debido proceso penal, el temor a la justicia será cosa de risa y la justicia cosa de excepción.

El verdadero guardián de la seguridad pública no es la policía, sino el temor a la ley. Y ese temor y el respeto sólo llega a sembrarlo profundamente en la conciencia de la ciudadanía el sistema de justicia que asegura castigo a quien viola la ley.

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 15 de octubre de 2010).

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco le debe aproximadamente 12 millones de pesos al IMSS, pues no ha reportado el 100% de los ingresos que tienen los trabajadores en este órgano judicial, denunció Celso Rodríguez González.

El titular del poder judicial en Jalisco admitió también que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que él encabeza, también tenía ese problema, pero ya lo finiquitaron.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 14 de octubre de 2010).

El obispo Abelardo Alvarado subrayó que a pesar de las denuncias y esfuerzos que supuestamente hace el gobierno para remediar la situación que prevalece por los efectos de la impunidad, corrupción y violencia, "no sólo no avanzamos en las soluciones, sino que parece que vamos para atrás y que se agravan".

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de octubre de 2010).

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y organizaciones sociales y vecinales afines acordaron no pagar los recibos de luz e impedir el cambio y colocación de medidores de prepago de la Comisión Federal de Electricidad.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de octubre de 2010).

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestaron a un año de que el gobierno federal decretó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, lo que colapsó el tráfico en las principales vialidades de la Ciudad de México.

Los miembros del SME se movilizaron desde las 08:00 horas por Paseo de la Reforma e Insurgentes, rumbo a la residencia oficial de Los Pinos y la Secretaría del Trabajo, al sur de la capital, 2 de los puntos obligados en su recorrido. Pero no los únicos.

Otro grupo de trabajadores electricistas marchó en dirección a la Secretaría de Energía, ubicada en la Colonia del Valle, sobre Insurgentes Sur, lo que agudizó el tráfico en esta zona.

Un grupo más se concentró en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal les impidieron subir a la columna del Ángel y esto generó un intercambio de insultos.

En la glorieta de La Diana, sobre Paseo de la Reforma, algunos manifestantes se quitaron la ropa, se metieron a la fuente y colocaron una bandera del SME en uno de los hombros de la escultura. Con la ayuda de una escalera, colocaron una playera verde en el arco de La Diana.

Pese a la advertencia hecha por el titular de la SSP-DF, Manuel Mondragón, en torno a que no se permitirían desmanes o excesos durante las protestas, hasta la tarde de este lunes no se reportaban detenidos por las marchas.

(V.periódico El Universal en línea del 11 de octubre de 2010).

Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre de 2005. Las historias que escuché comenzaban con "nunca pensé que me sucedería a mí". Llevaban años sin juicio por robo de 2 latas de leche para bebé, o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé. Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir la prisión sin condena.

"Hasta que te toca entiendes", me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional. Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo 3 millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre ministerios públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor. No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria, y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: "La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además la indefensión que acarrea la prisión preventiva favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico". Por desgracia los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia.

El costo económico de la prisión preventiva equivale a 62% del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena, nos cuesta 4,890 millones de pesos. Sumado a ello está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años, bajo la premisa del estado mexicano que "no busca quién cometió el delito, sino quién lo puede pagar". Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 11 de octubre de 2010).

Una nueva ola de violencia en Monterrey trajo, además de víctimas ajenas al conflicto, una ola mayor de desesperación y de impotencia. Y de oscuridad con respecto a lo que a cada quien le toca hacer cuando las cosas llegan al extremo.

También aumentaron los tiroteos de acusaciones. No parece haber claridad sobre qué exigir a los gobiernos, a los legisladores, a los partidos o a las organizaciones. O qué exigirnos. En internet abundan comentarios que van desde agarrar el arma y matar al que a cada quien le parezca dañino, hasta hacer caer a un gobernante cualquiera como si cualquiera otro fuera mejor.

Pienso que a las autoridades estatales y municipales les toca limpiar y profesionalizar las policías. Pero ya. En Nuevo León no han dado resultados. Mientras el Ejército y la Marina se han convertido en las únicas fuerzas confiables, los gobiernos se han perdido en las discusiones sobre un mando único que, por más rápido que lo organicen, sólo traerá cambios de mediano plazo. No han avanzado en acuerdos prácticos inmediatos.

Pienso que a las autoridades federales y estatales les toca dar resultados en la mejoría del sistema de justicia. Con esta garantía de impunidad, antes no estamos peor. Les toca presentar mejoría en los ministerios públicos y en el sistema carcelario. Al poder judicial en juzgados. Es una vergüenza nacional (y estatal) el altísimo porcentaje de consentimiento a la delincuencia.

Y pienso que a los ciudadanos nos toca darnos cuenta que un Estado en que la ley no opera no tiene otra salida que la que estamos viendo. Darnos cuenta y actuar en consecuencia, digo: no podemos andar por la vida violando leyes cada vez que se puede.

Luis Petersen Farah
(v.pág.12 del periódico Milenio del 10 de octubre de 2010).

Los factores de riesgo y detonadores de la violencia social se han señalado hasta el cansancio. ¿Quieren seguirlos estudiando y discutiendo más tiempo? Los grandes problemas en México se derivan de la corrupción, impunidad e ineficacia de las instituciones de gobierno en cada rubro que se investigue. Nada nuevo.

El problema, el verdadero conflicto, lo representan los intereses de la clase política en el poder y sus cómplices que faltan a su responsabilidad y compromiso social. El futuro de la violencia depende del compás de espera que se fijen para cumplir las metas pendientes.

Josefina Leroux
(v.pág.7 del periódico Mural del 7 de octubre de 2010).

Juchitán, Oax. Tras 2 días de protestas y de quemar ayer una camioneta durante el bloqueo de la carretera Oaxaca-Veracruz, indígenas de la sierra mixe aceptaron terminar su manifestación con la condición de que los atiendan. La comunidad pide apoyos tras haber sido afectada por las lluvias.

(V.pág.8 del periódico Mural del 7 de octubre de 2010).

Senadores se reunieron con afectados por el 'michoacanazo'. Durante el encuentro el senador del PAN, Marko Cortés, se pronunció por desaparecer figuras como de "arraigo" y de "testigo protegido".

El senador del PRD Carlos Sotelo criticó que ahora el gobierno federal ahora acusa al juez de la causa, y adelantó que será un "nuevo ridículo".

Aclaró que no están en contra de la lucha a la delincuencia, pues desde el Senado se han aprobado las herramientas jurídicas para ello.

(V.periódico El Universal en línea del 6 de octubre de 2010).

El michoacanazo no es otra cosa que una cadena de acontecimientos que exhiben la desconfianza ciudadana en todo el proceso de impartición de justicia. Desde la presunción generalizada de que todas las instituciones del Estado son víctimas de corrupción, y que en México manda el reino de la impunidad, hasta la convicción de que no es posible el florecimiento del crimen sin la complicidad oficial.

Al final, el fracaso del michoacanazo alegró hasta niveles delirantes a los que le apuestan al fracaso del gobierno de Felipe Calderón, sin importar que en todo el proceso hayan aparecido, de manera contundente, graves errores del gobierno federal, de todas las instituciones federales responsables de la impartición y procuración de justicia -la PGR incluida-, pero también signos de corrupción en los poderes judicial y legislativo.

Incluso así, unos sólo quisieron ver las fallas del Gobierno federal, mientras otros -los del gobierno federal- solamente quisieron ver la corrupción del sistema judicial y de los "corruptos diputados", que se hicieron de la vista gorda en el caso del "narcodiputado" Godoy.

Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 5 de octubre de 2010).

El miércoles pasado, y cuando muchos esperaban, o exigían, que el gobierno ofreciera, si no perdón al menos una explicación de cómo había encarcelado equivocadamente a juicio del poder judicial a 34 personas entre alcaldes electos y funcionarios de un gobierno perredista, el procurador y la titular de la SIEDO Marisela Morales salieron a defender su actuación y a acusar a un juez de haberlos liberado "con criterios que contravienen la ley y los criterios de otros tribunales". Es decir, la PGR salió a decir que los sigue considerando culpables. Los argumentos de la PGR son los siguientes: varios jueces intervinieron en el proceso y todos menos uno, el que llevó el caso durante meses, encontraron elementos para darle la razón a la parte acusadora.

Se quejan de que el juez primero de Distrito no aceptó como buenas las declaraciones de los testigos protegidos. Y esto más bien parece una confesión de la debilidad. ¿Por qué? Porque si la PGR tuviera en su poder fotografías de los alcaldes y funcionarios en compañía de reconocidos narcotraficantes, o si tuviera números de cuentas de banco y depósitos inexplicables, o propiedades comprobadas de los acusados con valor superior a lo que sus ingresos acumulados permitirían explicar, o grabaciones de llamadas telefónicas comprometedoras, o señalamientos concretos por parte de miembros detenidos del grupo delictivo en cuestión, ¡no habría manera de que estos señores estuvieran hoy en la calle! Pero la verdad es que no tienen nada de eso y su acusación dependía de esos testigos.

Recibí del grupo de exculpados una lista de algunas de las contradicciones en la que incurrieron estos testigos y que Marisela Morales califica de "contradicciones no de fondo, sino más bien en detalles". Hay errores en los nombres de los acusados, en los cargos que ocupaban, en las fechas en que tenían estas responsabilidades. No parecen menores, pero ésa es la tarea de los jueces y por lo pronto el que pasó meses revisándolas optó por liberarlos.

¿Es todo lo que tiene que decir el gobierno sobre el caso? ¿No merecemos una explicación de fondo? ¿La merecen los señalados y sus familias? ¿Alguien le ha dicho al presidente lo que contiene el expediente?

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de octubre de 2010).

El legislador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Justicia, Josué Valdés Huezo adelantó que "hay preocupación por la forma en que algunos jueces están obsequiando órdenes de aprehensión y arraigo a la PGR en casos como el de Michoacán, en donde por más de un año mantuvieron detenidos a 35 alcaldes y ex funcionarios de ese estado".

El legislador consideró que sumado a ello hay una actitud de "linchamiento" de la PGR y sus voceros contra el juez que ordenó la liberación de esos ex funcionarios, cuando las acusaciones se basan en "testigos protegidos" y supuestas listas anónimas.

"Le hemos dado muchos elementos y reformas a la PGR para que realice investigaciones pero no hay resultados, y cuando se tiene un caso como el de Michoacán, resulta que toda las pruebas se basan en una figura tan endeble como la declaración de un testigo protegido".

Valdés Huezo lamentó que exista un manejo discrecional y con severas fallas y cuestionamientos de los llamados "testigos protegidos" y que exista la posibilidad de que se recurra a "jueces de conveniencia o a modo" en determinados casos por parte de la PGR.

El legislador por el estado de México expuso que casos como el "michoacanazo" afectan la credibilidad del sistema de impartición de justicia en el país y de la división y separación de poderes que consagra nuestra Constitución.

Asimismo, cuestionó la forma en que están operando los llamados "testigos protegidos" que se utilizan de forma discrecional para acusar a alguna persona de un delito, sin que existan controles sobre la veracidad de sus dichos o los intereses que tienen.

Lamentó que los "testigos protegidos" sustituyan la investigación que debe realizar el Ministerio Público, los policías investigadores y los peritos.

El pasado 2 de octubre, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira Valdez, aseguró que después de la liberación de los presidentes municipales de Michoacán, señalados por la PGR de tener nexos con el narcotráfico, se debilitó la figura del testigo protegido, ya que se trata de un delincuente a quien se le paga por denunciar.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 4 de octubre de 2010).

Con la liberación de los inculpados en Michoacán, el presidente Calderón se encuentra en una muy difícil y comprometedora situación. No puede obsequiar disculpas, como lo han exigido los agraviados y los senadores de oposición, porque el gobierno tiene la convicción de que los señalados son culpables, que la razón de su libertad no es su inocencia, sino la ineficacia de la PGR, la ilegalidad en la actuación del poder judicial o que el marco legal favorece al culpable. Por esa misma razón la PGR ha solicitado que el Consejo de la Judicatura actúe contra el juez que liberó a veinte de los 35 acusados.

Es cuestión de congruencia que la PGR solicite el desafuero del diputado Julio César Godoy. Pero es del todo previsible que la cámara, a su modo y forma, habrá de rechazar la petición y el caso se sume al rico inventario de requerimientos ignorados. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal sí actuará y lo más probable es que no sancione al juez Efraín Cázares.

La presunción de inocencia no sólo es tema para las autoridades, también obliga al periodismo. Guste o no, los acusados no son culpables, sobre todo, si las autoridades no han podido seguir el caso con éxito. No hay argumento válido, aun bajo el supuesto de incompetencia de la PGR. Lo que sí es un hecho, cualquiera que sea la realidad, es que es un fuerte descalabro al sistema de justicia y al régimen de legalidad.

El presidente y su gobierno estarán solos, inevitablemente, cuando su proceder lleve a fracasos tan graves y serios como el del michoacanazo. Pueden decir, como es el caso, que la cancha estaba dispareja, o que el árbitro era poco confiable y hay que castigarle, pero eso ya lo sabían desde el momento en que iniciaron la causa.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 3 de octubre de 2010).

El estado mexicano tiene una imperiosa necesidad de limpiar la casa. Estamos hablando de que debe descubrir y detener a todos aquellos que, dentro de las instituciones, trabajan para el crimen organizado. Es más, un juez simplemente corrupto no tiene tampoco lugar en la estructura de justicia aunque sus clientes no sean grandes cabecillas de la mafia sino meros delincuentes de medio pelo. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo armar los expedientes, cómo iniciar las averiguaciones y cómo entablar primeramente las querellas si el propio aparato judicial -encargado, justamente, de la tarea- está infiltrado? ¿Acaso puede un sistema supervisarse a sí mismo, haciéndole de juez y parte, y lograr la consumación final de una auténtica renovación?

Hemos visto, en lo que se refiere a esta empresa, la lastimosa actuación de la fiscalía de la nación: la Procuraduría General de la República emprendió una extraña ofensiva circunscrita a una sola entidad federativa -de ahí, precisamente, el término "michoacanazo".

El desenlace de la intervención es absolutamente patético: solamente uno de los más de 30 acusados permanece detenido. A todos los demás no se les han podido comprobar los cargos y, por si fuera poco, las fallas procesales son escandalosas: testimonios imprecisos, pruebas no determinantes, atestaciones aportadas por personas que se benefician de la dudosa figura del testigo protegido, errores groseros en la conformación de los expedientes, etcétera. El problema es que, al mismo tiempo, no podemos saber si tales desbarros se pueden atribuir a la incompetencia de los fiscales, si resultan -de forma involuntaria- de la posible intencionalidad política de la estrategia o, por el contrario, si se deben -y esto sería mucho más inquietante en sus implicaciones- a la intervención directa de unos criminales, tan impunes como poderosos, que hubieran comprado ya las voluntades de jueces, agentes e investigadores, por no hablar de la complicidad de los propios denunciados.

En todo caso, si una acometida de parecido calibre ha brindado tan magros resultados, entonces la batalla final será difícilmente ganada. No olvidemos que el mismísimo presidente de la república está detrás. Y su actuación, en sentido estricto, lleva todo el peso del Estado. En este orden de cosas, es tal vez preferible creer en la improductiva arbitrariedad de los acusadores -o en su natural torpeza- que imaginar siquiera un escenario donde los criminales son tan poderosos que la justicia no los puede alcanzar. Esto, sin embargo, no lo podemos saber; una vez más, nos encontramos en una situación de fundamental incertidumbre: ignoramos si la PGR es incapaz, en el mejor de los casos, o si, queriendo arreglar las cosas y castigar a los funcionarios traidores, no puede. El problema, de una u otra manera, es gravísimo. Aunque, hay que decirlo, ya casi nada nos espanta.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 3 de octubre de 2010).

El ministro en retiro Juventino Castro y Castro indicó que ante los resultados del llamado michoacanazo, la Procuraduría General de la República debe aceptar que se equivocó y someterse al juicio social.

Expuso que si en un caso de 36 presuntos involucrados con el crimen organizado, a 35 se les ha exonerado, el mensaje de los jueces hacia el titular de la PGR, Arturo Chávez, es que el Ministerio Público Federal no ha sido capaz de integrar correctamente las averiguaciones.

"No puedo hablar de dolo, pero de ineptitud sí, se le está diciendo al procurador que sus agentes son ineficaces y la sociedad tendrá que juzgar y poner una sanción moral, si quiere hacerlo".

"Y la sanción moral tendrá que ser, pedir que se destituya al funcionario y que se busque uno que sea realmente competente para esa función y le ayudaría mucho que fuera abogado", precisó el ministro en retiro.

El también legislador del Partido de la Revolución Democrática, mencionó que en el caso de su compañero de bancada, Julio César Godoy Toscano, es justificable que haya rendido protesta como diputado federal, porque nadie renuncia a una protección ante las ineficiencias del sistema de justicia mexicano.

Castro y Castro agregó que en muchas ocasiones se trata con desprecio las suspensiones obtenidas mediante un amparo, pero la intención de este juicio es muy loable.

Ahora, indicó, lo que debe hacer la Procuraduría General de la República es demostrar si realmente tiene pruebas suficientes para que proceda la solicitud ya presentada, de juicio de procedencia contra Godoy Toscano, para quitarle el fuero.

Tras la excarcelación de 5 servidores públicos a inicios de semana, sólo permanece detenido uno de los funcionarios aprehendidos el año pasado, en el operativo que fue calificado por el gobierno federal como uno de los mayores despliegues contra el contubernio entre gobernantes y narcotráfico.

(V.periódico Público en línea del 3 de octubre de 2010).

La Procuraduría General de la República debilitó la figura del testigo protegido, ya que "el testigo protegido es un delincuente que se le paga por delatar a otras personas y mientras las delate recibe un sueldo, en otros países ha funcionado, porque se vincula con otras pruebas. Pero en México tiene valor de prueba plena y hoy, después del michoacanazo, sería bueno que se rindieran cuentas del uso de los testigos protegidos", dijo el diputado del PRI Rubén Moreira.

El legislador afirmó que "nuestro país es cuestionado en materia de derechos humanos de manera tremenda en el mundo, porque la figura del arraigo es una institución generadora de inocentes en la cárcel y generadora de violación de derechos humanos".

Consideró que el mejor ejemplo en el abuso de figuras jurídicas como el testigo protegido y el arraigo es el caso del michoacanazo, en el que ya fueron liberados 34 de 35 funcionarios acusados de tener vínculos con el crimen organizado desde mayo del año pasado.

El testigo protegido, abundó, se "ve influenciado por el peligro o el miedo y por lo tanto puede falsear sus declaraciones evitando denunciar a grandes capos y sí inventar delincuentes con tal de seguir en el sistema de testigos protegidos".

Mientras que en el caso del arraigo a las personas se les retiene para hacer una investigación en su contra por más de 80 días, sin una orden de aprehensión y sin poder ser presentada ante un juez; o bien casos ilógicos en lo que se les arraiga con todo y orden.

Moreira presentó una iniciativa que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, con las que busca eliminar las figuras del arraigo, testigos protegidos y reserva de las actuaciones en la investigación en los procesos penales.

Propone eliminar el arraigo y garantizar la libertad de toda persona de no existir orden de aprehensión, con lo que pretende frenar y combatir los abusos de la procuraduría.

Con el objetivo de garantizar la protección del derecho de la libertad "y un reclamo de la comunidad internacional" se buscará que el responsable y su abogado tengan derecho a conocer a los testigos que presentan la acusación así como acceso a la documentación que se registre en la investigación.

(V.periódico Público en línea del 3 de octubre de 2010).

Tras el reconocimiento de las iglesias con la reforma a la Constitución vino el jaloneo por la reglamentación y control de las Asociaciones Religiosas. Por razones históricas y temores, que se puede discutir si son válidos o no pero que a fin de cuentas están instaurados en la memoria colectiva de este país, el Estado decidió mantener restricciones a los ministros de culto y a las AR, como el no tener derecho a ser votados, o negarles la participación en medios electrónicos. Y aunque la mayoría de los mexicanos estaremos de acuerdo es estas prohibiciones, ambas son claramente discriminatorias. A cambio de ello, el Estado cedió ante las iglesias en temas fundamentales y que hacen que hoy las AR vivan un estado de excepción: son verdaderos paraísos fiscales y tienen un fuero tácito (no tanto como el de los diputados, que han convertido el fuero en licencia para delinquir).

Una cosa es que las congregaciones religiosas vivan como quieran vivir, y otra es que, bajo el manto del respeto a las iglesias, se permita la explotación o abuso de mujeres y niños.

El 80% o más de los delitos que cometió el padre Maciel (que según las palabras del Vaticano vivió sin escrúpulos y sin el más mínimo sentimiento religioso) los cometió en nuestro país. La posibilidad de que existan otros macieles católicos o de otros credos religiosos es altísima, porque hemos dejado una enorme hueco legal. Fiscalizar los ingresos de las AR y proteger a los niños de abusos y a las mujeres del esclavismo pío no atenta contra el derecho de creencia. Mantener a las AR en estado de excepción por miedo a enfrentar nuestros fantasmas históricos es el caldo de cultivo ideal para nuevos macieles, más abuso y "lavado" de dinero. La ocasión hace al ladrón, y al Maciel.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 2 de octubre de 2010).

La más importante manifestación de antorchistas que se haya realizado en Guadalajara, con miles de marchantes provenientes de la periferia de la ciudad, de municipios rurales y de los estados vecinos de Nayarit, Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, fue suficiente para que el gobierno estatal admitiera el "pliego petitorio" de la organización, y firmara una minuta aceptando reunirse todos los martes para desahogar las demandas de los agremiados.

En 165 camiones provenientes de la costa y el sur de Jalisco, y de otras entidades, además de un fuerte contingente de indígenas moradores de la zona metropolitana, los manifestantes llegaron a la glorieta de la Normal desde antes del amanecer, y comenzaron su marcha por avenida Alcalde a las 11:30 am. El arribo a la Plaza de Armas ocurrió alrededor de la una de la tarde. La salida comenzó 4 horas después, tras los acuerdos.

Fue la marcha número 26 de la organización durante el gobierno de Emilio González Márquez.

Las principales demandas: venta de lotes económicos para vivienda para 500 familias indígenas en la zona metropolitana; venta de 400 lotes a los habitantes de Prados de Santa Lucía en Zapopan; venta de 300 lotes en Talpa de Allende; conclusión y obras complementarias de la carretera Talpa-Llano Grande-Tomatlán; introducción de agua potable y electrificación en varias comunidades de Villa Purificación, Tomatlán, San Gabriel y Tolimán.

(V.pág.10 del periódico Público del 1o.de octubre de 2010).

El presidente Felipe Calderón defendió el sustento del caso que la PGR llevó ante los jueces de ediles y funcionarios michoacanos presuntamente implicados en el narco y acusó al juez de "desvirtuar" pruebas.

"En el caso concreto, desde luego, respeto la decisión del poder judicial, es evidente que es un proceso que continúa su curso, porque, hasta donde entiendo, la Procuraduría General de la República ha apelado diversas resoluciones del Juez Primero de lo Penal, radicado aquí, en Morelia".

Calderón dijo que "lo que me hacía observar el señor procurador es que, por ejemplo, se ha exonerado a algunos funcionarios con argumentos que, a juicio del procurador, son argumentos infundados".

Y "la manera en el que el juez las desvirtúa, por ejemplo, te cito una. Es en que no le da validez al testimonio de varios testigos en donde hacen imputación contra estos servidores, o algunos de ellos, con el argumento de que los testigos, no digo los inculpados, los testigos no estaban acompañados de un abogado, lo cual es verdaderamente absurdo y, además, ilegal, a mi juicio, porque, precisamente, los testigos, sobre todo cuando acuden por su propia voluntad, no requieren estar acompañados de un abogado".

El mandatario sostuvo que "son testigos, no son inculpados, no son reos, no son acusados, son testigos y, en consecuencia, no requieren estar acompañados de un abogado. Y en cualquier caso, eso no puede invalidar su testimonio, como lo hizo el juez primero de lo penal, según ha reportado el procurador general de la República".

No obstante, "yo, en cualquier caso, respetaré las decisiones de los tribunales. Calderón subrayó que "esto es un asunto de legalidad, esto es un asunto de justicia, y las autoridades judiciales en última instancia que está, desde luego, en curso de ser resuelta, en última instancia resuelven definitivamente estos casos, yo respetaré esas resoluciones, cualquiera que sea el sentido que sea".

(V.periódico El Universal en línea del 30 de septiembre de 2010).

A todo México: Hace algunos años no sabía nada de secuestros, o más bien, sabía lo que todo mundo sabe: que es un terrible flagelo para la sociedad mexicana, que arrastra a las víctimas y a sus familias a un terrible mundo de angustia, miedo, desesperación, sufrimiento y, en algunos casos, muerte. Un mundo trágico. Para mi gran infortunio, tuve que aprender mucho sobre la problemática de este horrible delito, no porque fuera yo una víctima de él, sino porque fui injustamente acusada de haberlo cometido. Estudiándolo, he descubierto un mundo de ineficiencia, intereses y complicidades inconfesables, fabricación de pruebas, manipulación y corrupción. Siendo inocente estoy aquí, presa, mientras una gran cantidad de verdaderos secuestradores está libre y sigue haciéndole daño a la sociedad mexicana.

Tengo la esperanza de que mi caso sirva para despertar conciencias, para exigir a las autoridades eficiencia, transparencia y honestidad en su quehacer, es decir, aquello que tiene que ser guía de conducta para todo servidor público. Lucho, por supuesto, por mí, por probar mi inocencia, por mi dignidad, por mi país, pero también por México, por su sociedad, porque sé que hay otros casos como el mío: Ignacio del Valle Atenco, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González, Alberta Alcántara, Guillermo Vélez -calumniado, torturado y asesinado- y tantos más. Es necesario que reflexionemos, pero sobre todo que actuemos para no permitir que esto siga ocurriendo. Algún día, un vecino, un amigo, un miembro de tu familia, tú misma, tú mismo, podría ser víctima de una situación así; cualquier ciudadano común, trabajador, decente, podría caer en este infierno. Actuemos para impedirlo. No es posible que un porcentaje abrumador de los crímenes cometidos quede impune y que de los pocos que son resueltos, una buena parte sea fabricando culpables".

Florence Cassez
(v.pág.10 del periódico Mural del 30 de septiembre de 2010).

Del desenlace del "michoacanazo" podemos extraer por lo menos 3 lecciones ilustrativas del estado que guardan las cosas en México. La primera tiene que ver con la procuración de justicia; la segunda con la administración de justicia; y la tercera con la comentocracia y la justicia.

El que 34 de los 35 inculpados por la PGR -funcionarios municipales y estatales, electos y designados- tuvieran que ser liberados, y que incluso un diputado electo pudiera finalmente tomar posesión a pesar de la Policía Federal (obligando ahora al gobierno federal a intentar su desafuero), muestra que el Ministerio Público federal no hizo una labor espléndida de investigación e integración de las averiguaciones pertinentes. El poder judicial rechazó, en los hechos, todos los cargos para los detenidos por falta de pruebas, por vicios de origen, o por otras razones que claramente revelan la inoperancia de la procuración de justicia, o de las leyes existentes para combatir al crimen organizado o de la probidad de los jueces, si es que la responsabilidad es de ellos. Es un evidente fiasco de alguien: del gobierno, de las leyes o de los juzgadores.

Si hace algunos años la PGR y el MP federal hubieran actuado contra alcaldes, regidores, un procurador estatal y asesores de un gobernador de un partido de oposición (suponiendo que todo esto fuera posible), difícilmente habríamos encontrado un juez en México que se negara a acatar las indicaciones jurídicas y, por qué no decirlo, también políticas del presidente de la república. Esta vez, por las razones que se quieran (por la ineptitud del MP, por la audacia o la fuerza del narco, por la ambigüedad de los casos, por lo que se quiera), una operación de esta magnitud fracasó de cabo a rabo. De ser culpables algunos de los 34 lamento, por supuesto, que no sean encarcelados, pero me congratulo de que ya exista un poder judicial en México a nivel federal que no acepte los dictados del ejecutivo.

El presidente Calderón en Monterrey hace unas semanas, hablando en general, y en abstracto, se lamentó de que un altísimo porcentaje (como 75%) de los detenidos en su guerra terminen libres por deficiencias en la ley o por el desempeño del MP. Amigos en Chihuahua, por ejemplo, nos dijeron a Héctor Aguilar Camín y a mí hace unos meses, que resultaba preferible abandonar el esfuerzo de los juicios orales, ya que, según ellos, gracias ese procedimiento un culpable de homicidio y/o violación fue exonerado por vicios de forma y de origen en su juicio. Y, obviamente, la inmensa mayoría de la opinión pública considera que Florence Cassez debe permanecer eternamente encerrada por su complicidad con los secuestros de los que se le acusa, con independencia del llamado montaje de García Luna.

Huelga decir que yo no sé si esta gente es culpable o no. Pero mis amigos comentócratas tampoco. Lo que es más, sólo hay una persona que puede saber y decidir si alguien es culpable o no: un juez. Mientras eso no suceda son inocentes, no sólo porque la Constitución Mexicana ya lo estipula explícitamente, sino que es el espíritu de cualquier sistema judicial. Lamentar la liberación de un culpable por un juez es un contrasentido: si el juez lo libera, por definición no es culpable. Sé bien que esto en México no se entiende; pero también sé que de otra forma no se entiende que es la justicia.

Jorge G.Castañeda
(30 de septiembre de 2010).

Miguel García Hurtado es una de las víctimas del "michoacanazo". Procurador de justicia de Michoacán cuando se produjo el operativo del 26 de mayo de 2009 en el que se detuvo a decenas de funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales, se presentó voluntariamente a declarar al día siguiente, pero fue detenido y acusado de tener vínculos con el narco.

485 días más tarde, el 24 de septiembre, ya con su empleo perdido, habiendo gastado fuertes cantidades de dinero en su defensa legal, tras haber sido exhibido en los medios como narcotraficante, con la carga de la angustia personal y familiar por su prolongado encarcelamiento, el juez lo dejó en libertad porque las pruebas en su contra no demostraban su culpabilidad. No es el único caso. 34 de los 35 detenidos en el michoacanazo están ya en libertad.

¿Cuáles fueron las pruebas que llevaron a la PGR a consignar a García Hurtado y a los otros acusados? En el caso del ex procurador, la inclusión de su nombre en una supuesta narcolista -3 hojas blancas impresas con nombres y cantidades- así como los testimonios de 3 testigos "protegidos", identificados en los juicios como Emilio, Ricardo y Paco, ex policías convertidos en delincuentes a quienes la Procuraduría les prometió beneficios a cambio de sus declaraciones.

El problema con la narcolista es que cualquiera pudo haberla elaborado. De los testigos, uno ofreció un testimonio de oídas sin validez jurídica. Otros dijeron que miembros de La Familia entregaban dinero al procurador, pero los datos que aportaron se contradicen con otras pruebas.

Los testigos lógicamente declararon lo que les convenía a cambio de los beneficios que se les ofrecieron. Ni ellos ni la autoridad se preocuparon demasiado porque sus historias fueran posibles o congruentes. Uno de ellos, de hecho, se ha fugado ya.

Mucho se ha señalado que las autoridades mexicanas detienen para investigar en lugar de investigar para detener. Este caso, sin embargo, parece ser todavía peor. El ex subprocurador de Michoacán Ignacio Mendoza Pacheco, detenido en el michoacanazo y liberado en enero de este 2010, acusa a la PGR de haber actuado con dolo y por razones políticas. La afirmación, que en otras circunstancias parecería uno de tantos intentos de un criminal por evadir su responsabilidad, adquiere fuerza ante el rotundo fracaso de todos los casos surgidos del michoacanazo.

Quedan en el aire varias preguntas. ¿Qué ocurrirá con el único detenido que aún permanece en la cárcel? Se trata de Armando Medina Torres, ex presidente municipal de Múgica, detenido en septiembre pero acusado con las mismas pruebas inconsistentes y testigos falsos que los demás. ¿Seguirá tratando la PGR de detener al diputado Julio César Godoy, que enfrenta acusaciones que son al parecer tan endebles como las de las demás víctimas del michoacanazo?

Por otra parte, ¿serán las pruebas contra Greg Sánchez, el ex candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, también falsas? ¿Habrá sido su detención realmente producto de su colaboración con los cárteles de las drogas o sólo una maniobra para quitar de enfrente a un candidato incómodo?

Cuando un operativo en que se detiene a 35 resulta en 34 absoluciones (hasta ahora) hay motivos de preocupación. ¿Son tan ineptos los ministerios públicos y fiscales que no pueden ganar estos casos? ¿O se ha convertido la PGR en una institución que inventa acusaciones por razones políticas?

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 30 de septiembre de 2010).

Una llamada anónima y la declaración de 3 testigos protegidos fueron los elementos que le bastaron a la PGR para arraigar, consignar y llevar a juicio a 35 funcionarios estatales y municipales de Michoacán, de los que sólo uno permanece en la cárcel.

Esta llamada, a juicio del agente del MP Ulises César Fuentes Esperón, fue valorada como "un elemento de convicción" con "valor demostrativo de indicio", por lo que dejó registro escrito de ella y comenzó a realizar una indagatoria.

(V.pág.2 del periódico Mural del 30 de septiembre de 2010).

Es triste ver cómo un grupo político llamado Universidad de Guadalajara paraliza a la ciudad con total impunidad. La verdad es que no mostraron la cultura que dicen tener, cantando al gobernador porras típicas de los barristas, como el famoso "que lo vengan a ver", mientras los comunes no podemos ir a trabajar al centro. Tampoco mostraron su civilidad, al estacionar sus camiones en las pocas vías del centro que no ocuparon, mientras que para los comunes es impensable estacionar el auto en medio de Avenida La Paz.

Luis Godínez Díaz
(v.pág.10 "Cartas del lector" del periódico Mural del 30 de septiembre de 2010).

Lo que inició como un día normal en materia de transporte urbano, se transformó en un caos a partir de las 10:00 horas, cuando agentes de Vialidad cerraron avenidas para dar paso a los contingentes de la marcha de la Universidad de Guadalajara. Hubo desvío de rutas y el Macrobús no prestó servicio.

Algunas personas se quejaron de haber caminado hasta 2 kilómetros para llegar a sus destinos.

Los cierres viales en el centro y el intenso congestionamiento vial fueron consecuencias de la marcha.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 30 de septiembre de 2010).

El congestionamiento vial registrado en la Avenida Colón, rumbo al centro de la ciudad, al mediodía de ayer, provocó que una ambulancia de la Cruz Verde Tlaquepaque llegara 40 minutos tarde a un accidente con un herido.

(V.pág.7 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 30 de septiembre de 2010).

"Nos bajó considerablemente en prácticamente toda la zona las ventas durante la mañana, más el tiempo que tardó en lo que se liberó el centro por las personas que fueron a la marcha", explicó Juan Carlos Anguiano, presidente de la delegación Canaco Centro Histórico.

Anguiano dijo que analizarán interponer una queja o exhorto a la universidad para solicitar que se manifiesten de otra manera o en otro lugar.

"Obviamente no justificamos este tipo de marchas, entendemos el derecho que tienen a manifestarse, pero creo que el derecho de ellos termina cuando comienza el nuestro, donde afectan a terceros, donde a un gran sector como es el comercio del centro histórico, que genera un promedio de 20 a 25,000 empleos, se ve sumamente afectado por este tipo de manifestaciones", afirmó.

(V.pág.1 de la seción "Negocios" del periódico Mural del 30 de septiembre de 2010).

Hay temporada de caza de alcaldes, el primer piso de gobierno en el país, y no hay escándalo nacional. Esta indiferencia, también es México y también mata.

La tarea de encontrar a los responsables de ese y los otros 10 asesinatos de alcaldes este año corresponde a las autoridades judiciales. Pero la tarea de revisar qué es lo que está sucediendo con este primer piso de gobierno tiene que ser de los políticos, a nivel federal y en los congresos, que no están dando la atención suficiente al patrón de alteración política que empieza a conformarse en los municipios. En ellos se encuentra la primera línea de fuego contra la delincuencia, pero también es donde se pone a prueba si México camina hacia un estado fallido o puede darle vuelta a un destino que pareciera manifiesto.

Un informe de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado divulgado a finales de agosto, reportó que desde 2007 se habían registrado 41 asesinatos de presidentes municipales, ex alcaldes, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a ediles. Más grave aún, mencionaba como síntoma de fragilidad del Estado Mexicano, de 2,339 municipios, en 7 de cada 10 había una presencia clara del narcotráfico, y en 195 de ellos los cárteles tenían el control absoluto de ellos.

Los presidentes municipales se encuentran en la primera trinchera de todo. Son el círculo más externo de la contención en materia de seguridad, y también el principio de la pirámide de gobierno.

No hace falta insistir que donde debe surgir la fortaleza de la nación, se haya la paradoja: la mayoría de los municipios están desamparados y abandonados por los estados y por la federación. Si se toma el aspecto de la seguridad -que es la razón por la que se crearon los estados modernos-, como un ejercicio para ver el rezago de los municipios, la falta de atención y el soslayamiento de sus necesidades, equivale a una especie de suicidio institucional.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hay poco más de 400 municipios que carecen de policías, y en 1,029 de ellos no hay más de 15 agentes. En números totales, 88.5% de los municipios tienen menos de 100 elementos. Es decir, en donde más, hay 30 policías máximo por turno, pero en donde menos existe presencia institucional, llega a haber hasta uno para cubrir los 3 turnos, los días de descanso y las vacaciones. Absurdo.

Si se añade que 93% de los delitos son del fuero común, y que de estos casi 80% son de algún tipo de robo, es totalmente lógica la percepción nacional de inseguridad, que está constantemente alimentada por ese abandono político de los municipios, lo que permite círculos viciosos que impiden la llegada del virtuoso.

Varios alcaldes asesinados este año fueron entregados y muertos por sus propios policías, que vieron afectados sus ingresos en forma directa al ser despedidos, o indirectamente al ser cambiados de sus tareas, con lo cual les quitaban el espacio para brindar protección a los narcotraficantes. Los alcaldes se convirtieron en sus principales enemigos.

Ni la federación ni los estados inyectan suficientes recursos a los municipios, cuyos presidentes llegan a ser rebasados por los narcotraficantes de la zona, que son los que entregan a la comunidad espacios públicos "canchas deportivas", iglesias y hasta empleo indirecto. Las lealtades comunitarias recaen pragmáticamente en la delincuencia organizada y no en la institución. No se trata de una corrupción meramente, sino de sobrevivencia. Si el Estado es incapaz de proveer y crear condiciones de vida aceptables, ¿por qué respetar al Estado que los abandona?

El estado fallido y la creación de burbujas territoriales donde mandan los narcotraficantes, seguirá creciendo ante los ojos de todos los que no han querido repensar qué hacer con el país en términos microscópicos, como el municipio, y están contemplando el bosque mientras la plaga acababa con los árboles.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2010).

El "michoacanazo" llegó prácticamente a su fin con la absolución decretada a 5 más de los ex funcionarios de Michoacán que fueron acusados por la Procuraduría General de la República de presuntos nexos con el cártel de "La Familia Michoacana". Con los 5 ex funcionarios absueltos por el Juzgado Primero de Distrito de Morelia suman 34 los ex servidores públicos liberados por carecerse de pruebas para inculparlos. A la fecha, sólo queda en prisión el ex alcalde de Múgica, Armando Medina Torres.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2010).

