Juramento presidencial, artículo 87 de la Constitución.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público...
Artículo 9o. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Artículo 17o. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En el laberinto de las leyes, el individuo aislado sólo puede defender sus derechos si sale al encuentro de las pretensiones burocráticas totalistas del estado incorporado a una de las organizaciones establecidas con esta finalidad."
"El hombre tiene valor sólo como miembro de una asociación, ahora bien, como ha indicado Theodor Eschyenburg, estas asociaciones se convierten cada vez más en un estado dentro de otro estado. Las guía el impulso de llegar a apoderarse de los puestos clave del aparato estatal."

Hermann Glaser, "Introducción a la Cultura Contemporánea".

"Los costos de no observar las leyes son siempre mayores que los de hacerlas cumplir."

Rosendo Fraga, Centro de Estudios de la Nueva Mayoría, Buenos Aires.

"Sólo los estados fuertes son capaces de establecer un marco de derechos individuales efectivos. Cuando el estado es incapaz de hacerlos cumplir, las garantías de las personas se convierten en buenos deseos consignados en libros decorativos llamados constituciones."

José Antonio Aguilar Rivera, en su ensayo "La soga y la razón".

"Conforme al modelo teórico del Estado de Derecho en que está organizado nuestro país, las autoridades quedan facultadas para hacer lo que la ley les permite; en sentido contrario, no pueden realizar aquello para lo que no están expresamente creadas."

Alberto Espinosa

"Somos esclavos de las leyes para poder ser libres."

Marco Tulio Cicerón

"Todo delito no castigado engendra una familia de delitos."

Marcela Gómez Zalce

"La ley, sin la fuerza, es impotente."

Blaise Pascal

"(A México), para no decir una palabra muy fea, le falta voluntad masculina para hacer cumplir sus propias leyes."

Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México

"Los norteamericanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla; porque en un gobierno de ley, y no de los hombres, ninguno, por importante y poderoso que sea, ni ninguna chusma, por más ingobernable y alborotadora, tiene derecho a desafiar a un tribunal de ley."

John F.Kennedy

"Es una ilusión creer que podemos para siempre reclamar para nosotros lo que le negamos a los demás."

Bill Clinton, expresidente estadounidense

"Hasta que se respeten la Constitución, las leyes y el estado de derecho, podrá ser México un país pacífico y próspero."

Ana María Salazar Slack, académica del ITAM

"México sufre un mal endémico e histórico, las instituciones y los medios que están a disposición del estado mexicano han sido insuficientes para hacer valer el estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1994-2000)

"La fuerza cuyo empleo autoriza la ley, no es violencia."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Para Tomás Hobbes (1588-1679), su utilidad como protector de la vida y la propiedad de los ciudadanos es la razón de ser y justificación última del estado. Sin la fuerza estatal, el hombre no tendría más remedio que vivir en el 'estado de naturaleza', cuyas características centrales son la violencia generalizada y la imposibilidad de la vida civilizada. Por eso, la autoridad que falla en su obligación de proveer seguridad pierde su razón de ser."
"El enfoque hobbsiano es descarnado, pero no es fácil argumentar en contra de la propuesta que ve en la fuerza la esencia del estado. Max Weber (1864-1920) lo enunció así: 'el estado es la asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de ninguna otra forma'. Ahora bien la formulación anterior no evita que dentro de cada estructura estatal existan actores que niegan legitimidad al orden existente y proponen un discurso alternativo, como ocurre con los revolucionarios. En contraste, la delincuencia común desde siempre ha retado al estado y a la sociedad, pero sin justificar de manera teórica su desafío; el criminal simplemente se dedica a lo suyo y listo."

Lorenzo Meyer

"Después de la batalla por la ley, viene la batalla porque se cumpla. Lasciate oggni speranza. Al parecer hemos entrado a los linderos de La Cosa mexicana, donde por un lado se tienen leyes buenas o malas, según se vea, y por el otro esas leyes se cumplen o no, según se quiera."

Héctor Aguilar Camín

"En todas partes escuchamos pronunciamientos de respeto a la Constitución. La verdad es que solamente nos hemos dedicado a honrarla, no a cumplirla."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Las leyes en este país están hechas para ser atropelladas, para ser aplicadas sólo si así conviene a la clase gobernante."

Genaro Lozano, académico del ITAM y de la UIA

"Vivimos en pleno Estado de Derecho. Resígnate: si no tienes mucho dinero para conseguirte un buen abogado, o si no eres alto funcionario, te va a ir mal. Resígnate: la ley es dura, pero está tarifada."

Carlos Monsiváis

"¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo dormirá la justicia en nuestro país? Decía Almafuerte: no pidas nada, pero si vas a pedir, pide justicia, aunque sería mejor que no pidieras nada."

Germán Dehesa

"Corre, ve y dile al politicastro de turno que te consiga un empleo, que te quite el hambre y que le dé de comer a tus hijos y te darás cuenta de que el texto constitucional está plagado de publicidades muy engañosas."

Román Revueltas Retes

"Los mexicanos no creen en la ley porque con frecuencia es utilizada para favorecer al poderoso. Es una tragedia porque no hay democracia posible sin legalidad. Pero esa es una perniciosa herencia de abuso que duerme en las capas más profundas del alma nacional (Paz dixit)."

Federico Berrueto

"Una de las principales deudas que tiene el Estado Mexicano con sus ciudadanos, es la de una verdadera justicia, que les de certidumbre jurídica, tanto en su patrimonio, como en la propia convivencia social."

Eduardo Medina Mora, procurador general de la República

"Rayito dice que éste es el país de los 'ricos y poderosos'. Pues no. Es el paraíso de las pandillas."

Román Revueltas Retes

"México es un país a la medida de chantajistas de todo pelaje."

Román Revueltas Retes

"Una revisión al sistema que imparte la justicia no estaría de más, porque todos sabemos que siempre se emite el fallo a favor del que más tiene."

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara

"El que hace la ley hace la trampa."

Eduardo García Máynez

"El estado de derecho no existe en México desde tiempos ya casi inmemoriales."

Pablo Gómez, senador perredista

"Muchos somos buenos para exigir nuestros derechos, pero pocas veces aceptamos nuestras obligaciones."

Juan Pablo Ferreira Santillán, agente de tránsito de Guadalajara

"Los problemas no se resuelven por el solo hecho de aprobar una ley. Cuando hacemos de la ley un símbolo y objeto de irracionales esperanzas, estamos convirtiendo el derecho en brujería."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"El estado de derecho es el Talón de Aquiles de México."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Es tal la exasperación ciudadana en nuestro país por el engaño y la ineficacia de la autoridad en el combate a la delincuencia organizada, que más que un sistema de justicia, la opinión pública parece apelar a un sistema de venganzas."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la majestad de la ley. Está dentro del poder del estado el controlar a la organización política que permite la existencia de la civilización. Eso es cierto. Sin el imperio de la ley todos estaríamos perdidos. Pero recuerden siempre que la ley también está llena de mierda. Yo puedo esquivar cualquier ley que ustedes promulguen. Se puede retorcer la ley, deformarla, para servir a una civilización corrompida. El rico puede escapar a la ley y, a veces, hasta el pobre tiene suerte en ello. Algunos abogados tratan la ley como los chulos tratan a sus mujeres. Los jueces venden la ley, y los tribunales la traicionan. Todo eso es cierto. Pero no disponemos de nada que funcione mejor. No existe otra forma de establecer un contrato social con nuestros semejantes."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"La tarea más importante del estado es cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. Y en esto el gobierno federal es absolutamente claro, hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma que es la fuente de toda legitimidad."

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México

"El derecho no es una disciplina moral, sino una máquina que permite el funcionamiento de la sociedad."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"Se abusa constantemente de la ley, según intereses personales o de grupo, incluidos partidos políticos y poderes públicos."

Jesús Vergara Aceves

"En México, todo y todos tienen un precio."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Sobre 3 pilares fundamentales se finca la vida pública de una nación: justicia, libertad y democracia. En los 2 últimos renglones hemos logrado avances importantes -aún nos falta mucho por conseguir en ambos-, pero en lo tocante a la justicia nuestro reloj va muy atrasado."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"En este país no hay justicia."

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara

"No habrá avance de la cultura de la civilidad, mientras la cultura de la ilegalidad se mantenga en la impunidad casi absoluta. Esa falta de penalización es, a final de cuentas, el origen de las mafias que ahora azotan al país."

Jaime Barrera Rodríguez

"Crímenes sin castigo son los que desbordan el vaso cuando el tejido sociopolítico se ha desgastado por la impunidad y laxitud frente a la delincuencia."

Raymundo Riva Palacio

"Muchas más personas harían negocios en México si la propiedad privada estuviera garantizada por un estado de derecho sólido."

Carlos Mota

"Cuando se prohibió la circulación de camiones con doble remolque, los transportistas bautizaron a los remolques como semirremolques, de manera que 2 semirremolques hacían un remolque. De esa forma se cumplen las leyes y reglamentos en los Estados Unidos de la Palabra."

El webmaster

"No cabe duda de que México pasa por una crisis de corrupción del sistema de justicia, crisis que no sería tan perniciosa de no ser por el poder de incidencia de traficantes de influencias y 'líderes morales', que se han erigido en jueces sin nombramiento para perpetuar injusticias."

Lydia Cacho

"De la necesidad a la ley apenas media un brevísimo paso, y la más expedita justicia, lo sabemos desde Caín, es la que hacemos con nuestras propias manos."

José Saramago

"Hemos vivido durante siglos con la herencia católica del perdón. Una cultura que con confesarse y arrepentimiento es suficiente para borrar cualquier pecado, circunstancia que nos condena a un estado de derecho inexistente. Un Estado que no castiga al que viola las leyes envía un mensaje de que se puede infringir cualquier norma sin consecuencia alguna."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan."

Simone Weil

"Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas sus leyes."

Edward Paul Abbey

"Sólo un Estado más fuerte que el crimen, aunque sea cometiendo excesos, puede abatir y someter la actividad delincuencial. Indeseable realidad."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Qué lejana ha quedado la aspiración del General Calles de que México pasara de la condición de 'país de caudillos y caciques a la más civilizada condición de país de instituciones y de leyes'."

Javier Hurtado

"El exceso de leyes corrompe la República"

Tácito

"En nuestro sistema judicial, culpable es aquél que no tiene dinero para costear su inocencia."

Flavio Romero de Velasco

"En este horrible lugar/ donde reina la tristeza/ no se castiga el delito/ se castiga la pobreza."

Letrero que estaba en el viejo penal de Escobedo

"Tiene más poder el que hace la ley y el que puede reformar la Constitución que el que simplemente se compromete a hacerla cumplir. La Corte sufre mucho cuando ve que una ley es injusta. Existe sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales; pero no a las leyes injustas."

Juventino Castro y Castro

"Lo que los hombres valoran más en este mundo no son los derechos sino los privilegios."

H.L.Mencken

"No es la libertad la que libera, sino la ley."

Henri Lacordaire

"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."

Platón

"Un hombre de Estado pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas."

Noel Clarasó

"Las autoridades están acostumbrando a la ciudadanía a un hacer lo que a nadie beneficia y es: sin manifestación no hay escucha, mucho menos solución. Lo que querría decir que para que un problema tenga la atención de las autoridades, no basta con exponerlo por escrito, tampoco con solicitar audiencia, se requiere hacer expresiones públicas, manifestaciones que, otra vez, lastiman la convivencialidad, pero sin las que las autoridades, omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades, no escuchan."

Lourdes Bueno

"Cuando la corrupción se vuelve normal, es la muerte de la confianza de los ciudadanos en el Estado."

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo

"En los últimos tiempos a los mexicanos se nos ha nublado la razón y nos hemos puesto peligrosamente contra ella. Por un lado vivimos e intentamos desarrollarnos al margen de la ley, o con las leyes de la selva, y por otro lado el instinto nos dice que debemos cambiar, que tendremos más oportunidades de salir adelante haciendo valer el Estado de Derecho."

Ricardo Elías, arquitecto y empresario

"Hay un lugar común que es parte del ideario mexicano: la ley es letra muerta."

Roberto Medina

"Aterra la casi total incompetencia de la autoridad para investigar, dar con las causas, descubrir a los culpables, encontrarlos, enjuiciarlos y hacerlos cumplir la penalidad que la ley (letra muerta, de ordinario) establece."

Jaime García Elías

"En el México de hoy no siempre deben ganar quienes se movilizan y protestan por el simple hecho de hacerlo."

Emilio Gamboa Patrón, senador priista

"El respeto al estado de derecho y a la constitución y un sistema de justicia funcional es uno de los pilares que explica el poderío de los Estados Unidos. Esta es todavía una lección que se está aprendiendo en México."

Ana María Salazar Slack

"Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina en el abismo."

Sófocles

"En los tensos días del movimiento estudiantil de 1968, el presidente Díaz Ordaz dijo: 'Preferimos conservar la libertad que solamente se puede mantener con el orden. La libertad es como el alimento: no se puede vivir sin ella, y el orden es como el aire: sin él, el cuerpo social perece'."
"Siempre he sostenido que orden no quiere decir represión. Los han pretendido hacer sinónimos los profesionales del libertinaje que tienen una inconsciente proclividad al anarquismo. Desde la época de los griegos, al orden se le percibía como armonía, afinidad de las partes dentro del todo, como simetría estructural."

Flavio Romero de Velasco

"Si acaso doblaras la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Las leyes deben ser pocas, pragmáticas y que se cumplan."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Por favor, ya no hagan más leyes, basta con que apliquen en serio las existentes y abatan de una vez por todas la impunidad imperante."

Armando González Escoto

"El ciudadano se sigue preguntando dónde puede demandar a los funcionarios que incumplieron su 'protesta' de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, se pitorrearon de las leyes... y le vieron, en fin, la 'p' en la frente."

Jaime García Elías

"A México le hacen falta 3 cosas: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Las antiguas colonias españolas en América, vivieron inmersas en la herencia de la doctrina católica del perdón. Una cultura que con sólo confesarse y arrepentirse es más que suficiente para borrar cualquier culpa. Con ello, la sociedad queda condenada a un estado de derecho inexistente. Un régimen que no castiga cuando se violan las leyes, envía un mensaje negativo: puede infringirse cualquier norma, a sabiendas que los mandatos legales son letra muerta."

Flavio Romero de Velasco

"México no será un estado de derecho mientras siga viviendo en estado de corrupción."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"La reforma económica que México más necesita es la del verdadero cumplimiento de la ley... en la medida en que los secuestros, las extorsiones y la violencia se reduzcan, la inversión y el turismo fluirán de manera abundante."

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (Los retos que enfrentamos, Ed.Debate)

"Las leyes son telarañas por las que pasan las moscas grandes y las pequeñas se atrapan."

Honoré de Balzac

"Pueblo que lincha, que arremete y humilla no es pueblo iracundo que pelea por sus derechos: es una turba incontrolada, es una masa enardecida."
"Entre pueblo y masa, entre comunidad y turba, hay una distancia parecida a la que separa a la bestia del hombre. Cualquier grupo humano por más culto y refinado que sea, puede volver a la bestialidad si las condiciones son propicias para ello. La bestialidad en el hombre siempre está al acecho dispuesta a surgir en cualquier momento, porque el animal-ancestro, está inscrito en nuestra condición humana."

Flavio Romero de Velasco

"Si el encargado de hacer valer la ley siempre por medio de la violencia legítima no cumple con su cometido, entonces el resultado no puede ser otro que la corrupción, la impunidad y el auge del crimen."

Guillermo Barba

"Las leyes en España son vistas como formas de violencia comparables a cualquier otra coacción ilegal: quien las transgrede considera que sus motivos personales son tan válidos como los acuerdos colectivos de quienes pretenden hacerlas cumplir (...). En su imaginación se están enfrentando retrospectivamente a Franco, a Hitler (...), con la ventaja de que su audaz batalla (...) puede salirles hasta gratis, con un poco de suerte y una ayudadita de los bienpensantes..."

Fernando Savater

"El Estado de Derecho es lo único que podría rescatar a México. Pero el fin de la impunidad es también el principio del fin de un sistema al que esta clase política debe su existencia y su reproducción."

Jorge Zepeda Patterson

"Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución."

Albert Einstein

"Es más que complejo crear, desarrollar y mantener instituciones en sociedades habituadas al escepticismo. O en las que los ciudadanos actúan como si el cúmulo de derechos que consideran que les corresponde va siempre adelante y por encima de obligaciones que consideran no tener."

Marco Provencio

"La sabiduría comienza cuando uno reconoce que lo mejor que puede hacer es elegir bajo qué reglas quiere vivir. Es una imbecilidad persistente y agravada pretender que uno puede vivir sin reglas."

Wallace Stegner

"Los derechos individuales no están sujetos al voto público; una mayoría no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría."

Ayn Rand

"Corrupción, simulación e ineptitud son el ADN del 'combate al delito' y la 'administración de la justicia' en México."

Jaime García Elías

"Quizá la ley no pueda hacer que alguien me ame, pero puede impedir que me linche, y eso para mí es bastante importante."

Martin Luther King, Jr.

"Sin un sistema de justicia eficiente todo lo demás puede salir sobrando, comenzando por el respeto a los derechos individuales."

Jorge Fernández Menéndez

"Siempre he pensado que el germen de los peores delitos y atrocidades se encuentra en las pequeñas, cotidianas violaciones a las normas elementales de convivencia."

Francisco Ortiz Pinchetti

"La verdadera libertad requiere del Estado de Derecho y la Justicia, y un sistema judicial en que los derechos de unos no se aseguren con la negación de los derechos de otros."

Jonathan Sacks

"Un principio general de derecho establece que 'el ciudadano es libre de hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, en tanto que los funcionarios públicos -incluidos, por supuesto, los miembros del Ejército- sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta'."

Jaime García Elías

"Veo una competencia de vencidas entre un México que quiere un Estado de Derecho y un México que ve en la defensa de sus privilegios la única forma de entender la realidad."

Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad

"La más efectiva manera para lograr impunidad en este país es conseguirse una bandera política que promueva la violación de las leyes. Todos los que lo han hecho con ese método han salido triunfantes."

Carlos Loret de Mola A.

"En este país la justicia es selectiva y el aparato que debiera garantizar legalidad para todos, se utiliza como una mera herramienta que está en manos de los poderosos en turno."

Jorge Octavio Navarro

"En un país en el que el abuso de la ley es costumbre, el Congreso pone el ejemplo."

Esteban Illades

"La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar determinados actos porque esto fuera mejor para él, porque lo haría más feliz, porque -en opinión de los demás- hacerlo sería más acertado y más justo"

John Stuart Mill

"En nuestro país se habla a diario del necesario establecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, cuando éste tiene que desarrollarse, se aboga por el excepcionalismo. Se busca posponer la racionalidad jurídica a fin de salvar a algo o a alguien."

José Ramón Cossío Díaz

"Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores."

León Tolstoi

"La justicia podrá ser ciega, pero posee un olfato muy aguzado para el dinero."

Guillermo Arriaga ("El Salvaje")

"Siempre nos quejamos de la corrupción, pero si te detiene la policía de tránsito y le das 100 pesos, no hay ninguna diferencia entre tú y Javier Duarte, porque al final todo suma para un gran mal."

Saskia Niño de Rivera Cover

"No hay experiencia exitosa en la lucha contra la corrupción y la impunidad que no haya tenido la participación del sector privado. Sin un compromiso de las empresas, la corrupción no podrá ser disminuida."

Eduardo Bohórquez y María Amparo Casar

"Las diferencias importantes en este mundo no son las diferencias de raza, de religión, de nacionalidad o de geografía. Las diferencias importantes son aquellas que existen entre aquellos que creen en el estado de derecho para resolver las diferencias entre las personas, y aquellos que no creen en él. El estado de derecho es lo contrario a la arbitrariedad, a la falta de razón, a la irracionalidad, a la tiranía y al despotismo.

Stephen Breyer

"El capital se va paulatinamente de los estados dictatoriales que no defienden a los individuos privados y su propiedad. En cambio, afluye a los estados que hacen cumplir la norma de la ley y de la propiedad privada."

Yuval Noah Harari

"El auge y florecimiento de los delitos en México, que van desde los grandes cárteles a la lastimosa corrupción, pasando por supuesto por secuestros, robos, asaltos y delitos del fuero común, tienen que ver con la impunidad, ya que en nuestro país ser delincuente no se castiga."

Pablo Latapí

"No hay nada más urgente para impulsar la economía que fortalecer el Estado de Derecho. En ese proceso, una fiscalía independiente sería un paso gigante."

Luis Miguel González

"La igualdad ante el Derecho es una de las más nobles conquistas del hombre."

Alfonso Reyes, Cartilla moral

"El que comete una falta o un delito debe sufrir igual pena, sea débil o poderoso, pobre o rico."

Alfonso Reyes, Cartilla moral

"El mayor mal de la falta de aplicación de alguna ley es que destruye el respeto por todas las leyes."

Herbert Hoover

"Con los delincuentes no se negocia. No se trata de declarar guerras ni de hacer actos de valentía innecesarios, se trata de que entendamos que no podemos agachar la cabeza."

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

"El Estado no es una Organización No Gubernamental. No debe ser nunca una asociación que procure la caridad. Por el contrario, el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza para aplicar el Estado de Derecho y para cobrar los impuestos. Se asume que es el garante del bienestar público, que el Estado es y debe ser el protector del interés general, y por eso le encomendamos que vele por una sociedad justa."

Enrique Toussaint Orendáin

"Educarnos para la libertad es el complemento perfecto que nuestra sociedad necesita, a fin de que los seres humanos logremos entender que la defensa del derecho propio exige el respeto al derecho de los demás, que el respeto que pedimos se gana respetando a todos, y que no se logra una posición para reproducir los mismos adefesios que se buscaba cambiar."

Armando González Escoto

"Estado de Derecho, el principio de que las leyes no deberán aplicarse de forma selectiva o arbitraria y que nadie está por encima de la ley."

Daron Acemoglu y James A. Robinson

"Cuando la gente cree que puede tomarse la justicia por su mano desaparece el Estado (que se lo piensen un poco los partidarios de las armas)."

Rosa Montero

"La justicia es la más imperiosa necesidad pública, no solo en México sino en el mundo, pues los agravios que le infiere la incontinencia humana no son reparados en proporción igual, ni con la oportunidad apetecida."

Agustín Yáñez, 10 de febrero de 1964

"Todos los derechos asegurados para los ciudadanos por la Constitución no valen nada, son una simple burbuja, si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso".

Andrew Jackson

"Destruye el mercado libre y creas un mercado negro; abruma a la gente con leyes y reglamentos e induces una falta generalizada de respeto por la ley."

Winston Churchill

"La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo".

Eduardo Galeano

"Es un país sin ley. Así que todos están asustados. La solución es sencilla: perdamos el miedo. La cobardía es la aliada de Andrés."

Porfirio Muñoz Ledo

"Para mí el Estado de Derecho, la legalidad, la ley tienen que observarse. Si la ley está mal, nuestra obligación es cambiarla; si la ley es injusta, nuestra obligación es cambiarla y modificarla, pero no alterar los principios fundamentales que al país le dieron fuerza, esencia y fortaleza."

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

"El estado de derecho es el elemento más importante de una sociedad civil."

Mo Ibrahim

"Si ni siquiera como funcionario crees en el sistema y orden legal, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes? Sólo la instauración paulatina de la ley del talión. Presenciamos las grietas visibles de una sociedad en donde la justicia por propia mano está más latente que nunca."

Jonathan Lomelí

"El poder Judicial es el límite constitucional democrático para los políticos, otorgarle el control del mismo a la política es abrir el camino a la autocracia."

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho

"Estado de Derecho; condición de la nación, o sea, del territorio y sus habitantes, en la que todos saben que las leyes se cumplen y se hacen cumplir, quien no lo hace (cumplir o hace cumplir), sea quien sea, es sancionado de acuerdo con códigos creados por representantes populares. Injusticia; traición a las formas constitucionales, normalmente la resienten más las poblaciones vulnerables y quienes la perpetran andan por ahí como si nada, siendo, por ejemplo, presidentes de la república."

Augusto Chacón

Copla inglesa citada por George Orwell

• ¿Estado de derecho (2021-2022)?
• ¿Estado de derecho (2019-2020)?
• ¿Estado de derecho (2016-2018)?
• ¿Estado de derecho (2014-2015)?
• ¿Estado de derecho (2012-2013)?
• ¿Estado de derecho (2011)?
• ¿Estado de derecho (2010)?
• ¿Estado de derecho (2009)?
• ¿Estado de derecho (2008)?
• ¿Estado de derecho (2007)?
• ¿Estado de derecho (2006)?
• ¿Estado de derecho (pre-2006)?
• Convocatoria.
• El "doble cero" mexicano: "licencia para delinquir".
• Influyentismo plural.
• Civilización.
• Las cárceles.

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.
Tojil estrategia contra la impunidad.
La prisión preventiva.

Los organismos autónomos han hiperburocratizado la transparencia.

Para redactar mi reciente columna "¿Qué oculta Diego Monraz?" tardé casi 2 horas en ordenar oficios, recursos de revisión, notificaciones, correos, y un mar de fojas con plazos, respuestas, negativas, afirmativas, etc.

Ante esta realidad, el derecho a la información se ha convertido en una prerrogativa para gente especializada como periodistas o juristas.

El INAI promociona un spot con una historieta ficticia en la que, mediante una solicitud de información pública, "Francisca" logra que envíen un médico a su pueblo remoto en la sierra. Este ejemplo del valor de la transparencia es, en realidad, una idealización alejada de la compleja maraña burocrática de estos organismos.

Hay información, hasta cierto umbral, que puede garantizar el INAI o una secretaría de Estado porque es inocua. Datos generales, no comprometedores.

Pero hay otro pedazo del "pastel", en donde la decisión siempre está en manos de las dependencias y funcionarios, exista o no un organismo autónomo.

Pienso en el caso Odebrecht, en donde el INAI ordenó a la FGR abrir el expediente. Después de varias resoluciones y 4 amparos, el juez le dio la razón al INAI, pero la FGR fue omisa en entregar la información.

Ha habido casos de éxito, cierto, como La Estafa Maestra, el socavón exprés o la casa blanca, pero hasta qué punto son rarezas o parte de la consolidación de un "derecho llave".

En Jalisco, el partido político Futuro acumula decenas de llamados y sanciones para transparentar información, igual que muchos sujetos obligados, que simplemente ignoran las medidas.

Los organismos autónomos y las leyes ayudan, pero seamos claros, el derecho a la información también es un asunto cultural, de libertades democráticas y apertura que los entes públicos y la clase política no siempre están dispuestos a cumplir.

La transparencia no está en manos de instrumentos jurídicos o "brokers" como el INAI, sino de personas con intereses capaces de torcer la interpretación de la ley para ocultar información y evadir la rendición de cuentas.

El problema no se resuelve con austeridad o con la idealización de este derecho. Hay que partir de una visión más realista.

En noviembre de 2022, Beatriz Olivares recibió la noticia de que los restos de su hijo, Antonio Becerra Olivares, estaban en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) luego de buscarlo desde el 11 de junio de ese mismo año, cuando desapareció.

Sin embargo, se tardaron 6 meses en entregarle el cuerpo, luego de ir prácticamente cada 15 días debido a los procesos de identificación y reconocimiento.

"El 21 de noviembre del 2022, me avisan que había unas partes de un cuerpo que tenía las características del de mi hijo. Voy a verlas y pues sí era él. De ahí empezó otra vez como si lo anduviera buscando. Pasó enero, febrero, marzo, estaba cansada. Para lo que fue principios de abril, fui y salía con lo mismo. Encontré a mi hijo en noviembre y me lo entregan hasta abril", reveló la integrante del colectivo Luz de Esperanza.

Ella señaló las razones por las que tardaron en entregar su cuerpo según lo que le comentaban integrantes de Ciencias Forenses: "Decían que se habían metido todas las pruebas de las partes de su cuerpo, pero no salían, simplemente. Para hacer una prueba de ADN nos decían que era tardado y que por eso nos decían que fuéramos a los 15 días", relató.

Familiares de personas desaparecidas se enfrentan a este calvario de retrasos y burocracia todos los días, lo cual evidencia la saturación de cuerpos que existe en el Servicio Médico Forense estatal. De acuerdo con datos del Inegi, al cierre de 2023 Jalisco fue el 2o. estado con más restos humanos que ingresaron a la morgue con un total de 2,579, en su mayoría, segmentos humanos; la entidad se ubicó solo por debajo de Nuevo León, que acumuló más de 6,000.

Hasta el cierre de esta edición, hay 4,719 cuerpos y/o restos humanos u óseos de personas fallecidas sin identificar en el Semefo, según su plataforma; sin embargo, en el censo no se precisó la cantidad de almacenamiento disponible.

Para atender la situación, el gobierno estatal entrante que encabeza Pablo Lemus proyecta etiquetar 492 millones de pesos para el IJCF en el Presupuesto de Egresos para 2025, en 2024 se destinaron 400 millones.

Marvin Rodolfo Rojas, maestro en Ciencias Forenses y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que el retraso en la entrega de cuerpos se debe a la enorme cantidad de trabajo en los diversos departamentos del IJCF.

Esta mañana se anunció la campaña de descuentos de multas y recargos por el Buen Fin en Zapopan, con la cual se podrá acceder a una reducción del 75% que estará vigente hasta el 20 de diciembre de este año.

Para el impuesto predial, licencias y multas de movilidad se ofrece el 75% de descuento en internet, en la app predial, cualquier tipo de QR que venga en la página web, ventanillas bancarias, tiendas de conveniencia, ChatBot y con el código de CoDi. Si el pago se realiza de manera presencial en recaudadoras municipales, el descuento será del 50%.

En caso de liquidar multas y recargos en las contribuciones de servicios de agua municipal, mercados, mantenimiento de áreas comunes de cementerios, permisos de estacionamientos y convenios de regularización de fraccionamientos, el descuento también será del 75% al realizar el pago de manera presencial en alguna recaudadora.

[Y si no le da la gana hacerlo, pues espérese a los descuentos del año entrante - el webmaster.]

Entre los mayores retos para los estados está garantizar la verdadera independencia del poder judicial local, ya que en la inmensa mayoría de las entidades, esta autonomía ha sido limitada históricamente por la influencia de actores externos y la presión desde el poder ejecutivo, cuestión que, independientemente de que estemos o no de acuerdo en que la reforma es el camino correcto para lograrlo, constituye un elemento clave para mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia. Para que la reforma se materialice, el compromiso del ejecutivo estatal con esta autonomía debe ser real, promoviendo un Consejo de la Judicatura fortalecido, despolitizado, capaz de supervisar y apoyar el desempeño de jueces y magistrados sin interferencias.

Un 2o. desafío fundamental es la asignación adecuada de recursos a los poderes judiciales locales y transparentar la aplicación adecuada de los mismos, esto es, que los recursos realmente le sean entregados al poder judicial y que éste a su vez los distribuya adecuadamente, de forma tal que lleguen a las instalaciones de todos los juzgados (especialmente aquellos que se encuentran fuera de la capital de los estados) mejorando las condiciones de trabajo de los servidores públicos y con ello entregando un mejor servicio a los ciudadanos.

La lucha contra la corrupción es otro eje central y una de las mayores expectativas de la sociedad. La percepción de corrupción en el sistema judicial ha mermado la confianza pública en la justicia, por lo que los gobiernos estatales deben adoptar medidas serias para combatir este problema. Esto implica la creación de mecanismos de control y denuncia, la transparencia en la selección y desempeño de jueces y la colaboración con organismos de la sociedad civil que puedan supervisar el cumplimiento de estos procesos. Sin un esfuerzo firme contra la corrupción, cualquier avance en términos de acceso y eficiencia de la justicia quedaría minado.

Además, la implementación de esta reforma podría generar tensiones y resistencias dentro de las propias estructuras judiciales, ya que implica cambios significativos en una institución con tradiciones y prácticas establecidas. Los gobernadores deberán estar preparados para gestionar estas resistencias, apoyando un cambio estructural que implique la adaptación de todos los actores involucrados sin desviarse del objetivo de una justicia efectiva y accesible. La capacidad de los mandatarios para fomentar la cooperación entre los distintos sectores del sistema judicial y otros actores clave, como la sociedad civil, será fundamental para superar estos desafíos.

En este contexto, el papel de los gobernadores va más allá de asignar recursos o supervisar. Su rol debe ser el de un líder activo en la transformación del sistema, promoviendo una cultura de legalidad y respetando los principios judiciales. Para que esta tenga un impacto duradero y no se limite a cambios superficiales, los mandatarios estatales deben fomentar la transparencia, proteger la independencia judicial y asegurar que los derechos de los ciudadanos sean la brújula que guíe en todo momento.

Debemos de recordar que una de las mayores preocupaciones sobre la reforma a nivel federal ha sido que rompe con el sistema de carrera al interior del poder judicial como requisito para ocupar ciertos puestos, cuestión que a nivel estatal no existe (y se nota) por lo que la reforma a nivel estatal representa una oportunidad para mejorar los lamentables sistemas de impartición de justicia, pero su éxito depende en gran medida de la capacidad de los gobiernos locales para enfrentar estos desafíos con voluntad y liderazgo. La ciudadanía demanda un sistema de justicia más confiable y accesible, y los nuevos gobiernos tienen la oportunidad de construir un legado que beneficie a las futuras generaciones.

Parece que en materia de políticas de seguridad seguimos atorados en una cuestión de frases, de palabras o polémicas que a nadie le interesan. No creo que haya persona alguna en este país solicitándole al gobierno que haga una guerra al narcotráfico, no creo tampoco que la respuesta frente a los altos índices de violencia que vivimos sea: "No haremos una guerra al narcotráfico". No hagan una guerra, solamente cumplan con la obligación que tienen de velar por la vida, la libertad y los bienes de la sociedad.

No hagan guerras, nada más acaben con el secuestro, el cobro de piso, los chantajes de todo tipo, los asaltos en carreteras y en pueblos y ciudades, la usurpación de funciones en los municipios por parte de delincuentes, y las desapariciones forzadas, acabar con toda esta innumerable serie de violencias y atropellos es su deber y su obligación, y para ello cuentan con los recursos económicos necesarios y, desde luego, con la fuerza del Estado, misma que deberán emplear en la medida que las circunstancias lo aconsejen.

Seguir explicando la violencia desatada como una lucha entre cárteles resulta absurdo y ridículo, ¿acaso este país ya no es responsabilidad de nadie?, ¿es que los cárteles alquilaron nuestra tierra para combatirse impunemente en plazas, calles, centros comerciales, campos y cerros?, ¿obtuvieron el permiso de hacerlo aún a costa de todos los daños colaterales que provocan?

La delincuencia cobra piso y chantajea a todo tipo de negocios, y el efecto ha sido cerrarlos, despedir a los empleados, perder la inversión hecha y hasta la vida, sin que las autoridades consideren que sea parte de su deber erradicar semejantes prácticas delictivas.

Y en este rubro no se trata por cierto de las grandes empresas, o no solamente de eso, sino de miles y miles de pequeños comercios, de "changarros" que la gente del "pueblo" abre a duras penas, para que venga un bandido a quitarle buena parte de sus escasas ganancias.

¿Acaso un transportista forma parte de la elite? Son trabajadores que exponen su vida en las carreteras, no ya por los accidentes comunes que en ocasiones pasan, sino por el asalto violento de estas bandas criminales, sin que haya autoridad capaz de exterminar estas acciones, que desde luego, no suceden en países con gobiernos efectivos, y sí, hay que decirlo, con sociedades honestas que de ninguna manera se hacen cómplices de los criminales como suele pasar en México.

Todos los días, la gente, y lo más seguro es que también quienes trabajan en los 3 niveles de gobierno, reciben llamadas fraudulentas una y otra vez renovadas, amañadas con mayor ingenio, para robar en pequeño y en grande, y cometido el fraude, no existe camino eficaz alguno que lo resuelva, y esa maquinaria sigue operando sin mayor problema, hasta desde los reclusorios, que siguen siendo los mejores centros de capacitación delincuencial.

No hagan guerras, cumplan con su obligación de salvaguardar a la sociedad que les dio su voto y paga sus salarios, dejen de abrir carpetas de investigación que jamás se cierran, y de tratar a las personas afectadas como si fueran sus limosneros, que han de ir una y otra vez a solicitar informes de sus denuncias para recibir solamente evasivas interminables.

El 2o.piso de la 4a.transformación no podrá funcionar si no está sólidamente sostenido por una reforma profunda de la sociedad y de sus instituciones que haga de este un país seguro, libre de la corrupción y de la impunidad, fuentes permanentes de la delincuencia.

Hoy ya la aplanadora de Morena cambiará la Constitución y nadie, ni la Suprema Corte, podrá decir nada al respecto.

Sheinbaum ya tiene la supremacía absoluta para cambiar el régimen político y los principios que nos han regido por más de 150 años.

Hoy, sin ningún recato, el congreso podrá decidir la barbaridad que se le ocurra.

Y al modificar el artículo 129 los militares pueden participar en cualquier actividad civil que se le ocurra a la presidenta.

Hemos transitado, en unas cuantas semanas, de un régimen medianamente democrático a un régimen donde en los hechos hay un solo poder.

En la práctica, no hay manera de defender nuestros derechos.

Todo esto ya sucedió, no es una posibilidad, ni siquiera una amenaza. Es una realidad, y a ver lo que viene.

Ayer los derechos individuales dejaron de estar garantizados por la Constitución.

El gobierno dobló al ministro Alberto Pérez Dayán con métodos infames.

Los integrantes de la Corte actuaron con serias divergencias entre ellos, pero llegaron a la misma conclusión: el Poder Legislativo no puede actuar en detrimento de la autonomía del Poder Judicial.

Pero ya no se podrá recurrir al amparo ni a la suspensión contra las decisiones de Morena.

Ni será viable apelar a instancias internacionales, porque las resoluciones del congreso serán inatacables.

Loretta Ortiz la sicaria de Lopez Obrador, la plagiaria Yasmín Esquivel, la activista Lenia Batres, y el extorsionado Pérez Dayán, dieron su voto para destruir el Estado de Derecho y entregarle la Constitución a Morena.

En 1903, Enrique Flores Magón colgó una manta en el balcón de las oficinas de El Hijo del Ahuizote, con la leyenda "La Constitución ha muerto", y un moño negro.

A una etapa similar, con los ajustes del tiempo, hemos regresado.

México se ubica en la posición 118 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2024, de acuerdo con el reporte del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés).

Nuestro país obtuvo puntajes bajos en algunas de las categorías como son Ausencia de Corrupción, Orden y Seguridad, Justicia Civil y Justicia Penal.

Mientras, los primeros lugares son ocupados por países como Dinamarca, con una puntuación general de 0.90; Noruega con 0.89; Finlandia con 0.87; Suecia con 0.86 y Alemania con 0.83; México alcanza sólo 0.41 puntos, al igual que Guinea Ecuatorial.

Este año, México cayó 2 lugares respecto a 2023, y de los países que forman América Latina y el Caribe, ocupa el lugar 28 de 35.

Orden y seguridad

México también fue mal calificado en cuanto a Orden y Seguridad, pues cerró el año en el lugar 133 de 142, con un puntaje de 0.52.

Nuestro país se mantuvo como el penúltimo en América Latina y el Caribe. Este eje mide el grado en que una sociedad garantiza la seguridad de las personas y los bienes.

"La seguridad es uno de los aspectos que definen a cualquier sociedad en la que impere el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y las libertades que el Estado de derecho pretende promover", señaló WJP.

Asimismo, se encuentra entre los últimos lugares en el apartado de Justicia Civil, el cual mide si la población común puede resolver sus quejas de manera pacífica y eficaz a través del sistema de justicia civil, con un puntaje de 0.37 y en el lugar 131.

A su vez, en cuanto a si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles durante 2024, México obtuvo 0.43 y el lugar 126 en este subfactor. Al calificar si la Justicia Civil está libre de discriminación, el país se colocó en la posición 138 con un puntaje de 0.24.

Justicia Civil

En cuanto a corrupción en la Justicia Civil, cerró el año con un puntaje de 0.32; mientras que la influencia indebida por parte de funcionarios públicos se mantuvo en el lugar 98 con 0.39 puntos.

En otros rubros como si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras irrazonables y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva, también obtuvo puntajes bajos. En relación a la Justicia Penal, México se posicionó en el número 134 con 0.25 puntos.

De acuerdo con una gráfica publicada por el WJP, en 2015 el país tenía un puntaje de 0.32; en los últimos años este fue en descenso. Al plantear si el sistema de investigación criminal es eficaz, obtuvo 0.17 puntos y se colocó en el sitio 140.

Del mismo modo, obtuvo resultados deplorables en cuanto al sistema penitenciario, el cual no es eficaz para reducir la conducta delictiva. Dicho sistema tampoco fue imparcial, ni libre de corrupción o de influencias gubernamentales indebidas.

Al señalar que un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de Derecho, WJP destacó que una evaluación de la administración de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, abogados, fiscales, jueces y funcionarios de prisiones, algo que México reprobó según el Índice.

Respecto a los países que ocupan los últimos lugares en general, resalta Venezuela con un puntaje de 0.26; Camboya con 0.31; Afganistán con 0.32; Haití con 0.34 y República del Congo con una puntuación de 0.40.

Encuesta a nivel mundial

Para elaborar este reporte, el Proyecto de Justicia Mundial realizó 214,000 encuestas a hogares y expertos para medir cómo el público en general de todo el mundo experimenta y percibe el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.

"El desempeño se evalúa utilizando 44 indicadores en 8 categorías, cada una de las cuales se califica y clasifica a nivel mundial y en comparación con sus pares regionales y de ingresos", señala la ONG.

El Estado está roto y no hay quien tienda un puente que impida se siga profundizando el desencuentro. No estalló ayer una crisis constitucional porque la mayoría de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la reforma judicial se rompió, con el voto de Alberto Pérez Dayán, pero no subsanó la crisis política en la que vivimos, porque la interrelación de los poderes dejó de funcionar. Esto se va a resolver a partir del 2o. semestre del próximo año, pero bajo un régimen diferente, donde el poder ya no tendrá contrapesos y será vertical.

En el camino se están llevando el país al despeñadero, sin querer verlo porque sus intereses coyunturales pesan más que las consecuencias a largo plazo. Los pilares del nuevo régimen que se erigirán a partir de la nueva reforma judicial contraviene las normas internacionales sobre el debido proceso y la independencia de los juzgadores, lo que provocará que la justicia vaya a estar al alcance y al servicio principalmente de quienes tengan dinero para comprar juzgadores o armas para matarlos si no dictan sentencia en beneficio de sus intereses. Si no se tiene dinero, serán las amistades y complicidades en el nuevo régimen quienes proporcionen la llave de la puerta para obtener justicia.

La destrucción institucional, aún en vísperas de oficializarse, detonó que juzgadores vinculados al gobierno de Claudia Sheinbaum empezaran a vender plazas en el próximo Poder Judicial para que el control lo tenga el nuevo régimen, y que uno de quienes seleccionó la presidenta para formar parte del Comité de Evaluación propuesto por el Ejecutivo para la elección de juzgadoras empezó a cabildear en la Corte para colocar a sus aliados en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se teme será utilizado como un instrumento de persecución política.

El nuevo Poder Judicial ya no vigilará la Constitución, la utilizará para ir apuntalando el nuevo régimen, desapareciendo como uno de los 3 pilares del Estado Mexicano. Cuando surja un juzgador con espíritu legalista y autonomía, habrá una ley que evite que el Poder Judicial revise o bloquee una acción del Ejecutivo que considere ilegal, porque será la presidenta quien determine qué es legal y adecuado para sus fines. Va a ser el mundo de la arbitrariedad, donde un poder, el Ejecutivo, será el que determine la suerte del país y los ciudadanos.

A donde llegamos no fue mediante un curso natural. Fueron las personas, no las circunstancias, las que han llevado al país a este punto.

La Suprema Corte de Justicia se partió, no de manera simétrica, sino en 2 bloques donde dejaron a un lado la observancia de la Constitución y jugaron a la política. Hay 3 ministras -Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- cuya claudicación a su obligación para satisfacer cada deseo del expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a niveles de antología. Hay ministros, en particular la presidenta de la Corte, Norma Piña, que escogió el activismo para enfrentar los abusos de López Obrador, que en los reveses judiciales a sus actos ilegales fue alimentando su odio hacia los ministros y su estrategia de venganza, en la forma de una reforma judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum se apropió de los odios y la intransigencia de López Obrador, enfrentando con descalificaciones al Poder Judicial, calificándolos de egoístas que solo pensaban en sus privilegios y jubilaciones, generalizando las debilidades de los menos y difamando a la mayoría de los juzgadores, en una campaña sistemática que inició en el gobierno anterior para estigmatizarlos como corruptos. Borró la convivencia con otro poder del Estado Mexicano al que se comprometió con López Obrador, en los hechos y los dichos, para liquidar ese Poder Judicial y erigir uno donde la verticalidad autócrata será el cuerpo del nuevo régimen que está apuntalando.

El Congreso y el Senado se declararon en desacato contra las decisiones de la Corte que afectaran la reforma judicial que habían aprobado a toda prisa, llevando al país a una crisis constitucional y amenazando a los juzgadores con iniciar un proceso para meterlos a la cárcel. Los líderes legislativos de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, siguiendo las instrucciones de López Obrador, no de la presidenta, rompieron con el Poder Judicial llevándolo al terreno del enemigo a matar, y no del poder con el cual tendrían que armonizar. El último ejemplo lo dio Monreal ayer, al decir con una soberbia desafiante que los tenía sin cuidado la resolución en la Corte. Ergo, la Corte no es un poder del Estado Mexicano que merezca respeto institucional; la pueden pisar cuantas veces quieran.

Las reglas están demolidas. La anomia es el nombre del juego. La división de poderes del Estado Mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se ha descarrilado por diferencias insalvables, con lo cual el poder de autoridad que pretende su equilibrio y armonía se ha vuelto disfuncional. El principio de la necesidad de que las decisiones no debían concentrarse mediante un sistema de contrapesos inspirado en las teorías de John Locke y Montesquieu, que concebían como complemento a la regla de mayoría en los sistemas democráticos la protección de las libertades individuales, se evaporó ayer.

El nuevo régimen que se empezará a construir condicionará las libertades individuales al capricho del poder supremo de la Presidencia, a sus ánimos y necesidades inmediatas, en perjuicio de las mayorías y de los que menos tienen, con un sistema político vertical, unipersonal sin límites ni equilibrios, donde la libertad, la ley y el destino dependerá de una sola persona, solo una que, además, podrá hacer lo que quiera porque así estará en la Constitución reformada. La democracia, como la conocemos, será cosa del pasado.

¿Qué decían de Alberto Pérez Dayán los morenistas hasta hace 15 minutos? Que era un ministro enamorado del dinero, que no tenía empacho en ostentarse al lado de los oligarcas del país recibiendo de ellos sus prebendas: asientos de honor en los grandes eventos, Fórmula 1, partidos de futbol, peleas de box, relojes. Que era un conflicto de interés andante.

Alberto Pérez Dayán nunca ha sido un ministro discreto. Y por eso, el obradorato no se cansó de exhibirlo en redes sociales.

Hace un año, el entonces presidente López Obrador se burlaba de la riqueza y relaciones de Pérez Dayán, quien había sido captado en la carrera del Gran Premio de México en la Fórmula 1: "Va a la zona especial, y luego sale ahí hasta con un Rolex, ¿cuánto valen esos Rolex? 2 millones aproximadamente". Le llamó corrupto, le dijo que era fruto de la cultura del influyentismo y hasta promovió un juicio político en su contra.

Pérez Dayán, como víctima del síndrome de Estocolmo, es hoy el orgullo del régimen: su voto terminó inclinando la balanza para hacer realidad el sueño autoritario de la dupla López Obrador-Sheinbaum. Y con su voto, la reforma judicial va.

Alberto Pérez Dayán se dobló. Como se dobló la familia Yunes. Sus apellidos quedarán inevitablemente entrelazados como los que sucumbieron ante el régimen para entregarle las mayorías que no les dieron las urnas. Uno el Senado, el otro la Suprema Corte. El ministro Pérez Dayán no tiene el expediente público de los Yunes, pero la sensación de traición y debilidad que deja con su voto a favor del gobierno seguramente despertará el apetito de ir ventilando su historial.

Desde hace varios días, la presidenta Sheinbaum mostró que algo se traía entre manos: en varias conferencias mañaneras pidió esperar al voto de los ministros de la Suprema Corte antes de emitir un juicio sobre su análisis de la reforma judicial. Se ve que ya sabía que uno se había doblado, que ya traían los votos para que la Corte no pudiera frenar la reforma que ha causado escándalo internacional. Se ve que sus operadores -tritones de las alcantarillas de la política mexicana- ya habían echado a andar el menú de la mafia obradorista. Desde los incentivos hasta los expedientes. Les ha funcionado todo el sexenio.

La democracia mexicana va a experimentar un periodo de daño profundo. Seremos un régimen autoritario. De eso no hay duda. ¿Presidencialista? Quién sabe, porque aún estamos por descubrir hasta dónde manda la presidenta, hasta dónde manda el expresidente y hasta dónde mandan los otros grupos y figuras de Morena en un momento en que todos están embriagados de poder. ¿Llegaremos a ser una dictadura? Estamos por verlo.

Lo que habrá que consignar también, es que al desechar el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara, se pierde una salida política que nos hubiera dado la oportunidad como país de corregir con más tiempo, sin prisas, todas las inconsistencias que presenta la reforma por las improvisaciones legislativas que se cometieron para aprobarla, en tiempo récord, para cumplir una revancha política del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, quien ayer perdió el debate mostrando una gran solidez argumentativa y jurídica.

Así como festeja hoy la 4T su nuevo triunfo, ahora en la Corte, pronto podría lamentarse por todo el galimatías que viene en la elección de jueces y magistrados, que pudo haber aplazado para, de verdad, limpiar el Poder Judicial.

Hay una pregunta clave, ¿cómo se ha elegido hasta ahora a jueces y magistrados? ¿Es un mejor método y más democrático?

El sistema usado desde la reforma constitucional de 1994 faculta a los 7 integrantes del Consejo de la Judicatura Federal para nombrar a todos los jueces y magistrados.

Este Consejo se integra por el presidente de la Corte; 3 consejeros que nombra el Pleno de la Corte; 2 consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Esas 7 personas, no libres de vínculos y lealtades políticas, designaron a los más de 1,600 jueces y magistrados que hoy están en funciones.

Esto generó un alto grado de nepotismo en el Poder Judicial. En 2022, el 49% de los servidores públicos tenían al menos un familiar en algún órgano jurisdiccional. Norma Piña aseguró este año que la cifra bajó al 37.4%.

La Ley de Carrera Judicial, que establece que sólo se puede acceder a un cargo de juzgador por medio de concursos abiertos o internos de oposición, en realidad fue producto de una reforma aprobada hasta 2021.

Sorpresa: antes prevaleció la repartición de "cuates y cuotas" bajo una lógica de clan judicial.

Vale la pena preguntarse: la discusión sobre los riesgos para la independencia del Poder Judicial, ¿no debimos tenerla hace muchos años? ¿Los ministros defienden la Constitución o un sistema de privilegios? ¿Quién mete las manos al fuego por nuestro sistema de justicia actual o por el experimento de Morena?

Instalar cámaras al exterior de tu casa, puede ser una medida de seguridad ante la delincuencia, sin embargo ha surgido la pregunta de si hacer esta instalación es ilegal.

Sobre ello, debes saber que existen algunas restricciones legales sobre usar cámaras fuera de la casa. Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su reciente edición de la "Revista del Consumidor", dio a conocer la normatividad que regula este tipo de tecnología fuera de la casa.

Además de evaluar 15 modelos de cámaras de vigilancia, de las cuales 8 están destinadas para interiores, mientras que 7 son para exteriores. Asimismo, tomó en consideración 2 tipos de cámaras: las de wifi y las de circuito cerrado (CCTV).

¿Es legal o no usar cámaras al exterior de los hogares?

De acuerdo con la publicación de la Profeco y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la instalación de cámaras fuera del hogar es legal, siempre y cuando se utilice únicamente para el cuidado de los bienes e instalaciones del hogar.

En este sentido, está prohibido la grabación de rostros de personas sin su consentimiento ya que con ello se podría infringir los derechos a la privacidad.

Ante ello, la Profeco sugiere utilizar las cámaras de vigilancia en exteriores pero con avisos visibles, en donde se les señale a las personas sobre la posibilidad de que sus rostros aparezcan en las grabaciones.

Dicha medida, según la Profeco, fomentaría el respeto a la privacidad de los usuarios que caminan alrededor del hogar.

¿De cuánto es la multa si infrinjo las leyes con el uso de cámaras de seguridad?

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares señala que la multa por infringir el punto mencionado arriba es de hasta 320,000 días de salario mínimo, es decir, cerca de 18 millones de pesos.

Además, a esto se le agrega prisión de 6 meses hasta 5 años por tratar datos personales con engaño.

Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío que haya afrontado cualquiera de sus antecesores, cuando este martes la Suprema Corte de Justicia vote si aprueba o no un proyecto de sentencia que declara varias acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial, que puede detonar una crisis constitucional sin precedente al poner en entredicho el orden democrático en el país -de rechazarse- y marcaría su administración como autocrática, o de una confrontación entre poderes -de aprobarse-, en donde ella tendría que ser árbitro y factor de gobernabilidad. El problema es que no tiene la fuerza política, ni para evitar llegar a ese cenit con una negociación que evite el choque de instituciones, ni para obligar a los líderes de su partido en las cámaras, a que respeten la ley.

Hoy, la presidenta parece estar a la deriva porque no tiene pleno control del barco mexicano, aunque sus primeras reacciones refuerzan el anclaje de un régimen autoritario, porque el Poder Judicial perdería autonomía y quedaría en manos del gobierno y el partido en el poder, y de quienes tengan más dinero para manipular jueces y magistrados o capacidad de intimidación, como el crimen organizado. Sería ese grupo el que tendría un Poder Judicial a modo, dictando sentencias en su beneficio.

Sheinbaum ha dicho que la reforma judicial es democrática y generará más justicia. Es falso. Alega, como lo hacen el obradorismo y sus voceros, que es lo que el pueblo quiso, y que votó por Sheinbaum para que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, autor del esperpento judicial, hiciera lo que quisiera con la Constitución. Se pudiera argumentar que es cierto, en la Cámara de Diputados, donde el Tribunal Electoral le dio la mayoría calificada pese a no tener los votos, al ceñirse al sistema de asignación vigente desde hace años. Pero no se puede decir lo mismo en el Senado, donde la mayoría calificada la consiguieron mediante coerciones. Esto no es democracia sino chantaje.

El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara no plantea una resolución jurídica sino una solución política. Propone declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero mantiene la elección popular de ministros y magistrados electorales. González Alcántara explicó que el proyecto era "un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis" que se vive. Su proyecto le entrega las cabezas de los ministros al régimen para saciar su sed vengativa por haber frenado a López Obrador, pero el gobierno y Morena quieren todo.

Por eso, cuando sus argumentos de que la Suprema Corte no podía revisar una reforma constitucional -en el momento en que solo estaban revisando si podía o no aceptar que se analizara-, Morena introdujo una nueva reforma llamada "supremacía constitucional", para declarar improcedentes los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y la controversia contra modificaciones o adiciones a la Constitución. Es decir, el gobierno podría hacer lo que quisiera sin que nadie pudiera evitarlo. Un ejemplo extremo, solo con fines de ilustración, es que podría establecer la pena de muerte para los carteristas, y sería automáticamente legal.

Las bancadas de Morena en el congreso y el Senado se apuraron para sacar la "supremacía constitucional", para que el martes, sin importar la votación en la Suprema Corte, la reforma fuera irreversible. Corriendo, violando los procedimientos legislativos, se declaró la constitucionalidad de la reforma. Eso se logró con el voto de al menos 10 senadores que no se encontraban en el Senado. En tiempo récord 17 congresos estatales la ratificaron. Lo hicieron porque pueden. Ese mismo día Sheinbaum ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entrara en vigor.

Sin embargo, por la impericia jurídica de Morena cometieron un error en su redacción, al señalar que la ley se aplicaría para todas aquellas reformas en "trámite", por lo que no puede aplicarse a la reforma judicial porque no se encuentra en trámite, sino es un hecho. Pero para la forma como se comporta Morena, no parece que vaya a ser relevante, porque han mostrado estar dispuestos a desacatar cualquier sentencia judicial que no les acomode.

Nadie sabe cómo resultará la votación en el pleno el martes. Se da por descontado que las 3 ministras subordinadas a López Obrador -Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- votarán en contra, pero no hay certeza que las 8 ministras y ministros que renunciaron la semana pasada por su rechazo a participar a la elección popular de los juzgadores, respalden el proyecto de sentencia.

Pero si lo hicieran, como ya lo advirtieron los morenos en el congreso y el Senado, ignorarán lo que digan los jueces, provocando una crisis constitucional por el desacato a mandatos judiciales. Si eso pasa, la Corte está facultada para consignar a quien cometa desacato de un mandato judicial y girar la orden de aprehensión. Pero hasta ahí. La Fiscalía General tendría que cumplimentar la orden. Si la presidenta desacatara el mandato, también podría ser considerada una presunta delincuente. Se antoja imposible que el conflicto escale hasta ese nivel, pero para efectos de argumentación, ¿qué hará la presidenta?

Sheinbaum está por la reforma judicial en sus términos, y ya criticó el proyecto de González Alcántara. El ministro le regaló una salida política, que sería también una financiera, porque no hay dinero para organizar la elección de juzgadores el próximo año. Sheinbaum podría evitar un crisis y un probable fiasco electoral si respalda el proyecto de sentencia. Pero si lo hace, el obradorismo se le irá encima porque no tiene control sobre el movimiento, sobre Morena, o sobre sus coordinadores legislativos, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que obedecen a López Obrador.

Nadie, como ella, estará a prueba el martes y los días posteriores. Depende del voto de los ministros, que en cualquier dirección que tome, definirá su gobierno: la presidenta que apostó por la gobernabilidad por encima de López Obrador y los radicales, o la presidenta que quedó subordinada a los radicales de López Obrador, que habrá mostrado tener más poder que la presidenta.

El martes al mediodía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro González Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

A gruesos brochazos, el proyecto invalida la elección de jueces de distrito y magistrados. En consecuencia, declara inconstitucional su despido, su disminución de ingresos y la figura de jueces sin rostro. Lo demás, en términos generales, sería avalado.

Parece una sentencia pensada para dar una salida política a un conflicto mayúsculo.

Permanecería la elección del 2025 pero sólo para ministros, magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina.

Las decisiones torales quedarían con una Corte a modo de Morena y otorgaría el poder sancionador del Tribunal de Disciplina, pero la justicia que más afecta a las y los ciudadanos quedarían en manos de abogados con carrera judicial.

Con ello, además, se ahorrarían muchos de los 13,200 millones de pesos que costarían los comicios como está planteado. Comparen: la elección federal de junio pasado tuvo un costo organizativo de 8,800. Si se mantiene como están las cosas, en el 2027 gastaremos alrededor de 20,000 millones de pesos.

Además, el consejero del INE, Arturo Castillo, ha difundido la complejidad de la elección: en promedio, cada ciudadano deberá elegir 52 cargos de entre 405 candidatos. Imposible ejercer un voto informado. Menos, razonado. La jornada electoral, de llevarse a cabo de las 8 a las 18 horas, tendría una duración de 4 días, al menos, con todo lo que implica.

Si la Corte avala por 8 votos el proyecto, el oficialismo podría desacatarlo y de ahí se desencadenaría una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial.

Las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que ha presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo. Fuentes judiciales refieren que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.

Jueces y magistrados aseguran que son medidas con el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema.

En este caso el sistema considera que no deben decretarse estas suspensiones y presiona por la vía penal y administrativa.

Las fuentes consultadas explican que para proceder una consignación penal en contra de un juez se necesita desaforarlo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El descenso a la tiranía en México se está cumpliendo con la frialdad de los movimientos de un robot. Para los demócratas este proceso es escalofriante porque, por la vía de la intolerancia, una minoría con pretensiones totalitarias está imponiendo un régimen autoritario en México.

Todo comenzó realmente antes de la elección del 2024, con el establecimiento de un movimiento con una ideología claramente antidemocrática que se hizo llamar Morena, un nombre que hace alusión al color de piel de las personas y que utiliza la religión demagógicamente.

En las pasadas elecciones del 2 de junio, la coalición oficialista había hecho una campaña caracterizada por fraudulentas intervenciones del presidente que quedaron registradas como violaciones al proceso electoral por el INE. En ningún caso se trató de una competencia equitativa. El oficialismo presionó después a consejeros del INE y magistrados del TEPJF, y obtuvo una asignación excesiva de legisladores plurinominales, en proporción desfasada de su votación real, generándose una mayoría artificial en las Cámaras. Posteriormente, mediante una tramposa alquimia electoral y coaccionando legisladores, el oficialismo obtuvo una mayoría calificada en el congreso suficiente para cambiar la Constitución sin tener que negociar con la oposición. Antes el presidente saliente ya había anunciado unas reformas que, en su conjunto, liquidan el pacto democrático, republicano y liberal en México. Quizás el pilar de estas reformas regresivas sea la que tiene que ver con el poder judicial y su autonomía.

Fue así que llegamos al 30 de octubre pasado, donde la mayoría artificial de Morena y aliados aprobó el dictamen de reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución denominados por el oficialismo de supremacía constitucional. La idea es que el poder judicial y, en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pueda revisar la constitucionalidad de cambios al texto constitucional introducidos por el congreso, ultimando una de las atribuciones más importantes de nuestro sistema de impartición de justicia. Hay que decir que el oficialismo ni siquiera permitió una discusión profunda del contenido del dictamen de marras y violentó todas las normas parlamentarias. Después, y en menos de 24 horas, sin observar las leyes orgánicas de los congresos locales, y mucho menos debate alguno de por medio, las Legislaturas estatales con mayoría oficialista aprobaron fríamente la misma reforma constitucional para lograr que se declarase formalmente concluida antes de terminar el mes de octubre.

La modificación constitucional tiene gravísimas implicaciones de corto y largo plazo. Por un lado, en lo inmediato, estaría privando a la Suprema Corte de Justicia de la atribución para declarar la invalidez de la reforma constitucional denominada "Reforma Judicial", que ha implicado la cesación general de todos los jueces y magistrados federales para iniciar un proceso de elección popular de nuevas personas juzgadoras en el ámbito federal. Como es sabido, el máximo tribunal se apresta a resolver varios medios de impugnación sobre ese delicado asunto la 1a. semana de noviembre. Pero lo más grave tiene que ver con el largo plazo. En efecto, con la reforma a los artículos 105 y 107 se estaría eliminando la facultad del tribunal constitucional para revisar en lo futuro cualquier reforma o adición a la Constitución, aunque implicase una flagrante violación a los principios fundamentales establecidos en la carta magna por el Constituyente de 1917. Es tan pernicioso el cambio que incluso una eventual modificación constitucional aprobada por el oficialismo o, en el futuro, cualquier otro régimen que eliminase la democracia electoral, el federalismo, la división de poderes, las libertades individuales, los derechos de propiedad o los derechos sociales, escaparía a la posibilidad de ser invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica un descenso autoritario de México, donde una sola voluntad, la de quien esté al frente del gobierno, puede, por sí misma, alterar en forma despótica el rumbo y perfil del país y, cual sátrapa moderno, decidir sin límites sobre la vida y destino de todos los que integramos la nación. Oponernos a esto es un deber.

Este miércoles se notificó oficialmente que las 8 personas del máximo tribunal no identificados con Morena se descartan como candidatos a la nueva Corte.

Algunos interpretan, equivocadamente, tal decisión como una renuncia de los susodichos. No hay tal. Renunciar lo que se llama renunciar (jugoso haber de retiro incluido), lo hizo Arturo Zaldívar.

Los actuales ministros no renunciaron. Toman el boleto de salida que les deja la nueva ley, y lo hacen en medio de un galimatías político-jurídico.

