La corrupción existe en todo el mundo, en algunos países se da menos y en otros, como en México, es un mal endémico. Cada año, se registran más de 200 millones de pequeños actos de corrupción, mientras que 44% de las empresas ha cometido algún soborno, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

México pierde el equivalente [a] entre el 2% y el 10% de su Producto Interno Bruto por la corrupción, de acuerdo a estimaciones del Foro Económico Mundial, el Centro de Estudios del Sector Privado y el Banco Mundial.

Estas son 10 maneras de luchar contra la corrupción [propuestas por el Banco Mundial]:

1. La corrupción no se trata sólo de sobornos. La gente, especialmente los pobres, son perjudicados cuando se desperdician los recursos. Por eso que es tan importante entender los diferentes tipos de corrupción para desarrollar respuestas inteligentes.
2. El poder de la gente. Es necesario crear vías que den a los ciudadanos las herramientas pertinentes para involucrar y participar en sus gobiernos - identificar las prioridades, problemas y encontrar soluciones.
3. Eliminar la burocracia. Reunir los procesos formales e informales (esto significa trabajar con el gobierno, así como los grupos no gubernamentales) para cambiar el comportamiento y monitorear el progreso.
4. No es 1999. Usar el poder de la tecnología para construir intercambios dinámicos y continuos entre las principales partes interesadas: gobierno, ciudadanos, empresas, grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, el mundo académico, etc.
5. Cumplir lo prometido. Invertir en instituciones y política, ya que importar modelos a menudo no funciona. Esta mejora sólo es posible si las personas en estas instituciones avalan normas y prácticas que permitan el cambio.
6. Obtener incentivos adecuados. Alinear las medidas de lucha contra la corrupción con el mercado y la sociedad. La adopción de normas de integridad es una decisión de negocios inteligente para cualquier país.
7. Las sanciones son importantes. Castigar la corrupción es un componente vital de cualquier esfuerzo efectivo contra este problema.
8. Actuar a nivel local y global. Mantener los ciudadanos comprometidos contra la corrupción a nivel local, nacional, internacional y mundial. Hacer uso de la estructura que se ha desarrollado y las plataformas existentes para que se comprometan.
9. Desarrollar la capacidad para aquellos que más lo necesitan. Los países que sufren conflictos y violencia son a menudo los que tienen la menor cantidad de recursos internos para combatir la corrupción. Es necesario identificar las formas de aprovechar los recursos internacionales para apoyar y mantener el buen gobierno.
10. Aprender haciendo. Cualquier estrategia debe ser monitoreada y evaluada para asegurarse de que se pueda adaptar fácilmente adaptada a medida que las situaciones cambien.

(V.Forbes México del 29 de diciembre de 2015).

Hay una costumbre muy arraigada de utilizar el espacio público con fines privados y eso se da en muchos niveles, tiene que ver con una especie de desorden mental que provoca confusiones, que la gente le saque partido a lo que es la comunidad, de una manera, que además percibo una cierta permisividad social.

A mucha gente le parece normal, por ejemplo, el caso de los talleres y una gran cantidad de establecimientos que tienen su lugar de trabajo o estacionamiento de vehículos sobre la vía pública, la banqueta o la propia calle; cuando para poder funcionar habría que tener el espacio suficiente para hacer sus labores dentro de los predios.

Recuperar la vía pública no es nomás volver a contar con espacio para todos sino es de alguna manera recuperar el estado de derecho en la ciudad.

El mayor problema que tiene México no es la delincuencia, es la impunidad. La incapacidad del gobierno para castigar los delitos, al grado de que en otro países se considera a México como un lugar propio para venir a robar, secuestrar, asesinar y cometer toda clase de hechos delictivos, a sabiendas de que las probabilidades de ser castigados son del 1 al 2%. Lo sabemos porque se han capturado algunos sudamericanos que vinieron expresamente a cometer fechorías, en Guadalajara se detuvieron [detuvo] a varios colombianos ladrones de casas habitación, pero ¿cuántos más habrá?

México está catalogado como el 2o. país con más impunidad en el mundo, sólo detrás de Filipinas, según el índice global de impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla. La falta de castigo hace cada día más atrevido al criminal y fomenta el crecimiento de los índices de criminalidad. El estudio reveló que el 46% de la población encarcelada no ha sido objeto de una sentencia condenatoria.

Entre las causas de la impunidad, podemos considerar a la negligencia, la apatía, el dolo y la corrupción de las autoridades encargadas de capturar, encarcelar y juzgar a los delincuentes. La negligencia y la apatía se originan en deficiencias de mando. El ejemplo debe ponerlo la cabeza del cuerpo directivo. El dolo lo provocan las partes que sobornan a las autoridades y la corrupción se generaliza en todo el sistema. En tanto que los efectos de la impunidad son la inseguridad, la violencia, el secuestro y el incremento de la corrupción de toda la cadena de justicia.

La realidad es que no se han tomado medidas profundas para combatir el problema. Los derechos humanos y la reestructuración de la policía, son solo algunas de las partes de un todo que debe formar una reforma integral de todo el sistema de justicia. Los derechos humanos han desviado su atención para proteger al delincuente en vez de a la víctima. En tanto que la reestructuración de la policía está empantanada entre la creación de una fuerza única estatal y entidades que no la aceptan y en otras hay municipios que pueden ser autosuficientes.

El problema no se ha planteado en toda su dimensión como se hizo con la reforma educativa. Se requiere una auténtica reforma de justicia que comprenda todas los ángulos del problema que corresponde al sistema político; que castigue el delito, que investigue, absolutamente todas las denuncias; que tenga una organización dedicada a buscar los miles de desparecidos. Se requiere de una reforma profunda al código penal para castigar la reincidencia y reencauzar el primo delincuente. Se requiere una reorganización del sistema penitenciario que impida la salida al reincidente y facilite la reinserción social del primo delincuente. Se requiere de un Ministerio Público honesto, suficiente, capaz; un sistema actualizado tecnológicamente que facilite las denuncias y sobre todo un sistema judicial a prueba de sobornos. Hay mucho que hacer en esta materia y muy poco lo que se está haciendo.

Este 19 de diciembre un grupo de comerciantes ocupó nuevamente el Eje 1 Norte de la Ciudad de México entre Paseo de la Reforma y Vidal Alcocer. No fue un acto espontáneo de unos comerciantes que por desesperación hubiesen decidido ocupar las aceras y la vía pública. Un grupo de líderes coordinó la invasión de la calle. Los puestos bloquean el carril del Metrobús y obligan a los transeúntes a bajar al arroyo y poner en riesgo su vida. El tiempo de traslado de vehículos por el Eje 1 Norte se ha multiplicado.

La avenida había sido liberada de los "ambulantes" -que en realidad ponen puestos semifijos- apenas en octubre. Pero los dirigentes decidieron retar a la autoridad y ocupar nuevamente la vía pública en esta temporada navideña. Hasta el momento de escribir este artículo no ha habido ningún intento por rescatar la calle. Al parecer hay la decisión política de dejar la invasión hasta después de Navidad.

Uno puede entender a las autoridades. El uso de la fuerza pública puede generar un conflicto importante, quizá de violencia, que los funcionarios no quieren en vísperas de Navidad. El problema es que el comercio informal va creando espacios y adquiriendo derechos que al final resulta muy difícil echar para atrás.

El Inegi dio a conocer hace unos días la medición de la economía informal para 2014. Con una nueva metodología que considera no solamente los micronegocios que no operan con permisos oficiales sino modalidades como el servicio doméstico remunerado y otras formas de trabajo fuera del marco legal, la institución ha determinado que el 57.8% de la población ocupada en el país trabaja en la informalidad. Estas personas generan el 23.7% del producto interno bruto.

Hay muchas manifestaciones de la economía informal. En el comercio en vía pública, la actividad requiere necesariamente la privatización de las vías de comunicación. Cuando una persona coloca un puesto semifijo en una acera o en el arroyo está utilizando para su provecho ese bien público. La afectación es para toda la comunidad. Los ciudadanos enfrentan dificultades para trasladarse por esas vías de comunicación que se convierten en comercios privados. Quienes padecen alguna discapacidad simplemente se ven vedados de las vías públicas.

La idea de que los informales invaden las calles para colocar sus propios puestos comerciales es falsa. Una y otra vez he preguntado a los vendedores en vía pública si ellos son los dueños y la respuesta siempre es la misma: los puestos son de líderes con influencia política y capacidad de movilización que contratan a personas para trabajar sin las prestaciones de ley.

Estos líderes usualmente se presentan como políticos de izquierda. Pero no deja de ser extraño que mientras la izquierda se opone a las privatizaciones, apoya la privatización de las vías públicas. De igual manera, mientras lucha contra la contratación de trabajadores sin las prestaciones de ley o sin el salario mínimo por empresas, acepta estas contrataciones cuando las realizan líderes de ambulantes.

Para la economía nacional la informalidad es un problema porque genera una competencia desleal ante los empresarios formales, los que tienen que pagar servicios, electricidad y prestaciones de ley. La economía informal, por otra parte, es notoriamente menos productiva que la formal, como lo señalan las cifras del Inegi, pero los líderes si se enriquecen al privatizar para su beneficio bienes y servicios que deberían ser públicos.

Un grupo de profesores marchó ayer desde el Auditorio Nacional hasta la Secretaría de Gobernación, donde realizón un mitin.

Con la consigna de que la Reforma Educativa "está muerta", los integrantes de la CNTE provocaron cortes viales durante su caminata.

Cada 20 segundos, una persona es víctima de algún tipo de delito en México. Si usted invierte 5 minutos leyendo esta nota, para cuando termine ya habrá 15 mexicanos más que cayeron en las garras de la delincuencia, ya sea para ser asaltados, extorsionados, secuestrados o asesinados.

Padecer el golpe de la delincuencia no es el fin de la historia ni del problema. Más de un millón de casos denunciados terminaron el año pasado sin respuesta en las agencias del Ministerio Público, y de los que sí fueron consignados, más de la mitad se hizo sin que los probables responsables fueran detenidos.

El censo del INEGI arroja que el 2014 cerró con un total de 1'034,367 averiguaciones previas pendientes de algún resultado, es decir, casos sin resolver en los que el Ministerio Público no ha conseguido reunir las evidencias suficientes para acusar a alguien ante un juez o por lo menos para cerrar el caso.

Las entidades que encabezan la lista de casos sin resolver son el Estado de México con 143,960 y Jalisco con 135,568. Le siguen Baja California, Puebla y Tabasco.

En todo el 2014 se iniciaron e integraron 1'580,134 averiguaciones previas pero, de todas ellas, en 660,000 expedientes, es decir menos de la mitad, había algún probable responsable ya identificado y detenido.

Se trata de algunos de los datos que arrojan los censos de seguridad pública y procuración de justicia estatal 2015 dados a conocer por el INEGI esta semana.

3 mujeres de edad avanzada que no representan ningún peligro para la sociedad tendrán que pasar esta Navidad en la cárcel. Su delito fue ser testigos de una agresión y atreverse a testificar sobre lo sucedido. En México, sin embargo, rendir testimonio es un delito.

Los hechos originales ocurrieron en 2009, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria de la ciudad de México. María de los Ángeles Saucedo Yáñez golpeó, con el apoyo de unos hombres, a una activista social, Martha Bórquez Meraz, en las inmediaciones del mercado. La agresión fue presenciada por un amplio grupo de personas.

La señora Bórquez presentó una denuncia por la agresión y el robo de un celular. Le fue difícil conseguir el apoyo de los testigos, ya que la agresora tenía fama de contar con buenas relaciones con miembros de la policía judicial. 2 vecinas que presenciaron los hechos, sin embargo, aceptaron testificar: Araceli Ulloa Ramírez y María del Carmen Ruiz Arán.

Las influencias de María de los Ángeles resultaron ciertas. La acusación en su contra no prosperó y ella reviró contra su acusadora y las testigos con una acusación por falsedad de declaraciones. Desde los años noventa este delito fue convertido en grave con el propósito de intimidar a testigos y lograr un descenso de las estadísticas delincuenciales. En un delito grave no hay presunción de inocencia. La simple acusación lleva al acusado a la cárcel mientras dura el juicio, aun cuando no haya sido declarado culpable.

La denuncia, iniciada en 2009, tuvo un largo periplo en los tribunales. El MP determinó ejercer acción penal en contra de las señoras Bórquez, Ulloa y Ruiz Arán por el probable delito de falsedad en declaraciones. Inicialmente se hizo una consignación sin detenido. El 3 de julio de 2015 el juez negó la orden de aprehensión, pero el MP apeló y la 9a. Sala Penal del D.F., revocó el fallo, por lo que se giraron órdenes de aprehensión. El 4 de noviembre las tres señoras, de mediana y avanzada edad, fueron detenidas y recluidas en Santa Martha Acatitla, donde días después se les dictó auto de formal prisión.

La señora Ruiz Arán, de 65 años, tiene un ventrículo tapado, hipertensión y diabetes. Al ser detenida estaba a punto de ser sometida a un cateterismo en el ISSSTE. Los abogados le explicaron a ella y a las otras dos que en México una acusación en un delito "grave", como la falsedad en declaraciones, implica permanecer en la cárcel sin fianza durante todo el juicio, el cual puede durar meses o años. Primero se castiga con cárcel y después se juzga. Las mujeres optaron así por aceptar la recomendación de los abogados de declararse culpables con el fin de obtener un procedimiento abreviado y pasar menos tiempo en la cárcel en virtud de su edad y estado de salud.

La decisión parecía la correcta. El 25 de noviembre las señoras fueron declaradas culpables y se les condenó a una pena de cinco años de cárcel, pero con el beneficio de tratamiento en libertad y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El MP, sin embargo, recibió instrucciones de la Procuraduría de Justicia, influida al parecer por la señora Saucedo, de apelar la sentencia para mantener a las 3 mujeres en la cárcel a pesar de lo inusitado de hacerlo después de una sentencia de culpabilidad.

La estrategia está hecha para hacer daño. Los tribunales están a punto de irse de vacaciones. Así como en el perverso sistema judicial mexicano el delito de falsedad en declaraciones está hecho para castigar antes de juzgar, la apelación antes de Navidad se hizo para mantener en la cárcel durante las fiestas a 3 mujeres de la tercera edad, sin antecedentes penales, sin riesgo para la sociedad y sin siquiera haber cometido un crimen. Así es la justicia en México.

Qué trabajo cuesta aplicar el Estado de Derecho en México. Tal parece que hacerlo va contra nuestra manera de ser y nuestra cultura.

A poco más de 2 meses y medio de haber llegado a la presidencia municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro ha emprendido, entre otras, 3 acciones para hacer que se respeten leyes y reglamentos (como debería ser en teoría), y resulta que se le están convirtiendo en 3 guerras, y se multiplican sus enemigos.

La 1a. de estas acciones fue liberar banquetas y zonas donde está prohibido estacionarse de los automóviles que tradicionalmente las bloquean. Nunca pensó que quienes se iban a sentir más afectados y se pondrían en su contra eran los empleados de los valet parking, que dejan los coches donde pueden, y de quienes están detrás y seguramente hacen negocio con esta actividad, de tal forma que hay descontento y piensan que la medida los va a dejar sin trabajo. Estaban acostumbrados a dejar los coches en cualquier lugar y ahora se ve que no hay estacionamientos suficientes, algo que no habían previsto abusando de la irregularidad.

Después fueron los vendedores ambulantes del Centro. Ahí sí se veía venir un problema escabroso porque detrás de quienes vendían productos en las calles están quienes eran sus proveedores, los auténticos ganadores del negocio, que están en pie de guerra contra Alfaro y se lo hacen saber con reacciones hasta violentas de los vendedores que ya estuvieron a las puertas de Palacio Municipal arrojando objetos y comida a policías.

Y finalmente Alfaro se ha enemistado con algunos de los Comités Vecinales, señalando que no han hecho la tarea en aplicar los ordenamientos urbanos, además de que hay entre ellos quienes le dan la vuelta a los reglamentos con procedimientos judiciales de dudosa honestidad. Resulta que en el tema de aplicar o no reglamentos urbanos son muchos los que sacaban provecho y cometían irregularidades para obtener permisos extraordinarios incluso para construcciones.

Había muchos oportunistas irregulares que hoy también están en contra de Alfaro.

Nada más loable que aplicar el Estado de Derecho, urge en México, pero se multiplican los enemigos y eso pone al Ayuntamiento de Guadalajara en una tesitura de "no equivocaciones".

Y es que para obtener el apoyo de todos quienes apostamos por la "cero tolerancia" en la aplicación de leyes y reglamentos Alfaro y su gente tienen cero margen de error en cuanto a equivocaciones: tienen que ser casi perfectos desde la erradicación de la corrupción que promueve la irregularidades, hasta detalles que podrían considerarse nimios como llegar a tiempo a citas y eventos, y ser muy humildes en el trato con la gente.

Y debe comunicar mucho mejor de lo que lo hace su proyecto y el porqué de las medidas; necesita apóstoles.

Un error puede costarle caro a todo el proyecto, y sería un pésimo referente cuando se hable de aplicar el Estado de Derecho en nuestro país.

El incumplimiento en el artículo 61 de la Ley de Movilidad y Transporte, que obliga a los motociclistas a portar chalecos con material reflejante y con la inscripción de sus placas, ha contribuido a que los motoladrones continúen atracando en la ciudad, consideró el diputado por Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López.

Por ello, hizo un llamado al secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda para que entregue un informe sobre los operativos aplicados contra los motociclistas, y la coordinación que han sostenido con los municipios para hacer cumplir esta reglamentación estatal.

"Invariablemente están obligados a portar de manera visible: chaleco o chaqueta de cualquier material que tenga al menos el 20% de material reflejante. Dicha prenda deberá llevar inscrita en la parte posterior el número de placas de circulación de la unidad que se conduce", precisa el artículo señalado.

Las nobles canteras de la fachada del Palacio de Gobierno, en Morelia, aún acusan las huellas de las estridentes reivindicaciones de los manifestantes que por ahí han pasado a últimas fechas. En el pavimento aún están las cenizas de las llantas que incendiaron la 1a. noche de su presencia en el lugar.

Desde hace casi una semana, los mítines iniciales devinieron plantones. Primero, en demanda de abortar la Reforma Educativa emprendida por el gobierno federal. Después, para "exigir" la "liberación inmediata" de los más de 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Cherán, aprehendidos por diversos motivos: el bloqueo de la Autopista Siglo 21; la detención y el secuestro de autobuses; el saqueo de camiones que transportaban alimentos; el enfrentamiento con los policías estatales que intentaron retirarlos y permitir la libre circulación de las miles de personas atrapadas por el cierre de la carretera; la posesión de artefactos explosivos de confección casera. Posteriormente, para "exigir" la liberación de 30 estudiantes a los que se decretó auto de formal prisión por esos delitos.

En el plantón participan, además de compañeros y familiares de los normalistas detenidos, maestros de la región a los que se ha advertido que habrá sanciones para quienes, con tal de "apoyar" a sus camaradas, abandonaron a sus grupos.

Los procedimientos utilizados por los inconformes para externar su rechazo a una decisión justa de la autoridad, han rebasado los límites que las leyes establecen para ejercer el Derecho de Petición. Algunos dirigentes del magisterio estatal han emprendido formas de lucha no sólo ilícitas sino decididamente delincuenciales. Los poco más de 30 estudiantes a los que se decretó auto de formal prisión y se les inició el proceso correspondiente, son tratados como delincuentes, porque quien agrede a la sociedad y quebranta la ley es eso, precisamente: un delincuente; no un maestro de civismo que predica con el ejemplo.

En la búsqueda de la erradicación de las prácticas de corrupción en el sistema de justicia, el fiscal general Eduardo Almaguer sugirió que los integrantes del poder judicial en el estado también deben someterse a exámenes de control de confianza. Esto, en el entendido que no sólo los policías y operativos deben cumplir este requisito, sino también los mandos y los que toman las decisiones en el aspecto judicial.

La sugerencia derivó de una serie de inconformidades del fiscal sobre las decisiones de los juzgadores, que concluyó con la denuncia que presentaron en contra de una juez de ejecución de pena que dejó en libertad a inicios de mes a un ladrón y homicida.

Jueces y magistrados no pueden estar sujetos a exámenes de control de confianza, reviró Vega Pámanes: "Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia [la mafia se defiende a sí misma - el webmaster], yo estoy dispuesto, por mí no hay ningún problema (...) nosotros no estamos en las investigaciones, nosotros no hacemos detenciones, no tenemos esa relación que tienen directa los cuerpos policiacos, además nosotros tenemos nuestro propio órgano de fiscalización y de control", refiriéndose a la Comisión Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.

A decir de Vega Pámanes, no basta con que la Fiscalía interponga una denuncia para esperar que una juez sea sancionada por delitos en la administración de la justicia. Se debe antes eliminar el fuero del que goza en su cargo, y para ello debe tener lugar todo un procedimiento que inicia con una queja.

La juez 2o. de Ejecución de Penas determinó dejar en libertad a Ricardo Silvano Arévalo, alias "El Toro", quien había sido sentenciado por homicidio y robo, 10 años antes de terminar su condena. Esto provocó la queja del fiscal general.

Veo 3 caminos institucionales para contener la corrupción.

El 1o. es la transparencia del gasto público. Todas las dependencias del Estado, de todos los niveles, deberían subir a sus portales de internet sus pagos de cada día: cheque por cheque y factura por factura. El mismo registro público debería quedar de todas las licencias, permisos o licitaciones que impliquen beneficios económicos.

Un 2o. camino es fiscalizar federalmente el dinero del presupuesto federal que se ejerce en los estados y los municipios. Creo que una de las fuentes de la corrupción mexicana en los tiempos de la democracia es el mucho dinero público que va a los estados sin fiscalización debida de su ejercicio.

La fiscalización federal del dinero que viene de la Federación, ejercida hoy por los congresos estatales y los cabildos municipales, pondría un freno al abuso de recursos públicos frecuente, si no endémica, en la política local.

El 3er. camino es obligar a todo el que ocupe o pretenda ocupar un cargo en el Estado a que transparente su riqueza haciendo pública cada año su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de conflictos de interés.

Creo que el cruce de estas 3 transparencias: la del gasto público diario, la del gasto del dinero federal por los estados y municipios y la riqueza personal de todos los funcionarios del Estado serían diques importantes al desbordado río de la corrupción mexicana.

Ninguna transparencia, desde luego, será efectiva sin castigos. El miedo a la sanción y la sanción efectiva son la fórmula final de la argamasa del edificio, lo único que puede hacerla cuajar.

Los juicios y las penas por fraudes, robos, desvíos, dispendios y otras irregularidades del manejo público corrupto deben ser parte del proceso regular de la justicia penal, no de ese opaco tribunal de fueros especiales que es la Secretaría de la Función Pública.

Cuando hoy Luis María Aguilar, presidente de la Corte, dé su informe ante sus pares y el Presidente de la República, revelará que en 2015 se recibieron más de 15,000 casos, cuando, por ejemplo, la Corte Suprema en Estados Unidos atiende 80 al año, y el Supremo en España, 200.

Para infortunio de los tabasqueños, el estado ha sido laboratorio para el nuevo sistema de justicia penal, que ahí no ha funcionado. A juzgar por organizaciones ciudadanas y denuncias periodísticas, jueces y ministerios públicos no tuvieron el suficiente entrenamiento y los delincuentes son detenidos para casi de inmediato resultar liberados, en una especie de carrusel del mal que termina atemorizando a los habitantes.

Un grupo de estudiantes de la Normal Indígena de Cherán se apoderaron de algunos autobuses de pasajeros mientras circulaban por la Autopista Siglo 21, a la altura de la caseta de Zirahuén, para mostrar su inconformidad con la Reforma Educativa, que según ellos es excluyente y racista y los tiene marginados.

Los normalistas, que habían retenido 6 camiones de autotransporte y a sus choferes, volvieron a hacer lo mismo y bajaron con violencia a los pasajeros para incrementar el número de vehículos en su poder.

Además, los manifestantes detuvieron unidades de empresas proveedoras de productos y bebidas, junto con sus conductores para saquearlas y trasladarlas a la Normal Indígena.

La movilización duró al menos un par de horas y fue desactivada por elementos de la Policía Federal, quienes impidieron que bloquearan la circulación.

Ante la movilización de normalistas, los elementos de la Policía Federal en esa zona lacustre de la entidad han impedido el acceso de más vehículos proveedores, comerciales y camiones de pasajeros, para evitar que caigan en manos de los estudiantes indígenas.

Por su parte, la línea de autobuses de pasajeros Parhikuni, suspendió todas sus corridas "hasta nuevo aviso" debido a la reincidencia de los normalistas, que a pesar de que el gobernador Silvano Aureoles había anunciado acuerdos con ellos, éstos no han dejado de vandalizar las carreteras y las unidades comerciales.

Luego de más de 5 horas de afectaciones vehiculares, los transportistas retiraron los bloqueos que realizaban en diversas vialidades de la delegación Xochimilco.

Desde las 7:00 horas, los manifestantes cerraron vialidades como Prolongación División del Norte, Guadalupe I.Ramírez, Vaqueritos, Tepepan y Antiguo Camino a Xochimilco.

Los inconformes exigen la devolución de espacios públicos y que se les permita el paso al centro de la demarcación, luego de los operativos que se han realizado para la recuperación de vialidades.

El incontrolado comercio ambulante proclama expresamente que el espacio público es de quien lo arrebate primero, y que la informalidad es una vía "legítima" para lucrar de la ciudad sin devolverle (impuestos) la mínima retribución.

La proliferación de gasolineras y de edificios en altura, determinada por las arbitrariedades del TAE o de la corrupción es, también, un gravísimo cáncer en el tejido urbano: lo descompone y degrada, establece la ley de la selva, cuya inercia amenaza acabar con cualquier convivencia civilizada. Por ejemplo: un edificio que por "arte de magia" pasa de tener 6 niveles a tener 8, representa una agresión permanente a todo un contexto urbano, una afectación directa a los vecinos, un atentado a la capacidad de los servicios públicos, una invitación a que se siga su ejemplo. "¿Si ellos lo pudieron hacer, por qué yo no?". El "arte de magia" representa, también, obviamente, un ilegítimo aumento del 25% en las ganancias de los insaciables "promotores". A costillas de la ciudad, a costillas de sus habitantes y de su derecho por tener una ciudad ordenada.

El orden legítimo, lejos de limitar a una comunidad, la hace más libre. El desorden conduce a la permanente conculcación de los derechos de la comunidad, de los derechos de cada habitante.

¿Qué hacemos para enfrentar con éxito el mayor paraíso de la venta de piratería en el que está convertido el Mercado Libertad, mejor conocido como de San Juan de Dios, un ícono de la ciudad que es el epicentro de una zona donde reina el almacenamiento y la venta de droga y armas, y se da la trata de blancas?

¿Qué hacemos para terminar con la venta de medicina ilegal y que no cura los males de quienes la consumen, que se da todos los días en el barrio del Santuario?

¿Qué hacemos en la zona conocida como la 5 de Febrero para abatir el comercio de las autopartes robadas que alientan este tipo de delincuencia?

En cada uno de estos polígonos de impunidad que se han dejado crecer por años a la sombra de la corrupción. Se han hecho cientos de operativos policiales y de autoridades de los tres niveles de gobierno sin poder erradicar estos negocios ilícitos que siguen operando a la vista de todos.

La coordinación alcanzada en el operativo del miércoles en Obregón entre el gobierno estatal y municipal abren una gran oportunidad de concretar la extinción de dominio en estos polígonos de impunidad que carcomen el estado de derecho y promueven la cultura de la ilegalidad. El éxito de esa herramienta jurídica está probado en la recuperación del tejido social en zonas conflictivas de Bogotá, Colombia, misma que replicó en el DF el gobierno perredista de Marcelo Ebrard en la zona de Tepito e Iztapalapa en el 2007.

Que le pongan plazo.

El sujeto que presuntamente asesinó a su hija de 7 años y después ocultó su cuerpo en una maleta, en Lagos de Moreno, podría quedar en libertad de comprobarse que se violó su derecho al debido proceso y sus derechos humanos al ser exhibida su fotografía en varios medios de comunicación.

La fotografía fue divulgada por la Policía de Lagos de Moreno.

Para el consejero presidente de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, la investigación está contaminada de origen lo que podría propiciar que el juez deje en libertad al presunto culpable.

"Gracias a graves faltas cometidas por la policía de Lagos de Moreno y los medios de comunicación, el imputado podría ser dejado en libertad porque el proceso está contaminado, pero esto dependerá de qué tan contaminado esté el caso, se viola el debido proceso, se viola el principio fundamental de derecho a la intimidad y aparte se está exponiendo a una menor".

El magistrado advierte que el policía de Lagos de Moreno divulgó el retrató del imputado, así como los medios de comunicación que divulgaron la imagen podrían ser demandados civilmente.

Además aseguró que este caso ha servido para dejar en evidencia el gran desconocimiento que tienen las policías municipales del nuevo sistema penal acusatorio.

También la esposa del imputado y madre de la menor asesinada podría tener responsabilidad en el tema, ya que ayer concedió una entrevista en un reality show difundido a nivel nacional conducido por Laura Bozzo, en donde hizo pública una fotografía donde aparece la imagen del imputado y de la víctima.

Noviembre de 1994. Quien hasta poco tiempo antes era un fiel panegírico del partido en el gobierno ("avanzar, avanzar con el PRI... somos gotas de agua que formamos un océano de honor... un día derribaremos al tirano extranjero...") pierde la gubernatura de Tabasco ante Roberto Madrazo por casi 100,000 votos de diferencia (56 vs 37%).

En la resaca de su 1a. derrota electoral, López Obrador promueve la quema de pozos petroleros y un movimiento para que los tabasqueños dejen de pagar el servicio eléctrico. Sin dejar de lado que el fraude pudiera haber marcado dicha elección, su naturaleza contestataria comienza a abrir un boquete en las finanzas del estado y de la Comisión Federal de Electricidad. La cultura del no pago y la impunidad resultante comienzan a adquirir carta de naturalización en la entidad.

¡20 años después! Hacienda, la CFE y el gobierno del estado llegan a un acuerdo inteligente mediante el cual 95% de los 570,000 tabasqueños con adeudos de luz se verán beneficiados mediante un "borrón y cuenta nueva condicionado": cada peso que se pague de nuevos consumos descontará un peso de la deuda previa, la que es de $10,700 millones de pesos. En los primeros 6 meses de operación del acuerdo, 2 terceras partes de los deudores reconocen que pagar hacia adelante y en esa medida olvidar el adeudo de atrás es una propuesta razonable, más aún si viene acompañada de la disminución en las tarifas actuales y ofrecimientos adicionales en el futuro.

Pero además de contestataria, la naturaleza del personaje de marras es vengativa. No puede permitir que el mundo cambie sin su permiso, que sus coterráneos acepten algo que consideran les conviene, pero cuestiona su ascendencia. De ahí que promueva de nueva cuenta el no pago y desvirtúe las palabras, llamando "resistencia civil pacífica" a una actitud socialmente perniciosa, culturalmente suicida y jurídicamente ilegal.

Como líder de un partido político, cargo que le expondrá de nueva cuenta y terminará debilitándolo, López Obrador tiene todo el derecho de expresarse, argumentar y promover lo que considere. No debiera tenerlo, sin embargo, para usar recursos públicos de forma tal que deliberadamente genere un quebranto a terceros, en este caso a las arcas del estado y de la CFE. Éstos habrán de tener más de un buen abogado a la mano para promover que de los recursos públicos que los ciudadanos otorgamos a Morena a través del INE, éste le descuente la parte correspondiente al quebranto resultado de las acciones de nuestro personaje. No hacerlo sería inentendible y señal adicional en favor del cáncer de la impunidad.

Según orden del Poder Legislativo, decenas de jefes policiacos del país debieron haber sido encarcelados desde octubre del año pasado. Esto no ha sucedido. ¿De quién es la culpa? ¿Quiénes los protegen?

El 2 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue una iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón y aprobada por el congreso.

En sus artículos 139 y 3o. Transitorio se estableció que se sancionará con hasta 8 años de prisión y 500 días de multa a todo aquel que tenga como miembro de una institución de seguridad pública a cualquier persona que no haya aprobado el examen de control de confianza. Puso un plazo de 4 años para hacerlo.

Unos días antes de que venciera el plazo para que todos los servidores públicos involucrados en tareas de seguridad debieran tener aprobados sus exámenes de control de confianza, el senador [priista Omar] Fayad logró -mayoría priista de por medio- que se prorrogara 10 meses. La nueva fecha para cumplir la ley sería octubre de 2013.

Llegó la fecha... y seguía sin acatarse lo dispuesto en la legislación. Así que apareció de nuevo el senador Omar Fayad. El 15 de octubre de 2013 presentó una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para permitir una 2a. prórroga, ahora de un año.

Pasó el año. El 30 de octubre del 2014 se venció el plazo. Y parece que el senador Fayad anda ocupado en otras cosas porque no propuso una 3a. prórroga. Así que desde hace un año y días la Ley está en vigor… pero no se cumple y a quienes la violan no les pasa nada.

Los estados que más incurren en esta ilegalidad son: Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y San Luis Potosí.

Desde que era gobernador del Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con los exámenes de control de confianza. Son ciertamente controversiales, pero si el actual gobierno federal los quiere desechar, lo pulcro sería cambiar la ley y no permitir su violación sistemática e impune.

"Les doy 5 minutos para quitarse... o los retiro".

Fue la advertencia que les dio el comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio, a los comerciantes ambulantes de la zona de Obregón que, durante toda la mañana de ayer, tuvieron "el dominio del balón" al bloquear la circulación en la Calzada Independencia al cruce con Javier Mina y también, por momentos, Obregón.

Todo porque el Ayuntamiento de Guadalajara no los dejó instalarse como lo hacían desde hace años.

Ayer, el ayuntamiento tapatío limpió Obregón de ambulantes, basura y estorbos en banquetas, pero los comerciantes informales protestaron.

1o. estaban divididos en grupos, según cada esquina donde laboraban, aunque después se unieron con el fin de conservar sus "derechos adquiridos a lo largo de varios años" de vender en la zona. Con pancartas y gritos desgarrados, como "queremos trabajar", "no somos delincuentes" y "que vuelva el PRI", mostraron su molestia sobre la Calzada donde establecieron su "juego" ante las autoridades.

La autoridad les ofreció una mesa de diálogo, pero no la aceptaron, querían seguir vendiendo en la calle. No les importó la presión de los automovilistas ni los usuarios del Macrobús afectados (el bloqueo duró de las 10:45 a las 14:45).

Líderes y representantes de ambulantes seguían exigiendo que les hicieran válidos sus permisos temporales para instalarse hasta el fin de año, pero la respuesta fue que ya no estaban vigentes. Esto enervó los ánimos de los comerciantes.

Ante la resistencia, con gas lacrimógeno se disolvió la manifestación.

El ambulantaje, una dimensión de la informalidad tan característica de los países en vías de desarrollo, es producto tanto de condiciones culturales que se remontan a nuestra tradición de los tianguis y las ventas en calle, como a condiciones políticas como la utilización electoral de las clientelas de ambulantes, y por supuesto, a condiciones económicas como la precariedad del mercado laboral que empuja a miles y miles de personas a encontrar refugio en la informalidad. Sin olvidar la incapacidad del Estado mexicano, y por su puesto de las entidades, para hacer cumplir la ley; un Estado de Derecho poroso y quebrantado por doquier. Todo esto mezclado, y aderezado, explican el peso del ambulantaje en una ciudad como Guadalajara.

Hay corrupción desde siendo 'Departamento de Tránsito', después 'Secretaría de Transporte y Vialidad' y ahora 'Secretaría de Movilidad' (Semov); y hay la simple 'mordida' que conductores que violan normas dan a los 'agentes de tránsito' por resultar más fácil arreglarse 'dando una lanita al mordelón' que perder tiempo al ir a pagar más dinero por la multa; y existen los 'coyotes' que ganan al agilizar trámites sencillos que suelen ser muy lentos por negligente ineficacia, carencia de personal o exceso de burocracia, o son intermediarios con funcionarios de diversos niveles jerárquicos para solventación ilegal de trámites que sin 'propina' no podrían resolverse, sea por incapacidad de aprobar exámenes o carecer de derecho legítimo para obtener algún tipo de concesión, o hasta provocar ilícitamente una dictaminacion pericial favorable en incidentes viales.

Cuando en 2014 se empezó a hablar de mas corrupción, trascendió posible ilícito en la Dirección de Transporte Público, fue cesado el entonces responsable Javier Jaramillo, el personaje mas cercano y de absoluta confianza del secretario Mauricio Gudiño Coronado, cuya remoción ocurrió algunos meses después y al designar Aristóteles en su lugar a Servando Sepúlveda Enríquez, actuó de buena fe reconociendo tácitamente la corrupción y le instruyó públicamente sanear la dependencia y un programa urgente para abatir de fondo corrupción e impunidad.

No hay aún avances presumibles en combate a corrupción en Semov y ahora los agentes de Policía Vial operan novedosa actividad, ya que descuidando muchas áreas que requieren atenderse para agilizar la vialidad ante la problemática ordinaria existente, dedican extrema vigilancia en algunas zonas de la urbe, con excesivo número de patrullas y elementos a fin de evitar se estacionen automotores en las calles, previo haberse eliminado las zonas permitidas y gratuitas en las proximidades de estacionamientos de paga que son propiedad de empresarios importantes y según agentes viales consultados, esa tarea se hace por instrucción directa del titular de la Semov, y la 'atención extrema' provoca deban utilizarse forzosamente y al máximo cupo dichos estacionamientos que por ser muy costosos son un lucrativo negocio para sus dueños, y como ejemplo están los ubicados en la Avenida Empresarios, alrededor del Hospital Puerta de Hierro en Zapopan, zona en la que hay muchas oficinas, restaurantes y comercios, donde se ha prohibido ya el estacionamiento libre y gratuito en toda la avenida y las calles aledañas, con inusual y 'eficaz vigilancia' de Policía Vial las 24 horas de los 7 días de la semana.

A pesar de ser menos de 200 personas, la marcha por Ayotzinapa que se realizó ayer en Guadalajara causó gran caos vial, incluso peor que cuando participan miles. Esto se debió a que, según Vialidad, nadie les informó que habría una marcha con 4 de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que no se hizo ningún operativo. Se instalaron fuera de la PGR.

El D.F. es la capital de un país que chapalea en corrupción y cuyas medrosas e incapaces autoridades [del D.F.] no se atreven (y no sólo con el transporte público concesionado) a hacer respetar leyes ni reglamentos.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, bloquearon la entrada a la Autopista del Sol y a la carretera federal México-Acapulco, con rumbo a Acapulco, Gro.

Esta semana campesinos de por lo menos 6 estados de la república se manifestaron en diferentes puntos del país para exigir mejores condiciones. Fue una acción simultánea y prácticamente invasiva que incluyó el bloqueo de líneas férreas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí; marchas multitudinarias en la Ciudad de México y el cierre de accesos carreteros a la capital del país por Puebla y Cuernavaca.

A casi 14 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, normalistas han retenido en ese periodo al menos 500 camiones, entre los que se encuentran algunos de empresas como Bimbo y Coca Cola, así como unidades de las líneas de transporte como Estrella Blanca.

Aunque las pérdidas económicas no se pueden calcular con exactitud, datos dados a conocer por la dirigente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera de Acapulco, Laura Caballero, indican que son alrededor de 100 millones de pesos diarios.

Mientras, Jaime Nava, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, alertó sobre el colapso de la economía de Guerrero por las protestas derivadas de la desaparición de los normalistas.

Lo anterior, apuntó, al contabilizar al menos el robo de 188 unidades, además de que otros 217 vehículos y sus tripulantes han sido afectados por diversas protestas, con lo que tienen reportado 4,337 ilícitos contra la industria de alimentos y decenas de robos.

Algunos medios mencionaron que hasta hace 8 días aún se tenían retenidos 6 autobuses de pasajeros y 20 vehículos, entre tráileres, camionetas y unidades desvalijadas.

Datos publicados por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales refieren que en los primeros 2 meses después de la desaparición de los normalistas secuestraron a 246 choferes y 46 autobuses.

En las redes sociales circularon videos de la normal con una toma aérea con un dron en la que se observa un deshuesadero, porque presuntamente los normalistas han vendido las autopartes.

La retención de vehículos repartidores particularmente de Coca-Cola obligó a que cerraran la bodega en Tixtla.

Algunos de los testimonios de personas que venden en tiendas de abarrotes refieren que los normalistas cobraban 100 pesos por una caja de 24 piezas, mientras que el camión de la refresquera cobraba 120 pesos.

Los argumentos de los comerciantes cuya presencia en la vía pública parecía haberse institucionalizado merced a la negligencia o a la proclividad a la corrupción de los funcionarios públicos que no acertaron a "cumplir y hacer cumplir las leyes", contra la resolución de la autoridad municipal, de prohibirles para el ejercicio de su actividad el uso que hasta ayer dieron a los espacios públicos del centro histórico de Guadalajara, quedaron expuestos, a gritos desaforados y en coloridas pancartas. Desde la demanda masiva ("Queremos trabajar"...) hasta el desafío ("Policías corruptos a más no poder, pero nuestras familias no se quedarán sin comer"; "Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer"...), pasando por la justificación: ("Somos trabajadores, no rateros"...).

Todavía por la mañana, ayer, a sabiendas de que seguramente se consumarían las reformas a los reglamentos municipales anticipadas desde las campañas y ratificadas al tomar posesión, para atender la demanda generalizada de la población, de poner un hasta aquí al desbarajuste que convirtió el corazón de la ciudad en un vil tianguis, hubo una intentona de encontrar una fórmula conciliatoria: de manera sosegada y respetuosa, ciertamente, algunos de los ambulantes que se verían desalojados de "sus" espacios al aplicarse la nueva disposición, solicitaron una tregua de fin de año; una prórroga hasta el primero de enero... No fueron atendidos. Apoyado por el pleno del cabildo -la votación fue unánime-, el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, haciendo uso de la fuerza pública, decidió cumplir lo que su antecesor, Ramiro Hernández García, se limitó a prometer.

Y así, aunque de inmediato hubo las reacciones previsibles (el amotinamiento de algunos centenares de vendedores, el encadenamiento en las rejas de la Presidencia Municipal de los más radicales, la amenaza de declararse en huelga de hambre, la intentona de cerrar el paso del Macrobús en la Calzada Independencia, los actos de vandalismo en contra de terceros totalmente ajenos a la trifulca...), el acto de autoridad, de aplicación de la ley que los habitantes de la ciudad esperaron en vano en varias de las administraciones precedentes, sin distinción de colores -azules o coloradas- se dio finalmente.

El problema de los ambulantes son los interese políticos que hay detrás de ellos. El discurso de los vendedores en exigencia del derecho a trabajar si bien es absolutamente válido pasa de inmediato, y sin mediaciones, a la apropiación del espacio público. La frase de un supuesto líder de ambulantes de Pedro Moreno, Marco Antonio Santos, "aquí las cosas cambiaron, aquí hacen lo que nosotros digamos no lo que ellos quieren", sintetiza la visión que tienen los líderes sobre el espacio público. No sé quién convenció al señor Santos de que la calle era suya, o quién esté detrás de él para que se sienta dueño del espacio público, pero es evidente que la batalla que librará el ayuntamiento no es contra un grupo de vendedores con necesidad de trabajar sino contra un enjambre de intereses políticos donde los vendedores serán sólo la carne de cañón.

El riesgo mayor está justamente ahí. Los que se enfrentarán en las calles no serán los políticos ni los grandes distribuidores de mercancía pirata, sino los pobres y los policías. Los líderes buscarán el enfrentamiento para tener no sólo mártires en la lucha, sino argumentos políticos y mediáticos para aflojar al presidente municipal. Cómo actúe la policía y cómo se documente, paso a paso, detalle a detalle, lo que suceda en las calles será fundamental para el escenario final, que será la batalla mediática. Un exceso de fuerza puede derrumbarlo todo.

Sentada a un costado de su puesto de comida, la líder de 180 comerciantes que se ubican en los jardines de los Templos de San Francisco y Aranzazú, Teresa González Murillo no oculta su irritación por las nuevas disposiciones municipales.

"Nosotros tenemos 40 años aquí. Esto que están haciendo es lo mismo que hicieron cuando Emilio González era alcalde. Nosotros no nos vamos a ir: vamos a llegar incluso a los golpes para defender nuestro sustento y el de nuestras familias".

Cuestionado sobre esta postura que podría ocasionar tensión y violencia en los próximos días, Luna Vázquez comentó que están preparados ante cualquier tipo de agresión. La postura es la misma: no hay negociación y el próximo martes habrá de quedar sin ambulantes el polígono de intervención especial que Ayuntamiento tapatío dispuso en el 1er. cuadro.

Este lunes se preparan las 1as. manifestaciones durante la sesión del ayuntamiento donde se pretenden aprobar las reformas al reglamento de Imagen Urbana. Teresa González no descarta huelgas de hambre, encadenamientos en espacios públicos y violencia.

Los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos, coinciden organizaciones y académicos.

"Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

De acuerdo con el estudio "Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)" de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país.

En lo que va del año suman 63 casos en diferentes estados de la república. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos, de acuerdo con el registro de la UAM.

El profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y autor del estudio, destaca que en las últimas 3 décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente que vemos cada día.

"Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano", explicó a este medio digital el académico de la UAM.

Desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

"El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, o sea son muy rápidos, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos", detalló el profesor Rodríguez Guillén.

Para realizar el estudio "Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)" los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de presuntos linchamientos.

A partir de esa base de datos, hicieron una clasificación de los casos reales de linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo.

"El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos, pueden ser guardias comunitarios que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero éstos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida", refirió Raúl Rodríguez.

Añadió que generalmente en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: "No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar".

En octubre pasado, vecinos de la zona oriente del Estado de México colocaron mantas en distintas colonias de la zona advirtiendo a delincuentes que se abstengan a realizar asaltos para no ser linchados.

El estudio de la UAM detalla que los linchamientos no son un fenómeno nuevo en México, pero actualmente, por sus características y contexto, adquiere un carácter novedoso.

"En tiempos de la Revolución se linchaba al del bando contrario o a quien se oponía de alguno de los bandos o de los grupos de ese momento, y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades", indicó el académico de la UAM.

Mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, destaca el estudio.

Ello, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho".

El fenómeno del linchamiento es una práctica que ha tomado cada vez más fuerza en México, el último caso del que se tiene registro ocurrió el pasado 26 de octubre en el municipio de Amecameca en el Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar a 2 hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.

El diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que garanticen el Estado de Derecho en sus respectivas entidades y tomen las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.

"La idea de llamar a comparecer a los gobernadores de estos estados es porque de 2010 a la fecha, solamente en el Estado de México ha habido 54 casos de intentos de linchamiento y en Puebla hay 33", describió el legislador perredista.

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que no basta con hacer un llamado de atención a las autoridades estatales, se necesitan mecanismos que procuren la justicia en México.

El proyecto para garantizar que todos los automóviles contaran con un seguro contra daños a terceros, fracasó.

Héctor Pérez Partida, titular de Sepaf, señaló que "la idea era tener un seguro muy económico, que las aseguradoras compraran el holograma y se los dieran a quien comprara el seguro, sin embargo, no hubo una propuesta formal".

Debido a que 80% de los autos rebasa los 15 años de edad, la inversión para pagar el seguro y cumplir con la ley, sería "costosa" para los contribuyentes.

Entre 2008 y 2013 hubo, en promedio, 15 choques diarios que fueron atendidos por el área de peritos de la Secretaría de Movilidad, porque uno de los vehículos involucrados no tenía seguro.

[Si la ley es inaplicable, que la cambien entonces. No se trata de hacerse pendejos con ella. - El webmaster.]

Más de un centenar de personas, encabezadas por familiares del Alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, bloquearon las calles aledañas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para apoyar y exigir la libertad del perredista, detenido el pasado jueves 29 de octubre, junto con el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Adán Zenén Casarrubias Salgado.

Los amigos, conocidos y familia de Ramírez llegaron a las instalaciones de la SEIDO el sábado por la noche, desde Cocula, se trasladaron en camionetas Urvan y vehículos particulares, unas 150 personas que llegaron a manifestarse afuera de las instalaciones de la dependencia y durmieron en las inmediaciones de la misma.

A las 10 de la mañana, el grupo de personas que viajaron al Distrito Federal a pedir la liberación del Alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez, bloquearon por unas 2 horas la avenida Paseo de la Reforma, donde colocaron vallas naranjas y portaron pancartas a favor del perredista.

Los manifestantes, después del bloqueo, decidieron regresarse a Cocula; una de las personas que viajó en apoyo al Alcalde y se quedó en la ciudad de México, dijo que Ramírez Crespo manifestó que lo trataron mejor después de que llegaron la noche del sábado y pidió a los ciudadanos del municipio que no dejaran de movilizarse. También denunció que los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron a la SEIDO no pasaron a verlo.

El alcalde de Cocula fue detenido por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías federales, en el restaurante La Cabaña de Max, en Cuernavaca, Morelos, junto con Adán Zenén Casarrubias Salgado, Tomate o Barbas, uno de los líderes de la organización Guerreros Unidos; el asesor jurídico del PRD en la legislación pasada de la Cámara de Diputados, Eloy Flores Carreto, y 4 hombres más.

Ante el reciente linchamiento de 2 encuestadores en Ajalpan, Puebla, debe aplicarse la ley.

No podemos ni debemos, bajo ninguna circunstancia, acostumbrarnos a la barbarie y a la violencia.

La grabación y la transmisión del linchamiento de estos 2 hombres a través de los medios de comunicación, y particularmente en videos grabados por los mismos pobladores con sus teléfonos celulares y subidos por ellos mismos a la red de internet, muestran signos preocupantes de descomposición y de violencia que dañan el tejido social y a las instituciones.

En plena era de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en la era de internet, presenciamos una turba matando y quemando a 2 encuestadores.

Un hecho que llama la atención y que no deja de sorprendernos es que muchos de los que estuvieron presentes pudieron hacer algo para evitar que se culminara el linchamiento. En varias grabaciones se aprecian personas solamente filmando el hecho, riéndose o, de plano, participando.

El linchamiento de Ajalpan tristemente no fue un hecho aislado. Estudios como "El linchamiento en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)", de Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, de la UAM, señalan, por ejemplo, que en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 eventos de esta naturaleza, esto es linchamientos considerados de modo genérico, en sus variantes de tentativa y consumación, en diferentes entidades federativas, lo que representa un promedio de 13.6 eventos por año o, si se quiere, más de uno por mes a lo largo de estos casi 27 años.

De acuerdo a este estudio, de 1988 a 1995, los casos de linchamiento son pocos, entre 1 y 9 casos por año. Entre 1996 y 2009, el número de linchamientos aumentó significativamente, un mínimo de 3 y un máximo de 27 casos con un promedio de 13.5 anualmente.

Los estados donde se concentran los linchamientos son el Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En contraste, sólo 4 de las 32 entidades federativas -Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas- no presentan en estos 27 años un solo evento relacionado con linchamientos.

Esta investigación concluye que la impunidad fomenta conductas indeseables; hace que la comunidad tenga respuestas violentas generalizadas, aparentemente justificadas por una percepción de indefensión ante la ausencia de la protección que debe garantizar el Estado.

Son expresiones de la tensión acumulada y de desesperación en un contexto de degradación social, pero también representan riesgos adicionales a la violencia delictiva.

El linchamiento consiste en la aplicación de un castigo "ejemplarizante" por parte de una multitud -ante la supuesta comisión de un delito- con diferentes niveles de participación: unos incitan a la acción y se involucran en su "planificación", mientras otros la ejecutan. En ella no se concede al linchado ninguna oportunidad para aclarar su actuación ni mucho menos se espera la actuación policial.

El padre de todos ellos fue un hombre grande, fuerte, tosco, de piel oscura, facciones gruesas, frente chica y temperamento explosivo, así que el apodo fue inevitable: El King Kong y a sus descendientes, por extensión, se les conoce como Los Kinkones.

Ellos son los administradores del crimen en este municipio en que nada ocurre sin el consentimiento de la organización Antorcha Campesina, la misma que destapó públicamente a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República.

Una parte de Los Kinkones, secuestradores y extorsionadores, ha sido detenida durante los últimos 10 años, pero el jefe de la banda continúa libre y operando, afirman agentes y ex agentes, incluidos comandantes, de las policías y estatal, así como de la Policía Ministerial mexiquense. Sus nombres se omiten por petición de ellos y luego de que argumentaran que sus vidas y las de sus familiares estarían en peligro si salieran del anonimato.

El jefe de Los Kinkones es Ramiro Galeno Moctezuma, un hombre de entre 48 y 50 años de edad. Sostiene una fachada como tianguista en Chimalhuacán y un municipio adyacente, Chocoloapan.

Su influencia delictiva se alcanza por Ixtapaluca, otro municipio gobernado por Antorcha Campesina; Chalco; Valle de Chalco Solidaridad, el asentamiento humano insignia de Carlos Salinas de Gortari; La Paz; Ciudad Neza, bastión del PRD, y se extiende hasta la Central de Abastos, en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.

Galeno y sus hermanos, al menos 4 involucrados en las actividades delictivas y de manera destacada el que se llama Pedro, estarían involucrados en el reciente plagio de un checador de camiones por cuya vida reclamaron la extravagante cantidad de un millón de pesos y a quien dieron por muerto luego de dispararle un tiro en la cara. Ese hombre, como muchas de las víctimas de Los Kinkones y de otras bandas de secuestradores y extorsionadores en el oriente de la capital, carece de recursos.

"Le pegan a los jodidos, porque los jodidos no tienen compadres en el gobierno y, como lacra, lo que tú quieres es que en la Procuraduría, en las policías, nadie dé órdenes a la gente con la que trabajas. Por gente me refiero a policías preventivos y judiciales", dice un agente de la Policía Ministerial que apoyó la detención de seis miembros de la banda que tenían bajo extorsión a tortillerías y tiendas de abarrotes en Chimalhuacán en 2010.

Entre los sujetos capturados en esa ocasión estuvieron Marino y José Fernando Galeno Moctezuma, hermanos de Ramiro.

-Si los tienen bajo protección, ¿por qué los detienen?- pregunto.

-Dejan de pagar su renta por trabajar o, como en este caso, el operativo para toparlos fue de la Policía Federal, que llegó con averiguación previa de la PGR. También la situación es que ellos mismos calientan demasiado la plaza y hay que partirles su madre un poquito para que le bajen.

La policía de Chimalhuacán ha jugado un doble papel desde hace años. Uno de los ex jefes policíacos entrevistados asegura que, a fines de los 90, se intentó la baja de 10 uniformados y, a la vez, asaltantes de personas a pie.

-¡Me acaban de robar!- dijo una de las víctimas al jefe quien había salido a confirmar que sus muchachos eran un gavilla de ladrones y lo confirmó.

Reunió a 10 de ellos y propuso su baja a la presidencia municipal, bajo el control de María Eulalia Guadalupe Buendía, invasora y fraccionadora profesional de terrenos en el oriente del Valle de México. La Loba, como se le llama, no sólo era dueña de la tierra, sino también del agua que vendía en precios fijados por su Organización de Pueblos y Colonias.

La mujer colaboraba con el alcalde en turno, siempre del PRI, y apoyó sin reticencias, en 1999, a Arturo Montiel Rojas en su exitosa búsqueda por la gubernatura en 1999.

Por eso es que La Loba tenía el poder de hablar con el jefe de la policía que intentó purgar a los 10 oficiales.

-Son de mi gente y no, tú no los vas a echar a ningún lado. Ellos así trabajan- La Loba fue al grano.

"Al final sí fue cierto, ellos siguieron trabajando y él único que tuvo problemas fui yo", recuerda el ex policía.

En el 2000, La Loba impulsó a Jesús Tolentino Román Bojórquez, entonces líder mexiquense de Antorcha Campesina y quien ganó la presidencia municipal, pero luego de los comicios las organizaciones no lograron acordar las posiciones que La Loba reclamaba en el ayuntamiento y estalló la guerra.

"No fueron 10 los muertos, como se manejó oficialmente. Yo los vi, caminé entre ellos y fueron entre 30 y 40".

Montiel resolvió el conflicto con el encarcelamiento de La Loba y el ascenso político de Antorcha, cuyos dirigentes tomaron los negocios de la lideresa y agregaron a su empresa el transporte público, gasolineras y gaseras.

Tolentino Román ha sido presidente municipal en 2 ocasiones, diputado federal 2 veces y su esposa, Marisela Serrano Hernández, ha sido alcaldesa de Ixtapaluca, en la misma región del Estado de México, y ahora tiene curul en San Lázaro.

-Ahora quien controla la economía legal e ilegal en Chimalhuacán es Antorcha Campesina. Cristóbal Hernández Salas fue nombrado director de Seguridad Pública durante 3 administraciones, mientras el municipio continúa como uno de los más violentos del Valle de México. Y si con una administración se crean compromisos, imagínese con tres. Aquí se extorsiona, se secuestra, se vende droga y se asesina. Todo es a la sombra del poder político. No se puede de otra manera y hoy Los Kinkones trabajan con el municipio, con Antorcha- afirma el veterano.

La protección no se limita a las autoridades municipales. Una víctima de secuestro aceptó a dar dos o tres datos de su plagio: lo detuvieron en su camioneta, pagó más de medio millón de pesos y fue liberado. Encontró su vehículo en un municipio vecino, en un corralón policíaco. Denunció para recuperar el auto, pero éste había desaparecido y el agente del Ministerio Público simplemente se negó a continuar con la investigación que habría dado con una red de protección a los plagiarios.

Por sus propios medios, la víctima averiguó que el crimen fue cometido por Los Kinkones. El pequeño empresario cerró su negocio, malbarató el local y abandonó Chimalhuacán.

Ramiro Galeno Moctezuma, ahora poseedor del sobrenombre King Kong, se traslada en una Suburban blanca de modelo reciente, es vendedor de chácharas en Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan, donde tienen una de las casas en que pasa más tiempo, en la colonia Francisco Villa.

Las fuentes consultadas consideran que posee una fuerza de entre 40 y 50 hombres y trabaja de manera coordinada con otras bandas, entre estas Los Pelones y Los Cachuchas, estos últimos originarios de Ixtapaluca.

En la misma colonia Francisco Villa en que vive Ramiro Galeno, el grupo tuvo una casa de seguridad en que permaneció cautivo un comerciante de Chalco, quien logró escapar. El asunto es conocido por todos los vecinos y también por las autoridades, porque ese inmueble está bajo resguardo de la autoridad.

Y, también en la Francisco Villa, intentaron secuestrar a un comerciante de ropa, pero el asunto se frustró.

Los incidentes entre las agrupaciones de mototaxistas son frecuentes, pero todos los líderes respetan a la organización que concentra el mayor número de unidades: Antorcha Campesina.

¿Qué otros negocios son responsabilidad de Los Kinkones?

Venta de droga, extorsión, protección y acoso físico. La organización es capaz de ofrecer 200 golpeadores para proteger mítines políticos, como ocurrió durante las pasadas elecciones en Ixtapaluca, en al menos un evento coordinado por Mauricio, El Canelas, hijo del King Kong.

-El cobro de piso, ¿en qué rango de dinero se hace?

-Puede ir de 500 pesos a 20,000 pesos a la semana. A las madererías y los negocios grandes de construcción se les pueden cobrar 20,000 pesos semanales. Algunas ya cerraron. ¿Quién aguante 2 o 3 chingadazos de 80,000 pesos al mes?

-¿Qué tan extendido está?

-Mucho: zapaterías, carnicerías, papelerías, joyerías, talleres, ferreterías, fondas, paleterías, taquerías. No les sacan mucho, pero ganan mucho porque les sacan a todos.

-¿Se acuerda usted del armamento que le robaron a la Policía de Tlalnepantla [en octubre de 2014, asaltantes obtuvieron 9 pistolas y fusiles de asalto de un cuartel en ese municipio]?- me pregunta otro de los informantes. -Bueno, pues algunas de esas armas terminaron aquí. Estaban tan calientes que las AR-15, por ejemplo, se vendieron en 5,000 pesos. ¡5,000 pesos! ¡Nada! Cualquiera puede comprar eso. ¿Se imagina que ahora tengamos asaltos en los camiones con la misma arma que usa el Ejército de Estados Unidos? ¡Es el pinche chango con metralleta, literal!

-¿Cómo se puede establecer la conexión entre Los Kinkones y Antorcha?- pregunto al viejo ex comandante.

-Es a través de una ex regidora de Chimalhuacán que se llama Estela Jiménez Arias, que fue de la planilla pasada. Es muy, muy cercana a Ramiro Galeno. Ella los apadrinó y los conectó con Antorcha Campesina que, cuando tenía una bronca, llevaba a 20 Kinkones como golpeadores. Nomás fíjate: Estela fue regidora de Educación y Cultura. ¡Chingada madre! Y a Estela [políticamente] la hizo Jesús Tolentino Román Bojórquez, hoy líder del Movimiento Nacional de Antorcha Campesina.

¿Cuándo y cómo se llega a esos estados de ánimo sociales que facilitan o implican la desaparición de límites de lo que es permitido o no? Todas las sociedades establecen líneas que separan lo moral de lo inmoral, lo legal de lo ilegal. Sin esos límites no es posible la convivencia. Es quedar a merced del odio y de los peores impulsos. Es darle permiso de matar a todas las intolerancias. Literal. Linchar supone una reducción drástica de esos umbrales. ¿Cómo y por qué los ajalpenses -y muchas más comunidades- han llegado a eso y cómo lo superaran?

Sabemos de la debilidad e ineptitud de las policías municipales. Pero a ello hay que añadir el abierto conflicto entre los gobiernos municipal y estatal en materia de seguridad. ¿Por qué no acudió rápido la policía estatal? ¿Hasta cuándo se van a poner de acuerdo partidos y gobiernos para redefinir las responsabilidades en materia de seguridad entre los 3 niveles de gobierno y para retomar con más prisa y recursos el fortalecimiento de policías?

La omisión en esta materia -van 5 años sin legislar sobre policías locales- ahora adquirió el rostro de 2 encuestadores quemados vivos. ¿Cuántos linchamientos más, cuántas nuevas tragedias para que se pongan a hacer su trabajo?

Pobladores del municipio de Amecameca, Estado de México, intentaron linchar a 3 presuntos delincuentes que habrían asesinado al dueño de una tienda de videos.

Los primeros reportes refieren que los sujetos trataron de asaltar la tienda, pero el dueño se resistió y fue herido con un arma punzo cortante, lo que provocó que muriera momentos después.

De acuerdo con la misma información, los 3 hombres fueron rescatados por elementos de la Policía Municipal, lo que provocó el enfurecimiento de los vecinos, quienes se organizaron con la intención de impedir que los asaltantes escaparan.

La intervención de las autoridades provocó la indignación de los pobladores, quienes se reunieron frente a la parroquia para incendiar una patrulla.

Los inconformes siguieron manifestándose en el centro de Amecameca por el incremento de la delincuencia en la zona.

Los maiceros ayer bloquearon la Glorieta del Álamo para demandar más subsidios oficiales. Este amague ya se volvió recurrente cada año por estas fechas. La diferencia es que ayer las autoridades decidieron excepcionalmente liberar las vialidades y replegar a los manifestantes con el uso de la fuerza y harto gas lacrimógeno.

En diciembre del año pasado, este gremio bloqueó diversas carreteras del estado a tal punto que decenas de automovilistas pasaron la noche en su auto en filas de hasta 20 kilómetros. Eso no ameritó el uso de la fuerza. ¿Cuál fue la diferencia en esta ocasión? Lo único distinto es que los manifestantes amenazaron con dirigirse a la Expo Guadalajara, en donde se encontraba el Presidente y se desarrollaba la 13 Cumbre de Negocios.

Enrique circuló por la glorieta de El Álamo la tarde de ayer sin percatarse de que había sido tomada por productores de maíz que exigían el pago de apoyos al campo. Para recorrer 2 kilómetros y poder salir del punto, tuvo que esperar 3 horas atrapado en el tráfico.

Como Enrique, cientos de automovilistas padecieron el congestionamiento vial que dejó la protesta de maiceros a las afueras de las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, a Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la cual se prolongó por más de 8 horas.

Durante la movilización, los inconformes obstruyeron la avenida González Gallo y la carretera a Chapala, por lo que decenas de elementos de la Policía Estatal acudieron para replegarlos usando gases lacrimógenos. En respuesta, el contingente campesino lanzó palos y piedras a los uniformados.

Aunque no hubo lesionados, uno de los participantes fue detenido al comprobarse que se dañó un vehículo particular.

La manifestación, que inició alrededor de las 9:00 y terminó poco después de las 17:00 horas, fue motivada por la falta del pago de compensaciones a los productores inscritos a la Agricultura por Contrato. El líder de los maiceros, Absalón García, señaló que las autoridades federales se comprometieron a entregar una compensación de 250 pesos por tonelada de maíz. No obstante, el director general de occidente en Aserca, Manuel Esteban Tarriba, aclaró que no entregarán más apoyos adicionales a los publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Explicó que la Sagarpa registra un atraso de un mes en la entrega de apoyos a 20% de los inscritos a la Agricultura por Contrato, lo que representa alrededor de 120 millones de pesos. Agregó que desde la semana pasada se regularizó la entrega de cheques, por lo que estimó que en noviembre se entregará el apoyo.

"Estamos en espera de 80 millones de pesos para Jalisco del monto total que se asigna a todas las entidades del país".

El líder de los maiceros dijo que presentarán denuncias por el enfrentamiento y la detención de uno de sus compañeros.

Durante años, esta ciudad ha aplicado la política de que cada quien puede hacer lo que se le pegue la real gana mientras no lo pesquen o mientras suelte una mordida si es que lo descubren. Los ciudadanos se han pasado cínicamente de las medidas de construcción reglamentarias y han ignorado todas las normas de seguridad posibles. Otros han usurpado banquetas, calles, parques, terrenos públicos para agrandar o construir sus fincas. Algunos más operan locales fuera de toda reglamentación de horarios, giros y permisos. Los planes parciales de desarrollo han sido más ignorados que un profesor de secundaria a la hora que suena el timbre de salida. Los reglamentos de patrimonio, igual. A nadie le preocupa que un negocio acuchille los reglamentos de decibeles permitidos. Mis vecinos de enfrente venden alcohol sin licencia hace años y nadie los clausura porque tienen venia sindical... En fin.

El resultado es que nos hemos cargado buena parte de nuestra historia urbana y que Guadalajara se ha vuelto poco menos que invivible. El sentido de las leyes y los reglamentos es que la convivencia no quede abandonada a la ley del más fuerte (o el mejor apalancado). Si, como sucede, los ignoramos y hasta nos parece jocoso que existan, no podemos esperar más que lo que tenemos: el caos.

Las multas para aquellos que cotidianamente invaden banquetas (impidiendo o complicando el paso de todos, y convirtiéndose en obstáculo formidable para discapacitados o ancianos, por ejemplo) son, apenas, una 1a. medida indispensable para que recordemos que no es posible violentar todas las normas porque nos conviene o se nos antoja. Celebro que las multas sean, comparativamente, elevadas. Y espero que no acabemos enterándonos de que se arreglan con 200 pesos.

Si el narcotráfico ha podido imponerse en México, ha sido porque la gran desgracia del país es el municipio. Los ayuntamientos en los pueblos son más bien una especie de corte medieval, constituyen el aparado administrativo a las órdenes del cacique. Ahí nadie entiende que el trabajo del policía es asegurar el orden público. Mucho menos, cómo reaccionar ante una emergencia como son los momentos en que ocurre un linchamiento. La turba sacó de la comandancia de la Policía de Ajalpan a los jóvenes para golpearlos, asesinarlos, rociarles gasolina y calcinarlos. Además prendió fuego a las patrullas y a la Presidencia Municipal. Ante las acciones de la multitud, los policías eran totalmente incapaces de intervenir. Ni quien se acordara de algún protocolo que dijera qué hacer.

Uno aprende de la historia cuando lo ocurrido es objeto de reflexión, cuando se traduce en medias concretas que procuran evitar desastres como lo ocurrido. De no ser así, la historia se repite. No dejemos que los hechos de Ajalpan pasen sin consecuencias. Los contenidos de los programas de educación elemental deben hacer de cada mexicano, de pueblo o de ciudad, un defensor de la ley.

Con el linchamiento hasta su muerte de 2 jóvenes en Ajalpan, Puebla, suman 38 los crímenes colectivos que se han cometido en la entidad en 2015.

De ese total (contados ya los desventurados encuestadores), van 5 víctimas fatales de turbas homicidas. Las anteriores: una en Tehuacán el 7 de enero y 2 en Cohuecán, el 29 de septiembre.

3 de las 5 muertes han ocurrido en el oriente poblano, donde han sucedido 7 casos de linchamiento, con 5 rescatados por la policía (el más reciente en Altepexi: 2 pobres hombres fueron molidos a golpes y viven para contarlo).

Un estudio de Norma Ilse Veloz, Raúl Rodríguez y la UAM (Linchamientos en México: recuento de un periodo largo 1988-2014) contabiliza 58 linchamientos en el Estado de México, 33 en Puebla y 14 en el Distrito Federal entre 2010 y 2014.

De las 32 entidades y en orden descendente, el Edomex, el DF, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero concentran 80% de casos en que parece cumplirse lo que pinta como un mal chiste:

Si los pueblos tuvieran los que se merecen, sus gobiernos serían... peores.

He escuchado muchas justificaciones sobre los linchamientos: que si son una expresión del hartazgo de la sociedad ante la ineficacia del Estado, una forma de justicia popular, una recuperación de los usos y costumbres o de la bíblica ley del talión, una expresión de un nuevo Fuente Ovejuna que castiga a los delincuentes que el gobierno deja impunes.

Un caso tras otro, sin embargo, revela que los linchamientos suelen ser más bien salvajes homicidios de inocentes.

Es común que los linchados sean quemados después de muertos o todavía con vida. Esto refleja en parte un ritual de tintes religiosos, pero también la convicción de que la muerte por fuego es la más dolorosa. Los linchadores no sólo quieren matar sino provocar el máximo dolor posible a los linchados.

Quienes han estado en un linchamiento hablan con terror de la manera en que la gente pierde control sobre sí misma. La reportera Guadalupe Juárez ha narrado cómo en un linchamiento en Milpa Alta hace años vio a una anciana que levantaba su bastón y gritaba enardecida: "Mátenlos, mátenlos".

Es fácil justificar lo injustificable. Cuando en 2001 un presunto ladrón de imágenes religiosas fue linchado en Santa Magdalena Petlacalco, Tlalpan, el entonces jefe de gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró: "Con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Es parte de la cultura y las creencias de los pueblos originarios, que representan al México que no termina por irse, al México profundo".

Esta misma explicación pudieron haber ofrecido las turbas que quemaban a judíos en el Medievo, a supuestas brujas en el siglo XVII o a negros en los Estados Unidos. La verdad es que la ley de los códigos puede ser injusta, pero la justicia de la turba es mucho peor.

Lo más doliente en el ejercicio del poder en México es y ha sido la falta de la aplicación del Estado de Derecho.

Ser un buen gobernante no tiene gran ciencia: se trata de aplicar y ver que se apliquen todas las leyes y reglamentos existentes tanto a nivel federal como estatal y municipal. Insistir en lo que escribió el economista alemán Rudi Dornbusch (1942-2002), en el sentido de que en un país desarrollado las leyes son flexibles pero su cumplimento es inflexible; mientras que en un país subdesarrollado las leyes son inflexibles pero de cumplimiento flexible. Y México es el país de la flexibilidad y la omisión.

Aquí, el deporte favorito de los diputados es proponer, discutir y promulgar leyes, pero muy poco se ocupan de ver que se cumplan. Ellos se miden por el número de leyes que propusieron y se promulgaron, pero no por aquellas que realmente se cumplieron. Y en cascada les siguen las leyes secundarias y los reglamentos. Todos, leyes y reglamentos, son muy correctos e inflexibles, pero difícilmente se observan, por lo que campea la impunidad y ser delincuente es casi un premio.

Un buen punto para comenzar a gobernar diferente en Guadalajara y Zapopan y mandar un mensaje de renovación sería ver que se apliquen los reglamentos que están más a la mano, los más visibles, y que son perfectamente observables con un poco de voluntad.

Podrían arrancar por ejemplo con el tema del comercio informal, tanto los que ya están instalados en calles y banquetas, así como los ambulantes que deambulan bajo la tolerancia de la autoridad. Y la justificación para aplicar los reglamentos para erradicarlos es muy sencilla: hay comerciantes establecidos que pagan impuestos, permisos, derechos, además de renta, luz, etcétera, y tienen prácticamente a las puertas de sus propios comercios a quienes se instalan en puestos temporales sin ninguno de estos gastos, y cuando más pagando cuotas de dudosa legitimidad a la autoridad.

Argumentan los informales que tienen derecho a llevar comida a sus familias, pero igual podrían argumentar tanto los vendedores establecidos (que siguen las reglas) como los peores malandros que operan los grandes negocios ilícitos.

Ver que los nuevos alcaldes aplican esos reglamentos significaría ver que de ahí para arriba todo es posible, y que eventualmente se castigarán delitos tan lacerantes como la corrupción.

Si por el contrario, los vemos seguir tolerando y permitiendo la informalidad, sabremos que nada ha cambiado, y que lo que llaman "tolerancia" es quizás en realidad la incapacidad de aplicar el Estado de Derecho, y que esa pifia forma parte entonces de la naturaleza misma de los políticos mexicanos.

Nuestro mayor problema como país pasa por la justicia, o mejor dicho por la falta de ella; por la desconfianza en la justicia y sus instituciones, por ese sentimiento de impunidad que le da a cualquier grupo el "derecho" de hacer justicia por propia mano porque si no nadie la hará por él. Es el "pueblo bueno" luchando contra sus opresores. Y así se cometen los mayores crímenes.

Lo ocurrido en el poblado de Ajalpan en Puebla puede ser un capítulo de horror más de los que se viven diariamente en distintas partes del país, pero éste es más desafortunado aún. El lunes en la noche 2 jóvenes encuestadores de la reconocida empresa de opinión pública que dirige Ricardo de la Peña, estaban levantando una encuesta sobre hábitos de consumo de tortillas en esa comunidad. Como no los conocían, los policías locales los detuvieron a pesar de que se identificaron. No los presentaron ante el ministerio público, los llevaron al cuartel (es un decir, se trata de una simple oficina) de la policía municipal. Se dejó correr la versión de que se había detenido a 2 secuestradores. Unos decían que habían secuestrado a una jovencita, otros que a unos niños. Comenzó a reunirse una turba que quería linchar a "los secuestradores". Cuando vieron que era ya mucha gente los policías no hicieron demasiado por defender a los detenidos, que fueron arrancados del cuartel y asesinados de forma brutal, a golpes y luego incinerados. No eran secuestradores, eran encuestadores haciendo su trabajo.

Los hechos recuerdan lo sucedido en Tláhuac, hará 11 años el próximo 24 de noviembre, cuando una turba, azuzada por personajes ligados a un grupo armado, terminó asesinando a 2 policías federales y dejando gravemente herido a un tercero, sin que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México hicieran nada por evitarlo. Incluso la delegada en Tláhuac, Fátima Mena, estuvo en el lugar, y en vez de proteger a los agentes, que ya estaban amarrados y golpeados y a los que la turba amenazaba con incinerarlos, simplemente se fue y los dejó en manos de los victimarios. Todo fue trasmitido en vivo por televisión.

Aquello no tuvo ni siquiera costos políticos: a Fátima Mena no se la castigó y se quedó en el cargo; el presidente Fox ordenó destituir al secretario de seguridad pública capitalino Marcelo Ebrard, pero el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, lo defendió y ascendió a secretario de Desarrollo Social, luego se convirtió en jefe de Gobierno. Para Andrés Manuel éstos eran hechos aislados de violencia que devenían de los "usos y costumbres" de los pueblos indígenas. Hubo detenidos, algunos habían participado en los hechos, otros no, pero todos fueron recuperando poco a poco la libertad. El hecho quedó impune.

Muchos otros actos similares ocurren en distintos lugares del país con pasmosa regularidad. Y nadie parece asombrarse demasiado. En algunos casos las víctimas son delincuentes, otros, como los jóvenes de Ajalpan, son absolutamente inocentes. Pero ese tipo de acciones, como muchas otras cuando intervienen turbas o grupos organizados, no se investigan ni mucho menos se castigan. Podemos estar hablando de actos tan terribles como los de Ajalpan o Tláhuac, o del secuestro de autobuses, el robo de trailers, el saqueo de comercios e incluso la muerte de inocentes como aquel trabajador de una gasolinera de Chilpancingo, muerto cuando estudiantes de Ayotzinapa prendieron fuego al expendio.

En ocasiones la responsabilidad es de la ignorancia, en otros de la manipulación. Se hace justicia por propia mano, por razones ideológicas y políticas, por venganzas, por indignación y a veces por simple hartazgo, pero casi siempre porque existe el interés consciente de muchos grupos de alimentar ese México Bárbaro para darle así espacios a la propia impunidad.

Todo concluyó rápido, en media hora, cuando una turba enardecida capturó a dos hermanos que realizaban una encuesta, los golpearon -a uno le enterraron una varilla en la boca- y los quemaron vivos el lunes pasado a la hora del crepúsculo. La policía municipal, rebasada 1 a 100, no pudo hacer nada salvo salvar su propia vida. El regocijo demente de algunos de los asesinos los hizo tomarse fotografías con los cuerpos de sus víctimas en segundo plano. De esta manera Ajalpan, un municipio serrano de Puebla, se convirtió en el último punto de putrefacción nacional donde la justicia se toma en propia mano.

Al crimen siguieron 5 horas y media de vandalismo, donde destruyeron instalaciones públicas, saquearon sus oficinas y robaron sus dineros. Lo hicieron hasta que se cansaron, porque la policía estatal, que llegó 3 horas después de que inició la cadena de delitos, tampoco pudo hacer nada. También "estaban rebasados", admitió un funcionario estatal. La rapidez como concluyeron los eventos, particularmente el asesinato, comenzó a gestarse días antes, cuando un grupo de personas identificado por las autoridades como críticos sistémicos de los gobiernos, comenzaron a manejar en las redes sociales que había personas que estaban secuestrando a menores de edad para ponerlos en venta.

El lunes, horas antes de morir, acusaron a los 2 encuestadores de secuestrar a una niña, por lo que la policía municipal se los llevó a la comandancia. La niña no los identificó como sus presuntos secuestradores -no se sabe aún si en efecto existió tal secuestro-; pero de la comandancia, decenas de personas que los reclamaban exigieron que se los entregaran. No valió explicación alguna. A los policías les quitaron las armas. A ellos los sacaron al Zócalo de Ajalpan, para su martirio y crimen.

El gobierno y la policía municipales, rebasados; el gobierno estatal y los policías estatales, también.

¿Qué componentes tuvieron que suceder en Ajalpan para que un rumor provocara que centenares de personas participaran colectivamente en un asesinato? ¿Qué presión social se detonó ahí como antes en Canoa, otra comunidad poblana, o en Tláhuac en la ciudad de México, o en tantas otras poblaciones donde la gente toma la justicia por su propia mano?

El fenómeno lacerante para cualquier nación no es nuevo en este país y, en recientes años, hasta se ha hecho una apología de ello. Los grupos de autodefensa civil en Michoacán y Guerrero fueron celebrados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como una opción negra para enfrentar a criminales con criminales. Una encuesta realizada por la empresa Parametría en la primavera de 2013 reveló que el 56% de los mexicanos aprobaban el surgimiento de grupos paramilitares para tomar la justicia en sus manos; sólo el 22% los rechazaba. En 2014, en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública para el Congreso, a la pregunta si estaba de acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen al gobierno se organicen para armarse y combatan el crimen organizado, el 43% de los encuestados dijeron que sí, contra 39% que lo rechazaron.

Este tipo de respuestas no tienen que ver con el uso legítimo de la fuerza o el mando único. Es mucho más profundo. El linchamiento de los jóvenes en Ajalpan junto con la estabilidad en el porcentaje de mexicanos que aprueban la justicia por propia mano, habla de la incredulidad con las autoridades y su percepción de que sean capaces de proveer seguridad. La debilidad institucional que se volvió a subrayar en la sierra de Puebla, va junto con el alto porcentaje de personas que no presentan denuncias (96%) por delitos cometidos contra ellos. No creen en las instituciones; no creen en sus autoridades; no creen en el Estado de Derecho. Recurren a la ley de la selva donde sobrevive el más fuerte, porque es la única opción de enfrentar las inseguridades de su contexto y entorno.

Puebla es un caso, no típico, sino prototipo de muchas regiones del país. En lo que va de este año, la Procuraduría General de Justicia poblana tomó conocimiento de cinco homicidios a manos de pobladores en distintas comunidades del estado, a quienes también acusaban de secuestro. De ese total, tres terminaron en linchamientos, y pese a que se iniciaron las investigaciones, nadie fue detenido. La inacción de la procuraduría es un incentivo para quien desea tomar la justicia en sus manos. Vence sus temores con la sed animal de sangre, a la que lleva la enajenación colectiva, y resuelve sus angustias inmediatas, sin pagar consecuencia alguna. La debilidad de las instituciones y su proceder alimenta la tendencia criminal de sociedades en conflicto que buscan con sus actos salvaguardar su propia existencia.

Dos encuestadores de la empresa Marketing Research & Services murieron la noche del lunes 19 de octubre luego de ser linchados y quemados por una turba en el municipio de Ajalpan, en Puebla, confirmó el abogado de la empresa Alfredo López.

José Manuel González, secretario de Seguridad Pública del municipio de Ajalpán, explicó a un canal de televisión local que los fallecidos "estaban realizando unas encuestas" cuando la policía local recibió llamadas de habitantes de la localidad que se quejaban de que unos extraños "hacían muchas preguntas".

Según el policía, "cuando nos acercamos al lugar había mucha gente rodeándolos. Empezamos una negociación y explicamos que íbamos a poner a disposición a esas personas".

"Eran de una universidad. Eran del Distrito Federal. Una de esas personas habló con su jefe, que traían todos los documentos pero la gente ya no esperó", agregó el agente.

En vídeos que muestran lo sucedido se observa a cientos de personas, entre los que se incluyen mujeres y hombres jóvenes, rodeando el edificio municipal y reclamando la entrega de los detenidos.

También se ve que la policía local trata de hacerles frente con equipamiento anti disturbios pero no consigue disolver al grupo que arrastra hasta el centro de la plaza a los detenidos. Una vez allí, inconscientes tras los golpes recibidos, los queman bajo un montón de papeles y basura mientras cientos de personas miran tranquilamente la escena.

Fabián Hernández, radio operador en turno de la Policía Estatal en Ajalpan, explicó que los dos encuestadores fueron detenidos por la Policía Municipal a las 19:30 horas del lunes y fue entre las 20:00 y las 20:15 horas cuando la gente se salió de control.

"La gente se empezó alborotar al pensar que eran supuestos secuestradores, en donde al principio eran unas 200 personas que se encontraban en la comandancia de Ajalpan y aumentó a unas mil personas los cuales agredió a la Policía Municipal", acotó.

El linchamiento de los 2 encuestadores ocurre 2 días después de que policías del municipio de San Martín Texmelucan, también en Puebla, se enfrentaron con una turba que pretendía linchar a un conductor, que supuestamente provocó un accidente de tránsito en el que falleció una persona.

Además, el pasado 28 de septiembre, 2 personas acusadas de haber intentado secuestrar a un niño fueron ahorcadas en Cohuecan, también en Puebla.

En enero de este año, un hombre falleció en la localidad de Tehuacán, en el mismo estado, tras ser linchado junto a otras 3 personas a las que colgaron de un árbol e interrogaron mientras acumulaban hierbas secas a sus pies y amenazaban con quemarlos.

En octubre de 2014 la alcaldía de Ajalpán ya había sido incendiada en un hecho similar después de que la policía trató de proteger a varios acusados de un delito de una turba que perseguía.

Vecinos de la Junta Auxiliar de La Resurrección, en Puebla, intentaron linchar a un sujeto que fue sorprendido robando, por lo que elementos de la Policía Municipal realizaron movilizaciones para rescatar al presunto delincuente por lo que se desató una trifulca.

Cerca de las 15:00 horas de este lunes, 3 sujetos fueron encontrados robando en el interior de una miscelánea de la localidad, por lo que fueron perseguidos por un grupo de personas que lograron capturar a uno de ellos.

Pobladores de la La Resurrección amagaron y golpearon al presunto ladrón con el objetivo de hacer justicia de propia mano.

Al lugar arribaron policías municipales para controlar la situación y rescatar al hombre, lo que provocó el enojo de los vecinos que comenzaron a lanzar piedras contra los uniformados para que dejaran al presunto ladrón.

Momentos después, los elementos de seguridad solicitaron refuerzos y la intervención de un representante de la Secretaría de Gobernación municipal para que estableciera el diálogo con los pobladores.

Finalmente, los policías custodiaron al hombre y se lo llevaron del lugar para ser trasladado a la instalaciones de la Policía Municipal, luego de recibir atención médica. Al menos 10 uniformados resultaron con lesiones.

A lo largo de 2014, los normalistas de Ayotzinapa secuestraron autobuses y choferes de la línea Estrella Blanca 68 veces. De acuerdo con la declaración del apoderado legal de esa compañía, los secuestros solían ocurrir casi siempre en Chilpancingo y Palo Blanco: así lo demuestra la relación que el propio apoderado entregó al ministerio público, y que hoy forma parte del expediente que la PGR ha difundido.

Los normalistas, declaró uno de los conductores, aparecían "con el rostro cubierto con playeras unos y otros con pañuelos, y llevaban en sus manos piedras de diferentes tamaños, al mismo tiempo que gritaban enardecidos que querían el autobús". Solían llevarse a los choferes, a quienes mantenían privados de la libertad por largos periodos de tiempo: un conductor fue retenido del 22 de enero al 17 de febrero de 2014; otro, del 9 de abril al 12 de julio; uno más, del 29 de octubre al 22 de noviembre.

El día en que el apoderado de Estrella Blanca entregó la relación de autobuses secuestrados por alumnos de la normal rural, 27 choferes de Estrella Blanca seguían secuestrados.

De las veces que ese año salieron a tomar camiones, sólo se dirigieron a Iguala 5 veces. La última, aquel fatídico 26 de septiembre.

Invaden calles y aceras, entorpecen la movilidad y lucran con el espacio público, son algunas de las observaciones hacia los puestos semifijos y ambulantes hechas por Sergio González Guzmán, experto en urbanística y Medio Ambiente de la Universidad de Guadalajara. Para el académico, uno de los principales problemas de este tipo de comercio es la apropiación del espacio público:

"Hay puestos sobre avenidas, cerca o afuera de hospitales. (...) Se ponen como dueños de la calle. Parto de un razonamiento: si el ayuntamiento o el Gobierno del Estado invierte en un espacio público para tenerlo de primera calidad para que sea accesible universalmente, para que lo usufructúe un puesto ambulante, creo que es falta de supervisión de la autoridad porque estaría invirtiendo para un particular".

Aparte de los comerciantes de bajos recursos o de aquellos dedicados a la venta de artesanías, quienes merecen oportunidades por parte de los gobiernos, existen comerciantes que explotan el espacio público sin estar en condiciones vulnerables:

"Si observamos el tamaño de esos puestos y la calidad de ellos, a simple vista no son personas que tengan necesidad. Llegan en grandes vehículos, pueden sacar por supuesto para pagar una renta y hasta para comprar un local".

Por corrupción o para pagar favores de campañas, el comercio en espacios abiertos ha crecido al permitírsele además instalarse en zonas prohibidas o restringidas o incluso siendo riesgosos donde las autoridades pueden revocar permisos.

"No creo que una persona que venda alimento en la calle sin medidas de seguridad o de higiene pueda crear derechos o se sienta con derechos sobre el espacio público. (...) Es cuestión de que el ayuntamiento, al que le pagamos nosotros para que supervise el espacio público, haga su tarea".

