(V.pág.11-A del periódico El Informador del 30 de diciembre de 2013).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 28 de diciembre de 2013).
Los docentes bloquearon la capital del estado para presionar el pago de aguinaldos y descuentos salariales que les han hecho a los faltistas.
(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 27 de diciembre de 2013).
La facilidad con la que se expande el crimen organizado o lo arraigado de la corrupción, por mencionar dos fenómenos relevantes, reflejan algo más que una falla endémica a nivel institucional. Junto a ellas es sintomática la violación cotidiana, con actos en apariencia irrelevantes, que la enorme mayoría de los mexicanos hace de algunas leyes locales y en general de normas que imponen una convivencia cívica de mediana calidad.
En estos día basta observar ciertas opiniones en torno a la legitimidad de la protesta social para entender lo torcido que está la conciencia legal, incluso de importantes actores de nuestra vida pública.
Anarquistas que destrozan el centro de la Ciudad de México, maestros que alteran de la peor manera el orden público, afectando los intereses de la generalidad de la población, o el caso específico de los opositores a la reforma energética que dañaron el edificio del Congreso en Jalisco son acontecimientos que, si bien han suscitado la condena de la sociedad, sorprende que no sean pocos los que además de justificarlas consideren totalmente improcedente el uso de la fuerza pública para contenerlas, ya no digamos penalizarlas conforme a la ley.
De verdad sorprende que cuando se pide que se aplique el rigor de la ley en casos como los mencionados, sobren aquéllos que ponen el grito en el cielo denunciando oscuras intenciones de criminalizar la protesta social.
Es cierto, la impunidad en el país es tal, que castigar el vandalismo de ciertas manifestaciones del activismo contestatario sonaría a medida de excepción. Pero la facilidad con la que esos actos vandálicos evaden la justicia es otro ingrediente más que robustece la impunidad imperante en este país.
La ley, quiérase o no, está para aplicarse sin excepciones, salvo en los casos previstos por el mismo régimen jurídico. No hay otra forma de darle sustento y posibilidad de existencia al Estado de Derecho.
En una sociedad con una conciencia de la legalidad medianamente desarrollada, se reconoce que la ley es producto de la misma voluntad del cuerpo de ciudadanos por dotarse de normas jurídicas que tutelen el interés colectivo y protejan a los individuos en su patrimonio e integridad física.
En México se la ve más bien -en amplios segmentos de la población y en la mentalidad de varios actores y movimientos políticos- como algo ajeno y extraño, que vale la pena desafiar, contravenir o incluso violentar.
Cierto: la ley no siempre encarna fielmente principios de justicia determinados. Toda ley puede ser injusta, y por lo tanto cuestionable y rebatible, pero en una sociedad democrática existen los caminos para cuestionarla, debatirla y modificarla sin recurrir a la violencia como método regular de procurar normas más justas.
La protesta social es legítima, pero cuando cae en la violencia vandálica deja de ser protesta para convertirse en delito puro y simple. Por ello, distintos movimientos en el mundo han hecho de la desobediencia civil el método de lucha política más efectivo y moralmente incuestionable.
Recurrir a la violencia y además ensalzarla al justificarla, equivale a justificar, en los hechos, otras formas violentas de violación de las leyes propias de la criminalidad a secas. Los motivos del que destroza bienes ajenos, públicos o privados, no lo exoneran per se, de un castigo que nadie cuestiona cuando se le impone a otro sujeto que hace los mismos destrozos, pero sin los motivos o la justificación ideológico política del primero. ¿A poco de veras cuesta trabajo entender esto?
Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.7 del periódico Mural del 26 de diciembre de 2013).
Los choferes pedían que se les pague su aguinaldo, ya que aseguran no les han depositado lo que les corresponde, y lo que sus superiores les dicen, según ellos, es depositarles una parte hasta el mes de enero, a lo que ellos se niegan.
Argumentan también que algunos de sus compañeros han sido despedidos injustificadamente.
El tráfico por el cierre en Hidalgo se resintió desde antes del túnel de esta avenida, ya que personal de Movilidad no dejaba ingresar a los carriles laterales, desviando a los automovilístas a las calles aledañas.
Alrededor de las 15:00 horas los choferes se retiraron de la avenida Alcalde y se reunieron en Plaza de Armas para llevar a cabo una negociación.
(V.periódico El Informador en línea del 24 de diciembre de 2013).
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 24 de diciembre de 2013).
En el conteo de la dependencia están clasificados mítines, marchas, caravanas, plantones, concentraciones, bloqueos viales, toma de instalaciones, asambleas informativas y otros. Con 5,148 eventos, la zona norte de la ciudad fue la más afectada.
Entre las organizaciones más activas en la realización de marchas se encuentran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con 746; el Sindicato Mexicano de Electricistas, con 266; colectivos estudiantiles y anarquistas, con 175, y Antorcha Campesina, con 158.
De acuerdo con el registro, las vialidades más afectadas fueron Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan y Periférico.
Para hacer frente a las movilizaciones, las autoridades desplegaron un total de 253,000 elementos, si se suman a todos los policías que participaron en las casi 8,000 marchas; en ocasiones se requirió el apoyo de corporaciones federales.
(V. Por Esto! del 22 de diciembre de 2013).
Bajo la guía del ex candidato presidencial y líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, el argumento central es que la Reforma Energética, que cambió 3 artículos constitucionales, es reversible mediante una consulta popular. Para ello, buscan que se incorpore como ley dentro de la Reforma Política, a fin de que sea legalmente vinculante y que sus resultados puedan modificar la Constitución. El mensaje original de Cárdenas, repetidos en estos días por el líder del PRD, Jesús Zambrano, funda el alegato en el Artículo 35 constitucional, que permite votar en consultas populares "temas de trascendencia nacional". Como dije Zambrano, en ninguna parte de él se condiciona qué tipo de temas se pueden tratar o no. "Entonces -afirmó-, o son intereses obvios que no quieren que se haga una consulta popular en materia energética, o son ignorantes".
Ni uno ni otro, si se atiene uno a la ley.
La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho Constitucional donde coloca a la Constitución por encima de todo ordenamiento jurídico, al ser considerada como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Aunque está contenida en el Artículo 133 de manera expresa, el planteamiento de la izquierda topa con pared en el Artículo 135, que mantiene desde 1857 la premisa de que para modificar la Constitución se requiere el voto de las 2 terceras partes presentes del Congreso de la Unión, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. En este sentido, el planteamiento de la izquierda es engañoso. Parafraseando a Zambrano, por intereses o por ignorancia.
El alegato de la izquierda tiene que modificarse para poder avanzar con certeza sobre sus objetivos, porque de otra manera, cuando llegue su controversia a la Suprema Corte de Justicia, van a ser rechazados y habrán perdido más de 18 meses en construir un caso que carece de pies. Revertir la Reforma Energética los obliga a reclutar a los mejores constitucionalistas -hasta ahora, la ausencia de ellos en sus filas es memorable- para tener alegatos y estrategias que les permitan llegar a ese fin. No será, seguramente, en 2015 como plantean, sino mucho más adelante.
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.21-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2013).
Las justificaciones de los manifestantes y organizadores -como el mal llamado partido Movimiento Ciudadano y su líder Enrique Alfaro (que, al darse cuenta que todo se había salido de control, decidió no presentarse para cuidar su imagen y sin importarle dejar colgados a sus seguidores) y la organización lopezobradorista que pretende ser partido, Morena- son falaces y contradictorias:
a) "La reforma es un robo a la nación; si se comparan los daños entre el atraco y los daños irrogados, estos últimos no pintan". Y vaya, que incluso algunos izquierdistas se han aventado la simpática puntada de ofrecerse para pagar los destrozos siempre y cuando la reforma energética se repliegue. Sí, ajá.
b) "Todo fue una provocación al haber la policía arrestado a 2 manifestantes menores de edad". Es intrascendente: a los menores infractores se les arresta en flagrancia también. Pero independientemente de que ellos le llamaron secuestro al arresto, en realidad a quienes tenían secuestrados -ellos decían cerco- fue a los policías (que no podían entregar a los menores a las autoridades correspondientes al no poder salir), a los funcionarios y a los diputados.
c) "Que la violencia sólo fue un ratito". Ríase el lector.
d) "Por traidores a la patria se merecen eso y más". Tal como en Puebla, donde patearon "hasta que se cansaron" a un diputado, diría yo. Y por ello me parece correcto el uso de la fuerza para proteger su integridad. No quiero saber qué hubiera ocurrido dentro del recinto legislativo si no se hubiera expulsado a los manifestantes que de forma violenta se metieron al congreso y luego prendieron fuego. ¿Hubieran golpeado a los diputados, logrado un muertito o 2? Es posible.
Jalisco no debe asumir las blandengues formas de la Ciudad de México en relación con la violencia disfrazada de protesta. Muy bien que se prevea un descargo de responsabilidades que incluya a los funcionarios que se unieron o lideraron los destrozos. La protesta, como todo derecho, tiene límites: que sean pacíficas y no se dañe a terceros.
Sergio Aguirre
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2013).
"Con el presupuesto de Aserca no es posible (pagar 4,100 pesos por tonelada). Los bloqueos son algo que está fuera de la ley y eso no motiva a ninguna autoridad a salirse de un presupuesto. Nosotros no tenemos recursos. Tendremos que buscar otro tipo de soluciones", afirmó el funcionario federal, de gira por Jalisco.
Al pedir su opinión al respecto en entrevistas por separado, líderes maiceros amenazaron con extender sus protestas a Guadalajara y hasta el aeropuerto en caso de que no les cumplan con los pagos.
"Yo no entiendo cómo le van a hacer, el compromiso ya está y tienen que sacar el dinero de donde haya porque la Secretaría de Agricultura sí tiene dinero para eso y más y la Secretaría de Hacienda, nada más es que se pongan de acuerdo", dijo Miguel Sánchez, uno de los dirigentes.
"Esto ya no para hasta que se cumpla y si no que se atengan a las consecuencias".
[¡Orale, pinches políticos pendejos e ineptos! Síganle enseñando a la gente que chantajes y extorsiones son el único camino para conseguir lo que se le antoja y a ver hasta dónde van a parar. - el webmaster.]
(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).
(V.pág.9 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).
Los docentes acudieron a la delegación regional de la Secretaría de Educación Jalisco, ubicada en esa zona, para demandar que se les entregue el bono de 10,000 pesos que se les entrega cada fin de año.
Ante la presión, a los profesores retirados se les aseguró que a partir de hoy y de manera escalonada se les estaría pagando el bono, pero ante la llegada de las vacaciones tienen desconfianza de que sea así.
Desde la semana previa, la SE enfrenta reclamos del magisterio por el retraso en el pago de aguinaldos.
Dicha demora se debió a la "ficción" presupuestal que ha vivido el ejecutivo del estado desde las pasadas administraciones, argumentó el lunes el secretario, Francisco Ayón.
(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).
Los menores que murieron eran 3 mujeres y 3 hombres de entre 13 y 15 años.
Una mujer de 31 años de edad y una niña de 5 años resultaron lesionadas.
La camioneta después se impactó contra 2 vehículos estacionados afuera de la secundaria, donde finalmente se detuvo.
Los tripulantes huyeron, aprovechando la confusión.
Padres de familia de la secundaria a donde asistían los 5 estudiantes que murieron atropellados cerraron la carretera durante 5 horas para exigir justicia y la colocación de un puente peatonal.
(V.pág.10 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).
La 2a. visita del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, a la tribu yaqui, rindió frutos, ya que logró reducir los bloqueos de 14 a 4 horas en horarios establecidos.
Ayer, el mandatario sinaloense firmó el "Pacto de Vícam" con los inconformes que mantienen bloqueada de manera intermitente la Carretera Internacional en rechazo de la operación del Acueducto Independencia, megaobra del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés.
A cambio de acortar el horario de la protesta, López Valdez se comprometió ante los líderes yaquis a gestionar ante la federación la solución al conflicto por el agua.
De acuerdo con el gobernador sinaloense, el bloqueo costaba 20 millones de dólares diarios a los productores sinaloenses, quienes ven en la exportación de hortalizas hacia Estados Unidos la oportunidad de recuperarse luego de un año difícil en materia económica.
Tomás Rojo Valencia informó que el bloqueo no se levanta, sólo se flexibiliza en cierres de 8:00 a 10:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas desde este lunes y hasta finales del mes de enero.
(V.pág.10 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).
La cita fue tramitada por cauces legales y presuntamente debería haberse efectuado en el "Centro de Convivencia Familiar" del Poder Judicial del Estado de México.
Jaime Aparicio, uno de los abogados de Versini, acusó que ésto no ocurrió.
"Arturo Montiel, tal como ya lo hizo en anteriores visitas ordenadas por los tribunales, no presentó a los niños", señaló.
"Maude Versini había hecho el largo viaje de Paris a México sólo para esas 2 horas de visita. Esperaba, en vísperas de Navidad, ver finalmente a sus hijos -uno de ellos con autismo- por 1a. vez en 2 años", agregó.
Versini confía ahora en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares para que las autoridades mexicanas le permitan reunirse con sus hijos.
(V.pág.8 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).
"Buscar por todos los medios garantizar el precio del maíz a 4,100 pesos la tonelada" en Jalisco, está entre los principales acuerdos logrados ayer entre autoridades y una comisión de productores de maíz.
Ahora sí "logramos una cosa muy bien", consideró Ricardo Hernández Yáñez, productor del grano que asistió a la reunión con autoridades.
[Sí, el gobierno les ha enseñado el camino para lograrlo - el webmaster.]
Reconoció que con los bloqueos afectaron a miles de personas y aseguró que restringieron el tránsito en alrededor de 15 o 20 carreteras de todo el estado.
En la reunión con los productores de maíz estuvo el gobernador (quien la inició), el secretario general de Gobierno, también participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, el delegado de Sagarpa y el titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
Sin embargo, concretar el aumento no es sólo decisión de un gobierno, aquí interviene el precio que fija el mercado internacional. En este caso, los productores de maíz de Jalisco solicitan que se les compre a un precio por arriba del tabulado.
Para ello intervienen el gobierno federal -que también es un gran comprador del producto- con apoyo del gobierno estatal para llegar a un acuerdo y fijar un mejor precio con industriales del maíz que compran a productores locales.
En la caseta de Ocotlán el bloqueo ocasionó filas de vehículos, entre tráilers, autobuses de pasajeros y autos particulares que se extendió, aproximadamente, 20 kilómetros en el sentido La Barca-Guadalajara; en dirección contraria la acumulación de automotores alcanzaba cerca de 2 kilómetros.
Otras carreteras en las que de acuerdo a la Policía Federal también hubo bloqueos, son la vía de cuota de Guadalajara hacia Los Altos, en la caseta de Tepatitlán; la vía libre Guadalajara-Irapuato a la altura de Tototlán, así como el camino Santa Rosa-La Barca; además, hubo movilizaciones en la ruta San Luis Potosí-Guadalajara, tramo Tepatitlán-Puente de Calderón a la altura del kilómetro 118.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de diciembre de 2013).
(V.pág.19-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2013).
La cercanía con la impunidad tiene arrinconada a la población en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la incertidumbre lastima el derecho y aleja la tranquilidad sobre la persona y sus bienes expuestos a ser víctimas del delito.
Ni los mensajes sobreprotectores emitidos por la autoridad y tampoco la información a través de los medios de comunicación logran inducir la participación responsable de la ciudadanía, que en su mayoría carece de elementos medios culturales de disciplina y civilidad; propaladas por las autoridades, a su vez carentes de elementos eficaces para el cumplimiento de leyes y reglamentos.
Causa y efecto constituyen el reto a la autoridad asignada a preservar los derechos. Éstos subsisten sobre un clima consistente de respeto en el más amplio sentido del concepto. Puesto que el respeto se gana y así, también, se adquiere el derecho para ejercer autoridad.
Leer las páginas de prensa, oír las notas de radio o verlas e televisión fomentan malestar, aunque su proliferación fomenta la indiferencia, hasta que los casos ajenos se vuelven propios y se convierten en desesperación.
Carlos Cortés Vázquez
(v.oág.4-B del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2013).
Los ánimos en la jornada legislativa de ayer comenzaron mal, cuando minutos después de las 9:00 horas un grupo de manifestantes trató de ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de Jalisco. Eso no fue permitido y la insistencia de los protestantes llevó a algunos a tirar una de las ventanas de la fachada. El vandalismo fue combatido con gas lacrimógeno.
Luego de la confrontación varios jóvenes con el rostro cubierto atacaron los vehículos de legisladores que se hallaban estacionados sobre la calle Pino Suarez, rayándolos con objetos filosos. También el edificio histórico, sede del poder legislativo, concluyó la jornada con leyendas contra la reforma energética, escritas con gis o con latas de aerosol.
(V.primera plana del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2013).
Ahora, con las reformas constitucionales en materia político-electoral estamos ante el caso inédito que de manera violenta (no existe otra palabra) se quiten atribuciones concedidas en la Constitución a los estados para otorgarlas a un organismo "nacional", atribuyéndose en el mismo acto el Congreso de la Unión la facultad de expedir 3 leyes generales en esa materia.
Dado que en materia electoral no precede el amparo, como tampoco las controversias constitucionales, y que las acciones de inconstitucionalidad solo pueden ser planteadas por las dirigencias de los partidos políticos, se está ante un hecho consumado que demuestra la debilidad de nuestro Estado de Derecho por carecerse de mecanismos de control de la constitucionalidad en lo electoral. Sólo las legislaturas locales, en un acto inusitado, podrían detener este atraco a la Constitución y a la soberanía de los estados.
El 28 de abril de 2008, en sesión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recordaba que la Corte no tiene competencia para conocer tanto del procedimiento como del fondo de reformas constitucionales; y que, por lo tanto, el llamado Constituyente Permanente no está sujeto a ningún tipo de control jurisdiccional, quedando los mexicanos en estado de indefensión ante "una alteración corrupta de la norma fundamental".
Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).
En un año, de la nada tenemos ahora grupos paramilitares en Michoacán y Guerrero, y una organización de maestros disidentes que siempre ha estado en contra de cualquier gobierno, creció de 4 entidades donde tenía presencia, a más de 2/3 del país. Los cárteles de la droga regresaron con mayor fuerza y se apoderaron de franjas de territorios donde realizan las funciones que corresponden a los gobiernos. A nivel local, un jefe criminal en Michoacán sugirió estar coludido con un gobierno del PRI mediante un mensaje universal a través de YouTube, y en el Distrito Federal, para expresar la molestia porque el precio del Metro se incrementa, intelectuales y periodistas encabezaron un movimiento para que los usuarios usaran el transporte, pero sin pagar.
El poder mexicano de Molotov reciclado y mejorado, pero también alentado por la propia autoridad. No hay acción para desarmar a los grupos paramilitares, sino diálogo para convencerlos de que depongan las armas que, paradójicamente, el propio gobierno federal contribuyó a dárselas cuando apareció el fenómeno hace un año y le dieron la bienvenida para que contribuyera a proveer seguridad a sus comunidades. A los maestros de la Sección 22 les dieron dinero, suspendieron órdenes de arresto en contra de sus dirigentes y les cancelaron procesos judiciales, sin lograr su permiso para que la Reforma Educativa avance en el sur del país.
Quienes gritan, se movilizan, amenazan y atentan contra la vida de policías, son respetados al no ejercer acciones legales en su contra. Quienes capturan territorios y con la fuerza de los fusiles imponen su autoridad, son invitados a platicar.
Las autoridades luchan para no ser rebasados por la realidad que los abruma y con la que no atinan a lidiar. Con la Sección 22, después de que dijo el gobierno federal que ya no habría más negociación con ellos, volvió a abrirle las puertas de la Secretaría de Gobernación, con la que siguen jugando a las vencidas. Los narcotraficantes en Michoacán mandan en Tierra Caliente con el aval involuntario del gobierno. En Guerrero, la guerrilla transformada en delincuencia, secuestra y controla rutas de distribución de droga. En el Distrito Federal, el congreso local modificó una ley para que el gobierno capitalino no tuviera que castigar de manera enérgica a quien violenta la paz social.
En Tabasco, donde el estado se le incendió al gobernador perredista Arturo Núñez y la delincuencia organizada creció como en pocas partes del país, el gobierno federal lo cobijó, le entregó recursos para librar el endeudamiento que le dejó su antecesor, y le ayudó a ir judicialmente contra él, para ver si a través de los ajustes de cuentas con el pasado, la legitimidad que busca le da el tiempo para empezar a gobernar. En Sonora, el gobernador Guillermo Padrés ignoró un fallo de la Suprema Corte de Justicia por afectar los derechos de los yaquis, y ninguna consecuencia ha sufrido.
Es el México que acaba el 2013 con una revolución en los incentivos. Si alguien se enoja porque no le gusta cualquier cosa, se organiza, convoca, grita muy fuerte, ejerce violencia incluso, y es premiado: lo que buscaba, se le otorga. Si alguien se atiene a la ley, no grita, ni se moviliza y entiende que no vive en la anomia, no recibe estímulo ni premio. Al contrario. Más impuestos, menos servicios, calidad de vida inferior e inseguridad creciente.
La fuerza gana en este país que se dibuja en la concepción del estado de Naturaleza de Thomas Hobbes, que es un estado de guerra permanente donde el individuo está en constante riesgo. En su obra Leviatán, Hobbes señala: "Durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos". Este estado de guerra, sostiene, "se alimenta por la competencia y la desconfianza, en un marco donde no hay leyes sino absoluta libertad donde lo que rige las relaciones humanas es la ley de la selva". O sea, México, 362 años después.
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).
El director del Metro, Joel Ortega Cuevas, informó que por la mañana se registraron acciones de protesta en 14 estaciones, incluso usuarios se brincaban los torniquetes de ingreso. Más tarde, inconformes realizaron una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, para exigir que la tarifa quede como estaba, es decir, 3 pesos. En su recorrido causaron caos vial por Reforma, Juárez y Bucareli. Además, incendiaron el tradicional árbol de navidad de una empresa refresquera cuando cruzaron Insurgentes -hubo 3 detenidos-. Para evitar desmanes, mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina vigilaban las inmediaciones de diferentes estaciones del Metro. Y ante posibles abusos policiales la Comisión de Derechos Humanos estuvo vigilante.
(V.primera plana del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).
Por otra parte, integrantes de organizaciones sociales, encabezados por el abogado José Sánchez Sánchez, bloquearon la Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la piñata del Parque Papagayo, en demanda de que se retiren las averiguaciones previas iniciadas ayer contra los parricipantes en el bloqueo.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2013).
Al mediodía partieron del mercado para llegar al Palacio Municipal de Guadalajara, liderados por David Domínguez. Ahí tuvieron un encuentro con el secretario general tapatío, Jesús Lomelí Rosas, que los dejó insatisfechos.
Como no hubo resolución, marcharon por 16 de Septiembre, luego por Juárez, Federalismo y nuevamente Hidalgo para reencontrarse frente al palacio; en su camino agredieron a un taxista. Por la noche aún esperaban una respuesta definitiva de parte del Ayuntamiento de Guadalajara.
Domínguez mencionó que de no autorizarse esos 70 permisos continuarán sus movilizaciones, cierres viales y hasta la obstrucción del Macrobús. Distintas voces del ayuntamiento están advirtiendo signos de ingobernabilidad en la ciudad, y un "polvorín" social que se está gestando peligrosamente en el entorno de la Calzada Independencia.
(V.primera plana del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2013).
Cerca de 400 personas se instalaron a las afueras del Ayuntamiento de Guadalajara, bloqueando por algunos minutos la avenida Hidalgo, exigiéndole al alcalde Ramiro Hernández solucione el problema del ambulantaje, ya que para los comerciantes establecidos las acciones de la autoridad son una "tomada de pelo".
Al no tener respuesta, los inconformes bloquearon por algunos minutos las avenidas Alcalde e Hidalgo, mientras una comitiva era atendida al interior de palacio municipal por el secretario del ayuntamiento, José Luis Lomelí.
Luego de más de una hora los comerciantes salieron molestos, ya que, aseguran, la autoridad les está "viendo la cara".
"Puras aspirinas nos están dando", señaló Marco Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la ZMG.
Los inconformes dijeron tener conocimiento de por lo menos mil comerciantes ambulantes que operan con permisos que fueron otorgados por la autoridad municipal.
La manifestación se trasladó a la calzada Independencia y Javier Mina, en donde los quejosos bloquearon los carriles, incluidos los del Macrobús, el cual tuvo que cerrar el servicio en la estación San Juan de Dios.
Lo que desató el encono de los comerciantes fue la instalación un módulo de reordenamiento del ambulantaje en la zona de Obregón, en lugar de retirarlos.
(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 6 de diciembre de 2013).
"Hoy en Michoacán está amenazado el Estado mexicano, está amenazado el Estado de Derecho y estamos enfrentando uno de los grandes retos que tiene la nación", expresó el funcionario federal.
Sin hacer referencia a la violencia que se vive en la entidad, Videgaray reconoció que el desafío es recuperar el Estado de Derecho.
(V.pág.5 del periódico Mural del 28 de noviembre de 2013).
El hecho de que de los cadáveres ninguno haya sido identificad o reclamado, cambia la visión o la menos debe cuestionarnos la idea que teníamos de la famosa guerra al narco que en esa zona ha sido particularmente cruenta, larga y hasta ahora sin salida. O los muertos no son de las comunidades cercanas o, como lo sugirió el domingo al cardenal Francisco Robles, el miedo se ha apoderado de las comunidades al grado que prefieren no saber ni de sus muertos.
La cifra de desaparecidos ha sido, desde la famosa guerra sucia de los años 70 y 80, un tema muy difícil de manejar porque hay 2 distorsiones básicas en la cifra.
Por un lado los que se reportan desparecidos, pero cuando aparecen no los reportan encontrados, por lo que nadie los da de baja de la lista, y 2o. por la cifra negra de desaparecidos, es decir aquellos que simplemente no tienen un familiar que los busque, como ha sido el caso de decenas de centroamericanos que simplemente nunca llegaron a su destino.
La fosa de todos los muertos termina siendo una buena, aunque terrible metáfora de esta confrontación en la que los malos no tienen límites, ni administrativos, ni morales; las autoridades o están coludidas o no tienen capacidad física y legal para imponer el Estado de Derecho, y los muertos no tienen nombre.
Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2013).
Por genética, los mexicanos somos renuentes a cumplir las leyes y a tener una disciplina dentro de nuestra sociedad. Basta que nos quieran imponer algo, cuando todos reclaman, se indignan e incluso, ¡se amparan! contra una ley que lo único que busca es salvar vidas.
Nos quejamos de la corrupción de nuestro gobierno y no entendemos que nosotros somos parte del sistema corrupto que impera en todo el país.
Apenas unas horas de promulgada una ley y ya hay métodos para evadirla y para ampararse de ella.
En el colmo de este caso del operativo CURVA, hay páginas en las redes sociales donde indican a los jóvenes el lugar donde se encuentra el famoso torito, para evadirlo.
¿No es eso complicidad?
Demuestran una actitud infantil e inmadura, que en nada ayuda a las autoridades, que buscan evitar tantas muertes, en especial de jóvenes, que salen de los antros totalmente alcoholizados y se ponen al frente de un automóvil, dispuestos físicamente a arrollar a quien se ponga enfrente, ya que sus sentidos están completamente trastornados.
¿Qué dirán los familiares de las víctimas de un conductor ebrio?
¿Qué sentirán al ver toda la clase de trucos que éstos hacen para evadir esta ley, que de cumplirse hubiera salvado la vida de su familiar?
¿Así cómo? ¿Cómo evolucionaremos los mexicanos, si no tenemos respeto por las leyes, incluso aquellas que nos protegen la vida?
Así, ¿cómo avanza una sociedad que se burla de las leyes y que al mismo tiempo exige de sus gobernantes seriedad y legalidad?
¡Cuántos problemas nos evitaríamos si respetáramos las leyes!
Se quejan del monto de la multa que es un poco más de $12,000.00 pesos.
En California, el costo supera los $125,000 pesos (más de $10,000.00 dólares) incluyendo 48 horas a 6 meses de prisión, clases de rehabilitación, tratamiento por abuso del alcohol, pérdida de licencia de manejar por 4 meses, conducción a prueba por tres años, mayor pago de seguro de auto por 10 años y defensa legal.
Si la falta se repite las penas pueden llegar hasta un año de cárcel en una prisión federal y suspensión de por vida de la licencia de manejar (4ª ofensa).
¡Por eso, los mexicanos del otro lado, se portan tan bien al conducir!
Incuantificable es perder un ser querido por culpa de un conductor ebrio e irresponsable.
¿Cuánto le cuesta a la sociedad mexicana todas las muertes y accidentes causados por conducir en estado de ebriedad?
¿Se ha cuantificado la productividad de los días lunes en las empresas?
Es difícil alinear a mexicanos que desde niños vieron como algo normal a sus padres conducir ebrios después de una fiesta.
Si todos nos comportamos como adultos en una sociedad que necesita leyes y normas para su mejor convivencia, las nuevas generaciones se comportarán mejor y podremos lograr una sociedad madura y responsable.
Pero así... ¿cómo?
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 22 de noviembre de 2013).
Contrario a ello, estos mandatarios se pronunciaron por insistir en la vía del diálogo con el magisterio disidente.
Mancera sostuvo que "jamás aplicaremos la fuerza para reprimir alguna manifestación" y agregó que el malestar de la población de la Ciudad de México por las protestas de la CNTE en la capital del país, "no ha afectado ni ha dañado mi capital político".
Respecto a las pérdidas que reporta la economía y los empresarios de la zona, dijo que se está ayudando a los comerciantes que han sido afectados con el plantón magisterial. "Hemos planteado varias vías y caminos, junto con la Asociación Mexicana de Bancos para apoyarlos con créditos".
En tanto el gobernador de Oaxaca Gabino Cué, afirmó que la mesa de diálogo con la sección 22 no se ha roto a pesar de los hechos "desafortunados" que se generaron por la disputa de una escuela en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, que estaba bajo control de padres de familia y profesores comunitarios.
Cué, reconoció que seguirá privilegiando el diálogo para lograr la normalidad de las actividades escolares, evidenciando que cada vez son menos los conflictos, informando que restan 70 conflictos por desahogar, donde hay diferencias entre padres de familia y profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sin embargo, diputados federales reprobaron la actitud de la CNTE y exhortaron a sus líderes a no atentar más en contra de la ciudadanía, en particular contra alumnos y sus padres, como sucedió el jueves cuando los profesores irrumpieron violentamente en la escuela primaria Monte Albán.
[¡Políticos culeros ¿Así hacen cumplir las leyes "emanadas de la Constitución"?! Que no se hagan luego los occisos cuando se presenten enfrentamientos y linchamientos. - El webmater.]
(V.Agencia JM del 15 de noviembre de 2013).
(V.pág.12-A del periódico El Informador del 13 de noviembre de 2013).
En la realidad, estos giros comerciales burlan la norma y los municipios metropolitanos se ven rebasados en su dirección de Inspección y Vigilancia para hacerlos cumplir.
(V.primera plana del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2013).
Sin embargo, campesinos de Michoacán y de Jalisco bloquearon ayer los ingresos al municipio de La Barca.
(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 8 de noviembre de 2013).
La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 8 de noviembre de 2013).
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 7 de noviembre de 2013).
A través de este sitio se pueden obtener claves del IFE, CURP, RFC y domicilios de ciudadanos de México [así como información de ciudadanos] de Argentina, Chile y Paraguay.
Remiten a un padrón anterior del IFE, pero para quienes no han modificado su domicilio, la información es correcta.
En 2010 entró en vigor en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y corresponde al IFAI garantizar que se cumpla, pero el tráfico de bases de datos y listados del padrón electoral continúa en la red y se ofrece desde $ 4,000.
(V.primera plana del periódico Mural del 7 de noviembre de 2013).
Durante 2 días, productores del cereal bloquearon carreteras ante la inconformidad por un pago "injusto" del grano.
(V.pág.13-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2013).
Uno de los líderes de los campesinos, Eleazar Ribera, dijo que se quiere pagar la tonelada de maíz a 3,370 pesos, cuando en 2012 se las compraron en 4,100 pesos y en 2011 a 5,300. Ellos pretenden que por lo menos se les den 4,500 pesos por tonelada del cereal y que el gobierno intervenga para lograr el propósito.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó bloqueo a la circulación vehicular en ambos sentidos de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, obstrucción en la caseta de peaje Ocotlán; el cruce con la carretera La Barca-Atotonilco; y carretera Santa Rosa-La Barca, tramo: Ocotlán-La Barca.
En el municipio de La Barca participó en la movilización un grupo de unos 300 campesinos.
Asimismo, se registró un bloqueo en la carretera Irapuato-Zapotlanejo, Atotonilco. En el municipio de Ayotlán, Jalisco, 150 campesinos aproximadamente se presentaron.
Carretera Irapuato-Zapotlanejo, tramo: Atotonilco-Tototlán, cruce con la Carretera La Barca-Atotonilco. En el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, medio centenar participó.
La Policía Federal confirmó bloqueo en el kilómetro 402 de la autopista México-Morelia.
Tras las obstrucciones, cientos de personas se vieron afectadas. Por ejemplo, Antonio Gómez no pudo llegar a Guadalajara procedente de Celaya. El camión en el que viajaba entró a La Barca y ya no pudo salir de ahí. Lamentó las consecuencias para terceros en el conflicto.
También en La Barca se observó que personas se bajaron de camiones con todo y maletas, para avanzar a sus destinos y a agentes ministeriales se les impidió el paso.
(V. periódico El Informador en línea del 4 de noviembre de 2013).
Cristina Cuevas es una maestra que trabaja en Campeche. Quiere cumplir con su trabajo, dar clases pues. Pero resulta que hay un grupo que tiene bloqueada la entrada a la escuela donde labora. La rodean, la quieren sacar del carro, ella acelera y atropella a 8 de los manifestantes, ninguno, por cierto, de gravedad. Es correteada, agredida y finalmente las autoridades inician un proceso... contra ella, por no dejarse agredir.
El delito original no lo cometió la maestra Cuevas, sino los que le impedían ingresar ilegalmente a su centro de trabajo y trataron de bajarla a la fuerza de su carro.
El hecho fue presentado como una terrible agresión contra los maestros (aunque la mayoría no eran tales) que bloqueaban la entrada a la escuela.
Imaginemos entonces por un segundo lo que ocurre en el Distrito Federal en el entorno al Monumento a la Revolución. La zona está tomada ilegalmente (imposible compilar todas las leyes y normas que viola el bloqueo de la CNTE) por unos centenares de manifestantes. Nadie se acerca a comercios, oficinas, restaurantes.
Después de semanas de abusos, la única propuesta de las autoridades es darle un préstamo a los afectados, mismo que, como su nombre lo dice, deberán regresar en algún momento y que no podrán pagar porque sencillamente los del plantón les impiden trabajar.
¿Qué va a pasar cuando, como ya ocurrió en Tepito y como hizo la maestra de Campeche, alguien o muchos digan "yo quiero trabajar, quiero salvar mi patrimonio, no voy a permitir que estos señores me lo impidan por la fuerza". La autoridad, y en este caso el desafío sí es local, no tiene respuesta y ni quiere imaginarse tener que dar una.
El viernes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo algo incomprensible en Quintana Roo. Aseguró que lo que está ocurriendo en Michoacán (la violencia, las autodefensas, los ataques a la gente, a la CFE y Pemex) se da porque se recuperó el control de ese estado, y que ahora se puede circular libremente por sus carreteras.
No sé qué estaba imaginando mi muy apreciado Murillo Karam, pero al mismo tiempo que declaraba eso estaban tomadas las principales carreteras del estado y 18 casetas de peaje. Se dirá que eran maestros y normalistas.
Nadie lo ha comprobado, y en Michoacán hay grupos de maestros muy cercanos a la organización de los Templarios (cuyos líderes, como Servando Gómez "La Tuta", también vienen del magisterio), pero a la gente ¿qué le importa si los que bloquean son los normalistas o los Templarios?
Imaginemos por un momento que las autoridades, locales o federales en Michoacán, en el Monumento a la Revolución o en cualquier comicio municipal simplemente hicieran que se cumpliera con la ley.
No nos va mal por falta de imaginación: nos va mal porque la ley, en la mayoría de los casos, simplemente no se cumple.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 4 de noviembre de 2013).
El saldo, sólo en el caso de Mutjal y TUTSA, fue de 80 camiones con vidrios rotos, un chofer descalabrado, 3 pasajeros con lesiones leves, así como la suspensión del servicio que afectó a cientos de usuarios al cancelarse las últimas vueltas por la noche del pasado jueves, después de las 20:00 horas.
(V.primera plana del periódico El Informador del 2 de noviembre de 2013).
Josefina Leroux
(v.pág.6 del periódico Mural del 31 de octubre de 2013).
También afecta los accesos de 9 oficinas de gobierno, la CTM y la CNOP, así como a 3 empresas, 2 escuelas, 3 estacionamientos y las oficinas de un banco.
Las ventas de los restaurantes bajaron hasta en 90%, según sus propietarios.
Incluso ayer, desesperados por la situación, unos 150 empresarios, trabajadores, meseros, chefs y hoteleros protestaron en el Ángel de la Independencia para exigir la reubicación del plantón de la CNTE.
(V.pág.2 del periódico Mural del 31 de octubre de 2013).
Aunque ellos no se unieron en una misma protesta, el caos sí se concentró en el centro desde las 12:00 hasta las 16:00 horas aproximadamente, pues fue necesario el cierre de Alcalde entre La Normal y la Plaza de Armas, y Enrique Díaz de León e Hidalgo en diferentes momentos.
Los maestros aseguraron que en la movilización de ayer participaron más de 30,000 docentes; la Policía Vial estimó que la asistencia fue de 1,200 personas.
(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de octubre de 2013).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 26 de octubre de 2013).
¿Es ilícito difundir escenas que suceden en audiencias públicas? El periodista de un comportamiento público ¿puede tener responsabilidad?
Es el caso de demandas contra Roberto Hernández, Layda Negrete, Cinépolis y otros, por la proyección de Presunto culpable; el testigo del juicio, los policías y la familia del asesinado reclaman más de 3,000 millones de pesos, por lo que han sufrido debido a su exhibición.
Estos juicios llevan "ventilándose" varios años en tribunales del DF, bueno, no "ventilándose", porque las audiencias han sido "cerradas", para evitar, dicen los jueces, que el interés público "los mediatice"; vaya contradicción: portazo judicial a un interés legítimo ciudadano, vetando la actividad periodística.
Por supuesto tampoco han permitido los jueces que se videograben estas audiencias, quedando con vida para el proceso únicamente lo que el juzgador quiere ingresar al expediente, llevándose el aire gestos, ademanes, comentarios que son vitales para una comprensión del caso; ¿cómo van a fundamentar las sentencias? ¡En expedientes! Integrados sin técnica y a modo.
El fuerte rechazo que el público sintió por cómo fue llevado el juicio en Presunto culpable sólo puede compararse con el abismo que parece existir entre los tribunales y su público; ¿cómo explicar la ratificación al juez de la película?
Entre tanto los demandados viven con la pesadilla de la condena, que cobra fuerza con las actuaciones de los tribunales en los juicios: parece que una sola pluma redactó las múltiples demandas, resoluciones judiciales con texto copiado, decretar privadas audiencias en principio públicas, etc.
¿No estamos ante un caso en que las demandas deben de ser desechadas de plano, por que los actores no tienen acción al invocar su propio dolo? Otro comportamiento en el juicio filmado les hubiera rendido diferente imagen.
¿No estamos ante un conflicto de intereses al pedirle al juez se pronuncie sobre un documental que el Tribunal considera dañino a su imagen? ¿Puede ser imparcial este juez?
El que no se hayan desechado de plano estos juicios, que les haya dado entrada el Tribunal, atenta contra el periodismo, pilar de la Libertad de Expresión, garantía fundamental en México y en el mundo.
El Tribunal censura el trabajo periodístico y castiga a sus autores al declararse competente de conocer estos juicios, que, para colmo de la frivolidad, demandan cifras absurdas como compensación por daños causados consecuentes del comportamiento de los mismos demandantes.
La pregunta no es ¿por qué se comportaron así si sabían que los estaban filmando? La gran duda es ¿cómo se comportan cuando no los están filmando? En ese sentido Presunto culpable no es realista, la realidad es mucho peor.
Ernesto Canales Santos, presidente de Renace
(v.pág.6 del periódico Mural del 24 de octubre de 2013).
Si tuviéramos un poder judicial independiente y decente nadie estaría hablando de exámenes de control de confianza. Si los sistemas de evaluación y control de Consejo de la Judicatura fueran suficientes, no habría discusión. El problema es que la credibilidad del poder judicial está por los suelos y el sistema de justicia en manos del poder judicial no está funcionando; por lo tanto, tenemos que inventarnos algo que nos dé mayor confianza.
Hace un par de años un magistrado me confesó que dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco había operadores del crimen organizado, jueces, secretarios y secretarios de sala con el poder de cambiar expedientes de un juzgado a otro, de desaparecer pruebas y testimoniales, de no ejecutar resoluciones, etc. Si los magistrados no estaban directamente involucrados, él nunca los mencionó; es evidente que al menos lo toleraban y acataban. Ahora sí que donde hay miedo ni coraje da.
De los exámenes de confianza se dice cualquier cosa. Siempre hay un caso que sirve para descalificarlos: un policía bueno que no pasó porque cuando le preguntaron si era infiel se puso nervioso (ejemplo favorito, por no decir único, de quienes se oponen al control de confianza), o un policía malandro que pasó todos los exámenes a pesar de estar en las listas negras del Ejército. Seguramente tiene muchas fallas el sistema, más de las que todos quisiéramos, pero hoy por hoy no tenemos otro mejor para dar confianza a los ciudadanos.
Los sistemas de evaluación del Consejo de la Judicatura tienen que ver con eficiencia y calidad técnica de las resoluciones. Ésas deben seguir haciéndose, y ojalá cada vez con mayor rigor e independencia y no como forma de presión de los grupos de control político del poder judicial. Pero no es incompatible con los exámenes de control de confianza: son evaluaciones distintas que no sólo no se contraponen, sino que se complementan.
Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que nuestros jueces y magistrados, a los que pagamos con nuestros impuestos y en cuyas manos ponemos el ejercicio de la justicia, sean de nuestra confianza y no de las del magistrado o poder fáctico en turno.
Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de octubre de 2013).
Una controversia constitucional promovida por el poder judicial en Jalisco, sin embargo, mantiene una suspensión sobre los efectos de la Ley de Control de Confianza, al considerar que hay una invasión sobre su esfera de competencia; será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dicte la última palabra.
Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que tanto los policías municipales y estatales como los agentes ministeriales presentan una tasa de reprobación de 1 de cada 4; de acatarse la ley, ¿qué resultaría de los 40 jueces penales en Jalisco?
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia [del estado], Luis Carlos Vega Pámanes, declara: "Tenemos otras medidas de control, no podemos estar sometidos a los mismos parámetros que otras dependencias policiacas, por ejemplo. Esta reforma fue promulgada en la Legislatura pasada y la publicó el anterior gobernador; en ese entonces yo dije, y lo sostengo: me formo detrás del último diputado y delante del ejecutivo para hacerme las pruebas, con mucho gusto".
Los nexos del crimen organizado con policías y MP han sido los más expuestos, pero su infiltración también está en el otro eslabón del sistema de justicia penal: el poder judicial. "Va siendo grave, poco a poco va aumentando. Sí es de preocuparse. Yo nomás pongo de ejemplo a mis alumnos que si el Chapo Guzmán hace una seña, a ver si la observamos o no. De recibir un balazo a recibir un millón...", expone el especialista Felipe de Jesús Garibay Valle, académico de la UdeG.
(V.primera plana del periódico El Informador del 21 de octubre de 2013).
En la Ciudad de México, maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz instalaron un cerco en la sucursal de Walmart Buenavista, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc.
En Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, líder de la Sección 18, anunció que estarán en centros comerciales y bancos de las principales ciudades del estado.
Dijo que además de las movilizaciones, se continuará con el paro.
Desde el martes pasado la CNTE inició una nueva jornada de movilizaciones en Michoacán.
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2013).
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 16 de octubre de 2013).
En Campeche, Campeche, maestros disidentes, apoyados por padres de familia y alumnos de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán, inconformes con la reforma educativa, mantienen bloqueada la autopista tramo Campeche-Mérida a altura del municipio de Calkiní, en afectación de miles de automovilistas.
Al respecto, el gobernador Ortega Bernés, informó que se han interpuesto 20 denuncias por parte de empresas, pacientes de hospitales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de quienes resulten responsables, y precisó que el gobierno estatal, trabaja en la construcción de puntos de diálogo.
Mientras tanto, en Zacatecas, Zacatecas, maestros y campesinos tomaron las principales calles de esa ciudad en rechazo de la reforma educativa, los primeros, y por precio justo para el frijol los segundos. También tomaron Ciudad Administrativa, cuyos trabajadores fueron evacuados alrededor de las 15:00 horas.
Este lunes maestros del Movimiento Democrático Magisterial y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declararon en paro definido, por lo que no hubo clases en por lo menos 50% de las escuelas del estado, informó uno de sus dirigentes, Roberto Ramírez.
(V.Notimex del 14 de octubre de 2013).
El problema actual es que de facto no se cumple con ninguno de estos objetivos. La justicia no es contundente, rápida y justa. Además, de los pocos que eventualmente son condenados por algún delito son generalmente los pobres, los que tuvieron una pésima defensa, en donde no son procesados respetando sus derechos humanos. O sea, que estamos en el peor de todas las eventualidades: Pocos son castigados y aun así se les violan sus derechos.
En este momento literalmente cualquiera puede delinquir, torturar, robar, asesinar, violar y no pasa nada. Existe una cultura de impunidad que será difícil de revertir. Pero eso es lo que tiene que aspirar el país... Pero esto tardará décadas y generaciones futuras tal vez podrán disfrutar de las reformas que se implementen hoy día.
Ana María Salazar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de octubre de 2013).
Índice que además se encuentra por debajo de la media nacional que reporta asegurados hasta 25% de los poco más de 28.5 millones de vehículos automotrices que circulan en todo el país; de hecho, trascienden informes de que en la Ciudad de México y Nuevo León, hasta 50% del parque vehicular está protegido.
Es decir, a nivel nacional poco más de 7 de cada 10 conductores de un automotor no tienen en su poder un seguro vehicular y por lo tanto la mayoría no tiene la capacidad para afrontar daños materiales y humanos provocados en un accidente automovilístico. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México informó que la mayor parte de los conductores y peatones que son víctimas de un accidente se encuentran desprotegidos y obtienen una mínima, e incluso nula indemnización en caso de muerte, discapacidad o lesión. El organismo explicó que hoy en día, 14 estados de la república tienen como obligatorio disponer de un seguro vehicular, sin embargo en todos estos casos no se hace una inspección para conocer si esto se cumple, ni existen sanciones a quienes no siguen este ordenamiento.
(V.pág.32 del periódico Milenio Jalisco del 11 de octubre de 2013).
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que la ruta que seguirán los maestros es calzada de Tlalpan, San Antonio Abad, Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y Plaza de la República.
Seguridad Pública implementó un operativo de vigilancia y vialidad con elementos que se mantienen atentos para agilizar la circulación y evitar la comisión de probables ilícitos durante el trayecto.
(V.Notimex del 10 de octubre de 2013).
En cualquier lugar del mundo, si un empleado no se presenta a trabajar (sin causa justificada) simplemente lo despiden y por supuesto que les descuentan los días no laborados.
Pero parece ser que México no es cualquier lugar del mundo, y la frase "como México no hay dos" no es un mero dicho popular y nacionalista, sino un axioma incuestionable, un principio fundamental sobre el que día a día construimos nuestra sociedad y nuestra cultura. Nos hemos convertido en un país sui géneris ajeno al sentido común y a las normas de convivencia generalmente aceptadas. Inclasificable. Único en su tipo. Un país sin igual.
Pero desgraciadamente nuestra originalidad, y todo lo que nos diferencia de los demás, no siempre es para bien, y con frecuencia nos coloca más en el terreno de lo chusco, ameno y anecdótico que en del liderazgo serio y de las mejores prácticas.
Aquí se tiene que hacer una ley especial para poder descontarle el sueldo a un maestro que no se presenta a trabajar.
Aquí, la aplicación de la ley depende de la cantidad de personas que se nieguen a acatarla y del grado de resistencia que presenten, y como ya le han tomado la medida al gobierno, se logra más con palos, piedras y machetes, con bloqueos y vandalismo, que con argumentos y razones.
Si un grupo de ciudadanos pacíficos, educados y civilizados manifestamos por los canales institucionales, por escrito, con argumentos sólidos y avalados por miles de firmas (mucho más que las necesarias para bloquear una carretera) nuestra inconformidad a un impuesto, a una obra, a la corrupción que impera en el gobierno, o a cualquier asunto que nos parezca importante o injusto, nadie nos hace caso y ni noticia somos.
Pero si en lugar de presentar nuestras inconformidades por escrito en alguna ventanilla del congreso; si cambiamos los portafolios, las corbatas y las computadoras por pasamontañas, mochilas llenas de cadenas y bombas molotov; si en lugar de presentarnos al trabajo nos mudamos durante un mes al Zócalo de la Ciudad de México o a la plaza pública de nuestra localidad; si destruimos todo lo que encontremos a nuestro paso y paramos de cabeza la ciudad, las probabilidades de obtener lo que queremos aumentan exponencialmente.
Y si mientras nos dedicamos al arte de la manifestación callejera las deudas y los impuestos a nuestro cargo se nos acumulan, lo más probable es que en aras de apagar un conflicto y de "privilegiar el diálogo", el gobierno nos haga alguna condonación, nos otorgue algún subsidio especial y por supuesto, que no meta a nadie a la cárcel por evasión fiscal o daño en propiedad ajena.
Debido a que "como México no hay dos", en este país las leyes no se aplican siempre ni son parejas para todos: para los que más tienen, las influencias cuentan y la corrupción produce dividendos, y para los que menos o nada tienen, sólo hay de 2 sopas: tragarse las injusticias y convertirse en víctimas del sistema, u organizar manifestaciones lo suficientemente violentas y perturbadoras para lograr sus fines (lícitos o ilícitos) o para hacer valer sus derechos.
Cuando a la hora de aplicar la ley el influyentismo gana, lo único que se logra es acorralar al débil, dejándole la violencia como el único camino a su alcance para lograr justicia.
Si las leyes se aplican en función de intereses económicos y cálculos políticos, lo que estamos construyendo es una sociedad perversa, en la que ser honesto equivale a ser idiota, y la no violencia nos hace víctimas.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 10 de octubre de 2013).
El bloqueo se hizo debido a que los profesores rechazaron en asambleas estatales el acuerdo de trasladar a los estados la solución a sus demandas.
Entre los principales reclamos de la CNTE está la derogación a nivel nacional de la reforma educativa recién aprobada por el congreso, en la que se incluye la evaluación magisterial.
La sección 22 de Oaxaca, que es la mayoritaria en el plantón del Monumento a la Revolución, incluye en sus demandas la liberación "inmediata y sin condiciones" de Lauro Atilano Grijalva, Mario Olivera, Sara Altamirano, Damián Gallardo y Leonel Manzano, acusados de secuestrar a los sobrinos del presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Para la CNTE, los detenidos son presos políticos. Acordaron "brindarles todo el respaldo jurídico, político y económico".
Otra demanda es la liberación "inmediata" de sus salarios y que se les entreguen recursos federales y estatales para el denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca.
En Chiapas, los maestros de la CNTE cumplieron 43 días en paro y ayer bloquearon casetas y tomaron las instalaciones de la televisora oficial y dos estaciones de radio a las que acusan de realizar una cobertura contra su movimiento.
En Veracruz, bloquearon carreteras, casetas de peaje, recintos portuarios y centros comerciales.
(V.pág.2 del periódico Mural del 10 de octubre de 2013).
La última vez que ocurrió una gran protesta auténticamente ciudadana en la capital de todos los mexicanos (me refiero, con esto, al carácter espontáneo de una manifestación masiva en la que no se tramitaban los intereses corporativos ni las prebendas de un grupo minoritario) fue cuando los habitantes salieron a la calle para exigirle al gobierno de López Obrador que les brindara seguridad, el primerísimo de los derechos que debe garantizar un Estado moderno. No le gustó al hombre que le echaran en cara sus incapacidades y, como es su costumbre, vio la mano de terceros detrás de la organización de los vecinos, denunció una conspiración de sus adversarios y, peor aún, descalificó majaderamente a los manifestantes.
Pues bien, hoy podrían también movilizarse los habitantes de una ciudad que ha sido sitiada, entre muchos otros grupos, por las huestes de la CNTE. Una urbe donde hay gente cuyos empleos peligran y que sufre, lo repito, pérdidas ruinosas. Ciudadanos, por otro lado, que cumplen, que pagan sus impuestos, que merecerían, más que nadie, habitar en un entorno de certezas y, luego entonces, que saldrían a las calles para decir que ya basta, que el respeto a la ley es fundamental, que el orden público sí importa y que el gobierno tiene unas responsabilidades tan ineludibles como imperativas. Pero, ¿dónde están, todas esas personas tan descontentas y tan enfadadas? Pues, en sus casas, señoras y señores. Conforman una abrumadora mayoría de individuos presuntamente conscientes e informados que, sin embargo, no reclaman visiblemente sus derechos.
Por ejemplo, sabemos de las mermas económicas que han padecido los comerciantes del centro histórico. Muy bien, si los minoristas de la capital fueran más solidarios, o estuvieran más organizados, tomarían medidas que las autoridades no podrían soslayar. ¿Imaginan ustedes, estimados lectores, un fin de semana entero sin establecimientos y negocios? Los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ofreciendo un abierto respaldo a sus colegas comerciantes del centro histórico y enviando, de paso, una contundente advertencia a las autoridades, determinarían el cierre de todos los comercios, de los Oxxo, de El Palacio de Hierro, de Liverpool, de Office Depot, de BestBuy, etc., etc. ¿Ustedes creen que no pasaría nada, que no habría una respuesta, que no se obtendrían compromisos y ofrecimientos? Y, teniendo esta fuerza colosal, ¿cómo es entonces que no se movilizan los comerciantes? ¿Cómo es que no se organizan los taxistas? ¿Por qué los padres de familia de todos los niños sin escuela no hacen un cerco alrededor de la Secretaría de Educación?
Lo que pasa es que nuestros intereses, los de los ciudadanos no afiliados a las organizaciones que amparan el corporativismo, están mucho más diluidos que los de aquellos grupos, perfectamente organizados, que negocian, a punta de chantajes, privilegios inmediatos y concretos. Para mayores señas, la CNTE te puede asegurar un salario completo aunque no pongas jamás los pies en un salón de clases. Y, ante la mera perspectiva de perder prebendas y canonjías, el miembro de una organismo clientelar -por no hablar de los acarreados y de la gente pagada por las agrupaciones políticas (a esos sujetos violentos que adulteraron la celebración del 2 de octubre ¿quiénes los patrocinan?)- está perfectamente dispuesto a salir a la calle, a bloquear el acceso a un aeropuerto y a permanecer semanas enteras en un campamento.
Mientras no nos organicemos los ciudadanos independientes, no obtendremos las garantías que reclamamos. Así de sencillo. Por lo pronto, sigamos en la queja.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de octubre de 2013).
La mayoría perredista en la capital también es responsable de lo que sucede en los desmanes semanales. Haber modificado la ley para sacar a unos porros de la cárcel en diciembre pasado, ha resultado muy costoso para todos los capitalinos. Resulta curioso que en esta metrópoli golpear policías sea una práctica muy extendida. Da igual si es un grupo de docentes o uno de anarkos. La policía para ellos es un saco al que hay que pegar, una pelota para patear, una cubeta donde escupir. Golpear policías no parece ser tanto un desafío a la autoridad como un pasatiempo urbano. Por supuesto esto incluye destrozos de edificios y comercios. Desde la llegada de Peña al poder los llamados anarquistas salen cada que pueden perderse entre otros contingentes para realizar actos vandálicos. Lo mismo da si son del magisterio o si son forevers del 68 o estudiantes con conciencia social. Como la ciudad resiste, como la tela de una araña, ellos hacen lo que quieren y la autoridad también hace lo que quiere: nada.
Pero no solamente sucede en con el gobierno capitalino. En el gobierno federal parece que la situación no es muy distinta. Como el oficio político del priismo se mueve bajo la máxima de: en política lo que cuesta dinero sale barato, han repartido a diestra y siniestra sin arreglar los problemas de fondo. Porque en política no todo se puede arreglar con dinero, porque el que aprende a chantajear, toma ventaja sobre el chantajeado, pues conoce su debilidad. De esa manera, hace unos meses la Secretaría de Gobernación decidió arreglar un problema con el SME dándoles 2,000 millones de pesos. El resultado es, ya con el dinero en la bolsa, los de ese sindicato siguen en la calle y se incorporan a cuanta marcha les parece digna de reconocimiento.
Sentirse el elefante en la tela de una araña para ver cuánto resiste puede ser divertido si es un juego, pero si se es gobierno, estar viendo a qué hora se rompe la tela no parece ser la mejor de las ideas.
Juan Ignacio Zavala
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de octubre de 2013).
En la memoria colectiva aún existen las imágenes de los desmanes ocurridos el 1 de diciembre pasado en diversas ciudades del país, entre ellas Guadalajara. Ahora, se nos presentan las suscitadas en el aniversario del 2 de octubre de 1968, en las que las conductas son similares: daño al mobiliario urbano y a la propiedad privada; afectaciones al libre tránsito; robos y saqueos; y lesiones a las fuerzas de seguridad que tienen que soportar estoicamente las agresiones, por actuar como "escudos humanos". Los causantes, encapuchados que se autonombran "anarquistas" (Miguel Bakunin debe estarse retorciendo en su tumba por semejante impostura).
Dado que el pasado 26 de diciembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó la ley para que pudieran salir libres los 14 jóvenes detenidos por los delitos cometidos 25 días antes, el pasado jueves el diputado federal del PAN, Jorge Francisco Sotomayor; presentó una iniciativa para regular las marchas en el Distrito Federal. Bien por ello. Lo malo, es que el Congreso de la Unión ya no tiene atribuciones para legislar en esa materia, que es competencia de la ALDF, por lo que la propuesta más bien parece juego de pirotecnia política.
Legislar para regular las marchas es una necesidad inaplazable. Si en verdad se quiere hacerlo, lo más sencillo sería presentar una iniciativa para crear la Ley Reglamentaria del párrafo 2o. del Artículo 9° Constitucional que tendría vigencia en toda la república y no solo en el Distrito Federal, como indebida y equivocadamente se pretende.
Si para algo sirvió la propuesta del diputado Sotomayor fue para que los legisladores que soliviantan a esos jóvenes (que son los mismos que pagaron la fianza a los de diciembre pasado) demostraran una vez más quienes son los que los azuzan y financian, saliendo a cuestionar la iniciativa con el petate del muerto de que se quiere "implantar el fascismo en México".
El problema de las marchas ya no solo es del Distrito Federal, sino de todas las ciudades de México. Si el Congreso de la Unión no se atreve a regular el ejercicio de ese derecho, nada impide que los congresos de los estados puedan hacerlo, en el entendido de que cuando aquél lo haga la legislación por ellos emitida desplazaría a la local.
Los legisladores deben proceder ya a armonizar el ejercicio del derecho de manifestación social, con los derechos y libertades de las demás personas, y establecer castigos severos a quienes financien y azucen a menores de edad para que cometan delitos y ataquen a la autoridad. El país entero se los agradecerá.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador en línea del 5 de octubre de 2013).
Padres de familia y alumnos de la escuela primaria Miguel Lerdo de Tejada mantienen un bloqueo en Periférico y Eje 5 Sur, en la colonia Chinampac de Juárez, Iztapalapa, para exigir mejoras en la infraestructura del centro educativo.
Uniformados y con su mochila de útiles escolares, los niños están sentados en la avenida para impedir el paso de los vehículos y reclamar la presencia del delegado Jesús Valencia.
Felices por no tener clases, aunque acalorados, los niños sostienen cartulinas en las que piden la entrega de desayunos escolares.
El bloqueo empezó alrededor de las 8:00 horas y afirman que continuarán ahí hasta recibir una solución de parte de las autoridades delegacionales.
"Llevamos más de 4 años pidiendo, tanto a la delegación como a la Secretaría de Educación Pública, maestros, baños, salones, no tenemos biblioteca, no tenemos una sala de cómputo digna. ¡Vaya!, faltan muchas cosas en la escuela", dijo la señora Catmin Espinosa.
"Ahorita van a faltar 5 maestros en la escuela, hay grupos que no tienen clases. La dirección dice que está en trámite, que todo está en trámite", denunció.
"(Exigimos) que nos pongan maestros, que nos den aulas dignas. Es una escuela de calidad y, sin embargo, ustedes pueden pasar a la escuela y es humillante. Es una mentada de madre para los niños entrar a esa escuela", dijo la madre de familia visiblemente molesta.
(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 4 de octubre de 2013).
Nemesio Maisterra
(v.pág.9 del periódico Mural del 3 de octubre de 2013).
Josefina Leroux
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de octubre de 2013).
El que el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la ciudad de México, haya podido ser tomada ayer durante todo el día para un chantaje por un grupo político, y el que los bloqueos de calles se hayan convertido en una pesadilla cotidiana para los capitalinos, no es señal de que en México haya más democracia sino de que tenemos un gobierno débil.
La democracia es un sistema para escoger de manera ordenada y equitativa a los gobernantes. No es un fuero para exentar a los grupos políticos o a los poderosos de las leyes.
En una democracia el gobierno debe escuchar las quejas de los gobernados y negociar la aplicación de políticas públicas. Pero para la CNTE "negociar" significa que el gobierno ceda ante todas sus exigencias. Por eso los líderes se quejan de que el gobierno "no quiere negociar" a pesar de que ha habido decenas de reuniones.
La única negociación válida para la Coordinadora es que la autoridad ceda en todas las exigencias. Pero millones de mexicanos no estamos con acuerdo la posición reaccionaria que sostiene que la educación pública debe ser propiedad privada de un grupo sindical.
Las autoridades capitalinas pretenden evadir su responsabilidad y afirman que la reforma educativa es un tema federal y por lo tanto no tienen por qué hacer nada para proteger a los ciudadanos agredidos en las protestas sobre ese tema. Pero esto sería tanto como decir que la policía del Distrito Federal no tenía derecho a desalojar el plantón de pilotos de Mexicana de Aviación que bloqueó el Eje Central de la ciudad de México el 9 de noviembre de 2011, ya que la aviación es un tema federal, o no debe detener a criminales que participen en ejecuciones o narcotráfico porque éstos son delitos del fuero federal.
Las autoridades federales priistas están festejando las movilizaciones de la CNTE. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, era el más popular político de la izquierda con vistas a la elección presidencial de 2018, pero hoy su aprobación ha caído dramáticamente. El gobierno federal, sin embargo, también es responsable de los abusos de la CNTE. Durante años no ha hecho ningún esfuerzo para levantar los bloqueos con los que la organización busca preservar sus privilegios.
La afirmación de que no es posible regular las marchas porque se violaría la libertad de expresión no tiene sentido. En los países democráticos las marchas están reguladas. La autoridad autoriza las horas y las rutas y no permite bloqueos o agresiones contra los ciudadanos.
Se nos ha querido presentar la idea de que sólo hay una alternativa posible ante un bloqueo: la aceptación sumisa de todo abuso o la represión violenta. Esto es falso. En las democracias no se permiten los bloqueos ni las agresiones a los ciudadanos, pero tampoco se responde con matanzas. Ya Manuel Mondragón y la Policía Federal demostraron el 13 de septiembre pasado en el Zócalo que se puede hacer un operativo limpio y legal para liberar un espacio público tomado por un grupo de poder.
Los ciudadanos no tenemos por qué aceptar que las autoridades a las que pagamos para protegernos nos digan que no pueden hacer su trabajo, pero sigan cobrando su sueldo. Permitir que un grupo de poder lastime a los ciudadanos no es el costo de la democracia. Es el costo de la complicidad o de la cobardía. Y los ciudadanos no tenemos por qué pagarlo.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 3 de octubre de 2013).
Pero actualmente vemos con mucha preocupación como hay indicios de re-centralizar los recursos y las atribuciones que ya tenían los estados y municipios en materia de educación, salud, hacendaria, infraestructura y varias más. Como ejemplo tendríamos la centralización del pago de la nomina a los maestros en la Secretaría de Educación y la compra de medicamentos de la Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE... Las decisiones que se están tomando tiene como fundamente que estos recursos descentralizados fueron usados discrecionalmente, con altos índices de corrupción y de ineficiencia, en algunos casos estos recursos ni si quiera llegaron a el destino final.
Ya en esta columna se ha tratado el tema del uso de los recursos financieros del Seguro Popular en el sexenio pasado en varios estados de la república, como ejemplos Tabasco, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Zacatecas... está claro que el nivel federal no quiso intervenir para sancionar y solucionar el uso indebido y corrupto de los recursos financieros, sobre todo para la compra de medicamentos y el pago de las nominas de contratos. Hay funcionarios estatales, secretarios, gobernadores, acusados de corrupción que todavía caminan impunemente por la calle, hay funcionarios federales que se lavaron las manos y no actuaron conforme a la ley... Creo que ya hay que sancionarlos... De lo contrario seguirá la corrupción y la impunidad...
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador en línea del 2 de octubre de 2013).
La presión surtió efecto. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las inmediaciones del aeropuerto capitalino y tras una reunión con el subsecretario Luis Enrique Miranda, serán recibidos hoy por el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los maestros utilizaron un tráiler para bloquear la vía. El líder de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, afirmó que se le planteará a Osorio Chong la revisión de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, el cese de la "represión administrativa, física y laboral" contra los mentores.
El secretario recibió el 12 de septiembre a los líderes de la CNTE y en aquella ocasión les manifestó que la reforma seguirá adelante.
Durante el bloqueo, los profesores golpearon a un policía, que se encuentra en estado de coma en un hospital. "Lo golpearon entre todos, le despojan del arma, le despojan de su equipo, del radio; en ese momento nos empiezan a informar de que hay una actitud violenta por parte de un grupo que acompañaba a los maestros, y la instrucción al señor secretario de Seguridad Pública fue conminarlos a que liberaran la arteria o en 15 minutos se procedía a liberar la misma", dijo Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.
Las autoridades informaron que el agente Álvaro Sánchez Valdez tiene un traumatismo craneoencefálico, debido a que recibió varios golpes en la cabeza con palos. Agregaron que otros 6 agentes resultaron heridos, de los cuales la mitad ya fue dada de alta.
(V.pág.4-A del periódico El Informador en línea del 2 de octubre de 2013).
Al término de una reunión que sostuvieron con el mandatario estatal en la Secretaría de Gobernación, aseguró que se llegó al acuerdo de que las actas administrativas levantadas contra los mentores que participan en el paro, no tengan validez.
Indicó que en la reunión las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de Oaxaca acordaron con la CNTE "no permitir ninguna agresión o lesión a los derechos laborales de los trabajadores de la educación".
La CNTE planteó que "en tanto dure la jornada de lucha", se impida en todo momento que se agreda a los trabajadores de la educación.
Previo a la reunión, Núñez Ginez encabezó una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia la sede de la Segob, en la que estuvo acompañado del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y Juan José Ortega, de la Sección 18 de Michoacán de la CNTE.
(V.periódico El Informador en línea del 27 de septiembre de 2013).
Resulta que el juez cuarto de distrito en materia de amparo, Francisco Sarabia, resolvió que en el auto de formal prisión de la maestra Elba Esther Gordillo, se presentaron una serie de pruebas circunstanciales "que no prueban nada", confusión de delitos, omisiones y hasta la participación de un funcionario de la Secretaria de Hacienda que aún no se desempeñaba como tal, por lo que concedió un amparo por las deficiencias técnicas en el caso y que violan el derecho al "debido proceso".
Dentro de los detallitos que encontró el juzgador vale la pena recordar que el Ministerio Público de la Federación no ha logrado probar el origen ilícito de los 2,000 millones de pesos que Gordillo presuntamente usó en cirugías, compras en tiendas de lujo o adquisición de propiedades; que se pidió la orden de aprehensión contra la maestra el 20 de febrero, cuando no estaban terminados los dictámenes periciales en materia contable y financiera, y que los autos de formal prisión en contra de Elba Esther por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada están basados en omisiones, errores, pruebas circunstanciales, confusión de delitos y hasta en la formulación de la querella por parte de un funcionario de la Secretaría de Hacienda que presuntamente no estaba en funciones.
Bueno, pues la PGR responde que impugnará el amparo a la ex dirigente sindical y calificó de "endebles y sin consistencia jurídica" los argumentos del juzgador.
Ahora bien, lo más probable es que "La Maestra" no salga de prisión en 3 meses, como supone su abogado Marco Antonio del Toro Carazo; que la PGR ahora sí haga bien su chamba y que la administración Peña Nieto haga todo lo que deba hacer (en los terrenos político y jurídico) para que las tradicionales torpezas del andamiaje de procuración de justicia no se conviertan en la más grande y grave pifia del "nuevo PRI".
Lo notable es que la apuesta de Peña Nieto con la aprehensión de "La Maestra" era muy alta, por lo que cometer errores de forma y fondo en un asunto que transitaría bajo la lupa de medio mundo, deja en evidencia el tamaño de la incapacidad, falta de herramientas y pulcritud, de conocimiento del derecho procesal penal y media docena más de puntos que hacen la diferencia entre un sistema de procuración de justicia eficiente y honesto y lo que tenemos.
Así las cosas, pareciera que lo único que mantiene en prisión a los que actualmente purgan alguna sentencia es la falta de más jueces que se tomen la molestia de revisar a fondo los expedientes.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2013).
A las 10:30 horas partieron del Monumento a la Revolución, y llegaron a las 13:20 a las inmediaciones de la residencia oficial Los Pinos, resguardada bajo un fuerte operativo de seguridad.
Los líderes de la Sección 22, Rubén Núñez, y de la Sección 18, de Michoacán, Juan José Ortega, pidieron dialogar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o con el presidente Enrique Peña.
Ante la negativa expresada por un funcionario de Participación Ciudadana, los dirigentes emplazaron a la Presidencia de la República para que en menos de 30 minutos fueran atendidos.
"El planteamiento es que sea el propio Enrique Peña Nieto quien esté en la mesa de negociación compañeros" explicó Rubén Núñez.
Al ver que su petición fracasó, la cúpula magisterial ordenó a los profesores de Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz y Chiapas dispersarse por Paseo de la Reforma, a fin de colapsar esa arteria vial.
A las 14:40 horas, el bloqueo de maestros se extendió sobre Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta Juárez, evitando la circulación por ambos lados de la avenida.
Agrupados en contingentes de 100 a 200 maestros, se apostaron en los cruces principales de Paseo de la Reforma, incluyendo Juárez, Eje 2, Insurgentes, Niza y Sevilla.
Sentados o acostados sobre las banquetas y el pavimento, los maestros aprovecharon el tiempo para comer, leer y hasta tomar una siesta.
Hacia las 18:00 horas, ante el rechazo de audiencia, las bases recibieron una llamada de la comisión negociadora, ordenando el retiro del bloqueo y el inicio de asambleas representativas.
En Morelos hubo un bloqueo en el kilómetro 84 de la autopista México-Cuernavaca por maestros de la sección 19 del SNTE.
En Veracruz hubo un bloqueo en la carretera Veracruz-Xalapa por docentes de la CNTE.
(V.pág.3 del periódico Mural del 26 de septiembre de 2013).
Informes oficiales indican que en el ataque también resultó lesionado un agente federal, quien fue alcanzado por los manifestantes, bajado de una de las unidades y golpeado.
Los hechos se registraron en el tramo Zinapécuaro-Maravatío, sobre la Autopista México-Guadalajara, donde profesores esperaban la llegada de otro contingente, a fin de integrarse a la caravana y continuar el trayecto hacia la capital del país.
El ataque fue confirmado por fuentes de la Policía Federal, cuya corporación alistaba ayer una denuncia penal por estos hechos.
"Había un bloqueo que tenían establecido los maestros cerca de Maravatío, y esto fue lo que originó que llegaran los compañeros y no los dejaran pasar", explicó un mando de la Policía Federal.
Afirmó que fueron entre 50 y 60 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que participaron en la agresión.
"Los maestros (estaban) muy agresivos. Alcanzaron a pasar unas unidades, las cuales fueron apedreadas, pero salvajemente, con piedra grande para romper vidrios laterales y medallón (de las patrullas). Para que rompas algo así, es piedra grande y lanzada con gran fuerza", comentó.
De acuerdo con esta versión, los policías que habían logrado sortear la manifestación regresaron para rescatar a su compañero, sin que precisaran si fue necesario usar la fuerza o amagar con sus armas.
En la Policía Federal se informó que 2 de las unidades agredidas presentan daños considerables, y la tercera solamente destrozos en cristales.
En contraste, el magisterio acusó a la Policía Federal de obstruir al contingente y realizar disparos al aire para intimidar a los manifestantes.
(V.pág.3 del periódico Mural del 26 de septiembre de 2013).
De acuerdo con los reportes, los inconformes se trasladaron en pequeños grupos, minutos después de las 10:00 horas, desde su campamento ubicado en el Monumento a la Revolución hacia el número 305 de la avenida Paseo de la Reforma.
Alrededor de 200 manifestantes encabezados por la sección 22 de Oaxaca, la 18 de Michoacán y 19 de Guerrero, bloquean la circulación hacia el poniente.
Se prevé que realicen manifestaciones en otras embajadas como la de Francia y España.
(V.periódico Excélsior en línea del 24 de septiembre de 2013).
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2013).
Un recuento de febrero pasado, hasta esa fecha operaban 26 grupos de autodefensa, 20 de ellos en Guerrero en las comunidades de El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero.
Además, en Jalisco hay un grupo de autodefensa; en el Estado de México existen 2 y el mismo número se registra en Veracruz, Oaxaca y Chihuahua.
En Morelos se reportan 3 grupos más y en Michoacán se identificaron 4 grupos de civiles armados, según el reporte llamado La alargada sombra de los grupos de autodefensa en México.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2013).
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, reveló que han denunciado este delito ante la PGR, desde el 2012. Estas listas las denominan "Personas mexicanas que poseen altos ingresos". Un título más que tentador para los delincuentes. Todo esto lleva a la impunidad y por consiguiente, le facilita el camino al crimen organizado.
Qué fácil es para un delincuente, conseguir los datos de sus víctimas. Con tal solo ingresar a una página en Internet, está allí, el banco de datos de millones de ciudadanos con el perfil perfecto para realizar sus fechorías. Pida, pague e imprima. Más fácil, imposible.
Y nosotros los ciudadanos, totalmente vulnerables. Como en las ferias de pueblo, somos como los patitos de metal, al que se les apunta con un rifle, para que vayan cayendo.
¡Qué desprotegidos estamos los mexicanos por todos lados! No tenemos seguridad en ninguna parte. Ni en nuestras casas, ni en nuestras empresas, ni en los sitios públicos. Cualquiera tiene todos nuestros datos personales y nadie nos defiende. Es como si viviéramos en una anarquía. No hay autoridad que detenga tanta delincuencia y tanto cinismo.
¡Esos son nuestros servidores públicos! Los que nos van a defender de la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral pueden detener a la delincuencia? ¿Cómo impondrán penas por delitos que se cometen dentro de las mismas instituciones públicas?
La verdad qué aguantadores somos los mexicanos.
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.32 del periódico Milenio Jalisco del 20 de septiembre de 2013).
Algunos de los afectados se hospedan en hoteles y otros en el albergue del Centro de Convenciones.
"Nos dijeron desde hace 3 días que nos apuntáramos en las listas de los vuelos del Ejército, pero no ha salido nadie del albergue, por lo que es mentira que están tomando en cuenta a los afectados", afirmó Francisco Villegas, vecino de Tecámac, Estado de México.
(V.periódico Mural en línea del 19 de septiembre de 2013).
Los pepenadores acusan a la empresa Caabsa Eagle, responsable del manejo de los residuos sólidos de la mayor parte de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, de no enviarles material para reciclar.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de septiembre de 2013).
Tenemos que empezar con la Constitución, que establece el principio de justicia como una garantía constitucional; pero en realidad no tiene sistema para poder valorar la ley. Es un problema universal. Se dice que se resuelve con interpretación; pero para eso se necesitan jueces dispuestos a dar de sí sin volverse legisladores; sin tomar el espíritu de la ley.
No hay sistema para plantear a la Corte: "esta es una ley injusta", como sí hay sistema para plantear si una ley es inconstitucional.
Es necesario plantearse la justicia de la ley en un recurso legal. Que se pueda decir que una ley es injusta porque viola principios de la Constitución.
Juventino Castro y Castro, ministro retirado de la Corte, en una entrevista el 20 de julio de 2010
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2013).
Al fin se aplicó la ley y tuvieron que desalojar por la fuerza con tanquetas de agua a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en lugar de llamarles maestros han llegado al extremo de convertirse en vándalos y delincuentes.
La operación estuvo muy bien planteada, además les avisaron diciéndoles que tenían tiempo para retirarse en función de un acto patriótico nacional; sin embargo, no hicieron caso, tuvo que llegar la Policía Federal para desalojarlos, lo que debieron haber hecho tiempo atrás que es cumplir con la ley, aunque no fuera la Policía Federal sino la policía del GDF, que demostró que tienen prioridad las hordas de vándalos antes que la mayoría de los habitantes de Ciudad de México; lo mismo había pasado en otras ciudades de la república.
Estratégicamente estuvieron presentes notarios y los representantes de la inútil y parcial Comisión Nacional de Derecho Humanos, que como ya lo dije antes nunca han defendido al pueblo de México, pero sí a los malhechores y vándalos.
También hubo declaraciones queriendo revivir el "burro manadero" (que cada día es más chica su manada) de Andrés López, tratando de agitar a las masas diciendo que "los maestros no fueron escuchados y ahora los desalojan con el uso de la fuerza". Es una mentira absoluta que flota entre sus orejas, porque no es ningún tonto y a él le consta que han sido escuchados lo suficiente y que sus argumentos son totalmente en contra de México, de una calidad de educación y una formación adecuada para niños y jóvenes que son el futuro del país.
En las redes sociales aparecieron irresponsables y agitadores mensajes anunciando que va a suceder otro "Tlatelolco" y que "van a asesinar a los que educan a sus hijos". Como ustedes se dan cuenta es una campaña de agitación orquestada; esperemos no haya necesidad de usar más fuerza de las autoridades para hacer cumplir la ley, ponerlos en paz y que vuelvan a sus aulas a cumplir con su deber, a enseñar lo que dicen que saben.
José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 15 de septiembre de 2013).
¿Dónde ha quedado la declarada presencia del estado de derecho? La devaluada figura de una violenta y desprestigiada lucha sindical, en el ánimo público ha quedado destinada, por su desprestigio, al bote de basura de los movimientos sociales.
Es vergonzosa nuestra incapacidad y decisión para hacer valer esta ley; la falta de decisión para emplear la fuerza a que autoriza la propia ley... ¿En qué oscuro rincón de nuestras desmemorias ha quedado confinado nuestro ánimo para actuar con determinación y arrojo?
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de septiembre de 2013).
Alberto Aguilar
(v.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 13 de septiembre de 2013).
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 11 de septiembre de 2013).
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de septiembre de 2013).
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 9 de septiembre de 2013).
Ninguno de los 2 choferes asesinados tenía antecedentes penales.
Juan Levid Lázaro
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 8 de septiembre de 2013).
Me parece muy bien, por otro lado, la siguiente afirmación: "No toleraré que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios", claro, así debe ser en un Estado que funciona, que con el monopolio de la violencia garantiza la seguridad de todos y digo todos, es decir, los más de 118 millones de mexicanos que somos.
Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2013).
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2013).
Quizá el mayor ejemplo, el más contundente, lo encontramos en Tamaulipas. S-Mart, una pequeña cadena regional de supermercados, que ha logrado competir exitosamente contra las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, se vio obligada a cerrar las puertas de sus seis tiendas en Reynosa y sólo pudo abrirlas con vigilancia de patrullas militares. Según el columnista Alberto Aguilar de El Universal, quien ha conversado con los directivos, S-Mart recibió amenazas y exigencias de extorsión. Los delincuentes pedían, entre otras cosas, que apagara todos sus sistemas de seguridad. Tras rechazar las exigencias, tres empleados fueron secuestrados.
Los captores saben que los secuestrados y sus familias son de escasos recursos. A la compañía le están exigiendo fuertes cantidades de dinero a cambio de los empleados. Pero la empresa sabe que si cumple con la exigencia, sólo motivará que otros trabajadores sean secuestrados. Tal es siempre la lógica de secuestradores y extorsionadores.
Esta lógica no la entienden las autoridades del Distrito Federal, que siempre buscan "negociar" con grupos criminales. Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización que busca mantener la propiedad privada de las plazas de la educación pública, tomó nuevamente como rehén a la Ciudad de México. Realizó bloqueos en distintos puntos de la ciudad y en particular en los alrededores del aeropuerto.
El objetivo de la CNTE ha sido siempre el mismo que el de los extorsionadores de S-Mart: hacer tanto daño como se pueda a inocentes para que los dueños de una empresa o los políticos accedan a entregar dinero o prebendas.
Las autoridades y legisladores federales han hecho lo correcto al negarse a la extorsión. Derogar una ley que busca devolver al Estado el control de las plazas de la educación pública sería inaceptable. Si lo hicieran los políticos que actualmente ocupan los máximos peldaños del poder, más les valdría entregar sus cargos públicos a los extorsionadores para que ellos los ejerzan.
Sin embargo, ninguna autoridad, ni federal ni capitalina, ha levantado ni un dedo en defensa de los ciudadanos agredidos. El presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en Rusia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está... bueno, la verdad, es que no sé dónde está. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se limitó ayer a decir: "El costo político siempre se tiene que asumir... hay que asumirlo con toda la responsabilidad".
Una situación similar ocurrió en Colombia en los 80cuando los narcotraficantes y las FARC tomaron el control de partes muy importantes del país. Hubo, al igual que en México, un vacío de autoridad. Pero la naturaleza aborrece el vacío y algo o alguien surge siempre para ocuparlo. En Colombia fueron grupos de paramilitares, "policías comunitarias", si quiere usted llamarlas con el nombre que ahora se emplea en México, que empezaron por hacer justicia por propia mano y terminaron cometiendo crímenes como todos los demás grupos armados.
El Estado debe tener el monopolio de la fuerza porque de otra manera la sociedad cae en la ley de la selva y el derecho es remplazado por la ley del más fuerte. Esperemos que nuestros gobernantes se den cuenta de lo que su parálisis está generando antes de que sea demasiado tarde.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 6de septiembre
El líder empresarial indicó que es necesario hacer cumplir la ley, puesto que las personas y el sector empresarial están viendo afectados considerablemente sus actividades económicas.
Dijo que las autoridades tienen que hacer cumplir la ley, "no forzosamente usando la fuerza pública, esa sería la última alternativa. Hay muchas formas de hacer labor de convencimiento. La autoridad tiene que garantizar que se cumpla la ley y que todos podamos transitar libremente".
Flores señaló que los cierres de las vías que conducen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representan impactos muy negativos para el turismo, pues reducen la ocupación hotelera y el número de visitantes en el país, y dijo que los daños podrían ser peores en el mediano plazo, por el desprestigio que esto conlleva ante los turistas.
(V.periódico Milenio en línea del 6 de septiembre de 2013).
Cerca de las 9:00 horas, la disidencia magisterial comenzó a reunirse en las cercanías de la estación del Metro Zaragoza, desde donde caminaron al bulevar Puerto Aéreo.
2 horas después, los manifestantes destruyeron la malla ciclónica que divide los sentidos del bulevar y se apropiaron de los tubos que la sostenían para blandirlos como posibles armas.
De esta manera, brincaron la división y cerraron por completo la circulación en la zona.
A partir del mediodía y hasta las 18:30 horas, la situación se mantuvo tensa. Mientras se mantenía el bloqueo, una negociación de 3 horas en la Secretaría de Gobernación entre la dirigencia de la sección 22 de Oaxaca, encabezada por Rubén Núñez; el subsecretario Luis Enrique Miranda, y el gobernador Gabino Cué, dio fin al cierre de los accesos al aeropuerto.
(V.pág.28 del periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de septiembre de 2013).
Los reportajes de Juan Pablo Becerra-Acosta dan cuenta de cómo los Caballeros Templarios han detenido los trabajos en un par de ocasiones. Y de cómo los tienen detenidos en este momento. Los testimonios de los lugareños narran extorsiones indiscriminadas, a ingenieros y albañiles. En La Ruana se habla de ejecuciones por pagos exigidos y no entregados.
La Policía Federal vigila la, literalmente, obra negra, pero nadie está trabajando.
El cliente es, desde luego, el gobierno federal, en una historia muy del México contemporáneo: criminales con el poder para frenar la construcción de una cárcel de alta seguridad.
Criminales que extorsionan afuera de lo que quizá algún día sea una cárcel.
Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de septiembre de 2013).
Así, con esa justicia tan incierta y vendida, estamos en este país.
Guadalupe Loaeza
(v.pág.9 del periódico Mural del 5 de septiembre de 2013).
Esto no es de hoy, se basan en las reglas no escritas de la política a la mexicana: a los amigos y cómplices la benevolencia, a los enemigos la ley, y decretar la muerte política de quien se atreva a denunciar.
Como la aplicación de la ley depende del ánimo de los que gobiernan, nos encontramos con un estado fallido en donde la impunidad es la norma.
Si la frase de referencia fuera cierta, Guadalajara tendría el gobierno más fuerte de la república, aquí se tolera a los ambulantes, a los rateros, a los que venden piratería y productos robados, a los franeleros, a los valet parking que se adueñan de los espacios públicos, a los constructores que levantan edificios fuera de toda norma y que dañan a los vecinos, a los giros negros en zonas habitacionales y frente a hospitales.
Miguel Jasso
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 5 de septiembre de 2013).
"Evaluación urgente para el Presidente", "¿En dónde está, en donde está? El sindicato que nos iba a apoyar", y "Maestro callado, seguro diputado", fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el paso de los docentes por el centro.
En Jalisco, la marcha fue convocada por la Red Magisterial del Sur, Movimiento del Magisterio Independiente del Sur, Colectivo Magisterial Democrático, Movimiento de Bases Magisteriales, el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres y el Movimiento de Telesecundarias.
En el sentro, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, bajó a Plaza de Armas para atender a los docentes, recibió el pliego petitorio de los voceros, pero tuvo que regresar al Palacio de Gobierno ante abucheos y gritos de "traidor" de parte de algunos maestros.
El secretario de Educación, Francisco Ayón López, dijo que se analizará la situación de los profesores que fueron a la marcha, para ver si les descuentan o no su salario.
Maestros marcharon también en el DF, Estado de México, Veracruz, Durango y Chihuahua.
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 5 de septiembre de 2013).
En el caso de Michoacán, además, el hartazgo ciudadano ante la inexistencia de un Estado de Derecho y el abandono de las autoridades, que recrudeció los homicidios, violaciones, cobros de piso y secuestros en la región de Tierra Caliente, ahora se ha trasladado a la capital del estado, Morelia, donde habitantes de colonias de la parte sur de la ciudad amenazan con constituir los primeros grupos de autodefensa urbana en el territorio nacional.
Verónica Omaña, integrante de la directiva del fraccionamiento Bonanza y de la asociación "Di Sí a la Loma", informó que los habitantes de la zona sur son víctimas de asaltos a mano armada, robos a casa habitación, cobro de piso, robo de auto, secuestro y secuestro exprés, despojo de pertenencias en los cruceros, las glorietas, en los autobuses, en los restaurantes, asesinatos por oponer resistencia y otros, sin que los gobiernos federal, estatal y municipal hayan escuchado sus demandas y menos los protejan.
La dirigente explicó que la inseguridad le pega de directamente a unos 50,000 habitantes que se asientan en más de 30 fraccionamientos y colonias de la zona sur, quienes se han unido para alzar la voz contra el problema de la inseguridad, por lo que entregaron un pliego petitorio al Gobernador interino, Jesús Reyna García, y solicitaron una audiencia.
Pero, afirmó Omaña, si el gobierno del estado no les da una pronta solución a sus demandas de seguridad tienen un Plan B: crearán las primeras autodefensas urbanas del país, pues ya consideran armar a guardias privados y a vecinos, así como instalar barricadas en los accesos a sus colonias.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de septiembre de 2013).
Y todo gracias a que tal parece que autoridades y ciudadanos padecemos del mismo mal: falta de memoria, y no hacemos nada por remediarlo, no obstante que somos los que no pertenecemos a la llamada "clase dorada" los más perjudicados, pues la inacción, falta de decisión y el "nadar de muertito" de las llamadas autoridades -aunque no la ejerzan- solapó que los miembros de la Corriente (sí que les queda) Nacional de "Trabajadores" de la Educación, mejor conocidos como CNTE, hicieran del llamado "ombligo del mundo" un tianguis y desorden vial, sin que nadie les diga, ni haga nada.
Aunque bueno, eso de que nadie les diga nada es sólo un decir, pues cerca de 20 millones de habitantes de la capital del país y sus alrededores, más todos aquellos que tuvieron necesidad de ir al Distrito Federal la semana próxima pasada, y por tanto tuvieron que caminar largos trayectos, pasar largas horas en un taxi con el taxímetro puesto, perdieron alguna cita de trabajo, llegaron tarde o de plano no pudieron llegar a trabajar o estudiar... todos ellos se lamentaron y se las mentaron a los manifestantes por transgredir su derecho a realizar sus actividades de manera normal.
Así, mientras que los "profes" o lo que sean se divertían jugando baraja en plena avenida Reforma, dejaban a miles y miles de niños sin clases y miles y miles de padres de familia con problemas de atención a los mismos, y las autoridades "respetuosas del derecho de manifestación y de los más sagrados derechos humanos", no hicieron absolutamente nada por evitar el desquiciamiento propiciado por quienes se oponen a ser evaluados por entes externos a su "parapeto sindical".
Los miembros de la famosa Corriente siempre se han distinguido por su comportamiento violento, pero ¿qué acaso las autoridades no tienen la fuerza del Estado de su parte, precisamente para guardar el orden y evitar que los derechos de millones sean pisoteados por unos cuantos vivales?
Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 2 de septiembre de 2013).
Pero, ¿qué pasa? Ocurre, señoras y señores, que los mexicanos nos enfrentamos casi en todo momento a situaciones de excepcionalidad. Es decir, la incertidumbre es una parte consustancial a nuestra existencia cotidiana. Y no hay ámbito donde la ausencia de certidumbres se manifieste de manera más palmaria que el universo de la justicia.
He repetido machaconamente, en muchas otras columnas, que sin justicia no puede haber seguridad. Y, como derivado directo de tal aseveración, expresé también que la estrategia implementada por Felipe Calderón para combatir las mafias criminales no podría tener un buen desenlace sin un previo -aparte de colosal- desmantelamiento de la corrompida estructura de nuestro aparato de justicia.
El propio Calderón, en su momento, denunció públicamente la actuación de ciertos jueces y fue muy criticado por ello. Se le censuró haberse inmiscuido en asuntos exclusivos del poder Judicial (como si la independencia de los poderes de la República obligara a sus miembros a una automática postura de acrítica pasividad). La observación del antiguo presidente, sin embargo, era totalmente pertinente y, ahora mismo, los integrantes del ejecutivo han presenciado, con total asombro, la esperpéntica liberación de Rafael Caro Quintero -un delincuente que, encima, tiene cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos- en lo que parece un auténtico "madruguete" judicial.
Tenemos así, en los extremos de la cadena, a los buenos policías -o, en tantos otros casos, al comando de la Marina integrado por individuos valerosos y bien entrenados- que consuman una ejemplar hazaña deteniendo a peligrosísimos delincuentes y, del otro lado, al agente del Ministerio Público, incapaz o declaradamente corrupto, que no prepara adecuadamente la famosa "averiguación previa" o al juez, de parecida calaña, que no dicta la sentencia que merecen los criminales. ¿Qué posible seguridad para los ciudadanos puede resultar de un parecido estado de cosas?
No para el asunto ahí: llevamos también décadas enteras vislumbrando esa "cultura de la ilegalidad" que, en su posible condición de rasgo consustancial a la identidad nacional, determina grandemente los desenlaces en cualquier asunto relacionado con la ley. Ahora mismo, con la escandalosa actuación de una minoría de manifestantes en Ciudad de México, consentida por las autoridades, podríamos seguir hablando de ello: impedir el paso a los ciudadanos -beneficiarios del derecho a la libre circulación- es una infracción; bloquear el acceso a un aeropuerto, perjudicando así a miles de viajeros, no sólo es una ruindad sino un contravención; y, finalmente, alterar el orden público, en sí mismo, es un delito castigado con penas de diversa severidad.
Pues bien, la abierta perpetración de estas ofensas legales no merece ninguna respuesta por parte del gobierno local, primerísimo responsable de asegurar las garantías de sus ciudadanos, mientras que las autoridades federales se lavan también las manos. Y, no sólo eso: muchos comentaristas, descubriendo no sé qué virtud en el hecho de que los gobernantes no cumplan con su deber (y aduciendo, justamente, una suerte de "excepcionalidad mexicana" tan nebulosa como perniciosa para la vida pública de este país), aplauden la presunta "prudencia" de los antedichos gobiernos al tiempo que nos tachan, a quienes propugnamos simplemente el cumplimiento de la ley, de formular "histéricos" llamamientos a la "represión".
Ahora bien, si aceptamos que el incumplimiento es una forma de administrar los asuntos públicos -una especie de estrategia que perseguiría beneficios superiores sacrificando los rendimientos inmediatos (por no hablar del inobservancia de las leyes)- entonces tendríamos que descubrir, antes que nada, la ventaja final de esta actuación. En lo que toca a la respuesta que las autoridades le han dado a la CNTE, ese repliegue ¿le sirve de algo a la nación mexicana?
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 1o.de septiembre de 2013).
El que un gobierno haga de su debilidad o incapacidad para aplicar la ley una virtud y convierta su omisión en filosofía del ejercicio (o más bien dicho del no ejercicio) de sus atribuciones y obligaciones constitucionales, realmente es lamentable y debe ser preocupante. No los elegimos para practicar la tolerancia, sino para ejercer la autoridad.
El que el Gobierno del Distrito Federal haga de la tolerancia a los manifestantes de la CNTE el valor principal de su desgobierno, es comprensible por las complicidades que existen entre esas autoridades, el partido que los postuló y quienes los financian.
Detrás de esta visión equivocada de lo que es la supuesta fortaleza de un gobierno, existe una incomprensión de los componentes de la debilidad-fortaleza de un gobierno, de la diferencia entre poder y autoridad, y de lo que en realidad es una democracia y el estado de derecho.
La debilidad o fuerza de un gobierno es producto de las atribuciones constitucionales y de los poderes reales de que disponga para aplicarlas, que en esencia son producto de una correlación de fuerzas políticas. El partido del Presidente de la República es el que, con mucho, mayor fuerza política tiene. No existe pretexto alguno para no ejercer sus facultades legales respecto al Distrito Federal, como lo son el mando sobre la fuerza pública que lo tiene el ejecutivo federal y la remoción por el Senado del jefe de gobierno "por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público del Distrito Federal" (Artículo 122 Constitucional).
Si el señor Mancera no quiere utilizar la fuerza pública para restablecer el orden y la libertad de tránsito en la Ciudad de México, pues entonces que asuma el mando de esa fuerza armada el Presidente de la República. Y, si el Gobierno del DF es omiso y tolerante con manifestantes que están impidiendo el adecuado funcionamiento de los Poderes de la Unión, pues entonces los senadores -en lugar de andar "a salto de mata" sesionando en sedes alternas- que declaren la remoción del jefe de gobierno de esa ciudad. Así de simple.
El poder es la capacidad que alguien tiene para lograr que otros hagan lo que se quiere de manera libre y voluntaria. La autoridad es para obligar a un tercero a cumplir la ley (le guste o no le guste) y después de que por medios pacíficos se le conminó a hacerlo y no lo hizo.
La democracia no es el gobierno de la fuerza ni de las personas, ni el de la inobservancia de la ley en aras de la tolerancia. Es la sujeción de gobernantes y gobernados al imperio de la ley. Nada más, pero tampoco menos.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 31 de agosto de 2013).
Defendiendo a capa y espada a quien evade el fisco, a quien incumple las leyes, a quienes trastornan el tráfico y la vialidad, a quienes invaden lugares turísticos e históricos y afean la imagen de la ciudad. No se vale que en lugar de incentivarnos nos den esos mensajes.
Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Si dejan llegar a una horda de pseudo maestros a bloquear y acorralar a los mismísimos diputados en el D.F. que son quienes tienen autoridad e influencias y que legislan nuestras leyes, y este acto vandálico y a todas luces retador, no tiene consecuencias, ¿qué podemos esperar que hagan con el comercio informal, que es más bien una más de las tantas mafias que existen en nuestro país?
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 30 de agosto de 2013).
Este grupo ya sabe que puede hacer lo que quiera. El cuerpo de granaderos de la ciudad de México, según el secretario de gobierno de la capital, Héctor Serrano, cuenta sólo con 1,800 efectivos, pero como trabajan en 3 turnos el gobierno sólo puede contar con 600 en un momento determinado. Esto es, por lo menos, lo que me dijo ayer el secretario Serrano.
Lo curioso es que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal anunció apenas el 24 de mayo que desplegaría a 5,552 efectivos para la final de la liga de futbol, mientras que en la semana santa de 2010 la misma SSP anunciaba que 30,000 efectivos cuidarían la ciudad. Claro, que no todos son granaderos.
Lo innegable es que ni el gobierno capitalino ni el federal han podido o han querido utilizar la fuerza pública para evitar las agresiones a los ciudadanos a manos de la CNTE. Son las mismas agresiones, de hecho, a las que han sido sometidos los oaxaqueños durante años.
La CNTE está retando al estado mexicano. Me gustaría decir que tenemos un gobierno fuerte que puede enfrentar un reto de esta naturaleza, pero cada vez es más claro que tenemos no sólo un estado débil sino timorato.
No sólo la ciudad de México está tomada. La carretera Acapulco-Pinotepa está bloqueada por un grupo de "policías comunitarios". La carretera Ciudad Obregón-Nogales está tomada desde hace meses. A esto hay que añadir la extorsión a negocios en el estado de México y en Michoacán y a la presencia del crimen organizado en amplias regiones del país.
La idea de que vivimos en un estado fuerte ha caído por tierra. La debilidad, de hecho, explica una parte de la pobreza del país. Es muy difícil, si no imposible, administrar un país si tiene un gobierno sin fuerza para gobernar.
El exceso de fuerza es dictadura, pero la falta impide el surgimiento de un verdadero estado. Esto no es algo que no supiéramos. Pensadores tan diversos como Maquiavelo, Pascal, Washington, Webber y Trotski lo han señalado.
En el caso de los maestros de la CNTE, el reto es particularmente hiriente porque quienes lo hacen son empleados del gobierno. Exigen, por otra parte, una inaceptable garantía de propiedad privada sobre las plazas magisteriales que ocupan. La razón por la cual los activistas de la CNTE pueden seguir ausentándose de las aulas y agrediendo a los ciudadanos es porque los gobiernos débiles han permitido que lo hagan.
Yo no sé si el Distrito Federal tiene sólo 600 efectivos disponibles para enfrentarse a una banda que ha paralizado las actividades de la ciudad. Pero sí sé que si el gobierno de Oaxaca y el federal dejan de subsidiar a la CNTE, ésta no podrá mantener mucho tiempo su movimiento.
La prueba de fuego la veremos hoy o mañana. Si los maestros reciben su quincena normalmente, a pesar de no haber trabajado un solo día desde el inicio de clases, más valdría que el gobernador Gabino Cué, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el presidente Enrique Peña Nieto entregaran sus cargos a los dirigentes de la CNTE. Si no se hace el pago, si se deja de subsidiar a estos activistas, será sólo cuestión de días o semanas para que se disuelva el movimiento.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 29 de agosto de 2013).
En la carretera se pudo apreciar al menos 200 vehículos varados sobre el asfalto, algunos de ellos fueron estacionados en una cancha deportiva de la localidad; tráiler de lácteos, carnes, frutas, refrescos entre otros estuvieron por horas sin moverse.
Cabe mencionar que durante la noche del martes ninguna autoridad ni fuerzas de seguridad acudieron a la zona para persuadir a los manifestantes.
Por la mañana, a algunas ambulancias procedentes de Acapulco en dirección al estado de Oaxaca y viceversa les permitieron el paso.
Así también, contingentes de maestros que acudían de Oaxaca a Ciudad de México, también les dieron libre acceso; cabe recordar que la CRAC ha apoyado al magisterio disidente contra las reformas educativas del gobierno federal.
Y aunque algunos conductores manifestaron su descontento por las acciones de los grupos de autodefensas, otros aplaudieron, pues consideraron que desde su presencia el número de robos, asaltos y extorsiones ha disminuido. Un grupo de mujeres indígenas de la comunidad mixteca fue quien se mantuvo al frente de los bloqueos acompañadas de niños, mientras otro grupo de hombres se manifestaba con pancartas en contra de las autoridades.
Tras más de 20 horas, las autoridades no atendieron a los manifestantes pero sí se apreciaron el sobrevuelo de dos helicópteros, uno de la Fuerza Aérea Mexicana y otro de la Policía Federal, cada vez que aparecieron fueron recibidos con abucheos.
Al lugar arribaron los ex líderes de la Comunitaria Valentín Hernández Chapa y Luis Ramos, quienes tras dialogar con el líder de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, acordaron retirarse a sus comunidades para después ser atendidos en Ciudad de México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(V.pág.7 del periódico Mural del 29 de agosto de 2013).
Desde la óptica del mandatario el endurecer penas contribuirá a que los jaliscienses no experimenten miedo de salir de sus casas, ni estar con la angustia de que los asalten o que los secuestren. Si efectivamente se presenta la iniciativa y ésta es avalada por el congreso, Jalisco se sumaría a la cada vez más larga lista de entidades que optan por aumentar sanciones para intentar inhibir los delitos. Chihuahua, por ejemplo, aprobó aplicar la cadena perpetua a los secuestradores, extorsionadores, multihomicidas y a homicidas de periodistas y policías; y el Estado de México hizo lo propio en casos de asesinatos que generalmente se ligan con el crimen organizado como decapitaciones, mutilaciones, quemaduras o desmembramiento de víctimas y para casos de extorsión (cuando las víctimas son mujeres o niños), y por violación tumultuaria.
Y qué bien, fortalecer el marco jurídico y endurecer penas sería el camino adecuado para navegar por aguas de orden y seguridad, para inhibir conductas ilícitas salvo el pequeño detalle de que en México el problema no es de leyes y reglamentos, sino de impunidad. O en palabras de Amnistía Internacional, México es un país de leyes sin justicia: "existe un abismo entre la ley y la realidad diaria de quienes necesitan su protección, ya sea en el ámbito federal o en el estatal".
Para lograr efectivamente que en Jalisco y en el resto del país "no exista la tragedia, ni el dolor, ni la desesperanza", para asumir ese compromiso en serio, con riguroso apego a la realidad, habría que explorar otras rutas, de manera paralela, al simple elevar las sanciones. Valdría la pena, para tranquilidad de todos, imaginar que en el Estado se están instrumentando estrategias puntuales para atacar a la madre de todas nuestras broncas que no es otra que la impunidad. El día en el que quien la haga la pague, viviremos en otro país, en otro estado.
Un par de datos para dimensionar el tamaño del reto: según el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa y a propósito de la guerra contra el narco, "el Estado mexicano ha sido incapaz de construir instituciones de justicia que investiguen y resuelvan estos casos, al punto en que el 80% de los crímenes queda sin respuesta ni castigo". De 1997 a 2012, la estructura del Estado mexicano permitió resolver en promedio 4,350 crímenes al año, pero sólo en 2010, el Inegi contabilizó 24,572 homicidios, de los cuales 21,000 aproximadamente quedaron sin sanción, lo que equivale al 84% del total.
Según la información disponible en Inegi, el año pasado se cometieron en el país 27,200 homicidios dolosos, y sólo alcanzaron sentencias condenatorias 523 inculpados, lo que da una tasa de éxito al sistema mexicano de justicia de apenas 1.8%. Con la certeza casi absoluta de burlar al sistema de justicia, ¿a qué delincuente le importará si la sanción por el delito que comete se endurece? Sabe que primero tendrían que atraparlo y luego probar su culpabilidad en un debido proceso y tal cómo están las cosas, llegar a pagar con cárcel es tanto como sacarse el Melate.
No sobra tener consignados en los códigos sanciones ejemplares, cadena perpetua para quién cometa un delito de alto impacto, pero falta un sistema de procuración de justicia que permita que el referente legal aterrice y que las conductas ilícitas tengan consecuencias. Efectivamente, México es un país de leyes, pero en los hechos, valen queso... aunque se endurezcan.
Alejandro Irirgoyen Ponce
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2013).
Cuanto nos cuesta y cuanto nos va a costar, tolerar, dialogar, transigir con estos facinerosos. Los ciudadanos comunes se preguntan ¿vale la pena?, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué representan y a quién representan?... y un sin número de preguntas.
La mayoría de los medios de comunicación, los analistas políticos, han comentado con mucha preocupación lo que ha acontecido en la ciudad de México, durante toda la semana pasada... bloqueos, la toma de la Cámara de Diputados, el bloqueo a la Cámara de Senadores, el bloqueo del Aeropuerto de la Ciudad de México, la destrucción de bienes de la nación y de particulares.
Las autoridades del Distrito Federal y del gobierno federal han mencionado que han evitado derramamiento de sangre, que es importante oír a estos "maistros", que se debe de privilegiar el diálogo y la tolerancia.
La mayoría de los políticos, de sus partidos, los gobernadores de los estados de donde provienen (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas), las autoridades federales... saben quiénes son, qué representan, conocen sus antecedentes penales, quiénes caminan con la guerrilla, quiénes están involucrados en la delincuencia organizada.
Hoy los mexicanos se preguntan: ¿Vamos por el camino de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad? ¿Hasta dónde debe de llegar la tolerancia y la prudencia? ¿Permitiremos más impunidad y violencia de parte de estos grupos minoritarios?
Hoy muchos hablan de preservar y defender a las instituciones de la república, de garantizar el estado de derecho, de hacer justicia, de cumplir con nuestras leyes vigentes. Esperamos que no sea sólo en el discurso, esperamos que los responsables de las instituciones de la república cumplan con su deber y su obligación, para que no lo lamentemos mañana.