Porque si una de estas ministras(os) hubiera renunciado antes de que el 15 de septiembre se promulgara la nueva ley, ese asiento habría sido llenado con alguien incondicional a Palacio. Y, ahí sí, se entregaba de inmediato el control total del PJ al morenismo.

Hay que ponderar, entonces, que independientemente de cálculos personales, todas las personas que declinan la elección como vía para permanecer, se quedaron en medio de una creciente tensión y a sabiendas de que la justicia cambiaría dramáticamente.

Ahora anuncian que se quedarán hasta el 31 de agosto. Será, está regalado predecirlo, una nueva agonía para esos impartidores de justicia. Y lo mismo aplica para los 400 jueces y magistrados que han informado su decisión de no ir a las urnas para retener su puesto.

Si el martes la mayoría morenista jugueteó con no aceptar las renuncias de impartidores de justicia, como amenaza para cancelarles su haber de retiro, ¿qué se puede esperar que hagan con ellos en los siguientes 10 meses, plazo en que serán sustituidos?

Ese amago por parte de ensoberbecidos legisladores morenistas es una marrullería típica del morenismo, empeñado hoy en homenajear con sus atrabiliarias decisiones lo peor del PRI del siglo XX. Y es un anuncio de lo que están dispuestos a intentar no en el futuro, sino ya.

Que las cosas sean llamadas por su nombre. Las y los ministros no renunciaron. Tampoco esos jueces y magistrados que no se ven en las campañas. Porque solo puede renunciar quien tiene opciones. Y al Poder Judicial no se le dio la de competir en buena lid.

Suponer que particularmente cada una y uno de esos 8 integrantes de la actual Corte tiene una oportunidad, así sea remota, de ganarle una elección a quien ponga Morena es infantiloide, un insulto a la inteligencia y a la democracia.

Humillación segura es lo que les esperaría: un epitafio histórico que el oficialismo buscaría cincelar a fin de confirmar que el "pueblo" los juzgó ahora a ellos y que la sentencia es la vergüenza de una goliza electoral.

Y mientras llega la elección, todos los días serán para esos que se van, igual en 2025 o en 2027, un calvario: Morena los acechará para que fallen a favor de lo que el régimen quiera.

Que nadie se confunda: las consecuencias de ese acoso no las sufrirá solo el PJ; sino que, como bien advirtió esta semana el ministro Javier Laynez en entrevista radiofónica, impactará en los derechos de toda la sociedad. Y aunque no "se note", ese caos ya inició.

PS

Chistoso: en la era del "es tiempo de mujeres" no falta quien diga que todo esto no hubiera sucedido si la ministra Piña se hubiera puesto de pie en Querétaro el 5 de febrero de 2023. Es decir, justifican que el orgullo de un macho herido nos cueste todito el Poder Judicial. Guau.

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Sheinbaum está viendo crecer en el seno de los juzgados la resistencia a la elección de impartidores de justicia, y por ello va contra la jueza de Coatzacoalcos Nancy Juárez.

Ni la presidenta ni el congreso escuchan.

Sheinbaum responde desproporcionadamente a la resolución judicial, porque cree que mostraría debilidad si tolera, tan pronto y en un tema crucial para su movimiento, cualquier obstáculo.

No concede espacio al equilibrio de poderes, a la libertad judicial, a la crítica en la opinión pública.

Es un mensaje hacia la Suprema Corte: lo mismo hará con todas y cada una de las resoluciones sobre la reforma judicial que el máximo tribunal tome.

Jaque mate anticipado. ¿Quién va a hacerle cumplir a Morena sus desacatos? ¿La FGR?

En Morena, más que para ejercer el poder, están formados para la toma del poder. Y en medio del asalto con el que se harán del Judicial, no hay jueza ni amparo ni ley que valga.

Sólo importa la causa. Y ni una ni mil jueces, hasta ahora, los detendrán.

No se necesita ser abogado constitucionalista para entender que el Poder Legislativo no es un poder supremo a cuyos designios debamos someternos todos sin chistar.

Para darnos cuenta de que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas basta analizar unos hipotéticos ejemplos. Imaginemos que a la mayoría calificada del Poder Legislativo (mayoría que hoy, además es artificial) se le ocurre modificar la Constitución para limitar o eliminar derechos hasta hoy garantizados en ella, como el de la libertad de expresión, el de la propiedad privada, el de la libertad de creencia... o cualquier otro disparate. Si estas modificaciones no se pudieran impugnar, si los ciudadanos no podemos apelar a ningún tribunal, o reclamar derecho alguno, la Constitución del país sería un papel sin valor, un juguete sujeto al capricho de un poder, de un partido o de un presidente.

Ahora que con artimañas y contubernios la 4T se hizo de la mayoría calificada, lo que quieren es hacer del Poder Legislativo un superpoder por encima de los demás poderes y de la misma Constitución, con un solo objetivo: mantenerse impunemente en el poder. La reforma judicial, la desaparición del INAI y de los organismos autónomos, son solo las primeras muestras.

Y todo con un disfraz democrático. Pero no porque realmente sean demócratas, sino porque la democracia, aunque sea falsa, dota a los gobiernos de una aparente legitimidad.

Así lo describe Kenneth Roth en un artículo de Human Rights Watch: "Hoy en el mundo la democracia es tan aclamada y a la vez tan vulnerada, tan promovida y a la vez tan incumplida, tan importante y a la vez tan decepcionante. Hasta los dictadores manifiestos aspiran al estatus que confiere el sello de la democracia (...). La triste nueva realidad es lo fácil que es para los autócratas de hoy montarse en una fachada democrática sin temor a las consecuencias".

Me entristece y preocupa decirlo, pero por más que el oficialismo hable de democracia y de que el pueblo manda, los hechos dicen otra cosa.

En tiempos del "izquierdista" Echeverría contaban que, cuando su chofer llegó a la bifurcación de un camino le preguntó si se iba a la izquierda o a la derecha, y el presidente le dijo: "Pon la luz direccional a la izquierda y dale a la derecha".

Hoy con la 4T, las indicaciones son al revés: ponen las direccionales a la derecha y le dan a la izquierda.

La promesa de la independencia judicial en México después del periodo autoritario priista ha tenido varios momentos cuestionables o hasta escandalosos, su fortalecimiento visto como un proceso de reformas constitucionales, homologación con estándares internacionales del Derecho, un servicio profesional de carrera y la adopción de nuevos paradigmas o perspectivas ha quedado a deber, es cierto; aun así, teniendo claro que el Poder Judicial tiene grandes deudas con nuestro país, lo que acontece considero es algo inédito en la historia nacional, ya que significa no un cambio, sino una transgresión al marco de derechos garantizado a los mexicanos.

Mientras las elecciones de jueces y magistrados están en movimiento, las tribunas morenistas no paran de anticipar los beneficios de un supuesto renovado Poder Judicial que responderá a los intereses del pueblo sabio y las tómbolas no paran de girar, se ha puesto en evidencia el abuso de poder ya en acción, que busca evitar que el mismo pueblo, ese que el poder afirma primero que es sabio y al que dice le responde, pueda reclamar la afectación de un derecho por alguna acción pública y que este recurso jurídico se consume en los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afectando las decisiones que unilateralmente ha comenzado a tomar. Un ejemplo claro del proceso que se busca limitar es el que dirige la jueza Nancy Juárez, quien ordenó a la Presidencia hace unos días, bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, como consecuencia inmediata al conceder una suspensión a favor de un recurso jurídico que impugnaba el proceso legislativo. La presidenta, Claudia Sheinbaum y las bancadas en el Congreso de la Unión que la respaldan, como herederos del estilo de la 4a.Transformación, han tomado la resolución como algo personal y han puesto a la jueza en el escrutinio público de las conferencias mañaneras y no como un acto jurídico al que se debe dar respuesta por las vías institucionales y procedimentales que nuestro sistema judicial contempla para ello.

Ante la vulnerabilidad identificada para el cumplimiento de sus objetivos, lejos de asumir una estrategia de diálogo, argumentativa y jurídico institucional, el Movimiento Regeneración Nacional ha propuesto una nueva reforma, que busca claramente evitar que les pase de nuevo que alguien se atreva a suspender lo que han aprobado, quitándole al Poder Judicial la facultad de interferir en el proceso legislativo o de afectar un cambio constitucional a través de responder a recursos como amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad. Este es de forma evidente la configuración de un candado que será duro de romper y que busca proteger las decisiones del oficialismo pasando por encima de los derechos de la ciudadanía.

En un momento como en el que vivimos en nuestro país, de alta concentración del poder político, es cuando más se necesita la supervisión de las decisiones públicas para evitar atropellos y excesos, en contrasentido, lo que vemos es un gobierno que dice respetar y defender el sentir del pueblo y le arrebata el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales, el de defenderse del poder en ejercicio.

La iniciativa elimina los mecanismos de revisión constitucionales e incluye modificaciones al artículo 1o. respecto al control de convencionalidad con la intención de confundir a los críticos y lograr el debilitamiento del Estado de Derecho. Con la aprobación de está propuesta, la validez o afectación a nuestra carta magna quedará expuesta al vaivén de las votaciones en el Congreso de la Unión. En muchos análisis jurídicos y politológicos, esta reforma puede leerse como una acción que busca difuminar al Poder Judicial como contrapeso y que puede estar sentando las bases con ello de un modelo de gobierno autoritario, una mala noticia para nuestra democracia, que también lo sería, sin duda, para nuestra economía.

La presidenta busca al parecer, enviar el mensaje de que no se va a dejar intimidar por el Poder Judicial, con la certeza de que la idea de un desacato está tan lejana como su desafuero, pero valdría la pena que reconsiderara si ésta es la coyuntura para mostrar ese tipo de fuerza. Enviar señales de una regresión autoritaria la aleja del discurso de mesura que ha buscado enviar a los inversionistas, reformar a las instituciones judiciales con el objetivo de que no puedan afectar las decisiones que toma quien está en el ejercicio público, es una acción que no tiene cabida en un gobierno demócrata.

Lamentablemente se puede anticipar, con esta experiencia, que el partido mayoritario seguirá enviando iniciativas y modificaciones a modo, para fortalecerse y resguardar sus decisiones, objetivo nada complejo si consideramos que junto con sus partidos aliados, tienen mayoría en 27 de los 31 congresos locales, además de la aplanadora ya configurada en el Congreso de la Unión.

No se discute que el poder que tiene Morena es legítimo, sin embargo, ello no significa que tenga la capacidad de transgredir nuestros derechos ganados o ejercidos apenas en los últimos casi 30 años desde que inició el proceso democratizador en México. Cuando a una sociedad se le retiran los recursos para defenderse de los abusos que puede traer la instrumentación de las decisiones que toma un partido político en el poder, se le aprisiona, se le coarta el ejercicio de su libertad, se trastoca su condición de gobernante en una sociedad democrática, porque dicho por ellos mismos, el poder en nuestra democracia está en el pueblo y es éste el que debe decir la última palabra, para eso son los recursos judiciales que hoy Morena busca eliminar. Un gobierno debe decidir y legislar pero no arbitrariamente, debe estar abierto a la réplica, ya que su condición de representante alude a la posesión temporal de un poder que le ha conferido el pueblo, el mismo que así como se lo otorgó, puede quitárselo.

El gobierno mexicano está a punto de entrar en colisión con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y corre el riesgo de ser sancionado. En efecto, una vez que se apruebe el decreto, el poder legislativo podría encontrarse en una situación de desacato de lo postulado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ser así, entraríamos a una nueva etapa de la relación de México con estas instituciones.

El desafío al derecho internacional por parte del oficialismo es ahora palmario, quizás como nunca antes. Se está jugando con fuego. El régimen que nos gobierna está arriesgando que México se convierta en un estado paria. Es cierto que el populismo autoritario del siglo XXI recientemente ha arribado al poder en muchas zonas del orbe; no obstante, el régimen liberal internacional de solución de controversias y el sistema internacional de derechos humanos continúan siendo hegemónicos en todo el mundo. Salirse de este consenso sería muy riesgoso. Hay que decirlo claro: en ningún momento la sociedad mexicana ha consentido abandonar nuestra adhesión al sistema internacional de derechos humanos. En este sentido, se puede considerar que hoy existe la intención por parte de una minoría ruidosa de usurpar la decisión ciudadana sobre este aspecto.

Quizás ha llegado la hora de que los amigos de la democracia liberal en nuestro país inicien una verdadera cruzada para, no solo hacer saber a los representantes de las naciones en el Hemisferio Occidental las intenciones del actual régimen gobernante en México, sino para establecer el equivalente a un lobby bien organizado y permanente en Washington, D.C. Ya es hora de ser fuertes.

A raíz de la expropiación bancaria, López Portillo se percató que era inconstitucional, y promovio un cambio inmediato a la Constitución y el amparo de los banqueros fue desechado por la Suprema Corte casi un año más tarde.

Ahora, el renovado desacato de Sheinbaum nos coloca de nuevo en aquellos tiempos.

De la misma forma que López Portillo en su momento, Sheinbaum recurre a su misma estrategia: ordena cambiar la Constitución.

Para ello, Morena acaba de introducir una iniciativa que propone que contra las reformas y adiciones a la Constitución, no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso.

Los mensajes que manda la presidenta Sheinbaum son ominosos. No acata las leyes que no le gustan, y si las leyes que ella hace resultan inconstitucionales, pues cambia la Constitución.¿Quién le va a creer a la presidenta cuando dice que respeta el Estado de derecho? ¿Qué empresarios van a querer invertir en México si se pueden cambiar las leyes, incluso la Constitución, ante cualquier cambio de humor de la presidenta? ¿Quién va a sentirse obligado moralmente a cumplir las leyes si la presidenta es la primera que las viola?

Esta es una jungla donde la ley del más fuerte será la que prevalezca.

¡Buenas noticias para aquellos que tienen deudas vehiculares y multas viales! La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco publicó en el Periódico Oficial del Estado que durante estas últimas semanas de octubre y noviembre darán descuentos considerables.

El descuento será de hasta el 50% en multas de tránsito y recargos de multas por adeudos vehiculares, tales como refrendo y hologramas.

De acuerdo con la información publicada en el Periódico Oficial del Estado, se podrá solicitar un descuento de hasta el 50% en todas las multas de movilidad estatal e infracciones en materia de movilidad, tránsito y transporte, excepto aquellas que se impongan por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas, y por invadir carriles exclusivos de transporte público.

En cuento a temas fiscales, se otorgará un descuento de hasta el 50% en multas y recargos generados por la omisión de pago de refrendo y holograma para automóviles, camiones, tractores, camionetas, motocicletas, etc., para el servicio particular y público.

Este 50% de descuento en multas y recargos fiscales se aplicará para aquellos que realicen los pagos directamente en las oficinas recaudadoras del Estado de Jalisco. No obstante, si el pago se realiza a través de medios electrónicos y las páginas oficiales del Gobierno de Jalisco, el descuento aplicado será del 70%.

Los descuentos están disponibles desde ayer, miércoles 23 de octubre, hasta el próximo 30 de noviembre del 2024. Es importante mencionar que no habrá ninguna clase de saldo a favor, devolución o compensación.

[Y si no quieren pagar, pues que se esperen para la siguiente ronda - el webmaster.]

Ninguna gracia le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum que durante un foro en la Escuela de Derecho de Harvard -que ocupa el 1er. lugar en el ranking de facultades de Derecho en Estados Unidos-, estallaran en risas cuando el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena habló de los requisitos para aspirar a ocupar una de las sillas en el máximo tribunal constitucional. "Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas", exclamó molesta Sheinbaum. "El pueblo de México tomó una decisión", agregó, para recordar que el mandato en las urnas le dio la posibilidad a su partido para que la decisión de qué es legal, quién se muere en la cárcel o quién salga libre pese a ser culpable, lo tomen quienes iniciaron su carrera a la Suprema Corte con un promedio de 9 en la escuela, un ensayo y 5 cartas de recomendación de, por ejemplo, sus vecinos.

Arrebatada, demandó que la Escuela de Derecho de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción del Poder Judicial mexicano, aunque quienes se burlaron de los requisitos fueran alumnos no la institución. Pero no le importó, como tampoco para seguir con la mentira de que la elección de jueces por el voto popular existe en Estados Unidos, cuando en realidad ningún juez o magistrado federal es selecto por ese mecanismo, y menos aún por un ministro de la Corte. Sheinbaum lo sabe, pero quiere desviar la atención, evadir las críticas... y las mofas. Las risas probablemente habrían sido más sonoras, si Gutiérrez Ortiz Mena les hubiera contado el proceso mediante el cual se despedirá a cientos de juzgadores. Describir el uso de una tómbola para algo tan serio, como el futuro de la nación, debe ser mucho más complejo de explicar.

La indignación de Sheinbaum contra el pitorreo por la explicación del ministro durante una plática el 14 de octubre en el Wasserstein Hall, es parte de la confrontación que tiene el ejecutivo contra el Poder Judicial, porque la jueza Nancy Juárez Salas le ordenó a la presidenta eliminar la promulgación de la ley que reforma el Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Fue una suspensión definitiva, porque el 1er. freno que emitió, el 12 de septiembre, lo ignoró López Obrador.

Sheinbaum se negó el viernes a acatar el mandato de la jueza, lo que en la práctica significa un desacato. Esta acción, viniendo de la jefa del Estado Mexicano, fue ampliamente criticada al sentar un pésimo ejemplo. Si ella se niega a cumplir una orden judicial, ¿qué impide que nos neguemos a pagar impuestos? La presidenta argumentó ayer que el juicio de amparo que otorgó la jueza es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución. Este alegato abriría una discusión de interpretación jurídica interesante, salvo que existen precedentes de que la jueza sí está dentro de sus facultades, por lo cual sí cometió desacato.

Hay 2 precedentes relevantes que lo explican:

1.- En 2014, Ernestina Godoy, que actualmente es su consejera jurídica; Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado; y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, promovieron un amparo contra la aprobación, publicación y entrada en vigor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, y pedían revisar el proceso.

2.- Arturo Zaldívar, como ministro de la Corte y actualmente miembro del staff presidencial, tuvo una intervención donde afirmaba que las mayorías legislativas tenían límites y la Corte la facultad y la obligación de ponerle freno a una reforma constitucional, utilizando una figura retórica como ejemplo: "(Si) el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud... ¿éste tribunal no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que... no solo tenemos atribuciones (sino) la obligación de interpretar la Constitución armónicamente".

Pero el argumento más contundente de que la jueza está bien y la presidenta mal, es una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte del 19 de septiembre de 2012, donde el ministro era Zaldívar y su secretario Javier Mijangos y González, donde afirman que ese tribunal, como garante de la Constitución, puede hacer uso de lo que se ha denominado "la competencia de la competencia", que significa la facultad para determinar por sí misma los límites que circunscriben sus funciones y, en general su competencia.

Sheinbaum no está reaccionando bien. Ayer declaró que está en marcha "una nueva campaña" que busca insistir en que no existe en México el Estado de Derecho, mientras que la aplanadora de Morena intentó una especie de golpe técnico contra la Suprema Corte. Mediante una enmienda constitucional, cuyo borrador está firmada por los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como por los presidentes de ambas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, pretenden cancelarle a la Corte sus atribuciones para que no pueda tocar la reforma judicial ni los amparos. Esta iniciativa, que también afecta a millones de mexicanos, es exactamente lo que contrario a lo que denuncia Sheinbaum; están apuntalando un país sin certidumbre ni garantías jurídicas.

Los mensajes que está enviando son ominosos y contradictorios. Apenas hace unos días, ante decenas de empresarios, dijo que no tenían de que preocuparse, porque la certidumbre jurídica estaba garantizada. Sheinbaum no está teniendo una asesoría jurídica adecuada, sustentada en la política y la ideología. Quienes la asesoran en materia de la reforma judicial en Palacio Nacional son Godoy y Zaldívar. Monreal es un constitucionalista. Godoy, Zaldívar y López, decían lo opuesto cuando no estaban en el poder. La aritmética política de estas posiciones es que la ley es legítima cuando los beneficia, y cuando no va de acuerdo a los intereses coyunturales del régimen, es ilegítima.

Sheinbaum cree en lo que le dicen y se está equivocando. No se da cuenta, en la pecera de Palacio, que la están llevando a cometer una ilegalidad y una traición a la Patria, y que solo ella terminará pagando los costos de sus extralimitaciones.

Este lunes dio un paso más. Como nunca desde 2018, en una mañanera se exhibieron los nombres de impartidores de justicia para utilizarlos como ejemplo de, así titularon esa sección de la conferencia, "excesos en el Poder Judicial".

La exposición, a cargo de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, fue un catálogo de reproches al PJ; desde tardanza en dictaminar culpabilidad o inocencia de presos federales, hasta sus exorbitantes salarios.

De colofón, un listado de "jueces que beneficiaron a delincuentes". Tal cual, sin mayor prueba ni contexto de cada resolución mencionada; sin incluir argumentación del juzgador en cuestión. Versión unilateral que asume pura virtud de la parte acusadora, y total corrupción del juez.

En los martes de cero impunidad (es un decir) del sexenio pasado se balconeaba a impartidores por fallos que disgustaban a Palacio; mas la exposición de este lunes no tiene precedente en volumen y riesgos; anula de paso la esperanza de comicios parejos el 1 de junio.

Ayer desfilaron por la barandilla mediática de Palacio los siguientes impartidores de justicia: juez Crescencio Contreras Martínez, juez Juan José Fernando García Quiroz, juez Conrado Alcalá Romo, jueza Angélica Sánchez Hernández, juez Rogelio León Díaz Villarreal, jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo (sic), magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, jueza Adriana Yolanda Vega, juez Juan Fernando Alvarado López, magistrados Michele Franco, José Manuel Torres Ángel y Juan Carlos Ramírez Benítez, juez Julio Veredín Sena Velázquez, juez Marco Antonio Beltrán Moreno, magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, jueza María Isabel Bernal Hernández, y, de remate, Nancy Juárez, jueza que ordenó eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Salvo la jueza Juárez, a todos los anteriores les fueron achacadas liberaciones o facilidades a narcotraficantes, mimos a exgobernadores presos por enriquecimiento y corrupción, y laxitud en juicios a personajes acusados del caso Ayotzinapa.

El riesgo gigante de esta movida presidencial es que cimenta una advertencia clara: lo que diga el ministerio público federal, con quien tengo buenas migas, es la verdad jurídica, no hay de otra y lo contrario será exhibido antes que acatado, denunciado y nunca respetado.

Esa visión abre un abismo en el Estado de Derecho. De aquí a junio qué impartidor resolverá estrictamente apegado a la ley, sin calcular riesgos de que le reclamen, vía inapelable descontón mañanero, deficiencias que en realidad son del expediente ministerial. ¿Algun@?

En ese ambiente, ¿qué será de la presunción de inocencia? Buena pregunta para la mañanera.

Es preciso señalar que se ha hecho mal en no impedir a los actuales impartidores el participar en las elecciones en donde tendrían que hacer un milagro para simplemente permanecer, vía voto popular, en su sitio actual.

Hubiera sido más honesto cancelarles ese derecho en la ley que simular que se les garantiza. Porque comenzando con los ayer exhibidos en Palacio, quién dice que en las campañas todos los actuales impartidores no serán tachados, per se, de corruptos.

La presidenta parece decidida a meterse en la elección de jueces. Ella que tiene más medios que nadie para hablarle al "pueblo" ya publicó este lunes una primera lista negra de jueces, cuyos integrantes tienen desde esta semana el estigma de Morena.

Aunque Sheinbaum invitó ayer a los jueces a postularse para "que le digan a la ciudadanía qué han hecho", la presidenta misma advierte que "ahora, claro, si tienen un historial difícil de presumir, va a estar difícil que los elija el pueblo".

El tema es que la titular del ejecutivo se arrogó la facultad de exhibir sin contexto ni garantizar réplica a 18 impartidores (más los que se acumulen de aquí a junio). ¿Piso parejo en esas elecciones? Así, imposible.

La creación de una secretaría de estado que concentre los esfuerzos para la búsqueda de personas y la identificación de restos humanos en el Servicio Médico Forense es sin duda la mejor noticia que ha generado el gobierno en ciernes, encabezado por Pablo Lemus. Si como sociedad no somos capaces de atender este problema, lo demás es lo de menos.

Ante el desdén y la franca irresponsabilidad que mostró el gobierno de Enrique Alfaro frente a la tragedia de miles de familias jaliscienses que sufren la desaparición de familiares, penosamente en sintonía en este tema con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que creó una política de estado para desaparecer a los desaparecidos (no hay que olvidar que fue el hoy operador político de la mayoría de Morena en el Senado, Adán Augusto López, el autor de esa bajeza), el cambio en el discurso es ya un gran avance.

Buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado. Hay que buscar a aquellos que tristemente yacen en fosas clandestinas, y hay que buscar también a los que están vivos: jóvenes, mujeres y hombres, que son llevados contra su voluntad o con complicidad (eso es un tema menor) para ser esclavizados en trabajos ilegales, sea en la prostitución, la elaboración de drogas, como sicarios o simple carne de cañón de los ejércitos del narco. Muchos de ellos que hoy están vivos terminarán, tristemente, en alguna fosa clandestina si el Estado no hace nada para buscarlos y rescatarlos.

Acabar con el fenómeno de la desaparición en México implica mucho más que una estrategia de búsqueda. Tomarse en serio la búsqueda, asumir que el Estado es el responsable de encontrar a los ciudadanos en situación de desaparición, es un gran logro. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Como sociedad, hay que enfrentar las causas de la desaparición, saber por qué desaparecen y combatir de raíz la posibilidad de que un grupo de poder, sea político, delincuencial o una mezcla de ambos, tenga la capacidad y la impunidad para desaparecer personas en un territorio específico. Dicho de otra manera, si no enfrentamos el fenómeno de control territorial por parte de las bandas del crimen organizado, si en un barrio, un municipio o regiones completas de Jalisco hay alguien que ilegítimamente controla y ejerce la violencia, no vamos a terminar con el problema.

Y sí, es cierto, el Gobierno de Jalisco no puede solo, necesita a la federación y, en el esquema militarizado actual, de las fuerzas armadas, pero quien debe conducir el discurso y la coordinación para recuperar el territorio de Jalisco es el gobernador. Es a él a quien le toca velar por el territorio y convocar a todas las agencias del Estado mexicano y a la sociedad jalisciense para construir una paz verdadera y no una pax narca como la que deja el gobierno saliente.

La paz que queremos no es aquella donde se encuentra a quienes desaparecen, sino una paz en que nadie tiene miedo a desaparecer.

El diálogo que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum con 240 de los líderes de empresas de México y Estados Unidos levantó altas expectativas en busca de luces que mostraran para dónde caminará en materia de inversiones privadas. Es lo mismo que trata de averiguar el gobierno de Joe Biden. Katherine Tai, la jefa de negociaciones comerciales de la Casa Blanca, le dijo a Bloomberg que la reforma judicial había generado preocupaciones por el impacto que podría tener en la relación con su principal socio y necesitaban saber el alcance de la cooperación con la nueva lideresa mexicana.

Como la ven el gobierno y los inversionistas estadounidenses -y muchos más en el mundo-, la reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador amenaza el Estado de Derecho, que se combina con la ansiedad que genera que Morena sea un partido que no tiene contrapesos y puede hacer prácticamente todo lo que desee con la Constitución, las leyes y el destino del país. El discurso dogmático y ultranacionalista de muchos legisladores morenos, no se ha quedado en San Lázaro. Lo ha abrazado Sheinbaum, que desde su óptica expuso a los empresarios las bondades de la reforma y de otras iniciativas en curso, que centralizarán la toma de decisiones en ella -la presidenta lo niega-, y sin contrapesos.

La reforma judicial, anticipó en su conferencia matutina, fortalece el Estado de Derecho y las inversiones estarán seguras. La reforma energética tampoco impedirá la llegada de capital extranjero, agregó. La visión en Estados Unidos es la opuesta, al considerar que es una erosión de la democracia y una neutralización de los contrapesos que afectará las relaciones comerciales entre los 2 países. Los temores tienen como pesadilla lo que hizo López Obrador con la mina Calica de la empresa estadounidense Vulcan, que prácticamente la expropió, sin posibilidades legales para que se defendiera, y la restauración del monopolio para Pemex y la CFE en el sector energético.

35,000 millones de dólares en proyectos de inversión se congelaron ante la incertidumbre, y no han podido recuperarse. Tras el encuentro con los empresarios se anunciaron proyectos de inversión por 20,000 millones de dólares -15,000 millones menos que lo prometido hace un mes-, y que como aquellos, son promesas. Varias empresas empezaron a mudarse a Estados Unidos para salirse definitivamente de México por no ver una viabilidad real a largo plazo. El peso se depreció frente al dólar ayer, al caer de 19.42 pesos por unidad el lunes, a 19.71 el martes. En el mercado de futuros, de acuerdo con Trading Economics, al finalizar este trimestre la cotización está prevista en 20.11 pesos por dólar.

Sheinbaum ha minimizado las críticas, pese a que las señales no son promisorias. Ayer mismo, el Fondo Monetario Internacional advirtió "efectos imprevistos" en la economía por las reformas, que podrían afectar la producción, al anunciar un ajuste a la baja en la tasa de crecimiento de México para este año, de 2.2% a 1.5%, que coincide con las estimaciones de todos los organismos internacionales y bancos. El discurso de la presidenta no incluye una reflexión sobre el estado de la economía, y mantiene la misma línea discursiva de su antecesor, reforzando el carácter ideológico y nacionalista del proyecto de la 4a.transformación.

Esta narrativa ortodoxa le permitió a López Obrador jugar con Estados Unidos, su principal socio comercial, porque había valores entendidos de que el discurso no alteraba el libre mercado que impulsaba el acuerdo comercial norteamericano. En la actualidad, Sheinbaum mantiene esa misma racional, aparentemente sin darse cuenta de que el entorno se ha modificado, como está perfectamente claro al escuchar a Kamala Harris y a Donald Trump en sus discursos de la campaña presidencial, que muestran que, por 1a. vez, los programas de demócratas y republicanos coinciden en el nacionalismo y en el proteccionismo.

Las reformas constitucionales de los últimos 45 días y el discurso lineal de Sheinbaum no ayudan a la generación de incentivos para que las inversiones vean a México como su principal plataforma de exportación para Estados Unidos, por lo que debería ampliar su visión estratégica, y evitar errores irreversibles.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024 del Inegi, dado a conocer la semana pasada, confirmó lo que ya dejaba entrever la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023), este mismo mes, sobre la descomunal crisis que en su funcionamiento padece la Fiscalía de Jalisco, y que sin duda, es también una de las causas de la grave crisis de inseguridad y violencia que sufre la población en la entidad, como les sucedió, ooootra vez, a los habitantes de la zona Altos Norte el pasado fin de semana.

En la ENVIPE 2023 se reveló que los jaliscienses cada día confían menos en esta institución, y prueba de ello es que del universo total de los delitos que se cometieron en Jalisco en el 2023, a sólo 8.4% se les abrió una carpeta de investigación, mientras que en el 2022 el panorama era un poco menos peor, ya que se abrieron expedientes en el 10.5% de los casos. Las víctimas de algún delito no acuden con el Ministerio Público porque 35.7% de los encuestados señala que es una "pérdida de tiempo", y 11.3% consideró que los "trámites" son "largos y difíciles".

Pero la dimensión de la incompetencia de la Fiscalía estatal se aprecia en toda su magnitud cuando se cruzan estos datos con los del estudio más reciente del Inegi, que revela que pese al reducido porcentaje de denuncias que hace la población, es la Fiscalía con mayor rezago en el país. Nada que ver con la Fiscalía de Sonora, que es la de menor rezago con 1,796 casos pendientes.

En el 2023 la de Jalisco, que dirige Luis Joaquín Méndez Ruiz, cerró con más de medio millón (526,685) carpetas de investigación abiertas tan sólo en materia penal, lo que representa casi el 20% del rezago nacional de 2'645,284 investigaciones si se suman los expedientes de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía de Baja California es la que más se acerca al desastre de la de Jalisco con una muy lejana cifra de rezago de 279,236 carpetas.

El año pasado, por ejemplo, en la Fiscalía del Estado se abrieron 137,175 carpetas de investigación, averiguaciones previas o investigaciones en materia penal, de estas, sólo 7,548 se concluyeron, lo que representa apenas el 5.5% de ellas; y tan sólo en el 2023 el rezago aumentó 129,627 casos.

Pero el colapso de la Fiscalía estatal no termina ahí. También es la 2a. Fiscalía estatal con mayor número de mandamientos judiciales sin cumplimentar, con 28,325 órdenes judiciales.

Habrá que ver si las nuevas autoridades llaman a rendir cuentas a los que les dejan este tiradero impune y qué hacen para que la Fiscalía abata ese rezago de escándalo que implica, entre muchas otras cosas, necesariamente aumentar los 2,705.9 millones de pesos de presupuesto anual, que la ubican en ese rubro en el 6o. lugar.

Por lo pronto, ayer se aprobó en fast-track en el Congreso de Jalisco la propuesta de Pablo Lemus para la creación una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, para hacer frente a este que es el mayor lastre de inseguridad que dejará el gobernador saliente Enrique Alfaro, junto con una Fiscalía inoperante. Habrá que ver si ayuda a corregir todas las omisiones en que incurrió esta dependencia que deja el mayor rezago de su historia.

La imposición e improvisación legislativa vista hasta ahora para imponer a como dé lugar esta reforma [judicial] por parte de Morena y aliados, despiertan cada vez más la certeza de que lejos de querer hacer una auténtica limpia del Poder Judicial, lo único que persiguen es capturar a las instituciones judiciales y subordinarlas al Poder Ejecutivo y Legislativo que controla el oficialismo.

Dicen que quieren reformar el Poder Judicial para limpiarlo de corrupción. Pero para conseguir los votos en el congreso, extorsionaron a 2 senadores. Despidieron a 1,560 magistrados y jueces en una tómbola en la que se les cayeron las pelotitas y privó el ánimo de chacoteo: el presidente del Senado, en funciones de "niño gritón", se dijo listo para la Lotería Nacional. Está programado que el INE organice un debate entre las ¡92 personas! que aspirarían a ser ministros de la Suprema Corte y está planteado que la boleta electoral tenga los 92 nombres de los cuales el votante tiene que elegir y transcribir 5.

Está claro. La Reforma Judicial de la dupla AMLO-Sheinbaum tiene una pizca de mafia, otra de chunga, una más de desorganización, otra de caos y una última de exclusión.

En el fondo, el objetivo está muy claro: es un proceso diseñado para que la ciudadanía no participe y la maquinaria electoral de Morena -en el Congreso y en las calles- termine definiendo quiénes son los ministros, quiénes son los magistrados y quiénes son los jueces.

Con el argumento de abrirle las puertas a la democracia, se las están cerrando. El régimen no se está tomando en serio el ejercicio. Porque todos saben que es un laberinto para el que sólo ellos tienen el mapa. Basta ver los gestos de mofa de los legisladores del oficialismo, la chunga permanente en la que convirtieron la importantísima sesión del fin de semana, para descubrir que ellos saben de qué se trata, y lo que toca ahora es hacer la simulación, la pantomima, cumplir con la recta final de un engaño del que son parte porque resultarán ampliamente beneficiados. Por eso se mueren de la risa y ufanan de que Monreal va a tener 300 jueces, Adán Augusto más de 100 (además de los que ya había metido desde Gobernación) y Scherer ya está armando otro grupo.

Pero cargarán también con el estigma. De esta no se salva la doctora Sheinbaum en el juicio de la Historia. El 1er. párrafo de su página en la Historia lo está escribiendo con una tómbola a la que se le caen las pelotitas, un presidente del Senado que juguetea con su papel, unas leyes imposibles de cumplir y un régimen que a ojos de todo el mundo democrático está dando pasos hacia el autoritarismo.

La insaculación de 711 cargos de jueces y magistrados realizada el sábado en el Senado de la República como parte de la polémica reforma judicial, representa un claro retroceso en el equilibrio de poderes y un ejemplo de improvisación legislativa. La falta de consenso y la ausencia de transparencia en este proceso han generado fuertes críticas, tanto de la oposición política como de analistas y juristas, quienes lo consideran un ataque directo a la independencia del Poder Judicial.

Este sorteo, que define qué cargos se someterán a elección popular en 2025, ha sido duramente cuestionado por su falta de respeto a las disposiciones constitucionales y la manipulación de los mecanismos de selección. El PAN y Movimiento Ciudadano de plano decidieron no asistir al proceso, denunciando que no se siguieron los cauces legales adecuados, y acusaron a Morena de utilizar la reforma como una herramienta para controlar el sistema judicial, vulnerando su independencia y autonomía.

Uno de los puntos más controvertidos es que la insaculación, un método que en apariencia busca la transparencia, se realizó bajo una sombra de dudas y modificaciones ad hoc que alteraron el proceso sobre la marcha a tal grado que tanto a los involucrados como a las 7 personas que siguieron su transmisión por el Canal del Congreso, les resultaba imposible no encontrar una gran similitud entre lo que estaban presenciando con lo que sucede cada que alguien trata de divertirse jugando un juego de mesa con su familia del que naturalmente nadie ha leído las reglas a pesar de tener toda la vida jugándolo, ante cualquier controversia se improvisa (naturalmente siempre en favor del afectado) y persiste la opinión del que exprese su argumento con mayor seguridad.

Un claro ejemplo de la falta de claridad y previsión que llevó a decisiones de último minuto, fue el cambio en los plazos de algunas juezas embarazadas o lactantes, poniendo en evidencia la absoluta falta de planificación y conocimiento de las propias leyes que impulsaron.

Las críticas no se limitan a los partidos de oposición; expertos y académicos señalan que esta reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema judicial, como la corrupción o la falta de acceso a la justicia, sino que se enfoca en cambios que pueden tener fines políticos. Al someter a jueces y magistrados a un proceso electoral, se corre el riesgo de que la justicia sea influenciada por agendas partidistas, lo que contraviene el principio básico de imparcialidad que debe regir en la administración de justicia.

A pesar de la insistencia de Morena y sus aliados en que este proceso democratizará al Poder Judicial, la manera en que se está implementando genera más sospechas que confianza. La creación de comités de evaluación conformados por los 3 poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y la reducción de candidatos mediante un 2o. sorteo, no parece garantizar que los mejores perfiles sean seleccionados. Más bien, abre la puerta a manipulaciones políticas que pongan en riesgo la esencia misma de la justicia, ni hablar del enorme interés que puedan tener grupos de poder que pueden ir desde firmas de abogados y empresarios hasta la delincuencia organizada.

En definitiva, lo ocurrido en el Senado con este sorteo de plazas judiciales es un síntoma de una reforma judicial que, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo somete a las dinámicas políticas del momento y ni siquiera los que las proponen entendieron las dimensiones de su implementación; la insaculación era la parte más sencilla de todo lo que implica dicha reforma y aun así se convirtió en un circo. Que Dios se apiade de los ciudadanos el día de la elección.

Las ominosas escenas del sorteo sabatino donde el Senado destruye al Poder Judicial son lamentables por lo explícito -echan a la calle a la mitad de jueces y magistrados- y muy preocupantes por lo implícito: abren la puerta al imperio de la ley del más fuerte.

Quien no sienta repulsivo el ejercicio de la tómbola donde se machaca la carrera judicial de impartidores de justicia, que se haga revisar sus principios. No es demócrata quien sin pruebas castiga, sin debido proceso sentencia, sin criterio aplica normas.

No caben 2 argumentos, a cuál más de falaces. Que hiciera falta una reforma al Poder Judicial no autoriza a proceder pisoteando derechos; que se haya votado por elegir a jueces, no implica legislar a tontas y locas para meternos en un pandemonio.

México tiene que hacerse cargo de que el Poder Judicial ha cesado en sus funciones. Simular que esto no ha pasado es ser cómplice de la macabra tómbola.

El aparato que administraba justicia en nuestro país se asemeja a una pirámide.

Las 32 estructuras estatales eran la base. Al ser las de mayor proximidad con ciertos poderes locales -legales o fácticos-, la captura de esos impartidores era más posible y frecuente.

En lugar de resolver los problemas de independencia de esos juzgadores, México reforzó los andamios jurídicos federales. Volvió aspiracional llevar casos a la justicia federal, en teoría menos capturable.

Decapitar la parte alta de la pirámide -la elección de 2025 incluye, desde luego, votar la integración de la Suprema Corte y del órgano "disciplinador" que sustituirá a la Judicatura- hará que toda la justicia colapse.

Aunque jueces y magistrados votaron antier por cesar el paro que tenían, tal decisión solo implica cierta resignación ante la carnicería que se les avecina. Nadie puede llamar normalidad judicial a lo que se vivirá de aquí a la elección de junio.

La incertidumbre e incluso la discordia se ha apoderado de todo el aparato judicial, desde los juzgados más modestos de los estados hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los choques públicos en ésta ya no son jurídicos, son politiqueros.

Los tribunales son un poco como los seguros. Es mejor tenerlos que usarlos. Lo segundo siempre es tortuoso, pero al menos hay una serie de considerandos a los que las partes se someten. El sábado se dio un paso gigante rumbo al infierno de no tener un seguro judicial.

Miles de reclamos de víctimas de abusos, fraudes, violencia, despojo y agresiones de todo tipo entraron a un hoyo negro desde el 5 de septiembre, cuando la mayoría morenista del Congreso de la Unión aprobó la reforma sin atender consejos o mejoras a la misma.

Y el sábado, esa misma mayoría cercenó la carrera de juezas y magistradas que serán removidas sin que se les pruebe corrupción o mala práctica. Cómo jode oír a legisladores oficialistas plurinominales invitando a esos impartidores a retener su puesto en una elección.

La parálisis en juzgados no es solo lo más lógico sino lo único sensato: si de aquí al 2027 no tiene garantías e inamovilidad salvo falta grave, un juez valorará factores más allá de estrictamente la ley. Se volverán presa fácil de intereses creados.

Esos que siempre tienen la pulsión de no someterse a la igualdad que exige la ley, ya saben que los jueces de hoy están condenados, y que los de mañana podrían deberles a ellos -que detentan algún poder económico, político, sindical o criminal- el puesto.

El gobierno que presume credenciales técnicas renunció a contener lo peor de esta reforma. Y en esa claudicación, abre la puerta al horror de vivir en un país donde toda justicia podrá ser torcida por los más fuertes de hoy, o los de mañana. México no será el imperio de la ley.

Variaciones a un tema ya clásico, luego del homicidio del director de Seguimiento de Procesos de la Fiscalía de Jalisco: ¿por qué asesinaron a Jaime Navarro Hernández? ¿Por qué no? Es terrible, pero los criminales que le quitaron la vida a él y a las 190 víctimas de homicidio doloso en julio y a las 154 en agosto y a las 142 en septiembre están ciertos de que si ¿desean? ¿necesitan? ¿les piden? ¿les urge? ¿se les antoja? ¿les conviene? matar a alguien, su duda -si acaso dudan- no tiene que ver con el temor a la consigna de las películas viejas: el que la hace la paga, sino con la pregunta coloquial que cualquiera se plantea ante la disyuntiva de hacer o no algo que no es rutinario: ¿Por qué no? Pregunta esta última que lleva implícita otra: ¿qué puede pasar?

Sumadas las cifras ya mencionadas de homicidio doloso de 3 meses, son 486 víctimas (de acuerdo con la Plataforma de Seguridad que Jalisco Cómo Vamos lleva junto con el IIEG, con información de la Fiscalía), adicionemos una de octubre, muy significativa: el funcionario de la Fiscalía, Jaime, Jimmy como le decían sus amigos y allegados, Navarro. De esas víctimas sabemos que llegaron a esa condición después de que los asesinos, salidos de quién sabe dónde, los ejecutaron y se dieron a la fuga, quién sabe por cual rumbo.

El juego de la sobrevivencia se llama sálvese quien pueda, pues los que matan, matan a quien sea y quizá antes de hacerlo se contentan con alzar los hombros, al tiempo que, sin esperar contestación, se dicen: ¿por qué no? O sea, ¿qué puede pasar?

Tenemos medianamente claro a dónde van a dar los cadáveres; también a dónde va a dar la sociedad: da tumbos desconcertada y así desgarra la trama que la naturaliza como sociedad, red de sentido comunitario, red de protección, red para edificar futuro; asimismo, sabemos a dónde va a dar la responsabilidad de las autoridades, ¿es necesario describir ese rincón tapizado de estadística? Pero, y los criminales y los sicarios y los que están detrás de ellos, ¿a dónde van a dar después de que sus actos engrosan la cuenta de difuntos? Como en las novelas policiacas, ¿se esconden un tiempo mientras las cosas se enfrían? Quizá su percepción es que, en términos policiacos, las cosas nunca se calientan -por la impunidad que calculan y usan como herramienta de trabajo-, si acaso han de intuir que se caldean mediáticamente y que ese calor, para los asesinos y los autores intelectuales, es una clase de reconocimiento a su pericia.

Reafirmemos, sabemos a dónde van a dar los cadáveres. Sabemos que la sensación de peligro crece cuando hay cadáveres por doquier. Sabemos a dónde va a dar la reacción de las autoridades cuando hay un cuerpo sin vida que apunta hacia ellas. Pero saber esto, ¿de qué sirve? ¿Hay alguien que sabiendo lo anterior se aliste para corregir, prevenir, solucionar, castigar, reparar los daños y garantizar que no siga sucediendo?

El INE fue durante mucho tiempo uno de los principales baluartes de la democracia. Se ganó la distinción a pulso.

En un país en que el gobierno organizaba las elecciones y el secretario de Gobernación era presidente de la Comisión Federal Electoral, para favorecer al partido del gobierno, el Instituto Federal Electoral, creado en 1990, y el posterior Instituto Nacional Electoral fueron la punta de lanza en la transición de la "dictadura perfecta" del PRI a la democracia con alternancia de partidos en el poder. La era, sin embargo, está terminando

Antes de las reformas electorales de 1990, 1993, 1994 y 1996, que crearon y dieron independencia al IFE, México nunca tuvo una alternancia pacífica de partidos en el gobierno. Cuando alguien llegaba al poder desde la oposición, lo hacía siempre por la fuerza de las armas.

El IFE y el INE lograron un cambio de paradigma. Las elecciones de 1997 fueron las primeras en la historia en las que el gobierno no logró mayoría absoluta en el congreso, mientras que las del 2000 nos dieron el primer Presidente surgido de la oposición.

Esta apertura, que hizo posible el triunfo de López Obrador en 2018, era producto de la independencia del INE que ahora se está perdiendo. Durante su sexenio, AMLO declaró una guerra abierta contra el INE, sin dejar de aprovechar la fuerza de sus partidos en el congreso para ir colocando en la institución a consejeros favorables a su causa.

La mayor victoria fue el nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta en 2023, una funcionaria con varios parientes en cargos de gobiernos de Morena y cuyo propio hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, ha sido contratado como secretario de ponencia de la ministra morenista Yasmín Esquivel a pesar de que apenas obtuvo su cédula profesional en 2024.

Muchas de las decisiones de Taddei han sido favorables para Morena y la 4T, como la manera en que el 2 de junio por la noche anunció no solo el resultado de la elección presidencial, como era habitual, sino un reparto de legisladores basado en una interpretación de la representación plurinominal cuestionada por los partidos opositores.

Este 8 de octubre, según narra el consejero electoral Martín Faz Mora, "aprovechando la reforma en torno a las elecciones del Poder Judicial, un senador de forma subrepticia introdujo, a través de una reserva, artículos que destruyen el carácter colegiado del Consejo General del INE... La reserva aprobada en comisiones otorga a la presidencia del INE atribuciones unipersonales para nombrar a las direcciones ejecutivas de las áreas e integrantes de la Junta General Ejecutiva".

"También propone darle a esa junta atribuciones que son exclusivas de las consejerías y del Consejo General en cuanto a la organización de las elecciones".

"La ley siempre ha cuidado que estas materias se trabajen a través de comisiones y se aprueben por el consejo, no por la junta". Por su parte, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, advirtió: "Esto es muy grave porque mata la colegialidad del Instituto que es la piedra medular de su independencia".

En la 4T nada ocurre por casualidad. Es impensable que un senador oficialista presente una reserva y esta sea aprobada si no hay una decisión previa de la cúpula.

El gobierno está dando un golpe al INE para minar su independencia y entregar facultades ahora colegiadas a la presidenta.

Estamos regresando a un sistema en que el gobierno puede controlar al árbitro electoral. Manuel Bartlett debe estar feliz: se perfila un sistema como el de 1986 o 1988, cuando él podía realizar un "fraude patriótico".

Hace unos días, el Congreso de Jalisco despenalizó el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación. Al respecto, las opiniones de la sociedad están divididas de la misma manera como se dieron los votos en el congreso, 55% a favor y 45% en contra. Esta división de opiniones no hace buenos a unos y malos a otros. Es simplemente una muestra de la realidad: hay diferentes filosofías, diferentes creencias, circunstancias y convicciones personales. Cabe señalar que, a nivel mundial, la mayoría de las personas se muestra favorable a que el aborto, en ciertas condiciones, sea legal. En España, por ejemplo, el 70% de las personas se manifiesta a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Yo formo parte de esa mayoría que opina que las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, con todo el apoyo médico necesario y sin que pese sobre ellas castigo o estigmatización social alguna.

Ahora bien, una vez que la despenalización ha sido aprobada, para garantizar que las mujeres jaliscienses reciban atención segura y legal del aborto, y todos los servicios de salud reproductiva, el estado debe asegurarse de que la llamada "objeción de conciencia" no se traduzca en un problema que en la práctica impida a las mujeres abortar, si así lo desean, dentro del plazo límite permitido.

La objeción de conciencia es una prerrogativa de los profesionales médicos de negarse a acatar órdenes, de oponerse a la realización de un procedimiento o intervención dispuesto legal o administrativamente, debido a que ello atenta contra sus convicciones.

Sin embargo, esta prerrogativa no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres. Por ello las leyes en la materia hablan de que el médico que se abstenga de practicar un aborto por "objeción de conciencia" tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que sí pueda llevarlo a cabo.

Lo delicado en estos casos es que burocracias o dilaciones deliberadas pueden llegar a consumir el plazo legal de 12 semanas de gestación.

Una cosa es no estar de acuerdo con algo por "objeción de conciencia", lo cual es totalmente respetable, y otra muy diferente hacer imposible a terceros el ejercicio de este derecho, bloqueando el trabajo de médicos que no tienen objeciones, hostigándolos para que dimitan y provocar así la falta de personal capacitado para atender a quienes requieran o soliciten procedimientos abortivos.

Antes se castigaba a las mujeres que abortaban, ahora habrá que castigar al personal médico o a los directores de clínicas y hospitales que impidan u obstruyan el trabajo de quienes no tienen objeción para realizar procedimientos abortivos.

Lo digo porque según información difundida, en Jalisco, la mayoría del personal que trabaja dentro del Programa Estatal de Interrupción del Embarazo, no tiene plazas definitivas, sino contratos temporales que oscilan entre las 2 semanas y los 3 meses y medio de vigencia, lo que provoca que este tipo de servicios médicos no se brinde adecuadamente, o no se brinde del todo.

Muchos "objetores de conciencia" van más lejos. No solo promueven el bloqueo laboral a los "no objetores", sino además los etiquetan y estigmatizan con el mote de "aborteros" y les niegan acceso a los medicamentos necesarios para realizar los procedimientos quirúrgicos, perjudicando directamente a las mujeres que los requieren.

Parece que en la "conciencia" de muchos "concienzudos" no habita la compasión ni el cuidado de la vida (por la que se rasgan vestiduras) en este caso la vida y salud de mujeres que, por las circunstancias o razones que fueren, y que no son de su incumbencia, decidieron interrumpir su embarazo.

Y lo peor de todo es que las mujeres que más sufren, siempre terminan siendo las que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, las que no tienen recursos para atenderse en una clínica u hospital privado o para viajar a otra ciudad o país donde reciban atención médica, segura, legal y de calidad.

La ley recién aprobada que despenaliza el aborto en Jalisco es igual que la de Dinamarca, donde desde hace 50 años el aborto antes de las primeras 12 semanas es legal. Ahora solo falta que la atención médica sea como la de allá, y que los "concienzudos" que lo impidan, sean castigados.

Lo que tenemos, siendo mínimo e insuficiente, no es menor. Y eso es lo que se debe proteger y se debe exigir su mejoría sustantiva, a fin de que se cumpla el mandato constitucional y legal que existe en nuestro país para la garantía de condiciones de bienestar universal.

Construir un país de justicia debe llevarse a cabo entendiendo que la justicia es, como lo habrían pensado Solón y Licurgo en la Grecia antigua; Juan Zapata y Sandoval en las primeras décadas de la Colonia; o mucho más recientemente, por los filósofos Julián Marías o John Rawls, como justicia distributiva.

Lo anterior significa, entre otras cuestiones, una fundamental: la arquitectura y el sistema funcional de la administración pública, en todos sus niveles, son fundamentales para garantizar un orden democrático básico; porque las instituciones no son únicamente el conjunto de dependencias y organismos públicos, sino las reglas del juego con que funcionan los aparatos públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

Esas reglas deben partir de 3 principios básicos: reconocimiento y garantía de pluralismo ideológico; reglas claras de disputa democrática del poder; y reglas y procedimientos claros de diálogo y formación de consensos en torno a la construcción de las políticas de mayor pertinencia para establecer los mecanismos más eficientes de redistribución de la riqueza nacional.

Todo eso es lo que está en juego en este momento en nuestro país. Llamó la atención que, en un país de símbolos, el discurso de toma de protesta de la presidenta Sheinbaum haya omitido una abierta y firme declaración de que es la presidenta de todas y todos los mexicanos, y que en ese sentido, habrá de gobernar para y con todas y todos.

El fortalecimiento de la democracia es urgente para el país; pero ello exige también reflexionar y establecer mínimos de consenso sobre qué es lo que se entiende por "democracia"; porque en la concepción del grupo hoy dominante en el país se trata de una forma de hacer política que evade las mediaciones -o al menos las esconde o disimula- con grupos y organizaciones, y retóricamente establece relaciones directas con los individuos, principalmente a través de las transferencias de ingresos no condicionadas.

Lo que urge entonces es la determinación del poder respecto de cuál será su posición frente a las minorías política e ideológicamente no representadas en el congreso; porque sería difícil asumir que los partidos políticos, hoy marginales, ostentan la representación de la sociedad civil, de sectores académicos que generan crítica y propuesta viable para el país; porque eso también es parte de la riqueza de que disponemos como país y la cual debe defenderse y protegerse.

Ante el abrumador triunfo electoral, lo importante para México es definir cuál es la ruta más rápida y efectiva de construir una nación diversa, democrática, pluralista y garante de los derechos humanos, donde el eje rector y el faro de guía de la actuación pública, para todas y todos, sea el diálogo respetuoso y la construcción de acuerdos desde la inteligencia puesta al servicio del proyecto sintetizado en nuestra Constitución.

Los propietarios de autos de chocolate, es decir, de vehículos adquiridos de forma irregular sin cumplir los requerimientos de la aduana y otras regulaciones de las autoridades mexicanas, tendrán la oportunidad de legalizar los autos extranjeros por el decreto de ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El trámite de regularización de un vehículo del extranjero se lleva a cabo en los módulos de Registro Público Vehicular, para acudir se debe sacar una cita previamente a través de portal regularizaauto.sspc.gob.mx

La documentación requerida incluye el CURP del propietario, el NIV del vehículo, el código postal, correo electrónico y teléfono.

El proceso tiene un costo de 2,500 pesos. Cabe señalar que solo se puede regularizar un vehículo por propietario.

De acuerdo con la información proporcionada por el artículo 3 fracción II de la FE de erratas del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, para este 2024 los modelos de autos de chocolate que podrán legalizarse en el país son todos los del 2018 y anteriores a ese año. Se prevé que para el 2025 se podrán regularizar los modelos del 2019.

Los propietarios de vehículos de chocolate que deseen llevar a cabo este proceso, en adición, deben verificar que el Número de Identificación Vehicular (NIV) sea elegible para la regularización.

Este proceso ha generado controversias en la nación. La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana ha manifestado su desacuerdo por este proceso, pues desde su perspectiva la compra de vehículos de forma ilegal desde el extranjero afecta a los negocios formales.

El bloqueo a las vías del tren en Acultzingo, Puebla, a la altura de la comunidad Puente Colorado Chapulco, suma 11 días, lo que mantiene varados insumos para plásticos, cloro para potabilizar agua, amoniaco, petroquímicos, y más de 100,000 toneladas de granos.

El presidente del Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago), Felipe de Javier Peña Dueñas, dijo que tienen varados maíz para consumo humano y pecuario, trigo para la producción de pan y harina, soya, cascarillas, entre otros granos.

"Hay un tema muy preocupante, porque hay 100,000 toneladas en este Puerto de Veracruz y hay una congestión de las tolvas que no pueden regresar del Valle de México a Veracruz y no pueden ir de Veracruz al Valle de México. Esto va a tardar días y semanas en enderezarse o regularizarse", comentó.

Explicó que aproximadamente habrá 21,500 toneladas en los carros del tren bloqueado y otras 80,000 toneladas están en los puertos, además de que estarán llegando barcos con granos para descargar que no podrán hacerlo, pero las navieras que traen productos de Sudáfrica, Rusia, Brasil y Argentina, cobran esas demoras al no poderse bajar la mercancía y "van en el orden de entre 18,000 dólares y 20,000 dólares por día".

El riesgo es que "un grano requiere tener condiciones de conservación en un silo, ventilación y flujo de aire como van pasando los días van a requerir fumigaciones para evitar que tengan cualquier tipo de plaga, germinación o cualquier tipo de riesgo", expuso.

Al respecto, el gerente de logística y transporte y SETIQ de ANIQ, David Estrada Amador, dijo que en el bloqueo del tren -que se registra a 128 kilómetros de la Ciudad de Puebla y 170 kilómetros del Puerto de Veracruz- identificaron que hay "carros tanques con cloro que vienen de Coatzacoalcos, Veracruz que vienen a la Ciudad de México para abastecer todos los requerimientos de Conagua".

Agregó: "Hay químicos, granos acero... y dentro de los productos químicos vienen de Coatzacoalcos donde tenemos la producción petroquímica y química", entre los que están amoniaco, pelet para plásticos, óxido de etileno, entre muchos otros insumos.

Estrada Amador añadió que "el detalle es que ya los inventarios se están terminando y requerimos darle paso al tren para abastecer las cantidades que requiere el gobierno y las industrias, lleva más de 10 días y no avanzamos. Es un grupo de personas que obstruye las vías".

"Hay productos que solamente podemos transportar en ferrocarril... tenemos muchos productos tóxicos por inhalación, como cloro para potabilizar el agua".

El éxito que López Obrador llegó a tener, aunado a una personalidad narcisista y resentida, lo hizo un presidente malo.

Los obstáculos que ha encontrado a lo largo del camino lo llevaron a desarrollar un instinto rabiosamente malo contra el mundo del Derecho.

El señalamiento de que "no me vengan con que la ley es la ley", pasará a la historia como la afirmación más temeraria que cualquier dirigente del país pudiera haber hecho jamás.

Mala la idea concretada de desacatar la ley y la Constitución con motivo de la Reforma Judicial.

Malo el replanteamiento de los libros de historia con fines ideológicos y de adoctrinamiento de la niñez, constituyeron la decisión más mala -por maliciosa-, y más antipatriótica, que pudiera haberse tomado en esta administración saliente.

Malo fue el uso del dinero público para manipular la elección.

Malo también fue el descubrimiento de la cercanía entre el presidente y el crimen organizado; mala la profunda división y confrontación social en la que México se encuentra.

Pobre Mexico... fue una presidencia muy, muy mala.

72,172 es el número actualizado de cuerpos sin identificar que permanecen en los servicios médicos forenses (Semefos) de 31 estados de la república y en el servicio federal. 115,591 es la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNL) que hay en el país.

La lógica y el sentido común nos indican que entre los miles de cuerpos que están sin identificar en los servicios forenses del país, con seguridad están algunos de los desaparecidos que están siendo buscados por sus familias. Pero lamentablemente la confirmación no llega porque existe un sistema de servicios forenses rebasados por las muertes violentas que deja la guerra informal, por la falta de recursos de las fiscalías de los estados para atender debidamente el resguardo de cuerpos y por un sistema federal descoordinado y sin comunicación que no es capaz de hacer buscas coordinadas de cuerpos en cualquier morgue del país.

Los resultados son sumamente trágicos, una cruel paradoja, pues mientras miles de familias buscan a uno de los suyos reportados como desaparecidos, hay altas probabilidades de que ese cuerpo esté en una de las morgues del país, pero lamentablemente la desidia burocrática y la falta de eficacia gubernamental impide que sean debidamente identificados y entregados a sus familias como legal y dignamente debería ocurrir.

Desde hace muchos años fuimos aprendiendo que conforme se ha ido afianzando la guerra informal que lastima a la sociedad mexicana, y que los gobiernos llaman falsamente una guerra contra el crimen organizado, se van afianzando también 2 crisis entrelazadas indeleblemente: la crisis por desaparición de personas y la crisis forense que la primera va dejando.

Las cifras de desaparecidos las ofrece el gobierno federal a través del RNPDNL, pero inexplicablemente el gobierno no tiene una cifra ni precisa ni unificada de cuerpos sin identificar en las morgues del país. Las cifras que conocemos vienen desde los esfuerzos de colegas periodistas y de los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos.

Los colegas periodistas de Quinto Elemento Lab publicaron en 2020 un 1er. acercamiento a la crisis forense que se iba asomando en el país, descubrieron que entre 2006 y 2019 había en los Semefos del país 38,891 cuerpos sin identificar. Apenas un año después, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (que agrupa a más de 80 colectivos en el país), actualizó la cifra a 52,004 cuerpos sin identificar. Ahora, a unos días de terminar el gobierno de la 4a.Transformación, nuevamente Quinto Elemento Lab y A Donde Van los Desaparecidos publicaron un nuevo reportaje en el que actualizan la cifra de cuerpos sin identificar: en todas las morgues del país (excepto en la de Morelos que se negó a entregar sus cifras) hay 72,172 cuerpos sin identificar.

En el reportaje "Cierra sexenio de AMLO con más de 72,100 cuerpos sin identificar" publicado por Efraín Tzuc y Mayela Sánchez (se puede consultar aquí: https://cutt.ly/QeIqxvPx) revelan la magnitud de la tragedia forense que deja el gobierno saliente: "De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34,699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, 'la principal prioridad' de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas".

En ambas tareas ha fallado el gobierno que termina, a pesar de que discursivamente se presenta como un gobierno humanista. Todos los gobiernos tienen aciertos y desaciertos, pero el aumento significativo de la crisis forense y de la crisis por desaparición de personas es sin duda la principal asignatura pendiente que deja el gobierno de la 4a.Transformación.

Todos sabian la clase de malvado que era López Obrador y a pesar de ello muchos votaron por él.

Ahora presenciamos la destrucción de las instituciones de la República y la instauración de una tiranía.

Escribí hace más de 20 años, sobre este sujeto, a proposito de la violacion del amparo de El Encino: "contravenir un acto jurisdiccional de uno de los poderes de la Unión (el amparo definitivo) es una 'causa grave' que ameritaba la remoción de AMLO como jefe de Gobierno".

"El gobierno y la Cámara de Diputados tardaron más de 3 años en actuar, y aunque lo desaforaron López Obrador los dobló con movilizaciones. El Estado claudicó ante el afán de poder de este sucio personaje".

Le regalaron la cabeza de Macedo de la Concha y le ofrecieron cambiar las leyes para no afectar sus propósitos personales.

Derrotó a los 3 poderes con marchas y amenazas de más movilizaciones. "Cuando le molesta la ley, la atropella".

"En su historia personal, López Obrador nunca ha aceptado los mecanismos de control que son propios de una democracia”.

En Jalisco no solo existen las 15,216 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, ellas solo son las víctimas por quienes sí se puso una denuncia por su ausencia.

De hecho, de acuerdo con el colectivo de familias que buscan a sus seres queridos, "Por amor a ellxs", la cifra negra podría llegar a ser de alrededor de 14,000 personas desaparecidas cada año, 14,000 personas desaparecidas de quienes no se denuncia su desaparición o plagio, con base en cifras del estudio "Nosotras Buscamos".

