Jalisco lleva hasta el momento 17 casos de intoxicación por clenbuterol, y la Secretaría de Salud estatal espera cerrar con dicha cifra 2009. Sin embargo, no se logró la meta de erradicar por completo este problema.
El año pasado, la entidad cerró con un total de 21 casos de intoxicación, por debajo del año inmediato anterior, cuando se registraron 71 casos.
A principios de 2009 se presentaron 2 brotes importantes en Zapotlanejo, y hace un mes se encontraron 2 hallazgos en Unión de San Antonio.
A lo largo de este año, por violar las reglas sanitarias relacionadas con el clenbuterol, la Dirección de Regulación Sanitaria suspendió las actividades en 4 rastros ubicados en Etzatlán, Juchitlán, Atengo y El Limón.
(V.primera plana del periódico El Informador del 29 de diciembre de 2009).
La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable había advertido, desde semanas antes, que los ayuntamientos de la zona metropolitana [de Guadalajara] multarían a quienes encendieran fogatas, y si reincidían, recurrían al apoyo de la policía para detenerlos. Pero todo quedó en palabras que se llevó el viento, pues no hubo sanción alguna, y por todos los rumbos de la ciudad se prendieron hogueras y que quemaron llantas.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de diciembre de 2009).
Los mexicanos que retornan se enfrentan a decenas de retenes y corporaciones policíacas que los despojan de su dinero.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, José Torres Robledo expuso que de acuerdo con testimonios de paisanos que visitan cada año a sus familias, el monto promedio de extorsión que tienen que pagar en cada detención es de entre 50 y 100 dólares.
"Ello varía si los paisanos viajan por tierra o en avión, si van a estados del norte, del centro o sur de México, pero son constantemente detenidos por policías federales, estatales y municipales, ello al margen de los retenes aduanales".
Torres Robledo comentó que "un paisano que regresa en su camioneta, cargado de regalos para su familia, es detenido en promedio 7 ocasiones desde que cruza la frontera, algunas de las cuales puede librar la extorsión, pero casi siempre tiene que dejar alguna remuneración".
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 28 de diciembre de 2009).
No hay niños, pero en las revistas del corazón todas las estrellas adoptan. No hay niños, pero los albergues están llenos de bebés que no tienen resuelta su situación legal por el pésimo estado de nuestras leyes.
Pero, ¡ah, no!, nadie cuestiona esto, nadie mueve un dedo por corregir esos artículos que obligan a un bebé recién nacido a permanecer encerrado en una institución más de siete años por falta de una firma.
Alvaro Cueva
(v.pág.19 del periódico Público del 27 de diciembre de 2009).
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de diciembre de 2009).
Durante casi 2 horas, trabajadores del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan bloquearon e impidieron la circulación vehicular de los 4 carriles de la avenida Hidalgo -frente a la presidencia municipal- provocando un severo caos vial en el primer cuadro del municipio.
El bloqueo, que inició a las 14:15 horas y concluyó a las 15:45, tenía como principal objetivo demandar el pago del aguinaldo, vales de despensa y apoyo a transporte.
Luego de las casi 2 horas de la protesta, el presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana los atendió y les informó que hoy antes de las 12:00 horas quedará saldado el pago del aguinaldo que corresponde a 50 días de salario, además de los 1,098 pesos en vales de despensa y 500 pesos de apoyo para transporte a cada uno de los 320 trabajadores.
Los trabajadores del Comude advirtieron que si las autoridades municipales no cumplen con su palabra, volverán a bloquear hoy la misma vialidad.
(V.pág.17 del periódico Público del 18 de diciembre de 2009).
(V.periódico El Universal en línea del 15 de diciembre de 2009).
Habría que definir los conceptos de profesionalismo y honestidad que maneja este jurisconsulto que mantiene una lucha abierta contra los miembros del Consejo de la Judicatura, a quienes acusó de haberse asignado 50 días de salario como aguinaldo, cuando en realidad, según las pruebas mostradas por los consejeros que representan a la ciudadanía en la administración del poder judicial, ese aguinaldo es de 15 días.
Los consejeros judiciales, naturalmente, se han hecho acreedores a tantas críticas como las que recibe el presidente del Supremo Tribunal. El ciudadano común no puede hacer otra cosa que acusar a ambas partes.
Pero en el poder judicial, que ha sido desde generaciones atrás un laberinto al que sólo acceden los iniciados y cuyas reglas están cada vez más lejos de los ciudadanos a quienes pretende garantizar justicia y paz, todos optan por callar.
Los magistrados mismos que descalifican en privado la actuación de Celso Rodríguez, guardan silencio público para mantener vigente otro concepto inaprehensible y oscuro que coinciden en proteger: "la institucionalidad".
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, según reza la Ley Orgánica del Poder Judicial jalisciense en su artículo 33, "vigilará que la administración de justicia en el estado sea pronta, completa, gratuita e imparcial, dictando al efecto las medidas que fueren necesarias".
Pero mientras la aplicación de la justicia está lejos de ser pronta y, mucho menos, gratuita, el poder judicial -sus varios tribunales, sus jueces, su estructura toda- consumirá este año poco más de 809 millones de pesos del erario público.
El mensaje grandilocuente de un magistrado que ocupa el puesto que sus compañeros anhelan en secreto, no puede llenar la ausencia de justicia que miles de jaliscienses, todos los días, padecen en el daño a sus bienes y su persona. Y mientras todos los hombres de leyes están apresados en una red gigantesca de intereses que regula, de facto, hasta el más pequeño de los actos jurídicos, la deuda para con el ciudadano común se hace cada vez más grande.
La justicia, en una de las versiones más básicas de nuestra lengua, es una virtud que da a cada cual lo que merece. Los impartidores de justicia incumplen.
Jorge O.Navarro
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2009).
Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2009).
(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de diciembre de 2009).
Incluso pertenece al grupo de países en los que se han presentado escándalos de impunidad y corrupción política.
El organismo ubica a México en el antepenúltimo lugar de América Latina en materia de transparencia -sólo superado por República Dominicana y Haití- y en el lugar 89 de 180 países a nivel mundial.
Sostuvo que el país "se encuentra abatido por una incesante criminalidad, en algunos casos con un alto grado de infiltración en las entidades pública, entonces no encontramos avances por quienes no ceden, no están dispuestos a dejar los amplios beneficios personales que suple la corrupción".
(V.periódico El Universal en línea del 9 de diciembre de 2009).
El primer contacto que Karam tuvo con el gobernador Eduardo Bours fue hasta la mañana del sábado 6, porque la noche anterior el mandatario dejó encargados a sus subalternos y se fue a dormir tranquilamente a su casa. A bordo de una camioneta Suburban, en el trayecto a la bodega que particulares habilitaron como "guardería subrogada del IMSS", Bours lanzó el primer misil de lo que después sería una guerra entre su administración y el gobierno federal: "Hay una prima de Margarita entre las dueñas".
El mensaje de Bours no tardó mucho en llegar al presidente. Aquella misma tarde, a bordo de otra camioneta, Karam le dijo a Calderón el comentario del gobernador. "Que no se pase este c... No sé si sea o no pariente de Margarita, pero que se investigue a todos los dueños", fue el comentario molesto del presidente.
Pero algo pasó con aquella ira presidencial y aquel dolor de los funcionarios, porque 6 meses después no hay uno solo de los dueños de la guardería detenido. Sus paraderos, incluido el de la prima de la primera dama y las esposas de varios ex secretarios del gabinete de Bours, sigue siendo un misterio y -salvo versiones de que varios de ellos viven tranquilamente en ciudades de Estados Unidos o Canadá- nada ha informado o avanzado la PGR a medio año de "la peor tragedia ocurrida hasta ahora".
Parece como si el gobierno -federal o del estado- apostara al olvido y a las "migajas" que les dieron a los padres que aceptaron las indemnizaciones, para que la muerte de los 49 niños quedara sepultada.
Jorge O.Navarro
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 8 de diciembre de 2009).
Empresarios, profesionistas, académicos, ejecutivos de la industria maquiladora y profesores de primaria fueron desde noviembre de 2008 objetivo primordial de criminales. Muchos de ellos perdieron la vida por resistirse al soborno; otros sucumbieron tras el secuestro de algún familiar o de ellos mismos y varios más huyeron dejando propiedades y empleos. Pero desde agosto de este año, la cartera de víctimas potenciales se abrió al resto de la población, acentuando el estrés colectivo.
"El último nivel de la extorsión se encuentra ahorita entre los vendedores de elotes. Así de grave está la cosa", dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hoy refugiado en Texas por amenazas de muerte en su contra. "Los criminales se aprovechan del alto nivel de impunidad para extorsionar, puerta por puerta, a casi cualquier ciudadano".
La impunidad que señala De la Rosa encuentra una de sus máximas expresiones en los más de 4,000 homicidios perpetrados en 24 meses, la mayoría de los cuales no ha terminado en sentencia para ningún asesino.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2009).
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 5 de diciembre de 2009).
Oscar Garibay Román, secretario general de su sindicato, explicó que el motivo de la manifestación era porque no se había depositado a los trabajadores el pago de la última quincena de noviembre. El bloqueo se retiró luego de que se les entregó una copia de la transferencia por un millón de pesos para cubrir el adeudo.
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de diciembre de 2009).
En términos absolutos, el negocio alcanzó, este año, 964,688 millones de pesos, unos 74,699 millones de dólares. Implica 9% del Producto Interno Bruto.
Si se compara esta cifra con los ingresos nacionales, casi triplica lo que percibe la nación por concepto de venta de petróleo, alrededor de 25,000 millones de dólares; 3.5 veces más que el total de las remesas, que en 2009 ascendieron a 21 millones de dólares, y septuplica los ingresos que provienen del turismo, estimados en 11,000 millones de dólares.
El trabajo de American Chamber documenta, también, que las ganancias por la venta de productos falsos en México supera a los ingresos que ha generado el narcotráfico, estimado en alrededor de 40,000 millones de dólares.
De acuerdo con la opinión de Miguel Angel Margain, vicepresidente de American Chamber, la piratería existe porque la familia no asume que es un delito.
"Debemos educar a las nuevas generaciones, niños y jóvenes, de que la venta de productos apócrifos es un crimen, así, con todas sus letras".
(V.primera plana del periódico El Informador del 30 de noviembre de 2009).
Calderón declaró el sábado que "el mayor reto es imponer la ley en el país". Eso resulta éticamente insostenible mientras tengamos 15 mil asesinatos sin investigar bajo la coartada oficial de que eran "malos". Hoy sabemos que muchas personas inocentes han muerto, por eso resulta inaceptable asumir que imponer la ley es discriminar a las y los mexicanos entre "buenos" y "malos", ¿quién y cómo lo deciden?
Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de noviembre de 2009).
Hay marchas de todo y para todo: políticas y económicas; sociales y particulares; de niños y niñas; con machetes y pañuelos blancos; de policías contra delincuentes, y de delincuentes contra el gobierno; de marginados; de campesinos y burócratas; de obreros y encuerados, diurnas y nocturnas.
En los últimos 5 años se han movilizado en la Ciudad de México 10 millones de personas, 5,479 personas por día; 228 por cada hora... Hay 2,500 protestas exasperantes por año... ¿Se les puede pedir a los inconformes que ya no marchen?
Esta situación intolerable que representa un enorme problema social, nadie se ha atrevido a abordarlo para no lesionar el principio constitucional de libertad de manifestación. ¿Y el derecho de libre tránsito de cientos de miles de agraviados, qué? Urge que nuestros políticos, refinados declamadores del respeto a los derechos ciudadanos, concilien ambos extremos, aun con la perspectiva lógica del empleo de la fuerza pública.
Es preocupante la frustración de una sociedad de agravios acumulados y tolerancia inexplicable y absurda.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco)
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de noviembre de 2009).
La historia de impunidad comenzó por los exámenes de alcoholemia, que fueron atrasados 8 horas, al parecer deliberadamente, dice. Resultaron negativos. Siguió con los exámenes periciales de vialidad, que determinaron que los jóvenes iban a 80 km/hora, cuando testigos -quienes llamaron al 066- advirtieron su estado alcohólico y que circulaban a entre 100 y 120 km/hora por la avenida Juárez.
Finalmente, el 10 de julio pasado, dentro del proceso 710/2006-B, el Juez octavo de lo Penal dictó sentencia condenatoria contra Alvarez del Castillo Iñiguez y Arias de la Torre -este último hijo de Fernando Arias Pérez, ex vocero de la Secretaría de Gobernación y ex director de Comunicación Social del gobierno del estado durante la administración de Francisco Ramírez Acuña-, por los delitos de homicidio y daños en las cosas, imponiéndoles 3 años de prisión, la cual no han pisado, pues apelaron.
Para el abogado Francisco Medina Macías, "la falta de los exámenes de alcoholemia y la forma en que se desarrollaron los peritajes impidieron al juez valorar con mayor gravedad la conducta de los ahora sentenciados", pero asegura que seguirán adelante con los procedimientos.
(V.pág.7 del periódico Público del 27 de noviembre de 2009).
Pero a tan sólo 15 minutos de haber iniciado su protesta, fueron replegados por al menos 150 granaderos. Mientras tanto, personal del Gobierno del Distrito Federal les prometió a los comerciantes que el problema será resuelto.
Gonzalo Mendoza, propietario de un negocio de lámparas y quien participó en el bloqueo de la avenida, reconoció que "sólo así nos iban a hacer caso", tanto que en 30 minutos ya había personal del gobierno capitalino.
"Llevamos una semana sin luz y ya lo reportamos, pero no nos hacen caso, además, la calle se ha vuelto muy insegura por la falta de alumbrado. Ya me aseguraron que en una hora nos ponen la luz, si no volveremos a cerrar el eje", se justificó Gonzalo.
Aunque la energía eléctrica no fue restablecida en el tiempo que se pactó, los comerciantes acordaron no bloquear Lázaro Cárdenas y que esperarían hasta hoy para que su problema sea resuelto.
(V.pág.27 del periódico Público del 27 de noviembre de 2009).
(V.periódico El Universal en línea del 25 de noviembre de 2009).
A través de videos colocados en el portal de Youtube, algunos firmados por empresarios unidos de Ciudad Juárez o supuestamente por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, hacen una serie de amenazas hacia delincuentes.
En estos 3 videos se utilizan frases como "agresión por agresión", "han cruzado la línea", "protegeremos a nuestras familias", "hablaremos el mismo lenguaje de las armas", "narcos feos y muertos de hambre su pestilencia acabará", "sigan amenazando, los vamos a seguir persiguiendo".
En el video que lleva el título "mensaje a la banda de la flor", firmado supuestamente por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos se acusa a esta grupo de pretender extorsionar a la ONG con 2 millones de pesos y de seguir extorsionando a Alejandro Martí con 5 millones de pesos.
Fechado en agosto de 2009 el video dice que el Consejo ha recibido amenazas: "El mensaje es claro, ustedes no van a recibir un sólo peso, sigan amenazando y extorsionando, no importa, nosotros los vamos a seguir persiguiendo hasta que cada uno de ustedes caiga".
Con un lenguaje enérgico se advierten "esperamos que Jehová los perdone por sus hechos, qué van a pensar sus madres si dieron a luz a demonios llenos de avaricia, esperemos un día se haga justicia".
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2009).
De acuerdo con un reporte de la DGAC, elaborado a partir de informes de la empresa de seguridad privada Eulen, los agentes también ingresan a las salas de última espera y ambulatorio sin portar la Tarjeta de Identificación Aeroportuaria, obligatoria para el personal que labora o desarrolla alguna actividad en la terminal.
"Eulen reporta que elementos de la Policía Federal atraviesan filtros de seguridad y transitan por salas de última espera sin mostrar su TIA. A algunos elementos se les ha indicado, pero no han hecho caso ni de las indicaciones de Eulen ni de la multa administrativa que refiere no portar la tarjeta".
Según el informe, la PF ha ignorado los llamados a cumplir con la normatividad y la conducta de sus agentes ha sido motivo de tres reuniones convocadas por las autoridades de seguridad del aeropuerto, a las que los mandos de la corporación no han asistido.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2009).
Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2009).
Aquí va un cuento que ejemplifica esto: Llevan a la comisaría a un sujeto por haber insultado a un policía. El juez le impone una multa de 100 pesos por haberle dicho "pendejo" al agente. El individuo prepotente y engreído pregunta de donde salió esa cantidad, y le explican que el monto de las multas se establece de acuerdo a la magnitud del insulto. Dicho esto, el tipo saca la cartera y le dice al juez: aquí le dejo mil pesos y vayan todos a ch... a su madre.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 19 de noviembre de 2009).
Ayer, la consejera Gabriela de León Carrillo presentó el caso durante la sesión del órgano judicial y señaló que existe una grabación de los afectados y las llamadas fueron certificadas por ella.
"El magistrado Valdez realizó varias llamadas telefónicas tanto al juez menor como a la juez especializada ordenándoles que no realizaran la diligencia de embargo, comentándoles que tenía relación personal con una de las personas (sic) involucradas en el asunto", detalló De León Carrillo.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de noviembre de 2009).
Esto como consecuencia de las ineficiencias en la impartición de justicia en el país, a la incapacidad de los gobiernos para cumplir con los compromisos que asumen ante la sociedad, a la aparición de patologías sociales tendientes a la destrucción y deterioro del tejido social y en general, añade, a la ausencia de un proyecto de nación y de un pacto que sobrepase la agenda electoral y el análisis de la coyuntura.
El especialista destaca que la falta de proyecto en una empresa, por ejemplo, denota desinterés respecto del destino y consecuencias de las decisiones tomadas, pero en materia política la cosa es mucho más seria, pues implica el futuro de millones de personas y de los recursos e instituciones del país.
La crisis institucional tiene sus más altos niveles y sus más críticas consecuencias en el aparato de justicia.
Ana María Magaloni, del CIDE, considera que parte del desencanto de la población mexicana obedece a que temas tan cruciales ahora como el acceso a la justicia, han quedado fuera de la agenda de los partidos políticos.
Tenemos un sistema de justicia mediocre al que sólo accede un sector privilegiado y la mayoría no. La población se debería amparar cuando no hay un pizarrón en la escuela de su comunidad, cuando no hay un médico o, en casos extremos de detención arbitraria, pero la mayoría, 90%, no tiene acceso a ese derecho y en lugar de garantizarlo, las reformas pretenden engrosar aún más este aparato ineficiente, dice.
(V.periódico El Universal en línea del 18 de noviembre de 2009).
Pero hay más. ¿Con qué cara Marcelo ofrecerá justicia, legalidad y estado de derecho, si en casos como los de "El Apá" y el secuestro y crimen de Yolanda Cevallos Coppel la Procuraduría del Distrito Federal inventó a los ojos de todos un "chivo expiatorio" y solapó a secuestradores y criminales que eran policías?
El talón de Aquiles del jefe de Gobierno y ex titular de Seguridad Pública del Distrito Federal ha sido el de la deficiente seguridad pública y la nula impartición de justicia. Pero el caso de Sergio Humberto Ortiz Juárez -motejado como "El Apá"- puede ser mucho más que el talón de Aquiles para Marcelo. Se puede convertir en su Waterloo. ¿Por qué?
Marcelo y su mentiroso procurador, el señor Mancera, pueden sostener hasta el infinito el cuento de que "El Apá" es responsable del crimen de Fernando Martí, pero en el montaje lo único que conseguirá es enlodar más la imagen del aventajado presidenciable de la izquierda, ofender el sentido común y la convicción de la sociedad y, por si fuera poco, darle parque a los adversarios políticos del jefe de Gobierno.
Lo cierto es que la muerte de Ortiz Juárez -la forma indignante en que se dio y el entorno que le fabricó el Gobierno del Distrito Federal- elevó la jerarquía de un "chivo expiatorio" al que llevarán al nivel de "mártir de la injusticia". Y es que "El Apá" pudo ser un temible criminal, pero nada le probaron -además de los ofensivos montajes mediáticos- sobre el secuestro y crimen de Fernando Martí. La fábrica de criminales.
Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de noviembre de 2009).
De facto, no hay control de las autoridades municipales en las crecientes zonas en donde están instalados este tipo de comercios que, incluso, tienen mesas y sillas en el espacio destinado a los peatones, según se constató en un recorrido por la ciudad; en algunas partes, las vendimias invaden hasta la zona vehicular y hacen más lento el tránsito.
Para establecer un negocio de venta de alimentos en la vía pública en Guadalajara, bastan un comprobante de domicilio, el croquis de ubicación, la firma del dueño de la finca frente a la cual quedará la instalación y una constancia del manejo de alimentos por parte de las autoridades sanitarias.
En tanto, para un local comercial donde se oferte lo mismo, los trámites exigen el Registro Federal de Causantes, permiso de uso de suelo, planos del inmueble, permisos para acondicionamiento, cajones de estacionamiento, instalaciones adecuadas de energía eléctrica y gas, además de otros requisitos que complican el trámite.
Encima, a los comercios establecidos se les infracciona por invadir la vía pública, informa el director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara. De hecho, en lo que va del presente han levantado 1,538 actas por este motivo, mientras que el comercio informal con permisos municipales hace uso de calles y arroyos vehiculares sin mayor problema.
(V.primera plana del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2009).
El negocio informal, por su propia naturaleza, evade todas las reglas del Estado. No cuenta con permisos de operación, vende alimentos sin regulaciones de salud, contrata gente sin derechos laborales y prestaciones, invade espacios públicos, no paga renta, ni predial, ni impuestos. En pocas palabras puede cometer fraude, intoxicar gente, arrebatar clientes al vecino, fomentar la competencia desleal, vender productos piratas producidos por el crimen organizado y depreciar el vecindario; todo ello sin asumir responsabilidad ante terceros.
Una vez que la gente logra cierta estabilidad en la economía informal difícilmente regresará a la vía formal. Porque implica dejar el 30% de sus ganancias en Hacienda, pagar seguridad social para sus empleadas y respetar sus derechos laborales; rentar un local y pagar el predial que permite alumbrado público y limpieza de calles, encima pagar por depositar dinero. Cuando hablamos de Estado de Derecho en México queremos decir que todas las personas están gobernadas por leyes y reglas establecidas, las cuales protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente. Podríamos decir que la economía informal abona a la destrucción del Estado de Derecho (o lo que quede de él).
Mientras el estado mexicano fomente la esquizofrenia económica nada cambiará. Por un lado impone un impuesto al depósito en efectivo y amenaza con castigar a quienes no declaren, y por otro hace ojo de hormiga ante millones de personas que volvieron al sistema bancario del colchón casero. Mientras su perspectiva de capitalismo rampante no se modernice nada cambiará. Las posibilidades son muchas: micro créditos con reglas de operación sencillas, escuelas de oficios en todo el país; facilitar modalidades de contratación temporal que beneficie a las dos partes, la eliminación de monopolios, y simplificación administrativa real.
Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2009).
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2009).
La estudiosa va más allá al señalar: "Las autoridades municipales están rebasadas por la invasión en muchos espacios públicos, creo que hacen falta más inspectores para que se apliquen los reglamentos municipales. En cualquier lado se presenta la invasión de calles, banquetas, teatros u hospitales; es un lío grande".
"No existe respeto a los reglamentos por parte de la ciudadanía, se establecen donde el uso de suelo indica que es habitacional o de otro uso y la autoridad no refleja acciones concretas para hacer cumplir la ley".
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2009).