"Esos puestos como están en la vía pública interrumpen el libre tránsito, empezando por ahí cualquier puesto, cualquier usufructo del espacio público fuera de reglamento por ningún motivo se tiene que permitir, pero parece que los usos y costumbres mexicanos donde la autoridad es tan laxa, pues los permite y aparte los ve como elementos del paisaje urbano".

Pese a que el Articulo 109 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales de Guadalajara prohibe la instalación de puestos semifijos y ambulanes en la periferia de "mercados municipales, edificios públicos, estaciones de ferrocarriles, centrales de autobuses, hospitales, clínicas y otros similares a menos de 100 metros de distancia", estos centros son ampliamente socorridos por los comerciantes al aire libre.

Si bien la Constitución en su Artículo 5 establece que no se le puede impedir a ninguna persona dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que desee siempre y cuando sea lícito, este derecho deja de existir si se afecta a terceros, y los reglamentos suponen estar elaborados para cuidar ese aspecto. Sin embargo, el Reglamento de Giros de Guadalajara poco se cumple, señaló González.

Releo Entre razón y religión (FCE, 2008), en que el filósofo Jürgen Habermas y el teólogo Joseph Ratzinger -que luego se hizo famoso como Papa- discuten el valor de lo religioso en el estado de las cosas políticas contemporáneas.

Según Habermas, agotadas las ficciones religiosas, lingüísticas y étnicas como justificación para la existencia de las naciones, lo que las puede mantener aglutinadas es la existencia de una solidaridad ciudadana que tiene fundamento en un sistema de justicia que responda a las necesidades de los electores. Si el sistema de justicia -práctica e histórica- no funciona, los ciudadanos están condenados a transformarse en "nómadas aisladas, guiadas por su propio interés, que utilizan sus derechos subjetivos como armas las unas contra las otras". Justo lo que sucede en el México de nuestros días, en el que lo urgente no era reformar las telecomunicaciones o la industria petrolera, sino el sistema de justicia completo: la goma que nos une en un mundo intercomunicado que tira a posnacional.

La suma de factores que supone la proliferación de la violencia en el país y el rotundo fracaso de los gobiernos federales y locales para controlar a las mafias que se han enseñoreado con absoluta impunidad de media República, han terminado por revelarnos con transparencia perfecta lo que ya sabíamos: ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD han podido integrar algún gobierno en el que los policías no sean los ladrones. No podríamos estar más cerca de la disolución del país tal como lo soñamos: una democracia liberal.

Ante la cuestión de la supervivencia de los estados nacionales "prósperos y pacíficos", Habermas y Ratzinger coinciden -uno desde la Filosofía Política y otro desde la Teología Natural-, en que la prioridad para un gobierno liberal y democrático debe ser el sustento de un sistema en el que prive el derecho en los términos más absolutos posibles. Eso genera la solidaridad ciudadana que permite la germinación de todo lo demás en el contexto de la polis.

Leo en los últimos días, entre la sorpresa y la curiosidad, más y más demandas de refundación del Estado mexicano, ya no sólo viniendo de políticos. No sé bien cómo se podría hacer eso sin una guerra de por medio y me parece que si en algo coincide toda la gente con el pasaporte del águila es que lo que necesitamos es menos y no más violencia. Pienso que lo que se necesita es, al mismo tiempo, más fácil e imposible, pero también es concreto: que los jueces sean jueces, que los ministerios públicos sean los alguaciles de la gente y los policías -locales, federales y todos los que hay en medio- dejen de ser los ladrones.

Mientras en México no se castigue efectivamente la corrupción, ser un funcionario público seguirá siendo un buen negocio, y se gozará de inmunidad por la impunidad campante.

No es un problema de leyes: cada vez hay más, y son más estrictas y más precisas, los legisladores han hecho bien esa tarea, pero todo el asunto se tuerce porque esas leyes no se cumplen, y mientras no veamos que los grandes sospechosos de haber cometido escandalosos actos de corrupción son castigados y purgan condenas en prisión, de nada sirven todas las leyes.

En México no se cumple con el Estado de Derecho, por más que se afirme lo contrario en los discursos oficiales.

Y además, quienes se han hecho "maestros" en el tema de la corrupción, lo hacen con sistemas cada vez más sofisticados, que les permiten simular que se cumple ese Estado de Derecho, cuando en realidad están sacando ventajas de él.

Recientemente en Jalisco quedó en evidencia un sistema en el que hay 3 actores: constructores, ayuntamientos y jueces, que de alguna forma se asocian para obtener ventajas irregulares de los preceptos legales.

Pongamos un ejemplo: un constructor, a sabiendas que existe un ordenamiento urbano que prohíbe en determinada zona la construcción de edificios de más de tres pisos, solicita un permiso al ayuntamiento para construir uno de doce pisos. El ayuntamiento, con base en el ordenamiento urbano existente, niega el permiso, pero tramposamente lo hace con una negación que lejos de ser estricta deja abiertos algunos caminos para que el constructor pueda objetarla.

El desarrollador entonces recurre a un tribunal argumentando con base en esas omisiones del ayuntamiento. Un juez, que seguramente está coludido en el caso, dictamina que la negación no procede, precisamente por las omisiones del ayuntamiento, y concede el permiso para la construcción. Y el remate es que el ayuntamiento ya no objeta la decisión del juez.

Conclusión: el constructor levanta el edificio de doce pisos con base en la orden judicial, y tanto el juez como el ayuntamiento argumentan que no hay argumentos para impedirlo: el ayuntamiento señalando que hay una orden otorgada por el juez, y el tribunal señalando que la negativa se da por las omisiones del ayuntamiento.

Se violó el Estado de Derecho y el ordenamiento urbano, y todos tranquilos porque tienen su justificación. Y al final seguramente el constructor que ha hecho un gran negocio, reparte como debe ser los beneficios con el ayuntamiento y con el tribunal.

Y el asunto se vuelve delicado para las nuevas legislaturas, que siguen pensando en proponer, discutir y promulgar más leyes. Y nadie parece caer en la cuenta de que de nada sirven esas leyes, mientras muchas otras que ya que existen no se cumplan.

Trabajar o trasladarse en la Ciudad de México es cada vez más penado. Los bloqueos y las manifestaciones interrumpen las actividades productivas un día sí y otro también. Los capitalinos que trabajan o estudian se han convertido en rehenes de los grupos de extorsión que han tomado el control de las calles.

Ayer le tocó al Movimiento Antorchista ocupar el manifestódromo principal de la capital de la república. Desde temprano en la mañana y hasta cerca de las dos de la tarde este grupo bloqueó el Paseo de la Reforma y las calles transversales. La policía en todo momento apoyó el bloqueo. De hecho, cerró el servicio del Metrobús de la avenida de los Insurgentes. Como el Metrobús es hoy un monopolio en esa vía, decenas de miles se quedaron sin transporte. En los tiempos de los microbuses por lo menos había opciones.

Los grupos de poder toman las calles con cada vez mayor frecuencia porque pueden y porque les funciona. Las temerosas autoridades no sólo no se atreven a frenarlos cuando cierran vialidades sino que les cumplen todas sus exigencias con lo cual incentivan el perverso negocio.

Los líderes del Movimiento Antorchista, entre ellos su fundador Aquiles Córdova, han acumulado riqueza y poder al ocupar propiedades ajenas y extorsionar a los gobiernos tomando como rehén a la población. Hersilia Córdova Morán, hermana de Aquiles, es hoy diputada federal por el PRI, lo cual no impide que el movimiento proteste constantemente contra el gobierno priista para seguir obteniendo privilegios.

Los líderes de Santa Fe han conseguido ya que el trazo del Tren Interurbano se modifique para no pasar por su comunidad. A esto se refería Mancera cuando dijo que los manifestantes estaban siendo engañados. Un cambio similar se hizo cuando las manifestaciones en Tláhuac obligaron al anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a modificar el trazo de la línea 12 del Metro. Todavía hoy los ciudadanos estamos pagando el costo de esa decisión.

El gobierno capitalino ha dejado de dar a conocer el número de manifestaciones y bloqueos que afectan a la ciudad de México, pero sin duda son más de mil al año. Las consecuencias son una reducción de la productividad y un aumento de la contaminación. No deja de ser paradójico que la ciudad haya fortalecido el Hoy no Circula, afectando a cientos de miles de ciudadanos que no pueden comprar un auto nuevo, sólo para permitir que cualquier grupo bloquee vías de comunicación y genere más contaminación.

El costo de manifestaciones y bloqueos es enorme. Ayer decenas de miles no pudieron llegar a su trabajo, a sus escuelas o a sus citas de negocios. Hubo cancelaciones para comer en los restaurantes de Reforma o del centro. Pero los líderes de los grupos de extorsión saben exactamente lo que hacen. Agreden a los ciudadanos que quieren realizar actividades productivas porque saben que los funcionarios no tienen el valor de defenderlos. En México los únicos derechos que importan son los de los grupos de extorsión. Los ciudadanos deben limitarse a pagar impuestos y a callar.

El poniente de la ciudad de México sufrió ayer severos congestionamientos por un bloqueo de un pequeño grupo que se opone al tren D.F.-Toluca. Nadie en el gobierno se atreve a calcular el costo en productividad y contaminación por los bloqueos.

Habitantes del poblado El Capulín, del municipio de Balancán, Tabasco, y familiares de un soldado del Ejército Mexicano lincharon y mataron a un médico de la comunidad, luego de que el galeno atropellara al soldado y éste falleciera a raíz del accidente.

Según narran testigos presenciales, ayer domingo por la noche se suscitó un accidente en villa Quetzalcóatl, cuando el soldado Kelvin Zacarías Nieto -quien vacacionaba en casa de sus parientes-, llegó hasta un depósito de cerveza en una motocicleta, momento en que el doctor Andrés Reyna Guerra iba conduciendo su auto "Aveo" y lo atropelló.

En el percance el elemento del Ejército resultó con heridas graves, por lo que murió de manera instantánea.

Luego de que se percataron de que Kelvin había fallecido, sus familiares y algunos vecinos de la comunidad se dirigieron hasta el automóvil del médico radicado en la comunidad Apatzingán, de Balancán, y lo detuvieron.

Después lo trasladaron a la villa Quetzálcoatl y pidieron el auxilio de la policía municipal, lugar donde estaba de guardia un solo agente.

Aunque antes de entregarlo a la policía, una turba enfurecida alentado por los familiares del soldado muerto, decidieron hacerse justicia por su propia mano y sin piedad alguna lo lincharon a golpes hasta matarlo.

El galeno murió desangrado, por los golpes y hematomas que provocaron los parientes del militar y los pobladores.

Médicos, enfermeras y personal administrativo del Sector Salud tabasqueño de Balancán, marcharon hoy por las calles de la cabecera municipal exigiendo justicia por el linchamiento del doctor Andrés Reyna, quien fuera masacrado a golpes por familiares del soldado que fue atropellado.

El motivo principal para que nuestra entidad esté entre las entidades con mayor atraso en esta modernización judicial [el Nuevo Sistema Penal Acusatorio], fue la irresponsabilidad de la pasada administración que encabezó Emilio González Márquez, en la que nada hicieron desde que en 2008 a nivel constitucional se estipuló un plazo de 8 años para trabajar en la implementación de este modelo.

Para recuperar algo de esos 5 años perdidos, insisto en que habrá que hacer un profundo ejercicio de revisión de lo gastado y lo alcanzado en los distritos judiciales donde se sustituyó el viejo y corrupto sistema penal inquisitivo para buscar en estos nuevos procedimientos erradicar vicios que se fueron enquistando por la discrecionalidad y la opacidad con la que los jueces y magistrados decidían la inocencia o culpabilidad de los acusados. Y con el que también se pretende reducir los graves rezagos y altas cargas de trabajo que tiene cada juez, y que provocaban que en promedio, los casos se resolvieran en 3 años, mientras que con el nuevo sistema se busca reducir a 6 o 7 meses y disminuir drásticamente el envío de procesados por delitos menores a las cárceles, para despresurizarlas y abatir los altos índices de hacinamiento.

Apenas esta semana un alto funcionario de la OCDE señaló que según las encuestas la corrupción en México es uno de los flagelos que más afectan a la economía del país, y que más deterioran la imagen y relación de gobernantes con sus gobernados.

Y paradójicamente, ahora que desde los más altos niveles se manosea a nivel de discurso un sistema nacional anticorrupción, reflexiona la OCDE que el problema no es de leyes, México cuenta con un sistema legal completo y estricto para combatir la corrupción, la cuestión es que ninguna de esas leyes se aplica. Sólo así se explica que a pesar de la promulgación de leyes y más leyes al respecto, no veamos que se castigue o sancione eficientemente a funcionario alguno, de cualquier nivel.

Ocurre lo mismo que con el resto de las leyes en nuestro país: ahí están, existen, son correctas, pero no se cumplen. Ahí está el origen de la impunidad que permite que 99% de los delitos que se cometen, en todos los ámbitos y niveles, no se castiguen. Es gran negocio ser malandrín, incluida la corrupción.

Obviamente los primeros interesados en que no se cumplan las leyes anti corrupción son los propios beneficiarios: toda la clase política, y por ello siguen simulando con el juego perverso de proponer, discutir, aprobar y promulgar leyes, con el cinismo de hacer todo lo posible para que no se apliquen.

Durante 2014 la denominada "cifra negra", es decir, los delitos no denunciados ni investigados, alcanzó 92.8% a nivel nacional, un número ligeramente inferior al registrado en 2013 (93.8%). El Inegi estableció, según la encuesta Envipe, que uno de cada 3 ciudadanos considera una "pérdida de tiempo" acudir a denunciar un ilícito, mientras que 16.8% no lo hace debido a "la desconfianza en la autoridad".

El informe agrega que de las personas víctimas de algún delito que acudieron a denunciar ante el Ministerio Público, la mitad afirmó que el proceso les tomó 2 horas o menos, mientras que 28.9% refirió haber ocupado más de 4 horas de su tiempo.

Por otra parte, la encuesta Envipe estima que el costo de la inseguridad y los delitos cometidos en los hogares mexicanos durante 2014 presentó un gasto de 226,700 millones de pesos, lo equivalente a 1.27% del Producto Interno Bruto de México.

Este pasado viernes, 25 de septiembre, unas personas que los medios identificaron como indígenas bloquearon la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, en protesta por los resultados electorales en San Juan Chamula. Cuando un operativo de la policía estatal desalojó el bloqueo en la madrugada del sábado, los manifestantes respondieron, según las autoridades, con disparos de arma de fuego que mataron a un policía e hirieron a 7.

Encuentro objetable la identificación étnica que aportan los medios. Poco importa si el bloqueo lo realizan indígenas, mestizos, criollos, negros, judíos o libaneses. No es menos cuestionable una agresión si la cometen personas de una etnia o de otra. Al final todos debemos ser iguales ante la ley. Tampoco importa la raza de quienes dispararon El policía muerto, Albert Hernández Clement, y sus compañeros heridos quizá también eran indígenas.

Los manifestantes que bloquearon la carretera eran unos cuantos, pero las descripciones de algunos medios pretender hacer creer que se trataba de todo San Juan Chamula. En realidad eran priistas que objetan el triunfo del candidato del Partido Verde, Domingo López González, en la elección del 19 de julio. Afirman que los verdes compraron votos y repartieron despensas. Quizá. Pero ha sido la falta de éxito de la impugnación en los tribunales lo que ha llevado a los priistas a recurrir a la violencia.

El gobierno de Chiapas afirma que la policía estatal intervino para desalojar el bloqueo después de 20 horas de infructuosas negociaciones. Sostiene que la policía iba desarmada y los bloqueadores respondieron al operativo con ráfagas de cuernos de chivo. La policía estatal logró detener a 25 manifestantes. Una buena investigación que considere los rastros de pólvora, los casquillos encontrados, las trayectorias de las balas y las heridas debería eliminar cualquier duda.

Otro de los motivos de la protesta fue el encarcelamiento de Manolo Rodríguez Ordóñez a quien se acusa de haber azuzado a una multitud en San Juan Chamula para linchar a dos hombres a los que se acusó de haber intentado robar un auto. Según la procuraduría estatal éstos simplemente buscaban recuperar un vehículo que habían vendido y que no se les había pagado.

¿Ganó la elección el Partido Verde con compra de votos y reparto de despensas? Es posible. Estos parecen ser los usos y costumbres políticos en muchas comunidades chiapanecas. Pero los priistas no se quejaban cuando ganaban las elecciones de la misma manera. Cuando estaban en el poder, y los perredistas y zapatistas bloqueaban carreteras, eran ellos los que afirmaban que tenían la obligación de utilizar la fuerza pública para evitar afectaciones a terceros.

Al final no podemos seguir tratando de construir una justicia para los indígenas y otra para los demás. La única manera de evitar abusos, y de impedir que los conflictos se resuelvan por la vía violenta, es tener leyes que se apliquen a todos.

Un policía murió por disparos de rifle AK-47 y 7 resultaron heridos durante un operativo implementado por elementos de las policías Federal y Estatal, para desalojar a indígenas priístas de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Los manifestantes demandan desconocer el triunfo del PVEM en 3 municipios, en las elecciones del pasado 19 de julio.

La Procuraduría de Justicia del estado informó que como resultado del desalojo, 25 indígenas que bloquearon por 17 horas la carretera, entre ellos 2 menores de edad, fueron arrestados y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

El bloqueo provocó molestias a automovilistas particulares del transporte público y de carga, que debieron esperar en una fila que tenía hasta 10 kilómetros de largo.

La vía libre que enlaza San Cristóbal con la capital del estado, también fue cerrada, pero ahí no se registró ningún operativo.

La Secretaría de Gobierno abrió una mesa de diálogo en el palacio de gobierno, hasta donde llegaron 17 representantes de los inconformes, pero como la mesa de negociación no avanzó, se retiraron del lugar.

Es la foto principal en la primera plana de ayer de El País (el medio español, uno de los periódicos más respetables del mundo) y se titula "La policía y los estudiantes se enfrentan en Ayotzinapa". Lamentablemente es una mentira. El martes los que agredieron a los policías son supuestos estudiantes de Ayotzinapa, que iban acompañados por supuestos familiares de los jóvenes desaparecidos y que dejaron 11 policías heridos, algunos de ellos de gravedad, incluyendo 4 agentes, 4 hombres y 4 mujeres, que fueron secuestrados y salvajemente golpeados por los jóvenes. De los agresores sólo hubo un herido: un joven que al intentar arrojar un explosivo contra los policías, éste le explotó en la mano y le produjo graves lesiones. Todo ocurrió en unos túneles que permiten la entrada de Tixtla hacia Chilpancingo.

Era poco más de las 7 de la mañana cuando en 12 autobuses previamente robados los jóvenes se dirigían a Chilpancingo. El día anterior habían atacado la Fiscalía General del Estado: habían realizado todo tipo de destrozos e incendiado un área de esas dependencias, pero además, se metieron a oficinas específicas para robarse expedientes judiciales. Sabían lo que buscaban. De allí se fueron a recuperar fuerzas a la normal de Ayotzinapa que hace tiempo dejó de dar clases y funciona de campamento, con subsidio oficial de unos 50 millones de pesos, para estos grupos y también para algunos de los familiares de las víctimas del 26 de septiembre.

Cuando el martes regresaban a Chilpancingo el camino estaba cerrado por fuerzas policiales. Les dijeron que no podían avanzar hacia la capital del estado. Los que se bajaron a "negociar" con los mandos policiales fueron quienes se presentaron como "familiares". Los mandos policiales les dijeron que les permitirían el paso si le dejaban revisar los autobuses para ver si llevaban armas. La respuesta fue atacar a los policías con explosivos y bombas molotovs que llevaban en los autobuses. También atacaron a los policías con punzones que les clavaron en piernas y brazos. Cuando estaban siendo superados, los policías lanzaron gases lacrimógenos. En respuesta los jóvenes secuestraron a 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, los subieron a los autobuses. Los tomaron como rehenes para "canjearlos" por la autorización para pasar hacia Chilpancingo. Cuando vieron que no les permitirían pasar, golpearon salvajemente a los rehenes y los arrojaron a la carretera. Secuestraron un camión torton, lo colocaron en medio del túnel, lo incendiaron e hicieron estallar y regresaron a Ayotzinapa.

La normal, por cierto, está "resguardada" por quienes se presentan como policías comunitarias, pero son en realidad grupos armados, de la guerrilla (varios de cuyos dirigentes fueron amnistiados el fin de semana por el gobernador Rogelio Ortega para "construir la paz y la armonía en el estado") que portan fusiles de asalto AR 15, algunos de los cuales fueron robados del cuartel de la policía municipal de Tixtla, otros vaya uno a saber de dónde provienen. Por ley las policías comunitarias, una figura alimentada por el ex gobernador Ángel Aguirre y consentida por el gobernador Ortega, no pueden portar armas largas (sólo revólveres y carabinas) y mucho menos fusiles de asalto de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por supuesto que los familiares y los compañeros de las víctimas del 26 de septiembre en Iguala tienen todo su derecho a expresar su dolor e incluso de desconfiar o no aceptar las investigaciones realizadas por las autoridades (aunque en esa lógica lo que impulsan en realidad es la liberación de los más de 100 detenidos, la mayoría de ellos confesos, por ese mismo crimen) pero la violencia que están ejerciendo estos grupos, escudándose en ser estudiantes o familiares (nadie sabe si son una cosa u otra) es parte de una estrategia violenta y de poder que nada tiene que ver con la solidaridad, la justicia o las víctimas.

Los 2 indígenas, Alejandro Pérez Velasco y Miguel López Sántiz, fueron sacados de la cárcel de San Juan Chamula, golpeados y quemados vivos. Era un simple acto de justicia bajo el sistema de usos y costumbres indígenas porque se trataba de ladrones. Pero ahora resulta que simplemente buscaban recuperar un auto vendido que no les habían pagado.

Se sabe de personajes que en repetidas ocasiones se han beneficiado de resoluciones del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de Jalisco dictadas en exceso o abuso de atribuciones, contraviniendo el interés público, como pudieran ser Felipe Tomé, cabeza del consorcio empresarial "CityCapital" a quien muchos consideran encargado de los negocios inmobiliarios de los hermanos Bribiesca Sahagun, hijos de Martha la esposa del ex presidente Vicente Fox; Eduardo Riguero, que de origen humilde por ser hijo de un honesto y sencillo médico que vino de Nicaragua a asentarse en una zona popular de Guadalajara, surgió repentinamente como presuntuoso propietario de un grupo de empresas denominado "Grupo R", dedicado a la edificación, operación y equipamiento de gasolineras.

Los linchamientos se han vuelto comunes en Chiapas, principalmente en los pueblos indígenas, donde los pobladores -que se rigen por sus usos y costumbres- suelen tomar justicia por su propia mano.

Según cifras de la fiscalía estatal, se han producido 11 sucesos de esta índole desde 2012.

En enero pasado, una multitud enfurecida mató a golpes a un hombre que presuntamente fue sorprendido robando ganado en el municipio de Las Rosas.

Y el año pasado, en el municipio de San Juan Chamula, un grupo de tzotziles quemó vivos a 3 hombres a quienes acusaron de la violación y el asesinato de una joven en junio de 2013.

Ese suceso fue filmado por los indígenas, que días después comercializaron el video en el mercado de San Cristóbal.

Los indígenas suelen justificar sus actos en las deficiencias del sistema de justicia de México, que presenta altos índices de impunidad.

Normalistas de Ayotzinapa quemaron un tráiler en el túnel del libramiento a Tixtla donde también retienen a 2 mujeres policías, en un enfrentamiento con antimotines que no los dejan pasar a Chilpancingo.

A las 7:30 de esta mañana salieron 12 autobuses de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos con dirección a Chilpancingo, pero se vieron bloqueados por agentes antimotines por lo que incendiaron un tráiler.

En un comunicado publicado en periódicos locales el Grupo de Coordinación Guerrero, que integran las fuerzas de seguridad federales y estatales, advirtió que redoblarán esfuerzos para evitar conductas delictivas contra instituciones y particulares con el pretexto de la movilización social, luego que este lunes fue atacada la Fiscalía General del Estado y los normalistas tomaron vehículos de empresas privadas.

El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco es un buen ejemplo de las contradicciones inherentes a nuestro sistema de impartición de justicia. Todo aquello que inició siendo bueno, al cabo de unos años se pervirtió y tomó un rumbo que afecta a los intereses de la ciudadanía. Un tribunal que nació para defender el interés de los ciudadanos frente a los órganos públicos, y que hoy en día es un leal abogado de constructores, desarrolladores, gasolineros y empresarios del juego. Más que un juez que nos protege a todos de los abusos de las autoridades, es un abogado defensor de intereses empresariales que buscan darle la vuelta a la ley, encontrar el cómo sí. Un tribunal al que le fue concedida la máxima autonomía con el objetivo de pavimentar de imparcialidad sus resoluciones y evitar que los poderes públicos torcieran su oficio de defensor de la ciudadanía. Un tribunal en el que sus magistrados gozan de altos salarios, prestaciones inmejorables y recursos con notables incrementos anuales, y que hoy en día es incontrolable por los ciudadanos, atentando en cada resolución contra el interés público.

El TAE está desviado por todos lados. Algún día un ex magistrado me comentaba que "los cañonazos que dan los empresarios" dificilmente son aguantables. Estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de que un magistrado resuelve su vida con un caso de envergadura. Es extremadamente fácil encontrarle problemas administrativos a las decisiones de los municipios y, por lo tanto, es un negocio sencillo y que brinda réditos en automático. La discrecionalidad en la forma en que caen los casos en las salas y la baja transparencia en las resoluciones, son un buen caldo de cultivo para fomentar la corrupción. Y si a eso le añadimos, que el TAE no tiene contrapesos, ni del poder judicial, ni del ejecutivo o legislativo, y menos de una 2a. instancia, estamos hablando de un poder que se mueve sólo. Además, todo esto reviste mayor preocupación debido a que el Sistema Nacional Anticorrupción parte de la idea de fortalecer a los tribunales administrativos de los estados para darles facultades penales en materia de combate a la corrupción. Si hoy los magistrados del TAE han ampliado su abanico de competencias para limpiar cuentas públicos o suspender procesos legislativos, imagine usted con la posibilidad de castigar la corrupción y enjuiciar a funcionarios. Un panorama terrible.

Lentamente se va formando un consenso de que el TAE, tal como está, no le sirve a nadie. El gobernador del estado ya se metió duramente con el TAE el viernes pasado y lo acusó de "violar la autonomía del municipio". Enrique Alfaro, alcalde electo de Guadalajara, señala al TAE como un espacio que debe ser reformado, y en Movimiento Ciudadano ya han dicho que en la próxima legislatura la reforma del TAE es un imperativo. Incluso los empresarios se han dado cuenta que "aunque le han tomado algunos la medida", como declaro Felipe Tomé, un tribunal así no da garantías a nadie. Normalizar la corrupción no puede ser una salida. El Tribunal de lo Administrativo es hoy un espacio de impunidad que afecta los intereses de los ciudadanos y que atenta contra las finanzas del municipio. Sin ser electos a ningún cargo público por parte de los ciudadanos, toman decisiones sobre el territorio, otorgan permisos, y utilizan su autonomía como el mejor escudo de impunidad.

El TAE se ha convertido en lo que es hoy en día, por una impunidad tan grande que permite corrupciones inimaginables.

Al magistrado Armando García Estrada le señalan corrupción e impunidad en actos en los que interviene, y él que difícilmente soportaría una auditoría, con relación a su riqueza y los ingresos que oficialmente ha debido percibir en los últimos 25 años.

García Estrada era un juez continuamente señalado por su participación en asuntos con tufo a chiquero y fue designado magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de Jalisco en la legislatura local 57 en la que además de imponer a García, el PRI impulsó a Horacio León Hernández y la permanencia de Eleuterio Valencia Carranza, siendo los entonces diputados Ramiro Hernández, el coordinador de la fracción priista y Francisco Hidalgo y Costilla, presidente de la Comisión de Justicia [...] y el hoy gobernador fue el conducto por el que la fracción priista del Grupo Universidad de Guadalajara logró la designación de García, apuntalando el mismo grupo a Patricia Campos por conducto de Celia Fausto, coordinadora de la fracción del PRD, en tanto el PAN impulso a Víctor León Figueroa y a Alberto Barba Gómez, llevando "la voz cantante" los diputados panistas Pedro Ruiz Higuera, Rodolfo Ocampo y Alfredo Argüelles Basave.

La actual legislatura aprobó a petición de la fracción del PAN la ratificación de Barba Gómez, pero a pesar que junto con Patricia Campos eran reputados como los magistrados con menor número de señalamientos de actos impropios, el PAN decidió sacrificar a Víctor León para incorporar en su lugar a Juan Luis González, en tanto el "Grupo UdeG" solicitó no se ratificara a Campos por haber "caído de la gracia" de Padilla, quien determinó que en su lugar llegara Adrián Miranda, quien ahora es el preferido del cacique universitario.

Hace pocos años se incorporó al TAE a propuesta del PRI el magistrado Laurentino López Villaseñor, a quien se señala extremadamente vinculado a los hermanos Héctor y Mario Pizano Ramos, ex diputado local plurinominal y actual secretario del Trabajo en el gabinete de Aristóteles [Sandoval] y consejero de la Judicatura, respectivamente, ligados ambos al empresario y ex senador Raymundo Gómez Flores y al "Grupo Barba" que encabezan Alfredo "El Güero" Barba y su hijo "El Freddy", grupo al que se acusa también de ejercer férrea tutela sobre García Estrada.

El caso de Florence Cassez, quien gracias al debido proceso pudo salir de la cárcel, volar a su país y hasta escribir un libro, ha alentado a decenas de prisioneros a acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar fallas en sus casos y violaciones a sus derechos humanos durante su detención o juicio, con la esperanza de correr con la misma suerte que la francesa, la cual, tras ser juzgada por delincuencia organizada, secuestro y portación de armas, ahora disfruta de su fama y, por supuesto, de su libertad.

Aunque no se tiene una cifra oficial ni exacta, la Primera Sala de la SCJN resuelve cada semana entre 2 y 5 temas similares al de la secuestradora francesa, cada uno con su propia particularidad.

En los últimos 5 años, la SCJN ha liberado a alrededor de 70 personas por violaciones al debido proceso como la presentación de pruebas ilícitas, testimonios falsos, la puesta con demora ante el Ministerio Público o el no brindar el derecho a tener un traductor.

La ministra Olga Sánchez Cordero, quien impulsó el proyecto para que Cassez obtuviera su inmediata libertad, aseguró que a la Corte han llegado cientos de casos que alegan faltas al debido proceso por diversos motivos y, ante estos, muchas personas que se encontraban en prisión ya obtuvieron su libertad.

"Cassez es un parteaguas en la historia del derecho penal y del proceso penal porque ahí se vieron violentadas muchas garantías, fue un auténtico montaje. Creo que ya en este momento se ha entendido que se debe poner inmediatamente a disposición de la autoridad ministerial a los detenidos", expuso Sánchez Cordero.

Aseguró que desde la resolución de ese asunto, del cual, dijo, se siente muy satisfecha, hoy las autoridades deben de poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público de forma inmediata, pues si no lo hacen se deben atener a las consecuencias.

"Han llegado muchos casos por no poner de inmediato a disposición (del Ministerio Público), por falta de defensor y de asistencia consular otros tantos. Este precedente ha servido para cientos de casos que hemos tenido aquí, desde amparo para efectos y, a veces, hasta inmediata libertad", aseguró.

Relató además que en los últimos días ha tenido conocimiento de casos en los que, cuando es detenido un extranjero durante la madrugada, las policías y ministerios públicos ahora sí han dado aviso puntual a los cónsules para que presten la asistencia a la que sus compatriotas tienen derecho.

Para especialistas y protagonistas del sistema jurídico mexicano, la sentencia que liberó a Florence Cassez es fundamental en la historia del constitucionalismo contemporáneo y se trató de un caso paradigmático, de los más importantes que ha resuelto el máximo tribunal del país.

Ministros de la Corte, abogados y juzgadores coinciden en señalar que toda prueba que vulnere derechos fundamentales o viole el debido proceso no puede ser tomada en cuenta en un juicio, y especificaron que el respeto al debido proceso no implica en todos los casos poner en libertad a presuntos criminales.

Por ejemplo, un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre la situación de las cárceles en México efectuado en 2013 revela que 57% de los presos en los penales del país denunció amenazas y el 60%, que fue golpeado al momento de su detención.

Un 92% de los reos denunció que no fue informado sobre la diferencia entre la etapa de la acusación y el juicio, 72%, no sabía que tenía derecho a no declarar y 70% nunca se enteró que podía realizar una llamada.

Estas violaciones, en caso de comprobarse durante un juicio de amparo, podrían dar pie a impugnar las sentencias con las que fueron condenados y tendrían la oportunidad de obtener la libertad inmediata, o bien, la reposición del procedimiento con la eliminación de las partes viciadas.

"Existen partes del proceso que si no fueron plenamente respetadas, podrían ser suficientes para liberar a una persona, aunque sea culpable, como pasó con la francesa. También hay ocasiones en que esas partes no son suficientes para que obtengan la libertad y, entonces, se tendría que reponer esa parte, para que la persona sea sometida a un juicio con todas las garantías", explicó el abogado Jesús Alberto Fernández Salgado.

Para algunos especialistas, es imperativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dote de contenido y fije los alcances en los temas relacionados con el debido proceso y de los derechos de las víctimas, los cuales se encuentran protegidos por la Constitución.

"(Es necesario) conseguir un proceso penal que sea garantista, pero que evite la impunidad, y evitar la impunidad implica que se garanticen los derechos de la sociedad en contra del delito y, particularmente, cuando exista, de la víctima que es individualizada por ese delito", consideró el magistrado José Nieves Luna Castro durante un foro en el que se analizó la equidad para las víctimas en el debido proceso.

Para el abogado Fernández Salgado, si no se respetan los derechos de las víctimas y los derechos del victimario, volveríamos a las épocas de la inquisición y del oscurantismo, por lo que es imperativo respetar el debido proceso, para dar así la certeza de que cuando el Estado acusa a alguien y se le castiga, tiene la razón de ello al 100%.

Estuvo 14 años en prisión pero le violentaron el debido proceso con pruebas ilícitas y testimonios falsos, por esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su inmediata libertad luego de que se le acusara de participar en la masacre de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.

Se trata del caso del indígena Manuel Sántiz, a quien se le condenó mediante el uso de pruebas fabricadas y declaraciones inducidas de los lesionados, quienes lo señalaron como culpable.

Por unanimidad, los ministros reconocieron la inocencia de Sántiz Pérez, a quien se le inició juicio desde 1998 y le fue dictada sentencia condenatoria irrevocable "por su plena responsabilidad en la comisión del delito de homicidio y lesiones calificadas", por los hechos ocurridos en Acteal.

Los abogados de Manuel Sántiz argumentaron que la resolución definitiva dictada en su contra se sustentó en declaraciones de diversos testigos y en un álbum fotográfico, pruebas que la Primera Sala en diversos amparos determinó ilícitas.

"En el caso se actualiza el reconocimiento de inocencia toda vez que después de la sentencia aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas en que se fundó aquella y, por otra, que el estudio principal llevó a la conclusión de que al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenarlo, se violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón suficiente para declarar su inmediata libertad", sostuvieron los ministros.

Hasta el momento suman 37 los indígenas liberados por orden del tribunal constitucional bajo el argumento de que sus juicios estuvieron plagados de irregularidades.

Otro caso relacionado con el debido proceso es el del indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, quien fue condenado a 37 años de prisión por los delitos de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La Corte ordenó su inmediata liberación debido a que se violentaron sus derechos al debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de su inocencia.

En este caso, los encargados de la defensa relataron que Sánchez Ramírez fue sentenciado por secuestro y portación de armas, a pesar de que hubo contradicciones entre los agentes que lo detuvieron respecto a quién presuntamente lo vio y cuáles armas se pusieron a disposición del Ministerio Público. Se comprobó, además, que el día del secuestro por el que ha sido sentenciado, Sánchez estaba atendiendo a su abuela, quien estaba gravemente enferma.

Pueden existir casos en los que quienes imparten justicia se han equivocado al sentenciar a un inocente, pero también existen casos en los que los culpables son liberados o sus penas son reducidas por errores que afectaron sus derechos humanos durante su detención o el juicio.

Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó, para que se repusieran ciertos elementos de su proceso que estaban viciados, a un sujeto que hace un par de años violó a una menor en la delegación Tlalpan, Ciudad de México.

Por la violación de una adolescente en octubre de 2012 y por corromper a otra, Isaac Mendoza Ortega fue sentenciado a 14 años de prisión, además del pago de 56,880 pesos, por concepto de reparación del daño moral.

La defensa del violador alegó ante tribunales federales que parte del proceso seguido en contra de su cliente estaba viciada, muy similar al caso Cassez. La demanda llegó hasta la Suprema Corte donde, por mayoría de 3 votos contra 2, se le concedió el amparo y se revocó la sentencia de 14 años para que un tribunal federal le dicte una nueva.

El informe rendido por la comisión internacional de expertos en el caso Ayotzinapa nos pone frente a la evidencia de que, si no tenemos elementos de prueba sólidamente basados en conocimientos científicos, cualquier caso se puede caer.

Uno de los temas más abandonados del sistema jurídico mexicano es el que se refiere a la investigación científica de los delitos. Mientras que en muchos países las responsabilidades penales se determinan con base en elementos científicos que arrojan un altísimo grado de certeza, en México el desarrollo de los servicios periciales de apoyo al trabajo de las procuradurías y de la defensa penal es muy precario.

El informe rendido por la comisión internacional de expertos en el caso Ayotzinapa nos pone frente a la evidencia de que, si no tenemos elementos de prueba sólidamente basados en conocimientos científicos, cualquier caso se puede caer.

No se trata solamente del debate alrededor de si hubo o no hubo incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, sino de la forma en que se recaban, procesan y analizan las pruebas e indicios por parte de la policía y de las procuradurías en México.

Nuestras deficiencias son tan grandes que hasta tuvimos que pedir ayuda a una universidad austriaca para poder identificar el ADN de ciertos restos.

La pregunta que conviene formular es la siguiente: Si en un caso de tanta relevancia como el de los 43 normalistas se pone de manifiesto la tremenda incompetencia de las autoridades para aportar una historia creíble y basada en evidencias sólidas, ¿qué podemos esperar que ocurra en los casos que resuelven cotidianamente las procuradurías, que no generan ningún tipo de atención mediática y en los que con frecuencia se pueden producir hechos de corrupción?

El resultado es bastante conocido para los abogados penalistas: en la cárcel están las personas pobres, que no pudieron pagar buenos abogados o no tuvieron contactos para evitar su encarcelamiento. Mientras tanto, en la calle siguen miles y miles de sujetos que han cometido un delito, pero que supieron a tiempo salirse con la suya gracias a los enormes problemas de la justicia mexicana.

Ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en todo el país a partir de junio del próximo año, es indispensable fortalecer las áreas de servicios periciales y capacitar a la policía para que aprenda a preservar la escena de los hechos, evitando contaminarla, y de esa forma pueda identificar los indicios que siempre dejan los criminales. Esa preservación es indispensable para que se pueda construir una adecuada "cadena de custodia", que es lo que exige la ley para poder considerar como válido un indicio hallado en la escena de un hecho posiblemente delictivo.

Tras digerir lo que había ocurrido, ambas [mujeres] concluyeron que lo mejor sería denunciar. Solicitaron informes y se dirigieron a la Fiscalía del Estado, en la Calzada Independencia. Pero ni siquiera entraron; el discurso del guardia que estaba en la puerta diluyó cualquier intento.

"Nos preguntó que a qué íbamos. Le respondimos que a denunciar el robo de unos motoladrones ¿Sabes qué nos dijo? Que no vale la pena que denuncien. Que lo mejor es, que si el celular es nuevo y podemos localizarlo por Internet, que juntemos a unos amigos y que ellos vayan y se desquiten".

Animar a la venganza, y no a la denuncia, fue el último trago amargo. El hecho quedará impune.

¿Por qué estamos a favor de la pena de muerte? Porque la consideramos una alternativa de política pública preventiva fundamental ante los tiempos especiales que vive nuestro país y se requieren soluciones y alternativas muy especiales para poder combatir a esta delincuencia.

Se trata de mandar un mensaje muy claro: si tú generas una conducta de privar de la libertad a alguien y asesinarlo el Estado mexicano te someterá a un juicio penal que en caso de encontrarte responsable, pagarás con tu vida la vida que tú no perdonaste, es una política pública preventiva.

Hartos de los asaltos, los pasajeros de una combi sometieron a dos presuntos delincuentes en Ecatepec, Estado de México, y además de darles una golpiza, al parecer los dejaron ciegos luego de picarlos con una varilla. Cabe señalar que la información no es oficial; sin embargo, en Facebook circula el relato de las víctimas de como se libraron de los criminales.

Bajo el hashtag #ToleranciaCeroEcatepc los denunciantes relatan que desarmaron a los asaltantes y comenzaron a "golpear a los ratas... fue tanta la golpiza que ya no podían ni hablar".

Pero lo que pudo quedar como una golpiza pasó a una agresión mayor cuando unos de los pasajeros dijo: "Hay que sacarle los ojos para que no nos identifiquen después y quieran cobrar venganza", acto seguido "les picaron los ojos con una varilla, no se si quedarían ciegos, pero gritaban como locos y les salía bastante sangre".

La información no ha sido verificada por las autoridades de aquel municipio; sin embargo, el texto asegura que la policía llegó y comenzó con el interrogatorio de rutina a los pasajeros, pero como entre ellos se apoyaron quedaron en libertad.

"En lo personal estuvo bien lo que les paso a esas lacras (...) ojalá la gente siga haciendo este tipo de actos, ya que estamos artos (sic) de la delincuencia", termina el post.

En su reciente compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre el fenómeno, sus causas y efectos, México: Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar, subraya la insatisfacción con el estado de cosas. Partidos políticos, legisladores e instituciones judiciales son vistos en términos negativos y, como ella misma apunta, los resultados en su combate han sido magros. País de leyes donde la impunidad es lo prevaleciente. No es fortuito que sólo 3.7 de cada 10 mexicanos apoyen la democracia.

El discurso del presidente Peña Nieto fue visto por quienes gritan en la gradería y quienes con sus decisiones mueven el Producto Interno Bruto, como una negación al problema que agobia, por percepción y por evidencias, la corrupción. Avanza sin freno y la pregunta es cuándo explotará. No será probablemente en México. ¿Vendrá del exterior? Guatemala es un estudio de caso para los mexicanos. En 2012, el gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas acordaron crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia en la investigación de los grupos paramilitares y los aparatos clandestinos de seguridad.

La comisión, encabezada por el venezolano Iván Velásquez, caminó por rutas paralelas, como la investigación de corrupción en el sistema aduanero, que produjo la captura de Pérez Molina la semana pasada, acusado de encabezar la organización criminal que llevó a cabo esos actos. En una entrevista de la agencia rusa Novosti en agosto pasado, Michael Mörth, uno de los artífices de la comisión, dijo que cuando fue concebida, "siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras". Esto, claro, no podría ser posible si no hay una presión interna de las élites para que el gobierno accediera a ello. Las condiciones se dan cuando las élites en el poder se fracturan, como ha venido sucediendo en México. El presidente, o no lo percibe, o no lo quiere ver.

En Estados Unidos, se ha vuelto una preocupación cada vez más notoria la corrupción en México. Los temas que preocupan son el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica y la lucha contra la impunidad, que como recordó la doctora Casar en su investigación, tiene una correlación positiva con los niveles de violencia.

Las estimaciones sobre el costo de la corrupción en la vida productiva y el crecimiento oscilan entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto, estimado en 2014 en alrededor de 1.3 billones de dólares.

Meter a la cárcel a los funcionarios corruptos debiera de ser una acción prioritaria de todo tipo de gobierno -con independencia del sistema en que se desarrolle-, y aunque no siempre podría estar de acuerdo en las medidas de aquellas naciones en donde a los ladrones y/o corruptos les mutilan las manos u otros órganos, la verdad es que en no pocas ocasiones "se antoja" hacerlo, para ver si así se aprende a respetar lo ajeno.

El ingenio supera a las leyes -sobre todo en México- y es entonces cuando las cosas se echan a perder y las leyes y reglamentos quedan convertidos en verdaderos monumentos a la letra muerta.

¿Qué nos falta en México, en Jalisco y en sus municipios para aplicar la ley de manera puntual a todos sus habitantes?

La transición a la democracia en México estuvo plagada de desafíos, algunos no terminan por resolverse. Y uno de los más apremiantes es el sometimiento real y tangible que ejercen las instituciones informales sobre las formales. En la práctica democrática, el clientelismo, el corporativismo, la compra de lealtades políticas y el reparto de cargos públicos con fines electorales están más arraigados en nuestra cultura política y terminan sometiendo a las instituciones formales que buscan prevenir y castigar dichos comportamientos. En México, no sólo en materia electoral, lo institucional queda a merced de lo informal, de las prácticas que constituyen al México real. Por ello, un objetivo pendiente es precisamente la institucionalización.

El "Bronco" es más bien producto del fenómeno contrario: la reacción ante la institucionalización fallida.

En México, el problema es precisamente que las personas son capaces de domar a las instituciones, que no existe una preeminencia del arreglo jurídico e institucional que subordine el comportamiento de los actores. Las instituciones hacen precisamente eso: institucionalizar las voluntades.

La buena intención es mejorar la justicia cotidiana, lo que me gusta porque es el anuncio menos pomposo que se ha hecho, y como es más modesto a la mejor, por solo mejorar y no tratarse de ninguna "reforma estructural", a la mejor repito, podríamos empezar a sentir beneficios de sociedad civilizada y convertir en un Estado de Derecho lo que actualmente más bien parece un estado de desecho.

Hasta el día de hoy en México, a pesar de las muchas promesas de altos, muy altos funcionarios de este sexenio, hay 25,230 personas desaparecidas sin ser buscadas.

Porque para las procuradurías de los estados y la PGR, los desaparecidos son una engorrosa carga: hay que buscarlos y eso cuesta; cuesta voluntad política y recursos; cuesta sensibilidad e inteligencia, y todo esto es faltante entre quienes de su responsabilidad han hecho un lucro y de la seguridad de los mexicanos un pantano.

Y aunque la responsabilidad de las procuradurías en este ilícito es absoluta, sus funcionarios siguen el protocolo de "nadie se mueva", que nadie busque, porque quizá se descubra su liga con el crimen organizado.

Ni la opinión pública, ni la crítica de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, tampoco la empatía con el ser humano, han hecho que las autoridades responsables de la localización de los 25,230 desaparecidos tengan avances o siquiera intentos serios para su búsqueda.

Entre esos 10 puntos [del discurso de Peña Nieto] ninguno es más importante que el fortalecer el Estado de Derecho. Esa es nuestra mayor debilidad como país y como sociedad. En la lucha contra la corrupción, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en el respeto a los derechos humanos. Volvió a plantear el Presidente lo que ya había propuesto hace un año, y que no tuvo espacio, no se lo quisieron dar, en la agenda legislativa: una profunda reforma a la justicia cotidiana, esa que sufre la gente día con día. A ver si ahora sí puede salir adelante.

4 de cada 10 ciudadanos tiene un rezago en el pago del predial, que representa la mayor recaudación de las alcaldías para la prestación de servicios públicos. En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco hay más de 553,000 cuentas morosas, contra las 993,000 que sí pagan.

La directora de Ingresos de Guadalajara, Sara Macías Arellano, ha informado que algunos no pagan desde 1994, cuando los municipios se hicieron cargo de la recaudación.

Es el caso de la cuenta 380834 que adeuda, desde 1993, 11.3 millones de pesos a Guadalajara. El problema es que la autoridad no ha sido efectiva para recuperar la cartera vencida.

Un ejemplo es la presente administración tapatía, que sólo ha emitido 2 notificaciones al ciudadano que adeuda 11.3 MDP, pero posteriormente fueron canceladas por "tener datos incorrectos conforme al registro del padrón catastral".

En lo que va de la administración de Ramiro Hernández se han aplicado 38,000l diligencias de requerimiento de pago, pero los 10 principales evasores acumulan adeudos por 50.9 millones de pesos y siguen mermando las arcas municipales.

Para el 2o. deudor (10.7 MDP) también se emitieron 2 notificaciones y un informe del municipio advierte que fueron canceladas debido a que "no fue posible localizar a los propietarios, ni acceder al predio para notificar".

Lo mismo sucedió con el 3er. tapatío con la deuda más robusta de 7.7 millones desde 1995: "Se canceló la notificación por no localizar al contribuyente, ya que se trata de un terreno baldío".

Para el resto de las 7 cuentas con deudas que rebasan los 2 millones de pesos también hay pretextos: "Está en proceso de generarse una notificación. Se está analizando el predio. Esta cuenta tiene datos incorrectos. No se localizó el predio".

La excepción es la escuela conocida como CETI, que debe 2 millones, pero que está en proceso de iniciarse un análisis para determinar la procedencia de una posible exención. Todas las demás siguen en la impunidad.

Lo mismo sucede en los otros municipios metropolitanos, que en su conjunto superan los 3,992 millones de pesos en cartera vencida (la suma representa los presupuestos anuales juntos de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco).

Tlajomulco es el que tiene más cuentas morosas: hasta 6 de cada 10. El predio que más debe supera los 67 millones, pero el ayuntamiento prefiere ser cordial con los infractores y señala que la falta de fluidez económica y de respuesta del ayuntamiento en los servicios públicos son los principales mecanismos de evasión.

Le sigue el municipio que gobierna Jorge Arana con más de la mitad de sus cuentas con adeudos y el pasivo más grande: 1'398 millones de pesos. El tonalteca con el mayor rezago es por 4.6 millones por una finca en Loma Dorada.

Después aparece Tlaquepaque, con 63,185 cuentas morosas, entre las que aparecen bancos, sociedades, empresas y hasta sindicatos.

El problema es que los deudores siguen violentando la ley y mermando los ingresos municipales. Por otra parte, Guadalajara y Tlajomulco son las únicas administraciones que han llegado a señalar y embargar bienes, aunque en el caso del 1o. sólo 6 de un total de 82,000 predios morosos.

En Zapopan, el deudor mayor tiene un rezago de 4.9 MDP desde 2010, y el propietario demandó al ayuntamiento para evitar el pago. "En muchas ocasiones los contribuyentes que tienen mayores recursos nos argumentan que el impuesto no debe de cubrirse, que el municipio debe satisfacer sus ingresos con lo que reciben de participaciones y cosas así, entonces entramos en un litigio en donde ellos nos demandan, y tenemos que esperar la resolución judicial de una corte en donde los obliguen a pagar", detalla Rosario Ruíz, directora de Ingresos de Zapopan.

Tlaquepaque ha generado 117,000 sanciones desde 2013 a la fecha, mientras que en Tonalá, la situación ha empeorado desde que llegó al poder Jorge Arana, antes (en 2011) se turnaban 123,000 requerimientos de pago, pero el año pasado la cifra cayó a 29,000. En ambos municipios tampoco hay embargos.

Argumenté la semana pasada que la consignación de 22 mujeres por la muerte de 49 niños y las lesiones por quemaduras de otros muchos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, era una injusticia gigantesca, pues las inculpadas no tuvieron la posibilidad de evitar la desgracia.

Es de celebrarse, por tanto, que el juez 3o. de Distrito en Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, haya negado las órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR.

El juez explica en su resolución que esas mujeres llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de los niños que estaban bajo su custodia, pero no pudieron desalojar a todos por la rápida propagación del fuego, "rapidez ocasionada, según dictámenes periciales, por la falta de medidas preventivas en la construcción del establecimiento habilitado como guardería".

Es decir, las incriminadas no sólo no fueron negligentes ni faltaron a su deber de preservar la integridad física de los menores, como asevera el pliego de consignación de la PGR, sino que arriesgaron su vida al hacer lo humanamente posible por salvarlos de la voracidad del fuego.

Si el juez hubiera concedido las órdenes de aprehensión, aunque al final quedaran exoneradas, se les hubiese pagado su heroísmo con el sometimiento a un proceso que necesariamente supone gastos, molestias y desasosiego.

La culpabilidad por omisión sólo es atribuible a quienes, teniendo el deber y la posibilidad de actuar para evitar que los bienes jurídicos de los que son garantes resulten dañados, dejan de cumplir con tal deber dolosamente o por negligencia.

Ninguna de las acusadas eligió el material de construcción del inmueble habilitado como guardería.

El fuego no se inició en la estancia infantil, sino en el archivo de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal ubicado en el mismo edificio. Los empleados de ese archivo tampoco pudieron hacer nada por la sencilla razón de que al iniciarse el incendio -alrededor de las 15 horas- todos ellos se habían retirado una vez cumplido su horario laboral.

Esa satisfacción de haber actuado con excelente ética y valor indómito no tiene precio. Esas mujeres llevarán consigo no sobre el pecho sino en el alma una medalla que las honra. La PGR intentó cobrarles tal gloria y el pecado de haber sobrevivido primeramente con esa tortura que conocemos como proceso y después, de lograrse la sentencia condenatoria, con la pérdida de la libertad.

En muchas ocasiones jueces medrosos o serviles con el Ministerio Público, o de mentalidad inquisitorial, han concedido lo inadmisible. Me alegro de que esta vez una plausible resolución judicial haya impedido una infamia.

-¿Y si hacemos una marcha contra las marchas...?

La propuesta del ciudadano común parecía pertinente. Las marchas, ya se sabe, son el recurso extremo (sólo la "huelga de hambre" va más lejos, en teoría, pero casi nunca se da; en la práctica, el caso de que la misma llegue hasta las últimas consecuencias) de que se vale el ciudadano común para tratar de presionar a la autoridad, al efecto de que actúe en el sentido que se demanda, se solicita... o, de plano, se exige. Cualquier mortal que sienta, considere o decida que la autoridad está incurriendo en un abuso o una arbitrariedad o, por el contrario, en una omisión, o que resuelve externar su posición con respecto a un tema polémico, invoca el precepto constitucional que consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas para pronunciarse, a sabiendas de que, sacrosanta como es la "carta magna", no habrá poder humano que lo detenga.

Ya se vio el sábado pasado. Con el mismo derecho con que unas semanas antes habían realizado una marcha algunos cientos de ciudadanos identificados con las corrientes conservadoras, tradicionalistas, respetuosas de los preceptos religiosos, para manifestarse en contra de posiciones heterodoxas -a su parecer-, como las que permiten el matrimonio y eventualmente la adopción por parte de parejas del mismo sexo, otros tantos ciudadanos, defensores del derecho que todo mundo tiene de hacer de su capa un sayo, si así lo estima pertinente, a condición de que con ello no perjudique a nadie, salieron a la calle a mostrar pancartas, gritar consignas y esgrimir argumentos a favor, por medio de sus más elocuentes líderes.

Unos y otros, al final de cuentas, consiguieron exactamente lo mismo: complicarles la vida, algunos centenares como eran, a cientos de miles de ciudadanos a los que tales polémicas, mientras no se vuelvan obligatorias (o "vinculantes", como ahora se estila decir) les parecen ociosas. Y nada más, porque ni la ruidosa oposición de unos ni las igualmente ruidosas expresiones de apoyo de otros tuvieron, en cuanto al meollo de la cuestión, ninguna trascendencia.

Las leyes, en efecto, propician que el derecho de manifestarse de los menos, moleste, afecte o dañe a los más. Y eso, por más que se diga que un mamotreto tenido por sacrosanto lo tutela, bendice y santifica, podrá ser tan legal como se quiera... pero, por donde quiera que se le busque, nunca será justo.

Armando García de Alba (20 años de edad) acumula nueve fotomultas que se resiste a pagar.

Con la Secretaría de Movilidad tiene, desde el año pasado, una deuda que supera los 6,000 pesos, pero no le preocupa y está seguro que no terminará pagando esa cantidad. Lo que buscará, dice, es llegar a un convenio para arreglarse con los de tránsito. Un amigo tenía más multas que él y le mandó una carta a uno de los directores de Movilidad, con la que consiguió un descuento de hasta 70%.

Para evitar acumular más fotomultas, se compró una mica a inicios de año para ocultar la visibilidad de su placa. ¿Funciona? "Depende del carril por donde avance cuando pase por el radar, si me coloco en el más alejado, el radar no alcanza a leer mis placas". Por eso procura manejar por el último carril.

La mica le costó 250 pesos y en todo el año no lo han multado por traerla. Sin embargo, no siempre se salva y por eso ahora no descarta comprar un portaplacas con cortina eléctrica que se maneja a través de un control remoto, que baja la cortina y tapa completamente la placa antes de pasar por el radar.

"Te cuesta 2,500 pesos, lo he visto en Mercado Libre y en tiendas donde venden accesorios para carros, por Santa Margarita", remata.

De acuerdo con datos del comisario vial de la Secretaría de Movilidad, entre 2012 y 2014 la cifra de infracciones por circular con placas ocultas o placas no autorizadas pasó de 6,600 a 5,787 el año pasado. Esto significa que hubo 813 infracciones menos que las registradas hace 3 años.

Desde marzo de 2014 a julio de este año, 700 autos han sido enviados al corralón, pues de acuerdo con el reglamento de la Ley de Movilidad, la pena es inconmutable por una multa, señaló el director administrativo de la Secretaría de Movilidad, Luis Alejandro Cerda Acuña, quien afirmó que el fenómeno que se han encontrado en los últimos años es que más personas intentan evadir su responsabilidad al conducir un automotor.

"Algunos portaplacas funcionan (para evadir las fotomultas), porque lo que ve la cámara es lo que puede ver el ojo humano. Si el ojo no detecta la placa, tampoco la cámara. Pero están prohibidas por la Ley de Movilidad, y es muy riesgoso portar este tipo de aditamentos porque es la forma de identificación natural de los vehículos".

A la de por sí complicada circulación en la metrópoli se sumaron este sábado 3 manifestaciones para empeorarla: maestros en contra de la evaluación educativa, taxistas que se oponen a la regularización de Uber y personas que demandan matrimonio igualitario.

Estas movilizaciones implicaron cierres al tránsito, lo que provocó mayores problemas de tráfico para automovilistas en arterias principales como López Mateos, Avenida Juárez-Vallarta y zonas aledañas; el Centro tapatío también vivió una tarde difícil en materia de vialidad.

Las movilizaciones comenzaron por la mañana con un grupo de casi 300 maestros que se oponen a la evaluación docente. Su marcha inició en la Glorieta Minerva rumbo a Casa Jalisco, aunque un grupo de antimotines bloqueó el paso con rejas a la altura de Herrera y Cairo, impidiendo que llegaran a su destino.

Los quejosos, quienes avanzaban originalmente por la lateral de Avenida López Mateos, ante la acción de los uniformados decidieron tomar carriles centrales en ambos sentidos de la arteria, restricción que duró sólo unos minutos; sin embargo, provocó molestia de automovilistas y connatos de violencia.

Para las 16:00 horas se preparaba el contingente de alrededor de mil personas en demandan del matrimonio igualitario, en el cruce de Hidalgo y Chapultepec. Originalmente, planeaban marchar por la 1a. arteria hasta Plaza Guadalajara, pero hicieron un cambio y optaron por avanzar sobre Vallarta hacia el centro tapatío.

La marcha se detuvo unos minutos en el cruce de Federalismo, pues hacia el oriente, Juárez se había convertido en un estacionamiento. Lo mismo todas las calles de norte a sur cuando avanzó el contingente.

Mientras tanto, ya se alistaba en Avenida Vallarta, cerca de la Minerva, otra movilización. Un contingente de taxistas y sus familias (1,300 según policías viales y más de 8,000 de acuerdo a los organizadores) se congregaban para avanzar a partir de las 17:00 horas de Los Arcos hasta el Parque Revolución, el motivo: la oposición a la regularización de Uber.

La movilización concluyó con un exhorto de líderes a mejorar la atención al cliente y realizar cobros con el taxímetro.

En el ranking de los países que sancionan el delito de cohecho internacional, es decir de empresas o funcionarios públicos que pagan algún tipo de soborno fuera de su país y a la inversa, México fue calificado como un país con mínima o nula aplicación en el castigo de este delito.

Trasparencia Mexicana mencionó en el informe del "Cumplimiento global de la Convención de la OCDE contra el Cohecho Transnacional 2015", que México, Brasil, Chile, España, Japón, Rusia, Brasil, Turquía, Polonia, entre otros países ocupan un lugar en el apartado de las naciones que no han iniciado ninguna averiguación previa contra empresas y funcionarios por este delito.

Detalló que desde 1999, México pertenece a la Convención Anticohecho de la OCDE, sin embargo, desde entonces ningún caso ha sido sancionado bajo este instrumento en el país.

El informe incluso destacó que entre 2011 y 2014, México tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa por este tipo de delito.

Encontrar topes en los recorridos diarios por calles es de lo más común: hay 75,000 reductores de velocidad de ese tipo, según la Secretaría de Movilidad, pero sólo 21,000 fueron avalados por la autoridad; es decir, otros 54,000 se colocaron por vecinos o comerciantes, quienes consideraron que eran necesarios, principalmente para tranquilizar el tránsito vial. Sin embargo, saber con precisión quién los instaló es difícil, reconoce el director de Infraestructura Vial, José Macías Navarro. "Mucha gente hace los topes por su cuenta y sin autorización. La situación es que la gran mayoría de la gente los pone porque se les ocurre...".

Hay un dato contundente: los topes colocados en vías de alto flujo vial incrementan las emisiones a la atmósfera, sobre todo de partículas PM10, hasta en un 900%, según un estudio realizado por investigadores del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

La proliferación de topes en la zona metropolitana de Guadalajara es dañina para el medio ambiente al aumentar la contaminación, por lo que el director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez Sánchez, demanda a las autoridades que ejerzan sus atribuciones y retiren los más de 54 mil dispositivos que no cuentan con el aval de la Secretaría de Movilidad.

"Los demás (topes) son colocados de manera arbitraria por los vecinos de cierta colonia, creo que en este sentido, la autoridad debería tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque entonces estamos pasando por encima de la autoridad. Es necesario que se respeten las normas".

"Es una barda, un muro, un cerro...". Son parte de los calificativos que los automovilistas dan a los topes que cotidianamente encuentran en su camino por ser enormes y en ocasiones muy altos, los cuales cruzan con dificultad. "No se justifican, es ilógico tener topes a unos metros de un semáforo", es otro de los casos. Hay otro motivo de inconformidad: los numerosos reductores de velocidad que se encuentran en tramos cortos.

Un muro en lugar de tope se encuentra en López Cotilla-Justo Sierra al cruce con Zaragoza, en Atemajac del Valle, el cual se extiende 2.46 metros y tiene de altura de 17 centímetros. La norma marca 10 centímetros como máximo.

De acuerdo con la versión de vecinos y automovilistas se colocó el enorme tope con una doble función: como reductor de velocidad y como una barrera que mitigue las inundaciones en la arteria, ya que en la zona hay un problema hidráulico en la época de lluvias.

"Aquí pasa el canal de las aguas, ahí cuando el agua es muchísima esto sirve para que no se nos meta el agua, pero en realidad sí está muy alto el tope. Todo el día se oye que raspan en el tope los carros que pegan, sobre todo aquellos carros que están bajitos tienen que irse de ladito; inclusive a veces las familias se tienen que bajar para pasar el tope", subraya Antonio Rivera, vecino del lugar.

También hay accidentes: hace algunas semanas antes de que pintaran el tope, un par de muchachas no lo vieron y cayeron de la moto en que viajaban.

En agosto de 2010, en el Bar Bengala de la colonia Condesa fue asesinado a tiros el abogado Óscar Paredes. La ejecución llenó las páginas de los diarios y noticiarios radiofónicos. Hace un año, en el curso de otra investigación, pregunté en la procuraduría capitalina sobre aquel expediente. En él están las diligencias de aquel día, declaraciones de los que estaban en el bar, hasta un retrato hablado. No había una sola diligencia posterior. Ni una. Nadie nunca investigó nada.

El caso de Paredes es la norma.

Decía ayer aquí que el embudo está en las policías de investigación o ministeriales. Son muy pocos, mal capacitados, sin recursos. Y que esto es peligrosísimo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Angélica López fue encarcelada en Nayarit por presuntamente transportar droga desde Bogotá. Llega al aeropuerto, la meten a un cuartito, la arrestan, y para Nayarit. En sus entrevistas y las de su padre han dicho que en 7 meses el gobierno no había presentado pruebas. Otra vez, es la norma. Encarcela y luego averigua, o nunca averigües y veremos qué pasa frente al juez.

Insisto: es un problema estructural, no de voluntades. Por décadas fueron la flagrancia y la confesión los "métodos" de combate al delito, los inexpugnables expedientes armados por MP las biblias de los jueces y las sentencias condenatorias lo normal.

Jalisco registra el mayor aumento de juicios laborales en México, pero también arrastra el peor rezago en justicia laboral. En el histórico 1991-2013 se reportan 234,000 litigios y sólo se resolvieron 129,000. Un saldo negativo de 105,000 casos, de acuerdo con el Inegi.

Detrás del rezago hay una falta de personal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que se traduce en un exceso de trabajo que propicia un ambiente de corrupción y la aparición de los abogados "talibanes" -que representan más de 8,000 juicios-, precisa Ricardo Corona, abogado del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Eduardo Almaguer, ex secretario del Trabajo y actual fiscal de Jalisco, sentenció hace 2 años que "la corrupción en la pasada administración -encabezada por Ernesto Espinosa Guarro-, los malos abogados y los malos servidores públicos" eran los principales culpables de esta situación. Aunque no hay nadie en la cárcel, este mes se proyecta una reforma penal en el Congreso de Jalisco para aumentar las penas hasta por 6 años a los "talibanes" que cometen juicios fraudulentos, principalmente por falsear información para obtener ganancias millonarias.

Tras un análisis de las estadísticas del Inegi se concluye que Distrito Federal y Jalisco registran la mayor presentación de demandas laborales. Por ejemplo, en 2013 fueron 25,416 y 24,203 casos, respectivamente. Sin embargo, si hacemos el comparativo de juicios por tasa, Jalisco es líder nacional con 3.3 litigios por cada mil habitantes, seguido por la capital con 2.8. Los esfuerzos de la presente administración han alcanzado para que, en 2013, se presentaran 24,203 juicios en Jalisco y se resolvieran 16,016: quedaron pendientes 8,187. Pero la eficiencia porcentual se queda corta si hacemos un comparativo con Nuevo León: en ese año se activaron 13,344 demandas y se concluyeron 13,027, una efectividad resolutiva casi total (-317).

¿Qué provoca semejante atraso en la resolución de casos?, se le cuestionó en 2013 a Eduardo Almaguer, entonces secretario del Trabajo: "En la pasada administración (de su antecesor Ernesto Espinosa Guarro) era un círculo vicioso. Antes de las reformas a la Ley de Amparo llegó a tal grado la actitud de los servidores de la Junta que no te admitían la demanda y te tenías que amparar... o no te otorgaban copias certificadas. A ese grado. La Junta sólo actuaba por interés económico". Y sentenció: "La corrupción en la pasada administración, los malos abogados, los malos servidores públicos y los malos sindicatos" son los principales culpables. Por eso se detectó en 2013 que había 7,729 juicios en investigación por presuntas irregularidades, que representaban 12.5% del total de casos activos. De éstos, 3,000 eran representados por los llamados abogados "talibanes".

En 2013, Eduardo Almaguer confirmó la existencia de 61,658 juicios activos, de los cuales 53,513 tenían una antigüedad superior de los 6 meses y hasta los 8 años. Hoy suman 62,000 juicios activos, por lo que Jalisco arrastra el peor rezago en materia de justicia laboral en el país, en parte por la corrupción que imperó, según declaró el mismo Almaguer, en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Tania Torres necesitaba alguien preparado para actualizar el software con el que operaba su empresa y decidió contratar a un especialista en sistemas de computación. Lo consiguió, pero tras un mes en el trabajo, renunció. Después llegó María de Jesús y duró sólo 3 semanas.

María abandonó el empleo con el pretexto de que estaba rebasada, que era más trabajo del que esperaba. Se fue y no regresó.

"Pasaron los años. Me cambié de oficinas y, un día, en diciembre de 2014, llegaron con un embargo precautorio por un millón de pesos".

La orden estaba por escrito. Podían retirarle sus pertenencias hasta reunir el monto señalado en la demanda que levantó en su contra María de Jesús, quien le pedía el pago atrasado de sueldos, vacaciones, bonos y otras prestaciones. Tania ni siquiera recordaba haberla contratado: habían pasado 6 años.

"Un señor de la Secretaría del Trabajo me dijo: 'Yo estoy aquí por él', y señaló a un abogado. Le pedí sus datos y se rehusó. Lo quise fotografiar y se tapó la cara. Cuando vio que en mi negocio había instaladas otras cámaras de plano se fue corriendo. El de la Secretaría se retiró después".

Tras ese día, comenzó a recibir notificaciones constantes. Los textos aducían incluso "rebeldía".

"Mintieron", sostiene Tania. La demanda se construyó con base en falsedades, pues mencionaba que la habían buscado y que sus empleados la negaban. Esa fue su 1a. experiencia amarga con los llamados abogados "talibanes".

Pasaron 4 meses de careos con abogados. Confirmó que todos (quienes la defendieron y quienes estaban contra ella) se conocen y trabajan en grupo. Que sus "redes" llegan hasta la Ciudad Judicial, donde su argumentación no pesó, aunque su contraparte nunca se presentó a defender su denuncia.

"Ese peregrinar es horrible. No podía ni presentar mis pruebas. La jueza no las tomó en cuenta porque mi expediente estaba 'sellado' y 'sobresellado'. Los abogados me dicen que perdí mi derecho. ¿Por qué perdí mi derecho y ellos no? Engordaron el caso para hacerme caer".

Y lo lograron. Los "talibanes" le mostraron su experiencia, "permitiéndole" un acuerdo: 100,000 pesos en efectivo para cerrar el tema, para dar vuelta a la hoja y olvidar la confrontación.

Aceptó para salir del conflicto. Fijaron lugar y hora para el pago, y hasta entonces se careó con la persona que la demandaba. Su contraparte llegó sonriente y feliz. Firmó y se retiró. A Tania nunca le permitieron acercarse a ella. Se preguntaba si en realidad se trataba de la persona que durante 3 semanas intentó actualizar el software de su empresa. Nunca logró identificarla.

Pero ella quería cerrar el capítulo. Pagó y también se fue consciente de haber entregado 100,000 pesos a cambio de 3 semanas de poca productividad.

"Yo estoy decepcionada del sistema de impartición de justicia en Jalisco. A todas luces me vieron la cara. No perdí, porque no me embargaron; lo que tuve al final fue una conciliación. Siento que al final hasta corrí con suerte en la negociación. Me costó, pero al menos no me pudieron embargar".

El exceso de trabajo en la Junta de Conciliación y Arbitraje propicia un ambiente de corrupción y la aparición de los abogados "talibanes", refirió Ricardo Corona, abogado del Instituto Mexicano para la Competitividad.

"La falta de un funcionamiento eficiente de la plantilla laboral no te ayuda. Si la Procuraduría de la Defensa del Trabajo no alecciona a los que van a demandar, si el personal jurídico no está capacitado y no se aprovechan las tecnologías de la información, todo esto debilita el sistema".

Explica que "luego se acerca uno de estos abogados y te dice: 'Tú di que ganabas esto y trabajaste todo este tiempo y yo me encargo de todo lo demás'. Ahí entra la falsedad, la corrupción y se permite que existan estos laudos básicamente impagables".

Recordó que el estudio "Justicia laboral, justicia transparente", realizado por el IMCO y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, mostró que el exceso de trabajo causa corrupción, errores e impunidad.

Lo cual es un problema sistémico pues en los últimos años los conflictos laborales ya son individuales y no colectivos. Fenómeno que también propicia la entrada de "talibanes", pues los ciudadanos no tienen quién los apoye.

Abundó que la falta de sanciones para los "talibanes" provoca que encuentren sus nichos en las juntas locales.

El estudio del IMCO es contundente: "No se aprovechan mecanismos de conciliación para evitar la carga de trabajo ineficiente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco". La entrevista aplicada a 102 abogados laboristas revela que en promedio se les ofrece la conciliación en 37.2% de los procedimientos laborales en los que participa.

El otro problema es la negación del acceso a la justicia: "Éste es uno de los incumplimientos más graves que se pudo observar, no se ofrece a todos el servicio de abogado de oficio". Solamente 34.3% manifestó que se le hizo dicho ofrecimiento que debe ser obligatorio y gratuito.

De acuerdo con el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, más de la mitad de los abogados laboristas encuestados respondió que el personal de la junta exige dádivas o gratificaciones en la solicitud de copias, notificaciones, embargos, elaboración de oficios y acuerdos, programación de audiencias, consulta de expedientes y archivos.

"Para el 77.4% de los abogados y el 26.9% del personal jurídico, la corrupción (dádivas, sobornos y otros) en la junta es de común a muy frecuente".

Entre otras deficiencias se documenta la presencia de privilegios indebidos al programar audiencias, notificaciones y diligencias; pero también se revela que la actuación del presidente obstaculiza la pronta y expedita administración de justicia laboral.

El problema, a decir del Instituto, es que el sistema de sanciones en materia laboral no cuenta con incentivos que inhiban conductas ilícitas; y las que proceden son insuficientes, según la mitad de los abogados laboristas encuestados.

El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de la Asociación Manos Unidas por nuestros Niños AC, consideró que la resolución de la PGR en el sentido de solicitar órdenes de aprehensión en contra de 22 ex trabajadoras de la Guardería ABC, es una cortina de humo para no someter a proceso al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al ex procurador Abel Murrieta por la muerte de 49 niños en el incendio de 2009.

"No se resolvió el estatus legal de los funcionarios de primer nivel involucrados en la investigación y sólo se rompió el hilo por lo más delgado, pues los verdaderos responsables siguen gozando de la impunidad", dijo Alvarado Serrano.

Aseguró que la consignación es una respuesta al recurso de amparo interpuesto en 2009, pero explicó que la PGR sólo archivó los expedientes de Bours y Murrieta hasta que la defensa presente nuevos elementos de prueba contra ellos.

"La PGR comete una nueva injusticia al ordenar acción penal contra puras trabajadoras, como cuando se giró órdenes de aprehensión contra empleadas del IMSS", subrayó.

De acuerdo con el abogado, serán llamadas la directora, psicóloga, trabajadora social y el resto de empleadas para que enfrente acusaciones por el delito de homicidio culposo en abandono de persona.

Las consignadas podrían alcanzar una pena mayor a los 4 años y tendrían la oportunidad de enfrentar el proceso enlibertad bajo fianza, ya que el delito no está tipificado como grave.

Alvarado Serrano advirtió que combatirán esta nueva resolución con la presentación de nuevos elementos de prueba, y puntualizó que las esperanzas de los padres y familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC están puestas en que la fiscalía federal resuelva a la brevedad la línea de investigación que prueba que el incendio fue provocado.

El Estado tiene como fundamento la fe de su pueblo en la Justicia, lo cual evidentemente no acontece en Jalisco. El sistema de impartición de justicia se ha convertido en un Coloso de Rodas con pies de barro. La justicia federal opaca por su transparencia, eficacia y menor grado de corruptela a la justicia local, culminando esta última en un sistema endeble, en el cual si se pretende la verdadera justicia, se requieren grandes caudales de dinero y la capacidad de sobrellevar juicios por varios años.

Las condiciones de cada fuero son diferentes, en la justicia común llegan toneladas de expedientes, por lo que ante mayor cantidad, menor calidad. Otro factor importante son los sueldos, que si bien no son del todo bajos, tampoco son justos para aquellos que laboran en tribunales; pero contrario a lo que imaginaríamos, algunos funcionarios judiciales no buscan condiciones más dignas y adecuadas por las vías de la legalidad, sino que compensan estas deficiencias aceptando de los litigantes "impulsos procesales", incluso hay algunos que no quieren acudir a diligencias porque "tú no das propina".

A otros, ni el Chapulín Colorado podría defenderlos, porque el sueldo se lo toman y terminan prostituyendo la tribuna y vendiéndola al mejor postor.

Causa reticencia el paquete de reformas de Vega Pámanes; en cuanto a los jueces, lo único que lograría sería un poder absoluto de la Judicatura dirigido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia; en cuanto al presupuesto no existe mayor inconveniente, siempre y cuando se aplique como es debido y ofreciendo mejores condiciones a los de abajo, no a los de arriba como se pretende; lo que sí parece ridículo es que pretendan aumentar la edad de retiro de los magistrados, tomando en cuenta que es un favor que se concede a los inamovibles, o ¿creen que la razón de esta propuesta sea que, entre más viejitos más sabios? La propuesta en ningún momento contempla eliminar la corrupción imperante, hay jueces y magistrados altamente capaces e incorruptibles, pero por unos pillos corruptos pierden todos al ser calificados globalmente por la sociedad.

4 choferes del servicio Uber fueron privados de su libertad en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ayer casi a la media noche, anunciaron los representantes de la empresa a través de un comunicado.

"Basta de violencia. Los actos criminales en contra de conductores que prestan servicios a través de la plataforma de Uber, quienes ayer por la noche fueron víctimas de secuestro y robo de sus autos a manos de sujetos armados, son inaceptables", señalaron los responsables de Uber Guadalajara en su comunicado.

Uber confirmó que a uno más de los choferes se le intentó atacar sin embargo logró emprender la huida.

Los sujetos que llevaban el rostro cubierto, amenazaron a los conductores de Uber con armas de fuego, los privaron de su libertad, los "pasearon" y momentos después los abandonaron en diversos puntos de la ciudad. Uno en Tlaquepaque, 2 por la avenida Lázaro Cárdenas y del cuarto no se dieron mayores detalles.

De acuerdo con los conductores de Uber, antes de que fueran privados de su libertad por los sujetos enmascarados, fueron seguidos por un coche Jetta.

Los choferes fueron golpeados con las mismas armas con las que fueron amenazados, sin embargo se encuentran bien de salud.

Uber se pronunció en contra de la violencia a la que han sido proclives sus conductores y refirió que a la brevedad se presentarán las denuncias correspondientes.

La Secretaría de Movilidad emprendió desde la noche del martes pasado un operativo para reprender a automovilistas que circularan sin permisos. Sin embargo el trasfondo estaba claro, ir detrás de choferes del servicio de Uber.

Por conducir un carro de modelo reciente y marca premium, una maestra fue agredida por taxistas quienes creían que era conductora de Uber.

Ahora tiene un hematoma en la cabeza, un esguince en la 3a. vértebra y contracturado todo el cuerpo; su acompañante tiene fractura en la nariz y esguince de tobillo tras ser golpeados por el taxista.

"Ya es pecado traer un carro", comentó la maestra que ni siquiera es usuaria de la plataforma, y su auto, al ser de 2 puertas, tampoco reúne los requisitos operar en Uber.

La maestra -de quien no se mencionará su nombre por su seguridad- relató que el sábado cerca de las 23:00 horas regresaba a su casa y dejó a su hermano en la Glorieta de los Niños Héroes, por lo que el acompañante que iba en el asiento de atrás se pasó al de adelante.

En ese momento un taxi la vio, y la siguió por Mariano Otero. Incluso en los Arcos del Milenio le empezó a gritar.

"Te vi subir y bajar pasaje, eres una pinche Uber", le gritaba. "Trabaja aunque seas de pros... pero no nos quites la chamba", le decía.

En el semáforo de la Expo se le cerró y otro taxi más llegó a agredirlos.

Al sentir que golpeaban el carro, su acompañante se bajó, pero inmediatamente fue golpeado ella se bajó y también resultó con las lesiones mencionadas.

La profesora denunció el hecho ante la Fiscalía, y espera que el conductor sea castigado. Sólo saben que el auto era un Tiida y tenía rotulado que pertenecía al sitio 42.

Si bien somos acérrimos enemigos de la violación de los derechos humanos, porque en México se han violado a niveles de terror, también somos los primeros defensores de que se cumpla el Estado de Derecho, desde las normas mínimas, porque tienen el objetivo de lograr mejores formas de convivencia.

Y es que quizás la discusión debería ser más de fondo, porque si bien el actuar de las comisiones de derechos humanos tiene un alto nivel profesional en nuestro país, y denuncian y recomiendan para evitar auténticos abusos de la autoridad, esto no va acorde con la gran impunidad existente y siempre nos queda la sensación de que no se castiga a los culpables mientras sí se les respetan sus derechos, y eso no es parejo.

Ya pasaron 2 años desde que la Secretaría del Trabajo presentó ante el Congreso [de Jalisco] una iniciativa para tipificar los delitos contra abogados y burócratas que recurren en declaraciones falsas, actos fraudulentos y abuso de autoridad en los juicios laborales, pero el tema sigue atorado.

En 2013, Eduardo Almaguer, entonces secretario del Trabajo, identificó a 66 abogados involucrados en estas prácticas, conocidos como "talibanes". El problema es que ninguno está en la cárcel.

Sobre la iniciativa, en el caso de los delitos de abogados, patrones o litigantes, se propuso de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación hasta por 2 años a quien manipule, borre, oculte, sustraiga, sustituya o dañe las actuaciones, pruebas o documentos en algún juicio; también a quien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba para obtener un beneficio que derive en perjuicio de alguien, o por alegar a sabiendas de hechos falsos o por aportar testigos falsos.

Anomalías de los "talibanes" y burócratas detectadas en 2013

(V.primera plana y pág.7-A del periódico El Informador del 6 de agosto de 2015).

Manifestantes [de la CNTE] realizaron protestas en Pinotepa Nacional. Además del bloqueo de calles, impidieron el paso a tiendas de autoservicio y comercios de las cadenas Aurrerá, Coppel, Elektra y Oxxo.

La Sección 22 de la CNTE continuó este lunes con protestas en diversos municipios de Oaxaca.

En el puerto de Salina Cruz realizan un bloqueo carretero frente a un comercio.

En tanto que con piedras y ramas alrededor de 30 profesores (?) bloquearon la carretera federal 135, Oaxaca-Cuicatlán, en donde impiden el acceso en ambos carriles.

Para exigir el retiro de "golondrinos"', alrededor de 50 comerciantes ambulantes de "Los Dos Templos" bloquearon avenida Hidalgo a la altura de la Calle González Ortega provocando un caos vial.

Los templos de Aranzazú y San Francisco, conocidos como Los Dos Templos, se encuentran en Avenida 16 de Septiembre y Revolución en el polígono Centro Histórico, donde está prohibido el ambulantaje por reglamento. Sin embargo, los ambulantes señalan que ellos tienen más de 35 años laborando en los jardines.

"Resulta que de la noche a la mañana aparece cualquier hijo de vecino plantado y acomodado ahí", señaló Teresita González, líder de los ambulantes.

González acusó al Ayuntamiento de Guadalajara de proliferar el ambulantaje al permitir la instalación de comerciantes "golondrinos" e indicó que desde el domingo llegaron 2 a Los Dos Templos para vender artículos robados.

En la zona metropolitana de Guadalajara circulan 9,975 taxis con una concesión para proveer el servicio de transporte de sitio y especializado. De ese total hay 6,748 concesiones que perdieron su vigencia, lo que los haría acreedores a un procedimiento administrativo para retirarles el derecho a proveer el servicio.

Del horrible crimen de Ayotzinapa queda por aclarar el principio:

Las víctimas eran alumnos recién ingresados a esa normal rural. Declaran los sobrevivientes que debían secuestrar autobuses para dirigirse en ellos al DF y participar en la marcha por el 2 de octubre. ¿Por qué todos eran novatos? ¿Por qué 6 días antes de esa fecha?

El director de esa normal rural, José Luis Hernández, ha sido señalado como secuaz de Los Rojos. ¿Por qué no está detenido? A 10 meses de la tragedia, no sabemos para qué fueron enviados a Iguala los normalistas. Es así porque han declarado los culpables materiales, que sólo nos dicen cómo los mataron, pero no las autoridades normalistas, que nos dirían por qué los enviaron a una muerte segura.

FM4, Paso libre, la fundaron en Guadalajara en 2007 un grupo de estudiantes que habían tenido experiencia con distintas casas del migrante a lo largo de todo el país. Cuando la ruta del Pacífico comienza a cobrar importancia, fundamentalmente por la violencia en el Golfo, Guadalajara se convierte no sólo en un punto de paso sino de escala obligatoria.

Durante muchos años el centro de Atención al Migrante (CAM) funcionó sin problemas, o más bien, sin más problemas que los propios de tener que conseguir comida, ropa, medicinas y recursos para cientos de migrantes todos los meses.

Con el tiempo la comunidad comenzó a tener nuevas dinámicas. Uno de ellos comenzó con tráfico de drogas y se convirtió en el líder; no sólo controlaba la droga sino que tenía protección. Su ley se hizo: los migrantes tenían que pagarle por pasar al comedor, robar para él o incluso los despojaban de lo poco que llevaban. Lo que siguió fueron las amenazas a los migrantes y a los voluntarios de FM4. Se creó pues una minimafia de control territorial en media ciudad sostenido por otra de mayor jerarquía, ante la mirada de la policía local no pudo o no quiso resolver el problema cuando comenzaba.

Hace 20 días ante lo insostenible de la situación en la zona la policía de Guadalajara decidió, una vez más, desalojar a esta población, con la misma falta de visión. El resultado inmediato fueron las amenazas a los voluntarios de FM4 a quienes acusan de haber sido los responsables del desalojo. 2 días después bajaron la cortina y el miércoles pasado lo hicieron público.

Se dejó a los desplazados en manos de la mafia, y a migrantes y voluntarios en la indefensión.

Vecinos y taxistas de la zona del Peñón de los Baños, en la delegación Venustiano Carranza, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, destrozaron, este martes, 5 vehículos que prestan servicios a Uber, mientras a otros les arrojaron harina y huevos.

Los agresores manifestaron su descontento y argumentaron que esos servicios de transporte representan una competencia desleal que ha disminuido los ingresos de las familias de la colonia hasta en un 50%.

Antonio Gómez Barajas, dirigente del movimiento social Benito Juárez, aseguró que la omisión de las autoridades capitalinas ha permitido que estos vehículos se estacionen en las cinco calles principales del Peñón, "sin que nadie los moleste" y den servicio en la zona del aeropuerto, con lo que se afecta a las 5 bases de taxis autorizadas.

Uber dijo que los hechos son un "ataque gravísimo al derecho de ganarse la vida dignamente" y condenó la violencia.

Además, en un comunicado dijo que el ataque se produjo contra "socios-conductores de Uber" con palos, piedras, huevos y harina.

"Sucesos como éste son completamente inaceptables y confiamos en que las autoridades actuarán para que se haga justicia".

Iban decididos a obligar al Gobierno del Estado a que sancione y elimine de la zona metropolitana de Guadalajara el servicio de Uber. Minutos antes de las 12:00 horas ya eran cientos de taxistas, pero no los mil que dijeron los organizadores. Ayer, a diferencia de otras protestas en la Plaza de Armas en el centro tapatío, casi todos vestían camisa blanca, convencidos de que la desventaja de ellos contra los ejecutivos es la imagen.

"No queremos que los regularicen, queremos que los saquen de la calle. De aquí no nos vamos hasta que el gobierno haga algo. La gente sólo se deja deslumbrar por una empresa que ni es de mexicanos, y ni son taxis. Nosotros también nos uniformamos si quieren, y les hacemos bonita cara", argumentó Enrique Olivares, del sitio 37.

Uno de los líderes, Jorge Araujo, repitió las que él consideraba obligaciones de los taxistas. "No por tener pocos estudios somos ignorantes y no tenemos educación. Hay que bañarnos, rasurarnos o arreglarnos la barba y el bigote y usar ropa limpia, recuerden que ofrecemos un buen servicio".

Entre tanto, una comisión de líderes sindicales fue atendida por autoridades en Palacio de Gobierno.

Fueron casi 4 horas de manifestación con promesas como único resultado. Todo ese tiempo había potenciales usuarios de carro de alquiler molestos porque las unidades amarillas con azul cerraron la circulación de las avenidas Hidalgo y Juárez, complicando más el ya colapsado centro de la ciudad.

De cuando en cuando se escuchaba a ciudadanos que caminaban en el centro, opinar sobre la manifestación: "Deberían de respetar las tarifas y usar el taxímetro", "deberían tener los carros limpios", "deberían aprender a manejar mejor", se quejaban las personas al paso.