Deseamos vivir en paz, con estabilidad social, política y económica.
Deseamos que se concreten las reformas más importantes para que este país pueda desarrollarse. Pero no creemos que para concretarse estas reformas se deba de permitir la violencia, la delincuencia, la impunidad, el chantaje...
No generemos desconfianza y descontento en la mayoría de los mexicanos por complacer a las minorías violentas y radicales. Sería más costoso para el país.
No queremos tener un país de secuestrados y de secuestradores.
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2013).
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2013).
Unos minutos antes lo habían abucheado 2 veces. Ante más de 15,000 personas los maestros de ceremonias anunciaron su nombre en la salida del XXXI Maratón de la Ciudad de México y la respuesta de los atletas fue de repudio al mandatario, segundos antes del disparo que los puso a correr 42 kilómetros.
Durante toda la semana, y marcadamente el viernes con su intento de tomar el aeropuerto metropolitano, los maestros sindicalizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desquiciaron la ciudad y los policías de Mancera los observaron pacientes mientras el clamor la mayoría de la gente pedía desalojarlos usando la fuerza pública, no matar ni herir a nadie, con una operación policiaca antimotines eficaz, como sucede en los países más democráticos, incluso gobernados por la izquierda.
A Mancera le ha llovido. Se le culpa de tibio frente al caos. Si bien es su responsabilidad mantener un DF viable, el jefe de Gobierno está lejos de ser el principal culpable de que las cosas hayan llegado hasta donde están con la CNTE.
Pongo primero en la lista de los responsables al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. La CNTE lo tiene domesticado: los maestros no van a clases y Gabino les da un bono, los maestros marchan y Gabino les sigue pagando, los maestros quieren manifestarse en el DF y Gabino financia los autobuses. La educación de Oaxaca está bajo control de la CNTE y es uno de los estados con peor nivel académico, pero Gabino no los toca.
Tampoco se puede dejar de señalar el trato privilegiado que el gobierno federal ha dispensado hasta ahora a la CNTE. Frente a violencia, mesas de diálogo. Frente a secuestradores vinculados a la CNTE, el gobierno tratando de no hablar del tema. Frente a marchas, los líderes del congreso a su disposición. Frente a bloqueos, cita con el secretario de Gobernación.
Varios de los dirigentes sindicales de la CNTE tienen un historial que les merecería ocupar la celda contigua a la de su archirrival Elba Esther Gordillo. La CNTE ha ido mucho más allá en su desafío al Estado de lo que alcanzó a hacer Gordillo. Lo de ella fue un justo y bien ganado golpe. ¿A la CNTE no la tocan?
Cortarles el financiamiento, contener sus afectaciones a terceros y proceder contra sus líderes abyectos podría ser una salida que ubique a la CNTE en su lugar, tome en cuenta sus demandas razonables (que el examen de maestros comprenda la situación económica y alimentaria de los alumnos así como las instalaciones escolares, que los maestros en funciones no sean despedidos porque eso violaría sus derechos adquiridos, que se invierta más en educación).
Y desprecie las que sólo buscan mantener sus privilegios (heredar plazas, no ser examinados, no rendir cuentas sobre el dinero que les llega, derogar la reforma educativa).
De otra forma sólo se llega a una conclusión: a la CNTE le tienen miedo.
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2013).
El Estado tiene la función de hacer cumplir un orden: el establecido en la Constitución. Que se convierte en la expresión máxima del bien público y una suerte de síntesis de la legalidad. Hacer cumplir la Constitución y las leyes es esencial para las instituciones públicas, pero la negativa de las autoridades de castigar, y castigar de manera efectiva, a aquellos que incumplen la ley, augura, la erosión del orden que observamos.
En la sociedad actual esto sucede incluso cuando el gobierno responde de manera ideal a las demandas de los ciudadanos que se manifiestan en las calles para expresar inconformidades, y lo hacen precisamente violando la ley.
Las manifestaciones de profesores en la Ciudad de México son una muestra de este dilema que está desgastando a las instituciones y que fomenta involuntariamente la percepción de impunidad que vivimos, lamentablemente, en el país.
El privilegio de los acuerdos políticos que redundan en violaciones flagrantes a la ley es un camino muy peligroso. Cuando se acepta que las voluntades personales de líderes y representantes políticos pueden ponerse por encima de la Constitución, se abren los caminos del autoritarismo y se cierne en una verdadera amenaza a la libertad de las personas.
Dañar a personas inocentes con el pretexto de expresar inconformidad y con ello manipular la agenda de los medios de comunicación para conseguir potenciar el impacto de un hecho es un acto de impunidad.
La supuesta lucha de los profesores pide que se incumpla la Constitución y que se dé marcha atrás a la evaluación continua que, por supuesto, deben tener tanto profesores como directivos.
Las cosas han llegado a un punto en el que las autoridades deben elegir en este dilema: respetar las normas que protestaron cumplir o privilegiar acuerdos políticos que las vulneran.
Sentar el precedente de optar por la negociación por encima de la ley lleva, tarde o temprano al camino de la erosión del poder público y abre las puertas del crecimiento de la impunidad.
Los profesores que han dejado sin clases a sus alumnos no tienen derecho a dañar a los demás y mucho menos a cobrar su sueldo cuando no asisten a sus labores.
Ha llegado la hora de que las autoridades actúen con determinación e instauren los procedimientos que permitan dejar de cubrir los salarios de los incumplidos.
El límite a la libertad de la persona es el inicio del derecho de la otra persona que convive en sociedad y el estado debe asegurarse de que este límite se cumpla.
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2013).
El jueves 22, habló del caso Arturo Zamora Jiménez: los jueces referidos "han liberado indebidamente secuestradores, homicidas y miembros de la delincuencia organizada. La ley es muy clara, se trata de delitos cometidos en contra de la administración de justicia, y en ese sentido, la Fiscalía General está actuando".
El funcionario dijo también que en los últimos meses la Fiscalía General ha despedido a 12 agentes del Ministerio Público señalados como corruptos, y contra 7 se levantará acusaciones penales.
Del lado de los jueces se ha señalado que ministerios públicos integran mal las averiguaciones previas, coludidos con delincuentes; en sentido inverso, la misma acusación de vínculos con el hampa liga a jueces. La inseguridad pública no sólo significa más secuestros, homicidios o asaltos, sino que también incluye el actuar deshonesto de fiscales y juzgadores.
Sergio René de Dios
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2013).
Pero, por favor ¿quién diablos ha dicho que debe correr la sangre? ¿Alguien ha propuesto que a los maestros de la CNTE se les masacre? ¿En qué mente cabe, salvo en la cabecita de algún loco furibundo, que deban ser ejecutados, fusilados o aniquilados? ¿De qué sangre derramada hablamos si han sido algunos de esos individuos, más bien, quienes ya han agredido y lesionado a policías desarmados?
¿Acaso la única manera de salvaguardar el orden púbico y de ponerle un límite a los provocadores es perpetrando un baño de sangre? ¿No sabemos, acaso, que hay maneras perfectamente civilizadas de contener y dispersar a una multitud? ¿Una fuerza policiaca antimotines debe de ser forzosamente una pandilla de bárbaros sanguinarios? ¿No han visto, esos funcionarios municipales tan ejemplarmente contenidos, que en muchas ciudades del primer mundo se utilizan vehículos que lanzan chorros de agua a alta presión que no matan a nadie? ¿No confían, las autoridades de la capital, en sus propias fuerzas del orden? ¿No pueden dar instrucciones precisas para rodear a los sublevados, contenerlos, aislarlos y dispersarlos siendo que han sido los otros, en primer lugar, quienes han desplegado la violencia al impedir que ciudadanos inocentes lleguen a su destino?
Y, la gran pregunta final: ¿hasta dónde va a llegar todo esto y a qué posible modernidad puede aspirar una ciudad sin ley y sin orden?
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 25 de agosto de 2013).
El desbloqueo de la terminal aérea se logró después de que los integrantes de la Sección 22 de Oaxaca se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y con el de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.
El caos no se hizo esperar con la protesta, en la que participaron unas 3,000 personas, y provocó embotellamientos en la zona de la Terminal 1 del aeropuerto, además del cierre de 3 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Pero la situación está lejos de solucionarse. La CNTE informó que continuará en paro nacional indefinido en protesta contra la Reforma Educativa y que mantendrá el plantón en el Zócalo, así como otras acciones "contundentes" en la Ciudad de México.
Ninguna autoridad, ni local ni federal, quiere confrontar a los maestros que protestan contra la Reforma Educativa.
Después de que los maestros de la CNTE cerraran ayer uno de los principales accesos al aeropuerto capitalino por más de 8 horas, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dijo que los maestros no serían evacuados del aeropuerto porque se tendría un enfrentamiento con resultados fatales.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que no comparte la estrategia de la CNTE para manifestarse. Afirmó que "lastimando la normalidad de la Ciudad de México, la CNTE está lejos de ganar simpatías, no comparto esa estrategia". En otro mensaje, opinó que en la defensa de sus puntos de vista, la CNTE no debe lastimar los derechos de terceros.
(V.primera plana y pág.3-A del periódico El Informador del 24 de agosto de 2013).
En el mundo ideal, la Policía Federal tendría que hacerse cargo del interior del Palacio Legislativo de San Lázaro y el edificio del Senado, y la policía capitalina de la calle y los accesos. El problema es que, desde hace mucho, nadie, en el DF o en México, se hace plenamente responsable de la calle.
Mancera tiene razón, por tanto, cuando afirma que, en el punto en que se encuentran las cosas, soltar a la policía equivaldría a crear un campo de batalla. Que no se le pida de un día para otro a la autoridad de la capital que resuelva un desastre que nadie ha tenido la inteligencia ni las agallas de resolver.
Y que los priistas se hagan cargo de sus decisiones. Fueron ellos quienes aceptaron la solicitud del PRD de "bajarle a la reforma" para que los maestros de la CNTE "le bajaran a la protesta". Ahí están las consecuencias: se le quitó el corazón a la reforma educativa (aunque Manlio Fabio Beltrones insiste en que solo será por "2 o 3 semanas") y los maestros estuvieron ayer más agresivos que nunca.
Mancera no tiene la culpa. No en esta circunstancia. No mientras los gobiernos no comiencen a dirimir este tipo de conflictos con inteligencia y anticipación, y aprendan a imponer el orden dentro de la legalidad.
Si el gobierno federal y los otros gobernadores no lo han hecho, no lo hacen ni lo saben hacer, no jodan entonces a Mancera.
Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 23 de agosto de 2013).
Esta ha sido una semana marcada por la fuerza de la CNTE y la aparente debilidad del Estado mexicano en todos sus niveles, siempre en aras de evitar lo que llaman la confrontación y la violencia, lo que me parece bien.
En lo que no estoy de acuerdo es en que la opción para resolver esta ocupación magisterial sea esa: sangre o anarquía.
Desde los tiempos de 1968, Díaz Ordaz, Tlatelolco, Plaza de la Tres Culturas, 2 de octubre, quedó el síndrome reforzado con la matanza del Jueves de Corpus, 1971, 10 de junio, Rivera de San Cosme. Un trauma oficial, porque nadie quiere ser Díaz Ordaz, nadie quiere ser Echeverría, nadie quiere una matanza ni la mancha histórica ni la carga moral.
Ese es el justificante político, pero es tiempo de superarlo.
Y no digo, ni por un instante me pasa por la cabeza, que el uso de la fuerza sea la salida, que nunca solución, sino la construcción de una estrategia que impida llegar a los extremos de esta semana, a lo que están obligados todos los niveles verticales y horizontales del Estado, todos los que son gobierno, todos los que son poderes.
Los acuerdos se tienen que tomar antes de que los problemas sean irresolubles.
Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 23 de agosto de 2013).
El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, fue recibido ayer en Morelia con el bloqueo de varias vialidades, al estilo de algunas movilizaciones promovidas por grupos delictivos.
Sin mencionar sus demandas, los manifestantes cerraron por espacio de 3 horas importantes vialidades y 2 de los principales accesos a la capital.
Algunos de los manifestantes llegaron al sitio de los bloqueos, convocados por sus dirigentes pero sin saber las razones. De no haber participado en la manifestación habrían sido sancionados.
Los bloqueos iniciaron a las 8:30 horas en la Avenida Madero, la más importante de Morelia. El cierre se efectuó sobre los 4 carriles, a la altura del Palacio de Gobierno.
Más tarde se extendieron a la salida a Salamanca, vialidad que conecta con la Autopista México-Guadalajara, y continuaron en las carreteras a Pátzcuaro y en la libre a Guadalajara.
En ciudades como Morelia, Apatzingán y Uruapan, transportistas y comerciantes han realizado en el pasado protestas contra grupos de autodefensa o la Policía Federal, presuntamente promovidas por el crimen organizado.
Cerca de las 14:00 horas, ayer el gobierno estatal informó que los bloqueos ya habían sido desactivados.
(V.pág.6 del periódico Mural del 22 de agosto de 2013).
Los legisladores no pudieron entrar al recinto parlamentario, tuvieron que sesionar en una sede alterna y al final del día cedieron a las presiones de los maestros y de la izquierda, por lo que decidieron no aprobar la ley para evaluar a los docentes.
La Cámara de Diputados amaneció cercada por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se apostaron en todos los accesos para impedir que se instalara la sesión con la que se abriría el periodo extraordinario y con ello la discusión de las leyes educativas.
La CNTE condicionó el retiro del cerco al Palacio de San Lázaro a que tampoco se aprobaran la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las reformas a la Ley General de Educación.
(V.primera plana del periódico Mural del 22 de agosto de 2013).
En México, en cambio, las presiones contra los legisladores son constantes. Lo que vimos ayer, sin embargo, rompe con todo precedente. Un grupo de presión, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cercó durante horas el Palacio Legislativo, como días antes lo hiciera con el Senado, no sólo para impedir el inicio del período extraordinario de sesiones sino para exigir el retiro de 3 iniciativas de ley.
Si el chantaje contra un parlamento es inaceptable, más lo es que los líderes del congreso hayan aceptado negociar con los chantajistas. Ayer les ofrecieron retirar una de las iniciativas, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero los miembros de la CNTE se negaban a levantar el cerco a menos de que los legisladores retiraran las 3 iniciativas de leyes reglamentarias al Artículo 3o. constitucional.
Un caso más abierto de presión a un congreso para legislar de conformidad con los deseos o intereses de un grupo no se ha visto en el pasado. Uno puede estar de acuerdo o no con las iniciativas. Pero aceptar que por la fuerza se puede obligar al congreso a legislar a conveniencia de un grupo, por muy numeroso o poderoso que sea, sería aceptar el fin de la democracia.
Lo peor de todo es que los grupos que se llaman a sí mismos progresistas afirman que la CNTE está actuando de forma correcta. No entienden que las reglas deben aplicarse a todos. Imagínese usted si los grupos de presión que chantajean al congreso fueran de derecha y buscaran, por ejemplo, mantener los privilegios de las grandes empresas.
El que una sociedad registre diferencias entre grupos e individuos es natural. La razón por la cual tenemos un sistema democrático es precisamente para evitar que estas diferencias se diriman a golpes o a balazos. Que el sistema no es perfecto, quizá. Tampoco lo es ningún otro en el mundo. Pero una cosa es tratar de mejorarlo y otra muy distinta buscar reemplazarlo con un régimen en que los más poderosos o los más violentos puedan imponer su voluntad.
La CNTE está tratando de conservar privilegios que a mí me parecen inaceptables. Coincido en lo fundamental con la filosofía de la reforma educativa que busca establecer procedimientos de medición de calidad de los maestros y de la enseñanza y que busque que sólo los mejores sean contratados para posiciones magisteriales y sólo los mejores permanezcan al frente de las aulas. No sé si la prueba ENLACE es la mejor posible, pero sí respaldo el principio de contratar a los mejores y medir su desempeño.
Pero independientemente de mi posición, la cual es compartida por millones de mexicanos, sobre todo padres de familia que no pueden pagar escuelas privadas y quieren que la educación que se imparte a sus hijos sea la mejor posible, el problema de fondo es que la ley educativa que finalmente surja, sea no la que bien o mal generen los legisladores sino la que imponga un grupo por la fuerza. Si permitimos como sociedad que esto ocurra, estaremos abriendo las puertas al fascismo.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 22 de agosto de 2013).
En una de las historias que permanecen en esa atmósfera manchada con hollín, de la puerta 5 del estacionamiento de San Lázaro, se cuenta que de pronto un vehículo salió del estacionamiento. Era la diputada federal del PRD Socorro Ceceñas Chapa, quien insistió a los policías federales y de la vigilancia que le abrieran la reja, para salir. Se negaban, pero insistió. Le abrieron y fue cuando unos 200 maestros entraron, enfrentándose con una hilera de policías federales que habían permanecido allí, haciendo turnos de guardia, desde la madrugada.
Tan luego amaneció, la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que informaba que ha presentado una denuncia de hechos contra los maestros, y puso en el papel el nombre del profesor líder de la Sección 22, de Oaxaca. Rubén Núñez, quien de inmediato respingó, diciendo que si bien ellos ingresaron a la fuerza y enfrentaron a los policías, ningún profesor miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentó incendiar o atacar a vehículo alguno. Y lo atribuyó a infiltrados; gente encapuchada, y embozada, que infiltró a la columna de maestros y se sirvió de la confusión para prender mechas que los maestros no traían.
Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de agosto de 2013).
Al mismo tiempo, más de un millón de alumnos no comenzaron ayer el ciclo escolar. En Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en Tabasco, los maestros de la Coordinadora decidieron iniciar un paro laboral en contra de la reforma educativa y, ya que estaban, también de la energética. Todos ellos pero sobre todo los oaxaqueños de la sección 22 han decidido, como lo vienen haciendo desde hace días, aumentar los bloqueos en la Ciudad de México. Ayer ya llegaron al DF sus contingentes. Mientras Morena y López Obrador anuncian manifestaciones simultáneas con las de estas organizaciones que, en realidad, son partes, todos ellos, de un mismo movimiento, quizás con distintos orígenes pero todos con el mismo fin: desestabilizar. No hay propuestas alternativas, no hay interés en dialogar ni en llegar a acuerdos: la apuesta es romper con la posibilidad de que las fuerzas políticas los alcancen y salgan las reformas adelante. La idea es vieja y simple: cuanto peor, mejor (para ellos).
El problema es que todo esto se hace amenazando con la violencia, desde la armada en estados como Guerrero, con grupos que como saben perfectamente las autoridades están ligados al ERPI, hasta los maestros de la Coordinadora donde conviven, literalmente, todo tipo de personajes, incluyendo los ligados al EPR por una parte y a grupos tan oscuros como los que manipulan los Templarios y la Tuta (el mejor ejemplo son los autodefensas de Aquila, detenidos y desarmados por el Ejército la semana pasada).
En Guerrero, Ángel Heladio Aguirre (cercanísimo a Marcelo Ebrard) duerme, en los hechos, sobre un barril de pólvora que, paradójicamente, parece estar alimentando desde el propio poder; en Tabasco, con Arturo Núñez, el magisterio decidió acompañar un paro magisterial que nunca antes se había planteado, y llama la atención de que el propio Núñez diga que él se opone a esa medida. En Oaxaca, Gabino Cué está haciendo esfuerzos políticos enormes para evitar el paro magisterial, pero la decisión de avanzar en él no pasa por sus manos. En Michoacán, la Sección 18 y la Coordinadora que tienen desde la administración de Leonel Godoy un enorme control del sistema educativo y su presupuesto, se enfrentan a un gobierno local debilitado y rebasado. En Morelos, hay fuerzas de la Coordinadora y se cuelan también algunos de los grupos armados de Guerrero.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de agosto de 2013).
Los manifestantes generaron un severo congestionamiento vehicular en Periférico, en el sentido poniente-oriente, al mantener bloqueados tanto carriles centrales como laterales de la arteria en esa dirección.
((V.pág.4-B del periódico El Informador del 20 de agosto de 2013).
Un ejemplo público de ello ha quedado al descubierto mediante las denuncias del Secretario del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Eduardo Almaguer, quien ha iniciado una cruzada en contra de los abogados conocidos como "talibanes", quienes tienen su feudo en la Junta de Conciliación y Arbitraje y sus alrededores, e igual estafan empresas o ciudadanos, pero siempre con el respaldo de malos servidores públicos que en lugar de aplicar la Justicia, la distorsionan en favor del mejor postor.
Los actuales usos y costumbres del poder judicial están como para hacer "reventar" a la sociedad, no es posible que nos sigamos quedando con los brazos cruzados, pues el mal no sólo está enquistado en el terreno laboral, sino que también es evidente en el penal, el civil, agrario y todos los que nos podamos imaginar.
No cabe duda, los funcionarios panistas que mal gobernaron Jalisco durante 18 años, trajeron consigo hambre de poder y de enriquecimiento ilícito, lo cual no podrá quitarse de "un plumazo", pero es necesario no quitar el dedo del renglón.
Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 19 de agosto de 2013).
"Una justicia que tarda 28 años en determinar que una persona está siendo juzgada ante una autoridad incompetente resulta más incompetente que la propia incompetencia determinada".
El llamado capo de capos fue liberado luego de que el juez determinó que el proceso por secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala en febrero de 1985, no se debió llevar en la jurisdicción federal.
"Un caso tan relevante, en donde la fiscalía no hace nada por detenerlo y sale de la prisión prácticamente a escondidas, de madrugada y sin que nadie se entere de su salida, despierta la suspicacia".
Por ello, en su opinión, la "negligencia" o la "corrupción" por parte de los jueces están detrás de que Caro Quintero haya abandonado la prisión tras haber cumplido 28 años de los 40 a los que fue condenado por tráfico de drogas.
Para el también abogado Agustín Acosta, si el Ministerio Público no pudo demostrar que Camarena era un diplomático, lo que convertiría al caso en federal, "el error estaría en la fiscalía".
En su opinión, "se debe dirigir la mirada más sobre las procuradurías y cómo arman sus casos que sobre los jueces que dictan sentencias sosteniendo principios constitucionales".
Acosta fue el abogado de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro en México y posteriormente liberada por errores en su debido proceso.
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 18 de agosto de 2013).
¿Qué son las autodefensas: parte de la delincuencia organizada o álter ego de ésta? Como principio son una respuesta organizada a la delincuencia, pero igualmente fuera de la ley. Hay algo en ellas que puede sonar auténtico y hasta heroico, pero a fin de cuentas ejercen la violencia de manera ilegal y terminan conformando otra forma de organización violenta.
Cuando La Familia Michoacana salió a luz en la zona de Tierra Caliente, su discurso no era muy distinto del que ahora tienen las autodefensas, con el ingrediente del narcotráfico en medio. Cuando el Cártel Nueva Generación hizo su presentación pública en internet, su discurso era similar: hacían hincapié en que no sólo no pretendían dañar a las comunidades sino que estaban dispuestos incluso a tomar acciones contra todo aquel delincuente que fuera denunciado ante ellos. Ambos grupos han formado bases sociales y armado gente en la zona noroeste de Michoacán y lo que hoy tenemos ahí es una mezcla explosiva.
Tierra Caliente es un polvorín. Las historias de lo que ahí sucede rayan en lo increíble. Los productores de limón y aguacate pagan, voluntariamente a fuerza, derecho de piso y seguridad a los delincuentes, pero lo hacen en instituciones públicas (para que no tengan que dar dos vueltas), en oficinas de ayuntamientos o dependencias estatales. Lo peor es que, ante el buen resultado de su seguridad, ahora la pagan, si no con gusto, sí con la certeza de que efectivamente tienen seguridad. Los mineros de la zona comenzaron pagando un precio por camión, luego llegaron a un acuerdo para pagar una cantidad fija a todos los miembros de la comunidad. Hoy, con la llegada de nuevos grupos de delincuencia organizada vinculados a las autodefensas, los comuneros que extorsionaron a los mineros tienen que pagar un porcentaje de lo que reciben. El extorsionador extorsionado.
Por alguna razón aún no explicada, el gobierno de Peña Nieto toleró las autodefensas cuando éstas surgieron a principios de año. No les dieron importancia, y la respuesta de la Secretaría de Gobernación y la de los gobernadores fue tan tibia que rayó en la displicencia. Dejaron crecer el problema: los grupos que antes portaban armas de cacería hoy tienen rifles de asalto. Lo que en un principio pudo ser un asunto que se resolvía con fuerzas estatales, hoy requiere de la intervención del Ejército y la Marina, con las consecuencias que esto tiene en denuncias por violación de derechos humanos, desgaste de la imagen de las fuerzas armadas, ruptura de tejido social, etc.
Más grave que las autodefensas ha sido la autoaniquilación del Estado en Michoacán.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 16 de agosto de 2013).
La desilusión fue ganando terreno al optimismo ante la actitud pasiva de las autoridades frente a las agresiones a la sociedad perpetradas por grupúsculos de agitadores que con, o sin razón, tomaron carreteras, casetas de cobro, oficinas publicas y calles de las ciudades; llegando al extremo de que un par de mujeres dolidas por la desaparición de sus hijos, cerraron el tránsito de una calle en la capital del país.
El mal ejemplo cunde. La cantidad de personas afectadas en sus intereses o agredidas por la delincuencia es enorme y todos se sentirán con el mismo derecho a protestar en la misma forma, a sabiendas de que no habrá represalias por parte de las autoridades. Al parecer la actitud pasiva se basa en el principio de que "el tiempo lo cura todo", o bien, no quieren actuar para no entorpecer las reformas estructurales que son de vital importancia.
Para los afectados por estas manifestaciones públicas, que son muchísimos más que los inconformes, les indigna la pasividad de las autoridades y se preguntan a qué se debe la ausencia de ejercicio del poder, dado que el gobierno está obligado a tomar medidas para restaurar el orden público cuando se actúa en contra de las mayorías. La duda es ¿cuál es la razón de esta pasividad? ¿es por temor al ruido que hacen los derechos humanos? ¿es por los malos antecedentes de Acteal y San Salvador Atenco? ¿por temor a que se les juzgue como un gobierno represivo? -Lo peor es que se les está juzgando como un gobierno debilucho, que no ejerce el poder para no despeinarse, como dijera un experimentado político jalisciense.
Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.23-A del periódico El Informador del 16 de agosto de 2013).
"La manifestación es en contra de una compañía que está bajando el costo de los fletes lo que nos deja fuera de mercado, no nos permite competir de una manera legal. Ellos, pretenden que andemos fuera de reglamento sobrecargando las unidades", explicó Diego Bolio Corona, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 16 de agosto de 2013).
Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 13 de agosto de 2013).
Tras enviarse al laboratorio, el resultado dio positivo a clenbuterol en las muestras de hígado, músculo y tejidos blandos en grasa.
Hasta el momento no se han detectado casos de intoxicación por la sustancia en personas.
(V.pág.3-B del periódico El Informador del 13 de agosto de 2013).
Un caso simultáneo con el de Caro Quintero se dio en Veracruz con la liberación del asesino de la periodista Regina Martínez Pérez, crimen ocurrido el 28 de abril de 2012 pasado, revocando la sentencia condenatoria por 38 años y 2 meses de prisión en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, "El Silva", la cual había sido emitida por la juez tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Xalapa, luego de la indagatoria realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, decidió dejar en libertad al asesino de la periodista argumentando que no existían pruebas suficientes y errores de procedimiento, pese a que ya tenía condena en firme y que durante la indagatoria se acumularon todo tipo de pruebas respecto a su participación.
¿Por qué entonces dejarlo en libertad? No lo ha explicado el magistrado, pero lo cierto es que es, el suyo, un caso peculiar. El magistrado ponente Álvarez Peña no llegó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por méritos de carrera judicial sino más bien como parte, aparentemente, de una prebenda política, ya que ha sido casi de todo en la administración pública y es también dueño de una cadena de medios de comunicación en Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Edel Álvarez, es un político, y ahora magistrado, ligado políticamente a Roberto Madrazo, ha sido alcalde de Coatzacoalcos -aunque nació en Tlacotalpan-, diputado local suplente por ese distrito, dirigente juvenil de la CNOP, dirigente estatal del PRI en Veracruz, Delegado del CONAFE, Director General del Registro Público de la Propiedad y de inspección y archivo general de notarías, de donde partió para ser magistrado. Dueño de una extensa cadena de medios, dicen en el ámbito local que esos intereses, conflicto por partidas publicitarias, han estado detrás de la liberación del asesino de Regina Martínez. Un ejemplo palpable de porqué la política (y además la propiedad de medios) no puede ser compatible con administrar justicia. Por eso no funciona nuestro sistema.
Decía el senador Omar Fayad, uno de los políticos que aspira en algún momento en ser parte del gabinete federal en áreas de seguridad, que es de ignorantes culpar al ejecutivo por la liberación de Caro Quintero y otras que se han dado en las últimas fechas. En realidad no es así: el ejecutivo por supuesto que no tiene decisión directa respecto a la liberación de Caro Quintero o de otros criminales. Pero sí la tiene en 3 ámbitos: 1o. y principal es saber qué medidas se adoptan en el terreno judicial y poder actuar en consecuencia. 2o., en explicarle a la gente qué sucede, por qué se toman decisiones que resultan incomprensibles. 3o., debe actuar en consecuencia contra los responsables, ya sea de haber violado derechos individuales pero también contra aquellos que vulneran con sus decisiones el propio estado de derecho. El silencio de las autoridades (y por supuesto del Consejo de la Judicatura) en el caso Caro Quintero es incomprensible. Como lo es el de las autoridades judiciales de Veracruz ante la decisión de un magistrado que arriba a esos cargos tan decisivos en la justicia sin experiencia judicial y con una larga lista de intereses políticos y empresariales detrás. Si no le pedimos explicación a las autoridades sobre sus decisiones, entonces ¿a quién?
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de agosto de 2013).
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2013).
La chicharra, que no era otra cosa que toques eléctricos especialmente en los genitales, el submarino que era sumergir repetidamente la cabeza en un tambo de agua sucia o el retrete; los golpes con objetos cubiertos de tela para evitar moretones visibles, el cascanueces que ponía a prueba la resistencia de cada hueso de los dedos de pies y manos y media docena más de técnicas siniestras demostraron miles de veces ser más efectivas que cualquier método científico y de investigación. Difícilmente habría quién no confesara el delito que se le imputaba, y todos los que "la ley" quisiera, incluida la violación de las once mil vírgenes. Lo importante era tener a un culpable para refundirlo en la cárcel, sin importar demasiado si efectivamente era culpable o no.
En esa época el debido proceso que no es otra cosa que el principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley, o dicho de otra forma, que el gobierno está subordinado a las leyes que protegen a las personas de El Estado, no era más que un referente que tenía el mismo efecto entre los policías y ministerios públicos que un vientecillo ligero en una estatua de Juárez: nulo.
Se supondrían cambios sustanciales en la procuración de justicia en nuestro país en estos 28 años, pero la realidad es que hoy, por ejemplo y según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sólo en 3 de cada 10 casos se le informa a la persona la razón de su detención. Y eso sería lo simple, lo básico, ya que en casos de alto impacto, en lo que cabría esperar que las procuradurías se esmeraran en presentar pruebas irrefutables, demostrar labor de investigación y capacidad de armar con solvencia el vínculo entre el hecho ilícito y el responsable, se registran fallas graves.
Rafael Caro Quintero salió libre por errores procesales, detectados 28 años después. El caso es extrañísimo, por decir lo menos y por lo pronto otro famoso narcotraficante de la época, Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto" ya acaricia su salida argumentando exactamente lo mismo que dejó libre a Caro. Si es así y el ejemplo se generaliza, si todos los afectados por las formas de hacer justicia reclaman lo mismo, el país tendría que prepararse para vaciar las cárceles, ya que los casos en los que se privilegió el debido proceso son los menos.
Si no, si el de Caro Quintero es "un caso especial", quedan en el aire decenas de preguntas, y todas ellas cuestionan el sistema judicial mexicano y de pasadita, la administración política de los temas penales. Parece que en 28 años no hemos logrado avanzar ni un ápice en lo sustancial; tal vez se registrarán menos cascanueces, submarinos y chicharras, pero la procuración de justicia sigue siendo un terreno siniestro, contaminado hasta la médula por la corrupción y la ineficiencia.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2013).
El desenlace jurídico de ambas historias fue cacareado, en su momento, como pruebas fehacientes de que en México se vive en un Estado de Derecho. "Tan sacrosanto es en México el respeto irrestricto a la Ley -llegó a decirse-, que se prefiere el riesgo de liberar a un culpable, antes de cometer el atropello -¡horror de los horrores...!- de encarcelar a un inocente". De ahí que Florence Cassez y Rafael Caro Quintero hubieran sido liberados... a despecho de los indicios de culpabilidad que había en ambos casos.
Lo que no se dice es que para subsanar las imperfecciones judiciales tuvieron que transcurrir varios años, en el primer caso, y muchos, en el otro. Ni se dice -lo más importante- que no son los únicos: que, menos famosos que ellos, en las cárceles del país hay muchos ciudadanos más a los que se ha amputado buena parte de la vida... y que no tienen la menor esperanza de que alguien, algún día, les devuelva la libertad de la que nunca debieron haber sido despojados, con un "usted dispense" como único premio de consolación.
Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2013).
La explosión de casos como el comentado en los últimos años, obedece a un Estado incapaz de llevar correctamente los juicios respetando las garantías de todos los actores involucrados en el proceso, pero también responde a una tendencia "liberal" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la introducción del concepto de "pro-persona" en las leyes mexicanas. Ahora, la SCJN ha puesto más atención a los vicios en los procedimientos jurídicos adoptando la tesis de "corrupción sistémica", eje de la liberación de Cassez y defendida en los últimos casos por el ministro Arturo Zaldívar. Esta visión jurídica es muy característica del sistema acusatorio norteamericano que señala que la violación al debido proceso implica la anulación de los cargos, ya que sin un proceso justo es imposible determinar la culpabilidad del acusado. Así, ante la incapacidad del Estado mexicano, las víctimas, como en el caso Cassez, quedan sin posibilidad de exigir castigo para quien ellos consideran que cometió los ilícitos señalados. Así, como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, la aplicación de la ley, la impunidad y el Poder Judicial son lastres muy pesados que impiden la modernización y el desarrollo económico del país.
Para entender lo que puede enfrentar Enrique Peña Nieto con esta liberación es fundamental utilizar el caso Cassez como un espejo. Al final, según los datos publicados por las encuestadoras Ulises Beltrán y Asociados, así como por Parametría, demuestran que la opinión mayoritaria en México siempre estuvo del lado de la culpabilidad de la francesa. La no liberación, en aquellos meses del periodo final de la presidencia de Calderón, supuso 2 o 3 puntos de aumento en la popularidad presidencial. En una época donde los asesinatos vinculados al crimen organizado tocaron su máximo histórico (2011), el ex presidente tomó el caso Cassez como una oportunidad para relanzar su proyecto político de cara a las elecciones del año siguiente. La reacción de Enrique Peña Nieto, en este caso, será clave. Tomando en cuenta su reacción tras la liberación de Cassez donde afirmó que "respeta la autonomía de la Corte", todo parece indicar que el Presidente no buscará incidir en la determinación de los juzgados.
Enrique Toussaint
De las personas que están en prisión, de cada 5 personas, 2 están en prisión preventiva, en el proceso, y de esas 2 una tercera parte ya fue sentenciada, pero está en apelación o en un amparo y alrededor del 40% de ellos van a tener éxito. Estos casos ocurren a diario, pero fuera de la atención de la opinión pública.
Si bien de cada 100 personas consignadas, 90 son declaradas culpables con los mismos argumentos de las fiscalías, son cada vez más los inculpados que logran su libertad o reducción de sentencias tras apelar o recurrir a recursos legales, precisamente, porque en las subsecuentes revisiones de los casos, los jueces se percatan de los errores en los que incurrieron los procuradores de justicia.
Urge modificar el modelo de gestión de las procuradurías y fortalecer la investigación científica para defender a la sociedad cuando se presentan cargos contra probables delincuentes.
Guillermo Zepeda Lecuona, investigador experto en derecho del ITESO
La liberación de Caro Quintero se debió a que los tribunales reconocieron que se le enjuició incorrectamente en las cortes federales en lugar de procesarlo por el fuero común. Esto, por el servilismode las autoridades mexicanas que sucumbieron a la presión de Estados Unidos, que demandaba la cabeza de Caro, señalado por el asesinato de un agente de la DEA.
Tal liberación será la correcta en la medida en que se siga el mismo criterio en todos los procedimientos penales, sin importar el personaje del que se trate. Si es así, habría prácticamente que vaciar la cárceles mexicanas, porque yo diría que una buena parte de la gente que no tiene recursos que se encuentra en la cárcel está ahí porque no se cumplieron las formas jurídicas correctas. Si vamos a ser congruentes deberíamos empezar por revisar todos los procesos que hay.
Jaime Tamayo Rodríguez, politólogo de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de agosto de 2013).
La autoridad municipal ha sido incapaz de situarse por encima de las partes en conflicto y dejar de ser un actor en él. Lo peor es cuando funcionarios del ayuntamiento lo utilizan para ajustes de cuentas en sus disputas internas por el poder político.
Suponer que la aplicación a pie juntillas de un reglamento resuelve un problema es tan ingenuo como asumir que la realidad se transforma emitiendo una ley y que esta debe adaptarse al reglamento y no al revés. Si la sola aplicación de la ley solucionara todo, eso sería el fin de la política y el surgimiento de una sociedad auto regulable que no necesitaría de jueces ni de gobernantes.
Si tanta es el ansia por aplicar ese reglamento, exíjase también que se cumpla su artículo 110 que prohíbe el comercio ambulante y semifijo a 50 metros de las escuelas por dañar más a la sociedad esta actividad que la venta de artesanías (si es que algún daño causara), al expender alimentos que agravan la obesidad infantil.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 10 de agosto de 2013).
¡Pero si ya toda la delincuencia está organizada! Mucho más que el gobierno. Eso está clarísimo. De no creer que todos los celulares que se roban, van a parar a los mercados en puestos callejeros, así a la luz del día, vendiéndolos al mejor postor. Y no hay ninguna autoridad que prohíba vender artículos robados, incluso, sobre pedidos.
Y lo más patético es que la mercancía robada se venda de inmediato. Los mismos consumidores que se quejan de haber sido robados, van y compran artículos robados. ¡Qué círculo tan vicioso y tan patético!
Si no hubiera quién los comprara, no hubiera quién los robara... Y ahora, quieren hacer legal la informalidad. ¡Las autoridades pidiendo permiso, negociando con pillos, poniéndoles todas las facilidades!
El problema no es sólo que no se respeten las leyes, el problema es que no tenemos valores para respetar las leyes. Las leyes allí están, pero nadie las cumple.
Parece ser que los mexicanos tenemos la deshonestidad grabada en los códigos genéticos, con esta herencia será muy difícil que podamos remontar las cifras de la delincuencia que a diario estamos viviendo.
¿De qué servirá la reforma energética tan anunciada, si no le dan seguridad a la inversión extranjera? ¿Quién va a querer venir a invertir en un país sin ley y sin valores? ¿En un país en el que todos sus habitantes son cómplices del mal que tanto se queja?
Si compramos mercancía pirata, si no pagamos nuestros impuestos, si compramos mercancía robada, si damos mordida para evadir alguna ley, si no denunciamos los delitos, si nos prestamos a la mentira, al disimulo y a la corrupción, todos somos cómplices de aquello que diariamente nos quejamos.
Nos roba el mecánico, el médico, el dentista, el técnico de la computadora, nos roba el gobierno, nos roba el mercader, nos robamos todos!
¡Ni cuándo acabar con esto!
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.34 del periódico Milenio Jalisco del 9 de agosto de 2013).
En El Pericón, Guerrero, un grupo armado, de esos que se autonombran policías comunitarios, bloqueó esta semana la carretera Tierra Colorada-Ayutla. No contento con ello "retuvo" (un eufemismo que significa "secuestró") a unos 60 militares junto con su comandante. Cuando funcionarios guerrerenses y de la Secretaría de Gobernación federal se presentaron a negociar, también a ellos se les retuvo.
Después de 36 horas, el grupo armado aceptó liberar a los secuestrados y permitir el paso por la carretera a cambio de la promesa de que sus líderes podrían reunirse con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Si no se les da todo lo que quieren, regresarán a sus bloqueos y secuestros... saben que gozan de impunidad.
La técnica es cada vez más socorrida. Esta semana ha habido también bloqueos en Oaxaca, conforme los maestros de la CNTE dan por terminadas sus vacaciones y se preparan... para no regresar a clases. A ellos se añaden los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez. En Sonora, los bloqueos de más de 2 meses en la carretera de Ciudad Obregón a Nogales, en el poblado de Vícam, han provocado pérdidas multimillonarias que se reflejan ya en la desaparición de empleos. En la ciudad de México los bloqueos de calles son una experiencia cotidiana y frustrante que castiga a los ciudadanos con la complicidad de la policía local. En Michoacán tanto los normalistas como otros grupos han aprendido que la forma más segura y rentable de protestar es bloquear vías de comunicación.
El que en los países democráticos no se registren estos bloqueos no debería sorprender. No es que no haya causas -válidas o no- que provoquen protestas, pero éstas no se traducen en bloqueos de calles y carreteras porque la autoridad no lo permite. El intento de los indignados de Wall Street por cerrar el puente de Brooklyn el 1o.de octubre de 2011 culminó en la detención de 400 manifestantes. En México los activistas bloquean las vías de comunicación porque nadie se atreve a detenerlos.
Un estado democrático debe tener instituciones que permitan el diálogo con personas que tengan agravios y que busquen solución a los conflictos. Si estos mecanismos no funcionan, la protesta debe ser siempre una opción.
Pero una cosa es permitir las protestas y otra muy distinta las agresiones a los ciudadanos. Los bloqueos de calles y carreteras, o los secuestros de funcionarios, policías o soldados, son delitos que deben castigarse aunque los cometan integrantes de movimientos sociales. Estas acciones lastiman no a la autoridad sino a ciudadanos inocentes.
En México los funcionarios están tan aterrados del uso legítimo de la fuerza pública que aceptan que los grupos políticos tomen a los ciudadanos como rehenes. Cada vez que permiten una protesta que se convierte en agresión, y que premian a los participantes con dinero o prebendas, están sembrando las semillas para que la fuerza se convierta en la única manera de conseguir justicia en el país. Quieren, al parecer, que la ley sea reemplazada por la ley de la selva.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 8 de agosto de 2013).
(V.pág.8 del periódico Mural del 8 de agosto de 2013).
El martes, 60 soldados fueron liberados luego de haber sido retenidos por pobladores de Tecoanapa, Guerrero, tras recibir la promesa de que Ángel Aguirre Rivero, mandatario estatal, recibiría a una comisión de los grupos de autodefensa.
El general retirado Samuel Lara Villa lamentó que un problema político avergüence al Ejército Mexicano.
"Los políticos son los que nos han fallado y nos han llevado a donde estamos. El origen de todo esto que pasó en Guerrero tiene un nudo político, y por eso el Ejército en qué vergüenzas anda cayendo. ¿Cómo es posible?", consideró el ex mando de infantería.
El general de división retirado Luis Garfias señaló que el gobierno tiene toda la autoridad legal para desarmar a los grupos de autodefensa.
"El problema es político. Los gobernadores, que, más que gobernar, desgobiernan, no tienen el carácter suficiente para aplicar la ley porque tienen miedo", dijo.
Otro general retirado, que solicitó el anonimato, calificó de vergonzoso el canje de militares.
"La retención y canje de militares para negociar con grupos armados, sean los que sean, es una vergüenza para el Ejército Mexicano. Después de esto, ¿qué nos queda?", expresó.
"Es un peligro para la seguridad pública que un grupo armado, independientemente de sus justos objetivos, sea el garante del pueblo. No tienen la instrucción ni los cánones de trabajo militar o policiaco", agregó el militar.
Un general diplomado del Estado Mayor actualmente en funciones cuestionó la tolerancia hacia grupos civiles armados.
"Es bochornoso. Es una vergüenza (que los militares hayan sido retenidos). No pueden haber otras fuerzas armadas en el país de las que ya cuenta. Estos grupos (de autodefensa) no pueden crecer.
"Aquí no estamos hablando de la mota que venden o cultivan, no es por ahí, sino las armas de alto poder que poseen. Eso es lo que hay que combatir", opinó.
(V.pág.4 del periódico Mural del 8 de agosto de 2013).
En el municipio michoacano de Aquila, elementos del Ejército y de la policía estatal fueron a rescatar a un soldado que había sido retenido por los ciudadanos armados cuando viajaba vestido de civil en un vehículo.
Los militares abandonaron la demarcación después de las 18:00 horas, luego de realizar el rescate, mientras que los miembros de la autodefensa retomaron sus actividades.
En Aquila, como en otros municipios de la Tierra Caliente, los policías comunitarios se han alzado en armas en contra del cártel de Los Caballeros Templarios, que pretende apropiarse de todas las actividades productivas y del territorio. La situación es tal que el alcalde, Juan Hernández Ramírez ni siquiera despacha ahí.
El grupo de autodefensa en Aquila es de alrededor de 200 personas y prácticamente han sustituido a los policías municipales.
Un empleado de la Oficialía Mayor del ayuntamiento afirmó ayer que aunque la situación es normal, a la gente le inquieta que el grupo de autodefensa ande armado en las calles.
Los propios Caballeros Templarios han acusado al cártel Jalisco Nueva Generación de armar a los policías comunitarios, y los militares ya han comenzado a desarmarlos debido a que portan rifles de alto poder. Lo que ha provocado mayor tensión.
Ayer los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria bloquearon las carreteras Chilpancingo-Tixtla-Huamuxtitlán para que el Ejército respete sus territorios y dejen de hostigarlos.
"Estamos viendo que el gobierno no brinda seguridad a la ciudadanía, ahí están los casos de los habitantes de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, que por temor a ser agredidos por la delincuencia organizada salieron de sus pueblos", dijeron a la prensa los dirigentes Gonzalo Molina González y Pastor Coectecón Plateado.
A la par, pobladores de El Pericón, municipio de Tecoanapa, impidieron por segundo día consecutivo la salida a 3 unidades del Ejército. La prensa local informó que un grupo de militares que pretendía salir del municipio fue retenido a la altura del crucero de El Pericón, y hasta anoche fueron liberados.
Los miembros de la autodefensa también tenían retenida a una comisión de funcionarios federales y estatales enviados por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La comitiva era encabezada por el sobrino y asesor del gobernador, Ernesto Aguirre, y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez.
Ayer, Aguirre Rivero advirtió que se iba a aplicar la ley en contra de quienes bloquearan las carreteras. "No podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley; en este caso no hay razón para que se esté bloqueando".
Los comunitarios liberaron a los funcionarios y a los militares alrededor de las 20:40 horas luego de acordar una reunión con el gobernador Aguirre Rivero y con la Secretaría de Gobernación.
Las autodefensas también lograron evitar que se vuelva a instalar un retén militar en la zona.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 7 de agosto de 2013).
Hay 2 cosas que hay que dejar claras. Primero, que los acuerdos políticos, que son sin duda parte fundamental de la chamba de quienes gobiernan la ciudad, no pueden estar nunca al mismo nivel que un reglamento. Y dos, que los ciudadanos no tenemos por qué cargar con acuerdos políticos de los partidos. Dicho de otra manera: el trabajo del ayuntamiento es defender el espacio público, no negociar con él. Detrás de los vendedores ambulantes, gente trabajadora y seria, hay líderes políticos que hacen negocio vendiendo lo que no es de ellos, vendiendo lo que es de todos: las plazas, las banquetas, los parques.
Está claro y no se debe perder de vista es que las ciudades que han resuelto el problema del ambulantaje, como Morelia o Querétaro, lo han hecho aplicando los reglamentos, no los acuerdos.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 6 de agosto de 2013).
Los militares aseguraron que al revisar el vehículo en el que viajaban el autodenominado "comandante Garza" y un acompañante, encontraron 5 armas de uso exclusivo del ejército, por lo que procedieron a hacer la detención.
La vía fue cerrada desde las 10:00 horas, por lo que militares acudieron al lugar para abrir el camino.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 6 de agosto de 2013).
Es un secreto a voces: los vendedores ambulantes son votos; si se les tolera -y, de paso, se les extorsiona inicuamente-, votarán a favor de quienes cierran los ojos para evitar que la ley se aplique; si se les combate, votarán contra los gobernantes estrictos.
Sin embargo, entre una elección y otra transcurre mucho tiempo. Y en ese ínter, la violación ostensible y sistemática de la norma sólo se explica merced a un mecanismo de corrupción, del que los mismos supuestos encargados de "cumplir y hacer cumplir" las normas, medran.
Más claro: si los vendedores ambulantes operan donde se supone que no deberían hacerlo, no es que no haya gobierno: es que la corrupción es la norma suprema de quienes dizque gobiernan.
Jaime García Elías
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 5 de agosto de 2013).
La puntilla contra la farsa ha sido el reportaje publicado en Nexos de este mes.
Resumo: contra Lorena González (y uno asume que igual sería contra Ortiz Juárez, que murió a la mitad del proceso) no hay ni una sola evidencia de que haya sido secuestradora más que un testimonio de una víctima. Esa víctima, por cierto, la habría visto menos de 30 segundos en momentos de alto estrés, y la mujer tenía una gorra y lentes oscuros. Esa misma víctima/testigo padece miopía y ese día no llevaba lentes.
El resto de los testigos con los que fue encarcelada Lorena han resultado ser falsos (el IFE ha certificado que sus credenciales eran balines; en otro caso, la SEP ha dicho al juez que una cédula profesional era también falsa). En todo caso, ninguno de todos esos testigos utilizados en los primeros momentos se han presentado a ratificar ni a carearse ni ampliar declaración. Evidentemente, nunca existieron.
Por supuesto, nunca hay que olvidar que hay una mujer presa en una cárcel federal que ha confesado ser aquella del retén que el DF acusa a Lorena de ser.
La procuraduría del Distrito Federal debe mostrar algo de decencia, de honor y desistirse de las absurdas acusaciones y dejar que Lorena salga de la cárcel.
Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 2 de agosto de 2013).
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 1o.de agosto de 2013).
Mireles ubica el problema 12 años atrás, con los Zetas. Ellos fueron expulsados o asesinados por el cártel de La Familia, que se apropió del territorio y trabajó relativamente en paz con las comunidades hasta hace 4 años. Es más, hicieron asambleas para explicar cómo funcionaría la cosa: cada quien a lo suyo sin ataques a los pobladores.
Pero esa convivencia pacífica terminó, del cártel se escindieron los Caballeros Templarios y los traficantes, dice Mireles, murieron o se fueron. El caso es que el negocio cambió y la explotación arrancó. 1000 pesos por vaca vendida, 15 pesos por cada kilo de carne, 4 por la venta de cada kilo de tortilla, 500 por tener auto, 20 pesos semanales por niño. No se salvaba ni el señor que vendía jitomates en el piso. La gente pagaba por vivir y el miedo fue el pan diario hasta que los delincuentes se cobraron también con la dignidad de las mujeres y las niñas. 14 violaciones en un mes, sólo en una secundaria, narra Mireles.
Los de Tepalcatepec organizaron una operación en secreto, 80 ganaderos salieron y en un día detuvieron a los principales agresores. No los quemaron. Los entregaron. Pero para echar a perder la cena, esa noche estaban todos libres. ¿Siguiente escena? Policía de autodefensa y "limpieza" general. No pregunten cómo; el médico no dice, pero en 3 semanas acabaron con 4 años de extorsión, ellos ahí y otros iguales en al menos 9 municipios más.
Ahí fue cuando nos enteramos; cuando las pantallas se llenaron de imágenes de comunitarios, cuando la radio nacional entrevistó a los líderes, cuando Enrique Peña Nieto mandó al Ejército a poner orden y a desarmar a los comunitarios, que para algo hay ley y él es el señor Presidente.
Sonaba bien, pero algo definitivamente apesta, porque la ley llegó parcial.
"Se llenaron las planas diciendo que venían a desarmarnos (...) Pero no hubo ni un renglón que dijera que iban a desarmar a los delincuentes y al crimen organizado", se queja Mireles.
Asegura que ya les dijeron a los militares dónde están los Caballeros y no mueven ni un dedo, dejan flancos abiertos, y no detienen a absolutamente a nadie. La inseguridad ya regresó, se lamenta.
Eso pone a pensar. Primero, las autoridades no cumplen su función; luego, los ciudadanos llenan huecos y violentan el Estado de Derecho, pero al final, cuando llega la fuerza del Estado, vuelven a ser vulnerables. No me sorprende la fuerza de la mirada de Mireles cuando advierte: "Nunca nos vamos a desarmar".
Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 31 de julio de 2013).
Desde 1857, el Artículo 29 de la Constitución mexicana establece el recurso de la suspensión de garantías; para que, "en casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto el Estado podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación". Precisa el texto en vigor que dicha suspensión deberá ser "por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona".
Lamentablemente este tema es un tabú y la posibilidad de su aplicación nadie se atreve a plantearla públicamente, mucho menos las autoridades. En el fondo, existe el mito de que tal recurso es o puede ser como un golpe de Estado o un procedimiento para implantar una dictadura. Nada más falso: la suspensión de las garantías es justamente para lo contrario; es decir, para restablecer la plena vigencia de los derechos y libertades consagrados en la Constitución que por razones extraordinarias han sido vulnerados, quebrantados o anulados.
En las zonas o municipios controlados por el crimen organizado las mafias han suspendido de facto, y por tiempo indeterminado, las garantías individuales. Para que se puedan restablecer, el Estado debe suspenderlas a toda la población de una o varias regiones; ya que los criminales en ellas se escudan para delinquir bajo el anonimato y la impunidad. Por ejemplo, los criminales explotan en su beneficio el derecho a poseer armas en su domicilio y a no ser molestados en el mismo, sino mediante mandamiento judicial expedido por la autoridad competente y con las formalidades legales.
En la historia reciente de nuestro país las garantías sólo se han suspendido en 1942, por el estado de guerra en el que el país se encontraba con las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón). Como la Constitución no señala que ello sólo se pueda hacer cuando el país le haya declarado la guerra a otro, existe la causal de perturbación grave de la paz pública que ha puesto a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Los llamados policías comunitarios o grupos de autodefensa, han surgido porque el Estado se niega a ejercer las facultades que la propia Constitución le confiere para defender a la población. Negarse a ejercer esas facultades por respetar tabúes y mitos injustificables, debería ser causal de responsabilidad para las autoridades del Estado.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2013).
El documento concluye que debido a lo anterior, debe haber una reorganización todo el sistema de justicia en México.
"Mejorar la eficiencia del sistema judicial sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el actual presidente Enrique Peña Nieto, al igual que durante el mandato de su antecesor, Felipe Calderón, quien realizó una serie de reformas en la materia en 2008".
Datos de la Organización de Naciones Unidas indican que 9 de cada 10 detenidos durante los primeros 5 años de la administración de Felipe Calderón fueron eventualmente liberados.
En tanto, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que menos de 2 de cada 10 personas fueron condenadas por homicidio en 2012.
El mismo procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, manifestó en mayo que urge construir un nuevo sistema de justicia. "El sistema tiene que garantizarnos el derecho que todo ciudadano tiene a ser inocente hasta que se le pruebe lo contrario".
En junio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que el reto del país es transformar dicho sistema para dar plena transparencia a la impartición de justicia.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2013).
Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 26 de julio de 2013).
Los jóvenes encarcelados son Sergio Alejandro Torres Duarte y Julio César Moreno Guzmán. De acuerdo con el padre del primero. Los 2 muchachos eran estudiantes de preparatoria en Tec Milenio cuando decidieron viajar a Mazatlán, a un certamen de deportes. Les faltaba un mes para terminar sus estudios. No pudieron viajar en el autobús de la escuela, pero el papá de Sergio les prestó una camioneta para que siguieran al vehículo escolar.
La camioneta fue adquirida en febrero de 2012 en una subasta de vehículos asegurados o embargados por autoridades norteamericanas. En junio, ya tenía placas; en noviembre se la prestaron a Sergio Alejandro.
A la altura de Escuinapa, Sinaloa, 60 kilómetros antes de Mazatlán, un retén policial revisaba los vehículos. A Sergio y Julio César, en el tablero, tras los controles del aire acondicionado, les hallaron un paquete con un kilogramo de cocaína.
La familia primero tuvo que investigar para localizar a los muchachos; luego se dedicó a buscar información sobre el vehículo y descubrieron su origen. Solicitaron información a las autoridades de EU y así pudieron identificar la droga como la misma del decomiso: "La juez les manda que es una pureza 9.1, envuelta en papel carbón negro; traía impresas unas letras que decían Good. Estados Unidos manda decir que, efectivamente, el paquete es igual al que ellos tienen allá, que probablemente se les haya olvidado y que Julio César y Sergio no tenían conocimiento del paquete". Tras 8 meses y medio en prisión, entregaron las pruebas al fiscal en Mazatlán.
Sin embargo, recién en días pasados la parte acusatoria solicitó datos al gobierno estadounidense: "Los americanos (sic) contestaron que ya no tenían manera de hacer esa prueba porque ya habían destruido las evidencias".
Con la nueva solicitud del Ministerio Público de Sinaloa, deberán esperar 7 meses más, y la respuesta será sencilla: ya destruyeron la evidencia.
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 23 de julio de 2013).
Esa mancha, al ser el priista el grupo parlamentario más numeroso, se traslada a la cámara en general, porque de los 300 diputados de mayoría que integran la actual legislatura federal 116, es decir 39%, hicieron trampa para llegar a su asiento.
No es poca cosa lo que concluyó el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en su auditoría a los gastos de las campañas federales de 2012. El proceso produjo un congreso con poca legitimidad y su bancada más grande, la priista, es resultado de la ilegalidad. 48% del grupo se excedió en el gasto, pero si consideramos que de los 213 diputados de ese partido 104 violaron la ley y otros 49 llegaron por la vía plurinominal y por lo tanto son beneficiarios de la trampa original, llegaríamos a 71% de los representantes tricolores beneficiados por el chanchullo.
Llama la atención que en los 40 distritos federales del Estado de México todos los candidatos del PRI gastaron más de lo permitido y que los que más rebasaron el monto, con excesos superiores a un millón de pesos por cabeza, fueron 6 de los 7 aspirantes priistas de Hidalgo: José Antonio Rojo, Emilse Miranda, Dulce María Muñiz, Darío Badillo, Mirna Hernández y Francisco González. (La lista completa se puede consultar en www.carlosloret.com).
Los politólogos hablan de calidad de la democracia. Este dictamen pinta un triste panorama en ese rubro. Pocas legislaciones electorales en el mundo son tan estrictas como la nuestra pero pocos contendientes en el mundo tienen un costal de mañas tan grande como los nuestros.
El gasto total de los partidos en el proceso, incluyendo la elección presidencial, fue de 2,572 millones de pesos y hubo un rebase total de 108 millones de pesos.
Los que más violaron los límites fueron la coalición encabezada por el PRI, con 58 millones, y la encabezada por el PRD, con 48 millones. El primero y segundo lugar en la contienda presidencial rompieron las reglas. La consecuencia: una multa que pagarán con el dinero que obtienen del erario y a seguirle.
El estilo de contabilidad de los partidos que postularon a Peña Nieto contrastó con el de los que presentaron a López Obrador: Los primeros acumularon los gastos en sus campañas de diputados, por lo que al final aparecieron sin rebase del tope en la presidencial y con 179 candidatos a diputados gastando en conjunto 58 millones más de lo permitido (sólo 104 ganaron). Los del Movimiento Progresista concentraron sus erogaciones en la presidencial y por eso AMLO tuvo un exceso de 46 millones mientras que sólo 11 candidatos al congreso tuvieron rebase.
Lo cierto es que ambos bandos torcieron la ley sabiendo que todo queda en sanciones mínimas. Ya se habla de una reforma electoral más. Difícil creer que ahora sí los partidos se amarrarán las manos.
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de julio de 2013).
Para muchos de los mexicanos, lo legal es la forma en que los poderosos justifican sus fechorías. Y no falta razón. La burocracia justifica sus acciones, fuera de todo sentido de justicia, en la legalidad de éstas; los empresarios amparan sus abusos en la legalidad. Pero igual las demandas de justicia se hacen fuera del marco legal. Que los vendedores ambulantes se apropien del espacio público es ilegal, pero se considera un acto de justicia; que unos manifestantes atenten contra el patrimonio ajeno es ilegal, pero se vuelven intocables si su causa es considerada justa.
Cuando la legalidad justifica la injusticia y la justicia se ampara en la ilegalidad, algo no está bien. Tenemos que acercar la ley a la justicia y la justicia a la ley. Hay que desprendernos de la idea de que la justicia la hace el poderoso, el que otorga las becas, reparte los útiles escolares, entrega las medicinas o las escrituras de un terreno, el que resuelve de un plumazo una carencia saludando siempre con dinero ajeno, para concebirla como un derecho universal que emana de un principio básico: todos somos iguales ante la ley.
Hay, también, que quitarnos de la cabeza que lo legal es sólo una serie de normas burocráticas a cumplir para no ser castigados, y concebirlo como la estructura que le da sentido y soporte a la vida social. La función de las leyes es facilitar la convivencia, dar certeza a todos de que lo que se hace respeta siempre los límites de lo ajeno, no meter al ciudadano en un laberinto burocrático.
Es evidente que nuestras leyes están lejos ser un facilitador de la justicia: estamos sobrenormados y al mismo tiempo desprotegidos. Pero mientras no avancemos en la construcción de un Estado de Derecho donde legalidad y justicia sean lo mismo; mientras los mexicanos consideremos a la legalidad como un asunto burocrático y la justicia como algo exógeno, que es administrada por una fuerza superior, sea una divinidad o un poderoso, nuestra democracia está condenada a no pasar del ámbito electoral.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 22 de julio de 2013).
Tras el arribo de policías tapatíos y agentes viales, los quejosos liberaron el bloqueo después de 45 minutos.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de julio de 2013).
Y eso no tiene nada de raro ahora que todos se promocionan por teléfono, pero usted debería cuestionarse quién les pasó su número de celular.
Si se anima a preguntarles, los del centro de atención de Telefónica le dirán lo obtuvieron a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que preside Mony de Swaan.
El problema es que, hasta donde se sabe, la Cofetel no tiene números telefónicos de cada usuario y de acuerdo con la Ley Federal de Datos Personales en Protección de los Particulares no se pueden usar sus datos sin su autorización.
(V.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 18 de julio de 2013).
Sin embargo, gracias a una legislación agraria que permite a los ejidatarios retractarse de acuerdos de venta o arrendamiento sin importar el tiempo transcurrido, el Tribunal Unitario Agrario del distrito I de Zacatecas ha ordenado a la empresa devolver 599 hectáreas al Ejido Cerro Gordo.
La empresa ha construido viviendas, escuelas, centros sociales, un aeródromo e incluso una carretera. En la zona que tendría que devolver ha puesto, además, una subestación eléctrica indispensable para la mina. La operación ha representado, según un desplegado periodístico de los integrantes del Ejido Cedros, que se oponen a la devolución, "el rescate de la miseria en miras de una nueva prosperidad".
El proceso contra Goldcorp fue promovido por 29 ejidatarios, de los cuales sólo 5 viven en el lugar. Sin embargo, ha contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, activistas y políticos, como los diputados federales José Isabel (Chabelo) Trejo Reyes y Tomás Torres Mercado.
La falta de definitividad en los acuerdos o contratos con ejidos es producto de una legislación que trata a los ejidatarios como menores de edad que requieren de una tutela especial del Estado porque se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. La ley, sin embargo, termina haciendo daño a los ejidatarios y al país porque inhibe las inversiones productivas.
No es necesario que todos los miembros de un ejido repudien una transacción para que los tribunales agrarios la revoquen años después. Por eso la extorsión que pequeños grupos de ejidatarios, asesorados por activistas o políticos, han hecho a empresas o personas que de buena fe han comprado o arrendado terrenos ejidales se ha convertido en un pingüe negocio.
En el caso de Peñasquito, las 599 hectáreas que el Tribunal Agrario ha ordenado devolver al Ejido Cerro Gordo no representan la totalidad de la mina, pero los activistas que han promovido la acción saben que de aplicarse la medida la empresa registraría pérdidas de cientos de millones de dólares. Por eso han iniciado un proceso de "negociación".
En este caso, sin embargo, el Ejido de Cedros, con 434 integrantes, ha promovido un amparo contra la decisión del tribunal agrario y ha conseguido, por el momento, una suspensión provisional. Los ejidatarios afirman que la decisión de cancelar el arrendamiento viola "nuestros derechos humanos, al pretender privarnos del acceso al empleo, a la alimentación, a la protección de la salud, a la vivienda, al agua, así como a la educación, a la seguridad social, al desarrollo económico, social y cultural". Los ejidatarios saben que el cierre de la mina, que genera 3,200 empleos directos, significaría la ruina económica del lugar.
"Pedimos que no se entregue la tierra para que la empresa siga trabajando -dijo en una conferencia de prensa Rubén Carranza del Ejido Mazapil, tercero de los ejidos de la zona-. Queremos que saquen las manos los diputados y que dejen negociar con voluntad a los ejidatarios".
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 18 de julio de 2013).
Cuando en 2006 murió el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Díaz Infante, esperaba ser sentenciado por segunda ocasión por los delitos de cohecho y contra la administración de justicia. En 2003 fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por haber recibido un soborno de 500,000 dólares y usar sus influencias para obtener la libertad del empresario Alejandro Braun, quien en 1986 violó y asesinó a una menor de 6 años en Acapulco, Guerrero.
El pasado 22 de mayo, Ana María Orozco Castillo, ex pareja del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel acusó al padre de sus 2 hijos de encarcelarla a través del "tráfico de influencias", bajo el cargo del delito de fraude genérico. La mujer estuvo un año en prisión.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2013).
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2013).
Layda no exagera al decir que su patrimonio está en juego, ya que el monto de las demandas suma cientos de millones de pesos. "En el peor escenario, podemos perder todo el patrimonio presente o futuro, y quedar en la bancarrota por el resto de nuestros días". Dice que siente que entra a un partido con la cancha, reglas y árbitro del contrario.
Layda Negrete y Roberto Hernández han dedicado muchos años al estudio del sistema judicial mexicano. Su intención al realizar Presunto culpable no era hacer una película sino dar a conocer un problema a la mayor cantidad de gente posible con el objetivo de que las cosas cambien. "La película no está en contra de las personas: fue un documental para denunciar un sistema. Es decir, cualquier persona en una situación parecida tendría una respuesta de conducta similar". Layda y Roberto lograron su cometido: Presunto culpable es el documental más visto en la historia de México.
El miércoles pasado acudí, junto con muchos otros periodistas, a la audiencia por la demanda que enfrentan los productores del filme. La juez 17 de lo civil, María del Rosario Mancera, negó el acceso a cámaras y grabadoras (lo cual está dentro de sus facultades). Con anterioridad Layda había solicitado permiso para grabar su audiencia, que le fue negado. Elementos de seguridad cerraron las puertas del tribunal y pidieron que ingresáramos sin cámara por otra puerta. Dentro de la sala únicamente estábamos 2 reporteras. Había varias sillas vacías y nos sentamos en silencio. El ambiente era tenso. A los pocos minutos nos informaron que la audiencia sería privada y que debíamos abandonar el lugar. Así lo hicimos. Layda nos dedicó una sonrisa entre triste y preocupada antes de que saliéramos. Otros compañeros esperaban afuera: había dos policías que les impedían el acceso.
Hablé con Layda para preguntarle cómo le había ido en esa larga audiencia en la que no pude acompañarla. Me dio gusto escucharla más tranquila y optimista. Me dijo que, sorpresivamente, la juez tenía una actitud completamente diferente a la de la primera audiencia. Fue sumamente cuidadosa, lo que Layda atribuye a que se siente observada, ya que, si bien no entraron los medios, permitieron el acceso a un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien acudió para asegurarse de que no hubiese violaciones graves al debido proceso.
A pesar del cambio positivo, Layda piensa impugnar la decisión de la juez de impedir la grabación de las audiencias. Estoy totalmente de acuerdo con ella: los tiempos cambian, y si bien levantar actas de los juicios fue muy útil durante mucho tiempo -era la tecnología de punta en la época de la Colonia, como dice Layda-, hoy las nuevas tecnologías pueden ser grandes aliados de la imparcialidad en un juicio. Presunto culpable propone, prácticamente, que para mejorar la procuración de justicia y evitar abusos resulta muy útil videograbar las detenciones, interrogatorios y juicios. "Nuestra petición de entrar con cámaras no era para hacer una película; fue para tener un registro fidedigno del proceso. Nos preocupaba que nos fueran a volver a editar a la mala y que nos perjudicara en términos del juicio acumulado. Lo que editaron la audiencia pasada no puede cambiarse; no me puedo defender. Por eso me parecía indispensable tener un registro, por lo menos audio grabado, y así lo solicitamos".
Esto no es solo por Presunto culpable: tener un registro fidedigno en audio y video de los juicios es una gran herramienta para todos. Sabemos que hay ademanes, tonos sarcásticos o altaneros que no pueden verse reflejados en actas y que pueden afectar el proceso. Esto protegería no solo al demandante y demandado, sino también a los miembros del poder judicial.
Layda me comenta que en las reformas al Código Penal existe una prohibición para los ciudadanos (no así a la autoridad) de grabar los juicios. Ella considera fundamental que esta prohibición se elimine de las reformas. Coincido con ella: la justicia en México tiene que mejorar, y para ello es indispensable que podamos contar con registros fidedignos que eliminen la opacidad que da pie a la corrupción. Nada pierde el sistema judicial al permitirlo. El que nada debe, nada teme, ¿o no?
Fernanda de la Torre
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 14 de julio de 2013).
Los sectores energético, farmacéutico y de la construcción son los más vulnerables ante el fenómeno y, según cálculos de la Asociación de Examinadores de Fraude, provoca pérdidas hasta de 5% en ventas. EY explicó que las prácticas más comunes son pagar entretenimiento a funcionarios para obtener contratos, dar obsequios para concretar negocios y dar dinero para retener negocios.
Las empresas consultadas reconocieron que se ven obligadas a simular los sobornos que pagan dentro de su contabilidad, lo cual pueden cubrirlo a través del uso de facturas falsas.
(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 12 de julio de 2013).
Después de una reunión en las instalaciones de la Policía Federal, ubicadas en Costera 125, el abogado defensor José Sánchez Sánchez dijo que ambas partes llegaron a 4 acuerdos.
El mas importante es la indemnización a 4 mujeres del poblado, a quienes supuestos agentes les robaron objetos y lesionaron durante la detención de 2 jóvenes por posesión de arma y drogas.
En la reunión estuvo el comisario de la Policía Federal, Omar Hamid García Harfuch, quien firmó el acuerdo.
Según el abogado, de los jóvenes detenidos, uno fue liberado ayer bajo fianza y el segundo quedará libre hoy, tras pagar la fianza correspondiente por portación de arma de fuego.
Por su parte, el ex comisario del poblado conocido como El 30, Juan Manuel Solís Suárez, declaró que se comentó con las autoridades que hubo abuso de fuerza durante la detención.
(V.Notimex del 11 de julio de 2013).
(V.pág.3 del periódico Mural del 11 de julio de 2013).
La primera sala de la Corte declaró constitucionales diversas reglas publicadas por el Servicio de Administración Tributaria en 2010 y 2011, que señalan los requisitos para importar vehículos usados desde Estados Unidos.
Los requisitos incluyen condiciones en materia ambiental y para evitar introducción de chatarra, presentación del título de propiedad y del certificado de origen del vehículo cuando se busca obtener el trato arancelario preferencial contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los amparos fueron negados a las empresas JC Autos y Servicios, Comercializadora Grupo Muso y Distribución de Comercio Exterior Asia México, así como a Violeta Adauh Rodríguez Tinajero, que son solo algunas de las personas físicas y morales que han prosperado con la importación a gran escala de autos usados por la vía de la promoción de amparos.
De hecho, otras empresas, como Estructura Automotriz y Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, fueron señaladas en junio pasado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores como las principales beneficiarias de los amparos, que solo de enero a abril de este año permitieron la introducción de 207,000 unidades al país.
(V.pág.2 del periódico Mural del 11 de julio de 2013).
Luego de más de 13 meses de cárcel, la PGR se desistió del juicio contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez.
Lo mismo ocurrió en los casos del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del mayor Iván Reyna Muñoz, quienes recuperaron su libertad por lo que hace al delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, este último permanecerá preso, pues también enfrenta una acusación en Querétaro por el delito de extorsión.
Posteriormente, el juez tercero de distrito de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, ordenó la libertad de los soldados, tras declarar el sobreseimiento de la causa penal.
Los militares permanecieron en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. Las acusaciones fueron formuladas cuando Marisela Morales Ibáñez, hoy cónsul en Milán, estaba al frente de la PGR.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos, ratificó las conclusiones no acusatorias contra los militares, con lo que se vino abajo la imputación de nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 5 de julio de 2013).
Y peor aún, en caso de que quisiera ejercer su poder esa autoridad, siempre existe la forma de "arreglarse" para no pagar esas consecuencias de nuestros actos. Con la misma tranquilidad con que nos pasamos un alto, son engañados y asesinados unos menores; al final de cuentas las repercusiones parecen ser las mismas.
¿Cómo vamos a aprender a respetar a nuestras autoridades si ellas no se dan a respetar? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar a sus superiores si nosotros no somos ejemplo para ellos y actuamos en consecuencia de nuestros actos?
Felipe Escoto
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 4 de julio de 2013).
Los transportistas demandan frenar el incremento al precio del combustible, acabar con las extorsiones de la Policía Federal e impedir el paso de unidades de doble remolque.
El presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, había amagado con otra movilización sobre la carretera 57 rumbo al Distrito Federal para exigir cumplimiento a acuerdos y apoyos a favor del transporte.
En Toluca, los transportistas se manifiestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir la liberación de 76 unidades de diversos municipios.
En tanto, en Naucalpan de Juárez, transportistas generaron caos vial en Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 2 de julio de 2013).
(V.pág.3-B del periódico El Informador del 2 de julio de 2013).
El secretario de Seguridad Pública de Tixtla, Rubén Reyes Cepeda, informó que después de las 0:30 horas integrantes del grupo de autodefensa arribaron a la vivienda particular del presidente municipal, a quien intentaron "secuestrar", pero los 5 elementos policíacos municipales de su seguridad impidieron la acción.
Ante esto, los agentes fueron retenidos por los integrantes de la comunitaria. Durante el recorrido que llevaron a cabo durante la madrugada, también retuvieron a otros 5 agentes de tránsito quienes llevaban a cabo un operativo en la ciudad. Con los elementos policíacos, también fueron retenidas 2 patrullas de seguridad.
Reyes Cepeda informó que los inconformes se llevaron consigo 6 armas de fuego y equipos de radiocomunicación.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de julio de 2013).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de junio de 2013).
Para el caso de México, la lista es larga y se pensó que con la alternancia esta práctica terminaría; fue lo contrario, la corrupción que se ejerció resultó ser, además, cínica.
No se lograron las bonanzas prometidas, pero quienes sí ganaron fueron los gobernadores que se liberaron del control del centro, de la fiscalización y de los castigos que en tiempos idos se daban.
Una libertad con abuso del poder en la recién nacida democracia, de quienes han sido depredadores de la ciudadanía.
La clase política en México y en la mayoría de países, está evidenciando la falta no sólo de principios democráticos, sino de aquellos que la más básica ética requeriría. Así la proclividad de los políticos a la corrupción, no es única de estas latitudes, porque la corrupción está como la economía: libre y globalizada.
Pero hay una enorme diferencia, mientras en México se desvanecen pruebas, se perdonan fraudes, desvíos y robos, y no se regresan los dineros, en otros, como España, estos delitos tienen duras penas.
En México se pagan favores, se ocultan evidencias, se les envía al extranjero...
Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de junio de 2013).
Hace 5 años tuve la desgracia de vivir en carne propia la experiencia más traumática que puede sufrir un padre: perder a un hijo. Esto en sí mismo ya es muy difícil de superar para cualquier persona, pero cuando la muerte de un ser tan amado se presenta en un entorno marcado por el secuestro, la violencia y la impunidad, el trauma y el dolor son indescriptibles.
Desgraciadamente en los más de 4 años que he tenido que padecer los vicios y deficiencias del sistema de justicia penal no he podido perder mi capacidad de asombro ante las "chicanadas" legales que proponen los abogados defensores.
En el caso del secuestro de mi hijo Fernando todavía hay muchos cabos sueltos y varios procesos pendientes, la mayoría de ellos bajo la incertidumbre de que los culpables salgan libres o les reduzcan las penas ya sea por deficiencias en la integración del expediente, porque hay contradicciones entre las pruebas, por errores en las actuaciones judiciales, o bien porque las estrategias legaloides impulsadas por los abogados defensores privados o de oficio logran posponer la resolución final del caso, siempre buscando una "estrategia de forma" para liberar a los criminales.
De los 21 delincuentes involucrados en este secuestro 19 están detenidos y 2 continúan prófugos. Sin embargo, para alguien que conoce el caso resulta sorprendente que con pruebas tan contundentes como las redes de vínculos obtenidas de sus celulares, la obtención de huellas digitales, las pruebas de ADN o las declaraciones testimoniales donde confiesan conocerse y que demuestran claramente la relación cercana entre todos los integrantes de la banda, ahora resulta que a dos años y medio de iniciado el juicio, por recomendación de los abogados de oficio, estas personas soliciten al juez el careo entre ellas con el objetivo de negar los hechos y, lo que es peor, negar que se conocen para de esta forma seguir alargando el proceso y buscar la oportunidad jurídica para que salgan impunes. Ello sin mencionar el costo económico que le representa esta estrategia a los contribuyentes, quienes al final somos los que financiamos la ineficiencia e ineficacia del sistema penal.
Lo irónico de esto es que con nuestros impuestos pagamos a abogados de oficio que sin ética alguna defienden a criminales (que por cierto no pagan impuestos); que con acciones "legaloides" ayudan a quienes secuestraron y asesinaron a nuestros hijos. Confieso que me produce una gran insatisfacción y tristeza escuchar cuando amablemente el Ministerio Público o mi abogado me dicen: "no te preocupes, los abogados de oficio siempre proponen la misma estrategia jurídica".
Frente a ello, no pienso bajar la cabeza ni conformarme. Estoy convencido de que, en el marco de todas las reformas propuestas en el Pacto por México y muchas de las iniciativas legislativas que ya han sido presentadas al Congreso, se deben introducir mecanismos de certificación y evaluación permanente de todos los que de una forma participan en el proceso penal. Tal vez no sea un experto en temas jurídicos, pero creo que ese es el camino que debemos tomar.
Si resolvemos este eslabón de la cadena judicial, seguramente muchos de los recursos desperdiciados como consecuencia de las "estrategias jurídicas" propuestas por los abogados se podrán destinar a otras causas prioritarias como la educación, la salud, la cultura o el deporte.
Alejandro Martí, presidente de México SOS
(recibido por e-mail el 28 de junio de 2013).
José Igor Israel González Aguirre, académico de la Universidad de Guadalajara, indicó que buscar esas vías responde a la falta de confianza y altos índices de impunidad en las instituciones.
"Ya no les produce por lo menos un grado de confianza para ir y levantar una denuncia o poner una queja en Derechos Humanos", afirmó, "pareciera mucho más efectivo colocar el desencanto en las redes sociales que movilizarse por la vía institucional".
Explicó que las redes sociales han logrado transformar la esfera pública, llevando sus demandas y necesidades de manera más directa, evitando la burocratización.
González Aguirre señaló que en ocasiones el ciberespacio se convierte en una especie de Ministerio Público en el que se juzgan crímenes o actos delictivos sin fundamentos, pues aún no existe un filtro para evaluar si lo que se comparte es cierto o falso.
Jaime Figueroa, investigador del Tec de Monterrey, indicó que las denuncias difundidas en redes logran pasar del mundo online a la vida real y generar alguna repercusión.
"Las autoridades se dan cuenta que la sociedad civil está atenta a esos problemas que antes estaban reducidos a algún archivo o una declaración", expresó.
Las denuncias en redes logran presionar a los gobiernos, los cuales están atentos a las tendencias que se generen en la web, mencionó.
El experto en redes sociales agregó que dependiendo del tamaño del movimiento, traducido en la cantidad de "Me Gusta" y retuits que sumen contenidos, será la reacción del gobierno.
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de junio de 2013).
Contra una acusación penal sustentada y que no se debilita por presiones políticas, un proceso que sea transparente resulta imposible de contener.
En nuestro país la justicia no funciona así. Por una parte resulta muy difícil y complejo trascender de las acusaciones mediáticas o políticas a las penales, en parte porque hay acusaciones que no están sustentadas judicialmente o porque creemos que con la denuncia es suficiente; en parte porque el propio sistema hace difícil hacer justicia. En buena medida, además, porque al no tener el proceso plena transparencia, la sospecha, se evolucione en uno u otro sentido, siempre está presente.
Los ejemplos pueden ser interminables, pero podemos concentrarnos en los dos que están hoy en el debate: el principal el de Andrés Granier, el ex gobernador de Tabasco; el otro el de Luis Reynoso Femat, ex mandatario de Aguascalientes. En ambos, con innumerables acusaciones mediáticas y políticas que no terminan de concretarse fehacientemente en los tribunales, con defensas que especulan con desacreditar las acusaciones, desviándola hacia otros colaboradores o atribuyéndolas a conjuras políticas. La transparencia es el antídoto de la impunidad.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de junio de 2013).
Así lo afirma el especialista Horacio González Vázquez, presidente de la Academia de Derecho Fiscal de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, al referirse a casos como los de los ayuntamientos de Guadalajara y de Tonalá, el Congreso del Estado y hasta algunas dependencias del gobierno estatal, que retuvieron parte del salario de sus trabajadores para pagar el ISR al fisco, pero usaron ese dinero para otros fines, como pagar pasivos.
No obstante, en lugar de que el SAT les exigiera el pago por los adeudos que generaron por incumplir esa obligación, fueron "premiados" con un "borrón y cuenta nueva". Por los casos hechos públicos hasta ahora las condonaciones ascienden en conjunto a más de 394 millones de pesos.
"Ellos tenían la obligación de enterar ese impuesto a la federación; cuando existen este tipo de condonaciones se mandan mensajes perniciosos de impunidad: además de que incumplen una obligación sustantiva, es también una conducta típica de delito. El Artículo 109 del Código Fiscal federal establece los supuestos equiparables a la defraudación, y éste es uno de los contenidos en ese numeral".
La fracción II del artículo cita: comete defraudación fiscal quien "omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado". Subraya que así, aunque "hay una obligación constitucional de contribuir y existen leyes específicas que le asignan responsabilidad en este caso a los empleadores, para que sean ellos los que retengan y enteren, es el propio Estado (mexicano) el que rompe esos esquemas virtuosos de un estado de derecho".
La posibilidad de condonar el pago de adeudos por el ISR a entidades gubernamentales como congreso y gobiernos estatales o ayuntamientos fue determinada por los legisladores federales, que así lo establecieron en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, como una alternativa a la mano de cualquier instancia de gobierno interesada en el país y sin importar de qué partido político emane.
No obstante, esta excepción a la regla en la Ley de Ingresos federal puede ser vista igualmente como una defraudación con implicaciones penales, cuando se lleva a la práctica.
De acuerdo con Horacio González Vázquez, esta incongruencia es un síntoma de acuerdos políticos que rebasan el estado de derecho mexicano: "Se realizan acuerdos para vulnerar el contenido de disposiciones jurídicas. Es cierto que en el país hay un gran problema de liquidez tanto en personas de derecho privado como en las personas de derecho público (los gobiernos), pero esa falta de liquidez desde luego que no justifica que aquellas cantidades que ellos ya les retuvieron a sus empleados, se las queden, y no las enteren a la federación, porque es realmente una conducta indeseable".
Esta práctica "es una de las conductas más anómalas tratándose del cumplimiento de obligaciones fiscales y que por eso está sancionada desde el punto de vista penal. Es una conducta punible y tipificada como delito. Esos acuerdos políticos posibilitan que esas conductas infrinjan el contenido de las normas".
El Código Fiscal federal establece que este conducta se sanciona "con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2'054,890 pesos".
A los servidores públicos se les estuvo haciendo la retención de una parte de su salario devengado para el pago del ISR. La autoridad se gasta ese recurso en otro fin, pero el adeudo que generó se perdona por el SAT. ¿Tiene derecho el trabajador a decirle a su empleador: "Como me estuviste descontando parte de mi salario, y el fisco ya no exige que cumplas con el impuesto, entonces quiero que me regreses lo que me quitaste"?
A decir del especialista, no. En términos legales, refiere, la parte de su salario descontada, a la hora de ser retenida por el ente gubernamental, se vuelve justo en ese momento recurso del fisco, y ya no le pertenece ni al empleado ni al empleador.
Es precisamente por eso que haberlo desviado a otros fines es una "conducta típica de delito a la que se refiere el artículo 109 del Código Fiscal, que implica que hay un menoscabo, que hay una conducta que está defraudando y afectando al fisco federal, y es éste el que está facultado en su caso de las querellas o denuncias".
(V.primera plana y pág.3-B del periódico El Informador del 24 de junio de 2013).
En México un "caso" se cierra por razones políticas, pecuniarias, precautorias, o porque así le vino en gana a la superior autoridad, rara vez porque se hizo efectivamente justicia.
Armando González Escoto
(v.pág.7-B del periódico El Informador del 23 de junio de 2013).
Los alzados en armas lograron que el estado avalara la conformación de la policía comunitaria en la Costa Grande, y les permitiera participar codo a codo de los operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal.
Leopoldo Soberanis Hernández, presidente de la Asociación Ciudadana Defensora de Derechos Humanos, agregó que además se gestionará la presencia de la Marina en los poblados El Porvenir y Santa Rosa de Lima, así como la rotación de los elementos.
A la reunión acudieron, además: Florentino Cruz Ramírez, secretario general de Gobierno; Sergio Javier Lara Montellanos, titular de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, y Omar García Harfuch, jefe la Policía Federal en el estado.
Soberanis Hernández explicó que se decidió bloquear la vía federal para que los habitantes supieran de la presencia de este grupo de autodefensa, al igual que las autoridades, de las cuales dijo: "Nunca quisieron hacer algo para frenar la violencia".
Denunció que la presencia de Los Caballeros Templarios en la región "ha afectado al turismo y la producción de los pueblos". El líder dijo que tiene registradas 45 muertes, en su mayoría de empacadores de mango, y de 28 desaparecidos.
El bloqueo se realizó en plena temporada de vacaciones, lo que provocó largas filas de automovilistas, y además los comunitarios retuvieron un camión con 31 estudiantes de la Universidad del Pedregal, que fueron liberados y obligados a seguir su camino a pie.
(V.primera plana del periódico El Informador del 22 de junio de 2013).
De entonces a la fecha el asunto ha generado diversidad de reacciones; el caso ha llegado incluso a la prensa internacional y se suma a las desafortunadas noticias de la explotación que persiste en diferentes partes del mundo.
Podría parecer increíble que estemos repitiendo términos como barracas y capataz y tienda de raya... Pero es la realidad, una realidad que se nos cae encima y nos aplasta y nos confronta con nosotros mismos.
Los políticos ahora en el poder aprovechan la situación y bueno, al parecer están poniendo orden, tratando de hacerlo por lo menos, aun cuando no se sabe quién o quiénes son los dueños y se cuidan bastante bien de no mencionarlos. Se dictó auto de formal prisión contra los 5 capataces que fueron detenidos en el operativo del 10 de junio, pero no se menciona ni a los directivos ni a los propietarios de una empresa que tiene años operando en el sur del Estado de Jalisco al igual que otras, incluso señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace 15 años y que operaban en Sayula.
Así es, expuesta desde hace tiempo, esta situación no es nueva y las autoridades de todos los niveles han pecado de omisión en el menos peor de los casos; pero se ha llegado incluso al otorgamiento de títulos como empresas "socialmente responsables" y de ¡subsidios millonarios! en administraciones panistas.
Si el PRI ahora en el poder, que no es ajeno a este tipo de prácticas que se dan y se han dado a lo largo de décadas a lo largo y ancho del país, realmente quiere hacer algo, es preciso llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de los señalamientos coyunturales y los operativos que se emprendieron días después de lo sucedido en Tolimán, espectaculares por cierto. Y bueno, que se luzcan si quieren, pero que garanticen que las empresas que trabajan bajo estos esquemas, explotando y esclavizando a la gente, serán sancionadas y los jornaleros restituidos en sus derechos e indemnizados ampliamente.
Jorge Enrique Rocha, académico del ITESO y estudioso de estos temas, especialmente en el sur de Jalisco desde hace años, llamó la atención sobre las condiciones laborales que ahora todos conocemos y que son deplorables, pero además con respecto a los daños al medio ambiente por el uso de agroquímicos y otros productos que contaminan la tierra.
Es urgente que se tomen medidas de fondo que vayan hacia la erradicación de estas prácticas vergonzosas y denigrantes; que se sancione con todo el peso de la ley; y que sean detenidos no sólo los capataces (léase "chivos expiatorios") sino los dueños de las empresas.
Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de junio de 2013).
No ha dicho Esparza cuándo se las escrituraron o quién se las vendió, pero la presencia del plantón durante casi un mes indica que tiene razón: Bucareli ha sido privatizada. Esta propiedad de las vías públicas parece a punto de ampliarse, ya que el propio Esparza prevé que el plantón se extienda al Paseo de la Reforma por la llegada de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
No sería ésta la primera vez en que una organización presuntamente de izquierda privatiza una vía pública. Andrés Manuel López Obrador no sólo cerró el corredor Reforma-Zócalo durante 6 semanas en 2006 sino que contó con el apoyo activo del gobierno del Distrito Federal encabezado entonces por Alejandro Encinas.
Las escuelas son nuestras, anuncian los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos son dueños de las escuelas, aun cuando las abandonen para realizar manifestaciones y plantones. Cuando los padres de familia buscan maestros que sí den clases, como los de la Sección 59 en Oaxaca, el Gobierno del Estado interviene para garantizar que la CNTE mantenga sus derechos de propiedad.
No sólo las escuelas son nuestras, también las plazas magisteriales. Ni el Estado ni los padres de familia pueden exigir que haya exámenes para escoger a los mejores para ocupar los puestos de maestro. Los docentes deben ser seleccionados por el sindicato o las plazas deben ser heredadas o compradas. Ningún maestro que ya tenga plaza puede ser destituido, aun cuando no se presente a trabajar o no realice de manera correcta su trabajo. Las plazas son propiedad de los maestros y del sindicato.
Las banquetas son nuestras, dicen los líderes del comercio ambulante. Ellos tienen derecho a ocupar el espacio dedicado a los peatones para sus negocios particulares. Tienen también derecho a tomar la electricidad sin pagar, a vender mercancía robada o de contrabando, a utilizar el arroyo vehicular como baño, a disponer de aceites en el drenaje, a colocar y emplear tanques de gas en la vía pública.
Los mismos grupos que privatizan las vías de comunicación o las instituciones públicas cuestionan la inversión privada en petróleo o en electricidad. Dicen que esto es privatizar y por lo tanto inaceptable. Poco importa que tal inversión pueda resultar en un aumento de la producción o en una mejora del servicio. Al parecer el petróleo es nuestro, pero no de los mexicanos sino de los líderes sindicales y políticos. Y en cuanto a la electricidad, si alguien se atreve a invertir dinero en nuestro país para generarla y venderla al público a un precio menor o con mejor servicio que la Comisión Federal de Electricidad, tendrá que pagar con cárcel su atrevimiento ya que estará violando la Constitución.
No extraña que México sea tan pobre. Si los derechos claros de propiedad son necesarios para la inversión y la prosperidad, en México los entendemos al revés. Lo que es de la sociedad en los países prósperos, como las vías de comunicación, las aceras o las escuelas públicas, aquí es privado. En cambio se impide la inversión privada en petróleo o electricidad, pero para proteger un monopolio que sólo beneficia a unos cuantos.
NEWS DIVINE
Se cumplen 5 años de la tragedia de la discoteca News Divine. En un operativo que buscaba extorsionar a jóvenes que cometían el pecado de divertirse, la policía capitalina mató el 20 de junio de 2008 a 12 personas al cerrar las puertas del lugar para evitar que algunos jóvenes se escaparan. En lugar de castigar a quienes ordenaron el operativo, los jueces sentenciaron a 29 años de cárcel al administrador, Alfredo Maya Ortiz, quien no participó ni en la extorsión ni en el homicidio masivo.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 20 de junio de 2013).
No es suficiente que el ex gobernador Andrés Granier enfrente cargos por desvío de recursos en Tabasco, el estado que malgobernó y lo convirtió de la noche a la mañana en un hombre rico a pesar de la pobreza que prevalece en su entorno.
No es suficiente que la prensa informe sobre los gastos millonarios del ex gobernador Humberto Moreira durante su "exilio académico" en Barcelona y que siga recordándonos las irregularidades, opacidad e ilegalidad con que se manejó el escandaloso endeudamiento público de Coahuila durante su administración.
No es suficiente, porque en el pasado hemos sido testigos de situaciones similares y nuestro sistema político sigue siendo una incubadora de personajes que ansían ocupar un cargo, el que sea, no porque estén comprometidos con el servicio público y el bien común, sino porque saben que tendrán la oportunidad de enriquecerse en el corto plazo en un entorno de impunidad.
En enero de 1989 el gobierno de Carlos Salinas detuvo y encarceló a Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", líder del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Qué cambió?
Cambió la cabeza sindical y en su lugar llegó otro líder que con el tiempo acumuló gran poder e incluso más riquezas que "La Quina". El corporativismo sindical, la opacidad en el manejo de los recursos de la paraestatal, el clientelismo electoral siguen allí, sin cambio alguno.
También en el sexenio de Salinas se retiró a Carlos Jonguitud como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se fue "El Maestro" y llegó "La Maestra", Elba Esther Gordillo, y todo siguió igual, o peor, pues la calidad de la educación básica nacional fue en picada y su impacto en el desarrollo del país dejó mucho que desear.
Bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid cayó Arturo "El Negro" Durazo, el polémico director de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal bajo la administración de José López Portillo. Se le acusó, entre otros, de abuso de autoridad y de acopio de armas, nunca de desvío de recursos o de enriquecimiento ilícito.
Su detención y posterior encarcelamiento no supusieron cambio alguno en la forma en que funcionan los cuerpos policiacos y de seguridad que, como en el resto del país, continuaron operando por la senda de la corrupción y la impunidad.
También durante el gobierno de la "Renovación Moral" de De la Madrid se detuvo y condenó a Jorge Díaz Serrano, ex director de PEMEX, por fraude contra la empresa. Los problemas en el manejo de los recursos de la paraestatal no cambiaron por este hecho.
Qué bueno que el gobierno de Peña Nieto ha emprendido y/o apoya causas judiciales contra figuras como Elba Esther o Granier. Antes poderosos e intocables, hoy son los eslabones débiles de una cadena de corrupción e intereses con profundas raíces en la cultura política y las instituciones del Estado.
Una vez más nos formulamos la pregunta de si el gobierno recurrirá al sacrificio expiatorio de ambos personajes como un recurso temporal para aplacar el repudio de la sociedad ante la impunidad que corroe al sistema y nuestra clase política, o si el Presidente y su partido están verdaderamente comprometidos con una cruzada que permita sentar las bases del cambio estructural que requiere con urgencia la vida política nacional, sin importar los intereses que afecte ni quién tenga que caer.
El asunto es harto complejo y comprometedor, porque durante décadas la corrupción y la impunidad han sido la levadura que permitió al sistema consolidarse, alimentando una casta política que se ha apropiado de forma patrimonial de las instituciones del Estado.
Esa casta se rehúsa a aceptar transformaciones que han tenido lugar en el contexto de nuestra aún joven democratización y la modernización social de las últimas décadas porque aspira, de forma miope y suicida, a seguir operando como en el pasado, al amparo de la impunidad y dando la espalda al Estado de Derecho.
Lucrecia Lozano
(v.pág.7 del periódico Mural del 20 de junio de 2013).
"Nos están explotando nuestros recursos naturales, el hierro", dice un hombre encapuchado a través de un video que difundieron por Internet.
"Ese día que llegó el gobierno le dijimos donde estaba nuestra mina que nos está explotando este grupo de criminales y ese día fue cuando el gobierno los resguardó a ellos. Entonces no le tenemos confianza", acusó.
En 2012 la Procuraduría General de la República reveló que el crimen organizado había encontrado en la actividad minera de esa región, otra forma de lucrar mediante el cobro de cuotas por el mineral extraído.
En tanto, un grupo de habitantes salió ayer a las calles de Aquila para protestar en contra del grupo de autodefensa, al cual acusa de supuestos malos manejos en la mina.
Los aproximadamente 200 manifestantes llegaron hasta el Palacio Municipal, mostrando pancartas con mensajes de rechazo al comando civil.
Aquila se suma a los municipios de Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Coalcomán y Chinicuila donde han surgido este año grupos de autodefensa.
Un grupo de habitantes tomó ayer la alcaldía de Buenavista Tomatlán, ante el aviso de que el edil Luis Torres Chávez pretende regresar al cargo después de haber solicitado licencia por 15 días.
El alcalde se separó temporalmente del puesto, presionado por el grupo de autodefensa que opera en ese lugar, y podría retornar antes del viernes.
Ante esa posibilidad, decenas de simpatizantes del grupo de autodefensa se apoderaron de las instalaciones municipales y advirtieron que no permitirán el regreso del edil.
En mayo pasado, el grupo de autodefensa que opera en esa localidad acusó a Torres Chávez de presuntos nexos con el crimen organizado.
Por esa razón mantuvieron tomadas las oficinas municipales durante semanas y obligaron la salida del pueblo, tanto del alcalde como de los elementos de la policía local.
(V.pág.5 del periódico Mural del 20 de junio de 2013).
Los casos de robo abundan, crecen como pasto durante las lluvias. Las autoridades, los comandantes de la policía, se reúnen inútilmente con vecinos tratando de generar proximidad y eficiencia, pero la violencia cotidiana en la villa hipster no se detiene.
Historias ya tengo para aventar para arriba. La primera tiene que ver con bicicletas robadas (a mí me han robado 2) y lo que se puede hacer cuando a uno le roban una bicicleta: muinas, corajes, rumiar la propia mala suerte, subir una foto a internet, comprarla de nuevo en algún tianguis si tiene la suerte de verla. Nunca fue encontrada una bici denunciada; denunciar es perder tiempo, así de simple.
Pero eso no es todo: amistades personales mías van al menos una decena que me cuentan historias similares: estaba por subirme al auto y llegó un señor, me puso unos golpes y se llevó mi bolsa y mi celular. Me amenazó con una navaja, me tocó de manera obscena y se llevó mis cosas en una calle de la Colonia Americana... No le dimos dinero al viene-viene y nos golpearon. La gente no sale sola ya, la gente más que miedo tiene un profundo hartazgo y una enorme impotencia.
Las autoridades no pueden ser omisas: van a tener que actuar de manera coordinada con los ciudadanos. Lo están intentando pero con temerosa lentitud que se traduce en ineficacia. Se necesita recuperar esa área de la ciudad y no tener internet libre pero no poder usarla porque te roban la computadora.
Hay un límite para el robo simple que pueden aguantar los ciudadanos y creo que la zona en cuestión ha sido un foco rojo por largo tiempo sin que las autoridades hayan hecho lo necesario para controlarlo. Desde la incapacidad incluso para controlar a los apartalugares, que suelen ser halcones, que más que culpa de los uniformados es parte de un problema mucho mayor: una ley anquilosada, rebasada y permisiva. Un sistema judicial roto, ineficiente y rebasado y un gobierno omiso.
Sé que los ciudadanos están intentando organizarse desde hace tiempo, con las complejidades que esto implica. Lo primero sería conocer las verdaderas estadísticas, los focos rojos, porque los procesos de denuncia son tan absurdos, complejos e inútiles que nadie se molesta. Ahí también lo primero que debería hacer la autoridad: permitir la denuncia por internet, en los módulos de policía con un formato sencillo, en lugar de complicar y burocratizar las cosas para presentar, a fin de año, informes maquillados. Esperemos a ver si hay voluntad real para cambios de fondo en las autoridades o si los ciudadanos (que es lo más seguro) tendremos que obligarlas a cambiar.
Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.5-B del periódico El Informador del 18 de junio de 2013).
Se escucha bien, que el que la haga la pague, que los responsables de cualquier delito, abuso, arbitrariedad y negligencia se sometan a la justicia, que los corruptos que abundan en la fauna de la clase política y/o gobernante deberían ser sometidos a un proceso administrativo y penal para pagar sus culpas, pero realmente sólo en casos excepcionales se cumple con el deseo del prelado y por eso es que las rara avis de los políticos en desgracia resultan tan festejados y aplaudidos.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 17 de junio de 2013).
Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 16 de junio de 2013).
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 16 de junio de 2013).
Jesús Rodríguez Almeida fue más allá y declaró también que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal actúa, en muchos de los casos donde se cuestiona la intervención de las fuerzas policiales, de manera sesgada.
Vaya, pues ha sido un funcionario de un gobierno de izquierdas en una ciudad progresista quien ha puesto los puntos sobre las íes: ahí donde tantos otros, de las más diversas proveniencias, se abstienen cuidadosamente de soltar las verdades que los comunes mortales sospechamos, este señor no se ha andado por las ramas.
Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues, de una suerte de tradición nacional de ocultamiento de ciertos temas. Asuntos que nuestros gobernantes y funcionarios no pueden tocar, bajo pena de ser ferozmente denostados. Y, ¿cuáles son esas cuestiones, tan espinosas y peliagudas? Son cosas que nosotros los ciudadanos de a pie soltamos alegremente en la sobremesa o en cualquier charla de café, señoras y señores. Apreciaciones que, en algunos casos, se derivan de prejuicios o de la simple ignorancia pero que también pueden contener una sustanciosa dosis de sentido común. Dictámenes perfectamente personales y particulares que, yendo de lo esperpéntico a lo razonable, tienen por denominador común la condición de no encontrar eco alguno en el acartonado discurso de los hombres públicos, tan ajenos a la gran mayoría de nosotros que pareciera que gobiernan otro país y que viven otras realidades.
Naturalmente, no se trata de consagrar públicamente la barbarie privada: si tú le preguntas a mucha gente, te dirá que a los delincuentes hay que ahorcarlos o matarlos sin mayores trámites y aunque esta postura sea entendible a partir del enojo del ciudadano indefenso no se puede volver una acción concreta de gobierno. No es tampoco admisible instaurar la pena de muerte por más que millones de mexicanos parezcan aceptarla. Pero, entre las fantasías de autoritarismo justiciero de tantas personas y las demandas sensatas de tantas otras, tiene que haber un punto de encuentro con los funcionarios. Los taxistas de Ciudad de México están verdaderamente hartos de los bloqueos y cierres de calles. ¿No hay manera de regular las manifestaciones para que no afecten directamente a miles y miles de automovilistas, comerciantes, amas de casa, niños y empleados que no tienen nada que ver? Y, antes que nada, ¿no puede salir, por ahí, un representante de nuestras autoridades a decirnoslo que deseamos escuchar, a saber, que ya basta de tanto desorden, que el caos no es un sistema adecuado para convivir, que el orden público es importante y, sobre todo, que las turbas de provocadores y las hordas de violentos no tienen más derechos que la inmensa mayoría de la población?
¿En qué momento hemos visto que un funcionario del Gobierno de Ciudad de México declare que está dispuesto a poner un alto, a tener firmeza y a aplicar la ley siendo que es precisamente eso, orden y seguridad, lo que los ciudadanos desean y en lo que parecen estar conjuntamente de acuerdo?
Hasta ahora, ha sido el mundo al revés: mandan aquí los encapuchados incendiarios, los revoltosos, los vándalos y todo aquel que esté dispuesto a poner la ciudad de cabeza. ¿Por qué son ellos los que se imponen, por qué la tibieza, por qué el consentimiento, por qué la renuncia a ejercer la autoridad, por qué la permisividad y, dicho más directamente, por qué la cobardía?
Supongo que la incapacidad de los ciudadanos para organizarse colectivamente y su no menos censurable pasividad explican en parte el asunto. Y ya sabemos, de cualquier manera, que nuestro "sistema", en una interesada -y deliberada- confusión de sus atribuciones, no quiere parecer "autoritario" ni "represor". Pues bien, las declaraciones del señor Rodríguez Almeida nos aportan una brizna de esperanza a quienes esperamos que los gobernantes gobiernen de verdad.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de junio de 2013).
Y es que algunas comisiones oficiales, ávidas de credibilidad, operan a veces como ONG patito.
"Nunca toma en consideración las aportaciones respecto de la actuación (de los probables infractores), sino simplemente las de sus quejas", reprochó, pero, recordó, "la policía también tiene derechos...".
Sabe que tiene agentes abusivos, mas pareciera temer, valga la exageración, que con el pretexto de los derechos humanos, sus golpeados efectivos terminen siendo acusados de lastimar con la mejilla los nudillos de sus agresores, o de quebrar con sus dientes y ojos las rocas que los protofascistas les aventaron...
Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 14 de junio de 2013).
Por fin, llegan al sitio de confrontación. Como en los viejos tiempos donde las batallas tenían hora y fecha específicas, así se han transformado las protestas civiles.
Y en la hora y cita pactada se da el sordo enfrentamiento. De pronto, encapuchados bajo el uniforma del paliacate, la chamarra de algodón desgastada y la mochila gritan, vociferan, empujan a los granaderos que, en primera instancia, tienen la orden de no moverse.
Y los protestantes se expanden en el objetivo. Rompen calles, apedrean, empujan a la prensa, usan botes de pintura como lanzallamas improvisados que acercan a los escudos plastificados de una policía que, aún en esa circunstancia, se queda inmóvil.
Acaba la protesta y la policía persigue, somete, inmoviliza a manifestantes sin máscara pero que son testigos de la agresión anterior.
Los medios reportan la detención, la confrontación y el ataque. Algunos refieren el proceso por el cual los jóvenes fueron detenidos.
Y miembros de los colectivos o simpatizantes de los mismos usan los foros a su alcance -medios afines, redes sociales, blogs- para denunciar represión y violaciones a los derechos humanos además de exigir la inmediata liberación de los detenidos.
La historia de nunca acabar que, no obstante, merece ciertos matices.
¿Si los episodios son tan semejantes, porque los movimientos no se deslindan de los provocadores?
¿Si saben que los encapuchados van a causar desmanes, porque seguir la misma ruta que ellos?
¿Si ven que están en el ataque a los policías, porque no deshacer la manifestación y dejar solo al grupo violento?