Secuestraban en promedio a uno por semana, a veces eran 2. En Ascensión, Chihuahua, todos eran víctimas potenciales: restauranteros, ganaderos, agricultores, pobres y ricos. Al final se llevaban a cualquiera y pedían 30,000 o 40,000 pesos. En el pueblo cuentan que todos sabían quiénes eran los responsables. Pero no pasaba nada. A veces los detenían, pero en no más de 15 días veían que ya estaban de regreso. Se cansaron. En mayo de 2009 un grupo de 500 habitantes tomó la presidencia municipal para exigir protección y garantías. Los secuestros continuaron.

Hace 2 meses optaron por organizarse. Cuando el lunes pasado los pandilleros robaron una troca, en Ascensión todos estaban listos. Al día siguiente, tal y como lo esperaban, los pandilleros secuestraron a una jovencita que trabajaba en la marisquería, iban en la camioneta robada. Los empezaron a perseguir. En una carretera a la salida del pueblo, los secuestradores se toparon de frente con militares y tratando de evitarlos, se accidentaron. Tres fueron detenidos por la gente y entregados a los militares, los otros 2 escaparon corriendo entre los cultivos. La persecución duró 2 horas. Los habitantes solicitaron la ayuda de la avioneta que se usa para fumigar. Cuando los lograron ubicar se lanzaron sobre ellos.

No es difícil imaginar su estado: iban excitados por la persecución, exasperados y furiosos porque los militares se habían llevado a los otros 3 pandilleros en lugar de que se les enjuiciara en Ascensión, temerosos de que otra vez las autoridades los fueran a soltar y con pánico a las represalias. La paliza fue mayúscula. Los entregaron, sin embargo, todavía vivos a la policía federal. Eran 2,000 habitantes los que habían participado en la persecución. La policía los metió dentro de una patrulla, se los querían llevar. La gente los rodeó, no querían, insistían en que permanecieran en el pueblo. La discusión se eternizó y los jóvenes maltratados murieron sofocados.

-No queríamos llegar a tanto- me dice uno de los habitantes. Sin embargo, agrega: "Nunca vino nadie cuando nos secuestraban". Ese día, en cambio, sobrevolaron 2 helicópteros la zona, llegaron 34 patrullas y cientos de policías federales y de elementos del Ejército. Desde entonces han recibido la visita de sicólogos, acaba de ir el subprocurador en persona y varios ministeriales de Ciudad Juárez y de Casas Grandes.

El balance es inquietante. Los habitantes de Ascensión son gente trabajadora, ninguno buscaba provocarle la muerte a nadie, querían justicia y atención. Y lo lograron por el camino de los hechos. En Ascensión hay temor todavía a una posible represalia, corren rumores, pero la gente se siente satisfecha.

¿Cómo se sentía el ambiente en el pueblo después de lo ocurrido? le pregunto a mi interlocutor. -Como un domingo cualquiera, la gente tranquila en las calles, como antes.

En Ascensión la gente triunfó. Así lo sienten y así parece. Pero el ejemplo puede cundir y no sería una buena noticia para el país.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2010).

Contratar un crédito hipotecario en una entidad con un débil estado de derecho será más caro. En 2011, los bancos tendrán la obligación de crear mayores reservas en aquellas entidades del país donde los procesos judiciales para recuperar las garantías son más deficientes.

Ricardo García Conde, presidente del comité de mejores prácticas de la Asociación Hipotecaria Mexicana, reconoció que la constitución de más provisiones en los estados con mayores riesgos se reflejará en un aumento en la tasa de interés.

El director ejecutivo de crédito al consumo de Scotiabank, destacó que hay estados en donde los juicios para recuperar las garantías se llevan 2 años y en otros tardan más de 6 años. Aclaró que en este momento no hay una diferenciación en la tasa de interés por regiones ni por entidades.

En las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se presentaron ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria se clasifica a los 32 estados del país en 3 segmentos A, B y C, de acuerdo con la eficiencia de sus procesos judiciales en cuanto a recuperación de garantías establecidas en los préstamos.

El estudio destacó que Chihuahua obtuvo una de las calificaciones más bajas dado que la entidad presenta "serias deficiencias" al hacer efectiva la ejecución de una sentencia. Además, la investigación destaca la negativa participación de las autoridades locales para prestar el apoyo necesario de la fuerza pública cuando así lo requieren los juzgadores.

En el Distrito Federal, Entidad en la que se alcanzó una asignación de E4+, se observó que hay "dilaciones" en la etapa de ejecución de resoluciones judiciales, debido a la falta de un eficiente apoyo de la fuerza pública, así como a la constante aplicación de criterios discrecionales por parte de los encargados de impartir justicia.

(V.pág.23-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2010).

Con asesinatos como el de Prisciliano Rodríguez o el de Edelmiro Cavazos van quedando en evidencia demasiadas irregularidades.

Primero, que en muchos municipios de este país no hay policías ni para cuidar a los gobernantes. ¡Cuidado!

Segundo, que cuando hay policías, no faltan los que están coludidos con los delincuentes, los traidores, los que son capaces hasta de atentar contra sus propios jefes.

¿Y quién va a querer ser alcalde? ¿Y quién va a querer ser policía? ¿Y, peor tantito, quién va a poder resolver esto porque, por supuesto, también hay intereses partidistas atrás de cada una de estas historias?

Matar a un alcalde es decirle a la gente: no importa por quién votes, aquí sólo va a gobernar el que los delincuentes quieran que mande.

Por tanto, ¿de qué sirve votar? ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Qué caso tiene perder el tiempo con temas como Peña Nieto y las alianzas electorales?

Luego está la parte del: nadie sabe, nadie supo. Es muy fácil pensar que gente como Ramón Mendívil Sotelo y Manuel Estrada Soto fueron atacados por asesinos del crimen organizado, ¿pero qué tal si no?

Si fueron los del crimen organizado (así, en abstracto, como si se tratara de una sola instancia), qué terrible. Los mensajes son: tómenlo como aviso, aquí mandamos nosotros, no se metan y prepárense para lo que sigue.

Pero si fueron enemigos de otra índole, asaltantes comunes y corrientes, vengadores anónimos o imitadores como los que siempre aparecen en estos casos, entonces esto adquiere dimensiones todavía más enfermas.

Significa que cualquier hijo de vecino puede plantarse frente a un alcalde mexicano y dispararle en la cara como en película de vaqueros, que el crimen organizado ha hecho escuela en otros ámbitos de la sociedad y que la ley del balazo es la única que vale en muchos puntos de nuestra nación.

Y es que, si así de fácil es matar a un alcalde, imagínese qué tan sencillo no será matar a un comerciante, a una periodista, a un maestro de primaria o a una enfermera.

Es una invitación al peligro, a sacar la pistola, a que nos hagamos justicia por cuenta propia. Es el fin de las instituciones.

Todos los crímenes se tienen que resolver, pero los que se han cometido contra alcaldes se tienen que resolver de inmediato sin importar etiquetas partidistas, rencores, distancias, estados ni nada de nada.

A los mensajes que nos han mandado los responsables de estos actos hay que mandarles otros más fuertes y poderosos, mensajes que tengan que ver con la seguridad de nuestras autoridades, mensajes que tengan que ver con el fin de la impunidad.

Alvaro Cueva
(v.pág.14 del periódico Público del 26 de septiembre de 2010).

No se trata de que la vida de las autoridades tengan más valor. Ni siquiera que sus muertes asusten más porque se supone que estarían protegidas.

Se trata de que avanza la ley de la selva. La muerte violenta de los presidentes municipales nos acerca a la agonía del Estado en algunas zonas del país. Hace tiempo que sabemos que la autoridad municipal no tiene nada que hacer frente al narco y el crimen a su alrededor, pero hemos dado un paso más. La organización social se desmorona: matar a un alcalde es matar a quien tiene a su cargo la comunidad; es matar a quien ha recibido el poder de cuidarnos y de cuidar que la vida cotidiana funcione; es matar a aquél a quien hemos transferido una parte de nuestro derecho para que nos garantice un estado de paz; es matar al encargado de que los espacios públicos sean para todos, de que la ciudad o el pueblo funcione ordenadamente y de que los gandallismos encuentren límites.

Hay formas de dirimir los conflictos. Si el conflicto es con la autoridad, también. A los alcaldes se les juzga, se les depone, se les vigila y se les controla, a sus partidos se les castiga con el voto en contra.

El asesinato de un alcalde significa el fracaso de una manera de vivir en comunidad. El asesinato de 10 en un año enciende una auténtica luz de alarma sobre el país.

Luis Petersen Farah
(v.pág.16 del periódico Público del 26 de septiembre de 2010).

El tema nodal de la violencia apabulla: promedio de 30 muertos diarios, asesinato(s) de alcaldes en nuevo León y Chihuahua (10 en 2010); linchamientos y justicia popular espontánea por mano propia, "vigilantes" armados en comunidades y barrios, sicarios contratados por autoridades para combatir sicarios; inicio y desarrollo de la inevitable paramilitarización del país, resultado de la inoperancia del Estado y las leyes; contagio del papel de la violencia como regulador de la convivencia social, extensión de la sociedad incivil.

Alán Arias Marín
(v.pág.16 del periódico Público del 26 de septiembre de 2010).

El tráfico de drogas, armas, personas, delitos (sí, tráfico de delitos) y mercancía ilegal, ha dado tal poder a quienes lo controlan, que la idea de autoridad ha sido trastocada. Manda quien puede. Manda quien manda. El poder no se anda con remilgos: le pertenece a quien lo ejerce, no a quien lo reclama, y hay gente que lo tiene claro.

Por eso no extraña la singular postura adoptada por El Diario de Juárez, en Chihuahua, que utilizó su editorial (la columna que marca la postura institucional de la casa) para mandar un mensaje directo a los grupos que se disputan la ciudad. Un reportero y un fotógrafo de ese diario han sido asesinados en dos años, y por las mañanas aparecen mantas que aluden al asesinato del último para amenazar a algunos policías.

Si el fotógrafo y el reportero son víctimas inocentes o no, no me toca dilucidarlo. Son víctimas, punto. Y cualquiera que sea la historia detrás de su muerte, son la punta de una madeja que El Diario de Juárez saca a la luz como actor en una guerra, sin venda en los ojos, sin discursos abstractos, con la claridad que le da saber que se dirige al bando que en este momento está poniendo las reglas.

¿Qué quieren de nosotros?, pregunta el editorial. Asombrosamente, pide que se le diga "qué se puede publicar y qué no", en un contexto en el que claramente no hay salida. Piden reglas claras en una situación de excepción, y no se les puede culpar por ello: al publicar su petición hacen expresa una postura institucional ante lectores, narcotraficantes y gobierno.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de septiembre de 2010).

El ex secretario de Gobernación en el gobierno foxista, Santiago Creel Miranda, recomendó establecer un estado de excepción que en aquellos municipios o zonas geográficas donde gobiernan las células del narcotráfico y las autoridades están totalmente rebasadas.

"Si las garantías no pueden cumplirse en una parte del país, el Estado está obligado a utilizar mecanismos institucionales para hacerle ver a la población que no pueden salvaguardar esas garantías y tomar las medidas del caso con las fuerzas federales, lo que no podemos permitir son bastiones donde no gobiernen más que las reglas del crimen organizado".

El también aspirante a la Presidencia dijo que es claro que en Ciudad Juárez, Chihuahua y el Estado de Tamaulipas los ciudadanos están siendo golpeados por el crimen organizado.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 22 de septiembre de 2010).

Cientos de personas lincharon hoy a golpes a dos presuntos secuestradores en el municipio de Ascención, en el estado de Chihuahua, después de que habían sido detenidos por policías federales, informaron hoy autoridades municipales.

Fuentes de la policía local de Ascención, indicaron que 3 sujetos secuestraron a una joven de 17 años, aunque la policía federal logró arrestar a los delincuentes y liberar a la joven.

No obstante, un numeroso grupo de pobladores del municipio indignados lograron arrebatar a los detenidos y tomarlos como rehenes y golpearlos con fuerza para hacer justicia por sí mismos.

"Los secuestradores murieron a causa de la golpiza", afirmó una fuente policial, que añadió que los habitantes estuvieron a punto de quemar los cuerpos sin vida de los presuntos delincuentes por lo que la policía los guardó dentro de un auto policial.

Añadió que el tercer delincuente permanece con vida y fue trasladado a Ciudad Juárez.

(V.Agencia Efe del 21 de septiembre de 2010).

Unos 150 colonos bloquearon por más de dos horas el acceso al Puerto de Veracruz por la autopista a Xalapa, para denunciar que desde hace cinco días no tienen energía eléctrica ni agua potable.

Los inconformes bloquearon la circulación vehicular a la altura del Fraccionamiento Oasis en la zona conurbada del puerto, lo que originó una fila de más de 5 kilómetros hasta las periferias del municipio de La Antigua.

El caos vial afectó a numerosos vehículos pesados y tráileres que transportaban despensas para los damnificados, los cuales a causa del bloqueo arribaron a Veracruz poco antes de las 15:00 horas.

Los vecinos defendieron su derecho a manifestarse señalando que al igual que ocurre con los damnificados por el huracán Karl, en su casa también se descompone la comida y carecen de agua, pue no funcionan las bombas por la falta de energía.

"Nuestro problema no viene con el clima, sino desde mucho antes en que nos cortan constantemente la luz porque el fraccionamiento no está regularizado y eso es responsabilidad del gobierno del estado; aquí también sufrimos de robos en las noches por la falta de luz", aseguró Josefina Vásquez.

Otro colono, Francisco Muñíz, señaló que la última vez que les suspendieron la energía fue el fin de semana, poco después de la salida del huracán, y desde ese momento no ha regresado.

Los manifestantes optaron por retirarse del lugar después de que personal del área jurídica del gobierno de Veracruz les prometió que esta noche les reinstalarán el servicio.

Sin embargo, el congestionamiento vial persiste y los vecinos se mantienen a un costado de la autopista.

(V.Notimex del 21 de septiembre de 2010).

Tarde o temprano, la verdad desnuda las complicidades y las corruptelas que impiden que la justicia cumpla con sus más valiosos y nobles propósitos, aunque, por desgracia, los responsables de obstaculizarla no siempre son sancionados con la severidad a la que deberían de hacerse acreedores en razón de sus perversas conductas.

Un ejemplo muy ilustrativo de la forma como se pueden manipular los hechos y los procedimientos contemplados en las leyes es el que en forma muy tardía pone al descubierto el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al reconocer que 4 peritos actuaron en perjuicio de la justa resolución de un caso que conmovió a la sociedad hace 4 años.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 26 de noviembre del 2006, en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez.

Ese día murió el joven Néstor Alan Rodríguez Licea, de 18 años de edad, quien tripulaba un Volkswagen Sedán en el momento de ser impactado por otros 2 vehículos, una camioneta Ram y un Jetta que, según versiones de testigos, eran utilizados para jugar carreras a exceso de velocidad sobre Juárez.

Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo Íñiguez, ambos de 19 años de edad, conducían los vehículos que jugaban carreras y lo hacían en presumible estado de ebriedad.

Sin embargo, ese supuesto nunca podrá demostrarse jurídicamente, pues la prueba de alcoholemia les fue aplicada tardíamente por los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la presumible complicidad del Ministerio Público.

A 4 años de ese lamentable suceso, el mismo IJCF reconoció que aplicó sanciones administrativas (leves, complacientes y ridículas) a 4 de los peritos que con su actuación obstaculizaron que se realizara oportunamente la prueba de alcoholemia, lo que favoreció a los muchachos causantes del percance y de la muerte de Néstor Alan.

MURAL publicó ayer que fueron suspendidos 8 días, sin goce de sueldo, los peritos del área de medicina legal Luis Antonio Guzmán Peña y María del Socorro Méndez Herrera, y el perito de laboratorio químico José de Jesús Reyes de la Torre Villegas. Fue suspendido sólo 5 días, sin goce de sueldo, el perito de laboratorio, José Luis Morales Ortiz.

El miércoles 26 de noviembre del 2008, Néstor Rodríguez Gómez, padre del fallecido Rodríguez Licea, y Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, presentaron una queja por las irregularidades cometidas en el caso al gobernador panista Emilio González Márquez; al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y al abogado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero aún así no se ha hecho plena justicia.

El reclamo se sustentó en la presunción de que la impunidad se impuso debido a la intervención de Fernando Arias Pérez, padre de uno de los muchachos involucrados en el accidente, quien entonces se desempeñaba como director de Comunicación Social del Gobierno de Jalisco y posteriormente tendría el mismo cargo en la Secretaría de Gobernación, en ambos casos bajo las órdenes de Francisco Javier Ramírez Acuña. Al segundo de los jóvenes implicados se le relacionó con la familia del ahora fallecido ex gobernador de Jalisco y ex procurador de la República, Enrique Álvarez del Castillo Labastida.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del 16 de septiembre de 2010).

Un importante empresario de la construcción, que estuvo secuestrado a inicios de los años 90, ha comentado las similitudes que ve entre su secuestro, que duró más de 9 meses, y el de Fernández de Cevallos. Al empresario, según cuenta él mismo, lo tuvieron todo el tiempo desnudo y en un pequeñísimo espacio de un clóset.

El hombre de negocios afirma que en todo el tiempo que estuvo en el infierno del cautiverio sólo una vez sus secuestradores lo sacaron de ese espacio y una voz, que después escucharía profusamente en la radio y en la tele, le preguntó: "Hoy estás de suerte ca..., es día de la patria y te daremos lo que pidas, así que aprovéchate". En su desesperación y angustia el empresario sólo atinó a pedir: "U vaso de whisky con hielos".

Ese empresario jura y perjura que su secuestrador fue un hombre que después apareció con capucha, pipa y pasamontañas dirigiendo un ejército de alzados en las montañas del sureste mexicano. ¿Le suena conocido?

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de septiembre de 2010).

El Bicentenario y el Centenario -si así lo quisieran los legisladores mexicanos- podrían ser inspiradores también de debates muy sentidos, muy graves y muy importantes como aquel de las leyes y la justicia, que ha estado pendiente durante centurias.

¿Qué tan justas son las leyes en México? Es una pregunta de capital importancia para la vida de un país que ha navegado siempre en un sistema jurídico muchas veces tramposo, que se presta siempre a más de una interpretación y que tal parece que estuviera hecho para que los que tienen riqueza material en abundancia la tengan más, junto con impunidad incluidas a las instituciones a su servicio.

La justicia y la legalidad en México definitivamente distan de ser hermanas gemelas, o cuando menos primas de segundo o tercer grados. A una se le ve en una orilla del cantil. A la otra, en el otro extremo.

De estas cuestiones deberían hablar los diputados y senadores, ahora que tienen la oportunidad de emitir opiniones a propósito del bicentenario y del centenario. Difícilmente lo harán, porque -para infortunio de la República- la clase política actual no se ha distinguido precisamente por trabajar en torno de la visión de país, uno de esos debates pendientes, pospuestos, desde hace 200 años.

Vicente Bello
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 13 de septiembre de 2010).

En reunión con organizaciones civiles de Monterrey, el titular del ejecutivo federal recordó que en Chihuahua, primera entidad que adoptó el nuevo modelo de justicia, sólo se castigaron 2,000 de 80,000 delitos, un nivel muy inferior al esperado.

Aceptó que quizá la mayoría de los 110,000 detenidos en el presente sexenio "no están purgando alguna pena, ni preventiva ni de sentencia", sólo "por cuidar y respetar los debidos procesos legales".

(V.pág.34 del periódico Público del 10 de septiembre de 2010).

La responsabilidad principal del gobierno es defender a los gobernados de las agresiones de terceros, pero no de sus propias decisiones. Es lamentable que un gobierno que no tiene la capacidad de protegernos de los criminales quiera utilizar los instrumentos abusivos del poder para violar las decisiones personales de los individuos.

Es inaceptable que las mayorías abusen de las minorías, como los fumadores o los miembros de alguna etnia, con impuestos excesivos.

Los no fumadores tenemos derechos muy importantes, por supuesto, como gozar de espacios libres de humo. Pero acosar a los fumadores por una simple posición moralista es inaceptable.

Nos dicen que hay razones pragmáticas para hostigar a los fumadores. Sus costos médicos son, supuestamente, una carga para las instituciones públicas de salud. Pero si vamos a ser utilitarios, hay que hacer las cuentas bien y completas. Los políticos nos hablan de lo que cuestan a las instituciones de salud las enfermedades de los fumadores, pero no de cuánto se ahorra por pagar pensiones menos tiempo o por no tener que cubrir los costos de otras enfermedades más tardías que ya no sufren muchos fumadores.

Los costos de salud por sobrepeso, obesidad y diabetes son superiores a los que pudiera causar el tabaco, pero no perseguimos a quienes comen productos excedidos en grasas o azúcares con la misma saña con la que hostigamos a los fumadores.

El Estado tiene obligación de darnos a conocer la información sobre los daños de salud que puedan producir el tabaco, los alimentos chatarra o las acciones de los políticos. Pero no tienen por qué acosar a los fumadores o a ningún otro grupo de la sociedad.

Los mexicanos mayores de edad tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Los políticos no tienen por qué imponernos su moral o sus hábitos de conducta ni con impuestos ni con prohibiciones. El grosero intento por obligarnos a dejar de fumar a golpe de impuestos hace que me den ganas de encender un cigarrillo... aunque nunca haya fumado en la vida.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 9 de septiembre de 2010).

Ayer salieron libres 7 mujeres condenadas a la cárcel en Guanajuato por cometer el delito de aborto, que en esa entidad se llama homicidio por parentesco. Sin entrar en los casos específicos y sin detenernos en las razones que tuvo cada una de ellas para tomar esa decisión, el caso revela una retorcida lógica penal y una alarmante falta de congruencia ante lo que la sociedad considera grave y lo que no. Lo peor es que esa retorcida lógica frente a los delitos, la vida y la reproducción sexual se extiende a una decena de estados en la república.

En Jalisco, para no ir más lejos, la vida está protegida desde la concepción en la mismísima constitución local, lo que significa que cualquier aborto debe ser perseguido. No sólo eso, cualquier manipulación genética, para fines de investigación, atenta contra la letra del texto constitucional jalisciense, lo mismo que el descarte de embriones malogrados en procesos de fecundación in vitro.

Éste no es un artículo en defensa del aborto. Es un artículo en contra de la insensatez jurídica a la que conducen los dogmas de fe.

Regreso al caso de Guanajuato. El aborto está penadísimo. Se considera homicidio de hijo, ni más ni menos, y cualquier mujer que interrumpa su embarazo y, por consiguiente, la gestación de un guanajuatense protegido por la Constitución y el Código Penal, debe ser castigada exactamente igual que una madre que asesine a sus hijos. Homicidio por parentesco, se llama el delito.

Lo raro del caso de la liberación de las 7 mujeres es que, si bien el aborto sigue penado, por alguna extraña lógica, el homicidio por parentesco fue modificado en el congreso local para reducir las penas.

Antes de esta semana, acuchillar al hermano, al hijo, a la prima o a cualquier familiar, implicaba encierros prácticamente de por vida: hasta 35 años le caían encima al asesino. Hoy, por fortuna, los asesinos de padres, madres, hermanos, primos o abuelos ya sólo perderán 8 años de libertad y con eso, ¡bravo!, las mujeres que habían abortado pueden salir.

A ver entonces. Interrumpir el embarazo no puede ser despenalizado porque la discusión moral es insostenible, lo que nos lleva, como sociedad, a encontrar caminos de salida alternativos: quitarle carga penal al asesinato. Bravo. Hace tiempo que no se veía una acción de estado tan impecablemente idiota.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 8 de septiembre de 2010).

Con respecto a las marchas, habría que cuestionar, de entrada, si el tono, entre irónico y ofensivo, concuerda con el precepto legal (Artículo 9o. de la Constitución) que condiciona el derecho de reunión a que no se injurie a la autoridad, ni se le amenace "para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.3-B de El Informador del 1o.de septiembre de 2010).

La masacre de San Fernando ha sacudido al mundo. México atraviesa el peor momento -imagen y realidad- de su historia contemporánea. No es asunto de percepción, la atroz violencia y la inseguridad generalizadas es real y verídica; puede medirse en cifras, aunque difícilmente pueda valorarse en significados sociales, culturales, criminalísticos o éticos. Indefensión y temor. El otro polo de la criminalidad efervescente y en expansión en la siniestra ecuación que padecemos es el poder del Estado. La población en general y los más vulnerables -migrantes sin permiso, pobres extremos, indígenas marginados, discapacitados- son victimizados por partida doble, por el poder del crimen impune (98% de los delitos no se castiga, más la cifra negra no denunciada) y el poder gubernamental (sus 3 ramas y niveles).

El estado mexicano deambula en el nivel más bajo de gobernabilidad y con el déficit más alto de legitimidad desde los tiempos de la guerra civil de la Revolución Mexicana. La descomposición, falta de funcionalidad básica, corrupción y ausencia de credibilidad se acentúan día con día; en cada episodio macabro y cada acción gubernamental fracasada, el Estado resulta "fallido", falla en funciones esenciales, correlaciones de fuerza militares y políticas, operación de instituciones y ámbitos de vida social específicos, hasta en festejos simbólicos; nadie habla de Estado derribado o inexistente (ése ni al narcotráfico le es útil).

Alán Arias Marín
(v.pág.14 del periódico Público del 29 de agosto de 2010).

La semana pasada, en este espacio, señalé que era momento de apoyar a Marcelo Ebrard por las declaraciones calumniosas y difamatorias del cardenal Sandoval. Condenar los dichos del cardenal es pronunciarse por el estado de derecho, el cumplimiento de la ley y por una civilidad básica en una democracia.

En esta ocasión no se trata de defender a un gobernante perredista o a un precandidato al 2012, se trata de poner límites a un prelado que tiene la boca floja y que se ha distinguido por insultar y calificar a los demás sin que nadie le ponga un freno.

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 29 de agosto de 2010).

La inconformidad social y la anarquía de ella empiezan a brotar por doquier. Alcaldías y pueblos enteros a merced de la furia de sus pobladores; bosques y reservas naturales convertidos en escenarios donde pugnan talamontes, indígenas, narcos y paracaidistas: crímenes incontenibles a la luz del día y frente a numerosas personas: cuantiosos fraudes a la hacienda pública sin responsable alguno; políticos corruptos exonerados; la piratería tan rapaz como impune, y tan sólo 9 de cada 100 delitos que culminan en sanción. Si éste es el caldo, ¿cómo nos va a caer la sopa que nos estamos preparando?

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2010).

Por lo menos 6 mujeres se encuentran en prisión en el estado de Guanajuato acusadas de "homicidio en razón de parentesco". Sus condenas oscilan alrededor de los 25 años cada una. Todas son mujeres pobres. 4 de ellas no terminaron la primaria y 2 dejaron incompleta la secundaria. 2 de ellas habían sido violadas y 4 habían resentido algún tipo de violencia sexual. Sólo 2 tenían acceso al IMSS y 4 carecían de cualquier tipo de cobertura de salud. 4 ingresaron a los Centros de Reclusión cuando tenían 18 y 19 años, una cuando había cumplido 23 y la última 35. 4 son madres y 2 no. Y ninguna de ellas había recibido algún tipo de educación sexual.

Todos los testimonios alegan que se trató de abortos naturales y por lo tanto no deberían ser punibles. Pero las autoridades (ministerios públicos y jueces) decidieron que se trataba de abortos inducidos, tipificados como delitos en el Código Penal del estado de Guanajuato.

Dicho Código establece en su artículo 158 que "aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez", y en el artículo siguiente dice que la penalidad será de entre 6 meses y 3 años de cárcel. Lo cual permite la libertad provisional de las mujeres culpables.

Pero a las 6 mujeres de las que hablamos no se les acusó de eso, sino de homicidio en razón de parentesco. Establece el artículo 156 que "al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina... se le sancionará con prisión de 25 a 35 años...", lo cual no admite el beneficio de la libertad provisional. Es decir, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que esas mujeres hubieran provocado sus respectivos abortos, los jueces no las sancionaron por ello, sino las consideraron asesinas, como si hubiesen matado a su pareja, a un hijo o a sus padres.

No resulta fácil construir consensos en esas materias, pero por lo menos es aconsejable que a las mujeres que abortan no se les trate como si fueran las peores delincuentes. Aquellos que han condenado a esas mujeres a más de 20 años de prisión deberían sentir vergüenza.

José Woldenberg
(v.periódico Mural en línea del 26 de agosto de 2010).

Aunque Jalisco no figura entre los estados de la república donde se cometen más delitos graves, sí es uno de los primeros cuatro en los que no se denuncian los hechos, de acuerdo con el informe "Mediciones sobre la inseguridad en México: victimización, violencia y desempeño de las instituciones de seguridad", elaborado por la organización México Evalúa.

Parecería que, en algunos casos, delitos menos violentos pueden dejar de ser reportados por falta de interés de la víctima, por no dedicar tiempo a los trámites de la denuncia o por tener una baja expectativa respecto de las probabilidades de esclarecimiento o de indemnización que se pueda derivar de la intervención de las procuradurías.

El estudio apunta que en el año 2009 se presentaron 71,843 denuncias ante el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que equivale a una tasa de 1,024 denuncias por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad número 6, del 2009, en Jalisco se cometieron 14,100 delitos por cada 100,000 habitantes.

Esto significa que, en promedio, por cada delito denunciado, se cometieron otros 13 en Jalisco.

(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural de 26 de agosto de 2010).

A diferencia de lo que sucede en EU o Europa, en México los pasajeros de avión que se han visto afectados por la quiebra de una aerolínea pierden tiempo y dinero, pues hasta ahora no han podido recuperar lo que pagaron por su boleto.

Hasta este momento ningún pasajero ha recuperado sus recursos por la vía legal, porque cuando se pide concurso mercantil los primeros que tienen derecho a cobrar según la ley en la materia son Hacienda, el IMSS y los trabajadores, mientras que los pasajeros quedan al final en la lista de acreedores.

Aún así cuando las empresas que fueron demandadas paguen, los consumidores sólo obtendrán el 8.7%.

(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural de 26 de agosto de 2010).

Marcelo le ha hecho un gran servicio al país al denunciar ante un juez a un funcionario religioso que como cualquier ciudadano está obligado a cumplir la ley. El que acusa debe sustentar con pruebas su afirmación. Y el proceso seguirá su curso, como cualquiera otro, aunque estamos en presencia de una primera vez histórica: el jefe de Gobierno de la capital de la república acude al tribunal para exigir a un cardenal de la Iglesia Católica que responda de sus palabras. Un ciudadano frente a otro ciudadano.

Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2010).

Mientras la justicia no funcione en este país no habrá manera de solucionar el problema de la delincuencia. Si la experiencia de personarse en el Ministerio Público resulta terrorífica para el ciudadano de a pie que va a denunciar el robo de su coche, entonces imaginen ustedes la podredumbre que envuelve los casos de asesinatos, secuestros y extorsiones. Y ya no es siquiera la policía, tan denostada y con tan mala reputación, la que no hace sus cometidos: muchos agentes, luego de arriesgar el pellejo y de cumplir cabalmente con su deber, aprietan las mandíbulas cuando el juez deja libre al criminal. La cadena de trasmisión está absolutamente rota: el trabajo bien hecho no vale porque en algún momento alguien, por acción o por simple omisión, abandona la tarea.

Las escalofriantes cifras de la impunidad no son otra cosa que el reflejo del desastroso desempeño del aparato judicial en México. Si, como señalan, solamente 2 o 3 de cada 100 infractores son condenados, entonces estamos hablando de una colosal ineficiencia.

Esa maquinaria es precisamente la que se encarga de garantizar, a los ciudadanos mexicanos, el ejercicio del derecho más preponderante de todos: la seguridad personal. Es más, para eso existe, fundamentalmente, el Estado. De otra manera, cada quien se encargaría -a su manera y con los recursos a su alcance- de desplegar diferentes grados de violencia para protegerse. El algún momento -hace ya varios años- cierto jefe de la policía de la capital dijo que debíamos de andar armados para ocuparnos de nuestra seguridad. Pero, nuevamente, las leyes de este país son tan confusas y embrolladas que si llegaras a matar a alguien en legítima defensa purgarías, a diferencia de los asesinos que andan sueltos, una inconmutable pena de prisión. Y, desde luego, nuestra aspiración no es ésa sino vivir en una sociedad civilizada. Por cierto ¿esas calles cerradas por los vecinos no son una prueba de que, a falta de la protección proporcionada por el Estado, los ciudadanos se organizan ya por su cuenta para vivir seguros? El tema se ha debatido en círculos académicos e inclusive algunos congresistas los tienen bastante claro: para empezar, hay que promover la independencia total del Ministerio Público; hay que homologar los Códigos Penales de los diferentes estados de la Federación; y, sí, crear una gran Policía Nacional. El problema es que, estando ahí las propuestas, nadie hace nada o, mejor dicho, la clase política no se pone de acuerdo para emprender las reformas necesarias. Seguimos en la inmovilidad decretada por los partidos.

Ahora bien, ya están las recetas y las fórmulas pero la corrupción de jueces y agentes ¿cómo la arreglas?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Público en línea del 22 de agosto de 2010).

Vivimos una crisis del estado de derecho que debe producir seguridad y justicia a partir de prestar atención, esfuerzo y recursos a un sector que fue descuidado. Será lento el andar hacia la profesionalización del sector penitenciario, la eficiencia en los tribunales y la calidad en los servicios policiales.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de agosto de 2010).

El meollo no son los niños o el bienestar de los infantes, no. Es que la Iglesia Católica mexicana simple y llanamente se rehúsa a aceptar el estado de derecho en México y acude al poco constructivo expediente de sustituir la argumentación por insultos.

No es nuevo, pero sí peligroso porque en el siglo 19 y en el siglo 20 dos guerras civiles en la República Mexicana fueron prohijadas desde las sotanas nacionales y el poder del Estado Vaticano.

Rossana Fuentes Berain
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de agosto de 2010).

Calderón hace llamado tras llamado a que México sea un país de leyes, a que México sea un lugar donde exista la cultura de la legalidad y a que todos los mexicanos seamos respetuosos de la ley.

Y no es para menos. Tal vez el problema más grave que hoy enfrenta México sea el que no se respeta la ley. Desde el nivel más ‘‘inocuo’’ hasta el más peligroso.

Desde la vecina de la calle que no recoge las heces de su perro en la esquina de tu casa, hasta un líder o lideresa sindical con fortunas inexplicables. Desde el automovilista que no respeta las zebras en los semáforos, hasta el cardenal que viola la Constitución. La ley en México se viola todos los días, la tolerancia a esas violaciones a la ley y la falta de sorpresa e indignación es el pan nuestro de cada día. A 10 años del arribo del PAN a Los Pinos, seguimos siendo el país donde todo pasa, donde todo se vale y donde no pasa nada.

Independientemente de si estás a favor de la ley que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo, al margen de si tu convicción religiosa, tu postura moral o tu desconocimiento sobre la realidad de esas parejas te lleva a pensar que los homosexuales y las lesbianas no deben adoptar menores, en lo que todos deberíamos estar de acuerdo es en que la ley debe respetarse, cumplirse y aplicarse.

Las declaraciones del cardenal Sandoval Iñiguez se suman a una cadena de hechos en los que este polémico señor se ha visto envuelto en los últimos años y que rayan en la ilegalidad y en la impunidad. La investigación realizada por la periodista Sanjuana Martínez en torno a la figura de Sandoval Iñiguez en el libro "Los Intocables", editado por Jorge Zepeda, deberían no sólo de indignar a cualquiera, sino de generar una reacción en cadena y producir un cambio.

Al acusar a Marcelo Ebrard, sin presentar una sola prueba, de haber "maiceado" a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que avalaran la constitucionalidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, Sandoval Iñiguez está cayendo en el delito de difamación y pese a ello, la demanda interpuesta por Ebrard no fue acompañada ni siquiera por el respaldo vocal de un solo diputado o diputada del PAN o del PRI en la Asamblea Legislativa o en el congreso federal, mucho menos por la Secretaría de Gobernación.

Adicionalmente, el llamado de Hugo Valdemar, el vocero de la Arquidiócesis de México, a no votar por el PRD es una violación al artículo 130, inciso 3, de la Constitución. Y pese a ello, ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, ni Josefina Vázquez Mota, ni cualquier otro suspirante a la Presidencia en el 2012 ha señalado algo al respecto.

Aún le quedan 2 años a su gobierno, pero imagino que Calderón quiere ser recordado como el presidente de la ley, como un estadista que tuvo el valor de "usar toda la fuerza del Estado" para atacar el problema más grave que enfrenta el país: la ausencia de legalidad y el "peligro de las drogas".

Cómo le pide a la población que se sume a esta batalla, si él mismo y su equipo no predican con el ejemplo. Mucha voluntad para detener a los capos de la droga, pero nula voluntad para sancionar a otros capos de la impunidad.

Genaro Lozano
(v.periódico El Informador en línea del 21 de agosto de 2010).

En el derecho romano, bajo el que nos regimos en México, los legisladores diseñan un reglamento que debe ser seguido al pie de la letra con poco o nada de margen de interpretación. En el derecho común los legisladores son los jueces que a través de precedentes de comportamiento determinan lo que es correcto e incorrecto y los castigos adecuados.

Como lo es con la política económica, no hay un modelo correcto y uno incorrecto, ambos son adecuados para ciertas circunstancias; y al igual que con las políticas económicas, los sistemas híbridos no parecen funcionar.

En México todo es legal, siempre y cuando sepas de que lado de la barda acomodar al cadáver. Esto puede parecer un argumento sólido para quemar todas las copias de la Constitución y empezar a regirnos bajo un esquema de derecho común, pero un esquema que se basa en el juicio de individuos sería completamente endeble en una entidad en la que está permeada la corrupción en todos los niveles. Resulta que somos demasiado ingeniosos para un sistema rígido, y demasiado corruptos para uno flexible.

Necesitamos blanquear nuestro sentido cívico, abolir la corrupción. Quizás esto suene obvio, como decirle a una persona con extremo sobrepeso que tiene que bajar unos kilitos si quiere mejorar su vida, pero de cierta manera somos la niña gordita que quiere embutirse un litro de nieve y quemarlo con 15 minutos de spinning. Nos hemos estado engañando que podemos seguir dando mordidas y agotando favores mientras corregimos "los problemas de verdad".

Solemos ver a los países industrializados (que aunque lejos están de ser pulcros, están más subordinados) y preguntarnos porqué no somos así los mexicanos. Podemos culpar a nuestra naturaleza bonachona, herencia cultural, incluso, quizás haya algo en la genética; pero lo que es un hecho es que aquellos países tienen castigos mucho más severos que el nuestro y aunque no descarto el valor de su honradez, seguramente el miedo ayuda a mantenerlos en línea.

Juan María Naveja Diebold
(v.pág.19 del periódico Público del 20 de agosto de 2010).

Ahora sí, Juan Sandoval va a tener que mostrar esas pruebas que dijo tener. Si lo hace, bien por él: pondrá en su lugar al Carnal Marcelo y, posiblemente, propiciará una limpia en la SCJN. Si no, tanto mejor: mostrará lo que queda de su calidad moral, ya bastante mermada luego de la defensa enardecida que hizo de Marcial Maciel y su reciente cambio de opinión al tacharlo como loco esquizofrénico.