Las evidentes irregularidades en ayuntamientos, dependencias públicas, incluso el propio Congreso del Estado, han demostrado una inexistente labor de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, donde solo se hacen "auditorías a modo" de los políticos en turno, lo que permite fugas de dinero público impresionantes, un gobierno opaco y con una impunidad, casi total, sólo preguntaría ¿de los escándalos mediáticos por robos y fraudes al erario, a cuántos han procesado penalmente? Incluyendo al propio auditor como señalan algunos medios.

Debido a la marcha de Antorchistas que partió hacia Los Pinos, la policía capitalina realizó cortes a la circulación en avenida Paseo de la Reforma hacia el poniente. Por ello, fue cerrada la circulación en esa arteria desde Lieja hasta el cruce de Periférico y calzada Chivatito.

Alrededor de las 11:00 horas, la vanguardia de la marcha de Antorchistas se ubicaba en calzada Chivatito, sin embargo la retaguardia se encontraba "atorada" en Reforma, a la altura del auditorio, lo que ocasionó caos en Polanco y Lomas.

Chilpancingo lucía en llamas. Choferes de la Coalición de Servicios del Transporte de Guerrero realizaron fuertes protestas en la capital guerrerense, donde quemaron unidades del transporte público, atropellaron a transportistas y golpearon a miembros de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes.

Los choferes inconformes (que usaron palos, machetes y explosivos) también implementaron retenes para "depurar a los taxis piratas", además atacaron al plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y retiraron lonas que apoyaban al movimiento de los 43 desaparecidos.

El sábado, 7 años después de su detención, Lorena González, apodada "La Lore", quedó en libertad porque sencillamente no existía prueba alguna de que tuviera relación con el secuestro del hijo de Alejandro Martí, Fernando. Lorena, que al momento de ser detenida era agente de la AFI, estuvo todo este tiempo en prisión por el testimonio del custodio de Fernando, que dijo haberla reconocido en una fotografía. Sin embargo, hace 5 años, está detenida y procesada otra mujer que reconoció que era ella y no Lorena la que participó en el falso retén donde fue secuestrado Fernando. Cómo una mujer pudo ser mantenida en prisión, sin pruebas, durante 7 años, cuando otra aceptó ser la responsable del crimen de la que se le acusaba, es inconcebible. Es la radiografía de la justicia en nuestro país.

Se presentó el Índice Global de Impunidad 2015, coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez de la Universidad de las Américas Puebla, en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, y presentado por Sergio Mirón Guevara.

Para medir un concepto complejo como el de impunidad, obligó a su definición tomando en cuenta realidades diversas alrededor del mundo, "así que hay que considerar tanto la impunidad de hecho, en la que vemos un no-actuar de las autoridades, bien porque no hay infraestructura o bien por falta de voluntad política, como la impunidad de derecho, cuando la conducta no puede perseguirse porque no está contemplada en los códigos penales", explicó Mirón Guevara.

Por ende, para tratar de contrastar la percepción social de impunidad, la investigación se nutre de la información que los propios países ofrecen al Consejo de las Naciones Unidas sobre sus índices internos, razón por la cual, por ejemplo, Brasil y Bolivia no figuran en el estudio, dado que no han cedido sus estadísticas.

El estudio arrojó que Filipinas ocupa la última posición, a la que le sigue México en penúltimo, quedando Colombia, Turquía y la Federación Rusa por arriba. Un dato relevante es que la mayoría de países latinoamericanos están por debajo de la media mundial. Por otro lado, Croacia es el país que encabeza la lista de los que cuentan con índices de menor impunidad, seguido de Eslovaquia y República Checa.

"Si bien estos son datos que pueden variar según nos enfoquemos en una variable u otra, en términos de derecho y justicia México es considerado el segundo más impune, por sus fallos en el funcionamiento de los sistemas de justicia, la inseguridad, la violencia y la corrupción", dijo Mirón Guevara, y destacó que aun así nuestro país muestra voluntad para actualizar su información al respecto y luchar para limpiar el sistema.

México cuenta con un cuerpo de policía suficiente para enfrentarse al delito: 355 por cada 100,000 habitantes (Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con 332), "lo que hace falta es que sus elementos estén mejor preparados" apuntó, y que el número de jueces sea mayor, pues mientras que en Turquía existen 13.5 por cada 100,000 habitantes, en la Federación Rusa 20, en Croacia 45 y en Eslovenia 47.5, en México apenas existen 4, superado sólo por Filipinas que cuenta con 2 jueces por cada 100,000 habitantes.

México debería atender prioritariamente a "la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia".

Alrededor de 500 profesores de la Asamblea Magisterial Democrática habían cerrado la circulación en la Calzada Independencia, impidiendo también el paso del Macrobús, para exigir que se cumpliera con el acuerdo del pasado miércoles.

Después de que los 20 representantes del Movimiento Magisterial ingresaran al Congreso [de Jalisco] para reunirse con los legisladores, los docentes que bloqueaban la vía, en su esquina con Hidalgo, se retiraron.

Enrique Ureña sufrió un calvario de 70 días para recuperar su coche, todo por "hacer las cosas bien". Una noche de diciembre esperaba la luz verde para avanzar en su auto, pero un conductor ebrio lo chocó sin tener seguro de daños a terceros, por lo cual tuvieron que esperar a un agente de vialidad que, como no había solución, se llevó los 2 vehículos al corralón.

El agente pactó una cita para días después entre los 2 involucrados en el accidente, pero el que lo provocó nunca apareció. La empresa aseguradora le solicitó a Enrique que interpusiera una denuncia ya que era necesaria para sacar el coche y arreglarlo. Posteriormente debió esperar a que un perito hiciera un estudio de causalidad para comprobar que no tuvo la culpa del incidente.

Sin embargo, las vacaciones jugaron en contra de Enrique, tuvo que esperar a que pasara el periodo vacacional porque el encargado de firmar el peritaje no estaba; en contraparte los días de pensión en el corralón seguían registrándose y la deuda aumentaba.

Finalmente, 70 días después, pudo recogerlo del depósito San Agustín, afortunadamente completo y sin ninguna autoparte robada: "Me acuerdo de todo porque fue un trago muy amargo". Tuvo que pagar el servicio de grúa para trasladar su coche al taller y arreglarlo. En total pagó 3,500 pesos por esperar a que la luz verde le autorizara para avanzar. "Los trámites funcionan pésimamente mal. Después pensé que si el borracho me daba 500 pesos para arreglar el coche los tomaba. Terminé pagando más, 3,500 de corralón que nunca tuve que haber desembolsado".

"Debería haber alguna forma en la que el tiempo que los coches pasan en el corralón y el costo de la pensión fueran reembolsables por las partes responsables".

Por más de 7 horas, un contingente de más de 2,000 profesores, colapsó el centro de Guadalajara al realizar una marcha en contra de las evaluaciones magisteriales.

A partir de las 11:00 de la mañana, los docentes tomaron las calles al caminar por Avenida del Campesino, Alemania, Enrique Diaz de León, Federalismo, Juárez y Corona; al final, l contingente, integrado por más de 12 organizaciones magisteriales, instaló un plantón a las afueras del Congreso del Estado.

Los cierres provocaron que las vialidades que fueron habilitadas para convertirse en rutas alternas durante la construcción de las estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero, fueran colapsadas durante la mayor parte del día.

La protesta se replicó en 29 estados de la república con el objetivo de volver a manifestar la oposición a las evaluaciones que ordena la Reforma Educativa.

Los movimientos magisteriales de todo el país entregaron un pliego petitorio a los diputados de cada uno de los congresos locales, para solicitar la cancelación de dichas evaluaciones.

Luego de bloquear por unas 4 horas algunas avenidas de la Ciudad de México, profesores provenientes de Chiapas y Guerrero protestaron contra la Reforma Educativa a las afueras de Los Pinos como presión para el reinicio de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación.

En el contingente, formado por alrededor de 2,000 profesores (?) de la CNTE, partició Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22.

El poder judicial requiere una reforma y una limpia completa. No sólo en el Consejo [de la Judicatura], también en los juzgados y en el Supremo Tribunal. La justicia en Jalisco es mala, lenta y cara, cuando la Constitución obliga a que sea pronta, completa, imparcial y gratuita (Art. 17). Hay una justicia para los ricos y otra, muy diferente, para los pobres: sigue habiendo casos de personas que esperan 4 a 5 años para un juicio por un delito de robo menor que no amerita más de 24 meses de prisión. Hay una justicia para la clase política y otra para los ciudadanos de a pie. Tenemos jueces burocratizados y terriblemente formalistas, más preocupadas por los procesos (que son sin duda importantes) que por la justicia. Pero, sobre todo, vivimos en una impunidad casi absoluta, con cárceles llenas de pobres y calles ocupadas por los delincuentes.

Mientras el poder judicial en su conjunto siga más preocupado por los asuntos administrativos, por quién maneja los pesos, que por hacer justicia, no saldremos del hoyo jurídico en que nos han metido.

Alrededor de 700 maestros se manifestaron contra la evaluación docente en la torre de la Secretaría de Esucación Jalisco, en Av.Alcalde.

Ante el cerco de seguridad desplegado por la policía tapatía alrededor del edificio, loas maestros tomaron la Av.Alcalde en ambos sentidos, la cual fue cerrada desde Tránsito hasta la Glorieta de La Normal."

La avenida Hidalgo, en el centro histórico de Guadalajara, fue reabierta luego que un grupo de taxistas se manifestaran a las afueras del Congreso del Estado en contra de la operación de Uber en la entidad.

La vialidad permaneció cerrada por la manifestación que comenzó a las 11:00 horas. Los taxistas bloquearon por una media hora el paso de vehículos por la calle Hidalgo e impidieron el ingreso de personal al Palacio Legislativo.

Los taxistas buscan una respuesta del congreso o de la Secretaría de Movilidad sobre el servicio que brinda Uber y otras aplicaciones de dispositivos móviles que ofrecen contratar choferes privados y que consideran competencia desleal.

México debe ser un estado de derecho. Esto será posible solo cuando se imparta justicia tal y como la contienen las leyes y no de modo discrecional o con determinada orientación.

Uno de los aspectos más importantes de un régimen democrático se encuentra en la forma en la cual se imparte justicia y no solo en la forma de elegir a sus gobernantes y representantes populares. Se debe garantizar el bienestar de la sociedad por medio del cumplimiento de la ley y aquellas personas que no la cumplan deben gozar de las garantías de un proceso apegado a derecho y no a una actuación por consigna o coyuntura política.

Luego de que agremiados del Sitio 22 de Expo Guadalajara retuvieran a un socio de la aplicación móvil Uber, el vocero de la multinacional en México, José Eseverry, pidió a las autoridades que haya "seguridad sin distinción", porque todas las personas tienen derecho a trabajar. "Condenamos este tipo de actos (agresivos) que se dieron en la zona de Expo Guadalajara. Creo que la violencia no es la mejor manera de llegar a un acuerdo, es con el diálogo como debemos de comenzar a establecer maneras de regular el servicio". El socio de Uber permaneció retenido hasta que llegó la autoridad para liberarlo.

Cientos de maestros se manifestaron de nueva cuenta en contra del proceso de evaluación docente.

La manifestación partió de las instalaciones de Televisa Guadalajara con rumbo al 1er. cuadro de la ciudad. El movimiento ocasionó caos vehicular en las avenidas Niños Héroes y Enrique Díaz de León.

Mariana Lima, una joven de 29 años, cansada de los malos tratos de su pareja, policía judicial, llamó a su madre para decirle que lo dejaría. Al día siguiente, 29 de julio de 2010, Julio César, el esposo de Mariana, la llamó para informarle: ¡su hija se suicidó!

Con el corazón dolido, Irinea incrédula llegó de inmediato para verla, estaba en la cama, sin cuerda ni huellas de ahorcamiento en el cuello, pero con la cara negra por los moretones, la boca deshecha y el cuerpo golpeado. Estaba Irinea ahí, cuando llegaron los peritos y su diligencia duró sólo 10 minutos: se llevaron el cuerpo de Mariana sin ningún otro objeto, tampoco la supuesta cuerda de la que el marido refirió estaba colgada.

A Irinea le entregaron el acta de defunción que decía, causa de la muerte: suicidio por ahorcamiento. En los días que siguieron, la madre no hacía más que leer y releer el acta diciéndose: "no puede ser, mi hija no se suicidaría nunca". Irinea empezó a estudiar el manual de operaciones de los peritos donde era evidente que no habían seguido los protocolos existentes.

No se quedó en eso y estudió, sola y con su dolor a cuestas, libros de criminalística y de derecho, lo que evidenció que lo puesto en el acta no se apegaba a lo que las normas señalan. Entonces recurrió al Observatorio de Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, donde fue ayudada. Ahí, la madre, el padre y el Lic. Rodolfo Domínguez integraron el expediente que, como último recurso, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, en 2013, el trabajo realizado entre Irinea y la ONG fue de tal manera bueno que la SCJN no tuvo más remedio que atraer el caso. Y la lucha siguió sin desmayo, idas y venidas, cada papel, cada pregunta, todo para avanzar en este largo proceso.

Así, luego duros momentos de lucha y espera, hace unos días, a cinco años de la muerte de Mariana, la SCJN ordenó reabrir el caso y realizar una nueva investigación, no como suicidio, sino bajo la premisa de: feminicidio. Un giro total que pone a los funcionarios coludidos en las acciones manipuladas, en peligro de ser duramente sancionados, y al esposo de Mariana, con los datos de la investigación ordenada, enjuiciado.

En el mar de corrupción que es la justicia en México, esta vez Irinea, una mujer sencilla, una ciudadana de a pie, ganó la batalla para su hija y abrió la puerta para que la SCJN avanzara en la protección de las mujeres. Logro invaluable que la fuerza y el amor de una madre hizo en un país de corrupciones e impunidades.

Al parecer en la PGR trabajan con el mismo rigor que un aficionado. En la detención de Rubén Oseguera González "El Menchito", el pasado 23 de junio, se les olvidó que existían las leyes: entraron ilegalmente a su domicilio; los inculpados no fueron puestos a disposición del Ministerio Público de forma inmediata sino 9 horas después y no presentaron pruebas de los vínculos del supuesto capo con el cártel Nueva Generación. En pocas palabras, se olvidaron del debido proceso y las garantías individuales del detenido; ante esto, una jueza ordenó la liberación de "El Menchito" ayer por la mañana. Y la PGR, con la actitud de "esto no se va a quedar así"’ que los caracteriza, volvió a capturarlo apenas puso un pie afuera del penal, ahora acusado por desaparición de personas.

Si usted tuvo la sensación de que viajó en el tiempo, está en lo correcto, pues en el 2014 ocurrió exactamente lo mismo. En enero de ese año lo atraparon por ser presuntamente el operador financiero del cártel que lidera su padre y lo soltaron 9 meses después por falta de pruebas; luego decidieron que siempre no, y lo volvieron a agarrar por delincuencia organizada; y como no cuajó, lo soltaron en diciembre. ¿Qué pasa en la PGR? Nada, sólo que violan todo lo violable, no sustentan sus acusaciones y no presentan suficientes pruebas.

Ayer fue Rubén Oseguera González, apodado "El Menchito"; en el fin de semana pasado un secuestrador al que un juez, alegremente, le quitó 62 años de condena y lo dejó en la calle por razones también de procedimiento. Antes fue la Cassez o Caro Quintero. Es una vergüenza: las faltas al debido proceso, muchas veces discutibles, deben evaluarse en todo caso para reponer los procesos, no para dejar en libertad a criminales notorios. ¿De qué servirá el nuevo sistema de justicia penal si la justicia no se aplica y la opción de los jueces (por comodidad, corrupción o miedo) es dejar a criminales notorios en libertad?

Porque, además en este caso estamos hablando de una de las cabezas de uno de los grupos que con mayor virulencia han desafiado al Estado mexicano. El cártel del que participa activamente "El Menchito" y que encabeza su padre, ha emboscado a fuerzas federales, a policías locales, asesinado desde el inicio de la administración de Aristóteles Sandoval en Jalisco a más de 30 funcionarios públicos estatales de distintos niveles.

¿Usted cree que la justicia estadounidense enviará a Zhenli Ye Gon a México cuando existe la posibilidad de que llegando al país sea liberado, como Caro Quintero, como Cassez, como Oseguera, alegando faltas al debido proceso?

Cambian los tiempos, qué duda cabe...

Antes, el colofón de ciertos errores judiciales que por misteriosas razones se daban con cierta frecuencia en México, solía ser una frase que resumía, en 2 palabras, todo el humor negro con que puede sintetizarse una vida malograda y amargada:

-Usted dispense...

Era el caso, mil y una veces repetido, del inculpado al que se sentenciaba, de manera injusta, a varios años de cárcel... y hasta a cadena perpetua en no pocas ocasiones. Por mera casualidad; porque se detenía a otra persona o porque el verdadero autor del delito, presa de los remordimientos, decidía aliviar su conciencia al percibir la cercanía de la muerte, confesaba la verdad y se declaraba culpable de crímenes que tenían encarcelado a un inocente, los jueces retomaban el expediente y resolvían la liberación del infeliz inculpado, a quien se abrían las puertas del presidio y se expresaban los parabienes por el reencuentro con la libertad por tanto tiempo conculcada, con esa frase proverbial: "Usted dispense...".

Mientras la Suprema Corte avalaba el despido de maestros faltistas, cientos de docentes del Movimiento Magisterial Jalisciense bloquearon por 4 horas el Periférico, frente a la Ciudad Judicial.

Usted leyó en estas Historias de Reportero el 25 de febrero pasado que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, había expresado entre sus colaboradores y con altos funcionarios del gobierno su malestar por el caso Tlatlaya.

Contra lo que pudiera intuirse, la exigencia del general era que, de haber elementos suficientes, los soldados involucrados fueran sometidos lo más pronto a un juicio y castigados si se demostraba que eran culpables.

5 meses después, la exigencia del secretario es la misma, como lo dijo anteayer en entrevista para El Universal. Si son culpables, que se les castigue, insiste. Y, si se comprueba su responsabilidad, se les debe procesar por violación de derechos humanos, no por desobediencia.

Fuentes del poder judicial me revelaron que la Procuraduría General de la República no había dado al caso el "impulso procesal" necesario para avanzar con más celeridad en los lentos caminos de la justicia mexicana.

Las contradicciones en las 3 principales testigos que en febrero ya afloraban hoy se hacen más evidentes y la PGR podría estar frente al desmoronamiento de su caso.

De modo constante, casi cotidiano, el Estado mexicano ofrece pruebas de que la justicia que se imparte no es imparcial, ni pronta, ni expedita, ni gratuita, como se escribió en el artículo 17 de la Constitución hace 98 años.

La justicia en México se aplica a modo, que a la cárcel solamente van los pobres y los disidentes políticos, y que los gobernantes, empresarios y jefes del crimen organizado escapan de la acción de la justicia por las complicidades, dinero, vinculaciones y presiones que tienen con los impartidores de justicia y el resto de los poderes públicos que los protegen.

Ayer fue capturado por 2a. ocasión en Guadalajara Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. No sorprende que hayan detenido al hijo del jefe del cártel considerado por este gobierno como el principal objetivo a combatir en la delincuencia organizada. Lo que sorprende es que "El Menchito" hubiera sido dejado en libertad cuando estaba preso tras su detención el 30 de enero de 2014, en Zapopan.

En esa ocasión "El Menchito" fue detenido con 4 armas largas, 9 cortas, una granada de fragmentación, 61 cargadores, más de mil cartuchos y más de 14 millones de pesos. No obstante, 11 meses después (justo el día de Navidad) fue liberado por "falta de pruebas".

Pero existen otros casos donde los delitos se fabrican para imputar a personas consideradas incómodas para el gobierno o para la realización de ciertos proyectos de despojo que obstaculizan planes oficiales y empresariales.

Las autoridades recibieron el dato con incredulidad. Sus informantes dentro del penal de Puente Grande, en Jalisco, les avisaron con 2 semanas de anticipación que Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo del cabecilla del cártel Nueva Generación, había comprado su libertad. Y que el monto era 80 millones de pesos.

No lo creyeron hasta que sucedió. Y en contra de todo pronóstico, fue declarado libre por falta de pruebas el veinteañero a quien el gobierno federal ubica ahora como número 2 del considerado cártel más peligroso de México.

En la realidad económica y laboral mexicana hay una mayoría que opera sin ley y una minoría aplastada bajo impuestos y reglas.

Los ex alcaldes de Apatzingán y del municipio de Numarán que fueron encarcelados por delitos relacionados al crimen organizado, fueron liberados y exonerados este fin de semana.

Uriel Chávez Mendoza, ex alcalde de Apatzingán, pasó un año y 2 meses en prisión acusado de extorsión, peculado y vínculos con "Los Caballeros Templarios", pero esta semana un juez de 1a. instancia le dictó sentencia absolutoria por no encontrar elementos en su contra, según confirmaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia en el estado.

El ex alcalde del municipio de Numarán, José Luis Madrigal Figueroa, también fue liberado y exonerado por falta de pruebas, luego de pasar 8 meses en el penal de El Pochote, ubicado en el municipio de Zamora.

Madrigal Figueroa, de extracción perredista, fue acusado de cometer delitos contra el sistema de seguridad pública y por proporcionar información de seguridad al crimen organizado.

La ley ordena que no se paguen los sueldos de los maestros de escuelas públicas que no se presenten a trabajar y su destitución si tienen más de 3 faltas sin causa justificada.

Por eso ahora estoy completamente hecho bolas. ¿De qué sirve que el presidente afirme que el gobierno tiene obligación de cumplir el mandato de ley si a la primera amenaza se echa para atrás y actúa como si la ley no existiera?

Ayer por la madrugada la Secretaría de Educación Pública depositó el dinero de la primera quincena de junio de los maestros de la sección 22 pese a que éstos abierta y públicamente no se presentaron a trabajar desde el 1er. día del mes. Se trata de 380 millones de pesos de los contribuyentes pagados de manera ilegal.

La sección 22, acostumbrada a poner de rodillas al gobierno de Oaxaca, estaba buscando probar el temple del régimen federal y ha demostrado su debilidad.

Sin embargo, cada vez es más difícil justificar el pago de salarios a maestros que simplemente no se presentan a las aulas, especialmente cuando la legislación educativa se modificó expresamente para evitarlo. Si la autoridad se iba a echar para atrás de una manera tan ignominiosa mejor habría sido no incluir en la Reforma Educativa las disposiciones que tienen que ver con las faltas de los maestros. Estas reglas, por otra parte, no son distintas de las que establecen las leyes laborales generales o las que rigen el servicio público.

Un gobierno que no se atreve a aplicar la ley ofende a los ciudadanos y los deja en la indefensión.

El secretario de Educación afirmó también el lunes que el gobierno federal no tiene las facultades para sancionar a los maestros faltistas pues son los gobiernos de los estados los que reportan la nómina de maestros y, hasta ahora, ¡el gobierno de Oaxaca no ha reportado ninguna falta de maestros!

Ante estas declaraciones yo me confieso absolutamente confundido. La SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca parecen haber sido cómplices en la omisión de la aplicación de la ley.

Yo me pregunto, ¿qué va a hacer la Auditoría Superior de la Federación ante esta omisión? ¿Permitirá que por miedo a la CNTE los funcionarios sigan malversando el dinero del erario, porque eso representa pagar lo que no se debe cubrir? ¿O acaso hacer esta pregunta es ofender al secretario y al presidente?

Si el gobierno federal piensa que por haberse rendido ante la sección 22 ésta será más dócil en el futuro, habrá que advertirle que está equivocado. La CNTE no toma las concesiones como signo de flexibilidad sino de debilidad.

Nunca había estado peor la falta de aplicación de la ley a los incendiarios de oficinas municipales, bloqueadores de carreteras y privatizadores de casetas de pago. Impunes quedan crímenes como prender fuego a una gasolinera para exigir "plaza automática" y quemar vivo a un trabajador, Gonzalo Rivas.

Ayer, miles de maestros de la CNTE provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz se manifestaron en la Ciudad de México desde 2 puntos, algunos salieron de la Estela de Luz y otros de la Cámara de Diputados con destino a la Secretaría de Gobernación en Bucareli, causando severos conflictos viales.

Tras la negativa de la Segob a dialogar, hasta que regresen a las aulas, el contingente de maestros se dirigió al Monumento a la Revolución, donde mantienen un plantón y donde definirán si continúan o no presionando.

El poder judicial seguirá siendo la bomba de tiempo si la administración de justicia sigue sin ser imparcial ni expedita.

4 elementos de la Policía Municipal de Cañada Morelos, Puebla, estuvieron a punto de morir linchados por pobladores de la Sierra de Zongolica en Veracruz.

Los habitantes del municipio de Soledad Atzompan acusaron a los agentes poblanos de extorsionar a un grupo de campesinos, por lo que portando armas de fuego, palos y machetes, intentaron asesinarlos linchándolos; sin embargo, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fuentes policiacas señalaron que el grupo de policías intentó extorsionar a campesinos que viajaban a bordo de una camioneta, pero al negarse, comenzaron a dispararles.

Los pobladores, quienes también estaban armados, respondieron la agresión, iniciándose una persecución que culminó en el lugar conocido como Puente Colorado, Acultzingo, donde los habitantes de Soledad Atzompan bajaron a apoyar a los campesinos y desarmaron a los oficiales y los retuvieron. Tras golpearlos y amagar con lincharlos, policías estatales lograron rescatarlos, pero más tarde la gente quemó 3 patrullas.

El fuego fue el protagonista hoy en el municipio mexicano de Tixtla, con las llamas de los estudiantes de Ayotzinapa que consumieron miles de papeletas en su boicot electoral y las de aquellos que se atrevieron a alzar la voz para defender su derecho al voto.

No fueron protagonistas, sin embargo, las fuerzas de seguridad, ni las del estado de Guerrero ni las federales, pues pese al operativo desplegado por el Gobierno mexicano ni un policía o militar apareció por las calles de Tixtla, dejando que los ciudadanos armaran sus bandos.

"El gobierno del estado nos está dejando a merced de unos vándalos", se quejaba una ciudadana que recriminaba al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, que "no haya cumplido su palabra porque él prometió que se iban a resguardar todas las casillas".

"Sí sobrevolaron la localidad, ubicada a media hora de la capital, Chilpancingo, dos helicópteros, uno de la Policía Federal y otro de la Secretaría de Marina, pero sin llegar a descender."

Y también siguieron los retenes policiales en las salidas del municipio que examinaban cada coche, para evitar que el fuego de Tixtla se contagiara a la capital.

Desde primera hora de la mañana, familiares y compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos hace más de 8 meses en Iguala se organizaron en varios grupos para destrozar las mesas electorales, llevarse el material y reducirlo a cenizas.

Antes de que las urnas abrieran a las 08.00 hora local (13.00 GMT) ya habían logrado hacerse con varias casillas, sin que hubieran podido siquiera instalarse. Fueron numerosas las hogueras que poblaron el municipio y el humo con olor a papel y plástico quemado.

Todo para no olvidar que a ese municipio pertenecían varios de los jóvenes estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, a manos de autoridades corruptas y narcotraficantes.

El diálogo fue el arma utilizada en un comienzo por el contingente de padres de familia para hacerse con urnas y papeletas, aunque algunos grupos de estudiantes acudieron armados con palos y barras de hierro, lo que generó tensión y forcejeos en varios centros de votación.

Además, en otros los ciudadanos se unieron para defenderlos y llegó a producirse incluso un leve enfrentamiento a pedradas en la colonia Vicente Guerrero entre los defensores de los comicios y los estudiantes, que acabaron huyendo del lugar amenazados con piedras y palos.

Los alumnos de la Normal Rural de Ayotiznapa, a la que pertenecían los 43 jóvenes desaparecidos, denunciaron después que estas personas, que cortaron la carretera para proteger las urnas e increparon a desconocidos y medios de comunicación, eran acarreados, personas afines a los partidos o pagados por los mismos a cambio de defender la elección.

De las 54 mesas electorales existentes en Tixtla (juntando la cabecera municipal y las comunidades aledañas), los estudiantes lograron destruir al menos 14, más del 20 % necesario para declarar inválidos los comicios.

Después de conocerse este triunfo del boicot, que aún debe ser ratificado por el tribunal electoral, un grupo de las personas favorables a los comicios organizaron una marcha hasta el parque de la Alameda, en el centro del municipio, e irrumpieron en el edificio el Auditorio, echando a las autodefensas que llevaban meses ocupándolo.

En la misma hoguera donde en la mañana habían ardido las papeletas a manos de opositores a la jornada electoral fueron quemadas más tarde las pertenencias personales y material hallado en el edificio por este grupo, que reclamaba paz y tranquilidad para Tixtla.

Minutos después llegó a la plaza otro grupo de ciudadanos, apoyados por estudiantes de la Normal y maestros, quienes se enfrentaron verbalmente contra los defensores de los comicios y se vanagloriaron de haber logrado su objetivo.

"Sí se pudo", gritaban en referencia al boicot a los comicios al que llevan semanas alentando con distintos actos de protesta, al considerar que en un estado con violencia las instituciones carecen de legalidad para organizar elecciones.

Pese a la tensión del momento, los 2 grupos acabaron retirándose unas horas después sin registrarse incidentes.

En un país en el que hoy estaban llamados a votar más de 83 millones de mexicanos, el boicot en Tixtla, municipio de poco más de 10,000 habitantes, no tuvo gran repercusión a nivel estatal.

Pero este día sí será recordado por los habitantes de este municipio guerrerense como la jornada en la que pocos se atrevieron a expresar su derecho democrático, unos por miedo, otros por resignación y otros por convicción.

Es muy importante respaldar las acciones de las autoridades para imponer la ley sobre criterios de agitación política que incluso implican la comisión de delitos. México no merece nunca mas ver mas que se da prioridad a acuerdos con grupos sociales que suponen excepciones a la aplicación de la ley, lo que implica hacer crecer la impunidad que lacera las instituciones.

Los bloqueos a carreteras, invasión a aeropuertos, toma de instalaciones de las autoridades electorales, y la violencia que se incita en la población son hechos que la autoridad no debe ni puede aceptar ni tolerar. Más aun cuando hoy estos hechos se convierten en una suerte de espectáculo noticioso que manda una señal de debilidad institucional que puede afectar muchos más ámbitos que el estrictamente gremial, como aparentemente se pretende hacer ver. Lo que estamos viendo es un llamado a la insurrección social organizada por grupos preparados para agitar y fomentar el descontento. Más lacerante resulta aun cuando sabemos que muchos de sus líderes y operadores están dentro de la nómina de profesores que las autoridades pagan con el dinero público.

Ahora esperamos que se actúe para dejar claro que a México no se le puede tratar de chantajear. Porque no se trata de un asunto de gobierno, sino es una cuestión de Estado. Las disputas políticas de Oaxaca y Guerrero deben resolverse con la ley en la mano, de otra forma estaremos en el camino que conduce a la confrontación irracional.

Es vergonzoso y no sé hasta cuándo se va a continuar permitiendo el comportamiento de las hordas y activistas que se convierten en vándalos y terroristas, atacando y destrozando instalaciones de las autoridades a todos los niveles, desde presidencias municipales hasta oficinas de la Secretaría de Educación, sedes de comités directivos estatales de partidos políticos, y las autoridades solamente han actuado en forma defensiva, sin cumplir la ley que es castigar a los bárbaros encapuchados, disfrazados de maestros, que es una verdadera atrocidad lo que realizan estos pelafustanes.

Es increíble que en varios estados hayan declarado y tengan intención de bloquear casillas e impedir que se realicen las elecciones ordenadamente; esto es un gran delito que el gobierno federal tiene forzosamente que detener, si no jamás podremos avanzar y nos vamos a comparar con Yemen o con algunos países que no llegan ni al 3er. mundo. Ya basta de soportar y tolerar a diferentes sindicatos, grupos de activistas enmascarados y las hordas salvajes inconscientes que se denominan "maestros".

Es inconcebible cómo en algunas partes de nuestro país como Guerrero, los maestros advirtieron que no permitirán la instalación de casillas en escuelas públicas, además de ataques que hicieron a plantas de abastecimiento de gasolina de Pemex en Oaxaca, una central hidroeléctrica en Tuxtepec también en Oaxaca.

Nota importante: los "sabios" encargados de los derechos humanos deben entender que el poner en orden -¡a como dé lugar!- a los atacantes, a los salvajes, a los vándalos y a las hordas, ¡es obligación de las autoridades!

A unas horas de la jornada electoral del 7 de junio se ha registrado la quema de boletas electorales, vidrios rotos y ataques en instalaciones del Instituto Nacional Electoral.

Necesitamos que los titulares de las dependencias públicas en todos los niveles cumplan con sus funciones institucionales de salvaguardar el ejercicio libre del voto.

La libre expresión de las ideas y las manifestaciones públicas de éstas están salvaguardadas por nuestra Constitución y nuestras leyes. El ejercicio de estos derechos debe hacerse de manera responsable por parte de la autoridad y por parte de quienes los exigen.

La confrontación, la violencia, los daños y la destrucción de instalaciones públicas o bienes privados dañan la convivencia social, afectan la gobernabilidad democrática y entorpecen la solución de los conflictos.

Llamo al gobierno federal, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán y Guerrero a que las negociaciones y acuerdos que establezcan con las organizaciones y grupos inconformes sean transparentes. La sociedad tiene derecho a conocer los términos de la negociación del gobierno con los inconformes. En un régimen democrático, cualquier negociación del gobierno con grupos de la sociedad debe ser pública.

Exijo que las infracciones cometidas a la ley hasta este momento y posteriores, que afecten al proceso electoral, sean sancionadas y no pasen a formar parte del cúmulo de hechos impunes. Las elecciones no pueden ser un tiempo donde todo se puede y todo se vale.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, estimó que algunas de las protestas incluso ya "han rebasado los márgenes permisibles en una sociedad democrática".

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició diversas averiguaciones previas para investigar los hechos que se han presentado en por lo menos 4 entidades, donde la CNTE realiza su "boicot electoral".

El titular de la Fepade, Santiago Nieto, explicó que algunas de estas indagatorias se abrieron en las entidades donde algunas "personas han impedido a los funcionarios electorales el desarrollo de sus funciones".

México está por debajo de la media en Estado de Derecho, según el World Justice Projecto (WJP). En una escala de 0 a 1, el país tiene un índice promedio de 0.47.

Este año, el país ocupa el sitio 79 de 102 naciones, mismo sitio que tuvo el año pasado.

El índice se mide de acuerdo con las experiencias y percepción de la población.

A nivel regional también estuvo entre los más rezagados, pues ocupa el sitio 14 de 19 naciones.

El Índice de Estado de Derecho 2015 del WJP revela que la peor evaluación que tuvo México fue en el rubro de Orden y Seguridad, donde se ubicó en el lugar 99 a nivel mundial y en el último sitio en América Latina.

También estuvo en los últimos lugares en Justicia Penal, Corrupción y Justicia Civil.

El país mejor posicionado fue Dinamarca, y le siguieron Noruega, Suecia y Finlandia.

En contraste, las últimas posiciones correspondieron a Afganistán y Venezuela, que se colocaron en los lugares 101 y 102, respectivamente.

El Índice de Estado de Derecho 2015 utiliza 44 indicadores como ausencia de corrupción, restricciones a los poderes de gobierno y derechos fundamentales, entre otros, organizados en 8 categorías que son contrastados regionalmente.

"Un Estado de Derecho efectivo ayuda a reducir la corrupción, la pobreza, mejorar la salud pública y la educación, y a proteger a las personas de las grandes y pequeñas injusticias" anunció William H. Neukom, Fundador y CEO de WJP.

Como parte de las actividades para "boicotear" la elección del 7 de junio, padres de los normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa realizaron un bloqueo sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, el cual, dijeron, durará 2 horas.

En la Ciudad de México sufrieron otra manifestación con la ya acabada excusa de la búsqueda de los 43, manifestación violenta donde los autonombrados anarquistas, que deben ser llamados como lo que son: delincuentes, lanzaron combustible a los policías y les prendieron fuego. ¿Por qué las autoridades del DF, Guerrero, Oaxaca, no repelen con toda la fuerza del Estado este tipo de agresiones? ¿Dónde están las tanquetas con cañones, al menos de agua? Las comisiones de Derechos Humanos solo defienden al parecer a los delincuentes, también las víctimas y los policías muertos en el cumplimiento de su deber tenían derechos humanos.

El lunes fueron los taxistas. Durante 7 horas bloquearon el Paseo de la Reforma, el manifestódromo de la ciudad de México. Ayer fueron grupos del movimiento de Ayotzinapa y del Frente Popular Francisco Villa, que cerraron Taxqueña, Ignacio Zaragoza, Indios Verdes y el Paseo de la Reforma. Las movilizaciones en estos 4 puntos estratégicos estaban diseñadas para causar el máximo daño posible a los ciudadanos.

Las autoridades responden a los bloqueos con estrategias que tienen consecuencias previsiblemente perversas. Mandan a los policías a hacer cortes a la circulación, que causan más problemas que las propias movilizaciones, y premian a los líderes de los manifestantes invitándolos a "negociar" o dándoles privilegios. Generan así incentivos para nuevas movilizaciones y bloqueos.

Algunas de las manifestaciones parecen espontáneas, pero la mayoría no lo son. Los movimientos se multiplican cuando se acercan los tiempos electorales. Son el arma con el que algunos grupos políticos hacen sentir su fuerza.

Los bloqueos de taxistas del lunes, por ejemplo, fueron organizados por Felipe de la Cruz Menez, candidato de Morena a diputado, y por Eleazar Moreno de Movimiento Ciudadano. Hace algunas semanas candidatos de Morena también orquestaron bloqueos de vías de comunicación para protestar por el supuesto secuestro de niños que ninguno de los manifestantes pudo identificar por nombre y apellido.

El movimiento de Ayotzinapa también se ha profesionalizado. Los padres y simpatizantes que marchan constantemente en el país y el extranjero pueden hacerlo porque no tienen ya que trabajar. Felipe de la Cruz (homónimo, pero distinto del líder de los taxistas) es padre de un normalista que participó y sobrevivió a los hechos del 26 de septiembre de 2014, pero que ahora está dedicado de tiempo completo al movimiento. Él dice que vive de las aportaciones de sus simpatizantes. Los demás activistas del movimiento tampoco parecen tener necesidad de trabajar. Su empleo es participar en movilizaciones.

La sección 22 y otros grupos de la CNTE se dedican también de manera profesional y sistemática a las protestas. Los contribuyentes los subsidian ya que sus quincenas, como maestros de escuelas públicas, no se suspenden aunque no se presenten a trabajar.

Antorcha Campesina mantiene un plantón desde hace meses en Bucareli, junto a la Secretaría de Gobernación, en protesta por las políticas del PRI, pero ya obtuvo el premio de que el propio PRI postulara como candidata a diputada plurinominal a Hersilia Córdova Morán, hermana de Aquiles, fundador del movimiento antorchista. Como el Frente Popular Francisco Villa, Antorcha se dedica al negocio de la invasión de predios y a la venta de protección.

La experiencia nos dice que a un extorsionador no se le debe dar nunca lo que exige. La autoridad que cede frente a él genera incentivos para fortalecer y multiplicar la conducta. Las autoridades en México, sin embargo, siempre se hincan ante los chantajistas: montan mesas de negociación o dan recursos a quienes agreden a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a ellas no les afecta.

Los funcionarios no pierden el empleo o el día de sueldo por no llegar a su trabajo. Su única preocupación es que los ciudadanos molestos dejen de votar por sus partidos, lo cual acabaría con su negocio. Pero los electores mexicanos no han aprendido a castigar así a los políticos, aunque éstos no cumplan con su obligación de defender a los ciudadanos.

¿Por qué tenemos movilizaciones y bloqueos todos los días? Porque es un buen negocio, porque las autoridades alimentan al monstruo. Cada quien actúa por lo que le conviene en lo personal. El líder busca dinero y poder. El político rehúye los riesgos de usar la fuerza pública. El único que queda siempre indefenso es el ciudadano.

En el caso Chilapa, la declaración del gobierno estatal de que las personas secuestradas durante la toma de la ciudad (durante 5 días, del 9 al 14 de mayo pasados) están "retenidas" por el grupo que se autodenominó como policía comunitaria (pero que son, en realidad, integrantes de los Ardillos, con algún componente de organización armada), es insostenible. Dicen en la Fiscalía del Estado que saben donde están esas personas pero no actúan para rescatarlas. Es verdad que muy probablemente se trate de miembros o colaboradores de alguna organización criminal, pero la obligación del Estado es hacer justicia: es tan ilegal ser parte de los Rojos como ser secuestradores. El gobierno estatal no puede seguir "dialogando" y contemporizando ante una situación de tanta gravedad y además hacerlo con criminales. La consecuencia, un poco inevitable, será que los rivales de los Ardillos se terminarán de armar, intentarán tomar venganza y rescatar a los suyos, creciendo así el hoy casi inabarcable círculo de violencia.

¿No les da la impresión de que las procuradurías estatales y la general están papando moscas cuando se trata de delitos telefónicos? Grabaciones vienen, grabaciones van, hay espionaje hasta de las tías de los políticos, hay call centers con falsas llamadas madrugadoras y nadie es sancionado.

Los delitos telefónicos, ya sean federales (como el espionaje) o locales (como las amenazas) se cometen con singular alegría en el páramo de la impunidad.

En las últimas semanas hemos escuchado a un alto funcionario electoral haciendo la peor y más costosa broma de su vida, a un magistrado jalisciense en actos electorales mal vistos, a candidatos hablando de dinero.

En años anteriores escuchamos a Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota, Elba Esther Gordillo, Luis Téllez, Gabino Cué y otros, pero hasta hoy, nadie ha sido sancionado por el espionaje y todo indica que nadie lo será. Y si no hay castigo ejemplar, la práctica se populariza y ahí estamos todos de metiches en las llamadas de otros, escuchando sus felonías y la prosaica manera que tienen de comportarse cuando creen que están en una charla privada.

Pero ninguna de las llamadas telefónicas de este año me ha parecido tan grave como la que no escuché pero de la que vi sus efectos ayer: al calor de las contiendas electorales y supongo que con la idea de que los Centros de Rehabilitación Teletón son televisos y por tanto peñanietistas, una mujer llamó para alertar sobre una bomba en el CRIT del Estado de México.

Alrededor de 1,300 niños fueron afectados. Niños en terapia, la mayoría con condiciones económicas difíciles. ¿No es eso una fregadera?

Estas llamadas con alerta de bomba se consideran terrorismo (no importa que no haya bomba) y la pena mínima es de 2 años, pero a nadie se ha castigado por ello. Igual que con el espionaje telefónico, las bromas y amenazas telefónicas parecen ser imperseguibles.

Taxistas bloquearon durante más de 6 horas las principales arterias del Distrito Federal para inconformarse por las empresas Uber y Cabify, que también brindan servicios de traslados a través de una aplicación para dispositivo móvil. Los taxistas pidieron al gobierno capitalino prohibirlo. Uber, en tanto, ofreció servicios gratis a sus usuarios.

Hemos presenciado en los últimos años, en vivo y en directo en la televisión, a manifestantes en las calles aporrear con saña a los policías que resguardaban el orden de sus propias protestas. Sabiendo que estos cuerpos de vigilancia tienen órdenes de no atacarlos se acercan a ellos, los retan, los provocan cara a cara, los agreden con empujones y con sus propios toletes que antes se los arrebataron.

Los policías resisten y sufren y en quienes presenciamos esto se hace pedazos de tajo toda esta idea de que esos pobres hombres (empleados con sueldos bajísimos), acusados siempre de represores, son los que están ahí, a los que pagamos con nuestros impuestos los ciudadanos, para que nos cuiden.

Pero cuando estos personajes, la mayoría autodefinidos como anarquistas, llegan a ser detenidos, lo que se destaca mediáticamente en algunos foros es todo lo contrario, la saña de los policías, su rudeza y falta de escrúpulos... Desde esos varios foros influyentes, "progresistas y de izquierda", se empieza a dar voz a los familiares y defensores de los primeros agresores, convirtiendo el tema en una real campaña que no termina hasta que éstos son liberados.

El cuadro se completa con estos mismos personajes, saliendo de prisión, hablando ante las cámaras de televisión, denunciando la injusticia que se cometió con ellos y muchas veces advirtiendo que seguirán actuando de la misma forma radical y violenta.

Bueno, pues esto empieza a pasar en el mundo del futbol. Hay quienes ahora pretenden convertir en intocables a los violentos y desenfrenados barristas que irrumpieron la noche del domingo pasado en la cancha del Estadio Jalisco.

Cuando resulta que se empieza a aplicar contra esos violentos el instrumento jurídico que se generó con las reformas a la ley respectiva, se cobra conciencia de que lo que se atrevieron a hacer ya no se acaba con una simple sanción administrativa. Entonces sí, para algunos influyentes progresistas, se les está castigando con severidad.

José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público de la federación de la Procuraduría General de la República por la desaparición de 43 estudiantes.

A más de 7 meses del levantamiento ocurrido en Iguala, Guerrero, Hernández Rivera no ha rendido declaración oficial para ayudar a esclarecer los hechos ni para deslindar responsabilidades por sus presuntos nexos con la organización criminal de Los Rojos.

Agrupaciones de profesores conmemoraron su día en las calles con una manifestación en el centro tapatío en contra de la Reforma Educativa. La marcha que inició en el Parque Revolución con destino al Teatro Degollado, provocó severos congestionamientos viales.

El contingente de maestros se mantuvo por alrededor de 30 minutos en 16 de Septiembre-Alcalde, frente a la Catedral, lo que provocó el cierre total de la arteria, desde avenida Juárez a San Felipe, e interrumpió la circulación de avenida Hidalgo.

Las demandas de los mentores fueron las siguientes: abrogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa, el pago inmediato y ubicación en plazas de base a maestros de educación secundaria para adultos, la reinstalación de trabajadores cesados por parte de la Secretaría de Educación Jalisco.

También demandaron protección jurídica laboral para afectados por la Reforma Educativa, el pago de salarios atrasados y basificación de trabajadores interinos y supernumerarios, frenar el hostigamiento y represión laboral hacia los trabajadores de la educación. Además, exigen a la Presidencia de la República un informe sobre la desaparición y paradero de los 43 normalistas desaparecidos.

Acusamos al Poder Judicial de la impunidad que reina en la aplicación de la ley. Pero no vemos la viga en el ojo propio. El mecánico que se toma la calle para sus reparaciones y las ameniza con radio a todo volumen; el bar de Guadalajara que tira sus pocas paredes y se provee de bocinas para discoteque; los amigos que, en el DF, ya están apalabrados con el señor dueño de la calle para que les permita estacionarse por una cuota fija.

Los normalistas asesinados en Guerrero veían el secuestro de autobuses y el robo a camiones de reparto como parte de su novatada e iniciación en "la lucha": es la ley en las Normales Rurales. Quien no la acata es expulsado por la autoridad estudiantil por encima de los directores.

Ésa es la parte somera de la impunidad ciudadana, no solo el juez corrupto, el gobernador enriquecido, el Presidente y sus colaboradores con casas bajo sospecha.

Ayer arrancaron profesores de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, quienes en demanda del pago de sueldos de 4 meses, bloquearon los carriles sentido sur-norte de la avenida 16 de Septiembre. Hoy a las 10 de la mañana marcharán por la misma vía, desde la Plaza Juárez hasta Palacio de Gobierno.

La tensión en el municipio de Chilapa, Gro., es tal que hasta el alcalde Francisco García González reconoció tener miedo.

"Los gobiernos estatal y federal han permitido que grupos de personas encapuchadas puedan portar armas largas y de grueso calibre".

El edil aseguró que Chilapa sufre un acoso, tanto por parte de agrupaciones civiles armadas como de grupos de la delincuencia organizada que se disputan la zona.

"Contamos con muy poco personal de policías preventivas. Por ello, hemos pedido apoyo del gobierno para que nos ayuden a salir del problema".

De acuerdo con el diario El Sur, desde que llegaron los autodenominados "autodefensas legítimos" han desaparecido 16 personas. Dicho grupo aseguró que su presencia es para hacer frente al crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvo a 12 comerciantes que bloquearon la circulación en el cruce de las avenidas Hidalgo y Alcalde durante una manifestación.

Era un grupo de personas de la asociación Mercado Corona por Siempre, quienes desde hace semanas han bloqueado el mismo cruce en varias ocasiones, además de acampar afuera de la presidencia municipal para exigir que la autoridad les otorgue la certeza jurídica de que tendrán un espacio en el nuevo Mercado Corona, cuando éste quede terminado.

La policía comunitaria es ya una simple excusa. Este fin de semana grupos armados irrumpieron en Chilapa, Guerrero, retuvieron a agentes y robaron armas. Lo hicieron bajo la consigna de que son policías comunitarios y, por lo tanto, impunes.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, ya ratificado hasta octubre próximo, decidió realizar un pacto con el sector más radical del Estado, el Movimiento Popular Guerrerense, que agrupa a varias agrupaciones, incluyendo un sector de la CETEG, y que en realidad es el movimiento de base de organizaciones como el ERPI y otros grupos armados que están profundamente insertados en el movimiento social guerrerense, controlan a los grupos de autodefensas que operan en distintas regiones de la entidad y son los que más firmemente impulsan la propuesta de evitar que haya elecciones en el estado. Es comprensible, la vía electoral no está en su agenda. Lo incomprensible es que un gobernador se haya doblado con tanta facilidad ante las presiones de este grupo.

Aunque quizás no se ha doblado, simplemente ha seguido la ruta que la trayectoria de Ortega, no hace mucho uno de los principales contactos y operadores a favor de las FARC en México, indica. Si los acuerdos firmados ayer son desconcertantes, mucho más lo es la declaración del propio gobernador: a los del MPG, que han protagonizado los actos más violentos de los últimos meses en el estado, incluyendo toma e incendio de oficinas públicas y privadas, secuestro de camiones de pasajeros y de carga, que han saqueado plazas comerciales y robado mercancías de todo tipo, les dijo el gobernador que al funcionario que no les quiera dar un "trato amable" le deben "tumbar la puerta y sáquenlo de la oficina, quédense ustedes a gobernar en la oficina, porque cuando se tiene la oportunidad de llegar aquí es para servirle al pueblo, no para servirse del poder, enriquecerse y llenarse los bolsillos". En otras palabras el gobernador públicamente convoca a sus amigos a hacer justicia por propia mano, violar la ley e impulsar los actos de vandalismo que se cometen cotidianamente, incluso contra su propio gobierno en el estado. Les está diciendo que no crean en la fuerza electoral, ni en la fuerza de las leyes, sino en la fuerza a secas. Eso se llamaba vía insurreccional, no es nuevo, pero se debe reconocer que nunca había escuchado a un gobernante pedir a sus supuestos opositores que se insurreccionen contra su propio gobierno. Al mismo tiempo que se firmaba el pacto, un grupo de 300 hombres armados tomaban Chilapa, desarmaban a la policía local y anunciaban que impondrían un gobierno popular. No hubo reacción alguna del gobierno estatal.

El pacto firmado es imposible de cumplir. Tiene nada menos que 41 capítulos, con poco más de 110 acciones. El punto más importante es la amnistía a los presos políticos, en especial a Nestora Salgado. Estaría muy bien pero da la casualidad de que en Guerrero no hay presos políticos. El caso de Nestora es ejemplificador en ese sentido: Nestora está detenida acusada de 50 secuestros, es en realidad la dirigente de un grupo armado, organizó varios grupos de autodefensa en Olinalá y se hizo con el control de su municipio, detuvo y secuestró personas a las que hacía trabajar en sus propiedades, mientras cobraba rescate por ellas. Hace unos meses, cuando pidió por primera vez el gobernador Ortega la liberación de Salgado, distintas organizaciones de derechos humanos presentaron a algunas de sus víctimas, que habían estado secuestradas en una cárcel que ella denominaba El Paraíso. "Nos tenían con una tortilla y frijoles, éramos como 70 personas en un cuartito (contó Eugenio Sánchez González, quien permaneció 2 meses secuestrado y al que le pedían 50,000 pesos como rescate), no teníamos para ir al baño y tomábamos agua de la que llovía, hasta que nos rescató la Policía Federal y el Ejército". Esos son los presos políticos que Ortega se comprometió a liberar.

Se comprometió el gobernador también a presentar con vida a los jóvenes secuestrados, asesinados e incinerados en Iguala en septiembre. Es triste pero los jóvenes están muertos.

Como siempre en estos acuerdos, en medio de la verborragia hay dinero de por medio. El gobernador se comprometió a "legalizar" las plazas magisteriales, que no son más que las plazas automáticas para militantes de esos grupos y regalar 200 concesiones de transporte público a la propia MPG.

Hay muchos más compromisos del gobernador, más de 100, pero, se preguntará usted ¿a que se comprometieron los del MPG, su contraparte, en este pacto? Pues a nada, para ellos no hay condiciones, seguirán con sus movilizaciones (que el gobernador se comprometió a no reprimir) y recordaron que el MPG "no perdona, no olvida, no claudica". El que claudica es el gobierno.

Ayer unas 200 personas bloquearon durante horas la autopista México-Cuernavaca causando un daño enorme a miles de personas. Los bloqueos no sólo se siguen permitiendo en México sino que se vuelven cada vez más comunes con una lamentable pérdida de productividad.

Hace unos días, el tribunal superior de justicia de Malasia ratificó la pena de muerte contra 3 hermanos sinaloenses detenidos en el 2008. Los hermanos González Villareal, fueron condenados a la pena de muerte por el delito de narcotráfico en el 2012. Fueron encontrados en un laboratorio para la producción de drogas sintéticas, con varias toneladas de enervantes. Habían llegado meses atrás desde Sinaloa a ese, para nosotros, lejano país y su versión de que habían viajado para trabajar en tareas de limpieza no convenció a nadie. Ahora están tratando de que el sultán revoque la pena de muerte, algo muy poco probable en la justicia malaya. Incluso si esa sentencia fuera revocada, tendrían una condena de cadena perpetua además de penas corporales como ser azotados públicamente con ramas de ratán, un castigo que puede provocar hasta parálisis corporal.

Sus abogados intentaron inútilmente alegar fallas en el procedimiento para que fueran dejados en libertad. Algunas de esas fallas se confirmaron, como la falta de coincidencia entre el peso de la droga encontrada, originalmente pesada por las fuerzas policiales, y el peso de la droga que presentó la fiscalía en el juicio. Esas y otras fallas menores no hicieron cambiar la condena al tribunal superior.

Pero no siempre las cosas son como en Malasia. Esta semana, un juez en Jalisco decidió dejar en libertad a 14 sicarios del cártel del Golfo (aliados ahora al de Sinaloa y en forma indirecta al Jalisco Nueva Generación) detenidos con droga y un arsenal en 2009 alegando fallas en el proceso. Uno de los detenidos dijo que fue torturado y como se le habían encontrado huellas de golpes en el abdomen, el juez decidió dejar a todos en libertad. Es inconcebible.

Al mismo tiempo, María de los Ángeles Pineda vio también como se debía reponer su proceso. Resultó que un juez no admitió al inicio del mismo pruebas presentadas por la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca (por cierto ¿a qué viene ahora el interés de la dirigencia del PRD de reunirse en la cárcel con Abarca en un extraño intento de defensa suya y de su esposa? ¿No entienden todavía lo sucedido en Iguala?). Otro tribunal sostuvo que tendría que haberlas aceptado. En lugar de incorporarlas, decidió anular el proceso por fallas en el procedimiento. Pero por lo menos tuvo la sensatez de ordenar, al mismo tiempo, su reposición. Pineda nunca estuvo cerca de quedar en libertad porque tiene otros procesos abiertos, pero la imagen que queda de la justicia es, nuevamente, lamentable.

Alguien tiene que explicar a nuestros jueces y tribunales que no se puede seguir dejando en libertad a criminales por fallas procesales que pueden ser reparadas cuando existen numerosas pruebas de su responsabilidad en distintos delitos. Las fallas se reparan reponiendo los procesos, no dejando en libertad a criminales.

El viernes se dio un nuevo paso en esa escalada que pone en riesgo los comicios en Guerrero, cuando un grupo de jóvenes encapuchados, que dijeron ser de la CETEG, en el centro de Chilpancingo, en una calle peatonal, en pleno día, tomaron oficinas electorales del PAN, quemaron toda la publicidad electoral, pero más grave aún, se robaron toda la documentación preparada por ese partido para la jornada comicial, desde las listas de representantes de casilla hasta las de sus operadores en la zona.

El saqueo duró horas, fue captado por cámaras y fue a la vista de todo el mundo, se hacía sin ninguna prisa (los vándalos antes habían robado 2 tráilers para cruzarlos en las calles aledañas) y nunca apareció un solo policía, alguna fuerza de seguridad, alguien que intentara poner orden. Es la mejor demostración del desastre que ha sido el gobierno de Rogelio Ortega.

Luego de marchar por los 7 meses de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, los integrantes de las organizaciones que exigen su presentación con vida quemaron seis camionetas de empresas privadas.

Los hechos ocurrieron a las 14:17 horas, cuando contingentes de estudiantes de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero e integrantes de otras organizaciones integradas a la Asamblea Nacional Popular irrumpieron en la sede legislativa y a la fuerza violaron los 2 principales accesos.

Con 2 vehículos repartidores, los manifestantes destruyeron el ventanal principal de acceso a la sala de sesiones y se enfrentaron con piedras y bombas molotov contra policías estatales antimotines, quienes aguardaban en el estacionamiento del congreso del estado.

Luego de unos 15 minutos de que colocaron y quemaron en la parte de enfrente y de atrás del congreso la unidades, los policías antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Policías federales que llegaron al congreso luego de que integrantes de la ANP quemaran 6 unidades repartidoras, persiguieron por la Autopista del Sol a normalistas que corrieron tras los hechos con dirección al sur de la ciudad.

Duró aproximadamente 10 minutos la persecución, pero finalmente no hubo detenidos.

18 años de empantanamiento en materia de lucha a la corrupción, se rompieron este martes al ser aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. La nueva ley, con todas sus virtudes, es una respuesta a la irritación ciudadana, pero no como el principio para un cambio ideológico -entendido como el compromiso con una idea- para enfrentar ese cáncer, sino con una motivación política y reduccionista que no sustenta el entusiasmo de la clase política.

Hace más de 5 años, en un texto intitulado "La Corrupción Somos Todos", se recordaba que México tiene una sociedad política que es tolerante con servidores públicos ladrones, ligados al crimen organizado y cínicos consumados, a quienes defienden con un espíritu de cuerpo que los hace igualmente corruptos. En septiembre pasado se publicó en este mismo espacio el costo que significaba a la economía la gangrena de la corrupción: 1.5 billones de pesos, equivalente al 10% del Producto Interno Bruto, similar al gasto administrativo del gobierno federal en 2012.

Un reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado decía que ese costo era lo que tenían que presupuestar las empresas en pago a funcionarios de distintos niveles para que sus operaciones no se interrumpieran o se cancelaran.

México está considerado entre las naciones más corruptas del mundo. El Índice 2014 sobre el estado de derecho del World Justice Project colocó a México en el lugar 79 de 99 naciones estudiadas, y en el número 12 de 16 países latinoamericanos. En las 8 variables que analiza esta organización independiente y multidisciplinaria que revisa el estado de derecho en el mundo, México sale reprobado.

En los límites al poder del gobierno (contrapesos y rendición de cuentas), se ubica en el lugar 48; en ausencia de corrupción (sobornos, nepotismo, extorsión, fraude), está en el 78; en gobierno abierto (transparencia y acceso a información), en el 32; en protección de derechos fundamentales, en el 60; en orden y seguridad (estabilidad y confianza en las instituciones del Estado), en el 96; en cumplimiento regulatorio, en el 51; en justicia civil (resolución de conflicto mediante instituciones de justicia), en el 88; y en justicia criminal (procuración y administración de la ley), en el 97.

Cuando se analiza el perfil completo de México y se revisan sus tendencias, México no parece ser viable para darle la vuelta a la corrupción y la impunidad. 18 años tardaron los legisladores en aprobar la ley contra la corrupción, y estuvo a un paso de no ser aprobada. Sólo la crítica pública de los últimos meses los llevó al punto de que sería más alto el costo de no hacerla, que el beneficio de seguir en la mar de la impunidad. La corrupción y la impunidad, por si alguien no se ha dado cuenta, forman parte del código genético mexicano. En un gran libro, "La Corrupción Política en el México Contemporáneo", Stephen D. Morris sostiene que la corrupción generalizada es uno de los factores que más influyen en la desconfianza atávica de los mexicanos. En efecto, hace mucho forma parte del paisaje nacional.

Morris recuerda al ideólogo priista Jesús Reyes Heroles, que en los 90 decía que "la corrupción en México llegó a niveles inconcebibles", y que se había convertido en la regla de la administración pública mexicana. Muchos años antes, Álvaro Obregón la veía como instrumento táctico -"no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos"-, y en la década de los 40 en el siglo pasado, el historiador austriaco Frank Tannenbaum escribía en su libro "Mexico: The Struggle for peace and bread", que la "mordida" era "lo peor", porque era un círculo creciente de los burócratas a quienes no lo son, que quizás, era el principal impedimento para un buen gobierno y el progreso económico. Para entonces, ya había pasado más de un siglo desde que el político e historiador Lucas Alamán, dijo: "la corrupción en México es antigua, central y omnipresente".

No le faltaba razón al presidente Enrique Peña Nieto cuando dijo que la corrupción era cultural en México. Los medios y las redes sociales lo apalearon, sin analizar a fondo el alcance de lo que dijo y, también, sus limitaciones. Pero ¿alguien duda la cultura laxa sobre la legalidad en México? ¿Cuántos no han comprado piratería? ¿Cuántos no han pagado una "mordida" para facilitar su vida cotidiana? ¿Cuántos nunca han violado una ley? La nueva ley anticorrupción es un paso, que apuntala el diseño institucional, pero la construcción de un edificio, por mejor calidad que tenga, nunca será suficiente si el material con el que están construidos sus inquilinos está podrido. Para eso no se necesitan leyes. Se requiere educación, que es un reto más largo, más difícil y más complejo.

Este 20 y 21 de abril un grupo de activistas bloqueó el Eje 10 Sur de la ciudad de México durante 24 horas en protesta por unos supuestos secuestros de niños. Los manifestantes, sin embargo, no pudieron dar los nombres de los niños o de las familias al reportero Rubén Orozco de Radio Red. Las autoridades de la ciudad de México señalaron, por otra parte, que no hay denuncias por esos supuestos secuestros. El trasfondo político del bloqueo quedó de manifiesto por el hecho de que Bertha Luján, candidata de Morena a la jefatura de la delegación, y Gerardo Villanueva, otro militante de Morena, encabezaron el bloqueo.

La impunidad en este país tiene muchas anécdotas, pero una explicación de fondo: la debilidad institucional del poder judicial. No es sólo una cuestión de tamaño, y en este caso el tamaño sí importa: en México hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes cuando lo recomendado por la ONU es 17.

Ahí hay claramente una explicación; queremos hacer justicia pero pareciera que queremos que se haga en abstracto. La falta de jueces provoca que tengamos cárceles llenas y las cárceles llenas nos cuestan un dineral. Sólo para alimentar a los presos destinamos cerca de 15,000 millones de pesos anuales y casi la mitad de los presos no han sido sentenciados, están ahí en espera de un juicio.

La debilidad del poder judicial, y la consiguiente impunidad, tiene 3 grandes afluentes. Por un lado los poderes ejecutivo y legislativo han visto siempre al judicial como el hermano al que hay que mantener enano porque es el que "amenaza" el ejercicio discrecional del poder público. Un país en el que durante años la justicia la ha hecho el todo poderoso poder ejecutivo, presidentes y gobernadores, más en la lógica del Tlatoani que de división de poderes, el contrapeso de las leyes siempre estorba.

La 2a. vertiente es la corrupción. Los grandes beneficiarios de la debilidad institucional del poder judicial son jueces y magistrados, quienes aprovechan el que la justicia sea un bien escaso, para hacer de ello un negocio. Por supuesto que no todos los jueces y magistrados son corruptos, pero el sistema favorece la corrupción.

Finalmente y quizá lo más importante es la falta de cultura de la legalidad que tenemos los mexicanos, que seguimos pensando que hacer justicia es encarcelar a alguien y que hemos equiparado los conceptos cárcel y justicia: un arreglo extrajudicial siempre será sospechoso y una pena que no sea la cárcel la consideramos incorrecta. Los partidos políticos, por poner un ejemplo, nunca hablan en sus campañas de hacer justicia, siempre de encarcelar (los 10 candidatos que participaron en el debate a gobernador en Nuevo León, por ejemplo, prometieron "cárcel a los corruptos", ninguno planteó una forma distinta de hacer justicia).

La impunidad es con mucho la peor de las enfermedades de este país. Es, en gran medida, el origen de la violencia, una de las causas más importantes de la concentración de la riqueza y de la falta de igualdad de oportunidades. Transformar, transparentar y fortalecer el poder judicial debería se prioridad en este país, pero claramente no lo es porque a las élites políticas y económicas no les conviene.

El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, urgió a mejorar el sistema de impartición de justicia en México para atacar el problema de la impunidad.

Y es que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, realizado por la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, de 59 países miembros de la ONU (de 193) de los que se pudo obtener información relacionada con la seguridad, la justicia y derechos humanos, México ocupa el 2o. lugar en el índice de impunidad.

Al presentar el IGI, el ex secretario de Relaciones Exteriores dijo que mientras el promedio de jueces en los países es de 17 juzgadores por cada 100,000 habitantes, México cuenta sólo con 4 jueces por cada 100,000 habitantes.

El rector de la UDLAP sostuvo que por mucho tiempo se ha pensado que el problema en los países es la corrupción, cuando la realidad es que el pilar de los problemas que aquejan a los países es la impunidad.

Asimismo señaló que los países con mayor impunidad son Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía, que tienen problemas estructurales en seguridad e impartición de justicia.

Hace 20 años, 500,000 usuarios del servicio eléctrico, descontentos por la derrota de López Obrador en las elecciones para gobernar Tabasco, decidieron, pura y simplemente, dejar de pagar la luz. Sí, señoras y señores: la "resistencia civil" se puede calcular también en pesos y centavos y, hechos los números, a los seguidores del candidato perdedor les pareció que la mejor manera de denunciar que Roberto Madrazo había gastado sumas exorbitantes en su campaña electoral era disfrutar de electricidad gratis. Digo, gratuita para ellos porque la factura la apoquinamos con nuestros impuestos el resto de los ciudadanos de este país (justamente, esto es algo que nunca logran entender los izquierdosos en su rabiosa exigencia de no pagar el costo de las cosas y en sus airadas reclamaciones de que el gobierno -que ellos imaginan como una suerte de ser superior perfectamente capaz de gastar dinero sin producirlo previamente- les regale pródigamente bienes y servicios; pues, aclarémosles a los estimados indignados de la nación que la plata no crece en macetas y que ese mismísimo gobierno al que suponen tan pródigo no tiene dinero propio sino que, aunque sea un pésimo e ineficiente e irresponsable administrador, sus arcas las llena con los impuestos que recibe de quienes, en vez de robar electricidad y exigir prebendas desmesuradas, cumplen calladamente con sus obligaciones fiscales).

El agujero provocado por los tabasqueños en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad es de casi 10,000 millones de pesos, señoras y señores. Ahora bien, que alguien venga y me explique cómo es que en Tabasco puedes dejar de pagar la luz -así nada más, a la torera, durante... ¡20 años!- mientras que en Aguascalientes, si te retrasas un día o 2 en cubrir el importe del recibo bimestral, llegan y te cortan el servicio sin mayores contemplaciones. ¿Es un tema de "usos y costumbres"? ¿Es una delicadísima cuestión "política", (dicho en el más deleznable y bajo sentido de la palabra)? ¿Los tabasqueños tienen más derechos que los hidrocálidos?

Desde sus primeras declaraciones a las autoridades que lo detuvieron, "La Tuta" confesó sin dudar su relación con Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo.

"La Tuta" aseguró que jamás tuvo contacto directo con el entonces mandatario Fausto Vallejo, sino que todo lo arreglaba con el hijo y con el secretario de Gobierno, Jesús Reyna.

De esta manera, Rodrigo Vallejo Mora fue uno de los operadores de élite que facilitó la entrega de un estado de la república a un cártel de la droga, acción que tuvo como consecuencia una oleada de muerte, violencia, pánico y crisis económica, de la que Michoacán aún no se repone.

Por eso no se entiende por qué la Procuraduría General de la República no endureció el caso contra Rodrigo Vallejo. La acusación fue sólo por el delito de encubrimiento, que en el expediente se sintetiza en que el joven no les contó que se había reunido con Servando Gómez Martínez "La Tuta" ni en dónde. Así que el sábado quedó en libertad bajo fianza pagando nomás 7,000 pesitos. No es descartable que con el mismo destino se beneficie el ex número 2 del gobierno estatal, Jesús Reyna, aún recluido.

La salida de la cárcel del hijo de Fausto Vallejo es una enorme señal de impunidad que sólo contribuye a un desánimo social que se profundiza por los pobres resultados económicos, los casos de corrupción, los escándalos de conflicto de interés y la inseguridad, presentes en el actual gobierno.

Y despierta a la sospecha de una liberación pactada de cara a las elecciones en Michoacán que releva mandatario estatal este 7 de junio: Fausto Vallejo sigue siendo la cabeza de un poderoso grupo político con capacidad para aportar votos. Él nunca fue imputado, a pesar de que resulta increíble que su hijo y su número 2 negociaran personalmente con el líder de Los Caballeros Templarios sin que el gobernador se enterara y avalara.

La 1a. sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por 4 votos contra uno, ordenar la liberación de 10 policías y una jefa de sección que se encontraban en proceso por la muerte de 12 personas, la mayoría jóvenes, en un operativo en la discoteca News Divine el 20 de junio de 2008. El ministro ponente, Artuto Zaldívar, presentó a sus colegas información suficiente como para considerar que los acusados no causaron realmente la muerte de esas 12 personas. Las órdenes de la policía eran establecer un muro humano de contención para evitar que escaparan unos jóvenes que estaban siendo detenidos y colocados en unos vehículos policiales.

El operativo policial tenía como propósito ostensible evitar que los jóvenes que acudían a esa discoteca para divertirse tomaran bebidas alcohólicas o drogas. El objetivo real detener y extorsionar a los jóvenes o a sus padres. Al final lo que ocurrió fue una tragedia.

El News Divine tenía bastante tiempo de operar con tardeadas para jóvenes. Tanto los empleados como los clientes afirman que el lugar era estricto y limpio. No se servía alcohol a los jóvenes. Grandes anuncios advertían que quienes compraran bebidas alcohólicas debían demostrar ser mayores de edad. Tampoco había un consumo de drogas por lo menos evidente.

La policía llegó cuando la fiesta estaba en su apogeo y dio instrucciones al gerente y socio Alfredo Amaya de apagar el sonido y ordenar el desalojo de los jóvenes, no por la puerta principal sino por una salida de emergencia. El gerente obedeció e hizo descender a los clientes por esa salida. En la puerta se encontraba un grupo de policías con instrucciones de detenerlos y colocarlos en unas Julias para transporte de presos.

Sin embargo, eran demasiados los jóvenes y pronto llenaron los vehículos. Se instruyó a la policía que cerrara la puerta en tanto llegaban más transportes. El negocio de extorsión se perdería si se permitía escapar a los jóvenes.

El negocio tomó un curso inesperado. Al cerrar la puerta, mientras los clientes seguían bajando por la escalera, se creó un cuello de botella. 10 jóvenes y 2 policías perdieron la vida asfixiados en esa trampa mortal.

Han pasado ya casi 7 años de la tragedia del News Divine. La estrategia de las autoridades capitalinas de culpar a inocentes parecía destinada a tener éxito. Quienes ordenaron la realización del operativo no han sido procesados. Sin embargo, los policías de bajo rango a los que se pretendió responsabilizar están siendo liberados por un fallo de la Suprema Corte de Justicia. El único castigado por este crimen de la autoridad es el gerente Amaya y los dueños del local. Si bien Amaya no ordenó el operativo, ni dio las instrucciones para cerrar la puerta de emergencia y crear el cuello de botella, a él se le echó la culpa.

Como ningún tribunal habría condenado a Amaya por homicidio, se le acusó de "perversión de menores". Aun cuando el lugar tenía reglas para no servir alcohol a menores, al parecer cuando menos 2 habían bebido alguna cerveza, no se sabe si en el lugar o antes de llegar a él. A Amaya primero se le condenó a 20 años de cárcel y después se le subió la pena a 29. El local fue confiscado por el Gobierno del Distrito Federal, supuestamente para crear un memorial en honor a los fallecidos.

El mejor memorial sería hacer justicia. Habría que definir quién la orden de hacer el operativo y quién ordenó que se cerrara la puerta de escape. Los que tomaron estas decisiones, además de ser responsables de extorsión y abuso de autoridad, son culpables de homicidio.

Alfredo Amaya debe ser liberado y considerado como lo que es: un simple chivo expiatorio. Miguel Ángel Mancera, el actual jefe de gobierno, le debe su posición actual a esa tragedia. La destitución de su predecesor por lo acontecido esa tarde-noche le permitió convertirse en procurador de la ciudad de México y empezar el camino que lo llevaría a la jefatura de gobierno. Por eso, quizá, tiene más responsabilidad moral para hacer justicia. Mancera, después de todo, no tiene nada que ocultar.

El grupo de anarquistas que tomó el pasado 8 de abril el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan de la UNAM, quemó archivos del área jurídica del plantel.

Cesare Beccaria escribió que "no es el monto de la pena lo que inhibe el delito, sino la certeza del castigo". Es verdad, el punto fundamental del combate a la corrupción y del saneamiento de nuestra vida pública consiste en poner fin a la impunidad.

El mayor incentivo para cometer un delito es la alta posibilidad de no recibir un castigo por infringir la norma o la ley. Con sus particularidades, esta reflexión vale desde una falta administrativa, como pasarse un alto, estacionarse en lugar prohibido o tirar basura en la vía pública, hasta asesinatos o secuestros.

En el tema de la corrupción, la impunidad adquiere mayor relevancia, porque los servidores públicos desde reyes, presidentes, primeros ministros, jueces o parlamentarios hasta el policía de crucero o el burócrata de ventanilla, representan a la autoridad y, por lo tanto, al Estado. Si uno de ellos es corrupto, la percepción resultante implica que todo el Estado es corrupto. Desde hace años, los países democráticos se han preocupado por combatir la corrupción como una forma de legitimación, para que ésta sea la excepción y no la regla.

El estado de derecho se construye con transparencia y mediante el combate a la impunidad. Pocas cosas corroen tanto a un sistema político como la ausencia de sanciones cuando la ley se quebranta.

La Secretaría de Salud Jalisco emitió un comunicado en que se confirma que la causa por la que se intoxicaron 31 personas en el poblado de Trejos, en Ixtlahuacán del Río, fue por la ingesta de alimentos con clenbuterol. Debido a esto, se dio aviso a la Sagarpa y a la Fiscalía del Estado para que tomen acciones al respecto.

Los gobernantes de Morelos siempre han utilizado la figura de Emiliano Zapata para justificar sus debilidades. La entidad está llena de estatuas, calles, municipios y escuelas con el nombre del revolucionario. Algunos historiadores nos dicen que, al contrario de lo que plantea el mito, Zapata en realidad creía en la propiedad privada. Parece lógico en un hijo de campesinos ya que la propiedad de la tierra es el bien más valioso para los campesinos en cualquier lugar del mundo.

El mito zapatista ha servido para permitir invasiones que han debilitado al extremo el derecho de propiedad en el estado. Hace algunos años un grupo de inversionistas me explicó que había decidido hacer una inversión industrial multimillonaria en Puebla porque había un mayor respeto a la propiedad en ese estado que en Morelos. Una de las razones principales de la pobreza de Morelos es, precisamente, la falta de respeto a los derechos de propiedad.

Un claro ejemplo es el Potrero de los García, en el poblado de Ahuatepec, en el norte de Cuernavaca. Se trata de un predio de 872,061 metros cuadrados invadido desde los años noventa. Ni los gobiernos priistas ni los panistas ni los perredistas se han atrevido a hacer nada.

En los años 90 un grupo de inversionistas promovió la construcción de una central de abasto y central camionera en ese terreno. La propuesta le fue presentada al entonces gobernador Antonio Riva Palacio, pero poco después se registró una invasión promovida o aceptada por el propio gobernador.

El predio era propiedad privada. En 1956 el propietario Timoteo Salas Montiel lo vendió a un grupo que incluía a Donald Stoner, Francisco Guerrero Farías, Paulina Valverde y José Gómez Guerrero en una transacción registrada y escriturada. Los terrenos fueron consolidados en una empresa llamada Terrenos Potrero que los ofreció como aportación al proyecto de la nueva central de abasto.

Los invasores originales provenían de la colonia Antonio Barona que ya antes habían invadido otro terreno, El Ensueño, de Donald Stoner. La invasión fue encabezada por el ya fallecido Ricardo Ocampo Millán, un "líder social" que, como otros en Morelos, se enriqueció vendiendo "certificados de posesión" a personas de escasos recursos con el sueño de adquirir una vivienda propia.

Como es habitual los líderes trataron de justificar la invasión afirmando que los terrenos son comunales. Este es el argumento favorito de quienes se dedican al despojo de terrenos. Distintas decisiones judiciales, sin embargo han ratificado la propiedad privada del predio.

La invasión ha tenido consecuencias negativas para todos. Nunca se pudo construir la central de abasto ni la central camionera que Cuernavaca necesita. Los inversionistas han recibido una vez más el mensaje de que el gobierno no tiene capacidad ni voluntad de evitar despojos. Las más de 10,000 personas que han ocupado el Potrero de los García no reciben servicios municipales. Los que tienen, como algunos que recientemente ha otorgado la Sedesol, son ilegales porque se están dando a invasores. En vez de tener drenaje, los habitantes hacen hoyos para depositar sus heces fecales. Esto significa que 1,825 toneladas de excremento son llevadas cada año por las lluvias a los mantos freáticos de Cuernavaca.

Lo ocurrido en Potrero de los García es indicio de lo mucho que pierde la sociedad cuando un gobierno promueve o acepta las invasiones. Los únicos que ganan son los líderes que se enriquecen vendiendo certificados de posesión. La sociedad pierde por la corrupción o cobardía de sus gobernantes ante la necesidad de defender el derecho de propiedad.

Para David Martínez Valadés, síndico procurador de Tixtla, Guerrero, ha faltado aplicar la ley contra los normalistas de Ayotzinapa. "Nosotros, el Ayuntamiento de Tixtla, hemos sido siempre muy respetuosos con los jóvenes... Creo que ha faltado un poco aplicar la ley por parte de la autoridad local. Es importante que el gobernador interino pudiera platicar con ellos. Lo que hacen ellos se ha salido de control , rebasa los límites de la gobernabilidad en nuestro estado".

Explicó que todo se inició cuando le informaron que había un enfrentamiento entre normalistas y policías en Tixtla, donde se asienta la Escuela Normal, después de que policías les quitaron a los estudiantes una pipa con combustible y un autobús.

Puntualizó que como el ayuntamiento está tomado por maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, "estábamos en reunión en una oficina alterna, llegaron los jóvenes, empezaron a golpear a policías, quemaron una patrulla y nos encerraron".

Los jóvenes además quemaron la única ambulancia municipal.

La intención de ellos era hacer un intercambio de los funcionarios detenidos por sus compañeros también detenidos después del 1er. enfrentamiento.

"Nunca se había dado esta situación", dijo David Martínez Valadés, quien sin embargo destacó que ya platicaron con los jóvenes y han llegado a "algunos acuerdos" para que situaciones como la que se suscitó el fin de semana no se repitan.

Normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con elementos de la policía estatal en el libramiento conocido como Sierras Prietas con dirección a Tixtla, municipio donde está ubicada la escuela.

De acuerdo a versiones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la presencia de los uniformados obedeció al reporte de robo de una pipa de combustible, que presuntamente había sido retenida por los estudiantes.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 de este sábado, y de acuerdo con los reportes policiales, durante el enfrentamiento, un elemento de apellido Rojas resultó lesionado cuando ellos trataban de que les entregaran la pipa de combustible.

Casi 2 horas después de estos hechos, fue quemada una patrulla de la policía municipal de Tixtla y una ambulancia en ese municipio.

"Los normalistas de Ayotzinapa llegaron y quemaron con bombas molotov la ambulancia y la patrulla; nosotros desconocemos por qué si el municipio siempre les ha brindado apoyo", dijo el síndico procurador de Tixtla, David Valadez. Explicó que ellos dieron orden a sus elementos que, de presentarse este tipo de circunstancias, no se confrontaran con los manifestantes, por eso es que no impidieron la acción.

Pese a los actos de violencia que no cesan, el gobernador de Guerrero, Salvador Ortega Martínez, descartó que estén en riesgo las elecciones del 7 de junio próximo en la entidad: "Todos los gobiernos estamos obligados a garantizar seguridad a la ciudadanía y a las instituciones electorales antes, durante y después del proceso; por supuesto que en condiciones especiales no podríamos permitir que un grupo reducido de ciudadanos intente complicar un derechos sagrado (?) y que le corresponde a la ciudadanía".

[Eso queremos ver: que los gobiernos empiecen a "garantizar la seguridad a la ciudadanía", cosa que nunca han hecho. - El webmaster.]

Hoy, cualquier persona que tenga un conflicto de cualquier índole contigo, con decisión y dinero te mete a la cárcel, sin que un juez te vea, te escuche, a ti y a tu abogado; sin oír las razones de la policía que te detuvo.

Imagínate que esta infamia la perpetra una persona para no pagarte una deuda. ¿Te platico qué sucederá cuando entren en vigor los juicios orales, en junio de 2016?

Me referiré sólo a algunos aspectos torales de la detención. La reforma establece que la policía, tras aprehender a una persona con motivo de una orden de aprehensión, debe poner “de inmediato” al acusado, a disposición de un juez de control, en vez de llevarlo a una cárcel y encerrarlo. Se celebrará una Audiencia Inicial, en la que este juez decidirá sobre la legalidad de la detención e inclusive recibirá pruebas relacionadas. Imagínate en los zapatos del acusado. Te puede suceder. En tal caso, tú y tu abogado tendrán derecho a recibir y revisar, antes de la celebración de la audiencia, los registros de la investigación (conducida por el Ministerio Público y la policía bajo su mando) y las pruebas que se vayan a presentar en tu contra. Esto te dará la oportunidad de analizarlas, para poder defenderte ante el juez. La audiencia será pública. Personal técnico del juzgado la videograbará íntegramente. En ella las partes y abogados harán uso de la palabra. Familiares, amigos y los medios podrán estar presentes. El juez decidirá dentro de las primeras 72 horas a partir de que seas puesto a su disposición (o su duplo, si tú lo solicitas), si hay elementos para retenerte en prisión preventiva o si puedes seguir tu proceso en libertad.

Estos aspectos de la reforma se han obtenido con "sangre, sudor y lágrimas" de la ciudadanía cansada de injusticias; pero hoy urge dar una voz de alarma: recientemente el Senado aprobó una minuta cuyo propósito es enmendar la reforma, para que las pruebas se rindan, no ante el juez, sino ante el Ministerio Público u otra persona que informe al juez. Esto es absurdo y se antoja mal intencionado. De aprobarse, se dará un paso atrás en la necesaria presencia y cercanía del juez a las pruebas. Se trata de una pirueta de regreso al pasado, al negarse al juez ejercer su más elemental función: ver, presenciar y ponderar las pruebas. Además, se le dará al Ministerio Público (temible presencia que la reforma intenta mejorar), la posibilidad de presionar la eliminación de algunas o todas las pruebas.

Ya basta de que quienes desean detener el avance del país para beneficio propio se salgan con la suya. Que le den entrada a la injusticia y la componenda. Evitemos que de nuevo nos manden al rincón de los apestados. ¿O qué? ¿Quieres que toda persona con la que tengas un conflicto, te pueda meter a la cárcel? ¿Inclusive, para no pagarte lo que te debe? No lloremos después, lo que no quisimos defender hoy.

El aviso de un delito por cometer, con fecha, hora y lugar, exige de la autoridad, por ley, por juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, su prevención cuando haya motivos suficientes para pensar que el delincuente no está alardeando y tiene interés y fuerza para cumplir la amenaza. Es el caso de la abominable sección 22 de la CNTE que ha impuesto el terror en la antes bella ciudad de Oaxaca: incendio de edificios públicos, destrucción de patrimonio heredado de siglos pasados, escuelas públicas cerradas y privatizadas como riqueza que ya pertenece a la CNTE.

No actuar es delito, el de omisión, por parte de las autoridades de los 3 niveles.

El ciudadano no tiene por qué arriesgar la vida o la integridad por salir a ejercer su derecho -y obligación- de votar para elegir a quienes desea que lo representen, sin aceptar a quienes se autonombran "representantes del pueblo", como ya hacen en la UNAM los nunca elegidos Comités de Lucha, verdugos de la democracia estudiantil.

Para que haya elecciones donde está anunciado el uso de la fuerza de los pocos y así los muchos no corran peligro, debe hacerse una campaña preventiva que comienza por la detención de los enemigos del voto, los que desean imponer en sus estados la desaparición de poderes definida en el Artículo 76 de la Constitución.

A eso van para luego correr gimoteando a la ONU que el Senado les niega su calidad de representantes, la que nunca han ganado en las urnas.

Alrededor de mil productores de leche bloquearon la carretera a Chapala, a la altura del Álamo, para exigir al gobierno estatal un "pago justo" por su producto, además de anunciar que la venta de este alimento se ve afectada por la importación de leche en polvo al país. Además, los productores regalaron cerca de 5,000 litros de leche en protesta simbólica, que duró cerca de 2 horas y provocó caos vial y malestar entre los automovilistas.

Un grupo de taxistas del sitio de la Fuente de Cibeles, en la colonia Roma de la ciudad de México, atacó con bates un auto de Uber con pasajero y conductor dentro este fin de semana. Las víctimas han presentado denuncia, pero la procuraduría capitalina no ha hecho nada hasta el momento. Supongo que esperarán a que haya muertos.

Tiene razón el secretario de Gobernación cuando afirma que las elecciones son un mandato ineludible.

Sin embargo, en el Estado de Guerrero hay grupos a los cuales los mandatos ni les afectan ni les perjudican, sino por el contrario, viven para hacerlos cumplir, siempre y cuando existan las famosas prebendas políticas para su grupo, donde poco o nada tiene que ver la mayoría de la población ni las elecciones y menos el Estado de Derecho.

Grupos sociales como la CETEG han hecho que los políticos de Guerrero de todos los partidos se replieguen por miedo, incapacidad o franca complicidad con ellos. No es casual que esta misma semana, entrando en clima electoral, ofrezcan -producto de "su lucha social"- pagar salarios que datan desde la administración de René Juárez Cisneros vía un acuerdo con las autoridades locales y federales. Con esta acción, uno de los frentes para hacer posible la elección, podría estar siendo zanjado.

Felipe de la Cruz dice que él no permitirá elecciones democráticas en el estado de Guerrero. Es el vocero de los padres de los 43 normalistas asesinados, sin hijo alguno muerto. Y puede impedir por la fuerza la elección porque comanda a varios cientos de golpeadores que ya han acosado a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral hasta llevarlos a hacer clandestinas sus reuniones porque no hay en Guerrero fuerza púbica ni gobierno que defienda las instalaciones del INE en las que deberían sesionar libremente los organizadores de la democracia.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue claro: Habrá elecciones aunque sea necesario llamar a la fuerza pública. Correcto. Pero, ¿qué ciudadano se atreverá a salir a votar ante el riesgo de violencia que, como lo han demostrado los miembros de la Ceteg y sus grupos pro guerrilla aliados, puede acabar a balazos y muertos?

Con muy poca gente se puede trabar la maquinaria democrática. ¿Y si no hay elecciones? No habrá gobernador ni renovación del Congreso de Guerrero. Una irrefutable desaparición de poderes. Se aplica la Constitución y los poderes federales toman a su cargo el estado sin ejecutivo ni legislativo.