¿Si la policía sabe ya el modo de operación de esa banda, porque no la neutraliza antes de llegar a la confrontación?
¿Si, como parece, siempre son los mismos, no sería una buena medida pedir a los medios denunciarlos?
¿Si en realidad, como lo dicen, son un grupo de violentos, no debieran los manifestantes -que están muy coordinados- y policía -que pasa todo lo contrario- ponerse de acuerdo y desenmascarar sus verdaderas intenciones?
Gonzalo Oliveros
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 14 de junio de 2013).
Todo indica que la detención de Rodolfo Ocampo en Jalisco servirá a los mismos propósitos: de propaganda del nuevo gobierno, pero no de lucha frontal contra la corrupción.
Rubén Martín
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de junio de 2013).
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, reveló que han denunciado este delito ante la PGR, desde el 2012. Estas listas las denominan "Personas mexicanas que poseen altos ingresos". Un título más que tentador para los delincuentes. Todo esto lleva a la impunidad y por consiguiente, le facilita el camino al crimen organizado.
Qué fácil es para un delincuente conseguir los datos de sus víctimas. Con tan solo ingresar a una página en Internet, está allí, el banco de datos de millones de ciudadanos con el perfil perfecto para realizar sus fechorías. Pida, pague e imprima. Más fácil, imposible.
Y nosotros los ciudadanos, totalmente vulnerables. Como en las ferias de pueblo, somos como los patitos de metal, a los que se les apunta con un rifle, para que vayan cayendo.
¡Qué desprotegidos estamos los mexicanos por todos lados! No tenemos seguridad en ninguna parte. Ni en nuestras casas, ni en nuestras empresas, ni en los sitios públicos.
Cualquiera tiene todos nuestros datos personales y nadie nos defiende. Es como si viviéramos en una anarquía. No hay autoridad que detenga tanta delincuencia y tanto cinismo. ¿Cómo los van a detener, si ellos están igual o peor?
Leemos en las noticias de políticos golpeadores o nietos de golpeadores a los que no se les hace nada. Todos los delitos quedan impunes.
Causa náuseas, leer sobre esos políticos que se ufanan de tomar los vinos más caros y calzar de los más caros modelos de zapatos, cuando existe tanta miseria en nuestro país.
Senadores que golpean a sus ex-mujeres, nietos de políticos con cargos de alta responsabilidad que desfiguran el rostro a sus ex-novias. Ex-gobernadores que se van a Europa a estudiar doctorados y muertos de la risa, presumen que están becados y muestran el lujo con el que viven. Y los líderes corruptos, es otra historia. ¡Esos son nuestros servidores públicos! Los que nos van a defender de la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral pueden detener a la delincuencia? ¿Cómo impondrán penas por delitos que se cometen dentro de las mismas instituciones públicas?
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 7 de junio de 2013).
Dos semanas después, uno de estos paramilitares fue hallado con un balazo en la cabeza y calcinado.
En esa misma demarcación y en Felipe Carrillo Puerto, a finales de abril, matones armados con granadas y rifles prohibidos asesinaron a 10 y dejaron heridos a 7 integrantes de las llamadas guardias comunitarias.
Para terminar con este perlario de horror, el sobreviviente alcalde Valencia Reyes anunció ayer que Tepalcatepec tendrá como director de Seguridad Pública a un militar, y el experimento será el punto de partida para la conformación del mando único en Michoacán.
Y es que para la Tierra Caliente, como para cualquier otro lugar con problemas semejantes, solo pueden ensayarse la solución correcta, la incorrecta... y la militar.
Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 7 de junio de 2013).
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 7 de junio de 2013).
Hoy no se necesita salir a las calles con pancartas, las redes sociales y medios electrónicos son la mejor herramienta, pero debemos tener claro que sólo con unión y participación podremos cambiar las cosas para que los casos Moreira, Deschamps, Granier, desfalcos en los estados, tráfico de información, etcétera, y tantos crímenes sin resolver dejen de existir o, al menos, se castiguen conforme a la ley para saciar esa sed.
Jorge Cortés
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 6 de junio de 2013).
La firma, sin embargo, está registrando pérdidas. No ayuda que las cuantiosas inversiones que ha hecho en México, al adquirir operaciones de apuestas legítimas de Grupo Caliente y de CIE, incluyendo el Hipódromo de las Américas, hayan recibido golpes contundentes por decisiones arbitrarias.
Las pérdidas del hipódromo han sido tradicionalmente compensadas por los centros de apuestas. Cuando CIE obtuvo la concesión recibió también permisos para operar varios de estos establecimientos. Manejar el hipódromo, con sus pérdidas, pero su gran generación de empleos, era una contraprestación por las previsibles ganancias de las apuestas.
Codere decidió entrar al mercado mexicano con estas reglas y como parte de un esfuerzo de internacionalización que la ha llevado a tener presencia en 8 países de Europa y América. Su ventaja competitiva radica en ser un participante profesional, respetuoso de las leyes y pagador escrupuloso de impuestos, en un negocio muchas veces dominado por personajes oscuros.
Las decisiones de las autoridades mexicanas, sin embargo, suelen ser perversas o interesadas. Es más fácil o rentable clausurar a los que respetan la ley que a los informales. El ataque incendiario al Casino Royale de Monterrey el 25 de agosto de 2011, en el que murieron 52 personas, generó una enorme presión política contra el alcalde panista Fernando Larrazábal. Margarita Arellanes, también del PAN, quien asumió la presidencia municipal en octubre de 2012, lanzó en febrero de 2013 una campaña moralizante contra los "casinos" y cerró 10, 5 de ellos de Codere. Pero sólo tocó uno de Juan José Rojas Cardona, el "Zar de los Casinos", dueño del Casino Royale. Un oportuno pitazo le permitió un día antes a su hermano Arturo promover amparos para sus 10 casinos en Nuevo León. Le quedan 5 abiertos en Monterrey.
Más que convencer a los regiomontanos de lo inmoral de las apuestas, las clausuras sólo han fortalecido a los operadores turbios. Si antes había que pagar por abrir un casino, quizá hoy hay que pagar para que las autoridades cierren la competencia.
Inquieta que las autoridades cierren los centros que operan en la legalidad para beneficiar a quienes lo hacen de manera oscura.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 6 de junio de 2013).
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de junio de 2013).
Antes de que se llegara al acuerdo y a la consiguiente disolución de la manifestación, la máxima autoridad en el municipio decidió que el asunto no era de su incumbencia directa, sino de un conflicto entre Patronato y trabajadores... aunque apuntó que, a la vista de la afectación que estaban resintiendo varios miles de automovilistas, "no descartaba la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública".
Se supone que las manifestaciones forman parte de las garantías individuales, tuteladas por los artículos 8o. y 9o. de la Constitución, referentes a los derechos de petición y de reunión. Empero, en el momento en que dichas manifestaciones alteran el orden público, afectan directamente los derechos de terceros y pueden interpretarse como métodos orientados a forzar la decisión de las autoridades a favor de la causa que motiva la protesta, cualquiera diría que se está en el caso preciso para el que tanto leyes como reglamentos municipales contemplan, en beneficio de los derechos de los más, el empleo de la fuerza pública en contra de quien se empeña en despreciarlos... y aun en demostrar que puede hacerlo impunemente.
Tal vez no venga al caso, pero hay "autoridades" que dan la sensación de encomendarse todas las mañanas a San Poncio Pilatos (aunque aún no haya sido canonizado), patrono de timoratos, tibios y pusilánimes.
Jaime García Elías
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 4 de junio de 2013).
Luego de más de 5 horas de diálogo, autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara y líderes sindicales acordaron un incremento al salario de 7% para los 51 empleados sindicalizados del Bosque Los Colomos. Originalmente la Junta de Gobierno había aprobado un aumento de 5% tanto para los 19 trabajadores de confianza, como para la cincuentena de sindicalizados.
Otros logros obtenidos a partir de las negociaciones que terminaron en torno a las 14:00 horas de ayer son 200 pesos en vales de despensa, 100 pesos de transporte y seguros de vida. La solicitud de los manifestantes era un aumento salarial de 800 pesos mensuales directos, es decir, 14%, pero finalmente cedieron a la mitad.
(V.pág.6-B del periódico El Informador del 4 de junio de 2013).
Entre otras cosas, los manifestantes solicitan aumento salarial de 800 pesos mensuales directos, en vez de los casi 300 que se les ofrece, informó el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores del Bosque Los Colomos, Jaime Vázquez. Asimismo, piden un incremento de ayuda de transporte de 150 pesos a 200 pesos, incluir al personal del bosque en un apéndice de la póliza de seguro de vida, contratado para los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara y la construcción de un comedor digno.
Los trabajadores perciben casi 6,000 pesos mensuales. Es el 3er. año consecutivo que se manifiestan para pedir un aumento al salario mayor, indicó el secretario.
(V.periódico El Informador del 3 de junio de 2013).
"El ejemplo es cuando un trabajador despedido (injustificadamente) llegaba con estos abogados, les decía cuánto ganaba y los abogados inflaban esa cantidad (para incrementar el laudo). Ésa es la mayor ganancia para ellos (los despachos)", revela Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo en Jalisco. "Hay despachos que le compran al trabajador su demanda y con sus recursos inflan las cantidades, no negocian, no concilian, y se van hasta el final del juicio para quedarse con todo el dinero (acumulado por salarios caídos). Es el modus operandi de los últimos 5 años".
Eduardo Almaguer no titubea: la corrupción fue el principal problema en el sexenio pasado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, que "sólo actuaba por interés económico". Si no había dádiva del trabajador demandante "no había avance en los juicios laborales", dice el secretario. Por eso hay casos con más de 8 años de antigüedad en detrimento de los derechos de empleados y patrones.
El siguiente es uno de los casos de corrupción entre los 7,729 juicios laborales en investigación: "Hemos encontrado casos en la Junta donde, a pesar de que el patrón acreditó al presidente auxiliar que el poder que exhibía el abogado defensor del trabajador (demandante) era de un mes posterior al acta de defunción de ese trabajador, siguió el juicio y se emitió un laudo contra el patrón. Éste buscó la nulidad, pero después la esposa del fallecido volvió a demandar y condenaron de nuevo a favor de ella. Es parte de las mismas extorsiones".
El resultado final fue un laudo por 700,000 pesos. El patrón prácticamente perdió el negocio. "Estamos investigando; ya lo turnamos al Ministerio Público", enfatiza el secretario.
(V.primera plana y pág.8-B del periódico El Informador del 27 de mayo de 2013).
El pueblo, como el vecino Tepalcatepec y otros de la zona como Coalcomán, sobrevive sitiado desde hace varias semanas por este grupo de narcotraficantes, escisión de La Familia Michoacana, que dirige un antiguo maestro de escuela, Servando Gómez Martínez, apodado "La Tuta". No es una mafia cualquiera. En pleno territorio de los antiguos indios purépechas reivindica un pasado medieval de cómic y tiene un carácter sectario-religioso: convoca manifestaciones políticas, establece treguas como hizo cuando el Papa Benedicto XVI visitó México en 2012 o le da por imponer la ley seca en sus territorios.
Ahora, los habitantes de La Ruana han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones "cuotas" que les imponen los Templarios. Con pocos víveres, sin muchas medicinas y sin gas ni gasolina -empresas como Bimbo, Coca-Cola o Pemex, entre otras, ya no se atreven a distribuir sus productos por allí-, este pueblo dedicado al cultivo del limón resiste en una guerra fantasmal, propia de un pasado que parecía definitivamente apagado. Una guerra de pobres en la que sólo existe una certeza: en esta zona del país, Tierra Caliente de Michoacán, y no es la única, el Estado mexicano no existe.
Cuenta Hipólito Mora que las cosas comenzaron a torcerse años atrás, cuando los Caballeros Templarios sustituyeron a La Familia Michoacana en el control del territorio. El pueblo llevaba décadas cultivando mariguana y en los últimos tiempos también cocinaba droga (metanfetamina). Pero a los narcos el negocio no les rentaba lo suficiente y empezaron a extorsionar a los vecinos. 100 pesos por vivir en tu propia casa, 150 por cada máquina en la tienda de videojuegos, 2,000 por saltarse un vado de la calle con el automóvil... y empezaron a duplicar el precio de los productos. "Todo lo dobletearon", dice un vecino. Lo peor llegó cuando se hicieron con el control de las 5 empacadoras de limón del pueblo, la fuente de su riqueza, y comenzaron a pagar 2 pesos por kilo cuando su precio en el mercado era de 3.50 pesos.
La Ruana se rebeló y la policía comunitaria, una institución tradicional en el México rural, se convirtió en grupo de autodefensa. También llegaron las armas. Existe la sospecha de que se las proporciona el cártel Jalisco Nueva Generación, rival de los Templarios y considerados aliados del cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Los vecinos de La Ruana no pueden entrar en Apatzingán a comprar o a que les vea un médico. Un retén de los Caballeros Templarios a la entrada de esa localidad les pide la cédula electoral y al ver que son de La Ruana les impiden el paso.
El estado de sitio se agudiza cada día. 2 de cada 3 comercios del pueblo están cerrados y los que siguen abiertos ofrecen una imagen desoladora, desabastecidos o con productos caducados. La gasolinera está cerrada, los pocos cigarrillos que quedan son de la marca Glory, que incitan a dejar el vicio, y las medicinas escasean. Los coyotes que vienen de los estados vecinos de Colima y Jalisco con lo más básico inflan los precios: el litro de gasolina Premium lo venden a 15 pesos cuando en el resto del país está a 11.32 pesos.
Hombres y adolescentes armados hasta los dientes a bordo de camionetas patrullan unas calles casi desiertas.
El alcalde de Tepalcatepec, a unos 20 kilómetros y también sitiado, ha declarado que entre 20% y 30% de los vecinos se han marchado. De La Ruana también se fue el cura tras ser amenazado por apoyar a la gente.
El miércoles 22, justo en Buenavista Tomatlán, los policías comunitarios se encapucharon, al estilo de las autodefensas, para defender a 4 de sus compañeros detenidos por los militares, por una supuesta extorsión a personal del centro de salud. Para exigir la liberación de sus miembros, el grupo comunitario, al que también se sumaron guardias de la autodefensa y habitantes de la Ruana, retuvieron por 9 horas a 28 soldados, entre ellos un general de tropa. Al final, los habitantes michoacanos se salieron con la suya: recuperaron a sus 4 compañeros a cambio de los 28 soldados.
El jueves, los gobiernos federal y estatal se empeñaron en afirmar que ya reinaba la tranquilidad en Buenavista Tomatlán. Las Fuerzas Armadas, que llegaron a los focos rojos de Michoacán para regresar a sus actividades normales a los habitantes -a los policías comunitarios a sus quehaceres de vigilancia menor y a los autodefensas a sus parcelas- aún no controlaban la situación en ese municipio, pues las autodefensas continuaban con sus retenes carreteros.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de mayo de 2013).
Todos los casos tienen un eje rector: el abuso de poder. Tanto el nieto del procurador general de la República como la hija de quien fuera titular de la Profeco o el hijo del líder del gremio petrolero, consideran que se encuentran en el espacio de la impunidad. Son familiares que se comportan como si el México de López Portillo siguiera presente. Por su cabeza no atraviesa ni la fuerza de las redes sociales, ni el papel de la prensa ni la vulnerabilidad del poder político. Mientras la sociedad avanza conquistando mayores espacios de acceso a la justicia y a la rendición de cuentas, ellos siguen atrapados en el estado de los privilegios.
En el caso de la "Lady Profeco", Humberto Benítez Treviño vio cómo la Presidencia no pudo aguantar el vendaval de indignación en los medios de comunicación. Todo esto aunado a una declaración desafortunada del ex titular de la Profeco donde señala que "nunca pasó por su cabeza renunciar", fueron un cóctel difícil de mantener en equilibrio. En el caso de Jesús Murillo Karam, la operación fue mucho más sigilosa y más aseada. El joven, -por voluntad propia y arrepentimiento-, acudió a la procuraduría para enfrentar las consecuencias de su reprobable actuación. Al final, la rápida actuación del procurador, evitó que se multiplicaran las interpretaciones y que se exigiera su cabeza por conflicto de interés en este caso preciso. Del líder de los petroleros, sabemos que no veremos una repuesta similar. Debido a una preocupante interpretación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los líderes sindicales quedan al margen de la fiscalización y la rendición de cuentas. La fortuna del líder sindical Carlos Romero Deschamps no concuerda con su posible ingreso en el sindicato, sin embargo se encuentra en las sombras del Estado. ¿El caso de Elba Esther Gordillo puede ser una señal de alerta? ¿Habrá una ofensiva del Estado contra el líder petrolero o se mantendrán sus privilegios si coopera en la no lejana reforma energética?
La justicia selectiva es un viejo vicio de los países donde el estado de derecho nunca se ha podido afianzar. Es decir, la justicia manchada de intenciones políticas. La ley como escudo en la lucha contra el poder, no como combate frontal y auténtico contra la impunidad. En el caso de los familiares incómodos y la inmersión de la vida privada en los asuntos públicos, parece que la narrativa presidencial es no tolerar estos excesos. La declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se anunció la remoción del titular de la Profeco, no deja lugar a dudas: el escándalo manchó la imagen institucional de la Profeco. Es un rasero subjetivo e interpretable, pero que puede meter en problemas a la administración federal en otros casos. Con este listón de calificación, hubiera sido difícil que funcionarios como Marisela Morales, Genaro García Luna o incluso el fallecido Juan Camilo Mouriño continuaran en el gabinete de Felipe Calderón. Sobre todo este último, que experimentaba un problema similar a los tratados en este artículo: contratos energéticos que habían beneficiado a su círculo cercano.
La política mexicana siempre ha tenido un componente familiar muy marcado (igual que las empresas). Ahí están textos como los de Roderic Ai Camp que muestran con mucha nitidez las redes familiares que sostienen la política nacional. Muchos apellidos de colaboradores cercanos a Enrique Peña Nieto nos recuerdan a dinastías políticas que han gobernado este país durante décadas (Ruiz Massieu, Lozoya, Lerdo de Tejada, De la Madrid).
Enrique Toussaint
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 26 de mayo de 2013).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 25 de mayo de 2013).
Este desafío ocurre tras el incidente del miércoles, cuando el Ejército detuvo a 4 integrantes de la autodefensa. En respuesta, un general y más de 20 elementos de tropa fueron retenidos en las oficinas de la policía municipal hasta que hubo un canje de unos por otros.
El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, advirtió el martes pasado que, si las autodefensas eran sorprendidas con armas, serían detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.
La Policía Federal sí podrá ingresar a la zona, de acuerdo con lo que decidieron unas 200 personas reunidas frente a la presidencia municipal.
"El Ejército no puede entrar aquí. Así lo decidimos. Y nosotros vamos a seguir portando armas en los retenes que tenemos aquí y en la entrada del pueblo, en el puente (justo donde fueron capturados sus 4 compañeros)", dijo quien se ostentó como vocero luego del mitin.
-¿Qué pasará si viene el Ejército los vuelve a detener y desarmar?
-¡No nos vamos a dejar!
-Puede haber un enfrentamiento...
-Ni modo, pues no enfrentamos...
Ni modo. El reto. Ahí, en el retén ése, el del conflicto, los pobladores colgaron una manta: "Preferimos morir con las balas de la Policía Federal y del Ejército que con las de Los caballeros templarios". Es decir, que según dicen, prefieren enfrentarse al Estado que al crimen organizado.
Ahí estaba uno de los 4 detenidos. Por el momento ninguno de sus compañeros (una veintena) ni él portan armas, o no están a la vista, pero de cuando en cuando revisan algún coche que transita por la carretera y que les parece sospechoso. 4 camionetas de la Policía Federal con 4 elementos cada una fueron estacionadas en el lugar. Los efectivos, con armas de alto poder, simplemente miran lo que ocurre, pero no intervienen.
La mayoría de la gente en las calles, en los negocios, dice lo mismo: que no se van a desarmar hasta que el gobierno federal capture a los miembros del cártel que los ha asolado.
Sin embargo, hay división en el pueblo: mucha gente sí quisiera que el Ejército patrullara en la cabecera y sus colindancias. Así se evidenció en la asamblea de la tarde-noche. De hecho, en una glorieta hay otra manta en la que se pide que el Ejército y la Policía Federal permanezcan en el lugar.
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 24 de mayo de 2013).
El desafío de los pobladores a las fuerzas armadas ocurrió por la detención que hizo el Ejército de 4 guardias comunitarios armados con 6 armas, 4 largas y 2 cortas, y encapuchados, que vigilaban el acceso a la comunidad.
Apenas el martes, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien coordina el operativo en Michoacán, se mostró sorprendido por la facilidad con que los militares habían incursionado en las zonas que estaban ocupadas por las guardias comunitarias y el crimen organizado en los límites con Jalisco.
Sin embargo, ayer, al tronido de cohetones la gente se congregó por cientos en Buenavista. Ahí fueron enterados de que elementos del Ejército habían detenido a 4 integrantes del grupo de autodefensa que ahí opera y los condujo hacia Apatzingán.
Los detenidos presuntamente realizaban labores de vigilancia en el acceso a Buenavista, armados y cubiertos del rostro, cuando fueron detenidos por la milicia.
Desde el lunes, fuerzas federales peinan las poblaciones de Buenavista, Tepalcatepec y Cojumatlán ante la violencia que han desatado grupos de autodefensa y miembros de la organización delictiva Los Caballeros Templarios en los últimos 3 meses.
Cienfuegos advirtió que no se permitiría a civiles andar armados en el área.
Sin embargo, para las 13:00 horas unos 200 habitantes ya estaban concentrados en el acceso al pueblo para exigir la liberación de los civiles armados.
Como medida de presión, bloquearon la carretera Buenavista-Apatzingán en sus 2 carriles e impidieron el paso de unidades militares y de la Policía Federal. La tensión fue escalando al grado de que pobladores amagaron con quemar vehículos y poner plazo de media hora a los soldados para resolver su demanda.
Al lugar arribaron cerca de 30 vehículos del Ejército y Policía Federal, algunos adaptados con artillería.
En respuesta, a las 15:00 horas la turba civil decidió llevarse retenidos a 28 militares.
De acuerdo con reportes de autoridades locales y testigos, los soldados no fueron desarmados y tampoco hubo violencia física para retenerlos. Enseguida fueron escoltados por hombres, mujeres y niños hacia el campamento que servía como centro de operaciones de la Policía Comunitaria de Buenavista.
Los habitantes advirtieron que no liberarían a los soldados hasta que les entreguen a los 4 guardias civiles detenidos.
Ese grupo de autodefensa surgió el pasado 24 de febrero y de inmediato tomó control de la seguridad pública, obligando la salida del pueblo del Alcalde Luis Torres Chávez y de 82 policías locales.
La Procuraduría General de la República acusó a los civiles rebeldes de presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y detuvo a 51 de sus integrantes. Sin embargo, el grupo de autodefensa siguió operando hasta que el martes anunció su repliegue, tras un acuerdo que permitiría a la milicia tomar el control de la seguridad pública.
Luego de casi 6 horas de negociaciones, los 28 militares fueron liberados.
(V.pág.4 del periódico Mural del 23 de mayo de 2013).
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional había determinado cuáles de sus agentes realizarían las escuchas a jueces, magistrados, ministros y colaboradores más cercanos.
La Procuraduría General de la República había diseñado un plan de capacitación para el personal del poder judicial y la Policía Federal apoyaría en los operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión contra las "ovejas negras".
Así, 3 dependencias mexicanas y una del Gobierno de EU estaban listas para realizar un megaoperativo conjunto de limpieza a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plan incluía renovar el sistema de video, escuchar llamadas realizadas desde los teléfonos fijos, cotejar vehículos que usaban los funcionarios con sus niveles de ingresos y poner "marcaje personal" (seguimientos, escucha de celulares, revisión de cuentas) a aquellos jueces que causaran sospechas.
Nunca se llevó a cabo. El discurso entre los dos poderes se tensó. Ejecutivo contra judicial. La escalada llegó a una confrontación entre el presidente Felipe Calderón y el ministro presidente Silva Meza. Ganó la desconfianza.
Por un lado, unos pensaron que los órganos de inteligencia del ejecutivo, aliados con el gobierno estadounidense, estarían fascinados con una "intervención" que ponía en posición de vulnerabilidad a la Corte, que sería "encuerada" por agentes externos que no necesariamente mantendrían con profesionalismo y secrecía las investigaciones; se les antojaba como un doble desafío a la soberanía entre 2 poderes y 2 países.
Por el otro, permeó la idea de que el poder judicial no tenía un deseo real de limpieza, sino que más bien les interesaba la protección de sus intereses y el mantenimiento del estado actual de la impartición de justicia en México.
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de mayo de 2013).
México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos. No estar supeditado a las normas que nos rigen a todos, es señal de desarrollo personal. "La ley es para los débiles" dijo alguna vez un politólogo norteamericano hablando del concierto entre las naciones.
Los privilegios y el abuso de autoridad no constituyen características exclusivas de la clase política, sino que es un reclamo que se extiende a toda la sociedad. El constituirse en parte de la élite política o económica del país implica "jugar con otras reglas". Se tiene acceso a ese mundo donde todo es posible: evadir multas, no pagar impuestos, violar las leyes de tránsito o encapricharte con una mesa en un restaurante de lujo. Ante los privilegios, el ciudadano común se encuentra frente a una asimetría de poder donde las leyes ya no son caparazón. El anhelo por privilegios afecta a empresarios, sacerdotes, políticos y maestros. Parecería que ser tratado por el mismo encuadre legal representa un fracaso; la conquista del poder, en cualquier de sus variantes, pierde sentido. No es raro que en México se haya popularizado entre la clase política la utilización de la famosa "charola", que en la práctica significa legalizar la impunidad.
El escándalo del pasado 26 de abril colocó su nombre en las primeras planas. Ante el discurso de "nadie es intocable" de Enrique Peña Nieto, la utilización, por parte de su hija Andrea, de los inspectores de la Profeco para tomar revancha contra un restaurante que no le había dado la mesa que ella quería, resulta inaceptable. Mantener a Benítez Treviño significaba para Peña Nieto una piedrita que le podía causar molestias durante toda su gestión. Los costos superaban a la amistad, la cercanía y los posibles beneficios. La eficacia de Benítez Treviño como funcionario público no es debatida por la clase política, pero la terquedad podía traerle desgaste a Peña Nieto. Recordemos que Felipe Calderón, durante su sexenio, prefirió aguantar los ataques a miembros de su gabinete y nunca prescindió de algún funcionario por escándalos. Eso hizo que el panista cargara con los errores de secretarios de la talla de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora o incluso el propio Juan Camilo Mouriño. Paradójicamente, la única sacrificada fue Josefina Vázquez Mota cuando fue secretaria de Educación Pública, todo para mantener la cordialidad con la hasta ese momento pujante lideresa sindical Elba Esther Gordillo.
El discurso "modernizador" del Presidente de la República, así como de los partidos que integran el Pacto por México, sólo tendrá credibilidad en la medida en que se combatan los privilegios. Las prerrogativas por encima de la ley perviven en todos los ámbitos: educación, salud, tránsito, impuestos, sindicatos, medios de comunicación y el mercado económico. Una economía sin privilegios significa, un entorno mercantil competitivo y abierto, sin barreras insuperables de entrada. Un sistema de derecho sin privilegios significa medir a todos por igual y que cada quien pague por las consecuencias de sus actos. Una política sin privilegios significa que los funcionarios públicos tengan que obedecer las mismas reglas y leyes que ellos aprobaron. La modernización del país pasa necesariamente por el combate a los privilegios. Una democracia atravesada por privilegios metalegales es una simulación permanente. La destitución de Humberto Benítez Treviño (e incluso el arresto de la "maestra" Gordillo), puede ser simplemente la cabal salud de la que goza nuestro tan mexicano sistema de "justicia selectiva", donde los amigos y aliados viven en la impunidad y los adversarios en la eterna fiscalización o un avance real en términos de combate a la impunidad. La justicia como chantaje y amenaza no fortalece el estado de derecho.
Existe la percepción entre una parte de la sociedad según la cual "el encanto con los privilegios" es parte de la genética mexicana. Es un asunto cultural, dicen algunos. No podemos hacer realmente nada contra ello, la aceptación de las desigualdades y la sumisión ante los privilegios están estampadas en el ADN de los mexicanos. Hay que decir que los privilegios son un asunto de impunidad y falta de transparencia. Los privilegios sobreviven en un entorno de opacidad y carencia informativa. Y si a este contexto, le añadimos que la posibilidad de pagar por lo hecho es realmente baja, tenemos un cóctel de incentivos para la profundización de los excesos y la competencia por los privilegios. El cese de Benítez Treviño es producto de la presión social. El tema no salió de los medios de comunicación, las redes sociales siguieron presionando por decisiones y la ciudadanía no bajó su asombro ante la impunidad. Un entorno de más información y mejor administración de justicia es el mejor antídoto contra una sociedad de privilegios.
Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 19 de mayo de 2013).
El manejo político de los problemas burocráticos tiene sus límites, pero aún así lo que debería privar es el estado de derecho, y dada la situación de corrupción crónica que padecemos, no actuar solamente cuando una acción abusiva se comete o se divulga en los medios, sino ejercer una constante vigilancia de la actuación de los mandos. En esta misma línea de pensamiento ¿se habría despedido al director de la Profeco si el asunto no hubiese llegado a los medios de comunicación?
(V.Razón y Acción del 18 de mayo de 2013).
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reconocieron que en la población de la localidad hay miedo y tensión después de que ese grupo de autodefensa se enfrentó a balazos contra otros civiles armados y quemó 3 aserraderos.
(V.periódico Excélsior en línea del 17 de mayo de 2013).
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 16 de mayo de 2013).
De acuerdo con el edil, el surgimiento de estas agrupaciones ha provocado además que al menos 30% de la población del municipio haya huido.
Valencia Reyes aseguró que tanto la federación como las autoridades del estado están al tanto de las intimidaciones. Pero, dijo, no existe ninguna respuesta.
Declaró que en la demarcación existe una escasez de víveres y gasolina, además de que los comercios permanecen cerrados.
Los integrantes de las guardias comunitarias venden alimentos y combustibles al doble del precio.
El funcionario detalló que él va muy poco al municipio porque está tomado por integrantes de grupos de autodefensa fuertemente armados, a quienes acusó de que "podrían servir a intereses delictivos", e incluso aseguró que hay niños que componen sus filas.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2013).
Desde hace una semana y un día, 5 policías estatales están secuestrados en la normal rural de Cherán, en Michoacán. Junto con ellos están secuestradas varias patrullas y una treintena de camiones de carga, de pasajeros y tráilers.
La carga fue saqueada y algunos de los autobuses fueron secuestrados con todo y pasaje, y las víctimas aseguran que les fueron robadas sus pertenencias.
Para movilizar esos camiones o autobuses, cuando los normalistas deciden hacerlo, roban gasolina y en muchas ocasiones toman las casetas de peaje, donde no le cobran el mismo a los automovilistas, pero les solicitan una "aportación voluntaria" que es difícil de rechazar cuando el carro está rodeado de manifestantes poco dispuestos a tener un no como respuesta.
Para liberar a los policías los dizque estudiantes de Cherán y de otras normales rurales, que hace meses que no funcionan y que tienen un régimen de autogobierno, dicen que les tienen que otorgar 1,200 plazas de maestros para sus "estudiantes", plazas que por supuesto no se otorgan por mérito alguno, sino en automático y para maestros cuyas posiciones son inamovibles.
Es difícil entender por qué se permite este tipo de hechos.
Un secuestro es un secuestro, se escude bajo un reclamo supuestamente político o no.
Un rescate a cambio de un secuestrado es eso: un rescate, se solicite dinero, productos en especie o plazas magisteriales, sobre todo en un estado donde existe el mayor número de aviadores magisteriales de todo el país, junto con Guerrero y Oaxaca.
Las autoridades no pueden permitir que existan policías secuestrados y simplemente ponerse a negociar con los secuestradores, apelando a su buena voluntad para que liberen a sus víctimas.
¿Se llegará a comprender la magnitud del daño que se ocasiona a la gobernabilidad y a la legitimidad de las instituciones?
Porque el ejemplo cunde cuando simplemente no pasa nada: con banderas políticas se puede secuestrar sin costos.
Las policías locales ya no quieren intervenir en este tipo de casos y en esas zonas porque simplemente el Estado no los defiende.
Hay cosas que no pueden ser ni negociables ni admisibles. Y ambas, lo inadmisible y lo innegociable se dan hoy en Michoacán.
No demasiado lejos de donde están secuestrados los policías, los autobuses, los camiones, está secuestrada toda una comunidad, la del municipio de Buenavista Tomatlán y, sobre todo, las del poblado conocido como La Ruana.
Allí están enfrentados guardias de autodefensa que supuestamente están relacionados con unos grupos del crimen organizado, en lucha con sus rivales en la zona, también del crimen organizado.
La gente no puede salir de sus casas, no llegan los alimentos, sus cosechas se están perdiendo porque no pueden sacarla de la zona ni comercializarla, no hay gasolina, dos empacadoras de aguacates han sido incendiadas porque no pagaron derecho de piso, el hermano del alcalde ha sido asesinado porque éste no quiere darle a los de las autodefensas las armas de la policía municipal.
Vamos, hasta Servando Gómez, "La Tuta", jefe de los Caballeros Templarios, entró en el debate sobre lo que ocurre en la zona vía video, dando órdenes a los suyos.
Pero no pasa nada: ¿tan difícil debe ser rescatar a una comunidad, para que pueda vivir en paz, o simplemente comer, y no entre los fuegos de 2 grupos criminales?
Algo está muy mal en Michoacán y está mal desde la propia cabeza de las instituciones.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2013).
De acuerdo con un diagnóstico realizado por esta dependencia de la Fiscalía General, sobre el periodo comprendido del año 2006 hasta el 8 de mayo pasado, el rezago en materia de aprehensiones no cumplimentadas es de 13,125, más otras 4,248 órdenes de reaprehensión de individuos que, habiendo sido consignados antes, se fugaron mientras se desahogaba su juicio.
El rezago de la Fiscalía se encuentra en su mayor parte en el interior del estado, esto es, de cada 10 de estos mandamientos judiciales pendientes de ejecutar, 6 tienen que ver con individuos acusados de delinquir fuera de la metrópoli (10,298), el resto lo habría hecho en la urbe.
A la carga laboral creciente con la incidencia delictiva y la reducida plantilla de policías ministeriales, se suma la limitada capacidad de investigación de la Fiscalía, gran dependiente de que la captura se haga en el momento mismo del ilícito o por medio de la confesión, según advierte el especialista Guillermo Zepeda Lecuona.
"Si un delito no se resuelve en las primeras 7 u 8 horas que se cometió y se captura a la persona, la probabilidad de que llegue a ser investigado, esclarecido y, luego, capturado el responsable, ya es muy baja".
De los individuos que llegan a ser enjuiciados penalmente en Jalisco, cerca de 90% fueron detenidos en flagrancia o muy poco tiempo después de cometido el ilícito, mientras que sólo 10% llega por la cumplimentación de una orden de aprehensión.
El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, en un estudio de 2012, ubicó a Jalisco en el lugar 23 de entre todas las entidades federativas por su bajo nivel de eficiencia en la cumplimentación de órdenes de aprehensión, con un 22.86%, donde el número uno, Colima, era el mejor calificado, con 75.74%, seguido por el Distrito Federal (74.73%) e Hidalgo (59.21%).
Dice la organización: "Este indicador permite valorar el grado de impunidad de las investigaciones que han sido resueltas dado que, aunque existe un probable responsable, éste continúa en libertad por falta de cumplimiento de una orden de aprehensión".
El año 2007 terminaba con 1,312 órdenes de aprehensión y reaprehensión sin concretar, sólo en 2012 se generarían 3,254 no ejecutadas.
Dice al respecto el especialista en el sistema de justicia penal mexicano, Guillermo Zepeda Lecuona: "Es lamentable que cuando hay una ejecución, la autoridad, para transmitirnos algo de alivio, dice -tenía 5 ingresos a la penal y tenía 3 órdenes de aprehensión en su contra esta persona-, lo que nunca nos explica es por qué los sicarios lo ubicaron en 24 horas, y ellos tenían 3 años o más con la orden de aprehensión (sin ejecutar)".
El pasado 2 de mayo, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, prometió más efectividad en este sentido: "Muchas de las órdenes de aprehensión que se tenían ya giradas estaban archivadas".
El gran rezago existente en la cumplimentación de las órdenes de aprehensión en Jalisco es atribuido principalmente por la Fiscalía Central a sus limitaciones en personal operativo, es decir, a la reducida cantidad de policías investigadores con los que cuenta.
En los municipios metropolitanos únicamente hay 40 policías investigadores dedicados a la cumplimentación de las órdenes de aprehensión, más otros 50 para todo el interior del estado: 90 en total.
Si en la metrópoli hay 7,075 órdenes de aprehensión y reaprehensión no ejecutadas, esto significa que cada uno de los policías investigadores en la urbe tendría que indagar para dar con el paradero de 176 individuos (más lo que se acumule); en el interior del estado, cada elemento deberá rastrear a 205 presuntos responsables.
(V.primera plana y pág.1-B del periódico El Informador del 13 de mayo de 2013).
Los casos del general Tomás Ángeles Dauahare y Noé Mandujano son escandalosos, pero no los únicos: durante el sexenio de Calderón se detuvo a medio millón de personas y de éstas, 450,000 quedaron en libertad luego de que un juez determinó que el Ministerio Público simplemente no logró integrar el expediente en forma correcta (según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito); tan simple como que faltaron elementos para probar la responsabilidad del indiciado. Probablemente muchos, por no decir la mayoría, eran culpables, pero las procuradurías no pudieron demostrarlo.
Según datos de la ahora Fiscalía Central del Estado hay 17,373 personas a las que un juez acreditó su probable responsabilidad en un ilícito y que no han podido ser capturados. Entonces la estadística señala que en Jalisco se han girado en poco más de 6 años 17,000 órdenes de aprehensión que no se han podido cumplimentar por falta de personal y, evidentemente, falta de capacidad. Miles de presuntos culpables caminando por las calles.
Ahora, un par de diagnósticos: un investigador de la UNAM y consultor de la ONU de nombre Raúl Benítez Manaut, dice que el problema en nuestro país es que el sistema de justicia no sólo es "inquisitivo" sino que data de la época de Porfirio Díaz; y el especialista del ITESO, Guillermo Zepeda Lecuona, dice que "no hay suficiente investigación criminal en México; dependemos mucho de sorprenderlos con las manos en la masa, que obviamente es el porcentaje menos capaz de los delincuentes".
Y para el remate la frase del entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien a propósito de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, en mayo de 2007, reconoció que "en México aún no tenemos las instituciones policiacas que se merecen los mexicanos" y que en materia de justicia se viven procesos lentos y oscuros y hay falta de recursos, por lo que resultaba impostergable renovar el sistema de procuración de justicia.
Tenemos entonces un número importante de delitos que no se denuncian por desconfianza de los ciudadanos y/o lo engorroso y hasta riesgoso de emprender el laberinto para que los policías y Ministerios Públicos hagan lo que supuestamente tienen que hacer. Y luego tenemos que los delitos denunciados caen en otro laberinto, el de la corrupción y/o ineptitud de las instancias obligadas por ley a perseguir y castigar el ilícito. Y para cerrar la pinza de lo que es la justicia en México, tenemos la incapacidad para cumplimentar las órdenes de aprehensión simplemente porque la visión "inquisitoria", eso de que "para qué investigar, si con 2 cachetadas sueltan la sopa", se mantiene tal cual desde antes de la Revolución.
La nuestra es una procuración de justicia pirata, una mala copia de lo que debería ser y persiste gracias a la retórica de funcionarios (como en su momento lo fue Medina Mora), que nunca pasan de reconocer lo evidente, pero sin atacar los problemas estructurales y de concepción misma de lo que debe ser la justicia. Así las cosas, a seguir navegando en el país de la impunidad, quién sabe por cuántos años más.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de mayo de 2013).
El arraigo fue introducido a la carta magna con la reforma del 18 de junio de 2008, la misma que creó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral que debe estar operando plenamente en 2016 (y respecto al cual Jalisco está muy atrasado). "Fue el resultado de una transacción: el entonces gobierno dijo: ¿Quieren juicios orales? Damos juicios orales pero a cambio tengo todo este arsenal de instrumentos, entre ellos, el arraigo", recordó el especialista Guillermo Zepeda Lecuona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Antes de esa fecha ya existía una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaraba la inconstitucionalidad de la medida, un criterio que tuvo que ser cambiado.
Si los argumentos garantistas en contra del arraigo no son suficientes, dice Zepeda Lecuona, hay que sumar su baja efectividad. El especialista señala que el Ministerio Público federal promedia cerca de 1,600 de estas órdenes concedidas por año, de las cuales termina fincando cargos (consignando) sobre 17%. "Se funda en que hay una sospecha, en que les late a las autoridades, pero no siempre con una evidencia clara".
En el Distrito Federal, de todos los arraigos concedidos de enero de 2008 a mayo de 2010, sólo 20.24% de los mismos terminaron con una sentencia condenatoria (datos recogidos por la diputada federal Aleida Alavez Ruiz).
Por eso el académico del ITESO califica de "lamentable" que siendo éste un tema en el que está de por medio la libertad de las personas, y que requiere un "seguimiento escrupuloso", la Fiscalía Central no elabore estadísticas sólidas para medir estos indicadores de eficiencia en Jalisco.
A la "providencia cautelar" él la llama el "suicidio de la investigación", producto de la falta de investigación criminal con medios científicos por parte de instituciones ministeriales más bien atenidas a las capturas en flagrancia (9 de cada 10 enjuiciados fueron aprehendidos con "las manos en la masa"), o a la confesión del detenido.
"Cuando alguien quiere investigar a la delincuencia organizada le interesa investigar cómo se dan las transacciones, quién reporta a quién, y cuando se arraiga a una persona se inhibe y se desintegra la célula, ya no la ves operar. No por detener a alguien se va a investigar mejor. Es un paliativo burdo, contrario a los derechos humanos y muy ineficaz".
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de mayo de 2013).
A la autoridad le tembló el pulso porque es un sector que tiene enorme capacidad de movilización, (perdón por la redundancia). Ha demostrado que es capaz de bloquear las carreteras con tanta eficacia como si fuera un sindicato de maestros guerrerenses.
Es imposible saber si un reglamento más estricto hubiera podido evitar la tragedia que ayer ocurrió en el kilómetro 14 de la México-Pachuca. Estadísticamente es seguro que una parte de los accidentes se podrían evitar con reglas menos blandas. En un plato de la balanza tenemos los costos económicos de una reglamentación muy dura. En el otro, el costo en vidas de un reglamento laxo. Hasta ahora ha predominado la indecisión y la ambigüedad. Mientras tanto tenemos 1.6 accidentes por día y cientos de muertos por año.
Luis Miguel González
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de mayo de 2013).
Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 10 de mayo de 2013).
Por otra parte, integrantes de las policías comunitarias desarmaron a 18 elementos de Seguridad Pública de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec (La Montaña y Costa Chica), y aseguraron 18 fusiles AR-15 y 3 pistolas calibre 9 mm, y los despojaron de sus equipos de comunicación.
(V.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 10 de mayo de 2013).
Alberto Martínez Vara
(v.blog del 9 de mayo de 2013).
Es fácil pedir desde los medios de comunicación que se haga cumplir el estado de derecho, pero ¿por qué a los responsables de decidir tal curso de acción les parece mejor idea no hacerlo? No sólo en la UNAM, sino en Chilpancingo o en las calles de la Ciudad de México la autoridad suele permitir que una minoría violenta destruya inmuebles o afecte a terceros.
La lógica para no actuar parece contundente. Desalojar por la vía de la fuerza implica un enorme costo político e incertidumbre para quien toma la decisión. Si se hiciera bien, habría aplausos por algunos días, pero siempre está el riesgo de que algo salga mal. Un herido o peor aún una muerte puede transformar un problema acotado en una pesadilla que lleve incluso a perder el puesto, lo más sagrado para casi cualquier funcionario.
No actuar tiene consecuencias negativas para la institución afectada. Al ser tan barato ponerse una capucha y dedicarse a destruir, más de uno realizará actos similares en el futuro. Sin embargo, es un costo que se suele pagar a plazos, y una buena parte de éste lo pagará el sucesor.
Si ésta es la lógica dominante, ¿por qué no está el mundo lleno de encapuchados violentos? Porque en los países donde hay estado de derecho sería inaceptable tolerar ser rehén de un pequeño grupo de vándalos. La presión social para actuar sería enorme, empezando por la propia comunidad afectada que le exigiría a la autoridad proteger a la institución.
Es revelador del espíritu puma que una comunidad tan politizada y activa como la de la UNAM no ofrezca una resistencia efectiva frente a la violencia de una minoría. Sus más de 330,000 estudiantes y más de 37,000 profesores nada hicieron para evitar que los vándalos dictaran sus términos. Recolectaron más de 100,000 firmas y hubo algunas cartas de personajes notables, pero nadie fue más allá de la prosa. Nadie utilizó el instrumento por excelencia de los universitarios, la marcha, para demandar la liberación de la UNAM. Se podía hacer sin confrontar a los encapuchados directamente en la Rectoría. La UNAM es bastante grande como para poder organizar la marcha en otro lado.
Quizás en el fondo la comunidad universitaria no comparte la idea de que el estado de derecho implica sancionar a quien toma violentamente un edificio. ¿Prevalecerá el miedo de que la defensa del estado de derecho vaya a ser utilizada en algún plantón en otro lado? ¿Creerán que se pierde menos autonomía aceptando a los encapuchados en su campus que a las fuerzas policiacas para desalojarlos?
Tampoco quien paga impuestos tiene internalizado el principio de que la obligación del rector es cuidar el patrimonio de la UNAM, el cual es de todos los mexicanos. Por ejemplo, desde septiembre del 2000 el auditorio Justo Sierra está tomado por un grupito de rebeldes que lo usa como hotel de paso, comedero de fritangas y venta de sustancias ilegales. Esta aberrante ilegalidad ha sido aceptada por la autoridad universitaria. Esto sería intolerable en Cuba o en Estados Unidos, por citar 2 países polares, pero en México no produce mayor enojo de la sociedad y ésta no ejerce presión para desalojarlos. ¿Para qué pagar el costo de actuar si nadie lo reclama y es más fácil ir por la vida dando discursos?
Los encapuchados liberaron la Rectoría con la oferta de parte de las autoridades universitarias de negociar este jueves 9 de mayo. No queda claro qué quieren o pueden negociar, salvo que se les levanten las actas penales correspondientes por haber destruido el patrimonio universitario y robado desde artículos personales de quienes ahí laboran, aparentemente incluidos los del rector, hasta documentos importantes. Sería un error hacerlo. La autoridad deberá ratificar todas las órdenes de aprehensión correspondientes y empezar a recuperar los espacios tomados por vándalos en el resto de la universidad. Sólo así la UNAM podrá ser, en los hechos, el referente que el país requiere y no un lugar donde se declama sobre los bienes y males del país.
Carlos Elizondo Mayer-Sierra
(v.periódico Mural en línea del 9 de mayo de 2013).
Al participar en el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el ex director de la Policía Nacional de Colombia advirtió que un Estado que no asegure el monopolio de la aplicación de justicia y el legítimo uso de la fuerza, da origen a un "paraestado".
"Lo voy a decir con mucho respeto, espero la comprensión de los ciudadanos en México: cuando a una autodefensa se le empieza a llamar policía se produce una distorsión que realmente, lejos de invocar el deber ser, destruye el deber ser y es imaginario".
"Lo primero que habría que hacer para no incurrir en fallas y equivocaciones al debido proceso, es que el Estado se asegure que es el único que aplica justicia y ejerce el monopolio de la fuerza".
Naranjo aseguró que la militarización de las policías hace mucho daño.
Si algo necesitan las corporaciones, sostuvo, es conducción política y liderazgo civil.
"Cuando uno revisa lo que está sucediendo en América Latina, encuentra que ante un pasivo de profesionalismo de las policías, hemos incurrido en varios países en una especie de militarización de las policías, y eso realmente produce mucho daño, porque un policía ni es un civil ni es un militar".
"Es fundamentalmente un policía que obedece al mandato político del gobernante en un estado de derecho, y por lo tanto, una manera de asegurar que haya menos equívocos a la hora de participar del proceso penal y no violentar el debido proceso tiene que ver con esos 2 liderazgos", señaló.
(V.pág.9 del periódico Mural del 9 de mayo de 2013).
Martí señaló que el reto de garantizar derechos de primera generación es mayor y se intensifica si se consideran los alcances de la nueva Ley de Amparo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a toda autoridad a apegarse a la convencionalidad y a la constitución en materia de derechos humanos.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2013).
Los usos y costumbres sirven para preservar la identidad, pero también son la excusa de las instituciones mexicanas para violentar derechos individuales, explica Eufrosina. En 2010, consiguió apoyo para ser diputada local y se convirtió en la primera mujer indígena del Congreso de Oaxaca.
Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2013).
Alejandro Pérez utiliza un forro en las placas de su automóvil y, aunque encuentra la ventaja general de que se pierde la visibilidad del número, la utilidad mayor que él le encuentra es la posibilidad de evitar que las cámaras de fotomultas lo registren cuando maneja a exceso de velocidad, aunque esto no es posible, según la Secretaría de Movilidad.
Para Luis Rentería, quien por estética decidió ponerle una mica a sus placas, este aditamento no funciona, pues aún así le llegó una fotomulta a su domicilio.
Incluso, la Secretaría de Movilidad utilizó Twitter para informar, como respuesta a los usuarios que comentaron sus inquietudes sobre estas micas, que se sanciona cualquier tipo de alteración a las placas de los vehículos. "No está permitido y se les aplica una multa sustentada en el artículo 163, fracción II, de la Ley de Vialidad".
Una alternativa para combatir el uso de las micas que alteran la visibilidad de las placas de vehículos es elevar la sanción monetaria al tipificar específicamente ese delito, comenta Diego Monraz, quien el sexenio pasado fungió como titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad.
El abogado y profesor de la Universidad de Guadalajara Antonio de Jesús Mendoza Mejía, opina que las autoridades han sido omisas en sancionar el uso de estos aditamentos, y que el problema seguirá mientras las autoridades dimensionan el riesgo vial y de seguridad que conlleva.
No hay multa por sólo comprar el objeto, sino por utilizarlo para violar los reglamentos.
Sobre la efectividad de los protectores, indica que el conflicto no es si funcionan o no, sino que se circule por la ciudad con un accesorio que cubre las placas, pues ahí está la falta a la ley.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 8 de mayo de 2013).
La semana pasada el líder del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, "La Tuta", denunció en un video que hay grupos en Michoacán que se denominan de autodefensa, pero que en realidad son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación que portan armas de grueso calibre.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 7 de mayo de 2013).
Sin duda, el 1o. y más importante es retomar el control en territorios como Guerrero y Michoacán que están viviendo situaciones sumamente difíciles y marcadas además por la impunidad.
En Guerrero, el jueves se dio un 1er. paso deteniendo a 4 de los 39 activistas de la CETEG que contaban con orden de aprehensión y que eran acusados de los numerosos actos vandálicos... y se dieron varios pasos atrás al liberarlos apenas 12 horas después, sin ninguna explicación.
En Oaxaca, todos los detenidos por los actos vandálicos del miércoles fueron puestos un día después en libertad.
Y los 14 "estudiantes" que tomaron la Rectoría se fueron tranquilamente luego de saquear las oficinas, incluyendo la del rector y la caja fuerte de la Secretaría de Finanzas, a golpear policías en la marcha del primero de mayo.
Pero todavía falta mucho por ver y hoy mismo se esperan fuertes movilizaciones de la Coordinadora que tendrán que tener una respuesta de las autoridades.
En Michoacán los secuestros de camiones de carga y de pasajeros, los bloqueos, las agresiones son una constante que no ha tenido respuesta de ninguna autoridad.
Y a eso se suma la violencia en Tierra Caliente. ¿Ahora que se fue Obama habrá alguna respuesta?
Además, la tentación de la imitación en varios otros estados está latente.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).
En el editorial del periódico Desde la Fe, la Arquidiócesis alertó sobre el riesgo que pueden generar estos grupos en el país en cuanto a la seguridad y afectación de vías de comunicación.
La publicación subrayó que la prudencia, la mesura y el diálogo "siempre serán encomiables, pero estas actitudes no pueden ponerse en práctica con quien delinque".
"La ley fue hecha para aplicarse, no para negociarse a costa de los derechos de miles de ciudadanos que ven afectada su vida diaria, su seguridad y su patrimonio por la falta, precisamente, de la aplicación de la ley".
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).
"No podemos aceptar ni permitir que la impunidad sea el común denominador en los conflictos que se viven en México porque ello representa un retroceso de una sociedad que busca avanzar en desarrollo y democracia".
Las autoridades del país no pueden convertirse en rehenes de grupos que delinquen y que, cobijados por la libertad de manifestación, incurren en delitos de diversa índole en donde se afecta a cientos o miles de personas.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).
Bueno, pues resulta que en el municipio morelense de Puente de Ixtla los jóvenes de secundaria y preparatoria, en un porcentaje significativo, responden a sus profesores cuando les preguntan sobre lo que quieren ser de grandes, que sicarios, narcotraficantes, según lo reconoció el alcalde, Julio Espín Navarrete, quien caracteriza el fenómeno como preocupante.
Entonces lo que se necesita para que los jóvenes se expresen en tales términos es, en 1er. lugar, un contexto con opciones de desarrollo muy limitadas, con cierto grado de miseria, de la económica, pero también de la moral, esa que se alimenta del dejar pasar, dejar hacer y, por supuesto, el reiterado mensaje de las autoridades, de los 3 órdenes de gobierno, de que el incumplir con las reglas, el navegar en los excesos e incluso la comisión flagrante de algún delito como la toma de rectoría de la UNAM, el bloqueo de carreteras, el vandalismo, no tiene consecuencias.
En un país en el que más de 95% de los delitos denunciados quedan impunes, en el que hacer trampa y engrasar cotidianamente la obesa maquinaria de la corrupción dibuja a la perfección el día a día de cualquier ciudadano y en el que, además y gracias a la exposición mediática, se registran hechos flagrantes constitutivos de delitos y simplemente no pasa nada, la tentación de caminar con cierta garantía de éxito por el sendero de la ilegalidad, es grande, demasiado grande.
En el editorial del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, se critica ayer al Estado y se asegura que "todos los días escuchamos declaraciones en el sentido de que ya vivimos en paz, que la violencia va desapareciendo, y que todo está bajo control, pero lo cierto es que las declaraciones no cambian la realidad". Y en su parte medular consigna que "hoy se habla en todos lados de un Estado de Derecho fuerte, donde nadie está por encima de la ley, pero sólo nos encontramos con signos aislados de acciones efectistas, más que eficaces".
El semanario remata con un contundente: "cómo podemos hablar de un Estado de Derecho cuando los más variados grupos de la sociedad alteran el orden público, afectando a millones de ciudadanos en sus derechos básicos al cerrar vías primarias de comunicación, al destruir edificios y bienes públicos, o al secuestrar la producción agrícola de gente que nada tiene que ver con el crimen organizado. Ante estas situaciones, los ciudadanos vemos con frustración la falta de decisión con la que actúan las fuerzas públicas, muchas veces dejando en libertad a los causantes de tales acciones ilícitas y vandálicas".
Bueno, pues eso es justo lo que se necesita para que jóvenes consideren el camino de la delincuencia en una de sus formas más brutales y sanguinarias, la de ser sicario, como un "anhelo" para superar su condición actual y llegar a ser "bien pesado". Un Estado permisivo, un sistema de procuración de justicia ineficiente, una clase política que se agota en la simulación y un contexto social que, por acción u omisión permite todo lo anterior.
La experiencia que refiere el alcalde de Puente de Ixtla no es única ni extraordinaria y es en el fondo la impronta que deja en los hechos la corrupción, contubernio y/o ineptitud de todos los responsables de que el Estado de Derecho no quede en mero recurso retórico.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).
El programa se basa nada menos que en la buena fe del testigo que, por lo general involucrado en el delito, puede aminorar la pena delatando a sus cómplices. Pero también se basa en la todavía más buena fe de la autoridad que ha de creer con total certeza, anotar minuciosamente, y proceder de inmediato contra cuanta persona sea delatada. Que el testigo protegido aproveche el aventón para vengarse de culpables y de inocentes es algo que, al parecer, no fue suficientemente considerado.
¿Y en qué radica la "protección"? en condiciones abominables que en la historia humana han generado infinidad de atropellos e injusticias: en primer lugar en el anonimato, que confiere al delator toda suerte de garantías lo mismo para denunciar al que sí está implicado que sobre todo al que no. Le sigue la posibilidad de afirmar sin tener que demostrar, o demostrar orquestando escenarios, sobornando testigos, montando trampas, o hasta haciendo fotomontajes de los que hemos conocido ya tantos, sabedor el delator de que las pruebas que aporte jamás serán mostrados a las personas inculpadas. Y como un ciego está guiando a otro se sigue que ambos se asocien para cometer injusticias.
En tiempos de las monarquías absolutas que fueron también los tiempos aciagos de la inquisición, este programa ya existía, innumerables personas fueron entonces acusadas, juzgadas y ejecutadas sin haber jamás sabido el origen de su acusación, ni mucho menos conocer los nombres de los acusadores, ya que éstos o eran "testigos protegidos", o "cómodamente" anónimos, por lo que ni la Corona ni el "santo" Tribunal sabían quién había sido el delator, interesados como estaban los inquisidores, morbosamente, en perseguir al delincuente, o al antipático, o al oponente o al competidor, con el pretexto que fuera. El aislamiento y la tortura hacían el resto, la misma familia del reo quedaba infamada por tres generaciones, y por supuesto, los bienes del inculpado eran confiscados. Que los monarcas llamaran a eso justicia no sorprende, porque el pretendido y amañado supuesto origen divino de su autoridad todo lo justificaba, pero ¿puede el programa de testigos protegidos del presente ampararse en la legalidad constitucional?
En cuanto a la denuncia anónima, sería viable si va seguida de una honesta, profesional y acuciosa averiguación, sin la cual de ninguna manera se podría proceder; pero que un testigo conocido por la autoridad tenga el privilegio de acusar sin ser careado con su acusado es inadmisible, significa una regresión jurídica de 200 años, y un atropello contra la dignidad humana avalado por la propia autoridad.
Por supuesto, a ninguna institución, ni pública ni privada, secular o religiosa, se le debe permitir el ejercicio de esta forma criminal de "justicia", pues sería tanto como admitir que dentro de un estado de derecho puedan existir otros "poderes" que pisotean el derecho y por ese ilegal camino destruyan las vidas y los bienes de sus víctimas. ¿Y qué hacer con los falsos testigos?, bueno, 800 años antes de Moisés, el código de Hamurabi ya penaba el falso testimonio con la misma pena que hubiese recibido el falsamente acusado, en México andamos algo retrasados.
Armando González Escoto
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 5 de mayo de 2013).
En conferencia de prensa, los maestros liberados, Cesáreo Rosendo Feliciano, José Lucas Juárez Tlatempa, Genaro Guevara Hernández y Mauro Lázaro García, afirmaron que fueron tratados con respeto y que en ningún momento fueron violentados físicamente.
Genaro Guevara Hernández, uno de los docentes liberados, informó que gracias a la movilización del resto de sus compañeros, se logró su libertad, pero indicó que su movimiento continuará hasta lograr resultados favorables.
Por su parte, el alcalde Mario Moreno, dijo que el municipio presentó denuncias penales contra maestros de la CETEG y que está dispuesto a retirarlas, si ello resuelve el conflicto.
En las últimas movilizaciones en Chilpancingo fueron dañadas instalaciones de oficinas gubernamentales, entre ellas las del Ayuntamiento de este municipio. Mario Moreno señaló que se tienen bien identificados a los responsables de estos desmanes.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 4 de mayo de 2013).
No nos debe preocupar que alguien se inconforme con la reforma educativa o con la mesa que le asignan, lo que nos debe preocupar es que una manifestación de ideas nos impida transitar o que un berrinche sea suficiente para clausurar un lugar.
Como la Comisión de Derechos Humanos no sanciona y sólo emite recomendaciones, debería haber una Procuraduría especial para denunciar Funcionarios Prepotentes y Abusivos (Profupa), y ahí sí pondría al frente al papá más influyente de todos los ciudadanos, para que a la primera queja nuestra les quiten sus prebendas y les clausuren su dependencia.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 2 de mayo de 2013).
Se analizó en el congreso la figura del arraigo. El lunes, en un foro sobre derechos humanos, representantes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional México, insistieron en la eliminación de esa figura que identifican como un sinónimo de violación de los derechos humanos. En distintos ámbitos se opina lo mismo, al igual que se insiste en la desaparición de los llamados testigos protegidos o colaboradores, sobre todo después de los sonados fracasos que ha habido en casos muy importantes. Es políticamente correcto plantearlo, pero sería un error perder esas 2 opciones sobre todo en la lucha contra la delincuencia organizada: en todos los países que han tenido que enfrentar este tipo de desafíos se han tenido que utilizar figuras similares. El problema es cómo se utilizan, qué regulación tienen, quién las controla. El arraigo no puede prolongarse durante meses, debe ser una medida coyuntural que se puede y debe aplicar en casos muy específicos, fuera de la discrecionalidad de alguna autoridad. Las reformas en el congreso parecen encaminadas en ese sentido.
Los testigos protegidos son útiles, pero lo son cuando sus dichos se pueden confrontar con pruebas: sin pruebas que les den sustento, las declaraciones de los testigos protegidos no deberían servir como base para una acusación penal. Pueden ser útiles para la investigación en sí, para obtener esas pruebas, pero la declaración de un delincuente que busca beneficios a partir de sus acusaciones no puede convertirse, por sí sola, en un elemento probatorio de un presunto delito. Es otra figura que se debe regular, que debe tener límites mucho más estrictos y una utilización más clara y definida.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de mayo de 2013).
Porque los paristas cobran rigurosamente su salario, pero si algún maestro de la Coordinadora no acude al pase de lista en el campamento o si decide trabajar, dar clases, su salario le es descontado por el propio sindicato disidente. En otras palabras: para cobrar su sueldo los maestros deben estar en paro y participar del movimiento. Si dan clases, no cobran o son transferidos a plazas remotas. Por cierto, el PRD y Movimiento Ciudadano decidieron no presentar denuncia contra los manifestantes que destrozaron e incendiaron sus sedes partidarias en Chilpancingo. Es algo así como la mujer golpeada que no denuncia a su marido porque siente que se merecía la golpiza.
Los de la CETEG se fueron algunos días a su casa, pero el bloqueo, el mismo viernes, lo realizaron los de la normal de Ayotzinapa, que secuestraron autobuses, ocuparon la Autopista del Sol y reclamaron "justicia" para 2 compañeros muertos en el desalojo de diciembre pasado. Obviamente ignoraron el hecho de que ellos mismos provocaron la muerte de un trabajador de una gasolinera que los manifestantes incendiaron ese mismo día. Al trabajador muerto, que obviamente no militaba en ningún grupo, nadie ha intentado hacerle justicia, ni la reclama. Pero los jóvenes de Ayotzinapa no se limitaron a bloquear la autopista y secuestrar camiones, también destrozaron los cristales de otros, con pasajeros dentro. Además, atacaron los camiones de la propia Policía Federal. Nadie los molestó.
En Morelia, también el viernes, otro grupo de normalistas y maestros de las Coordinadora decidieron secuestrar siete tráileres con carga y conductores, llevarlos al centro de la ciudad, estacionarlos frente al Palacio de Gobierno y allí desvencijarlos y repartir la mercancía (una parte importante de la misma se cargó en camionetas de los manifestantes que partieron con rumbo desconocido). Todo ocurrió a pleno día. Dijeron que habían realizado esos actos para pedir "una cita" con el gobernador interino Jesús Reyna. No sabemos si les dieron "la cita", pero lo cierto es que nadie los molestó en absoluto.
La torre de rectoría en Ciudad Universitaria en el DF continúa tomada por un puñado de jóvenes que en su mayoría ni siquiera son estudiantes de la UNAM. Muchos vienen de la Universidad de la Ciudad de México, que tuvieron ocupada durante semanas. La rectoría ha ratificado la denuncia por la ocupación, pero pasan los días y nada sucede. Leyeron una declaración diciendo que al amenazarlos con el desalojo se están "afectando sus libertades" (¿cuál es la libertad de secuestrar una institución?) y que eso los "daña psicológicamente". El último punto es incontrovertible: están dañados.
Esta suma de relatos ocurridos en menos de 12 horas de un viernes, sirve sólo para confirmar la magnitud que alcanza la impunidad. No importa que existan órdenes de aprehensión, que sean evidentes los actos de vandalismo, que se secuestren autobuses o camiones de carga, que se tomen oficinas públicas. No pasa nada. Nadie es responsable, nadie es castigado, nadie asume, tampoco, su responsabilidad. Los únicos que pagan las consecuencias son los ciudadanos que ven cómo se deteriora su vida, cómo son asaltados sus negocios, cómo se acaba con el turismo, el comercio, la tranquilidad. Y cómo sus niños hace tiempo que no gozan del derecho a la educación y ellos el de vivir en paz. La pregunta es hasta cuándo. Por lo pronto, cada uno de los 3 órdenes de gobierno asegura que el problema no es de ellos sino de los otros, al mismo tiempo que todos declaran que se hará cumplir escrupulosamente con una ley que nadie respeta.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de abril de 2013).
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).
De acuerdo con medios locales, los jóvenes llegaron en vehículos que supuestamente robaron en las inmediaciones de la carretera Morelia-Pátzcuaro exigiendo la derogación de la Reforma Educativa.
Un vocero normalista declaró que estos manifestantes tienen aún en su poder 10 autobuses y 3 tráilers con lo que generaron caos vial sobre las avenidas Camelinas y Enrique Ramírez.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).
Además, en diferentes estados causaron problemas a la comunidad mexicana, como el caos vehicular por la marcha del "Frente de Organizaciones en Defensa de la Educación Pública" desde el Ángel de la Independencia hasta Los Pinos. A pesar de todos esos actos de evidente vandalismo y delincuencia, los líderes aceptando cínicamente sus hechos, exigen impunidad, pidiendo que no se aplique la ley, que cancelen las órdenes de aprehensión que por cierto no se han ejecutado, según las noticias son alrededor de 40 y amenazan que si no se cancelan las órdenes de aprehensión habrá más agresiones y confrontaciones.
Por otro lado, es vergonzoso e indignante que un puñado de delincuentes encapuchados que no tienen nada que ver con la UNAM hayan tomado la Rectoría, lo que pone en duda además de ratificar sus hechos delictivos, que no son maestros ni estudiantes. Los mismos alumnos de la Universidad Autónoma de México se manifestaron expresando que están totalmente en contra de las acciones que realizan los encapuchados que ocupan la Rectoría.
Todo esto origina una incógnita ya que aparentemente lo que piden estos "dizque" maestros del CETEG, que además apedrearon la sede del SNTE, es que no haya exámenes de calidad a los maestros para ratificar su capacidad de enseñar y que se puedan heredar los puestos; esas dos variantes pequeñas, pero con grandes consecuencias positivas para garantizar y mejorar la calidad de la educación, cualquier persona pensante lo apoyaría.
La incógnita es: ¿qué es lo que realmente quieren estos vándalos?, ¿quién los está manipulando?, causando en algunos lugares del país situaciones de ingobernabilidad y caos; éstos quieren conservar el derecho de heredar o vender sus puestos, apoyando que cualquiera que solicite ser titular de la enseñanza sin demostrar su capacidad lo haga y, al mismo tiempo, amenazan diciendo que la policía comunitaria está lista a entrar en acción si es "necesario".
Todo el pueblo de México espera y exige que se aplique la ley en contra de la delincuencia, del vandalismo y la impunidad. Eso tiene que ser de una manera sensata, pero también de acuerdo con la reacción de los vándalos y la necesidad de ratificar y consolidar el estado de derecho.
José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).
Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).
Juárez Ocampo, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por los desmanes contra las sedes de partidos políticos del miércoles, además negó que estén vinculados con grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, como lo sugirieron, en días anteriores, los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre, y el de Morelos, Graco Ramírez.
Estudiantes normalistas secuestraron 7 vehículos repartidores propiedad de diferentes empresas y tras manifestarse afuera de Palacio de Gobierno de Michoacán los saquearon, regalando la mercancía entre los ciudadanos que caminaban por el lugar. Las unidades fueron interceptadas en diferentes puntos de Morelia por los estudiantes y trasladadas con todo y choferes al centro de la capital michoacana. Ahí fueron estacionadas frente a Palacio de Gobierno y condicionaron su liberación a la entrega de un pliego petitorio y la realización de una reunión con el gobernador interino, Jesús Reyna. Tras varias horas de negociación, finalmente los estudiantes accedieron a la liberación de las unidades.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de abril de 2013).
La organización argumentó que el instrumento no se adecuaría a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el congreso de México debería directamente eliminar esta práctica.
"El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Señaló que la figura del arraigo ofrece a los agentes del Ministerio Público un "incentivo perverso" para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva.
"La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales... es eliminar el arraigo completamente de la Constitución".
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).
Las hordas enfilaron su furia contra los partidos políticos, cuyos diputados habían rechazado sus exigencias.
Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).
Chilpancingo vivió el bandolerismo el pasado miércoles; su objetivo fueron las instalaciones de los partidos políticos. El gobernador Aguirre anunció que se emitieron órdenes de aprehensión contra Minervino Morán y Gonzalo Juárez, líderes magisteriales acusados de ser autores intelectuales de los actos delictivos. Minervino, convencido de que la impunidad continuará, se muestra desafiante y, más que eso, confeso de los delitos. En entrevista con Carmen Aristegui este jueves, en la pregunta de ¿por qué se llegó a esos niveles extremos de violencia y ataques a instalaciones de partidos?... ¿si lo acontecido fue acordado o se salió de control y si él repudia las acciones delictivas?, el entrevistado afirmó: "Desde luego que nosotros, como dirigencia, las avalamos".
El país debe encaminarse hacia la legalidad. Lo mismo en el desempeño imparcial de las autoridades, la no utilización electoral de los programas gubernamentales o que la inconformidad y la protesta se conduzca por medios legales. La impunidad es una espiral que se reproduce indefinidamente y se contagia. Sus incentivos perversos están en que nada pasa y nada sucede a quienes se apartan de la ley. Para el caso del conflicto en Guerrero se entiende que la prioridad de las autoridades es que regrese el orden y la tranquilidad, como también que en la UNAM los invasores se retiren. Sin embargo, no será suficiente. Se requiere, además de todo eso, que quien la hizo la pague. Que quede claro que incumplir con la ley tiene consecuencias.
Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).
El perredista aseguró que el que no se actuara no es responsabilidad solo de Aguirre, sino del gobierno federal, porque se atacaron vías federales, por lo que pidió que se tomen acciones drásticas contra los líderes, como se hizo con Elba Esther Gordillo.
"No es un tema del gobernador, es parte, pero la decisión debe ser del Estado mexicano, hay que actuar y tomar decisiones drásticas. Hay que detener a los dirigentes que son delincuentes, no son maestros y que respondan del agravio (...) Es un problema del país, o paramos esto o el país va a hundir".
Ante esto, su compañero de partido y senador, Alejandro Encinas, rechazó las declaraciones y se deslindó de los dichos del mandatario local.
Expresó que estas declaraciones están cargadas de "frivolidad y megalomanía", ya que consideró que México no necesita mano dura, "la mano dura es sinónimo de abuso de autoridad y es propio de un lenguaje de prepotencia e impunidad".
(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).
Alrededor de 400 jóvenes secuestraron 14 camiones, incluidas 2 pipas cargadas con 20,000 litros de combustible cada una, con los que bloquearon los principales accesos a la ciudad. También se enfrentaron con policías antimotines y atacaron 2 patrullas.
"El altercado se originó cuando llegamos al lugar porque había reportes de secuestro de autobuses. Hay varios policías lesionados con piedras y sin su equipo táctico", informó Manuel Maceda, subdirector de Tránsito en el estado.
Los bloqueos iniciaron a las 9:30 horas con el cierre de la carretera Morelia-Salamanca, donde los jóvenes -quienes portaban palos- se apoderaron de 2 pipas de Pemex con capacidad de 20,000 litros cada una y amagaron con extraer el combustible.
También interceptaron 8 autobuses de pasajeros e igual cantidad de tráileres, los cuales atravesaron sobre la vialidad.
Hora y media después, a las 11:00 horas, los bloqueos ya se habían extendido a la carretera Morelia-Pátzcuaro y la Avenida Enrique Ramírez, en la zona comercial más importante de Morelia.
"Tenemos miles de automovilistas aquí varados, molestos. Ya están hartos de los actos de vandalismo", señaló el mando de la SSP, cuando trataba de hacer desistir a los paristas.
Sin embargo, Alejandro Valencia, uno de los voceros del movimiento, acusó a las fuerzas policiacas de provocar los disturbios.
Afirmó que previo a los bloqueos, elementos de la SSP estatal interceptaron y retuvieron 2 autobuses donde se transportaban los normalistas.
(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de abril de 2013).
En Guerrero, la molestia del Movimiento Popular Guerrerense por el revés que sufrió el martes su propuesta de Ley Estatal de Educación derivó ayer en ataques a las sedes de los partidos políticos en Chilpancingo, así como a las instalaciones de la Contraloría de la Secretaría de Educación estatal.
(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de abril de 2013).
Ayer a las 11:25 horas, integrantes de la organización iniciaron una manifestación en la que participaron cerca de 300 personas que partieron del Puente Matute Remus hacia las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Durante la marcha bloquearon los carriles laterales de Lázaro Cárdenas en la dirección que va de oriente a poniente, entre San Ignacio y Niño Obrero, durante más de 3 horas.
Una comisión entró a dialogar con el nuevo director general del Centro SCT en Jalisco, Bernardo Gutiérrez, y con quien acordaron reactivar algunas obras viales en caminos rurales para varias comunidades y rancherías de diferentes municipios enclavados en las regiones de la Costa Sur, Costa Norte, Sierra Occidental, Valles y Sur del estado.
El argumento para iniciar la manifestación, según indicó Salvador Mateo Martínez, vocero de Antorcha Campesina, es porque en una reunión sostenida la semana pasada con personal de la delegación, ésta desconoció algunos acuerdos realizados con anterioridad para la construcción de esas obras viales.
(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 25 de abril de 2013).
Lo que sucedió en el Congreso de Guerrero fue el equivalente a un golpe de estado técnico, al haber impedido un grupo radical que legislara. Al atacar, sellar el recinto y amagar con entrar al Pleno, inhibieron a los diputados locales cumplir con su tarea -con la que los manifestantes están en desacuerdo-, que por miedo no se presentaron para votar. Que los manifestantes hayan cerrado las vías de comunicación federal -que parece para estos días algo normal-, y con ello incurrido en delitos federales, parece una afrenta de segundo nivel.
De la misma forma se podría percibir lo que sucedió un día después, el viernes, en Michoacán, donde la toma de carreteras propició que se cortaran las comunicaciones durante 5 horas, paralizaran comercios en decenas de municipios, y cerraran 16 alcaldías y 752 primarias. Al igual que en Guerrero, en Michoacán se vivó la toma del poder por parte de grupos que fueron capaces de frenar durante todo el tiempo que lo desearon con la vida política y económica de un estado, y alterar el comportamiento de la sociedad ante la impotencia de un gobierno que, como con su vecino, recibió un tímido apoyo federal.
La reacción del gobierno federal frente a la toma de carreteras fue el envío de fuerzas para desalojarlas. Con el objetivo de no caer en enfrentamientos, aceptaron en Guerrero que los maestros y los grupos que los apoyaran mantuvieran el control de la principal autopista turística del país, y dejaran sólo un paso limitado. En Michoacán acudieron 4,000 soldados, policías federales y locales ante reportes de presencia de grupos armados en ocho ciudades, y hasta después de unas 10 horas de paralización en el estado, se empezó a recuperar la normalidad.
Esta normalidad es aparente y efímera. Que los maestros y sus bases de apoyo se hayan tomado el fin de semana, no significa que el problema se acabó. El PRD, que ocupa el gobierno estatal, tiene mayoría en el congreso local, e históricamente ha respaldado a los maestros de la Coordinadora que mantiene en vilo al estado, no ha podido negociar con ellos la ley local. La postura del PRD ante cada acto de mayor violencia es dialogar. No ha llegado a ningún lado y los maestros han escalado del chantaje político a actos extremos como la toma del congreso, el jueves.
A los maestros de Guerrero se les han ido sumando otras fuerzas sociales, como sucedió en Michoacán, donde por las mismas razones que en Guerrero, maestros de la Coordinadora también están en rebelión. En Michoacán se les sumaron otros grupos el viernes, algunos como informó el gobierno estatal, vinculados con La Familia Michoacana, el cártel de drogas que renació en el joven gobierno de Enrique Peña Nieto, que en otros tiempos probó capacidad táctica para movilizar a la sociedad ante actos que los afectaran.
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de abril de 2013).
Apoyados por el Movimiento Popular Guerrero, un grupo de 50 jóvenes con los rostros cubiertos ingresaron a las estaciones ABC Radio, Capital Máxima e incluso a la emisora gubernamental Radio y TV de Guerrero.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de abril de 2013).
Arturo Pérez-Reverte
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 21 de abril de 2013).
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 21 de abril de 2013).
Aun eliminando el arraigo y el uso de testigos protegidos, si un presidente y su gabinete están dispuestos a usar la justicia como una arma política, o buscan por cualquier mecanismo tapar la incompetencia de sus funcionarios, como sucedió el sexenio pasado, las injusticias continuarán.
En este caso el problema no son los procedimientos, son los individuos. Si no hubiera habido un nuevo presidente y nuevo gabinete, yo me imagino que en este momento el general Ángeles continuaría en el penal de alta seguridad, y probablemente enfrentando una condena de culpabilidad que implicaría años de prisión.
También habría que cuestionar cuál es la responsabilidad de los jueces ante este tipo de casos. Mantener una posición de imparcialidad, y permitir que individuos pasen meses, sino años en la cárcel, ante lo que parecería un proceso donde había poca o nula prueba, o ya había fuertes indicios de que los testimonios del famoso "Jennifer" no eran de fiarse.
Finalmente, habría que ver cuál es la responsabilidad de la DEA y cuánto sabía de cómo se estaba usando el testimonio de su testigo protegido. Hay una implicación jurídica en todos los procesos que se están llevando a cabo en México, sino en todos los procesos donde haya tenido participación Jennifer en los Estados Unidos. ¿Habría una responsabilidad civil que podría perseguir el general Ángeles en contra de los Estados Unidos de demostrarse que se sabía del uso indebido del testimonio de un testigo protegido?
Más que dar la cara ante la "infamia" que hicieron contra Ángeles, la forma de asegurar que no se siga usando la justicia como arma política o que se abuse de los derechos humanos por incompetencia de sus funcionarios, es importante que haya consecuencias penales y económicas para enviar un mensaje contundente a los funcionarios nacionales e internacionales.
Ana María Salazar
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 21 de abril de 2013).
En un comunicado la máxima casa de estudios repudió la violencia extrema en que incurrió un grupo de personas en sus instalaciones, luego de la marcha que realizaron algunos embozados desde el Parque Hundido a Ciudad Universitaria, la cual interrumpió el tránsito vehicular durante varias horas.
Subrayó que entre los manifestantes figuraban varios de los expulsados del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, cuyos expedientes se encuentran en proceso en el Tribunal Universitario.
A su llegada a la Torre de Rectoría, con diferentes objetos, destruyeron vidrios de la fachada principal y se introdujeron al vestíbulo de ese edificio.
La Universidad Nacional dejó claro que bajo ningún concepto las conductas violentas pueden ser camino por el que se conduzca hacia la solución de una demanda o diferendo.
(V.Notimex del 20 de abril de 2013).
De acuerdo con reportes de medios, transportistas y organizaciones civiles se movilizaron en demanda a una solución real a la inseguridad y en rechazo a la presencia de elementos federales.
"Fue un bloqueo de entre 3 y 4 horas que afectó a 4 de los accesos a la ciudad, que afectó 2 tramos de la autopista que une a Pátzcuaro con Uruapan y también la zona de Cuatro Caminos, en Tierra Caliente. Manifestaciones que no tenían una demanda concreta, sino 5, 6, 7 u 8 demandas", dijo Julio Hernández Granados, vocero del Gobierno de Michoacán.
La tarde de ayer, el Gobierno del Estado reconoció las manifestaciones, que incluyeron bloqueos en las arterias de los principales accesos de la capital y la región de Apatzingán, en demanda de mejores condiciones de seguridad, pero aseguró que sólo buscan generar miedo entre la población.
En al menos 10 municipios de Michoacán fueron desalojadas las oficinas administrativas tras recibir por la mañana llamadas anónimas que amenazaron con realizar ataques.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de abril de 2013).
Sus nuevas agresiones al recinto se añaden a incontables anteriores y a la perpetrada unos días atrás contra las oficinas de los diputados que, así sea por puro miedo, les han venido dando por su lado con la pendejada de impulsar una reforma educativa muerta desde su concepción.
No hay diferencia sustancial entre lo que experimentan muchos notarios que escrituran despojos de casas y terrenos como "venta" con AK-47 apuntándoles a la cabeza y lo vivido ayer por una veintena de legisladores más como 100 trabajadores asediados y virtualmente secuestrados por quienes exigen leyecitas a modo.
En Oaxaca, sus contlapaches de la coordinadora "conquistaron" imponer el sello de su sección 22 a uniformes escolares y ¡a los libros de texto gratuitos!
Armados de garrotes y marrazos, quieren su propia evaluación, seguir mercando plazas y continuar, impunes, maleducando a niños...
Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 19 de abril de 2013).
Mientras que la Policía Federal alistó tropa y equipo para actuar ante un eventual desalojo de la autopista -como los que se registraron el 5 y el 11 de abril-, en el congreso no se solicitó protección extra ni operativos con policías antimotines para vigilar la sesión programada a las 11:00 horas.
A las 10:30 de la mañana, la movilización -que partió del plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Burócratas- reunió a contingentes de las secciones 22 y 9 del magisterio, así como a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Comité YoSoy132, maestros de las regiones Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande y la Montaña, así como alumnos de escuelas normales y padres de familia.
"Vamos a dejar que los diputados hagan su trabajo", explicó el dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez, al iniciar la marcha, acompañado por el vocero de la organización, Minervino Morán, y unos 50 elementos del grupo de avanzada, integrado por maestros de Guerrero que llevaban palos y tubos.
Alrededor de las 11:00 horas, los manifestantes tomaron los carriles Norte-Sur, rumbo a Acapulco, lanzando consignas contra los diputados y el gobierno.
Más de 100 elementos de las policías comunitarias llegaron, a pesar de que el comisario en Acatempa, Pastor Coctecón Plateado, aseguró que recibió amenazas para que no fuera.
Media hora después, la vanguardia inició el bloqueo de los carriles Sur-Norte, con lo que la autopista quedó bloqueada por completo.
Al iniciar el regreso hacia Chilpancingo, la marcha se extendía a lo largo de 3.4 kilómetros por cada sentido de la autopista. A la altura del Centro SCT, a solo medio kilómetro del congreso, los manifestantes empezaron a colocar rocas y palos para evitar que continuara la circulación.
La movilización se mantenía dentro de los carriles de la autopista cuando, de forma sorpresiva, un grupo de la avanzada se desprendió del contingente y corrió hacia el edificio legislativo. Eran las 15:00 horas.
Los primeros en llegar fueron los hombres de la avanzada que portaban palos, tubos, hachas y varillas, mismas que utilizaron para forzar la puerta central, de ahí enfilaron hacia la explanada Benito Juárez, que conduce a la sala de plenos y arremetieron a pedradas contra los cristales, que en pocos minutos quedaron destrozados.
Con las hachas y los tubos arremetieron contra la puerta que permite el acceso a la biblioteca Siervo de la Nación, tras varias acometidas declinaron y se replegaron a petición de sus dirigentes, bajo el argumento de que solamente realizarían un cerco multitudinario en las instalaciones del inmueble.
Algunos profesores portaban resorteras y con ellas lanzaron piedras al interior del inmueble, pese a la presencia de trabajadores y reporteros. Dieron 15:30 de la tarde. La autopista seguía bloqueada.
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 19 de abril de 2013).
El ex subsecretario de la Defensa Nacional fue liberado anoche luego de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificara que no tienen fundamento las acusaciones de testigos protegidos que lo acusaron de proteger a los Beltrán Leyva.
"Les manifiesto que fueron imputaciones dolosas y falsas... Desafortunadamente en cuanto a la procuradora anterior Marisela Morales, pues desafortunadamente no hay buenos comentarios. Lo estamos viendo, lo estoy viviendo yo, lo están sufriendo los compañeros militares y cantidad de internos en este penal y creo que en todos".
"Yo les llamé aberraciones jurídicas a los testigos protegidos y al arraigo, se está llevando o se estaba llevando mal", dijo en breve entrevista el militar de más alto rango en la jerarquía del Ejército que ha sido acusado de colaborar con el crimen organizado.
Se reservó comentarios para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, y mencionó que por ahora no ha definido si va a demandar o denunciar, por las acusaciones que calificó de dolosas y que lo mantuvieron privado de su libertad durante casi un año.
"La verdad necesito ver que actitud asumir de demanda, de denuncia, lo tengo que consensuar, consultarlo con personas que saben de esto y sobretodo considerando que es una nueva administración. No quiero lesionar para nada a esta administración que ha cumplido su palabra de apegarse estrictamente al estado de derecho", dijo.
(V.pág.6 del periódico Mural del 18 de abril de 2013).
El texto contempla la posibilidad de que sea en la ley reglamentaria en la materia, ya sea el Código Penal o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde puedan establecerse medidas cautelares alternativas a la detención preventiva compatibles con la carta magna y los tratados internacionales.
Asimismo, pretende de que los individuos que fueron sujetos a arraigo y resultaron absueltos tengan la oportunidad de demandar a las procuradurías de justicia la adopción de todas las medidas de reparación integral contempladas en la Ley General de Víctimas por error judicial, tortura, desaparición forzada, daños al honor y la reputación o cualquier otro menoscabo de derechos.
"Datos oficiales proporcionados por la PGR indican que sólo el 3.2% del total de personas sometidas a arraigo recibe una sentencia condenatoria al final del proceso, lo que prueba la poca efectividad de la medida, así como su carácter de innecesaria", señalaron.
(V.pág.6 del periódico Mural del 18 de abril de 2013).
En Guerrero, decenas de hombres se suman a las policías comunitarias, con sus escopetas y rifles al hombro, algunos con revólveres a la cintura, 2 o 3 mujeres, que se asumen como los únicos garantes de la seguridad en sus comunidades. Y el Estado, en sus 3 órdenes, ausente, distante, impulsando grupos de trabajo para analizar y dar seguimiento a las acciones de los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, "a fin de influir legislativamente en la atención a este problema social", según la Comisión de Seguridad del Senado.
Y entonces tenemos por un lado a las bandas de la delincuencia organizada que desde hace años sostienen una encarnizada lucha por el control territorial y por el otro a ciudadanos que se hartaron de la complicidad, contubernio, corrupción o, en el mejor de los casos, mera ineptitud de las autoridades y que deciden enfrentar el problema en propia mano; y en medio a los personajes que fueron electos para desempeñar cargos públicos y que ante el "coctel molotov" que tienen enfrente, deciden convocar a mesas de trabajo para analizar el tema, mientras los ciudadanos se ven obligados a establecer nuevas pautas de "normalidad" en medio de escopetas y revólveres.
Es la ley de cada quien como pueda, dependiente de su propia capacidad de organización y su habilidad en el manejo de armas, como en la selva, dónde la norma jurídica sirve lo mismo que la hojarasca seca, sólo para prender fuego... tal cual, como si no hubiera Estado.
Enrique Peña Nieto sostiene que en el caso de las autodefensas se aplicará la Ley, la que dicho sea de paso no las contempla en ningún lado y la salvedad serían las policías comunitarias que nacen y se regulan en base a necesidades específicas de comunidades indígenas y que parte del respeto a sus usos y costumbres. Lo que hoy prolifera en Guerrero y otras entidades es una cosa totalmente distinta, son vigilantes, son milicias que lo mismo le disparan a una pareja de turistas que no se detiene en uno de sus retenes, que intercambian balazos con células del hampa y ante esta realidad no hay retórica ni eufemismos suficientes para ocultarla.
Mientras las autoridades quieren analizar y dan seguimiento al tema, en Michoacán se reportan diversos enfrentamientos en el municipio de Buenavista Tomatlán, entre grupos de autodefensa, elementos del Ejército y grupos armados. Nadie sabe exactamente qué ocurrió y quién le disparó a quién... bueno, y mucho menos el gobierno que en los hechos pareciera agotarse en el análisis.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de abril de 2013).
Desde hace mucho tiempo los gobernantes se volvieron complacientes y, en algunos casos, cómplices del radicalismo; ocurrió por miedo a que los conflictos escalaran; esto abrió la puerta a que la protesta social se tornara un generoso negocio y una forma abierta de impunidad de la que disfrutaba un sector privilegiado de la sociedad, de allí el interés de no pocos de sumarse a la movilización. La inconformidad legítima tiene su espacio y razón; lamentablemente, con facilidad es suplantada por el chantaje y la manipulación de los mercaderes de la protesta social. Queda claro que las autoridades, al conceder, promovieron la práctica periódica y generalizada de esta forma de ganar favor de las autoridades, siempre a cuenta de los de por sí escasos recursos públicos.
Los gobiernos de Guerrero y Oaxaca tienen la oportunidad histórica de poner término a la sumisión a la que llevaron a los mandatarios de dichos estados. No se trata de reprimir, sino de resistir, de no ceder ante la violencia. Una acción fuera de la ley debe ser corregida y sancionada. Un maestro que abandone su responsabilidad debe enfrentar las consecuencias administrativas y laborales de su decisión. Las normas se deben aplicar por igual, concluir con el privilegio del que han disfrutado los irresponsables.
Ceder es reiterar los incentivos perversos que existen en muchas actividades de la vida pública y social; le va mejor a quien incumple, pero grita y patea. Los perdedores son esa mayoría silenciosa, que cumple y que sólo espera que las autoridades hagan su parte. Precisamente, por la sumisión del gobernante al que más reclama ha llevado a muchos perder la confianza y aprecio en sus autoridades y, también, en el valor del voto. ¿Para qué sirve votar si por igual uno y otro se someten al poder de los vociferantes?
Guerrero y Oaxaca, al igual que Chiapas y Michoacán han vivido la alternancia con gobiernos supuestamente de izquierda. El desencanto en Chiapas, Guerrero y Michoacán con los gobernadores de la primera alternancia fue evidente, como ahora ocurre con Gabino Cué en Oaxaca y Ángel Aguirre en Guerrero. Las razones del desencanto tienen que ver con la debilidad con quienes hacen del chantaje y la intimidación recurso de lucha para mantener o acrecentar sus privilegios. Por igual obstruyen vialidades importantes en periodos vacacionales, bloquean accesos a tiendas departamentales, se hacen de espacios públicos o recurren a actos vandálicos en el afán de presionar a las autoridades. No son los líderes quienes encaran y encabezan el riesgo, sino grupúsculos echados andar con el veneno del rencor social.
No ceder ante la protesta es fundamental para la salud del país. El reclamo justo o injusto no puede transgredir la ley, tampoco dañar a terceros o al patrimonio público. Para dar una respuesta eficaz, racional e inteligente, las autoridades requieren capacidad para responder a estos eventos. Las heridas históricas como el 2 de octubre o el jueves de Corpus son hechos que demuestran la peor cara del autoritarismo: intolerancia y represión criminal. Tampoco se pueden cometer los errores de acciones pasadas como las del pasado 1º de diciembre o en mismo Guerrero en la protesta de normalistas al final de 2011, hechos que muestran autoridades descoordinadas y actuando a destiempo y en exceso.
Los provocadores quieren mártires, sangre que abone su causa; por eso las autoridades deben actuar con energía y firmeza, pero con cuidado y prudencia. Resistir y mantener el orden público. Dialogar y escuchar siempre, pero nunca ceder ante el chantaje o la intimidación. Dejar en claro, como se ha dicho, que la ley no se negocia y, todavía más, que quien la haga la pague, que no habrá impunidad. Que hay respeto a quien disiente, pero no a quien infringe la ley.
En este nuevo escenario es fundamental el apoyo del gobierno federal a los mandatarios estatales, no para conceder, sino para que se tengan confianza en su obligación de hacer cumplir la ley. Gobernadores arrinconados, temerosos y complacientes deben dar lugar a mandatarios firmes, sensibles y decididos a actuar por el interés general y la legalidad.
Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 14 de abril de 2013).
Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 14 de abril de 2013).
No está de más recordar que el sexenio de Fox perdió toda la iniciativa política cuando el gobierno se doblegó en su intención de construir un nuevo aeropuerto ante las manifestaciones de Atenco y, tiempo después, cuando mostró una completa parálisis ante la toma de Oaxaca por la APPO. Un gobierno no necesita mostrar continuamente su fuerza si se sabe que cuenta con ella, pero es suficiente con que una vez que haya mostrado su debilidad para que la misma se vuelva endémica.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2013).
Cerca de las 15:00 llegaron al lugar Policías Estatal Antimotines, mismos que les pidieron de la manera más atenta, que se retiraran del lugar. Ante esto, los docentes se retiraron y los accesos quedaron libres.
Cabe recordar que con palos en la mano, los manifestantes se apostaron en los accesos de las tiendas departamentales y de autoservicio de esta ciudad, al considerar que las reformas constitucionales "no son en beneficio del pueblo, sino de las grandes trasnacionales".
La advertencia de la dirigencia de la CETEG y la Policía Comunitaria que se ha sumado al movimiento es que no cesarán en sus acciones de protesta, hasta que logren avances importantes en torno a la reforma de la Ley de Educación estatal, para revertir los efectos de la reforma constitucional en materia educativa.
(V.periódico Excélsior en línea del 12 de abril de 2013).
Cerca de 10,000 integrantes del movimiento se dieron a la tarea de bloquear ambos sentidos de la autopista.
Después de 2 horas de mantener bloqueados ambos sentidos, 5 camionetas de la Policía Federal se ubicaron en un extremo de la marcha y empezaron el operativo de desalojo.
(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 12 de abril de 2013).
Los maestros de la CETEG marcharon sobre la Autopista del Sol para exigir que el gobierno guerrerense tome en cuenta la propuesta a la Ley Estatal de Educación que -aseguran- fue propuesta y enviada por el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero al congreso, y que se desechó por ser contaria a la Reforma Educativa federal.
Cuando pasaron por el congreso estatal le arrojaron piedras y con una hacha intentaron abrir la reja del estacionamiento.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de abril de 2013).
Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje de 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja viven de los recursos públicos, o sea de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.
Pero es más grave aun cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestante puede cometer todo tipo de delito y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples transeúntes hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante 10 o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del las fuerzas armadas por las calles sin que nadie se lo impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.
Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?
No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan "libre tránsito", o traducido al español que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean "reprimidos".
Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el 1o. de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al código de procedimientos penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos como tampoco se castigó a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinera de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden "libre tránsito" e impunidad.
Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Esa la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de abril de 2013).
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2013).
Antes en el libro La élite y la raza, que publicamos con Bibiana Belsasso, explicábamos cómo las distintas tendencias que confluían en la Coordinadora estaban ligadas con esos mismos grupos que ahora formaban las organizaciones de autodefensa y cómo el propio núcleo duro de la Coordinadora tenía una agenda que nada tenía que ver con la educación, y sí con la lógica y la estrategia de esas organizaciones radicales. Dijimos también, y seguimos creyendo en ello que el mayor obstáculo para la reforma educativa no sería Elba Esther Gordillo (cuyos conflictos con el poder eran de otro origen y por otras razones) y muchos menos el SNTE que debía ser un instrumento para sacarla adelante, sino la propia Coordinadora, con la que no habría margen alguno para negociar.
Hoy las autodefensas marchan armadas por Chilpancingo reclamando la libertad de sus dirigentes, que son también los de la Coordinadora, y custodiando a unos dos mil activistas de esa organización que reclaman a su vez la liberación de otro de sus líderes, originario de la Montaña y que tendría, según fuentes oficiales, relación con los mismos grupos armados y radicales de los que hablábamos.
Lo cierto es que, la agenda ya nada tiene que ver con la educación y lo que se pide es la desaparición de poderes en el estado, la caída de Aguirre Rivero como hace 7 años, en un movimiento prácticamente idéntico en sus intereses y participantes se pedía la cabeza de Ulises Ruiz en Oaxaca. Que Aguirre haya llegado al poder vía el PRD les importa poco, al contrario: lo que se quiere romper es con la línea dialoguista de ese partido y por ende con los gobernadores que pudieran representarla.
A estos grupos de Guerrero además, no se les olvida que Aguirre Rivero llegó por primera vez al poder como interino del PRI, después de que Rubén Figueroa fuera obligado a renunciar acusado de haber ordenado la masacre de Aguas Blancas. La línea que llevan es clara: el país no se debe reformar, se debe radicalizar o si se quiere, revolucionar. Y para eso los reformistas, buenos o malos, eficientes o no, de derecha o de izquierda, son un obstáculo. La demostración fue el ataque a las instalaciones del PRD en Chilpancingo.
La estrategia ya es suficientemente clara y los datos evidentes. Si hace 7 años estos grupos confluyeron en la APPO, poco antes habían creado, supuestamente para oponerse a la construcción de un aeropuerto, el movimiento de Atenco. Lo que hicieron fue exhibir la debilidad del gobierno de Fox.
Las autoridades, sobre todo las federales, han sido muy prudentes, quizás hasta la exageración, ante esta situación. La administración Peña ha querido dar una imagen dialoguista, basando buena parte de su accionar en torno al Pacto por México, al mismo tiempo que ha respetado escrupulosamente sus tiempos políticos, para que le permitan llegar al último trimestre concentrados en sus dos puntos estratégicos: la reforma fiscal y la energética. Estos movimientos lo que buscan es desestabilizarla y romper con esa estrategia y esos tiempos. La prudencia no debe ser confundida por la opinión pública con debilidad.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2013).
Portando escopetas y uniformes de su agrupación, unos 50 policías comunitarios caminaron los 15 kilómetros que separan al municipio de Tixtla de Guerrero de Chilpancingo, para unirse a los maestros disconformes, quienes exigían la libertad del profesor Mario Durán Torres, detenido el pasado viernes en el desalojo del bloqueo de la Autopista del Sol.
Santos Bartolo fue dejado libre, pero los maestros continuaron con su protesta y en su manifestación dañaron 2 patrullas policiacas, además de que anunciaron más movilizaciones para mañana.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de abril de 2013).
No le importan los niños ni sus familias, la educación ni los intereses de la sociedad: pueden cometer cualquier tipo de destrozo, desmán o agresión, pero siempre quieren impunidad.
No deja de asombrar la tolerancia del Estado ante estos grupos, no ante sus posiciones políticas (tienen derecho a sostener la que sea) sino ante sus actos: en los últimos años hemos visto de todo: desde opositores apedreados, arrancados de una estación de radio, embadurnados en chapopote y arrojados en las calles, hasta destrozos de todo tipo e incluso muertes que también quedan impunes (como la del trabajador de la gasolinera incendiada en aquel desalojo de los maestros de Ayotzinapa).
Pero no se trata de simple vandalismo: lo que está detrás es una clara estrategia política que combina estos actos con operaciones de otro tipo, incluyendo la creación de los grupos de autodefensa que tienen orígenes diversos (aunque los afluentes principales siguen siendo dos: organizaciones armadas y del narcotráfico), en un proceso de evidente desestabilización y creación de estructuras paralelas a las del Estado.
Por eso hacer justicia por propia mano termina estando tan relacionado con obligar a establecer programas educativos alternativos, propios.
Los vietnamitas tenían, cuando estaban en guerra con los Estados Unidos, un concepto para eso: el poder dual, la construcción de un poder alternativo al de las autoridades constituidas que operaba, de facto, en forma simultánea a las mismas.
Por supuesto que nuestros líderes de la Coordinadora y las autodefensas, emparentados unos con otros, distan mucho de tener el pensamiento político mucho más sofisticado de aquellos vietnamitas, pero la idea allí está y ante la permisividad, y en ocasiones la complicidad, de las autoridades la misma sigue germinando.
La fórmula fue ensayada primero en Atenco y hace siete años en Oaxaca, con el movimiento que tomó aquella ciudad y que se congregó en torno a la APPO.
Fue responsabilidad de los políticos y de los medios no condenar, en paralelo a los excesos que pudieran haber cometido las autoridades locales, las barbaridades que se hicieron supuestamente como parte de ese levantamiento popular.
Desde entonces la fórmula se ha repetido una y otra vez, llegando incluso al exceso de que la asamblea legislativa del DF, controlada por el bejaranismo, aprobara en horas modificaciones al código penal local para evitar que los autores de los desmanes del primero de diciembre pasado fueran sancionados.
O hablando ahora de represión cuando los vándalos de la Coordinadora fueron desalojados de la Autopista del Sol luego de más de 6 horas de bloqueo (lo incomprensible es cómo se les permitió mantener ese bloqueo tantos días sin haber tomado medidas mucho antes).
Un desalojo que duró apenas 7 minutos y que se puedo realizar sin violencia, a pesar de que estos grupos colocan, siempre, en primera línea a sus golpeadores mezclados con mujeres y niños.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2013).
Siempre me he preguntado, justamente, por qué parece no importar los intereses de todos esos mexicanos que, sin deberla ni temerla, son los primeros perjudicados.
Los dueños de restaurantes que pierden clientes, los hoteleros que se quedan con las habitaciones vacías, los niños que no pueden asistir a las escuelas, los turistas que permanecen varados durante horas enteras en una autopista, los trabajadores del sector de los servicios que no consiguen la paga habitual porque los agitadores bloquearon un centro comercial o cerraron las puertas de un supermercado, en fin, toda esa gente, muchísima, ¿no merece que los diferentes gobiernos -los municipales, los estatales y el federal- cumplan con su primerísima responsabilidad de salvaguardar el orden público y garantizar los derechos de la mayoría?
Y a nuestros gobernantes, que no solamente han recibido los votos de quienes arrojan piedras y destrozan la fachada de un congreso local o de quienes bloquean una carretera, ¿no les preocupa que millones de ciudadanos sean rehenes de unos grupos minoritarios?
¿No cuentan, en México, los empleados, los empresarios, los meseros, los vendedores, los comerciantes y todos aquellos que resultan directamente afectados cuando, por ejemplo, un grupo de profesores salvajes e incivilizados bloquea, por sus pistolas, la circulación de la autopista que lleva a uno de los principales destinos turísticos?
¿Por qué nuestras autoridades no toman medidas para evitar los colosales perjuicios que resultan de la "protesta social"?
Es una lógica muy extraña la de esos gobernantes que, sabiendo de motines, algaradas, desmanes, violencias y abusos, no solamente se lavan las manos sino que, mientras más salvaje y más abusiva es la rebelión, más dispuestos están a "dialogar".
Maldita palabra, en este caso: un vocablo, "diálogo", que exhibe en toda su dimensión la grandeza del proceso civilizatorio al implicar, por su propia definición, una ejemplar disposición de los hombres para entenderse a través de la razón, ha sido corrompido fatalmente aquí porque resulta de la pasividad, de oscuras complicidades, de interesadas cobardías y de simple irresponsabilidad.
Llegan los vándalos, incendian y destruyen, y la primera respuesta que reciben, innecesariamente conciliatoria porque su lenguaje de ellos ya era el de la violencia y la brutalidad, es que las autoridades están dispuestas a "dialogar", a "atender sus demandas", a "buscar soluciones de común acuerdo" y, sobre todo, a "no utilizar la fuerza".
Vaya renuncia escandalosa al ejercicio de la autoridad y vaya actuación inmoral en tanto que significa una grosera complicidad con la perpetración de actos abusivos y declaradamente ilegales.
Pero, cuando sí hay respuesta por parte de la fuerza pública, entonces tampoco podemos hablar de una actuación razonable y correcta: frente a los vándalos y los destructores tenemos a unas policías que tampoco saben administrar los niveles de violencia y que responden de manera tan excesiva como indiscriminada y torpe. Para contener a una turba de agitadores no es necesario matar a nadie ni fracturarle el cráneo a un desconocido que iba pasando por ahí. ¿No hay quien pueda venir a entrenar a nuestros gendarmes, a falta de especialistas de casa? ¿No hay, tampoco, líneas de acción y procedimientos claramente estipulados en manuales para determinar cómo actuar en cada caso?
El asunto es urgente y apremiante. Porque, señoras y señores, ya basta de desorden, de pérdidas y de perjuicios. No hay lugar para tanto desbarajuste en un México que aspira a ser una nación moderna de verdad.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 7 de abril de 2013).
Sus alumnos aprenden, una y otra vez el valor (nulo) de la ley. En todo caso, un valor instrumental: es para someterla a los fines de uno. En defensa de lo que consideran sus derechos, los derechos de otros no importan.
Los educadores enseñan que la educación tampoco importa. Es un discurso, un pretexto.
Prefieren no educar a aceptar algún cambio. Mejorar los resultados educativos, la capacidad para pensar, aumentar y apropiar la información valiosa, eso pasa a segundo plano, tanto en ellos mismos, los maestros, como en sus propios alumnos. No tiene valor ni el conocimiento ni la experiencia de su cultivo. Entre el civismo y el cinismo, una sola letra.
Luis Petersen Farah
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 7 de abril de 2013).
Sus argumentos no son los de un especialista en educación comprometido con sus estudiantes sino los de un flojonazo que quiere seguir mamando gratis del sistema.
Para empezar, no estamos hablando de todos los maestros de México, estamos hablando de varios grupos de estados muy concretos que comparten cualquier cantidad de problemas políticos y sociales.
Esto es gravísimo porque nos invita a pensar en que están pagando justos por pecadores, a que la reforma es excelente porque si no lo fuera, las protestas serían en todos, absolutamente todos los estados de la república.
Porque nos lleva a concluir que atrás de este conflicto, más que un genuino interés académico o sindical, existe una intención política, y porque todo esto convierte a esos manifestantes no en maestros que protestan sino en enemigos del pueblo, en delincuentes, en terroristas.
¿Qué pasa si se salen con la suya? ¿Qué pasa si la autoridad no los castiga?