¿Cómo se frena la crisis de desapariciones? Encontrando y detenido a los criminales que las cometen, cientos de familias de hecho saben quiénes se han llevado a sus seres queridos, lo han denunciado pese al miedo de que, en ocasiones, viven en su misma cuadra, y aun así, nadie les ha detenido.

Frente a esta realidad que cada día se vuelve más cercana, el silencio y la resignación no deben ser opción. No podemos permitir que el miedo siga separando a las familias de la justicia.

Es momento de actuar y exigir respuestas antes de que más vidas sigan en riesgo de desaparecer.

El Poder Judicial puede quedar lastrado durante meses por las prejubilaciones.

300 es la cifra que se maneja de jueces y magistrados que se podrían jubilar anticipadamente, bien porque no les gustaría ir a elección o porque desconfían de que luego siquiera les paguen lo que les corresponda incluso con las rebajadas condiciones económicas. ¿Cuántas plazas se irán quedando vacías en los próximos meses?

Nuevos retrasos en los juicios.

Pregunten a cualquier abogado con asuntos en un juzgado. Se encogen de hombros porque no saben calcular cuánto se van a tardar sus temas. Testimonios de pausas que podrían convertirse en parálisis. ¿Cuántos meses o años costaría revertir eso?

Transparencia en peligro.

Una de las constantes de Morena es la opacidad: representan la regresión en el derecho a la información y en las condiciones en que trabaja la prensa en los organismos donde el obradorismo domina. En las negociaciones de las leyes secundarias a todos debería importar que los tribunales no pierdan la mínima transparencia que costó décadas conseguir.

Una de las conclusiones que deja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023), que presentó el jueves pasado el Inegi, en lo que toca a Jalisco, además de que aquí es una de las entidades en las que sus habitantes gastan más por los efectos de la inseguridad con 9,325 pesos en promedio por persona al año, es la falta de confianza en la Fiscalía estatal.

De los 2'425,000 delitos que se cometieron en 2023 en esta entidad, con casi la mitad de ellos con la o las víctimas presentes, y que representaron un costo de 26,500 millones de pesos, apenas se denunció un 11.9% de ellos y la Fiscalía abrió carpeta de investigación sólo en el 70.2% de los casos.

Si sumamos los delitos no denunciados la cifra negra queda en el 91.6%, que significa un altísimo grado de impunidad que se torna en el mayor incentivo para que los grupos delincuenciales sigan afectando a la población.

Lejos de buscar que el número de denuncias y de carpetas de investigación se incrementen, la Fiscalía de Jalisco tuvo una disminución en esos indicadores del 2022 al 2023. En la medición anterior, se denunció el 13% de los delitos y se aperturaron 80.5% de carpetas de investigación de esas querellas.

Así, del universo total de los delitos que se cometieron en Jalisco en el 2023, sólo 8.4% terminaron investigándose, mientras que en el 2022 el panorama era un poco menos peor, ya que se abrieron carpetas de investigación en el 10.5% de los casos.

Estas cifras son producto y a la vez la causa de que los jaliscienses no acudan a la Fiscalía a denunciar los delitos de los que son víctimas.

De acuerdo a la ENVIPE 2023, los habitantes de la entidad que sufren alguna agresión o daño patrimonial no acuden con el Ministerio Público porque 35.7% de los encuestados señala que es una "perdida de tiempo", es decir, contadas veces ven que se atrape a los delincuentes o que se les repare el daño.

La burocracia y el mal servicio en la Fiscalía también contribuye a este alejamiento de los ciudadanos. Según esta encuesta del Inegi, 11.3% consideró que los "trámites" son "largos y difíciles".

Habrá que ver en la medición que se realice este año si influye para la mejora del servicio a los denunciantes, la inversión de casi 60 millones de pesos que se hizo para construir un nuevo edificio para la Fiscalía estatal en el complejo de la calle 14 y que fue inaugurado el pasado 6 de agosto.

Hablé con Timothy, residente del condado de Cook, en Illinois, Estados Unidos. El martes 5 de noviembre, él y miles de residentes votarán para elegir presidente, senadores, gobernador, representantes estatales y 78 jueces que buscarán la reelección por seis años más.

"Con cerca de 100 nombres en la boleta es necesario tomarse el tiempo para decidir", me contó. Cada votante elige si sufraga en urna electrónica o en papeleta. Tienen ambas opciones.

Timothy aceptó que es imposible conocer a cada uno de los candidatos, pero las universidades, bufetes jurídicos, barras de abogados y organismos ciudadanos examinan sus antecedentes, su desempeño y publican guías con las calificaciones de cada juzgador.

"Los candidatos hacen campaña y se someten a un escrutinio y evaluación de las escuelas de derecho, asociaciones civiles y barras de abogados que dan recomendaciones por todos los medios de comunicación, impresos y electrónicos", me explicó.

Por ejemplo, Injustice Watch es una organización periodística sin fines de lucro que, financiada sólo por donaciones, se dedica al análisis del sistema judicial. Ofrecen guías detalladas sobre los candidatos, incluyendo sus conexiones políticas, decisiones en casos importantes, revocaciones de sus fallos por tribunales superiores y opiniones de ciudadanos sobre su experiencia con los jueces.

Un juez puede ser ratificado cada 6 años de manera indefinida. Sólo debe tener un 60% de votos favorables.

Cuando se libera una vacante, los requisitos para postularse son: licenciatura en Derecho, ser mayor de 21 años y residente del condado. Los jueces de nuevo ingreso pasan por una formación en la "escuela de jueces". Primero atienden asuntos menores y gradualmente más complejos.

En resumen, la labor de asociaciones, barras de abogados, asociaciones civiles y medios de comunicación es crucial para garantizar procesos transparentes, informados y con la selección de los mejores perfiles. El involucramiento de la sociedad también es clave, pues implica un esfuerzo cívico por informarse y participar.

Le pregunté a Timothy sobre la clave para una elección exitosa: "La clave está en que el pueblo tenga información confiable y quiera ejercer su poder democrático, recibiendo datos honestos y completos sobre los candidatos".

Olvidé un dato importante.

En el momento de votar a los jueces, la participación electoral en el condado de Cook cae drásticamente. Hasta una cuarta parte de los votantes se retira sin ejercer ese derecho.

En Bolivia, el único país que elige a sus altas cortes por voto popular, el sufragio es obligatorio pero en los 2 comicios judiciales han tenido más del 60% de votos nulos y en blanco.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, detectó 90,000 presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50% están sujetos a detención preventiva oficiosa, y los arrestos arbitrarios son una "práctica generalizada".

Esta agrupación, entregó ahora su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras visitar el país del 18 al 29 de septiembre de 2023, por invitación del gobierno.

El uso de fuerzas militares para realizar actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es frecuente, y agrega que, actualmente, se reportan más de 100,000 soldados realizando tareas policiales y de seguridad pública, así como de control migratorio, señala el Grupo de Trabajo algunas deficiencias que existen en México.

"Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar, con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura", dice en su informe sobre su visita a México.

Indica que la creación de la Guardia Nacional, en 2019, es un síntoma del uso extensivo de elementos militares en funciones policiales. Y precisa que, de sus 128,000 miembros, alrededor del 48% proviene del Ejército y la Marina.

"El Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar. Aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, habrían disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria entre 2018 y 2023 siguen sin resolverse", menciona.

Indica que en 2022, más de 126,000 niñas y niños fueron detenidos en el contexto de la migración, y fueron canalizados a centros administrados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Destaca que de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Migración, no se permite que los menores permanezcan en detención migratoria. Sin embargo, en la práctica, externa que el Grupo de Trabajo encontró que niñas y niños migrantes suelen estar detenidos, ya sea en refugios exclusivamente para menores no acompañados administrados por el Sistema, o en instalaciones compartidas con estaciones migratorias bajo la autoridad del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

En su reciente informe, destaca que en su visita al país observó que la detención arbitraria afecta de manera particular a los miembros de los pueblos indígenas, y expresó que le preocupa la detención de facto de niños y niñas migrantes.

El documento, precisa que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad.

Menciona que el Registro Nacional de Detenciones no registra todas las detenciones. No se incluyen las detenciones administrativas de migrantes y personas con discapacidad psicosocial, lo que crea una brecha de información que reduce la capacidad de las autoridades para prevenir y remediar la detención arbitraria de migrantes y otras personas en situación de vulnerabilidad.

"Si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el personal militar, incluido el incorporado a la Guardia Nacional, debe registrar las detenciones en el Registro, persisten varias excepciones a este requisito. El Grupo de Trabajo, enfatiza que todos los funcionarios civiles y militares que llevan a cabo detenciones de cualquier naturaleza, deben estar obligados a inscribir esas detenciones en el Registro Nacional de Detenciones y deben ser conscientes de esta responsabilidad", señala.

Precisa que en 2022, el Grupo de Trabajo de las aproximadamente 90,000 personas que estaban sin sentencia, de las cuales el 50% habían sido sometidas a una prisión preventiva oficiosa prolongada, incluso algunas seguían en prisión preventiva oficiosa por más de 5 años.

"Es preocupante que la detención preventiva excesivamente prolongada, es común entre todas las personas detenidas (se observa que el total de la población en prisión, era alrededor de 230,000 en México en julio de 2023), y no solo entre aquellas en detención preventiva oficiosa", resalta.

Agrega que la detención preventiva oficiosa, ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.

"La prisión preventiva oficiosa, ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano, y fue declarada una violación de las obligaciones de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última, le ordenó a México ajustar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales", dice.

El documento exhorta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que ésta sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito.

El ex presidente Ernesto Zedillo estuvo en la Ciudad de México este domingo para pronunciar un discurso en la sesión inaugural de la Conferencia Anual de la Internatonal Bar Association -que reúne a 190 barras de abogados y más de 80,000 abogados en el mundo- en donde, como admitió, rompió una regla que mantuvo durante casi un cuarto de siglo: no hablar de su gestión ni opinar sobre acontecimientos políticos nacionales. Lo hizo de manera excepcional ante la aprobación de la reforma judicial y los cambios constitucionales venideros que "destruirán el Poder Judicial y enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho".

El discurso de Zedillo contiene la crítica más dura que un ex presidente haya hecho del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que llama, sin nombrarlo, un "oportunista" y "demagogo" que ha lucrado políticamente en el pasado, y un traidor a la democracia, que busca instaurar una tiranía. Sus palabras tienen mayor peso porque fue gracias a él que López Obrador saliera impune de violaciones graves a la ley y que, mediante una ilegalidad, comenzara su carrera política nacional. Zedillo es el facilitador de ese monstruo político que hoy denuncia.

En 1996 López Obrador tomó 51 pozos petroleros en Tabasco alegando afectaciones de Pemex al hábitat de los lugareños, y pedía una indeminización para campesinos y pescadores. Ese tipo de presión era su modus operandi, puesto en práctica con sus marchas por la democracia tras haber perdido la elección para la gubernatura de Tabasco en 1994 ante su ex camarada de partido, el priista Roberto Madrazo.

Las marchas, pintadas como resistencia civil ante el fraude electoral, llegaban a la Ciudad de México, y regresaban a Tabasco luego de que Manuel Camacho, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, a través de su segundo de a bordo, Marcelo Ebrard, le daba al menos 8 millones de pesos en efectivo para que se fuera. Ese dinero ilegal o irregular ha sido definido por López Obrador cada vez que ha quedado exhibido como recursos para la causa.

Esa toma de pozos, sin embargo, provocó una situación muy peligrosa en un bloqueo, porque López Obrador, sin saberlo, movilizó a campesinos a un puente que debajo tenía materiales químicos almacenados que podían explotar. Las autoridades federales decidieron desalojarlos al costo político que fuera, y en el operativo golpearon a López Obrador en la cabeza. Personas que vivieron ese momento recuerdan cómo quedó pasamado por el miedo, mientras sus cercanos se lo llevaban a un escondite.

Quien dio la cara por él fue su esposa Rocío Beltrán, que habló con el entonces gobernador Madrazo para preguntarle si lo iba a detener. Madrazo le aseguró que no. Pemex, sin embargo, presentó 14 denuncias por obstrucción a sus centros de trabajo y la PGR obtuvo una orden de aprehensión contra López Obrador. Un grupo de ministerios públicos llegaron a Tabasco para capturarlo. López Obrador se enteró, pero una vez más fue Rocío Beltrán quien sacó la cara por él.

Habló con Madrazo para pedirle que intercediera por su esposo, pero el ex presidente Zedillo, enemistado con el gobernador, lo ignoró. La señora Beltrán logró hablar con otros políticos tabasqueños que pudieron convencer a Zedillo de no actuar penalmente contra López Obrador, con la promesa de que lo sacaría de Tabasco. Rocío Beltrán cumplió y Zedillo respetó su palabra. La frase de López Obrador en uno de sus mitines durante la toma de pozos de que "la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia", se quedó en eso, un discurso vacuo, porque en las 2 ocasiones que estuvo a punto de ir a prisión se asustó y su esposa fue quien lo salvó.

López Obrador se mudó a la Ciudad de México y con la ayuda de 2 priistas, Enrique Jackson y José Carreño Carlón, le consiguieron el departamente en Copilco, junto a Ciudad Universitaria, donde vivió muchos años. Instalado en la capital, llegó a la presidencia del PRD, que hasta 2012 fue su partido, y posteriormente buscó la jefatura de Gobierno capitalina. Legalmente no podía aspirar a ese cargo porque no cumplía con el requisito de residencia, por lo que otro perredista, Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo denunció.

Por presiones en el PRD Gómez se desistió, pero su denuncia fue retomada por el PRI, que la presentó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. López Obrador dijo que se trataba de un ardid con pruebas falsas para evitar que contendiera. Las autoridades electorales se perfilaban a declarar la inegibilidad de su candidatura pero intervino Zedillo y le ordenó al PRI que retirara su queja. Así lo hizo y López Obrador se convirtió en jefe de Gobierno, la plataforma que lo llevó a la Presidencia.

Por el lenguaje de su discurso, Zedillo parece sentirse traicionado. El ex presidente fue el arquitecto de la democracia, con la reforma al Poder Judicial para volverlo independiente del Ejecutivo, las electorales para impedir que el partido de un sólo hombre controlara la vida política y se respetara el derecho de las minorías, y que el entonces Instituto Federal Electoral organizara elecciones justas, equilibradas y competitivas, y ahora reseña su destrucción por parte de López Obrador.

"Confiaba en que cualquier nueva reforma reforzaría nuestra democracia hasta convertirla en una democracia sólida e irreversible, y que bajo cualquier circunstancia se respetarían la legalidad, la competencia y la independencias de las instituciones electorales (y) del Poder Judicial como piedras angulares del sistema", agregó. "Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente".

"Los nuevos antipatrias", agregó recordando la traición a Francisco I. Madero en 1910, "quieren transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la 4a. transformación. En realidad no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación".

Tarde, muy tarde, llegó su reflexión.

Morena y aliados celebran la aprobación de la 1a. reforma del "Plan C" de Andrés Manuel López Obrador: los cambios constitucionales en el Poder Judicial. Sin embargo, expertos critican que se olviden reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la intención de mejorar a las policías (estatales y municipales), así como a los Ministerios Públicos. El objetivo es mejorar la justicia en México.

"Tan sólo en el ámbito del derecho penal, uno de los asuntos más preocupantes es el de la inmensa impunidad", refiere el estudio "El sistema de justicia en México: la tentación de una reforma equivocada", elaborado por la UNAM. El rezago es elocuente: no se denuncia el 94% de los delitos y menos del 1% son resueltos.

"Necesitamos mejorar la capacitación de las policías y la depuración en los Ministerios Públicos para mejorar el sistema de justicia", indica Anuar García, presidente de la organización SOS Jalisco, quien destaca que la iniciativa para modificar el Poder Judicial debió comenzar por ambos puntos.

"Si hablamos de Ministerios Públicos, ahí está el grave problema: hay una gran corrupción a nivel nacional", afirmó.

La desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia es reveladora. El informe "Justicia Cotidiana", del CIDE, acentúa que la percepción de confianza de los mexicanos en los sistemas de justicia y en los tribunales es del 44%, debajo del promedio de los países de la OCDE (52%). Dinamarca, Suiza y Noruega alcanzan cifras del 81% al 86%.

Rogelio Barba Álvarez, investigador de la UdeG, dice que los policías y los Ministerios Públicos deben ser independientes de cualquier otro poder para cumplir sus funciones; la reforma judicial elimina esa autonomía. "La cadena de custodia, los elementos de prueba y la formación de los jueces son otros pendientes".

Para Luis Campos, profesor de Derecho de la Universidad Panamericana, los actores que conforman el sistema de justicia deben estar más preparados para impedir lagunas legales con las que los presuntos delincuentes quedan en libertad (una de las principales críticas dirigidas al Poder Judicial).

Recomendó implementar estas capacitaciones obligatorias para fortalecer el sistema de justicia, en lugar de modificarlo totalmente como lo propone la reforma.

Estudiantes de Ayotzinapa incendiaron este viernes autos y vandalizaron el congreso estatal de Guerrero en una protesta con motivo de la próxima conmemoración del 10o. aniversario de la desaparición de sus 43 compañeros en dicho estado del sur de México.

Los jóvenes quemaron vehículos y causaron destrozos en el recinto legislativo en Chilpancingo, donde comenzaron las manifestaciones debido a que el 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Los manifestantes acusan al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no resolver el caso y de encubrir al Ejército.

Las autoridades de Guerrero no reportaron ningún detenido por las manifestaciones, aunque los medios locales reportan casi una decena de autos incendiados, además de petardos y piedras que dañaron las ventanas donde están las oficinas de los legisladores locales, la mayoría del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En un evento fuera del congreso, los activistas acusaron al mandatario de "engañar" a las familias de los 43 estudiantes normalistas, a quienes había prometido resolver el caso antes de terminar su mandato, el próximo 30 de septiembre.

Parece que las reformas estarán muy lejos de erigirse como una oportunidad para fortalecer a las instituciones. La reforma al Poder Judicial, en los términos en que se ha aprobado, y la eliminación de los organismos autónomos favorecen la concentración de poder en el Ejecutivo y trastocan el sistema de pesos y contrapesos configurado tras el fin del periodo autoritario. Esta es una condición que pone en alto riesgo de regresión autoritaria a una democracia aún endeble como lo es la mexicana.

La necesidad de realizar reformas no era un proceso ajeno a la sociedad, sino una demanda latente que requería un proceso abierto, plural y democrático, y no uno abrupto y unilateral. Lo que necesitaba México era atender con bisturí y no con machete estas cirugías; la urgencia, sin duda, era perfeccionar para consolidar, no eliminar y generar de nuevo vacíos. Impulsar modificaciones incrementales, cuidadosamente planificadas, que fueran capaces de corregir las deficiencias del sistema nos permitiría avanzar sin destruir lo bien edificado.

Las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, en bloque con su mayoría en el Legislativo, podrían llegar a afectar la propia legitimidad de su partido. El proceso de los últimos días ha diluido el discurso que apelaba a las buenas intenciones y ha puesto en relieve la fuerza que toman en su interior los intereses de tinte autoritario. Resulta paradójico que el oficialismo justifique una reforma al Poder Judicial, por la corrupción y malas prácticas de sus miembros, recurriendo a las mismas herramientas que denuncia para asegurar su aprobación, entre ellas el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia para amedrentar a senadores de oposición, para que no se puedan presentar al pleno a defender su postura y ejercer su voto en libertad. Este ejemplo expone una contradicción fundamental: se busca combatir el abuso de poder utilizando el abuso del poder, a partir de la manipulación a modo del Estado. Este enfoque deslegitima el proceso que ha dado lugar a la reforma y erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones y en el Estado de Derecho.

Al nacer a través de un proceso antidemocrático, caracterizado por la arbitrariedad y la calumnia, no se puede esperar que la reforma provoque una transformación que haga más accesible y eficiente al sistema judicial mexicano.

La democracia no se construye por la vía de la imposición, sino a través de acuerdos y compromisos. En un contexto de polarización política y social, es fundamental que las reformas institucionales sean vistas como un trayecto que debe ser compartido, cuyo resultado debe provenir del consenso y nunca del ejercicio irracional del poder.

Como lo han señalado todas las autoridades e instituciones del mundo que se han pronunciado al respecto, la reforma planteada por López Obrador carece del rigor científico más elemental, pues no únicamente atenta contra la naturaleza que se debe de esperar de un juez, sino que pone en entredicho el tan insipiente Estado de Derecho que durante décadas se ha construido en nuestro país; cuestión que ha generado todo tipo de reacciones, desde la preocupación manifestada por nuestro mayor socio comercial (y la consecuente depreciación del peso), hasta marchas a lo largo y ancho del territorio nacional que en su mayoría han sido encabezadas por los trabajadores del Poder Judicial y comunidades universitarias que se oponen a la citada reforma.

En realidad, lo que pretende el aún presidente es sacar de contexto las ideas de Rousseau con una propuesta tiránica disfrazada de democrática, pus si bien afirma que el punto medular es acabar con la corrupción y eso se logrará mediante la elección directa de los jueces por el pueblo bueno (con lo que tendrían legitimación), omite señalar que el pueblo los habrá de "elegir" de una lista hecha por quien tenga el poder, es decir, por Morena.

Dicha reforma no expone en realidad como abonará la elección por voto directo de los jueces a terminar con la corrupción, ni la legitimación con la que llegaran cuando el pueblo los habrá de elegir entre sus cuates (por no decir lacayos) y por parte de la oposición tampoco cantan mal las rancheras, pues se oponen tajantemente a la reforma sin proponer nada realmente, solo se oponen.

Así, ante la tristeza de políticos que tenemos y previo a enfrascarnos en un debate sobre los puntos que nos separan, resultaría más sano y constructivo entender que todos los mexicanos queremos lo mismo: mejorar la impartición de justicia, terminar con la corrupción, tener mejores jueces, acabar con la impunidad y un larguísimo etcétera, es decir, un verdadero Estado de Derecho.

En la media en la que tengamos clara la meta y no la perdamos de vista, será más sencillo definir si cierta acción nos acerca o nos aleja de la meta en común, el Estado de Derecho.

Preguntémonos en lo personal si la propuesta de reforma nos acerca o nos aleja del Estado de Derecho.

Resulta paradójico que la gran defensa que buscará hacer la oposición esta semana sea de algo tan indefendible: el Poder Judicial. Pasamos en la transición democrática de una justicia controlada por el Poder Ejecutivo, el presidente de la república o el gobernador de cada estado, quien nombraba a todos y cada uno de los ministros de la Corte, en su caso, a los magistrados del Poder Judicial del estado, a uno controlado por poderes fácticos, donde los partidos se dividían los espacios y donde se nombran ministros, magistrados y jueces por el sistema de cuotas y cuates, cuando no literalmente por subasta, como sucedió en algunos estados. En ningún poder hay tanto nepotismo como en el judicial.

Es importante parar esta reforma porque no es la reforma que se necesita, pero hay que tener claro que se requiere un cambio profundo, inteligente y con sentido social, es decir, que asegure el acceso a la justicia a los que menos tienen.

Lo primero que hay que tener claro es que se necesitan muchos más jueces, sobre todo en el fuero común. La justicia no llega a decenas de miles de mexicanos que están detenidos en espera de un juicio por la absurda e injusta prisión preventiva oficiosa. Una justicia "rápida y expedita", como dice la Constitución que debe ser, requiere también que esta sea menos burocrática y más transparente.

Otro elemento tiene que ver con la forma en que se designan los jueces. Es cierto que elegirlos por voto popular, como propone la reforma, es una muy mala idea, así como insostenible es seguir con designaciones de jueces por compadrazgo. La carrera judicial tiene que fortalecerse con mucha más vigilancia de la sociedad civil y de los otros poderes. Si de algo ha de servir esta propuesta de reforma, pase o no pase en el Senado, es para iluminar, para vigilar mucho más y sacar del oscurantismo todo lo que pasa en el Poder Judicial.

Finalmente, el problema más grave de la justicia mexicana es la corrupción. Los consejos de la judicatura federal y de los estados que se instauraron en los años 90, lejos de castigar la corrupción, se convirtieron en una forma de presión para que los jueces fallaran conforme al deseo de los consejeros de la judicatura. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que propone la reforma tampoco será la solución, pues lo único que cambia es la composición del tribunal y la severidad de los castigos, no la vigilancia de los procesos.

Esta semana es clave. Mantener la última trinchera obligaría a hacer una reforma mucho más cuidadosa y pensada desde las necesidades de la justicia y no de la política.

La Reforma Judicial que hoy se discute y que ha desatado una gran animadversión es consecuencia directa de las omisiones en la autorregulación que el propio Poder Judicial ha ignorado.

Sea estatal o federal, los vicios son los mismos y pocos dedos se han movido desde su interior para fortalecer la confianza en las instituciones, garantizar transparencia e imparcialidad en los procesos y, mucho menos, alcanzar el mito de una justicia pronta y expedita.

Si hoy hay tribunales como el Electoral de Jalisco que pueden sesionar en lo oscurito para que los magistrados se aprueben su haber de retiro (una prestación millonaria) incluso estando en funciones, o dar primas de antigüedad a empleados de confianza, es porque el sistema está diseñado para que así ocurra.

Hoy, el Judicial se da baños de pureza y afirma que con la reforma se pone en riesgo la impartición de justicia en México. ¿Pero de verdad han sido eficaces en el pasado? ¿A quién que tú conozcas te ha hablado de un trato justo y libre de corrupción al acercarse a cualquier instancia de ese poder?

Mientras los magistrados, los jueces y la estructura del Judicial estén torcidos, como lo están, pocos argumentos tienen para defender su continuidad. Por supuesto, consolidar la insaculación (tómbola, pues) como el método para elegir a quienes deben integrar este importante poder es una vacilada, pero nadie que haya recibido el trato de un juzgado en México puede argumentar que las medallas de platino en trámites eternos, sin contar las prestaciones doradas, colocan al Poder Judicial como una gran potencia en los Olímpicos de la (in)Justicia.

Lo primero que debemos reconocer es que, desde hace muchos años, México enfrenta una profunda crisis de impunidad. Si bien en el Poder Judicial Federal se han logrado avances significativos en las funciones de los jueces, en muchos estados los servicios de justicia siguen siendo insuficientes y están muy por debajo de las expectativas y necesidades de la población. Es innegable que se requiere un cambio profundo para mejorar tanto la cantidad como la calidad de estos servicios. Esta necesidad ha sido una de las razones políticas fundamentales detrás de la reforma, y en este punto hay un consenso transversal entre actores políticos y operadores judiciales. Asimismo, existe acuerdo en la necesidad de establecer controles más efectivos para supervisar el actuar de jueces y magistrados.

No obstante, el verdadero punto de discordia radica en la preocupación de que, en el afán de implementar estos cambios, se ponga en riesgo la independencia del Poder Judicial. Las alarmas se han encendido ante la posibilidad de que fuerzas políticas intervengan directamente en la designación de ministros, magistrados y jueces mediante votaciones populares. Este riesgo no solo se limita a la injerencia de los partidos políticos, sino también a la influencia de grupos de poder que podrían intentar colocar a personas afines en posiciones clave. La cuestión central es cómo se gestionarán estos cambios, y si serán percibidos como una imposición política o como una propuesta genuinamente orientada al bienestar del país.

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto dentro como fuera de México, diplomáticos extranjeros, periodistas, actores del sector privado y grandes inversionistas han manifestado su preocupación en los medios de comunicación más influyentes.

Me parece indispensable que reflexionemos con criterios académicos, jurídicos, filosóficos y políticos sobre este tema de la justicia constitucional.

México experimenta una situación inédita de agravios y descalificaciones desde el Ejecutivo hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de tribunal constitucional. Estas críticas han preocupado a instituciones nacionales y extranjeras como lo muestra el diagnóstico sobre la independencia del sistema de la justicia federal realizado por Cyrus Vance Center of International Justice, por el New York City Bar, el Lawyer Council, la Barra Mexicana de Abogados, la Federación Latinoamericana de Magistrados, que advierten sobre la vulneración a 3 principios indispensables de la Judicatura.

1o., hay violaciones al respeto de las instituciones de gobierno, a la independencia de la judicatura. 2o., el ejercicio de la función judicial basado en la ley no debe estar sujeto a presiones externas. Y 3o., es indeseable politizar electoralmente la justicia constitucional.

El diseño institucional y normativo de la justicia constitucional tiene una larga data y no es, hoy, tarea concluida. Baste recordar la obra del célebre constitucionalista Allan Brewer Carias, que recorre el trayecto del principio de separación de poderes en la Francia liberal que consideró a los jueces como la boca del parlamento, la boca que pronuncia las palabras de la ley, sosteniendo que los tribunales no pueden participar en el ejercicio legislativo y, menos aún, suspender sus decretos. Sostenían que deben consultar al legislador el contenido y el significado de las normas y, en su caso, tener derecho a proponer enmiendas. Llegó, como lo declaró el ilustre Robespierre, a proponerse que la palabra jurisprudencia fuera eliminada de la lengua francesa, pues el Estado que tiene una constitución, que tiene un marco legal, en él los tribunales, en su jurisprudencia, no pueden contener más que la ley y, si una autoridad distinta al parlamento interpreta las leyes, elevaría su voluntad por encima del legislador. Se creó así el mito del congreso soberano y de la infalibilidad de la ley que derivó en regímenes totalitarios.

El ideal Roussoniano de que el legislativo es depositario de la soberanía y, en consecuencia, no puede actuar mal, se derrumba. Los parlamentos y las leyes se convierten en instrumentos de regímenes despóticos y las mayorías han llegado a ser brutalmente opresivas, como lo declararía el célebre Cappelletti. De ahí que las libertades deban ser protegidas, tanto del Ejecutivo como del parlamento, transitando del dogma de defender las libertades por la ley al imperativo de defender las libertades de las leyes opresivas e injustas, creando así órganos y tribunales que impongan al legislador el respeto a la Constitución, a sus normas, a sus valores y a sus principios. El control jurisdiccional de la Constitución pone desde entonces fin a la era del denominado absolutismo parlamentario.

Las mayorías parlamentarias integran gobierno con intervención de los partidos políticos y hoy los partidos políticos atraviesan por la peor crisis de su existencia en México y en el mundo como lo advierte Rivero. Su representación es escasa y su legitimidad democrática cuestionada. Es un error confundir la voluntad popular con las decisiones y voluntades de las cúpulas de los partidos políticos. Por lo tanto, es tarea del derecho procesal constitucional crear las instancias y organizar los procedimientos para hacer efectiva la justicia constitucional. La Constitución ha de ser ley verdadera, ha de ser ley positiva, ley obligatoria de naturaleza superior, que controle a los poderes y que auspicie los derechos humanos. En estricto sentido, ningún poder ni órgano del Estado es soberano. Todos han de estar sujetos a la Constitución, norma rígida, suprema, estable que asegura sanciones a su violación.

El juez constitucional se torna garante de los derechos humanos de naturaleza política, fortalece los valores del respeto, la pluralidad y la democracia y en eso radica su verdadera legitimidad democrática, no en elecciones a modo. De ahí la importancia de su independencia frente a los otros poderes y neutralizando las influencias políticas indeseables en democracia. No se preste el juez constitucional a distorsiones abusivas, que en palabras del ilustre jurista Jellinek, el juez constitucional debe representar la sólida conciencia nacional de su pueblo.

En manos de los jueces constitucionales radica la paz, radica el desarrollo, radica la tranquilidad de un Estado. Y para que este sea democrático, el poder debe ser contenido. Los jueces constitucionales, advierte Tocquevelli, deben ser ciudadanos íntegros, informados, genuina y genialmente humanos. Por eso, la Constitución americana, desde 1787 y 1789, nunca ha planteado la elección directa de jueces constitucionales.

La racionalidad del orden jurídico radica en el respeto a la Constitución en su carácter obligatorio y eficaz. Esto fue la apuesta del ilustre Hans Kelsen, cuando propuso hace 100 años la creación del 1er. Tribunal Constitucional. Hoy debemos apostar a una Corte que sea verdadero garante de la justicia constitucional, que coadyuve con otros poderes en el fortalecimiento del Estado de Derecho, que vaya creando una jurisprudencia que dé certeza y predictibilidad de los contenidos y alcances de la Norma Suprema. Hoy debemos apostar por una argumentación jurídica, esto es, por razones jurídicas, que en las sentencias orienten al aparato judicial con expresiones racionales, accesibles, con un lenguaje más directo y de conocimiento público.

Ya lo decían los padres de la medicina, Hipócrates, Galeno y Esculapio, "cuando hay un mal diagnóstico habrá un mal tratamiento y un mal tratamiento no tendrá pacientes sanos".

La doctora en Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera me contó que en 10 años interpuso una decena de quejas contra jueces federales, pero ninguna prosperó.

Las demandas individuales y colectivas de la "académica litigante" -como ella se define- combaten la depredación medioambiental detrás de la cual se esconden a menudo poderosos intereses económicos. Su comentario me hizo reflexionar.

¿Qué tan eficiente es el Consejo de la Judicatura Federal para sancionar la corrupción de jueces? Pienso en temas relacionados con narcotráfico, medio ambiente, nepotismo, delitos fiscales o lavado de dinero, en donde se asienta la influencia del poder económico y político.

La periodista Zorayda Gallegos respondió ayer a esa pregunta con la publicación del reportaje “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente” en Quinto Elemento Lab.

El reportaje aclara que la investigación inició antes de que el presidente propusiera la reforma judicial, lo que lo desvincula de cualquier intención política.

Por medio de solicitudes de información, registros y expedientes judiciales, la periodista analizó los resultados de la Judicatura para sancionar a juzgadores durante los últimos 24 años.

En 24 años, se impusieron solo 664 sanciones por faltas administrativas a 423 jueces y magistrados. De estos, solo 22 jueces y 8 magistrados fueron destituidos. El resto recibió, en su mayoría, amonestaciones públicas o privadas.

Además, la Judicatura presentó 23 denuncias penales por delitos graves como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hostigamiento sexual, pero ninguno de los jueces involucrados fue castigado o sentenciado.

¿Acaso tenemos jueces impolutos o un órgano sancionador ineficaz? El modelo zedillista fracasó. No es extraño que de 10 quejas ninguna prospere.

Sin embargo, el reportaje acota: "En los documentos judiciales revisados se encontraron acusaciones de empleadas que dijeron haber sufrido acoso sexual, jueces que probablemente emitieron fallos a favor de sus amigos, recibieron millonarios depósitos en sus cuentas bancarias que no pudieron explicar, o cometieron defraudación fiscal, y magistrados que liberaron a narcotraficantes o ampararon a empresarios de casinos".

La inminente reforma judicial sustituye el Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina compuesto por 5 magistrados electos por voto popular, cuyos fallos son inatacables.

El Poder Judicial de la Federación es indefendible. Ignoramos qué engendro surgirá de la reforma obradorista.

Algo no cabe en el sentido común. El Tribunal Electoral federal determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia de género en 11 ocasiones contra la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, porque sus declaraciones reforzaban el estereotipo de que la mujer está en inferioridad o dependencia de los hombres para acceder a cargos públicos y no es autónoma en sus decisiones, pero no anuló la elección. El sábado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidió que Alessandra Rojo de la Vega, la candidata opositora en la alcaldía Cuauhtémoc, había cometido actos de violencia política de invisibilización y estereotipos negativos en contra de su rival, Catalina Monreal, y canceló la elección que había ganado.

¿Por qué 2 tribunales que revisaron la violencia de género en elecciones llegaron a decisiones antagónicas? El Tribunal Electoral federal consideró que los dichos del presidente contra Gálvez no afectaron el resultado de la elección y tampoco sancionó a otros de sus colaboradores acusados del mismo delito -López Obrador tenía una situación de excepción en materia electoral-, porque sus palabras fueron hechas en el marco del debate público. En el Tribunal Electoral capitalino, la resolución señaló que los comentarios de Rojo de la Vega contra Monreal no podían estar cobijados por la libertad de expresión, ni tampoco contribuyeron al debate público.

En ambos casos hubo similitudes. López Obrador descalificaba a Gálvez y decía que había sido impuesta como candidata por el activista Claudio X.González, y que respondía a los intereses de los dirigentes del PAN, PRI y PRD. Rojo de la Vega criticaba a Monreal y la vinculaba política y operativamente con su padre, el diputado Ricardo Monreal, cuyo equipo -que trabajó con su hija- "han extorsionado (y) han cobrado piso como si fueran delincuentes". Pero había otro factor notoriamente diferenciador: quien hizo el dictamen de la exoneración de López Obrador no se ha distinguido por seguirle la corriente; quien dio el voto de calidad para anular la elección en la Cuauhtémoc fue el presidente interino del Tribunal, Armando Ambriz Hernández, paisano y compadre del diputado.

Los Monreal, Catalina y Ricardo, pelearon en los órganos electorales la victoria de Rojo de la Vega. Ricardo, que tiene bastante experiencia en impugnaciones débiles -como las que presentó en 2 elecciones presidenciales donde perdió López Obrador-, fue la mente para pedir recuento de votos total en la alcaldía. El Tribunal Electoral capitalino determinó que no había elementos suficientes para realizarlo, y ordenó que solo se hicieran en las casillas que presentaban irregularidades. Catalina ganó otros 300 votos, que no hacían ninguna diferencia con el resultado de la elección que perdió por 11,296 votos.

Ambriz Hernández nunca debió haber participado en la votación en el Tribunal por el claro conflicto de interés, pero este concepto, que está definido por el Consejo de la Judicatura, no es un componente ético que abunde en los tomadores de decisiones en México. Su voto de calidad, es decir, definiendo el rumbo del dictamen, es un insulto a la inteligencia y una falta absoluta de ética política, lo que no sabíamos del magistrado pero sí del diputado Monreal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este lunes "una disculpa" al periodista Jorge Ramos, luego de que la semana pasada dio a conocer sus supuestos ingresos, al igual que de otros periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y León Krauze.

En su conferencia matutina, López Obrador ironizó que dio a conocer los supuestos ingresos del periodista de Univisión en dólares, cuando, dijo, era en pesos.

"Le tengo que ofrecer una disculpa a Jorge Ramos porque dijo, con razón, de que cada vez le subía más su sueldo, cada vez que hablaba yo de él, porque como me enojo mucho porque él va sumando el número de homicidios, entonces me enojo y le aumento el sueldo, lo que realmente gana", dijo.

Y siguió: "Sí, tiene razón porque dije que el hijo de Krauze (León Krauze) gana 4 millones de mensuales; López-Dóriga dije que 4; Ciro, 2; Loret, 2; y mencioné a Jorge Ramos y dije 17 millones de dólares al mes, y no, son de pesos. Que le pagan en dólares porque trabaja en Estados Unidos, pero son 17 millones de pesos, nada más", dijo López Obrador.

Luego de que el Presidente exhibió su supuesto salario, el periodista de Univisión le respondió con datos duros sobre la violencia en el país.

"Agradezco las disculpas del presidente López Obrador. Pero se volvió a equivocar con mi salario. Y no hay nada gracioso en esto. Al divulgar supuestos salarios nos pone en peligro a periodistas independientes y a nuestras familias. Es una forma de intimidación", escribió Ramos en redes sociales.

"Y aquí tengo unos datos: desde que AMLO llegó al poder han asesinado a 183,893 mexicanos. Estas cifras sí son exactas: las saqué del portal oficial de su gobierno. Entre esos homicidios hay 47 periodistas. En ningún otro sexenio ha habido tantos muertos. Nosotros también queremos un México mejor y más seguro", agregó.

Dentro de unos meses, cuando se hayan concretado los cambios, Morena podrá legislar a su antojo.

No solamente podrá cambiar la Constitución como le dé la gana. También podrá violarla sin consecuencia alguna.

Las leyes y los decretos presidenciales podrán contradecir abiertamente las normas de la Constitución y no habrá nada que hacer.

El congreso o la presidenta podrán atropellar derechos de las minorías y no habrá forma de reparar los abusos. Si alguien quiere una noción clara de autoritarismo, basta con eso. El autoritarismo es el poder que no está controlado por la ley.

Ese es el propósito explícito de la reforma judicial que impulsa el oficialismo.

Demoler el resguardo judicial para dejarle el campo libre al poder que presume legitimidad.

La presidenta electa, que siente tanto desprecio por la democracia liberal como su promotor, cierra los ojos ante las evidentes implicaciones autocráticas de la reforma que impulsa.

El Poder Judicial será anulado políticamente porque tenderá a ser reflejo de la mayoría que controla en el congreso y la Presidencia.

Quedará neutralizado porque tendría la mirada puesta en los patrocinios políticos y no en los argumentos de las partes y las exigencias de la ley; porque perdería el empaque de la preparación, el mérito y la experiencia.

Para ser coherentes, la reforma que impulsa Sheinbaum debería desembocar en un cambio de nombre. No un "Poder Judicial", sino un "departamento judicial", como proponía hace más de 100 años el constitucionalista porfiriano, Emilio Rabasa.

El morenismo rechaza que los jueces sean árbitros de la política.

Que los tribunales resuelvan problemas entre particulares, que decidan si un acusado es culpable, pero que el departamento judicial no se inmiscuya en asuntos de gobierno.

La anulación del Poder Judicial será responsabilidad histórica de Claudia Sheinbaum.

Esa es la consecuencia de la reforma que, al parecer, será aprobada en la Cámara de Diputados esta semana y que seguramente terminará su ciclo de aprobación este mes.

Anular el poder que han tenido los tribunales para revisar la actuación del gobierno y del congreso. Empalmar el Poder Judicial a los otros 2 poderes.

El objetivo es que la Constitución deje de ser ley.

Que vuelva a ser una bandera política, un símbolo, el resumen de los deseos del grupo gobernante, pero no una norma que asiente con firmeza los derechos y que fije claramente los límites al poder.

Convertir a la Constitución en manifiesto del grupo hegemónico y no una ley que le imponga restricciones.

La 1a.presidenta de México es corresponsable de ese brutal retroceso.

Desde la semana pasada, los tribunales federales han estado cerrados debido al cese de actividades de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación con motivo de la iniciativa para reformar al citado poder impulsada por el presidente López Obrador, situación que ha generado una parálisis semiabsoluta en la impartición de justicia a nivel nacional.

Dicha reforma plantea la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros de tribunales federales y, posteriormente, la aplicación del mismo sistema a nivel local, cuestión que ha sido duramente criticada tanto a nivel local por todas las barras y colegios de abogados, así como por un número significativo de instituciones extranjeras, que van desde el Senado de Estados Unidos hasta la organización Human Rights Watch, sin que exista al día de hoy una sola organización internacional que se manifieste en favor de la misma. Incluso a nivel doméstico, nadie, fuera de Morena y sus rémoras, ha tenido a bien apoyarla abiertamente.

Dicha reforma constituye una insensatez desde cualquier punto de vista, pero dejemos de lado por un momento lo abominable que sería la reforma propuesta para nuestro sistema de impartición de justicia y enfoquemos nuestra atención en lo más mundano de la misma: la logística que implican las propias elecciones de los jueces.

Para entender la complejidad que implica la elección por voto directo, tomemos el ejemplo de Jalisco, en donde al acudir a la casilla en las pasadas elecciones del mes de junio, cada uno de nosotros recibió 6 boletas: 3 federales y 3 locales.

En caso de votar por los jueces, recibiríamos (aparte de las mismas 6) 132 boletas para juzgadores federales y 269 boletas para locales (asumiendo que votaríamos por todos los de Jalisco), lo que implicaría que cada uno recibiría 401 boletas que nos serían entregadas por 401 funcionarios de casilla diferentes, y una vez marcado el candidato de nuestra elección en cada una de ellas, depositarlas en 401 urnas diferentes. Lo anterior, claro está, también implica que todos recordemos el nombre de cada uno de los candidatos con los que empatizamos, pues si son 401 puestos a ocupar y suponiendo que fueran 5 candidatos por cada juzgado, serían 2,005 candidatos.

Ante lo absurdo de tal número, debemos recordar que habrá de revisarse por parte de la autoridad electoral que cada uno de ellos cumpla con los requisitos formales de elegibilidad y sean solventes moralmente; además, los 2,005 candidatos habrían de dar a conocer sus propuestas o características que los hacen la persona indicada para ocupar el puesto al que aspiran, publicidad que, de acuerdo con la propuesta de nuestro aún presidente, se pretende darles tiempo en radio y televisión por parte del Instituto Electoral para que los candidatos se puedan dar a conocer entre los electores.

Recordar las propuestas de cada uno de ellos exigiría del electorado un ejercicio de memoria nunca antes visto por la humanidad. Si no conocemos los nombres de nuestros vecinos, ahora imagínese la prodigiosa capacidad que nos demandaría filtrar entre 2,005 candidatos las propuestas de aquellos 401 que nos parezcan mejores, recordando el día de la elección su nombre y el juzgado por el que se postularon.

En menudo predicamento nos encontraremos si nuestra memoria tiene la menor de las fallas ese día. Imagínese que se nos hace bolas el engrudo y buscamos en la boleta para ocupar el cargo de magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa aquel postulante que tanto nos cautivó y resulta que su candidatura es para ocupar el cargo de juez de paz de San Francisco del Chiflón. ¿Ahora por quién votamos?

El magistrado Reynaldo Reyes comentó que interpuso 3 amparos contra el proceso que se lleva a cabo para aprobar la reforma judicial.

Esto debido a que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados carece de facultades para este proceso.

El magistrado Marco Polo Rosas expresó que la reforma constitucional que se propone no tiene como finalidad mejorar el sistema de justicia. Agregó que el PJF es el único poder del Estado que tiene la facultad de que, si existe una ley inconstitucional, una violación a los derechos humanos, tiene la autoridad para decirle al presidente, gobernador o alcalde que el proceder no es constitucional y tiene que reflexionar; de lo contrario, existe la fuerza del Estado para obligarlo a que lo realice de forma correcta.

"Piensen, por ejemplo, en un partido político que tiene todo el poder y que realice leyes inconstitucionales, actos de autoridad arbitrarios. ¿Quisieran quedarse sin tribunales que los defiendan? Eso es lo que está en juego", refirió el magistrado.

Comentó que la carrera judicial, que pretenden eliminar, es una carrera de vida y especialización: "No somos improvisados, en promedio para llegar a ser juez es un lapso de 13 años". La magistrada Elisa Jiménez dijo que la ciudadanía vive incertidumbre y miedo porque dependiendo de lo que se resuelva en definitiva y del comportamiento de quienes nos representan en el país se va a marcar un antes y después.

626 asuntos urgentes que han sido atendidos a partir del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Se consideran asuntos urgentes los que ponen en riesgo los derechos humanos.

Con piedras y llantas comuneros del Estado de México bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Toluca a la altura de la Marquesa; suman 7 horas del cierre de la carretera sin llegar a un acuerdo para el pago de sus tierras por la construcción del Tren Interurbano.

Al no llegar a un acuerdo, los manifestantes obstruyeron la vía federal en ambos sentidos, mismos que colocaron piedras, llantas y botes, lo que generó molestia de los viajeros que tuvieron un breve enfrentamiento con los inconformes.

Al lugar personal de la autopista diálogo con los inconformes y después de unos minutos, los manifestantes accedieron a liberar el sentido vehicular rumbo a Toluca, mientras que la dirección a la Ciudad de México se habilitó un carril con la promesa de una mesa de diálogo con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

La función fundamental del Poder Legislativo no es hacer leyes que faciliten el desempeño del Ejecutivo, sino contenerlo, frenarlo, mismo papel que se contempla para el Poder Judicial.

En una sociedad con intereses y posiciones ideológicas opuestas como la mexicana,las elecciones sirven para que la ciudadanía se pronuncie en favor de uno u otro proyecto.

En México, por lo menos en los próximos 3 años Morena, PT y PVEM de acuerdo a la sobrerrepresentación que les otorgaron tendran mayorias calificadas que les permitiran hacer cualquier cosa por absurda y dañina que sea.

Cuando había quienes pensábamos que lo peor de la reforma judicial era la elección popular de jueces y magistrados, llegó entonces la figura de los "jueces sin rostro", que bajo el supuesto de proteger a las y los juzgadores en casos particulares, se les ocultará en identidad.

La figura entró de último momento por la bancada de Morena cuando se aprobaba la reforma por la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, y aunque todavía falta discutirse en el pleno y en el Senado, es un punto más que pone en riesgo al sistema judicial del país.

Sí, urge a México una reforma judicial, sin embargo, la forma en la que se ha hecho parece no ser lo más adecuado. Abordando ahora solo esta figura, se cae en violaciones no solo a la constitución (que claro, será reformada), sino que, además, rompe tratados internacionales.

De acuerdo con la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y la Convención Americana, la figura de jueces sin rostro, o "justicia ciega" impide a las personas procesadas o juzgadas conocer la identidad de sus juzgadores para valorar su competencia en el juicio, llegando a violar el debido proceso.

Y aunque se prevé se utilice para casos del crimen organizado, hasta hoy nada garantiza que sean casos exclusivos, por lo que cualquier persona podría ser juzgada de esta forma y caer en violaciones a sus derechos humanos, sin considerar que esta figura solo supone que el Estado de Derecho no existe, al no tener capacidad de poder proteger ni siquiera a las y los juzgadores del país.

Ejemplo de haber instaurado estas figuras fueron Perú y Colombia. En el 1er. caso fue el gobierno de Alberto Fujimori el que en 1992 introdujo el concepto de "justicia ciega", pero su aplicación incurrió en diversos casos de prisión injustificada de personas inocentes en procesos judiciales irregulares, por lo que, basado en los tratados internacionales, que se convierten en máxima norma jurídica, se eliminó un par de años más tarde.

También está el caso de Colombia, donde la figura de los "jueces sin rostro" se instauró hacia los años 90, cuando se vivían atentados directos del narco contra la autoridad, pero, debido a que viola precisamente el debido proceso, la figura se eliminó hacia el año 2000 con base en los tratados internacionales mencionados.

Es decir, con esta figura estaríamos retrasando la justicia de México 30 años, pues aun habiendo conocido de estos casos donde los "jueces sin rostro" fueron eliminados de los sistemas judiciales de estos países por ir contra los tratados internacionales, las y los legisladores de Morena han apostado por sumarlos a la reforma, sabiendo que deberán ser retirados tarde o temprano.

Pese a todo ello, todo parece que la reforma va, y considerando los tiempos dados por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, la reforma y todos los puntos irreales propuestos estarían siendo aprobados en el mismo mes de septiembre, considerando que las entidades tienen seis meses para adecuar sus estatutos locales.

Sería entonces en el mes de marzo cuando esto ocurra, pasando así a los 2 meses de debates para que la ciudadanía conozca las figuras por quienes deberá votar en el 1er. bloque de elecciones, tanto en lo federal como en lo estatal simultáneamente, que se prevé para los primeros días de junio de 2025.

Habrá que tener fe de que esto todavía se pueda frenar, confiando en que el Senado pueda echar para atrás dicha reforma, o que utilicen la congeladora una vez más, pues de aprobarse, al pasar al consentimiento de las entidades no habría vuelta atrás, ya que al tratarse de una reforma constitucional, solo requiere la aprobación de 13 entidades (la mitad +1), y Morena tendrá, ya 24 estados guindas, y no habrá quien nos salve de los jueces sin rostro, ni pies, ni cabeza.

El INE le cedió su autoridad constitucional a la Secretaría de Gobernación que dijo cuántos diputados le correspondían a cada partido político, y el INE se limitó a darle formalidad jurídica.

7 consejeros se negaron a interpretar el Artículo 54 de la Constitución y traicionaron al pais. Y a quienes no lo hicieron, como Martín Faz, el representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez Luna lo amenazo con juicio político.

Enseñó el filo del hacha en la sede del INE. En la fachada de su edificio dice: Instituto Nacional Electoral. Tal vez el miércoles habrá que poner bajo esas letras: Octubre de 1990-Agosto de 2024.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, pasó un mal rato público cuando fue interpelada por una abogada cuando exponía sobre los beneficios de la reforma al Poder Judicial.

Fue durante el Foro Reforma al Poder Judicial celebrado en Mérida, Yucatán, mientras que la ministra hablaba sobre la justicia en México, como personas inocentes purgan una pena en las cárceles y los responsables están libres.

"La justicia demora, tardía no es justicia", decía Ortiz Ahlf, cuando Mildred Berrón desde su lugar comenzó a reclamarle a la ministra.

"Las Fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, no del que usted representa. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentir, es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y vengan a mentirnos a la cara. Es una pena", gritó con el micrófono en mano.

Además, Mildred Berrón comenzó a explicarle, según lo que había escuchado, a los presentes lo que había ocurrido con sus asuntos.

"Señor sus asuntos estaban en la Fiscalía, no en un Juzgado de Distrito, no en la Sala de la Suprema Corte. Un asunto de la Fiscalía no escala a eso", dijo.

Y continuó: "¿Por qué nos miente, señora ministra? Yo defiendo al país, defiendo la democracia. Usted por lo visto sólo defiende al presidente, sólo viene a elogiarlo, a mentirnos, como lo hace la 4a.Transformación".

"¿Cuál transformación? Están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial", terminó cuando le pidieron el micrófono y lo arrojó al suelo.

Padres de familia de la escuela primaria "Niños Héroes", del poblado de Santa Rosa, cerraron la circulación vehicular en Carretera a Chapala en ambos sentidos para exigir mejores condiciones para la escuela.

Alrededor de las 08:00 horas conductores reportaron tráfico pesado en la vialidad y cerca de una hora después el tráfico colapsó en su totalidad a la altura de La Duraznera, en el referido poblado.

La carga vehicular se registra desde la altura de la colonia Paseos del Lago, en el municipio de Tlaquepaque, hasta el Parque Montenegro. Se recomienda extremar precauciones y medir tiempos.

El pasado sábado 24 de agosto, amigos y familiares de Aldo González, estudiante de la Universidad de Guadalajara desaparecido desde abril, cerraron la circulación de la avenida Manuel Acuña para exigir la localización del joven.

Apenas el día de ayer trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos marcharon desde Ciudad Judicial hasta el Parque Metropolitano para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial.

Jalisco está posicionado entre los primeros lugares con el mayor rezago en materia de impartición de justicia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, es el 2o. estado con el mayor número de presos sin sentencia.

De un total de 11,957 internos, 7,824 personas se encuentran en alguna de las distintas etapas del proceso judicial y sin condena. 6 de cada 10 están en esa situación.

La Dirección de Prevención y Reinserción Social revela que más de 1,900 personas tienen más de 2 años de prisión, pero todavía no reciben una sentencia. Entre estos se encuentra Yigal N., quien es señalado de quitarle la vida a Josué, Estefanía y Brian, 3 jóvenes que circulaban por López Mateos el 17 de octubre de 2021, mientras Yigal conducía a exceso de velocidad y provocó un accidente.

Existen otros casos en el país que exhiben este problema, como el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, detenidos tras el homicidio de la regidora panista Marigely Tamés Pérez el 5 de septiembre de 2001, y quienes siguen en prisión sin sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que "el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial", siendo el juicio más largo del país.

Anuar García, doctor en Derecho, lamentó los números que tienen a Jalisco "en los últimos lugares en materia de impartición de justicia", una situación que representa la incapacidad del sistema penal acusatorio para acelerar los procesos de la emisión de sentencias.

"Tanto a nivel local como federal, urge, ahora que se tiene un presupuesto constitucional en el estado, una aplicación adecuada del recurso para tener más juzgados, pero también para tener un mayor control de lo que hacen los jueces, con la finalidad de evitar que se den actos de corrupción y que se permita que las personas con menos recursos sean las que generalmente se queden dentro de prisión sin obtener una sentencia".

En julio de 2023, el Congreso de Jalisco aprobó que el Poder Judicial del Estado tenga un presupuesto constitucional. Se establece que, a partir del siguiente año, este no podrá ser inferior a 2% del presupuesto del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate.

A nivel nacional, 4 de cada 10 presos están sin sentencia, en promedio.

Anuar García también alerta por el paro que se realiza en el Poder Judicial de la Federación contra la reforma judicial, ya que podría retrasar más los procesos jurídicos en la entidad, "debido a la gran carga de trabajo que se tiene". Señaló que es válido que realicen dichas protestas, pues la situación que se avizora con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador con esa reforma será un golpe a la justicia. "Sí traería un grave retroceso, como ya sucedió en el pasado, cuando han tenido paros y nada más se van acumulando miles y miles de expedientes pendientes por resolver".

Este problema refleja deficiencias en el sistema penal acusatorio y resalta la necesidad de reformar el sistema judicial estatal y federal. El reciente presupuesto constitucional para el Poder Judicial en Jalisco es un avance, pero es esencial que se implemente eficazmente para mejorar los procesos.

Recién me entero de que por traer una camioneta de esas que usan los políticos en campaña, la policía del municipio puede -porque así sucede- aproximarse a una familia sin estar en dicha unidad para hacer una revisión. Sucedió tal cual, durante esta semana, que a unos conocidos míos, muy próximos y con la particularidad de tener un acento extranjero, les hicieron tal revisión de papeles a plena luz del día en un centro comercial cercano a su casa. Esta familia, normal, compuesta de 3 hijos y una pareja (los padres de los niños), vive en México hace algunos años, provenientes de Sudamérica. Habría que precisar que no es lo mismo para nuestro malinchismo que el acento sea europeo o gringo, a uno que venga del sur, y del sur haría la distinción de los argentinos porque el de los chilenos ya esta generación no lo conoce y es difícil de imitar. Continúo, ahí tiene a la señora recién surtida de útiles escolares para las criaturas cuando un oficial de la Policía de Zapopan le pide ver su documentación apenas ellos (hijos y madre) se acercaban al tremendo camionetón. Resulta que, para no hacerle el cuento tan largo, estimado lector, la señora no tenía idea de dónde estaban todos los papeles.

Entre identificaciones, pólizas, tarjetas de circulación y otros menesteres, la pareja de oficiales quería ver algún otro documento que no tenía esta mujer a la mano. De no tenerlo, le dijeron, tendrían que llevarse el coche al corralón. En menos de lo que se lo cuento, llegó el marido buscando tal papel. Llegó desesperado porque a su mujer le habían hecho la caridad de ofrecerle que, de no encontrarlo, podría depositarle a su compañero y a él la suma de 30,000 pesos. Les tuvieron ahí, sin poderse mover algunas horas, los niños fueron muy bien tratados por el "policía bueno" y el "policía malo" se hizo cargo de verificar que el papelito fuera entregado a sus manos, o corralón. Para terminar esta pequeña crónica, me adelanto y le cuento que el final fue uno feliz: el señor encontró el dichoso documento y se acabó el desaguisado.

Aun así, no parece realmente que debamos conformarnos con el final, y me pregunto: ¿Es que la Policía de Zapopan está enterada de que sus oficiales buscan corromper de esta manera y a plena luz del día? ¿De no encontrar tal o cual papel, el coche debía ir al corralón? ¿Por qué se entretuvieron tanto y se ensañaron pescando a esta familia? Las respuestas un poco las intuyo: la corrupción está a la vuelta de la esquina y es vil. Qué pena me dio escuchar el relato de boca de gente de bien que se gana el pan todos los días para sostener a sus hijos. Qué pena que esta nueva generación de policías continúe con el legado del pasado, temerles en lugar de ser refugio. Entiendo que se tengan que hacer revisiones, pero, ¿de verdad fue eso? Ahí se los dejo...

En las últimas décadas, hemos sido testigos de una notable expansión del papel del Poder Judicial en la vida pública y la política. El discurso jurídico se ha hecho presente en prácticamente todas las relaciones sociales, y lo que antes sólo se planteaba en la arena política, ahora también se debate en los tribunales.

El poder real de las cortes ha crecido y la sociedad, afortunadamente, se interesa cada vez más en los temas jurídicos, dando un nuevo aire al debate democrático. Este fenómeno global ha transformado a los magistrados en protagonistas clave de la vida pública, dado el impacto profundo y duradero de sus decisiones.

Temas de vital importancia social, desde el derecho al aborto y la eutanasia, hasta la protección de la privacidad y las expropiaciones, se deciden en los juzgados, moldeando así el tejido de nuestras sociedades. Por eso, muchos mandatarios han intentado, de una forma u otra, influir en las áreas de la justicia: desde la intención de Trump de controlar al Departamento de Justicia y al FBI, o las reformas en España, o el intento en Israel que trajo una enorme movilización social para evitar el control político de las cortes, pasando por reformas de diverso grado en otras partes del mundo.

La tensión inherente entre política y justicia es un pilar fundamental de la democracia. Mientras la política busca resolver conflictos a través de un principio mayoritario, negociado y a menudo comprometido, la justicia se orienta hacia la búsqueda de una solución legal, correcta y justa, basada en un análisis racional e imparcial. Esta diferencia fundamental provoca que, en ocasiones, una resolución jurídicamente correcta sea políticamente costosa o socialmente impopular. El discurso político es deliberativo, mientras que el judicial es una decisión imparcial impulsada por argumentos técnicos.

Muchos temas políticos ahora se deciden en los tribunales, generando una presión implacable sobre la independencia judicial. Los actores políticos, en su afán por inducir las decisiones judiciales, intentan ejercer influencia directa o indirecta a través de mecanismos partidistas o grupos de poder. Las reformas judiciales que vemos hoy en día son un reflejo de esta tensión, oscilando entre la defensa de la independencia judicial y los intentos por subyugarla al control político. El resultado en las democracias es un fortalecimiento de los aparatos judiciales y de las cortes constitucionales como garantes democráticos.

En México, nos enfrentamos a una polémica reforma que propone la elección directa y popular de jueces. Aunque esta idea pueda parecer atractiva en teoría y ganar adeptos en un país azotado por la impunidad, sus implicaciones son profundas y potencialmente peligrosas. La crisis de justicia que atraviesa México no es fruto del azar, sino de décadas de negligencia política, que han dejado al sistema judicial fuera de las prioridades, sin recursos suficientes para responder a las demandas de la sociedad, mientras se infiltraban redes de intereses oscuros.

A pesar de esa insuficiencia, a lo largo de los años se ha logrado construir un sistema judicial federal más capacitado y técnicamente preparado, que ha permitido defender la legalidad y la Constitución. La reforma a la Constitución del año 2011 impulsó una nueva forma de interpretar los principios para priorizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. La reforma propuesta, aunque tenga buenas intenciones, corre el riesgo de desmantelar estos avances, abriendo la puerta a una degradación técnica del poder judicial, a su politización por intereses partidistas, e incluso a una peligrosa injerencia del crimen organizado. Pero aún más grave sería dejar de lado ese mandato del artículo primero de la Constitución que ordena a todas las autoridades actuar interpretando las disposiciones con el criterio de mayor protección de los derechos.

En este momento crucial, cuando el Poder Judicial está en el centro del debate nacional, es imperativo mantener su fortalecimiento como una prioridad para consolidar nuestra democracia y garantizar el desarrollo del país. La forma como se eligen a jueces y magistrados es un tema relevante, pero el más trascendente es encontrar la forma de extender el servicio público de justicia con calidad a toda la población que lo requiere. Politizar la justicia con la excusa de reducir la judicialización de la política es un camino lleno de peligros que solo puede evitarse con una vigilancia constante por parte de la sociedad. Todo cambio debe orientarse al fortalecimiento institucional del sistema judicial, en beneficio de todos los ciudadanos que dependen de él para obtener justicia. Es una cuestión esencial para el Estado mexicano y para sus habitantes.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es, definitivamente, disfuncional o está en una crisis tan profunda que sigue cometiendo errores costosos.

La prueba concluyente es el fiscal Alejandro Gertz Manero, que el miércoles por la noche difundió un comunicado sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada que, por la información que hizo pública, legitima y da cauce legal a la carta del jefe del Cártel Pacífico/Sinaloa donde vincula al gobernador Rubén Rocha Moya con el crimen organizado. ¿Lo hizo por torpe? ¿Por instrucciones del presidente para hundir a su amigo Rocha Moya? ¿Porque quiere deslindar a Palacio Nacional de cualquier sospecha del cártel de una traición? ¿Para mandarle un mensaje de paz al capo?