Lo peor que puede pasar es lo que, lamentablemente, se prevé que pase: nada. Que las autoridades involucradas hagan desidia y apelen a lo que mejor nos sale a los mexicanos: la desmemoria. Finalmente, hay un cura -bastante poderoso, por cierto- de por medio. También puede ocurrir que Marcelo Ebrard aproveche y guarde este episodio como una valiosa moneda que pueda cambiar en un futuro no muy lejano: 2012. O puede pasar que Sandoval gane. Ya se verá de qué costal salen más maices.

Edgar Velasco
(v.pág.18 del periódico Público del 20 de agosto de 2010).

El procurador general de la República, Arturo Chávez, aceptó que el arraigo es una figura cuestionada, pero con resultados altamente satisfactorios, porque muchas personas son detenidas por la portación de un arma y se les retiene para demostrar otros cargos, como delincuencia organizada.

En su turno, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, cuestionó el uso del arraigo sin previa investigación, así como las figuras de testigos protegidos "que ya todo mundo conoce y son informantes en diversos procesos", y dejó claro que esa no fue la intención del congreso al aprobar dichas figuras.

Consideró que el gobierno federal debe informar al Congreso su evaluación sobre la utilidad del arraigo porque, dijo, se aprobó para investigar y evitar la fuga, mientras la tendencia es "arraigar para investigar y me parece que está siendo mal utilizado".

Navarrete dijo que no puede aceptar que exista un "stock de testigos protegidos que sirvan de comodines para lanzar acusaciones a diestra y siniestra", porque esa no era la pretensión.

(V.pág.21 del periódico Público del 20 de agosto de 2010).

Policías de la Agencia de Seguridad estatal y de la Policía Federal, impidieron que la columna integrada por cientos de militantes de El Barzón llegará a la capital del estado de México, donde demandarían a las autoridades mayor seguridad en la zona oriente y norte de la entidad, por lo que los barzonistas determinaron bloquear la carretera México-Toluca a la altura de la comunidad de Salazar.

El bloqueo terminó, después de una hora, cuando una comisión de los manifestantes fue atendida por funcionarios de la procuraduría estatal y de la Secretaria de Gobierno, quienes prometieron tomar cartas en el asunto he instruir a las áreas respectivas, hacer los ajustes necesarios para que se redoble la seguridad en la zona.

(V.periódico El Universal en línea del 19 de agosto de 2010).

Los obispos mexicanos han protestado por lo que consideran una violación a su derecho a la libertad de expresión. En un comunicado que se dio a conocer ayer ratificaron su desacuerdo con la decisión de la Corte de avalar la legislación del Distrito Federal sobre los matrimonios entre homosexuales, pero añadieron: "Lamentamos que al manifestar estos conceptos en la opinión pública, existan quienes recriminen y amenacen alertando la intolerancia, cuando la tolerancia es la posibilidad de que todos expresemos nuestra opinión y posiciones. Por eso expresamos nuestra solidaridad y nuestro sentir a los señores cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez".

Nadie, sin embargo, ha cuestionado a los prelados de la Iglesia por expresar sus puntos de vista. La demanda del jefe de gobierno tiene una razón completamente distinta. El daño moral se está cometiendo no por objetar un fallo de la Corte, a lo que cualquiera tiene derecho, sino por afirmar sin pruebas que el jefe de Gobierno del Distrito Federal sobornó a los ministros.

Yo me cuento entre quienes sostienen que la Iglesia tiene derecho a expresar su punto de vista sobre éste o cualquier otro tema. Pero los sacerdotes deben ser sujetos de las mismas leyes que se aplican al resto de los residentes en el país. Las que castigan la calumnia son tan aplicables a ellos como a cualquiera.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 19 de agosto de 2010).

El estado mexicano reconoce fueros que, si bien discutidos y polémicos por el abuso que han permitido, son legales, pero también respeta otros que no existen en ninguna ley formal.

La sotana de ministro católico, como si estuviésemos en el siglo XIX, es muchas veces sinónimo de inmunidad frente a la acción del estado. Lo grave es que parece aceptable.

Esa inmunidad no se limita a un asunto que podría parecer menor a algunos, como es el de insultar y discriminar, sino que se manifiesta de modo preocupante en el terreno de delitos como el abuso sexual y los manejos financieros al margen de la ley.

Que alguien avise a quienes encabezan nuestras instituciones que el siglo XIX ya terminó.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de agosto de 2010).

Decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una acción legislativa del DF porque los ministros fueron "maiceados", aunque parezca menos insultante es terrenalmente más grave. Insultar es incorrecto y de patanes, expresar el desacuerdo es un derecho, pero cuestionar a las autoridades civiles con acusaciones de corrupción es muy distinto. Por todos lados está mal: en términos lógicos, es una trampa argumental (falacia ad hominem, se llama), en el terreno católico es un pecado (no levantarás falsos testimonios) y en el área del Derecho es una violación a la ley (es una calumnia, penada en el Código Civil).

Sandoval puede decir que los católicos no quieren el casamiento homosexual o la adopción homoparental, pero no puede cruzar la esfera de su competencia. No tiene fuero para violar la ley.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de agosto de 2010).

No hace falta que el cardenal Juan Sandoval se retracte de sus insinuaciones acerca de venalidad y corrupción del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hace falta que Su Eminencia se retracte de nada. Basta con que pruebe sus aseveraciones. Punto.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.2-B de El Informador del 18 de agosto de 2010).

Si el objetivo del presidente Calderón en los Diálogos por la Seguridad fue socializar la responsabilidad sobre el deplorable estado que guarda la seguridad en el país, estos encuentros fueron todo un éxito. Ante el problema de inseguridad, todos salen reprobados, hasta los quejosos por las deficiencias del evento. El problema es más grave de lo que muchos sospechan y la solución más simple: abatir la impunidad.

La impunidad es cotidiana. Un empresario o ciudadano que no paga impuestos abre la puerta a la impunidad; un gobernante que desvía recursos o que no cumple la ley ni la hace cumplir, participa de la impunidad; un partido cuya jerarquía violenta la legalidad interna y que construye relaciones de complicidad con poderosos, promueve la impunidad; un legislador en el tráfico de influencia y en la manipulación de su representación es partícipe de la impunidad; un medio que calla o tergiversa la verdad también es cómplice de la impunidad.

El poder judicial tampoco quedó bien. Es cierto que el trabajo del juez penal está condicionado por la solidez de la averiguación previa, tarea a cargo del Ministerio Público, pero las explicaciones que se dieron hacen sentir que la jerarquía del poder judicial no dimensiona la corrupción en casa o la intimidación de la que son objeto los funcionarios judiciales. Los casos se repiten, como fue la orden judicial federal de liberación del reo responsable de las ejecuciones en Torreón, justamente cuando fue descubierto el entramado de complicidades en el Cereso de Gómez Palacio.

El avance del crimen organizado no da para declarar victoria; su evolución demanda revisar todos los instrumentos de seguridad y justicia. Un nuevo modelo policiaco es una parte, quizá la más crítica, pero sólo una parte. Se requiere un nuevo modelo de justicia, uno de carácter carcelario, de prevención del delito, de salud pública, de coordinación institucional, de control de fronteras, de supervisión financiera, etc., etc.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 15 de agosto de 2010).

En gran parte del territorio nacional no contamos con una policía eficaz ni con un aparato de justicia efectivo y, sin embargo, la tasa de homicidios es más reducida en México que en otros países. Esto significa que los mexicanos, tomados como una colectividad, administran ellos mismos sus responsabilidades y se encargan de vivir en paz por su cuenta. No reaccionan obligadamente a las advertencias previas de la autoridad sino que actúan correctamente de manera espontánea. Es el caso, toda proporción guardada, del automovilista que se detiene ante una luz roja de madrugada en una calle desierta: lo hace porque se lo dice su conciencia y no porque pueda salir un policía de tránsito, digamos, de una coladera.

Existe, sin embargo, la delincuencia que lleva el nombre de "crimen organizado" y que ha merecido la más descomunal respuesta del gobierno a pesar de que nosotros, las personas de a pie, padecemos mucho más los embates de los ladrones, los extorsionadores y los secuestradores que de los narcos. La solución, según dicen, estaría en la legalización de las drogas. Pues bien, formalizar la utilización de las sustancias ilegales no disminuiría en lo absoluto el imperio de unos cárteles que matan, degüellan, ahorcan, queman, estrangulan, decapitan, torturan, ejecutan y mutilan sin pedirle permiso a nadie, sea legal o ilegal, esté permitido o no lo esté. Es más, cuando les quiten su negocio, se seguirán dedicando a lo mismo de la misma manera como el asesino mata en abierto desafío al juez, a sus víctimas, a las Escrituras, a la Constitución, al Código Penal, a Dios y a los hombres. Estas organizaciones criminales no existen porque las drogas estén prohibidas ni dejarán de existir cuando las vendan en la farmacia de la esquina. Están ahí porque no funciona la justicia en México.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 15 de agosto de 2010).

Un dicho muy viejo recuerda que la mejor educación es el ejemplo, y en especial el de los mayores. Si los jóvenes ven a los mayores minimizar las normas en sus comportamientos, tendrán un argumento para no respetarlas ellos. Si ven a las autoridades buscarle la vuelta a la ley para permitir actividades prohibidas por las normas, ellos aprenderán a evitar la aplicación de las normas que estorban a sus propósitos. Si ven a la policía extralimitarse en sus funciones, reprimir en exceso y que nadie los contiene, serán complacientes con el uso de la violencia para resolver los conflictos en los que se encuentren. Cambiemos "jóvenes" por "mujeres", "pobres" o "débiles" y el argumento será similar. ¿Podemos convivir así?

La violación de los derechos humanos por parte de las autoridades mediante comportamientos que exceden las normas legales subvierte el orden moral que sostiene la exigibilidad común de las normas. Si las autoridades "venden" sus decisiones, por ejemplo en licencias, permisos, sentencias o concesiones, los particulares no verán impedimento para comprar esa voluntad en cualquier ámbito.

Se puede ofrecer explicaciones para sostener la imposibilidad de respetar, en la lucha contra el crimen, la vigencia de los derechos de las personas garantizados en la ley. Lo que no se puede es convertir esa violación en una condición de la eficacia represiva y en un argumento para dejar impunes los excesos contra la ley.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.15 del periódico Público del 15 de agosto de 2010).

El Estado sólo podrá recuperar su fuerza moral, fiscal y política, sólo podrá colocarse por encima de los intereses creados y someterlos a los designios de la sociedad, en la medida en que recupere los territorios tomados por el crimen. Cuando eso ocurra, podrá volver a ser un Estado con capacidad para enfrentar a los otros poderes fácticos. Débil y sometido por aquel, no está en condiciones de contener a organizaciones empresariales, mediáticas o sindicales como la de la poderosa Elba Esther Gordillo.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 15 de agosto de 2010).

Es absolutamente inaceptable que grupos plenamente identificados, como el Frente Popular Francisco Villa, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Antorcha Campesina y muchos más, hayan hecho del desquiciamiento del tráfico vehicular su modus vivendi, al convertir el Distrito Federal en rehén de gestión de presupuesto o vivienda.

Hay vialidades de la Ciudad de México, como el Paseo de la Reforma y las avenidas Bucareli, Insurgentes, Juárez y Morelos, así como sus calles aledañas, que prácticamente han sido entregadas a los protestantes profesionales. Las autoridades locales y federales deben destinar y desplegar una gran cantidad de recursos materiales y humanos para canalizar a los, con toda razón, enfurecidos conductores y usuarios del transporte público.

Es hora que el Gobierno del DF y Marcelo Ebrard le pongan un alto al secuestro de las calles de la ciudad, el derecho a manifestarse no representa que algunas decenas o centenas de personas puedan bloquear las principales vialidades. No es lo mismo una gran marcha que expresa el descontento o la problemática de grandes grupos sociales, que el chantaje que practican los negociantes de la necesidad ajena.

No hace falta un gran debate legislativo para reglamentar las marchas y plantones, basta un ejercicio firme de parte del gobierno de la ciudad para que de una vez por todas se acabe con el desmadre de la circulación que padecemos todos los días los capitalinos.

Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 15 de agosto de 2010).

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que marcharon desde el Zócalo capitalino se manifiestan en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli.

El contingente cruzó Eje Central para continuar sobre avenida Hidalgo y posteriormente tomó Paseo de la Reforma, donde detuvieron su avance en la calle de Bucareli.

En ese lugar permanecieron detenidos durante 40 minutos, por lo que fue necesario cerrar los carriles centrales de Paseo de la Reforma en ambos sentidos, desde avenida Hidalgo hasta la glorieta de Colón, lo que provocó severos congestionamientos vehiculares en la zona.

(V.Notimex del 12 de agosto de 2010).

En México los juicios se basan hasta ahora en un expediente escrito y con frecuencia los jueces ni siquiera llegan a ver cara a cara al acusado, algo que se va a corregir con una reforma del sistema penal que introducirá en los próximos años los juicios orales.

Esta es una de los pilares de una reforma que trata de cambiar el sistema de justicia "inquisitorial", donde el acusado es quien debe probar su inocencia ante pruebas y testimonios que lo incriminen, por otro acusatorio, donde se ha introducido expresamente la presunción de inocencia.

(V.Agencia Efe del 11 de agosto de 2010).

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que no probar la responsabilidad plena a criminales o cometer errores en la recabación de pruebas lleva a decretar libertad de delincuentes que llegan ante el juez y además puede generar un aumento de criminalidad.

En el 15% de los casos no se presentan pruebas contundentes y por eso los jueces decretan libertad de los casos, mientras que en el 85% de los asuntos donde se dicta auto de formal prisión llegan a sentencia condenatoria.

"Si no hay experiencia en quienes van a ejercer labor de fiscales o de acusadores muchos procesos pueden resultar fallidos. No todo detenido llega a ser consignado, dentro del propio proceso de averiguación previa se determina su libertad porque no hay méritos para formalizar una acusación."

"Además, los jueces dictan resoluciones a través de las cuales liberan a otro porcentaje de quienes son consignados tienen acto de libertad en las 72 horas bien en sentencia absolutoria".

(V.periódico El Universal en línea del 11 de agosto de 2010).

Uno de cada 4 vehículos que circulan en el estado era "chocolate" [contrabando] y fue legalizado entre 2001 y 2010.

La regularización de vehículos de origen estadounidense provocó que el parque vehicular en Jalisco aumentara 28.4% en la última década. La legalización de estas unidades trae afectaciones a la industria automotriz, pero también participa de manera importante en la contaminación ambiental.

En el estado circulan 678,280 unidades regularizadas, con una antigüedad mayor a los 10 años (el parque total en Jalisco asciende a 2'383,931 vehículos).

"Jalisco es uno de los traspatios de vehículos extranjeros" recalca María Elena Zúñiga, coordinadora de la Dirección de Control de Emisiones de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado.

Otro problema es que continúan circulando sin control los autos con placas extranjeras, sobre todo en municipios alejados a la metrópoli, reconoce Armando López Vences, director jurídico de la Secretaría de Vialidad. "Además no cuentan con póliza de seguro".

(V.primera plana del periódico El Informador del 9 de agosto de 2010).

Marchas realizadas por unos 6,000 microbuseros y 250 estudiantes complicaron la vida ayer de los capitalinos, principalmente del centro de la ciudad, durante al menos 7 horas. Choferes de 74 rutas participaron en la marcha para exigir participar en la ruta 3 del Metrobús; los estudiantes reclamaron espacio en instituciones públicas de educación superior.

(V.pág.8 del periódico Mural del 5 de agosto de 2010).

La violencia que estamos viviendo es quizás mayor -¿se pueden usar adverbios de cantidad en un tema como éste?- por los niveles de corrupción, incertidumbre y deshumanización que la rodean. Nos estamos habituando a las cifras, pero nunca a la brutalidad de los crímenes que se cometen. No sólo son los hechos violentos en sí mismos, sino la saña y el odio con los que se hacen los que transmiten la más absoluta pérdida de sentido humano: nada de compasión, nada de piedad. Cada vez sabemos más de crímenes que añaden la crueldad y el terror deliberado a la humillación que de suyo traen consigo. Hasta el punto de celebrar que tras el robo, el asalto o el secuestro no haya habido torturas ni mutilaciones.

No sorprende que la cifra negra de la criminalidad -los crímenes que nunca se denuncian- cuadriplique la estadística oficial. No sabemos cuántos ni mucho menos quiénes, pero todos advertimos que una porción muy relevante de las autoridades está coludida o comprada o amenazada por los delincuentes. Y la verdad es que desconfiamos de los policías y de los ministerios públicos, excepto cuando transamos su lealtad, no sólo porque tras las denuncias casi nunca pasa nada, sino porque denunciar genera más angustias, más riesgos y más costos. Contra todo manual cívico, el consejo más prudente que recibe alguien que ha salido a salvo de algún crimen es guardar silencio. Al miedo se suma el desamparo. ¿Ante quién se acude? ¿Cómo nos defendemos?

Mauricio Merino
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de agosto de 2010).

En opinión del académico del departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, José Roldán, ir a los tribunales no es visto como un "derecho", sino como una amenaza, algo indeseable en el imaginario social. Verse envuelto en un pleito es lo que menos se desea.

"La justicia no es percibida como la instancia de un mejoramiento de su situación, sino por el contrario, como un perjuicio, de manera que sólo es relevante para un reducido grupo de políticos, académicos o miembros del foro".

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de agosto de 2010).

Policías municipales que mantienen un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc para exigir el pago de un bono federal, decidieron tomar las instalaciones del Ayuntamiento de Acapulco para presionar a las autoridades en el pago de dicha prestación.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de agosto de 2010).

Cada día, me lo han dicho, les abate el miedo a las familias de casi 100 personas de Cuencamé, Durango, secuestradas por los narcos para explotarles en sus sembradíos como esclavas, como contadores y choferes. Y miles de familias de Chihuahua que no tienen la posibilidad de mudarse al otro lado para huir de la violencia. A millones de padres incapaces de alimentar a sus críos. A comunidades de Sinaloa que rezan para que sus hijos no vean como ídolos a sus vecinos sicarios. Y los dueños de microempresas en Laredo y Tijuana que cierran cada noche, orando, para que no los levanten por no pagar la "cuota". O las amas de casa de Michoacán que esculcan las mochilas de sus pequeños para asegurarse que no les hayan vendido tachas o "caramelos". Las madres indígenas de Tlaxcala y Puebla que me contaron durante días su miedo de que un rufián seduzca a su pequeña de 12 o 13 años y se la venda a las redes de tratantes de Nueva York o de La Línea en el Distrito Federal. O las marchantas de la Central de Abastos que quieren salvar a los cientos de esclavos que los tratantes esconden en sus bodegas.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 2 de agosto de 2010).

Hay una inquietud bastante grande producto de muchos años de falta de estado de derecho.

Juan Beckmann Vidal, presidente del consejo de administración de José Cuervo
(v.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 29 de julio de 2010).

Integrantes del movimiento Antorcha Campesina, que axigen al gobierno apoyos para vivienda, bloquearon la avenida 16 de Septiembre marchando ayer de Juan Alvarez a la Plaza de Armas, en espera de una respuesta.

(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 29 de julio de 2010).

Una Procuraduría de la República manejada completamente por el cuestionado ex procurador Antonio Lozano Gracia; un estado que claudicó su obligación constitucional de investigar un delito por consideraciones sentimentales y de amistad; un gobierno federal que atrajo una investigación del fuero común sólo para suspenderla; una familia desesperada por reunir 50 millones de dólares para cambiarlos por la vida de su patriarca, y un Presidente ausente al que no parece importarle el secuestro de más alto impacto cometido en su gobierno, son los saldos de 75 días del cautiverio de Diego Fernández de Cevallos.

Ayer, revivieron los cuestionamientos sobre la lamentable actuación que el gobierno federal ha tenido en este asunto, en el que, violando flagrantemente las leyes, han permitido que los intereses de un grupo político y de abogados, secuestren la procuración de justicia en el país.

Desde que le estalló este secuestro, Calderón pasó de la peligrosa sobrerreacción que tuvo en un principio -cuando mandó helicópteros, perros y un fuerte despliegue policíaco a peinar el rancho de Fernández de Cevallos, con lo que puso en riesgo la vida del ex candidato presidencial- a una indolencia y una indiferencia que llaman la atención. Es como si, con el argumento de cuidar la vida de Diego, el presidente se hubiera quitado de encima la responsabilidad legal y política que tiene para indagar y esclarecer ese caso.

Porque una cosa es que, públicamente, para cumplir con la exigencia de los secuestrados y no arriesgar la integridad del secuestrado, la PGR haya anunciado que se retiraba de las indagatorias. Pero otra muy diferente que el Gobierno, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las áreas de inteligencia militar, hayan dejado de investigar para saber quiénes son los autores de este secuestro, cuáles fueron los motivos reales para cometerlo y qué amenaza representan grupos como el que tiene a Diego para la seguridad nacional.

En lugar de eso, el presidente se lavó las manos y le entregó la PGR a Antonio Lozano Gracia -sí, el mismo de La Paca y la osamenta del Encanto- y al resto del grupo cercano a Diego, Juan Miguel Alcántara, Francisco Molina y al mismísimo Fernando Gómez Mont. Porque en la PGR todos saben que el jefe del procurador Arturo Chávez es Lozano Gracia y que el ex procurador -que se basó en una vidente para encontrar un cadáver y montó evidencia falsa para justificar su teatro en el caso Ruiz Massieu- es actualmente quien manda en la Procuraduría de la República y en las indagatorias del caso Diego.

El presidente pues, "haiga" sido por amistad, por ineptitud o por indiferencia, abdicó de su responsabilidad en este caso; y si eso hace frente al secuestro de un político connotado y miembro del grupo gobernante ¿qué puede esperar un simple ciudadano de a pie?...

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2010).

Apareció en la página de internet de youtube.com un video donde se puede ser testigo de los últimos minutos de vida de un muchacho de apenas 25 años de edad, Rodolfo Nájera, quien vigilado por 2 sicarios declara ante una cámara, con la cara hinchada por los golpes, que es un policía de Ciudad Lerdo y que la directora del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, conoce y tolera la salida ilegal de un grupo de presos que, con vehículos y armas oficiales, abandonan cada noche la cárcel para "salir a hacer desmadre" por la región.

Ese video nos atemoriza porque ahora vemos que unos pistoleros integrantes de los Zetas "investigan", tortura de por medio, los hechos delictivos que tienen lugar en una cárcel estatal donde, se supone, los condenados están para rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.

Y más consterna que apenas unas horas después, la directora del Cereso, Margarita Rojas Rodríguez, fue detenida y está arraigada para que se investigue lo que el fallecido Rodolfo Nájera declaró para unos criminales antes de que lo mataran. Faltan calificativos para describir las declaraciones del vocero de la PGR, Ricardo Nájera, al reconocer que efectivamente (¡ya tienen las pruebas!), al menos dos de las armas de los custodios de la cárcel estatal duranguense, fueron utilizadas en asesinatos masivos en Torreón.

Todo lo dicho por los funcionarios de la Secretaría de Gobernación desde su protegida oficina y naturalmente, todo lo que aparece en el video de referencia, debe ponerse en duda. Todos los hechos deben pasarse por el tamiz de la suposición, porque de lo único que se puede estar seguro en la actual situación, es que efectivamente están rebasadas las autoridades cuando los mismos delincuentes hacen, para su ilegal beneficio, la investigación que a éstas les correspondía.

Cuando parecía pues, que ya no había sorpresas, apareció una más: los policías se pasan a la ilegalidad y los malhechores investigan delitos.

Jorge O.Navarro
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2010).

¿Qué significa esta negociación? ¿Que Felipe Calderón está reconociendo que hizo mal al extinguir la compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Que el Presidente de la República está aceptando que no lo hizo bien?

¿Significa que sí vale la pena hacer marchas, tomar el Zócalo y ponerse en huelga de hambre?

¿Que los sindicatos siguen siendo tan fuertes como siempre y que nadie, ni el mismísimo Presidente de la República, se puede meter con ellos?

Alvaro Cueva
(v.pág.13 del periódico Público del 25 de julio de 2010).

A más de un año de la tragedia, el presidente se reunió con los padres de los niños de la guardería ABC. Un avance, sin duda. El presidente estuvo, escuchó -aunque sin actos de contrición- y ofreció ayuda económica. Pero lo que demandaron los padres fue mucho más que sólo dinero, y ahí está el reto presidencial, si es que pretende dar una muestra de lo que en el país, bajo su administración, es la justicia.

Los invitados supusieron que esta dádiva -tardía- terminaría por mitigar los agravios de una tragedia que pudo y debió evitarse.

Por ello, la justicia que los padres demandan no se detiene por su presencia, tampoco por las tardías ayudas financieras. Por ello los afectados le expresaron al presidente -político que en uso de su libertad eligió postularse para cuidar la integridad de 107 millones de mexicanos-, que su demanda abarca más, mucho más que las "generosas" dádivas del poder en turno.

Porque la petición de los padres fue justicia. La justicia por 3 caminos no negociables: primero, la sanción a los funcionarios -de los 3 niveles- cuya irresponsabilidad provocó esta tragedia; segundo, el pago suficiente para las familias de los niños que hoy tienen graves secuelas -como es la fibrosis pulmonar-; y, tercero, una nueva normatividad para el funcionamiento de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social: no más bodegas disfrazadas de guarderías.

El presidente escuchó, pero ni el estadista, ni la persona se inmutaron; los funcionarios presentes hieráticos, algunos, directos aludidos en lo acontecido en la guardería, con una sangre fría que congela el alma... sostuvieron la mirada y el total desafío de la impunidad. Y los padres de familia, lastimados en lo más profundo que un ser humano puede ser dañado, tomaron fuerza de su dolor y continuarán con sus demandas hasta encontrar justicia, en este país de iniquidades y de tardíos y banales simulacros de desagravio.

Lourdes Bueno
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de julio de 2010).

Unos 100 habitantes de las colonias Emiliano Zapata y El Molino bloquean la autopista México-Puebla en protesta por la inundación registrada este viernes en calles y viviendas de ambas comunidades.

Los manifestantes cerraron la circulación de dicha vialidad, sentido hacia el Distrito Federal, a la altura del llamado Puente Blanco, en Ixtapaluca, quienes exigen a las autoridades realizar acciones para evitar más inundaciones en la zona.

El alcalde Humberto Navarro de Alba acudió al sitio donde los colonos bloquean la autopista México-Puebla, para dialogar con ellos y llegar a acuerdos, en tanto que la Conagua instaló bombas para evitar que el agua continuara inundando las citadas comunidades.

(V.periódico El Universal en línea del 23 de julio de 2010).

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró que la lucha anticrimen es parcial hacia el cártel de Sinaloa, y que de continuar así la violencia en el país seguirá escalando.

El proyecto por el que el gobierno federal está canalizando recursos a programas sociales para disminuir la incidencia delictiva está equivocado, sostuvo José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, porque no es la pobreza, sino la parcialidad de la Policía Federal en la lucha contra el crimen organizado lo que ha incrementado la violencia.

"La criminalidad se reduce persiguiendo, encarcelando y condenando a los delincuentes y no con campos de fútbol".

"No hay ninguna correlación con la violencia y el delito que tenemos en Ciudad Juárez, en Torreón, en Culiacán, en Tamaulipas y Nuevo León con los factores sociales", aseguró.

Prueba de ello, dijo, es que Ciudad Juárez es uno de los municipios del país con menores índices de marginación y desigualdad y uno de los que tiene mejor calidad de vida, de acuerdo con indicadores del Consejo Nacional de Población y la Organización de las Naciones Unidas.

(V.periódico El Universal en línea del 20 de julio de 2010).

La reforma de ley que permite el arraigo es inconstitucional, pero lo hicieron constitucional, permitiéndolo en la Constitución. Propongo que se anule. Arraigar a una persona durante 40 u 80 días es contra el principio de la presunción de inocencia. Es un atraco constitucional cuando el Ministerio Público obtiene de los jueces -vía leyes reglamentarias- un arraigo.

Diputado federal Juventino Castro y Castro, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 20 de julio de 2010).

Lo cotidiano: amenazas, atropellos, lesiones, intimidación, detención arbitraria, desaparición forzada y muerte. El responsable de erradicar tal impunidad es el Estado. Desalentar agresiones contra periodistas y abrir espacios a una sociedad informada no es negociable. La violencia escala. Hay una guerra. Hay terror, aunque se niegue. Van 25,000 muertos en el sexenio (2010 acabará con 9,000).

Según el procurador Chávez Chávez, el problema se gestó hace varias décadas [los panistas nunca tienen la culpa - el webmaster]. La solución no se vislumbra a corto plazo. No hay narcoterrorismo porque los delincuentes no pretenden imponer una ideología ni modificar estructuras del poder (¿?). Lo que no dijo es que la PGR sólo ha iniciado 1,210 averiguaciones previas por homicidios graves y lesiones, en todo el sexenio. ¡El narco gana por goliza!

La violencia desborda. No hay dique. Ni soldados, ni policías. No hay estrategia. Secuestros, piratería, trata de blancas, venta de protección, extorsión, narcobloqueos, masacres (como la del fin de semana en Torreón, 18 muertos, la cuarta del año; como en Juárez, plazas abandonadas), atentados políticos, combates, granadazos y lo que faltaba: autos-bomba detonados por teléfono, como en Iraq. Es el México salvaje.

No se reconoce la dimensión del conflicto. Impera el terrorismo. Aunque renieguen los exquisitos con sus definiciones.José Cárdenas
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de julio de 2010).

Es casi siempre de forma abstracta que se piensa en el asesinato. El número de muertos representa sólo eso: un número. Nos anestesian al decirnos que la muerte no afecta a los inocentes. No pensamos que podemos ser la próxima víctima. En la vida que nos imaginamos para nosotros, la violencia no nos toca, no nos afecta, no nos destruye.

Nos han hecho pensar que los asesinatos existen fuera del contexto en que vivimos, cuando la realidad es que la muerte por violencia nos acecha todos los días. Aceptar nuestra realidad sería equivalente a saber que debemos tener miedo, y que salir a trabajar, a la escuela, al supermercado significa que quizás no regresaremos a nuestro hogar.

Aun las estadísticas nacionales que pretenden mejorar la imagen de México en el extranjero aceptan que el estado de Sinaloa es una de las excepciones y que vivir aquí, representa un peligro mayor a vivir en países en guerra y en las ciudades mas violentas del mundo. Nadie de nosotros en su sano juicio aceptaría trasladarse a Iraq o Afganistán o vivir en las zonas de conflicto de Sudamérica y sin embargo, el nivel de seguridad aquí es similar o peor. Estamos dentro de una guerra para la cual no nos hemos enlistado, una lotería de la muerte para la cual nadie quiere y nadie cree, haber comprado un boleto.

Hemos dejado de ser una sociedad, es decir, un grupo de personas constituido para lograr, por medio de la cooperación, los fines de la vida.

Es muy duro despertar de esa sensación ilusoria de seguridad. Pero si no lo hacemos, nuestro despertar, porque lo habrá, será más duro.

Margarita Almada
(síntesis mensual de México SOS del 19 de julio de 2010).

Como una víctima más de la guerra contra el narcotráfico, el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Chihuahua, ha sido fuertemente torpedeado en su estructura. Más de 100 de sus operadores estratégicos han caído por las balas del crimen organizado, lo que ha impedido que en estos 3 años de aplicación se logre el objetivo para el cual fue diseñado: abatir la impunidad en el estado.

Sicarios de diversas organizaciones criminales han eliminado de 2008 a la fecha a 98 elementos de la Procuraduría General de Justicia, entre ellos policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados, todos ellos recibieron capacitación para aplicar, en el terreno de los hechos, las reformas judiciales que le iban a dar un giro de 180 grados al sistema de procuración de justicia de Chihuahua.

Patricia Martínez Ramírez, procuradora general de Justicia en ese estado, explica que son tantos los asesinatos que se cometen en Chihuahua que "sería imposible investigarlos todos, por eso no le quitamos el tiempo a los fiscales con todos los casos".

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de julio de 2010).

La semana pasada, como corolario de una serie de marchas y manifestaciones realizadas por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, en protesta por la decisión gubernamental -anunciada en octubre del año pasado- de desaparecer, por ineficiente, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y liquidar a sus más de 40,000 trabajadores, las autoridades del Distrito Federal llegaron a un convenio con los dirigentes sindicales: el compromiso de mantener abiertos los cauces para el diálogo que dé solución al conflicto, a cambio de la suspensión, por antipáticas, de las referidas marchas.

Para convertir a miles -y eventualmente a millones- de habitantes del Distrito Federal en sus rehenes, impunemente, quienes esgrimen el recurso de las marchas, curiosamente, se amparan en el primer párrafo del Artículo 9o. de la Constitución: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente (vocablo ambiguo, dicho sea de paso) con cualquier objeto lícito...".

Para reprobarlas cuando son ellos los rehenes de las marchas que organizan otros, se amparan en el segundo párrafo del mismo precepto: "No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea". Es público y notorio que violencia (agresiones, destrozos, autos incendiados y volcados, serias afectaciones a los derechos de terceros...), injurias y amenazas son, vía de regla, consustanciales a las marchas, y que éstas se organizan, precisamente, con la deliberada intención de intimidar a la autoridad y obligarla a resolver en el sentido que se desea.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.2-A de El Informador del 19 de julio de 2010).

Hay que preguntarse qué le debe Marcelo Ebrard al SME. Les permite adueñarse de una parte del Zócalo, les deja hacer lo que les venga en gana en la vía pública y no los toca ni con el pétalo de una declaración. Lo sucedido el viernes fue una locura que solamente un gobierno coludido con esas mafias permite.

El SME quiso dejar en claro que es dueño de las calles en las que se apersona. Que para ellos no hay ley que valga, pues los protege el gobierno de Ebrard. Voltearon carros, golpearon gente, bloquearon calles y regresan tan contentos a su campamento a escribir un comunicado de prensa y a hablar por teléfono con ¡el jefe de Gobierno de la ciudad!

La impunidad se multiplica en tierras chilangas porque el gobierno está amarrado, por alguna razón, por un grupo delictivo como lo es el SME. ¿Cómo es posible que después de realizar actos vandálicos se comuniquen personalmente con el titular del gobierno? Por un momento se podría pensar que la cosa es de risa, pero no. Es muy preocupante. Resulta que hay un grupo en la ciudad que cuenta con la protección del gobierno local para cometer delitos propios de aquellos grupos que se hacían denominar anarkopunks. Con la diferencia que los del viernes dicen estar sindicalizados. ¿Por qué el SME sí y los de Tepito no?

Ojalá no pase a mayores el asunto de la huelga de hambre. Ojalá los vándalos no tuvieran contacto directo con el jefe de Gobierno de la ciudad, que les garantiza impunidad para delinquir. Ojalá se viera un poquito de autoridad ante la anarquía que campea a las puertas del edificio del gobierno capitalino.

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 18 de julio de 2010).

El director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Zapopan, Fernando Espinoza de los Monteros, dio a conocer que "por primera vez en la historia fiscal de Zapopan", la dependencia lanza una campaña de recaudación del Impuesto Predial rezagado, mediante el otorgamiento de descuentos de 99% en la multa, más 75% adicional de descuento en recargos, en apoyo a todos aquellos contribuyente que desde hace más de un año no cumplen con esta obligación.

"Ésta es una campaña que no tiene precedentes en Zapopan; lo que estamos ofreciendo no son únicamente descuentos, sino que también aquellos ciudadanos que en este momento no cuentan con la cantidad completa, les estamos ofreciendo convenios".

Explicó que la finalidad es reducir los 540 millones de pesos que adeudan los 125,000 morosos en el municipio. Detalló que la meta es recuperar al final del año, cerca de 300 millones de pesos.

El director de Ingresos apuntó que los mayores morosos detectados son algunos centro comerciales, hospitales y desarrolladores de fraccionamientos.

[Y si no quieren pagar, que esperen a la siguiente "amnistía fiscal". Y los que están al corriente... también, porque ya basta de estar manteniendo a los otros y hacer el papel de tontos de capirote - el webmaster.]

(V.primera plana del periódico El Informador del 17 de julio de 2010).

No cabe duda que la ley pesa... según el tamaño del sapo. Ni la Semades, ni el gobierno municipal de Zapopan, ni la Semarnat, toman nota de lo que señala el Código Federal de Procedimientos Penales en relación a la obligación de denunciar un delito que se persigue de oficio... como es el cambio de uso forestal para las obras del estadio de atletismo. El delito está acreditado: una foto de satélite de 2008 que demuestra que allí estaban los árboles; fotos de abril de este año con los árboles nativos; la multa que aplica Zapopan por el derribo de ese arbolado. Pero la Profepa, siempre oportuna para legitimar los grandes proyectos "que todos necesitamos", dice que "tal vez no sea zona forestal". O sea, no habría delito qué perseguir.

Sólo para que recuerden los chicos facilitos de la Profepa, encabezada por su omisísimo delegado, Juan José Becerra, una pequeña lectura del reglamento de la Ley General Forestal, artículo 119: "Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa...".

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Público del 16 de julio de 2010).

Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas comenzaron una marcha hacia su sede sindical de la colonia Tabacalera.

Salieron de Insurgentes y el Eje 5 Sur, donde realizaban una protesta frente a la Secretaría de Energía y caminan por los dos sentidos de esa arteria, lo que ha ocasionado un caos vial, pues incluso caminan entre los vehículos.

Con consignas en contra del gobierno federal y reclamos por la incorporación a la Comisión Federal de Electricidad, los inconformes con la extinción de Luz y Fuerza del Centro planean participar en la asamblea de carácter electoral que se tiene programada inicia a las 16:00 horas.

(V.periódico El Universal en línea del 12 de julio de 2010).

México nunca ha sido un país en el que se ha podido circular libremente. Lo sabemos bien los periodistas y los antropólogos. Uno no llega a una comunidad indígena sin avisar. Nadie puede, ni ha podido nunca, subir a la Sierra de Guerrero sin establecer previamente contacto con una autoridad local. Un lugareño bien posicionado y reconocido por su entorno es la única garantía de que el foráneo será bien recibido. Y no sólo ha sido así en la sierra guerrerense, lo mismo ha ocurrido siempre en gran parte de Oaxaca, en Chiapas, en Los Altos de Puebla, en Hidalgo. México es un país de salvoconductos. Siempre ha sido así y funcionaba. Bastaba con saber quién controlaba efectivamente una zona, encontrar un intermediario eficaz y confiable, explicar el motivo de la visita, y proceder con respeto para obtener una protección efectiva.

Pero las cosas han cambiado. El estado ha ido perdiendo cada vez más el control sobre partes importantes del territorio, ahora es posible encontrarse en ciertas carreteras principales del norte con retenes abiertamente instalados por miembros del crimen organizado. En otras carreteras una avería se puede fácilmente convertir en algo más que la molestia de cambiar la llanta o el tiempo perdido mientras se espera al mecánico, la inmovilidad lo deja a uno a merced de la delincuencia local. Muchos liderazgos locales ya tampoco pueden garantizar seguridad porque ellos también están expuestos a la nueva violencia del narco. Incluso los cárteles ya no pueden jactarse de ningún control porque las plazas están constantemente en disputa. Resultado: ya no hay salvoconductos fiables. México es mucho más peligroso para trabajar como periodista, pero también para circular como viajante común. Si el famoso "libre tránsito de las personas" siempre fue una ficción, ahora es una descarada mentira.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de julio de 2010).

La autoridad laboral jalisciense espera que las empresas agrícolas cumplan con sus obligaciones legales, como la incorporación de sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, y garanticen que los menores de edad acudan a la escuela durante los periodos de cosechas y zafras cañeras.