El partido más dañado será Morena, que tiene buena parte de sus fuerzas en los mismos estados donde el PRI triunfa: los de menor escolaridad promedio, mayor índice de analfabetismo, peores índices de violencia y economía paralizada: uno es Guerrero. A quien menos conviene la cancelación de elecciones en ese estado es al autoproclamado candidato a la Presidencia para el 2018, López Obrador.

Por eso creo que los padres, de gira por EU, le bajarán de huevos y Guerrero tendrá casillas instaladas y votación baja pero suficiente para no declarar nula la elección.

Durante un día completo miles de personas quedaron varadas en Escuintla, Chiapas, en un bloqueo carretero. Las víctimas no tuvieron acceso a agua, alimentos o instalaciones sanitarias. Como es costumbre, ni el gobierno chiapaneco de Manuel Velasco ni el federal se atrevieron a intervenir. La CNDH no quiso tampoco tomar la denuncia de una de las víctimas.

El INE no podrá garantizar los comicios y la seguridad, ni los mismos se podrán realizar en Oaxaca y Guerrero con certidumbre y seguridad si antes los gobiernos, los locales y el federal, no adoptan las medidas imprescindibles para garantizarlo. ¿De qué servirán las declaraciones o la buena intención de la junta local del INE de tratar de instalar las casillas, incluso en sus direcciones alternativas, si estos grupos toman, cuando quieren, instalaciones públicas, carreteras, negocios privados? ¿Alguien cree que con direcciones alternativas para las casillas o con custodias federales se garantizará que los comicios se lleven a cabo o que no se ejerza violencia contra la ciudadanía o algún candidato?

La realización de las elecciones está en riesgo en esas 2 entidades y sobre todo en Guerrero, no porque el Estado no pueda garantizar los comicios, sino porque, para hacerlo, se requieren muchas medidas adicionales que no se están adoptando. El gobernador Rogelio Ortega no ha tomado, hasta hoy, ninguna medida que permita garantizar con certidumbre las elecciones. Hay muchas declaraciones, muchos actos públicos, pero lo cierto es que si hoy fueran los comicios, según ha reconocido el propio gobernador, la CETEG tendría controladas, e impediría la instalación, de cerca del 60% de las casillas.

Se debe insistir en un punto: si no se pueden realizar elecciones, si no se puede garantizar que la gente vote y elija a sus autoridades, un derecho inalienable, la única alternativa es desaparecer poderes en el estado, para reconstruir, desde arriba las instituciones y garantizar la seguridad.

¿Cómo abrir el sistema educativo, apostar a la tolerancia, a la critica dura y propositiva con grupos que le ponen a las autoridades, y a la gente, un revólver en la sien a la hora de negociar?

Una manifestación de la recién constituida Federación de Familiares de Choferes Ausentes (FEFACHOFA) recorrió ayer el centro de Tixtla, Guerrero, rumbo a la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa cuyos accesos procedieron a bloquear con tiendas de campaña y comales.

Los manifestantes dijeron que no levantarán su bloqueo hasta que la autoridad los reciba y cumpla la demanda de su pliego petitorio: liberación inmediata de los choferes y sus unidades. "De aquí no nos vamos a mover hasta que se nos haga justicia", dijeron los manifestantes.

La máxima autoridad de la normal -la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM)- dijo que se trata de una campaña orquestada para desestabilizar el proceso desestabilizador."“Son unos cuantos vándalos a sueldo de intereses oscuros y no vamos a ceder a sus presiones y además cuéntelos: son nomás como 50".

Desde hace mucho, cuando la máxima autoridad de los normalistas desea trasladarse a algún sitio, detiene autobuses y baja a los pasajeros. Como la orden que tienen los choferes es la de cuidar sus unidades, obedecen a la autoridad, la trasladan a donde ordene y luego la llevan de regreso a la normal, donde el chofer y su unidad quedan a disposición de dicha autoridad.

"Es que no hay derecho", dijo la señora Karina Canseco de Molina, mientras levantaba su tienda de campaña. "Va para un mes que no veo mi esposo", subrayó mientras le sonaba los mocos a Jovany y a Maikol, de 6 y 4 años. "Sus pobres hijitos extrañan mucho a su papá y tienen hambre porque sólo comen chilacayotes".

Abundio Martínez, de 72 años, vino desde Guadalajara a buscar a su hijo porque necesita su firma en un poder notarial para tramitar la venta de su coche y pagar una operación que hay que hacerle a su mamacita. "Y pues como no hay señales de que vaya a regresar pronto mi hijo, tuve que venir para traérselos. Ojalá que la máxima autoridad me deje verlo".

Los choferes detenidos en Ayotzinapa son noticia mundial desde que la revista Proceso publicó un reportaje el 28 de noviembre de 2014 (http://www.proceso.com.mx/?p=389403). Esa noticia decía: "Unos 30 choferes de autobuses aseguran que desde hace varias semanas viven en las instalaciones de la Normal Rural tras ser retenidos por los estudiantes".

El vocero de la máxima autoridad, Omar García, declaró que "sí perjudicamos a los choferes porque no pueden irse ni mantener a sus familias, pero sostuvo que no tienen opción porque los normalistas no saben conducir ni dar mantenimiento a vehículos tan grandes".

Pero la autoridad niega que estén secuestrados. "Ellos pueden salir a pasear o a bañarse en la alberca", dijo. "Pues sí", dijo un chofer, "pero también los presos en una cárcel tienen derecho a salir al patio y no por eso son libres". Otro chofer, que se reservó su nombre por temor a represalias, dijo que llevaba un mes ahí. "Los estudiantes nos gritan y nos intimidan y nos obligan a estar a su disposición para manejar a donde ellos deciden", agregó.

Los manifestantes de la FEFACHOFA no han recibido muestras de solidaridad de innumerables ONG, ni universitarios, frentes o agrupaciones, ni movimientos nacionales ni internacionales ni de famosa escritora alguna. La única otra organización que se le ha acercado es Mamá de Gonzalo Rivas (MAGORI), el empleado de la gasolinera de Chilpancingo que murió quemado por la autoridad en 2013, y que tiene la desventaja de contar con un sólo miembro que a nadie le importa un bledo.

La liberación la semana pasada de 37 personas que protagonizaron un enfrentamiento en La Ruana, Michoacán, en donde murieron 11 personas el 16 de diciembre, Michoacán, no es un buen precedente legal.

El lunes pasado, un magistrado estatal liberó a Hipólito Mora y 26 personas más al considerar que actuaron en legítima defensa en el tiroteo. Sin embargo, un día después hicieron lo mismo con el grupo de Luis Antonio Torres, "El Americano" bajo el mismo argumento.

De acuerdo con el maestro Francisco Jiménez Reynoso, de la división de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, estos hechos sientan un precedente muy delicado a nivel nacional con esta resolución.

Incluso afirma que una de las posibles consecuencias, es que otros juzgadores se cuelguen de esos criterios para liberar a criminales peligrosos.

El especialista en derecho penal, Marco Antonio Cuevas Contreras, coincide en que la liberación de ambos grupos es ilegal. "Hay muertos, 5 de un lado y 6 del otro y no pueden coexistir 2 legítimas defensas, tendrían que existir una legítima defensa y una agresión ilegal de otro grupo".

Sin embargo, reconoció que la liberación pudo ordenarse debido a la falta de pruebas, pues la escena del crimen fue alterada. "La escena del crimen fue prácticamente limpiada: los cadáveres no presentaban ninguna esquirla, ningún proyectil que pudiera relacionarse con un arma de fuego; ninguno de los grupos entregó armas después del hecho, ni se les aseguraron ningunas armas".

Cuevas Contreras no cree que el caso siente un precedente, aunque reconoce que poco abona a la justicia "porque nos están dejando sin explicación el crimen de 11 personas".

Resulta que para que todo eso funcione debe funcionar un principio fundamental: la justicia. Es la única baza que pueden jugar sociedad y gobiernos para encontrar un punto de apoyo común. Y la justicia debe ir más allá de los acuerdos políticos. Hay muchos ejemplos que llevan a que la gente descrea de la justicia o que piense que ella es sólo un factor instrumental, que se negocia.

Uno clarísimo es la liberación de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres acompañados de todos los miembros de autodefensas de ambos grupos, y que estaban acusado del enfrentamiento en el que murieron 11 personas, entre ellas un hijo de Mora. Los estudios periciales demostraron que todos los detenidos habían utilizado armas, que los muertos eran de ambos bandos y que incluso, algunos de ellos, tenían hasta un tiro de gracia. Pues bien, un tribunal michoacano (lo mismo que ocurrió años atrás con el michoacanazo) decidió que todos quedaban en libertad porque todos "actuaron en legítima defensa".

¿Cómo puede ser que 2 grupos que se están enfrentando a tiros, que provocan once muertes, estén actuando, al mismo tiempo y simultáneamente en legítima defensa? Hasta el sólo enunciado ofende la inteligencia. El procurador del estado, José Martín Godoy Castro, fue aún más allá y dijo que el caso estaba cerrado, que la Procuraduría se había quedado sin recursos para impugnar porque "lo que hizo el magistrado fue hacer un razonamiento de fondo donde analiza criterios sociológicos, aspectos de derechos humanos aplicados por cortes internacionales".

¿Qué tienen que ver esto con los derechos humanos o las cortes internacionales? Aquí lo que hubo fue que 2 bandas ilegalmente armadas se enfrentaron entre sí por el control de un cruce de caminos donde ambos querían colocar, de manera también ilegal, un retén. Ahí murieron 11 personas. Un día después, por las protestas derivadas de la detención de estos personajes, hubo otro enfrentamiento, éste en Apatzingan, donde incluso se emboscó a la Policía Federal y hubo otros 7 muertos, y un veintena de detenidos. Hoy todos, los del enfrentamiento en La Ruana y los de la emboscada en Apatzingán, están libres. En el camino quedaron 18 personas muertas, muchas familias con ansias de vengarse y uno de los responsables de esas muertes (víctima también por la muerte de su hijo) Hipólito Mora, con una candidatura para diputado federal otorgada por Movimiento Ciudadano.

Algo similar sucede cuando cualquier pobre diablo termina en la cárcel porque se robó unos tenis, pero los grupos que roban, secuestran, extorsionan, bloquean, hasta matan y vulneran el derecho a la educación de los niños o simplemente los derechos más elementales de cualquier ciudadano, quedan impunes y en muchas ocasiones son premiados porque argumentan razones políticas. Delinquir individualmente es un delito, hacerlo con una coartada política detrás es parte de una expresión social que no puede ser castigada. Siempre habrá un juez que arguya "criterios sociológicos, aspectos de derechos humanos aplicados por cortes internacionales" para que nadie sea castigado.

Ante las oscilaciones de la autoridad, de los partidos y los legisladores, otras instancias, públicas y privadas han hecho oír su voz en favor de una legislación sin cortapisas que pueda luego sin cortapisas aplicarse. No es asunto fácil, ya que con frecuencia también ocurre en estas otras instancias una singular escalada de corrupción a la cual se está tan acostumbrado que ya ni lo advierten, razón por la cual denuncian la corrupción ajena ignorando la propia.

Darse razones para apropiarse de lo ajeno, juzgar y condenar en ausencia del afectado, ocupar puestos y cargos sin tener el perfil que éstos requieren, devengar ganancias sin desquitarlas, hacer política rastrera, discriminar y marginar a las personas, alterar precios y medidas, obtener materias primas por caminos sinuosos, apoyarse en mercadotecnias engañosas, bloquear al competidor de manera deshonesta, impedir la promoción de las personas honorables y capaces, o promover a capaces e incapaces a cambio de apoyos, estar siempre inventando nuevas formas de soborno o caer en los chantajes más ominosos, no son prácticas exclusivas del gobierno en sus diversos niveles y poderes, se pueden ver hasta en los más proféticos defensores de la verdad y la justicia.

No obstante, cuando una nación como la nuestra ha hecho de la corrupción un estilo de vida del cual pocos escapan, el esfuerzo requerido para cambiar el sistema debe ser colosal y sostenido, y ha de partir de un punto fundamental: reformar el sistema de impartición de justicia y aplicar a este empeño todas las energías y recursos, es ahí donde debe librarse la verdadera guerra y la más radical, sin necesidad de estar exponiendo al ejército nacional a la inútil tarea de mantener el orden en un país sin justicia.

Asesinatos políticos y vinculación de políticos con el crimen organizado han marcado el último año en Guerrero. La falta de una acción decisiva y terminante en contra de los caciques relacionados a crímenes ha provocado la externalidad mortal que se vive en el estado, y dejado a las autoridades electorales sin saber qué hacer. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, se revuelve en contradicciones que lo dibujan atolondrado. El 12 de diciembre pasado dijo que sí habría elecciones en Guerrero; el 16 de enero reconoció que no había condiciones logísticas y de seguridad para celebrarlas; el 6 de febrero dijo que siempre sí habría elecciones.

Eso no es posible. El reclutamiento que hizo a finales de diciembre de funcionarios electorales fue un fracaso. En casi 30% de los distritos no consiguió funcionarios de casilla para la elección, por lo que no se podrán instalar casillas ni urnas. La anulación de una elección se produce cuando no se puede instalar 20% de las casillas electorales. Las autoridades electorales estiman que en 2 de los 8 distritos no podría haber elecciones hoy en día, y el miércoles la presidenta del Consejo Distrital 7, Leonor Vélez, identificó a Chilpancingo y Tixtla como los municipios sin posibilidades de tener elección.

Los 2 municipios tuvieron una votación de aproximadamente 9% del total de votos en la anterior elección de gobernador, pero Chilpancingo, que significa el 8% del voto estatal, junto con Acapulco, que representa alrededor del 12% del total, son los municipios donde no se pudieron reclutar funcionarios electorales. Son, asimismo, donde la disidencia magisterial -la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero- se moviliza y realiza actos de violencia para descarrilar la elección, sin que haya autoridad federal o estatal -que es ornamental-, que la frene.

Por el contrario. El gobernador interino Rogelio Ortega es un títere de las circunstancias, y el gobierno federal ha tirado millones de pesos para comprar permiso a la CETEG para realizar las elecciones. Para efectos prácticos, le dio financiamiento de facto para descarrilar la elección, porque lo único que lo impediría, hasta ahora, es que se derogue la Reforma Educativa. Héctor Duarte, un politólogo, reveló que la partida de sueldos a los maestros de Guerrero había alcanzado niveles superiores al 500% de los recursos que recauda el estado. "Los maestros... como otros grupos han asimilado que la movilización y las afectaciones a terceros son las mejores formas de obtener concesiones del gobierno y que la inconformidad que provoca una tragedia como la de Ayotzinapa puede ser utilizada para conseguir réditos políticos y económicos", escribió.

Caso inédito en la historia de la justicia mundial. Enfrentamiento en La Ruana entre autodefensas deja 11 personas muertas. La Justicia libera a todos los detenidos. Dice que todos actuaron en legítima defensa. ¿11 muertos y todos nomás se defendieron? ¡Plop!

El relator especial de la ONU, Juan Méndez, presentó hoy las conclusiones de una visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del año pasado. Según Méndez, México ha dado pasos normativos para establecer salvaguardias contra la tortura, pero el problema en la práctica sigue siendo "generalizado", debido a la impunidad imperante. "La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento", alertó.

Por eso, recomendó a las autoridades "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad" y enviar "enérgicos mensajes públicos" a todos los funcionarios de que toda tortura y maltrato será "seriamente investigado y castigado".

El documento detalla que la tortura y malos tratos, incluida la de tipo sexual, ocurren en México en los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de un juez. "Generalmente, la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces", denunció.

Méndez concluye en su informe que el derecho a la reparación integral de las víctimas es "ilusorio" y que el alto número de denuncias y testimonios recogidos "no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad".

Ricardo Salinas Pliego recordó la sentencia popular realista que dice: "en los países desarrollados las leyes son flexibles y de aplicación rigurosa, y en Latinoamérica las leyes son rigurosas de aplicación flexible". Eso abre las puertas y facilita la corrupción, lo que es una enfermedad mortal y un enorme precipicio que impide el paso al progreso, hay desánimo en el pueblo y falta de entusiasmo. Pidió claramente a las autoridades hacer más flexibles las leyes que permitan a los jóvenes y a los empresarios iniciar sus propios negocios.

También destacó la necesidad de crear empresas y empresarios, México es un pueblo creativo, sí pero es muy creativo para evadir el cumplimiento de las leyes.

En el Estado de Jalisco, en el año de 2008, teníamos más de 400 legislaciones, la Constitución a nuestros días, en sus 119 artículos, se ha modificado en más de 500 ocasiones. Respecto al nivel federal, en el año de 2008, contábamos con 252 legislaciones y ahora suman cerca de 300; asimismo, la Constitución de la república suma un total de 1,196 reformas a sus 136 artículos, habiéndose modificado 109, más las reformas a los artículos transitorios, fe de erratas y aclaraciones, hacen dicho total.

Todo parece indicar que la relación entre jueces y el ejecutivo [estatal] no atraviesa su mejor momento; se sabe que hay inconformidad entre los titulares de los juzgados en la manera en que algunos casos son tratados por la Fiscalía, que derivan en la liberación de presuntos, en tanto que la Fiscalía se queja de integrar correctamente la averiguación y culpa al criterio de los jueces para liberar a los detenidos. Ayer el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que la mayoría de los jueces hacen su trabajo de manera honesta, peeeeero les preocupa el actuar de los juzgadores en "algunos casos y los estamos documentando donde se ha dejado en libertad a secuestradores de alta peligrosidad, a miembros del crimen organizado, que regresan a sus municipios a trabajar en lo mismo, es decir, a operar de manera delictiva y es no solamente jueces locales sino jueces federales" ¡Sopas!

México en la madrugada. Giratorias luces azules marcan un alto que, desde luego, ya se vuelve amargo. Dos gendarmes abotagados y con facciones imprecisas e intercambiables comienzan un interrogatorio circular, obsesivo, idiota. Luego entrecruzan entre ellos -como abismales comediantes- frases de inteligencia, claves, observaciones dudosas, risitas torcidas. El gordo y el gordo tienen a lo que parece muy hecho su juego de "policía bueno-policía malo". Invocan ignotas reglas de un reglamento delirante, preguntan datos absolutamente impertinentes, hacen pesquisas cuya astucia es oligofrénica, ensayan la intimidación hosca y la zalema servil, se declaran, muy ufanos, los amos de todos esos barrios nocturnos. Al final, zanjan el asunto con una orden que unifica sus cataduras de doble cacique gordo de Zempoala: quieren, sobre todo, y ahora mismo, dinero, so pena de ir a dar a la consabida delegación. Para entonces queda más que patente su función meramente extorsionadora; simplemente, aderezan su actuación con barrocas expresiones y balbuceos incomprensibles. Bien se sabe que igual estarían negociando un secuestro express, una mochada en cualquier escritorio grasiento de una dependencia oficial, un botín en un asalto. Al final, los emisarios de la abyección aceptan irse, seguir viendo a quién atracan de nuevo, tratando de ver si rompen su propio récord de canalladas perpetradas a nombre de la ciudad en un solo turno. El Ángel, interperrito, ve pasar.

La crítica a México que realizara el multimillonario Donald J.Trump al recomendar no hacer negocios en México, debe hacernos reflexionar, ya que fuera de las contestaciones al fin chuscas que realizarán Slim o Derbez, nos debe dar pena la corrupción judicial que impera en México y que este personaje denuncia. En Jalisco sólo como muestra habrá que ver resoluciones de 2 Mafiaestrados de la Quinta Sala, con sus hijos incrustados además en la nómina del Consejo de la Judicatura, privilegio obtenido a cambio de su voto en alguna elección. Urge erradicar la alta corrupción en nuestro sistema judicial.

El secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Rocca, manifestó: "¡Basta de violencia! No queremos más muertos. ¡Carajo! No puede ser que las cosas caminen de esa manera. Sí, hubo excesos en la policía, también excesos del otro lado. La policía se supone que es el monopolio de la violencia legítima, ¿no?".

Convocó a los miembros de la Ceteg a no cometer actos vandálicos que atentan contra la gente, que está de acuerdo con que se haga justicia por la desparición de los normalistas de Ayotzinapa.

"En lo que no está de acuerdo la gente es en que anden rompiendo vidrios, que anden saboteando, pongo un ejemplo: toman las casetas para golpear a los hoteleros. No golpean a los hoteleros, los hoteleros son redes internacionales multimillonarias. A quienes golpean es a los meseros que viven de la propina. A quien golpean es a la gente pobre que vende cocos, cuando hay puentes va a vender cocos a la costera. A la gente pobre es a la que terminan jodiendo".

Al cumplirse 5 meses de la desparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, jornada de marchas, bloqueos de carreteras y tomas de ayuntamientos en Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Durante 2 horas y media, el contingente de maestros marchó sobre la principal arteria turística de Acapulco, provocando serias afectaciones a la circulación. A su paso arrancaron mantas de los comercios en las que se leía: "En Acapulco necesitamos turismo y empleos. No marchas ni bloqueos".

Más tarde colocaron mantas en las que desconocían al dirigente de la Ceteg, Ramón Reyes.

En Chiapas, maestros y organizaciones sociales bloquearon la carretera internacional. Con palos, piedras y machetes demandaron la derogación de la reforma educativa, la aparición con vida de los normalistas y el esclarecimiento de la muerte de Claudio Castillo.

En Michoacán integrantes de la sección 18 de la CNTE tomaron 90 de las 113 alcaldías de la entidad y cerraron la sede de la Secretaría de Educación.

En Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal hubo protestas ayer por la muerte de un maestro jubilado. Mientras la CETEG afirma que Claudio Castillo Peña murió por los golpes de la Policía Federal en el desalojo del martes por la noche, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que el hombre de 65 años presenta perforación en los pulmones y traumatismo severo en el tórax, quizá por un atropellamiento, por lo que creen que fue lejos del enfrentamiento.

Era un secreto a voces y la amenaza se dio días antes al 24 de febrero. Los maestros de la CETEG se trasladaron al boulevard de Las Naciones en la zona Diamante de Acapulco y marcharían en dirección al Aeropuerto Internacional del puerto.

Cumplieron, y ante la negativa de levantar el bloqueo en inconformidad hubo un enfrentamiento. Las horas fueron tensas todo el 24 de febrero. La gente no sabía a qué hora tomarían esta zona del destino turístico, la única certeza que había es que lo cumplirían.

Fue en la tarde que comenzó el caos vial, incluso, para dejar pasar a los vecinos de esta zona, comentó uno de éstos sin dar su nombre, los maestros les cobraron 20 pesos.

Ayer los docentes bloquearon la Autopista del Sol durante 2 horas y bajo advertencia de un nuevo desalojo. Los maestros se retiraron ante la indicación de la Policía Federal.

El jueves cuando concluía la celebración del Día del Ejército en Chilpancingo, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos atacaron con cohetones (es una simplificación calificarlos así: se trata de explosivos caseros, como se puede ver en los videos de prensa, que se lanzan con armas también artesanales pero que pueden hacer daños muy graves sobre todo si pegan a alguna persona) y molotovs, piedras y lo que tuvieron a su alcance, un cuartel militar en la capital del estado. Cuando llegaron hacía unos minutos que había concluido la ceremonia que encabezó, es un decir, el gobernador (otro decir) Rogelio Ortega. Durante todo el ataque, que se prolongó durante muy largos minutos, no intervino ninguna autoridad para detener las acciones vandálicas.

La Coca Cola se irá de Chilpancingo aunque sea temporalmente, y la seguirán muchas otras empresas, tantas como las que no llegarán a Guerrero si las autoridades no deciden acabar con actos que, como lo demostró el ataque al cuartel el jueves pasado, van más allá de cualquier reivindicación social.

"Más de 200 camiones de la empresa Coca Cola Femsa han sido afectados por saqueos o robos" en Guerrero, afirmó la Coparmex, que estimó que habría casi 2,000 empleos menos si la refresquera decide cerra su Centro de Distribución en la capital de Guerrero.

La Coparmex recordó que otras empresas ya han cerrado sus puertas, como la sueca Volvo. "Hay despidos laborales, sabemos de ataques a centros comerciales, cerveceras, empresas de productos lácteos, frituras, pan", afirmó Jaime Nava, presidente de Coparmex Chilpancingo.

"Según cifras que hemos cotejado, las pérdidas son millonarias y el recuento apunta a cerca de 800 millones de pesos de septiembre a la fecha, pero en realidad son mayores".

Nava Romero agregó que las empresas han optado por nuevas estrategia de reparto, por ejemplo, trasladan su producto en unidades particulares para evitar el riesgo de exponer a sus trabajadores y el producto, por lo que la situación en la entidad es cada vez más grave.

Ayer la Confederación de Trabajadores de México expresó su preocupación por la decisión de Coca Cola, pero reconoció que lo importante essalvaguardar la integridad de los trabajadores y los productos.

Al Gobierno de Jalisco le adeudan 182 millones de pesos por concepto de refrendo correspondiente a 2014. Esto quiere decir que al menos 400,000 vehículos circulan sin el holograma.

Podemos decir que en materia de corrupción hay 2 tipos de países: los que castigan la corrupción y los que la toleran. Es decir, el problema de la corrupción en México es un asunto institucional, una consecuencia de nuestro muy particular entramado jurídico que provoca que la impunidad sea la norma y los privilegios de unos pocos se mantengan por encima del Estado de Derecho. La corrupción sólo desaparecerá cuando el político o el ciudadano común y corriente sepan que hay una alta probabilidad de ser castigado al cometer un acto de corrupción. Hay que recordar el Modelo Simple de Crimen Racional de Gary Becker: el delincuente hace un cálculo racional de costo-beneficio antes de cometer un crimen. Si los niveles de impunidad son altos, o las penas son muy bajas comparados con la rentabilidad de violar la ley, hay una gran probabilidad de que el delito se cometa. Es lo mismo con la corrupción, no tiene que ver con cultura o genes, tiene que ver con impunidad y el cálculo que hacen los políticos y los ciudadanos de la poca factibilidad de que un acto de corrupción sea castigado.

La impunidad es el contexto que permite que la corrupción florezca. Si hacemos un simple cruce de datos entre corrupción e impunidad, veremos que la 1a. es casi siempre consecuencia de la 2a.

La diferencia entre Suecia y México, es que el corrupto en Suecia tiene una amplia posibilidad de pagar severamente por la corrupción, mientras que en México el corrupto seguramente se saldrá con la suya e incentivará al resto a actuar de la misma manera. No son nuestros genes, ni nuestra cotidianeidad, sino una serie de instituciones que generan incentivos a favor de la corrupción a través de nuestros escandalosos niveles de impunidad. ¿Y es que quién va a creer en la ley si solamente 2 de cada 100 casos de corrupción podrían obtener un castigo? ¿Para qué seguir las normas caras y burocráticas si siempre va a ser más barato darles la vuelta?

La empresa Coca-Cola informó que dejará de repartir sus productos en la capital de Guerrero, debido a la falta de garantías para realizar su labor.

El miércoles un grupo de representantes de empresas globales le informó al presidente Peña que realizará este año inversiones por 11,000 millones de dólares. En contraparte le pidieron al presidente que se garantizara el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Esa misma noche, en Chilpancingo, maestros de la CETEG, secuestraron a 2 ejecutivos de Coca Cola y los canjearon por 3 normalistas que habían sido detenidos acusados de robo. No fue algo improvisado: el canje se realizó con el beneplácito de las autoridades y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, fungió como testigo.

Los normalistas había sido detenidos un día antes, cuando saqueaban un camión de la refresquera. Los miembros de la CETEG, que en los hechos manejan las normales rurales, fueron a la planta refresquera, tomaron las instalaciones supuestamente para dialogar, pero en realidad secuestraron a 2 ejecutivos, se los llevaron, los mantuvieron retenidos en el plantón de la Coordinadora en el Zócalo de Chilpancingo y como rescate pidieron que se liberara a los jóvenes que habían robado el camión. Para eso se exigió que la empresa levantara la denuncia. Con el visto bueno de las autoridades, la empresa levantó la denuncia, y los jóvenes vándalos fueron canjeados por los empresarios. Ese fue el pago del rescate.

¿Cómo puede ser posible? ¿Qué gran empresa estará decidida a invertir en una ciudad, un estado, un país, donde se secuestra ejecutivos para canjearlos por ladrones? ¿A qué se dedica el Gobierno de Guerrero cuya mayor preocupación, después de que se dieron estos hechos, fue garantizarle a la CETEG que no tenían ninguna intención de desalojar su campamento en el Zócalo de la capital del estado? Es vergonzoso.

Es momento de tratar de hacer un análisis objetivo del porqué el país está roto, del porqué las instituciones del Estado están fallando en sus tareas fundamentales de procurar bienestar, salud, educación y sobre todo justicia.

País roto porque por un lado va el discurso de los distintos gobiernos, y por otro la realidad de impunidad, desigualdad y marginación.

El país está roto porque mientras más leyes tengamos, menos se cumplen. México es un país en el que no se aplican ni las menores ni las mayores, por lo que el 1er. y principal problema es la falta de un Estado de Derecho.

Si hubiese una ley que obligara a cumplir las leyes, no se cumpliría porque no sabemos cumplir las leyes.

Se discute ahora la posibilidad de contar con un sistema de leyes anticorrupción que ponga fin al doloroso y agraviante saqueo habitual de nuestros políticos y gobernantes. Pero en este contexto... ¿Qué sentido tiene si no se va aplicar?

Ahora que vemos las campañas que obligadamente proponen un país mejor (que por supuesto no veremos) y se vanaglorian de haber hecho aprobar leyes sobre temas fundamentales, sería momento que algunos de nuestros políticos reflexionaran sobre la urgente necesidad que tiene el país de contar con estadistas, con hombres y mujeres que entiendan que quien recomponga el país, y logre unir la realidad de la falta de Estado de Derecho con las leyes y su aplicación estaría haciendo un aporte mucho más importante que haber participado en la propuesta, votación o promulgación de nuevas leyes.

Viridiana Ríos, directora del observatorio México ¿Cómo vamos?, explicó que sin estado de derecho, la inversión sigue fluyendo, pero la calidad de ésta es baja. "La teoría económica señala que este tipo de inversión es típicamente extractiva, es decir, que no traslada los beneficios a la gente en las zonas donde se sitúa", dijo.

Con un estado de derecho fuerte, dijo a su vez el especialista Luis de la Calle, México podría recibir de 2 a 3 veces más inversión.

Las autoridades en México no saben con qué frecuencia sus propios representantes o personas que actúan con la autorización de éstos privan de la libertad a personas de manera ilegal.

No por otra cosa, el viernes pasado el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la falta de información estadística en México respecto al número de víctimas de este delito que es a la vez una grave violación a los derechos humanos. "Hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas". Nuestro gobierno, al día siguiente, en escueto comunicado básicamente desestimó el informe del comité referido.

La imposibilidad material de saber cuántas desapariciones forzadas se han acumulado en México, permite a las autoridades subdimensionar lo que para la comunidad nacional e internacional de los derechos humanos es un escándalo de proporciones históricas; pero, por el otro, desnuda al extremo la incapacidad del Estado mexicano para contenerse a sí mismo. Las cifras oficiales hablan de más de 23,000 personas cuyo paradero es desconocido, pero esa estadística no se desdobla en la identificación de los casos donde la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por las autoridades o por particulares, con la aprobación de ellas. El comité mencionado de la ONU dice haber recibido información suficiente para identificar un contexto de desapariciones generalizadas en buena parte del país. Tal conclusión se alinea con la experiencia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, mexicanas y extranjeras, las cuales han recogido miles de testimonios de víctimas que señalan como responsables a las autoridades, entre ellas la policía.

Si México no sabe contar sus desapariciones forzadas es en buena medida porque en general no sabe imponer estándares de supervisión operativa que permitan al Estado saber qué hacen los policías que dependen de él.

Se aplazan cambios importantes como la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General y todavía no aparece en el horizonte de la creación de instituciones, la independencia ciudadana para la fiscalización, al estilo de un Tribunal de Cuentas, que se apropie del conocimiento y llevarlo a la denuncia fundada y a los debidos procesos civiles, penales, administrativos que frenen corrupción e impunidad. Qué bueno que investigaciones periodísticas visibilicen demandas de justicia; buenas y malas noticias, que sepamos que José Murat, ex gobernador de Oaxaca, tiene propiedades carísimas en Nueva York, o que los familiares del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se corrompieron al calor de su administración, pues mientras que la corrupción esté inmersa en los aparatos de justicia no hay esperanza de que termine la impunidad. El periodismo de investigación empuja el sentido de justicia, pero frustra nuestros deseos de una justa realidad.

Las autoridades finalmente se decidieron ayer a utilizar la fuerza pública. El Paseo de la Reforma fue bloqueado por 3er. día consecutivo por miembros de la sección 22. La movilización en la avenida más emblemática de la ciudad de México empezó a las 10 de la mañana, pero se complicó cuando un grupo de Antorcha Campesina, que protestaba contra la CNTE, bloqueó otra parte de la avenida y montó una fiesta con mariachi. Los comercios cerraron sus cortinas por temor.

Los activistas actuaron con la tranquilidad de saberse impunes. Ya el lunes y el martes habían ocupado la vía durante todo el día mientras la policía se escondía o hacía cortes a la circulación. Se pensaban, se sabían, dueños del Paseo de la Reforma.

A la una de la tarde de ayer, sin embargo, empezó el largamente demorado operativo de la Policía Federal. Un comandante pidió a los manifestantes con un altavoz: "Vayan avanzando señores. No pueden estar bloqueando esta vialidad. Somos respetuosos de su movimiento, pero no pueden estar aquí". Los manifestantes no se movieron, pero los policías tenían esta vez la instrucción de avanzar. Lo hicieron protegidos con escudos y obligaron a los maestros a replegarse. Cuando los activistas les lanzaron objetos o golpes, los uniformados aguantaron con disciplina y siguieron avanzando. Una hora después el Paseo de la Reforma estaba libre.

El operativo fue apoyado por policías capitalinos. Parecen haber quedado atrás los tiempos en que la ciudad de México no sólo no colaboraba con el gobierno federal sino que apoyaba abiertamente los bloqueos, como el prolongado plantón de Andrés Manuel López Obrador sobre Reforma de agosto y septiembre de 2006.

Hay que celebrar que la autoridad haya por fin decidido actuar en defensa de los ciudadanos. Pero ¿por qué esperó tanto? Durante 3 días se permitió a los activistas imponer su ley sobre la ciudad y afectar la actividad y el traslado de cientos de miles. Cuando el gobierno federal y el capitalino optaron por liberar el Paseo de la Reforma, lo hicieron con rapidez y pulcritud. Una vez más se demuestra que la fuerza pública puede actuar de manera eficaz y dentro de lo que marca la ley para garantizar los derechos de los ciudadanos. No había razón para permitir que los capitalinos fueran afectados por bloqueos durante 3 días.

El tema de fondo, por supuesto, no son los bloqueos. La sección 22 recurrió a ellos como burla a la advertencia del gobierno capitalino de que no los permitiría. Era un reto directo a Miguel Ángel Mancera. "¿No que no?" gritaron al bloquear Reforma y ver que la policía no se atrevía a hacer nada.

Al final, sin embargo, los bloqueos y el desalojo son pura anécdota. Los líderes del movimiento consiguieron todo lo que querían: que no se les aplique la ley, que sí se les paguen días en que no han trabajado, que no se les destituya por no presentarse en las aulas, que sí se den plazas a personas que no están en el censo educativo, que sí se creen puestos nuevos sin examen de conocimientos.

Los líderes del sindicato doblegaron al gobierno federal. La reforma educativa está muerta… por lo menos en los estados que más la necesitan: Oaxaca, Michoacán, Chiapas. Ése era su objetivo fundamental.

Ayer por la tarde la mayor parte del contingente de la 22 se retiró del Monumento a la Revolución, pero no iba derrotado. Al contrario, los maestros demostraron que pueden hacer lo que quieran en la ciudad de México.

Se van, pero estarán de regreso. Ya vieron que pueden doblegar no sólo al gobierno de Oaxaca sino al de la ciudad de México y al federal. Ellos son el verdadero poder en este país.

Con la excusa del repliegue de sus compañeros del Paseo de la Reforma, activistas de la sección 22 bloquearon ayer una terminal de autobuses en Oaxaca y afectaron a cientos de personas. Uno escribió en un cartel: "Por sucesos como éste desaparecieron 43 y luego están llorando." La policía de Oaxaca no se atrevió a intervenir.

El aeropuerto de Acapulco fue bloqueado por maestros inconformes por la falta de pago de sus sueldos.

Los manifestantes de la Ceteg se concentraron afuera del estacionamiento.

Las puertas de la terminal aérea fueron resguardadas por policías que ya esperaban a los maestros con equipo antidisturbios.

Afirman sentirse molestos porque "los dejaron plantados" en la mesa de diálogo, al tiempo que exigían la presencia del subsecretario de Gobernación Luis Miranda.

El gobernador, en 1er. lugar, y sus colaboradores en coro, le repiten a los jaliscienses desde hace 2 años que el problema no es que haya funcionarios corruptos porque eso lo sabe todo el mundo. No. ¡La dificultad son las leyes!

Así es. Aunque estén plenamente identificados los abusos de poder y el mal manejo del dinero público en casos como las Villas Panamericanas y la mayoría de las instalaciones deportivas de los Juegos Panamericanos (el gobernador mismo las llama elefantes blancos); los fondos de Pensiones del Estado; la inoperante Ciudad Judicial o el escándalo de la millonaria contratación del despacho López Castro por parte del poder legislativo, aunque esos y muchos otros casos ya han sido descubiertos y documentados, no se puede hacer responsable a nadie porque las leyes -es lo que sostienen quienes gobiernan y deben garantizar la justicia- son tan estrictas que con un simple amparo, los detenidos recuperarán la libertad.

Por eso pasan los años y son tan contados los casos de justicia.

Los maestros de Oaxaca mantendrán al menos 3 días el plantón, ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación.

Los docentes arribaron a la capital del país para exigir los pagos atrasados, cambios a la reforma educativa y justicia para los 42 normalistas desaparecidos desde hace más de 4 meses.

Los maestros iniciaron el plantón sobre Paseo de la Reforma, desde la avenida Insurgentes hasta su entronque con la Avenida Juárez, ocasionando un gran caos vial.

Sin embargo, el gobierno capitalino les advirtió que si no se retiraban a las 19:00 horas, intervendrían los granaderos.

Algunos levantaron sus casas de campaña ante el arribo de los agentes e incluso unos 100 formaron una valla humana, argumentando que no los dejarían pasar.

"¡Que ahí vienen los granaderos, que ahí vienen los granaderos!" era la frase que comenzaron a soltar algunas maestras y maestros en las inmediaciones de la Torre del Caballito e Insurgentes, sobre el Paseo de la Reforma.

Posteriormente, la mayoría se declaró en alerta máxima para evitar la irrupción de los uniformados durante la noche o madrugada.

Incluso anunciaron que hoy arribarán 10,000 compañeros más de diferentes estados del país.

Alrededor de las 14:00 horas, una comisión encabezada por el dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez, fue recibida por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para tratar de llegar a un acuerdo.

Núñez subrayó que esperaba salir con un buen acuerdo, aunque aclaró que ello no significaría que retiraran el plantón, pues también tenían pensado exigir la libertad de los presos políticos.

Ante la falta de un acuerdo, los docentes aseguraron que se quedarán hasta el jueves, aunque dejaron libre la avenida Paseo de la Reforma.

En un principio, los maestros no tenían pensado plantarse en dicha vía, sino en el Zócalo capitalino. Sin embargo las autoridades les impidieron el acceso a la plancha.

Los docentes también se quejaron de que tanto policías federales como capitalinos detuvieron camiones provenientes de Oaxaca.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México estimó que el plantón de los maestros dejará pérdidas económicas a comercios y empresas por aproximadamente 10 millones de pesos, en afectación a unos 26,000 negocios.

En tanto que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal, estimó que tan sólo el plantón instalado entre la Torre del Caballito e Insurgentes ocasionará pérdidas por ventas no realizadas de más de 3 millones de pesos el día.

El Gobierno del Distrito Federal no permitió que los maestros de la sección 22 de Oaxaca se instalaran en el Zócalo de la ciudad de México. La última vez que lo hicieron se quedaron varias semanas y trastocaron las actividades culturales y de otro tipo que se llevan a cabo de manera cotidiana en la principal plaza de la ciudad. Finalmente hubo que emplear la fuerza pública para sacarlos del Zócalo, pero el campamento se instaló en el Monumento a la Revolución, donde todavía se mantiene.

Supongo que el gobierno capitalino sopesó los pros y los contras cuando decidió no permitir un nuevo asentamiento en el Zócalo. Pero los líderes de los maestros consideraron que si no se les permitía acampar en el Zócalo lo harían en el Paseo de la Reforma. Y ayer establecieron su campamento en la principal avenida de la capital.

Los maestros fueron hasta eso, generosos. Pudieron haber anunciado un plantón permanente, como el que mantuvo Andrés Manuel López Obrador en 2006 con el abierto apoyo del gobierno de Alejandro Encinas. Pero no. Dijeron que solamente se quedarán 3 días... a menos que cambien de opinión, que no sería la 1a. vez.

La sección 22 está lanzando un reto enorme no sólo al gobierno federal sino también al capitalino. La reforma educativa establece claramente que los maestros que falten 3 días sin causa justificada serán dados de baja. Las movilizaciones de estos días están diseñadas para demostrar al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que no tienen el valor de aplicar la ley. La reforma educativa ha nacido muerta. Casi puedo asegurarle a usted que ninguno de los maestros faltistas será destituido. Lo más probable es que a ninguno se le descuenten siquiera los días que está faltando.

El reto también es fuerte para el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, el cual se enorgullece de ser de izquierda. Si el doctor Mancera pretendió mostrar firmeza al impedir que los maestros acamparan en el Zócalo, el disparo salió por la culata. La decisión de acampar en Paseo de la Reforma es mucho más dañina para la ciudad y para los capitalinos que si se les hubiera permitido quedarse en el Zócalo.

La sección 22 está ya acostumbrada a hacer lo que quiere en Oaxaca. Los gobiernos del estado hace mucho tiempo que aceptaron que no pueden hacer nada contra el poder de este grupo. El gobernador Gabino Cué lo ha reconocido abiertamente. Pero ahora los líderes de esta sección están subiendo la apuesta al retar al gobierno federal y al capitalino.

No sorprende. Los gobernantes de nuestro país son cada vez más débiles. Su función se limita de manera creciente a promover programas sociales que permitan la compra de votos. Su verdadero interés es preservar el gran negocio del poder. Gobernar, tomar medidas para defender a los ciudadanos que respetan la ley y cuyas actividades son constantemente afectadas por los grupos de poder como la sección 22, es algo muy lejano a sus intereses.

La verdad es que si el jefe de gobierno Mancera sabía que no se atrevería a hacer nada si los maestros le tomaban Reforma, mejor debió haber dejado que se asentaran en el Zócalo. Si el presidente Peña Nieto sabía que no se iba a atrever a aplicar la reforma educativa que él mismo impulsó, mejor hubiera dejado las cosas como estaban.

En política, como en la vida, sólo hay que pelear las batallas que está uno dispuesto a ganar. Preservar el Zócalo como plaza pública sólo para permitir la toma de Reforma, o hacer una reforma sólo para no aplicarla en el estado que más la necesita, no tiene ningún sentido.

Héctor Serrano, secretario de gobierno del Distrito Federal, ha declarado en el momento en que termino este artículo que si no hay acuerdo con la sección 22 liberará el Paseo de la Reforma. La gran pregunta es qué le darán al sindicato para desalojar la avenida o si realmente el GDF se atreverá a actuar.

La capital de Morelos vivió este sábado, 8 de febrero, una batalla campal cuando grupos de comerciantes opuestos a la remodelación del centro histórico se enfrentaron a granaderos del mando único estatal. 5 manifestantes resultaron heridos según los comerciantes (La Unión de Morelos) y 4 policías según el gobierno del perredista Graco Ramírez (La Jornada).

Un día antes en Petaquillas, Guerrero, inconformes molestos por la detención de dos "policías comunitarios" que portaban armas de uso exclusivo del ejército bloquearon durante horas la carretera Chilpancingo-Acapulco. Un contingente de la Policía Federal liberó la vía, pero después los uniformados fueron capturados y mantenidos como rehenes por pobladores. Los mandos tuvieron que negociar y liberar a los 2 comunitarios detenidos.

La noche de ese mismo viernes de 10 a 15 personas fueron secuestradas en Nuevo Balsas, en el municipio guerrerense de Cocula. Los secuestros buscaban mandar el mensaje de que La Burra, un narcotraficante local, ha tomado el control de la región después de que la PGR desmanteló al grupo de Guerreros Unidos que dominó la zona tras el descabezamiento de los Beltrán Leyva.

Por doquier estamos viendo indicios del desmoronamiento del Estado mexicano. Grupos criminales, políticos y sociales se enfrentan en abierto reto a un gobierno que ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. Las autoridades prefieren negociar antes que aplicar la ley y enfrentar problemas. Lo único que parece interesarles es mantener el poder con todo su dinero y privilegios. Si Maquiavelo decía que un príncipe para conservar el mando debe ser amado o temido, aunque "es más seguro ser temido que amado", el gobernante mexicano no es ni amado ni temido.

Algunos ven la situación con entusiasmo y piensan que el despertar del México bronco por fin traerá justicia y buen gobierno. Muchos sueñan con una revolución que traerá consigo una utopía. La experiencia histórica nos dice, sin embargo, que los despertares del México bronco no nos han aportado más que violencia, destrucción de capacidad productiva, pobreza, violaciones a los derechos humanos y enfrentamientos entre los grupos que se disputan los despojos.

A partir de hoy veremos un nuevo reto contra el Estado. Los maestros de la sección 22 de Oaxaca dejarán de dar clases durante 3 días para realizar manifestaciones y bloqueos de vías de comunicación y negocios privados. La nueva reforma educativa, de la que tanto se ha preciado el gobierno, obliga a despedir a los docentes por faltar 3 días a clases sin causa justificada. La nómina magisterial de Oaxaca ya no está bajo control del débil gobierno estatal de Gabino Cué, que nunca quiso enfrentar al sindicato, por lo que la responsabilidad le corresponde al gobierno federal. Pero ¿realmente se atreverá la Secretaría de Educación Pública a no pagar los 3 días, por no hablar de despedir a los faltistas?

¿Se acuerda usted de cuando los priistas se enorgullecían de que ellos sí sabían gobernar y hacían campaña con ese lema? Queda claro que mintieron. Lo suyo realmente es ganar elecciones. Una vez más lo están demostrando. Uno tras otro los procesos de selección de aspirantes a gobiernos estatales se están definiendo por dedazo y con candidatos de unidad. Mientras tanto, los partidos de oposición se muestran más divididos que nunca.

Al llegar al poder, sin embargo, los políticos parecen interesados en todo menos en gobernar. Su principal preocupación es promover proyectos ambiciosos de obra pública para juntar para el enganche de una casa en México o un apartamento de lujo en Nueva York.

Quienes apuestan a la desestabilización, sabiendo que en muy buena medida el andamiaje del Estado mexicano en muchos ámbitos, sobre todo en el de la seguridad, se sostiene por esa lealtad institucional de soldados y marinos, han decidido colocar al Ejército y la Marina en el centro de sus ataques.

Dos temas son centrales en esa ofensiva mediática: uno, es el delirante argumento de que los jóvenes desaparecidos en Iguala fueron tomados por el Ejército e incluso incinerados en hornos crematorios de la institución. Una acusación que hacen los dirigentes de la CETEG (que son los que en realidad controlan Ayotzinapa y a los familiares, con fuerte influencia interna de grupos armados) sin fundamento alguno, sin una sola prueba o testimonio verosímil, pero con insistencia queriendo equiparar un hecho terrible, violento y que muestra la penetración del crimen organizado en las instituciones locales del estado, con un crimen de Estado.

El otro tema es el de la muerte de 22 integrantes de un grupo criminal en Tlatlaya, en el Estado de México, un tema que se presenta como cosa juzgada cuando en realidad está muy lejos de serlo. Es verdad que existe una recomendación de la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema, pero fue realizada de última hora por su anterior presidente, en el marco en el que buscaba apoyos para su reelección. Casualmente las versiones preliminares que había presentado habían sido muy diferentes a las finales.

La recomendación tiene todo tipo de contradicciones cuando se analiza desde una lógica judicial. Según la recomendación de la CNDH y un reportaje publicado sobre el tema en una revista estadounidense, el 30 de junio a las 5 de la mañana, luego de un enfrentamiento contra un grupo de agresores que se localizaban en una bodega en el poblado de Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, un grupo de soldados penetraron en la bodega y ajusticiaron a los sobrevivientes. No hay pruebas periciales sólidas al respecto pero semanas después de que sucedieron los hechos sí aparecieron los testimonios de las mujeres que fueron rescatadas en el lugar, cuando argumentaron que estaban secuestradas por este grupo. El hecho es que esas mujeres eran parte del grupo criminal. 2 de las 3 están procesadas porque se comprobó ese vínculo. Ahora piden, por supuesto, ser dejadas en libertad.

Sus testimonios son muy peculiares, porque exclusivamente de oídas, dicen que pudieron identificar cuáles eran las armas que utilizaban los agresores y cuáles los soldados, así como el lugar exacto donde se producían los disparos. No es nada sencillo porque el grupo agresor, contaba y utilizó, 25 armas largas, incluyendo 16 fusiles AK 47, 6 fusiles AR 15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores para armas de distintos calibres y estábamos hablando de 22 elementos contra una patrulla militar de 8 personas, uno de los cuales resultó herido.

Según los militares que intervinieron en los hechos, luego de la agresión y de un largo tiroteo, cuando se suspendió el fuego, 3 elementos ingresaron a la bodega, allí vieron movimientos y personas que los amenazaban con armas, y dispararon contra sus agresores. Allí mismo liberaron a las 3 mujeres que entonces dijeron que habían sido secuestradas por los criminales. Según el testimonio presentado tiempo después por una testigo, que no puede ser otra que una de estas mujeres, lo que sucedió fue que los integrantes de la patrulla militar mataron a los que se rindieron dentro de la bodega.

Puede ser, pero también la versión de los 3 militares que entraron al lugar es verosímil. Lo que es inverosímil es que las mujeres sólo con el oído puedan diferenciar quiénes hacían los disparos, qué armas eran, si eran los militares o los criminales los que disparaban y desde dónde. Y una pregunta que no ha podido ser respondida por ninguno de los acusadores: si una patrulla militar penetró a la bodega con el fin de matar a los sobrevivientes que quedaban, ¿por qué les perdonarían la vida a estas mujeres que evidentemente eran parte del grupo?¿porqué a ellas las pusieron a disposición de la justicia y a los otros no?

El tema Tlatlaya no es un punto menor en la agenda de la seguridad ni en la de la relación del Ejército con las instituciones y con la sociedad. Desde diciembre del 2012 hasta la fecha el Ejército ha sufrido 820 agresiones de grupos armados que le han costado la vida a 44 militares y dejado herido a otros 264 elementos. Puede ser que alguno de sus elementos haya violado o no la ley en Tlatlaya, pero merecen un proceso penal basado en evidencias y peritajes y no en juicios mediáticos o juegos de poder.

En la semana el presidente ordenó que se investigara si en varias adquisiciones se había actuado con conflicto de intereses lo que en términos generales parece correcto si bien muchos pensamos se tardó en hacerlo y otros consideraron se trataba de una simulación, pero a mí me preocupa, tal vez por mi formación otro aspecto; el concepto conflicto de intereses es un concepto moral y socialmente sancionable pero yo no encuentro una sanción legal, así, los hechos podrán concluir que si hubo conflicto de intereses, que se dio "nomás tantito" o que no se dio este. Los que algún día pasamos por una escuela de derecho aprendimos que un principio general de derecho es el que se contiene el aforismo de que no hay pena sin ley, lo que significa que nadie puede ser sancionado si no hay una norma que previamente sancione ese caso, así, aún en el supuesto de que se encuentre en algún grado que este conflicto se haya dado no creo que pueda sancionarse la actuación porque no encuentro ninguna norma que la sancione, pero en fin habremos de esperar el resultado.

Egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron el edificio del ex Ineban, de la Secretaría de Educación Guerrero, para exigir que 105 plazas administrativas que les otorgó la extitular de la dependencia, Silvia Romero Suárez, les sean cambiadas a plazas docentes, como fue el acuerdo.

Los inconformes impidieron la entrada y salida de cualquier persona, incluso de los trabajadores administrativos.

Los normalistas aseguran que Silvia Romero Suárez entregó esas plazas a los normalistas y para este ciclo escolar los beneficiados ya deberían estar frente a grupo. Sin embargo, lamentaron que todas las mesas de diálogo que tenían con la ex funcionaria, junto a los acuerdo que llegaron, no se han respetado durante la actual administración interina que encabeza Rogelio Ortega Martínez.

[¡Qué extraño! ¿No que quieren derrocar al gobierno? Creo que lo que quieren son sus becas vitalicias y no con plazas administrativas, que me imagino serán más "trabajosas", sino frente a grupo, que me imagino serán menos "trabajosas". - El webmaster.]

Luego de mantener bloqueada por 12 horas la carretera Chilpancingo-Acapulco, la policía comunitaria reanudó sus patrullajes para resguardar su localidad.

Alrededor de las 7:30 horas, 15 comunitarios fueron detenidos durante unos minutos por militares, con el argumento de que estaban armados.

A las 8:30 horas, el convoy militar ingresó a las calles del centro de Petaquillas, y en respuesta de la detención de los comunitarios, los militares también fueron retenidos.

La negociación fue que en cuanto liberaran a sus compañeros también lo harían con los militares.

Las cifras no son exactas y hay polémicas al respecto, pero es un hecho que hay más de 20,000 personas desaparecidas en México.

No se sabe en cuántos casos hubo participación de autoridades. Lo que sí se sabe es que ha habido apenas un puñado de consignaciones por desaparición forzada.

También se sabe que no sólo en Iguala o Cocula o Arcelia la policía municipal se convirtió en brazo armado legal del crimen organizado, con la complicidad de autoridades elegidas democráticamente y la pasividad de las fuerzas policíacas estatales y federales. Son cientos de municipios en todo el país.

El problema es profundo y complicado. No es sólo la violencia ni sólo el narcotráfico ni sólo la corrupción. Es la impunidad.

Ningún Estado puede erradicar el crimen, pero un Estado que no da al ciudadano común la garantía mínima de que si es víctima de un delito será castigado quien lo cometa está faltando a la primera de sus obligaciones.

Es muy claro que existe ruido político alrededor del caso Iguala y una activa campaña política de grupos e individuos decididos a capitalizarla para sus intereses, pero sería un error grave minimizar el tema con ese pretexto.

Más allá de la grilla, quien gobierna México y quien pretenda gobernarlo en el futuro debe renunciar a la mirada de corto plazo. La impunidad es el gran tema del país. Su combate es la gran reforma omitida y el gran lastre para cualquier otra que se pretende llevar adelante.

Aunque las cifras varían, hay consenso entre los especialistas de que en México entre 95 y 97% de los delitos que se cometen quedan sin castigo. Hay 97% de posibilidades de que los delincuentes nunca paguen sus crímenes.

Eso lo saben los narcotraficantes, los policías coludidos, los sicarios de poca monta, los secuestradores y los políticos que se vuelven sus cómplices.

Pero también los delincuentes de cuello blanco, los altos funcionarios que mal usan el dinero público y las obras como trampolín político y los que canjean contratos públicos por beneficios personales.

Por eso siguen haciendo lo suyo. Saben que es casi seguro que se saldrán con la suya. Y siempre pueden gritar que son perseguidos políticos cuando ya no están en el gobierno o que los quieren desestabilizar fuerzas oscuras si están en el poder.

Visto así, México tiene 3% de posibilidades de convertirse en un Estado de Derecho y democrático pleno.

De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por el coordinador nacional Antisecuestro, Renato Sales, en 2014 se registraron 1,394 denuncias de secuestro, mientras que el año anterior sumaron 1,698, una reducción de 18%, es decir, 304 menos.

Sales fue muy cuidadoso al hablar de averiguaciones previas levantadas, porque es consciente de la cifra negra de secuestros, los que no se denuncian y que según organizaciones civiles son el doble de los registrados, o más.

Un aspecto a destacar, denunciado por el mismo zar antisecuestros, es el de la vertiente judicial, los tiempos procesales para sentenciar a un acusado de secuestro, que puede pasar de una generación a otra, hasta 14 años.

Por ejemplo, de los más de 2,500 presuntos secuestradores detenidos en 2014, 50% más que en 2013, ninguno ha sido sentenciado, ¡ninguno!

¿Por qué? Por la lentitud de la impartición de justicia, que al no ser rápida y expedita, no es justicia: en México, el tiempo promedio para que un secuestrador sentenciado alcance condena condenatoria es de 5 años. Y eso cuando bien nos va, apuntó Sales, quien denunció que hay procesos que tras 10 años no han concluido y otros llevan 14 años sin resolverse.

Apuntó este hecho dramático: en 2014 no se dio ni una sola sentencia condenatoria a ningún secuestrador, a pesar de todos los procesos abiertos en su contra.

Esta situación, aberrante, explica el auge de los secuestros, y la distancia del poder judicial con la sociedad, lo que se tiene que resolver de manera urgente, término desconocido en los tribunales mexicanos.

Cambio visible fue la determinación de impedir que los embozados, que llevaban el estandarte de los 43, siguieran atacando instalaciones federales, especialmente tomando casetas, de las cuales obtenían un financiamiento nada despreciable para su movimiento.

¡Finalmente! La autoridad actúa como autoridad... ¡Aunque usted no lo crea!

Ayer ocurrió algo que debería ser normal en un estado de derecho. El gobierno federal utilizó la fuerza pública para evitar que un grupo de encapuchados tomara una vez más las casetas de Palo Blanco y La Venta en la Autopista del Sol. En ninguna sociedad democrática se permite que grupos de presión se roben de manera tan abierta el dinero de un organismo gubernamental.

No fue un operativo complicado. Unos 200 agentes de la Policía Federal simplemente negaron el acceso de los encapuchados a las casetas y éstos decidieron retirarse. Lo anterior subraya que el gobierno ha pecado por omisión al permitir los robos constantes a Capufe y a los mexicanos.

Los bloqueos de calles y carreteras se han convertido en una ocurrencia cotidiana en nuestro país. Las afectaciones son enormes. Las mayores víctimas son los trabajadores a los que se les descuenta el día, los meseros que no obtienen su propina, los vendedores que no pueden hacer su trabajo.

Las 2 partes en estos bloqueos -activistas y funcionarios- actúan según los incentivos que tienen. Todos persiguen su beneficio personal y no se preocupan por los demás. La teoría económica nos dice que ésta es la forma racional de actuar de los seres humanos.

Los incentivos de los activistas son muy claros. Para empezar, no reciben ninguna sanción por bloquear vías de comunicación o robar peajes. La autoridad nunca presenta acusaciones en su contra o, si lo hace, nunca llega a la sanción. La impunidad es el 1er. incentivo para violar la ley.

Además estos grupos nunca dejan de recibir sus sueldos, por ejemplo como maestros, a pesar de que en vez de presentarse en las aulas se dedican a realizar trabajos políticos o a robar en las casetas. Si bien antes se amenazaba a estos maestros de que se les descontarían los días en que no se presentaran a las aulas, hoy ya ni siquiera se les hace una advertencia.

¿Se acuerda usted que el gobierno federal se comprometió a no pagar los salarios de los maestros que no fueran censados por el Inegi? La promesa era una parte fundamental de la reforma educativa. La sección 22 del SNTE, sin embargo, no permitió el censo en Oaxaca, pese a lo cual el gobierno federal no se ha atrevido a hacer descuentos ahora que tiene control de la nómina.

Los grupos de manifestantes saben también que si hacen suficiente daño a terceros obtendrán trato preferencial de los gobiernos. Muchos de los privilegios especiales de que gozan los maestros de Oaxaca y de Guerrero son producto de paros ilegales y bloqueos para dañar a terceros. Cuando la extorsión funciona, se convierte en un incentivo muy poderoso.

Los gobernantes y funcionarios tienen también sus propios incentivos. Lo que más les interesa es conservar el poder y sus privilegios. ¿Por qué habría un político de utilizar la fuerza pública para desalojar bloqueos de avenidas, carreteras o plazas públicas? Arriesgar el poder para defender a los ciudadanos no tiene sentido para un político porque sus incentivos están alineados para conservar el poder a como dé lugar.

En medio de esta guerra de intereses de los poderosos, los ciudadanos siempre pierden. Su incentivo es trabajar para ganarse la vida, pero no tienen el poder para enfrentar ni a los activistas que lo impiden ni a los políticos que no cumplen con su deber. Los ciudadanos cargan así todo el costo de este juego de incentivos perversos.

¿Dónde están los líderes y directores de la normal de Ayotzinapa que no han dado la cara hasta ahora ni proporcionado una explicación sobre su papel en estos hechos?

Lo cierto es que los secuestros y muertes de Iguala han servido para muchos de los objetivos de estos y otros grupos. El nivel de violencia y vandalismo es inaceptable: decenas de bienes públicos y negocios privados destruidos; carreteras bloqueadas y casetas de cobro tomadas para hacer negocio, tanto que hasta los manifestantes se pelean entre ellos para ver quién se queda con esos recursos; pérdidas por más de mil millones de pesos de empresas privadas, grandes y pequeñas, por el robo sistemático a sus transportes (más de 500 en los 3 últimos meses); más de 200 camiones de transporte de pasajeros secuestrados, en ocasiones quedándose hasta con los equipajes.

La lista es mucho más amplia y la impunidad ante estos hechos es absoluta. Ese tipo de violencia y la pretensión de impedir las elecciones en el estado no tiene nada que ver con los secuestros de Iguala: son parte de una agenda política y desestabilizadora donde participan desde grupos armados hasta organizaciones políticas extremadamente radicales (y los cacicazgos locales que muchas veces utilizan para su beneficio a unos y otros, como también lo hacen los grupos criminales, se llamen Rojos o Guerreros Unidos, o cualquiera de los que operan en el estado).

Taxistas se manifestaron en Palacio de Gobierno y bloquearon la circulación en avenida Juárez, casi al cruce con 16 de Septiembre, en demanda de operativos en contra los autos de alquiler "piratas". Sin embargo, la existencia de una suspensión otorgada por un tribunal administrativo a prestadores del servicio ejecutivo, impide que la autoridad proceda a sancionarlos.

Durante alrededor de 2 horas y media un grupo de taxistas que se manifestaron con cerca de 100 unidades, realizaron un bloqueo en la avenida Juárez, casi al cruce con 16 de Septiembre; mientras que miembros del sector acudieron a Palacio de Gobierno a mostrar su inconformidad por la afectación que les causan los taxis ejecutivos que operan en la irregularidad.

Exigen que se realicen operativos contra los prestadores del servicio "piratas", que incluye a los ejecutivos.

Los inconformes levantaron el bloqueo luego de reunirse con funcionarios de las secretarías General de Gobierno y la de Vialidad, con el acuerdo de instalar mesas de negociación para revisar el tema de los taxis "piratas"; la siguiente reunión se realizará hoy.

A los taxistas que protestaron la autoridad les pidió mejorar el servicio a los usuarios.

Taxistas del Sindicato "Libertad" bloquearon varios cruceros en la ciudad de Oaxaca para exigir la liberación de las personas y sus vehículos detenidos ayer por ofrecer el servicio de transporte de manera irregular.

Militantes del Sindicato Libertad exigen al Gobierno de Oaxaca la liberación de sus compañeros y la devolución de taxis que fueron asegurados por la Policía Estatal y Vial ayer por la mañana en Trinidad de Viguera.

Ayer se enfrentaron policías con transportistas durante el operativo que realizaron las autoridades para asegurar los taxis que ofrecen el servicio de transporte sin el permiso o concesión que otorga la Secretaría de Vialidad y Transporte.

En total, hay en México más de 700,000 elementos en las fuerzas del orden: 430,000 policías federales, estatales y municipales; 274,000 soldados; y 47,000 marinos. Hay más policías por habitante que en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, y salvo Argentina, aquí es donde mayor fuerza se tiene desplegada en toda América Latina.

Los indicadores oficiales señalan que la mayoría de los delitos van a la baja, pero la percepción de inseguridad va en aumento entre los mexicanos, y entre los inversionistas que dudan de inyectar su dinero en este país. Entonces, ¿qué sucede?: los gobiernos, empezando por el federal, están subordinados a los más violentos.

Entre más beligerante sea un grupo, más daño colectivo haga y más dispuesto esté al enfrentamiento, más tienen de rodillas a las autoridades.

La ecuación está colapsando. Dentro de las fuerzas de seguridad, admiten funcionarios de diversos niveles de gobierno, hay inconformidad creciente porque viven en una diada maldita. Los policías, son incompetentes, o son corruptos. Sus instrucciones cuando hay revuelta en las calles, son salir a poner el cuerpo y a enfrentar los golpes y linchamientos. Cada vez, reconocen, es más difícil que acaten órdenes. Los soldados igual. Son hoy violadores de derechos humanos, lo que ha generado inconformidad de mandos con el propio secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos porque sienten que no los defiende. Hasta ahora, sin embargo, mantienen la institucionalidad y la disciplina.

En donde las cosas cambiaron sustancialmente, es dentro del sector privado, donde sus organismos cúpula, que generan el 85% del Producto Interno Bruto, le dijeron al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los gobernantes, basta ya.

En un desplegado que publicaron este martes en varios periódicos de distribución nacional, 19 organismos que agrupan a los hombres y mujeres más ricos de México, a la cúpula empresarial, a las cámaras de comercio, industriales, a los bancos y las aseguradoras, cuestionaron a los tres poderes de gobierno por su inacción y su claudicación a proveer la seguridad a todos los mexicanos. "Ha habido ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y organizaciones empresariales", dicen en una parte de su escrito. "¿Hasta donde y hasta cuándo?".

Titulado "México se los demanda", afirman:

"Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país. Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio".

"Garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la industria, el comercio, los servicios y el turismo -de los que dependen los empleos de millones de mexicanos-, es indispensable para que la economía nacional crezca y mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Es obligación de todos los ciudadanos respetar el Estado de Derecho y contribuir de manera activa a una cultura de legalidad".

Las organizaciones de aquellos individuos y organizaciones que mueven el PIB nacional, están indignados. No tanto contra quienes, como ciudadanos, no respetan la ley. Finalmente, por el número de palabras que les dedican a ellos en el desplegado, si violan la ley y no hay costos, el problema es de la autoridad. La indignación es contra los gobiernos, en particular contra el federal, a quien le dedican las partes sustantivas de su reclamo por el incumplimiento de sus promesas. En septiembre, el presidente afirmó que los tres niveles de gobierno tenían la obligación de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. En diciembre, aseguró que no habría más bloqueos en las autopistas y haría que se cumpliera la ley. Nada de eso se cumplió.

De manera recurrente, las palabras del Presidente han caído en el vacío. Su discurso se vació y perdió credibilidad. La retórica gubernamental sufre una dislexia con la práctica. El argumento esgrimido por altos funcionarios federales, es que los grupos más beligerantes y violentos están en una estrategia de provocación donde lo que buscan es un muerto en un enfrentamiento con las autoridades -para seguir alimentando su causa y movimientos-, por lo que tienen que extremar la prudencia y tolerancia, aún a costa de las mayorías.

Si bien se puede argumentar, con antecedentes y estrategias, que tienen razón en el alegato, la pregunta es cómo, en el 1er. tercio del gobierno, el país que les entregaron cambió completamente de rostro. El ex presidente Felipe Calderón dejó uno inmerso en una guerra contra el narcotráfico, con una estrategia que dejó varias decenas de miles de muertos. El país del gobierno de Peña Nieto, suma miles de muertos por el combate al narcotráfico, además de una movilización social violenta retórica y físicamente, sin precedente en tiempos de paz.

Los hombres y mujeres del capital que firmaron el desplegado, concluyen: "Señores representantes de los 3 Poderes de la Unión y de los 3 órdenes de gobierno: honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. México se los demanda". No piden, como otrora dijo uno de ellos cuando cuestionó la incapacidad gubernamental para frenar la inseguridad, que renuncien. Pero lo que dicen es más grave. Lo que sugieren ha hecho el Presidente y todos los gobernantes aludidos, es violar la Constitución. O sea, una traición a la Patria.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, ante los cotidianos hechos de violencia ocurridos en su Estado, dice que los que provocan esos desmanes, ataques, robos, actos de vanadalismo, tomas de casetas, no son miembros de la tristemente célebre CETEG, sino anarquistas llegados del DF.

No dudo que haya algunos o muchos militantes enviados desde la capital del país o desde Oaxaca, pero todos son parte de la misma corriente que domina la CETEG, militan juntos, viven juntos en el campamento de Chilpancingo, son parte de las marchas y bloqueos, jamás los de la CETEG o las normales rurales los han segregado o señalado. Son uno mismo. Y aunque fueran vándalos llegados de fuera, no hay razón alguna para que el gobierno no haga cumplir la ley.

No se trata sólo de la impunidad. Los daños que han provocado estos grupos al sistema productivo y la economía de Guerrero son enormes y el gobierno estatal (y en lo que le corresponde el federal) no están reparando mínimamente en ello. Las operaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas; la vida cotidiana de miles y miles de trabajadores que diariamente tienen que transitar por las carreteras tomadas para llegar a sus trabajos; los que conducen camiones, autobuses, trailers, están fuera de la consideración gubernamental.

Desde el 26 de septiembre pasado, todos los días se han dado actos de vandalismo que afectan a productores, distribuidores y consumidores: a toda la cadena productiva del Estado. Según fuentes empresariales, las empresas más grandes y conocidas, como Bimbo, Coca-Cola, Pepsi, OXXO, Sigma, Sabritas, Modelo, Walmart, Bachoco y las compañías de autotransporte cuyos autobuses (más de 200) han sido "requisados" para el transporte de manifestantes, han sido los más afectados.

Pero también han resultado afectadas muchas empresas familiares: desde los productores del campo en pequeño hasta restaurantes y fondas, desde misceláneas hasta changarros. No hablemos de la actividad hotelera: la ocupación de Acapulco en fin de año es un espejismo de un centro vacacional que sin el respeto a la ley y sin una garantía de seguridad no volverá jamás a ser el mismo. Preguntémonos, simplemente, en cuánto afecta a la economía local que en pleno puerto haya un centenar de escuelas que no han comenzado el ciclo escolar o lo que puede ocurrir en el Tianguis Turístico con la imagen de todo un país, si el evento es castigado por estos grupos. Las fuentes consultadas estiman que las pérdidas en sus empresas por estos motivos, llegan a los mil millones de pesos.

Estamos hablando de una completa catástrofe productiva: los bloqueos de calles y carreteras, impiden la circulación de mercancías y provocan el cierre de establecimientos comerciales. En la mayoría de las ocasiones, esos bloqueos se hacen con camiones de mercancías que son secuestrados y cruzados en la carretera. Suelen ser secuestrados cuando tienen que cruzar por las casetas tomadas por estos grupos y su mercancia literalmente robada. No sólo trailers: se roban y saquean desde pequeñas camionetas de reparto hasta, incluso, los llamados camiones de doble remolque. Ese producto robado dicen que es regalado a la población: lo cierto es que simplemente se lo roban y no se conoce su destino. Hasta ahora han sido secuestradas más de 500 unidades. Los choferes son agredidos: el del camión de refrescos utilizado para atacar el cuartel de Iguala, fue golpeado y le rompieron un brazo, ninguna autoridad respondió por él.

Pero también, a los bloqueos, secuestros y robos hay que sumar los plantones frente a las fábricas y centros de distribución, para evitar la entrada y salida de productos. Y los saqueos a comercios: desde tiendas de grandes cadenas comerciales hasta establecimientos locales en plazas comerciales o gasolineras (por cierto, la muerte del trabajador muerto en Chilpancingo cuando miembros de la normal de Ayotizinapa incendiaron esa gasolinera todavía está impune: para el gobierno estatal tampoco todas las muertes son iguales). Ahí también se roban las mercancías o la gasolina.

En ese ambiente se han presentado casos de extorsión a fabricantes y comerciantes, amenazándolos con no permitirles abrir el establecimiento o distribuir sus productos si no pagan una cuota. Hacen lo mismo que los narcotraficantes, pero con una bandera política.

Los empresarios, pequeños y grandes han expresado su inconformidad, de manera pública y privada, a las autoridades federales y estatales. Ninguna, hasta ahora, los ha tomado en cuenta. Se dijo que la Gendarmería Nacional se creaba en buena medida para garantizar los ciclos productivos ante este tipo de amenazas. Nadie ha visto que esa o alguna fuerza de seguridad esté protegiendo los ciclos productivos en Guerrero, y esa amenaza se ha extendido a Oaxaca y Michoacán y comienzan a presentarse casos en Veracruz y el Estado de México.

Según fuentes bien informadas, el Ejército considera que dentro del movimiento de Ayotzinapa están metidos personajes vinculados con guerrillas mexicanas, quienes querrían entrar a los cuarteles no para buscar a los jóvenes sino para mapearlos, ubicar dónde guardan las armas y detectar flancos vulnerables por donde pudieran ser atacados.

Además, de acuerdo con un documento oficial que tengo en mi poder, el CISEN ubica como "objetivos de atención especial" (por sus presuntos nexos con la guerrilla o el narco) a 18 líderes sociales que han participado en las protestas con los padres de Ayotzinapa.

Un 1er. grupo presuntamente relacionado con grupos subversivos incluye a los hermanos Victoriano, Gabino y Obtilia Eugenio Manuel, y a Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. El informe los identifica como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y detalla que actúan públicamente por medio de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha (OPIM).

También enlista a José Luis Arroyo, del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), y a Eulalia Eligio González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (Renacid), a quien vincula con el Ejército Libertador Nacional (ELN).

El documento involucra a Victoriano y Gabino Eugenio Manuel con actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio; y el 1o. cuenta con órdenes de aprehensión. Su hermana Obtilia tiene 8 averiguaciones previas por robo, daño en propiedad ajena y secuestro, y Cuauhtémoc Rodríguez una por daño en propiedad ajena. Los 4 han participado en protestas y han denunciado una estrategia contrainsurgente del Ejército frente al descontento por el caso Ayotzinapa.

Después incluye a "objetivos" de organizaciones sociales como Cirilo Plácido Valerio, dirigente de la disidencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y su hermano Bruno, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que cuentan con órdenes de aprehensión y averiguaciones por robo, secuestro y ataques.

También son "objetivos" Abad García y Eliseo Villar, de CRAC-PC; Ernesto Gallardo, de la UPOEG; Clemencia Guevara, del Frente Popular Revolucionario (FPR); Ranferi Hernández, del Movimiento Social de Izquierda (MSI); Ramos Reyes Guerrero y María Antonia Morales, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG-CNTE); Marco Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP); Nicolás Chávez Adame, de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG); y Abel Bruno Arriaga, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec).

Todos ellos, salvo Ramos Reyes, tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas por delitos como robo, lesiones, allanamiento de morada, secuestro, motín, ataques a vías de comunicación. Gallardo tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, por secuestro y homicidio. El informe detalla que las autoridades locales no han hecho cumplir estas órdenes de arresto.

Por eso hay alarma y no los quieren en los cuarteles.

Quienes toman casetas, secuestran camiones con todo y pasajeros y equipajes, quienes roban camiones de transportes llevándose la carga; quienes incendian y destruyen desde cuarteles militares hasta módulos del INE, son todos, dejados en libertad, incluso en acciones tan descabelladas como virtuales canjes de rehenes (un detenido a cambio de un policía secuestrado) por razones políticas.

En la justicia, o mejor dicho en su ausencia, está el corazón de la impunidad y de las fallas al estado de derecho en nuestro país. Siempre se puede atender a los criminales. Jamás hay lugar para las víctimas.

Un grupo de hombres cubiertos del rostro arribó en una camioneta de redilas con la intención de tomar la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol; sin embargo, otros embozados que llegaron 10 minutos después no permitieron que éstos tomarán los módulos de cobro y arremetieron contra la unidad y contra algunos de ellos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas de este sábado. De acuerdo a las versiones de algunos testigos, el 1er. grupo eran comerciantes que expenden sus productos en la caseta de cobro, que está a la entrada de Acapulco, en esta capital. Los otros, no se identificaron de ningún modo, pero destrozaron con piedras y palos la unidad.

Según empleados de la caseta de Palo Blanco, los hombres que llegaron a tomar la caseta cobraron cooperaciones de 50 pesos hasta que llegó el otro grupo.

Sin embargo, no hubo heridos luego de la gresca. Únicamente cruce de agresiones, y a algunos de los manifestantes que arribaron primero a la vía de cobro les tocaron pedradas.

En la opinión de pobladores de Chilpancingo, la toma de casetas, que ha sido recurrente para obtener fondos y se mantenga el movimiento que exige la presentación con vida de 42 normalistas de Ayotzinapa y justicia por el caso Iguala, ya fue tomado como "un negocio por parte de mucha gente".

Sin embargo, algunos piensan que no todo el dinero recabado se destina para los gastos de padres de familia y las acciones del movimiento.

Apenas ayer en Tixtla, municipio a 20 minutos de Chilpancingo, hombres con los rostros cubiertos destruyeron la antena repetidora de televisión que retransmite el Canal 2 de Televisa. Eran unos 20 que dejaron sin señal a los habitantes de ese lugar, donde está la normal rural de Ayotzinapa.

Aunque el hecho no se atribuye a ninguna de las organizaciones que exigen la presentación con vida de los 42 normalistas.

Los encapuchados que con el pretexto de reclamar la presentación de los estudiantes desaparecidos destruyen mobiliario urbano, dañan la propiedad ajena y agreden a las fuerzas de seguridad -y ahora hasta a los miembros del Ejército Mexicano- deben entender que con sus actos están ofendiendo y agrediendo a todos los mexicanos. El Estado somos todos, no nada más los funcionarios y las instalaciones de las instituciones.

Sólo un loco o ignorante puede suponer que dañando o debilitando al Estado y a las instituciones gubernamentales se puede ampliar la esfera de las libertades individuales, y que el Estado es el enemigo de la sociedad. Las libertades sólo las puede tutelar el Estado y la sociedad sólo puede existir en el marco de un Estado. Sociedad civil quiere decir sociedad civilizada que es lo contrario al estado de naturaleza, y la convivencia social civilizada sólo se puede dar en el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho.

¿Hasta cuándo se van a seguir tolerando las acciones delincuenciales y las agresiones físicas y ofensas verbales de estos grupos a las autoridades, a las instituciones y a las fuerzas armadas y de seguridad? En los Estados Unidos el que agrede a un policía merece las más severas penalidades, llegándose hasta la pena de muerte al que le haya quitado la vida a un elemento de las fuerzas de seguridad. En México, agredir policías ya se ha convertido en una práctica cada vez más generalizada que demuestra los elevados niveles de impunidad y la debilidad del Estado de derecho en nuestro país.

Con la intención de que los ciudadanos que están rezagados en el pago de las obligaciones con los ayuntamientos por el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable cubran sus adeudos, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Miguel Castro Reynoso, propuso la condonación de hasta 75% de los recargos.

[Y si usted no quiere pagar, pues espere a la siguiente condonación, le saldrá mejor abonarle más fuerte a la tarjeta de crédito que pagar sus impuestos. A los que pagamos a tiempo a ver cuándo nos benefician con alguna propuesta. - El webmaster.]

Trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Guadalajara se manifestaron ayer por la tarde-noche cerrando la avenida Hidalgo para pedir aumento salarial. Después de negociar, el ayuntamiento y trabajadores acordaron que se les dará aumento igual a sindicalizados y trabajadores de confianza.

[Así que ya saben: ¿quieren aumento? pues a cerrar calles y se les premiará. - El webmaster.]

Maestros disidentes intercambiaron pedradas con policías antimotines frente al Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, luego se trasladaron al auditorio Sentimientos de la Nación para suspender una conferencia magistral convocada por la Coparmex y quemaron una patrulla de Tránsito, posteriormente, se manifestaron en la Fiscalía General del Estado.

En tanto, un centenar de efectivos antimotines de la Policía Federal fue desplegado en el perímetro donde se encuentra un módulo del INE, y más de 500 ciudadanos hacían fila para realizar el trámite de su credencial de elector.

Antes, jóvenes embozados intentaron cerrar el módulo y una turba de ciudadanos se los impidió y los corrió del lugar.

Los empresarios de México agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial rechazaron los actos de violencia en contra de instalaciones del sector privado y equipo de transporte que se han registrado los últimos días en el país y que afectan "gravemente" la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social.

"Las acciones ilegales que hemos venido observando en diversas regiones del país constituyen una provocación de grupos que afectan gravemente la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social", manifestó en un comunicado el CCE.

La cúpula empresarial mexicana reconoció las legítimas demandas sociales que existen en el estado de Guerrero y en México por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, rechazó la violencia y las agresiones "de grupos que utilizan este tema como un pretexto para dañar instalaciones y equipo de transporte de las empresas y del sector oficial".

"Condenamos los ataques a las policías, federal y estatales, y en especial en contra de las instalaciones de las fuerzas armadas mexicanas", refiere el documento.

Además de vulnerar aún más la seguridad de la población y fracturar el orden social, señaló el CCE, estos abusos, así como la impunidad con que se realizan, "han perjudicado de manera significativa la actividad económica de los estados y desincentivan la inversión y la generación de empleos, de los que dependen millones de mexicanos", apuntó.

El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a las autoridades para contener estas acciones. "Hacemos un llamado a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para contener este tipo de expresiones violentas en contra de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población", señala el comunicado.

"Basta de impunidad. Respetar la ley es obligación de todos", añadió el organismo.

En días anteriores profesores de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ahí realizaron saqueos y desvalijaron camiones repartidores de productos de empresas como parte de la protesta por los 43.

El pasado 12 de enero, el CCE señaló que la violencia y la percepción de inseguridad están limitando el potencial de crecimiento y la confianza en un futuro más promisorio del país.

En un comunicado, los empresarios consideraron también que el desarrollo en México no alcanzará todo su potencial y será frágil si no existe una transformación en el tema de la corrupción que es el gran pendiente nacional, clave para la economía y también para abatir la delincuencia y los vacíos de gobernabilidad que hay en algunas zonas de la república mexicana.

Alentar las autodefensas, lo sabíamos, llevaría irremediablemente al caos ("Las autodefensas pueden ser útiles al Estado en tanto son un ejército irregular que combate a un enemigo común: los Caballeros Templarios. Pero de lo que podemos estar seguros es que cuando se actúa fuera del marco de la ley, la solución de hoy es el dolor de cabeza de mañana", 2 de marzo 2014).

La ilegalidad no puede producir legalidad, por la misma razón que una perra no puede parir gatos. Legalidad e ilegalidad no son contrarios; son contradictorios. La legalidad surge de la cultura del respeto, del reconocimiento del otro, de la mutua conveniencia, de la confianza en el Estado. La ilegalidad, por el contrario, tiene su base en una cultura del agandalle, en la ley del más fuerte, la mercantilización de la justicia y el miedo al prójimo.

Al permitir las autodefensas el Estado no apostó por la legalidad y se negó a sí mismo. Pero no contentos con ello, decidieron además aniquilar al gobierno porque estaba vinculado con el narco, lo cual es correcto, pero no sólo no castigaron a los gobernantes corruptos sino que constituyeron un gobierno del estado sin fuerza ni legitimidad. Esto es, aniquilaron al gobierno e instauraron el reinado del pacto y la negociación; un virreinato en la nada. Trataron de reconstruir el orden desde el centro sin restablecer la legalidad y eso no es sino un paternalismo autoritario.

Este pasado fin de semana la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueó el aeropuerto de Oaxaca así como la terminal de autobuses de ADO y gasolineras y comercios. Como ya es costumbre, ni las autoridades oaxaqueñas ni las federales se atrevieron a hacer nada.

El mensaje es claro y no es la primera vez que se emite. La CNTE puede bloquear lo que se le antoje y en cualquier momento. El gobierno oaxaqueño de Gabino Cué negoció con los dirigentes de la CNTE y les prometió dinero del erario a cambio de levantar sus bloqueos. En particular se comprometió a pagar aguinaldos a maestros no registrados en la nómina de la SEP, o sea, a utilizar recursos públicos para pagar a aviadores. Claramente la extorsión sí funciona en Oaxaca.

En Chilpancingo, los miembros de la CETEG, la Coordinadora de Guerrero, impidieron la realización de cursos de capacitación para asesores electorales. La CETEG mantuvo también la "clausura" de las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del módulo de atención ciudadana en el distrito 7. Ninguna autoridad se ha atrevido a garantizar la seguridad de las instalaciones ni los derechos políticos de los guerrerenses.

El gobierno de Cué nunca se ha atrevido a defender a los oaxaqueños de los abusos de la sección 22. Los líderes del sindicato son quienes realmente gobiernan Oaxaca. Lo poco que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto hacía para enfrentarse a las extorsiones de la CNTE se ha desvanecido desde la matanza de Iguala. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, se ha preocupado más por dar al sindicato todo lo que quiere que por defender los intereses y derechos de los guerrerenses, a muchos de los cuales se les negará el derecho más fundamental: elegir a sus propios gobernantes.

Estos 3 gobiernos están buscando qué ofrecer a la CNTE para evitar nuevas acciones contra los ciudadanos. Utilizar la fuerza pública para hacer cumplir la ley no está en la agenda. Los gobernantes mexicanos, al contrario que los de los países democráticos, como lo vimos en Francia la semana pasada, tienen temor a usar la fuerza pública. Mejor dejar que los ciudadanos sufran las consecuencias de los bloqueos y agresiones del sindicato o utilizar el dinero público para comprar una tregua.

La tregua, sin embargo, nunca será permanente. La Coordinadora es insaciable. Oaxaca lleva decenios sin un ciclo escolar completo. Los líderes siempre exigen algún privilegio adicional con el arma de suspensiones de clases y acciones que abiertamente dañan a los ciudadanos. Los gobiernos oaxaqueños han subsidiado estas acciones al pagar sueldos íntegros a maestros que no se presentan a trabajar y al subsidiar a miles de maestros "comisionados" para trabajos políticos al sindicato.

En este momento el objetivo fundamental de la Coordinadora es echar para atrás la reforma educativa de Enrique Peña Nieto... y todo parece indicar que lo conseguirá. En el mejor de los casos se habría requerido de una defensa muy valiente de la reforma ante los embates del sindicato. Pero a los gobiernos de Oaxaca y de Guerrero, desde siempre dispuestos a sacrificar la reforma por miedo a la Coordinadora, hoy se suma un gobierno federal que parece haber perdido el ánimo para sostener la reforma.

Un gobierno débil no se atreve a enfrentarse a la extorsión. La única preocupación de los gobiernos de Oaxaca y Guerrero, así como del federal, es evitar confrontaciones con la CNTE para no perder sus puestos públicos. Éstos son al parecer tan rentables que para conservarlos vale la pena dejar de gobernar.

El gran tema es el Estado de Derecho. La interminable aparición de fosas clandestinas y la existencia de 22,300 personas desaparecidas o sin localizar desde 2006 -9,790 en este sexenio-, enfatiza cómo es que la ley no gobierna este país. Hay regiones, como el corredor Iguala-Taxco en Guerrero, llenos de tumbas ilegales sin que existan responsables. Menos de 2% de las denuncias llegan a sentencia. ¿Cómo no ver el monstruoso sistema incólume de justicia mexicano?

Un ejemplo grotesco de la debilidad legal es el compromiso del Presidente que no habría más bloqueos en la autopista que lleva a Acapulco. Su promesa es retórica. Esa vía está permanentemente bloqueada por razones políticas y sociales. La Policía Federal recomendó este fin de semana que quienes viajen al puerto utilicen la carretera libre, porque la de cuota está en poder de grupos opositores al gobierno. Es decir, la claudicación total.

La realidad del Presidente de libertad de tránsito en la autopista sólo existe en su mente.

Crímenes sin castigo. Opacidad como una constante. No hay culpables. Nadie está bajo proceso. Menos aún presos. En el mundo se preguntan por qué. Peña Nieto piensa que es una distorsión de la realidad mexicana, pero la realidad -se puede alegar-, es la distorsión conceptual, intelectual y operativa en la casa presidencial.