La nota informativa que distribuyó la Fiscalía General señala que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, capturado junto con Zambada en El Paso, Texas, hace 3 semanas, es presunto responsable del secuestro del capo para sacarlo de México y entregarlo a las autoridades estadounidenses, cometiendo un delito federal por privarlo de su libertad y otro por traición a la patria. En la misma nota afirma que el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén no fue en la gasolinera, como afirmó la fiscalía sinaloense, sino en el rancho donde atraparon a Zambada.

Por lo que informó la Fiscalía General, se puede deducir que llegó a esas conclusiones gracias a la carta de "El Mayo" Zambada publicada el 10 de agosto, donde afirma que Guzmán López lo emboscó para llevarlo a Estados Unidos y lo puso en sus manos, mientras que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde él había sido citado para mediar entre él y el gobernador. Es decir, Gertz Manero tomó los dichos del narcotraficante como si fueran una denuncia ante la autoridad y otorgó validez selectiva a los dichos de Zambada, omitiendo todo lo que involucra a Rocha Moya.

Gertz Manero, por lo que señala el comunicado, no recibió ninguna denuncia de la familia de Zambada que motivara la investigación, y actuó como normalmente no lo hace. Como contraste de su actuar, cuando ejidatarios poblanos bloquearon durante 5 días la autopista México-Puebla que causó pérdidas económicas de 131,000 millones de pesos, no intervino, incurriendo en el delito de omisión de responsabilidades, que comete también cuando se hace de la vista gorda ante las peticiones de gobernadores para que atraiga investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Solo cuando el presidente le ordena que se meta a un tema relacionado con el narcotráfico lo hace, como sucedió en el caso de "El Mayo" Zambada, aunque sus resultados parecen más un intento de quedar bien con Zambada, que saber qué sucedió, como puede interpretarse porque Gertz Manero solo tomó parte de las revelaciones que hizo el capo al imputar a Guzmán López, excluyendo las partes comprometedoras que mencionan la relación directa de Rocha Moya con el cártel, antesala de una imputación a López Obrador. De ahí la protección presidencial, de la presidenta electa, de los gobernadores de Morena y los líderes del partido, en un enorme encubrimiento institucional.

Pero la acción de Gertz Manero está lejos de lograr la exoneración que pretende y no ayuda al gobierno, porque al desmentir la versión de la fiscalía sinaloense sobre el asesinato de Cuén sin abrir una investigación contra la exfiscal Sara Bruna Quiñonez por el presunto delito de encubrimiento y alteración de evidencias, probablemente porque si la llama a declarar podría revelar quién le ordenó mentir y desaparecer evidencias, lo que conduciría una vez más a Rocha Moya, y su presunta actitud delictiva.

Gertz Manero tuvo que tragarse su enojo con el gobernador por haberle mentido en las conversaciones que tuvo con él por órdenes de López Obrador, quien le pidió que lo apoyara sin hacer caso a las investigaciones preliminares sobre lo que había sucedido en la captura de Zambada y Guzmán López, que dejan muy mal parado a Rocha Moya y que, de haberse actuado con legalidad, lo habría obligado a promover un juicio de desafuero para inculparlo y llevarlo a tribunales.

Esas investigaciones preliminares revelan que los vínculos de Rocha Moya con Zambada eran fuertes, y que el asesinato de Cuén tenía que ver con esa relación. El fiscal informó al presidente que había una fuerte protección institucional del gobierno sinaloense a "El Mayo", y que había descubierto que más de 30 altos mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia estaban a su servicio. Gertz Manero también expresó sus sospechas que la bitácora de vuelo que presentó Rocha Moya para justificar que no estaba en Sinaloa el día en que sucedieron los hechos, fue alterada.

Pero de esto, no hay nada. Se le dio carpetazo porque el presidente quiere proteger a Rocha Moya, lo cual cada vez será más difícil. El intento de desviar la atención con el anuncio de la próxima orden de aprehensión contra Guzmán López y la rectificación de dónde fue asesinado Cuén, va a ser inútil, al tiempo de sembrar más dudas que respuestas, y más incriminaciones que exoneraciones, porque vuelve a colocar bajo la lupa al presidente y al gobierno por las presunciones de sus nexos con el Cártel del Pacífico/Sinaloa.

No obstante, siguen las torpezas del gobierno, expuestas ahora en el comunicado, que el vocero Jesús Ramírez Cuevas debió haber revisado y autorizado -como lo hace con todos los boletines-, antes de publicarlo. El control de daños sigue dando tumbos, y no ayuda que este domingo, acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, López Obrador vuelva a Sinaloa pretextando una entrega de obras. Apuntalar el apoyo a Rocha Moya es también abrir un paraguas para el presidente.

López Obrador ha deslizado en varias mañaneras su temor de lo que pueda decir Zambada contra él, que refleja la preocupación en Palacio Nacional de que el cártel piense que la traición a su jefe salió de ahí, alimentando el miedo que uno de estos días otro comunicado lo señale de manera directa, como lo hizo el capo con Rocha Moya.

Pese a que el Ayuntamiento de Tlajomulco intervino este mediodía la avenida Adolf Horn tapando los baches y abriendo alcantarillas para para desbloquear la arteria de las aguas negras habitantes de la Zona Valle cumplieron su promesa y se manifestaron por la noche para exigir trabajos integrales y se garantice que no volverán a presentar este tipo de problemáticas en lo que resta del temporal.

Un grupo de 50 personas residentes de las colonias la Gigantera, Real del Valle, Chulavista, Villa Fontana entre otros bloquearon el ingreso a la avenida Adolf Horn desde el Periférico, con pancartas y consignas exigen al Gobierno de Tlajomulco atenderlos y brindar una solución de forma inmediata.

El señor Carlos Palafox habitante de la Gigantera considera que tapar los baches es importante pero solucionar el problema de las aguas negras es una prioridad, agrega que dicha problemática se comenzó a presentar cuando realizaron el puente vehicular que forma parte de las obras de la línea 4 del tren ligero.

"El motivo de la manifestación es para darles a conocer que el problema que tenemos en la Colonia La gigantera que es muy grave y que tenemos años tratando de que nos solucionen El problema del drenaje del cual es muy viejo y nos ocasiona muchos problemas, las obras del tren nos han dado bastantes problemas ahora porque el agua la están desviando a nuestras calles y casas y ya se imaginará los drenajes obsoletos se sale el agua y tenemos más de 2 meses con el agua hasta el cuello que no podemos salir y estamos buscando una solución".

El Ayuntamiento de Tlajomulco arrancó el programa de bacheo y destinará 22 toneladas de asfalto para tapar los baches de esta vialidad, pese a ello los vecinos que se manifestaron consideran que solo se solucionó una parte de la vía pero que el resto continúa siendo intransitable, por ello insisten en qué se debe de realizar un trabajo integral sobre toda la avenida Adolf Horn.

"Estaba echado pero son soluciones a medias porque si llueve hoy en la noche mañana quiero ver que esté igual por eso les exigimos que se den cuenta que en La Gigantera existimos y queremos tener voz con todos mis compañeros porque también pagamos los impuestos y así como a todos nos cuesta mucho sacrificio pagar nuestros impuestos queremos que ellos con ese sacrificio nos apoyen en hacer obras en nuestra colonia".

Además de los problemas señalados los vecinos exigen a las autoridades de Tlajomulco acelerar los trabajos para concluir la reparación del socavón que se formó el 3 de julio y que a esta fecha continúa sin ser tapado afectando el tráfico de la zona.

Los manifestantes advirtieron que de no tener una respuesta a sus demandas será el próximo jueves cuando regresen a los cruces de Periférico y Adolf Horn para realizar un nuevo bloqueo pero en esta ocasión sería por la mañana.

Luego de más de 12 horas de bloquear la carretera federal México-Cuautla, en ambos sentidos, damnificados de varias colonias de Chalco, que están inundados desde el 2 de agosto, liberaron la vialidad por la lluvia que se presentó en esa zona del Valle de México.

Gerardo, uno de los inconformes de la colonia San Miguel Jacalones 2, dijo que por ahora se retiraron los vecinos, pero probablemente regresen a protestar otra vez porque consideran que las autoridades de los 3 niveles de gobierno no dan celeridad a las acciones para desalojar las aguas residuales y pluviales que se encuentran en calles y viviendas.

Las autoridades les ofrecieron que seguirán las labores que llevan a cabo diferentes dependencias federales, estatales y locales para extraer los líquidos que se concentran en varias comunidades.

Desde las 8 de la mañana de este lunes decenas de personas de las colonias San Miguel Jacalones 2, Emiliano Zapata, Nueva San Miguel y Tres Marías, se apostaron en 2 puntos de la vialidad que conecta a la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl con la Ciudad de México y Morelos.

Un grupo de vecinos cerró el tránsito frente al Centro de Transferencia Modal (Cetram) del Trolebús Santa Martha-Chalco, en dirección hacia la Ciudad de México.

El otro contingente se colocó frente a una zona de restaurantes, a la altura de la colonia Santa Cruz Amalinalco, en dirección a Chalco y Cuautla.

Los inconformes exigen a las autoridades que se aplique un plan de acción efectivo que garantice extraer los miles de litros que se encuentran en sus comunidades e inmuebles.

Los habitantes desean que los elementos del Ejército mexicano rompan la tubería con su maquinaria donde fue encontrado el tapón del viejo Colector Solidaridad y que la sustituyan con material nuevo, porque de lo contrario no se desalojará todo el líquido acumulado.

Los residentes creen que los camiones Váctor, que son utilizados desde que inició la emergencia para extraer el agua, no son suficientes para remediar el problema, pues cada que llueve se incrementa el nivel de las aguas.

El bloqueo generó un caos vehicular en toda esa región del Valle de México.

Durante el cierre de la vialidad se registraron varios confrontaciones verbales entre los manifestantes y los conductores de automotores porque no los dejaron circular, pero elementos de la Guardia Nacional División Carreteras tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

La lluvia que se presentó en la zona ahuyentó a los manifestantes, quienes regresaron a sus casas para ver si se incrementó el nivel del agua en calles y el interior de sus propiedades.

Durante los foros nacionales para analizar la reforma judicial, especialistas alertaron que la iniciativa presidencial excluyó una propuesta detallada para reformar los tribunales y las fiscalías locales.

El debate se ha centrado en la justicia federal, como si sólo existieran los ministros de la Corte, sin distinguirla de la justicia local.

Esta última es el ámbito más próximo para el ciudadano promedio. Los delitos y disputas más frecuentes se dirimen en un tribunal estatal: robos, violencia familiar, abuso sexual, fraudes, extorsión, feminicidio, homicidio, pensiones alimenticias...

Por otro lado, las fiscalías locales son el eslabón perdido en donde la ineficacia, la saturación y la corrupción impactan en todo el proceso de impartición de justicia hasta que el caso llega a un tribunal.

La fabricación de pruebas, las indagatorias fraudulentas o con fines políticos, la falta de autonomía -una fiscalía que sólo sirve al gobernador en turno como en Jalisco-, todo eso, ¿se termina con jueces legitimados por el voto popular?

¿Un poder judicial profesional e independiente garantiza justicia si una fiscalía parcial y politizada integra las carpetas de investigación?

En el proyecto de dictamen dado a conocer la semana pasada ni siquiera se menciona a las fiscalías.

En lo que respecta al sistema judicial en las entidades federativas, sólo menciona que deberán adecuarse conforme a las bases que establezca la carta magna para el Poder Judicial de la Federación.

Esa responsabilidad recae en el congreso local que tiene un máximo de 180 días naturales (medio año) a partir de publicada la reforma federal para hacer las adecuaciones normativas. También fija como plazo máximo hasta la elección del 2027 para renovar todos los cargos del poder judicial local.

Los controles políticos para la designación de jueces y magistrados son más susceptibles ante poderes fácticos locales.

La justicia federal es mejorable, pero la estatal es inaceptable.

La reforma judicial local será armonizada con la federal, pero la letra chiquita quedará en manos de las mismas inercias: los partidos y grupos políticos en el poder que dominan en cada entidad.

La por consumarse reforma al Poder Judicial atiende a la ideología de un grupo que por arte de su voluntarismo -vecino del autoritarismo- vuelve a una mayoría electoral Congreso Constituyente, impulsado por una sola voz: la del presidente.

El Poder Judicial de la Federación, y en buena medida el de Jalisco, tienen un servicio civil actuante, mejor, sin estar cerca del ideal, que el del Poder Legislativo y el Ejecutivo. A la vera de los infaltables recomendados, de las filiaciones políticas que son escalón aún funcional para ascender, hay una carrera judicial. Las manifestaciones que ha habido, que habrá, de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial son muestra: la reforma en cierne amenaza las certezas que tenían respecto a el valor que tendrán los méritos acumulados y la trayectoria profesional. Porque desde el Ejecutivo llega un mensaje contundente: la calidad de elegidos por el pueblo les otorga poder absoluto sobre lo que les atañe y también sobre lo que no, por una razón sencilla: por el voto del pueblo se consideran legítimos y moralmente intachables, tanto que miran a las leyes para abajo. No olvidemos la expresión del presidente, ofrecía, clamaba: "nadie por encima de la ley", hasta que tocó su turno de regir y adicionó a su dicho: excepto yo y quien yo diga.

No tenemos los mejores sistemas para escoger jueces, magistrados y ministros, porque ni el Legislativo ni el Ejecutivo tienen la intención de que el principal criterio de selección para los cargos en el Poder Judicial sea la capacidad ética y profesional, y la carrera judicial. La multicitada reforma no supone que esto vaya a mejorar, al contrario: la elección por voto popular, por una tómbola si se ofrece, hará que los imperativos sean otros, ajenos a las necesidades de impartir justicia, y el Tribunal de Disciplina, una de las novedades, por las atribuciones que tendrá, obligará a las y a los juzgadores a tomar en cuenta, al dictar sentencias, criterios que no necesariamente estén en los códigos; en cambio, resultará más importante que sean peritos en el contexto de la trama política y en las nociones de cierta justicia social, merecido castigo y pueblo bueno que son el credo del presidente, de la presidenta y su partido.

No queda sino reconocer que una reforma era urgente desde hace mucho, nos la quedaron a deber los propios poderes judiciales. Desestimaron los primeros signos del embate y los argumentos que ahora podemos esgrimir para que la muda no sea la que concibe el presidente López Obrador son más bien pocos, de índole conceptual. Para la gente esos conceptos, independencia, soberanía, autonomía, la justicia para la justicia no para la política, significan nada; en tanto que su experiencia frente a personas juzgadoras y habiendo padecido a muchos funcionarios hijos de la carrera judicial, tal vez reflexione: ya era hora de que se hiciera algo. Ese algo omnipresente, indefinible, que abarca la ignorancia, pero también la frustración.

Al final, la famosa reforma se está emprendiendo según la secular inercia política y, como siempre, se modificarán las formas no el fondo; se hace de cara a lo que plantea para su beneficio la camarilla en el poder, no de cara a las y a los mexicanos y sus deseos de justicia, o de, para comenzar, sus deseos de enterarse de qué decimos cuando decimos justicia.

Dicen por ahí que "más vale tener amigos que tener dinero". Y si alguien puede dar fe de ello desde el pasado miércoles en la noche es el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Si no fuese así, en estos momentos estaría encerrado tras las rejas de un reclusorio acusado de corrupción y peculado.

Ahora bien, también hay que decir que hay de amigos a amigos; los de Corral son nada menos que los actuales dueños de este país. De ahí que, con solo hacer una llamada, hicieran correr en su rescate al encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acudió de manera expedita a entorpecer e impedir la acción de la justicia de las autoridades de Chihuahua que pretendían ejecutar una orden de aprehensión expedida por un juez por el desvío de una cantidad cercana a los 100 millones de pesos durante su administración.

Dicho sea de paso, por si no se tiene presente, Ulises Lara es expareja de la llamada "ministra del presidente", Lenia Batres, y por ende ex cuñado del actual jefe de Gobierno de la capital del país, Martí Batres. Es decir, el mismo personaje que, para que pudiera ejercer y quedarse a cuidar el despacho de la ex fiscal Ernestina Godoy, le expidieron en menos de 24 horas un título universitario y una cédula profesional como licenciado en derecho.

El tema es que, por instrucciones "de arriba", que bien pudo ser el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador o la recién nombrada presidenta electa Claudia Sheinbaum, Ulises Lara impidió la detención de Javier Corral -en un bar de la Colonia Roma- falseando información y mintiendo, como fue el hecho de haberse identificado en calidad de fiscal de la Ciudad de México siendo que es encargado de despacho; y luego aduciendo que la Fiscalía solo había recibido la petición del gobierno de Chihuahua de colaborar en la detención, pero que ésta había sido rechazada, pues la Fiscalía determinó no colaborar. Esto último también es una falsedad, toda vez que en redes sociales y medios de comunicación circula el documento en el que la Fiscalía aprueba colaborar.

El asunto no es menor. Y habrá que poner bastante atención en toda la serie de anomalías, por no decir, prepotencia e ilegalidades, que acompañaron una acción que nos debe preocupar en demasía a los mexicanos, porque es justamente la autoridad la que incurrió en los excesos relatados.

Es el caso Corral una muestra clara de lo que puede ocurrir si se sigue fomentando o incrementando el riesgo del autoritarismo en el que puede caer en forma plena la nación, si como se plantea por el actual régimen y por Morena y sus aliados, que el INE otorgue un número muy amplio de diputaciones federales de representación proporcional, los plurinominales, a Morena y al Partido Verde, para que en conjunto con el Partido del Trabajo obtengan un número estimado del 75% de los integrantes de la Cámara de Diputados, y con ello una mayoría calificada espuria, ilegal, artificial, con la que podrían modificar la Constitución y todas las leyes que quisieran sin necesitar de otra intervención de fuerza política diferente.

Lo más sorprendente, además del abuso de la fuerza pública para favorecer a un particular y ponerlo por encima de la ley y protegerlo de la justicia penal que lo reclama allá en Chihuahua, es la reacción del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien en la famosa mañanera posterior dijo simplemente que la Fiscalía capitalina había actuado de forma adecuada para proteger del desaseado proceso en que las autoridades del estado norteño habían pretendido detener al ex gobernador, al tiempo que acusó a la gobernadora María Eugenia Campos de que, en contubernio con otros ex gobernadores, había perpetrado esta acción impropia.

Como si no fuese suficiente el acto de prepotencia y autoritarismo, el presidente López Obrador arremetió en su conferencia mañanera contra el periodista Ciro Gómez Leyva, quien, en el mismo momento en que autoridades de la Ciudad de México y Chihuahua se jaloneaban a Corral, tenía en su noticiero nocturno la primicia de lo que ocurría en el restaurante-bar de la Colonia Roma, con imágenes y videos, gracias a comensales que se comunicaron a la redacción para filtrar lo que sucedía. Pero AMLO no lo entendió así y nuevamente descargó su furia contra el comunicador, a quien prácticamente juzgó y sentenció. Ciro, en su programa matutino de ayer, le dijo al presidente que es su trabajo comunicar oportunamente, aunque evidentemente molesto con lo que se estaba nuevamente hablando de él en la conferencia matutina, prácticamente se despidió de su programa, quizá adelantándose a un posible despido.

Es, pues, un acto más que nos habla de lo que podrá ocurrir si las autoridades electorales otorgan a Morena y sus aliados la mayoría calificada, el máximo poder, y que evidentemente le respondería al ejecutivo de la nación.

Esta es la forma en que estará actuando el gobierno federal: obstruyendo la justicia; con jueces a conveniencia, que les sean dóciles, lacayos; electos según sus intereses y mediante una elección bastante polémica dado que no es fácil encontrar los mecanismos para que puedan ser postulados los mejores juristas ni que puedan ser electos por la mayoría del pueblo en todo caso.

Así las cosas. Es aberrante esta conducta, pero lo más, digamos, sorprendente es el cinismo del presidente de la república.

Finalmente, diría que el mayor logro de Javier Corral no es haber sido gobernador del estado de Chihuahua; su mayor logro, y quedó demostrado la noche del miércoles, es haberse hecho compinche de Claudia Sheinbaum e integrante de Morena con todo y la implicación que tiene de pertenecer a la denominada 4a.Transformación, siendo que ese solo hecho le impidió que ahora mismo estuviese ingresado en una cárcel acusado de corrupción y peculado.

El futuro de México con la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador le regaló un anticipo a quienes la apoyan ciegamente, proyectando con el caso penal del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo que sería: si eres parte del régimen obradorista, la justicia se puede torcer. Si la autoridad viola la ley para salvar de la cárcel a uno de los suyos, puede hacerlo por las buenas y por las malas porque los jueces y magistrados a su servicio avalarán las arbitrariedades. La justicia será discrecional y dependerá de razones políticas, y no de la ley.

Corral, panista de toda la vida, hizo lo que muchos políticos mexicanos cuando sienten que sus posibilidades para seguir avanzando no responde a sus expectativas, cambian de bando sin importar que tan lejos estaban de la nueva franquicia que quieren que los abrigue. Corral, que militó en el PAN durante 41 años, renunció al partido en noviembre pasado y se sumó al movimiento de López Obrador. El presidente lo recibió con los brazos abiertos -aunque no confía mucho en él-, y se lo mandó a Sheinbaum, a quien se le metió y le propuso una Fiscalía Anticorrupción.

El brinco de Corral se dio tras una lucha fratricida con Maru Campos, a quien trató sin éxito de meterla a la cárcel para evitar que fuera candidata a la gubernatura. Conforme avanzó el nuevo gobierno se supo por qué quería evitar que lo sucediera. La Fiscalía General y la de Anticorrupción estatales le abrieron una docena de investigaciones por denuncias de corrupción y tortura, junto con otras a 16 de sus colaboradores, entre los que estaban los secretarios de Hacienda, Salud, el fiscal Anticorrupción y su director de Comunicación Social, que apenas esta semana proporcionó detalles a la prensa estatal de la corrupción de su ex jefe.

No importó ese pasado. López Obrador lo arropó y ordenó que lo hicieran candidato al Senado. Sheinbaum lo iba a nombrar en la Fiscalía Anticorrupción, pero al final no se hizo y Corral prefirió el fuero. Lo que no se frenó fue el proceso penal en Chihuahua, que aceleró la Fiscalía Anticorrupción antes de que la puerta al fuero que le abrieron las urnas se concretara al iniciar la próxima legislatura, en 2 semanas.

Este miércoles, elementos de la Fiscalía Anticorrupción intentaron detenerlo en un restaurante de la Ciudad de México, con lo que inició un momento oscuro en la vida pública del país donde predominó la política y la protección a los suyos, el desaseo jurídico y la impunidad, el cinismo oficial y la protección obradorista para Corral.

Elementos de la Fiscalía de Chihuahua estaban a punto de detenerlo cuando se apersonó Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que rescató a Corral. Lara dijo a los fiscales que estaban violando la ley porque, si bien habían pedido la colaboración de las autoridades capitalinas, no se las habían respondido. Lara ha rechazado su acción como "rescate" y dijo que llegó al restaurante "con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia". En ese mismo momento concluyó que era ilegal. Pero según un oficio del 9 de agosto, la subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía capitalina, Brenda Cruz Ibarra, autorizó a 6 funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que pudieran cumplimentar la orden de aprehensión contra Corral por peculado entre el 14 y el 20 de agosto. O no sabía Lara lo que sucede en la Fiscalía -algo poco probable porque los casos de alto impacto nunca dejan de comunicarse a los titulares-, o es un mentiroso. En cualquier caso, probablemente violó la ley.

Pero esto no le importa. El oficio autorizando la aprehensión de Corral se hizo público el miércoles y el jueves siguió diciendo que no existía. Lara hizo caso omiso del convenio de colaboración y personalmente fue a liberar a Corral, y le facilitó los trámites en el ministerio público para que presentara una denuncia en contra de la gobernadora y del fiscal Luis Abelardo Valenzuela por haber ordenado una acción autorizada por un juez en Chihuahua.

Corral escaló su caso al estadio político respaldado por López Obrador, quien reiteró este jueves que se trataba de un diferendo entre el ex gobernador y Campos, asumiendo completamente que es inocente y víctima de una venganza, sin cuidado de que pudiera ser culpable de algunos de los delitos que le imputan, y sin decir, como en otros casos, que hay que dejar que decida un juez. El presidente emitió su veredicto, inocente, y mandaron a su funcional fusible, Lara, a ensuciarse las manos mientras empezaba la operación para blindar y encubrir a un presunto delincuente.

Ya conocemos este patrón similar. Se vio recientemente para proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al que Ismael "El Mayo" Zambada, jefe del Cártel Pacífico/Sinaloa vinculó con el narcotráfico, y se ha visto en otros casos relacionados a la delincuencia organizada, como las imputaciones al líder de Morena y próximo secretario de Educación, Maro Delgado, por su presunto involucramiento en el huachicol, o la corrupción en Segalmex, donde el presidente exoneró a su amigo y primer director, Ignacio Ovalle. En el caso de Corral se confirmó que la ley no existe sino para los que López Obrador considera sus enemigos y para quienes no tienen dinero para defenderse.

La Fiscalía de Chihuahua declaró a Corral prófugo de la justicia, lo que sería un escándalo en una sociedad políticamente madura, pero que se ha quedado en lo de siempre, una polémica encendida en la élite. El proceso contra el ex gobernador no va a avanzar con López Obrador y, como van las cosas, tampoco en el de Sheinbaum. Si hoy tiene el régimen la fuerza para torcer la ley, con la reforma judicial que se avecina, jueces, ministros y magistrados serán empleados de la presidenta y responderán a sus designios, porque el Estado de Derecho quedará subordinado al ánimo de quien despache en Palacio Nacional.

En el reclamo airado de AMLO al gobierno estadounidense de contribuir con organizaciones civiles, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante la mañana del miércoles el presidente López Obrador le dio voz a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer públicas algunas transferencias que se han hecho, así como dando a conocer los nombres de los apoderados, de decenas de personas y empresas particulares que han aportado de manera particular a esa causa. La ley es muy clara es lo que se refiere a difundir información personal, como lo señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares, que es un artículo 1 indica que la legislación "tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de regular su legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad de los contribuyentes y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas". Mientras que el artículo 69 del Código Federal Fiscal, habla de que se "estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación". Sencillamente, no se puede compartir, divulgar o dar a conocer información personal, punto.

Y Pablo Gómez, entrevistado la tarde del miércoles por la tarde en un programa de radio, queriendo aclarar el desaguisado, dijo: "No estoy dando a conocer nada de los contribuyentes, ESTOY DANDO A CONOCER PERSONAS EN LOS NOMBRES y las cantidades de personas que aportan a una organización que se dice no gubernamental y que se dice no tiene fines de lucro, que son para prevenir, investigar y combatir la corrupción, NO DI NINGÚN DATO DE NINGÚN CAUSANTE". NO, no dio ningún dato, solo SUS NOMBRES. Todos "están cortados por la misma tijera", usando el mismo lenguaje cantinflesco -como su patrón-, tratando de hablar "apropiadamente", pero transgiversando el sentido de las palabras y confirmando la máxima -ya legendaria- del inquilino de Palacio, "a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley".

Un preso por el delito de robo espera sentencia desde hace 25 años en el penal de Puente Grande, Jalisco. Es el recluso con más años en prisión preventiva dentro del complejo estatal.

No sé su nombre. Ni su edad. Su caso es parte de una fría estadística. Llegué a él (asumo que es un varón; el 95% de los presos en México lo son) tras preguntarme qué es peor que una injusticia: una injusticia en el limbo.

El artículo 20 de nuestra carta magna dice que nadie debe estar en prisión más de 2 años sin sentencia, "salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado". Caso contrario debe quedar en inmediata libertad.

El tiempo sin condena tampoco puede superar la pena máxima del delito por el que alguien es acusado (la sanción máxima por robo son 18 años).

No es el único caso.

En las cárceles de Jalisco hay 1,937 reclusos con más de 2 años sin sentencia, según datos que me entregó vía transparencia la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

Más de una tercera parte están encarcelados por el delito de robo (35%). De hecho, el 2o. recluso con más tiempo en prisión sin sentencia también es por hurto: 22 años.

El resto de los presos con más de 2 años sin sentencia están por homicidio (21%), secuestro (9%), abuso sexual infantil (6%), desaparición forzada (5%), entre otros. Hay decenas con 5, 10, 15 y 20 años encarcelados sin ser enjuiciados.

En la jerga burocrática se llaman justiciables. Son aquellos sujetos que deben someterse a un juicio. Pero, ¿si ese juicio nunca llega?

Hace poco nos escandalizó el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, presos sin sentencia durante 17 años, acusados del homicidio de una regidora en el Estado de México.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por este caso y lo sentenció para revertir la prisión preventiva. Los medios nacionales lo llamaron "el juicio más largo de la historia" como si fuera una excepción. Pero es una regla en Jalisco y, sin duda, en otras entidades.

Muchos de estos presos podrían interponer un amparo para quedar libres. Pero eso implica dinero y un abogado. Para muchos, la balanza de la justicia es una calculadora de sumas y saldos.

En el país, casi 4 de cada 10 personas en una cárcel carece de sentencia, y la mayoría están en penales estatales (Inegi).

Ahora que las y los diputados discutirán la reforma al poder judicial, me pregunto si sus foros, sus parlamentos abiertos y sus nuevas normas cambiarán esta realidad en los poderes judiciales locales, implacables máquinas burocráticas de injusticias.

El espíritu de la ley siempre es un ideal. La tarea de las instituciones es acercar la realidad a ese ideal. Pero en este caso logramos la mayor distancia posible entre lo expresado y lo realizado. Igual que quien corre una carrera a toda velocidad en la dirección contraria.

Imaginemos una tienda de abarrotes. Un día llegan los delincuentes y le imponen al dueño un cobro de derecho de piso. Luego lo obligan a vender solo ciertas marcas de cigarros y finalmente le colocan un minicasino o máquina tragamonedas.

Lo anterior es un caso hipotético, pero describe el relato informal, un secreto a voces, de cómo operan las rentas ilegales que impone el crimen en México. Estos principios de la economía criminal aplican lo mismo para una empresa grande, mediana o un changarro.

Abordé la dificultad de medir el cobro de derecho de piso porque no existe en nuestra legislación; se maneja como una variante de la extorsión. El tema surgió porque el gobernador aseguró que en Jalisco este fenómeno es inexistente.

Hablé con la doctora María Teresa Trujillo, especialista en violencias y autora de la tesis doctoral "Empresarios y patrones de protección en contextos peligrosos: el caso de Guadalajara, México" (2019), realizada en el Instituto de Estudios Políticos de París.

La especialista define el derecho de piso como una forma de "protección" que ofrece el criminal a la víctima: la protege de sí mismo y otras amenazas. Eso crea una relación de largo plazo, pues el pago es recurrente (mensual, semanal).

La extorsión, en cambio, es un delito predatorio: ocurre una sola vez igual que otros ilícitos. Por ejemplo, el robo.

La académica analiza el derecho de piso, no como una simple conducta criminal, sino como un entramado en donde entra en juego el mercado de la protección, un monopolio que ya no es exclusivo del Estado.

Significa que hay otros actores: la seguridad privada, la contratación extralegal de figuras policiales y el pago a criminales. Esto crea una red compleja de asociaciones en donde manda quien tiene mayor capacidad para ejercer violencia.

El peligro del cobro de piso radica en que los criminales han empezado a definir el orden social.

La especialista en ciencia política elaboró su documento doctoral con algunas de estas premisas a partir de entrevistas realizadas entre 2015 y 2017 con más de medio centenar de empresarios tapatíos.

El derecho de piso, silencioso, se oculta en las estadísticas de incidencia delictiva, en la resistencia de la clase política a reconocerlo, en la pereza de los legisladores para tipificarlo y de las corporaciones policiales que lo ignoran.

En junio de 2021 hubo elecciones federales, pero también en varios estados, destacadamente en la costa del Pacífico.

A nivel federal, la oposición ganó más votos que la alianza oficial, aunque gracias al esquirolaje de Movimiento Ciudadano esos votos no pudieron traducirse en una mayoría en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, todos los estados en disputa en el Pacífico fueron ganados por Morena. En todos los casos, hubo sospechas, y evidencias, de la intervención del crimen organizado a su favor.

3 años después, el fenómeno se repite, pero no de forma idéntica.

Tal vez por una sensación de mejoría económica, tal vez por una participación más eficiente de los socios, la coalición oficial logró obtener más votos que la oposición.

Nuevamente, el papel de Movimiento Ciudadano abrió el espacio para el intento de sobrerrepresentación de la coalición oficialista. Si lo logran, obtendrán 75% de las diputaciones con apenas 55% de los votos.

Pero eso lo que significa es que apenas hay 5 puntos de diferencia entre quienes apoyaron, en junio, al gobierno, y quienes se opusieron a él.

Si en esos 5 puntos hay una intervención como la registrada en 2021, cuando se impidió votar en varias entidades, desaparecieron urnas y regresaron los zapatos, entonces queda la duda de si de verdad hay una mayoría de mexicanos que respalda esa cosa llamada 4a.transformación.

Todo lo demás lo había hecho esa ciudadanía, y las organizaciones que intentaron encauzar sus esfuerzos. PAN y PRI no tuvieron representantes en las casillas, y no tuvieron las actas de votación.

No en cantidad suficiente para verificar si esas irregularidades mencionadas afectaron, y de qué forma, la elección.

Otra vez, son nada más 5 puntos la diferencia entre oficialismo y oposición. 5 puntos sí es algo que puede alterarse, especialmente cuando los socios controlan más de un tercio del territorio.

Este sábado nos enteramos de la versión del Mayo Zambada de su captura.

Cuando se unen los hilos, crece la preocupación de que sean esos personajes los que están decidiendo quién gana una elección, ya no a nivel estatal, sino del mismo congreso federal.

Y si, en un acto más de abyección y sumisión, la mayoría de consejeros del INE y de magistrados del TEPJF otorga esa supermayoría al oficialismo, ya será difícil decir que lo que hay en México es algo diferente a un narco-estado.

Después de las múltiples visitas a Badiraguato, de los dichos de que sus campañas fueron financiadas por ellos, de que López trata con singular consideración a sus líderes (que contrasta con los insultos a sus adversarios políticos) y, sobre todo, después de cómo han resultado las elecciones, parecería que la idea era transformarnos en eso, en un narco-estado. Ojalá no haya un 2o. piso.

A más de 2 días de bloqueo en la autopista México-Puebla, el Arco Norte y la carretera Tlaxco-Tejocotal, a la altura de Chignahuapan, los cierres han provocado pérdidas al autotransporte de carga por 10,000 millones de pesos (mdp), informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez.

Ese monto corresponde a la pérdida por ingresos en el autotransporte, es decir, la cantidad que se deja de facturar considerando costos fijos, pólizas de seguro, combustible, pagos a conductores y personal, independientemente del costo generado por retrasos e interrupciones en la cadena de suministro, explicó.

Comentó que, a pesar de que el gobierno acordó con los ejidatarios realizar aperturas intermitentes de 2 horas, "definitivamente no es lo que estamos buscando; en Canacar lo que queremos es que se nos permita realizar nuestra actividad... Lo que los ejidatarios ofrecen no es lo que buscamos... queremos libre tránsito".

Añadió: "Solicitamos a la Guardia Nacional que, una vez resuelto el tema, se garantice un flujo seguro y expedito para evitar accidentes y robos". Además, señaló que esperan que se habiliten rutas alternas, ya que actualmente la vía que pasa por Cuernavaca está en obras.

"Estimamos una pérdida de más de 10,000 millones de pesos. Ayer hablaba de 4,000 millones, pero conforme pasan los minutos y las horas, la cifra crece... Esta es una situación que se complica cada minuto, y desde Canacar hacemos un llamado a las autoridades para que liberen las vías de comunicación bloqueadas... Esto es una emergencia", declaró.

Aproximadamente 10,000 toneladas de alimentos perecederos están varadas o a la espera de ser transportadas, muchos de los cuales quedaron en las cajas de frío de los tractocamiones.

Una parte muy importante del fraude de la sobrerrepresentación radica en la manera en que se han contado los votos de los diputados por mayoría relativa. Ciro Murayama, exconsejero electoral, ha señalado: "Vean un claro ejemplo de cómo el oficialismo inventa triunfo de los partidos satélite de Morena". En Coyoacán, Ciudad de México, distrito 8, ganó Morena con 37% de los votos emitidos, mientras que el Partido Verde solo recibió 5%. Sin embargo, por el convenio de coalición, el Partido Verde ha sido declarado vencedor. ¿Por qué? Para permitir un aumento en los diputados de Morena por representación proporcional y hacer posible la sobrerrepresentación.

Movimiento Ciudadano ha denunciado ante el INE otros casos. En el distrito 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Partido del Trabajo obtuvo 6.11% mientras que Morena arrolló con 61.62%. Pero resulta que ganó el PT. En Tijuana, Baja California, distrito 8, el Partido Verde obtuvo 8.46% del voto frente a 58.87 de Morena, pero fue declarado triunfador.

A nivel nacional, Morena recibió 24.3 millones de votos para diputados o 42.5% de los 57.1 millones. Muy atrás quedaron el PVEM con 8.7% y el Partido del Trabajo con 5.7%. El PAN recibió 17.6%, el PRI 11.6 y el PRD 2.5. Movimiento Ciudadano, el único que contendió solo, tuvo 11.4%.

Sin embargo, la "distribución preliminar de diputados por mayoría relativa" del INE tiene otros datos. Ni el Partido del Trabajo ni el Partido Verde ganaron distritos por sí solos por lo que el INE debió reconocer 256 triunfos de Morena en distritos. Con base en el convenio de coalición, y no en la votación emitida, el INE le ha dado a Morena solo 161 diputaciones en distritos. El propósito es violar la Constitución y entregar al PVEM 57 triunfos y al PT 38 que no obtuvieron.

¿Es ilegal asignar diputados electos por convenio y no por la votación emitida? Sí, es una violación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución que dice que "al partido político que cumpla con las dos bases anteriores", haber registrado candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos y haber logrado más del 3% de la votación para las listas regionales, "le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción nominal".

La clave es: "de acuerdo con su votación nacional emitida". Para alcanzar la sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales sobre el 54% de los votos, Sigamos Haciendo Historia, la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde (que no tiene por qué meterse en temas electorales) y el INE están basando sus resultados en el convenio de coalición de los partidos y no en la "votación nacional emitida".

Hubo tiempos en los que era difícil, si no imposible, determinar la votación de los partidos de una coalición. Los logotipos y candidatos se incluían en un solo recuadro en la boleta y la gente votaba por la alianza. En la actualidad cada partido tiene un recuadro y es perfectamente posible distinguir el voto de cada uno. Ya no hay excusa para traspasar votos de manera ilegal.

El convenio de una coalición no puede valer más que la letra de la Constitución. Morena no tiene derecho a regalar votos a sus partidos satélite, menos con el propósito perverso de obtener legisladores en violación de los topes constitucionales.

En 2022 hubo 175 protestas por las y los ausentes [desaparecidos], la mayoría en Guadalajara, y el resto en Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Pero también en el interior: Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Colotlán, Mazamitla y Chapala.

En 2023 se registraron 160 manifestaciones por las personas desaparecidas. Casi el mismo patrón geográfico.

Para darnos una idea, entre 2017 y 2021 se registraron 162 manifestaciones por los desaparecidos -en promedio una cada 2 semanas, cuando ahora son 3 a la semana-, según datos de Secretaría General de Gobierno.

En Casa Jalisco, en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Palacio de Gobierno, en avenidas y plazas. Colectivos y familias de las víctimas toman las calles para exigir la aparición con vida de alguno de los más de 15,000 desaparecidos en el estado.

La movilización social se ha convertido en el último recurso para presionar a las autoridades.

El eco en medios y el ruido de las familias aceleran los procesos burocráticos de búsqueda en ciertos casos. Uno pensaría que los delincuentes monitorean la opinión pública y el impacto mediático ante una desaparición, lo que modifica sus decisiones.

Si Claudia Sheinbaum recibe o no a Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, es el menor de los problemas del próximo mandatario ante la crisis e irritación social que le hereda Enrique Alfaro. Será su legado más cruel.

El problema de los desaparecidos ha sido envuelto por el oficialismo en políticas de comunicación, líneas discursivas y control de daños. Pero faltan resultados.

Es insostenible el relato acerca de los 16,000 localizados cuando hay 15,000 desaparecidos sin localizar; lo mismo que las ausencias voluntarias ("se van porque quieren") cuando cada día se suman más ausencias involuntarias.

El ayuntamiento que tiene una bomba de tiempo en las manos es el de Tlaquepaque. Tras identificar que hay familias en riesgo por invadir la zona federal del Arroyo Seco, familias piden una mesa de diálogo para llegar a los acuerdos, mientras la autoridad sostiene que se deben derribar todas las construcciones invasoras.

El problema es que las familias no quieren tumbar las ampliaciones de sus casas, por lo que hay un inminente riesgo ante el desbordamiento del río en una tormenta.

¿El Ayuntamiento desalojará a las familias o están rezando para que no llueva y se acabe el temporal?

Hasta una iglesia invade la zona federal.

Lo peor de todo es que la justicia de nuestro país tiene muchos y muy serios problemas. El presidente López Obrador sería un verdadero héroe si hubiera impulsado una reforma de fondo que corrigiera las fallas más importantes. Algo adelantó Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Suprema Corte, al impulsar una reforma que entre otras cosas buscaba evitar el acoso sexual y el nepotismo en los tribunales. Fortaleció el sistema de selección de jueces y magistrados por concursos de oposición con la idea de mejorar su calidad. Sin embargo, el presidente está impulsando hoy una iniciativa que busca que los jueces sean electos por voto popular, aunque no tengan experiencia. Lo más trágico es que el exministro Zaldívar, quien no puede escudarse en la ignorancia, aplaude para quedar bien con el presidente y con la presidenta electa.

El 1er. punto que hay que arreglar en el sistema no es la impartición de justicia, que es responsabilidad de los jueces, sino la procuración de justicia, que toca a los ministerios públicos y las fiscalías. Estos no son parte del poder judicial. Cuando se comete algún delito, los ministerios públicos y las fiscalías son los abogados de la sociedad que preparan las denuncias, detienen a los presuntos responsables, los presentan ante los jueces y dan seguimiento a los casos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acaba de emitir una recomendación (una más) en la que recoge las denuncias presentadas en 14 quejas que suman en total 18 víctimas de desaparición de personas y reitera las quejas de las familias víctimas de desaparición. En esta recomendación, la 027/2024, se incluyen quejas presentadas entre 2015 y 2021.

Las denuncias de las familias víctimas señalan múltiples "irregularidades, omisiones, deficiencias y falta de acciones en la investigación de las desapariciones, búsqueda y localización; así como por la dilación en la emisión de dictámenes y las respectivas confrontas de ADN", señala el texto.

De las quejas presentadas por las víctimas, la CEDHJ resume así la deficiente respuesta de las autoridades estatales: "De nueva cuenta, es constante el señalamiento en las inconformidades sobre la actuación tardía, deficiente y omisa; así como múltiples irregularidades por parte de agentes ministeriales y de la policía investigadora para la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas; igualmente, deficiencias periciales en la identificación de los restos humanos localizados, así como la nula o poca coordinación entre ellas".

En la recomendación de 95 cuartillas, la CEDHJ presenta una matriz de observaciones de cada una de las quejas. En la 1a. queja que se atiende en esta recomendación, se señala que las acciones de búsqueda y localización no fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles y sin rigor científico. Además, la investigación no se ciñó a principios de efectividad, exhaustividad, inmediatez y eficiencia. En la carpeta de este caso no se elaboró un Plan de Investigación e incluso no se revisaron ni el correo electrónico ni las redes sociales de la víctima, que uno cabría esperar fuera una de las primeras labores de búsqueda de información sobre su paradero. En este caso, se cambió hasta en 6 ocasiones al ministerio público y a los policías investigadores, con la consecuente pérdida de tiempo que ello conlleva, como bien saben los familiares que buscan a sus hijos ausentes.

Como cabe esperar, debido a estas graves omisiones, hay molestia en las familias de las víctimas. "Las y los peticionarios expresaron a esta Comisión su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas de las autoridades que representan a las distintas instituciones del Estado para investigar los hechos, encontrar a las víctimas, conocer los motivos de la desaparición y aplicar las sanciones a los responsables".

Estoy seguro de que dentro de las agencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas hay servidores públicos entregados y con empatía hacia las víctimas. Pero por las recomendaciones que hace la CEDHJ parece ser que no es el caso de la mayoría de los funcionarios, pues la comisión pide a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas que "actualice e imparta curso de capacitación al personal de esa Fiscalía, para que tengan una reeducación en materia de derechos humanos". La CEDHJ emitió también recomendaciones a la presidencia municipal de Poncitlán y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Es grave e inadmisible que tras 12 años de que se gestó la actual crisis por desaparición de personas en Jalisco, las autoridades estatales sigan cometiendo las mismas irregularidades, deficiencias y errores que impiden que los desaparecidos puedan regresar a casa con sus familias.

La American Chamber publicó el lunes pasado una encuesta sobre inseguridad. Comparar datos de 2021 y 2024 de ese sondeo, que lleva 16 años levantándose, no puede ser más revelador: las empresas no ven al gobierno como alguien aliado en esa batalla.

El sondeo reveló que 84% de los consultados percibe que el Estado de Derecho se hace valer poco o nada en México, y 85% dijo que la ilegalidad está afectando a sus empresas, una cifra 9 puntos mayor al 2021.

En ese mismo sentido, 81% de las empresas dice que hay poca o nula coordinación entre las instancias de gobierno encargadas de seguridad: es decir, menos del 20% ve a gobernantes coordinándose en el tema.

También se preguntó a los empresarios qué estrategia utiliza su empresa para enfrentar los principales incidentes en materia de seguridad: solo 48% contestó que "notifica a las autoridades (municipales, estatales y federales) para comunicación preventiva". Esa cifra es menor que en el sondeo del 2021.

Es importante destacar que ante esa interrogante, el 83% de los encuestados responden que incrementan medidas de seguridad con recursos propios.

En ese sentido, cuando se les pide comparar el presupuesto que destinaron en 2022 para temas de seguridad con el del año en curso, 52% dijeron que "se mantuvo" y 44% que "aumentó": solo 2% dijo que redujo el dinero gastado en ese rubro.

Finalmente, el 17% de las empresas reconoció haber reducido sus inversiones en lo últimos años por temas de inseguridad, y 21% incluso dijo que ha suspendido operaciones en algún estado por esos motivos: una de las entidades desde las que se mudaron es Tamaulipas, de donde también salen para irse del país.

La semana que concluye Tamaulipas ha estado en las noticias por la infausta muerte del líder de los empresarios Julio Almanza, que tras denunciar extorsión y crimen atosigante fue ultimado a las afueras de su oficina el martes pasado en Matamoros.

El asesinato llega, por supuesto, apenas 3 semanas después de que otra lideresa de empresarios, en este caso de Baja California, tuviera el mismo y lamentable fin: el 8 de julio mataron en Ensenada a Minerva Pérez Castro.

La diferencia acaso sería el contexto de las respuestas de las respectivas autoridades: una más o menos ensayada simulación de la bajacaliforniana frente al cinismo de los gobernantes (es un decir) tamaulipecos.

En el caso de la gobernadora de BC, tras el asesinato de Minerva su gobierno prometió la consabida, y para nada satisfactoria, exhaustiva investigación bla bla bla, y a otra cosa mariposa. En Baja California llevan décadas de pésimos gobiernos, sin importar el color. Aquí hay otro.

Sin embargo, Tamaulipas decidió fijar un parámetro de indolencia muy superior.

El asesinato de Almanza se dio luego de que éste denunciara la situación que se vive en Nuevo Laredo, en donde la empresa FEMSA ha cerrado decenas de tiendas OXXO e incluso algunas gasolineras por una situación de extorsión y amenazas.

Lejos de asumir plenamente su responsabilidad, el gobierno tamaulipeco ha deslizado que la empresa debería contratar un sistema de seguridad que le ayude a prevenir ser sujetos de extorsiones o delitos.

En una cosa los gobiernos guindas son muy consistentes, como la encuesta de la American Chamber lo destaca: las empresas tienen que rascarse con sus uñas, y dinero, para darse seguridad. No por nada en ese sondeo bajan la confianza en Ejército y Marina.

La pregunta es qué le queda a la sociedad que no tiene ni los recursos de las empresas, y menos a gobernantes de su lado.

Para empezar a frenar el drama de las desapariciones en Jalisco, es indispensable empezar a detener a los raptores, para que dejen de pensar que las calles de la ciudad les pertenecen y que pueden cometer sus plagios con toda facilidad y sin miedo a que nadie los capture. Sin duda, para ello es indispensable identificar y castigar a los malos policías y autoridades que les dan protección.

Sólo así dejaremos de descubrir una semana sí y otra también fosas clandestinas, como la que acaba de encontrar el domingo en la colonia Paraísos de El Colli el Colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, y en la que se han encontrado decenas de bolsas con restos humanos.

También dejaríamos de encontrar hornos crematorios clandestinos, como el más reciente que hallaron ayer los integrantes del Colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco", en el poblado de Santa Cruz del Valle.

Sin detenciones, nunca acabará el reino de impunidad que es el mayor incentivo para que los que cometen las desapariciones sigan causando tanto sufrimiento a miles de familias jaliscienses.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que la garantía para recibir una justicia profesional e imparcial deriva de la independencia judicial.

Afirmó que no es un privilegio o facultad de los juzgadores, sino una garantía para todo ciudadano que se acerca a los tribunales.

En un comunicado, la SCJN retomó la entrevista que se le hizo al ministro por Justicia TV, el 2 de mayo en Toluca, donde manifestó que la independencia judicial es uno de los valores fundamentales del desempeño de las personas juzgadoras.

Detalló que se le ha dado un enfoque que no es el adecuado porque se ha visualizado la independencia judicial como un privilegio o como una facultad de los juzgadores.

Pardo Rebolledo destacó que se trata de una garantía para quienes se acercan a los tribunales de que la persona que va a resolver lo hará con absoluta independencia, imparcialidad y profesionalismo.

Indicó que las críticas o posibles ataques a la independencia judicial son algo que tienen previsto los juzgadores de carrera; sin embargo, explicó que se debe tomar en cuenta que la labor del juzgador siempre se da en medio de un conflicto de derechos o de un conflicto de intereses: cuando el juez resuelve, no puede declarar empates; tiene que darle la razón a uno, y la contraparte naturalmente quedará insatisfecha.

El también presidente de la Primera Sala de la SCJN reconoció que se debe cerrar la brecha entre la sociedad y los órganos de justicia, por lo que se tiene que comunicar mejor la labor, y que se conozca que se cuenta con un cuerpo de juzgadoras y juzgadores preparados, profesionales, actualizados y con el compromiso de llevar a cabo su función, que en esencia es la defensa de los derechos de las personas.

Comentó que el año pasado se registraron cerca de 1'300,000 amparos a nivel federal en los órganos jurisdiccionales, lo cual es una muestra de que sigue existiendo confianza para acudir a un tribunal para la solución de controversias o cuando se estima que algún acto de autoridad viola los derechos de los particulares.

El ministro se pronunció a favor de que la Corte se integre por personas que vengan de la carrera judicial, con trayectoria y experiencia de ser jueces constitucionales; sin embargo, enfatizó que hay perfiles excelentes en todos los ámbitos del Derecho.

En el debate que se está llevando a cabo sobre la reforma judicial propuesta por el presidente, varias de las reformas propuestas son evidentemente un atentado contra la independencia judicial, como, por ejemplo, la elección de los jueces. Otra de las reformas que pudiera considerarse atentatoria contra la necesaria autonomía del Poder Judicial es la de la creación de un Tribunal de Disciplina.

De acuerdo con sus proponentes, esta instancia podría sancionar una hipotética conducta ilegal de ciertas personas juzgadoras. Hasta aquí las cosas parecieran ir por buen camino. El problema es que la intención de quienes proponen esto va más allá de un simple intento de someter a la justicia a jueces. Como lo ha señalado el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la creación de un Tribunal de Disciplina entrañaría que un solo grupo de juzgadores pudiera actuar, a la vez, como fiscal, instructor y juez.

Esto, desde luego, atentaría contra el principio según el cual nadie debe ser juez y parte en un juicio. Otro problema es que las causas que se prevén en la iniciativa para someter a personas juzgadoras son tan ambiguas que podrían interferir en la independencia del Poder Judicial. Estaríamos ante un caso en el que el Tribunal de Disciplina tendría tal poder que decisiones judiciales recaerían, en la práctica, en él.

¿Te has preguntado por qué el obradorato se ensaña con el Poder Judicial pero jamás habla de las "fiscalías"?

¿Sabías que es en las fiscalías en donde se investigan los delitos y se arman los expedientes que se llevan ante los jueces?

¿Sabías que las Fiscalías NO SON PARTE DEL PODER JUDICIAL?

¿Sabías que Fiscalías, como la de Ernestina Godoy en la CDMX, sólo obtenía el 1% de sentencias condenatorias respecto de sus investigaciones?

¿Conoces alguna investigación importante que haya generado la FGR que haya acabado en una sentencia condenatoria?

¿Sabes por qué NO las tocan ni con el pétalo de una declaración?

Porque ahí es donde se frenan y se empantanan todas las investigaciones de corrupción de la familia del presidente y de todo el obradorato, ahí es donde se genera la impunidad de todo tipo de criminales que colaboran con este régimen, y por eso las necesitan mancitas y controladas por ellos.

La IMPUNIDAD en este país está sostenida en la corrupción y el control político de las fiscalías que cuidan a los suyos y persiguen a los opositores.

La destrucción del Poder Judicial es el tiro de gracia final a cualquier aspiración de justicia, y está fundada en decenas de mentiras y engaños.

"Si el pretexto es que no se tienen los recursos para las inversiones multimillonarias que se requieren para hacer una mejor gestión del agua de lluvia y evitar las inundaciones que cada año provocan un caos y muerte en la ciudad, es urgente iniciar el plan multianual de inversión para construir la infraestructura hidráulica que se necesita y que todos los gobiernos han pospuesto, pese a ser una prioridad.

Pero mientras esto sucede, lo que nada cuesta es deslindar las responsabilidades de los funcionarios que han incumplido desde hace una década con hacer respetar la Ley de Aguas para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que como bien plantea el especialista en esta materia Josué Daniel Sánchez Tapetillo, en su artículo 86-Bis, dicta en su 1er. párrafo que "toda ocupación que genere superficies impermeables, deberá poseer un dispositivo de control del escurrimiento del agua de origen pluvial".

Como esta ley ha sido letra muerta los últimos 10 años, cada temporal lejos de disminuir los puntos de inundación, aumentan para riesgo de la población.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó en conferencia de prensa el Informe del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, en el cual señaló que en Jalisco se han regularizado 13,492 vehículos "chocolate", de los cuales el Gobierno de Jalisco recibirá 33'730,000 pesos a raíz de esta programa de legalización.

"Estos recursos van a dar a las áreas de obras y servicios, porque servirán y se utilizarán para pavimentar las calles, las avenidas, para tapar baches. Y esta instrucción fue la que dio directamente el presidente López Obrador, precisamente para ayudar a las entidades, a los municipios, para dar un buen servicio en materia de todo lo que tiene que ver con mejorar la movilidad", indicó la funcionaria pública.

El Programa de Regularización comenzó el 19 de marzo de 2022 y concluirá el 30 de septiembre del presente año. En Jalisco hay 2 módulos en los que se puede llevar el vehículo de procedencia extranjera para que sea legalizado, con un costo de 2,500 pesos.

La sentencia de 186 años y 8 meses que se le impuso a Pablo o Ramón "N", 13 años después de haber participado en el episodio conocido como la masacre de los Arcos del Milenio, provoca, por decir lo menos, sentimientos encontrados.

Por un lado, qué bueno que tan siquiera no quede impune este hecho de violencia sin precedente en aquel entonces en la historia de Jalisco, y que convirtió la madrugada del 24 de noviembre de 2011 en una fecha que marco un antes y un después en la criminalidad en el estado.

El lado negativo viene al caer en la cuenta de la lentitud de la justicia en el caso que más nos había crispado como comunidad al despertar con la noticia de que un grupo de sicarios había abandonado 4 vehículos en los que apilaron 26 cadáveres, que luego se supo, eran de ciudadanos inocentes que nada tenían que ver con las disputas del narco.

Desde luego ya habíamos vivido como tapatíos otras jornadas negras que nos habían sacudido. Pero ninguna con tanta saña.

Preocupó desde entonces, que un convoy de al menos 4 vehículos con 26 cadáveres circulara sin mayor problema por una de las avenidas más importantes de la ciudad.

Por eso distintas voces de la sociedad llamaron a autoridades y a la comunidad a que tanta crueldad criminal nos conmoviera para actuar juntos contra los delincuentes y no evadir o minimizar el hecho con la salida fácil de siempre, que se trataba de ajustes de cuentas entre grupos rivales de la delincuencia organizada. Que no podíamos permitir que los delincuentes tomaran la ciudad como campo de batalla y nos ganaran nuestros espacios públicos con actos de terror para atemorizar a la población.

La espiral de violencia no ha dejado de crecer de aquella fecha hasta hoy y que nos ha provocado nuevas masacres como los 11 albañiles ejecutados en Tonalá en febrero del 2021 a plena luz del día; la cruenta muerte de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno; la de los 8 chicos que laboraban en un call center de Zapopan: o los 7 jóvenes, entre ellos 5 adolescentes, asesinados en una esquina del Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, por mencionar sólo los más recientes, nos deja claro que ni como comunidad, pero sobre todo ni el gobierno de entonces en Jalisco ni los sucesivos han hecho lo suficiente. Desde luego el gobierno federal tampoco, ni aquí ni en distintas regiones del país donde las masacres tampoco se han erradicado más que en la narrativa presidencial de la 4T.

Además de las fallidas políticas públicas en materia de seguridad, otro factor es, sin duda, la impunidad y lentitud de nuestros poderes judiciales en el país y en los estados, que en el caso de la masacre de los Arcos del Milenio, tardaron casi 13 años en hacer justicia.

El país se encuentra entre los pocos que tienen una calificación reprobatoria en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, según la Revisión Horizontal del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Por eso, el grupo antilavado hizo un llamado urgente a las naciones que aún están rezagadas a asegurarse de que los profesionales de carrera, conocidos como gatekeepers, estén adecuadamente cubiertos, de conformidad con las recomendaciones de larga data en esta área que ha emitido.

Se trata de los abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y empresariales y agentes inmobiliarios que, sin saberlo o encubriendo, ayudan a blanquear recursos provenientes de sobornos y fondos malversados para que sus clientes disfruten de las ganancias delictivas.

En el ranking, México tiene una puntuación de 48%, por debajo del promedio de 74% del GAFI, al ubicarse en el lugar 30 de un total de 35 países calificados.

Portugal y Luxemburgo están en 1er. sitio, con 100%; seguidos de Malasia, cuya nota fue de 99%; mientras que después aparecen Turquía y Singapur, ambos con 98%.

Se pone de manifiesto que México ha establecido requisitos para cubrir los siguientes sectores guardianes: abogados y notarios, contadores, y agentes inmobiliarios, los cuales están obligados a implementar algunas de las medidas preventivas que han sido requeridos por los estándares del GAFI desde 2003.

Los supervisores mexicanos tienen algunos de los poderes y herramientas para implementar programas de supervisión en estos sectores guardianes, se lee en el reporte que dio a conocer el grupo antilavado con sede en París, Francia.

Las áreas clave de enfoque incluyen garantizar que los sectores guardianes o gatekeepers estén sujetos a todas las obligaciones para el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo que incluye conocer al cliente, y otras medidas.

Se pone de manifiesto que los supervisores deben tener todas las facultades y herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento, así como el conocimiento de los riesgos.

De acuerdo con la Revisión Horizontal del organismo, si bien el GAFI ya analizó el cumplimiento general de la mayoría de sus miembros en el pasado reciente vía evaluaciones mutuas, este ejercicio se conceentra en áreas específicas y presenta una instantánea del cumplimiento actual.

El estado mexicano rechazó 14 de las 318 recomendaciones en materia de derechos humanos que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hizo al país en el marco de la comparecencia por el Examen Periódico Universal (EPU) 2024.

En esta evaluación revisan temas de violencia de género, migración, desplazamiento y desaparición forzadas, entre otros temas.

El Colectivo Examen Periódico Universal México está conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales, las cuales presentaron sus análisis para calificar el sistema de gobierno en el país.

Estas organizaciones llamaron a la siguiente administración a considerar seriamente las recomendaciones que se realizaron en la comparecencia de la ONU en Ginebra.

En este sentido, insisten a implementar dichas recomendaciones como compromisos internacionales en favor de los derechos humanos y a tomar en cuenta la participación de sectores vulnerables, además de colectivos de víctimas y familias.

Aunque el gobierno negó las recomendaciones reconoció que existen varios retos en materia de derechos humanos en cuanto militarización, seguridad, justicia, migración y desplazamiento forzado interno.

Entre las recomendaciones destacan la militarización de la seguridad pública como el retiro progresivo de las fuerzas armadas de tareas civiles y el establecimiento de mecanismos externos para la rendición de cuentas de agentes militares.

También entre las propuestas está la eliminación de la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo.

La ONU también recomienda una ley en materia de desplazamiento forzado interno y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes.

El estado mexicano afirmó que la Guardia Nacional se consolida con un mando civil y rechazó que las fuerzas armadas cometan actos de vigilancia ilegal y violencia en contra de la sociedad civil, periodistas y activistas.

En el vecino y también conflictivo estado de Zacatecas fue suficiente el caso de un retraso de 8 meses en la entrega de un cuerpo de un joven desaparecido, para que se cesara y se iniciaran investigaciones conta directivos del Servicio Médico Forense, que como el de Jalisco sufre un colapso y agrava el problema de las desapariciones, en lo que corresponde a la identificación y entrega de los cadáveres a sus sufridos familiares.

En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se han sabido de casos de espera de mucho tiempo más y nada ha pasado. Ningún deslinde de responsabilidades ha habido en la actual administración estatal pese a las constantes quejas de las personas buscadoras y los colectivos a los que pertenecen, así como de las organizaciones que los apoyan.

Ayer se supo del caso de María Guadalupe Alcalá, una joven de Tlajomulco que a la edad de 16 años desapareció un 24 de marzo de 2016. Su cuerpo llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) en septiembre de ese mismo año, pero a su familia le acaban de avisar antier, luego de 8 años de angustia, dolor y búsqueda.

Pese a que esta crisis se ha vuelto crítica por el incremento en el número de homicidios en el actual sexenio de Enrique Alfaro, y por la mutilación de cuerpos que ha aumentado la sobrecarga de trabajo para los peritos sin que se destinen más recursos para aumentar la capacidad de operación del Semefo, las autoridades se han negado siempre ha reconocer el colapso forense que acusan las personas buscadoras y que quedó evidenciado ayer una vez más con el caso de Lupita y el retraso de 8 años en su identificación.

Por eso la pregunta es si esta vez el IJCF dejará de ser intocable y se les llamará a cuentas a sus responsables.

El diputado de Morena Leonel Godoy afirmó que, si es necesario, se modificará el Artículo 1o. Constitucional para que los tribunales internacionales dejen de ser la última instancia en violaciones a derechos humanos. "Yo siempre creeré en la supremacía de la Constitución sobre cualquier tratado internacional", dijo. Quieren carta blanca para violar los derechos individuales reconocidos en tratados internacionales.

En muchos países hay locos, iluminados o quienes están dispuestos a cambiar su vida por la de la víctima por alguna razón política, como sucedió en los atentados contra Indira Ghandi, acribillada en 1984 por sus guardaespaldas sijs, meses después de haber ordenado una operación militar para detener a militantes sijs que habían tomado el Templo Dorado, su sitio más sagrado. Anwar Sadat, el presidente egipcio que firmó la paz con Israel, fue asesinado durante un desfile militar en 1981, cuando un grupo de soldados fundamentalistas se detuvieron frente a la tribuna donde estaba y le dispararon, o Isaac Rabin en 1995, en manos de un ultraderechista para descarrilar el proceso de paz con los palestinos. Pero en los países donde la ley no se aplica, el clima que produce polarización en un entorno de impunidad, mata. Con clichés y lugares comunes no se combate la polarización. Tampoco se disipa con actos de fe o mentiras. Es una enfermedad que llega y no se cura. Se acota si la ley prevalece. Si no, encontramos a México.

