1. El 27 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionaba una frase a la fracción IV del artículo 99 de la Constitución General de la República, relativa a las atribuciones del TEPJF con relación a las impugnaciones de actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar comicios, para agregarle: "Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto establecido en esta Constitución". Poco después, el 13 de noviembre de ese mismo año, se publica el decreto que contiene diversas reformas, adiciones y derogaciones de múltiples artículos de la Constitución en el marco de la reforma constitucional electoral de ese año, misma que vuelve a modificar el citado artículo para derogar esa frase y agregar un párrafo a la fracción II de ese mismo ordenamiento, que a la letra dice: "Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes".
2. Este cambio, que fue uno de los principales de la referida reforma, trajo como consecuencia la muerte de la famosa "causal abstracta de nulidad" que -gracias a interpretaciones de la Constitución por los magistrados del TEPJF- llevó a la anulación de las elecciones para gobernador en los estados de Tabasco y Colima en 2000 y 2003, respectivamente. La causal abstracta de nulidad es una interpretación cualitativa y subjetiva sobre las condiciones en que se desarrolló un proceso electoral y sobre el grado de observancia que pudo haber a los principios rectores establecidos en el artículo 41 de la Constitución.
3. La desaparición de esta causal fue para evitar que por una interpretación subjetiva se arrebataran triunfos electorales, se generara inestabilidad social e incertidumbre electoral. En ello, la experiencia de la elección presidencial de 2006 fue determinante. Empero, cabe aclarar que un error de AMLO lo llevó a impugnar dicha elección no invocando esa causal sino el famoso "voto por voto, casilla por casilla". Para que nunca más pudiera surgir esa posibilidad, los legisladores de todos los partidos "se curaron en salud" y aprobaron sepultarla.
4. Ahora resulta que dos magistrados de una Sala Regional resuelven resucitarla, arrogándose atribuciones que no les corresponden (porque no son legisladores), violando la Constitución -que dice que una elección sólo se puede anular "por causales que expresamente se establezcan en las leyes"- y en las del Estado de Michoacán por ningún lado dice que el que un boxeador porte el logotipo de un partido político en un calzón sea causal de anulación. Además, uno de los principios básicos de la reforma político-electoral de 2007 establecía que una elección no se puede anular por analogía (como ahora se pretende con la de gobernador) o por mayoría de razón, sino por supuestos de anulación previa y expresamente establecidos en la ley.
5. Dado que resultaba difícil demostrar que el boxeador premeditadamente quiso realizar propaganda electoral y, en extremo fantasioso, determinar las casillas que deberían anularse porque la diferencia entre el primero y segundo candidato a presidente municipal era igual o inferior al número de ciudadanos de Morelia que vieron la pelea de box, entonces los magistrados procedieron a declarar que esa supuesta irregularidad fue determinante de manera cualitativa en el resultado de la elección, echando para atrás un criterio establecido por los integrantes de la Sala Superior del TEPJF el 6 de diciembre de 2007, al negarse a anular las elecciones municipales en Huajapan de León, Oaxaca.
6. Si el PRI no impugna esa decisión, entonces los magistrados de la Sala Superior no podrán revertirla con ese mismo criterio, y la causal abstracta de nulidad estará vivita y coleando y lista para aplicarse otra vez antes del 15 de febrero de 2012, cuando debe entrar en funciones el gobernador electo de Michoacán. Ante tal situación, el único recurso sería hacerles a esos magistrados juicio político por violaciones expresas a la Constitución.

Javier Hurtado
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 31 de diciembre de 2011).

Los quejosos tienen temor y han abandonado progresivamente sus ranchos. Aseguran que ya denunciaron ante la Profepa y en los buzones de "denuncia anónima" de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional la tala clandestina de sus bosques.

Al ubicarse en la zona limítrofe con Michoacán -una de las áreas del país con mayor incidencia de bandas criminales ligadas al narcotráfico-, los afectados sienten el abandono de los poderes civiles. Al problema de la tala se suma el hostigamiento contra sus personas. Algunos han cambiado su residencia ante la imposibilidad de defender sus terrenos.

Las bandas comenzaron a incursionar desde el vecino municipio de Tepalcatepec, hace poco más de un año. Llegaban armadas, transitaban las brechas en vehículos de doble tracción y la autoridad simplemente se hizo a un lado, ante la alta capacidad de fuego que tenían.

Los moradores de la sierra de El Halo no ven interés de las autoridades en frenar un problema ambiental cuando la prioridad es combatir delincuentes violentos.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 30 de diciembre de 2011).

Porque nosotros nomás estábamos pidiendo el derecho inalienable de los mediocres: "El ingreso automático a la Normal", basados en el teorema pitagórico denominado "Cualquier calificación arriba de 6 es simple vanidad".

Como todos saben, ser normalistas nos da el derecho de incendiar gasolineras, bloquear autopistas, agredir y desafiar a la autoridad. ¿Entienden? Seremos maestros de sus escuincles y eso nos convierte en intocables.

Afectar a miles de automovilistas que dizque tenían que llegar a hacer algo importante, es lo de menos, allá ellos. Además la CNDH nos protege para poder aventar bombas molotov a los policías, al fin que son pura "prole" y si los quemamos no pasa nada, porque ya de por sí están bien tatemados. El derecho sagrado de protestar va por encima de los derechos de los demás.

Y si Gonzalo Rivas, un gasolinero-héroe, casi perdió la vida para cerrar las bombas de la gasolinera que incendiamos, eso no cuenta, allá él. ¡Ah!, y también exigimos el destierro y castración de quienes nos hagan corresponsables de la muerte de nuestros 2 compañeros. Nosotros no tuvimos nada que ver, los abusivos policías son los únicos culpables.

Además, exigimos el sagrado y merecido "pase automático a la nómina". Los normalistas graduados salimos tan bien preparados que ni crean que vamos a permitir que nos evalúen con estándares internacionales para conseguir ser docentes.

La próxima vez que se nos hinchen las ganas de violar derechos, la fuerza pública tiene que ser suavecita, respetuosa, y nunca contraatacarnos.

¡Vivan los normalistas! ¡Mueran las leyes, la autoridad y la fuerza pública!

Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 29 de diciembre de 2011).

El funcionario estatal se notó contrariado por la inoperancia de la autoridad de San Pedro Tlaquepaque para regular a ese giro, al que acuden cientos de conductores 'a abastecerse'.

Vialidad hace bien en tratar de evitar que lleguen y salgan conductores ebrios... pero olvida que hay giros que desde hace muchos años recurren a los tribunales para evitar someterse a nuevas regulaciones.

Es como si le exigieran a Monraz meter en orden a los camioneros de la ruta 62, a los que acusa de irregulares, cuando legalmente está impedido.

Cuestión de documentarse, para no hacer más osos.

Lo cierto es que habría que buscar la manera de que los tribunales dejen de 'amparar' evidentes irregularidades. Para contrarrestar esa añeja situación: ¿se animaría Monraz a instalar un alcoholímetro de 24 horas en el punto donde más bebedores caen?

S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 29 de diciembre de 2011).

Con la medida, los ambulantes intentaron presionar a las autoridades municipales para que les permitan ejercer el comercio informal en varias calles del centro de Guadalajara.

"¿Eso es ilegal, trabajar? Entonces de qué se va a tratar. Si es ilegal, esto es ilegal, trabajar también. Entonces a qué nos orillan, a que robemos, a que matemos, a que mochemos cabezas como se está usando ahorita. Lo que queremos es trabajar, no robar ni matar, somos trabajadores, no asaltantes ni matones", dijo José Luis Medina Navarro, uno de los vendedores ambulantes.

[La disyuntiva que propone este fulano es inválida: entre una ilegalidad menor -uso de espacios públicos para su beneficio particular violando reglamentos- y una mayor -robar y matar-. Que trabaje, sí, pero cumpliendo leyes y reglas, como hace mucha gente; en caso contrario, que se eliminen esas leyes y reglamentos para todo mundo. - El webmaster. ]

Los manifestantes pedían que las autoridades municipales les permitan "trabajar" en las calles Pedro Moreno y Santa Mónica, hasta el día 24 de diciembre.

Los comerciantes callejeros colocaron sus mercancías sobre plásticos, que fueron colocados en el pavimento, entre los que estaban juguetes, ropa y bolsos.

Ni autoridades ni comerciantes informaron si hubo algún arreglo, pero antes y después de la protesta, el centro tapatío hirvió de comerciantes ambulantes en Pedro Loza, Pedro Moreno, Juan Manuel e incluso sobre Hidalgo y Juárez. Otras zonas, como San Juan de Dios y Obregón, también estuvieron invadidas de comercio ambulante.

(V.pág.9 del periódico Milenio Jalisco del 23 de diciembre de 2011).

Cientos de jóvenes que se transportaron en 17 autobuses arribaron al puerto a las 12:30 horas y bloquearon por unos minutos la Avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Gran Plaza, mientras descendían ante la mirada de turistas y ciudadanos.

Al organizarse en plena vía turística, agentes de la Policía Vial y Municipal ya les esperaban para agilizar el tráfico vehicular.

Los manifestantes caminaron por todo un sentido de la vía, lo cual provocó el enojo de algunos conductores que iban detrás de ellos.

"Quisiéramos pedirles disculpas a la ciudadanía, nosotros no quisiéramos estar aquí, pero hay una negativa de hace una semana; el Gobierno estatal y federal están con las manos cruzadas, por eso es que creímos pertinente estar en este espacio", dijo un estudiante.

(V.pág.10 del periódico Mural del 22 de diciembre de 2011).

A través del comité del Consejo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, la dependencia informó que asignaron recursos por un total de un 1'100,000 pesos a 25 personas, que las encontraron inocentes después de pasar un tiempo en la cárcel.

(V.periódico El Universal en línea del 20 de diciembre de 2011).

Basta decir que existen 47 refugios para víctimas en todo el país, y que el presupuesto anual de cada uno de ellos circunda los 7 millones de pesos para dar una atención integral y multidsciplinaria adecuada a las víctimas. Los diputados y diputadas lo saben, por ello todo parece indicar que le apuestan al fracaso de dicha ley, negando presupuesto para atender a las víctimas.

Los cambios elaborados por estos diputados no son cosa menor; además de evidenciar una clara falta de técnica legislativa, atenta contra los derechos de las víctimas de Trata de personas, crea vacíos para favorecer la explotación de la prostitución y otras formas de explotación sexual. Justamente esta nueva iniciativa buscaba llenar esos vacíos para arrebatar a las mafias y servidores públicos coludidos con ellas, el poder para seguir explotando, amedrentando y aislando a las víctimas de diversas formas de esclavitud.

Debemos sospechar de los móviles de estos congresistas. Hace unos meses se debatía en ambas cámaras la posibilidad de penalizar la trata con la misma severidad que el secuestro, sin embargo las nuevas modificaciones aseguran sentencias similares a las de delitos menores. Quienes elaboraron la propuesta original se basaron en leyes y tratados internacionales que buscan equiparar leyes para poder, en los casos en que sea necesario, juzgar a tratantes no sólo nacionales sino transnacionales. Los diputados mexicanos decidieron elaborar cambios que establecen un lenguaje ambiguo, similar a las antiguas leyes, que culpabiliza a las víctimas por haber sido engañadas.

Mientras México sigue ratificando tratados internacionales como el protocolo de Palermo, nuestros congresistas son, sin duda, los artífices fundamentales para que el sistema de justicia penal no cuente con instrumentos adecuados que defiendan a las víctimas. De un plumazo desarticulan un trabajo experto de más de 2 años, y lo hacen casualmente entre posadas y villancicos, un albazo de última hora. Nos dicen, sí, que la sociedad mexicana todavía tiene una semana en enero para reclamarles y evitar que semejante ley se apruebe, tan seguros de que nadie, ni medios ni otras y otros parlamentarios, les reclamarán esta misma semana. No olvide sus nombres: Manuel Cadena, Humberto Benítez y Alfonso Navarrete Prida, ellos promueven la protección de los tratantes y vulneran a las víctimas mexicanas y extranjeras desde el congreso.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de diciembre de 2011).

¿Cuándo ha importado aquí un peatón? O sea, ¿cuándo ha llegado nuestra colectividad a adquirir, como parte del proceso civilizatorio, una conciencia de que el otro, esa figura que cruza la calle, es una persona a parte entera, digna de respeto y merecedora de precauciones para que, por lo pronto, su seguridad esté garantizada (de la dignidad ni hablamos aunque, justamente, de eso va la cuestión) y que algo tan natural como caminar no sea una actividad riesgosa?

Como un comportamiento social bien visible, no me parece que esta relación conductor-peatón se pueda reducir a un asunto meramente anecdótico sino, por el contrario, creo que es algo absolutamente revelador. Nos manifiesta, como decía, una falla esencial en la convivencia entre los individuos de una colectividad y, en este sentido, es un síntoma, uno de tantos, de esa especie de barbarie a la que tan fácilmente nos acomodamos los mexicanos y que, para nuestro súbito (y que debiera ser inentendible) asombro, se extiende por todos los ámbitos de la vida nacional: de eso, y no de otra cosa, es de lo que estamos hablando cuando constatamos que las leyes no se cumplen, que se perpetran abusos, que el orden público no se respeta y que no vivimos en un entorno de seguridad jurídica.

Ocurre así que unos alumnos de una escuela de maestros (un lugar donde se aprende a enseñar, lo que debiera asegurar, de entrada, la categoría moral de sus estudiantes), protestando públicamente por esto o por lo otro, toman la calle, bloquean una autopista importantísima e incendian una estación de servicio donde, por si fuera poco, un empleado resulta con horribles quemaduras. ¿Hay aquí algún tipo de consideración hacia los demás o alguna preocupación por las afectaciones a terceros? No. Se trata, simplemente, de una arbitraria imposición a partir de exigencias que, por lo visto, se toman como derechos naturales. Y esto es algo que vemos todos los días sin que, encima, las autoridades -acobardadas y acomodaticias- se decidan a ejercer las atribuciones que les confiere la Constitución, ni más ni menos, y a cumplir con una obligación esencial: el mantenimiento del orden público. Pero, visto que aquí no nos importan demasiado los derechos de los demás, no debiera sorprendernos que una minoría de agitadores imponga su ley: los peatones no cuentan ¿recuerdan? ¿Por qué, entonces, habrían de preocuparle a los manifestantes los intereses de los viajeros de la Autopista del Sol o de los vecinos de Chilpancingo?

Del otro lado, lo mismo: la intervención brutal de una fuerza pública que en vez de dar palos a la multitud -como ocurre en los países civilizados del mundo- se pone a descerrajar balazos. Hay técnicas muy precisas para combatir una algarada callejera, señoras y señores, y hay una diferencia abismal entre un parte de bajas con cadáveres y un mero reporte de narices fracturadas o costillas rotas (en el peor de los casos). El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima pero el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional a las amenazas enfrentadas y, aunque parezca un oxímoron, razonable.

Un país de peatones acosados, de vándalos impunes, de policías salvajes, de politicastros abusivos y de ciudadanos desobedientes es un territorio donde, precisamente por todas estas manifestaciones de barbarie, se comprueba, a cada paso, la misma inquietante realidad: el irremediable desprecio por el otro.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 18 de diciembre de 2011).

El fenómeno a través del cual organizaciones políticas, creadas desde el Estado o con la autorización del Estado, monopolizan el derecho de asociación para controlar políticamente grupos de actividad económica o social y a cambio de ello obtienen prebendas o canonjías políticas o económicas, se le conoce con el nombre de corporativismo político. México ha sido un caso paradigmático en esta materia, no sólo durante el siglo pasado, sino incluso hoy en la actualidad.

De tal suerte que no sólo se debe cuestionar la forma violenta o criminal en que se cobraban esos "derechos", sino la existencia misma de esas indebidas prerrogativas. ¿Cuántas otras organizaciones no cobran también "derecho de piso" en los tianguis? Peor aún: ¿Cuántas otras organizaciones o incluso personas no monopolizan o ejercen el comercio ilegal alrededor de las escuelas y al interior de las escuelas mismas?

El problema con la FEG es que tuvo que recurrir al extremo del homicidio para hacer efectivas las "facultades" que las autoridades mismas les otorgaban con autorización expresa o con disimulo. El caso sólo tiene que ver con lo más ínfimo y burdo del corporativismo: las extorsiones o el cobro de cuotas a quienes ejercen el comercio en los territorios controlados.

Seguramente esos espacios o territorios en que se realizan actos de comercio van a ser "liberalizados", hasta en tanto otra organización o personaje no pase a controlarlos. Sin embargo, ¿qué va pasar con las otras prebendas como las plazas administrativas o laborales; o incluso candidaturas y cargos de elección popular que en el esquema corporativo se le otorgan no sólo a la FEG, sino también a otras organizaciones gremiales o sindicales?

¿Cuál es la diferencia en esta materia entre ésa y otra organización estudiantil; o entre éstas y las organizaciones magisteriales? En fecha pasada se supo de las supuestas cuotas millonarias o extorsiones que una célebre lideresa exigía a uno de sus promovidos o subordinados que se le insubordinó; y sin embargo, no pasó nada; obvio, porque no tuvo que recurrir al homicidio para hacer efectivos esos cobros.

El que una organización gremial o estudiantil controle un espacio o territorio y el que otro lo sea por grupos de la delincuencia organizada sólo se distingue porque a los primeros se les premia con cargos políticos y a los segundos los persigue el Estado.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2011).

Espero que salgan muchas más cosas de este asunto a pesar de que no sean para nada agradables; es preciso seguir escarbando y realizar una especie de purga y que sirva para arrancar de tajo estas prácticas que tanto daño nos causan y que desde hace décadas autoridades, dirigentes y militantes del PRI, del PAN y de PRD, entre otros partidos, tanto del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento de Guadalajara especialmente, y no se diga de las autoridades universitarias de diferentes gestiones, han usado y/o dejado pasar. La omisión es una complicidad velada.

Más allá de una manifestación con miles de universitarios vestidos de blanco, habría que desenterrar a todos los muertos, en sentido literal y figurado, exorcizar a los fantasmas del pasado y que rindan cuentas los que estuvieron antes, los que ahora se visten de traje y se adornan en actividades culturales. Habría que manifestarse por eso y no dejarlo pasar otra vez.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2011).

Me pregunto, ¿quién dio permiso para portar armas largas? ¿Tenían órdenes de disparar? ¿No existían otros medios para disuadir a los estudiantes? Estas interrogantes serían fáciles de contestar si hubiera protocolos claros y contundentes al respecto. No obstante también debemos entender esta problemática desde la perspectiva de la policía, ¿cómo hacer frente a una turba enardecida? ¿Debo usar o no el arma?

Al igual que el ciudadano común, los policías se enfrentan actualmente a un México cada día más violento donde reinan la corrupción y la impunidad. La percepción que tiene el ciudadano de sus policías está empeorando. Los ciudadanos no sólo desconfían de su policía, sino que la consideran como una parte importante del problema de criminalidad en el país.

En los últimos años, las demandas contra los agentes del orden por abuso de fuerza han aumentado, en el otro extremo, una razón por la que el abuso de fuerza ha incrementado, según expertos en seguridad, es que la capacidad bélica de los grupos del crimen organizado está en aumento y la desesperación al hacerles frente muchas veces lleva a malas decisiones, lo que produce un peligroso efecto para la sociedad.

Se le critica a la administración del presidente Fox de ser tibia y renuente a hacer uso de las fuerzas de seguridad ante grupos y problemas sociales que tal vez requerirían el uso de la fuerza, optándose por soluciones negociadas o consensuadas.

La importancia de esto se debe a que sin importar quién sea el siguiente presidente de México, éste tendrá sus Atenco, sus revueltas magisteriales, y también sus Luz y Fuerza, debido a la profunda división que hay entre los actores políticos del país, y el hecho de que en México hacer desmanes, bloquear carreteras e incomodar a la población en general no conlleva costos ni consecuencias.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2011).

El inmueble de Carlos Pereyra 100, entregado en 1971 cuando la FEG era un poderoso organismo estudiantil al que los gobiernos priistas toleraban sus prácticas gangsteriles e incluso les otorgaban espacios de representación popular y posiciones en las administraciones estatales y municipales.

A fines de la década de los 60, fue el ayuntamiento el que cedió en comodato a la FEG los terrenos donde el gobierno estatal e incluso el federal apoyaron la construcción la sede de esa central estudiantil, una de las pocas que no criticó la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 16 de diciembre de 2011).

Aseguró que su empleado, Gonzalo Rivas Cámara, fue alcanzado por la explosión de una garrafa de combustible incendiada por los estudiantes durante la refriega que sostuvieron con elementos de la Policía Federal el pasado lunes 12 de diciembre.

Aseguró que alrededor de las 11:30 horas, cuando los estudiantes llegaron a bordo de dos autobuses para bloquear la carretera, los policías federales comenzaron a tomar posiciones, con la intención de inhibirlos.

"Nosotros lo que hicimos en nuestras instalaciones fue asegurarnos con el protocolo de seguridad que tenemos; es decir, cortar el suministro de gasolina, también cortar la energía eléctrica y suspender los servicios de tienda y baño, también bloqueamos el acceso al patio de servicio", explicó.

Comentó que alrededor de 20 minutos después de la llegada de los normalistas, un grupo de estudiantes comenzó a patear los biombos que habían colocado para restringir el paso de los automovilistas a la gasolinera, en tanto que otro grupo ingresó al lugar para desprender los extinguidores y tirar las aceiteras que se colocan al lado de las bombas de suministro.

"Derramaron las aceiteras, tiraron los botes de basura, incluso uno se lo llevaron a mitad de carretera y descolgaron todas la mangueras, no sé con qué propósito, luego entraron dos jóvenes vestidos de rojo, puedo asegurar que decía Normal de Ayotzinapa, porque los vi de frente".

Continúa: "Uno de ellos traía una garrafa de gasolina y empezó a rociar la bomba, y depositó la garrafa con el resto del combustible en la parte superior de la bomba, de su pantalón extrajo unos cerillos. Varios de mis compañeros y yo le gritamos que no fuera a prenderle fuego, él hizo caso omiso y rasgó el cerillo... en ese momento se produjo un ruido parecido a un disparo".

"Gonzalo trató de extinguir el fuego con un extinguidor, supongo que no se percató de que los estudiantes habían dejado la garrafa de gasolina en la parte de arriba, el fuego alcanzó la garrafa y creo que explotó porque las llamas le bañaron completamente el cuerpo".

Cuando el fuego se avivó, se generó el incidente que mantiene en riesgo la vida de Gonzalo, empleado de 49 años, quien se recupera de quemaduras de tercer grado en 29% de su cuerpo.

Rogelio Agustín
(v.pág.37 del periódico Milenio Jalisco del 16 de diciembre de 2011).

No podemos cerrar los ojos, sin embargo, ante el hecho de que uno de los factores fundamentales de la tragedia es la tolerancia ante los bloqueos de calles y carreteras que se han vuelto una realidad cotidiana en nuestro país.

Todo el mundo tiene derecho a protestar y a expresar sus puntos de vista, pero es falso suponer que este derecho se extiende a la violación de los derechos de terceros. Hemos escuchado a demasiados activistas políticos que dicen: "Estábamos ejerciendo pacíficamente nuestro derecho a protestar cuando fuimos reprimidos por la policía". Cerrar una autopista no es la expresión pacífica de una protesta sino una agresión a todas las personas que dependen de esa vía de comunicación.

La fuerza que se usa para quitar un bloqueo debe ser, por supuesto, congruente con las armas de los propios bloqueadores. Solamente en aquellos casos en que los manifestantes recurran a armas de fuego estaría justificado el uso de este mismo tipo de armas en su contra.

Disparar a personas desarmadas que están participando en un bloqueo es inaceptable. De la misma manera es un delito golpear a alguien que, aunque haya violado la ley, se encuentre detenido y caído. Los policías federales que agredieron a golpes y patadas a los muchachos que detuvieron el lunes deben también ser procesados por lesiones y abuso de autoridad.

Estas tragedias, sin embargo, no se registrarían si no tuviéramos gobiernos cobardes que han acostumbrado a los grupos de presión política a tomar a los ciudadanos como rehenes al cerrar calles y carreteras para buscar beneficios personales o para sus organizaciones. En la ciudad de México los bloqueos, protegidos por la autoridad, se han convertido en una pesadilla cotidiana para los ciudadanos. En el sexenio de Vicente Fox se perdió la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto, el cual sigue siendo indispensable, debido a que un grupo de activistas de San Salvador Atenco obligó al gobierno, a través de bloqueos de carreteras y también después de un enfrentamiento violento, a cancelar el proyecto.

Un régimen que permite que las manifestaciones se conviertan en bloqueos o agresiones a terceros inocentes está promoviendo la violencia. Un gobierno debe tener la fuerza para permitir las protestas y buscar cauces pacíficos para resolver disputas entre distintos grupos de la población, pero también para evitar que las protestas se transformen en agresiones a los ciudadanos.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 15 de diciembre de 2011).

Mientras que en años anteriores a 2000 se realizaban alrededor de 15 extradiciones por año, con Vicente Fox 160 delincuentes fueron enviados; en lo que va del actual gobierno suman 464 las extradiciones.

Concretadas, 4 de cada 10 fue por delitos contra la salud y asociación delictuosa; 3.3 por homicidio, y 1.5 por delitos sexuales.

Según especialistas, el problema de fondo ligado al crecimiento en el número de extraditados radica en 2 aspectos: el debilitamiento en el brazo judicial del país, pues los jueces no procesan a capos principales, ya sea por desconocimiento o desconfianza, y que en el proceso se llegan a violentar derechos humanos u otros de los detenidos.

Juan Salgado, investigador especialista en derecho penal y derecho penal comparado, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, fundamenta su argumento con un ejemplo: "En Colombia, uno de los grandes elementos que hizo un cambio fue tener un papel muy activo del poder judicial, sobre todo en 2 cuestiones fundamentales: 'lavado' de dinero y la inteligencia financiera. Y en tratar casos de corrupción de empresarios y de funcionarios públicos vinculados".

Por su parte, Javier Dondé Matute, del Instituto Nacional de Ciencias Penales señala que, por lo regular, los casos están mejor "armados" en Estados Unidos, a lo que responde [que] los presuntos delincuentes sean llevados a ese país, para evitar su excarcelación.

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 13 de diciembre de 2011).

A partir de las 10:00 horas una treintena de camiones con 5,000 integrantes de Antorcha Campesina llegaron a los alrededores de Gobernación y se instalaron sobre Bucareli, entre Ayuntamiento y Morelos.

Mientras los antorchistas participaban en un festival cultural sobre Bucareli, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Maricela Serrano y Homero Aguirre, dirigente y vocero del movimiento, respectivamente, se entrevistaron con funcionarios de esta dependencia en un intento por frenar el plantón.

En Sedesol no hubo la respuesta para el acuerdo de entregar recursos del programa Hábitat para la construcción de centros de desarrollo comunitario en territorio antorchista.

"Dicen que ahora el problema es que Hacienda les retiró el dinero porque no se lo gastaron en noviembre y que por lo tanto no tienen dinero. Qué poca vergüenza tienen estos funcionarios. Todo el año tienen el dinero y ahora lo regresan a Hacienda porque no lo ejercieron", denunció Serrano.

Tras la negativa de Sedesol la dirigencia antorchista decidió dar luz verde al plantón, pero en lugar de instalarlo en la calle de Bucareli o Atenas, como era su plan original, se acordó hacerlo en Ayuntamiento, evitando el cerco policiaco.

(V.pág.36 del periódico Milenio Jalisco del 9 de diciembre de 2011).

El dictamen señala que estas penas se aplicarán "a todo servidor público de procuración e impartición de justicia que por culpa grave o negligencia ejecute actos o incurra en omisiones y que por ello se retenga a la persona o se instruya a un proceso penal, que concluya en una sentencia definitiva que absuelva al procesado".

La adición al artículo 225 bis del Código detalla que cuando la conducta sea dolosa la prisión será de 4 a 10 años, además de que el servidor público será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo o cargo público, según la reforma que fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis.

(V.periódico La Razón en línea del 7 de diciembre de 2011).

José Antonio Crespo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 6 de diciembre de 2011).

Es allí donde yace la gran perversidad del sistema, en las decisiones que servidores públicos toman diariamente, minimizando la violencia, justificándola, debilitando a las víctimas y fortaleciendo a los victimarios. Por ésa y no por otra razón, ésas y esos servidores públicos deben ser llevados ante tribunales. Porque son los verdaderos instrumentistas del fortalecimiento de la impunidad, son el cómplice silencioso de la muerte, la herramienta vital del debilitamiento de los derechos humanos.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 5 de diciembre de 2011).

Todos aquellos que no aceptan la versión oficial, que exigen el esclarecimiento de algunas de estas muertes están en peligro.

Jorge Zepeda Patterson
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 4 de diciembre de 2011).

Mientras tanto, en el ámbito del fuero federal, al que corresponden los delitos contra la salud, y dentro de éstos la modalidad de narcomenudeo, la Procuraduría General de la República en su Delegación Jalisco, llega a liberar hasta a 90% de los detenidos que le son presentados por las fuerzas de seguridad de los 3 ámbitos de gobierno, es decir, consigna ante un juez a sólo 1 de cada 10 aprehendidos.

Por lo tanto, en el mismo periodo 2007-2010, la Delegación Jalisco de la PGR investigó a 73,154 personas, de las cuales sólo llegaron ante el juez 9.5% (6,973). En una comparativa a nivel nacional, este indicador es de 24%, pues la Procuraduría reporta haber ejercitado acción penal contra 93,656 indiciados de un total de 386,604 registrados.

El presidente municipal de Guadalajara concluyó en la necesidad de apoyo y coordinación de los 3 ámbitos de gobierno. "Hemos trabajado en materia de prevención, el primer año (de la administración, 2010) hubo aquel detenido, un líder narcomenudista de una zona que se detiene y sale, y a las 48 horas matan al mando policiaco que lo detuvo. Son temas en los que no podemos mandarle ese mensaje a nuestros policías".

(V.pág.8-B del periódico El Informador del 3 de diciembre de 2011).

Fue ella quien la semana pasada amparó a Telmex, a cargo de Héctor Slim, contra la negativa de la SCT para autorizarle el servicio de televisión restringida.

La verdad es que la sentencia de 119 páginas es una auténtica paliza para el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome.

Fue él quien firmó la negativa notificada a Telmex en mayo pasado.

Según la juez, el funcionario violó principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica y pronta resolución. Nomás.

Se pasó por sus pistolas la opinión favorable que la Cofetel emitió a favor de Telmex. Vamos, hizo como que no existía tal opinión, y se puso a exigir el cumplimiento de requisitos técnicos que ya se deberían tener por satisfechos. Seguramente por aquello de la supuesta negligencia de la propia Cofetel.

Pero eso no es lo único. Para la juez, la SCT tenía que haber prevenido a Telmex para que subsanara los requisitos pendientes, antes de resolver si otorgaba o no la modificación de la concesión. Así lo ordena el Acuerdo de Convergencia.

A fin de cuentas, el problema para Telmex es que la juez sigue aclarando que la SCT es la que tiene la última palabra, o sea, que los tribunales no le pueden ordenar expresamente que otorgue el permiso.

(V.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 1o.de diciembre de 2011).

Aunque el tamaño de la masacre es tal que hay argumentos más que sobrados para exigir un esfuerzo extraordinario de la Procuraduría de Justicia del Estado, ya sea como primera responsable o como colaboradora de la Procuraduría General de la República, es de sobra conocida su escasa capacidad para castigar los delitos del fuero común y el mismo titular, Tomás Coronado Olmos, se ve obligado a aceptar por el peso de las cifras oficiales que siete de cada 10 homicidios intencionados en el estado son casos irresueltos. Sencillamente nadie es juzgado por ese 70% de asesinatos.

Mientras más días pasen, el argumento que se escuchará, como ha sucedido en varias ocasiones durante el presente año, es que se trata de crímenes del fuero federal y la PGR es la dependencia responsable de ofrecer datos sobre avances o estancamiento de la investigación.

Pero de los escasos informes oficiales que ya se han publicado, uno de los más alarmantes es que la mayoría de los fallecidos no contaba con antecedentes penales.

¿Qué revela esto? Muy probablemente que los asesinos decidieron raptar ("levantar", es el verbo propio del argot) y matar a jóvenes que en vida eran trabajadores, empleados comunes que ninguna relación tenían con actividades delictivas conectadas con la distribución y venta de narcóticos. Eran, aunque ninguna autoridad lo proclame, ciudadanos honrados a quienes no les garantizaron sus derechos básicos, incluido el de la vida.

Aunque eso había quedado probado en otras ciudades del país que padecen también el flagelo de la violencia, lo ocurrido el 24 de noviembre demuestra que en Guadalajara, sin que las policías municipales o estatal tengan capacidad de reacción, es posible que ocurran asesinatos masivos cometidos por narcotraficantes. Queda totalmente superado el muy gastado pretexto oficial: "Se trata de ajustes de cuentas. Se matan entre ellos".

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2011).

"Las desapariciones, los levantones son uno de los signos ominosos de la inseguridad que viven los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país", dijo en la tribuna la diputada federal Teresa Incháustegui Romero. Agregaba que de aquellas personas desaparecidas, Veracruz sobresale con 5,000 mujeres sustraídas de la entidad, de 2000 a 2011.

"La práctica de los levantones es verdaderamente peligrosa", reiteraba Incháustegui. "Es una situación en la que las autoridades no rinden cuentas, no se sabe dónde está y es por eso muy importante que se tenga muy claro y tengamos muy precisa la cifra, los lugares, las situaciones y quiénes son las personas que están padeciendo esta situación, entra las cuales hay muchos niños, niñas y jovencitas".

Y remachaba: "No sólo es un tema de secuestros, sino también un tema de trata de personas, un delito que fundamentalmente lacera los derechos de las niñas y los niños".

Vicente Bello
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 28 de noviembre de 2011).

Ahí están los antecedentes: según las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hasta el 31 de agosto se habían cometido 672 homicidios en la zona conurbada de Guadalajara. El promedio es de 2.5 delitos diarios de ese tipo... Por otra parte, el porcentaje de impunidad en México es superior a 90%. La eficiencia de las autoridades especializadas (?) en investigar "científicamente" los crímenes, aprehender a los delincuentes, someterlos a juicio y dejar caer sobre sus cabezas, al cabo -como fanfarronea el discurso oficial-, "todo el peso de la ley", "caiga quien caiga" y "hasta sus últimas consecuencias", no llega, pues, a 10%. Es decir que si hubiera que evaluarla con los tradicionales parámetros escolares, su calificación sería absolutamente reprobatoria: de 1 punto sobre 10.

En esas condiciones, y tomando en consideración que -a semejanza de lo que ocurre en los juegos infantiles- los ladrones suelen ser más imaginativos y estar mejor equipados que los policías, ¿quién (a quien ya se le hayan caído los dientes de leche, por supuesto) podría apostar lo negrito de la uña a favor de que al final de esta espeluznante historia va a cumplirse el anuncio del procurador de Justicia del Estado, en el sentido de que -esta vez sí: no como de costumbre...- "los culpables serán castigados...-?

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de noviembre de 2011).

Todos ellos están relacionados con actos fraudulentos en el Estado de Sinaloa que habrían dejado pérdidas a la CFE por 1,320 millones de pesos por derechos de servidumbre de paso, es decir, para instalar líneas de transmisión eléctrica.

Una auditoría del gobierno federal detectó que dichos pagos se hicieron en 232 juicios registrados entre el 2008 y el 2010, y eran resultado de fallos de jueces que no tenían competencia para resolver procedimientos federales y de abogados de la CFE que perdieron intencionalmente los pleitos.

Como parte de esta investigación, la PGR capturó a José Raymundo Soto Conde, Juez mixto de primera instancia en Mocorito; Francisco Ladislao Rodríguez Retes, apoderado de la CFE, y Martín López López, perito en topografía y valuación.

Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, reveló anoche que el ex director de Operación de la CFE y prófugo de la justicia Néstor Moreno Díaz, es investigado por este caso, pues su área estuvo enterada de estos ilícitos y gestionó ante la Dirección de Finanzas los pagos considerados fraudulentos.

MURAL informó el pasado 3 de enero que la paraestatal preparaba acciones legales en Sinaloa, donde diversos jueces le ordenaron indemnizar montos millonarios a particulares, en forma indebida, por el tendido de líneas eléctricas en predios ajenos.

El subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios, informó que en total se han presentado 131 denuncias.

La investigación arrojó que el abogado Rodríguez Retes litigó ante el juez Soto Conde un total de 102 asuntos, donde la CFE fue condenada al pago de mas de 200 millones de pesos.

Más de la mitad de estos juicios fueron resueltos entre 1 y 2 meses.

En todos los juzgados sinaloenses que son investigados se encontraron notificaciones indebidas de los jueces y un abandono de los abogados de la CFE que dieron lugar a que el 97% de las sentencias no fueran impugnadas.

De acuerdo con información federal, este podría ser uno de los casos más importantes de corrupción en un Poder Judicial, pues son indagados 18 jueces del fuero común en el Estado de Sinaloa, además de 20 funcionarios de la CFE y 20 peritos independientes.

Además de los detenidos, la Contraloría Federal sancionó a 8 funcionarios de la paraestatal, 5 de ellos con inhabilitación de 10 años y sanciones económicas que suman 475 millones de pesos.

Entre los inhabilitados están Ricardo Flores Álvarez. jefe jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión en Baja California, y Elvira Torales Villalón, adscrita al mismo departamento.

(V.primera plana del periódico Mural del 24 de noviembre de 2011).

(V.pág.10 del periódico Mural del 24 de noviembre de 2011).

En este caso el juez Felipe Consuelo Soto ha decidido no aplicar los plazos de ley. Ha explicado que esto se debe a la importancia de Mexicana de Aviación y a la necesidad de mantenerla viva para proteger los intereses de los sindicatos. Por eso un concurso mercantil que debió haber terminado a lo más el pasado mes de septiembre sigue vigente. De hecho, el juez lo ha extendido de manera arbitraria hasta el próximo mes de febrero. Al hacerlo, ha violado los derechos de los acreedores, ya que los activos se deterioran cada vez más, y de las empresas de la competencia, que no saben si invertir o no. Los usuarios de la aviación comercial, en consecuencia, siguen sufriendo los problemas de la incertidumbre.

Mucha gente aplaude la decisión del juez porque dice que ésta es una forma de preservar empleos. Pero por cada empleo que supuestamente se está salvando de Mexicana -sin que haya en realidad certeza de que se vaya a poner a salvo- se castiga la creación de nuevos empleos por otras empresas competidoras.

Volaris e Interjet han logrado, gracias al quebranto de Mexicana, tener un mayor acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En caso de que Mexicana regrese a volar, a pesar de que se hayan violado las disposiciones de los concursos mercantiles, estas aerolíneas tendrán que devolver los slots y rutas de Mexicana, con lo cual las inversiones que han hecho para dar servicio a un público que quedó desamparado por Mexicana no tendrán la rentabilidad necesaria.

Los concursos mercantiles deben tener reglas claras que se apliquen a cualquier empresa. Es absurdo pensar que algunas, como Mexicana, deben tener una protección especial. El resultado es mandar el mensaje de que en México no hay igualdad bajo la ley para los inversionistas y que las empresas bien administradas serán castigadas porque sus rivales irresponsables serán apoyados por la autoridad. Éste es un mensaje que puede disuadir a muchos empresarios de invertir en México.

Es insensato decir que una empresa debe ser mantenida a flote bajo cualquier circunstancia. Esto daña a la economía. Si la ley no nos gusta, que se cambie pero para todos. Y que no se nos diga que los empleos de Mexicana son más valiosos que los de Banorte, el principal acreedor, o los de Volaris e Interjet.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 24 de noviembre de 2011).

Desde las 8:00 horas, los maestros salieron a bloquear los principales accesos en unas 30 ciudades de la entidad, instituciones gubernamentales, centros comerciales y casetas de cobro en carreteras de cuota.

Los maestros oaxaqueños se oponen a la Alianza por la Calidad de la Educación impulsada por el gobierno federal y a las reformas estructurales en materia fiscal, Ley de Seguridad, Reforma Laboral, Reforma al Código Penal, entre otras.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, convocó al pueblo de Oaxaca a participar en este paro mediante la toma de oficinas gubernamentales, el acordonamiento de tiendas departamentales, así como a dar el paso libre en las casetas de cobro, bloqueos carreteros y asambleas de información a la población.

Exigen el reconocimiento al Proyecto de Educación Alternativa propuesto por la Sección 22 del SNTE, que recupera las necesidades reales de todas las comunidades del estado y que plantea soluciones acordes a las características culturales, geográficas y económicas de Oaxaca, dijo su dirigente Azael Santiago Chepi.

José Alfredo Martínez, representante de la Sección 22 del SNTE en la región de los Valles Centrales, informó que en la ciudad de Oaxaca, capital del estado, tienen tomadas diferentes calles como Avenida Juárez, Calzada Madero y Amapolas.

Las instalaciones del gobierno estatal cerradas por el bloqueo son la ciudad Judicial y ciudad Administrativa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Procuraduría General de Justicia del Estado, los juzgados familiares federales y estatales, la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaria de Comunicaciones y Transporte.

Entre las ciudades del interior del estado donde se replican estos bloqueos son Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz y en una veintena más. Se prevé suspender estas acciones de protesta a las 15:00 horas.

(V.periódico El Universal en línea del 22 de noviembre de 2011).

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2011).

Esta dualidad se expresa también en la postura que adoptamos ante la cuestión de los derechos humanos: mucha gente de a pie califica a las comisiones encargadas de salvaguardarlos como meras amparadoras de unos delincuentes que sabrían, muy hábil y ventajosamente, cómo beneficiarse de una presunta condición de inocentes perseguidos. ¿Acaso no aducen, a las primeras de cambio, que han sido torturados o que sus confesiones han sido obtenidas ejerciendo violentas amenazas? Y, teniendo a las policías que tenemos y estando el aparato de justicia como está ¿no serían también creíbles estas denuncias? La podredumbre judicial es tan grande que no hay, por lo pronto, manera de creerle a nadie. Y en este panorama entra también el Ejército, por la fuerza de las cosas. ¿Tortura? ¿Perpetra abusos? ¿Mata a personas inocentes? La organización Human Rights Watch dice que sí, que hay casos comprobables. Supongo que saben lo que dicen.