Lo peor, al pueblo de México se le manda un mensaje de impunidad, de que aquí el que viola la ley es el que manda y de que nuestras autoridades son unas incompetentes a las que cualquier puñado de criminales puede manipular a su antojo.
El afectado no es el gobierno, somos usted y yo, los que viajamos en transporte público, los que queremos circular con nuestros vehículos, los que queremos vacacionar, trabajar, hacer negocios, gastar o invertir nuestro dinero.
¿Qué persona en su sano juicio va a darle un abrazo solidario a un maestro después de haber perdido cuatro horas de su tiempo parado bajo el sol, sin baño, comida ni nada de nada?
¿Qué hombre o qué mujer se va a unir a un movimiento que lo privó durante horas de su libertad, que es lo más valioso que puede tener un ser humano después de la vida? ¿Quién?
¿Esos maestros nos secuestran y esperan que les demos las gracias? No, pues estaremos estúpidos. A eso me refiero cuando le digo que esa gente no sabe hacer las cosas.
¿No están de acuerdo con la reforma? Den argumentos, demuéstrenle a la sociedad que lo que están haciendo es lo mejor, pónganse a trabajar con más ganas para que, al ver a nuestros hijos mejor educados, nos pongamos de su lado.
¡El colmo! Estamos en tiempos de comunicación y de redes sociales y estos personajes, en lugar de diseñar una estrategia de medios, ofenden nuestra inteligencia y nos agreden. ¡Así no se puede!
¡Pobres maestros de esos estados tan específicos! Necesitan todo nuestro reconocimiento y apoyo, y lo único que van a obtener, si siguen como van, va a ser nuestro rechazo y desprecio.
Alvaro Cueva
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 7 de abril de 2013).
Quienes más pierden con las protestas son los alumnos pobres de los estados más pobres. La indignación pública es natural y es obligado demandar que se castigue a los responsables. Para el caso de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre señaló que corresponde a las autoridades federales liberar la carretera que comunica a Acapulco con la capital. Antes, el secretario de Gobierno de Guerrero amenazó con órdenes de aprehensión por los daños ocasionados a instalaciones de gobierno.
Los gobernadores saben que los privilegios por el desorden en sus estados llegan a muchos maestros y que enfrentan un problema político mayúsculo, como se puede apreciar por el tamaño de la protesta. No ceder se vuelve fundamental para la salud del país, pero tampoco se puede caer en la provocación, no es preciso enviar a los revoltosos al patíbulo. Lo que debe hacerse es acabar con el ciclo de impunidad que ha caracterizado a estas protestas y que quienes las promuevan o participen en ellas asuman los costos y las consecuencias de su irresponsabilidad o, en su caso, de la comisión de delitos.
Las autoridades federales y los gobernadores deben ser apoyados en su empeño por mantener la legalidad; los espacios de la protesta y la crítica los garantiza la Constitución, bien por el diálogo con los disidentes en la Segob; empero, debe quedar claro que no es permisible el vandalismo ni la extorsión, vengan de donde vengan.
Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 5 de abril de 2013).
¿Por qué lo hacen entonces? Porque les funciona. Éste es el mecanismo con el que han logrado obtener recursos y tratos de privilegio a lo largo de las últimas 3 décadas. Lo inusitado sería que dejaran de recurrir a una táctica que les ha dado tan pingües resultados.
Estas movilizaciones, con sus bloqueos y plantones, son relativamente raras en el mundo. Si bien en los países en que se respetan las libertades individuales existe el derecho a la manifestación pública, los reglamentos limitan las circunstancias o los tipos de marchas o protestas.
En los Estados Unidos la primera enmienda constitucional reconoce el derecho a la manifestación pública (right of assembly), pero las leyes secundarias y los ordenamientos locales establecen restricciones que han sido ratificadas por los tribunales. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los organizadores deben pedir permiso previo a la autoridad municipal señalando la fecha, la hora y la ruta de una marcha. El gobierno puede modificar estos detalles, siempre y cuando no discrimine por el tema de la protesta, debido a consideraciones de tránsito o de molestia a los ciudadanos. Los bloqueos de vías de comunicación simplemente no se permiten. Cuando el primero de octubre de 2011 una marcha del movimiento de indignados trató de plantarse en el puente de Brooklyn, la policía de inmediato desalojó a los manifestantes y detuvo a 400.
En Londres o Madrid existen restricciones similares e incluso más severas. Las marchas deben ser aprobadas por la autoridad municipal. En la capital británica no se permiten las protestas frente al 10 de Downing Street, la sede del gobierno. En Madrid no se autorizan junto a las Cortes, esto es, el parlamento. Se considera inaceptable que los legisladores realicen su trabajo bajo presión de una muchedumbre. Cuando el 26 de septiembre de 2012 una protesta se aproximó a demasiado al Congreso de los Diputados, la policía madrileña dispersó la protesta y detuvo a 35 manifestantes. En la acción se registraron 64 lesionados. En ningún país democrático, por otra parte, se permiten las manifestaciones violentas, por ejemplo con ataques a la policía con piedras o bombas molotov, ni los bloqueos de vías de comunicación que en México sí se toleran.
Nadie sostiene que en nuestro país se respeten más las garantías individuales que en Estados Unidos, la Gran Bretaña o España. Lo que ocurre es que en México hemos permitido que organizaciones como la CNTE, el SME, los Panchos Villa y muchas más violen abierta e impunemente los derechos de terceros. Esto no es producto de una decisión filosófica del Estado para darle preponderancia al derecho a la manifestación pública sobre el de libre tránsito, sino una simple consecuencia de la cobardía o debilidad de los gobiernos del país.
Hoy los ciudadanos de la ciudad de México tendremos que aguantar nuevamente marchas y bloqueos de la CNTE, como los que han sufrido en días pasados los habitantes de Oaxaca o los usuarios de la Autopista del Sol. Que no nos hagan creer que éstas son molestias menores que hay que soportar para mantener las libertades públicas. No. Las extorsiones a las que somos sometidos los ciudadanos por grupos de poder que buscan y obtienen beneficios del gobierno son una muestra más de que vivimos en un país con gobiernos débiles y gobernantes cobardes.
Una vez más la Sección 22 bloqueó ayer los accesos a comercios en Oaxaca. Quienes pagan impuestos para sostener a los maestros y a los gobernantes tienen que aguantar estas agresiones directas porque el gobernador Gabino Cué no se atreve a usar la fuerza pública para defender a los ciudadanos.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 4 de abril de 2013).
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2013).
La actividad delictiva ha rebasado los límites de la prudencia. Asaltos, secuestros, extorsiones, crímenes y violaciones, han propiciado que surjan grupos armados de defensa ciudadana a los que se les designa eufemísticamente policías comunitarias. Con el rostro descubierto unos, y embozados los más, están en el filo de lo paramilitar. Su alarmante proliferación es el símbolo del hartazgo de quienes a diario viven a merced del crimen organizado. Estos grupos -advierten los conocedores- corren el riesgo de convertirse en instrumento de las mafias de delincuentes a las que pretenden combatir, o bien de los diversos grupos y cárteles que a diario expanden su dominio... Evidentemente, estas improvisadas organizaciones mal armadas operan al margen de la ley, y su obligada desaparición, deja inerme al ciudadano frente al embate inmisericorde de transgesores que tienen de rodillas a la sociedad.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 30 de marzo de 2013).
Esta última frase aplica perfectamente a lo que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre hizo cuando el pasado viernes 22 de marzo advirtió 2 cosas a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y que luego no ejecutó: primero les dijo que si "bloqueaban" la Autopista del Sol, aplicaría la ley, en coordinación con el gobierno federal y siguiendo los protocolos, con la participación de derechos humanos y notarios; y luego les dijo que les descontaría los salarios a 6,000 maestros que debido al paro laboral no impartieron clases.
Los "firmes" principios morales y legales del gobernador establecían que "a los maestros que no trabajan, no hay por qué pagarles".
Y como estos principios de equidad y justicia eran además una demanda de la sociedad, aseguró que no daría marcha atrás.
Bueno, pues parece que los principios del gobernador de Guerrero son los mismos que los de Groucho Marx: como a los maestros paristas no les gustaron esos principios, sacó otros que sí fueron del gusto de los indecentes docentes.
Ahora los principios que rigen en Guerrero son: si alguien no asiste a trabajar, se le paga su salario completo; y si alguien bloquea una vía de comunicación, no pasa nada.
No importa si los estudiantes no tuvieron clases, o si dejaron atoradas a miles de personas en la carretera, incluyendo niños y bebés, sin acceso a servicios sanitarios ni alimentos; si afectaron la ocupación hotelera y los ingresos de otras tantas familias que dependen de la temporada vacacional. Nada de eso importó.
En lugar de aplicar la ley, desalojarlos por la fuerza, y hacerlos responsables de los daños y perjuicios causados, tal y como los principios originales indicaban, el gobernador cedió al chantaje, cambió de principios y les pagó la totalidad de sus salarios.
El final de estos principios es impunidad y desesperanza.
Estoy seguro que la mayoría de vacacionistas varados en la carretera a Acapulco, hubieran sentido que sus penurias valieron la pena, si a la bola de patanes que se dicen maestros les hubiesen descontado sus sueldos y demostrado que los principios de legalidad y justicia aplican para todos.
Lo que se logró con la "doblada de manos" del Gobierno de Guerrero fue lo peor de todos los escenarios posibles: los ciudadanos y los negocios fueron afectados y el gobierno perdió poder y credibilidad. En otras palabras: las negociaciones y capitulaciones del Gobierno sólo lograron que "le tomaran la medida".
Ahora, como sabemos que en Guerrero quien ejerza suficiente presión puede salirse con la suya, la ironía será oír al gobernador decir que sancionará a alguien con todo el rigor de la ley (jajaja).
A nadie le gusta un gobierno autoritario, pero pienso que es menos peor que tener un gobierno cobarde, incapaz de hacer valer la ley y los derechos de los demás, y que ceda ante las amenazas y chantajes de los grupos de poder.
El principio de "no negociar con terroristas" tiene su razón de ser.
Basta que una vez se ceda a sus demandas para estar atrapado y en sus manos para siempre.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 28 de marzo de 2013).
Como ejemplo, el bloqueo de una vía federal de cuota por 9 horas, hecha por un grupo de profesores que se niega a cumplir con el trabajo para el cual fue contratado. El gobierno federal calló y no actuó en beneficio de los usuarios de esta carretera, el de Guerrero cedió, va en camino una contrarreforma educativa y si no sale pronto vuelven a bloquear.
Qué miedo, ya están temblando el comisionado de Seguridad Nacional y el gobernador de Guerrero.
¡Sigan así, los dos van muy bien!
Luis García Aranda
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 28 de marzo de 2013).
De madrugada el Grupo de Autodefensa de la Costa Chica tomó los accesos y las calles de Tierra Colorada, perteneciente al municipio de Juan R.Escudero, en busca de los autores del asesinato del "comandante" Guadalupe Quiñonez Carbajal, de 27 años.
Bruno Placido Valerio, líder del grupo de autodefensa y de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, afirmó que los asesinos fueron "delincuentes" y acusó a la policía municipal de "encubrir al crimen organizado".
El jefe de la Policía Municipal de Juan R.Escudero, Oscar Ulises Valle, y 8 policías más están retenidos por los que tomaron la población, que con escopetas y armas de varios calibres buscan a los asesinos de Quiñonez Carbajal por la población.
Según dijo la titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Marta Elva Garzón, los miembros del grupo de autodefensa han prometido entregar al jefe policial hoy por la tarde.
Garzón señaló que a los alzados "les interesa detener al presunto homicida" de su compañero, quien había hecho denuncias de "extorsión y amenazas" y puede haber sido asesinado "por venganza".
"Nosotros ahorita estamos tras lo mismo, detener al probable responsable. Yo creo que ésto tiene que llegar a un buen fin", señaló la funcionaria estatal, quien admitió que hasta el momento no ha podido hablar con el jefe de la policía de Tierra Colorada.
De momento los sujetos armados controlan con varios filtros de revisión en los accesos.
Además tienen tomadas las instalaciones de la policía y realizan rondas de vigilancia por la carretera federal Chilpancingo-Acapulco a la altura de Tierra Colorada.
Una vendedora del poblado que pidió el anonimato dijo que "reciben con gusto a los comunitarios -como se llama en la zona a los grupos de autodefensa- porque ya no se puede salir en las noches por culpa de los sicarios, además de que cobran cuotas a los comerciantes y molestan a las niñas".
(V.Agencia Efe del 26 de marzo de 2013).
La noticia comenzó a circular tiempo después de que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, asegurara que no se permitiría en la ciudad "a ninguna persona armada que no sea del cuerpo de seguridad".
El nacimiento de este presunto grupo era un hecho desconocido para el delegado de la Cuauhtémoc, Alejandro Fernández.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2013).
Hay aquí una interesada, y muy nefasta, confusión entre el término "reprimir" -entendido éste en la segunda acepción que nos ofrece el diccionario de la Real Academia: Contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas y sociales- y otros vocablos como "poner orden", "proteger" los bienes de los afectados por los desmanes y, en todo caso, "asegurar" las garantías fundamentales de la mayoría de los habitantes de la nación.
Las autoridades de este país han decidido desentenderse criminalmente de la aplicación de la ley en todo aquel caso en que exista la más mínima sospecha de que pueda tratarse de una manifestación "social". Y así, ocurren auténticas atrocidades: el linchamiento de 3 policías en las afueras de la capital de la república -consentido por un gobierno local que no solo se abstuvo de intervenir para cumplir con sus responsabilidades sino cuyo mandatario de turno, irremediablemente infectado de benévolo y paternalista populismo, prácticamente justificó la barbarie (pretextando unos "usos y costumbres" que, madre mía, ojalá nunca adquieran patente de corso); el terrorífico suceso en que unos estudiantes normalistas de Guerrero quemaron vivo al empleado de una estación de servicio (un hecho, encima, en el que no se ha hecho justicia precisamente porque nuestros fiscales y nuestros jueces no intentan siquiera castigar un bestial asesinato, sino que su mayor preocupación es llevar la fiesta en paz con los agitadores); o, por último, el asesinato de un vecino que, en Oaxaca, intentó simplemente abrirse paso entre una turba de maestros salvajes para llegar a su casa. Y no hablemos ya de los bloqueos, del cierre de supermercados, de las afectaciones a los comerciantes y de las colosales pérdidas económicas causadas por todos estos revoltosos que, un día sí y el otro también, alteran catastróficamente el orden público, sean los maestros de la CETEG y los alumnos normalistas en Guerrero, los profesores de la CNTE y la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, los militantes de Antorcha Campesina que se disputan rutas de microbús y que incendian los vehículos de sus competidores en el Estado de México, los macheteros de Atenco que retienen por la fuerza a funcionarios a los que están a punto de quemar vivos (y los policías que luego intervienen con una brutalidad absolutamente innecesaria), los estudiantes de la UACM que toman por asalto durante semanas enteras las instalaciones de su universidad, los jóvenes incendiarios que perpetran actos vandálicos a su antojo el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto o, en un apartado que no corresponde ya a las movilizaciones debidas presuntamente a "causas sociales", los violentos que destruyen las instalaciones del Metro en Ciudad de México o que aterrorizan a los aficionados que acuden a los estadios.
Estamos hablando aquí de una inquietante manifestación de mala ciudadanía por parte de millones de mexicanos. Gente que está más allá de cualquier preocupación sobre la necesidad de convivir pacíficamente con sus semejantes, que no tiene la menor intención de respetar las reglas y a la que no le interesa en lo absoluto el bien común. Personas sin sentido de comunidad y sin capacidad alguna para entender los valores cívicos. Ciudadanos, como ya lo he dicho muchas veces, que ya están ahí y con los que tendremos que lidiar todos los demás. Este colosal problema, ¿sigue sin preocuparles a nuestras autoridades?
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de marzo de 2013).
[Si nosotros somos más, ¿por qué seguimos tolerando que grupúsculos de patanes nos sigan bloqueando el paso? - pregunta el webmaster.]
El Gobierno de Guerrero dobló las manos. Tras una intensa jornada de negociaciones que se extendió durante 7 horas, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y el Gobierno del Estado llegaron a un acuerdo, lo que evitó un nuevo bloqueo en la Autopista del Sol, justo en el primer día de vacaciones de Semana Santa.
El viernes, luego de que se rompiera el diálogo con el gobierno guerrerense, miembros de la CETEG bloquearon la carretera por casi 9 horas, lo que provocó filas de más de 3 kilómetros. Estas acciones afectaron a 47 hoteles, según la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco.
Ayer, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió a realizar el pago de los salarios retenidos a 6,000 maestros, publicar las convocatorias de nuevo ingreso en las instituciones normalistas y cancelar las averiguaciones previas en contra de manifestantes. Pero entre las inconformidades de los mentores también está su oposición a la reforma educativa.
Por su parte, los docentes se comprometieron a no realizar máas protestas y entregar el palacio de gobierno en las próximas horas.
Se tiene previsto que las clases reinicien el 8 de abril. En el encuentro también estuvieron presentes el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y la titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Silvia Suárez Romero.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2013).
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 23 de marzo de 2013).
"Una reforma financiera puede servir, pero serviría mucho más si se hacen las reformas judiciales que se requieren y el entrenamiento para que para que los jueces entiendan mucho mejor los temas financieros y darle fluidez a la economía mexicana".
(V.pág.29 del periódico Milenio Jalisco del 22 de marzo de 2013).
La Confederación Patronal de la República Mexicana local denunció que la movilización de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero ha provocado pérdidas por 400 millones de pesos a 800 empresas.
Fernando Meléndez Cortés, dirigente de la Coparmex en Chilpancingo, dijo que durante los 25 días de plantón de los maestros en edificios públicos y el bloqueo de calles han provocado que 100 negocios hayan cerrado y 50 más estén en vías de hacerlo, especialmente de aquellos que se ubican cerca de los edificios donde permanecen.
Los plantones han obstruido los accesos a algunos negocios, tanto los ubicados en las cercanías del palacio de gobierno como en el congreso del estado.
En Michoacán, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna, no descartó un posible desalojo luego de que estudiantes normalistas determinaron mantener por tiempo indefinido el bloqueo de la principal avenida de Morelia en demanda de más de 1,200 plazas automáticas.
El funcionario manifestó la voluntad de las autoridades en dialogar y tratar de dar respuesta a las demandas estudiantiles.
Sin embargo, dejó en claro que no se les entregarán bases laborales a los futuros profesores, porque la Constitución lo prohíbe.
(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 22 de marzo de 2013).
(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 22 de marzo de 2013).
Además, en el artículo 8 de la ley también se estipula que se ejercerá sobre los bienes instrumentos del ilícito, o que sean utilizados para mezclar u ocultar los productos del mismo.
Por lo anterior también quedan sujetos a embargo los negocios utilizados para "lavado".
"Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo", se establece en la fracción III.
"Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito".
La ley se podrá aplicar sobre los bienes que estén a nombre de terceros, y que el acusado se comporte como dueño.
(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).
Esta vez no se trató de comerciantes ambulantes; los protagonistas fueron los propios trabajadores del municipio.
Poco después de las 9:00 horas, aproximadamente mil empleados, integrantes del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento, partieron del Parque dfe la Revolución hacia la Presidencia Municipal, para exigir un incremento y homologación salarial.
Tras la presión en las calles, ganaron sus demandas, equivalentes a 64 millones de pesos del gasto tapatío.
Según detalló el secretario general de la organización, Fernando Jaime Gaytán, las negociaciones que se venían realizando con las áreas de Tesorería y Recursos Humanos se complicaron la semana anterior, por lo que recurrieron al acto de protesta.
El acuerdo al que llegó ayer la organización con la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos fue de un incremento directo de 750 pesos mensuales al salario, un día económico más, y una nivelación salarial para 6,022 sindicalizados y más de mil trabajadores de confianza.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).
Luego de la reunión que sostuvieron ambas partes, el vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Minervino Morán, informó que el gobernador les comentó que por el momento quedan en suspenso las averiguaciones y órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes magisteriales por la toma de edificios públicos y cierre de vías.
(V.pág.8 del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).
"No es para que vengan a decir que no se puede. Ellos son la autoridad y tienen el poder, la facultad de cumplir y de respetar nuestra matrícula y nuestra convocatoria", afirmó César Torres, vocero del movimiento estudiantil.
Desde las 12:00 horas, los jóvenes colocaron mobiliario escolar y un par de autobuses sobre la Avenida Madero, lo que provocó cortes en la circulación en varias calles, donde confluyen las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo, así como la catedral y las principales plazas de la ciudad.
Un día antes, los alumnos tomaron 2 casetas de peaje y la semana anterior secuestraron autobuses, como parte de sus acciones de presión.
Ayer, los inconformes exigieron también apoyos económicos para costear, lo que dijeron, será un viaje de prácticas a la Riviera Maya.
El paseo implicaría un desembolso de al menos 400,000 pesos al Gobierno de Michoacán.
Al respecto, el gobernador Fausto Vallejo advirtió que no hay recursos para seguir otorgando plazas automáticas a los egresados de escuelas normales, como se ha venido haciendo en los últimos años.
Recordó que las nuevas disposiciones federales marcan los mecanismos que deben de aplicarse para la contratación de maestros.
En la manifestación de ayer participaron principalmente alumnos de la Escuela Normal de Tiripetio.
Se trata de los mismos jóvenes que, en octubre de 2012, escenificaron un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, dejando como saldo 25 personas heridas de ambos bandos y una veintena de vehículos incendiados. En esa ocasión, los estudiantes exigían que se echaran abajo las modificaciones al plan de estudios que entró en vigor ese año y, el cual, contempla la impartición de la materia de inglés.
(V.pág.8 del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de marzo de 2013).
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 18 de marzo de 2013).
Ciertamente, impunidad, inmunidad y corrupción son ingredientes de la sociedad derivados de la envidia y hasta la codicia que se emplea para alcanzar objetivos.
La inmunidad en quienes debieran ser el reflejo nítido de honestidad, en toda la extensión de su comportamiento, conduce la impunidad, expuesta a casos de la ilegítima riqueza en cruel contraste con la falta de atención a los requerimientos de una gran parte de la población, a su vez expuesta a la tentación del delito convertido en cultura transformada en insatisfacción y ejemplo en el seno de la familia, donde prevalece aquello de que quien transa avanza.
Mediante las leyes se intenta cumplir parte de responsabilidad al plantear las normas, pero el fiel de la balanza está en administración honesta de la justicia.
Aquello que el juez por su casa empieza es una sentencia certera y estamos urgidos de verla aplicada en quienes con su comportamiento hacen el doble daño de ejemplo negativo y formación de rencor social.
Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 17 de marzo de 2013).
Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de marzo de 2013).
-En Ayutla de los Libres, además de las extorsiones, la violencia y el terror llegaron a tal extremo que los criminales llamaban a cualquiera exigiéndole: "¡Mándame a tu hija (o a tu esposa) aquí al hotel!, o ya sabes lo que te puede pasar...".
-No solo es de complicidades y corrupción la relación entre policías y maleantes, sino hasta de parentesco.
La ineficiencia de los gobiernos (sobre todo municipales y estatales, pero también el federal) y la desesperación de centenares (o miles) de pobladores están detrás de los repentinos grupos de autodefensa que, por dudosos, ilegales y riesgosos que sean, surgen de un sentimiento real de abandono y orfandad.
Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 15 de marzo de 2013).
"No nos tomemos el pelo... No hagamos apologías... todo esto tiene una explicación", acotó el gobernador perredista, al explicar los motivos por los que grupos de civiles armados han surgido en Guerrero, Michoacán, Estado de México y otras entidades.
En Morelos han aparecido en 3 comunidades: Tetelcingo, Huazulco y Amilcingo, donde los vecinos expresaron su deseo de conformar grupos para hacer frente al crimen organizado.
El mandatario aseguró que para él "es muy claro" lo que sucede en la nación: que el origen de las autodefensas tiene un origen cultural, político y hasta criminal.
En el caso de Morelos, dijo Graco Ramírez, la crisis de seguridad fue heredada y "data de hace mucho tiempo". También destacó que en las comunidades indígenas del estado el tema de las policías comunitarias "no es nuevo", aunque insistió que en ahí "no existen grupos de autodefensa", pero si lo hay, serán combatidos de forma decidida.
En el caso de Guerrero, dijo que el surgimiento de esos grupos tampoco es nuevo en las comunidades indígenas, aunque a diferencia de Morelos o Michoacán, tiene un trasfondo político, pues resulta claro que lo que se busca es "extender un dominio político" o ideológico.
Sobre Michoacán, Graco Ramírez dijo en rueda de prensa que los grupos de autodefensa fueron creados por grupos delincuenciales para atacar a sus contrarios. Esa zona es disputada por Los caballeros templarios y La Familia michoacana.
"No estamos ante una crisis del estado mexicano que nos coloque en la circunstancia de la insurrección ante la incapacidad de la seguridad pública, ¡no!".
En Morelos "no hay más monopolio en el uso de la fuerza que no sea la del Estado y el que quiera irse por su lado, va a tener respuesta contundente".
(V.pág.25 del periódico Milenio Jalisco del 15 de marzo de 2013).
De acuerdo con el reporte de los medios locales, estudiantes normalistas que cumplían este jueves su 4o. día de movilizaciones, cerca de las 18 horas, éstos encabezaron una marcha hacia el zócalo de Tuxtepec donde pobladores realizaban un carnaval.
Una vez en el centro, los manifestantes arremetieron en contra del palacio municipal y los establecimientos aledaños a manera de protesta por el alza del pasaje.
De acuerdo con versiones ciudadanas vertidas en las redes sociales, los normalistas causaron severos destrozos en comercios de la zona en un despliegue de violencia, por lo cual advertían no acercarse al zócalo de la ciudad.
En medio de la protesta, los normalistas se enfrentaron con algunos choferes del servicio de transporte urbano cuando éstos pretendían apoderarse de sus unidades, tal y como sucedió en la capital oaxaqueña con los estudiantes de las escuelas normales de la capital.
No obstante, los urbaneros defendieron sus unidades y sobrevino la gresca.
(V.Notimex del 15 de marzo de 2013).
Las 21 personas ya fueron puestas a disposición de un Ministerio Público Federal.
La PGR determinará si los retenidos, 20 hombres y una mujer, son responsables de algún delito.
La guardia comunitaria de "La Ruana" había acusado a las 21 personas de tener nexos con la delincuencia organizada.
(V.Sin Embargo del 14 de marzo de 2013).
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, anunció ayer que esta semana el organismo interpondrá ante la Procuraduría General de la República una denuncia y una queja para que se investiguen las acciones del operativo policiaco del 9 de diciembre de 2005 en donde se detuvo a la francesa.
Sin dar a conocer nombres arguyendo el principio de presunción de inocencia, el funcionario indicó que los ex servidores incurrieron en omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia y negligencia, lo cual derivó en una violación al debido proceso.
"Se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales".
"De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los mandos medios y superiores, que con sus acciones y omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la cadena de mando la permitieron y convalidaron".
"Entre ellos el entonces titular de la AFI (García Luna), el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación al Secuestro, el entonces director general de Investigación Policial y el entonces director de Operaciones Especiales", sostuvo.
La investigación del organismo, basada esencialmente en el amparo directo en revisión 517/2011, que analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y permitió la liberación de la extranjera, arrojó que se violaron los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución.
El ombudsman dijo que, aunque las conductas ilícitas serán determinadas por el Ministerio Público, podrían incluir delitos contra la administración de justicia porque se efectuaron actos u omisiones que produjeron daño o concedieron una ventaja indebida a una de las partes.
Asimismo, abuso de autoridad en el sentido de que se dilató la entrega de los detenidos ante la autoridad correspondiente y ejercicio indebido del servicio público, pues se llevaron a cabo acciones de manera ilícita a partir de la información con que se contaba.
A pesar de que la CNDH pugna porque la PGR investigue los hechos y sancione a los responsables, Plascencia Villanueva reconoció que la misma dependencia ha mostrado desinterés en llegar a la verdad debido a que averiguaciones iniciadas con antelación no han prosperado.
Raúl Plascencia, afirmó que el indebido actuar de los servidores públicos de la PGR en el caso Cassez no sólo provocó la libertad de la francesa sin determinar su responsabilidad penal; aunado a ello, dejó en indefensión a los agraviados y la sociedad fue engañada.
"Fue liberada una persona no por ser inocente de la comisión de un delito, sino porque servidores públicos, en lugar de proteger, auxiliar y hacer debidamente su trabajo en beneficio de la justicia, pervirtieron con sus acciones el proceso, y eso ocasionó una violación al debido proceso que generó como consecuencia la liberación".
"Una buena parte de las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia es que quedó bien claro que hubo un engaño a la sociedad en general. Se limitó el derecho efectivo a la justicia de las víctimas, quienes quedaron en una situación de indefensión y especial vulnerabilidad", remarcó.
Al presentar el informe especial del caso, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que, aún cuando la Corte exhibió el montaje, la PGR insiste en mantener una falsa versión de los hechos.
"La información que nos fue proporcionada resulta diametralmente opuesta a las conclusiones a que llegó la SCJN; esto es, fue negado que hubiera sido detenida de manera indebida alguna persona, fue negado que se hubiera escenificado algún operativo correspondiente, lo cual inclusive en su momento fue avalado por un juez federal y por magistrados".
"Pero los argumentos que fueron aportados por la autoridad eran totalmente contrarios a la realidad que la SCJN logró establecer en su fallo de este año", dijo.
Plascencia denominó como "efecto corruptor" el encubrimiento de la Procuraduría y se pronunció por que la dependencia corrija los errores en aras de perfeccionar sus procedimientos y cumplir con su misión institucional.
(V.pág.2 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).
Cientos de habitantes de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, intentaron linchar ayer Axel Cisneros Gutiérrez, de 25 años. Tras la golpiza al presunto delincuente se le permitió hablar con MURAL. Dijo que le pagaban 10,000 pesos por cada mujer.
Antes de las 13:00 horas, las campanas de la iglesia repicaron en esta comunidad ubicada al oriente del Distrito Federal, en la que se ha reportado la desaparición de 4 muchachas.
Los pobladores acusaban a Cisneros y a su cómplice -que logró escapar- de haber tratado de plagiar a otra jovencita.
Con el rostro ensangrentado, el sujeto fue llevado a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y tendido en el escritorio del presidente. Las oficinas fueron resguardadas por unos 30 encapuchados y afuera se juntaron unos 600 pobladores.
Un grupo de hombres pidió al reportero que ingresara a entrevistar al detenido, quien con palabras entrecortadas y desvaneciéndose por momentos relató que las mujeres son llevadas a Texas, donde son obligadas a prostituirse. Luego de la confesión, la turba sacó al supuesto delincuente a la calle y volvió a golpearlo.
(V.pág.5 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).
Los hechos se suscitaron cuando los policías comunitarios, acompañados por mujeres de esta demarcación, se dirigían en marcha hacia la cabecera municipal de Tixtla para exigirle al alcalde Gustavo Alcaraz Abarca que les diga cuando va a realizar una serie de obras sociales que les prometió durante su campaña política.
Los civiles, armados con escopetas y rifles de bajo calibre, y otras cien personas ya habían caminado 7 kilómetros en carretera y estaban desayunando debajo de un árbol, cuando unos 50 soldados del Ejército dirigidos por un teniente coronel de apellido Hernández arribaron al lugar.
"Vamos a proceder a desarmarlos, ustedes están cometiendo un delito", les dijo el jefe del convoy de militares a los policías comunitarios que iban encabezados por el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón.
Coctecón y Gonzalo Molina, éste último asesor de la Coordinadora Regionales de Comunidades Comunitarias empezaron a increpar a los soldados.
La situación se volvió más tensa cuando el militar amenazaba con ordenar desarmar a los policías comunitarios.
"No nos van a desarmar a mis policías porque no están haciendo nada malo, al contrario cuidan nuestra seguridad en el pueblo, además vamos al Ayuntamiento de Tixtla de manera pacífica a tener un diálogo con el presidente municipal", le dijo el comisario.
El jefe militar les decía a Gonzalo Molina y al comisario de Acatempa que cada uno de los policías comunitarios les enseñara el permiso correspondiente para portar el arma.
"Ustedes deben de estar en su comunidad, no tienen porque entrar armados a la ciudad", les decía.
Cuando el jefe militar se distrajo haciendo una llamada a través de su teléfono celular, ese momento fue aprovechado por el comisario para ordenar a su gente que se formara para reiniciar la marcha.
El teniente coronel sólo les advirtió que mandaría llamar a la Policía Federal y la Policía Estatal para proceder a desarmarlos.
La gente siguió su recorrido hacia Tixtla y 500 metros antes de entrar a esta localidad, nuevamente los soldados los interceptaron. "No pueden entrar armados a la ciudad", le dijo el teniente coronel al comisario.
"Sí vamos a entrar, sí vamos a entrar", le contestó Coctecón.
Tras la discusión, los soldados se retiraron y se subieron a sus vehículos.
En la reunión con el alcalde Gustavo Alcaraz, el edil les pidió a los ciudadanos de Acatempa que si van a tener a su policía comunitaria que ésta opere sólo en su comunidad.
(V.pág.5 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).
Marina Arias, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, aclaró que no están en contra de las protestas ni buscan coartar el derecho de expresión, siempre y cuando no se afecte a terceros, como ocurrió la semana pasada.
En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué optó por pedir a los inconformes que se manifestaran dentro de los cauces legales.
Al respecto, ciudadanos que participan en la consulta contra los bloqueos, que organiza el Ayuntamiento de Oaxaca, criticaron la omisión del gobernador ante los daños ocasionados a la vida económica y social local.
Claudio Alberto Bustamante Underwood denunció que han presentado miles de firmas al mandatario estatal, pero no han recibido respuesta.
(V.pág.8 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).
La advertencia de los normalistas sobrevino esta mañana, una vez que liberaron los autobuses retenidos desde el pasado lunes al interior del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, localizado al norte de la ciudad, donde permanece otro número igual de unidades de empresas privadas.
De acuerdo con los manifestantes, con esta acción, los integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca pretenden dar una buena señal que abone a las negociaciones que mantienen al momento con las autoridades educativas estatales.
Aunque el gobierno estatal aseveró mediante un comunicado que las demandas de los normalistas ya habían sido atendidas en 60%, el tema que mantiene detenidos los acuerdos es la contratación automática del estado hacia los egresados normalistas.
Para ello, los inconformes reclaman la entrega de 920 plazas por parte del gobierno estatal, ya que rechazan la aplicación de un examen para el concurso de las mismas.
Por su parte, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Antonio Iturribarría, señaló que este tema es competencia federal, por lo que el gobierno oaxaqueño no puede atender dicha demanda.
En tanto, la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifestó su respaldo al movimiento de los normalistas, quienes este miércoles mantienen un receso en las movilizaciones iniciadas hace un par de semanas.
(V.Notimex del 13 de marzo de 2013).
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 13 de marzo de 2013).
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que el abandono en el que se encuentran algunas entidades del país como Guerrero, son un caldo de cultivo para la aparición de los grupos de autodefensa. "Por eso es muy importante que el Estado cumpla de manera adecuada con su deber o de otra manera seguirán extendiéndose de manera desesperada este tipo de fenómenos".
Eventos como los presentados en los estados de Guerrero y Michoacán "son una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública, y evitar que estas acciones se reproduzcan dejando rebasadas a las instituciones del Estado mexicano".
"La situación de seguridad en el país, no encontrará solución por la vía de autodefensas, por el contrario, ellos y ellas nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad en aquellos lugares donde grupos criminales tienen presencia y actividad".
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de marzo de 2013).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 9 de marzo de 2013).
Refirió en principio llamarse Víctor Manuel Ibarra Guerrero, pero después señaló ser Edgar Antonio Rojo Lara.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2013).
Los detenidos tenían en su poder 47 armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Se decomisaron 32 armas largas y 15 cortas, además de 5 vehículos, cartuchos y cargadores.
Entre las armas largas decomisadas hay fusiles AK-47, AR-15, Galil y ametralladoras Uzi, en tanto, entre las armas cortas hay 9 milímetros y calibre .45, además de una pistola calibre 5.7, de las denominadas matapolicías.
El personal castrense detuvo a las 34 personas, quienes dijeron ser guardias comunitarios de La Ruana. La mayoría de estos tienen edades que oscilan entre 18 y 30 años, y se trasladaban en 5 camionetas de reciente modelo.
(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 8 de marzo de 2013).
El dirigente de ese organismo, Bruno Plácido, aseguró que tras 2 meses de operaciones en la zona, el índice delictivo descendió 85%.
"Ya no estaríamos pensando en la delincuencia, porque tenemos un sistema que guarda, vigila y cuida a los ciudadanos, por ello vamos a comenzar a analizar el tema del desarrollo social y económico".
"Si tenemos seguridad ya no estaremos con el temor de cuidarnos; tendremos tiempo para discutir el desarrollo que necesitamos y de ahí discutir el cuarto nivel de gobierno: la planeación territorial, el ejercicio y la administración del poder", enfatizó.
Tras una reunión de la UPOEG y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Plácido reveló que este grupo de autodefensa cuenta con 1,500 integrantes, y subrayó que "por el momento" no dejarán las armas, a fin de resguardar a los pobladores de la Costa Chica, aunque el objetivo es que ya no las utilicen.
(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 8 de marzo de 2013).
El cierre de la vialidad se dio aproximadamente a las 9:30 horas, a la altura del crucero de Tecomán, justo donde se encuentra el Campus de la Universidad de Colima.
Los inconformes demandaban la entrega de 97 millones de pesos que el Gobierno del Estado se comprometió a entregarles desde enero para el combate a la plaga Huanglongbing, conocida como Dragón Amarillo, que ha colapsado 9,696 de las 24,242 hectáreas de cítrico que hay en la entidad.
La carretera fue cerrada en sus 2 sentidos, provocando que los vehículos, la mayoría tractocamiones que transportaban carga desde el recinto portuario de Manzanillo, quedaran atorados en filas que, según reportes oficiales, alcanzaban los 19 kilómetros.
Tras 45 minutos de negociación, la carretera fue liberada por una hora, mientras daban tiempo al gobernador Mario Anguiano para que se presentara en el lugar a dialogar. Pero al no haber respuesta, la autopista fue cerrada de nuevo. La situación fue controlada alrededor de las 17 horas.
(V.pág.8 del periódico Mural del 7 de marzo de 2013).
El documental enumera todas las irregularidades cometidas en la detención y el proceso legal que se le sigue a Martín del Campo; la fabricación de pruebas y la destrucción de evidencia por parte de las autoridades ministeriales del DF.
Hasta ahí todo es muy trágico, pero se pone peor cuando salen Vicente Fox y sus secuaces, ignorando las ilegalidades y pasándose por el arco del triunfo nada menos que una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡Y esa era la alternancia!
Juan Villalobos y José María Rodríguez
(v.pág.3 de la sección "gente" del periódico Mural del 7 de marzo de 2013).
Lo anterior, como parte de las movilizaciones que esta gremial realiza "en defensa de la educación", mismas que podrían extenderse hasta 72 horas según previsiones de la dirigencia sindical.
Estas acciones mantienen sin clases desde ayer lunes a más de 1'300,000 alumnos de nivel básico de la entidad.
En tanto, estudiantes normalistas de esta ciudad, encabezan la retención de unidades del servicio de transporte urbano como parte de sus acciones en apoyo a la Sección 22 del SNTE.
A ello, se suma el bloqueo que realizan habitantes del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en el puente denominado "La Ex Garita", a 5 minutos de la capital, a fin de exigir a su alcalde la restitución de un predio que es actualmente usado por ese ayuntamiento como cuartel de la policía municipal.
(V.Notimex del 5 de marzo de 2013).
El caso de Elba Esther Gordillo es paradigmático en ese sentido, pero no es único. El proceso en su contra, basado en las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero de procedencia ilícita será difícil de demostrar: no estamos hablando de los excesos que se pudieran haber cometido ni de los despilfarros. Hablamos de comprobar que el dinero fue utilizado en forma ilícita, si es que el sindicato ratifica que sus órganos de control le dieron autorización para utilizar ese recurso, lo haya usado en los que fuera, desde aviones hasta tiendas de lujo. De ese hilo: de que se compruebe que los recursos utilizados son de procedencia ilícita es el del que pende todo el caso. Es verdad que hay otros potenciales delitos como los fiscales que pueden permitir que Elba Esther siga procesada, pero los dos principales, delincuencia organizada y lavado de dinero, dependen casi en exclusiva de ese factor.
Eso es independiente del hecho de que la exhibición de todo el entramado de manejo de dinero sea un golpe político brutal contra un liderazgo político y sindical que se equivocó en muchas de sus decisiones sobre todo en la transición y el inicio de la administración Peña, sobre la reforma educativa pero sobre todo en la percepción de la fortaleza y la decisión de poder del propio presidente. La reacción comedida del SNTE y de Nueva Alianza ante el tema es la mejor demostración de que, aunque tarde, se comprendió cómo funciona esta nueva realidad.
Pero si no va a haber intocables, hay que recordar otros casos. Se ha hablado hasta el hartazgo de Carlos Romero Deschamps y de Joel Ayala, pero se podrían incluir a muchos más, desde el propio Francisco Hernández Juárez, líder desde hace 37 años del sindicato de telefonistas (asumió el cargo exigiendo la democracia sindical) hasta el líder ferrocarrilero Víctor Flores, al que acusan de desviar más de 13,000 millones de pesos. Para no hablar de los dineros que le desapareció Martín Esparza a los pocos afiliados que quedan en el SME o Napoleón Gómez Urrutia, con los 52 millones de dólares que les escamoteo a los sindicalistas de Cananea.
Si vamos a hablar de gobernadores un caso notable de impunidad es Leonel Godoy. Olvidemos por un momento el caso de su hermano Julio César, prófugo de delitos de relación con el narcotráfico. Como aquí escribimos el año pasado según las auditorías practicadas a su gobierno a Godoy se le "perdieron" más de 9,000 millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero del 2011, créditos por 4,800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no hay información sobre cuál es la deuda que se estaría refinanciando. En la cuenta pública se dice que se pagaron créditos de corto plazo a algunas instituciones bancarias, pero en ningún caso se dice cuáles son y en qué cuentas se aplicaron.
Al mismo tiempo, en pleno proceso electoral federal y de transición del gobierno local, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se pidió otro paquete de créditos por 4,950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el congreso para su autorización. 2 créditos fueron utilizados para "necesidades temporales de Tesorería". Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron, por lo menos mil millones, para pagó de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. De ese total, hay por lo menos mil 347 millones de pesos provenientes de préstamos bancarios que lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. Hay muchísimas irregularidades más. Por ejemplo, existe un incumplimiento en el pago del ISR descontado a los salarios de los trabajadores estatales de más de 998 millones de pesos en el último año de la administración Godoy. No se localizan 148 automóviles, maquinarias pesadas, predios, inmuebles y terrenos. Desaparecieron.
Si ese es el caso de Godoy, ahí tenemos también el de Andrés Granier: faltan, lo ha denunciado su sucesor Arturo Núñez, miles de millones de pesos, 3,000 de los cuales estarían depositados en la cuenta de banco de una de las hijas del ex gobernador. La lista podría continuar. Porque hasta ahora hay muchos intocables.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de marzo de 2013).
De acuerdo a la asociación civil denominada México Unido en Contra de la Delincuencia, la cultura de la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un estado de derecho.
Laveaga (2005) señala que la cultura de la legalidad "es un conjunto de valores, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que lo ejecutan".
Las características distintivas de la cultura de la legalidad son: la sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes; la mayoría de la sociedad tiene la voluntad (hábito o costumbre) de respetar las leyes, porque existen órganos de control y gobierno; la violación a la ley es sancionada o castigada; existe un proceso de defensa de acusados; la delincuencia y la corrupción son legal y socialmente condenadas, y existe un sistema para cambiar o reformar las leyes.
De hecho, la cultura de la legalidad o la falta de ésta explican, en gran medida, el nivel de criminalidad e inseguridad pública predominante en las naciones, ya que un país en que sus habitantes respetan, promueven y fomentan la cultura de la legalidad, entendida ésta como el acatamiento al imperio de la ley, es un Estado con menores índices de delincuencia e inseguridad pública. Por el contrario, los países en los que predomina una cultura de la ilegalidad, son naciones con mayores niveles delincuenciales e inseguras. De esta forma, la cultura de la legalidad se convierte en una variable independiente que incide en los niveles de convivencia civilizada que experimentan las naciones.
La cultura de la legalidad necesita de la orientación educativa y supone la existencia de un proceso de aprendizaje, en la que la institución escolar juega un papel importante. De hecho, la institución escolar y, en especial, la universidad, son un espacio privilegiado para construir y fomentar la cultura de la legalidad, en general, y de la legalidad escolar, en lo particular.
Andrés Valdez Zepeda y Alejandra Zarzosa Cococedo
(v.pág.6 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 4 de marzo de 2013).
Ayer, en Marquelia, colindante con el Estado de Oaxaca, pobladores presentaron a sus agentes comunitarios. Lo mismo hicieron habitantes del municipio de Copala.
Ante visitantes de otros municipios de la región que ya conformaron sus grupos, los nuevos expusieron que sus objetivos son resguardar a la ciudadanía y combatir la delincuencia organizada.
Así, desde ayer al menos mil hombres armados con machetes, fusiles, escopetas, rifles y pistolas patrullaron las calles de este destino de playa guerrerense.
Algunos uniformados, otros inclusos con chalecos antibalas, se formaron en cuatro filas y marcharon por las calles ante la mirada y apoyo de los ciudadanos.
En diferentes zonas se pudo apreciar a los hombres armados recorriendo en grupos la ciudad.
Según el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, 7 de 15 municipios de la Costa Chica ya tienen policías comunitarias y otros más están por sumarse.
"Estamos construyendo una estructura de seguridad coordinada para garantizar la seguridad a toda la región de la Costa Chica".
"Con Marquelia estaríamos sumando a 7 municipios de la Costa Chica y en los próximos días estaríamos en los otros municipios", afirmó el activista.
Plácido Valerio afirmó que con esta estrategia han disminuido 85% los hechos delictivos en la zona.
Marquelia tendrá al menos 600 agentes comunitarios para el resguardo de sus zonas.
(V.pág.8 del periódico Mural del 28 de febrero de 2013).
El grupo apareció esta semana en Tepalcatepec, en el estado occidental de Michoacán, una zona dominada por cárteles de narcotráfico en pugna. Tepalcatepec ha sido el más reciente en una ola de poblados donde sus residentes se han organizado para patrullar y ocupar retenes desde enero, con el objetivo de combatir crímenes como secuestros y extorsión.
Sin embargo, los grupos anteriores de autodefensa estaban conformados en su mayoría por campesinos con botas enlodadas o incluso sandalias. Muchos iban armados con escopetas, rifles de un solo tiro, pistolas viejas y machetes.
Imágenes de video del poblado muestran al nuevo grupo justiciero mucho mejor armado y vestido, con fusiles de asalto, pantalones impecables y con camisetas que llevan impresa en el frente la leyenda "Policía Comunitaria". En la parte posterior, también con una buena técnica de impresión, las camisetas dicen "Por un Tepalcatepec Libre".
Muchos mexicanos están preocupados de que, además de agrupar a residentes hartos de la delincuencia, las patrullas de autodefensas comiencen a actuar como si fueran grupos paramilitares o de que sean empleadas por los mismos cárteles.
Uno de los líderes del nuevo grupo justiciero, que ya ha puesto retenes en la autopista y comenzó a interrogar a los conductores de los vehículos que pasaban, dijo que el grupo se conformó por ciudadanos comunes que ejercían sus derechos constitucionales.
"Lo que queremos es librarnos de la presión de la delincuencia organizada", dijo el líder del grupo, quien usaba una pañoleta azul sobre su rostro y se negó a dar su nombre. "Nos estaban cobrando cuotas, nos estaban extorsionando".
El hombre negó que los cárteles que operan en la zona estuvieran detrás del grupo, y dijo que estaba financiado y apoyado por los residentes.
El subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez, reconoció el martes, durante una conferencia de prensa, la dualidad del problema. Por una parte hay que restaurar las policías en zonas sin ley y por el otro se tiene que poner freno a los grupos justicieros.
Sánchez dijo que el gobierno buscaba negociar con los grupos de autodefensa.
"El trabajo de nosotros es que se cumpla el estado de derecho en los dos sentidos ... primero garantizar la seguridad ... y que los ciudadanos que hoy han optado por la vía de organizarse a través de estas organizaciones de autodefensa, se les encauce al espacio adecuado para que pueda la participación ciudadana colaborar con las fuerzas del gobierno", explicó Sánchez.
Una de las mayores preocupaciones para los funcionarios de derechos humanos ha sido la práctica de grupos de autodefensa, de detener a personas que ellos encuentran sospechosas, y de retenerlas, a veces por semanas, en prisiones improvisadas.
El líder del grupo de Tepalcatepec dijo que las autodefensas que patrullan ahí ya han detenido a "varios" sospechosos.
(V.Associated Press del 27 de febrero de 2013).
Grupos de autodefensa han surgido en estados como Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde la autoridad no ha podido garantizar la seguridad. No obstante, la tendencia puede expandirse hacia otras localidades: "Los riesgos que tenemos es que se puede desbordar esto, en primer término, hemos sufrido mucho para lograr las instituciones de alguna manera, en teoría, que garanticen certidumbre en el marco de un estado de derecho, es lo que se puede perder".
La reversión del proceso no será inmediata, advirtió, sino a largo plazo para que las autoridades implementen programas sociales efectivos apartidistas y garanticen la seguridad.
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 26 de febrero de 2013).
Aun cuando la idea de las autodefensas pudiera parecer romántica e interesante a muchos, es jugar con lumbre. Equivale a permitir que se desarrollen pequeños cotos de poder y fuerza que desafíen y debiliten al Estado. De bote pronto, pudiera parecer sano y útil que las comunidades no esperen a que el gobierno, lento, torpe y corrupto, ponga orden en su territorio. En el corto plazo pudiera ganarse eso y complicarles la vida a los delincuentes. Sin embargo, si algo tiene el "Estado" conceptualmente hablando, es que se ha venido construyendo por siglos y ello le ha dado al país solidez institucional, un marco jurídico y un estado de derecho que rige la actividad ciudadana del país. Relajarlo, abrir espacios sin pensarlo adecuadamente, puede traer como consecuencia su debilitación, su posterior desafío y el acercamiento al anarquismo. No está muy lejos, ni en el tiempo ni en la distancia el ejemplo de Colombia.
En Colombia las autodefensas surgieron para hacerle el trabajo sucio al ejército. Financiadas por los poderes facticos, combatían a la guerrilla sin la camisa de fuerza que representaba el respeto a la ley y los derechos humanos. Sin embargo, llegó un momento donde desarrollaron criterios propios, antagónicos a los del estado colombiano, se indisciplinaron y se convirtieron en un problema mayor para el propio Estado que decían proteger.
Aun cuando el origen de las autodefensas colombianas es muy distinto al de México, las cosas nunca son estáticas, y hay que prever su evolución. Esa autoridad y fuerza paralela al Estado también lo puede desafiar; y si ya pudo construir fuerza y desarrollar respaldo popular de facto que pueda imponer reglas o desacatar leyes porque así lo han convenido comunitariamente, sembrando una dinámica de anarquismo que nos pudiera acercar al caos.
Sin duda que la solución es política, es necesario una salida concertada que atienda en primer plano el enojo y la frustración de las comunidades que se sienten asoladas por la delincuencia sin que las instituciones de seguridad hagan nada.
Alberto Pérez
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de febrero de 2013).
Las comunidades guerrerensesque se suman al surgimiento de las policías comunitarias son Ocotillo, Ejido Viejo, Las Lomitas, Los Terreros, Tepetixtla, Brasilia, entre otras.
Por otra parte, ante la constante aparición de mensajes de la ciudadanía contra la delincuencia organizada, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Miguel Moctezuma Domínguez, niega la existencia de grupos de autodefensa en Zacatelco y la zona sur del estado, para hacer frente a la inseguridad. "Niego enfáticamente que existan grupos de autodefensa en ninguna comunidad y en ningún municipio".
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2013).
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 24 de febrero de 2013).
Por si lo anterior fuera poco, agréguese el hecho de que -según datos del investigador y consultor internacional Edgardo Buscaglia- para 2011 1,756 municipios (71.5% del total) estaban capturados o bajo control del crimen organizado.
En este contexto, resulta comprensible, más no justificable, que desde el 6 de enero pasado haya irrumpido en el escenario político y social un nuevo actor que al mismo tiempo es fiel expresión de la debilidad o incapacidad del estado mexicano para brindar seguridad a la población: los grupos de autodefensa o policía comunitaria, mediante los cuales la población civil se armas para defenderse y tomar la justicia en sus propias manos.
Según datos extraoficiales se trataría de la existencia de esos grupos en al menos 36 comunidades de 8 estados; en tanto que, el secretario de Gobernación reconoce "entre 14 y17" localidades en esa situación. El que la autoridad no sepa a ciencia cierta cuántos grupos de esos son y los legitime al recibir a algunos de ellos, demuestra el descontrol que han provocado y la crisis de seguridad en que estamos inmersos. El Estado no sólo es incapaz de brindar seguridad, sino que además no sabe dónde se localizan esos grupos ni cómo procesar este fenómeno.
Si bien hasta el momento no son grupos armados contra el Estado ni para delinquir, no por ello tienen derecho a tomar la justicia en sus propias manos ni a armarse para reclamar su derecho a la seguridad. Además, no existe ninguna garantía de que esos grupos hayan surgido en algunos de los 700 municipios que -hasta el 2011- no estaban capturados o controlados por el crimen organizado. Dicho de otra manera: ¿esos grupos son genuinamente de autodefensa o son grupos armados que controla el crimen organizado? O bien, ¿estos grupos ofrecen mayores garantías de no ser corrompidos que las o los policías del estado mexicano?
Este fenómeno nos ha venido a mostrar con toda crudeza la gravedad de lo que significa la ausencia o debilidad del Estado.
Los mexicanos hemos sido muy dados a poner en la Constitución todos los derechos habidos y por haber. Sin embargo, en esta práctica y entre los objetivos del Pacto por México hay uno que se ha olvidado incluir: el derecho al Estado, que es el único que puede hacer posible todos los demás derechos, empezando por el de la seguridad.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de febrero de 2013).
Recordó que Centroamérica y Colombia son un buen ejemplo de cuando empiezan a surgir tareas de investigación, incluso de castigo "y se incrementan exponencialmente la violación a los derechos humanos. Aquí hay un papel para el Estado importantísimo, es el único que puede garantizar la seguridad, pero una profesional, conforme a ciertos parámetros", señaló.
Apuntó que lo importante es optimizar el rendimiento profesional de los grupos policiacos.
"¿Qué confianza tiene el ciudadano en la policía frente a los escándalos de corrupción o de penetración de los cárteles? Ese es un problema muy grave. ¿Qué confianza existe en la nueva policía?", dijo el director regional de HRW para agregar: "Constatar que las policías en México no están a la altura de los desafíos es algo bastante evidente. Lo importante es que el modelo que se adopte sea uno que pueda rendir cuentas ante las autoridades judiciales cuando se producen abusos, ya sea de corrupción o de violaciones a los derechos humanos".
No obstante, consideró: "No me parece que sea un problema donde uno pueda arrancar conclusiones apocalípticas y diga: cuando uno utiliza este modelo policial necesariamente se van a producir violaciones a los derechos humanos".
Al presentar el informe sobre desapariciones, Vivanco recomendó al gobierno federal investigar las denuncias de desapariciones, hacer justicia y combatir a la impunidad para evitar que se repitan.
"No se puede seguir viviendo en un país donde se presume que son todos delincuentes abatidos o que caían como cucarachas, como decía el gobierno anterior", sostuvo.
Dijo que debe castigarse a soldados y oficiales del Ejército y la Marina que hayan participado en estos actos con "sentencias que sean proporcionales a las atrocidades que aquí se han cometido por parte de la fuerza pública en una guerra contra el narcotráfico en la que todo fue permitido. Este es el resultado de una guerra sin controles".
Además, se manifestó por la eliminación de la figura del arraigo y en la modificación del fuero militar.
Vivanco afirmó que los derechos humanos fueron soslayados por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón en una "guerra sin controles" contra la delincuencia en la que todo fue permitido.
(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 22 de febrero de 2013).
El legislador puntualizó que la seguridad pública es una obligación del Estado que no se puede desatender.
El tema de fondo es si el Estado va a cumplir con sus funciones o ya no es suficiente o capaz.
"Discutamos sobre de ello, pero no cerremos los ojos. Si es así, intentemos entonces una nueva fórmula, pero no será auspiciando el crecimiento de las autodefensas ciudadanas, que lo hacen porque creen que ya no hay nadie que les pueda brindar seguridad desde el gobierno", agregó.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, advirtió que en algunos casos las policías comunitarias pueden ser "peligrosas", porque las instituciones existen para evitar venganzas o el combate sin reglas a la delincuencia.
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 22 de febrero de 2013).
Puntualizó que es importante que el gobierno tome medidas ante estas expresiones de inseguridad en distintos entidades del país, razón por la cual se reunirá mañana viernes el Consejo Coordinador Empresarial con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para platicar sobre estos acontecimientos y exponerle su preocupación al respecto.
Señaló que también es preocupante el conflicto que se vive en un plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, puesto que algunas de las personas que han sido detectadas como líderes, y que mantienen cerrado el plantel escolar, también aparecen en video de los incidentes vividos el 1o.de diciembre en el Paseo de la Reforma, en los que hubo afectaciones a los negocios de la zona.
(V.pág.29 del periódico Milenio Jalisco del 22 de febrero de 2013).
Un país en que los legisladores alteran la ley a su antojo, y los juzgadores la hacen como chicle para favorecer a saqueadores y secuestradores, es un triste país. Triste país es aquel donde una ralea de chómpiras puede ocupar con violencia una institución de la UNAM, y no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 21 de febrero de 2013).
Pero si usted es militante de El Barzón, o de cualquier otra organización política, no sólo no habrá advertencia o grúa sino que la patrulla desviará el tránsito para protegerlo, no sea que alguno de los furiosos automovilistas afectados le eche el coche encima.
En el momento en que escribo este artículo un pequeño grupo que se identifica como parte de El Barzón Popular, y que Alfonso Ramírez Cuéllar de El Barzón dice que no tiene nada que ver con su organización, ha mantenido un bloqueo parcial durante tres días de la avenida Constituyentes en el poniente de la ciudad de México, generando enormes problemas a la circulación.
Injusta o cobarde es la actitud de las autoridades ante los grupos de presión que viven de extorsionar a gobiernos y a la sociedad. Presionadas además por fallos de la Suprema Corte de Justicia y recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, cada vez están más dispuestas a ceder a los chantajes de los grupos de presión, con lo cual generan mayores incentivos para las extorsiones.
Ahí está el grupo de encapuchados que, también hasta el momento de escribir esta reflexión, ha tomado la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo, que afirma estar compuesto de estudiantes, había señalado que sólo entregaría las instalaciones y comenzaría un diálogo con las autoridades de la UNAM si éstas cumplían 3 condiciones: cancelar las expulsiones y "persecuciones judiciales" a los miembros del grupo, garantizar que no hubiera "represalias" contra quienes han realizado la toma de las instalaciones y posponer hasta el 30 de noviembre la actualización de los programas de estudios.
Las autoridades de la UNAM aceptaron cumplir las 3 exigencias de este pequeño, pero al parecer influyente grupo. Los mismos activistas se sorprendieron, al parecer, con esta rápida rendición incondicional; pero reaccionaron señalando que, a pesar de que la UNAM había prometido cumplirles sus demandas, no entregarían las instalaciones. De hecho, añadieron una nueva exigencia: la destitución de la directora general del CCH Laura Lucía Muñoz Corona. Habrá que ver si la UNAM también la acepta.
En otros lugares del país estas presiones de grupos de interés son también cosa de todos los días. Ayer los normalistas de Oaxaca, unos 6,000 de 11 escuelas, se pusieron en huelga y anunciaron movilizaciones para obligar al gobierno de Gabino Cué a entregarles plazas de maestros sin presentar ningún examen. A su vez, los maestros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca suspenden labores y preparan una nueva huelga que será acompañada, por supuesto, de sus propias manifestaciones y bloqueos.
Por la cobardía de las autoridades, pero también por decisiones de la Suprema Corte y de las comisiones de derechos humanos, se ha establecido un sistema en México en el cual los grupos de presión obtienen privilegios especiales. Sólo ellos pueden en absoluta impunidad bloquear vías de comunicación o agredir a policías y a ciudadanos. Las autoridades no pueden hacer más que ofrecer rendiciones incondicionales u otorgar más privilegios.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 21 de febrero de 2013).
Marchas otra vez en el Defe
contra la reforma educativa,
la reforma laboral, por Reforma.
La Sección 22, en huelga, ocupa
y depreda otra y otra vez el centro
histórico de Oaxaca.
Si los marchistas tienen razón, malo.
Si no la tienen, peor.
La impunidad de los grupos,
la incapacidad de las autoridades
y la repetición cansina de los mismos
hechos es, por lo menos, vergonzosa.
Los hechos siguen desmintiendo
frases, acuerdos y reformas.
La autoridad tiene el síndrome del 68.
Nemesio Maisterra
(v.pág.9 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).
Al respecto, el senador del PAN Fernando Yunes, expresó que la resolución dejó una puerta abierta para que secuestradores soliciten ahora amparos y puedan quedar en libertad: "Sienta un precedente bastante preocupante, prácticamente podría llegar a dejar una ventana abierta cuando una detención no se haga conforme al procedimiento legal, lo que permitiría que muchos delincuentes se puedan amparar".
A mí, lo que me parece preocupante es que a un senador de la república le cause preocupación el tener que cumplir cabalmente con los procedimientos legales establecidos para detener a una persona y no valore las razones por las cuales dichos procedimientos existen en todo el mundo.
Si la ley no se aplica al pie de la letra, 2 cosas pueden pasar: que inocentes estén refundidos en la cárcel por crímenes que no cometieron, o que delincuentes salgan libres, como pudo haber sido el caso de Cassez (si es que finalmente era culpable). Y no se cuál de las 2 cosas sea peor.
Yo pienso, como Voltaire: "es mejor correr el riesgo de salvar a un culpable que condenar a un inocente".
Prefiero saber que un delincuente salió libre porque las autoridades hicieron mal las cosas, a saber que hay inocentes encarcelados de por vida.
El miedo que tenemos los mexicanos y los extranjeros de caer en las manos de un sistema policíaco y judicial corrupto, extorsionador, torturador, capaz de fabricar pruebas valiéndole un comino la ley y los derechos humanos, particularmente el de la presunción de inocencia, es fundado.
Por supuesto que no es cualquier cosa que un criminal salga libre por "tecnicismos", pero pienso que deberíamos preocuparnos y hacer mas escándalo por todos los inocentes encarcelados a los que les han violado sus derechos, que por los criminales que andan sueltos, ya sea por habilidades propias o de sus abogados.
Hay historias de delincuentes famosos que no pudieron encarcelar porque las pruebas en su contra no fueron obtenidas conforme a la ley, porque amenazaron o mataron a los testigos, o porque sus detenciones y los allanamientos a sus casas fueron sin una orden judicial, es decir, porque les violaron sus derechos.
Lo importante de esto no son los derechos de un criminal, lo importante es -y por ello es que defiendo la decisión de la Corte- que si la autoridad es capaz de violarle los derechos a un criminal poderoso, imaginen lo que no le hacen a un ciudadano inocente e indefenso.
Los policías no son jueces y no pueden asumir de antemano que una persona es culpable sólo porque alguien "les dijo" o porque estuvo en el lugar y momento equivocado. Y como además es común que un delincuente cualquiera, o un "testigo" primero inculpe a otros antes que inculparse a sí mismo, es que todos merecemos el beneficio de la duda.
Sí, el aplicar los procedimientos que la ley señala para la detención de personas puede ocasionar que en algunos casos delincuentes y criminales salgan libres, pero ésta es la única garantía que tenemos los ciudadanos comunes para no terminar en la cárcel purgando penas por delitos que no cometimos.
Como la justicia es imperfecta, si en algún momento se va a equivocar, yo prefiero que se equivoque aplicando al pie de la letra los procedimientos diseñados para la protección de inocentes.
Si las leyes no nos gustan, cambiémoslas, pero no permitamos que su aplicación sea discrecional.
La única garantía que tenemos para que los criminales se queden en las cárceles es respetar los debidos procesos, y esa es también la única garantía de que los inocentes salgan libres.
Entendamos: las sanciones a los funcionarios públicos y policías que no hacen las cosas bien no son para beneficio de la delincuencia organizada, sino para beneficio y protección de todos los ciudadanos honestos, y que afortunadamente somos -todavía- la enorme mayoría.
"Los demonios no se despiertan cuando se aplica la ley, sino cuando no se aplica, o se aplica mal".
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).
Javier Hernández Valencia, representante de Naciones Unidas, recordó que diversas instancias internacionales han recomendado a México desaparecer el arraigo, ya que su aplicación ha derivado en la violación de los derechos humanos.
Daniel Zapico Alonso, director interino de AI, advirtió México debe desaparecer el arraigo de su marco legal, ya que esa práctica sólo se aplica en naciones donde primero se detiene a las personas y luego se determina su culpabilidad.
"El arraigo es una figura muy mexicana en su configuración, pero tiene también muchos familiares, países como Pakistán, Israel o Guantánamo", alertó.
"Se detiene a personas sin evidencias y sin control judicial efectivo, lo que lleva a graves violaciones. El arraigo persigue en teoría la inculpación posterior, en la mayoría de los casos el arraigo es inefectivo para proceder con las condenas", dijo.
Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, también se pronunció a favor de la eliminación del arraigo, tras reconocer que su práctica deriva en otros abusos como la tortura.
"El arraigo en México es una práctica que ha dejado secuelas de abusos y violación a derechos humanos. Esa práctica ha debilitado a las instituciones", criticó.
"El arraigo ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente, es también ocasión para la práctica de la tortura, para detener y luego investigar. A mi juicio, debe desaparecer", externó.
La subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, reconoció que la aplicación del arraigo ha derivado en abusos y no ha mejorado la aplicación de la justicia.
Recordó que de un total de 4,000 arraigos aplicados en los últimos 2 años, sólo 129 personas han sido consignadas.
"Hubo un uso excesivo de esta figura y ha provocado un efecto perverso porque la PGR usó esta figura más como una regla que como una excepción", aceptó.
"El uso desmesurado de la figura no mejoró la procuración de justicia. Además, hay que decirlo, ha sido cuestionada por diversos órganos internacionales de derechos humanos, el más reciente el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas".
(V.pág.2 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).
El artículo 65 de la iniciativa señala además que las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas en los términos y montos que determine la resolución de un órgano jurisdiccional o un organismo público de protección de los derechos humanos, nacional o internacional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
En tanto, en los artículos 66 al 72 se precisan los delitos en los que el Estado privilegiará la reparación económica en caso de que el responsable se encuentre sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad.
"La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y mental como consecuencia del delito", apunta el artículo 68.
Silvano Cantú, coautor de la Ley General de Víctimas promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró que la obligatoriedad de que el Estado resarza económicamente a las víctimas de delitos en casos específicos es una medida encaminada a abatir la impunidad.
"El incentivo que le pones es que ahora sí investigue, persiga y profesionalice a los servidores públicos porque la impunidad va a costar. Hoy al Estado no le cuesta nada. Hoy el 98.5% o más de los delitos quedan impunes y no cuesta nada", sostuvo.
(V.pág.2 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).
Sin esa transformación del sistema de justicia, que involucra a todo el poder judicial, pero también a la PGR (que tiene pendiente la reforma que planteó en su momento Eduardo Medina Mora y que nunca se sacó adelante) lo que se haga en la seguridad y los policías, será, siempre, insuficiente. Resulta imprescindible ponerle fechas, objetivos, metas a la reforma del sistema de justicia porque no nos podemos como sociedad dar el lujo de dejar transcurrir más tiempo sin implementarla seriamente.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2013).
El día de hoy se menciona en la prensa nacional y algunas estatales, nuevamente, los actos de corrupción, de tráfico de influencias, de opacidad de uno de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón, se trata nada más y nada menos de César Nava... incondicional y amigo... que actualmente se dice está en proceso judicial en la PGR por actos de corrupción y lavado de dinero, cuando era un funcionario de altos vuelos en Pemex, no estaría nada mal que se pueda juzgar y sancionar a estos personajes. Pero tampoco olvidemos qué pasa con otros de sus más cercanos amigos y amigas del ex presidente azul... qué negocios hacían Patricia Flores en la Oficina de la Presidencia, o qué negocios hacía uno de sus protegidos en el IMSS... Lorenzo Martínez Garza... ustedes han oído que alguien les pida que rindan cuentas, que se investigue su enriquecimiento inexplicable... habría que pedir les abran un expediente... en donde sea... que por lo menos molesten y atormenten a su representante legal... que por lo menos se amparen... no sea que vayan a ser injustos y mal pensados con ellos...
Lo mismo podríamos decir del gobierno que termina de Emilio González Márquez y varios de sus secuaces... quién no se acuerda del secretario de Salud... su compadre Gutiérrez... de Monraz, de Taylor y otros más... sería bueno abrirles sus expedientes, para que expliquen y aclaren de dónde vienen sus nuevas fortunas, su nueva vida, sus nuevas propiedades, sus nuevos negocios... aun si se las heredaran sus abuelitos, tías y suegros... hay que justificarlas y transparentarlas...
No crea que la gente no sabe lo que ha pasado en Coahuila y en Tabasco con las administraciones de Moreira y de Granier, sus familias, sus amigos y sus protegidos, de Juan Sabines, en Chiapas, otro ejemplo digno de investigar y sancionar de todos los ilícitos, de toda la rapiña que cometieron, con todo el abuso del poder. Los niveles de corrupción, de cinismo, de enriquecimiento inexplicable, de impunidad de estos gobiernos, de estos pseudogobernantes son escandalosos... debería aplicarse la ley a secas (Benito Juárez) para todos estos personajes sin escrúpulos, debería haber sanciones ejemplares... para que todos los que siguen en la administración y en los gobiernos le tengan respeto, miedo y pavor a nuestras leyes.
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2013).
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de febrero de 2013).
Organismos defensores de los derechos humanos y analistas doctos y objetivos, coinciden: permitir que las "policías comunitarias" actúen con el visto bueno de la autoridad constituida, es institucionalizar la Ley de la Selva. Historias parecidas se produjeron en el pasado en varios países centro y sudamericanos: los "Escuadrones de la Muerte" que brotaron casi espontáneamente, como los hongos, en Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil y otros países, fueron la reacción de los particulares ante la ineptitud de la autoridad. Esos grupos paramilitares, incontrolables, se dedicaron a hacer justicia -como ellos la entienden- por su propia mano.
Salvo prueba en contrario, institucionalizar las "policías comunitarias" es traer al lobo para que nos cuide del perro.
Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2013).
Es fundamental reiterar el rechazo a la conformación de policías comunitarias que están proliferando en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos y el Estado de México.
Aunque afirmó que la comisión no niega ni minimiza el hecho de que la aparición de los grupos de autodefensa responda a un acto desesperado de la población por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública, apuntó que nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno.
Se mostró preocupado, ya que existe una línea muy tenue entre esas organizaciones y los grupos paramilitares.
En tanto, en Guerrero la Coordinadora de Autoridades Comunitarias llevó a cabo una marcha en San Luis Acatlán para solicitar respeto a la iniciativa de su creación.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2013).
En la impartición de justicia existen países donde el Estado de Derecho es una realidad, donde las leyes suelen ser blandas, pero de aplicación rígida. En México las leyes suelen ser muy rígidas pero su aplicación es blanda. Están sujetas al estado de ánimo de los gobernantes, o de la intervención diplomática de los países.
Carlos Alberto Lara González
8v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2013).
Exigieron al gobierno estatal intervenir ante los congresos de la unión y local para dar marcha atrás a la reforma educativa aprobada en fechas recientes.
Lo anterior, por considerar que lesiona gravemente sus derechos laborales.
De acuerdo con los inconformes, durante este día por lo menos 30,000 docentes realizan un paro de labores de 24 horas en las 8 regiones que conforman el sector educativo, y en esta ciudad llevaron a cabo una concentración en la Autopista del Sol.
(V.Notimex del 15 de febrero de 2013).
Pero se trata en realidad de grupos paramilitares que actúan al margen de cualquier legalidad y atentan contra los derechos humanos, inclusive de la propia gente que pretenden (y no hay por qué no creerles) "defender".
Es aberrante que las medrosas, incapaces y cachetonas administraciones estatales consientan la proliferación de tales grupos, pero más todavía que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometa con algunos, como en Guerrero, a regularizarlos.
Si nada garantiza que los egresados de academias policiacas (y hasta con cierta genuina vocación) hagan su trabajo, ¿qué puede esperarse de la improvisación tutelada por el Estado?
Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).
Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).
Los grupos de autodefensa en México, como los adheridos a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, degenerarán en paramilitares que si no se desactivan, terminarán por formar parte de la espiral de violencia que pretenden combatir, aseguró Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia.
Consideró un error que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya iniciado pláticas con esas organizaciones (la semana pasada pactó con la UPOEG la liberación de 54 detenidos y su eventual desarme).
"Un grupo de autodefensa que termina siendo paramilitar, como en el caso de Guerrero, tiene que desarmarse primero; sentarse a dialogar en estas condiciones resulta contraproducente y genera incentivos muy nocivos para otros grupos armados que andan por ahí", señaló.
El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, sostuvo que "la mejor manera de desarmar a esos grupos no es sentarse a una mesa a parlotear mientras se quema Roma, (lo adecuado) es mostrarle a la población que el Estado tiene capacidad de investigación, acusación y sentencia" contra delincuentes, pero también contra políticos y servidores públicos corruptos.
Buscaglia dijo que estas organizaciones surgen ante un Estado débil e incapaz de garantizar justicia, pero con el paso del tiempo se corrompen, convirtiéndose en agrupaciones que actúan al margen de la ley.
Sostuvo que las autodefensas que surgieron en semanas recientes "son paramilitares por más que justifiquen que actúan ante la falta de Estado".
El especialista hizo una distinción entre el "paramilitarismo mafioso" de Colombia y el que tiene fines de protección social. "No hay que darle una connotación de derecha o izquierda (...), pero siempre termina siendo dañino para la sociedad, porque terminan formando parte de la espiral de violencia que comienzan a generar ellos mismos".
La única solución para que desaparezcan las autodefensas, dijo, es que policías, fiscales, jueces y sistema penitenciario cumplan su función, lo que no ocurre en México, país "que aún no deja de deslizarse hacia el abismo" y "continúa en una orgía de corrupción generalizada".
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director de México Seguridad, consideró grave que cada vez más comunidades recurran a estas alternativas.
El investigador en temas de seguridad militar y terrorismo, señaló que la corrupción y falta de controles de confianza en las policías municipales y estatales es el origen de esas organizaciones.
"La hipótesis de que se conviertan en paramilitares es correcta; existe un alto riesgo sobre todo en comunidades serranas".
"Lo que no se debe permitir es que Gobernación negocie con esos grupos; es preocupante que el gobierno federal y los estatales se sienten a negociar con comunidades que están asumiendo el control de la seguridad, que es potestad del Estado", agregó.
En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué rechazó que haya más policías comunitarias aun cuando en Álvaro Obregón sigue operando una policía civil.
(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 15 de febrero de 2013).
(V.pág.26 del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).
Alberto Aguilar
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).
He aquí que un grupo de personas, a veces no más de una cincuentena, puede trastornar la vida de cientos de miles de ciudadanos al impedirles el libre paso por la vía pública. Esas acciones son una forma de violencia que se disfraza de derecho a la manifestación de las ideas, y que es en verdad un atentado contra la vida comunitaria, atentado cuya gravedad no se reconoce, y contra el cual no se hace nada. Todo mundo, es cierto, es libre de protestar, de exigir, de denunciar. Nadie debe hacerlo, sin embargo, conculcando la libertad de los demás. En ese sentido los gobernantes del Distrito Federal han sido siempre omisos.
Por temor a ser calificados de represivos permiten que un día sí y el otro también sea trastornada la vida cotidiana de los habitantes de la capital. Si el actual Jefe de Gobierno del DF pretende que ese cambio de nombre, de Secretaría de Transporte a Secretaría de Movilidad, sirva para designar algo efectivo, lo primero que debe hacer es desafiar a unos cuantos demagogos -ésos que cambian la ley para sacar libres a los facinerosos-, y conseguir que la movilidad sea efectiva, y que las manifestaciones se lleven a cabo en tal manera que, sin mengua del derecho a la protesta, se eviten daños a la gente común. Los verdaderos políticos son los que preservan la vida civil a través de la recta implantación del orden y la legalidad. Los que por temor no hacen eso son simples politiqueros.
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas del 14 de febrero de 2013).
(V.Notimex del 13 de febrero de 2013).
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).
Vemos con mucha preocupación como los pseudo-alumnos del CCH de la UNAM toman instalaciones, queman y destruyen las mismas, exigen que se cumplan sus peticiones para no cumplir con las leyes, reglamentos y programas de la institución. Vemos como todos los días los maestros del CNTE no van a clases y no cumplen sus obligaciones con sus alumnos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y otros estados. Ya no nos asombramos que cada día más comunidades, sobre todo en zonas indígenas y con mayor pobreza (Guerrero, Oaxaca, Michoacán) se unjan como autogobierno, establezcan su propio sistema de impartición de justicia y sus sanciones. Cómo en el Estado de Tabasco la Secretaría de Salud fue saqueada, desprestigiada, poniendo en riesgo a la población de enfermarse y morirse.
En Jalisco los trabajadores y los derechohabientes del IMSS, nunca habían visto tanta corrupción, cinismo e impunidad en sus autoridades delegacionales.
Es lamentable que las propias autoridades federales y estatales, los órganos de auditoría y de impartición de justicia hasta el momento no hayan sancionado a los responsables de la vergonzosa corrupción, del gran saqueo y endeudamiento de muchos estados y municipios de nuestro país.
Es importante que los mexicanos exijan a las autoridades que cumplan y hagan cumplir las leyes y sus reglamentos, que vean que cada día haya menos impunidad, menos deterioro de las instituciones que deberían de cuidar y resguardar sus derechos, que no le hagan trampas las contralorías municipales, estatales y federales encubriendo a los corruptos, que las cuentas públicas municipales, estatales y federales sean debidamente revisadas, que verdaderamente se corrijan las desviaciones e infracciones, que en tiempo y forma sean sancionados los funcionarios deshonestos y negligentes.
Hoy los mexicanos necesitan tener certeza de que las autoridades y los funcionarios de los 3 niveles de gobierno sirven a los ciudadanos y no se sirvan algunos con la cuchara chica y muchos, con la grande.
Para los políticos y los gobernantes todo eso está muy bien, pero hay un enorme problema... los ciudadanos lo que quieren y necesitan, es que las leyes se cumplan y que se sancione en tiempo y forma a los que las violan, que cada día haya menos impunidad, que sus bienes y su integridad estén protegidos.
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).
Dice el alcalde que se basa nada menos que en la Constitución para armar a la gente al margen de las fuerzas de seguridad del Estado y cree que tendrá una fuerza armada de unos mil elementos a la vuelta de unas semanas. Como es norma, estos señoretes no se identifican, no se sabe de dónde salen y van, todos, con los rostros cubiertos por pañuelos o paliacates. El gobierno del estado le ha exigido desarmar a la gente, pero el alcalde se ha negado. Dice que está en su derecho. Y no pasa nada.
Freddy Gil es un no tan viejo porro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es conocido como "El Malvavisco", está acusado de innumerables actos violentos y uno de los más destacados en los que participó fue, hace una década, la quema del paraninfo de la propia universidad. Con toda su historia llegó a alcalde, por el PRI, a esa comunidad y ahora desde esa posición desafía a las instituciones del Estado. Es parte de la misma estrategia de grupos de "autodefensa" que recuerdan tanto a los orígenes de las FARC como de los grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia. Algo similar está ocurriendo no demasiado lejos de allí en la Costa Chica de Guerrero. Y no parece que exista una estrategia para detener ese avance de grupos sin control que crecen en algunas de las zonas más pobres del país.
Hace unos meses los "estudiantes" y normalistas de Guerrero estuvieron durante meses en paro porque no querían aprender inglés ni informática. Dicen que no la necesitaban. En realidad lo que no quieren es estudiar o trabajar. Ahora la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM está tomada, luego de innumerables actos vandálicos en su interior, por un grupo de porros, encabezados por un personaje apodado "El Chómpiras", que desde hace años ha repetido una y otra vez acciones violentas contra la institución, alumnos, profesores y administrativos del CCH Naucalpan. Originalmente dijeron que se oponían al plan de estudios, y sobre todo, ellos también, a aprender inglés. Luego fueron manejando otras versiones. En realidad es una lucha por mantener la venta de drogas dentro del plantel, que maneja precisamente este personaje, "El Chómpiras". El narcomenudeo en las escuelas es una de las principales formas de financiarse que tienen estos grupos que utilizan el saqueo, los actos vandálicos y la extorsión para imponer sus bases de control. No son de derecha ni de izquierda, aunque se presenten con distintas banderas ideológicas, son simplemente delincuentes que al manifestarse como grupos políticos adquieren impunidad.
Tarde o temprano alguien tiene que cortar esa cadena de impunidad que afecta todo el sistema educativo. Me parece muy bien que se ponga atención en la evaluación, en la actuación del sindicato o en muchos otros temas, pero lo cierto es que si no se rompe con todos esos grupos, que van desde secciones sindicales independientes con agenda propia hasta grupos dizque estudiantiles, porros, grupos de presión y muchos otros, mientras que con la excusa de distintas banderas políticas pueden perderse meses completos de clases, no aceptar planes de estudios elementales, mientras se pueda cometer cualquier tipo de delitos y hasta luchar por los lugares de venta de droga, con total impunidad, tanta que sus líderes hasta llegan a cargos políticos importantes, la educación pública no progresará y lo único que seguirá creciendo es una educación privada, sin duda legítima, pero que no pueden alcanzar millones de mexicanos.
Jorge Fernández Menéndez"
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).
De acuerdo con Gil Pineda, la conformación de esta policía se derivó de una decisión de la asamblea comunitaria por las presuntas violaciones cometidas contra habitantes por parte de elementos policiales.
Por este motivo, determinaron la conformación de esta policía comunitaria integrada por al menos 40 habitantes de la cabecera municipal y de 23 agencias de esta comunidad localizada en la región Costa.
Encapuchados y con escopetas en mano, los integrantes de esta policía comunitaria instalaron 2 retenes a la entrada de la población a fin de impedir la entrada de dichas corporaciones policiales y defender su territorio y autonomía.
Sumados a la movilización, al menos un centenar de ciudadanos de Santos Reyes Nopala, provistos de machetes, apoyan la acción desde diferentes puntos de la comunidad chatina.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Marco Tulio López Escamilla, cuestionó la ilegalidad fomentada por el alcalde toda vez que este presunto cuerpo policial no cumple con los requerimientos mínimos para brindar seguridad a sus ciudadanos.
De igual forma, destacó la reticencia del ayuntamiento de Santos Reyes Nopala, al negarse reiteradamente a cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Control de Confianza.
(V.Notimex del 11 de febrero de 2013).
Una delincuencia que ha dado por momentos la impresión de que es imbatible, que crece y se reproduce como la mitológica hidra y que sigue adentrándose hacia estadios inéditos.
Vive el país, indiscutiblemente, una condición social sólo equiparable con la que vivieron los mexicanos de los tiempos de la invasión francesa, cuando el estado mexicano atravesaba circunstancias de estado fallido absolutamente.
Puede que ahora sea peor, porque no hay invasión de otro Estado en los formalismos, pero se siente cada día más pesadez de una condición inédita y excepcional, como la que vivieron entonces.
Amplias zonas del país están bajo control de delincuentes, lo mismo en el norte que en el sur. Y las policías y los militares poco realmente han podido hacer para evitarlo. Los resultados están a la vista.
Como a la vista está la reaparición del pueblo armado, con fines de defensa. Igual, como en aquellos tiempos.
En el Estado de Guerrero, unas comunidades acaban de armarse para realizar, ni más ni menos, el trabajo que no pueden o no quieren hacer las fuerzas policiales y militares del país: enfrentar con eficacia a los criminales que asolan caminos, veredas y a pueblos enteros.
Ya en otras latitudes se ha presentado la figura del linchamiento, y de las severas advertencias a los delincuentes de que el que sea sorprendido será linchado en el acto.
Es un tema, el de los levantamientos comunitarios, que da la impresión de que apenas comienza.
Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2013).
La simple idea de preservar la seguridad de los ciudadanos desamparados en una sociedad amenazada por los bárbaros debiera merecer las medidas más drásticas. Entre ellas, la pena de muerte, pero no como una suerte de castigo supremo, como algunos piensan, sino meramente como un mecanismo de limpieza social o, en todo caso, de defensa. Sin embargo, no se puede acometer este trabajo de eliminación con los instrumentos de nuestro aparto judicial. El horror se ha instalado en la cotidianidad de este país. Desafortunadamente, tomará mucho tiempo deshacernos de los antisociales. Las atrocidades seguirán. Cada día. Y mientras tanto, a falta de medidas eficaces y acciones concretas, ciertos gobernantes seguirán queriendo tapar el sol con un dedo.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 10 de febrero de 2013).
Véanse si no algunas pruebas del deterioro del entramado institucional. Por principio nuestras instituciones democráticas cojean. La fuerza del dinero ha impuesto su ley a un nivel desorbitante y se han demeritado los principios que deben hacerse valer en el ejercicio de la democracia. Lo hacen todos los partidos, se observa en todos los procesos de elección. Eso redunda en la crisis en el IFE: una crisis de desgaste que habla del estancamiento de la democracia y el desdén de la población por una cultura que revele y haga efectivas las cualidades que hacen posible la convivencia civilizada.
Fue igual de abominable a la acción violenta del 1 de diciembre de 2012 en las inmediaciones de San Lázaro, la reforma del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la legislación penal, para poner en libertad al grupo de indeseables que cometieron los desmanes.
Por eso mismo, nadie podrá hacer nada de lo que ameritan los encapuchados que de forma violenta y grosera, arremetieron en contra de las instalaciones de la Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
No somos un país en guerra civil pero tiene los muertos como si la sufriera. El gobierno mismo no quiere que hagan más su tarea: es él el que da a conocer los indicadores en materia de seguridad: del 1 al 31 de enero, en las batallas que se produjeron en ese mes, cayeron 1,104 combatientes, de los cuales 1,068 son presuntos delincuentes.
No se puede ocultar que hay ya gobiernos locales reos del crimen organizado, gobernadores impotentes ante el poder de los narcotraficantes. A eso hay que añadir que surgen poderes irregulares, duales, como los comuneros de Cherán y los policías comunitarios de Guerrero, ambos bajo el supuesto de la desatención del gobierno a sus demandas. El hecho de que el mismo secretario de Gobernación haya tenido que acudir a un diálogo con estos últimos, obligado por la colosal incompetencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es otra demostración de la fragmentación del poder y del debilitamiento por la corrupción de las instituciones.
Los más recientes linchamientos en la Ciudad de México pueden considerarse parte de lo mismo, pero es también grave el hecho de que los ejecutores lo quieran hacer ver como acciones de la autodefensa ciudadana, para que el ejemplo cunda y se vuelva lo que realmente es en algunos de esos casos: el camuflaje vulgar que otros delincuentes utilizan para cobrarse afrentas de sus enemigos de la plaza.
Una ley de la selva imperante que deja en manos del más fuerte la posibilidad de la sobrevivencia y un darwinismo social que permite el sojuzgamiento de los que menos tienen a niveles de discriminación y marginalidad, son síntomas de un Estado reducido en sus capacidades para ejercer el poder, incluida la violencia legítima que ahora se está trasladando a otros grupos sociales ajenos al mismo Estado.
Por ello no es difícil entender que un Estado que busca complacer a todos con un discurso inocuo o cediendo espacios de poder, es, inevitablemente, un Estado de Derecho a niveles de funcionamiento mínimo, un Estado débil, una más fácil víctima de los ataques desde el exterior y de las presiones de los poderes fácticos que provienen de aquí mismo.
Jorge Medina Viedas
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 10 de febrero de 2013).
Los participantes del plantón, que lleva más de 2 semanas en el quiosco de Plaza de Armas, piden que el Gobierno de Jalisco otorgue la pensión económica a adultos mayores, equivalente a la mitad del salario mínimo mensual vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, según establece el artículo 6 Ter. de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2013).
Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2013).
El miércoles, 10 dirigentes de la Unión se reunieron en Bucareli con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Supongo que antes de cualquier cosa, el secretario de Gobernación les pidió que entregaran a las 54 personas a las autoridades competentes, le digo al más visible de los líderes de la Unión, Bruno Plácido Valerio. "Sí nos lo pidieron, pero nosotros estamos discutiendo para revisar cómo coadyuvamos los ciudadanos con la autoridad", responde. "Estamos en esa etapa. Estamos dialogando para ver cómo resolvemos ese problema. Estamos haciendo esa consulta, consensando con los ciudadanos el mecanismo de entrega".
Quizá sea noble y heroica la gesta de la Unión, pero es justicia por mano propia. El secretario Osorio Chong ha tomado el camino del riesgo al sentarse a negociar con ellos, en vez de aplicarles la ley a secas.
Y está sentando un precedente.
Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 8 de febrero de 2013).
¡Qué impotencia ver cómo por doquier, el comercio informal se ha propagado sin control, riéndose de las autoridades y haciendo caso omiso de las leyes vigentes en nuestro país!
¿Por qué si los comerciantes formales pagamos impuestos, Seguro Social, y todo lo que la ley nos exige, mientras otros tranquilamente trabajan con irregularidad y el gobierno se hace el miope? ¿De qué privilegios gozan aquéllos que se mofan de la autoridad y siguen plantándose gratuitamente con su mercancía en cualquier parte? Incluso, enseguida de quienes sí pagan impuestos y se la han jugado toda la vida, siguiendo las reglas que se imponen.
¿Cómo es que el gobierno no puede regular esto? ¿Para que está entonces? Parafraseando a Alejandro Martí: ¡Si no pueden, que se vayan! Pero que se quede gente que se faje los pantalones con el comercio informal y los metan en cintura ¿Miedo a las manifestaciones? ¿Miedo a perder el concurso de simpatía?
Es inaudito como en cualquier calle, cualquier vecino, saca una mesa, cuatro sillas y ¡ya tiene un restaurante! Cualquiera le abre una puerta a la sala comedor y ¡ya tiene una tienda! en la que vende lo que le da la gana y no paga un peso a nadie. Cualquiera saca mercancía afuera de cualquier templo y se pone a vender alegremente, sin que nadie, absolutamente, nadie, le diga nada. ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿Quién tendrá los pantalones suficientes para detener al comercio informal?
O todos coludos, o todos rabones, o pagamos todos o no pagamos (sic) nadie.
Si no cuidan estos detalles tan importantes, como son proteger al comercio formal, que es el que cumple su deber.
Terminan premiando a todos los que se dedican a vender debajo del agua, sin pagar impuestos, sin pagar Seguro Social, sin dar prestaciones a sus empleados, fuera de la ley totalmente.
Eso sí, aplaudidos y protegidos por las mismas autoridades que dicen perseguirlos.
Es un escándalo que en el mismo Mercado de Abastos, un mercado con tanta tradición y prestigio, la autoridad permita que afuera se instalen a vender mercancías más baratas por productores, que no quieren seguir las reglas, simplemente, porque nadie los obliga ni los castiga.
Y como siempre, en este México nuestro... no pasa nada.
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 8 de febrero de 2013).
El gobernador Ángel Aguirre tiene la obligación no solo de dar con los criminales, también la de sancionar con severidad a los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades al no investigar los hechos delictivos perpetrados con anterioridad, presuntamente por el mismo grupo.
No hay coartadas para ganar la batalla al crimen. El único camino es la aplicación estricta de la ley y esto inicia donde ocurren los actos criminales. No hay guerra, pero sí una lucha que debe librarse con disciplina y sin concesiones: la de la legalidad.
Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 8 de febrero de 2013).
Una víctima ha tenido ya el valor de ventilar su caso en ForoTV. Pero hay testimonios y documentos que muestran que una banda de criminales ha aterrorizado la zona durante meses sin que las autoridades locales quisieran siquiera escuchar a las víctimas.
El 1er. caso del que tengo información tuvo lugar el primero de noviembre de 2012. Un grupo armado irrumpió en una casa de la zona donde había 15 personas de Iguala. El robo de dinero, tarjetas y otras pertenencias fue seguido por la violación de algunas de las mujeres.
El 19 de noviembre, en otro fin de semana largo, quizá el mismo grupo se introdujo a otra casa de la zona. Amordazaron a los 3 hombres que se encontraban ahí. Dos mujeres que llegaron posteriormente del centro comercial La Isla fueron violadas. También la hija mayor de la familia de la casa.
A las 23:30 de esa noche varios pandilleros secuestraron del estacionamiento de un hotel a 3 mujeres, una de ellas menor de edad, y las llevaron a la casa que tenían tomada. Pidieron un rescate por ellas y mientras esperaban violaron primero a las 2 mujeres y luego a la menor. Esa misma noche, a las 2:30, los criminales entraron a una casa contigua donde había 7 jóvenes. Una de las 2 chicas fue violada.
El 24 de noviembre fue asaltada la casa de una capitalina residente en la zona. Además del robo, su hija fue violada. El 4 de diciembre fue asaltada también la residencia de un restaurantero.
En todos los casos los criminales advirtieron a las víctimas que si presentaban denuncias habría represalias. Una de las mujeres violadas decidió presentarla de cualquier manera, pero en el MP le dijeron que no había médico legista por lo que era mejor que regresara otro día.
Las víctimas, familiares y amigos trataron de ponerse en contacto con las autoridades municipales y estatales, incluyendo al gobernador, el procurador y el secretario de turismo, que ni siquiera tomaron las llamadas. Los vecinos solicitaron apoyo de la policía municipal para patrullar la zona y buscar a los pandilleros, pero los policías les dijeron que no podían porque no tenían dinero para la gasolina.
Las víctimas escribieron en diciembre al nuevo procurador de la república, Jesús Murillo Karam, quien sí tomó los casos con seriedad. La SEIDO ha realizado investigaciones y capturado a algunos presuntos miembros de la banda. De hecho, el 29 de enero un grupo de vecinos de la colonia Bonfil llevó a cabo bloqueos en el Boulevard de las Naciones en protesta por la detención de 7 hombres y una mujer presuntamente vinculados a estos robos y violaciones. El 4 de febrero, en otro fin de semana largo, la actuación de la banda finalmente llegó a los medios con la violación de 6 españolas.
Inquieta que agresiones de esta seriedad hayan sido minimizadas por las autoridades municipales y estatales. La SEIDO ha estado más interesada en actuar, pero se registró un nuevo ataque cuando ya había 8 detenidos. Si éstos eran responsables, ¿quién violó a las españolas?
Otro tema es que el municipio de Acapulco o el estado de Guerrero deberán encontrar recursos no sólo para la gasolina de las patrullas sino para garantizar la seguridad de residentes y visitantes. Sin seguridad no tiene sentido pedir a los visitantes que hablen bien de Aca.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 7 de febrero de 2013).
Según los colonos, la obra no cuenta con licencia ni dictamen de riesgo de Protección Civil.
José Luis Hernández, representante de los inconformes, acusó que de manera arbitraria han estado trabajando con un permiso de ruptura de pavimento, pues la licencia de construcción está en trámite desde el 2012.
El quejoso recordó que la empresa Tractebel S.A.de C.V., que es quien construye, únicamente mostró permisos federales, pero nunca acreditó el aval de la autoridad municipal, incluso indicó que el año pasado la Dirección de Inspección a Reglamentos de Zapopan clausuró la obra por carecer de permiso.
Sin embargo, los trabajos continúan a pesar del riesgo que representa la toma de gas para las viviendas que se ubican a escasos metros de distancia.
"Es gas natural, en una fuga ese gas ni huele ni se ve, entonces hasta que haya una explosión se detecta. Ellos dicen que es muy seguro, pues que nos lo acrediten por escrito", retó Hernández.
La construcción del gasoducto muestra un avance notable, pero todavía faltan 130 metros lineales para hacer el cierre, por lo que los vecinos pararon la obra por 2a. ocasión y exigen a la empresa que cumpla con lo que marca la ley.
El representante de los colonos, advirtió que de no presentar los documentos necesarios, no permitirán que los trabajos avancen, y de preferencia buscarán la manera de que el proyecto se cancele definitivamente para que el gasoducto pase por otra vía.
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 7 de febrero de 2013).
EL grupo de alrededor de 50 integrantes de esta organización llegó al cruce de las avenidas 16 de Septiembre e Hidalgo, para exigir a la autoridad municipal que cubriera sus gastos para asistir a un encuentro en Tecomatlán, Puebla, que se llama Espartaqueada Cultural Nacional.
Luz María Luna Mujica, del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Jalisco, dijo que necesitan 4 camiones para trasladar principalmente a danzantes de música tradicional y folclórica al evento de Puebla.
También exigían al Ayuntamiento que les dotara "a bajo costo" de 500 predios para desarrollar viviendas para los integrantes del movimiento: "Todo presidente municipal tiene derecho (sic) a solucionar las demandas necesarias del pueblo, y la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. Los principales encargados (para eso) son los presidentes municipales, de ahí, el gobernador, y el presidente de la república. Sí es parte de su competencia como gobernadores o presidentes municipales", dijo Luna.
Mientras estuvieron en la confluencia de esas avenidas, en el corazón de la ciudad, sólo obstaculizaron 2 carriles de 16 de Septiembre (en su sentido sur-norte), pero luego se ubicaron en Hidalgo, frente al palacio municipal, donde cerraron la circulación. Esto movilizó a la policía tapatía, lo que llevó a los antorchistas a seguir manifestándose pero desde la Plaza Guadalajara, ya sin impedir el tránsito de las personas.
Juan Bosco Pacheco, coordinador operativo de la policía, sustentó así las 4 detenciones (3 hombres y una mujer): "Por infringir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, al obstaculizar el libre tránsito de personas y vehículos, y afectar los derechos de terceros".
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 6 de febrero de 2013).
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 6 de febrero de 2013).
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de febrero de 2013).
Señala que en México se ha llegado "a situaciones que destapan cloacas profundas" y estima que la manera en que se ha representado a la justicia mexicana: una mujer con una balanza en una mano, una espada en otra y los ojos vendados, hoy poco simboliza lo que sucede en realidad.
"En la bitácora de casos que se ventilan a diario en los juzgados, sobresale el abuso del débil y la desconfianza generalizada de que se cumpla la justicia. Ante ello, no queda más que el reducto miserable del desconsuelo, la impotencia, o el reír de la propia desgracia frente al desengaño. Se afirma que en nuestro México la justicia mira con ojos disparejos; hace guiños de un lado al otro, para ofrecer verdades a medias o ajustadas a determinados intereses".
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2013).
Qué maravilla, salvo por la realidad.
Resulta que en Guerrero, en varios municipios, opera una suerte de milicia llamada policía comunitaria, que entre otras cosas coloca retenes y dispara contra quien tenga la peregrina ocurrencia de no frenar la marcha ante un grupo de encapuchados armados; detienen a sospechosos de ser delincuentes y los enjuician en la plaza pública. Ayer trascendió la noticia de uno más de los incidentes relacionados por esta milicia, cuando una pareja de turistas fue baleada en el municipio de San Marcos, justo en un retén en la comunidad de Las Mesas. La pareja de turistas pretendía ir a Playa Ventura a pasar el fin de semana, pero en su lugar terminaron en Ayutla, donde interpusieron una denuncia penal.
Lo que sucede en Guerrero es una verdadera tragedia. 1o. por la existencia misma de la policía comunitaria que no es más que una variable del reclamo social ante la incapacidad del Estado (y entiéndase las autoridades de los 3 niveles de gobierno en su conjunto) de brindar seguridad a la población e impartir justicia, ya no digamos pronta y expedita, a secas, lo que obliga a los ciudadanos a la autodefensa.
2o., porque en el lance se cometen excesos, y no cabría esperar otra cosa, ya que los ciudadanos se encuentran agraviados, molestos, hartos y con escopetas y pistolas semiautomáticas, se sienten con el derecho de imponer la ley, su ley y no ven nada extraño, ilegal o cuestionable en el disparar sobre una pareja que transita a bordo de un vehículo con placas del DF. En la justicia de Fuenteovejuna puede haber de todo, menos mesura y el imperio del raciocinio.
Y 3o., por la incapacidad de las autoridades de poner un remedio a la situación, por dejar en evidencia que se encuentran totalmente rebasadas. El "juicio popular" contra medio centenar de detenidos -algunos sin duda culpables de extorción, robo, violación o narcotráfico y otros, muy probablemente inocentes- inició el jueves pasado y de entonces a la fecha la reacción de las autoridades legalmente constituidas ha sido nula, como si no existieran.
La policía comunitaria en Guerrero inició como un mecanismo alterno de vigilancia y procuración de justicia en respeto a los usos y costumbres de núcleos de población predominantemente indígena. Hoy son otra cosa, ya no buscan justicia sino venganza y no precisamente contra quien lo hizo, sino contra quien se ponga enfrente y por ello se convierta en el objeto contra el cual descargar toda la ira e impotencia acumulada durante quién sabe cuántos años.
Lo notable del caso es que la expresión más clara de autodefensa, de justicia en propia mano y de violencia para reclamar algún derecho que se registra actualmente en el territorio nacional, no haya merecido hasta el momento ninguna acción articulada, de forma y fondo, por parte de las autoridades federales que parecen conformes con lo que se pudiera interpretar como una claudicación: dejar pasar y dejar hacer.
Si sumamos Guerrero y sus policías comunitarias a otro tipo de expresiones, como las del crimen organizado que también coloca retenes y hace y deshace en decenas de municipios, especialmente en el norte del país, se podría concluir que el Artículo 17 de nuestra Constitución es, en una porción significativa del territorio nacional, no más que un referente teórico de lo que debería ser y que simplemente (sin retórica ni eufemismos), no es.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2013).
Dijo que la existencia de tribunales populares instalados e integrados por ciudadanos que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones va en contra de lo que establece el Artículo 17 de la Constitución.
Dicho precepto constitucional, recordó, establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Expuso que en marco de la investigación relacionada con el movimiento conformado por diferentes organizaciones ciudadanas de diversos municipios de la entidad es notoria la instalación de un tribunal popular en la comunidad El Mesón, municipio Ayutla de los Libres.
Dicho tribunal tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en operativos llevados a cabo por integrantes de la llamada policía comunitaria en los municipios Ayutla y Tecoanapa.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2013).
En el largo viaje de mi detención con los policías armados les pregunté por qué me trataban como si me odiaran (había un goce en la tortura). Nosotros seguimos órdenes ¿para qué se mete con los patrones?, respondieron reiteradamente, instruyéndome sobre lo que debía confesar al llegar a prisión. No se trataba de que hubiese violado una ley sino de "haberme metido con la gente equivocada".
Ese arquetipo de policía al que miles de hombres y mujeres nos hemos enfrentado tiene varias características comunes: cree en la verticalidad del sistema, pero no en la ética policiaca del entrenamiento con que fueron capacitados. Llevan sus creencias personales de violencia, racismo y sexismo a su trabajo. La mayoría pasan las pruebas de control de confianza porque son disciplinados con la corporación.
Ese tipo de policía generalmente ejerce violencia en todos los ámbitos. El 36% de los agresores registrados por CIAM Cancún por ejercer violencia doméstica grave en Quintana Roo eran policías.
Ese agente puede ser judicial (encargado de apoyar las investigaciones y detenciones con el Ministerio Público) o federal (a partir del calderonato responsable de todo tipo de tareas legales y supra-legales para levantar índices de detenciones por razones políticas). Este tipo de policía encaja perfectamente en el sistema de corrupción corporativa; es el que espera el ascenso para poder extorsionar a sus subalternos con la "cuota", el que justifica la violencia, desconfía de la Constitución, se niega a leerle los derechos a la víctima y es, en pocas palabras, un agente con un perfil psicológico de verdugo que racionaliza el uso de la violencia, justifica la discriminación y se siente orgulloso de formar parte de una institución que si bien no hace justicia, entrega resultados que política y estadísticamente lo convierten en buen policía. Se gana reconocimientos y a la vez es corresponsable de construir y proteger el entramado de la impunidad.
En ese mismo caso que causó mi detención, y otro cientos que he documentado, me topé con agentes judiciales y federales que hicieron lo posible e imposible por proteger a las víctimas de pederastia, que rompieron las reglas del Sistema, pero no la ley, para proteger la evidencia que posteriormente llevó al líder pederasta a una sentencia histórica.
Se atrevieron a declarar contra sus jefes y MPs a sabiendas del riesgo y lo hicieron porque era lo correcto. Son miles de policías, hombres y mujeres, que sufren las extorsiones de sus superiores; los que sí aprendieron en la escuela los derechos de las víctimas, que creen que están allí para servir a la sociedad, para fomentar el estado de derecho y no para destruirlo. Puedo asegurar que cientos de agentes estatales y federales durante el sexenio pasado recibieron capacitaciones en derechos humanos, género y no racismo, y no sólo aprendieron sino obtuvieron inspiración. Ellos y ellas, desde el interior de una corporación cuyos grandes jefes pertenecen al primer grupo (los verdugos), salvaron vidas, hicieron detenciones legales, ayudaron a periodistas a detentar detenciones arbitrarias e ilegales y, me consta también, hicieron declaraciones valientes ante Asuntos Internos para señalar los actos de corrupción de sus pares y sus jefes. El costo de su honestidad en algunos casos fue muy elevado, o un seguro para evitar su ascenso en el coto de García Luna, o del procurador en turno en cualquiera de las 32 entidades del país.
Las cartillas recientemente entregadas por la Segob a 37,000 federales para que sepan tratar a personas detenidas son un acto mediático. Lo indispensable desde mi punto de vista es rescatar el inmenso capital humano que durante años se ha producido y renovar los liderazgos, sólo así cambiará el sistema: eligiendo no a los verdugos, sino a quienes creen que su trabajo es darnos seguridad y justicia.
Lydia Cacho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 2 de febrero de 2013).
Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, manifestó que el juicio fue acordado en una junta entre la asamblea y el tribunal popular.
Los pobladores han sido asesorados por un abogado perteneciente a una organización que se encarga de defender los derechos humanos en el estado.
El gobierno estatal postergó la creación de la Comisión para la Paz y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, propuesta que será sometida a los pueblos en autodefensa contra el crimen organizado.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de febrero de 2013).