El año pasado cerca de 3,500 mujeres fueron asesinadas en México, sólo poco más de 800 casos fueron investigados bajo protocolo de feminicidio; aún así la sumatoria es indignante: en el sexenio actual se han registrado 5,000 feminicidios y la mayoría de los estados arroja un índice entre el 94 y el 99% de impunidad.

Todas las mujeres son vulnerables, pero no son responsables de lo que les sucede por ejercer su derecho a salir, a vestir como quieren o a regresar a casa a la hora que les plazca. Hay que replantear la conversación y mirar hacia el lado correcto de la problemática.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, advirtió que Morena no cuenta con mayoría calificada en la cámara alta, ni ahora ni en la próxima legislatura, por lo que no puede imponer una reforma judicial que a todas luces "es regresiva".

En redes sociales, la legisladora panista señaló que Morena se equivoca, pues sólo el 33% del listado nominal votó por ellos, "pero eso no les da la atribución de realizar reformas que dañen al pueblo de México. Querer adueñarse del Poder Judicial es autoritario y es un retroceso para los derechos de los mexicanos".

Dijo que el partido en el poder no puede destruir el derecho de acceso a la justicia, justificándose como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando declaró que "si la Constitución establece que se pueden realizar reformas y se establece que se necesita mayoría calificada, y si esto se consigue, es cumplir con la Constitución".

Kenia López Rabadán recordó que "existe la doctrina nacional e internacional que manifiesta la imposibilidad de que haya reformas regresivas que atenten contra las libertades fundamentales. En materia de derechos, ni un paso atrás".

"No tienen las 2/3 partes en el Senado mexicano y lo dicho hoy por el presidente, parece una advertencia de que amenazará a senadores de oposición para doblarlos y lograr su propósito de dañar al Poder Judicial".

"Morena no debe realizar reformas que alteren el Estado de Derecho bajo el argumento de contar con una mayoría para hacerlo. Sería tan absurdo como pensar que con sus votos pueden establecer el esclavismo, que haya un emperador o eliminar la libertad de expresión".

"Ya basta de querer lastimar al Poder Judicial con un discurso populista que claramente deja ver que quieren jueces a modo, jueces subordinados, jueces sin experiencia, jueces que dañarán al pueblo pero que empoderarán al gobierno", enfatizó.

López Obrador intenta, desde el día siguiente de la elección, que el TEPJF le otorgue una supermayoría a su coalición, aplicando una interpretación inadecuada de la cláusula de sobrerrepresentación.

El jueves, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente intervino ilegalmente en las elecciones, promoviendo a su candidata, atacando a la opositora y, especialmente, condicionando la vigencia de los programas sociales al triunfo de su candidata.

Estas intervenciones ilegales deberían bastar para anular la elección y castigar penalmente a López Obrador, según los cambios legales que él mismo ha promovido, y que tienen su origen lejano en la elección de 2006, cuando él mismo acusó al entonces presidente Fox de intervenir ilegalmente en la elección, por actos infinitamente menores a los que ahora él ha cometido.

El viernes, en su conferencia matutina, López Obrador, fiel a su costumbre, fustigó a los magistrados y los acusó de conservadores y mentirosos, porque él jamás hizo lo que dicen que hizo. Es un cínico y un falsario.

No hay decisión del TEPJF acerca de la intervención de los Siervos de la Nación, herramienta usada por López para condicionar los programas sociales, ni la hay acerca de los excesos de gasto durante tres años de campaña abierta de Sheinbaum. Ambos implicarían también la anulación de la elección.

Sin embargo, avanzamos rumbo a la calificación de la misma con sólo 5 magistrados en el TEPJF, debido a otra acción ilegal, en este caso del Senado, que no quiso nombrar a los 2 que faltan. Dice la ley que no pueden calificar la elección con menos de 6 magistrados, pero ya vio usted el catálogo de ilegalidades cometidas hasta ahora.

Entre vítores de "¡Viva el Poder Judicial!" y "¡Viva México!" trabajadores del Poder Judicial de la Federación y personas de la sociedad civil se manifestaron este día en Ciudad Judicial en contra de la Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. En la iniciativa, en esencia, se contempla la elección popular de ministros, jueces y magistrados.

Desde las 9 de la mañana contingentes y bloques de manifestantes se reunieron en la escalinata de entrada de Ciudad Judicial, sobre Periférico Norte. En las pancartas y carteles que llevaban se podía leer: "Jueces y magistrados son protectores de tus derechos y la Constitución"; "Estamos con Norma Piña y con el Poder Judicial"; "Todos somos Poder Judicial Federal", entre otros mensajes.

Alrededor de las 12 del día los manifestantes ocuparon por 10 minutos los carriles centrales de Periférico para bloquear el tránsito vehicular. Exigieron que la reforma sea estudiada y analizada a profundidad, mientras que en el punto sobre la elección popular de jueces, magistrados y ministros se mostraron intransigentes.

Integrantes del grupo México por la Verdad mostraron su apoyo a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien consideran uno de los principales personajes políticos que pueden hacer frente a la iniciativa de López Obrador.

Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) trabajan en una estrategia jurídica para impugnar la inminente reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la sobrerrepresentación de Morena en ambas cámaras del congreso, ante los órganos internacionales.

Durante un acto de protesta en el marco del Día del Abogado, Mauricio Barajas Villa, magistrado del 2o. Tribunal en Materia del Trabajo, anunció que analizan 2 vías que se implementarán una vez que los tiempos lo permitan.

"La primera para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial".

La otra acción, explicó, es una estrategia para enfrentar la asignación de diputados plurinominales, "con la pretensión de que la fuerza política dominante (Morena) no alcance (como de hecho no alcanzó) las 2 terceras partes de cada una de las cámaras que integran el congreso".

El magistrado aseguró que está claro que el INE no velará por una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones que impiden una sobrerrepresentación que rebase los topes.

"Esto se ve venir. Como también que la impugnación que se haga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy probable, y nosotros advertimos por toda la presión que tienen los magistrados de la Sala Superior, que no prospere tampoco una rectificación de un criterio que es desproporcionado".

Ante esa circunstancia, Barajas Villa anunció que lo que queda es la defensa internacional ante diversos órganos.

"Hay que esperar a que se den los tiempos, que se empiecen a dar las decisiones que se tienen que dar y en función de eso estaría ya preparado con todos los argumentos, con todas las disposiciones y precedentes aplicables en particular, yo creo que hay instancias que están observando a México, en el ámbito internacional y bueno, el punto es que en ese proceso no se vea que es fácil poner el pie encima de la democracia y que nadie va a hacer nada", adelantó.

Aseguró que magistrados y jueces están legitimados para la defensa del Poder Judicial.

"Yo creo que la defensa al Poder Judicial de la Federación, en esas sí estamos legitimados todos los jueces y magistrados federales, en la defensa de la igualdad del voto pues todos los ciudadanos, no es privativo de nada más usted es ciudadano y yo también", comentó.

Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, afirmó que es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los graves problemas estructurales de la justicia en México, cuando se cuenta con un sistema de carrera judicial y exámenes de oposición públicos para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos como juzgadores.

"No rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. Y para lograr eso, muchas y muchos demócratas dieron lo mejor de sí, incluyendo su propia vida. La Constitución así lo establece: nos corresponde equilibrar el ejercicio del poder público, nulificar sus desviaciones y amparar a quien lo sufre injustamente, y esto es parte también de la voluntad popular", indicó.

El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, advirtió que sería muy grave el tener jueces "sin experiencia" como plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso podría generar "señores de horca y cuchillo" que se venden al mejor postor al pensar que tienen total autonomía.

"Un juez nuevo, sin experiencia y sin sentirse sometido a la racionalidad jurídica, va a entrar en un mundo que incipientemente se ha comenzado a transformar, yo no quiero saber qué va a suceder... me temo que la falta de una de una racionalidad jurídica acabe por generar una racionalidad puramente política, en el mejor de los casos, o una racionalidad completamente autónoma de los juzgadores que los lleve a convertirse, lo digo con muchísimo cuidado, pero es la experiencia que se ha dado en otros países, en señores de horca y cuchillo, que se puedan vender al mejor postor, porque no están sometidos a nadie".

El problema de la sobrerrepresentación es doble, por una parte, hoy es un asunto de inequidad o proporcionalidad entre los votos obtenidos y las curules alcanzadas, y por el otro, es la senda por la que se pretende transitar a un cambio de régimen que el electorado nunca supo que estaba en juego.

Es de justicia que los votos correspondan a los asientos legislativos.

La Cámara de Diputados se integra con 300 diputados electos por mayoría relativa y 200 electos por representación proporcional. Hay 2 acotaciones: 1o., una fuerza política por disposición constitucional no puede tener más de 300 diputados y, 2o., no puede haber sobrerrepresentación mayor a 8 puntos.

​Un elemento clave en la reforma política fue el principio de estabilidad constitucional en el sentido de que una fuerza política por sí sola no pudiera cambiar unilateralmente la carta magna.

Por ello se definió el límite máximo de 300 diputados.

El límite a la sobrerrepresentación se estableció antes del sistema actual de coaliciones, por lo que la sobrerrepresentación debe aplicarse a la coalición y no a los partidos. El PT y el Verde, subordinados a Morena, forman parte de la coalición, es decir forman parte de la misma fuerza que por sí sola no puede modificar la Constitución.

Lo que el constituyente estableció fue que los cambios constitucionales se construyeran por consenso de las diferentes fuerzas políticas.

El problema es que la sobrerrepresentación que pretende el gobierno se erige en una fórmula fabricada a modo para que les permita un cambio de régimen.

Para efectos prácticos Morena obtuvo 40.8% de los votos y ha planteado una reforma constitucional que modifica los pilares fundamentales del edificio democrático como es la división de poderes, la exclusión de la pluralidad en la integración de cámaras, la politización del INE con lo que perdería la independencia y autonomía del Consejo General y del Tribunal Electoral, además de la desaparición de los órganos autónomos y la militarización plena de la seguridad pública.

De ahí la trampa de la interpretación literal desatendiendo el espíritu que animó al constituyente.

En otras palabras, la sobrerrepresentación que se pretende no solo plantea un tema de inequidad, también el fin del régimen democrático.

La tesis de jurisprudencia 70/98 de la Suprema Corte le dio la razón al PRD de AMLO y estableció que la interpretación de los límites de sobrerrepresentación electoral no debía limitarse al "texto literal" sino "a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela". Olga Sánchez Cordero fue la ministra ponente en 1998 y la tesis se aprobó por unanimidad. Hoy prefieren olvidarla.

Pueblo Quieto, este punto de la ciudad ubicado a unos pasos de las vías férreas que corren sobre la avenida Inglaterra, entre las transitadas avenidas como Mariano Otero y Enrique Díaz de León, se encuentra también incluido en el céntrico polígono de impunidad que opera en el corazón de Guadalajara y que ningún gobierno municipal, estatal o federal ha podido desmontar.

En ese mismo polígono de impunidad, a unos cuantas cuadras de Pueblo Quieto, está la calle 5 de Febrero donde tampoco ninguna autoridad ha podido erradicar la venta de autopartes robadas; también el barrio del Santuario, donde reina la venta de medicina ilegal y que no cura los males de los enfermos que la consumen; y a unas cuadras de ahí, dentro y en las inmediaciones del Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, se encuentra el paraíso de los productos pirata y venta clandestina de armas.

En todos estos puntos, donde a plena luz del día se cometen actividades delincuenciales, se han realizado infinidad de operativos policiales que de nada han servido para acabar con la impunidad que reina en esas zonas, y que no podemos normalizar como ciudadanos.

Las bancadas del PAN, PRI y PRD presentaron ayer acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas en materia de amparo y amnistía.

Estas fueron aprobadas por Morena y sus aliados en abril pasado, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el ejecutivo el mes pasado.

Los grupos parlamentarios señalaron que la reforma a la Ley de Amparo impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando estos afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía.

"Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección", subrayaron.

Refirieron que el objetivo de la reforma es dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos.

"Con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando estos afecten los derechos humanos de la ciudadanía", explicaron.

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Amnistía, señalaron que viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.

Y convierte a la amnistía en una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona, afirmaron.

El presidente López Obrador cree que la reforma al Poder Judicial que el mismo propuso se puede mejorar: nos equivocamos pidiendo que los candidatos a jueces tengan un mínimo de 5 años de experiencia, dijo en la mañanera, y argumentó que para hacer justicia nada como el idealismo de un joven recién egresado porque conforme pasan los años todos nos volvemos menos comprometidos. Entre más viejos más mañosos, podría ser la síntesis de su argumento.

La juventud es el único defecto que se quita con el tiempo, decía mi abuelo. Para la justicia revolucionaria que imagina López Obrador (ya dijo Fernández Noroña que lo que quieren no es una reforma sino una revolución en el Poder Judicial) lo importante es actuar rápido y en función de convicciones y no con la duda perspicaz de la experiencia ni con el conocimiento de la jurisprudencia.

Los jóvenes llevan prisa; los viejos son cautelosos. En la mayoría de las culturas el papel de juez se le otorga al más viejo, nunca al más joven. Es el hombre que ha vivido, a aquel que ya no lo mueven las pasiones, el que no lleva prisa, el que ha visto demasiado, el que sabe que se equivocó más cuando se dejó llevar por el primer impulso, a quien se le asigna el papel de hacer justicia. Nada asegura que los viejos son mejores personas que los jóvenes, lo único que tienen de ventaja son las canas y las dudas.

La justicia en México es lenta, tortuosa y tramposa, en el sentido literal de la palabra, pues está llena de trampas y vericuetos. Es cierto que hay jueces corruptos, y muchos, pero más lo es que hay leyes inaplicables y procesos intransitables. La solución no es por supuesto nombrar jueces más jóvenes e impetuosos capaces de brincar las trancas, sino construir un sistema más transparente. Eso no se logra con una reforma a la forma de elección de jueces, magistrados y ministros y un nuevo órgano vigilante, sino con una revisión profunda de las contradicciones del entramado legal y de los procesos judiciales. Esto último fue el espíritu de la reforma penal con los famosos juicios orales que no funcionaron porque dependía de que otros, policías y ministerios públicos hicieran su trabajo.

Tener jueces sin experiencia, pero con espíritu justiciero, no hará una mejor justicia, por el contrario, puede multiplicar los casos fallidos, entre otras cosas por el impulso de hacerlo rápido. Dicho de otra manera: una reforma judicial es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos, sean los que quieren romperlo todo y hacerlo en un mes, o los que no quieren que nada cambie.

¿Por qué el gobierno federal no propone una reforma a la Fiscalía?

Una investigación Animal Político reveló que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz, gastó 142.9 millones de pesos entre 2018 y 2019 para adquirir un software de intervención de ubicaciones.

Sin embargo, solo justificó su uso con autorización judicial en 0.24% de los 135,000 casos en los que se utilizó el software entre 2019 y 2021.

Lo que debes saber:

1. Contratos y gastos:

La FGR adquirió el software Geomatrix de la empresa Neonlix de México S.A. de C.V. para vigilar la ubicación de celulares, gastando alrededor de 142.9 millones de pesos.

2. Uso sin autorización judicial:

De las 135,000 ocasiones en que se utilizó el software, la FGR solo presentó 328 solicitudes ante jueces federales para obtener autorización.

Esto contraviene la ley, que exige autorización judicial para tales intervenciones, excepto en emergencias donde la vida esté en riesgo.

3. Sin resultados del espionaje:

La FGR no tiene registros de víctimas rescatadas o personas detenidas como resultado de estas vigilancias.

Entonces, ¿a quiénes espió y por qué?

Mientras el gobernador Enrique Alfaro toma unas merecidas vacaciones a 5 meses de terminar su encargo, los escándalos de su administración no descansan, pues en plena discusión de las reformas al Poder Judicial Federal realizadas por los colegios de abogados y universidades, el temor -tanto de los expositores como de los asistentes- es el mismo: que en el Poder Judicial de la Federación se replique la situación del Poder Judicial del Estado, que en las últimas administraciones se encuentra secuestrado por personas cercanas al mandatario en turno.

Lo anterior, de manera mucho más evidente en la actual administración, dado que es manejado a la entera satisfacción por una persona cercana al ingeniero Alfaro, quien a pesar de haber sido denunciada, una y otra vez, por ciudadanos e incluso por jueces, nuestras autoridades no han tomado cartas en el asunto y menos han mostrado intención alguna de hacerlo por evidente que sea su intromisión, pues están más cerca de darle una oficina en el Supremo Tribunal que de hacer una investigación seria al respecto. ¿Serán tan ciegos para no ver lo que todos vemos o sus intereses les sugieren voltear para otro lado? Al buen entendedor, pocas palabras.

El mensaje que la población recibe de nuestros actuales gobernantes es claro: el balón de este recreo lo tiene el gobernador. A los amigos delincuentes, justicia y gracia; a las víctimas, la ley a secas, en el mejor de los casos.

La presunción de inocencia es uno de los pilares en que se funda la vida civilizada en cualquier parte del mundo. Cuando esta no se respeta por parte de los poderes gobernantes, estamos indudablemente ante un régimen autoritario o incluso tiránico.

La razón es que sólo se puede estar claro de si alguien es culpable de algún acto cometido sólo después de que se le haya hecho un juicio justo y expedito. Esto es todavía más importante cuando se trata de amenazar a alguien de ser encarcelado sin juicio alguno.

Recordemos que bajo el precepto de la presunción de inocencia la carga de la prueba recae en la parte acusadora, quien tiene que probar la verdad de sus asertos. Esto es lo civilizado, lo decente, lo justo.

Si no fuera así, los ciudadanos estaríamos a merced de decisiones arbitrarias del poder político, que no necesitaría pruebas para acusar a alguien e incluso para enviarlo a una prisión.

En una democracia liberal esta figura no debería existir o se debería aplicar en casos muy extremos y excepcionales. Esa no parece ser la idea ni del actual gobierno ni del entrante. Efectivamente, la propuesta de Morena en el congreso consiste en ampliar los casos en que operará la prisión preventiva oficiosa. El catálogo de delitos que cubrirá ahora incluirá la extorsión, el narcomenudeo, delitos relacionados con drogas sintéticas, contrabando, defraudación fiscal o delitos fiscales relacionados con "factureras".

En lugar de haber atendido la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -de la que México es parte- de reformar el Artículo 19 de la Constitución y otros ordenamientos similares para que estos se acoplen con la Convención Americana, el gobierno insiste en profundizar aún más esta injusticia. La nueva redacción del artículo 19 propuesta por Morena ahonda aún más la distancia con la doctrina de los derechos humanos, las convenciones internacionales en la materia, el espíritu de la Constitución y el sentido común.

El gobierno interpreta el sentir popular contra el crimen organizado como uno en el que se demanda la codificación de leyes que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es un error conceptual y práctico. Lo que demanda la población es más seguridad y no más gente inocente en las cárceles mexicanas.

Como siempre, el blanco ostensible de este nuevo ordenamiento son aquellos críticos del gobierno que este decida acallar, al poder imputarles delitos inventados para los que no habría defensa. Otras víctimas serían las clases más desfavorecidas. Ellos son sin duda alguna la mayoría de las más de 113,000 personas en la cárcel hoy sin que se haya comprobado su culpabilidad. Se dice que más o menos la mitad de quienes están en prisión hoy en México se encuentran ahí sin que se les haya sometido a un juicio. Tremenda injusticia.

Por su magnitud, este tema debe ser discutido en el congreso de manera razonable y teniendo en cuenta el beneficio de todos los mexicanos.

¿En qué momento pasamos del Estado como garante de la paz y la justicia a un Estado que se asume como simple observador y narrador del desastre?

En un acto de sorprendente renuncia a su responsabilidad, ayer en la mañanera el presidente narró con lujo de detalle la confrontación entre 2 grupos criminales que se pelean el territorio en la2 frontera con Guatemala y cuáles son las actividades delictivas que se disputan. Es el corredor del tráfico de personas y el trafico de drogas, dijo López Obrador como quien narra la disputa del balón en un partido de futbol; como si el Estado, que él preside, no fuera responsable de lo que sucede en el territorio. Fue una masacre, 19 muertes en total tras el enfrentamiento, pero el gobierno, según nos informó, está dedicado a atender las causas, no a evitar a que los delincuentes se disputen el territorio nacional para ejercer actividades ilegales.

Lo que hace el presidente no es distinto a lo que hacen la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales que se han convertido en narradores privilegiados de la violencia y no en garantes del Estado de Derecho y la paz. Nuestras autoridades de todos los niveles han naturalizado de tal forma al crimen organizado y aceptado con tal candidez que hay zonas del país donde ellos no mandan, donde solo son testigos bien informados de lo que otros deciden, que la pregunta que queda en el aire es cuál es el papel del Estado.

Dicho de otra manera: mientras los mexicanos nos desgañitamos en la defensa o la denostación de los ministros de la Corte; mientras se discute en foros la elección de jueces, magistrados y ministros, la justicia y el Estado de Derecho corren por otro derrotero, con otras reglas y otros códigos que nada tienen que ver con la ley. Lo que está en juego para la clase política, lo que debaten, es el control del poder judicial, no la justicia. Lo que está en juego en las localidades concretas, en cerca de 800 municipios del país de acuerdo con los últimos cálculos, es la existencia misma del Estado, es la disputa por el poder real en el territorio.

¿De qué sirve ganar la Corte si al final perdemos la justicia? ¿de que sirve ganar el Palacio de Justicia si al final perdemos el territorio? Necesitamos poderes que aseguren el Estado de Derecho, no que lo comenten o lo narren. Hay que repetirlo una y mil veces: no se matan entre ellos porque ellos somos nosotros. Cada masacre como la de La Concordia, Chiapas, es una derrota nacional.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, advirtió que, ante la carencia de personal que existe en los poderes judiciales de los estados, el debate debería ser en favor de las personas juzgadoras y de mejores condiciones para su trabajo, para alcanzar un efectivo acceso a la justicia.

Sodi Cuéllar remarcó que, en promedio, las entidades de la república cuentan con sólo 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes y el Estado de México solo 2.8, cuando el estándar a nivel internacional es de 18 jueces.

"Somos un país con altos índices judiciales e insuficiente personal, lo que genera lentitud y rezago. Uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo. El estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100,000 habitantes, pero seamos realistas, fijemos una meta de 10 jueces por cada 100,000 habitantes", apuntó.

El gobierno federal está presumiendo que se han regularizado más de 2.3 millones de vehículos de procedencia extranjera, los conocidos como autos "chocolate", obteniendo ingresos por más de 5,895 millones de pesos desde que inició el programa. Con esos recursos, ya se han bacheado calles en 17 estados del país. ¿Alcanzó el dinero para Jalisco?

Por acá nos cuentan que se han regularizado 13,449 unidades en el estado, que han dejado 33 millones de pesos. Y que ese dinero sirvió para bachear 10,000 metros cuadrados de calles en Jalisco.

¿Alguien sabe en dónde se hicieron los trabajos?

Casi nadie repara en esto: la reforma judicial es una bomba para los poderes judiciales locales. Estos concentran la mayor corrupción, rezago, nepotismo, tráfico de influencias y control político de gobernadores y partidos. ¿Un ejemplo? El Poder Judicial de Jalisco.

Con 3,300 millones de pesos (MDP) de presupuesto para este año -poco más de los 2,900 MDP asignados a la Fiscalía del Estado- es uno de 5 poderes judiciales más caros del país, pero uno de los más ineficientes.

Ocupa el lugar 21 a nivel nacional en casos resueltos, pues concluye sólo del 51%, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del INEGI. En un año ingresaron 133,087 casos, pero sólo concluyeron 68,438. El rezago crece a doble dígito cada año.

Los primeros lugares nos llevan de calle. Nuevo León resuelve el 95% de casos; Campeche, el 94%; Baja California, el 91%; Yucatán, el 89%; Sinaloa, el 79%. ¿Le sigo?

Ahora hablemos de sentencias. El Poder Judicial de Jalisco sólo emitió 306 sentencias [personas sentenciadas en materia penal] el año del estudio. Esto lo coloca en el lugar 19 a nivel nacional en baja eficiencia.

Las entidades con más sentencias son Ciudad de México (9,315); Estado de México (7,723); Sonora (3,291). ¿Cómo diablos llegamos a una eficiencia tan baja en Jalisco? Por eso no hay sentencias por desapariciones, tortura y trata de personas.

Investigaciones periodísticas de El Informador y Mural han revelado en los últimos años que el Poder Judicial de Jalisco opera como una "gran familia". De 33 magistrados, 15 confirmaron que tienen a familiares en la nómina.

Hace 4 años, un reportaje detectó 45 empleados de 1er. y 2o. nivel con vínculos familiares con magistrados y jueces. Sus sueldos iban de los 40 a los 97,000 pesos mensuales. También había en la nómina 20 hijos de ex magistrados. ¿Cuál carrera judicial?

En la nómina aún aparece Yanet Arcelia Villaseñor García, titular de la dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Cobra un sueldo mensual que ronda los 100,000 pesos. Su área se encarga de investigar nepotismo por contratación de familiares. Pero ella misma es hija de la magistrada Arcelia García Cásares.

Si a esto sumamos la repartición de "cuotas y cuates" a lo largo del sexenio para cooptar magistrados, jueces y consejeros de la judicatura a favor del partido en el poder, ¿qué queda para defender del Poder Judicial de Jalisco?

Ayer realizaron en Guadalajara el 2o. diálogo nacional sobre la reforma judicial. Hay que poner atención a la justicia local. Ahí está la mayor podredumbre.

El resultado es evidente: un poder judicial estatal empantanado, en el que muchos de los que allí trabajan (salvo honrosas excepciones) han llegado a sus puestos por razones incorrectas. Esto se refleja en una impartición de justicia lamentable, caracterizada por sentencias sin sentido, falta de honestidad, desconocimiento del derecho, retrasos injustificados y pésima atención a los ciudadanos.

Ante este escenario, debemos entender que la reforma planteada no es al poder judicial de los estados, sino al de la federación. Es crucial prestar atención a la voz de quienes tienen conocimiento de primera mano sobre el poder judicial tanto federal como local, en concreto las facultades de Derecho y colegios de abogados; quienes han señalado de forma unánime que si bien es necesario realizar cambios en el Poder Judicial Federal, la propuesta del ejecutivo es no sólo desatinada sino peligrosa, ya que quita la independencia judicial y pone fin a la carrera judicial del único poder judicial que funciona en el país.

Seleccionar a los jueces por voto popular no solo contradice los principios generales del Derecho, sino que es un absurdo. Basta imaginar qué sucedería si cualquiera de nosotros fuera falsamente acusado de un delito de gran impacto social, como el secuestro o el homicidio. ¿Cree usted que el juez, elegido por voto popular y con miras a la reelección, lo declarará inocente si no hay pruebas en su contra?

Si hemos sido críticos de la falta de preparación y resultados del Poder Judicial del Estado, es difícil pensar que el federal será diferente si los jueces son seleccionados por su carisma o amiguismo y no por su conocimiento. Siendo un puesto tan importante y que requiere conocimientos técnicos especializados, resulta absurdo siquiera plantear que la mejor manera de seleccionarlos sea por voto popular.

Esperemos que ahora en Jalisco empecemos por cambiar esas tendencias y que quienes ahora asumirán cargos en poder ejecutivo y legislativo busquen lo mejor para nuestro estado probándonos lo contrario realizando verdaderos cambios al poder judicial del estado convirtiéndolo en un ejemplo a seguir para las demás entidades. Esperemos que efectivamente nos demuestren que "Jalisco se cuece aparte" y ante el debilitamiento del poder judicial federal, el estado tenga la capacidad de generar un verdadero Estado de Derecho desde el poder judicial del estado.

Si revisamos el comportamiento del homicidio doloso, veremos que la tendencia no ha cambiado, a veces baja, pero a lo largo de estos últimos 8 años no ha variado, nos mantenemos igual. Eso nos dice que los criminales tienen preminencia, que la disputa por el territorio y las venganzas entre ellos no hemos podido impedirlas y abre la puerta para que otros criminales asesinos, sean organizados o gente común, practique el asesinato como método para resolver diferendos porque no hay castigo. También nos dice que hay muchas armas en la calle.

La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente busca modificar la integración y organización de la Judicatura Federal, así como establecer la elección directa de sus integrantes.

También busca limitar los alcances de sus decisiones al prohibir, por ejemplo, que un juzgador suspenda la vigencia de una ley cuando considere que su aplicación puede violentar derechos fundamentales.

El oficialismo defiende la propuesta argumentando que obedece a una exigencia social de garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad; algunos voceros incluso han calificado como una reforma integral al sistema de justicia. Sin embargo, el verdadero propósito de la iniciativa presidencial no es otro que asegurar el control político de los tribunales federales: desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Juzgados de Distrito.

Este objetivo es visible en lo que contempla la iniciativa; pero, sobre todo, en lo que no contempla: los temas ausentes que necesitan ser parte central de una discusión seria para mejorar sistema de justicia.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI, al cierre de 2022 se reportaron 2'915,899 averiguaciones previas o carpetas de investigación pendientes de concluir en las fiscalías, más de 98% en las fiscalías locales. Estos indicadores son suficientes para evidenciar que las capacidades de las fiscalías de todo el país están rebasadas, pero la propuesta presidencial no contiene ninguna estrategia para fortalecerlas.

Sin contemplar al menos alguno de estos elementos, sin un diagnóstico claro, sin objetivos definidos y sin criterios de evaluación para alcanzarlos, la propuesta de reforma judicial del oficialismo es, en parte, una simulación, en parte una revancha; y, ante todo, un paso más en la concentración del poder sin contrapesos. Existen condiciones para impulsar una auténtica reforma integral al sistema de justicia, más allá de las ambiciones presidenciales. Es momento de discutirla con seriedad.

La reforma judicial impulsada por AMLO propone un método de elección de ministros, magistrados y jueces vía voto popular.

Los 1,633 ministros, magistrados y jueces serán elegidos en las elecciones ordinarias para otros cargos. Podrán hacer campaña durante 60 días, pero no recibirán financiamiento público o privado, sólo acceso a tiempos de radio y televisión.

Ahora, ¿quién decide las candidaturas? Los Poderes de la Unión. En el caso de ministros, el presidente propone 10 candidatos, cada cámara 5, y el Poder Judicial otros 10. La distribución es similar para el resto de cargos.

Entre los argumentos centrales para impulsar la reforma está acabar con las designaciones políticas de juzgadores que llegan al cargo gracias a la repartición de "cuates y cuotas", y sirven a intereses de élites económicas y políticas.

Dudo que el voto popular por sí mismo garantice mágicamente la independencia judicial. Por el contrario, crear filtros para que lleguen al cargo los mejores perfiles, fijar controles y evaluaciones al desempeño de juzgadores, eso sí mejoraría nuestro sistema de justicia.

En esto último debería enfocarse la oposición. En negociar los puntos sobre las íes para que se alcance una reforma integral. Convertir el voto popular en razón suficiente para el éxito de la reforma judicial o, caso contrario, para su fracaso, es un debate bizantino.

En el mundo, sólo Bolivia elige a sus ministros vía voto directo. Ese caso se ha presentado como un modelo fracasado. Sin embargo, en el estudio "Elecciones judiciales en Bolivia Una experiencia inédita", Luis Pastrana señala que no hay una base empírica para evaluar el resultado.

En Estados Unidos tienen un modelo híbrido. A los jueces federales y a los de la Corte los nombra directamente el presidente, pero respecto a los jueces estatales prevalece el modelo de elección popular en 39 de 50 estados federados.

Las y los legisladores deberían, ahora mismo, estarse quemando las pestañas para entender qué funciona y qué no de ambos modelos.

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La reforma limita a la Corte para suspender normas inconstitucionales sin un estudio de fondo. También elimina la facultad de los jueces para suspender "con efectos generales" leyes del Congreso de la Unión.

Va un ejemplo: la reforma eléctrica. Tras su promulgación, varias empresas de energías renovables se ampararon y el juez Juan Pablo Gómez Fierro les concedió una suspensión "con efectos generales".

Significa que la ley queda en pausa hasta que se analice a fondo (la mentada "suspensión provisional"). No aplica ni para las empresas amparadas ni para nadie. De esta manera, gracias a la ley de amparo, el juez suspende una norma emitida por el Congreso de la Unión.

La reforma judicial modifica esta premisa al señalar que "en ningún caso podrán otorgarse suspensiones con efectos generales respecto de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo promovidos en contra de normas generales".

Aquí hay 2 visiones contrapuestas. Por un lado, la justificación de la reforma judicial advierte que los jueces se han extralimitado con decisiones políticas, no sólo jurídicas, a favor de intereses particulares.

También critica que existe una aplicación "poco uniforme, contradictoria e incluso discrecional" de este tipo de suspensiones con efectos generales que se traducen en una intromisión a las facultades del legislador.

La visión contraria que expone la oposición consiste en enfatizar que los jueces son los garantes del control constitucional en el país. En sus manos recae velar por el cumplimiento de la ley suprema para garantizar un Estado de Derecho democrático.

También se ha señalado que ante la sumisión acrítica del Poder Legislativo en este gobierno, los jueces se han convertido en las figuras que acotan el casi ilimitado poder presidencial. Defienden a su vez las suspensiones generales porque previenen daños irreparables.

Un amigo abogado me lo explicó así: "Un general ordena cortarte la mano. Si no obtienes la suspensión de amparo, quizás cuando ganes el amparo ya no tengas la mano porque te la mocharon, ¿de qué serviría ganar al final el amparo?". Una suspensión provisional previene ese escenario.

¡Qué difícil! Hay ensayos y estudios que defienden una y otra postura. Pero también hay un hecho incontrovertible: la judicialización de la vida pública cada día es más grande y genera fricciones entre el Poder Judicial y los otros poderes.

Esto no siempre fue así. Antes de la gran reforma en derechos humanos de 2011, el amparo beneficiaba exclusivamente a quien lo solicitaba. Según especialistas, las suspensiones generales surgieron cuando los jueces comenzaron a considerar los derechos humanos de la colectividad.

En el caso de las controversias y acciones de inconstitucionalidad a cargo de la Corte, la reforma limita la facultad de los ministros para suspender una ley con la simple admisión de la misma sino hasta analizarla a fondo y votar por mayoría si la anulan.

¿Se ha distorsionado la figura del amparo en México? ¿Ha hecho más ágil la impartición de justicia o la ha entorpecido? ¿Pesa más el control democrático y constitucional de los jueces sobre los otros poderes o los fallos malintencionados? Al acotar la figura del amparo, ¿se vulneran los derechos de un ciudadano a defenderse de un acto de autoridad?

Eso es lo que, esperamos, debatan nuestros legisladores y legisladoras.

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El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial que administra, vigila y sanciona a los jueces y magistrados corruptos. En teoría es un órgano independiente. También surgió con la gran reforma judicial de Zedillo en 1995.

Sin embargo, el trabajo de este órgano no se refleja en la percepción ciudadana. Según el Inegi, los 3 servidores públicos que la gente percibe como más corruptos son: los policías de tránsito (74%); los jueces (66%) y los policías municipales (65%).

Uno siente terror de que lo inspeccione un policía municipal o lo pare un tránsito. Pero también hay un miedo legítimo a llegar a un tribunal ante un juez cuando sabemos que allí todo pesa (el dinero, el poder, el nepotismo) antes que la justicia.

La reforma judicial que impulsan AMLO y Sheinbaum desaparece el Consejo de la Judicatura para reemplazarlo por 2 figuras: un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Hoy el Consejo de la Judicatura está encabezado por el ministro presidente de la Corte; 3 consejeros designados por el pleno de la Corte; 2 designados por el Senado y uno por el Presidente de la República.

La justificación de la reforma judicial critica que la presidencia de la Judicatura y la Corte recaigan en la misma persona. Esto supone un conflicto de interés, sostiene, que compromete su independencia además de la sobrecarga de responsabilidades.

En su lugar, la iniciativa propone desaparecer la Judicatura y crear el Tribunal de Disciplina Judicial integrado por 5 magistrados durante 6 años y elegidos vía el voto popular.

Esta instancia tendrá 2 atribuciones centrales: podrá investigar a jueces y ministros -la Judicatura no tiene esa facultad con estos últimos-, y recibirá denuncias por corrupción de cualquier persona o autoridad, algo que en el modelo actual recae exclusivamente en la Corte.

En cambio, el órgano administrativo estará integrado por 5 personas designadas por 6 años: los designa el Poder Ejecutivo (uno); el Senado (uno); y la Corte (3). Elabora el presupuesto, administra la carrera judicial y opera el control interno.

Finalmente esta reforma federal implica modificar las constituciones y leyes estatales para que se apeguen a sus principios. Es decir, es una "bomba" para los poderes judiciales locales en donde hay más corrupción. Implicaría una dura sacudida a sus poderes fácticos.

La organización World Justice Project publicó el Índice de Estado de Derecho 2023-2024 que analiza a todas las entidades de la federación, y reveló que México está estancado en la materia con una calificación de 0.41 cuando el máximo es 1. Hay 2 rubros que son competencia del Poder Judicial: en el indicador "Límites al Poder Gubernamental como contrapeso", nuestro país obtiene una calificación baja de 0.42, y en el indicador de "Justicia Civil", que considera la interacción de las personas con el sistema de justicia, la calificación cae hasta 0.37. Con estos resultados es indiscutible que el Poder Judicial requiere de forma inmediata actualizar e innovar en sus procesos, apuntar a reformas que mejoren la eficiencia de sus servicios y, como prioridad, multiplicar sus sistemas de rendición de cuentas, transparencia y austeridad para terminar con los señalamientos de influyentísimo y corrupción. Esos son al menos algunos de los retos que debería atender la reforma al Poder Judicial que se discute actualmente y cuyos resultados pueden fortalecer o poner en riesgo a nuestra democracia, éste es el 1er. desafío para la presidenta electa, ya que es de todos conocida la apuesta de AMLO y sus consecuencias para el sistema de contrapesos entre los poderes, eje sustantivo de toda democracia.

No deja de sorprenderme el desdén que el presidente López Obrador tiene hacia el conocimiento, especialmente cuando los datos que emanan de él son contrarios a sus intereses.

Así lo volvió a demostrar al reprochar el llamado "Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República", elaborado por 41 especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, que incluyen reconocidos juristas, economistas y politólogos.

Al respecto, y para empezar, el mandatario dijo: "ya ni vi nada pues (los académicos) son predecibles". O sea que sin siquiera leer el análisis arremetió contra ellos porque el documento elaborado advierte muchos de los problemas y riesgos que tienen las reformas propuestas, lo cual proporciona elementos para un debate informado.

Ahora bien, ¿por qué la reforma que más le importa al presidente y más preocupa a los ciudadanos informados es la judicial? Para mí, la respuesta es porque con ella se podría llegar a eliminar el principal contrapeso al enorme poder que la 4T obtuvo en las recientes elecciones, con lo que aplicaría la frase del filósofo y político británico Edmund Burke, quien dijo: "Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso".

No tengo duda de la necesidad de una reforma judicial profunda, pues todos los que en algún momento hemos tenido que interactuar con el aparato judicial sabemos de primera mano que el sistema en general está podrido y siempre se inclina a favor de los ciudadanos más influyentes y con mayor capacidad económica o corruptora.

Pero una cosa es reformar el Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia en beneficio de los ciudadanos comunes, y otra muy diferente reformarlo para controlarlo, desaparecer de facto la separación de poderes y el contrapeso que significa la existencia de un Poder Judicial autónomo, con jueces elegidos por su capacidad y no por su popularidad y sin presiones políticas sobre sus decisiones.

Por ello es que el presidente se ha dedicado a atacar a la presidenta de la Corte y a los ministros que han votado en contra de sus iniciativas, pero no porque estén, como él dice, al servicio de la oposición, sino porque han resultado ser inconstitucionales.

La reforma judicial que los ciudadanos necesitamos no es para poner a la Suprema Corte al servicio del ejecutivo, sino para que los ciudadanos comunes tengamos acceso a una justicia imparcial y expedita, y sin tener que enfrentar procedimientos lentos, costosos, corruptos y hasta peligrosos.

Hay muchos cambios que deben hacerse para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y el desarrollo armónico del país, y las reformas constitucionales propuestas en diferentes campos del quehacer nacional, de alguna manera los abordan, lo malo es que en medio de ellas y bajo el innegable argumento de la corrupción que impera en prácticamente todas las dependencias de gobierno, y especialmente en el sistema judicial, el presidente y sus legisladores "cuelan" disposiciones y procedimientos que tienen un solo fin: establecer las bases para instalar una dictadura de partido como fue la del PRI durante más de 70 años, agregando en este caso además la ideología de una izquierda retrógrada.

Este es el corazón de las críticas y miedos a las reformas propuestas, no las modificaciones necesarias y tendientes a mejorar la calidad de vida de los más pobres, su educación o su desarrollo social y económico.

Dada la complejidad del tema, las ramificaciones y consecuencias que las múltiples reformas implican, la opinión de los expertos es la que más debería contar y los legisladores de Morena escuchar, pero no como mera "cortesía" parlamentaria, sino con la abierta y sincera disposición a modificar lo que haga sentido, asumiendo por supuesto, que todos antepondrán a sus intereses políticos la defensa del sistema democrático y la separación de poderes.

Pero si de lo que se trata es de no escuchar a nadie e instalar una dictadura de partido, entonces no hay nada más que hablar. El presidente les dijo a los académicos, juristas y politólogos que opinaron acerca de las reformas: "¿para qué se meten?", y agregó que "debería invitarse a opinar a todos, no sólo a los expertos". ¿Significa eso entonces que debemos escuchar la opinión de los "inexpertos"? ¿Y como para qué?, pregunto yo.

No hay antecedente en ningún país del mundo, donde "el pueblo" elija a los ministros, magistrados o jueces. Y es que ellos no representan a las mayorías, están para interpretar todas las leyes -la Constitución- y que "se cumplan al pie de la letra". Es por ello que quienes forman parte de ese poder, deben ser personas capacitadas en temas legales y con probada capacidad en el tema, "no al gusto o capricho del pueblo". De concretarse el cambio constitucional al poder judicial, estamos al borde de destruir algo que funciona y qué es contrapeso para evitar arbitrariedades de los otros poderes. Sin esa compensación y con el control desde Palacio, estamos a un paso del autoritarismo.

Así que las consultas populares, los foros de análisis y las supuestas discusiones en comisiones en el congreso a las reformas al poder judicial, son puro 'atole con el dedo', porque la orden del inquilino -quien es el que manda- es no "no moverle ni una coma".

Llegó la alternancia en gubernatura, con Rufo. La elección del 97 con Cárdenas en la Jefatura de Gobierno y el PRI sin mayoría en la Cámara de Diputados, pluralidad creciente. Ahora. El Judicial pasó por una poda y rediseño. Cobró fuerza e independencia. Con tropezones, pero el rumbo era el correcto. Fox en el 2000 fue la prueba de fuego. Nada grave ocurrió. Zedillo, a la altura. La alternancia en todos los niveles se fue extendiendo.

El país siguió creando instituciones: el Ifai, ahora Inai, y otros. Parecía que ciertos principios democráticos se habían instalado.

2024, después de 6 años de bombardeo presidencial sistemático a esas instituciones, una mayoría aplastante lo quiere todo: cero contrapesos, poder supremo.

Sin el menor diálogo e inventando encuestas al vapor, quieren someter al Poder Judicial, el único con independencia que nos queda. Las reformas a la ley de amparo y la amnistía sin límites, incluso para personas que hayan violado derechos humanos, es una aberración. Sheinbaum habla de acabar con la "oligarquía" de la Corte. Cero análisis: 85% de los casos son locales.

La burla de AMLO a la ley durante años.

Llegó la cosecha, está frente a nosotros. ¿Fue aquello una ilusión? No. México hoy ya se parece más a una dictadura que a una democracia. Hoy los demócratas son minoría.

El narco y el autoritarismo están de plácemes.

Toda autodestrucción entristece.

Yo estoy de acuerdo en que el sistema judicial en su conjunto requiere de cambios significativos, pero una cosa es reformar el Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia de los asuntos cotidianos que a los ciudadanos comunes nos importan, procesos que hoy son notoriamente lentos, corruptos y hasta peligrosos, y otra cosa es reformarlo para que el Poder Ejecutivo lo controle, haga las modificaciones constitucionales que convengan para mantener el poder y la impunidad de la clase política y en la práctica desaparecer la separación de poderes.

Someter a votación popular la designación de jueces, ministros y magistrados, cuyas candidaturas requieren la aprobación de un congreso controlado por el presidente, es ponerle un disfraz democrático a un decreto presidencial.

Lo único que estaremos haciendo los ciudadanos es "jugar a la democracia", perdiendo el tiempo y el dinero de todos, saliendo a votar por jueces que, gane quien gane, estarán al servicio del Ejecutivo y no al servicio de la sociedad.

Y aun si hubiera candidatos propuestos por la oposición, ¿de dónde sacarán éstos los recursos para sus campañas?, ¿qué compromisos o acuerdos con empresas o particulares corruptos, o con el crimen organizado, podrían llegar a tener para que les apoyen en sus campañas a cambio de fallos judiciales a su favor?

Los ciudadanos debemos entender que el que manda no es el que está en la silla, sino el que lo puso en ella.

Si se aprueba que la designación de jueces sea por medio del voto popular, terminaremos votando por los que el presidente en turno quiera, no por los que deben ser.

No todo se resuelve ni se debe someter a votación popular.

Es equivocado pensar que si la mayoría quiere o decide algo es entonces lo correcto, lo que conviene o debe ser.

¿Qué pasaría si sometemos a votación, por ejemplo, la obligación de pagar o no impuestos o las tasas aplicables?, ¿qué religión debe permitirse y cuál prohibirse?, ¿si los que piensan y opinan distinto a nosotros pueden o no publicar sus ideas, ser nuestros vecinos? Y en este caso, ¿cómo podemos saber si un candidato a juez tiene los conocimientos y experiencia necesarios, o los "pantalones" o "faldas" que se requieren para emitir juicios y sentencias justas con independencia de que favorezcan o perjudiquen los intereses de grupos políticos, económicos, criminales o del presidente en turno?

En cierto tipo de decisiones técnicas, o que requieren experiencia o conocimientos especializados, la opinión pública no debe ser decisiva, y que nos conviene funcionar en democracias versadas, es decir, cediendo nuestro voto a personas conocedoras, expertas y con la autoridad moral para tomar decisiones que a la larga nos beneficien a todos, incluyendo a las mayorías que hoy, si se les consulta o piden su voto, opinarían diferente.

Para tomar este tipo de decisiones, sobre todo las más impopulares, es que elegimos a diputados y senadores, quienes supuestamente votan lo que más conviene a todos.

Si sometiéramos todo a votación e hiciéramos caso a todo lo que las mayorías opinan, piden o quieren, la sociedad se desmoronaría y terminaríamos viviendo bajo la ley del más fuerte y la sinrazón.

Un tema que está o debería estar en la palestra, en boca de todos los ciudadanos, es el intento de fraude a la Constitución Mexicana, el robo de legisladores que pretenden consolidar Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y de Senadores para tener mayoría calificada en ambas en la próxima legislatura.

En este contexto, cabe recordar que el pasado lunes 3, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer un cálculo de los legisladores que obtendrán los partidos en la próxima legislatura, con todo y plurinominales. Según la Segob, Morena y sus aliados del PVEM y PT obtendrían el 73% de curules en la Cámara de Diputados -más que la mayoría calificada-, a pesar de que consiguieron, en conjunto, el 54% del voto ciudadano.

Morena ha estado confeccionando estrategias para burlar el tope de sobrerrepresentación que exige la Constitución. El artículo 54, fracción V, de dicho ordenamiento es enfático cuando establece que "en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida".

"La prohibición de la sobrerrepresentación, es un mecanismo de compensación para las minorías, no es un mecanismo para favorecer a las mayorías. Ese mecanismo de compensación establece un límite máximo del 8%, no mandata un 8% adicional para los partidos que integren una coalición', precisó el priista Emilio Suárez Licona."

¿Qué es lo preocupante y principalmente riesgoso en un escenario como el que tramposamente busca imponer la narrativa oficialista? "De entrada, si una coalición de partidos políticos obtiene 2 terceras partes (67 %) de ambas cámaras, tendría un poder casi ilimitado. Podrían aprobar unilateralmente cualquier reforma constitucional, como las del famoso 'Plan C' (reformas energética, electoral, judicial, etc.) o cualquier otra más que se les ocurra. De hecho, a golpe de reformas, esta mayoría calificada artificial podría crear, en los hechos, una nueva Constitución (reformando los artículos que libremente determinen). Una mayoría así, además, podría realizar prácticamente cualquier nombramiento (ministros de la Suprema Corte, fiscal general, comisionados de la Cofece, etc.)".

Asimismo, un escenario así tendría graves consecuencias para el control de constitucionalidad. Si el oficialismo obtiene las 2 terceras partes de ambas cámaras, entonces se mermaría el medio de control de regularidad constitucional ante la Suprema Corte que pueden presentar las minorías legislativas. De acuerdo con la Constitución, para poder promover una acción de inconstitucionalidad es necesario que por lo menos el "equivalente al 33%" de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado suscriban la demanda. Siguiendo las estimaciones de la Secretaría de Gobernación, en la Cámara de Diputados sería imposible que el bloque opositor pudiese presentar una acción de inconstitucionalidad, mientras que en el Senado sería extremadamente difícil.

En un escenario así, como puede verse, los contrapesos institucionales prácticamente desaparecerían. Y todo esto sería posible, de nuevo, gracias a un esquema fraudulento, que busca eliminar los diques de contención que expresamente contempla la Constitución (Nexos 10/06/24).

Para nadie es un secreto la insatisfacción que genera desde hace mucho tiempo la integración y conducción de los jueces, sean estos del fuero federal o local, al que se le suma la máxima instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envuelta en escándalos y polémicas resoluciones.

Siendo un despropósito salir en defensa de esquemas de reclutamiento y selección opacos, plagados de influyentísimo, nepotismo, sin descartar la compra velada del cargo, maquillados por supuestos concursos o procedimientos abiertos ("invitación a 3 aspirantes"), amañados en su origen debido al conflicto de intereses entre los aspirantes y los miembros de los jurados. Pues si se ha tomado la decisión de llevar a cabo una reforma a fondo se debe poner énfasis en el mérito antes que la experiencia en el rubro. Al final, son escasos los juzgadores que se involucran materialmente en la elaboración de las resoluciones, dejando en el personal técnico a su cargo la formulación luego de que se ha determinado la orientación del fallo.

Por mucho que sea injustificable la continuación del sistema de hermandades y cofradías de jueces, incompatible con el Estado de Derecho, se debe descartar la elección por sufragio universal de los juzgadores en los 3 niveles en que se desarrolla la impartición de justicia, en que, por cierto, no hay ningún antecedente a nivel mundial.

Desde el 2021 presenté una iniciativa de reforma constitucional para modificar el procedimiento para la elección de los ministros de la Corte. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Morena se negó a dictaminarla (...) Morena apuesta por la 'obradorización' del poder judicial: quieren ministros, magistrados y jueces sometidos al presidente bajo la aparente elección por el voto popular directo. Los juzgadores tienen que ser los defensores de la Constitución, no empleados del presidente.

Los opositores han centrado sus baterías en la defensa de la Suprema Corte de Justicia, como si la reforma judicial se tratara sólo de eso. Los obradoristas, montados en la euforia del triunfo, están felices con la pésima idea de elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros de la Corte; lo ven como una especie de venganza política. En lo que ninguno de los 2 bandos repara (en realidad no lo quieren ver) es que el problema de fondo, la justicia, no va a cambiar un ápice defendiendo a la Corte o eligiendo nuevos jueces y ministros.

Si en algo podemos tener consenso es que el sistema de justicia en México es un desastre. Los índices de impunidad, la lentitud en los juicios, la cantidad de personas encarceladas por prisión preventiva y la corrupción en el sistema judicial son evidencia de que necesitamos una reforma al poder judicial. Es, sin embargo, un grave error pensar que la justicia comienza y termina en los juzgados.

El problema de la impartición de justicia en México comienza con las policías. Un buen día decidimos que el 1er. paso del sistema penal descansara en el informe policial homologado que deben redactar policías que no saben leer ni escribir, sean municipales, estatales o de la Guardia Nacional. Los mejores jueces del mundo tienen poco que hacer si de origen los datos sobre los que tendrán que juzgar están mal.

El 2o. gran problema son las fiscalías. La investigación y la acusación de delitos penales se concentra en instituciones que no tienen recursos, capacidades y son, en general, profundamente corruptas. Si no profesionalizamos al Ministerio Público es irrelevante si al juez lo nombró un compadre o fue electo por voto popular.

No hay duda de que la forma en que hoy se eligen jueces y magistrados, a través de componendas y compadrazgos políticos es insostenible. Todos los ministros de la Corte son fruto de un acuerdo político, lo cual no quiere decir que sean incondicionales al presidente que los propuso: ahí está el caso de Zaldívar, que decidió plegarse a un presidente distinto a quien lo nombró, o la ministra Margarita Ríos-Farjat y el ministro José Luis González Alcántara que, habiendo sido propuestos por López Obrador, han hecho gala de su independencia. Si los ministros, magistrados y jueces son electos por voto directo le van a deber la vida a los partidos, pero, sobre todo, no asegura que los electos sean independientes. Si el dinero sucio en las campañas de legisladores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la república corrompe el ejercicio del poder, el financiamiento en las campañas para el poder judicial terminará por corromper más aún el sistema de justicia. Es el narco el que se frota las manos ante esta desmesura.

Sí, urge una reforma al sistema de justicia, no sólo al poder judicial, sino a toda la cadena que hoy permite la impunidad. Eso requiere una discusión amplia, sensata y que tome el tiempo que tenga que tomar. Lo 1o. es que el gobierno, los partidos y la sociedad nos tomemos en serio una discusión que no es sobre el poder, no es sobre quién manda, sino sobre la justicia.

Para Andrés Manuel López Obrador el abrumador triunfo electoral de Morena y sus aliados, es la voz del pueblo que exige que continúe lo que él logró acuñar como el gobierno de la "4a. Transformación".

Poco importa que para lograr esa mayoría aplastante haya sido factor su constante desacato constitucional de intervenir en el proceso electoral, como lo ratificó ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al rechazar la impugnación que hizo la Presidencia de la República a los fallos de la sala especializada en el sentido de que violó la Ley Electoral en sus mañaneras del 11 de enero y 1 de febrero al infringir los principios de "imparcialidad, neutralidad y equidad, haciendo uso indebido de recursos públicos". (Aquí habría que señalar que es otro ejemplo de lo absurda de nuestra Ley Electoral que tiene prohibiciones que para empezar ni el presidente respeta, y que urge revisar).

Por el linchamiento de 4 personas que ocurrió el día de ayer en el municipio poblano de Atlixco, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó dicho acto de violencia.

La organización internacional calificó el hecho como "un acto deshumanizante" y llamó a las autoridades mexicanas a investigar el caso y prevenir esos actos de "barbarie".

"Condenamos nuevo linchamiento en #Puebla. Linchar no es un acto de justicia; es un acto deshumanizante. Se despoja violentamente del derecho a la vida, a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Llamamos a investigar lo ocurrido y a prevenir semejantes hechos de barbarie".

4 personas fueron linchadas y una mujer más herida por habitantes de una comunidad del municipio de Atlixco, considerado como Pueblo Mágico.

Fueron más de 500 pobladores de la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula quienes retuvieron a 4 hombres y una mujer señalados de robar un vehículo en una comunidad cercana.

La llamada "fuenteovejuna" asesinó a los 4 hombres prendiéndoles fuego y retuvieron a una mujer que horas después fue rescatada por autoridades.

En los últimos 5 años (2019-2023) se han registrado en el Estado de Puebla un total de 560 intentos de linchamiento y linchamientos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación estatal, en el año 2019 se presentaron 276 eventos, desde intentos hasta linchamientos; en 2020 sumaron 148; y en 2021 un total de 97 casos.

Para el año 2022 se registraron 22 intentos y linchamientos; mientras que en 2023, las autoridades contabilizaron 17. Durante el año pasado, de los 17 casos registrados, en 2 semanas de consumó el asesinato de 2 personas a manos de pobladores.

El periodista Sergio Sarmiento admite la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, también cuestiona si elegir por votación popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá los problemas en la materia.

En videocolumna para Unotv.com, nuestro colaborador señala que una reforma judicial ayudaría a agilizar los lentos procedimientos para las personas que buscan justicia en México.

"Los procedimientos que actualmente tenemos son muy lentos si alguien quiere tener justicia a veces tiene que esperar 3, 5, 10 años para tener un fallo que lo favorezca eso me parece que no es aceptable".

Desde su perspectiva, el sistema actual de justicia favorece a las personas privilegiadas financieramente. "Alguien que no tiene dinero para pagar un buen abogado está perdido en el mar de injusticia de nuestro país".

Por esta razón, Sergio Sarmiento está de acuerdo con una reforma judicial. Sin embargo, establece ciertas condiciones para que esto pueda volverse una realidad.

Pero... ¿hay que elegir a los ministros de la SCJN?

Aunque nuestro especialista reconoce la necesidad de una reforma, no está de acuerdo con la propuesta del ejecutivo de tener jueces magistrados y ministros electos por voto popular.

Se cuestiona si esta medida acabará con la corrupción, pues reflexiona en que la corrupción no se ha acabado en el poder legislativo por escoger a los diputados y senadores por voto popular.

"Eso no tiene nada que ver. Queremos tener un mejor sistema de justicia. Hagamos una reforma que vuelva más expedita y más certera la justicia, pero no hagamos una reforma que siempre sencillamente politiza y partidiza al país", remata.

Entre diciembre de 2018 y abril de 2024 se han registrado más de 13,000 homicidios de niñas, niños y adolescentes, casi 4,200 de ellos por arma de fuego, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Eso significa que así como este país registra la muerte de 10 mujeres diariamente, también se tiene que lidiar con el deceso de al menos 6 menores de forma violenta cada día. Y la impunidad se consolida.

¿Alguien recuerda el plan de Claudia Sheinbaum para combatir el feminicidio o la muerte violenta de menores en su propuesta de seguridad? Ahora que la confianza de las y los mexicanos están con ella, le corresponde mirar hacia el lado correcto y aceptar que la realidad en México supera por mucho a la ficción. Que piense muy bien si quiere seguir abrazando a la inseguridad que vivimos, como el actual presidente, o si tendrá una estrategia más firme para combatir a la delincuencia.

No es responsabilidad de la presidenta electa la escandalosa estadística de feminicidios y homicidios infantiles, tampoco la de los desaparecidos en México registrados hasta ahora, pero sí le toca diseñar el plan para combatirlos cuando tome las riendas de este país y tenga la tarea de revertir las cifras. ¿Será capaz de ver el desorden que recibe y tomar acción al respecto? Yo espero que abra los ojos objetivamente y no prefiera mirar hacia otro lado.

El presidente López Obrador no ha ocultado su desprecio por los jueces, magistrados y ministros de nuestro país, no por lo menos desde que su aliado Arturo Zaldívar dejó el mando de la Suprema Corte en enero de 2023. El 12 de febrero de 2024 declaró: "El poder judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de la minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco". Cuando Zaldívar encabezaba la Corte, en cambio, le dio pleno respaldo, apoyó su reforma judicial de 2020 y propuso que se quedara en la presidencia del tribunal 2 años adicionales en violación de la ley.

Hoy se está discutiendo la posibilidad de que el gobierno, aprovechando su victoria electoral, acabe con la independencia del poder judicial. AMLO propuso el pasado 5 de febrero una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. No cualquiera, sin embargo, podría postularse. Para los ministros de la Corte, la Presidencia de la República, controlada por Morena, propondría 10 candidatos; la Cámara de Diputados, dominada por Morena, 5; el Senado, también de Morena, 5; y el pleno de la Suprema Corte, con 3 ministras totalmente Morena, otros 10. Esta elección del pueblo sabio está diseñada para darle al presidente una mayoría segura.

Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, no ha sorprendido al apoyar esta propuesta, ya que en su campaña respaldó todas las iniciativas y ocurrencias de López Obrador. En el 3er. debate, el 19 de mayo, declaró: "Muchos ministros se han extralimitado y han echado para atrás las leyes que apoyan al pueblo de México". Al día siguiente, en "Tercer Grado", le pregunté: ¿No es "la función de un tribunal constitucional echar para atrás leyes inconstitucionales"? Ella respondió: "La mayoría de las decisiones de la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo, y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma no eran suficientemente sustentadas. Yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo". Cuestioné: "Es que cuando no se permite a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución". Ella afirmó: "Habría que preguntarse si la Corte está, o el poder judicial en general, atendiendo a los más necesitados de nuestro país, si la justicia es igual para todas y para todos".

Hoy estos argumentos se están empleando para justificar una solución, la elección por voto popular, que no resuelve más problema que asegurar que los nuevos jueces, magistrados y ministros sean leales al partido dominante. En cualquier país del mundo una ley que se promulga violando la Constitución se invalida por inconstitucional. Los tribunales, además, no pueden considerar en sus deliberaciones si quienes acuden a buscar justicia son más o menos necesitados. La ley debe ser igual para todos.

Este 3 de junio, cuando se le preguntó sobre el llamado plan C, AMLO dijo que iba "a hablar con Claudia" para ver si la reforma se hace o no antes de terminar el sexenio. Añadió: "Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al poder judicial porque no es posible mantener un poder judicial que no esté al servicio del pueblo". Como él piensa que el único representante del pueblo es él, la frase significa realmente: "que no esté a mi servicio". Yo considero, en contraste, que mucho daño se le haría al país si un grupo impone una reforma para colocar el poder judicial a su servicio.

Habrá otro mensaje para el INE y el Tribunal: su responsabilidad al contar y sancionar las elecciones es únicamente con los ciudadanos, representados por la Constitución y la leyes complementarias, no con individuos, por poderosos que se pretendan, aunque se llamen a sí mismos salvadores, redentores o similares.

El presidente simplemente ignoró las más de 30 medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas del INE por hacer campaña desde su púlpito mañanero en favor de su movimiento. Aún así, ayer su titular Guadalupe Taddei se atrevió a afirmar que esas amonestaciones influyeron para suspender sus mañaneras hoy y mañana.

La narrativa presidencial cerró vendiendo, pese a los asesinatos de aspirantes de principio a fin de las campañas, que serán las elecciones más limpias y pacíficas de la historia, asegurando que los tiempos de los fraudes y de la democracia simulada de los tiempos neoliberales se acabaron para dar paso a la democracia del pueblo que se debe cuidar no dejando llegar de nuevo a la "oligarquía".

Es claro, pues, que López Obrador violó, como en el proceso electoral del 2021, las reglas electorales que él mismo impulsó como opositor luego del 2006 que reclamó fraude electoral y la intervención presidencial a favor del entonces candidato oficial, Felipe Calderón.

Por eso, el presidente terminó ayer como el principal entusiasta y propagandista del proyecto morenista desde su rueda de prensa mañanera, desde donde se convirtió en el más severo crítico de la autoridad electoral, que habrá que decirlo, nunca pudo, ni en tiempos de Lorenzo Córdova, meter en cintura a López Obrador.

Tampoco lo pudo hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ahora menos que ambas instituciones están con altos grados de cooptación de parte de la 4T.

Así, al presidente sólo le queda la aduana del electorado para saber si logró burlar impune las normas del juego electoral que él mismo forjó.

Un INE decolorado es lo que hemos estado viendo en este proceso electoral. No ha sido capaz de contener los voraces apetitos violadores de la ley electoral del presidente de México. El registro oficial dice que ya lo "sancionaron" 30 veces, pero a López Obrador le vale. Reincide. Se burla del árbitro en su cara, y el árbitro sonríe y festeja con él. El presidente usa los recursos públicos, amenaza con quitar apoyos sociales si no votan por su partido y ha convertido la conferencia de prensa mañanera en un mitin diario de 2 horas y media, potenciado por el aparato oficial.