Pero, a la vez, me digo que la primera responsabilidad recae en el aparato de justicia. Y que mientras no hayamos limpiado la casa no habrá, en este país, ni seguridad, ni derechos humanos, ni garantías, ni certezas de ninguna suerte. Y esto, con el Ejército o sin él.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 13 de noviembre de 2011).

Desde que tengo uso de la razón he escuchado las mismas frases: democratización y restructuración de las instituciones públicas, entre las cuales se encuentran las de sus fuerzas de seguridad.

Cuando un gobierno a través de sus autoridades emite los códigos de ética, éstos aparecen como un sello de certificación, una garantía de que los funcionarios son íntegros y dignos de recibir la confianza de los ciudadanos que están supuestos a resguardar. Más aún, indicarían que los oficiales del orden público no sólo son representantes comunes de los valores morales y éticos fundamentales, sino que además se erigen por encima de ellos en calidad de guardianes supremo de su preservación y defensa.

Vista le naturaleza sensible del mundo político y social, la policía debería caracterizarse por su carácter imparcial y mostrar el ejemplo cuando de honestidad e integridad se trata. De esa manera resulta absurdo pretender ser honesto de vez en cuando o "virtuoso a la carta". El apego a principios éticos es incondicional y no puede ser sujeto a fluctuaciones oportunistas ni confinado al espacio y tiempo de trabajo del oficial porque engloba a todas las esferas de su vida.

O sea que un funcionario o un policía sean "honestos y buenos" cuando les conviene, y se vuelvan un peligro en su vida privada es incongruencia total. Pero es lo que pasa, mientras que un funcionario ante los reflectores tiene mirada hasta de bonachón, ese mismo, es alguien que por la espalda roba, desfalca, falsifica y al día siguiente como si nada. ¿O cómo la ves Moreira, Godoy, Elba Esther? y síguele contando. O un policía antisecuestros que secuestra...

Desgraciadamente la práctica diaria de la policía y el modus operandi que ésta emplea en ciertas situaciones, dista mucho del marco ético que se implanta para contribuir a la seguridad y al bien-estar de la sociedad. Las encuestas nunca me han convencido porque siempre dicen: "Estamos mal, pero vamos bien". Pero bueno es un marco de referencia que simplemente apoya lo que ya sabemos. En México, 92% de la gente desconfía de sus representantes y de sus policías, 78% en Brasil.

La desigualdad y la polarización son el reflejo de políticas impulsadas desde las "altas esferas", palabra que les encanta a nuestro políticos, esa clase política tan especial.

Pero también estamos nosotros y ello significa que la corrupción en la Policía no puede ser pensada fuera del marco completo de la sociedad que la produce.

Carlos Corvera Gibsone
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de noviembre de 2011).

En ésta nuestra sociedad sin ley ni autoridad que la haga cumplir, todos acabamos pensando que somos nuestra propia ley, y que cualquiera que pretenda corregirnos debe ser visto como un agresor, y deberá ser tratado como tal. ¿Cuál será la recóndita explicación de personalidades semejantes? Ciertamente inmadurez crónica, porque la madurez se expresa aceptando las consecuencias de los propios actos sin andar buscando escapes infantiles o incomodándonos porque nos demuestran nuestros errores. También actitudes neuróticas que alteran la racionalidad y desatan las emociones a la menor provocación y siempre con total desmesura de palabras, gestos y hasta puñetazos. Ausencia de educación cívica será la explicación más común, porque al faltar ésta la sociedad se comporta según la ley de la selva. Por lo tanto, neuróticos, infantiles, primitivos y encima delicados, así nos estamos viendo en esta leal ciudad.

Quisiéramos tener a la vista actitudes opuestas que nos llevaran a reflexionar sobre las nuestras, pero no se advierten ni siquiera ahí donde debieran verse, caso típico es el que todos los días constatamos en las cámaras de diputados estatales y desde luego en la federal, cuyos integrantes, en buena parte, llenan a la perfección el perfil arriba señalado, y si alguien se los hace notar, se adueñan de la tribuna para criticar a quienes los critican superando en palabras y tonos a las honestas vendedoras de verduras o lavanderas de vecindad. Quieren hacer lo que les pegue la gana y que la ciudadanía les aplauda, pelearse entre ellos con empujones y mentadas, siendo los garantes de la ley y del orden, y luego decir que son "nuestros representantes", y tal vez tengan razón, nos representan, nos reflejan, aunque les pagamos esperando que fueran distintos.

Me pregunto cuáles serán los programas que escuelas, universidades, empresas, iglesias y sindicatos están implementando para corregir estas actitudes a partir de las personas sobre las cuales tienen influencia inmediata, y de haberlos, cuáles han sido los resultados constatables; me pregunto igualmente quiénes y con qué resultados están trabajando para educar en la madurez a nuestra sociedad para que nos hagamos responsables o se nos quite lo delicado.

Armando González Escoto
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de noviembre de 2011).

Investigar y aclarar los casos de la violencia entre narcos, es la oportunidad del Estado de probar que hay algo que lo hace sustancialmente distinto a las organizaciones criminales... le permite atraerse la lealtad de la población, sin la cual es imposible plantearse un combate exitoso de las organizaciones criminales.

La procuración de justicia es una demanda incluso de las familias de narcotraficantes que, por cierto, tienen el mismo derecho que cualquier otra a saber cómo murió su padre o su hermano. De lo que se trata es de incorporar a esas familias a la legalidad: ofrecerles protección a cambio de testimonios, idear mecanismos de entrega segura de las armas que se quedan en las casas, ayudarles a reinvertir herencias y ahorros en negocios legales, etc. Hasta ahora la estrategia parece haber sido la contraria: estigmatizarlos y dejarlos como carne de cañón de esta guerra.

Natalia Mendoza Rockwell
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 11 de noviembre de 2011).

El problema es que no hay corroboración. Se antoja lógico que muchas de las víctimas hayan sido delincuentes. En algunos de los casos más sonados, sin embargo, se ha demostrado que las víctimas no pertenecían a ninguna organización criminal.

Recordará usted, quizá, el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010. El presidente Felipe Calderón se refirió a ellos en un principio como "pandilleros". Después de que sus familias protestaron, y de que se comprobó que eran estudiantes con buenas calificaciones y deportistas dedicados, el primer mandatario reconoció públicamente su error.

Bastante peor fue el caso de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo del Tec Monterrey, muertos por miembros del ejército en marzo de 2010. Los soldados pusieron un arma en las manos de uno de ellos para avalar su declaración de que habían disparado contra unos sicarios que los habían atacado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Tec, sin embargo, demostraron que los muchachos habían salido sin armas del campus universitario antes de ser acribillados por los soldados.

A pesar de casos como éstos, la población mexicana ha aceptado la afirmación tantas veces repetida de que más del 90% de los muertos son criminales. La realidad, sin embargo, es que no lo sabemos. El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México de Human Rights Watch señala: "La ausencia de investigaciones permite dudar de los fundamentos de las afirmaciones expresadas por el presidente y otros funcionarios, y revela además una tendencia intrínseca en el gobierno a prejuzgar a las víctimas".

No hay información que permita realmente determinar si el 90% de los ejecutados tenía relación con el crimen organizado o si es el 45 o el 10%. Una misión de Human Rights Watch que estuvo en México esta semana preguntó a varios de los funcionarios más importantes en materia de seguridad dónde estaban las pruebas de que efectivamente el 90% de las víctimas de homicidio eran criminales. Nadie pudo responder.

La explicación de la procuradora Marisela Morales, según me cuentan algunos de los miembros de esta misión, genera todavía más inquietud. Ella señaló que la enorme mayoría de esos homicidios no son investigados por la PGR ya que las averiguaciones quedan en el fuero común. Los casos atraídos por la autoridad federal, en cambio, están tan manoseados por las procuradurías locales que es muy difícil extraer conclusiones claras.

Si así son las circunstancias, lo más honesto sería aceptarlas públicamente. Si las autoridades no saben quiénes son las víctimas de los homicidios, deben reconocerlo. Lo que no podemos hacer es decir que el 90% son criminales si realmente no lo sabemos. Es mejor aceptar nuestra ignorancia, cuando no tenemos información, que pretender ocultarla difamando a las víctimas de homicidio en nuestro país.

El informe de Human Rights Watch sobre México apunta que sigue habiendo violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Lo peor de todo es que las autoridades no parecen estar interesadas en investigar las acusaciones. Parten de la suposición de que toda acusación en contra de las autoridades es falsa en principio, cuando hay muchos casos que sugieren que se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país.

"La actitud oficial es: si te pasó algo, es porque andabas mal." Madre de víctima, HRW.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 24 de noviembre de 2011).

Los comerciantes acordaron con la Secretaría General que continuarán con sus actividades, pero en un corredor sobre la Calzada Independencia, frente al Mercado San Juan de Dios, y en el jardín San Francisco.

Las manifestaciones de los artesanos han llegado a la toma de calles y el cierre de la confluencia de Hidalgo y 16 de Septiembre, como la registrada la mañana de ayer, con el impacto en el flujo vehicular del primer cuadro.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 8 de noviembre de 2011).

México es un país donde la inmadurez de la conciencia social frente al valor de las leyes permite, a ciudadanos e instituciones, romperlas sin el menor escrúpulo y al conjuro de la más burda seducción. Esta situación genera cadenas de complicidad y de "realismo", expresadas en frases torpes usadas hasta el cansancio: es que todos lo hacen, es que así funcionamos, es que no hay otra forma, es que, si lo hacen los de arriba, por qué nosotros no. Traicionar la ley y traicionar la palabra acaban siendo acciones habituales, permitidas y consentidas por todos, ya que todos en cualquier momento pueden requerir de hacer lo mismo.

Cuando Porfirio Díaz decidió traicionar su lema de la "no reelección", buscó la forma de no ser él quien quisiera cometer semejante subversión: fue la sociedad impactada por su excelente ejercicio, fueron los funcionarios públicos favorecidos por el Señor Presidente, y enseguida los congresos estatales, justo quienes deberían ser garantes de la legalidad, del respeto a la ley sin excepciones, así se tratara de excepcionales personas. Telegramas, cartas abiertas, espaldarazos públicos, toda una maquinaria al servicio de la corrupción de la ley, llevada a cabo hasta por personajes destacados por su capacidad intelectual y una supuesta honorabilidad.

Por desgracia seguimos empantanados en este tipo de actitudes mentales y, sobre todo, de intereses personales que nos hacen pagar servicios recibidos o esperados a costa de la institucionalidad lo mismo del gobierno que de cualquier otro tipo de organización social regida por normas fijas, pero invariablemente "manejables".

Un país donde todas las leyes pueden tener excepciones en su aplicación es un país de privilegios y, por tanto, de desigualdades, pero, precisamente porque este tipo de cosas se hacen a pesar de que la ley excluye esta posibilidad, el país se convierte en un país corrupto, que explica calles mal pavimentadas pero bien cobradas y por lo mismo repavimentadas, o flamantes Villas Panamericanas oficialmente sujetas a una normatividad "manejable", o dirigentes reelegibles al infinito cualquiera sea la artimaña.

Armando González Escoto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2011).

Los cerca de 40 comerciantes efectuaron la protesta para exigir al Ayuntamiento de Guadalajara que les permita vender su mercancía en el Callejón del Diablo, en la Plaza Tapatía.

Exigían que el alcalde, Jorge Aristóteles Sandoval, los recibiera; pero fueron atendidos por el secretario general, Roberto López Lara, quien manifestó que las autoridades no cederían en su negativa de ambulantaje en dicho espacio, pues reiteró que el ayuntamiento está impedido, por reglamento, a expedir permisos para ambulantes en el centro. Agregó que ya les ofrecieron 80 espacios "cerca" de la Plaza Tapatía.

La líder de los Artesanos Urbanos, Montserrat Martín, señaló que se vieron obligados a efectuar la medida radical: "No es que queramos molestar a los demás, es la única forma que tenemos de que nos escuchen".

La protesta congestionó varias calles del centro: avenida Alcalde se cerró al paso de autos desde Revolución hasta la calle Juan Manuel. Algunos de los comerciantes "protestaron" vendiendo sus mercancías en los portales de la presidencia municipal.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 4 de noviembre de 2011).

Y es que esa organización interpuso una demanda de grupo en defensa de los usuarios del sistema de televisión satelital Sky, cuyo proceso se ha alargado por cuatro años, sin que hasta el momento hayan recibido una resolución favorable.

"El juicio nos ha costado 200 veces más de lo que podríamos obtener", detalló Labardini, quien también es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Explicó que las entidades gubernamentales que tienen la facultad de presentar este tipo de juicios son Profeco, Condusef, Profepa y la Comisión Federal de Competencia; sin embargo, no todas han hecho uso de esta herramienta.

La socia de Al Consumidor detalló que en caso de que la denuncia fuera en contra de un proveedor de telecomunicaciones, se tendría que hacer a través de Profeco.

En 5 años, la Procuraduría ha presentado unas 10 acciones de grupo, sobre todo para defender a usuarios de aerolíneas e inmobiliarias; sin embargo, aún no ha logrado la bonificación a los afectados, debido a que algunas empresas se encuentran en concurso mercantil, como sucede con Mexicana.

En contraste, la Condusef, organismo encargado de defender a los usuarios de los servicios financieros, aún no ha recurrido a este tipo de denuncias, ya que según su vocero, Marcos Carrera, existe el riesgo de que se abuse de la figura de acciones colectivas.

(V.pág.3 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 3 de noviembre de 2011).

Los normalistas salieron después de las 10:00 am del parque Agua Azul, recorrieron la avenida 16 de Septiembre-Alcalde y se apostaron después de las 12:00 horas en los carriles centrales de la avenida Alcalde, a la altura de la Torre de Educación. El cierre de la vía afectó también a quienes se dirigían al complejo panamericano del Code, donde se realizan las competencias de basquetbol.

Una comisión de normalistas dialogó con funcionarios de la SEJ, entre ellos Alejandra Javier Jacuinde, directora de Educación Normal, y Jorge Montoya Orozco, director de Formación Docente. Éste criticó la presencia en la manifestación de estudiantes de otras entidades, que nada tienen que ver con los asuntos locales.

Montoya Orozco opinó que los normalistas buscan un "efecto mediático" al manifestarse mientras se desarrollan los Juegos Panamericanos en la ciudad.

Tras casi 2 horas de negociación entre estudiantes de la Normal Rural de Atequiza y los representantes de la SEJ, no hubo acuerdos. De esta forma, los alrededor de mil estudiantes levantaron la manifestación y el bloqueo de los carriles laterales de la avenida Alcalde, frente a la Torre de Educación, a las 15:00 horas.

(V.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 28 de octubre de 2011).

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su "inacción e ineficiencia" un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

"No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible", dijo.

"Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune", lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

"La justicia es decepción, la impunidad es la norma", expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98% de los crímenes quedan impunes.

Sicilia señaló la necesidad de "cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos".

"Pedimos que le den a la procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado", dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó de "masivo" el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 5,000 denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10,000.

(V.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 28 de octubre de 2011).

Los escándalos surgieron del futbol. Primero fueron 5 seleccionados que dieron positivo en clenbuterol y que demostraron que lo habían adquirido por alimento y no por droga. Poco después, atletas que vinieron a México a hacer campamentos resultaron contaminados. Finalmente vino el Mundial Sub 17 en México, donde poco más de 100 de los 250 atletas dieron positivo, lo que la World Anti-Doping Agency calificó como un problema no de doping, sino de salud pública en México, pero a nadie le importó.

Oficialmente, en México el clenbuterol sólo se usa para la elaboración de medicamentos, básicamente broncodilatadores y para ello se permite su importación, pero son cantidades absurdamente bajas, unos cuantos kilos por año. Sin embargo, para la engorda de ganado se importan ilegalmente cientos de kilos de este medicamento y en los puertos y aeropuertos por donde entra, nadie lo ve. Está prohibido su uso para engorda de ganado, pero los ganaderos lo usan porque les da hasta 30% mayor rendimiento por cada res, y nadie lo denuncia. El uso de este químico en el ganado tiene consecuencias terribles para el animal que pasa fatal sus últimos días antes de ser sacrificado con insuficiencia renal, si no es que muere antes de un infarto, pero a nadie le importa. El consumo de carne contaminada con clenbuterol tiene efectos sobre la salud humana: el consumidor puede tener dolores de cabeza y vómitos de los que nadie se hace responsable, porque a nadie le duele.

El uso del clenbuterol no es pues, un tema de salud ni deportivo, es un tema de economía del campo. Los ganaderos tendrían 25 a 30% menos ingresos si dejaran de usar esta sustancia prohibida y el gobierno le tiene pavor a cualquier cosa que desestabilice el campo. El sustituto legal y que no tiene consecuencias para la salud humana es mil veces más caro, así que ni lo plantean como opción.

No se ve quién le ponga el cascabel al gato, pues en esta red de intereses unos cuantos contaminados no son suficientes. El problema es que si queremos seguir organizando eventos deportivos internacionales, esta es una pésima ayuda, por no decir un lastre enorme. Pero para resolver el problema primero hay que reconocerlo.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 25 de octubre de 2011).

El episodio en el que un examen arrojó que atletas extranjeros y nacionales que participaron en competencias internacionales dieron positivo al antidoping por esta sustancia, detonó cuando la Federación Internacional de Futbol Asociado reveló que hubo presencia de clenbuterol en 109 casos de las muestras aplicadas entre los futbolistas del pasado campeonato Sub-17, una imagen negativa para los ganaderos que compiten en el mercado internacional.

El sector ganadero jalisciense, por ejemplo, respondió con malestar a la FIFA. El titular de la Secretaría de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Farah, consideró como "inoportuno el informe de la FIFA", dado que éste se emitió durante los Juegos Panamericanos. Expresó que lo deseable hubiera sido que tal informe se hubiera conocido antes.

[Que no se sepa, para poder actuar como en plena oscuridad - el webmaster.]

La SSJ reconoce "cabos sueltos" en la batalla contra el clenbuterol, debido a que en el momento de su distribución hay un desvío para actividades ilícitas.

El clenbuterol es mil veces más barato que el anabólico legal. A esto se suma que si no se usara el zilpaterol (único producto anabólico legalizado) en el ganado vacuno, la carne de éste al público se dispararía por lo menos30%en su precio final, dado que las ventajas que se tienen para un aumento de masa muscular tendrían que compensarse con mayores costos en el empleo de granos y pasta de soya, cuyos precios internacionales están disparados en los años recientes.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque, Alfonso Ponce Rodríguez, el zilpaterol, vendido con el nombre comercial de Zilmax, tiene un precio caro con relación al clenbuterol, y ante las exigencias del mercado regional de preferir la carne magra y de grasa blanca, el ganadero que no solventa el costo del Zilmax, "se la ha jugado con el clenbuterol por su menor precio".

¿Cuánto cuestan los anabólicos para la engorda del ganado vacuno? Esta pregunta es tabú para las autoridades agropecuarias y para los ganaderos.

Un vendedor del producto autorizado, refirió que un saco de 10 kilogramos de Zilmax cuesta entre 40,000 y 45,000 pesos. Por deducción, según el testimonio de Fernando Corona, el saco de 10 kilogramos de clenbuterol valdrá entre 40 y 45 pesos.

Actualmente el negocio de la engorda de ganado requiere el uso de anabólicos para fines de competitividad, señala el experto en nutrición animal de la Universidad de Guadalajara, José Manuel Zorrilla, quien pone de manifiesto que el engordador que no use anabólicos se queda fuera de mercado por no ofrecer una carne magra atractiva, de acuerdo con los gustos culinarios del centro y occidente del país, a diferencia de lo que sucede en otras regiones.

El empleo del clenbuterol o del zilpaterol es un imperativo categórico para ganar dinero en el negocio de la engorda de ganado. Y esto plantea 2 cosas: meterle mucho dinero para usar el anabólico legalizado, o bien, "jugársela con el clenbuterol", como ha hecho un buen número de ganaderos.

Además, afirma que el estado mexicano ha sido indolente en informar el tipo de carne que consume, por lo que hay en la agenda una Norma Oficial Mexicana en la que se informe en el etiquetado si el producto que se vende supuso el empleo o no de anabólicos durante la fase de engorda del ganado.

Un dueño de una forrajera expuso que hay indicadores de la venta de "Zilmax pirata", lo que supone vender productos prohibidos con la etiqueta del producto legalizado, lo que explica la presencia del clenbuterol "que nadie la para y que en sitios de internet el producto se venda a precios bajos".

El suministro de zilpaterol implica el empleo de 120 gramos de producto dosificado por cada tonelada de alimento que ingieran las reses. Supone 0.15 miligramos por cada kilogramo de peso del animal.

El Zilmax debe retirarse 3 días antes del sacrificio del animal.

El clenbuterol puede dejar un efecto residual por 6 meses y hasta más de un año, sobre todo en el pelo de los animales.

De acuerdo con los reportes de la literatura médica disponible al momento, los efectos de la ingesta del clenbuterol en el ser humano no demuestran que esta sustancia sea un factor que cause la muerte. Aunque sí son patentes las repercusiones negativas en el organismo como la taquicardia, náuseas, espasmos, ansiedad, temblores y cefaleas.

El experto en nutrición animal de la Universidad de Guadalajara, José Manuel Zorrilla, considera que hay "una postura superficial del Sector Salud en minusvalorar el impacto sanitario del clenbuterol y otros productos, al decir que nadie se ha muerto. Hay personas que se mueren sin causa específica, además de que ante el clenbuterol hay personas vulnerables, como las que tienen problemas cardiovasculares, además de niños y ancianos".

En forma contundente, el titular de Salud Pública de la Secretaría del ramo en Jalisco, asegura que la carne de res jalisciense "se cuece aparte de las estadísticas de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios", dependencia que recientemente informó que al menos 15% de la carne de res del país contiene clenbuterol.

[No le creo - el webmaster.]

El funcionario estatal hizo mencionó que los filtros operados en la vigilancia del ganado, tanto en el campo a través de la Secretaría de Agricultura, como en el monitoreo de la carne en los rastros, han sido medidas que han "mostrado su eficiencia y los resultados muestran la baja de las intoxicaciones".

Zorrila Ríos hizo énfasis en que México no tiene un sistema de bioseguridad que permita asegurar la trazabilidad de la carne en toda su cadena productiva, lo que también incide en el problema. En este punto, argumentó que resulta cuestionable que ni los rastros Tipo Inspección Federal ofrecen garantía "dado que el mismo Senasica informó que durante 2010 el recuento de las muestra de los bovinos ahí sacrificados reveló que 22% fueron positivas a la presencia de clenbuterol". Citó que esta información ya fue retirada por el sitio de Senasica.

El académico calificó de limitado el Programa de Proveedor Confiable de la Sagarpa para asegurar animales libres de clenbuterol. José Manuel Zorrilla expuso que este programa sólo se limita a esta sustancia pero no se enfoca al empleo de otros productos que también funcionan como anabólicos del ganado, como la baldenona y la nandrolona, 2 los estimulantes hormonales que se emplean como sustitutos del clenbuterol.

(V.primera plana y págs.4-B y 5-B del periódico El Informador del 25 de octubre de 2011).

En la sección La Palabra del Pastor en la edición 768 de El Semanario, publicación de la arquidiócesis tapatía que se distribuirá el próximo domingo, Sandoval inició con una crítica al desorden que radica en el país a consecuencia de la injusticia.

"La paz, dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden, y hoy, por desgracia, hay un gran desorden en nuestra patria, que proviene desde arriba y desemboca hasta abajo; desorden que todos conocemos y lamentamos; desorden que no sólo se refiere al tejido social y económico, sino que incluye también la vida privada de muchos ciudadanos católicos", señaló.

Para Sandoval Iñiguez, la impunidad está sobre la ley.

"Pese a que existen leyes, éstas son imperfectas y han sido rebasadas por la realidad, puesto que por tantos actos criminales y el desorden imperante, actualmente se requieren reformas urgentes a dichas leyes, y quienes pueden hacerlo, los legisladores, apenas si pretenden ajustarlas, con una lentitud desesperante, mientras continúan las calamidades, y la delincuencia, en muchos casos, goza de impunidad. Y eso genera desorden", sostuvo.

Sin embargo, aseveró que la criminalidad también es ejercida desde todos los niveles de gobierno.

"En ese desorden habría que incluir no sólo a criminales violentos, sino a gobernantes que se aprovechan del cargo para consumar grandes latrocinios y desfalcos a la nación sin que les pase nada".

Y advirtió: "Al parecer, la nueva ola de políticos llegó con hambre de dinero, y como no hay castigos, pues adoptan una actitud cínica porque se pasean libremente, van de un puesto a otro o aspiran a cargos más altos sin que nadie pueda hacerles algo. Estas personas, que tienen en sus manos la riqueza del país, terminan riéndose de sus fechorías y del pueblo, frente al cual actúan impunemente".

El cardenal aseguró que hay empresarios y comerciantes que abusan del pueblo con total impunidad.

"De igual forma, hay empresarios y comerciantes de grandes vuelos que también abusan del pueblo, porque venden servicios y productos a precios de primer mundo, cuando los sueldos en México son del tercero o cuarto", expresó.

Así, culpó a gobernantes, políticos y empresarios de la propagación del crimen organizado como revancha social.

"Es lamentable decirlo, pero cada vez hay más injusticia y desorden en muchos campos, y esto genera, en el corazón de algunos: resentimientos, odios y envidias, que a su vez devienen en la delincuencia a la cual esos se entregan, porque se sienten injustamente maltratados de una manera oscura, profundamente agraviados, y por lo tanto, buscan venganza a través de lo ilícito", abundó.

"Dentro del crimen organizado quieren tener lo que la sociedad les ha negado de manera ordenada y pacífica mediante un trabajo honesto que, en primer lugar, es difícil de obtener; y en segundo, es pagado, en muchas ocasiones, con sueldos de hambre y miseria. Hablar, pues, de paz en nuestra patria, suena muy bonito, porque es un anhelo deseado por todos; pero, lo reitero, la justicia es una condición para que reine la paz, y ésa no se da", sentenció.

El prelado concluyó que los que dirigen el rumbo del país deben pensar en reconstruir la paz social.

"La solución la tienen los gobiernos y también los líderes sociales en el campo del pensamiento, así como líderes de la economía, los grandes empresarios. Todos ellos tienen que pensar que este país va de tumbo en tumbo, con un crecimiento de la pobreza e insatisfacción en el pueblo que constituye, cada vez más, una amenaza para la tranquilidad social", puntualizó.

(V.periódico El Universal en línea del 21 de octubre de 2011).

Esto después de que un informe de la FIFA donde reveló la supuesta detección de clembuterol en más de la mitad de los jugadores que participaron en el reciente Mundial Sub17 que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco.

(V.periódico El Universal en línea del 20 de octubre de 2011).

(V.pág.8 del periódico Mural del 20 de octubre de 2011).

Sergio Sarmiento
(v. 20 de octubre de 2011).

Hay testimonios de que en el pasado, los arreglos entre autoridades y criminales eran un método de gobernabilidad. Un procurador en el gobierno de Carlos Salinas pidió consejos al entonces secretario de Gobernación y arquetipo de policía político, Fernando Gutiérrez Barrios, de cómo enfrentar a los delincuentes. Pacte con las bandas, le dijo al novel funcionario.

Cuando el joven procurador preguntó ingenuamente cómo, Gutiérrez Barrios le explicó que debía llamar a todos los comandantes policiales y enviar un mensaje a través de ellos: en aquellas colonias donde los niveles socioeconómicos fueran superiores o se encontraran los grupos con acceso a medios de comunicación, no debía haber delitos. A cambio, les permitiría operar en las colonias de estratos bajos y sin tribunas para expresarse, para evitar inestabilidad. El procurador no pudo procesar ese pacto y renunció semanas después.

El consejo de Gutiérrez Barrios no era ajeno a la época. En Washington, un alcalde decía que el noroeste de la capital, donde está concentrada la actividad política, diplomática y burocrática, no había un solo delito por el acuerdo implícito con los delincuentes, a quienes les habían "entregado" el sureste de la ciudad para ejercer sus actividades y vender droga, sin ser molestados por la policía. En Japón, las calles estaban limpias de delitos por un pacto con la Yakuza: ni crimen, ni robos, ni droga en territorio japonés, a cambio de manejar la prostitución y el juego.

Ese modelo permitía administrar a los criminales, algo común en varios países y por cuyos resultados, prominentes mexicanos anhelan restaurar como la solución para disminuir la violencia. Funcionó en ese entonces para tener baja criminalidad por una razón: las autoridades no pactaban con criminales, eran ellas mismas los criminales. Ahí radicaba la diferencia con gobiernos como el de Washington y el japonés, o las policías francesa y alemana que se mezclan con delincuentes, donde la autoridad nunca ha dejado de ser autoridad.

En México sí. La consecuencia fue el debilitamiento de las instituciones, que provocó que al menos 10% de los municipios fueran dominados por criminales, cuyos jefes eran policías, autoridades municipales o estatales. Hubo gobernadores y comandantes policiales cesados o que terminaron en la cárcel. Otros más, gozan aún de libertad prestada. Para bien o para mal, el gobierno de Calderón cambió los incentivos de criminales y narcotraficantes.

En el pasado, el incentivo era no pelear entre ellos porque al desatar la violencia provocarían la respuesta del Estado en su contra. Pero desde diciembre de 2006, al pegarle a los cárteles en la esencia del negocio -distribución y comercialización-, el incentivo cambió, provocó la lucha por territorios y, para sobrevivir, entraron en guerras fraticidas para eliminar a sus adversarios.

Cambiar este incentivo no es un paso mecánico. Tampoco se pueden invertir los términos de la estrategia y el combate a los criminales a través del discurso o del solapamiento. De hecho, ningún aspirante a la Presidencia sugiere un cambio radical y negociar con criminales, porque eso ya no es posible. No obstante, hay voces que a veces forman consenso público, sobre un pacto con narcotraficantes.

El problema en México no es sólo de los políticos, y al existir una cultura que de manera existencial viola las leyes, sus raíces son más profundas. Esta cultura es la que hay que exterminar, la que vive y transpira al margen de la ley, la que asume actitudes moralinas e hipócritas al acusar al prójimo, y donde una parte de sus políticos, que son expresión cotidiana, no son parte del problema sino el problema mismo.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2011).

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de octubre de 2011).

(V.periódico La Crónica en línea del 17 de octubre de 2011).

La buena es que nuestro gobierno ha preferido exhibirse ante el mundo, como ineficiente e ineficaz en asuntos de salud pública en lo concerniente al control de alimentos contaminados, para que no se castigue a 5 seleccionados nacionales.

La mala es que hoy sabemos que existe una gran probabilidad de comer carne contaminada con clembuterol, pero como somos unos pinches ciudadanos de a pie, eso no importa, como dicen los paisas: "que se jodan".

Carlos Albert
(v.pág.27 del suplemento La Afición del periódico Milenio Jalisco del 14 de octubre de 2011).

La indagatoria de la PGR terminará por desmentir lo divulgado desde un inicio por el gobierno veracruzano, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, cuyo entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, declaró casi inmediatamente después del hallazgo, ante el asombro de no pocos, que no sabía cuántos cuerpos eran, que no los había terminado de contar, pero que todos tenían antecedentes penales.

Fuentes de seguridad nacional del gobierno federal, que han revelado todo esto por su cercanía con el caso, van todavía más lejos: al momento en que la PGR tuvo en sus manos el expediente, sólo en 5 casos se había confirmado, a través de la base de datos Plataforma México, que contaban con antecedentes penales. Sólo 5 de 35. Y el expediente llegó a la procuraduría nacional cuando ya el gobernador de Veracruz y su equipo habían divulgado que todas las personas encontradas muertas contaban con dichos antecedentes delictivos. Hicieron esas declaraciones, aseguran, sabiendo que sólo 5 de 35 estaban en esa condición.

Estas fuentes coinciden con otra más, del ámbito de Plataforma México, que horas después de que la noticia comenzara a circular y fuera minimizada por el gobierno estatal que criminalizó a las víctimas, me contactó para poner las cosas en perspectiva: es imposible que Plataforma hubiera arrojado estos resultados tan rápido, y menos si en algunos casos sólo había huellas digitales.

El dato cobra relevancia, pues las posturas públicas del gobernador veracruzano y su gabinete citaron como fuente a Plataforma México.

Aunque la PGR no ha concluido su investigación sobre los primeros 35 cuerpos, ya detectó que entre ellos hay un estudiante, un ama de casa y un policía sin mancha en el currículum, que fueron arrojados al puente de los Voladores de Papantla y tachados de criminales por las autoridades locales.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 11 de octubre de 2011).

Un perro entrenado entró al camión y detectó en los asientos 32 y 33 lo que podría ser la evidencia de que ahí viajaba un traficante de estupefacientes.

Los soldados hicieron bajar a la veintena de pasajeros y les indicaron que formaran una fila. Un militar que portaba un mango de plástico negro con una pequeña antena móvil en la parte superior paseó con calma frente a los sospechosos, hasta que la antena del aparato comenzó a girar lentamente para detenerse justo en el momento en que apuntaba a Cayetano.

El detector molecular GT200, bautizado por los propios militares como la ouija del diablo, daba su veredicto: el indígena de 52 años, de rasgos recios y cuerpo compacto, sería a partir de entonces presunto traficante de drogas.

Lo raro es que Cayetano viajaba 4 filas adelante del certero hallazgo canino. A los soldados les tomó cuarenta minutos desmontar con desarmadores el respaldo del asiento donde permanecía escondido un kilo de mariguana. En la inspección manual descubrieron que el mixe no llevaba desarmador ni residuo alguno de drogas. Pero no les importó.

A Cayetano lo aislaron y desnudaron. Le dijeron que el aparato lo inculpaba y sería remitido a las autoridades. Comenzó a angustiarse, se defendió en vano. Un sudor frío emanaba de su rostro. Tenía una idea de lo que podía esperarle porque sus 19 años como policía estatal comisionado en Puerto Escondido, Oaxaca, le habían dado la experiencia suficiente para imaginar lo que un ciudadano puede vivir cuando cae en manos de "la justicia".

"¿Cómo es que me señala ese aparato? ¡Yo ni fumo y menos soy adicto a la droga!", les dijo.

A partir de 2008, el gobierno federal hizo compras masivas de detectores moleculares GT200 para reforzar los instrumentos con los que enfrenta la guerra contra las drogas. Según información oficial obtenida a través de mecanismos de transparencia por el científico Andrés Tonini, México ha adquirido al menos 940 aparatos.

La Secretaría de la Defensa Nacional utiliza 742 de éstos, uno de los cuales señaló a Cayetano.

La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública también utilizan en operativos y cateos el detector de rastros de droga, armas y explosivos fabricado por la compañía británica Global Technical LTD.

Un sector de la comunidad científica internacional cuestionó la eficacia del aparato desde hace una década. En México, sin embargo, no fue sino hasta hace año y medio cuando desde los cubículos de algunas universidades se alzaron voces que alertaban sobre la ineficacia del mismo.

Los científicos denuncian que el GT200 no funciona con energía ni circuitos de ninguna especie. Dicen que sólo utiliza tarjetas tipo Ladatel que quedan bailando en el interior del mismo sin hacer contacto con ningún circuito eléctrico. Y han demostrado que la antena es susceptible a moverse influida por movimientos apenas perceptibles de quien lo porta.

El físico Luis Mochán, especialista en propiedades electromagnéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabeza la cruzada divulgativa contra el GT200. Él asegura en entrevista que "de acuerdo a las leyes de la electrodinámica, y de las propiedades conocidas de los materiales, el GT200 no puede funcionar como dicen sus fichas técnicas".

El investigador y otros de sus colegas han estudiado el aparato desde hace un año. "Es una vacilada". Y niega que pueda detectar milésimas de millonésimas de gramos de droga, armas y explosivos, a una distancia remota de hasta 5,000 metros de distancia, como presume la compañía inglesa fabricante.

A principios de 2010, el gobierno de Gran Bretaña alertó al gobierno mexicano sobre la ineficacia del aparato, explicando que ordenaron una investigación policiaca contra la empresa bajo el cargo de fraude y que ellos lo dejaron de usar en la guerra de Irak.

Mochán dice que la misma empresa vendió ese aparato en los 90 a la patrulla fronteriza de Estados Unidos para que localizara migrantes indocumentados. La comunidad científica de ese país también demostró que el detector molecular no servía.

Karla Macías Lovera fue nombrada Juez Decimocuarto de Distrito en Veracruz hace apenas 3 meses. Es una mujer joven y espigada, de trato afectuoso, que estudió Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. A ella le tocó juzgar el caso de Cayetano.

Macías Lovera recurrió a las facultades que tienen los jueces para "allegarse" de información que valide las pruebas presentadas tanto por la parte acusadora como por los presuntos culpables. Se interesó especialmente en conocer los dictámenes científicos que validaran la confiabilidad del GT200, para ver si podía usarse como "prueba de cargo".

La joven juez recurrió a la sentencia del caso Daubert vs Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., dictada en 1993 en la Corte Suprema de Estados Unidos, que estableció lineamientos para admitir o rechazar "medios de pruebas científicas" como evidencias en juicios. El juzgador estadounidense resolvió en aquel entonces que las pruebas de esta naturaleza sólo debían utilizarse como evidencia incriminatoria cuando eran avaladas por un amplio sector de la comunidad científica. No era el caso del GT200.

Fue entonces que Macías Lovera contactó a Mochán, quien accedió a realizar un análisis de la ficha documental de operación del GT200. El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca, avaló el dictamen de Mochán, mismo que se entregó a través de notario a la juez.

El lunes 3 de octubre de 2011, Macías Lovera dictó finalmente sentencia en el caso de Ernesto Cayetano Aguilar. Lo absolvió del delito de tráfico de drogas y exigió su "inmediata libertad". La juez argumentó en su veredicto que "no existe prueba alguna que permita a la suscrita afirmar que el aparato conocido como ‘detector molecular GT- 200’ es una prueba científica válida para ser considerada como prueba de cargo en el proceso penal".

Macías Lovera emitió un dictamen sin precedente al establecer que el detector molecular GT200 no puede ser prueba para sentenciar a presuntos implicados en tráfico de drogas.

EL UNIVERSAL solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública información sobre la cantidad de ciudadanos que están en la cárcel luego de haber sido señalados por el GT200. La respuesta del organismo fue que se necesitarían meses para que ellos o cualquier otra dependencia procesara esa información. Pero por lo pronto hay indicios de que decenas de mexicanos podrían estar corriendo la suerte de Cayetano.

En sólo 3 meses, la juez Macías recibió 5 casos de personas detenidas en retenes donde se implementó el GT200: el de Margarito Méndez González lo recibió de su antecesor (fue sentenciado a 10 años de prisión), el de Cayetano (absuelto por ella misma) y 3 más que están en proceso.

Mochán dice que en Toluca, en Cuernavaca y en Ciudad Juárez hay otros casos que aún no reciben sentencia.

(V.periódico El Universal en línea del 10 de octubre de 2011).

Indicó que sus casos se deben observar desde otra perspectiva en la que el anabólico está siendo parte de la cotidianidad en un consumo que es difícil de controlar, incluso por la Secretaría de Salud Jalisco.

(V.primera plana del periódico El Informador del 10 de octubre de 2011).

Pero esto cambiará muy pronto, pues a partir del 27 de enero de 2012 los juicios orales comenzarán a operar en el ámbito mercantil.

Y aunque incrementar su calidad no es su primer objetivo, la oralidad en los juicios mercantiles dará mayor certidumbre a estos procesos, pues el juez podrá conocer de primera mano la verdad de los hechos, y no, como sucede ahora, mediante esa transcripción que el secretario hace de las declaraciones de los quejosos, afirma el doctor en derercho José Ovalle Favela.

Los juicios orales son un novedad en la justicia mexicana, y se está en "etapa de pruebas".

El papel ya no será el soporte que almacene el proceso. Se contará con una amplitud de medios.

Pero la certeza de lo vertido en las declaraciones se cumple con la obligación del secretario de acuerdos de certificar autencidad de la declaración, y será él quien responda por su resguardo.

La impartición de la justicia seguirá en manos de los jueces, y para Ovalle Favela éste es el punto a mejorar.

"En general no hay una alta calidad profesional en la justicia, podríamos decir que la justicia federal es buena y la local no es tan buena; para mejorarla, se requiere insistir en la preparación de los jueces, en la preparación en materia judicial, se requiere hacer concursos abiertos para que lleguen a jueces los mejores".

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 9 de octubre de 2011).

Es la segunda vez que oigo a este hombre de Estado que, al mando de 165,000 elementos (y con una aprobación social de... ¡65%!), tiene bien digerido que el combate frontal al crimen es factible sin atentar contra las libertades, las garantías individuales y la democracia.

De casi 2 horas de exposición y cruce de preguntas y respuestas, aprendí que Colombia cuenta con una Ley de Sometimiento a la Justicia (México no).

¿Cómo medir el éxito de una estrategia contra la delincuencia?:

a) Con la confianza ciudadana (verificable por el número de denuncias); b) no hay confort para policías en zonas evidentes de conflicto (foco rojo si nadie los ataca) y, c) descabezamiento y desarticulación de bandas.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 7 de octubre de 2011).

(V.pág.3 del periódico Mural del 6 de octubre de 2011).

El miércoles 21 de septiembre escuché de un hombre culto la expresión de: "¡35 menos!", se refería, claro, a las 35 personas que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron esparcidos a plena luz del día en un lugar céntrico de Boca del Río, Veracruz. La implicación era clara, puesto que las autoridades habían declarado el mismo día del hallazgo que se trataba de delincuentes, eran muertes que no había que lamentar ni ameritaban que se escarbara mucho investigando sus historias.

Los días pasan y seguimos sin saber quién mató a los 35, peor aún, desconocemos con certeza la identidad de los muertos. "Por razones de confidencialidad y del sigilo de las investigaciones", me explicó ayer la vocera del Gobierno de Veracruz. Mentira, la verdadera razón de por qué desconocemos con certeza sus identidades es porque ocurren en una sociedad aterrorizada en la que nadie se atreve, con fundadas razones, a hacer lo normal: ir al Semefo, ver quién reclama los cuerpos, entrevistar a los familiares, conocer sus historias. ¿Alguien ha visto al familiar de alguno de estos muertos? Y créame, por muy delincuentes que hubieran podido ser, tenían padres, hermanos y parejas.