Cacareó estentóreamente la severidad draconiana de la campaña, con el caso de un atolondrado ciudadano al que la implacable gestapo -así, con minúscula- tapatía sorprendió "en flagrancia" cuando arrojaba al piso, frente a Catedral, una colilla de cigarro. Lo de menos fue si había o no al alcance de su vista y de su brazo, bote alguno al cual "atinarle". ¡Mangos...! "La loi c’est la loi": mil pesos de multa, o pena de cárcel... En Guadalajara -sépanlo, mortales-, con el decoro de la ciudad y con la severidad de sus legítimas autoridades no se juega.
Fernando Garza aseveró entonces -y no había motivo alguno para poner su veracidad en tela de duda- que una consulta ciudadana arrojó como resultado un consenso, ampliamente mayoritario, porque se aplicaran al pie de la letra, sin contemplaciones para nadie, los reglamentos que penalizan a quien sea sorprendido arrojando basura en la vía pública, o a los vecinos que al mediodía no tengan barrido el frente de sus casas...
Pasó aquella administración municipal. Pasaron las 2 siguientes, sin que volvieran al Palacio Municipal las calenturas por la guerra contra el "grafiti" y la limpieza de la ciudad. Es hasta ahora, más de 2 trienios después, que las leyes de ingresos municipales recién aprobadas en el congreso anticipan los nuevos montos de "multas por faltas ciudadanas".
Fue a petición de los alcaldes electos -priistas todos ellos- de la zona metropolitana, que el Congreso del Estado hizo las adecuaciones que acaban de anunciarse. Falta ver si los próximos gobernantes sí aplicarán la ley... o preferirán usarla como lo han hecho sus ilustres predecesores: de adorno en los libreros o de pisapapeles en el escritorio.
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 16 de noviembre de 2009).
La respuesta de los capitalinos ante la movilización del SME debería invitar a la reflexión a organizaciones, grupos y partidos respecto a sus estrategias y formas de protesta -que son las mismas de finales del siglo XIX- y sobre el rechazo generalizado de la sociedad a que el derecho a la libre manifestación pase por encima del derecho de circulación, de trabajo y de seguridad. La apuesta al caos y al conflicto, en lugar de obtener la solidaridad de los ciudadanos y el apoyo a sus reivindicaciones, provoca irritación y repudio.
Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 15 de noviembre de 2009).
Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 15 de noviembre de 2009).
Entrevisté al ex fiscal general de Colombia y embajador en México Luis Camilo Osorio quién comentó que "el propio estado, consideró conveniente autorizar jurídicamente, grupos de autodefensa que pudieran establecer comunicaciones, que pudieran portar armas, etc., para contribuir a esa seguridad, ello derivó en un elemento inmanejable, que fue un dolor de cabeza, mejor dicho, una situación gravísima para el país, tan grave como la misma violencia generada por la propia guerrilla o por los grupos de criminalidad organizada, ¿por qué razón?, porque el monopolio de las armas del estado no debe de cederse a favor de nadie, el único que tiene la capacidad de respuesta por la fuerza es el estado y nadie más..."
Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de noviembre de 2009).
Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de noviembre de 2009).
Un elemento nuevo, y algunos podrán considerar inquietante que asomó en la manifestación de esta semana, es la suma del Sindicato de Telefonistas a través del ahora diputado perredista; Francisco Hernández Juárez, al movimiento de protesta.
Hernández Juárez introdujo en el debate de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza el asunto de la prestación del servicio de Triple Play -video, telefonía e Internet- por el que tanto ha peleado el dueño de la empresa que contrata a la mayoría de los telefonistas. En solidaridad, han sumado, pues, el interés propio.
Aunque no es difícil, sino imposible revertir la extensión de la empresa como se vio esta semana, es un error minimizar las derivadas de este conflicto. No por nada cuatro presidentes antes que Felipe Calderón eludieron atajar a un sindicato rijoso y conectado orgánicamente a las estructuras clientelares de la izquierda.
El presidente Calderón lo hizo y hay que reconocer la valentía política implícita en impulsar una medida de la cual existen documentos que demuestran que se había recomendado por estricta lógica de finanzas públicas desde nada menos que 1985.
El sector privado lo pedía una y otra vez aduciendo que simplemente las cuentas públicas no daban y que el mal servicio a la iniciativa privada tampoco justificaba el desembolso.
Rossana Fuentes Berain
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de noviembre de 2009).
¿Quién cabeceó y escribió la nota, Marcelo Ebrard, que a ciencia y paciencia permite que unos cuantos vuelvan loca la ciudad que dice gobernar porque son afines a "la causa"? ¿O Martín Esparza? Porque sólo un ciego no vería el manicomio que volvieron las arterias del DF.
Un ejemplo: mi hermano, quien trabaja en Toluca, tuvo que trasladarse a su casa en el DF, y tardó cinco horas en llegar gracias al endemoniado tráfico creado por los pobrecitos zánganos de Luz y Fuerza. Y como él, miles de capitalinos padecieron los bloqueos. ¿Eso es, para quien escribió su objetivísima nota, "ningún colapso"?
Fabio Mendoza Torres
(v.pág.19 "correo" del periódico Público del 13 de noviembre de 2009).
Paco Calderón
(12 de noviembre de 2009).
La protesta de electricistas llevó a que se suspendieran clases en todos los planteles de la UNAM, 9 escuelas del IPN, entre otros. En total 360,000 alumnos de nivel bachillerato, profesional y posgrado no acudieron a las aulas.
Los problemas para los capitalinos iniciaron desde las 7:00 horas y prosiguieron hasta cerca de las 20:00 horas, aunque en ningún momento se provocó un caos generalizado en el DF.
(V.primera plana del periódico Mural del 12 de noviembre de 2009).
A los miles de electricistas que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo se unieron amplios contingentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el STUNAM, y estudiantes de UNAM, IPN, preparatorias, bachilleres, unidades de la UAM y de la Universidad de la Ciudad de México.
La Policía del DF calculaba unos 18,000 manifestantes, la mayoría con un cartel rojo con el logotipo del SME, impreso por el PT, en mano.
Detrás de ellos, marcharon contingentes reducidos del PRD y Convergencia, cuyos integrantes aprovecharon para regalar pulseras de tela, al igual que del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y sindicalizados del Seguro Social.
Cerraron por casi 2 horas los cruces de Marina Nacional y Melchor Ocampo debido a la manifestación. Algunos automovilistas los enfrentaron: "¿Cómo quieren que los apoyemos con el desmadre que provocan?", les gritó María Luisa Guerra, una dentista que no llegó a su cita.
Ahí hicieron pintas en las vallas metálicas de la Policía Federal, y Esparza prometió a los uniformados que pronto iban a recuperar sus instalaciones.
"Nos van a regresar lo que es nuestro", advirtió.
(V.pág.4 del periódico Mural del 12 de noviembre de 2009).
El choque ocurrió a la altura del kilómetro 47 de la autopista México-Querétaro en dirección al Distrito Federal, luego de que la Policía Federal había desplegado a 150 elementos con equipo antimotín y algunos con fusiles de asalto a 25 metros de las casetas de peaje para evitar la toma de las instalaciones.
A las 10:30 horas, las autoridades detectaron que, a la altura del kilómetro 50, unas 300 personas marchaban sobre los tres carriles de la vialidad acompañadas de un convoy integrado por 60 vehículos con leyendas de apoyo al SME.
Para el medio día, la Policía Federal decidió interceptar a los manifestantes y conminarlos a que abrieran la circulación en 2 de los 3 carriles, toda vez que ya existía un asentamiento vial de hasta 3 kilómetros.
A las 12:30 horas, el grupo de agentes que fue reforzado con otros 150 elementos decidió dispersar los coches que encabezaban el bloqueo para liberar la vialidad.
En ese momento, el conductor de un Chevy Monza rojo matrícula LRW-82-29 se aventó sobre los agentes y lesionó a dos de ellos; posteriormente, se escucharon 2 detonaciones de [arma de] fuego.
El auto perdió el control metros adelante, dio un giro de 360 grados y fue alcanzado por los agentes, quienes golpearon la unidad con los toletes y después detuvieron a los ocupantes. Posteriormente una camioneta Voyager color olivo también se fue encima de otro grupo de policías, y uno terminó en el piso.
Una Suburban azul con placas de Michoacán aceleró contra otro grupo de uniformados, aventó a 2 de ellos hacia el camellón central de la autopista y nuevamente se escucharon dos detonaciones.
La Policía Federal cerró por espacio de 5 minutos la vialidad, a la altura de la caseta, para el aterrizaje de helicópteros tipo Black Hawk para el traslado de los agentes.
"En cuanto comenzaron a llegar los agentes, las personas que tenían bloqueado la lateral se retiraron por su propia voluntad", explicó Arturo Alicante, de la Policía Estatal.
La PGR informó que 11 manifestantes fueron detenidos tras presuntamente haber golpeado con los vehículos a 6 agentes.
(V.pág.6 del periódico Mural del 12 de noviembre de 2009).
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirmó que ese tipo de legislaciones son producto del fanatismo, impulsado por una vertiente sectaria.
Explicó que al dar al embrión los mismos derechos que un recién nacido, la pena por el aborto sería de hasta 50 años de prisión, lo cual constituye una sanción nunca antes vista a nivel mundial.
"Entre otras cosas, los legisladores que han perpetrado semejante atraco contra la libertad lo hacen porque saben que todo es de a mentiritas y las leyes no se aplican y sólo lo hicieron para quedar bien con la curia".
"Es un proyecto político, no jurídico, y eso representa mayores estragos para el estado de derecho porque los legisladores crean normas que no van a ser aplicadas", subrayó el jurista.
(V.pág.2 del periódico Mural del 12 de noviembre de 2009).
A las marchas se sumó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo que las clases en la mayor universidad de Latinoamérica, que cuenta con unos 300,000 estudiantes y opera una docena de colegios, serán suspendidas.
La UNAM lamentó en un comunicado "la decisión del sindicato de ofrecer su apoyo al SME", "en virtud de que existen otras expresiones en los marcos normativos para manifestar su solidaridad, sin afectar la vida cotidiana" en la universidad, y señaló que el paro de labores constituye "una falta colectiva" de los trabajadores que tendrá "efectos legales".
Las marchas del "paro cívico nacional", como el SME ha denominado la jornada, partirán de 5 distintos puntos de la ciudad y los inconformes se concentrarán después en el Ángel de la Independencia, un monumento insigne de la capital mexicana.
De ahí marcharán a la residencia Oficial de los Pinos, donde se ubica la vivienda del mandatario mexicano, Felipe Calderón, y las oficinas de la Presidencia de la República.
(V.Agencia Efe del 11 de noviembre de 2009).
"Sin embargo, cuando estas marchas son muy publicitadas y si se llevan todo el día entonces se multiplican las pérdidas", dijo en entrevista el presidente de la Canaco, Arturo Mendicuti.
Esta marcha afectará a los negocios instalados en el corredor Reforma-Zócalo, 2 zonas importantes de la ciudad.
"Tenemos el cálculo que por cada marcha que dura aproximadamente cuatro horas en la Cuidad de México, genera una pérdida entre 550 y 600 millones de pesos", dijo Mendicuti.
"Eso sin considerar que los empresarios aún en estas condiciones tienen que seguir pagando sus gastos como renta, luz, agua, etc.", agregó el empresario.
(V.CNN Expansión del 11 de noviembre de 2009).
El hecho de que Mauricio Fernández anuncie en el marco de su toma de posesión que está dispuesto, como presidente municipal del ayuntamiento más rico de México, a actuar por encima de la ley para combatir al crimen equivale a anunciar que actúa o actuaría con grupos paramilitares que lo respaldan.
No queda clara la intención con la que se hizo semejante anuncio; que puede ir desde la voluntad de ser una suerte de vengador justiciero, hasta la mayor osadía política que le permita visibilidad nacional, o incluso ser la mayor torpeza involuntaria. Sus palabras fueron claras: en su estrategia contra el crimen organizado utilizará, al margen de la ley y sin importar el alcance de sus facultades, "grupos de limpieza".
Grupos de inteligencia, rudos, de elite, civiles, para detener a los delincuentes. Su anuncio de que ha sido muerto uno de los presuntos delincuentes que lo amenazaron, deja ver que el trabajo de los grupos de los que hablaba está en marcha. Los hechos en este sentido son preocupantes: la actividad de cuerpos privados de seguridad de elite es el embrión de una actividad sistemática tan engañosa como corrosiva para la sociedad: los grupos de protección paramilitar.
Más preocupante es aun que según algunos sondeos publicados la semana anterior (María de las Heras) más de la mitad de los entrevistados a nivel nacional estaban de acuerdo con el proceder del "Alcalde Justiciero", lo que pone en evidencia el grado de desesperanza que los ciudadanos tienen respecto de la actuación de las instituciones.
Un caldo de cultivo para estimular una idea falaz: la violencia se acabará con más violencia, dejando a la ley de lado. Esto mediante la ilusa idea de la acción enérgica de héroes que salvarán a los ciudadanos con su acción desinteresada.
La amenaza de actuar fuera de la ley sería suficiente para exigir que un representante público renuncie a su cargo, desde el que puede encubrir sus acciones ilícitas. Pero sigue ahí como una muestra de que la desesperación ha generado de hecho la conformación de grupos paramilitares, de grupos de ciudadanos armados y guardias privadas que sirven a industriales, ganaderos, empresarios en una acción silenciosa, discreta, fuera del control de las autoridades. Las declaraciones referidas, son solamente una expresión de esta realidad que ha invadido sin darnos cuenta nuestra vida cotidiana: grupos y servicios de seguridad privada, que venden servicios para protegerse de los secuestros, escoltas, guardaespaldas, automóviles blindados, sin placas y con vidrios polarizados, hombres armados que se muestran a la luz del día, en las principales ciudades del país.
Forman ya parte de nuestro paisaje, pero ahora, pueden adquirir una fuerza y legitimidad de hecho que amenacen nuestra democracia.
Es muy grave que bajo la tolerancia de las autoridades, la simpatía de grupos poderosos de la sociedad, esté gestándose la violencia sistemática, como un augurio de que tiempos más convulsos pueden venir.
Es necesario alzar la voz para llamar la atención sobre un hecho que puede salir del control de quienes lo han impulsado, y convertirse en un factor de poder que se articule a intereses de todo tipo, volviéndose en la principal amenaza para quienes los auspiciaron.
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.periódico El Informador en línea del 11 de noviembre de 2009).
Los que se oponen a la formación de grupos de autodefensa para "limpiar" a la sociedad mexicana de delincuentes opina que ese tipo de grupos "no debe existir" porque "al final resulta peor" y ocasionan más violencia.
(V.Agencia Efe del 9 de noviembre de 2009).
Es inevitable que la población recurra a acciones de autodefensa de cara a la impotencia de las autoridades frente al crimen. El tema de fondo no es el alcalde de San Pedro o la familia Le Baron en Chihuahua, sino la desesperación e impotencia por el crecimiento de los grupos delictivos. La extorsión y el secuestro se han vuelto forma de impuesto de guerra del narco. Las historias sobre ciudadanos intimidados o asesinados aumentan. La realidad es que el sistema de justicia no resiste la prueba por la impunidad existente. La impresión es que el estado está perdiendo la lucha contra el crimen.
El PVEM obtuvo una votación extraordinaria bajo la propuesta de pena de muerte a secuestradores. Oportunismo puro, pero eficaz para ganar votos. La población está desesperada y es explicable que políticos o partidos salgan a capitalizar la indignación y la desesperanza. No existe duda de que el nuevo alcalde responde a la exigencia de que se debe actuar con todo para enfrentar y, si es preciso, eliminar a los criminales. La respuesta del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ha sido más inteligente que la del secretario Fernando Gómez Mont. El mandatario estatal hizo saber que los presidentes municipales de Nuevo León cuentan con el respaldo total de su gobierno en la lucha contra el crimen.
Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 8 de noviembre de 2009).
Naturalmente, es un funcionario público y, como tal, está obligado a respetar las leyes y los reglamentos de este país. Pero no vivimos, por desgracia, tiempos normales: somos una sociedad amenazada, intimidada y ultrajada.
Cualquier responsable político puede darse baños de pureza jurando solemnemente que va a cumplir con la aplastante totalidad de los preceptos constitucionales y, acto seguido, desentenderse de sus responsabilidades. Es lo que ocurre, encima. Tenemos así alcaldes, diputados, senadores, ministros, jueces y jefes policíacos que jamás se saldrán del guión pero que, en los hechos, nos dejan en la más absoluta indefensión: las fieras nos atacan, señoras y señores, y ellos miran hacia el otro lado, incapaces de ponerse de acuerdo en las cuestiones más elementales: no hay una policía nacional, no se han homologado los diferentes códigos penales, el sistema de justicia está absolutamente podrido, las leyes son anticuadas e ineficaces, etcétera. Resulta, sin embargo, que el salvaje impresentable es el señor Fernández porque, al no tener las condiciones para comportarse como el alcalde de Copenhague, no le queda otro remedio que responder como el presidente municipal de una demarcación copada por los narcos. Tan sencillo, eso sí, que hubiera sido quedarse cruzado de brazos y con la boca cerrada.
Pecar de omisión, por lo visto, no es tan grave como ofrecer recetas desesperadas o soluciones extremas. Y, de la misma manera, nos queda muy claro que no existe, en los encargados de resolver el problema, sentimiento alguno de urgencia. Podrían haber implementado, antes de que Fernández Garza traspasara la frontera de lo correcto, una política eficaz y adecuada. Pero el tiempo pasa, y sigue pasando, y los remedios no sólo no llegan sino que la inseguridad se incrementa: vivimos rodeados de delincuentes sanguinarios, policías corruptos y jueces envilecidos; nos roban, nos asaltan, nos secuestran y nos matan; nos llaman por teléfono para extorsionarnos y nos llevan a la ruina exigiendo porcentajes de nuestros negocios; nos amenazan y nos obligan a abandonar el terruño; han hecho que dejemos de salir de casa y que no podamos andar tranquilamente por las calles; nos hacen vivir como prisioneros en jaulas con barrotes y cercos de púas. Luego entonces ¿no es normal, y perfectamente entendible, que se aparezca por ahí un tipo para proponer que seamos nosotros los que los matemos a ellos, de la manera que sea, en caliente, por detrás, sin preaviso y sin mandato judicial? ¿No es la advertencia de Mauricio, en realidad, la prueba más palpable de un estrepitoso fracaso nacional? ¿No es, también, una acusación lanzada a un sistema que no ofrece respuestas ni arreglos posibles?
Sabemos, desde luego, que la creación de brigadas y comandos que actúen de forma ilegal implica un riesgo enorme: los ejecutores -o sea, los encargados de hacer el trabajo sucio- son personas de carne y hueso; y sus acciones, patrocinadas por los ciudadanos, no responden a la ética de esos mismos ciudadanos ni se derivan tampoco de la moral imperante, ni de las leyes, ni de las normas de las sociedades civilizadas. La propuesta, desde este punto de vista, es indefendible. Por si fuera poco, esos grupos, por su propia naturaleza, son prácticamente incontrolables: hoy trabajan para un patrón y mañana se venden al mejor postor.
En fin, más allá de la embestida colectiva contra un alcalde que, en todo caso, hubiera debido hacer las cosas y no anunciarlas, el hecho es que el propósito de Mauricio Fernández Garza está hecho a la medida, milimétricamente, de nuestro miedo. Y de nuestra impotencia. Y de nuestra rabia. Y de nuestra desesperación...
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 8 de noviembre de 2009).
Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 8 de noviembre de 2009).
Andrés Manuel López Obrador
(v.pág.17 del periódico Público del 8 de noviembre de 2009).
(V.pág.26 del periódico Público del 8 de noviembre de 2009).
En gran parte, dijo, porque el ciudadano no tiene la cultura de denunciar los delitos, y por ende la autoridad judicial no puede dar seguimiento a cada caso.
12% de los delitos se reportan.
26% se esclarecen en averiguación previa.
55% de los casos llegan ante el juez.
90% de los que llegan al juez son procesados.
95% de estos llegan a ser sentenciados.
85% son condenados, pero lo difícil es que sean capturados para llevarlos a prisión.
Después de estos 6 filtros, el porcentaje de la impunidad llega a 98.76%.
La violación es el delito que alcanza 99.2% de impunidad, mientras que el homicidio intencional 82%.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 7 de noviembre de 2009).
(V.pág.33 del periódico Público del 6 de noviembre de 2009).
En su periodo de aplicación, según los denunciantes, las víctimas detenidas sufren torturas para obligarles a confesar sobre supuestos crímenes cometidos.
La Procuraduría General de la República emplea a menudo esta figura para recopilar pruebas en contra de los detenidos en casos de delincuencia organizada tras arrestarlos.
Se ha configurado un sistema de excepciones a los derechos constitucionales que abre una puerta a la arbitrariedad, como es el caso de la figura del arraigo penal y la ampliación del concepto de delincuencia organizada, sostuvieron.
Las organizaciones pidieron a la CIDH que gestione ante el estado mexicano una visita del relator para las personas privadas de la libertad y que rechace el arraigo en cuarteles y casas particulares recordando al gobierno sus obligaciones internacionales.
(V.Agencia Efe del 5 de noviembre de 2009).
También le asiste la razón cuando dice que alcaldes y gobernadores de todo el país se amparan en que los delitos derivados de las actividades mafiosas son "federales" y que por ello no actúan. Está en lo cierto cuando asegura que si municipios y estados contaran con sistemas de inteligencia, los capos no habrían llegado a donde están. Y dice la verdad cuando asegura que el esfuerzo por combatir al narco es de todos, no sólo del gobierno federal. Bien por el alcalde del municipio más rico y con mejor calidad de vida del país.
El problema -verdadera minucia- aparece cuando Mauricio Fernández se coloca en el mismo flanco de los criminales organizados y narcotraficantes -el flanco de la ilegalidad-, cuando llama a utilizar los mismos métodos y cuando advierte que actuará al margen de la ley y -en el absurdo total- a nombre del estado o de una de sus células básicas, como el municipio.
Es decir, el alcalde Fernández promete enfrentar a criminales organizados y narcotraficantes no a partir de la ley y la justicia, sino del vengativo "ojo por ojo", y con idénticos métodos "ilegales y de terror" que los sicarios. ¿Qué tal con "el valiente"?
Para los que no lo saben, Fernández tomó posesión como alcalde de San Pedro Garza García el pasado sábado. Ahí anunció que actuaría al margen de la ley en la lucha contra el narcotráfico. Dijo tener información privilegiada de que en la Ciudad de México había sido asesinado el capo conocido como El Negro Saldaña, jefe de la plaza de Garza García y quien habría puesto precio a la cabeza del hoy alcalde. Pero, además, Fernández deslizó en no pocas ocasiones que preparaba grupos emparentados con los "escuadrones de la muerte" para combatir el narco. Y resulta que se enteró del crimen de El Negro Saldaña antes que la PGR. ¿Casualidad?
Será el sereno, pero quienes "no se pueden hacer güeyes" son las autoridades federales y estatales, el partido político del señor alcalde, el congreso local y el de la Unión, ya que por muy valiente que parezca el señor Fernández, por duro que se presente ante los flagelos criminales, no es tolerable que desde las instituciones del estado le apueste a la ingobernabilidad.
Más allá de que pueda convocar simpatías -igual que los promotores de la pena de muerte-, la propuesta de Mauricio Fernández es una absoluta irresponsabilidad. Es de locos. Basta de locuaces.
Ricardo Alemán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de noviembre de 2009).
Roberto estaba el 4 de noviembre de 2005 en el punto menos afortunado de la ciudad aquel día. Manejaba su automóvil y con él llevaba a su hijita Jennifer, de 8 años entonces.