Por más de 8 horas, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, convulsionaron Oaxaca al tomar aeropuertos y gasolineras, bloquear los accesos a la terminal de autobuses y cerrar carreteras, en rechazo a la nueva modalidad del pago centralizado que entró en vigor este mes.

El pasado miércoles, el IEEPO informó que el gobierno federal asumiría el pago de la nómina educativa del estado, por lo que cambiaría la institución bancaria donde los maestros cobrarán su salario.

Los disidentes acusan que el cambio del pago de su nómina es una manera de imponer la reforma educativa en la entidad y advierten que la SG y la administración de Gabino Cué incumplieron con los acuerdos, en el sentido de que la nómina magisterial se efectuaría hasta marzo.

El pasado viernes, la Sección 22 convocó a los profesores a no cobrar su dinero y a movilizarse en las 8 regiones de Oaxaca, para protestar en contra de la nueva forma de pago.

Sin embargo, a pesar de las movilizaciones, presuntamente 75% de maestros inconformes en Oaxaca ya hizo efectivo el cobro de la 2a. quincena de aguinaldo.

El 9 de diciembre el Senado aprobó modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales que el mismo Senado había aprobado en febrero de este mismo año.

Eso ya suena raro.

"Los funcionarios de la PGR y de las PGJ de los estados operan a la sombra de la ley, construyen una acusación secreta y, simultáneamente, recolectan 'rentas' de acusados y víctimas para que la averiguación previa sostenga tal o cual cosa. Este fenómeno de corrupción endémica se da gracias a un espacio de actuación que carece de contrapesos. Esto lo saben los usuarios del sistema y los abogados litigantes, quienes son víctimas o testigos cotidianos de la extorsión legalizada de las procuradurías. La propuesta de un sistema acusatorio o de juicios orales pretendía atacar el fenómeno. El remedio propuesto era mandar al MP o fiscales, junto con el acusado y su defensa, a una audiencia pública de cara a los ciudadanos. En esta audiencia, un verdadero juez controlaría las pruebas al inicio del proceso, eliminando así el monopolio de la extorsión que prevalece".

El cambio aprobado por el Senado a los artículos 314 y 315 establece que la defensa deberá incorporar los datos de prueba a los registros de la investigación del Ministerio Público y en la audiencia inicial se presentarán únicamente los registros de la investigación con los datos de prueba aportados por las partes pero que controla el MP. Dicen los defensores de la reforma que el cambio intenta corregir defectos de la audiencia inicial que se han detectado en entidades en que ya opera el sistema.

Según un documento del CIDAC: "Se violenta la lógica del sistema acusatorio al restablecer al Ministerio Público como autoridad, al tener la capacidad de desestimar pruebas presentadas por la defensa".

¿Por qué la corrección? ¿De parte de quién? La discusión pasa a la Cámara de Diputados.

Los hechos en La Ruana, donde murieron 11 personas en un enfrentamiento entre autodefensas, al igual que los del martes en la madrugada en Apatzingán, donde otro grupo de presuntos autodefensas se enfrentó a fuerzas militares tratando de rescatar sus vehículos que habían sido decomisados luego de desalojarlos del palacio municipal que tenían tomado precisamente después de los hechos de La Ruana, lo que demuestran, entre muchas otras cosas, es que estos grupos no sólo perdieron toda razón de ser, sino que se han convertido en una bomba de tiempo que debe desactivarse antes de que termine por estallar.

Cuando surgieron las autodefensas en Michoacán dijimos que eran una respuesta, pero también un peligro institucional: permitir que grupos armados se hagan cargo del control territorial y la justicia en sus zonas de influencia no sólo demostraban la incapacidad, entonces manifiesta, del gobierno estatal, sino también el hartazgo de la sociedad ante la expoliación de los grupos criminales, sobre todo los Templarios. Pero tampoco se sabía con claridad de dónde surgían y mucho menos cuáles podían ser sus intereses ocultos. Por eso entre las autodefensas michoacanas (los grupos de Guerrero tienen otras características, mucho más ideológicas, ligados a fuerzas políticas) había de todo.

Lo cierto es que establecida la intervención federal en Michoacán (el proceso en el ámbito de seguridad más exitoso que ha tenido el gobierno de Peña Nieto, quizás por eso tan torpedeado en estos días) las autodefensas tuvieron una contribución indiscutible. No porque hayan detenido a los líderes templarios o de otros grupos, que no lo hicieron, sino por su conocimiento del terreno y de las personas.

Las fuerzas federales han ido retomando zonas de control y, desde diciembre, cuando se decidió acabar con un grupo especial de autodefensas que ya se estaban dedicando a negocios de seguridad privada, parece estar claro que el próximo paso debe ser precisamente pasar a desarticular los propios grupos de autodefensas cuyos elementos no se hayan incorporado a las fuerzas de seguridad locales.

En La Ruana el nivel de violencia en los enfrentamientos entre ellos ha sido altísimo; el desafío a las autoridades federales en Apatzingán las coloca en otro nivel de confrontación con el Estado.

Las autodefensas deben desarticularse ahora para que no se conviertan mañana en el mayor problema de seguridad en Michoacán.

Alrededor de 100 comerciantes ambulantes de la calle Obregón se manifestaron ayer luego de que inspectores de Guadalajara les prohibieran instalarse.

La manifestación duró alrededor de 3 horas, con el cierre de la calle Obregón, en su cruce con la Calzada Independencia. Incluso se obstruyó el paso del Macrobús, a manera de protesta para que el ayuntamiento tapatío les diera una respuesta.

Buen propósito de año nuevo sería ver finalmente que actos de corrupción se castiguen y no nada más se ande asustando con el petate del muerto de las averiguaciones previas iniciadas por las Fiscalía General del Estado de Jalisco, luego de denuncias que más son utilizadas con fines político electorales y de conveniencias que con el verdadero afán de perseguir el mal uso de los recursos. La lista de demandados es amplia y hasta hoy sabemos que denuncias presentadas por malversaciones de funcionarios que van desde Salvador Uribe Avín de la administración de Emilio González, hasta Elisa Ayón, siguen ahí sin llegar a una consecuencia. ¿Y de los 7,000 millones de pesos en observaciones a la administración de Emilio González?

El pequeño comercio en la Ciudad de México cerrará este año con pérdidas de 1,900 millones de pesos debido a las marchas y manifestaciones, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México en el informe 2014 sobre el balance del ramo en la capital.

Aquí vemos, antes que nada, el artero aprovechamiento de una tragedia para pregonar mentiras y confusiones. Ah, y el tema ya es también negocio particular porque agitadores de todo pelaje se apoderan impunemente de los peajes en las autopistas y comienzan a cobrar ellos las cuotas, fijadas además a su antojo, con el pretexto de que son "para los padres de Ayotzinapa". Ya puestos, los más violentos destrozan fachadas de oficinas públicas y rompen la puerta de un cuartel del Ejército (esto, señoras y señores, no ocurre en ningún país del mundo) delante de las narices de unos dignísimos soldados que, a pesar de la estoica cautela a la que han sido obligados, no dejan de ser unos "asesinos y represores".

A este país le hace falta justicia, desde luego. Pero los vándalos también tendrían que ser parte de la ecuación.

Un grupo de unos 300 antorchistas marcharon ayer por la tarde en el primer cuadro de la ciudad. El motivo es el incumplimiento de acuerdos con autoridades municipales de Tequila, Ciudad Guzmán, Zapopan y Autlán de Navarro, pues les prometieron lotes para que los agremiados en Antorcha Campesina puedan construir sus viviendas.

Los antorchistas anunciaron que a partir de mañana instalarán un plantón de manera indefinida en el primer cuadro de la ciudad, después de realizar otra marcha que partirá del Agua Azul a las 11:00 horas.

Si la ley no logra cumplir su objetivo es porque no es eficaz, pero esta ineficacia es atribuible a quienes la aplican, dice el profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, Guillermo García Murillo.

"La ley se debe aplicar de manera irrestricta en un Estado de Derecho; pero por la falta de aplicación se tienen los problemas sociales. El derecho se ha supeditado a cuestiones de carácter político y económico".

Para García Murillo si se acotaran los actos de la autoridad no habría corrupción. El proceso para alcanzar esa meta podría iniciarse con una política pública que sancione estrictamente el incumplimiento de la ley, ya que no existe la orden ética de cumplirla.

"Se deben actualizar los protocolos con mayor capacitación de la policía, son los primeros que deben cumplir la ley. La ley no está mal, el problema está en las personas. El problema de nuestro país está en la realidad que presentamos. Un pueblo sin cultura, capacitación y educación".

Al menos 10 rastros fueron suspendidos durante 2014 tras detectar malas prácticas higiénicas y clembuterol en los animales sacrificados.

Los rastros clausurados se encuentran en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Aguascalientes, luego de que se detectó clenbuterol en orina, sangre o músculos de las reses sacrificadas.

El objetivo de las verificaciones es detectar el uso de clenbuterol para la engorda de los animales, dado que se trata de una sustancia prohibida por la legislación de sanidad animal y representa un riesgo para la salud humana.

De 2011 a la fecha han suspendido por lo menos 55 establecimientos de 181 verificados, debido a que en 43 se detectó clenbuterol, mientras en 7 había malas prácticas y condiciones higiénicas y en 5 se negaron a la visita de verificación.

Alrededor de 300 ahorradores defraudados por Ficrea irrumpieron en la Condusef, en donde rompieron vidrios del edificio.

70 periodistas y sus familias que sostenían una reunión programada hace meses en Tlapa de Comonfort, en la región de la Alta Montaña en Guerrero, fueron secuestrados 8 horas por el Movimiento Popular Guerrerense, que los golpeó y vejó. Los periodistas celebraban una premiación a sus colegas, cuando su ceremonia fue interrumpida. Las autoridades federales no fueron a su rescate, porque argumentó que no había una petición del gobierno estatal para ello. El gobierno de Rogelio Ortega tampoco hizo nada por ellos. Los periodistas, sus esposas e hijos, dejados a su suerte, fueron sometidos a un juicio popular.

Ninguna autoridad ha intervenido en este caso. Tampoco se ha preocupado por ellos ninguna organización internacional protectora de periodistas. Nada de esto sorprende. En el 1er. caso, no hay autoridad en Guerrero que haga respetar ni procurar la ley. En el 2o., como los periodistas no forman parte de la agenda política de las organizaciones defensoras de las garantías de los periodistas en México y sus agresores no son autoridades, lo que les suceda a ellos no es relevante.

Son los tiempos mexicanos. Se entiende -no se justifica-, por el activismo político antisistémico que desarrollan los órganos defensores de los derechos humanos de los periodistas, y se explica en el gobierno federal, porque no ha terminado de decodificar, con fines de acción, que en Guerrero no se juega sólo la estabilidad del estado, sino la creación de regiones autónomas y autogobiernos. En Guerrero hay una estrategia guerrillera, que tiene en acción ofensiva y beligerante a través de su frente de masas, que es el Movimiento Popular Guerrerense.

Este movimiento es una organización paraguas bajo la cual se articulan los maestros de la disidencia, organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, campesinos y de abogados. En esta red se conectan con el Ejército Popular Revolucionario y sus ramificaciones Ejército Revolucionario Popular Insurgente, Ejército de Liberación Nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Lo que le hicieron a los periodistas y sus familias en Tlapa de Comonfort fue un juicio sumario. Y las únicas organizaciones que hacen juicios sumarios, son las armadas.

En la 1a. línea del MPG se encuentra Ramos Reyes Guerrero, maestro rural bilingüe en Olinalá, que es secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quien encabeza el ala ultra radical de la disidencia magisterial en Guerrero. Reyes Guerrero está al frente de las protestas en la Autopista del Sol, administrando la estrategia de confrontación que tiene incendiado a Chilpancingo.

Reyes Guerrero tiene vinculaciones con el ELN, y como segundos de a bordo en el movimiento se encuentran otros líderes magisteriales: Taurino Rojas, de Metlatónoc, que tiene averiguaciones previas por sedición y motín, a quien se le vinculó -él lo niega-, con el PROCUP-PdLP, la placenta del EPR. Otro cuadro de Reyes Guerrero en el movimiento es Minervino Morán, vocero de la disidencia, simpatizante del ERPI, y responsable de la zona de Chilpancingo, y César Tito López, coordinador de zona de la organización Me’phaa, que es una fachada del ERPI.

No son los únicos maestros involucrados en la dirección del MPG, que tiene brazos tácticos y operativos con otros grupos. Uno de los más importantes es con el Frente Popular Revolucionario, que dirigen Omar Garibay Guerra, y Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que también es fachada del ERPI. Otro cuadro relevante del FPR es la diputada federal del PRD, Rosario Merlín García, relacionada igualmente con el MPG, con quien también se asocia Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, y enlace entre el ERPI y su frente político.

Reyes Guerrero, la cabeza más visible del ultra radicalismo, está en el centro del enjambre. Las redes del líder magisterial se extienden a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, las llamadas CRAC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que dirige Manuel Olivares, acusado de homicidio y adoctrinador en la Normal de Ayotzinapa, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encabezado por Abel Fernández, cuyos lazos con periodistas en la ciudad de México le brindan protección, y cuyo asesor jurídico, Vidulfo Rosales, simpatizante del ERPI, es el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos.

Toda esta red de vínculos no es un secreto de estado, ni es algo que desconozca el gobierno federal. La han trabajado por años las autoridades y elaborado sus mapas de riesgo a partir de ella. Por qué carecen de estrategia que frene la violencia contra la sociedad, es un misterio. Lo que es una realidad es el abandono que de ella hacen las autoridades.

La exoneración definitiva a Raúl Salinas del delito de enriquecimiento ilícito reafirma la percepción que se tiene de que la aplicación de la ley es sólo para los pobres, disidentes y sujetos que enfrentan al sistema, pero no para los poderosos, los ricos y los políticos con influencia.

¿De qué otro modo se puede entender que Raúl Salinas esté exonerado, mientras en la cárcel estuvo 3 años Esperanza Reyes Aguillón, por intentar pagar un cuaderno con un billete de 100 pesos sin saber que era falso; o Néstora Salgado de las policías comunitarias de Guerrero, o Mario Luna y Fernando Silva de la tribu yaqui?

La gran mayoría de los mexicanos recordamos a Raúl Salinas como el "hermano incómodo" y funcional de Carlos Salinas de Gortari. Basta ver las portadas de los diarios de 1995 y 1996 para darse cuenta de una pequeña parte de la maquinaria de corrupción de Raúl Salinas que iba desde la malversación de fondos (mientras fue director de Conasupo se compró 41 propiedades), desvío de la partida secreta de la Presidencia, préstamos irregulares a empresarios, tramitación de pasaportes falsos, hasta la acusación de vínculos con el narco y asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Su exoneración es una conformación más de la corrupción estructural que envuelve el sistema de justicia mexicana.

A Luis Videgaray le debemos la confirmación de que hay una práctica notoria y escandalosa de tráfico de influencias en el actual equipo gobernante y un grupo de empresarios a este gobierno. Ninguna de las explicaciones que ha dado el secretario de Hacienda logra ocultar el hecho de que una empresa del grupo Higa, de Luis Armando Hinojosa, le dio un préstamo preferencial y que este grupo ahora tiene contratos por casi 50,000 millones de pesos.

La conducta escandalosamente irregular de Raúl Salinas contrasta, aparentemente, con la conducta moderada de Luis Videgaray, pero ambos personajes están unidos y vinculados a un grupo político y a una manera de entender el ejercicio del poder de modo patrimonialista, para provecho personal y para el incremento expedito y notorio del patrimonio personal.

¿Quién empezó el enfrentamiento del domingo en la madrugada en Chilpancingo antes del concierto de Panteón Rococó? No lo sé. Los activistas de la CETEG y normalistas de Ayotzinapa dicen que fueron agredidos, sin razón, por policías federales en estado de ebriedad. La Policía Federal a su vez afirma que un numeroso grupo de encapuchados llegó al hotel en que se hospedaban 12 policías y, sin razón, procedió a golpear a los policías y secuestró a 3.

En medio de las sinrazones el saldo fue de una veintena de heridos, varios de ellos graves. Uno de los policías golpeados, trasladado a la ciudad de México para su tratamiento, sufre un grave traumatismo craneoencefálico. Al parecer los encapuchados que lo arrastraron dejaron que su cabeza rebotara una y otra vez contra los peldaños de una escalera. Otro fue azotado en la espalda como si fuera un esclavo en tiempos romanos. La Policía Federal afirma que ninguno de los agentes tenía indicios de haber ingerido bebidas alcohólicas. La Policía Federal ha presentado una denuncia contra quien resulte responsable, pero ya sabemos que no se actuará contra nadie.

La tensa situación no augura nada bueno. No pasará mucho tiempo para que volvamos a ver muertes de policías o activistas. Parecería que los dirigentes de la CETEG y de Ayotzinapa están buscando provocar un enfrentamiento violento para detonar una revolución. A los policías no se les deja actuar y cuando finalmente lo hacen son acusados de violar derechos humanos. Ya lo decían unos policías estatales de Guerrero el 12 de noviembre: "No somos costales ni animales ni payasos para que nos golpeen y se ría la sociedad de nosotros al ver que no podemos hacer nada".

¿Cómo hemos llegado a esto? Por falta de un estado de derecho. No es nada más la violencia de Iguala. Vivimos en un país en el que cualquiera viola la ley y la autoridad parece interesada en todo menos en hacerla cumplir. Ahí están los ejecutados de Creel y los de Villas de Salvácar, los de Torreón y los de San Fernando, los muertos del Casino Royale de Monterrey y las víctimas del Pozolero. Esa misma ausencia de ley la vivimos en los robos cotidianos y en los ministerios públicos que hacen todo lo posible para no levantar una denuncia, y en aquellos que, mientras dicen que tienen una causa justa, bloquean carreteras, roban peajes o utilizan a los policías como costales para golpear.

Un gobierno tiene obligación de hacer cumplir la ley. No sé qué me parece más lamentable: un presidente que tiene que prometer que ya no permitirá el cierre de una autopista o el que los grupos de poder sigan bloqueándola. No entiendo un gobierno que regala televisores o iPads, que promete seguros de desempleo y pensiones universales sin primas ni aportaciones para reservas, pero que no puede realizar su función fundamental de hacer cumplir la ley.

Yo no sé quién empezó la gresca en Chilpancingo, pero me parece que un encapuchado que propina una golpiza brutal a un policía, y lo deja con daño cerebral, merece un castigo aunque sea maestro o normalista. Hay que exigir justicia por los estudiantes desaparecidos, pero también por los policías agredidos. No tendremos ruta alterna si el gobierno no se atreve a hacer cumplir la ley.

Este domingo se registraron bloqueos carreteros en diferentes municipios michoacanos, entre ellos Ururapan, Apatzingán y Zamora, donde integrantes de la Fuerza Rural y exautodefensas demandaron cumplimiento de compromisos pactados con el gobierno federal.

Habitantes de comunidades de la región de la Montaña de Guerrero bloquearon por 6 horas la Autopista del Sol, para exigir el pago de 73 millones de pesos para 3,400 familias, la mayoría indígenas, defraudadas desde 2010 por la financiera Productos Amor, cuyo monto etiquetó la federación en este ejercicio fiscal como indemnización para los afectados.

El abogado de los inconformes, Denisse Guzmán, denunció que pese a que el gobierno estatal tiene el dinero, se ha negado a entregar los cheques para las familias de escasos recursos.

Advirtieron que de no obtener respuesta, volverán a bloquear hoy la vía por la mañana.

Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, declaró que la sociedad civil mexicana necesitaba en este momento el apoyo de la comunidad internacional, y se refería no precisamente al respaldo -fundamental e invaluable- de las sociedades civiles de todos los países que quisieran sumarse a la causa, sino de los gobiernos, de las cúpulas empresariales, de las instituciones y asociaciones poderosas que podían exigir al gobierno mexicano la toma de decisiones básicas y urgentes, por ejemplo, para reformar el sistema judicial a tal nivel de profundidad que prácticamente se podría hablar de una purga. Entonces aludió a 2 casos que ha seguido de cerca: Colombia e Italia, como ejemplos de que la comunidad internacional, más la sociedad civil, más lo rescatable del estado del que se trate, pueden emprender y con éxito, una limpia profunda para renovar las instituciones y ofrecer a sus poblaciones garantías y seguridades urgentes.

Sin embargo, en vista de que los gobiernos y los empresarios que tienen negocios con México no han reaccionado como en otros casos, Buscaglia propone la imposición de una agenda desde la sociedad civil, que signifique dar paso hacia adelante, el siguiente, a las marchas y manifestaciones: por un lado, la instalación de una Comisión de la Verdad y, por otro, la ya citada reforma purgatoria del sistema judicial.

En cuanto a la Comisión de la Verdad, aun cuando suene -de pronto- a una fiscalía especializada para la investigación de todo y nada con cero resultados, se trata de una fórmula que ha dado resultados en otros países, pero debe conformarse de una manera sumamente cuidadosa y responsable.

Explica Buscaglia que una Comisión de la Verdad funciona cuando la sociedad civil no confía, no cree en su gobierno; cuando la legitimidad escasea; y es el caso de México en este momento; en otros países, continúa el investigador, "han tenido un relativo éxito en generar confianza, ya que son formadas por miembros prestigiosos de la sociedad civil que, asesorados por peritos y científicos, van recabando pruebas, testimonios, material científico, ADN. Luego, todo eso se vuelca a una instancia supranacional que sí tiene legitimidad, como la Corte Penal Internacional de La Haya, donde se atienden casos de crímenes de lesa humanidad cuando la población no cree en la justicia de su país o cuando la justicia está paralizada. En México suceden ambas cosas".

La instalación de esta Comisión de la Verdad debe ser un clamor social desde ya en México, por mexicanos; y si bien no me encanta la propuesta de Buscaglia, de que la coordine la PGR, es preciso impulsarla desde alguna institución.

Es ruin que grupos de poder y con recursos económicos ilimitados aprovechen esta situación para cobrarle algunas facturas al presidente Peña Nieto. Es claro que las reformas fiscal, energética, de comunicaciones, etc. lesionaron grandes intereses, mineros, empresarios de las telecomunicaciones, líderes de sindicatos petroleros y magisteriales odian al presidente, otros no superan el resultado de la pasada jornada electoral y consideran que es el momento de cobrar la afrenta al presidente, pero el problema es que los perjudicados somos los mexicanos, sin darnos cuenta enfrentamos, sin que técnicamente se justifique, provocado en mucho por tantas manifestaciones, una serie de indicadores financieros adversos. El gobierno federal ya no debe ser paciente con esos grupos y agrupaciones políticas que pretenden descarrilar el país.

Fomentar manifestaciones violentas donde se destruyen edificios y comercios, tomar carreteras y casetas es criminal, solo basta ver las redes sociales para ver quiénes instigan estos movimientos, qué curioso que un director de cine cercano a Andrés Manuel siempre incita a marchas y manifestaciones y luego aparece con sus cámaras en estos hechos violentos.

Tras llegar a un acuerdo con autoridades estatales, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza retiraron el plantón que mantuvieron por espacio de una hora en avenida 16 de Septiembre frente a Palacio de Gobierno para exigir que se atiendan las condiciones "precarias" en las que se encuentra gran parte del plantel educativo.

El 9 de diciembre, en Chilpancingo, unos 500 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpen en el restaurante en que se desarrolla una reunión de dirigentes locales del PRD y Movimiento Ciudadano: 10 líderes de estos partidos son empujados a la calle y obligados a marchar "por Ayotzinapa" al lado de los maestros. Al ex presidente del PRD estatal, Carlos Reyes Torres, se le ordena enarbolar una manta en donde se lee: "Somos ratas del PRD".

Las fotografías que documentan el hecho muestran a la víctima de los maestros marchando por la Autopista del Sol, bajo la vigilancia de un grupo de encapuchados.

He visto estallar las redes sociales por mucho menos que eso. Pero no en esta ocasión. Nadie, casi nadie salió a defender los derechos pisoteados de esas personas. ¿Para qué? Era una rata del PRD.

Resulta duro decirlo, pero habitamos un tiempo en el que los derechos de algunos importan menos.

Horas antes de ese atentado contra la dignidad de Reyes Torres, la CETEG había entrado violentamente al café donde se verificaba una reunión entre el presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral y representantes de varios partidos políticos. También a ellos se les forzó a marchar por calles de Chilpancingo, enarbolando mantas.

Las redes, que arden siempre, tampoco ardieron en esta ocasión. Se entienden las razones: los agravios continuos, sostenidos, de la clase política, han terminado por destrozar su imagen. Aun así, ¿es posible exigir justicia echando mano de la injusticia?

Ese 9 de diciembre, el Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca informó que 30 edificios históricos, de incalculable valor patrimonial, Santo Domingo de Guzmán y la Iglesia de las Nieves, entre otros, habían sido vandalizados durante marchas de solidaridad "por Ayotzinapa". Acababa de publicarse la noticia cuando otro grupo de profesores, armado con palos y tubos, rompió puertas y ventanas en las instalaciones del INE en Acapulco. Los destrozos, desde luego, fueron también "por Ayotzinapa".

3 días antes, sin que el tema de los derechos humanos preocupara en lo más mínimo a los eternos preocupados por los derechos humanos, estudiantes y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retuvieron durante 7 horas a 11 falsos estudiantes que fueron descubiertos boteando en la caseta de la carretera México-Cuernavaca.

Los falsos estudiantes, que andaban encapuchados, fueron detenidos por otros encapuchados "que dijeron ser los verdaderos estudiantes". Además de verdaderos estudiantes, eran jueces y Ministerios Públicos: a los detenidos los amarraron de las manos y les colgaron en la espalda y el pecho letreros que decían: "Infiltrados". De esa forma los exhibieron por las calles. Según la versión de uno de esos "infiltrados", mientras los exhibían les dijeron que los iban a linchar, que los iban a llevar a Ayotzinapa, que los iban a quemar (al parecer, un vivales los contrató para que botearan y le entregaran una mochila con dinero, cada que ésta se llenara).

No importó mucho el destino de los falsos luchadores "por Ayotzinapa": parece normal que haya gente amarrada, y exhibida con letreros en el pecho y en la espalda.

El 5 de diciembre, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense acusaron al diputado del PRD Daniel Estaban González "de no hacer nada para que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aparezcan con vida". De modo que lo retuvieron 19 horas y le hicieron un "juicio popular". Su condena: comprometerse a pedir licencia "para separarse del cargo".

Reviso ejemplares de la prensa posteriores a los sucesos de Iguala. Bajo la exigencia de justicia "por Ayotzinapa" fueron quemados el Palacio de Gobierno de Guerrero, el Ayuntamiento de Chilpancingo, el Palacio Municipal de Iguala, las oficinas del PRI en ese estado, la sede del congreso local, la Contraloría de la Secretaría de Educación, las oficinas estatales del PRD y la Secretaría de Finanzas del mismo partido. Bajo la exigencia de justicia "por Ayotzinapa" ha sido incendiada la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús, y atacada una de las puertas del Palacio Nacional (no, la Mariana, por cierto, como erróneamente se ha repetido). Bajo esa misma exigencia se incendian autos, se quiebran vidrios, se saquean tiendas, se truenan bombas molotov. Y ninguno de nosotros pestañea porque la violencia justiciera es sagrada (y criticarla es convertirse en siervo del poder).

Admitimos pues que se vale pisotear las leyes para obligar al poder a cumplir las leyes.

El panorama resulta desolador, pues revela la imagen sombría de un sistema en el que todos, ciudadanos y políticos, se han acostumbrado a vivir, a pactar, a funcionar al margen de las leyes. Entonces, delito y ciudadanía se tocan.

El movimiento de Ayotzinapa, o por lo menos un grupo que dice representarlo, no quiere que haya elecciones en Guerrero en 2015. El 8 de diciembre un grupo de activistas encabezado por maestros de la Ceteg, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, "clausuró", incluso con sellos, oficinas del Instituto Nacional Electoral en Tlapa y Chilpancingo.

Los manifestantes amenazaron a los funcionarios que regresarían para castigarlos si se atrevían a abrir las oficinas. No puede haber elecciones, dijeron, mientras 42 normalistas están desaparecidos.

Los consejeros electorales no se atrevieron a levantar los sellos. Al día siguiente se reunieron... pero no en sus oficinas sino en una cafetería. Hasta ahí llegaron, sin embargo, los activistas que sacaron a la calle a los funcionarios electorales y a representantes de partidos políticos donde los obligaron a exhibir una pancarta en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí mismo un encapuchado le advirtió al presidente de la junta local del INE, David Delgado: "Les clausuramos las oficinas y claramente les dijimos que en Guerrero no habrá elecciones en el 2015."

Posteriormente los activistas retuvieron y humillaron públicamente a políticos del PRD y de Movimiento Ciudadano. Los insultaron y los hicieron marchar con una pancarta que decía: "Los del PRD somos ratas".

Ni la policía guerrerense ni la federal se atrevieron a intervenir. No hay novedad en esto. Lorenzo Córdova, presidente del INE, sí pidió públicamente que las protestas se dirimieran por la vía pacífica, pero lo hizo desde la seguridad de la ciudad de México. La verdad es que si las autoridades siguen con su estrategia de permitir cualquier protesta, por agresiva o violatoria de los derechos de terceros que sea, los miembros de la Ceteg sin duda cumplirán con su amenaza y dejarán sin elecciones a Guerrero en 2015.

¿Se imagina usted las protestas y quejas ante las comisiones de derechos humanos si alguna autoridad o grupo político hubiera retenido a maestros de la Ceteg o a normalistas, para insultarlos y hacerlos marchar con pancartas de autodescalificación como en los tiempos de la revolución cultural de Mao? Los cuestionamientos estarían perfectamente justificados. Pero la Ceteg y otros grupos que se cobijan con el nombre de Ayotzinapa piensan que es perfectamente correcto actuar de esta manera contra los demás.

El objetivo fundamental de la Ceteg en este momento es echar para atrás una reforma educativa que se encuentra ya plasmada en la Constitución y que obligaría a la evaluación de los maestros. Las normales rurales forman parte de este esfuerzo porque la reforma obligaría también a los aspirantes a plazas a presentar un examen, lo cual eliminaría el privilegio que tienen los normalistas hasta ahora de obtener plazas automáticas sin importar su calidad académica.

Para revertir la reforma educativa la Ceteg ha demostrado ya que tiene la fuerza para organizar manifestaciones, cerrar carreteras, cobrar cuotas en casetas de peaje, bloquear comercios y quemar oficinas públicas. Lo puede hacer porque la autoridad está aterrada y no se atreve a hacer nada.

Lo curioso es que este 9 de diciembre en Veracruz el presidente de Uruguay, José Mujica, quien se ha ganado el respeto de la izquierda por su honestidad personal, afirmaba con candidez en referencia al caso de Ayotzinapa: "Las dificultades, si no las supera la democracia, no las supera nada." Sin embargo, los líderes de la Ceteg y del movimiento de Ayotzinapa piensan, como Porfirio Díaz, que México no está todavía listo para la democracia.

El gobierno federal ha lanzado un plan para la recuperación económica de Guerrero que pasa por una reactivación del turismo. La intención es loable, pero de nada servirá lanzar planes o promover los destinos si la autoridad no tiene la capacidad de mantener abierta la Autopista del Sol.

Ante los eventos recientes la garantía del Estado de Derecho es indispensable para enfrentar a la delincuencia organizada y la corrupción, aseguró el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

"Pocas veces en la historia de nuestro país la prevalencia del Estado de Derecho se hace indispensable para enfrentar los retos que la delincuencia y la corrupción generan en toda la vida nacional".

Los diputados locales ya buscan una sede alterna para poder sesionar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2015, debido a que los productores de maíz no lograron acuerdos con el poder ejecutivo y continúan ocupando la sede del poder legislativo.

Tras 2 días de protesta y bloqueos de avenidas en el centro tapatío, ayer por la noche el gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario general de Gobierno, Roberto López, sostuvieron un diálogo con los productores, pero no se llegó a un acuerdo.

Se espera que hoy lleguen otros 100 campesinos que apoyarán a sus compañeros.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, instruyó a los ciudadanos a manifestase sólo en las plazas públicas y no en las calles o edificios públicos.

"La protesta ciudadana debe ser respetada, impulsada y fomentada; pero alterar el orden público, cometer delitos y vulnerar los derechos de terceros se debe revisar... Hay lugares específicos para hacer protesta, las plazas públicas son el lugar específico. No es a base de posicionarte de edificios públicos ni a base de bloquear calles. Las calles son para transitar y debe de respetarse, si no, se afectan derechos de terceros. Y también los terceros son las propias instituciones públicas".

La semana pasada, la manifestación de supuestos productores de maíz en el centro de Guadalajara fue -según se dijo entonces- para dejar constancia de su agradecimiento a las autoridades (hubo vivas estentóreos al presidente Peña Nieto y al gobernador Sandoval Díaz...) "por su apoyo decidido al campo". La de ayer, también de agricultores, con cierre a la circulación vehicular del crucero de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre -el más emblemático del corazón de la ciudad- fue... en demanda de un precio justo para el maíz. Es decir, exactamente por lo contrario que la manifestación anterior.

En uno y otro caso, los daños colaterales recayeron en la crisma de los ciudadanos comunes y corrientes...

Habrá quien tilde de apáticos o agachones a los ciudadanos que se quejan de los perjuicios que les ocasiona el ejercicio de un derecho por parte de quienes participan en las marchas. Se soslaya, planteadas así las cosas, el derecho que esos ciudadanos tienen, a su vez, a ser congruentes con su decisión de ser respetuosos del prójimo, o con la convicción de que, en último análisis, las marchas son inútiles... O, por lo menos, de que el mismo derecho que tienen unos a manifestarse por lo que estimen legítimo o pertinente, deberían tenerlo otros a solicitar, de la manera más atenta, que el ejercicio de ese derecho por parte de terceros, no los afecte a ellos.

Pasan los años y generaciones enteras crecen con el mensaje implícito en decenas de acciones diarias: "el que agandalla, no batalla" y para que esto suceda tiene que existir de por medio la corrupción, ese mal que impide avanzar, en muchos sentidos y es el verdadero origen de los casos que hoy muchos mexicanos lamentan.

La crisis no inició con la desaparición de los jóvenes de Iguala, Guerrero. Fue el detonante de lo que hace mucho tiempo permitieron y continuaron haciendo autoridades y sus gobiernos. El letargo terminó para gran parte de ciudadanos, pero las víctimas se han acumulado por montones y todo gracias al sistema que lo ha consentido.

Es la corrupción la que nos mantiene sumidos en la impunidad, falta de garantías, domina en las dependencias administrativas y con los encargados de la procuración de justicia. ¿De qué sirve que un ciudadano haga lo que esté en sus manos para denunciar delitos si al llegar a prisión los responsables, los ministerios públicos, se encargaran de dejarlos libres?

Aquí en Jalisco uno de los mayores ejemplos de este problema se vive y padece en los juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande. Hasta por una copia hay que alinearse con quién sabe cuántos otros "gandallas". De ahí la frase de que en la cárcel sólo están los pen... y los pobres porque claro "quien no tranza, no avanza".

Hoy, que se conmemora el Día Internacional en Contra de la Corrupción recordemos algunos aspectos relevantes que nos ubican en el escenario más real que vivimos en este 2014. Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 103 de 175 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción. Es decir, nuestro país está reprobado por contar con 35 puntos en una escala de 100. El mismo organismo señala que cada hogar mexicano destina en promedio 14% de sus ingresos a la "mordida".

El pasado 4 de diciembre 2 diputados priistas presentaron en el congreso local una iniciativa de decreto para modificar la Constitución de Jalisco en su artículo 57 y crear lo que se denomina "presupuesto constitucional" para el poder judicial. Si el proyecto prospera, a partir del 1 de enero del año 2016 quienes administran la justicia contarían con más de 2,000 millones de pesos para cumplir con su trabajo.

En 2014, el presupuesto total para el poder judicial asciende a 1,177 millones de pesos. Estos recursos se distribuyen entre el Supremo Tribunal de Justicia (con sus 11 salas), el Tribunal de lo Administrativo (que tiene a su vez 6 salas), el Instituto de Justicia Alternativa y el Consejo de la Judicatura, órgano responsable de administrar, coordinar y sancionar el trabajo que realizan poco más de 60 juzgados.

La propuesta de los diputados Héctor Pizano Ramos y Avelina Martínez Juárez detalla que el poder judicial constituirá su presupuesto anual con el 3% del total de los egresos del estado. Si se toma como base la bolsa de dinero que ejerce el Gobierno de Jalisco este año, es decir 83,292 millones de pesos, el 3% correspondería a más del doble de lo que tienen magistrados, jueces y personal judicial: 2,354 millones de pesos. Como suele decirse, es "un mundo de dinero".

¿Por qué Héctor Pizano y Avelina Martínez proponen un presupuesto constitucional cuando el poder judicial se ha visto envuelto en la polémica a causa de los jugosos recursos que se asignan a sí mismos algunos magistrados? La respuesta teórica es atractiva.

Legalizar el 3% anual para magistrados y jueces significaría que éstos no estarían obligados, nunca más, a cabildear y rogar a diputados y gobernador por dinero. Eso significaría autonomía, auténtica autonomía. Con esos recursos, argumenta el diputado, se pagaría la infraestructura que hace falta; se crearían nuevos juzgados; se establecerían sueldos justos (a los jueces no les han incrementado desde hace 14 años); se garantizaría la capacitación permanente y sobre todo, se podría mejorar la impartición de justicia, un bien permanentemente anhelado y no alcanzado por los jaliscienses. "La administración e impartición de justicia es uno de los valores supremos exigidos de manera natural por toda sociedad organizada bajo un Estado de Derecho", dice la iniciativa. En teoría, el presupuesto constitucional es una de las decisiones que más beneficiarían a la administración de justicia en Jalisco, que es precaria, lenta y permanentemente tentada por la corrupción.

En la práctica, el poder judicial arrastra historias de incompetencia, injusticia y abusos como la Ciudad Judicial, calificada por el mismo magistrado presidente del Supremo Tribunal y titular del poder judicial, Luis Carlos Vega Pámanes como "el robo del siglo".

¿No se repetirán esas historias con un presupuesto al doble? El diputado Héctor Pizano asegura que sin autonomía e independencia económica, no es posible romper el círculo vicioso.

En síntesis: para que mejore la impartición de justicia, la receta es más dinero.

En el México y el Jalisco de hoy, es difícil creerlo. Difícil apostar por ello.

Nadie sabe con precisión, más que los directamente involucrados, por qué Jesús Rodríguez Almeida tuvo que dejar la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Lo que sí sé es que en el contexto en el que tuvo que desarrollar su labor Rodríguez Almeida, creo que fue un muy buen funcionario público, un hombre con capacidad y experiencia en el terreno de la seguridad, formado a lo largo de muchos años y que no merecía dejar ese cargo por tratar de hacer lo que más del 80% de los capitalinos reclama, que es acabar con los actos vandálicos en las marchas y bloqueos. Pero así lo exigió el PRD y así se le concedió.

La Nación comienza a ser dominada por un sentimiento de orfandad. No hay ley que se respete, no hay estabilidad que dure, no hay, sobre todo, acatamiento a las instancias y a los representantes de la legalidad. Hoy, recurrir a la violencia se ha vuelto fácil. La sociedad mexicana se encuentra afectada por una virulencia electoral que la confunde y desborda: ahora todos quieren ser mártires, padres o hermanos de la democracia; todos quieren llamarse perseguidos políticos; todos buscan convertirse en héroes o villanos, pero nadie, ni siquiera el gobierno, quieren apegarse a la ley.

Con frecuencia se habla de "fortalecer el Estado de Derecho", sin aclarar qué se entiende por eso; preguntarnos si realmente existe (puesto que sólo se puede fortalecer lo que ya existe); y sin mencionar cómo se piensa lograrlo.

Para el caso que nos ocupa, una forma sencilla de explicar su significado consiste en entenderlo como la sujeción al imperio de la ley por gobernantes y gobernados; que las atribuciones del Estado y sus órganos estén encuadrados en una Constitución que asegura los derechos fundamentales de las personas así como los equilibrios y controles del poder (decían los constituyentes de Filadelfia: "en esta parte de América la ley es el rey"). ¿Sucede esto en México? Por supuesto que no. Y en las escasas áreas en que existe, su manifestación es muy débil.

No existe Estado de Derecho en México mientras: 1.- el órgano revisor de la Constitución no esté sujeto a control constitucional y un albur de dóciles mayorías parlamentarias pueda reformar la Constitución yendo en contra de la propia Constitución; 2.- el Presidente de la República y los gobernadores de los estados no sean responsables por violaciones a la Constitución; 3.- los diputados y senadores puedan repartirse dinero del erario público sin que nadie pueda impedirlo, auditarlos y castigarlos; 4.- la declaración de procedencia impida aprehender a un funcionario por delitos cometidos; 5.- el juicio político esté partidizado y los ciudadanos no puedan deshacerse de un mal funcionario; 6.-no existan órganos autónomos para combatir la corrupción ni penas severas para los corruptos; 7.- la destrucción de la propiedad privada y del patrimonio urbano por vándalos encapuchados sea un "derecho" y no un delito; 8.- cuando los aprehendidos por esos delitos sean liberados y la sociedad los convierta en "mártires de la democracia" e íconos de la protesta social; 9.- el ambulantaje, la venta de productos "pirata" y la evasión fiscal sean un "derecho social" y su combate por la autoridad sea visto como un abuso; y 10.- cuando los desaparecidos sean estadística de un Estado y no un dato a partir del cual se pueda castigar a autoridades responsables. Estos son sólo 10 de los ejemplos que me parecen más importantes, pero la lista puede ser interminable.

En Jalisco, la forma más sencilla de entenderlo es: 1.- cuando en el "caso López Castro" no existen responsables, y el acreador se desiste voluntariamente de su cobro y no porque la ley lo haya obligado y castigado; 2.- cuando al anterior gobernador de Jalisco la Contraloría del Estado le señala irregularidades por 7,500 millones de pesos y la Auditoría Superior del Estado manda un dictamen en ceros (y poco faltó para que le diera una nota laudatoria) y los ciudadanos no pueden hacer nada a ese respecto.

La ausencia o debilidad del Estado de Derecho es el principal problema de México. No entenderlo y no hacer nada para resolverlo no es un problema de capacidad mental, sino de voluntad política. No quisiera pensar que es de incapacidad política.

Dentro de los grandes problemas nacionales que hoy afectan a México el más grave problema es la corrupción del Estado mismo, es decir, la Impunidad.

No es la corrupción o el número que nuestro país ocupe en las tablas de corrupción en el mundo, es la aceptación de que el Estado es corrupto y no pasa nada.

La corrupción, podemos estar de acuerdo con el presidente Peña, es un fenómeno mundial que hasta pareciera tener orígenes genéticos, pero la impunidad no. Ésta surge de fincar valores en la corrupción, fincar leyes en la corrupción, fincar Instituciones en la corrupción y eso es intolerable. Podemos entender que la corrupción permee en las Instituciones, pero es contra natura entender a las instituciones de gobierno basadas en la corrupción. Eso es Impunidad.

Es el freno a la seguridad, al desarrollo económico y al desarrollo social. Es aceptar lo inaceptable y proponer el fracaso como meta, ya ni siquiera como camino. Esta es la gran deuda que tiene el sistema post revolucionario con el país. Sí, nos hemos desarrollado, pero hemos cohabitado y convivido con una enfermedad letal de la cual ya se comienzan a sentir sus síntomas y sus desfachateces.

Todo sistema humano, sea científico, económico o social es mejorable, aun en sí mismo discutible, pero la impunidad es la forma más segura de muerte del sistema sin métodos de contención ni de resolución.

Para qué tanta reforma, para qué tanto cambio de artículos, de personas, de reglas de juego si finalmente el resultado es exactamente el mismo.

México hoy está inquieto, está revuelto, está convulso; se requieren de verdad grandes cambios sí, pero estos serán vanos e inútiles si no van dirigidos a la muerte definitiva de la impunidad.

El gran reto ciudadano es la tolerancia cero a la impunidad; ésta comienza con nuestro compromiso ciudadano y con una vigilancia estrecha a las decisiones del Estado. No es fulano o mengano, no es el partido este o el partido aquel, es la corrupción de Estado la que es intolerable, la que nos está destruyendo como país, la que nos está lacerando como pueblo.

Tenemos muchos problemas, pero mientras no resolvamos la impunidad estaremos como la perinola, simplemente bailando siempre en el mismo sitio, hasta que se nos acabe la cuerda.

No puede haber ya mayor confusión: los detenidos -y posteriormente liberados- manifestantes, ¿eran personas que participaban meramente en un acto de protesta, de manera tan legítima como legal, o, por el contrario, formaban parte de esos grupos de agitadores que se infiltran en las marchas para provocar destrozos y cometer actos de vandalismo?

No lo sabemos, señoras y señores. Ni lo podremos saber. Este país están tan descompuesto y corrompido que la mentira es una práctica extendida a nivel nacional, una suerte de costumbre perfectamente admitida que distorsiona perversamente cualquier posible apreciación de las cosas y que contradice, desde su raíces, la exigencia de que se pueda hacer justicia. No se puede demandar un trato equitativo, ni mucho menos pedir que cese la podredumbre del aparato de justicia, cuando los culpables manipulan tramposamente la verdad para aparecer como víctimas. Nunca habremos de construir un entramado legal en el cual se aseguren las garantías de todos los ciudadanos si algunos de ellos siguen reclamando arteramente el beneficio de la impunidad.

Si los culpables no sólo niegan sus quebrantamientos sino que, a su vez, comienzan ellos a denunciar a sus acusadores y a manipular aviesamente los hechos -más allá de que muchos de los presuntos vándalos hayan adquirido excepcionales habilidades para enmascarar sus acciones y aparecer (avalados, encima, por sus familiares) como ciudadanos ejemplares a los que un sistema "autoritario y represor" hubiera aplicado arbitrarias vejaciones- entonces no hay manera de que tengamos, en este país, un mínimo de orden para vivir con las debidas certezas."

¿Hubo desmanes? ¿Sí o no? Todos hemos visto las imágenes de esos energúmenos que destrozan comercios y oficinas públicas, que arrojan bombas incendiarias y que patean a unos policías impedidos de responder. Pero, por lo que parece, no hay forma de detenerlos. Y eso, con perdón, también es inseguridad.

Al igual que el 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, la marcha de ayer en el Ángel de la Independencia ya había terminado cuando un grupo de embozados comenzó a hacer destrozos, esta vez en comercios y bancos ubicados entre Paseo de la Reforma y la avenida Florencia.

Se entiende el temor del presidente Peña Nieto para llegar hasta el fondo de la masacre de normalistas: es que la cadena de culpables comienza en los dirigentes estudiantiles que los enviaron de Ayotzinapa a Iguala, donde un alcalde y su esposa controlaban el negocio del opio. México es ya el primer proveedor a EU, señala el presidente Obama. E Iguala es el mayor centro de acopio de la goma de amapola en México.

Las marchas insultan a las autoridades federales, las mismas que han detenido a todos los implicados en ese crimen: a los alcaldes de Iguala y Cocula; al capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien confesó haber dado la orden de matar a los normalistas porque entre ellos iban miembros de Los Rojos, estudiantes de normal como los demás; a 6 sicarios autores materiales del crimen del que proporcionaron espeluznantes detalles: mataron a los jóvenes, quemaron los cuerpos, rompieron los huesos, metieron los restos en bolsas para basura y los esparcieron en el río San Juan.

Pero todo empezó cuando los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa enviaron a los alumnos de primer ingreso a secuestrar autobuses y dirigirse a Iguala para... Hay 2 versiones:

1. Leve: Interrumpir, como ya habían hecho en 2013, el informe de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde, hermana e hija de miembros de Guerreros Unidos.

2. Grave: Algunos de los normalistas pertenecían al cártel opuesto: Los Rojos, y llevaban una tarea menos traviesa: matar Guerreros Unidos señalados. Una guerra por opio y heroína, no por mariguana.

Contra la versión 1, los normalistas no se dirigieron al auditorio del DIF sino a la central de autobuses de Iguala, donde secuestraron otros 4 autobuses y golpearon al menos un chofer que se resistió. Pretendían seguir hasta el DF. Uno salía a Reynosa, Tamaulipas. ¿Llevaba opio oculto, enviado por Guerreros Unidos, y no lo supieron los normalistas? Para ese cártel, ¿fue evidente que a robar opio habían ido los normalistas y de ahí la orden de matarlos?

La clave está en la normal de Ayotzinapa. Ni el presidente Peña Nieto ni la PGR pueden seguir ignorando, por cálculo frío y previsión de daños, a quienes comenzaron los hechos concluidos con la masacre. La PGR debe responder a la pregunta: ¿Quién ordenó a los normalistas de primer ingreso robar autobuses y dirigirse a Iguala? ¿Por qué a Iguala? Quienes pudieron dar esa orden, muy frecuente, fueron los dirigentes estudiantiles.

¡Peña Nieto "criminaliza a las víctimas"! Los aullidos llegan hasta la Patagonia: la PGR detiene e interroga a los dirigentes de Ayotzinapa.

Para enfrentar esa conmoción, absolutamente imprescindible si se quiere esclarecer el 1er. acto de la masacre, la PGR deberá asumir que la apuesta es fuerte y exige una virtud que Peña Nieto parece no tener: no la negociación, en que es hábil y lo ha demostrado con su serie de reformas, sino la exposición al aire libre para ofrecer el caso Ayotzinapa resuelto. No el retorno de los muertos, porque no es Jesús de Nazaret, pero sí los resultados en todos sus detalles, la detención de los culpables faltantes y el inicio de procesos con exigencia de pena máxima que, por desgracia son nada más 40 años de cárcel.

Para eso debe afrontar el diluvio de quejicas y los aullidos de La Llorona día y noche. Pero entregar un proceso sin tacha, completo, vigilado por Derechos Humanos. Debe la PGR evaluar el grado de culpabilidad de los dirigentes que enviaron al matadero a 43 muchachos.

¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron a propósito la gasolinera donde trabajaba?

Desde 1917, en promedio la Constitución de México se ha reformado 5 veces por año. Es una carta magna sacralizada en discursos, pero violada, desobedecida y vulnerada en la práctica. Por más que algunos principios que le dieron vida al espíritu constitucional de 1917 siguen ahí, ese pacto social cayó en la obsolescencia. Es una Constitución social que encarna principios que nos unen como país, pero que hoy en día ya no significada nada para buena parte de la sociedad.

Es un tratado constitucional funcional para un régimen que no debía rendir cuentas, que fingía obediencia, pero que en la práctica actuaba con todas esas facultades meta-constitucionales que le permitían saltarse su observancia. Y es que por más que se defienda el "5 de febrero" como un día importante para el país, en los datos, México ocupa una de las últimas posiciones en el mundo en el famoso "respeto al estado de derecho". 2 de cada 3 mexicanos creen que la ley en México se respeta "poco o nada"; seguimos creyendo que es más importante que agarren a los criminales sin importar el respeto a los derechos humanos (54%); una mayoría de mexicanos considera que es justificable que en algunos casos se haga "justicia por propia mano", y también la mayoría cree que no sirve para nada denunciar los delitos.

Un constituyente sería un poderoso mensaje de cambio. Una nueva Constitución que fuera discutida en los congresos estatales, en el federal, en las universidades y en círculos sociales, y que al final fuera ratificada en las urnas, es un elemento clave para avanzar hacia una segunda transición. Repensar nuestro federalismo, un municipalismo vigoroso y moderno, una democracia que conjugue con eficacia democracia representativa y directa, un sistema de rendición de cuentas que cuide realmente por los pesos públicos y un combate decidido a la impunidad, podrían ser cimientos de esta nueva constitución. Un proceso constituyente nunca deja contentos a todos (el caso de España está claro, un 12% votó en contra de la Constitución de 1978), sin embargo es una buena hoja de ruta para la construcción de una mayoría social y política que renueve un pacto agotado.

El privilegio y la impunidad, son dos conceptos que suelen comunicarse. En una democracia inconclusa, no se entiende el 1o. sin la 2a. Incluso, la impunidad es, en gran medida, el origen de los privilegios. En un estado de derecho, solamente la impunidad puede asegurar que los privilegios dividan a los ciudadanos entre los que son lo suficientemente poderosos como para escapar la ley y sus limitaciones, y aquellos a los que su debilidad económica o política deben seguir las reglas. México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos.

Una sociedad de estado de derechos debe divorciarse de los privilegios. En México, hay más de 5,000 funcionarios con fuero, se hacen declaraciones patrimoniales pero no se hacen públicas y rara vez vemos que un político caiga por corrupción. Los fueros y los privilegios son propios de una sociedad pre-moderna no de una democracia de estado de derecho. Sin igualdad ante la ley, real y material, es imposible pensar en la construcción de instituciones democráticas durables. En México se cree que "la ley es para los débiles-o pobres" como dijo alguna vez el politólogo estadounidense Robert Kagan.

Estado de Derecho es la respuesta al reclamo social que se ha expresado en las últimas semanas en México. El único camino a la justicia pasa por el derecho.

Nuestro país será una nación desarrollada cuando tengamos instituciones suficientemente sólidas para asegurar que a cada uno se da lo que en dignidad corresponde y que cuando alguien falte a este principio será castigado llevándolo a la justicia institucional que respetemos todos.

Para contar con instituciones que brinden esa certidumbre es necesario que todos respetemos las normas y que nos sometamos a las decisiones de la justicia sin distingos. Ahora mismo para los ciudadanos muchas de las instituciones no son confiables dada su fragilidad manifiesta.

La sed de justicia de los mexicanos es plenamente justificada. El camino es el fortalecimiento del Estado de Derecho mediante acciones contundentes. Todos los mexicanos debemos respaldar el esfuerzo por hacer que las leyes se respeten. Todos debemos implicarnos en el combate a la impunidad. Los privilegios de pocos que son evidentes son una de las cuestiones esenciales en este proceso social y político. La justicia implica terminar con esos privilegios para encausarlos en leyes equitativas.

Es cuestión de entender que por encima de cualquier voluntad política o pretensión de acuerdos está el respeto a la ley.

Ha llegado el momento de decidirnos por el camino de las normas para alejarnos de la comodidad del consenso acomodaticio que solo redunda en injusticia. Si la justicia es el reclamo el respeto es la respuesta.

En el campo de futbol de la Normal Rural de Ayotzinapa, al menos una treintena de conductores han pasado semanas viviendo en sus unidades, pues aseguran permanecer retenidos por activistas de la escuela que los obligan a trabajar como choferes.

Los conductores viven con sus autobuses en el campo de futbol de la Normal Rural de Ayotzinapa. Duermen en los compartimientos destinados hasta hace poco sólo al equipaje de pasajeros y secan su ropa en los parabrisas.

La atención en los 2 últimos meses se ha centrado en la desaparición de 43 estudiantes de la normal, ubicada en la municipalidad de Tixtla, y pocos han prestado atención a una treintena de conductores de autobús que aseguran permanecer retenidos por activistas de la escuela que los obligan a trabajar como choferes para quienes tomaron a la fuerza sus vehículos: los mismos alumnos.

Los conductores, algunos de los cuales llevan más de un mes en la escuela en el sur de México, dicen que no pueden abandonar los vehículos porque hay un contrato laboral que los obliga a permanecer en todo momento junto al autobús, que puede valer más de 100,000 dólares. Y en medio de las tensiones por la desaparición y presunta masacre de los estudiantes, las autoridades se muestran renuentes a rescatar a los choferes.

"Nos dicen que no estamos secuestrados porque podemos salir a pasear o bañarnos en su alberca", dijo un chofer, que al igual que otros demás se negó a dar su nombre por miedo a represalias. "Pero también los presos en una cárcel tienen derecho a salir al patio o ir al gimnasio y no por eso son libres", se lamenta.

Los estudiantes, que tienen una larga trayectoria de activismo que llega a tornarse violento, califican la toma de los autobuses de "una expropiación" y dicen que los necesitan para trasladarse a las numerosas protestas que se realizan en el estado de Guerrero desde la desaparición y probable matanza de sus compañeros.

Omar García, un estudiante de 2o. año, reconoció que perjudican a los choferes porque no pueden irse ni mantener a sus familias. Pero sostuvo que los estudiantes no tienen opción porque no saben conducir ni dar mantenimiento a vehículos tan grandes.

"Nos tratan mal, nos gritan y nos intimidan y nos obligan a estar a su disposición para manejar donde ellos deciden", explica otro conductor retenido hace tres semanas. "No puedo ir a ver a mi familia. Somos víctimas de una situación que no hemos provocado".

A cambio de no dañar los autobuses, dicen, los choferes deben estar a disposición de los jóvenes las 24 horas del día para manejarlos durante el tiempo que consideren oportuno y al lugar que necesiten ir.

La situación de los conductores en la escuela es sólo un ejemplo de la incapacidad del gobierno de mantener la paz en el estado desde que los estudiantes desaparecieron, supuestamente bajo órdenes de un alcalde cuya policía corrupta los entregó a narcotraficantes.

Estudiantes enmascarados también controlan casetas de peaje para cobrar "donaciones" de choferes que pasan por la autopista federal y secuestran autobuses de pasajeros para su uso. Maestros del sindicato local magisterial se han sumado a las protestas y han quemado vehículos, edificios públicos y oficinas de partidos políticos a la vista de efectivos de la policía estatal y federal.

Las autoridades también desean evitar un incidente como el de hace 3 años en que la policía mató a tiros a dos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa mientras trataban de despejar un autopista que habían bloqueado. Una docena de agentes fueron arrestados y 2 acusados.

El campo de futbol se ha convertido en un estacionamiento no sólo para los autobuses, sino también para camiones de carga que transportaban Coca-Cola y productos lácteos. Los conductores dijeron que los estudiantes se apropiaron de los productos y los vendieron a tiendas locales.

Un día reciente, en el campo de futbol estaba un camión cisterna de combustible junto a 30 autobuses de lujo de las líneas que llevan a vacacionistas de la Ciudad de México a Acapulco. Todos los vehículos eran modelos recientes, con asientos de piel y pantallas de televisión individuales.

"Ellos saben perfectamente cuáles (autobuses) son los más nuevos" , dijo uno de los conductores.

"El problema es grave, sólo este mes llevamos 150 camiones de distintas empresas saqueados de productos y más de 20 vehículos extraviados, quemados, destruidos" , dijo Jaime Nava, presidente de la Confederación Patronal Mexicana en el estado sureño de Guerrero, que agrupa a los empresarios estatales.

"Y todo esto ocurre ante la pasividad policial que los deja saquear", lamentó.

Los hombres, a quienes los estudiantes dan alimentos sencillos, dijeron que sus compañías no les pagan el tiempo que están cautivos. Aunque los estudiantes han prometido darles dinero cuando los liberen, los conductores dicen que si reciben algo no se acercará a sus ingresos de casi 20,000 pesos mensuales.

"Llevo un mes sin recibir un cheque. Tengo que pedir una línea de crédito que no puedo pagar", dijo un conductor más, quien estaba sin camisa porque había lavado a mano la única que tiene. "Me están arruinando".

México SOS
(recibido por e-mail el 27 de noviembre de 2014).

El gobierno federal no ha descubierto el hilo negro. Centrará su anunciada propuesta de Estado de Derecho en una reforma (otra más) al sistema penal. Es bien sabido que si el derecho civil, laboral o administrativo falla, el Estado tiene un problema; pero si el sistema penal es deficiente, no hay Estado de Derecho; el Estado colapsa. Y eso es lo que esta pasando en nuestro país. Impunidad, corrupción, ineficacia, servilismo, violaciones a los derechos humanos de las victimas, de los inculpados y de los presos, inexistencia de sistemas de prevención y policías municipales que representan una amenaza son características de nuestro sistema penal. Y eso se personifica en: Iguala, Tlatlaya, la "casa blanca", los cargos absurdos, injustificados, carentes de cualquier fundamento legal que le imputan a los jóvenes detenidos en el Zócalo, además de los otros miles de casos anónimos.

Sin embargo, lo dramático de la situación no son esos casos y tragedias en sí; sino que estas se pueden repetir cualquier día en cualquier parte del país.

El anémico Estado de Derecho en el que vivimos no es producto de una "conspiración desestabilizadora"; es una realidad que hemos construido sexenio tras sexenio en todos los niveles de gobierno y se ha encrudecido ahora. La impunidad permite que los gobernantes corruptos se sientan intocables y su arrogancia se convierta en cinismo. Esto es lo que ha desestabilizado realmente al Estado; gobernantes corruptos, funcionarios que se dedican a delinquir para enriquecerse a costa de los bienes públicos y servidores públicos que incluso son parte de organizaciones criminales viven bajo el cobijo de la impunidad. Es aquí dónde debería empezar el cambio.

Para comenzar, sería deseable el Presidente cumpliese con su obligación y se sujete al "Estado de Derecho" en el que pretendemos vivir. No es posible que se salte la ley que claramente obliga a los funcionarios públicos a proporcionar la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo relacionada con ellos mismos, el cónyuge, concubina o concubinario, o dependientes económicos directos; independientemente de la probable violación de otras provisiones penales relacionadas con los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho o tráfico de influencias que pueden aplicarse al caso concreto.

Estamos lejos del Estado de Derecho que nos merecemos como ciudadanos. Es obligación del gobierno federal hacer algo de fondo y sobre todo, es absolutamente indispensable que el mismo gobierno federal comience de una vez a cumplir con los principios fundamentales del Estado de Derecho que han quedado olvidados. ¡Ya es hora!

Las tensiones que se crean entre gobernantes y gobernados dan origen a una pelea desigual en la que la parte perdedora es el pueblo. El gobierno parte del erróneo principio de que siempre tiene la razón y, por lo general, se niega a escuchar los argumentos de las partes afectadas.

El gobierno es un ente jurídico-político con funciones específicas que procura el bienestar social, en tanto que los funcionarios son servidores públicos encargados de ejecutar las funciones que les atribuyen las leyes orgánicas, pero no deben asumir la posición parcial de que trabajan exclusivamente para el gobierno. Su papel es doble, el de ejecutar los planes y programas que se le encomiendan y el de captar las necesidades de la población en la parte que le afecten y retroalimentar su gestión para evitar conflictos.

La Constitución Política consagra el derecho de petición de los ciudadanos con libertad de manifestarse y, la función de los gobernantes en esta materia, es la de resolverlas en tal forma que no generen inconformidades. Una negativa a una solicitud debe estar suficientemente fundada y motivada para que no produzca tensiones. Cuando no sea posible lograr el objetivo, debe acudirse al diálogo previo y, en su caso, a la negociación que puede evitar un conflicto mayor. Los conflictos no nacen espontáneamente, son un proceso resultante de un enfrentamiento, de una lucha por un juego de intereses contrapuestos.

Los conflictos se presentan cada vez que ocurren actividades incompatibles; cuando los intereses de un grupo son inaceptables para los gobernantes, las divergencias de las partes hacen que las aspiraciones no puedan ser alcanzadas simultáneamente. Los vicios, negligencia, condescendencia de autoridades anteriores por permitir a determinados grupos privilegios, canonjías, y violaciones a leyes y reglamentos, provocan conflictos cuando nuevas autoridades tratan de corregirlas. Como por ejemplo, el caso de los vendedores ambulantes, puestos fijos y semifijos en el 1er. cuadro de la ciudad.

Los actos vandálicos a que se prestan las auténticas manifestaciones, desvirtúan el origen y las causa de las inconformidades, por esta razón se sospecha que en algunos casos, es el mismo gobierno el que los promueve, lo cual se confirma porque más tardan en capturar a los revoltosos que en soltarlos. En todo caso, a los llamados anarquistas, a los encapuchados y a todo aquel que cause daños o agresiones, debe aplicarse invariablemente todo el peso de la ley.

Lo malo de todo esto es que el pueblo aprende rápidamente la lección; el gobierno le teme a las marchas y plantones y, desgraciadamente, es la única forma de solucionar los problemas de conflictos de intereses. Mientras que los funcionarios públicos sigan considerando que ellos son el gobierno y no ejerzan sus funciones mediadoras y conciliatorias preventivas, seguiremos padeciendo la lacra de las manifestaciones que entorpecen el desarrollo normal de los negocios y producen cuantiosas pérdidas en dinero y en horas-hombre por la interrupción del libre tránsito; es el único medio de presión que le queda a la sociedad para ser escuchados.

Estudiantes de la escuela Normal de Atequiza sostuvieron un altercado esta noche con oficiales de la Fuerza Única Jalisco cuando éstos trataron de disolver una manifestación que comenzó alrededor de las 13:00 horas, y en la que se tomaron todos los carriles de la carretera Santa Rosa-La Barca.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la movilización tuvo como propósito despejar la vía de enlace. "Se siguieron los protocolos para restablecer el orden público ahí. Se agotó el diálogo con los manifestantes, y en 3 ocasiones se les conminó a que reabrieran la circulación".

A decir de la autoridad, la negativa de los manifestantes (en un inicio productores de maíz inconformes con el precio por tonelada, después reforzados por estudiantes de la Escuela Normal de Atequiza) motivó a despejar la vialidad "conforme a derecho".

La protesta estuvo integrada por cerca de 400 personas; la Fiscalía destinó a más de 200 policías antimotines para retirar los 2 camiones con los que se impidió el flujo de vehículos, aunque al final también había oficiales de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

Durante la movilización se registraron diversas riñas. De acuerdo con los estudiantes, los oficiales abusaron de su fuerza; según la autoridad, fue agredida con piedras, botellas y palos.

Un centenar de trabajadores de la Línea 3 de Tren Ligero bloquearon por alrededor de una hora la avenida JUan Gil Preciado, a la altura de Arco del Triunfo, en reclamo al pago de sus salarios.

La protesta, realizada entre las 14:30 y 15:40 horas, provocó congestionamientos vehiculares en la zona, ya que los quejosos obstruyeron la circulación vehicular como medida de presión a sus empleadores.

Ante la movilización efectuada por los empleados de la obra el Centro Jalisco de la SCT informó que el problema correspondió a una cuestión interna de la empresa y ya se había resuelto; no proporcionó mayores detalles.

Entre los trabajadores del Viaducto 1 que se ubica en Zapopan, algunos indicaron que les adeudaban dos pagos, por ejemplo. En promedio, según versiones, se trata de salarios de 1,300 hasta 2,500 pesos a la semana.

El consorcio responsable de la construcción del Viaducto 1 es Mota-Engil, la española Sacyr y la tapatía Trena Constructora.

Unas 2,000 personas bloquearon por poco más de 7 horas la Autopista del Sol de manera pacífica (?), a 2 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Damián Canales, reconoció que en lo que va del año se han registrado 22 intentos de linchamiento y que 3 de ellos se concretaron.

Si logramos hacer las preguntas correctas, quizá se pueda detener la espiral en la que se metió el país. No por los 43 que faltan. No por los anarquistas. No por la casa blanca. No por la puerta de Palacio Nacional. No por los miles que faltan. No por las fosas. No por eso, sino por lo que provocó eso: la impunidad. Hoy el que la hace no la paga.

Pregunta 1. ¿Qué va a pasar si encuentran a los 43? Esta es la bandera sobre la que se puso todo el enojo de los jóvenes y los sectores más hartos de la sociedad mexicana. No se olvide que hay detenidos, que el alcalde está preso, que el gobernador de Guerrero tuvo que pedir licencia, que hay una investigación en marcha. Es decir, no es que no haya respuesta del Estado. De hecho, en algún momento, la respuesta se va a completar. Cuando eso pase, ¿se aniquila el descontento? ¿Se terminan las marchas? ¿Los movimientos universitarios? ¿Se dejan de encontrar fosas? ¿Nadie gritará por los miles restos que no son de los 43? Alguien tiene que pagar por todo lo que rodea a los 43 que no son los 43.

Pregunta 2. ¿Qué va a pasar con el enriquecimiento de la Primera Dama? Ya explicó que es rica porque el dinero se lo dieron unos empresarios. Si eso es verdad -y puede que sí lo sea- alguien tiene que explicarle que eso se llama corrupción. Que son dádivas. Que no es el mercado ni su trayectoria, sino su posición los que definen esos montos. Ella es hoy la manifestación más evidente de que hay una clase privilegiada que mama de este país, ahonda las desigualdades y es leña para el fuego que se ha prendido. Ella debe pagar.

Pregunta 3. ¿Cómo se hace para que el que la deba, la pague? Los analistas se llenan la boca con la idea de la reconstrucción del Estado de derecho. En palabras de calle significa que pague el que la deba. Que la ley se cumpla. Pero los responsables están sentados en carretadas de dinero y los operadores dependen del billetito adicional para sobrevivir. Los que no están en ese tren están en uno peor: el de la incomprensión pasmada. Creen que no hay que hacer valer la autoridad. Y es comprensible: el ciudadano no cumple la ley porque no encuentra legitimidad en quien quiere obligarlo, lo que a su vez le resta fuerza para exigir que la autoridad sí cumpla. La literatura dice que esta tarea descansa en los abogados, en la selección de jueces, en la transparencia de los procedimientos, en la claridad de las sentencias, en la uniformidad de las tarifas. No es el que está en la calle dando toletazos, ni es el que maneja el crimen organizado, pero el Poder Judicial no funciona hoy para evitar las fosas, los Graniers, las casas blancas. Llegó la hora de cambiarlo, para que el que la deba, la pague.

Un joven murió en un hospital de Axapusco, luego de que una turba lo golpeó en Cuanalán, Estado de México, porque intentó despojar de su dinero a un mototaxista.

La frase de la semana, a propósito de estos acontecimientos, podría ser esta: "Con razón y urgencia los mexicanos exigen que la ley se cumpla; la sociedad, con razón, está harta de sentirse vulnerada; está cansada de la impunidad y la delincuencia".

Para bien o para mal, el autor de la frase en cuestión es... el presidente Enrique Peña Nieto. Para bien, porque la historia demuestra que en este país, desde los tlatoanis hasta la fecha, pasando por "la era de los caudillos", la única voluntad provista del poder necesario para que haya cambios significativos, es la del titular del poder ejecutivo. Para mal, porque la misma historia demuestra que la respuesta del poseedor del único poder omnímodo que hay en este país, se ha quedado anclada, demasiadas veces, en el ampuloso -y estéril- terreno del discurso.

Las reglas parecen ser muy claras en Nueva York y de hecho en Estados Unidos. Quieres expresar tus puntos de vista, no hay problema. Quieres marchar o acampar en protesta, tampoco, aunque los reglamentos de las ciudades establecen que los líderes de los manifestantes deben solicitar permiso previo para cualquier marcha y el gobierno de la ciudad debe aprobar la fecha, la hora y la ruta de la manifestación para minimizar las afectaciones al resto de los ciudadanos.

Una y otra vez los tribunales en los Estados Unidos han confirmado estas reglas. La libertad de manifestación no otorga derecho para bloquear vías de comunicación o para agredir a policías o a terceros. Las reglas en la Unión Americana están hechas para respetar los derechos de todos y no nada más de los manifestantes.

En México las cosas no son así, por supuesto. Los únicos derechos que se reconocen aquí son los de los manifestantes. Los ciudadanos no tienen ninguno. Y los policías mucho menos. Si responden a una agresión, el castigado es siempre el policía y nunca el manifestante.

No me parece que Estados Unidos sea un país con menos libertades que México. Nueva York no es una ciudad represiva si se compara con el Distrito Federal. La única diferencia es que allá hay reglas claras y autoridades que tienen el valor de aplicarlas. En México los responsables del gobierno y la seguridad cada vez se sienten más inseguros y prefieren dejar que los manifestantes hagan lo que quieran: robar autobuses, bloquear vías de comunicación, cobrar peaje en casetas de autopista, saquear comercios, golpear o arrojar bombas molotov a policías.

Los políticos mexicanos nos dicen que actúan como lo hacen porque son tolerantes. Los ciudadanos afectados saben bien que el término es otro: se dice cobardía.

Lo que sí es imperdonable que permitan las autoridades y deben prohibirlo de inmediato, son las manifestaciones de individuos encapuchados; los ciudadanos tienen todo el derecho de efectuar protestas pacíficas, pero dando la cara y no cubriéndola, porque el que se pone máscara para no ser identificado demuestra su intención de ejecutar actos de vandalismo y agresión a la comunidad y a las autoridades, como lo expresó el jefe de la policía de [la Ciudad de] México, que les tiraban a matar con varillas, con bombas molotov, por eso los elementos policiacos "tuvieron que defenderse".

Pero hay opiniones de ciudadanos en el sentido de que la policía no solamente debe defenderse y mostrar intención de respuesta, sino que tiene que imponer el orden y mucho más a una banda de enmascarados que están dispuestos a todas las agresiones que les permitan realizar.

En nuestros días, la pena de muerte ha sido motivo de recurrentes y encontradas opiniones. Esta pena se ha aplicado desde tiempo inmemorial. En el Antiguo Testamento, se habla de que la pena debe ser equiparable al crimen que castiga: "...más si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, diente por diente, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe". Muchos gobiernos a través de la historia han empleado la pena capital para castigar a sus enemigos: Sócrates por despreciar a los dioses y corromper a la juventud. Jesucristo murió en la cruz por pretender ser rey de los judíos y ostentarse como hijo de Dios. La mayor parte de los países avanzados la han abolido. Arabia Saudita la aplica aún por trasgresiones religiosas o morales. El país que más ejecuciones realizó en 2007 ha sido China. Irán, Paquistán y Estados Unidos registran decenas de ejecuciones. Es de preguntarse: ¿acaso la pena de muerte es una acción disuasiva? ¿La cadena perpetua lo es? La experiencia nos dice que los peores criminales no tienen regeneración; que el mayor temor de los humanos es la pérdida de la vida. Hay ciertos crímenes paradigmáticamente de tal crueldad y violencia -no sólo el secuestro- que es imposible dejar de considerar la pena de muerte como una opción. ¿De qué otra manera puede detenerse la locura homicida que vivimos y tanta atrocidad de la delincuencia organizada? Frente a los derechos humanos de los criminales, están también los derechos de tanta víctima indefensa y los de una colectividad aterrorizada que reclama se instaure la pena de muerte como legítima defensa de la sociedad.

Santo Tomás de Aquino escribió en su Suma Teológica: "De la misma manera que es lícito y conveniente amputar un brazo o cualquier miembro de una persona para salvarle la vida y la salud al resto del cuerpo, lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la pena capital para salvar al resto de la sociedad".

Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles 350 años antes de Cristo, sostuvo que la pena de muerte es el medio político para eliminar de la sociedad a un elemento nocivo y pernicioso.

País convertido en terreno fértil para la desaparición y ejecución de personas, comisión de delitos de toda índole incluidos los horrores de los de alto impacto, y la impunidad con la que grupos cada vez más violentos utilizan el pretexto de las protestas para cerrar carreteras, tomar casetas de cobro, apedrear y saquear comercios e incendiar vehículos ante la complacencia de un autoridad que bajo la premisa de "no represión" no interviene en absoluto para restaurar el orden en perjuicio de quienes de una u otra forma sufrimos por esas protestas.

Desde el inicio de la crisis estos responsables del manejo de la situación han marcado su distancia del lugar del conflicto llevando a cabo reuniones y análisis pero desde los salones gubernamentales y legislativos en la Ciudad de México, muy lejos del lugar donde hoy viven la indignación y el dolor. El Presidente, que quizás debió haber hecho mucha de su chamba en Iguala, difícilmente se ha parado en el lugar, y los demás cuando más despachan en el hangar de la Policía Federal en Chilpancingo. Obviamente, esa ausencia la han llenado activistas, ONG’s y mercenarios del descontento que hoy recorren el país en caravanas con los padres de los desaparecidos, llevando agua a sus molinos.

Años y años de permitir toda clase de barbaridades en las calles: pedreas de la CNTE, el Zócalo tomado semanas y convertido en una feria de la delincuencia, el Monumento a la Revolución convertido en un muladar, el auditorio Che Guevara en manos de rufianes durante más de 10 años, los agricultores de Atenco desfilando armados de machetes por las calles del Distrito Federal, los integrantes de la CNTE impidiendo la llegada al aeropuerto de la ciudad de México, el SME atentando contra módulos de la CFE, incendiando los coches de la Comisión, los normalistas de Ayotzinapa bloqueando la Autopista del Sol y asesinando al empleado de una gasolinera que estalló durante el ataque de los normalistas, miembros de la Sección 22 impidiendo que se abran los comercios del centro de Oaxaca, un congreso local en llamas, un palacio municipal en llamas, edificios de partidos políticos apedreados y quemados...

La autonomía universitaria no es un espacio de extraterritorialidad, con leyes y normas diferentes a las del resto del Estado. Difícil entender que ante los disturbios del fin de semana se esté argumentando que se ha violado la autonomía universitaria porque un agente judicial que estaba investigando un delito, tomó fotos a personas que estaban frente al auditorio Che Guevara. El policía y sus acompañantes fueron agredidos y las fotos fueron, dicen los propios participantes, las que "enardecieron" a ese grupo. En la refriega y mientras era agredido, el agente (violando normas) disparó su arma e hirió a un estudiante. Luego ya sabemos de los actos vandálicos, la quema de carros, los bloqueos y movilizaciones exigiendo "el respeto a la autonomía universitaria", las disculpas del gobierno capitalino y el discurso del rector Narro diciendo que la universidad "saldrá fortalecida de este trance".

Pero nadie puede decir en qué se violó la autonomía universitaria: ¿es que las autoridades no pueden investigar un delito dentro del campus universitario, se trate del robo de un celular o la quema de un vagón y una estación del metrobús?¿hay alguna violación a la autonomía cuando el agente va acompañado de un ministerio público y de un representante de la oficina del abogado de la UNAM?¿en qué reside el atentado a la autonomía cuando se toman fotos a un grupo de jóvenes que, ellos sí, están ocupando ilegalmente un espacio universitario desde hace quince años, un espacio donde residen quienes presuntamente han cometido muchos delitos, incluso contra la propia comunidad y la institución?.

No hubo violación de la autonomía de la UNAM: las autoridades están obligadas a investigar los delitos que se comenten en todo el país. Que no lo estén haciendo porque se ha confundido, en la UNAM y en muchos otros espacios, la autonomía con la extraterritorialidad, es otra cosa. La autonomía no implica un derecho a la impunidad. Aunque en demasiadas ocasiones pareciera que así es. La autonomía ha servido para que puedan florecer muchos pensadores independientes y para que haya una educación abierta y laica en las universidades pero también para justificar todo tipo de actos.

En realidad, la lógica de la violación constante a la ley y del ejercicio de la violencia como forma de expresión política no sólo no es un derecho adquirido vía la autonomía universitaria sino la mejor coartada para que el día de mañana cualquier gobierno autoritario termine acabando con ella. La violencia y la intolerancia, la convicción de que se puede ser impune porque es una suerte de derecho natural no es sinónimo de la libertad académica y la autonomía, sino formas fascistoides de hacer y de entender la política.

Y eso no es sólo algo que suceda en la UNAM ni necesariamente allí se expresa en la forma más crítica: ahora que está tan presente el tema Ayotzinapa hay que recordar que la autonomía en esos campus ha servido también para todo, incluyendo convertirlos en un receptáculo de camiones secuestrados sin que nadie se atreva a rescatarlos. En otras universidades ha servido para poder dirimir a tiros la supremacía en algún órgano de poder, incluyendo las rectorías, sabiendo que nadie interferirá en esas luchas, y hay casos en los cuales todo se reduce a contar con un espacio para cometer ilícitos, ligados con la política o no, sabiendo que allí no ingresarán las fuerzas de seguridad.

Quienes hemos estudiado en universidades públicas, quienes hemos gozado de las bondades de la autonomía universitaria y de las libertades académica y de cátedra, no podemos confundir ese derecho inalienable a una universidad libre, laica y de calidad con un refugio de delincuentes que tienen como coartada la autonomía y la ideología para cometer todo tipo de fechorías.

Restablecer la ley y el orden es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto, pero el tiempo se agota rápidamente. ¿Pero cómo restablecer el orden cuando el gobierno, cuya función primaria que es proveer la seguridad a sus ciudadanos, ha claudicado de su responsabilidad? Peor aún, en sus 3 niveles los gobiernos violan los derechos constitucionales de la mayoría de la sociedad, porque las minorías que rompen las leyes, asaltan, incurren sistemáticamente en intentonas de asesinato y violan las garantías individuales y las libertades de los ciudadanos, siempre tienen carta de impunidad. No es la criminalización de la protesta y el derecho a pensar diferente la razón; es el miedo de aplicar la ley a quien la rompe, lo que domina el cuerpo político mexicano.

El problema que enfrenta el gobierno es por su confusión sobre la aplicación de la ley y el respeto a las libertades. Ampliar la tolerancia ante quienes expresan indignación e inconformidad con el gobierno es respetar sus derechos y libertades; ser tolerantes con delincuentes, es lo que crecientemente tensiona a la sociedad. La laxitud con la que se aplica la ley -se recarga entre quienes la respetan y se anula frente a quienes la conculcan-, está generando presiones de las élites que ante la tolerancia institucional a delincuentes, exige mano dura.

El viernes pasado fue uno de esos días. El gobierno federal y los gobiernos locales decidieron esconderse en una jornada de boicots al arranque del Buen Fin. Pero midieron todo con el mismo rasero. Aquellos que vieron de esa forma una expresión de protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa, y quienes aprovecharon la coyuntura para asaltar en despoblado. Decenas de propiedades privadas fueron afectadas; 67 camiones de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio fueron robados. Centros comerciales en 3 entidades fueron secuestrados y los consumidores agredidos. Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Wal-Mart afirma que ni siquiera en los países completamente infectados por el narcotráfico en Centroamérica, la inseguridad para el consumidor es tan elevada como en México.

El sábado, quienes no tienen acceso a esos niveles ni disponen de esos recursos, vieron que cientos de granaderos del Distrito Federal, que no aparecieron cuando un grupo de provocadores prendió fuego a la puerta del Palacio Nacional, fueron apostados para proteger la casa particular del presidente. La ley y el orden en México no son parejos para todos.

Este tipo de paradoja aflora porque el gobierno no supera la contradicción de cómo aplicar el Estado de Derecho cuando sus acciones lo violan cotidianamente. Al permitir que se violenten las libertades de terceros o que sean impunes quienes abiertamente delinquen, el gobierno tolera el rompimiento de la norma establecida. Pero no puede impedirlo por la fuerza, porque carece de la legitimidad para utilizarla. Los 3 requisitos fundamentales para un país de leyes, se puede argumentar, no son regularmente respetados por uno o más niveles de gobierno en México:

1. El gobierno, sus funcionarios y fuerzas de seguridad, así como los individuos y las entidades privadas, son responsables ante la ley.
2. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, que se aplican sin distinción, a fin de proteger los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y de la propiedad.
3. El proceso mediante el cual las leyes son elaboradas, administradas y aplicadas, es accesible, justo y eficiente.

Esta deficiencia conduce a la ilegitimidad en el monopolio del uso de la fuerza, en los términos como planteó Max Weber hace casi un siglo, donde los estados funcionales reproducen las formas de violencia que sostienen las relaciones sociales de poder existentes, mientras suprimen aquellas que amenacen con romperlas. México es un Estado disfuncional, cuya reparación fue soslayada por décadas. Ha pasado casi medio siglo desde la matanza de Tlatelolco y se mantiene el trauma de la represión, cuando se utilizó la fuerza militar para resolver un problema que los políticos fueron incapaces de resolver con diálogo y acuerdos.

Esta es la gran paradoja del momento mexicano. Por su falta de oficio, la represión que se quiere evitar, se está convirtiendo en el único camino posible para restaurar el orden. Esta ruta es algo que por el bien de las libertades en México y de su propio juicio histórico, el presidente debe evitar, mediante el hallazgo del talento político del que hasta hoy, para este reto, su gobierno ha carecido.

Somos un Estado sin derecho, la debilidad del Estado mexicano es impresionante y por donde se debe empezar es por la reconstrucción total de nuestro aparato judicial, advirtió el historiador y politólogo francés, nacionalizado mexicano en 1979, Jean Meyer.

"Un amigo italiano me decía que en su país, en los peores años de la mafia, los sicarios no mataban políticos, estudiantes o militares: mataban a los jueces italianos porque eran incorruptibles. En México, nuestros jueces dan amparo a los criminales. Pero estos son momentos difíciles para el país".

La situación, dijo, ha llegado a un estado alarmante como el que vivió Italia, manejada totalmente por la mafia. Ya ni siquiera hablar de narcos es lo más adecuado: "Debemos olvidar a los narcos, ahora tenemos que hablar de crimen organizado, ya se ha llegado al nivel de la mafia italiana no sólo por el narcotráfico sino por el crimen organizado. Si la droga representa 30% de sus negocios es mucho, sus negocios son el derecho de piso, la extorsión o la venta de protección y la administración directa de bienes".

Para Meyer, el grupo Los Caballeros Templarios "se ha apoderado de las minas de Michoacán, vendiendo buques enteros de mineral a los chinos de manera absolutamente legal, incluso pasando por la industria de Lázaro Cárdenas con prerrefinamiento del mineral para mandarlo de más alta calidad y venderlo más caro".

Según Meyer, México dejó de ser un país de campesinos, las ciudades han crecido enormemente y la violencia llegó a la ciudad. Desde la Independencia esa violencia nunca ha parado y en ciertos sectores como en Tierra Caliente de Michoacán o Guerrero, ciertas partes de la Huasteca o de Hidalgo, antes no era el crimen organizado sino eran los caciques, pero el tema de los caciques ya casi es un tema arqueológico, ahora hay un problema de fondo: esta violencia no la quisimos ver.

Junto con la violencia creció también, sin ser vista o fingiendo no verla, la corrupción: "El cáncer, pero ese cáncer ya ha hecho metástasis en todas partes".

Meyer habla de la corrupción infiltrada hasta los huesos en los cuerpos de justicia, especialmente la policía: "El Presidente se puede apoyar, yo creo, sólo en el Ejército, pero tampoco está inmune, le queda la Marina; llama la atención que en cada operación de arrestos de grandes jefes de cárteles siempre ha sido la Marina, lo que permite pensar que la Marina hasta la fecha no ha sido contaminada".

"Lo que a mí me preocupa es que no tenemos el recurso como en Italia que nos permita rehacernos". Tampoco la voluntad que dice haber encontrado hace algunos años en Colombia, cuando supo que 30% de sus senadores y diputados estaban encarcelados o con un proceso judicial en curso: "En México no existe un solo senador, diputado o gobernador procesado, ni durante ni después, ¿cuándo se levanta el fuero aquí?, ¿cuándo levantan la inmunidad parlamentaria en México?, eso hace mucho más difícil para México salir adelante".

Y sobre la voluntad política que se requiere, espera que se deje atrás la rapiña electoral: "Espero que el desastre, que la tragedia de Ayotzinapa despierte a todos nuestros hombres políticos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pero cuando veo a los dirigentes del PRD pelearse y a López Obrador intentar pescar a río revuelto ganancias electorales, ahí sí me pongo muy triste, porque no es el momento de eso; firmar un pacto de nada sirve, hay que ponerse a trabajar, pero pelearse el voto futuro de 2015 es desastroso y antipatriótico".

Sólo ve 2 opciones: impulsar una reforma profunda del sistema judicial y terminar con la multiplicidad de policías (municipal, estatal, federal) y crear un solo mando. Son cosas que deben empezar ahora mismo, pero que al igual que la reforma educativa toman entre 5 y 6 años, la Gendarmería francesa es un modelo para el mundo entero, pero esa ya tiene más de 3 siglos".

Ver las diarias escenas de toda clase de manifestaciones a lo largo y ancho del país, hacen entender y comprender el miserable Estado de Derecho que ha convertido el territorio nacional en "Rastro Humano", con la aparición de numerosos y dantescos entierros que dan la imagen deplorable que circula alrededor del mundo en minutos, del acontecer real, y la pasmosa impavidez de autoridades que, visto lo visto, distan con mucho de dar la talla.