Es fácil, o así parece, condenar a la muerte en abstracto a "los malos" cuando se ignora si se trataba de sicarios, narcomenudistas o soplones al servicio de los grupos delincuenciales de la zona. No importa, en la lógica de todo se vale, la pena de muerte es un buen castigo para todos.

Y la tolerancia hacia esas acciones ilegales pero que van "en el buen camino" continúan. Ayer la Marina presentó a 18 policías municipales que presuntamente trabajaban para los criminales y dejó a 19 libres "al no comprobarse vínculos con el cártel de Los Zetas". Todos esos policías fueron capturados por los marinos desde el 30 de septiembre y sólo 3 días después fueron puestos a disposición de un Ministerio Público. Es decir, ahora la Marina se puede quedar tres días con la gente que detiene y se pone a investigar quiénes sí y quiénes no son narcos. ¡Una minucia!, dirán los que piden rigor.

El terror es una salida posible a la situación que vivimos, pero es una muy mala salida. Matar a todos los que están de cerca o de lejos en contacto con delincuentes y a los que se atraviesen en el camino acabaría sin duda imponiendo una situación de tranquilidad, ¿pero es ésa la paz que queremos? ¿Estamos dispuestos a ceder nuestras libertades y la aspiración de vivir en una democracia por solucionar, sea como sea, esta crisis que atravesamos? La aniquilación indiscriminada de un grupo no puede ser el cimiento de una sociedad libre. Se trata sí de pensar en una solución, pero no sólo para mañana, sino para dentro de 5, 10, 20 y 50 años.

Hacernos de la vista gorda cuando las autoridades violan la Constitución sólo garantiza que después de esta crisis tengamos que luchar durante años por liberarnos del yugo de nuestros libertadores.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 5 de octubre de 2011).

Razón y Acción
(2 de octubre de 2011).

Comerciantes dicen que ya están hartos de los problemas que generan los comerciantes ambulantes. Denunciaron que se roban la luz, dejan mucha basura en las calles y además provocan que les disminuyan sus ventas. También se quejan de que los comerciantes informales pagan menos dinero por permisos municipales.

Los manifestantes cerraron la principal vialidad del centro de Zapopan desde las 18:00 horas hasta las 19:30 horas; colocaron camionetas e incluso pusieron cajas de jitomates, plátanos y guayabas frente a la puerta de palacio municipal para llamar la atención de las autoridades.

Policías del Ayuntamiento de Zapopan impidieron el paso de los comerciantes al interior de la presidencia municipal y sólo permitieron que ingresara una pequeña comitiva.

El cierre de los 2 carriles de la avenida Hidalgo que van de oriente a poniente provocó la furia de varios conductores del transporte público y un grave conflicto vial.

Los locatarios denunciaron que ya hay más comerciantes en la parte externa del mercado que en el interior, aseguran que adentro hay 120 locatarios y en las afueras se instalan cerca de 200 informales.

El acuerdo al que llegaron los locatarios con las autoridades municipales es que se instalará una mesa de trabajo con el oficial mayor de Padrón y Licencias, Fernando Velazco; y con la directora de Inspección de Reglamentos, Patricia Godínez.

(V.pág.14 del periódico Milenio Jalisco del 30 de septiembre de 2011).

Este jueves, alumnos pertenecientes a la Escuela Normal de Ciudad Guzmán se manifestaron al exterior de las instalaciones de la Dirección Regional de Servicios Educativos y más tarde realizaron el bloqueo de diversas calles de la urbe, en demanda de una entrevista con el secretario de Educación en Jalisco, Antonio Gloria Morales.

Desde temprana hora realizaron el bloqueo de la calle Humboldt, justo al exterior de la DRSE, en donde los normalistas exigían que fueran atendidos por el titular de la dependencia, José Novoa Mossberg, para que por medio de él se les pudiera conseguir la entrevista.

Al no obtener respuesta, los jóvenes decidieron realizar el bloqueo de calles como Ramón Corona, 1 de Mayo en su cruce con Reforma, así como la calzada Madero y Carranza.

Al respecto, Rosario Calleja Aranda, presidente del Comité de Lucha del Centro Regional de Educación Normal, indicó que lo que ellos están solicitando es la entrevista con Antonio Gloria para que se incremente el número de matrículas en la institución.

(V.pág.16 del periódico Milenio Jalisco del 30 de septiembre de 2011).

La parte negativa del Código Penal es que regula los arraigos: "Una persona puede estar detenida sin cargos; solamente como sospechosos, privados de su libertad, estigmatizados, haciéndose pública su detención, lo que genera un gran problema de legitimidad, de ineficiencia y de violación de garantías".

Zepeda Lecuona indica que con el nuevo código, se puede solicitar a un juez autorización para que una persona acusada de delincuencia organizada "no procede para delitos menores" quede en estado de arraigo. "Ojalá pronto podamos desmontar esa figura constitucional y aberrante, que subsidia las exigencias de la policía".

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2011).

Durante muchos años en México existió el delito de sedición social. Con este argumento se procesó y encarceló a todos los enemigos del régimen de partido único y se criminalizó cualquier protesta. Díaz Ordaz fue el exponente máximo de esta forma de represión, desde los médicos y ferrocarrileros que salieron a las calles en demanda de mejores salarios (lo cual, como se comprenderá, era la peor afrenta al Estado patrón) hasta los estudiantes de 1968. En los años 90 y primeros 2000, básicamente en los sexenios de Zedillo y Fox, hubo un gran cambio en materia de derechos humanos. Con todos los defectos de ambos personajes se avanzó sustancialmente en estos temas, pero nunca se arraigó en los gobiernos estatales.

Hoy tenemos ejemplos de criminalización de la disidencia en todos los rincones del país, en gobiernos de todos los colores. Los que hizo el Gobierno de Veracruz de encarcelar a los tuiteros, tratarlos como criminales de guerra (las descripciones de los detenidos son absolutamente macabras) y legislar al vapor delitos de redes sociales, es un regreso de 150 años en la cultura democrática y de libertada de expresión. No hay duda de que en las redes sociales hay muchísima irresponsabilidad, pero no es distinto a lo que pasaba y pasa en las mesas de los cafés, con la única diferencia que ahora se hace a través de estas redes. El café, como el twitter o el facebook, son conversaciones entre particulares que en un Estado democrático no deben ser intervenidas ni reguladas.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de septiembre de 2011).

Los comunicadores dijeron que los agentes los metieron a las oficionas forenses, donde los golpearon en brazos y piernas, los amenazaron, les quitaron sus teléfonos y los obligaron a borrar las imágenes que tomaron.

Aunque el gobernador Javier Duarte aseguró que las 35 personas arrojadas el martes a la vía pública tenían antecedentes penales, algunos familiares señalaron que entre las víctimas hay un policía y 2 menores, uno de los cuales había desaparecido tras ser detenido por la misma policía la semana pasada.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 24 de septiembre de 2011).

En la manifestación de ayer, los quejosos instalaron en Lázaro Cárdenas, donde su ubica la dependencia federal (entre San Ignacio y Niño Obrero), una caseta de cobro simbólica. Por ello, durante alrededor de 2 horas se causaron problemas viales porque los manifestantes ocuparon dos carriles de circulación; dejaron sólo uno libre.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 24 de septiembre de 2011).

Lo increíble es que la juez hace referencia a una revista de artes marciales donde reseñan a Ángel y donde se promociona un curso de defensa de armas -curso en el que Ángel no participaba-. "Por lo cual, se puede inferir válidamente al igual que juez, que el acusado tiene conocimiento sobre el manejo de armas de fuego y, por tanto, en todo lo relacionado con las mismas como bien puede ser la manera de detectar quién accionó una arma y cómo ocultar los rastros que deja tal actividad, sobre todo porque se toma especial consideración que el curso va dirigido a policías y militares", El argumento es tan ilógico que les cito una parte del texto del mismo proceso para que entienda las irregularidades en este caso. Pero, eso sí, esta misma juez liberó a todas las personas que Ángel acusaba de asalto y las encontró inocentes de todos los cargos.

La parte más alucinante de este caso es que inicialmente la misma juez condenó a Ángel Postigo por lesiones, pero cuando la supuesta víctima regresa al hospital 50 días después y muere, aquélla decide continuar con el proceso y condenar a Ángel a 20 años por homicidio.

Seguramente Ángel tuvo una mala defensa, también uno puede tildar a las autoridades judiciales de incompetentes o de corruptas. Pero uno considera que Ángel Postigo es uno de los pocos individuos que reciben una condena en este país: hay que recordar que solamente 1% de los delitos se denuncian y los "presuntos culpables" reciben una condena. Si ésta es la realidad del sistema de justicia en el país, ¿no sería mejor simplemente cerrar el changarro y reconocer que en México la justicia no existe?

Finalmente, Ángel cometió el supremo error de creer que en México uno tiene el derecho a defenderse ante los criminales. Frente al incremento de la violencia en el país, las personas están buscando cómo defenderse ante la criminalidad. Algunos toman cursos de seguridad personal, otros compran armas. Pero el hecho es que aquí la legislación claramente favorece a los criminales, no a las víctimas. He documentado casos donde personas, haciendo uso de un arma o de una técnica de defensa personal, enfrentar a un agresor y acaban en la cárcel o pagando los servicios médicos del asaltante.

Una de las lecciones que uno puede deducir de la trágica experiencia de Ángel Postigo: Si te asaltan pierdes, si te defiendes y acudes a denunciar, también.

Ana María Salazar
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de septiembre de 2011).

Los inconformes reclamaban el pago de 35 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública federal les adeuda desde enero.

A partir de las 9:30 horas, el contingente conformado por trabajadores y simpatizantes de los Centros de Desarrollo Infantil adheridos al Partido del Trabajo, cerraron el tránsito vehicular.

Con la medida provocaron que cientos de personas llegaran tarde a su trabajo, retrasaron el traslado de un enfermo que a bordo de una ambulancia del ISSSTE pretendía llegar a un hospital de Guadalajara, además de las pérdidas millonarias que según el líder de los Estibadores de Manzanillo, Cecilio Lepe, se generaron al impedir el paso de tráileres cargados con productos que arribaron al puerto por barco.

El bloqueo fue en el kilómetro 5 de la vía Colima-Guadalajara.

De acuerdo con el diputado local del Partido del Trabajo y coordinador del movimiento, Olaf Presa Mendoza el bloqueo terminó una vez que representantes de la SEP negociaron pagar los 35 millones de pesos.

(V.pág.8 del periódico Mural del 22 de septiembre de 2011).

Este texto puede leerse en la página www.noesjusto.mx y quisiera aclarar algunos puntos: El maestro Postigo gozó siempre de una buena reputación en el círculo de artemarcialistas en el mundo, daba conferencias y seminarios y tenía su escuela. Un día, después de un seminario se tomó unas copas, conoció a una muchacha en un bar que lo invitó "a pasar un buen rato" y Postigo la siguió a un hotel de dudosa solvencia moral donde, en el lobby, fue agredido por un grupo de delincuentes, uno de ellos armado. El asunto parecía hasta aquí una triquiñuela clásica del hampa de gran ciudad. Pero en este caso el pez que había mordido el anzuelo era un hombre sumamente entrenado.

Lo encañonaron y reaccionó de manera automática. Aplicó una llave y sometió a su enemigo. Al sentir el dolor, el asaltante disparó su arma e hirió a una de sus cómplices.

Todos huyeron. Postigo acudió a la delegación a denunciar los hechos y fue detenido. Poco importó que los 4 implicados en el robo tuviesen antecedentes penales y Postigo un récord impecable o que el lugar donde sucedieron los hechos sea ya famoso en el DF por asaltos de esa naturaleza. Lo que es más, las pruebas periciales que se le hicieron demostraron que no había disparado un arma, pero ni esto fue suficiente para el juzgado que lo encontró culpable de homicidio ya que la mujer que lo llevó al hotel declaró que Postigo era quien cargaba un arma de fuego y que con violencia atacó sin motivo a quienes se encontraban en el lugar.

Hoy, después de 4 años encerrado en un reclusorio ha decidido levantar la voz consciente de que el sistema de justicia Mexicano no procura justicia sino que se dedica a llenar estadísticas, a mostrar que los casos han sido cerrados y que los culpables están tras las rejas. Postigo es culpable sin importar los hechos, atrapado en un infierno que hace de Kafka literatura infantil. Ángel Postigo es culpable de haber creído en el sistema de justicia, de haber acudido ante la autoridad, de intentar hacer las cosas bien. Así funciona en este país la lucha contra el crimen.

El juicio de Postigo hoy descansa en las manos de un magistrado que revisará y decidirá si se mantiene su condena de 20 años o si lo dejan libre.

Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 21 de septiembre de 2011).

De esa cifra, 20'897,336 delitos no fueron denunciados, por lo que no se inició una denuncia o averiguación previa, lo que representa una cifra negra de 92% de los delitos cometidos durante el año pasado.

[Después de leer la nota inmediatamente arriba de ésta, ¿le extrañan estos números a alguien? El webmaster se imagina que las denuncias que sí se hacen es porque los delitos se cometen contra sujetos asegurados, y las aseguradoras exigen la denuncia para pagar... si no ni a ese 8% se llegaría.]

Adrián Franco, director general adjunto de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Inegi, dijo que con bases en esas cifras se puede estimar que a consecuencia de la inseguridad y el delito, los costos económicos representan más 210,000 millones de pesos.

"Esto es 1.53% del Producto Interno Bruto del país", dijo el funcionario, quien señaló que los hogares mexicanos han desembolsado más de 48,000 millones de pesos en la adopción de medidas preventivas para su seguridad como cambio de cerraduras, colocación de rejas o bardas, entre otras.

Sobre la percepción de los ciudadanos en materia de seguridad pública, la encuesta refiere que a nivel nacional, el 63% de la población mayor de 18 años consideró que los delitos aumentaron en su entidad federativa.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 21 de septiembre de 2011).

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 21 de septiembre de 2011).

Los quejosos exigieron que se reubique la caseta de cobro de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, localizada a la altura de El Cortijo, pues afecta a habitantes de fraccionamientos como Paseos de la Cañada, quienes ingresan por este punto.

Los manifestantes fueron atendidos por el subdirector de Obras Públicas de la SCT, Rodolfo Luna Inocencio, debido a que el titular de la dependencia se encontraba en la Ciudad de México. Sin embargo, amenazaron con regresar mañana, en caso de no obtener una respuesta positiva a sus demandas. Y la amenaza es bloquear la circulación en ambos sentidos de Lázaro Cárdenas, frente a la SCT.

El pasado 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Tonalá manifestó su rechazo al cobro que en las casetas de la autopista a Zapotlanejo se hace a los pobladores de diversos fraccionamientos, quienes deben pagar una cuota de ocho pesos por entrar y salir de los mismos.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de septiembre de 2011).

Cansados, decidieron instalarse en el Zócalo. Llegaron el 3 de marzo con sus mujeres, sus niños y la jaula de sus canarios. Armaron sus tiendas mientras comentaristas indignados por la usurpación del Zócalo sagrado montaban en cólera y clamaban el desalojo de los invasores. La embestida de la propaganda no doblegó a los sindicalistas. Más de 6 meses transcurrieron sin que las autoridades se dignaran atender las quejas y peticiones, dando respuestas que iban del silencio a siniestros cargos de corrupción sindical.

Pero, ay Diosito santo, se llega la hora del Grito, con mayúscula, y los malvados siguen ahí. 48 horas antes de la noche festiva una epidemia de ansias causa fiebres espasmódicas y se aceptan todas las peticiones. Todas. El reloj de Catedral no se detiene y lo que durante 2 años fue un manojo de caprichos absurdos, florece en soluciones milagrosas. La primera: reconocer al Sindicato Mexicano de Electricistas como interlocutor válido.

Las demás van desde la devolución de cuotas sindicales hasta la liberación de presos culpables anoche, inocentes al amanecer. Sólo cuando se vieron en el rincón del ridículo, llamaron a los repudiados a una junta nada menos que en el palacio de Cobián con los secretarios de Gobernación y del Trabajo y la mediación clave del jefe de Gobierno del Distrito Federal y les aprobaron la lista completa de peticiones, dónde firmamos, váyanse por favor, qué más, lo que quieran, pero devuélvanos el Zócalo y el balcón central insustituible.

Lo importante es el hecho de doblegar el sistema mediante un procedimiento primitivo.

Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2011).

Pero, así de insensibles e inhumanos como son, resulta que no los puedes siquiera criticar ni reseñar tampoco su gazapos -como hizo en cierto momento el presidente de México, harto de constatar que muchas de las acciones que llevan a cabo los valerosos marinos de la Armada y los empeñosos miembros de la Policía Federal no llegan a buen puerto ya que los juzgadores a cargo de solventar el caso aducen no tener los elementos jurídicos suficientes como para, ahí sí, procesar y castigar a sujetos cuya culpabilidad pareciera evidente- porque entonces resulta que estás vulnerando la "estabilidad" de las instituciones de la República, o algo así.

Tan escrupulosos que son a la hora de estudiar un expediente y rechazarlo a las primeras de cambio y, mira tú, tan dispuestos que están a dictar sentencia basados en testimonios dudosos, en pruebas falsas, en meros supuestos y en "confesiones" obtenidas de manera arbitraria. Ah, y tan inclinados, esos mismos que persiguen cruelmente a los desamparados ciudadanos de este país, a otorgar alegremente amparos a los pillos, los tramposos, los corruptos, los ladrones y los poderosos.

Ahí está el caso de Antonio Ortega, para mayores señas, acusado injustamente de perpetrar unas violaciones y encarcelado durante 4 años. El hombre perdió primeramente su trabajo y luego su casa. Su hijo nació mientras él estaba en cautiverio. Ahora sale libre gracias, por una vez, al impacto noticioso que ha tenido su caso y a los buenos oficios de un fiscal que respondió con ejemplar diligencia a las solicitaciones de un periodista. ¿Quién le va a devolver, sin embargo, esas primaveras perdidas? ¿Y acaso es necesaria la realización de una película o la intervención de un director de un periódico o la movilización de los ciudadanos para que los jueces hagan simplemente lo que tienen que hacer -atender los recursos legales interpuestos por una persona que, con las pruebas en la mano, pide justicia- y que estos procedimientos, en vez de terminar favorablemente para el acusado gracias a circunstancias excepcionales, sean tan sólo parte de una normalidad procesal?

Y ahí tenemos también la historia de Sergio Dorantes. Este reconocido fotógrafo -trabajó para el semanario Newsweek y muchos otros medios de la prensa- fue acusado de matar a su ex esposa por un testigo que luego se retractó y que no pudo dar siquiera datos precisos sobre las circunstancias del suceso. Quien debiera ser el principal sospechoso, un antiguo policía que visitó a la mujer el día del asesinato y a quien se le encontró sangre en los zapatos, se encuentra, por el contrario, en libertad y tan campante.

Ésa es la justicia en México: una maquinaria que nunca rectifica, que nunca atiende pruebas una vez que ha decretado la culpabilidad de una persona; un aparato de extrema crueldad, inmune a las evidencias, sostenido por individuos -los jueces- de descarnada insensibilidad que, por lo visto, duermen muy bien por las noches a pesar de que sus decisiones afectan de manera atroz la vida de tantos mexicanos inocentes.

Hemos sabido de estos casos. Pero hay muchos más y esto es intolerable en un país que aspira a figurar en la liga de las naciones civilizadas. ¿Cuánto tiempo más podemos vivir con los ojos cerrados y en la indiferencia sabiendo que, en estos mismos momentos, hombres inocentes viven el infierno de la cárcel?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 18 de septiembre de 2011).

El 15 de junio de 2010, el condenado solicitó a esa misma séptima sala penal del TSJDF un incidente de reconocimiento de inocencia que los impartidores de justicia volvieron a rechazar.

La víctima había presentado como pruebas de su inocencia las declaraciones de las menores que lo habían acusado, y que en la calle identificaron al verdadero autor del asalto sexual, que era otro al sentenciado.

No obstante las pruebas de la inocencia de uno y la culpabilidad de otro, el 2 de julio los magistrados de la misma sala penal le volvieron a negar, por segunda vez, la libertad, dejando al acusado en la calle y al inocente en la cárcel.

El 29 de julio, obligados por un amparo, los magistrados de esa séptima sala penal volvieron a valorar las pruebas, y por tercera vez le negaron la libertad.

El caso llegó a oídos del director de MILENIO, Carlos Marín, quien al ver lo noticioso y la injusticia del caso, entró en contacto con el procurador Miguel Ángel Mancera, quien revisó el asunto, confirmando la inocencia del sentenciado y la culpabilidad del que estaba libre, por lo que interpuso un recurso que llevó al Presidente de la República a uno de los contados casos en lo que firma un decreto de indulto por inocencia.

Ortega hoy está en su casa después de cuatro años y medio de cárcel, y jueces y magistrados en la suya, como si nada, en otra expresión de cómo se imparte justicia en México y de lo que es la impunidad judicial.

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 16 de septiembre de 2011).

Los familiares, 2 hombres y una mujer (papá, mamá y hermano del agente) fueron acribillados anoche.

(V.Notisistema del 15 de septiembre de 2011).

Según lo aprobado ayer por la madrugada en asamblea, integrantes del SME avalaron la instalación de una mesa de alto nivel, luego de seis horas de negociación en el Palacio de Cobián.

Dos días antes de que el Zócalo de la capital sea escenario del acto del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre y de un desfile militar a la mañana siguiente, se concreta el diálogo.

Las peticiones:

• El retorno a las fuentes de empleo de los 15,000 trabajadores sindicalizados, que nunca aceptaron ser liquidados e iniciaron varios actos de resistencia civil que desarrollaron en los últimos meses.
• La toma de nota de Martín Esparza, como dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, y a 25 miembros del Comité Central.
• La liberación de 12 integrantes del sindicato presos, 11 de ellos en el Reclusorio Oriente, con sede en el Distrito Federal, y otro, en el Penal de San Miguel, en Puebla.
• Continuarán con su demanda de que les entreguen las cuotas sindicales que ya habían sido aportadas antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Reconoció que si bien Luz y Fuerza se extinguió "no significa que se haya extinguido el sindicato, ese sindicato existe, tiene representación legal, y el gobierno le da el tratamiento que a cualquier otro sindicato debe darle".

Incluso hay 2 tomas de nota pendientes: la relacionada con la modificación de sus estatutos y el reconocimiento a su comité directivo, situaciones que competen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fernando amezcua Castillo, vocero del SME, afirmó que descongelaron las cuentas bancarias de su organización, diligencia que realizó Martín Esparza.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 14 de septiembre de 2011).

Lo de menos es si hubo "autorización del Gobierno" para ese acto. (Da igual. Total, una mancha más en la zalea del tigre de la anarquía...). Lo notable es la prepotencia y la estulticia -indigna de pretendidos intelectuales- de los organizadores del evento. Primero, porque pedir una disculpa a los afectados, en el caso, es ocioso. La disculpa implica solicitar indulgencia, en nombre de la buena intención por los perjuicios que involuntariamente se causan al prójimo. Segundo, porque la aseveración de que "no se quería causar problemas" es insostenible: se actuó a sabiendas de que se afectaría a un gran número de terceros: personas pacíficas que iban a trabajar, o a las que se transportaba en ambulancias, etc. Tercero, porque si se quería "invitar a reflexionar" sobre la inoperancia de un modelo del que ha sido culpable la incompetencia de los gobernantes -los de antes y los de ahora- y no la imperiosa necesidad de las personas de desplazarse, es obvio que carecen de autoridad moral para "invitar" de esa suerte las minorías que se organizan para conculcar los derechos de la mayoría,,, y, de paso, para limpiarse con el apotegma juarista: "El respeto al derecho ajeno es la paz".

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 12 de septiembre de 2011).

Sin embargo, hay algunos impartidores de justicia que han encontrado en esa independencia el espacio para la trapacería, cómo se desnudó en el tema de protección a los casinos. Hay uno que otorgó a una casa de juego un amparo contra 862 autoridades ante cualquier afectación presente o futura.

Los hay que se han coludido con desarrolladores urbanos, sobre todo en el Distrito Federal, para violar la ley y los hay que han puesto en libertad a personajes como Jorge Hank Rhon y Néstor Moreno, lo que ha terminado de alterar la relación con el presidente Felipe Calderón, al punto que, a través del Consejo de la Judicatura, le mandaron el mensaje de que cuestionar el trabajo de los jueces sin fundamento, por consigna y sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional.

Esta expresión retrata cómo han calado en ese poder las críticas presidenciales, que los llevó a hacer esta declaración que ellos mismos calificaron de inusual.

Esta discusión la tienen perdida lo jueces, pues quien más, quien menos, tiene un agravio fundado contra ellos.

Que se vean en el espejo de los legisladores, que por actitudes como esas están, con los partidos políticos, en el último escalón del reconocimiento social.

Joaquín López-Dóriga V.
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de septiembre de 2011).

No entiendo cómo un político en 3 años puede hacerse millonario y en 6 ni se mencione; ya no hay cifras para analizarlo. Hablamos todos los días del terror en el que vivimos por la inseguridad en la que se desenvuelve este país. Señor presidente, queremos los culpables que se esconden tras bambalinas no a las marionetas, ellas caen cuando el titiritero muere.

Ramón Vargas
(v. "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de septiembre de 2011).

A los conductores que se vieron afectados por el cierre del túnel de López Mateos, el creador de Masa Crítica les ofreció una disculpa y los instó a reflexionar sobre las distintas formas en que se pueden utilizar las calles y los espacios de la ciudad; los invitó a bajarse del coche y unirse a las actividades.

(V.primera plana del periódico El Informador del 9 de septiembre de 2011).

"No hagamos un falso debate. Lo que verdaderamente daña la estabilidad y la seguridad del país, es la impunidad: que los ladrones y los criminales anden en la calle y en nuestras narices".

"Y no digo que sea culpa de un poder o de otro, pero (sí) que todos tenemos quehacer".

"Que alguien viole la ley, que un delito se cometa y que ese delito no se castigue: ¡eso es lo que molesta a la gente!", argumentó el presidente.

"En parte es culpa nuestra, porque no agarramos a los delincuentes (y) no investigamos bien".

"En parte, también, porque agarrándolos a lo mejor no se arman bien las averiguaciones y, en parte, también, porque agarrándolos y armando bien las averiguaciones, salen libres".

Afirmó también que si su gobierno no hubiera actuado a tiempo y con determinación para enfrentar al crimen organizado, la delincuencia estaría gobernando.

(V.primera plana del periódico Mural del 8 de septiembre de 2011).

Con ironía corrosiva, el diputado federal del PRI César Augusto Santiago expresó: "Les digo a mis colegas diputados: antes era conocido el famoso ‘sabadazo’. Cuando metían a la cárcel a alguien en sábado, ahí lo tenían, porque los jueces no trabajan los sábados; pero, milagrosamente, aquí, una jueza nocturna le otorgó la libertad a las 3 o 4 de la mañana (de este domingo), lo que es una eficacia fuera de lugar".

Y entonces César Augusto soltó el gancho al hígado, con dedicatoria al Poder Judicial de la Federación: "Creo que tiene el Consejo de la Judicatura qué explicar cómo le hacen para distinguir cuando de verdad es un juicio de amparo para proteger garantías individuales y cuándo es una maniobra para violar la ley o para dejar de cumplir con ella".

En la otra cámara federal, el senador Ricardo Monreal declaró: "La detención y luego la liberación de Néstor Moreno por enriquecimiento ilícito y corrupción, no es otra cosa más que el reflejo de lo que la justicia es en México. La justicia está al servicio de los poderosos; la justicia en México no existe; está siempre vendida al mejor postor".

En San Lázaro y en el Senado coincidían los opositores en decir que el caso Néstor Moreno "es paradigmático y es una punta en un pajar". Y apostillaba Monreal: "Néstor Moreno fue descubierto por un gobierno extranjero, no por el gobierno mexicano, que se convirtió en cómplice. Es apenas un chivo expiatorio, el inicio de la madeja de corrupción que existe en la CFE y en Pemex, ISSSTE e IMSS".

A Néstor, en Estados Unidos se le acusó de pertenecer a una "red de corrupción", de la que recibió un yate con valor de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de casi 300,000 dólares, otros 170,000 dólares en tarjetas y otros pagos por 6,000 dólares; todo, a cambio otorgar contratos de arrendamiento de plantas de emergencia a una empresa de California cuyo nombre es Azusa.

Vicente Bello
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 6 de septiembre de 2011).

(V.primera plana del periódico El Informador del 6 de septiembre de 2011).

(V.pág.15-B del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2011).

Hoy en día no hay manera que las autoridades que quieran cumplir su función (si es que todavía hay algunas que lo quieran hacer, pues con tantos arreglos e intereses creados que han ido saliendo a la luz ya no se sabe para qué lado del crimen o la justicia trabajan) puedan atender tantos frentes.

Antes se hablaba de combatir el narcotráfico, pero hoy en día todos los casos que se describen en el primer párrafo, que se viven todos los días, más los secuestros, usurpaciones de identidad, robos y asesinatos, son producto de la "delincuencia organizada". Lo más grave de este término es que este giro no puede organizarse si no cuenta con la protección de alguna o varias autoridades, de hecho, tal pareciera que en eso consiste que sea "organizada", que esté protegida y avalada por algún funcionario con el suficiente poder para brindar protección, sin importar que quien pague la cuenta sea el ciudadano común.

Ante todo esto, la esperanza se ha perdido.

Si alguien le ve salida, que levante la mano, ya viene el 2012 y no se puede tolerar caer en la misma traición con que los partidos políticos han arrebatado la democracia a la ciudadanía.

Razón y Acción
(4 de septiembre de 2011).

Obviamente tenemos que empezar con los autores intelectuales del atentado en el casino Royale, además del daño que están causando a la sociedad mexicana en general, es casi incomprensible entender la soberbia que les brinda la impunidad de poder hacer tantos delitos y que nadie los detenga o los llame a cuentas. Lo más impactante es que parecería que los autores intelectuales son policías estatales del Gobierno de Nuevo León. Estos ejemplos confirman aquellos llamados de algunos grupos sociales quienes exigen la desaparición de las policías argumentando que estaríamos más seguros sin ellos.

También están los sicarios de estas organizaciones, que sin ninguna consideración por la vida de cientos de personas, fueron capaces de llevar a cabo un acto de barbarie, sin medir las consecuencias.

Los que argumentan que el problema de la violencia en México tiene que ver con la pobreza y la falta de oportunidades deberían repensar sus argumentos. Más que un problema de pobreza, creo que hablamos de la cultura de impunidad que promueve que estos individuos se sientan lo suficientemente protegidos para asesinar con nula preocupación por la vida de personas inocentes. Yo les quiero recordar que Nuevo León es uno de los estados más prósperos en el país, y están viviendo una ola de violencia que no hay en estados más pobres en el país. Basta de echarles la culpa a los pobres, los factores de violencia son otros.

Para muchos la culpa debe de asumirla el gobierno federal, por su incapacidad de proteger a los ciudadanos de estas organizaciones y por otorgar licencias a operadores que a todas luces se ve que no les interesa cumplir con la normatividad en materia de protección civil. Los que están en contra de dar permisos a más casinos, argumentan que la mayoría de estas localidades podrían estar dedicadas a una forma de lavado de dinero u otras ilegalidades. ¿Cuántos ex secretarios de Gobernación se verán manchados con la sangre de estas personas muertas?

El gobierno estatal, por no supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, ya que de haberlo hecho, muy probablemente no hubiera ocurrido esta desgracia o no hubiera sido de esta magnitud, además por no coordinarse con el gobierno federal de una manera eficaz para brindar seguridad a los habitantes de Nuevo León. Estos casinos tienen que someterse a inspecciones.

La rama judicial también tiene culpa de la muerte de estas 53 personas. Un juez aceptó un amparo del casino Royale, después de que se les ordenó su clausura por irregularidades. Ahora que se han clausurado más casinos en Monterrey, ¿buscarán los dueños amparos a "modo" para que puedan reabrir?

Qué decir del gobierno municipal, por otorgar licencias de operación a empresas que incumplen en materia de protección civil y por ser incapaces de enfrentar sus retos en materia de seguridad, a pesar de estar al frente de una de las ciudades más importantes de este país. El "quesogate" también podría resultar en uno de los escándalos de corrupción más importantes de Nuevo León y del país. ¿Será que Jonás Larrazabal, hermano incómodo del presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazabal, recibía extorsiones de los casinos? Los videos, aunque no contundentes, sí exigen una explicación más allá del vender queso y mezcal de Oaxaca.

Los partidos políticos se hacen los sordos, mudos y ciegos. El PAN desconoce a Larrazabal, y Rodrigo Medina ha recibido un apoyo poco contundente del PRI. Parecería que los legisladores y patriarcas del partido están corriendo a las colinas para esconderse del escándalo.

Cuando identifiquen y arresten a los dueños del casino Royale tendrán mucho que explicar y responder. Primero, quiénes son los verdaderos dueños. ¿A poco se puede cambiar una concesión de un casino sin avisar a las autoridades? Eso fue lo que sucedió, recalcando la falta de supervisión que hay en esta industria. Los dueños del casino parecerían estar más interesados en ganar más dinero sin medir las consecuencias de sus actos y no tener el valor de enfrentar el escrutinio público. ¿Cómo podrán dormir sabiendo que muchos de los muertos se deben a la falta de puertas de emergencia? Si sólo hubieran capacitado a su personal en materia de incendios y les dotaran del equipamiento necesario, estos hechos tal vez sólo hubieran pasado como un susto.

Lecciones de esta dolorosa tragedia: 1, el crimen organizado no le importa la vida de inocentes y están dispuestos a ir en contra de la población. 2, la corrupción mata. Y 3, qué fácil es echarse la bolita y no asumir alguna responsabilidad.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de septiembre de 2011).

Durante la mañana, los integrantes del Sindicato Unico de Académicos del Colegio de Bachilleres realizaron 2 bloqueos por espacio de 20 minutos. Unos 30 profesores se apostaron en el cruce de Rubén Darío y otros 50 se ubicaron en López Mateos, para impedir el paso de autos a Manuel Acuña, en ambos sentidos hacia la Casa Jalisco. Los bloqueos se realizaron entre las 10:30 y las 11:10 horas, así como entre las 12:10 y las 12:30 horas.

(V.pág.7 del periódico Milenio Jalisco del 2 de septiembre de 2011).

"Se trata de problemas profundamente enraizados en nuestra cultura , no se resolverán repartiendo culpas entre los políticos y gobernantes de hoy y de ayer", mencionó.

(V.pág.2 del periódico Mural del 1o.de septiembre de 2011).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 1o.de septiembre de 2011).

[A ver cuándo benefician a los pendejos que cumplen a tiempo sus obligaciones - el webmaster,]

(V.periódico El Universal en línea del 31 de agosto de 2011).

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 31 de agosto de 2011).

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de agosto de 2011).

Necesitamos dejar el cinismo y la confusión a un lado, detenernos por un momento y no hablar de la delincuencia organizada y la guerra; hacer un alto en el camino para volver a argumentar a favor de la legalidad desde las decisiones individuales, de la responsabilidad ciudadana, del cumplimiento de lo que algunos llaman las pequeñas leyes; aquellas reglamentaciones que pueden parecer menores, como las medidas de protección civil, que implican tener extinguidores en buen estado, salidas de emergencia, aspersores y alarmas contra incendios; o como las medidas sanitarias para los pequeños y grandes comercios que evitarían miles de intoxicaciones alimentarias, e incluso muertes, por falta de medidas de higiene básicas en lugares no aptos para servir comida. Si estos modestos pactos de civilidad no se cumplen, muy poco cambiará en México.

Lydia Cacho
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 29 de agosto de 2011).

La población mexicana tiene claro que los primeros en violar la ley son las autoridades públicas. Todas las encuestas nacionales e internacionales más importantes, de Transparencia Internacional, Latinobarómetro y otros, reflejan una profunda desconfianza ciudadana en la honestidad y pulcritud de los funcionarios gubernamentales mexicanos así como la permanencia y expansión de la corrupción gubernamental en el país.

En la conciencia colectiva de los mexicanos no existe una distinción radical entre los delincuentes y los servidores públicos. Ambos violan la ley por igual y han generado una situación de desorden generalizado. En este contexto, no existen incentivos para los ciudadanos para obedecer la ley, sobre todo cuando las disposiciones normativas son injustas o privilegian los intereses de los poderosos. El resultado es una ciudadanía con una sana perspectiva crítica con respecto a la legalidad realmente existente en el país.

Así que en lugar de echar la culpa por la falta de desarrollo a una supuesta cultura milenaria de ilegalidad y simulación, mejor habría que avocarnos a sanear de raíz las instituciones actualmente existentes y confrontar los desequilibrios de poder social. Pero para poder realizar una verdadera limpia desde arriba hasta abajo, primero habría que construir una fuerza social suficientemente organizada y poderosa para resistir los fuertes coletazos de aquellos intereses que inevitablemente saldrán afectados durante el proceso.

John M.Ackerman
(v.pág.16 de la revista Dia Siete del 28 de octubre de 2011).

El priista consideró que el argumento que esgrimen en el poder legislativo para advertir que no cayeron en desacato porque no conocieron de la resolución de la Corte, considera que no tiene sustento, pues para efectos jurídicos, el Congreso [de Jalisco] fue notificado en el momento en el que se entregó la determinación de la Corte en Oficialía de Partes.

Estimó que los tiempos procesales que concreten al interior del congreso no tendrían por qué ser motivo para argumentar que no se enteraron de la notificación del máximo órgano de justicia del país.

Según el legislador, se tomaron decisiones en un lapso de 20 minutos y afirma que era mejor no lanzar la convocatoria si ya estaban todos los acuerdos. "¿Para qué generar una falsa expectativa a tantas personas que forman parte del poder judicial? Dejan mal parada la imagen de los depositarios de la justicia".

Desde el punto de vista de Zamora Jiménez, los legisladores locales podrían ser sujetos a juicio político, aunque reconoció que es prácticamente imposible que esta figura aplique en contra de los diputados, pues es el propio pleno del legislativo el que instaura este procedimiento en contra de funcionarios.

Arturo Zamora estimó que el nombramiento de los magistrados es ilegal; por lo que adelantó que la propia SCJN podrá echar abajo esos nombramientos.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 28 de agosto de 2011).

Supongo que mucha gente, indignada y harta de tanta violencia, desea, ahora más que nunca, que se aplique la pena de muerte. Los malnacidos que cometieron la atrocidad de Monterrey merecen el peor de los castigos, sin duda alguna. Pero lo que le hace falta a México, antes de pensar en durezas legales extremas, es que se respeten, para empezar, las leyes que ya tenemos y que impere el estado de derecho. Ahí, en la colosal insolvencia de nuestro aparato de justicia, está el origen del problema.

Nunca habrá seguridad si la policía no es confiable, si los jueces no hacen bien su trabajo, si los agentes del Ministerio Público están corrompidos y si nosotros, los ciudadanos, seguimos incumpliendo con nuestras obligaciones más elementales: el chofer que conduce salvajemente al autobús por las calles de la ciudad también mata a personas inocentes, señoras y señores; el jefe de compras del hospital público que negocia un sobreprecio con los distribuidores de medicamentos está provocando que los recursos del Estado no alcancen para atender debidamente a todos los pacientes; el inspector sanitario que acepta un soborno está poniendo en riesgo a la población: el burócrata que entorpece la construcción de un puente peatonal o el ensanchamiento de una carretera impide que dejen de ocurrir accidentes; el diputado que, por intereses espurios, sabotea deliberadamente la promulgación de leyes benéficas para la nación le está haciendo un daño incalculable a la sociedad... ¿El resultado de todo esto? Muerte, dolor, desolación, atraso, injusticia y, sobre todo, un sufrimiento de los mexicanos que, con los recursos que ya tenemos, podría ser perfectamente evitable.

La aterradora bestialidad de los delincuentes es, en este sentido, la expresión más extrema y ostensible del gran mal que nos aqueja, la más grosera manifestación de nuestra enfermedad. Son, por así decirlo, la más acabada versión de la podredumbre nacional. Estos antisociales, en la acepción más clínica de la palabra, no vinieron de Marte. Crecieron aquí, entre nosotros. Aquí se educaron y aquí se formaron. Y se benefician, por lo pronto, de la impunidad que les asegura un sistema judicial descompuesto. Se han agenciado la protección de jueces y policías y, de cualquier manera, la consustancial incapacidad de respuesta del aparato público les facilita, de entrada, la tarea. La carrera criminal, en México, se puede cursar sin mayores molestias. Ahí están los escandalosos índices de impunidad, para quien lo dude.

Calderón, tal vez, hubiera debido comenzar por limpiar la casa de la justicia en vez de arremeter directamente contra los criminales. La tarea, sin embargo, parece imposible. Se habla, por ejemplo, de la "depuración" de los cuerpos policiacos. Supongo que esto significa que a muchos agentes corrompidos los van a echar a la calle. Muy bien, y, una vez consumada esta limpieza ¿qué ocurrirá con estos individuos? ¿Dónde van a trabajar, adónde van a ir, qué van a hacer? Hasta donde sabemos, se trasmutan en delincuentes (sin uniforme, esto es).

¿Quién arregla esto? ¿Dios?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 28 de agosto de 2011).

Si esto es un parteaguas y realmente significa un combate al terrorismo de la impunidad, de la corrupción, de la descomposición policiaca y judicial, si es ése el terrorismo a combatir, pues adelante. Pero hay que empezar ya, antes de confundir con palabras. Porque en estos años de guerra la impunidad ha salido ilesa.

Luis Petersen Farah
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 28 de agosto de 2011).

Pero entonces, ¿por qué a la mafia le gusta tanto un negocio de doñas?; ¿por qué los ayuntamientos los consideran "giros negros" si son permisos controlados por Gobernación y otorgados a respetables miembros de la clase política? Sólo hay un posible explicación: los casinos no son un negocio de entretenimiento de señoras desquehaceradas, son giros riesgosos y los miembros de la clase política que está detrás de ellos están lejos de eso que se considera respetable. Si la mafia quiere controlar los casinos es porque generan cantidades enormes de efectivo y porque son lugares idóneos para lavar dinero.