En el caso de Florence Cassez no sólo la opinión pública está dividida, sino la jurídica también, pues la Suprema Corte otorgó el Amparo con 3 votos a favor y 2 en contra.
Las opiniones están divididas porque, por un lado, hay declaraciones de víctimas y de policías que la detuvieron acusándola de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco, cuyo jefe era su novio; pero por otro lado, hay argumentos para considerar la posibilidad de su inocencia y que las pruebas en su contra fueran fabricadas. Y en esto último la historia de impartición de justicia en México juega a favor de Cassez, debido a los miles de casos en los que la fabricación de pruebas y la corrupción policiaca han sido más que demostradas.
Hay también quienes, con razón, afirman que los errores procesales cometidos, incluyendo la farsa del montaje televisivo que se hizo de su detención, y con el que la opinión pública la declaró culpable antes de ser juzgada, no son suficientes para dejarla en libertad, y que si hubo "errores" de procedimiento, éstos no pueden invalidar evidencias, y deben simplemente ser corregidos.
Sin embargo, los argumentos que apuntan a la inocencia de Cassez no son cualquier cosa. Para empezar, la escenificación de su arresto ordenada por Genaro García Luna, falseando la forma, fecha y lugar donde fue detenida, la convirtió en presunta culpable violando la presunción de inocencia que todos merecemos antes de ser juzgados, y creando una realidad alternativa en detrimento de la acusada.
En su primera declaración ministerial Israel Vallarta, su novio, la exculpó de cualquier participación o conocimiento de los secuestros en los cuales él admitió estar involucrado; los testigos incurrieron en diversas contradicciones; en la primera declaración de las víctimas Christian Ramírez y Cristina Ríos Valladares, no reconocieron a Cassez ni físicamente ni por su voz; Cristina Ríos agregó que los oficiales de la AFI le informaron que Florence Cassez había participado en el secuestro, es decir, que a ella no le constaba; fue agredida por uno de los policías porque durante el "montaje" no dijo al aire lo que le había sido indicado; la punción de una herida supuestamente infligida por Cassez a una de las víctimas resultó ser una marca de nacimiento; etc.
Yo no sé si Florence es culpable o no. Si sí lo es, los culpables de su liberación fueron los agentes de la AFI y su jefe, Genaro García Luna, quienes con sus acciones crearon dudas razonables y fundadas sobre su culpabilidad. Lo que hizo la Suprema Corte fue simplemente otorgar el beneficio de la duda.
Ahora preguntémonos: si en lugar de llamarse "Florence" se hubiera llamado Florencia; si hubiese sido morena, chaparra, humilde, sin recursos económicos ni apoyos políticos, ¿qué habría pasado con ella?: Florencia estaría en la cárcel para siempre.
¿Cuál sería la opinión pública si en lugar de haber liberado a Florence hubieran liberado a Florencia?: todo mundo estaría contento y pediría la detención y castigo ejemplar para los que le fabricaron pruebas y la tuvieron injustamente 7 años en la cárcel.
Si usted cree o siente que Cassez es culpable, su posición no puede ser más que de coraje e indignación porque simples errores procesales pueden liberar criminales. Si usted cree o siente que es o pudo haber sido inocente, su coraje e indignación deberá dirigirse a los policías y funcionarios públicos capaces de hacer lo que sea con tal de proteger sus intereses o esconder sus errores.
Los mexicanos en general, y las autoridades, tenemos mucho que aprender y modificar en cuanto a impartición de justicia se refiere, y la primera lección que nos deja este caso es que los abusos y las violaciones graves a los derechos humanos y a los debidos procesos no van a ser tolerados como mecanismo para establecer la culpabilidad de las personas, si así resulta, entonces esta polémica decisión habrá sido para bien de todos.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).
Yo añadiría otra P, que se ha puesto de moda en los últimos años: los "presuntos", que son los que les caen mal a un político, a un jefe policiaco, a alguien del poder ejecutivo, del judicial o a un millonario poderoso. Les "arman un teatrito", los bautizan como presuntos culpables y los refunden, hasta que les llegue el turno de juzgarlos... Si llega.
Y esto está de moda ahora, por el montaje videograbado que le hicieron a Florence Cassez; por el novio, presunto secuestrador, que ya lleva 7 años sin juicio; por los testigos sin nombre (protegidos) que acusaron al general Tomás Ángeles; y por el numerito que le hicieron a Jon Hammar, un héroe de guerra americano que traía una escopeta con sus debidos permisos, a quien entambaron en una hermosa prisión de Matamoros.
Estas detenciones manipuladas han logrado que la imagen de México en todo el mundo sea hoy la de un país en donde hay que tenerle más miedo a las autoridades que a los delincuentes. Y por ende, peligrosísimo de visitar. ¡Adióssss turismooo!
Lo terrorífico es que esa imagen sólo revela la verdad. Porque si eres rico o tienes influencias, difícilmente serás huésped de uno de nuestros lujosos Centros de Rehabilitación. Pero si eres un simple ciudadano de a pie, tienes todas las posibilidades de caer en ese sistema de justicia (o de injusticia) con sólo haber osado contrariar a un poderoso.
Aunque también puede darse el caso de que, nomás por sacarte una buena lana, los mismos cuerpos policiacos te "siembren" alguna evidencia culposa, que va desde un paquetito de droga hasta un cadáver en tu armario.
La pregunta incómoda es: ¿ante quién podemos acusar a las autoridades que siembran pruebas falsas?
Se calcula que tenemos cerca de 200,000 prisioneros en todo el país. ¿Cuántos de ellos realmente merecen estar adentro? ¿A cuántos les inventaron crímenes? ¿Cuántos tienen años esperando su sentencia?
Creo que, urgentemente, tenemos todos que hacer algo para revisar los expedientes de esos 200,000 mexicanos. Es muy probable que muchos sean víctima de testimonios falsos, confesiones obtenidas por tortura, coreografías televisivas o simplemente del tortuguismo burocrático.
Una forma de atacar ese problema sería formar un Comité Voluntario de Revisión de Expedientes en cada Municipio (hay 2,445 municipios en el país) y examinar, junto con las autoridades, los casos de cada reo para confirmar si no se está cometiendo una injusticia gracias a las 4 P's que nuestro actual sistema ha fomentado y solapado.
La idea no es juzgar si son inocentes o culpables, no somos jueces, la idea es revisar que sus derechos hayan sido respetados. Si revisamos un expediente por semana, en 20 meses cubriríamos todos. ¡20 meses!
El poder judicial y la parte del poder ejecutivo que se encarga de la aplicación de la justicia, se pudrieron. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con mil empleados y mil millones anuales de presupuesto, sirve pa' 2 cosas. Sólo los ciudadanos podemos auditarlos, porque entre ellos nomás se hacen como la tercera P.
Si queremos limpiar nuestra imagen ante el mundo, tenemos que fregar el piso entre todos.
Esto sería lograr una "Fuenteovejuna sensata". ¿Quién se apunta?
Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).
Al menos 13 comunidades de esta zona del estado forman parte de la corporación policiaca.
(V.pág.2 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).
El ombusdman advirtió que el hecho de que diversas comunidades de Guerrero se hayan armado ante el hartazgo de ser víctimas de la delincuencia debe ser una alerta, pues puede impactar de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos.
Al presentar su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso, Plascencia señaló que estas acciones de autodefensa de la población civil sólo reflejan una alta percepción de inseguridad y la falta de confianza en las autoridades.
(V.pág.2 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 30 de enero de 2013).
El Tribunal Administrativo tiene como función protegernos ante actos de autoridad, de carácter administrativo, que puedan violar nuestros derechos. Como principio es un tribunal básico en cualquier sociedad, un espacio donde los ciudadanos podamos inconformarnos ante lo que consideremos un atropello por parte de los funcionarios. Hasta ahí todo es perfecto. El problema comenzó cuando el tribunal pasó de la defensa de los ciudadanos a la participación directa en la gestión de decisiones, algunas de ellas absolutamente polémicas y extralimitadas en sus funciones. El tribunal decidió, por ejemplo, amparar a una ruta de transporte público para circular por la Calzada a un lado del Macrobús, y mil días después el asunto sigue sin resolverse "de fondo"; el mismo tribunal no sólo ha cancelado concursos de compras del Gobierno del Estado, sino que ha obligado con sentencias estiradísimas a que se compre a tal o cual proveedor; ha dado permisos de uso de suelo para edificación de edificios basado en tecnicismos administrativos; detuvo el aumento al transporte sin que quede claro hacia dónde quieren llevar el asunto; amparó a los mototaxis, en un acto de absoluta irresponsabilidad, para que pudieran prestar servicios en áreas donde son un verdadero peligro; etc.
Volvemos a la eterna pregunta de quién vigila al vigilante, quién se hace cargo de revisar lo que hace y deshace el tribunal. En principio el Consejo de la Judicatura, otra institución desacreditada, manipulada y con un nivel bajísimo de credibilidad. El poder judicial es en general un poder poco atendido y vigilado, donde en lugar de resolverse se generan una buena parte de los problemas de seguridad. No es casual que lo que hace caer a Jalisco en los índices de competitividad es el sistema de justicia y la seguridad jurídica. Tenemos un poder ejecutivo que está muy lejos de nuestras expectativas y un poder legislativo impresentable, pero el problema del poder judicial es quizá el más grave y no le estamos poniendo la atención que merece.
La corrupción de los tribunales es responsabilidad de jueces y magistrados; la falta de vigilancia sobre los tribunales ha sido la gran falla de medios y sociedad. Urgen reflectores al poder judicial.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 29 de enero de 2013).
Una "tajada" del espacio público en el centro histórico de Guadalajara para desarrollar el comercio ambulante llega a cotizarse hasta en 5,000 pesos, a través del control irregular que ejercen sobre el mismo los liderazgos de los grupos de vendedores, de acuerdo con información de la Secretaría General tapatía.
Su titular, Tomás Vázquez Vigil, refiere que, además de este pago, los vendedores ambulantes deben pagarle a su gestor respectivo entre 400 y 500 pesos semanales para poder seguir comerciando en el espacio público del primer cuadro, lo que está prohibido reglamentariamente.
(V.primera plana del periódico El Informador del 29 de enero de 2013).
"Perseguido por un ejército feroz, un hombre loco de pánico corre hacia un castillo, cruza el foso sobre el puente que se eleva tras de él y pasa la puerta cerrada a su espalda, a salvo del peligro. Ese es el amparo", clamaba con emoción el maestro Vicente Peniche López al iniciar el curso de Garantías y Amparo en la vieja facultad de San Ildefonso y Argentina.
Figura decisiva en la polémica para llegar a ese fallo fue la ministra Olga Sánchez Cordero, con quien hablé cuando tranquila y segura salía de la sala.
"Yo creo que es obligación del estado el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo por supuesto los extranjeros que se encuentran en nuestro país y sujetos a un proceso penal".
Le pregunté si el montaje televisivo pesó en el dictamen de la Suprema Corte: "Definitivamente, así es, porque influyó en primer lugar en la violación a su derecho de puesta a disposición inmediata, a su derecho de presunción y de asistencia consular".
¿Hubo presión por parte del Gobierno de Francia sobre los ministros de la Suprema Corte? "Ninguna, absolutamente ninguna y lo puedo decir categóricamente". Hubo en cambio una fuerte corriente de opinión en contra de tu postura: "Mira, nosotros los jueces constitucionales no decidimos por la corriente de opiniones".
Así se cierra un capítulo vergonzoso de la investigación criminal manipulada y el proceso jurídico torcido, conductas practicadas con impunidad y cinismo en el sexenio pasado, como prueban varios Bucarelis, entre ellos el titulado "Hora de irse, don Genaro" (26 de marzo 2012) referido a García Luna, autor y encubridor de la tele pantomima causante del estrepitoso enredo y el desprestigio internacional, por lo que deben responder él y los miembros de su staff. Los denuncié cuando los abusivos eran poderosos, no en esta hora de traidores. La soberbia es madre de constantes delitos y la falta de castigo alienta la reincidencia y la emulación.
Olga Sánchez Cordero y sus colegas cumplieron porque el amparo nos protege a usted y a mí de la violación de nuestros derechos cometida por una autoridad. Si por eso una presunta delincuente quedó libre la culpa no es de los jueces sino de los imaginativos y vanidosos investigadores, más preocupados del espectáculo que de los intereses nacionales puestos a su cuidado.
Es comprensible el descontento de una sociedad agraviada por la delincuencia y su deseo legítimo de justicia.
Nomás no nos equivoquemos de culpables.
Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).
En la hipótesis de que, en el caso, se haya liberado a una inocente, y de que se haya enmendado una pifia judicial exhibiendo la prepotencia, la arbitrariedad y la torpeza características del aparato judicial, la duda es si se hará lo mismo en todos los demás casos -la inmensa mayoría de los procesos que se realizan en México, al decir de los entendidos-... o si se necesita ser francés (o no ser mexicano, al menos) para tener ese privilegio.
Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).
Tan machacado era el discurso al respecto que prácticamente todos los días se publicaba al menos una nota periodística relacionada con esa "guerra"; ante ese escenario construido a base de repetirlo, por lo que ni necesario resultaba la participación de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, bastaba con presentar a los medios de comunicación a un detenido para que la sociedad de inmediato y sin procedimiento alguno lo declarara culpable, es decir, parte de los malos.
Este manejo gubernamental inadecuado de una concepción corta de la justicia generó, sin duda, una tremenda presión a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la procedencia de la protección de los derechos de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y otros delitos.
Está claro que la resolución se refiere sólo a la falta de cumplimiento a los procedimientos previstos por las Constitución, es decir, el debido proceso, ya que la Corte no resolvió sí era inocente o culpable, sólo reconoció su derecho a la presunción de inocencia y a la libertad.
Luego entonces, aunque impopular como ningún otro casco, el máximo tribunal del país sólo está regresando a los básicos de un sistema justicia, con lo que se recuerdan los valores e importancia del reconocimiento pleno a los derechos humanos que no pueden ser vulnerados a ninguna persona.
Ciertamente que casos como el de la francesa, en que se violaron los derechos constitucionales, los hay por miles en nuestro país y no obstante ello, actualmente purgan una condena privados de su libertad, sin embargo, es importante recordar que ese derecho ahí está y que existe un tribunal supremo que antepone el respeto al marco legal que nos rige sobre cualquier presión.
Independientemente de las suspicacias que genera la extraña rapidez con que se operó su liberación que se dio prácticamente de inmediato a la emisión de la resolución y el que se encontrara un vuelo comercial a su país convenientemente a un par de horas de su salida del reclusorio, no podemos dejar de reconocer que la resolución se apega a la legalidad y que a todos conviene el respeto irrestricto al marco de derecho.
Sin embargo, existe la otra parte, la social, donde se encuentran las víctimas que justamente reclaman una explicación que no alcanzan a comprender por no ser técnicos del derecho, es en este punto medular donde las políticas públicas deben reorientarse para evitar polarización y descrédito de las instituciones encargadas de impartir justicia, habrá que multiplicar esfuerzos y también deslindar responsabilidades, para que desde el gobierno se procure hacer mucho más eficiente el proceso de procuración de justicia en todas sus etapas, como ya se lo ha instruido a los funcionarios competentes, a fin de que el poder judicial, escrupulosamente examine en estricto sentido de derecho la legalidad de las actuaciones y con ello determine la solución que deba aplicarse al caso concreto.
Celso Rodríguez González, presidente de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).
"La justicia es poco común en México, particularmente en las zonas rurales e indígenas donde hay escasez de policías y la desconfianza hacia las instituciones del Estado es muy fuerte. Pero el crecimiento de las drogas y las pandillas del crimen organizado en regiones remotas en los últimos años ha agravado allí el clima de anarquía, creando el tipo de brotes de violencia que el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha prometido controlar con una fuerza paramilitar planificada", explica el diario de Manhattan.
(V.pág.11.A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).
La ética liberal propone el valor la igualdad de los individuos. Una igualdad de valor ante la ley y ante la colectividad. Sin embargo, la realidad muestra que los seres humanos nos resistimos a proceder de manera igualitaria, por ejemplo, ante los testimonios. El contenido del testimonio puede ofender nuestra idea de racionalidad y no le concedemos valor. Es el caso de quien insiste en atestiguar la presencia de seres extraterrestres entre nosotros. Igual sucede cuando el testimonio ofende nuestro mundo socio-afectivo. ¿Por qué voy a conceder valor a un testimonio de una persona ignorante si, decimos, "no sabe nada"? Por eso, en un conflicto legal los testimonios han de ser sólo un elemento para establecer la verdad de los hechos atestiguados. Establecer los hechos en caso de presunción de crimen o delito pide una cuidadosa y rigurosa investigación policial que permita verificar los dichos testimoniales.
En los casos Cassez y Ángeles, fue crucial que la investigación policial no pudo verificar la certeza y credibilidad de los testimonios, principal y casi único recurso puesto en juego por los fiscales del Estado en sus acusaciones. Nuestra procuración de justicia tiene un largo y penoso tramo por recorrer para dotarse de investigación policial a la altura de las garantías constitucionales.
Miguel Bazdresch Parada
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 27 de enero de 2013).
La concesión del amparo a la ciudadana francesa dividió al país en 2 posturas que lucen irreconciliables. Por un lado, aquellos que piensan que el debido proceso no es sólo un asunto de "formas", sino que constituye el fondo de un estado de derecho. El debido proceso constituye el espíritu del estado democrático: la igualdad de todos ante la ley. Como prescriben tratados internacionales en la materia, el debido proceso es un derecho humano inalienable que asegura imparcialidad del poder público y una defensa justa apegada a derecho. Minusvalorar transgresiones al procedimiento jurídico sería sinónimo de avalar la ilegalidad, de combatir al delito con su misma fórmula. Sólo a través del debido proceso, la justicia es perdurable y legítima. La fuerza del Estado es sólo legítima si se sustenta en el respeto a los derechos de los procesados, es un factor de equilibrio jurídico en una sociedad civilizada y democrática.
Por el otro lado, hay una corriente en la opinión pública que piensa que las formas no deben ser el escondite para no sancionar crímenes que lastiman a la sociedad. En un país como México, donde el derecho es excesivamente codificado y el cumplimiento de todas las garantías del debido proceso es una labor titánica, los juzgados son presa de la "tiranía de las formas", de la preeminencia del procedimiento sobre el fondo del delito. Así, en casos tan evidentes donde la culpabilidad del acusado ha sido debidamente probada y el inculpado ha tenido acceso a un piso mínimo de derechos, los procesos pueden obstaculizar la administración de justicia.
Las víctimas se vuelven los únicos perdedores en un juego en donde el acusado utiliza recursos para dilatar las sentencias y legalismo para salir bien librado. Que el debido proceso no es una garantía de todos, sino de aquellos que pueden pagar los costos y contratar a abogados de primera línea. Lo dijo el propio Felipe Calderón en los días previos al debate sobre el amparo para liberar a Cassez en marzo de 2012, no por proteger demasiado al derecho, se deje de hacer justicia.
La dicotomía entre ambas visiones que han salido a la luz tras el fallo de la Primera Sala de la SCJN se agudizan en un país que mezcla indignación por el poco resultados de las autoridades en el combate al delito y donde la cultura de la legalidad es un proceso de fermentación muy lenta. La tasa de impunidad en el país llega a niveles alarmantes. Solamente 2% de los crímenes que se cometen en el país encuentran un castigo en juzgados, y la incapacidad del Ministerio Público para armar expedientes con eficiencia deja en muchas ocasiones a las víctimas del delito como las grandes derrotadas del proceso judicial. ¿De qué sirve acudir a tribunales si la respuesta siempre será la misma? El hartazgo con la inoperancia de las instancias de administración e impartición de justicia en el país, ha llevado a que el "justicierismo" se convierta en una doctrina popular entre la población. Ante instituciones anquilosadas, pesadas, sin capacidad de respuesta, surge inmediatamente la tentación de los juicios sumarios, de la justicia expedita basada en percepciones.
La ausencia de cultura de legalidad en el país queda de manifiesta en estudios de opinión. Según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Democráticas, 55% de los mexicanos creen que no hay que obedecer una ley cuando ésta es injusta. Así, las percepciones se colocan por encima del pacto constitutivo, la justicia definida personalmente se superpone a los procesos democráticos que tuvieron como resultado una nueva legislación. Como señala Luis Carlos Ugalde, en su último libro Por una democracia eficaz, una de la herencia de la Revolución Mexicana fue la preeminencia en la cultura política mexicana de la justicia, entendida como valor abstracto no necesariamente apegado a derecho, sobre la legalidad. Asimismo, hay que agregar que la percepción social de que la impunidad se agrava en los estratos más favorecidos, entre los empresarios y los políticos, provocan mayores resistencias sociales a obedecer las reglas, y por lo tanto, menos aprecio a los procesos jurídicos y al estado de derecho.
La argumentación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a la que se suman los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero, que tuvo como corolario la concesión del amparo a Cassez no significó la resolución de la inocencia, sino la imposibilidad de llegar a una sentencia que no estuviera contaminada por los vicios del proceso: montaje, violación a sus derechos consulares, dilación para ser presentada ante el Ministerio Público y la transgresión del principio de presunción de inocencia. La forma se convirtió en fondo para el ministro, para determinar si Cassez es culpable, habría que disolver toda la nube de culpabilidad y señalamiento social que generó un manejo desaseado del proceso jurídico. Como sucedió hace ya casi 50 años con el Caso Miranda, que significó la aparición de la Quinta Enmienda que obliga a los uniformados a leerles a los detenidos sus derechos antes de ser procesados, los fines no reinaron sobre los medios.
Ese es el peligro que corre una democracia que le da la espalda a los procesos por identificarlos como meras formas, el ciudadano queda expuesto a las arbitrariedades del poder público, quien puede definir la justicia en base a criterios políticos o de coyuntura, y no precisamente en la observancia de los derechos fundamentales que marca el contrato social, es decir, la Constitución. El Caso Cassez no es el primer síntoma de que la SCJN ha abrazado una tendencia "garantista", lo vimos en la liberación de los presos de Acteal, resolución de la Corte que también generó airadas polémicas y división de opiniones. Porque al final, como señala el principio de "duda razonable" del sistema jurídico de los Estados Unidos, sólo existe una cosa más grave que liberar a un culpable, condenar a prisión a un inocente. El debido proceso es el método científico de ley para evitar estas arbitrariedades, es cierto tal vez imperfecto y muchas veces ineficaz, pero el único capaz de remediar la eterna dicotomía entre ley y justicia, es decir, entre las "formas" y los "fondos".
Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).
La Corte ha obrado correctamente al defender el derecho de tener un proceso que se desarrolle con estricto respeto a los derechos consagrados en la Constitución. Será siempre preferible juzgar negativamente la actuación del Ministerio Público, que tiene la función de fiscal, que abrir la puerta a que se construyan acusaciones a la medida de los deseos de las autoridades políticas.
La sentencia de la Corte puede parecer injusta a muchos, pero es una resolución que privilegia la legalidad sobre la voluntad. Sin pruebas legalmente obtenidas con respeto a los acusados no es posible construir condenas, porque se abre la puerta a la arbitrariedad.
Ahora la PGR debe revisar sus principios de actuación y plantearse seriamente la necesidad de cambiar muchos de sus sistemas, usos y procesos para transformarse en una institución mucho más enfocada a la defensa de los intereses de los ciudadanos mediante la aplicación de las normas penales. Ese es el reto de la nueva administración, porque los errores de los funcionarios han de traer responsabilidad del Estado Mexicano frente a las personas.
La defensa de la libertad y la dignidad frente a la actuación de las autoridades, supone aceptar que decisiones como la que tomo el máximo tribunal del país son una contribución al respeto de la ley. Aunque parezca un contrasentido, la libertad de Florence Cassez puede ser un factor de fortaleza de las instituciones, si se aplican estos mismos criterios a todos y se responde por las consecuencias que las violaciones procesales producen a las personas.
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).
El caso Cassez abre serias expectativas para miles de hombres y mujeres recluidos, hacinados, en los penales haciendo verdad aquello: "Ni son todos los que están, ni están todos los que son". No para suprimir sentencias, pero sí para reclamar escrupuloso procedimiento desde la detención hasta el juicio sin escatimar esfuerzo, pero sin caer en la explotación por parte de litigantes, que no abogados en el sentido estricto de quienes ostentan la digna profesión del Derecho.
Múltiples y por lo mismo frecuentes, son las quejas de quienes padecen malos tratos previos a la aceptación de culpabilidad y en sentido inverso apelan a presión para lograr favores judiciales por parte del Ministerio Público y autoridades superiores.
Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).
Por cierto que algunos comentaristas del parisino diario Le Figaro dicen estar lejos de considerarla una heroína, tendiendo ligeras nubes de duda sobre la inocencia de la liberada, en medio del jolgorio general.
Seguramente por varios días los medios seguirán hablando del tema, de por sí nada novedoso. Hasta el señor agente del ministerio público más humilde sabe que en México basta con levantar mal un acta, o hacer mal una averiguación, para que un delincuente pueda ser liberado, lo cual desde luego genera un estupendo negocio para los actuarios que han de equivocarse previo pago. Si a eso se añaden montajes de telenovela, atentados a los derechos internacionales y humanos del detenido, malos tratos reales o supuestos, la puerta de la libertad queda abierta de par en par. Esto ocurre por una grave confusión de hechos; si los procedimientos no han sido correctos, si se han cometido faltas graves en los procesos, la autoridad misma debe sanarlos y, en todo caso, sancionar a quienes incurrieron en esas faltas, pero no pasar de ahí a la liberación de un detenido cuando existe una presunción probable de culpa. Si las víctimas que señalaron de manera personal y directa a la señora Cassez como cómplice del secuestro que sufrían, mintieron, que se sancionen, pero que no se atropelle su testimonio.
Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).
El secretario de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que afortunadamente ya se tienen señales más claras de que las instituciones que adeudan cuotas se pongan al corriente.
Dijo que se dará puntual seguimiento a las dependencias públicas con más rezagos, como varios municipios, entre éstos, Guadalajara, Tonalá y Puerto Vallarta, entre otros.
La Secretaría de Educación Jalisco ha omitido el pago de cuotas por más de 300 millones de pesos, como ha sido del dominio público.
"La omisión se vuelve recurrente cuando no hay sancionados, aunque infringen la ley", declaró Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del CUCEA de la UdeG.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).
La Secretaría de Gobernación anunció el viernes que como parte de nuevas acciones para garantizar que las autoridades procedan conforme a las leyes, se instruyó a la Policía Federal a distribuir entre sus agentes una cartilla que deberán leer a los detenidos sobre sus derechos y los motivos de su aprehensión.
La cartilla contiene 9 apartados que deberán ser leídos, entre ellos que el detenido es considerado inocente, hasta que se le demuestre lo contrario; que tiene derecho a declarar o guardar silencio; a un defensor, a un traductor o intérprete, y a ser entregado sin demora ante la autoridad competente y en caso de ser extranjero a notificar al consulado de su país. "Los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso que las autoridades deben observar en el desempeño de sus obligaciones", dijo en un mensaje a la prensa el subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, Eduardo Sánchez.
Miguel Sarre, profesor y experto en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo que el gobierno reconoce con esta medida "que hay un problema, que hay necesidad de cuidar esos momentos de la detención".
"Es un efecto del caso Florence Cassez", dijo. "Todo esto fue determinante, el plazo de detención injustificada, en el caso de Florence Cassez", añadió.
Sin embargo, Sarre dijo que esto también se deriva de un nuevo sistema de justicia aprobado en 2008, que entre otras cosas plantea el reconocer en todo momento la presunción de inocencia de las personas y transitar de juicios a puerta cerrada a otros orales.
Algunos de los 31 estados del país han comenzado a implementar el nuevo sistema, aunque se estableció 2016 como el plazo para ponerlo completamente en práctica.
Sánchez dijo que el gobierno federal busca acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia penal que, dijo, contribuirá "a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el poder judicial determine la culpabilidad o inocencia de una persona".
(V.Associated Press del 25 de enero de 2013).
Juan José Albores Rovelo: "Televisa, autoridades y jueces sometidos por la corrupción dictaron sentencia de culpabilidad a Cassez, la presentaron artificiosamente como delincuente ante una sociedad desinformada, se olvidaron del debido proceso constitucional y violentaron todos los derechos ciudadanos abusando de poder".
Mitote Trece: "Falló la Corte, falló la policía, falló el Ministerio Público, falló el sistema mexicano de justicia, falló todo, lo único que no falló fue la re-victimización de las víctimas. Que la Corte actuó con apegó a la legalidad, sustentan que sí, esperemos que no hallan fallado. Esperemos que está lección sirva a las autoridades para ahora sí hacer valer la justica con legalidad".
José Cárdenas
(v.periódico Excélsior en línea del 25 de enero de 2013).
"Como jueces constitucionales es nuestra obligación acatar la Constitución y proteger los derechos de todas las personas. Este es el mensaje de la Corte y desde luego no porque fuera ciudadana francesa o no porque ella simplemente fuera o no secuestradora. Si no simplemente nosotros decidimos sobre la vulneración que hizo la autoridad de sus garantías y sus derechos".
Dijo además que la sociedad se encuentra "muy agraviada por los delitos que se están cometiendo contra personas inocentes y contra la sociedad misma, que está sumamente lastimada, agraviada y lacerada por esta ola del crimen organizado".
A pregunta directa sobre si era posible solamente reponer el proceso legal, señaló: "No, porque no estábamos hablando de la legalidad, del tema de legalidad, no se podía reponer ese proceso ni obviamente esa violación a esas garantías, porque el impacto de este montaje fue de tal magnitud que esta violación a estos derechos es imposible que se reponga un procedimiento cuando se han vulnerado desde el principio todos estos derechos".
"Este amparo liso y llano es precisamente porque no hay manera de reponer un procedimiento".
"Nosotros no entramos a su inocencia o a su culpabilidad, definitivamente eso no es exacto, nosotros lo único que revisamos fue un amparo directo y si se habían vulnerado sus derechos fundamentales, la presunción de inocencia a debido proceso, al principio de inmediatez para ponerla a disposición del Ministerio Público. Duró muchas horas durante las cuales no se sabe donde estaba Florence Cassez; debía estar siendo presentada delante de las autoridades competentes, en este caso ante el Ministerio Público. Lo que te puedo decir con toda claridad, contundentemente, es que por supuesto que no se revisó ni la inocencia ni la culpabilidad de ella, esto es clarísimo".
(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 25 de enero de 2013).
Por ello instruyó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación a que las acciones de la policía y el Ministerio Público federal se lleven a cabo con estricto apego a derecho, a fin de garantizar el debido proceso y evitar que se repitan casos como éste.
"Lamento que en éste, y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al poder judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona".
(V.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 25 de enero de 2013).
(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 25 de enero de 2013).
En este caso falló el poder ejecutivo, cuando en función de la propaganda para hacer la apología del combate a la delincuencia organizada del gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna montó un simulacro de operativo para que apareciera en la televisión en el noticiero Primero Noticias de Televisa, conducido por Carlos Loret de Mola, falló la empresa Televisa y su conductor del noticiero por haberse prestado con su reportero y camarógrafos a este falso operativo policiaco "en vivo".
Falló el poder judicial que no avisó a la Embajada de Francia que una ciudadana francesa estaba detenida, fallaron los policías por haber participado en el simulacro. Falló el Ministerio Público al haber tomado la declaración de la señora Cassez sin un traductor y un abogado que hablaran francés. Falló el juez al pasar por alto todos los atropellos al procedimiento y dictar una sentencia que hace justicia a las víctimas pero que violaba el derecho a la defensa de la acusada. El poder judicial falló y al final el poder judicial rectificó.
En esta feria de equívocos por la actitud complaciente y servil de Genaro García Luna, la única parte perdedora fue la de las víctimas de los delitos cometidos por la banda de Los Zodiaco en los que participaba Florence Cassez.
Hoy las victimas lo son una vez más porque su derecho a la justicia fue burlado debido a que el procedimiento no fue respetado con lo que se violaron las leyes nacionales y los acuerdos internacionales signados por México, lo que llevo el caso al ámbito político cuando el presidente de Francia Nicolás Sarkozy abogó a favor de la señora Cassez al solicitar al presidente Calderón que su conciudadana fuera juzgada en Francia, a lo que se negó Calderón creando con ello un conflicto diplomático sobre el que ahora entendemos que fue resultado de la estupidez y la soberbia de quien fuera presidente de México.
De manera que desde el principio aquellos que capturaron a la señora Cassez, por sus equivocaciones en el procedimiento, son los que en el fondo la están liberando. Ahora queda pendiente la justicia para las víctimas y visto el asunto con objetividad resulta que todos somos las "víctimas" porque se burlaron de la ciudadanía quienes deben servirla y respetarla.
Este caso sirve para que empecemos a preguntar cómo para cuando los políticos mexicanos quieren que empecemos a construir un país de leyes, porque desde hace años su discurso dice que debemos respetar la ley. En este contexto parece burla el juramento "Cumplir y hace cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen", cuando el primero en no cumplirla es el titular del poder ejecutivo.
La pregunta ahora es a quién se va a responsabilizar por haber violado el procedimiento, haber promovido el falso testimonio y haber engañado a la opinión pública todo lo cual trajo como consecuencia la liberación de Florence Cassez porque el procedimiento no se cumplió, no porque fuera inocente. Cuál es la responsabilidad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el Ministerio Público y el juez que promovieron este episodio que indigna, enoja y que no debe repetirse, pero se repetirá porque estamos lejos de ser un país de leyes.
Enrique Pérez Quintana
(v.Yahoo! Noticias del 24 de enero de 2013).
Hacen caso omiso del orden jurídico; se apartan de él o lo apartan como un molesto estorbo. De ahí derivan berenjenales como esos en que se metió la justicia mexicana por casos como el de Florence Cassez y el de los militares acusados de connivencia con el narcotráfico. Quienes en el sexenio pasado tuvieron a su cargo la procuración de la justicia miraban más hacia Calderón que hacia la legislación. Ahora nuestra justicia, antes tan bravucona y hoy sujeta al escrutinio propio y extraño, debe preguntar lo mismo que el valentón del barrio: "¿Qué me ves?".
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas del 24 de enero de 2013).
El haber sido liberada por una serie de violaciones ya muy conocidas al debido proceso coloca en el centro de la justicia mexicana lo que siempre debió de haber estado en el centro y que en pocas ocasiones lo ha estado: la primacía del debido proceso. Sin eso, no hay justicia ni para los culpables ni para los inocentes, porque conviene recordar que los culpables también tienen derechos, sin el respeto de los cuales es imposible determinar... si son culpables.
El 2o. punto que conviene enfatizar es la importancia que cobra en la decisión y en los argumentos favorables a la misma el respeto a la Convención de Viena sobre protección consular y el no cumplimiento por las autoridades mexicanas del compromiso de otorgarla. Varios hemos sostenido siempre que es gracias a esa convención y a ese respeto que demandamos a EU en el Caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia, pero que, más allá de esa demanda y sus consecuencias, es un instrumento básico para proteger a los millones de mexicanos sin papeles en EU. A ningún país le debiera interesar más el hacer respetar los artículos pertinentes de la Convención de Viena sobre derecho consular que a México. Qué bueno que gracias a ese argumento, sobre todo de Olga Sánchez Cordero, ahora salga liberada Florence Cassez.
Ahora empieza una nueva etapa. ¿Qué va a pasar con los responsables del montaje, del debido proceso, de la violación de la Convención de Viena y de los derechos humanos de una persona a la que alguien le debe 7 años de libertad? ¿Qué va a pasar con los que encarcelaron a un grupo de militares cuya liberación también parece inminente? ¿Qué va a pasar con los responsables del encarcelamiento de Greg Sánchez de Quintana Roo, más de un año en un penal de Nayarit, que también después fue liberado? ¿Qué va a pasar con los responsables de haber detenido a Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol México, que también fue liberado hace unos días? Existe la impunidad de los criminales en México; existe la impunidad de las autoridades en muchos casos; y existe la impunidad de quienes en aras de una guerra absurda, sangrienta y carísima, violaron sistemáticamente los derechos humanos en este país. ¿Quiénes son los responsables y qué va a pasar con ellos, estén donde estén?
Jorge G.Castañeda
(24 de enero de 2013).
(V.primera plana del periódico Mural del 24 de enero de 2013).
El problema de esto es que las "reglas del juego" no siempre son explícitas o se encuentran redactadas en leyes y reglamentos, muchas veces son parte de códigos no escritos de conducta basados en la moral, la ética o la costumbre, por ello es que la identificación de un acto como tramposo o ilegal en muchos casos se vuelve subjetivo o sujeto a interpretación. Pero no nos hagamos tontos, cualquiera que tenga un mínimo de sentido común -y aplica la sabia máxima de no hacer a otro lo que no se quiere para uno- sabe cuando un acto es moral o ético y cuando es tramposo.
Es natural la búsqueda de ventajas, de prelaciones o delanteras, pero la diferencia entre una ventaja legítima y una trampa, la diferencia entre el sueño tranquilo y el insomnio, es si las ventajas obtenidas fueron producto de habilidades y esfuerzos, de conocimientos y destrezas superiores, o de viles abusos, mentiras y traiciones.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 24 de enero de 2013).
Ayer el grupo Artesanos Unidos de Jalisco se manifestó en la Presidencia Municipal.
El objetivo de la protesta fue para exigir que les fuera devuelto un espacio para vender en el jardín del templo de San Francisco.
Apoyando la manifestación, también se presentaron expositores del Tianguis Cultural, quienes, además, demandaban para sí espacios temporales de comercio fuera del tianguis.
Ambas organizaciones bloquearon la circulación vehicular de Avenida Hidalgo y 16 de Septiembre, hasta que personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia les prometió diálogo.
Sin embargo, el cierre se retomó después de que se les comunicó que la única opción para instalarse era el parque de El Refugio, por la estación del Tren Ligero, punto que no convenció a los manifestantes, ya que indicaron que a otros grupos sí se les permite vender en el primer cuadro.
Minutos más tarde llegaron cerca de 50 elementos de la policía y resultaron detenidos Juan Fernando Jacinto Arias e Ismael Sánchez González, por los delitos de bloqueo a las vías de comunicación, resistencia de particulares y la afectación al tránsito.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 24 de enero de 2013).
El surgimiento de grupos de autodefensa ciudadana, como respuesta a los secuestros y asesinatos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, se extendió ahora hacia las comunidades indígenas nahuas de Acatempa y Atliaca, del municipio de Tixtla, Guerrero, donde un presunto delincuente fue abatido a balazos por vecinos del lugar.
Los ciudadanos armados parapetados tras los árboles, sentados en las calles o moviéndose en las azoteas, vigilan para todos lados, ven con desconfianza a los reporteros y fotógrafos, y se muestran reacios a proporcionar información.
El comisario de Atliaca, Octavio Ojeda, dio a conocer que los retenes instalados en las 2 entradas de Atliaca, y uno más en la comunidad vecina de Acatempa, distantes ambas como 7 kilómetros de Tixtla, y como a 22 de Chilpancingo, fue resultado de la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado que hace 15 días secuestraron a 2 jóvenes y que posteriormente fueron encontrados muertos.
A la entrada de la carretera rumbo a las dos poblaciones levantadas en armas desde el lunes de esta semana, se había ubicado un retén militar, pero posteriormente fue retirado y solo permanecen instalados los 3 en Atliaca y Acatempa, donde poco más de 50 hombres armados con rifles de bajo calibre, palos y piedras, realizan labores de revisión.
Ahí uno de los encapuchados dijo al principio que no podían dar información, pero posteriormente accedió a decir que se levantaron en armas "porque ya son muchas chin... las que nos hacen, no nos dejan chambear a gusto esos cab..., por eso nos levantamos en armas contra esos secuestradores, extorsionadores y asesinos".
También se puede notar la actividad de los hombres encapuchados con sus rifles en mano y preparados para utilizarlos en caso necesario, como sucedió en contra del joven acribillado de un escopetazo cuando intentó huir para impedir ser detenido, y que fue a caer sin vida en una barranca como a 3 cuadras de la comisaría municipal.
Ahí el comisario municipal, Octavio Ojeda, redactaba el acuerdo de asamblea campesina de presentar cargos en contra de cuatro detenidos, uno en la misma cárcel de la comisaría y 3 más que fueron trasladados a los separos de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, cuya titular se presentó a dialogar con los ciudadanos levantados en armas, pero no logró que fueran retirados los retenes.
El encapuchado entrevistado en uno de los dos retenes en Atliaca, aclaró que el Ejército no tiene por qué quitarles sus armas "porque con qué nos vamos a defender de los secuestradores, que si vienen ahora, los van a venir a recoger no parados, porque ya es mucho lo que nos han hecho, nos vinieron a robar nuestra tranquilidad".
Añadió que los retenes que instalaron en Atliaca y Acatempa, van a continuar hasta que se les garantice que el Ejército y la Marina, van a venir a proporcionarles seguridad, por lo mientras aseguró que van a mantener la autodefensa ciudadana, "aquí vamos a estar todos los días si no nos queda de otra".
(V.periódico El Informador en línea del 22 de enero de 2013).
Una pregunta, sin embargo, mortifica a mucha gente cada que se sabe de la desaparición o el rescate de alguna persona que va o viene de las oscuridades de este delito: ¿Por qué habiendo ya tanto poder sancionador del Estado mexicano, este delito crece en vez de disminuir?
Los periódicos y medios electrónicos de todo el país no han dejado de denunciar desapariciones de personas, la mayoría de los sectores más vulnerables, como son las mujeres y los niños.
La trata de personas ha dado, de modo muy infeliz, una suerte de valor agregado a determinados centros turísticos de México, como Cancún, Huatulco, Acapulco, Puerto Vallarta y el Puerto de Veracruz, así como ciudades de tránsito fronterizo como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, y Ciudad Hidalgo y Tapachula, en el Estado de Chiapas. Suelen ser sitios adonde la visitación extranjera no tiene más motivo que el de la prostitución, tan de la mano con la trata de personas.
La prostitución de menores es un caldo de cultivo cotidiano, cuya condición endémica no la quita todavía esa gran batería de leyes que recientemente ha construido el congreso y de la cual se han congratulado todos los legisladores.
Que más de 70,000 menores de edad, niños y niñas, viven fuera de sus hogares en México, han publicado reiteradamente los medios de información teniendo como fuente de información al gobierno federal, la Organización Internacional del Trabajo y a la ONU. ¿Y dónde están?
Muchos, en la calle, en la prostitución, sometidos por bandas de la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas, el delito que más produce dinero después del narcotráfico, según la ONU. Y la trata, lo mismo va a surtir al comercio sexual que al de la servidumbre forzada.
Es una cifra tan inmensa como cruel, que retrata además a un Estado incapaz de cumplir con esa elemental y más básica función para la que fue ideado: darle protección a los suyos.
Gobiernos van, gobiernos vienen, pero la trata no cede. Y sí, dirán los diputados y senadores, allí están las leyes y sólo hay que aplicarlas. Pero ese es el problema de México, ni más ni menos: la aplicación de las leyes, que no ha ocurrido con la efectividad que necesita la población cuando se trata de combatir este tipo de delitos.
En el debate parlamentario en torno de la inaplicación de la ley, han aparecido perniciosamente la corrupción y la impunidad, a las que se les compara con dos tumores malignos que han ido minando la vida de las instituciones.
Si corrupción e impunidad no hubiera, o cuando menos que no estuviera tan metida en el tuétano de las instituciones, o mejor sea dicho: de los hombres que al frente están de éstas, sería muy probable que delitos como el de la trata de personas estuvieran siendo combatidos con mayor eficacia.
Vicente Bello
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2013).
Osorio está preocupado por la irrupción de policías comunitarias en varios estados, en especial en Guerrero, donde en la localidad de Las Mesas, municipio de San Marcos, el operativo ciudadano capturó al líder de una organización criminal apodado El Chicles.
En Bucareli discuten con el gobernador Ángel Aguirre la posición que tomarán, pues permitir que los comandos juzguen a ese criminal sentaría un mal precedente, y si el gobierno estatal va por El Chicles puede haber derramamiento de sangre.
Trascendió
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 18 de enero de 2013).
Este es el 1er. movimiento de autodefensa popular que se registra en el norte del estado, luego de los ocurridos en la Costa Chica.
La acción duró más de 5 horas, tiempo en el que mandos de la 35 Zona Militar, la Policía Federal, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal llegaron al poblado ubicado a 30 minutos de Iguala.
En una reunión a puerta cerrada, los habitantes hicieron una larga exposición de los delitos más recurrentes: asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro de piso y la amenaza contra las familias.
Tras la llegada de elementos del Ejército y la Policía Federal los pobladores regresaron a sus casas, guardaron sus armas. Aclararon que no pretendieron tomar la justicia en sus manos, solo buscaron una manera desesperada de llamar la atención de las autoridades y pedirles que hagan su trabajo.
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 18 de enero de 2013).
Los barzonistas se plantaron por la mañana en diversos puntos de ambas metrópolis, y bloquearon con mantas y casas de campaña el acceso a las instalaciones de la institución financiera, aunque horas después las levantaron.
"Son más de 500 afectados, estamos hablando que esto tiene más de 10 años y nosotros tenemos en una lucha 4 años peleándole al banco", dijo Elizabeth Chávez, quien aseguró ser una de las líderes de El Barzón Popular en Jalisco.
"Hay muchas quejas de muchos compañeros que tienen créditos en tarjetas e hipotecarios y que les están cobrando intereses muy elevados".
Agregó que en varios casos, aun cuando los deudores ya tenían acuerdos con el banco, las viviendas fueron vendidas a un tercero.
"Lo que estamos pidiendo es que nos reciban un padrón para poder llegar a un buen acuerdo y que los intereses sean bajados para que se pague lo justo, tanto en tarjetas de crédito como en créditos hipotecarios", indicó.
Aunque ya han platicado con asesores de BBVA-Bancomer, todavía no se ha llegado a un acuerdo para la reestructuración de sus créditos hipotecarios, abundó.
Tras horas de bloqueo, los barzonistas llegaron a un acuerdo para reestructurar los financiamientos hipotecarios de algunas casas, por lo que alrededor de las 10:00 horas se retiraron de las sucursales.
En octubre del 2012, integrantes de este movimiento habían tomado las instalaciones de Banamex ubicadas sobre Avenida Vallarta por el mismo motivo.
En el DF, el bloqueo fue a las oficinas del corporativo ubicado en la Avenida Universidad y Real de Mayorazgo, y duró alrededor de 8 horas.
(V.pág.6 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 17 de enero de 2013).
La forma en que los gobiernos de la Ciudad de México, perredista, y de Guadalajara, priista, resolvieron el tema de las manifestaciones del primero de diciembre contra Peña Nieto, es una clara evidencia de este síndrome que a la postre termina traduciéndose en una especia de alergia al Estado de Derecho, que en sí misma es preocupante.
La Asamblea del Distrito Federal, en un acto no sólo populista sino absolutamente anticonstitucional, modificó la ley para que los vándalos manifestantes, que no los manifestantes comunes, no cayeran en falta; borraron el delito del Código Penal para que pudieran salir libres. No contentos con eso, para asegurar el derecho de manifestación los diputados obligaron al Gobierno de la Ciudad de México a pagar los daños calculados, quizá de manera exagerada, en 900 millones de pesos. Lo que haya sido que destruyeron los vándalos lo pagarán con sus impuestos los habitantes de la capital para que nadie pueda acusar al gobierno perredista de "represor".
El gobierno municipal de Guadalajara no se quedó atrás. Los gobernantes tapatíos simplemente retiraron los cargos y con ello quieren tapar una pésima actuación de su policía. Quitar los cargos a los detenidos implica, primero, no investigar a quienes, personas concretas y no manifestantes en abstracto, cometieron actos vandálicos a los edificios del PRI, de Televisa y contra bienes del ayuntamiento. Esta decisión deja también la impresión de que los detenidos, la mayoría de ellos inocentes, fueron "perdonados", pero sobre todo que los policías actuaron correctamente y ahora otorgan el perdón.
El derecho a la libre manifestación nada tiene que ver con la libre vandalización. Hay que distinguir claramente entre el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la libre expresión y la manifestación de las ideas, del delito de daño al patrimonio o a la propiedad ajena. Ningún disgusto, enojo o desacuerdo con quien sea nos da derecho a atentar contra otros.
Hay que quitarnos como sociedad la alergia al Estado de Derecho. Cumplir la ley, señores gobernantes, no es delito.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 16 de enero de 2013).
De eso queda realmente muy poco. Hoy son una suerte de milicia que coloca retenes y detiene a quienes ubican como narcos, violadores o secuestradores. Fuenteovejuna dice que está harto de "varios años de extorsiones en contra de comerciantes y ganaderos, secuestros e incluso violaciones a alumnos de las escuelas de nivel medio existentes en la región" y que por añadidura existe una total desconfianza hacia las autoridades federales y estatales. En suma, debe existir justicia y seguridad y como el Estado es incapaz de proporcionar esos valores mínimos de la vida en sociedad, pues los ciudadanos deben procurarse ambos, en propia mano y tal como los entienden.
Y eso es lo que están haciendo esos hombres con pasamontañas y escopetas en Ayutla de los Libres, Guerrero. Bueno, ¿y el Estado, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, qué? Pues nada, aparentemente en actitud de claudicación ante lo que es su deber y reducidos al dejar pasar mientras atinan qué hacer con esa bombita que ya les estalló.
La realidad impone la obligación de atender, en forma prioritaria, aquello que no puede más que caracterizarse como postales de la descomposición y que representan los grandes lastres que impiden avanzar hacia mayores niveles de bienestar y progreso.
Tan simple y a la vez tan complicado: Es la obligación del Estado el garantizar seguridad y procuración de justicia y mientras no pueda hacerlo -como es el caso de las comunidades predominantemente indígenas de Guerrero y, también, todos los municipios donde la delincuencia organizada se impone-, pues entonces mantendremos como país, las ventanas abiertas a expresiones de desesperación que desembocan en excesos, del tamaño del que es capaz de llegar Fuenteovejuna.
La cuestión es que hasta el momento no existe ninguna estrategia integral desde la esfera gubernamental y articulada con la sociedad para frenar el proceso de descomposición y sus múltiples expresiones, por lo que resulta verdaderamente complicado el poder plantear escenarios de éxito en lo que realmente importa, como es la seguridad y la justicia.
Bruno Plácido Valerio, vocero de la policía comunitaria, dice que tienen bajo su resguardo a 40 personas que serán juzgadas por diversos delitos, como secuestro y extorción. Dice también que será una asamblea popular la que determinará la sanción que se merecen y la forma en que serán "reeducadas".
Queda esperar que una de las formas de reeducar no sea el linchamiento y en su caso, que las autoridades legalmente constituidas por fin reaccionen y no lo permitan (por mucho que se lo merezcan secuestradores, violadores y extorsionadores), ya que de lo contrario el país pasaría de postales de la descomposición a postales del horror.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2013).
A pesar de la advertencia del desarme y del reforzamiento del Operativo Guerrero Seguro, la policía comunitaria apoyada por la Unión de Pueblos del Estado y Ciudadanos Armados continuarán con el control de la seguridad en las comunidades de Tecoanapa y Ayutla de los Libres donde aseguran "que esto llegó para quedarse".
El presidente de la Comisión de Justicia del congreso local, Jorge Camacho Peñaloza, calificó la defensa civil iniciada por ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres contra la delincuencia, como un síntoma de la ingobernabilidad y de un Estado fallido.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2013).
Pobladores de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala y San Marcos tomaron las armas para defenderse de un grupo de narcotraficantes "que les pide pago de cuotas, cobra extorsiones y vende droga en sus escuelas".
Uno de sus voceros, que pidió el anonimato por seguridad, dijo que desde el domingo pasado tomaron esa decisión, luego del secuestro de un ganadero de una comunidad de Tecoanapa, por el cual los presuntos delincuentes exigían un pago de 150,000 pesos (casi 12,000 dólares).
"En ese momento la población se armó y salió en busca del ganadero, se instalaron puestos de revisión y se logró su libertad y la captura de 5 secuestradores", narró.
Desde el día del inicio de los operativos en busca de criminales y la instalación de los puestos de revisión han logrado la captura de 37 presuntos sicarios y halcones.
"Los tenemos detenidos cerca de una población y esperamos que sean juzgados en una asamblea, bajo los usos y costumbres de las comunidades", reveló uno de los dirigentes, con rifle en mano y el rostro cubierto.
Los campesinos e indígenas, que en su mayoría portan escopetas y armas cortas, mantienen instalados puestos de seguridad en las carreteras y entradas a los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Florencio Villareal.
En estas localidades pertenecientes a la región de la Costa Chica de Guerrero, que registra elevados índices de pobreza y marginación, se produce marihuana y es un paso para el trasiego de drogas a Estados Unidos.
En la zona opera un grupo del crimen organizado identificado por la autoridades como Los Pelones y que en un tiempo perteneció al cartel de Arturo Beltrán Leyva, quien falleció en diciembre de 2009 en un enfrentamiento con miembros de la Marina.
(V.periódico El Informador en línea del 11 de enero de 2013).
Lo anterior es un grave error, ya que fomenta la reiterada práctica de los gobiernos, incluyendo a nuestro poder judicial y al congreso estatal, de beneficiar a sus trabajadores con un mayor sueldo al no retenerles lo que por disposición constitucional les corresponde pagar de ISR, situando a los trabajadores privados en plena desventaja; la diferencia neta entre un sueldo y otro puede llegar hasta 30%, violando con esto los principios constitucionales de igualdad y equidad, ya que a ambos tipos de trabajadores debería efectuarles las mismas retenciones.
Pero esto no para ahí, imaginemos que un patrón del sector privado omite ya sea por error o descuido el retener y enterar o simplemente enterar dichas retenciones, entendamos que no es dinero de él, sino que simplemente cumplió con la disposición legal de retener al trabajador el impuesto a cargo de este, derivado de la percepción de ingresos que causan impuestos, esto es, está beneficiándose de un dinero que no es de él, provocando con ello un fraude al fisco federal, el cual además se considera "delito calificado" en los términos del Código Fiscal de la Federación, esto es, si el monto de lo evadido es menor, esto es hasta un poco más del millón de pesos purgará prisión de 3 meses a 5 años; si la evasión está entre 1.3 a 1.8 millones pena de 2 a 5 años y si la cantidad es mayor a 1.8 millones deberá purgar una pena de 3 a 5 años, pero además como el delito es considerado como calificado la pena que corresponda se aumentará en una mitad.
En base a lo anterior, si cualquier ente de gobierno omitió enterar contribuciones retenidas a sus trabajadores los titulares de estos deberían estar en la cárcel como cualquier contribuyente y no premiarlos con una condonación que solo a ellos les aplica, ¿y a los patrones particulares cuándo los premiarán?
Héctor A.Romero Fierro, auditor, contador público, abogado y corredor público
(v.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 11 de enero de 2013).
Prueba de lo que digo es la torpe acción de los asambleístas del Distrito Federal que reformaron la ley expresamente para favorecer a los culpables de actos vandálicos y de pandillerismo cometidos el pasado 1o. de diciembre. ¿Asamblea Legislativa? Quienes aprobaron esa sucia reforma, hecha para un caso especial y con dedicatoria, no merecen el nombre de legisladores: son politicastros que usaron burdamente su poder -en mala hora adquirido- y torcieron la ley con fines puramente partidistas, de política.
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas del 10 de enero de 2013).
Esta es un noticia no demasiado infrecuente en un país, el nuestro, que sigue siendo espeluznantemente bárbaro por más que muchos mexicanos tratemos de mirar hacia el otro lado. Lo más curioso es que una tragedia tan tremenda no merezca los titulares de todos los diarios y que no sacuda masivamente las conciencias de los ciudadanos. Tras un suceso así, deberíamos de estar todos en las calles, exigiendo no solo justicia y castigo para los culpables sino exhibiendo nuestra indignación. Porque, señoras y señores, no estamos hablando aquí de la violencia que protagonizan esos delincuentes a quienes se les puede suponer, de entrada, una condición humana disminuida, por así decirlo; el sicario se dedica precisamente a eso, a matar, a ejecutar por encargo y, como vemos todos los días, perpetra sus crímenes de forma especialmente atroz, con una crueldad tan terrorífica como ajena a la inmensa mayoría de nosotros. Pero, por favor, un grupo de comerciantes, o esos vecinos de Chalco que apalearon y quemaron vivos a tres muchachos inocentes, ¿no son individuos como usted y yo, es decir, no vienen siendo gente común y corriente de la cual uno no esperaría, en lo absoluto, comportamientos sanguinarios y salvajes?
Eso es, precisamente, lo que resulta tan perturbador e inquietante: la aparente normalidad de unas personas que, de pronto, pueden llevar a cabo un acto descomunalmente espantoso y que, encima, lo hacen movidas por una suerte de furia justiciera que resultaría, por si fuera poco, de la escandalosa ineptitud de nuestro aparato de justicia. Si los policías y los jueces no son capaces de castigar al delincuente, pues entonces la turba enardecida será la que se encargará del asunto sin mayores trámites, sin juicio y sin sentencia, sin tribunales y sin pruebas de descargo. Retrocedemos ahí siglos enteros y nos instalamos en aquellos tiempos oscuros donde no había leyes escritas ni instituciones encargadas de hacerlas respetar. El problema es que todo esto ocurre aquí y ahora, en México, en un país que aspira a la modernidad pero donde se cometen atrocidades, en el espacio público, que nos desacreditan totalmente como una sociedad civilizada. Y lo peor, repito, es que casi nadie parece escandalizarse. ¿Cómo es que podemos acomodarnos tan fácilmente al horror?
Román Revueltas Retes
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 4 de enero de 2013).
Porque si eran inocentes, Mancera debió haber aportado elementos para sacarlos, de la misma forma que si fueran culpables.
Gonzalo Oliveros
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 4 de enero de 2013).
Ayer la Procuraduría de Chiapas detuvo a 6 ex alcaldes que apenas en septiembre terminaron sus gestiones municipales, por el delito de peculado, o sea, por robarse el dinero recaudado para los servicios públicos. Y va por 12 más.
Varios presidentes municipales que llegaron en octubre denunciaron ante los diputados del congreso chiapaneco que encontraron desfalcados sus ayuntamientos. Los legisladores ordenaron a su Órgano de Fiscalización Superior investigar las quejas de los ediles entrantes y su auditor agilizó la revisión de esas cuentas públicas. Las inspecciones acreditaron los desvíos, y los diputados denunciaron las irregularidades en la Procuraduría, cuya Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos por Servidores Públicos capturó ayer a los ex munícipes y los llevaron ante el juez, que antes les había obsequiado las órdenes de aprehensión por considerar demostradas sus corruptelas.
Todo eso en menos de 3 meses.
Hoy en Chiapas muchos funcionarios se la pensarán 2 veces para desviar los recursos públicos a su cargo, sólo por el hecho de que no hubo impunidad con sus antecesores a los que se les investigó y ahora están tras las rejas.
Eso que pasó ayer en aquella entidad sureña, en la que apenas el 8 de diciembre pasado asumió como gobernador el treintañero Manuel Velasco Coello, postulado por el Partido Verde y el PRI, ratifica 3 lamentables cosas que padecemos y que no hemos podido transformar como jaliscienses:
El procurador Tomás Coronado tiene 2 meses para reivindicarse, el doble del que necesitó un procurador recién llegado en Chiapas.
Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 4 de enero de 2013).
Se considera que la corrupción daña a la sociedad porque obstaculiza la construcción de un Proyecto de Nación, por ello es castigada por el Estado, aunque es sabido que en los altos niveles del poder suelen darse actos de corrupción en lo político y en lo económico que afectan la credibilidad de la sociedad en las instituciones.
Algunos países en el mundo presumen de una alta moralidad y combaten la corrupción imponiendo valores a su propia sociedad y exportando hacia el mundo lo que autocalifican como un modelo a seguir en cuanto a la observación y respeto a las leyes que impiden su avance. Naciones como México han intentado imitar esta observancia del marco legal como principio para la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria, democrática y sin corrupción, pero a pesar de las buenas intenciones de los gobernantes la necia realidad mantiene vigente y anclada esta forma de relación que opera de manera transversal en la sociedad.
La corrupción en México es un problema social, económico, político y cultural. Enrique Peña Nieto estableció como uno de sus compromisos terminar con la corrupción y tomó la decisión de cerrar la institución encargada de combatirla -Secretaría de la Función Pública- y crear la Comisión Anticorrupción.
Asimismo, se promovieron cambios a la Ley Federal de Transparencia para aumentar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información con el propósito de transparentar las políticas públicas y las acciones de los funcionarios y los organizamos e instituciones.
La organización no gubernamental Freedom House elaboró y divulgó con datos del Banco Mundial su reporte "Países en la encrucijada" donde informa que el costo de la corrupción en México, para ciudadanos y empresas, es de 1"404,000 millones de pesos, cantidad que equivale a 9% del producto interno bruto.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresa 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo total que la inseguridad y el delito tienen en las unidades económicas del país es de 115,200 millones de pesos al año, lo que equivale a 0.75% del PIB. El delito más cometido durante 2011 fue actos de corrupción con 24.7%, seguido de robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con 22.6%. La extorsión representó 14.5% de los incidentes, el robo hormiga 11.9% y el fraude 8.5.
Recientemente fueron reveladas en los medios de comunicación algunas acciones de corrupción que involucran a grandes empresas que se han beneficiado al corromper a los funcionarios públicos, aunque aparecen ante la opinión pública como víctimas.
Ingresar al siglo XXI con la pretensión de que México se transforme en un país de leyes, tiene como obstáculo combatir el lastre de la corrupción, esa práctica que permite simular a los grandes empresarios un altruismo para evadir impuestos, al ministerio público simular la impartición de justicia y con ello tolerar la impunidad, al maestro simular que enseña, al alumno simular que aprende, al gobernante simular que es eficaz, al banquero simular que cuida el dinero ajeno, al legislador simular que hace buenas leyes, a los religiosos simular que no aman el dinero. Cuando realmente terminemos con el sistema de simulación que por siglos hemos montado y estemos dispuestos a cambiar la necia realidad, será posible avanzar en la construcción de un país de leyes, equitativo, de relaciones honestas y confiables. Mientras haya impunidad será difícil creer en las buenas intensiones.
Enrique Pérez Quintana
(v.Yahoo! Noticias del 3 de enero de 2013).
No hay para donde hacerse, los actuales diputados sólo pueden hacer una cosa y ya se están tardando: deben, a la brevedad, encausar por las vías legales pertinentes la suma de yerros y omisiones, excesos y hasta tropelías que cometieron sus antecesores, ya que si no lo hacen simplemente serán cómplices del desaseo administrativo, torpeza política y de delitos que ameritan sanciones penales.
Los enterados afirman que la caracterización del desempeño de la anterior legislación, en los términos en que se hizo pública hace ya 2 meses, no fue más que un amago entre los grupos que manejan los hilos del poder en Jalisco, entre quienes habrán de tomar las riendas del Gobierno del Estado y poderes fácticos vinculados con la UdeG y partidos de oposición. Que realmente no se llevará el asunto al sendero jurídico ya que sólo se pretendía mandar mensajes. Un simple juego de pulsos.
Los actuales diputados tienen realmente poco tiempo para demostrar si efectivamente las cosas van a ser diferentes y que es posible confiar en que de ahora en adelante el que la hace, la va a pagar, o si son, justo como sus antecesores, sólo herramientas para hacer lo que les digan que hagan.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 2 de enero de 2013).
No creo que esté ahí la solución de una sociedad, especialmente jóvenes, inconforme con el sistema político electoral de nuestro país y las prácticas de los partidos políticos durante campañas electorales antes de las elecciones.
Es fecha para proponerse no caer en excesos, ni en la absolución de quienes sí causaron daños y alteraron la paz pública; ni en la criminalización de todos los manifestantes cuando los más salieron a expresarse de manera pacífica.
Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de diciembre de 2012).
La afectación que con ello se hace a la cultura de la legalidad y al imperio de la ley es inconmensurable. El mensaje que se manda es de que en México no sólo los ricos y poderosos son influyentes para evadir la acción de la justicia o ser impunes por los delitos o irregularidades que cometan. Ahora, también existe influyentismo "social", e impunidad para todos aquéllos que incurran en prácticas delictivas y dañen los bienes públicos y privados, siempre y cuando sea por razones políticas y en ejercicio de su sacrosanto derecho a la manifestación, al que quedan subordinados todos los demás derechos y libertades.
Cuando se legisla para favorecer a determinadas personas se está prostituyendo la labor legislativa y se está desvirtuando a la ley misma, puesto que ésta es coercitiva, general, abstracta e impersonal. Cuando se legisla para un grupo determinado de personas eso no es ley sino decreto, y eso fue lo que hizo la ALDF. Si tanto interés tenía la ALDF por liberarlos les hubiera concedido una amnistía que es una decisión legislativa dirigida a las personas de un grupo que haya cometido ilícitos.
Si tanto afán tenía el jefe de Gobierno del Distrito Federal de poner en libertad a esas 14 personas detenidas y sujetas a proceso penal, hubiera utilizado su facultad de tramitarles indulto a cada una de ellas (que sí es un acto legislativo personalizado), permitiendo previamente la acción de la justicia y la aplicación de la ley. Una vez cumplido esto entonces proceder a reformar la ley.
Ahora, los congresos de los estados deberán tomar en cuenta este negativo precedente de reformar la ley para liberar a un procesado. Claro, siempre y cuando sea un "luchador social" y actuado por criterios políticos y no con el afán de dañar a algo o alguien en especial. ¡Qué vergüenza! Pobre de la ley y la justicia en México, y más cuando está en manos del PRD.
El hecho de que el PRD -a través de 2 de sus diputados federales- hubiera pagado la fianza para que los detenidos recuperaran su libertad, evidencia la vinculación entre ese partido, los que maquinaron los lamentables sucesos del día 1 de diciembre y los que los realizaron. En Alemania o España al partido se le hubiera cancelado el registro y a sus dirigentes se les hubiera investigado. No puede ser que los partidos políticos y sus diputados apadrinen a personas presuntamente culpables de la comisión de delitos y sujetas a proceso penal.
Lo malo es que esas mismas autoridades, partidos políticos y legisladores son los mismos que luego despotrican contra la impunidad y la inobservancia de la ley. ¡Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre!
Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de diciembre de 2012).
De acuerdo con el legislador Braulio Fernández, promotor del punto de acuerdo, junto con el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez -entre otros senadores-, la CFE ha sido inflexible ante el crecimiento incontrolable de adeudos por concepto de suministro de energía eléctrica para riego agrícola, particularmente en los estados del norte del país con pozos profundos de riego. Tan sólo en la región lagunera de Coahuila y Durango creció a cerca de los 3,000 millones de pesos.
Se estima que actualmente existen en la región alrededor de 3,360 usuarios del servicio de energía eléctrica para uso agrícola de los cuales 2,750 tienen adeudo. "Esto significa que 3 de cada 4 usuarios tienen adeudo con la Comisión. Imaginemos lo que representa para un productor tener una deuda de más de un millón de pesos que fue generándose a lo largo de 10 años. Significa la hipoteca de su futuro, de sus cosechas futuras. Trabajaría para pagar deudas".
[Es lo mismo que sucede con muchos otros mexicanos con problemas con los bancos... ¿También van a pedir que se cancelen sus deudas? - El webmaster.]
Lo más preocupante de esta cuestión es que acceder a un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para finiquitar sus deudas es algo casi utópico, pues los productores agrícolas necesitan desembolsar un 10% del adeudo como "Anticipo para Documentar", lo que significa iniciar el "trámite de regularización"; una vez hecho esto, se firma un convenio de pago a 60 meses con pagos fijos.
"Así, el productor no solamente tiene que pagar la energía eléctrica que está consumiendo día a día, sino la parte del mes que le corresponde para liquidar el adeudo; ahora imaginemos la situación que vive un productor cuando no puede cubrir la mensualidad del adeudo. Es un círculo vicioso que semi esclaviza al productor agrícola".
[Es lo mismo que sucede con muchos otros mexicanos con problemas con los bancos... ¿También van a pedir que se cancelen sus deudas? - El webmaster.]
(V.periódico El Universal en línea del 28 de diciembre de 2012).
1. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Grupos de jóvenes organizados -no pocos encapuchados- agredieron de manera frontal, inequívoca, a policías, comercios, bastimento público. Desataron la violencia poseídos de una rabia aguda. No respondieron a una "provocación". Fueron a lo que fueron.
Ante esas conductas, es imprescindible el repudio sin coartadas. Repudio a los actos vandálicos, repudio a la violencia. Venga de donde venga, sin excusas ni pretextos. Repudio por motivos diversos: porque la violencia de inmediato produce víctimas, ya sea con daño físico o patrimonial; porque la violencia solo genera espirales de violencia y parece llamar al autoritarismo, y porque la violencia afecta a la propia disidencia cívica, democrática, abierta y pacífica. Con ella (casi) todos pierden: los afectados directamente, los encargados de contenerla e incluso quienes desde la oposición al gobierno luchan por los cambios en forma pacífica.
¿Es necesario insistir en que el fin no justifica los medios? ¿Recordar que los medios suelen ser más elocuentes y definitivos que los objetivos proclamados? ¿Insistir en que los medios modelan a los propios "sujetos políticos"? Por ello, conviene a (casi) todos refrendar la idea de una política pacífica y pública, capaz de enunciar con claridad sus objetivos y consciente de que existen otros que persiguen fines diferentes e incluso enfrentados, pero que están obligados a encontrarse en la escena pública de manera civilizada.
2. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Policías que arremeten contra manifestantes pacíficos y privan de su libertad a personas que ejercían sus derechos en la vía pública (y al parecer, incluso a simples paseantes o fotógrafos).
Se arrestó a "justos por pecadores", a ciudadanos inocentes, como lo probó el hecho de que luego de varios días detenidos tuvieran que ser puestos en libertad porque, simple y sencillamente, no habían cometido ningún delito. Se trató de algo más que de una equivocación, fue resultado de una orden no solo imprudente sino temeraria.
Cierto. Hemos visto de manera reiterada a la policía aguantar de manera estoica agresiones sistemáticas y orquestadas, y por supuesto que tiene derecho a defenderse. Pero la respuesta no debe ser (porque sí puede ser) en los mismos términos que la de los llamados vándalos. Varias razones existen para ello: en términos éticos, porque la autoridad debe distinguirse con claridad de quienes violentan la ley; en términos jurídicos, porque no se combate las transgresiones a la ley con nuevas o renovadas transgresiones a la ley, ello acaba emparentando a unos con otros y desnaturaliza la función de los propios policías. En términos políticos, porque las prácticas de la autoridad que violan los derechos de las personas, desvirtúan el ejercicio del poder y convierten a la autoridad en una entidad autoritaria. Y en términos pragmáticos, porque los abusos de autoridad invariablemente tienen efectos boomerang, como lo observamos desde el 1 de diciembre: agarraron a quienes no habían cometido ningún delito e incluso ninguna falta administrativa y fueron incapaces de atrapar a los que desencadenaron la violencia.
José Woldenberg
(v.pág.7 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).
"Es premiar a gobernadores y alcaldes morosos. La deuda de algunos estados de la república la van a absorber todos los mexicanos", señaló.
Criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiera sanear las finanzas de las entidades endeudadas, sin antes explicar las causas que llevaron a la quiebra.
La Secretaría de Hacienda acordó apoyar a los gobiernos de Michoacán, Chiapas, Zacatecas y Guerrero para enfrentar el cierre del año fiscal con la asignación de partidas discrecionales y la exención de deudas por falta de pago del Impuesto Sobre la Renta.
Ávila Ruiz consideró que esta medida paternalista sólo alienta la morosidad y la irresponsabilidad de las administraciones locales.
"Este paternalismo podría provocar que todos los gobernadores no paguen porque 'papá gobierno les va a condonar todas las deudas'", aseveró el legislador.
(V.pág.3 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).
Al cierre del 3er. trimestre de este año había 412,985 trabajadores en condición de informalidad en los 3 niveles de gobierno.
Esta cifra ha ido incrementándose, pues en el 2010 había 375,000 y en el 2011 sumaban 412,000.
Pero, son los municipios los que más están utilizando el esquema de contratar trabajadores sin prestaciones.
Para este año, del total de trabajadores informales, alrededor de 69,717 laboran para el gobierno federal, 89,975 en las administraciones estatales, y 253,293 en municipios.
En los municipios, 28.3% de su plantilla total son trabajadores informales, en tanto que en los gobierno estatales, la participación es de 10.9%.
Para el Inegi, los trabajadores informales son aquéllos que a pesar de estar laborando en una institución formalmente establecida, como empresas y dependencias de Gobierno en todos sus niveles, carecen de seguridad social e incluso, en algunos casos, de contrato.
(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).
(V.pág.12 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).
A los nostálgicos del látigo hay que recordarles que el Estado tiene la facultad perfectamente legal de ejercer la violencia. Y el uso de esta fuerza, cuando se considera necesario, no tiene nada que ver con la brutalidad de los autócratas. Aspiremos, entonces, a que nuestros políticos hagan meramente su trabajo y olvidémonos de los represores cerriles.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de diciembre de 2012).
Por otro lado, Dante Haro Reyes atribuyó la impunidad en los casos de homicidios al déficit de personal con el que trabaja la procuraduría estatal.
El alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, indicó que es un reflejo de la falta de confianza a la autoridad.
Cabe citar que de la 981 averiguaciones previas que se integraron de enero a octubre de este año por homicidio, sólo 367 fueron consignadas ante un juez. 614 asesinatos permanecen en absoluta impunidad.
(V.pág.8 del periódico Milenio Jalisco del 21 de diciembre de 2012).
Esta es una decisión valiente. El arraigo fue creado para violar las garantías individuales. Es una detención sin orden judicial y sin pruebas que se extiende mucho más allá de las 72 horas que la Constitución establece como límite máximo para definir la situación jurídica de un detenido.
Ya la Suprema Corte de Justicia determinó en una ocasión que el arraigo es inconstitucional. Pero el gobierno y el congreso enmendaron nuestra muy parchada carta magna para volverlo constitucional.
La figura del testigo también se ha modificado. Originalmente un testigo debía ser una persona de "buena fe". La credibilidad era una de las características fundamentales para rendir testimonio en un proceso. Un buen abogado podía desacreditar a un testigo si demostraba que tenía antecedentes penales o incentivos para mentir.
Lo anterior cambió con los llamados "testigos protegidos". La idea original, la que surgió en países como Italia y Estados Unidos, era proteger a personas de buena fe que presentaran testimonios en contra de miembros de la delincuencia organizada. Proteger a un testigo implicaba ocultar su identidad y en algunos casos cambiarle el nombre para darle la posibilidad de reiniciar su vida en otro lugar y bajo otras circunstancias.
Pero los testigos "protegidos" del sistema mexicano son diferentes. De hecho, la ley los define como "testigos colaboradores". No son personas de buena fe o de buena reputación, sino criminales confesos que declaran lo que la autoridad les pide a cambio de algún beneficio o de un pago. La forma correcta de referirse a ellos sería "testigos beneficiados", como los ha llamado el penalista Juan Velázquez, o incluso "testigos comprados". Este fue el caso de Fernando Rodríguez, a quien la PGR le pagó 500,000 dólares para incriminar a Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
El procurador Murillo Karam ha reconocido que de casi 4,000 arraigos que promovió la PGR en los últimos 2 años sólo se procedió penalmente en poco más de 120 casos. En los otros los investigados fueron liberados, pero nadie les compensó los daños a su vida personal o familiar o a su reputación.
Los testigos beneficiados han sido utilizados para procesar a personas sobre las que no parece haber pruebas de ninguna irregularidad. Uno de los casos vigentes es, al parecer, el del general Tomás Ángeles. Las autoridades deben tener instrumentos para lograr la colaboración de criminales, pero los testimonios comprados no pueden ser la única prueba para consignar al presunto responsable de un crimen.
Los procuradores de los gobiernos anteriores afirmaban que sin el arraigo muchos criminales peligrosos no podrían ser detenidos. Un ejemplo que se ha señalado es el de César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, violador y homicida serial que se escapó de una oficina del estado de México en febrero de 2012 porque no podía ser arraigado o detenido formalmente. Habrá que buscar una solución jurídica para estos casos, pero no tiene sentido seguir deteniendo a inocentes.
No será fácil abandonar el arraigo y los testigos comprados, que han generado una dependencia enorme a una policía floja que detiene para investigar. Pero si queremos un sistema de justicia que realmente castigue a los criminales y no a simples chivos expiatorios, esta reevaluación es indispensable.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 20 de diciembre de 2012).
En su comparecencia ante diputados locales, como parte de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno, el fiscal indicó que mientras en el 2010 se solicitaron 26 arraigos, para 2011, cuando él asumió el cargo, la cifra llegó a 180 y este año van 146.
"La gente cuando ingresa a la casa de arraigos, es porque (...) sabemos que están vinculados a muchos otros delitos", afirmó.
(V.pág.8 del periódico Mural del 20 de diciembre de 2012).
De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a que se realice una revisión de esta herramienta jurídica del arraigo, así como del uso de los testigos protegidos, como parte de un proceso de reestructuración que se iniciará en la PGR.
Un informe de la PGR obtenido a través de una solicitud de información detalla la creciente utilización del arraigo en investigaciones contra presuntos integrantes del crimen organizado: entre diciembre de 2006 y julio de 2011, la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada arraigó a 6,313 personas, de las que 74.5% (4,704) fueron consignadas y se les dictó auto de formal prisión, aunque no se revela cuántos al final fueron sentenciados.
El documento detalla que en el 2006 fueron arraigadas 42 personas; en 2007, 703; en 2008, 1,111; en 2009, 1,517; en 2010, 1,679; mientras que entre enero y julio de 2011, sumaban 1,261.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 19 de diciembre de 2012).
Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 14 de diciembre de 2012).
La condonación de débitos acumulados por ISR se extenderá a los organismos descentralizados y autónomos locales.
(V.pág.4 del periódico Mural del 13 de diciembre de 2012).
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2012).
El fallo argumenta que no se aportaron pruebas suficientes para demostrar ataques a la paz social, y generará un problema en la policía, cuyos elementos serán sujetos ahora a un proceso para determinar el uso o abuso de la fuerza que emplearon, y los colocará en la disyuntiva futura de si es mejor actuar en casos similares o, como tantas veces en el pasado, dedicarse a la contemplación para evitarse problemas legales. La autoridad queda vulnerable sobre el uso legítimo de la fuerza y aún quienes resultaron beneficiados del fallo judicial, no estarán satisfechos hasta que vean castigados a quienes afirman los reprimieron.
Pero la tensión social no se circunscribe sólo a este episodio. El primero de diciembre tiene profundidades más hondas de las parece. Hay una parte documentada y alarmante, la aparición de grupos policiales vestidos con ropas similares a las de los grupos más violentos en las calles aledañas al congreso, y que se mezclaron entre ellos.
Nada se sabe de cómo actuaron los grupos policiales vestidos de civil. Unas 18 cámaras de seguridad en la zona de San Lázaro registraron todo lo que sucedió, pero las autoridades federales no habían pedido hasta la semana pasada ese material.
De acuerdo con quienes han visto las imágenes, se puede apreciar cómo se prepararon los civiles para el choque y cómo se fueron infiltrando entre los manifestantes. También se ve, agregaron, como la Policía Federal protege a ese grupo de civiles, algunos de los cuales usan un brazalete y guantes negros como forma de identificación. El punto de mayor intensidad registrado es cerca del congreso, donde los servicios de inteligencia de la Policía Federal habían detectado desde poco después de las 4 de la mañana cómo los grupos más radicales preparaban las bombas molotov y los petardos con esquirlas.
La participación de esos grupos de choque trae muy malos recuerdos. En 1968 la "Brigada Blanca" y 1971 "Los Halcones", infiltraron y reprimieron estudiantes y civiles en general. ¿Es el caso en 2012? Hasta ahora así parece y las autoridades guardan silencio.
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2012).
El pasado 1 de diciembre tanto en Guadalajara como en el Distrito Federal se dieron diversos actos vandálicos junto con protestas pacíficas, que aún siendo pacíficas, iban en contra de las reglas de la democracia. Protestar porque un determinado partido ganó así sea por una mayoría ínfima, es desconocer a lo que obliga una elección abierta. Protestar porque se supone que hubo fraude electoral es todavía peor, ya que efectivamente se está partiendo de una suposición, en la medida que tal no ha sido cabalmente demostrado. Pero es que se supone que quienes debían demostrar el fraude se vendieron. O se supone que quienes hicieron el fraude lo hicieron a la perfección. O se supone que los grandes poderes capitalistas nacionales y extranjeros manipularon todo, incluyendo las grandes televisoras; y así se puede seguir suponiendo un sinfín de cuestiones que a la postre no llevan a actos supuestos, sino a actos vandálicos que dañan el patrimonio público y el privado.
Desde luego que hay muchas cosas por las cuales todo el país debería levantarse y protestar: México no puede darse el lujo de seguir pagando a tan alto número de funcionarios públicos tan altos salarios, teniendo en la pobreza a la mitad de su población. La nación no puede seguir manteniendo congresos legislativos tan abultados como inútiles. Las instituciones públicas no deben seguir atrapadas en la lógica de la corrupción... Pero no basta protestar, ni mucho menos hacerlo cometiendo todo género de delitos, el primero de ellos, protestar por encargo, es decir, protestar, gritar, y destruir porque me pagaron, porque me ofrecieron una plaza, porque me dejan vender piratería o robado.
Sin embargo nada puede frenar este vandalismo cuando al final los responsables quedan en libertad "por falta de pruebas", "porque eran delitos menores", "porque se equivocó el actuario", porque Derechos Humanos hizo valer sus fueros, o porque los mismos vándalos de ayer hoy arman nuevas manifestaciones, plantones y protestas intimidatorias. Lo vimos en el caso de Michoacán, donde se cometieron delitos de diversa índole, se capturó a varios responsables, y posteriormente los dejaron en libertad no por falta de méritos, sino por falta de autoridad.
Si en nuestro país la ley no se puede aplicar por razones políticas, por consideración al poder económico de determinadas personas, por crecidos sobornos, por evitar males mayores o por cualquiera otra excusa, entonces estamos bastante lejos aún del llamado estado de derecho, ante esta perspectiva las cosas no sólo seguirán igual, van a empeorar.
Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 9 de diciembre de 2012).
La capital de Estados Unidos (Mexicanos) padece una auténtica epidemia de protestas callejeras que afectan directamente a sus ciudadanos, tan resignados como impotentes y que, curiosamente, no salen ellos a los espacios públicos a exigir que esas manifestaciones se regulen, como en todas las ciudades del mundo civilizado, para no afectar la actividad económica y, sobre todo, para garantizar un derecho irrenunciable, el de la libre circulación. En Chilpancingo, Morelia y Oaxaca también tienen lugar protestas que afectan seriamente la vida cotidiana de sus habitantes y que provocan pérdidas incalculables. Y sabemos que cualquier pretexto es bueno para bloquear la carretera México-Puebla o, justamente, esa importante autopista del Sol que cruza la capital del estado de Guerrero.
Estamos hablando de un fenómeno que viene siendo, ahí sí, una verdadera imposición en tanto que restringe las garantías de terceros y perjudica directamente a sus intereses. El viajero que circula por una autopista y que se topa con un bloqueo se trasforma automáticamente en un rehén; el habitante de un barrio que no puede llegar a una entrevista laboral porque turbas de manifestantes cierran una avenida sufre un perjuicio irreparable que, encima, nadie le va resarcir; la enfermera a la que se le aplica un descuento por arribar con retraso al hospital no tiene tampoco a quién pedirle cuentas. Pero, las víctimas de estos abusos parecieran no sólo carecer de derechos, sino tampoco merecer consideración alguna: no cuentan porque, por lo visto, no representan intereses dignos de atención y, en consecuencia, las autoridades de este país se desentienden de obligaciones tan fundamentales, en lo que toca a las garantías que debieran ser aseguradas a la colectividad, como el simple mantenimiento del orden público o el resguardo del patrimonio de los particulares. Y así, los normalistas de Michoacán incendian autobuses y sus cofrades de Guerrero prenden fuego a una estación de servicio -donde, por si fuera poco, un empleado se abrasa y termina luego por morir en el hospital- sin que ocurra una respuesta terminante del Estado (y, extrañamente, sin que otros sectores de la ciudadanía expresen esa feroz indignación que, por el contrario, se apresuran a exhibir los activistas de los movimientos "sociales" cuando uno de los suyos es víctima de la "represión").
Estamos hablando, luego entonces, de grupos que parecen gozar de derechos diferentes: México se ha poblado de colectivos que han logrado un escandaloso nivel de impunidad por el mero hecho de exhibir, lo repito, ostensibles y muy declaradas aspiraciones "sociales". Por lo visto, lo "social" es una auténtica patente de corso para perpetrar toda suerte de desmanes a la vista y paciencia de autoridades acobardadas que, renunciando vergonzosamente a la innegable legitimidad que les otorga el hecho de haber sido elegidas democráticamente, se abstienen de intervenir porque el fantasma del 68, o sea, la ignominiosa realidad de un gobierno auténticamente represor, intolerante y autoritario, sigue impregnando sus negras conciencias. No se actualizan y no se han enterado de que México, hoy día, es otro país y de que, en las democracias liberales hay leyes y reglamentos que autorizan plenamente el uso de la fuerza pública para responder a la violencia.
Pero, justamente, el problema se agudiza doblemente porque la actuación de nuestros cuerpos policiacos, cuando reciben finalmente la orden de intervenir, no es tampoco la adecuada: no sabemos, para empezar, si detienen a los verdaderos culpables de los desmanes; y, de seguro, cometen excesos y arbitrariedades. Y es ahí, al confrontarnos a la contingencia de la brutalidad policiaca, donde volvemos al punto de partida en el asfixiante círculo vicioso que escenifican, por un lado, los provocadores, los inconformes urgidos de (redituable) victimismo, los extremistas y, por el otro, los funcionarios acomodaticios, los hombres públicos temerosos de apoquinar con el consabido "costo político", los dirigentes populistas y los gobernantes irresponsables.
¿Quién paga los platos rotos? Pues, México entero, un país que sigue siendo el sumiso rehén de las minorías vociferantes.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de diciembre de 2012).
Pero los autos en la banqueta son sólo la base de toda una cadena de profundas irregularidades de una sociedad que francamente tolera el abuso sistemático de unos contra otros. Así se trate del vertedero de contaminantes en un río, de la quema de bosques para ejecutar desarrollos inmobiliarios, de abusos policiacos en contra de ciudadanos ejerciendo su derecho al uso de la calle y su libertad de expresión o del despliegue de las fuerzas militares desatando una guerra sangrienta que lleva 80,000 muertos y ha normalizado las imágenes de violencia en el imaginario colectivo.
No parece, o al menos yo no lo veo por ningún lado, que exista algún canal institucional para resolver los abusos constantes. Las instituciones son francamente inoperantes.
En Jalisco; y en el resto del país la situación es poco diferente; los partidos están, todos, rebasados. La opción institucional para hacer política que pueda conducir a la resolución de conflictos se convirtió en un mero tráfico de lealtades y conveniencias de empoderamiento, en extremo alejadas de los problemas reales.
El instituto de transparencia hace todo por no tener que transparentar, la Auditoría Superior no audita a nadie y su titular logra aferrarse al puesto a pesar de las evidencias presentadas por múltiples grupos de ciudadanos, la comisión de derechos humanos se convirtió en un elefante blanco burocrático e inoperante, las instituciones encargadas de organizar las elecciones aprendieron a hacerse de la vista gorda ante las onerosas e ilegales diferencias entre las campañas políticas. La pasada legislatura, secuestrada por grupos de poder, blanqueó las arcas del congreso sin que nadie sepa que pasó. El sistema judicial parece incapaz de llevar a criminales reales a la cárcel.
Felipe Reyes
(v.pág.16 del periódico Milenio Jalisco del 7 de diciembre de 2012).
Las autoridades sabían que se avecinaba un reto muy fuerte y por eso tomaron la inusitada medida de establecer el tan protestado cerco del Palacio Legislativo una semana antes de la inauguración. Las agresiones el primero de diciembre se registraron desde un principio. Grupos de manifestantes arrojaron piedras, palos, bombas molotov y petardos a la Policía Federal. Incluso secuestraron un camión de basura, le prendieron fuego al contenido de la caja de carga, y lo usaron como ariete contra las vallas tras las cuales se encontraba la policía.
Por otra parte, algunos videos muestran que después de esta agresión un grupo de policías federales salió de detrás de las vallas y cuando menos un par de ellos dispararon en contra de los manifestantes. Al parecer usaron balas de goma. Hay indicios, por otra parte, de que algunos o muchos de quienes fueron detenidos en el centro histórico no eran los que estaban causando destrozos.
En países democráticos como Estados Unidos y España los tribunales suelen proteger a los policías. Esto da certeza jurídica a la fuerza pública que puede obedecer con confianza las órdenes de sus comandantes. Las manifestaciones de protesta son permitidas, aunque los organizadores tienen que solicitar primero un permiso del municipio que autoriza la ruta y la marcha misma. Lo que no se acepta son los plantones o bloqueos.
Si los policías son agredidos, o si los manifestantes se resisten a un arresto, se considera justificable el uso de la fuerza. No se considera aceptable, por contra, disparar contra una multitud. Estas reglas claras ayudan a la seguridad de todos. Tanto los manifestantes como la Policía saben hasta dónde pueden llegar.
En México, las reglas son inexistentes o discrecionales. Las consecuencias jurídicas por un mismo hecho son radicalmente distintas. En el bloqueo de la carretera Chamapa-Lechería de 2006 hubo violencia contra la Policía local, por lo que las autoridades municipales y estatales pidieron el respaldo de la Policía Federal, que junto a la mexiquense abrió la carretera y detuvo a presuntos responsables. Al parecer miembros de las dos policías cometieron abusos a los derechos humanos. Pero mientras que los policías federales no han sufrido consecuencias, los del Estado de México fueron condenados hasta a 60 años de cárcel.
Hemos visto otros casos en que las agresiones a policías, como en el bloqueo de la Autopista del Sol en Chilpancingo por alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, llevan al uso de la fuerza pública y a castigos en contra de ésta, pero no de los agresores iniciales. Poco importó en Chilpancingo, por ejemplo, que un empleado de una gasolinera fuera asesinado, al parecer por estudiantes. En México se castiga a los policías pero no a los manifestantes que violan la ley.
Es muy importante establecer protocolos para la fuerza pública. Si lo que se quiere es que cualquiera pueda bloquear calles y carreteras, impedir ceremonias oficiales o lanzar bombas molotov, hay que dejarlo claro... por lo menos para que los policías no sigan arriesgando su vida y su libertad en actuaciones que se les ha hecho pensar son su deber. En cambio, si lo que se quiere es poner límites a las protestas, hay que establecer cuáles son y cuáles las facultades de las fuerzas del orden. Tener reglas, cualesquiera que sean, es mejor que el vacío en el que vivimos en la actualidad.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 6 de diciembre de 2012).
Muchos de los detenidos, quizá la mayoría, nada tuvieron que ver con la agresión a Televisa, ni al PRI, ni a los policías en la Expo. Los policías actuaron en función de sus corajes. Se mezclaron la ingenuidad de los jóvenes manifestantes, que no fueron capaces de distinguir que el grupo de radicales los iban a llevar a un callejón sin salida, con una policía incapaz e inmadura que reaccionó con mucho coraje y poca inteligencia. Las imágenes de policías golpeando a macanazo limpio a jovencitas sentadas en la calle son más que elocuentes: arremetieron parejo en busca de alguien que pagara y no de detener a quienes los atacaron (lo más patético es la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pidió 11 meses para pronunciarse y emitió medidas cautelares contra la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, cuando fue la Policía Municipal la que actuó el sábado).
Hay que perseguir el vandalismo y la agresión a policías. Pero así como cuando un policía actúa mal y la corporación pide, con razón, que no se satanice a toda la institución, no podemos aceptar que se equipare a quien protesta con un delincuente. Hubo 10, 15, 20 jóvenes que actuaron violentamente y destruyeron patrimonio ajeno. Hay que dejar muy claro quién destruyó patrimonio (esos merecen llamarse delincuentes, no manifestantes) y quien, con nombre y apellido, de entre los policías cometió abusos de autoridad. Eso es cumplir con el estado de derecho.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 4 de diciembre de 2012).
Como pocos mexicanos que se precien tienen consideración alguna por las autoridades de ningún tipo, nos resulta de lo más sencillo engallarnos y culpar a una instancia suprema por cualquier acusación que se nos pueda hacer, así existan millones de pruebas acusatorias. Tanto el que destripa como el que estafa pueden decirse víctimas de una conjura y sobrarán quienes estén dispuestos a creerles.
Toda esta reflexión ética viene a cuento porque se ha estado repitiendo en los medios (y en las redes sociales, que funcionan como una suerte de repetidoras domésticas) el argumento de que el país es víctima exclusivamente de sus autoridades y sus bandas criminales, y que la ciudadanía es buena e inocente y sufre amarrada de pies y manos, en la impotencia, el resultado de las maquinaciones de los poderosos.
Se sufre, sí, y mucho. Pero me temo que inocencia, entre nosotros, hay poca. Sobran gobernantes omisos o coludidos y delincuentes impunes y empoderados a extremos absurdos. Pero ni unos ni otros son extraterrestres ni agentes de una potencia extrajera con quienes no compartamos nada. Quizá la peor parte de la pesadilla mexicana consiste en que el criminal es el vecino o pariente, que es aquel por quien votamos o el que éste designó para cumplir una función muy distinta a enriquecerse. Somos, pues, los clientes, vecinos, parientes, amigos, conocidos, empleados, de quienes causan lo que vemos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mucho me temo que mientras el país esté políticamente desmovilizado, nada.
Antonio Ortuño
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 2 de diciembre de 2012).
Antes, los duros de López Obrador hicieron del congreso un mercado con la falta de orden, las trampas de siempre y el abuso de la tribuna al grado de denunciar una muerte que nunca ocurrió. El país ya se acostumbró a atestiguar la degradación de la política por la falta de compostura de una parte de la oposición. El descrédito viene de los menos, pero suficiente para dañar a todos.
El movimiento estudiantil #YoSoy132 ha sido lastimado en su esencia. Los modosos universitarios inconformes de inicio han sido suplantados por groseros atacantes que corto les queda el título de porros. Durante la campaña no supieron marcar distancia al manoseo electoral de López Obrador, tampoco a los movimientos ajenos al sentido de su lucha como el SME o la CNTE. A toro pasado se deslindan de los vándalos, tarde, muy tarde. Una pena, por el valor y la autenticidad de su lucha de origen. También debieran exigir que las autoridades esclarezcan y deslinden responsabilidades, que los agresores enfrenten la justicia.
Una democracia de malos perdedores está dañando en sus fundamentos a la república. Las elecciones no concluyen la disputa por el poder, incluso cuando hay un fallo judicial de por medio. El vandalismo es consecuencia; si al congreso le degradan, si las instituciones son desprestigiadas, si la ley se cumple a conveniencia y López Obrador se declara repetidamente despojado de un triunfo imaginario, es fácil que la protesta derive en bandolerismo.
Una parte de la oposición se ha vuelto rehén del fundamentalismo. La república amorosa ha derivado en odio e insulto, en una majadera falta de respeto a la más elemental urbanidad política. Una vez que se acabó el proceso electoral, el político regresa a las andadas, los improperios y calumnias se reparten con la misma ligereza de ayer. Así sucede por la complacencia de todos, porque los políticamente correctos no tienen los arrestos para señalarle al inmaculado ex candidato presidencial el grave daño que ocasiona al país y a la política.
Los radicales dentro del PRD tienen a dónde irse. Morena es un proyecto que les viene a modo; el PRD debe ser una opción institucional como lo exigen sus afines en gobierno.
La toma de protesta es una derrota para López Obrador. El 1 de julio perdió la elección. El 1 de diciembre perdió causa y cauce; se impuso el vandalismo, que con singular denuedo ha prohijado.
Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de diciembre de 2012).
Al final, consiguieron su objetivo, portales internacionales y agencias de noticias, al igual que canales de televisión nacionales, dedicaron amplios espacios a las refriegas de manifestantes que tenían como objetivo generar disturbios y confrontar a las fuerzas policiacas, como revelan diversas páginas de grupos radicales que orientaban en sus espacios a sus seguidores en diversas formas para romper los cercos de seguridad y agredir a los policías.
Horas después, se reveló la mano que se escondía detrás de estos zafarranchos, evidentemente planeados y provocados, cuando a través de las redes sociales los adictos a Andrés Manuel López Obrador esparcían falsas versiones sobre muertos en los enfrentamientos, y el propio líder de Morena declaraba a los medios que sus jóvenes huestes habían sido injustamente reprimidas por los granaderos y exigía, de entrada, la renuncia de Miguel Osorio Chong como secretario de Gobernación.
Néstor Ojeda
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de diciembre de 2012).
¿Qué esperan que les diga a las multitudes? ¿Que les pida perdón por haber ganado las elecciones? ¿Que renuncie y se vaya a su casa?
¡Por favor! ¡Son puras ganas de perder el tiempo! ¡De salir en la foto! ¡De echarle a perder la fiesta, no nada más al señor y a su partido, a las personas que genuinamente votaron por él y que merecen respeto!
Lo que pasó ayer en la avenida Juárez de la Ciudad de México es imperdonable.
Todos esos grupos que están tan inconformes con la llegada de Enrique Peña Nieto y del PRI a Los Pinos deberían hacer un ejercicio de autocrítica y, en lugar de insistir en alimentar su pésima imagen, deberían de ponerse a trabajar rumbo a las elecciones de 2018.
Si tanto quieren sentarse en La Silla, ¿por qué no le hablan a la ciudadanía? ¿Por qué no le hablan con calma, con serenidad, sin proyectar todo ese terror, sin proyectar todo ese odio?
A lo mejor tienen razón pero no saben hacer las cosas, no se saben comunicar. México quiere paz y la guerra no puede ser el camino para esa paz.
¿Usted cree que nadie les va a cobrar la factura en las campañas de 2018? ¿Usted cree que alguien se va a tragar sus cuentos de amor y ternura cuando nos los vuelvan a contar dentro de 6 años?
Alvaro Cueva
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de diciembre de 2012).
La Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado informó que sus agentes realizan las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.
Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas del jueves en un Chedraui en el centro del Puerto de Veracruz, cuando trabajadores de esa empresa estaban a punto de cerrar el negocio.
Según las primeras diligencias, el estudiante Jonathan Michel "N" ingresó a la tienda ubicada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, donde intentó asaltar a una de las cajeras.
El suceso provocó la movilización de los empleados de seguridad, quienes al tratar de detenerlo habría sacado un arma punzocortante hiriendo a uno de ellos, lo que provocó la furia de los trabajadores.
Testigos que estaban pagando sus compras relataron que los guardias llevaron al joven a los baños, donde lo golpearon hasta matarlo; sin embargo, existe otra versión que señala que lo amarraron a uno de los pilares donde fue golpeado por empleados y clientes.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Naval, quienes dieron parte a la PGJE, que ordenó la detención de 5 personas, entre ellas la novia del presunto asaltante y 4 empleados de la tienda, para aclarar el crimen.
Ese mismo jueves, en la zona del Mercado Hidalgo, también en el centro de Veracruz, una turba intentó linchar a un presunto ladrón que fue sorprendido robando una tienda de pañales.
Se trataba del ex convicto Víctor Hugo "N", quien salió corriendo después de llevarse dinero del negocio pero fue alcanzado por más de 10 locatarios en el Callejón de Cuatro Ciénagas.
Ahí, los afectados lo golpearon hasta que llegó la Policía Naval para detenerlo y rescatarlo de un linchamiento; el sujeto fue enviado a un hospital debido a su estado de salud.
(V.periódico El Universal en línea del 30 de noviembre de 2012).
Yo pensé que entendía la justicia.
Nomas lo pensé.
Era un país donde un grupo de
vándalos impedía de manera impune
la toma presidencial y las ceremonias
patrias.
Era un país en el que las autoridades
y la policía observaban pasivos.
Era un país (único en el mundo) en el
que, experiencia de por medio, se tiene
que poner un cerco para "blindar"
el congreso y que presidentes y
señorías puedan llegar a cumplir con
la Constitución.
Era un país en el que los mismos
vándalos tiran el cerco porque, oiga
usted, atentan contra la "libertad de
tránsito".
Cuando conocí ese país me di cuenta
que no entendía el estado de derecho
ni la justicia.
Nemesio Maisterra
(v.pág.7 del periódico Mural del 29 de noviembre de 2012).
La CNDH sostiene que actualmente en México sólo 8 de cada 100 delitos que se cometen son denunciados, y solamente 1% de los ilícitos que se registran es perseguido por las fiscalías y llega a sentencia condenatoria. Por cada 100 delitos, sólo 1 recibe castigo, de ese tamaño es la impunidad que campea en literalmente todo el territorio nacional.
Pero hay más: de 2005 a la fecha se recibieron 34,385 quejas en contra de servidores de la seguridad pública federal, y también en los últimos años se incrementaron la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, los allanamientos y cateos ilegales, la desaparición forzada y los asesinatos. Actualmente, la comisión investiga 2,126 casos de desaparición forzada de personas, contabiliza 46,015 personas ejecutadas durante los últimos 6 años, así como 15,921 cadáveres no identificados y 1,421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas.
Este es el país que gobernará Peña Nieto, en el que hoy por hoy la ineficiencia y corrupción del sistema de procuración de justicia permite que sólo 1 de cada 100 delitos se castigue y mientras esta condición no cambie sustancialmente, todos los logros que se concreten en otras aristas de la vida política y económica quedarán eclipsados.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2012).
La escena se repitió cerca del Área Natural Protegida, especialmente en 2010 y 2011, años en que se registró la misma problemática en Jalisco y Michoacán. La mayor parte del hierro extraído de manera ilegal ha salido por Manzanillo y Lázaro Cárdenas rumbo a China, el país que más consume este metal.
Todo empezó con la crisis de 2008: el precio de los minerales subió a la estratósfera y empresas trasnacionales escanearon el mundo para hallar países con yacimientos atractivos y legislaciones flexibles. México cumplió los requisitos.
Con los ríos de dinero del dragón asiático, la codicia se activó y provocó un boom de minería ilegal.
En 2010 y 2011 ubicaron grupos armados que extraían minerales para venderlos a China. La PGR descubrió una red de "lavado" de dinero. El subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sergio Herrera Torres, señala que en 2010 y 2011 se exportaron 4 millones (?) anuales de hierro. La mayor parte fue ilegal, afirma; algunos exportadores ni siquiera tenían los títulos de las concesiones.
(V.primera plana del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2012).
El CAT observó "con preocupación que, a pesar de lo recomendado con anterioridad, el Estado elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como en Jalisco".
A la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "el comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal".
El comité se dijo preocupado por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2012).
Los bloqueos dejaron pérdidas estimadas en 300 millones de pesos, según empresarios.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2012).
En tanto, un grupo de padres de familia de la Villa de Mitla, mantienen guardia permanente en el preescolar "Belisario Domínguez", para evitar que los integrantes de la Sección 22 recuperen esta institución educativa.
(V.periódico El Universal en línea del 21 de noviembre de 2012).
(V.periódico El Universal en línea del 20 de noviembre de 2012).
Este sábado bloquearon por espacio de 12 horas la salida a Salamanca y la avenida Ventura Puente a la altura de avenida Camelinas, lo que causó molestia y enfrentamientos con los automovilistas y peatones que intentaban llegar a un evento cultural en el Centro de Convenciones de esta ciudad.
Los normalistas exigen que los 49 estudiantes sean exonerados de los cargos que son acusados por los hechos del pasado 15 de octubre, cuando fueron desalojados de las normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío.
Ante el posible arribo de normalitas al centro histórico, al menos 11 patrullas con sus respectivos elementos policiacos resguardaron el Palacio de Gobierno.
Por su parte, el Gobierno del Estado ha ratificado que no cederá en la exigencia de los normalistas de exonerar los cargos de que son acusados los jóvenes que participaron en los hechos del pasado 15 de octubre.
Jesús Reyna García, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, ha advertido que la administración estatal podría tomar medidas "en cualquier momento", para que los normalistas "dejen de agredir a la ciudad y a la ciudadanía".
El movimiento de estudiantes normalistas ha advertido como respuesta que radicalizará sus acciones si el día de hoy domingo el Gobierno del Estado no reanuda el diálogo con ellos y ofrece alternativas.
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 18 de noviembre de 2012).
Por supuesto que indigna y, como sociedad, se ha pedido una reforma al sistema judicial una y otra vez.
Gonzalo Oliveros
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 16 de noviembre de 2012).
Todo ello, en suma, con el agravante de la cobardía.
Como suele suceder, no siempre las buenas ideas que surgen en el seno de la llamada "sociedad civil" -antaño se le denominaba "pueblo" a secas- son secundadas adecuadamente por la autoridad. La contaminación de los "paseos ciclistas" por parte de patanes decididos a desvirtuarlos exhibe la incapacidad -o la tibieza, al menos- de quienes tienen, por ley, la encomienda de preservar el orden público.
Jaime García Elías
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 12 de noviembre de 2012).
Para por lo menos controlar esta situación propia de seres humanos en desbandada, los norteamericanos tenían, como nosotros, tres posibilidades: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No descuidaron ninguno pero se aplicaron muy conscientemente al fortalecimiento del poder judicial, es decir, en la medida que se abata la impunidad, y se abata con absoluto rigor, se abatirá la delincuencia.
Depurar y formar a la policía, promover jueces incorruptibles, erradicar prácticas leguleyas, limpiar la estructura y la subestructura del ejercicio de la justicia, y muchas otras cosas más pudieron hacerse porque no dependían necesariamente de la opinión de congresistas comprados o de la del presidente en turno. Ni siquiera se hacía necesario llevar el mensaje al sistema educativo, el hecho mismo de la justicia ejercida con rectitud educa, escarmienta o previene.
En México sabemos bien hasta qué punto un presidente llega al poder con márgenes mínimos de maniobra, con infinidad de compromisos y poderosas fuerzas dispuestas siempre a paralizar los mejores propósitos. Sabemos que por lo menos los próximos 6 años, la educación como instrumento de superación nacional seguirá como la hemos visto, de manera que no parece ser el camino, siendo el mejor de todos. La situación del poder legislativo es degradante lo mismo a nivel federal que a nivel estatal, lo mejor que podrían hacer es emitir una ley que los suprimiera a todos y diera lugar a una radical e inteligente reingeniería de este poder.