Es la impunidad, en todos los estamentos sociales, políticos, empresariales, defraudadores, sindicalistas, golpeadores, asesinos y partidistas con hambre de poder, y la delincuencia organizada en pleno, los que tienen a la ciudadanía hasta la coronilla, explotando ya en cuanto puede y haciendo el caldo gordo a los vivales de la política que están consiguiendo sus bastardas intenciones... Desestabilizar a México.

Por más que el secretario de Gobernación Osorio Chong exclame a los 4 vientos que nadie puede exigir justicia violando la ley, y que en la violencia jamás encontraremos la solución aludiendo a los hechos violentos en Guerrero, el D.F. y Michoacán... Por más que Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia se haya cimbrado por la desmedida violencia que en el país priva, ganando terreno la zozobra y la desesperanza, de nada sirven ante la pasividad de reacción de quienes en el gobierno mandan.

Campo propicio es la realidad para los que buscan botín político ante la desesperación ciudadana. Sí, el marco es la tragedia, pero esta tragedia misma es la que permite "capitalizar" el fracaso de autoridad, para hacerse de simpatía con discursos demagogos y populista que son la esencia y fondo de la publicidad de quien con su nuevo juguete -léase partido Morena-, López Obrador, padrino político de muchos de los perredistas delincuentes que han propiciado la debacle y el tristísimo estado de la nación, habla en spots publicitarios de honestidad, de limpieza, de transparencia y otras tantas zarandajas que deslumbran a quienes por la ignorancia le siguen.

La eficacia de las reformas estructurales podría perderse de no atenderse la inseguridad, corrupción, impunidad, ausencia de Estado de Derecho y falta de transparencia, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Para elevar la confianza de los inversionistas no solamente se requiere de la aprobación de las reformas, sino también de un favorable entorno de negocios, que permita tener la seguridad de que su capital está seguro y que tendrán rendimientos.

Sin embargo, se ha visto que la percepción es que han sido desfavorables los avances para eliminar esos problemas, a pesar de los acuerdos que se han firmado en los últimos 6 años.

Analistas del CEESP recordaron que a nivel internacional se percibe que no se ha logrado mayor dinamismo económico, no se reduce la inseguridad e incluso se fortaleció como uno de los principales factores que frenan el crecimiento, como lo publicó The New York Times.

En lo que fuera el auditorio Justo Sierra de la facultad de Filosofía y Letras, ahora llamado por sus ocupantes Ché Guevara, se refugian muchos de los líderes de los llamados anarquistas (aunque en su vida hayan leído demasiado ni del Ché, que detestaba a los anarquistas, ni de Bakunin). De allí parten a realizar actos vandálicos, como el incendio del metrobús y la estación CU del mismo o el incendio de la puerta Mariana en Palacio Nacional. El espacio, ocupado por estos grupos desde la huelga universitaria de 1999, sirve para todo, desde la realización de asambleas hasta de hotel de paso. Nadie en la UNAM se mete con los ocupantes del auditorio porque se sabe que la respuesta es la violencia.

Ahí llegó el sábado un agente judicial acompañado de un ministerio público y un abogado de la UNAM, en una operación legítima y respaldada por las autoridades de la universidad a investigar, dicen, el robo de un celular (recordemos que vía la investigación de un celular robado se puede llegar a muchos objetivos, a toda actividad para la que haya sido utilizado ese celular), recordando, además, que según la procuraduría del DF ahí, en el Ché Guevara viven y operan los líderes de los delitos cometidos en los distintos actos vandálicos.

Fueron recibidos a golpes cuando fueron detectados en las proximidades. Cuando eran agredidos y perseguidos el agente judicial (sin duda un error de procedimiento) disparó su arma al aire: recibieron un rozón de bala un estudiante y un perro. El agente (que terminó internado por los golpes recibidos) y sus acompañantes fueron golpeados, agredidos y el auto oficial en el que se transportaban fue incendiado. Inmediatamente hubo grupos que comenzaron a tuitear sobre la violación a la autonomía universitaria y más de un titular de prensa anunció que estudiantes habían sido balaceados por agentes judiciales.

Habitantes de Huitzilac retuvieron al secretario de gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, en la autopista México-Cuernavaca, para exigir atención a su demanda de buscar a su vecino.

El clima se volvió tenso cuando en un acuerdo bilateral, los vecinos desalojaron un carril en las 2 direcciones de la autopista México-Cuernavaca y en ese momento, el funcionario intentó retirarse de la zona del conflicto, pero fue jaloneado y retenido por el grupo de manifestantes.

El escolta de Quiroz Medina fue golpeado por el grupo de manifestantes e inmediatamente fue trasladado en una ambulancia hacia un hospital de Cuernavaca, donde lo reportaron con contusiones múltiples.

Al servidor público lo rodean alrededor de 50 habitantes, mientras a una distancia de 200 metros se encuentran policías antimotines del mando único y por el otro extremo policías de la Policías Federal.

En este momento, los colonos volvieron a liberar un carril de cada lado de la autopista México-Cuernavaca, como una tregua de los habitantes de Huitzilac, en la que se establecerá una mesa de diálogo con las autoridades estatales en la que se pretenden alcanzar acuerdos sobre la búsqueda de un taxista desaparecido desde la noche de ayer.

La autopista registra fluidez vehicular en los carriles de alta velocidad, los cuales fueron liberados en cada dirección, luego de permanecer bloqueados desde las 9:00 de la mañana, en demanda de que las autoridades busquen a un hombre identificado como Alfonso, taxista de profesión y que ayer brindó un servicio y ya no regresó a casa.

Su vehículo fue encontrado en un paraje limítrofe con el DF.

Después de casi 11 horas de bloqueo, anoche fue liberada la autopista México-Cuernavaca, en el tramo de Tres Marías.

Restauranteros, hoteleros y comerciantes de Acapulco se dijeron ayer dispuestos a enfrentar a los violentos que, por lo que se ve, parecen haber diseñado un plan específico para sabotear la principal fuente de ingresos de Guerrero, misma que se da con la actividad turística, por ejemplo en el puente que comienza este día, y en la temporada vacacional de diciembre y la 1a. semana de enero.

Los gobiernos municipal y del estado, lamentan, han sido por completo rebasados, por lo que piden la intervención "directa" del gobierno federal.

¿Cómo es posible, se preguntan, que algo más de un centenar de personas "vengan a tomar Acapulco"?

Temen se produzcan enfrentamientos con la población que vive del turismo, y que incluye meseros, taxistas, cantineros, taqueros, fruteros...

España no tiene una Comisión de Derechos Humanos. Estados Unidos tampoco. Los 2 países, sin embargo, tienen un mejor historial que el de México en derechos humanos. Quizá en lugar de tener una costosísima CNDH, deberíamos tener tribunales independientes que apliquen la ley con certidumbre.

Las protestas para que reaparezcan con vida los 43 normalistas están intensificándose en distintas ciudades. Ayer en Chilpancingo unos 800 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero y estudiantes normalistas encendieron fuego al salón de sesiones del congreso estatal, a las instalaciones de la Contraloría y a la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Los docentes también quemaron 5 automóviles que estaban estacionados en el recinto legislativo y la biblioteca "Sentimientos de la Nación", ubicada en el mismo edificio. Aunque policías antimotines acudieron al sitio, se vieron superados en número y evitaron un enfrentamiento. Una vez perpetrado su plan de acción, los docentes regresaron a su plantón en la Plaza Cívica, en el centro de la capital.

En Morelia también hubo disturbios. Si el martes los objetivos fueron las sedes del PAN, PRD y Nueva Alianza, ayer los estudiantes destruyeron parte de las oficinas administrativas del PRI. Además, bloquearon el aeropuerto de la ciudad e invadieron la pista de aterrizaje.

En Oaxaca, estudiantes realizaron bloqueos y destrozos en casetas de cobro y en oficinas del gobierno.

La declaración del alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García, sobre el comercio ambulante, reconociendo el fracaso de la autoridad para cumplir con lo que fue su primera promesa de gobierno, poner orden en la vía pública, es más que preocupante. Reconocer que no pudo con los ambulantes es, aunque triste, un acto de honestidad que si no se aplaude al menos se agradece; proponer cambiar los reglamentos para legalizar el comercio ambulante, porque él no pudo meterlo en cintura, es un atentado contra la ciudad.

El espacio público no se puede negociar. Si bien el ayuntamiento es el administrador en turno del espacio público ni el alcalde, ni los regidores, ni los inspectores, ni los líderes de los tianguistas son dueños de las plazas y banquetas. El espacio público existe porque los ciudadanos pagamos impuestos y derechos, y cedemos, por ley, un pedazo de terreno para que se administre a favor de todos, no de unos cuantos, y mucho menos para que un grupo haga negocio rentándolo.

Ceder ante las presiones de los grupos de interés en torno al ambulantaje, que llegan muy arriba en la escala política, es renunciar a la autoridad y condenar a la ciudad al caos.

Normalistas se apoderaron de una pipa de diesel de más de 10,000 litros como parte de su plan de acción para encontrar con vida a sus compañeros desaparecidos a manos de policías de Iguala, Gro. En Acapulco ayer, jóvenes se enfrentaron a policías municipales y les quitaron sus escudos. Más tarde tomaron por tres horas y media el aeropuerto.

Comerciantes del Mercado Corona bloquearon ayer el cruce de las avenidas Hidalgo y Alcalde para exigir al ayuntamiento que les firme un acuerdo jurídico en el que les aseguren un espacio cuando el mercado termine de ser [re]construido.

En México pareciera que tanto la impunidad, como la tolerancia se están ejerciendo de manera excesiva y eso no nos está llevando a nada bueno, sobre todo porque la palabra que sigue es anarquía.

El fin de semana vi con enojo e incredulidad como unos cuantos patanes (no pasaban de 10), se aprovechaban de una manifestación que llegó al zócalo para protestar por los estudiantes levantados –futuros "educadores" de nuestra juventud- y en un evidente desprendimiento de la mayoría ahí reunida, se dedicaron a atacar el edificio de Palacio Nacional, bella joya arquitectónica e histórica, sin que nadie que no fueran unas jóvenes mujeres tratara –sin éxito y a riesgo de su propia integridad- de evitar que siguieran pintarrajeando, golpeando con herrería, piedras y bombas molotov la puerta "Mariana" del edificio colonial.

El grupito en cuestión hizo de las suyas en contra del patrimonio de todos los mexicanos, ante la vista de cientos de personas -y luego millones por la TV- sin que autoridad alguna interviniera.

Horas antes ya había sucedido lo mismo por 2a. vez en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo. En el Palacio de Gobierno de Oaxaca es cosa de que a otros "educadores" se les ocurra y lo vuelven a hacer. Endenantes en Los Cabos, con el pretexto de los estragos causados por un fenómeno natural. Coincidentemente todos ellos "gobernados" por seudo izquierdistas del PRD y Movimiento Ciudadano, total... impunidad, tras impunidad, tras impunidad. ¿Hasta cuándo tendrán las autoridades los "arrestos" necesarios para actuar y cumplir con la obligación juramentada cuando tomaron posesión de su encargo?

Y sobre todo, hasta cuando los ciudadanos seguiremos dándonos el lujo de elegir a políticos sin oficio, que todo lo quieran encubrir con el respeto a los derechos humanos y con el miedo al qué dirán en los medios nacionales e internacionales; olvidan que los que les pagamos para que nos protejan somos nosotros.

En la Autopista del Sol, al menos 45 vehículos de transporte sufrieron la "ordeña" de su combustible por los normalistas, para poder continuar con sus movilizaciones.

En Chilpancingo, el reclamo fue violento. Quemaron automóviles a la entrada de Palacio de Gobierno. Situación que se repitió por la noche en Palacio Nacional, donde un grupo de encapuchados quemó la puerta del emblemático edificio sin que hubiera elementos de seguridad que se los impidiera.

Firmar pactos o acuerdos para que las autoridades cumplan con sus obligaciones (brindar seguridad) y se comprometan a fortalecer el Estado de Derecho, es justamente demostrativo de que las autoridades incurren en gravísimas omisiones y de que no existe Estado de Derecho. Algo más coherente y sencillo es que los gobernantes cumplan con la ley y sus obligaciones. Y para que el compromiso sea creíble en el corto plazo realizar cuatro reformas muy concretas. 1: hacer sujeto de control constitucional al órgano revisor de la Constitución; 2: hacer responsable políticamente al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados por violaciones expresas a la Constitución; 3: que un organismo no dependiente del poder legislativo audite a las 2 cámaras del Congreso de la Unión, a los congresos de los estados y finque responsabilidades a sus integrantes; y 4: sacar de la "congeladora" la iniciativa para que la declaración de procedencia (desafuero) no sea obstáculo para que a un servidor público con fuero se le pueda iniciar un proceso penal.

Requisito sine qua non para el buen comienzo de cualquier acuerdo o pacto en favor del Estado de Derecho es que debe ser sólo entre autoridades, sin la participación de los partidos políticos, pues estos no son poderes ni órganos del Estado. Además, si alguien ha tendido su manto protector a los funcionarios-delincuentes para dotarlos de impunidad, son precisamente los partidos políticos.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, dijo ayer que la desaparición de los 43 normalistas ocurrió porque en México "la impunidad es una regla".

Tiene toda la razón: más de 90% de los delitos en México nunca desemboca en consignaciones ante un juez y, de las que sí, menos de la mitad termina en condenas para los infractores.

La impunidad es el mejor aliciente para el crimen organizado, con todo lo que conlleva (tráfico de drogas, narcomenudeo, robos, homicidios, extorsiones, trata de personas, piratería, fraudes, corrupción de servidores públicos de todos los niveles...).

Dicho de otro modo: 9 de cada 10 delincuentes pueden apostar que se saldrán con la suya.

Pobreza y marginación han venido creciendo pero no, como dijo ayer también el secretario Luis Videgaray, la economía. Insuperable caldo de cultivo para criminales con firme garantía de impunidad.

El más de medio centenar de capturados por el caso Iguala (incluida la pareja Abarca) solo tuvieron la mala suerte de ser la excepción a la regla que invocó Vivanco.

La forma como se manejaron las imágenes de Abarca y Pineda Villa, puede ser utilizada con total solidez por sus abogados defensores, que podrán alegar el efecto corruptor que le permitió recuperar la libertad a Florence Cassez el 23 de enero de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia, en un fallo garantista, determinó que a la ciudadana francesa, sentenciada por secuestro, se le habían violado sus derechos fundamentales. A juicio de la Primera Sala de la Corte, la vulneración de estos derechos del acusado puede provocar en determinados supuestos la invalidez de todo el proceso.

Según lo establecido por la Primera Sala a partir del dictamen presentado por el ministro Arturo Zaldívar, entre las circunstancias que se consideran dentro del efecto corruptor, se encuentran que "la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio", y que "la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión". Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el acusado no recibe un juicio justo.

En una de sus afirmaciones centrales, sostiene: "Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo".

En el caso de Cassez, la recreación de su captura, definido genéricamente como un "montaje" para la televisión, permitió a su defensa alegar que al presentarla ante las cámaras antes de ser sentenciada y exponerla públicamente como responsable de un hecho delictivo, se le condenó antes de tiempo. La Primera Sala determinó también en el dictamen sobre la francesa, que no fue tratada como inocente, por lo que se afectó su defensa y se alteró la evolución del proceso. El caso del matrimonio Abarca se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia hace casi 2 años.

Las fotografías y video de Abarca y Pineda Villa fueron entregadas para su difusión a la opinión pública y sus nombres revelados, así como también los detalles de su captura. Sin freno o filtro alguno, se les identificó como culpables -en voz de la PGR-, a lo cual se añadió la declaración del presidente Enrique Peña Nieto de que su detención lleve a conocer el paradero de los normalistas desaparecidos. Es decir, el Presidente emitió su veredicto de culpabilidad, sin que sus asesores legales le explicaran con anterioridad los alcances que podrían tener palabras como las que pronunció.

Una tesis adicional que utilizó la Primera Sala para la liberación de Cassez, se basó en que la violación a la presunción de inocencia que pudiera influir en un proceso judicial, incluye "cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido", y el hecho de que "alguien hubiera identificado al detenido", como sucedió con el discurso del Presidente y las imágenes filtradas a Reforma y distribuidas posteriormente en forma masiva por la PGR.

Tampoco hubo el cuidado institucional que impidiera que los medios en México y el mundo, prácticamente sentenciaran al matrimonio antes de que empiece el juicio. Los abogados del gobierno están en entredicho. Mucho discurso sobre el Estado de Derecho, pero mucha fragilidad jurídica para defenderlo.

Las promesas del gobierno de Peña Nieto de frenar los índices de violencia, no coinciden con los resultados; la violencia que se está manifestando, al no ser reprimida, no se apagará sola. Son las chispas de un incendio subyacente que se están expandiendo como el fuego por el subsuelo y brota en cuanto encuentra combustible.

La actitud pasiva de nuestras autoridades encargadas de combatir la delincuencia, no creo que sea la mejor manera de resolver el problema. El derecho constitucional a manifestarse debe reglamentarse y sancionarse cuando se causan daños a terceros. Por su parte, los manifestantes aseguran que quienes causan disturbios son personas ajenas a su gremio; que son infiltrados pertenecientes a grupos anarquistas que no son más que revoltosos, vándalos, golpistas, ladrones y saqueadores que se autodefinen como anarquistas.

En donde el Estado abandona un hueco de poder, rápidamente hay otras fuerzas que se encargan de llenarlo.

¿En qué países los estudiantes tienen la facultad de elaborar sus planes de estudio y los reglamentos de las instituciones que los capacitan? ¿En qué país tienen los maestros la facultad de autoevaluarse? ¿En qué países pueden los manifestantes causar daños materiales a los inmuebles y negocios que están en su trayectoria? ¿En qué países pueden los manifestantes agredir a la policía y no ser castigados por sus desmanes?

No cabe duda de que la autoridad ha sido rebasada por los problemas sociales y la delincuencia; la organizada y la ocasional que prolifera por la impunidad.

En diciembre de 2013, autoridades estatales y federales acordaron con productores de maíz buscar elevar a 4,100 pesos el precio de la tonelada del grano. Para llegar a dicho acuerdo, en esa ocasión los agricultores bloquearon, por más de 30 horas, la circulación en la autopista Guadalajara-México, en la caseta de Ocotlán.

Casi un año después, y al ver que las promesas no se cristalizaron, los maiceros protestaron ayer en el centro de Guadalajara. Llegaron a bordo de camiones que estacionaron en uno de los carriles de Avenida Alcalde, cuya circulación fue interrumpida, de Reforma a Miguel Blanco, aproximadamente de las 13:00 a las 18:30 horas, colapsando el tránsito en el 1er. cuadro.

Los maiceros exigieron un precio más justo del grano; pidieron que el costo de éste se fije en 5,000 pesos la tonelada.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero bloquearon la mañana de hoy de manera intermitente la Autopista del Sol en ambos carriles a la altura del crucero de Chichicualco.

Por espacio de 10 minutos los maestros abrieron un solo carril en dirección hacia el Puerto de Acapulco, mientras que del lado contrario la vialidad está cerrada al paso vehicular.

Con piedras y llantas los manifestantes bloquearon la entrada a esta capital para exigir a las autoridades estatales y federales la localización con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala.

Habrá que atender el llamado presidencial para lograr un pacto entre las fuerzas políticas y los distintos ámbitos de poder para garantizar el estado de derecho en el país. Es necesario y útil pero debemos recordar que esos pactos ya se firmaron en el pasado. El más importante en agosto del 2008, con el país todavía conmocionado por el secuestro y asesinato de Fernando, el hijo de Alejandro Martí. En aquella ocasión, marcada por el discurso de Alejandro, exigiéndole a los funcionarios que si no podían, renunciaran. En Palacio Nacional estuvieron representantes de los tres poderes, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno, legisladores, magistrados, representantes de organizaciones civiles. En aquel pacto se firmaron cerca de 80 compromisos... y 6 años después no se ha cumplido plenamente ni un tercio de los mismos.

Los pactos sirven si se transforman en leyes y las leyes se cumplen y hacen cumplir. Nuestro mayor desafío, sin duda, es la impunidad: la misma impunidad que permite que policías secuestren y desaparezcan a decenas de jóvenes, y que también permita que éstos se movilicen en autobuses robados a sus legítimos propietarios o que en cada manifestación hagan exhibición de su capacidad de violencia. Es una forma de impunidad que se aprueben leyes que luego se desconocen desde el propio poder o que los delincuentes sean liberados sin mayores consideraciones.

En el poder judicial debe haber una limpia que erradique la creciente corrupción en el mismo, en todos los niveles. Eso debe ser parte del nuevo pacto, pero si todo eso no es parte de leyes que se cumplan y se hagan cumplir, servirá de poco, será, una más, una suma de compromisos formalmente enunciados y nunca cumplidos.

México no es el 1er. país que ha sido desgarrado por el crimen ni el único donde las mafias han penetrado al sistema político.

Casos como el de Colombia o Italia son emblemáticos de naciones en las que en cierto momento la sociedad y las fuerzas políticas tomaron la decisión de poner un hasta aquí, que implicó procesar representantes de todos los poderes y en los diferentes niveles de gobierno.

Si no se logra desterrar la imagen de que México es una nación en la que no se logra imponer el Estado de Derecho, entonces las reformas estructurales tendrán un impacto limitado y la esperanza del crecimiento más acelerado y sostenido podría desbaratarse.

Para operar una salida a esta crisis se requiere que se despliegue aún mucha más energía y talento que el que se destinó a la construcción del Pacto y a la gestación de las reformas.

Eso implica distinguir claramente entre los intereses nacionales y los de carácter partidista.

Si en este momento, cada partido o cada funcionario empieza a tratar de sacar rentabilidad política a la circunstancia o ver cómo puede capitalizar electoralmente la necesidad del acuerdo, entonces, éste se va a atorar.

Desde luego que la responsabilidad fundamental de operar para que se logre este conjunto de acuerdos y se pueda expresar en un hecho simbólico y emblemático corre a cargo del gobierno federal.

Sin que todavía sea posible asegurarlo, lo que se vive en Guerrero, en muchos puntos del país y también en esta ciudad, es la manifestación de un total divorcio entre la autoridad y la ciudadanía. Si la misma dinámica se mantiene, si persiste y crece la sensación de impunidad; si la inseguridad sigue siendo lo que percibe la gente, entonces se alimentará una creciente intolerancia y rechazo a lo que hacen y disponen las autoridades, pero especialmente a quienes investidos de autoridad, son responsables de garantizar la seguridad de todos y combatir a quienes son delincuentes.

Dicho de otro modo, en la misma proporción que se desconfía de los uniformados y de quienes deben impartir justica, crece también la tentación de hacerse justicia por mano propia.

Porque no hay un solo documento que les garantice permanencia, y la labor de apoyo y difusión a los locales temporales del Mercado Corona "ha fracasado", un grupo de locatarios del núcleo mercantil que fue reubicado mostró su molestia ayer por la mañana, a través de una manifestación que desquició la circulación del 1er. cuadro de Guadalajara.

Iguala ha transformado el escenario y me imagino que al propio Presidente, al que no habíamos visto con un lenguaje corporal tan tenso y angustiado como después de la reunión que mantuvo con los familiares de los desaparecidos la semana pasada. Quizás hasta los hechos de Iguala pensó que la violencia y la inseguridad podían ser un monstruo que se podía controlar sino es que aniquilar, un genio perverso al que se podía hacer regresar a la lámpara de la que había escapado. Pero Iguala demostró que no es así, como lo confirmó después el asesinato de los jóvenes en Matamoros o el secuestro de los ciclistas en el Ajusco.

En parte porque, como hemos dicho, en términos de seguridad nadie inventa el hilo negro. Pero también porque la situación sigue exigiendo dar una vuelta de tuerca a todo el sistema: no se consiguió antes y no se está consiguiendo ahora. En el papel es sencillo decirlo: se deben atacar simultáneamente un sistema policial que en el ámbito estatal y municipal es simplemente una zona de catástrofe; unos ministerios públicos locales que simplemente no funcionan o que, como los policías, están al servicio de los delincuentes, y un sistema de justicia que muestra síntomas de una cada vez más preocupante corrupción en muchos jueces y funcionarios de juzgado.

En el tema policial hay que insistir en que ya no se puede seguir dejando la implementación de medidas a la buena voluntad de los mandatarios estatales y sus presidentes municipales: debe haber nuevo modelo policial, con mando único y una coordinación con las fuerzas federales, normadas por ley, con un costo alto para quien no la cumpla. Hoy ni siquiera se ha cumplido con que todos los policías pasen un control de confianza (un compromiso asumido por la Conago desde hace casi 4 años) y oscilamos entre situaciones como la de Iguala, con policías comprados por el narcotráfico, hasta excesos como los de la presidenta municipal de Matamoros, Leticia Salazar, con aires de un Rambo femenino, que forma grupos fuera del margen legal, que terminan secuestrando y matando, quien sabe por qué razones. Ya basta de que cualquier autoridad pueda hacer lo que quiera con sus fuerzas policiales: debe haber orden, programación y coherencia en lo que se hace. Y debe existir la coerción de la ley para que así sea.

Los ministerios públicos locales no están investigando en un enorme porcentaje de casos (¿cuántas muertes son indagadas en los MP locales?) y ese fracaso se combina con un cada día más preocupante accionar de la justicia, cuando falta un año y medio para que la reforma judicial aprobada hace seis años y medio se convierta en una realidad (una realidad que hoy no existe en casi ninguna parte del país). Como algunos advertimos en su momento, la coartada de la ausencia de un debido proceso que permitió la libertad de una secuestradora como Florence Cassez se ha convertido en un instrumento que ha permitido liberar a todo tipo de delincuentes en los últimos meses, entre ellos 14 capos del narcotráfico, pero muchos otros de bajo perfil pero vinculados con todo tipo de delitos graves, sobre todo secuestros y extorsiones. El tema, dicen los enterados, se ha convertido en un invaluable mecanismo de corrupción o coerción, y nadie parece asumirlo en el poder judicial. Ojalá que la próxima renovación de la Corte sirva, entre otras cosas, para que el Consejo de la Judicatura comience a cumplir con su papel, hoy casi inexistente, de controlar, supervisar y castigar a jueces, magistrados y personal judicial que actúa al margen de la ley.

Las escenas del viernes pasado no pueden dejarnos tranquilos. No se trata de un incidente aislado (frase favorita de los políticos que no tienen otro objetivo que poner un velo a los problemas sociales) sino del resultado de años de gestación de un problema social y de renuncia de las autoridades a aplicar la ley en un territorio que les es particularmente incómodo.

El corazón y mejor muestra de lo que es San Juan de Dios es su mercado. El mercado vive en una especie de autogobierno, muy parecido a lo que sucede en una cárcel, donde el grupo de control decide no sólo quién vende, sino también lo que se vende; ahí hay desde fayuca y piratería hasta armas. No sólo qué se hace con el mercado, sino a cuánto y quién tiene derecho a cobrar renta en él. Administraciones van y vienen y cada una le pasa a la siguiente un expediente de los riesgos que tiene el mercado, quien lo recibe no hace más que encomendarse, suponemos que a San Juan de Dios, para que la tragedia no ocurra en su periodo.

Este abandono de autoridad ha propiciado que el autogobierno se haya convertido en una verdadera mafia. El modelo es exactamente igual al de Tepito, en la Ciudad de México, y el resultado será inexorablemente el mismo si no hacemos algo pronto. La escena de la policía huyendo en retirada no es sino la manifestación plástica, la puesta en escena, de la renuncia del Estado a ejercer el poder en San Juan de Dios. Lo novedoso no es la torpeza de las corporaciones policiacas para hacer un operativo de esta magnitud, sino la respuesta de los comerciantes y su manifestación de poder.

Sobra decir que si esto es el principio de los operativos navideños para evitar la piratería y el comercio ambulante, no hay mucho qué esperar: el ayuntamiento no tiene control del lugar ni autoridad sobre ellos. Pero igual hay que decir que éste es un problema que va mucho más allá de la autoridad municipal y capacidad de los ayuntamientos: la piratería y el contrabando existen porque el gobierno federal no ha querido o no ha podido, controlar los puertos y de meter al orden a quienes hacen uso indebido de marcas.

San Juan de Dios se está tepitizando, es decir, se está convirtiendo en un territorio donde las autoridades no mandan y donde el poder lo ejercen otros, y eso no es una buena noticia.

El ensalmo consiste en la tolerancia sistemática; en la falta de "voluntad política" -o en la complicidad, a todos los niveles, bien por interés económico, bien por el esquema de corporativismo al que ninguno de los partidos que se han alternado el gobierno de la ciudad está exento- de la autoridad municipal para hacer cumplir el precepto que expresamente prohíbe ejercer el comercio ambulante en esa zona [de San Juan de Dios].

Ellos, malos aprendices de brujo, crearon, alimentaron e hicieron crecer el monstruo que ahora, ingobernable, se vuelve contra ellos.

Ya no se discute por qué nuestra economía no crece, por qué son tan caros los precios de las gasolinas o por qué nuestro sistema educativo es tan deficiente. Ahora, los debates se van un paso atrás: por qué los estados no pueden brindar seguridad, cómo reformar un Poder Judicial podrido e infiltrado hasta la médula, cómo asegurar fuerzas policiacas que sirvan a los ciudadanos y no a los delincuentes. Es más, cómo blindamos a los partidos políticos de proponer a delincuentes en sus candidaturas. Esos debates nunca fueron superados, pero una narrativa presidencial que privilegió el discurso económico y modernizante, los colocó debajo del tapete por 21 meses.

Antes de construir modelos complejos de apertura energética, de supervisión en telecomunicaciones y de liberalización financiera, ¿No era el 1er. paso buscar fortalecer el estado de derecho y la supervisión del gobierno? ¿Cómo pensamos regular a los "tiburones petroleros" con la baja rendición de cuentas y la corrupción que carcome profundamente a gobiernos municipales y estatales? ¿Cómo queremos evitar que Carlos Slim o Televisa determinen los precios o pierdan poder de mercado si no podemos blindar los cargos públicos de infiltración el crimen organizado? ¿Cómo queremos controlar a las empresas trasnacionales si los distintos niveles de gobierno no pueden controlar la totalidad del territorio?

Las reformas de mercado, apertura y liberalización económicas sólo repercuten en mejores precios, más calidad para los consumidores y nuevas dinámicas económicas, si detrás de ellas existe un tejido institucional y jurídico que regule adecuadamente a los jugadores del mercado. Corrupción, baja rendición de cuentas e instituciones débiles son el "caldo de cultivo" preciso para sostener a un sistema económico oligopólico y de "capitalismo de cuates". El problema no es el mercado, sino el Estado: su debilidad, porosidad, corrupción, impunidad y ausencia de rendición de cuentas.

Un Poder Judicial dominado por los contrastes, sobre todo entre niveles de gobierno. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los actores políticos y jurídicos más importantes de la transición a la democracia en México. Sin embargo, por el otro lado, las estructuras judiciales de los estados se han mantenido como espacios de colocación política por parte de los gobernadores y de familias prominentes en algunas entidades federativas. La dificultad para transformar el Poder Judicial en su conjunto ha provocado que se hayan tomado medidas parciales: los institutos de transparencia, los consejos de las judicaturas, las fiscalías especializadas, las comisiones de derechos humanos.

Todos esos son atajos para corregir deficiencias propias del Poder Judicial, sin tocarlo directamente a él.

Hasta el día de hoy el espacio en el que se mueven jueces y magistrados, es el menos tocado por el brazo reformista.

Sin rendición de cuentas, baja eficiencia y poca credibilidad, los poderes judiciales no sirven como contrapesos naturales al interior de las entidades federativas. ¿Queremos que los gobernadores rindan cuentas? Empecemos por reformar a fondo los poderes judiciales a nivel estatal.

Dos policías lesionados, 4 detenidos, 4 vehículos incendiados, una tienda de conveniencia saqueada, el servicio del Macrobús suspendido... y el centro histórico en caos durante 3 horas. Es el saldo tras un operativo contra la piratería que se le salió de control ayer a la Policía de Guadalajara y a la Procuraduría General de la República, en la zona de Javier Mina y Calzada Independencia.

Fue el 2o. día en el que la autoridad aplicaba un dispositivo en el sitio. Sin embargo, en esta ocasión los oficiales fueron prácticamente expulsados a palos y piedras por los ambulantes, quienes alegaban que los decomisos se estaban ejecutando sin la entrega de documentos o actas que acreditaran el aseguramiento. "Somos víctimas de robo", denunciaron.

15:00 horas. Se registraron los incendios de una camioneta, 2 automóviles y una motocicleta de Movilidad. La tensión estaba al "rojo vivo". ¿Y la policía? Las autoridades tardaron en regresar más de 2 horas mientras los agresores tomaron el lugar.

Antes, un policía vial que ayudaba a cerrar la circulación para evitar afectaciones contra automovilistas fue increpado por los comerciantes enardecidos. Lo agredieron y le arrojaron una botella de vidrio en la cabeza. Huyó. "Se me dejaron venir todos, me tiraron y me quitaron el arma y mi equipo de comunicación. De la moto se llevaron una navaja y mis folios". Su moto fue la incendiada.

Durante la ausencia policial, los rijosos también bloquearon el cruce vial. A ellos se sumaron varios jóvenes y comenzaron a arrojar objetos contra los vidrios de una tienda de conveniencia hasta que los quebraron. Después entraron y vaciaron todo: latas de cerveza, cajetillas de cigarros y botellas con alcohol fueron los primeros artículos hurtados.

El sitio se mantuvo en tensión hasta las 17:20 horas. El centro, un caos vial. Y vino el despliegue de la Fiscalía del Estado con un grupo de antimotines: el fiscal Luis Carlos Nájera encabezó el operativo y fue increpado por un par de inconformes, pero los encaró. "Déjenos trabajar", fue la exigencia.

Con el reforzamiento policial la calma regresó. Nájera advirtió que iniciaría un expediente para dar con los responsables de los disturbios y se apoyaría con las cámaras de videovigilancia instaladas en el crucero, que permaneció bloqueado de las 15:00 a 18.00 horas.

El ayuntamiento afirmó que el operativo, dispersado por ambulantes, inicialmente estuvo integrado por 148 oficiales de la PGR, Fiscalía del Estado, Instituto Nacional de Migración y Guadalajara.

Si nuestro país se encuentra ahora atenazado por la violencia criminal, los bloqueos y los motines no sólo agravan la atmósfera aciaga que vivimos sino que vienen siendo una manifestación, otra más, de la creciente descomposición social. Cerrar una autopista no afecta al "sistema" ni llena tampoco de culpabilidad a un "Estado represor" sino que fastidia, antes que nada, al resto de los ciudadanos. Y los mexicanos que viajan por carretera rumbo a Acapulco no son "burgueses" privilegiados (con perdón de la terminología trasnochada) sino, por el contrario, personas bien comunes porque los otros, los posibles "enemigos de clase", viajan en avión.

Pero, estas reflexiones se las llevará el viento, ahora más que nunca, porque, justamente, ahora más que nunca está acojonado papá Gobierno después de que algunos de sus más impresentables representantes, en escandalosa complicidad con las bandas criminales, perpetraran una bestial atrocidad. O sea, que del orden público ni hablamos...

El verdadero desafío en este periodo es lograr que se aplique la ley. Por supuesto que un punto clave en todo esto es que se esclarezca el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero de la mano con ello debe comenzarse a aplicar la ley de forma mucho más estricta a todos los actores: se debe desmantelar la estructura de protección de los criminales, en el terreno político y policial, pero también acabar con los desmanes de la CETEG y los normalistas; se debe continuar con las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala y como parte de eso desmantelar a las organizaciones criminales, unas 10, que hegemonizan (sic) la violencia y el crimen, pero también se debe frenar a los grupos armados que pululan en la entidad y que son una verdadera amenaza a la seguridad nacional.

Ayer volvieron a bloquear la Autopista del Sol en ambos sentidos, lo que provocó que se formaran filas kilométricas de conductores desesperados.

Unos 500 normalistas estuvieron más de 5 horas con el bloqueo, y sólo dejaron pasar a una ambulancia y a 2 automóviles que trasladaban a personas enfermas.

Además se deslindaron de los saqueos y destrozos hechos en 3 tiendas departamentales de Chilpancingo.

Para la sociedad mexicana y sus instituciones el hecho es tan indignante que seguramente está marcando un parteaguas en la forma de enfrentar una realidad lacerante en muchas regiones de la patria.

Hasta ahora la situación se mantiene en una fuerte tensión; se ha ido el gobernador, se persigue al alcalde de Iguala, se han detenido a decenas de personas, pero el caso no ha sido resuelto. Ante esta realidad el desgaste es continuo y la presión aumenta en los canales políticos e institucionales, pero también en el clima social.

Es una llamada de atención respecto a la situación que guardan muchos municipios pequeños, pobres y alejados, pero que contienen en su territorio actividades de grupos de delincuentes que superan en capacidad de fuego, recursos e influencia social a las fuerzas e instituciones municipales.

En el ámbito interno, para muchos ésta es una oportunidad para agitar e intentar que la indignación se convierta en activismo, para otros es un punto de referencia para propiciar una acción coordinada que permita revertir el deterioro de estas instituciones y reduzca la rampante violencia inductora del miedo socialmente paralizante que impera en poblaciones como Iguala.

Vista desde el exterior, la tragedia de Ayotzinapa genera una percepción de falla en la gestión del Estado mexicano.

Ante tal grado de atención interna y externa el caso debe ser atendido y resuelto de forma ejemplar, y ha de servir como una muy dolorosa lección para acelerar el paso en la solución del problema estructural más complejo de México: el fortalecimiento del estado de derecho que termine con la impunidad bajo la cual se han criado muchas de las organizaciones criminales como las que han participado en los hechos del Estado de Guerrero.

Unos 200 estudiantes -de la escuela rural de magisterio donde estudiaban los jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre-, saquearon al menos 2 supermercados en la capital guerrerense, actos que serán investigados por la Fiscalía de Guerrero.

Debemos ser persistentes y percatarnos que no podemos lanzar demandas al aire, pidiendo el regreso de un Estado de Derecho, cuando desde hace varios sexenios éste se fue, ganó la democracia con Fox, pero perdimos mucho más.

La culpa es compartida, de los criminales, los políticos y nuestra: hemos fomentado un sistema que idolatra a aquellos que se rebelan contra la ley; hemos elegido políticos corruptos pensando que no tenemos de dónde escoger, sin entender los alcances de la democracia; muchos otros se dicen indignados pero aún siguen consumiendo drogas, apoyando directamente a los principales responsables de nuestra situación; nuestro peor error es olvidar, dejar pasar atrocidades como ésta sin dar soluciones, buscando que sólo se castigue a alguien, sin que se logre un cambio efectivo.

Corruptos como José Luis Abarca tenemos muchos, nuestros pueblos están llenos de asesinos como él, "representantes sociales" que desconocen su función.

Jalisco no es la excepción.

Difícil imaginar la medida en que se despresurizarán las tensiones políticas por el caso Iguala con la salida de Ángel Aguirre de la gubernatura de un estado en que las manifestaciones han llegado a la vandalización, destrucción y quema de instalaciones públicas y también privadas.

Su caída, obvio, no resuelve lo medular: dar con el paradero de los 43 normalistas rurales, con los asesinos de seis personas (tres de ellas también estudiantes de Ayotzinapa) y atrapar a los autores intelectuales.

Con el Ángel caído, ¿modificarán su habitual rijoso comportamiento los activistas de la facción guerrerense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los alumnos de la misma escuela normal?

¿Dejarán de secuestrar autobuses, de saquear camiones de carga y de privar del derecho al libre tránsito a quienes circulan por la autopista México-Acapulco?

¿Harán lo propio sus correligionarios en Oaxaca, Michoacán o Chiapas?

Aguirre se va, pero nada garantiza que cese la virulencia ni la comisión de delitos en hipócrita demanda de "justicia".

En diversos puntos de Guerrero y otras entidades, siguen las protestas y manifestaciones para exigir la aparición de los 43 normalistas.

Por más de 4 horas, unos 150 alumnos y profesores de la normal rural, embozados saquearon, ordeñaron autobuses y despojaron de vehículos a choferes de empresas con productos, en casetas de peaje en la Autopista del Sol y el Maxi Túnel.

Cientos de estudiantes de las normales de Chiapas tomaron los accesos de centros comerciales de las principales ciudades del estado.

Desde temprana hora los contingentes de estudiantes se desplazaron a plazas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.

Exigen la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos en Guerrero, aunque precisaron que su movimiento es pacífico.

Las manifestaciones violentas de organizaciones y movimientos sociales los adultera, los aísla y tiene efectos políticos contraproducentes, pero además los convierte también en delincuenciales, alimentando la falsa sensación de que todo se vale.

En este terreno -el más pantanoso porque no faltan voces que los toleran e incluso exaltan- más valdría la pena deslindar entre la explicación y la justificación. A lo mejor la biografía, la situación o la neurosis del asesino puede explicar su conducta pero nunca justificarla, de igual manera la condición precaria de los estudiantes o las afrentas de las que han sido víctimas pueden quizá explicar su conducta pero de ninguna manera justificarla.

Hay que ver a los países en su integridad. Va a ser insuficiente para el nuestro tener una mejor perspectiva económica si no se logra también un avance real, manifiesto, claro, en el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional.

Las reformas económicas que tienen el potencial de cambiar el rostro a México y acercar los niveles de ingreso al mundo avanzado en el mediano plazo, van a quedarse truncas si no viene también un cambio en la política y en la sociedad.

La impunidad en México es la marca de sus gobiernos y su clase política. Las leyes están hechas para violarlas, porque siempre existe poder y dinero para cambiar el rumbo de la justicia. No es retórica. El índice 2014 sobre Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, coloca a México en el cabús de la justicia criminal, debajo de Afganistán y todas las naciones africanas y del Medio Oriente, y en el fondo del orden y la seguridad. Lo que sucede con la clase política para lidiar con la crisis general en Guerrero, es sólo la ratificación de la desgracia nacional. Impotencia, complicidades y cinismo en la protección, son la tinta indeleble de la marca. La falta de asombro por nuestra realidad no debe impedir la explosión de indignación.

Guerrero y los horrores en los que ha vivido el estado en los últimos años sólo son diferentes hoy porque se socializaron nacional e internacionalmente. La norma eran asesinatos ordenados por autoridades locales que, a la vez, formaban parte orgánica de organizaciones criminales, cuyas víctimas eran enterradas en fosas clandestinas administradas por las policías municipales –antes de Iguala fue Taxco-. Los alcaldes vinculados con las bandas criminales pagaban a sus patrocinadores por los cargos y la protección política, mientras que el gran administrador del desastre, el gobernador, terminaba su jornada laboral hacia las 2 de la tarde para iniciar sus tardes lúdicas y perderse en el alcohol. Todo esto era conocido por el gobierno federal y los líderes del PRD. El primero, mediante la inacción de la PGR, fue omiso de la barbarie; los segundos, cómplices de ella.

En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobernador Ángel Heladio Aguirre, frente al vacío de las autoridades estatal y municipales, y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental, que llevó a la violación diaria de los derechos humanos y al riesgo de la ruptura de los valores de convivencia social. Aguirre rechazó la recomendación, y cuando llegó al Senado, ni la leyeron.

Guerrero es la estrella negra de la impunidad mexicana. En el Índice Global del Proyecto Mundial de Justicia, México ocupa el lugar 79 de un total de 99 naciones medidas. Pero en Justicia Criminal, que es uno de los ocho factores que evalúa, México ocupa el lugar 97, sólo arriba de Bolivia y Venezuela. En Justicia Civil está en el lugar 88, debajo de los cuestionados China y de Rusia. La vergüenza colectiva se sintetiza en la medición de Orden y Justicia, que define a la seguridad humana como una de las funciones fundamentales del Estado. México está en el lugar 96, arriba de Afganistán -que está en guerra-, Nigeria -infectado por violencia y corrupción- y Pakistán -contaminado por la guerra contra los talibanes.

El semanario inglés The Economist -con una circulación promedio de un millón y medio en sus plataformas impresa y digital, y 5.8 millones de seguidores en redes sociales-, afirmó que la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los normalistas "son 2 atrocidades que parecen lo suficientemente serias para cambiar el curso del gobierno", que ha priorizado las reformas económicas, aseguró, y soslayado la ley y el orden como una forma de modernizar México, sin admitir que las 2 son igualmente importantes.

"Las 3 fuertes palabras que resumen el desafío que enfrenta ahora Peña Nieto y México como un todo, son impunidad, rendición de cuentas y gobernabilidad", puntualizó The Economist. Estas 3 "fuertes palabras" no existen en Guerrero. Para el Zóon politikon mexicano, su traducción es impotencia, confusión y protección.

Ya percibido en sus dimensiones, el tsunami político ha atizado el siempre dispuesto ánimo de las organizaciones estudiantiles, que expeditos se manifiestan en varias ciudades del país, claro más que lamentando y repudiando los hechos, buscando aprovechar para sus propias causas el momento de desconcierto de las autoridades.

Esta caja de muerto que apareció fotografiada en la prensa del sábado no es de utilería, no fue hecha para ser cargada en una manifestación, ni es simbólica. Es la caja que contiene el cuerpo sin vida de Margarita Santizo, madre de un policía federal desaparecido en Michoacán en 2009. A Margarita la venció el cáncer pero no el desdén gubernamental. Con su último aliento, Margarita decide que ni la muerte la detendrá. Su féretro llegó a Bucareli el viernes para una última protesta, ni más ni menos que frente al despacho del secretario de Gobernación.

"Mi mamá, antes de morir, me dijo que la trajera aquí. 'Llévame, es mi última voluntad, para ver si así se acuerdan que soy Margarita Santizo y ando buscando a mi hijo (...). Ya no lo voy a ver, pero que quede algo grabado, y ¿sabes qué?, para que las demás personas tengan fuerza de seguir buscándolos, porque son muchos'", le contó Teresa Morales Santizo a Fabiola Martínez, reportera de La Jornada. En el piso de la emblemática avenida una manta reza: "Me enfermé de estar cargando años de tristeza, rabia y coraje porque el gobierno siempre me engañó. Nunca, nadie buscó a mi hijo, ni la Procuraduría General de la República, ni la SG ni la Policía Federal. Puras promesas. Hasta con el presidente estuvimos y son puras mentiras. La Policía Federal no busca ni a los suyos, menos a los miles de desaparecidos".

Cuenta la joven documentalista Alicia Calderón (Distrito Federal, 1976) que hay muchas Margaritas muertas. Alicia Calderón estrenó ayer en el Festival Internacional de Cine de Morelia su documental Retratos de una búsqueda, cinta que muestra la vida de 3 mujeres que buscan a sus hijos, desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Para escapar de la lógica perversa que culpa a la víctima de su fatal destino, Alicia decidió no enfocarse en el desaparecido sino en lo que las familias tienen que enfrentar al reclamar sus derechos.

Al acompañar a varias de ellas en ese infernal laberinto que es la llamada justicia mexicana, Alicia descubrió que por ejemplo en Jalisco, donde vive desde los 13 años, había 2 (sí, 2) agentes investigadores encargados de 2,700 casos de desaparecidos.

"Las procuradurías estatales son una pérdida de tiempo. Aun teniendo la voluntad, es imposible, cómo 2 personas van a encontrar a miles de desaparecidos. Las madres pueden ir unas 30 veces a esas procuradurías, las reciben pero nunca les levantan una denuncia, no hay actas", dice Alicia vía telefónica desde Morelia. "Hay mamás que logran que la PGR atraiga su caso, y cuando les piden su expediente, éste no existe, fueron a la procuraduría estatal durante meses, incluso años, y nunca les tramitaron la denuncia".

La actuación de autoridades en el Estado de Guerrero como grupos de delincuencia organizada, nos muestran las consecuencias de haber olvidado en el paquete de reformas estructurales la reforma para hacer de México un país donde realmente exista un Estado de Derecho. Y, llevar 37 años realizando con frenesí y ahínco interminables reformas electorales nos ha venido a recordar que tratándose del poder político más importante que las reglas para su acceso son las de su ejercicio y control. Qué grave. Olvidos y omisiones imperdonables que han exhibido a México ante el mundo.

Ningún acto de reivindicación puede partir de la carta blanca para dañar el patrimonio ajeno. El Estado no puede validar esa lógica. Por más riesgoso que resulte imponer un orden mínimo.

Estamos con los familiares que perdieron a los suyos en Ayotzinapa, con los normalistas dolidos y enfurecidos por la muerte y desaparición de sus compañeros. Pero es inaceptable hacerse de la vista gorda ante las conductas delictivas en que ellos, o quienes se ostentan como parte de ellos, incurrieron esta semana: del robo de tiendas y camiones, al saqueo y destrucción de oficinas públicas.

La protesta de Ayotzinapa anuncia que hoy tomará Acapulco, signifique eso lo que signifique.

Ayer en la tarde llegaron al puerto fuerzas especiales antimotines. Seguramente estarán ahí los mejores de las policías federal y estatal. Es una gran oportunidad para que el gobierno del presidente Peña Nieto y el secretario Osorio Chong demuestre que en México 2014 es posible que convivan protesta y orden. Esa es la única pista viable, pienso, para encontrar algún día la salida a la intimidatoria crisis guerrerense.

En un ejercicio de revisión de vehículos pertenecientes a Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, MILENIO JALISCO registró que ninguno de los más de 25 automóviles inspeccionados cuenta con el holograma de verificación vigente. Por el contrario, en la mayoría de los casos, el engomado más reciente data de 2011, un indicio de que ha sido de la actual administración el incumplimiento del programa de control de emisiones.

"La falta de cumplimiento en vehículos oficiales, sobre todo del área de Movilidad del Gobierno de Jalisco, nos preocupa porque nos parece que es primero la autoridad la que tiene que poner el ejemplo en este tipo de asuntos", dijo Mario Silva del Colectivo Ecologista de Jalisco.

"El hecho de que los autos oficiales y de todo el Gobierno de Jalisco no lo hagan, evidencia que si la propia autoridad no pone el ejemplo, el mensaje es mucho más negativo".

Nuevamente, ayer se manifestaron en el centro de Guadalajara los empresarios y artistas de diferentes circos, esto con la esperanza de que se eche para atrás la prohibición del uso de animales en los espectáculos circenses. En el acto, pidieron que se modifique antes de que se publique y se pida que se regule la presencia de éstos.

Los artistas circenses, durante casi 3 horas, bloquearon las avenidas Alcalde e Hidalgo y se retiraron una vez que salieron de hablar con diputados del Congreso del Estado.

Cerca de las 11:15 horas salió el contingente del circo instalado en Ávila Camacho, cerca de la Normal, y avanzaron por la avenida Alcalde, dieron vuelta para tomar Hidalgo y mantenerse frente al Palacio Municipal hasta el Congreso, bloqueando las vialidades.

(V.pág.14 del periódico Milenio Jalisco del 17 de octubre de 2014).

Es difícil saber qué imagen terminará conmoviendo más a la gente, a los mercados, a los organismos de derechos humanos: si una camioneta de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, tiroteada por la policía ministerial, con el saldo de un estudiante alemán herido, porque no se detuvo cuando le hicieron un alto o el Palacio de Gobierno de Guerrero en llamas, incendiado por los manifestantes.

El conflicto en Guerrero sigue escalando día con día y no hay una sola decisión que pareciera reducir la tensión, al contrario: la acción y la omisión avivan las llamas. El gobierno estatal parece pasmado, rebasado y sus únicas reacciones se concentran en buscar mantener en el cargo a como dé lugar a Ángel Aguire. En la balacera a la camioneta del Tec, las reacciones fueron encontradas y vacías, argumentando desde la confusión hasta un inexistente fuego cruzado. Pareciera que en estos temas, como escribía días atrás Luis González de Alba, sólo se puede admitir la impunidad total o la masacre.

Guerrero lo representa en estos días con claridad meridiana. Los normalistas de Ayotzinapa o los maestros de la Coordinadora pueden hacer lo que quieran, desde quemar una gasolinera sacrificando la vida de un trabajador, al que hoy nadie, salvo los suyos, recuerda, hasta incendiar el Palacio de Gobierno (¿no le parece a usted fascistoide esa tendencia de estos grupos a incendiar símbolos, edificios, negocios que consideran enemigos?¿no comprenderán que la idea de quemar edificios termina siendo un argumento tan sólido como la quema de brujas por Inquisición o el incendio del Reichstag?).

Lo cierto es que hay una impunidad absoluta para estos temas en ese estado y también en muchos otros. El menor intento de represión de acciones que en cualquier democracia serían condenables y castigables aquí las vemos como normales.

En el incendio al Palacio de Gobierno de Guerrero, la única resistencia de la autoridad se dio para que los manifestantes no ingresaran a las oficinas (que luego incendiaron desde fuera). El mismo lunes 29 de septiembre aquí dijimos que las acciones de los normalistas de Ayotzinapa y de otros grupos como la CETEG son incalificables, inaceptables en la gran mayoría de los casos: no forman docentes, forman activistas para las organizaciones que los controlan y lo hacen recurriendo, casi siempre, a la violencia y la intolerancia. Y ambas crecen porque son impunes.

Pero esa impunidad de la que gozan se alimenta a su vez de la irracionalidad de las autoridades. Aguas Blancas dio origen al EPR, Iguala potencia a grupos que estaban muy disminuidos como el ERPI, pero aquí no sólo hay política, todo ello se imbrica además en la violencia criminal, incluso en el enfrentamiento entre Guerreros Unidos y los Rojos, por el control de Tierra Caliente. Pero la masacre es inaceptable, inhumana, y mucho más lo es porque la participación de las autoridades locales en ella es indudable, es explícita. Pareciera que la única forma de intentar hacer valer la ley es violándola de forma brutal a través de la violencia. El círculo perverso se escenifica hoy en Guerrero como en ningún otro espacio del país.

Más temprano o más tarde, desde el ámbito federal se tendrá que decidir entre la desaparición de poderes y un interventor o comisionado porque la crisis en Guerrero no hará más que escalar, y hoy simplemente no se ve el horizonte al que podrá llegar.

La escasa información en torno al paradero de los 43 normalistas desaparecidos provocó la ira de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que realizaron destrozos en el Palacio de Gobierno y el edificio municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, respectivamente.

Los normalistas rompieron todos los ventanales de los edificios y posteriormente quemaron documentación oficial y oficinas. El edificio de la Secretaría General de Gobierno y Finanzas quedó prácticamente calcinado. También quemaron por lo menos 2 automóviles que estaban estacionados cerca de la sede del gobierno.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal y antimotines, quienes intentaron contener la protesta con chorros de agua.

En paralelo, maestros de la CETEG irrumpieron de manera violenta en el ayuntamiento de la capital, donde también lanzaron un artefacto explosivo que quemó documentación del registro civil, así como una parte de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que pese a los incidentes violentos, siguieron el protocolo en derechos humanos y evitaron en todo momento la confrontación.

Chilpancingo, Gro.- Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron el Palacio de Gobierno en exigencia de la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala.

Los alumnos iniciaron el bloqueo del inmueble con la advertencia: "nadie sale ni entra a este lugar hasta que nos regresen vivos a nuestros compañeros".

En diferentes grupos, los normalistas bloquean los 3 accesos del recinto gubernamental apoyados con carritos del supermercado que tomaron del estacionamiento de la tienda Soriana, a un lado de Palacio de Gobierno.

Algunos trabajadores del palacio lograron salir por un espacio que había en la puerta del estacionamiento, a un lado de la entrada principal, sin embargo, en las oficinas la mayoría de los empleados del sector central permanece "retenidos".

En tanto, en la parte trasera del inmueble, los estudiantes detonaron 4 cohetones.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en de Michoacán, Arcadio Méndez, dijo que 21 autobuses de pasajeros fueron secuestrados durante las últimas horas por estudiantes de al menos 3 escuelas normales de la entidad.

Aseveró que los estudiantes pretenden utilizar las unidades para trasladarse al estado de Guerrero en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.

En entrevista, explicó que 13 de las unidades fueron secuestradas por alumnos de la escuela normal de Tiripetio y por jóvenes de la normal indígena de Cherán.

Señaló que en todos los casos los pasajeros que viajaban en esos momentos en las unidades fueron obligados a bajar y fueron abandonados a pie de carretera.

Ante esta situación, agregó que ya se preparan dos denuncias penales por la retención de las unidades.

En tanto la Terminal de Autobuses de Morelia mantiene parcialmente suspendidas las corridas principalmente hacía municipios como Uruapan y Apatzingán.

Cuando la inseguridad crece los ciudadanos tendemos, en general, a ser más tolerantes con los abusos de poder. No es difícil escuchar, en momentos como el que estamos viviendo en México, que frente a los grupos que atentan contra el orden, el Estado debe responder como sea, incluso pasando por encima de los derechos humanos.

Cuando las violaciones a los derechos humanos pasan de actos fortuitos a una política no escrita, pero sistemática, que pareciera que es la política, estamos ante lo que se llama una "guerra sucia". Y se llama "guerra sucia" no porque los del otro lado sean los limpios o los buenos, sino porque las fuerzas del Estado lejos de cumplir con su cometido, que es detener, procesar y en su caso encarcelar a quienes violan la ley, hacen justicia in situ, tal como sucedió en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército fusiló a jóvenes ya rendidos usando las armas de los detenidos (la versión de un testigo, publicada en la revista Esquire, es que sólo una persona murió en enfrentamiento, otras 2 resultaron heridas y lejos de recibir atención médica recibieron un tiro de gracia, y otras 17 fueron ejecutadas. La PGR dice que 14 murieron en enfrentamiento y reconoce que 8 fueron ejecutadas. Para el caso es igual).

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció el viernes que los últimos sucesos en México tendrán un efecto sobre el crecimiento y la confianza en la invesión, lo que no por obvio es menos importante.

Pero más allá del efecto de pérdida de confianza como país, lo más grave es lo que pasa dentro.

Cuando estas cosas suceden es imposible no acordarse de las palabras, tristemente célebres, del reverendo Martin Niemöller, un pastor luterano en la Alemania de la 2a. guerra: "Los nazis vinieron a por los judíos; como yo no era judío, no hice nada. Después vinieron a por los homosexuales; como yo no era homosexual, no hice nada. Después vinieron a por los gitanos; como yo no era gitano, no hice nada. Después vinieron a por los comunistas; como yo no era comunista, no hice nada. Después vinieron a por mí; pero como sólo quedaba yo, ya no pude hacer nada".

El tema no es si los que se enfrentaron al Ejército eran buenos o malos, en cualquier caso era un grupo ilegalmente armado independientemente si estaban vinculados a la guerrilla o a La Familia Michoacana y había que detenerlos.

Lo que no podemos permitir es el regreso de la arbitrariedad como sistema, al Estado violando las leyes para mantener el orden, a la guerra sucia.

Integrantes del Frente Popular Revolucionario cerraron ayer parcialmente el cruce de 16 de Septiembre y Juárez [en Guadalajara] para exigir al ejecutivo estatal la certidumbre del predio Los Huajes, en Tlajomulco, para construir sus viviendas. El terreno se adquirió en el sexenio pasado, pero el uso de suelo no es compatible para casas.

María Fernanda Vázquez murió tras ser embestida por un camión de la Ruta 368 afuera de la Prepa 10. Era marzo de 2014 cuando autoridades, como el entonces secretario de Gobierno, Arturo Zamora, y el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, afirmaron que el caso sería emblemático para aplicar la recién aprobada Ley de Víctimas; sin embargo, 7 meses después del accidente que movilizó a la comunidad universitaria provocando que la tarifa del transporte bajara a 6 pesos, esa legislación sigue en letra muerta porque no tiene reglamento.

El Poder Legislativo de Jalisco tiene publicadas 154 leyes en su biblioteca virtual y, de todas, 27 no tienen reglamentos para hacer efectivos los beneficios a la población. La Ley de Víctimas es el ejemplo.

Las leyes se crean en el congreso o legislativo, luego se publican y las autoridades estatales correspondientes se encargan de la creación de organismos y reglamentos para la entrada en operación. Clemente Castañeda, presidente del Congreso de Jalisco, se deslinda: "Nosotros promulgamos leyes. En la mayoría de las ocasiones, le corresponde al ejecutivo publicarlas (las normas reglamentarias)... Es un veto silencioso del ejecutivo. Es un juego político del gobernador".

En el Congreso [de Jalisco] se han aprobado 27 leyes, pero no hay fecha para la publicación de sus reglamentos para fortalecer la operación de las mismas en beneficio de la población.

Hay leyes polémicas, como aquella que "establece la Campaña para la Erradicación de la Garrapata en el Estado", pues se podría resolver con un decreto o una campaña interna de las secretarías de Desarrollo Rural o de Salud. Pero lo que llama la atención es cómo existen leyes que, por falta de reglamentos, impiden que se resuelvan problemas sociales. Son legislaciones que nacen con la iniciativa de mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, aunque la falta de reglamentos para su operatividad ocasiona que sean letra muerta.

El problema no está en las leyes, sino en su aplicación. Las autoridades siguen actuando bajo el supuesto de que, dado que les corresponde aplicar la ley, cuentan con el derecho de violarla.

Algunas entidades son reducto de autoritarismos a la vieja usanza. Mientras en el plano federal las prácticas autoritarias se han sofisticado, hay estados donde sobreviven patrones de la época más oscura del PRI. Una diferencia de los autoritarismos actuales respecto de los anteriores es que trascienden los partidos, enquistándose en administraciones de todos los signos partidistas, como lo comprueba el gobierno perredista de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero, hijo de lo peor del PRI de la entidad, el de Rubén Figueroa y la matanza de Aguas Blancas.

Que se revierta el absurdo de que las instituciones de seguridad, dado que les corresponde aplicar la ley, tienen la prerrogativa de violarla, es de primera importancia para evitar casos como Tlatlaya e Iguala, pero también abusos de menor impacto. Quienes claman por la represión aun si ello implica atropellar derechos, se olvidan de que cuando el Estado es el primero en quebrantar la ley, induce a los ciudadanos a hacer lo mismo, lo que en último término genera un espiral de violencia que nos engulle a todos.

¿Qué hacer para que el Estado no ataque a la sociedad? Lo primero, desde luego, es exigirle que sea ejemplo de legalidad, lo que implica no solo aplicar la ley, sino también aplicarse la ley.

Tlatlaya e Iguala son casos extremos de algo cotidiano en México: autoridades que, al relacionarse con la sociedad, atropellan la ley, exceden los límites de su poder y golpean a la sociedad.

Guardias ciudadanas de los municipios de Coalcomán, Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec se reactivan para exigirle al gobierno que desmantele al cártel de "Los Caballeros Templarios", aumente el número de elementos legalizados a través de las Fuerzas Rurales y Defensas Rurales, y que les permitan portar armas para labores de seguridad.

"Tenemos que volvernos a reactivar porque el gobierno no nos ha cumplido", y precisa que su principal objetivo es "agarrar a los templarios jefes de plaza" de cada municipio, afirmó Luis Martínez, dirigente de la autodefensa de Coalcomán.

La reincorporación de estas defensas civiles en labores de seguridad, sin embargo, arrancó desde hace 2 semanas en la costa michoacana.

Chilpancingo, Gro.- Padres de familia, normalistas de diferentes partes del estado acompañados por organizaciones de la sociedad civil bloquean los 2 sentidos de la Autopista del Sol en el punto conocido como El Parador del Marqués al sur de la ciudad.

El motivo de la movilización, explicaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa es la exigencia a las autoridades de que se aclare a la brevedad que los 9 cuerpos encontrados hasta el momento en 6 fosas clandestinas en Iguala pertenecen a sus 43 compañeros desaparecidos desde hace 8 días.

Las continuas infracciones contra las leyes de tránsito, sobre todo el exceso de velocidad y la desobediencia de la semaforización, demuestran que la única solución es una política de “Cero Tolerancia”. Solamente así la “Gran Guadalajara” podrá ofrecer otra vez un ambiente de paz y armonía, con iluminación correcta en las calles adecuadas, señalización y balización necesaria y la iluminación con tecnología de punta, que transmita al tapatío una sensación de mayor seguridad.

Veo muchas más personas que sin tener ganas de oponerse no parecen aprobar el nuevo sistema adversarial del que la inacabable publicidad oficial anuncia como la panacea que solucionará la terrible injusticia que se aplica en lo penal.

No es que volvamos al jurado popular tal y como se puede ver en las películas gringas o en el juicio representado en "Ahí está el detalle", de Cantiflas; ese tipo de juicios se terminó en 1929 y mucho tuvo que ver una serie de liberaciones de famosos y cuyo más alto ejemplo de impunidad lo fue el caso de la primera Miss México, María Teresa de Landa, una muy atractiva e inteligente mujer quien con su propia arma asesinó a su esposo el general Moisés Vidal y sin embargo, por su gran atractivo, fue liberada, como muchos, por el jurado. La causa alegada para terminar con este tipo de juicios era una fábrica de absoluciones, es muy fácil encontrar muchos casos como éste, pero repito, no es ese el caso.

Doy el ejemplo porque yo creo que el ejercicio, cuando menos en un principio, producirá una gran cantidad de declaraciones de inocencia, porque cuando menos en teoría ahora todos somos inocentes hasta que no se demuestre que somos culpables; esto quiere decir que la fiscalía por sus representantes deberá probar los hechos por los que el acusado merece el calificativo de culpable, hechos, pruebas de que los actos se dieron y que el acusado, en diferentes niveles puede ser responsable, así que yo y muchos tenemos fuertes dudas de la capacidad de los cuicos y de los agentes.

Ahora que no debemos perder de vista que es un cambio de forma, no de fondo, así, si el juez es sinvergüenza, lo será en juicio oral o escrito; creo que se necesita estar en un estado de bienaventuranza, pensar que se arreglan con el juez a la hora del juicio, la música se paga antes de bailar, ahora que puedo con absoluta seguridad decir que si hay un sector preparado para el cambio son los jueces, desconozco su actuación porque yo nunca he litigado en materia penal, pero de que saben, saben, por ello debemos esperar que esto mejore, ya que resulta absurdo que haya cambios y que el deseo de los ciudadanos sea que fallen.

Por lo tanto, el deseo y el intento debe de ser que las cosas mejoren, pero entendamos que es un proceso muy complejo que requiere que no nada más un sector esté preparado, porque después nos va a pasar lo que pasó con Florence Cassez, primero estábamos encantados porque ya iban a respetar derechos humanos, y después, en cuanto le defendieron los de ella, ya la gente no estuvo tan gustosa.

No sólo existe la percepción de que los jueces son corruptos en el estado, sino que de acuerdo a una medición que realizó el Instituto Mexicano de la Competitividad, Jalisco se ubica en el peldaño 31 a nivel nacional en cuanto al índice de imparcialidad de jueces.

En este tema, Baja California ocupa el 1er. puesto seguido de Guerrero y Nayarit, que son las entidades mejor evaluadas en este rubro. En cuanto a los indicadores de un sistema de derecho confiable y objetivo, la entidad se ubica a media tabla.

Y es que contar con un sistema eficiente se vuelve estratégico para que un estado pueda atraer inversiones, pues uno de los factores que inciden en la decisión de los inversionistas es que se cuente con una seguridad jurídica, toda vez que brinda certeza a inversionistas y empresarios, además de reducir sus gastos en protección y seguridad privada.

Desafortunadamente el estado, de acuerdo a la última medición del IMCO (en el 2012) en cuanto a contar con un sistema de derecho confiable y objetivo se ubica en el lugar número 26 de 32, siendo el último lugar el estado de Chihuahua y el 1er. lugar el estado de Nayarit.

La mejor evaluación, que tiene al estado a media tabla, es en cuanto a la eficiencia en la ejecución de sentencias en donde Jalisco se ubica en el lugar 17.

A través de 9 indicadores, el IMCO mide el entorno de seguridad física y jurídica en las entidades del país.

Dicho dato se suma a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 del Inegi en la que se detalla que el 77% de los entrevistados perciben a los agentes de tránsito como los más corruptos, mientras que el 66% considera que los jueces también lo son.

La percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción entre los jueces es real, aunque seguramente se refiere en general a todas las autoridades que participan en un procedimiento y que son desde que está en la averiguación previa e incluso en otras instancias, afirmó el consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero.

El funcionario aseguró que la Judicatura mantiene una revisión permanente de jueces y personal, por lo que ya se han aplicado 70 sanciones, que han ido desde multas hasta la separación del cargo. Lamentó que, en cambio, en el Supremo Tribunal de Justicia, nunca ha habido una sanción.

Sobre los resultados de la encuesta, Partida Caballero dijo que "no se puede tapar el sol con un dedo. Lógicamente que dentro de los juzgadores entran jueces y magistrados". Señaló que fue esta situación la que motivó que se impulsara la reforma para cambiar el sistema de justicia en el país.

Recordó que México ocupa el lugar 104 en corrupción, de 180, según Transparencia Internacional. En cuanto a Jalisco, indicó que es el 28 de los 32 estados en mayor corrupción. "Lógicamente hay una descomposición en todo el aparato, desde los policías, los agentes de tránsito, los ministerios públicos y los juzgadores".

Partida Caballero dijo que se presentó al gobierno del estado un plan anticorrupción, similar al que se ha puesto en marcha en otros países, como Uruguay.

En cuanto al poder judicial, indicó que por eso es importante que todos los expedientes estén en línea, porque así los ciudadanos podrán acceder al expediente y conocer cada paso, sin margen a la corrupción.

Sin medir los efectos de afirmar que en los bloqueos de la semana pasada hubo ajenos al IPN (la gente que llevó camiones y altavoces para desquiciar el poniente de la capital), la doctora Yoloxóchitl Bustamante atizó el problema con... ¡la verdad!: el miércoles, alumnas de la ESIA dijeron a Ciro Gómez Leyva (Radio Fórmula) que no fueron politécnicos quienes taponaron la salida hacia Toluca.

Como sucedió con el estéril #yosoy132, son lopezobradoristas y pancheros de inspiración chavista-senderista quienes ansían una chispita para explotar la mezcla de reformas estructurales, IPN y Ayotzina...

El subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda y el jefe de la Unidad de Enlace, Alejandro Osuna, siguieron a detalle el bloqueo de más de 6 horas en la Autopista del Sol para colaborar en la solución del conflicto que le crece cada día más al gobernador Ángel Aguirre.

El nuevo sistema acusatorio será una mejora en la administración de justicia en Jalisco en comparación con el actual sistema penal, que es inquisitorio y desigual para la defensa, entre otros males. Y de las mayores ventajas estará el desahogar el cúmulo de procesos que mantienen colapsado el sistema al tratarlos a través de más opciones de justicia más breves, señala Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. "Lamentablemente tenemos un sistema tan malo que, cualquier cambio, se puede garantizar que es positivo".

Argumenta que en Jalisco, de cada 100 delitos sólo 6 son denunciados: "Con ese 6%, que son los casos que se reportan en nuestra entidad, con eso alcanza para colapsar el sistema de justicia, es decir, si se denunciaran más serían aún más ineficiente".

Una causa del actual colapso es que en el sistema actual no se discriminan los casos al resolverlos todos con el mismo procedimiento: "Si se comparara con una sala de urgencias donde llega una persona que sufre un infarto y otra que se lastimó una uña, los paramédicos atenderían al que llegó primero y le darían el mismo tratamiento a los 2 sin importar la gravedad".

El sistema acusatorio en cambio se vale de distintos medios para darle la importancia adecuada a cada caso y discriminar aquellos que no merecen tratamiento penal. Uno de ellos es la justicia alternativa, con la que se espera atraer a uno de cada cuatro casos penales.

Esto bajaría incluso el gasto de los procesos por el tiempo que tardarían: en 2013 se atendieron en Jalisco más de 100,000 averiguaciones previas, que costaron en promedio 12,000 pesos cada una, y de las que sólo se resolvió una de cada 10, mientras que en Baja California, donde ya implementan el sistema acusatorio, cuestan 1,700 pesos y se resuelve la mitad.

Otros casos que se podrán atender por otras vías son los accidentes viales. En Jalisco, 9% de las averiguaciones corresponde a este tipo: "Nos damos el lujo de llevar 1,200 casos a sentencia cuando ya le costaron al erario 14,000 pesos de averiguación previa y 18,000 pesos de proceso penal... gastamos cada año 120 millones de pesos en accidentes de tránsito". En el Distrito Federal, en contraste, sólo atendieron 184.

La expectativa con base en experiencias de otras entidades es que sólo 4% de los casos que ingresen a los juzgados se resuelvan mediante un juicio oral.

Por otra parte, en Jalisco, 3 de cada 5 presos tienen prisión preventiva, es decir que están privados de la libertad aún sin recibir sentencia: con presunción de inocencia pasan sus días en la cárcel por delitos insignificantes como robar comida sin violencia. Esto lo ha llevado a ser el 3er. estado en la república con una saturación penitenciaria, pues actualmente está a 170% de su capacidad. Aunque hay cárceles regionales con 60% de sobrepoblación, Puente Grande está a 240%: 'En esas condiciones de hacinamiento no es posible la reinserción social'.

Baja California, por ejemplo, con el nuevo sistema acusatorio, en 2 años pasó de 180 de sobrepoblación penitenciaria a 110.

En México podemos identificar a víctimas de tortura pero no a quienes torturan. Se cuentan por miles las quejas por tortura ante los organismos públicos de derechos humanos; llegan denuncias por ese delito ante el ministerio público y, sin embargo, al menos en la jurisdicción federal, apenas suman 11 sentencias entre 1999 y 2014. Por absurdo que parezca, estamos ante crímenes sin criminales.

En el derecho internacional de los derechos humanos la tortura es calificada como delito de lesa humanidad. Por definición, el perpetrador es un representante de la autoridad o alguien que actúa con la aquiescencia de aquél. Este fenómeno desnuda con especial gravedad la distancia entre normas y prácticas reconocida en el Programa Nacional de Derechos Humanos del presidente Enrique Peña. México tiene la plataforma legal para castigar la tortura, no así voluntad ni competencias profesionales para sancionar responsables. Insyde puso en marcha hace 2 años una campaña nacional contra la tortura policial y éste es el hallazgo más importante de todos. Las entrevistas con operadores institucionales y sociedad civil en 12 entidades federativas no dejan lugar a duda: la tortura persiste y el castigo no llega.

Hemos entendido que las instituciones policiales y de procuración de justicia alojan operadores y tramos de responsabilidad que crean espacios de permisividad para ese delito. Sucede en especial, tal cual lo anotó Juan Méndez, relator especial de la ONU, en el contexto de la persecución de los llamados delitos de alto impacto. Desde luego no hay registro oficial alguno que documente los espacios permitidos para la tortura; no sólo eso, casi siempre estamos ante la negación oficial. "Aquí no hay tortura", es la frase recurrente escuchada por los investigadores y docentes representantes de la campaña. Tal es el discurso oficial; en cambio, la narrativa no oficial de los operadores institucionales es la que deja ver la mecánica de la tortura.

En 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos, sólo el 6.2% de esos delitos terminó en averiguación, es decir 31 millones de delitos quedaron en impunidad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, el instituto dijo que la cifra negra de delitos alcanzó 93.8% en 2013, mientras que en 2012 había sido 92.1%. Es decir de 10 delitos que se cometieron, sólo se denunció un delito, los otros nueve quedaron en impunidad.

De acuerdo con la encuesta aplicada a 100,000 personas en todo el país, en 23 estados del país la cifra negra subió en 2013. 6 de cada 10 encuestados dijeron que el principal problema del país es la inseguridad, con lo que la percepción de inseguridad creció de 72.3 a 73.3%. Más del 70% dice ser víctima de un delito, y se siente inseguro en su estado.

La mitad de los encuestados reconoce que dejo de salir en la noche por miedo a ser víctima del delito, 7 de cada 10 dijo que le prohibió salir a sus hijos en la noche por la inseguridad y en misma proporción dejaron de usar joyas.

Los activistas de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, son indefendibles: han hecho de la violencia y la provocación una forma de vida y las agresiones que han generado son innumerables: robo de camiones de carga y de pasajeros, incluyendo el despojo de los bienes de unos y otros; toma de gasolineras, de tiendas y supermercados, portación ostensible de armas; mal uso de recursos públicos; las normales rurales como escuelas de militantes de todo tipo de grupos porriles y radicales. La gama de delitos que han cometido es larga y de vieja data.

La inoperancia y corrupción de la policía, municipal y estatal en Guerrero, es tan célebre como provocadora la actividad de los normalistas de Ayotzinapa. En Guerrero se suceden los crímenes más violentos, muchos de alto significado político y casi nunca hemos visto un caso resuelto por las fuerzas locales. En realidad, de una u otra forma, son éstas las que terminan estando involucradas en los mismos. Todo eso no podría ser una realidad si no fuera porque las autoridades terminan siendo parte de todo ese esquema de corrupción, inseguridad y clientelismo político. Y como siempre sucede en ese tipo de situaciones, como los acuerdos se dan con base en la fuerza, lo que se dispara es la violencia más irracional.

En el último fin de semana, vimos en Guerrero como, en eventos que no tienen siquiera una explicación oficial, hubo duros enfrentamientos, a balazos, entre normalistas de Ayotzinapa que intentaban secuestrar autobuses en Iguala, con fuerzas policiales, mismos que se prolongaron con emboscadas, tiroteos aislados y se saldaron con varias muertes, incluyendo jóvenes inocentes y la desaparición, se dice, de 57 normalistas que estarían detenidos por fuerzas de seguridad.

Los hechos, incluyendo los actores que participaron en los enfrentamientos, no pueden más que hacernos recordar lo sucedido hace 19 años en Aguas Blancas, cuando el entonces gobernador Rubén Figueroa ordenó emboscar a un grupo de campesinos de la Sierra Sur, que era un secreto a voces que estaban ligados con grupos armados que poco después se dieron a conocer como el EPR, lo que terminó en una masacre. Le costó la gubernatura a Figueroa que dejó en el cargo en uno de sus más cercanos colaboradores, Ángel Heladio Aguirre, ahora nuevamente en el gobierno pero después de haber ganado la elección con el cobijo del PRD.

Ya otra muerte de 2 estudiantes de Ayotzinapa estuvo a punto de costarle a Aguirre el cargo al inicio de su administración, pero logró superar esos eventos. Luego fueron la escalada espectacular de la inseguridad y los continuos asesinatos políticos (de priistas, panistas, perredistas, empresarios, caciques, líderes radicales) en el estado. Libró también los bloqueos continuos a las carreteras y la negligencia inicial con la que se encararon las tormentas "Ingrid" y "Manuel" e incluso las denuncias de malos manejos en las tareas de reconstrucción. Habrá que ver cómo se libra el gobierno estatal de este nuevo Aguas Blancas, ocurrido ahora en Iguala, que viene adicionado con el asesinato, en pleno Acapulco, de Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del PAN en el estado. Asesinato, como todos, también impune.

Probablemente no pase nada. Habrá investigaciones, algunos detenidos (que no siempre terminan siendo procesados) y se esperará que el tiempo juegue su papel. La razón es sencilla: el estado vive en una situación de descontrol mayor que cualquier otro, desde hace años; no hay grupos políticos fuertes que puedan generar otro tipo de opciones; el gobierno federal no puede intervenir como lo hiciera en Michoacán, entre otras razones porque hay elecciones en Guerrero el año próximo y una intervención en un estado perredista provocaría disensiones políticas y también, no nos engañemos, porque la profundidad de la crisis es tal que ella no puede solucionarse en unos pocos meses y con autoridades bajo sospecha.

Claro, todo eso mientras se perciba que la situación está relativamente bajo control y confinada a esa entidad.

México enfrenta un gravísimo problema de orden público. Ayer por la tarde, bastaba un vistazo a los diarios en línea para enterarse de saqueos perpetrados por encapuchados en pleno centro de Morelia (desvalijaron camionetas con frituras y garrafones de agua) o de la desmesurada respuesta de la policía municipal de Iguala a las manifestaciones de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esos mismos que prendieron fuego a una estación de servicio en diciembre de 2011, quemando vivo a un empleado (al intervenir luego las fuerzas del orden, murieron también dos estudiantes). En los sucesos acaecidos en Guerrero este fin de semana, perecieron ocho personas, entre ellas un chofer de taxi, un ama de casa y un jugador del equipo 'Los Avispones' así como su entrenador.

Mientras tanto, los maestros de la CNTE siguen acampados en el centro de Oaxaca debido a lo cual algunos comerciantes anuncian ya que van a cerrar indefinidamente sus negocios. En ese mismo estado, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal se adueñaron de la caseta de peaje en San Pablo Huitzo, donde permitían el paso a los vehículos pero exigían una cuota para ellos; entre sus exigencias figura la de obtener una plaza automáticamente luego de concluir sus estudios, una demanda que comparten con los guerrerenses de Ayotzinapa. En la capital de México, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional cerraron las avenidas Constituyentes y Taxqueña, provocando apocalípticos atascos de tráfico.

El cierre de avenidas y carreteras es ya parte de la perversa normalidad que vivimos en este país. Es más, algunos funcionarios se ufanan de que las autoridades no "reprimen" a los manifestantes y de que respetan así el sacrosanto derecho a la "libre expresión". Desde este punto de vista, estaríamos hablando de un mal menor en una sociedad que ha confundido interesadamente los valores. Curiosamente, bajo estas reglas subvertidas se pueden pisotear impunemente los derechos de todos esos ciudadanos, la mayoría, que no tendrían por qué sufrir las consecuencias de la "protesta social". Y lo más llamativo del asunto es que esta tal protesta pareciera sustentarse en la capacidad de perjudicar a los demás: mientras más daños puedas infligirle al prójimo -que no pueda transportar sus mercancías, que no llegue a sus citas, que pierda dinero, que experimente un agudísimo sentimiento de frustración, que tenga que cerrar su negocio- más exitosa y rentable parece ser la estrategia. Podemos así imaginar un dialogo entre jefes: "Pues, mira, yo logré paralizar el aeropuerto: se cancelaron 200 vuelos y miles de turistas no pudieron llegar a sus destinos, je, je". Respondería el otro: "Eso no es nada, yo cerré las vías de acceso al puerto de contenedores y detuve el envío de insumos para las plantas armadoras: las líneas de producción tuvieron que parar, ja, ja".

La cosa se pone más seria, sin embargo, cuando los manifestantes cometen a su antojo actos de vandalismo, pillajes y destrozos. ¿Es mínimamente admisible el saqueo, por sujetos encapuchados, de dos furgonetas en la calle principal de una de las ciudades más turísticas de México? Los dueños de la mercancía sustraída, ¿no tienen derechos? ¿Para qué sirve, entonces, la fuerza pública? ¿Para qué diablos están las leyes si no es para brindar certezas y garantías a los ciudadanos?

Pero aquí llegamos a lo más desalentador de todo: cuando los cuerpos policiales intervienen -salvo esas excepciones en las que la Policía Federal y alguna que otra corporación han operado de manera impecable-, resulta que no son capaces de administrar sensatamente la fuerza y terminan disparando proyectiles a lo bestia: en Iguala, para mayores señas, mataron a siete u ocho personas. Y, justamente, a partir de ahí se perpetúa ese nefasto círculo vicioso en el que es imposible aplicar la fuerza legítima del Estado para preservar algo tan esencial como el orden público porque la mera intervención de las autoridades sería una manifestación de la brutalidad de un régimen “represor”. Y vaya que saben, los provocadores -y todos esos grupos que negocian, a punta de imponerse abusivamente a todos los demás, exigencias tan espurias como desmedidas-, explotar el victimismo y vaya que son expertos en las artes de la denuncia y el agravio. La torpeza de la policía, en este sentido, no hace más que aportar agua a su molino: no les faltará razón cuando lancen acusaciones y sus muertos (que son los que cuentan, porque a Gonzalo Rivas, el empleado de la gasolinera que murió quemado, nadie le ha hecho justicia) ahí estarán, a la vista de todos. Que sigan pues los desórdenes.

Las imágenes de saqueadores y acaparadores tras "Odile" dan por enésima vez la razón a Hobbes: la sociedad sin Estado se parece más al infierno que al cielo. Uno de los factores que incrementan la probabilidad de que se presenten comportamientos como estos es la impunidad, que carcome los cimientos de la convivencia social en México. Quienes saquean supermercados y hasta cargan con bienes que están en la antípoda de lo básico, como televisores y estéreos, o quienes acaparan alimentos, lo hacen a sabiendas de que nadie los sancionará, por la debilidad institucional del Estado mexicano en seguridad y justicia. Es esa misma conciencia con la que operan asesinos, secuestradores y extorsionadores.

Hay preocupación entre la iniciativa privada [de Jalisco] por el cada vez más notorio tráfico de influencias de un despacho de seudo abogados, parecido a Los Talibanes en la materia laboral, pero en materia civil y mercantil, que involucra consejeros, funcionarios, jueces y magistrados en todos los niveles.

Luego de que una televisora exhibió las obras de infraestructura hidráulica que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ha construido durante su gestión para acumular agua de un río cercano a su rancho, sin ningún permiso federal y afectando a pequeños productores de la región, el secretario de Gobierno de esa entidad dijo que su gobernador tiene "el derecho" a tener una represa en su rancho Pozo Nuevo, como tienen muchos políticos que también son ganaderos, y que eso además es "una costumbre" (¡vaya costumbre, esa de pasarse las leyes por el arco del triunfo!).

Creo que la idea de que los estados de la república son "libres y soberanos" ha hecho creer a algunos gobernadores que pueden hacer en "sus" estados lo que les dé su soberana gana.

Desde hace tiempo se ha considerado un error llamar "soberano" a un estado que, a pesar de tener sus propias leyes, está subordinado a una constitución federal.

Además de que induce a los gobernadores a pensar equivocadamente que son una especie de "reyes estatales" y que nada ni nadie puede estar por encima de ellos.

Desde hace tiempo se ha planteado la idea de cambiar la denominación de "estados libres y soberanos" por la de "estados autónomos".

El abogado constitucionalista mexicano Ignacio Burgoa, en franca crítica a la redacción de los artículos 40 y 41 de la Constitución Mexicana, hizo notar esto:

"El solo hecho de concebir que un estado miembro de la Federación pueda ser soberano entrañaría el despropósito de admitir la divisibilidad de la soberanía de la nación (...) así como la aberrativa coexistencia de tantas soberanías como fuese el número de entidades de que ésta se compone".

Consideró también que la llamada teoría de la "co-soberanía" es jurídicamente insostenible.

Si las entidades federativas están supeditadas a la Constitución General de la República, entonces no son soberanas, aunque sí pueden ser autónomas.

Lo anterior debiera ser explicado o recordado a todos los gobernadores que se marean con el poder, para que no se les olvide que el estado que gobiernan no es "su" estado, sino una entidad sujeta (junto con ellos mismos) a la Constitución Mexicana y a las leyes que de ella emanan.

A nadie debe extrañar entonces que la Comisión Nacional del Agua no le dé al gobernador Padrés el trato de Rey de Sonora, y haya iniciado un procedimiento para verificar si la represa y los pozos construidos en terrenos de su propiedad se encuentran dentro de la legalidad.

Son los gobernadores y funcionarios públicos los que deben predicar con el ejemplo, sometiéndose a las leyes y aceptando de buena gana las investigaciones a que se someta a cualquier persona que presumiblemente pueda estar violando alguna ley, en este caso la Ley de Aguas Nacionales.

Y como el propio titular de la Conagua dijo: "en el caso de las obras construidas que no cuenten con los permisos, concesiones o afecten a terceros y/o representen un posible riesgo a la población, se procederá a ordenar lo que establezca la ley: 1o., la clausura; 2o., la liberación del recurso de agua hacia los usuarios que debidamente tienen el derecho, y en el caso que no se cuente con los permisos, se ordenará la demolición de la presa y la aplicación de las multas correspondientes".

Es increíble, pero con tanto abuso de poder es necesario recordarle a los gobernadores, de vez en cuando, que los estados no son suyos, que las constancias de mayoría que recibieron no son cetros y que sus sillas no son tronos.

En los últimos 5 años, la ineficiencia en la recaudación de multas a nivel estatal ha provocado que el sector salud en Jalisco deje de recibir 96 millones de pesos.

Desde 2009 hasta el mes pasado, han sido impuestas 22,270 multas procedentes de entidades federales y estatales facultadas para sancionar, cantidad que se traduce en 192 millones de pesos que no han sido cobrados.