Estaban detenidos en el ingreso a Guadalajara, justo después del Cerro del Tapatío, a punto de ingresar a la ciudad y pasar por un costado de la Glorieta del Alamo. Vehículos, por miles, hacen eso todos los días. El semáforo en rojo.
Un tráiler apareció en el espejo retrovisor. Perdió los frenos. Iba cargado de arena. Sonó el claxon, como agudo aviso de la muerte. ¿Para dónde nos podíamos hacer?, pregunta ahora, mientras contiene detrás de los párpados los salados y amargos recuerdos.
El pesado camión hizo pedazos los carros. "Nos sepultó", dice. "Mi niña quedó muy dañada; la dieron por muerta, pero se recuperó". Y se oye como una broma de humor negro. La niña (ahora de 12 años) vive en una silla de ruedas y necesita terapia de rehabilitación. "Ya puedo entenderle casi todo lo que habla", cuenta Roberto, evidentemente emocionado. Es padre.
Para atender a su hija vendió sus dos casas y acabó con un negocio que le costó desvelos. Maneja un taxi casi destartalado y lleva una barba de tres días. Increíblemente, no le alcanza para tener un teléfono celular. Sufre ataques depresivos y convoca el nombre de Dios constantemente.
Mientras este hombre conducía ayer un taxi amarillo por las calles de la zona metropolitana, el gobernador Emilio González Márquez hacía un compromiso de austeridad para el año entrante y Mario Vázquez Raña cumplía un segundo día de visita en Guadalajara, para asistir a la asamblea de la Organización Deportiva Panamericana, que debatía apenas la semana pasada una fianza de 50 millones de dólares para la organización de los Juegos Panamericanos.
Mientras tanto, también, avisaron públicamente que pueden gastarse 2 millones de pesos en la organización de elecciones extraordinarias en Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca porque hace unas semanas, los magistrados del Tribunal Electoral de Jalisco, decidieron que los candidatos más votados no tenían derecho a su registro.
Es el mundo al revés.
Roberto y Jennifer no recibieron un solo centavo como compensación después del accidente. Cuestiones legales. Y el 4 de noviembre se cumplirán 4 años. ¿Estado fallido?
Jorge O.Navarro
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 3 de noviembre de 2009).
Con sillones, colchones, muebles y refrigeradores, todos echados a perder por la anegación de aguas negras, los inconformes cerraron la vialidad de esa avenida, en la referida delegación del norte de la ciudad.
Indicaron que no se retirarán hasta que se obtenga una ayuda por parte de las autoridades y exigieron la presencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.
En la zona, situada a la altura del Río San Javier -que se desbordó-, los vecinos también colocaron tubos de drenaje.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 3 de noviembre de 2009).
Dijo que quienes evaden los impuestos cometen una injusticia no sólo con quienes sí pagan sino con todos los mexicanos, y que el gobierno está obligado a hacerlos cumplir.
En los 2 días previos, Calderón recriminó que grandes corporativos rara vez pagan sus impuestos.
Dijo que si la regulación existente demuestra que ese esfuerzo no es parejo o genera inequidades o privilegios, lo razonable y responsable es que el gobierno y todos contribuyan a corregir esos desequilibrios. "El señalamiento no es que se esté evitando o contrariando la ley, eso lo entiendo perfectamente. Por eso mi reconocimiento a quienes pagan conforme a la ley".
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 31 de octubre de 2009).
"Las empresas pagan lo que por ley deben de pagar. Obviamente tienen un régimen fiscal, legal y están dentro de lo que la ley les pide. Las empresas no necesariamente estarán pagando sobre sus ingresos, pues las compañías que hacen inversiones importantes, se deducen y por lo tanto, empresas que aportan capitales de forma continua y están en crecimiento, no necesariamente tienen que pagar. Están generando empleos y ojalá tuviéramos muchas empresas así", afirmó.
"Parten de un dato, donde simplemente están aseverando que la contribución de las grandes empresas es de un porcentaje menor al que contribuye una parte mayor de la población, pero no podemos emitir un juicio si no sabemos cuáles son las condiciones de esas empresas", dijo.
"Seguramente esas firmas están haciendo grandes inversiones, se están expandiendo, están generando empleo y por esa razón no están contribuyendo igual que el resto de la población", afirmó.
Sobre el mismo tema, el CCE envió un comunicado en el que afirmó que las empresas de la economía formal pagan sus impuestos de acuerdo con lo que marca la ley, y el gobierno las audita. Incluso, además de los controles internos y auditorías externas, muchas de ellas tienen mecanismos de supervisión que establecen las leyes nacionales e internacionales que rigen los mercados de valores.
"Lamentamos que en este momento difícil para la economía nacional y para las empresas y sus trabajadores, medidas mal concebidas, mal fundadas y retroactivas, den motivo a que se polarice la sociedad cuando lo importante es crecer, invertir y generar empleo. Estamos de acuerdo: cumplamos, pero todos. No solamente los de siempre", emfatizó.
Así, el empresario reiteró su rechazo a los cambios en la consolidación fiscal y recordó que se trata de una medida anticonstitucional, que de aprobarse obligará a los empresarios a recurrir al amparo.
"Lo que no se vale es promover una legislación inconstitucional porque se pretende aplicar el cobro por consolidación de manera retroactiva. Nos deja en una situación de enorme incertidumbre jurídica y los que aplican y generar las leyes, es lamentable que no respeten la Constitución", afirmó.
(V.pág.22 del periódico Público del 30 de octubre de 2009).
Tras las críticas del sector empresarial y especialistas, Carstens ratificó el mensaje que dio el presidente Felipe Calderón el pasado miércoles, respecto a que algunas empresas no cumplen con su responsabilidad fiscal.
"Como en todo universo de contribuyentes, hay quienes por desgracia eluden dicho compromiso aprovechando espacios de la ley para disminuir al máximo posible sus contribuciones", dijo el funcionario, quien estuvo acompañado por su equipo de trabajo.
Agregó que esta práctica, que sin constituir por sí misma un delito, lesiona el interés de la sociedad y de la nación, por lo cual las autoridades tributarias tienen la obligación de revisar el marco normativo para detectar esos espacios de donde se aprovechan algunos contribuyentes.
(V.pág.23 del periódico Público del 30 de octubre de 2009).
Un grupo de aproximadamente mil estudiantes de Atequiza y de otras escuelas de maestros, entre ellas de Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos, iniciaron poco después de las 11:00 horas una marcha que partió del Parque Agua Azul.
Los jóvenes se dirigieron hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Jalisco, ubicada en Avenida Alcalde, frente al CODE, y regresaron después al Centro de Guadalajara para realizar un mitin en la Plaza de Armas.
Durante su trayecto, el contingente bloqueó la mitad de los carriles de la Avenida 16 de Septiembre-Alcalde, y al llegar a las instalaciones de la SEJ, interrumpió el paso por el carril lateral con sentido de norte a sur.
Ayer, los alumnos aprovecharon la manifestación para entregar un pliego petitorio a la SEJ en el que solicitan que no se disminuya la matrícula de la Normal Rural de Atequiza y que se mejoren las instalaciones de la escuela.
Los jóvenes sólo lograron que les dieran una cita para una reunión que se realizará la semana próxima.
Durante la marcha, los jóvenes también mostraron su apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas y se declararon en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación, pacto que fue firmado hace un par de años por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
"Como escuela normal rural y como futuros maestros, nos oponemos a las reformas educativas que se están haciendo en los últimos años, se quiere privatizar la educación", señaló Luis Alonso Díaz Ramírez, vocero de los estudiantes.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 29 de octubre de 2009).
Con pancartas, los colonos expresaron su rechazo a las obras para la introducción de ductos para la distribución del gas natural, las cuales se reanudaron hace algunas semanas.
Los gritos de ¡Fuera Maxigas! ¡Fuera Tractebel! ¡No queremos bombas de tiempo en nuestra colonia!, se escucharon repetidamente.
El bloqueo, que inició poco después de las 9:00 horas de ayer, generó conflictos viales en la zona y molestia entre los automovilistas, por la interrupción en sus trayectos.
El cierre al tránsito vehicular se prolongó hasta casi las 12:30 horas, cuando los colonos consiguieron acuerdos con las autoridades zapopanas que acudieron al lugar. El primer compromiso de los funcionarios municipales fue suspender de manera inmediata las obras por parte de la empresa de gas natural.
El segundo acuerdo se refiere a que no se reanudarán los trabajos hasta que haya acuerdo mayoritario de los vecinos. Para conocer la postura oficial de los habitantes de Las Aguilas en el tema de la introducción de ductos de gas natural, se realizará una asamblea el próximo 5 de noviembre.
Ante el bloqueo realizado por los vecinos, acudió a Las Aguilas el director de Desarrollo Social de Zapopan, Raúl Ortega Solís, así como el director de Participación Ciudadana, Carlos Rendón Valdéz; también estuvo presente un representante de Gobierno del Estado.
Durante el cierre a la circulación se generaron enfrentamientos verbales entre automovilistas y manifestantes.
(V.periódico El Informador en línea del 28 de octubre de 2009).
Xavier Sala Martín, economista consultor del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, asociado del Foro Económico Mundial de Davos, y catedrático de la Universidad de Columbia
(V.periódico El Informador en línea del 24 de octubre de 2009).
(V.primera plana del periódico El Informador del 24 de octubre de 2009).
"En México es oneroso contratar gente porque se asocia con diversos costos como los pagos al IMSS; la legislación impone costos altos que en la práctica sesgan en favor de la informalidad", declaró el funcionario.
En términos internacionales, México está hasta arriba en la lista de rigidez.
Esto significa que es difícil contratar y despedir trabajadores, lo cual genera menos incentivos para crear empleos que generen productividad y que contribuyan al crecimiento económico del país.
Atribuyó estos complicados procesos al actual funcionamiento de las instituciones y a la falta del estado de derecho.
"México no califica muy bien en estado de derecho y derechos de propiedad", agregó Ortiz.
(V.pág.3 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 22 de octubre de 2009).
Tras horas de debate y 2 recesos, un grupo de diputados de izquierda ocupó la presidencia de la cámara en rechazo a un severo paquete fiscal e impidió el debate en el pleno, ante la desesperación de la mayoría de sus pares de otros partidos.
Resignados a no cumplir con el plazo máximo establecido del 20 de octubre, la directiva de la cámara apeló al recurso de detener el reloj oficial del recinto.
En rigor, para los mexicanos de a pie la norma fue aprobada a las 05:30 de este miércoles, tras una maratoniana sesión que fue apagando los debates, aunque para los diputados haya sido a las 23:59 del martes.
(V.Agence France-Presse del 21 de octubre de 2009).
Jorge Regalado Santillán
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de octubre de 2009).
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de octubre de 2009).
Alán Arias Marín
(v.pág.14 del periódico Público del 18 de octubre de 2009).
(V.pág.18 del periódico Público del 16 de octubre de 2009).
(V.pág.10 del periódico Público del 9 de octubre de 2009).
Estábamos en esto, cuando uno de los ahí presentes comentó algo que nos hizo reflexionar a todos.
Nos platicó un suceso que nos hizo ver cómo en otras culturas el concepto de perdón y de castigo es completamente distinto al nuestro, y que en mi opinión es la razón por la que en nuestro país, la manera fácil y gratuita como perdonamos las faltas que cometen nuestros hijos, han hecho que las leyes y las normas de convivencia sean una burla, que la reincidencia sea cosa de todos los días y que mentir, por ejemplo, ya no cause vergüenza a nadie y se vea como una falta poco o nada grave.
En México a diferencia de otros países, el civismo, la moral y los escrúpulos de sus habitantes prácticamente han desaparecido y dejado de ser un freno natural para la conducta.
Dicho suceso ocurrió en la escuela para niños ubicada en las afueras de Guadalajara conocida como Villa de los Niños. Para los que no lo sepan, esta escuela es dirigida por un grupo de monjas coreanas pertenecientes a la orden de religiosas Hermanas de María, fundada en Corea del Sur en 1964, con la noble tarea de apoyar a niños de la calle, huérfanos y de escasos recursos.
Lo que ocurrió fue más o menos así: una alumna de la Villa de los Niños había cometido una falta por la que le habían impuesto un castigo. No recuerdo los detalles, pero digamos que su castigo fue lavar el enorme patio de la escuela. Ante la magnitud de la tarea la niña fue a pedirle perdón a la directora (monja coreana), quien después de escucharla la perdonó.
La niña al saberse perdonada, asumió que ya no tendría que lavar el patio. No, le dijo la directora. Yo te perdoné lo que hiciste, pero el castigo lo tienes que cumplir.
En ese momento me dije a mí mismo: Ricardo, acabas de aprender algo nuevo. Perdonar es un asunto independiente al castigo. Una cosa es la ofensa moral o personal de haber por ejemplo, mentido, robado, incumplido un trato o una obligación para con otra persona, y otra es la violación de las normas, de los reglamentos o de las leyes. Las personas pueden olvidar ofensas. Pero las leyes no pueden olvidar castigos.
Pude entender perfectamente por qué el perdón otorgado a la alumna podría tal vez reducir el castigo, pero nunca eliminarlo totalmente.
Cuando una acción indebida la pasamos sin ningún tipo de sanción, el mensaje que mandamos no es de piedad, comprensión o misericordia, sino de impunidad.
Perdonar sin castigo alguno pone en la misma categoría y con los mismos privilegios a los que cometen faltas y obtienen perdones, que a los que por convicción propia y autocontrol nunca fallan y nunca violan las normas.
Es importante diferenciar a quien se le absuelve de la comisión de una falta porque se comprobó su inocencia, de aquel que habiéndola cometido se le perdona, ya que no es y nunca será lo mismo un inocente que un perdonado.
Al inocente le debemos resarcir la pena de haberlo acusado injustificadamente, y al culpable, si bien se le pudo perdonar la ofensa moral de sus transgresiones, nunca será correcto perdonarle completamente el castigo como si no hubiera hecho nada.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 8 de octubre de 2009).
"En México, de cada 10 presuntos homicidas, el Ministerio Público pone a disposición de un juez para que sean procesados a solamente 2, es decir, 8 de cada 10 homicidios quedan impunes. Esto es un terrible escándalo", señaló.
De la Barreda ejemplificó que en Japón y España de cada 10 homicidios que se comenten, la policía pone a disposición de un juez a 9 presuntos responsables para ser juzgados.
Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, organización que se constituye como un centro de análisis de políticas públicas, presentó ayer un estudio denominado: "Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública".
Jaime dijo que la impunidad hace que la comisión de delitos sea una actividad altamente rentable.
"La impunidad es el indicador clave para entender el desempeño y la respuesta de nuestro sistema. Este diagrama ilustra qué es lo que sucede: de un total de 100 delitos, solamente 25 se denuncian, de esos 25, solamente en 17 se inicia averiguación previa, 5 la concluye, 2.2 se consignan ante el juez y 1.4 se castiga.
"Instituciones que no son capaces de castigar a delincuentes son instituciones que no son capaces de ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Ese es el tamaño del problema de nuestras instituciones de justicia".
"La impunidad ha hecho que el crimen sea una de las actividades más rentables", indicó el especialista.
(V.pág.5 del periódico Mural del 8 de octubre de 2009).
Este es sólo un ejemplo de muchos casos parecidos que existen en el fallido sistema de justicia, dijo el abogado Roberto Hernández, quien al lado de Geoffrey Smith cuentan la historia de Toño en el documental Presunto Culpable.
(V.pág.2 de la sección "gente!" del periódico Mural del 8 de octubre de 2009).
Téllez agregó que los esquemas procesales del sistema judicial no solamente afectan al sector bancario, si no en general frena el desarrollo de México en diferentes rubros.
Recordó que cuando era secretario de Comunicaciones y Transportes se hicieron propuestas en el terreno telecomunicaciones y ferrocarriles para fomentar la competitividad y precisamente por la arquitectura judicial que se tiene en el país, llovieron amparos por doquier, lo que retraso y en algunos imposibilitó los cambios.
Insistió en que esta realidad afecta de manera importante el otorgamiento de crédito a la pequeña y mediana empresa.
(V.pág.6 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 8 de octubre de 2009).
Miguel Angel Granados Chapa
(v.El Siglo de Durango del 8 de octubre de 2009).
Pero eso no importa a los "activistas". Su marcha es el pretexto para que ellos puedan ejercer la violencia. En los videos de MILENIO Televisión de la marcha, uno puede ver a unas muchachas "activistas" gritando a la policía: "Entrenle, putos" al tiempo que les arrojan proyectiles; "cuidado con la puta prensa de mierda", advierte otro activista; "no caigan en la provocación", grita uno carcajeandose; "pinches nazis" espetan otras chicas "activistas".
El grupo de "activistas" Anarko-Punk parece estar harto de estudiar y participar en el desarrollo de tareas de corte intelectual, así que la emprendió contra establecimientos y contra la policía en una de las más acabadas actitudes del estudiantado nacional. Reciben apoyo de otros activistas: "Es un poco la ignorancia de la banda que está metida en el desmadre. El coraje y la rabia por la forma de vida que nos han asignado. Porque no hay acceso a la educación y lo único que les queda es golpear a la policía". Esos, dicen los medios, son activistas.
Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 4 de octubre de 2009).
Carlos Monsiváis
(v.pág.14 del periódico Público del 4 de octubre de 2009).
Manifestó que analiza una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales del estado y la ley que establece el sistema de justicia para adolescentes.
El legislador expuso que el grafiti es una situación grave que enfrenta la población en sus propiedades.
"También debemos aplicar una disposición que motive la reparación del daño como obligación de los padres de los menores infractores", advirtió.
(V.pág.19 del periódico Público del 4 de octubre de 2009).
Martí dijo que no basta la voluntad del estado sino que debe hacerse un esfuerzo sobrehumano para corregir los errores en las policías y los aparatos de procuración y administración de justicia.
Criticó que leyes oscuras y tramposas faciliten la libertad de los secuestradores detenidos, a pesar de que el juez tenga las pruebas que los incriminan.
"La voluntad del estado no es suficiente, la voluntad inquebrantable de la ciudadanía en materia de exigencia ciudadana a lo que tenemos derecho y nuestros hijos tienen el derecho a salir a las calles con libertad, si esto no siguiera, las víctimas de delincuencia en este país, aquellos que no están como mi hijo Fernando, su muerte y su sangre no habrán valido la pena", manifestó.
Advirtió que a parte de tener cuerpos policiacos pobres y con integrantes corruptos, el país padece de cárceles que se convirtieron en escuelas del crimen y desde ellas los plagiarios operan.
(V.pág.4 del periódico Mural del 1o.de octubre de 2009).
La marcha de ayer comenzó a las 10:00 horas, cuando trabajadores de los nosocomios, personal del Centro Universitario de Ciencias de la Salud e integrantes de otros sindicatos, salieron del Antiguo Hospital Civil, ubicado en la Calle Hospital y Belén, con destino a Palacio de Gobierno, donde entregaron un pliego petitorio a las autoridades.
Los manifestantes, unos 2,300 según la Secretaría de Vialidad, caminaron por la Calle Hospital y luego tomaron Avenida Alcalde, donde se registró una discusión con agentes viales, ya que pretendían que la marcha sólo fuera por 2 carriles para evitar congestionamientos, pero los inconformes abarcaron toda la avenida.
Los trabajadores de los Hospitales Civiles, unos 5,000 que conforman la plantilla, demandan recibir el 95% de su salario como pensión al jubilarse, pues actualmente reciben una percepción de sólo el 55%.
[Las jubilaciones y pensiones justas son aquellas por las que estuvieron aportando, no las que se puedan conseguir mediante el chantaje de una pandilla que busca constituirse en grupo de presión. - El webmaster]
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 1o.de octubre de 2009).
La mayor parte de esos establecimientos, 23 de los 39, operan en los estados de Coahuila (14) y Nuevo León (9).
Los domicilios ofrecidos al secretario de Gobernación por el diputado Zambrano indican localizaciones céntricas, en avenidas principales, en plazas y centros comerciales donde funcionan al lado de almacenes, boutiques, salas de exhibición cinematográfica, etc. No debe ser tarea complicada, en consecuencia, verificar las señas enlistadas y obrar en consecuencia. De no procederse de esa manera, se comprobará que si actualmente trabajan a la vista de todos es porque la corrupción lo permite.
El que un diputado o una fracción parlamentaria sean capaces de formar una muy extensa lista de sitios donde se vulnera la ley indica que la autoridad administrativa no está cumpliendo sus deberes. Es de esperarse que, instada en público, lo haga ahora y dé cuenta de su resultado.
Miguel Angel Granados Chapa
(v.El Siglo de Durango del 24 de septiembre de 2009).
Calderón sabe que somos un país abrazado por el miedo y la incertidumbre que lo mejor es dividir, regañar y simplificar aludiendo al fervor patriótico. El problema es que cada vez le resulta más difícil ocultar el agujero negro de esta guerra: la ausencia de estado de derecho.
Nadie puede negar la necesidad de combatir al crimen organizado, o indignarse ante la ola de secuestros; sin embargo, no hay excusa para promover la simulación de la justicia y una crisis de derechos humanos.
Las cárceles del país están rebasadas, los gobernadores se quejan sistemáticamente de que los cárteles están tomando las prisiones, atiborradas de delincuentes cuyas redes externas les permiten crear una industria privada tras las rejas. Los jueces liberan a sicarios y narcos encerrados hace tres años para recibir a los recién llegados.
El Consejo de la Judicatura Federal asegura que 1,289 denuncias contra secuestradores están archivadas por falta de arrestos. Ese número es de antes de 2008, del boom anti secuestro. Imagino las cifras de 2010. Al mismo tiempo los casos más simbólicos, como el de Florence Casses, hacen agua con expedientes mal armados, testigos falsos, contradicciones evidentes, manipulación mediática y "pruebas" inexistentes que incitan a la sospecha.
Los juzgados del país, sumidos en un gran desconcierto, están rebasados por una guerra que no contempló que se necesitaba un sistema de justicia penal estructurado y funcional antes de arrestar a miles de personas. Cada vez se consignan más casos de obtención de confesiones ayudadas con 48 horas de privación de sueño, torturas físicas y psicológicas. Bajo el precepto de que todos son culpables antes de demostrar lo contrario, esta guerra ofrece un macabro espectáculo de circo romano a una población que exige justicia al estilo "haiga sido como haiga sido" (dixit Calderón). La PGR en este año arrestó a 45,141 delincuentes vinculados con el narcotráfico; según la autoridad sólo representan 10% de los que deben ser apresados para debilitar a los 7 grandes cárteles mexicanos. Eso sin contar a las bandas de secuestradores y tratantes de personas. La estructura judicial de México no está lista más que para fracasar en esta guerra ¿lo habrá pensado el presidente? ¿Seguirán jugando a que funciona?
Lydia Cacho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de septiembre de 2009).
Lo sorprendente debería de ser que más mexicanos sigamos cumpliendo con la ley cuando ésta es tan imperfecta.
Rossana Fuentes Berain, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2009).
Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 17 de septiembre de 2009).
El artículo 35 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone que el congreso local tiene la facultad de "solicitar al Consejo Electoral del Estado someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del gobernador, considerados como trascendentales para el orden público o el interés social del estado".
Así que bastaría con que los diputados cumplan con lo que la ley ordena para que las cuestionadas líneas 2 y 3 del Macrobús, sean sometidas a la aceptación o rechazo colectivo, y sanseacabó.
Gustavo Monterrubio Alfaro
(v.pág.19 del periódico Público del 11 de septiembre de 2009).