Ni el INE ni el Tribunal Electoral han estado a la altura de enfrentar a un violador electoral serial como el presidente de México. Si consideran que no cuentan con las herramientas legales para aplicar en su contra una sanción directa más fuerte, ¿por qué no evaluar un pronunciamiento conjunto, poderoso, de enorme peso, que sancionara moral y políticamente al primer mandatario por meterse descaradamente en las elecciones? ¿O cualquier otra herramienta que se les ocurra para castigar al presidente, para hacerle enfrentar un costo político por esto?

La presidenta del INE es una comparsa del presidente, su candidata y su partido. Mientras llevan meses violando la ley -desde gastos de campaña hasta intervenciones groseras-, Guadalupe Taddei hace como que no pasa nada. En cambio, salta a la primera queja de Morena para que la Marea Rosa no sea rosa porque el INE tiene el logotipo rosa. Vergonzoso de tan ridículo.

Y encima está la jornada electoral. Los tropiezos que hemos visto hasta ahora dibujan malos presagios. ¿Van a poder instalar realmente todas las casillas como siempre, o faltarán unas 500, 700, 2000 casillas que no se van a poder instalar? ¿Van a estar todos los funcionarios de casilla listos para ocupar sus cargos o van a faltar? ¿Los resultados van a fluir con la misma velocidad que siempre, aprovechando incluso que por la cancelación del Horario de Verano, en estas elecciones tienen una hora extra de ventaja? ¿El PREP fluirá con el ritmo de siempre?

El presidente y su partido están muy interesados en capturar al INE. Taddei y su pandilla les están haciendo el enorme servicio de abrirles las puertas de par en par.

Cuando anunciaron que en su página web cambiarían el color a morado en vez de rosa en el logotipo, el INE dejó claro que una vez que pasen las elecciones, regresará al color original. Metáfora perfecta también. Si quieren pónganlo guinda de una vez.

El 8 de mayo el Financial Times publicó un reporte sobre Claudia Sheinbaum. Las palabras de la candidata oficial al diario británico son nítidas con respecto a un país que no necesariamente se parece al que desean los principales empresarios mexicanos.

Esa nota, firmada por el enviado Michael Stott y la corresponsal Christine Murray, arranca así: "la candidata puntera en la elección presidencial de México defiende las reformas constitucionales como amigables con los empresarios (business-friendly), argumentando que elegir ministros por voto popular mejorará la democracia".

"Los inversionistas no tienen nada de qué preocuparse", abunda la morenista. "Lo que queremos es más democracia en el país. Y su inversión va a estar garantizada".

El Financial Times agrega que "inversionistas han expresado en privado sus preocupaciones acerca de los riesgos para el Estado de Derecho. Pero Sheinbaum dijo que las reformas institucionales son necesarias porque la Suprema Corte ha 'actuado políticamente, no en términos de justicia'".

Los periodistas del FT cuestionaron si ella cree en los "contrapesos (checks and balances), preocupación mayor para los grupos de la sociedad civil y para los inversionistas", a lo que ella contesta: "Creo en la libertad. Creo en la democracia. Y en que la gente debe decidir".

Las declaraciones de Sheinbaum se publicaron 2 días después de que ella comiera con el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a las y los empresarios más importantes del país. Originalmente, de ese encuentro sólo se publicó una fotografía y notas con trascendidos.

Una semana después, y luego de que ese grupo se reuniera este lunes con la candidata opositora Xóchitl Gálvez, el CMN dio a conocer el martes un comunicado sobre sendos cónclaves.

En ese boletín se explica que presentaron a las candidatas "su Agenda Fundamental 2024-2030 para promover la inversión, el crecimiento y la calidad de vida de la población".

Esa agenda está dividida en 10 puntos. Y con los 3 primeros ya se pueden perfilar posibles discrepancias entre la máxima instancia del sector privado, y lo que Sheinbaum le dice al FT.

El 1er. punto es "Gobierno eficaz e instituciones democráticas", el 2o. "Independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y el 3o. "Estado de Derecho y seguridad".

La oficina de prensa del CMN me proporcionó copia del documento de 12 páginas donde explayan los puntos mencionados en el comunicado. Enseguida cito desordenadamente algunos puntos de los 3 apartados citados en el párrafo anterior:

1) Gobierno eficaz e instituciones democráticas.

-Fortalecer el papel y la gestión de los reguladores clave, que apuntalen las ventajas competitivas del país (ej., seguridad aérea, aduanas, riesgos sanitarios, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, salud, energía, telecomunicaciones, competencia).

-Asumir el compromiso a favor de la independencia de las autoridades electorales, del respeto de los resultados electorales y de las sentencias del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

-Modernizar, racionalizar y actualizar la legislación electoral para reducir el tiempo y costo de las campañas políticas, y el financiamiento a los partidos.

-Establecer la 2a, vuelta electoral en elecciones para Presidencia de la República y gobernadores.

2) Independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-Asumir el compromiso de que el nombramiento de nuevos miembros de la SCJN sea de juristas altamente capacitados y leales a la Constitución.

-Desarrollar, en coordinación con la Judicatura, un programa de desarrollo institucional para la mejora de los poderes judiciales estatales, para la formación de jueces y ministerios públicos y para asegurar procedimientos adecuados para su nombramiento.

Y 3) Estado de derecho y seguridad.

-Reforzar los mecanismos de transparencia y consulta en la modificación de leyes y regulaciones con los actores involucrados y con expertos en los diferentes temas.

-Definir periodos de transición suficientemente largos para permitir a los operadores económicos adaptarse a las nuevas regulaciones.

-Evitar que la discreción en la toma de decisiones de las autoridades se traduzca en actos arbitrarios y en una forma de extorsión a los actores económicos.

Ambos, Claudia Sheinbaum y el grupo de los empresarios más importantes, hablan de democracia.

Pero los términos en que se refieren a eso discrepan, sobre todo si la redacción del CMN parece pedir que no haya más de lo que se vio en este sexenio -discreción en la toma de decisiones de las autoridades- y piden capacidad e independencia del Poder Judicial.

Queriendo minimizar el tema de si en su sexenio habrá más o seguirá la polarización, la candidata morenista ha dicho en entrevistas que todas las grandes decisiones del gobierno de AMLO se tomaron por consenso.

El Plan C de López Obrador, asumido por la candidata en su campaña, sin embargo, no necesariamente se basa en el consenso, y menos en lo que pide el CMN: en fortalecer transparencia, a reguladores, a la Judicatura, etc.

Preocupa que el INE haya ordenado a la senadora Lilly Téllez que deje su espacio de comentario en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula con el argumento de que le daba una "sobreexposición" que podía generar "inequidad" en la contienda a la reelección al Senado por Sonora. El consejero electoral Arturo Castillo dijo que la colaboración "constituye una posible adquisición de tiempos en radio y televisión y por lo tanto un beneficio indebido en el contexto de la campaña electoral".

Lo curioso es que el INE no ha considerado igualmente necesario suspender las mañaneras de Palacio Nacional, en las que el presidente López Obrador hace campaña todos los días, descalifica a los candidatos de oposición y promueve a los suyos. Es verdad que ha impuesto numerosas "medidas cautelares" al mandatario, pero este incurre una y otra vez en las mismas faltas.

Las mañaneras se transmiten en varios canales de televisión abierta, los del gobierno, y en internet, con un alcance sumado muy importante. Además, se reproducen parcialmente en muchos otros medios. Generan, sin duda, más inequidad que una colaboración en un programa de radio.

No hay ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que la senadora Téllez haya adquirido tiempos de radio y televisión. El consejero Castillo no ha presentado ninguna factura o comprobante de transferencia. Gómez Leyva ha formado más bien un cuerpo de comentaristas, entre los que se incluyen Epigmenio Ibarra y Arturo Zaldívar, ardientes promotores de las políticas del gobierno y de los candidatos de Morena, para presentar programas informativos con puntos de vista diversos. Si acaso, esto comprueba que es un buen director de espacio informativo. La orden a Téllez de alejarse de esos micrófonos es, en cambio, un acto de censura, pero que además genera mayor inequidad en el proceso electoral al callar una voz de la oposición en un proceso dominado por las mañaneras.

Mi posición, que he señalado en repetidas ocasiones en este espacio, es que es imposible conseguir una equidad absoluta como pretendió hacer la ley electoral de 2007. Las limitaciones a la expresión de puntos de vista políticos no promueven la equidad, simplemente violan la libertad de expresión. La ley prohíbe la compra de espacios en radio y televisión abiertas para expresar puntos de vista políticos, pero no en medios impresos, anuncios espectaculares, pendones, canales de televisión de cable o satélite, o en internet. Es discriminatoria, pero además ineficaz, porque deja demasiadas opciones para adquirir espacios para la propaganda política. Se concibió como una venganza contra los medios nacionales tradicionales, en un momento en que estos enfrentan retos de mercado en todo el mundo por los avances de la tecnología, más que como una medida de equidad (aclaro interés, yo colaboro en emisiones abiertas de TV Azteca, El Heraldo Radio y Televisa).

Lo peor es que el INE está yendo más allá de lo que establece la misma ley. Esta nada más sanciona la compra de tiempos de radio y televisión abiertas, pero no la participación de candidatos como comentaristas. Los consejeros están legislando indebidamente una prohibición adicional.

Los ciudadanos debemos exigir que se deroguen las restricciones a la libertad de expresión de la reforma electoral de 2007. López Obrador las impulsó originalmente como respuesta a 2 declaraciones del presidente Vicente Fox en la campaña de 2006, pero hoy se queja de ellas y las viola constantemente. Es mejor eliminarlas. La libertad de expresión puede ser molesta, pero siempre será mejor que la censura.

No sorprende que se haya dado una "suspensión de plano" a María Amparo Casar ante la cancelación de su pensión de viudez por Pemex. La empresa no recurrió a un procedimiento administrativo o judicial para comprobar alguna falta, tampoco notificó a la viuda. ¿Dónde estudiaron derecho sus abogados?

Arturo Zaldívar es un cadáver político. A lo mejor no quiere darse cuenta de ello y sigue luchando por evitar la caída libre en la que se encuentra. Las denuncias por el uso faccioso del Poder Judicial cuando era presidente de la Suprema Corte siguen apareciendo, en tribunales y en los medios, con nombre y apellido, arrinconando y dejando ver su otra faceta, la de un cobarde, alegando que no hay nada en las denuncias de abuso de poder públicas que lo vinculen, deslindándose de esa forma de Carlos Alpízar, su operador menos circunspecto en sus señaladas tropelías. Que se hunda Alpízar para que él haga el vuelo del Ave Fénix, parece ser su decisión.

En cuestión de unas cuantas semanas, la imagen de Zaldívar colapsó. La apertura de una investigación en el Consejo de la Judicatura a partir de una denuncia anónima de 32 páginas que detalla el modus operandi para "vulnerar la autonomía e independencia" del Poder Judicial, mediante presiones, amenazas y represalias contra jueces y magistrados "con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros", en donde quedaba explícitamente expuesto el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que lo mangoneaba desde Palacio Nacional, e implícitamente el beneficiario político de la manipulación realizada por el ex ministro, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Scherer, que sigue haciendo negocios amparado en su cercanía con Sheinbaum y enlaces con empresarios, ha mantenido silencio ante las imputaciones, que no parecen haberle causado mella en el cuarto de guerra de la candidata, ni reducido el trabajo legal en el área de seguridad, a través de 2 despachos asociados a él que hacen el trabajo de lápiz para Omar García Harfuch. Zaldívar, que pasó del histrionismo a la histeria en su afán por demostrar que él podía ser más radical que los radicales, está hundido.

En su defensa pública ha señalado a la presidenta de la Corte, Norma Piña, como la autora de los ataques en su contra, que tienen como finalidad, argumenta, dañar a Sheinbaum. Se aferra a la candidata, pero no hay ninguna referencia en la denuncia anónima, ni en las denuncias públicas que están comenzando a hacer magistrados contra Zaldívar y sus operadores, que la involucren a ella. Sí es claro el objetivo para que no sea el ex ministro quien elabore la reforma al Poder Judicial, pero no es por lo que pueda contener la iniciativa de ley, sino que el ex ministro, sobre el que hay decenas de denuncias de todo tipo en la Corte, sea el responsable.

La guerra contra él se abrió con la filtración de la denuncia anónima, cuya verosimilitud fue tomando la cara de una verdad al haber dado un paso al frente magistrados para ratificar con su cara, nombre y apellido en tribunales y medios, que lo expresado en ese documento, era verdad. Zaldívar no entendió los mensajes y la semana pasada, a través de un reportaje de N+ Focus, la unidad de investigación de Televisa, el noticiero estelar de la cadena dio a conocer una grabación hecha por el juez Alberto Roldán en la oficina de Alpízar, donde le sugiere cómo resolver un amparo y veladamente lo amenaza si no hace lo que le mandó decir el ex ministro.

El amparo era para exonerar a Frida Martínez, ex secretaria general de la Policía Federal, acusada de un fraude por 2,500 millones, que es parte de la forma como la Presidencia utilizaba a Zaldívar para alcanzar los objetivos de López Obrador o, como en este caso, cumplir con sus acuerdos políticos. Martínez es -o era, al menos-, pareja del hermano del ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con quien se vinculó desde 2004 en Hidalgo. Al llegar a Bucareli, Martínez, que era de todas sus confianzas, la colocó en las áreas de manejo de recursos en diversas áreas de seguridad, protegidas por la secrecía que les daba el argumento que eran materia de seguridad nacional.

Hay miles de millones de pesos no cuantificados del paso de Osorio Chong por Gobernación, desde donde buscó la candidatura presidencial, cuyas investigaciones concluyeron en funcionarios de 2o. nivel, aunque claves como Martínez, pero que no estaba protegida por el acuerdo de impunidad que pactaron López Obrador y el ex presidente Enrique Peña Nieto, en donde estuvo involucrado Scherer, que fue operando lo que necesitaba el presidente con Zaldívar.

Televisa, anticipó el jefe de investigaciones de N+, Omar Sánchez de Tagle, tenía un audio más que se iba a difundir. Y no parece ser el único. Funcionarios del Consejo de la Judicatura, aseguran que a ese órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial le han llegado más de 10 audios y que tienen una gran cantidad de evidencia que prueban irregularidades e ilegalidades de Zaldívar y sus operadores. Es decir, la pendiente del ex ministro es bastante larga.

Zaldívar ha dicho que lo atacan a él para golpear a Sheinbaum. No es así, pero hay una cosa cierta. En la medida que la candidata lo mantenga en su equipo y a cargo del proyecto de reforma al Poder Judicial, los negativos se le van a ir sumando. Zaldívar es una gangrena que le empieza a recorrer la pierna. Está totalmente desacreditado y deslegitimado no sólo para la encomienda que le mandó López Obrador a hacer con Sheinbaum, sino para cualquier cargo.

Su colaborador es como un zombie y corre el riesgo de que el Consejo de la Judicatura lo encuentre responsable de los delitos que le imputan y lo inhabilite. Existe incluso la posibilidad de que el Consejo dé vista a la Fiscalía General, para investigarlo por presuntos delitos penales. López Obrador tuvo en Zaldívar un activo y pensó que lo sería para Sheinbaum, como consejero jurídico y eventualmente secretario de Gobernación. Hoy es un lastre muy pesado, que no debería seguir cargando. Mejor recortar sus pérdidas y tener una salida política correcta, que cargar con el bulto de un cadáver político.

Regularmente cuando se publican actos indebidos realizados por un servidor o ex servidor público, causa una gran indignación a toda la sociedad y tras un par de semanas ocupando los titulares de los medios de comunicación, se va diluyendo el interés social, y él o los señalados confían en que habrá un escándalo nuevo en poco tiempo, por lo que será otro personaje quien ocupe el banquillo de los acusados. En cierta medida tienen razón, pues en un país como el nuestro, en el que al menos cada 2 meses se hace público un escándalo, parece que la corrupción e influyentísimo es la norma y no la excepción.

Por lo que ve a las consecuencias legales que sus actos podrían representar, queda claro que los tiene sin cuidado, ya sea porque entre gitanos no se leen las manos o por la ineptitud que impera en la inmensa mayoría de las fiscalías del país, pues podemos contar con los dedos de una mano a los políticos que efectivamente fueron sentenciados por actos de corrupción y por montones, a aquellos que quedaron impunes.

El problema real viene cuando aquel o aquellos a quienes se les acusa es o son adictos a los reflectores (tan común entre nuestra clase política), pues por alguna razón, que ni en su casa les creen, no existe en este país un político que no se autoperciba como todo un estadista -sólo comparable con Nelson Mandela-, de modo que al intentar limpiar su nombre (como si hubiera estado limpio antes de ese escándalo), le sale el tiro por la culata.

Tal es el caso del ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que entre más se intenta defender, más se hunde en un pantano de arenas movedizas que él mismo está creando a su alrededor.

Hace tan solo unas semanas, cuando salió a la luz el escándalo que a la fecha lo envuelve, con motivo de una denuncia presentada al ante el Consejo de la Judicatura por presumiblemente haber indicado a diversos juzgadores el sentido en el que debían de resolver ciertos asuntos, su primera reacción fue señalar que se trataba de una venganza de parte de la actual presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, y que dicha denuncia debía ser desechada por falta de pruebas; sin embargo, al ser cuestionado públicamente sobre si tenía la certeza de que no existieran pruebas sobre los hechos que se le imputaron, no pudo hacer otra cosa más que titubear, al no conocer expediente, o al menos no de manera legal.

Recordemos que la denuncia tiene como efecto que la autoridad competente realice una investigación, es decir, que a partir de los hechos narrados se recaben todas las pruebas necesarias para llegar a la convicción de que ocurrieron o no los hechos denunciados. A pesar de ello, Zaldívar pretendía que se desechara por no contar con suficientes elementos de prueba. Perdón por la terquedad, pero ¿no es para eso la investigación?

Finalmente, por aquello de que en el pedir está el dar y al haber pedido encarecidamente las pruebas en que se sustenta tal acusación, ya se le cumplieron sus deseos, pues varios jueces y magistrados han manifestado haber sido víctimas de las extorsiones de Zaldívar y, por si fuera poco, han aportado audios que así lo demuestran.

Un hombre sufrió lesiones de consideración después de ser atacado por un grupo de motociclistas en la zona de La Minerva.

Los agresores además se robaron las llaves de una patrulla de la Policía Vial, cuyos elementos nada pudieron hacer para defender al afectado.

Se informó que el incidente ocurrió cuando el hombre viajaba con su familia, entre ellos dos menores, en un coche color gris y trató de ganarle el paso a la caravana de motociclistas.

En reclamo, los motociclistas dañaron severamente el automotor y golpearon con brutalidad al hombre.

En un video se aprecia como la madre de la víctima se lanza sobre él para evitar que lo sigan golpeando.

El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde mientras que el grupo de motociclistas se retiró del sitio.

La unidad V-226 tuvo que ser retirada del sitio por medio de una grúa.

La policía no intervino y no hubo detenidos.

(V.Notisistema del 13 de mayo de 2024).

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Ser críticos e incómodos a los poderes formales o fácticos implica siempre riesgos, que desafortunadamente lejos de combatirse son crecientes en detrimento de la convivencia pacífica, civilizada y democrática en nuestro país.

Un nuevo caso de intolerancia a la crítica al poder es el que está padeciendo la directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y opinadora en distintos espacios noticiosos, María Amparo Casar, quien ha recibido toda una ráfaga de descalificaciones desde el poder federal, para poner en duda su calidad moral y así tratar de desvirtuar las denuncias e investigaciones de la organización que dirige contra el gobierno de la 4T y de los hijos del presidente por tráfico de influencias.

De la página 100 del libro ¡Gracias! del presidente que se publicó en febrero, donde le llama "cinicaza", el caso de las presuntas irregularidades en la asignación de una pensión para ella y sus hijos, tras la muerte de su esposo, Marcos Padilla, un alto funcionario de Pemex, quien cayó de al vacío hace 20 años desde el piso 12 en el que estaba su oficina en el sexenio de Fox, llegó desde el viernes y volvió a retomarse esta semana desde el púlpito presidencial.

A favor de Casar desde el martes jugaron las declaraciones de Bernardo Bátiz, entonces procurador del Distrito Federal que gobernaba Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no recordar la reunión que el presidente asegura en su libro, ocurrió entre él, Casar y el intelectual Héctor Aguilar Camín, donde presuntamente presionaron por medio de tráfico de influencias que lo que era un suicidio apareciera como un accidente, ya que de lo contrario no podría asignarse la pensión ni cobrar el seguro.

Aunque Bátiz, actual consejero de la Judicatura Federal, rechazó también que se haya modificado algo del expediente, también aseguró el martes pasado que se concluyó que no había "delito que perseguir", ya que los peritos señalaron que no había desorden en su oficina y que para caer de la ventana tuvo que haber subido a ella, y que en el acta de defunción la causa de muerte aparecía sólo como "traumatismo".

Desde luego, cualquier irregularidad se debe investigar y deslindar responsabilidades, pero lo que es inaceptable es que se viole desde el poder el debido proceso y los derechos de la privacidad de los datos personales de Casar y sus hijos, que fueron exhibidos en páginas oficiales sin que el INAI, que es el órgano constitucional autónomo que tutela estos derechos, lo hubiera autorizado.

Es en ese abuso de poder y en las prisas, donde se ve que no se trata de hacer justicia sino una venganza y cobro de cuentas a Casar.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de mayo de 2024).

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La pregunta es si desde la Judicatura Carlos Alpízar podría haber hecho lo que se le escucha hacer, según audios revelados por NMás la noche del martes, sin que su jefe, el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, lo supiera. La respuesta es: muy difícilmente.

Ayer con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula el ministro en retiro dijo ser víctima de su sucesora Norma Piña, que se viola el debido proceso, que los audios son un ataque electoral... Aceptando sin conceder, la litis política es: en tanto no se demuestre lo contrario, Alpízar no se mandaba solo...

Los audios dados a conocer en Televisa suman peso a la losa de sospechas sobre presuntas ilegalidades cometidas al amparo del grupo que echó a andar Andrés Manuel López Obrador para, supuestamente, abordar cuestiones de Estado entre el Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía.

Carlos Alpízar participaba en reuniones donde, entre otras oficinas, la Fiscalía General de la República, las FFAA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería Jurídica de la Presidencia revisaban delicados casos judiciales. De eso, hasta fotografías se tomaron y publicaron.

Más allá de "sensibilizar" al Poder Judicial de asuntos de Estado que preocupaban al Ejecutivo, el mecanismo derivó, según denuncias como las de Hernán Gómez, en presuntos abusos donde se manoseaban expedientes de alto perfil.

Andrés Manuel, en su visceral cruzada en contra de la ministra Norma Piña y de todo el Poder Judicial, confirmó en febrero cómo solicitaba y obtenía de Zaldívar buena voluntad para asuntos que le importaban al tabasqueño, que extraña la obsecuencia del ex presidente de la Corte.

La confesión de AMLO sobre esa solícita conducta que habría tenido Zaldívar, hoy en la campaña de Claudia Sheinbaum, prendió al máximo nivel las alarmas sobre si el presidente de la Corte vulneró la autonomía de juzgadores, de distinto nivel, por petición del Poder Ejecutivo.

Ese es el nodo de la denuncia dada a conocer el mes pasado sobre presuntas conductas contrarias a la ley a cargo de Zaldívar y de Alpízar, entre otros. A aquel habrá de investigarlo, si procede, la Suprema Corte, de la que formó parte hasta hace medio año, y a éste la FGR.

Cuando se dio a conocer la denuncia, fiel a su estilo Zaldívar fue vehemente en negar los hechos imputados, en defender su periodo al frente de la Corte y la Judicatura, y en reducir el tema a un embate por su participación proselitista. Palacio Nacional lo respaldó de inmediato.

Los audios ponen contra la pared el mentís de Zaldívar. No porque en ellos se escuche que le nombran, sino porque fue un presidente todo terreno de la Corte, uno al que era prácticamente imposible que se le escapara lo que nadie hacía, menos aún su mano derecha.

Y, por supuesto, lo que se escucha en los audios, donde a un juez se le instruye primero amablemente, y luego con burdas insinuaciones, calza a la perfección en el ilegal esquema que se denunciaba de tiempo atrás en textos periodísticos y en los despachos de abogados.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 9 de mayo de 2024).

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Todo parece indicar que la llamada que hizo Joe Biden el domingo antepasado a López Obrador, donde supuestamente hablaron del tráfico de migrantes, pero que aparentemente fue para "aclarar" los comentarios del inquilino de Palacio quien dijo que "es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países" a consecuencia del reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado que dice que en México "no hay avances", fue "bien asimilada" por el protagonistas de las verborreas matutinas. Y es que la semana anterior cuando se dio a conocer las conclusiones de un reporte que indica que el Plan "C" -para la reforma del Poder Judicial- "es violatorio del derecho internacional", se esperaba que AMLO "reventara" en contra de los responsables del mismo, que son Diálogo Interamericano -principal centro de análisis para América Latina en Washington-, la Escuela de Derecho de Stanford -la más importante en la materia en el país vecino- y la Barra Mexicana / Colegio de Abogados; sin embargo, desde el jueves que se dio a conocer el informe, el silencio ha sido "sepulcral".

Dice la investigación sobre las consecuencias del Plan "C" que "al politizar el Poder Judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia", además de atentar en contra de lo que ya está establecido por México en los tratados internacionales en lo que se refiere a la independencia judicial.

Solo tenemos que recordar lo que dijo López Obrador el 9 de mayo del año pasado cuando la Corte Suprema anuló de su Plan "B" una 1a. parte de las reformas electorales, donde levantando la voz en la mañanera y dijo que "Yo pensé que podríamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido" y arremetió durante semanas e inició su llamado a la población del Plan "C" para la reforma constitucional de ese poder.

¿Por qué no hubo reacción desde Palacio? Esto se puede interpretar de 2 maneras: Que está más preocupado por la "recta final" de la campaña electoral o que Biden le pidió "bajar el volumen" bajo alguna amenaza.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 6 de mayo de 2024).

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En marzo pasado, Salud Jalisco ordenó a todas las dependencias de salud a contar con protocolos de interrupción del embarazo. Sin embargo, la publicación de un documento no basta para que se haga realidad.

En estos días nos enteramos que a una niña wirrárika de 12 años, con un embarazo de 26 semanas producto de la violación de su padre, le fue negado un aborto legal en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos hasta que organismos civiles protestaron.

El aborto en Jalisco todavía es un delito. El año pasado, la fiscalía estatal abrió 11 carpetas de investigación por este ilícito, según datos del Secretariado Ejecutivo. Se castiga a pesar de que la Corte determinó desde 2021 que era inconstitucional penalizarlo.

Desde ese momento, el Congreso de Jalisco, con una mayoría histórica de diputadas mujeres, pudo legislar para derogar los artículos 227, 228 y 229 del Código Penal local que castigan a una mujer hasta con 2 años de prisión por abortar.

No lo hicieron. A pesar de que es un tema estrictamente jurídico y de ampliación de derechos para las mujeres. En el plano legal, no ideológico, carece de sentido debatirlo. No se puede estar en contra o a favor de una ley o una sentencia de la Corte.

La semana pasada, ahora un tribunal federal ordenó explícitamente a Jalisco despenalizar el aborto tras un amparo basado en los criterios de la Corte en 2021. El legislativo no ha mostrado prisa por cumplir. Prefieren conservar 3 artículos inconstitucionales.

En el país sólo 12 entidades han despenalizado el aborto. Si Jalisco se suma, el siguiente paso es legislar sobre el aborto electivo, es decir, por elección propia, como ocurre en la Ciudad de México, siempre que se realice antes de las 12 semanas de gestación.

Las 3 causales en donde es legal la interrupción del embarazo en Jalisco: si es producto de una violación; si representa riesgo de muerte para la madre o grave riesgo a la salud.

El acuerdo de Salud Jalisco publicado en marzo establece protocolos y rutas de atención para garantizar esas causales de manera libre, gratuita y segura. También para que, en caso de ser menor la madre, se denuncie y persiga de oficio el delito de abuso sexual infantil.

El año pasado Salud Jalisco atendió 397 partos de niñas menores de 15 años. En poco más de una decena, los abusadores tenían más de 40 años. También realizó 114 interrupciones legales del embarazo. La causal principal fue violación (54%) y luego riesgo a la salud (45%).

En 2007 se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Desde ese año hasta hoy 736 mujeres de Jalisco acudieron a la capital para practicarse una interrupción legal del embarazo.

17 años después y varios fallos de tribunales, en Jalisco todavía es una opción que limita, no sólo a una pequeña de 12 años, sino a todas las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo y su futuro.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 3 de mayo de 2024).

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A poco menos de un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara en 2 ocasiones al Estado mexicano y le ordenara remover la prisión preventiva oficiosa de nuestra Constitución por ser contraria a la legislación internacional, el presidente López Obrador consideró prudente presentar una iniciativa de reforma de ley al artículo 19 de la Constitución mediante la cual pretende ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo anterior con pleno conocimiento de que la Corte Interamericana otorgó al Estado mexicano un periodo de un año para que le notificara las acciones que había tomado para cumplir con las citadas determinaciones; con lo que muestra el interés y la seriedad con la que el titular del poder ejecutivo toma a las instituciones internacionales, más aún aquellas encargadas de proteger los derechos humanos.

En un debate que debería de resultar meramente jurídico, el ministro Pardo Rebolledo presentó un proyecto de resolución en el que cumple con las sentencias de la Corte Interamericana y determina que la prisión preventiva de oficio resulta violatoria a los derechos humanos, cuestión que el presidente de la república no podía desaprovechar para llevarlo al campo de la política.

Para nadie es un secreto que una parte indispensable del discurso del presidente López Obrador es ser la víctima de sus adversarios, quienes siempre son los culpables de todos los males, ya sea el PRIAN, "la mafia del poder", el ex presidente Felipe Calderón, los conservadores, etc., siempre necesita contar con un rival que sea el culpable de cualquier mal, y la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa no solamente no es la excepción, sino la excusa perfecta para atacar a su enemigo en turno: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en concreto su presidenta la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

La prisión preventiva oficiosa es un tema que si bien resulta polémico, su contravención a los derechos humanos no es una cuestión novedosa, pues mucho antes de que la Corte Interamericana dictara tales sentencias, múltiples organismos internacionales habían advertido que contar con un listado de delitos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa constituye una violación a los derechos humanos, tema que incluso ha sido materia de análisis en diversos foros jurídicos nacionales durante décadas, pues recordemos que si bien dicho catálogo es relativamente reciente, con anterioridad se les denominaba delitos graves, cuyo efecto práctico era el mismo: las personas juzgadas por tales delitos tenían que enfrentar su proceso en prisión.

El presidente es consiente de que la Suprema Corte tiene que cumplir con la determinación adoptada por la Corte Interamericana, declarando inconvencional la prisión preventiva oficiosa, cualquiera de sus asesores que haya cursado un semestre de la carrera de derecho así se lo ha hecho saber, incluso su porrista de moda, el ex ministro Zaldívar así lo manifestó siendo presidente de la Suprema Corte; sin embargo, es una excelente oportunidad que no va a dejar pasar para continuar denostando a quienes considera sus enemigos para culparlos de la inseguridad y falta de Estado de Derecho que atraviesa el país.

Sin Pruebas ni Dudas
(v.pág.4 del periódico El Informador del 29 de abril de 2024).

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La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma que impide que los jueces puedan suspender leyes, normas y obras impugnadas en los tribunales, algo que ha ocurrido en los últimos años y que ha sido una de las razones de los enfrentamientos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los representantes del Poder Judicial.

Durante sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, el tabasqueño ha llamado "corruptos" a los juzgadores y también ha señalado que "trabajan para la oligarquía", ya que sus decisiones no han coincidido con los planes del mandatario debido a diversas irregularidades.

Los legisladores de Morena y sus aliados sacaron adelante los cambios en la Ley de Amparo, avalada previamente por el Senado. No fue suficiente el rechazo de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que consideraron que la modificación mencionada es un nuevo golpe a la Judicatura que pone en riesgo derechos fundamentales del sistema de justicia en el país.

Sin embargo, López Obrador tiene antecedentes de apresurar leyes a través del Congreso de la Unión sin dar mucho tiempo para que los diputados realmente lean los textos para poder discutirlos de forma seria, o ha impulsado sus proyectos de infraestructura exentándolos de cumplir con procesos normales de emisión de permisos o de las revisiones de impacto ambiental.

De ahí que muchas iniciativas hayan acabado paralizadas en los tribunales y varias llegaron hasta la Suprema Corte, que las bateó. Entre estas están el "Plan B", que buscaba debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y la propuesta que pretendía que la Guardia Nacional formara parte de las fuerzas armadas.

Luego del espaldarazo de la mayoría a la actual administración federal, los integrantes de los partidos políticos de oposición anunciaron que impugnarán la medida por considerarla inconstitucional, de modo que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tenga la última palabra.

"Nos veremos en la Suprema Corte de Justicia", dijo Lizbeth Mata Lozano, del grupo parlamentario del PAN.

Con los ajustes que se cristalizaron en el pleno de la cámara baja, el mandatario aspira, por ejemplo, a continuar, sin más bloqueos legales, los trabajos del Tren Maya antes de dejar el poder el próximo 30 de septiembre, ya que es una de sus obras más emblemáticas.

La oposición en bloque quiso frenar la propuesta, pero fracasó en su intento. Acusó a Morena, al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de impulsar una "ley antiamparo" que violenta un instrumento fundamental para la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, aprovechó el aval para criticar el trabajo de los juzgadores.

"Lamentablemente, jueces con evidente sesgo ideológico se han excedido por completo en sus facultades constitucionales y, sin ningún pudor, han suspendido leyes o decretos que beneficiaban al pueblo de México para proteger intereses de grupo", expresó la funcionaria federal a través de sus cuentas de redes sociales.

Uno de los objetivos del partido en el poder es generar cambios en el Poder Judicial. Uno de los más importantes es que los magistrados de la SCJN sean elegidos por los ciudadanos, lo cual ha recibido críticas de especialistas en Derecho.

Alcalde mencionó como "excesos" los frenos a la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos que han impuesto los juzgadores "para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos".

Por otro lado, la Iniciativa Privada (IP) también se mostró en contra de la medida. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acentuó por escrito que la reforma "debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales".

En el mismo sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó en un comunicado su "preocupación ante cualquier confusión en la comprensión o eliminación del juicio de amparo, que constituye una herramienta esencial para la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades e injusticias por parte del Estado".

En el texto, añadió que "en un contexto marcado por la corrupción y la impunidad, debilitar este instrumento atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía".

(V.primera plana del periódico El Informador del 25 de abril de 2024).

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amnistía, que otorga al presidente en turno la facultad de liberar a cualquier delincuente responsable de delitos, incluso graves, como pertenecer a cárteles de la droga, homicidas, feminicidas o secuestradores, entre otros, cuando aporten información para esclarecer casos relevantes para el Estado.

La minuta se avaló por mayoría de 258 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, PT y PVEM, 205 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC, así como una abstención.

En la exposición de motivos, el diputado de Morena Antonio De Jesús Madriz Estrada aseguró que el objetivo de la reforma es garantizar el derecho a la verdad de las víctimas sobre los hechos por los que fueron afectadas, y señaló que las anteriores reformas en materia de amnistía surgieron por la demanda de la sociedad por la falta de gobernabilidad, "sin embargo, se violentaba el derecho a la identidad".

Las diputadas Rocío Reza Gallegos (PAN), Teresa Ochoa (MC) y Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) solicitaron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.

"Esta reforma nos pone a un grado de la persecución. Esta reforma es propia de un régimen totalitario", advirtió la legisladora perredista.

Ya en el debate, Elizabeth Pérez Valdez, también del sol azteca (PRD), acusó que la actual administración pretende pactar con el crimen organizado y sostuvo que "esta ley tiene nombre y apellido y se denomina Ignacio Valle".

La diputada María Félix Fregoso (MC) recordó los más de 200,000 asesinatos que lleva este gobierno, y agregó: "Ahora le están dando las llaves de las cárceles de México, con este dictamen buscan dejar libres a los amigos del presidente" [así como a su parentela y a él mismo, añadiría el webmaster].

En defensa de la minuta, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) sostuvo que es mentira que la aprobación de la reforma empodere al ejecutivo federal: "Tiene como objetivo brindar la posibilidad del esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado mexicano. El gobierno federal tiene y seguirá teniendo voluntad de que se esclarezcan los hechos".

Por parte del PAN, el diputado Enrique Sosa expresó que la reforma excede las facultades del presidente de la república, y bautizaron al proyecto como "#LeyAbrazoaDelincuentes": "Es inadmisible que se le otorgue poder a una sola persona".

Tras su aprobación en lo general, se procedió a la discusión en lo particular.

En el debate de la reforma a la Ley de Amparo, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI presentaron 4 mociones suspensivas que fueron rechazadas por la mayoría.

En ambos debates, la oposición adelantó que alista la presentación de acciones de inconstitucionalidad para echar abajo ambas reformas de los morenistas.

En el caso de la reforma a la Ley de Amnistía, legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron mociones suspensivas, que también fueron desechadas por Morena. Los diputados de oposición denunciaron que la reforma es una "carta abierta" del presidente para dar perdón a los criminales de manera discrecional.

(V.pág.9 del periódico El Informador del 25 de abril de 2024).

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Los hechos de corrupción en el país tuvieron un incremento en los últimos 3 años, lo que llevó a que en 2023, 5 de cada 10 empresas experimentaran algún hecho de corrupción, de acuerdo con Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ambos grupos consideraron que lo anterior muestra que no tuvo efectos la política anticorrupción federal.

Del 2022 a 2023 la corrupción aumentó 9 puntos porcentuales, es decir, de 39% subió al 48%, el porcentaje de incidencia de corrupción "más alto reportado durante los últimos 6 años que Data Coparmex ha levantado esta encuesta".

Lo que significa un gasto de entre 1 y 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque la encuesta arrojó que 48% de las empresas participó en hechos de corrupción, cada región la vive de manera diferente. Los estados donde se pagan más sobornos son: Baja California con 67%, Puebla 65%, Quintana Roo 65%, Tlaxcala 63% y Sinaloa 63%.

Mientras que con menos proporción de pagos está: Guanajuato 35%, Querétaro 32%, Tamaulipas 32%, Coahuila ?% y Durango 19%.

Mientras que el 63% de los encuestados dijeron que experimentaron hechos de corrupción en el Estado de México y 36% en la Ciudad de México.

Las 3 razones principales que señalan las empresas para participar en la corrupción son: para agilizar trámites con 59%, obtener licencias o permisos con 39% y evitar multas, sanciones o clausuras con 31%.

Entre los hallazgos está el hecho de que los mayores hechos de corrupción se dan con funcionarios de gobiernos de los estados, además de que entre más grande sea una empresa se incrementan las probabilidad de que le soliciten un soborno.

En conferencia de prensa, el investigador en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Ricardo Alvarado, dijo que "estamos ante un fracaso de la política anticorrupción... La primera evaluación de 2019 la tasa de incidencia fue de 35% y hoy estamos en 48%, tenemos 13% de incremento con respecto al inicio del sexenio".

Agregó que solamente el 73% de los empresarios decidieron no denunciar ante las autoridades, porque consideran que no sirve para nada o tienen miedo a represalias.

Añadió que en el caso de las personas que denunciaron únicamente en el 4% de los casos tuvieron un proceso en que se investigó y sancionó al responsable. "De cada 150 empresas que experimentaron corrupción, sólo una denuncia y llega a sanción", añadió Alvarado.

El director de investigación aplicada de MCCI, Leonardo Núñez, dijo que preocupa que las empresas dicen no denunciar por supuestas represalias, y llama la atención que tienen miedo de quien nos está protegiendo.

"La corrupción hoy sigue igual o más viva que en el pasado. La corrupción no se cambia con palabras, se cambia con hechos", añadió.

No se trata solamente de digitalizar trámites, sino que no haya sobreregulación, se trata de trabajar en una simplificación administrativa que indique transparentemente qué se requiere hacer, en qué tiempo se resolverá, cada cuándo, entre otras especificaciones.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, dijo que "los datos son muy claros, de que hay corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal, sabemos que esto no se termina con un decreto sino por la acción comprometida del gobierno, empresas y de la sociedad".

Añadió que "por eso tenemos que trabajar de manera conjunta y sabemos que nos llevará años y décadas tener un México libre de corrupción, por eso el compromiso de seguir viviendo y comprometiendo a empresas y personas a que solamente con ese cambio de actitud lograremos salir de este entorno de corrupción, lo que tenemos es lo que estamos midiendo y corresponde con lo que mide el INEGI y es la realidad del país y hay que reconocer donde estamos para poder mejorar".

En los primeros 3 años hubo una baja, y "hubiéramos querido que así siguiera con menos incidencia de corrupción, pero la preocupación es que en 2022 y 2023 hay un nuevo repunte con 48%, es decir, 5 de cada 10 empresas víctimas de corrupción".

La vicepresidenta de Anticorrupción de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de la Coparmex, Mayté García, dijo que la acción ciudadana es fundamental para lograr gobiernos, ciudadanos y empresas transparentes y éticas que se traducirá en una derrama económica.

(V.periódico El Universal en línea del 25 de abril de 2024).

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La reforma propuesta a la Ley de Amparo, presentada ante los órganos legislativos recientemente, busca restringir el derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales. Esta iniciativa pretende limitar a jueces y magistrados en la concesión de suspensiones contra la aplicación de leyes o disposiciones con efectos generales. En otras palabras, los ciudadanos perderían la capacidad de defenderse cuando se solicite suspender la aplicación de una ley que viola sus derechos fundamentales, permitiendo que las cosas avancen incluso cuando se produzcan efectos irreparables.

El pretexto esgrimido es la necesidad de que las obras públicas avancen sin obstáculos legales. Es decir, se intenta corregir supuestas malas prácticas eliminando un derecho para toda la población. Es como si, debido a errores en la implementación de un programa terapéutico o malas prácticas médicas, se decidiera cerrar todos los hospitales y dejar a la población sin servicio. En todo caso, por engorrosos que resulte deben ser las autoridades judiciales quienes deben resolver adecuadamente los conflictos que surjan debido a su actuación, la cual podría afectar los derechos de las personas. La justicia es un servicio público fundamental.

Es evidente que eliminar el derecho a la tutela judicial vulnera principios constitucionales, incluido el contenido en el Artículo 1o. de nuestra ley fundamental, que establece que los derechos no pueden limitarse ni suspenderse salvo en los casos previstos en la Constitución, y que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de manera que favorezcan la protección más amplia de las personas. En este caso, se intenta resolver un problema que las autoridades políticas consideran de interpretación inadecuada, eliminando el derecho de todas las personas a la defensa judicial; algo que evidentemente va en contra de la propia Constitución.

Durante décadas, el sistema jurídico mexicano ha avanzado lentamente en la extensión y consolidación de un sistema de defensa de los derechos fundamentales frente a las autoridades ejecutivas y legislativas. Este proceso ha sido paralelo a la consolidación de nuestra democracia; un camino que nos ha llevado desde el autoritarismo presidencialista hacia un mecanismo de pesos y contrapesos que, a pesar de sus defectos, ha permitido consolidar una sociedad más libre. En este sentido, un avance importante ha sido otorgar efectos generales o erga omnes a las resoluciones que afecten los derechos fundamentales. Ahora con esta propuesta se pretende dar marcha atrás en la expansión de los derechos y en el equilibrio de poderes. Vigilar este equilibrio es una de las tareas más importantes de los tribunales constitucionales, encargados de garantizar la vigencia de los derechos garantizados por la Constitución.

Este tema es de enorme relevancia porque se trata de un mecanismo de contrapeso constitucional y de la supremacía del Poder Judicial en la interpretación del alcance de los derechos, cuestión fundamental para la democracia. La protección de los intereses colectivos no debe violar las libertades, ni mucho menos socavar los mecanismos de defensa judicial de las mismas. Las autoridades judiciales son y deben ser las encargadas de ponderar el peso de los principios en cada caso para resolver los conflictos entre principios constitucionales. Todas las autoridades deben someterse a este escrutinio en la aplicación de sus atribuciones como garantía de control de constitucionalidad de sus decisiones.

La iniciativa, que aún está en discusión, seguramente será objeto de recursos legales para debatir estos y otros indicios de inconstitucionalidad evidente. Lo importante ahora es no perder de vista que se trata de un tema crucial que se introduce en medio de la campaña electoral, donde la polarización política puede nublar la visión y confundir los temas accesorios con cuestiones esenciales. Defender la Constitución es una tarea fundamental de todos en todo momento.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de abril de 2024).

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Marco Antonio Cuevas Contreras, profesor en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuestionó como inconstitucional limitar las facultades de los juzgadores, ya que la adición al artículo 148, prohíbe que el órgano que conoce de una demanda contra las normas generales pueda otorgar la suspensión con efectos generales hasta la conclusión del juicio.

"Eso significa que las resoluciones de la Corte que beneficiaban a una cantidad variable de ciudadanos ya no podrá hacerse por la simple razón de que los jueces no van a otorgar suspensiones generales y ahora van a obligar a todos los ciudadanos a presentar su propia demanda de amparo".

El amparo sirve para impedir que se generen actos de imposible reparación.

La suspensión del acto reclamado fue concebida desde el origen del juicio de amparo dijo Jorge Luis Partida Ibarra, profesor de Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, (UAG) para proteger y salvar la materia toral del juicio de amparo que es impedir que se generen actos de imposible reparación.

Especialistas en derecho consideran que las modificaciones a la Ley de Amparo aprobadas en el Senado y que serán discutidas en el congreso representan un retroceso y un abuso de poder ya que no se podrán suspender obras del gobierno que afectan a los ciudadanos.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el decreto por el que se reforman los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.

"La Ley de Amparo es para el beneficio de los ciudadanos y así se estaba interpretando. La Corte interpretaba que el amparo y la suspensión del acto reclamado son instrumentos útiles para contener el poder, pero están retirando este instrumento a la ciudadanía y quedamos a merced del poder", dijo Marco Antonio Cuevas Contreras.

Jorge Luis Partida Ibarra, explicó que "al no existir una suspensión inmediata del acto reclamado de la norma general cuando lleguemos a una sentencia definitiva la cual puede ser en 6 meses o en un año o más puede darse el caso que se consumaron de manera irreparable los efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso", afirmó.

Las modificaciones a la Ley de Amparo también fueron cuestionadas por la diputada federal del PAN, Paulina Rubio.

Se prevé que las modificaciones a la Ley de Amparo sean discutidas en el Congreso de la Unión donde los diputados de oposición ya advirtieron que tramitarán una acción de inconstitucionalidad.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 20 de abril de 2024).

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El juicio de amparo es una herramienta o instrumento previsto en nuestra Constitución, que permite a los gobernados defenderse y/o impugnar los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos humanos.

La figura de la suspensión prevista en los artículos 125 y siguientes de la Ley de Amparo, resulta de vital trascendencia y relevancia, pues posibilita que el o los actos reclamados no se apliquen o ejecuten hasta en tanto se resuelva en definitiva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, dicho lo anterior en términos generales.

La iniciativa de reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, tiene como claro objetivo eliminar las atribuciones de los juzgadores de amparo, en cuanto a suspender con efectos generales las leyes que apruebe el congreso; propuesta que de tener éxito, implicaría que toda ley general que se aprobase, aún y cuando tuviere evidencias claras de inconstitucionalidad, surtiría plenos efectos hasta en tanto se resuelva en definitiva la ilegalidad de la misma, lo que pudiera acarrear graves y en muchas ocasiones irreparables daños a la colectividad, en perjuicio y franca violación de sus derechos humanos.

Así las cosas, se pudiera dar el caso que la resolución que determine la inconstitucionalidad de una norma, resultase estéril u ociosa, pues para el momento de la emisión del fallo relativo, dicha norma ya habría provocado daños irreparables, lo que haría nugatorios los derechos de los quejosos, pues ya se habría consumado la afectación a sus derechos humanos.

Llegado el momento de la emisión del fallo definitivo, aun y cuando el juzgador le concediera la razón al quejoso, este ya habría resentido la afectación durante todo el transcurso del tiempo desde la entrada en vigor de la norma hasta la fecha de la resolución correspondiente. Dicho en pocas palabras, el particular afectado habría perdido, no obstante haber "ganado".

Adrián Talamantes Lobato, magistrado de la Tercera Sala del STJEJ
(v.pág.8 del periódico El Informador del 20 de abril de 2024).

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La reforma del Poder Judicial se ha vuelto un asunto personal. El régimen ha decidido un embate sin límite a la Suprema Corte para, en 1er. lugar, salvar a su ariete Arturo Zaldívar.

Con ese asalto, Morena pretende enormes ganancias: eliminar todo rastro de presuntas ilegalidades cometidas por jueces y magistrados a petición de esbirros de palacio y vengarse de quienes resistieron la caprichosa voluntad presidencial.

Encima, Andrés Manuel López Obrador quiere todo el margen para esculpir la "verdad histórica" y la "verdad jurídica" de su presidencia.

La serie de acusaciones anunciadas el martes por Zaldívar junto con Morena en contra de la presidenta de la Suprema Corte tienen como fin último descarrilar cualquier juicio al actual gobierno.

El presidente no va a permitir que desde el poder judicial se investigue y eventualmente pruebe que lejos de su promesa de arranque de sexenio, él sí se constituyó en el poder de poderes, y que el suyo fue un sexenio de reiterados atropellos a la ley.

Al finalizar sus 70 meses en el poder, creerá haber logrado minar la credibilidad de prensa, academia y sociedad civil, a fin de anular a priori la penetración de cualquier denuncia o balance negativo de su gobierno. Su libro y su mañanera como única verdad.

De la misma forma, la desmesurada respuesta de la administración a la pesquisa contra Zaldívar, anunciando incluso juicio político a la ministra Norma Piña, trasciende el espíritu del "Plan C" para modificar la Judicatura y los nombramientos judiciales.

Ya no se trata de tener mayorías constitucionales para, a partir de septiembre, iniciar una reforma de raíz del aparato de justicia de cara al futuro. Ahora se pretende también -destronando, para empezar, a la ministra presidenta- cambiar el pasado, reescribir estos años.

Si triunfa en su despropósito, el presidente proclamará con la cabeza de Piña en la mano que todo aquello que no pudo lograr en casos como el de Lozoya, se debió a que hubo una conjura que ni con amigos como Zaldívar habría podido desarticular.

Se dirá reivindicado de cuantos fracasos en las cortes encajó, porque teniendo "razón" y siendo "justa" su causa, no tuvo la mínima oportunidad, pues enfrentó siempre a jueces y magistrados espurios, representantes de sus enemigos y de los intereses que él afectaba.

De igual forma, terminará de sellar expedientes y casos que a pesar de todo han seguido caminando estos años en contra de su gobierno por violaciones a leyes o normativas en sus megaobras.

La victoria no será, pues, sólo vencer a la ministra Piña y otros miembros del poder judicial. La captura de éste se pretende a toda velocidad para no depender ni siquiera de un siguiente gobierno del mismo signo para el control de daños e instalar su verdad jurídica.

Por ejemplo: no tendría futuro alguno el amparo o la controversia que buscara demostrar que hubo daño ambiental en la construcción del Tren Maya. En un juzgado se sancionará que, de jure, será verdad eso de que "ni un árbol" se tiró al tasajear la selva en la península.

La reforma judicial dejó de ser un ardid electoral y se ha convertido en una prioridad personal para el presidente.

Por su parte, con su contraofensiva en tándem con Morena, Zaldívar quiere salvar el pescuezo y hacerse merecedor de una nueva oportunidad de servir a AMLO, ahora como borrador del rastro de sus encargos.

Ya no se trata de repensar el poder judicial que necesita México (si es que alguna vez se quiso realmente eso), sino el que necesita López Obrador.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 19 de abril de 2024).

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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contabilizó 282 agresiones contra defensores del medio ambiente, que incluyen homicidio, agresión física y sexual, daño a la propiedad, hostigamiento e intimidación. De los últimos 10 años, 2023 fue el 2o. con más eventos de agresión, pues en 2022 se documentaron 197.

Además, se registraron 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México, de acuerdo con el informe, que además advierte que la mayoría de los hechos violentos están relacionados con los megaproyectos Tren Maya, Tren Transístmico y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; es decir, los proyectos insignia del gobierno federal han sido motivo para agredir a personas defensoras del medio ambiente y del territorio que habitan.

El año pasado, agregó el documento, 20 personas defensoras de los derechos humanos ambientales perdieron la vida a causa de su labor, y 102 fueron asesinadas por la misma causa. Durante el periodo del actual gobierno federal, las agresiones letales en contra de personas defensoras ambientales no han registrado alguna disminución.

El estado con mayor número de víctimas fue Jalisco, con 20; le sigue Oaxaca, con 19, y la Ciudad de México, con 12; estas 3 entidades federativas representaron 40.8% de dicha violencia durante el pasado año.

De los casos de violencia, 57.7% fueron contra personas de pueblos indígenas, lo cual indica que "las personas más vulnerables a sufrir agresiones por su defensa de los elementos naturales, la tierra y el territorio son aquellas que los habitan y cuidan", señaló el informe del centro del derecho ambiental.

Las formas de agresión que tuvieron mayor registro en 2023 fueron las amenazas, con 33 casos; intimidación, 28; agresiones físicas, 26; criminalización, 21, y homicidio y hostigamiento, con 19 cada una.

Aunque el número total de violencia que se recopiló durante el año pasado fueron 282, hay una disminución en comparación con 2022, cuando se registraron 582 agresiones. "Se trata de cifras altas e inaceptables que generan preocupación. Además, las agresiones letales desafortunadamente mantienen una constante con relación al año pasado, con 20 casos en 2023", enfatizó el informe.

"En el ámbito ambiental, diversos estudios colocan a nuestro país con una impunidad media alta, con datos poco alentadores por degradación y crímenes ambientales, como uno de los países con más conflictos ambientales en la región, junto a otros países, con el mayor número de asesinatos a activistas. ambientales. El contexto en el que realizan su labor es adverso y a contracorriente", señaló.

Agregó que suceden con agresiones como la criminalización y desaparición, cuyas cifras totales se mantienen en un rango similar respecto al año pasado.

Durante 2023, en total se registraron mil 317 personas afectadas por agresión, y de este total, 416 personas se identificaron como defensoras del medio ambiente, tierra y territorio, que corresponden a 898 adultos, 344 niños y adolescentes, y en el caso de 75 personas no fue posible identificar su edad.

En el mismo periodo también sedocumentaron 19 defensores de los derechos humanos ambientales que fueron víctimas de desaparición en los estados de Durango, Oaxaca y Guerrero, con 4 en cada uno; Michoacán, 3, y uno en Jalisco, Hidalgo, Chiapas y Puebla, respectivamente.

El organismo señaló que identificaron un conjunto de exigencias al Estado mexicano, de la mano de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, las cuales no han sido atendidas y la situación de las personas y comunidades continúa.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental pidió a los 3 órdenes de gobierno adecuar el marco normativo, adoptando medidas administrativas, legislativas y judiciales para integrar los estándares internacionales reconocidos por el Estado mexicano, así como el Acuerdo de Escazú sobre medio ambiente.

También resaltó la importancia de vigilar y sancionar los proyectos que generen daños ecológicos, sin previa autorización y sin que haya una manifestación de impacto ambiental correspondiente.

(V.periódico El Universal en línea del 18 de abril de 2024).

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La implementación del Turno Electrónico con Huella de Inviolabilidad, pondría fin al reparto discrecional de los casos que llegan a la Oficialía de Partes del Poder Judicial [de Jalisco] a los distintos juzgados.

Entre las y los funcionarios dentro del STJ, y fuera entre abogados y abogadas litigantes coinciden en que los más grandes casos de corrupción se abren por no tener este turno electrónico, con el que ya cuentan en el poder judicial de otras entidades de la república.

Ahora es trámite normal que los expedientes lleguen al STJ y según se busque influir en la resolución del caso, se envíe a tal o cual juzgado, luego de acuerdos en lo oscurito con despachos de abogados, que vía sobornos o tráfico de influencias buscan ganar los litigios.

Por eso, habrá que exigir a los ingenieros del STJ que el próximo paso "sólido" hacia la Justicia digital sea que implementen por fin en Jalisco el turno electrónico, que de forma automática y aleatoria asigne los casos a las y los juzgadores para erradicar la "mano negra" que pone y quita de forma arbitraria e ilegal las demandas que llegan al tribunal.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de abril de 2024).

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La prisión preventiva es una de las medidas más controvertidas de la justicia. Surgió como una necesidad para proteger a la sociedad de criminales que, si bien no habían sido sentenciados, el que llevaran sus juicios en libertad significaba una amenaza por probabilidad cierta de que podrían volver a delinquir o dañar a otra persona.

Merced a la ineficiencia policial y la burocracia judicial, la prisión preventiva se convirtió en una forma de hacer justicia selectiva exprés. De lo que se trata es de obtener del juez una vinculación a proceso, no de probar fehacientemente un delito. Primero fue el gobierno de Felipe Calderón el que propuso la prisión preventiva para delitos graves, como secuestro, asesinato o crimen organizado. Eso dio lugar al famoso caso Florence Cassez, quien estuvo años en prisión porque a un policía adicto a los montajes le pareció que era una gran historia que una extranjera formara parte de una banda de secuestradores. López Obrador amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, entre ellos la defraudación fiscal y el delito electoral, lo que puso en las manos del gobierno un arma política.

Los datos que dio a conocer ayer la secretaria de Gobernación, María Luis Alcalde, es que 68,000 personas, que ella llamó criminales, saldrían de la cárcel si la Corte vota la anticonstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. El problema es justamente que el Estado ya los juzgó, que en un juicio sumario se decidió la suerte de los acusados, los refundieron en el bote a la espera de un juicio que no llega y se les olvidó la presunción de inocencia. Para Alcalde todos son presuntos culpables.

Es cierto que gran parte de la responsabilidad, digamos 50%, de la falta de una justicia eficiente y expedita en México tiene que ver con el poder judicial federal y los poderes judiciales de los estados. La otra mitad es un problema de los poderes ejecutivos, el federal y los estatales, responsables de la falta de policías capaces de investigar un delito. No es gratuito que los estados que tienen más personas en las cárceles por prisión preventiva sean Estado de México y Jalisco, 2 estados de los que menos presupuesto han destinado a la justicia y menos policías ministeriales tienen, de acuerdo con la evaluación de la organización civil Impunidad Cero.

Eliminar la prisión preventiva sería un problema de seguridad por la cantidad de personas que quedarían en libertad y son potencialmente peligrosos para la sociedad. Tendría que llegarse a un acuerdo para evitar un daño mayor, pero lo cierto es que restituir el principio de presunción de inocencia sería un acto de justicia y un acicate para que como sociedad nos preocupemos en serio por tener policías y jueces, suficientes, capaces, bien pagados y vigilados.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 17 de abril de 2024).

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El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que lleva 5 días de control de daños por la investigación de la Suprema Corte de Justicia por presuntamente haber puesto el Poder Judicial al servicio de los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, entró a la contraofensiva. Ayer anunció que presentará una denuncia en el congreso para que inicie un juicio político en contra de su sucesora, Norma Piña, por intervenir en el proceso electoral para favorecer a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Es decir, abrió una avenida para politizar un asunto que aunque inmerso en la polarización que vive el país, tiene un origen de orden legal.

Zaldívar ha buscado afanosamente establecer que la Corte está violando la ley con la investigación, y sostiene que carece de un marco jurídico para sancionarlo. El ex ministro se apoyó en la Ley Orgánica que no prevé esa posibilidad de manera expresa, pero ha omitido mencionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo artículo 4 se refiere a las infracciones cometidas por personas que hayan sido servidores públicos, como es su caso, mientras no hayan prescrito las conductas ilegales, que tienen una vigencia de 7 años, que prevé el artículo 74 de la misma ley.

El Consejo de la Judicatura, que llevará la investigación, está facultado para hacerla e, incluso, tiene la posibilidad de sancionar administrativamente, si el caso lo ameritara, a los imputados, que podría significar una inhabilitación que le afectaría su vida política dentro de Morena y cancelaría su posibilidad de ser consejero jurídico de la Presidencia, como aspira, y eventualmente ser fiscal general y candidato presidencial en 2030, como algunos de sus cercanos hicieron trascender como un objetivo de mediano plazo en vísperas de que renunciara a la Corte a finales del año pasado.

Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura puede una vez terminada su investigación, si encuentra culpables de algún delito a los imputados, dar vista a la Fiscalía General de la República para que proceda penalmente en contra de uno o varios de ellos. Este último paso de la pesquisa que se inició la semana pasada es explosivo porque los 3 actores centrales de la denuncia que motivó la investigación son enemigos del fiscal Alejandro Gertz Manero: Julio Scherer, Santiago Nieto y Zaldívar.

La parte más delicada de la denuncia y la investigación tenía que ver con un tema que no es aparente, la mesa de judicialización que se inició en este gobierno, en donde se construyeron los casos políticos de interés del presidente López Obrador.

La existencia de esa mesa de judicialización fue revelada en marzo de 2020 en este espacio, que nació de la necesidad de disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos trabajando en tándem con las áreas de inteligencia del gobierno y en coordinación con el poder judicial para tener toda la cadena de procuración y administración de justicia alineada para esos fines. El 1er. trabajo que vieron, en diciembre de 2018, días después de haber asumido López Obrador la Presidencia, fue el robo de combustible.

El objetivo primario fue cambiándose ante el poco interés de López Obrador por atacar al crimen organizado, por lo que los objetivos de la mesa de judicialización también fueron alterándose. Los cárteles de las drogas y los narcotraficantes dejaron de ser su prioridad, al ser remplazados por políticos, ex funcionarios y empresarios. En este segmento se enfocaron los esfuerzos, pero no todos los casos tenían sustento.

Nieto forzó varios casos y entregó documentación a la Fiscalía General que se topó con la imposibilidad de judicializarlos. Ante los ojos del presidente, quien fracasaba en su trabajo era Gertz Manero, no Nieto, que de manera regular, como lo hizo cuando lo conoció durante la campaña presidencial de 2018, tocaba la música que le gustaba a López Obrador, empeñado en la destrucción del sistema político vigente para imponer el suyo.

La documentación sin sustento que entregaba Nieto en la mesa de judicialización, fue una eterna fuente de conflicto con el fiscal general, que obligó a Gertz Manero a mostrar de manera extraoficial sus expedientes a los jueces -varios de ellos aparecen mencionados en la investigación como cercanos a Zaldívar-, para que antes de presentarlos les hicieran las observaciones pertinentes para ajustarlos y que los jueces no se los rechazaran por estar mal integrados.

Las fricciones entre dependencias se agudizaron. No solo fue entre la Fiscalía General y la UIF, sino también entre Scherer y el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Razones subjetivas afectaron también la homogeneidad de la mesa, como el conflicto que fue creciendo entre Gertz Manero y Scherer, alimentado por el apoyo a Omar García Harfuch en la secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y del fiscal para delitos de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera -otro participante en la mesa de judicialización-, con quienes tiene diferendos. Con Zaldívar chocó luego por la misma razón por la que se enemistó con Scherer, su falta de apoyos para saldar cuentas contra su familia política.

La investigación abierta tiene varias pistas para entender qué sucedió dentro del gobierno y el poder judicial en la 1a. parte del sexenio, principal, pero no únicamente, y el potencial para que Gertz Manero, con la ley en la mano, pudiera cobrarse cuentas pendientes con ellos 3. La contraofensiva de Zaldívar que empezó ayer, cubre la parte política y mediática, quedando en el aire por algún tiempo los resultados de la investigación y lo que pudiera hacer Gertz Manero contra ellos, al ser un fiscal que trascenderá el sexenio.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 17 de abril de 2024).