La mitad de ese dinero, por ley, debería destinarse en partes iguales al organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, que reparte a los programas de prevención de enfermedades y campañas de vacunación, para equipamiento médico, adquisición de medicamentos e insumos de hospitales regionales; y el restante al Hospital Civil de Guadalajara.

El resto de las multas sin pagar, 48%, debe distribuirse de manera equitativa entre los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas (estímulos y recompensas por productividad); y el otro 2% a un fondo de capacitación para todos los servidores públicos de la dependencia.

Una de las principales razones de que este universo de multas no se cobre es porque en alrededor de 6 de cada 10 casos no se localiza a los infractores por fallas en los procesos de recabación de datos. Lo anterior de acuerdo a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, encargada de realizar el cobro.

La procedencia de la mayoría de multas sin cobrar a nivel estatal son del poder judicial, y la tercera parte las concentra el Tribunal de lo Administrativo del Estado: 17 millones de pesos sin cobrar a burócratas de la entidad.

Al respecto, el presidente del TAE, Laurentino López Villaseñor dice: "Tienen al funcionario en sus bases de datos. No sé por qué no pagan, si lo hicieran sería más fácil ejecutar nuestras resoluciones. Pero estás hablando de un funcionario que cobra a un funcionario, ahí puede estar tu respuesta".

Los servidores públicos pueden pasar a juicio y ser multados por utilizar ilegalmente recursos públicos, maltratar al personal, abusos de autoridad, entre otras.

El magistrado dice que los reglamentos de imposición y cobro de multas están bien complementados, la distinción aparece cuando, simplemente, no se aplica la ley.

Del global de multas a nivel estatal y federal, las instancias con más multas sin cobrar son la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y le sigue a nivel local la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Como bien sabemos, en este país mandan las minorías: cualquier grupo de agitadores, por más insignificante que sea su representación y más ilegítimas sus exigencias, puede paralizar el tráfico de una gran metrópoli o bloquear impunemente aeropuertos, carreteras y centros comerciales. Ahora mismo, en Oaxaca, las turbas de la CNTE se han apoderado del centro histórico y mantienen ahí, desde hace meses, un horroroso campamento mientras los restauranteros y comerciantes, que tratan de ganarse la vida atendiendo a un turismo en vías de desaparición, piensan ya en cerrar su negocios e irse a otra parte.

Los daños económicos son devastadores. Pero, este perjuicio no parece importarle a nadie lo cual no debiera tampoco sorprendernos siendo que los primerísimos damnificados por las escandalosas prácticas de los "maestros" (hay que usar siempre las comillas para referirse al supuesto oficio de esa gente) de la mentada Sección 22 son, miren ustedes, los niños de México. Y en un país que no protege siquiera a sus infantes, lo más preciado que puede tener cualquier nación (vaya vergüenza histórica, señoras y señores), uno puede esperarse cualquier cosa.

Nos llenamos la boca propugnando la instauración de un verdadero "Estado de derecho" pero, justamente, la actuación de nuestra justicia allana el camino para que tengan lugar infracciones y abusos que serían totalmente inamisibles en esas democracias donde el orden público es un principio innegociable. Ah, y los jueces... En Morelos, hay uno que acaba de amparar a unos cavernarios, una docena, que se oponen a la construcción de una carretera necesarísima. Lo dicho, mandan las minorías.

La corrupción no es una enfermedad enraizada en la cultura nacional, sino una manifestación de problemas institucionales que se deben y pueden corregir. Es por eso que México sale mal calificado en comparaciones internaciones, aun con respecto a sociedades con las cuales comparte raíces culturales.

La corrupción cuesta mucho y debilita la competitividad de México. Sus síntomas son notorios y causan que los costos de transacción y capital sean más altos en México que en otros países. Por ello es importante evitar resignarnos a que "así somos"; también debemos evitar la tentación de pensar que la solución está en montar grandes campañas para reformar los valores de los mexicanos. No es lo mismo hacer lo correcto que hacer las cosas bien; lo que falla en México no son las personas, sino las instituciones encargadas de protegerlas.

Para reducir la corrupción es indispensable mejorar la calidad del sistema de procuración de justicia. Puesto llanamente: la tarea a realizar es rediseñar estos procesos para aumentar el costo esperado en el que incurren las personas que cometen actos corruptos en México.

Para que esto se dé, lo primero que se requiere es crear incentivos para que las víctimas de la corrupción estén dispuestas a denunciar a los corruptores. Para multiplicar el número de denuncias, es indispensable crear un sistema de denuncia anónimo y confiable. Las víctimas no denuncian porque no están locas; no saben hasta dónde se extienden las redes de extorsión. Temen que si presentan una denuncia podrían exponerse a la venganza de grupos criminales, y posiblemente tengan la razón. En las condiciones actuales, probablemente se denuncia una pequeña fracción de los miles de casos que diariamente acosan a los mexicanos. Para resolver este problema, se requiere un proceso de denuncia que proteja la identidad del denunciante y garantice su seguridad.

Pero también se requieren incentivos para que convenga denunciar. Se estima que el costo anual de la corrupción es de alrededor de 15% del PIB. Con sumas tan grandes en juego, los mexicanos deberíamos estar dispuestos a compensar generosamente a quienes denuncien casos comprobables de corrupción. Un giro de esta naturaleza transformaría radicalmente los incentivos causando que más personas estuvieran dispuestas a denunciar prácticas corruptas. Pero ahí no acaban las cosas.

Para reducir la corrupción, también requerimos agentes judiciales mejor preparados, que cuenten con las pericias técnicas y de investigación necesarias para resolver casos complejos y sofisticados de corrupción. El objetivo en este caso debe ser aumentar la probabilidad de que las denuncias que se presenten se conviertan en casos bien documentados que sirvan como la base para aprehender a personas culpables de actos corruptos. Luego, para que todo lo anterior conduzca a un resultado plausible, se requieren jueces y tribunales especializados, calificados para oír y resolver los casos.

Para que la campaña anticorrupción marque un hito transformacional, es indispensable cambiar las expectativas de los mexicanos. Actualmente están convencidos de que la corrupción existe porque les conviene a los políticos y a los que dirigen al país. La sociedad ha visto incontables casos de combate a la corrupción que inician escandalosamente y acaban con los indiciados sueltos en la calle, disfrutando bienes malhabidos. Para convencer a los mexicanos de que esto va a cambiar, es indispensable crear un historial de casos icónicos que muestren que la guerra contra la corrupción no es una moda pasajera, sino un nuevo estadio de desarrollo. La percepción actual es que la corrupción es parte de las estructuras económicas y políticas del País. Para que esto cambie, se requerirán años de trabajo disciplinado y muestras tangibles de éxito. Si esto no sucede, los mexicanos seguiremos respondiendo al incentivo que genera la impunidad.

Campesinos con machetes bloquearon los accesos a los restaurantes de los portales del centro de Oaxaca, en demanda de que el gobierno estatal les restituya sus tierras. Policías llegaron al lugar pero estuvieron 4 horas sin intervenir. Los comercios cerraron en protesta y los manifestantes armaron un baile con marimba.

En el caso de la mortandad de peces en la Laguna de Cajititlán, que fue "la nota de la semana" pasada, las autoridades a las que correspondería deslindar responsabilidades, imponer sanciones a los culpables y aplicar medidas remediales a corto y a largo plazo, tienen un punto a su favor: el desinterés de la mayoría de los ciudadanos, y la desmemoria de los medios.

Lo 1o., porque es público y notorio que las investigaciones de las que debería desprenderse el esclarecimiento de los hechos y el castigo a las acciones dolosas o a las negligencias que hubieran ocasionado ese desastre ecológico -como lo calificó la prensa internacional que dio cuenta del hecho- se van a resolver, como de costumbre, con la impunidad más absoluta. El esquema de complicidades es parte del sistema.

En nuestro medio, la lista de los agravios que saltan de los desgarramientos colectivos de vestiduras y la indignación generalizada al hartazgo y a la convicción de que tendrán el desenlace de "El Parto de los Montes" de la vieja fabulilla ("después de tanto ruido, solo viento"), es más larga que una cuaresma de las de antes...

Por mencionar, entresacados de la historia reciente, unos cuantos botones de muestra: las explosiones del 22 de abril del '92 se resolvieron con el gesto pretendidamente altruista de Pemex, de indemnizar a damnificados... pero sin ninguna resolución judicial que señalara a los culpables de la tragedia o sancionara a las autoridades que incurrieron, a todas luces, en negligencia criminal al no disponer el desalojo de la zona amenazada; el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un año después, dejó vigentes las dudas que se encargaron de sembrar, sistemáticamente, los inconformes con las conclusiones de la "comisión interdisciplinaria" que se integró para estudiar el caso; los dispendios de la administración pasada en asuntos como la adquisición de los predios aledaños al Parque Morelos para el proyecto original de la Villa Panamericana, la construcción de la misma villa y la de la vecina Ciudad Judicial, están en vías de quedar sepultados para siempre por el misericordioso polvo del olvido.

Amnistía Internacional reveló que desde 2006 a 2013, la PGR inició 1,219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según el Consejo de la Judicatura Federal, hubo 7 sentencias firmes por tortura, por lo que índice de sentencias condenatorias es apenas del 0.006%. En otras palabras, los torturadores en México gozan de cabal impunidad.

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince escribió un editorial en el que decía: "Los vigilantes empiezan matando a los secuestradores, narcotraficantes y extorsionistas, pero pronto comienzan a matar a sus familiares, y luego sus amigos, o los que piensan que son sus amigos, y después las familias de los amigos, hasta que todo el mundo es sospechoso y podrían venir a llamar a su propia puerta, como nos pasó a nosotros en Colombia -como le sucedió a mi padre, cuando fue abatido a tiros en las calles de Medellín".

"Permitir los ejércitos privados, incluso si se supone que son para la autodefensa, es la creación de un monstruo como la Hidra: si corta una cabeza, dos más vuelva a crecer".

Si el régimen de la revolución estuvo vigente durante casi 70 años, el ciclo reformista lleva poco menos de la mitad de ese tiempo. Desde Miguel de la Madrid ha habido reformas, reformitas y reformotas. Se han reformado el Estado y el sistema económico; la política y las finanzas; el régimen fiscal y las leyes laborales; las relaciones del Estado con las iglesias y la política social; se desmanteló el proteccionismo y se privatizaron empresas estatales; se modificaron las leyes electorales y el sistema de comunicaciones; se crearon órganos de transparencia y rendición de cuentas, se instituyeron formas de la democracia directa y se han fortalecido los derechos humanos; se han aprobado reformas educativas, hacendarias, agrarias, urbanas, de salud, administrativas y monetarias. En suma, ha sido reformado casi todo en este país.

A la luz de tamaño expediente, extraña forzosamente que no se hayan dado reformas de similar envergadura en el ámbito del Estado de Derecho. No es que no haya habido modificaciones en el sistema de justicia (las ha habido tanto en el período revolucionario como en el reformista). Pero sigue haciendo falta una reforma judicial profunda y de verdadero impacto. De hecho, el consenso al respecto (junto con la necesidad) es lo que se ha venido incrementando rápidamente.

Cada vez más voces reclaman meter mano en el sistema de procuración y administración de la justicia, y de hacerlo lo antes posible. Porque la historia reciente nos ha enseñado que muchas de las grandes reformas han sido conveniente capitalizadas por los cuates de los reformadores, más que por el país. El tamaño del pastel que se va a partir con las reformas energética y de comunicaciones, por ejemplo, es descomunal. También lo es el tamaño de la corrupción que se dará en el proceso, habida cuenta de que para la transa no hay impedimentos.

La diferencia entre un festín de corrupción y reformas conducidas dentro de la ley, es una pronta reforma al Estado de derecho. No es fácil diseñarla y llevarla a cabo, pero es urgente e imprescindible. A tal grado, que en la capacidad de imponer la ley como es debido, radica el que sigamos siendo una democracia fallida (típica de un país bananero), o una democracia verdaderamente efectiva (para usar la categorización de un señor llamado Christian Welzel).

Que para el 2016 el nuevo sistema de justicia sea una realidad, que hoy está aún lejana pese a que llevan 6 años aprobadas las reformas respectivas. Porque con un sistema que permite que entre el 95 y el 98% de los delitos denunciados queden impunes, a la larga, todo lo demás, termina siendo insuficiente.

En Guadalajara, 1 de cada 4 predios tienen adeudos con el ayuntamiento. De las 460,000 cuentas que tienen registradas en la Dirección Municipal de Catastro, 110,000 son omisas en cumplir con la obligación de pagar el impuesto predial. La suma total, de los últimos 5 años, es de 650 millones de pesos.

Ante el aparente vacío de información que genera el Ayuntamiento de Guadalajara a los locatarios del Mercado Corona, unos 50 comerciantes del inmueble se manifestaron ayer por la mañana, cerrando las vialidades de 16 de Septiembre y avenida Hidalgo. Exigen certezas jurídicas sobre sus locales y que se reconsidere la existencia de franquicias comerciales en el nuevo proyecto.

Los integrantes del grupo denominado Mercado Corona por Siempre A.C. cerraron las calles por un periodo de 20 minutos, lo que generó congestinamiento vial.

Cualquier extranjero, y hasta algunos mexicanos de ciertas ciudades, que llegue al Distrito Federal pensará que nosotros los chilangos manejamos muy mal. Nos pasamos los altos, no respetamos un paso de peatón ni de casualidad, nos estacionamos donde nos da la gana, no conocemos lo que es un límite de velocidad, damos vueltas en "U" cuando se nos pega la gana, sentidos contrarios, en fin.

Ayer traté de argumentar, a partir de un intercambio entre el presidente Peña y León Krauze en el programa del FCE, que el desprecio a la ley y la corrupción no son asuntos "culturales" o que "así somos los mexicanos", sino que son comportamientos más o menos racionales a partir de la actuación o las omisiones de la autoridad.

"El caos vial de la Ciudad de México es un clarísimo ejemplo de lo que trato de decir."

Hace 20 y más años, si uno cometía una infracción había buenas posibilidades de que un policía lo detuviera. Ese policía, mal pagado y poco supervisado, recibía una mordida. De esa mala manera, pero el mal conductor tenía una sanción. Ese mismo conductor tendría que haber pasado un examen para obtener su licencia. En muchas ocasiones ese examen se obviaba bajo el mismo método pero al menos parecía que había un examen.

Desde 1997, los sucesivos gobiernos del PRD se propusieron combatir la percepción de la corrupción que definía a la policía. Terminaron con los exámenes para manejar, dieron licencias "permanentes" (uno de los grandes absurdos de esta ciudad) y, sobre todo, decidieron que los policías ya no pararan a los automovilistas.

El inventario de las multas por faltas al reglamento de tránsito demuestra que las infracciones a vehículos en movimiento son prácticamente inexistentes para el tamaño de ciudad y parque vehicular. Tanto es así que en el sexenio pasado el jefe de la policía anunció que por fin ya habría unos 500 policías -uno para cada 6,000 vehículos- que sí podrían poner multas de tráfico.

En resumen: quienes manejan no tienen que saber el reglamento, reglamento que nadie hace cumplir.

Nuestro caos vial -como nuestra corrupción- entonces, no es cultural, no es que así manejemos por ser mexicanos. No es cosa de folclor. Es resultado lógico de ciertas políticas públicas. Ahí lo jodido.

El sábado pasado (16 de agosto) anocheció cargado de presagios de fiesta en un barrio de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan. Ya en la madrugada del domingo el jolgorio se convirtió en una enorme escena digna de CSI Miami, con casi 3 centenares de jóvenes tirados en el pavimento, detenidos y luego arrestados. Habían acudido al cruce de las calles Helios y Perihelio a un singular festejo, el cumpleaños de un chavo de 18 años que, dicen, se llama Chamín Godoy. Se convocó por redes sociales y a la pachanga se le llamó "la fiesta de los 4,000".

Los colonos reportaron riñas, ruido, alcoholizados y todo lo que no debe ocurrir en la calle de un barrio vecinal.

Llegó la policía, se armó la gresca y los uniformados impusieron el orden. Las cifras apuntan a 281 detenidos, de los que una tercera parte eran menores de edad. Todos fueron liberados antes de que se abrieran las escuelas para el regreso a clases, pero la controversia está asegurada, porque sobran las denuncias de abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.

Lo que ocurrió esa noche es un foco de alarma (otro) para las autoridades municipales (todas) de la gigantesca área metropolitana de Guadalajara, con sus más de 4 millones de habitantes. En incontables puntos de la ciudad, cualquier día pero sobre todo los fines de semana, hay cierres de calles porque los vecinos festejan un cumpleaños, organizan un juego de futbol callejero o ensayan un baile. Los motivos son tan variados como inverosímiles, pero el hecho es que cruzan un carro o dos en las bocacalles y que el mundo ruede...

Exigir el derecho de libre tránsito es una exquisitez que se antoja fuera de lugar. Pero que esto ocurra sin que la autoridad tenga el más mínimo conocimiento es tan peligroso como conceder islas intermitentes de ausencia de gobierno. En estos cierres callejeros ocurren faltas administrativas y delitos; y también se pone en riesgo la integridad y la vida de muchas personas.

No existe ni un entramado institucional sólido ni un marco jurídico adecuado para enfrentar de lleno a la corrupción. Se parte de que la transformación interna de Pemex, la modificación de su consejo de administración y su vocación como una empresa competidora y productiva del Estado, van a redundar en un decremento de la corrupción. Se modifican los incentivos, pero no se ataca de fondo el problema de la corrupción en un mercado multimillonario que es ideal para la articulación de las mayores estafas. Incluso, el hecho de que el Estado Mexicano asuma el pasivo pensionario de Pemex (lo cual era imposible de descartar) no vino acompañado de acciones concretas para identificar a los responsables de una gestión errática que dejó a la empresa con finanzas insustentables. Es cierto, no hay opción, el Estado adquirió esa deuda como una empresa paraestatal, pero la responsabilidad política y jurídica sigue en el aire. Es un borrón y cuenta nueva, un mensaje poco constructivo de cara al futuro.

México, uno de los países con más baja cultura de la legalidad en el mundo. Para que las reformas aprobadas no vengan a fortalecer la disociación entre sistema jurídico y realidad, se requiere promover la cultura de la legalidad y de la plena vigencia del Estado de Derecho.

Las reformas aprobadas ameritan transitar a ser un país donde gobiernen las leyes y donde todos (incluidos los gobernantes) estemos sometidos al imperio de la ley. Hacer de México un país donde realmente exista el Estado de Derecho es una reforma que implica un cambio tan o más importante que el de la reforma energética. Esa es la reforma que falta Señor Presidente.

El pasado 25 de julio, el puente Chalma [en Morelos], ubicado en las inmediaciones del kilómetro 5 de la Autopista Puente de Ixtla-Chalma colapsó, presuntamente tras el paso de 3 tráileres que superaban el peso máximo que soporta la infraestructura carretera del país.

Miembros de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero rompieron el bloqueo de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco que mantenían desde la madrugada de este viernes, ante la negativa del gobierno federal para entablar una mesa de diálogo con esta organización armada que demanda seguridad, paz y desarrollo en la entidad.

El bloqueo en ambas vías de comunicación comenzó a las 00:00 horas de este viernes, a la altura del poblado de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, donde se congregaron más de 400 miembros de la UPOEG, en su mayoría campesinos, procedentes de las regiones de la Montaña, Costa Chica, Acapulco y Centro.

El bloqueo que provocó caos y descontento cumplió más de 10 horas con las principales vías que conectan el centro del país con el Pacífico mexicano, cerradas sin que ninguna autoridad de los 3 niveles hubiera destrabado el conflicto, hasta que elementos de la Policía Federal buscaron dialogar con los manifestantes.

Ayer, desde las 16:00 horas, la UPOEG y cerca de un millar de simpatizantes iniciaron el bloqueo de la carretera federal México-Acapulco, la acción comenzó en el tramo comprendido entre la comunidad de El Ocotito y Mohoneras, en lo que se conoce como El Valle.

La UPOEG realizó el domingo pasado una caravana denominada Por la Paz y el Desarrollo en el estado de Guerrero, a dicha protesta se sumaron organizaciones de campesinos, indígenas, estudiantes y empresarios.

La caravana no tuvo el impacto que esperaban. Por eso, el lunes pasado, estuvieron en la Ciudad de México en busca de una entrevista con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El funcionarios federal tampoco los recibió y, por ello, regresaron a Chilpancingo dispuestos a realizar acciones más radicales.

Mientras que maestros (?) de la Sección 18 de la CNTE bloquearon ayer avenidas e instalaron un campamento frente al Palacio de Gobierno de Morelia, Mich., en demanda de la liberación de normalistas y la asignación automática de plazas, docentes (?) de la Sección 22 se plantaron frente a comercios, gasolineras y dependencias de gobierno en rechazo a la reforma educativa.

Cuando leí que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación expulsó de Oaxaca a la Secretaría de Educación Pública, y que el líder de la gremial, Rubén Núñez Gines, afirmó que el gobierno federal "no pisará" el estado para aplicar la reforma educativa federal, lo primero que pensé es que ahora "los patos le tiran a las escopetas".

Los "patos", y en especial los "patos oaxaqueños", piensan que su territorio puede ser un estado de excepción, en el que sus exigencias están por encima de todo, inclusive de la Constitución; los "patos oaxaqueños" quieren ser maestros sin necesidad de pasar por ningún tipo de examen o evaluación; quieren plazas automáticas; quieren que se les respeten sus "logros sindicales" que incluyen 90 días de aguinaldo, bonos de productividad sin medición, becas para sus hijos, recursos públicos para préstamos y fondos de vivienda controlados por ellos mismos, etc.

Todos quisiéramos 90 días de aguinaldo en lugar de 15; todos quisiéramos bonos adicionales sin tener que demostrar resultados; todos quisiéramos "préstamos" que no tengamos que pagar..., en fin, todos quisiéramos tener todo, haciendo nada, pero todos (excepto los "patos oaxaqueños") sabemos que eso no es posible.

La actitud de este gremio sindical y sus manifestaciones son idénticas a las de un niño berrinchudo que si no obtiene lo que quiere se tira al piso, grita y patalea.

Estos maleducados niños sindicales llevan semanas "tirados" en el zócalo oaxaqueño, haciendo berrinches y sus necesidades fisiológicas en plena Alameda y explanada de la Catedral.

Y la respuesta del gobierno es la misma de un padre débil, que no sabe educar y cede ante los gritos y escándalos de sus hijos: en lugar de sostener principios e imponer su autoridad, se sienta a "negociar" las exigencias sindicales para que de "buena manera" acepten acatar una ley a medias y paren sus fechorías.

Las autoridades, al obligar a los ciudadanos al cumplimento de la ley, ejercen una importante función no escrita en sus deberes y obligaciones: la de ser "educadores cívicos" en el respeto a la ley y al derecho ajeno.

Cabe mencionar que, así como un padre que usa su fuerza física para levantar del piso a un hijo berrinchudo no puede ser acusado de abuso infantil, de la misma manera, un gobierno que usa la fuerza pública para levantar de una plaza o de una avenida pública a ciudadanos corajudos, no puede ser acusado de represor.

Los castigos y las reprimendas no son agradables para nadie, pero son necesarias y son parte de la formación del carácter de una persona o de una nación.

"Patos tirándole a las escopetas", parece ser el mal de nuestra época. El mundo al revés. Autoridad, respeto y miedos invertidos. Padres temerosos de aplicar principios a los hijos y gobiernos temerosos de aplicar la ley a los ciudadanos.

Por eso cada día, con más frecuencia, vemos por un lado a padres lidiando con niños igualados y beligerantes a más no poder, y por otro, a presidentes municipales, gobernadores y secretarios de estado "negociando" con niños-ciudadanos agresivos y maleducados que, con todo el descaro, cinismo e impunidad del mundo pasan por encima de las leyes, afectando los derechos, tranquilidad y patrimonio de todos.

Por eso también tenemos "niños-macheteros" parando la construcción de un aeropuerto (Atenco); "niños-maestros" negándose a estudiar y pasar exámenes y si no obtienen lo que quieren patalean en la calle, destruyen mobiliario y bloquean calles y avenidas (CNTE); "niños-policías" jugando a ser ladrones (funcionarios públicos) y "niños-ladrones" jugando a ser policías (autodefensas).

No deja de resultar paradójico, extraño, que la CNTE y otros grupos puedan una y otra vez realizar acciones que no pueden calificarse más que de vandálicas, y que van desde secuestrar, tomar rehenes, bloquear carreteras o aeropuertos, ocupar oficinas públicas o privadas o simplemente saquearlas, todo con lujo de violencia, y nunca resulten acusados de nada. Esa impunidad es la que genera más violencia y la convierte en una suerte de derecho adquirido que los pone por encima del resto de la ciudadanía, esa que debe hacerse responsable de sus actos.

Y no hablemos de los policías. Hubo una época en que en este país pocas cosas eran peores que la extorsión o la represión policial. Hoy, se tenga o no simpatía por la institución policial, son los que se llevan un día sí y el otro también madrizas tanto mediáticas como muy terrenales, y no existe prácticamente sector, personaje o grupo político alguno, incluyendo los gobiernos de los que dependen, sean el federal o los locales, que salga en defensa de sus derechos.

Algo similar ocurre con el caso del niño que murió en un bloqueo carretero en Puebla. No existe una sola prueba documental que indique que el niño murió por efecto de una bala de goma como dicen los líderes del movimiento de protesta. Al contrario, todos los estudios periciales (realizados en México y por especialistas del FBI) indican que murió a causa de uno de los proyectiles que lanzaban los manifestantes, con armas artesanales que se han hecho cosa de todos los días, entre estos grupos, desde Atenco, en el 2002-03 y la toma de Oaxaca en el 2006. No sólo eso: hay pruebas documentales de que la policía poblana, haya actuado bien o mal en términos operativos (se dejaron rebasar en muchos momentos por los manifestantes), no tiene, no cuenta, con balas de goma en su arsenal, además no existe un solo video, una sola prueba documental que lo demuestre. Los grupos que encabeza la diputada Roxana Luna, son los que aparecen en los videos disparando, agrediendo, enviando a 49 policías al hospital. Pero libran la batalla mediática, como en Atenco o el DF.

No se trata de defender la represión, en Puebla o en Oaxaca, Michoacán, el Estado de México o el DF. Se trata de comprobar que más allá de capacidades operativas, en todas estas entidades, y en muchas otras, la norma es que casi siempre, ante manifestaciones violentas, los que terminan agredidos son los policías, y los que exhiben carnet de impunidad son los agresores. Y eso se aplica a Oaxaca, Atenco, la Ciudad de México, Chilpancingo o Morelia. Son grupos que actúan con la misma lógica, el mismo sistema de operación, con las mismas “armas” e incluso atuendos (pañuelos, máscaras, mochilas) y que una y otra vez, exigen que se respeten sus derechos... de ejercer la violencia con impunidad. Y últimamente casi siempre lo logran.

Lo que sí es palpable es el cúmulo de trabajo que deben atender los tribunales locales que supera, y con mucho, las recomendaciones internacionales, es decir, los organismos revisores daae la competitividad, calidad de vida e inversión productiva en el mundo, sugieren un número estandarizado de expedientes para cada tribunal, límite sugerido que en Jalisco se supera en cuatro y hasta cinco tantos dependiendo de la materia.

En pocas palabras, hay un fuerte exceso de juicios que supera la capacidad física de la infraestructura judicial, problema añejo que no ha sido posible resolver y que sin duda afecta la inversión productiva y la competitividad pero especialmente a la ciudadanía jalisciense.

Ciertamente con las recientes reformas constitucionales se está apostando a los juicios orales como la herramienta que en un mediano plazo libere las fuertes cargas de trabajo, dé celeridad a la justicia y contribuya a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales, sin que deba perderse de vista que la oralidad tiene significativos avances en materia penal, pero no así en otras materias que también atienden grandes cargas laborales.

Más allá de ello, se puede percibir como origen común de los problemas a la falta de planeación del poder judicial que no le permite crear oportunamente los juzgados y salas que hacen falta para atender la necesidad de justicia en determinadas materias o en regiones que vienen creciendo sin detenimiento, pero no lo hace porque no son atendidos los proyectos que acorde a la Constitución deben incorporarse al proyecto de presupuesto que se presenta a la consideración de los poderes ejecutivo y legislativo, quienes han destinado al poder judicial en los últimos 10 años un presupuesto apenas actualizado con el índice inflacionario publicado anualmente por el Banco de México.

[Además toda la lana se la gastan en salarios y prestaciones para jueces y magistrados - el webmaster.]

En Jalisco, como sucede en la gran mayoría de las entidades federativas, la falta de recursos para la planeación del desarrollo de la administración de justicia y la dependencia absoluta del subsidio oficial vía presupuesto, representa tácitamente una violación al principio constitucional de la división de poderes.

“El sistema con el que se elige a los magistrados ha sido rebasado por la realidad. Ya están obsoletos los criterios. Básicamente es un reparto de cuotas entre partidos políticos que no abona a la profesionalización del poder judicial: con que envejezcas 10 años y tengas un título de abogado, con eso puedes ser magistrado”, señala Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG.

En Jalisco, los magistrados son electos por el congreso y los requisitos para ser designado son: tener título de abogado, 10 años de experiencia y al menos 35 años cumplidos.

Los datos a nivel estatal muestran que el poder judicial no es capaz de responder a la demanda por justicia de la sociedad. Según los datos que otorga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de su Censo de Impartición de Justicia Estatal, el número de sentencias (condenatorias y absolutorias) pasó de 9,599 en 2009 a 9,924 en 2012, lo que implica un crecimiento muy pequeño de 3.3% en 4 años.

Según la Encuesta de Victimización de 2013, la tasa en este rubro en Jalisco pasó de 29,351 a más de 49,000 por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que mientras los delitos crecen en términos absolutos y que la tasa de no denuncia en Jalisco es la 4a. más alta del país al superar 80%, los procesos que llegan a sentencia se mantienen prácticamente igual desde 2009. Eso sí, 8 de cada 10 procesos iniciados en averiguación previa culminan con la culpabilidad del acusado.

Y no es un tema sólo de recursos. De 2009 a 2012, la Procuraduría del Estado (hoy la Fiscalía General) vio crecer su presupuesto de 1,021 millones a 1,415 millones de pesos. Un incremento nada despreciable de 40%. En el caso del poder judicial, el incremento pasó de 793 millones de pesos a 919 millones, un aumento de 24%.

En este sentido, para Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en seguridad pública del ITESO, aunque en teoría el método para elegir a los magistrados responde a la división de poderes y a los contrapesos institucionales, en la práctica no se dan los mejores resultados. “Diría que sí (las cuotas impactan a la eficacia de la justicia) ya que llegan los perfiles más partidizados, porque muchas veces la dinámica entre partidos lleva a que estos veten a las primeras opciones de otros partidos y quedan los segundos que no cumplen con el perfil”.

Elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron una caravana de taxistas que pretendía llegar al Zócalo para protestar contra el "Hoy no circula", a la altura de Calzada Vallejo, esquina con la calle Clave, en el norte de la capital del país. Aunque los agentes policiacos no permitieron el avance del contingente, la vialidad fue cerrada.

Durante junio y julio los choferes de los coches de alquiler se han manifestado contra la nueva disposición "ecológica" del Gobierno de D.F., que resta días para la circulación a sus unidades. Otros transportistas también rechazan la medida implementada por la administración, porque impacta sus ingresos económicos.

A pesar de que el jueves 24 se firmó un acuerdo interinstitucional para dar solución al problema de fuertes olores en Tonalá generados por la empresa Apelsa, vecinos afectados por éstos se manifestaron la tarde del lunes y bloquearon el nuevo Periférico, ocasionando fuerte congestión vial en avenidas y calles de las colonias San Gaspar, Los Conejos y Zalatitán, principalmente.

Los automovilistas bajaron de sus vehículos para confrontar a los manifestantes.

A decir de Leonardo García, uno de los vecinos que enarbolan la batalla contra las molestias que les genera la empresa, a pesar del acuerdo que incluso él presenció, los afectados decidieron hacerse presentes en las calles para expresar su rechazo a Apelsa, ya que el problema con ellos data de décadas.

La empresa Apelsa entró al municipio hace 43 años, sin embargo, comenzó a generar problemas cuando la mancha urbana se extendió hacia la ubicación de la compañía. Se estaría reubicando en aproximadamente un mes, según el Ayuntamiento de Tonalá.

Según testimonios de García y los mismos vecinos, la empresa dedicada a la incineración de residuos de origen animal -cuerpos, huesos, sangre de rastro, entre otros- genera olores intensos que afectan la calidad de vida de colonias enteras, pues a quienes viven ahí les impide realizar actividades al aire libre, comer, tender su ropa o incluso dormir.

"Esa compañía está trayendo esas vísceras a incinerar aquí de Aguascalientes y Zacatecas, el problema es que durante 43 años la gente se enferma, los que vivimos cerca. Pero la gente ha tenido miedo de manifestarse por miedo de una represalia. Ahorita la gente ya no aguanta", relató García.

"Es un olor insoportable, al grado que no puedes comer, estás dormido a las tres de la mañana y tienes que despertarte. A la hora que se les pega la gana incineran, días festivos, domingo. Tienes que cerrar rápido las ventanas las puertas porque se mete el olor, es un olor a perro muerto", agrega.

La ciudad de México fue ayer una vez más víctima de movilizaciones y plantones. Organizaciones como el Congreso Agrario Permanente, la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y El Barzón protestaron por la Reforma Energética diciendo que ésta permitirá que se despoje a los campesinos de sus tierras. Las afectaciones a los ciudadanos fueron enormes. Los usuarios del Metrobús, por ejemplo, tuvieron que caminar kilómetros debido a un prolongado plantón sobre Insurgentes y Reforma.

La avenida Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación, está cerrada desde hace días por un plantón. La vía ha sido bloqueada tantas veces que ha perdido buena parte de su actividad económica. Por otra parte, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizó protestas en contra del Hoy no Circula y del uso de remolques dobles. Los barzonistas tomaron las entradas de la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes e impidieron el ingreso de los empleados. 2,500 policías capitalinos hicieron acto de presencia, pero no para apoyar a los ciudadanos sino para cuidar a los manifestantes.

En Oaxaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tomado el centro de la ciudad desde hace días y ha bloqueado centros comerciales y tiendas de autoservicio para impedir que los trabajadores puedan entrar o los clientes realizar compras. El bloqueo de la Autopista del Sol en Chilpancingo se ha convertido en una experiencia habitual. La autopista de Ciudad Obregón a Guaymas, que continúa a Nogales y a Estados Unidos, crucial para las exportaciones de hortalizas de Sinaloa, fue cerrada de manera intermitente durante meses por agricultores del sur de Sonora.

Los bloqueos de vías de comunicación se han convertido en una realidad cotidiana en nuestro país. La industria de la protesta, subsidiada con dinero de los contribuyentes, es cada vez más competida. Aumentan constantemente los grupos que organizan protestas para obtener dinero y tratos especiales de los órdenes de gobierno. Como ya nadie presta atención a una simple marcha, los grupos de poder han optado por agredir a los ciudadanos para destacarse. Esto ha hecho que los bloqueos se vuelven cada vez más comunes.

Los líderes afirman que el bloqueo de una vía de comunicación o de un centro comercial es una manera legítima de protestar. Incluso la violencia la consideran una forma de libertad de expresión. Gonzalo Rivas, trabajador de una gasolinera de Chilpancingo, perdió la vida después de que un grupo de normalistas en un bloqueo le prendió fuego a la gasolinera en diciembre de 2011. Las autoridades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos procedieron contra los funcionarios que realizaron el desalojo del bloqueo, pero no se preocuparon por la muerte del empleado... No era manifestante.

Tribunales y comisiones de derechos humanos han ratificado una y otra vez que los ciudadanos mexicanos no tienen ningún derecho ante los manifestantes. Se ha ido estableciendo una jurisprudencia informal según la cual en México cualquiera puede bloquear la vía de comunicación que se le antoje. Si una autoridad pretende evitarlo, se le sanciona.

Se nos dice que esto es necesario para preservar la libertad de expresión y de manifestación, pero en los países democráticos las cosas son distintas. Todo el mundo tiene derecho a protestar, mas no a cerrar vías de comunicación. En esas naciones se mantiene el principio de que protestar es legal, pero no afectar el derecho a utilizar las vías de comunicación. Quizá algún día podamos también tener un país en que se respete el derecho de los ciudadanos a circular.

Curioso. Las organizaciones campesinas protestan por la nueva figura de "ocupación temporal" de la Reforma Energética, que dicen afecta sus "derechos de propiedad", pero nunca lo hicieron con la ley anterior que expropiaba automáticamente cualquier predio con hidrocarburos. El verdadero despojo era el de antes.

Puede estar distorsionada una impresión cuando se confronta con la cruda realidad. Por ejemplo la terrible muerte de un niño en un bloqueo carretero en medio de un enfrentamiento en Puebla, cuando se asegura que murió por disparos policiales de bala de goma, pero resulta que existe constancia de que las fuerzas de seguridad en ese estado no tienen balas de goma en su equipamiento y los partes médicos aseguran que el niño murió por un petardo que era lo que lanzaban los manifestantes.

Ya sea en materia económica o en la provisión de servicios, en el tema de niños migrantes o en el incendio de la Guardería ABC, detrás subyace una probada incapacidad del Estado Mexicano, sobre todo a nivel local y estatal, para supervisar adecuadamente. Por décadas, se construyó un Estado Mexicano que es simplemente un “gigante con pies de barro”: grandote, extenso, con ramificaciones y leviatanesco, pero que en la práctica se encuentra desprovisto de alcances para asegurar que albergues como el de “Mamá Rosa” cumplan con las especificaciones en materia de salubridad y se respete de fondo la dignidad de las personas que viven ese recinto. En gran medida, por eso mismo podemos explicar el fracaso de muchas de las reformas de apertura económica de los últimos 30 años: el Estado no puede regular y las intenciones detrás de las reformas quedan pervertidas en monopolios, oligopolios o mercados cerrados. No es sorpresa para nadie afirmar que el Estado Mexicano vivió históricamente de muchos pactos en los que ofrecía impunidad a organizaciones de la sociedad civil, empresarios o activistas ciudadanos, pero a cambio exigía la lealtad política.

Lamentablemente en Jalisco no hay mucho que celebrar en el mundo del Derecho, la corrupción e ignorancia en muchos de sus órganos de impartición de justicia crece exponencialmente.

Afortunadamente en el juicio de amparo aún se corrigen muchas sentencias, máxime con los nuevos criterios derivados de la estricta tutela de los derechos humanos, aunado a que los magistrados federales conocen mejor el Derecho y son mucho menos propensos a la corrupción, fenómeno que antes casi no se daba a nivel federal y no tan común como se presenta últimamente en el fuero estatal, por lo que muchos abogados estamos hartos de sentencias ilegales, cuando una de las razones de existencia de un Estado es una tutela judicial efectiva. Este alto grado de corrupción le dio a Jalisco el deshonroso 7o. lugar entre las entidades más corruptas de acuerdo al INEGI.

El Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la PGR a 2 magistrados -suspendidos sin goce de sueldo- por probable enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y actuación indebida en la integración y resolución de juicios de amparo.

Se trata de los magistrados Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa, quienes juntos obtuvieron -en 8 años- ingresos irregulares por alrededor de 26 millones de pesos; incluso utilizaron como prestanombres a sus familiares para evitar ser detectados.

Como una medida de protesta para solicitar la liberación del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, y de los grupos que lideraba, familiares de los elementos de autodefensas de La Mira realizaron un bloqueo en la carretera interestatal que conecta Apatzingán con Buena Vista Tomatlán-La Ruana y Cuatro Caminos.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo anunció que debido al bloqueo se vieron obligados a suspender las corridas de autobuses que estaban programadas a la zona de Tierra Caliente, en Michoacán.

La capital pasó de una policía con niveles de corrupción y criminalidad atroces a una ineficiente y más bien derrotada que lidia con una ciudadanía que mayoritariamente la desprecia. En medio de eso, abdicó de la responsabilidad de regular el tráfico con la aplicación del reglamento.

Fue en algún momento del sexenio de López Obrador que se tomó la decisión de que la mejor receta para evitar la corrupción cotidiana, la mordida, era que simplemente se acabara esa interacción entre ciudadano y policía de tránsito. Los números de infracciones por faltas a vehículos en movimiento bajaron dramáticamente en esos años. Se terminaron divisiones enteras de la policía como los gruyeros, de los más transas. La misma medida se tomó respecto a los exámenes para obtener una licencia -se acabaron- y se expidieron licencias permanentes. No sabemos quién o cómo manejan los que manejan, pero no hay corrupción en esas oficinas. Durante el sexenio de Ebrard se intentó recuperar el papel de la policía y se llegaron a asignar 500 elementos "autorizados para infraccionar". Quinientos. Una gota en el océano. No tengo claro cuál es la estrategia de Miguel Ángel Mancera.

Lo que sí tengo claro es que el caos en nuestras calles es cada vez peor.

Le preguntaban ayer a mi compañero Héctor Zamarrón que si lo que quería era el regreso de los tamarindos mordelones. Y hubo un muy buen porcentaje que afirmó preferir el caos que vivimos que lidiar con la autoridad y obedecer una ley.

La idea de Héctor y sus reacciones me ayudaron a pensar de otra manera en las nuevas leyes de telecomunicaciones y en las regulaciones que hoy se discuten para regular a empresas energéticas. Porque lo que no hemos resuelto en México de manera sana es la relación entre la norma, la autoridad que la aplica y el ciudadano (o la empresa o el sindicato) que debe obedecerla o será sancionado.

Hasta hoy, la única fórmula de éxito probado sigue siendo, el que no transa no avanza.

Tras 10 días de manifestación, civiles que mantenían bloqueado el puenta Coahuayana para exigir la liberación de José Manuel Mireles liberaron la vía sin especificar los motivos por los cuales retiraron el bloqueo.

Una parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos.

En Ayutla y varios municipios del Estado de Guerrero, hastiados de la violencia cotidiana que padecen de parte de la delincuencia organizada con violaciones y amenazas, secuestros y extorsiones, se decidieron a integrar para su defensa policías comunitarias, en ausencia de un gobierno medroso que se ha negado a cumplir sus funciones, haciendo valer la fuerza institucional que la ley le otorga. El gobernador del estado, como queriendo eludir sus responsabilidades, arguye la prevalencia leguleya de usos y costumbres de la comunidad. Sin embargo, la policía comunitaria y sus tribunales populares, quiérase que no, violentan la ley, y el gobernador al no intervenir, viola la Constitución. En un solo año de vacío de autoridad, ha habido más de 100 linchamientos sin haber comparecido ningún detenido ante juez alguno. Los Tribunales Populares pronto dictarán sentencias al margen de la ley. No es concebible subordinar la acción directa del Estado al imperio de la Ley de Lynch.

Las protestas en contra del "Hoy No Circula sabatino" que implementó el Gobierno del Distrito Federal crecen día con día.

Ayer usuarios de Volkswagen Sedán cerraron la autopista México-Toluca, lo que provocó congestionamiento vial y conatos de riña con las autoridades.

Después del bloqueo de más de 4 horas de Periférico Sur del 1o.de julio, el Gobierno del Distrito Federal ofreció concesiones a los tianguistas. Una vez más se lanza la señal de que los grupos de poder pueden obtener lo que quieran si dañan a los ciudadanos.

Cuando en la escena pública advierto la presencia de alguien que esgrime armas sin tener para ello autoridad legal, eso me basta para descalificarlo automáticamente. Lo hice con el llamado subcomandante Marcos -ya no recuerdo cómo se llama ahora-; lo hice también con las sedicentes autodefensas que surgieron en Guerrero y Michoacán. Algunos espíritus románticos vieron un héroe en aquel encapuchado que según su propio dicho era sólo una botarga, y otros consideraron que quienes integraban esos grupos armados eran auténticos luchadores de la sociedad civil que salían a defender sus derechos y los de la comunidad. Ahora esas bandas, y quienes las han dirigido, son para el gobierno un forúnculo en salva sea la parte, "a pain in the ass", si me es permitido usar una locución de extranjis. Y es que la Ley no se puede cumplir apartándose de la Ley. El desdén por el orden jurídico siempre trae por consecuencia el desorden social. Quienes legitimaron a las autodefensas empiezan a ver ahora el resultado de su indebida permisión.

Zonas donde se tolera la ilegalidad no son ajenas a la realidad michoacana diseñada por el comisionado federal Alfredo Castillo. Un caso sobresaliente existe en La Ruana, donde vive Luis Antonio Torres, apodado “Simón El Americano”, que se mueve en esa comunidad del municipio de Buenavista Tomatlán en un convoy de 6 camionetas Cadillac con una escolta de unas 40 personas armadas con fusiles de asalto. “Simón El Americano” es señalado como presunto autor intelectual de al menos 2 asesinatos en el último año, y se investigan sus presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si no sale de La Ruana, como hasta ahora, no habrá consecuencias legales en su contra.

Castillo es tolerante con los grupos paramilitares que no aceptaron su reintegración a la vida institucional como policías rurales. Ha frenado todo intento de detener a “Simón El Americano”, y lo mismo habría pasado con Mireles, que seguiría en libertad de no haber transgredido militarmente el territorio dentro del cual podía vivir en la ilegalidad. Cuáles son las razones de Castillo para mantener ese status quo extra legal, son desconocidas.

Permite la cohabitación de fuerzas irregulares ilegales, como las llamadas autodefensas, y legales, como las policías rurales, en donde incorporó a los paramilitares que aceptaron caminar dentro de la ley.

Pero este diseño no genera equilibrio, ni ha logrado bajar los índices delictivos. De hecho, desde que las autodefensas iniciaron funciones como policías rurales, los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada, se incrementaron. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 54 de ese tipo de asesinatos en enero; 42 en febrero; 45 en marzo; 35 en abril; 77 en mayo; y 30 hasta el 15 de junio. Las cifras se dispararon en mayo, cuando comenzaron a operar las policías rurales, lo que permite plantear la hipótesis si el incremento en la violencia obedece a que Castillo, al uniformar a personas sin el entrenamiento y doctrina de la Policía Federal, entregó una especie de licencia para matar a uniformados con plaza y arma que los avala como autoridades.

La tendencia en la 1a. quincena de junio apunta a llegar a los niveles de mayo por segundo mes consecutivo, lo que de concretarse mostrará una falla profunda en el esquema de seguridad diseñado por Castillo, y desmantelará su afirmación que tras los primeros 100 días de haber emprendido la cruzada para el rescate y la pacificación de Michoacán, a finales de enero pasado, el estado está bajo control. La cifra al alza de homicidios que coincide con la llegada de sus policías rurales, sugieren lo contrario. La movilización de Mireles enseña, asimismo, la fragilidad en el esquema general, al demostrar la falta de control real sobre los rebeldes.

Es preocupante la irrupción de grupos paramilitares que empiezan a extenderse por todo el país, vista la ineficiencia de las autoridades para otorgar justicia y seguridad a los ciudadanos. El imperio de la impunidad y la violencia es evidente; dígalo si no -a guisa de ejemplo- la saña y la barbarie en los estados de Michoacán y Guerrero, así como las manifestaciones significativas en varias partes de la república. La ciudadanía harta y medrosa, ya ha visto como con las armas en le mano y el ánimo bien dispuesto, se puede suplir el fingimiento y la renuencia de gobiernos débiles en la aplicación de la ley, y en ocasiones en contubernio con la delincuencia a la que aparentan enfrentar... Ejercer la justicia por propia mano, es un desafío abierto a los gobiernos estatales y municipales que sostienen la versión de que la violencia prevaleciente, sólo es debida a grupos criminales enfrentados entre sí... Tal perece que en México se están dando las condiciones para hacer frente a una gran paramilitarización, similar a la que padeció Colombia en los años 80.

Policías de Huixquilucan rescataron a 2 presuntos delincuentes que habían sido retenidos por pobladores del municipio de San Jacinto, quienes pretendían lincharlos.

No habrá reforma -por ambiciosa o necesaria que sea- capaz de traer desarrollo o crecimiento a México mientras nuestro país carezca de un sistema de procuración de justicia que medianamente funcione. Y de eso ya se está hablando en espacios mediáticos extranjeros.

La semana pasada Bloomberg reportó sobre este asunto en un despacho titulado Los cárteles espantan a inversionistas de gas y petróleo. "A menos de que la situación de la seguridad a lo largo de la parte Este de la Frontera mejore significativamente, es probable que pequeñas compañías se tomen un tiempo antes de lanzarse", dice en ese artículo el analista de Control Risks Dwight Dyer.

El reporte de Bloomberg, como otros previos a ese, contrasta con una línea discursiva que ha repetido en las últimas horas Peña Nieto. En Los Pinos han considerado oportuno que el mandatario publicite que los homicidios han descendido 24% durante el 1er. cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2012. El asunto es que esa cifra no representa un baremo puntual. Nadie minimiza la buena noticia de que los homicidios vayan a la baja, pero los temores de los expertos se han confirmado: el ritmo de la reducción no augura que el número de homicidios llegue a un nivel aceptable al final del sexenio. Además, la cifra no nos permite llegar a la conclusión más importante: ¿la reducción de los asesinatos significa que ha aumentado la justicia o siquiera la seguridad? Dicho en otras palabras, (un poco) menos de enfrentamientos entre criminales, y de estos con autoridades, no necesariamente nos hace ser un país más seguro. El aumento en secuestros y extorsiones nos obliga a dejar de medir la violencia sólo con estadísticas de homicidios.

La apertura energética podría traer nuevos negocios. Pero si no hay un Estado fuerte, también representaría una nueva ocasión de ganancias para los delincuentes. El gran esfuerzo de este gobierno por reformar podría ser una nueva víctima del poder de los criminales. Sin seguridad, serán menos los capitales que se arriesguen.

El avance político y urbano de las organizaciones civiles ha impuesto que a las protestas las acompañe el campamento. Como lo oyen: cerraron las calles con coches y camiones. Nadie sale, ni entra en coche. Así nomás, y háganle como quieran. Desde temprano me di cuenta de que en la casa de usted éramos rehenes. Con velocidad profesional pusieron un toldo enorme, amarillo por cierto. Los hilos tensos que sostienen ese techo se ataron a la barda de la Secretaría, a los mojones de un estacionamiento, a los árboles. Mide 30 metros de largo por unos 3.5 de ancho y se ha instalado a la mitad de la calle y a la mitad de nuestras vidas. Con gran adaptabilidad, los agricultores tendieron sus cobijas y dentro del toldo pequeñas casas de campaña.

Entonces pregunto: ¿porque es gente pobre puede quedarse a vivir a la mitad de la calle e impedir que usemos nuestra cochera? Se van a quedar más de 3 días aquí afuera. Nadie pone esos toldos para permanecer unas cuantas horas.

Bajo los toldos, las mujeres pusieron grandes ollas sobre hornillas de estufas a gas. Peroles con sopa de lentejas, no olía nada mal; comales donde se tiraban tortillas, ollas con frijoles. Era la hora de la comida, las 7 de la tarde, horario gringo. Los agricultores mataban el tiempo jugando cartas en una mesa, apostaban de a veinte la mano y no quise ver, pero la vi, una ánfora de bacacha para los fríos nocturnos. Un plantón en toda la forma.

No deja de sorprenderme, más que el campamento mismo, que estemos acostumbrados a esta locura urbana. Una más entre la lista demencial de escenas del manicomio en la Ciudad de México. Nos fuimos a dormir sin más contrariedades como no sea tener la calle tomada por unos señores y unas señoras que sabe Dios quiénes sean. A la mañana siguiente, cuando el viento frío esparce el engaño del amanecer, el suministro de energía eléctrica se suspendió. Así nomás: puf.

Los agricultores vienen de Puebla, Morelos, Hidalgo, Oaxaca. Pertenecen a una organización campesina, la UNTAD, no soy bueno para los acrónimos, y para el caso es lo mismo. Según me dijo uno de los jóvenes integrantes de la organización, ellos pelean por un programa de economía social y la Secretaría no les ha cumplido. No se preocupen, yo tampoco entendí.

Cumplimos 8 horas sin luz. Mi mente conspirativa asocia el plantón con la falta de luz. ¿Han intentado comunicarse a esa empresa de calidad mundial llamada Comisión Federal de Electricidad? Inténtenlo, y tenga Tafil a la mano. Sí, en 3 horas. Ajá, en 2 horas. Descuide.

Supongamos sin mala fe que se trata de una horrible coincidencia. Si un camión de la CFE tuviera que transitar por estas calles para reparar un cable de un poste, olvídenlo, seguiremos a oscuras y con carne podrida en el refrigerador.

Cada año hay 2,500 manifestaciones en la Ciudad de México, que equivalen a 6.8 marchas por día, o lo que es lo mismo, una cada 4 horas.

Se han dado casos en que pequeños grupos de 15 personas han cerrado el Paseo de la Reforma, sin importar cuán legítimas pudieran ser sus motivaciones. La vida cotidiana llena de incertidumbres, se hace imposible con la estrangulación de una arteria importante que genera un caos vial multiplicador… Hay marchas de todo y para todos. Políticas y económicas, sociales y particulares; con machetes y pañuelos blancos, de marginados, de campesinos y burócratas, diurnas y nocturnas. De todo y para todos…

En sólo 5 años se movilizaron en la Ciudad de México 10 millones de personas que equivalen a 5,479 protestantes por día…Hay 2,500 protestas exasperantes por año… Es preocupante la frustración de una sociedad de agravios acumulados y tolerancia decreciente… No es posible la medrosidad de diputados y senadores para hacer frente al sensible problema de las habituales marchas que afrentan a miles de ciudadanos, que pasiva y resignadamente soportan la violación y atraco a la elemental libertad de tránsito… ¿Hasta cuando?

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la reunión del pasado mes de abril ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, informó que el 87% de los delitos durante el 2012 -el último año que tenían como referencia- no fueron denunciados. Lo que sí se percibe es que al denunciar, más que invertir, se pierden horas y días confiando en que las autoridades hacen lo suyo mientras, como afectados, nos quedamos en un estado de vulnerabilidad cada vez mayor.

El joven víctima de robo es un estudiante de 18 años que viajaba en el pasado martes en un camión de la ruta 51, de pronto notó que su pequeña mochila estaba más ligerita, buscó en su interior y ya no estaba su cartera. Volteó para todos lados y su mirada se topó con los ojos de una señora que se dirigían a su vez a otro pasajero. Así fue como el muchacho entendió el mensaje sobre el presunto responsable. “Dame mi cartera”, le dijo. El sujeto de no más de 35 años volteó a verlo, sonrió y como si nada, se la dio. El afectado, temblaba de coraje ante la impotencia y desfachatez de la situación. Se dirigió hacia el chofer, le explicó la situación y todos a bordo continuaron el trayecto esperando encontrar una patrulla. Y así fue. Se detuvo la unidad, bajaron para explicar lo ocurrido, de ahí partieron a las instalaciones de la policía de Zapopan en “La Curva”. Los elementos del delito eran claros para iniciar con la denuncia. Los policías advirtieron que si procedía, perdería tiempo y tendrían que llevar primero la cartera ante el juez municipal y luego continuar con el debido proceso en los juzgados de Puente Grande, claro, con todo y cartera. El joven relató después que los policías se portaron “buena onda” y le dijeron que sacara sus identificaciones, que sólo dejara los 1,300 pesos que llevaba. El miércoles fue a ratificar, el jueves 5 de junio cuando llegó a su casa se encontró con un citatorio para ir por su cartera a Puente Grande. Sí, ese mismo día, demasiado tarde. Tendría que ir a la Fiscalía a Calle 14 a buscar otro citatorio y después, comprobar -de alguna forma- que la cartera que le robaron era suya. ¿Cómo? Si sus identificaciones ya las tenía él, no tenía testigos y nadie le aseguraba recuperarla. ¿Ve por qué no denunciamos?

Por casi 3 horas, artesanos organizados en un sector que agrupa Salvador Cabrera, identificado como líder de ambulantes del "centro histórico", cerraron las avenidas Hidalgo y 16 de septiembre desde las 15:00 horas hasta cerca de las 18:00 horas.

La autoridad municipal se presentó con policías acompañados de inspectores municipales. En el arroyo vehicular, un uniformado les pidió que su manifestación la trasladarán a las banquetas.

Elizabeth Lázaro, vocera de los artesanos, se mostró firme en su petición: regresar a trabajar a la zona de juzgados, a un costado del Teatro Degollado. Por su parte, las autoridades municipales les ofrecieron espacio en Las Nueve Esquinas, el Andador Colón, el Parque Revolución o los banquetones de Avenida Revolución.

Durante la negociación, personal de la Secretaría General sacó una mesa a la banqueta. La condición que planteó la autoridad fue liberar la calle para poder platicar. Los manifestantes antepusieron una nueva consigna: retirar las vallas que tienen cercado el palacio municipal desde la semana pasada.

Tras esta última negociación infructuosa, los policías municipales se dispusieron al contacto. Salieron en una fila y encapsularon a los manifestantes. Los empujaron hasta el cansancio y los sacaron de las vialidades.

Las avenidas fueron reabiertas al instante. Una vez que se contuvo de forma al grupo sobre Plaza Guadalajara, elementos de Seguridad Ciudadana fueron agredidos por algunos de los manifestantes, resultando tres mujeres policías lesionadas.

No fue hasta que el grupo de artesanos se plantó en el cruce de avenida Hidalgo con 16 de Septiembre cuando recibieron la atención de las autoridades. Mari, acompañada de otras cuatro compañeras, entró al Palacio Municipal para dialogar con personal del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el futuro de sus comercios. Después de casi media hora llena de gritos de "¡Queremos solución, no represión", la mujer salió en compañía de las otras artesanas para plantearles la resolución a su grupo: reubicación.

Las 9 Esquinas fue el nuevo destino elegido por las autoridades municipales para trasladar a los artesanos indígenas con su mercancía. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida entre los comerciantes. "Ahí no hay nadie" explicó Mari, "ya hemos estado ahí otras veces y no hay clientes, no hay turistas".

El grupo se rehusó a aceptar la nueva ubicación y decidió continuar con el plantón al Ayuntamiento. Desbloqueó la calle de Hidalgo, pero volvieron a sus antiguar posiciones fuera del palacio a la espera de una nueva resolución por parte de las autoridades.

Descubrir y encontrar culpables, es una cosa; fabricarlos…., otra muy diferente. Para lo primero se requiere ciencia y paciencia. Para lo segundo, basta y sobra con una buena dosis de cinismo y mala leche.

Caso concreto: a los pocos días de la trifulca del sábado 22 de marzo en el Estadio Jalisco, en ocasión del “clásico” Atlas-Guadalajara, las autoridades policiacas se anotaron una diana al notificar a la opinión pública la detención de ocho presuntos responsables de los hechos que indignaron lo mismo a aficionados al futbol que a legos en la materia. La reprobación a la brutalidad con que varios “barristas” del Guadalajara agredieron a los policías que se apersonaron en la tribuna a raíz de que los primeros encendieron bengalas y las arrojaron al público, fue unánime. La aprobación por la diligencia con que actuaron las fuerzas del orden para atrapar a algunos forajidos la misma noche de los hechos, y la eficiencia con que consiguieron identificar y detener a otros, a partir de los videos de la trifulca, lo mismo… Vaya: hasta quedó la sensación de que en Guadalajara había policía “de Primer Mundo”.

Al paso del tiempo, empero, quedó en claro que no podía ser verdad tanta belleza. Primero se comprobó la inocencia de uno de los inculpados; y lo más grave: que los policías que lo detuvieron, fueron lo suficientemente perversos para conseguir una gorra como la que portaba uno de los protagonistas de la gresca, y se la colocaron para “demostrar” la culpabilidad del indiciado… y su propia pericia, por supuesto. Luego la semana pasada apenas: más de 2 meses después de los hechos-, un peritaje antropométrico (realizado por el experto Alfredo Rodríguez García) demostró la inocencia de otro inculpado: un joven al que los policías detuvieron esa misma noche, muy lejos del Estadio (en Revolución y la Calzada Olímpica), y le pusieron una camiseta de las “Chivas” para inculparlo.

Al margen de la injusticia perpetrada en contra de 2 inocentes -a los que se deja en libertad, días o hasta meses después de su captura, tras el consabido “usted dispense”-, está la tibieza de las sanciones contra los policías que incurrieron en una bajeza, primero, y en una traición a su compromiso social, después, como si el reconocimiento que es de justicia abonarles por la detención de varios presuntos culpables, atenuara la infamia de haber tratado de cubrirse de gloria “fabricando” culpables.

Un grupo de manifestantes conocidos como repecos (por régimen de pequeños contribuyentes) protestaron afuera de la Presidencia Municipal de Guadalajara, para exigir su reincorporación a ese régimen fiscal. La vialidad se vio interrumpida en el cruce de las avenidas Hidalgo y 16 de Septiembre.

Desde el auge de los casinos comenzó a denunciarse la relación corrupta de algunos dueños con algunos jueces y magistrados, lo que se ignoró.

Por años se documentó la ilegalidad con la que actuaba el llamado zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, quien durante el sexenio pasado obtuvo de la Secretaría de Gobernación permisos que duplicó, y abrió casas de juego sin autorización, lo que le fue tolerado por la autoridad y legalizado por jueces y magistrados.

Al llegar Miguel Ángel Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación, el 1 de diciembre de 2012, de lo 1o. que hizo fue revisar el tema de los casinos, donde encontró un tiradero.

Le llevó más de un año reconstruir lo que quienes se fueron destruyeron para borrar evidencias.

De la mano con la revisión de los permisos de los casinos, se revisó la actuación de jueces y magistrados con los que creó una estructura de corrupción.

Así cayeron dos magistrados; Eduardo Ochoa Torres, presidente del 3er. Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, del primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en Tamaulipas. Corrieron la misma, mala, suerte, varios secretarios de juzgados de distrito y ayer se conoció la denuncia del Consejo de la Judicatura Federal contra el juez 3o. en Materia Administrativa con sede en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y 3 de sus secretarios, que ya habían sido suspendidos, por favorecer, a través de sobornos, a la misma empresa casinera de Rojas Cardona, investigación ésta que inició en 2011.

Estos casos confirman que en los casinos hay rachas de buena suerte y a éstos se les acabó, irán a la cárcel.

La pregunta es ¿y los demás, incluido el dueño del negocio?

Se va haciendo costumbre. Este 27 de mayo 2 policías del Estado de México fueron asesinados y tres quedaron gravemente heridos tras un linchamiento en Tlalamac, en el municipio mexiquense de Atlautla. Los policías habían matado y herido a dos presuntos talamontes que buscaban evadirse de un operativo de Probosque. Un grupo de pobladores secuestró a los policías y los golpeó hasta causar la muerte a 2 y dejar a los otros 3 gravemente heridos.

Unos días antes, el 22 de mayo, un centenar de policías fueron lesionados en un operativo en San Bartolo Ameyalco, en la ciudad de México, que buscaba proteger la realización de una obra hidráulica. 5 de los policías quedaron heridos de gravedad. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez Almeida, calificó el acto de "brutalidad ciudadana".

Los casos de ataques y linchamientos de policías son cada vez más frecuentes. Uno de los más dramáticos de los últimos años fue el linchamiento de 3 policías federales de investigación en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en 2004. 2 fueron quemados vivos y uno quedó gravemente herido. El entonces secretario de seguridad pública capitalino, Marcelo Ebrard, fue destituido por el presidente Vicente Fox por supuestamente no haber actuado de manera oportuna.

Algunos ven los linchamientos como algo normal e incluso deseable. En junio de 2001 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al linchamiento de un presunto ladrón de imágenes religiosas en Santa Magdalena Petlacalco, Tlalpan, de la manera siguiente: "Con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Es parte de la cultura y creencias de los pueblos originarios, que representan al México que no termina por irse, el México profundo".

La excusa del México profundo ha sido común para justificar la inacción de las autoridades ante los linchamientos.

La mayoría de los linchamientos en México quedan impune, especialmente los de policías. La saña en estos casos es enorme. Nadie que vea el video de un linchamiento puede quedar tranquilo. Pero la autoridad teme sancionar a quienes cometen delitos al amparo de una turba o grupo político.

Los linchamientos son producto en parte de un Estado que gasta dinero a manos llenas en programas superfluos, subsidios y burocracias, pero que falla en su mandato más importante: garantizar la seguridad de los gobernados. Otro factor es la falta de respeto y legitimidad de la autoridad; de nada han servido las sistemáticas campañas de radio y televisión en que gobierno y legisladores afirman estar trabajando con eficiencia para los gobernados. Quizá el factor principal que promueve los linchamientos, particularmente contra los policías, es, sin embargo, la impunidad. En otros países las agresiones a policías se castigan más severamente que otras; en México agredir a un policía se premia con notoriedad social sin que se reciba ningún castigo.

Si no cambia la actuación de la autoridad seguiremos teniendo linchamientos, especialmente de policías. Los comandantes deberían advertir a sus subalternos antes de mandarlos a un operativo que podrán ser torturados y asesinados sin que nadie pueda defenderlos o castigar a quienes los agreden.

Sólo un presunto responsable ha sido detenido por el linchamiento de 5 policías en Tlalamac pese a que muchos otros han sido identificados. "Ayer las condiciones no estaban para complicar las cosas", explicó el secretario de seguridad mexiquense Damián Canales.

Con la tolerancia de la autoridad desde hace varias administraciones, cientos de miles de propietarios de vehículos fallan en sus obligaciones e incumplen las leyes, principalmente por omitir el pago del refrendo, la verificación y la contratación de una póliza de seguro.

De un parque de 3 millones de vehículos en Jalisco, 1.5 millones no pagaron a tiempo su refrendo 2014 en el periodo enero-marzo y están en la situación de que se les puede aplicar una multa por 1,077 pesos; sin embargo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas sólo prevé que 303,814 propietarios se pongan al corriente, por lo que ya inició una estrategia escalonada de requerimientos.

“Esa cifra de 1.5 millones de morosos no es real porque el padrón es de hace 30 años (acumulado) y muchos ya no están en sus domicilios”, explica Jaime Cervantes, director de Ingresos, “muchos contribuyentes tienen adeudos por más de 8 años, entonces esos ya se fueron del estado y no generaremos el requerimiento por cuestiones de administración… sólo vamos contra los que sabemos que están vigentes y esos son los 303,814”.

Hay un padrón poco confiable porque nunca se exigió un comprobante de domicilio para facilitar el pago del refrendo [¿Será porque el comprobante de pago lo enviaban a domicilio y eso era más que suficiente? - pregunta el webamster]. Por eso el Congreso de Jalisco aprobó reformas hacendarias y los contribuyentes que no avisen los cambios de propietario o de domicilio serán sancionados hasta con 3,350 pesos. “Tienen 30 días para hacer esos cambios”. Con ésta y otras medidas, se prevé en 2015 un padrón más confiable.

La multa por no pagar a tiempo el refrendo se aplicaba en junio, pero este año se recorrió el plazo a marzo “con fines recaudatorios”.

La morosidad en el pago del refrendo no es la única falla: apenas 749,000 vehículos tienen una póliza de seguro. La omisión es grave en el momento que 2 unidades participan en un accidente y ninguna tiene cobertura, sobre todo si hay lesionados o muertes. “Antes, para tramitar un refrendo se exigía como requisito una póliza de seguro, pero se hizo una reforma porque era inoperante; los pagos se podían hacer en otros lugares, como bancos. Hoy no obstaculizaremos el pago del refrendo, la nueva legislación ya no lo exige. Lo mismo ocurre con la verificación vehicular, no se pide cuando se paga el refrendo porque sería un juego de fastidio para el ciudadano”.

La legislación señala que los vehículos sin seguro para daños a terceros deben ser multados con cerca de 2,000 pesos, equivalente al costo de este seguro, pero 74% circula tranquilamente.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros apunta que los que carecen de seguro se enfrentan a un gasto promedio de hasta 25,000 pesos por accidente, puede dispararse en caso de ocasionar alguna muerte.

Sólo 792,000 vehículos cerraron 2013 con el holograma vigente de verificación. La Secretaría de Medio Ambiente trabaja en la modificación del programa.

Miles de automovilistas adeudan 1'047,763 folios al Gobierno del Estado de Jalisco por infringir normas viales, esto en los últimos 5 años y casi 5 meses.

Los folios por incumplir las normas de tránsito, aplicados a los automovilistas por parte de la Secretaría de Movilidad de 2009 a lo que va de mayo de 2014, suman 5'474,132, de los cuales alrededor de 2 de cada 10 (19.1%) están pendientes de pago por parte de los conductores.

Una larga jornada de tensión, conflicto y prolongadas negociaciones se saldó anoche con el acuerdo oficial para que los comerciantes afectados por el incendio del Mercado Corona se instalen en la calle Zaragoza.

Mientras las negociaciones se prolongaban, ya por la tarde, grupos de comerciantes del Corona incluso bloquearon durante unos minutos el cruce de Hidalgo y Alcalde-16 de Septiembre, y otros amenazaron con instalarse a la fuerza en Zaragoza, donde hubo momentos de conflicto verbal con los vendedores establecidos.

De entrada hay que reconocer que en una marcha o bloqueo siempre hay 2 derechos que se contraponen. No hay remedio; si unos deciden hacer uso del derecho a la libre manifestación, afectarán a muchos que apelan al libre tránsito. La postura desde la izquierda tiende a ser a privilegiar el primero, mientras que la derecha busca conservar el segundo. Pero eso no es universal ni permanente: cuando la izquierda gobierna tiende a acotar la manifestación -ahí está el Gobierno de Brasil como muestra-, y cuando la derecha quiere hacerse oír acude a la manifestación y el bloqueo de calles olvidando sus propios principios y argumentos.

Partamos, pues, del hecho de que ningún derecho es superior al otro, y que no puede ser el número de manifestantes ni de afectados lo que privilegie cuál es superior: el mismo derecho tienen los cientos de miles de romeros de la Virgen de Zapopan a bloquear 8 kilómetros de avenida durante 8 horas, que los artesanos de la Plaza Tapatía, falsos o verdaderos, a cerrar Hidalgo. El mismo derecho tiene un ciudadano a quejarse porque le cierren una calle por un acto del presidente o el gobernador, que por una manifestación de “repecos” (régimen fiscal de pequeño comercio) acarreados por un líder. A mí, como transeúnte, me da el mismo coraje si la razón por la que no puedo circular es Peña Nieto o los maestros de Atequiza.

En Monterrey fue detenido Juan Andrés Amaya, sicario de los Zetas involucrado en varios asesinatos y secuestros. Pero este joven, de apenas 20 años, ya había sido detenido en 2011, siendo ya, a los 16 años, sicario de ese grupo criminal. Pero como era menor de edad, las autoridades judiciales decidieron dejarlo en libertad. Dos años después, en 2013, volvió a ser detenido. Se le dio una sentencia durísima: 36 años de prisión… pero unos meses después un tribunal colegiado decidió dejarlo en libertad aduciendo errores de procedimiento en su captura. Esta semana, por 3a. ocasión, el sicario Amaya ha sido detenido, acusado ahora de varios crímenes, y habrá que ver si ahora sí cumplirá alguna condena.

El lunes también fue asesinado un hombre identificado como César Alberto Acosta Chairez, presunto sicario del capo del narcotráfico Joaquín el “Chapo” Guzmán. Acosta, de 31 años, fue ejecutado cuando luego de una persecución por las calles de Culiacán, el vocho color blanco sin placas de circulación con el que se trasladaba, se incrustó a la entrada de un centro comercial.

Pero no era la primera vez que este hombre estaba en las noticias. Ya había sido arrestado en 2005 en el Puerto de Mazatlán y tenía órdenes de aprehensión en su contra en Culiacán. Nunca se supo porqué fue dejado en libertad. Se dice incluso que en un importante operativo volvió a ser detenido, junto con varios otros sicarios, y que por alguna razón de los 8 apresados en aquella ocasión sólo 6 fueron presentados ante los medios. Acosta fue uno de los que tuvieron la suerte de no ser consignados.

El jueves pasado, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que en Monterrey fue detenido Fernando Martínez Magaña, el “Z-16”, jefe del cártel de los Zetas en Nuevo Laredo. Pero tampoco era la primera que el jefe de los Zetas estaba ante la justicia: había sido aprehendido por elementos de la Marina Armada de México el 16 de junio de 2011 y por alguna razón que no se informó fue dejado inmediatamente en libertad.

¿Cuántas vidas, cuántos recursos, cuánto costó que el sicario de los Zetas en Monterrey, el del “Chapo” Guzmán en Culiacán y el jefe de los Zetas en Nuevo Laredo hayan sido inmediatamente liberados, sin ninguna explicación plausible, después de ser detenidos?. Y no son excepciones: son 3 casos que se han presentado con apenas unas horas de diferencia en 3 lugares diferentes del país. Ya vimos cómo funciona la corrupción judicial con delincuentes de cuello blanco, en el caso de los casinos de Rojas Cardona. Con estos y muchos otros casos, podemos escenificar cómo funciona esa misma corrupción con sicarios y asesinos.

La justicia es una palabra poco o casi nada conocida por la ciudadanía que busca solucionar sus problemas a través de las autoridades correspondientes.

La construcción y puesta en marcha de las ciudades judiciales en Jalisco (estatal y federal) ha venido a aminorar la tardanza -con todo y que la estatal implique “el robo del siglo” por el altísimo costo que declararon las anteriores autoridades, más toooodo lo que aún le hace falta de invertir.

Resulta increíble que en Colima, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y otras entidades cercanas a Jalisco, ciertamente con menor población, los juzgados cuenten con aire acondicionado, oficinas equipadas, juzgadores preparados y gracias a ello el rezago es menos perceptible y los litigantes se dicen mejor atendidos, lo que permite una mayor agilidad en los procedimientos por realizar.

En este contexto, la implementación de los juicios orales podría significar un extraordinario ahorro para todas las partes -al menos así lo “venden” quienes son sus promotores-, tanto en lo que se refiere a costos de operación, como lo que significa el procedimiento para los litigantes, y por supuesto a sus clientes, amén de la agilidad con que se podrá llegar al fin de una contienda judicial, que para nadie es deseable, pero que en muchas ocasiones son necesarias ante la falta de civilidad de las personas.

La justicia sólo es tal, cuando es expedita.

El arresto y consignación de Jesús Reyna y de otros servidores públicos debe ser un mensaje claro al resto de los políticos michoacanos de que transar con los delincuentes no es parte de la normalidad.

Se tienen leyes estrictas, pero no se cumplen. Hay en el país un contexto de impunidad y un amplio mercado negro de armas. Según estimaciones, hay 15 millones de armas en manos de particulares, pero sólo 2 millones registradas.

Un grupo de maestros jubilados bloqueó por más de una hora las principales avenidas del centro histórico de Tlaxcala y demandó frente a palacio de gobierno solución a sus demandas, entre ellas el pago de laudos laborales que, dijeron, fueron resueltos a favor de este sector.

Los docentes jubilados, entre ellos ex maestros de primaria y secundaria, solicitaron que una comisión fuera atendida por funcionarios de la Secretaría de Gobierno estatal.

El lunes, el Consejo de la Judicatura anunció que investigaría las relaciones, puestas de manifiesto por la divulgación de varias llamadas telefónicas, entre el representante de los hermanos Rojas Cardona, a quienes se les han cancelado las licencias para operar casinos (mismos que están en falta desde el 2005, pero que durante estos 9 años han operado gracias a distintos amparos judiciales y a la red de protección, judicial y política que estos personajes han creado en torno suyo) y un magistrado de Nuevo León.

En ellas, Francisco Salazar Arreazola, representante de los Rojas Cardona y el magistrado Eduardo Ochoa Torres, llegan incluso a hablar de los sobornos que darían a distintos jueces para resolver casos que involucraban al primero. Pero ayer, otros audios y documentos, involucran al mismo Salazar Arreazola con el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto y con Mario Prado, que encabeza la oficina del consejero de la Judicatura, Daniel Cabeza de Vaca, quien fue incluso procurador general de la República en el gobierno de Vicente Fox. Cabeza de Vaca ha desmentido que él personalmente tuviera alguna relación con Salazar Arreazola, pero está pendiente de ver si su secretario técnico la tuvo.

El caso demuestra una vez más cómo se da la penetración de estos grupos y personajes en el sistema judicial mexicano; cómo se puede mover, inducir y comprar la justicia en nuestro país. Es verdad que hay sectores en el poder judicial que han tenido una muy importante transformación desde la reforma de 1994 hasta ahora, sobre todo en torno a la Suprema Corte, pero debajo de ella aún hay muchos espacios donde la justicia lisa y llanamente no opera, u lo hace alimentada por poder y dinero.

En el terreno judicial, el notable retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia que muestran la mayoría de los estados es consecuencia directa de esa opacidad, pero también el retraso está provocado por quienes desean que la misma perdure. Cuanto más opaco sea el sistema de justicia, cuando más discrecional, mayores oportunidades de corrupción existen. Y las mismas las utilizan quienes tienen dinero y poder. Y si ambos van de la mano, mejor. Y el de los Rojas Cardona parece ser un caso paradigmático al respecto.

En su caso estamos hablando de grandes personajes, pero esto también se da en la justicia del día con día. En esta semana hemos recibido información de niños que en los hechos le han sido literalmente robados a sus madres, porque sus padres o abuelos son, o dicen ser, influyentes en el mundo político e incluso importantes abogados dicen que prefieren no tomar sus casos porque tienen “conflictos de intereses” con esos personajes. Conocemos un caso de una madre y sus hijos despojados a la mala de sus propiedades por otro hijo de un autodenominado influyente, éste del mundo cultural y político. Sabemos de sicarios y secuestradores que entran por una puerta a los juzgados y salen, en libertad, por la otra. Y estamos hablando de miles de casos, mientras que otros, muchos de ellos inocentes, acusados de los más graves delitos prácticamente sin pruebas, se pudren en las cárceles sin posibilidad siquiera de tener un defensor.

El sistema de justicia no está funcionando y cuando nos encontramos con que personajes como los Rojas Cardona pueden llegar a “operar” con tanta tranquilidad hasta en el propio Consejo de la Judicatura y con magistrados de 1er. nivel, sin necesidad siquiera de ocultar sus pláticas telefónicas, podemos saber perfectamente bien porque la justicia no funciona en nuestro país.

En México aún existe una situación generalizada del uso de la tortura como mecanismo de investigación criminal, dijo el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Juan E. Méndez, al concluir su visita de 12 días al país. Es una práctica generalizada, dijo, porque parece que entre todas las instancias de gobierno se ha normalizado la tortura y los malos tratos, como insultos, amenazas, golpes, violencia sicológica e incluso el uso de toques eléctricos y de bolsas para asfixiar, en algunos casos.

Destacó que las detenciones violentas y el apremio por obtener información son comunes entre autoridades de los 3 niveles de gobierno y se observan con mayor regularidad entre los más vulnerables: pobres, indígenas, mujeres y adolescentes.

El funcionario de la ONU detalló que la mayoría de los detenidos son personas de escasos recursos que no tienen acceso a abogados particulares, y carecen de defensores públicos al momento de su detención.

Méndez también afirmó que el mayor número de casos en los que se presume se comete tortura ocurre entre la detención y la puesta a disposición de un probable responsable ante el Ministerio Público. Indicó que la tortura en general se produce en vehículos, en traslados y en casas de seguridad, antes de que las víctimas sean presentadas ante un juez, además de que las detenciones con frecuencia van acompañadas del ingreso a viviendas sin orden de cateo, así como destrucción y robo de propiedad privada. Y en este contexto “la carga de la prueba suele recaer sobre la persona que alega ser torturada”, manifestó el relator.

Aseguró que los actos de tortura que se cometen en el país normalmente quedan en la impunidad y que hay una tendencia a primero detener y luego investigar los delitos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los detenidos.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó sus conclusiones y recomendaciones preliminares, el funcionario pidió al gobierno mexicano poner fin al ciclo de impunidad en los casos de tortura. Asimismo, expresó que confiaba en que el Estado mexicano elimine la figura del arraigo antes del 2016.

Debilidad del Estado de Derecho (variable en la que nos localizamos en el lugar número 26, según datos del Imco), administración de justicia e inseguridad, son otros de los principales flagelos de Jalisco.

Nuestro estado va en último lugar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral; en calidad de los juzgadores pasamos del lugar 15 en 2006 al 21 en 2012; en imparcialidad de los jueces de la posición 24 a la 32 en ese mismo periodo; es el estado con peores salarios para jueces; y es el 29 en materia de suficiencia de material para ejercer la labor jurídica (EL INFORMADOR 7/03/2013); y es uno con menor número de jueces: 104 juzgados en Jalisco contra 280 en Veracruz.

Jalisco ocupa el 1er. lugar en robo de vehículos de enero a octubre del 2013 (Milenio, 7/12/2013). Según datos de la ENVIPE del Inegi, en 2012 en Jalisco se denunció 11.3% de los delitos, mientras que a nivel nacional 12.2%. La percepción de inseguridad llegó a 75.9% en el estado, mientras que en el ámbito nacional fue de 72.3%.

Manejaba un auto compacto por Javier Mina cuando otro vehículo que transitaba por una calle que cruza la avenida se atravesó en su camino y la chocó. El impertinente chofer intentó escapar, pero los daños en su automóvil lo impidieron. Natalia Prieto Fonseca, quien conducía el auto compacto, ahora se arrepiente de no haber dejado que se fuera: como el culpable del choque no tenía seguro, el auto de Natalia terminó en el corralón por 6 meses.

La posibilidad de sufrir estos incidentes se multiplica debido a que apenas la tercera del parque vehicular en Jalisco cuenta con póliza de seguro, según la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras. Y aunque el estado esté por arriba del promedio nacional, que es de 20%, aún está lejos de entidades como Nuevo León o el Distrito Federal, que ocupan los primeros lugares en cobertura de seguros con 54 y 97%, respectivamente.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Jalisco existe un parque vehicular de 2'901,000 unidades, hasta el año 2012, pero sólo alrededor de 967,000 están asegurados, pese a que, según lo establece la Ley de Movilidad en el Estado, es obligatorio contar con póliza que cubra daños a terceros.

Natalia cuenta que el hombre le recomendaba que se culpara del accidente para que el seguro de ella, el cual estaba vigente, cubriera los daños: “Ahora pienso que me hubiera ido mejor si se hubiera ido”.

La razón la encuentra en la declaración que hizo el hombre: culpó a Natalia del accidente, y ante la falta de acuerdo aseguraron los vehículos y los llevaron al corralón mientras se hacían las declaraciones ante la Fiscalía General del Estado.

Para iniciar el proceso tuvo que invertir 6 horas en las oficinas de la calle 14, pero al momento de hacer la declaración, el conductor implicado no se presentó: “A mí me asignaron un abogado. Me citaron con peritos para hacer mi declaración, y como no llegó puse mi denuncia”.

La espera para ver su auto de regreso era de 6 meses obligatorios, sin embargo, por un acuerdo “debajo de la mesa” pudo sacar el vehículo un mes después del accidente.

En el taller de reparación lo reportaron como pérdida total, mientras, deberá esperar a que se esclarezca la denuncia y aparezca el conductor que causó la peripecia, “nomás con una `mordida´ pude sacarlo, con dinero se mueve todo”.

En junio del año pasado esta casa editorial informó que en los últimos 5 años hubo, en promedio, 15 choques diarios atendidos por el área de peritos de la Secretaría de Movilidad, porque uno de los vehículos involucrados en cada percance no tenía seguro. Es decir, más de 23,000 automovilistas incumplieron con la ley que los obliga a tener una póliza de seguro con cobertura de daños a terceros.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas debería verificar que todos los autos tengan dicha cobertura; la dependencia tiene que cerciorarse de que los particulares cumplen con este requisito al recibir el pago del refrendo, pero no hay registro.

La falta de seguro podría provocar que, después del peritaje y en caso de no llegar a un acuerdo, se deba acudir al Ministerio Público. En el periodo 2008-2013 hubo 6,363 denuncias contra esta instancia.

En los casos de choques, si uno o más de los vehículos involucrados no portan sus documentos en regla se procederá a la aplicación del retiro de circulación de los autos involucrados.

La póliza de seguro está al mismo nivel de importancia que las placas, la tarjeta de circulación u holograma de verificación vehicular.

A nivel federal también se obliga a poseer seguro de daños a terceros de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En el Artículo 63 se indica que todos los carros que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con este tipo de póliza.

Hace unos días le platicaba del exponencial crecimiento que han tenido las importaciones de autos usados. En 2013 tan sólo tuvieron un brinco del 40%, dada la proliferación de amparos que realizan 4 empresas. Le platicaba que el 80% de los mismos fueron librados por 2 jueces de Mexicali: Daniel José González Vargas del 2o. Distrito en BC y José Neals André Nalda del 3er. Distrito en ese estado. Contra ellos ya hay un procedimiento administrativo en la Judicatura Federal. Una situación espejo se repite en camiones pesados. Las ventas de vehículos nuevos al 1er. trimestre se contrajeron 25.2%. No obstante lo anterior, ahora resulta que la próxima semana se preparan bloqueos en el DF por transportistas y gestores que insisten ante la SCT en que se les aprueben sus vehículos a pesar de que están fuera de norma. La Dirección de Autotransporte Federal tendría poco menos de un centenar de casos de unidades que fueron rechazadas porque no cumplen requerimientos ecológicos y peor aún porque violan el decreto de importación del 2011. Con la placa única y su pronta implementación no se descarta que la presión crezca. A su vez agrupaciones como ANPACT están totalmente renuentes a que continúe el flujo de chatarra desde EU al país ya que distorsiona el mercado.

Cerca de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon por varios minutos 3 de los 4 carriles del anillo Periférico justo a las afueras del edificio de Ciudad Judicial.

Los reclamos de los más de 2,500 trabajadores afiliados a la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación son la homologación de los salarios y un no rotundo al 6% de incremento a su salario que se les va a otorgar, pues les parece insuficiente.

No sé si sea deformación profesional -soy abogado, y eso jamás se quita-, pero pienso que muchos de los problemas de México derivan del menosprecio que los mexicanos sentimos por la ley. Mientras en otros países la ley se aplica con rigor, en el nuestro es letra muerta, o por lo menos desmayada. Ricos y pobres, débiles y poderosos, se apartan de ella por igual. Eso genera un ámbito de impunidad que a su vez da origen a la inseguridad y el desorden en que vivimos siempre. La corrupción y la negligencia son habitantes permanentes de muchos recintos judiciales, y menudean los casos en que la justicia se vende a quien la puede comprar. Las cárceles están llenas de inocentes, o de quienes purgan largas sentencias por delitos menores, en tanto que los delitos de cuello blanco quedan las más de las veces sin castigo, y los culpables campean orondos por sus fueros. Un país donde la ley no se cumple es un país condenado al atraso. El respeto al orden jurídico es pilar básico de la vida comunitaria. "Multae hominibus at malitiam viae sunt", decían los romanos para explicar la necesidad del derecho. Los caminos del hombre hacia la maldad son muchos. Sólo la recta aplicación de la ley puede evitar que los ciudadanos se dañen unos a otros. Y en México la ley es desvirtuada con frecuencia por el poder político o el económico. En ese aspecto estamos, si me es permitida la expresión, ligeramente jodidísimos.

Integrantes del Frente Único de Comerciantes de Jalisco, realizaron este lunes su 12a. manifestación en contra de la Reforma Fiscal.

Armados con mantas, cartulinas y silbatos, los comerciantes avanzaron por avenida Juárez, Federalismo, Hidalgo, hasta avenida Alcalde, donde bloquearon la vialidad por una hora.

En el orden de dificultades para aplicar las leyes, se aduce el cuidado a no incurrir en autoritarismo, pero contrariamente se contemplan flagrantes delitos que se emplean para el discurso protagónico de personajes inscritos en la nómina oficial, partidista, sindical o grupos de presión con poder factual.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).

Y tampoco en la administración de Calderón se hizo lo que se debía hacer para frenar al crimen organizado, su guerra contra la delincuencia, cruzada infantil vestido de soldadito, no fue basada ni en la información de la inteligencia del Estado, ni en una estrategia que involucrara todos los aspectos de este problema, luego, se dejó al estado sin Estado.

Porque no se puede decir que en Michoacán impera el estado de derecho, como tampoco que hay seguridad y mucho menos justicia. 3 de las condiciones que un Estado debe proveer a sus gobernados para avalar su derecho de ser, precisamente, Estado.