(V.pág.8 del periódico Mural del 10 de septiembre de 2009).
"Hay movilizaciones que son y siempre han sido producto de lo que se llama un ‘estilo corporativo’ para llevar adelante sus propósitos, que no surgen de las bases, sino que las dirigencias las planean y las hacen para sus propios fines corporativos".
"Así fue por ejemplo en los años 70, con todas las movilizaciones que hizo Fidel Velázquez para impedir la democratización de los sindicatos. Así pues, cuando hubo movimientos de bases para democratizar los sindicatos pues Fidel amenazaba con hacer contramovilizaciones y contramarchas para amedrentar a quienes quisieran tener este tipo de expresiones".
Insistió Jorge Alonso en que "habría que analizar movilización por movilización. Sí hay movilizaciones donde existen intereses de grupos corporativos, de gente que ve lesionados sus intereses y tiene bases fieles, que no actúan democráticamente sino que tienen consignas, éstas sí son manejadas por líderes".
Ejemplificó: "Hay movimientos en los que simplemente, si yo soy dueño de camiones, y a lo mejor van a afectar mis intereses y yo tengo gente, pues la movilizo para evitarlo con una marcha o una manifestación".
(V.pág.6-B del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2009).
Durante el ciclo escolar 2008-2009, me honraron con una invitación por ser elemento del Sistema Educativo de la Región a participar en una sesión de trabajo, en la que expresé, entre otras cosas, que dado que en la actualidad existe una gran competencia por las plazas, ya no era momento de salir a las calles a exigirlas, sino que yo recomendaba que el esfuerzo total se canalizara en las aulas, en obtener los mejores promedios, es decir, elevar de verdad la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Tuve una andanada de reclamos por parte de los propios académicos, los cuales cuestionaron mi falta de sensibilidad ante el derecho a la "libertad de expresión" de los muchachos, me refirieron las luchas que históricamente han llevado a cabo, expresaron que nadie podría limitarlos, etc.
Yo creo que es momento de que los muchachos de la Normal de Atequiza, así como otras, revisen seriamente lo que les está ofreciendo esa institución.
En lo personal, me da pena ajena ver a los muchachos en la calle, exigiendo lo que no logran por medio de otras alternativas de la cultura del esfuerzo. Yo considero que es tiempo de exigir a la propia Secretaría de Educación, a los directivos de la Normal, así como a los académicos y por supuesto a ellos mismos, que mejoren las cosas, haciendo lo que deben, un gran esfuerzo por mejorar las cosas desde adentro y con todos los involucrados, nadie lo va a hacer por ellos.
Ma.Concepción Larios Sánchez
(v.pág.17 "correo" del periódico Público del 4 de septiembre de 2009).
Algunas autoridades incluso notificaron al alto tribunal el cumplimiento de las sentencias judiciales en las primeras horas de este jueves, día en que los ministros decidirían si servidores públicos de diversos niveles tenían que ser consignados y separados de su cargo por desacato a la autoridad judicial.
(V.Notimex del 3 de septiembre de 2009).
Después de todo, si es verdad que "El respeto al derecho ajeno es la paz", no es menos cierto que "Según el sapo es la pedrada"... aunque esto último no lo dijera Juárez.
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de septiembre de 2009).
Luego de 35 minutos de estar plantados afuera de este centro educativo, caminaron hacia la avenida Chapultepec, donde bloquearon uno de los carriles en el sentido Sur-Norte.
Los estudiantes, bloquearon 2 carriles de Avenida Vallarta, vialidad que tomaron como ruta para llegar al campus Inglaterra, ubicado en Avenida Inglaterra a su cruce con San Bonifacio.
Los quejosos se manifestaron al grito de "No pagaremos" y mostraron pancartas con frases como "Lamar nos roba".
El secretario particular del rector de la universidad, Juan Pablo Fierro habló con algunos estudiantes con los que acordó una reunión donde estarían presentes 5 representantes de cada campus para buscar una alternativa a la problemática del seguro médico.
En el encuentro no se llegó a ningún acuerdo.
Tras ser buscados para explicar el seguimiento que se le dará a las demandas de los manifestantes, los directivos de Guadalajara Lamar, permanecían, según las secretarias, en una larga junta, que derivó en la decisión de suprimir el cobro de 700 pesos por concepto de seguro de gastos médicos, y que era condicionado para el pago de la matrícula y colegiatura. Afirmó el secretario general de la institución, Juan Pablo Sierra Ayala.
(V.periódico El Informador en línea del 1o.de septiembre de 2009).
De acuerdo con reportes del gobierno estatal, el grupo de manifestantes contó con la presencia de estudiantes de entidades como Durango, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, además de los oriundos de Jalisco.
A pesar de los obstáculos, el contingente ya reunido en la Plaza Juárez salió alrededor de las 4:00 de la tarde para llegar hasta la escuela Normal Superior de Jalisco.
Aunque se había programado que la marcha transitara por los carriles del Macrobús, desde el Parque Agua Azul hasta la Avenida La Paz, como protesta al enfrentamiento y detenciones acontecidas este domingo; las autoridades lo impidieron, por lo que los manifestantes ocuparon la avenida 16 de Septiembre, generando un grave congestionamiento vial en el primer cuadro de la ciudad.
Después de llegar a la Escuela Normal de Jalisco, los manifestantes emitieron un comunicado en el que rechazaban la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y a la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2009).
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 29 de agosto de 2009).
El secretario de Gobernación llegó a Mérida con la representación del presidente Felipe Calderón a la clausura de la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia.
Gómez Mont, después del evento, caminó hasta el salón de Industriales del hotel sede. En el recorrido hasta ese salón e ignorando que el hotel ha sido declarado como un edificio libre de tabaco y en donde abundan los letreros que prohíben fumar, el secretario de Gobernación prendió su cigarrillo para aspirar en varias ocasiones el humo y olor del mismo, ante la mirada incrédula de varios de los presentes.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 22 de agosto de 2009).
En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa "decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad". La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN "confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación".
Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces procurador general, ni sobre el entonces presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.
Jaime Preciado Coronado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología
(v.pág.21 del periódico Público del 21 de agosto de 2009).
Germán Dehesa
(v.pág.7 del periódico Mural del 20 de agosto de 2009).
[Todos queremos dado - el webmaster.]
A mediados de este año también se manifestaron, pero en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, para pedir espacios donde los artesanos pudieran ofrecer sus productos.
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 20 de agosto de 2009).
El titular de la Sedeur, Sergio Carmona, aceptó que están obligados a presentar, además del estudio de daños que han provocado, una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, debido a que la clausura fue definitiva.
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 20 de agosto de 2009).
Sólo 5 de ellos confesaron. Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los confesos, fue liberado por la Suprema Corte; 83 paramilitares siguen sujetos a proceso, y ahora tienen posibilidad de salir libres. Cuando la Suprema Corte revisó los expedientes y halló fallas técnicas, pudo haber ordenado que se repusiera el procedimiento, ¿cómo liberar a un asesino que además de haber sido identificado se confesó? ¿Por qué no reponer el procedimiento y además enjuiciar al ex procurador Madrazo por haber forzado un proceso judicial que pudo haber sido de justicia ejemplar? ¿Por qué no juzgar a los ministerios públicos que entorpecieron el caso respondiendo a órdenes políticas? Que la Corte evidencie las fallas estructurales y técnicas del sistema de justicia es bueno; lo sospechoso es la pronta liberación; el ministro Cossío dijo que su resolución no avala la inocencia, sino fallas del procedimiento.
La historia de México está plagada de culpables que están libres gracias a los tecnicismos legales y a las decisiones políticas que los avalan. Y de inocentes presos por las mismas razones. Acteal es y será una herida abierta para México, sangra ahora por la incapacidad del estado para proteger a las víctimas y por enviciar aun más el putrefacto sistema de justicia penal.
Lydia Cacho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de agosto de 2009).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 16 de agosto de 2009).
Choferes de la ruta 24 coparon ayer la avenida Hidalgo, justo en el corazón de la ciudad, con todo y sus unidades. Molestos, realizaron un plantón que por momentos parecía convertirse en gresca, pues se confrontaron con agentes viales y policías.
El plantón comenzó a las 14:00 horas y los midibuses fueron retirados con grúas.
La circulación permaneció bloqueada en la avenida Hidalgo, desde Alcalde hasta la calle Belén; esto generó problemas viales que obstaculizaron el tránsito vehicular desde la Calzada Independencia hasta Federalismo, alrededor de todo el cuadro central.
(V.primera plana y pág.1-B del periódico El Informador del 15 de agosto de 2009).
A raíz de que se votó y difundió la resolución, las reacciones han sido diversas, y expertos concluyen que si bien es correcta la participación de la SCJN y su fallo, porque efectivamente el proceso estuvo plagado de irregularidades, eso no garantiza que los acusados sean inocentes.
Es importante hacer esta precisión. El máximo órgano jurisdiccional en el país sentó un precedente con su decisión del pasado 12 de agosto, y es correcta, insisto, pero como señalara en entrevista el académico del ITESO, experto en derechos humanos, Jorge Rocha, se abre la puerta a la impunidad, considerando que las irregularidades y deficiencias en el sistema judicial mexicano son evidentes y cotidianas, según lo resuelto también por la Corte.
Es un tema que amerita reflexión y estudio. El sábado pasado preguntaba aquí cuántos casos como el de Acteal hay en nuestro país, en cuanto a la corrupción y las deficiencias en el proceso de los acusados y, en función de ello, cuántos inocentes en las cárceles... Y así es, sólo que, como en el caso de Acteal, queda la duda de si realmente lo son.
La historia no termina aquí. Sobrevivientes de la matanza temen que se recrudezca la violencia y, del otro lado, hay quienes también creen que los deudos de los indígenas asesinados en 1997 intentarán hacer justicia con su propia mano.
Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de agosto de 2009).
(V.pág.8 del periódico Mural del 13 de agosto de 2009).
La tromba que azotó la ciudad durante la madrugada del sábado pasado todavía hizo sentir sus efectos ayer, pues encolerizados vecinos de la colonia Jardines del Country bloquearon ayer la avenida Avila Camacho en su cruce con avenida Patria, para reclamar el restablecimiento del servicio a la Comisión Federal de Electricidad.
Ni siquiera eran muchos. Acaso una veintena. Pero atravesaron sus automóviles en la avenida y provocaron tremendo caos vial en esta importante arteria de la ciudad.
La inédita manifestación de enfado dejó paralizadas a las autoridades. Hasta que se estableció un compromiso de la CFE para terminar de reparar ayer mismo las fallas eléctricas, los colonos organizados aceptaron terminar con el bloqueo.
Los vecinos que bloquearon ayer la avenida, están preparados. Ya advirtieron que repetirán su acción de protesta, si ocurre lo mismo.
(V.primera plana del periódico El Informador del 4 de agosto de 2009).
Por un lado, los disgustados manifestantes, ni siquiera un grupo numeroso de personas, protagonizaron una acción civil de protesta con características poco habituales, porque no había organización política que dirigiera sus actos y además porque su demanda no era ni remotamente ideológica: sencillamente exigían a la CFE que se repusiera el servicio que se había suspendido por una tormenta ocurrida desde el sábado 1 de agosto.
En otro sentido, los automovilistas afectados por el cierre de la avenida estaban naturalmente fastidiados. Sin embargo, los vecinos organizados encabezaron una causa en la que se incluyen miles de personas que padecieron en su vida cotidiana, en su intimidad, la falta de energía eléctrica y las consecuencias de esto. Todos ellos, como siempre ha ocurrido, debieron tragarse su molestia y esperar, sin otra opción, a que se hicieran las reparaciones necesarias.
Ninguna autoridad intentó usar la fuerza para retirar el bloqueo de la importante arteria vial. Esta abstención, puede interpretarse, lleva implícita la aceptación de que a los molestos les asistió la razón. Se retiraron cuando les dieron garantías de que ayer mismo, unas horas después, se haría el trabajo por el que estaban esperando cuando menos desde 2 días antes.
Inédito e inusual son apenas dos de los calificativos que pueden ponerse a la manifestación de estas personas, en una ciudad en la que plantones, marchas y protestas ganaron carta de naturalización hace varios años.
La cuestión es si deberemos esperar todos a que esto también se normalice; esperar a que las calles y las plazas públicas sean tomadas por gente con causas "justas".
Más allá de este episodio, autoridades y ciudadanos podemos coincidir en que la responsabilidad en el cumplimiento de lo que "nos toca", es la fuente de la armonía social.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de agosto de 2009).
Los quejosos bloquearon la circulación en Corona y en un tramo de 16 de Septiembre-Alcalde, causando severos problemas viales en el centro tapatío.
La mayor parte del contingente permaneció frente a Palacio de Gobierno en espera de ser recibido por autoridades estatales, mientras que un grupo se quedó en 16 de Septiembre, entre Morelos y Pedro Moreno, impidiendo el tránsito vehicular que estuvo afectado alrededor de 2 horas.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 1o.de agosto de 2009).
Cualquier persona o empresa que haya tratado de hacer una inversión productiva en tierras ejidales puede contar historias de horror. La compra de terrenos es una pesadilla que el comisionado ejidal o un grupo pequeño de ejidatarios puede parar en cualquier momento. Aun cuando la mayoría de los ejidatarios esté de acuerdo en la venta, los disidentes pueden sacar machetes y parar el proceso.
Incluso cuando la venta o la expropiación son supuestamente finales, los tribunales pueden revertir la operación muchos años después. El 5 de noviembre de 2008 un tribunal colegiado otorgó amparo definitivo a 2 grupos de ejidatarios, representados por Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano, por una expropiación en Altamira, Tamaulipas, realizada por José López Portillo en 1981. El problema es que en Altamira ya se han construido las instalaciones de un puerto industrial de enorme valor. La incertidumbre ha provocado que algunos comisarios ejidales y grupos de ejidatarios lleven a cabo actos de extorsión con absoluta impunidad. "Quizá usted ya compró el terreno y lo pagó, pero si quiere construir tiene que volverme a pagar."
Buena parte de la pobreza del campo mexicano es producto de esa incertidumbre jurídica. La inversión en zonas rurales es en México una apuesta de mucho mayor riesgo que en las ciudades.
La restricción a la venta de terrenos ejidales ha sido presentada como una defensa de los derechos de los campesinos. La verdad, sin embargo, es muy distinta. La legislación trata a los campesinos como menores de edad que no pueden tomar sus propias decisiones. Pero además ha condenado al campo a la pobreza al impedir las inversiones productivas.
Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 30 de julio de 2009).
Ahora se propone un plan contra
la chatarra rodante que antes
se promovió.
El primero fue para apoyar al campo
con tractores que, como en Cenicienta,
se convirtieron en camionetas van urbanas.
En México, el gobierno y la política
están tan distanciados
como la justicia y lo legal. A veces ni se hablan.
¿Qué no sería posible un programa para
quitarnos la chatarra política y
políticos chocolates que nos invaden y
cambiarlos por gobernantes?
Nemesio Maisterra
(v.pág.6 del periódico Mural del 30 de julio de 2009).
Alrededor de 3,000 personas, entre médicos, trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara y estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, marcharon por la avenida Alcalde en demanda de jubilaciones justas para empleados de este organismo público descentralizado y durante más de 4 horas mantuvieron un plantón frente a Palacio de Gobierno. Exigían ver al gobernador de Jalisco, Emilio González.
Los trabajadores anunciaron que laborarán bajo protesta. Están dispuestos a salir a la calle nuevamente y a que más sindicatos y ciudadanos se unan a su petición: cotizar a pensiones con el salario integrado, para retirarse con 93% de sus percepciones actuales, no el 55% que les ofrecen hoy.
En la calle, el OPD Hospital Civil de Guadalajara mostró su fuerza. Puntual, a partir de las 10:00 am, el numeroso contingente avanzó desde el antiguo nosocomio de Belén por la calle Hospital y continuó hacia el sur por la avenida Alcalde, cerrando por completo la circulación, sólo a su paso.
(V.pág.10 del periódico Público del 24 de julio de 2009).
Por ello, el funcionario anunció que el ex mandatario será sancionado con una multa estimada en 1,250 pesos por ejecutar las obras sin la autorización oficial.
[¡Qué barbaridad! ¡Van a dejar pobre al gran imbécil! - el webmaster.]
El lunes, cuando salía del Centro Fox, Marta Sahagún de Fox se negó hablar sobre el hotel y de la falta de permisos del municipio. "Hay temas más importantes que tratar", expresó.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 21 de julio de 2009).
Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 19 de julio de 2009).
Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 16 de julio de 2009).
La protesta que ahí escenifican militantes que exigen la renuncia del líder estatal Eduardo Rosales, cumple hoy 4 días y ya provocó molestia entre los vecinos y damnificados económicos, pues ante el cierre al tráfico de vehículos en la calle Vidrio, los comerciantes reportan que sus ventas han caído 20% en promedio.
"Electrónica Bernal", desde 1960, se lee en el anunció del negocio de Alberto López Orozco, de 75 años de edad. Don Alberto, además de comerciante, es simpatizante del PAN y el martes vio cómo se montó el plantón afuera de su empresa. La primera imagen que se le vino a la mente fue la de otro plantón: el de Andrés Manuel López Obrador en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México: "Yo digo que si criticaban a los del PRD porque tapaban calles y si volvemos a hacer lo mismo, es incongruente, porque dizque tenemos más cultura nosotros los del PAN".
El martes quiso pasar en su coche a su negocio y un agente de vialidad motorizado no lo dejó. "Ahora sí ya metí mi coche, pero no dejan pasar a mi clientela", se quejó ayer.
Alfonso Guerra, encargado de un negocio de refacciones para vehículos, señaló que han tenido problemas para que pasen las camionetas a cargar la mercancía. "En las ventas, muchos clientes no se atreven a pararse por lo mismo, que no los dejan pasar, no los dejan estacionarse, ni siquiera 5 minutos para venir a comprar".
Entre los afectados también hay vecinos, pues en esta calle hay varias casas habitación. Una inquilina, que pidió no ser identificada, explicó que habitualmente dejaba su vehículo en la vía pública, ahora lo deja con una hermana y llega a pie a su casa, porque "le da miedo dejar su coche en la calle", por si llega a haber algún disturbio y dañan su auto.
Otro negocio se quejó de que el martes los agentes de vialidad no dejaban pasar a la moto de reparto.
(V.pág.7 del periódico Público del 10 de julio de 2009).
El informe de la CNDH al que aludo se propuso: "Sensibilizar a las autoridades y a la sociedad de la gravedad, frecuencia y crueldad con la que se llevan a cabo los secuestros de migrantes, para alentar la denuncia ciudadana y activar la acción gubernamental en contra de ese delito". El tiempo que ha pasado desde que se dio a conocer ese informe, sin que haya habido una sola respuesta de nuestro gobierno, habla elocuentemente de una de las razones de la virtual derrota del presidente Calderón en las pasadas elecciones pues tal omisión se refiere al punto central de ese informe que es la impunidad con la que ocurren esos secuestros, mismos que niegan que en nuestro país se cumplan las condiciones mas básicas de un verdadero Estado de Derecho.
Entre los muchos datos que aporta el informe aludido se dice: "En el sur del país fueron secuestrados 5,416 migrantes; en el norte 981; en la zona centro 124, en tanto que en total de víctimas identificadas en la investigación del CNDH fue de 9,758 casos; de los cuales los secuestrados habrían obtenido un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares".
Y agrega: "Muchos de lo secuestros referidos en los testimonios de migrantes fueron cometidos por integrantes estatales de seguridad publica, lo que además de construir una posible conducta delictiva y una violación a los derechos humanos, implica una grave distorsión de la función publica, a lo que suma la falta de sanciones administrativas y penales respectivas".
A mi regreso de varias reuniones en Ginebra donde escuché los informes de quienes como relatores especiales componemos el grupo de "Procedimientos Especiales" del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, me encontré con profunda pena y vergüenza que México se encuentra entre los países donde se comenten las mayores violaciones a los derechos humanos de los migrantes en el mundo.
Jorge A.Bustamante
(v.periódico Mural en línea del 9 de julio de 2009).
Y aunque quieran incriminar sólo a unos, la verdad es que en este drama tiene que ver todo mundo: autoridades y dependencias oficiales de todos los niveles de gobierno; jefes de obras públicas y jefes de licencias; peritos y bomberos que debieron haber aprobado planos, especificaciones de construcción, instalaciones y equipos; inspectores que debieron supervisar la construcción, la adaptación y la operación de los giros instalados en esas bodegas; proveedores o instaladores de equipos fallidos; los dueños de los inmuebles; los inquilinos o dueños del negocio de la guardería y de las bodegas vecinas cuyos equipos causaron el incendio, etc.
La lista es larga, y cada uno de los que en alguna medida contribuyeron a que se consumara la tragedia busca echarle la culpa al otro. Y es que los cargos que se les podría imputar no son cualquier cosa, son nada menos que el de homicidio culposo.
Un homicidio culposo (dice Silvio Ranieri, autor del "Manual de Derecho Penal") "es la muerte no querida de una persona, que ocurre como consecuencia de una acción negligente, imprudente o inexperta, o bien por inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o disposiciones".
El incumplimiento de la ley y de nuestros deberes jurídicos, económicos, profesionales, éticos, morales y sociales, se da también por irreflexión, imprevisión, impericia o falta de precaución, pero las más de las veces por corrupción aunada a intereses económicos a costa de la seguridad de los demás.
En otras palabras: somos homicidas culposos cuando alguien muere a causa de nuestras ligerezas, de nuestro valemadrismo, de nuestra ignorancia o de nuestra improvisación; por ser o contratar a chalanes inexpertos sin los conocimientos y calificaciones necesarias para construir o dar servicios de mantenimiento a productos y equipos capaces de producir accidentes; por bajar calidades, cambiar especificaciones o instalar tuberías, cables, etc., insuficientes, inadecuados, inflamables o defectuosos para simplemente "ahorrar" o "ganar" más dinero.
Pero cuando por intereses personales alguien hace o deja hacer, y se origina un accidente, una explosión o un incendio en el que mueren adultos, jóvenes o niños, entonces la conciencia se mueve, las víctimas reclaman justicia, y las autoridades (in)competentes, a toro pasado, pretenden aplicar la ley y las normas de seguridad industrial. Todo mundo exige, reclama o señala, pero nadie se ve en el espejo.
Si revisamos la forma como operan en México una enorme cantidad de changarros y de "maistros" improvisados que ofrecen servicios "profesionales" de todo tipo, nos podemos dar cuenta que las probabilidades de causar accidentes y tragedias son realmente altas.
Por todas partes vemos marañas de cables, diablitos, instalaciones y extensiones eléctricas hechizas e inmediatas a tanques de gas y a estufas; contactos sobrecargados, equipos sin mantenimiento, ampliaciones de casas sobre estructuras que no están capacitadas para soportarlas; edificios residenciales y establecimientos comerciales que son verdaderas trampas mortales al no tener escaleras o salidas de emergencia en los lugares apropiados, y si las hay están cerradas con candados, convirtiéndolos en verdaderas trampas mortales en caso de un incendio o explosión. Y, no sé por qué, también hay mucha gente que guarda gasolina en sus casas.
Pero nada pasa, hasta que algo pasa. Hasta que algo explota, o hasta que alguien muere. Y aun así, la voluntad para cambiar y corregir las cosas dura lo que duran los sepelios y las noticias. Y en cuanto el olvido le gana a la pena y al dolor, la responsabilidad y las normas se relajan para volver de nuevo a nuestras negligentes rutinas.