Así lo expresó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Ernesto Espinosa Guarro, quien resaltó que más que aplicar multas a las empresas que contraten trabajadores agrícolas migrantes, apelarán al "cumplimiento voluntario" de estos empresarios de varias regiones jaliscienses, sobre todo de las zonas Sur y Costa Sur.

[Así los políticos no tienen que hacer nada sino grillar - el webmaster.]

Sobre este tema, el sector empresarial a través del Consejo Agropecuario de Jalisco, señala que los trámites engorrosos que se requiere presentar ante el IMSS, plantean una situación complicada para que los jornaleros sean dados de alta.

Al respecto, el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Mauro Jiménez Íñiguez, explicó que es muy complejo tramitar altas y bajas ante el IMSS cuando los contratos son para periodos muy cortos, como las cosechas de frutas u hortalizas.

Por lo mismo, dijo que se requiere de un marco legal que facilite la actuación de las empresas, que proteja legalmente tanto a los trabajadores temporales como a las empresas involucradas, de modo que a éstas no se les sancione.

El secretario de Desarrollo Rural en el Estado, Álvaro García Chávez, reconoció que a los trabajadores del campo no se les respetan las condiciones laborales estipuladas en la ley, pero justificó que los jornaleros agrícolas prefieren ganar más sacrificando sus prestaciones.

"La mayoría de la gente del campo prefiere que le paguen un poco más y acogerse al Seguro Popular, a otro tipo de prestaciones de seguridad social, a que le rebajen y le paguen el salario mínimo".

"Las prestaciones que tienen ellos realmente no son las que marca la propia ley, porque así conviene a las propias empresas y a ellos mismos para que les quede un poco más de dinero".

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 12 de julio de 2010).

En México, lo que está siendo secuestrado y produce enorme malestar entre muchos de nosotros es el proceso democrático.

Partidos y candidatos padecen porque la violencia se ha derramado de tal forma que nadie parece estar a salvo de quienes hacen gala de su poder destructor.

Rossana Fuentes Berain
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 10 de julio de 2010).

El Estado cuando se fundó, bajo la premisa de que el hombre es malo por naturaleza, en virtud a que todas las personas tienen las mismas necesidades y apetencias; por tanto, entran en disputa por satisfacerlas. Entonces, se advirtió la necesidad de que las personas debían pactar para la paz y la defensa común, de lo cual se deriva el gran poder de quien dirija a la sociedad y de que todos sus integrantes deben ceder sus libertades y poder en aras del bienestar de todos, de la seguridad, el orden y la paz.

De lo anterior se desprende que la tarea más importante del Estado es la de que exista seguridad para las personas que lo conforman y si existe dicha garantía efectiva, en la realidad de que nadie pueda ser dañado porque existe una Constitución o un Estado de Derecho sustentado o pactado bajo la premisa que nadie debe dañar a nadie; entonces, la seguridad personal se convierte en un espectro que irradia a todos los demás integrantes de dicho grupo que haya hecho dicho contrato social o norma rectora en el sentido de respeto mutuo.

Pero también, dentro del esquema capitalista, hemos olvidado que vivimos en una "sociedad", lo cual implica, que todos los que nos interrelacionamos o convivimos en un mismo tiempo y espacio, nos debemos ayudar y ser solidarios, cooperativos y en calidad de socios, apoyarnos de manera mutua en la solución de nuestras necesidades y problemas comunes.

Pero esa idea no forma parte de nuestra conciencia en la ciudad, estado o país; por tanto, no nos apoyamos y "cada quien reza para su aanto", así, pensamos, de manera errónea que si alguna persona sufre un robo, homicidio o alguna lesión en particular, es su problema y no nuestro problema, como en realidad lo es.

Así, en el problema de resolver la seguridad personal, familiar, de la ciudad y del país, muchas personas pensamos que es un problema del que en su momento sufre algún delito; cuando es una cuestión que debemos resolver todos los particulares, con el concurso del Estado, de la sociedad y de nuestra "sociedad civil".

El primer paso que debemos dar en la seguridad, tanto personal como de la sociedad o de todos, es el de actuar.

Así, obligaremos a nuestras autoridades de todos los niveles a cumplir con sus mandatos constitucionales y de ley, en el sentido de que deben trabajar por nuestra seguridad, ya que los impuestos que se nos cobran son muy caros y están por subir de precios, por tanto, los servicios públicos deben mejorar en cantidad y calidad.

José de Jesús Covarrubias Dueñas
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 5 de julio de 2010).

La policía del DF hizo un uso desproporcionado de fuerza contra algunas de las 300 personas que festejaban el triunfo de España en la glorieta de las Cibeles, en la colonia Roma.

Un par de jóvenes se treparon a la fuente para colgar una bandera roja-amarilla. Los policías les advirtieron que no podían hacer eso, y al ver que no les hacían mucho caso, los rociaron de gas pimienta. Tuvo que llegar una ambulancia al lugar.

Que no hubieran sido maestros destrozando vallas en las inmediaciones de Bucareli o en los edificios de la SEP en el Centro Histórico, porque ni siquiera los hubieran mirado feo.

Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 4 de julio de 2010).

Se puede decir figurativamente (aunque pudo ocurrir en la realidad) que antes de tomar la mano de alguno de sus corifeos al salir de la cárcel, Ignacio del Valle, el dirigente de Salvador Atenco, agarró un machete y lo blandió victorioso y pendenciero. No es metáfora, sino una realidad inobjetable, que a menos de veinticuatro horas de haber sido liberado por la Suprema Corte de Justicia, a través de uno de los fallos más irracionales y politizados que se conozcan en la historia del país, el mismo ex presidiario lanzó una soflama amenazante: "Tenemos que decirle a este mal gobierno, principalmente al de Enrique Peña Nieto, que no se va a quedar impune lo que hizo, que tiene que ser castigado".

Con esto se dice todo. La sospecha es desbordante: ¿libertad a cambio de instalar otro campamento para la guerra contra el PRI que está en marcha? ¿Votos para las alianzas presentes y futuras del gobierno federal con quienes lo consideran ilegítimos?

La suspicacia es inevitable: el probable quid pro quo con los macheteros de Atenco se produjo días antes de las elecciones del 4 de julio, sin ninguna discreción, sin simulaciones; además, protegidos para siempre en el eufemismo de la protesta social y amparados en la impunidad concedida por la máxima autoridad judicial. No extrañaría, entonces, que de aquí a 2012, los liberados de Atenco vivan en dedicación plena en la lucha contra el PRI, en permanente persecución provocadora contra el más viable de sus candidatos.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 4 de julio de 2010).

Una pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Cómo debemos entender los últimos acontecimientos en el ámbito de la seguridad pública? ¿Son tendencias o eventos aislados? ¿Es por ejemplo, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, una nueva tendencia en las futuras elecciones? ¿Están todos los actuales gobernadores bajo la amenaza del crimen organizado? ¿O fue la muerte de Torre Cantú una anomalía? ¿Cómo están ligados los otros recientes asesinatos y las amenazas a candidatos y presidentes municipales? ¿Son situaciones de violencia localizada o estamos viendo una estrategia regional del crimen organizado?

En lo que se refiere al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ¿es un indicador de que nuevamente habrá una racha de secuestros y de asesinatos de alto impacto, o sólo es uno más de los cientos de secuestros económicos que aquejan a nuestro país?

Lo que sí nos señalan estos incidentes de violencia es lo fácil que pueden cambiar el rumbo del país ante lo "avalentonados" que están los grupos del crimen organizado y los criminales en general. Estos "mexicanos", que se pueden considerar entre los criminales más violentos del planeta, pueden matar, torturar, secuestrar, extorsionar y no les pasa nada.

Debido al bajo porcentaje de encarcelamientos efectivos, por la incapacidad de las autoridades federales y estatales de llevar a cabo investigaciones que aseguren condenas, y por los muchos huecos que tiene el sistema de justicia, en este país tenemos una cultura de casi absoluta impunidad. Hoy más que nunca, los incentivos para delinquir son demasiado buenos, ya que es un buen negocio, solamente los que no pueden pagar una defensa acaban en la cárcel.

Aunque se mejorara substancialmente la capacidad de investigación del Ministerio Público y de la policía, no necesariamente se resolvería el problema. Los jueces probablemente son los funcionarios más endebles del aparato de justicia. Más allá del problema de corrupción, con asesinar o amenazar a varios jueces seguramente sería presión suficiente para asegurar que los grandes (y pequeños) criminales de este país no sientan el peso de la ley.

En descargo de lo anterior, nos pueden decir que México está en la antesala de un nuevo sistema de justicia penal, que incluiría la implementación del sistema acusatorio y juicios orales. Pero estas reformas servirán de poco si no se resuelve el problema de corrupción en las autoridades judiciales, y si no se establecen mecanismos de reducir los riesgos de asesinatos y muertes que corren funcionarios que tratan de cumplir con su deber.

Por eso es tan grave el asesinato de Rodolfo Torre Cantú y el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Si estos dos individuos, políticamente poderosos, son víctimas de los criminales, ¿qué podemos esperar los demás? Lo peor de todo es que las posibilidades de que los autores intelectuales de estos actos criminales sean detenidos y condenados es muy remota. Lo más que podemos esperar es que se haga público quiénes los llevaron a cabo y por qué.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de julio de 2010).

Los organismos destinados a proteger los derechos de los más frente a los abusos del poder de los menos cumplen en esencia una exigencia social inevitable. Con mucha frecuencia, a propósito de estos fenómenos, se cita el vocablo ombudsman. La palabra es sueca, como la original institución misma, y se deriva del nórdico en el sentido de "encargado de representar las cosas del hombre". Es, en estricto sentido, el procurador de justicia del ciudadano frente al estado.

Bien hasta ahí.

La realidad es que en México, los diferentes organismos defensores de los derechos humanos se han dedicado a socavar el ejercicio de la autoridad ante delitos flagrantes, confesados o documentados y, argumentando ejercicio impuro para la obtención de pruebas -léase tortura- pretender y obtener con éxito libertad de delincuentes.

Félix Cortés Camarillo
(v.pág.20 del periódico Público del 2 de julio de 2010).

"Déjenlos" parece ser el mensaje del gobierno del estado hacia el crimen organizado. Ya lo había mostrado el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera. Ayer, el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez indicó que el gobierno no puede evitar que los narcotraficantes "se maten entre ellos".

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Público del 2 de julio de 2010).

Atestigüé 2 fiestas de graduación de prepa, una en Guadalajara, resguardo del conservadurismo para muchos, y otra en San Diego, California, un país estereotipado en México por sus libertades y excesos.

En San Diego se graduó mi hijo y tuve que firmar, junto con él, un "contrato" donde nos comprometíamos a respetar la ley y las normas de la escuela. En pocas palabras nos obligamos a tener cero presencia de alcohol. El día siguiente, en Guadalajara, vimos otro extremo, el etílico, la libertad para que los jóvenes consuman alcohol sin más límite que su propia resistencia o el milagroso equilibrio en 2 tacones.

La edad legal para beber en Estados Unidos es 21 años, en México, 18. No deja de ser irónico que en el llamado país de las libertades -Land of the Free- imperen las restricciones en el consumo de alcohol por menores.

En México hablamos de "manejar en estado de ebriedad", en EU de "manejar bajo la influencia" -Driving Under the Influence (DUI)-. En aquel caso pensamos en un individuo que difícilmente coordina el habla y sus movimientos, en éste de aquella persona que tiene más alcohol en la sangre que el límite legal permitido, aunque no parezca alcoholizado.

Mientras que en México ser detenido manejando borracho frecuentemente se arregla con una mordida, en EU tener cargos por DUI es algo muy severo. No sólo es una multa económica y la visita a la Corte, sino la suspensión de "los privilegios de manejar", además de un incremento en la prima del seguro de auto. No es casual que la gente se la piense dos veces antes de animarse a manejar "bajo la influencia" (y no "en estado de ebriedad"). En EU yo soy responsable de lo que le pase a un menor si tomó en mi casa, así suceda a kilómetros de distancia.

Eduardo Caccia
(v.pág.6 del periódico Mural del 1o.de julio de 2010).

Por infracciones al debido proceso -es decir, sin entrar a examinar si cometieron los delitos de que se les acusa- la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en libertad a los 12 presos de Atenco.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.7 del periódico Mural del 1o.de julio de 2010).

Con tibieza e irresponsabilidad se condujeron los diputados locales el pasado 28 de junio, cuando compareció ante el Congreso de Jalisco el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, quien olímpicamente desestimó e ignoró su responsabilidad de investigar y perseguir a las bandas homicidas que, en los primeros 6 meses del año, hasta el pasado 29 de junio, habían ejecutado en nuestra entidad a 173 personas, según las estadísticas recopiladas por MURAL.

El vergonzoso desenfado del procurador llegó al extremo de asegurar que la cadena de ejecuciones en Jalisco se detendrá cuando se fortalezca y se imponga un jefe entre los 2 o 3 grupos que presuntamente se disputan el liderazgo de una fracción local de la organización criminal michoacana conocida como Cártel del Milenio o de Los Valencia.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 1o.de julio de 2010).

La espiral de violencia, para desgracia del país cada día más profunda, cortó ayer con sus filos de muerte otra vez la piel de esa capa de la sociedad mexicana, conocida como clase política. Y, de paso, la ráfaga asesina que mató al candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, y a otras 4 personas que lo acompañaban, "ha vulnerado a México entero".

Además del estupor, en los territorios del congreso acometía a tirios y troyanos un sentimiento de indefensión. Y de enojo contra un poder ejecutivo [que] sólo se la ha pasado en condenar los asesinatos sin que se avance realmente en la aclaración de los mismos.

Al Partido Acción Nacional, el 5 de mayo pasado, le mataron a su candidato a presidente municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, Luis Mario Guajardo. El 30 de noviembre de 2007, en Río Bravo, también del Estado de Tamaulipas, murió acribillado a balazos el que fuera diputado federal por el PRD Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

Los 3 asesinatos, políticos por antonomasia, ninguno de los 2 gobiernos responsables en su momento del esclarecimiento, el estatal y el federal, han dado con los asesinos. Y, como entonces, únicamente se han estado escuchando las condenas a los hechos de marras.

En San Lázaro, con la voz endurecida Francisco Rojas Gutiérrez dijo: "No podemos omitir que este crimen se da en un contexto de creciente violencia e impunidad, al que es necesario poner fin. Es hora de reencontrar el camino de la concordia y de la solidaridad entre todos los mexicanos, para superar los graves problemas del país. Es responsabilidad primordial del gobierno federal generar las condiciones que lo hagan posible".

Vicente Bello
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 29 de junio de 2010).

Miles de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquearon desde la mañana de este lunes los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de Oaxaca, y las obras de construcción en el auditorio del Cerro del Fortín, donde se realiza los 2 últimos días lunes de julio las festividades de La Guelaguetza, una actividad que atrae a turistas nacionales y extranjeros.

El vocero de la sección 22 del SNTE, Gabriel Melitón Santiago, explicó que las actividades forman parte del paro indefinido de labores que inicia este lunes, debido a que no han tenido respuesta en sus demandas políticas y sociales, entre las que destacan rezonificación por vida cara, aumento de plazas para diversas escuelas en distintos puntos de la entidad y cancelación de órdenes de aprehensión.

El paro laboral de los profesores afecta al menos a un millón 200 mil estudiantes de educación básica.

Ante esta situación los pasajeros deben caminar al menos un kilómetro para poder tomar su transporte y llegar a esta ciudad.

(V.periódico El Universal en línea del 28 de junio de 2010).

Extraña que uno de los hombres más inteligentes que haya ocupado el despacho de Bucareli hable del "tonto útil" al referirse a los representantes de los organismos de derechos humanos. Extraña más porque la especialidad de Gómez Mont ha sido el derecho penal. Él, como pocos, conoce de la imperfección de la justicia penal, por no decir la venalidad, la impudicia por el abuso y la corrupción que prevalece en ese submundo. Los organismos de derechos humanos con su candidez e ingenuidad son, por mucho, lo menos peor de lo que allí existe.

Las expresiones del secretario de Gobernación son ejemplo de lenguaje oblicuo; advertir a los funcionarios de derechos humanos de que no sean tontos útiles al crimen es una mala defensa a las autoridades frecuentemente señaladas (quizá injustamente) por abuso de derechos humanos o quizás haya pensando en las víctimas cuando la intervención de esos organismos protege al delincuente. Es mala defensa porque el problema mayor no está en lo que hacen o mal hacen dichos organismos, sino en la fragilidad institucional, en la vulnerabilidad elemental de la integridad de policías, jueces y fiscales. La impunidad no viene de la actuación de ingenuos visitadores de dichas comisiones, sino de la venalidad generalizada del sistema de justicia. Las palabras del inteligente y cultivado abogado son tan injustas como ventajosas; si de mejorar la justicia se trata, hay mejores flancos.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 27 de junio de 2010).

Nadie tiene derecho a escuchar o grabar comunicaciones privadas, salvo cuando un juez así lo determine. Por lo menos eso es lo que dice la Constitución. No deja de ser curioso que la Constitución sea tan específica en una materia como ésta, cuando es claro que invadir la intimidad es violatorio de las garantías individuales. Lo específico tiene que ver con las excepciones. En realidad, ese párrafo está ahí no para proteger el derecho de los ciudadanos a no ser violentados en su intimidad, sino para permitirle al estado hacer excepciones.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de junio de 2010).

Es ilegal que los gobernadores operen a favor de sus candidatos con recursos que son públicos. También es ilegal grabar conversaciones privadas, como lo han hecho los enemigos de los gobernadores. Y es ilegal difundir esas conversaciones en los medios. Todo es ilegal -¡incluso hacer campañas negativas para señalar esa ilegalidad! ¿Qué va a decir el Tribunal Electoral? ¿A quién va a castigar? ¿A los gobernadores de Oaxaca y Veracruz? ¿A quienes los grabaron? ¿A los dirigentes que los exhibieron? ¿A los medios que difundieron esas grabaciones? ¿A todos? El PAN y el PRD denuncian el uso electoral de los programas sociales por parte de los gobiernos dominados por el PRI. El PRI acusa al gobierno federal de manipular el programa Oportunidades para beneficiar al PAN. El gobierno federal señala la corrupción de los gobernadores del PRI, pero no hace más para no contribuir a empañar la imagen de México.

La lucha por el poder no puede ser como quieren nuestras leyes, diseñadas para santos, no para políticos. Pero los casos más recientes revelan una actitud incompatible con la democracia. Los candidatos quieren ganar como sea, por las buenas o las malas, con actos no sólo ilegales, sino incluso inconfesables en un país, el nuestro, que desprecia la legalidad. ¿Podemos tener democracia sin demócratas? ¿Podemos aspirar a mantener nuestro sistema democrático sin tener una cultura democrática? La respuesta es no, no podemos, no es posible.

Carlos Tello Díaz
(v.pág.26 del periódico Público del 25 de junio de 2010).

Parar el recrudecimiento de la violencia, que involucra ejecutados y descuartizados, no depende de las fuerzas de seguridad pública puesto que se trata de agresiones al interior de los propios grupos delictivos, señaló ayer el secretario de Seguridad de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Añadió que "al menos" su dependencia y otras corporaciones hacen su parte para detenerla.

"La secretaría está haciendo todo lo posible porque permanezca la tranquilidad en Jalisco. Pero volvemos a lo mismo: no depende de nosotros, son los delincuentes y en cualquier momento gente inocente puede salir afectada en esta lucha, pero cuando menos algunas corporaciones y la Secretaría de Seguridad Pública del estado están luchando para tratar de mantener el mayor control dentro de este marco".

Reiteró su versión de que los ejecutados y descuartizados son expresión de una lucha interna. "Es una guerra interna entre cárteles y mientras más violenta y más fuerte sea el mensaje que les llegue a los opositores pues ellos creen que más van a intimidar a los contrarios ¿no?". La única salida para terminar con esta violencia consiste en acabar "con estos grupos delictivos".

[¿Y qué está esperando si ya sabe la salida? - pregunta el webmaster.]

(V.pág.34 del periódico Público del 25 de junio de 2010).

Tras una jornada de 10 horas que incluyó una marcha, bloqueo de avenidas y negociaciones con la Subsecretaría de Asuntos del Interior y diputados, el movimiento de profesores de telesecundarias acordó levantar a las 20:00 horas la protesta que instalaron en la Plaza de la Liberación y regresar el próximo lunes. Los docentes exigen que mejoren sus condiciones de trabajo, pero la SEJ no les da respuesta.

(V.pág.15 del periódico Público del 25 de junio de 2010).

Tras 9 horas de bloqueos en diversos puntos y avenidas de Morelia, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron ceder al Gobierno de Michoacán que les aceptó una serie de peticiones.

La administración del gobernador Leonel Godoy aceptó firmar una minuta de acuerdos que contiene beneficios económicos, políticos y de infraestructura exigidos por el magisterio.

El secretario general de la Sección 18 de la CNTE, Jorge Cázares, destacó la creación de 400 nuevas plazas, así como el pago de diversos bonos económicos, uno equivalente a 7 días de salario, otro por "constancia educativa" y uno más por "estímulo al profesionalismo".

También lograron el pago de un bono anual para 8,500 trabajadores jubilados y una compensación mensual para maestros que laboran en internados.

También regalará el estado 919,238 paquetes de útiles escolares para el ciclo 2010-2011.

Además, se obsequiarán 375,000 uniformes, 25,000 becas y 92,573 pares de calzado entre estudiantes que se encuentran en municipios marginados.

Otro apoyo arrancado por la CNTE al gobierno estatal, consiste en la compra de 4,000 bicicletas que los maestros se comprometieron a repartir entre alumnos que deben recorrer grandes distancias para ir a clases.

En lo político, la CNTE hizo firmar al gobierno michoacano el compromiso de impulsar una nueva Ley Estatal de Educación y asumir una postura crítica ante la Alianza por la Calidad Educativa que promueve el gobierno federal.

Previo a la firma de la minuta, la CNTE movilizó a unos 2,500 maestros en Morelia.

Desde las 10:00 horas cerraron el Periférico, a la altura de la Casa de Gobierno, y marcharon sobre las avenidas Juárez, Lázaro Cárdenas y Ventura Puente.

Enseguida realizaron un bloqueo más en Avenida Acueducto y un plantón frente al Palacio de Gobierno.

(V.pág.12 del periódico Mural del 24 de junio de 2010).

La difusión de escuchas ilegales tiene diversas ramificaciones, todas ominosas. La primera es de tipo legal, que subraya el doble rasero de la procuración de justicia. De acuerdo con la ley, no sólo viola la ley quien graba ilegalmente -para hacerlo se necesita la autorización de un juez-, sino quien la disemina. Es el problema legal que enfrenta hoy en día Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones, acusada de haber dado a conocer grabaciones telefónicas, ilegalmente realizadas, de su ex jefe Luis Téllez.

Carpinteyro tiene una orden de aprehensión en su contra por ese delito. En cambio, no pasa nada con el del líder nacional del PAN, César Nava, quien utilizó las grabaciones ilegales al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para diseminarlas y para montar una estrategia electoral en su contra.

El caso de Carpinteyro abona aún más en la manera discrecional como se están utilizando las instancias de procuración de justicia. Cuando la ex subsecretaria quiso entregar las grabaciones de Téllez al presidente Calderón durante una reunión en Los Pinos, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la atajó y dijo al presidente que si recibía esas grabaciones ilegalmente obtenidas, estaría cometiendo un delito.

La única respuesta lógica que se puede dar hasta la fecha, es la necesidad política cortoplacista del presidente y el líder del PAN por ganar la elección a cualquier costo. Junto con ellos corre lastimosamente el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, quien está avalando las denuncias contra gobernadores priístas a partir de escuchas telefónicas ilegales.

Raymundo Riva Palacio
(v.periódico Zócalo Saltillo del 23 de junio de 2010).

Ante la persistencia del empleo de clenbuterol en el ganado bovino, el gobierno federal analiza la posibilidad de realizar los cambios legales necesarios para que se retiren los subsidios a los productores que utilicen esta sustancia prohibida.

La idea es hacer cambios que traigan medidas más agresivas contra quienes se han obstinado en utilizarla.

Por lo pronto, el delegado de la Sagarpa indicó que seguirán en su tarea de implementar inspecciones sorpresa en los centros de engorda de ganado.

Agregó que ya se presentaron durante este año cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República contra engordadores que presuntamente incurrieron en este delito. Recordó que a lo largo de 2009, el número de querellas supuso 26 expedientes integrados.

Luego de que el pasado 5 de junio, 11 personas resultaron intoxicadas por clenbuterol en la comunidad de Santiaguito de Velázquez, en el municipio de Arandas, la Secretaría de Salud estatal anuncia que reforzará su sistema de vigilancia epidemiológica para hacer una búsqueda intencionada de casos y facilitar el diagnóstico.

Mientras que el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Andrés Ramos Cano, señaló que este suceso "se trata de un hecho aislado", porque no se ha repetido en otros municipios.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 23 de junio de 2010).

La decisión de la Suprema Corte causó la impresión de que las presiones sufridas por los ministros habían conducido a ese resultado disparejo y sospechoso: ¿Por qué los funcionarios más importantes fueron eximidos de cargos, mismos que se pusieron sobre las espaldas de los modestos? La resolución parece repetir la vieja historia de culpar al cartero, al empleado más modesto de la escala de obligaciones laborales. Pero el ministro Ortiz Mayagoitia explicó la base de su voto que dio lugar a esa separación de culpas, basado en el artículo 105 de la Ley de Amparo. "La responsabilidad del superior nunca trasmina -dijo el ministro Ortiz-, nunca desciende hacia los inferiores, la responsabilidad de quien directamente comete la violación en amparo asciende al superior jerárquico y al superior jerárquico del superior; es decir, hay un escalamiento hacia arriba de 2 escaños". Ese artículo exime de responsabilidad a los 4 mencionados y la concentra en los 7 de la medianía.

Hacer constar la razón del ministro Ortiz, que se enfrenta a una lluvia de ataques desde la crítica a la injuria, no disminuye mi indignación. Durante más de un año, desde el 5 de junio de 2009, he mantenido la esperanza de un castigo ejemplar de los culpables, pero empiezo a perderla.

Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de junio de 2010).

El reducido número de expedientes que investiga la Procuraduría General de la República y la cifra de muertes registradas en los archivos de su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, contrasta con los 22,743 homicidios vinculados al crimen organizado contabilizados en esta gestión, según un informe confidencial entregado al Senado.

El documento señala que de 2006 a marzo de 2010 inició 1,210 averiguaciones previas por los delitos de lesiones, homicidios, homicidios graves y violaciones graves, sin desglosar y especificar cuántos de estos corresponden a ejecuciones, e incluso señala que "no necesariamente están vinculados al crimen organizado".

Además, en el documento no se aclara por qué estos homicidios son competencia del Ministerio Público federal y no de las autoridades locales.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de junio de 2010).

El caso del gobernador de Veracruz no guarda precedente porque es el mismo dirigente del partido gobernante el difusor de las llamadas obtenidas a través de espionaje. Se agrega que el mismo presidente Calderón haya utilizado políticamente el contenido de lo ilegalmente obtenido. En cualquiera otra parte, el escándalo sería el espionaje telefónico y César Nava sería obligado a revelar el autor del delito de espionaje, él no es un periodista para invocar la protección de sus fuentes.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 20 de junio de 2010).

Un grupo de al menos 100 vendedores ambulantes conocidos como toreros, se enfrentó con policías que pretendían quitarles sus productos y desalojarlos del primer cuadro del Centro Histórico.

Como pudieron, los ambulantes se hicieron de todo lo que estuvo al alcance de sus manos, como palos y hasta comales, para repeler los toletazos de los policías.

El enfrentamiento, que se prolongó casi 15 minutos en las calles República de Cuba y República de Chile, se encendió aún más cuando una vendedora ambulante dio un puñetazo en el rostro a la única mujer policía que se encontraba en el operativo.

"¡Órale, hijos de la chingada... no somos narcomenudistas!", gritaban los comerciantes ambulantes en el rostro de los policías, quienes tuvieron que abandonar el lugar debido a la falta de refuerzos y porque, conforme avanzaba el tiempo, en ese punto comenzaron a congregarse cada vez más toreros, que mostraron su capacidad de movilización a través de todos sus familiares.

Niños que no rebasan los 12 años, con radios de corto alcance, se comunicaron con mujeres adultas, quienes de inmediato, junto con jóvenes de ambos sexos, con silbidos, dieron la orden de conjuntarse, no sin antes guardar sus mercancías en los edificios del lugar de sus ventas.

Las mujeres ambulantes fueron las primeras en enfrentarse con los policías y con gritos exigían que le avisaran a "su jefe Marcelo que por eso ya estamos con el PAN".

Los ánimos de los vendedores ambulantes volvieron a estallar 30 minutos después del enfrentamiento -ocurrido a las 14:00 horas de ayer-. Un nuevo grupo de policías, a bordo de patrullas, se apostó a toda prisa en una de las entradas de los edificios que hacen esquina con Cuba y Chile. Su pretensión era llevarse detenida a una de las líderes de los toreros.

Nuevamente a empujones y con amagos de soltar palazos y comalazos, los comerciantes obligaron a los policías a subir a sus unidades y retirarse, sin éxito, del lugar.

Ya entrada la tarde, los ambulantes continuaron con la venta de sus productos.

(V.pág.22 del periódico Público del 20 de junio de 2010).

En una ciudad tan frágil, tan convulsa y tan vulnerable, los bloqueos son inadmisibles. Las marchas y los plantones tiene toda la razón de ser, pero un bloqueo de esta naturaleza [el del Peje al Paseo de la Reforma después de las elecciones del 2006] me resulta inadmisible, ya que atenta contra los derechos urbanos de manera directa.

Carlos Monsiváis
(v.pág.38 del periódico Público del 20 de junio de 2010).

La impunidad es un agravio histórico continuado y perpetuado en el México contemporáneo. La corrupción ha sido y es su correlato íntimo. La impunidad ha estado y está en la raíz del ejercicio del poder; perversamente, aparece como una de las características inherentes a la autoridad. Tenemos, en consecuencia, una autoridad vulnerada en su legitimidad; si acaso, la tememos, pero casi nunca la respetamos. Se trata de una autoridad sin frenos ni límites. Las leyes, entonces, carecen de credibilidad. Pareciera que han sido laboriosamente perpetradas para garantizar la impunidad; esa es la percepción y, en buena medida, la realidad.

Las decisiones tomadas por la SCJN serán cualquier cosa, menos trascendentes. Han ratificado -con contumacia- la disfuncionalidad del sistema legal y de las instituciones de justicia; peor aún, han fortalecido la percepción de complicidad de las leyes y sus agentes con el poder, en particular, con el funcionariado de alto nivel al que no se toca ni con el pétalo de algún involucramiento, no digamos de responsabilidades.

La Corte no ha podido ser factor de cambio progresivo respecto del estado de derecho; se ha negado, por vía del regodeo juridicista, a abonar por la credibilidad de sí misma y de las leyes; ha persistido en el desprestigio de la justicia legal y la obstaculización de la justicia social; ha abdicado de su función suprema de velar por las garantías constitucionales en aras de criterios de rentabilidad institucional; ha rebajado los derechos sociales (en este caso de niños y trabajadores) y las políticas públicas que garantizarían esos derechos en meras prestaciones subrogables a privados interesados en hacer negocios. Tremenda, nuestra Corte. Patético, el país de leyes.

Alan Arias
(v.pág.14 del periódico Público del 20 de junio de 2010).

Después de que se generaron grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no señalar responsables en el caso del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a pesar del dictamen del ministro Arturo Zaldívar, en ese sentido.

Este caso debió resolverse en las primeras instancias y de inmediato, pero como no fue así, reconfirmamos que el sistema de justicia en México no funciona, esto es gravísimo y ameritaría atención urgente.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2010).

Una prueba cruda de que en México el tan odiado concepto de estado fallido se traduce en instituciones fallidas, en procuración de justicia fallida, en políticos fallidos, en ministros fallidos, el estado rebasado, el estado ciego y el estado de cuates. Un presidente que dice librar una ex guerra, ahora lucha, para evitar que las "drogas lleguen a nuestros hijos", pero que no asume su cargo de Jefe de Estado y de Gobierno al señalar responsables ante la muerte de los hijos de padres y madres en Hermosillo. 11 ministros que desde la Corte Suprema investigan la tragedia, pero no señalan responsables.

Ante todo ello, la respuesta después de la decisión de la Corte debe concentrarse en qué podemos hacer desde la ciudadanía, cómo rebasar a las instituciones que fallan, cómo hacerle justicia a los padres y madres de esos niños y cómo evitar que puedan ocurrir tragedias futuras, porque esa tragedia pasó en una guardería pública, pero puede pasar en cualquier espacio con menores, con adolescentes, con adultos, en cualquier ciudad del país.

Un clamor de justicia que se organiza en torno a www.movimiento5dejunio.org, desde donde se empiezan a tener limitados recursos para movilizarse y desde donde han atraído espacios de atención entre varios medios de comunicación y activistas de otros movimientos.

Pasada la decisión de la Corte, el clamor de justicia no debe morir, pero el punto siguiente para el movimiento 5 de junio es el de ampliar su objetivo para sobrevivir en el tiempo y para ganar aliados en un sector más amplio de la sociedad.

Ante la falla de las instituciones, ante la ausencia del estado de derecho, ante la negligencia de las autoridades, la corrupción, el conservadurismo de la Corte Suprema y la falta de decencia de funcionarios públicos a todos los niveles, la respuesta está en el despertar de una sociedad que se organice incluso con el apoyo de empresarios que apoyan otras causas. La construcción de comunidades seguras y de ciudadanía es la verdadera lucha que sí vale la pena pelear, que sí se puede ganar y que compete de verdad a todos los mexicanos.

Genaro Lozano
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2010).

Con paraguas e impermeables, alrededor de 100 integrantes del Movimiento de Bases Magisteriales marcharon de la Glorieta de la Normal hasta la Plaza de Armas, para exigir al ejecutivo estatal que establezca una mesa de diálogo para atender sus peticiones.

Entre sus demandas se encuentran el incremento al doble del salario de los maestros, la implementación de programas de útiles escolares y desayunos gratuitos en todas las escuelas que tengan la necesidad, y que se deroguen las reformas que trajo consigo la Alianza por la Calidad de la Educación.

Después de bloquear los carriles de norte a sur de Avenida Alcalde durante su recorrido, los profesores impidieron el paso a los automóviles sobre la calle Corona por alrededor de una hora, tras instalarse frente a Palacio de Gobierno.

Los manifestantes provenían de diversas regiones de Jalisco, entre ellas la Ciénega, Costa Sur y Los Altos.

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 19 de junio de 2010).

El texto del presidente publicado esta semana explica que la mayoría de los muertos son narcos que matan narcos, tesis que el gobierno ha sostenido, convincentemente para muchos, entre ellos el que esto escribe, durante los últimos años.

Ahora el presidente transparenta de dónde vienen esas cifras. El párrafo es asombroso:

En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente un 70% de los casos. Alrededor del 90 % de estos casos... corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales (subrayados míos).

Lo menos que merece este párrafo es una explicación. ¿Por qué sólo se pueden "detectar razonablemente" las causas del homicidio en "aproximadamente" 70% de los casos? ¿Por qué sólo se tienen "indicios" y no diagnósticos claros de cada caso?

¿Con información así de incierta se ha construido la cifra de que sólo 10% de los muertos no pertenece al narco?

El carácter aproximativo de estas cifras revela una debilidad institucional extraordinaria. El gobierno no puede precisar la causa cierta de demasiados homicidios y sólo tiene indicios de la probable pertenencia al crimen organizado de 63% de los muertos (90% de 70%).

Se agradece la honradez de la cifra pero su fragilidad es preocupante. Muestra un gobierno que trabaja con indicios, más que con hechos, en el problema mayor de violencia que tiene el país.

¿Cómo puede ofrecerse una respuesta precisa y coherente si el conocimiento del problema a resolver es tan precario?

¿Quién es el responsable institucional de tan pobre calidad en el diagnóstico de los homicidios? ¿Cómo puede repararse?

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 18 de junio de 2010).

Burocracia legal, a punto y bajo sospecha de, montada (¿buena o mala?), es el reflejo que deja en la memoria el resultado de lo que se exhibió públicamente y a todo color por parte de la SCJN. No se puede negar que los magistrados defensores se ajustasen, adecuadamente, a los límites que la ley les impone, como tampoco inferir que en esto se encuentren rasgos de que hubo línea por parte de alguien o algunos. Lo que queda es el recelo, la noción cada vez más enfatizada, de que la maquinaria de la justicia camina por estrechas y ajustadas veredas exclusivas de los poderosos, y deja y suma a la sospecha social con aquello de que "todo pasa pero nada pasa en México" (Zaldívar dixit); marca indeleble enlazada al grave escenario cotidiano de violencia que priva hoy día, y mañana también, en el país.

Complicidad recurrente y corrupción en la farragosa trama que implica la impartición de justicia, es lo que se escucha y repite en todos los ámbitos del territorio nacional. Pero todo tocó fondo con lo que dijo el magistrado Ortiz Mayagoitia, cuando explico (si tiene explicación), que las guarderías subrogadas son necesarias porque el IMSS no lo puede asumir ni tiene para eso. O sea, habrá que acabar de aceptar que el estado mexicano ha abandonado su compromiso de proteger a los niños para dejarlos en manos e influencia de cualquier postor sin compromiso.

Daniel González Romero
(v.pág.19 del periódico Público del 18 de junio de 2010).

Transparencia Mexicana advierte que la tolerancia a quienes se apropian del espacio público afecta al estado de derecho y a la ciudadanía.

La regularización de los "franeleros" que se propone el gobierno municipal tapatío está fuera de la legalidad, concluye el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La persistente presencia de "franeleros" o "apartalugares" en las calles de la ciudad es el más alto indicador de corrupción en nuestro país, subraya el director del Capítulo México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, al tiempo que cuestiona la intención del Gobierno Municipal de Guadalajara, que se propone "empadronar" a todas las personas que obtienen ganancias por esta actividad.

"Parece muy obvio", apunta en entrevista el titular de Transparencia Mexicana, "pero la primera definición es que el espacio público no es comercializable, porque estamos ante un bien que es de todos".

Bohórquez anota sobre el proyecto de la administración del alcalde Aristóteles Sandoval, que no hay constancia de ninguna experiencia exitosa en ese sentido, ya que si se opta por una "regularización" de los apartalugares, es imprescindible, primero, llevar a cabo las reformas de ley que eviten que el estado pierda sus facultades en favor de personas o entes que pasarán a ocupar su espacio.

La obligación de la autoridad, en primera instancia, es salvaguardar el espacio público para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de éste, pues de lo contrario debe haber leyes que apliquen para todos y definan dónde se termina ese espacio, las tarifas que deberán pagarse para el uso de la nueva área restringida y qué uso se dará a los recursos obtenidos por ese medio.

Los mensajes que ha emitido el Ayuntamiento de Guadalajara para generar un padrón de "apartalugares", e incluso otorgarles permisos temporales, han generado reacciones encontradas en la sociedad tapatía.

Pero el gobierno, tiene la obligación de apegarse a su marco constitucional, "y éste deja muy claro que no te puedes hacer de la vista gorda. La tolerancia tiene un límite porque tienes obligaciones derivadas de tu propio marco jurídico".