Y la población, cansada de no ser escuchada, de no ser protegida, de estar con la vida pendiente de un hilo; cansada del abandono del Estado, decidió defenderse de la única manera que el pueblo conoce: armándose, peleando, buscando por mano propia lo que desde las administraciones sexenales les fue negado: seguridad.

Las autodefensas han sido la respuesta que la población eligió ante la desesperación y el abandono del Estado. Con Fox el privilegiar la seguridad de los estados panistas y descuidar a los demás, y eliminar al organismo encargado de la inteligencia nacional. Con Calderón la violencia atizada de manera irresponsable, guerra declarada y todos los recursos asignados que no frenó al crimen organizado y la población siguió en la inseguridad.

Es así como esta administración recibe una bomba de tiempo y tarda tiempo en tomar en sus manos la problemática heredada... largos meses en que la población siguió a merced de la delincuencia organizada, con agravios como violaciones a las jóvenes y adolescentes de las poblaciones, robos de todo tipo y, desde luego, secuestros y asesinatos.

Pero el trabajo apenas empieza, porque restablecer la tranquilidad, garantizar la seguridad y retomar, donde se quebrantó, el desarrollo de la entidad, conlleva medidas integrales que hasta hoy no se han siquiera planeado, mucho menos implementado.

Y entonces, se entiende -aunque no se justifica- que las autodefensas no quieran desarmarse; se entiende que sabiendo que su vida sigue en vilo decidan protegerse de la manera que hasta hoy conocen.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2014).

Ante el recrudecimiento de la violencia de los anarquistas, Miguel Mancera ordenó crear una unidad especial para investigar a estos grupos.

Según sus informes, a los que tuve acceso, la legisladora Alavez orquesta la inyección de siete a 10,000 pesos diarios "irrastreables" que sirven para financiar la compra de material explosivo que usan en sus movilizaciones los grupos anarquistas y para pagar 200 pesos diarios por cabeza a quienes participan en las protestas.

Identifican además a la activista Rosa Isela Martínez como coordinadora política y financiera de una operación que vincula a los principales líderes del grupo Frente Oriente con políticos como el ex diputado Gerardo Fernández Noroña y el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

El flujo de dinero se realizaría por medio de cuentas en Bancomer, Banco Wal-Mart, Banamex, Banorte y Banco Azteca a nombre de los dirigentes del Frente Oriente: Mónica Hernández Monroy, Rosa Isela Martínez, Gabriela Hernández Arreola y Vidal Rojas.

Ubican el origen del movimiento en el capítulo juvenil del Frente Popular Revolucionario, originario de Oaxaca y activo en las movilizaciones de 2006, y su ramificación defeña representada por la Acampada Revolución, que fue la más radical del movimiento #YoSoy132, nutrida de grupos del CCH Oriente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y las "asambleas populares" de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Nexahualcóyotl, Cuauhtémoc y Los Reyes-La Paz.

Estas organizaciones se habrían luego aglutinado en el Frente Oriente, manteniendo vínculos con la Liga de Trabajadores Socialistas, el Frente Popular Revolucionario, la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (de Bejarano), el Frente Popular Francisco Villa Independiente y los grupos estudiantiles Colectivo Pan y Rosas, Colectivo Corriente en Lucha por el Socialismo, el Comité de Lucha de la UACM y el de la Prepa Popular Tacuba.

El informe señala que el Frente Oriente tiene como "brazos de choque" a los grupos Bloque Negro, Cuartel Anarquista, Acción Directa-Prensa Libre, La Mano Negra y La Lucha Sigue, la Alianza Anarquista Revolucionaria, Escarlata Revoltosa, Juventud Libertaria y La Llama de la Libertad, y #Yosoy26animalista.

Cuentan además con un frente jurídico, la Federación de Abogados Democráticos, que en diversas ocasiones ha defendido a detenidos en las protestas y recolectado dinero para las fianzas entre legisladores perredistas y petistas.

También tendrían un aparato de inteligencia y contrainteligencia en los grupos Centro Errante de Estudios Anarquistas, Fuego en las Cárceles, Guerrilla Comunicacional de México y Colectivo Veneno.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de abril de 2014).

En Michoacán el Estado mexicano se juega mucho más que el control de un territorio perdido, se juega su capacidad de mantener el Estado de Derecho y las instituciones; se juega su razón de ser.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2014).

Dante Jaime Haro Reyes, investigador en seguridad de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2014).

Cientos de personas, integrantes del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado, nuevamente tomaron las calles del 1er. cuadro de Guadalajara para mostrar su inconformidad con la reforma fiscal, modificación de Ley que, aseguran, "los llevará a la quiebra".

Los inconformes bloquearon la circulación en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, lo que causa serias complicaciones para los vehículos en el 1er cuadro de Guadalajara.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de abril de 2014).

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2014).

(V.pág.21 del periódico Milenio Jalisco del 4 de abril de 2014).

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2014).

Aseguró que un mayor avance de los grupos de autodefensa en Michoacán propiciaría que se generalice el ambiente de "colombianización" que se vive desde la expansión de los cárteles de la droga.

Destacó que contrario a la percepción ciudadana, la expansión de las autodefensas no conducirá a la paz, ya que son grupos paramilitares que utilizan "tácticas ofensivas para limpiar la zona y cometer homicidios transgrediendo la ley".

"Estos grupos no son genuinos, no son electos bajo usos y costumbres como en el caso de Guerrero".

Buscaglia aseguró que las autodefensas han dañado la imagen exterior del gobierno mexicano, que ha pagado millones de dólares a consultoras extranjeras para "ocultar la realidad".

Asimismo, dijo que esos grupos, con presencia en Veracruz, Durango, Tabasco o Michoacán, se dividen entre aquellos que son financiados por "empresarios desesperados", los financiados por los propios Zetas y los que sí se autodefienden de forma genuina. "Entonces son 3 fuentes de paramilitarismo. En Michoacán hay una mezcla de estas 3 fuentes".

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2014).

Mal que no se esté otorgando la debida importancia a estos acontecimientos, como una violación grave al principio de autoridad. La irreverencia, el nivel de violencia y de brutalidad de civiles contra policías en conjunto son, deberían ser un foco de alerta y una llamada de atención para la autoridad; un tema de análisis sin duda, pare revisar qué está pasando en el entorno social y en la esfera de lo público. En otras palabras, en las relaciones de la sociedad con sus gobernantes; de los ciudadanos y sus policías. Ojo. Es una realidad para no perder de vista y atender cuanto antes, digo, si es que les interesa la armonía y la estabilidad de la sociedad en la que estamos inmersos.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2014).

Las conductas de los trogloditas que agredieron de manera brutal a los policías que trataron de evitar que se arrojaran bengalas a la planta baja del estadio y eventualmente de detener a quienes de esa manera transgredían los reglamentos municipales, están tipificadas en el Código Penal como delitos: las lesiones que demoran más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida de las víctimas, son delitos graves; golpear con saña a una persona -policía o civil- inerme e indefensa, como lo hicieron los rufianes que los agredieron con pies y puños, con palos u otros objetos contundentes y aun con las macanas de los propios gendarmes, es un homicidio en grado de tentativa; ponerse de acuerdo dos o más personas para realizar una acción tipificada en la ley como delito, constituye delitos adicionales: pandillerismo y asociación delictuosa, verbigracia.

Es absolutamente falso que la sociedad esté indefensa, y condenada, por ende, a que esos episodios se repiten cada que 2 o 3 inadaptados así lo decidan... Hay leyes. Existen los recursos técnicos idóneos para identificar plenamente a los responsables. Existen las vías jurídicas adecuadas para que se les procese, se les sentencie y se les aplique, con el rigor que el caso requiere -proporcional a la saña y a la vesania con que actuaron-, las penas que la misma ley, creada en defensa de la sociedad, establece.

Único requisito: que se actúe, por una vez, con firmeza; no con la tibieza usual en esos casos.

Jaime García Elías
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2014).

El pasado 25 de febrero, derivado de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció, con base en el texto del artículo 16 constitucional, que los estados no pueden legislar en materia de arraigo, lo que abrió la puerta a que todas las personas arraigadas con base en legislaciones locales y aquellas sentenciadas con pruebas obtenidas durante el arraigo se puedan amparar y posiblemente obtener su libertad.

Paradójicamente, la decisión de la Corte puede abrir las puertas a la impunidad; sin embargo, el problema no es su decisión, sino la desarticulación de la política criminal y las limitaciones que imponen los artículos 21 y 115 al desarrollo de las policías investigadoras.

El arraigo es una medida que utilizan los investigadores del delito con 2 objetivos fundamentales:

a) Anular de inmediato la peligrosidad de una persona considerada como miembro de un grupo criminal, privándola de la libertad, aunque no haya suficiente evidencia para imputarle un delito, y
b) Subsanar las omisiones de una investigación que no reúne suficientes elementos para presentar a un inculpado ante los tribunales para someterlo a un proceso.

En el mundo medidas análogas se han aplicado básicamente en contra de personas presuntamente involucradas en el terrorismo y en la delincuencia organizada, considerando que son delincuentes muy peligrosos que pueden hacer mucho daño a la sociedad y que dada la complejidad de los delitos que cometen es necesario que la policía o el Ministerio Público tengan la posibilidad de detenerlos para poderlos investigar -aunque no se haya probado su responsabilidad- y no al revés, como debería ser.

La hipótesis de la justicia democrática se basa en la presunción de inocencia y en el debido proceso, sin embargo, la gravedad de ciertos delitos como terrorismo y delincuencia organizada, y la peligrosidad de quienes los cometen, han obligado a los legisladores a permitir ciertas excepciones con el fin de facilitar su captura e impedir mayores daños a la sociedad. De esta manera la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada precisamente se funda en las razones de máxima eficiencia para determinar que se debe garantizar el procesamiento de este tipo de personas que cometen delitos graves de delincuencia organizada.

La historia de la justicia democrática está estrechamente vinculada con la idea de limitar los abusos del Estado en contra de los individuos y por ello se obligó a las autoridades a no detener a nadie a menos que hubiera una "causa probable" o estándares análogos como los contenidos en el articulo 16 y 19 de nuestra Constitución, a presentar a los detenidos ante el juez, a que antes de determinar que se ha roto con la presunción de inocencia haya un juicio con plenas garantías. Sin embargo, en toda la historia ha habido organizaciones criminales que han superado la capacidad del Estado para someterlos y esto ha provocado que se tomen medidas excepcionales que dotan de mayores poderes a las policías y los Ministerios Públicos para combatir estos crímenes.

Estas medidas son muy delicadas porque asumen que darle mayor poder a las policías, y en nuestro caso al Ministerio Público, va a hacer más eficientes las investigaciones y van a permitir que los delitos sean combatidos con mayor eficacia, lo cual puede ser correcto. Sin embargo, existe el riesgo permanente de que las policías y los ministerios públicos aprovechen esas facultades para fabricar culpables y quedar bien con las víctimas que exigen justicia, o de plano para corromperse abusando de su poder. Por eso se debe lograr un equilibrio que garantice el debido proceso y sin embargo se logre la eficiencia de las instituciones.

El texto constitucional negociado en 2008 por el constituyente permanente que estableció los equilibrios, presuponía la existencia del arraigo para los estados en tanto entra el sistema procesal acusatorio. Era una medida transitoria y una especie de amortiguador en el cambio de sistemas.

La SCJN con su resolución eliminó este amortiguador y pretende aplicar hacia atrás instituciones que debían tener una cierta secuencia. La afectación se verá en las víctimas de los delitos que no tienen la culpa de estas decisiones del estado. Las víctimas tienen derecho a la verdad y la justicia. Están hoy atrapadas en tecnicismos que no pueden controlar. Es importante construir el debido proceso para los imputados y las víctimas. Por eso deben buscarse los equilibrios hacia delante y no lastimar más a quien ya sufrió un gran daño en la vida de sus seres queridos, su libertad y el daño que los secuestros y otros graves delitos hacen, no sólo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto.

Alejandro Martí, presidente de México SOS
(recibido por e-mail el 24 de marzo de 2014).

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).

Las afectaciones en las áreas municipales no han sido contabilizadas por la autoridad zapopana, sin embargo, el paro ocasionó enojo y problemas a la ciudadanía, pues no pudieron llegar a tiempo a su destino, a causa de los cierres viales.

Finalmente, los trabajadores decidieron retirarse para no ocasionar más afectaciones a la ciudadanía.

El sindicato sigue en lo mismo: No aceptarán el acuerdo que el ayuntamiento logró con los otros 5 sindicatos, respecto a tener un incremento escalonado del 4 al 6%; quieren un aumento generalizado de 600 pesos a todos los trabajadores, pues asegura que sus sueldos no están alineados a la canasta básica.

Su líder, Francisco Vázquez, reconoció que en la manifestación, que inició desde las 8:00 horas en la Calle 2, y que se fue rumbo a la presidencia municipal, no había sólo trabajadores de Zapopan, sino que también acudieron empleados sindicalizados del municipio de Guadalajara, por "solidaridad" con sus compañeros.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2014).

Encapuchados, los jóvenes mantienen encerrados en la central camionera a pasajeros y empleados.

Los manifestantes también tomaron las instalaciones de la gasolinera Fonapas, administrada por el Sistema DIF estatal.

En el lugar, 100 normalistas se apostaron en todas las bombas, lo que obligó a que el personal las cerrara, y robaron productos de mostradores de aceite para dárselos a automovilistas.

En ambos sitios se presentaron policías estatales, quienes sólo observan desde el interior de sus camionetas.

Previamente, los inconformes retuvieron por lo menos cinco autobuses del transporte público.

Los integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca tienen 4 semanas realizando acciones de protesta para presionar a los gobiernos federal y estatal que les entreguen plazas.

Ayer, ese mismo grupo vandalizó una plaza comercial y saqueó una tienda de celulares. No hubo ningún detenido.

(V.periódico Mural en línea del 20 de marzo de 2014).

(V.pág.8 del periódico Mural del 20 de marzo de 2014).

Un minuto por cada víctima mortal del transporte público en lo que va del año. 14 minutos en total fue el lapso en el que cerca de un centenar de manifestantes, entre bachilleres y algunos ciudadanos, mantuvieron cerrado a la circulación el Periférico en el sentido de poniente a oriente a las afueras de la Escuela Preparatoria Número 10, poco después de las 6 de la tarde.

En este lugar, hace una semana un camión de la ruta 368 arrolló a un grupo de personas que se encontraban en la parada, lesionando a 19 de ellas y posteriormente provocando la muerte de María Fernanda Vázquez, la más reciente víctima.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 15 de marzo de 2014).

Antes del acuerdo, la Avenida Alcalde y la Calle Ramón Corona fueron cerradas ayer mientras los campesinos dialogaban con autoridades estatales en busca de una solución a su demanda.

Además de los productores de maíz, también los profesores y habitantes de Poncitlán bloquearon la Avenida Alcalde en su cruce con las Avenidas Hidalgo y Juárez para exigir que los recibiera el Gobierno del Estado.

Los docentes rechazan las modificaciones a la Ley Estatal de Educación, que trajo la armonización de la reforma educativa.

(V.pág.3 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 13 de marzo de 2014).

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de marzo de 2014).

Después de un cierre de sólo 2 horas (de 9:00 a 11:00 horas), donde se impidió el paso solamente a vehículos de carga, los inconformes cumplieron ayer con el inicio del retiro del bloqueo al menos durante los próximos 40 días que dura la Cuaresma, que es la celebración religiosa más importante de la cultura yaqui.

Juan Domingo Molina, yaqui opositor al Acueducto Independencia, dijo que se libera la carretera, pero se mantiene la exigencia de detener el bombeo de agua de la cuenca del Río Yaqui hacia Hermosillo.

(V.pág.9 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).

Mediante amparos, beneficiaban a la empresa de casinos Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, para impugnar clausuras de autoridades municipales.

"Concurren elementos que hacen presumir que tanto el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís, como los secretarios Héctor Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González omitieron cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a sus cargos, pues de la información financiera vinculada con ellos y sus familiares, se observan ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos, además de la existencia de depósitos sospechosos y falta de veracidad en declaraciones patrimoniales", dice la resolución.

(V.pág.4 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).

El gobierno federal está buscando la recuperación de ese cacho de su territorio nacional y este martes viajó el presidente Enrique Peña Nieto a Morelia, acompañado de todo su gabinete legal y ampliados, con senadores y diputados federales, para decirle a los michoacanos que no están sólo y que restituirán la paz y el Estado de Derecho. Hubo frases rimbombantes, lugares comunes, en el ejercicio de una retórica para un acto político que exige, en estos momentos, otro perfil y dirección.

El espejo del Estado Mexicano es el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de los grupos de autodefensa, que en el mismo día del anuncio del Plan Michoacán, apareció en una entrevista publicada en el diario madrileño El País, asombrosa por lo brutalmente cándido y sorprendente por su beligerancia y desdén al gobierno. Es una de las voces más públicas del paramilitarismo en la entidad, que amalgama aquellos que frustrados legítimamente por la ausencia de quien les proveyera seguridad, se levantaron en armas para proteger a su familia y patrimonio, pero también a los intereses económicos que escudados en un movimiento militar sociopolítico, se sienten afectados en sus utilidades por la competencia desigual de los cárteles de las drogas, o los que vieron en las autodefensas la manera de cobrar facturas personales contra sus viejos camaradas en el sicariato del crimen.

Mireles habló abiertamente sobre lo que él y miles de michoacanos deben estar pensando en estos momentos sobre el pacto del gobierno con las autodefensas que, en unas cuantas frases, descalificó. "El pacto para legalizar las autodefensas es un teatro, están burlándose unos de otros", afirmó. "No vamos a parar hasta que caigan (sus enemigos declarados, los Caballeros Templarios). No podemos estar en paz en ningún lado mientras no caigan. Porque como ya los enfrentamos, mientras estén vivos, aunque estén detenidos, hay cárceles donde viven mejor que en sus casas y pueden dar orden de matar gente".

El líder de las autodefensas habló con la realidad que no alcanza a abarcar cualquier estrategia nacional. En una guerra con criminales, no hay códigos internacionales ni de honor. Si no los matan, serán asesinados por aquellos a quienes les perdonaron la vida. En sus propias palabras, no descansarán las autodefensas hasta que estén muertos los 7 líderes de los Caballeros Templarios, y no depondrán las armas, hasta que el Gobierno federal les entregue sus cabezas. Mireles ha dicho. Y las autodefensas siguen avanzando y cazando a sus enemigos. En términos de Estado de Derecho, la ley es inexistente. La Policía Federal tiene instrucciones de no frenarlos y de acompañarlos -cuantas veces sea posible, que no es siempre-. El gobierno federal se encuentra en un atolladero y está pagando el empoderamiento que les dio a estos grupos paramilitares cuando se presentaron en sociedad hace un año. Les dio la bienvenida, los consideró sus aliados, les facilitó financiamientos y que se armaran. Además, aceptó mediante la inacción, que grupos armados fueran tomando municipios y sustituyendo a la autoridad.

En una parte de Michoacán son los paramilitares, en efecto, quienes detentan el poder y establecen qué es justo y qué es ilegal, cuál es la estrategia y qué condiciones tiene que aceptar el gobierno federal para que entonces acepten realmente el plan de desarme. La debilidad institucional michoacana ha demostrado que esa debilidad, en ese territorio, también es federal. El presidente dijo este martes en Morelia que el gobierno es quien tiene el único derecho legítimo de la fuerza. Es absolutamente correcto en un país en orden. No es el caso mexicano, y mucho menos en Michoacán. El ejemplo de los paramilitares se está extendiendo, lo que deberá ser un aviso a las autoridades que algo no están entendiendo porque no lo están resolviendo.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).

En la actualidad, sólo en materia mercantil y según el tipo de juicio, se realiza algo similar, con un desahogo en las audiencias de 2 a 3 días.

Al iniciar los juicios orales se daría batalla al lastre más importante: la corrupción. Dada la rapidez de la acción, el acusado hace la declaración preparatoria, el juez dicta formal prisión o auto de libertad y entonces inicia el proceso oral que desahogaría la gran cantidad de expedientes acumulados.

Es obvio que no se le puede dar la misma importancia a una sentencia de un homicidio que a una por el robo de una cartera. Algunos estados de la república que ya aplican este nuevo sistema de justicia, Chihuahua, Oaxaca y Baja California, han cuadruplicado su efectividad en la resolución de los casos hasta en 45%. Los que no han llevado a la práctica esta reforma, resuelven 15% de los casos.

Los delitos menores se podrían resolver de otra forma y permitiría desahogar el sistema procesal.

Gabriela Aguilar
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).

Con tanta impunidad, lo que debería sorprendernos es que no haya más delincuencia, ha dicho el investigador en seguridad de la Universidad de Guadalajara Marcos Pablo Moloeznik.

Vanesa Robles
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 2 de marzo de 2014).

El funcionario federal argumentó que hasta el momento no tienen registro de personas intoxicadas y que la cantidad de casos no se compara con los 309 que se contabilizaron en 2009. Sin embargo, resaltó la importancia de realizar una supervisión como lo establece la ley.

Para dar mayor certeza de que no se utiliza este anabólico para engordar las reses de Jalisco, se reforzarán las inspecciones en los ranchos.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2014).

Por sui géneris, "provisional" y explicable que sea la relación establecida por la federación con estos grupos, lo deplorable del caso es que las autodefensas parezcan ser las heroínas de la película michoacana, como si Ejército, Policía Federal y las demás instituciones del Estado fueran... sus comparsas.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 28 de febrero de 2014).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 27 de febrero de 2014).

Los estudiantes demandan que la federación y el gobierno del estado les otorguen automáticamente plazas docentes.

Los jóvenes se niegan a presentar un examen de oposición para ganarse una plaza de maestros, tal y como lo exige ahora la legislación educativa.

Debido a sus bloqueos, miles de oaxaqueños tuvieron que caminar ante la imposibilidad de transitar en vehículos.

Las acciones de presión fueron organizadas por la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, la cual aglutina a los jóvenes de las 11 escuelas que existen en la entidad.

Por la mañana, retuvieron camiones de pasajeros y los atravesaron en los accesos a la ciudad durante 5 horas.

Los bloqueos a la carretera federal 190 cerraron los accesos que comunican a Puebla y al Istmo; al sur, la ruta a la costa, y al norte, la vía que lleva a Veracruz.

Por la tarde los estudiantes se movilizaron hacia los 7 principales cruceros.

En la Calzada Niños Héroes de Chapultepec, la cual cruza el centro de la ciudad, atravesaron 30 camiones del transporte público en los cruceros del estadio de beisbol, IMSS, Crespo, Margarita Maza, Manuel Ruiz, ADO y Fonapas.

Durante esa acción, la terminal de autobuses de 1a. clase quedó cercada y las corridas fueron suspendidas. Decenas de visitantes quedaron varados por horas.

Debido al corte de las carreteras, los taxis, camiones y autobuses de transporte foráneo pararon su servicio.

Los pasajeros debieron caminar en promedio un kilómetro para abordar a otra unidad que los llevara hacia su destino en la ciudad de Oaxaca.

Mujeres que venden tortillas y verduras en el centro de Oaxaca tuvieron que llevar cargando, bajo el sol, sus bolsas y costales de productos.

Por la tarde, las calles lucían congestionadas por cientos de automovilistas que buscaban salidas alternas.

El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Antonio Iturribarría Bolaños, confirmó que los estudiantes reclaman la asignación automática de 740 plazas docentes para egresados de este ciclo escolar.

Sin embargo, el funcionario dijo que esa petición es imposible de cumplir porque tras la reforma educativa las plazas deben asignarse mediante un examen de oposición.

El funcionario ofreció como alternativa que el gobierno estatal financie cursos propedéuticos en los que los normalistas se preparen para el examen que exige la SEP.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).

Días después, en un caso muy similar y muy cerca de donde ocurrió el incidente, otro episodio se escribe de igual forma. Ahí sí se logró detener a una persona involucrada en la sustracción de pertenencias de bolsos ajenos. La afectada denunció como marca la ley para enterarse 10 días después que el acusado estaba libre por ser "un robo simple" y por contratar una buena defensa que hoy ya lo tiene fuera de la cárcel.

Para los robos a casas y carros, si se cuenta con el seguro, es lógico tener que ir a pasar por todo el proceso que implica denunciar, para que al final de todos modos, el daño no se repare en su totalidad.

El "disco rayado" de las autoridades para hacer la denuncia ciudadana, salvo algunos casos, queda en el trámite. La falta de credibilidad es el principal problema. Será percepción o realidad: ante un robo es difícil, a veces imposible, recuperar lo que se llevan, pero seguro denunciar acarrea más de un problema -directo o colateral-. ¿Así cómo alentar la acción legal?

Gabriela Aguilar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2014).

La legalidad no pasa por el Congreso ni por la Constitución, es cuestión de actitudes, valores y, especialmente, voluntad. Mucho más de quienes tienen poder político, económico o de influencia. Importa mucho la denuncia social, los medios de comunicación, incluso la red con todo y sus excesos y abusos. Es muy útil la acción vigilante de la sociedad, aunque también hay que decir que el cambio debe darse en las personas, las que mantienen una postura, en el mejor de los casos, ambigua respecto a la ley, si no es que de apego selectivo, cumplo hasta donde conviene.

Es crucial interiorizar la legalidad. Es difícil porque implica que el cambio empiece por uno mismo. Ni cinismo ni hipocresía, simplemente actuar conforme al dictado de la ley. Entender y asumir, cosa nada fácil, que las leyes son nuestra mayor garantía y, por lo mismo, se debe cumplir rigurosamente con las obligaciones y deberes, así sean las cotidianas de vida cívica o las periódicas como las contribuciones o el ejercicio del voto. Vivir con apego riguroso a la legalidad en México no es fácil y en el servicio público requiere de valor y carácter. Logros importantes como la detención del narcotraficante más buscado no debe significar bajar la guardia.

Gobiernos vienen y van. México ha logrado superar su pasado no democrático. En cierto sentido ha sido hazaña, pero no hay mucho aprecio por ello porque persiste la inseguridad, la violencia y una apabullante desigualdad. En eso tienen razón quienes llaman a transitar a un país de leyes.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de febrero de 2014).

Más de 50 vendedores ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se reunieron a la altura del Metro Viaducto, para caminar a la Plaza de la Constitución.

La circulación vial de todos los carriles se encuentra severamente afectada hacia el centro, por lo que se pide evitar la zona.

(V.periódico Excélsior en línea del 20 de febrero de 2014).

La 2a. solicitud son 2 mercados de artesanías.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2014).

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de febrero de 2014).

El viernes pasado volvió a nacer otro bloqueo, ahora de los cultivadores de maíz protestando según ellos contra el precio actual del grano, siendo que no hay límite para el precio, sino que el mercado es el que lo determina.

Las autoridades tanto municipales, como estatales y federales, deben estar preparadas, sin que les tiemble la mano para poner en orden estas agresiones a la población y a la comunidad.

El año pasado en la Ciudad de México hubo más de 2,000 bloqueos, provocando cada vez un verdadero desorden en nuestra gran capital y sus habitantes.

Si no se previenen y se paran a tiempo estas arbitrariedades e irregularidades, las agresiones pueden iniciar un foco de violencia incontrolable que pudiere llegar hasta una degeneración cívica y humana, como empezó Michoacán, que su estado actual es una verdadera vergüenza y un caos que llama la atención a nivel mundial.

Es vergonzoso que ciudadanos normales hayan tenido que tomar las armas para defender su comunidad de malandrines, maleantes y del crimen organizado, secuestradores y asesinos.

En la Ciudad de México las marchas y bloqueos aparentemente pacíficos terminaron en actos de vandalismo, agresiones, perjudicando gravemente a la ciudadanía trabajadora y a los comerciantes respetuosos de la ley, y no se tomaron las medidas que se deberían haber tomado.

Siempre hay una norma obligatoria dentro de la ley para mantener el orden, como aquella vez que los globalifóbicos trataron de atacar a los asistentes a la Cumbre de las Américas en el centro de nuestra ciudad, pero las autoridades cumpliendo la ley y con mano firme los detuvieron llevando a la cárcel a más de 50 salvajes que aventaban bombas molotov, piedras, varillas, palos, etc.

José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2014).

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se reunió con los gobernadores de la etnia, a quienes entregó el pronunciamiento del gobierno federal ante el conflicto social por el abastecimiento de agua a la ciudad de Hermosillo.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).

Guadalupe Morfín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de febrero de 2014).

Ahora los pasos de Marcos, dirigidos por sus sandalias, se dirigirán hasta la calle Prisciliano Sánchez; "hasta allá" dice con pesadez, donde tomará otro autobús que lo llevará a su casa en el Sector Libertad.

"¡La gente se pregunta: ¿y estos quiénes son? Somos maestros y queremos solución!", gritaban los profesores frente al Congreso del Estado, a unas cuadras, dejando atrás los 4 trolebuses detenidos a un costa de la catedral, uno tras otro usuario de transporte llegaba al parabús, notaba el tráfico y un taxista u otros usuarios comunicaban la lamentable noticia: "no está pasando el camión".

Y como previendo el trajín, las personas repetían las mismas señas: suspiro, mirada gacha, y luego daban un vistazo al cielo para notar el sol radiante que azotaba cada espacio sin sombra. Sin embargo, ni eso abatía a las decenas de maestros que seguían gritando consignas ahora no por la reforma educativa, ya que sus críticas se centraron en el secretario de Educación, Francisco Ayón.

A pesar de las molestias, los miembros de la asamblea se mostraban relajados, reían tras una rima pícara y daban un mordida al lonche, chupaban la paleta, o tomaban un sorbo de la botella de agua que les vendían comerciantes ambulantes que aprovechaban la ociosidad de los profesores.

Los manifestantes no dejaban de repetir que su movimiento es pacífico.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2014).

Ninguna de las administraciones de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Zapopan quiere "presionar" a sus habitantes para que cumplan con el impuesto predial, sino que "la idea es tener la forma más cordial para negociar una forma de pago", afirma la directora de Ingresos del ayuntamiento tapatío, Sara Macías Arellano.

El Ayuntamiento de Guadalajara, con una deuda ciudadana de 458 millones de pesos, es la única administración que ha llegado a señalar y embargar bienes. "Se trata de una televisión, una computadora y una camioneta de modelo antiguo", dijo la funcionaria, sin detallar el monto de lo recuperado.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).

4,000 millones de pesos no son poca cosa. Ajustan nada menos que para 3 millones de metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, con lo prácticamente se acabarían los baches. O si se prefiere es más o menos la mitad de lo que la ciudad necesita de inversión en colectores para acabar con las inundaciones. Por no hablar del tema de moda que es la movilidad, pues con eso se podría construir cerca de 100 kilómetros de líneas de BRT. O simplemente no sufrir para destinarle 4 millones de pesos a combatir el muérdago que está acabando con nuestros árboles.

Es cierto, el problema es de ida y vuelta: ciudadanos que no pagan y gobiernos que no hacen lo hay que hacer. Pero la responsabilidad de cobrar es del gobierno, para eso lo elegimos, para eso le pagamos y en ello confiamos todos los que sí pagamos.

Dego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).

Luego de sostener una reunión con los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado, los maestros que se manifestaron ayer a las afueras del Palacio Legislativo lograron la firma de un convenio con los diputados en torno a las peticiones por las que los docentes hicieron su protesta. Sin embargo, el plantón no fue levantado y en tiendas de campaña pasaron la noche afuera del Palacio Legislativo.

De acuerdo con información proporcionada por el vocero de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, Carlos Scheel Martín, la comisión que ingresó a reunirse con los diputados presentó sus solicitudes, y tras la reunión lograron firmar una carta en la que los legisladores se comprometen a darle seguimiento a sus peticiones, las cuales se centraron en mantener la educación gratuita y la no retroactividad de las leyes en materia de la reforma educativa.

Minutos después de haber logrado los acuerdos, los docentes liberaron la circulación vehicular por la calle de Independencia, manteniendo el cierre parcial de la Avenida Hidalgo, desde la Avenida Alcalde hasta el recinto legislativo.

Tras deliberar el siguiente paso que tomarían en sus protestas, los maestros llegaron al acuerdo de pasar la noche en la Plaza de la Liberación, en donde alrededor de 500 docentes pernoctaron como parte de su manifestación.

El vocero del movimiento adelantó que se analiza la posibilidad de que hoy realicen una marcha hacia la Torre de Educación o de enviar una delegación de 15 a 20 maestros a que dialoguen directamente con el gobernador Aristóteles Sandoval, para que sea él quien mande llamar al secretario de Educación y se sostenga el diálogo con los maestros manifestantes.

(V.primera plana del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2014).

"Tristemente la Ley Estatal para Prevenir la Tortura, que tipifica esta conducta como delito, pareciera letra muerta. Lo más preocupante es que las autoridades reconocen y saben que esto ocurre, y ni siquiera hay un solo detenido", lamenta Francisco Macías Medina, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

El fiscal general, Luis Carlos Nájera, aceptó preocupado que no se ha podido erradicar del todo esta práctica. Aceptó que "lo que decían de la tortura es algo real".

La ex ombudsman Guadalupe Morfín Otero resaltó varios pendientes: no sólo calificó de grave la vigencia de la tortura como táctica indagatoria, sino que aún falta mucho para que los derechos humanos sean el verdadero eje transversal de todas las políticas públicas en Jalisco. "La aceptación de que hay tortura me parece gravísima. Yo quisiera que aceptaran que se comprometen a erradicarla definitivamente, por todos los medios posibles".

María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la UdeG y representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, reflexiona en el mismo tono: "Ha sido una práctica constante, primero en la Procuraduría de Justicia y ahora en la Fiscalía. Al tema no se le ha dado suficiente visibilidad, sobre todo para sancionar a quien utiliza la tortura como método de investigación. Quisiera saber cuántos casos se han sancionado, cuántos ministerios públicos o policías han sido dados de baja. No tenemos esa información. Sólo palabras, frases que dicen que aumenta o que no se practica, pero eso no nos dice nada".

Francisco Macías Medina, creador del Programa Preventivo contra la Tortura y responsable del proyecto de desarrollo institucional en Cepad, puntualiza: "El solo hecho de aceptarlo, sitúa a Jalisco en una práctica policial de Edad Media y que no debe ser admisible en un Estado de derecho, porque esto implica para una autoridad realizar investigación, sancionar, reparar y asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir".

Mientras no haya castigos, concluye Francisco Macías, la ley seguirá como letra muerta y será imposible erradicar la tortura: "En la reciente actualización que hicimos en nuestros estudios para el tema de la tortura, no se han movido los indicadores. En Jalisco tenemos el problema de la práctica reiterada de tratos degradantes de todas las corporaciones policiales".

Julio Ríos
(v.pág.9 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 10 de febrero de 2014).

Esta noticia, que debiera quitarnos el sueño a todos los mexicanos, no ha figurado en los titulares de la prensa y, por lo visto, se inscribe ya en una suerte de normalidad hecha de sangre y horror. Pero, no está aquí el elemento, así de estremecedor como pueda ser, de la brutalidad que acostumbran esas organizaciones criminales que amedrentan a sus adversarios con cadáveres colgando de puentes, decapitaciones y otras aterradoras advertencias. Esto es mucho más inquietante todavía. Porque, señoras y señores, no estamos hablando de la siniestra actuación de un delincuente, canalla de necesidad, sino de la barbarie de los ciudadanos de a pie. Y tampoco se trata de un hecho enteramente aislado sino de algo que ha ocurrido hasta en la mismísima capital de la república, bajo un gobierno municipal que, por una extrañísima razón, se abstuvo de intervenir oportunamente siendo que las cámaras de las televisiones ya estaban ahí, en la plaza donde fueron linchados 3 policías, para registrar tan atroz suceso.

El huevo de la serpiente fue tal vez incubado en esa ancestral disposición de nuestras autoridades para acomodarse a la ilegalidad y para convivir con la realidad de un "México bronco" que, según nos avisan los agoreros, no sólo sigue estando entre nosotros sino que en cada momento, por esto o por lo otro -porque se llevó a cabo una reforma en el congreso o porque subieron los precios de la gasolina o porque el virus A/H1N1, identificado y aislado, ya no merece que se paralice la vida pública- puede llevarnos al precipicio del "estallido social".

En todo caso, resulta que el "pueblo bueno" ya no es tan bueno. No sólo eso: es bastante salvaje, cruel e inhumano, perfectamente capaz de perpetrar atrocidades como las que consigna el Antiguo Testamento y de colocar, a todo un país, en la angustiosa disyuntiva de convivir con el horror y de volver a los tiempos de la horda primitiva como si las leyes no existieran y la justicia fuera un mero asunto de quemar viva a la gente o de matarla a golpes en la calle.

No puedo dejar de recurrir, en este sentido, a la formidable frase del pensador español Fernando Savater: "Un pueblo sin educación es un pueblo ingobernable". Y es que lo primero que te podría venir a la mente es que, en estas comunidades donde han acontecido hechos terribles -en el Estado de México, la delegación Tláhuac del Distrito Federal, Chiapas y Guerrero-, la gente carece de la mínima formación como para mitigar sus instintos destructivos y sus comportamientos antisociales. La reflexión más apremiante, sin embargo, gira en torno al hecho de que los bárbaros son compatriotas nuestros. ¿Qué vamos a hacer con ellos?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de febrero de 2014).

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2014).

Los hechos ocurrieron el jueves en la comunidad Chacté cuando un taxi arrolló al niño Jerónimo Gómez, quien sufrió una fractura en una pierna, señaló la fiscalía estatal.

Algunos pobladores detuvieron a los 2 ocupantes del vehículo y los trasladaron a la cárcel municipal de San Juan Cancuc, adonde después llegó una turba y sacó a los sujetos y los trasladó nuevamente a la comunidad.

Allí los golpearon, los ataron a un poste y finalmente les prendieron fuego hasta que murieron.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 6 meses han ocurrido al menos 9 casos de linchamientos similares en la zona, el más reciente el pasado mes en la comunidad de Yochib, municipio de Oxchuc, donde 2 presuntos asaltantes fueron quemados.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de febrero de 2014).

Para desgracia de los que aquí vivimos, Vega Pámanes no exagera, aunque tampoco dice nada de cómo se pueden hacer ahorros en el poder judicial, caracterizado por su opacidad, para crear más plazas de jueces, que nos ayuden a salir de la posición número 26 en la que está Jalisco en certeza jurídica, imparcialidad e incidencia delictiva. Para no dejar en la impunidad más de 97,000 delitos como nos ocurrió en el 2013. Condición que es el más poderoso estímulo para que la delincuencia crezca.

¿Están los casi 1,200 millones de pesos que tendrá el poder ludicial (STJ, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, Tribunal Administrativo, y el Instituto de Justicia Alternativa) en 2014 óptimamente utilizados o también se cometen excesos que no conocemos?

¿Por qué todas las dependencias que conforman el poder judicial subieron casi en un 4% su presupuesto este año respecto a 2013, menos el IJA, que redujo en más de un 21% sus recursos al pasar de 46 millones a sólo 38 mdp, pese a su importancia estratégica para quitar vía la mediación la carga que Pámanes dice que ahoga a los jueces y se come el poco presupuesto de este poder?

Si bien es cierto que el Supremo Tribunal de Justicia debe tener por ley un porcentaje del presupuesto estatal seguro como ya pasa en otra entidades del país, también es necesario primero que se transparente su operación y se optimice el manejo de un presupuesto a todas luces insuficiente.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 7 de febrero de 2014).

Lo anterior se concluyó en una indagatoria del Consejo de la Judicatura Federal que tomó 2 años y medio, por la cual el pasado 22 de enero se inició un procedimiento disciplinario contra el juez, quien encabezó el Juzgado 4o. de Distrito en Torreón.

Varios medios han publicado en días recientes reportes sobre una investigación de la DEA por una cuenta de Jerezano y su esposa en Estados Unidos, pero ese tema no fue parte del expediente del Consejo de la Judicatura Federal.

La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en "falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido" durante el trámite de al menos 12 amparos.

El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el Casino Royale de Monterrey.

En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar 5 casinos que según la dependencia era falso, ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos y levantar clausuras sobre 2 casas de apuestas.

Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo mediante un documento supuestamente expedido por Gobernación, que también era falso y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.

En 2008 y 2009, el juez no se excusó de conocer amparos en los que estuvieron involucrados amigos cercanos.

(V.pág.2 del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).

El bloqueo de Alcalde, con el amago de no retirarse hasta que fueran atendidos, motivó que llegara Zamora a atenderlos. El cierre sólo duró media hora.

Desde la semana pasada, los trabajadores del programa Patio Limpio, quienes combaten el dengue, se habían manifestado pidiendo les pagaran el mes trabajado y firmaran un contrato para garantizar su contratación.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).

Desde las 11:00 horas marcharon desde la casa católica de Tlapa hacia las afueras de la ciudad donde dividieron el contingente en 2 para hacer sendos bloqueos en los puntos referidos.

Los inconformes que se desplazaron de sus lugares de origen hacia Tlapa desde la madrugada de hoy, se quejan de que los gobiernos federal y estatal no han cumplido sus promesas de apoyar totalmente a los afectados por las lluvias que azotaron la región entre el 13 y el 16 de septiembre y que dejaron muertos, viviendas y sembradíos destruidos, pueblos sepultados y abandonados, así como miles de damnificados que viven en la miseria en campamentos hechos con lonas y láminas.

Por ello, exigen que se instale una mesa de diálogo con Rosario Robles, Ángel Aguirre y los alcaldes de los municipios involucrados.

(V.periódico El Universal en línea del 5 de febrero de 2014).

Jiménez Reynoso atribuye la circulación de moneda falsa a la presencia criminal en el país, que la introduce en lugares donde "no es estricta la revisión", y a que México se encuentra entre los países más corruptos en el ámbito internacional.

Agrega que ahí radica el problema legal para los ciudadanos en general, ya que "hay un hilo muy delgado" en la interpretación jurídica, porque cualquiera que reciba "de buena fe" un billete falso y lo quiera usar, pone en riesgo su libertad, puesto que el código penal establece que la situación se agrava cuando el que lo usa sabe plenamente de ello, pero advierte que no es tan simple acreditar que se tenía este conocimiento, basado muchas veces sólo en dichos.

El académico reconoce que hay vicios en la estructura judicial del país que permiten estas afectaciones a personas inocentes, y refiere que en México el principio de la presunción de inocencia todavía es algo novedoso, y el inculpado debe "probar su inocencia" aun cuando se encuentre en medio de un proceso jurídico.

Agregó que tales problemas podrían eliminarse con el nuevo sistema acusatorio adversarial, que incluye los juicios orales, que permiten a los acusados confrontarse directamente con jueces y acusadores, pero que en Jalisco continúa siendo una iniciativa retrasada. También lamentó que en estas condiciones, en el país la constante es que quien no pueda pagar un buen abogado tiene menos posibilidades de recibir justicia.

El Banco de México dio registro en 2012, de 278 billetes falsos de 50 pesos por millón de piezas; 100 de 200 pesos por millón de piezas; 97 de 500 por millón de piezas y 125 de 1000 pesos por millón de piezas.

Willy Walter Cortez Yactayo, coordinador de la maestría en economía de la UdeG, señala que en términos macroeconómicos estos datos no representan mucho, pero sí un perjuicio a las personas. También advirtió que las estadísticas se basan en lo detectado por la banca mexicana.

Al no haber más información, "no se sabe la verdadera magnitud" del problema. Por ello la variación en el flujo de moneda falsa en los diferentes años, la que en 2007 alcanzó el mayor índice, de acuerdo a los mismos datos. Esta depende en gran medida de dicha capacidad de detección, que puede ser evadida, sobre todo en temporadas de compras o en la frontera.

También apunta que no es un fenómeno masivo. Concuerda en que el Estado debe promover una mayor concientización y apoyo a los ciudadanos, para que no sean víctimas de la falsificación.

Ya que la falsificación de billete es un delito federal, se persigue de oficio. El Artículo 234 del código penal establece una pena de cinco a 12 años de prisión, así como sanciones económicas, indistintamente de que se produzca, almacene, distribuya o utilice. Salvo el caso de producción, los otros aspectos citados, y sobre todo el de uso, deberá determinarse plenamente que el acusado sabía de ello, reitera Óscar Magallanes de la Rosa, director de Acreditación y Certificación del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Subraya que es el Estado el que tiene la obligación de probarlo ante el juez, lo cual "es subjetivamente difícil". Si este último no cuenta con elementos definitivos de la deshonestidad de la persona, sino tan sólo el billete, "tendrá que dejarla en libertad".

Dijo que en estos casos el afectado podría demandar al Estado y pedir resarcimiento de los daños y perjuicios, pero agrega que no hay casos documentados al respecto, porque normalmente la persona liberada y a la que sólo se le pide disculpas, desiste de iniciar otro proceso.

Roberto Estrada
(v.pág.9 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 3 de febrero de 2014).

¿Será que ya dimos por perdido a Guerrero y que por eso no nos sorprende la impunidad ahí de crímenes contra líderes sociales, políticos, activistas, estudiantes...?

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2014).

Lo más interesante, sin embargo, es el componente económico del asunto: después de todo, Michoacán es un estado exportador de productos agropecuarios. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los propietarios de las explotaciones agrícolas para proteger supatrimonio? Por lo pronto, ya se han organizado, de una u otra manera, para evitar la extorsión de los delincuentes. Pagan por esa seguridad que el Estado no puede brindarles. Y, por lo que parece, en ese choque directo entre la economía delictiva -la del dinero obtenido en secuestros, robos y extorsiones- y la economía legal, la segunda es la que está resultando ganadora. Esto nos habla, creo yo, de la desbordante fuerza del mercado y de esa disposición, tan igualmente incontenible, de los individuos para defender sus bienes. Pero lo más desalentador, una vez más, es que la sociedad civil es la que ha terminado por dar solución a un problema. ¿Dónde se encontraba el Estado?

Peña Nieto no pudo evitar, en Davos, las preguntas sobre la inseguridad que se vive en México. Lo más visible, desde luego, es el tema de Michoacán. Pero los mexicanos, con sólo doblar la esquina, padecemos robos y secuestros. Tanto, que la primera preocupación de los ciudadanos de este país ya no es la economía sino la seguridad. Y, en este sentido, la pregunta sobre la ausencia del Estado es de una urgencia impostergable: Ciro Gómez Leyva, en una columna reciente, escribía que los caballeros templarios se movían a sus anchas en Tierra Caliente. Luego entonces, las autoridades no pecaron de omisión sino que, en infame complicidad, brindaron protección a los canallas. El gobierno federal, que uno supondría enterado de la situación, ¿se va a quedar cruzado de brazos? ¿No va a detener y a castigar a los responsables de la más nefasta descomposición social ocurrida en este país en los últimos tiempos?

Crear un país de leyes y de certezas jurídicas es la gran asignatura pendiente del actual gobierno. La solución implica terminar con la escandalosa ineptitud de muchos gobiernos locales, por no hablar de su abierta colaboración con los delincuentes. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar al México que no funciona?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de febrero de 2014).

El caso de Silvia Vargas Escalera, secuestrada el 10 de septiembre de 2007 y encontrada muerta el 12 de diciembre de 2008, sin que hasta hoy, 31 de enero de 2014, el juez que lleva el caso haya sentenciado a uno solo de los secuestradores y asesinos.

Alejandro Martí publicó en su cuenta de Twitter: No nada más Nelson Vargas espera sentencia de esos secuestradores asesinos, cientos de víctimas, incluyéndome a mí, esperamos justicia.

Fernando Martí, su hijo, fue secuestrado el 4 de junio de 2008 y encontrado muerto el l de agosto y a la fecha sus secuestradores y asesinos siguen sin ser sentenciados, lo mismo que los del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace.

Si el poder judicial no se involucra en la estrategia antisecuestros y sigue procesando a tiempos perdidos, esta será otra estrategia fallida, como en los gobiernos anteriores.

Alejandro hizo una crítica al sistema de defensores de oficio que litigan desde la medusa que complica y alarga por años los procesos, y reclamó la laxitud del Consejo de la Judicatura que es, dijo, una institución a modo.

[¡Y eso que son influyentes! ¿Qué será de los casos relacionados con los de a pie? - El webmaster.]

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).

Causa impotencia y frustración comportarse como un ciudadano correcto, deseando hacer las cosas bien.

No hay consecuencias a nada, por eso los mexicanos burlamos las leyes una y otra vez, día a día.

Lo que más frustra y desespera es la falta de educación vial que tenemos todos los mexicanos, generalizo porque así es. Cuando estamos detrás de un volante, nos convertimos en cavernícolas energúmenos.

Es frustrante, por ejemplo, estar haciendo fila correctamente, esperando el semáforo para dar vuelta en la avenida Antiguo Camino Real, hacia Nueva Galicia, cuando de pronto llegan los muy listos y se brincan toda la fila, de más de 25 automóviles y, ¡peor aún...!, se pasan el semáforo en rojo.

Pero ¿quién los amonesta? ¡Nadie! ¿Quién les aplica una multa? ¡Nadie! ¿Quién les hace pagar consecuencias? ¡Nadie!

Sin tan sólo nos portáramos como ciudadanos educados y respetuosos, todo sería más fácil en nuestro país.

Así como nadie amonesta a quienes van hablando por celular mientras conducen, a quienes llevan a sus hijos en el auto sin sillas especiales, a quienes se pasan los semáforos en rojo, a quienes se estacionan en sitios para minusválidos, a quien tira la basura en la calle, a quienes fuman en sitios cerrados, a quienes manejan ebrios, simplemente... ¡No hay consecuencias en nada!

Cumplir con las leyes en México es una verdadera ¡burla!, por eso es tan difícil gobernar a este país.

Somos como niños malcriados y caprichosos, que hacemos exactamente lo que nos da nuestra regalada gana, porque "papá gobierno" nunca nos amonesta, ni nos hace pagar consecuencias por nuestros actos y nos deja a nuestro libre albedrío a que hagamos de nuestro país, ¡un desastre!

Necesitamos políticos de mano fuerte, de mano dura, que sepan imponer y cumplir las leyes. No políticos blandos, que buscan la aprobación del pueblo y que le tiene miedo al delincuente.

Si nosotros como mexicanos, todos y cada uno de nosotros, no cambiamos en nuestra actitud infantil, mal educada y prepotente, no vamos a progresar nunca.

Si colaboramos simplemente en hacer del tráfico algo menos desagradable, utilizando nuestra buena educación, dando oportunidad a que el otro pase, al uno y uno, y aplicando la cortesía y las buenas costumbres, habremos comenzado a civilizarnos y tener, ¡por fin!, el México que todos queremos.

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).

Información del Banco de México muestra que la circulación de papel moneda falsa va en aumento. Al menos en 2013, se estima que circularon 90 millones de billetes falsos. El repunte inició en 2008. Entre 2011 y 2012, el fenómeno creció 17%, y de 2012 a 2013 se calcula que aumentó 20%.

De los juicios concluidos o cerrados por este delito, en 176 casos las personas intentaron distribuir más de 3 billetes apócrifos. La pena por este delito es de 5 años de prisión y una multa económica.

Como Esperanza Reyes, está el caso del señor David Herrera Martínez, de 46 años y originario de Guadalajara, Jalisco, quien actualmente está preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. El hombre, un vendedor de mariscos, intentó pagar un sombrero de paja con un billete de 500 pesos, en el tianguis del municipio de Ocotlán. Los vendedores, al reconocer el billete como falso, llamaron a la policía y fue detenido.

Aunque en su declaración señaló que el billete le fue entregado por un cliente, Herrera Martínez continúa en el mismo penal dónde estuvo preso -y después huyó- el narcotraficante Joaquín Loera "El Chapo" Guzmán.

100 pesos. De esa cantidad era el billete con el que Esperanza Reyes quiso pagar una libreta en una papelería. Y aunque el papel con el rostro del emperador Cuauhtémoc resultó falso, adquirió un costo altísimo para la mujer: pasar 34 meses de su vida en prisión, incluidas las Islas Marías. Pero ayer, tras una campaña en internet para solicitar el indulto presidencial a su favor, la Secretaría de Gobernación le dio el beneficio de la preliberación, debido a que su proceso judicial estuvo marcado por anomalías.

La historia de Esperanza -46 años, indígena, analfabeta, trabajadora doméstica, con una hija de 10 años y un hijo de 7- inició el domingo 11 de marzo de 2011, en la capital de San Luis Potosí.

Tras ser acusada por circular un billete falsificado, la maquinaría del sistema judicial se puso en marcha. El día 12 la PGR la consignó a un juez federal. El 13 le tomaron la declaración preparatoria, con apoyo de un defensor de oficio. Y para el día 14, el juzgador le dictó auto de formal prisión. 8 meses después llegó la sentencia: 5 años de prisión. Un lustro de vida por cien pesos que no eran pesos.

Uno de los abogados que tomó su defensa a través de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, cuenta las omisiones en el caso de Esperanza: nunca se tomó en cuenta su situación social, había contradicciones en el expediente y el defensor de oficio técnicamente no existió.

El 13 de enero pasado, la Barra lanzó la petición de indulto presidencial a través de la plataforma www.change.org, animados por el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtan, quien recibió la amnistía en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ayer, el caso de Esperanza llevaba 18,940 firmas de apoyo.

Tras difundirse la historia, el caso de Esperanza llegó a manos de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, y de Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a fin de que se analizara la viabilidad del indulto.

[Bonito asunto éste. El gobierno pasándole la bronca causada por su manifiesta incapacidad -para atrapar a los falsificadores y detener la circulación de moneda falsa- a la gente. - El webmaster.]

(V.Animal Político del 30 de enero de 2014).

No cometeré el error de matizar el término de Estado fallido. Sólo apunto que se presta a equívocos y que en medio de esos equívocos produce una separación maniquea entre Estado y mexicanos. Parece que ese ente, cuando es inútil, debe ser sustituido por mexicanos nobles (es decir, no corruptos, no políticos) y peor incluso: mexicanos nobles con armas. Por esa razón y tras escuchar las reflexiones del teórico político Ángel Rivero en el Inacipe, propongo un nuevo término: la ciudadanía fallida.

La ciudadanía es el acuerdo entre los individuos y el orden que permite la protección de sus derechos. Un ciudadano es un sujeto de derechos (y sí, alcanza a quienes no votan) y la ciudadanía es el terreno en el que se pueden ejercer esos derechos. Más aún: es el terreno y las herramientas que protegen y amplían esos derechos.

En el fondo, hay cierta identidad entre los términos, pero poner el foco en la otra cara de la moneda del Estado nos lleva a pensar en soluciones distintas. Fue lo que pasó con la reforma constitucional que hoy protege los derechos humanos. Antes de junio de 2011, las garantías individuales parecían graciosas concesiones del Estado. Hoy, el Estado debe girar alrededor del individuo y sus derechos inalienables. Parece un giro de palabras, pero es un vuelco gigantesco en la forma de abordar el tema.

Lo mismo pasa con la idea de la ciudadanía fallida. Un Estado fallido parece justificar la autodefensa. En cambio, la ciudadanía fallida requiere instituciones confiables que la puedan volver a proteger. No es lo mismo decir que un ente se descompuso y se volvió contra el individuo, a decir que el terreno en el que un mexicano es sujeto de derechos se destruyó. En el 1er. caso, hay que combatir al ente; en el 2o., hay que reconstruir el terreno.

¿Cómo se hace esto? No hay que descubrir el hilo negro. El elemento que pega la relación entre individuos y acuerdo social es la confianza. Y para que haya confianza deben existir legitimidad y consensos elementales. Consensos sobre las reglas del juego, sobre quién tiene el garrote, sobre cómo quitar al que tiene el garrote.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2014).

Es nulo el avance en seguridad jurídica, impartición de justicia, modernización de juzgados, sistema penitenciario, reinserción social, mecanismos de conciliación... en fin, todos los actos y facultades del poder judicial que deben permitirle al ciudadano percibir que ante la ley todos son iguales, sin importar su nivel socioeconómico, creencias religiosas o color de piel.

La realidad es que, como dicen en las aulas donde se enseña el derecho, las cárceles están llenas de pobres, los espacios de renovación del poder judicial -desde el mismo Supremo Tribunal de Justicia- son propiedad de las cúpulas políticas y partidistas, y los menos interesados en hacer de la administración de la justicia un espacio transparente, legal y equitativo, son precisamente quienes han hecho su fortuna en la impunidad, el influyentismo y la reserva en la que se mueven todos los que debieran garantizar un Jalisco justo.

¿En qué posición está Jalisco en este aspecto? Muy por debajo de su acostumbrada medianía. Se califica al sistema judicial estatal en la posición 26 entre todos los estados del país.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014).

Varias preguntas y respuestas sobre las autodefensas. La primera y obvia: no todos los grupos de autodefensa o las llamadas policías comunitarias son lo mismo, tampoco tienen un origen común, ni las mismas intenciones, dentro de cada estado y mucho menos en las dos diferentes entidades en las que surgieron: Michoacán y Guerrero. En este estado la mayoría de esos grupos tiene una raíz ideológica clara: están relacionados con distintas organizaciones armadas, como el ERPI y otros. En Michoacán, los orígenes son otros: existen, sin duda, algunos grupos que pueden tener origen (o impulso) en grupos rivales de los Templarios, hay integrantes que están relacionados o lo estuvieron con el crimen, hay participación política, pero la mayoría de las autodefensas se explica por el expolio brutal al que fueron sometidas sus comunidades por el crimen organizado y sobre todo por los Templarios, en demasiadas ocasiones en complicidad o convivencia con las autoridades locales.

¿Deben ser desarmados? En el mediano plazo, sin duda. Pero en el corto, por lo menos en Michoacán, eso sería tan imposible como poco deseable. Esos grupos deben cumplir un papel específico protegiendo sus comunidades en el proceso de pacificación del estado y en la misma medida en que se puedan renovar las fuerzas de seguridad locales y también la clase política, buena parte de la cual no cuenta con la confianza de la gente. Desarmar a esos grupos hoy equivaldría, por otra parte, a fomentar un mecanismo de revancha de los criminales que alimentaría, por el contrario, a los propios cárteles.

¿Se deben convertir las autodefensas en policías o fuerzas de seguridad? Muchos de sus líderes no estarán interesados en ello. No nos engañemos: la mayoría de los líderes de esos grupos en Michoacán son agricultores, algunos de ellos muy prósperos, que se cansaron de ser chantajeados, secuestrados, robados por los criminales sin que nadie hiciera nada. Quieren recuperar sus negocios y sus tierras, no convertirse en policías. Pero entre "la tropa" por supuesto que habrá muchos que querrán seguir el camino de las fuerzas de seguridad. El secreto estará en contar con mandos en los distintos municipios que sepan y puedan darle cauce a esa incorporación, evitando la filtración de los propios criminales. Ese punto es clave, porque los Templarios no sólo controlaban al gobierno en turno o los recursos de obra pública de muchos municipios, también "ponían" toda la fuerza policial local: tenían con ello un doble objetivo, garantizaban su propia seguridad y complicidad pero también con esos recursos y salarios públicos le pagaban a sus integrantes y sicarios. Ése es el esquema que se está rompiendo y que no puede regresar.

¿Las autodefensas han sido creadas por el gobierno? No hay ningún dato que sustente esa información. Las autodefensas fueron surgiendo, en el caso de Michoacán, durante el año pasado, ante la ausencia de las autoridades y la explotación de los criminales que sobrepasaron todos los límites e incluso los "acuerdos" que podría haber habido con ellos en distintas zonas del estado. El gobierno se encontró con una situación de hecho y ante ello ha debido responder.

¿Hay un acuerdo del gobierno con las autodefensas? De hecho existe en la misma medida en que hay comunicación y en algunos casos intereses comunes. Si bien hay contradicciones e incluso se han dado algunos enfrentamientos, sobre todo en el primer momento del ingreso de las fuerzas federales, lo cierto es que las autodefensas se están haciendo cargo de la seguridad y el control de sus propias comunidades y eso le permite al Ejército y la policía operar con un margen mayor de autonomía, al mismo tiempo que mucha de la información con la que cuentan proviene de las propias comunidades a partir de esa presencia local.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014).

Pues bien, lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se siente súbitamente desafiado al haber aparecido en el escenario unos grupos ciudadanos de autodefensa que, tomando en sus propias manos la seguridad de sus comunidades, constituyen una suerte de poder paralelo que, ahí sí, no es aceptable en un país que se precia de tener cierta mínima cohesión institucional (y esto, aunque lo otro, el aterrador avasallamiento que padeció durante años enteros toda una región significara ya, a mi entender, una directísima vulneración del estado de derecho y soslayando, de paso, la inaceptable realidad de que miles de mexicanos se hayan encontrado en la más absoluta indefensión, acosados por unas organizaciones criminales que, por si fuera poco, actuaban impunemente gracias a su turbia e indecente complicidad con las autoridades).

O sea que, al organizarse y tomar las armas los habitantes de Tierra Caliente, lo que hubiera debido ser anteriormente inadmisible se convierte, ahora sí, en algo absolutamente innegociable, por lo menos en lo referente al discurso público del gobierno (en varias zonas, los grupos de defensa participan hombro a hombro con las fuerzas oficiales de seguridad y esto podría ser una solución al problema siempre y cuando, desde luego, las milicias populares vuelvan a la vida civil una vez que ya no exista la amenaza de los Caballeros Templarios y otros grupos criminales).

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de enero de 2014).

Dos horas después de lo pactado, el grupo #PosMeSaltoGDL se manifestó en las estaciones Agua Azul y San Juan de Dios del Macrobús y también en la estación del Tren Ligero contra el aumento a la tarifa del transporte público de 7 pesos.

Alrededor de 20 personas de este colectivo y otros más que se sumaron conforme la marcha avanzaba, tomaron las instalaciones de las paradas e invitaron a los usuarios a brincarse los torniquetes y no pagar por el servicio.

En las estaciones que tomaron, la mayoría de los usuarios atendieron a la solicitud de no pagar el servicio y ante la mirada de los vigilantes, pasaron libremente y decidieron no aportar la cuota. Con gritos como "bríncate, bríncate" y "7 pesos, 7 muertos" los inconformes continuaron con su manifestación en estas estaciones del transporte.

(V.primera plana del periódico El Informador del 26 de enero de 2014).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 23 de enero de 2014).

La función crea así un órgano complejo, altamente especializado y profesional, capaz de sumar de manera estudiada y planeada un amplio conjunto de recursos humanos, logísticos y organizativos, junto con armamento y equipo especializados que, legalmente, están vedados a la ciudadanía. En teoría, el poder disuasivo y represivo de un aparato así resulta prácticamente imposible de igualar.

Pero en la práctica la realidad es distinta en México. El monopolio de la fuerza legítima hace rato que se le escapó de las manos al Estado mexicano. El uso, en algún momento, del concepto "Estado fallido" (entiendo que incapaz de cumplir con su función esencial) para describir lo que pasa en México, nos da una idea de la magnitud del problema.

La porosidad del Estado abarca varias dimensiones. Empieza con la tolerancia de facto ante la violencia que ejercen grupos radicales en manifestaciones públicas y culmina con el entronamiento actual del crimen organizado. El cobro de "derechos de piso" es la manifestación extrema de que la soberanía del Estado ha sido sustituida por otra, que impone sus propias reglas del juego en amplios segmentos del territorio nacional.

Así que en la práctica, lo que prevalece en varias regiones, es el poder del más fuerte, y en los hechos hemos vuelto al "estado de naturaleza", o mejor dicho, a la ley de la selva.

Esto es posible porque, en los hechos también, la teoría de la fuerza superior del Estado fue demolida por la sofisticada capacidad logística y el elevado poder de fuego que ahora tiene el crimen organizado, y que supera el de cualquier policía del País, con excepción, por un pelito, de la federal.

El problema de fondo es que la teoría constitucional Mexicana, no dice claramente qué hacer en situaciones como la presente, y en los hechos estamos a merced de la violencia, la corrupción y la impunidad, sin capacidad real de autoprotección. En una circunstancia donde la protección sólo se concibe al cobijo del Estado, pero donde el Estado no puede otorgarla, los ciudadanos quedan a merced del más fuerte, el crimen y la injusticia.

Especulo, porque no soy especialista en el asunto, que el matiz paternalista de nuestra cultura se observa también en nuestro constitucionalismo, imponiendo una visión que deslegitima el concepto de autoprotección mediante el uso de la fuerza armada (una especie de concepto algo distinto al de defensa propia). No encuentro otra razón para entender la ausencia de un debate serio sobre los grupos de autodefensa que han surgido en varias partes del país (curiosamente, en el centro y sur del territorio nacional).

Por ello, lo que se observa es una condena sumaria contra estos grupos, desde el gobierno y la sociedad, pero sin ofrecer razones de peso para condenarlos. Prevalece la sospecha de que algunos son creación del mismo crimen organizado, o de que se pueden crear regímenes de excepción en localidades determinadas.

Sin negar estas posibilidades, lo cierto es que, en los hechos, las autodefensas han enfrentado y detenido el avance de las organizaciones criminales en algunas regiones de México.

De alguna manera, están operando como verdaderos "sustitutos funcionales", y estarían haciendo la tarea que, constitucionalmente, le corresponde cumplir a los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Son hechos que obligan a una revisión de nuestra idea de seguridad, para allegarle al ciudadano más instrumentos legales y que pueda al menos "coadyuvar" en el resguardo de su seguridad y la de su familia.

Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.9 del periódico Mural del 23 de enero de 2014).

La suspensión se registró desde el sábado y ya suman unas 1,250 reses las que se han dejado de sacrificar. La Cofepris confirmó que el clembuterol se encontró en orina y sangre de 15 de los 26 animales que se muestrearon, por lo que se decidió suspender las actividades para prevenir riesgos a la salud.

La dependencia advirtió que las autoridades del rastro leonés no podrán reanudar la matanza de reses hasta que garanticen con evidencias que sólo están sacrificando bovinos libres de clembuterol.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2014).

Es la reflexión que priva en el pensamiento de la población michoacana sometida por la delincuencia organizada, que, saturada de la injusticia que ha derivado de -aunque les molesta la definición-, un Estado fallido desde varios gobiernos anteriores, con predominación perredista, ha hecho que se llegara hasta donde en el hoy se llegó.

Desde años atrás, con la inseguridad plena cobrando víctimas en la extorsión, el secuestro, "protección", dominios territoriales y asesinatos a mayor escala, ante la total y absoluta impotencia de las llamadas "fuerzas del orden", inmersas en un tenor de desidia e indiferencia, obligó al extremo de que la ciudadanía misma tomara las armas para defenderse.

Lo cierto es que día con día la preponderancia delincuencial, que se inició ostentándose como defensora, encontró su modus vivendi al atacar a los que un día, según esto, defendieron, aprovechando ya estar debidamente organizados.

Motes como "El Chayo", "La Tuta", "El Kike" y otros más, apoderados de la situación victimando a una población descarnadamente desesperada que, sumisa, tenía que acatar bajo amenaza de muerte el entregar a los grupos ranchos, propiedades, negocios y hasta jovencitas y señoras, hijas y esposas de los extorsionados, que eran llevadas a la fuerza para sus bestiales fines y devueltas después de violadas.

Todo ello llevó a los grupos de autodefensa...

Seguro estoy de que el gobierno de Peña Nieto, de inicio, no supo calibrar la gravedad flagrante de la situación.

A los motes y nombres de Los Templarios y Familia Michoacana con sus cabecillas, ahora en la contraparte, destacan los que figuran como líderes de autodefensas. El doctor Mireles, Estanislao Beltrán, "El Papá Pitufo", "El Comandante Cinco", Mora y Juan Bucio, entre varios otros, quienes al mando de los grupos bien pertrechados, ante las declaraciones del secretario de Gobernación, Osorio Chong, se muestran determinados a no dejar las armas hasta que no les entreguen a las cabezas de los delincuentes.

Tal vez el nombre de Gregorio López no le diga nada, pero es sacerdote en Apatzingán, acérrimo enemigo de los delincuentes, quien desde mucho tiempo pasado les señalaba a las autoridades quiénes y en donde estaban los cabecillas ahora buscados. Lo ignoraron, y...

Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de enero de 2014).

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 16 de enero de 2014).

Cuando tenemos grupos civiles armados, tratando de defenderse de otros grupos civiles armados, es porque se ha fallado como Estado. Son palabras fuertes pero que en este caso no se alejan de la realidad.

Los ciudadanos no pueden condicionar a la autoridad e indicarle a ésta qué hacer. Pero en contraparte, la razón por la que se ha dado una constitución social como Estado es, precisamente, porque éste tiene el compromiso de brindar paz y seguridad, aspectos que, indudablemente, "han fallado".

Gerardo de la Cruz Tovar, investigador de la Universidad Panamericana
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).

Para clarificar las cosas, es útil irnos al extremo puro. Digamos que no hay contaminación, ni de gobierno ni de grupos de narcotraficantes. Digamos que los hombres que se han armado en Michoacán y Guerrero al margen de las instituciones, son todos honestos ciudadanos en ejercicio de su derecho de estar hasta la m.

Así considerados, ¿deben permanecer armados para protegerse o deben ser detenidos? Deben ser detenidos de inmediato. No apelando a su voluntad y a su capacidad para continuar sufriendo atropellos, sino con la fuerza del Estado, la fuerza de su lado para protegerlos y en contra de ellos para desarmarlos. No deben ser un ejemplo a seguir y no deben ser el poder en su zona.

Hablar de la fuerza del Estado me saca ronchas, pero una de las funciones en las que debe estar presente, es en la atención de crisis de seguridad pública y crisis que amenacen al sistema. Y lo que tiene el país con los nuevos grupos armados es el aviso de una grave situación crítica que empeora a pasos agigantados. Los partidos políticos y los ciudadanos libres deben exigir la inmediata disolución de esos grupos y la inmediata garantía de su seguridad para evitar que vuelvan a salir.

¿Por qué? Porque esos grupos se pueden convertir, en 2 segundos, en grupos paramilitares, si no es que ya hay algunos que merecen ese nombre: ya son grupos armados que actúan al margen de la ley y que, por lo visto, son tolerados por el Estado. Vayamos despacio. El término paramilitar varía de acuerdo con el contexto, y el contexto que México tiene más a la mano para comparar es el de Latinoamérica, en donde los grupos paramilitares fueron auspiciados por el gobierno, en la mayoría de los casos con fines de represión. No es así en México, pero ojo, en Colombia, por ejemplo, nacieron para defender a sectores específicos de los delitos de las guerrillas (principalmente secuestro). Y ya se vio el trabajo que ha costado disolverlos.

Un país no puede tener grupos armados al margen de la ley, por muy honestas que sean sus intenciones originales. Una organización armada tiene poder y el poder se usa, siempre. Y cuando el poder se usa, se abusa, siempre. Por eso necesita la ley, los partidos y todas esas instituciones que hemos inventado y que no están presentes en Michoacán.

Es una vergüenza nacional que los ciudadanos hayan tenido que salir a defenderse solos, pero será una desgracia nacional que no se les detenga.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).

La reforma del gobernador Guillermo Cosío a finales de los 80 buscaba romper con la subordinación del poder judicial al gobernador en turno y para ello se decretó la inamovilidad de los magistrados. Con Alberto Cárdenas en el poder se hizo otra reforma para crear el Consejo de la Judicatura, a imagen y semejanza al que había hecho Zedillo en el ámbito federal, para administrar y vigilar el trabajo de los jueces. Con el tiempo, el poder legislativo, nuestros queridos diputados, encontraron la manera se pervertir el espíritu de las reformas y hoy son ellos quienes nombran, en un singular reparto de cuotas, a los magistrados y consejeros del poder judicial creando nuevos lazos de dependencia.

El resultado es que en Jalisco los juicios tienen precio. El problema de fondo es que la justicia no es ni expedita, ni gratuita ni mucho menos equitativa.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).

Los inconformes que bloquearon la avenida Hidalgo, pedían a los diputados locales que se comprometieran a garantizar los derechos laborales de los maestros al margen de las evaluaciones académicas.

En este sentido, Guillermo Martínez Mora recordó que en los congresos locales no pueden modificar el sentido de las leyes federales.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).

José Manuel Mireles Valverde es el fruto de estas contradicciones. Conocido en los medios de comunicación como la cara más visible del llamado Consejo Ciudadano de Autodefensas Comunitario de Michoacán, su papel simboliza el fracaso y la incapacidad del Estado mexicano para controlar y gobernar su territorio. Es el espejo de la desesperación en la que viven miles de ciudadanos que ven como el Estado no sólo ha abandonado en vastos territorios del país su papel constitutivo de brindar seguridad a la población, sino que también ha renunciado al monopolio del cobro de impuestos y del control territorial.

El narco en amplias regiones del país, y en Michoacán con notable severidad, se ha convertido en un Estado al margen del democrático, capaz de extenderse y de cumplir roles de hacienda pública y hasta obras comunitarias. Territorios controlados por el crimen organizado que se fortalecen en la misma proporción en que las instituciones políticas se debilitan.

Mireles Valverde goza de amplia legitimidad, particularmente en los municipios donde existe alta presencia de los grupos de autodefensas. Médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su natal Tepalcatepec es una mezcla de todos los factores que han sido decisivos para el surgimiento de las autodefensas en México: ingobernabilidad, falta de seguridad, cobro de piso, violencia y terror en la población. Municipio de más de 15,000 habitantes ubicado en la inestable Tierra Caliente de Michoacán, y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Jalisco, los problemas de ruptura institucional han alcanzado la toma del ayuntamiento por parte de los grupos de autodefensa que no reconocen al alcalde priista, Guillermo Valencia. Tepalcatepec se constituye como un espacio donde el Estado ha desaparecido y el control municipal enfrenta a los Caballeros Templarios y a los grupos de autodefensa que resisten el embate.

Mireles Valverde es más que un combatiente del crimen organizado, es un símbolo de la renuncia del Estado. Es todo menos un político y menos un poeta de los movimientos sociales como el Subcomandante Marcos. Es un hombre crudo y realista, frío y calculador. Sus palabras no esbozan un futuro mejor donde todos podamos convivir en paz y en armonía; por el contrario, en sus entrevistas refleja con mucha nitidez el sufrimiento y la desesperación que aquejan a miles de ciudadanos en Michoacán. Sin embargo, esa crudeza se entrelaza con sus largos trayectos para conseguir medicinas y dotar a la comunidad de los productos mínimos necesarios.

Su inconformidad se extiende más allá de los cárteles, narcos y delincuentes. Su denuncia es también contra la clase política, a la que no pocas veces juzga de criminal y delincuente en el mismo sentido que a sus enemigos narcotraficantes. Dentro del discurso se pueden localizar estas dicotomías continuas: una población buena e indefensa vs. un Estado malo y en colusión con la delincuencia. Aunque el problema de la criminalidad y la falta de gobernabilidad territorial están vinculados con la ausencia de Estado, para Mireles Valverde el Estado no es la solución, sino el problema. Su narrativa se sustenta en el justicierismo, una combinación de valores y justicia comunitarios. Por ejemplo, siempre ha dicho que se desarmaría solamente si le traen las cabezas de los 7 líderes de los Caballeros Templarios. Más que una coyuntura precisa, sus reclamos asoman una verdad muy clara para él: la comunidad y los de abajo, contra la alianza entre poderosos y criminales.

Lo cierto es que Mireles Valverde comanda algo más que una modesta policía comunitaria. Los datos proporcionados en entrevista, señalan que en Tepalcatepec hay 3,000 personas armadas las 24 horas del día listas para defender a las "familias y propiedades" de la población. Una cifra nada despreciable: es decir, uno de cada 5 habitantes de Tepalcatepec está armado, un verdadero escuadrón. Y no es la comunidad más armada, existen otras como Coalcomán que cuentan con 5,000 armados día y noche. Las emboscadas y los enfrentamientos entre cárteles y grupos de autodefensa en estos municipios, son más la regla que la excepción.

Las autodefensas no son, ni mucho menos, un fenómeno exclusivamente mexicano. Cualquier estado endeble e incapaz de hacer valer su entramado institucional, muestra como síntoma de descomposición a una sociedad civil que decide armarse. Y es que las autodefensas son una necesidad y al mismo tiempo una tragedia. Para muchas comunidades, permanecer pasivos ante la incapacidad estatal sería prácticamente firmar el acta de defunción. Sin embargo, antecedentes de este tipo de grupos en otras latitudes como Colombia o Perú, nos muestran que es difícil que estos grupos, aunque pudieron haber nacido con intenciones puras y castas, se mantengan por la línea de la defensa ciudadana sin alianzas con el narcotráfico o la guerrilla. Al final, como pasó con la Autodefensas Unidas de Colombia, devinieron en estructuras paramilitares y sicarios dispuestos a todo por el negocio (y con un vínculo ya explícito con el narcotráfico).

Así, es inevitable que existan dudas sobre el papel de las autodefensas en una democracia de estado de derecho.

También su autonomía con relación al narcotráfico está bajo sospecha. Por un lado, ¿cómo pudo Mireles armar con miles de armas a municipios tan pobres? ¿Qué estaba haciendo Mireles en tierra jalisciense hace algunos días, antes de su accidente aéreo? Son preguntas a las que no tenemos respuestas. Las narrativas de los gobiernos federal y estatal son completamente distintas, como lo hizo notar esta semana Jorge Fernández Menéndez. Mientras el gobierno federal prácticamente lo ve como un aliado y le ha dado un velo de impunidad argumentado que su "fin es bueno" (aunque sus medios disten de entrar en la legalidad), el gobierno de Fausto Vallejo ha sostenido en innumerables ocasiones que existe una relación estrecha entre las autodefensas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será que el gobierno federal entendió que la única forma de recuperar Michoacán es debilitando a los sanguinarios Caballeros Templarios? Y es que el gobierno federal le pide a Mireles que exprese su lucha a través de los cauces de la legalidad, pero para eso, él ya exigió la cabeza de los líderes de los Caballeros Templarios.

Y es que parece que Michoacán se resiste a las fórmulas que han dado resultado en otros estados. Ni la militarización, ni la presencia de la Policía Federal, ni tampoco la apuesta por la depuración policial, han tenido el efecto deseado. No sólo está roto el tejido social, también está destruido el institucional y parece que la política ya no es solución.

La privatización de la seguridad no es algo nuevo en México: sólo hay que recordar los ejércitos de policías privados que cuidan a empresarios y a políticos día y noche. Son verdaderos ejércitos que responden a la misma lógica, la desconfianza del Estado y su fuerza para detener a los criminales. Autodefensas y policías privados, son 2 caras de la misma moneda.

Es imposible pedirle a una población que no se defienda como pueda, cuando el Estado la ha abandonado a su suerte. Sin embargo, en la parte del desafío estructural, las autodefensas no sólo no abonan a mejorar el estado de derecho y el entramado institucional, sino que son regresivas. Es la paradoja de las autodefensas: su éxito y multiplicación nos aleja cada día más de una verdadera solución.

Enrique Toussaint
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 12 de enero de 2014).

¿Pero qué pasa cuando la autoridad no tiene capacidad para que esa ley se cumpla? ¿Cuándo no quiere o no puede? Varias veces en este mismo espacio he hablado de los riesgos de que el Estado no cumpla con su responsabilidad en materia de seguridad. Recuerdo -y las referencias van más allá del sexenio de Calderón- varios linchamientos especial y curiosamente en el Estado de México.

Y en cuanto al surgimiento de los grupos de autodefensa, también escribí aquí lo peligrosos que son, nada más al considerar la posibilidad de que se convirtieran en grupos de paramilitares tipo Colombia.

Lejos de atenuar la gravedad de la situación, en Michoacán las cosas se han complicado dramáticamente y ahora, las tibias manifestaciones de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aun cuando sostiene que se devolverá la paz a esa entidad federativa, son más un signo de alerta que de alivio.

Los grupos de autodefensa se han ido integrando con habitantes de las mismas localidades asoladas por los grupos criminales como, en el caso de Michoacán, los Templarios o la Familia y la manera de enfrentar este conflicto que afecta a cientos de inocentes es combatir de manera efectiva a los delincuentes. Si no fuera por la actuación del crimen organizado en el estado vecino, especialmente en la zona de Tierra Caliente, las llamadas autodefensas no se hubieran formado.

Por si fuera poco, el contexto se complica con la protección que el gobierno federal está otorgando a uno de los líderes de esas autodefensas, José Manuel Mireles. Analistas y periodistas sostienen que el presidente Peña Nieto está jugando con fuego.

Michoacán está mal y las expectativas de una solución en el corto plazo, lejanas.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).

Un grupo de desconocidos prendió fuego al palacio municipal de Apatzingán y a dos oficinas aledañas cerca de las 20:30 horas, que no llegaron a arder por la intervención de los bomberos.

Posteriormente se reportaron disparos en zonas cercanas al centro histórico del municipio.

Además, por 3er. día consecutivo se registraron bloqueos en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán de parte de miembros de las autodefensas, que tal y como ocurrió el jueves, quemaron vehículos en los accesos a la cabecera municipal.

Al menos 10 unidades fueron incendiadas a la altura del entronque a Parácuaro y a Los Espero, al igual que en el monumento a Lázaro Cárdenas de la ciudad de Apatzingán.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).

Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes bloquearon los carriles laterales de Periférico, sin embargo, minutos después fueron replegados sobre los camellones.

Los ex elementos federales fueron destituidos de diversas áreas, luego de que les fueron practicados los exámenes de control confianza.

Piden que las autoridades reciban a una comisión para externar su problemática y puedan ser restituidos en sus puestos.

(V.periódico Excélsior en línea del 10 de enero de 2014).

Para la seguridad del país será el fenómeno más peligroso de 2014.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).

Vacinos de Parácuaro bloquearon por 4a. ocasión la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán. En esta ocasión incendiaron al menos 4 vehículos.

Entre los vehículos secuestrados había unidades de las empresas Sabritas, Santorini, Coca Cola y Lala. En total fueron 11 vehículos que los manifestantes amenazaron con incendiar si no llegaba algún representante del gobierno federal.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).

Las unidades retenidas fueron atravesadas sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán.

"Hasta que nos retiren a esas fuerzas de policías comunitarias, aquí vamos a estar", advirtieron los manifestantes desde el sonido local, que instalaron en plena vialidad.

El bloqueo fue respaldado por la presidenta municipal de Parácuaro, Lucila Barajas, y algunos de sus regidores.

Las movilizaciones de ayer provocaron nuevamente la cancelación de corridas de autobuses hacia esa región, hasta nuevo aviso.

Vía redes sociales, cuentas afines a grupos de autodefensa aseguraron que este tipo de manifestaciones son provocadas por el crimen organizado.

"El CO (crimen organizado) obligó a algunos taxistas a acudir a la marcha. En la radio frecuencia de los taxis se escuchaba: obligatorio asistir a la marcha, eviten que les quite el carro o se lo quemen", revelaron mediante la cuenta Valor por Michoacán de Facebook.

(V.pág.5 del periódico Mural del 9 de enero de 2014).

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 8 de enero de 2014).

Ahora bien, es probable que, a la vista de los hechos que han sido públicos y notorios, vengan al caso 3 preguntas:

1.- Si las leyes se hacen "en consonancia con la justicia", ¿no se supone que los encargados de elaborarlas ya deberían haber advertido la necesidad de hacer adecuaciones a las ya existentes, al efecto de evitar la injusticia de que las inconformidades de los menos perjudiquen a los más de manera ostensible y continuada...?

2.- Si se dictan, supuestamente, "para el bien de los gobernados", ¿no deberían de haberse propuesto las debidas acotaciones a las libertades de petición y reunión, consagradas en los artículos 8o. y 9o. de la Constitución...?

3.- ¿No existe, para tal efecto, un aparato legislativo (cuyos integrantes, por cierto, cobran como si sirvieran para algo)...?

Jaime García Elías
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).

La seguridad no se puede negociar: si se secuestran niños el futuro de los secuestradores no puede entrar en una agenda de negociación.

Es verdad que siempre ha habido grupos de policías comunitarias en muchos municipios, sobre todo indígenas, del país. Pero lo que estamos viendo con las autodefensas es otra cosa. Un fenómeno, por cierto, que no tendría margen alguno si en lugares como Michoacán y Guerrero se le garantizara a la gente su seguridad cotidiana.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).

Los inconformes secuestraron 3 camiones de carga y los atravesaron en el camino, cortando por completo el flujo vehicular.

Inocencio Carbajal señaló que mantendrán todas las medidas de presión hasta que las autoridades estatales o federales retiren por completo a los grupos de autodefensa de la zona, sin descartar nuevas quemas de vehículos.

El día de ayer se registraron enfrentamientos y quema de autobuses en las cercanías de Parácuaro.

(V.Sin Embargo del 6 de enero de 2014).

(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de enero de 2014).

El 23 de diciembre pasado, el titular de la Secretaria de Movilidad organizó una rueda de prensa y envió un boletín informativo a los medios de comunicación anunciando que los días 24 y 25 de diciembre no habría operativos de alcoholimetría "para que las familias jaliscienses festejen esas fechas con tranquilidad, pero que sí habría revisiones el día 31 de diciembre aunque haya sido martes".

Yo pregunto: ¿festejar con tranquilidad es saber que se puede ingerir alcohol a sabiendas que si luego conducimos un auto no hay riesgo de que nos detengan? Para mí, anunciar la suspensión de las revisiones produce exactamente el efecto contrario: intranquilidad. La intranquilidad de saber que todos los bebedores irresponsables -y vaya que los hay- considerarán el anuncio como una "licencia" para tomar y manejar ese día.

Es como anunciar que un determinado fin de semana no habrá policías en la ciudad, y de esa manera otorgarle a los ladrones una especie de "licencia para robar".

Para que los operativos de revisión de alcoholimetría sean efectivos, deben tener el carácter de permanentes, y sin que nadie sepa ni cuándo ni dónde se instalarán.

Sólo así funcionarán como lo que son: un disuasivo que induce a cambiar costumbres y a desistirse del irresponsable propósito de manejar un auto luego de haber ingerido alcohol, sea viernes o lunes, sea a la una de la mañana o a las tres de la tarde, pues no hay día ni horario bueno para provocar accidentes, ni para matarse o para matar a otros.

Anunciar las fechas que se suspenden significa establecer días de tolerancia al consumo de alcohol, y la tranquilidad de una familia o de un festejo no se logra "tolerando" la ebriedad, sino impidiendo que los ebrios manejen en ese estado.

El concepto de la disuasión se basa en 2 premisas fundamentales: la 1a. es que los castigos impuestos a los transgresores los conmina a no delinquir, y la 2a., que el miedo al castigo previene que otros cometan crímenes o delitos similares. La mayoría de la gente se autocontrola cuando sabe que hay castigos severos para quien viola la ley o pone en riesgo la vida de los demás. Sin embargo, un disuasivo pierde su razón de ser cuando las consecuencias negativas o la amenaza de castigo desaparecen.

Ha sido ampliamente demostrado que, más que la severidad de los castigos, lo que más efecto disuasivo tiene es la seguridad del castigo. De nada sirve aumentar las penas a un transgresor si éste no cree que será aprehendido por sus actos.

Por ello, los operativos de alcoholimetría serán más efectivos y cumplirán su propósito en la medida en que la sociedad sepa que las probabilidades de ser detenido y enviado a prisión por manejar en estado de ebriedad son realmente altas e insalvables.

En ese sentido, y contrario a lo que hasta ahora han hecho, lo que las autoridades deben anunciar es que los operativos serán permanentes, y serán instalados cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y mientras menos sepamos cuándo y dónde, mejor.

¿Por qué en los Estados Unidos, nadie se atreve a conducir un automóvil luego de haberse tomado unos tragos, ni a mentir o a violar la ley? Porque la seguridad de que seremos castigados es muy alta; porque la policía sale de donde menos la esperamos; porque los ciudadanos denuncian, y porque es prácticamente imposible sobornar a un policía, y las consecuencias de intentarlo son mucho peores.

Castigamos a quien viola ley en lugar de premiar a quien la cumple. Así funcionamos, porque desgraciadamente para muchos el autocontrol y la autorregulación no existen. La mayoría respeta la ley sólo si los vigilan o si los obligan.

Si queremos avanzar como sociedad no hay más opciones que respetar las leyes sin necesidad de vigilancia, adoptar como constitución política personal el bien común, y como freno a los impulsos y conductas nocivas, los dictámenes de nuestra propia conciencia.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 2 de enero de 2014).