La tragedia de Monterrey tiene autores materiales: una banda de locos que están más allá de cualquier consideración no digamos moral, sino humana. Pero también hay una serie de actores de la clase política que le tendieron la cama a la tragedia: los políticos que dieron los permisos, los jueces que reparten amparos como si fueran colaciones y las autoridades policiacas y de protección civil que prefieren hacer como que no ven antes que encontrarse con algo que no debieron haber visto.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2011).

Los efectos en la sociedad son devastadores, ya nadie cree en la clase política, ni en la justicia. La conclusión de los ciudadanos es: si la autoridad es la primera en violar la ley, ¿por qué los ciudadanos deberíamos respetarlas? Así se generaliza la corrupción y la simulación del respeto a las leyes. Mientras siga esta confabulación entre poderes, nada va a cambiar, los políticos podrán cometer los peores crímenes y seguirán riéndose en nuestra cara.

Sergio Cortéz Jaramillo
(v.pág.21 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 26 de agosto de 2011).

Para Arturo Villarreal Palos, profesor investigador de la UdeG y especializado en temas de seguridad, el aumento de las víctimas por estos ilícitos es una consecuencia de que las autoridades se hayan centrado en el combate a la delincuencia organizada.

"Como todos los esfuerzos, al menos federales, han estado encaminados al ataque del narcotráfico, pues se han descuidado otras esferas, particularmente en el ámbito del robo a vehículos", dijo.

"Los delincuentes se montan en esto y pueden operar con una relativa mayor flexibilidad, dado que la atención no está tan dirigida hacia ellos".

MURAL publicó que desde diciembre del 2006 hasta mayo del 2011, el promedio mensual de víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes aumentó de 1.38 a 3.01, de homicidio de 1.83 a 2.94, y el robo de autos con violencia creció de 2.91 a 4.51.

Las estadística fueron mostradas en el informe "Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves" presentado por la organización México Evalúa AC y está basado en los registros de denuncias hechas ante las agencias del Ministerio Público estatales.

Villarreal Palos mencionó que los estados son los encargados de combatir las extorsiones, hurto de coches y homicidios, por lo que el aumento sólo demuestra que la autoridad no ha sido capaz de atacarlos, creando así la impunidad.

"Los estados de la república que tienen la obligación de combatir más directamente este tipo de delitos, pues tampoco están cumpliendo con su tarea", apuntó Villarreal Palos.

También mencionó que a pesar de los esfuerzos federales por combatir el crimen organizado, ni siquiera lo han podido controlar.

Dante Haro Reyes, profesor investigador de la UdeG, coincidió en que las autoridades han fracasado en combatir la criminalidad.

Esto, agregó, además de provocar la falta de penalización, también fomenta la corrupción.

Se solicitó una entrevista con el procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, para conocer su postura respecto al tema, pero no hubo una respuesta.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 25 de agosto de 2011).

El ejecutivo advirtió que cada vez se ensancha más la brecha entre la verdad real, que conlleva impunidad, y la verdad legal, por ello la urgencia de tomar medidas al respecto.

"A los juzgadores en general y en general a todos los que tenemos que ver de una manera u otra con la noble labor de elaborar e impartir justicia. En una sociedad amenazada por la criminalidad, como la nuestra, entre las peores afrentas que sufre el ciudadano está la impunidad. El hecho de que quien infringe la ley o comete un delito no recibe por cualquier razón el castigo o la sanción que se merece", dijo.

"Debemos empañarnos en erradicar la impunidad porque es una de las principales causas de erosión del Estado de Derecho y es también una fuente permanente de crecimiento del delito y de rompimiento de la legalidad", advirtió.

Llamó a erradicar la impunidad "con todo nuestro empeño. Sé que todos tenemos responsabilidad en ello y que una buena parte depende del poder ejecutivo en sus distintos ámbitos", a través de sus instancias de seguridad pública desde el nivel federal, estatal y municipal.

El presidente añadió que al poder legislativo compete la corrección del marco legal que permita cerrar aquellas fisuras que favorecen la impunidad en la legislación actual o actualizar las leyes ante una sociedad cambiante y el actuar distinto de la criminalidad.

"Toca al poder judicial trabajar intensamente en materia de combate a la impunidad. Salvaguardar, desde luego, la integridad de todos sus integrantes, no sólo de los ministros (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y además está fuera de toda duda, sino de todos los jueces y magistrados a nivel federal y local", abundó.

Calderón pidió "pensar desde el ejecutivo, el legislativo y desde el judicial en cómo cerrar la brecha que existe entre la verdad real y la verdad legal, la verdad formal; una brecha que a mi juicio cada día se ensancha más y que al final de cuentas el ciudadano que vive la verdad real, la impunidad que siente es precisamente respecto de esa verdad".

(V.periódico El Universal en línea del 24 de agosto de 2011).

Caso concreto: muchas voces se alzaron, hace algunas semanas, para protestar contra los policías que desalojaron de la Plaza Tapatía, "con todo y chivas", a los vendedores de artesanías. Vistas las cosas objetivamente, si alguien contraviene las ordenanzas y reglamentos que expresamente prohiben el ejercicio del comercio en la vía pública en un área claramente delimitada, se justifica plenamente el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la norma. La autoridad, en efecto, tiene la potestad de emplear determinados recursos en beneficio del orden. Lo único reprobable, en el caso, sería el empleo de un grado de fuerza desproporcionadamente mayor al necesario.

Ahora bien: a partir del incidente, se ha intentado la negociación. Los representantes de los comerciante aducen que su presencia en la zona es plausible porque atrae turistas, fortalece la tradición y fomenta una actividad legítima; desde otra perspectiva, no contamina visual ni auditivamente, ni representa una competencia desleal para el comercio establecido en la zona. De hecho, hay un curioso antecedente: cuando se propuso "limpiar" la zona adoquinada del primer cuadro, que había degenerado en vil tianguis, la autoridad municipal planteó la posibilidad de permitir la venta de dulces típicos y artesanías e incluso la presencia de "cilindreros" -especie, por cierto, en vías de extinción-, como excepciones a la regla de no permitir el ambulantaje.

Sin embargo, en contaste con lo rigorista que pudiera parecer la referida disposición, está la presencia sistemática, ostensible, estentórea incluso, en la zona supuestamente vetada para esos menesteres, de vendedores de juguetes, bolsos, despertadores, anteojos, películas pirata, antenas de televisión, memorias de computadora, "borrachitos", papas, frituras... y un amplio etcétera. (Y no sólo "a partir de las 8 de la noche", como afirma el secretario general del ayuntamiento, Roberto López Lara, sino desde mucho antes).

Molesta, sí, la manga estrecha con que se aplica la norma con respecto a los vendedores de artesanías, cuya presencia, incluso, pudiera parecer amable a turistas y transeúntes. Pero molesta más la manga ancha con que la autoridad actúa con respecto a otros comerciantes, que se han saltado las trancas, se han convertido en una plaga, y la han exhibido no sólo como atrabiliaria y prepotente en unos casos y excesivamente tolerante en otros, sino como incompetente para "cumplir y hacer cumplir las leyes", como "protesta" -¡oh, sí...!- que lo hará cuando toma posesión del cargo.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.7-B del periódico El Informador del 22 de agosto de 2011).

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de agosto de 2011).

(V.primera plana del periódico Mural del 18 de agosto de 2011).

En cuanto el secretario de Salud, Alfonso Petersen, dijo que la susodicha Ley redujo la mortandad en accidentes viales, en redes sociales, 2 diputados pelearon la paternidad de la iniciativa.

Tanto el panista Abraham González Uyeda como Jesús Casillas, del PRI, se atribuyeron la ley que ha salvado vidas.

En su 'euforia', se les olvidó decir que los ayuntamientos no han hecho su parte, pues dejan que bares y antros ignoren la legislación.

S.Cabañas
(v.pág.8 del periódico Mural del 18 de agosto de 2011).

Con unas 150 unidades, choferes de microbuses protestaron ayer sobre Calzada de Tlalpan hasta llegar a la plancha del Zócalo de la ciudad, para exigir se eliminen las unidades pirata y taxis colectivos, así como que se atiendan los reclamos de las rutas que circulan por la la Avenida Tláhuac, debido a la construcción de la Línea 12 del Metro.

(V.pág.10 del periódico Mural del 18 de agosto de 2011).

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la dependencia establece que la condonación será aplicable a todos los contribuyentes que hayan realizado el pago de los derechos por suministro de agua correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal 2011, del 1 al 8 de abril del año en curso.

Para efectuar la condonación, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México efectuará los descargos en los registros fiscales respectivos, sin necesidad de que medie petición del usuario del servicio.

[Una vez más se premia a los incumplidos. A ver cuándo les toca algo a los pendejos que pagan a tiempo - el webmaster.]

(V.periódico El Universal en línea del 17 de agosto de 2011).

Los criminales han encontrado en el vehículo que les han regalado las autoridades, un extraño atractivo para hablar a las audiencias públicas sin comprometerse legalmente. Ante las cámaras de televisión describen la manera como secuestran, descuartizan o matan. Hablan de sus amores y sus odios. Ofrecen detalles y narran momentos y acciones que luego, ante quienes deben declarar legalmente para que se integren a las averiguaciones previas y generen mayor investigación, callan.

En las entrevistas no se fundamenta ni la investigación, ni el caso judicial. Pero su difusión en forma de materia prima, además de perjudicar los procesos legales, contraviene los principios éticos que el propio gobierno exige a medios que cuiden. Es exactamente lo mismo cuando se quejan que los medios lastiman la imagen pública de funcionarios, a quienes se acusa en los medios sin pruebas. No pueden esperar un comportamiento profesional si aquellos que la responsabilidad de mantenerlo, fallan.

Los medios juegan con el star system que ha creado la autoridad federal, al que ahora se suma la mexiquense, que han visto la utilidad de corto plazo en la difusión de interrogatorios sin ningún marco legal con el único propósito de alumbrar su imagen. No violan la ley, pero sí la afectan.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de agosto de 2011).

Sabemos que son las y los gobernadores y alcaldes de este país los responsables de que nos encontremos en un Estado fallido. Son ellos quienes han ejercido el poder desde la trinchera del latrocinio y la comodidad, son ellos quienes creen que anunciando obra pública, controlando a sus procuradores y hostigando (o comprando) a los medios podían cambiar la realidad. Pero solamente lograron cambiar la percepción de la realidad; los hechos han quedado intocados. Es así como Natividad González Parás y su hermano lograron ocultar los brutales avances de la trata de jovencitas mexicanas en Nuevo León, y es por ellos que cada mes entre 300 y 400 jóvenes llegan a ese estado para ser explotadas. Por esa misma razón, el brutal crecimiento y el obvio asentamiento de redes de "Zetas" y tratantes de mujeres sentaron sus reales frente al débil liderazgo de Amalia García en Zacatecas. Así Félix González en Quintana Roo avaló la repartición del estado en manos de 2 cárteles y dejó al estado quebrado con un endeudamiento de 110 millones de pesos, dejando a su suplente en estado de inanición para levantar la pauperizada economía del turismo, sin dinero para alentar el desarrollo social y la seguridad.

Uno a uno podríamos enlistar el daño brutal que han causado a la sociedad estos políticos, de todos los partidos, cuya responsabilidad debe ser resaltada, no solamente en los medios, sino utilizando los instrumentos que la ley y la democracia nos dan. Ellos han construido un sistema impune. Y sí, millones de personas cada día incurren en pequeños actos de corrupción, y sí, miles de empresarios logran sus negocios gracias a las prebendas, pero los primeros responsables de regular al sistema, ciertamente putrefacto, son los líderes que tienen como primera y última responsabilidad asegurar que el estado de derecho prevalezca.

¿Por qué en los últimos 2 años miles de personas han sido amenazadas para dejar sus casas y ranchos en manos del narco? ¿Por qué incrementaron los cárteles? ¿Por qué aumenta de manera vertiginosa la trata de mujeres y niñas que son arrancadas de sus hogares y escuelas frente a testigos? ¿Por qué tanta gente cree que la guerra es la única salida aunque la evidencia demuestra que sólo ha servido para mostrar las entrañas de un sistema inoperante? ¿Por qué tantos jueces y ministerios públicos quedan impunes cuando su mal trabajo le cuesta la vida y la libertad a miles de personas cada año?

La última, pero tal vez la primera pregunta, sería por qué tanta gente cree que sólo tenemos 2 opciones: o declarar la guerra a los políticos insultándolos, o sentarse a jugar a un diálogo hipócrita e inútil en que ellos siempre tienen la sartén por el mango y nosotros el derecho de indignarnos ante su predecible comportamiento.

El modelo de poder mexicano es el de la ausencia de rendición de cuentas, un patriarcado de alianzas que se autoprotegen. Si en un avión que ha perdido el rumbo se crea el caos y nadie exige cambio de piloto, los tripulantes sabrán que no hay ley que les rija y cada quién expresará su angustia como mejor pueda. Unos se unirán a la visión del piloto, otros a la de los que sin nada que perder abusan de las y los demás.

El juicio político sin duda es el castigo ejemplar que puede ayudarnos a reconstruir el paradigma del poder político en México. A los que se negaron a usar el poder para darnos seguridad, igualdad, estabilidad y justicia, habrá que llevarlos a juicio ante el país entero.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de agosto de 2011).

El poder judicial está cobrando facturas al ejecutivo. Más de 50 órdenes de aprehensión contra presuntos criminales vinculados a los cárteles de las drogas, están retenidas por jueces. Hay 14 casos sin solución sobre competencia de jueces. La lucha institucional contra el crimen organizado está fracturada y no hay un frente homogéneo del Estado Mexicano, con lo cual una victoria, como la ha venido ofreciendo en el largo plazo el presidente, será imposible. La dinámica de la confrontación afecta directamente la aplicación de la ley, deja en la incertidumbre la responsabilidad o culpabilidad de presuntos delincuentes, o la impresión de impunidad.

Un caso es el de Gregorio Sánchez, ex candidato al Gobierno de Quintana Roo apodado "Greg", detenido por delitos relacionados con la delincuencia organizada, a quien un juez federal le otorgó la libertad en julio para ser detenido inmediatamente por la PGR por presunto "lavado" de dinero. El juez dijo que la PGR no había aportado evidencia para mantenerlo en la cárcel. Sin embargo, el año pasado otro juez aceptó las pruebas que presentó la PGR y obsequió la orden de aprehensión. ¿Por qué un juez, con las mismas pruebas, ordenó su arresto, y otro juez, con la misma documentación determinó su libertad?

Para que la PGR pudiera presentar una nueva orden de aprehensión contra "Greg", en prevención que el juez de Chihuahua lo liberara, presentó nueva evidencia sobre "lavado" de dinero ante una jueza en Nayarit. Una funcionaria de la PGR viajó a Nayarit con 17 kilos de evidencia en papel, pero la jueza se declaró incompetente y la envió a Cancún. En esa ciudad el juez también se declaró incompetente sobre el caso. Ninguno de los 2 jueces quiso aceptarle nada, después de ocho viajes que realizó la funcionaria entre los 2 estados con sus 40 tomos de expediente.

La PGR logró una orden de arresto domiciliario para mantener a "Greg" bajo vigilancia policial en su casa, con un brazalete electrónico, mientras un tribunal unitario resuelve el conflicto de competencias. No se ha alcanzado una solución porque el poder judicial se fue de vacaciones.

El pantano jurídico en el que se encuentra este caso ilustra los problemas que se viven con el sistema de justicia mexicano. ¿Por qué fallaron antagónicamente dos jueces sobre "Greg"? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad jurídica del acusado por la PGR? ¿Cuáles son las motivaciones reales de los jueces para tener, sobre los mismos parámetros legales, 2 fallos contradictorios? ¿Hay acaso factores subjetivos -como pudieran ser el temor- que afectan las decisiones? ¿Hay errores en la integración de expedientes? En cualquier caso, el conflicto entre poderes sólo contribuye a una mayor opacidad.

La liberación de Jorge Hank Rohn es otro ejemplo de lo que está sucediendo entre los poderes. Una jueza en Tijuana aceptó las evidencias de la PGR para arrestarlo, con base en posesión ilegal de armas. La detención motivó una intensa presión pública y política, y la jueza habló telefónicamente con su mentor Silva Meza. Días después, la jueza desconoció las pruebas que había aceptado de la PGR, y dio un giro de 180 grados a su fallo, lo cual es insólito. En el fallo de liberación, la jueza omitió, de manera también inexplicable, toda referencia al delito por el que se le detuvo, y fincó su decisión en cuestiones de procedimiento durante el arresto.

El Consejo de la Judicatura difundió inmediatamente un comunicado de prensa en su página de internet donde emitió una opinión favorable sobre el fallo, lo que causó extrañeza en medios legales porque ese órgano nunca emite puntos de vista. A las pocas horas el consejo, cuya opinión también soslayó el tema del delito, eliminó ese comunicado de su página oficial, sin explicar por qué lo hicieron y por qué recularon. El presidente del consejo es, como en la Suprema Corte, Silva Meza.

¿Está jugando a la política la Suprema Corte? ¿Está el poder judicial politizando sus acciones? Ministros y magistrados rechazan las imputaciones, pero continúan dándose casos controvertidos. Hace poco más de una semana un juez otorgó un amparo a Sandra Ávila, llamada "La Reina del Pacífico", contra la Secretaría de Relaciones Exteriores que frenó su extradición a Estados Unidos. La notificación a ella debió haber tenido copia para la cancillería y la PGR, que sin embargo se enteraron del fallo judicial por los periódicos.

Aún con la sorpresa por la selectividad irregular del poder judicial, el gobierno se enteró también por la prensa que, además, el juez la absolvió a ella y a su ex pareja, Juan Diego Espinosa, "El Tigre", quien fue por más de una década el enlace del cártel del Valle del Norte en Colombia con las organizaciones mexicanas, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque, argumentó, la PGR no pudo demostrar sus acusaciones. Ávila enfrenta todavía una acusación por "lavado" de dinero, que es uno de los delitos más difíciles de probar.

La creciente frecuencia con la que el poder judicial está fallando en contra de la PGR, ha motivado las críticas del presidente Calderón, quien ha llegado a denunciar corrupción de jueces. Algunos de ellos, defendidos en un principio por el Poder Judicial, ya se encuentran presos por corrupción. Otros han experimentado enriquecimientos inexplicables tras fallos a favor de presuntos criminales vinculados al narco.

La lucha entre poderes no sólo ha lastimado al sistema de justicia en lo general, sino, se puede alegar, mermado la credibilidad de instituciones, lastimado a inocentes y protegido a culpables. Esta lucha es tan absurda como el mensaje enviado por algunos jueces a las autoridades: a más críticas, menos casos les vamos a dar. La ley no puede estar a contentillo de algunos o de los poderes. Pero tampoco lo que está sucediendo en el sistema de justicia mexicano se limita a venganzas y negligencias. El miedo y la corrupción no pasa por ese rasero. Si lo primero requiere de un entendimiento entre poderes, lo segundo pasa por una reforma, urgente, al sistema judicial.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de agosto de 2011).

Las causas de la corrupción aquí, tienen que ver como ya se dijo con aspectos culturales, sin dejar de lado la aún excesiva burocracia, la falta de claridad y transparencia de la administración pública, la ambición por el poder, la impunidad y el desinterés de la ciudadanía por participar en la revisión de los actos de gobierno, provocado por la propia corrupción e impunidad que muchos siguen alentando.

La falta de honestidad en política, es a juicio de observadores internacionales, una de las clasificaciones de la corrupción que son detonantes de otras conductas. Desde siempre el apetito desmedido de poder ha propiciado irremediablemente la violación de las normas para obtener una posición, un resultado o la omisión de éste, en beneficio personal de un político, grupo o partido.

La utilización del voto ciudadano para acceder a un puesto o el ascenso a un cargo de representación sin tener el perfil o la capacidad para desempeñarlo, van acostumbrando poco a poco a que la población asuma como normal el engaño y pierda la confianza en los métodos democráticos de elección propiciando apatía y desencanto, no obstante que el costo para "blindar" el sistema político democrático, nos coloca como uno de los países que más invierte en la organización de sus comicios.

También somos la nación en la que es factible que una elección de un gobernante de una entidad federativa sea más costosa que la elección del presidente de varias naciones sobre todo latinoamericanas.

La corrupción y la impunidad, a juzgar por diversos estudios realizados para el Banco Mundial, son factores que marcan considerablemente el índice de confiabilidad de un país para la inversión productiva extranjera, nadie invierte en industrias que generan empleos permanentes en naciones donde se puede corromper constantemente la aplicación de la ley.

Es México un país de leyes, se ha considerado de vanguardia a nivel mundial en cuanto a la amplitud y calidad de su normatividad; el problema se dice, es la falta de aplicación de dichas leyes. Entre más complicado y burocrático se vuelve un trámite o juicio, más oportunidad se abre para los actos de corrupción, que dicho sea de paso, son completados por "particulares" muchas veces sólo para evitar la tardanza.

El acto de corrupción viola la ley, afecta la confianza en las instituciones, lesiona la economía y propicia la descomposición social. En este proceso todos somos parte y por lo tanto también responsables. Desde luego que podemos erradicarla, pero resulta necesaria una actitud individual consciente y decidida, acciones coordinadas y la participación activa en la revisión de las acciones de gobierno.

Comencemos por exigir que se aclaren los escándalos locales, que se explique con claridad y denuncien los excesos de facultades en que han incurrido muchos malos servidores públicos, quienes esgrimiendo argucias legales y excediendo sus atribuciones comenten actos que persiguen asegurar su injerencia en diversas instituciones y mantener feudos de poder a su servicio y conveniencia, para que en el futuro sigan manipulando redes de complicidades y tráfico de influencias para beneficiarse en lo particular o disponerlas al servicio de grupos o intereses políticos, partidistas o electorales.

Exijamos claridad y transparencia en todas y cada una de las dependencias públicas y particulares que manejen o sean destinatarios de los recursos del erario, que se nos diga por qué no se gasta el dinero en obras prioritarias para la comunidad y sí en simulaciones y obras fantasmas, que expliquen sus procesos de licitación, de contratos y garantías para el cumplimiento en tiempo y valor de las obras públicas.

Tengamos memoria política y emitamos cuando sea el tiempo, nuestro voto a favor de aquellos que tengan un programa de gobierno realizable, lógico y planeado, pero que tengan en sus filas a perfiles políticos que cumplan con sus ofertas y promesas, especialmente las de beneficio social.

Votemos por aquellos que presenten una planilla de candidatos en la que ni uno solo tenga señalamientos de abuso de poder o corrupción y estemos atentos desde ahora, al desempeño y carrera política de los aspirantes a cualquier puesto de elección popular.

Celso Rodríguez González
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 15 de agosto de 2011).

Lucio Lastras, comisionado de operación sanitaria de Cofepris, explicó en entrevista que esta acción forma parte de un plan de inspección en todos los rastros del país, y al respecto precisó que hasta el momento se han realizado al menos 1,447 establecimientos, de los cuales 273 son rastros.

De ellos, precisó que en el 6%, lo que representa alrededor de 86 establecimientos, se encontraron rastros importantes de manejo de clembuterol en los productos carnicos.

(V.periódico El Universal en línea del 12 de agosto de 2011).

No sé qué es lo peor en la historia contada por Efraín Bartolomé: la arbitraria irrupción de la Policía Federal, de madrugada, o la descarnada indiferencia de una policía local que no acude siquiera a auxiliar a los ciudadanos.

"¿De verdad estamos tan solos?", se pregunta el hombre, al final de su angustioso relato. Pues, en todo caso, no podemos prácticamente contar con la asistencia de la fuerza pública. Los mismos agentes que allanaron su vivienda -creyendo, equivocadamente, que era la guarida de unos delincuentes (¿qué pasa, no cuentan con servicios de información y no realizan tareas de vigilancia?)- robaron el reloj del escritor. ¿Los jefes de estos "comandos" de baja estofa, exigirán cuentas, castigarán no sólo el uso de una fuerza excesiva contra gente inocente y la torpeza de sus esbirros sino la comisión de un robo, algo particularmente escandaloso tratándose, precisamente, de que lo perpetran individuos que trabajan para atrapar a ladrones y evitar que la gente sea despojada de sus bienes?

Las "autoridades", como siempre, nos deben explicaciones. Y, sobre todo, le deben a Efraín Bartolomé la restitución de todos y cada uno de los objetos que perdió, una compensación por los daños causados a su casa, una reparación pecuniaria por el quebranto emocional infligido y el cumplimiento de un trámite ineludible: el castigo a los culpables. Esto es lo que se hace, obligatoriamente, donde impera la ley y donde los individuos tienen derechos. Aquí, en este país, ¿se hará lo mismo? ¿Qué pasará?

Esperamos, desde ya, una respuesta, señores funcionarios...

Román Revueltas Retes
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 12 de agosto de 2011).

En muchas otras ocasiones han sido efectivos del Ejército y la Marina los autores de irrupciones parecidas, a fin de rescatar secuestrados, capturar delincuentes o asegurar armas y drogas, y cabe suponer que también han irrumpido en inmuebles de otras lamentables "víctimas colaterales" (mucho más afortunadas que las muertas en circunstancias semejantes por otras policías o por soldados).

Carlos Marín
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 12 de agosto de 2011).

Y mientras el caso avanza lentamente en la PGR en Estados Unidos, en mayo pasado una corte federal declaró culpables a 4 personas de entregar sobornos a funcionarios mexicanos, uno de los cuales podría ser Moreno.

Moreno es probable responsable de los delitos de fraude y cohecho en las indagatorias de la PGR por presuntos sobornos de empresas trasnacionales, informaron fuentes allegadas al caso.

Bajo esa calidad jurídica, el ex funcionario compareció en marzo pasado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Servidores Públicos, la cual revivió una denuncia presentada en 2005 por presuntas "mordidas" exigidas a la empresa suiza ABB, para conseguir contratos.

Las fuentes informaron que en la averiguación previa, la PGR ha rastreado buena parte de la información de los bienes inmuebles de Moreno, así como los reportes de carácter financiero registrados a su nombre.

Precisaron que el expediente contra el ex director de Operación de la CFE se basa en 2 denuncias, una sobre ABB de hace 6 años en contra de quien resulte responsable y otra de la Secretaría de la Función Pública y la CFE, que data de 2010, derivada de los casos de corrupción que se procesan en Estados Unidos.

La primera, explicaron, es una denuncia que estaba en la reserva y que fue reactivada a raíz de que en 2010 se dieron a conocer públicamente las capturas en Estados Unidos de implicados en el pago de sobornos a funcionarios de la CFE.

En el primer asunto, fueron acusados Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela María Gómez Aguilar, de ser intermediarios de la empresa Lindsey Manufacturing Company, para pagar sobornos de 5.9 millones de dólares a funcionarios de la CFE; entre ellos, presuntamente a Néstor Moreno.

En este expediente judicial es donde se señala que Moreno habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares y un Ferrari de 297,000 dólares, más de 170,000 dólares a una tarjeta y otros pagos por 600,000 dólares, por otorgar contratos de arrendamiento de plantas de emergencia.

En el proceso de Houston, se indica que de 1997 a 2004 el empresario Fernando Maya, recientemente liberado, fue intermediario de la empresa suiza ABB Network Management, para pagar 1.9 millones de dólares a mandos de la CFE, entre ellos Moreno.

Supuestamente los sobornos fueron saldados a cambio de los contratos de la instalación del sistema informático del despacho de electricidad del Centro Nacional de Control de Energía.

Pese a los montos mencionados, el cohecho y el fraude no son delitos graves a nivel federal y en el caso hipotético de que los funcionarios de la CFE sean consignados por alguno de esos ilícitos, tendrán el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

(V.pág.3 del periódico Mural del 4 de agosto de 2011).

La propia ley especifica en qué consisten actos de precampaña: "Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos [...] se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular” (art. 212–2). Bueno, pues hace meses que los medios nos reportan algunos de estos actos por parte de los diversos precandidatos de todos los partidos. Hace poco, el recabo de firmas de Ernesto Cordero para su eventual postulación fue calificado como anticipado incluso por el comisionado electoral del PAN, José Espina: "En tanto no haya proceso interno, no se justifica el levantamiento de firmas, además en formatos que no están autorizados por la comisión" (30/jul/11). De ser congruentes, primero el PAN y luego el IFE, Cordero tendría que ser eliminado de la contienda, si bien lo mismo puede decirse de todos los demás. Si México fuera un país de leyes, como se presume, ninguno de los aspirantes visibles podría aparecer en 2012.

Pero la sanción a la violación de este precepto es tan elevada que las autoridades optan por hacer diversos malabarismos conceptuales y jurídicos para no aplicarla. Así, por ejemplo, el Consejo General del IFE acuñó una nueva categoría, la de aspirante, para distinguirlo de un precandidato. Se trata de una forma más o menos burda de darle la vuelta a la ley, que define claramente a los precandidatos como "el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular [...] en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular". Se ha pretendido tipificar al precandidato sólo cuando inicia la precampaña formalmente, a partir de diciembre, y que sus limitaciones no valgan para el aspirante que busca votos antes de la precampaña misma. Es absurdo. Llámese precandidato o aspirante (o suspirante, si se desea), no se pueden hacer actos de proselitismo antes de las precampañas, que inician en diciembre. Ése era, al menos, el sentido de dicha disposición legal.

Desde luego, es una norma torpe y restrictiva, difícil de cumplir y menos aún de castigar cuando se transgrede. Por lo cual habría que eliminarla en el próximo ajuste a la ley electoral. Pero al estar hoy vigente, pareciera haber un acuerdo tácito entre precandidatos, partidos y autoridades para que se permita violar los artículos 211 y 212 del Cofipe sin que se aplique la sanción ahí estipulada. Dicha disposición no salió de la nada; figuraba en algunas legislaciones estatales, y generó tales problemas que igualmente se le daba la vuelta. En lugar de aprender de esas experiencias, los legisladores retomaron la figura para incluirla en la reforma de 2007, con iguales consecuencias. Obliga a que todos violen la ley. Ya luego, los perdedores de la justa electoral impugnarán el resultado por haberse transgredido la ley sistemáticamente, aunque ellos mismos hayan participado también de dicha ilegalidad. Mejor sería hacer leyes más pensadas que violar por consenso las que están vigentes.

José Antonio Crespo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 2 de agosto de 2011).

Y es que la trata de personas es considerada por la ONU como la tercera actividad ilícita que más ganancias deja a la delincuencia organizada, apenas después del tráfico de drogas y de armas, delitos en los que también desafortunadamente figuramos en el resto del mundo.

Los detonantes de este flagelo los tenemos todos aquí, la ubicación geográfica como país de tránsito hacia Estados Unidos con migrantes de todo América buscando una oportunidad de empleo; una lacerante desigualdad económica que agrega año con año una cantidad importante de mexicanos a la pobreza extrema ante la falta de una actividad remunerada adecuadamente; la alta incidencia delincuencial que opera con estructura y grandes recursos financieros y que inevitablemente corrompe la actividad productiva lícita; una lucha intestina contra la violencia de proporciones todavía no visibles; una infrenable cultura de discriminación y abuso y los altos niveles de ignorancia y analfabetismo.

Si a esta latente mezcla le agregamos la falta de una política pública de identificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del problema, esa es la razón por la que los resultados ahora nos tienen a los mexicanos postrados e inermes ocupando el segundo lugar en el mundo en trata de personas.

No es noticia ya el darse cuenta por los medios de comunicación o a través de comentarios de grupos delictivos que reclutan jovencitas para prostituirlas y comercializarlas cual si fueran mercancía, tanto en el territorio nacional como "exportando" a otros países; desafortunadamente tampoco nos sorprende la serie de delitos reportados con cadenas de mafias especializadas ya en pornografía infantil o las multitudinarias matanzas de hombres y mujeres encontrados en fosas clandestinas en las colindancias de entidades con zonas fronterizas.

Algunos atribuyen el incremento de este fenómeno a la diversificación de las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, otros a la desesperada situación económica del país; hay quienes señalan a la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y a la falta de contundencia del marco de derecho que nos rige.

Celso Rodríguez González
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 1o.de agosto de 2011).

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, fundamenta en esos 2 puntos la reducción que se está presentando sobre el porcentaje de sentencias condenatorias en la entidad por parte de los jueces en el estado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco aún busca fundamentar sus investigaciones principalmente en la confesión del detenido, ante su incapacidad por construir averiguaciones previas basadas en la obtención de pruebas de mayor complejidad.

"Si ustedes ven, todo lo basan en la confesión. Mi experiencia es que todo lo quieren basar en las confesiones, y en todas las confesiones, los abogados son muy hábiles y dicen: 'Violentaste a mi procesado'. Al final destruyen la confesión, fue violentada la persona y le fue arrancada una confesión".

El magistrado desempeñó funciones en el Ministerio Público, y además de tener experiencia como director de Averiguaciones Previas y director de Control de Procesos también en la Procuraduría, recordó un poco su pasó por la dependencia: "No sé por qué los MP se inclinan por la confesión, porque te da más flojera. Llegué a Delitos Patrimoniales, y entonces como MP me dijo un señor: 'Oiga, no quiere declarar (el detenido). ¿Lo mando investigar?', pues sí, pero investigar era ponerle una golpiza, por lo que cuando supe dije: 'No, espérese'. Yo creí que iba a investigar para traerme pruebas y culparlo".

De la misma manera, el investigador del ITESO Guillermo Zepeda Lecuona identifica en la falta de capacitación del personal de la Procuraduría, un inconveniente para elaborar procedimientos e investigaciones sólidas.

En este sentido, cuando el magistrado señala a las deficiencias de la PGJEJ como uno de los factores detrás de la reducción del porcentaje de sentencias condenatorias en el estado, termina por coincidir con la interpretación del académico Zepeda Lecuona: la imposibilidad del MP de incrementar la cantidad de averiguaciones previas sólidas consignadas ante los jueces.

El mismo Zepeda Lecuona ha informado que cuando un caso no se resuelve en las primeras 10 horas que se cometió, la probabilidad de que llegue a ser resuelto es de menos de 7%, por lo que el sistema también tiene una gran dependencia por la flagrancia.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 1o.de agosto de 2011).

Asimismo, los adeptos a ciertas religiones, como la católica, tienen presente que el hecho de matar a un semejante es un pecado que conduce irremisiblemente al infierno.

Estas leyes y creencias actúan como inhibidores de la agresividad; sin embargo, si la impunidad permea todas las esferas de una sociedad o de un país, esos inhibidores se debilitan y dan paso a una delincuencia desbordada.

"Se dice que en México sólo se castiga 1% o 2% de los delitos. Además, los que se castigan no son los cometidos por los individuos más poderosos, sino por los más pobres. Los poderosos pueden delinquir porque saben que muy probablemente no los castigarán. La impunidad y la injusticia evitan que haya esos inhibidores sociales de la agresividad y del delito", asegura la doctora Dolores Mercado Corona.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 31 de julio de 2011).

Alrededor de 300 transportistas de cascajo protestaron por el cobro que deben entregar para descargar desechos materiales y bloquearon diferentes vialidades de la Ciudad de México provocando caos vehicular durante 12 horas.

Además, los manifestantes se enfrentaron con elementos de la policía capitalina, que intentaron replegarlos para permitir la circulación de los vehículos. El saldo: 9 personas detenidas, una de ellas menor de edad, por lesionar a 4 uniformados.

Alrededor de las 20:00 horas, la Procuraduría General de Justicia del DF confirmó que los detenidos fueron liberados.

Las autoridades establecieron que los uniformados no identificaron a los transportistas como sus agresores y, además, las lesiones fueron calificadas por el médico legista como menores, por lo que no había delito que perseguir.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF los choferes comenzaron a estacionar sus vehículos de carga desde las 02:00 horas en las principales vialidades de la capital.

El bloqueo y las afectaciones viales concluyeron cerca de las 16:00 horas, luego de que el GDF garantizó que no será detenido ningún trabajador que en los próximos días traslade residuos materiales que sobrepasen el volumen permitido.

Sin embargo, la administración de Marcelo Ebrard aclaró que si las personas son sorprendidas descargando cascajo en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas o camellones, serán remitidas.

Se acordó que a partir del lunes se realicen mesas de trabajo con las dependencias capitalinas para dar soluciones a los transportistas, "que sean compatibles con los intereses de la ciudad en términos ambientales, de seguridad y de vialidad".

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa, afirmó que los agentes de la SSP no tienen instrucciones de detener a ningún vehículo por el traslado de cascajo.

Sin embargo, aclaró que si son detenidos por el operativo de la Conago, con mostrar su documentación en regla pueden proseguir sin mayores problemas.

(V.pág.36 del periódico Milenio Jalisco del 29 de julio de 2011).

A pesar de contar con 14 años de edad, El Ponchis ha mostrado inaudita crueldad. Ha reconocido haber cortado la cabeza o despedazado a sus víctimas. González incurrió en un fraude porque el esquema que ideó para vender autos a un precio bajo, que era colocar anuncios en los vehículos para generar ingresos, se desplomó cuando el Gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, prohibió esos anuncios.

Los argumentos para dictar sentencias reducidas a menores parten usualmente de la idea que los menores no saben lo que hacen y, por lo tanto, no deben ser considerados responsables de sus actos. Para las víctimas y sus familiares, sin embargo, esto equivale a una negación de la justicia.

Las estadísticas demuestran que los jóvenes de 14 a 29 años cometen la mayor parte de los crímenes violentos. La idea de que los adolescentes no son capaces de realizar actos de violencia no es, por supuesto, avalada por la historia. Los criminales y soldados adolescentes han sido con frecuencia los más crueles de todos.

El fraude de Publi XIII, en contraste, es un ejemplo de un colapso financiero provocado por la autoridad. La empresa ofrecía autos a un precio muy favorable gracias a que generaba un ingreso adicional con sus anuncios. La gente aceptó con entusiasmo la propuesta, pero el gobierno capitalino prohibió esa publicidad, que con anterioridad no había estado regulada. Los ingresos de la empresa se desplomaron y ésta cayó rápidamente en la quiebra. Es difícil saber si el esquema de los dueños de Publi XIII habría sido exitoso al final, pero no hay duda de que el derrumbe se debió a la prohibición intempestiva de los anuncios por el gobierno capitalino.

Los casos de El Ponchis y de José Luis González nos ofrecen un contraste extremo de la falta de proporcionalidad de los castigos en el sistema penal mexicano. Pero hay miles de ejemplos más en los tribunales y en las cárceles: personas que apenas pisan la cárcel por un homicidio, ya que cuentan con buenos abogados y dinero para repartir en los juzgados, frente a otras que permanecen privadas de la libertad durante años por robos de poca cuantía o por posesión de pequeñas cantidades de marihuana debido a que no cuentan con defensores capaces o con dinero para repartir.

La falta de proporcionalidad es muchas veces producto de acciones conscientes de los políticos. El gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, acaban de establecer penas especiales para el delito de "feminicidio", término que usted no encontrará en los diccionarios de la lengua española. La nueva legislación establece que un homicidio de una mujer se castigará con más severidad que el de un hombre en similares circunstancias. Si se hubiera promulgado una ley para castigar más la muerte de un hombre que la de una mujer, seguramente las organizaciones feministas y las de derechos humanos estarían protestando por la inequidad. Y tendrían razón.

Sergio Sarmiento
(v. 28 de julio de 2011).

El fiscal especializado para adolescentes, José Manuel Serrano Salmerón, informó que al adolescente de 14 años se le acreditaron 2 de las pruebas circunstanciales que llevaron al juez oral a la conclusión de que es responsable de asesinar a 4 personas, de 3 secuestros y de portación de armas prohibidas y drogas al momento de su detención.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2011).

Las comisiones legislativas de Seguridad, Justicia y Puntos Constitucionales sesionaron ayer de manera conjunta y aprobaron la creación del ordenamiento local.

La ley establece que todos los servidores involucrados en la seguridad pública y procuración de Justicia deben someterse a exámenes de control de confianza, que incluyen las pruebas toxicológica, médica, sicológica, poligráfica y patrimonial o de entorno socioeconómico, las cuales deberán realizarse una vez al año.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Sergio Chávez, explicó que las pruebas serán para policías preventivos y ministeriales, además para jueces y magistrados pero sólo de nuevo ingreso (la discusión por la certificación de funcionarios del poder judicial era uno de los puntos que frenaba esta ley).

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 26 de julio de 2011).

Los activistas, en voz del arzobispo de Tijuana, Rafael Romo, revelaron que las intimidaciones vienen principalmente de dos sectores: del Estado Mexicano, (gobierno federal, estatal o municipal) o del crimen organizado que opera en distintas regiones del país.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 23 de julio de 2011).

La Secretaría de Salud en Yucatán admitió que han detectado 2 casos de personas afectadas con clembuterol y explicó que difundirán medidas preventivas para alertar a la población sobre el consumo de productos cárnicos que podrían estar contaminados.

(V.periódico El Universal en línea del 22 de julio de 2011).

Patricia Bugarin, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), informó que, desde el 8 de julio pasado, una semana antes de que Greg saliera del penal federal de Nayarit, la SIEDO solicitó una orden de captura contra el político por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas (de origen cubano).

Sin embargo, el mandamiento judicial no ha sido librado ni negado porque 2 jueces federales declinaron la competencia del expediente consignado, lo que derivó en un conflicto que ahora está en espera de resolución de un tribunal.

Los juzgadores que "resbalaron" el caso del ex alcalde son Darío Carlos Contreras Favila, juez quinto de distrito en Quintana Roo, y Laura Serrano, jueza segunda penal de Nayarit.

"Ahora corresponde a un tribunal (unitario) resolver el conflicto competencial planteado. Sin embargo, y debido a que el poder judicial se encuentra en periodo vacacional, el asunto está pendiente de atención y resolución. No esperamos a las vacaciones. Lo hicimos en tiempo. Se presentó con la debida oportunidad", afirmó ayer Bugarin.

(V.pág.3 del periódico Mural del 21 de julio de 2011).

(V.pág.8 del periódico Mural del 21 de julio de 2011).

(V.pág.6-B del periódico El Informador del 20 de julio de 2011).

Edgar Jiménez, apodado 'El Ponchis', cuya captura en diciembre fue reportada como la primera conocida en México de un menor de edad que sirvió como asesino a sueldo del crimen organizado, es juzgado desde el lunes en Miacatlán, Morelos.