Ahora bien, es válido y legítimo, apunta, que una sociedad y su Gobierno se cuestionen si desean modificar ese marco jurídico: "Una sociedad puede normar lo que decida como comunidad, puede decidir si quiere crear un nuevo servicio. Para eso creamos la democracia representativa".

Advierte, sin embargo, que si se acuerda crear una nueva forma de empleo administrada por el estado, debe suponer el planteamiento de toda una política pública integral por las implicaciones que se generarían.

De esta forma, la autoridad tendrá que definir cuáles serán las condiciones: las tarifas a fijar por el servicio; qué considerará este servicio; se entregará un recibo o boleto como garantía; cuál será el destino de la tarifa; qué instancia supervisará la prestación y homogeneidad del servicio; qué consecuencias habrá para el ciudadano que no pague la tarifa, etc.

"No puedes dejarlo en una zona gris, no puedes decir ‘le permito a los particulares que aprovechen el espacio público de la manera que ellos prefieran, sólo porque están inscritos en una lista’. Regularizar significa realmente establecer las condiciones en las cuales ciertas calles de la ciudad van a ser concesionadas a particulares".

Sólo cumpliendo con estas formalidades de todo servicio público, los ciudadanos podrán "tener la certeza jurídica de que lo que está haciendo es un pago y no un soborno [o más bien una extorsión, aclara el webmaster]".

(V.primera plana y pág.9-B del periódico El Informador del 14 de junio de 2010).

Monterrey es la nueva capital de los bloqueos. Aquí se conocen desde febrero del año pasado, cuando los primeros grupos de jóvenes con pañoletas en la cara cerraron varias avenidas importantes. Se supo entonces que la delincuencia organizada les daba una lanita, de 200 a 500 pesos, por pasar la tarde de esa manera. La sorpresa fue paralizante en muchos sentidos. El narco tenía una capacidad no imaginada antes. Eran muchos los jóvenes que bajaron, con palos y cohetones, dispuestos a inmovilizar las calles (bajaron: en Monterrey los barrios marginados fueron quedando en las partes altas de esta ciudad llena de lomas, de manera que no son parte de la vista cotidiana). La policía se acercó poco a poco hasta que logró liberar el tránsito.

Días después aparecieron mujeres y niños a tapar las calles. Entonces, la policía estatal sacó su Oso, un camión con disparador de agua, y lo puso enfrente. Las señoras con los hijos en brazos también habían aceptado su gratificación y no se movieron hasta que recibieron un cuidadoso baño. Ya desde entonces el gobierno del estado les llamó narcobloqueos.

La segunda ola fue en este año, ya con gobiernos nuevos en los municipios y en el estado. El 19 de marzo hubo 33 bloqueos. Para lograr esa cantidad, ya no eran ellos mismos los que tapaban las calles, sino que, con palos, piedras y algunas armas, robaban autos y camiones y los abandonaban cruzados hasta tapar por completo.

El miércoles pasado fueron 41 bloqueos con el mismo método, aunque las imágenes y los testimonios muestran a hombres más armados y con una capacidad de reacción mayor. Respondían a la detención de un líder zeta, llevada a cabo por el Ejército esa misma tarde.

Lo impactante es que ni los agentes de tránsito ni de los múltiples cuerpos policiacos municipales, estatales y federales aparecieron en los bloqueos ni en los alrededores para, al menos, sugerir vías alternas. Los ciudadanos inmovilizados estuvieron solos durante horas, rumiando la certeza de que la policía trabaja para el crimen organizado. El vacío de autoridad los hizo sentir dentro de uno de tantos agujeros de ingobernabilidad que, queramos o no, se multiplican en el país. ¿Estado fallido? Por lo menos estado gruyère.

Luis Petersen Farah
(v.pág.14 del periódico Público del 13 de junio de 2010).

La delincuencia organizada no sólo ha afectado la producción de gas de Petróleos Mexicanos en la Cuenca de Burgos, sino que ya hace estragos en otras zonas del país, donde trabajadores han sido privados de su libertad y otros asesinados.

Desde hace 2 semanas 5 trabajadores de Pemex Exploración y Producción, quienes trabajaban en la Cuenca de Burgos están desaparecidos.

Otros 2 ingenieros que trabajaban en actividades de perforación para el activo Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), fueron asesinados en Poza Rica, al ser atacados por un comando armado quien les disparó mientras salían de una plaza comercial.

Además, la empresa argentina Tecpetrol, que tiene un contrato de servicios en la Cuenca de Burgos, también tiene a dos trabajadores secuestrados desde hace ya un mes.

Semanas antes del secuestro de los trabajadores de Pemex en la Cuenca de Burgos, aparecieron mantas de la banda de Los Zetas pidiendo a los habitantes de la zona que se reclutaran voluntariamente como guías de terreno, pero no hubo interés y comenzaron los secuestros, informaron fuentes de la empresa.

En Tabasco, los secuestros a funcionarios de Pemex y empresarios del ramo petrolero es un problema que preocupa al gobernador Andrés Granier, pues de al menos 7 casos que han tenido conocimiento las autoridades, sólo uno de ellos ha sido denunciado ante la Procuraduría General de Justicia.

Y es que en la mayoría de los casos, tanto de la paraestatal como de trabajadores de empresas contratistas, los familiares han optado por negociar directamente con las bandas de secuestradores y pagar sumas millonarias, que van de 3 a 5 millones de pesos.

(V.pág.7 del periódico Mural del 10 de junio de 2010).

Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon los principales accesos a Oaxaca, con el objetivo de intensificar sus acciones, debido a que no han obtenido ninguna respuesta a sus demandas políticas y sociales.

El vocero de la Sección 22 del SNTE Gabriel Melitón Santiago explicó que "hoy fueron los cruceros importantes, mañana será más intenso y así día a día se incrementarán las acciones hasta obtener una respuesta".

Los profesores bloquearon los accesos a las carretera Oaxaca-México y Oaxaca-Istmo, por lo que diversas corridas de autobuses se atrasaron.

Los trabajadores de la educación que se movilizan este martes laboran en centros escolares de Puerto Escondido y Pochutla, donde han dejado sin clases al menos a unos 12,000 estudiantes.

Los manifestantes, con estas acciones demuestran, dijo el vocero, el rechazo a la Alianza por la Calidad Educativa, también exigen aumento salarial, rezonificación por vida cara, así como aumento de plazas para poder resolver las carencias de personal en diversas escuelas del estado.

(V.periódico El Universal en línea del 8 de junio de 2010).

Tan sólo en esta semana la Ciudad de México vivió un par de eventos que espantarían a cualquiera de los alcaldes que fue a visitar Ebrard. En el barrio bravo de Tepito, grupos de jóvenes salieron a tomar la parte de ciudad que les corresponde. Secuestraron un Turibús e hicieron lo que quisieron durante horas. Fue una expresión de anarquía en motocicleta. Como si se tratara de salir a dar una vuelta, los jóvenes se paseaban en moto mientras otros de sus compinches cometían actos de vandalismo. Eso sucede cuando se sabe que se cuenta con impunidad.

El asunto de Tepito es una cosa seria. Ya se sabe que en esa zona de la ciudad el delito campea. Eso no es culpa del actual gobierno citadino, pero el tema del orden y de la contención en la zona sí es su responsabilidad. Los vándalos ven cómo agrupaciones cercanas a Marcelo, el SME por ejemplo, hacen lo que se les antoja no sólo con la anuencia, sino con la complicidad del gobierno capitalino. ¿Por qué las huestes de Esparza sí y los jóvenes de Tepito no? ¿Nada más porque no se comprometen a darle votos al jefe de Gobierno? Es el problema de darle canonjías a ciertos grupos, después otros quieren hacer lo mismo.

Otro evento que hubiera escandalizado a los homólogos de Marcelo en cualquier lado del mundo es lo sucedido en las instalaciones de la SEP. Imaginemos que por casualidad el alcalde de Londres, que esta semana aparece en una foto con Marcelo en los medios, hubiese estado el viernes en el Centro Histórico admirando la fachada de la SEP, concretamente la puerta que está en la calle de Brasil, y que data del siglo XVIII. De pronto pasa lo que pasó: que un grupo de los aliados de Marcelo, pertenecientes a la CNTE, y vigilados por la policía de Marcelo, se instalaron enfrente de la sede, se subieron a unos andamios y rompieron la puerta a tubazos. Se subieron por las ventanas y rompieron vidrios, agarraron a golpes a un funcionario de la secretaría y todo esto ante la complacencia policiaca. El alcalde de Londres hubiera volteado a ver a Marcelo y le hubiera preguntado si había algún gobierno en esa zona que, por lo visto, era el reino del hombre primitivo.

Pero al jefe de Gobierno le vale. De todo le echa la culpa al gobierno federal. Ahí estaba su policía y su gobierno no hizo nada para impedir el ataque a un patrimonio nacional. Prefiere quedar bien con la CNTE, con el SME y con sus demás aliados. Por eso los de Tepito salieron por su cuota de calle.

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 6 de junio de 2010).

La impunidad, la corrupción, la incapacidad de los cuerpos ministeriales y la mala aplicación de las leyes son "obstáculos" que han frenado el buen funcionamiento del sistema penal en el país, señalaron especialistas de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey.

"Desde que se llevó a cabo la reforma penal en 2008 se dijo que los problemas que enfrentaba el país para los fines de la seguridad pública y de la justicia penal eran, según un diagnostico muy puntal que se hizo en la Cámara de Diputados, la impunidad, la corrupción, la ineficacia de los cuerpos ministeriales y el envejecimiento de las normas", apuntó el doctor Sergio García, investigador de la UNAM.

El académico incluso recordó que en la iniciativa enviada por el ejecutivo federal, así como la elaborada por las distintas fracciones parlamentarias, se establecían estas deficiencias como graves obstáculos legales.

Asimismo calificó de "autoevaluación" las declaraciones del presidente Felipe Calderón, cuando afirmó que "es inútil la reforma penal si hay corrupción", sin embargo, mencionó que el reconocimiento del problema tiene que estar acompañado de una serie de reformas que abatan estos males. El académico agregó que además la sociedad tiene que colaborar en este cambio, ya que también es parte de las deficiencias del sistema de impartición de justicia. "La sociedad en su conjunto es víctima de estas condiciones de desviación y debe de reflexionar cuáles son sus culpas, pues no toda es de los funcionario públicos", puntualizó.

(V.pág.20 del periódico Público del 6 de junio de 2010).

Molestos por los operativos en tianguis de la zona metropolitana de Guadalajara, comerciantes "informales" se manifestaron ayer en el centro histórico. Incluso, se mostraron dispuestos a pagar impuestos, "pero que nos dejen trabajar".

Alrededor de 300 comerciantes partieron por la mañana de Federalismo e Hidalgo, manifestándose afuera del Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado, con el propósito de que autoridades locales apoyen para suspender los operativos federales. Losmanifestantes causaron un grave congestionamiento vial en el centro histórico.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 1o.de junio de 2010).

Vivimos en el país de la impunidad pero somos también el territorio de las condenas fabricadas y las falsas acusaciones. Viene siendo lo mismo, después de todo: ni los criminales ni los falsarios rinden cuentas a la justicia. La única diferencia es el bando al que pertenecen unos y otros. El papel del Estado, en este sentido, es absolutamente terrorífico: cuando se pone en marcha su maquinaria de incriminación, la indefensión del ciudadano es absoluta.

Miren ustedes las noticias y los asuntos de la agenda pública en los últimos tiempos y se darán cuenta de que casi todo tiene que ver con el tema de la legalidad: desde el desafuero de López Obrador hasta el proceso electoral de 2006, pasando por el caso de Paulette, la condena de Florence Cassez y la aprehensión de las mujeres acusadas de secuestrar a unos rudos mocetones de la Policía Federal, nuestra actualidad está hecha mayormente de cuestiones judiciales.

Lo más preocupante, sin embargo, es el descrédito de la justicia y, consecuentemente, la automática predisposición de la gente a no creerse nada de lo que se le dice. La ancestral cultura de la sospecha se ha trasmutado en una especie de incredulidad colectiva donde ya nada es lo que parece, nada es realmente lo que es, nada es aceptable por poco que provenga de las autoridades (registrar el teléfono celular, por ejemplo, era "poner información personal en manos del gobierno" con unas consecuencias fatales para todos) y nada es cierto. Al mismo tiempo, todo es posible; esto es, todo aquello que sea malo, extraño e insólito.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 30 de mayo de 2010).

De los 48 periodistas asesinados desde 1992, 89% de los casos ha quedado impune.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 30 de mayo de 2010).

En la argumentación de un punto de acuerdo, que recién turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente la diputada de Nueva Alianza Cora Cecilia Pinedo Alonso, se ha advertido que México es el segundo país en el mundo, después de Tailandia, con más víctimas de trata de blancas. Y, de paso, ha hecho mención de las entidades mexicanas más utilizadas por quienes explotan sexualmente a mujeres, pero también a niños y niñas.

Cora Cecilia afirmó: "El municipio de Tapachula, Chiapas, es el lugar donde se realiza la mayor venta de mujeres, niñas y niños con fines de trata de blancas, y muchos de ellos son redistribuidos hacia Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal".

Hay una resistencia casi endémica de las autoridades encargadas de combatirlo, de no enfrentar la trata de blancas como tiene que enfrentarse. Además de la complicidad manifiesta de muchas autoridades, las víctimas de este tipo de delitos tienen que padecer una cultura tremendamente distorsionada de quienes, siendo autoridades -sean policías, ministerios públicos o jueces-, actúan como si los niños, niñas y mujeres fueran seres inferiores.

No hay que ir muy lejos para confirmar cotidianamente cómo este crimen bestial se multiplica por casi todas las ciudades de la república. Verbigracia: en la Ciudad de México, a unas cuantas calles del Palacio Legislativo de San Lázaro, el negocio de los proxenetas sigue en voga en Circunvalación y Corregidora.

En medio de esa prostitución tolerada evidentemente en todas las ciudades del país, por las razones que fueran, persiste como una mala hierba la trata de blancas, que en palabras menos domingueras no significa más que la explotación sexual de mujeres, niñas y niños por la vía de la violencia física y psicológica.

En estos días de debate en torno de las leyes que tienen como propósito fortalecer el combate del estado mexicano contra el crimen organizado -entendido éste básicamente así en referencia a narcotraficantes, secuestradores y tratantes de blancas-, la oposición ha criticado severamente la incapacidad que han demostrado casi todas las autoridades del país para hacer valer la letra de la ley.

Ahora, por ejemplo, cuando se habla tanto de construir la Ley de Seguridad Nacional y las diversas reformas que confluyen en el combate del secuestro, los opositores insisten en que hay leyes que fueron hechas para partirles el eje a todas ese bandidaje que agobia al país, y no han sido realmente utilizadas. Caso concreto de ello es la Ley de Extinción de Dominio.

Es evidente que al gobierno de Felipe Calderón le han estado temblando las corvas para expropiar propiedades de narcotraficantes y demás ralea. Y tampoco ha hecho gran cosa el gobierno federal para, aquí sí, reformar leyes orgánicas que eviten la duplicidad -y quiten de paso el pretexto- de instituciones que no quieren combatir el lavado de dinero.

Vicente Bello
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 29 de mayo de 2010).

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -ala disidente del magisterio-, iniciaron una marcha desde el Zócalo de la Ciudad de México hacia la residencia oficial de Los Pinos y la Secretaría de Gobernación, lo que genera severo caos vehicular en la zona centro de la ciudad.

Los maestros de la CNTE están acompañados por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y miembros de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Los manifestantes, poco más de 10,000, de acuerdo con las autoridades del Distrito Federal, se pronuncian en contra del incremento salarial de 4.1% otorgado al magisterio por parte de la Secretaría de Educación Pública y piden también que se esclarezca el destino de los recursos a la Alianza por la Calidad de la Educación.

Los contingentes marchan por Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la Ciudad de México, en su camino hacia Los Pinos, lo que provocó la instrumentación de múltiples cortes a la circulación y nudos vehiculares.

Mientras que otro grupo se movilizó por las céntricas avenidas Pino Suárez, José María Izazaga, Arcos de Belén y Chapultepec, en dirección a la Secretaría de Gobernación, donde una comisión pidió entrar para exponer sus demandas.

(V.periódico El Universal en línea del 28 de mayo de 2010).

A diferencia de lo que ocurre en México donde la tasa de homicidios violentos es de 14 por cada 100,000 habitantes según cifras del Inegi, en Canadá es de apenas 1.8.

El procurador general y ministro de Justicia canadiense, Rob Nicholson, aseguró que los bajos índices de criminalidad en el país se deben a que los canadienses respetan el imperio de la ley.

"Los canadienses tienen un alto valor por el cumplimiento de la ley, lo que es absolutamente vital para el éxito de las sociedades, si no hay respeto a la ley, las sociedades se colapsan muy rápidamente", señaló.

(V.pág.5 del periódico Mural del 27 de mayo de 2010).

El estado mexicano debe investigar todos los homicidios que ocurren en el país, aseguró Javier Zúñiga, consejero especial de Amnistía Internacional en Londres.

"Es difícil cuantificar cuántas ejecuciones extrajudiciales hay en México, porque hay un problema muy serio en cuanto a las investigaciones que son realizadas, muchas veces por falta de voluntad política, aparentemente para no molestar en sus funciones de reprimir al crimen organizado".

"Es muy importante que se haga una investigación exhaustiva de cada muerte, y si hay sospecha de que el responsable pudiera ser un agente del estado, debería ser motivo de sanciones o de acciones legales ante un tribunal", dijo Zúñiga en entrevista.

El organismo presenta hoy su informe anual en donde expresa su preocupación por la inseguridad pública que se vive en México, que generó 6,500 asesinatos en 2009.

(V.pág.5 del periódico Mural del 27 de mayo de 2010).

El PRD ha anunciado que mantendrá la candidatura al gobierno del estado de Quintana Roo de Greg Sánchez. Antes esto habría sido imposible. Una acusación penal bastaba para despojar a cualquiera de sus derechos políticos. Pero ya la PGR no se atrevió a consignar a Andrés Manuel López Obrador por su desacato en el caso del predio del Encino. Desde entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sentado el precedente en varios fallos, el último el del candidato panista al gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco, que no se puede privar a nadie de sus derechos políticos mientras no haya una sentencia firme en su contra. Greg podrá ser candidato desde la cárcel.

Hasta este momento los ciudadanos comunes y corrientes conocemos poco del caso. Tenemos que aceptar las versiones que ofrecen las partes sin poder corroborarlas. Así funciona la justicia en nuestro país: siempre detrás de cortinas y bambalinas. Esta es una de las razones por las que tiene tan mala reputación.

Yo espero que en esta ocasión la PGR tenga más pruebas que unas simples declaraciones de testigos protegidos o pagados. Hace ya mucho tiempo quedó claro que estos testigos dicen lo que quiere quien les paga.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 27 de mayo de 2010).

No hubo distinciones ni importó el cargo. A los 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán la Procuraduría General de la República los acusó de recibir pagos millonarios y en dólares por facilitar y encubrir las operaciones de "La Familia Michoacana". Era un golpe, según las autoridades, contra una parte de la estructura política al servicio de esa organización criminal. Un año después esas imputaciones basadas en declaraciones de 3 testigos protegidos resultaron ser falsas en el caso de la mayoría de los acusados.

Fue un escándalo nacional al inicio. A los acusados se les responsabilizó de ocultar y proteger a los jefes y sicarios del cártel de "La Familia", revelar los movimientos policiacos y militares para su captura o de liberar a miembros de la organización criminal. Se les ubicó en fiestas de narcos y políticos, incluso en amoríos, compadrazgos y en fotos con criminales o recibir financiamiento del narco para sus campañas políticas, pero también en asesinatos y desapariciones. Al final, la PGR no probó los cargos contra 17 de ellos y sólo 10 siguen en prisión.

Contra los 27 funcionarios no hubo investigaciones sobre propiedades, movimientos financieros, redes de vínculos o reportes periciales que los impliquen en delitos. Ninguno de los jueces federales que ha conocido de este caso recibió pruebas adicionales a los cargos hechos por los testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron el soporte de las imputaciones contra todos ellos.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 26 de mayo de 2010).

Senadores del PRI y del PRD lamentaron y consideraron como "grave" la extorsión que realizan cárteles de la droga a empresas de seguros, con lo que se confirma la creación de un "estado" encabezado por la delincuencia, sobre el mismo estado mexicano.

El vicecoordinador de la fracción priista en el Senado, Fernando Castro Trenti, dijo que ante ese fenómeno el gobierno federal debe aplicar más "inteligencia" para combatir a los cárteles de la droga que extorsionan a comerciantes, empresarios y particulares.

Castro Trenti dijo que ya desde hace muchos años este fenómeno se ha venido discutiendo, aunque el gobierno federal lo negaba.

"Se está creando un estado sobre el estado real mexicano", dijo, y afirmó que todos tienen ahora que pagar "derecho de piso".

El secretario de la comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres Mercado, del PRD, afirmó por separado que con ello se demuestra que el estado mexicano tiene "puntos ciegos territorialmente sin autoridad".

Torres recordó que hablar de seguros es hablar de empresas sólidas con larga tradición y llegar a ese nivel, "quiere decir que no existe ninguna actividad que esté a salvo del crimen organizado".

Dijo que se confirma que las autoridades federales y locales en muchos casos, son incapaces de cumplir con la tarea de dar seguridad a las empresas.

El zacatecano dijo atisbar "un estado acobardado sin visos de que dé soluciones".

(V.periódico El Universal en línea del 25 de mayo de 2010).

Los ciudadanos, hemos aceptado ser victimizados y no recibir justicia. Hemos renunciado a nuestro derecho a ser defendidos por el estado ante la criminalidad; aceptamos una cuota de dolor y de desamparo como si fuese un hecho irreversible.

Esto, señor Presidente, es inconcebible, a todas luces, inaceptable. No podemos renunciar a contar con un sistema eficiente de justicia. Como sociedad civil, no podemos perder la capacidad de indignación.

Alejandro Martí, México SOS
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 25 de mayo de 2010).

El presidente Felipe Calderón admitió que mientras prevalezca la corrupción en las policías y cuerpos judiciales, la justicia seguirá siendo para el mejor postor, al tiempo que urgió a concretar los juicios orales en todo el país.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 25 de mayo de 2010).

El ámbito de la procuración e impartición de justicia es uno de los más turbios en Jalisco. No es ninguna novedad decir que la corrupción y la ineficiencia son características fundamentales en la operación de este sistema. Miles de personas lo padecen cada día y muchas más resultan también beneficiadas por la opacidad y la deshonestidad que impera en el sistema judicial.

Juan Carlos Núñez Bustillos
(v.pág.2 del periódico Público del 23 de mayo de 2010).

Los responsables de la criminalidad son los delincuentes y el estado por su incapacidad para proveer seguridad y combatir al crimen con eficacia, no los medios de comunicación, los informadores y analistas, no los twitteros y su apasionada irreverencia.

Con independencia del desenlace, el caso de Diego Fernández marca un punto de inflexión en el curso de la violencia delictiva armada que asola al país; apunta a un nuevo grado cualitativo en los modos de la intervención política del crimen organizado y sus organizaciones de vanguardia, los cárteles del narcotráfico. Los políticos (candidatos en Tamaulipas y Zacatecas) en general e, incluso, los del más alto nivel (como el insigne Diego Fernández) se han convertido en objetivo de la violencia. Inocultable la descomposición del estado mexicano, su aguda fragilidad, la crisis de nudos de funcionalidad esencial como la seguridad, la procuración e impartición de justicia, así como la idoneidad y capacidad de sus estrategias de comunicación, hecha añicos por el ominoso, grave y lamentable caso del Jefe Diego.

Alán Arias Marín
(v.pág.14 del periódico Público del 23 de mayo de 2010).

De nada sirve la aprobación de leyes y la verborrea legislativa si no hay un Estado de Derecho que se aplique con rigor, a secas, si la impunidad sigue siendo reina de este (des)gobierno que aún no ha medido el tamaño de los retos que apenas están por surgir.

Marcela Gómez Zalce
(v.pág.26 del periódico Público del 21 de mayo de 2010).

En el caso de confirmarse el secuestro o la muerte de Fernández de Cevallos, siendo él uno de los hombres más poderosos del país, el mensaje de los autores de la desaparición es claro: "No te tememos, estado", en el desafío al grupo en el poder, se pueden definir 2 cosas: "nadie está a salvo" y no hay "intocables".

Alejandro González Zamora
(v.pág.5 "Cartas del lector" del periódico Mural del 20 de mayo de 2010).

Por supuesto que me preocupa que el 94% de los delitos denunciados en México queden impunes. Pero más me preocupa el número de inocentes encarcelados. Éste es el caso de Aldo Christopher Granada González, quien se encuentra privado de su libertad desde hace siete meses. ¿Cuál es su delito? Que su nombre se parece al de un criminal llamado Christopher Aldo González Rivera, alias el Don.

El 4 de mayo pasado narré en esta columna el caso de un hombre, Juan Manuel Figueroa Pacheco, encarcelado por llamarse exactamente igual que un defraudador. El caso de Aldo es todavía peor, ya que aun cuando el criminal que cometió el delito del que se le acusa ya está en la cárcel, la jueza que lleva el caso no ha querido dejarlo en libertad.

Aldo fue detenido a punta de pistola y al parecer golpeado por agentes judiciales el 16 de noviembre de 2009 en Iztapalapa. Desde un principio era claro que no era la persona que se buscaba por el homicidio de María Fernanda Figueroa Torres. Todos los testigos señalaban como responsable al Don y descartaban que el detenido, Aldo Christopher Granada González, tuviera algo que ver en los hechos.

Los agentes consignaron a Aldo ante el juez 44 de lo penal en el Distrito Federal porque, al parecer, esto les generaba un premio o recompensa; pero el juez dictó auto de libertad ante la clara equivocación de identidad. Como había otra orden de aprehensión en contra del Don, Aldo fue consignado nuevamente, ahora ante el juez 22. A pesar de los testimonios y pruebas que señalaban que no era la persona buscada, se le dictó auto de formal prisión el 26 de noviembre. El juez dijo que tenía rasgos --como cejas y orejas-- similares a los del delincuente.

Todos los testigos negaron que Aldo fuera responsable del delito y ratificaron que éste había sido cometido por el Don, de quien manifestaron tenía características físicas diferentes. El propio padre de la víctima así lo señaló. Insatisfecho con el proceso, de hecho, promovió el cambio al juzgado 56 de lo penal a partir del 16 de diciembre de 2009.

Los testigos ratificaron una vez más sus declaraciones sobre la inocencia de Aldo y la responsabilidad del Don. Los propios agentes investigadores de la Policía Judicial también lo señalaron.

El pasado 13 de enero pareció que terminaría la pesadilla al ser detenido en Sinaloa Christopher Aldo González Rivera, a quien se puso a disposición del juez 44 de lo penal por el homicidio de María Fernanda. El propio padre de la victima solicitó la liberación de Aldo y presentó al juzgado 56 copia del auto de formal prisión del Don. A pesar de este cúmulo de pruebas, la juez 44, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, negó el desvanecimiento de datos y la liberación de Aldo. Argumentó que el proceso debía seguir su curso y desahogarse hasta el final. Mientras tanto Aldo sigue en la cárcel, deprimido, deteriorado en su salud, sin haber podido conocer a una hija nacida hace 6 meses.

Así parece ser la justicia en nuestro país. Pocos son los delincuentes detenidos, mientras que muchos de los presuntos responsables consignados para aumentar la estadística de crímenes resueltos son inocentes.

El caso de Aldo Christopher sería un digno cuento de Kafka. Una vez que el estado mexicano se equivoca, se niega a reconocer su error, aun cuando sea uno tan notorio como éste. Sólo en México puede un hombre llevar siete meses en la cárcel sólo por tener un nombre similar al de un criminal.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 20 de mayo de 2010).

En la jerga del derecho, es un clásico que "la justicia es ciega, sorda y tonta"; y que "se vende al mejor postor". Definición que embona "como anillo al dedo" en al caso de Celia Lora, quien alcoholizada ocasionó un choque que derivó en la muerte de un trabajador.

Luego del escándalo inicial, poco se ha sabido del "borrachazo" de la niña Lora, ya que el reflector se movió en dirección a los "sabotajes" a instalaciones eléctricas, al crimen de José Guajardo, candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso en Tamaulipas, y hacia la desaparición de Diego Fernández de Cevallos.

La memoria colectiva parece olvidar que morir a causa de una borracha -sea o no hija de famoso roquero-, es un tema que nadie puede pasar por alto. El olvido en ese tema sería igual a ratificar que "para los ricos y famosos" existen corrupción y comprensión, mientras que para los pobres, injusticia a secas.

Vamos al origen. ¿Qué fue lo que pasó? Que Celia Lora salió de un antro -por ahí de las 4 de la mañana-, absolutamente borracha. Que nadie fue capaz de impedir que condujera su automóvil en ese estado, por lo que fue inevitable el choque contra una camioneta, en la lateral del Periférico. El golpe lanzó la camioneta contra un trabajador que, horas después, murió. Está claro que en el origen está el exceso de alcohol y la imprudencia de manejar completamente alcoholizada.

Bien, pues resulta que por razones que sólo explican la complicidad y la corrupción, el Ministerio Público del Distrito Federal dejó en libertad "a la niña", que borracha no podía siquiera sostenerse en pie, a quien un médico legista sordo, ciego y corrupto, sólo detectó "aliento alcohólico". El escándalo detonó y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal intentó corregir, al señalar que "siempre sí" la niña estaba borracha. Por eso debe comparecer ante un juez.

Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de mayo de 2010).

A estas alturas, podemos preguntarnos: ¿la sociedad mexicana produce más individuos antisociales o la desatada delincuencia que padecemos se debe a que el estado es incapaz de asegurar el castigo de los infractores? Dicho de otra manera ¿la posibilidad de purgar una pena de prisión tiene un efecto disuasorio en aquellas personas predispuestas a cometer un delito, independientemente de su condición moral y sicológica, mientras que la perspectiva de la impunidad propicia una natural multiplicación de las conductas criminales?

Vivimos, en este país, las consecuencias de una muy perniciosa combinación de factores: la terrorífica descomposición de la moral pública y la ausencia de un sistema de justicia que brinde certezas jurídicas a los ciudadanos. El castigo -es decir, la expresión más extrema de la necesidad de poner un límite a los comportamientos perjudiciales- debe ser, en todo cuerpo social, una realidad creíble y lo suficientemente probable como para que la comisión de un crimen signifique un riesgo personal. Pero, si las penas y los correctivos estuvieran asegurados ¿es deseable vivir en un universo carcelario, en un mundo de prisiones y prisioneros? El ejemplo de Estados Unidos, en es sentido, es verdaderamente estremecedor: de todas las naciones democráticas del planeta, es la que más personas tiene encarceladas, algo así como 2 millones de seres humanos. Los números, en Europa, son incomparablemente más reducidos. Lo cual nos lleva a plantear otra cuestión: ¿algunas sociedades fabrican más criminales que otras? Y esto, de paso, nos hace preguntarnos si México -ese escenario de robos, secuestros, extorsiones y asesinatos- es, precisamente, una nación productora de delincuentes.

Lo que nos queda claro, por lo pronto, es que no castigamos los delitos. La impunidad, aquí, es absolutamente escandalosa. Antes de ese desenlace final, sin embargo, está la realidad misma del criminal, su presencia como una amenaza directa para millones de personas que viven enjauladas en sus casas, que son robadas cuando van al trabajo, que sufren secuestros, que son atracadas en las carreteras, que ya no salen por las noches y cuya percepción del mundo está determinada por un angustioso, y permanente, sentimiento de inseguridad.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 16 de mayo de 2010).

En México, el asesinato del señor José Mario Guajardo, candidato a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, ha conmocionado esta semana a la clase política, porque, este crimen, se ha catalogado como un abierto desafío de las bandas del narcotráfico que, en los hechos, han dado la impresión de que ya cogobiernan en Tamaulipas. Un desafío contra el conjunto de instituciones -como la electoral-- que se ha dado el país para su organización política y social.

La víctima ha sido, ni más ni menos, otra vez un representante de la clase política. Como, no hace mucho, en agosto de 2009, también sucedió con el asesinato de Armando Chavarría, diputado local y presidente del Congreso de Guerrero.

En septiembre de 2008, en el mismo Estado de Guerrero, bandidos encapuchados asesinaron en Ayutla de los Libres a Homero Lorenzo Ríos, quien entonces fungía como candidato del PRD a una diputación local.

Apenas hace 15 días, el 30 de abril, en Guerrero también, fue asesinado Rey Hernández, el líder estatal del Partido del Trabajo. Y, allá mismo, en ese estado del sur, están pendientes de resultados las investigaciones sobre los asesinatos de José Santiago Agustino, presidente municipal de Zapotitlán Tablas, y de Abel Uribe Landa, ex alcalde de Tetipac.

Todos estos crímenes tienen el mismo común denominador: no se sabe -al menos oficialmente-- quién los ordenó. Pero, casi siempre, las sospechas apuntan hacia ese nudo gordiano, hasta ahora imposible de desatar, con que ha sido atado el yugo que ha unido a criminales y algunas autoridades, no importando el nivel de gobierno en que estén.

Este viernes, cuando se velaba el cuerpo del candidato panista asesinado, el presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, ominoso, advertía: "Es el reflejo del clima de violencia que desborda varias entidades, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Guerrero, Michoacán, Tabasco. Es una larga lista de entidades la que sufre la presencia del crimen organizado y la que siembra de cadáveres las ciudades del país, lamentablemente".

Reprobaba y condenaba el crimen, y arengaba al gobierno federal a intensificar sus investigaciones "porque traigo 2 preocupaciones", acotó. "Primero los asesinatos y después la impunidad en la que se dan".

Y apostillaba el líder del Senado: "Ningún homicidio es aclarado, ningún homicidio se determina quiénes son los responsables intelectuales o materiales; pareciera que asesinar en México ya es una práctica que no conlleva responsabilidad de ninguna naturaleza. Basta con decir que fue el crimen organizado y se acabó, y ahí se cierran los expedientes".

Navarrete todavía dijo: "No hay que aceptar como algo ordinario y normal la violencia que azota nuestras ciudades, porque en el momento en que el Estado mexicano acepte que eso es ordinario y normal habremos perdido totalmente la batalla".

Navarrete dijo: "El estado mexicano tiene obligaciones elementales que la Constitución le señala y una de ellas es salvaguardar la integridad física de los mexicanos de su patrimonio, de sus familias, de sus propiedades, y el estado mexicano tiene que mantener necesariamente esa obligación legal que se mantiene".

Vicente Bello
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 15 de mayo de 2010).

Policías del municipio de Izcalli detuvieron a 2 trabajadores de la CFE y los remitieron ante el Ministerio Público de la localidad, luego de que los empleados cortaron el suministro de energía eléctrica al palacio municipal para exigir el pago de adeudos por el servicio.

Al parecer, el ayuntamiento izcallense debe 70 millones de pesos por suministro de energía eléctrica y hasta el momento ha pagado solamente 25 millones.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 15 de mayo de 2010).

Mucho dinero y tiempo de medios gastaron los legisladores federales en comunicarnos hace unos meses, a través de una intensa campaña de publicidad, que con sus reformas a la ley lograron que en México todos seamos considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Habría que preguntarle a Ricardo Rubí Bustamante, uno de los funcionarios detenidos por sus presuntos vínculos con el narco en el "michoacanazo" del 26 de mayo de 2009. Este pasado 11 de mayo se le dejó finalmente en libertad: "Más que una injusticia fue un error", dijo Rubí. Sí, un error que le hizo pasar un año a la cárcel.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 13 de mayo de 2010).

¿De qué sirve que los legisladores aprueben nuevas leyes si no existe el Estado de Derecho que haga que todos las cumplan? No se trata de que "se suponga" que todos las deben cumplir.

¿Es suficiente que haya más y mejores leyes? ¿o también se necesita un estado sólido con fuerza para aplicarlas y que combata la corrupción y la impunidad?

Mauricio Carvallo Pontón, director general del Centro de Desarrollo Integral Arboledas
(v.pág.6 del periódico Mural del 13 de mayo de 2010).

El presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, hizo un serio cuestionamiento al desempeño del Poder Judicial del Estado, al criticarlo por no imponer las penas adecuadas a los delincuentes que detiene la policía, convirtiéndose en un factor importante en los índices de inseguridad.

"Quien mata a un policía era alguien que tenía una libertad o prelibertad por buena conducta. No podemos seguir tolerando que la policía haga bien su trabajo y que los juzgadores los dejen salir (a los delincuentes) a la semana o a los dos meses. Ya basta".

De enero a la fecha, la Policía de Guadalajara ha realizado 4,116 detenciones por delitos como robo a casa habitación, a transeúnte, a vehículos y autopartes, además por distribución de drogas. De éstos, 2,419 fueron presentados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, es decir, el Ministerio Público del fuero común. El resto, 1,697, ante la Procuraduría General de la República.

Sobre estas cifras, agregó: "Cuántos de éstos andan en la calle otra vez, con cuántos de éstos se integró bien la averiguación previa y su expediente, (cuántos) han sido sentenciados y están en ejecución de la pena. Eso quisiéramos conocer".

Propuso que las reuniones de seguridad pública entre alcaldes de la zona metropolitana con las instancias estatales, también integren a representantes del poder judicial para mejorar su coordinación y superar estas problemáticas.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 11 de mayo de 2010).

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo reiteró su denuncia pública por la presencia de supuestos gestores, más conocidos como "coyotes", dentro y fuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde supuestamente asesoran a los trabajadores que enfrentan conflictos legales y acuden en busca de apoyo jurídico, pero por el contrario, además de mermar el escaso patrimonio de los afectados, alargan innecesariamente los juicios laborales con una estrategia que no favorece a los trabajadores.

La existencia de los "coyotes" está ligada a una persistente serie de carencias de la Junta de Conciliación, donde según el secretario estatal del Trabajo, Ernesto Espinosa Guarro, hay un rezago de 23,000 litigios laborales sin desahogar.

El subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Salvador Barragán Flores, explicó que a ello se suma la falta de conocimientos en materia legal, pues ahí reciben en promedio 250 trabajadores al día, quienes solicitan apoyo. "Es común -dijo- que el afectado no identifique el problema que le aqueja. Invitamos a los trabajadores a que no se dejen engañar; el ‘coyote’ es aquél que sin contar con la formación, por no exigirlo la Ley Federal del Trabajo, puede asistir a juicio representando al trabajador. Esas personas (...) engañan a los trabajadores, les hacen promesas que no son ciertas; en juicio les ofrecen cantidades que no les corresponden y que intentarán recuperar con los famosos salarios caídos. Los ‘coyotes’ lo que hacen es cobrar porcentaje sobre el resultado del juicio y sólo presentan una barrera para que la justicia laboral se aplique, porque les conviene alargar el juicio, pues entre más dure, aparentemente será mayor la cantidad (a ganar)".

(V.primera plana del periódico El Informador del 4 de mayo de 2010).

En México, el oficio periodístico se ha vuelto cada vez más peligroso y no parece difícil decir por qué: la fragilidad del estado de derecho, la pérdida del respeto a las normas de convivencia y la involución del proceso civilizatorio de la sociedad mexicana.

Algunos informadores han perdido la tierra donde viven y otros la vida. Mueren de manos de quienes son más fuertes que la autoridad civil y que la empresa periodística, y que además se saben impunes.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 2 de mayo de 2010).

De las 43 rutas reconocidas en la frontera sur sólo 8 son vigiladas por el servicio de aduanas, lo que permite el tráfico de diversos productos piratas, así como el contrabando de armas, drogas e incluso personas en las 35 restantes sin control.