Mientras en países más avanzados protegen la vida y el patrimonio de sus ciudadanos exigiendo licencias para realizar cualquier actividad, permisos y procedimientos especiales para vender productos y servicios al público, y capacitaciones permanentes para evitar la obsolescencia del conocimiento, en México se tolera el engaño, la usurpación de funciones y la improvisación, motivado por un sistema de cuantificación de daños y perjuicios que raya en lo ridículo, y que de otra manera nos haría pensar 2 veces antes de cometer una estupidez, de violar una norma, o de cambiar una especificación.
Y todo, porque en México simplemente no estamos acostumbrados a responder por nuestras acciones.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 9 de julio de 2009).
(V.primera plana del periódico El Informador del 8 de julio de 2009).
La creación de la Corte Penal Internacional, como una jurisdicción internacional de carácter subsidiario, fue para actuar contra criminales, cuando el estado no actúe o elabore una farsa para proteger a los responsables. El que México aceptara la jurisdicción de esta corte fue por demás un proceso tardado y acrobático, pues en el fondo implicaba el aumentar los estándares de la justicia penal en México, a efecto de que ningún caso mexicano pudiese llegar a esta Corte Penal Internacional.
La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en donde individuos u organizaciones pueden recurrir ante violaciones del estado.
En el caso de la tragedia de la Guardería ABC, podría haber jurisdicción de ambas cortes: la investigación penal parecería que se está llevando a cabo para asegurar la impunidad, o castigos irrelevantes. Además, ya se habla de que ya hay violaciones de las garantías individuales, por eso la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga e investigue. Será difícil que la Corte tenga la capacidad operativa o la voluntad política de atraer este caso. ¿La alternativa para los padres? La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los dimes y diretes del gobernador de Sonora y el secretario de Gobernación, la lentitud con que el estado se movió para empezar a revisar las guarderías existentes, las públicas diferencias entre el manejo de las investigaciones de la Procuraduría de Sonora y la de la Procuraduría General de la República, el hecho de que ya se estaba hablando de fianzas para los inculpados mucho antes de consignarlos.
Desafortunadamente con la forma en que se han manoseado políticamente estas investigaciones, a la mejor aunque se hiciera un juicio internacional y público no va a resultar en justicia para estos niños muertos y los que continúan en los hospitales, pero por lo menos se evidenciaría aún más la incapacidad y la corrupción del estado mexicano para perseguir casos que tengan connotaciones políticas.
Si no hay justicia para estas familias, por lo menos habría presiones suficientes para que el estado mexicano tome los pasos necesarios para asegurar que las guarderías en este país tengan normas mínimas para proteger la integridad de nuestros pequeños, y que nunca vuelva a suceder una tragedia como la del 5 de junio en Hermosillo, Sonora.
Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de julio de 2009).
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 4 de julio de 2009).
En este circuito perverso está atrapado el país. Una estructura social, un sistema económico y político emisor de ondas de injusticia e ilegalidad que, como un todo, son letales para lograr una convivencia social armoniosa. Cuando las políticas públicas y las decisiones administrativas en todos los niveles de gobierno están subordinadas a esta suerte de complicidad de las élites, ese circuito se cierra.
La red de intereses recorre todos los niveles, se extiende a todos los ámbitos de la vida pública. Los negocios de estos grupos marcan el quehacer de la Secretaría de Agricultura, de Comunicaciones, de los energéticos. No hay una que se salve. ¿Qué es el Gobierno del Distrito Federal manejado por el PRD donde las cuotas por permisos de construcción se negocian en los restaurantes caros de la Ciudad de México? ¿Y el Gobierno del Estado de México que todos los días nos da un ejemplo de cómo allí está anclado el viejo patrimonialismo priista?
Tiene razón la inteligente política Beatriz Paredes. Hace falta estado de derecho, hace falta igualdad, hace falta seguridad, hacen falta políticos honestos capaces de ponerle el adjetivo de la ética a la política. Lo demás son delirios de campaña.
Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 28 de junio de 2009).
Pero consideramos que este tipo de organización criminal es un signo inédito en estos tiempos, porque además del poder que ha logrado, ha alcanzado una nota de gran trascendencia, el fortalecimiento definitivo de eso que se llama la "economía informal", y que al decir de los expertos, tiene más presencia a nivel mundial que la considerada como formal.
A todo esto, queda una casual en el aire, y no se sabe si ya se ha tomado en cuenta: ¿Qué ofrecerá el sistema en el supuesto de que quede totalmente desmantelado el crimen organizado para que las miriadas que lo integran participen en el quehacer económico formal?
Manuel López de la Parra
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de junio de 2009).
Está puesto el escenario para que en lugar de aceptar sus responsabilidades, las dependencias de los 2 niveles de gobierno (federal y estatal) la eludan y mediante procedimientos legales y administrativos continúen con un golpeteo político y electoral, donde parece importar más la cosecha de sufragios en Sonora, ya sea por el PRI de Bours o por el PAN, que los niños muertos y heridos en un edificio carente de todas las medidas de seguridad exigidas por la protección civil más elemental.
Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de junio de 2009).
En su opinión, esta cifra es intolerable si se toma en cuenta que el país tiene un sistema penal que preserva niveles de impunidad que en términos generales alcanzan 98%.
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho indicó que las cantidades de dinero que ha invertido el estado mexicano en el rubro de seguridad pública no son nada desdeñables, pues el presupuesto federal en 2008 fue de más de 70,000 millones de pesos.
Mientras que para 2009 la cifra se sitúa en los 94,784 millones de pesos, de los cuales solamente la Secretaría de Seguridad Pública federal tiene asignados casi 33,000 millones de pesos.
"La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado lo que estas cantidades tan grandes suponen, si se considera la cantidad de dinero invertido por cada delito denunciado", expuso el investigador.
De acuerdo con este análisis, a junio de 2008 se denunciaron 68,474 delitos en el fuero federal, que equivalen a un gasto de 211,901 pesos por delito denunciado.
Las contrasta con las registradas en 2007, cuando el costo promedio de cada denuncia fue de 166,680 pesos.
Esto si se toma en cuenta que ese año se presentaron 137,276 denuncias, de las cuales 36,941 fueron consignadas ante un juez que determinó 26,687 autos de formal prisión con 25,226 sentencias condenatorias y 3,238 absolutorias.
Sin embargo, en 1998 el costo promedio de cada denuncia fue de 57,123 pesos, pues en ese año hubo 74,866 casos, de los cuales fueron consignados 34,101, con 23,703 sentencias condenatorias y 1,939 absolutorias.
(V.pág.21 del periódico Público del 26 de junio de 2009).
El caso permitirá a la Corte definir si los efectos de las sentencias que se dictan en este tipo de casos sólo benefician a quienes se quejaron ante la Profeco, o puede extenderse hacia toda una clase de consumidores que se encuentran en la misma situación.
(V.pág.2 del periódico Mural del 25 de junio de 2009).
La estructura política que por años alentó esa impunidad y corrupción en los servidores públicos no ha sido desmantelada ni tocada a pesar que en el 2000 la ciudadanía impulsó la transición democrática, manifestó ayer Martí frente al presidente Felipe Calderón.
"Las estructuras siguen intocadas y lo siguen para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la pregunta que debemos plantearnos es ¿cómo el ciudadano puede tomar el control de las instituciones que delegó a los políticos mediante la democracia representativa?".
"¿Eso es lo viable?, yo digo que sí, simplemente diciendo no más", expresó el empresario.
Enfatizó que la molestia de la sociedad puede abrir tentaciones de opciones autoritarias.
"Estamos perdiendo ciudadanía por motivos del crimen y la impunidad, pero también y más grave aún, por la indiferencia, la ineficiencia, la corrupción y la omisión de muchos miembros de nuestra clase política", mencionó.
Por su parte, la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni aseguró que el sistema de justicia actual es débil, manipulable, corrupto y "obscuro".
(V.pág.5 del periódico Mural del 25 de junio de 2009).
Expuso que el hecho de que más del 90% de los delitos queden impunes muestra que el trabajo de las autoridades mexicanas es disfuncional y padece de corrupción.
Castresana Fernández advirtió que los fiscales son blanco de sobornos porque tienen el poder de adelantar o retrasar una acusación.
"La corrupción en el sistema judicial se centra en los fiscales porque son los que tienen la llave del monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público".
"Y por lo tanto, cualquier litigante sabe que si quiere que el proceso avance, como si quiere que el proceso no avance, al que tienen que ir a sobornar es al fiscal porque es el que tiene la llave que abre o cierra el proceso", explicó.
El fiscal español planteó que la lucha contra la corrupción en servidores públicos no puede esperar el periodo de 8 años acordado para la concretar la implantación de la reforma penal a nivel nacional.
Recordó que en 2003 fue enviado por la ONU a Ciudad Juárez, Chihuahua, para analizar las indagatorias de la procuraduría estatal en los feminicidios y encontró que los acusados y sentenciados por esos casos fueron hombres a los que se les arrancó una confesión mediante tortura.
Castresana Fernández reprochó que la confesión mal lograda por policías ministeriales fue utilizada por el Ministerio Público para acusarlos ante el juez, quien los sujetó a juicio y sentenció a pesar que no eran los culpables.
El fiscal español afirmó que los juicios orales cortarán las posibilidades de los juzgadores para corromperse porque el proceso será público y transparente.
(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de junio de 2009).
Indicó, con base en una encuesta del CIDE a reos, que el 70% fueron capturados menos de 24 horas después de que cometieron el ilícito.
"La policía mexicana sabe, si acaso, porque hay que tomar esto con toda precaución, vigilar, pero no investigar, hay una muy baja correlación entre detenciones y consignaciones, lo que concluiría que la policía detiene de forma arbitraria", dijo.
(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de junio de 2009).
El viernes pasado, una manifestación de transportistas, en pleno centro de Guadalajara, comenzó con el cierre de algunos de los cruceros más conflictivos; ocasionó, a continuación, severos congestionamientos viales. Para que algunas decenas de midibuseros plantearan sus motivos de enojo ante la autoridad, miles de automóviles particulares y de unidades de transporte público se vieron inmovilizados o tuvieron serias dificultades para circular. Miles de trabajadores y estudiantes llegaron tarde -o ya no llegaron, de plano- a sus empleos o a sus escuelas.
Pero ahí no paró el asunto: algunos justos (ciudadanos standard) que, muy a su pesar, sólo por haber tenido la necesidad o la infeliz ocurrencia de pasar por el lugar equivocado en el momento más inoportuno, tuvieron que pagar la cuota de incomodidades y contratiempos por los pecadores (no queda claro si éstos son los manifestantes o los destinatarios de sus destemplados mensajes), se sintieron en su derecho de reclamar a los marchistas el atropello de que eran objeto. Estos, envalentonados, reaccionaron de manera tan irracional como cobarde: agredieron a quienes tuvieron el valor civil de decirles -con toda claridad, sin faltarles al respeto- su precio en pesos mexicanos: abusivos, prepotentes, etc.
Por supuesto, nadie se hizo cargo de defender a los miles de indefensos rehenes de los manifestantes. Como nadie, tampoco, a partir de la madrugada del lunes, reivindica los derechos de los automovilistas que reclaman un solo privilegio: el de circular normalmente por la Glorieta Minerva.
Como es público y notorio, la zona ha sido expropiada, con casi una semana de antelación, por los organizadores de un festival programado para la noche del sábado. Quienes la transitan, a su vez, sólo tienen el recurso de suscribirse al remedio que, para ciertos achaques -el desgobierno crónico, por ejemplo- recomendaban las abuelas: "Agua... y ajo".
(Traducción para las generaciones modernas: "Agua...ntarse, y ajo...robarse").
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 24 de junio de 2009).
Negligencia, corrupción, nepotismo, abuso, tráfico de influencias y charrismo sindical son apenas unas pocas de las prácticas que confluyeron en la guardería y que culminaron en la muerte de decenas de inocentes.
Ahora resulta que pretenden culpar a la directora del kínder, a fin de cuentas sólo una empleada de familiares de políticos favorecidos con la concesión de la guardería, que se encuentra hospitalizada con 60% del cuerpo quemado, por cierto, luego de salvar a decenas de niños.
En un país de leyes, hoy todos los titulares de los 3 poderes de gobierno habrían asumido su responsabilidad y pagado el costo político de la tragedia con sus renuncias. Pero esto es México, donde la ley no importa y Bours segurirá siendo gobernador. ¡Qué vergüenza!
Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 21 de junio de 2009).
El invitado de honor será el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a quien el dirigente antorchista, Aquiles Córdova, le levantará la mano ante las 100 mil personas que, se espera, acudan al acto, y le hará patente su apoyo con miras a sus aspiraciones presidenciales.
¿Sabrá Peña Nieto que éste es el mismo grupo que acostumbra bloquear Bucareli por semanas? Seguro que sí.
Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 21 de junio de 2009).
Los procesados son 29 servidores públicos de la SSP capitalina (incluyendo policías y paramédicos del ERUM), 10 de la PGJDF, uno de la delegación Gustavo A. Madero, uno de la Secretaría de Salud y un particular (Alfredo Maya Ortiz, administrador de la discoteca).
De todos ellos sólo permanece en prisión el único que no es servidor público (Alfredo Maya), mientras el resto, incluyendo a los acusados directamente de los homicidios, ha logrado permanecer en libertad mediante amparos.
(V.pág.21 del periódico Público del 21 de junio de 2009).
Choferes liderados por Enrique Galván Vargas, que participaban en una marcha de protesta contra la construcción de la Línea 2 del Macrobús, arremetieron a golpes contra un joven estudiante de música de la Universidad de Guadalajara, porque éste se atrevió a reclamarles las afectaciones a transeúntes, utomovilistas y usuarios del sistema articulado de transporte. Además de agresores, los choferes, junto con decenas de manifestantes, desquiciaron la circulación vial bloqueando el cruce de Calzada Independencia y Javier Mina.
La protesta realizada ayer por vecinos y transportistas que se oponen a la construcción del segundo corredor del Macrobús, se distinguió por algunos episodios violentos.
Además, dejó como saldo un estudiante golpeado por choferes, 10,000 usuarios afectados por el bloqueo de carriles del servicio de transporte articulado; así como congestionamientos viales.
Los manifestantes, que provenían de colonias como Jardines de La Paz, Loma Dorada y otras de Zapopan, así como un grupo de choferes lidereados por Enrique Galván Vargas, bloquearon por casi una hora los carriles de circulación en Calzada Independencia en su cruce con Javier Mina, hasta la avenida Revolución; esto es, de la estación San Juan de Dios hasta cerca de la Bicentenario.
Además de las afectaciones al propio Macrobús, la marcha en la que participaron alrededor de 500 personas ocasionó congestionamientos viales en Calzada Independencia y en la avenida Javier Mina.
Durante el bloqueo, algunos automovilistas y habitantes de La Calzada expresaron su molestia por las afectaciones que causó la movilización. La respuesta agresiva, aunque sólo verbal, no se hizo esperar por parte de algunos participantes en la marcha.
La manifestación que de Palacio de Gobierno avanzó por Juárez hasta La Calzada, continuó por avenida Revolución para concluir en el cruce con Corona, donde autobuses proporcionados por Galván Vargas regresarían a los quejosos a sus colonias.
(V.primera plana y página 3-B del periódico El Informador del 20 de junio de 2009).
La oportunidad que tenemos en 2010 es grande para dar el paso de una vez por todas: el gran pacto nacional para poner a la ley por encima de la política, como es el mandato constitucional. Hacer negociable la aplicación de la ley es el mayor cáncer social que nos ha penetrado desde hace ya muchos años. La simulación se ha adueñado de muchos procesos públicos y privados; y pero aún, ha penetrado en nuestra forma de vida y en la educación de nuestros pequeños.
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de junio de 2009).
El aniversario recordó también la victoria de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la policía estatal, tras un violento desalojo del centro de la ciudad por la fuerza pública.
El dirigente magisterial Azael Santiago Chepi denunció que se registraron algunos incidentes durante las 2 horas de bloqueos en calles y cruceros, entre las 5 y 7 de la mañana.
También denunció una serie de disparos originados por sujetos desconocidos contra manifestantes que protestaban en la calle de Nezahualcóyolt de la Colonia Reforma, cerca de la estación de radio La Ley 710.
Santiago Chepi se deslindó de un grupo de encapuchados que apoyaron al magisterio en las barricadas y que retuvieron vehículos y saquearon mercancía de diferentes distribuidoras de productos y comercios.
Tras el retiro de las barricadas, los manifestantes se alistaron para efectuar una megamarcha. A las 10:15 horas, un joven murió cuando una camioneta que transportaba cohetes y pólvora explotó sobre la carretera hacia la Ciudad de México, cerca del puente peatonal de la Agencia Municipal de Viguera.
(V.pág.13-A del periódico El Informador del 15 de junio de 2009).
No hubo pleito físico. Lo que sí lograron ambos grupos fue enfurecer a cientos de automovilistas, a quienes dificultaron y por momentos hasta bloquearon el tránsito por la glorieta, dada la gran cantidad de activistas, sobre todo del PRI y en menor número del PAN. El conflicto vial fue más notorio entre las 10:00 am y las 12:00 horas.
"¡Todos chinguen a su madre! ¿Para eso hacen campañas?", gritó, desde una pickup blanca, un conductor desesperado, que dio vuelta en U en la avenida Golfo de Cortés, hacia el poniente, cuando vio que no podría cruzar López Mateos.
(V.pág.12 del periódico Público del 14 de junio de 2009).
"Estirar la liga hasta que se rompa" parece ser -en la práctica- una de las reglas de oro del mundo empresarial mexicano. Allí están los casos de Altos Hornos de México, de la familia Ancira, y el Grupo Industrial Xacur, de Jacobo Xacur, que por años prefirieron litigar con sus acreedores utilizando todos los recursos legales y cuasi legales -incluyendo la fuga de sus dueños del país para no ser alcanzados por la justicia- antes que llegar a un acuerdo. Ambos conservan sus empresas al día de hoy.
Es probable que nuestras leyes e instituciones requieran ajustes importantes para incentivar el acuerdo oportuno en los conflictos y evitar el deterioro de las empresas, la pérdida innecesaria de empleos y los costos asociados que, en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo, potencian su daño sobre la economía.
Samuel García
(v.pág.32 del periódico Público del 12 de junio de 2009).
En la agenda, al margen de lo que surja espontáneamente, para el viernes por la tarde está programada una procesión religiosa -la celebración del Corpus Christi, a fin de "reavivar y exaltar la fe en la presencia de Jesús en la eucaristía"- desde el Templo Expiatorio hasta Catedral, que (anticipan las notas periodísticas) "traerá caos vial" en varias avenidas céntricas. Y para el día 27 -una semana antes de las elecciones-, a las 10:00 de la mañana, varias organizaciones no gubernamentales promueven "La Marcha del Hartazgo", para exhortar a los ciudadanos a no votar por los candidatos del Partido Acción Nacional...
Se supone que todas las demandas, planteamientos y consignas de tales manifestaciones son legítimas. Es obvio que todas ellas están enmarcadas en el Artículo 9o.de la Constitución. En compensación, habida cuenta de que el ejercicio de los derechos de las minorías implica un atropello alevoso de los derechos de las mayorías, y de que bastaría con reglamentar o reformar algunas leyes para que los derechos de todos quedaran a salvo, cabrían 2 preguntas. Una: ¿Para qué demontres se supone que sirven los diputados...? Y dos: ¿Queda claro por qué el ciudadano común, que sólo quiere vivir en santa paz, vomita al aparato gubernamental, que tan ineficiente -y tan costoso, sobre todo- le resulta...?
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 10 de junio de 2009).
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán pide al sindicato del poder judicial que deje de manifestarse, pues son muchas las afectaciones que llevan sus acciones.
Afirmó que el poder judicial "no cumplió con las formas" para solicitar recursos extras, por lo que el Gobierno del Estado, no atenderá las peticiones en tanto no se solicite de una manera adecuada.
Explicó que el Congreso del Estado derivó al poder ejecutivo para su publicación una ampliación presupuestal para la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial. Al respecto, el secretario general de Gobierno refirió que "ese no es el conducto adecuado", pues las ampliaciones presupuestales deben hacerse a los poderes no a una comisión.
Al mediodía un centenar de miembros de Antorcha Campesina, todos indígenas que viven en la ciudad, desquiciaron la vialidad al marchar en demanda de viviendas.
De acuerdo con su líder, Juan Martín Nicolás Jiménez, con la adquisición de un terreno podría quedar resuelto el problema de vivienda de una parte de los aproximadamente 40,000 indígenas migrantes de diferentes etnias "que viven en condiciones infrahumanas en esta ciudad".
(V.pág.7-B de El Informador del 10 de junio de 2009).
Atacar los problemas por los efectos es sumamente costoso, además de inconveniente y, evidentemente, ineficaz.
La gente paga o deja de pagar impuestos de acuerdo con la eficacia de la justicia. El agua no se paga porque no se corta, la electricidad sí, siempre y cuando no se trate de un afortunado y privilegiado trabajador de la empresa paraestatal. El cumplimiento de obligaciones está asociado a la existencia de sanción. Conforme el proceso sancionador se vuelve incierto, complejo y lento, mayor será la impunidad, con frecuencia, en forma de cohecho o de extorsión.
Hoy como nunca hay libertad de expresión -sin considerar las nada desdeñables amenazas del crimen organizado-; sin embargo, de muy poco sirve como forma de escrutinio al poder. Los gobernantes son impunes no sólo ante el sistema formal de justicia, sino frente a la sanción social derivada del ejercicio de la libertad de expresión.
El país ha logrado lo que parecía más difícil, incierto y lejano: una democracia electoral. Sin embargo, la calidad de la política no ha evolucionado, al menos no para dar mejores gobiernos, leyes o resultados. Por mucho tiempo se consideró que la democracia resolvería buena parte de nuestros males. Hoy no tenemos siquiera la vergüenza para advertir la magnitud del fracaso. Nada habrá de cambiar en la medida en que prevalezca la impunidad en todas sus expresiones.
Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 7 de junio de 2009).
Jairo Calixto Albarrán
(v.pág.4 del periódico Público del 5 de junio de 2009).
Daniel González Romero
(v.pág.19 del periódico Público del 5 de junio de 2009).
Recordó además que el sistema de justicia mexicano confronta en careos a las víctimas con sus victimarios, lo cual inhibe la denuncia.
A su vez, el perredista Armando Barreiro, dijo que el primer lugar de México es reflejo "de la estrategia errónea que el gobierno federal, no sólo del actual administración, sino la anterior particularmente, ha seguido contra la delincuencia".
Además, dijo que la estadística del secuestro puede ser aún mayor debido a la cifra negra de delitos no denunciados y consideró necesario revisar el narcotráfico ha ampliado su área de operación, participando también en el delito de secuestro.
(V.pág.21 del periódico Público del 5 de junio de 2009).
"No hay duda de que la corrupción continúa siendo muy alta en México. Y el tráfico ilícito de dogas es una de las más tremendas fuentes de corrupción".
Para Labelle, la captura de 30 funcionarios en Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico es un claro ejemplo de los niveles de corrupción en las estructuras de poder.
Para tener éxito, insistió, el combate al narcotráfico debe implicar acciones simultáneas para evitar que la delincuencia corrompa las estructuras políticas, judiciales, policiacas, empresariales y financieras.
"En la guerra contra el narcotráfico se requiere atacar los paraísos fiscales para evitar que sirvan como centros de colaboración del crimen organizado. Se requiere transparencia en todas las instituciones gubernamentales acerca del dinero que entra y sale", detalló.