El menor es acusado de al menos 4 asesinatos, 3 secuestros y tráfico de droga y podría ser condenado "a la pena máxima para un chico de su edad, que es de 3 años", dijo Juan Manuel Serrano, fiscal de delitos cometidos por adolescentes.

El caso es aún más dramático pues 'El Ponchis' era filmado con un teléfono celular al momento de golpear y asesinar a sus víctimas y estos vídeos fueron publicados en internet.

En los 4 casos de asesinato por los que es juzgado, los cadáveres aparecieron colgados de puentes y uno de ellos fue degollado.

El joven, que confesó ante las cámaras los asesinatos, afirma en su defensa que fue "levantado" (secuestrado) y drogado para realizar los crímenes.

Junto a él fueron detenidas 2 de sus hermanas, mayores de edad, que según las autoridades se encargaban de mover los cadáveres, y a las que se sigue un proceso distinto.

La Red por los Derechos de la Infancia estima que unos 30,000 menores realizan actividades para los cárteles, como pasar droga o secuestrar migrantes y, en casos contados, homicidios.

Según un informe de la fiscalía general, de diciembre de 2006 a abril de 2010, un total de 3,664 menores de edad fueron capturados en operaciones contra la delincuencia organizada.

La propuesta más drástica se presenta en Nuevo León, estado industrial del norte del país y blanco de frecuentes ataques de pistoleros del narcotráfico, donde se propuso castigar como adultos a los mayores de 12 años.

Hay expertos que cuestionan que en casos como el de "El Ponchis" se pueda hablar de readaptación, pues para algunos, se trata de un psicópata que aparece en vídeos vanagloriándose de sus crímenes.

En estos casos "no hay una readaptación posible. Los psicópatas tienen cierta tendencia (a la violencia) y un medio ambiente, como puede ser abuso físico y psicológico, que propicia que esta personalidad emerja", señaló la siciológa Feggy Ostrosky, autora del libro 'Mentes Criminales', sobre asesinos múltiples en México.

Además de 'El Ponchis', en Morelos permanecen detenidos 10 menores acusados de cometer delitos por encargo del crimen organizado, entre ellos uno de 15 años, también señalado como asesino a sueldo.

(V.Agence France-Presse del 19 de julio de 2011).

No obstante, los productores resaltaron la importancia de que las autoridades tengan más control en rastros, sobre todo en los municipales que no cuentan con medidas como las que tienen los TIF.

Efraín Reséndiz, director del departamento de comercio de Su Karne, consideró en este marco que son lamentables las declaraciones infundadas de directivos deportivos.

Planteó que las medidas que se aplican en el sector por parte de las autoridades federales deben ser más estrictas en el mercado informal, ya que además de poco control en los rastros municipales, un porcentaje importante se sacrifica de forma clandestina sin las mínimas medidas de seguridad.

En tanto que se sanciona a quien incurre en el uso de clenbuterol para engorda de ganado, con penas que van de los 4 a los 8 años de prisión, y se aplica una multa de 500 hasta 3,000 veces el salario mínimo vigente donde se cometió el delito.

El miércoles, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, afirmó que en los últimos 3 años hubo una reducción de 500 casos de carne con clenbuterol en rastros.

Expuso que en los operativos que se efectuaban se detectaban casi 800 casos, pero en las inspecciones de los últimos meses sólo se han descubierto 300, lo que representa una reducción de 500 casos de carne contaminada con Clenbuterol.

Arreola informó que también se ha incrementado la revisión de rastros por parte de la Cofepris, ya que antes sólo visitaban mil y ahora supervisan 5,000 de estos lugares.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 18 de julio de 2011).

El responsable médico de la Conade, Juan Manuel Herrera, confirmó está alerta y descartó que dicha medida se dé por presentarse algún nuevo dopaje.

"La incidencia que prevalece de intoxicación por clembuterol que hoy por hoy se conoce y que se encuentran en las estadísticas de la Secretaría de Salud nos indica que existe la problemática. No está descontrolado el problema, pero en el ambiente deportivo la sola presencia de esa sustancia es un analítico adverso sin que llegue el atleta a manifestar problemas de intoxicación. Por lo tanto, esto es sólo una medida preventiva", declaró Herrera.

De esta manera, la carne quedará descartada en los platillos del comedor para los atletas que entrenan en la Conade.

Herrera señaló que esta medida se decidió aplicar de cara a los Juegos Panamericanos y que en todos los controles sorpresa que se han aplicado nadie ha salido positivo por dicha sustancia.

"El clembuterol es un problema sanitario que se tiene en México y esto repercute en el aspecto deportivo por las regulaciones que emite la gente de la agencia mundial antidopaje, por eso, que dentro de los niveles de prevención está la promoción a la salud y la protección específica", específico el galeno.

El Clembuterol funciona como dilatador de las vías respiratorias, por lo que está considerado como dopaje por la Federación Internacional de Natación y se utiliza en algunos países para que los animales aumenten su masa muscular. En el atleta es considerado como dopaje ya que funciona como un anabólico que promueve el crecimiento muscular.

En México han dado positivo con esta sustancia el pentatleta Ismael Hernández, Nuria Diosdado de nado sincronizado y el reciente caso de los futbolistas Antonio Naelson, Edgar Dueñas, Christian Bermúdez, Francisco Rodríguez y Guillermo Ochoa.

(V.La Afición en línea del 18 de julio de 2011).

De acuerdo con fuentes de seguridad gobierno federal, al revisar el caso en segunda instancia, el magistrado desestimó las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República para procesar al ex alcalde del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El perredista era investigado por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, operación con recursos de procedencia ilícita y por sus presuntos vínculos con el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y "Los Zetas".

"Greg" Sánchez, quien estuvo internado un año y 2 meses en el penal federal del Rincón, de Tepic, Nayarit, fue notificado ayer por la noche de la sentencia del magistrado Ávalos Cota, empero, según las fuentes consultadas sería aprehendido de nueva cuenta en cuanto estuviera libre.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 16 de julio de 2011).

(V.pág.32 del periódico Milenio Jalisco del 15 de julio de 2011).

La manifestación que comenzó alrededor de las 13:00 horas afectó el tránsito vehicular en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en las avenidas Alcalde (desde Juárez hasta Independencia), Hidalgo y Juárez. El bloqueo termino aproximadamente a las 18:00 horas.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 15 de julio de 2011).

Tras entregar la iniciativa, Fuentes señaló que se planteó bajar la edad penal en base al promedio internacional que se aplica en países europeos y en la mayoría de Latinoamérica.

Según tablas entregadas por el diputado, la edad penal de 12 años se usa en Holanda, Irlanda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Honduras, mientras que en Turquía, Inglaterra, Escocia y Suiza aplican edades de 11, 10, 8 y 7 años, respectivamente.

Explicó que la propuesta incluye que los menores sean procesados bajo estas circunstancias cuando cometan delitos como delincuencia organizada, homicidio, lesiones graves, privación ilegal de la libertad, violación y uso de armas prohibidas por el Ejército.

Para esto, la iniciativa propone añadir un párrafo al Artículo 18 de la Constitución federal para reducir la edad penal en los ilícitos mencionados.

(V.pág.2 del periódico Mural del 14 de julio de 2011).

En entrevista, detalló que alrededor de 25% de dichos expedientes son anteriores incluso a la creación de la Profepa, en 1992.

En su último informe de labores publicado, correspondiente a 2009, la Profepa reportó haber emitido ese año 6,056 resoluciones en el marco del Programa de Abatimiento del Rezago del área de Justicia Ambiental.

Si ese fuera el ritmo de abatimiento, se requerirían 26 años para concluir con los expedientes por resolver, derivados de denuncias ciudadanas o inspecciones propias.

La Profepa recibe en promedio alrededor de 8,000 denuncias al año. El 40% corresponde al manejo de recursos forestales y el 17% a asuntos relacionados con la fauna.

(V.pág.11 del periódico Mural del 14 de julio de 2011).

Los manifestantes tomaron los señalamientos que utiliza la Secretaría de Vialidad y Transporte para desviar el tráfico, los colocaron sobre la avenida para bloquear el tránsito y ataviados con pancartas no se movieron del lugar.

Francisco Javier Ubiarco, vocero de los inconformes, explicó que el bloqueo se debió a que el Ayuntamiento de Zapopan no los ha atendido en el sentido de disipar las dudas respecto a la obra, pues ni siquiera conocen la fecha de conclusión de la misma. Además, señala que ni los habitantes de las viviendas afectadas por el paso a desnivel, ni los comerciantes de la zona, han sido indemnizados.

Al lugar llegó personal de Atención Ciudadana, pero el director de Obras Públicas nunca apareció, por lo que los vecinos permanecieron en el lugar bloqueando la circulación hasta las 18:30 horas sin tener respuesta a sus exigencias. Al retirarse amenazaron con hacer lo mismo hoy, y los días que sean necesarios para ser escuchados por las autoridades.

Entrevistado más tarde, el director de Obras Públicas de Zapopan, Mario Bueno Trujillo, aseguró que se realizó un peritaje en las casas que se ubican en los alrededores de la construcción, sin embargo sólo en 5 de las supuestamente 40 viviendas dañadas con cuarteaduras, permitieron a los técnicos ingresar. Además, afirmó que la empresa GyG, encargada de la obra, ya otorgó algunas indemnizaciones y están por entregar más.

(V.pág.2-B del periódico El Informador del 13 de julio de 2011).

En Tonalá se registró un brote con 4 personas intoxicadas en la Colonia Jalisco que consumieron hígado de res, luego de adquirirlo en una carnicería que no contaba con la carta compromiso que otorga la SSJ para asegurar que sus productos son libres de sustancias tóxicas.

En Cihuatlán fueron 8 las personas intoxicadas por comer vísceras de res obtenidas en una carnicería que tampoco está certificada.

Con este hallazgo, la entidad llega a 18 casos de afectación por el anabólico en lo que va del año. En 2010, Jalisco acumuló 25 casos.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 12 de julio de 2011).

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de julio de 2011).

1. Envases apócrifos,
2. ingredientes incorrectos,
3. ausencia de principios activos terapéuticos y
4. activos en dosis insuficientes. Todo esto se hace para crear un medicamento deficiente, posiblemente peligroso, pero barato.

Otra información impactante: el mercado de medicamentos apócrifos en México representa ganancias ilícitas por 650 millones de dólares anuales, dicha cifra equivale a casi 10% del mercado de fármacos en el país. El doctor Juan Asbun Bojalil, de la Asociación Mexicana de Farmacología, me comentó que "para la industria farmacéutica se calculan pérdidas anuales de alrededor de 15% del valor del mercado mexicano".

Los que más compran estas medicinas apócrifas, son los que se encuentran en una situación desesperada, ya sea por razones de salud o por falta de dinero. Según los expertos, son los complementos alimenticios, productos para adelgazar, remedios contra disfunción eréctil y alopecia los que comprenden el 80% de los fármacos apócrifos en el mercado mexicano. Sin embargo, también los antibióticos entran dentro de la falsificación. Otros medicamentos susceptibles de ser falsificados son los que tienen un alto costo en el mercado. El docto Asbun indicó que medicamentos relacionados con oncología (el cáncer es un problema requiere muchos medicamentos y tratamientos caros), además de los antibióticos ahora que requieren receta médica, se prestan para ser falsificados. Carolina Jaramillo, de la COFEPRIS, nos agregó que medicinas como Viagra, Cialis, las neo-melubrinas, son los que más falsificaciones ha identificado el gobierno federal.

¿Pero cómo distinguir estos productos "piratas" de los medicamentos reales?

La propia Organización Mundial de la Salud ha dado una alerta de que ahora la falsificación es tan buena que hasta los médicos se confunden a la hora de comparar un medicamento apócrifo con un medicamento real. Por eso, muchos laboratorios ahora están incluyendo hologramas, cintas con marcas de agua y sellos para tratar de generar un control estricto.

Otras recomendaciones de los expertos incluyen las del doctor Juan Asbun Bojalil, de AMEFAR, quien señala que hay que "siempre consultar a su médico, ya que por ley en México nadie más puede prescribir medicamento, además de no cambiar la receta por indicaciones familiares o por indicaciones de la farmacia". Otras recomendaciones, es no comprar medicina en los tianguis o en otros puestos semifijos. Es también importante fijarse y analizar la caja, además de leer las instrucciones. Otra recomendación es que los pacientes que están tomando medicamentos al terminar sus tratamientos destruyan las cajas. Los quiero dejar con una última reflexión: es importante seguir las recomendaciones de los expertos, porque nos pusimos a investigar la capacidad que tiene el gobierno para perseguir estas organizaciones que producen y venden medicinas apócrifas y, que vendan estas medicinas apócrifas, no me va a creer, la Unidad de Fármaco Vigilancia, que es la unidad que tiene la responsabilidad de perseguir a estas organizaciones, para protegernos nuestra salud, cuenta sólo con 90 personas.

La forma más importante de combatir a los que abiertamente están comercializando y beneficiándose de estos medicamentos que ponen en peligro la salud de nuestra familia, es que las autoridades investigaran, persiguieran y sancionaran a las empresas y personas detrás de la mafia de los medicamentos. Pero ante la incapacidad de las autoridades judiciales de investigar cualquier delito, de nuevo, tenemos que los ciudadanos tomar los pasos necesarios para no ser las siguientes víctimas.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de julio de 2011).

Representantes de la Secretaría de Asuntos del Interior instaron a los manifestantes a abandonar el bloqueo a cambio de una cita con el gobernador, Emilio González Márquez, el próximo jueves: "Estamos invitados a una mesa de diálogo, yo le dije, ‘no quiero mesas de diálogo, queremos mesas de solución’". En caso de que no se les presente un plan de pago el jueves, los manifestantes endurecerán sus acciones con la toma de las obras de pavimentación municipales y las sedes panamericanas.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 8 de julio de 2011).

A base de claros, organizados y fuertes actos de protesta, si bien no tan nutridos pero constantes, ha quedado claro que la ciudadanía, en todos sus niveles y colores, repudia la decisión de los diputados jaliscienses en torno a Alonso Godoy Pelayo, el auditor que en la anterior legislatura solapó infinidad de irregularidades y cobró un bono millonario.

Ante esta presión en la que la ciudadanía y los medios han trabajado conjuntamente para decir ¡basta!, que estamos hartos de afrentas y burlas, hay un cambio de discurso en la legislatura. Primero, aparentemente fuera del redil, el diputado local de Acción Nacional, Héctor Álvarez Contreras, denunció ante la procuraduría a quienes resulten responsables (en las legislaturas 57 y 58) de las irregularidades que incluyen el desvío de recursos, la prestidigitación de documentos y el enriquecimiento ilícito, entre otras cosas.

Hoy, el PAN habla de llevar al auditor y votar para botarlo, a ver si es cierto. Lo primero que quiero aclarar es que estas denuncias penales por parte del legislativo tienden a ser documentos que flotan en carpetas perdidas en los pasillos kafkianos de la procuraduría, hasta que poco a poco duermen el sueño de los justos en el imaginario colectivo. O sea que son "bla, bla, bla" inconsecuente porque la justicia en México no es expedita; es temperamental, lenta y no suele morder las manos de quien le da de comer.

Lo segundo es que habrá que ver qué pasa con la votación en el pleno y si no es una estrategia para regresarle al PRI el tema del auditor y salvar a la anterior legislatura y a Jorge Salinas de la dichosa Partida 8000, un monumento a la tranza, el robo en despoblado y la impunidad a toda prueba.

Entiendo que los partidos sientan reticencia para colocar a Godoy en el banquillo de los acusados, porque una vez que la ciudadanía logre esto, seguirán como fichas de dominó todos sus compinches. Ni crean que comprarán, entregándonos a Godoy, nuestro olvido y complacencia en 2012.

Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 6 de julio de 2011).

De acuerdo con el dictamen de la Femexfut, no es un tema de Paco Memo Ochoa, "Sinha", "El Maza" Rodríguez, Édgar Dueñas, "El Hobbit" Bermúdez y otros 4 jugadores cuyos nombres no han salido a la luz pública. Es un asunto de todos los ciudadanos mexicanos que compran carne en el país.

La línea argumentativa de las conclusiones de las instancias directivas del futbol regional es de alerta: en México la gente está comiendo carne con sustancias prohibidas. La "prueba reina" que ofrece en su expediente la federación del balompié es que tomó, con notario, 13 muestras de carne de manera aleatoria -mercados, tiendas de autoservicio, carnicerías- y 4 de ellas dieron positivo a clenbuterol.

Extrapolando el dato, 1 de cada 3 veces que un mexicano come carne está metiéndose al cuerpo, sin saberlo y sin que nadie lo proteja, un químico indeseable. Ya desde hace cosa de un mes, los atletas alemanes fueron advertidos por sus autoridades: si comen carne en México van a dar positivo. En síntesis, la gente que en México come carne sale dopada.

Frente a este escándalo de talla internacional, que muestra a una población en riesgo y que se ha potenciado por tratarse de una denuncia desde la jefatura del deporte más popular en el país, los gobiernos deben una respuesta del tamaño del propio escándalo, que hasta ahora parecen minimizar: Aduanas de Hacienda está obligada a impedir el paso de grandes cantidades de clenbuterol; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe revisar los corrales y a los ganaderos; los ayuntamientos verificar que los rastros no le metan la sustancia al ganado; y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios la venta final de carne en mercados y tiendas de autoservicio.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 6 de julio de 2011).

Los inconformes se allegaron de árboles, llantas y mantas a las cuales les prendieron fuego para interrumpir el tráfico vehicular en ambos sentidos de esta arteria.

"Queremos ayuda, queremos que el gobierno atienda nuestra peticiones, que el Gobierno del Distrito Federal abra las compuertas del Gran Canal para que el agua pueda ser desalojada ya que de nada sirve que vengan bombas si ocurrirá lo mismo".

También criticaron el gasto excesivo de campañas de todos los candidatos y dijeron que todo ese dinero pudieron habérselo gastado en obras de infraestructura hidráulica.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 2 de julio de 2011).

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de julio de 2011).

Palomares es el Juez 26 Penal que aparece en el documental "Presunto Culpable", donde se aborda la historia de Antonio Zúñiga, quien fue condenado 2 veces por un homicidio que no cometió y del que fue absuelto por magistrados.

Tras conocer la noticia, Roberto Hernández, director de la cinta "Presunto Culpable", consideró que éste es un mensaje negativo para la sociedad.

La investigadora Layda Negrete, quien también participó en la dirección del documental, cuestionó la falta de transparencia en la rendición de cuentas del poder judicial.

Antes de conocer la ratificación, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, resaltó la importancia de instaurar en el Distrito Federal una carrera judicial que no se relacione con la antigüedad sino con un proceso de méritos.

(V.pág.2 del periódico Mural del 30 de junio de 2011).

Con los elementos de juicio de los que se disponía a partir del manejo que los medios de comunicación dieron al hecho, era obvio el consenso de la opinión pública. Por una parte, el auditor no había hecho con pulcritud la delicada encomienda que se le asignó; se enredó con "el cártel del congreso" -permítase la expresión-, a partir de la máxima de do ut des ("hoy por ti, mañana por mí") en un nauseabundo esquema de complicidades. Por la otra, independientemente de los indicios de que los diputados, en este asunto, no votarían en conciencia -lo cual tampoco hubiera representado la mínima garantía de que ese voto fuera a favor de la ética y de la legalidad más estricta- y sí lo harían por consigna, para asegurar la impunidad de los muchos que andan por ahí con larga y pestilente cola que les pisen, era obvio, también, que los dizque representantes populares no estaban obrando como tales ni honrando el voto de quienes, por el simple hecho de participar en las elecciones, los habían legitimado a priori en sus curules.

Decía ayer el diputado Roberto Marrufo que "sería el colmo que en esta casa donde se elaboran las leyes -el congreso-, se viole la legalidad"...

(La frase compite, ipso facto, por la medalla de oro en el campeonato mundial del cinismo).

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 29 de junio de 2011).

(V.pág.6-B del periódico El Informador del 29 de junio de 2011).

Con pancartas que dicen "Gobierno federal abra las compuertas" y "Gobierno federal ya basta", los residentes de las colonias Impulsora, Antena, Valle de Aragón Primera y Segunda Sección, entre otras, colocaron piedras y árboles en el cruce de las 2 vialidades para presionar a las autoridades de que resuelvan la problemática que se suscitó por la intensa lluvia que se presentó la noche del domingo y madrugada de hoy.

Los vecinos aseguraron que detectaron dos fisuras en el Río de los Remedios en el mismo punto donde se fracturó el canal en febrero de 2010, por lo que temen que se vuelva repetir la historia.

Comentaron que personal de la Conagua acudió al lugar y les informó que no se podían abrir las compuertas de manera inmediata porque se provocaría un desbordamiento en esta área.

El cierre de las 2 vialidades provoca problemas a los automovilistas que transitan por el lugar.

(V.periódico El Universal en línea del 27 de junio de 2011).

Pero más allá de los actos públicos, una tercera parte de las y los denunciantes en México dicen que luego de 2 años no sucedió nada con su caso. Los MP a su vez, dicen que tienen rezago de 24 meses en los estados del norte. Según la SSP federal hay 426,600 policías en el país y sólo 36,600 dedicados a la investigación. 10,000 van al Ejército y la Marina; quedan 20,600 [al webmaster la resta le da 26,600] investigadores para todo México.

Haga sus cuentas. El INACIPE dice que casi 2/3 partes de los casos se pierden en tribunales porque los MP no saben redactar y el contenido de las denuncias es incomprensible para los jueces.

Las familias buscan a los gobernadores o al presidente porque por ley es el ejecutivo quien legalmente tiene el control de los dos brazos operativos más importantes del sistema de persecución penal: el ministerio público y la procuraduría sólo obedecen al gobernador y al presidente.

Es práctica común de los gobernantes elegir a víctimas que desarrollan liderazgos sociales para convertirlas en aliadas, en merecedoras del dialogo patriarcal, en "asesoras"; para neutralizar su poder de movilización y su fuerza moral.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de junio de 2011).

Estacionarse en un lugar prohibido es el principio del caos. De nada sirve estar hablando de Estado de Derecho y guerra al narco si las autoridades no solo ignoran el principio básico de la convivencia, sino que ellas mismas violan y permiten la violación del reglamento de tránsito: sobre Hidalgo, en la acera del Palacio Municipal siempre hay autos estacionados y muchas veces con logo del ayuntamiento tapatío; la calle Maestranza, atrás del Palacio de Gobierno, se convirtió en estacionamiento de camionetotas, de esas que son inconfundiblemente de político, pues si ellos tuvieran que pagar la gasolina traerían unas más ahorradoras. Afuera del congreso, por Independencia, siempre hay coches estacionados bajo el letrero de No Estacionarse, y peor, vigilados y protegidos por un policía de Tránsito asignado al congreso para facilitar que los trabajadores y visitantes del congreso puedan violar los reglamentos sin que nadie los moleste.

Pero de ahí le siguen todo el centro y todos los subcentros (Chapultepec, Chapalita, Obregón, Providencia, Zapopan, etcétera) donde siempre hay autos estacionados en lugares prohibidos, doble fila, en las banquetas, en las rampas para discapacitados sin que a ninguna autoridad le preocupe en lo más mínimo: las patrullas parecen tener orden de no preocuparse por nimiedades. La única respuesta que dan es que no tienen personal suficiente para atender el problema, pero el problema del problema es que alguien dejó crecer el problema hasta un punto en que el problema dejó de ser problema porque ya lo consideran un asunto sin solución. Los políticos tienen desarrollada una gran capacidad para zafarse de los asuntos institucionales cuando les conviene. Todos los actuales se justifican a sí mismos diciendo que el problema lo dejaron crecer otros y que a estas alturas ya no hay nada que se queda hacer.

En los detalles se esconde la cola del diablo, dice el dicho popular. Y en detalles de la convivencia ciudadana, en la violación a los reglamentos básicos, se esconde la cola de la impunidad.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 27 de junio de 2011).

Donde Calderón se ha equivocado desde el principio es en vendernos que la guerra es contra el narco. Eso es un error gravísimo, la guerra es por el Estado de Derecho: es contra los narcos, contra los jueces y políticos corruptos, contra delincuencia organizada y la desorganizada, contra la piratería y los abusos patronales, etc. Donde se equivoca Sicilia es en decir que esta guerra no es nuestra. En esta guerra estamos ya metidos hasta el cogote, por eso hay que pelear la otra guerra, la guerra contra la impunidad. Esa guerra sí es de todos.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de junio de 2011).

¡Narconotarios! Sería el colmo que profesionales con la responsabilidad y prestigio que representan para el adecuado funcionamiento de la legalidad en nuestra sociedad estuvieran también apoyando las actividades criminales y fomentando la violencia en el país.

Según Eric Pulliam Aburto, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, ya tenían conocimiento de esta posibilidad, "bueno, sí es un problema que es latente, y que tenemos noticias que en algunos lugares del país algunos notarios se han visto obligados a participar en algún acto con este tipo de personas".

Según los informes, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar ante determinado notario las facturas y escrituras para hacer el trámite de cambio de propietario. Los inmuebles deben ser concedidos físicamente y deshabitados, y hasta que no se firma el traspaso no liberan a la víctima, de acuerdo con las fuentes. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señaló que por los menos siete notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos, y agrega que "existe un caso en el que a un empresario lo secuestran y cuando su hermano va a pagar el rescate lo secuestran también y les quitan también todas sus propiedades, les quitan los automóviles de toda la familia, y en cautiverio también le llevan el protocolo del notario para que ahí, estando privado de su libertad, firme las escrituras donde se transfiere el dominio".

El forzar a una persona a ceder sus propiedades es absolutamente ilegal, y debería existir una forma en que se cancelara el acto presenciado por el notario. Pero ya sea secuestro o extorsión, son muy pocos los casos en que se le devuelven sus bienes a los afectados... "Aunque el código civil establece que cuando la voluntad de una persona se obtiene a través de la fuerza, no solamente la fuerza física, sino incluso por las amenazas, se puede intentar una nulidad del acto", según el notario Eric Pulliam Aburto.

¿Pero quién se atreve a denunciar? Son pocos. José Antonio Ortega Sánchez señala que "hay un miedo tremendo de las víctimas de ir a denunciar, especialmente porque en lo secuestros se puede notar la colusión de algunas autoridades locales con el crimen organizado, de tal suerte que ellos creen que si denuncian, su vida y la de su familia están en riesgo".

Especialistas creen que a partir de la nueva ley federal contra el lavado de dinero recientemente aprobada, se debilitarán las estructuras financieras del crimen organizado. El experto en el tema, doctor Ramón García Gibson, señala la relevancia de que esta ley haya sido aprobada, ya que ahora los notarios podrían enfrentar una pena de hasta 16 años de cárcel por no informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de actos ilegales sobre lavado de dinero.

Algunos expertos argumentan que muchos de estos notarios también son víctimas, es decir acceden a llevar a cabo estos actos porque son amenazados, ya que de no protocolizar los bienes, su vida y la de su familia corren peligro. Pero si esto fuera cierto, ¿no sería mejor que al notario amenazado pudiera asegurársele la protección de las autoridades?

Si no tenemos autoridades locales que nos puedan dar la seguridad necesaria para vivir en orden como cualquier sociedad moderna, ¿qué debemos hacer para que los notarios, o cualquier otro profesionista, no sean cómplices de estos delincuentes que causan tanto dolor a las familias mexicanas? ¿Será que simple y llanamente los notarios no "saben" que el "vendedor" es víctima y el "comprador" es su victimario? ¿Será posible que las autoridades no se den cuenta de este tipo de acciones?

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de junio de 2011).

"Sí. Ya sé, en papeles manuscritos, que no tienen valor probatorio pleno. Ya lo sé. Ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben", acusó Calderón durante el diálogo con víctimas de delitos encabezadas por el poeta Javier Sicilia.

"He sabido, por ejemplo, de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales, pero mientras yo no tenga una prueba, o la procuradora no tenga una prueba, ese juez es juez, y ese ciudadano es ciudadano, y además, es inocente", aseveró en el Castillo de Chapultepec.

(V.periódico El Universal en línea del 23 de junio de 2011).

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de junio de 2011).

-No se me ocurre ninguna respuesta que no suene a púlpito o se cuaje en mármol. Supongo que es el problema del que derivan todos los demás: nuestra absoluta incapacidad para entender que las leyes son nuestras aliadas, no nuestras adversarias; la cifra de nuestros derechos y nuestras responsabilidades, y no el paisaje contra el cual practicar la impunidad o nuestra hipnótica adicción a la injusticia.

Guillermo Sheridan, escritor
(v.pág.9-B del periódico El Informador del 19 de junio de 2011).

Es una institución que debe reinventarse para que sea capaz de hacer renacer la confianza. Y esta refundación no es cuestión de forma sino de fondo: los fiscales son representantes de la sociedad que acusan a los responsables de haber cometido delitos. Son nuestra voz, la de todos los ciudadanos en los procesos criminales. De hecho, deben defender el interés de la sociedad por encima de cualquier otro. Si los funcionarios encargados de tan alta y delicada labor dependen del Presidente de la República resulta claro que puede usar esta relación de jerarquía para atestar golpes políticos.

La acusación penal debe salir del ámbito del ejecutivo para que cuente con autonomía funcional que evite el uso de esta fuerza para fines antidemocráticos. Hacerlo depender del poder judicial como sucede en Colombia y España o dotarlo de autonomía como en Chile y Perú, es la solución de fondo. La PGR es una mala imitación del Departamento de Justicia norteamericano que ha caído en torceduras que la hacen ineficiente. Las condiciones de México exigen, que, además de una autonomía, la fiscalía naciente sea dotada de estructuras profesionales de alta calidad y de mecanismos de confianza probada. El estado de derecho que queremos los mexicanos supone que las autoridades no usen la fuerza para establecer controles políticos o inducir efectos electorales, con el pretexto de mantener la seguridad interna.

Para sacar provecho positivo del caso Hank las autoridades deben plantear una profunda reforma que termine con la PGR como la conocemos y funden una institución sólida, independiente y profesional, que suponga un salto cualitativo en el servicio público de justicia mexicano.

Necesitamos una fiscalía mexicana en la que se alisten los mejores profesionales que sea respetada y hasta temida por las propias autoridades y los funcionarios. Su solidez permitiría investigar a fondo los casos de corrupción y las desviaciones dejando de lado las luchas partidistas. Es un paso para tener una política de estado en la justicia, más allá de los vaivenes políticos.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2011).

Pero mientras vemos la ineptitud judicial, la impunidad política y el reclamo de paz del poeta Sicilia, nuestra vagancia subsidiada (los legisladores) sigue sin acuerdo para un periodo extraordinario de sesiones. Parece no haber reformas urgentes, parece no ser un problema político, cuando en el fondo la ola de violencia que vivimos requiere del compromiso político de los partidos por una razón muy sencilla: la política en nuestro país terminó por corromper al narcotráfico. El problema es político. En este momento ni las solicitudes de renuncia del presidente que claman los inconformes con su estrategia, ni el pliego petitorio del movimiento encabezado por Javier Sicilia, aportan soluciones reales al problema. Es verdad que confiar en la Secretaría de Seguridad Pública y observar casos tan lamentables como el de Jorge Hank, puede ser visto como tener a la Iglesia en manos de Lutero, en tanto no se depure y castigue a los malos elementos policiacos y se prepare mejor a los pasantes de derecho que administran la justicia en el país.

Carlos Alberto Lara González
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 18 de junio de 2011).

Claudio Romero Zavala
(v.pág.21 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 17 de junio de 2011).

(V.pág.10 del periódico Mural del 16 de junio de 2011).

El tema no es menor. Se ha hecho común que el Ejército irrumpa en hogares con lujo de fuerza sin mostrar órdenes de cateo o de aprehensión. Las denuncias anónimas han servido de excusa para hacer caso omiso a la inviolabilidad del domicilio que establece el artículo 16 de la Constitución.

Lo que ha hecho de manera valiente la juez Blanca Parra es poner un alto a este tipo de conducta. La propia autoridad ha reconocido que los soldados entraron al domicilio de Hank sin orden de cateo o de aprehensión. La irrupción se hizo en flagrancia mientras se cometía un delito, dicen, pero los videos demuestran que no hubo tal. Los soldados simplemente entraron por la fuerza al domicilio de Hank como lo han hecho en tantos otros del país.

En este caso el gobierno tiene en el pecado la penitencia. Si se hubiera tomado la molestia de pedir una orden de cateo, especialmente ahora que éstas se pueden obtener con rapidez e incluso por correo electrónico de jueces especializados en delincuencia organizada, habría podido utilizar las armas como prueba. Pero por la violación del artículo 16 constitucional esas pruebas no tienen validez.

Lo importante ahora es que todos los jueces tengan el valor de sostener el principio constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona o domicilio sin un mandamiento judicial. Esperemos que la próxima vez que un soldado irrumpa de manera violenta en una casa y se le exija una orden judicial no pueda burlarse del ocupante o decirle que se la pida al Presidente. De hecho, ni siquiera el Presidente puede entrar por la fuerza sin una orden judicial a un domicilio que no sea el suyo.

La titular de la SIEDO, Patricia Bugarin, ha cuestionado que la Judicatura Federal haya dado a conocer un comunicado con la decisión de la juez Blanca Parra en el caso de Jorge Hank. Sin embargo, nuestro país necesita una transparencia cada vez mayor de los procesos judiciales.

Sergio Sarmiento
(v. 16 de junio de 2011).

Para colmo, la segunda liberación a Hank en un mismo día, ésa ordenada por un juez local ante la sospechosa detención de la procuraduría estatal por homicidio, confirma que este caso se llevó a cabo en el desaseo jurídico total y que las motivaciones políticas evidentes no le alcanzaron al gobierno de Felipe Calderón, primero, y luego al gobernador Guadalupe Osuna, de Baja California, para mantener en la cárcel a un personaje tan cuestionable al que quisieron hundir, pero paradójicamente lo volvieron víctima y, en un descuido, quizás hasta en candidato priista al Gobierno de Baja California en 2012.

Porque si ya era delicado que los militares fueran utilizados en labores de seguridad pública para combatir al narcotráfico en las calles, pensar que ahora el Ejército hará funciones de policía judicial para detener ciudadanos sin órdenes de un juez y allanando domicilios particulares, el asunto se torna aún más preocupante. ¿Han vuelto los militares que persiguen y detienen a quien les ordene el presidente, sin miramientos de tipo legal y con el argumento del "servicio al Estado"?

Toda proporción guardada y sin comparar para nada a un personaje controvertido y oscuro como Jorge Hank Rhon, ésa era la misma lógica con la que actuaron las fuerzas armadas mexicanas durante el periodo de la Guerra Sucia, cuando se perseguía a críticos y disidentes del régimen, a luchadores sociales y a guerrilleros subversivos. Al "servicio del Estado" y en su supuesta defensa, los soldados realizaron todo tipo de atropellos, torturas, masacres y desapariciones forzadas de mexicanos en aquella etapa oscura en la historia reciente del país; nadie desearía que eso volviera a ocurrir.

Ayer la noticia de la liberación de Hank cayó como un balde de agua fría en la Sedena, donde había molestia por la decisión de la juez pero sobre todo por la incapacidad de los funcionarios de la PGR para integrar bien la averiguación previa.

¿Cómo pueden en el Ejército confiar en las acciones de la autoridad civil, si no pueden acreditar el delito por el que pidieron su intervención? ¿Será que en el futuro también los jueces dirán que fue ilegal la acción de los militares en labores de seguridad en las calles?

Para el gobierno del presidente Calderón el daño también es mayor. Aunque quedan todavía recursos legales a los que recurrirá la PGR, es inevitable pensar en el llamado "michoacanazo", el otro caso que ocurrió con la detención espectacular de alcaldes y funcionarios estatales de Michoacán a los que se vinculó con el narcotráfico, se les retuvo en arraigos extralegales y se les sujetó a un proceso en el que también los jueces los liberaron por falta de elementos aportados por la PGR para sustentar las acusaciones.

Cuando el Ejército entró, con soldados encapuchados a las 3 de la mañana a la casa de un personaje priista como Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana y ex candidato a la gubernatura, pocos dudaron que no hubiera elementos suficientes para detener a una figura tan controversial y polémica. Máxime cuando los soldados allanaron el domicilio sin tener una orden de cateo de un juez, pero argumentando "flagrancia" en la posesión de armas ilegales en la casa del también empresario.

Hoy, que el caso se les tambalea por el fallo de dos jueces en un mismo día, uno federal y otro local, que no encontraron elementos de culpabilidad ni por acopio de armas ni por el presunto homicidio de una joven de 24 años, se confirman 2 cosas: que los procedimientos penales no son el fuerte del licenciado en derecho Felipe Calderón Hinojosa ni de su flamante procuradora Marisela Morales, y que en el Ejército ya pueden preocuparse: si los usaron indebidamente en este caso y no pudieron sostener jurídicamente su actuación como policías judiciales, ¿qué les garantiza que después de 2012 los van a defender cuando comiencen a salir los juicios por los muertos civiles inocentes en esta guerra contra el crimen?

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de junio de 2011).

La juez 9o.de Distrito en el Estado de Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, dejó libre a Jorge Hank Rhon porque consideró que la puesta a disposición hecha por el Ejército, es decir, la narración que hicieron los militares cuando entregaron a los inculpados a la PGR, sobre cómo ocurrieron los hechos, dónde detuvieron a los acusados y cómo se encontraron las armas no se sostenía, lo que ella habría corroborado en una inspección ocular del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Varias posibilidades:

Que el Ejército se metió a casa de Jorge Hank Rhon sin una orden de cateo y sin que hubiera flagrancia. Es decir, que de forma ilegal allanó un domicilio particular.

(Si se atreven a hacer eso en la casa de un hombre poderoso como Hank Rhon, no es difícil imaginar la garantía que tenemos todos los demás de que no nos ocurra lo mismo).

Que el Ejército incurrió en muchas contradicciones a la hora de explicar exactamente dónde y cómo encontró a cada uno de los detenidos y las 88 armas y los más de 9,000 cartuchos que presentaron. ¿Simple torpeza de los militares a la hora de hacer una narración precisa en tiempos y lugares, o se abre la posibilidad aterradora de que las armas nunca hayan estado ahí? A nadie escapa la gravedad de esta posibilidad.

Que la PGR no frenó en seco la averiguación al constatar la debilidad de la narración de los militares y se expuso, ¿por razones políticas? a un revés al hacer suyas las acusaciones.

Se puede, desde luego, poner en tela de juicio a la juez Blanca Evelia Parra Meza. Sin duda, y presionada por una defensa de una calidad que no suele tener ningún mexicano, fue inusualmente estricta a la hora de corroborar el parte del Ejército. Si a usted o a mí el Ejército nos presenta con 88 armas y nueve mil cartuchos ¿el juez se pondría a constatar minuciosamente si la narración que hacen los militares es verosímil? Debería hacerlo siempre, pero no suelen hacerlo nunca, imposible sin embargo quejarnos de eso. En segunda instancia sabremos si actuó con probidad.

La juez ni siquiera entró a considerar la acusación de acopio de armas, porque al no sostenerse la narración de los militares lo demás se desecha porque es prueba ilícita.

Lo decíamos la semana pasada, para detener a alguien como Hank, se necesita que el delito exista y que se proceda de forma impecable y eso fue lo que no hicieron. Lejos de asestar un golpe contra la impunidad o contra un adversario, la torpeza o el desaseo del Ejército y de la PGR van a confirmar en muchos que la justicia no es igual para todos y que los que nos gobiernan hoy no son ni mejores ni más honestos que cualquiera que nos haya gobernado en el pasado.

La burla: que en un país como el nuestro en donde hay personas condenadas por testimonios dudosos, está libre y en la calle un hombre en cuya casa, el Ejército y la Procuraduría General de la República dicen haber encontrado 88 armas, 78 sin permiso, 49 de uso exclusivo del Ejército y 2 que se presume fueron utilizadas en sendos asesinatos en Baja California.

El ridículo: La Procuraduría de Baja California tratando de impedir que Hank Rhon quedara libre y acusándolo precipitadamente de ser el autor intelectual de un asesinato en base a un supuesto testigo.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de junio de 2011).

El investigador de la Universidad de Guadalajara Dante Haro Reyes, destacó que respecto a 2009 la incidencia mejoró en 8 puntos porcentuales (en ese año fue de 92%). Sin embargo, los datos siguen reportando la falta de credibilidad en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

La encuesta también evidenció que 67% de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad; el año anterior, 54% manifestaba esa misma percepción.

El especialista declaró que existe un "círculo vicioso" en la respuesta de los organismos encargados de dar seguimiento a las denuncias, porque el principal argumento con el que justifican la inoperancia es que "la gente no denuncia". No obstante, Haro Reyes explicó que hay una serie de trabas que desmotivan a los ciudadanos a interponer una querella, pues en primera instancia, "no existe una cercanía de la población con las instituciones".

La impunidad, según señalan los investigadores, deriva a que sólo 3% de los presuntos delincuentes sea interpuesto ante un juez y 2% sea encarcelado por periodos mayores a 3 años.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 15 de junio de 2011).

Los manifestantes se inconforman por el incremento del precio del diesel y demandan que se incremente la vigilancia policial en las carreteras.

Elementos de las policías municipales realizan operativos para disminuir los problemas viales que ocasionan, pues van circulando y obstruyendo el tránsito tanto en carriles centrales como laterales en sentido norte-sur.

La caravana está integrada por 15 tractocamiones y 6 camionetas de 3.5 toneladas, en las que se trasladan alrededor de 30 personas que demandan la autorización para circular en carreteras federales a las unidades modelos 1993 y anteriores.

(V.periódico El Universal en línea del 14 de junio de 2011).

José Antonio Crespo
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 14 de junio de 2011).

Ya antes se habían dado casos de atletas mexicanos que, de manera desconcertante, también salieron positivos en este tipo de pruebas. Hasta turistas foráneos lo han detectado en exámenes realizados en sus países de origen tras habernos visitado. Incluso ha habido más de alguna alerta a deportistas extranjeros advirtiéndoles los riesgos de consumr los aimentos mexicanos.

A sabiendas de esto, se sigue privilegiando el capricho lucroso de forzar artificialmente la engorda, desatendiendo la advertencia.