(V.pág.20 del periódico Público del 2 de mayo de 2010).

Alrededor de 250 indígenas, entre los que se encuentran mujeres y niños, mantienen un bloqueo de la vialidad Toluca-Zinacantepec, en protesta porque policías de la Agencia de Seguridad del Estado de México les impiden el paso para llegar a la capital y manifestarse en el congreso local.

(V.periódico El Universal en línea del 29 de abril de 2010).

El gobernador de Querétaro, José Calzada, dijo hoy que en México, además de "encarcelar a los delincuentes", hay que "liberar a los inocentes" que están en prisión injustamente acusados, en referencia a las 2 indígenas otomíes que ayer fueron excarceladas en esa región tras ser condenadas a 21 años.

"Nosotros hemos escuchado y escuchamos durante muchos meses las expresiones de miles de queretanos que estaban inconformes con este tema, y organizaciones internacionales y nacionales", señaló el gobernador, quien lamentó que para estas mujeres no funcionara el concepto de "duda razonable".

Este concepto sí permitió la liberación de una tercera indígena implicada en los hechos, Jacinta Francisco Marcial, en septiembre de 2009, quien siguió una estrategia de defensa algo distinta a la de Alberta y Teresa.

Para el gobernador Calzada, pese a que terminó el caso de las otomíes, "hay otros temas que quedan en el tintero, como la injusticia que se cometió y seguramente las injusticias que hay en todo el país".

La magistrada de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, consideró que el caso resolvió a favor de las mujeres por "insuficiencia de pruebas" en su contra.

La magistrada considera que el caso de Alberta y Teresa destapa la necesidad de que la Justicia en México transite pronto a "un sistema acusatorio" con "presunción de inocencia", frente al actual, de tipo "inquisitorio", donde un acusado enfrenta la "presunción de culpabilidad" hasta que él mismo no demuestre lo contrario.

(V.Agencia Efe del 29 de abril de 2010).

La decisión de la Suprema Corte de absolver a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde 2006 por el supuesto secuestro de 6 agentes de la AFI, evidencia las graves deficiencias en la procuración de justicia, advirtieron expertos.

[El webmaster no es un experto, pero siempre se ha preguntado en relación al caso: ¿cómo tan pocas indígenas pudieron secuestrar a tantos agentes de la AFI?]

Ayer, la Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó ni siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.

Ambas mujeres fueron liberadas ayer por la tarde del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro, al ser revocada la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.

Gloria Ramírez, directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la sentencia de la Corte pone de manifiesto las irregularidades de un aparato de justicia que está dirigido al poder y que excluye a los pueblos indígenas.

Afirmó que es indispensable garantizar la reparación del daño y sobre todo, sancionar a los responsables de las irregularidades del proceso que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos de Teresa y Alberta.

En tanto, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que es importante seguir insistiendo en que el juez y los agentes del MP que llevaron el caso deben ser investigados y sancionados.

Explicó que la Corte puede compulsar copias al Consejo de la Judicatura y a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República para que de inmediato se inicie una investigación a los ministerios públicos, a los policías judiciales que participaron y al juez que avaló y mantuvo detenidas injustamente a estas mujeres.

(V.pág.2 del periódico Mural del 29 de abril de 2010).

Investigar a los políticos relacionados con el crimen organizado y combatir la inseguridad fueron parte de los reclamos hechos ayer por líderes ciudadanos de Nuevo León al Presidente Felipe Calderón.

El primero de los participantes en lanzar sus cuestionamientos fue Ervey Cuéllar, presidente de la empresa Vertebra.

"¿Cuándo se va a investigar a los políticos?", cuestionó Cuéllar.

"(Se) ameritan de manera urgente medidas y permanencia constante del sistema militar".

"No es posible tener policías sin uniformes y alcaldes huyendo porque también colaboran o fueron partícipes de toda esta delincuencia organizada", añadió. "Amerita una investigación mucho muy a fondo para que se tomen medidas también mucho muy a fondo".

En su respuesta, Calderón aseguró que su gobierno ha procesado a funcionarios de todos los partidos, pero admitió que ha faltado capacidad y eficacia.

"No siempre ha habido la capacidad de persecución o de sostener el caso legalmente", dijo, "y creo que también debemos revisar las estructuras judiciales en México, porque así como hay corrupción en la política y en las policías, no podemos descartar a ciegas que haya también en algunos jueces".

(V.pág.6 del periódico Mural del 29 de abril de 2010).

Robar 280 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad durante un lustro, le costó a Alejandro Morales Méndez, ex jefe del Departamento de la Tesorería de la paraestatal, una condena de 4 años con 6 meses de prisión.

Carlos López Cruz, juez décimo tercero de Distrito en el Reclusorio Sur, emitió ayer su sentencia contra 12 acusados del mayor fraude en la historia cometido contra la CFE y que, a últimas fechas, ha sido calculado en 308 millones de pesos.

10 fueron declarados culpables y 2 inocentes, y a los primeros les condenó a pagar una reparación del daño de 280'144,342 pesos, al ser hallados culpables de violación al artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por la disposición ilegal de fondos bancarios de terceros.

Sin embargo, paguen o no, al cumplir su castigo los indiciados deberán quedar en libertad.

Según la documentación del caso, Alejandro Morales robó claves electrónicas confidenciales y también contó con la ayuda de otros funcionarios de la empresa para realizar transferencias electrónicas desde la cuenta de nómina de la dependencia.

De acuerdo con el fallo de la causa penal 96/2007 y la acumulada 23/2008, el juez impuso la misma pena de prisión al artífice del desfalco y a María Elena Guerrero Escamilla, la ex cajera del área de Transmisiones de la CFE que detectó y reportó el robo.

(V.pág.14 del periódico Mural del 29 de abril de 2010).

La autoridad encargada de supervisar el mercado de valores, la SEC, por sus siglas en inglés, ha interpuesto una demanda contra Goldman Sachs, la institución financiera más poderosa en Estados Unidos. La SEC no le avisó que venía el golpe, algo inusual en este tipo de casos.

Dos temas llaman la atención desde México. El primero, el confrontar de esta forma a una institución tan poderosa y que tanto dinero le ha donado a los demócratas. El segundo, la poca creatividad de los abogados de Goldman. ¿Por qué no sacaron un amparo, incluso desde el momento cuando la SEC se llevó toneladas de mails? Ya habrían terminado con el problema.

El amparo es nuestro instrumento por excelencia para evitar la mano reguladora del Estado. Nos parece normal. Sin embargo, salvo en México, es difícil entenderlo y, sobre todo, justificarlo, dado lo extendido de su uso en nuestro país. Goldman no ha conseguido un amparo porque tal cosa no existe en Estados Unidos. Goldman sí tiene un recurso legal: litigar el caso concreto, pero no pueden suspenderlo todo alegando una violación de sus garantías individuales.

Acostumbrados a vivir en un mundo de privilegios y abusos, los mexicanos solemos ser indiferentes a ellos. El mercado y la democracia requieren que nos sorprendan y enojen estos abusos y privilegios, para así tomar las medidas necesarias para conciliar reglas eficaces con un terreno nivelado de juego para todos.

Carlos Elizondo Mayer-Serra
(v.periódico Mural en línea del 29 de abril de 2010).

La evolución de las indagatorias de los casos de la niña Paulette Gebara y el del joven Fernando Martí ponen en jaque a los procuradores de las 2 entidades más importantes del país, el ridículo está en el centro de la atención pública y reavivan la sensación de que en México la justicia es farsa.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 25 de abril de 2010).

La institución que más respetan los mexicanos, el Ejército, es precisamente la que está haciendo el trabajo sucio que no realizan las policías. Vaya paradoja. Encima, no nos queda muy claro si tiene las atribuciones para realizar tan ingrata tarea.

No es un tema menor este asunto de que los militares maten a ciudadanos de su propio país. Para empezar, significa seguramente una enorme preocupación para los propios soldados. Y en segundo lugar, coloca al Ejército en una situación absolutamente anómala en términos del papel que le corresponde desempeñar en un gobierno de civiles.

Naturalmente, estas funciones policíacas no las desempeña por decisión propia sino por órdenes directas del presidente de la república, comandante supremo de las fuerzas armadas. No están dadas las condiciones formales, sin embargo, para emplear tan formidable recurso: no ha sido declarado un estado de sitio ni de emergencia nacional; no hay tampoco una ruptura tan extrema del orden público que amerite la supresión de las garantías comunes. Lo que sí hay es una situación de inseguridad en algunos puntos del territorio nacional que, curiosamente, no resulta de ninguna omisión en las estrategias del Ejército y la Armada sino del efecto, combinado y perverso, de la ausencia de un auténtico Estado de derecho y la miserable actuación de muchas de las policías de este país.

El gran problema de México, en este ámbito, es la justicia. Y, miren ustedes, justamente, lo que está pasando: los valerosos marinos y los combatientes de uniforme, luego de enfrentar, por ejemplo, a unos sicarios y lograr su captura, tienen que apretar la mandíbula al ver que un juez, o inclusive el agente de turno del Ministerio Público, no cumple con su trabajo. A un narcotraficante recientemente aprehendido -con una orden de extradición expedida por Estados Unidos (de América) y un recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por ese mismo país- lo habían ya soltado... ¡3 veces!

Me pregunto, en este sentido, qué pasa con los miles de delincuentes que están aprehendiendo el Ejército, la Marina, la PFP y las policías municipales: ¿hay suficiente espacio para recluirlos en las cárceles? ¿El lentísimo aparato de la justicia puede ocuparse de enjuiciar a cada uno de ellos? ¿Los jueces dictan sentencias justas? ¿Los procesos legales se llevan a cabo de manera adecuada? ¿Los testigos declaran y las pruebas se consiguen? No lo creo.

También los policías, esos que arriesgan sus vidas y que sí cumplen con su deber, afrontan la desmoralizadora frustración de ver que los criminales no reciben las penas que deben. El gran cáncer de México, ya lo sabemos, tiene un nombre: impunidad. Y esta impunidad, a su vez, resulta de la corrupción, la crisis de valores morales que afecta a la sociedad mexicana, la escandalosa podredumbre del aparato de justicia y la poca capacidad profesional de unas autoridades que encarnan, en toda su lamentable dimensión, el estrepitoso fracaso del proyecto educativo nacional.

Vemos así que el problema es complejísimo porque tiene todos los elementos del circulo vicioso: a mayor corrupción mayor incapacidad de las autoridades, a mayor incapacidad mayor impunidad, a mayor impunidad mayor delincuencia, y así ad infinitum...

El Ejército hace su parte y, de paso, paga los platos rotos: un par de episodios muy desafortunados le hacen ganarse acusaciones que no merece. Pero, al mismo tiempo, las víctimas están ahí, sobre todo las que murieron en un retén militar.

Parecía un solución al alcance de la mano pero resultó la peor de las combinaciones: la puesta en marcha de un aparato bélico -una maquinaria donde pueden ocurrir excesos- en un entorno de gravísima precariedad jurídica, es decir, en un sistema que no garantiza justicia a la nación. Dicho en otras palabras, si los jueces hicieran su trabajo los soldados estarían en sus cuarteles.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 25 de abril de 2010).

El cobijo que los curas pederastas han encontrado en su santa madre abre un tema distinto: ¿tiene que ver la Iglesia con la desconfianza y el desdén que en México tenemos ante la ley?

Me lo pregunto porque no me puedo quitar la sensación de que, cuando más extrañamos una cultura de la legalidad, pues la violencia y la inseguridad impunes nos traen azorrillados, la Iglesia católica, maestra histórica en la conformación de la cultura y la sociedad mexicanas, huye de las leyes.

Su obediencia a la ley divina no pasa por la obediencia a las leyes de la sociedad: durante años, muchos obispos han hecho perdedizos a sus curas delincuentes, asumiendo, en el mejor de los casos con responsabilidad moral, otro orden jurídico, como de otro mundo, aplicado por ellos solos y emanado directamente de lo que ellos entienden como la voluntad de Dios. Un ejemplo: si alguien encubrió a Marcial Maciel fue la Iglesia mexicana. Otro: el cardenal de Guadalajara habló hace unas semanas de seis pederastas en su diócesis, claramente identificados y confirmados... pero él ya había tomado cartas en el asunto. ¿Y la ley? ¿O es el estado dentro del estado?

No se trata de que la Iglesia sea culpable de todos los problemas mexicanos con la ley. Hay muchos factores. La ley nunca ha representado un ordenamiento para bien de los ciudadanos. Se ha visto como un instrumento de los poderosos ante el cual el débil (y hábil) ciudadano busca sacarle la vuelta. Desde el poder, el manejo de la ley ha sido perdición de la ley. ¿Quién confía en ella y en sus instituciones? Que lo digan ahora las cifras de denuncia. No salen limpios ni la escuela, ni los partidos, ni los poderes.

Ni la iglesia. El papel que la Iglesia católica ha tenido en la construcción cultural del país es innegable. Pero también lleva responsabilidades: ante la ley y el estado de derecho han sido (y quieren seguir siendo) acomodaticios, ambiguos y, como los grandes poderes, se han situado por encima del purgatorio jurídico en el que todos vivimos.

Luis Petersen Farah
(v.pág.14 del periódico Público del 25 de abril de 2010).

Cuatro huéspedes y 2 recepcionistas fueron secuestrados de 2 hoteles de Monterrey ayer por un comando armado. Como es usual, el procurador de Nuevo León menospreció la situación de las víctimas al señalar que un grupo de delincuentes estaba buscando a miembros de otro grupo de delincuentes. Las víctimas han sido identificadas como empresarios o ejecutivos de empresas.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 22 de abril de 2010).

Las muertes de Cuernavaca permanecerán en la impunidad no sólo porque se trata de homicidios que las autoridades no investigan, parapetadas tras el pretexto de que se victiman "entre ellos", es decir entre mafias de la delincuencia organizada, frente a las cuales el gobierno federal reacciona con indolencia mezquina e inaceptable, como si los verdugos realizaran una plausible labor de limpieza social.

El medio centenar de asesinatos de esta índole ocurridos en 2010 en Morelos quedarán sin castigo, además de por esa razón general, por 2 causas particulares; por un lado, la indolencia o complicidad de las autoridades, una maldición que ha caído sobre los morelenses desde hace varios sexenios y evidentemente de manera acusada en los dos más recientes, en que ha gobernado Acción Nacional. Por otro lado, el temor de la gente a denunciar siquiera la aparición de víctimas en lugares públicos.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.El Siglo de Durango del 22 de abril de 2010).

Como si para el Presidente de México la vida de un solo mexicano no valiera lo suficiente como para defenderla, protegerla y reivindicarla con la justicia, Felipe Calderón desdeñó, con un desafortunado y lamentable discurso, las muertes de los civiles inocentes, hombres, mujeres y niños, que han caído en la cruenta guerra contra el narcotráfico, víctimas de una violencia que ya no administra ni controla un Estado que sólo reacciona al accionar de los grupos de sicarios que se matan entre ellos, pero también matan a la población.

"Son las menos", dijo el presidente sobre las vidas de mexicanos que se han perdido en esta guerra, sin tener ninguna culpa o ninguna relación con el narcotráfico o los narcotraficantes que se pretende combatir en esta violenta conflagración. Con estadísticas y datos de muy dudosa interpretación, Calderón afirmó que de las casi 23,000 muertes violentas que han ocurrido en lo que va de su sexenio por todo el territorio nacional, 90% eran delincuentes y sólo el 10% restante eran de población civil.

¿De dónde sacó el presidente esos datos? ¿Quién identificó los miles de cadáveres que terminan en muchos casos en la morgue y sin ser reclamados y cómo dictaminaron o sentenciaron que eran criminales? ¿Hubo un juicio de por medio y un juez que concluyera, con base en las investigaciones que marca nuestra Constitución, que todos esos muertos eran culpables de delito? ¿O se trató de un juicio sumario hecho en Los Pinos o en la Defensa o en la oficina de Genaro García Luna erigido en juez de todos esos criminales que merecían morir de esa manera y cuyos homicidios ya ni siquiera investiga y mucho menos se castigan?

Si ésta es una guerra, como dicen el presidente y sus colaboradores, entonces deberían asumir que en toda guerra hay códigos y que la población civil en ningún caso debiera verse afectada y mucho menos morir acribillada en los combates, ya sea por quedar atrapada entre los fuegos cruzados o por errores inadmisibles de las fuerzas armadas federales que disparan contra inocentes.

Nadie duda que al crimen y a los narcos se les debe combatir, pero 2,300 muertes de inocentes, suponiendo sin conceder que como afirman las otras 21,000 personas eran criminales, debieran ser una muestra clara de que aunque la guerra se mantenga la estrategia debiera readecuarse; la fuerza bruta y armada del estado no sólo no ha podido contener la violencia, sino que la ha incrementado.

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de abril de 2010).

El diputado por Convergencia y secretario de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, Alejandro Gertz Manero, exigió que sean llamados a rendir cuentas los funcionarios responsables del manejo de las bases de datos que se venden al mejor postor en Tepito. "Pedimos que las autoridades rindan cuentas", dijo el legislador y afirmó que, en vez de informar del cumplimiento de sus funciones, "nos abruman con escándalos mediáticos, y cuando no les favorecen, se enojan, y vuelven a los escándalos que sí les favorecen".

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de abril de 2010).

Datos personales de los mexicanos, obtenidos a través de trámites diversos como la obtención de la credencial de elector, el registro vehicular y las licencias de conducir, entre otros, están a la venta al mejor postor en el barrio de Tepito, en la zona centro de la Ciudad de México.

Por 12,000 dólares (aproximadamente 153,000 pesos), cualquier interesado puede adquirir un paquete con información que incluye desde el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos (comerciales, de lujo, de transporte público y de colección), hasta la población carcelaria y los registros de todos los policías con fotografía, número de placa y lugar de adscripción.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de abril de 2010).

El presidente Calderón insiste sobre la inevitabilidad de la violencia, la larga duración del enfrentamiento y la carga dramática de muertes (22,000). Pondera como justificación que 90% de las víctimas son personas involucradas y que sólo 10% son civiles inocentes y militares. La afirmación presidencial es de suma gravedad e impertinencia política y moral. Antes que criminales (presuntos, además, por derecho y puesto que -escandalosamente- la inmensa mayoría de esos homicidios ni siquiera se investigan), los muertos son ciudadanos.

Se niega un a priori jurídico y moral fundamental, lo que es inaceptable en un jefe de estado y gobierno. Asistimos a una renuncia explícita al criterio de la seguridad ciudadana consustancial al estado. La consecuencia es dura: sin seguridad a los ciudadanos el estado no lo es a cabalidad, el estado falla (asunto que tanto perturba y molesta). Se entiende que la seguridad no sea perfecta, que circunstancialmente, en los hechos, no ocurra; pero si esa circunstancia anormal se prolonga y se implanta como condición normal de vida del país, entonces, el estado es fallido. Si la política y los criterios valorativos que la conforman desconocen, desdeñan y minusvaloran la finalidad de la seguridad ciudadana y de la obligatoria consideración respecto de sus gobernados (civiles o militares, inocentes o delincuentes) en tanto que personas dotadas de derechos que lo obligan, entonces, el estado fracasa. Es fallido, no en un sentido de absoluta falta de funcionalidad, de desmantelamiento ineluctable; lo es, por el abandono -en los hechos y en el referente discursivo legitimante- del fundamento ético y jurídico que le da sentido y razón de ser.

Alan Arias
(v.pág.14 del periódico Público del 18 de abril de 2010).

En estos tiempos, en que los gobiernos estatal y municipales se quejan de la falta de dinero, no está por demás hacer de su conocimiento que al alcance de su mano tienen una fuente importante de recursos, que para hacer fluir hay una táctica muy sencilla: aplicar la ley.

Me refiero a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, como a los reglamentos respectivos, que facultan al ejecutivo estatal y municipal a sancionar a los automotores mal estacionados y que son legión.

Por curiosidad e incordio hacia la falta de cultura vial que impera en Guadalajara y el resto del estado, en las pasadas semanas me puse a contar vehículos estacionados indebidamente. A lo largo de un recorrido de apenas 4.6 kilómetros, el trayecto de mi casa a Público y viceversa, contabilicé entre 96 y 200, dependiendo de la ruta elegida. Todos infrigían alguna norma en la materia, como el aparcar en lugar prohibido, en doble fila, sobre la banqueta, tapando la cochera o las rampas para discapacitados. Un promedio de entre 20 y 40 por kilómetro.

Si se toma en cuenta esta proporción y que en Guadalajara hay más de 3,000 kilómetros de vialidades...

Jorge Valdivia G.
(v.pág.9 del periódico Público del 18 de abril de 2010).

La alteración de la evidencia en México no es nueva. Recuerdo a mediados de la década de los noventa cuando como responsable de la sección de investigaciones especiales del periódico Reforma un reportero me trajo irresponsablemente, a manera de souvenir, una agujeta encontrada en la escena de los múltiples crímenes de mujeres en Ciudad Juárez abandonada por autoridades tan omisas como las del Estado de México en el caso Paulette.

Además de regañar al reportero, en ese momento contactamos al investigador retirado del FBI, Robert Kessler, asesor del guión de cine "El Silencio de los Inocentes", para que nos ayudara como fuente de información a revisar los documentos y la evidencia, esa agujeta y otros elementos que permanecían abandonados ahí.

Keesler acuñó entonces un concepto que se aplica perfectamente al estado de la investigación forense en México: "The Twilight Zone", la dimensión desconocida en donde no puede haber certeza científica de nada.

Pobre del que tenga que cruzarse en su vida con la charada de investigación en México, pobre de quien se tropiece con un evento que requiera un mínimo de seriedad y de pulcritud forense, porque simplemente no la ha habido y no la hay.

Rossana Fuentes Berain
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de abril de 2010).

El problema de cajones de estacionamientos en ciertas zonas de Guadalajara ocasionó que en pasadas administraciones se conformara un fideicomiso con aportaciones de los giros que no cumplieran con los cajones de estacionamiento requeridos por el reglamento: de acuerdo con sus dimensiones, un bar, por ejemplo, debe contar con cierto número de cajones y, si no los tiene, debe pagar por cada cajón del que carezca.

Con ese dinero, se supone que se deben comprar terrenos en las áreas más conflictivas para construir estacionamientos y solucionar problemas viales. Al parecer, no se ha adquirido ni un solo predio.

Por la escueta cantidad recabada, Almaguer presume que ya se dejó de cobrar la cuota que, además de ser muy poca (alrededor de 23 pesos al año por cajón faltante), debe ser anual: "La aportación fue en una sola ocasión y fue una aportación muy pequeña".

El regidor Eduardo Almaguer también buscará averiguar si el fideicomiso fue constituido, para que ya se ponga a operar. A su juicio, si el fideicomiso no ha operado, entonces fue creado para otorgar licencias a giros restringidos que no cumplieran las normas: "En la práctica, lo que se buscó en la anterior administración era simplemente darle la vuelta a la ley".

(V.pág.9 del periódico Público del 16 de abril de 2010).

En la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil hay entre 10,000 y 50,000 registros falsos, los cuales podrían ser suspendidos, informó ayer la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Algunos ya se tienen identificados y se analizan las acciones que se tomarán al respecto, ya sea que se envíe un mensaje al usuario para avisarle que sus datos no son válidos, o bien, la posible suspensión de la línea, expresó Héctor Osuna, presidente de la Cofetel.

El problema no es del registro, agregó, sino la mentalidad de un grupo de mexicanos que siempre busca darle la vuelta a la ley.

(V.primera plana del periódico Mural del 15 de abril de 2010).

Un grupo de tiangueros y comerciantes se manifestaron ante el Palacio Municipal de Guadalajara por la mañana, interrumpiendo por alrededor de media hora el tráfico vehicular en Avenida Hidalgo.

Tenían 2 demandas: una expuesta por personas lideradas por Salvador Cabrera Vera, del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado de Jalisco, quien ha hecho diversos señalamientos de corrupción en contra de las áreas municipales encargadas de la administración de los mercados y los tianguis.

La segunda, de comerciantes del Mercado de Mexicaltzingo, inconformes con el manejo actual del estacionamiento.

(V.pág.7-B del periódico El Informador del 13 de abril de 2010).

Los pagos extraoficiales de las empresas en México ascienden a 10% de sus ingresos lo que equivale a un rango entre 7% y 9% del Producto Interno Bruto, informó Luis Foncerrada, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México.

Por ello, "hay fuertes razones para que las compañías se comprometan a combatir la corrupción", declaró Michael Pedersen, director asociado del Foro Económico Mundial durante la presentación de la iniciativa de la alianza contra la corrupción que promueve el organismo internacional.

(V.periódico El Informador en línea del 12 de abril de 2010).

Hay inseguridad porque hay impunidad. Es manifiesta la incapacidad del sistema de hacer justicia. Son muchas las razones que inciden en la delincuencia. En México, la crisis de las instituciones fundamentales como la escuela, la familia y las iglesias inciden, pero más que eso, la falta de oportunidades en medio del individualismo posesivo; delinquir en México es buen negocio porque hay impunidad y esa es una de las mayores fallas del estado en su conjunto.

Los profesionales de la extorsión telefónica estarán muertos de risa con celulares extranjeros, prestados o robados, o con skype o magicjack, mientras que las autoridades y los reclamantes por la inseguridad descubrirán que no hubo cambio, en todo caso, que la delincuencia migró a otras modalidades criminales. Se continuará dando vueltas en círculo y se padecerán nuevas medidas hijas de la impotencia, la desesperación y la falta de juicio. Quizás llegue el tiempo de que se encuentren con la verdad: la impunidad generalizada, inclusive la de quienes ostentan autoridad, es la causa profunda del terror que implica vivir en la inseguridad.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 11 de abril de 2010).

"El Renaut es un fraude", "no registres tu celular", "no funciona", "sólo va a servir para que el gobierno te tenga controlado", "no te dejes", "únete al grupo en Facebook", "es un complot".

¿Cuándo va a ser el día en que los mexicanos entendamos lo que es la ley y la cumplamos a tiempo?

Hace mucho tiempo se dispuso, a nivel legal, que todos los mexicanos que tuviéramos teléfonos celulares los registráramos.

La ley nos dio un montón de tiempo y de opciones para registrarnos, y el límite para hacerlo era hasta ayer.

Prácticamente todos estuvimos muy contentos cuando se tomó esta decisión hasta que se fue acercando el último día para registrar nuestro número y nos dimos cuenta de que no habíamos hecho nada.

En lugar de movernos y registrar, preferimos atacar esa ley buscándole defectos y negras intenciones.

El caso es que hasta ayer por la mañana, esto era un caos donde millones de personas no habían cumplido con esta obligación y donde las compañías encargadas de ofrecer los servicios de telefonía celular no contaban con los recursos tecnológicos suficientes para cancelarle el servicio a los usuarios que no se hubieran registrado.

Muchas personas no sabían lo que iba a pasar con sus números, otras pedían una prórroga, y otras más insistían en criticar lo que no criticaron cuando se aceptó está disposición.

Esto del registro de celulares es una vergüenza a escala mundial que confirma la poca disposición que tenemos los mexicanos para unirnos y cumplir con la ley.

Primero nos quejamos y pedimos soluciones. Nos las dan. ¿Y qué hacemos? ¡Las atacamos y nos negamos a cumplirlas a tiempo con tal de no mover un dedo!

Queremos que la ley nos atienda sólo cuando nos conviene, y pues no, así no funcionan las cosas.

¿Con qué cara queremos que la autoridad nos ayude cuando lo necesitamos si nosotros no cumplimos con nuestra parte del pacto social?

¿Por qué nos tenemos que esperar siempre hasta el último momento para hacer las cosas? ¿Por qué el gobierno nos tiene que estar dando prórrogas todo el tiempo?

¿A que si usted fuera a otro país, tuviera que hacer un trámite y le pusieran condiciones, lo haría sin protestar y en caso de pasarse de la fecha acordada, pagaría las consecuencias?

¿Entonces por qué no hacemos lo mismo con este país al que decimos que queremos tanto?

Si la ley está bien o está mal, funciona o no funciona, tiene aciertos o tiene errores, ese es otro asunto que no nos corresponde a nosotros decidirlo.

Mientras se decide, usted y yo tenemos que cumplir y entre más pronto cumplamos, mejor, tanto para usted, como para las empresas, como para la autoridad, como para el combate contra el crimen organizado.

Por si todo esto no fuera lo suficientemente lamentable, el trámite para registrar nuestros teléfonos celulares era gratuito y de lo más sencillo.

El caso es no hacer nada. El caso es quejarse. El caso es bloquear.

¿Qué no es lo mismo que tanto nos molesta de nuestros diputados y senadores? ¿No será que en el fondo usted y yo somos iguales a ellos?

Si no vamos a cumplir con algo tan bobo como esto, ¿entonces con qué sí vamos a cumplir? ¿Existe algo con lo que sí queramos cumplir? Yo creo que no y así, esto no va a funcionar jamás.

Alvaro Cueva
(v.pág.13 del periódico Público del 11 de abril de 2010).

"El secretario de Gobierno del D.F. dice que 17% de los negocios viola la ley de los no fumadores. ¿No resultaron positivas las revisiones a los estableciemientos?

(V.pág.22 del periódico Público del 11 de abril de 2010).

Llevamos varios años ya que los medios de comunicación del país se ocupan de lleno en el gran vacío que tenemos los mexicanos en términos de justicia. Por décadas ya, se ha estimado que de cada 15 delitos que se cometen, solamente 1 se denuncia formalmente ante las autoridades. De ellos, 14 quedan perdidos en el temor o la desidia. Además, se ha comunicado que solamente 2% de las denuncias efectivamente realizadas encuentran una resolución final satisfactoria. ¡De 1,500 delitos cometidos y de cada 100 procedimientos que entran al proceso judicial, sólo 2 encuentran salida acertada! Los restantes se pierden en el abismo etéreo de la esterilidad judicial.

Más que nunca, ahora requerimos gobernantes que sean capaces de atender las necesidades para lograr una buena administración de la justicia. Sin embargo, al parecer toda la clase política está distraída y perdida en las propias aspiraciones personales de poder.

Culpar, por el aumento de inseguridad pública, del crimen y del desorden social a la falta de respeto entre ciudadanos podría estimular el debate sobre las causas profundas del crimen y tendría la ventaja de atraer la atención hacía los problemas sociales que no pueden ser fácilmente superados y resueltos, como la pobreza o el desorden urbano. También traería la atención sobre la falla del gobierno de enfocarse a las medidas más básicas necesarias para mantener la seguridad, como proveer a los ciudadanos de servicios públicos decentes y espacios de convivencia sana.

Ahora que está de moda reformar al estado, sería bueno también tomar en cuenta y revisar las causas de la ineficacia judicial. En otras, por ejemplo, a la famosa reforma electoral podría incluirse que los jueces y los ministros de justicia lo fueran por elección popular y reelegibles, si su trabajo brindara mejores resultados de los que ahora dan. Si no, pues a cambiarlos por los que sí funcionan. Pues en esto de la democracia, parece que el método de aprendizaje que los mexicanos hemos escogido es el ensayo y el error.

Norberto Alvarez Romo, presidente de Ecometrópolis,A.C.
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 6 de abril de 2010).

La causa de mayor peso asociada a la narcoviolencia es la impunidad existente, la incapacidad del estado para llevar a la justicia a quienes quebrantan la ley. Tiene que ver con los delitos de alto impacto, pero también con lo que día a día padecen los mexicanos. El país acusa graves y preocupantes niveles de impunidad. Los datos sobre la materia son contundentes.

Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Público del 4 de abril de 2010).

¿Que sucedería si nuestras leyes y juzgados detuvieran a todos los delincuentes? simplemente no tendríamos capacidad para sostenerlos. Esta es una de las razones por las que hay impunidad o sea que no se persiguen a todos los delincuentes ni se castiga a todos los responsables.

En el año de 2003 había 7,873 personas detenidas y se gastaban 400’012,611.27 cada año, lo que equivalía a 139.20, actualmente nos cuesta 200 pesos por cada detenido, esto desde luego sin contar los gastos que se hacen por concepto de juzgados.

Si con el número de internos en los centros penitenciarios podemos hablar de sobrepoblación imagínese lo que ocurriría con la saturación.

Mauro Núñez Robles
(v.pág.17 del periódico Público del 2 de abril de 2010).

Aunque el solo término "impostergable" debiera operar como bofetada que impida dar tregua a cuestiones urgentes, como la discusión seria y abierta de la estrategia nacional en el combate al narcotráfico, o la reforma política que acabe con la dañina partidocracia que frena la consolidación de la vida democrática en el país, los mexicanos tenemos, como decían nuestra abuelas, una "maña arraigada": en tanto más grave el problema, más retrasamos las medidas (dolorosas) para solucionarlo.

Tenemos un ejemplo reciente. A unos días de que venza el plazo obligatorio y público para registrar los números de teléfonos celulares (10 de abril), se aprobó en la Cámara de Diputados una ampliación hasta el último día de septiembre. La broma brotó inmediata: ¡Ya nos preocuparemos del registro de celulares a partir del 25 de septiembre! Otra vez la costumbre nacional: todo al último momento y cuando ya no haya tiempo, pediremos otra oportunidad.

Aparentemente, la "buena voluntad" de los diputados federales no surtirá efecto, porque en la cámara alta, ésa donde sólo manda la voluntad de los senadores, no hubo eco y no aprobarán la ampliación.

En otras palabras, quien no cumpla con la ley pagará las consecuencias, como sucede en los países que llamamos "de primer mundo". Este principio de comportamiento es uno de los pilares básicos de la justicia... hasta que no se atraviesa la "tolerancia" de políticos que se oponen a la dureza de la ley.

Regresamos al principio de justicia: cuando las obligaciones son parejas y la ley se respeta, nadie está por encima de los demás.

No debe haber oportunidad para postergar lo impostergable.

Jorge O.Navarro
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2010).

El debate sobre la pertinencia de la pena capital es tan antiguo como el derecho. La Ley del Talión -"Ojo por ojo, diente por diente..."-, concebida con el ánimo de que la sociedad pueda replicar con la misma moneda al agravio que se le infiere, consta ya en el Código de Hammurabi, Mesopotamia, que data de 17 siglos antes de Cristo. Los criterios esenciales pasan, de entrada, por consideraciones técnicas: el error judicial sería uno de ellos; la corrupción institucionalizada en los sistemas judiciales, otro; uno más, la prédica de los idealistas -¿o ilusos?- del derecho, a favor de la regeneración del delincuente: no en vano los penales han sido rebautizados con un eufemismo grotesco: "centros de readaptación social".

Otro criterio contra la pena capital (y que conste que todo esto no pasa de ser mera caligrafía: el debate sobre el tema, en México, está cerrado desde hace un rato) es el religioso. El argumento supremo sigue siendo el Quinto Mandamiento: "No matarás"... Sin embargo, al margen de que muchos de los llamados Padres de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, y no pocos filósofos insospechables de herejía -Kant, Balmes, etc.- se han pronunciado abiertamente a favor de la pena de muerte, y de que el propio Derecho Canónico acepta que el estado pueda tener la prerrogativa de aplicar, en casos excepcionales, la pena de muerte, el mismo Evangelio (es decir, el propio Jesús) incorpora un contundente alegato en ese sentido: cuando dice que a quien abusare de un niño "más le valdría atarle una rueda de molino y que lo hundieran en el mar"... (sin hacer la caritativa salvedad de "pero con mucho cuidado de no matarlo").

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.2-A de El Informador del 29 de marzo de 2010).

Los hechos de Monterrey, si no esclarecidos con eficacia, verdad y prontitud, cuestionan el talante moral del presidente Calderón, de su gobierno, de la insostenible -conceptual y estratégicamente- "guerra al narcotráfico" y -para el caso y las circunstancias- lo más grave, a las fuerzas armadas de México.

Hay que perseverar y profundizar en este debate. Está en juego el alma del estado de derecho y democrático en México. La cuestión relativa a los derechos humanos es hoy más crucial que nunca. Resulta decisiva desde el atroz periodo de la llamada "guerra sucia" (asesinatos de estado y desaparición de personas) o desde las masacres del 2 de octubre del 68 o el "jueves de Corpus" (10 de junio de 1971).

Hechos terribles, muertos innumerables, confusiones patéticas, torpezas inenarrables; todos resultan signos ominosos con implicaciones sombrías de este terrible marzo que termina. El peor momento de "la guerra" del gobierno del presidente Calderón, de la cruzada sin fin (hasta la victoria -sin definición alguna- siempre...) y sin fines estratégicos y/o tácticos.

Alán Arias Marín
(v.pág.14 del periódico Público del 28 de marzo de 2010).

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fuero común hay un rezago de 589,086 órdenes de aprehensión y 120,481 de reaprehensión, además de que 60,032 son mandamientos judiciales no clasificados, es decir, casi 800,000 resoluciones judiciales no cumplimentadas.

Resulta preocupante que en el fuero común no se castiga ni siquiera 10% de los delitos denunciados, opinó el diputado panista Bonifacio Herrera Rivera.

La mayoría de las órdenes de aprehensión que se dictan en un año, añadió, nunca llegan a ser cumplidas y en consecuencia son canceladas al prescribir la acción penal.

Ante este panorama, el legislador alista una solicitud a las procuradurías estatales para abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión, fijándose plazos perentorios.

Asimismo, establecer estándares de productividad a los agentes policiales auxiliares de los ministerios públicos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

De igual forma, actualizar e informar periódicamente sobre los avances en el abatimiento del rezago y evitar, en lo subsecuente, la acumulación de resoluciones judiciales sin ejecución.

Herrera Rivera ejemplificó que en 2008, en estados como Sinaloa, la cantidad de órdenes de aprehensión sin cumplir ascendía a 87,278, mientras que el de órdenes de reaprehensión era de 13,689. En tanto, Zacatecas contaba con 55,389 órdenes de aprehensión y 5,494 de reaprehensión sin dar cumplimiento.

Precisó que la productividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión por parte de los agentes policiales auxiliares del Ministerio Público, varía de una entidad federativa a otra, pero en general es muy baja, habiendo casos extremos de pobre productividad al grado de que en promedio la ejecución es inferior a una orden per cápita al año.

Sostuvo que lograr disminuir de forma considerable el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión significaría una baja importante en la incidencia delictiva, dado que la detención de los probables responsables tendría el efecto de disuadir a otros sujetos para que no cometan nuevos delitos.

(V.periódico Público en línea del 28 de marzo de 2010).

Parte fundamental del problema de la seguridad en México es que no hay un sistema de justicia penal que pueda detener, investigar, procesar, juzgar y encarcelar a delincuentes. Cualquier tipo de delincuente. Las estadísticas son contundentes: menos de 1% de los delitos cometidos son castigados. La probabilidad de que un acusado llegue ante la autoridad judicial es 3.3% del total de los delitos denunciados. Estamos hablando de más de 96.7% de impunidad. Estos son datos de estudios recientes. No debería sorprendernos que estas cifras hayan empeorado. El mensaje para la sociedad es que: hay que delinquir, ya que en este país no te va a pasar nada.

En junio de 2008 se aprobó una reforma constitucional que pretende darle un giro de 180 grados a la impartición de justicia en materia penal en nuestro país. Una parte de esta reforma, aquella relacionada con las medidas para combatir la delincuencia organizada, está entrando en vigor según se vayan promulgando las distintas leyes secundarias.