Habría entonces que poner la mirada en nuestra última opción: la reforma del poder judicial, tarea de extraordinario significado pero sin duda más difícil de enfrentar que la misma desarticulación de la delincuencia organizada. El poder judicial semeja una enorme escalera de caracol que desde su primer peldaño está ya podrida, de forma que uno debe sujetarse del barandal, sólo que éste se halla poblado de toda una serie de sujetos que no te permiten hacerlo si no es por medio de dádivas cada vez mayores conforme más se asciende.
Si de este nivel se pasa al sistema carcelario, ya no hay nada que añadir, hoy día y seguramente desde hace muchos años, las cárceles no están en manos del gobierno, sino de las agrupaciones "sindicales" de sus habitantes, cuyo poder las ha convertido en inexpugnables centros de operación, de los cuales además, se puede entrar y salir a placer, de lo contrario, siempre habrá operativos exitosos que vayan y saquen de ellas, lista en mano, a los efectivos que requiera la maquinaria delincuencial mexicana. Habrá que estar atentos para advertir por cuáles caminos el nuevo gobierno intenta superar efectivamente la situación del país, dar la impresión que la supera, o francamente cambiar de tema.
Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2012).
El cierre a la circulación comenzó minutos antes de las 21:00 horas y provocó la molestia de los automovilistas, que en varias ocasiones amenazaron a los manifestantes con pasar sobre de ellos.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2012).
La economía informal ha servido como una válvula de escape junto con la migración hacia Estados Unidos y en el caso de México, actualmente 68.2% de la ciudadanía está empleada en ese esquema, indicó Armand Peschard, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos.
¡68.2% de los mexicanos está en la informalidad! Esto no sólo tiene consecuencias que vulneran la credibilidad y la vulnerabilidad en las autoridades que rigen al comercio informal, sino que también se percibe ineficacia en nuestra democracia.
¿Cómo es posible que más de la mitad de la actividad económica en México sea ilegal? ¿Quién pondrá un freno a esta espiral imparable?
En una sociedad en donde los ciudadanos no están en igualdad ante la ley, el resultado es invariablemente, la miseria del conjunto de esta, e impera el desorden, la injusticia y la desigualdad, los peores enemigos de una economía próspera.
O todos pagamos impuestos... o nadie. Pero no se vale como está ahora la situación, que el peso fiscal está a cargo de unos pocos que hacen las cosas de manera legal, pagan impuestos, licencias municipales, renta de locales, sueldos, IMSS y los otros, disfrutando de los mismos privilegios, pero sin pagar nada.
Es inaudito e inaceptable que no exista autoridad que los obligue a regularizarse.
Que baste que organicen una marcha, que se manifiesten bloqueando calles, para que las autoridades les concedan lo que piden.
Todo esto provoca descontento, frustración y aleja al verdadero empresario.
Al que quiere invertir, al que se quiere arriesgar, para instalar una empresa que genere empleos y prosperidad para la región.
Definitivamente, la solución a la pobreza, no se arregla con el comercio informal. Es más sano para una sociedad, que sus ciudadanos marchen dentro de la ley, paguen sus impuestos para poder disfrutar de un sistema de vida de orden e igualdad.
Pero es cierto también, que el gobierno no otorga las facilidades para que un emprendedor registre legalmente su pequeño negocio debido a la tramitología y burocracia.
Es común que empleados de los ayuntamientos, aconsejen al comerciante, que no se registre, hasta que el inspector vaya a levantar la infracción.
La pobreza se soluciona otorgando trabajos legales y honestos a los ciudadanos, y es obligación del gobierno, instruirlos en la legalidad, porque alrededor del comercio informal, nacen otras actividades ilegales como el contrabando y la piratería.
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 9 de noviembre de 2012).
(V.pág.2 del periódico Mural del 8 de noviembre de 2012).
Es un "orden" que puede parecer menos violento que el actual. Sin embargo, está basado en la intimidación y la violación impune de cualquier derecho. Suele ser inestable. Los conflictos al interior de una organización criminal o con su competencia se resuelven con violencia y es fácil que ésta escale. Además, es muy probable que el cártel ganador no se conforme con el tráfico de drogas y termine por extorsionar, secuestrar, controlar la piratería, la prostitución, el robo de gasolina... Hasta a operar minas se dedican.
En Acapulco, en el mes de octubre, ejecutaron a dos de quienes administraban la base de datos del catastro. Quieren cobrar "directamente" su predial. Conseguirán hacer esto o cosas peores, sea legal o no la droga, si las instituciones son débiles y corruptas.
Carlos Elizondo Mayer-Serra
(v.periódico Mural en línea del 8 de noviembre de 2012).
El priista argumentó que a la fecha el gobierno federal no ha presentado denuncia alguna por las lesiones que sufrieron agentes federales, en el operativo para recuperar las unidades.
"Quiero mencionarles que hay 3 policías federales muy graves; uno perdió ya de por vida la vista y el oído, es decir, se quedó sordo. Y esto, bueno, yo creo que ya está en la cancha también de la federación", declaró.
"(De parte del Gobierno del Estado) se integró una averiguación y ahorita habrá que esperar cuál es la decisión del juez y de la federación, porque la federación todavía no ha hecho nada (...). Yo creo que lo tienen que hacer quienes fueron agraviados directamente, que es la Policía Federal", retó el mandatario.
De acuerdo a datos oficiales, el operativo del pasado 15 de octubre para recuperar casi un centenar de unidades que habían sido retenidas por estudiantes, dejó como saldo una decena de policías heridos.
Entre los lesionados había uno que sufrió quemaduras de tercer grado en rostro, brazos y cuerpo, además de otro que fue presuntamente alcanzado por un petardo.
Por este operativo, la Procuraduría de Justicia del Estado consignó a 49 estudiantes por los delitos de sedición, motín, robo de uso y daño en las cosas con agravante de incendio.
Sin embargo, ninguno quedó formalmente preso.
El juez que lleva el caso solamente encontró elementos para procesar a los estudiantes por motín y robo de uso, cargos que les permiten continuar el juicio sin pisar la prisión.
Ante la presión de normalistas, Vallejo respondió que esa decisión ya no está en sus manos.
Por su parte, los normalistas emprendieron ayer nuevas movilizaciones con una marcha en el centro de la ciudad y un plantón frente al Palacio Legislativo.
"A la sociedad le pedimos que vean que nuestra lucha es justa, que estamos peleando por la educación, que nosotros no estamos luchando por caprichos ni por beneficios personales", declaró Ricardo Vega, vocero del movimiento.
(V.pág.8 del periódico Mural del 8 de noviembre de 2012).
El ministro reconoció que la violencia asociada al crimen organizado también alcanzó a los jueces, que a diario enfrentan amenazas en el desempeño de su trabajo.
El presidente del máximo tribunal reconoció que algunos juzgadores se apartan de los principios de independencia y autonomía judicial, y que en estos casos la Judicatura tiene en curso investigaciones internas a integrantes del Poder Judicial de la Federación "no necesariamente relacionadas con el crimen organizado, sino con patrones de comportamiento en el tema disciplinario".
Silva Meza reconoció, sin embargo, la existencia de casos como el del juez del llamado "michoacanazo", quien fue recientemente destituido de su cargo, recordó que a la Judicatura le corresponde únicamente el aspecto disciplinario, luego de verificar la veracidad y la suficiencia probatoria de las acusaciones que se presentan en contra de los juzgadores.
La persecución de los delitos, agregó, le corresponde a la Procuraduría General de la República.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2012).
Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 5 de noviembre de 2012).
No obstante que a los comerciantes fijos les asiste la ley, la autoridad también tiene que considerar a los más desvalidos, los miles de ciudadanos en edad de trabajar que no cuentan con un empleo redituable; a los miles de estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad u otros estudios, por falta de recursos económicos o incluso por falta de capacidad o gusto por el estudio, mismos para los que "lo más fácil" es dedicarse al ambulantaje.
Este mismo contexto se convierte en un excelente "caldo de cultivo" para quienes se dedican al contrabando, venta de la llamada fayuca y por si fuera poco, entreverados entre ellos, un buen número de vendedores de droga, quienes en pleno Centro de la ciudad y a plena luz del día y de la noche, hacen de las suyas y ofrecen su mercancía a propios y extraños, esto es, a citadinos, visitantes y turistas.
Por supuesto que aquí no cabe la disyuntiva o el chantaje de que si no les permiten trasgredir la ley, esto es, vender sus productos en el centro histórico, se pueden pasar al bando de los narcotraficantes o asalta peatones -que por cierto abundan-, pues "a río revuelto, ganancia de ladrones", y los policías mejor se voltean para otro lado.
Ni que decir de las mafias sindicales y partidistas que bajo el amparo constitucional se organizan para "defender" los derechos de los miles de ciudadanos que no han encontrado -tal vez, ni buscado- otra alternativa de trabajo y que hacen del "dialogo con las autoridades" su principal elemento de fuerza.
Aspecto de suyo importante a cuidar es la imagen que hacia el turismo dan los vendedores ambulantes... y ¿entonces?
Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de noviembre de 2012).
Lo que es innegable es que nuestro actual sistema de impartición de justicia simplemente no funciona. Hay que probar otro.
El delito debe ser un negocio peligroso, muy peligroso, o sea que el castigo debe ser más duro que la falta cometida. Aunque piensen que soy un radical, creo que la famosa "Ley del Bisturí" no es para nada una mala idea.
¿Y en que consiste? 1o. se eliminan las cárceles, así ya no se tiene que becar a una bola de holgazanes. Y así se acaban las fugas, porque ahora resulta que en la cárceles sólo están encerrados los inocentes o los que de plano son babas. Todos los demás ya se fugaron.
Y la 2a. parte de esta ley es la más interesante: se elimina en un quirófano y con toda la asepsia debida, la parte del cuerpo que se utiliza para delinquir.
Por ejemplo: Al asesino se le mutila el dedo con el que jaló el gatillo... y los ojos con los que apuntó el arma. Al negociador del rescate del secuestro se le amputan las manos con las que sostuvo el celular... y la lengua con la que amenazó. Al juez que libera impunemente a malhechores, los 10 dedos con los que firmó y entregó la absolución. La mano a los ladrones de cualquier cosa. Los brazos a los que arrojan piedras a la policía. Y al pederasta o violador... ¿qué se les ocurre que podríamos amputarle? Creo que cualquiera de las mujeres o niños violados llevarían a cabo la cirugía, con mucho gusto.
Y doble castigo a quien haya sido, o sea, funcionario público.
¿Les parece cruel? Pregúntenle que es crueldad a quien ha perdido un hijo, un esposo o un padre a manos de los delincuentes. ¿Qué hay de inhumano en hacer el castigo igual de cruel que el delito? Piénsenlo.
Desde siempre, la ley que es fácil de entender es la que todos cumplen. ¿Para qué complicarnos con juicios eternos, apelaciones, tres instancias, amparos y todo ese menjurje que sólo entienden los abogados? La "Ley del Bisturí" es fácil de entender, fácil de aplicar, inmediata, barata y eficiente.
¿Solución salvaje? Sí, pero estamos hablando de salvajes.
Si tienen otra idea mejor, órale, opinen.
Alberto Martínez Vara
(v.blog del 1o.de noviembre de 2012).
Pero lo más grave es que estos números esconden la impunidad: el hecho es que menos de 2 delitos por cada 100 son castigados por diversos problemas en el proceso judicial de investigación, integración y sentencia y solamente 20% son denunciados. Así, Jalisco sufre por la ineficacia de las instituciones para perseguir y castigar los delitos, pero también por la desconfianza de los ciudadanos que ya ni siquiera consideran la posibilidad de denunciar los delitos. Estos datos se desprenden del documento Así Vamos en Jalisco: reporte de indicadores 2012, elaborado por el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos.
En este sentido, el endurecimiento de las penas y las legislaciones para combatir a los criminales no son efectivos. Los delincuentes saben que existen pocas posibilidades de ser capturados y eso resulta un incentivo muy grande para continuar en la ilegalidad. Y la historia empeora: el problema de la ineficacia se junta con la desconfianza incluso al interior del poder judicial. 13% de los jueces no confían en sus contrapartes, lo que provoca ruptura de la cooperación institucional y sospechas continuas.
La percepción de la inseguridad crece en la entidad, 7 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros actualmente. Una cifra notablemente mayor a 49.7% registrado en 2007 y que refleja una aumento en la percepción de inseguridad.
En 4 años ha habido un incremento de una tercera parte en robos generales, 60% más de robos a casa habitación y 50% a vehículos particulares.
México y Jalisco tienen tantos policías como los países más desarrollados y que presentan menor inseguridad, por lo que el problema del bajo desempeño no se debe a la cantidad, sino en la calidad de los mismos y del sistema: 32% de los ciudadanos ha sido víctima de la corrupción por parte de algún oficial de tránsito, 11% por parte de un policía municipal y 9% por parte de un agente del Ministerio Público. Tal vez por eso sólo el desempeño del Ejército y de la Armada fueron calificados por poco más de la mitad de la población de Jalisco como efectivos. Solamente estos 2 cuerpos y la Policía Federal fueron calificados por la mayoría como confiables.
(V.pág.3-B del periódico El Informador del 30 de octubre de 2012).
La marcha de estudiantes generó intenso caos vial en calles del centro tapatío, pues debido a los cortes a la circulación los vehículos tuvieron que ser desviados.
(V.pág.3-B del periódico El Informador del 27 de octubre de 2012).
(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 26 de octubre de 2012).
Según comentó el gerente de la agencia, Rigoberto Castañeda Aranda, cerca de las 5:00 horas los guardias de seguridad lo despertaron vía telefónica para informarle que en un rondín se dieron cuenta que un grupo de personas estaba adentro de la agencia con todo y camiones.
"Pusieron carros, en la entrada de servicio metieron cuatro camiones, nuestro estacionamiento también lo bloquearon con carros, la entrada de allá (López Mateos) con carros, todas las puertas de acceso las cerraron con mantas y había personas, niños y algunos fortachones parados al frente", detalló.
Castañeda Aranda arribó a la agencia cerca de las 6:00 horas, y al preguntar a los manifestantes lo que sucedía algunos no sabían ni qué hacían ahí.
"Sólo les habían dicho que vinieran aquí, que había un problema con uno de sus agremiados, fue todo, ¿quién era?, no sabían", dijo.
Se dieron las 8:00 horas y los empleados de la agencia empezaron a llegar sin poder entrar, por lo que el desconcierto y la masa de personas afuera crecía.
"En la recepción había un montón de señoras y empezaron con un megáfono a decir consignas y a provocar a algunas de mis gentes, lo que hicimos fue llevarnos a los empleados al estacionamiento y decirles que los ignoraran".
Ya a las 10:00 llegó el afectado con todo y abogado y junto con la lideresa del organismo platicaron con gerentes de la agencia.
Tras leer el contrato se dieron cuenta que todo el "chiste" debieron hacérselo a Sicrea, empresa que financió el financiamiento del vehículo, por lo que no les quedó más que ofrecer disculpas a la agencia y retirarse del lugar.
(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 25 de octubre de 2012).
Los jóvenes arribaron desde la tarde del martes a bordo de 11 autobuses, de los cuales al menos 3 fueron tomados por la fuerza en carreteras del estado; al salir, se trasladaron en ellos.
(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de octubre de 2012).
El fenómeno tiene que ver con la gobernabilidad, que establece la estabilidad institucional y política a partir de la continuidad de las reglas y las normas. El dilema que enfrenta el cuerpo político mexicano es que para garantizar la gobernabilidad, hay que sacrificar a segmentos de la sociedad que tienen que soportar, por ejemplo, cacicazgos sindicales, o alteraciones en sus patrones de comportamiento y su eficiencia, además de su libertad de tránsito, ante tantos estrangulamientos viales. Un gobernador de un estado problemático, dice que casi nunca se puede tomar la mejor decisión, sino que se tiene que ir a la menos mala para el mayor número de personas. Parece un contrasentido, pero no lo es.
El caso más claro en el último mes es el conflicto normalista en Michoacán, que sigue escalando y varias veces ha paralizado al estado en los últimos días. El gobernador Fausto Vallejo intentó resolverlo mediante la aplicación pura del Estado de Derecho. Es decir, de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades, mandó a la policía a recuperar las normales y a detener a 176 personas. Impecable la acción de fuerza pero, ¿qué sucedió después? El conflicto escaló. La disidencia magisterial se unió a los normalistas en Oaxaca y Tlaxcala, la izquierda -que fue despojada del poder en ese estado- se colocó del lado de los reprimidos y grupo radicales como el EPR, entraron abiertamente al conflicto y enviaron cuadros para, como en Oaxaca en 2005, posiblemente ayudar en la rebelión callejera. Lo que originalmente era un problema acotado a tres comunidades, se volvió estatal y nacional.
¿Qué hizo Vallejo o qué no hizo? La decisión de aplicar la ley de manera directa sin analizar las variables sociales y políticas del problema, convirtió su enérgica decisión original, en una fallida. El gobernador buscó recuperar la gobernabilidad en Michoacán y provocó el efecto contrario. La solución de fuerza debió haber sido también política. Por la acción de policial lo presionó al presidente Felipe Calderón a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quienes hoy la han abandonado casi a su suerte. En términos ya retóricos -porque no se puede probar-, pero aplicado teórica y prácticamente, Vallejo tendría que haber establecido primero una vía de negociación paralela con los líderes normalistas, para que la detención de 176 personas fuera una puerta para los acuerdos, no un fin que alimentó el conflicto. Asimismo, debió haber soltado a la gran mayoría de ellos el mismo día de la detención, bajo advertencia en caso de reincidir, y no hacer lo mismo días después, convertidos una vez en víctimas, sin ningún raje político en su beneficio.
Si Vallejo aplica la norma de su colega gobernador de la decisión menos mala para beneficio de todos, es probable que la situación en Michoacán no estuviera en el umbral del desbordamiento. El conflicto con los normalistas, paradójicamente, contribuyó a que la reelección de la maestra Gordillo y Romero Deschamps ocurriera sin mayor protesta en las élites políticas. Ambos líderes son el mal menor. En sus 2 décadas de estar al frente de sus sindicatos, han jugado pelota dura con las autoridades para sacar privilegios y posiciones en sus negociaciones, pero nunca han sacado a sus agremiados a las calles para presionar al gobierno. La mala fama pública que tienen, las concesiones políticas y económicas y los altos costos de la negociación sindical, en este contexto, son menores que los beneficios. Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político por antonomasia, decía que "con dinero todo sale más barato".
Tenía razón Gutiérrez Barrios. Visto a través de la República de las Opiniones y la gente que participa en las redes sociales, la reelección de los líderes sindicales fue un retroceso de la democracia, y la falta de acción de la policía en la Ciudad de México para romper impedir las marchas y romper plantones, tiene que ver con la debilidad de la autoridad de Marcelo Ebrard, mientras que la acción de Vallejo recibió todo tipo de elogios. Pero la gobernabilidad no se mide en acciones sino en resultados. Bajo esa óptica, Vallejo provocó la ingobernabilidad por las mejores razones, mientras que la tolerancia para los menos, que parece algo profundamente antidemocrático, al final benefició a los más y permitió que las reglas y las normas, la estabilidad y las instituciones prevalecieran al final del camino, con inconformidades y descontentos que fueron efímeros.
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 24 de octubre de 2012).
Ahora portan armas a la entrada del pueblo, donde instalaron retenes y barricadas para protegerse de las amenazas del grupo delictivo de Los Caballeros Templarios, que desde agosto acecha a Urapicho, comunidad del municipio de Paracho.
Un grupo de hombres se atrinchera en las barricadas construidas con costales de arena, madera y láminas que se instalaron en los 2 accesos al pueblo.
La presencia del crimen organizado inició con la entrega de despensas y apoyos económicos, y terminó con la manipulación de los habitantes y amenazas.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de octubre de 2012).
Moreno Bayardo -que en su vasta labor profesional ha sido directora de escuelas normales- agrega que "periódicamente estos normalistas se hacen sentir abanderando un objetivo que puede ser válido desde luego, pero cuyas estrategias han sido desde la perspectiva del secuestro de camiones, etc., y luego una mesa de diálogo, en la cual discuten que no se levanten cargos por las transgresiones. Esa es la dinámica".
La académica explica que si bien es cierto que las estrategias de lucha se repiten en este momento, recordó que la demanda ahora es la negativa a la reforma curricular y antes fue el rechazo a los exámenes para obtener la plaza.
José Díaz Betancourt
(v.pág.7 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 22 de octubre de 2012).
Los inconformes señalan que la Secretaría de Desarrollo Urbano incumplió varios compromisos relacionados con la obra. De acuerdo con la dependencia estatal, piden la construcción de un túnel en Calzada Nueva, áreas verdes en López Cotilla y la calle Allende.
También es causa de descontento que el puente peatonal que se construye en Vallarta, a la altura de López Cotilla, invade un carril de esta calle.
Tras la manifestación, decenas de automovilistas se vieron afectados.
La Sedeur aseguró que no fue compromiso construir un túnel en Calzada Nueva, porque técnicamente no es posible, tampoco era factible edificar un paso deprimido continuo con los 2 túneles.
Mientras, el puente peatonal se construyó a petición de los vecinos.
En cuanto a las áreas verdes, se tendrán, pero en Avenida Vallarta, se informó a través del área de Comunicación Social de la dependencia.
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 20 de octubre de 2012).
El bloqueo de la principal arteria generó la molestia de los automovilista y transeúntes, que incluso se reportaron conatos de enfrentamiento físico e intercambio de insultos entre maestros y peatones.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de octubre de 2012).
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.7 del periódico Mural del 18 de octubre de 2012).
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 18 de octubre de 2012).
Pero lo mejor es ver porqué se está luchando, porqué se toman escuelas, se secuestran camiones y trailers, se roban supermercados y se toman casetas de peaje: los maestros de la CNTE y los estudiantes de las normales rurales en ese estado lo que no quieren es que haya cambios en el programa curricular, no quieren, en otras palabras aprender nada nuevo. El eje de sus luchas pasa por 2 temas: no quieren que les enseñen inglés ni tampoco informática. Su argumento es que ellos no lo necesitan y que sus alumnos menos: que como son alumnos pobres en zonas deprimidas no tienen necesidad de ese tipo de enseñanza. Ya no se trata sólo de no evaluarse, de no evaluar a sus alumnos, de rechazar los acuerdos por la calidad de la educación sino, lisa y llanamente, de negarse a aprender y enseñar, de utilizar el más absurdo y demagógico de los argumentos para confirmar que, desde la óptica de estos grupos, si se nace pobre se debe seguir pobre, para seguir insistiendo en que, para ellos, movilizar es enseñar. Necesitan manifestantes, no ciudadanos.
Me parece terrible lo que hacen estos grupos pero, por otra parte, y ante la ceguera profesional que se profesa ante sus acciones en algunos ámbitos, me parece excelente que sean tan explícitos, tan claros en su visión de las cosas: luchan, se movilizan, roban, secuestran, se enfrentan con la autoridad porque no quieren aprender inglés, no quieren aprender informática y no quieren que sus alumnos aprendan ni una ni otra cosa. Es casi lo mismo que plantean los capos de la Nueva Jerusalén: ¿para qué estudiar ciencias, matemáticas, español, historia, si ellos ya le enseñan a sus hijos religión, aunque sea desde su muy peculiar interpretación?
Pero en el fondo hay otra cosa: el Gobierno de Michoacán está a punto de quebrar. A pesar de los esfuerzos y el pedido de ayuda de la administración entrante de Fausto Vallejo, el endeudamiento dejado por Leonel Godoy y los compromisos financieros que asumió, incluyendo el mantenimiento de todos estos grupos que ahora se movilizan, tienen al estado al borde de la quiebra. En estos días, ese desastre financiero se dará a conocer en forma pública, abierta, y el gobierno local quiere comenzar a tomar medidas contra quienes hayan sido responsables. Hay que crear entonces una cortina de humo, hay que incendiar el estado y, en todo caso, decir que las acciones en contra de la anterior administración son una venganza: por esa la radicalización, la violencia, las amenazas, las reacciones en el congreso.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 18 de octubre de 2012).
El secretario general de gobierno Jesús Reyna García, dice que no, y que la autoridad no ha sido rebasada por el caso de los normalistas, que hace un mes se declararon en paro laboral y tomaron las instalaciones de universidades y normales en varios puntos del estado como una forma de rechazo a la reforma curricular -que incluye la enseñanza de ciencias y técnicas de la información- porque no se presentó a referéndum, y porque quieren enseñarles inglés -el idioma universal-, cuando en realidad quieren el náhuatl y el purépecha -que aunque hermosos, no les sirven para nada en el mercado laboral-.
El pretexto es lo de menos. La efervescencia social no se ha detenido desde que entró el gobierno de Fausto Vallejo, que cambió las reglas del juego con los grupos sociales michoacanos que durante la administración anterior del perredista Leonel Godoy, aceptaron darle gobernabilidad a costa de un flujo de recursos permanente. La incapacidad de Godoy para alcanzar la gobernabilidad mediante la política y no a través de la compra, permitió que dentro de los caminos que abrieron esos grupos entraran el narcotráfico y la guerrilla, que en la parte sur del estado, colindante con Guerrero, es la única zona del país donde se han documentado esas redes.
Esa zona colinda con el noroeste de Guerrero, el asiento del EPR -y de su escisión ERPI-, que casi a la medianoche del lunes pasado emitió un comunicado fechado en Apatzingán, con una redacción encendida con enemigos claros y perfectamente ubicados en los propietarios o directivos de los principales medios de comunicación electrónicos e impresos en Michoacán. Varios cuadros eperristas en Guerrero surgieron de las normales en aquél estado, y algunos de ellos se trasladaron a Michoacán, donde hicieron su vida. Uno de ellos fue Servando Martínez, "La Tuta", que escaló en los rangos de mando de La Familia Michoacana que, al ser descabezada y aniquilada, se reinventó en Los Caballeros Templarios, bajo su conducción.
Si la guerrilla infiltró al magisterio en esa zona -fenómeno que se repite en otras entidades del país-, también se mezcló con el narcotráfico, que plagó esa región michoacana. En Arteaga el narcotráfico penetró las estructuras municipales en todos sus niveles y se extendió a Cherán, donde la delincuencia organizada incluye a talamontes, una actividad ilegal donde participan también pobladores de ese municipio. La otra comunidad afectada por la última ola de violencia es Tiripetío, dentro del municipio de Morelia, que todo este año ha tenido problemas, que han servido como un elemento que desvía la atención pública de la investigación que lleva a cabo el gobierno estatal por desvío de recursos.
Esta mezcla de grupos legales y clandestinos que se mezclaron en los recientes acontecimientos en Michoacán, coinciden en la defensa de intereses particulares, no siempre comunes, pero que ante un elemento que amenaza su status quo, en este caso la autoridad estatal, se unieron en una defensa corporativa. No es lo mismo la defensa de los normalistas en Tiripetío, algunos de cuyos miembros son delincuentes, que los de Cherán, que se han enfrentado con los delincuentes por mantener la exclusividad de la tala ilegal de árboles, o los de Arteaga, donde la presencia policial afecta las actividades del narcotráfico.
Mucha simulación y engaño se arrastra hace tiempo tolerada por Godoy, cuya pasividad y complicidad indirecta con el orden criminal -a través de su hermano Julio César- contribuyó al deterioro michoacano. La afectación de intereses detonó los anticuerpos, que están armando esta incipiente insurrección que no derivará en una revolución, porque ni es su intención ni les da para ello, pero sí para intentar para salvaguardar lo que construyeron con la omisión de Godoy, y que se niegan que se les arrebate ahora que cambiaron las condiciones de sobrevivencia y que el flujo de dinero que los mantuvo activos y en paz, se acabó.
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 17 de octubre de 2012).
Pero en la realidad mexicana, que incluye decenas de miles de muertos y casi igual número de investigaciones de homicidio no concluidas (quién sabe cuántas ni siquiera iniciadas), lo del cadáver robado es apenas el dato de arranque de una serie de pifias y contradicciones que desnudan a las instituciones:
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de octubre de 2012).
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública reportan nuevos secuestros de autobuses y camiones de carga en la zona de Cherán y Morelia.
Además, en la capital michoacana estudiantes normalistas se manifiestan armados con palos y piedras fuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Comuneros de Cherán mantienen bloqueada la autopista Siglo 21, en su entronque con Uruapan y la carretera Uruapan-Carapan.
Además, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han convocado a un paro generalizado de labores en apoyo a los estudiantes normalistas detenidos, y tomaron la presidencia municipal de Uruapan.
También los normalistas bloquearon la salida a Pátzcuaro en sus 4 carriles y realizan actos de rapiña en tiendas de la zona, por lo que algunos comercios han preferido cerrar sus puertas.
Las movilizaciones se dan luego de que en la madrugada, policías federales irrumpieron de manera simultánea en las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, en donde recuperaron los más de 90 vehículos secuestrados.
El operativo dejó un saldo de al menos 120 detenidos y 10 vehículos calcinados, además de por lo menos 11 policías entre federales y estatales lesionados.
Como se recordará estudiantes normalistas en la entidad rechazan la aplicación de la reforma curricular por lo que desde hace un mes iniciaron diversas acciones de presión para echarla abajo.
Fue el pasado 4 de octubre cuando iniciaron el secuestro de unidades mismas que mantuvieron en su poder mas de 10 días.
(V.Notimex del 15 de octubre de 2012).
El académico asegura que este cambio estadístico ha ido de la mano con un cambio cultural, que implica que la comunidad jalisciense se ha "adaptado" a esta realidad, cuando debería "exigir cuentas al gobierno" para que haga valer su función de asegurar bienestar social.
"El proceso de deterioro social ha sido producto de esta crisis de inseguridad, de la falta de una coordinación entre los gobiernos para asegurar la vida y los bienes de los ciudadanos".
"No creo que el mexicano se acostumbre a la muerte y juguemos con ella; más bien creo que estamos acostumbrados a una falta de impartición de justicia pronta, equitativa y eficaz", afirma el especialista.
(V.pág.7-B del periódico El Informador del 15 de octubre de 2012).
Unos 5,000 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon por avenidas de Morelia, causando caos vehicular.
La protesta fue nuevamente para manifestarse en contra de la reforma laboral, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se revisa en el Senado de la República.
A las 10:30 horas, el contingente magisterial bloqueó primeramente los 6 carriles del Periférico Sur, a la altura de la casa de gobierno.
La columna humana se desplazó posteriormente hacia el centro histórico, ingresando por la calle Abasolo hasta confluir en Allende.
De ahí enfilaron hacia la Avenida Madero, cubriendo los 4 carriles de circulación, para luego apostarse frente al palacio de gobierno y catedral.
(V.pág.8 del periódico Mural del 11 de octubre de 2012).
Esa fue una de las irregularidades que el candidato panista derrotado en la contienda por la alcaldía de Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, argumentó en sus impugnaciones ante los tribunales electorales local y federal.
Ante lo cual exigió la anulación de los comicios en la capital tapatía, petición que finalmente fue desestimada por los órganos jurisdiccionales.
La injerencia de las iglesias en los procesos electorales y en la política, no es asunto nuevo. Ha sido solapada reiteradamente por la Secretaría de Gobernación, responsable de aplicar las disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe la participación político-electoral de las iglesias y sus ministros.
En abril del 2008 trascendió el apoyo que la Iglesia Católica ofreció al actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez (quien ganó en los comicios del domingo 2 de julio del 2006, los mismos en los que Cárdenas Jiménez obtuvo un escaño en el Senado de la República).
Esas revelaciones las habría hecho el mismo Emilio en octubre del 2005, cuando todavía era presidente municipal de Guadalajara, en una visita de cortesía al Consulado de Estados Unidos en la capital tapatía. Emilio habría revelado que a través de algunos de sus más altos jerarcas, la Iglesia Católica comprometió el apoyo de 3,000 sacerdotes para respaldar su campaña por la gubernatura de Jalisco.
Los periódicos El Informador y Público difundieron el domingo 6 de abril y el lunes 7 de abril, del 2008, respectivamente, un informe enviado por el Consulado de Guadalajara al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos.
"El documento elaborado por personal del consulado, refiere que Emilio hizo saber que altos jerarcas de la Iglesia Católica habían comprometido a '3,000 sacerdotes' para trabajar a favor de una victoria tanto de él como de su partido, Acción Nacional", decía El Informador.
En su artículo 29, la Ley de Asociaciones Religiosas prohíbe que las iglesias, sus ministros o sus representantes, se unan con fines políticos, así como que realicen proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.
Las infracciones a la ley (artículo 32) pueden sancionarse con apercibimiento o multa; clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el país, un estado, municipio o localidad, o cancelación del registro de la asociación religiosa.
Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 11 de octubre de 2012).
Los estudiantes demandan la derogación de la reforma curricular aplicada en estas instituciones.
Entre otras cosas, la reforma educativa federal obliga a los jóvenes a tomar materias curriculares como el inglés y la computación.
Dichos cambios para las escuelas normales ya ha sido aplicada en el resto del país y Michoacán es el único estado que no ha podido implementarla debido a la problemática con los estudiantes.
De los vehículos que se encuentran prácticamente secuestrados con todo y conductores, un total de 14 vehículos se encuentran la Normal de Arteaga y 14 en la Normal de Tiripetío, mientras que en la Normal de Cherán hay 5 camiones y otros vehículos que no corresponden al transporte público federal.
En Michoacán hay 8 escuelas normales de las cuales 6 participan en las movilizaciones de rechazo a la reforma curricular.
La Secretaría de Educación en el Estado estima que los estudiantes podrían hacerse acreedores a sanciones de tipo administrativo.
La mayor parte de las escuelas formadoras de docentes en el estado se han mantenido en paro desde que inició el ciclo escolar 2012-2013, hace más de un mes, afectando la educación de casi 4,000 jóvenes inscritos en este sector.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 7 de octubre de 2012).
El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, afirmó que en la Escuela Normal de Tiripetío se encuentran secuestrados 20 autobuses propiedad de diferentes empresas, mientras que en la de Cherán hay otras 6 unidades del servicio público de pasajeros, además de 18 camiones repartidores.
El tema de las protestas estudiantiles en Michoacán es añejo, aunque en las últimas semanas la atención había sido acaparada por Nueva Jerusalén, ante la negativa de los padres de familia que inicien las clases.
Jesús Reyna García reconoció que el reclamo de los normalistas rebasa el ámbito estatal, pues se trata de reformas realizadas y puestas en marcha por la federación.
Los estudiantes de Michoacán saben cómo llamar la atención. Ya sea bloqueando calles, secuestrando camiones o quemando vehículos.
El 27 de abril, en Morelia, los estudiantes exigieron un incremento presupuestal para el funcionamiento de los albergues estudiantiles en los que habitan alumnos de la Universidad Michoacana. Como parte de la protesta incendiaron 2 patrullas de la policía municipal.
La respuesta de la autoridad fue calificada como drástica: al siguiente día policías estatales entraron a 3 albergues universitarios y detuvieron a cerca de 300.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 6 de octubre de 2012).
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, elaborada por el INEGI, refleja que el 67% de los jaliscienses entrevistados no tienen buena imagen de los jueces.
El abogado egresado de la UdeG explicó que "se quedó corta" (la encuesta) ante los calificativos que se merecen los que integran la cadena de justicia. Allí apenas termina lo que comienza en las agencias del Ministerio Público. "Hay que agregarle la ineptitud de la Procuraduría de Justicia del estado, las condiciones en que el medio funciona, porque es una institución totalmente acabada, con un personaje [el procurador Tomás Coronado] que no conoce el derecho, derecho penal, así que a los jueces les llegan los asuntos preparados para soltar al presunto delincuente, porque ya se arregló con el MP".
No hay una policía investigadora, "nos aventamos 6 años en la confrontación entre el director de la policía y el procurador; y ahí el que más sabe de derecho que es David Rodríguez Delgadillo, pero está arrumbado porque el procurador no sabe, aunque posa para la televisión [...] es un cáncer más que hay que sumarle a este estado de cosas".
El resultado es que las personas no se sienten seguras. "Es absurdo que estemos en tal situación que no podamos estar seguros en la casa, en la calle, en el cine, en ninguna parte, y la procuraduría no tiene el más mínimo interés, se lo hemos dicho al Ejecutivo, y como que el señor tiene oídos sordos; y también tendríamos que señalar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que ha llevado al poder judicial a su peor época de la historia en Jalisco".
También, se hace necesario reformar la ley para que en el delito de cohecho se castigue al que recibe el dinero, lo que incentiva la denuncia y pone en el justo peso la responsabilidad mayor del servidor público.
(V.pág.8 del periódico Milenio Jalisco del 5 de octubre de 2012).
Si una persona deliberadamente incumple un reglamento o un contrato, da "gato por liebre" o finge demencia para quedarse con algo que no le pertenece; si maneja en estado de ebriedad, da una vuelta prohibida, comete un fraude, falsifica un documento, etcétera, lo que evalúa a la hora de decidir hacerlo no es el hecho de que violará la ley, sino cómo esconderá su acción y cómo saldrá del problema si es que llegan a "cacharlo".
En nuestra cultura, el que una determinada acción sea ilegal no es consideración suficiente para frenarla.
Cometer un ilícito en México es una decisión basada por lo general en lo siguiente: en el cálculo de probabilidades de que nadie se entere; en la existencia de caminos para salir impunes en caso de ser descubierto, mediante el uso influencias y corrupción, y en el simple cálculo del costo-beneficio derivado de las penas económicas que sus actos podrían acarrear y si los montos resultantes pueden ser considerados como "pagables".
El tipo de educación que la mayoría de los mexicanos reciben en sus casas y en las escuelas, y los argumentos que se esgrimen para decir "no" a ciertas actividades riesgosas o ilegales, se basan casi siempre en meras demostraciones de autoridad, carentes de argumentos y sin siquiera ser predicadas con el ejemplo.
Las personas inteligentes necesitan respuestas inteligentes. Y es más inteligente decirle a cualquier persona, "¡no, porque es ilegal!", que "¡no, porque yo digo y punto!"
Una respuesta tonta dada a un niño o a un joven inteligente produce insatisfacciones, ansiedad o rebeldía al no dar argumentos sostenibles y suficientes para resistir la presión del grupo social al que pertenece, a la hora de tener que negarse a hacer determinado acto.
Ningún adolescente le dice a sus compañeros que no hará tal o cual cosa porque su papá le dijo ¡que no, y punto!, pero muchos pueden defender su negativa diciendo porque ¡es ilegal y punto!
El hecho de proporcionar a los hijos, y a los jóvenes en general, razones y argumentos acerca de un determinado comportamiento o de las reglas a seguir les permite actuar convencidos y teniendo claras las consecuencias de sus actos.
La cultura de la legalidad no es parte de la cultura mexicana, porque la mayoría considera el respeto a la ley y el freno que la ley representa como una forma de sumisión y conformismo.
La mayoría de los mexicanos acata las leyes sólo en la medida en que se siente vulnerable a la autoridad. Otros, los que se sienten parte de un grupo de poder o con influencias y dinero suficientes para actuar al margen de la ley, lo hacen con un grado de cinismo tal que hasta presumen su desacato.
Vean la diferencia cultural: cuando en Estados Unidos la autoridad o un ciudadano dice "is the law" se acaban las discusiones, pese a que se trate de disposiciones legales aparentemente ridículas. Si en México un ciudadano o la autoridad misma invoca la ley, es cuando las discusiones empiezan y la cosa se pone buena.
Para avanzar como sociedad y ser respetados como individuos necesitamos entrar voluntariamente en mecanismos de autorregulación que exijan por parte de los ciudadanos una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones éticas y morales y las tradiciones y convenciones culturales.
Necesitamos generar el acuerdo social de que las leyes aplican a todos por igual, y que quien las viole, en lugar de ser admirado por su atrevimiento o su poder de corrupción e impunidad, será denunciado y socialmente repudiado.
¡No, porque es ilegal!, debe ser parte del discurso que encamine nuestras acciones y las de los demás. ¡No, porque es ilegal!, debe ser parte de los valores, percepciones y actitudes que como individuos debemos tener hacia las leyes y las instituciones.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 4 de octubre de 2012).
Uno es Porfirio Muñoz Ledo, quien contaba con 35 años de edad y era secretario general del IMSS. En 1969, de hecho, Muñoz Ledo pronunció un discurso en el que defendió a Gustavo Díaz por haber evitado "que se deteriorara la autoridad que el Estado ejerce sobre los intereses particulares".
Me responden que el cuestionamiento a Peña Nieto es por haber ordenado la represión del movimiento de San Salvador Atenco. Éste, sin embargo, surgió en 2002 cuando Vicente Fox era presidente de México y Arturo Montiel gobernador mexiquense. Lo que sí ocurrió en el gobierno de Peña Nieto fueron los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006 en que hubo un muerto y varios lesionados. Pocos recuerdan, sin embargo, lo que realmente ocurrió.
El conflicto estalló el 3 de mayo cuando un gobierno municipal del PRD en Texcoco ordenó la reubicación de los vendedores ambulantes del mercado Belisario Domínguez. 8 de los 48 se negaron y la policía municipal los desalojó. Los ambulantes pidieron ayuda al Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de Ignacio Valle, organización creada para oponerse al aeropuerto de Texcoco, pero que sobrevivía pese a que el proyecto se canceló en 2002, y a miembros del Comité General de Huelga de la UNAM. Pronto se integraron también contingentes extranjeros, entre ellos unas mujeres españolas. El gobierno perredista de Texcoco pidió apoyo a la policía estatal de Enrique Peña Nieto.
El Frente y el CGH bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. Varios policías fueron salvajemente golpeados por los activistas. Se pidió por ello también el respaldo de la policía federal de Vicente Fox.
El 4 de de mayo se llevó a cabo un operativo de policías estatales y federales que desbloquearon la carretera y persiguieron a los activistas. Los elementos cometieron abusos. Hubo detenciones ilegales, golpes y abusos sexuales que han sido documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero nadie recuerda que el enfrentamiento fue provocado por la decisión legítima de un municipio de desalojar a unos ambulantes ni tampoco del bloqueo de la carretera. Parece haber consigna, por otra parte, para no acordarse de que cuando se documentaron los abusos el gobierno de Peña Nieto fincó responsabilidades a los policías mexiquenses, por lo que varios están purgando penas de hasta 60 años, mientras que el gobierno federal nunca presentó acusaciones contra los suyos, tan o más responsables que los otros.
Hay diferencias muy fuertes entre el Díaz Ordaz de Tlatelolco y el Peña Nieto de Atenco. Díaz Ordaz ordenó un ataque con armas contra una manifestación pacífica, que no bloqueaba ninguna vía de comunicación, el cual dejó un saldo de cerca de 40 muertos identificados. Peña Nieto ordenó un operativo conjunto con el gobierno federal, de hecho con mando federal, para desalojar el bloqueo de una importante carretera después de que un gobierno municipal perredista pidió apoyo y de que algunos policías fueron salvajemente golpeados por los activistas. Quizá el problema de Peña Nieto es que hoy gozamos de una mayor libertad de información de la que teníamos en 1968.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 4 de octubre de 2012).
Las propias autoridades cierran los ojos o miran hacia el otro lado si es que se les cruza en el camino una pandilla de vándalos con etiqueta "social", un abusador disfrazado de líder religioso o una turba de estudiantes -no demasiado estudiosos- perfectamente capaces de cerrar durante meses enteros una universidad o de quemar vivo a un trabajador de una gasolinera. Ah, y toda esta escandalosa permisividad para, presuntamente, no generar "conflictos", no pisotear los derechos de los grupos "desfavorecidos" y no mostrar un espíritu "represor" siendo que lo que les preocupa, en realidad, son los costos políticos de ejercer la fuerza del Estado -perfectamente legítima, además- y de importunar a las que, finalmente, son sus clientelas.
Y así, hay ahora mismo un lugar de este país donde un supuesto iluminado tiene sojuzgada a su grey y no sólo impide que los niños reciban la educación obligatoria ordenada en las letras de nuestra Constitución sino que ha ordenado a sus pretorianos la destrucción de la escuela local. ¿No puede la policía detener a este delincuente y sanseacabó? Pues... no.
Román Revueltas Retes
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 28 de septiembre de 2012).
Debido a protestas por la reforma laboral, la diputada del PVEM Rosa Elba Pérez tuvo que vestirse de policía del DF para ingresar a San Lázaro.
(V.periódico Mural en línea del 27 de septiembre de 2012).
¿Es justa la causa de quienes tomaron la universidad? No lo sé, pero no importa. El tema de fondo es la abdicación de responsabilidad de gobiernos como el del priista Fausto Vallejo ante grupos políticos que, al realizar bloqueos, tomar facultades o destruir escuelas públicas (como en Nueva Jerusalén), violan impunemente los derechos de terceros.
Es falso que permitir agresiones a inocentes sea un costo inevitable de la democracia o una forma de respetar los derechos humanos de los manifestantes. En países más democráticos y respetuosos de las garantías individuales, como España y Estados Unidos, estas acciones simplemente no se permiten.
Cuando un grupo de indignados trató de bloquear el puente de Brooklyn en Nueva York el primero de octubre de 2011, la autoridad intervino de inmediato, deshizo la concentración y detuvo a 400 personas. Este 26 de septiembre la policía en Madrid dispersó por la fuerza una protesta contra la política económica en la cercanía del Congreso de los Diputados. Pese a que la actuación de la policía dejó un saldo de 35 detenidos y 64 heridos, el gobierno felicitó a la policía.
En España está prohibido hacer manifestaciones junto al congreso cuando éste se encuentra en sesión porque se considera incorrecto que se presione a los diputados. En México muchos grupos de poder buscan siempre intimidar a los legisladores en votaciones importantes; estos días, de hecho, hemos visto manifestaciones, cerca y lejos del Palacio Legislativo, que buscan amedrentar a los diputados que discuten la reforma laboral. En España toda manifestación debe ser autorizada previamente por la autoridad, mientras que este requisito no existe en México.
No es cierto que sólo los gobiernos de derecha actúen contra las protestas. En Cuba y Corea del Norte cualquier manifestación es reprimida de inmediato y severamente. En la propia Michoacán, el perredista Lázaro Cárdenas Batel utilizó a la fuerza pública el 30 de enero de 2003 cuando un grupo de taxistas afiliados a una organización priista trató de presionar a su gobierno con bloqueos viales. Un contingente al mando del subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, disolvió los bloqueos y detuvo a varios líderes. Los taxistas pidieron negociar con el subsecretario, pero éste respondió que su trabajo era despejar las calles y no negociar.
En la Universidad Michoacana hemos visto, en cambio, una actitud cobarde del actual gobierno priista. El problema es que cuando el Estado deja de cumplir con sus funciones, los ciudadanos llenan los huecos. Los linchamientos que han proliferado en nuestro país demuestran que cuando los ciudadanos se ven obligados a hacer justicia por propia mano terminan castigando a personas equivocadas o incurriendo en actos de violencia extrema. Por eso es tan lamentable que los gobiernos abdiquen de su responsabilidad cuando los activistas políticos violan los derechos de terceros. Lo único que logran es que prevalezca la ley del más fuerte.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 27 de septiembre de 2012).
Lo contradictorio de nuestra conducta es que prácticamente hay consenso en el hecho de que uno de los problemas graves que tenemos en nuestro país es el incumplimiento de la ley.
El porcentaje de trabajadores asalariados que carecen de prestaciones, aunque por ley deban tenerlas, es de 39%, de acuerdo con la más reciente información del Inegi, por citar sólo un aspecto de las decenas o centenas de incumplimiento de una ley de más de mil artículos.
Las reformas a la ley no van a cambiar la cultura de cumplimiento de las normas. Y un problema que no se ha debatido en todo esto es cómo se logrará el cumplimiento de la legislación, por mejor que la reforma pueda ser.
Y este cuestionamiento se puede extender también a otros ámbitos que tienen que ver con las llamadas reformas estructurales.
Le refiero otro ejemplo, el caso de los impuestos.
Pocas de las propuestas de reforma fiscal que se han puesto sobre la mesa tienen como foco el cobrar a quienes hoy no pagan.
De hecho, como la responsabilidad de cobrar a los informales es hoy de las autoridades locales, las omisiones son casi generalizadas, pues nadie quiere entrarle a un tema socialmente explosivo y que eventualmente no rendirá frutos en el corto plazo.
Así que aquí tenemos otro ejemplo de cómo le damos la vuelta al cumplimiento de la ley.
Y casos como éstos sobran. A veces pareciera que tenemos leyes hechas para no cumplirse.
Puede existir la tentación de quedarnos en los formalismos y realizar los cambios legislativos para que tanto el congreso como el presidente, tanto el saliente como el entrante, se puedan colgar las medallas que digan que ahora sí se realizaron las reformas.
Ya nos ha pasado más de una vez, que obtener consensos implica llenar de parches algunas legislaciones. Veremos qué sucede finalmente con las reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Lo que más importa, me parece, es cambiar la forma en la que funciona el gobierno, la economía, las empresas, y el fondo de todo ello tiene que ver con la educación, no sólo la formal, la que se da en las aulas, sino con la que se manifiesta en el día a día.
Y esa reforma, la que puede hacer que las cosas cambien en verdad, al margen de que se modifiquen los mil artículos de la ley laboral, esa es la reforma a la que no le quiere entrar... ni el gobierno saliente ni tampoco el entrante.
Enrique Quintana
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).
Mientras los primeros cerraron varias horas la carretera Morelia-Pátzcuaro, el otro grupo se ocupó en tomar casi todas las casetas de peaje en Michoacán.
La protesta de la Coordinadora, que intervino 8 casetas de peaje de las 8:00 a las 14:00 horas, fue en rechazo a la Reforma Laboral, que catalogan como violatoria de derechos.
Por su parte, los profesores del sistema de Telebachillerato cerraron por 7 horas la Carretera Morelia-Pátzcuaro, para exigir la creación de 200 plazas y el cese del director general, Carlos Ruano.
(V.pág.8 del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).
Aunque las evidencias están en las calles del centro y hacen constar una multiplicidad de faltas a los reglamentos, no hay respuestas por parte de la autoridad competente. La Dirección de Inspección no contestó a la petición de una entrevista para aclarar el porqué hay quebrantos a las leyes.
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).
(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 21 de septiembre de 2012).
La retención de unidades fue encabezada por supuestos integrantes de casas del estudiante y escuelas normales.
Los manifestantes fueron identificados como integrantes del Bloque Popular Estudiantil y del Frente Popular Estudiantil.
Se trata del mismo movimiento que ayer cerró varias vialidades de Morelia en apoyo a moradores de casas estudiantiles que tienen tomada la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el pasado 4 de septiembre.
Los paristas exigen que la Rectoría acepte inscribir a más de 800 jóvenes que reprobaron o no hicieron el examen de admisión para el ciclo escolar 2011-2012.
En respuesta, el rector Salvador Jara ha señalado que solamente existen 177 espacios disponibles, pero que no aceptará dialogar mientras no sean liberadas las instalaciones educativas.
El conflicto tiene sin clases a más de 50,000 alumnos regulares, algunos de los cuales han salido a repartir volantes pidiendo la reanudación de actividades.
(V.periódico Mural en línea del 20 de septiembre de 2012).
La policía ha detenido a estos facinerosos, pero llegando a la Procu los atentos M.P. (ministerio publico) en unas cuantas horas los dejan libres, con el argumento de que son menores de edad o bien que el delito no es grave, y al afectado le hacen perder horas en su declaración y nunca se le hace justicia.
Aloys
(v.pág.4 "Comentarios a mural.com" del periódico Mural del 20 de septiembre de 2012).
Vecinos del municipio de Banderilla cerraron las vías a la altura de La Martinica, para exigir a las autoridades competentes realizar las acciones necesarias para que este tipo de contingencias no se repitan.
Denunciaron que año tras año en temporada de lluvias esta zona cercana a Xalapa padece de severos encharcamientos, provocando pérdidas económicas a los colonos.
El bloqueo carretero ha generado largas filas de vehículos particulares, autobuses y autotransporte de carga, quienes no pueden continuar su viaje hacia el Altiplano Central.
(V.Notimex del 19 de septiembre de 2012).
De hecho, son mayoría los ciclistas que afirman que el recorrido se desarrolla "sin problemas". Pero, entre tanta gente, hay de todo. Hay fiesta sobre ruedas, convivencia, diversión y paseo. Pero también hay gritos y agresiones verbales. Hay quienes hostigan a las mujeres del paseo y se burlan de quien se cae. Para algunos, todos los hombres que caminan juntos son homosexuales; las mujeres, lesbianas o prostitutas. El que camina sin compañía es un "huevón". Todos los tacos son de perro. Los gordos tienen la obligación de ir al baño para deshacerse de su sobrepeso. Los pelones tienen cabeza de rodilla. Los travestis de las esquinas deben enseñar sus atributos cuando pasa el pelotón. Los autos deben ceder el paso siempre.
Los inconformes acusan a los del paseo de las 23:00 horas de acciones graves, pero que no han sido denunciadas formalmente: asaltos, golpes, arrojar bujías a escaparates, drogarse y embriagarse.
Un miércoles reciente, por ejemplo, la primera agresión ocurre apenas arrancar el contingente, contra una ambulancia que se abre paso por Hidalgo y Chapultepec.
"¡Jotos, jotos! ¡Ora, borrachos! ¡Fifi-fi-fifi!" gritan los de las bicis a los automovilistas, que reciben la pirotecnia verbal con rabia fría en el rostro. Los que quieren acelerar pedalean por las banquetas y obstruyen el paso a los transeúntes. "¡Vamos, señores!", dice uno de los guías, "El Camaleón", Lorenzo Arcos, que habla desde un altavoz y recibe una rechifla. "Federalismo a la derecha, señores", "No violencia, señores; vamos cuidando nuestro paseo, por favor".
Actualmente, el "cerebro" del paseo de las 23:00 horas es Guillermo Estrada López, "El Inca". Mientras intenta poner orden, el 12 de septiembre, opina que el recorrido se sale de control por la cantidad de asistentes.
"Nosotros no vamos fumando mariguana", defiende a los guías. "Los líderes no vamos tonchando. Nuestro código es: no drogas, no alcohol, no grafiti y no vandalismo. Somos 20 voluntarios y no recibimos un peso de nadie; inhibimos a la gente que va con el toncho, botellas de tonsol, cigarros de mariguana".
Añade que los que los atacan al paseo en las redes sociales son parte del "ciberchisme": gente "nice, bonita" que se pasean con sus "bicis de 40,000 pesos" en grupos de 100, cuando ellos tienen que lidiar con hasta 5,000 personas.
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2012).
En algunas de nuestras ciudades, los sistemas del orden público son disfuncionales, y los ciudadanos consideran que los servicios policiacos son ilegítimos o peor aún, les infunden temor por las repetidas historias de abusos. Las autoridades se enfrentan al dilema de impulsar soluciones de fuerza para restablecer el orden y correr el riesgo de hacer crecer los abusos o emprender políticas de seguridad enfocadas al servicio y la participación de los ciudadanos.
El uso legítimo de la fuerza para hacer respetar el orden en las comunidades es una tarea esencial de las autoridades, pero la falta de eficiencia de las instituciones produce un clima de impunidad e indefensión a pesar de las muestras de fuerza y equipamiento y de lo espectacular que pueden ser las detenciones de capos de las mafias. La clave, entonces, no está en las armas, los equipos o la organización operativa, que es importante, sino en las consecuencias de las detenciones para que se traduzcan en aplicación eficiente de la justicia a los criminales. La sola acción policial es insuficiente para atacar un problema social que requiere del fortalecimiento de las instituciones.
La corrupción que se ha vuelto endémica en las procuradurías de justicia y alcanza a los tribunales es un cáncer que está minando la calidad institucional. No es problema de reformas a las leyes, sino de eficacia en su aplicación. No se trata de redacción, sino de desempeño.
Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2012).
El conflicto de la Nueva Jerusalén es el resultado de no haber aplicado la ley desde el primer momento en que alguien impuso sus propias reglas en una comunidad; es la consecuencia de titubeos de la autoridad y la confusión de argumentos, al definir el problema como un problema religioso, entre particulares, cuando en realidad no lo es.
No es un problema religioso la destrucción de una escuela pública. No es un problema religioso impedir la impartición de educación pública gratuita a quien así lo desee. No es un problema religioso el bloqueo de accesos, prohibir fotografías y el uso de celulares en lugares públicos; no es un problema religioso imponer reglas que impiden a niños y jóvenes jugar futbol o cualquier deporte que utilice una pelota redonda, argumentando que como su forma se asemeja a la de nuestro planeta, sería como patear a la Tierra.
Se trata pues, no de un problema religioso, sino de lidiar con un grupo de locos que abusan de la ignorancia y de la fe religiosa de una comunidad y que intentan imponer por la fuerza sus creencias a los demás; de un grupo de esquizofrénicos que desconocen el mundo real, afirmando que en ese poblado la única maestra es la "Santísima Virgen"; de personas que no respetan el derecho a recibir educación y que destruyen bienes públicos. Se trata simplemente de que la autoridad enfrente a individuos que violan flagrantemente la Constitución mexicana.
La autoridad no debe entrar a resolver un problema religioso, es decir un problema entre quienes creen que el fin del mundo es inminente y que estudiar y asistir a una escuela impedirá su "salvación", y quienes no lo creen así.
Quien prefiera ir a un templo en lugar de a una escuela, quien prefiera oír cánticos a la Virgen en lugar de música popular, ésta en todo su derecho de hacerlo. Para ello es precisamente el derecho a la libertad de culto y para ello existen las escuelas públicas y privadas, para que en la primeras, la educación que se imparta sea laica y gratuita, y en las segundas, pagadas y mantenidas con recursos privados, puedan impartir y recibir la educación religiosa que les plazca.
¿Qué debe hacer la autoridad si una pandilla se adueña de una colonia e impide que sus habitantes vayan a la escuela, jueguen futbol o escuchen música?, ¿qué debe hacer la autoridad si una pandilla destruye una escuela, impone sus propias leyes y amenaza a quienes se oponen a ellos?
La respuesta es obvia: intervenir, restablecer el orden y el Estado de Derecho, y si es necesario hasta con la fuerza pública.
Lo que tenemos en la Nueva Jerusalén es una pandilla, en este caso de origen religioso, que se adueñó de una comunidad. Una banda de esquizofrénicos que basan su autoridad en un supuesto mandato divino derivado de una "aparición de la Virgen" en la que el líder fue elegido como portavoz de sus mensajes y como único facultado para designar a los "sacerdotes" (secuaces y golpeadores) que guiarán al pueblo para "salvarse" en la horas finales de la humanidad.
El nuevo líder de la comunidad Nueva Jerusalén, Martín de Tours, fue designado por su antecesor, "Papá Nabor", en un evento filmado tan patético como irrisorio. Pueden verlo en Youtube.
Lo que el secretario de Educación Pública está haciendo para solucionar el problema es totalmente equivocado. Argumentando cautela, en lugar de actuar y tomar medidas para restablecer el orden y el Estado de Derecho, cedió a las presiones y amenazas de la "pandilla religiosa" mandando a los niños a estudiar a una improvisada escuela a 2 Km. de distancia de su comunidad, y además con un río de por medio que los niños deben cruzar a pie. El primer día de clases en la "nueva" escuela, sólo llegó un niño. Obvio.
Una cosa es cautela, y otra muy diferente es cobardía.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 13 de septiembre de 2012).
Allá en La Fuente
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de septiembre de 2012).
Pero un partido político, tal como lo plantea el ex candidato, necesariamente entra en los cauces de la legalidad que cuestiona: sirve como plataforma para renovar autoridades (con proceso calificados por el IFE); es útil para llevar planteamientos a espacios legislativos en donde se cogobierna con los adversarios espurios y es fiscalizado y subsidiado por un sistema de reglas e instituciones que López Obrador cuestiona. Si tiene razón o no, ese es otro cantar, pero el partido necesariamente ahí se inserta.
Si el "Peje" se sale de ese modelo, podría liderar un partido extremista, antisistema, que puede significar un espacio de representación ideológica para muchos mexicanos. Pero eso sí, ganar elecciones no estará en su camino.
Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de septiembre de 2012).
Celso Rodríguez dijo que todo el proceso se hizo apegado a derecho: solicitó primero licencia como magistrado por unos días para asumir el cargo de notario y luego solicitó licencia como notario [para regresar a su "hueso" de magistrado... ¡ya mero lo iba a dejar! - El webmaster.].
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 10 de septiembre de 2012).
Le ha funcionado bien y seguirá dando resultados (no es el único que lo practica) en la medida en que amplias zonas del proceso político permanezcan arcaicas y reticentes a modos democráticos modernos, explícitamente razonados, donde las impunidades respecto de la ley, la precaria rendición de cuentas y la irresponsabilidad respecto a los intereses (seudo)representados prevalezcan.
En México, la combinación de política institucional y legal y con presiones, amenazas y movilizaciones y acciones extralegales y/o ilegales sigue siendo el camino -a menudo obligatorio- para el éxito político, sobre todo en el ámbito de las reivindicaciones populares y los movimientos (paradigmáticamente los movimientos de furia, como Atenco, La Parota, simpatizantes EZLN, entre otros).
Alán Arias Marín, FCPyS-UNAM, Cenadeh
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de septiembre de 2012).
Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 7 de septiembre de 2012).
¿Qué ocurre? Algo tan simple como brutal: desprecio por la ley e impunidad.
Eso a lo que se refiere Víctimas de Violencia Vial A.C. cuando asegura que la autoridad no aplica la prueba de alcoholemia a conductores ebrios responsables de muertes. Eso que verificamos casi a diario cuando los medios nos informan de personas asesinadas y heridas por unidades del transporte público y de choferes y permisionarios que no reciben ningún castigo (en los últimos 5 años se han registrado en la zona metropolitana de Guadalajara cerca de 250 decesos relacionados con los "camiones", 34 en lo que va del año, hasta el jueves pasado).
Es el mismo desprecio por la ley que mató al joven de 18 años Néstor Alan Rodríguez Licea el 26 de noviembre de 2006. Y es la misma impunidad que dejó sin sanción a Christian Arias de la Torre -hijo del entonces director de Comunicación Social del Gobierno del Estado- y a Francisco Xavier Álvarez del Castillo Íñiguez quienes, alcoholizados y jugando "carreritas" por la Avenida Vallarta, embistieron el auto de Néstor Alan, acabaron con su vida y descarrilaron para siempre la de su familia.
Jorge Narro Monroy
(v.pág.7 del periódico Mural del 6 de septiembre de 2012).
Los colonos obstruyeron los 5 carriles de la mencionada vía, además de la lateral, para impedir totalmente el paso al tráfico vehicular y, de esta manera, exigir que sus demandas sean escuchadas por las autoridades municipales y estatales.
"Lo único que queremos es que cierren la lateral de la carretera aquí, a la entrada del fraccionamiento; que no pasen ni camiones, ni autos, sólo los carros de los vecinos", dijo María de los Ángeles Castillo".
Acudieron al lugar el ex alcalde de Tlaquepaque Miguel Castro; el presidente municipal interino, Marco Antonio González Fierros, y el munícipe electo, Alfredo Barba Mariscal, quienes atendieron a los vecinos.
Sin embargo, concluyeron que la decisión de cerrar el carril lateral se encuentra en manos de las autoridades estatales.
Por el bloqueo, las filas de autos en el sentido Chapala-Guadalajara se prolongaron hasta la altura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Además, los colonos se quejaron por la construcción de una gasolinera sobre la mencionada vía, pero metros antes del fraccionamiento, pues consideran que al abrir la estación de servicio se complicará el tránsito y se provocarán accidente viales.
(V.primera plana del periódico El Informador del 4 de septiembre de 2012).
Se prestaron al ridículo. Después de haber anunciado con bombo y platillo, en un evento largo y detallado, su decisión de impugnar la elección presidencial con cajas y cajas de pruebas, solo lograron ganarse un regaño del Tribunal. Los magistrados los tildaron de ineptos. "Partieron de premisas equivocadas", "...las pruebas no hacen prueba". Sus pruebas resultaron "secundarias, periféricas y sin relación con la demanda". "No está acreditado que haya habido coacción. No hay compra, coacción o inducción ilícita demostrada".
Les dieron una clase de Introducción al Derecho. Con respecto a las tarjetas, por ejemplo: "Ahí están las fes notariales, las notas en medios de comunicación, grabaciones, el llamado Sorianagate, según nota de The Washington Post, pero no está demostrado que las hayan entregado a los ciudadanos y menos aún que, de haberse entregado, haya sido para votar en favor del candidato".
Lo más penoso son las reacciones a la decisión del Tribunal: ninguna se planteó en términos jurídicos. Si por lo menos sacaran a la luz alguna prueba que pruebe algo, y que probara en todo caso que al Tribunal se le fue un error que hiciera posible la sospecha... Nada. En lugar de discutir jurídicamente, acusaron desde fuera de la cancha a los magistrados de violentar el estado de derecho y se fueron directo a la desobediencia civil, o a algo que llaman así.
Y dan la razón al Tribunal haciendo exactamente lo que éste preveía: politizar. Se defienden con argumentos de "altura de miras" y de "grandeza para México". Yo no veo posible ninguna grandeza ni altura para mi país si no es a partir de un estado de reglas y no de caudillos, donde, de entrada, éstas se cumplan por parte de todos, y donde, si hay desacuerdo en su aplicación, se discuta su aplicación, y si hay desacuerdo en su contenido, se discuta su contenido. ¿Esperaban que los jueces se convirtieran por voluntad propia en legisladores?
¿Por qué no ha habido, por parte de las izquierdas, una respuesta jurídica, con argumentos? ¿Dónde están en todo esto sus abogados? ¿Por qué no exponen públicamente algunas de sus pruebas y las someten al escrutinio de expertos? Hipótesis 1: la decisión del Tribunal los pescó por sorpresa y lo que pasa es que no estaban preparados. Hipótesis 2: porque no tienen capacidad técnica para vivir, como partidos políticos, en el estado de derecho que dicen defender. Hipótesis 3: porque les vale el tal estado de derecho y solo buscaban una razón para presentarse como víctimas. Las 2 primeras se caen solas.
En serio, yo no soy de los que festeja el regreso del PRI, pero de que ganaron, ganaron. Y a la izquierda, pues hay que rehacerla, ya se sabe.
Luis Petersen Farah
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de septiembre de 2012).
Muy buena parte de los mexicanos ha ido al menos una vez a Estados Unidos. Muchos hemos conducido allá. Y nosotros mismos, que aquí nos pasamos el alto del semáforo, cambiamos de carril sin aviso, no usamos direccionales y entramos de último momento al carril adecuado para dar una vuelta, allá nos comportamos como un niño ante el papá o la maestra. Porque todos sabemos cuánto cuesta nuestro mal comportamiento al volante. Cometer una infracción en Estados Unidos puede costar desde muchos dólares hasta la cárcel. Como debe de ser. Y sabemos que si nos detiene un policía, la famosa "mordida", tan practicada en México, difícilmente funcionará. Es más, intentar sobornar a un policía, probablemente aumente seriamente el problema en el que ya está metido el infractor.
Hace cerca de 5 años, hice un City Tour en Ámsterdam y el guía llamaba la atención para la limpieza de las calles que, realmente, lucían impecables. Él nos explicó que esto se debía a una ley aún reciente, con cerca de 2 años en la época, que aplicaba fuertes multas a quienes ensuciaran las calles. Holanda es uno de los países con índice de educación más elevado del mundo, pero fue necesaria una ley para que sus calles se quedaran limpias.
En pocas palabras, el problema vial en México sí se debe a nosotros, la población, incluso los que no manejan automóviles. Tenemos que entender que nuestras acciones tienen consecuencias en las demás personas. Debemos estar conscientes de que nuestro derecho termina exactamente donde empieza el de los demás. Si nos hacemos un poco más conscientes, ayudaremos a reducir las muertes por accidentes viales que son 24,000 por año en México, de acuerdo con Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridos y Violencia de la Organización Mundial de la Salud.
Pero no habrá educación que sea suficiente mientras exista la corrupción, mientras todo se pueda arreglar con dinero, mientras el responsable por una muerte pueda salir libre con tan sólo dar una "mordida".
Sergio Oliveira
(v.pág.2-D del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2012).
Al menos 40 vecinos participaron en la manifestación para ser escuchados por la autoridad, ya que, según demandan, "sigue permitiendo el paso de camiones de carga por la lateral", situación que, dicen, ocasionó el accidente del miércoles pasado.
"Desde hace tiempo, aquí nos prometieron una calle que supuestamente iba a servir para desaceleración, y resulta que es al contrario. Pero eso sí, vino (el ahora ex alcalde Miguel) Castro a pedirnos el voto, se lo dimos y no hizo nada", reclamó un vecino.
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2012).
Y también es el invento de un cuasi-tarado, orgullosamente mexicano, que implica una montaña de pavimento a media calle, que le pintan rayitas blancas dizque pa'que se vean, pero utilizan pintura soluble al agua pa'que luego no se vean. Pero usted las puede descubrir cuando de repente y al unísono su cochecito brinca, escucha un trancazo seco y siente un agudo dolor al golpearse en el adminículo (adminículo significa "artefacto"... o sea el tope).
Pero el problema empieza desde el absurdo de los límites de velocidad permitidos. ¿Quién maneja en una calle a 30 kph? Si cumples la ley y manejas a esa velocidad, recibes más mentadas de los otros automovilistas que del gobernador de tu estado... bueno, si vives en Jalisco.
Y luego, a otros inventores seguidores del cuasi-tarado, se les ocurre poner topes permanentes enfrente de las escuelas. Oigan, psst... psst... ya existen topes móviles que se ponen durante el lapso que hay niños y se quitan después.
No les entiendo, primero hacen una callesota amplia y lisita para que circulen los autos rápidamente... y luego le ponen topes, pa'que no.
Pero parece que las autoridades no entienden que la ley se debe cumplir. Y si no se cumple, se tiene que sancionar. ¡Para eso están la fuerza pública y el poder judicial!
Yo insisto en que la solución para la movilidad en nuestra ciudad son la educación vial, las ciclovías, acabar con la mafia camionera, poner fotoinfracción en vez de topes, pruebas estrictas para obtener la licencia de conducir y dar comisiones de las infracciones a los policías de Vialidad y a sus comandantes. Pero para hacer esos cambios necesitamos hombres... no payasos.
A ver, muchachitos, los que van a ser nuestros neofuncionarios: el "Plan de Movilidad" ya existe y está muy bien hecho... porque lo hicieron urbanistas, arquitectos e ingenieros; puros ciudadanos, ningún político. Pero ustedes y los que ya se van andaban muy ocupados en su luchita de partidos y no tuvieron el interés por echarlo a andar. Pero ya ahora no hay campañas. Ahora sí, ¿podrían hacer algo por la zona metropolitana de Guadalajara?
Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 30 de agosto de 2012).
Fue tal la impunidad que ante el hecho contundente de que todos terminaran en libertad, se llegó a pedir, desde el propio gobierno michoacano de Leonel Godoy, que el gobierno federal ofreciera una disculpa pública a los involucrados por haber manchado su buen nombre. Y en paralelo con ello, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, que hasta entonces estaba prófugo, se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la Cámara de Diputados y, obviamente, de su fuero.
Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el michoacanazo, y fue ingresado a San Lázaro en el baúl del carro de un diputado perredista, fue escondido en las oficinas del líder de ese partido en la cámara baja, Alejandro Encinas, y 2 días después rindió protesta, en uno de los hechos más bochornosos de la historia legislativa del país, como diputado federal. Para que la burla no fuera menor, Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la Comisión de Seguridad de la Cámara para analizar, dijo, los excesos de las fuerzas de seguridad.
Pero resulta que se solicitó su desafuero y los diputados de la comisión especial, presidida por César Augusto Santiago, lo mismo que todos los mexicanos, pudimos escuchar las mismas grabaciones que los jueces, en primera instancia, habían desestimado, otorgándole un amparo y el fuero. Las conversaciones con Servando Gómez, "La Tuta", uno de los jefes de la Familia Michoacana (ahora, dividido ese grupo, jefe de los Caballeros Templarios) donde con lujo de detalles se le explicaba al entonces candidato los apoyos que tendría y también los compromisos asumidos fueron demasiados contundentes y Julio César Godoy fue desaforado. Por supuesto, antes tuvo tiempo de darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Nadie, ninguno de los involucrados en su entrada a San Lázaro, de haberlo convertido en candidato y luego en diputado, de haber permitido esa burla al congreso y a la ciudadanía, se ha disculpado por ello. Mucho menos su medio hermano, gobernador y ahora, hasta este fin de semana, senador por el PRD, Leonel Godoy. Tampoco su partido.
Todo esto viene a cuenta porque el juez que ordenó todas las liberaciones del michoacanazo, Efraín Cázares López (y también de otro personaje perredista, "Greg" Sánchez) ahora sí está siendo investigado por la PGR a partir de declaraciones de testigos protegidos, pero también de sus propias inconsistencias como juez. A diferencia de otros casos, como el de José Guadalupe Luna Altamirano, hasta ahora el Consejo de la Judicatura no lo ha retirado de su cargo, y el propio presidente de la Suprema Corte y del consejo, Juan Silva Meza, dijo que ese órgano defenderá a cualquier juez "que sea perseguido por cumplir con su responsabilidad".
No sé qué sucederá con el juez, lo que me parece inconcebible son sus resoluciones. Olvidemos otras pruebas: las grabaciones existentes en torno a los involucrados en el michoacanazo son tan contundentes que no admitirían lugar a dudas, no necesariamente para decretar la culpabilidad de los implicados sino, por lo menos, para someterlos a juicio. No fue así: un juez decidió dejarlos a todos en libertad. Su actuación también merece ser juzgada.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de agosto de 2012).
De manera reiterativa han expresado las autoridades municipales que, -ahora sí, caiga quien caiga-, los vendedores ambulantes serán desalojados del primer cuadro de la ciudad, para que se cumplan al pie de la letra los reglamentos correspondientes...
Como en el cuento de "Ahí viene el lobo", la amenaza en cuestión nunca pasa de las palabras a los hechos. La hipotética "zona peatonal" del pomposamente llamado Centro Histórico de Guadalajara -en la que, por cierto, ningún vestigio queda de su fundación-, sigue siendo un infecto tianguis.
Colofón: el risible "ultimátum" de "el supremo gobierno, que no se equivoca nunca" -como lo llamaba el inefable Pito Pérez-, se ha resuelto, hasta ahora, invariablemente, con la contumacia de los comerciantes... y con la impotencia de la autoridad.
(Con la impotencia... o con la habilidad, la astucia, la desvergüenza y el cinismo que se requieren para ser parte activa -jugando, simultáneamente, el rol de policía y el de ladrón- en los mecanismos de corrupción que permiten hacer de "las leyes", en el mejor de los casos, sendos papalotes).
Jaime García Elías
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 29 de agosto de 2012).
(V.primera plana y pág.6 del periódico Milenio Jalisco del 24 de agosto de 2012).
La funcionaria les explicó que esos negocios tienen multas, clausuras y apercibimientos, pero que ella no puede hacer más al respecto. Es decir, los inspectores clausuran, los negocios reabren -incluso violando sellos-, vuelven a violar la normatividad, llueven las quejas, van los inspectores, clausuran... y así se la llevan.
"Nos dijo que casi todos están apercibidos y que no pueden hacer nada porque violan los sellos. Y que los vigilantes sólo tienen que revisar si tienen licencia o no. Además, al parecer los inspectores también han sufrido agresiones por parte de los guaruras o los dueños", explicó un vecino.
Martínez enfatizó que a su dependencia no le toca determinar si se retira o no la licencia; eso le corresponde a la Dirección de Padrón y Licencias. Los vecinos señalan que salieron inconformes de la reunión porque ninguna dependencia resuelve el problema.
Los colonos dicen que sólo han recibido "actitudes de cinismo, burla, intimidación y amenazas".
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 22 de agosto de 2012).
Esos 27,199 compatriotas que perdieron violentamente la vida el año pasado -según la información oficial que reportan las 4,723 oficialías del Registro Civil y las 1,096 agencias del Ministerio Público y que obviamente no consignan a los "desaparecidos" o los inhumados clandestinamente- significan, entre otras cosas, que la suma de los planes gubernamentales, de los programas institucionales y las estrategias federal, estatales y municipales para inhibir y/o abatir la incidencia de asesinatos ha fracasado.
El año pasado fue el más violento del que se tenga registro en la historia contemporánea y para sostener la afirmación basta con revisar los siguientes datos (también de INEGI): en 2005 se registraron 9,921 homicidios, una proporción de 9 por cada 100,000 habitantes; en 2006, 10,452, esto es 10 por cada 100,000 habitantes; en 2007, 8,867, 8 por cada 100,000; en 2008, 14,006, 13 por cada 100,000; en 2009, 19,803, 18 por cada 100,000 y en 2010, 25,757, 23 por cada 100,000.
Ahora lo que no debemos olvidar es que se trata de algo mucho más importante y grave que sólo números; se trata de un fenómeno que va a la alza y que expone, con crudeza, la pérdida de valores fundamentales para la convivencia en sociedad y la incapacidad del Estado para imponer la ley y castigar a los trasgresores. Y aquí está el meollo del asunto: se estima que en México sólo se castiga el 3% de los delitos y la inmensa mayoría, el 97%, queda en la total impunidad.
No se trata de culpar de todo a la fallida guerra calderonista contra la delincuencia organizada, ya que sobra decir que las ejecuciones y las masacres no se investigan a fondo y mucho menos se colocan en el riel de los procedimientos penales, sino de atender también a los homicidios del fuero común para constatar que la cifra que reporta INEGI da cuenta en su exacta magnitud el tamaño de la impunidad que priva en el país.
Entonces, cuando encaremos a quienes sostienen que lo único que se necesita es endurecer las leyes y plantear penas mucho más severas para inhibir la comisión de delitos, habría que recordarles que para que una sanción cumpla con el propósito de inhibir, primero habría que dar con el criminal, juzgarlo y mantenerlo en la cárcel, y hoy los delincuentes saben que existen muy pocas probabilidades de que sea castigado y muchas de que salga impune.
Así, uno o cien años de cárcel es exactamente lo mismo, salvo para aquellas anomalías en un sistema más que chueco y que terminan pagando lo que hacen. En el fondo no se trata de leyes o penas más severas sino de un andamiaje de procuración de justicia ineficaz -por decir lo menos-, y un desempeño de las distintas corporaciones policíacas que amalgama ineptitud y corrupción, el caldo de cultivo perfecto para que la incidencia de homicidios siga creciendo.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de agosto de 2012).
Con bloqueos y enfrentamiento, religiosos de la Nueva Jerusalén impidieron el arranque del ciclo escolar en dicha comunidad michoacana. Lo pobladores se oponen a la impartición de educación laica y cerraron el acceso de entrada al pueblo, para impedir el paso a maestros. También cerraron el paso a los niños que se disponían a iniciar clases en una casa que fue habilitada como escuela temporal. El gobernador, Fausto Vallejo, dijo que su Gobierno ha actuado de manera tolerante; pero advirtió que la tolerancia tiene un límite.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de agosto de 2012).
Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de agosto de 2012).
El ambulantaje, hijo bastardo del comercio informal tiene como divisa reventar la oferta a costa del comercio formal; como andan de un lado a otro es difícil cobrarles "piso", aun si de momento se ubican en un punto. Los líderes sí les cobran, para ellos nada es imposible. Un día cualquiera decide el señor justicia de esta leal ciudad quitarlos de las calles, es decir, cumplir y hacer cumplir la ley, porque de lo contrario la nación se lo demandaría. Lo decide luego de haberlos dejado crecer, además les manda avisar con antelación, y llegada la fecha fatal se desatan inspectores y policías.
La respuesta inmediata del ambulantaje es chantajear a la autoridad incurriendo en delitos aún más graves, como es bloquear las vías de comunicación. Entonces paga la ciudad y la ciudadanía el desorden que la autoridad permite y luego juega a reprimir. Aumenta la contaminación, se consumen más combustibles, se desquicia el centro citadino, se forman colas kilométricas de gente que anda trabajando, y todo mundo sale perjudicado porque al señor justicia le tembló la mano en el momento final. Ni pudo ni quiso desbloquear las calles con los recursos propios. La enseñanza es obvia, el poder lo tiene las organizaciones delictivas, no porque comerciar sea delito, sino porque lo hacen y lo defienden en contra de la legislación.
Ahora bien, los vendedores ambulantes no andan en ese oficio por vocación turística, lo hacen por necesidad, porque carecen de recursos para alquilar un local en toda forma, y venden lo que se pueda debido al desbarajuste general que impera en la ciudad. No es asunto fácil, pero es deprimente que medio México nade en la pobreza en tanto que la clase política navega en la abundancia con los recursos que pertenecen a todos y que deberían encausarse a la mejora general de la sociedad y no a la producción de millonarios desde los cargos públicos de los Tres Poderes.
Armando González Escoto
(v.pág.7-B del periódico El Informador del 19 de agosto de 2012).
Sergio Oliveira
(v.pág.2-D del periódico El Informador del 18 de agosto de 2012).
En ciudades de España, la pinta de grafitis se sanciona económicamente, aunque el infractor también puede ser condenado a trabajos a la comunidad y juzgado bajo supuestos como el delito contra el patrimonio histórico. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid aumentó en 2010 la pena, para situarla entre los 1,500 y 3,000 euros (de 25,500 a 51,000 pesos, según el tipo de cambio).
Las sanciones para el grafiti consideradas en el Código Penal del Estado son más severas que las establecidas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara. No sólo en el monto de las multas, en el primero, incluso, se contempla la cárcel cuando hay reincidencia.
Las sanciones para los infractores incluyen la multa y la reparación del daño.
Si el grafiti en Guadalajara, en términos legales, es falta administrativa y es delito, ¿cuándo es una y cuándo lo otro? El titular de la Secretaría de Justicia Municipal de Guadalajara, Ignacio Quintero Stoupignan, lo explica claramente, en medio está una variable: cuando hay un propietario que señala al detenido como el responsable del daño a su bien, se tratará como delito, y cuando no, sólo como una falta administrativa.
Esto ha llevado a esta situación en la que los casos de grafiti se resuelvan más por la propia autoridad municipal, a través de sus jueces, en el ámbito administrativo, sin que intervenga el Ministerio Público y sin que se aplique el Código Penal estatal.
Las sanciones administrativas que se imponen en los Juzgados Municipales no pueden ir más allá de una multa de 100 salarios mínimos (6,057 pesos) o, de no querer pagar, un arresto hasta por 36 horas. No más. Estos castigos pecuniarios de los jueces para el grafiti, ya en la práctica, rondan por generalidad los 60 salarios mínimos (alrededor de 3,600 pesos).
Mientras tanto, tan sólo en el periodo de 2011 a agosto de 2012, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales ha tenido que limpiar una superficie total afectada por grafiti que superó las 43 hectáreas de los muros de la ciudad de Guadalajara, tanto públicos como privados.
Con las estadísticas de la Secretaría de Justicia Municipal tapatía se puede conocer cómo ha procedido la dependencia ante los daños que se ocasionan con grafiti en propiedad privada o pública, de lo que resulta que la manera de penarlos ha sido, principalmente, con el arresto, pues 8 de cada 10 detenidos fueron llevados para ello a las celdas de la Dirección de Prevención Social Municipal (78.3%).
El resto pagó su multa (16%) o terminó con sólo una amonestación del juez municipal (5.5%).
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 18 de agosto de 2012).
¿Qué es lo que nos falta en México? simplemente que las leyes se cumplan. Los mexicanos nos comportamos como hijos consentidos y caprichosos de un Papá Gobierno permisivo, tolerante y cómplice, que permite que las leyes no se sigan, que exista la corrupción, que no haya consecuencias al quebrantarlas.
No hay castigos, ni tampoco estímulos para ser buenos ciudadanos. Es la conclusión a la que llego, cuando observo a los mismos mexicanos radicados en Estados Unidos, que vienen de Guadalajara, del D.F., de Sonora, Sinaloa y tantos lugares de México en el que sus habitantes se han visto obligados a emigrar para buscar mejores condiciones de vida, que no nos da nuestro país, por una razón u otra.
De pronto, los desconozco, no tocan el claxon, respetan los semáforos, no hablan por celular mientras conducen, sus niños viajan sentados en sus sillas especiales y con sus cinturones bien puestos. ¡Qué curioso... los mismos mexicanos que hacen lo contrario en su país!
En el pasado, emigraban los mexicanos de bajos recursos, gente sin preparación académica, que solo ofertaban su trabajo físico, en labores domésticas y agrícolas. Ahora, emigran los mexicanos con preparación profesional, empresarios que huyen de los secuestros y de la inseguridad empresarial, cerebros que no son apreciados en su lugar de origen, en fin, gente muy preparada y capacitada. Y esto, es alarmante para México. Los activos importantes de nuestro país, también están fugándose, y todo por no tener la seguridad de vivir en nuestro país, como personas, con derecho a una mejor calidad de vida. En Estados Unidos, la empresa es una parte muy importante de la economía y por tal, se les otorga todo el apoyo y la ayuda necesaria para formar parte de ese engranaje económico.
Ojalá en México fuera así. Si tan sólo siguiéramos las leyes y nos comportáramos como ciudadanos responsables...
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 17 de agosto de 2012).
La Comisión de Puntos Constitucionales sesionó sin quórum, junto con la de Hacienda, para aprobar modificaciones a la Comisión Tarifaria y crear la correspondiente del agua potable.
Sólo había 4 de 9 legisladores y al pedirle explicación a su titular, Jesús Casillas, éste embarcó al panista Abraham González, de quien dijo, firmó su asistencia ¡luego se fue al baño y dejó el sentido de su voto!
De ser así, mejor que sesionen virtualmente y voten por Internet o por teléfono.
Otra irregularidad es que 'regresaron' sin cargos la Cuenta Pública 2010 de Tlajomulco a la Comisión de Vigilancia, cuando la ley ¡no contempla esa posibilidad!
Ni el neo 'alfarista' Ramón Guerrero alzó la voz para defender a Enrique Alfaro.
¿Lo engañaron, se le fue, o hay algo más detrás?
S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 16 de agosto de 2012).
En lo personal creo que es una decisión no sólo acertada, sino que es urgente que pongamos antes las reglas sobre cómo vamos a usar los recursos, cómo los vamos a fiscalizar, quién es el responsable de qué y cuándo, cuáles son las sanciones que se impondrán.
De qué nos serviría efectuar las reformas hacendaria, energética y laboral, si tenemos un "hoyo negro" en cuanto a la corrupción, ineficiencia y oportunidad en el uso de los recursos en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes de la unión.
Son verdaderamente preocupantes e indignantes los niveles de corrupción que tenemos en todo el país, no nos podemos tapar los ojos y seguir igual. Hay que legislar en esta materia y poner las reglas y sanciones pertinentes... hay que hacer que se cumplan las leyes... es urgente.
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de agosto de 2012).
El operativo que desplegaron para trasladar a quienes se quedaron varados, fue de lo más improvisado, donde la ayuda resultó riesgosa al llevar gente sentada en la orilla de las cajas de camionetas.
Allá en La Fuente
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de agosto de 2012).
Así lo advierte Miguel Ángel Ortega Solís, jefe del Departamento de Derecho Social de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UdeG, quien recuerda que, en el conflicto entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los comerciantes ambulantes que pretenden permanecer en el centro histórico tapatío, hay un reglamento que prohíbe aprovechar el primer cuadro de la ciudad.
(V.pág.3-B del periódico El Informador del 11 de agosto de 2012).
En todos los órdenes de la vida política tenemos autoridades frenadas en sus recursos de coerción, autoridades a las que no concedemos imparcialidad, buen sentido o buena fe para usar la fuerza si ésta es necesaria para aplicar la ley.
Cada vez que la autoridad usa abiertamente sus recursos de coerción es cuestionada por la ciudadanía. La autoridad, en consecuencia, antes que ganar prestigio por hacer cumplir la ley, suele perderlo por ello: por someter violentamente a un delincuente, por cobrar impuestos y encarcelar al evasor, por impedir la ocupación de las vías públicas que lesionan los derechos de terceros...
Una larga crisis de legitimidad política ha inyectado en los gobiernos de México una cautela extrema en el uso de los elementos coercitivos del Estado.
Una sensibilidad paralela existe en la conciencia pública. Se sospecha de la legitimidad de los gobernantes, de la validez de sus razones para ejercer la violencia legal.
Por fortuna, la democracia ha quitado discrecionalidad a las autoridades. Las autoridades discrecionales de antaño tienden a desaparecer, cercadas por la competencia política y la vigilancia pública.
En distintos ámbitos del espectro político nacional, la única violencia sospechosa es la que ejerce el Estado. Por un lado, hay la tendencia a culpar a la autoridad de las faltas en que incurren los ciudadanos. Por otro, hay la tendencia a justificar las iras dirigidas contra el gobierno como causas portadoras de una justicia inmanente.
De hecho, se ha instalado en el país una subcultura política que justifica actos violentos antiguberna¬mentales y pide para ellos comprensión y excepciones.
En el México democrático, el único instrumento de gobierno que le queda a la autoridad es la aplicación de la ley. Pero al tener un bajo compromiso con el cumplimiento de la ley, la ciudadanía ejerce un veto invisible sobre la autoridad para hacer que la ley se cumpla.
Si la autoridad no puede usar todos sus recursos para ese fin, en particular el recurso de la coerción, es una autoridad coja en su eficacia gubernativa. La renuncia al uso de la fuerza no siembra tolerancia política, siembra impunidad.
Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 10 de agosto de 2012).
Alberto Aziz Nassif
(v.Media telecom en línea de 8 de agosto de 2012)-
Lo anterior le ocurrió a Francisco Lozano, a quien hace 2 semanas le robaron el teléfono en la Ciudad de México.
Al enterarse de la solicitud que le hacía la compañía telefónica, Lozano decidió olvidarse de la denuncia y sólo recuperó su línea móvil tras hacer los trámites necesarios.
Al igual que él, miles de usuarios enfrentan la barrera de tener que presentar una denuncia ante el MP para bloquear su celular y evitar que terceros lo usen con fines delictivos.
Así como Telcel, también Telefónica Movistar solicita a sus usuarios una denuncia previa ante el MP con fecha menor a 30 días, una identificación oficial, factura del equipo, requisitos que representan una barrera para los consumidores, según señalan expertos de telecomunicaciones.
"Si la telefónica dice que hay que reportarlo ante el MP y la ley no lo contempla, pues entonces está exigiendo más formalidades de lo que la ley prevé", comentó Irene Levy, presidenta de Observatel, quien añadió que dicho requisito desincentiva las denuncias de usuarios.
En el país operan más de 95 millones de conexiones móviles. En la actualidad, se ha reportado la cancelación de más de 25,000 dispositivos robados.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 8 de agosto de 2012).
En las culturas urbanas de los jóvenes contemporáneos el grafiti es por definición una transgresión. Entre mayor sea la transgresión más placer causará hacerla. Sin dejar de perseguir y castigar el daño en propiedad ajena y en monumentos, pintar las bardas y las puertas de los barrios hay que combatirlo en las calles, trabajando con los chavos, y en las escuelas. Lo que hay que combatir, pues, no es el grafiti sino el daño en propiedad ajena, y para eso nuestras leyes actuales son suficientes, el problema es que no hay capacidad para aplicarlas, como tampoco habrá para aplicar la nueva. La iniciativa propuesta en el congreso es la típica reforma penal de emergencia, aquellas que se hacen para beneplácito de la tribuna pero que no contribuyen a generar una mejor convivencia social. Sirven para que mañana un diputado pinte en una pared "Fulano cumple; con leyes más fuertes combatimos el grafiti".
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 7 de agosto de 2012).
Los motes jaliscienses reconocidos en este ámbito a nivel nacional, coinciden que las reformas "no detendrán el grafiti", e incluso defienden que la "verdadera" contaminación visual no emanó de aerosoles en "tags" o firmas, sino que se padeció hace poco, cuando los políticos que aspiraban a distintos puestos de elección popular difundieron su imagen mediante bardas, espectaculares y lonas, durante los 3 meses de campaña.
"Obviamente dará mucho de qué hablar, pues es absurdo aprobar 6 años de cárcel, aunque se entiende: los legisladores buscan crear polémica y sentir que están respondiendo a la sociedad", habla el "Dice", miembro activo del crew "VRS", y reconocido representante de la escena tagger en Jalisco.
Desde su óptica, los "castigos absurdos" difícilmente se impondrán sobre esta práctica, en tanto que las autoridades en turno "descuidan" otras alternativas para "encaminar la energía que hay en las calles".
Entretanto, para el "Fixe", miembro del mismo crew, la determinación de aumentar penalidades, no sólo por practicar grafiti, sino por cualquier delito, tiene "comprobada" su inefectividad. "No funcionan. La gente seguirá pintando en la calle porque es una forma de expresion (...) de la sociedad hacia un gobierno deficiente. Creo yo que ellos deberían empezar por hacer un buen gobierno, y el grafiti ilegal en la calle por sí mismo disminuiria".
Detrás de una lata en aerosol que se detona clandestinamente en las bardas de la ciudad, refiere, existe "odio" hacia la clase política, aunque aclara, lo anterior no es una generalidad, pues también hay chavos de menor edad que simplemente buscan "salir y decorar las calles".
"A final de cuentas, la calle es de todos. Si el gobierno puede inundar los muros con nombres de políticos, ¿Por que nosotros no podemos poner el nuestro?".
Los legisladores estatales deben abordar con mayor ahínco la modificación de leyes que sancionen con rigurosidad aspectos de primer orden en el estado mexicano, como la corrupción o el narcotráfico, y no el grafiti. Tal es la opinión del "Apio", un renombrado exponente del arte en aerosol tapatío, quien a sus 31 años (17 de ellos ganándose la vida elaborando murales en calles y avenidas) acepta la modificación al Código Penal como un "reto" a la práctica que defiende, cuyo origen es la transgresión.
"Se debe tener más criterio sobre el daño que causa una persona como yo, a lo que hace un ladron o quien vende droga. Creo que deben tener más cabeza y deben precocuparse por otras cosas (...) Ese castigo (al grafiti) siempre va a existir, pero entre más sea el castigo nosotros vamos a seguir haciendo más cosas. Es como 'cucar a la perra'; entre más nos quieran castigar, más les vamos a dar. Creo que no es tan malo lo que hacemos, en comparación con los políticos. Hace más daño un político o un narcotraficante que nosotros".
Juan Carlos Arias Cuevas, mejor conocido como el "Retén" de los "FSND", practica desde 1995 el grafiti, y con casi dos décadas de experiencia adquirida, hoy es contratado para pintar murales en bares y restaurantes de la Perla Tapatía. "Es progresión; después de años alcanzas una calidad, tengo pequeñas obras que me compran; sí he vendido algunas que otras en exposiciones".
Califica como "retrógrada" la determinación del congreso estatal, pues incrementar las penas siempre resulta una estrategia infructuosa como inhibidor del delito. "Se pueden aumentar años de cárcel a los asesinos y violadores, pero van a seguir habiendo 'vatos' que van a robar o matar".
"El grafiti no lo hace sólo un grafitero, ¿Me entiendes? Hay gente que sale y lo hace sólo porque está inconforme con algo. Ponen que les cae gordo Peña Nieto o Andrés Manuel, o quien sea de los políticos. Hay quien pone su nombre; hay quien tira consignas políticas. No creo que penas más altas detengan esto; ni los grafiteros ni la gente común necesitan más penas o multas, ni más espacios, ni latas baratas; la gente necesita el bien, y no lo hay".
[Cuántas pendejadas para justificar el daño a la propiedad ajena. ¡Que se pinten las jetas y, si no les basta, el fundillo! - El webmaster.]
(V.periódico El Informador en línea del 6 de agosto de 2012).
Uno de los argumentos para descalificar a los ambulantes es que tienen un líder peruano, como si el simple hecho de ser extranjero o haber nacido en otro país lo convirtiera en ciudadano de segunda. Otro es que no pagan impuestos, un argumento muy sui generis en un país donde la evasión de impuestos es deporte nacional, comenzando por los grandes corporativos y la cantidad excesiva de regímenes de excepción. Pero, metidos en la discusión, digamos que los informales pagan IVA como todos, si tienen cuenta bancaria Hacienda les pone unas pelas cada vez que depositan efectivo y lo que evaden normalmente es el derecho de piso, que terminan pagando a un líder que se lo queda en aras de no sé qué derecho.
El argumento de los comerciantes ambulantes es que tienen derecho a trabajar, lo cual es cierto, salvo que ésa no es la discusión. Nadie les está negando el derecho a trabajar; lo que se les está exigiendo es que cumplan con los reglamentos a los que todos estamos obligados y a que no regenteen el espacio público que no es de ellos, ni de los líderes, ni del ayuntamiento: es nuestro, es de todos los que vivimos en esta ciudad y nadie tiene derecho a privatizarlo: ni el presidente municipal en aras de su conveniencia política, ni los líderes por negociar votos por espacio, ni los propios comerciantes, independientemente de cuánto tiempo lleven haciendo lo que hacen o si se los heredó su madre o su hermana.
Lo que está a discusión no es, pues, cuántos, ni quiénes sí o quiénes no. El ambulantaje, lo sabemos, es un negocio político y de políticos. Detrás de cada grupo de ambulantes hay un padrino que lucra con ellos y lucra con el espacio público. El arreglo entre 2 personas, un líder y un comerciante, es un asunto privado. Lo ideal sería que ninguna persona cayera en manos de esos líderes, pero eso no se puede evitar.
La gestión del espacio público es un asunto de todos y es ahí donde la autoridad no puede ceder un ápice: si le da permiso a unos lo tiene que dar a todos y, si mañana todos decidimos que queremos vender en el Centro, acabamos con la ciudad.
Ni modo: al alcalde le toca aplicar los reglamentos, aunque políticamente tenga un costo. No se les niega el derecho a trabajar, pero el espacio público no se negocia.
Nadie le está negando a los comerciantes ambulantes el derecho a trabajar, lo que se les está exigiendo es que no regenteen el espacio público que no es de ellos, ni de los líderes, ni del ayuntamiento, es nuestro.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 6 de agosto de 2012).
Los quejosos se identificaron como integrantes de la Organización de Comerciantes Ambulantes de la Zona Centro, aunque su vocero, Marco Antonio Santos Amador, dijo queno todos eran de ese grupo. Tomaron el cruce de 16 de Septiembre e Hidalgo al mediodía y, por la tarde, tuvieron una reunión con Roberto Delgadillo González, secretario general del ayuntamiento, de la que salieron en 2 ocasiones a decir que no había acuerdos hasta que, después de las 18:30 horas, anunciaron que se retirarían.
Mientras, su protesta hizo colapsar la vialidad en el centro, entre consignas contra el responsable de la unidad de Inspección a Mercados y Comercio en Espacios Abiertos, Luis Gabriel Basulto González, a quien acusan de favorecer a ciertos grupos.
El mismo vocero dijo que hay organizaciones con "influencias" en el ayuntamiento y por eso no los quitaron durante la "limpia" del jueves: "La de Salvador Cabrera, Clendo Cortés, la señora Sonia y la señora Sandra de Mujeres Creativas: ellos están a gusto trabajando, hay favoritismo".
También denunciaron que, antes de las elecciones, el PRI (partido que gobierna en Guadalajara) les pidió votos, pero ahora no se acuerda de ellos.
(V.primera plana del periódico El Informador del 4 de agosto de 2012).
Más allá de la falta de pulcritud en los manejos económicos en la que incurrieron todos los partidos políticos durante el reciente proceso electoral, mismos que cada uno se las ha ingeniado para ocultar o enredarlos para quedar al margen de la ley, lo que debe preocuparnos es que los propios actores políticos que acusaron a la empresa involucrada por el uso de monederos electrónicos para fines electoreros, se conformen con señalar que no deben ser culpados, en lugar de señalar fuerte y abiertamente que están en contra de cualquier tipo de agresión a los bienes y la imagen de los afectados, y en lugar de ello se vanaglorien diciendo que lo único que con sus acciones han hecho es buscar que se cumpla con la ley.
En este orden de ideas, cabe señalar que guardar este tipo de silencio, el de no pronunciarse en contra para marcarle un límite a sus huestes, sólo en caso de que ellos pudieran ser culpables, es también una agresión, pues se trata de un silencio cómplice cuando tienen a la mano argumentos para evitar que el disgusto popular se traduzca en violencia de la cual se puedan derivar acciones incendiarias.
Es bien sabido que las elecciones ya tienen ganadores en las diferentes instancias y que no serán anuladas, pero como ha sucedido en otras ocasiones, la derrota no aceptada por López Obrador recurrentemente ha dado pie a acciones en las que busca traer de rehén a las instancias públicas para seguir negociando algo a cambio, como puede ser el mantenerse intocable y seguir haciendo campaña a costas de quién sabe qué interesados en seguirlo fondeando, y de una sociedad que cada vez tiene una paz social más frágil.
¿Acaso no hay recursos legales para desenmascarar todo esto y desacreditarlo ante sus seguidores?
(V.Razón y Acción del 4 de agosto de 2012).
Las protestas iniciaron a las 11:00 horas y hasta las 14:00 horas de este viernes, los inconformes cerraron en su totalidad la vía López Portillo, aunque posteriormente realizan cierres intermitentes en dirección hacia el Distrito Federal.
Los barzonistas exigen la devolución de 2 pagarés a los representantes del lote de autos "Prestige Motor", ubicado en la vía López Portillo.
Los inconformes informaron que adquirieron 2 autobuses en este establecimiento y al no poder pagar devolvieron las unidades a la empresa, pero esta se niega a entregar los pagarés que firmaron.
(V.periódico El Universal en línea del 3 de agosto de 2012).
Las sentencias del caso News Divine son una prueba más de que en México simplemente no existe la justicia. Las procuradurías y los tribunales están hechos simplemente para cobrar facturas políticas. Los castigos que se aplican por los crímenes o supuestos crímenes simplemente no guardan relación con la gravedad de los actos que se cometen.
Alfredo Maya era gerente de la discoteca News Divine cuando en ella se llevó a cabo un operativo policial el 20 de junio de 2008. El operativo no parecía tener más objeto que detener a jóvenes, muchos de ellos menores de edad que estaban cometiendo el pecado de divertirse, y extorsionarlos. Los comandantes de la policía ordenaron que salieran los jóvenes para que, una vez que estuvieran fuera del lugar, fueran detenidos y subidos en transportes policiales. Como esos transportes no llegaban con la celeridad que ellos requerían, ordenaron que se cerraran las puertas. Esto hizo que se generara un tumulto. 12 personas, la mayoría jóvenes parroquianos, murieron asfixiados.
El gerente del establecimiento no ordenó el operativo ni cerró las puertas del lugar. Tampoco buscaba extorsionar a los jóvenes. No se le pudo acusar por eso de homicidio, a pesar de que fue la primera intención de las autoridades. Se le fincaron así responsabilidades por "corrupción de menores". La razón, que había permitido que algunos jóvenes bebieran.
La información disponible sugiere que la discoteca tenía prácticas destinadas a impedir que los menores de edad ingirieran bebidas alcohólicas. Las fotografías del lugar muestran los letreros que señalaban que había que presentar credencial del IFE para comprar bebidas alcohólicas. Los testigos afirman que se les pedía esta identificación para servirles estas bebidas. Aun así, el juez Prudencio Jorge González Tenorio, 19º de lo penal, dictó en contra de Alfredo Maya una sentencia de 24 años de cárcel.
Lo más interesante de la sentencia es la frase que señala: "Aun cuando de manera directa no hubiere proporcionado las bebidas o permitido el ingreso al local de menores de 18 años, su actuar se constituye en la directriz facilitadora para que los menores pudieran embriagarse." Ése es el delito cometido por este hombre: ser directriz.
Si permitir que un menor ingiera una bebida alcohólica lleva a 24 años de cárcel, ¿qué tan terrible podrá ser la condena para quienes montaron un operativo de extorsión al amparo de su responsabilidad como policías que resultó en la muerte de 12 personas? Ángel Nava Rojas, quien era subdirector jurídico de la delegación Venustiano Carranza, fue condenado a 4 años y 11 meses de cárcel. Francisco Javier Casiano Guerrero, médico legista, fue inhabilitado para ejercer el servicio público. Alejandro Sánchez Duarte, agente del ministerio público, recibió 3 años y 6 meses. Todos ellos se encuentran en libertad y no serán encarcelados. Nadie más ha recibido castigo alguno.
Las autoridades del Distrito Federal necesitaban un chivo expiatorio a quien culpar de la tragedia del News Divine. Ahí lo tienen. El gerente del centro de diversión está condenado a 24 años por permitir que algunos jóvenes bebieran. Matarlos no es tan grave, por lo que no hay nadie condenado por los homicidios.
LOS GENERALES
Han sido detenidos formalmente ya los 3 militares de alto rango, entre ellos el general Tomás Ángeles, acusados de colaborar con los Beltrán Leyva. Hasta donde sabemos el peso de la acusación descansa sobre los testimonios de testigos comprados o beneficiados. Así es la justicia de nuestro país.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 2 de agosto de 2012).
La impunidad es indispensable para el funcionamiento de la maquinaria política del país, en donde hay muchos escándalos y pocas sanciones, de poderes fácticos tolerados y estimulados; de corruptos descubiertos pero jamás castigados. No hay denuncias, no se integró el expediente, no es delito grave, es permitida su libertad bajo fianza, sí alcanza fianza simbólica, se fugó de la cárcel de máxima seguridad. Son lugares comunes que estamos cansados de oír. Se habla de corrupción pero no de corruptos, se reservan los nombres por precaución, por no entorpecer las averiguaciones, por no pecar de indiscreto, porque no lo vimos, porque no nos consta, porque no vamos a dispersar rumores, por temor, por respeto a los periodistas muertos.
La evidencia no importa, si hay una buena influencia política que maneje la correlación de fuerzas en el congreso. Cuántas veces hemos oído que ahora sí, la impunidad terminará en este sexenio. Se capacitará a la policía, se sanearán los ministerios públicos; se limpiarán los juzgados de secretarios voraces y jueces indolentes. Se construirán más cárceles, más grandes, más modernas, más seguras.
¿Por qué, si no se puede evitar que entren armas y teléfonos celulares, a las cárceles no comenzamos por utilizar la tecnología disponible para bloquear las señales telefónicas y detectores de metales para las armas?
Perdón por llamarle cárceles, son centros de readaptación social, conocidos como CEFERESOS, que en realidad son escuelas de capacitación para perfeccionar a los reos en sus prácticas delictivas. La red del sistema policial, judicial y penal, más bien es para encarcelar inocentes que carecen de recursos para defenderse; a fabricar culpables, a sembrar pruebas, evidencias y hasta osamentas de cadáveres, todo para maquilar injusticias. Véase la película Presunto Culpable, que retrata la podredumbre de policías, ineptitud de agentes del ministerio público, arbitrariedades de los arrestos, violaciones flagrantes a las garantías individuales; la abulia de los jueces para guiarse por las pruebas acumuladas en el expediente, sin profundizar en los casos y soslayando la aplicación de la justicia. Se condena sin más, aunque existan dudas razonables sobre la culpabilidad de los acusados. En el derecho penal, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. En México, el inocente tiene que litigar para demostrar su inocencia.¿En qué momento de la incruenta historia de la justicia mexicana se cambió la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad?