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Lo más delicado y grave de la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre el ex ministro Arturo Zaldívar, sus operadores políticos y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se encuentra en un breve párrafo en la página 5 del documento, que si la pesquisa llegara al fondo de lo que toca por encima, se podría configurar un caso extraordinario de corrupción institucional desde los más altos niveles del Estado Mexicano. Contenido en las imputaciones contra Carlos Alpízar, brazo derecho de Zaldívar y ex secretario general del Consejo de la Judicatura, dice: "Organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del ejecutivo (Sedena o Gobernación), especialmente en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores bajo el argumento de 'sensibilizar'".

A lo que se refiere es a la Mesa de Judicialización, un invento de Scherer, que atendía los casos de interés político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El método empleado era la fabricación de casos con información cierta o falsa de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia, que se entregaba a la Fiscalía General de la República para abrir las carpetas de investigación. Luego, el papel de Zaldívar era el de instrumentar esos casos en del Poder Judicial para encontrar culpables. Zaldívar era el último brazo de López Obrador para atacar a sus enemigos y alcanzar sus objetivos.

La Mesa de Judicialización, coordinada por Scherer, se reunía en Palacio Nacional y la integraban representantes de los secretarios de la Defensa, Marina, y Seguridad Pública (en ese entonces Alfonso Durazo), del fiscal general, del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (que era Santiago Nieto) y del Centro Nacional de Inteligencia. Zaldívar estaba representado por Alpízar, que invitaba a jueces y magistrados a su rancho cerca de Toluca, donde organizaba reuniones y comidas con espectáculos para transmitirles instrucciones. Alpízar niega que esas fiestas sirvieran para tales propósitos.

Los temas en esa mesa, algunos de los cuales vienen referidos vagamente en la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre Zaldívar, fueron:

1.- Emilio Lozoya. Scherer primero y luego el fiscal Alejandro Gertz Manero negociaron con él para que, a cambio de su libertad, implicara a priistas y panistas en el caso de la corrupción de Odebrecht (que se ha venido cayendo a pedazos), la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados de Alonso Ancira para obligarlo a venderla a un empresario muy cercano de Scherer, que había financiado campañas de López Obrador, que tampoco resultó como deseaban, y el Caso Fertinal, que querían quitárselo a Ricardo Salinas, sin tener éxito tampoco.

2.- Ayotzinapa. En la mesa se acordó culpar a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y meter a la cárcel al ex procurador Jesús Murillo Karam, acusándolo de encubrimiento de un crimen de Estado. Hasta hoy, que se encuentra bajo proceso en su casa, el gobierno no ha podido sostener su teoría ni tampoco sus investigaciones han avanzado más allá de donde las dejó Murillo Karam. La idea de meter a militares en la cárcel por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un tema de la mesa, pero la investigación entró en una contradicción por la lucha entre civiles y militares, que aún prevalece.

3.- Genaro García Luna. El ex secretario de Seguridad Pública fue utilizado por el presidente como instrumento para golpear al ex presidente Felipe Calderón. García Luna fue detenido en Dallas y encontrado culpable por un jurado en Nueva York de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, pero hasta su captura en Estados Unidos no había ninguna investigación en México. Las que se construyeron posteriormente a su detención se han ido cayendo.

4.- Luis Cárdenas Palomino. El coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, fue detenido por su probable responsabilidad en la tortura de varios miembros de una banda de secuestradores a la que perteneció la francesa Florence Cassez. Posteriormente fue acusado de estar implicado en la Operación "Rápido y Furioso". Un juez lo liberó por este caso, pero sigue en la cárcel por el caso de la tortura.

5.- Rosario Robles. Por razones personales más que políticas, López Obrador quiso que la encarcelaran, acusada por los delitos del ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de emisión en el caso llamado "La Estafa Maestra", por lo que estuvo 3 años en prisión a partir de un fallo de un juez vinculado a la parte instrumental de la Mesa de Judicialización, sobre la base de una prueba, una licencia de conducir, apócrifa. Todavía enfrenta una acusación por delincuencia organizada.

6.- Caja Libertad. Este caso tiene que ver con Juan Collado, contra quien había un viejo agravio del presidente -fue quien facilitó la difusión de los videoescándalos en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México-, y detenido por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y más adelante por posible fraude y defraudación fiscal. Collado denunció a Scherer de ofrecerle salir de la cárcel si vendía Caja Libertad, con la que no se pudo quedar el ex consejero jurídico.

7.- Infonavit. La Fiscalía General retomó el caso de un acuerdo reparatorio en el Infonavit por la celebración de contratos firmados por funcionarios del Infonavit y una empresa particular por presuntas conductas ilícitas. Durante el proceso se dieron denuncias de extorsiones para obligar a pagar sumas multimillonarias, y hasta hoy nadie de los implicados está en la cárcel.

La Mesa de Judicialización perdió impulso con la salida de Scherer del gobierno en 2021, pero lo que quedó fue un mapa de colusión de funcionarios, tráfico de influencias, uso indebido de facultades, violaciones al debido proceso y a los principios en ley que rigen. Fue un mecanismo de corrupción institucional que, si México fuera un país de leyes, varios secretarios de Estado y funcionarios de alto rango irían a la cárcel. La investigación de la Corte no parece que tocará el núcleo de este maquinaria ilegal y, en todo caso, llegará sólo a jueces y magistrados, el hilo más delgado de esta madeja.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 16 de abril de 2024).

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Ahora fue en Cabo San Lucas. Un grupo de marinos armados tomó una marina privada de la empresa IGY. ¿Para qué queremos contratos y tribunales si el gobierno puede mandar contingentes armados a tomar instalaciones productivas cuando quiere? Ya lo vimos en el tren del istmo y el campo de golf de Huatulco. Ahora es una marina de yates privados.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 16 de abril de 2024).

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El mayor daño autoinfligido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas consecuencias apenas se van a empezar a cuantificar, probablemente es su declaración del 21 de febrero del año pasado, cuando reveló que intervenía en la Suprema Corte de Justicia y le pedía al entonces titular del Poder Judicial, Arturo Zaldívar, que "ayudara" hablando con los jueces, para que cambiaran sus resoluciones. Ese mismo día, tras la mañanera donde hizo pública la colusión de Zaldívar con él, la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, le explicó la gravedad de sus palabras, pero el presidente se carcajeó. No entendía lo que había hecho y una semana después, al tratar de sofocar el escándalo, dijo que sólo intervenía en la Corte cuando se trataba de "asuntos de Estado".

Sin ver la dimensión de lo que había dicho construyó inopinadamente el edificio para la investigación más importante que haya realizado jamás el Poder Judicial, anunciada el viernes pasado en contra de Zaldívar y varios ex altos funcionarios de la Corte, ligados a Julio Scherer, en ese entonces superpoderoso consejero jurídico de la Presidencia, por "vulnerar la autonomía e independencia" del Poder Judicial, "con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros".

La investigación parte de una denuncia anónima de 32 páginas presentada después de la revelación del presidente, en cuyo 3er. párrafo señala como una confesión de López Obrador "su influencia en decisiones de jueces y magistrados del Poder Judicial federal, reconociendo que, valiéndose del servilismo de Zaldívar, lo llamaba para que interviniera en diferentes procesos judiciales en beneficio de sus intereses, (dejando) claro que el ex ministro sacrificó la independencia del Poder Judicial a cambio de tener personalmente el favor del líder del partido en el poder, y con ello asegurar su futuro político y satisfacer su necesidad de protagonismo".

Zaldívar, en efecto, fue premiado por el presidente. No logró que se reeligiera, por la enorme violación a la Constitución, pero cuando renunció a la Corte un año antes de terminar su periodo, para que López Obrador pudiera colocar su última ministra, el presidente le ofreció ser secretario de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Zaldívar le dijo que serviría mejor a sus propósitos para reformar el Poder Judicial como consejero jurídico de la Presidencia, y lo mandó a trabajarla a su campaña presidencial.

La pesquisa que abrió Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, fue calificada por Zaldívar como una "cacería de brujas" donde era "evidente la intencionalidad política" que buscaba "una especie de revancha contra la 4T". Lo que ocultó Zaldívar es que entre 2019 y 2022 se abrieron en su contra 283 investigaciones por denuncias anónimas, que no es un procedimiento irregular o ilegal, sino que por estatuto deben indagarse. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por ejemplo, tiene 68 denuncias anónimas del año pasado a la fecha."

No deja de ser una ironía que aquella declaración de López Obrador se hubiera dado como reacción a un fallo en tribunales en la víspera que le permitió al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, continuar su proceso en libertad por el caso de Odebrecht, porque ni siquiera reparó en las contradicciones. Lozoya siempre estuvo libre mientras se defendía hasta octubre de 2021, cuando la columnista Lourdes Mendoza publicó una fotografía donde estaba cenando en el mejor restaurante chino del país, que provocó furor ante la percepción de impunidad. Lozoya, además, había fraguado un acuerdo originalmente con Scherer, para denunciar a políticos de renombre del PRI y del PAN de haber recibido dinero de Odebrecht para campañas políticas a cambio de su libertad.

Scherer, figura central de la investigación, fue quien promovió a Zaldívar para llegar a la titularidad del Poder Judicial y quien lo acercó con el presidente. Jueces y magistrados celebraron cuando presentó su renuncia como consejero jurídico a fines de agosto de 2021, porque decían que se librarían de las duras presiones que ejercía para que modificaran fallos o favorecieran a quienes les indicaba. La denuncia anónima detalla lo que presumiblemente hacía Scherer con Zaldívar, y en la investigación determinarán, si como se afirma, tenía como subordinado para esos fines al brazo derecho del ex ministro, Carlos Alpízar.

La investigación salpica el corazón del despacho presidencial, no sólo porque establece a partir de la denuncia actos de corrupción, presiones y amenazas penales contra jueces y magistrados para que no otorgaran amparos contra el Tren Maya, el aeropuerto "Felipe Ángeles", la Ley de Hidrocarburos y la Ley Eléctrica, entre varios casos de alto impacto, sino porque golpea 2 piezas que fueron fundamentales para López Obrador en una época marcada por el terror político y judicial sin contrapesos, Zaldívar y Scherer, a quienes señalan de haberse confabulado "para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales".

Llama la atención en la investigación; sin embargo, que el foco de los presuntos actos de subordinación de Zaldívar a la Presidencia se encuentre en casos relacionados con concursos mercantiles y el Instituto de la Defensoría Pública, mencionando con detalle los presuntos brazos de presión del ex ministro, así como sus operadores, jueces y magistrados con los cuales quería copar el Consejo de la Judicatura, que es una de las principales reformas al Poder Judicial que quiere López Obrador. Lo sugerente es que no se toca en ningún momento al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que sería la pieza ejecutora para esos arreglos, y que tiene en Scherer a uno de sus 2 más grandes enemigos -el otro es Santiago Nieto-, y en Zaldívar a un personaje que se quiso quedar con su puesto.

La investigación no puede verse fuera el contexto electoral y sacude al presidente, a la candidata y al ex ministro. Qué dimensión toma ahora aquel momento en tras la mañanera de aquel febrero de 2024 cuando López Obrador, riéndose, dijo que Zaldívar sabría cómo matizar sus declaraciones y que lo importante era que no lo agarraran fuera de base, que es lo que sucedió ahora en el pináculo del poder.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 15 de abril de 2024).

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Valdrá la pena darle seguimiento a la postura que adopte el ministro en retiro tras la denuncia pública realizada por la magistrada integrante del 4o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 3er. Circuito con sede en Zapopan, la doctora Elba Sánchez Pozos en la que expuso que efectivamente existe una red orquestada por Zaldívar a quien acusa de haber cometido abuso de función, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, así como no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional.

Finalmente, debemos señalar que a nadie sorprende ni el contenido de la denuncia ni el posicionamiento del ministro en retiro, pues es por todos bien sabida la opacidad, corrupción y nepotismo con la que actúan una minoría de servidores públicos dentro del Poder Judicial de la Federación. Lo novedoso sería que alguno de los denunciados tenga consecuencias reales y no simplemente los inviten a retirarse a quienes continúan siendo servidores públicos y con ello dar por terminada la investigación, tal como ha sucedido previamente con ex magistrados acusados de actos de corrupción, quienes tras el retiro viven una vida de lujos inexplicables con los sueldos que percibieron durante su desempeño al interior del Poder Judicial.

Sin pruebas ni dudas
(v.pág.4 del periódico El Informador del 15 de abril de 2024).

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La Coparmex Jalisco, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección de Jalisco, la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco y el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresaron su preocupación respecto a las recientes propuestas de modificación a la Ley de Amparo, específicamente a los artículos 129 y 148. "En nuestra consideración, las reformas propuestas representan un retroceso significativo en la protección y garantía de los derechos humanos y colectivos, fundamentales en nuestro marco constitucional. Las modificaciones en discusión limitarían severamente la facultad judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual constituye un pilar esencial en la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos en nuestro país", coincidieron las organizaciones.

Explicaron que la historia jurídica de México ha demostrado la importancia crítica de la suspensión en el juicio de amparo, como mecanismo de protección frente a los posibles abusos de la autoridad y los actos legislativos que podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas.

"Restringir esta herramienta judicial es ir en contra de la tradición de protección jurídica, el parámetro de regularidad constitucional y la supremacía constitucional que ha caracterizado a nuestra nación, reconocida internacionalmente por su avanzado sistema de amparo".

En otras palabras, esta medida también es interpretada como una estrategia de Morena y sus aliados para que las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador se libren de amparos en contra.

"Hacemos un llamado a las autoridades y los legisladores para considerar profundamente las consecuencias de estas reformas, que parecen socavar la independencia del Poder Judicial y limitar su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a las acciones gubernamentales potencialmente invasivas o perjudiciales".

Apuntan que es imperativo mantener un sistema jurídico que opere con plena autonomía, garantizando la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos en todos los niveles. "Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, donde la justicia y los derechos humanos sean siempre la prioridad. Instamos a un diálogo inclusivo y constructivo para asegurar que cualquier modificación a la Ley de Amparo fortalezca, y no debilite, la estructura jurídica y democrática de nuestra nación".

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y la Academia Mexicana de Ciencias Penales también expresaron su rechazo a la iniciativa del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para reformar la Ley de Amparo e impedir a jueces federales otorgar suspensiones de normas con efectos generales.

Para la Jufed, encabezada por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, limitar las suspensiones provisionales o definitivas contra leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión es una "vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables".

La organización consideró que la propuesta de reforma es contraria a la Constitución y afectaría directamente a las personas justiciables, ya que impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo manda la Constitución, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales, puntualizó, deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por México.

Indicó que la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que éstas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas. "Tal como lo ha sostenido la 2a. Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo permite al juzgador establecer si se han violado o no los derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general. Previamente a esta determinación, la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que éstas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas".

Por eso lanzan un llamado a los legisladores federales para que la reforma "se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales, al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos".

Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias Penales manifestó su "enérgico rechazo" y advirtió que, de aprobarse la reforma, se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo, además de que se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos, toda vez que se cancelaría la posibilidad de que los juzgadores valoren si la suspensión que se solicita debe otorgarse para impedir una mayor afectación al interés social. "Así, los jueces quedarían impedidos para otorgar suspensiones con efectos generales contra normas que podrían violar derechos humanos. Consecuencias como las señaladas son inaceptables en el marco de un Estado constitucional".

La Academia Mexicana de Ciencias Penales es una asociación civil que agrupa a más de 30 expertos en distintas disciplinas penales.

La reforma se avaló en comisiones del Senado y próximamente se discutirá en el pleno.

(V.primera plana del periódico El Informador del 13 de abril de 2024).

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Los residentes de la alcaldía Benito Juárez han declarado su intención de permanecer en protesta en Insurgentes Sur y Xola hasta que las autoridades de la Ciudad de México den una explicación sobre qué sustancia química contaminó el suministro de agua en al menos 8 colonias de esa zona.

"Queremos que nos den los estudios y que nos den un documento que esté certificado por alguna empresa o institución que le podamos creer" dijo José Luis Maya vecino de la colonia Nápoles.

Durante 4 horas seguidas, los residentes de las 8 áreas afectadas por la contaminación del agua en la colonia Nápoles han bloqueado la avenida de los Insurgentes y Xola. A pesar de ello, aún no han recibido una respuesta oficial sobre los contaminantes presentes. Como resultado, han decidido mantener el campamento hasta que se les otorgue una resolución definitiva.

"Exigimos que el gobierno de la Ciudad de México se declare un estado de emergencia sanitaria en las zonas afectadas y que se preste el apoyo suficiente porque es un problema que está creciendo" finalizó el señor Maya.

La circulación vehicular continúa cerrada en las incorporaciones de Viaducto y la calle Ohio y en avenida de los Insurgentes desde División del Norte hasta Pedro Romero de Terrenos.

El servicio del transporte Metrobús línea 1 sigue en funcionamiento interrumpido en la estación La Piedad.

(V.periódico El Informador en línea del 12 de abril de 2024).

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Xochitl pidió que "la mañanera, hemos pedido que se suspenda... por violar la ley e interferir en el proceso electoral... dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda". Tiene toda la razón la candidata de la oposición, AMLO se ha pasado "por el arco del triunfo" las leyes electorales -porque a él no salgan con "que la ley es la ley"-, pero al final ha logrado su objetivo el inquilino de Palacio. Aunque es un contrasentido que nadie le va a impedir que continúe con sus verborreas matutinas -que en su momento ya lo resolvió el Tribunal Electoral-, cuando el mismo mandatario se ampara bajo el amañado argumento -de atropello a las leyes- que sería una "gravísima violación a la Constitución... un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas".

Daniel Rodríguez
(v.pág.3 del periódico El Informador del 11 de abril de 2024).

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Capturan a 5 policías de San Marcos por homicidio calificado, tentativa de feminicidio, violación y desaparición forzada. Repasé los escuetos párrafos, apenas goteos informativos, con algún detalle adicional. El argot jurídico-burocrático los hace casi ilegibles.

Traduzco. El pasado 3 de abril, los policías José Enrique, Francisco, Jovanny Missael, José Luis y Fabiola detuvieron a una pareja y la llevaron a los separos. Luego trasladaron ilegalmente a las víctimas hasta una finca.

Allí los 4 uniformados violaron a la mujer y siguieron golpeando al varón. Después abandonaron a sus víctimas a pie de carretera. El hombre murió en el hospital y ella quedó gravemente herida.

San Marcos está a poco menos de 2 horas de Guadalajara. Pertenece a la Región Valles. Colinda con Ameca y Etzatlán. Tiene apenas 3,791 habitantes, según el Inegi.

¿Qué tipo de descomposición institucional lleva a 5 policías a actuar de esa forma? ¿Qué certezas tenían y qué respaldo? ¿Ese comportamiento criminal ocurrió más veces?

Ocurrió en San Marcos, un pueblo pequeño, pobre y alejado de la Región Valles. Pero me acuerdo de un caso reciente.

Hace un mes la Fiscalía estatal arrestó a 4 policías por la desaparición forzada del conductor de una camioneta que detuvieron para una inspección. Se lo llevaron y dejaron a su hijo de 10 años. Hasta la fecha la dependencia no ha informado si localizaron a la víctima. Los 4 agentes están presos. Eran de Tlajomulco.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 11 de abril de 2024).

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Los sujetos obligados, en su mayoría dependencias del gobierno federal, encontraron un nuevo modo de evadir la transparencia, al negar solicitudes de información bajo el argumento de que se trata de datos reservados porque forman parte de un proceso judicial en curso y su publicación vulneraría la conducción del mismo.

Sólo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 se contabilizan 865 casos de esta índole, siendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Secretaría de Economía (SE), las que más incurren en esta práctica.

Sin embargo, de ese total, sólo en 8 casos el Inai confirmó que la clasificación era procedente.

En años anteriores, la negativa de información bajo este argumento era prácticamente nula, y es que antes, uno de los principales motivos para reservar la información era "por motivos de seguridad nacional".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), del 12 de junio de 2003 al 11 de marzo de 2024, se contabilizaron 2,885 solicitudes que fueron negadas por tratarse de asuntos de seguridad nacional, de las cuales 965 ocurrieron en lo que va de esta administración federal (2019-2024), es decir, que en sólo 15 meses la clasificación de documentos por presuntos litigios en curso, prácticamente igualaron a las reservada por seguridad nacional en todo el sexenio.

Lo anterior fue a la baja cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Inai una suspensión a la reserva generalizada de la información por tratarse de asuntos catalogados como "de seguridad nacional", lo cual vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

Por lo anterior, en 2023, los sujetos obligados comenzaron a utilizar los "procesos judiciales" como argumento para negar información, práctica que ha sido rechazada por los comisionados del Inai.

"Pese a la resolución de la Suprema Corte, seguimos recibiendo este tipo de casos, esta respuesta [seguridad nacional] la siguen usando los sujetos obligados, o lo hacen también declarándose incompetentes o declarando que la información es existente, pero ahora se agrega esta nueva práctica de enfrentar procesos judiciales, encuentran la manera y esas prácticas son el virus actual de la transparencia", declaró el comsionado presidente del instituto, Adrián Alcalá, durante un foro organizado por EL UNIVERSAL que se realizó el pasado 22 de marzo.

La Semarnat encabeza la lista con 147 casos, la mayoría relacionados con estudios de suelo e impacto ambiental de obras federales o estatales, como lo es el Tren Maya.

Por mencionar algunos casos, en septiembre de 2023, un particular solicitó los estudios de mecánica de suelos, geofísicos y geohidrológicos para los tiros sur y norte del Tramo 5 del Tren Maya, así como las actas de las visitas de campo en las que se hubiese consignado el estado natural de la vegetación.

En respuesta, la Semarnat negó los datos debido a la existencia del juicio de amparo 2878/2022 radicado en el Juzgado 1 de Distrito en el estado de Yucatán: "De divulgarse puede afectar el debido proceso".

Otro particular también le pidió a la Semarnat las autorizaciones en materia de impacto ambiental, cambio de uso del suelo u otras, para el desarrollo del proyecto Puerta al Mar, en Quintana Roo, dentro de la reserva de la biosfera de Sian ka'an, la cual le fue negada porque hay un juicio en curso "y la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público", subrayó.

El 2o. lugar en la lista de dependencias que usan este nuevo modus operandi para negar información, es el SAT, con 100 casos, entre los que destaca la negación a hacer públicas las actas de sus juntas de gobierno, mientras que el 3er. sitio es para la SICT, con 69 casos clasificados, en su mayoría de obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren del Istmo de Tehuantepec y proyectos carreteros en todo el país.

El 4o. sitio es para la Ssa, con 52 casos, ya que entre otras cosas negó el contrato firmado por el Gobierno de México para la adquisición de las vacunas Abdala contra Covid-19 con el Gobierno de Cuba, solicitada en enero de 2023; le sigue el IMSS, con 38 casos; la SE, con 32; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 29; la Profeco, con 27, y Pemex, con 22 casos, que entre otras cosas rechazó hacer pública la correspondencia entregada y recibida de la Comisión Especial para el Caso Oceanografía.

"Hay muchos más, ahorita en tránsito tenemos temas de Fonatur sobre el Tren Maya, donde argumentan que tienen procedimientos jurisdiccionales y que por eso no entregan la información del uso de vía o temas ambientales. También la consejería jurídica expide mucha información de expedientes relacionados con servidores públicos, está Sedatu, SICT, Semarnat, Presidencia, muchas dependencias federales, y los proyectos que más reservan son los que tienen que ver con obras", puntualizó la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río, también durante el foro organizado por El Gran Diario de México el 22 de marzo pasado.

De acuerdo con el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados pueden clasificar la información como reservada cuando existe un proceso deliberativo "que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva".

Pese a ello, del total de solicitudes de información pública (865) que se clasificaron en los últimos 13 meses (1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024) bajo el argumento de "reserva por proceso deliberativo y vulneración en la conducción de expedientes judiciales", sólo se contabilizan 140 recursos de revisión interpuestos ante el instituto de transparencia.

De ese total, el máximo órgano de transparencia en México confirmó la clasificación en sólo 8 casos, mientras que en 50 más revocó la clasificación y en 55 situaciones pidió modificar la respuesta, mientras que el resto sobreseyeron o se encuentran en proceso de análisis.

En las clasificaciones que se han revocado, el Inai ha comprobado que los procesos judiciales ya concluyeron al momento que se solicitó la información, que las causales reservadas no tienen relación alguna con los documentos que se pidieron, y que lo que se solicitó no afecta en ningún sentido a los procesos deliberativos o judiciales en curso.

(V.periódico El Universal en línea del 9 de abril de 2024).

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Los normalistas de Ayotzinapa atacaron ayer el Palacio de Gobierno de Guerrero y quemaron una docena de vehículos, varios de ellos privados. La policía no intervino. La gobernadora Evelyn Salgado, como siempre, no apareció.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 9 de abril de 2024).

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Carlos Ramírez, consultor de Integralia en expuso que es muy difícil romper con la hegemonía de estrategia clientelar con los programas sociales y el vínculo que existe con el partido político oficilista.

Agregó que Morena, al llegar al gobierno, implementó programas como: las pensiones para adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros; sin embargo, se ha politizado su uso y el acceso a los beneficios del asistencialismo.

"Se utilizan para vincular con el partido político y esa estrategia no es casual, lo que busca es recrear el vínculo emocional del programa social con el presidente, e incluso en el lenguaje mismo se ocupa la figura del jefe del ejecutivo federal como si fuera él quien está otorgando el beneficio a la persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado 'las pensiones de López Obrador' o 'las becas del presidente'?", cuestionó Ramírez.

Recordó que a finales de los años 90 se creó una ley sobre los programas sociales para que estos no tuvieran la etiqueta del gobierno en turno; sin embargo, señaló, las acciones del mandatario federal se parecen a las del PRI.

"Al universalizar los programas, lo que ha propiciado es un enorme vínculo entre el gobernante y el gobernado. López Obrador se ve como el salvador porque ha estado incrementando los beneficiarios, también ayuda en este caso a la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, eso explica en buena medida por qué el presidente ha mantenido niveles de popularidad", añadió el consultor de Integralia.

Cabe destacar que el jefe del ejecutivo federal, a pesar de la veda electoral, presumió el 18 de marzo pasado que en la mayoría de los hogares de México, las familias reciben cuando menos un apoyo de programas sociales, "una pequeña porción del presupuesto".

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que con su gobierno hay una mejor distribución del presupuesto público.

"En la mayoría, casi en la mayoría de los hogares de México, de las familias de México llega cuando menos un apoyo, una pequeña porción del presupuesto, porque hay una mejor distribución de la riqueza de ingreso del presupuesto", dijo el presidente.

El pasado 25 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o eliminar 7 conferencias matutinas en las que el presidente López Obrador realizó pronunciamientos vinculados con las elecciones, así como la difusión de propaganda del gobierno federal.

El consejero electoral Arturo Castillo precisó que el Presidente habló de la continuidad del proyecto de nación que encabeza de cara al término del sexenio.

"Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara. Me está diciendo ahora ya se va y tenemos esto pendiente. Y les digo: va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor porque ya sentamos las bases, ya limpiamos el camino y este movimiento no lo detiene nadie", expresó el presidente López Obrador en esa conferencia.

Explicó que con base en un precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para considerar que una expresión tiene carácter electoral debe hacer referencia a la continuidad de su movimiento; si hace una comparación con la oposición respecto al futuro y finalmente, que no es relevante si hay un llamado expreso al voto o a un partido político.

La consejera Claudia Zavala subrayó que los servidores públicos tienen una obligación permanente de no intervenir en cuestiones de materia electoral.

Jaqueline Peschard, ex comisionada presidenta del desaparecido Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, ahora Inai), agregó que otro problema es que hacen campaña con los programas sociales durante la contienda electoral y las autoridades deben frenar dicha acción.

"Es normal que los gobiernos hablen de los programas que desarrollan, claro que sí, pero el asunto es que durante las campañas no pueden presumirlos, eso lo hace el presidente y las autoridades correspondientes deben frenar dicha acción", subrayó.

Peschard añadió: "Si asocia su partido y la coalición con sus programas está violando la equidad en la contienda electoral, además de que crean una relación clientelar entre quien ofrece recursos y quien los recibe porque sabes de dónde vienen".

(V.pág.9 del periódico El Informador del 8 de abril de 2024).

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Este lunes decenas de productores de maíz se manifestaron en el sur de la ciudad para exigir un precio justo por el grano.

En tractores, los productores se manifestaron en las inmediaciones de López Mateos Sur, a la altura de Las Cuatas y en el Circuito Metropolitano Sur, lo que ocasionó un congestionamiento vial.

Ana Lucía Camacho, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, explicó en un boletín que han pasado meses desde la cosecha y hay zonas donde lo que se llevó a bodegas de SEGALMEX para acceder a precios de garantía aún no se paga, lo que genera crisis económica y una gran afectación a los productores.

"Desde el Gobierno de Jalisco en SADER Jalisco quiero informarles que comprendemos su reclamo. Desde nuestras trincheras, hemos trabajado en destinar presupuesto específico en mitigar las afectaciones para los productores de maíz en los últimos años, siempre tratamos de brindar herramientas e insumos que les permitan fortalecer y tecnificar su labor para que sea más rentable", dijo la funcionaria.

"Sabemos que no se cubren todas las necesidades pero no los hemos dejado solos y la disposición y buena voluntad siempre han estado presentes", añadió.

(V.periódico El Informador en línea del 8 de abril de 2024).

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Como usualmente ocurre con todos los pueblos originarios de México, la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, ubicada en la Sierra de Manantlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, ha sido históricamente agredida y sometida a procesos de despojo de sus bienes comunes mediante la violencia, que va desde las amenazas hasta la desaparición y los asesinatos de los comuneros que encabezan la defensa del territorio.

La conocida como "República de Indios de Ayotitlán" debía disponer, según los títulos primordiales entregados por la Colonia española, de 446,762 hectáreas; sin embargo, apenas tiene posesión del 10% de su territorio original. En la década de 1940 y 1950 se desconocieron los títulos virreinales y la demanda de restitución planteada por la comunidad se resolvió hasta 1963, pero modificando la tenencia jurídica reconociéndolos como ejidatarios con apenas 34,700 hectáreas, aunque en realidad apenas tienen posesión de 30,200, según un ensayo de la maestra Margarita Robertson. A pesar de padecer del despojo de la mayor parte de su territorio, este pueblo indígena sigue pagando un alto precio por la defensa de su tierra. Desde la década de 1970 a la fecha han muerto más de 30 líderes nahuas relacionados con la defensa de sus bienes comunes.

Pero en lugar de disminuir, la violencia en contra de este pueblo se viene intensificando, como queda de manifiesto en una relación de hechos presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 27 de julio de 2021 y con sucesivas actualizaciones hasta febrero de este año.

El pueblo de Ayotitlán es acosado para lucrar con su territorio rico en minerales, agua y bosques, ya sea por empresas privadas, como la minera Peña Colorada, o por talamontes ilegales o directamente por el crimen organizado, solapados por los gobiernos. De esa forma, la comunidad de Ayotitlán enfrenta la vieja troika integrada por el Estado, corporaciones privadas y crimen organizado.

Si bien el gobierno mexicano y del Estado de Jalisco respondieron peticiones de la Comisión Interamericana y dijeron estar al pendiente de la comunidad de Ayotitlán, la CIDH estimó que las condiciones de violencia y riesgo irreversible para algunos comuneros siguen siendo vigentes, por lo que el pasado 8 de marzo emitió esta petición de otorgar medidas cautelares a trece miembros de la comunidad y sus familias. Pero como han sostenido abogados de Tsikini, organización que acompaña jurídicamente a los pobladores, estas medidas no tienen el efecto debido por lo que, en los hechos, la comunidad de Ayotitlán sigue bajo asedio. Asedio que debe cesar.

Rubén Martín
(v.pág.2 del periódico El Informador del 6 de abril de 2024).

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El término justicia transicional se refiere a un tipo especial de procesos para lidiar con violaciones graves a los derechos humanos cometidas por regímenes autoritarios.

La idea es que estas violaciones ocurren en un contexto en el que, para todos los efectos, no existe un Estado de Derecho, por lo que es complicado recurrir a un sistema judicial prácticamente inexistente con el fin de conseguir justicia para las víctimas. Se abre así la posibilidad de que, por medio de una serie de medidas judiciales especiales, se reparen los daños sufridos por las personas durante el periodo en que gobernó el régimen autoritario.

De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, un gobierno tendría responsabilidades no sólo por comisión sino por omisión. Ciertamente, se podría argumentar, prima facie, que el Estado mexicano es hoy culpable por omisión de la comisión de atrocidades por bandas del crimen organizado.

Ahora bien, poner en práctica el modelo de justicia transicional en México implica que el sistema judicial mexicano, tal y como existe, no podría impartir justicia en lo que se refiere a la posible comisión de atrocidades. Sin duda, ha llegado el momento de abrir un debate al respecto.

Por lo pronto, algunas cosas se pueden hacer. Habría que dotar de autonomía a la Comisión Especial de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda. A la par, habría que trabajar más estrechamente con organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También habría que refundar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy pasa por una gran crisis.

Lo que es cierto es que, ya sea por un proceso de justicia transicional o no, las incontables víctimas de atrocidades deben obtener justicia pronto.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 5 de abril de 2024).

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Algo anda muy mal cuando los gobiernos se preocupan más por saber quién tiene la culpa de un trámite burocrático (quién debió mandar el papel solicitando la protección de una candidata) que por detener y procesar a los responsables del asesinato. Es una obviedad decir que hay problemas de seguridad en todo el país, lo realmente novedoso es la preocupación de las autoridades por sacarse la responsabilidad. La pregunta no es, como quisiera la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quién debía otorgarle seguridad a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, sino por qué alguien, dentro de ese monstruo amorfo al que llamamos crimen organizado, puede matar a una candidata a plena luz del día y no pasa nada; por qué en los últimos 4 meses el crimen organizado ha matado a 21 candidatos y ciudadanos relacionados con los procesos políticos de diferentes partidos y no hay personas detenidas por ello.

En este discurso convertido en cantaleta de "estamos atendiendo las causas de la violencia", el gobierno se ha olvidado de hacerse cargo de las consecuencias. Está muy bien atacar las causas, aunque sigo pensando que lo que explica la criminalidad no es la pobreza -misma que hay que combatir por muchos otros motivos- sino la falta de Estado de Derecho. Dicho en otras palabras, procurar la justicia social no suple la obligación de los gobernantes de aplicar la ley.

El asesinato de la candidata de Morena en Celaya subió una raya más el nivel de violencia política en este país. No sólo porque se trata de una mujer candidata, un feminicidio político (el otro caso de una mujer asesinada en el contexto de este proceso electoral fue la dirigente de MC en Jacona, Michoacán) sino por el tamaño e importancia de la ciudad donde ocurre, una urbe industrial de cerca de un millón de habitantes, lo que no había sucedido en los años recientes.

Mientras los criminales puedan disponer de la vida de otra persona, sea una persona pública o un ciudadano de a pie, da igual si fue el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato o las autoridades federales quienes fallaron en el protocolo de protección. Guanajuato, que gobierna el PAN, es un desastre en materia de seguridad, como lo es Jalisco que gobierna MC o Michoacán que tiene gobernador de Morena. Todos los gobernadores son omisos en su responsabilidad, eso ha quedado muy claro, lo grave es que la autoridad federal también quiera serlo.

Hay, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad compartida y un igualmente compartido afán no por perseguir el delito sino por repartir culpas.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 3 de abril de 2024).

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El asesinato de Gaytán representa un grado adicional en la escalada de violencia política porque Celaya es una urbe media de más de 500,000 habitantes, no un pequeño poblado. Según las encuestas, Gaytán era la 2a. en preferencia electoral para disputarle la alcaldía al panista Javier Mendoza, que busca la reelección.

El escenario del crimen, en medio de un acto proselitista, en el arranque de su campaña, también denota la lentitud e ineficacia de los mecanismos de protección a candidatos. La aspirante informó el mismo día de su homicidio que había solicitado seguridad y protección adicional durante la contienda.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, sugirió que el organismo electoral de Guanajuato había sido omiso en solicitar a tiempo seguridad para la candidata. Su concepción burocrática de la vida -no firmó, le faltó un documento, envió tarde el oficio- es una justificación inaceptable.

El homicidio de Gaytán es, sin duda, un claro mensaje electoral. No eligieron una carretera en medio de la nada o la oscuridad afuera de la casa de la víctima como usualmente ocurre. La ejecutaron en pleno mitin.

La explicación más sencilla para cualquier hecho violento en este país es atribuirlo al crimen organizado. Esa idea simplificadora nos ahorra la molestia de indagar o pensar más a fondo un crimen político como este.

Le sirve también a la autoridad como coartada para atribuir la violencia a un ente abstracto, desafiante y anónimo. Al mismo tiempo, esa amenaza criminal justifica la razón de ser del Estado que simula su combate. Y el pretexto burocrático, en esta ocasión, es un escape por la puerta de atrás.

En un país en donde los conflictos sociales, lo mismo un hecho de tránsito que una candidatura, se dirimen por la vía violenta, queda claro que los procesos criminales de "selección" de aspirantes a cargos de elección popular no han terminado. Habrá más violencia letal contra políticos. Y este crimen, a 2 meses de la elección, eleva el rasero hacia perfiles más allá de pequeños poblados y rancherías para trasladarse a las urbes más importantes del país.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 3 de abril de 2024).

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El éxito de la Riviera Nayarit como un destino turístico internacional ya consolidado, contrasta con lo que parece ser la política del gobierno morenista del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero: ahuyentar la inversión privada a través de la generación de incertidumbre política y jurídica.

Y es que no es ningún secreto, con el pretexto de la investigación de presuntos actos de corrupción en administraciones pasadas, que el Gobierno de Nayarit ha emprendido acciones de persecución judicial contra empresarios que han invertido en el estado, principalmente en Tepic y en Bahía de Banderas. Varios de ellos son de Jalisco.

¿A qué me refiero? En septiembre del 2022, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el cateo y aseguramiento de 60 viviendas en el fraccionamiento Náutico, en Bahía de Banderas, sin mayor razón que la aparente fobia del actual mandatario respecto de su antecesor, Ney González (2005-2011), con quien compitió por la gubernatura en 2005 y quien impulsó el desarrollo de Bahía de Banderas. No estamos hablando sólo de grandes inversionistas, sino de ciudadanos que apostaron los ahorros de sus vidas para incrementar su patrimonio.

Recientemente, la justicia federal dio la razón a los propietarios de las viviendas aseguradas; en enero del 2023, la misma Fiscalía aseguró las instalaciones del hospital privado Puerta de Hierro, en Tepic, por supuestamente ser un negocio de... ¡adivine usted! del ex gobernador Ney González, desde entonces, los inversionistas propietarios del hospital sufren la persecución del gobierno estatal. Por supuesto que no existe una sola prueba que demuestre tal acusación, simplemente es la manera de conducirse de Navarro Quintero.

En agosto del año pasado, la embestida del gobierno fue contra la empresa nipona Sumitomo, una prestigiada trasnacional que decidió invertir en Nayarit desde el 2012 y recientemente fue acusada de corrupción y luchan en tribunales para evitar que el gobierno les expropie un terreno que se les entregó por decreto aprobado por el H. Congreso del Estado en octubre del 2013.

Es evidente que al Gobierno de Nayarit no le asiste la razón jurídica, y que eventualmente en instancias federales les darán reveses, pero es escandaloso que una autoridad utilice jueces, Fiscalía y sistema penitenciario para perseguir inversionistas y empresarios.

Con acciones como estas, el mensaje del Gobierno de Nayarit parece ser muy claro: ¡no inviertan en el estado o los perseguiremos! ¿A qué intereses sirve el gobierno de Navarro Quintero? Evidentemente, a los intereses ciudadanos no.

Ulises Rodríguez
(v.pág.3 del periódico El Informador del 3 de abril de 2024).

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Secuestro. Feminicidio. Linchamiento. Violencia a diestra y siniestra. Nuestro país tiene un largo y lamentable historial de feminicidios -la mayoría impunes-, así como de linchamientos -impunes también-, pero cuando uno se encadena con el otro en un mismo caso es el resultado del vacío que dejan las autoridades para que las comunidades ejerzan lo que consideran justicia. El feminicidio de Camila Gómez, la pequeña de 8 años que la semana pasada conmocionó al país, puso el reflector sobre los errores que las autoridades cometieron.

La narrativa de este feminicidio y el linchamiento de los responsables duró poco más de 24 horas -protestas y bloqueos incluidos-, pero los efectos en el tejido social de Taxco, Guerrero, van a quedarse para siempre. Apenas si se publicaba la ficha de búsqueda de Camila el pasado 27 de marzo, cuando se reportó la desaparición de la niña en casa de Ana Rosa, su vecina, cuando supimos horas más tarde que fue encontrada, lamentablemente sin vida, y que la comunidad no iba a pasarlo por alto.

Sabemos que fue la madre de la pequeña quien puso manos a la obra para recaudar la información de las cámaras de vigilancia de los vecinos y evidenciar que Camila sí entró a casa de Ana Rosa y que salió como un objeto cualquiera en una bolsa negra para ser abandonada a las afueras de Taxco. Sabemos que la familia de Camila tuvo que peregrinar de Taxco a Iguala para poder denunciar la desaparición de la niña porque en su municipio no obtuvo respuesta.

Imágenes para captar los últimos momentos de Camila, pocas; ángulos para apreciar cómo una turba hacía justicia en Taxco, la tarde del 28 de marzo, muchos. Pocas, muy pocas veces, se da un caso de feminicidio con un culpable capturado. En esta ocasión eso fue posible sólo porque la población no permitió que se convirtieran en prófugos, pero todo pudo suceder de otra manera: quizá si la impunidad no hubiera llevado al hartazgo a una comunidad estas líneas serían otras, pero no es así.

Nada, absolutamente nada de lo que las autoridades hagan a partir de ahora y traten de corregir los errores cometidos podrán reparar el daño. Camila y su familia no encontrarán justicia o tranquilidad ni aún con los feminicidas capturados o muertos. Luego de la desgarradora despedida para la pequeña viene la reconstrucción de una familia que nunca volverá a ser lo que fue.

Aunque siempre son indignantes, no todos los casos de feminicidio de menores generan el mismo efecto en las comunidades. No sucedió con Brisa García, la pequeña de 8 años que fue raptada y abusada por uno de sus vecinos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en 2017; fue encontrada sin vida 4 días después de la denuncia de desaparición a sólo un par de casas de donde ella vivía. Tampoco el feminicidio de Fátima Quintana, en febrero de 2015, ni siquiera por la brutalidad con la que la niña de 12 años fue abusada y torturada por 3 sujetos -uno de ellos menor de edad- en la comunidad de Lerma, en el Estado de México, se volcó en la búsqueda de justicia para la pequeña.

Estos son sólo botones de muestra en donde ninguna acción fue suficiente y jamás se podrá reparar el daño. Las mujeres no deberían atravesar por abusos como estos, mucho menos las niñas y adolescentes, pero sucede porque el feminicidio es uno de los delitos con mayor impunidad. Tan sólo en México entre 2015 y 2023 se identificaron 2,381 homicidios dolosos a mujeres menores, de ellos 745 se tipificaron como feminicidio de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta historia atroz todavía no termina, se ha cuestionado la responsabilidad de la madre de Camila por dejarla ir sola a casa de Ana Rosa y por si fuera poco ahora toca encontrar a los responsables del linchamiento, pues en un momento de furia una comunidad se convirtió en homicida; ejemplo de que la violencia crea más problemas sociales de los que resuelve y posiblemente la impunidad que tanto reclamaba la comunidad de Taxco también se haga presente, porque tanto la acción ciudadana como la omisión de las autoridades implican responsabilidad. ¿Asumirán la parte que les toca?

Gabriela Aguilar
(v.pág.3 del periódico El Informador del 3 de abril de 2024).

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Los linchamientos son una dolorosa realidad en nuestro país. Cuando menos en el caso de Camila hay indicaciones de que Ana Rosa sí participó en el homicidio, aunque todavía quedan múltiples interrogantes. Son mucho más comunes los linchamientos en que las víctimas son inocentes, como los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, estudiantes que trabajaban como encuestadores y fueron golpeados y quemados vivos en Ajalpan, Puebla, en 2015 por la falsa acusación de que habían tratado de secuestrar a una niña, o el de 3 policías federales brutalmente golpeados, y 2 quemados vivos, también por una acusación falsa, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en la Ciudad de México, en 2004.

"Esto se da en distintos puntos del país desde tiempos remotos; es el México que no termina de irse... es el México profundo", comentó Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, en 2001. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmaba en un informe en 2019: "Los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país". Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila de la Universidad Autónoma Metropolitana han documentado, entre 2016 y 2022, 1,423 casos de linchamiento y 196 tentativas. No es inusual, pero solo volvemos los ojos al problema cuando ocurre un caso tan sonado como el de Camila o cuando el linchamiento es grabado y difundido como el de Ana Rosa.

Es muy fácil politizar el tema. Quizá haya algo de razón en la afirmación de que estos estallidos son producto de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, hay algo más: una violencia reprimida que se manifiesta con particular furia cuando la víctima está indefensa.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 1o.de abril de 2024).

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Un nuevo caso de desaparición indigna a la población e inunda las redes sociales, se trata de una joven del Estado de México.

Alison Amayrani, de 14 años de edad, fue vista por última vez el pasado 28 de marzo en la colonia Texalpa; por tal motivo, familiares y amigos realizaron un bloqueo la tarde de este viernes en la Vía Morelos.

Lo anterior con la finalidad de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México agilice su búsqueda, pues temen pueda ser víctima de un delito.

Ambos sentidos de la vialidad fueron bloqueados por los manifestantes, a la altura de La Costeña, en Santa María Tulpetlac.

(V.periódico El Informador en línea del 30 de marzo de 2024).

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero está indagando el secuestro y homicidio de una niña de 8 años en el municipio de Taxco de Alarcón, así como la muerte de la supuesta responsable, quien fue linchada por residentes indignados.

Según la Fiscalía, se ha iniciado una investigación por el delito de feminicidio en el caso de la menor llamada Camila, y hasta el momento no se han emitido órdenes de arresto relacionadas con el incidente.

"Con la integración de la carpeta y los datos recabados, esta institución se encuentra en espera de que un Juez de Control libere las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables", informó la FGE.

En el mismo comunicado, la Fiscalía informó que también ha iniciado una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en contra de Ana 'N' y 2 hombres más. Estos individuos fueron agredidos por personas enfurecidas debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Esta tarde se llevaron a cabo protestas de organizaciones feministas y ciudadanos en los municipios de Iguala y Taxco para exigir justicia. En este municipio la marcha partió cerca del sitio en donde se vio por última vez a la menor, y donde fueron golpeados los presuntos responsables.

Con pancartas y globos blancos los manifestantes caminaron hasta la catedral de Santa Prisca, en donde llevaron a cabo un mitin al exterior para exigir que se haga justicia por el asesinato de la menor.

Este jueves, el secuestro y posterior asesinato de la niña de 8 años en la ciudad de Taxco de Alarcón, provocó protestas de la población y un linchamiento que derivó en la muerte de una mujer, golpeada junto con 2 hombres, por ser señalados como los presuntos responsables.

La última vez que se vio a la niña Camila Gómez Ortega, de 8 años, fue el miércoles por la tarde, cuando salió de su casa para acudir a la de una amiga a jugar. Horas más tarde su familia recibió llamadas de extorsión exigiéndoles 250,000 pesos para liberarla.

La inacción de las autoridades provocó que las personas actuaran por cuenta propia, ante la mirada de agentes de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Los vecinos enardecidos sacaron de la casa a una mujer y 2 hombres quienes inicialmente fueron asegurados por policías municipales quienes pretendían trasladarlos a la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo los manifestantes los bajaron de las patrullas y los golpearon a puños y patadas.

(V.periódico El Informador en línea del 28 de marzo de 2024).

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El Diario Oficial de la Federación publicó la ampliación del servicio de regularización de vehículos de procedencia extranjera hasta el próximo 30 de septiembre.

Esta acción es realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con los gobiernos de 17 entidades.

Esto para regularizar la estancia de vehículos anteriores a modelos 2018, solo de aquellos [importados ilegalmente] que ya están en México.

En la publicación se señala que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización y se estima necesario ampliar la vigencia del servicio a septiembre de 2024.

Para realizar el trámite se requiere solicitar una cita en la página web: www.regularizaauto.sspc.gob.mx, e ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), obtener línea de captura y pagar 2,500 pesos.

Finalmente acudir a su cita en los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) con la documentación.

(V.periódico El Informador en línea del 28 de marzo de 2024).

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El Senado de la República analiza una reforma propuesta por Movimiento Ciudadano a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para tipificar al vandalismo como una causante de una sanción de hasta 10 años de cárcel para quien lo cometa.

"En los últimos años se han incrementado los actos de vandalismo contra monumentos históricos, los cuales no sólo causan daños materiales, sino que también atentan contra la identidad cultural del país y el legado que representa a la nación", expresó el senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano.

La iniciativa es analizada por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, y establece que quien por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, de forma intencional, se sancionará con prisión de 3 a 10 años y con una multa de hasta por el doble del valor del daño causado, adicional a la aplicación de sanciones que establece el Código Penal Federal y las leyes vigentes.

"La libertad de expresión y el derecho a la protesta no debe ser interpretado como invitación al daño del patrimonio cultural para la ciudadanía", expresó el senador por Movimiento Ciudadano.

Argumentó que el patrimonio cultural representa un legado invaluable en nuestro país, que debe ser protegido para las generaciones presentes y futuras.

El vandalismo, subrayó Castañón Ramírez, solamente busca causar daño y destruir la propiedad, mientras que la iconoclasia es una forma de protesta que busca esencialmente una reescritura o eliminación de los iconos culturales que se consideran injustos, ofensivos y perjudiciales para ciertos grupos de personas.

En este sentido, la evolución de las culturas implica heredar las manifestaciones artísticas, tangibles e intangibles para construir un patrimonio cultural que permita la preservación de una memoria colectiva y su identidad a través del tiempo.

Refirió que México es uno de los países más ricos y diversos del mundo, pues de acuerdo con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, nuestra nación cuenta con 35 lugares contemplados como patrimonios culturales de la humanidad.

(V.periódico El Informador en línea del 27 de marzo de 2024).

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Casi una de cada 3 personas que realizaron los trámites para iniciar una empresa en México fueron víctimas de corrupción durante 2023, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de emprendedores que experimentaron algún acto de corrupción ascendió a 74,287 en 2023, cifra que representa 27.5% del total de quienes realizaron un trámite para abrir un negocio, la tasa más alta desde 2013, cuando el instituto inició su registro.

La mayoría de las víctimas de la corrupción son micro y pequeños emprendedores, que por otra parte son el segmento que requiere más estímulos para legalizarse, por eso vemos que muchos de estos negocios se abren a la puerta de un zaguán en condiciones de informalidad, comentó Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.

"Este problema de la corrupción afecta de manera importante a los nuevos emprendedores, porque a la larga se convierte en un costo que se carga a la inversión y que luego lo buscan recuperar metiéndolo al precio [de los productos]", dijo a su vez Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.

En su opinión, esta administración abandonó todos los programas de apoyo a los emprendedores, por lo que abrir un negocio en México tiene un escenario difícil y se enfrentan problemas como la corrupción e inseguridad.

El año pasado, el costo promedio a consecuencia de la corrupción para dicho trámite fue de 3,646 pesos por emprendedor, cifra 8.3% superior a los 3,368 pesos promedio que en general eroga una persona por el mismo concepto en pagos, trámites o solicitudes de servicios.

De esta forma, se ubica entre los 3 trámites con mayor costo promedio, sólo superado por los realizados en juzgados o tribunales, con un valor de 7,497 pesos, y los trámites ante el Ministerio Público o una fiscalía estatal, por 6,842 pesos por persona.

"El costo de la corrupción representa entre 5% y 10% del valor de la inversión inicial que se hace para abrir un pequeño restaurante, una tienda de abarrotes, una peluquería, una papelería, una pequeña ferretería, es decir, un micronegocio", afirmó Tenorio.

Relató el caso de una emprendedora que abrió una tienda de abarrotes e invirtió 60,000 pesos entre refrigeradores, estantería e inventarios, pero tuvo que erogar alrededor de 4,000 pesos para facilitar el trámite no sólo en ventanilla para establecimientos mercantiles y licencias de uso del suelo, sino incluso para tener electricidad.

El problema de la corrupción al tramitar la apertura de una empresa varía a lo largo del país, con regiones donde el impacto es más grave que en otras.

De las 5 regiones en las que el Inegi divide el país destaca el caso del sureste, donde la prevalencia de la corrupción es más alta, afectando a 38.8% de los emprendedores que gestionan la apertura de un negocio. Le siguen en orden de importancia la región centro, con una tasa de 31.4% de víctimas en dicho trámite; el occidente, con 27.6%, y el noroeste, con 21.0%.

En tanto, el menor nivel de prevalencia en la corrupción para el trámite para abrir una empresa se encontró en el noreste, con 12.1%.

El problema de las prácticas inadecuadas en las gestiones oficiales es más grave entre las autoridades locales que con las federales, las cuales registran una mayor vigilancia y regulación.

Así, la tasa de prevalencia de corrupción en trámites del gobierno estatal el año pasado fue de 19,736 víctimas por cada 100,000 habitantes; la de los gobiernos municipales, de 16,523, y en el gobierno federal, 2,136.

Cabe destacar que la mayor parte de los trámites para iniciar un negocio tiene que ver con gobiernos locales, y es ahí donde se debería poner atención para resolver la corrupción, dijeron los especialistas.

Hay gobiernos, como en el Estado de México, que han promovido desde hace 12 años la Ventanilla Única como un mecanismo para reducir el problema de la corrupción, pero en su mayor parte se aplica a nivel estatal; faltaría extenderlo a las administraciones municipales, comentó Tenorio.

Otro factor que podría mejorar la situación serían los procesos vía electrónica, considerando que los pagos, trámites o solicitudes vía internet aumentaron de 14.4% en 2021 a 16.2% en 2023.

La población que enfrentó algún problema con el uso de internet para sus gestiones oficiales fue de 7.8% contra 57.1% de quienes las realizaron en las instalaciones del gobierno, de acuerdo con los resultados de la ENCIG.

(V.periódico El Universal en línea del 25 de marzo de 2024).

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Las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur continúan, pese a la suspensión definitiva que lo impide desde enero de este año, pasando por alto el reciente emplazamiento hecho al gobierno federal por el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, para acatar el mandato judicial, o de lo contrario enfrentar consecuencias penales.

Los trabajos se desarrollan específicamente en la zona del trazo que se encuentra dentro del sistema de cavernas y ríos subterráneos de Aktun T’uyul, en donde la perforación del suelo kárstico persiste para el hincado de pilotes, incluso ya oxidados, lo que conlleva la contaminación del recurso hídrico.

El representante en Quintana Roo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Aarón Siller, reiteró que lo anterior constituye un desacato a la suspensión definitiva que fue concedida a ciudadanos que promovieron una demanda de amparo, por lo cual el Juzgado Primero de Distrito debe actuar de oficio, dando vista al Ministerio Público, ante la inminente comisión de un delito.

El incidente de suspensión definitiva emana de la sentencia de un tribunal y fue dictada desde diciembre de 2023 y notificada en enero, pese a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se dijo enterado hasta el 7 de febrero.

Además, la semana pasada el juez Adrián Fernando Novelo dictó un acuerdo en el que advierte al Fonatur o autoridades responsables de las obras en el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, que la suspensión definitiva está vigente y deben acatarla conforme al artículo 26 de la Ley de Amparo, cuya fracción III establece que al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado "se le impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución, inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

Por separado, la defensa legal de las y los demandantes dijo a este diario que el martes pasado ofreció pruebas al juez para acreditar que la suspensión definitiva se ha pasado por alto, y coincidió en que Novelo Pérez está obligado a dar vista al Ministerio Público ante la evidencia.

En la zona se mantiene el traslado de pilotes, la perforación de las cuevas, el movimiento de empleados y maquinaria pesada.

"Aquí hay muchísimos trabajos y son completamente ilegales. Están trabajando fuertemente. Están perforando, están metiendo tubos; aquí estamos dentro de la cueva Aktun T’uyul".

"No hay ningún acatamiento. Nunca hubo tal. Están trabajando. Están perforando. Hemos visto y escuchado perforaciones a esta cueva, en diferentes lugares hemos presenciado derrames de aceites", describió el guía de turistas Elías Siebenborn.

Siebenborn lleva 2 años, junto a otros activistas, entre espeleólogos, biólogos y naturalistas, documentando los avances del megaproyecto; esto incluye, desde la devastación de la selva, sin contar con permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales o sin autorización de impacto ambiental -previa al inicio de las obras-, pasando por la perforación para el hincado de un promedio de 15,000 pilotes.

"Hay unos cálculos de 15 a 17,000 perforaciones en el Tramo 5, sobre todo entre Playa del Carmen y Tulum", dijo, al señalar que esa estimación viene de la numeración que hacen las constructoras y la Sedena para marcar las filas en donde van los pilotes.

(V.periódico El Universal en línea del 22 de marzo de 2024).

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La deuda fiscal de las empresas de Salinas Pliego es un litigio muy antiguo, al menos de una década atrás, y algunos asuntos vienen del siglo pasado. Eso en sí mismo es una anomalía. Por el bien del Estado mexicano y por la seguridad jurídica de las empresas, un litigio fiscal no debería durar tanto. Nadie gana con eso, excepto, claro, los abogados.

Ricardo Salinas Pliego fue uno de los empresarios más cercanos a López Obrador al inicio de su sexenio. Fue el 1o. de los grandes (Salinas tiene la 3a. fortuna del país, sólo detrás de Carlos Slim y Germán Larrea) en decantarse abiertamente por Andrés Manuel en la campaña del 2018 y eso le reportó grandes ganancias. Sí, estoy diciendo que los que dicen que no son iguales actúan igual: el presidente le pagó los favores recibidos en campaña al dueño de TV Azteca con negocios que no pasaron por licitación, el principal de ellos ser el banco donde se entregaban los programas sociales. Esto es, ambos se han beneficiado de una relación entre poderosos y ninguno de los 2 se puede llamarse a engaño.

Tan incorrecto es que López Obrador ventile información fiscal de un ciudadano, da igual que se trate de un magnate o de pequeño comerciante, como que Salinas Pliego use una concesión pública de televisión para ejercer presión y no pagar impuestos. Ambos están montados ahora en sus personajes y esa es la parte delicada. El Peje haciendo justicia popular convirtiendo la mañanera en tribunal más allá de sus atribuciones legales, y el insoportable Tío Richi haciéndose la víctima.

Quien debe dirimir este diferendo es el Poder Judicial, y en la medida en que lo haga de manera clara y expedita dará certidumbre a todos sobre nuestra relación con el fisco. No importa que paguemos poco o mucho, sino que sea proporcional con los ingresos y que los vivales, como el Tío Richi, no se salgan con la suya y que, si tienen razón Salinas Pliego, no haya sospecha de favoritismo o tráfico de influencias.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 22 de marzo de 2024).

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Con el objetivo de exigir mejoras en las condiciones laborales: aumentos salariales, equipo adecuado para el trabajo que se realiza, reparación de las instalaciones en las que laboran, cese del acoso y maltrato laboral y el cumplimiento de los acuerdos firmados por las autoridades correspondientes en el 2019, los trabajadores del Gobierno de la CDMX realizan bloqueos en la ciudad.

Los manifestantes son trabajadores de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), entidad pública que es la encargada de la coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social, servicios sociales comunitarios, entre otros, en la CDMX.

Los bloqueos generarán dificultades viales en al menos 16 avenidas y carreteras el día de hoy 20 de Marzo. Dichos bloqueos comenzaron por la mañana y las recomendaciones para los capitalinos son evitar las zonas en las que se ubican estos bloqueos y tomarse tiempo anticipado para su traslado por la ciudad.

(V.periódico El Informador en línea del 20 de marzo de 2024).

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9 aspirantes que hace tan sólo un par de semanas se postulaban para ser consejeros de la Judicatura del Estado y ahora consideran tener el perfil adecuado para ocupar el cargo de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Entre los sacrificados estadistas encontramos a 7 servidores públicos cuyo perfil resulta incompatible con el puesto para el que se postulan; ya sea porque nunca en su vida han ejercido el Derecho (ni hablar de haberlo hecho como juzgadores o siquiera trabajado dentro del Poder Judicial), otros, cuyos mayores logros consisten en la cercanía con el actual gobernador y, finalmente, aquellos que su experiencia judicial ha sido en materias totalmente distintas al Derecho Administrativo, entre los que destaca uno cuya carrera judicial, además de haberse centrado únicamente en materia penal, ha sido ciertamente turbia, al grado de que fue públicamente denunciado por sus subalternos con motivo de la comisión de delitos.

Es verdaderamente lamentable que los mismos entiendan la asignación de magistraturas del Tribunal Administrativo como el cumplimiento de cuotas entre los partidos políticos, pues de lo contrario resulta simplemente absurdo siquiera que se presenten para contender por puestos para los que no están ni cerca de ser aptos.

Un claro ejemplo de no haber ejercido el Derecho es el postulante Abel Octavio Salgado Peña, quien, si bien cuenta con un amplio andar por diversas dependencias tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, su único conocimiento sobre Derecho Administrativo es el servicio que ofrece públicamente (a pesar de ser servidor público) en consultoría en tramitación de dictámenes, permisos, licencias y concesiones.

En el mismo escaño encontramos a Rocío Calzada, cuya experiencia en materia administrativa se limita a haber fungido como brazo operador de Hugo Luna y, ahora que éste se separó del cargo para ser candidato a diputado federal, ella tomó su lugar como encargada del despacho de la jefatura de Gabinete, pero previamente su experiencia laboral fue enfocada en materia electoral.

Sobre aquellos que actualmente laboran en el Poder Judicial del Estado, llama la atención que 3 de ellos son jueces en materia penal sin experiencia en materia administrativa; eso sí, cercanos a actores políticos del estado, de los cuales resalta el señor juez Carlos Alberto Fregoso Reyes, a quien se vincula con el actual gobernador Enrique Alfaro y fue públicamente denunciado en 2019 por sus subalternos por cobrarles un porcentaje de sus sueldos a cambio de mantenerlos en su puesto.

Estos son algunos de los personajes que pretenden obtener el cargo de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es decir, quienes podrán decidir si se construye un edificio de 20 pisos o una cantina junto a la casa de cualquiera de nosotros.

Sin Pruebas ni Dudas
(v.pág.15 del periódico El Informador del 19 de marzo de 2024).

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Especialistas en materia de derecho penal y política consideraron que el proceso electoral 2023-2024 es el más violento de la historia de México, pese a que apenas han transcurrido 16 días de las campañas a la Presidencia, gubernaturas y otros cargos.

Sandro Arreola, politólogo de la Universidad de Guadalajara, calificó que el proceso electoral actual es también el más letal debido a los crímenes contra los políticos y personas involucradas en las campañas, señalando que los criminales han ajusticiado a aspirantes a cargos de elección popular con oportunidad de ganar.

"Sí, es la más letal en términos del ajusticiamiento y los crímenes en contra de políticos, principalmente de candidatos. La letalidad ha cobrado la vida de candidatos que buscan reelección, que buscan posicionamiento, no se está ajusticiando a candidatos que no vayan a ganar, sino que el patrón que se encuentran es que son aspirantes que vayan a ganar".

Adolfo Gámez, abogado penalista, criticó que el Estado dejó de existir en municipios del interior de Jalisco, los cuales, afirmó, están controlados por la delincuencia organizada. Por ello, cuestionó que haya gobiernos que pactaran con grupos criminales y les permitieran desarrollar sus actividades con normalidad, razón por la que se han acumulado los crímenes en contra de personas aspirantes a algún cargo de elección popular.

"El gobierno como tal dejó de existir en algunos municipios del interior del estado, municipios que están controlados por grupos que se presumen de la delincuencia organizada. Considero que con la delincuencia no se pacta, se combate. Estamos viendo que ese pactar con la delincuencia está trayendo resultados de que los candidatos provienen de algunas cosas con las venias de los grupos. Es por eso que a diario se están acumulando los crímenes para ser candidato".