¿Es esta reforma prioridad para el gobierno federal, los estados y sus respectivas legislaturas? No lo es. Y el tiempo se les está acabando. Pero más allá de las exigencias constitucionales, es que sin reformar a fondo el sistema de justicia penal del país, no importa cuántos soldados, policías y armas se pongan en la calle, la mayoría de los delincuentes saldrán libres. Ya que en este país, no pasa nada.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de marzo de 2010).

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la figura de Acciones Colectivas, que se incorpora a la Constitución, y mediante la cual será posible la defensa de derechos e intereses colectivos, a través de demandas que presente uno de los agraviados.

Esta institución jurídica "permite resolver conflictos de carácter privado y en los que existen intereses eminentemente colectivos", expuso la Comisión de Puntos Constitucionales de los diputados.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 26 de marzo de 2010).

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una prórroga de un año para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El dictamen argumenta que el ejecutivo federal no ha emitido aún los mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deben adoptar para evitar la manipulación de dichos datos.

Más tarde, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, aseguró que ese órgano legislativo no avalará la prórroga, y recordó que el plazo para el registro de celulares vence el próximo 10 de abril. "Cuando una ley se aprueba hay que cumplirla", dijo el también líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática.

(V.pág.19-A del periódico El Informador del 26 de marzo de 2010).

Una vez más en México se premia el incumplimiento.

A pesar de que poco más de 38 millones de personas cumplieron con la obligación de dar de alta su número celular ante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la Cámara de Diputados decidió dar una prórroga de un año para que 44.5 millones de incumplidos concluyan el requisito.

La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma legal para ampliar el plazo para que los ciudadanos se registren y las telefónicas no tengan pérdidas económicas.

(V.primera plana del periódico Mural del 25 de marzo de 2010).

Presuntos grupos de sicarios recorrieron este sábado, por segundo día consecutivo, los accesos carreteros de Monterrey y "decomisaron" al menos 60 vehículos de particulares con los que bloquearon durante horas al menos 30 puntos de las vías que comunican principalmente con las poblaciones tamaulipecas de Reynosa y Miguel Alemán.

Los bloqueos colapsaron vialidades y generaron incertidumbre entre pasajeros, transportistas, automovilistas que transitaban por esos lugares.

(V.periódico El Universal del 20 de marzo de 2010).

En un país que se presume democrático, en donde todos los hombres, por su condición humana y espiritual, y todos los ciudadanos, por su condición jurídica, son iguales ante la ley y ante las instituciones, no deberían existir los fueros, que privilegian un trato especial, diferenciado, en beneficio de influyentes grupos minoritarios que suelen burlar las leyes.

Habría muchas razones para que en nuestro país se analizara la conveniencia de la preservación de algunos fueros y de sus alcances, como del que gozan entre otros los diputados locales y federales, los senadores, el presidente de la república, los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el procurador general de la República, a quienes no se les puede procesar aunque hayan cometido delitos graves, hasta en tanto los congresos federal o local no hagan la declaratoria de procedencia de la acción penal, mediante procedimientos complicados, engorrosos, lentos y siempre expuestos a la manipulación y la componenda política.

La declaración de procedencia, que implica despojar de inmunidad a los funcionarios para que puedan ser procesados penalmente, se basa en la averiguación previa que el ministerio público federal o local integra para fundamentar la presunción del delito cometido. Este trámite debería ser ágil, tener términos estrechos y puntuales, para que la justicia pueda cumplir su cometido en forma expedita.

Hay fueros que están justificados, como el de guerra, que se aplica a los militares en sus propios tribunales, para sancionar los delitos y faltas que cometen contra la disciplina castrense, pero debería ser más estricta la exigencia de que los miembros de las fuerzas armadas se sometan incondicionalmente a los tribunales civiles, del fuero común (estatal) o federal, cuando cometan delitos que estén en esos ámbitos de competencia.

Desde julio de 1992 existe una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establece en el segundo párrafo de su artículo primero que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Sin embargo, prevalece en forma soterrada, caprichosa, convenenciera e hipócrita, un fuero eclesiástico de facto, que permite a ministros religiosos evadir la acción de la justicia.

Sería saludable que el Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, proporcionara los nombres de los sacerdotes involucrados en los 5 o 6 casos de pederastia que admitió ocurrieron en su diócesis, según declaró el pasado martes 16 de marzo, para prevenir a padres de familia, jóvenes, adolescentes y niños, de las potenciales acechanzas futuras de esos depravados.

Y por supuesto, en cumplimiento de la ley y como responsable de la Diócesis de Guadalajara, Sandoval Íñiguez debería poner a esos presuntos delincuentes a disposición del ministerio público para que realice las averiguaciones correspondientes y turne a un juez los expedientes de quienes se aprovecharon del profundo ascendiente moral que ejercen sobre los fieles de su iglesia, de su buena fe, de su confianza o candor, lo que hace más terribles y despreciables sus acciones.

La justicia de los hombres debe alcanzar a quienes actuaron con premeditación, alevosía y ventaja.

Pedro Mellado
(v.pág.3 del periódico Mural del 18 de marzo de 2010).

Desde hace años en México los crímenes, sean de mexicanos o extranjeros, dejaron de investigarse, ya no digamos de esclarecerse y castigarse, y que con el conveniente genérico de "ejecuciones", los procuradores federales y estatales, jueces y ministerios públicos archivan miles de casos de homicidios y eluden su responsabilidad, dejando en la total impunidad e injusticia casi 90% de los crímenes que se cometen en territorio nacional.

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2010).

Más de 10,000 militantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y organizaciones simpatizantes bloquearon 9 puntos del Distrito Federal, provocando embotellamientos y molestias entre la ciudadanía, que en muchos casos no pudieron llegar a trabajar, a sus escuelas o a cumplir con sus actividades cotidianas.

Algunas agrupaciones aprovecharon el contexto de las protestas sindicalistas para llevar "agua a su molino" y exigir sus demandas en particular.

Unos 500 integrantes de la organización Campaac, que apoya a taxistas en la ciudad, bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza, en ambos sentidos, a la altura de metro Tepalcates, al oriente del Distrito Federal.

En el sentido de poniente a oriente y en carril lateral, los manifestantes prendieron fuego a un taxi "pirata" que luego de arder por unos minutos fue apagado por bomberos de la ciudad. En este caso se trata de demandas de un grupo en particular.

La sección 22 del SNTE de Oaxaca, que agrupa a 70,000 trabajadores de la educación, informó que este martes paralizó sus labores en 13,000 planteles educativos, donde estudian 1'300,000 alumnos, en apoyo a la huelga nacional.

Unos 400 miembros de grupos sociales y maestros realizaron movilizaciones ciudadanas en apoyo de los trabajadoras de la extinta LyFC, ocasionando caos vial por algunas horas en la capital zacatecana.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2010).

Las agencias de viajes disponen de instructivos que, llegado el caso, ponen en manos de sus clientes. Ahí, por ejemplo, se recomienda a quienes tienen que manejar en las carreteras de Estados Unidos o Alemania, que sean extremadamente respetuosos de las señales de tránsito y límites de velocidad porque -se les advierte- "las multas son caras, y los agentes viales, incorruptibles".

En cambio, a los turistas que van a manejar en las carreteras mexicanas, se les informa que las multas son bajas... y quienes supuestamente deben aplicarlas, proclives a la corrupción.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.3-B de El Informador del 17 de marzo de 2010).

En México 90% de los abusos cometidos contra consumidores por parte de las pequeñas y grandes empresas que ofrecen productos y servicios quedan impunes, pues los afectados carecen de herramientas legales para que éstas sean castigadas y reparen los daños. La Procuraduría Federal del Consumidor es obsoleta para defender sus intereses, se limita a buscar conciliaciones ante prácticas de compañías que acaparan mercados y fijan sus reglas.

Este es el escenario que plantearon Adriana Labardini, integrante del Consejo Consultivo del Consumo de la Profeco y Alejandro Calvillo, que encabeza la asociación civil El Poder del Consumidor, quienes impulsan reformas legales como la aprobación de acciones colectivas de ciudadanos por la vía civil y penal.

Detrás de la falta de defensa de los derechos del consumidor está el poder económico de las empresas con prácticas monopólicas, por lo que se necesita una reforma a la Ley Federal de Competencia, pues aunque para éstas "México no es exactamente un paraíso, no tenemos los elementos para inhibir estas actividades", reconoció Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, quien alertó sobre el riesgo de que las compañías intenten frenar los cambios legislativos que se buscan en la Cámara de Diputados.

En una encuesta, sólo 16% de las personas consultadas recurrieron alguna vez a la Profeco, pero 53% de quienes lo hicieron no resolvieron su problema con mediación de la dependencia.

En entrevista, Adriana Labardini dijo que "las conciliaciones que maneja (la Profeco) si bien en ciertos casos de proveedores pequeños funciona, no así para combatir los abusos de los grandes monopolios".

Aseguró que la prueba de la ineficacia de la dependencia es que aunque se ganen las conciliaciones contra Telmex, Telcel o la CFE, éstas reinciden en sus prácticas.

Alejandro Calvillo coincidió en el diagnóstico: "El marco regulatorio no sirve y la Profeco realmente no defiende a los consumidores, sólo es conciliatoria, obsoleta, se necesita una reforma profunda que la haga autónoma y le permita aplicar sanciones fuertes".

El panorama, dijo, se traduce en que el ciudadano no cuenta con herramientas para defenderse "y cuando la gente trata de hacerlo no ve resultados, entonces no existe cultura de la denuncia, lo ve como una pérdida de tiempo y dinero, es pues un círculo vicioso".

En la encuesta, 65% de las personas consultadas indicaron que los derechos del consumidor no se respetan, aunque 79% aceptó que desconoce cuáles son, pero 68% refirió que tuvo problemas como el aumento de precios, la falta de respeto a la garantía de un producto, la mala calidad del mismo, irregularidades en el peso o cantidad vendidos, cobros excesivos y hasta maltrato en el servicio.

Labardini y Calvillo urgieron a tener la reforma al artículo 17 constitucional, que se discutirá en la Cámara de Diputados, para que se cree la figura de acciones colectivas, que permitirá que organizaciones puedan representar legalmente a los afectados o un grupo de personas se unan para una causa común, en materia ambiental, de derechos civiles, de salud o el referente al consumidor.

La defensa de los derechos del consumidor entra al terreno de la lucha contra las prácticas monopólicas, donde México está a la zaga.

Calvillo aseguró que en este momento la mayor multa es de 86 millones de pesos, "que es de risa para una gran corporación", cuando el estándar internacional es de 10% de las ventas anuales de una empresa.

Acusó que diputados -en su mayoría del PRI, seguidos por los del PAN- bloquearon una iniciativa para aumentar las multas a empresas.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, reconoció que para impedir las prácticas monopólicas "no se ha llegado a las reformas legales, pues los poderes fácticos están haciendo muy bien su trabajo".

"México es el único país en el mundo que tiene que avisarles que la autoridad irá, pedirles información de antemano para que la escondan y ese tipo de instrumentos no existen hoy, lo que hace muy difícil que las investigaciones puedan ser sólidas, bien armadas".

De acuerdo con Adriana Labardini, también directora ejecutiva de Alconsumidor AC, el grado de impunidad que existe en las prácticas irregulares de consumo es de 90%, ante una Profeco que desde su creación -en el año de 1976- nunca ha actuado como un abogado del consumidor.

(V.pág.4-A del periódico El Informador en línea del 15 de marzo de 2010).

La Cámara de Diputados alista un paquete de reformas a la actual estructura aduanera del país, para frenar el contrabando de mercancías, drogas y armas, que se ha vuelto un problema "incontrolable" en los últimos 20 años.

En su plan de trabajo, la comisión legislativa especial que evalúa el funcionamiento de las aduanas, sostiene que el actual sistema aduanal no cumple con su responsabilidad y por ende la confianza y la seguridad en su labor ya no están garantizadas.

Señaló que este deterioro permite la corrupción y "porosidad" en las aduanas, lo que trae graves consecuencia para la economía y la seguridad nacional.

Explica que la industria textil mexicana es uno de los sectores más afectados por el tráfico ilegal de mercancía ya que 58% del mercado se abastece de manera ilegal, mientras que los productores nacionales cubren sólo 20%.

Por otro lado, plantea que el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional pues socava la exclusividad del Estado sobre el "monopolio de la violencia".

Se estima que al país ingresa un arma ilegal por minuto, sin embargo en 2006 y 2007 las aduanas decomisaron sólo 2% de las armas ilegales que ingresaron en el país.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de marzo de 2010).

Me preocupa la decisión de la Suprema Corte de Justicia de limitar la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga acceso a los expedientes de la PGR. La experiencia nos demuestra que la falta de transparencia en los expedientes judiciales no significa una mayor protección para las víctimas, pero sí mayores violaciones a las garantías a los derechos individuales. Donde no hay nada que esconder no se necesita impedir la transparencia de los expedientes.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 11 de marzo de 2010).

El Parlamento Europeo votará hoy una resolución que condena la escalada de violencia y la impunidad que imperan en México.

"El Parlamento expresa su profunda preocupación por el incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico. (Condena) el sentimiento de impunidad de los cárteles de la droga hacia cualquier tipo de autoridad".

(V.pág.4 del periódico Mural del 11 de marzo de 2010).

Sobre la Carretera a Chapala, a la altura del Parque Montenegro, alrededor de 150 transportistas de carga y turísticos detuvieron sus unidades en el acotamiento y uno de los carriles, en ambos sentidos de circulación, para manifestarse contra supuestas irregularidades en la norma 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Después de 7 horas de causar conflictos viales en la zona, a las 16:00 horas, personal de la SCT arribó al lugar, donde Eduardo Maldonado García, representante de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, entregó un pliego petitorio a los funcionarios.

Los transportistas decidieron manifestarse por segunda vez en el año, en diferentes carreteras del país, acusando una supuesta falta de interés de la SCT por atender sus peticiones.

"Esta norma (la 012) incluye todo lo referente a pesos y dimensiones de los camiones que supuestamente por seguridad bajaron el peso de cada unidad, pero aumentaron en el tráiler tipo full o doble articulado; este tipo de unidades está cargando hasta 90 toneladas (lo que viola la ley) y las autoridades no hacen nada", expresó Maldonado García.

Los transportistas consideran que esto genera una competencia desleal en el giro.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 11 de marzo de 2010).

Las acciones colectivas en la impartición de justicia podrían ser una realidad en nuestro país, ya que el 10 de diciembre, la Cámara de Senadores reformó el artículo 17 constitucional, y sólo falta que los diputados federales y la mitad de los congresos estatales + uno, lo aprueben.

(V.pág.8-B del periódico El Informador del 9 de marzo de 2010).

Alrededor de 150 vecinos del fraccionamiento Xochihuacan, perteneciente al municipio de Epazoyucan Hidalgo, bloquearon esta mañana la carretera Pachuca-Sahagún, en el kilómetro 13 para exigir agua potable y electrificación.

Los colonos del fraccionamiento lamentaron que los fraccionadores y la alcaldía desde hace cuatro años les prometieron la dotación de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electrificación y no han cumplido, por lo cual más de mil habitantes de ese lugar se ven afectados, dijeron.

Filas de hasta kilómetro y medio de unidades de carga y particulares permanecían varadas en la carretera que conduce de Pachuca a Sahagún, alrededor de este mediodía.

Elizabeth Espinosa, delegada del fraccionamiento, señaló que de no lograr un acuerdo el bloqueo continuará de manera intermitente cada media hora, "nosotros lo que menos queremos es afectar a la población pero no se puede vivir de esta manera, sólo pedimos su comprensión que sepan que vivimos sin agua y sin drenaje", señaló.

Al lugar se trasladaron elementos de Seguridad Pública y de la Policía Federal para apoyar en tareas de vialidad y ofrecer a los conductores vías alternas.

(V.periódico El Universal del 8 de marzo de 2010).

En la ciudad de Cananea, Sonora, no hay estado de derecho, se trata de una "ciudad sin ley", ya que no se han ejercido acciones legales contra las personas que han ocasionado graves daños a la planta minera de Grupo México, señaló Francisco Manzo, abogado de los trabajadores disidentes del sindicato minero.

El litigante aseguró que la politización de la huelga de Cananea es consecuencia directa de la falta de voluntad para aplicar la ley, pues de ninguna de las 194 denuncias presentadas por la empresa desde el gobierno de Eduardo Bours, se han abierto averiguaciones previas para su integración y, "al contrario, son contempladas con desinterés por las autoridades locales".

"La inacción ha provocado que otros actores políticos medren del conflicto para su beneficio particular, como se denunció ayer en la Ciudad de México de que algunos diputados de la Comisión Cananea, recientemente creada en la Cámara de Diputados, particularmente Samuel Moreno Terán y Gerardo Fernández Noroña, se pusieron claramente al servicio de los intereses personales de Napoleón Gómez Urrutia y, en consecuencia, contra los trabajadores de Cananea", afirmó Manzo.

Para el abogado no se debe negociar la ley para favorecer al ex dirigente, sino lograr que ésta se aplique conforme a la sentencia del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que da por terminadas las relaciones laborales individuales, colectivas y el Contrato Colectivo de Trabajo.

(V.periódico Público en línea del 5 de marzo de 2010).

Morelia.- Unos 250 damnificados por los deslaves de hace un mes bloquearon un importante entronque carretero para denunciar la falta de apoyos por parte de las autoridades.

Los inconformes salieron en 10 autobuses del municipio de Ocampo, con destino a Morelia, pero fueron interceptados por la Policía Estatal, por lo que bloquearon el entronque que comunica a Zitácuaro, Maravatío y Ciudad Hidalgo.

(V.pág.8 del periódico Mural del 4 de marzo de 2010).

Senadores de distintas fuerzas políticas arroparon la iniciativa de Isabel Miranda de Wallace para garantizar la "atención a las víctimas del secuestro".

El presidente de la Comisión de Justicia y militante del PAN, Alejandro González Alcocer, admitió que las políticas y el marco legal para combatir y erradicar el secuestro "son discrepantes" entre sí.

Al presentar la llamada iniciativa Wallace en la tribuna, González Alcocer también reconoció que a pesar de los esfuerzos institucionales para combatir la delincuencia organizada se ha dejado intacta la esfera patrimonial de los secuestradores.

LAS PROPUESTAS:

Se planteó que los pagos de rescate sean deducibles de impuestos considerando que el ciudadano cumple puntualmente con el pago de sus impuestos y el gobierno federal o local, incumple con su obligación de proporcionar y garantizar su vida y la libertad.
Establece un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas del plagio y se responsabiliza al municipio, estado o federación que tenga entre sus filas de agentes a secuestradores.
Plantea preservar la vida y la seguridad de las víctimas y sus familiares, mediante un enfoque global.
Dar un enfoque integral y amplio a la figura de víctima del secuestro, considerando como víctimas directas a aquellas en que recae la conducta delictiva, y como indirectas a los familiares y personas cercanas.
Se brindarán diversos derechos a la familia de las víctimas, pues en algunos casos la atención sólo se brinda a la víctima directa, dejando de lado su entorno familiar.
Para el proceso de acoplamiento a la vida cotidiana, la víctima debe ser acompañada de personal especializado.
Se propone que el combate a la esfera patrimonial de los secuestradores sea obligatorio para el Ministerio Público, y que los bienes recuperados sirvan para la atención a otras víctimas del secuestro y para reparar el daño a víctimas pasadas.

El empresario Nelson Vargas recriminó a los legisladores que tienen una tarea pendiente: "Urgen medidas concretas para proteger a las víctimas del secuestro y sus familiares".

"Nos asesoraron mal. Mi conciencia no está tranquila".

Vargas pidió que por ningún motivo se congelen las cuentas de los familiares para evitar el pago del secuestro, y pidió que se instrumente un programa de acción para certificar negociadores y evitar así "a los vividores que se aprovechen de las víctimas".

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de marzo de 2010).

La Secretaría de Salud federal continuará la lucha legal por evitar la prolongación de patentes, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia para que algunos medicamentos renueven la patente, aseguró el titular de la dependencia, José Ángel Córdova Villalobos.

Destacó que México ha sido respetuoso de la industria farmacéutica, pues otorga el derecho de una patente por 20 años.

Sin embargo, los laboratorios han recurrido a dar nuevos usos a la misma molécula, a mezclarla con otra sustancia, o bien a añadirle un recubrimiento, con tal de renovar la patente por 20 años más.

(V.pág.15 del periódico Público del 26 de febrero de 2010).

Tres largos y estoicos años ha cumplido ya la resistencia civil de vecinos de Tabachines en contra de una gasolinera que insiste, con estratagemas legales, en operar a pocos metros de la escuela primaria Enrique C.Rébsamen. La ley es clara y el reglamento de gasolineras y estaciones de servicio en el municipio de Zapopan lo es aún más. Este reglamento señala en su artículo noveno lo siguiente: "el predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 metros de centros de concentración masiva, tales como: escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e iglesias". La escuela Enrique C.Rébsamen se encuentra a 30 metros de esa construcción, ¿está claro o no? Evidentemente algunos funcionarios públicos con poca responsabilidad social otorgaron permisos para que esta gasolinera iniciara su construcción. Pasó la administración de Juan Sánchez Aldana con más pena que gloria y no logró erradicar la amenaza. Esperamos que Héctor Vielma no se demore otros tres años más en hacer valer el Estado de Derecho que tanto anhela y requiere esta ciudadanía.

Alejandro Vivas Hernández
(v.pág.21 "correo" del periódico Público del 26 de febrero de 2010).

La secretaria de Seguridad Interna de EU, Janet Napolitano, afirmó ayer que el estado de derecho en Ciudad Juárez es inexistente a pesar de éxitos importantes del gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico.

(V.pág.2 del periódico Mural del 25 de febrero de 2010).

La sociedad mexicana se enfrenta a una crisis de las instituciones. La confianza en la autoridad está en punto mínimo. La cohesión social también sufre un severo desgaste. Existen enormes espacios vacíos de autoridad que son cubiertos por la informalidad y la delincuencia. Hay impunidad judicial, administrativa y política. Ésta es la realidad.

El quid está en el desempeño institucional, no en las normas. México tiene un problema de aplicación de la ley, no un problema de creación de leyes. Por eso es una falacia creer que basta con una reforma a la ley o a la misma Constitución. Nada más falso, ya que crisis institucional se puede resumir en la palabra impunidad. Es decir la falta de castigo a quienes no cumplen la ley.

La frase clave para entender esta crisis es: "No pasa nada". No pasa si alguien se roba la energía, la gasolina, los medicamentos o cualquier bien del sector público. No pasa nada si los funcionarios convierten el servicio público en un botín para enriquecerse. Tampoco pasa si se compra y vende productos pirata, ni tampoco si detienen a un criminal y en días está libre. Como no pasa ante el espectáculo de la corrupción pública o los problemas de salud pública, por citar algunos hechos corrientes.

La consecuencia de la impunidad es que el espacio de fuerza en la aplicación de la ley es ocupado por poderes de hecho: ante la inseguridad aparece la venta de protección. Ante la tolerancia crece el comercio ilegal. Ante la corrupción aparecen grupos de control político que se enriquecen. Ante la falta de resultados crece la simulación y el engaño publicitario. Ante el vacío de valores aparece el pragmatismo sin escrúpulos. Ante la impunidad política, desaparece la oposición y surgen acuerdos inconfesables. Ésta es la realidad.

Se trata de corregir el desempeño de las instituciones reconociendo que no funcionan. Explicarnos la realidad con el no pasa nada es insultante. De nada sirve cambiar a la policía, si el poder judicial padece el cáncer de la corrupción y las cárceles siguen como están. La inseguridad no se combate con armas, sino con la ley aplicada con fuerza. La simple reforma legal es insuficiente, si no pasamos del no pasa nada al sí pasa. Los partidos políticos, todos, están lejos de reconocer este hecho. Son parte de la impunidad y sus líderes lo saben. Ahora están del lado de lo que hay que cambiar de fondo.

La población comienza a impacientarse ante la falta de respuesta. Si seguimos como vamos, pronto habrá un clamor para que se ponga un alto y se establezca un orden más riguroso. Antes de que lleguen las tentaciones de cambios que afecten la libertad y la democracia, hay que reformar la estructura para que sí pase algo cuando se viola la ley.

Más rigor, más fuerza con respeto a las libertades. Más ciudadanos comprometidos, menos monopolios impunes, menos partidos, menos publicidad del gobierno, menos contrabando, menos sindicatos corruptos, menos leyes inútiles, es lo que México necesita. Ésta es la realidad.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de febrero de 2010).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ocultar y no dar a conocer la información referente a los viajes al extranjero de sus distintos niveles de funcionarios, bajo el argumento de que no lleva un registro de este tipo de datos.

El órgano que tiene en sus manos el futuro de distintos juicios relacionados con la transparencia y acceso a la información, que tendrán un impacto nacional, resolvió no difundir los nombres de los funcionarios que han viajado al extranjero, los fines de sus salidas, la categoría de los boletos de avión que han adquirido, los hoteles en los que se han hospedado y hasta el periodo que han permanecido fuera del país.

En los últimos años, se han incrementado los viajes al extranjero con motivo, se ha dicho, de comisiones para representar al máximo tribunal en distintos eventos.

En el caso de las salidas de ministros al extranjero han llegado a provocar que las votaciones de algunos juicios relevantes se hayan aplazado, debido a que sus votos eran necesarios para desempatar o declarar inconstitucional o no alguna norma.

La Ley Federal de Transparencia establece que para dar respuesta a una solicitud las instancias del gobierno cuentan con 20 días hábiles, que se pueden duplicar, en caso de que sea necesario.

Pero la Corte tardó casi dos años en decir que no contaba con la información.

En diversos casos, el Instituto Federal de Acceso a la Información, que se encarga de atender todo lo relacionado con la transparencia de las dependencias del Poder Ejecutivo, ha establecido criterios en el sentido de que debe ser dada a conocer la información relativa a los boletos de avión, el hospedaje y los viáticos de los funcionarios, porque se pagan con dinero del presupuesto.

En cambio, el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del máximo tribunal del país, llegó a la conclusión de que la única información que tenían disponible era la relativa a las cantidades de dinero gastadas en los boletos de avión, de hoteles y de viáticos. Pero que todavía no estaba procesada, por lo que iba a tardar más en entregarla.

(V.periódico El Universal del 22 de febrero de 2010).

Imagine que enfrenta un problema judicial y descubre que Diego Fernández de Cevallos defiende a su contraparte. Su única opción será negociar inmediatamente y suplicar clemencia, aunque usted tenga la razón. Los medios han hecho famosos a individuos denominados popularmente "abogangsters". Y cada día millones de personas se ven en la necesidad de contratar litigantes que les defiendan. Su poder es inconmensurable y muchos abogados son parte de la maquinaria que perpetúa la corrupción.

Dada la crisis sistémica en que se encuentra el aparato de justicia penal del país, pocas veces nos preguntamos por qué, si las mayorías ruegan que se reconstruya el estado de derecho, no vemos a miles de abogados y abogadas de este país manifestándose efectivamente para reinventar el sistema de impartición de justicia. ¿Por qué son sólo un puñado? casi siempre miembros de la academia o columnistas. Me parece que la respuesta está en que grandes y pequeños despachos de abogados en el país amasan poder y fortunas gracias a la ineficacia del sistema y a sus debilidades. La sociedad entera depende de profesionistas que hablan un idioma distinto, que a lo lejos parece una refinada mezcla de latín y español ilustrado y que, quienes hemos vivido en enredos judiciales y aprendido a leer expedientes, sabemos que es más bien latín con un español reinterpretado y con una gran dosis de cantinfleo pseudo-jurídico del que participan ministerios públicos, fiscales, secretarias y litigantes.

En ese intríngulis lingüístico, que de broma no tiene nada, la víctima se siente desamparada y aislada, dependiente de su defensa como lo está con su madre una criatura de 6 años. Se le suma a la confusión lo que el presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal llama la atomización de los códigos. Leyes ambiguas, contradicciones inexplicables que permiten cualquier interpretación de parte de los juzgadores, dentro de un sistema anticuado y lento que nutre la corrupción.

Los juzgados y los tribunales en México son tierra incógnita para cualquier persona común, y territorios de opaca conveniencia para negociaciones entre abogados. Los despachos poderosos son los grandes cabilderos del país, circulan entre la política y la ilegalidad para alcanzar sus metas. ¿Qué persona honesta puede defenderse ante la maquinaria de un Juan Collado? ¿O de litigantes que para resolver juicios juegan golf, cenan en finos restaurantes o incluso viajan con ministros de la Suprema Corte, con jueces y magistrados, con senadores, diputados y gobernadores? ¿Quién no pierde en este país ante Aguilar Zínser, Gómez Mont, Lozano Gracia, Juan Velázquez o Aguinaco? ¿Qué Ministerio Público, por bien que haya trabajado, no se dobla ante los despachos de la arquidiócesis primada de México protegida por Los Pinos? Ellos no pertenecen, sino son la maquinaria que pone las reglas en el sistema judicial. En cada estado hay símiles menores, notarios y despachos que tuercen la ley como un niño fabrica figuras de plastilina.

Dice Ana Laura Magaloni, abogada y maestra del CIDE, que una o un abogado debe ser un servidor ético, que la vocación de servicio debe equipararse a la de un médico cuya labor es sanar, proteger y cuidar. Ciertamente hay cientos de litigantes que trabajan desde los derechos humanos y la ética, sin embargo se necesitan más para derrumbar el muro que estas mafias han construido desde y para el poder.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de febrero de 2010).

A medida que la situación general del país se complica, se agrava o se vuelve más caótica, el rumbo de la economía mexicana continua dando tumbos, pero hay que precisar que los tumbos y desaciertos favorecen a su adlátere, la así denominada economía negra, informal, oculta o subterránea que sigue robusteciéndose de tal modo que está muy por encima de la economía tradicional, y ahí por lo que se sabe, no se suscitan los problemas tradicionales que desde siempre han dañado a la economía formal, como son las crisis, la inflación y el desempleo.

En el ámbito de la economía informal, y demás sucedáneas, los que ahí laboran para nada pagan impuestos, precisamente porque están fuera de control, y queramos o no, este tipo de economía es más poderosa que la economía formal.

Este tema, pues, lo estamos sacando a colación porque en el cuarto trimestre del año próximo pasado, el desempleo subió a 5.3%, y esto está afectando a dos millones y medio de personas, según datos, tal vez fiables, del INEGI. Entonces, esto quiere decir, que un desfase en la fuerza laboral de esa magnitud está dañando seriamente al aparato productivo nacional, y buena parte de esos afectados recurren a la economía informal en sus diversas modalidades, en donde se sitúa en lugar preeminente el llamado "crimen organizado".

Manuel López de la Parra
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de febrero de 2010).

En 2009 el delito de la piratería generó ganancias por 74,699 millones de dólares, que implican 9% del producto interno bruto, de acuerdo con la tercera encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificación en México de la Cámara Americana de Comercio.

Esta actividad, afirmó el diputado perredista Arturo Santana Alfaro, creció "indiscriminadamente sin que la autoridad pueda revertir esta situación, aun cuando se han llevado a cabo diversos operativos para combatir los delitos que atentan contra la Ley Federal de Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual".

Refirió que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, algunas de las modalidades de este delito se han incrementado hasta 131% de un año a otro, "lo que nos permite observar que las penalidades que se encuentran establecidas hasta este momento no inhiben en absoluto al delincuente".

En la gran mayoría de los operativos en los que se catea cualquier espacio en el que aseguran mercancía pirata o los instrumentos con los que la reproducen, no se llevan a cabo detenciones, porque no se halla persona alguna en el lugar o por no contar con los recursos humanos necesarios para auxiliar a los agentes del Ministerio Público, señaló.

El término piratería, aclaró, se utiliza para describir la transgresión de los derechos de autor a un nivel remunerativo; involucra a gran cantidad de personas que han hecho de esta actividad su medio de vida al reproducir de manera ilegal todo tipo de materiales que se encuentran protegidos por la Ley de Derechos de Autor.

Subrayó que esta actividad es aceptada porque en muchas de las ocasiones no se cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir productos originales, "y la hemos llegado a ver y aceptar como una actividad lícita sin serlo".

(V.pág.16 del periódico Público del 21 de febrero de 2010).

Jalisco suma 9 casos de intoxicación por clenbuterol, luego de que 8 habitantes de Lagos de Moreno fueran afectadas por consumir carne que contenía el anabólico.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de febrero de 2010).

Con la liberación, por decisión judicial, del appista Juan Manuel Martínez Moreno, a quien la Procuraduría General de la República responsabilizó del homicidio del documentalista estadunidense Brad Will, queda en suspenso la justicia para la víctima y el castigo a los culpables.

Las averiguaciones y peritajes llevaron a la conclusión de que los disparos letales fueron a quemarropa y las grabaciones de audio con las amenazas al periodista quedaron en su propia cámara durante la refriega con los priistas que, a su vez, disparaban desde una distancia mínima de 35 y máxima de 50 metros.

Indigna que la muerte de Brad Will pase a la estadística de lo habitual: el acendramiento de la duda, el fortalecimiento de la impunidad y la exhibición de un aparato de procuración e impartición de justicia en el que no se puede confiar.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 19 de febrero de 2010).

Alrededor de 40,000 contribuyentes presentaron amparos en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. El martes 9 de febrero (martes negro para la justicia), por 6 votos contra 5, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el IETU es constitucional, después de 6 sesiones consecutivas en las que agotó el tema. El máximo tribunal negó la protección de la justicia en todos y cada uno de los aspectos impugnados.

Esto revela que la justicia en México se encuentra a los servicios del poder ejecutivo. Los juristas están decepcionados de la SCJN; consideran que el amparo en nuestro país se acabó. No hay en la Corte una actitud digna de su investidura y de sus jugosos sueldos, 437,000 pesos mensuales para los ministros y más de un millón de pesos mensual para su presidente, más prestaciones.

Resulta increíble que no se haya ganado ni uno solo de los 15 puntos de las violaciones que en forma prolija se probaron en contra de la equidad, proporcionalidad, legalidad y retroactividad. Los seis ministros que votaron en contra rompieron el esquema de imparcialidad y faltaron a la justicia.

Nuestros gobernantes son capaces de todo con tal de proteger sus jugosos estipendios que ofenden a los más de 50 millones de mexicanos pobres, e insultan la inteligencia de los demás habitantes de este país.

Se observó una clara parcialidad hacia el gobierno, por los miles de millones de pesos que se recaudaron a través del IETU. El presidente de la corte, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, puntualizó que no se alcanzaron los votos suficientes en el pleno para dictar jurisprudencia en los temas objeto del impuesto: deducción de salarios y créditos y retroactividad sobre Impuesto al Activo, pues sólo se obtuvieron 6 votos, por lo que los amparos seguirán siendo estudiados en la primera sala de la SCJN para que examinen y se obtenga la jurisprudencia y así "los tribunales puedan resolver los más de 40,000 amparos".

No es de extrañar la actitud de la SCJN, toda vez que desde que se aprobó el IETU fue defendido por la Secretaría de Hacienda y en diferentes foros declaró que este nuevo gravamen se encontraba "blindado" para que en los tribunales no fuese declarado inconstitucional.

Esta actitud nos da qué pensar en el tan cacareado estado de derecho al que supuestamente aspira México. La realidad es que estamos indefensos en manos del gobierno. Cuando la Secretaría de Hacienda hizo el anteproyecto de la Ley del IETU, es de suponerse que también redactó el anteproyecto de sentencias que firmaron los 6 ministros de la Corte. Todo un show.

C.P.Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2010).

La impunidad en México no es abstracta, tiene nombres y apellidos. En este caso encontramos que los cómplices concretos son los jueces, quienes ignoran las leyes de la mano de los líderes del clero, capaces de ejercer todo el poder político y dinero para liberar a sus pedófilos. No es culpa de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos de diversa índole, particularmente la pederastia, pero ciertamente los que están libres de culpa podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo que es inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana. Curas y jueces constituyen una alianza infame que prohija la impunidad y, por ende, la repetición de crímenes contra la infancia. El país se horroriza y exige, las y los legisladores aprueban leyes, las policías se capacitan e investigan, llegan los jueces y de un plumazo destruyen los esfuerzos colectivos por restablecer un estado de derecho ¿Hasta cuándo?

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2010).

El mensaje es claro: dar término a la impunidad, que los responsables paguen por los delitos que cometen.

En nada ayuda y hasta contraproducente es que en medio de la tragedia se publiciten estadísticas comparativas en el mundo de los índices de homicidios por millar, datos que pretenden hacer ver que podríamos estar peor, que tendrían que morir muchos más para estar en los primeros lugares. Un tecnócrata con retraso o un político en la impotencia no alcanza a ver la magnitud del insulto. No es nuevo, desde varios frentes se pretende minimizar la situación bajo la contextualización de las cifras, como es el falso señalamiento de que las bajas en su abrumadora proporción son de delincuentes. Los mexicanos merecen por parte de sus autoridades una respuesta más inteligente y, sobre todo, más sensible.

Juárez hizo caer el mito de que los muertos son delincuentes y que los asesinatos son signo inequívoco de una batalla que se va ganando en el tiempo y espacio. Seguro que en el gobierno serán más cuidadosos en declaraciones que ya se habían vuelto parte de la propaganda de la guerra que el gobierno se inventó y que puso en entredicho al presidente. El aparato de propaganda gubernamental debe alinearse a la razón elemental de toda autoridad: proveer seguridad en sus personas y bienes a los gobernados. Cierto es que los grupos criminales se han declarado la guerra, seguramente por su descabezamiento por la acción gubernamental; pero Juárez, Torreón y otros lugares más revelan que la población civil está en medio del fuego cruzado.

Acabar con la impunidad es la premisa para abatir el crimen. Atacar su economía en sus fundamentos es incidir en sus causas. Por ahora, el narco es un negocio de grandes y generalizadas utilidades y pingües riesgos en un país de incertidumbre y crisis social, moral y económica. Se sabe que la informalidad en la economía es blindaje para el crimen. La solución va más allá del voluntarismo. Se requiere un cambio que minimice los vastos espacios informales de la economía; determinación electoralmente difícil. También se requiere digerir y prever el impacto de que los dólares del narco dejen de llegar al país.

El reclamo por la inseguridad obliga a una reconsideración de lo que se está haciendo. No se trata de ceder ni de pretender un iluso y absurdo acuerdo con delincuentes. Es, ni nada más ni nada menos, que el estado lleve a la justicia al delincuente; cumplir con su responsabilidad originaria de ofrecer seguridad.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 14 de febrero de 2010).

En Ciudad Juárez, Chihuahua, considerada la urbe más insegura del mundo, la ciudadanía casi no denuncia los delitos. En los 2 últimos años, la Secretaría de la Defensa Nacional sólo ha recibido 20 llamadas o correos electrónicos en la guarnición militar instalada en esa zona fronteriza para solicitar su intervención en casos relacionados con el crimen organizado o aportar información sobre la operación de estos grupos.

Un informe de la institución castrense señala que del 15 de enero de 2008 al 1 de enero de 2010 se recabaron 30,535 denuncias de manera directa en las 12 regiones militares del país, un promedio de 82 al día.

El documento indica a nivel nacional el número telefónico gratuito 01 800 8324 771, así como al correo denuncia.sdn en el dominio mail.sedena.gob.mx.

(V.pág.25 del periódico Público del 14 de febrero de 2010).

Caricaturista Pacote
(13 de febrero de 2010).