"Se necesitan instituciones paralelas eficientes en materia de auditoría y lucha anticorrupción, así como un poder judicial que funcione y que sea percibido por la ciudadanía como íntegro".
La especialista canadiense propuso promover mecanismos simplificados y seguros que permitan al ciudadano denunciar casos de soborno.
(V.pág.2 del periódico Mural del 4 de junio de 2009).
Jacobo Zabludovsky
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de junio de 2009).
Decenas de automovilistas se vieron afectados ayer, por la protesta de habitantes de diversos municipios de Michoacán en demanda de la liberación de alcaldes detenidos por presuntamente integrar una red de protección al crimen organizado.
(V.primera plana del periódico El Informador del 30 de mayo de 2009).
Ante la transición a la democracia, a estos acuerdos se sumaron los partidos políticos que pronto descubrieron el enorme poder que podían acumular frente a la autoridad, generando conflictos para lograr privilegios tanto legales y acuerdos de facto. La apertura económica trajo consigo la transformación de la clase empresarial, que a base de adquirir empresas públicas, como introducir empresas externas, crecieron a tal grado que pronto se dieron cuenta que también podían plantear acuerdos en el límite de la legalidad a las mismas autoridades.
Todo esto sucedía lentamente mientras se transformaba el aparato productivo con la inversión externa, y el sistema político probaba la apertura y competencia democrática, lo que trajo hechos positivos que levantaron una cortina de humo que impidió darnos cuenta que en pocos años México había puesto en jaque al estado de derecho, mediante acuerdos parciales de impunidad.
Se llegó a hoy día nos encontremos en una situación crítica: el sindicato de maestros tiene prácticamente secuestrado al sector educativo y a amplias zonas del ejecutivo a cambio de acción político electoral, generado una de las muestras de impunidad más evidentes; los petroleros secuestran mediante privilegios adquiridos la viabilidad de la industria del oro negro que paga pensiones que envidiarían en empresas de primer mundo; los partidos políticos se han convertido en agencias de privilegios de grupos cada vez más mediocres y la delincuencia se ha apropiado de espacios estratégicos en la seguridad, luchando por mantener cotos de protección en cuerpos de policías corruptos, cárceles y rutas de tráfico de armas, personas y drogas.
Ante este panorama, México necesita un pacto para cumplir la ley de forma cabal y sincera, por parte de todos los actores, y al mismo tiempo le urge terminar con estos cotos de poder. Sin este pacto la viabilidad de nuestro desarrollo está en riesgo grave. Es hora de decidirnos a cumplir la normas y dejar de lado la simulación. Un acuerdo en este sentido implicaría elevar las penas para castigar las rutas alternas tan acendradas en nuestra vida cotidiana.
Los desafíos a la legalidad que vemos todos los días son muestra que vamos en el camino equivocado, y hay un punto de no retorno que está muy cerca y no debemos pasar. Hay que ponernos de acuerdo que el país que queremos para nuestros hijos es una nación en la que la certidumbre social, jurídica, política y económica esté basada en las leyes y no en acuerdos políticos que generen privilegios. Si la impunidad es un cáncer, es hora de iniciar la quimioterapia.
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de mayo de 2009).
(V.pág.6-A de El Informador del 26 de mayo de 2009).
Jaime Preciado Coronado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología
(v.pág.19 del periódico Público del 22 de mayo de 2009).
"Si bien es cierto que el virus es muy contagioso, la industria restaurantera no ha visto que se afecte a los negocios ambulantes, cuando realmente en los establecidos, desde las pequeñas fondas hasta el restaurante más elegante existe la higiene, el agua corriente, la refrigeración, el manejo adecuado de los alimentos, cosas que no tiene un puesto ambulante", señaló Luis David González, propietario de Banquetes Viva.
"No pueden apretarnos a los restaurantes y pedirnos que pongamos las mesas a 2 metros de distancia, cuando nos podemos ir a puestos de tacos y hay 40 ó 50 gentes comiendo paradas, sin lavarse las manos y sin las condiciones que le está exigiendo la Secretaría de Salud a los negocios establecidos", aseguró González.
Consideran que hay una competencia desleal y los restauranteros están en desventaja.
(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 7 de mayo de 2009).
(Después de todo, dice bien el bambuco: "Mira que están mirando, que están mirando que nos miramos; / y sospechar pudieran que nos amamos, que nos amamos; / disimulemos..., disimulemos..., / y cuando no nos miren nos miraremos, nos miraremos").
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 6 de mayo de 2009).
Si el resultado de estas inspecciones es representativo del total de empresas en el país que están obligadas a obedecer la medida, se estaría hablando de casi un millón de negocios formales. El Gobierno tiene el reto de sancionar a medio millón de empresas... pero en 3 días apenas pudo visitar a 0.25% de ellas.
Para complicar el panorama, hay que considerar que la economía informal, la que no paga impuestos a Hacienda, ni seguridad social a sus empleados, está calculada en otros 2 millones de negocios, en su mayoría pequeños. Si también suspendieron [debieron suspender] sus actividades, el cómo sancionarlos es otro dilema.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de mayo de 2009).
Y es que los manifestantes de estas colonias localizadas al sur de la ciudad, negaron que la nueva medida impulsada por el Gobierno del Estado, y que entró en vigor desde el pasado 10 de marzo, solucione sus problemas de movilidad, asegurando que en estos momentos, gastan más dinero para salir de la colonia, cuando antes, podían llegar a la zona centro o más allá, al norte de la ciudad, con tan sólo 5 pesos.
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 27 de abril de 2009).
Si no se hace lo que yo quiero y considero justo,
todos los actos que realice, sean terroristas o no,
son responsabilidad del gobierno.
Así como lo oye, es el sesudo criterio
expuesto por intelectuales, y no tanto,
que formaban la Comisión de Mediación con el EPR.
Ciudadano:
Si lo multaron sin razón y no lo enmiendan.
Si no le dan las medicinas en el Seguro.
Si no le regresan el IVA.
Ponga una bomba en Tránsito,
una granada en la clínica o
secuestre el edificio de Hacienda.
La responsabilidad será del gobierno federal.
Poco falta para que en la ventanilla
de la izquierda pueda tramitar su
credencial de terrorista autorizado (CTA).
Se vale foto con capucha.
Nemesio Maisterra
(v.pág.6 del periódico Mural del 23 de abril de 2009).
Es triste que como sociedad no lo veamos como algo malo si no que lo festejamos y la mayoría de la gente hemos sido cómplices de la corrupción más de una vez. ¿Cuántas veces no nos ha parado la policía y lo primero que decimos es "¿cómo nos podemos arreglar?". No respetamos las leyes porque sabemos que podemos de una u otra forma salirnos con la nuestra.
Así como también el gobierno es corrupto. Que no nos digan que vamos ganando una lucha contra el narcotráfico y que lo estamos combatiendo, porque somos los únicos que piensan que todavía somos un país seguro.
¿Cómo vamos a avanzar y esperar cambios con ciudades controladas por el narco como Ciudad Juárez, con cartelones en la vía pública de "si estás necesitado de dinero te unas a los Zetas." ¿Cómo vamos a avanzar y dejar de ser corruptos?
Omar Soto Gaxiola
(v.pág.8 "Cartas del lector" del periódico Mural del 23 de abril de 2009).
Ponce fue grabado jugando en los salones VIP del casino Bellagio en Las Vegas, apostando a cuenta del empresario Carlos Ahumada, autor intelectual y material de los videoescándalos y quien ha revelado que esos viajes formaban parte de la trama de corrupción entre el gobierno de El Peje y los constructores del Distrito Federal.
Hoy, mientras Gustavo Ponce está en la cárcel, López Obrador sigue en campaña por todo el país, convocando a derrocar al gobierno federal, pretendiendo imponer su voluntad a los partidos que lo apoyan y postularse por segunda ocasión a la Presidencia de la República.
Y hasta la fecha, López Obrador sigue siendo intocable. Todos los partidos han denunciado la dudosa procedencia de los recursos con los que ha financiado su movimiento y las autoridades electorales no hacen nada.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral alegan vacíos en la ley para no actuar contra el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal que, lo saben propios y extraños, mantiene a sus colaboradores, sus giras, mítines y demás movilizaciones con dinero presuntamente proveniente de las arcas de los gobiernos de Zacatecas, Guerrero, Distrito Federal y hasta de los ayuntamientos donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática.
Como van las cosas, las próximas elecciones intermedias y las presidenciales de 2012 van a ser más que un ejercicio democrático una guerra sin cuartel entre candidatos y partidos manchados por la sombra de la corrupción y la inmoralidad.
¿Y el árbitro de la contienda? ¿Y el IFE? Bien gracias. Pero quizás es mucho pedir elecciones limpias y confiables a una institución que, por desgracia, está herida de muerte. Así que lo único que los mexicanos pueden esperar es que un golpe de suerte haga que la próxima elección presidencial tenga un ganador claro y contundente, para evitarnos los conflictos poselectorales anunciados por la incompetencia del árbitro y la ambición de AMLO.
Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 19 de abril de 2009).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 19 de abril de 2009).
La protesta, según Martín Rodríguez Piedra, secretario general de la Sección 271, es para cumplir el acuerdo de asamblea del pasado miércoles, en donde se determinó iniciar el bloqueo al acceso portuario por tiempo indefinido, para evitar que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ordene el cierre definitivo de la mina de cobre de Cananea, y se liquide a los mil 200 trabajadores sindicalizados, pertenecientes a la Sección 64 de ese gremio, que se encuentran en huelga desde julio de 2007.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de abril de 2009).
En México el proceso no funciona y lo tenemos que arreglar.
Sobre cómo arreglar el problema hay varias propuestas. El tema de moda es la pena de muerte -también los juicios orales.
A todos nos indigna el crimen en México. A pesar de eso, debemos reflexionar si queremos ser parte de una venganza pública -como lo es la pena de muerte- o parte de una propuesta real. El entregarle al estado la facultad de tomar una vida es un error.
No puedo imaginar lo que han sufrido parientes de víctimas de secuestro ni juzgaría el que busquen que sus verdugos paguen en especie, es entendible. Sin embargo, una ley nunca se puede basar en emociones.
La impunidad sí puede ser reducida. No existe fórmula mágica pero una infusión de capital que aumente sueldos, modernice instalaciones y capacite agentes del ministerio público lograría mucho más. El problema es que un slogan publicitario que lea, "Porque nos interesa tu vida: haremos una reforma a la parte adjetiva del código penal" suena bastante menos sexy.
Rodrigo Espinosa Marván
(v.pág.19 del periódico Público del 27 de marzo de 2009).
No tengo problema con la idea de que el estado aplique penas económicas además de corporales a los responsables de cometer delitos. El que se confisquen las propiedades producto del crimen me parece razonable, siempre y cuando se haya comprobado fehacientemente la responsabilidad del inculpado y un juez lo haya condenado después de un juicio justo. La experiencia que tenemos con los distintos órdenes de gobierno en México, sin embargo, es que prefieren primero confiscar y después determinar la responsabilidad de un acusado. En manos de nuestros gobernantes -y no encuentro mucha diferencia entre ellos por sus partidos- las leyes de extinción de dominio parecen un arma más para cometer abusos en contra de los ciudadanos.
Lo curioso es que los gobiernos no han necesitado hasta ahora de las leyes especiales para apoderarse de los bienes de presuntos delincuentes, aun cuando no haya concluido los procesos en su contra.
Ahí está el caso de Zhenli Ye Gon, a quien se acusa de ser productor de anfetaminas. El gobierno federal decomisó desde marzo del 2007 los 205 millones de dólares en efectivo que encontró en su casa de Sierra Madre 515, en Las Lomas de la ciudad de México, y de hecho ya los ha utilizado para diversos programas sociales. Pero Zhenli, quien se encuentra en Estados Unidos, todavía no es juzgado por los delitos que se le imputan.
En el Distrito Federal tenemos el caso de la discoteca News Divine. El jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en un aparente intento por desviar la atención de la verdadera responsabilidad de la tragedia del 20 de junio de 2008 -que fue la realización de un operativo policial que buscaba detener a jóvenes que cometían el imperdonable pecado de divertirse-, ordenó la expropiación del inmueble sin considerar que la instalación era alquilada. De esta manera castigó a una familia que no había cometido delito alguno y cuya falta era haber arrendado una parte de un predio de su propiedad a una empresa que manejaba un centro de diversión que contaba con todas las autorizaciones de ley para operar. La propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido una recomendación al gobierno capitalino por las fallas de esa expropiación, a la que el gobierno de Ebrard no le ha hecho ningún caso.
Con estos antecedentes debemos ver con gran inquietud los esfuerzos de los gobiernos perredista y panista por darse ahora, con las leyes de extinción de dominio, instrumentos todavía más poderosos para abusar de los ciudadanos. Inquieta que en las 2 legislaciones -la del Distrito Federal, que ya es ley, y la federal, apenas en dictamen- el despojo se realiza antes que el acusado sea declarado culpable por un juez, por lo que se mantiene ese inaceptable sistema mexicano de injusticia en que "primero los matamos y después viriguamos".
Por otra parte, tanto en la ley del D.F., como en la iniciativa original presentada por el presidente Calderón al Senado, y que ha sido al parecer enmendada por el PRI, el acusado tiene el peso de la prueba, al contrario de lo que debería ser el principio en un país de leyes en que al acusador debe probar sus afirmaciones.
Inquieta también que sea el estado el que se quede con los bienes objeto de extinción de dominio. Como bien lo saben las víctimas de Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, a quienes más de una década después de la captura del secuestrador no se les han devuelto sus bienes, un crimen es 2 veces crimen cuando el criminal primero despoja a la víctima pero después el gobierno se queda con sus bienes.
Para Germán Martínez Cázares el simple hecho de que se presenten objeciones a las iniciativas de "Nuestro Señor Presidente" es un reconocimiento de complicidad con los delincuentes: "O estás del lado del presidente o estás del lado del narco". Esa es la simple disyuntiva que el presidente nacional del PAN planteó el pasado 19 de marzo en la Convención Bancaria.
Yo, la verdad, ni siquiera conozco -que yo sepa- a algún miembro del narco. Pero sí conozco a los políticos y a los policías mexicanos, y estoy convencido de que la ley de extinción de dominio es un arma demasiado poderosa para ponerla en sus manos.
Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 26 de marzo de 2009).
Las autoridades sí cuentan con los medios para detectarlos, personal calificado, recursos económicos y hasta información privilegiada en diferentes entidades, como la policía y la banca.
Rosa María Fernández
(v.pág.7 "Cartas del lector" del periódico Mural del 26 de marzo de 2009).
Ante la crisis, empresarios han decidido no dar aumentos salariales, pero el ayuntamiento tapatío cedió ayer a presiones de burócratas y otorgó un alza salarial en promedio del 6.5%.
Los servidores desquiciaron el centro con su paro laboral y bloqueos viales para lograr su capricho de obtener un alza, en algunos casos hasta del 12% -cuando la inflación se estima en 6.2-.
El aumento significa un incremento para la nómina de 32 millones de pesos en este año.
Desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, los burócratas presionaron bloqueando las avenidas Juárez, Hidalgo y 16 de Septiembre.
Sólo durante la negociación con el alcalde, Alfonso Petersen, permitieron el tránsito en 16 de Septiembre y Juárez, pero las volvieron a cerrar.
Los acuerdos salariales llegaron hasta la noche y se quitó el bloqueo.
El líder sindical, Sergio Esparza, vio bien la negociación, porque algunos se llevan hasta 600 pesos libres de impuestos y retroactivos al 1 de enero y 7 días económicos más para faltar con goce de sueldo.
Los burócratas lograron su cometido, pero con el paro laboral y los bloqueos afectaron a los ciudadanos.
(V.pág.8 del periódico Mural del 26 de marzo de 2009).
Pasamos de la revisión con lupa
a hacernos de la vista gorda,
según se lleve más una prenda u otra.
Todo depende. Y la ley celebra también
la teoría de la relatividad.
Aplicación severa a los asesinos seriales,
dichos fumadores, con rigor y desprecio,
con tolerancia cero.
Total impunidad e insolencia en el uso
repetido y permanente de los celulares,
que todos ven, benevolentes y tolerantes.
Lo mismo va para los vidrios negros
polarizados, que transforman y
encapuchan al vehículo, sin saber si nos
sonríen o apuntan con una pistola.
La ley viene en diferentes tallas y estilos.
Nemesio Maisterra
(v.pág.8 del periódico Mural del 26 de marzo de 2009).
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2009).
Muchos de esos automovilistas o sus acompañantes, probablemente ni siquiera se enteraron del motivo de los kilométricos atascos que, en la zona metropolitana de Guadalajara, el lunes se concentraron en la entrada-salida de la carretera a Chapala, y ayer, una vez que los organizadores de tales manifestaciones decidieron "radicalizar" sus posiciones, se extendieron a las salidas-entradas de las carreteras a Nogales y Zapotlanejo.
Infinidad de personas llegaron tarde a sus compromisos -trabajos, escuelas...-; muchas otras perdieron sus vuelos por llegar tarde al aeropuerto, o llegaron a Guadalajara y tuvieron esa "postal" a guisa de regalo de bienvenida.
"¿Quiénes son?", preguntaban algunos. "Transportistas", respondían otros... "¿Qué quieren?", inquirían los primeros. "Reducción del precio del diesel y eliminación de impuestos", contestaban los otros...
En todo caso, la ley (Art.8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) garantiza el derecho de petición... Lo de menos es que quienes pretenden ejercerlo cumplan con dos de los requisitos que la propia norma establece: que la petición se formule "de manera pacífica (es decir, tranquila, sosegada, sin provocar disturbios, sin encontrar oposición, sin forzar a nadie a sumarse al movimiento, sin afectar los legítimos derechos de terceros...) y respetuosa"...
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 25 de marzo de 2009).
Dos fueron las demandas más visibles de los manifestantes: que se baje el precio del diésel y que desaparezca -para ellos, claro- el impuesto empresarial a tasa única.
Lo primero es entendible porque el país no opera con precios de mercado en el tema energético; así que cuando el diésel se puede hallar más barato en otro lado, hay razones para inconformarse. Pero lo segundo es inadmisible, toda vez que todos debemos pagar impuestos y el IETU es un gravamen de control para evitar la elusión fiscal de empresas que, como las transportistas, podrían no haber estado reportando utilidades.
La Anatram es una organización oportunista que más bien parece brazo de golpeteo político contra el gobierno federal en este año electoral. La propia Canacar ha desconocido su filiación al movimiento que la cámara inició pero que ya ha entrado en franco diálogo -con el tema de la seguridad al centro de la oferta del gobierno hacia los camioneros.
Carlos Mota
(v.pág.2 del periódico Público del 24 de marzo de 2009).
Otros de los que sufrieron las consecuencias del paro camionero fueron los pasajeros de aerolíneas. Ante esta situación, Miguel Aliaga, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, aconsejó a los usuarios del aeropuerto: "Lleguen 2 o 3 horas antes de su vuelo", esto en referencia a si es un vuelo nacional o internacional.
(V.pág.26 del periódico Público del 24 de marzo de 2009).
La manifestación realizada el viernes pasado, entre las 18:45 y las 20:45 horas, afectó a miles de usuarios, quienes tuvieron que bajarse del Macrobús en la estación Monumental (estadio Jalisco) y en Batallón de San Patricio (cerca del Periférico) y de ahí seguir su camino como pudieron, ya sea en taxi o en aventón. Después, el Macrobús implantó un servicio especial para trasladar a los pasajeros a la zona norte del corredor Independencia.
Esta es la segunda vez que vecinos de la colonia Panorámica Huentitán bloquean el carril del Macrobús, en protesta porque se suprimió la ruta 258-Panorámica. El anterior boicot lo realizaron el viernes 13 de marzo y también tuvo que suspenderse el servicio de transporte.
El director del Macrobús explicó que los colonos "están en su derecho de protestar", pero "no tienen derecho de perjudicar a los usuarios".
(V.pág.10 del periódico Público del 24 de marzo de 2009).
Hace algunas semanas veía un video en la página de Milenio.com donde unos oficiales de la policía de Zapopan, golpeaban a un conductor y le hablaban con palabras altisonantes sin que este pusiera resistencia alguna, una persona lo grabó con su celular y en cuanto los agentes se percataron de esto, inmediatamente amedrentaron al que estaba grabando tirándole de golpes y amenazándolo con que a él también se lo iban a llevar sin cometer delito alguno.
Con autoridades así, ¿en quién podemos depositar nuestra confianza?
La noticia habla de 101 denuncias sólo en el Distrito Federal, pero sería interesante conocer cuántas de estas denuncias procedieron y a cuántos ministeriales se les aplicó la ley. A decir verdad, no creo que el número que cuestiono pase de 20 denuncias que procedieron, es por eso que los delitos cometidos por la autoridad quedan impunes y continúan realizando las mismas prácticas.
Si los oficiales de tránsito, ministeriales, judiciales, etc., exigen respeto por parte de la población, es primordial que ellos se den a respetar primero y cumplan con su trabajo de manera eficiente.
Diamond Madrigal Castro
(v.pág.15 "correo" del periódico Público del 24 de marzo de 2009).
Paralelamente, el crimen organizado avanza, mientras en las cámaras se sigue discutiendo las formas y reglas que la ley debe tener para legislar en los tres mundos de ciudadanos que conviven en México.
Los que viven en la economía formal, la economía informal y la economía delincuencial.
La formal asume la responsabilidad y sobre sus hombros gravita la obligación del cumplimiento de la ley en todas sus formas. Sufren y padecer el abuso de las otras dos economías.
La economía informal es un segmento donde trabaja un gran porcentaje de la población, con la cuestionable ventaja de no pagar impuestos y disfrutar gratuitamente de los servicios públicos.
La tercera economía, la delincuencial, se mueve en la penumbra de la impunidad. Utilizan los miembros de la economía informal y, a la postre, se convierte en victimaria de la economía formal.
Del mismo modo, se puede esgrimir la tesis de que nuestra nación está dividida en varios segmentos económicos.
La clase social privilegiada, la acomodada, la trabajadora y los desfavorecidos.
Los privilegiados son encabezados por, los hijos, nietos y bisnietos de la clase política postrevolucionaria. Incluidos, están ahí, "los consentidos del estado".
La clase acomodada, obedece -por sobre todas las cosas- a proteger sus intereses derivados de las utilidades que les generan sus empresas.
La clase trabajadora, que vive al día, porque tiene que subsistir respetando los convencionalismos que la sociedad demanda, y tiene que cumplir con todas las obligaciones que el estado exige. Es sin duda la más esforzada de todas.
La clase menos favorecida es el reflejo de los errores, la falta de planes y de auténtica voluntad de transformación de los gobernantes.
Por supuesto, entonces, que resulte extremadamente complejo generar leyes que satisfagan y protejan tantas excepciones economías y clases sociales.
En el caso de las diferencias que existen entre el ejecutivo y el legislativo sobre la Ley de Extinción de Dominio que incautaria los bienes malhabidos de la delincuencia organizada, las diferencias se minimizarian sobre la base de un Estado de Derecho y sobre el "Principio de la Legalidad".
La incógnita que me preocupa es ¿cuándo los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial se animarán a ponerse de acuerdo en un solo principio?
Que todo lo que hagamos de hoy en adelante se deba regir sobre las bases de crear un sólido estado de derecho en donde todo lo que los 3 poderes realicen se haga sobre el principio inequívoco de la LEGALIDAD.
México tiene que reinventarse, México tiene que verse desde el punto de vista del México que los ciudadanos queremos, no del México que tenemos.