Todo el sistema de justicia huele a podredumbre. ¿El presidente electo tendrá la voluntad de reestructurar todo este embrollo?
Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 2 de agosto de 2012).
Ayer el director comercial y operativo de Soriana, Humberto Fayad, explicó que la única forma de que el PRD y López Obrador pueden desligarse de este asunto, es exhortando a sus seguidores a no involucrarse en actos ilegales. "Dejen de estar manifestándose como lo hacen y que a sus afiliados los llamen a actuar con legalidad".
Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, le respondió a Fayad y dijo que sus acusaciones son infundios, "en lugar de contribuir al esclarecimiento de la elección presidencial y de explicar la clase de tratos que tuvo o tiene con el PRI, la empresa se coloca en una actitud defensiva y de gran irresponsabilidad al hacer acusaciones totalmente falsas y temerarias".
El Movimiento Progresista, conformado por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, denunció al PRI por presuntamente haber utilizado tarjetas de prepago de Soriana como "despensas modernas". El Instituto Federal Electoral investiga la queja y tiene en su poder casi 2,500 tarjetas que la izquierda presentó como prueba de que el PRI incurrió en coacción del voto.
El IFE le pidió ayer a los partidos involucrados esperar el resultado de la investigación, ya que "la información proporcionada es insuficiente para permitir conclusiones responsables".
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 2 de agosto de 2012).
Narro no quiere terminar con la UNAM paralizada y por eso está en alerta de que la protesta estudiantil poselectoral desemboque, precisamente, en un escenario de huelga como el que tuvo que enfrentar su antecesor Francisco Barnés de Castro en 1999-2000 y que terminó dejándole una imagen política muy deteriorada de la que apenas se repuso despachando de subsecretario de Energía un sexenio después.
No son gratuitos los temores:
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 31 de julio de 2012).
Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.5-B del periódico El Informador del 31 de julio de 2012).
¿Qué? La guerra por dividir a México porque esto ya no es un asunto ni electoral ni mediático, es una cuestión de rencor, de manipulación, de imposición.
Los caminos para invalidar una elección y para exigirle otra clase de contenidos a las televisoras no son los que personalidades como Andrés Manuel López Obrador están utilizando y ahí viene la campaña mediática.
¿A qué me refiero con esto? A lo que algunos partidos políticos van a sacar en radio y televisión aprovechando sus tiempos oficiales.
Si usted pensaba que los spots que habíamos padecido durante las campañas electorales habían sido aberrantes, prepárese porque solo fueron el principio.
Vienen más anuncios, peores y nada más las izquierdas traen unos spots delicadísimos, además de que atentan contra los derechos de varias personas y empresas.
¿Quién autoriza esto? ¿Por qué los partidos se mandan solos? ¿Por qué los medios están en la obligación de someterse a sus caprichos? ¿Por qué usted y yo nos tenemos que chutar sus ocurrencias mientras vemos la tele y escuchamos la radio? ¡Por qué!
¿Pues cómo es ésta campaña? Ahí la va el primer spot, el que va a salir en unos cuantos días y que desde hace tiempo está disponible en las páginas del IFE.
Sobre una pantalla en negro aparece la frase "La Presidencia de México no se compra", misma que es leída con rigor por la voz de un locutor profesional.
Acto seguido, emergen varias gráficas, la leyenda "Manipulación de encuestas" y un clip con Ciro Gómez Leyva, en Tercer grado de Televisa, como editado, torpe, afirmando: "faltan dos meses y medio. La elección presidencial ya está definida".
Luego entran varios monederos electrónicos con el logotipo de Soriana, una imagen de Enrique Peña Nieto, sonriente, levantando el pulgar en señal de triunfo, el letrero: "Compra de votos" y un video de una señora diciendo: "Vote por el PRI y le damos su tarjeta".
Por si esto no fuera suficiente, aparecen diferentes imágenes de billetes, la frase "Lavado de dinero" y otro clip, con la voz de Carmen Aristegui, extraída de su noticiario de MVS Radio, igual, como editado, incompleto, exclamando: "con tarjetas Monex que hay indicios de lavado de dinero".
Regresamos a la pantalla en negro, a la voz del locutor original y a unos textos que señalan:
"Hemos aportado miles de pruebas suficientes para invalidar la elección. El destino de México no tiene precio". Punto. Así, sin conclusión.
Ni nos aclaran eso de "suficientes" ni dicen lo que van a hacer. Ya sembraron la discordia, ya se fueron y ahí están sus tiempos oficiales muy bien invertidos.
¿Y quién firma? Una agrupación de nombre Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. Y luego, o aparece el logotipo del PRD, o el del PT o el de Movimiento Ciudadano más una dirección de internet "amlo.si".
Por donde quiera que se le mire, esto es un atentado.
¿Qué es el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México? ¿Quién le dio permiso de colgarse de los tiempos oficiales de nuestros medios de comunicación?
¿En qué momento Ciro Gómez Leyva, Televisa y Tercer grado firmaron una autorización para que su imagen y sus palabras fueran utilizadas con fines propagandísticos?
Carmen Aristegui ya aclaró en "MVS Noticias" que ella jamás dio permiso para que su voz formara parte de esta campaña.
¿Por qué se la agenciaron? ¿Las izquierdas no se dan cuenta del daño que le pueden ocasionar a esta periodista?
No estamos hablando de crestomatías porque no se trata de un trabajo de investigación o de análisis. ¡Es publicidad!
Ciro, Carmen y hasta el mismo Enrique Peña Nieto pueden demandar. Y ni hablemos de Soriana o de Monex. ¡Cuál es la idea!
¿Por qué democracia y dignidad son sinónimos de AMLO? ¿Por qué en la democracia y la dignidad solo puede ganar López Obrador? ¿Por qué seguimos en campañas si eso ya se acabó? ¿Por qué?
¿Sabe usted el impacto emocional que un anuncio así puede tener en el pueblo de México? ¿Ya se puso a pensar en todo lo que puede generar a nivel inversión y certidumbre?
Alvaro Cueva
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 29 de julio de 2012).
Después de que el 12 de julio ex candidatos a la presidencia municipal impugnaron la elección en El Salto, vecinos que han mostrado su inconformidad por el triunfo del priista Joel González volvieron a manifestarse, pero ahora en la carretera a Chapala frente al Club de Golf Atlas.
Alrededor de 500 personas cerraron 3 carriles poco después de las 18:00 horas y avanzaron con dirección a Periférico.
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 28 de julio de 2012).
La estrategia no es prerrogativa de un solo partido. Tanto el PRI como los partidos de izquierda parecen haber recurrido a empresas e instituciones paralelas para financiar de manera ilegal sus esfuerzos electorales.
Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de Enrique Peña Nieto, ha señalado que el PRI contrató los servicios de la empresa Alkino para obtener tarjetas electrónicas que se utilizaron para pagar el trabajo y los gastos de representantes generales y de casilla el día de la elección. Alkino también financió la operación, ya que el gasto fue de 66 millones de pesos y el PRI sólo ha cubierto 4 millones de pesos.
Alkino no parece tener ninguna experiencia en servicios financieros como éstos. Subcontrató, de hecho, los servicios de otra, Atama, que es un simple membrete. Los 66 millones de pesos se gastaron en personal contratado para el día de la elección que atendió las 143,000 casillas del país. El artículo 229 del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales señala que los sueldos y gastos del personal eventual de los partidos serán considerados gastos de campaña, pero el PRI ha decidido clasificar estos 66 millones como gasto "ordinario" para evitar un rebase del tope de campaña de 336 millones de pesos.
Ahora bien, no sólo el PRI ha buscado formas de violar la ley electoral que él mismo aprobó. También lo han hecho los partidos de izquierda que, para este propósito, inventaron dos asociaciones civiles. La primera es Honestidad Valiente, creada el 14 de septiembre de 2006, el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador levantó el plantón del Paseo de la Reforma. Honestidad Valiente recibió aportaciones de ciudadanos, legisladores y funcionarios políticos que permitieron financiar la campaña electoral que desde ese entonces -cuando no era legal-- empezó López Obrador para la elección del 2012. En el caso de los legisladores, éstos hacían los aportes de los fondos que generosamente les entregan las cámaras para los gastos inherentes a la función legislativa y sobre los que no tienen que rendir cuentas.
En 2007 se creó Austeridad Republicana, otra sociedad de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, sólo que con la capacidad de ofrecer servicios profesionales. Los integrantes tenían buenas conexiones políticas. Dos meses después de formada, la asociación logró un contrato para la digitalización del padrón fiscal del Distrito Federal. A éste siguieron otros contratos. Según el PRI, Austeridad Republicana no paga impuestos y no está dada de alta como patrona en el Instituto Mexicano del Seguro Social; es una simple empresa fantasma para transferir dinero del gobierno del Distrito Federal, y de otras administraciones perredistas, a la campaña de López Obrador.
Las autoridades electorales tienen la obligación de revisar las operaciones de Alkino, Honestidad Valiente y Austeridad Republicana. Habrá que ver qué encuentran, pero la misma complejidad de las investigaciones hace imposible prever que se tengan resultados antes de la decisión del Tribunal Electoral sobre la validez de la elección.
A reserva de conocer los resultados de la autoridad, yo me quedo con la idea de que tanto el PRI como los partidos de izquierda establecieron topes y tiempos de campaña en la ley sólo para violarlos... y que han utilizado empresas fantasma en su intento por engañar al IFE.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 26 de julio de 2012).
(V.pág.8 del periódico Mural del 26 de julio de 2012).
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 24 de julio de 2012).
En las playas de este municipio tienen fincas de descanso personajes como el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, ha sido escenario reciente de bodas de políticos de alto rango del gabinete de Felipe Calderón o de fiestas para miembros del jet set internacional.
Uno de los aspectos sociales de nuestra Constitución fue el reconocimiento de la propiedad colectiva, tanto a comunidades como a bienes comunes administrados por la nación. Por lo tanto, todas las playas son propiedad de la nación, es decir, para disfrute público. Pero aunque la ley lo impide, en la práctica las playas han dejado de ser públicas y se han privatizado.
Este proceso implica despojo del territorio para las comunidades que han habitado estas tierras y por lo general el despojo se acompaña de hostigamiento, encarcelamientos, desplazados, desaparecidos y hasta asesinatos. Todos los municipios de la costa de Jalisco tienen casos de pescadores, ejidatarios o comuneros que enfrentan procesos penales promovidos por inversionistas privados o amenazas de grupos de seguridad privada, que se han convertido en las nuevas guardias blancas del país.
A pesar de la violencia que acompaña el despojo de las playas de la costa jalisciense, los gobiernos se ponen de lado de los inversionistas. No sólo eso, sino que promueven este proceso de despojo puesto que se lo ve como un proceso que llevará el "desarrollo" a dichas comunidades.
Lo que ocurre en la costa debe verse como una gran transformación de las relaciones sociales de subsistencia que tenían sus pobladores y comunidades, para dar paso a relaciones de propiedad privada de la tierra y procesos acelerados de conversión del trabajo libre e independiente por el trabajo asalariado bajo sujeción patronal.
Rubén Martín
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de julio de 2012).
Carlos Corvera Gibsone
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 23 de julio de 2012).
[Los delitos de los funcionarios del gobierno nunca son graves... para algo hacen ellos mismos las leyes - el webmaster].
El fortalecimiento de estado de derecho siempre está en el discurso, pero por lo visto es demagogia, y lo será hasta que no se ponga un hasta aquí a estas decisiones y conductas en y desde la autoridad.
Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de julio de 2012).
La exigencia de anular la elección no está sustentada en errores de conteo electoral, sino en el contexto que envolvió a la elección. En este sentido, el caso Monex, que ha unido a las dirigencias del PAN y del PRD, se ha convertido en el alegato más sólido de la izquierda para respaldar la acusación de que el tricolor compró voluntades a través de flujos abundantes de recursos económicos.
La trama Monex es una triangulación de recursos económicos del PRI. El tricolor, a través de un intermediario cercano a la campaña de Enrique Peña Nieto (la empresa Alkino Servicios y Calidad), accedió a un poco menos de 8,000 tarjetas electrónicas donde el partido depositó más de 66 millones de pesos para operación y movilización política. Es decir, el PRI accedió a estas tarjetas con la intención de transferir recursos a la estructura partidista encargada de tareas como llevar electores a las casillas el día de la elección o fungir de funcionarios de casilla del partido.
Además de esos recursos, el PRI pagó, según datos que ha aceptado Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de la campaña de Peña Nieto, también pagó 1'682,000 pesos por concepto de comisión por la prestación del servicio y más de dos millones y medio por la gestión del financiamiento.
En el plano judicial, los partidos de izquierda enfrentan un dilema: la determinancia, tesis jurídica a la que alude la campaña de López Obrador para anular la elección, requiere de pruebas sólidas que demuestren el vínculo entre la prebenda y el voto y, posteriormente, demostrar que las irregularidades son suficientes para revertir una elección con una distancia de más de 3 millones de votos.
Los casos de Monex y Soriana son la línea material y probatoria de la impugnación, ya que el tema de la influencia de las encuestas o el impacto de los medios de comunicación en el proceso electoral, son causas abstractas y subjetivas, que plantean dificultades probatorias.
El dinero invertido por el PRI en la compra de tarjetas constituye alrededor de 20% del tope de campaña estipulado por los partidos políticos en la ley electoral. Sin embargo, la ley electoral de 2007 no contempla el rebase de tope de gastos de campaña como una causal de nulidad, solamente contempla una multa. Así, especialistas en la materia advierten que si la izquierda y el PAN demuestran que el PRI rebasó por mucho los topes de campaña (dice el PRD que el PRI gastó más de 4,500 millones de pesos), la aspiración no es la invalidez de la elección, sino una multa histórica que disuada el uso indiscriminado de recursos en las elecciones.
Motivos válidos en la ley:
A partir de la reforma de 2007, las causales para anular una elección son: cuando el presidente electo sea inelegible según la ley; cuando no se instale 25% de las casillas o cuando se acrediten irregularidades en 25% de las casillas (compra de voto, violencia física a funcionarios, etc.).
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de julio de 2012).
Muy diferente es, sin embargo, leer en la prensa internacional que el sistema financiero se prestó para lavar dinero del narcotráfico, y que el regulador actuó magramente, mirando y conminando únicamente al cierre de algunas cuentas y sucursales (caso HSBC); que cientos de tiendas de autoservicio fueron abiertas y siguen operando luego de haber corrompido a un nutrido número de funcionarios locales (caso Walmart), y que en las loterías del Estado es factible una confabulación de funcionarios y empresas privadas para robar un sorteo millonario (caso Melate).
Un empresario puede decidir invertir en México si ve que la violencia está circunscrita a las pandillas del narco, pero se lo pensará 2 veces si ya leyó que todo el sistema está impregnado de corrupción y falta de respeto a la ley. Es el país que recibirá Peña.
Carlos Mota
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 20 de julio de 2012).
Ahora, desde aquí mismo, líderes de 300 organizaciones sociales anuncian movilizaciones en todo el país con un objetivo último: impedir que Enrique Peña Nieto rinda protesta como presidente de México el 1 de diciembre. En el inter, anticipan otras acciones igualmente radicales: el 22 de julio nuevas marchas anti Peña; el 27, la toma de instalaciones de Televisa; el 1 de septiembre una megamarcha del TRIFE a la Cámara de Diputados en protesta por el Sexto Informe del presidente Calderón y contra la toma de posesión de diputados y senadores de todos los partidos; entreveradas, tomas de casetas en carreteras y boicots a las tiendas Soriana. Y el 1 de diciembre, el cerco total al congreso.
Hasta ahora, se han congregado agrupaciones tan diversas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los comuneros de Cherán, Michoacán, el Sindicato Mexicano de Electricistas y desde luego los de Atenco, organizados en el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Por supuesto que hubo una numerosa representación del #YoSoy132, pero ellos me aclaran que será en sus propias asambleas cuando decidan en qué grado se involucran con los acuerdos de la Convención, en qué acciones habrán de participar y en cuáles se abstendrán. Por cierto, hablando de jóvenes, se presume ya una natural conexión de los 50,000 frustrados y furiosos rechazados de nuestra UNAM y el #Yo soy 132, con todo lo que ello puede implicar.
En cualquier caso, si se llevaran a cabo la mitad de las acciones previstas, ya tendríamos de qué preocuparnos. No se necesita recurrir al catastrofismo para avizorar días de truenos en más de un sentido. En los que los riesgos de violencia se multiplican dada la propia naturaleza de las movilizaciones sociales. Es verdad que hasta ahora no ha habido siquiera heridos graves. Pero también es cierto que el peligro de una pérdida de control estará ahí, latente, en cualquier lugar del territorio donde tendrán lugar estas manifestaciones.
Por lo pronto, lo asombroso es que ninguno de los gobiernos, federal o estatales, parecen muy intranquilos al respeto. No para reprimir, que es el escenario indeseable, sino para intentar desactivar los estallidos que vienen. Tenemos un gobierno débil, de salida y aparentemente fatigado. Incapaz e inhabilitado para sentar a los opuestos en la mesa e intentar alcanzar acuerdos entre ellos. Tampoco se ve a nadie con la fuerza moral suficiente para contener enconos y privilegiar el diálogo.
Ricardo Rocha
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de julio de 2012).
Las inconformidades explotables:
Se trata del abandono en los hechos de la vía jurídica para hacer valer un improbable triunfo electoral, supuestamente frustrado por un comprador de votos de tal delicadeza selectiva, que sólo se interesó en adquirir los sufragios para presidente, dejando libre la voluntad del vendedor para votar por los candidatos a gobernadores y a legisladores del partido de AMLO.
Es cierto que en 2012 no existen los elementos de hecho y de derecho de 2006 para cuestionar el resultado electoral, pero hay más inconformidades sociales acumuladas, explotables con fines de protesta postelectoral. Unas son más atendibles que otras: sindicalistas que se quedaron sin compañía de luz; ejidatarios polarizados tras el maltrato que en todos los órdenes les infligió la mala gestión expropiatoria para el frustrado aeropuerto de Atenco; comuneros dejados a merced de talamontes protegidos por bandas criminales; estudiantes convencidos de que el sistema mediático impuso al ganador y, entre muchos otros agraviados en un país de los atrasos y desigualdades del nuestro, ahora se unen las decenas de miles de rechazados de la UNAM.
José Carreño Carlón
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de julio de 2012).
La otra es que censuramos todo intento de chantaje, de amenaza, de acción directa que salga de esos cánones. No se puede amenazar o tratar de impedir que sesione el Tribunal Electoral, no se puede chantajear a la sociedad con tratar de impedir que funcione un grupo de comunicación privada (se refería a Televisa), no se puede admitir que se amenace con cercar el congreso para impedir el cambio de gobierno o la toma de protesta del nuevo congreso.
Carlos Flores Rico, diputado federal priista.
Nosotros respetamos la libertad de expresión, la libertad política. Entendemos estas expresiones que hacen estos movimientos, pero la ley es la ley; la Constitución es muy clara y prevé perfectamente el método y las fechas en que debe instituirse el congreso y el ejecutivo federal.
Confiamos en que haya una reflexión muy profunda para que este tipo de actos que pretenden impedir que se cumpla la ley no beneficia a nadie, no son realmente una expresión política, sino que se convierten en un intento de torcer la ley.
Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal priista.
Bienvenidas todas las manifestaciones siempre y cuando sean legales, porque el que se sustrae a ese marco de la ley entonces se tendrá que enfrentar a las instituciones del Estado.
Carlos Alberto Pérez Cuevas, diputado federal panista
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 17 de julio de 2012).
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de julio de 2012).
El bloqueo inició desde las 11:00 horas de este lunes y han decidido no levantarlo hasta que los atienda el gobernador de estado, Ángel Aguirre.
Los más de 300 campesinos que están apostados en el punto conocido como la "Y", acusaron al presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Carlos Armando Bello Gómez, de no otorgarles ni fertilizantes ni apoyos para el campo.
Los inconformes son provenientes de las comunidades del Ticui, Santiago de la Unión, Río Santiago, Llano de Santiago, San Juan de las Flores, Colonia Benito Juárez, Canales de Río Chiquito, el Comité de defensa popular; El Paraíso, La Pintada, San Vicente, San Martín de las flores, El Molote , Tixtla, Vainilla, Santa cruz de la unión, entre otras.
Los campesinos han permitido el paso únicamente a 3 ambulancias.
(V.periódico El Universal en línea del 16 de julio de 2012).
Vicente Bello
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 16 de julio de 2012).
La ley es forma y es rigor; la eficacia del proceso judicial para salvaguardar derechos es limitada y tiene un cauce que al quejoso puede parecerle muy estrecho, pero esto es garantía para todos; un juez con amplios poderes discrecionales es una bendición si de ángeles se tratara, es una maldición en el mundo terrenal, sobre todo en procesos de única instancia. El reclamo de López Obrador ahora transita a los tribunales; es bueno que así sea porque da oportunidad de valorar dichos y pruebas, pero esto debe tener lugar con las formalidades del proceso, garantía y premisa necesaria para un juicio justo. No hay justicia que no sea formal y es preocupante que, desde ahora, el quejoso no solo ponga en tela de juicio al juez, también que dicte cómo debe operar la justicia.
¿Se conformará López Obrador con la decisión final del Tribunal Electoral, si la resolución confirma lo que hasta hoy ha prevalecido, que es la legalidad de los comicios? Es evidente que no. Si millones de votos no le convencieron, mucho menos el de los 7 magistrados. ¿Qué sigue? Ya está en el libreto: mandar al diablo a las instituciones e iniciar un largo peregrinaje rumbo al 2018.
Los problemas del país continúan. El déficit de legitimidad se vuelve caldo de cultivo para el chantaje y para el descrédito a las instituciones. Esta insuficiencia no puede resolverse con golpes espectaculares que reaviven la vena autoritaria, como ocurrió después de los comicios de 1988; tampoco con acuerdos dominados por el chantaje de los perdedores como en 2006. La legitimidad democrática tiene como fundamento la legalidad y las instituciones, su vigencia está en el actuar de la autoridad, en su capacidad para cumplir su tarea.
Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 15 de julio de 2012).
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2012).
El despojo avanza a pasos agigantados también en otros ámbitos: una cuarta parte del territorio del estado está repartido en concesiones mineras, y el avance de la especulación urbana en la zona metropolitana de Guadalajara ha invadido más de la mitad los terrenos de recarga de agua. Son ejemplos concretos de cómo el despojo capitalista avanza y nos afecta a todos, no únicamente al pueblo despojado.
El despojo ocurre por todo el territorio nacional, encontrando firmeza y resistencia en muchas comunidades y pueblos. Lamentablemente las resistencias están saliendo muy caras, como atestiguan la desaparición y muerte de pescadores en la costa de Jalisco y las muertes de comuneros en Ostula, Cherán, Guerrero, Oaxaca, etc.
Y todo esto no pasa por las elecciones. Ningún partido o candidato lo tocaron. Debe ser porque no importa el color o la ideología del partido, todos los gobiernos permiten el avance del despojo.
Rubén Martín
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de julio de 2012).
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de julio de 2012).
Los elementos de nulidad concretos deben ser verificables y exigen, primordialmente, pruebas que soporten un procedimiento jurídico. No los tiene, al menos no en número y contundencia suficientes y por ello apela a la interpretación de que los comicios no fueron "libres ni auténticos" y que por ello se debe anular. La fuerza probatoria quedaría entonces en el discurso, en la contundencia de la retórica y el aval que da por sentado de esos 16 millones de sufragios que lo colocaron en el segundo lugar, según las cifras de una institución electoral como lo es el IFE, al que ya desacredita.
Ahora, el fondo: AMLO sabe perfectamente que su lucha será meramente testimonial y que no tendrá mayores efectos jurídicos; sabe también que encausarla por la vía de la movilización y la protesta sostenida le abre en lo personal, más ventanas de riesgo que opciones reales de cambiar el orden de las cosas.
Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 14 de julio de 2012).
Si existiera un delito, la actuación de la autoridad ministerial sería contra las personas que la realizaron y en el supuesto exceso en gastos de campaña solo puede multar al partido que incurrió en ello, sin que estas sean, insisto, causales de nulidad y mucho menos la publicación de encuestas o la alegada inequidad de medios que no coincide con los informes de monitoreo presentados por el propio IFE y que en su momento avalaron todos los consejeros electorales, ya que no existe la Jurisprudencia de la Nulidad Abstracta.
Es urgente se pronuncien las últimas instancias legales para que regrese la tranquilidad a nuestro país y podamos retomar la inversión y vender en el exterior seguridad al inversionista extranjero. Las marchas y plantones solo abonan al clima de inseguridad e insultan a todas aquellas personas que en un genuino acto ciudadano participaron en la jornada electoral.
En Jalisco, las cosas se complican para el presidente del Supremo Tribunal y del secretario del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde señalan varias personas despedidas que a pesar de que un juzgado de distrito les otorgó la suspensión provisional, estos se negaron a reinstalarlas, acompañando en su informe justificado, documentación que a juicio de los despedidos fueron alterados, situación que de llegar a probarse pudiera concluir en la actuación de Ministerio Público Federal; todos los abogados confiamos precisamente en la justicia federal ya que si así estamos en la institución que imparte justicia en el estado, ¿qué será de los comunes mortales que lo sufrimos?
Héctor A.Romero Fierro, auditor, contador público, abogado y corredor público
(v.pág.32 del periódico Milenio Jalisco del 13 de julio de 2012).
Políticos tan distintos como el legítimo Andrés Manuel López Obrador o el espurio Felipe Calderón se rasgan hoy las vestiduras, pero no han buscado que el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales prohíba la compra. Esta ley sólo proscribe "los actos que generen presión o coacción a los electores" (artículo 4, párrafo 3) o "la utilización de programas sociales y de sus recursos... con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato" (artículo 347, 1, e).
La prohibición concreta la encontramos en el artículo 403, pero del Código Penal Federal: "Se impondrán de 10 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien... VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral".
La compra de votos se sanciona con multa o cárcel, pero por sí misma no es causal de nulidad de una elección. Además, es muy difícil de probar. "Al amparo del voto secreto, demostrar que el voto es comprado es imposible" según Arturo Núñez, gobernador electo de Tabasco y exdirector del IFE.
La ley hace que las investigaciones sobre faltas administrativas o financieras de partidos o candidatos se prolonguen mucho más que la calificación de una elección. El Pemexgate, una aportación de 500 millones de pesos en efectivo del Sindicato Petrolero a la campaña de Francisco Labastida en 2000, se castigó con una multa al PRI de mil millones de pesos, la cual no fue ratificada por el Tribunal Electoral sino hasta el 13 de mayo de 2003. En este 2012, aun si se presenta un número suficiente de quejas por compra de votos, lo más probable es que las investigaciones no concluyan sino hasta mucho después de que el tribunal decrete la validez o anulación de la elección.
Paradójicamente, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, José Luis Vargas, promovió en 2011 una iniciativa para ampliar el Catálogo de Delitos Electorales que al parecer habría dado más armas a las autoridades para combatir la compra de votos. Los partidos, sin embargo, la congelaron. El mismo presidente destituyó al fiscal Vargas en febrero de este 2012.
Es probable que al final todos los esfuerzos por castigar la compra de votos resulten infructuosos. Si las adquisiciones se hicieron con tarjetas electrónicas, como afirma López Obrador, habrá cuando menos huellas del delito (y los operadores habrán demostrado una ingenuidad que no tenían en el pasado). Pero subsiste el viejo problema que señala Núñez de cómo relacionar un pago con un voto.
Quizá sea más eficaz cambiar de actitud. Un lector de Mezcales, Nayarit, Salvador Estrada Leyva, señalaba ayer en un escrito al periódico Reforma: "El ciudadano vendió su voto... ¿Y qué? Es suyo."
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 12 de julio de 2012).
El desánimo por los resultados que pudiera arrojar una impugnación también está en la misma izquierda.
El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez (PRD), uno de los artífices en el Senado de la reforma electoral de 2007 y miembro del equipo jurídico de López Obrador desde 2006, reconoció que "es imposible" demostrar que el voto fue comprado, y que lo único que se podría documentar como irregularidad sería la coacción del voto que se da fuera de la casilla y antes y después de votar.
Jesús Ibarra Cárdenas, doctor en derecho público y especialista en derecho fundamental y democracia, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, recuerda otro suceso: el movimiento #YoSoy132. El académico lo califica como desenfocado, pues señala que el problema no está en el IFE sino en los partidos: una cosa es el conteo de votos, otra la manipulación de preferencias electorales, lo que tiene que ver con campañas y lo sucedido antes del 1 de julio. Existen elementos para señalar que hubo un esquema desde los grupos de poder y los partidos para manipular la elección, lo que es distinto a implementar un fraude electoral desde el Estado.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de julio de 2012).
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de julio de 2012).
La inequidad en la contienda era una causal que existía en la anterior legislación, cuando esta ley se hizo se consideró adecuado quitarla al fijar las nuevas reglas, que debo decirlo en mi opinión es una legislación farragosa que entienden muy pocos, de los que me excluyo, pero esa es la ley que debe cumplirse; si la ley no nos gusta debe hacerse otra y así, suponiendo que la compra genérica de votos, que fue utilizada según muchos por todos los partidos, creemos debe sancionarse, pues hay que incluirla en la ley ya que por ahora, suponiendo se hubiera dado, no está especificada como causa de anulación. Está sancionada la compra individual de votos que considero sería casi imposible de probar en las cantidades necesarias para anularla.
Por tanto deberemos esperar el resultado de las impugnaciones que debo decirlo en la inmensa mayoría de ocasiones son infructuosas porque no basta señalar los hechos que se consideran violatorios sino que deben probar con evidencia por lo que creo que el que impugna no gana pero sirve para que se le quite el coraje.
Carlos Enrigue
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 8 de julio de 2012).
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 5 de julio de 2012).
Hay nuevas. Este capitán está a punto de quitarse de encima ese cliente para el que debe trabajar a fuerza, por orden de un juez, pero antes está ese mismo juez.
Recuerde que su cliente fue declarada en concurso mercantil en septiembre del 2010. Ya entonces le debía 85 millones de pesos por servicios informáticos.
Una vez que el administrador y conciliador José Gerardo Badín acomodó el perchero y ajustó la altura de su silla en su oficina en Mexicana, el juez Felipe Consuelo Soto ordenó a HP que brindara sus servicios, le pagaran o no, porque son indispensables para mantener encendido el "piloto".
Así han pasado casi 2 años. A veces, Badín sí paga por los servicios que HP le presta y a veces, no.
A principios de junio, HP reclamó que había pagos pendientes por 584,000 dólares, a lo que parece que Badín ya se apiadó y liquidó algo de esa deuda equivalente a unos 8 millones de pesos.
Pero en el fondo, Langagne y su equipo quieren rescindir este contrato.
Al final del mes pasado, Consuelo rechazó la rescisión, con el argumento de que Mexicana no puede vivir sin HP.
Pero este miércoles, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil amparó a HP contra esa sentencia.
Los magistrados resolvieron que el argumento de que los servicios de HP son vitales, no puede ser la base para obligar a la empresa a seguir laborando para Mexicana, pues eso viola la libertad de trabajo prevista en la Constitución. Poca cosa.
Ahora Consuelo debe dictar nueva sentencia, en la que tendrá que revisar si Mexicana cumplió sus obligaciones contractuales con HP.
Obviamente no las ha cumplido y procede la rescisión, pero estime usted unos tres meses para la emisión de un nuevo fallo.
(V.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 5 de julio de 2012).
El mismo López Obrador dijo: "Es imposible que haya otro fraude electoral, porque nosotros tenemos vigiladas todas las casillas". ¿Y que pasó?, sólo cubrió el 50% y 'ora sale con que el fraude imposible... fue posible. En consecuencia, el señor se inconforma y pone a temblar a todo el mundo. ¡Huy, qué meyo!, ya se enojó El Peje y nos va a cerrar el Paseo de la Reforma y sus hordas de ninis y vándalos van a destruir impunemente lo que encuentren a su paso en todas las ciudades del país, porque la autoridad tiene meyo de actuar como fuerza pública y si golpean a uno solo de estos pendencieros se les echan encima Derechos Humanos y la tele. Pero ya es necesario que resuelvan tanto problema provocado por un político que no sabe aceptar la derrota. ¿Qué somos? ¿Hombres o payasos?
Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 5 de julio de 2012).
Además, y siguiendo en el marco estricto de la ley, está obligado a hacerlo a través de los cauces legales, en los plazos y ante los órganos que la propia ley establece. Un litigio no tiene que ser sinónimo de conflicto. La movilización no debe transitar a la violencia.
Ricardo Rocha
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de julio de 2012).
El caso de Guadalajara es un ejemplo. Su Reglamento de la Administración Pública Municipal (artículo 32, fracción VIII) reconoce la facultad concretamente en el titular de la Secretaría General. La atribución no se fiscaliza porque no hay norma que restrinja su uso, y no hay manera de comprobar si respeta o transgrede una regla. Es eminentemente discrecional porque se deja "al arbitrio o buen juicio" del funcionario o a su "antojo o voluntad, sin tasa ni limitación.
Si un ciudadano argumenta a su favor que la multa estuvo mal aplicada, el reglamento no exige que se constate en campo que así fue; si otro aduce que no puede pagarla, no hay por qué evaluar su situación socioeconómica. Todo es valoración y criterio del secretario general.
A ella recurren desde los pobres hasta los más poderosos. O como dice quien fue el titular de la dependencia hasta el 17 de mayo, Roberto López Lara: "Desde el ciudadano común y corriente, hasta el encumbrado". Por eso la define como atribución reglamentaria y como todo un "uso y costumbre".
En las oficinas de la Secretaría General, el funcionario que ostenta la atribución debe negociar por igual con ciudadanos que tienen una multa de apenas 300 pesos, hasta inversionistas con sanciones que rondan los 700,000 pesos.
Sólo entre agosto de 2010 y octubre de 2011 López Lara condonó 50% sobre 12,100 multas, y dejaron de ingresar 18.8 millones de pesos. La oficina se reservó dos datos: el nombre del beneficiario y de parte de quién venía.
(V.primera plana del periódico El Informador del 27 de junio de 2012).
Vecinos, comerciantes, visitantes y las mismas autoridades invaden zonas prohibidas para estacionarse. Los residentes incumplen el mantenimiento de sus propiedades y áreas verdes, los dueños de fincas con valor patrimonial ignoran las normas y modifican los inmuebles; los vendedores ambulantes se instalan ilegalmente, mientras los comerciantes establecidos invaden banquetas con sus mercancías y fallan en el manejo de la basura. La lista de irregularidades es grande, pero ni siquiera los políticos cumplen las reglas e instalan propaganda dentro del perímetro prohibido de Federalismo-La Paz-Calzada Independencia-Hospital. Los reglamentos son letra muerta.
En términos jurídicos, las violaciones ocurren en varios artículos de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, así como en los reglamentos de Estacionamientos, Imagen Urbana, Policía y Buen Gobierno, Gestión del Desarrollo Urbano, Anuncios, Conservación del Patrimonio Cultural y para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, entre otros.
El desorden arranca desde el amanecer. El paso de 2,500 unidades del transporte público asfixia la zona, pero la situación se agrava con 35 terminales ilegales que obstruyen el tránsito. La autoridad estatal permitió desde hace 20 años que el sector camionero invadiera y convirtiera la vialidad en un caos por la falta de un sistema eficiente.
Este congestionamiento vial se agrava con el estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas (doble fila, líneas amarillas y rojas, así como en rampas para discapacitados). Afuera del Congreso del Estado, empleados y diputados ponen el mal ejemplo y se estacionan en uno de los 2 carriles de la calle Independencia. Por su parte, los "apartalugares" laboran en los sitios de mayor concurrencia y literalmente se apropian de las calles. Por eso esta actividad es considerada como el más alto indicador de corrupción en el país, según Transparencia Internacional.
Otro tema que afecta la imagen urbana y el comercio establecido es la presencia de ambulantes, sobre todo después de las 18:00 horas. En 2006 fueron reubicados en el subterráneo de Plaza Guadalajara, pero el sótano es utilizado como bodega de ambulantes que salen a las principales plazas y andadores.
El remate: a 3 cuadras de la Presidencia Municipal persiste la venta ilegal de medicinas, en la zona del Santuario.
(V.primera plana del periódico El Informador del 26 de junio de 2012).
Las leyes mexicanas han prohibido desde siempre la trata de personas. Miguel Hidalgo proscribió la esclavitud, so pena de muerte, el 6 de diciembre de 1810. La república independiente lo hizo el 15 de septiembre de 1829. Desde entonces ha sido ilegal en México retener a una persona en contra de su voluntad para hacer trabajos o actividades de cualquier índole.
En México, por otra parte, es legal la prostitución. La nueva ley no la prohíbe. Se proscribe desde hace tiempo el lenocinio, que es la conducta que sanciona la nueva legislación, la cual no añade nada en este tema a las leyes que ya existían.
Lo que sí es nuevo bajo el artículo 33 de la nueva ley es el castigo, con penas de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa, "a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que... publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma".
Esta disposición viola las libertades de expresión y publicación que protegen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Busca castigar a editores o ejecutivos de medios que publiquen anuncios de prostitución, a pesar de que la prostitución sigue siendo legal en nuestro país. El propio presidente Calderón dijo el 13 de junio, al firmar la iniciativa, que se castigará a quienes publiquen estos anuncios aunque los servicios "se disfracen de actividades legales". Esto quiere decir que los medios de comunicación tendrán que convertirse en investigadores de las actividades personales de quienes acudan a contratar publicidad.
Pero la letra de la ley es mucho peor de lo que presume el presidente. El artículo 33 habla de publicar "contenidos", y no sólo anuncios, "a través de los cuales [se] facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma". Con esta ley el gobierno mexicano no solamente habría encarcelado a Vladimir Nabokov, autor de Lolita, sino también a su editor y al director de comercialización de la editorial.
Un problema similar surge del artículo 34 que castiga con 2 a 7 años de cárcel a quienes, "a sabiendas", den en comodato, arrienden o alquilen un bien inmueble, casa o habitación en que se cometan delitos tipificados en esta ley. Se sanciona no a quien participa en la trata sino a quien alquila un bien raíz. Si bien es cierto que la ley específica que el castigo se aplicará a quien lo haga a sabiendas, sabemos lo difícil que es demostrar ante un juez que uno no sabía que un inmueble se usaría para un fin ilícito.
Son tiempos electorales y los políticos buscan promoverse con leyes populares. Pero esta ley no sólo no aporta nada a combatir la trata sino que afecta derechos individuales muy importantes.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 21 de junio de 2012).
El sector empresarial reprobó ayer al magisterio disidente que, por 3a.semana consecutiva no da clases, bloqueó varios puntos de Morelia, prolongó el plantón en la zona turística más importante y provocó pérdidas económicas.
Luisa León, presidenta estatal de la Conferencia Patronal de la República Mexicana, estimó en un 50% las pérdidas en la actividad económica del centro histórico.
"Por una parte estamos luchando por atraer inversiones, pero por el otro este tipo de acciones vienen a perjudicar todo el esfuerzo", reprochó.
La líder empresarial lamentó que la capital michoacana con frecuencia sea tomada como rehén de grupos de presión.
"Es una imagen que está perjudicando considerablemente a Michoacán y eso inhibe la inversión y el turismo en el estado", afirmó.
León emplazó a las autoridades a aplicar la ley ante el daño que ocasionan actos como los de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
"Siempre nos hemos pronunciado por la libertad de expresión, pero ésta debe hacerse sin afectar a terceros y es aquí donde exigimos a nuestras autoridades que apliquen el Estado de Derecho. No es posible que como ciudadanos sigamos padeciendo esta situación", emplazó.
En tanto, alrededor de 8,000 maestros fueron desplegados por los cuatro puntos cardinales de Morelia apropiándose de las principales avenidas y del centro histórico donde la CNTE mantiene también un plantón indefinido.
El paro magisterial afecta a más de 350,000 alumnos en Michoacán, de acuerdo con autoridades educativas.
La Asociación de Hoteles y Moteles en Michoacán reportó afectaciones considerables de ocupación debido al conflicto magisterial, pero no dio cifras concretas.
"Esto provoca que los turistas elijan otro destino para vacacionar", comentó Roberto Molina, líder de los hoteleros.
Para la CNTE, los reclamos del sector empresarial obedecen a una estrategia para descalificar al movimiento magisterial.
Jorge Cázares, líder de la Sección 18 de la CNTE, condicionó la suspensión de las movilizaciones a un acuerdo con la administración del gobernador Fausto Vallejo para construir un modelo alternativo de evaluación para la educación y cancelar la Evaluación Universal de docentes.
(V.pág.12 del periódico Mural del 21 de junio de 2012).
Entre los acuerdos, el Gobierno del Estado financiará la realización de un congreso estatal del magisterio disidente, donde se acordarán las modificaciones que planteará el Gobierno de Guerrero a la federación en torno a las particularidades que se deberán contemplar en la Evaluación Universal.
Después de las afectaciones que provocaron con sus movilizaciones y bloqueos, el gobernador se comprometió a intervenir ante las instancias correspondientes para cancelar las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión en contra de los maestros por los bloqueos a vías de comunicación y la destrucción del material de la prueba Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 20 de junio de 2012).
"Algo fundamental, porque se presta mucho a la demagogia, se presta mucho al populismo, señores, los pobres no son delincuentes, la pobreza no está correlacionada con nada, ni con el crimen ni la violencia", señaló.
Quadri de la Torre manifestó que en México existen entidades ancestrales y "profundamente" pobres como Chiapas, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y la incidencia delictiva es sumamente baja.
"Es mentira que haya que esperar a que se termine la pobreza, es mentira que haya que esperar poner por delante políticas contra el combate a la pobreza en materia de seguridad", añadió.
La pobreza, dijo, se combate con crecimiento económico, con reformas estructurales, con políticas sociales bien focalizadas.
"Pero no podemos creer que la pobreza es una condicionante para restablecer la legalidad y el estado de derecho, el desempleo tampoco, de hecho, en los estados más prósperos como Nuevo León son los que están sufriendo una ola de delincuencia".
Ante un foro que interrumpió su discurso de 21 minutos en tres ocasiones para aplaudirle, Quadri expuso que México tiene una tarea titánica para reconstruir el estado de derecho y la legalidad.
Es necesario, dijo, crear una nueva cultura ciudadana en la que se respete la ley y para ello será necesario desarrollar programas educativos desde la escuela básica.
Urgió a la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales que se encuentra en el congreso, pues sin éste, dijo, el nuevo esquema de justicia en México pierde.
El candidato de Nueva Alianza se refirió a la necesidad de crear una policía única y lograr que las entidades federativas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad.
Para lograr que los estados cumplan, mencionó, es necesario revisar y replantear la Ley de Coordinación Fiscal.
"Si nos vamos a atener a la buena voluntad o a la voluntad política de cada uno de los gobernadores que verdaderamente actúan como virreyes, como reyezuelos regionales en un sistema federalista, realmente creo que va a ser difícil avanzar".
En la ley de coordinación fiscal, mencionó, es necesario establecer un sistema de premios y castigos en aportaciones y participaciones federales a los estados que avancen o retrocedan. En la reforma penal, añadió, es necesario que todos rindan cuentas, pero también es fundamental que el gobierno federal y la sociedad los premie o castigue.
También consideró necesario rescatar el federalismo que en la actualidad, dijo, es una ficción. Para ello, propuso la reforma al artículo 115 constitucional que se refiere a las funciones de los estados y el Distrito Federal.
México SOS
Yo he estado en reuniones con Mancera y le he cuestionado esto, porque yo sí vi la averiguación previa; le he cuestionado eso, sobre todo cuando detienen a los Petriciolet, y esta banda dice: "Nosotros secuestramos a Fernando Martí, nosotros lo matamos". Aún más, detienen a la famosa "Güera", la que está en el retén y ella admite su culpabilidad, dice que le da mucha pena con Lorena, que "yo la veía detenida pero ella no estuvo ahí". No hay ninguna prueba sólida que acredite que Lorena González participó en el caso Martí. Le fabricaron 10 secuestros más de los cuales 9 ya fueron desechados por falta de pruebas: quedan 2, el del caso Martí que está sostenido con alfileres y se está cayendo por la falta de credibilidad del único testigo que tienen; y otro más que es algo inverosímil: alguien que acusa a Lorena de que lo secuestró, pero cuando lo están interrogando y le preguntan dónde vive, responde que no sabe. Cosas de este tamaño, inverosímiles.
Lo que ha hecho Mancera con Lorena es una canallada, porque tan condenable es el secuestro como la fabricación de culpables, y ése fue el sello de Mancera. El ex procurador Miguel Ángel Mancera ahora es candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Martín Moreno, periodista autor del libro "Abuso del poder en México"
(v.pág.10-B del periódico El Informador del 16 de junio de 2012).
Digo, hay que comprender a la PGR, con lo atascados que están cárceles y reclusorios, o están convertidos en congales, pues estaría mal andar apañando criminales especializados en periodistas y acabar de incomodar al personal. Y luego, como allá adentro se está mejor que afuera, pues luego ni es verdadero castigo. Sí, mejor que sufran los demonios del arrepentimiento en libertad.
Jairo Calixto Albarrán
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 15 de junio de 2012).
Los docentes advirtieron con no levantar el bloqueo hasta que no sean recibidos por el gobernador Ángel Aguirre, y cumpla su palabra de pronunciarse en contra de las evaluaciones Enlace y Universal, tal y como se comprometió, según aseguraron en la pasada reunión que sostuvieron el mandatario en Acapulco.
Silvia Romero Suárez dijo que la aplicación o no de estas pruebas a los alumnos y maestros no es una facultad del gobierno de estado, sino de la federación, por lo que el gobernador propuso realizar un listado de observaciones del magisterio en cuanto a la evaluación universal, para que a su vez sean planteadas al gobierno federal y éste valore aplicarlas o no.
La funcionaria afirmó que es la minoría la que se opone a esta evaluación, pues aseguró que la mayoría de los maestros de Guerrero que están frente a grupos dando clases, se han pronunciado a favor de esta evaluación, de la cual depende, dijo, su ascenso y la posibilidad de incrementar sus ingresos a través del programa de Carrera Magisterial.
El vocero de la CETEG, Minervino Morán Hernández, responsabilizó a la secretaria de Educación de obstaculizar las negociaciones con el gobernador.
(V.periódico El Universal en línea del 13 de junio de 2012).
Según documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Estado de México se ubica en 2o.lugar con mayor número de extraviados con 913 personas... después de Puebla con 1,107 desaparecidos.
Pero según algunos reportes, en todo el territorio nacional han desaparecido un aproximado de 130,000 niños desde 1996.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas señala que el 27.9% de los desaparecidos tienen entre 0 y 3 años de edad; el 58% de 4 a 12 y el 14% de 13 a 18 años. El Registro Nacional de Personas Extraviadas señala 9.3% de ausencias voluntarias, 10.5% se clasifican como desaparición, 2.3% se reportan como extraviados, 9.3% se considera como robo, 1.2% son víctimas del secuestro, y el 67.4% son menores de edad que son víctimas de sustracción ilegal, generalmente, aunque no siempre por un familiar o uno de los padres.
Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de junio de 2012).
Es una buena noticia, pero matizada. La sección 22 ha obtenido una vez más beneficios especiales del gobierno estatal a cambio de levantar el plantón. El que se conoce públicamente tiene que ver con la prueba Enlace. Oaxaca es la única entidad en que la Secretaría de Educación Pública aceptó no aplicar la evaluación por petición del gobierno local. No sabemos qué otros acuerdos pueda haber logrado la sección 22 con Gabino Cué, un gobernador al que apoyó como candidato.
Al obtener beneficios especiales a cambio de retirar el plantón, la sección 22 sigue acumulando incentivos para que estos movimientos continúen en el futuro. No faltarán excusas para que en mayo del 2013 se registre un nuevo paro como los que hemos visto en los últimos 32 años. Si siempre los plantones han terminado con premios, ¿por qué no continuar con la estrategia?
Pero ahí no queda el asunto. Si bien los maestros de la sección 22 llegaron a un acuerdo con el gobierno de Oaxaca y decidieron levantar el plantón en la capital del estado, también determinaron concentrar sus protestas en la ciudad de México. Ahora movilizarán al 30% de sus miembros al Distrito Federal para aumentar la presión al gobierno de la república.
¿Cómo es posible que los maestros de la sección 22 digan que están regresando a las aulas cuando al mismo tiempo mandan al 30% de sus integrantes a las movilizaciones de la ciudad de México? ¿Acaso sobran 30% de los maestros de Oaxaca? ¿O un tercio de los alumnos del estado tendrán que quedarse sin clases?
Los maestros de la sección 22 confían en que podrán sacarle al gobierno federal panista concesiones adicionales a las que ya han obtenido del gobierno de Oaxaca. En el peor de los casos éste es un año electoral y quitarle algunos votos al PAN es un beneficio adicional que sin duda agradará a los líderes de la sección 22.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 7 de junio de 2012).
Los maestros portan y gritan consignas como "se ve, se nota en la coordinadora no hay derrota", "va a caer, Elba Esther va a caer", "se ve se siente, los maestros están presentes" y "no a la evaluación universal del magisterio", entre otras.
Los profesores avanzan sobre Paseo de la Reforma y a su paso elementos de la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal realizan cortes a la circulación vehicular para evitar asentamientos viales.
La marcha que partió del Auditorio Nacional se dirige al Zócalo capitalino, sin embargo los profesores prevén realizar una escala en la Secretaria de Gobernación para exponer sus demandas y exigir se instale una mesa de negociación.
(V.Notimex del 6 de junio de 2012).
Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.30 del periódico Milenio Jalisco del 1o.de junio de 2012).
Automovilistas que circulan campantes en sentido contrario, pasándose semáforos en luz roja, dando vueltas prohibidas, bloqueando cruceros, estacionados en las banquetas, en doble fila, tirando basura y cigarros prendidos por las ventanas, etc.
Y si se nos ocurre reclamarles su actuación, las reacciones son de todo tipo: desde la indiferencia hasta la violencia y casi nunca el reconocimiento de la falta.
Últimamente a mi alma ciudadana se le está olvidando la prudencia y en varias ocasiones he reclamado a unos conductores su proceder. No sé en que medida estos reclamos aislados sirvan para contagiar ciudadanos y cambiar la cultura cívica tapatía, o sean una estupidez con la que lo único que lograré es poner en riesgo mi integridad física o que me mienten la madre (si un gobernador nos la mienta por reclamarle un donativo, que no nos la miente un ciudadano por reclamar su incivilidad).
Mi racha de ciudadano indignado comenzó cuando unos jóvenes que venían chacoteando en un automóvil al lado mío lanzaron a la calle como si nada, varios vasos de cartón y bolsas de comida.
Su desplante y desfachatez me crisparon de tal manera que los alcancé y les dije: "¡creo que se les cayeron unas bolsas de comida por la ventana! Por si querían regresarse a recogerlas". Su respuesta fueron miradas de desprecio y sonrisas burlonas.
Unos días después, rumbo a mi oficina, me topo con una señora que a sabiendas circulaba en sentido contrario. ¡Viene usted en sentido contrario! le dije, haciéndole señas para que se echara en reversa. En lugar de reconocer su error y maniobrar para corregirlo, continuó circulando molesta por la osadía de mi señalamiento.
Estoy seguro que muchas de éstas personas han viajado al menos a los Estados Unidos donde sin chistar respetan las leyes y reglamentos de tránsito.
La respuesta a la pregunta ¿por qué aquí les valen un comino las leyes y reglamentos, y allá las respetan? Es una sola: las consecuencias.
Las consecuencias de circular en aquel país en sentido contrario, de pasarse un alto, de conducir en estado de ebriedad, etc., pueden ser muchas, caras y serias. Todo mundo sabe lo que puede ocurrir allá si alguien se burla de las leyes o si intenta sobornar a la policía. "No se la acaban" diríamos aquí.
¿Por qué no aplicar los mismos sistemas de sanciones que han probado ser mucho más efectivos que los nuestros? Las multas allá cuestan mucho y cuentan mucho. Pero lo más importante es que no son multas aisladas, sino sistemas de sanciones y leyes ligadas entre sí.
Si el "récord" de infracciones y accidentes es alto, las primas de seguro aumentan; la reincidencia es aún mas cara y termina con la cancelación del permiso para conducir; si alguien huye de la escena de un accidente es perseguido como el peor de los criminales; la identificación por excelencia es la licencia de manejo, sin ella no se puede sacar un seguro de auto; el seguro es obligatorio; si alguien comete la locura de manejar sin seguro y termina involucrado en un accidente, el costo de las demandas y reparaciones de daños pueden ser de tal tamaño que podrían perder todo su patrimonio, y por supuesto terminar en la cárcel.
Aquí en cambio dicen que es más barato matar a alguien en un accidente automovilístico que sólo herirlo; aquí la mayoría de los conductores involucrados en un hecho de sangre huyen; aquí se expiden pólizas de seguro de auto y de daños a terceros, sin comprobar la existencia o vigencia de licencias de conducir; aquí el "récord" de multas y violaciones a las leyes (si es que existe el "récord") no tiene relación directa en los costos de los seguros; aquí se sale de los problemas con influencias y sobornos, allá pagando las consecuencias.
Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 31 de mayo de 2012).
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de mayo de 2012).
Los autores de este nuevo paro fueron ahora maestros y alumnos de Ingeniería Eléctrica, inconformes con la renovación de la directiva de dicho plantel.
[Al webmaster lo que le extraña es la pusilanimidad y pasividad de los que estaban en ventaja numérica de 1000 a 1. Simplemente podrían haber entrado caminando y no hubieran podido detenerlos.]
(V.pág.10 del periódico Mural del 31 de mayo de 2012).
Como es costumbre en México, estos militares han sido detenidos sin que se designe como tal su situación jurídica. Están recluidos en una cárcel que tiene otro nombre. La figura del arraigo sirve para detener a sospechosos haciendo caso omiso de los derechos que la Constitución otorga a quienes se encuentran bajo proceso judicial. La Suprema Corte hace años determinó que el arraigo era inconstitucional, pero los políticos simplemente cambiaron la Constitución para mantener la práctica.
Dice la autoridad que lleva años investigando la posible colusión de estos militares con el narco, pero entonces no se explica por qué, en vez de consignarlos con pruebas ante un juez, se les arraiga. Una vez más queda claro que en México se detiene para investigar y no se investiga para detener.
El general Ángeles ha hecho públicas algunas críticas acerca de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. La PGR niega que ésta sea la razón por la cual se ha procedido en su contra. Ante la falta de otras pruebas, sin embargo, es difícil evitar el escepticismo. Usualmente cuando la autoridad detiene a un narcotraficante presenta las confesiones o las pruebas con bombo y platillo.
Nadie duda que debe procesarse a militares que violen la ley. Pero lo que se conoce hasta ahora del caso contra estos altos mandos dista de ser convincente. Al parecer un testigo colaborador, identificado como Jennifer, quien en realidad es un ex policía de Querétaro de nombre Roberto López Nájera, ha presentado testimonios en contra de ellos. Él ha sido también testigo clave en otros procesos contra altos funcionarios, como el del subprocurador de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano. El testigo vive ahora en los Estados Unidos bajo protección de la DEA.
La experiencia, sin embargo, nos enseña a desconfiar de los testigos protegidos, quienes tienen un incentivo muy poderoso para mentir. Sus testimonios pueden ser importantes para iniciar una investigación, pero requieren de hechos probatorios adicionales para ser confiables. Esto es particularmente cierto en los testimonios de oídas que la PGR acepta en casos de narcotráfico. Los resultados los vemos en el fracaso de las acusaciones contra Greg Sánchez o contra los políticos detenidos en el michoacanazo.
Quisiera dar el beneficio de la duda a las autoridades, creer que hay algo más en la acusación que un testimonio de oídas de un testigo con incentivos para mentir. Sin embargo, por lo menos en el caso del general Ángeles, no se ve por ningún lado que goce de una situación económica diferente a la que podríamos esperar de su rango y su carrera. Y como dice la sabiduría popular: "El dinero y el amor son dos cosas que no se pueden ocultar".
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 24 de mayo de 2012).
(V.pág.10 del periódico Mural del 24 de mayo de 2012).
Martí aseveró que son 18 estados a quienes "no les urge" la reforma del sistema de justicia penal.
"Debemos insistir en que el estado que guardan las instituciones de justicia, particularmente en ciertas entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma", dijo.
"Y es que el problema real es que esos políticos son de miras muy cortas. No se han dado cuenta que los ciudadanos hemos cambiado y el país es otro", sostuvo.
Para Martí, esta clase de políticos ven estas reformas como una amenaza a su proyecto político y en realidad se oponen al bienestar de los mexicanos.
"No hay capacidad para entender que el país es primero porque lo asumen como un botín. El país y nosotros están secuestrados por los intereses de una clase política con un ADN profundamente antidemocrático", abundó.
Martí dijo que son 3 estados los que ya operan totalmente el nuevo sistema de justicia penal; 8 lo hacen de manera parcial pero en camino franco de aplicación total; en 5 ya se aprobó su nuevo código penal y en 4 ya hay legislación aprobada para que sea realidad en 2013.
También acusó a diputados federales de mantener paradas reformas en materia de seguridad por atender intereses partidistas.
(V.periódico El Universal en línea del 22 de mayo de 2012).
(V.Notimex del 21 de mayo de 2012).
Al grito de "¡Queremos clases! ¡queremos clases!", unos 500 jóvenes de diferentes escuelas del nivel superior se sumaron a esta exigencia mediante una marcha convocada vía redes sociales.
"La toma es absolutamente ilegal y están violando los derechos humanos fundamentales de 50,000 estudiantes (que se encuentran sin clases)", declaró Jara por separado.
"En este sentido, la Rectoría hace un llamado a todos los estudiantes que tienen en su poder las instalaciones universitarias para que depongan esa actitud".
A diferencia de los grupos estudiantiles que han provocado actos vandálicos en las últimas semanas, la de ayer fue una marcha pacífica.
El contingente de alumnos regulares se dividió en 2 columnas y marchó sobre ambas aceras de la Avenida Francisco I.Madero la principal de Morelia, sin entorpecer el tránsito vehicular.
Ese gesto y el motivo de la marcha les mereció la adhesión de varios automovilistas que manifestaron su respaldo accionando el claxon o con gritos de apoyo.
"No todos los estudiantes somos violentos", afirmaron los manifestantes a través de mensajes escritos en cartulinas, que iban exhibiendo a su paso.
La marcha fue en rechazo a la toma de la Universidad Michoacana, la cual está desde el pasado día 8 en poder de moradores de Casas del Estudiante.
Los paristas exigían en un inicio la liberación de 10 de sus compañeros que fueron encarcelados el pasado 30 de abril, acusados de secuestrar y quemar vehículos.
Tras el bloqueo de carreteras, diversas protestas callejeras y más secuestros de vehículos, el movimiento estudiantil logró que el Gobernador Fausto Vallejo se desistiera de la acción penal, con lo que los inculpados obtuvieron su libertad el lunes pasado.
Pese a eso, la llamada Coordinadora de Universitarios en Lucha se ha negado a entregar las instalaciones educativas y ahora exigen la renuncia del rector Jara.
Eso motivó que ayer, a las 16:00 horas, alumnos regulares salieran a manifestarse a las calles de Morelia y reprobar el "secuestro" del plantel educativo.
"Aulas libres para los que quieren aprender", fue otra de las consignas que suscribieron los alumnos regulares.
(V.pág.10 del periódico Mural del 17 de mayo de 2012).
Los jóvenes abandonaron el Centro de Readaptación Social "David Franco Rodríguez" de Morelia, sin emitir declaraciones, a bordo de una camioneta Suburban, con vidrios polarizados, que los trasladó, a la Casa del Estudiante Nicolaíta.
El Poder Judicial del Estado dio a conocer que la liberación se determinó cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado envió al Juzgado Segundo Penal de Morelia el desistimiento de la acción penal.
El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, explicó que su administración determinó desistirse de la acusación legal contra los estudiantes, que quemaron vehículos oficiales, por el bien colectivo en el estado.
El mandatario estatal dijo que por una parte la determinación se tomó luego de que la Universidad Michoacana, la iniciativa privada y el Ayuntamiento de Morelia le hicieron la petición formal.
Otro punto determinante para el desistimiento jurídico a favor de los jóvenes se dio, tras el compromiso hecho por los ex alumnos de la Universidad Michoacana, quienes comprometieron resarcir los daños materiales ocasionados por los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha.
El gobierno estatal e integrantes de la CUL suscriben un acuerdo, a través del cual los estudiantes se comprometen a no bloquear calles y no secuestrar vehículos oficiales o particulares, entre otros.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de mayo de 2012).
Los empresarios de la industria automotriz afirman en que el principal motivo de depresión del mercado nacional, que tiene una década de retraso en cuanto a ventas, es el crecimiento de la introducción de vehículos chatarra, que pese a los decretos presidenciales continúan su flujo a México amparados judicialmente.
Se prevé que 2012 terminará con una cifra de 400,000 vehículos chatarra introducidos al país, lo que ocasiona un impacto negativo para la industria nacional. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, desde el año 2005 han ingresado a territorio nacional 6.5 millones de unidades.
(V.pág.15-A del periódico El Informador del 15 de mayo de 2012).
Decía que las leyes en México no atienden a la justicia, sólo a la legalidad. Y la legalidad muchas veces sólo ha afincado a la injusticia, ese territorio hostil, ominoso, por donde los pueblos suelen ir sin rumbos personales ni brújulas que atiendan el rumbo como nación, y obligados por grupos minoritarios, pero muy poderosos que se han hecho de los gobiernos durante generaciones completas.
Vicente Bello
(v.pág.12-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2012).
No estoy hablando de ejercer la represión contra la libre expresión de ideas, ideologías, creencias religiosas, costumbres sociales o sexuales. La base de cualquier sistema democrático es y debe ser la tolerancia en todos sus sentidos. Cuando se es intolerante por cuestiones ideológicas, de sexo, raza o religión, se está condenando a cualquier régimen democrático. De lo que hablo es de la constante violación a la ley y a los derechos de los demás, a la brutal intolerancia de varios grupos sociales que no se sabe bien quién los maneja y que apuestan constantemente a la desestabilización jugando a la violencia. Los casos son innumerables en los últimos años: ahí están los del SME, que han hecho de todo y lo siguen haciendo mientras el gobierno capitalino los apoya, el gobierno federal negocia con ellos y López Obrador los premia con la candidatura de Martín Esparza.
Ahí está también el caso de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, que se cansaron de secuestrar autobuses, incluso los que llevaban pasajeros, robándose los mismos en muchas ocasiones con todo y equipaje, de tomar gasolineras o de robarse pipas, tiendas, supermercados. Cuando en diciembre pasado tomaron por enésima vez la Autopista del Sol fueron desalojados en forma violenta. En ese desalojo murieron dos estudiantes, y como debe ser, las autoridades locales tuvieron que rendir cuentas y hay varios funcionarios de seguridad procesados por ese crimen. Pero en esos hechos, los manifestantes de Ayotzinapa incendiaron una gasolinera que si hubiera estallado habría ocasionado una catástrofe. No lo hizo porque un humilde trabajador arriesgó su vida para cerrar las válvulas de combustible. El trabajador murió, pero a diferencia de los estudiantes, nadie ha intentado hacerle justicia. Su crimen sigue impune y no parece existir interés en procesar a los responsables.
En Morelia, en estos días, un grupo de estudiantes, han cometido todo tipo de desmanes, además de tener tomada la universidad nicolaíta. No queda claro que es lo que reclamaban originalmente, pero lo cierto es que para hacerlo, tomaron escuelas y calles, quemaron automóviles, camiones, camionetas del transporte estatal pero también privado. 10 estudiantes fueron encarcelados y entonces se redoblaron los hechos vandálicos, apoyados ahora por los normalistas de Cherán, que incluso han tomado casetas de carreteras de cuota para cobrar los peajes y quedarse con el dinero.
Cuando ocurrieron los movimientos de Atenco sucedió lo mismo. Recuerdo haber estado cubriendo la información de Atenco, y ver a funcionarios secuestrados y atados en una plaza, donde los dirigentes de Atenco amenazaban con quemarlos vivos, con camiones de transporte saqueados e incendiados, con grupos armados haciéndose cargo de la zona, con bloqueos constantes. Después de meses de desmanes, algunos de los dirigentes fueron detenidos en un operativo que fue violento porque se le respondió con violencia a las propias autoridades. Todo se vio, en directo, por televisión. En los hechos posteriores se violaron derechos de los detenidos. Y quienes lo hicieron fueron sancionados y castigados. Paradójicamente, todos los que participaron en el movimiento de Atenco, hayan hecho lo que hayan hecho, están en libertad.
Se podrá estar de acuerdo o no con Peña Nieto, pero el viernes en la controvertida visita a la Universidad Iberoamericana, tuvo toda la razón al decir que en el caso de Atenco lo que había hecho era hacer respetar el estado de derecho y que si se habían cometido abusos estos fueron castigados. Se equivocan López Obrador y otros cundo dicen que Peña respondió como Díaz Ordaz: en ese 1968, el régimen de Díaz Ordaz, emboscó a los estudiantes, los masacró, actuó con grupos irregulares, para frenar un movimiento de oposición no violento y que no estaba violando la ley. Por cierto, ese acto de represión ilegal e ilegítimo tuvo notables defensores, entre ellos, ahora lopezobradoristas, como un Porfirio Muñoz Ledo que defendió a Díaz Ordaz desde la tribuna del congreso y el propio López Obrador que era parte de las juventudes del PRI y compuso un bonito himno a su partido, como presidente estatal, en Tabasco.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2012).
El aspirante a Los Pinos consideró que el rezago es, en parte, responsabilidad tanto de los jueces como de los abogados, pero no mencionó el papel que han jugado los gobernadores.
"Se tiene que romper con resistencias de los propios jueces, de quienes han estado en una lógica en la aplicación de la justicia,y que tiene que cambiar; que lo está también en la resistencia que oponen los profesionales de la justicia, del derecho, los abogados, las asociaciones de abogados".
"En muchos estados el poder judicial está bajo una influencia del ejecutivo, si no es que intervención directa. Es impresionante cómo a veces me ha tocado ver cómo pasan de ser parte del ejecutivo y te los encuentras ya como magistrados o jueces, que prácticamente obedecieron a una designación del ejecutivo", acusó.
(V.pág.10 del periódico Mural del 10 de mayo de 2012).
(V.pág.12 del periódico Mural del 10 de mayo de 2012).
Ayer, luego de marchas, secuestro de autobuses y bloqueos en carretera, moradores de casas estudiantiles tomaron de nuevo las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dejando sin clases a más de 50,000 alumnos regulares y afectando también la actividad de 3,000 docentes e igual cantidad de empleados.
"Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros", demandaron los paristas mediante cartulinas colocadas en las escuelas que hasta el cierre de edición mantenían en su poder.
Además, el pasado martes arreciaron sus movilizaciones mediante una marcha masiva por las calles de Morelia y el bloqueo de calles en el centro histórico.
Más tarde extendieron el bloqueo hacia la carretera Morelia-Pátzcuaro, donde se apoderaron de una decena de autobuses y 2 pipas cargadas con combustible para atravesarla sobre los 4 carriles.
La carretera fue liberada a la 1:00 horas de ayer, cuando ya la fuerza pública se alistaba para realizar un operativo de desalojo.
La manifestación ha sido encabezada por la Coordinadora de Universitarios en Lucha, que controla 13 de 35 albergues que tiene la Universidad Michoacana para alumnos de escasos recursos.
Dichos albergues le cuestan al erario un promedio de 139 millones de pesos al año, según informó el rector Salvador Jara.
El movimiento estudiantil acusa al Gobierno del Estado de un uso excesivo de la fuerza pública durante la detención de estudiantes y del allanamiento en 3 de sus albergues.
En medio de estas movilizaciones, Vallejo anunció el martes la posibilidad de retirar cargos a los jóvenes encarcelados, con lo que podrían alcanzar su libertad.
(V.pág.12 del periódico Mural del 10 de mayo de 2012).
Al pronunciarse sobre este bloqueo, segundo en los últimos 3 días, afirmó que quienes encabezan estas acciones son una minoría.
"Regularmente las tomas y bloqueos las realizan personas que en su mayoría no son estudiantes, son (alumnos) irregulares o 'fósiles'", argumentó.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de expulsar a los paristas, Jara sólo comentó que eso sería valorado por el tribunal universitario.
(V.pág.12 del periódico Mural del 10 de mayo de 2012).
Los taxistas exigían al Gobierno de Oaxaca la aplicación de operativos en contra de taxis irregulares que circulan sin concesión y que pertenecen a la agrupación "11 de Enero".
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2012).
Ejemplificó que si cualquier otro ciudadano hubiera quemado patrullas en el centro de la ciudad, enfrentaría cargos penales de máximo encarcelamiento.
Para el PAN, dijo, la ley no debe ser negociable, y quienes la infringen deben afrontar su aplicación hasta las últimas consecuencias, por lo que instó al gobernador Fausto Vallejo Figueroa a no dejarse presionar y procesar a los 10 estudiantes que actualmente se encuentran recluidos en el penal de Morelia.
Acompañado por la bancada de los legisladores del PAN, Héctor Gómez Trujillo, indicó que la negociación de la liberación de los estudiantes sería una mala señal para quien exige justicia y añadió que sería tanto como seguir tolerando que se cometan delitos impunemente en la entidad.
En tanto, jóvenes estudiantes pertenecientes a la Coordinadora de Universitarios en Lucha, acompañados de los familiares de los estudiantes presos y de estudiantes normalistas salieron nuevamente a las calles del centro de la ciudad de Morelia y del municipio de Uruapan para manifestarse y exigir la liberación de sus compañeros.
Un contingente de indígenas purhépechas los acompaño en esta marcha ya que dijeron que 4 de los 10 jóvenes presos son indígenas y estudian en la Universidad Michoacana.
Los manifestantes que partieron de Ciudad Universitaria aguardan frente a Palacio de Gobierno en el centro de Morelia, a la espera de que concluyan las negociaciones entre el gobierno del estado y los integrantes de la CUL, que previsiblemente será con la liberación de los estudiantes.
(V.periódico El Universal en línea del 8 de mayo de 2012).
Unos 300 jóvenes estudiantes se apostaron a la entrada de Ciudad Universitaria y otras escuelas y facultades que están fuera de este conjunto, para impedir el paso de sus compañeros y maestros a los salones de clases bajo el argumento de que a partir de este día comienza una "jornada nacional de protesta" para tratar de liberar a los 10 estudiantes que desde el domingo enfrentan autos de formal prisión.
Los detenidos fueron remitidos al penal de alta seguridad de Mil Cumbres, por delitos cometidos en los disturbios del 26 y 27 de abril y que pueden tenerlos en prisión por 5 y hasta 10 años.
Con la toma de las instalaciones en Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, se quedan sin clases más de 55,000 estudiantes, tanto de preparatoria y como de 33 licenciaturas.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2012).
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 7 de mayo de 2012).
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de las izquierdas
(v.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 4 de mayo de 2012).
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 1o.de mayo de 2012).
Lydia Cacho
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de abril de 2012).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la suspensión "de manera inmediata" del artículo segundo transitorio de la NOM012, que autorizaba temporalmente 4.5 toneladas de peso adicional al máximo permitido en los camiones doblemente articulados, lo que a la larga significa más viajes para ellos.
Molestos, los transportistas -miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, AC- bloquearon diversas autopistas y carreteras.
En la México-Pachuca se concentraron en Tlalnepantla, donde estacionaron sus tráileres y dejaron sólo un carril para el resto de los vehículos, lo que ocasionó severos conflictos viales. Corrieron la misma suerte vías como la México-Puebla; México-Querétaro; México-Pachuca; Pachuca-Tulancingo y Pachuca-Ciudad Sahagun, por citar algunas.
El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Juan Carlos Muñoz, se deslindó de las movilizaciones y bloqueos. "Estamos cansados de paros y daños a terceros".
Sobre la reunión entre Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la AMOTAC, y la SCT, señaló que lo peor que puede hacer la dependencia federal es negociar con él. "Este hombre es un delincuente. Lo único que hay que negociar es cuantos años le van a dar de cárcel".
Miguel Ángel Santiago, coordinador nacional de la AMOTAC, dijo que están en la mejor disposición de regular sus cargas, "desafortunadamente tenemos una tarifa muy baja con el alza del combustible".
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2012).
En la México-Toluca, los transportistas se apostaron en la zona de la Marquesa, manteniéndola totalmente cerrada a la circulación, lo que provocó una severa afectación vehicular en dirección al Distrito Federal.
(V.periódico El Universal en línea del 27 de abril de 2012).
Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 27 de abril de 2012).
Emmanuel, cantante
(v.pág.40 del periódico Milenio Jalisco del 27 de abril de 2012).
La práctica de nuestros políticos de la ley de la
gravedad aún me sorprende.
Dejar que los enfermos se agraven
para intentar atenderlos
ya moribundos es clásica.
Los fraccionamientos irregulares,
los tianguis y La Primavera son bellos
ejemplos.
Durante administraciones
(desde Echeverría)
el bosque de La Primavera
está engarrotado.
Cada año:
Se quema.
Se roban la tierra vegetal.
Lo invaden impunemente.
Se mueven linderos.
Se destruyen cercas.
Algunos construyen a su antojo.
¿Y?
Esperamos con paciencia que ya no
tenga remedio.
Entonces fingiremos esfuerzos y
se tomarán medidas lucidoras e inútiles.
¿Y?
Nemesio Maisterra
(v.pág.7 del periódico Mural del 26 de abril de 2012).
Los secretarios general de Gobierno, Humberto Salgado, y de Educación, Silvia Romero, llamaron a los integrantes del magisterio disidente a regresar a la mesa de negociación que este mediodía se había instalado.
Los funcionarios informaron que el estado está en la mejor disposición de atender el pliego petitorio de los docentes, pero siempre y cuando esté en las condiciones económicas.
Argumentaron que una de las demandas es la asignación de plazas administrativas para familiares, así como el regreso a la región Centro de los que se encuentran en la zona de la Sierra.
Silvia Romero Suárez llamó a los docentes a buscar acuerdos, a fin de no afectar a la niñez guerrerense con el paro laboral, que hasta el momento lleva ya 3 días, que a decir de los inconformes son 25,000 los docentes que participan en la movilización.
Dijo que la instalación de la mesa de negociación es la muestra de la disposición del gobierno del estado para dar salida a la problemática educativa, pero en este caso, los maestros presentan propuestas que no se está en condiciones de resolver.
Los inconformes piden la cancelación de la aplicación de la evaluación universal, así como que el estado dé marcha atrás a la firma del pacto social por la educación, porque consideran que ambas decisiones violentan sus derechos laborales.
(V.Notimex del 25 de abril de 2012).
Para algunos, Acosta Chaparro era un héroe, para muchos un villano. De lo que nadie tenía dudas es que este hombre, como muchos en el pasado reciente de México, obtenía o dejaba de obtener sus resultados moviéndose en ocasiones en el filo de la ley, en otras sin tomarla en cuenta. Y, paradójicamente, ello es lo que termina causando, en muchos, admiración.
Se dice, hay quienes lo aseguran, que la única forma de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado es, paradójicamente, mediante la mano dura, entendida como un uso prominente de la violencia, y al mismo tiempo con la negociación con los propios grupos criminales.
Una suerte de versión local de la estrategia del garrote y la zanahoria. En pocas ocasiones se menciona que la alternativa real es la aplicación de la ley.
El nuestro es un país donde priva la impunidad. Cerca de 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes. Se cree que el problema es que, como el sistema no funciona, es mejor hacer justicia por propia mano, o simplemente violar o ignorar la ley para tener resultados efectivos.
Por eso se hace una reforma al sistema de justicia penal, pero se establecen plazos de 8 años para implementarla, y además se deja en las manos de cada una de las entidades federativas la decisión de implementarla, de la forma que mejor le convenga.
Por eso mismo se tiene la convicción de que se necesita con urgencia una policía federal con mando único en el país o por los menos 32 policías con un nuevo modelo y mando único en cada una de ellas, y son muy pocos los decididos a implementarlo.
Por eso, la coordinación que se pregona y de la que tanto se habla entre la Federación y los estados, no deja de ser letra muerta en muchas ocasiones.
Los protocolos que se acaban de establecer son un instrumento sin duda útil, importante y que le otorgan a las fuerzas federales, al Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Ministerial Federal, el marco para desarrollar su tarea. No habrá, no podrá haber en el futuro, discrepancias interpretativas como las que se han dado, por ejemplo, en el caso de Florence Cassez.
Pero el problema es que no se evitarán los Ayotzinapa, hasta que esos mismos protocolos no se extiendan a los estados y municipios, y no se podrán extender hasta que no existan esa nuevas fuerzas de seguridad locales, configuradas con base a los mismos modelos que las fuerzas federales.
Hoy oscilamos entre 2 formas de impotencia y autoritarismo: la inhibición de las fuerzas de seguridad o el uso excesivo de la fuerza. No hay una norma común, sobre todo y muy particularmente, en los estados y municipios.
Si todo eso se extiende a muchos ámbitos de la vida nacional, más claro resulta aún cuando nos referimos a movimientos sociales o manifestaciones de distintos grupos políticos.
En ese terreno se puede hacer lo que se desee: casi siempre, salvo que se trate de enemigos declarados de los gobiernos locales, todo está permitido. Desde bloquear carreteras y avenidas, hasta agredir personas e instituciones. Como se inhiben las fuerzas locales, por razones políticas también lo hacen las federales.
La Ciudad de México es una de las víctimas favoritas de ese accionar político y, también uno de los espacios de mayor impunidad en ese sentido. Y la sociedad queda imposibilitada de siquiera defenderse, de reclamar. Es rehén de esos grupos. ¿Nadie está dispuesto a establecer protocolos claros para que esos movimientos, que pueden ser legítimos o no, lo mismo que las fuerzas de seguridad tengan un marco legal estricto al cual ceñirse? La salida a la impunidad es contar con leyes laxas que se aplican de forma estricta, no leyes estrictas que se aplican de forma laxa.
Nunca como sociedad lo hemos terminado de entender.
Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 25 de abril de 2012).
Ana María Salazar
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 21 de abril de 2012).
Ante lo ocurrido, el famoso Juicio Político (que de político tiene mucho y de juicio nada) queda evidenciado como un mecanismo obsoleto e ineficaz para castigar las violaciones constitucionales de los funcionarios de elección popular. Así mismo, la declaración de procedencia -al ser obviada por la Corte- exhibe la falta de confianza en un Ministerio Público que actúa más como representante del poder ejecutivo, que de la sociedad a la que dice representar.
Por lo anterior, pese a las lagunas jurídicas, o excesos de la sesión del jueves pasado del Pleno de la SCJN, eso, y no lo ocurrido en la Cámara de Diputados es la verdadera reforma política de este sexenio, misma que no fue impulsada por partido político alguno, ni por el presidente de la república.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de abril de 2012).
Salvador Mateo, vocero antorchista explicó que acudieron personas de municipios rurales afectados porque la dependencia federal se había comprometido a entregar dinero para caminos vecinales y pavimentados desde diciembre del año pasado, pero el dinero no ha fluido, y éstas localidades permanecen con problemas de comunicación, por lo que temen se vean agravadas cuando comience el temporal.
Alrededor de 150 personas estuvieron bloquendo con pancartas y banderines todos los carriles de la parte norte de la calzada Lázaro Cárdenas.
(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 19 de abril de 2012).
Ante ello se pronunció de nuevas facultades al ente fiscalizador para detener dichas prácticas y generar sanciones que sí se apliquen.
Se señala que uno de los puntos más preocupantes es la forma en cómo se violentan los ordenamientos legales por parte de las autoridades encargadas del ejercicio del gasto.
"Hay un significativo crecimiento que registró el número de inobservancias a la legislación y normativa aplicable, que tienen las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como las entidades federativas y municipios.
De 1,031 auditorías realizadas a la Cuenta Pública del 2010 a 153 entes, la ASF identificó 11,078 casos de incumplimiento de ordenamientos legales, contra 8,065 que se detectaron en 2009.
El mayor número de incumplimientos los tiene la Constitución Política, con 4,662 casos.
(V.pág.2 del periódico Mural del 19 de abril de 2012).
(V.pág.3 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 19 de abril de 2012).
"Eligio Ibarra Amador, de 62 años de edad, quien denunció a agentes de la Policía Federal por amenazas y extorsión, es la persona a la que mataron con arma blanca y posteriormente calcinaron 70% del cuerpo al rociarlo con gasolina", anunció la Fiscalía General del Estado tras identificar el cadáver, encontrado el sábado en su domicilio.
Este crimen se produjo unos días antes de la fecha en la que la víctima tenía que acudir a ampliar su declaración en contra de 10 agentes federales que se encuentran detenidos por su denuncia por robo, secuestro y extorsión.
El comerciante, que se dedicaba a la venta de autopartes usadas, aseguró en su acusación inicial, en septiembre de 2011, que los policías le habían sacado de su casa, golpeado y retenido durante al menos 3 días en el cuarto de hotel donde se hospedaban en Ciudad Juárez, hasta que pagó 5,000 dólares.
Los extorsionadores le amenazaron con que, si no pagaba, lo acusarían de vender autopartes robadas y le esconderían droga para procesarlo por narcotráfico.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 17 de abril de 2012).
Lamentando que hubiera sido en nuestra entidad este inédito incidente, la relevancia de la resolución es que el máximo tribunal del país decide contundentemente dejar claro que existen límites para el ejercicio del poder en México; que los mandatos judiciales deben ser respetados y que ante todo, la ciudadanía puede confiar en las instituciones de justicia como garantes de sus derechos.
Celso Rodríguez González
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 16 de abril de 2012).
Para comprender mejor la trascendencia de la decisión tomada debe tomarse en cuenta que el 6 de Junio de 2011, se realizó la reforma constitucional en materia de amparo, mediante la reforma, adición o derogación de diversos contenidos de los artículos 94, 103,104 y 107. Y justamente una de las reformas más trascendentes fue la relativa a la fracción XVI del Artículo 107 que establece de manera clara que ante el incumplimiento injustificado de una sentencia de amparo, la Suprema Corte "procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito"; y se agregó lo siguiente: "Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad".
Los artículos transitorios del decreto de reforma en cuestión, disponían que el Congreso de la Unión "expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente decreto". Las reformas a la Constitución entraron en vigor el 5 de Julio de 2011. Sin embargo, el Congreso de la Unión aun no realiza las requeridas a la Ley de Amparo.
El espíritu de la reforma del 6 de junio de 2011 fue terminar con la impunidad en materia de incumplimiento de los juicios de amparo, por lo que no se pedirá su desafuero (pues eso es como irse a quejar de la policía con la policía) y se consignará directamente ante un juez, no obstante que el Artículo 108 de la aun no reformada ley de la materia habla de desafuero, pero también remite a la Fracción XVI del Artículo 107 Constitucional, que es el que está aplicando la Corte.
Como se ve, la decisión viene a significar un cambio de época en lo que respecta a la vigencia del estado de derecho y a la división de poderes. Si estas disposiciones hubieran existido antes muchas autoridades no hubieran continuado impunemente en el cargo violando una sentencia de amparo.
Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de abril de 2012).
La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 13 de abril de 2012).
El magistrado aseguró que prevé que la queja que interpusieron en la Corte por nombrar sustitutos para Magistrados con el argumento que ya cumplieron la edad para jubilarse también culmine en una sanción para los legisladores.
El pleno de la Corte resolvió el 10 de abril que el Congreso de Jalisco incurrió en desacato al nombrar a 4 magistrados estatales, en violación a la suspensión dictada por un ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Los ministros establecieron por unanimidad que el entonces presidente de la mesa directiva de la legislatura, el panista Gustavo Macías, debió frenar la sesión del 23 de agosto del 2011, ya que a las 14:50 horas de ese día se le notificó la suspensión emitida por Sergio Valls.
Pese a la suspensión, el congreso reanudó la sesión a las 16:05 horas, nombró a los magistrados y les tomó protesta.
Rodríguez manifestó que todos los diputados que tuvieron conocimiento de que había llegado la suspensión son responsables, no sólo Macías.
El magistrado dijo que todos los ciudadanos están obligados a respetar la ley, y más quienes la hacen y quienes la aplican.
(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 12 de abril de 2012).
La eliminación de la caseta de El Cortijo y el compromiso de cancelar la pretensión de instalar otras en la zona, es la principal demanda de los quejosos, explicó Omar Nava, representante del Fraccionamiento Paseo de la Cañada.
El bloqueo se realizó de las 10:00 a las 11:30 horas, lapso en el que se restringió el tránsito de ingreso a la ciudad a sólo un carril, aunque "tuvimos que cerrar la carretera (totalmente) como 15 minutos".
Se reabrió el tránsito tras la intervención de funcionarios municipales tonaltecas, con quienes se determinó realizar una reunión entre distintas autoridades para revisar puntos específicos.
"Que ya no se construyan más casetas, que se desincorpore este tramo carretero, que podamos acceder libremente a nuestras casas quienes vivimos aquí", subrayó Nava.
Porque el subsidio que otorga el Gobierno del Estado no significa la solución de fondo, demandó al gobernador cumplir con los compromisos asumidos, como es desincorporar el tramo carretero desde Avenida Revolución hasta el Puente Fernando Espinoza.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 31 de marzo de 2012).
A propósito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha ido por el lado de la versión oficial condenatoria de Florence so pretexto de los derechos de las víctimas. Pero ha guardado un sospechoso silencio sobre el montaje y su relevancia. Por ello, causal y no casualmente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, acaba de establecer que: "la exhibición de detenidos en medios es contraria a la presunción de inocencia; implica un juicio paralelo de orden mediático; vulnera el derecho a la defensa adecuada; constituye un trato cruel, inhumano y degradante; además de estigmatizar a las personas". Eso exactamente es lo que ocurrió en el caso de Florence Cassez. Desde el primer momento el gobierno y los medios la estigmatizaron como "la pinche francesa secuestradora". Y con esa carga en contra ha tenido que enfrentar un tortuoso proceso en el que estaba condenada de antemano.
Por eso me parece una total aberración lo ocurrido este 21 de marzo en la Primera Sala de nuestra Corte Suprema: 4 de 5 ministros reconocieron violaciones flagrantes a los derechos de Florence, pero una mayoría de 3 a 2 decidió dejarla presa. En resumen y en un episodio marcado por la contradicción, nuestra Corte se sujetó a los dictados de los poderes fácticos. Por la mañana de ese mismo día, su presidente Juan Silva Meza dijo que la única sumisión a la que se debía la Corte era a la Constitución. Ya vimos que no fue cierto. Pudieron más las exigencias oficiales como las del mismísimo presidente Calderón, que la lógica y la ética más elementales. De nada valieron las pruebas irrefutables del vergonzante montaje televisivo inculpatorio. Pudieron más los chantajes desde fuera y los consecuentes temores de quienes se supone debieran ser nuestros valientes garantes de justicia.
La única buena nueva de ese día fue que el caso ha sido turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero con bien ganada fama de liberal.
El que no es muy optimista es el abogado Agustín Acosta quien me expresó que ve muy difícil que su defendida salga libre durante este gobierno.
Ricardo Rocha
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2012).
En la manifestación del lunes no hubo injurias. Empero, es obvio que la manifestación misma llevaba la intención de generar irritación social y, en consecuencia, de poner a quienes se vieron afectados por ella, en contra de la autoridad... Si eso no implica, precisamente, el afán de "obligarla a resolver en el sentido que se desea", que alguien, por favor, lo aclare.
A los burócratas -incluidos, por supuesto, numerosos "recomendados" y no pocos "aviadores"-, el respeto al derecho ajeno del cacareado apotegma juarista los tiene sin cuidado. A los "derechos de terceros" explícitos en algunas leyes, lo mismo...
Jaime García Elías
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 28 de marzo de 2012).
La jornada de ayer en el primer cuadro de la ciudad fue de desesperación y caos vial.
Calles y avenidas convertidas en estacionamiento, sonidos de claxon y agentes viales tratando de ordenar el caos imperaron en el centro de Guadalajara, todo desencadenado por una manifestación de trabajadores sindicalizados del ayuntamiento tapatío, quienes en su afán por conseguir un incremento salarial, optaron por bloquear calles para ejercer presión a sus demandas.
Mal día para ir al centro de Guadalajara. Sobre Avenida Hidalgo, los automovilistas estaban tan desesperados que no sabían si continuar en la fila de espera o intentar huir de la situación por alguna vía alterna.
Bajo el intenso sol y el calor de los motores, los conductores incluso conversaban de volante a volante. "Parece que está cerrado el centro, pero quién sabe por qué", dijo un taxista.
Algunos usuarios del transporte público optaban, en su desesperación, por caminar. Definitivamente, a pie se avanzaba más rápido. Los motociclistas y ciclistas eran los más afortunados, pues por las orillas lograban esquivar el caótico tráfico.
Al llegar al cruce de Enrique Díaz de León, la situación empeoraba. Los semáforos literalmente ya no importaban, sólo importaba cruzar la vialidad.
"¡Puercoooo!", gritó un hombre desde su vehículo a otro que quedó atravesado a mitad de Enrique Díaz de León sin dejar pasar.
En el calor de la hora pico y el flujo vehicular detenido cerca de las 14:30 horas, el sonido insistente del claxon y los gritos de improperios se incrementaban.
En las paradas de camión había gente que ingenuamente esperaba la ruta que los llevaría a su destino; otros, al ver que abordar un camión sólo sería como entrar a un horno, también decidían caminar.
Al llegar a Federalismo ya no había paso; un agente vial se encargaba de desviar los vehículos.
La caminata de Chapultepec a 16 de Septiembre tomó 30 minutos. Ahí estaban los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara haciendo su plantón.
Los quejosos, portando su camiseta roja del ayuntamiento, estaban sentados en la calle muy tranquilos, parecía que no dimensionaban el desmán que habían armado. Algunos hasta jugaban pelota o bailaban.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 27 de marzo de 2012).
Ésa, es la consecuencia inmediata de la sesión: la prolongación temporal de la impunidad de quienes han puesto a la justicia mexicana en la lona y al prestigio de México en el ridículo mundial.
Se asignó el caso a la confiable ministra Olga Sánchez Cordero para elaborar un nuevo proyecto de dictamen.
El tiempo que corre favorece los propósitos de quienes tarde o temprano deberán responder por parir este enredo desastroso.
El presidente Felipe Calderón trató, la víspera, de orientar la sesión a ignorar la maquinación televisada, tema fundamental de la litis, que en el lenguaje clásico forense define el asunto en controversia, como sabe, por poco que sepa, cualquier abogado. Poco tardó en escuchar, en vivo y en directo el magistral regaño en forma de cátedra de Derecho Constitucional pronunciado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, en la ceremonia por los 206 años del nacimiento de Benito Juárez.
Se exige que el nuestro, dijo el ministro Silva, "sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad, justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad". Los jueces, dijo, debemos corregir "las desviaciones y los abusos del poder".
"Los jueces sólo deben sumisión a la Constitución, respetemos la división de poderes", sentenció el ministro Silva Mesa. La lección terminó: "Lo civilizado y lo correcto es construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie".
Persiste la duda sobre la culpabilidad de Cassez, pero no sobre la autoría de un engaño a millones de mexicanos, cometido por funcionarios federales en cadena nacional de televisión.
La falta de probidad, ¿no es causa suficiente para que un empleado oficial deje de serlo, a reserva de la obligada llamada a cuentas ante una autoridad superior? Las consecuencias de su conducta han sido catastróficas, no puede fingir indiferencia.
La causa sospechosa del engendro está por averiguarse, pero es inaplazable la decisión de retirar de sus funciones a quien, encargado de la seguridad ciudadana en un país convulso y ensangrentado, ha perdido su credibilidad y nuestra confianza.
Es hora de irse, don Genaro García Luna.
Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de marzo de 2012).
¿Cuántas veces tendremos que repetir que sin justicia no puede haber seguridad? ¿Acaso la mejor manera de combatir el secuestro es escenificando numeritos para las televisiones, sobre pedido, donde los sospechosos, debidamente aleccionados, deben recitar sumisamente su confesión ante las cámaras? Y, por fin, ¿cuándo diablos ocurrió la detención, el 8 de diciembre o 20 horas después?
¿No termina siendo este hecho, el del día y la hora de la detención, algo absolutamente decisivo para el caso y, por lo tanto, un elemento -como hay declaraciones de testigos que contradicen la especie oficial de que la apresaron pocas horas antes del montaje para la tele- que debiera servir, junto con los otros que señala el ministro Zaldívar en su ponencia, para cuestionar jurídicamente la validez del procedimiento? Y, con perdón, ¿no es la propia podredumbre de nuestro aparato de justicia -con sus aterradoras secuelas de impunidad, abuso, negligencia y clamorosa ineficacia- la primerísima causa de la inseguridad que padecemos?
¿Cómo celebrar, entonces, que la dudosa actuación de las autoridades, en este caso, no merezca una sanción ejemplar para restaurar, así sea de manera momentánea -y, tal vez, puramente simbólica-, el principio de legalidad? No, no hay nada que aplaudir. Por el contrario, aunque los sabuesos se froten las manos, la justicia ha sido la gran perdedora.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 25 de marzo de 2012).
Con dificultad para asumir vías expeditas, en virtud de una cultura legal conservadora, técnicas limitadas y autonomía no plenamente asumida por el poder judicial de cara a un ejecutivo beligerante e incontinente, el fallo provisional (interruptus) de la Corte ha hecho prevalecer una noción moderna del derecho. Esa concepción no es vana ni banal, no obedece a una idea sustancial de justicia; es un concepto procedimental que se entiende al servicio de una aplicación socialmente consensuada de justicia, cuyo principal y más firme asidero es el apego a procedimientos formales y que no responde a juicios valorativos, polémicos por naturaleza.
La justicia moderno-contemporánea pasa por el troquel del derecho (legalidad) o no es justicia. La relación entre derecho y justicia es asimétrica. El derecho moderno es esencialmente procedimental, de índole técnico-administrativa y pretende estatuir una objetividad racional, de consenso, aceptable para todos. La justicia, por su parte, es radicalmente subjetiva, remite a valores éticos y a construcciones morales; es, por ende, pluralista y obligadamente discutible.
Resulta una falacia atorrante plantear como dilema si las faltas al debido proceso invalidan la justeza de los cargos o -todavía más delirante- contraponer el procedimiento judicial a los testimonios (por cierto erráticos) y el sufrimiento de las víctimas, como hizo el presidente Calderón o la señora Miranda de Wallace. Venturosamente, ninguno de los ministros ha caído en semejante garlito retórico y de mala lógica; no así la discusión pública y sus modalidades académica, jurídica, diletante o periodística.
La razón de ser del derecho consiste en su sujeción a reglas (pueden cambiar por vía legislativa), esa es su finalidad. El derecho no es un medio al servicio de un fin que sería la justicia; ese es un razonamiento pre-moderno, sustancialista; el derecho se limita a proveer una objetividad (siempre relativa) para aplicar una idea de justicia troquelada por reglas.
La cuestión del vídeo montado por la AFI (García Luna-Cárdenas Palomino) no es el quid del debate judicial; es externo aunque determinante. Es de Perogrullo insistir que no forma parte del expediente, pero importa dilucidar su rol. La simulación mediática retrasa la presentación expedita ante el MP, pospone el aviso al Consulado francés, induce a testimonios viciados de las víctimas, violenta el principio de presunción de inocencia. Sagaz, Sánchez Cordero evade el punto. Aunque se trata de un hecho relevante en sí mismo; acción mendaz, indebida y punible para la autoridad perpetradora. Irresponsabilidad política asumida por Calderón en aras de su desbordado y fallido ejercicio de legitimación.
Alán Arias Marín, FCPyS-UNAM
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 25 de marzo de 2012).
Por otra parte es muy valiente el ministro Zaldívar de emitir ese proyecto sabiendo que va a ser muy antipopular, ya que bien o mal, por el espectáculo que planeó la autoridad la mayoría del infelizaje consideramos que la francesa tuvo que ver, incluso se opuso a la furia presidencial, que ya empieza a ser famoso por tener la mecha corta y se necesita mucho valor para enfrentarse a la furia del Tlatoani. También es dificilísimo acusar al secretario de seguridad pública, que cuando sucedieron los hechos era jefe de la AFI, a este personaje yo no le tengo miedo, le tengo pánico, por eso admiro el valor del ministro.
Lo que fue atípico de la sesión fue el voto del ministro Cossío, quien gusta ser considerado como liberal y en asuntos en que también había violaciones por parte de la autoridad, como el de Acteal y en el de unas indígenas acusadas injustamente por la autoridad de haber secuestrado a unos policías, votó por la inmediata liberación de éstas al concederse el amparo.
No podemos saber qué fue lo que lo llevó a variar su criterio, pero lo cierto es que se prolongará el suspenso, según los sospechosistas hasta después de las elecciones y que en mi opinión no garantiza que se logre la mayoría necesaria para resolver el asunto, así que creo hay asunto para rato.
Carlos Enrigue
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 25 de marzo de 2012).
Esta semana la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto del ministro Arturo Zaldívar para liberar a la acusada debido a violaciones al debido proceso, no obstante acordó elaborar un nuevo proyecto que busque subsanar las fallas. Esto quiere decir que consideraron que sí hay motivos para amparar a Cassez, pero que no existen suficientes elementos para liberarla.
He escuchado de policías, investigadores, MP y otras autoridades justificar no cumplir al pie de la letra no debido proceso donde toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. No lo hacen, porque ellos argumentan que bajo los parámetros jurídicos actuales es casi imposible investigar y condenar a un criminal.
De no ser "flexibles" en la ejecución de la ley, jamás se condenaría a un criminal y pondrían en riesgo la vida de las víctimas.
Ese argumento no tiene nada que ver con el caso Cassez.
¿Cómo justificar no darle acceso a apoyo consular y a sus abogados a tiempo, a la señora Cassez? ¿Salvaron vidas con esa decisión, fortalecieron las pruebas o pudieron arrestar a más personas? Y probablemente la estupidez más grande fue el montaje mediático del arresto de Cassez y el resto de la banda por parte de la AFI. ¿En qué forma le sirvió a la justicia, o a las victimas el montaje del arresto de Cassez? Y la gran pregunta es: ¿Por qué nadie fue sancionado?
Esto me lleva a identificar la otra víctima del "Caso Cassez". Las futuras reformas que urgentemente requiere el país para poder enfrentar al crimen organizado. Analizando experiencias en otros países, la capacidad de enfrentar organizaciones violentas forzosamente requiere darle más discreción y capacidades a la policía investigadora. ¿Si con la poca discreción y capacidad en las investigaciones que tiene actualmente la policía llevaron a cabo tantas arbitrariedades y barbaridades, quien puede salir a defender en buena conciencia más capacidades para las policías del país?
Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2012).
La estrategia del gobierno federal necesita golpes mediáticos, mientras de mayor impacto internacional mejor, en lo que se refiere al combate al crimen organizado. Eso fue lo que originó el montaje televisivo planeado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino; en todo caso, ahí está una acción ilegal que debe de castigarse. No se ha hecho caso suficiente a esta acción criminal en la que incurrieron los encargados de llevar a la justicia a los inculpados. Apenas ahora que revive el caso se trata nuevamente la necesidad de establecer consecuencias legales para quienes impidieron que se siguiera el debido proceso judicial desde su inicio. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pidió sancionar a quienes orquestaron la farsa.
Un segundo elemento del contexto, además de la alteración del sentido de justicia propiciado por el montaje televisivo, tiene relación con la falta de asistencia consular para la señora Cassez al momento de su detención. No hubo acuerdo entre los ministros de la Suprema Corte al respecto. En la SCJN se cuestionó si los tratados internacionales en materia de derechos humanos están al mismo nivel de las disposiciones constitucionales, lo que pone otra piedra en contra de la impartición de justicia, ya que sería contradictorio que el Estado mexicano hubiese firmado protocolos o tratados en esa materia que contraviniesen los principios constitucionales. Paradoja, si la justicia mexicana exige que connacionales detenidos en otro país tengan asistencia consular ¿cómo es que se regatea ese derecho para la señora Cassez?
Quizá el elemento más importante sea el contexto sociopolítico que ha evidenciado la fragilidad del acceso a la justicia en México. El ejecutivo federal politizó este caso al convertirlo en un objeto propagandístico de su estrategia de seguridad. El gobierno francés así lo captó y emprendió una ofensiva diplomática que quiso aprovechar esa inconsistencia con el objetivo de cuestionar los vicios de origen y así descalificar todo el proceso. El gobierno galo también mostró su sed de golpes mediáticos, pero ello opacó la discusión de fondo: ¿aún tomando en cuenta la ilegalidad del accionar policial y de la falta de asistencia consular, hay oportunidad de reponer el debido proceso? Lo que interesa es saber si la verdad puede establecerse a partir de la solidez de las acusaciones y de los testimonios recogidos a lo largo de la instrucción judicial. Ese será el siguiente capítulo que protagonizará la SCJN.Jalime Preciado Coronado
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 23 de marzo de 2012).
Después de que Francia solicitó antes de tiempo la compurgación (sic) de la pena de Florence Cassez en una cárcel francesa, a lo que, al cabo de un tiempo, Calderón denegó basado ante todo en su propia actitud de policía mexicano que se dice en guerra contra la delincuencia organizada.
En realidad, estrictamente, México no puede enviar a un reo francés a compurgar su pena a Francia porque este país tiene una reserva del tratado, según la cual puede disminuir la prisión el tiempo que quiera, lo que no se vale, sencillamente. Así que Florence quedó atrapada entre 2 presidentes iracundos y necios.
Los ministros y la ministra también hablaron de otras cosas que no se refieren tanto a Cassez como a Fox y Calderón, especialmente a García Luna, supersecretario de Seguridad Pública y, antes, director (o comandante) de la entonces llamada Agencia Federal de Investigaciones de la PGR. Pues sí, lo único que resultó claro en la discusión en la sala penal de la Corte fue la violación de derechos de la inculpada cuando fue presentada, al día siguiente de su detención, como aprehendida en flagrancia ante los medios de comunicación (el llamado montaje de García Luna). Sin embargo, la responsabilidad por esa mentira de la PGR no estaba a consideración en la Corte: esos asuntos casi nunca llegan tan alto, sencillamente los cubre el sistema de impunidades.
El problema que se debatió fue si el montaje afectó el debido proceso contra la inculpada (Cassez) al grado tal que todo debería ser anulado. Hay 3 posiciones al respecto. Por una parte, la ponencia derrotada (Zaldívar), la cual buscaba conceder el amparo "liso y llano" frente a las violaciones de García Luna; la segunda (Cosío), en el sentido de que se haga una nueva evaluación de las pruebas que pudieron ser inducidas por el montaje de García Luna; la tercera (Ortiz Mayagoitia), de que los efectos de las ilegalidades del mismo García Luna están consumados de manera irreparable y ya fueron materia de un pronunciamiento de parte del tribunal colegiado. Aunque parezca increíble, las 3 tienen algo de razón. Pero lo que está en el centro de todo y seguirá en el aire es la responsabilidad de García Luna en el montaje, en la realización de un teatro macabro de una policía sin límites que se siente en la condición de hacer lo que le venga en gana sin dar cuentas a nadie. En realidad, nuestro mayor problema es ése.
Pablo Gómez
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de marzo de 2012).
La ministra Olga Sánchez Cordero tiene ahora el expediente de la ciudadana francesa. Ella será la encargada de elaborar un nuevo proyecto de sentencia, el cual será presentado hasta después de Semana Santa. Respecto a lo anterior, el abogado de Cassez, Agustín Acosta, fue muy claro al decir: "(la ministra) tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y una amplia trayectoria judicial en específico donde los derechos humanos han sido violados".
Guadalupe Loaeza
(v.pág.7 del periódico Mural del 22 de marzo de 2012).
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, advertía que el proceso penal en contra de Cassez estuvo viciado de origen por la forma en que la AFI "manipuló la realidad" para exponerla en televisión a nivel nacional como una delincuente, antes de ser presentada ante el Ministerio Público.
"El efecto corruptor (del montaje) imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, que en este caso se tradujo esencialmente en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad, y que pudieron verse influenciadas por aquella", sostuvo Zaldívar.
Al respecto, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, fue el más crítico del espectáculo organizado para Televisa y TV Azteca la mañana del 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, reprobó la acción.
"El simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje ¿o esta simulación?, no se cómo llamarlo, me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en los términos de la ley, y que desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas", afirmó Pardo.
Explicó que esta tardanza violó el derecho de Cassez de ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora, como ordena la Constitución.
Para José Ramón Cossío, el montaje televisivo tuvo una consecuencia grave sobre el caso.
"La transmisión por parte de los medios, posterior al rescate de las víctimas resulta de una demora injustificada en la puesta a disposición de la quejosa, ya que si bien dicha demora puede considerarse justificada para llevar a cabo el rescate, no ocurre lo mismo tratándose de la transmisión en los medios de una supuesta detención", explicó Cossío.
El Ministro propuso eliminar las pruebas que derivaron del montaje televisivo, entre ellas testimonios de víctimas que dijeron haber reconocido a Cassez porque la vieron en la transmisión.
Guillermo Ortiz Mayagoitia también se refirió al montaje, pero le restó importancia como una posible violación de procedimiento en la etapa de averiguación previa, aclarando que todos los derechos de Cassez fueron respetados durante la fase judicial del caso.
Olga Sánchez fue la única que no hizo alusión al tema del montaje, por considerar que la tardanza en la asistencia consular bastaba para conceder el amparo y liberar a Cassez.
Ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron la propuesta del ministro Zaldívar de liberar a Florence Cassez por haber pisoteado sus derechos humanos. ¡Bravo ministros! Así logran que los poderosos sigan haciéndonos lo que se les pegue la gana. Ahora, con mayor razón nos pueden encarcelar, callar y apaciguar. ¡A ver 'ora quién se avienta a desafiar a un político!
De todas maneras la francesita era culpable, ya la habíamos juzgado la tele y el pueblo.
A nosotros no nos importa que le hayan montado un video 2 días después de que la apresaron y que su sentencia esté basada en eso. Tampoco nos importa si no le respetaron sus derechos, al ser detenida. Si ella vivía en México, tenía que saber que si le caes mal a algún poderoso, tiene todo el derecho de darte un levantón, sembrarte cualquier evidencia y ponerte una madrinita o un tehuacanazo pa' que confieses.