Norberto Alvarez Romo, presidente de Ecometrópolis,A.C.
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 14 de junio de 2011).

Aclaró que a pesar de que la venta de carne de rastros TIF es segura, "no podemos garantizar la que viene de rastros clandestinos o de lugares en donde a veces se hace el sacrificio y ni siquiera tienen registro".

Se calcula que de los pequeños ganaderos que tienen entre 10 y 15 reses, 5% usa clenbuterol para engordar a los animales.

(V.pág.7-B del periódico El Informador del 14 de junio de 2011).

Así lo afirmó la Arquidiócesis Primada de México en un comunicado con el que elevó una "protesta enérgica" por la detención durante seis días de María Carrera Rivera, prima hermana del cardenal Norberto Rivera Carrera.

La pariente del prelado estuvo seis días en prisión acusada por delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de marihuana, fue fichada y posteriormente liberada luego de darse a conocer que todo se debió a una confusión.

A consecuencia de esos hechos, la Iglesia Católica denunció la actuación de las autoridades que actuaron sin la menor profesionalidad al afectar la fama pública de la señora María Rivera Carrera.

Estos hechos, subrayó, representan una "aberrante actuación, violatoria de garantías individuales consagradas en la Constitución federal y de derechos humano en contra de María Carrera Rivera, tanto por parte de la autoridad investigadora como por el juez de la causa".

Tanto el vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, como el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, dieron a conocer la postura de la Iglesia al término de la misa dominical presidida por el cardenal Norberto Rivera.

[Primera pregunta del webmaster: ¿por qué se esperan a protestar hasta que una pariente de un alto eclesiástico sufre esta situación, que es cotidiana para muchísimos mexicanos? Segunda pregunta: si esto le pasó a esta persona con tantas influencias, ¿qué podemos esperar los de la masa de a pie?]

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 13 de junio de 2011).

El presidente de la Unión Nacional de Avicultores, Jaime Crivelli Espinoza, rechaza que su gremio recurra al anabólico, así como a las hormonas, para aumentar la masa muscular de animales. El empleo de sustancias químicas con el fin de que los pollos incrementaran su estructura muscular, subraya, "sería inútil, dado que las aves tendrían que estar sometidas a un entrenamiento físico, como lo hacen los atletas. Los pollos no han volado en miles de años, lo que significa que la ausencia de ejercicio cancela cualquier beneficio de estas sustancias".

(V.primera plana del periódico El Informador del 13 de junio de 2011).

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 12 de junio de 2011).

(Vicente Bello
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 12 de junio de 2011).

José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de junio de 2011).

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 11 de junio de 2011).

Juan María Naveja Diebold
(v.pág.47 del periódico Milenio Jalisco del 10 de junio de 2011).

En la protesta participan más de 2,000 mentores del ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

La movilización ocasiona ya una fila de más de 5 kilómetros de vehículos que se encuentran detenidos.

Esta tarde de lunes se inició una mesa de negociación para responder a las demandas de los maestros del estado.

En el pliego petitorio presentado al gobernador Ángel Aguirre Rivero, también se demanda el mejoramiento de la infraestructura educativa y de la calidad en las zonas de mayor marginación.

El plantón es encabezado por su dirigente, Gonzalo Juárez Ocampo, quien pidió al gobierno del estado sensibilidad para iniciar las mesas de negociación.

(V.periódico El Universal en línea del 6 de junio de 2011).

"Marchar, gritar, proferir consignas a coro (Jaime Elías dixit), sirve si acaso, para ejercitar el derecho al pataleo de los ciudadanos impotentes".

La marcha del desolado padre y poeta morelense Javier Sicilia, ha sido la marcha por la indignación, por la rabia, por el miedo, por la sensación de desamparo. La marcha por la paz presidida por el poeta, ha sido un grito solidario de viudas, de madres y padres que han perdido a sus hijos; fue una caminata contra la muerte y sus sicarios, contra la traición del Estado y sus secuaces, contra la indiferencia social y la pobreza. Ojalá que no sea como tantas otras, una marcha para volver mañana al silencio, a la abulia cotidiana, a la victimización perenne.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de junio de 2011).

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de leyes y de normas.

Es decir, cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la SCJN podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectiva.

De igual forma se modifica el amparo y el llamado "Efecto Otero", que sólo protege a las partes involucradas; es decir, con la declaratoria de inconstitucionalidad ésta será para todos los ciudadanos, y no sólo a la parte que impugnó.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 4 de junio de 2011).

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que cualquier expresión de violencia contra civiles por parte de las autoridades se justifica de manera oficial con el argumento del necesario combate al crimen organizado.

"En los últimos 4 años, 45,000 personas han sido asesinadas sin que existan investigaciones ni responsables de estos crímenes", señaló en el marco del 17 periodo de sesiones del Consejo.

"En materia de justicia, en México existe un régimen paralelo de excepción que se refleja en la actuación sin controles democráticos de las instituciones de impartición de justicia. El arraigo es una figura que demuestra esto", agregó.

(V.pág.2 del periódico Mural del 2 de junio de 2011).

[...]

Y vimos a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del DF dictar el Bando número 13 que prohibía "bloquear avenidas o vialidades primarias que desquicien el tráfico o afecten el libre tránsito de terceros" y luego ser él mismo quien encabezó el bloqueo de las avenidas Reforma, Juárez y Madero así como del Zócalo capitalino en un plantón que se mantuvo durante casi 2 meses.

[...]

En 1998, varios policías de la delegación de Tláhuac secuestraron durante varios días a 3 adolescentes a quienes obligaron a preparales la comida y lavarles la ropa y luego abusaron de ellas sexualmente. Sin embargo, cuando detuvieron a los culpables, en pleno juzgado y frente a las autoridades que aplicaban la ley que protege a los menores de la violencia sexual, los familiares de estos sujetos no sólo los defendieron sino que incluso amenazaron a las víctimas: "Mira -le decía una señora a su hijo de 6 años- conoce a quienes fregaron a tu padre para que cuando crezcas vayas a vengarte en nuestro nombre". ¡El "fregado" era el violador y no la violada! Y en el caso de una maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana asesinada ¡hasta un ritual de santería se hizo en pleno juzgado para amedentrar a los testigos!

Este modo de funcionar es característico de la policía que siempre defiende a los suyos, aun si las evidencias son claras sobre su culpabilidad. En 1999 una patrulla se le fue encima a personas que hacían cola para comprar leche, matando a 2 señoras y dejando heridas a varias, entre ellas una niña. No sólo nunca reconocieron su culpabilidad sino que ayudaron a huir a los culpables. Y cuando agentes de tránsito mataron a un piloto aviador que se había pasado un alto y al que persiguieron hasta las puertas de su hogar donde le dispararon a quemarropa, la corporación les ayudó y evitó su detención, pero además atosigaron y amenazaron a la familia que exigía castigo a los culpables

Pero no sólo la policía actúa de ese modo. En el caso del bebé que murió dentro de una guardería de Pemex, tanto los encargados como los funcionarios de la empresa defendieron a capa y espada a los trabajadores del lugar. Lo mismo sucedió cuando en un hospital público murieron 12 bebés en el cunero y lo primero que hizo el subdirector fue decir: "No creo que mis amigos médicos sean culpables".

¿Qué hacen las autoridades frente al encubrimiento de los culpables o el acoso y los insultos y amenazas a las víctimas?

Nada, absolutamente nada. ¡Y eso que desde 1985 el gobierno mexicano firmó una Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder!

[...]

La medalla al tortuguismo se la llevan sin duda los juzgados, que detienen durante meses y años las resoluciones generando enormes problemas. Porque si algo funciona lento y mal en México es la así llamada "procuración de justicia". Los ejemplos abundan: testamentos no adjudicados durante años, liberación carcelaria no terminada, propiedades no entregadas, etc.

Cuando el señor Ricardo Salinas Pliego metió una demanda por difamación contra el señor Marco Rascón por un artículo publicado por este último que a aquél le pareció que lo agraviaba y que le casaba daño moral, tardó ¡once años! en salir el fallo judicial. Y eso que estamos hablando de un pez gordo, dueño de medios de comunicación y otras empresas, que tiene abogados trabajando de tiempo completo para él.

[...]

Como afirma Miguel Sarre: "El sistema de justicia está estructuralmente diseñado para ser violatorio de los derechos humanos, propicio a la detención arbitraria, a la fabricación de culpables y a la tortura: por ejemplo, se le da valor a la primera confesión del detenido y las policías tienen cuotas de detenidos para mostrar luego estadísticas de combate al crimen".

[...]

Está también el problema de la cantidad de mercancía que entra sin pagar aranceles (sólo 10% de las mercancías que ingresan al país se revisan) y el del enorme contrabando (sólo en el rubro textil 60% del mercado se encuentra en el poder de los contrabandistas, 6 de cada 10 prendas de vestir que se comercializan en México son ilegales según la Cámara de la Industria Textil y del Vestido).

[...]

El estado de Illinois en Estados Unidos invitó a los casinos a instalarse en su territorio para así resolver el grave problema económico que les había dejado la crisis en la industria del acero, pero unos años depués, se encontró con que la recuperación económica no se dio pero en cambio sí se produjo el deterioro social que siempre e inevitablemente acompaña a esos negocios. Según un estudio de la Universidad de Nueva Orleáns, en todas partes donde se han abierto casinos se genera tráfico, ruido, basura, contaminación ambiental, aumento del costo de la vida, prostitución, tráfico de drogas, drogadicción y delincuencia. En un promedio de 20 años, todas las ciudades con casinos aumentaron sus índices delictivos en 44%. Y de eso no se han salvado ni en Estados Unidos ni en el Caribe ni en la República Checa ni en Tailandia, ni aunque tengan mejores marcos regulatorios que nosotros (lo que no es difícil dado que los de México son inexistentes, "el marco regulatorio en México es realmente uno de los peores", dijo José Luis Daza, jefe de estrategia para mercados emergentes del Deutsche Bank), ni aunque juren que van a imponer durísimos castigos a quienes no cumplan con la ley, porque México es un país en el que la ley no se cumple y en el que impera la corrupción, éste es el único código que funciona, la única moneda que circula, que rompe cualquier barrera, que abre cualquier puerta y por supuesto, que inutiliza cualquier ley.

Por eso hasta la Secretaría de Seguridad Pública de México, después de hacer un estudio sobre la viabilidad de los casinos, llegó a la conclusión de que "el país no tiene la capacidad para hacer frente a las consecuencias del juego".

Y por lo que se refiere al impulso que supuestamente le dan estos negocios al sector turístico, también se ha demostrado que esto es falso.

[...]

Todos los días en México, en distintos rincones del país, personas y grupos plantean demandas y exigen soluciones a sus problemas y lo hacen como afirma Charles Tilly, "en los foros públicos".

Se trata de acciones colectivas, que emprenden los actores sociales cuando se sienten agraviados, por razones que tienen que ver con la escasez de recursos, sean materiales, simbólicos, espirituales o de trascendencia, de oportunidades, derechos, participación y pertenencia, por la divergencia de intereses o incompatibilidad de metas. Carlos Monsiváis resume así las motivaciones: "Por la existencia de autoridades sordas, ciegas y mudas, de una burocracia pasmada o sobrepasada, de sindicatos corruptos, sueldos de hambre, transas y mentiras, de miseria, de la falta de alternativas, el despojo, la negligencia y la voracidad, la corrupción y el autoritarismo" y Francisco Pérez Arce así: "Por las promesas incumplidas, las limitaciones de la vía institucional y el tortugismo burocrático".

[...]

Dice el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuiro, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".

¿Es posible imaginar una mentira más grande?

Porque en México ni toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ni esto sucede de manera pronta y expedita, imparcial y completa ni mucho menos gratuita.

Escribe Jorge Zepeda Patterson: "No vivimos en un estado de derecho. Todos los días miles de mexicanos humildes son víctimas de tribunales y autoridades que operan a favor del poderoso o del que ofrece más".

Por eso Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Rizo afirman: "Cualquier análisis del sistema de justicia criminal en México, debe partir de una certeza: es tan defectuoso que podemos decir, sin temor a exagerar, que es completamente fallido. Se trata de un proceso que hace agua por todas partes: a) no sirve para atrapar a los criminales más peligrosos; b) da lugar a un muy alto nivel de impunidad y corrupción; c) no garantiza los derechos fundamentales ni de las víctimas ni de los acusados; d) no establece incentivos para la investigación profesional de los casos y e) considerando su muy pobre desempeño, resulta extremadamente costoso".

[...]

La poca o nula confianza que se tienen en las autoridades lleva en ocasiones a situaciones muy graves. Por ejemplo, la decisión de las personas de resolver sus problemas haciendo justicia por la propia mano, pues la policía nunca llega a tiempo cuando se la necesita. Todos hemos visto en la televisión las imágenes de linchamientos colectivos, sin que la autoridad aparezca y cuando lo hace, horas después, lleva en la boca toda suerte de pretextos, "que esta zona no nos toca a nosotros", "que el tráfico nos detuvo", sin que puedan explicar por qué los medios de comunicación y los curiosos sí consiguen llegar y ponerse en primera fila aunque vengan desde el otro extremo de la ciudad y aunque llueva, truene, sea domingo o media noche.

[...]

Los ciudadanos no se sienten con la obligación ni con el deseo de respetar ni a la ley, ni a las instituciones, ni a las investiduras, ni a las autoridades, ni a las personas.

Una encuesta hecha por un investigador de la UNAM en 2006, muestra que a gran cantidad de personas les parece que "violar la ley no es grave", que lo grave "es ser sorprendido" y datos de una encuesta hecha por una empresa privada en agosto del 2007, muestran que sólo al 2% de la población le parece problemático que no se cumpla la ley. Por eso una estudiosa afirma que "nuestra cultura es contraria al respeto y observancia de la ley".

¡Ni siquiera las autoridades están dispuestas a respetarla!

La debilidad fundamental del sistema político mexicano es la inefectividad de las instituciones formales, donde se toman las decisiones gubernamentales cotidianas. No hay reglas ni respeto a ellas por parte de los actores.

Y es que no existe en los ciudadanos "un sentido de pertenencia y apropiación de las instituciones del Estado", afirma Héctor Tejera Gaona.

Me escribe un lector:"La falta de respeto a la autoridad se está volviendo un hábito. La gente se está acostumbrando a tomar palos y machetes y considera eso normal. Ya no son hechos aislados sino parte de una costumbre que se va generalizando".

[...]

Ésta es una carta enviada a una revista: "En el fraccionamiento donde vivo en el puerto de Veracruz hay 140 casas que fueron invadidas por familias que anteriormente ya habían hecho lo mismo, pues todas tienen ya una casa dentro de este fraccionamiento. En ninguno de los 2 casos han pagado un solo peso por la compra del inmueble, no pagan predial, no pagan agua, no pagan luz y ¿acaso las autoridades han hecho algo? Claro que no, son intocables y más ahora que habrá elecciones el próximo año".

Sara Sefchovich
(v.págs.67, 75, 90, 97, 118, 231, 235, 260, 277, 315, 316 y 325 de "País de mentiras", Ed.Océano, México, 2008).

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 26 de mayo de 2011).

¿No les fascinaría que esos ¡guardiaaas! estuvieran a sus órdenes y le dieran una recia a todos los que nos agreden a diario?

Guadalajara está invadida por la ilegalidad y la impunidad: banquetas llenas de puestos, jóvenes sanos y fuertes que en vez de tener un empleo fijo optan por una vagancia disfrazada de ambulantaje, políticos que no hacen nada y roban todo, profesionistas que engañan a sus clientes, mafias y monopolios de todo tipo.

Pero ya ni nos disgustamos, simplemente lo tomamos como el costo de vivir en un estado sin ley y sin fuerza pública.

Si le pidiéramos a la empresa galletera del comercial que nos prestara sus centuriones, se resolvería en mucho este relajo en el que vivimos.

¿A poco no sería sensacional que nuestros ¡guardiaaas! quitaran a espadazos a esos manifestantes profesionales que, por un dinerito, bloquean el tráfico? ¿O que le dieran un par de mazazos en las rodillas al tipo que nos limpia el parabrisas a fuerzas? ¿O que vertieran gotas de chile en los ojos del burócrata que nos impone trámites estúpidos y repetitivos? ¿O que le cortaran las manos a todos esos diputados, ombudsmanes y contralores que se autoaumentan su sueldo?

Imagínense que nuestros ¡guardiaaas! "levantaran" a un hijo del juez que deja libres a los secuestradores y se lo regresaran en cachitos, como lo hacen ellos; o que le quitaran su "mamá-van" a esa señora estacionada en tercera fila en la salida escolar; o que le dieran 100 latigazos a los midibuseros que echan carreritas y atropellan niños y ciclistas; o que pusieran al graffitero a limpiar con una esponja y su salivita las paredes que mancilla con sus "obras de arte".

Que le hicieran una cicatriz en la cara al cirujano que te mete bisturí nomás para cobrar sus altísimos honorarios, que le decomisaran todo su dinero a los billonarios mexicanos que tienen los monopolios de las comunicaciones y lo repartieran entre los pocos tarugos que todavía pagamos impuestos; o aseguraran inanición pública al especulador de granos.

Y que le amputaran "aquellito" al violador de mujeres, y también al pederasta, aunque use sotana. Que dejaran ciego al judicial que secuestra y a todos los cobardes que con una pistola en la mano se vuelven muy valientes. ¡Guardiaaas, córtenles los ...!

¡Qué ganas de tener una fuerza pública bien equipada y entrenada que infunda respeto, sin miedo de aplicar la fuerza para reforzar la ley! Necesitamos castigar duramente a los infractores. La policía debe ser temida por los malos y respetada por los buenos.

Pero... "¡Ay, policía gringo!, no le pegue al mexicanito que se la mentó en el estadio... ¡Pobreciiito!". ¿Qué parte de "fuerza pública" no hemos entendido? Fuerza es fuerza. Y para eso está.

Si a uno de nuestros pobres policías se le ocurre macanear a un delincuente de estos, resulta que Derechos Humanos lo encarcela, y si es hijo de político, ¡uuuy, no se la acaba!

¿Por qué no, los tapatíos le pedimos al alcalde de Roma que nos mande unas cohortes de centuriones con espadotas marca Gladius y minifaldas de cuero? Y que cada vez que suframos abusos, gritemos: ¡Guar- diaaas!, y tengamos ¡por fin! una fuerza pública con mano dura y que se dé a respetar.

Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 26 de mayo de 2011).

También aseguraron 100 costales con 50 kilos de alimento cada uno por contener clenbuterol.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 25 de mayo de 2011).

Los alcaldes de La Barca, Poncitlán, Tuxcueca, Jocotepec y Chapala encabezaron la movilización, que después de llegar a la base central del organismo se desplazó por la Avenida González Gallo hacia el centro de Guadalajara; después tomaron Alcalde y finalmente llegaron al Congreso del Estado, donde el diputado panista Héctor Álvarez recibió a los ediles para, acto seguido, ofrecer una rueda de prensa. El trayecto de los manifestantes provocó un severo caos vial en el Centro.

Y después de las 14:00 horas, un contingente de 450 estudiantes de educación básica y media superior se desplazaron por el Centro, en una concentración que inició en el cruce de Hidalgo y 16 de Septiembre con destino a las instalaciones de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en la calle Carlos Pereyra, cerca de La Normal.

Vialidad mantuvo cerrada la Avenida Alcalde hasta las 16:00 horas, en los carriles sur a norte.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 24 de mayo de 2011).

Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de El Colegio Nacional de Economistas
(v.periódico Excélsior en línea del 23 de mayo de 2011).

Cuando se le pregunta a las víctimas por qué no acudieron ante el Ministerio Público a denunciar el delito, responden en primer lugar por la pérdida de tiempo que les representa el trámite, con 41%; en segundo lugar, por la desconfianza que les genera la autoridad, con un 16%; y en tercero, porque consideran los procedimientos largos y difíciles, con 13%.

(V.pág.6-B del periódico El Informador del 23 de mayo de 2011).

Tras el bloqueo de las vialidades, 6 civiles fueron detenidos, entre ellos el líder del movimiento de El Barzón, Fidencio Hernández y un menor de edad.

Una comisión integrada por 11 ciudadanos fue recibida por el alcalde Salvador González Reséndiz.

(V.pág.13 del periódico Público del 20 de mayo de 2011).

La Agencia de Seguridad Estatal informó que cerca de 30 pobladores con piedras mantienen bloqueada la vía para demandar justicia, ya que esta tarde fue atropellado y perdió la vida un menor de 13 años, quien a bordo de su bicicleta fue arrollado por un autobús.

La ASE reportó que el caos vial que está provocando el bloqueo es de aproximadamente 5 kilómetros en ambos sentidos.

(V.pág.32 del periódico Público del 20 de mayo de 2011).

(V.pág.8 del periódico Mural del 19 de mayo de 2011).

En la manifestación participaron unas 200 personas, quienes se apostaron en el cruce para impedir, principalmente, la circulación de las unidades del Macrobús.

Gerardo Martín, representante de los quejosos, justificó la irrupción al mencionar que ni él ni sus compañeros comerciantes quieren ser víctimas de operativos contra la piratería efectuados, supuestamente, por el gobierno estatal, sin que exista una orden federal.

El bloqueo se originó alrededor de las 14:00 horas, tras el citado operativo que sorprendió a vendedores de productos electrónicos del mercado de fayuca ubicado en Medrano y la Calle 62.

Mientras ésto ocurría, varias unidades del Macrobús estaban detenidas en ambos sentidos de la circulación, al igual que automovilistas. Por ello, algunos pasajeros del transporte articulado decidieron continuar su camino a pie.

"Los señores deberían irse a manifestar a la casa del gobernador, ya saben dónde vive", opinó Antón Estrada Rodríguez, conductor de un camión del transporte articulado.

Alrededor de las 16:10 horas, la Secretaría de Vialidad informó que los manifestantes se habían retirado a la Plaza De Armas, por lo que las vialidades fueron reabiertas a la circulación.

(V.pág.4 de la sección "Comnidad" del periódico Mural del 19 de mayo de 2011).

(V.pág.8 del periódico Mural del 19 de mayo de 2011).

Así estamos todos, sin poder ganar una contra los que "están arriba".

Astrid Herkommer
(v.pág.5 "Cartas del lector" del periódico Mural del 19 de mayo de 2011).

El enemigo es la impunidad. Detrás de las 40,000 muertes hay, por lo menos, 30,000 homicidios que investigar, pues una parte ha caído en enfrentamientos con las fuerzas armadas o las policías, pero la inmensa mayoría no. Cuántos de esos asesinatos, no digo se han aclarado, sino siquiera se han investigado; cuántos han llegado a juicio y quiénes han sido procesados por matar a otros narcos, a los miembros de otras bandas. Mientras las autoridades consideren que el hecho de que las bandas se maten entre ellas no sólo es inevitable sino casi natural, pues el gobierno no tiene vela en ese entierro (una metáfora macabra que no lo es) no vamos a avanzar.

En un país donde vivir es muy costoso y matar es muy barato hay algo mal de raíz. Para una gran número de jóvenes mexicanos la vida es una tragedia permanente, y la muerte un azar tan presente como ausente es el Estado. Combatir la impunidad no significa abarrotar las cárceles, por el contrario, es en las cárceles donde están los malos, los peores y los supuestos malos, donde la impunidad es más presente. En nuestro sistema penitenciario sólo el que tiene dinero tiene derecho a juicio y sólo el que paga "mordidas" puede vivir decorosamente. Combatir la impunidad es tener la certeza de que el que viola la ley, el que atenta contra el bien de una persona, o de todos, tendrá que pagar las consecuencias, pero es también la certeza de que el Estado no usará su fuerza arbitrariamente contra una persona o grupo.

La guerra contra la impunidad es una guerra contra la ineficiencia de las instituciones, que persiguen los delitos selectivamente; es una guerra contra la burocracia inútil, incapaz de interesarse en el problema del otro; es una guerra contra el mal uso de los recursos públicos, pero sobre todo es una guerra contra la justicia selectiva, contra ese sistema que permite que haya miles de jóvenes esperando un juicio que nunca llegará y víctimas esperando una justicia que no verán. Ésa es la guerra que hay que emprender.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2011).

Nemesio Maisterra
(v.pág.6 del periódico Mural del 12 de mayo de 2011).

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 7 de mayo de 2011).

Así lo acreditó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, al indagar la queja presentada en septiembre de 2010 por un abogado, apoderado de una empresa, que litigaba en un proceso por el presunto despojo de un inmueble.

El abogado señaló a la actuaria María de la Luz García Ruiz, encargada de la Oficialía de Partes de la División de Averiguaciones Previas y Coordinación Metropolitana de la PGJEJ, de manipular los documentos y firmar como si hubiese recibido la denuncia el 22 de febrero de 2010.

"Una vez que nosotros hicimos las investigaciones acreditamos que había habido una falsificación en los acuses de recibo, en las fechas de recibidos y que la denuncia realmente se presentó en junio y su ratificación fue en julio", de ese año, dijo el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Incluso se cuenta con dictamen de Ciencias Forenses respecto al origen de las firmas.

"Ése es el gran perjuicio, que cambia totalmente su situación jurídica y a él [el quejoso] lo pone de forma indebida e ilegal en un grave predicamento que pudiera enfrentar con ello la acción de la justicia penal", explicó el presidente de la CEDHJ.

(V.pág.11 del periódico Público del 6 de mayo de 2011).

De acuerdo con personal de vigilancia del servicio de transporte articulado, les ordenaron bajar a los usuarios que viene de Etiopía en la estación Juárez ante la imposibilidad de seguir su trayecto.

El grupo de transportistas protestan por la concesión del servicio del Metrobús a empresas privadas, mientras que organizaciones sociales demandan un alto a la violencia.

La circulación en la zona se ve seriamente afectada, por lo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal piden a los automovilistas tomar rutas alternas para no encontrarse con la manifestación.

(V.periódico El Universal en línea del 5 de mayo de 2011).

Además, consideró que la impunidad no se ataca de manera adecuada, pues debe erradicarse desde el más alto nivel de poder.

El dilema no es la integración de nuevas leyes, sino lograr que las existentes castiguen en su justa dimensión a quienes cometen delitos, es decir, no tolerar bajo ninguna circunstancia la impunidad.

Uno de los grandes conflictos en el país es que el narcotráfico se condene con todo el rigor, pero no se penalice a quienes lo propician y viven de él.

Ve un escenario de inestabilidad al argumentar que la libertad no existe sin la seguridad y ésta se quebranta cada vez más mientras exista la impunidad.

Sentenció que la ley debe proteger los derechos elementales de la ciudadanía, pero sobre todo castigar la impunidad, pues éste es el factor más agresivo de desmoralización social.

En ese sentido, aseguró que las legislaciones comúnmente persiguen acciones que son ilícitas, pero no deben concentrarse en la censura de vicios o pecados, sino en un castigo real y justo para los delitos.

"La libertad es un derecho que depende estrictamente de la seguridad, pues un Estado en el que impera la intranquilidad nadie puede actuar con plenitud".

"La ley es posibilitadora de acciones y no limitadora (...) tampoco hay que creer que es una situación súper moral, es decir, que va a resolver todas nuestras dudas morales".

Las leyes no deben salpicarse de un carácter regulatorio que intente inhibir las acciones naturales del hombre, pues no se trata de controlar a la ciudadanía como si fuesen menores de edad.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 3 de mayo de 2011).

"Sí que desquiciamos el tránsito", dijo Fabiana. "Sí que lo hicimos", contesté.

Llegamos a la plaza, frente al palacio de gobierno. Cerramos el centro. Nos esparcimos en la calle, en los escalones del atrio de la catedral.

Jorge Moch
(v.pág.17 del periódico Público del 29 de abril de 2011).

(V.pág.10 del periódico Público del 29 de abril de 2011).

El tapón vial, que según fuentes fue en represalia por el desalojo de los puesteros, inició a las 17:40 horas y acabó a las 18:30 horas, luego de que elementos del Grupo Reacción Inmediata ordenaron que los vehículos fueran retirados con grúas.

De acuerdo con testigos, antes de los bloqueos los delincuentes, jóvenes de aspecto pandillero, realizaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de Juárez e Hidalgo, lo que causó pánico entre los transeúntes.

Posteriormente, dijeron los testigos, los jóvenes llegaron al cruce de Ocampo y Zaragoza, donde atravesaron un taxi y un camión.

Sobre Ocampo, los pandilleros atravesaron 3 camiones de ruta, provocando congestionamientos en ambas calles.

Ante la presencia de los hombres armados, muchos de los pasajeros y personas que caminaban por el lugar se fueron corriendo a otras zonas para protegerse.

Al taxista, además, los delincuentes lo despojaron de más de 700 pesos.

"Se llevaron todo lo que traía. Eran puros chavos".

(V.pág.2 del periódico Mural del 28 de abril de 2011).

Los manifestantes bloquearon el Periférico Sur, se apersonaron afuera de la Casa de Gobierno y luego se plantaron en el centro histórico.

(V.pág.8 del periódico Mural del 28 de abril de 2011).

El hecho puro y duro es que el gobierno federal no consiguió poner orden ni en Tamaulipas ni en Chihuahua, aun con todas las medidas, visitas, anuncios y demás acciones que se tomaron. Miles de jóvenes han muerto en esas entidades, ahí fue asesinado un candidato a presidente municipal, un candidato a gobernador, 73 migrantes, y ahora sabemos que muchos autobuses desaparecieron con sus pasajeros en meses recientes. La situación se vuelve caótica para el principio de autoridad en aquella región de México. Para casos como este, el artículo 29 de la Constitución establece que "En los casos... de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo..."

Es importante debatir respecto de las potenciales implicaciones de esta y otras medidas que de hecho han limitado nuestra forma de vida a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Para el presidente es un riego mayúsculo, porque se jugará el futuro político de su administración y de su partido en una decisión que depende de la calidad de la información y de la capacidad de operación con la que se actúe. Mucho se juega en una decisión así. Pero por otra parte, miles y miles de mexicanos que viven en las zonas afectadas reclaman acciones efectivas, se sienten abandonados por el centro. Exigen con razón: Ya basta. La autoridad debe decidir en breve si toma este riesgo o prefiere mantenerse así por 19 meses más.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 24 de abril de 2011).

Quienes vivimos en estados clave para el trasiego de droga, entendemos que durante 38 años los traficantes de drogas establecieron sus negocios con la venia presidencial y de los gobernadores que encontraron que ellos también podían "pasar la charola". Léase los gobernadores de Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, etc.

Ya muchos colegas expertos nos han narrado cómo Osiel Cárdenas Guillén cambió el mapa criminal de México a fines de los ochenta con al creación del brazo armado militar "Los Zetas".

Por eso quienes vivimos esa historia dudamos de la pureza del Ejército, como si fuera la panacea; porque documentamos cómo esos soldados "Z" especializados se fueron con Osiel y ahora tienen asolada a buena parte del país, con masacres, secuestros, violaciones, tráfico/venta de drogas y trata de personas.

Como Mario Villanueva, los gobernadores de Tamaulipas, Chihuahua, Durango y otros estados se sometieron al narco sin chistar. Y aquí estamos, en un fuego cruzado de insultos y descalificaciones entre los priistas que crearon un narcoestado y los panistas que creyeron que con una guerra y sin estado de derecho podrían desarticular una red criminal que entreteje a gobernadores, alcaldes, procuradores, militares y criminales en todo México. Y del PRD ni se diga, La Familia Michoacana se fortaleció ante la tibieza y corrupción de sus gobiernos; porque no podemos olvidar que La Familia fue cofundada por ex Zetas.

Entretenidos en su avaricia y posesión del poder, esos políticos avalaron la pobreza y la exclusión, con una educación débil e inaccesible para millones. Luego se extrañan de que haya mano de obra para sembrar mariguana y amapola; o jóvenes sin futuro, carne de cañón de los cárteles.

Astorga nos recuerda que pedir un pacto es no sólo peligroso, sino absurdo. Es aceptar que el asesino viva en casa si promete no matar (mucho). Las masacres son "producto de la guerra entre las oligarquías criminales", dice el experto. El problema para quienes documentamos la realidad, es que la intervención guerrera de Calderón sólo exacerbó la confusión y obnubiló nuestra mirada. Porque la impunidad sigue vigente, porque los políticos corruptos de diversos partidos y niveles así lo han querido. Por eso hace sentido pedirle al Presidente que se detenga el derramamiento de sangre. A los criminales no podemos pedirles eso, son amorales y sanguinarios, su negocio es someternos ante el miedo. La tarea del Presidente y los gobernadores es protegernos de los criminales, no pedirnos que nosotras demos la vida para proteger sus fallidas carreras políticas.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de abril de 2011).

Semanas después otra noticia recorre el mundo: en un pequeño poblado del norte de México, San Fernando en el estado de Tamaulipas, son asaltadas, secuestradas y asesinadas más de 140 personas.

Las autoridades policíacas y las judiciales de México, a raíz de estos hechos son seguramente el hazmerreír en el mundo. No hay otra explicación a lo sucedido sino la incapacidad supina de los tres niveles de gobierno. Si lo reflexionamos con perspectiva, la muerte de tantas personas de esta forma, en otras circunstancias hubiera hecho caer a gobiernos, o hubiera producido la renuncia en masa de funcionarios, solo por vergüenza. Aquí por supuesto no ha pasado nada, ni un funcionario ha sido cesado o ha renunciado por pena. Salvo Cecilia Romero que luego fue premiada como secretaria general de un partido político.

Dos veces la misma piedra que mató a más de doscientas personas. Y 2 cosas escuchamos al respecto: por una parte que ahora sí, que detienen a presuntos responsables. Pero parecen ignorar que no es cuestión policiaca sino de impunidad. Si se acabara la impunidad en San Fernando, en Tamaulipas y en México, no habría que hacer publicidad contra los enemigos de México. Porque estos son tanto los criminales como los funcionarios que los toleran y auspician.

Por eso el poeta Sicilia tiene la razón moral y la palabra precisa: Estamos hasta la madre de un sistema inoperante debido a la ineficacia y la corrupción. Estamos hartos de tropezarnos con la misma piedra. O mejor de que las torpezas cobren vidas inocentes.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de abril de 2011).

"Orden y Progreso" como dijera don Porfirio durante gloriosos días iniciales de su mandato al que amenazaba la anarquía. Por desgracia, como en aquellos tiempos, el ciclo se cumple: miseria, división, anarquía y dictadura, ésta última como el mal menor para rescatar la tranquilidad.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de abril de 2011).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 14 de abril de 2011).

"Algunos importadores obtuvieron amparos que dejaron sin efecto desde los primeros meses del año, las disposiciones que regulan la importación de vehículos usados las cuales establecen que solo pueden importarse a nuestro país los vehículos de 10 años de antigüedad y que estén en condiciones de circular en Estados Unidos y Canadá", dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA.

Con los amparos, los importadores pagan un arancel de 10%, pero sobre una base más baja, ya que el precio declarado al momento de la importación no está sujeto a la lista de referencia de la Secretaría de Hacienda.

(V.pág.6 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 14 de abril de 2011).

Sus demandas son el cese al hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte, quienes los sancionan por aspectos que consideran menores, según señaló Ricardo Aguayo Andrade, secretario general del Sindicato de Conductores del Transporte Público y Privado en General del Estado de Jalisco.

También piden a los legisladores que aprueben el esquema de ruta-empresa y se deroguen algunas agravantes del artículo 48 del Código Penal, como negarles el derecho a salir bajo fianza en caso de que participen en algún accidente.

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 13 de abril de 2011).

Uno de los bloqueos que inició la mañana de este lunes, fue el de la Unión de Comunidades Indígenas de la Cañada y Sierra Mazateca, encabezados por Hitler Martínez, quienes exigen al gobierno estatal una mesa de diálogo para resolver conflictos postelectorales en aquella zona que está en limites con el estado de Puebla.

Los habitantes de aquella región bloquearon el crucero de la empresa Volkswagen, uno de los más importantes de esta ciudad.

Por su parte, profesores de la Sección 22 del SNTE partieron en marcha de las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que se localiza al oriente de la ciudad, para dirigirse al zócalo de la ciudad y así entregar su pliego petitorio de demandas.

(V.periódico El Universal en línea del 11 de abril de 2011).

El éxito hoy depende en gran medida de esa fuerza institucional que crea condiciones para lidiar con la incertidumbre. A esta fuerza se le conoce comúnmente como la vigencia del estado de derecho, que supone: La certeza del cumplimiento de las normas que implican límites en la actuación del gobierno y un sistema de rendición de cuentas. La existencia de un conjunto de leyes claras, accesibles, publicas que protegen los derechos fundamentales de las personas. Que el proceso por el cual las leyes son promulgadas, administradas y aplicadas sea accesible, justo y eficiente; Y que el acceso a la justicia está conformado por un conjunto de profesionales de la justicia, dotados de independencia, con desempeños éticos.

México vive ahora una crisis de incertidumbre institucional porque estas condiciones no operan con eficiencia. El principal problema de México es la falta de estas condiciones. Y en eso los ciudadanos tenemos mucho que hacer, porque hemos aceptado, tolerado y hasta propiciado la baja calidad del desempeño público. La medianía en el nivel de quienes toman estas decisiones es una muestra que cada vez nos irrita más.

Pretendo provocar con estas palabras una reflexión crítica, que ponga en evidencia cuan equivocadas están las autoridades en turno al haber creado una guerra contra uno de los muchos síntomas que produce el padecimiento de fondo. Al haber decidido usar las armas y la violencia contra una parte de la expresión del crimen que se beneficia de la impunidad que produce la falta de un estado derecho sólido. México está enfermo y el mal está en la falta del vigencia del estado derecho y los síntomas son múltiples: contrabando, tráfico de armas, personas, drogas, secuestros, mordidas, falta de planeación urbana, corrupción, impunidad, monopolios de facto, privilegios ilegales, robos a casas y comercios, asaltos, una cultura de privilegiar la trampa entre la juventud, desigualdad social agravada por abusos, migración desordenada, abusos de autoridad y muchos otros. La autoridad decidió enfocarse a uno solo: el crimen organizado porque este tiene control de territorios y autoridades. Es el síntoma más grave: hay zonas en donde la ley son ellos. Pero insisto es una manifestación del problema. Por eso la guerra debe ser contra la impunidad, contra TODOS los que comenten el crimen de corromper las normas. Claro que eso supondría una verdadera purga al interior de la estructura de gobierno que es exactamente lo que no sucede. La guerra contra la impunidad puesta en positivo es una lucha por el estado de derecho y pasa por una verdadera transformación política. Ante la realidad palmaria, ahora ha llegado la hora de que los ciudadanos actuemos con más compromiso que la simple emisión del sufragio. Es tiempo de construir ciudadanos exigentes de la nueva certidumbre institucional.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2011).

El gobierno de Fox se metió en todo el proceso del desafuero de López Obrador para que pudiera enfrentar la justicia, que avaló la Cámara de Diputados. Fox decidió no aplicar la ley y desistir de la acusación, que habría llevado al ex jefe de Gobierno capitalino efímeramente a prisión, pues alcanzaba fianza. Morales ha insistido que ella no politizó la justicia, y que en efecto López Obrador cometió un delito. Razones políticas en Los Pinos, tan fuertes como la andanada previa en contra del perredista, motivaron que Fox reculara.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2011).

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 se reportaron unas 5,397 personas como "extraviadas o ausentes" en México.

Hasta la fecha no hay datos exactos de personas que son víctimas del crimen organizado, pero con las noticias de esta semana de que más de 70 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en Tamaulipas, y si le agregamos que hace unos meses se encontraron 72 cuerpos, en este mismo municipio, nos da una idea de lo grave del problema de violencia en el país, y de por qué a las organizaciones criminales en el país se les considera entre las más peligrosas del planeta.

Según las autoridades nacionales e internacionales, también las desapariciones forzadas van en aumento, hecho que se refiere a cuando agentes del Estado, o grupos o individuos que actúan con su apoyo, privan ilegalmente de la libertad a una persona. El gobierno de los Estados Unidos publicó esta semana su informe anual sobre Derechos Humanos, señalando que sí hay violaciones graves de derechos humanos en el país.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de abril de 2011).

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul dijo que no comparte tal decisión y que este tipo de acciones fomenta la impunidad y alienta la corrupción e ineficacia del servicio público.

Acción Nacional, refirió, considera sospechoso e inadmisible que se desdeñara de facto el asunto, ya que este juicio inició con el ánimo de castigar con cárcel una mala praxis judicial y terminó en una negociación.

En este sentido, refirió que además, se crearon especulaciones dolosas a la ciudadanía y a la fecha no hay resultados tangibles del caso Rubí y mucho menos del de Marisela Escobedo.

"El PAN deplora que no haya voluntad política para investigar y deslindar las responsabilidades pertinentes de los ministerios públicos que integraron el expediente de la investigación", señaló la dirigencia panista en el documento.

Incluso, mencionó, el coordinador de la fracción panista, Héctor Ortiz Oripel, dejó ver las inconsistencias jurídicas y la evidente negociación económica y laboral a la que llegaron el ejecutivo del estado, el congreso y los jueces. "Todo esto a espaldas de los ciudadanos", puntualizó.

(V.periódico El Universal en línea del 8 de abril de 2011).

Daniel González Romero
(v.pág.17 del periódico Público del 8 de abril de 2011).

(V.Agencia Efe del 7 de abril de 2011).

"Las fosas clandestinas halladas ayer muestran de nuevo que el gobierno de México no está abordando la crisis de seguridad ni ocupándose de reducir la violencia que está haciendo que muchas poblaciones sean vulnerables a ataques, secuestros y homicidios", afirmó Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

"Con demasiada frecuencia este tipo de delitos contra los derechos humanos quedan impunes y permiten que comunidades vulnerables, como la de las personas migrantes en situación irregular, se conviertan en el objetivo de las bandas criminales y de los funcionarios que operan en connivencia con ellas", señaló la organización a través de un boletín.

Knox aseguró que "el gobierno de México debe tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de este nuevo homicidio masivo, y llevar ante la justicia a sus responsables. Es fundamental que todas las medidas que las autoridades tomen sean completamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos. Éste es el único modo de proteger eficazmente a la población y garantizar la justicia en México."

Las fosas fueron halladas en Tamaulipas, donde se encuentra la ruta que atraviesan las personas migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

(V.periódico El Universal en línea del 7 de abril de 2011).