Alejandro Martí
(recibido por e-mail el 23 de marzo de 2009).
El espionaje de estado, las violaciones sistemáticas a las garantías constitucionales, a los derechos humanos, no pueden ser perdonados porque hay una guerra contra el crimen. Si los militares llegaron para quedarse haciendo labores policiacas, es urgente crear mecanismos de protección y vigilancia civil. De lo contrario seremos un pueblo bajo la ocupación de nuestro propio ejército. Y como históricamente ha sido, las mujeres serán el botín de guerra. Urge una conspiración por los derechos humanos.
Lydia Cacho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de marzo de 2009).
La escandalosa ineficacia del aparato de justicia de este país es un cáncer que no se cura con ejércitos ni con fuerzas de elite ni con comandos especiales. Hemos visto, justamente, el descontento de oficiales y combatientes de nuestras fuerzas armadas cuando, luego de haber consumado arriesgadas operaciones para detener a secuestradores y narcotraficantes, se encuentran con que los criminales salen tranquilamente a la calle porque el juez no tiene "pruebas suficientes" o, peor aún, porque exigía el testimonio directo de los participantes en la acción siendo que el anonimato es casi una cuestión de vida o muerte en estas circunstancias. Esta frustración la han padecido también muchos policías valientes y honrados al ver que sus sacrificios no han servido de nada porque al asesino que lograron detener le dictan una sentencia mínima o sale libre bajo fianza.
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 22 de marzo de 2009).
Outsourcing, despidos por embarazo, liquidaciones sin pago de obligaciones dejan claro que la Ley Federal del Trabajo se cumple mal y poco. Comercio informal, elusión, evasión y simulación fiscal hacen lo propio con las leyes impositivas. Prácticas monopólicas y acuerdos de cártel nos recuerdan que la ley de competencia es un anhelo. La destrucción de ecosistemas con el pretexto del crecimiento económico es cosa de todo los días. Cumplir la ley hace daño. No cumplirla, también. Esa es la paradoja.
La ley no vale para todos. Por eso, nadie esperaba que el gobierno federal obligara a Citigroup a vender Banamex. Honrar el artículo 13 de la Ley de Instituciones Financieras sería contraproducente, mejor dicho: sería un escándalo. Sólo un loco podría ordenar el cumplimiento de esa ley en este contexto. Sería una señal de hostilidad ante los inversionistas extranjeros y, también, hacia el nuevo gobierno de Estados Unidos.
No hubo locura, pero tampoco cordura. La explicación que ofrece Hacienda no tiene desperdicio. Para empezar no habla de Citigroup ni de Banamex por su nombre. Reconoce que la ley es tan antigua que no sirve para regular el actual sistema financiero. Pone a la crisis como pretexto para no aplicar la ley y, en un acto de realismo mágico, pide al Congreso que elabore una ley que sí pueda ser cumplida.
Más vale prevenir que cantinflear. La crisis global no pudo haber sido prevista en su magnitud, pero la obsolescencia de la ley de instituciones financieras no necesitaba un crack financiero para manifestarse, ¿quién asume la responsabilidad política por esta negligencia?
Un país que tiene una crisis cada década no puede poner las crisis económicas como un pretexto para el incumplimiento de las leyes. Se usan para justificar y tolerar el comercio informal; las contrataciones y despidos en condiciones porfiristas; la relajación del cumplimiento de las leyes de ecología y desarrollo urbano. ¿Queremos tener un estado de derecho? Empecemos por tomar en serio las leyes. Cumplirlas hace daño, no cumplirlas... es peor.
Luis Miguel González
(v.pág.32 del periódico Público del 20 de marzo de 2009).
¿Será porque en ésta ciudad, quien quiera subirse a un camión, al tren ligero o al BRT tiene que vérselas con los obstáculos solito y buscarse la vida? Los ciudadanos estamos acostumbrados a batallar, a pelear por nuestro sitio, a que sólo los más vivos tienen asiento, a que los choferes gritan y maltratan, a que la autoridad decide sin tomar en cuenta las necesidades más elementales de las personas comunes y corrientes, a que el transporte se termine a las 11 de la noche como si la vida en al ciudad se detuviera y el pago de impuestos sólo nos valiera para el turno diurno.
Los comentarios de la gente que se sube a este transporte son más que elocuentes y se entiende. En sus vidas de ir al trabajo, recoger a los niños, llegar con sus familias, visitar a sus enfermos, hacer el súper, no hay espacio para comprender la estupidez de las autoridades. No hay espacio para entender el supuesto bien superior que ahora se les exige. No queda paciencia para la solidaridad. Existe sólo lo que las autoridades han predicado con su ejemplo: el agandalle y la impunidad como boletos de ida y vuelta.
Myriam Vidriales
(v.pág.18 del periódico Público del 20 de marzo de 2009).
Los normalistas comenzaron la manifestación a las 11:00 am desde la Plaza Juárez hasta la glorieta de La Normal, ocupando los 3 carriles de sur a norte de la avenida 16 de Septiembre. Después de las 14:00 horas el grupo regresó al cruce de Juárez y 16 de Septiembre, donde bloquearon el tráfico, lo que motivó la llegada de policías antimotines, que amenazaron con desalojarlos.
(V.pág.15 del periódico Público del 20 de marzo de 2009).
(V.pág.8 del periódico Mural del 19 de marzo de 2009).
El senador Tomás Torres (PRD), integrante de la Comisión de Justicia del Senado, sostuvo que quien ha fallado es el presidente de la república, porque ha fallado en la aplicación de leyes ya aprobadas, sobre las cuales no ha habido resultados.
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, respondió al presidente que si se han tardado en la aprobación de las reformas pendientes contra el narcotráfico, es porque han tenido que corregir sus iniciativas, para evitar afectaciones a la población.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 18 de marzo de 2009).
Eran los tiempos de Vicente Fox, García Luna era titular de la AFI y con la captura de esos secuestradores se descubrió que se impulsó una estrategia para generar la percepción de que la lucha contra el crimen organizado estaba dando resultados, que consistía en organizar operativos y, si eran exitosos, llamar a las televisoras para recrearlos para que fueran transmitidos en los noticiarios de mayor rating en México.
Durante cierto tiempo tuvieron éxito, pero al intervenir la embajada francesa por la detención de Florence Cassez, la mascarada fracasó y García Luna se mantuvo en el puesto de manara sólo explicable por la complicidad de Vicente Fox en los montajes o por su incompetencia.
Ahora, a propósito de la reciente visita del presidente Nicolas Sarkozy, cuando la prensa le cuestiona sobre los montajes, García Luna se indigna y dice que es una "vergüenza" recordar su chapucería y olvidar que entonces fueron liberadas 3 víctimas de Los Zodiaco.
Y ahí está la raíz del problema: nuestros gobernantes olvidan que su trabajo es cumplir y hacer cumplir la ley, y en cambio cometen delitos y violan derechos humanos con tal de obtener resultados o, lo que es peor, aparentar tenerlos.
Vivimos en medio de una crisis que parece sin salida, porque quienes desde el gobierno están obligados a respetar la ley tienen la caradura de pretender que olvidemos que ellos son los primeros en violarla.
Por eso, urge ya desde hace mucho que sean de otra estatura los hombres que combatan al crimen: funcionarios como García Luna y como el procurador Eduardo Medina Mora sobran. Ojalá el presidente Felipe Calderón no se vuelva cómplice de su fracaso, como lo fue Vicente Fox.
Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 15 de marzo de 2009).
"Su aventura mexicana se trasforma en una pesadilla el 8 de diciembre de 2005. Ese día, se dirige a Ciudad de México por carretera, acompañada de Israel Vallarta. Luego de meses de una relación tormentosa, acaba de tomar la decisión de romper con él. Acaba de encontrar un apartamento e Israel le ayuda a trasportar sus últimos muebles. De pronto, son detenidos en un reten policíaco [...]. Florence es subida a una furgoneta de la AFI [...]. Los agentes la tranquilizan: Israel es quien está en la mira. Lo han seguido desde hace 6 meses. A ella la detienen solamente en calidad de testigo".
"Pasan las horas y cambia el trato de los agentes federales. Le ponen una cubeta para que haga sus necesidades delante de ellos. Se ríen, se burlan. Transcurrida la noche, la llevan al rancho de su ex, un lugar habitualmente tranquilo que, sin embargo, esa mañana está repleto no sólo de policías enmascarados y fuertemente armados sino de los equipos de las 2 grandes cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca [...] ¿Están listas las cámaras? ¡Adelante, el show puede comenzar!"
"24 horas después de su arresto en la carretera, la enteran de los cargos en su contra en plena violación a los preceptos de la Constitución, que exigen la presencia de un juez luego de que fuera detenida. [...] Dos de los rehenes liberados dicen que nunca han visto a la chica. Ezequiel, el tercero, sin embargo, es terminante: ella había estado allí, en el rancho, cruel como una bruja. Poco importa que este hombre esté bajo sospecha de haber sido en realidad uno de los guardias. Florence Cassez es detenida."
"Dos meses después, en el programa 'Punto de Partida', el procurador de la República y García Luna se congratulan de la operación. La conductora recibe una llamada: Florence Cassez, desde la prisión, exhibe a García Luna: no fue detenida el 9 de diciembre en el rancho sino la víspera, en la carretera. Los 2 altos funcionarios se ven obligados a reconocer el montaje, una reconstrucción para los medios, y a pedir disculpas. [...] A partir de ahí, todo cambia. El expediente, milagrosamente, se acrecienta. Los 2 testigos que no la reconocían [...] la identifican."
Lo que me sobran son dudas.
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 15 de marzo de 2009).
Blair no ha dicho sino una variante de lo que el propio gobierno mexicano sostiene en medios internacionales.
A saber: que la violencia mexicana, presente en todas las planas de los periódicos, se concentra sólo en unos cuantos estados, ciudades o territorios, donde lo que está en juego es la prevalencia misma del estado.
Esto es lo que dijo, matices más o menos, Dennis Blair: el gobierno mexicano no gobierna parte de su territorio.
Hasta aquí, con distintas palabras, las dos partes parecen admitir y repetir lo obvio. Pero ayer el presidente Calderón y el secretario Gómez Mont salieron a la prensa a sentar nuevas tesis.
El presidente dijo: "En todos y cada uno de los puntos del territorio nacional se preserva la vigencia de la ley".
El secretario de Gobernación remató: "Ningún espacio escapa a la dirección del estado".
Presidente y secretario dicen una cosa falsa...
Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 13 de marzo de 2009).
Sergio López, secretario general del CIDE, destacó que expropiar un bien sólo porque exista la presunción de que fue utilizado por la delincuencia organizada "es como dar a un policía un lanzagranadas de alta potencia y sin la debida capacitació".
Juan Velásquez afirmó que 70% de los habitantes del país han sido víctimas del narcotráfico, el cual no terminará por la aprobación de la reforma porque el principal problema es la corrupción y la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia.
Alertó que además de la inseguridad física la reforma que se discute dejaría a las personas en la inseguridad legal.
En las conclusiones de de la mesa de análisis, los senadores del PRD y del PRI, Pablo Gómez, y Jesús Murillo Karam, respondieron que no legislaran con prisas, por lo que el perredista insistió en que no se atenderá la presión del gobierno federal y del líder nacional del PAN, Germán Martínez.
El senador del PAN Santiago Creel admitió que con el análisis de los expertos se enriquecerá el debate a fin de salvaguardar los derechos de terceras personas.
(V.pág.24 del periódico Público del 13 de marzo de 2009).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 8 de marzo de 2009).
Al cierre del año pasado, el gobierno de la república les adeuda más de 5 billones de pesos. Ante ese despojo y robo a los trabajadores, muchos de ellos emprendieron una lucha de demanda y exigencia para que les devolvieran lo que les pertenece, y lograron en mayo de 2005 que el estado mexicano reconociera la legitimidad de su reclamo y promulgó la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores migratorios mexicanos del periodo 1942-1964.
Sin embargo esta ley ha sido del todo insuficiente. Además de pretender entregarles sólo 38,000 pesos a cada uno de ellos, 3% de lo que les adeudan, la aplicación ha sido muy restrictiva, ya que muchos de ellos no tienen condiciones de presentar la tarjeta del Social Security, la que además, debe estar apostillada, además de que excluye a las viudas que vivieron en unión libre y que no pueden acreditar el acta de matrimonio correspondiente, y a los hijos de dichos concubinatos.
Enrique Ibarra Pedroza
(v.pág.12 del periódico Público del 8 de marzo de 2009).
La frontera de nuestro país ha estado invadida desde hace años por autos chatarra que contaminan de una manera impresionante y que generan una competencia desleal a la industria automotriz y a las redes formales de distribución de vehículos en nuestro país. El nuevo decreto publicado este 2 de marzo no hace más que profundizar este proceso. En el mejor de los casos, resultará en más contaminación y más desempleo en México.
Los autos chatarra que entran a nuestro país no se quedan, como sabemos, en la frontera. Entre octubre del 2005 y octubre del 2008 fueron importados, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 4.3 millones de vehículos usados, los cuales han invadido todo el territorio nacional. Incluso cuando se importan ilegalmente, los dueños saben que si ejercen presión a nuestro débil gobierno éste terminará por legalizarlos, como hizo el ex presidente Vicente Fox.
El decreto del 2 de marzo publicado por la Secretaría de Economía, y que aparece firmado por el presidente Calderón, el secretario de Hacienda Agustín Carstens y el secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, argumenta que el Plan Nacional de Desarrollo considera importante "contar con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales”".
Pero en lugar de derivar las conclusiones lógicas de estas consideraciones, e impulsar una política que realmente promueva una economía competitiva con precios accesibles, crecimiento y empleos formales, el gobierno del presidente Calderón está anunciando una política que produce exactamente lo contrario.
Sí, es cierto que los vehículos usados que se están importando de Estados Unidos son más baratos que los que se pueden encontrar en México, pero eso se debe simplemente al hecho de que ya no hay mercado para ellos en la Unión Americana. Impedir o restringir el ingreso de esa chatarra a México no es una medida proteccionista. Se han hecho experimentos que demuestran que las autoridades de Estados Unidos no aceptan que los vehículos usados que se están importando a México puedan ser reexportados a Estados Unidos ya que no cubren las normas ambientales mínimas.
El costo para nuestro país de la política gubernamental de abrir las puertas a los autos chatarra ha sido enorme. Por una parte, se ha contaminado el ambiente de las ciudades fronterizas y de otros lugares del país en que legal o ilegalmente circulan estos autos. Por otra parte, se ha pegado un golpe severo a las actividades formales de fabricación y distribución de vehículos al ponerlas "a competir" con vehículos chatarra que ni pagan los impuestos ni deben ajustarse a las normas que a ellas sí se les exigen.
Además, hay un acto de profunda discriminación cada vez que el gobierno establece reglas que dan a algunos mexicanos o residentes, que viven en determinadas áreas del país, derechos o privilegios que se les niegan a los demás. Nuestro gobierno parece empeñado en establecer una distinción entre mexicanos de primera y de segunda.
El nuestro es un país muy competitivo en la fabricación de vehículos, como lo demuestra el hecho de que estamos exportando la mitad de nuestra producción. Pero mientras se cobre a los vehículos que se venden legalmente en México impuestos tan onerosos como el ISAN o la tenencia, no estaremos dando el mejor trato a nuestros consumidores. El decreto del 2 de marzo parece una más de las acciones del gobierno de la república encaminadas a golpear a la industria formal, aumentar la contaminación y destruir los pocos empleos que tenemos en el país.
Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 5 de marzo de 2009).
"Es una pésima noticia porque es una muestra de que el gobierno federal está cediendo ante los actos de fuerza promovidos por organizaciones de la frontera", manifestó Guillermo Rosales, director de relaciones institucionales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
De acuerdo con el directivo de este organismo, con esta modificación se está alentando la importación de autos usados. "Se modifica un decreto que durante los 2 meses y una semana que duró demostró que servía de control para evitar la entrada de chatarra en el país".
De acuerdo con cifras de la industria, durante enero de 2008 fueron importados 120,000 unidades 1998 y anteriores, en tanto que en enero de este año apenas se internaron a suelo mexicano 3,500 unidades 1999 y anteriores.
(V.pág.15-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2009).
El PRI ha contra argumentado diciendo que tal como lo plantean Calderón y el PAN, esa Ley de Extinción de Dominio puede convertirse en caldo de muchas injusticias, porque la sociedad en general estaría a merced de estados de ánimo y de la usual poca ética de los agentes del Ministerio Público, que con tal instrumento jurídico podrían en múltiples ocasiones ponerse a practicar la extorsión; pero con singular alegría.
El PAN no ha ido más allá de la contra argumentación siguiente: un ciudadano que no se dedique a actuaciones ilícitas, no tendrá nada que temer; y, en todo caso, podrá echar mano de juicios que podrá ganar.
El PRI ha respingado este lunes, volviendo a insistir en que la carga de la prueba -de acuerdo con la iniciativa de Calderón- estará corriendo a cargo del ciudadano o particular, y no en el Ministerio Público, que tendrá desde la acusación la ventaja de que la ley concede a su dicho la condición a priori de que sería la verdad jurídica.
No faltaría el Ministerio Público que pretendiese hacerse de una propiedad -una casa, un departamento, un edificio, un negocio, un terreno- a través de la vileza de la difamación. Y el particular, que de acuerdo con esa ley estaría siendo considerado culpable de principio, sólo podría recuperar su propiedad si, mediante el juicio correspondiente, demostrase su inocencia.
El debate sobre la Ley de Extinción de Dominio nada fácil ha sido estos días. En la posición del PAN y de Calderón también la realidad se ha paseado de la mano del sentido común.
Lo que afirma Martínez Cázares se sustenta en que la delincuencia organizada -en sus procesos de lavado de dinero- suele utilizar la figura también ilícita del prestanombres. Y tal y como está actualmente el derecho positivo mexicano (conjunto de leyes vigentes en estos momentos del país), los delincuentes han torcido fácilmente en su favor las normas, logrando con ello que aun en la cárcel sigan usufructuando financiera y económicamente de los resultados de sus delitos, ellos y sus familiares.
Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de marzo de 2009).
El senador apostilló: "Nuestra tesis es muy simple: todas las facilidades para el aseguramiento de los bienes, pero poner las garantías para que pueda haber un proceso correcto, que no cualquier Ministerio Público pueda, en el momento que quiera, iniciar una acción de éstas; y después también pueda, sin ningún problema, desistirse de ella. Esto daría una cantidad de extorsiones impresionante".
Vicente Bello
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de febrero de 2009).
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, dijo que a este problema se suma la ilegalidad y la emisión de contaminantes, de los vehículos "chatarra" que ya ingresaron a México.
El dirigente industrial advirtió que esos autos han generado un exceso de oferta en el mercado automotor mexicano, principalmente en los modelos de 1998 a 2008, lo que propició su depreciación.
El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Alfredo Llorente, informó que desde que se abrió la frontera a la importación indiscriminada de vehículos usados en 2005 el valor de las unidades automotoras en circulación en el país cayó entre 20 y 40%.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 28 de febrero de 2009).
Se acusaba a la ex titular de la Coordinación de Protección Civil de haber autorizado la compra, presuntamente no justificada, de 9,987 pares de botas y 15,513 impermeables para los damnificados del huracán "Isidore".
Cuando la SFP presentó las acusaciones en su contra, el caso se politizó sin remedio. Después de los escándalos del Pemexgate y de los videos del perredista René Bejarano, los priistas y perredistas necesitaban en vísperas de la elección del 2007 comprobar que los panistas son tan corruptos como todos los demás políticos. Cuestionar la honestidad de Segura Rangel, por otra parte, era una manera de atacar a Creel, quien ya buscaba la candidatura del PAN a la Presidencia de la República. Muchos políticos del PRI y al PRD salieron a linchar públicamente a la ex coordinadora de Protección Civil. El entonces senador Manuel Bartlett afirmó que el PAN hacía esfuerzos por liberar a Segura Rangel de la acusación para lograr que "su jefe [Creel] quede totalmente libre de esta cuestión". Porfirio Muñoz Ledo, entonces ya distanciado del gobierno de Vicente Fox para el que había trabajado y volcado a apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, habló de que este caso ejemplificaba la "metástasis de la corrupción" en todo México (La Jornada, 30 noviembre 2005). Algunos senadores del PRI afirmaron que la ex coordinadora estaba siendo investigada por irregularidades que ascendían a más de 368 millones de pesos entre 2002 y 2005 (Reforma, 25 noviembre 2005). Varios columnistas cercanos al PRD y al PRI la exhibieron públicamente como una muestra de la sabida corrupción del PAN.
Muchos panistas, sin embargo, salieron a la defensa de Segura Rangel. Su reputación a lo largo de las décadas en que había militado en el partido era impecable. Ella misma se presentó en una conferencia de prensa visiblemente afectada: "Nunca desvié un solo peso -dijo- y esto lo demostraré por todos los medios a mi alcance… Mi actuación en todos los cargos públicos ha sido con estricto apego a la ley. Nunca en toda mi vida me he hecho de un peso que no haya sido producto de mi trabajo honesto. Lo sé yo, mi familia y quienes me conocen". El PAN la postuló a una diputación local en el Distrito Federal por la vía plurinominal para asegurar su elección y protegerla, por medio del fuero, de alguna acción legal en su contra. El PRD cuestionó la inmoralidad de la acción panista. El fuero por la diputación habría terminado en agosto de este 2009.
Hoy, después de una larga batalla legal, Segura Rangel ha sido declarada inocente de los cargos que pesaban en su contra. Un tribunal ordenó a la Secretaría de la Función Pública anular la sanción y emitir una nueva resolución. La propia SFP determinó este 24 de febrero que "de las declaraciones emitidas en audiencia de ley, y de la legislación especializada vista con antelación, se acredita con mediana claridad que las imputaciones realizadas en contra de la entonces coordinadora general de Protección Civil de la Segob, no le eran atribuibles en sus justas dimensiones a ese encargo".La politización del caso, sin embargo, no ha terminado. La página de internet "El sendero del Peje", que refleja el punto de vista de los grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, encabezó la nota de la anulación "Dan impunidad a Carmen Segura a unos meses de que se le acabe el fuero". Para mucha gente, sin embargo, panistas o no, el caso de Segura Rangel demuestra lo fácil que es en nuestro país acusar a alguien de faltas no cometidas para que después un largo proceso concluya con el consabido "Usted disculpe".
Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 26 de febrero de 2009).
Esa es la conclusión que se desprende de los "Informes de países sobre prácticas de derechos humanos" en 2008, entregado hoy al Congreso de Estados Unidos por el Departamento de Estado, en cumplimiento con una ley federal de 1961.
En el apartado sobre México, que abarca 10 páginas, el documento dice que el gobierno, en general, ha respetado y promovido los derechos humanos mediante la investigación, procesamiento judicial y sentencia de funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en actos de corrupción.
Sin embargo, el país ha registrado problemas de derechos humanos como asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad, secuestros y abuso físico; hacinamiento en las cárceles; arrestos y detenciones arbitrarios; intimidación "criminal" de periodistas, e "impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno".
El Departamento de Estado dijo que aunque la ley mexicana penaliza la corrupción, este es un problema persistente, ya que algunos funcionarios públicos continuaron perpetrando "abusos burocráticos y algunos actos criminales con impunidad".
Citó como ejemplo el pago de sobornos -o "mordidas" en el léxico mexicano- a funcionarios administrativos y las fuerzas de seguridad para servicios rutinarios o en vez de multas.