¿Cómo que ahora el ministro Zaldívar de la Suprema Corte quería hacerse el muy justo y volvernos muy derechitos? ¡No, señor! Nosotros queremos seguir en un país sin ley, en un lugar en donde no operen esas babosadas de la presunción de inocencia, los derechos de los presos y detenidos, y los derechos humanos. Queremos un país paradisíaco, donde los medios sean los que nos digan quién es culpable o inocente; y donde los poderosos, llámense políticos, policías, ministerios públicos o jueces, decidan a su libre antojo quién debe servir de ejemplo para que los demás no se pasen de tueste.
Porque si nos ponemos muy estrictos, vamos a tener que soltar a más de la mitad de los presos nomás porque su trámite está empantanado en la burocracia del sistema judicial o porque los detuvieron pasándose los procedimientos legales por ahí merito. ¿A poco se creyeron que la peliculita esa de "Presunto Culpable" refleja la verdad sobre el sistema de justicia mexicano? ¡No'mbre!, es pura propaganda de los ardidos. Es un compló.
Y luego vamos a salirles con que no confiamos en lo que declara la autoridad.
Mejor nos seguimos haciendo tarugos todos, vivimos sin derechos, sin la protección de las leyes, todos en la transa, cada quien infringiendo su pedacito de ley que le toca y bien felices.
¡Viva México, ca...!
Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 22 de marzo de 2012).
La Carta Magna es clara sobre el principio de presunción de inocencia y de debido proceso que mandatarios y algunos secretarios de Estado han olvidado.
Quienes aducen el derecho de las víctimas por encima de todas las cosas no están viendo que estamos cambiando a unas víctimas por otras: las de un delito por las de un proceso penal viciado de origen.
Sin eso se nos condena a todos a que, a través del montaje y la simulación, seamos potenciales víctimas de un sistema de impartición de justicia imperfecto.
Alfredo Lecona Martínez
(v.pág.4 "Cartas del Lector" del periódico Mural del 22 de marzo de 2012).
Ahora resulta que (la encuesta) le da la razón a la PGR, si sabemos de sobra que alimentan de inconsistencias al Ministerio Público y a los jueces, la presunción de inocencia no existe y, por lo habitual, todos somos presuntos culpables.
La procuración de justicia en México se ejerce en el contexto de la simulación, la complicidad, el sometimiento, la impunidad, el tráfico de influencias y la corrupción. El Tribunal Superior de Justicia debe actuar conforme a derecho.
Manuel Morales Garduño
(v.pág.4 "Cartas del Lector" del periódico Mural del 22 de marzo de 2012).
Legalidad o Justicia
(v.pág.4 "Comentarios a mural.com" del periódico Mural del 22 de marzo de 2012).
En su intervención, el ministro dijo que la verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad, afirmó que la ley no puede cumplirse a capricho, y aseguró que los jueces buscan corregir las "desviaciones" y "los abusos de poder".
El lunes pasado, en medio de la polémica sobre el caso de la presunta secuestradora, el mandatario advirtió que a los jueces les corresponde proveer justicia, no dar paso a la impunidad.
(V.pág.3 del periódico Mural del 22 de marzo de 2012).
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 22 de marzo de 2012).
Los jueces dijeron que hubo irregularidades en el proceso a Florence Cassez, pero votaron en contra de su liberación inmediata.
Los jueces consideraron una propuesta del magistrado Arturo Zaldívar hecha pública este mes para liberar a la francesa por el manejo inapropiado de su caso en 2005. Zaldívar manifestó que la policía le negó su derecho a asesoría consular e hizo un montaje de su captura para las cámaras de televisión, lo que violó el principio de presunta inocencia.
Los jueces acordaron que el proyecto será revisado y sometido de nuevo a votación ya que estuvieron de acuerdo con que hubo violaciones, pero tenían reservas sobre cómo las irregularidades incidieron en la sentencia de 60 años de cárcel para la extranjera.
3 de los 5 jueces expresaron que había irregularidades, pero que no eran contundentes como para concederle libertad a Cassez.
"Encontramos una situación dilemática, un enfrentamiento entre valores que debemos de tomar muy en consideración", dijo el juez Jorge Mario Pardo Rebolledo antes de votar en contra de la liberación de Cassez pero a favor de dictarle una nueva sentencia.
Miguel Sarre, un profesor de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo que el panel perdió la oportunidad de mandar un mensaje a la policía, fiscales y jueces que estropean casos sin consecuencias.
"Fue una resolucion tibia", dijo Sarre. "Los ministros que votaron en contra de la resolución no se atrevieron a juzgar a los órganos judiciales de los que fueron parte hasta hace poco".
"Hay violaciones graves a los derechos humanos de la quejosa", dijo Olga Sánchez Cordero, quien votó a favor de la liberación porque Cassez no obtuvo asistencia consular.
El juez Guillermo Ortiz Mayagoitia dijo el miércoles que no está dispuesto a otorgar libertad o reponer un juicio contra la francesa ya que, aunque hubiera violaciones, la Suprema Corte de Justicia solamente debería resolver el acto de los jueces y no de la policía mexicana.
"Lo decidido por el tribunal es definitivo e inatacable", manifestó Ortiz antes de votar en contra de la liberación de la sentenciada.
(V.Associated Press del 21 de marzo de 2012).
Igual, el artículo de Héctor de Mauleón en Nexos, quien luego de revisar 13 tomos y miles de páginas del expediente -que le facilitó el mismísimo García Luna para que se convenciera de la culpabilidad de Florence- concluye con una magistral descripción del caso.
"No podemos saber por vía de los expedientes judiciales que la acusan si Florence Cassez es culpable o inocente; si los secuestrados fueron efectivamente secuestrados y si dicen la verdad en su primera, en su segunda o en su tercera declaración; aunque está claro que hubo víctimas, que hubo verdugos y que en muchos momentos los verdugos fueron los investigadores del caso, que operan en la opacidad, torturan, inducen declaraciones, alteran los hechos del momento y montan espectáculos para los medios".
Por eso me siento con todo derecho a especular: ¿Y si lo de menos era el rescate de secuestrados? ¿Y si lo de más el show televisivo?
Y es que sólo así me explico tantas aberraciones de jueces y PGR: retener, incomunicar y torturar 36 horas a los detenidos; modificar el escenario, instruir a las supuestas víctimas para sus declaraciones, establecer la culpabilidad a través de la televisión y engañar vilmente al público.
"Estamos transmitiendo para ustedes en vivo... estamos viendo cómo están entrando los agentes... esta mujer que vemos aquí tapada es de origen francés, era también la esposa del secuestrador y quien ayudó a planear el secuestro", diría el reportero Pablo Reinah; luego, entre todos, mentirle durante dos meses a la opinión pública sobre el montaje, hasta que la propia Florence desmintió a García Luna también en televisión; a lo largo del proceso ignoró a testigos y personajes clave como Eduardo Margolis, empresario de armamento, supuestamente cercano a García Luna, de quien se dice que Cristina Ríos Valladares -una de las supuestas tres víctimas, junto con su hijo de 12 años- era su ama de llaves; eliminar la línea de investigación que señala al tercer presunto secuestrado, Ezequiel Elizalde, como hijo de un secuestrador profesional llamado Enrique Elizalde; minusvalorar los informes de la gerencia del hotel Fiesta Grand de Polanco, que establecieron que Florence trabajaba de 3 pm a 11 pm y que nunca faltó a su trabajo salvo el 8 de diciembre -y no el 9, como falseó la AFI- cuando fue detenida; auspiciar declaraciones de las presuntas víctimas que pasaron del "jamás la había visto" al "era ella sin duda alguna y además me quería amputar un dedo". Y así una larguísima lista de inconsistencias terribles y a la vez ridículas que sólo se explican por la prioridad de la farsa.
Por ello y más, a lo que se enfrenta hoy la Primera Sala de la Corte es no sólo a la responsabilidad de una resolución histórica que nos exhibirá ante el mundo y cuestionará profundamente nuestra moral pública. La Corte y la propia Florence confrontan una poderosísima alianza entre todo el gobierno federal y sus medios incondicionales. Porque, en caso de aprobarse el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, unos y otros quedarían exhibidos como cómplices de uno de los más grandes montajes de que se tenga memoria. Con todo lo que ello implica ética, política y jurídicamente. Por eso, no es gratuita la presión de Calderón sobre la Corte para apresar el silencio de Cassez hasta el final de sus días.
Ésa es la dimensión de la lucha de Florence. Por su libertad. Por su vida. Y por la dignidad de todos nosotros.
Ricardo Rocha
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2012).
Las constituciones de los países que han abrazado la democracia como forma de gobierno, señalan que toda persona tiene derecho a que se le respete un procedimiento jurídico de carácter imparcial. El debido proceso es la protección que tienen los acusados de un delito, para que sus garantías individuales no sean violadas. De esta manera, el indiciado tiene derecho a defensa jurídica, a presunción de inocencia y a otras garantías contenidas en la Constitución.
¿Por qué la SCJN abre un expediente de un preso ya sentenciado?
Florence Cassez ya ha sido sentenciada en primera y segunda instancia, siendo los tres magistrados del séptimo tribunal colegiado penal del Distrito Federal quienes le negaron el amparo en febrero del año pasado. Sin embargo, la SCJN tiene la facultad de atraer casos controversiales, que en su opinión presentan irregularidades. En este caso, el ministro Arturo Zaldívar, quien es el encargado de liderar la discusión, argumenta que las pruebas presentadas contra Cassez carecen de validez jurídica debido a que se violó su adecuado procedimiento jurídico.
¿Cuáles son las implicaciones de la resolución de la SCJN en el caso Cassez?
En caso de ser liberada, la discusión sobre el tema de Florence Cassez puede ser un parteaguas en la historia de la Corte. En el mismo tenor que el caso Acteal, la SCJN podría ordenar la reposición o liberación de un preso, argumentando violaciones graves a la imparcialidad del proceso jurídico. De esta manera, daría cabida a la revisión de casos polémicos donde el debido proceso sigue siendo un tema indefinido.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2012).
Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 18 de marzo de 2012).
Con una opinión pública que ha condenado ya a Florence Cassez -sin simpatía alguna hacia una mujer que no imaginan que pueda ser objeto de un monstruoso error judicial en un país, como éste, donde el aparato de justicia se encuentra completamente corrompido-, se suman a apreciaciones, como la de una amiga, que suelta rabiosamente, sin más, que la Cassez "luego de 5 años de matrimonio no tenía manera de no enterarse de que su marido era un secuestrador". Pero, a ver, no fueron 5 años, para empezar, sino uno nada más. Y, aparte, no se casaron sino que mantuvieron una relación inestable y episódica. Y, con perdón, una observación sobre los ocultamientos conyugales: por ejemplo, cuando tu marido o tu mujer o tu pareja te ponen el cuerno pueden pasar meses enteros, y hasta años, sin que te enteres, ¿o no?
Repito, además, que estamos frente a un caso judicial muy confuso y muy contaminado; un proceso donde las declaraciones de los testigos han cambiado y en el cual han sido desechadas otras, como las de los citados Fernando Díaz y Alma Delia Morales, que ya no figuran en el sumario. Hay incoherencias, testimonios encontrados e inconsistencias que debieran no sólo conducir a la invalidación de todo el proceso -y a la consecuente revocación de la sentencia- sino a presumir que Florence Cassez es inocente, pura y simplemente.
Por cierto, si la ponencia del ministro Zaldívar, tras ser tramitada en la Primera Sala, lleva a la puesta en libertad de la condenada, eso no significará, como algunos dicen, una derrota de nuestro sistema judicial sino, por el contrario, un gran día para la justicia mexicana.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 18 de marzo de 2012).
El sólo cuestionamiento lastima al evidenciar el grado de corrupción al que no logran frenar las libres expresiones periodísticas, ahora en simultáneo proceso de revisión; en tanto, prevalece el clima de inseguridad esparcido en la mayor parte del territorio nacional, donde el sólo tránsito está convertido en aventurado riesgo.
Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de marzo de 2012).
Raymundo Riva Palacio
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 18 de marzo de 2012).
Armando González Escoto
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 18 de marzo de 2012).
Dante Haro Reyes, doctor en Derecho por la Facultad de Heidelberg, Alemania, señala un problema en la procuración y administración de justicia en el poder judicial y las procuradurías, y explica que en el delito de extorsión, con sus diversas modalidades, los delincuentes cambian el modus operandi de la manera en que mejor les resulte: "Buscan nuevas formas de operar, y ello abona a que no se denuncie tanto porque surge un nuevo tipo de extorsión".
No obstante, Haro Reyes duda que la cifra real haya decrecido tanto como las denuncias interpuestas ante la procuraduría estatal [de Jalisco], y en ello tiene que ver, además, la cifra negra del delito.
Y recalca que el propio secretario de Seguridad ha aceptado que las autoridades carecen de datos certeros acerca del comportamiento ilícito, pues mientras de 2010 a 2011 el comportamiento de las denuncias ante ministerios públicos locales disminuyeron al pasar de 6,335 a 4,598, las llamadas de auxilio a la Policía Federal crecieron en 136%: de 43,000 a 102,000. "La disminución que se presume no es tal; ya no están denunciando ante las autoridades locales, sino ante las federales".
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 17 de marzo de 2012).
El tema de los secuestros de unidades ya es recurrente año con año, se quejan los empresarios. Ése fue el argumento principal que dio el mandatario para hacer la advertencia sobre el uso de la fuerza pública.
Un día antes de estos dichos, los normalistas seguían plantados en su posición: no ceder ni un ápice en sus exigencias y radicalizar su accionar de ser necesario. Esto que peleaban los estudiantes, y que aparentemente consiguieron, era la emisión de la convocatoria de ingreso a la normal; la firma de un compromiso para no reducir la matrícula estudiantil de las normales del estado, así como otorgar plazas magisteriales para los egresados de las normales.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2012).
Fue un caos. La marcha de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación puso a prueba la paciencia de los automovilistas capitalinos, tan acostumbrados a los conflictos viales.
Después de tanto marchar, los docentes lograron dar un paso: abrir una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Tras 9 horas de negociación con el subsecretario Obdulio Ávila Mayo, los representantes de los maestros disidentes lograron firmar un acuerdo con la dependencia federal; en éste se incluye que la Secretaría de Educación Pública participará en foros de reforma a la ley de educación, que serán convocados por el Senado. Además, se acordó que la semana próxima se precisarán los montos de los créditos que se otorgarán a los docentes, continuará la mesa de trabajo instalada desde febrero en la dependencia, y se pondrá en marcha otra mesa de atención que revisará los temas de legalidad y justicia que requiera el magisterio.
Uno de los objetivos centrales de la CNTE es tirar la Alianza por la Calidad Educativa; más específicamente, la evaluación universal de docentes.
Una vez que se llegó al acuerdo antes mencionado, los maestros aceptaron desalojar el Zócalo capitalino y regresar a sus lugares de origen.
[A ver, pinche gobierno: si de todos modos las vas a dar, ¿por qué no le ahorras a la ciudadanía que verdaderamente trabaja en este país tanta molestia con esta bola de cabrones y les obsequias todo lo que quieran? Así le hacían en el antiguo régimen priista y había menos mitotes a lo pendejo. Lo único que has hecho es adiestrar a las mafias acerca de que el camino para obtener lo que desean son estas muestras de ilegalidad rampante, mientras que te pones en ridículo una y otra vez. - El webmaster.]
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2012).
(V.pág.25 del periódico Milenio Jalisco del 16 de marzo de 2012).
El ex canciller argumentó que fue precisamente la Convención de Viena lo que le permitió a México en 2002 demandar a Estados Unidos por el Caso Avena, por el que 52 mexicanos habían sido condenados a la pena de muerte en aquel país, casi todos en Texas.
"No alegábamos que era gente muy mala: asesinos, violadores, traganiños, lo que ustedes quieran, unas barbaridades sin nombre. Nosotros no estábamos alegando eso".
"Estábamos alegando como estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que EU había violado la Convención de Viena, que esa protección consular hubiera podido cambiar el desenlace y por tanto que se tenía que revisar el caso de cada uno de ellos", apuntó.
Afirmó que México podría denunciar la Convención de Viena por considerar que protege a delincuentes extranjeros, sin embargo, dijo que no hay otro país en el mundo al que le interese tanto el tema de la protección consular como a México.
"El país en el mundo que tiene la mayor proporción de sus nacionales viviendo fuera de sus fronteras es México, estamos como el 11%. Si hay un país al que le importa la protección consular es a México".
Las fallas en el debido proceso en el caso de la francesa Florence Cassez ponen en evidencia a un sistema de justicia que amenaza a todos los habitantes del país, aseguró Ana Laura Magaloni.
"Lo que más nos amenaza es un sistema que puede hacer lo que sea: fabricar culpables, esconder evidencia, aparecer otra nueva, encontrar un testigo y meterlo ahí. No saben cuántas veces pasa eso".
"Esas prácticas son las ordinarias, eso nos amenaza, porque nunca vamos a tener la certeza si los que están en la cárcel son los culpables, si estamos dejando a los culpables fuera, si se hizo justicia. Si la víctima tiene una buena historia de la cual creer y si el acusado tuvo por lo menos la capacidad de contar su historia y de poner una defensa que contraponga a la del Ministerio Público", indicó.
La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas destacó que el caso de Cassez no es excepcional en la justicia mexicana. Sostuvo que la ventanilla de la Suprema Corte significa la posibilidad de establecer nuevas formas de razonar el derecho y de concebir el papel de los jueces como árbitros imparciales y cuidar la presunción de inocencia.
De aprobar el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, Florence Cassez saldría libre y no podría volver a enfrentar un nuevo proceso, pues el proyecto acredita el efecto corruptor del montaje televisivo de su detención, aseguró Miguel Carbonell.
El investigador de la UNAM explicó que hay quien opina que la Suprema Corte puede llegar a la conclusión de que se violaron los derechos de Cassez, pero no decretar su libertad sino reponer el procedimiento, lo que significaría empezar desde cero, con una acusación de primera instancia.
"En los términos del proyecto esto es imposible. En la página 137 de las 145 que tiene, hay una afirmación muy importante. Dice el ministro Zaldívar: el montaje televisivo, la escenificación ajena a la realidad que se hizo, tuvo un efecto corruptor sobre el conjunto del ordenamiento", señaló.
Dijo que el ejemplo que utiliza Zaldívar es el testimonio de un testigo, Leonardo Cortés López, quien se presenta espontáneamente en la SIEDO el mismo día en que las autoridades reconocen el montaje, y dice que viene a reconocer a Cassez como la persona que en ocasiones iba a comprar verdura a su puesto, y afirma que se trata de la misma persona que vio en la televisión como la francesa secuestradora.
Dijo que si la base probatoria que incrimina a Cassez es débil, precaria y sostenida con alfileres, la reposición del procedimiento no cabe.
Las cuestiones procesales son la sustancia misma de la protección a los derechos humanos, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Plascencia.
"Estos elementos procesales, estos tecnicismos que se han criticado mucho del proyecto del ministro Zaldívar, constituyen la sustancia misma de la posibilidad de proteger los derechos humanos de una persona", señaló.
Dijo que es importante analizar el proyecto de Zaldívar, pues lleva a cuestionar la participación de Cassez en los hechos.
Advirtió que es un falso debate señalar que la protección de los derechos de los imputados cancela la de los derechos de las víctimas, pues ambos se defienden a través del debido proceso, y en ese sentido, dijo que el proyecto de Zaldívar demuestra que ni el Ministerio Público ni el juez hicieron su trabajo, es decir, cumplir con el debido proceso.
"Lo que se busca con el debido proceso es que unos y otros derechos queden salvaguardados", mencionó.
Si se excluyen las faltas al debido proceso, incluido el montaje televisivo, y únicamente se tomara en cuenta los testimonios de las víctimas de secuestro, éstos no serían suficientes para acreditar la culpabilidad de Cassez, advirtió Luis de la Barreda.
El abogado cuestionó que 2 de las víctimas dijeron en su primera declaración que no reconocían a Cassez, ni por su apariencia física ni por su voz, y que una de ellas, Christian Ramírez dijo que un hombre le extrajo sangre, versión que después cambió, señalando que quien le había sacado sangre era una mujer.
En tanto, la víctima Cristina Ríos negó en su primera declaración reconocer a Cassez, y la identificó hasta 2 meses después.
"Necesariamente está mintiendo en alguna de las 2 versiones", afirmó.
Dijo que la tercera víctima, Ezequiel Elizalde, tenía huellas de maltrato cuando fue rescatado, y declaró que fue Cassez quien lo inyectó para anestesiarlo, pues reconoció un mechón de su cabello que le salía del pasamontañas que le cubría el rostro.
En tanto, Ignacio Morales Lechuga, dijo estar indignado por lo que el estado mexicano le ha hecho a Cassez, pues no existe sustento ni pruebas en su contra, y la investigación del Ministerio Público no fue exhaustiva, por ejemplo, para investigar el vínculo que existía entre la familia de una de las víctimas de secuestro, Ezequiel Elizalde, y los secuestradores, pues hay indicios de que había una relación.
Destacó que consignar inocentes lo único que hace es incrementar la impunidad que prevalece en México.
(V.pág.5 del periódico Mural del 15 de marzo de 2012).
Quien fuera el primer ombudsman capitalino explica que:
A) Tras escenificar la liberación de las víctimas y la aprehensión de Cassez y Vallarta, la señora Cristina Ríos, que se hallaba secuestrada junto con su hijo, Cristian, rindió declaración en la SIEDO, donde le fue presentada la extranjera acusada, cuya voz también pudo escuchar, tras lo cual explícitamente señaló que no la reconocía como partícipe en su rapto.
En esa primera declaración, la víctima explica que tras no identificar a la francesa, elementos de la PGR le aseguraron que se trataba de una de sus agresoras.
Dos meses después, tras conocerse públicamente que el operativo de captura fue un montaje de la PGR para las cámaras de Televisa y TV Azteca, Cristina Ríos cambió su primera versión y afirmó haber escuchado varias veces la voz de la francesa, durante el tiempo en que estuvo secuestrada, lo cual es a consideración de De la Barrera, una "imputación inducida" por los agentes.
B) La segunda víctima rescatada, Christian (hijo de Cristina Ríos), tampoco reconoce a Cassez al rendir su primera declaración, ni por el físico ni por la voz. En cambio, el menor hace una imputación directa contra Israel Vallarta, al que identifica como la persona que le extrajo sangre durante su cautiverio.
No obstante, tal como hizo su madre, 2 meses después Christian cambió su primera declaración y afirmó que quien le sacó sangre no fue Vallarta, sino Florence Cassez, a la que dijo reconocer por su acento y la blancura de sus manos.
C) La tercera víctima rescatada, Ezequiel Elizalde, sí reconoce a la francesa desde su primera declaración y afirma fue la mujer encapuchada que se encargó de inyectarle anestesia en una mano, mientras se hallaba secuestrado. Como prueba de ello, este joven exhibió la supuesta cicatriz que dejó dicho procedimiento; sin embargo, a través de pruebas periciales se demostró luego que se trataba de una mancha de nacimiento que nada tenía que ver con una inyección. Además, este tercer imputador presentaba huellas de "tortura" al momento de declarar contra Cassez.
"¿Con base en estos testimonios contradictorios se puede condenar a un acusado?", se preguntó De la Barreda.
Otro elemento que, según Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la PGR, resta certeza sobre la veracidad de la investigación realizada por las autoridades, son los testimonios que vinculan al principal acusador de Cassez, Ezequiel Elizalde, con la misma banda de secuestradores.
Entre éstos se encuentra el de su ex esposa, quien testifica ante el Ministerio Público haber presenciado una negociación telefónica entre los plagiarios y la madre de Ezequiel, en la que se maneja cómo móvil el cobro de una deuda contraída por su padre.
Esta declaración, señaló Morales Lechuga, aporta elementos para considerar que se trata de una deuda "no cobrable judicialmente", para lo cual Ezequiel fue tomado como "garantía humana" del pago, algo que el ex procurador calificó como "común entre la delincuencia".
En apoyo a esta reflexión, Eduardo Gallo, activista civil contra el secuestro, recordó que durante la escenificación preparada por la PGR, el presunto secuestrador Israel Vallarta asegura a los reporteros presentes que "el chavo (refiriéndose a Ezequiel Elizalde) no está secuestrado, el papá se dedica a lo mismo y debe dinero", afirmación interrumpida por el agente que lo tiene cogido por el cuello, impidiéndole continuar.
Estos elementos, concluyeron, ponen en duda la fiabilidad de Elizalde como testigo acusador, a pesar de ser presentado como víctima, y dejan ver que una parte de los indicios que afloraron durante la pesquisa no fueron explorados por la PGR.
El jurista Miguel Carbonell aclaró que los argumentos esgrimidos contra la sentencia a Florence Cassez no pueden ser empleados, por el momento, para que Israel Vallarta, el otro acusado, impugne el proceso en su contra, particularmente porque, a pesar de que han pasado ya más de 6 años desde su captura, aún no ha sido sentenciado.
"Tecnicamente -afirmó- se sigue presumiendo su inocencia".
(V.Animal Político del 14 de marzo de 2012).
(V.primera plana del periódico Mural del 15 de marzo de 2012).
Presionados por la policía, anoche estudiantes liberaron al menos a 14 choferes, pero todavía tenían más.
"(Los normalistas) nos pintarrajean la ciudad, nos toman calles; cada que quieren bloquean la carretera, retienen vehículos y eso no se puede seguir permitiendo", dijo ayer el gobernador Fausto Vallejo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que hay alrededor de 200 policías desplegados cerca del plantel.
En respuesta, los normalistas atravesaron 3 autobuses de las líneas Autovías y Primera Plus, como barricadas para bloquear el acceso al plantel.
Además, se apoderaron de una pipa con capacidad de 20,000 litros, presuntamente cargada con diesel que colocaron en la puerta del plantel.
Unos 300 estudiantes se mantenían ayer atrincherados con palos y piedras.
Advirtieron que no entregarán los autobuses hasta no lograr un aumento en la matrícula y plazas automáticas para los egresados.
"Somos buenos ciudadanos, lo único que hacemos es velar por nuestros derechos y por los de toda la sociedad", argumentó Gabriel García Arreola, vocero estudiantil.
En tanto, el servicio de autobuses en Morelia continuó suspendido en protesta por el secuestro de unidades a manos de normalistas.
Según datos de la Terminal de Autobuses de Morelia, la suspensión afectó a 17,000 usuarios en 24 horas.
(V.primera plana y pág.12 del periódico Mural del 15 de marzo de 2012).
Desde el viernes hasta ayer, los normalistas han secuestrado 27 unidades con todo y sus operadores.
La medida se aplicará en tanto los estudiantes normalistas no liberen los autobuses secuestrados y a sus choferes.
Desde el pasado viernes, estudiantes de la Escuela Normal Urbana de Tiripetío empezaron con el secuestro de unidades.
Adicionalmente, han tomado casetas de peaje de la autopista Siglo 21 y han marchado en Morelia para exigir ser atendidos por el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 14 de marzo de 2012).
La presentación de detenidos no tiene ningún sustento jurídico, por el contrario se podría argumentar que es violatorio de los derechos de los detenidos pues convierte una presunción de culpabilidad en un mediático juicio sumario. La presentación es un show para los medios que se compensa, al menos en teoría, con buen trato a las instituciones policiacas.
El caso más patético y paradigmático de esta costumbre es justamente el de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada secuestro, identificada y señalada directamente por su víctima, y cuyo caso se discute en la Corte porque sus captores, policías investigadores de la PGR, decidieron hacer un montaje para la televisión, violando todos los derechos y garantías del detenido. ¿Quién gano con el show? La televisión obtuvo sus imágenes y logró engañar al público haciéndolos creer que están en la línea de fuego, jugándose el pellejo por grabar el momento mismo de la detención, y la PGR creyó que haciendo el montaje ganaba buena imagen. Pero a la postre la única beneficiada ha sido la señora Cassez que gracias a esa pifia podría quedar libre. Para la televisión fue un capítulo de telenovela más, nada le importó haber obstruido la justicia, ni que la víctima del secuestro haya tenido que huir del país.
Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 14 de marzo de 2012).
Sin embargo, lo que está a prueba es la mismísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con su nuevo énfasis en el concepto de los Derechos Humanos. La cuestión de base es ¿cuánto queremos, toleramos, aprobamos que haya justicia al margen de la ley?, ¿cuánto queremos, toleramos, aprobamos seguir operando como sociedad en la permisividad discrecional ante la aplicación de la norma?
El asunto clave, que no todos lo pueden apreciar fácilmente por las pasiones que despierta, está en la base misma de la civilización moderna. Signado en el año 1215, la Carta Magna es el documento más antiguo que funge como antecedente básico para todos los sistemas políticos modernos y contemporáneos. Entre otras cosas planteadas en sus 63 artículos originales, exigía el derecho al debido proceso, frente la posibilidad de que el rey pervirtiera el tratamiento de la justicia de manera inequitativa y arbitraria. Resultó como consecuencia de los abusos del rey Juan Sintierra que provocaron una revuelta entre los barones quienes le urgieron a reconocer los derechos individuales tanto de la nobleza como del pueblo inglés ordinario.
En esencia planteaba el principio de que nadie, incluyendo al rey (o cualquier legislador) está por encima de la ley. De este documento surgen luego las constituciones y las democracias modernas.
Ahora reconocemos que los procedimientos no respetados son el mecanismo base de la corrupción, no necesariamente el motivo, pero sí la tierra fértil para que prospere la sociedad corrupta.
Si bien entre México y Francia hay mucho de común compartido, es precisamente en este tema donde somos diametralmente opuestos. El orden riguroso versus el ahí se va. Se nota en todos los ámbitos: la educación, la seguridad, los servicios públicos, etc. Sobre todo en la actuación de justicia.
El caso Cassez, cualquiera que sea su desenlace, tendrá un efecto coyuntural para los mexicanos.
Norberto Álvarez Romo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de marzo de 2012).
También esperamos que por el bien de México, se aplique la ley para todos los ciudadanos.
Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 14 de marzo de 2012).
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de marzo de 2012).
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de marzo de 2012).
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Amparo Directo en Revisión (517/2011) del caso de Florence Cassez, ha generado un gran revuelo nacional, porque pone en cuestión muchas trampas que circulan de forma legítima en el poder judicial. La diferencia con otros expedientes -en donde el debido proceso ha estado ausente- es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha develado la construcción mediática del caso y ha puesto en evidencia las violaciones del procedimiento que afectaron los derechos de la acusada e impidieron impartir justicia.
En diciembre de 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que era dirigida por Genaro García Luna, hizo un montaje televisivo para tener reflectores y reconocimiento. El proyecto del ministro Zaldívar, que inicia su argumento con la transcripción que hicieron los noticieros, señala que: "Esta Primera Sala no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho" (p. 133). Eso se llama mediocracia.
Con el montaje empiezan las complicaciones del caso: la violación de derechos, como la falta de asistencia consular para extranjeros, deja a las personas en la indefensión. A ello se suma que la acusada fuera "expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la AFI, con el objeto de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros". Con la mediatización se violentaron los derechos de presunción de inocencia y de una defensa legal. Además se vició la evidencia y se tuvo un "efecto corruptor" en todo el proceso penal. El resultado fue un caso alterado en donde no es posible saber si la persona es culpable o inocente.
El expediente Cassez se ha vuelto emblemático, porque cuestiona muchos de los usos y abusos del poder y de los errores del gobierno en materia de combate al crimen organizado. Pone en duda el desempeño de autoridades como el mismo García Luna, un funcionario protegido por su jefe, como quizá ningún otro en el gabinete. También se cuestiona el desempeño que tuvieron las diversas instancias del poder judicial que juzgaron el expediente Cassez y no valoraron las violaciones al proceso, desde el juez quinto de Distrito en Procesos Penales, pasando por el Primer Tribunal Unitario, hasta el Tribunal Colegiado.
La PGR hizo una crítica porque según esa institución la Corte no debería haberse dado a conocer el proyecto, con lo cual se cuestiona por parte del gobierno federal la política de transparencia que ejemplarmente ha puesto en práctica la SCJN. Por otro lado, se ha producido una opinión en contra del proyecto porque supuestamente no se toma en cuenta a las "víctimas". Bajo este supuesto falso han tratado de hacer alianza la actual candidata panista al Distrito Federal, Isabel Miranda, con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
El proyecto Zaldívar deja una fuerte llamada de atención al sistema judicial y un alto a la mediatización de la justicia.
Alberto Aziz Nassif
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 13 de marzo de 2012).
"Si ese procedimiento indebido, tal y como lo está señalando el ministro Arturo Zaldívar, se dio, tiene que acompañarse con el deslinde de responsabilidades correspondientes, como la mejor manera para prevenir y evitar que se repitan casos de esas características", señaló.
En conferencia de prensa, se preguntó a Plascencia si consideraba que la violación al debido proceso en el caso de Florence Cassez pudo afectar o dañar la sentencia, y al respecto respondió: "Sí, sin duda afecta".
Se le insistió en que si estaba de acuerdo en que la violación al proceso en el caso de la francesa puede hacerla ver como una delincuente.
"Podría hacerla ver o podría dejarla en libertad también, lo mismo", contestó el ombudsman nacional.
(V.periódico El Universal en línea del 12 de marzo de 2012).
Espero que la Suprema Corte avale la resolución porque, dice: "...las pruebas contra Cassez carecen de fiabilidad, ya que los testimonios... producto de una deformación de la realidad provocada por la AFI... produjeron una indefensión total de FC". El dictamen del magistrado Zaldívar, que no juzga la culpa de Florence sino la colosal falta de respeto a la verdad, tiende a defendernos, a usted y a mí, de los abusos del poder. No se puede partir de una mentira para encontrar fundamentos ciertos en asunto tan grave como un proceso penal."
"Quien fraguó, avaló o consintió el engaño tiene en sus manos nuestra seguridad y en gran medida nuestro destino como ciudadanos. Debió haberse ido a su casa bajo el mandato de Fox."
"Fraguar una mentira obscena "como un efecto corruptor en el proceso penal que vició la evidencia incriminatoria", según el magistrado Zaldívar, debía no solo ser causa inmediata de una renuncia, o mejor un cese, si no de un proceso culposo.
En un afán febril de tapar el hoyo, autoridades implicadas lo ahondan, agrandan y plantean la solución al problema como si cubrir errores fuera misión sagrada. Doña Marisela Morales, nada menos que procuradora general de la República, encargada por ley de procurar justicia y aconsejar al presidente, dijo que la pantomima no puede llevar a la absolución de la sentenciada, "sino en todo caso a ¡reponer el procedimiento!". ¡Pácatelas: a juzgarla otra vez por lo mismo! Nada de autocrítica, nada de hacer responder a los implicados, nada de pensar en México. Nada de nada. Gracias por procurarnos protección, licenciada.
La medida decisiva será tomada el día 21 por jueces que, si no se alejan del espíritu del derecho, estarán defendiendo a sus compatriotas. Y recetando un tratamiento drástico.
Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de marzo de 2012).
Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de marzo de 2012).
La autoridad policial cometió errores que se apilan en 2 sentidos: de un lado privó a las víctimas para que se beneficiaran de la justicia y del otro, dañó la posibilidad de defensa que tenía la señora Cassez.
De esta equivocación simultánea es que se deriva el dilema central del caso: si los ministros de la Corte deciden liberar, al mismo tiempo estarían culpando a la autoridad que "devastó" la evidencia.
Los nombres y los apellidos de esa autoridad son Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Acusar a Genaro García Luna en este sexenio ha sido tomado una y otra vez como una traición al presidente y a su gobierno. Nadie ha gozado de tanta deferencia y protección por parte de Felipe Calderón como su secretario de Seguridad Pública. Justo en sentido inverso a la hebra política se halla la reforma cultural que el caso Cassez podría propinar a las formas y los modos autoritarios que predominan en la policía mexicana.
Si la SCJN confirma los criterios y principios defendidos por el ministro Zaldívar, será difícil que vuelva a haber en nuestro país otro (super)policía, (super)impune que se atreva a subordinar el debido proceso para reventarnos con demagogia su muy autoritario e ilegal talante para resolver la criminalidad.
Como consecuencia se colocaría también una suerte de impedimento -de facto- para que el actual secretario de Seguridad Pública, o su socio, el señor Cárdenas Palomino, repitan en el cargo durante la próxima administración.
Se trataría, en efecto, de un repudio definitivo contra quienes manipulan la ley a favor de su inaceptable y torcido arbitrio, un rechazo valiosísimo frente a quienes en vez de perseguir los delitos hacen relaciones públicas para beneficiarse políticamente.
Ricardo Raphael
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de marzo de 2012).
Desde luego hay víctimas que dicen haber sido secuestradas. Pero también está documentada la intervención de la autoridad para fabricar un montaje para inculpar a la francesa, desde el mismo día en que se escenificó su detención.
Olvídense del aviso consular que la autoridad estaba obligada a hacer en el caso de la detención de una ciudadana extranjera (el consulado llegó a asistirla 36 horas después).Cassez fue secuestrada varias horas por la policía para luego ser exhibida como culpable ante los medios en una presunta detención que no sólo fue posterior a la aprehensión real, sino con todas las circunstancias cambiadas, propia de una escenificación falsificada.
Hay un discurso popular que asume que una extranjera secuestradora no puede estar por encima de varios mexicanos secuestrados.
Otros afirman que no se vale liberarla simplemente porque no se cumplió el debido proceso, cuando tantos mexicanos están en la cárcel a pesar de encontrarse en la misma situación.
Me parece que ese enfoque está equivocado. En realidad muchos mexicanos están siendo víctimas de la autoridad. La guerra contra el crimen ha desatado una violencia inusitada en contra de la población civil. Buena parte del norte del país es tratado por el ejército y las policías como territorio ocupado. Cateos ilegales, siembra de evidencia, tortura y detenciones arbitrarias. Se ha vuelto una costumbre que la policía exhiba como delincuentes a personas que no han sido procesadas.
Ciertamente es lamentable que muchos otros casos no adquieran la celebridad que ha merecido el de Cassez. Miles de mexicanos están en cárceles sin el debido proceso y seguramente muchos de ellos son inocentes. Por lo mismo es importante que se pase el mensaje a la autoridad de que estas arbitrariedades no pueden continuar.
Un fallo a favor de Cassez será un fallo a favor de muchos mexicanos que todos los días son víctimas de infundios por parte de la autoridad. El mensaje que los jueces pasarían es que el estado de derecho se construye desde la investigación policiaca y el principio de presunción de inocencia debe sostenerse hasta que se demuestre lo contrario. Necesitamos procedimientos judiciales creíbles, en beneficio de todos.
Me causa extrañeza la oposición de algunos analistas en contra de la liberación de Cassez, a pesar de que algunos de ellos han denunciado las irregularidades que ha cometido Genaro García Luna, en su afán de presentarse como un superpolicía. Él era el director de la AFI cuando la detención de la francesa y fue su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, quien organizó el "reality judicial". Y para nadie es un secreto la obsesión de García Luna en demostrar la culpabilidad de esta mujer a partir de la denuncia que ella hizo de haber sido objeto de un montaje.
La investigación del ministro Zaldívar muestra que Cristina Ríos y su hijo, las víctimas secuestradas, no acusaron a Cassez en sus primeras declaraciones sino "a posteriori". Es revelador que Israel Vallarta, el novio y presunto líder de la banda, no haya sido llevado a juicio 6 años después de su detención. Está documentado que Vallarta fue torturado (pese a lo cual nunca inculpó a Cassez) y la autoridad teme que la sentencia se desplome por este vicio de origen. Eso, a su vez, podría debilitar el caso de la francesa.
No hay certidumbre de cuál podría ser el desenlace. Ha trascendido que 2 de los jueces podrían favorecer el dictamen de liberación (el propio ministro Zaldívar y Olga Sánchez Cordero) y 2 estarían en contra (Jorge Pardo y Ortiz Mayagoitia, cercanos al área de influencia de Calderón). El ministro Cossío sería el fiel de la balanza. Pero tales cálculos no dejan de ser especulación.
Lo que podemos estar seguros es que si el fallo es en contra, sólo quedaría a la francesa recurrir a tribunales internacionales y estos necesariamente condenarían a la justicia mexicana. Otra vez.
Jorge Zepeda Patterson
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 11 de marzo de 2012).
Lo que es inconcebible es la manipulación a la que fuimos todos sometidos con aquel famoso video supuestamente grabado en vivo y que no fue otra cosa que un vanidoso montaje de un operativo de supuesta "inteligencia policial". Y como siempre sucede: expedientes mal elaborados (cereza en el pastel) para los abogados defensores.
Ahora estamos envueltos en un lío internacional sobre la impartición de la justicia en México a causa de la impotencia de las autoridades encargadas de la seguridad.
El tema que puso en la mesa el ministro Zaldívar ha suscitado un debate que deberá de ser muy positivo para el país. El ministro no está discutiendo la inocencia o culpabilidad de la francesa, sino simplemente la forma en la que fue manejado este caso como tantos y tantos se manipulan a discreción de la policía culpando sin siquiera haber presentado al Ministerio Público al acusado sin respetar sus garantías individuales básicas de humanidad, mostrando antes de juzgar al presunto culpable en los medios de comunicación para acreditar que las policías están actuando a favor de nuestra seguridad.
Pensar que nuestro sistema corrupto cambiara por obra y gracia de un milagro es tan ingenuo como creer que los políticos pensaran en los ciudadanos y no en su beneficio.
Carlos Corvera Gibsone
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 11 de marzo de 2012).
El caso Cassez, igual que tantos otros (miles de presuntos culpables), sintomático de la escandalosa arbitrariedad e ineficacia de la justicia nacional (procuración e impartición), que develado por el escándalo y sintetizado en argumento legal, se sitúa en tránsito de ser paradigma.
Para las sociedades modernas (o que lo pretenden, como la nuestra) la justicia o se configura y pasa por el derecho o no es justicia. Ni modo. Fuenteovejuna ya no es justicia, los vengadores privados son delincuentes, las masas (o la opinión pública) exigiendo venganza, reparación o proyectando sus reclamos en un chivo expiatorio no instrumentan justicia, la pervierten. Derecho y justicia no son equivalentes, se trata de una moderna relación desigual que somete (castiga) la justicia al troquel del proceso judicial. Eso puede ser -en alguna medida o circunstancia- injusto, aunque conviene a todos, bien mayor (o superior, convendría a la Nación...). Estamos ante una paradoja, lo distinto o paralelo a la doxa, alejado o desviado de la opinión común y corriente. No importan aquí las mayorías, este asunto no es de democracia en su sentido silvestre.
Las trapacerías mediáticas, procesales y políticas del ejecutivo (AFI, MPŽs, Presidencia-SRE-Segob), las pifias, aquiescencias y complicidades del judicial (Zaldívar fustiga la procuración de justicia, pero se hace de la vista gorda respecto a las 3 instancias del poder judicial involucradas en el caso) hicieron explotar cualquier ensayo de justicia; García Luna con su ignorancia, prepotencia y megalomanía, Calderón afanoso del aval de una sociedad agraviada y los atorrantes jueces que la sentenciaron han hecho imposible predicar acerca de la culpabilidad o la inocencia de la Cassez.
Es una responsabilidad enorme (probablemente también delito). Principal y directamente con las víctimas; no se repara el daño castigando a alguien a quien el Estado, al violar su derecho al debido proceso, hizo nugatoria la posibilidad de saber y declarar si es inocente o culpable. Los derechos de las víctimas en este caso desastroso son responsabilidad del Estado.
Alán Arias Marín, FCPyS-UNAM
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 11 de marzo de 2012).
Por lo pronto, el ministro Zaldívar ha restaurado un poco el maltrecho principio de institucionalidad de la justicia mexicana. Enhorabuena, señor ministro. Esperemos que proceda su propuesta.
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 11 de marzo de 2012).
Con una vecina, llamada Julieta, le pasó algo similar. Ella venía con su Audi A4 sobre López Cotilla e iba a dar vuelta a la derecha en Chapultepec, con dirección a la avenida Niños Héroes. A su derecha estaba parado subiendo pasaje, un camión del transporte público. Con el semáforo en rojo, ella ubicó la salpicadera derecha de su auto justo en frente del autobús, para dar la vuelta tan pronto pudiera. Cuál no fue su sorpresa al ver que el camión simplemente arrancó, como si no hubiera nada obstaculizando su camino, impactando la salpicadera del auto. Julieta bajó, indignada y al mirar al chofer este, riendo, le dice: "Te choqué ¿Y qué? ¿Qué vas hacer ahora?". Ella habla por celular con su marido, le describe el choque y él, imaginando que el costo sería menor que el deducible y el trámite un engorro absoluto, le dice: "Mejor déjalo y ve a casa". Ella se tuvo que tragar el coraje e irse, ante la cara de burla del chofer.
Cuando le pasó a María, ella lo publicó en Facebook y, para su sorpresa, se dio cuenta de que el hecho se está volviendo una escena común. Una de sus amigas cuenta que a ella le "han pasado cosas similares. Lo hacen porque somos mujeres. Los muy cobardes no lo harían si fuéramos hombres".
Es posible que la amiga de María tenga razón. Es también no sólo posible, sino probable, que la actitud de María y Julieta al volante haya sido por lo menos imprudente. Sin embargo, esto no le da el derecho a los conductores de "hacer justicia" con sus propias manos, cosas a la que se animan con base en la impunidad, porque saben que son choques menores, que no alcanzarán a ser pagados por el seguro y que por lo mismo, los dueños harán el trámite por su cuenta, si es que se animan a hacerlo, porque para esto hay que juntar papeles, ir a Tránsito y animarse a enfrentar largas filas y más de una vuelta a la dependencia. Los que lo hacen, además, probablemente sólo tengan esperanza de alguna especie de sanción para el culpable, porque recibir por los daños pasa a ser casi imposible porque hasta la autoridad los considera "menores", o al menos de esta manera se comportan ante la denuncia.
Todo esto tiene origen en la impunidad y con frecuencia ésta es hija de la burocracia. Para hacer una denuncia porque alguien le haya chocado el auto hay que ir a las oficinas de la Secretaría de Vialidad. No se puede hacer, por ejemplo, en la Unidad Administrativa Sur, en Las Águilas, lo que ayudaría a descentralizar.
Ir a "Tránsito" es encontrar dificultad en estacionar, para después ver también lo difícil de encontrar la entrada, ya que sólo se puede por delante del edificio, cuando los estacionamientos están justo atrás. Dentro, se pueden perder valiosos minutos de un módulo a otro de información, hasta llegar a la ventanilla correcta. Ahí le dan la lista de requisitos para el trámite y lo más probable es que se tenga que regresar el día siguiente. Y más vale apurarse porque sólo se puede hacer la denuncia en los tres días hábiles después del percance. Además, claro, el horario de funcionamiento es de 9 am a 2 pm. Cómo si, al sufrir un choque, el mundo se detuviera y la víctima obtuviera el permiso de faltar al trabajo para denunciar.
Luego de hecha la denuncia, hay que acudir a una cita a la que son convocadas las partes involucradas. Lo más común es que el acusado no vaya. En este caso la víctima tiene que ir otras dos veces y, si después de la tercera, el acusado sigue sin aparecer, hay que levantar una denuncia penal. La certeza de una sanción no existe. Mucho menos la de recibir el pago de los daños.
Un mayor horario de atención, con más módulos para recibir a la ciudadanía y requisitos más simples, ayudarían mucho a que la gente hiciera lo que se debe hacer en estos casos: denunciar. Porque mientras todas sigan tragándose el coraje ante una actitud de estas, nuestro ya caótico tráfico va ser aún peor, ante la presencia de esos chóferes de servicio público que, envalentonados frente a las mujeres, deciden "hacer justicia" con sus propias manos.
Sergio Oliveira
(v.pág.3-D del periódico El Informador del 10 de marzo de 2012).
México muestra índices preocupantes en lo que hace al imperio de la ley, pues junto con Indonesia registra el peor indicador de los 91 países estudiados. Se cuestiona la independencia del poder judicial, la prevalencia de la ley en materia civil y criminal, el control civil de la policía. Falla la protección contra el terror policial, contra la prisión injustificada, el exilio y la tortura. Persiste la guerra y no toda la población es tratada equitativamente frente a la ley. Otros aspectos que distancian a México del ideal democrático occidental se refieren a la autonomía personal y los derechos individuales, en lo tocante a la influencia de fuerzas de seguridad y crimen organizado, así como la inequidad de género y la falta de oportunidades equitativas. Derechos asociativos y organizacionales limitados; corrupción y falta de rendición de cuentas, coronan el cuestionamiento a la democratización mexicana.
Jalime Preciado Coronado
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
¡68.2% de los mexicanos está en la informalidad! Esto no sólo tiene consecuencias que vulneran la credibilidad y la vulnerabilidad en las autoridades que rigen al comercio informal, sino que también se percibe ineficacia en nuestra democracia.
¿Cómo es posible que más de la mitad de la actividad económica en México sea ilegal? ¿Quién pondrá un freno a esta espiral imparable?
En una sociedad en donde los ciudadanos no están en igualdad ante la ley, el resultado es invariablemente, la miseria del conjunto de esta, e impera el desorden, la injusticia y la desigualdad, los peores enemigos de una economía próspera.
O todos pagamos impuestos... o nadie. Pero no se vale como está ahora la situación, que el peso fiscal está a cargo de unos pocos que hacen las cosas de manera legal, pagan impuestos, licencias municipales, renta de locales, sueldos, IMSS y los otros, disfrutando de los mismos privilegios, pero sin pagar nada.
Es inaudito e inaceptable que no exista autoridad que los obligue a regularizarse. Que baste que organicen una marcha, que se manifiesten bloqueando calles, para que las autoridades les concedan lo que piden.
Todo esto provoca descontento, frustración y aleja al verdadero empresario. Al que quiere invertir, al que se quiere arriesgar, para instalar una empresa que genere empleos y prosperidad para la región.
Definitivamente, la solución a la pobreza, no se arregla con el comercio informal. Es más sano para una sociedad, que sus ciudadanos marchen dentro de la ley, paguen sus impuestos para poder disfrutar de un sistema de vida de orden e igualdad.
Pero es cierto también, que el gobierno no otorga las facilidades para que un emprendedor registre legalmente su pequeño negocio debido a la tramitología y burocracia. Es común que empleados de los ayuntamientos, aconsejen al comerciante, que no se registre, hasta que el inspector vaya a levantar la infracción.
La pobreza se soluciona otorgando trabajos legales y honestos a los ciudadanos, y es obligación del Gobierno, instruirlos en la legalidad, porque alrededor del comercio informal, nacen otras actividades ilegales como el contrabando y la piratería.
Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
Desde hace 6 días, aproximadamente 350 integrantes del SME reiniciaron movilizaciones, y se instalaron nuevamente en plantón frente a las instalaciones de la CFE.
En el edificio corporativo de la compañía, ubicado en la calle de Río Ródano y Río Atoyac, laboran 1,200 personas, en oficinas instaladas en 10 pisos, y en las instalaciones de Insurgentes y Reforma hay casi 1,500 trabajadores en 25 pisos.
El directivo precisó que la víspera los sindicalistas mantuvieron un bloqueo en uno de los centros de atención a clientes en la avenida Juárez, cerca del Centro Histórico, en el que "privaron ilegalmente de su libertad" a casi 30 personas, entre trabajadores de la empresa y clientes.
(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
El ministro de la Corte Arturo Zaldívar ha emitido su juicio al respecto. Encontró en el expediente las mismas irregularidades que había hecho visibles De Mauleón en su inquietante y preciso relato del secuestro de la verdad que el caso implica.
"Al final de la historia", dice la revista Nexos en la presentación del texto de De Mauleón, "los únicos hechos comprobables del expediente son la manipulación sistemática, la impunidad de origen en el trato de acusados y testigos, el manejo de los medios para construir versiones ad hoc".
Es imposible saber por los documentos judiciales que la acusan si Florence Cassez "es inocente o culpable", agrega la revista, "si los secuestrados fueron efectivamente secuestrados y si dicen la verdad en su primera, en su segunda o en su tercera declaración; no podemos saber siquiera si existió la organización delictiva sobre la que está construido el caso, aunque es claro que la parte fundamental de esta banda se encuentra libre, que hubo víctimas, que hubo verdugos y que en muchos momentos los verdugos son los investigadores del caso, que operan en la opacidad, torturan, inducen declaraciones, alteran los hechos y montan espectáculos para los medios".
De Mauleón no pudo hacer, como era su propósito, un relato de lo sucedido a Florence Cassez. Hizo, como digo, algo mejor: un retrato encarnado del siniestro juego de fabricaciones a que puede dar lugar el sistema de investigación penal vigente en México.
Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
No era necesario que se montara un espectáculo mediático en el que se viera lo perverso de la francesa y el Sr.Vallarta. Eso sólo servía -hasta el momento en que se supo el timo- para el lucimiento del gobierno en turno, del funcionario que ideó el show y del medio que mandó reportero y equipo para cubrir la exclusiva.
Ahora, el reportero se dice timado, el funcionario perseguido y la francesa inocente.
Gonzalo Oliveros
(v.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
Es un proyecto "bastante atinado. Es un proyecto que se ha hecho cargo de todo lo que hay en el expediente y pone el énfasis en 2 temas que son fundamentales; uno es la violación a los derechos consulares de la señora Cassez, que ya en principio sería un elemento suficiente para cuestionar el procedimiento, y luego el tema de fondo, que está relacionado con todos los vicios procesales que tiene el caso".
El ombudsman de la Ciudad de México se refirió a las irregularidades registradas en la captura y posterior presentación de Cassez por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y ello ocasiona que "no hay manera de saber si efectivamente la señora es culpable o no, y aquí tiene que aplicar el principio de presunción de inocencia".
(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
En las dependencias encargadas de perseguir y procurar justicia reconocen que además hay otros asuntos emblemáticos cuestionados en el Poder Judicial Federal, porque las pruebas aportadas no son suficientes para demostrar la culpabilidad de algunos acusados, como en el caso de la Operación Limpieza.
Trascendió
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
(V.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 9 de marzo de 2012).
El ministro ponente del proyecto, sostiene que durante su captura se violaron dos derechos fundamentales de la ciudadana francesa: el derecho de los extranjeros a recibir asistencia consular efectiva e inmediata
Y el derecho a ser puesta a disposición del Ministerio Público, ya que la policía la retuvo por más de 5 horas para llevarla a un rancho donde se preparó un montaje sobre su captura para las cámaras de Televisa y TV Azteca.
En 2005, cuando ocurrió la detención de Cassez, el titular de la AFI era Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal.
"No encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en el que Cassez fue retenida en esa propiedad (rancho Las Chinitas) y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de 3 secuestros", dice el proyecto.
"No se censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia", explica el documento, " se censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro para exponer a una persona frente a la sociedad, y principalmente, frente a las futuras partes del proceso".
Para el ministro Zaldívar, la violación a sus derechos puso a Cassez en un estado de indefensión total que tiene "una incidencia devastadora", sobre otras garantías, incluidas las de presunción de inocencia y defensa adecuada, y que por tanto toda la evidencia incriminatoria y los testimonios en su contra están viciados de origen.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que propone liberar a la francesa Florence Cassez, advierte que el proceso penal en su contra estuvo viciado de origen por la forma en que la Agencia Federal de Investigación "manipuló la realidad" para exponerla en televisión a nivel nacional como una delincuente, antes de ser presentada ante el Ministerio Público.
"En este tipo de escenario, resulta que el verdadero 'juicio' se celebró mucho antes de la aparición del juez", dice el proyecto que se discutirá el próximo 21 de marzo.
Zaldívar recuerda que, en febrero de 2006, tanto García Luna como el entonces titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, admitieron que el montaje se realizó "a petición de los medios de comunicación".
Como consecuencia de este montaje, el proyecto encuentra violaciones a derechos fundamentales que llevan a invalidar todo el proceso contra Cassez, entre ellos el derecho a ser puesto a disposición del Ministerio Público y a la presunción de inocencia.
"El efecto corruptor (del montaje) imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, que en este caso se tradujo esencialmente en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad, y que pudieron verse influenciadas por aquella", afirma.
Zaldívar destaca que Cristina Ríos y su hijo no acusaron a Cassez en sus primeras declaraciones; que Elizalde sí la señaló desde un principio, pero que "hay falta de fiabilidad" en su dicho, porque desde el momento de su rescate estuvo sometido al montaje de la Agencia Federal de Investigación; y que Leonardo Cortez, el otro testigo de cargo, compareció a declarar hasta el día en que la AFI admitió el montaje, y porque vio a la acusada en televisión.
En teoría, la Corte no puede analizar en un amparo directo en revisión los hechos del caso ni las pruebas desahogadas en el juicio, sólo puede hacer pronunciamientos en abstracto sobre constitucionalidad.
El amparo que promovieron los abogados de Cassez no alegó la inconstitucionalidad de leyes. Cuando el tribunal colegiado envió el expediente a la Corte, en marzo de 2011, advirtió que no había hecho interpretación alguna de la Carta Magna.
El proyecto del ministro Zaldívar busca saltar este obstáculo, afirmando que el tribunal colegiado sí se pronunció sobre 5 temas constitucionales, y menciona 8 amparos directos en revisión de 2008 a la fecha, en los que la Primera Sala ha entrado a estudiar hechos de un caso para llegar a una resolución.
Sin embargo, es probable que uno o varios ministros de la sala alegarán que el amparo directo en revisión de Cassez no se puede estudiar, y que el criterio de Zaldívar es demasiado amplio, pues algunos temas constitucionales que menciona están latentes en muchos casos penales y la Corte estaría obligada a estudiarlos.
El ex canciller Jorge Castañeda Gutman respaldó el proyecto del ministro Arturo Zaldívar.
"Lo que está diciendo el ministro Zaldívar es que no sabemos si (Cassez) es culpable o no, y no lo sabemos porque no tuvo derecho al debido proceso, no tuvo derecho al apoyo de su consulado, a ser entregada de inmediato al Ministerio Público. Cuando no hay debido proceso no sabemos si es culpable o no es culpable".
"Las personas que dicen 'es que cómo la van a liberar si es culpable', están diciendo una idiotez, una imbecilidad, porque justamente lo que no sabemos es si es culpable o no, porque en la ausencia de un debido proceso, es imposible determinar la culpabilidad, saber si los testimonios de las supuestas víctimas son fidedignos o no lo son, si son incriminatorios o no lo son, si son montajes o no lo son. Todo eso no lo sabemos salvo en el contexto del debido proceso", indicó.
Castañeda Gutman comparó el caso Cassez con el caso Avena, en el que México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por no haber dado protección consular a 52 mexicanos condenados a pena de muerte -según lo establece la Convención de Viena- lo que constituye una violación al derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.
(V.pág.6 del periódico Mural del 8 de marzo de 2012).
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 8 de marzo de 2012).
"Para el crimen organizado la trata de personas constituye la tercera fuente de ingresos, sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas". Y ayer, la misma Rosi decía que es tanto el dineral que ganan que la cantidad global suma unos 42,000 millones de dólares.
México, insistía entonces Rosi Orozco, "está catalogado como un país de origen, tránsito y destino, de víctimas de trata. Hoy en día nuestro país se compara tristemente con Tailandia, como paraíso de tratantes, pederastas y explotadores. Esto es algo que a todos nos debería preocupar mucho. Organismos internacionales y nacionales estiman que en México existen entre 16,000 y 20,000 niños víctimas de trata, con fines de explotación sexual, de los cuales el 80% son menores de 10 a 14 años".
Ayer, Rosi Orozco decía que Cancún, Acapulco, Tijuana y Ciudad Juárez son las principales ciudades mexicanas donde se registra un alto turismo sexual y de pornografía de niñas, niños y jóvenes. Y en menor escala Puerto Vallarta y Cabo San Lucas.
Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de marzo de 2012).
(V.pág.10 del periódico Mural del 1o.de marzo de 2012).
Lo que no es correcto es que el regreso se lleve a cabo en violación al estado de derecho. La Ley de Concursos Mercantiles establece un plazo de 365 días naturales para la realización de uno de estos procesos. Esto significa que en agosto de 2011 se debió haber definido el rescate o la quiebra de la empresa.
Sin embargo, en el último día de febrero de 2012 el concurso se encuentra en una prórroga indefinida. El juez Felipe Consuelo ha argumentado que esto es necesario para proteger los derechos de los trabajadores. Ha afirmado, en efecto, que obligará al gobierno a defender a los trabajadores "a golpe de resoluciones". La consecuencia, empero, ha sido generar un deterioro adicional de los activos de la empresa, con un posible daño final a los trabajadores y a todos los demás acreedores de la empresa, incluyendo a los tenedores de pasajes y de kilómetros del programa de viajero frecuente. La postergación del concurso genera también incertidumbre para empresas competidoras, como Interjet y Volaris, que han hecho inversiones importantes para cubrir los huecos que ha dejado Mexicana y mantener comunicado al país.
El juez Consuelo ha pedido ahora a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que certifique a Mexicana de Aviación como operadora aérea a pesar de que no se han garantizado los recursos financieros para el rescate ni se ha entregado el convenio de acreedores que permitiría poner fin al concurso mercantil. La SCT ha respondido que la ley establece que primero se debe concluir ese convenio de acreedores y garantizar los recursos de operación de la empresa y después emitir el certificado de operación aérea.
Hay razones importantes para respetar la ley. Ésta genera reglas claras para los participantes en un mercado, lo que a la larga beneficia a todos. Por eso las naciones que viven en un real estado de derecho tienen mayores tasas de crecimiento y mejores niveles de prosperidad. Los jueces tienen derecho a tener simpatías personales, por ejemplo hacia los trabajadores de Mexicana y en contra de los de Interjet, pero no deben permitir que esas simpatías se traduzcan en una aplicación discrecional de la ley.
A los usuarios de la aviación nos conviene que haya más participantes en el mercado. La competencia nos dará mejores precios y servicios. Pero si el retorno de Mexicana se realiza dando ventajas especiales a un grupo de inversionistas o a los sindicatos, si no se respetan las reglas establecidas en la ley, los daños a la economía serán mayores a los beneficios.
Me preocupa el precedente en el concurso mercantil del juez Consuelo. El mensaje es que aunque la ley diga que un concurso debe durar un año, el juez puede hacer caso omiso con el fin de ayudar a una de las partes. Peor no podría ser para la certeza jurídica.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 1o.de marzo de 2012).
Sólo 4 enfrentan el proceso penal en prisión, entre ellas Yadira Barreras, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Voces como la de ella aseguran que los verdaderos culpables deberían de ser los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal y de la instancia federal, y no empleadas que sólo seguían instrucciones.
Desde su encierro, Yadira Barreras asegura que no es culpable del incendio ni de las consecuencias.
Yadira Barrera dice que no fue su facultad autorizar los materiales con los que se construyó el techo del edificio.
Sostiene que se comete una injusticia contra ella y otras 2 de sus ex compañeras que están encarceladas, mientras que funcionarios de primer nivel tanto del Gobierno de Sonora como del IMSS están libres de culpa.
"Aquí (en la cárcel) debería estar el ex gobernador Eduardo Bours, también debería estar la ex coordinadora de Guarderías del IMSS".
Habla desde el área femenil del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, donde se encuentra recluida junto con Nohemí López Sánchez y Delia Irene Botello Amante, quienes fungieron como Jefa Delegacional de Guarderías y Coordinadora Zonal de Guarderías del IMSS, respectivamente.
Ellas y Arturo César Leyva Lizárraga, anterior delegado en Sonora de la dependencia, perdieron el beneficio de la libertad bajo fianza.
Por estar tipificado el delito como homicidio culposo, los inculpados pueden enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, Barreras, Botello Amante y López Sánchez no han podido depositar la fianza que equivale a más de 2 millones de pesos.
"Esto es un error del sistema de gobierno, del de guarderías, del IMSS, porque todo esto es una serie de autoridades, grupos, oficinas, departamentos, que no tenían un enlace, que quienes son responsables de establecer las normas de operación que regulan que supervisan, que dictan normas, las cuales nosotros ejecutábamos de acuerdo a nuestras guías y criterios de supervisión. Es toda una cadena que viene desde arriba en cascada, hacia abajo", comentó Yadira Barreras.
Asegura que su responsabilidad era supervisar varios rubros, entre ellos protección civil y seguridad, pero sólo reportaban lo que era visible como si había extintores y salidas de emergencia.
"Lo que venía en nuestras guías y criterios de supervisión era supervisado por nosotros. Esas causas del incendio no eran visibles a nuestros ojos, los techos que nosotros veíamos son los mismos techos -les dijimos al juez y al Ministerio Público- que vemos en sus oficinas; son plafones, que a la vista desde a bajo son los mismos de restaurantes, hoteles y oficinas. Si más arriba había lámina DD y poliuretano es que así se autorizó por los arquitectos y por los ingenieros que mostraron un dictamen estructural".
Yadira comenta que la verificación era constante, pero sus reportes sobre seguridad se limitaban a observar si estaban manchados por el agua de alguna lluvia.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de febrero de 2012).
Presunto culpable fue un éxito pero como casi todo en este país simplemente nos enteramos que la justicia penal está del perrazo y salvo la justicia que se logró para el acusado, lo que ciertamente no es poco, no se movió nada, yo hubiera esperado que después del documental, universidades y colegios harían foros preguntándose qué es lo que tendríamos que hacer para que situaciones como la narrada no se vuelvan a repetir, cómo deberán ser los juicios penales. No he sabido que se hayan dado.
Carlos Enrigue
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de febrero de 2012).
Tendríamos que reconocer que hemos sido el caldo de cultivo ideal para el estado narcotizado que somos hoy, gracias a que no hemos propiciado la igualdad, de que no creemos en la democracia y que el Estado de Derecho es una utopía.
Gabriela de la Paz
(v.pág.7 del periódico Mural del 23 de febrero de 2012).
Estas sanciones las aplicará el IFE a regañadientes. En una sesión anterior los consejeros del IFE votaron por simplemente amonestar públicamente a Márquez, pero los magistrados del Tribunal Electoral han ordenado al IFE que aplique mayores sanciones. Escribo esto antes de que el consejo general del IFE vote, pero no creo que los consejeros se declaren en rebeldía ante la censura ordenada por el tribunal.
Muchas cosas preocupan de estas sanciones. En primer lugar que el IFE esté sancionando a un ciudadano por el simple hecho de expresar una posición política. Quienes han afirmado que la ley electoral de nuestro país no atenta contra la libertad de expresión simplemente no han querido ver las consecuencias de esta legislación.
Preocupa la sanción contra TV Azteca (aclaro que es una empresa con la que colaboro) porque simplemente no tiene sentido. La transmisión de la pelea la realizó la cadena estadounidense HBO. Por ley y por contrato las empresas que retransmiten, que fueron muchas en distintos países, no pueden modificar la señal. De hecho, ni siquiera es técnicamente posible tapar el logotipo de los calzoncillos de un peleador en un combate transmitido en vivo. En el ring de la pelea, de hecho, había publicidad estática de Telcel, empresa que no tiene contrato de publicidad con TV Azteca, y tampoco la bloqueó la televisora. El precedente que se está creando haría que se sancionara a algún ciudadano que, con una camiseta de algún partido político, lograra ser captado por las cámaras en algún encuentro deportivo.
Ni los magistrados del tribunal ni los consejeros del IFE se han atrevido a censurar a HBO. Lo más probable es que los directivos de la empresa se habrían reído de ellos y les habrían respondido que en Estados Unidos, lugar donde se llevó a cabo la pelea, sí existe la libertad de expresión.
La multa al PRI, a pesar de las declaraciones de Márquez de que él utilizó el logotipo por decisión personal, es producto de un criterio inquietante. La Constitución dice que los mexicanos somos inocentes mientras no se compruebe que somos culpables de haber cometido un delito. El Tribunal Electoral supone que ha habido transacciones ilegales, como el pago por poner un logotipo en unos calzoncillos, aunque no haya ninguna prueba de ello. En otras palabras, los magistrados electorales, en violación a la Constitución, suponen que todos somos culpables de algún delito, aunque no haya pruebas que lo demuestren.
La ley de 2007 se hizo con el supuesto afán de lograr una mayor equidad en los procesos electorales. A mi juicio no ha logrado eso. Por el contrario, ha fortalecido la posición de los partidos establecidos y de quienes los controlan. Pero además, como lo demuestran estas sanciones, ha establecido la censura a la expresión de ideas políticas, castiga a emisoras por retransmitir programas en vivo producidos en países con real libertad de expresión y supone que todos los ciudadanos somos culpables de algún delito electoral aunque no haya ninguna prueba para ello. El retroceso es enorme.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 23 de febrero de 2012).
Se estima que 6 de cada 10 prendas de vestir en México son de procedencia ilícita, producto de una "débil aplicación de los reglamentos", de una inspección municipal deficiente que reconoce y fomenta su existencia.
Al presentar el estudio que revela la operación de la economía informal en la metrópoli, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Miguel Alfaro Aranguren, dijo que el organismo propone una serie de acciones que combatan el comercio informal mediante la actualización a las leyes de comercio federal y estatal así como municipal, pues son éstos últimos quienes realmente aplican y deben hacer valer la ley.
Alfaro Aranguren enfatiza que no es consigna contra los ambulantes: "No queremos que desaparezcan, al contrario, hay que reconocer su espíritu empresarial, queremos ayudarlos" a pasar a la legalidad y cumplir obligaciones como giro comercial, aportando al fisco, pagando servicios y ofreciendo prestaciones de ley a sus colaboradores.
529,000 trabajadores informales laboran en 195 tianguis.
75,000 millones de pesos suman las ventas del comercio informal cada año.
(V.primera plana del periódico El Informador del 22 de febrero de 2012).
Esto también conlleva un alto costo para la sociedad y para el Estado, especialmente para una democracia como México. Cuando un Estado decide incluir un problema en sus estrategias de seguridad nacional, le da prioridad sobre todos los demás problemas que enfrenta el país. De no actuar en esta forma, el Estado enfrentaría consecuencias, como amenazas a la integridad de los ciudadanos, degradación general de su calidad de vida e incluso, la desaparición del Estado.
Que el problema se comience a resolver en el terreno de lo excepcional, significa que el Estado está dispuesto a utilizar los mecanismos no comunes como el uso de las fuerzas armadas, el toque de queda, la intervención de las comunicaciones, la invasión a la privacidad de las personas, la expulsión de ciertos ciudadanos, la declaración de guerra a otro país o con los grupos armados, medidas que en busca de una solución efectiva, absorben cuantiosos recursos económicos los cuales en otras circunstancias, podrían utilizarse en la educación o la salud, por citar dos de las necesidades más importantes.
La solución de los problemas en el ámbito de seguridad nacional debe entenderse como una situación excepcional y no como la forma común de intervención. Ante problemas de seguridad nacional, el Estado -y con frecuencia la misma sociedad- requiere usar su propia infraestructura de seguridad. Todos los países tienen instituciones y mecanismos para responder a estas amenazas a la integridad nacional.
Los países en transición a la democracia, como México y las naciones latinoamericanas en general, disponen de una infraestructura para responder a este problema y generalmente son las Fuerzas Armadas, los aparatos de seguridad e inteligencia, los que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y prevenir amenazas.
Cuando un problema se aborda como parte de las estrategias de seguridad nacional, el Estado está dispuesto a utilizar los mecanismos excepcionales pertinentes para una solución efectiva: usar al Ejército para funciones que tradicionalmente deberían ejercer los funcionarios civiles, violar derechos de privacidad de las personas interceptando sus comunicaciones o incluso llevar a cabo detenciones sin una orden judicial, ordenar toque de queda, controlar el libre paso de las personas dentro del país, expulsar a extranjeros sin un proceso previo, congelar cuentas de bancos, expropiar compañías o recursos, entre otras muchas medidas excepcionales y costosas para la Nación.
El otro costo para la sociedad por la utilización de este tipo de actividades es que son abiertamente antidemocráticas en su naturaleza y que se prestan para que las autoridades cometan abusos.
Además es muy arriesgado llevar a cabo este tipo de acciones, que atentan contra el estado de derecho en una democracia en transición.
La discusión de los temas de seguridad nacional debería abarcar medidas preventivas encaminadas a impedir posibles conflictos, es decir, estrategias para anticiparse a futuras amenazas. Muchos de los componentes de las estrategias de seguridad nacional de un país son, más que nada, una inversión en el presente para prevenir futuros daños al Estado o la sociedad.
Podríamos decir que la estrategia de seguridad es como un "seguro" para la sociedad. Un seguro que establece el procedimiento a seguir en caso de un desastre (natural o no); busca detener conflictos por erosiones del medio ambiente o detener al crimen organizado antes de que estos grupos se apoderen de la clase política.
La pregunta fundamental que tiene que hacerse el Estado es cuánto se necesita invertir en este "seguro" o estrategia de seguridad, entendiendo que en un mundo limitado de recursos esto implicaría que otros problemas del país se relegarían a un segundo o tercer término de importancia.
¿Qué necesita hacer el Estado para prevenir los problemas a futuro sin sacrificar el presente al tratar de prevenirlos? Si se reconoce que resolver problemas en el ámbito de la seguridad nacional genera un costo para la sociedad, es importante tomar en cuenta la proposición de que la seguridad nacional, vista como un proceso, permite identificar prioridades a corto y largo plazo; que el pueblo acepte la existencia de una amenaza y el costo de enfrentarla, o la rechace, y establecer estrategias y cursos de acción inmediatos, a mediano y a largo plazo.
Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2012).
Ante la pasividad de las autoridades, de nueva cuenta se manifestaron los vecinos que se encuentran a favor y en contra en los cambios de sentido de las calles Esteban Alatorre y Pablo Valdez, en la zona de la Hermosa Provincia. Ayer, de gritos, reclamos y consignas, el conflicto llegó a un intercambio de pedradas y de golpes entre los dos grupos contrarios. La disputa, que ya tiene varias semanas de manifestaciones, llegó a su clímax la tarde noche de este jueves.
Un operativo de la Secretaría de Vialidad arribó con una decena de patrullas y motocicletas para tratar de controlar el tráfico que ya se congestionaba, pero sólo llegaron para observar la manifestación de los grupos de inconformes. Incluso hubo agresiones por parte de los opositores hacia las camionetas de Vialidad, que recibieron varias piedras.
Cerca de las 19:00 horas, el grupo de opositores comenzó a avanzar hacia la calle Gaza; el otro contingente avanzó para impedir que se acercaran más hacia el templo, por lo que se registró un enfrentamiento verbal a la altura de Nubia, lo que se convirtió rápido en golpes y más pedradas.
Fueron varias las personas que resultaron descalabradas por las piedras, además de que también hubo daños en varios vehículos estacionados y comercios.
En la calle quedaron regadas piedras, tablas y hasta tubos que traían los rijosos para agredirse.
Por su parte, la Policía de Guadalajara arribó tarde para calmar los ánimos de los manifestantes.
(V.pág.8 del periódico Milenio Jalisco del 17 de febrero de 2012).
La ley establece que los concursos mercantiles deben durar 365 días naturales, pero el juez Consuelo se negó a concluir el proceso en agosto pasado y lo alargó hasta el 10 de febrero de este 2012. Cuando se venció este nuevo plazo, decretó una prórroga "indefinida" al concurso mercantil, afectando los intereses de acreedores y de aerolíneas competidoras. En una reunión con representantes de los sindicatos de Mexicana les declaró abiertamente que estaba para apoyarlos cuando su función es, por ley, la de equilibrar los intereses de los acreedores y de la sociedad. El juez les dijo: "Yo estoy seguro de que podemos sacar esto adelante a golpes de resoluciones por mi parte para que el gobierno entienda cuál es su función, los derechos que ustedes tienen como trabajadores, como personas, tienen la obligación ellos y los vamos a obligar".
Como los políticos de la vieja escuela corporativista, el juez Consuelo piensa que las autoridades tienen la obligación de favorecer la supervivencia de Mexicana porque con ello supuestamente se preservan empleos. La verdad es exactamente la contraria. Al tratar de rescatar a Mexicana con dinero público, o haciendo caso omiso de la ley, se privilegian los empleos de quienes trabajaban en Mexicana pero se amenazan los de los acreedores y de otras aerolíneas.
Esta actitud quedó clara cuando el juez Consuelo declaró este 14 de febrero que giraría una orden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta devolviera a Mexicana las rutas y slots que tenía la aerolínea y que ahora están siendo utilizadas por otras empresas. La SCT ha señalado que no ha recibido esta notificación, pero ha añadido que, cuando Mexicana esté lista para volar, se le darían los slots y rutas que necesite.
Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 16 de febrero de 2012).
El contrato para la edificación se hizo por 1,230 millones de pesos y se adjudicó a Copachisa S.A.de C.V., y las licencias fueron extemporáneas.
Personal del órgano fiscalizador también documentó fisuras en los entrepisos de los sótanos en las trabes principales.
El documento de la ASF determina que habrá una promoción de sanción administrativa por actos u omisiones de los servidores públicos que no verificaron la calidad de la obra y el cálculo de la estructura, razón para que la seguridad y estabilidad del inmueble no estén garantizadas.
(V.primera plana del periódico Mural del 16 de febrero de 2012).
De acuerdo a las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no ha podido acreditar que las 3 víctimas asesinadas el viernes pasado hayan participado en algún tipo de secuestro.
Aquel día una turba de unas 500 personas lincharon a las 3 víctimas -dos adolescentes- porque presuntamente intentaron secuestrar a un menor.
El procurador Alfredo Castillo Cervantes informó que 2 de los linchados eran albañiles y el otro ayudante en una papelería.
Por los hechos fueron detenidas 23 personas, entre ellas 6 mujeres que de acuerdo a la Procuraduría alentaron a la turba.
Ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastré, rechazó que la autoridad policial haya sido rebasada, y agregó que simplemente no alcanzaron a llegar a tiempo.
"Nunca hubo una llamada previa a esta situación, si lo hubieran hecho, la capacidad de reacción es de 10 minutos, sin embargo, cuando llegamos, las personas ya habían fallecido y eso no lo debemos de permitir".
Agregó que sus agentes han logrado evitar otros 11 linchamientos sólo en lo que va del año.
El dirigente estatal del PRD, Juan Hugo de la Rosa, demandó que los procesos judiciales que se siguen por los linchamientos en Chalco, se lleven totalmente apegados a derecho y se castigue a las autoridades por omisas. "Nada justifica que la gente haga justicia por su propia mano, sin embargo este tipo de acciones muestran la desesperación de la gente".
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 14 de febrero de 2012).
Armando González Escoto
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2012).
Otro punto que este jurista expone a favor de un nuevo texto, son las condiciones de deterioro respecto a la percepción social de la Constitución; y, se le han integrado aspectos que no son de naturaleza constitucional, como haber incluido la duración de los spots de carácter político dentro del texto constitucional y, si se pretende cambiar la duración de éstos, deberá hacerse una reforma constitucional. Excesos de este nivel han puesto a la carta magna, por interese políticos, con demasiada paja.
Por otro lado, Jorge Carpizo alerta que un cambio de Constitución bien podría quitar de tajo sus principios esenciales que son fundamentalmente sociales, además de poner en riesgo soberanía popular, división de poderes, sistema representativo, sistema federal, principio de no reelección del presidente de la república, las garantías procesales para hacer valer las normas constitucionales, etc.
El incumplimiento de las normas recae en vicios de la realidad política, económica y social y no en el documento mismo, dice Carpizo. Por ejemplo, si el Artículo 123 -Derecho al Trabajo- no se cumple, no es por culpa de la Constitución, sino porque quienes dirigen la vida económica y política de este país no han hecho la tarea para el que fueron elegidos, dejando a millones de mexicanos sin empleo.
Porque un cambio de texto constitucional no va a modificar la realidad, porque lo que falta es mayor educación constitucional y una cultura de legalidad. Porque aún con el mejor de los textos, si no hay dirigentes comprometidos por el bien del país, poco se puede hacer...
Porque lo que se requiere es una depuración de la Constitución y acabar con la impunidad. Un nuevo texto, concluye Carpizo, es atentar contra la columna vertebral de la justicia social, plasmada en la Constitución de 1917.
Lourdes Bueno
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2012).
Alberto Aguilar
(v.pág.26 del periódico Milenio Jalisco del 10 de febrero de 2012).
Una fuente cercana a su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente municipal de Othón P.Blanco, dijo que en enero de este año concluyó todo el procedimiento de devolución de los bienes incautados como parte de un proceso legal concluido en 2010 dentro del Segundo Tribunal Unitario del Estado de México.
La esposa del ex gobernador, Isabel Tenorio de Villanueva, funge como apoderada legal y sería la encargada de recibir las propiedades que tiene en Campeche, Quintana Roo y la ciudad de México, así como cuentas bancarias.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2012).
Entre enero de 2007 y diciembre de 2011, la dependencia detectó 11,269 irregularidades en lugares de detención e internamiento, por lo que emitió 33 recomendaciones dirigidas a autoridades federales, estatales y municipales.
Los datos fueron recabados después de 1,936 diligencias que realizaron visitadores entre enero de 2007 y diciembre de 2011 a cárceles municipales, separos de seguridad pública y juzgados, centros para adolecentes, agencias de ministerio público, albergues para atención a víctimas de delitos, hospitales y hasta instituciones psiquiátricas.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 5 de febrero de 2012).
Unos 80,000 maestros participaron ayer en el Distrito Federal en el segundo día de su protesta nacional contra la Alianza por la Calidad Educativa, una manifestación que colapsó el tráfico en esa ciudad y que tuvo repercusiones en otras 23 entidades del país, de acuerdo con su organizadora, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Los maestros disidentes ocuparon por poco más de 10 horas varias calles de la Ciudad de México, principalmente el Paseo de la Reforma entre Insurgentes y la Fuente de Petróleos; por la mañana marcharon desde el Zócalo hacia Los Pinos, pero no fueron recibidos por ningún funcionario del gobierno federal.
Entonces extendieron los bloqueos viales, lo cual causó crisis en la vialidad del poniente de la ciudady provocó roces con grupos policiales.
Allí mismo fue donde, por la noche, anunciaron que daban fin a la jornada de protesta, pues recibieron la promesa de que el martes serán recibidos por el presidente del Senado de la República, José González Morfín.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, unos mil maestros de la sección 7 del SNTE marcharon hacia el centro de la ciudad y se apostaron alrededor de la catedral de San Marcos, frente al congreso estatal, bloqueando calles y avenidas.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2012).
En Guerrero por lo menos 10,000 maestros mantienen un paro laboral desde este jueves, en exigencia de que sea suspendida la Alianza por la Calidad de la Educación, rechazo a la evaluación universal que aplicará la Secretaría de Educación Pública y a los nuevos lineamientos de la carrera magisterial.
Minervino Morán Hernández, uno de los dirigentes de la CETEG, informó que por el momento se considera a prolongar a 72 horas el paro laboral que comenzaron este jueves.
A decir de Morán Hernández, las medidas estratégicas de evaluación que pretende llevar a cabo la federación en cuanto hace a la capacidad académica de los docentes, es con la finalidad de proceder al despido si éstos no reúnen los estándares.
[Sería bueno. Si no sirven ¡Fuera! - El webmaster.]
(V.periódico El Universal en línea del 3 de febrero de 2012).
La Primera Sala de la Corte reiteró el criterio establecido en agosto de 2009, cuando resolvió que el proceso integrado por la PGR y legitimado por varios jueces y magistrados federales, estuvo viciado de origen al basarse en pruebas obtenidas ilegalmente.
A diferencia de los asuntos resueltos en 2009, que eran amparos directos atraídos por la Corte, ahora los ministros revisaron reconocimientos de inocencia.
"Al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenarlos, se violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón suficiente para declarar su inmediata libertad", resolvió.
(V.pág.2 del periódico Mural del 2 de febrero de 2012).
Por supuesto que no es normal que un proveedor de un gobierno cobre su trabajo antes de realizarlo. Cualquier empresario que haya trabajado para un gobierno en México sabe que éste jineteará el dinero hasta el máximo posible... y todavía más. Los proveedores deben considerar que tendrán que esperar 3, 6, 9 meses o más para recibir el dinero una vez que realizan el trabajo encomendado y por lo tanto deben considerar este tiempo en los costos que licitan. De hecho, en este caso no hubo licitación y el proveedor iba a recibir el pago en efectivo no sólo antes de realizar el trabajo sino antes incluso de emitir la factura. Los dueños de Industria 3 tienen, al parecer, un trato diferente a los demás proveedores.
Por supuesto que no es normal tras un pago legítimo que renuncie el tesorero del gobierno que lo realizó. Sin embargo, en el caso del envío de 25 millones de pesos en efectivo de Xalapa a Toluca ha sido destituido el tesorero Vicente Benítez González. Si las cosas son tan transparentes como dice el gobierno de Veracruz, ¿por qué sacrificar a un tesorero que ha sido siempre cercano al gobernador?
Por supuesto que es sospechoso que en un año electoral el gobierno de Veracruz encuentre tan importante mandar 25 millones de pesos en efectivo de Xalapa a Toluca para cubrir gastos en el estado de Veracruz. Era tan urgente mandar el dinero que en lugar de hacer una transferencia electrónica, que sería instantánea, se prefirió mandar el dinero en 2 maletas en un avión privado con 2 funcionarios públicos.
Por supuesto que el caso recuerda el Pemexgate del 2000. En aquel entonces el sindicato petrolero recibió más de mil millones de pesos de Pemex que procedió a entregar en dinero en efectivo a la campaña del candidato presidencial Francisco Labastida. Pero a pesar de que la maniobra se comprobó, nadie fue castigado.
Por supuesto que el caso del dinero pa' los tamales nos demuestra, una vez más, para qué usan los gobiernos el dinero de los mexicanos. Lo peor es que no podemos hacer nada. Tenemos un sistema de justicia que no castiga a los políticos cuando se les descubre en maniobras ilegales o cuando menos turbias. Y nuestro sistema electoral está hecho para garantizar que los políticos que de esta manera abusan de los recursos de los contribuyentes puedan permanecer en posiciones de poder a todo lo largo de su vida.
Sergio Sarmiento
(1o.de febrero de 2012).
El cambio de sentido de la circulación vehicular de las avenidas Esteban Alatorre y Pablo Valdez, en la zona de la Hermosa Provincia, es apoyado por un sector de vecinos que solicitaron esa medida al Ayuntamiento de Guadalajara. Sin embargo, ayer decenas de colonos que se oponen a la modificación en ambas calles las bloquearon en protesta, por lo que exigen la suspensión del proyecto vial.
Las modificaciones al flujo vehicular fueron aprobadas el pasado 7 de octubre de 2010 mediante un acuerdo de Ayuntamiento. La semana pasada el cambio se hizo efectivo, provocando congestionamientos viales, según vecinos.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 31 de enero de 2012).
Alrededor de 300 locatarios del Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, se manifestaron ayer desde las 11:00 horas en el centro de Guadalajara para exigir diálogo con el alcalde tapatío interino, Francisco Ayón. Su meta es que la administración tapatía destituya "de inmediato" al administrador del tradicional mercado, a quien, aseguran, no conocen.
Los inconformes bloquearon la circulación sobre las avenidas Hidalgo, 16 de Septiembre y la Calzada Independencia, generando intenso congestionamiento vial en el primer cuadro de la ciudad.
Y es que, además de las arterias mencionadas, los manifestantes impidieron el flujo vehicular sobre Javier Mina, a la altura de Belisario Domínguez. En la Calzada Independencia y Javier Mina también hubo personas obstruyendo el tránsito, lo que incluso afectó a los usuarios del Macrobús.
Alfonso Pulido, uno de los integrantes de la movilización de locatarios, expuso abiertamente su molestia porque el administrador del mercado "nunca está en su área de trabajo", lo que ha generado una ola de robos a quienes atienden los 4,000 locales.
(V.pág.7-B del periódico El Informador del 31 de enero de 2012).
Ahora, cuando se ha puesto de moda que el Estado recupere regiones tomadas por la criminalidad, sería buen momento para dejar a un lado los síntomas de la enfermedad para atender sus verdaderas causas. La informalidad de la economía es un cáncer que afecta tanto económica como políticamente, condena a la derrota el desarrollo mexicano, impide la distribución de la riqueza y actúa contra las incipientes instituciones del estado democrático.
La advertencia suena ya antigua y, sin embargo, ha sido desoída: la talla de la economía informal de una nación es inversamente proporcional a su desarrollo; es decir, cuanto mayor es la informalidad menos capacidad tiene una sociedad para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes.
La informalidad pronuncia la precariedad del empleo, destruye derechos de propiedad, impide la reproducción del capital y desintegra los escalones que conducen hacia un mejor estadio civilizatorio. En su expresión política, despoja al Estado de los ingresos que requiere para funcionar, cobija, esconde y amplía las expresiones de la criminalidad, despoja a los ciudadanos de sus derechos más básicos y potencia tanto el clientelismo como la manipulación arbitraria de los privilegiados sobre los desposeídos.
Si la informalidad es un problema serio económico, peor lo es para la política. No hay instituciones que den estabilidad, orden y evolución societal cuando éstas deben coexistir con la ley del más fuerte.
En los últimos 3 años ha crecido la economía informal mexicana. La crisis de 2008-2009 dejó sin empleo a un número importante de personas. Cuando, pasado aquel ciclón, los sacrificados trataron de reincorporarse al mercado laboral, se toparon con que la mayoría de empleos disponibles eran aún más precarios que los desempeñados previamente.
"El sexenio del empleo" terminará dejando a 1 de cada 2 mexicanos ocupados dentro de la economía informal y a poco más de 6, de cada 10, sin derechos sociales. Tanto o más sorprendente es que 25 centavos de cada peso circulen en México fuera de los mercados regulares. Según estimaciones creíbles, un cuarto de la masa monetaria que circula en nuestro país se halla al margen de la formalidad.
También es parte de este fenómeno el que los derechos de propiedad, notablemente los de la propiedad inmobiliaria, exhiban una incertidumbre crónica. Sin contratos de compraventa ni escrituras que amparen la posesión sobre los bienes, se hace muy difícil entrar al mercado financiero y, por tanto, la ruta para crecer el patrimonio propio se adelgaza. No sobra decir que sin financiamiento es difícil crear empleo productivo y bien remunerado.
¿Qué le ocurriría a un estado o empresa si no pudiera obtener créditos en el mercado de dinero? Con seguridad iría a la bancarrota. Como el economista peruano Hernando de Soto advirtió en su libro Misterio del capital, tal destino es precisamente el que le ocurre a las personas cuyos activos no pueden convertirse en garantía para multiplicar su capital.
En la misma hebra de reflexiones caen las contribuciones. ¿Cómo puede ser eficiente un gobierno que no tiene recursos tributarios suficientes? Basta mirar la inmensidad del territorio ocupado por los cinturones de miseria de las grandes ciudades mexicanas para responder a esta interrogante. Desde Ciudad Juárez, pasando por Tijuana, Ecatepec, Cancún o Monterrey, se hallan colonias incontables arrojadas a la carencia más escandalosa.
Son estos territorios despojados de servicios públicos un continente fertilísimo para la criminalidad y para el clientelismo político; sótanos depredados y depredadores de la vida en comunidad.
Ahora que el 2012 se usará como lienzo para pensar el futuro de la nación, no sobraría preguntarle a los partidos y los candidatos si, además de explotar el intercambio de los favores por los votos en las zonas urbanas desposeídas, cuentan con alguna propuesta para enfrentar a la economía informal; para salvar a la República de su persistente secuestro.
Denise Maerker
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de enero de 2012).
Global Financial Integrity, la organización estadounidense responsable de la publicación, admite que la cifra es conservadora, ya que excluye transacciones realizadas en efectivo, como el tráfico de drogas o de personas.
En más de una ocasión, expertos y académicos han insistido en la necesidad de atacar a las finanzas del crimen; pese a esto, la ley contra el "lavado" de dinero no ha sido aprovada en la Cámara de Diputados.
Hay comparaciones que esclarecen un poco más el panorama. El año pasado, la Secretaría de Turismo afirmó que esta actividad deja recursos que representan 9% del PIB; el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad afirmó, tras una análisis, que la inseguridad en el país costó cerca de 8.9% en 2009; también en 2011, la Asociación Mexicana de Capital Privado dio a conocer que la inversión procedente de este rubro tan sólo representa 0.04%.
Al seleccionar a México como caso de estudio para 2012, la organización estadounidense expresó que los flujos ilícitos derivados del sobreprecio y el contrabando representan una carga exagerada para una nación en desarrollo.
Explicó que esos flujos "privan de fondos necesarios para el desarrollo económico y reducen el ingreso fiscal que el Gobierno necesita para financiar escuelas, hospitales, infraestructura, combate a la pobreza y la lucha contra los carteles".
Asimismo, señaló: "Los flujos ilícitos lideran la economía subterránea y contribuyen al deterioro de la gobernabilidad económica".
La organización sostuvo que, por esas razones, el combate a los flujos financieros ilícitos tendrán un impacto positivo en la reducción de la corrupción y actividad criminal.
El año pasado, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ramón García Gibson, indicó que anualmente ingresan a México entre 25,000 y 40,000 millones de dólares, producto de la venta de droga en Estados Unidos.
Con el objetivo de combatir el sobreprecio, causante de 75% de los flujos ilícitos totales en el periodo analizado, Global Financial Integrity recomendó a las autoridades exigir el uso de programas de computación que detecten precios de importación y exportación muy alejados de las normas internacionales, y que las partes se comprometan por escrito a no incurrir en sobreprecio cuando realicen una transacción transfronteriza.
Para reducir la fuga ilícita de capitales, el grupo señaló la conveniencia de expandir los acuerdos de doble tributación, exigir un intercambio automático y transfronterizo de información fiscal sobre cuentas personales y corporativas; mejorar supervisión para reducir la tendencia a sobornos y vigilar los centros financieros irregulares.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 30 de enero de 2012).
Villalobos retoma la tesis de Jorge Castañeda, expuesta en su libro Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos, acerca de nuestra "aversión al conflicto". Sería un rasgo cultural que, en lo que toca a la presencia de las organizaciones criminales, nos hubiera llevado, precisamente, a cultivar una especie de convivencia con tal de evitar un enfrentamiento frontal (más allá de la corrupción y las complicidades). Ya no es posible mantener, sin embargo, ese esquema basado en la "administración del delito. El control social centralizado, que era el componente principal de ese modelo, se debilitó con la pluralidad que trajo la democracia".
Y así, hoy, nos vemos forzados a encarar una circunstancia nacional determinada por las siguientes realidades: "1. La violencia es inevitable. 2. Tomará bastante tiempo controlarla. 3. No hay un atajo, salida fácil, ni solución rápida posible. 4. No existe un culpable porque lo que se está viviendo es el resultado de un proceso histórico". Y, sobre todo, un último punto: "La violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en 2 aspectos: el fortalecimiento y trasformación profunda de las instituciones de seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que tienen la ley y el orden en una sociedad democrática".
Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 29 de enero de 2012).
S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 26 de enero de 2012).
La "zarina" anticorrupción del ayuntamiento, Martha Susana Rodríguez, reconoció que a 9 meses de que concluya la administración no ha propuesto una política integral contra la corrupción en el comercio informal, y que se ha limitado a atender las denuncias que se han presentado por anomalías referentes al ambulantaje.
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 26 de enero de 2012).
La Calzada Independencia tiene un dueño. La Avenida de los Maestros otro. A las afueras de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y de las estaciones del Tren Ligero hay personas o grupos que les cobran el derecho de piso a comerciantes ambulantes. Esta casa editorial comprobó que por lo menos 4 grupos regentean los espacios públicos que, por reglamento, deberían ser administrados por los ayuntamientos, pero en algunos casos se trata de zonas prohibidas para esta actividad comercial. Las autoridades callan al cuestionárseles estas irregularidades.
Además de las organizaciones estudiantiles de la FEU y FEG, Salvador Cabrera es otra de las personas señaladas por comerciantes ambulantes que, afirman, mantiene relación con la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara para que les permita "sacar a vender su mercancía" en horarios en que los inspectores terminan labores.
Crendo Cortés es otro de los líderes de comerciantes ambulantes del centro. Él confiesa a este diario que cobra entre 5 y 10 pesos para comprar escobas "porque nosotros aseamos nuestro espacio y eso no lo ve el ayuntamiento".
Fuera del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas el grupo de comerciantes carece de licencias municipales para vender, pero dicen: "nosotros nos reportamos con la UdeG", mientras que el rector del plantel, Tonatiuh Bravo, los desmiente y afirma que por años la institución les ha regalado luz y agua.
En todos los casos se buscó a los responsables en los ayuntamientos señalados, en el área de Inspección y Vigilancia en Guadalajara, e Inspección y Reglamentos en Zapopan, para conocer su versión. Luego de 3 semanas de solicitudes de entrevistas aún no hay respuesta.
¿DÓNDE Y QUIÉNES LIDERAN LOS GRUPOS?
(V.primera plana del periódico El Informador del 25 de enero de 2012).
De los recargos y multas,
hasta 90 por ciento
se les van a perdonar
y todo mundo contento.
¿Y a los que sí cumplieron
también se les va a premiar?
¡Una sorpresa, sin duda,
sentados han de esperar!
Anflopo
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 25 de enero de 2012).
Con esta propuesta, los ciudadanos podrán hacerse acreedores a descuentos. Para aquellos que paguen antes del mes de abril podrán contar con el beneficio de 90% de descuento en recargos, mientras que si pagan en los meses subsecuentes -pero en el transcurso de este año- el ahorro será de 75% sobre los recargos.
Los usuarios de este servicio podrán solicitar la facilidad para realizar los pagos en parcialidades.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Retamoza Vega, llamó a los municipios a aplicar este apoyo, en beneficio de los ciudadanos.
"Son descuentos muy nobles porque en los primeros meses el descuento es casi del 10%, por lo que deben acogerse a este descuento de inmediato, en estos primeros meses; más ya no podemos hacer (los diputados). Yo creo que los municipios aceptarán esa propuesta porque ellos también se benefician y tienen ingresos".
Retamoza Vega negó que se trate de una propuesta para "premiar a los incumplidos", expuso que la intención de los legisladores es regularizar a aquellos quienes por alguna razón no han realizado los pagos puntualmente.
[O sea a aquellos listos que nunca pagan a tiempo, que al fin y al cabo en el futuro les perdonarán los recargos. Es más, de pendejos pagarán esta vez. Mejor se esperarán a una de las próximas "amnistías". - El webmaster.]
(V.pág.8-B del periódico El Informador del 24 de enero de 2012).
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de enero de 2012).
Lo mismo pasa con la policía. Si queremos acabar con la impunidad, hay que aplicar la fuerza para arrestar a quien delinque. Si no, ¿pa'qué los contratamos?
Los centuriones romanos eran unos jijos bien violentos. La Guardia Civil española es temida por su rudeza. La policía americana [estadounidense] no se anda con titirijas, se da a respetar. La guardia suiza del Vaticano es implacable. A la policía londinense nadie osa desobedecerla, aunque lleve unos sombreritos bien ridículos. Pero todos ellos reparten macanazos con singular alegría cuando se trata de arrestar a alguien o deshacer una turba que bloquea una avenida. ¡Y sus jefes y la sociedad los premian!
Este rollo viene a colación por los indignantes videos que hemos visto últimamente: una riada de normalistas que arrojan bombas molotov a la policía.
En "La República", Platón cita un concepto clave: "Es indispensable el entrenamiento de los guerreros para la defensa del Estado de Derecho. Y es obligación del Estado mantener el orden, de ser necesario haciendo uso de la fuerza pública".
Los mexicanos no entendemos el concepto "fuerza pública". Y lo peor, no lo entienden los policías, ni sus jefes. Lo que vimos en los noticieros es flagrante impunidad. Vimos a cobardes enmascarados incendiando una gasolinera, provocando la muerte de un héroe y agrediendo a la policía.
Todo este relajo de conceptos cruzados se gestó en el 68, cuando grupos de sicarios gubernamentales mataron estudiantes. Se culpó a los granaderos y casi se cae el gobierno de Díaz Ordaz. Desde ese momento le atamos las manos a la policía.
Entonces repito: ¿pa'qué los contratamos? Si hacen su trabajo, que es rudo, se les acusa de abuso de autoridad.
En México funcionamos al revés. Los alumnos acusan a sus maestros si los castigan. El gobernador despide a los policías que usaron la fuerza. La CNDH defiende a los malhechores porque los policías los descalabraron al detenerlos. Las armas sólo las pueden portar los delincuentes. Los políticos rateros tienen fuero.
¿Cómo podemos revertir estas tendencias? Todos debemos respaldar a la policía. Sus jefes deben apoyarlos. Los noticiarios deben dejar de criticarlos. La CNDH debe defender a los buenos. Y los magistrados deben acusar penalmente a los jueces que otorgan mal esas patentes de corzo llamados "amparos".
A los normalistas les deben dar un castigo ejemplar.
Aberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 19 de enero de 2012).
El motivo, argumentaron los inconformes, era exigir que se anule la evaluación universal a maestros, así como las modificaciones al programa de estímulos conocido como Carrera Magisterial, demandas que han enarbolado sus agremiados en otras entidades como Michoacán y Oaxaca.
Desde las 8:00 horas los inconformes se concentraron en el Ángel de la Independencia: un contingente marchó hacia a Los Pinos y otro a la Cámara de Diputados.
A su paso, la manifestación colapsó el tránsito en el Paseo de la Reforma, desde la Fuente de Petróleos hasta la Glorieta de la Diana, al igual que la avenida Chivatito y la calle de Arquímedes, en Polanco.
Esta movilización impactó en otras avenidas y arterias que confluyen hacia esa zona.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó que fueron severamente afectados Congreso de la Unión, el Circuito Interior, Chapultepec, Lieja, Rubén Darío y Campos Elíseos, donde la circulación se normalizó hasta después de las 16:00 horas.
(V.pág.5 del periódico Mural del 19 de enero de 2012).
La respuesta es sencilla, es cuestión de "legalidad", mejor dicho, de legitimación de actos ilícitos cometidos sistemáticamente por la jerarquía eclesiástica, ante la mirada complaciente de las autoridades, y peor aún, con la participación de las mismas en dichos actos, como el generoso donativo del góber piadoso.
La pretendida reforma ha causado satisfacción entre benefactor y beneficiado, no así entre la ciudadanía y las agrupaciones religiosas afectadas, los cuales han sido ignorados en una clara expresión de intolerancia y autoritarismo total.
Basta analizar algunos de los elementos constitutivos de la tergiversada conceptualización "libertad religiosa" que acuñó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La "objeción de conciencia" pretende legitimar los constantes desacatos de la jerarquía católica a la legislación vigente, sus continuas intromisiones en política pública y electoral, haciendo propaganda a favor partidos que favorezcan su obsesión enfermiza de poder, incitando a autoridades y ciudadanos a desobedecer la ley, argumentando motivos religiosos, creando conflictos históricos como las guerras de reforma y cristera.
O la "libertad de difusión de los credos, ideas u opciones religiosas" donde la ley del más poderoso, permitirá imponer su creencia, como lo ha venido haciendo la Iglesia Católica, durante la conquista, "santa inquisición" y, últimamente, de manera intolerante con las manifestaciones del cardenal Juan Sandoval: "Se necesita no tener madre para ser protestante", llamando "hijos de las tinieblas" a los que no comparten su creencia religiosa, lo que podrán difundir adquiriendo y apoderándose de medios masivos de comunicación.
Y que decir del "derecho a la educación religiosa" aún dentro de la escuela pública, tratando de erradicar la ciencia con la religión.
Además la reforma permite la libertad de celebrar los actos de culto, ceremonias y devociones en público, lo que implica, según la definición de la Corte sobre libertad religiosa en la tesis localizable en la Quinta Época, registro No. 336742, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación XXXVIII, página 2747 "pretender que ese derecho pudiera ejercitarse en cualquier lugar, sería tanto como imponer una obligación correlativa, por parte del Estado, para proporcionar a cualquier individuo o grupo de individuos de determinado credo, los elementos necesarios para el ejercicio del culto" lo cual sería inconcebible.
El gran legado de la LXI Legislatura serán la muerte del Estado de Derecho y el renacimiento de un Estado Confesional.
Maestro Jarib Blanco Coria
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2012).
Así definió el nivel de impunidad del que goza nuestra clase política y gubernamental el presidente de la Coparmex en Jalisco, Óscar Benavides.
La falta de resultados en materia de castigo a la corrupción deja muy mal parada a la Procuraduría General de Justicia del Estado. De las decenas de denuncias por desvíos que hicieron los alcaldes de diversos municipios en 2010, por los desfalcos encontrados en los ayuntamientos, apenas han logrado una orden de aprehensión contra el tesorero de Tlajomulco, la cual no se ha cumplimentado. Además de impunidad en los malos manejos del erario, la procuración de justicia también ha dejado mucho que desear en el esclarecimiento de homicidios de bajo y alto impacto, como los homicidios en la FEG y la muerte a golpes del papá de uno de los fugados de Puente Grande los últimos días del año pasado.
Ligado al tema de la impunidad y el consecuente crecimiento de la corrupción y la inseguridad, aparece inevitablemente el deshonesto actuar de muchos de los jueces y magistrados encargados de determinar las inocencias o las culpabilidades en materia penal. Pero también en materia administrativa, el otorgamiento de amparos en condiciones francamente inexplicables y que favorecen a intereses particulares en detrimento del interés público, hace urgente también voltear a los tribunales donde se ventilan estos asuntos. Por eso, el actuar del poder judicial debe también someterse a revisión para que su imagen mejore más allá de las oficinas de lujo que estrenarán este año.
Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 6 de enero de 2012).
Pareciera que la exclusividad
de aplicar la fuerza la tienen
los grupos rijosos y no la autoridad.
Tres muertos en la eterna y cansina
violencia de los maestros (recibidos
o en ciernes).
Mientras se hace gran escándalo
("Derechos Humanos" por medio)
por los dos que mueren provocando
violencia, poco se dice del que muere
por evitarla.
Mientras unos que tiran cascajo
enfrentan condenas de tres años
de cárcel, los que bloquean vías
públicas y provocan violencia
callejera gozan de impunidad.
Sin embargo, 2 días más tarde, eran 3,000 marchando por Chilpancingo. Eso reencendió las alertas. Y más aún, tras observar imágenes que recordaron de inmediato el conflicto que se devoró a Oaxaca entre 2005 y 2006: jóvenes radicales encapuchados tomando estaciones de radio y televisión. Ya sin contar que se sumaron a la protesta normalista los integrantes de la filial guerrerense de la APPO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero. Y que la coincidencia de fechas es inevitable: ambos movimientos surgen en la víspera de procesos electorales de sucesión presidencial.
Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de enero de 2012).
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