Aunque la campaña permanente contra el empleo del clenbuterol en el ganado bovino demuestra resultados positivos, reflejados en una tendencia decreciente de personas intoxicadas, todavía hay factores de vulnerabilidad que propician que no haya pleno control del problema, como los vacíos legales que originan que las investigaciones no tengan los resultados esperados. Entre éstos se encuentran la aplicación de penas económicas y la privación de la libertad a los infractores, aseguró el asesor técnico de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Mario Valencia.

El entrevistado refirió que se requiere de mayores recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que tengan más efectividad los operativos de diagnóstico de casos sospechosos y de la vigilancia en los corrales de engorda de ganado.

Hizo mención que, con el reforzamiento de la vigilancia y la eliminación de los vacíos legales, además de redoblar el trabajo del diagnóstico en el laboratorio de prueba, se cerraría el círculo en el combate a esta sustancia prohibida.

El asesor del gremio ganadero indicó que no tiene fundamento la versión que circula en el medio del ganado, de que ciertos engordadores han aprendido a "dosificar" el suministro de este anabólico prohibido, dando como resultado que no se detecte la sustancia en los animales. Indicó que el clenbuterol tiene una residualidad hasta de más de dos meses después de su aplicación.

(V.pág.6-B del periódico El Informador del 13 de febrero de 2010).

Las autoridades, tanto federales como estatales, ante la incapacidad de atajar la violencia, ya no digamos resolverla, son sumamente proclives a ligar a cualquier persona fallecida en eventos violentos con el crimen organizado; tenemos el caso más cercano de los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez a quienes desde la Presidencia de la República los ligaron inmediatamente como integrantes de bandas de narcos.

Miguel Angel Arellano Sandoval
(v.pág.19 "correo" del periódico Público del 12 de febrero de 2010).

En el siglo XXI podemos decir que el futuro de la vida institucional tiene una prueba de fuego en restaurar el estado de derecho en Ciudad Juárez. Fue hacia allá a donde marcharon las tropas enviadas por el presidente Calderón al declarar la guerra al narcotráfico al inicio de su gestión. Es ahí donde han sufrido el más grave fracaso las instituciones públicas mexicanas en las últimas décadas.

Su ciudad hermana El Paso, Texas, es la cuarta ciudad más segura del vecino país, tiene 100 veces menos homicidios que su vecina mexicana. Juntas forman una urbe con una herida y un muro, de donde surgen dolor e impotencia del nuestro lado, mientras que del otro hay estupor. La diferencia no está en las personas, porque son esencialmente las mismas, sino en la calidad de las instituciones. Lo sucedido en Ciudad Juárez es un desastre institucional, que ha corrompido el tejido social.

Sobre las autoridades federales, estatales y municipales recae la responsabilidad por su rotundo fracaso en mantener la paz social y el respeto a la ley. Estas autoridades han creado comisiones investigadoras, fiscalías especiales, comisiones de diputados; han enviado tropas de policía, han enviado al Ejército mismo, han creado anuncios de televisión, han concentrado esfuerzos para llevar más maquiladoras, han desmantelado a las policías municipales, todo esto a lo largo de los últimos 10 años, y todos han fracasado.

Encima viene un traslado de poderes estatales también tardío y oportunista, otra maniobra que no va al fondo del problema. El imperio de la ley, el estado de derecho, la viabilidad de la república. El recuerdo de tantos inocentes debe ser motivo suficiente para emprender acciones profundas de corte republicano, lejos de la espectacularidad, basadas en la fuerza de la ley. Lo demás es una burla más sobre la sangre inocente a la que cubren palabras vacías.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2010).

La meta de la Secretaría de Salud Jalisco, que consistía en terminar este 2010 libre de clenbuterol, ya no se cumplió.

Ayer se informó del primer caso de intoxicación por el anabólico en este año, provocado por la ingesta de carne contaminada en el municipio de Guadalajara.

La intoxicación se dio el pasado 3 de febrero, en un hombre de 54 años de edad, quien adquirió el producto contaminado en un minisuper de la colonia Residencial de la Cruz, en Guadalajara.

Personal de Verificación Sanitaria acudió ayer a la tienda donde se adquirió la carne, para hacer muestras de la carne por triplicado. Se aseguraron 80 kilogramos del producto existente en ese momento y se procedió a la suspención de actividades, mientras se analiza el producto y de dónde provino.

El año pasado, Jalisco terminó con 17 casos de intoxicación por clenbuterol, encontrados en los municipios de Jesús María, Zapotlanejo y Unión de San Antonio.

Se recordó que los síntomas de una intoxicación por clenbuterol son temblores, palpitaciones, taquicardia, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor de pecho, boca seca, así como calambres musculares.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 10 de febrero de 2010).

Desde hace 2 años, en Juárez ejecutan a 7 personas al día. Todo el año pasado siguió sucediendo bajo la guardia de 6,000 soldados desplegados especialmente. En el arranque de 2010 fueron enviados 2,000 policías federales más. Y cada vez que hay una matazón, la explicación no cambia: son bandas rivales -los cárteles de Juárez y Sinaloa- que se disputan la plaza. Así, el estado mexicano asume el papel de espectador que llena la arena pero no se sube al ring.

Carlos Loret de Mola
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2010).

Hoy muestra la migración fallida del país, de sueños vueltos pesadillas. Hay decenas de miles de jóvenes sin trabajo, sin escuela, buscando qué hacer; miles de casas abandonadas, establecimientos comerciales cerrados, inmuebles vandalizados. Quienes funcionan pagan la extorsión. Reina la ilegalidad, vehículos sin placas, robos, asaltos, secuestros. Hasta los piropos son gemidos del diablo. Cuando en la calle te roban, te dicen que es la bienvenida a la ciudad. Del otro lado del río, está una de las ciudades más calmadas y seguras de Estados Unidos. No en balde duerme allí el juarense que pueda, alcalde incluido.

La sociedad civil trata de salvarse organizándose sin haber sido preparada para enfrentar su destino. El Plan Estratégico y el Pacto por Juárez, habiendo reunido a miles de ciudadanos, avanza como patadas de ahogado por falta de piso firme. En materia de seguridad pública, el ayuntamiento abdicó y la situación ha empeorado desde que llegó el Ejército Nacional a ser también policía intermitente de la ciudad (ahorita sí, ahorita no). No existe unidad de mando y de dirección entre las fuerzas municipales, estatales, federales y nacionales. Se habla de la necesidad de implantar el estado de excepción. Mientras que unos hacen como que hay ciudadanos, otros hacen como que hay gobierno. Apenas se mantienen las máscaras.

Juárez es México al desnudo.

Norberto Alvarez Romo, presidente de Ecometrópolis,A.C.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2010).

El gobierno federal no pudo documentar el caso judicial contra funcionarios electos de Michoacán, ya aprehendidos. Cuando la ley poco importa no existen consecuencias mayores por una falla de tal magnitud. Lo que es peor, quienes encabezan el gobierno no expresan culpa, porque tienen la convicción de que en los liberados hay responsabilidad, pero no hubo capacidad para construir el caso; "liberados con las reservas de ley", como suelen decir. Lo peor de todo es que pudiera ser cierto. Aún así, deben considerarse inocentes, ya que por razones de elemental civilidad, sólo puede haber culpa penal a través de los procedimientos formales. La presunción de inocencia no es un principio menor ni en desuso.

La lógica de guerra debe abandonarse. En su lugar debe estar la responsabilidad compartida de hacer valer al Estado de Derecho. Actuar con inteligencia y centrar los esfuerzos institucionales en las luchas concretas que sí se pueden ganar en esta difícil y muy compleja batalla. Abatir la impunidad debe ser la premisa de este nuevo empeño; para ello es menester una relación distinta con la sociedad, para así revertir la enorme desconfianza de las personas con las leyes y las instituciones que las hacen valer. Se trata de generar un sentimiento y un compromiso por hacer sentir, motivar y convencer que la lucha contra el delito es de todos.

Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 7 de febrero de 2010).

No habría razón alguna para que en un país civilizado y moderno debiera ocurrir una masacre como la de Ciudad Juárez. Después de todo, en México tenemos leyes, policías, jueces y ejército. ¿O no?

El simple cumplimiento de sus deberes por parte de un gobierno puede cambiar muchísimo las cosas. Los inocentes pueden así seguir siendo inocentes.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 7 de febrero de 2010).

A los 93 años de edad la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos fue vista ayer a contraluz. Y de esos destellos -emitidos por estudios de expertos del derecho constitucional- ha escapado la visión de un cuerpo lacerado y con parches hasta en las pestañas; aunque también con huesos sanos todavía, que bien podrían sostener al aparato institucional del país, de mucha mejor forma, si no hubiera tanta vocación por la impunidad. Y tantas ganas todavía de quienes ostentan el poder de hacerla un instrumento de dominio de la sociedad.

Vicente Bello
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 6 de febrero de 2010).

El ex gobernador de Nuevo León, ex presidente municipal de Monterrey y ahora diputado federal Benjamín Clariond Reyes Retana subió a tribuna para atacar a Zeferino Salgado, ex alcalde nicolaíta, porque está contemplado para llegar como delegado de la SCT a aquel estado. Clariond habló de la relación que tiene Salgado con "los amigos que tú sabes", "lo del asunto del helicóptero que donaron los amigos" y "tú sabrás chingazo y chingazo". Lo cierto es que Benjamín se mordió la lengua, pues cuando fue alcalde de Monterrey realizó la autocompra de camiones de basura en una de sus empresas; como gobernador, su tesorero, Xavier Doria González, fue encarcelado por un desvío de 170 millones de pesos. A Clariond también se le acusó de desvío de recursos pero, desde luego, sólo se tocó a sus colaboradores.

(V.pág.22 del periódico Público del 5 de febrero de 2010).

Sergio García Ramírez [procurador general de la República de 1982 a 1988] sentenció que hay tareas por delante en la reforma judicial: legitimación de particulares en acciones de inconstitucionalidad, efectos de la sentencia de amparo contra normas generales, enlace entre los órdenes nacional e internacional, unidad de jurisprudencia en cuestiones de legalidad ordinaria, iniciativa de leyes y seguridad presupuestal.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.7 del periódico Mural del 4 de febrero de 2010).

Para este gobierno, quien cae víctima de la violencia del crimen organizado no es inocente hasta que alguien, en general un familiar que se empeña y lucha años, logre demostrar lo contrario. Los matan los sicarios, luego las autoridades se encargan de lanzar un velo de sospecha sobre sus nombres y familias.

Es la reacción de quien no quiere que le pidan cuentas por esas muertes y por esa violencia. Porque en la lógica de este gobierno, si eran pandilleros miembros de alguna de las bandas que tienen asolada Ciudad Juárez, pues entonces ellos se lo buscaron y que nadie le pida cuentas al gobierno si los malos se matan entre sí.

Y los 43 liberados por falta de pruebas que padecieron 8 meses los maltratos de un penal de máxima seguridad, ¡que no pidan disculpas ni se atrevan a exigir ningún tipo de reparación!, el secretario de Gobernación ya dijo que "fueron liberados por prueba insuficiente, no porque se haya determinado su inocencia o culpabilidad". ¡Justamente no hay sentencia porque un tribunal consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes ni para llegar a un juicio!

Lo dicho, para la comodidad y tranquilidad de conciencia del presidente y sus secretarios, todos los muertos en algo andaban, los liberados son malos con suerte y los demás, culpables potenciales.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2010).

¿Si el América no estuviera ligado a Televisa, la autoridad judicial se habría comportado de manera diferente?

No se trata de insinuar que se esté acomodando la investigación para favorecer a la televisora, sin embargo, la Procuraduría capitalina se ha comportado como si todo el tiempo tuviera la cámara encima. No se explica de otro modo la tardanza, de casi 5 horas, para ingresar al Bar Bar, si no es porque alguien lo pidió. La autoridad no puede quedarse en la banqueta hasta recibir el visto bueno del propietario de un congal para poner a trabajar al Ministerio Público, de principio a fin, no cuando el lugar de los hechos fue restregado con cloro, tehuacán y estropajo, alterando la escena.

La PGJDF ha sido poco profesional, al señalar como sospechoso a un sujeto encarcelado semanas antes; al no revelar las 7 personalidades del JJ; al hablar de una bala que cambia de calibre... al no explicar quién tomó y vendió la foto de Salvador Cabañas; al no responder por qué se administran los videos del caso como si fueran capítulos de telenovela.

¿Por qué la PGJDF no quiere quedar mal con Televisa?

José Cárdenas
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 2 de febrero de 2010).

"Nosotros ante la sociedad somos delincuentes, y hago hincapié en que nosotros siempre fuimos inocentes y somos inocentes, y el hecho es que nos dieron nuestra libertad, pero la quemada que nos dieron no va a ser fácil para nosotros, ni para nuestras familias". Quien así se expresa es Gabriel González Chávez, uno de los 31 custodios del penal de Cieneguillas que esta semana fueron liberados luego de haber pasado 8 meses en la cárcel acusados de evasión de presos. La madrugada del 16 de mayo, fecha en que se fugaron 53 presos del penal de Cieneguillas en Zacatecas, Gabriel se encontraba a 13 kilómetros de la prisión, en el hospital general de Guadalupe, aun así fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad junto con otros 43 custodios.

Gabriel tiene razón, aunque un juez ordenó su liberación y muy a pesar de lo endeble y hasta absurda que haya sido la acusación en su contra, él y sus compañeros quedaron marcados. Como tantos otros. Apenas el sábado en la madrugada salieron del penal de Mil Cumbres en Michoacán, 12 de los 32 funcionarios públicos detenidos el 26 de mayo del año pasado en el espectacular operativo federal conocido como el michoacanazo, todos estaban acusados de colaborar con La Familia Michoacana.

El daño es evidente. No sólo fueron expuestos públicamente como delincuentes, sino tratados como tales durante meses en un penal de máxima seguridad. Su encarcelación implicó gastos y sufrimientos para ellos y sus familias. Y sin embargo la PGR no se va a disculpar. El vocero Ricardo Nájera dijo ayer que sus actuaciones se sustentan en los "elementos probatorios que se allega". Es decir, la PGR insiste en que tenía pruebas, a pesar de que un juez ya las desestimó, pero tampoco se inconforman con la decisión del juez de liberarlos porque saben que perderían el caso.

Lo cierto es que el gobierno nos debe una explicación a todos y a los liberados una disculpa. O es incapaz de integrar averiguaciones contundentes en contra de peligrosos delincuentes, o manda encerrar inocentes. No puede ser que en una sola semana 43 personas hayan sido liberadas por falta de pruebas y las autoridades no hagan una sola declaración en la que se reconozcan los errores, la ineptitud, no digamos la mala fe, detrás de estos reveses. ¿Alguien está calculando el daño que estos errores le asestan a la legitimidad de la lucha en contra del crimen organizado localmente? ¿No se trata de asentar la autoridad del estado en esas regiones? ¿Quién se hace responsable?

Algo anda muy mal cuando después de una derrota así el gobierno y las autoridades no sienten la necesidad de explicarse. Los únicos quemados deberían ser los responsables de las investigaciones, y no quienes cayeron en las mallas de quienes para pescar a uno se tienen que llevar a 20.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 1o.de febrero de 2010).

Como 80% de las y los mexicanos, las personas indígenas son arrestadas, juzgadas y sentenciadas en procesos ineficientes, corrompidos y manipulados y, además, se les aplica el agravante de su raza e idioma. En México existen 62 lenguas indígenas reconocidas y 364 variantes, los juzgados carecen de traductores y se ha documentado que las personas indígenas, particularmente comunicadores, activistas de derechos humanos y civiles o ambientales, reciben las penas más severas del país; más severas que aquellos no indígenas sentenciados por secuestro, asesinato y narcotráfico.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 1o.de febrero de 2010).

Los también llamados "negocios de la noche" -antros, burdeles, salones de baile, restaurantes, hoteles, picaderos y aguajes- no se explican en el Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México, sin la complicidad de autoridades delegacionales, municipales y estatales; del Gobierno del Distrito Federal y del Estado de México. No son novedad las denuncias de escandalosos niveles de corrupción y tampoco el cinismo de las autoridades de ambas entidades que, a sabiendas de la transa, no hacen nada por acabarla; sean del PAN, PRD y PRI.

Lo nuevo del caso -y aunque usted no lo crea- es que detrás de la pelea electoral por el gobierno de tal o cual jefatura delegacional del Distrito Federal -de un total de 16-, y de municipios conurbados como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, etc., está el jugoso negocio de los giros negros, que por décadas ha sido la verdadera "joya de la corona".

Por su naturaleza clandestina, nocturna, ilegal y hasta criminal, los "negocios de la noche" -que van desde el modesto salón de baile, el antro y la venta generalizada de alcohol adulterado, de drogas; hasta todos los niveles de prostitución masculina, femenina e infantil, y espectáculos y juegos sexuales-, son de los negocios más rentables para todo delegado, alcalde o gobernador. ¿Quién rinde cuentas -y a quién- de un negocio que vale miles de millones de pesos?

Detrás de las peleas por el poder en los grandes centros urbanos como el Valle de México, la disputa es por esas montañas de dinero, que son de tal magnitud que alcanzan para alimentar no sólo el enriquecimiento ilícito de delegados y gobernantes -sean del PAN, PRI y PRD-, sino para financiar la política.

Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 1o.de febrero de 2010).

La delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, ha detectado la operación de una red de abogados que tramita amparos, con documentos apócrifos, para que antros y bares operen de fuera de la ley.

En establecimientos situados en avenida Cafetales, así como en colonias de Santo Domingo y Ajusco, negocios funcionan con suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, pese a no tener -pues se presume que son falsas las que presentan- la licencia de funcionamiento o la declaración de apertura.

De acuerdo con la demarcación, la conexión entre los abogados es el domicilio oficial que registran para recibir notificaciones, que es Pennsylvannia número 302 accesoria 6, colonia Nápoles, en la delegación Benito Juárez.

La demarcación expuso que en muchos casos la documentación es apócrifa. "Se le explica al juez, pero no lo toma en cuenta y otorga la suspensión", explicaron fuentes consultadas.

Dijeron que al obtener la suspensión provisional, el antro o bar siguen operando hasta que sus abogados consiguen otra. "Lo importante es obtener tiempo. No les importa perder el juicio, siempre se sobresee, buscan otro", sostuvieron.

La mayoría de las suspensiones otorgadas están radicadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. De 22 juicios de amparo, 17 están litigándose ahí. Se tienen detectados sitios como Evaluz, La Altura y Amazonas, en la colonia Ajusco, y El Íkaro, en Cafetales.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de febrero de 2010).

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el fraccionamiento Camino Real de Zapopan.

Durante este operativo, una camioneta Land Rover Freelander, que se encontraba estacionada a un costado de la casa en cuestión, fue abierta por los soldados a la fuerza: le rompieron el cristal del lado del conductor, además de que le destrozaron parte del interior de la puerta para poder destrabar los seguros.

Después de haberla revisado, se percataron de que el automotor no tenía nada que ver con la revisión. Minutos después llegó la dueña y preguntó a los militares qué era lo que había pasado; se lo explicaron y le dijeron que, si tenía que decir algo, se dirigiera a la XV Zona Militar para que vieran de qué manera podrían reponer el daño, pero no se disculparon.

Agentes de la Secretaría de Vialidad y Transportes prestaron apoyo al Ejército, pero tampoco ellos quisieron realizar declaraciones sobre los hechos ni dijeron nada acerca del automóvil que dañaron los soldados, porque, explicaron, "luego nos regañan, jefe".

(V.pág.35 del periódico Público del 29 de enero de 2010).

Pragmáticas, las autoridades anuncian inspecciones a los antros para, ahora sí, vigilar que se cumplan los reglamentos. Nadie se explica cómo -¡¿cómo?!- es que había un lugar que no cumplía la ley y al que los influyentes entraba armados -¡armados!- como Pedro por su casa. La investigación, ya se sabe, "llegará hasta las últimas consecuencias".

En la santa Guadalajara: ¿Cuántos antros operan en la ilegalidad, amparados por la corrupción? ¿En cuáles se puede entrar armado como si nada? ¿Cuándo le tocará a un amigo, pariente o compañero un tiro en la cabeza? ¿Saldrá en los diarios aun cuando no se apellide Medina, Bravo, Zepeda u Osorno? Llegado el caso, ¿la investigación "llegará hasta las últimas consecuencias" No teman ciudadanos, dicen las autoridades expertas en coyunturas: se pondrá bajo la lupa a los antros. Pero hay de lupas a lupas.

Edgar Velasco
(v.pág.18 del periódico Público del 29 de enero de 2010).

Los antreros de la Ciudad de México y de Guadalajara se confesaron ayer: para poder operar le entran al "moche".

En el DF, la "mordida" que reconocen pagar al mes a los verificadores va de los 15,000 a los 17,000 pesos para poder cerrar hasta las 5:00 horas y desde 150,000 hasta 2 millones de pesos por evitar una clausura.

Tal revelación la hizo el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, Ismael Rivera.

"Si bien es cierto que en el 2009 entró en vigor la nueva ley, sólo nos obligaron a cerrar durante un mes. Pero después la autoridad optó por tolerar los horarios y no presionar a los establecimientos. Luego, llegaron los inspectores con orden de verificación queriendo clausurar y comenzó la negociación y se establecieron cuotas fijas mensuales en donde las mínimas son de 15,000 pesos por establecimiento", dijo.

"En el caso de los que se han salvado de la cuota fija, el día que quiere la autoridad va, verifica, intenta clausurar y le saca 150,000, 500,000 y hasta 2 millones de pesos piden para no clausurar".

En Guadalajara, la "mordida", según una fuente de relaciones públicas de antros, la pagan a los inspectores y es en promedio de 5,000 pesos semanales por antro.

Al pagar el "moche" los establecimientos pueden ampliar el horario de cierre y tener sobrecupo.

(V.primera plana del periódico Mural del 28 de enero de 2010).

Después de cada tragedia, e independientemente de lo que la haya desencadenado, descubrimos que todos esos sitios funcionaban violando flagrantemente la ley. Fueron 22 muertos el saldo del incendio de la discoteca "Lobohombo" en el año 2000; consecuencias: el dueño se fugó y la delegada Dolores Padierna respondió a la presión pública y mediática cerrando errática e histéricamente centros nocturnos en la delegación Cuauhtémoc. El operativo en el "New’s Divine" en junio de 2008 provocó la muerte de 12 jóvenes; consecuencias: rodaron las cabezas del secretario de Seguridad Pública y del procurador capitalino, se metió a la cárcel al dueño y se modificó, una vez más, la Ley de Establecimientos Mercantiles. Pero como lo revelan las condiciones en que operaba el bar "Bar", ni los castigos ejemplares ni los repetidos cambios en las leyes han servido para regularizar el funcionamiento de estos lugares. Y es que el problema ha sido y sigue siendo la corrupción consentida y aceptada en todos los niveles involucrados en la aplicación de la norma. Cada semana los verificadores salen a las calles a cobrar sus "cuotas", como una auténtica mafia de extorsionadores blandiendo la amenaza de la clausura. Este dinero se reparte verticalmente, del verificador al coordinador de verificadores, luego al director de gobierno y después, según los casos, puede subir al director general jurídico y de gobierno y a los mismísimos delegados. Gracias a esto se pagan salarios bajos, entre 6,000 y 12,000 pesos, se garantiza una jugosa caja chica y se obtienen nimios favores y tratos de virrey para los funcionarios en los antros. Esto es con lo que no han podido.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2010).

El pasado día 20 de enero una gran cantidad de policías de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco tomaron por asalto San Francisco de Ixcatán, pequeña comunidad indígena y campesina, que pertenece al municipio de Zapopan. Lo que aún no se sabe son las razones de tal hecho represivo e intimidante. No se sabe porque, como es frecuente en México, nuestra "legalidad" permite que la policía pueda cercar una población, detener y esposar a personas, introducirse en sus hogares e insultar y atemorizar a toda la gente, sin ninguna justificación u orden judicial.

Una explicación posible es que la señora Rosa Delgado Donato ha de ser muy poderosa y debe estar muy vinculada al poder estatal, o de menos a la Procuraduría, porque su sola petición hizo posible una tremenda movilización policial. El Comisariado de Bienes Comunales de Ixcatán, desde el año pasado denunció a esta persona por invasión y despojo de aproximadamente 60 hectáreas, en sus predios "El Carricillo" y "Los Laureles". Ante tal denuncia no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. Tal actitud reitera que la procuración de justicia en México, además de moverse por influencias, sigue teniendo un marcado rostro clasista.

En otro momento esta comunidad denunció públicamente a Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD, y a Aristóteles Sandoval, presidente municipal de Guadalajara, como falsos comuneros que pretenden apropiarse de una buena parte de sus 1,103 hectáreas comunales. Después de la denuncia estos 2 personajes se vieron obligados a renunciar a "sus derechos comunales", sin embargo aún siguen apareciendo en el censo de comuneros.

Comuneros y ejidatarios de Ixcatán participaron en el bloqueo que el año pasado, en octubre, se realizó a los basureros de Picachos y Hasar’s. ¿No serán éstas, otras de las razones del cerco y la intimidación policial de la semana pasada?

Jorge Regalado Santillán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2010).

En la zona fronteriza se ha incubado un problema de seguridad nacional para ambas naciones: el narcotráfico incontrolado. Si sumamos a los factores sociales el hecho de que el comercio fronterizo es también el más intenso del mundo, y que algunas de las mercancías son ilegales y por ende caras: drogas, armas y personas, se crea una ebullición económica y social que mezclada con la violencia puede provocar problemas de mayor magnitud en el futuro.

La acción del gobierno mexicano al respecto ha sido ineficaz y por ende ahora tenemos un nivel de colaboración con nuestros vecinos sin precedente, que comienza a dar resultados. Del control de la delincuencia para reducirla a niveles policiacos depende la viabilidad de muchos de los proyectos de México. El control de la delincuencia pasa por el control de los suministros financieros, y eso no se puede hacer sin la colaboración internacional, por eso ahora el tema ha dejado de estar en el ámbito exclusivo de México para pasar a formar parte de una amplia agenda de temas bilaterales de importancia estratégica.

La fortaleza que nos encamina a ser una potencia en los próximos decenios puede frustrase si nos somos capaces de establecer un control eficiente a la ilegalidad y aplicar el estado de derecho. Un país en crecimiento pleno, o un punto de conflicto global.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2010).

Carla Nicole Reyes Saucedo, alumna del 5º. grado en la primaria Polonia, ayer estuvo en Los Pinos. Junto con otros niños, fue reconocida por el presidente Calderón, por su talento, aplicación y buenas calificaciones.

El padre de Carla Nicole, Cristián Paris Reyes Zaragoza, es un prófugo de la justicia, acusado de encabezar una banda de secuestradores. Dicen que anda libre, robando en Cuernavaca. Es semilla de maldad.

La madre de la niña, Carla Saucedo Olivares, de 30 años, y la "novia" del papá, Samantha Ingrid Moncada Villarreal, de 19, fueron sentenciadas a dos siglos de prisión (106 años y 8 meses, cada una) por haber participado en el secuestro de una pareja, en febrero del año pasado. Además de la cárcel, pagarán 146,000 pesos por reparación de daño.

La nota del caso se publicó el 22 de febrero de 2009: "Agentes de la Policía Judicial del DF detuvieron a dos mujeres por el secuestro de una pareja que fue llevada a una casa de seguridad, propiedad del esposo de Carla Saucedo, en Lago Tana 147, delegación Miguel Hidalgo. Una vez que se acordó el monto y el lugar para cobrar el rescate, la judicial desplegó un operativo y se detuvo a Samantha cuando recogía dos ‘laptops’, 20 mil pesos en efectivo y algunas joyas. Un día después se capturó a Carla. Samantha Ingrid Moncada Villarreal y Carla Saucedo Olivares, fueron remitidas al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado. Samantha confesó e involucró a Carla, por venganza y celos".

Carla Saucedo Olivares clama inocencia. Las víctimas del secuestro no la reconocen como partícipe, ni la acusan. Niegan haber estado secuestrados en su casa. Estas 3 evidencias contundentes fueron desechadas por el juez 68, Santiago Ávila Negrón. La pregunta es: ¿Por qué? Hay mucha presión para que los jueces apliquen todo el rigor de la ley contra secuestradores. Pero hay sospechas: el juez Ávila Negrón trabajó en el Reclusorio Oriente; fue "castigado" por presunta venalidad y enviado a los juzgados de Santa Martha. ¿Quiere purificar su expediente a costa de condenar a 100 años de prisión a una mujer inocente?

Al parecer la justicia mexicana se está especializando en aplicar penas durísimas contra personas vinculadas a quienes delinquen y no contra de los delincuentes.

José Cárdenas
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de enero de 2010).

En 2008 la Asamblea Legislativa [del D.F.] aprobó un nuevo reglamento para los antros. Dejar de vender bebidas alcohólicas a las 2:30 de la mañana, y cerrar a las 3. ¿Quién lo respeta? Nadie. ¿Por qué? Por corrupción.

Viene a cuento el asunto, porque existe una relación de causa y efecto entre la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas del día en antros como el Bar-Bar, la violación de la Ley de Establecimientos Mercantiles, y la recurrencia de tragedias entre jóvenes y profesionistas de distintos gremios, como el de los futbolistas. Aclaramos; el problema del desmedido consumo de alcohol y el gusto por la fiesta interminable, no es exclusivo de los futbolistas y menos de personas públicas, sino que es un problema que anida en todos los estratos sociales, gremios, edades y no respeta género.

Lo que es responsabilidad de todos, sin embargo, es el derecho a exigir que la autoridad endurezca el respeto a las leyes que regulan los horarios de antros y la venta de alcohol, y que exista consonancia entre las políticas públicas para contener ese problema.

Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de enero de 2010).

Después de estar 8 meses en el penal federal de El Rincón Nayarit, 31 de los 51 ex custodios procesados por la fuga de 53 reos del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas fueron absueltos, al ser declarados inocentes y algunos de ellos analizarán la posibilidad de interponer una contra demanda.

Gabriel Jacobo Chávez, uno de los 31 liberados, insiste constantemente que "allá (en el Cefereso de Nayarit) aún siguen presos muchos inocentes".

Jesús Arellano Rodríguez, abogado de Gabriel y de otros 8 ex celadores más que fueron absueltos, considera que los procesados pudieron salir 15 días después de que se interpuso el recurso de apelación, pero la respuesta se obtuvo 6 meses después, "quizá por la fuerte carga de trabajo" que tienen esas instancias encargadas de los casos relacionados con la delincuencia organizada.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2010).

Éste es el país de las cosas al revés: los ciudadanos defienden la ley y los funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, se niegan a cumplir este único compromiso juramentado públicamente. En privado expresan su desprecio y marginan las leyes que estorban sus negocios.

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de enero de 2010).

La justicia en Aguascalientes tiene un rezago de unos 83,000 expedientes, no se tienen recursos para crear nuevos juzgados más que 1, y el proyecto de crear juicios orales está detenido.

(V.pág.8 del periódico Mural del 14 de enero de 2010).

El bloqueo que hicieron vecinos en Periférico por 40 minutos logró que Vialidad abriera e cruce con Morelos. Los manifestantes exigieron que no se suprimiera el paso ya que afectaría a los pobladores. A diferencia de Camino al Iteso, donde habitantes de la zona pidieron reabrir el cruce, los de San Sebastianito sí fueron escuchados.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 14 de enero de 2010).

El día último del año pasado, acudí a una taquería en Avenida Revolución. Un hombre, con su hija adolescente, disfrutaba tranquilamente de las carnitas. En eso llegó la grúa y le levantó el coche en cosa de segundos. Se lo llevaron al corralón ante las súplicas del hombre. Le echaron a perder el año nuevo. Se había bajado a comer unos tacos con su hija en un día que casi se considera de asueto. Claro que al hombre seguramente se le olvidó que el Gobierno del Distrito Federal es implacable cuando se trata de aplicar la ley. No descansa la autoridad, hasta el domingo está con las grúas. Aplicar la ley. Sobre todo si se trata de aplicársela a ciudadanos comunes y corrientes, que no tienen ningún tipo de vínculo con Ebrard y sus huestes.

Si se tiene algún tipo de pacto con el gobierno capitalino, no hay problema alguno, pues el pacto se convierte en amistad, en tolerancia. Por eso cara, muy cara, nos sale a los habitantes del DF la amistad de Ebrard con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los miembros de esta agrupación han tomado la ciudad como su patio de recreo y la diversión parece interminable. Lo mismo se les deja organizar una posada en Paseo de la Reforma, que destruir coches de particulares, golpear gente, parar el tráfico. Es el paraíso de la impunidad. No importa lo que quieran hacer los señores, el DF es su abierta zona de tolerancia.

El SME puede hacer lo que le venga en gana. Va a casa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, a manifestarse reiteradamente. El señor Lozano no vive en una zona aislada, en un terreno baldío. Tiene vecinos que sufren las manifestaciones, gritos, porras y leperadas que se les antoje decir a esta suerte de panchitos agremiados en un sindicato. Por supuesto que en donde vive Marcelo Ebrard, nos enteramos esta semana, su edificio es el único que no tiene enfrente franeleros ni viene viene. Ese edificio es el oasis de la colonia.

Los actos vandálicos de esta semana son una muestra de la impunidad que goza el pandillerismo sindical afecto a Ebrard. "Nos tratan como a delincuentes", se queja Fernando Amezcua, líder sindical que participó alegremente en el evento pandillero. Lamento mucho tener que contradecirlo. El problema es que no lo tratan como delincuente. Lo tratan como amigo del jefe de Gobierno. Ése es el problema.

Si el vandalismo no se detiene, suele motivar en quienes lo ejercen un reto a escalarlo. Así, quien comienza rayando un coche, es muy probable que a los dos días le rompa los cristales. El vandalismo tolerado en esta ciudad, si no se le pone un freno, va a crecer a niveles que después lamentaremos. Encontrará, por supuesto, quienes le den justificación social y hasta histórica; quienes le den un marco teórico de acción, lo apoyen y le llamen movimiento insurreccional conmemorativo o cosas por el estilo. Encontrará su causa política, y hasta defensa intelectual, en personajes como el rector José Narro. Pero el resultado lo padeceremos todos.

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.12 del periódico Público del 10 de enero de 2010).

Endurecen protesta contra el Macrobús. Los vecinos bloquearon la carretera a Tesistán y después la avenida Hidalgo, en Zapopan.

(V.pág.12 del periódico Público del 8 de enero de 2010).

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas vivieron ayer un día de furia. Iniciaron la jornada con su líder, Martín Esparza, partiendo una rosca de Reyes afuera de la casa del secretario del Trabajo. Luego se enfrentaron con un grupo de disidentes y dañaron 18 autos en la colonia San Rafael. Posteriormente, vandalizaron vehículos de empresas que trabajan para la CFE en la central eléctrica de Buenavista.

(V.pág.2 del periódico Mural del 7 de enero de 2010).

Es estrangulada la circulación sobre la carretera México/ Nogales, a la altura del poblado el Desengaño, en los limites con Sonora, por transportistas de carga que se quejan de los aumentos a los combustibles.

Desde muy temprano, chóferes, estacionaron sus unidades sobre la carpeta asfáltica de la vía terrestre, en ambos sentidos y solo permiten, por periodos cortos, el cruce de autobuses de pasajeros y vehículos particulares con familias.

Los transportistas de carga, apostados sobre la carretera, en la zona del antiguo punto de revisión militar, en el Desengaño, aducen que en un lapso de un año, el precio del Diesel, se ha elevado cerca de 2 pesos el litro, lo que impacta en sus costos de operación.

El presidente de la Unión del Transporte de Carga, Rigoberto Lopez Gonzalez, solicito a los automovilistas comprensión por su movimiento, por considerar que es injusto que el Gobierno Federal haya aumentado de nueva cuenta el precio del combustible que consumen, Según un comunicado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, en el actual sexenio federal, el precio del combustible se ha elevado en un 44.56%, lo que consideran injusto, puesto que esto les impacta en forma negativa.

(V.periódico El Universal en línea del 6 de enero de 2010).

Isabel Miranda de Wallace se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para expresarle el sentimiento de frustración, impotencia y enojo que tiene por la sentencia que emitió un juez federal en el caso del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace, en el que las penas que se dictaron le parecieron muy bajas.

Al salir de las instalaciones del máximo tribunal, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, alrededor de las 15:00 horas de ayer, dio a conocer que el ministro le dijo que no podía intervenir directamente en el caso, pero que sí tomaba nota de que la ciudadanía lo que quiere es justicia y no la está recibiendo.

Desde el principio, explicó Isabel Miranda, sabía que al presidente de la Corte no le toca ni puede modificar la sentencia del juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, pero, dijo, "era importante que él se enterara de lo que está ocurriendo en un juzgado", para que tome las medidas pertinentes para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo.

Miranda de Wallace confió en que la Procuraduría General de la República arme bien la apelación de la sentencia, para que se les dicte una pena promedio de 90 años por los 4 delitos que se les imputaron.

La PGR, informó la señora de Wallace, será la encargada de presentar, en su momento, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que investigue al juez.

(V.periódico El Universal en línea del 6 de enero de 2010).

En protesta por el alza a los combustibles y al cobro de peaje en las casetas, transportistas de carga y de pasajeros en los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla realizaron bloqueos en carreteras y advirtieron que en caso de que el gobierno federal no atienda a sus demandas apagarán los motores y efectuarán un paro nacional.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 5 de enero de 2010).

Muy lejano se ve el día en que el estado mexicano, en cumplimiento de los pactos internacionales que ha suscrito, se vea obligado al cumplimiento de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Esta semana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que los jóvenes que privaron de la vida a Néstor Alan Rodríguez Licea, al impactar su vehículo con el compacto que conducía, mantuvieron su libertad en condiciones irregulares que presumen una red de influyentismo al interior de varias dependencia del Gobierno del Estado.

Hace 3 años que los padres del joven interpusieron la queja y se necesitaron esos años y más de 100 pruebas para que la comisión determinara lo anterior, cuando la policía en esa concurridísima esquina enlistó a numerosos testigos que vieron cómo los vehículos, conducidos por jóvenes ebrios, terminaron con la prometedora vida del joven.

Desde 2006 ha pasado el suficiente tiempo para que los homicidas se encuentren tranquila y felizmente estudiando en el extranjero o a lo mejor en la Ciudad de México, mientras el principal coordinador del "influyentismo" de esa noche, padre de uno de los borrachines, se protege en cargos burocráticos, ahora con la responsabilidad de la comunicación social de la Secretaría de Economía federal. Y el señor viene a Guadalajara tranquilamente, porque él no debe nada, por supuesto que los expedientes del caso deben estar alterados y posiblemente en el aspecto penal no se puede demandar ninguna responsabilidad.

Es así como se cumplen los compromisos internacionales de México; a los 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 años de su declaración derivada por la ONU y firmada y ratificada por México, los criminales "influyentes" siguen en la impunidad.

Hay una estrategia del estado encaminada a identificar a los defensores de los derechos ciudadanos como "opositodos", y a las organizaciones que representan como enemigas del gobierno y del sistema de instituciones, cubriendo con sus declaraciones oficiales el hecho de que la gente se opone a que dañen más su calidad de vida los grupúsculos de negociantes que viven del presupuesto y además negocian con dinero público para obtener ganancias en su dinero privado.

Las recomendaciones que emiten las distintas comisiones de los derechos humanos son meras llamadas para ir a misa, una misa a la que los distintos procuradores de los estados y los federales no tiene pensado asistir por lo pronto.

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 2 de enero de 2010).

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