Pero también hubo casos de corrupción más sofisticados y menos obvios, "incluyendo el sobrepago de bienes y servicios para proveer un pago a funcionarios electos y partidos políticos", indicó el informe.
Señaló, por otro lado, que también hubo actos de violencia doméstica contra las mujeres, "muchas veces perpetrados con impunidad", así como violencia e incluso asesinato de mujeres.
El análisis también destacó el problema del tráfico de personas, "algunas veces presuntamente con involucramiento" de funcionarios, la discriminación social y económica contra algunos miembros de la población indígena, y el trabajo infantil.
(V.Agencia Efe del 25 de febrero de 2009).
La Movilización Nacional por la Viabilidad del Autotransporte de Carga, convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, paró carreteras y avenidas completas en las principales ciudades de los 4 puntos cardinales de México.
En el centro del país, donde confluyeron desde temprana hora contingentes provenientes de gran parte del territorio nacional, las muestras de apoyo y rechazo quedaron de manifiesto.
Un capitalino, consternado por el retraso, justificó la interrupción vial: "Tienen su derecho a protestar, a exigir que sean escuchados, pero también nosotros tenemos derecho a circular".
Transportistas en las ciudades de la franja norte del país han protagonizado desde comienzo de año decenas de protestas, al grado de cerrar puentes fronterizos en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, motivados por la exigencia para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, congele el precio del diesel.
En la autopista Guadalajara-Zapotlanejo el congestionamiento vial alcanzó alrededor de 3 kilómetros, debido a la caravana de los camiones de la Canacar.
Los manifestantes comenzaron a retirarse a alrededor de las 13:30 horas de la autopista a Zapotlanejo, y aproximadamente a las 14:30 horas de la vía a Chapala, luego de entregar a un funcionario su pliego petitorio, en el que demandan la suspensión del IETU y que se congele el precio del diesel.
Con la intervención de senadores y diputados, se concretó la instalación de una mesa de discusión, que inició anoche y en la cual no se llegó a ningún acuerdo concreto respecto a sus demandas, pero sí continuar las pláticas para abordar asuntos de seguridad e importación de carros usados y en temas competentes a Hacienda, como la reducción al diesel.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2009).
No importa si son parte de las fuerzas del orden, sicarios o civiles; la mayoría de las víctimas fatales incrementa la lista de muertos, sin que los gobiernos locales y federales tengan capacidad, operativa u organizativa, para resolver cada crimen. Sus casos quedan en un limbo entre las autoridades.
Según el último recuento, en 2008 fueron 5,630 las personas que perdieron la vida en incidentes relacionados con el narco, y justo en los primeros 51 días de 2009 sobrepasaron la barrera de los mil.
"Las instituciones responsables de la procuración y la administración de justicia encuentran un ‘nicho de oportunidad’ para librarse de su obligación constitucional de perseguir y castigar el delito, y proveer justicia a todos", explica el periodista e investigador Marco Lara.
En las plazas de mayor conflicto, los cuerpos se acumulan en escuelas de medicina y anfiteatros, y de allí, a las fosas comunes.
"La oleada de violencia ha empezado a provocar que el incumplimiento de la ley comience a verse como algo normal, como algo que bien puede sobrellevarse en el contexto de emergencia que estamos atravesando", explica Lorenzo Córdova Vianello, investigador de la UNAM. Otros especialistas coinciden con él.
(V.periódico El Informador en línea del 23 de febrero de 2009).
Estamos, en ese sentido, mucho más cerca del Chicago de los años 20 que del Yemen de nuestros días.
Pero, la realidad de que porciones enteras del territorio nacional estén controladas por el narco nos coloca, a la vez, en una lista de países en riesgo de devenir en estados fallidos.
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 22 de febrero de 2009).
Se trata, dicen en Monterrey, de tener elementos jurídicos para perseguir y castigar a quienes participan en las narcoprotestas, aun cuando sean mujeres con niños en brazos y ancianos. A ver.
Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 20 de febrero de 2009).
Cientos de personas bloquearon el martes puentes en la frontera con Estados Unidos y varias carreteras en al menos 4 estados del país para exigir el retiro de las calles del ejército.
Las protestas, similares a las que iniciaron la semana pasada en la ciudad norteña de Monterrey y que el gobierno ha dicho son patrocinadas por el narcotráfico, se registraron en diversos puntos de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, informaron autoridades locales.
En Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León y donde la semana pasada iniciaron ese tipo de bloqueos, se registraron el martes dos nuevas protestas, en algunas de las cuales participaron incluso mujeres y niños.
A lo largo del día se reportaron nuevas manifestaciones en los otros estados, incluidas en los puestos fronterizos de Reynosa, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.
Para las autoridades, las manifestaciones que iniciaron en Monterrey no responden a una demanda legítima de la gente, sino de una acción concertada del crimen organizado para intimidar e interferir en la lucha contra las drogas que el país emprendió con apoyo del ejército.
En las protestas varias personas tapaban su cara, incluidas las realizadas en los puentes que llevan a Estados Unidos en al menos 3 localidades fronterizas con Texas: Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa.
Alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños, bloquearon el puente de Paso del Norte en Ciudad Juárez y que lleva hacia El Paso, Texas.
En Veracruz la policía registró al menos tres bloqueos, uno en las afueras de la capital Jalapa y 2 más en carreteras en el norte y centro del estado, dijo una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
(V.Associated Press del 16 de febrero de 2009).
Desde las 13:00 horas, cerca de 150 productores -muchos de ellos presidentes de las asociaciones ganaderas de sus municipios- cerraron el cruce de La Paz y 16 de Septiembre, en plantón ante las puertas de la delegación de la Secretaría de Economía; exigieron un encuentro con el delegado, Roberto Fernández Silva. Ahí, finalmente, presentaron un pliego petitorio que, entre otros puntos, exige al gobierno federal cerrar las fronteras a la importación de leche en polvo y lácteos.
Exigieron también apoyo a los lecheros, pues producir un litro cuesta 5.20 pesos, cuando a ellos sólo les ofrecen 4.20 pesos.
(V.primera plana del periódico El Informador del 17 de febrero de 2009).
Pero no son sólo golpizas y torturas. Según la más reciente encuesta de Mitofsky, 75% de los mexicanos apoya la pena de muerte para los peores delincuentes. Lo intrigante es que al mismo tiempo, considera que 41% de los ministerios públicos, los encargados de investigar los crímenes, son corruptos.
Eso significa que si se instaura la pena de muerte en el país por decisión de la aplastante mayoría, de cada 10 ejecutados con la inyección letal, 4 serían inocentes... pero ya estarían muertos.
La desesperación ciudadana por la falta de resultados en la impartición de justicia ha llevado a pedir los más extremos castigos -lógica sed de venganza-, más no la mayor eficacia policiaca. Olvidamos que el problema no es cuánto tiempo se van a pasar encerrados los criminales, sino que realmente los detengan, procesen y sentencien.
Confiarle vidas humanas a policías y procuradurías tan ineficaces y corruptas, es condenar a inocentes a la muerte, es vivir en un estado en donde no importen las pruebas sino las apariencias: hace poco un amigo me sugirió no investigar si "El Apá" era realmente culpable del secuestro de Martí, bajo el argumento de que la sociedad necesitaba ver un culpable.
Nuestra desesperación nos está volviendo fascistas. Y no hay escenario más cómodo para cualquier gobierno de cualquier pensamiento ideológico, que una ciudadanía que por decisión propia cierra los ojos ante los abusos y atropellos que se hacen por "motivos de estado", sean frenar al narco, contener el secuestro o ganar una guerra en Asia.
La laxitud termina cuando alguien querido e inocente es víctima del agravio. Siguen la impotencia y la indefensión, luego el arrepentimiento. Ojalá nuestra permisividad no haga que si esto sucede, sea demasiado tarde.
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2009).
Macheteros detenidos: 200. Policías detenidos: 21. Macheteros procesados: 167. Policías procesados: 6. Macheteros en prisión: 13 (3 en máxima seguridad, con sentencia de 112 años). Policías en prisión: 0. Mujeres que denunciaron abuso sexual ante Derechos Humanos: 26. Policías investigados por presuntos actos libidinosos: 1 (amparado, fuera de prisión).
Y terminará dictando la Verdad Absoluta una politizada Corte. Primero, porque sólo analiza los agravios de policías a ciudadanos, y nos los que ocurrieron al revés. Y segundo, porque esta vez, los ministros están animados por abogados panistas famosos para que se lancen contra 2 de sus adversarios políticos con cargo importante [¿Ebrard y Peña Nieto?].
Aún con sus cabecillas en la cárcel, los macheteros apoyan toda lucha subversiva en México: aparecen con la APPO en Oaxaca, con el EZLN en Chiapas y respaldan al EPR donde ponga bombas. Porque la ley mexicana así lo marca, seguramente estos vínculos, más las golpizas y secuestro de agentes en Atenco, les ameritarían cárcel... como a los policías por el abuso de poder, el uso desenfrenado de la fuerza y las agresiones sexuales. Pero sólo a unos les tocó.
Eso incomoda en un México que se quiere democrático y con estado de derecho: que al final, ante agravios similares, los castigos son distintos. ¿Qué es preferible, 112 años de cárcel y que la Corte te dé la razón, o vivir en libertad y aguantar la descalificación político-judicial?
Mientras eso sucede, ¿dónde está la dupla de hombres que ofreció 9 pesos por hectárea a los campesinos y detonó con ello el conflicto? Uno, declarando que durante 6 años dejó encargada la oficina "a alguien" y se dedicó a hacer campaña. El otro, secretean en la redacción de la revista que acaba de vincularlo con un crimen pasional impune, fuera del país a causa de la publicación.
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2009).
Al filo de las 10:00 de la mañana, taxistas, restauranteros, trabajadores de bares y cantinas, dueños de lotes de autos y ciudadanía de diversas colonias iniciaron un movimiento inusual en esta ciudad.
Tomaron por asalto las carreteras Reynosa- Monterrey, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Matamoros y los 2 cruces internacionales, desquiciando en su totalidad esta fronteriza ciudad.
Los vendedores de autos usados y taxistas mantienen bloqueados los puentes internacionales exigiendo al gobierno federal dé marcha atrás al aumento, al decreto exagerado por el costo a los trámites de impuestos para la regularización de vehículos en la frontera y nacionalización de autos usados americanos; mientras que los taxistas con pancartas exigen un cese a los abusos que cometen los militares en los operativos.
(V.periódico El Informador en línea del 31 de enero de 2009).
La megamarcha convocada por organizaciones campesinas convocó a más de 50,000 personas que expresaron su rechazo a la política económica y social del gobierno de Felipe Calderón. Provocó un intenso caos vial en la zona centro de la Ciudad de México.
Cientos de campesinos de distintas organizaciones chihuahuenses y de otras regiones del país bloquearon los carriles de importación en el puente internacional Córdova-Las Américas, para pedir que el sector agropecuario sea tomado en cuenta en el plan anticrisis del gobeirno federal y se le apoye en los precios de los combustibles, electricidad y otros insumos para la producción.
Las organizaciones campesinas del Estado de Chihuahua integradas en el movimiento "Vámonos a la Bola Para Rescatar el Campo", además de otros grupos del Estado de Hidalgo, Puebla y Durango, mantuvieron durante casi 3 horas el bloqueo.
Transportistas de la zona sur de Tamaulipas bloquearon durante media hora la circulación vial de la carretera Tampico-Mante.
En unos 80 camiones de carga pesada, protestaron contra el alza del diesel y el cobro del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. Manuel Ibarra Martínez, presidente de la Camara Nacional del Autotransporte de Carga en esa región, indicó que las exigencias se centran en la reducción al precio del diesel.
En Tamaulipas también hubo manifestaciones, los inconformes utilizaron sus unidades de carga para bloquear el libramiento Altamira. También exigen la reducción al precio del diesel.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 31 de enero de 2009).
El problema vehicular en la zona ya se extiende a unos 4 kilómetros, pues los vecinos llevan en el lugar cerca de 2 horas.
Personal de Luz y Fuerza del Centro dialoga en la zona con los vecinos para la solución en el suministro de energía eléctrica, pues según ellos llevan al menos 4 días sin este servicio.
(V.Notimex del 30 de enero de 2009).
[Luego no se quejen de que la gente no pague puntualmente - el webmaster.]
(V.pág.17 del periódico Público del 30 de enero de 2009).
"La mayoría de mis alumnos de entre 20 y 40 años coinciden en que es necesario cambiar nuestro sistema de procuración de justicia, consideran que el actual es obsoleto y que ya está agotado. También convivo con maestros que tienen más de 40 años y lo que palpo es que 95% prefiere que las cosas se queden como están, ¿por qué?, porque esto implica que tienen que aprender de nuevo... hay apatía y falta de interés por aprender o estudiar nuevamente el derecho con otro sistema de aplicación".
El profesor investigador dice que además de obsoleto, el sistema escrito o germano-romano es pasivo y que la reforma aprobada obligará a los jueces a estar presentes en la audiencia, "ahora los Ministerios Públicos tendrán que ser protagonistas, utilizar, fomentar y aprender argumentación jurídica y desarrollar habilidades de palabra".
Jiménez Reynoso dice que es un cambio profundo en el conocimiento del derecho y que a los abogados mayores les cuesta trabajo entender que se debe cambiar el sistema escrito de tajo, "estamos hablando de un problema generacional".
(V.pág.17-A del periódico El Informador del 26 de enero de 2009).
Cualquier parecido con los enredos legales que han permitido el gran fraude con patrimonio público en la zona de Los Colomos, en Guadalajara (Público, 16 de junio de 2008) no es mera coincidencia.
(V.pág.8 del periódico Público del 23 de enero de 2009).
Así, de forma simultánea y apoyados por las cámaras de Comercio de la Frontera Norte de México, cientos de vendedores de autos usados marcharon en contra de la Secretaría de Hacienda y del decreto que prohíbe desde el primero de enero importar autos con más de 10 años de antigüedad.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2009).
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 20 de enero de 2009).
Primero, por un empresario farmacéutico a quien acusó indebidamente de piratería a instancias de los laboratorios Bristol Myers Squibb de México; y luego que el acusado fue exonerado, la compañía transnacional responsabilizó a la dependencia federal de ser la que actuó erróneamente al no impedir su demanda, que llevó al afectado a pasar casi 9 meses en la cárcel.
La trama comenzó el 8 de mayo de 2007, cuando el empresario farmacéutico Ricardo Avelino Javer Fernández fue detenido por agentes federales al salir de su casa, en Morelia, Michoacán. Diez horas después, en el Reclusorio Norte del DF, sabría que los laboratorios Bristol Myers lo acusaban de piratería, por 2 ampolletas de un medicamento presuntamente alterado y que "curiosamente" detectó en 2005 un médico ligado a una de las empresas distribuidoras de medicinas a la que Javer Fernández rechazó comprar por sus elevados precios.
8 meses y 21 días después, tras demostrarse que no existían pruebas sobre la falsificación o alteración del medicamento, y que Bristol Myers carecía de personalidad para acusar a Javer Fernández, el caso culminó con el fallo absolutorio dictado por la juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Olga Sánchez, y fue ratificado 3 meses después por el entonces magistrado del Sexto Tribunal Unitario, José Angel Mattar Oliva, según los expedientes 56/2007 y 109/2008, respectivamente.
El desenlace judicial dejó abierta la puerta a la demanda civil por parte del afectado y su empresa, Fernández y Javer SA de CV, dedicados a la compra, venta y distribución de medicamentos y material de curación, debido a que los fallos judiciales consideraron "ilegal" la acusación hecha por la transnacional y respaldada por la PGR sobre el presunto delito de violación a la Ley de la Propiedad Industrial, en su modalidad de vender en forma dolosa productos falsificados.
De hecho, las resoluciones judiciales se produjeron luego de que, durante los 2 años previos al encarcelamiento del empresario farmacéutico, la propia PGR había considerado archivar por falta de pruebas hasta en 2 ocasiones la querella de Bristol Myers, pero en mayo de 2008 -y en menos de 24 horas- la denuncia se reactivó y se consignó con los mismos elementos ante un juez federal.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 19 de enero de 2009).
No le deseo a ustedes tormentos de ninguna especie, amables lectores, pero si algún día se ven obligados a traspasar el umbral de una agencia del Ministerio Público sabrán que la soberanía del estado se disuelve precisamente ahí donde la confiscan malignos subalternos, empleados corrompidos hasta la médula y leguleyos siniestros dedicados a sacar provecho de la desgracia ajena. En cuanto a la escandalosa ausencia de seguridad en nuestras ciudades podemos preguntarnos: ¿y el estado? ¿Dónde está? ¿Qué garantías ofrece? ¿Qué lugares controla?
La visión de apacible normalidad que ofrecen las calles de este país es absolutamente irrelevante en relación a los derechos que merecen los ciudadanos en cualquier sociedad civilizada. Ya hay señales -muy manifiestas- de que la aparente regularidad de la vida cotidiana comienza a resquebrajarse: te lo dice nuestro hombre de Tijuana, te lo cuenta el taxista que ha recibido amenazas por teléfono, te lo comprueba el vendedor de coches que ha cerrado el negocio luego de ser extorsionado y te lo reiteran las abrumadoras cifras de una criminalidad que no es castigada porque el aparato de justicia está podrido desde sus propias entrañas.
Si seguimos así, el país entero se va a colapsar. Tendremos un "estado fallido", en efecto, pero no solamente por cuenta de los narcotraficantes sino de los rateros, los extorsionadores, los secuestradores, los policías corruptos, los jueces vendidos, los politicastros, los vendedores de mercancías robadas, los falsificadores, los mercaderes de películas pirateadas, los contrabandistas, los inspectores deshonestos, los revendedores, los contratistas voraces, los constructores tramposos, los aduaneros estafadores, los líderes sindicales embaucadores, los burócratas haraganes y los pillos de todas las cataduras posibles.
Así las cosas, no necesitamos siquiera a los narcotraficantes para socavar la estructura del estado mexicano. Nos bastamos solos para edificar, pues sí, un "estado fallido".
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 18 de enero de 2009).
Bloqueo carretero en la ciudad de Oaxaca por maestros de la Sección 22. Exigen a las autoridades federales y estatales la devolución de escuelas que tienen en su poder profesores disidentes de la sección 59.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 17 de enero de 2009).
El brote se dio luego de la compra de carne en la carnicería "La Azteca", ubicada en la cabecera municipal de Zapotlanejo, la cual inmediatamente quedó suspendida.
En el 2008 la entidad sufrió solo de un brote de 21 personas intoxicadas, oriundas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
El clenbuterol es una sustancia tóxica cuya adición no está permitida al alimento para engorda de ganado debido a que puede ocasionar daños severos a los consumidores e incluso la muerte.
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 17 de enero de 2009).
El 28 de agosto del año pasado entró en vigor la llamada Ley Antitabaco, que en términos generales consiste en la prohibición de fumar en establecimientos públicos cerrados.
Cuando se promulgó esta ley sentí que estábamos enfilados para convertirnos en un país civilizado, respetuoso de las leyes y los derechos de los demás, y me imaginaba que como resultado de esta nueva civilidad democrática comenzaríamos a ver otras muestras de desarrollo social, como que nadie se pasaría los altos, circularía en sentido contrario, o se estacionaría en lugares prohibidos; que nadie tiraría papeles en la calle, que las carteras perdidas comenzarían a ser devueltas...
Sin embargo, la realidad ha sido otra. Pocos son los fumadores que voluntariamente respetan esta nueva ley; no todos los restaurantes, oficinas y establecimientos comerciales la aplican, y las autoridades correspondientes no sancionan a los que la violan.
¿De qué sirve que se inviertan recursos legislativos y ciudadanos en proponer y debatir, y que gasten sesos y tinta argumentando los pros y contras de un proyecto de ley, si una vez que se aprueba, simplemente no se aplica?
El pasado domingo MURAL publicó algunos datos que ilustran la esterilidad de esta ley en el Distrito Federal y en el Estado de Nuevo León (no se por qué no mencionaron ningún dato de Jalisco, al respecto).
Decía la nota que en el DF la Secretaría de Protección Civil, mediante un operativo denominado "Antro Seguro", visitó un total de 626 establecimientos, detectando en 60 de ellos una serie de violaciones, entre otras, a esta nueva disposición, sin que a la fecha haya habido ningún reporte o registro sobre verificaciones, sanciones o clausura a ninguno de los establecimientos señalados.
Tampoco se ha reportado ningún arresto de personas por haber fumado al interior de espacios públicos cerrados.
Pero lo peor de todo es que la propia Secretaría de Salud dice que no está facultada legalmente para sancionar a los establecimientos, y las autoridades estatales y federales no han emitido los reglamentos que definan y regulen su aplicación.
En otras palabras: entra en vigor una ley sin que se sepa a quién le corresponde vigilar su cumplimiento ni qué sanciones se aplicarán a quien la viole.
Tan obvia es la esterilidad de ésta y muchas otras leyes más, y el estado de impunidad en que vivimos, que hay restaurantes que descaradamente se atreven a poner letreros en la calle anunciando que ahí "sí se puede" fumar.
Poner un letrero así, después de que se promulgó una ley que precisamente prohíbe fumar en un establecimiento público cerrado, es lo mismo que poner letreros que digan: "Aquí nos vale madre la ley". "Aquí hacemos lo que nos da la gana", sin que nadie diga nada.
Y el hecho que un fumador irrespetuoso prenda su cigarro en medio del restaurante, a pesar de que algún mesero o comensal les recuerda que está prohibido fumar, es como si nos dijera a todos, y particularmente a la autoridad: "A mí, ustedes y su ley me hacen los mandados". Y es cierto, pues ningún policía vendrá a sacarlos.
¿No les dará siquiera un poquito de coraje a los legisladores que todo mundo se ría de ellos y se "pitorree" de las "leyecitas" que promulgan?
Porque a mí, como ciudadano, el hecho de que impunemente se burlen de una disposición aprobada por la mayoría me produce una especie de decepción democrática.
Hablemos de leyes, de gobierno, de autoridades, de legisladores, de partidos políticos, de diputados y senadores, y desgraciadamente estaremos hablando no de justicia, de estado de derecho, de democracia, de honorabilidad, respeto, decencia o confianza, sino de: esterilidad, incapacidad, corrupción, impunidad, frustración y decepción.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 15 de enero de 2009).
Transportistas cumplieron su amenaza y a partir de las 15:00 horas de ayer domingo iniciaron un paro parcial del servicio, adicionando otra medida de presión como fue una manifestación con unidades. Con un centenar de camiones estacionados en carriles laterales de vías como Alcalde-16 de Septiembre, Corona y calle Independencia, se afectó la circulación en el centro tapatío.
La principal afectación con las medidas de presión de los transportistas, quienes demandan una aumento [de 5] a 7 pesos al precio del pasaje, la padecieron los automovilistas que circulan por el centro de Guadalajara, ya que vialidades tan importantes como 16 de Septiembre-Alcalde estuvieron funcionando después de las 14:00 horas sólo con 2 de sus 3 carriles, por sentido.
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 12 de enero de 2009).
Hace unos días, Seguridad Pública capitalina dio a conocer, con fotografías y detalles, la detención, en la colonia Guerrero, de 3 individuos que portaban una subametralladora Uzi y habían sido reconocidos como responsables de secuestros y asaltos.
Sin embargo, a pesar de las evidencias, el MP no encontró elementos inculpatorios para consignarlos y ya están de nuevo en las calles.
Trescendió
(v.pág.2 del periódico Público del 2 de enero de 2009).
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