Los manifestantes pertenecen a 2 agrupaciones: Sindicato de la Alianza de Camioneros de Guadalajara y Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Transporte del Estado de Jalisco; estos últimos mostraron su desacuerdo a la introducción del sistema de prepago.

El diputado Enrique Aubry, presidente de la Comisión de Vialidad en el congreso, atendió a los manifestantes y comentó que están dispuestos a apoyar a los operadores.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 6 de abril de 2011).

Esta declaración surge después de que el 29 de marzo, el representante de la Oficina Regional de la ONU contra Drogas y Delitos, Antonio Mazzitelli, señalara que el tráfico de personas en el territorio mexicano genera anualmente dividendos por unos 6,600 millones de dólares.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2011).

Hay razón para refutar la forma en que el gobierno presenta la cifra de muertos, y es que en verdad no puede saber cuántos eran criminales.

Errónea y cómoda forma de proceder de la autoridad.

Imposible saber cuántos de esos "ejecutados" eran del todo ajenos al crimen. Las voces de sus familias no se oyeron. Desconocemos la historia de cada uno de esos 36,000 muertos: quiénes eran, a qué se dedicaban, si eran delincuentes, cómo ocurrieron los hechos.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de abril de 2011).

"Este representa un problema para nosotros. Y tenemos que reconocer la seriedad de la lucha que prosigue en México", dijo Napolitano al asegurar que Estados Unidos seguirá respaldando a México en ésta batalla que afecta a la seguridad nacional de ambos países.

(V.periódico El Universal en línea del 1o.de abril de 2011).

Rogers tuvo el sueño de construir un desarrollo turístico en una zona paradisiaca de Baja California Sur: Punta Arena de La Ventana. Compró los terrenos en breña a sus legítimos propietarios.

Cometió el error de hacer una sociedad con un abogado y otras personas de Las Vegas -David Chesnoff, Rafael Brito Anderson, Joseph Angelo Bravo y Eckely Keach- a fin de obtener recursos para un proyecto que no tenía capacidad de desarrollar por sí mismo. Los socios pronto buscaron despojarlo de su parte. Para esto han contado con el respaldo de autoridades, jueces e incluso del gobernador saliente de Baja California Sur, Narciso Agúndez.

Rogers, quien ha venido sosteniendo un juicio civil con sus socios, fue secuestrado/detenido sin una orden de cateo en su casa de Hermosillo, Sonora, el 21 de abril del 2010 y llevado en un avión privado a Baja California Sur. Por una acusación penal de administración fraudulenta de poco más de 100,000 dólares (1.2 millones de pesos), un juez local le dictó auto de formal prisión y le fijó una fianza imposible de pagar de 777 millones de pesos. El propósito era mantenerlo en la cárcel para presionarlo y obligarlo a abandonar el juicio civil para dejar los terrenos en manos de sus socios.

El juez se negó a considerar todas las pruebas de descargo, incluso la más evidente de todas: en caso de haber ocurrido el fraude, la acción legal ya había prescrito. El juez, de hecho, impidió que los abogados de Rogers entraran al juzgado mientras se ventilaba el caso.

En la cárcel de La Paz, Rogers fue amenazado en varias ocasiones para que dejara los derechos de los terrenos a los socios. Se le colocó en la zona de reos peligrosos pese a estar detenido por una disputa civil. Fue golpeado y le rompieron la mandíbula. La dirección del penal le negó atención médica.

Como aun así no accedía a entregar su patrimonio, le fue sembrada droga en la celda. Tuvo que enfrentar un proceso federal por narcomenudeo del que quedó exonerado ya que se demostró en los tribunales federales que las bolsas de droga no tenían sus huellas digitales y él no tenía posibilidad de haberlas adquirido.

El gobernador Agúndez, en connivencia con los socios defraudadores, expropió una parte del terreno en que se encuentra un aeródromo, pero no para algún propósito de utilidad pública sino para entregarlo a los socios, a pesar de que uno de ellos, Bravo, tenía una condena en Estados Unidos por posesión y distribución de cocaína, lo que lo inhabilitaba para manejar el aeródromo. Los abogados de Rogers averiguaron esto gracias a la transparencia judicial en Estados Unidos, que en México no existe.

La lista completa de abusos de este caso no cabe en un artículo de este tamaño. Pero lo que ha aprendido Rogers tras permanecer casi un año privado de la libertad es que en México prevalece la ley del más fuerte; y que en estados como Baja California Sur, los gobernadores y jueces se unen a las mafias gangsteriles para definir por la fuerza las disputas que deberían ser resueltas por la justicia.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 31 de marzo de 2011).

[Los militares] coinciden en una cosa: están aquí para combatir a la delincuencia organizada, es decir a 20% de los delitos ¿y la prevención y seguridad pública del fuero común? No parece importarles.

Ha llegado el momento de cuestionar el control de las policías civiles por parte de los militares, sin despreciar la valía del Ejército en otras tareas. La gran mayoría de éstos aplican técnicas de guerra contra la delincuencia y no creen en los procedimientos de justicia establecidos por la ley, ni en los derechos humanos. Con sus métodos alejan al país de la posibilidad de renovar y mejorar el sistema de justicia penal. Y peor aún, al concentrarse en los capos de la droga, dejan a las y los ciudadanos a merced de la delincuencia común y la impunidad.

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de marzo de 2011).

Razón y Acción
(v.pág.14-A del periódico El Informador del 27 de marzo de 2011).

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 26 de marzo de 2011).

Alrededor de 200 maestros y trabajadores de los sistemas de Colegios de Bachilleres y de Telesecundarias de Jalisco se manifestaron ayer con una marcha de protesta por el despido y el acoso de varios de sus compañeros.

El contingente caminó por la Avenida Hidalgo, desde Chapultepec, a las 10:30 horas. Primero fue por los 2 carriles de la derecha para permitir el paso de autos y camiones; no obstante, al llegar a Federalismo, el grupo decidió bloquear los cruces de esas 2 vías durante 5 minutos, pese a las solicitudes en contra de los policías de Vialidad que iban acompañándolos. Cuando el grupo siguió su camino, se extendió hasta bloquear Hidalgo por completo, lo cual les atrajo las quejas de los automovilistas. Más adelante cerraron el paso de autos en el cruce con Alcalde y, finalmente, pararon frente a Congreso del Estado, donde mantuvieron el tráfico cerrado.

Una comisión consiguió que los recibiera el secretario de Educación, Antonio Gloria Morales, con quien gestionaron mesas de diálogo para el lunes. 10 minutos antes de las 13:00 horas, los maestros y trabajadores liberaron la circulación en Hidalgo.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 26 de marzo de 2011).

Pemex sabe con asombrosa exactitud el monto de sus pérdidas por el robo de combustible. Con igual exactitud sabe medio mundo dónde se puede comprar gasolina robada, por ejemplo a las orillas de tantos y tantos pueblos del Estado de México donde la señal del "Pemex casero" son lumbreras en botes de lámina donde no es raro ver vehículos oficiales adquiriendo el producto.

Que los "tianguis" puedan ser otra forma de comercio informal donde cada vendedor solamente paga derecho de piso una o tres veces, es casi irrelevante, pero que no haya control alguno sobre la procedencia de lo que ahí se vende es otro asunto, pues con frecuencia esos lugares son desfogues a todo cuanto en este país se roba lo mismo a un transeúnte, que a una casa habitación, o a trocas y camiones de carga de frontera a frontera.

Pudiera ser parte del juego de la corrupción la incapacidad aparente de las autoridades para acabar con el comercio ilegal en conocidas zonas de todo México, cuyo epicentro mediático suele ser el barrio de Tepito, en la capital federal, y que tiene sus réplicas en todos los estados, pero es también un hecho que esta situación se mantiene porque la sociedad sigue comprando a sabiendas, y eso es un fenómeno de corrupción socializada, razonada, justificada y solapada mal que bien por todos, incluso con el argumento de evitar estallidos sociales.

Robar y dejarse robar, comprar lo robado y venderlo adelante, sobornar y dejarse sobornar, corromper por dinero o por promesas, traficar influencias, subastar promociones y ascensos, hacer del estado de excepción un estado tan habitual y cotidiano como lo debería ser el estado de derecho.

Quisiéramos pensar que esta realidad es sólo una etapa en el camino hacia la madurez del país, o un momento de crisis en su desarrollo, pero también puede ser señal de un desplome evidente.

Armando González Escoto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de marzo de 2011).

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 20 de marzo de 2011).

"¿Dónde está mi dinero, cuándo me pagarán o cubrirán el vuelo que compré?" Tan simples preguntas carecen de respuesta por parte de Mexicana, de la autoridad penal o de la Procuraduría Federal del Consumidor, esta última oficina donde los expedientes se acumulan en espera de caducidad.

Para las actuales autoridades, el caso de Mexicana les da la oportunidad de mostrar auténtico respecto a la investidura y terminar su gestión con dignidad. Pero lo más importante sería dar el giro de 180 grados a la justificada incredulidad en la opinión pública, harta de impunidad y sola espectadora de violencia. Lo que es necesario debe hacerse posible.

El clima de insatisfacción crece. La inseguridad es en todos los sectores y niveles, sin que surja la voz llamando a la exigencia responsable de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y todos los niveles de gobierno.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de marzo de 2011).

Martín Flores Garnica
(v.pág.16 "correo" del periódico Público del 18 de marzo de 2011).

Sirva el presente caso del junior borracho e influyente que se convirtió en asesino al colocarse detrás del volante, para que las autoridades responsables de aplicar la ley y los diputados responsables de elaborarlas, corrijan los detalles de la misma para que no queden huecos por donde los funcionarios corruptos y los borrachos influyentes busquen o puedan evadir la justicia. Una alternativa sería que estos hechos en los que se atiende un caso de accidente vial pueda y deba ser videograbado, para que se conozca a detalle el actuar de cada una de las autoridades involucradas en hacer que se cumpla la ley, con ello se evitaría que los agentes se dejen sobornar estando frente a una cámara de video.

Fausto A.Chagollan Amaral
(v.pág.16 "correo" del periódico Público del 18 de marzo de 2011).

Porque, agregó, "somos observados permanentemente, somos criticados, y eso hay que reconocerlo, enfrentarlo y abordarlo para lograr una mejor impartición de justicia", ya que ahora la sociedad "solo distingue entre eficiencia e ineficiencia en la administración de justicia".

Silva Meza agregó que ante el reclamo social, el sistema de justicia tiene que ser más eficientes con los recursos públicos, con los recursos que son del pueblo de México. Y tenemos, cada vez, darle más con menos", dijo.

(V.periódico El Universal en línea del 17 de marzo de 2011).

Con estas referencias mejorarían su prestigio ante nosotros los ciudadanos que, ante ellos, siempre somos presuntos culpables.

Manuel Morales Garduño
(v.pág.5 "Cartas del lector" del periódico Mural del 17 de marzo de 2011).

Dijo Sandoval: "Marcelo Ebrard, junto con organismos internacionales, maiceó a los magistrados de la Suprema Corte, que recibieron dádivas". Y añadió: "La Suprema Corte es la suprema decepción, porque no saben a qué irle, porque uno detrás de otro sus dictámenes han sido equivocados y en contra de la verdad y en contra de México y de la familia".

El 18 de agosto, Ebrard responde interponiendo una denuncia penal por daño moral contra el cardenal: "No se puede permitir que estas imputaciones transcurran sin acción jurídica alguna porque sería tanto como consentir que se vaya borrando o se borre o se ponga en riesgo la naturaleza del estado laico mexicano, que es la garantía de las libertades de todos, empezando por las de aquellos que nos calumnian", dijo.

Los elocuentes hechos: el cardenal Sandoval difama ("desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama") a la SCJN y al jefe de Gobierno del DF. Éste último responde acudiendo a la ley y a los tribunales. La arquidiócesis reacciona diciendo que Ebrard no aguanta nada ("el gobierno capitalino demuestra su poca tolerancia ante la crítica"). El IFE le saca la vuelta al asunto, pero el TEPJF lo obliga a entrarle. El IFE no tiene más remedio que hacerlo y concluye que, como no es asunto electoral, nada tiene qué hacer.

¿Se da cuenta el señor Sandoval de lo que exhibe en este lamentable episodio? ¿Lo que quiere enseñar la arquidiócesis a los católicos, el pastor a su rebaño, es que se puede calumniar (imputar un delito sin tener pruebas) esperando impunidad, incluso creyendo tener derecho a ella? ¿Que si el difamado no sólo no toma justicia por propia mano, sino que acude a la ley, está mal porque no aguanta la crítica (una leve, por supuesto: acusar de corruptor a una persona y de corrupta a una institución)?

Jorge Narro Monroy
(v.pág.7 del periódico Mural del 17 de marzo de 2011).

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de marzo de 2011).

Por eso les irritó tanto que les echaran los reflectores y los exhibieran en las salas de cine con documentales como Presunto culpable.

Les molesta que se sepa cómo elaboran muchas de sus fallidas, injustas y corruptas sentencias. Pero más que se les escrute la forma en que ejercen sus presupuestos.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Público del 11 de marzo de 2011).

¿Qué pasa en la realidad, en un asunto como el de Toño? En primera te mandan callar fuera o dentro del penal, en segunda, al verse atrapados, te corren con todo y camarita, no hay dinero para pagar un abogado. Ahora bien, si hiciste todo lo posible y te dan 20 años de cárcel, prefieres dejarla ahí, ya no gastar más y jamás se llegan a enterar los magistrados. Sí hay miles de casos así, es correcto, hoy que se ventila de esta manera por la pantalla grande, esperemos se haga algo, por el sistema judicial pésimo que tenemos, por los procesos tan largos y burocráticos y en ocasiones no es el factor humano, sino el sistema y nuestras leyes arcaicas.

J.Alberto Zaragoza Ruiz
(v.pág.15 "correo" del periódico Público del 11 de marzo de 2011).

Daniel González Romero
(v.pág.17 del periódico Público del 11 de marzo de 2011).

Al estado mexicano, desde luego, le resulta obligatorio garantizar la libre exhibición de la película... pero, además, está viéndose cómo aprovecha el revuelo a su favor, invistiéndose de unas ínfulas de probidad a las que está lejos de poder aspirar. No desestimo la buena intención de los realizadores, y quiero creer que los alcances del medio servirán para que, al menos, sea más difícil alegar ignorancia acerca de lo que ocurre en ministerios públicos, juzgados, cárceles y demás. Pero ya que pase el tema -y pasará: la desmemoria es la mejor aliada de la indolencia, y ésta es la sirvienta óptima de la impunidad-, ¿qué se habrá ganado en realidad?

José Israel Carranza
(v.pág.5 de la sección "gente!" del periódico Mural del 10 de marzo de 2011).

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2011).

Los 90 millones de los trabajadores que se "jinetearon" fue porque no les alcanzaba el presupuesto. Es decir, gastaban más de lo que tenían y, por lo tanto, la única forma de hacer frente a la abultada nómina era "jineteando" de aquí y de allá. Y no les alcanzó, entre otras cosas, porque en sólo 2 meses de 2010 los líderes de las bancadas de la legislatura anteriores (vamos a pasar lista para que no se nos olviden los nombres: Castellanos, Juan Carlos, presente; Romero, Samuel, presente; Salinas, Jorge, presente) en contubernio con el secretario general (Argüelles, Alfredo, presente) y el auditor del Estado (Godoy, Alonso, presente) se embolsaron una cantidad similar y basificaron (les dieron plaza inamovible) a cientos de empleados que el congreso no necesitaba.

Ahora resulta que el congreso necesita más dinero para hacer frente a los compromisos de la legislatura anterior más lo de ellos, por lo que todas las negociaciones con el ejecutivo pasarán por el presupuesto del congreso. El ejecutivo "con gusto" le aumentará el presupuesto a los diputados, a cambio, claro, de algunas autorizaciones de presupuesto en rubros que le interesan al gobierno estatal. Son políticos responsables siempre dispuestos al diálogo, a lo que en lenguaje moderno se llaman negociaciones "ganar-ganar" (benditos diplomados en los que se aprenden estas cosas tan importantes). Esto es, los que terminaremos pagando los platos rotos de los abusos y descuidos de los diputados seremos nosotros.

¿Qué son 90 millones de pesos? Nada, dirán los políticos. Ajusta a penas para una campaña de 10 días de un informe del gobernador (eso sí, en todo el país, no se nos vaya a escapar un jalisciense escondido en la sierra de Guerrero). Ajusta a penas para 12,500 becas anuales para ancianos de 600 pesos al mes, de esas que el gobierno no puede pagar por problemas presupuestales; ajusta para construir 90 kilómetros de ciclovías bien hechas, esas que no se han podido hacer por falta de recursos; ajusta para comprar entre 200 y 300 patrullas, dependiendo del tipo (pero no del tipo de patrullas, sino del tipo que se encargue de las compras); ajusta para rehabilitar más o menos 45 parques en las colonias.

¿Qué son 90 millones en el presupuesto? Para los diputados, una negociación.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 7 de marzo de 2011).

"Y resulta", apostillaba Gerardo Fernández Noroña, "que apenas se le ocurrió a una persona que sale en el documental, a Víctor Manuel Reyes Bravo, decir que no está autorizado el uso de su imagen, cuando esto está en exhibición desde 2009. Y un amparo le es otorgado no contra un acto de autoridad, sino contra un particular".

Y hacía hincapié en que, presurosa, la Secretaría de Gobernación entonces salió a decir que haría valer el amparo, retirando de los cines al documental. "Huele a un nuevo acto de represión", reiteraba el diputado. "Es un error gravísimo retirar este documental".

Kenia López Rabadán es diputada por Acción Nacional, preside la Comisión de Cultura y es una de las legisladoras que más respingaron por el acto de censura que forjó primero una juez federal y que secundó después la Secretaría de Gobernación. "Es un documental", decía, "que exhibe una gran necesidad de una reconstrucción de la institución judicial en este país".

Por el Partido Verde Ecologista Mexicano habló Juan Gerardo Flores Ramírez, quien preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Reforzó: "Se alegan violaciones al derecho a la privacidad de uno de los testigos que aparecen en ella; sin embargo, por charlas que he tenido con especialistas en el tema, entiendo que esta presunta autorización que no se solicitó a esta persona que solicitó un amparo, no aplica, según la Ley Federal de Derechos de Autor, cuando se trata de una imagen tomada en un lugar público".

José Ramón Martel López, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional: "Hoy el poder judicial le da a Víctor Manuel Reyes, a quien primero, con un testimonio logra que un juez condene injustamente a 20 años de prisión a un inculpado, este mismo testimonio, después, es uno de los elementos más útiles para lograr que una instancia superior logre la libertad de alguien que injustamente, como muchos mexicanos, no tiene más defecto que quizá la imposibilidad de pagar abogados que puedan sacarlo de la injusticia y de esos presuntos defensores de oficio que muchas veces no cumplen con esa función que se necesita hacer con vocación".

Jaime Cárdenas Gracia, diputado petista, remachaba así: "Yo no encuentro cómo la juez de distrito determinó la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el propio artículo 124 de la Ley de Amparo establece con rotundidad que la suspensión para que sea decretada requiere que no se siga prejuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público".

Después vendrían Pedro Jiménez, de Convergencia, a decir que el documental ha encuerado virtualmente a un poder judicial en franca descomposición.

Y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; el que afirmaba que la cinta es testimonio del colapso de las instituciones judiciales en México.

Presunto Culpable, ahora decía el priista jalisciense, Arturo Zamora Jiménez, es el reflejo de lo que ocurre desde hace muchos años en el sistema de justicia penal del país.

Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 6 de marzo de 2011).

Pese a su licenciatura en Derecho y una maestría en Ciencias Penales (UNAM), el nefasto juzgador sentenció en 2 ocasiones a 20 años de cárcel a José Antonio Zúñiga, sin apiadarse aunque fuera porque en su propia cara se desmoronó el falso testimonio del acusador que ha logrado frenar, ojalá fugazmente, la exhibición del verdadero culpable de un juicio atroz.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 4 de marzo de 2011).

Demos por buena la versión. Tomemos en cuenta, además, que Reyes es uno de los principales causantes de los 5 injustos años de cárcel de José Antonio Zúñiga. Sumemos que el bufete lo está usando para tratar de llevarse una rebanada de la taquilla, que este fin de semana rebasaría los 15 millones de pesos. Agréguese lo que se quiera. ¿Y? ¿El presunto ojete no tiene derechos también?

Presunto culpable es una desesperada señal de alerta sobre la ruina de nuestro "estado de derecho". Pero guste o no, en este momento el poder está del lado del documental. Nunca, que recuerde, una producción de esa naturaleza gozó de tan bien merecido respaldo de, literalmente, todos los políticos, medios de comunicación, críticos y ciudadanos. Es un fenómeno formidable.

El amparo del presunto ojete es un ejemplo nítido para saber quiénes mandan en la justicia mexicana: los abogados fulleros.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Público del 4 de marzo de 2011).

Primera. La sociedad está anestesiada. Si bien mucha gente comentó ayer el caso, no hubo una consecuencia mayor. El agravio no colmó el ánimo de la colectividad. No hubo calcomanías masivas en los autos, en señal de protesta; ni manifestaciones a las que grupos sociales numerosos se añadieran. Asumimos que ese amparo es parte de la injusticia a la que todos estamos acostumbrados. Nos dio asco, sí... pero nada más. Y Twitter no es suficiente, ¡por Dios!

Segunda. El poder judicial es inmune y no existen mecanismos para que cumpla a cabalidad sus responsabilidades. Escudados en el diseño de la ley, los jueces no responden ante la sociedad -a la que le imparten justicia. La generalidad de los jueces se percibe en el fango de la ignominia. Nadie los admira, pocos confiarían su vida o patrimonio en sus decisiones.

Tercera. El cinismo y la insolencia reinan. Como dijo el presidente Calderón en enero, los jueces se han convertido más en "verificadores de requisitos" que en impartidores de justicia. El sistema judicial es cínico, y ni siquiera los ministros de la Suprema Corte de Justicia o el Consejo de la Judicatura tienen hoy la legitimidad ante la sociedad para revertir ese desafortunado posicionamiento.

Cuarta. Hay una ñoñez gravísima en el liderazgo del poder judicial. ¿Quién romperá ese hechizo? ¿Acaso será Juan Silva Meza? ¿Él modernizará el sistema? ¿Le preocupa? ¿Está comunicándose adecuadamente con la gente? ¿Está hablando con las escuelas de derecho para revolucionar la educación que arroja a tan patéticos jueces? ¿Nos llevará a la modernidad judicial -y a la justicia-? ¿Basta con el comunicado del Consejo de la Judicatura?

Quinta. Los medios no están ayudando lo suficiente. Ayer hubo un momento en el mediodía en que era más importante la visita de Calderón a Washington que el agravio cometido por el poder judicial contra nosotros mismos.

Carlos Mota
(v.pág.2 del periódico Público del 4 de marzo de 2011).

Destacó que los actos de corrupción más reconocidos en México son los que tienen que ver directamente con la autoridad que controla el tránsito y los servicios.

Por ejemplo, actos de corrupción contra el automovilista, en el otorgamiento de permisos para el establecimiento de un comercio, un negocio, una oficina, y actos de corrupción relacionados con la construcción o modificación de vivienda, por ejemplo.

"Una sociedad que ve con normalidad los actos de corrupción, que los acepta, que los solapa e, incluso, que los promueve, es un caldo de cultivo para la delincuencia".

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Salomón Presburger, apuntó que México está experimentando los peores niveles de corrupción registrados durante los últimos 10 años, por lo que es necesario establecer más y mejores mecanismos de control y transparencia en el marco legal y penal de todo el país.

Sebastián Lerdo de Tejada, diputado del PRI, criticó la "tibieza" de la SFP para atender las denuncias de daño al erario que presenta cada año la Auditoría Superior de la Federación.

"Ahí tiene que ver con una muy tibia actuación del secretario de la Función Pública, que cuando cae en su ámbito de acción este tipo de información, en ocasiones no integran bien los expedientes".

"Y pareciera que las instancias del ejecutivo se siguen cubriendo entre sí. Y se tiene que garantizar la reposición al daño patrimonial y en eso también hay omisiones", afirmó.

Por eso es urgente modificar la forma en que se revisan las cuentas públicas en México, dijo, para que no sólo se castiguen los actos de corrupción sino el incumplimiento de las metas de desempeño que actualmente no son vinculatorias.

En las iniciativas presentadas ayer por el ejecutivo federal para reforzar el marco legal en materia de corrupción, se plantea otorgar recompensas a ciudadanos que denuncien actos ilícitos de servidores públicos, pero también sancionar a quienes sobornen a funcionarios para obtener beneficios.

La iniciativa de la nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas establece sanciones al funcionario que merced a dádivas realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones y a quienes hagan de prestanombres de servidores públicos que cometan algún acto delictivo.

La legislación castigará además a quien promueva o use su influencia, real o ficticia, sobre cualquier servidor, con el propósito de obtener ventaja, con independencia de la aceptación del servidor, y a quien presente documentación o información falsa o alterada para realizar un trámite.

MURAL publicó el domingo que de 1,779 personas denunciadas penalmente por la SFP por delitos asociados a corrupción, únicamente una ha sido consignada, pero quedó libre bajo fianza.

La Ley de Servidores Públicos vigente no considera delitos graves el desvío, la malversación, el peculado ni ningún otro de los más de 300 que sanciona, y eso impide que quienes los cometen sean encarcelados.

Incluso, no es posible entablar una denuncia contra ningún servidor público con la figura de fraude en su acepción.

(V.pág.2 del periódico Mural del 3 de marzo de 2011).

Sergio Sarmiento
(v.pág.6 del periódico Mural del 3 de marzo de 2011).

El documental Presunto Culpable puso el dedo en la llaga y nos dolió a todos. Cada semana podríamos, buscándolo, encontrar un caso similar. En Punto de Partida ya llevamos 3. Los escenarios cambian, pero hay una constante: alguien dijo que vio a alguien haciendo algo.

A veces termina en la cárcel un inocente por mala fe del acusador o de la Policía y de los ministerios públicos, a los que premian por cada detenido y consignado, o porque están involucrados ellos mismos, o porque protegen a los culpables, a veces por incompetencia y por desidia.

A eso además hay que agregarle, y esto lo sé gracias a Roberto Hernández, autor de Presunto Culpable, que incluso sin mala fe, y en sistemas mucho más confiables que el nuestro como es el de los Estados Unidos, han descubierto la poca confiabilidad de las declaraciones de los testigos presenciales. Un dato: de 40 personas que han sido excarceladas en Estados Unidos gracias a las nuevas pruebas de ADN, 90% estaban presas porque habían sido identificadas por un testigo presencial. Esto ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura científica que trata de establecer los criterios que se deben cumplir para que la identificación que hace el testigo presencial sea válida. Ejemplo: que la policía no le muestre al testigo una sola foto, que la policía no le haga saber al testigo que tiene otras pruebas en contra del que se le pide identificar y otros más.

Aquí a cada rato nos vemos confrontados con casos criminales ante los que se nos pide implícitamente que tomemos partido: ¿Violó o no Kalimba a una menor? ¿Es Florence Cassez inocente o culpable? Los elementos con los que construimos nuestras opiniones están compuestas por una mezcla de sentido común, de lo que nos parece verosímil, de nuestra historia personal, de nuestras filias y fobias políticas y de lo que nos dicen que dijeron los testigos presenciales. Y esto cuando aquí nuestras autoridades recaban testimonios en condiciones que están a años luz de los criterios más básicos de confiabilidad.

¡Así no se puede!

No hay nada más delicado que determinar la inocencia y/o la culpabilidad de una persona: está en juego su vida toda y el nivel civilizatorio de nuestra comunidad.

Tenemos que exigir que se le dedique a este tema la misma energía y los mismos recursos que se emplean para encontrar a los presuntos culpables. Es una cuestión de ética y de decencia colectiva.

Denise Maerker
(v.periódico El Informador en línea del 2 de marzo de 2011).

El contingente partió sobre Lázaro Cárdenas, a la altura de 8 de Julio, con destino a las oficinas del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicadas en el cruce con Niño Obrero. Allí entregaron a las autoridades un pliego petitorio.

Entre las demandas de los camioneros, encabezados por el dirigente local de la Conatam, Diego Javier Bolio Corona, están la suspensión del incremento a los precios del diesel y que policías dejen de sancionarlos por distintas cuestiones ya que los acusan de incurrir en actos irregulares. También piden que la Secretaría de Hacienda autorice placas para unidades americanas, que tengan más de 5 años operando en el país, así como la suspensión de la Norma 012 referente a pesos y dimensiones. También plantean la derogación de la Norma 068 correspondiente a verificaciones físico-mecánicas de los camiones. Y exigen una reunión con el titular de la SCT para instalar una mesa de trabajo, entre otras demandas.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 2 de marzo de 2011).

Y este tema seguramente estará en la mesa de negociaciones binacionales, porque en un campo minado, como es este país con el narcotráfico y su violencia, la guerra "que no es oficial" contra el narco, donde la población ha quedado atrapada a 2 fuegos, con ministerios públicos que proveen salidas ad oc a los delincuentes detenidos.

Lourdes Bueno
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de febrero de 2011).

Sorprende la explicación: ese delito es "grave", y quien lo comete no puede sortear su juicio en libertad.

Lo sospechoso es que el mismo juez, por delincuencia organizada, retuvo en la cárcel a 5 de los 7 que entonces (2009) habían sido atrapados (también por militares) en posesión de armas, uniformes y vehículos que, milagrosamente, sólo para El Piolín y otro se volvieron faltas "no graves".

O en la consignación de su averiguación previa el MP federal suavizó los cargos al par que fue liberado bajo fianza, o el juzgador fue motivado (caso del ex diputado prófugo Leonel Godoy) para tratar a El Piolín y mancuerna distinto a los que refundió en la cárcel.

Por lo que se sabe ya, el juez cuarto de distrito en materia penal de San Luis Potosí, Juan de Dios Monreal Cuéllar, ya no podrá dormir tranquilo.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 25 de febrero de 2011).

Por lo tanto, aún cuando Sarkozy ha actuado cegado por su arrogancia, no podemos culpar al gobierno de Francia por desconfiar de nuestro sistema de justicia cuando ningún mexicano puede creer en él.

Maricarmen Medina-Mora
(v.pág.15 "correo" del periódico Público del 25 de febrero de 2011).

No es necesario abundar sobre los grandes defectos y problemas que inciden en la situación por la que atraviesa la justicia, el respeto y la legitimidad de las instituciones en todos los ámbitos de la vida nacional. La corrupción es parte no sólo de situaciones de hecho, sino también, y esencialmente, de las condiciones éticas que conforman el pensamiento de las personas y el contenido estructural y programas de las instituciones.

Lo increíble sería ahora, que estos 2 disímbolos casos no den motivo para producir un gran debate nacional sobre el sistema judicial, que tanto lastima el presente y el futuro de México.

Daniel González Romero
(v.pág.17 del periódico Público del 25 de febrero de 2011).

Exigimos que le regresen su vida a Zul y a todas las víctimas de la delincuencia. No más.

Karla Barajas, Vanesa Robles, Paloma Morfín Lópezalmanza, Myriam Vidriales, Yeriel Salcedo, Antonio Tessada, Rocío Jiménez, Ma. Laura Barragán, Gauri Porras, Alonso Torres, Dinora Recio, María del Mar Estrada Rebull, Raúl Valencia Ruiz, Mónica López, Jaqueline Madrigal, Ana Karina Bernal Huerta, Refugio Ruiz, Gerardo Pérez, Carlos Enrique Orozco, Bernardo González, Karenina Casarín, Carlos Ortiz Tirado, Xóchitl Romo, Laura Santos, Mariana Vidriales, Laura Jiménez García, Juan Ángel Peña, Ivonne Ayala, Ana Paula Camarena Gutiérrez Zetina, Abraham Jaime, Carolina y Héctor Cárdenas
(v.pág.15 "correo" del periódico Público del 25 de febrero de 2011).

1. Pero si un ex presidente municipal, un ex coordinador parlamentario, un contralor, un secretario de Obras Públicas, o un auditor son sorprendidos en burdos fraudes de muchos millones de pesos y hasta se publican en los medios de comunicación las prueba del ilícito, como pueden ser: los cheques, los estados de cuenta bancarios, las factura apócrifas, los documentos falsos o alterados, etcétera, etcétera, no pasa nada. Si en estos casos y para aclarar el ilícito se piden investigaciones, estas las realizan sus mismos amigos, se hacen lentas y no pasa nada; si se piden comparecencias ante el Congreso, estas se bloquean, no se llevan a cabo, o si se realizan, no pasa nada; si se piden juicios políticos, estos nunca se realizan y no pasa nada; si alguien pone denuncias penales ante la procuraduría del estado, no se investiga y se terminan archivando los expedientes.
2. Lo mismo pasa con los delitos cometidos al amparo del poderoso crimen organizado, donde muchas personas: ven a los delincuentes, son testigos de sus delitos, saben donde viven y no pasa nada; las instituciones bancarias conocen sus cuentas de cheques o inversiones y las autoridades saben de sus propiedades, y no pasa nada; que además, muchas autoridades dejan pasar la droga, la mercancía robada o el contrabando por sus retenes o aduanas y no pasa nada. Cuando los llegan a detener por pitazos o por venganzas, los delincuentes pagan famosos abogados que después de ganar varios juicios, los ponen en libertad y no pasa nada.
3. Los delincuentes de cuello blanco, pueden cometer mil tropelías financieras y mercantiles, y les basta con sobornar funcionarios públicos y pagar buenos abogados, para que no les pase nada.

Francisco Valencia Gulart
(v.pág.16 del periódico Público del 25 de febrero de 2011).

La Canaco y [su presidente Miguel] Alfaro Aranguren deben pedir a las autoridades municipales, como en Guadalajara y Zapopan, que sean los cirujanos para extirpar el cáncer de la ilegalidad, porque ellos tienen en sus manos el antídoto para el cáncer: aplicar el reglamento.

Tarea nada sencilla, porque alrededor del ambulantaje, de los tianguis, de los mercados, se pasea la corrupción, que al paso de alcaldes de uno u otro partido han dejado hacer y evitan terminar. Por lo mismo, está claro que el camino de la formalidad a la ilegalidad es más sencillo, porque se evita el pago de impuestos, de seguro social y otras prestaciones, de robarse la energía eléctrica y otras prácticas que hacen más leve el costo de hacer comercio.

Germán Ramos Navas
(v.pág.25 del periódico Público del 25 de febrero de 2011).

Como puede ver, tenemos una historia de cinema-vérité bien taquillera. Lo malo es que con eso confirmamos la pésima imagen de la justicia mexicana en el extranjero...

Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 24 de febrero de 2011).

De acuerdo con registros periodísticos, el presunto sicario de la organización delictiva de "Los Zetas" fue capturado el 12 de diciembre de 2009 en un el Municipio de Rioverde, durante un operativo de la 12 Zona Militar.

En esa ocasión a "El Piolín" le aseguraron 6 vehículos, entre ellos un VW Passat con blindaje nivel 5 y placas de circulación VBB-72-41 de San Luis Potosí, así como 4 armas largas y 3 cortas, prendas de camuflaje, 2 gorras de la Policía Federal y una con las siglas de la Agencia Federal de Investigación; un juego de placas del Estado de Texas, entre otros equipos.

Los capturados ese día fueron puestos a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República en San Luis Potosí, pero no se informó si fueron consignados a algún penal o cuánto tiempo estuvieron en prisión.

(V.pág.3 del periódico Mural del 24 de febrero de 2011).

Lo hizo a través de un cable de ese año revelado este mes por Wikileaks, que enumera a los 10 principales millonarios nacionales y detalla incluso supuestos abusos perpetrados por Ricardo Salinas Pliego en contra de una empresa estadounidense.

"Slim, Salinas y otros han usado su poder para influir en políticas económicas y en el sistema para impulsar sus intereses de negocios y obstaculizar a sus competidores", detalla el cable número 08MEXICO2187, dividido en 21 comentarios.

"Incluso cuando Cofeco aplica un castigo y gana, la inevitable apelación ante la corte, tramitada por el defendido, impide muchas veces que la parte acusada pague una mínima multa debido a los débiles mecanismos de enjuiciamiento y la habilidad de estas empresas poderosas para manipular el sistema judicial".

El texto fue titulado ¿Quiénes son los Líderes Millonarios de Negocios en México? y menciona en esta lista a Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Lorenzo Zambrano, Jerónimo Arango y al fallecido Isaac Saba Raffoul.

Un recurso común es "criminalizar" desacuerdos que son de negocios, añade el texto enviado en tiempos del embajador Tony Garza.

"Televisión Azteca, de Salinas, por ejemplo, lleva esta práctica a la excelencia", dice el documento.

Una aseguradora estadounidense, de la que el cable no detalla el nombre, no quería reembolsar un pago equivalente a unos 18 millones de dólares a TV Azteca, porque bajo los términos del contrato, supuestamente no tenía obligación de hacerlo.

La disputa era tratada en tribunales administrativos.

"(Pero) el director general (de la aseguradora) y uno de sus ejecutivos fueron arrestados". Sólo obtendrían su libertad si TV Azteca recibía el dinero.

"Temiendo por la salud del director general, quien requirió tratamiento no disponible en prisión, la aseguradora estadounidense apeló al juez la necesidad de liberarlo por razones de salud".

"El juez, quien, de acuerdo con rumores pudo haber recibido un soborno por un millón de dólares por este caso, no liberó al director general y amenazó con mantenerlo en prisión durante todo el fin de semana", afirma el cable.

Como último recurso, la compañía de seguros pagó los 18 millones de dólares a la televisora del Ajusco.

(V.pág.2 del periódico Mural del 24 de febrero de 2011).

Hasta ahí todo parecía un buen chiste y una oportunidad para que el ciudadano de a pie gozara de las mieles de la más básica justicia. Supuse en mi infinita estulticia que prontamente me regresarían mi teléfono y castigarían al ladrón. Resultó que el idiota era yo, no el que subió su foto a mi perfil y que los procesos, que sería un piropo llamar kafkianos, continúan en una maremágnum a la que no encuentro forma de poner dique.

El mismo domingo acudí a solicitar el registro de las llamadas hechas desde mi teléfono. Hoy, casi una semana después me entero de que sería bueno que fuera a la PGJE a entregar copia de mi recibo de teléfono marcando con plumón la fecha y hora de las llamadas. Porque no puedo faxear nada, porque no puedo enviarles un email y porque todo tiene que entregarse en persona y con firma. Caramba. Ya dediqué una semana completa a cumplir con mis obligaciones como ciudadano y sigue y sigue la rueda y apenas comienza el calvario.

Los he señalado y reconocido con fotografías en Asuntos Internos, al parecer tendré que repetir el proceso en Derechos Humanos, además de que he tenido que llevar testigos a la PGJE para que dieran fe de que yo tenía mi celular con una cinta morada.

Se ha dicho a mi parecer injustamente que soy un miembro de los medios y por eso este morrocotudo merequetengue. Yo les cambio la moneda y les digo, si a pesar de que soy un miembro de los medios y que se ha hecho tal alharaca de todos modos no he logrado nada y ya no quiero jugar, ¿qué esperanza tiene aquel cuya voz nadie escucha?

Estoy considerando seriamente acudir a la PGJE a otorgar un perdón, desistirme de todo, darles un certificado notarizado donde les regalo el celular, pasarles una mochada a cambio de que me dejen en paz y subrayar que nadie, aunque tenga una beca, todo el tiempo del mundo y una voluntad de adiamanto imantado, puede dar buen término a una denuncia sin importar lo que haga.

Queda claro que Asuntos Internos de la Policía Municipal hizo todo lo que pudo de acuerdo con sus procedimientos y que su director, Alejandro Serrano, me ha comentado en repetidas ocasiones que no puede actuar de otra manera y que está trabajando duramente -cosa que francamente creo- lo mismo el ayuntamiento que ha cumplido con lo que marca la ley y me ha asegurado estará atento al procedimiento.

Pero el resultado es el mismo, las declaraciones han sido contradictorias, la confusión reina en mi cabeza y lo único que deseo hacer es otorgar el perdón, olvidar el teléfono e incluso si lo desean regalarles a los señores un diploma impunis causa para que me dejen continuar con mi existencia.

Es el colmo que ahora parece que tendré que conseguirme un abogado porque no sé cuáles son las penas que pueden imputarse a los señores, que hasta donde entiendo serán menores, ni cuáles son los procedimientos que siguen: si habrá un careo, si tengo ahora que presentar otros documentos, si me van a acusar de algo o qué dicen los acusados.

Es mi humilde opinión que no se puede pedir tanto de un ciudadano, que una vez hecha y ratificada la denuncia, corresponde a las autoridades hacer su trabajo de investigación molestando a la víctima lo menos posible y no convirtiéndola en doble y triple víctima.

Por lo pronto tendré que mudarme de domicilio y siempre tener cuidado porque la venganza es una posibilidad. Lástima señores del jurado, lo que era una oportunidad para demostrar que un ciudadano puede hacer una denuncia, se ha convertido en la prueba de lo absolutamente opuesto: denunciar desencadena un infierno que no le deseo a nadie.

Jorge Zul de la Cueva
(v.periódico El Informador en línea del 23 de febrero de 2011).

Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de febrero de 2011).

-Independiente al montaje, los jueces presentan varios puntos por los cuales se le dicta sentencia a la francesa. Primero: la mujer fue detenida en flagrancia al llevar un arma de fuego en la camioneta en la que viajaba con su novio y secuestrador confeso, Israel Vallarta, ¿Cierto o falso?

Responde el abogado de Florence Cassez, Agustín Acosta: "-Eso está sujeto a duda, porque la base de esa acusación es un reporte de policía que está lleno de inconsistencias... A ella la detienen con Vallarta en una camioneta un día antes y hoy casi nadie pone en duda que fue detenida un día antes. Hablemos de las armas, dicen que el arma estaba ahí, pero cuando se descubre el tema del montaje, es tan escandaloso que obliga a una reacción por parte de la Procuraduría General de la República en donde los policías comparecen y ahí se dice que las armas las pusieron en la cabaña, eso es lo que se llama manipulación de escena del crimen."

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de febrero de 2011).

Las similitudes entre el caso de Joe Medellín y Florence Cassez están a la vista, salvo que ahora el gobierno mexicano se halla en el lado contrario de la palestra. Aquella vez el ejecutivo consideraba que tenía el derecho y la obligación de defender a un paisano juzgado bajo condiciones irregulares en el extranjero; ahora acusa de intervencionismo a Francia.

Desde luego también hay diferencias entre Medellín y Cassez. Lo de Medellín empalidece frente a las irregularidades del juicio de Cassez. En el caso de la francesa no sólo se violó el aviso consular; además está documentado el montaje ilegal de la captura, se falseó el lugar y los términos de la misma, los testigos cambiaron de testimonio luego de la intervención de la autoridad, y uno de los cómplices que la acusó reveló que tal declaración se había producido bajo tortura. Hasta la fecha el secuestrador Israel Vallarta asegura que Florence desconocía su actividad delictiva.

Lo anterior no significa que Florence Cassez sea inocente, pero justamente ése es el tema; tampoco hay condiciones para convencernos de su culpabilidad. ¿Por qué no iba a tener derecho Francia a defender a su connacional?

Desde luego que Sarkozy ha explotado el caso para favorecerse políticamente. Y claro que Calderón se ha subido al ring porque se siente, por fin, apoyado por una causa emocional que une a muchos mexicanos. En la práctica ambos, Calderón y Sarkozy, se han enfrascado en un pleito de machos y han olvidado sus responsabilidades de jefes de estado. No hay nada más fácil que inflamar el "maseosare" popular con la xenofóbica acusación de intervencionismo de una potencia.

Tal indignación abreva en la esquizofrenia. Podemos aplaudir el documental "Presunto Culpable", que deja en claro las terribles falencias de nuestro sistema de justicia y su inclinación a fabricar culpables, y al mismo tiempo enfurecernos porque los franceses ponen en duda el dictamen de nuestros jueces. Puertas adentro reconocemos la corrupción de nuestros tribunales; puertas afuera los defendemos como si fueran infalibles.

No me extraña que la televisión haya linchado a Cassez, considerando que este medio fue cómplice pillado en la mascarada del montaje inicial. Al igual que García Luna, la televisión asumió que demostrar la maldad de Cassez restaría importancia a aquella fabricación para violar el debido proceso. Pero me resulta desconcertante que líderes de opinión como Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, testigos y víctimas de la ineficacia y la corrupción de nuestro sistema de justicia, hayan militado a favor de este discurso patriotero que avala un montaje judicial.

Calderón aseguró en una carta a Sarkozy que Cassez podría purgar su condena en Francia, conforme al Convenio de Estrasburgo suscrito por México, lo cual ahora niega. Y el entonces procurador Medina Mora le aseguró al enviado de Sarkozy, el fiscal de París, que no habría sentencia definitiva hasta después de la visita del mandatario galo a México en marzo de 2009. Pero los jueces sentenciaron mientras el enviado de Sarkozy iba en su vuelo de regreso a Francia. García Luna precipitó esa sentencia, me aseguró una fuente diplomática, para impedirle a Calderón cualquier margen de maniobra durante la visita de Sarkozy. En este enredo jurídico-diplomático urge preguntarse ¿Cuál es la deuda de Calderón con García Luna para asumir tantos costos?

Nos hemos envuelto en la bandera por un caso inconsistente y comprometido nuestra autoridad moral para llevar a una Corte Internacional cualquier arbitrariedad que padezca un mexicano ¿Cómo explicar el poder de García Luna ante el presidente?

Jorge Zepeda Patterson
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de febrero de 2011).

Naturalmente, es mucho más cómodo creer que es una desalmada secuestradora. Así nos evitamos mayores problemas de conciencia y, de paso, nos sumamos a la oleada de ese patrioterismo cerril que tanto nos inflama: ya no es asunto de reconocer los monstruosos yerros de un aparato judicial ineficiente y corrompido sino de recordar los viejos agravios perpetrados por una antigua potencia colonial mientras nos envolvemos fieramente en la bandera nacional.

Si bien sabemos que los políticos intentan obtener beneficios en cualquier situación, no es menos cierto que el presidente francés está absolutamente convencido de que Cassez es inocente (razones no le faltan además, porque las declaraciones de los testigos cambiaron según se iba desarrollando el proceso y uno de los miembros de la banda se retractó aduciendo que había sido torturado en un primer momento). En este sentido, el hombre está haciendo simplemente lo que tiene que hacer. Es más, el hecho de que esté dispuesto a ir tan lejos -es decir, a violentar inclusive los usos y costumbres de la diplomacia- nos hablaría de un personaje comprometido, en este caso, con sus principios y sus convicciones. Y muy preocupado, además, por lo que a él le parece una terrible injusticia, por más que sus acciones, deliberadamente públicas y notorias, hayan terminado por ser tremendamente contraproducentes para su causa.

Algo que no se ha dicho mucho en estos pagos es que Francia esperaba un gesto amistoso de un país... amigo. Hay acuerdos firmados que posibilitan la repatriación de Cassez si ambas partes están de acuerdo. El desencuentro, por lo tanto, es de doble sentido. Pero ¿eso significa que Francia deba descalificar en bloque la actuación de la justicia mexicana y, sobre todo, atribuirle a García Luna unos poderes que, a decir verdad, no los pudo mostrar en lo absoluto en el caso de los alcaldes detenidos en Michoacán? ¿No hubo, finalmente, varias instancias en el proceso judicial y no acaban tres jueces de denegar el último recurso de amparo en pleno ejercicio de sus funciones? ¿Son acaso sospechosos de estar sometidos al poder político?

En lo personal, me quedan muchas dudas. Lo que sí sé, sin embargo, es que merecemos otra justicia en este país. Y, así como en el pasado pedimos que hubiera democracia, ahora es el momento de exigir que haya justicia de verdad en México.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Público en línea del 20 de febrero de 2011).

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2011).

No por ser francesa, inglesa o china la ciudadana Cassez tiene derechos distintos a los de cualquier persona. El problema es que mientras que para México la igualdad consiste en que la señora que vino de Francia a secuestrar en México debe purgar la misma pena que todos los secuestradores mexicanos, para Francia la igualdad consiste en el respeto del derecho a un proceso justo y sin vicios que toda persona tiene, independientemente de su nacionalidad y del delito que haya cometido. ¿Cuál es el criterio de igualdad que debe prevalecer? Normalmente en estos casos suele contraponerse, en falso dilema, el derecho de los delincuentes con el derecho de las víctimas; la forma y el fondo. En este caso fueron las autoridades mexicanas las que se equivocaron, como sucede de un hilo, en la forma de procesar a la ciudadana francesa. Por eso las cárceles están llenas de inocentes y las calles de delincuentes. No es un asunto pues de quién es más macho, sino cómo se resuelve un asunto de derechos e intereses encontrados.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de febrero de 2011).

No sé, ni creo que tengamos que saber, si son maestros de la sección 22, disidentes, "infiltrados", vieja guardia de la APPO, nueva guardia de la APPO o embrión de un grupo que pelea por causas justas. Tampoco es materia de debate si la policía hacía lo correcto al cercar las calles para mantener a los belicosos lejos del lugar donde se encontraba el presidente Felipe Calderón.

Fue una agresión contra la fuerza pública.

La policía se defendió como pudo. En la batalla se rompieron disciplinas y protocolos y hubo excesos también de los uniformados. Una policía que no anticipa, que no sabe disuadir, que se deja escupir y que, acorralada, termina tirando macanazos sin ton ni son.

Pero el origen fue una agresión de "los maestros" a la policía. Hablo, claro, de los hechos del martes al mediodía en Oaxaca.

Desconozco el grado y peso de los compromisos o miedos del flamante gobernador Gabino Cué. Pero a la primera de cambios ha optado por jugar del lado de la corrección política y la tribuna, y no de las evidencias y las fuerzas gubernamentales que, a fin de cuentas, también lo resguardaban a él.

¿Eso será la transición democrática en Oaxaca? ¿Carta blanca a los "legítimos excesos" del pueblo bueno?

Ante estos hechos, Gabino Cué les pidió perdón a los maestros. ¡Perdón! Sí, perdón por los excesos de la fuerza pública.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.4 del periódico Público del 18 de febrero de 2011).

Susana Moscatel
(v.pág.2 del suplemento "¡hey!" del periódico Público del 18 de febrero de 2011).

(V.pág.7 del suplemento "¡hey!" del periódico Público del 18 de febrero de 2011).

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 17 de febrero de 2011).

Los docentes, quienes se dijeron víctimas de las agresiones del martes, dejaron sin clases a por lo menos 1'300,000 niños que cursan su educación básica en la entidad.

(V.pág.8 del periódico Mural del 17 de febrero de 2011).

La historia es sencilla. Debido a la posibilidad que tuvieron los realizadores de filmar un juicio por homicidio en la Ciudad de México, vemos el verdadero horror que es esa justicia penal mexicana que diputados, senadores, intelectuales y comentócratas defienden a capa y espada contra la ahora pérfida gala, encarnada en Nicolas Sarkozy. José Antonio Zúñiga, un joven de 26 años fue acusado de haber asesinado a alguien en Iztapalapa porque un dizque testigo dizque dijo que dizque lo vio cometiendo el homicidio. Antes de ser absuelto -gracias a la perseverancia de los cineastas, de sus abogados, de su familia, amigos y de su propia tenacidad- fue condenado 2 veces en primera instancia.

Afortunadamente, la primera vez hubo un vicio de procedimiento, aparentemente de escasa importancia: la cédula profesional del defensor de oficio había sido falsificada. Gracias a este atropello, aparentemente menor en la administración de justicia, Zúñiga pudo con quien sería su abogado defensor pro bono y combativo, interponer un recurso de nulidad del primer juicio. Muchos hubieran dicho en ese momento que tal vez el abogado defensor de oficio sí falsificó su cédula, pero ¿y qué?, si de todos modos Zúñiga ya había sido declarado culpable por un juez. Quienes lo hubieran afirmado habrían hecho caso omiso de un principio fundamental del debido proceso: los vicios de procedimiento o de forma invalidan el fondo, justamente porque merman el debido proceso.

En el segundo juicio de primera instancia Zúñiga volvió a ser condenado, por el mismo juez, basándose en la misma declaración del mismo testigo. Y todo esto ocurre en la obscuridad, salvo por la cámara de Hernández y Negrete: es un clásico juicio escrito donde se acumulan montones de papeles pero donde nunca entra la luz del día, como sigue siendo el caso en la mayoría de los estados de la república, y como es el caso del juicio a Florence Cassez. Después de esa segunda condena, Zúñiga apeló. Ahora ya bajo la mirada implacable del lente de los cineastas, su abogado destruyó la credibilidad del testigo que terminó aceptando que no había visto a Zúñiga, que no lo conocía, que no tenía la más remota idea si era él o no, pero que de un modo u otro le habían dicho unos policías que insistiera en que Zúñiga era el culpable del asesinato.

La moraleja del espléndido documental es sencilla. Primero, demuestra que la justicia penal en México fabrica culpables, los agentes del Ministerio Público, los jueces, los directores de reclusorios, parece que cobran por culpable con independencia de la veracidad de la acusación. Segundo, demuestra que el sistema de justicia escrita es infame, pues esconde todo lo que la cámara ve e ilumina. Tercero, el film subraya lo que muchos mexicanos por desgracia saben: que la administración de justicia en México es un verdadero desastre porque nunca se sabe dónde quedó la bolita. Y por último, quizás lo menos importante pero también lo más trágico, ilustra las siniestras condiciones de vida en las cárceles mexicanas, donde todo se revuelve con todo. En estas condiciones ¿hay manera de saber quién es culpable?, ¿podemos seriamente invocar la vigencia de un Estado de derecho en México frente a la sociedad mexicana y frente al resto del mundo? Ojalá antes de envolverse de nuevo en la desarrapada bandera de la justicia mexicana, nuestros patriotas antigálicos vayan a ver Presunto culpable.

Jorge G.Castañeda
(17 de febrero de 2011).

Decirle "mentiroso" en televisión nacional a García Luna pudo haber perjudicado a Florence Cassez.

Es un hecho comprobado que los AFIs que comandaba Genaro García Luna montaron un espectáculo para lucirse a través de la televisión haciendo creer que eran muy eficaces y que habían detenido en flagrancia a dos secuestradores. Todo era falso. Los detenidos llevaban un día en manos de las autoridades y habían sido detenidos en otro lugar.

Nadie ha ofrecido disculpas por el montaje ni perdido su puesto por la forma de proceder.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2011).

Sin embargo, independientemente de la tragedia, el ciudadano común no puede menos que aterrarse ante varias circunstancias: primera, la impunidad; la facilidad con que el autor -o los autores- de la agresión pudieron huir, sin que nadie los interceptara, los persiguiera o aportara algún elemento que permitiera su identificación; segunda, la pachorra de los investigadores, que se limitaron a anunciar que "se estudiará" (un día de éstos...) el video captado por el circuito cerrado de televisión, para explicar los hechos y (con suerte...) determinar quiénes fueron los autores; tercera, la tibieza -por no decir la sangre de atole- de las autoridades, al declarar que "se solicitará" a los dueños de los bares, que si son tan amables, que si tienen a bien, que si no sería mucha molestia, que avisen si hay necesidad de pedírselos de rodillas, que "mejoren sus estrategias de seguridad", y que, por su sacrosanta madrecita (los que tengan), instalen detectores de metales y cámaras de televisión que permitan reducir el riesgo de que "incidentes" como los que se están volviendo comunes, se repitan.

Menos mal, como dijo "sabiamente", a raíz de los granadazos y "narcobloqueos" de hace un par de semanas, el secretario general de Gobierno, que "hasta en Estados Unidos" hay ciudades con índices de violencia más aterradores que Guadalajara.

¡Bonito consuelo...!

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de febrero de 2011).

La crisis de instituciones ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para hacerse del control de cárceles, ministerios públicos, procuradurías, cuerpos policiales y juzgados a los que someten con la fuerza de los recursos capaces de comprar voluntades.

Con ello ha crecido la impunidad para estos grupos que han pasado a controlar el tráfico y distribución de drogas, armas y personas en tránsito ilícito. Mediante bandas organizadas de forma celular administran territorios, imponen cuotas y someten a la delincuencia común.

Al reconocer su dimensión, estos grupos han sido capaces de escalar sus operaciones para hacerlas cada vez más sofisticadas y ampliar sus redes hacia otros países. Sus propósitos pasan de controlar una actividad a controlar territorios neutralizando de hecho a las autoridades. Convierten a policías y autoridades en miembros activos de sus organizaciones generando espacios de influencia que ya no amenazan al orden, sino que imponen uno nuevo. Por eso, aunque estos grupos no tienen fines políticos particulares, son una fuerza insurgente del Estado. Son un desafío explícito a las instituciones que imponen una autoridad de facto: la de un grupo que controla una "plaza".

Por eso algunos funcionarios de los Estados Unidos se han referido a esta realidad como una amenaza que va más allá de un hecho policial para darle grado de amenaza insurgente estratégica, capaz de aliarse o ser aprovechada por el terrorismo antinorteamericano. Negar esta realidad equivale a esconder la cabeza en un agujero. La delincuencia controla estructuras públicas y algunas zonas de México, lo que supone que debemos detenernos para plantear un cambio profundo en los sistemas de aplicación de la ley. El Estado de Derecho en México es precario o por lo menos muy ineficiente. Urge replantearnos el Ministerio Público para hacerlo independiente, probo y eficiente; cambiar la forma como se operan los juicios que solapan corrupción a cada paso procesal, renovar el sistema carcelario y blindar las actividades electorales a la acción de las organizaciones criminales. Pero sobre todo nos urge que el hartazgo ciudadano respecto de estas cosas se exprese de forma consistente, en foros, calles y propuestas. La realidad ya ha rebasado a los políticos, ahora la sociedad los va a rebasar a ellos.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2011).

En un país donde la justicia la hacen los medios todo es creíble, incluso que la señora Cassez sea inocente. En México la preocupación de la justicia termina cuando los malandros son llevados ante los medios. Hay un mayor esmero en la presentación a la televisión que la presentación ante el juez, y es ahí donde comienza el circulo vicioso de la inseguridad de este país. El nivel de impunidad tiene que ver en gran medida con que a los pocos que detienen no se les puede condenar por falta de pruebas. Y no hay pruebas porque la Policía se preocupa más por recrear la escena para la tele que por investigar. El montaje televisivo va, por supuesto, a los horarios estelares: es "show", es "raiting", y le da pie al conductor para poner cara de indignado y decir "mire qué mal estamos", y a los televidentes para morirnos de miedo.

El imperio de la ley (como dicen cursimente los abogados) le cedió el paso al imperio de la nota roja. No solamente le ganó los noticieros de la televisión y la atención de los procuradores y jefes de Policía, sino también la agenda del Estado: del Presidente para abajo todos los funcionarios públicos y políticos en edad de merecer viven más atentos a la nota roja del día que al mercado de valores.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2011).

Lo anterior lo afirmó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño, antes de presentar al Pleno en nombre del Grupo Parlamentario del PRI una iniciativa para regular el arraigo, con el fin de que deje de ser una medida anticonstitucional, violatoria del principio de presunción de inocencia y de garantías procesales y constitucionales.

El diputado priísta exigió condiciones reales y veraces al Ministerio Público cuando arraiguen a una persona, ya que "el arraigo puede durar 40 días" y de acuerdo a la Constitución el Ministerio Público puede extender el tiempo a 80 días para el éxito de la investigación.

El legislador mexiquense aseguró que la tarea de la Comisión de Justicia que preside, es modernizar y actualizar el marco jurídico del sistema de justicia penal "que en este país, está resquebrajado y rebasado por la realidad".

(V.periódico El Universal en línea del 11 de febrero de 2011).

Este filme no sólo intentará servir como un reflejo de lo que sucede diariamente en el sistema penal mexicano, sino como una herramienta de cambio social para combatir la indiferencia y lograr una transformación en el país tal y como lo expresó Diego Luna.

El presidente de la Asociación México SOS, Alejandro Martí, hizo énfasis en la importancia del filme como una "obra maestra" que "tienen que ver 108 millones de ciudadanos".

"Presunto culpable nos viene a dar el testimonio claro de que el sistema judicial mexicano es obsoleto y antiguo, así que la tenemos que ver como un dato histórico, como si estuviéramos en el 2021 en retrospectiva pero lamentablemente siendo testigos de que esto está sucediendo hoy en todos los juzgados", dijo.

"Esto es algo que les puede dar un referente a los que no quieren reformar al país", dijo.

(V.pág.5 del suplemento "¡hey!" del periódico Público del 11 de febrero de 2011).

Los principios de una nación, una asociación o una empresa son aquellos elementos intocables que le dan estabilidad a largo plazo. Imaginemos la asociación más simple, un club deportivo, que cambie sus estatutos cada año. El resultado sería caótico, pues los socios nunca sabrían bien a bien a qué atenerse, unos conocerían unos principios y el resto otros, cada quien pelearía por generar los cambios que le sean convenientes y la estabilidad del club sería nula. Eso que nadie desea en su club o asociación civil es lo que le sucede a nuestro país. Cada presidente, cada legislatura, cada bancada quiere hacer modificaciones a la estructura institucional del país, con lo que hemos logrado un monstruo poco aplicable. Qué tiene que ver, por citar un ejemplo, el derecho a la libertad de expresión con la protección de que los bienes de los talleres de impresión no serán confiscables ("en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito"), como lo establece el artículo séptimo. El principio a defender es la libertad de expresión, los derechos laborales y de propiedad del taller, no es que sean menos importantes sino que simplemente no son materia de una Constitución y, sin embargo, ahí está. Como ése hay decenas de ejemplos, que lejos de facilitar la aplicación de la ley la hacen confusa y difusa.

El problema fundamental de este país es la impunidad, que tiene mucho que ver con la forma en que construimos la estructura del Estado. Cuando los principios constitucionales son negociables, porque se saben imposibles, la certeza jurídica se vuelve un concepto gelatinoso, y la aplicación de la ley una negociación permanente. Dicen los juristas, con mucha razón, que no se requiere una nueva Constitución sino aplicar la que tenemos. El problema es que manejar el Estado con la que tenemos se vuelve sumamente complejo, es como conducir un torton lleno de adornos, con la exigencia de que no se caiga ninguno y la obligación de cuidar por igual el motor, las llantas y el adorno del espejo. De que se puede se puede, pero la velocidad es otra. Una nueva Constitución no es indispensable, pero de que nos haría a todos la vida más fácil y la aplicación de la ley más efectiva no tengo duda.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 7 de febrero de 2011).

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 4 de febrero de 2011).

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Público del 4 de febrero de 2011).

De acuerdo con la consulta titulada: "Encuesta valores. Diagnóstico axiológico México", el 53% opina que la autoridad es arbitraria y solamente 26% piensa es respetuosa de los individuos.

Las personas de mayor escolaridad son quienes están más en desacuerdo con que las autoridades son respetuosas de los individuos (45%), mientras que entre las personas sin estudios la proporción es menor (23%).

Para 1 de cada 3 encuestados, es de tontos cumplir la ley cuando la mayoría no la cumple, y más de la mitad (56%) indica que sin buenos contactos es difícil avanzar en la vida.

(V.pág.5 del periódico Mural del 3 de febrero de 2011).

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 30 de enero de 2011).

[A ver cuándo hay un descuento del 75% a los pendejos que pagan a tiempo - el webmaster.]

(V.pág.11 del periódico Público del 28 de enero de 2011).

García Valseca fue secuestrado el 7 de junio de 2007 y liberado el 24 de junio de 2008, después del pago de una cantidad menor de la originalmente demandada por sus captores. Desde entonces está en espera de que las autoridades den con los delincuentes que lo mantuvieron en un penoso cautiverio, sometido a maltratos. Su esposa, Jane Reyger, también secuestrada con él, fue devuelta a su vida cotidiana de inmediato para ocuparse de reunir el pago exigido por los captores. No hizo únicamente eso. Fue capaz de reunir valiosa información en torno al lugar donde se hallaba su marido, y tanto ella como él mismo ofrecieron a la Policía Federal información para el esbozo de 6 retratos hablados.

Hace ya 3 años que concluyó el cautiverio de García Valseca y las averiguaciones sobre ese delito no han rendido fruto alguno. La Procuraduría General de la República se queja de que la Policía Federal no ha presentado a la indagación ministerial el expediente del caso. Y tan enredada está esa corporación con ese asunto, con una dilación que se asemeja mucho a la complicidad, que el comisionado Facundo Rosas viajó la semana pasada a Austin para asegurar, por enésima vez a García Valseca que su asunto está por resolverse. Y a pedirle que no hable con los medios.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.El Siglo de Durango en línea del 27 de enero de 2011).

El ilustrísimo Hobbes, pensaba que el hombre es malo por naturaleza, que el estado normal de las personas era la guerra; por tanto, la autoaniquilación del género humano; por tanto, era menester realizar un pacto social para la paz y la defensa común.

De lo anterior queda claro que uno de los valores principales que debe preservar el Estado es la vida de sus integrantes, la seguridad, el orden público, el bienestar colectivo y demás aspectos que son la base de una comunidad o sociedad.

Entonces, si el Estado no es capaz de proteger la vida de quienes integran dicha agrupación humana, no está cumpliendo la tarea principal, la cuestión fundacional el porqué de su existencia, si no hay vida, entonces, no pueden existir las interrelaciones sociales.

Así, la primera condición de un Estado, es la de velar y por tanto, garantizar la existencia e integridad física de las personas; en el mismo contexto, la seguridad y el orden social, ya que sin estas premisas, no se pueden desarrollar las actividades políticas, económicas, religiosas, culturales, jurídicas y en general, toda la gama de interrelaciones sociales.

Uno de los factores por los cuales en México no hemos logrado la paz social, mucho menos, el orden público, es por la falta de identidad entre nosotros, la desunión, la intriga permanente de unos contra otros y demás actitudes aprehendidas de pueblos guerreros y conquistadores, las cuales imitamos pero de manera negativa y en contra de nosotros mismos.

José de Jesús Covarrubias Dueñas, magistrado del TEPJF
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 24 de enero de 2011).

Nombres van y vienen impresos en los medios de comunicación, dando cada día menos confianza en la justicia. El ejemplo es muy simple: quien compró y pagó algún boleto sin recibir la contraprestación del servicio, apenas abriga la esperanza de obtener la devolución de su dinero si lo hizo a través de alguna agencia de viajes; mas para quien lo adquirió directamente en la empresa con cargo a su tarjeta de crédito, débito o efectivo -que son los menos-, están ante el riesgo de perder todo; ya no se diga quien solicitó algún vuelo con cargo a sus "puntos" acumulados con el derecho de la promesa ofrecida por la propia empresa, éste queda a aún en peores condiciones.

Impunidad auspiciada por las autoridades elimina la confianza por falta de justicia; ya no solamente de los propietarios de la empresa defraudadora, también de los órganos jurídicos en quienes no se ve la dinámica atención que exige el caso desde el segundo semestre del año 2010.

A través de los medios de comunicación masiva se informa la posibilidad lejana de acudir a la IATA, el organismo internacional que rige las funciones aeronáuticas en el mundo, para gestionar el cumplimiento de responsabilidades de la empresa mexicana, sabiendo de antemano la mínima capacidad para exigir el cumplimiento del servicio, pagado por los potenciales usuarios para quienes en lo particular puede resultar difícil y quizá aún más costoso que dejar perdido el importe pagado, teóricamente exigible a través de la Profeco, residencia de miles de expedientes en espera de caducidad.

En algún país extranjero, la búsqueda de atención y solución habría de ser por conducto del representante distrital. En México esto tampoco alcanza respuesta efectiva; sabemos que el señor diputado está inmerso en el berenjenal político agudizado por el proceso electoral que se avecina en 2012. Total, "el hombre de a pie" es sólo un número estadístico en la población, útil de acuerdo al registro en el Instituto Federal Electoral.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2011).

Diego Fernández de Cevallos
(v.pág.24 del periódico Público del 21 de enero de 2011).

Miguel Angel Granados Chapa
(v.El Siglo de Durango en línea del 20 de enero de 2011).

Los jueces aseguraron que el fiscal no presentó evidencia suficiente ni contundente para acreditar que Barraza Bocanegra asesinó a Rubí, quien fuera su pareja sentimental.

El juez Zúñiga desmintió que el fiscal haya aportado la confesión del inculpado al expediente, ya que sólo presentó como versiones contradictorias de testigos de oídas, quienes declararon que Sergio Barraza les confesó el crimen.

"Esos testimonios carecen de valor jurídico para comprobar la responsabilidad, debido a que solamente coinciden en que, ante ellos, hubo un reconocimiento de culpabilidad, el cual no tiene valor probatorio, al no rendirse ante el Ministerio Público o un juez".

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 19 de enero de 2011).

También quiere decir ahorcar los instrumentos económicos del crimen organizado, cosa que no se está haciendo ni se hará, porque nuestra clase política tiene que cacaraquear empleos, aunque estos sean el resultado de inmensos lavaderos de dólares.

Supongo que lo que quiero decir es que estamos obligados, como sociedad, hoy más que nunca a resolver nuestros propios problemas, organizarnos, tomar medidas puntuales para detener esta violencia de guerra y pesadilla que se nos vino encima, o verla crecer hasta que alguien nos secuestre por 20 pesos o nos mate por usar el claxon mientras las autoridades declaran que todo esto es por nuestro propio bien.

Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.5-B del periódico El Informador del 19 de enero de 2011).

La zona metropolitana, junto con el Distrito Federal y Acapulco, figura entre las ciudades con un porcentaje de denuncia menor a la media nacional.

La pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad y los largos trámites son algunas de las principales razones a las que alude la sociedad para no denunciar. Esto contrasta con la intención de que el delincuente reciba un castigo que constituye la principal motivación para acudir ante el Ministerio Público.

A nivel nacional, el porcentaje de cifra negra fue de 85% en 2008, es decir que sólo 15 de cada 100 delitos que ocurrieron en ese año fueron denunciados, lo que ubica a México como uno de los países con niveles más bajos de denuncia en el mundo, indica el estudio publicado bajo la supervisión del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.

El Estado de Jalisco, en su conjunto, mantiene un porcentaje de denuncia de 20.1%, apenas ligeramente por debajo de la media nacional, que es de 21.5%.

El Estado de Veracruz registra el mayor porcentaje de denuncia ante el Ministerio Público: cerca del 40%.

(V.primera plana del periódico El Informador del 18 de enero de 2011).

¿Por qué? Porque allá sucedió eso e inmediatamente capturaron al responsable, el presidente guardó un minuto de silencio, se abrió el debate sobre lo que la politización puede llegar a provocar y se convocó a la unidad nacional.

Sí, los enemigos de Obama respondieron y no todo fue miel sobre hojuelas, pero pasó algo, la gente se enteró y esos asesinatos no quedaron impunes.

Aquí a diario matan a decenas de personas y ni es noticia, ni le llama la atención a nadie.

¿Atrapar al culpable? ¿Qué es eso? Salvo contadísimas excepciones, dígame usted dónde están los responsables de las cosas más espantosas que han ocurrido en nuestro país.

¿En qué cárcel están los sacerdotes pederastas? ¿En dónde anda el asesino de Marisela Escobedo? ¿Cuántos de los que han matado mujeres en Ciudad Juárez están purgando una condena?

No, y ni le sigamos porque me voy a acabar la columna y no voy a acabar de refrescarle la memoria. Aquí te matan y el asesino termina convertido en servidor público. ¡Gracias!

Comparar lo que pasó en Tucson con lo que pasa todos los días en México me ha dejado muy mal.

Alvaro Cueva
(v.pág.13 del periódico Público del 16 de enero de 2011).

Es un reclamo que millones de mexicanos podemos avalar en nuestro trato con la burocracia estatal. Mil formas inútiles para casi cualquier trámite. Trámites que suscitan corrupción pues se "olvidan" o "disculpan" con la tradicional "mordida" al ventanero o tramitador. Y al mismo tiempo, los mismos millones de mexicanos podríamos refutar al Presidente, pues son las formas pertinentes las que nos permiten asegurar que el banco no se quedará con nuestro dinero o el IMSS con nuestras cuotas. Las formas impiden que cualquiera nos demande sin fundamento, o cualquier policía nos acose por "faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno". Son las formas las que convierten en ley un acuerdo del poder legislativo, en sentencia una decisión judicial y en matrimonio un amor de pareja. Incumplir una forma legalmente establecida, así sea inútil, contribuye a impedir la arbitrariedad.

El formalismo es una enfermedad del gobierno, de cualquier gobierno. Sin embargo, el remedio no está en hacer caso omiso de las formas sino en "hacer bien las cosas". Presidente, respetuosamente: transforme al Ministerio Público en eso: "ministerio del pueblo", independiente del poder político; establezca una Escuela Nacional Superior de Policía, proveedora única de investigadores capaces para todas las policías; promueva un sistema policial cuidadoso de los significados y valores de los mexicanos; saque al Ejército de la calle y llévelo a constituir la Inteligencia Nacional contra el Crimen; y convénzase de que los mexicanos queremos vivir para vivir y no para sobrevivir. Estas son algunas tareas urgentes del Jefe del Estado. Claro que hay más. Empecemos.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.15 del periódico Público del 16 de enero de 2011).

Sin embargo, sus condenados afirman que (al menos en el expediente del proceso en el que resolvieron dejar en libertad a un probable homicida) el acusado jamás "confesó" haber cometido el crimen (como tantas veces en medios periodísticos, no en el tribunal, se aseguró).

En 1994, al hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el economista Ernesto Zedillo dijo la insensatez de que el homicida Mario Aburto (por cierto confeso, éste sí, desde el primer momento) debía "demostrar su inocencia" (es el acusador quien está obligado a probar).

A diferencia de aquél, Calderón (también con posgrados en economía y administración) es... ¡abogado!

¿Ignora que los jueces juzgan únicamente sobre la formalidad de lo que consta en expedientes?

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 14 de enero de 2011).

El dato más relevante es que la tendencia de homicidios en el país tenía una tasa descendente, con todo y narcos, que se acabó en 2007, precisamente en el momento en el que se declara la guerra al crimen organizado.

Los estados en donde se dispara, en tasas brutales, la tasa de homicidios, es en aquellos en donde se despliega fuerza federal en operativos de seguridad. Nada más para que se den una idea: Ciudad Juárez, en Chihuahua, pasó de una tasa de 19 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2006 a 108 en 2009. Lo mismo sucede, como calcado, en Guerrero, en Sinaloa, en Baja California y en Michoacán, pero hay un elemento curioso: los homicidios crecen en todas las regiones de estos estados, no sólo en donde están los operativos.

Las reflexiones de Escalante son espeluznantes, ésas sí, pues imagina, por un lado, más actores que los del crimen organizado, y por el otro, una descomposición de los poderes locales, un consecuente efecto violento y una perversa amplificación de esos efectos por parte de las fuerzas federales. Las policías municipales, dice el autor, como que medio arreglaban el tráfico, negociando "selectivamente el incumplimiento de la ley". Había un esquema acordado para la ilegalidad, pero no sólo del contrabando de droga, sino de todo. Ahora se ha desatado algo así como el estado de naturaleza en el que cada habitante de tierra caliente, de suyo violenta, defiende como puede lo que le toca y arrebata cuando se puede lo que le gusta. Eso puede ser, sí, un territorio para un cártel de drogas, pero también un lindero de un ejido, un espacio de tala, un puesto de tianguis, una placa de taxi, un terreno irregular o el liderazgo de una pandilla.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de enero de 2011).

En el caso de Rubí Marisol Freyre Escobedo, asesinada la noche del 29 de agosto de 2008, la opinión pública en Chihuahua parece ser unánime: la incompetencia e insensibilidad de los jueces son las culpables. Y es que la imagen del 29 de abril de 2010, día de la audiencia, es terrible: la juez Catalina Ochoa en toga y escoltada por sus dos compañeros pronuncia el veredicto: "Se absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio agravado, previsto y sancionado por los artículos"... antes de que la juez termine sus palabras, el grito desgarrador de Marisela Escobedo, la madre de Rubí, la interrumpe. La imagen la vimos todos y supimos entonces de la lucha de Marisela por demostrar que Sergio Barraza, la pareja sentimental de Rubí Freyre, era el culpable. Sergio aprovechó ese veredicto para fugarse y a Marisela la mataron en diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras pedía justicia para su hija. Peor desenlace no podía haber y la indignación general hizo que las autoridades estatales buscaran -ahora sí- a los responsables de que no se haga justicia.

Pero el asunto no es tan sencillo. En el juicio contra Sergio Barraza, el Ministerio Público no pudo demostrar la causa de la muerte de Rubí ni presentó pruebas que apoyaran la confesión que había hecho Sergio ante su padrastro y dos policías municipales y que por ley no podía ser prueba suficiente para condenarlo.

En Chihuahua, lo saben bien los periodistas, ningún agente del Ministerio Público del estado se presenta a la escena de un crimen, por lo tanto, no recogen evidencias ni testimonios.

César Duarte Jáquez, el nuevo gobernador del estado, pidió que el peso de la ley cayera sobre los tres jueces que liberaron a Sergio Barraza, y quizá tenga razón en este caso, pero en su calidad de gobernador debería estar más preocupado por lo que a él le corresponde: que la Procuraduría de Chihuahua funcione y que el Ministerio Público estatal investigue y aporte pruebas.

Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de enero de 2011).

Además confirmaron que pedirán asilo político a Estados Unidos, que jurídicamente no podrán ser juzgados y que exhibirán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, los 3 ejecutores advirtieron que toda resolución contraria a sus prerrogativas será invalidada por medio del amparo y explicaron que jurídicamente no podrán ser juzgados, a través de un escrito turnado a legisladores en el congreso local. "Pues para solapar a los verdaderos servidores públicos ineptos, como lo fueron en el caso los fiscales que no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas suficientes para condenar un delito grave, se persigue a los resolutores".

El juez Rafael Boudib Jurado, integrante del jurado del tribunal oral que perdonó a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de su pareja sentimental, Rubí Marisol Frayre, fue sorprendido haciendo trampa durante el examen para juez oral en Chihuahua hace 3 años.

Resulta que Boudib Jurado fue reprobado cuando presentó el examen para ser juez oral del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero debido a su estrecha cercanía con el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Chávez Aragón, quien se las arregló para "premiar" la mala calificación de su alumno con un nombramiento de juez oral en Juárez, según investigaciones de "El Diario de Juárez", por lo que el diputado perredista Héctor Barraza Chávez exige investigar lacalidad moral y ética de los integrantes del poder judicial.

Las calificaciones de Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y de Rafael Boudib, fueron reprobatorias cuando concursaron por las plazas en el Distrito Morelos, meses antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que comenzó a operar en 2007, pero en el Distrito Bravos, un año después fueron contratados.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de enero de 2011).

Una procesión de remolques circuló del Periférico hasta Atequiza y la otra del Periférico hasta el rancho los Tres Potrillos. Durante horas, prácticamente hasta el anochecer, fue casi imposible avanzar en cualquiera de los 2 sentidos.

La protesta en la carretera fue organizada por la Asociación Mexicana de Operadores del Transporte (Amotac), cuyo dirigente Eduardo Maldonado, afirma que hay parcialidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la aplicación de normas.

Hubo protestas similares en otros puntos del pais, como la Autopista México-Querétaro y en la misma Ciudad de México, donde los quejosos llegaron al Ángel de la Independencia.

(V.primera plana del periódico El Informador del 11 de enero de 2011).

Los choferes avanzan con sus camiones en dos contingentes uno hacía Atequiza y otro hacía el Aeropuerto para de ahí regresar, sólo uno de los tres carriles de la carretera a Chapala está abierto por lo que la vialidad se ha desquiciado.

(V.Notisistema del 10 de enero de 2011).

Parte fundamental de la violencia en 2008 y 2009 viene, desde luego, de la guerra de las bandas criminales. Pero el hecho nuevo del panorama registrado por Fernando Escalante, en el ensayo que venimos comentando, es que la máquina de matar se ha disparado también en otros frentes. (Fernando Escalante Gonzalbo: "La muerte tiene permiso". Nexos, enero 2011).

Dos cosas fundamentales han sucedido en la ofensiva contra el narco: el desmantelamiento de las redes de policía y seguridad locales y el rompimiento correlativo de los equilibrios entre los grupos armados en el país.

En México, como en todos los países, hay muchos grupos armados, no sólo los narcos, nos recuerda Escalante. Están armados "comuneros, ejidatarios, rancheros, talamontes, contrabandistas, ambulantes, policías privadas, guardaespaldas, policías municipales, judiciales, federales, estatales, sindicalistas".

La ofensiva contra el narco, reflexiona Escalante, habría roto el equilibrio alcanzado en los hechos por todos esos grupos y abierto grietas de incertidumbre por donde se cuela una violencia ubicua, no sólo narca.

Cito sus palabras para no alterarlas:

Normalmente vivimos -en eso consiste la civilización- bajo un pacto de no agresión, donde se han negociado los derechos de cada quien, y no hay necesidad de recurrir a las armas.

Mi impresión es que en los últimos años, en el empeño de imponer el cumplimiento de la ley, en el empeño de imponer el estado de derecho a la mala, desde el ejecutivo federal, se han roto los acuerdos del orden local y cada quien tiene que proteger lo suyo de mala manera: lo suyo es el lindero de un ejido, un estero donde desembarcar contrabando, un puesto en la calle para vender juguetes, el tránsito o la embarcación de mercancía sin pagar impuestos, la madera de un bosque, una esquina donde vender mariguana.

El viejo sistema de intermediación política del país se basaba en la negociación del incumplimiento selectivo de la ley... Así funcionaba el país. Y en la medida en que funcionaba bien resultaba invisible la violencia que había detrás... Me parece claro que la crisis del orden local es el factor decisivo para explicar los niveles de violencia del país.

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 7 de enero de 2011).

(V.pág.7 del periódico Público del 7 de enero de 2011).

Se perdonará el 100% de las multas y recargos para los patrones que paguen sus deudas en el primer trimestre del 2011.

Para los que se pongan al corriente entre el 1 de abril y 31 de mayo, se condonará 80% de los recargos y 90% de las multas. Y los porcentajes serán de 50 y 90%, respectivamente, para los patrones que hagan este trámite entre el 1 y 30 de junio.

Este beneficio no aplica para patrones a los que el IMSS esté aplicando una revisión, ni para los que deban cuotas por seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Tampoco podrán acceder a este beneficio empresas cuyo adeudos por cuotas obrero-patronales se deriven de delitos fiscales graves.

Solamente pueden acogerse al programa aquellos que acudan espontáneamente a regularizar sus adeudos.

(V.pág.4 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 6 de enero de 2011).

"A pesar de la gravedad de los acontecimientos, no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos, es un síntoma de desesperación y de fallas evidentes del sistema de justicia".

Las palabras son del mismo gobernador [de Chihuahua] César Duarte quien es hoy el responsable de brindar seguridad a los atribulados chihuahuenses. Las pronunció hace casi 2 meses, el mismo día que tomó posesión de la gubernatura, cuando prometía un cambio en su caótico estado, que se vería, dijo, en un año.

La grandilocuencia del mandatario priista no ha tenido ninguna correspondencia con los hechos.

No sólo ha seguido la violencia, el miedo y la incertidumbre para muchos chihuahuenses que él veía en la desesperanza, sino que en los 2 meses que se cumplen esta semana desde que hizo sus promesas, la situación en Chihuahua se ha agravado y han ocurrido asesinatos, masacres y acciones del crimen organizado que demuestran que no sólo no le creen al nuevo gobernador, sino que no le tienen el más mínimo respeto.

Ayer, el ex zar antidrogas de Estados Unidos, Barry MaCaffrey, hizo declaraciones sobre la violencia y la inseguridad en que vive Ciudad Juárez y la comparó con el nivel de caos y anarquía que se vive en Afganistán.

Habría que ver cuántas veces en Afganistán, en Kabul -la ciudad que comparó MaCaffrey con Juárez-, los combatientes estadounidenses y talibanes ingresaron a instalaciones de la Cruz Roja para rematar heridos, en un hecho que claramente habla del desafío y el desprecio y el nulo temor que las autoridades les inspiran a los criminales.

Salvador García Soto
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de enero de 2011).

Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 3 de enero de 2011).