Ambos especialistas ven la posibilidad de que se repita la situación registrada en 2021, cuando la elección por la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores sea anulada, y no sólo en aquel municipio del sur del estado, sino en otras regiones como en Los Altos o el norte; por ello, advirtieron la posibilidad de un vacío legal en caso de que no se elijan a representantes públicos.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 17 de marzo de 2024).

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Diputados locales aprobaron descuentos en recargos para usuarios morosos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para un total de 50,000 usuarios que tienen adeudos con el organismo.

Los descuentos serán del 100% para quienes paguen en una sola exhibición y del 75% para quienes formalicen convenios para hacer los pagos en parcialidades, explicó la diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Claudia Salas.

[Y si usted no quiere pagar, espere hasta los próximos descuentos, al fin y al cabo suceden cada año - el webmaster.]

"Tiene la aplicación inmediata, a partir de que esto se publique, puedan a partir del siguiente martes puedan acudir a las oficinas del SIAPA con su recibo para aplicar el descuento".

Entre los 50,000 usuarios que podrán aplicar a los descuentos se incluye solamente a personas que residen en casa habitación y permitiría condonar hasta 72 millones de pesos en descuentos para todos los usuarios; la mayor parte de ellos se concentran en el municipio de Guadalajara.

La legisladora emecista señaló que buscan que el organismo del agua tenga liquidez.

Respecto a la posibilidad de generar descuentos para afectados por la mala calidad del agua suministrada por el SIAPA al igual que el año pasado, Claudia Salas dijo que esperarán hasta los siguientes meses para verificar la situación.

(V.periódico El Informador en línea del 14 de marzo de 2024).

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En México los criminales aprendieron de tiempo atrás que la prensa es vulnerable, que la autoridad es la 1a. en darle poco valor, que si incomoda es barato quitarla de en medio. En ese contexto es que ocurre la privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera.

Por lo mismo, es preciso ampliar la protesta y elevar la demanda de que aparezca inmediatamente Jaime para que retome sus actividades. Para tranquilidad de su familia y de su comunidad. Que nunca más los criminales se arroguen derechos que no les corresponden. Que impere la ley y solo la ley.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 13 de marzo de 2024).

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Al menos 20 agentes de la Guardia Nacional (GN) y 4 ministeriales del Estado de Guerrero, resultaron heridos ayer en la protesta de estudiantes de Ayotzinapa contra la Fiscalía General del Estado (FGE).

También fueron reportados 11 vehículos quemados en la trifulca.

Alrededor de las 11:00 horas, a bordo de unos 5 autobuses, normalistas arribaron a las instalaciones de la Fiscalía.

La FGE de Guerrero informó en un comunicado el saldo de la protesta de los jóvenes, quienes se manifestaron tras la fuga de un policía estatal acusado de matar a uno de sus compañeros, Yanqui Kothan Gómez, mientras se intensifican las marchas para exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Los agentes con equipo antimotines resguardan las instalaciones de la Fiscalía desde el viernes tras el asesinato de Gómez en un retén de la Policía de Guerrero el jueves pasado, pero ayer quedaron rebasados por los normalistas de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Los manifestantes arrojaron petardos y bombas caseras contra los oficiales para ingresar a las instalaciones, y las esquirlas se incrustaron en los agentes, quienes se resguardaron en las instalaciones.

"Se reprueban los injustificados ataques lanzados por los normalistas a este organismo autónomo el día de hoy (ayer), toda vez que esta Fiscalía ha actuado de manera objetiva e imparcial, respetando los derechos de los familiares de la víctima", indicó la FGE.

La manifestación ocurrió tras "la matutina" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el oficial acusado se fugó con la presunta complicidad de autoridades locales, aunque otros 2 policías implicados permanecen detenidos.

Pero la Fiscalía de Guerrero aseguró en su boletín que en ningún momento tuvo en calidad de detenidos a los policías estatales señalados del ataque a los estudiantes.

Y argumentó que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos e indicios recabados por las autoridades estatales.

"Aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales", manifestó la Fiscalía.

En plenas campañas electorales por las elecciones del 2 de junio, los estudiantes han intensificado sus manifestaciones porque López Obrador no ha resuelto el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en Guerrero en septiembre de 2014.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 13 de marzo de 2024).

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La historia comenzó la mañana del 19 de diciembre en Dallas, cuando fue detenido Genaro García Luna en el pequeño departamento que rentaba de manera temporal mientras trabajaba un programa de seguridad para un condado. Los alguaciles lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Dallas, y tras ingresar lo llevaron a un salón donde había 7 funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y la CIA. Sin un abogado presente, sin grabación de lo ahí platicado y sin minutas para registrar lo dicho, el representante de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn le dijo que su captura había sido "a petición del presidente de México" para que imputara a varias personalidades mexicanas de la política, el sector privado y los medios de comunicación.

El abogado de la Fiscalía mencionó por nombre a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sin identificar ni precisar, al "señor de la telefonía", al "de la televisora", a "los de Televisa" y "al empresario de medios que tiene hospitales". Era una lista larga donde estaban incluidos todos los procuradores y procuradoras desde el gobierno de Salinas al de Enrique Peña Nieto, así como todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación.

No estaba el nombre del presidente Ernesto Zedillo, y Peña Nieto aparecía sólo de manera tangencial. Sí estaban incluidas las figuras del PRI y el PAN más connotados de la última generación, líderes de partido, legisladores y jueces. También había una decena de periodistas. En todos los casos querían que García Luna acusara a los empresarios de haber utilizado dinero del narcotráfico en sus empresas, y que el resto habían sido parte de un esquema de corrupción y encubrimiento.

Cuando el representante de la Fiscalía hizo la oferta, el representante de la CIA se salió del cuarto, algo que sólo sucede cuando lo que está prometiendo un funcionario con representatividad no tiene el consenso de quienes están presentes, lo desaprueban o pueda estar al margen de la ley. Ese fue el primero, pero no el único momento en que afloraron las diferencias entre los servicios policiales y de inteligencia estadounidenses. En el curso del juicio, la DEA también se dividió y una parte importante no respaldó el actuar del agente Miguel Madrigal, que fue quien llevó a la Fiscalía en Brooklyn a Héctor Javier Villarreal, el ex tesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante ni había sido detenido por él, y a quien señala la defensa que cometió perjurio. Madrigal, tras la moción de la defensa donde presentó pruebas de que el agente de la DEA violó la ley para dañar a García Luna, fue jubilado.

García Luna rechazó la propuesta del representante de la Fiscalía. Su explicación, de acuerdo con la información en los ámbitos judiciales de Brooklyn, es que no imputaría a nadie de quien no tenía información. Como reacción a su negativa, el ex secretario no fue enviado a una celda ordinaria, sino a un SHU, las siglas en inglés de Unidad Especial de Vivienda, con la que identifican en el sistema penitenciario estadounidense espacios de 2 metros cuadrados que no tienen nada para sentarse o acostarse, y que permanentemente tienen la luz encendida para que el reo pierda toda la noción del tiempo.

Aproximadamente 2 horas después de la 1a. reunión, en un vuelo privado desde Nueva York, de acuerdo con la información obtenida, llegó a quienes varios de los que conocen los detalles de estos encuentros informales y que se mantuvieron fuera de los registros oficiales, identifican como el titular de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn. Sin embargo, no se pudo corroborar que se tratara de Richard Donoghue, cabeza de esa poderosa oficina judicial. De ser así, haber realizado ese viaje para firmar un acuerdo con un prisionero es algo extraordinario, porque prácticamente no salen de sus oficinas, ni siquiera para asistir a sus juicios.

El titular de la Fiscalía de Brooklyn, como lo refieren en las informaciones, le repitió a García Luna que había sido detenido por "petición del presidente de México" -al que nunca llamó por su nombre- y le dijo que, a cambio de las imputaciones y que se declarara culpable, el Gobierno de Estados Unidos le ofrecía que estaría en prisión sólo 7 meses, al término de lo cual saldría libre y recibiría un pago "millonario", que no cuantificó, para compensar que perdería las empresas que tenía en México y Estados Unidos.

García Luna repitió lo que había dicho al representante de la Fiscalía que le adelantó parte del acuerdo horas antes, que no imputaría a nadie, porque no tenía información de que hubieran estado vinculados con el narcotráfico, ni prueba alguna contra ellos. El titular de la Fiscalía le dijo que eso no importaba. Que él los señalara y que del resto se encargarían los fiscales. Además, le dijo que no se declararía culpable porque era inocente de las acusaciones que le habían formulado. Lo regresaron al SHU.

Todavía hubo 2 reuniones más el 9 de diciembre, sin abogado defensor presente, sin grabación ni minutas para dejar registro de lo ahí platicado. La respuesta de García Luna fue la misma. Ni se declararía culpable, ni imputaría a nadie.

Para López Obrador, si se analizan los términos del intercambio que le propuso la Fiscalía de Brooklyn a García Luna, tenía un altísimo valor estratégico. De haber aceptado el ex secretario imputar a los mexicanos en la lista que le presentaron a cambio de su libertad, con una cuenta bancaria de más de 7 dígitos, lo que habría sucedido era el colapso del sistema político mexicano, que tanto ha deseado López Obrador, sin ensuciarse las manos.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales, habría demolido todo el aparato político de los últimos 35 años, a la clase empresarial que se fue construyendo desde los 80s, y a los contrapesos en el Poder Judicial y los medios. Lo único que quedaba al margen del sistema que quería derruir con la propuesta, eran las fuerzas armadas: en ningún momento le pidieron a García Luna acusar a algún militar de tener vinculaciones con el narcotráfico.

La estrategia estaba muy bien diseñada, salvo quizás seleccionar a García Luna como la persona que se doblaría y aceptaría el acuerdo. Revisando el juicio en retrospectiva, el testimonio de Héctor Javier Villarreal, el ex tesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante, era el principio de todo. Villarreal fue quien imputó a El Universal y a su propietario, Juan Francisco Ealy Ortiz, de haber estado coludidos con García Luna, con declaraciones falsas que ya fueron impugnadas en la corte con documentación probatoria de que cometió perjurio, una de las causas por las que el juicio podría anularse.

La mecánica de su interrogatorio por parte de los fiscales permite ver lo que habría sucedido si García Luna hubiera imputado a quienes le pidieron acusar. A partir de testigos protegidos, como habría sido él, quienes formaron parte del sistema político mexicano en las últimas 3 décadas, habrían quedado destruidos, entregando toda la fuerza y legitimidad a López Obrador para aplastar las instituciones e instalar en su 4a. transformación un nuevo sistema político, una nueva clase dirigente, una nueva clase empresarial, sus jueces y sus medios.

Si este fue el objetivo último de la propuesta que dicen los fiscales neoyorquinos que existió, fue ambiciosa y factible. No se consumó porque no hubo negociación alguna con García Luna, pero nos habla de hasta dónde hubo fuerzas interesadas en los 2 países para alcanzar sus propios fines, sin importar dónde quedaba la ley y una nación.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador de los días 12 y 13 de marzo de 2024).

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La noche de este sábado en Tixtla, Guerrero, normalistas de Ayotzinapa quemaron 2 patrullas de la Guardia Nacional y retuvieron a los soldados que iban a bordo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 7 de la noche, cuando un grupo de normalistas de Ayotzinapa detuvieron sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa 2 patrullas de la GN, bajaron a los soldados y después se las llevaron al entronque con el nuevo libramiento y les prendieron fuego.

Hasta el momento se desconoce cuántos soldados de la GN fueron retenidos.

De acuerdo a unos videos que fueron difundidos en redes sociales, se ve cómo los normalistas suben a unos soldados a uno de los autobuses.

(V.periódico El Informador en línea del 9 de marzo de 2024).

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El hermano del presidente, Pío López Obrador, presentó una demanda en contra del periodista Carlos Loret de Mola, en la cual pide 200 millones de pesos para reparar el "daño moral" que supuestamente le causó por haber hecho públicos los videos en los que el primero aparece recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León, ex funcionario del gobierno de Chiapas.

Al respecto el presidente dijo: "Si puedo hacer una recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias (...) es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia".

Si para el propio presidente presentar una denuncia es perder el tiempo, los ciudadanos quedamos con solo 2 opciones: intentar hacer justicia por propia mano o resignarnos a ser víctimas permanentes de todo tipo de crímenes, delitos, abusos y negligencias.

Para quienes no lo sepan: en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.

El presidente culpa de esto al Poder Judicial cuando en realidad es algo que le corresponde a él resolver, y lo hace no para mejorar el sistema de justicia en favor de los ciudadanos, sino para lograr tener jueces a modo, que avalen las reformas constitucionales necesarias para perpetuar su poder y hacer con el país lo que le venga en gana.

Y digo que le corresponde a él y no al Poder Judicial resolver el problema de la impunidad, porque la razón por la que los ciudadanos no denunciamos no tiene que ver con las sentencias que el Poder Judicial (jueces y magistrados) emite, sino principalmente con las complicaciones, trabas, riesgos, intimidaciones, extorsiones y corrupción de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las policías, etc., y que a nivel federal dependen del Poder Ejecutivo.

Tan es así, que el fiscal general de la República es designado por el presidente de México con ratificación del Senado. Por lo que si Pío López Obrador está perdiendo el tiempo con su demanda, a quien tendría que reclamarle sería a Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República, un personaje que J. Jesús Lemus, en su libro "El fiscal imperial", describe como "el eslabón más obscuro de la 4T", quien no solo ha dado malos resultados en su gestión, sino además ha dado un uso faccioso a su cargo para dirimir asuntos personales.

Supuestamente los fiscales son autónomos, pero la realidad es que esa autonomía es aparente, pues en México, y especialmente en esta administración, se investiga, se encarcela o libera de acuerdo con las indicaciones del presidente.

Un artículo publicado por la revisa Nexos, en octubre de 2022, decía lo que es sabido por todos: que "la ausencia de denuncia (es) causada por el temor de las víctimas y su desconfianza en las autoridades".

Los ciudadanos no denunciamos, no porque no queramos, sino porque ante el desinterés, corrupción o complicidad de las autoridades con los delincuentes, hacemos un cálculo de costo-beneficio basado en las probabilidades de recuperar bienes y/o castigar culpables, versus el tiempo y costo que significa darle seguimiento a una investigación que solo si la víctima cuenta con influencias y recursos económicos suficientes se le dará atención debida. Y cuando la denuncia tiene que ver con el crimen organizado o delitos de alto impacto, el cálculo tiene que ver además con el riesgo de ser víctimas de venganza de los acusados.

¿Qué hacer entonces? Para mí, la solución a este círculo vicioso de crimen-impunidad radica en 2 cosas: por un lado, simplificar y facilitar a los ciudadanos los procesos de denuncia y garantizar su seguridad o anonimato, y por otro, con la autonomía e independencia de las fiscalías, dotándolas con los recursos materiales y humanos suficientes y capacitados para proteger a los ciudadanos, para vigilar, disuadir, esclarecer delitos y perseguir y atrapar delincuentes, siguiendo siempre el debido proceso, de manera que los jueces y magistrados puedan finalmente, con la ley en la mano, dictar sentencias que liberen inocentes, resarzan daños o condenen culpables según sea el caso.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(8 de marzo de 2024).

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Hay señales que nos permiten suponer que estamos viviendo en un régimen autoritario a punto de convertirse en tiranía. Una de ellas es cuando los ciudadanos pueden ser encarcelados sin que medie un juicio de por medio. Aquí estamos ante el uso de un poder arbitrario que no respeta las mínimas garantías individuales.

Se suele argumentar en nuestro país que dada la intolerable situación de inseguridad en que vivimos, la violación a garantías constitucionales, como el derecho a no ser condenado sin pruebas, es un costo que hay que pagar.

Este razonamiento parece una falacia. En 1er. lugar, porque el Estado no sujeto a la ley es en sí mismo causa, no de menos, sino de más violencia. En 2o. lugar, porque tratar a la ciudadanía de manera arbitraria es una afrenta al pacto civilizatorio que promueve todo lo que vale la pena en una sociedad. En 3er. lugar, porque eliminar garantías individuales no va a resolver el problema de la inseguridad.

Todo esto viene a cuento porque el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado mexicano estaba incurriendo en múltiples violaciones a los derechos de 2 personas que fueron detenidas arbitrariamente y luego torturadas por autoridades judiciales por un espacio de 17 años. La CIDH trabajó en el caso desde 2021, año en que se dio ingreso a la acusación.

Como respuesta a esta sentencia de la CIDH, y a partir de una iniciativa del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está analizando anular la prisión preventiva oficiosa y negar órdenes de arraigo. Como lo ha argumentado el ministro Pardo Rebolledo, dado que nuestro país ha suscrito la Convención Americana, las decisiones de la CIDH son vinculantes para el Estado mexicano, que ahora deberá adecuar su marco jurídico para armonizarlo con el de la Convención. Para que la justicia comience a aplicarse de inmediato, los jueces deberán implementar lo que se llama "control de convencionalidad", por medio del cual se examinan las disposiciones jurídicas con el fin de que sean compatibles con lo ordenado por la CIDH. En este caso, se debe modificar la figura del arraigo contenida en el artículo 16 de la Constitución, así como la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 del mismo ordenamiento.

Aunque es de celebrar que la SCJN esté actuando con prontitud para que lo dispuesto en la materia por la CIDH sea pronto reflejado en las leyes mexicanas, sí es criticable que tenga que intervenir un organismo internacional para obligar al gobierno a respetar garantías fundamentales. Hay que agregar a lo dicho un hecho ineludible: que la aplicación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa se ha aplicado fundamentalmente a las clases más humildes con menos capacidad para protegerse de tales actos violatorios de sus derechos.

Esperemos que más temprano que tarde vivamos ya, todos los ciudadanos, en un Estado de Derecho donde nadie será condenado a prisión y arraigado sin que medien razones jurídicas para ello. Sin esto, no puede haber un México próspero y justo.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 8 de marzo de 2024).

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El Presidente anunció desde Tamaulipas que el decreto por el que se fomenta la regularización de autos "chocolate" [importados ilegalmente] se ampliará una vez más.

(V.pág.11 del periódico El Informador del 8 de marzo de 2024).

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Dentro de los mismos muros, en la mañanera, el presidente confesaba el albazo. Dijo que había mandado llamar al entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para enseñarles las pruebas que habían llegado a sus manos (no dijo de dónde) y solicitar (léase acordar) la detención del fiscal Murillo Karam.

Si atendemos a la resolución que el propio ministro Zaldívar hizo en el caso Florence Cassez y a lo que él mismo llamó "el efecto corruptor" por la intervención del entonces presidente Felipe Calderón, Murillo debería de ser liberado. Pero no, no nos vamos a poner exquisitos, basta decir que las palabras del presidente confirman lo que ya se había dicho: a Murillo lo involucraron en la carpeta de investigación un día antes de su aprehensión y ésta se realizó sin tener las pruebas suficientes. Fue una decisión política y, hoy lo sabemos en voz de López Obrador, dictada por él mismo. Eso no quiere decir que Murillo Karam haya hecho un buen trabajo, ni siquiera que sea inocente, sino simple y llanamente que su encarcelamiento no es producto de una investigación judicial sino de un acuerdo cupular con base en un reporte que le pasaron al señor de Palacio.

El presidente volvió a cargar contra el ex fiscal especial, Omar Gómez Trejo, contra el Centro Pro de Derechos Humanos, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra los abogados y contra el senador Álvarez Icaza que, en su narrativa, han creado un complot y manipulado a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. En realidad, lo que está de fondo es eso que el ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó como "un exceso" del fiscal especial Gómez Trejo y que no es otra cosa que la investigación, con base en documentos de un juicio en la ciudad de Chicago, de que militares y marinos de alto rango estaban metidos hasta las manitas en el tráfico de drogas a Estados Unidos.

El presidente quedó atrapado en su propia maraña en el caso de los 43 y se ha dedicado a darle largas al asunto.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 7 de marzo de 2024).

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Personal sindicalizado de trabajadores de la aerolínea Interjet cerraron por escasos 5 minutos el Circuito Interior a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su manifestación pidieron que se dispersen los incentivos que le fueron otorgados a Interjet y que ya habían acordado previamente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana replegaron a los inconformes que mantenían el bloqueo en todos los carriles, en medio de empujones entre policías y manifestantes.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 5 de marzo de 2024).

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La violencia homicida es un problema que no se resuelve con más soldados y policías en las calles. Y esa es la respuesta de AMLO ante cada masacre. La misma que usaron Calderón y Peña.

Los homicidas saben que si disparan y huyen, hay una oportunidad superior al 95% de que jamás los atrapen y castiguen. Es un volado casi seguro a su favor. Incluso con un convoy militar a unas cuadras.

Ni 1,200 soldados detienen a un homicida. Un ministerio público, un juez y una sentencia en un tribunal sí podrían.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de febrero de 2024).

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Un señor, de casualidad hermano del Presidente de la República, recibe sobres amarillos con dinero en efectivo de parte de otro señor, que trabajaba para el Gobierno del Estado de Chiapas y que, otra casualidad, terminó con un puesto en el gobierno de López Obrador. El funcionario en edad de merecer le promete al hermano del candidato que habrá más dinero. Alguien lo está filmando. Suponemos fue que el mismo mensajero de los sobrecitos, para tener forma de comprobar que entregó el dinero. Sabemos, por lo que se alcanza a escuchar, que el destino del recurso es el movimiento que tiene como candidato al hermano. Habrá más, promete el mensajero.

Un periodista recibe, no sabemos cómo ni de manos de quién, el video. Lo difunde profusamente, comenta, exige explicaciones. Hay a quien le encanta su tono beligerante, a otros no les gusta nada. Hay sin embargo algunos hechos incontrovertibles: el dinero recibido no está registrado en la campaña; el mensajero fue premiado con un puesto en la administración federal e igualmente despedido sin más explicación cuando el video se filtró a la prensa. En lugar de explicar y de investigar el delito electoral que todos vimos en nuestras pantallas, el hermano del presidente demanda al periodista por haber dañado su imagen. Él estima que la afectación a su honor vale 400 millones de pesos: 200 el periodista y 200 el medio. No sabemos qué negocio se le cayó con esta filtración, pero debió ser grande.

¿Qué tiene que ver este aparente pleito entre particulares con nosotros? Todo. Lo que está en juego en este juicio es el derecho que tenemos los mexicanos a vigilar al poder, a exigir que los políticos rindan cuentas de sus actos y a que se cumpla la ley. El juicio, interpuesto por el hermano del Presidente, no es sobre su honorabilidad: si él explica satisfactoriamente lo que vimos en el video y demuestra que lo que vimos no es lo que parece, todos los medios lo vamos a publicar. De lo que se trata este juicio y por lo que no debemos perderlo de vista, lo que está en juego, es nuestro derecho a saber. No el de Carlos Loret, no el del medio para el que trabaja, sino de todos y cada uno de nosotros que somos los sujetos del derecho a la información.

Pío puede y debe preocuparse de que sus reuniones privadas efectivamente lo sean. Tienen derecho a demandar a quien grabó el video, que claramente no fue Loret. Tienen derecho a dar su versión de los hechos y nosotros reservarnos el derecho de creerle o no. A lo que no tiene derecho, ni él ni nadie, es amedrentar a un ciudadano, independientemente de que sea periodista, por difundir información de interés público sobre asuntos públicos.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de febrero de 2024).

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Si este país fuera de leyes, Loret y Latinus, el medio para el cual trabaja, tendrían que estar tranquilos, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor. El daño moral no aplica. Por ejemplo, la denuncia del PAN y el PRI ante la Fiscalía de Delitos Electorales no procedió porque no se pudo documentar que el millón y medio que recibió Pío en un restaurante y en su casa, fueran para financiar campañas de López Obrador.

Tampoco le afectó su negocio forestal, como declaró a Joaquín López Dóriga en una entrevista en octubre de 2022. Más aún, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano asignó 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol de las Guacamayas de Palenque, del cual Pío fue fundador y es directivo. A su hermano el presidente todo le hizo lo que el viento a Juárez.

Sin embargo, si este país fuera de leyes, Pío debería de ir a la cárcel junto con David León, quien le entregó el millón y medio de pesos en 2 bolsas de papel estraza. León, que fue el director de Protección Civil al inicio del gobierno de López Obrador, en 2015, el año en el que se realizaron los videos, era un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien por razones de seguridad y para documentar que entregaba el dinero que le daban del erario con fines políticos -aunque fuera algo irregular e ilegal-, grababa de manera subrepticia las entregas de recursos, que es parte de la queja original de Pío, por haber dado a conocer "indebidamente" imágenes e información obtenidas mediante una intervención privada.

En los videos León no le puso una pistola en la cabeza a Pío para que recibiera el dinero, ni tampoco se apreciaba tensión en sus encuentros, sino todo lo contrario. Incluso, Pío le decía que su hermano estaba al tanto del dinero que le enviaba Velasco. No está claro por qué también lo incorporó en la demanda contra Loret y Latinus, salvo que lo hiciera responsable de la fuga de los videos -de la caja fuerte de una de sus oficinas- y su entrega a la prensa para hacerle daño a él y a su hermano. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, no hubo daño moral.

Lo que sí se dio -de ahí lo importante de lo que mencionó Loret del testimonio de Pío- es su reconocimiento que recibió dinero en efectivo de procedencia desconocida, que pudiera entrar en la comisión de delito contemplada en el Artículo 400 Bis del Código Penal, que tiene penas de 5 a 15 años de prisión y multas equivalentes a 1000 a 5000 días de salario mínimo. El presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persiguió porque nunca se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía General, ni esta abrió una carpeta de investigación de oficio, que se circunscribió al campo electoral. Sin embargo, la prescripción del delito es de 10 años, por lo que todavía hay tiempo para proceder judicialmente.

Es ingenuo pensar que el fiscal Alejandro Gertz Manero actuará conforme a Derecho, y desde que se dieron a conocer los videos, se ha buscado encubrir cualquier delito en el que pudiera haber incurrido Pío. Eso es lo que sucedió con una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aún bajo la dirección de Santiago Nieto, que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar el equipo de béisbol y sostener económicamente a su hijo, que estudiaba en Canadá.

La UIF también descubrió que su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante 3 años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que tampoco aclaró. Esa investigación no encontró transferencias a Pío, que todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo de procedencia sospechosa. Pese a las redes de vínculos y la información existente sobre sus movimientos financieros, Nieto cerró la investigación y lo exoneró.

La demanda de Pío, sin embargo, abre varias puertas al infierno hacia delante. El presidente López Obrador, que dijo ayer que la demanda era una pérdida de tiempo porque Loret, al que volvió a difamar, estaba protegido por los jueces, a quienes volvió a insultar, podría ser llamado a declarar, como en algún momento consideró Pío, para que diga qué destino tuvo el dinero que recibió, lo que también podría servir para denunciarlo en otro tribunal por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Pero esto tampoco sucederá, porque en este país la ley es laxa y discrecional.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 29 de febrero de 2024).

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Escribo esto recién me levanté del banquillo de los acusados. En el mundo al revés que se ha vuelto este gobierno, el hermano del presidente López Obrador me demandó por haber presentado sus videos recibiendo a escondidas dinero en efectivo en sobres amarillos y bolsas de papel. Y tuve que ir a ser interrogado por su abogado. La audiencia duró 8 horas sin recesos.

El acusado no es él, Pío Lorenzo López Obrador (PiLLO, por sus iniciales), a quien se ve flagrantemente recibiendo el cash en secreto. El acusado no es su hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien en el video señalan como el destinatario final de los recursos. El acusado tampoco es David León, quien le da el dinero clandestinamente y que luego se volvió alto funcionario del gobierno de AMLO. Yo no le di el dinero. Yo no recibí el soborno. Yo no di el soborno. Yo no grabé el soborno. Pero el acusado soy yo.

El hermano del presidente de México quiere que le pague 200 millones de pesos yo y otros 200 millones Latinus por haber difundido los videos. ¿Pues qué negocio le tumbamos? ¿Esperaba ganar esa monstruosidad de dinero en la administración de su hermano Andrés Manuel? ¿Cómo lo pensaba ganar?

Frente a la contundencia de las pruebas -2 videos que no dejan espacio a la duda-, la demanda es un descaro, un desplante de soberbia del poder: sí, lo hago, y qué.

8 horas en las que Pío López Obrador no pudo desacreditar un renglón de nuestro reportaje. De hecho, terminó aceptando que los videos son reales, que él aparece en los videos, que recibe sobres amarillos, que los sobres contenían dinero en efectivo y que todo fue "para apoyar el movimiento".

Esta demanda exhibe una más de las armas de las que ha echado mano el presidente de México para tratar de silenciar a los periodistas que revelamos los escándalos de su administración. El presidente no ejerce su derecho de réplica. No desmiente la información porque no puede, porque lo exhiben videos, audios, documentos. Entonces insulta, revela los datos personales de quien lo incomoda, muestra el número de teléfono celular, difunde fotos de la casa donde vives, invita a sus huestes al linchamiento y la persecución, y todo en un país que aparece entre los punteros mundiales por número de periodistas muertos.

Hoy el régimen me sentó en el banquillo de los acusados por la sencilla razón de hacer mi trabajo: dar a conocer a la audiencia información de notorio interés público. Esto implica escalar un peldaño más en la cordillera autoritaria de ataques a la libertad de expresión en este sexenio. Es una venganza. Es también el mensaje de López Obrador a todos los periodistas: atrévanse a cuestionarme, y ya saben cómo les va, bájenle 2 rayitas. Son sus propias palabras.

Dice la sabiduría popular que el presidente es presidente hasta el último minuto, y que en el último minuto todavía puede hacer locuras. También dice la sabiduría popular que hay que tener cuidado con el dragón herido, porque siempre puede dar un último coletazo. A López Obrador le quedan 7 meses de presidente. No sé hasta dónde esté dispuesto a llevar esta persecución. ¿Me va a embargar? ¿Me quiere meter a la cárcel? Por lo pronto debe saber que aquí se topó con pared. Y que por más que lo ha intentado, por más que use armas cada vez más rudas, no me ha doblado... ni me va a doblar.

Y no me alcanza una columna para agradecer todas las muestras de solidaridad.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2 del periódico El Informador del 28 de febrero de 2024).

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"Por encima de la ley está la autoridad moral y política" -dijo el presidente con todas sus letras la semana pasada- y con esas palabras deja claro que era un privilegio suyo estar por encima de la ley y de la Constitución, pisoteando el artículo 128 de la carta magna, a la cual se apegó tomando protesta al recibir la banda presidencial el 1 de diciembre de 2018.

Al presidente se le olvidó que juró en la protesta mirar por el bien y la prosperidad, y que dio la libertad al pueblo mexicano que se lo demande en caso de no cumplirlo, ¿y se sorprende que lo llamen "Narco Presidente"? ¿Le sorprende la demanda del pueblo?

Como secuela de lo ocurrido, también apareció publicado el número telefónico del hijo mayor del presidente, luego el de Claudia Sheinbaum y hasta el de Xóchitl Gálvez, lo que parece más un circo, una campaña para atenuar la gravedad de lo hecho por el mandatario días atrás y confirmar su teoría de que todo es cada vez más público, aunque él haya violado la Ley General de Protección de Datos Personales.

Como ciudadano, la inconformidad del presidente es válida, pero para ello hay recursos legales que no implican exponer a otro ciudadano, y dejarle a las autoridades el proceso, teniendo claro -como él dice- que es una calumnia, pero el mandatario domina muy bien la revancha -sobre todo si él está por encima de la ley-. Lo hecho, hecho está; lamentablemente en este ojo por ojo, todos van a acabar tuertos.

Gabriela Aguilar
(v.pág.4 del periódico El Informador del 27 de febrero de 2024).

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Una vez que se cumplió la demanda generacional de la democratización en el país con la 1a. alternancia política ocurrida en el año 2000, que se repitió en el 2012, y de nueva cuenta en el 2018, la que se tornó en la mayor exigencia social fue el combate a la corrupción y a la impunidad que la reproduce.

Esa bandera anticorrupción, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza e impulso desde la sociedad civil.

Paradójicamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que más medró políticamente de esa causa, se convirtió en el que más combatió los incipientes avances para la instalación de un modelo de combate a la corrupción funcional. Lejos de ayudar a su consolidación, el gobierno de la 4T busca desmantelar los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) que forman parte del andamiaje institucional anticorrupción como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y otros que gravitan en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que también se ha buscado asfixiar presupuestalmente los últimos 5 años.

En las entidades de la república, y Jalisco no es la excepción, se ha aprovechado esta inercia nacional para debilitar también los esquemas de combate a la corrupción, que siempre les son incómodos.

Ni en el país ni en las entidades hemos construido sistemas anticorrupción eficaces e independientes que logren de verdad inhibir las corruptelas y la voracidad de gran parte de la clase política y gubernamental. Incluso para mantener esa enorme fuente ilegal de recursos, desde el poder se boicotea cualquier intento serio de implementación de modelos anticorrupción funcionales.

Ante la ausencia de sistemas anticorrupción fuertes, la partidocracia sigue con los intercambios y pactos de impunidad en detrimento de la ciudadanía.

Llama por eso mucho la atención la detención de al menos una decena de ex funcionarios de 1er. y 2o. nivel de la pasada administración del finado gobernador Aristóteles Sandoval, entre los que destacan por estar en prisión preventiva Antonio Cruces, ex secretario de Salud; mientras que en prisión domiciliaria se sumó la semana pasado Alberto "L", ex jefe de Gabinete en la pasada administración, a Francisco Ayón, ex titular del Instituto de Pensiones; y Felipe Tito Lugo, ex director de la Comisión Estatal del Agua.

Si estas detenciones hubieran significado una auténtica cruzada anticorrupción y el fin de los pactos de impunidad entre la clase política, habría sido, sin duda, una gran noticia en beneficio de la población jalisciense.

Pero hay antecedentes que ponen en entredicho la convicción y voluntad plena de combatir la corrupción del actual grupo político en el poder estatal. Desde la protección que dieron hace más de una década a Alonso Godoy Pelayo, que tuvo secuestrada la Auditoría Superior; la embestida a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por reprobar la imposición de consejeros de la Judicatura; y en agosto del 2021, cuando la mayoría naranja en el congreso y sus aliados del PAN ignoraron los planteamientos ciudadanos vertidos en el proceso de parlamento abierto para la reforma anticorrupción 2.0.

Predomina, pues, la lógica de revanchismos políticos y de justicia selectiva, que alcanza sólo a funcionarios de otras administraciones, sin perseguir nunca a los del gobierno en turno, a los que se señala también de graves irregularidades.

Retomar la energía para relanzar las causas anticorrupción significaría no cerrar el paso al anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados para no ser sancionados por enriquecerse a costa del dinero y patrimonio públicos.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de febrero de 2024).

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¿Han escuchado sobre la "teoría de las ventanas rotas"? Surgió en 1969 a partir de un experimento psicosocial realizado por el profesor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford.

Se trató de lo siguiente. Colocaron 2 automóviles idénticos en la vía pública, uno en un barrio problemático, el Bronx de Nueva York, y otro en Palo Alto, una zona próspera y segura en California.

A las pocas horas vandalizaron el carro en el Bronx. Perdió llantas, motor, espejos, estéreo y en resumen lo desvalijaron. En cambio, el vehículo en Palo Alto se mantuvo intacto. Eviten saltar a una conclusión precipitada y clasista porque el experimento no acaba ahí.

Los psicólogos sociales rompieron una ventana del vehículo en Palo Alto. A las pocas horas, el auto quedó reducido a las mismas condiciones que el del Bronx. ¿Por qué un vidrio roto desencadena acciones vandálicas en un vecindario supuestamente seguro?

Una ventana rota, concluyeron los especialistas, transmite la noción de abandono, desinterés y deterioro, una idea que se alimenta y multiplica con cada nuevo acto vandálico. Así se rompen los códigos de convivencia y se infringen las normas sociales porque "a nadie le importa".

Por eso las pequeñas infracciones -pasarse el alto o conducir a exceso de velocidad-, si no son castigadas, propician faltas mayores y luego delitos paulatinamente más graves.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de febrero de 2024).

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Periodistas y comunicadores de todo el país defendieron a la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió que "no fue un error filtrar el número de la corresponsal" en su conferencia matutina.

Durante el programa "Por la Mañana", el comunicador Ciro Gómez Leyva ironizó lo siguiente: "No, no hay riesgo contra los periodistas, Presidente; ni hay problemas de violencia en México, todo son invenciones de los medios".

Además, Gómez Leyva refirió que el presidente cree que es poderoso, por lo que se siente con el derecho de poner en riesgo a la periodista al dar su número de teléfono.

La politóloga y activista Denise Dresser también se pronunció al respecto y calificó estos comentarios como antidemocráticos. "Qué grave y antidemocrática es la postura del presidente López Obrador. No le importa violar la ley de Protección de Datos Personales y afirma que lo volvería a hacer", escribió en una publicación en su cuenta de X.

"Vuelve a atacar a la periodista de The New York Times cuyo teléfono hizo público. Otro ejemplo de 'no me vengan con que la ley es la ley'. Otro ejemplo de un hombre que piensa por encima de cualquier restricción ética o legal...", finalizó la escritora.

La reportera Gabriela Frías, de "CNN en Español", también se expresó a través de redes sociales señalando que AMLO sabía lo que hacía al exponer los datos de Natalie Kitroeff.

"México es un lugar donde a los periodistas los matan por ejercer su profesión y el presidente no abona a la seguridad del gremio. Al contrario, AMLO agrega: 'No exageren. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número', escribió esta mañana."

El comunicador Mario Campos, de "Foro TV", refirió que estos comentarios exhiben los pensamientos del presidente y su abuso de poder. "No es que hoy López Obrador esté teniendo un mal día, al contrario, es uno de los días que mejor ha exhibido cómo es, cómo piensa y cómo abusa del poder", dijo en X.

Javier Garza Ramos, de "Así las cosas", ironizó las declaraciones del presidente y señaló que ha pisoteado la dignidad de miles (activistas, víctimas del crimen, familiares de desaparecidos, niños enfermos, periodistas, ambientalistas, y demás), "pero no se metan con su dignidad. Esa es sagrada, por encima de la ley", publicó en X.

Ana Francisca Vega, Javier Risco y Enrique Hernández Alcázar, periodistas independientes, también reprocharon los comentarios del presidente y señalaron la gravedad de filtrar datos personales de colegas.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 24 de febrero de 2024).

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Nadie puede estar por encima de la ley, dijo el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, después de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizará el haber difundido este jueves, en su mañanera, el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times.

"Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista", expresó Alcalá en su cuenta de X (antes Twitter).

Advirtió que los servidores públicos, incluido el titular del ejecutivo, deben cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales y respetar la confidencialidad de los datos personales, entre ellos el número telefónico, como en este caso.

"Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de #DatosPersonales, entre los que se encuentra el deber de #Confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales", comentó.

"¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor presidente?", se le preguntó hoy a López Obrador en su conferencia mañanera.

"Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades morales, no va a venir cualquier gente, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes", declaró López Obrador al asegurar que "ahora nos tienen que respetar".

"¿Si le pasa algo a quién hacemos responsable?", se le cuestionó al presidente en su mañanera de este viernes.

"No, no exagere. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya", dijo el presidente.

(V.periódico El Informador en línea del 23 de febrero de 2024).

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que sea una equivocación haber dado a conocer el número telefónico de Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México.

"Que cambie su teléfono", dijo López Obrador en conferencia de prensa. La periodista solicitó una postura al gobierno sobre una presunta investigación de Estados Unidos que vincula a los hijos del presidente y cercanos colaboradores que presuntamente habrían recibido dinero del narcotráfico, y como medio de contacto incluyó su teléfono personal que ayer fue expuesto en la mañanera.

El mandatario dijo que lo volvería hacer, porque por encima de la Ley de Datos Personales, lo hará cuando esté de por medio la dignidad del presidente de México. López Obrador rechazó que el exponer datos personales de la periodista la pongan en riesgo.

"No, no, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada". Acusó que la periodista lo está calumniando, "me está vinculando a mí y mi familia con el narcotráfico sin prueba". Advirtió que si "calumnian" habrá "réplica con todo".

"Que cambie su teléfono", dijo López Obrador luego de dar a conocer el teléfono de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de NYT. "¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? ¿Pero además sin una prueba?", expresó.

(V.periódico El Informador en línea del 23 de febrero de 2024).

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció una investigación por la difusión del teléfono de la corresponsal de The New York Times (NYT) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario calificó de "pasquín inmundo" al The New York Times por indagar presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018 con base en una investigación de Washington, ahora cerrada, que involucró también a sus hijos.

El presidente exhibió una carta de la corresponsal del diario en México, Natalie Kitroeff, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación de los supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Los Zetas.

Tras estos hechos y mediante un comunicado, el Inai indicó que investiga la divulgación del número telefónico de la periodista para establecer si existen violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales.

El organismo autónomo expuso que "durante la conferencia López Obrador hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó, ante todos, el teléfono de la corresponsal".

La investigación, dijo el Inai, "busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados".

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su "profunda preocupación" por la difusión del teléfono de una corresponsal del The New York Times por parte del presidente, ya que "puso en riesgo" al equipo del diario estadounidense en México.

"El CPJ está profundamente preocupado sobre los comentarios del presidente López Obrador hoy acerca de una investigación de The New York Times y su revelación de datos personales (de la periodista Natalie Kitroeff), quien coordina la oficina del periódico en México", escribió la organización en su cuenta de X.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 23 de febrero de 2024).

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El principal blanco de los regímenes populistas del siglo XXI son los poderes judiciales. Al líder plebiscitario le molesta que haya otro poder que no deriva su legitimidad de la opinión pública sino del Estado de Derecho. Lo ve como una afrenta a su dominación que él juzga absoluta, pues supuestamente deriva del "pueblo". Ignora o busca ignorar que en las democracias liberales el poder es plural y procede de diversas fuentes. Su voluntad de autocracia es una anomalía que debe corregirse y el mejor mecanismo para hacerlo es el sufragio universal.

En estos días nos hemos enterado, por boca del propio jefe del ejecutivo, que él ha presionado al antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para que se pasaran por alto fallas en carpetas de investigación presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diversos juicios. Se trata de una confesión por parte del presidente de la república de intervención ilegítima en el quehacer de otro poder de la federación. Esto es muy grave."

La intención política inmediata del presidente es imputarle la responsabilidad de la salida de la cárcel de Emilio Lozoya a los jueces en lugar de a la ineptitud de la FGR para presentar un caso. Busca desprestigiar al poder judicial frente a la ciudadanía. No obstante, el hecho desnuda algo más preocupante: la intención del gobierno actual por doblegar la autonomía del poder judicial y, en particular, la de la SCJN. Fue curioso que, en su intervención al respecto, López Obrador haya sugerido que la ministra Norma Piña se equivocó al rechazar órdenes presidenciales en nombre de la independencia del poder judicial.

Para exculpar a López Obrador se ha dicho que todos los presidentes hacen lo mismo. Aquí hay que decir algunas cosas. En 1er. lugar, se supone que el actual gobierno llegó porque, en la conocida frase, ellos "no son iguales". En 2o. lugar, no se recuerda el caso de un presidente de la república anterior que haya confesado en público su voluntad de dominación sobre la SCJN. El cinismo no es una virtud. En 3er. lugar, una cosa es el cabildeo en favor de una posición en un juicio, que el gobierno, a través de los órganos adecuados, puede y debe promover y otra cosa es tratar a un presidente de la SCJN como si fuera un empleado.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de febrero de 2024).

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Especialistas criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su injerencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando Arturo Zaldívar, actualmente ministro en retiro, la encabezaba.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que en el periodo de Zaldívar al frente del máximo tribunal, hablaba con él para que, "respetuoso de las autonomías", conversara con los jueces para tratar de incidir en las decisiones que resultaran beneficiosas para el gobierno federal.

"¿O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Emilio Lozoya (que salió antier de prisión)? ¿Si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para continuar?", se le preguntó.

"Sí, y en muchos otros casos. Si hubiese estado Zaldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta", agregó.

Ante esto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., emitió un comunicado en el que afirmó que las acciones descritas por el mandatario implican una intervención directa en los procesos judiciales y constituyen una "clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación", los cuales, acota, son "fundamentales para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho".

"Reprobamos el conflicto de intereses, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la SCJN, subraya la ausencia de controles éticos por parte del ejecutivo federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial", indicó en el documento.

"También reprobamos los ataques en contra de la ministra presidenta Norma Piña, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones", concluyó la BMA, haciendo un llamado al presidente de la república para que respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado de Constitucional de Derecho en nuestro país. Instamos a todas las autoridades a actuar con la dignidad del cargo que les fue conferido y se apeguen a los principios constitucionales que sus cargos demandan".

Para Javier Hurtado, politólogo y extitular del Colegio de Jalisco, López Obrador "no tiene por qué intervenir ahí, es una situación que pudiera constituir algún tipo de delito, estaría denotando una conducta ilegal".

Para Javier Hurtado, el presidente manifestó desconocimiento de temas de Derecho debido a que los jueces cumplían con su trabajo y no se trata que reciban indicaciones o sugerencias por parte del presidente del poder judicial en turno.

"El presidente ignora muchas cosas del Derecho. No es tanto que Zaldívar les haya dado órdenes a los jueces en un sentido u otro, sino que simple y sencillamente estaba aplicando el asunto de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y Arturo Zaldívar siempre lo ha dicho públicamente que él está en contra de la prisión preventiva oficiosa".

El académico recordó que los jueces aplican sentencias y resoluciones con base en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva oficiosa.

"El presidente malinterpretó o quiso atender que el hecho de que los jueces se ciñeran al criterio que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la prisión preventiva oficiosa significaba darles línea a los jueces".

Marco Antonio Cuevas, abogado y profesor universitario, acusó que el presidente tomó atribuciones directas en el poder judicial para influir en decisiones que corresponden a jueces.

"Con esta injerencia clara y grave del presidente, queda claro que se está tomando atribuciones para intervenir flagrantemente en la esfera del poder judicial y esta conducta fue tolerada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar entonces, es una grave violación al pacto constitucional".

El académico explicó que el tratar de influir en las decisiones del poder judicial se considera tráfico de influencias, delito que debería de ser investigado por la autoridad correspondiente.

"Este delito se llama tráfico de influencias y está contemplado en el artículo 121 del Código Penal Federal, que dice que comete el tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva, gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo".

Para Marco Antonio Cuevas, el exministro también incurrió en el delito de tráfico de influencias, señalado en el artículo 121 del Código Penal Federal, ya que gestionó intervenciones en jueces en favor del presidente de la república.

Agregó que el presidente sí puede ser sujeto de juicio, justificándose porque, según el artículo 108 de la Constitución, al mandatario federal se le puede juzgar por hechos de corrupción y el tráfico de influencias, está considerado como un tipo de corrupción en el artículo 221 del Código Penal Federal.

José Pérez, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Jalisco, señaló que debería haber al menos un procedimiento en contra de quienes se vieran involucrados en alguna resolución "sugerida" desde la presidencia de la SCJN, encabezada anteriormente por Arturo Zaldívar, así como por parte del juez que emitiera una decisión respecto a algún tema.

"Sí debe de haber consecuencias, debe de haber alguna sanción o alguna medida disciplinaria porque el presidente no debe de actuar de esa forma en público, alguna corrección disciplinaria".

"En un momento dado que hasta se pueda abrir un procedimiento con base en las manifestaciones vertidas para verificar si hubo una influencia o influyó en alguna recomendación, y si influyó, pues tanto quien resolvió como quien influyó, se pueda abrir este procedimiento y tenga consecuencias jurídicas", dijo el especialista.

Insistió en que el poder ejecutivo no debería invadir temas de otros poderes de la Unión pues así está establecido en la Constitución; en caso de algún procedimiento abierto por una posible influencia, recordó que la ministra presidenta debe iniciarlo.

José Pérez consideró que hay un tema político de fondo que debe ser solucionado tanto por las decisiones del poder judicial respecto a algunas resoluciones polémicas como por la labor de la Fiscalía General de la República para sustentar las investigaciones y evitar derrotas en los tribunales, como fue el ejemplo del juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, criticó las declaraciones del presidente de la república donde reconoció públicamente que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2019-2022), le llamó en diversas ocasiones para que conversara con los jueces sobre diversos fallos.

"Él fue el primero en quejarse de cómo eso era un pecado en otras administraciones. ¿Cuál es diferente? ¿Cómo ellos son diferentes? Porque ellos tienen la autoridad moral para poder decir esto, entonces, por ahí se dice, para que la gente me entienda que más temprano cae un hablador que alguien que cojea", denunció.

"Es darle 180° a su discurso, nada más que ahora en contra. O, perdón, todavía más coloquial, es algo así como escupir para arriba. Siempre hay un tweet, dio muchas declaraciones de cómo el poder judicial estaba literalmente cooptado por las intervenciones, según él, del entonces poder ejecutivo. Y ahora, miren cómo declara él. Les digo, o sea, es que la vida de verdad es circular. Ahora sí que la vida es una tómbola y más para los de Morena", puntualizó.

Romero Herrera calificó lo anterior como una "hipercontradicción" y una "hiperdesgracia", y consideró que por eso es que no permitirán que pase la reforma al poder judicial que el primer mandatario propuso recientemente.

(V.primera plana y pág.8 del periódico El Informador del 22 de febrero de 2024).

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Este miércoles 21 de febrero, durante la mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando se encontraba al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar ayudaba para hablar con los jueces a petición del Gobierno de México, para que no se liberara a los delincuentes.

López Obrador dijo que el exministro no hacía lo que ahora hace la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, pues esta da "licencia para robar" a los jueces al decir que son autónomos.

Señaló el mandatario que: "Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba (Arturo) Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía 'cuidado con esto'".

Además, dijo que: "Si viene mal la averiguación porque el Ministerio Público en vez de poner que se detuvo a la persona a las 09:00, encontró que lo detuvieron a las 11:00, ya con ese hecho, pues, ya dictaba la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al ministerio público, sino 'a ver explica, estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida', no es nada más que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas".

Declaró que Zaldívar "ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: 'los jueces son autónomos', o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia".

López Obrador aseguró que cuando estaba Arturo Zaldívar estaba al frente de la Corte había más recato, "nosotros respetuosamente interveníamos".

Las declaraciones de López Obrador se dan después de que ayer un juez concedió libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es investigado por el caso Odebrecht y Agronitrogenados.

(V.periódico El Informador en línea del 21 de febrero de 2024).

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El viernes 23 de abril de 2021 el anuncio apostólico -en aquel entonces- Franco Coppola entró caminando por la calle principal de Aguililla, Michoacán -asediada por los grupos criminales-, dijo "estas calles tomadas por el crimen, las ha caminado el pueblo con Cristo resucitado". Y fue más allá y con sus palabras señaló al responsable: "El pueblo mexicano está en completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas... los grupos criminales se han establecido como dueños y señores de espacios y cortos de poder y han puesto a prueba la fuerza de la ley. Son muchos los sufrimientos acumulados por las familias del pueblo mexicano... lamentablemente, la violencia no es característica de Michoacán, es de todo México". Y emitió una frase punzante, que se aplica a la perfección en nuestro país, "En Italia -de donde es originario- sabemos que la mafia florece donde el Estado no está".

Desde el púlpito de la Iglesia Católica siempre ha tenido presencia en los problemas comunitarios y se ha proclamado la paz social y la justicia, desafortunadamente en muchas ocasiones esas "intromisiones" han provocado la muerte de muchos religiosos. En los últimos 30 años más de 70 sacerdotes han perdido la vida de manera violenta; el 10% en los poco más de 5 años de la administración de López Obrador, sin que eso signifique nada especial, sólo como dato estadístico.

La semana pasada nuevamente la mano de la Iglesia apareció. Ahora como mediador en un intento por pacificar una región de Guerrero, que es uno de los estados más conflictivos y violentos en la actualidad. La intervención del obispo emérito Rafael Rangel Mendoza de Chilpancingo-Chilapa fue -por el momento- milagrosa, para impedir más enfrentamientos entre las organizaciones delincuenciales de Los Tlacos y Los Ardillos, en la disputa del transporte público. Y fue necesaria la mediación del religioso, porque "tuvimos que intervenir porque el Estado ha perdido esa capacidad de arreglar, esa capacidad de gobierno, ha dejado huecos, ha dejado vacíos que los narcotraficantes lo han tomado", dijo en una entrevista para Radio Fórmula. ¿Es un estado fallido? se le preguntó y su respuesta fue contundente, "Si, el gobierno no es capaz de ordenar las cosas, de meter orden en todo esto, ¿entonces quién lo va a hacer? Ha faltado la capacidad de que haya gobierno, de que haya orden, aunque ellos digan que lo hay, pero nosotros sabemos que no".

Y aunque es la responsabilidad es del Estado de velar por los interés de los ciudadanos y la paz interna del país, "si el Estado no ha sido capaz de controlar la situación, pues nosotros también somos mexicanos, también tenemos derechos, tenemos obligaciones y que bueno que haya una mano como son los obispos y la Iglesia la está tendiendo", terminó diciendo el obispo emérito.

Y cuánto no será el peso de la Iglesia Católica, que las 2 candidatas, de donde saldrá la próxima presidenta de México, estuvieron en el Vaticano la semana anterior para conversar con el Papa Francisco. Sin decir "agua va" y de manera sorpresiva Xóchitl Gálvez apareció en la fotografía con el Sumo Pontífice, a quien le deseo éxito en su intención y "celebro que tenga el coraje que tiene", le dijo el jefe de la Iglesia Católica, mientras que la candidata de la oposición aseveró que su fe y religiosidad "están por encima de cualquier oportunidad política". (?) Por su parte Claudia Sheinbaum, quien apareció en Roma un día después, expresó su "profunda admiración por el pensamiento humanista" del Papa y lo calificó como "uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos". La verdad, es que ambas fueron por la "bendición" del Papa Francisco para sus campañas y de paso ganar adeptos entre los millones de católicos que habemos en México.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 20 de febrero de 2024).

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Luego de los hechos violentos ocurridos en Jalisco este fin de semana, que por una parte dejaron un enfrentamiento armado y bloqueos carreteros el viernes en Ciudad Guzmán, y por otro un multihomicidio de al menos 6 personas, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, señaló que no basta con hacer patrullajes para tener seguridad en la ciudad, sino el que se aplique verdaderamente la ley.

"No es que la presencia, el andar rondando las fuerzas de seguridad por las calles, eso va a permear en sociedad, (va a incidir) en esos eventos. Si nada más es como para infundir temor o infundir una supuesta seguridad, pues es como no hacer nada", dijo el cardenal a medios de comunicación al término de la misa dominical en la Catedral Metropolitana.

Señaló, si se hacen presentes las fuerzas de seguridad es porque, para prevenir la violencia deben de aplicar la ley contra quien cometa crimen o algún delito, pues cualquiera que sea la autoridad, "están para eso y tienen que demostrarlo".

"Su sola presencia no inhibe. Su sola presencia no hace desistir a quien tiene el propósito de delinquir", insistió el arzobispo.

(V.periódico El Informador en línea del 18 de febrero de 2024).

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No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador normalizar la Pax Narca. Es inaceptable la ligereza de sus declaraciones avalando que 5 obispos, desesperados por la incompetencia y negligencia del gobierno, hayan establecido contacto con las organizaciones criminales que controlan Chilpancingo y la región de Tierra Caliente en Guerrero para llegar a una tregua que reduzca la violencia. Asume parcialmente la responsabilidad de su gobierno para proveer la seguridad, pero tolera que la política se mezcle con la delincuencia en ese estado y que la presencia de miles militares sea ornamental.

No es nuevo que religiosos traten de persuadir a los cárteles de la droga que paren su violencia y asesinatos. Pero la sorpresa por el anuncio de los obispos de Guerrero este miércoles, es que se da en el momento de un repunte dramático en la violencia, con asesinatos y disrupción de la vida cotidiana ante la mirada pasiva de López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, que ha sido omisa en su responsabilidad.

Los obispos reconocieron que no tuvieron éxito, porque 2 organizaciones criminales predominantes, Los Tlacos y La Familia Michoacana, están aferradas a mantener los territorios conquistados en Tierra Caliente, Taxco, Chilpancingo y Acapulco, pero como dijo a la prensa el obispo emérito Salvador Rangel, "vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, (porque) el Gobierno del Estado no quiere buscar una salida a este problema, a lo mejor por 2 cuestiones. Una porque no les interesa, y la otra porque está coludido con alguna organización criminal".

López Obrador vio esta iniciativa "muy bien", porque piensa que las iglesias deben "ayudar" en la pacificación del país, a la cual contribuyan negociando directamente con los narcotraficantes. "Siempre, los sacerdotes pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país", dijo López Obrador. "Me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes".

Es una aberración lo que dice.

La contribución de la que habla López Obrador para la pacificación del país no pasa por negociones directas con los criminales. Tener tratos con delincuentes es un delito que se castiga. Y nadie, ni el presidente mismo, tiene atribuciones para llegar a acuerdos con individuos o grupos al margen de la ley.

Lo que sostuvo atenta contra el andamiaje jurídico que debería de anteponer y reforzar, al tiempo que estimula y crea incentivos para construir espacios metaconstitucionales que permitan la intermediación con criminales que, tanto en Guerrero como en Michoacán, donde abiertamente admite y aplaude un delito, ha resultado un fracaso porque la ley de los narcotraficantes es la que impera.

López Obrador lleva más de una semana quejándose de que en las redes sociales se ha impulsado una etiqueta que lo categoriza como "narcopresidente", pero con declaraciones y posiciones como las que tuvo este jueves, no se ayuda a sí mismo. Al reconocer a las bandas criminales como interlocutores válidos y reconocidos por el ejecutivo mexicano, con quienes todos puedan hablar si con ello "contribuyen a la pacificación del país", permite la conjetura de que está haciendo lo mismo con los cárteles de las drogas, nutriendo la percepción que le echan en cara en las redes sociales, y lejos de reducirla, la fortalece y la está arrastrando hacia el camino de lo verosímil, sin entender que ese recorrido termina como verdad.

Sus propias palabras no lo ayudan. "Nunca antes en Guerrero como ahora habían estado protegiendo al pueblo con elementos del gobierno federal", dijo ayer el presidente desde la 12ª Zona Naval en Acapulco, en donde se atrinchera cada vez que visita el puerto. "Deben ser como 20,000 elementos entre marinos, Ejército y Guardia Nacional", agregó con imprecisiones. Ha desplazado al estado a 29,000 elementos para que los vean, pero no para actuar contra los criminales, que tienen tomado Acapulco, incendiado Chilpancingo, aplastado Taxco, controlando la sierra y las salidas al mar para el trasiego de drogas.

Tampoco lo respaldan sus inacciones. Pese a los informes del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre las presuntas vinculaciones de la alcaldesa de Morena en Chilpancingo, Otilia Hernández, con Los Ardillos, la banda criminal que disputa la capital del estado a Los Tlacos, el presidente no le ha hecho caso. No se conoce de una investigación oficial por sus reuniones y negociaciones con el jefe de esa banda criminal, ni hubo reacciones negativas a su aspiración de ser candidata al Senado. De acuerdo con informes gubernamentales, hay cuando menos 40 municipios en Guerrero, 2 terceras partes del total, que están controlados por el narcotráfico.

¿Entonces, presidente?

La Zona Naval, donde estuvo ayer, se encuentra al otro lado de la Bahía de Acapulco, en donde se ubica el Mercado Central, cuyos locatarios pagan diariamente 200,000 pesos por derecho de piso a los grupos criminales, cerca de Caleta y Caletilla, donde los delincuentes han comenzado a cobrar piso a las casas, ampliando su abanico de extorsión, y un poco más retirado de las colonias populares, donde hay reportes que en casas marcadas como beneficiarias de los programas sociales, los malosos les han tocado la puerta para que les den el dinero que les dio el gobierno. En las comunidades vecinas de Acapulco no hay fuerzas armadas. La seguridad la proveen los narcotraficantes.

La culpa de todo esto, dijo ayer López Obrador, son los gobiernos anteriores cuya inacción propició el surgimiento de grupos de autodefensa. Cierto. El gobierno de Enrique Peña Nieto estimuló su formación, con una mezcla de ciudadanos y narcotraficantes, para combatir a otros narcotraficantes. Durante ese sexenio en Guerrero nacieron grupos de autodefensa, algunos dirigidos por actuales políticos de Morena, que se involucraron en secuestros y extorsiones. Sin embargo, a lo largo de la gestión de López Obrador, siguen y han proliferado esos grupos, muchos de ellos convertidos en brazo armado de narcotraficantes, y la violencia en Guerrero, como en el resto del país, se ha elevado en términos absolutos.

López Obrador actúa como Poncio Pilatos, pero la realidad lo ubica en su justa dimensión. La Pax Narca que anima, no es la solución.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2024).

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Quizás uno de los grandes desafíos de nuestro país sea el de mejorar nuestro sistema de procuración de justicia. Como sabemos, en México no se resuelven la mayoría de los casos presentados ante los ministerios públicos. Sin duda, la impunidad sigue siendo un gran problema a resolver.

Una parte clave de este sistema lo constituyen, sin duda, las policías nacionales, estatales y locales. Históricamente y de manera lamentable, estos cuerpos de seguridad pública han sido maltratados y mal pagados. Sin embargo, el actual gobierno ha ido todavía más allá, pues le ha quitado poder a las policías civiles para dárselo al ejército. Haber puesto los mandos policiacos bajo la égida militar no sólo es una mala idea sino un intento por degradarlas. Hay razones de todo tipo para considerar que la seguridad nacional y la seguridad pública son cosas muy distintas que necesitan sus propias instituciones.

Para agregarle insulto a la herida, tanto el partido del presidente como sus aliados en el congreso acaban de rechazar una reforma constitucional para mejorar las condiciones de policías, guardias nacionales, ministerios públicos y peritos. Mediante esta reforma se buscaba que cuando personal de estos cuerpos de seguridad pública fuera despedido pero hubiera ganado el juicio laboral se le reinstalara en su función. La 1a. reacción del lector podría ser la sorpresa. ¿En verdad vivimos en un país donde ocurre semejante injusticia? ¿Realmente vivimos en un país donde el régimen en el poder no busca resarcir esta obvia iniquidad? La respuesta a ambas preguntas es lamentablemente afirmativa.

Al parecer, a los legisladores aliados del presidente les parece bien que el gobierno pueda destituir a un trabajador de manera arbitraria sin que medie una razón para ello.

Curioso que un presidente que llegó prometiendo justicia para los menos favorecidos ponga en marcha, ya en el gobierno, políticas desfavorecedoras para los empleados, en este caso, de nuestro sistema de procuración de justicia.

Lo que no se ponen a pensar tanto el presidente como los legisladores que lo apoyan es que el maltrato a los trabajadores de nuestro sistema de procuración de justicia hace mucho más difícil que se atienda con eficiencia el anhelo de la sociedad de más justicia y menos impunidad.

Por ello, se necesita con urgencia al menos 4 cosas:

1) regresar las labores policiacas al ámbito civil; 2) aumentar considerablemente el presupuesto a nuestro sistema de procuración de justicia; 3) reorganizar más racionalmente sus instituciones; 4) mejorar las condiciones laborales de sus empleados.

Cuando la mayoría de los casos presentados por ciudadanos ante los ministerios públicos se resuelvan de forma satisfactoria, podremos decir que nuestro país ha dado un salto cuántico hacia el verdadero desarrollo.

Pero se debe entender que esto será imposible si se sigue abusando de quienes laboran en esas instituciones.

Ha llegado la hora de que nuestro sistema de procuración de justicia se acople a nuestros ideales liberales, democráticos y republicanos.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2024).

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La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) paralizó las carreteras de México con un paro nacional para denunciar un alza de la violencia del crimen organizado, con pérdidas estimadas en 7,000 millones de pesos en 2023.

Tras un incremento cercano a 5% de los robos a camiones con mercancía en 2023, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), decenas de miles de transportistas exigieron medidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los acusó de ser "conservadores" y negarse al diálogo.

La Amotac, con más de 100,000 afiliados y un estimado de casi medio millón de vehículos, bloqueó las principales carreteras del país, como las que conectan a Ciudad de México, con Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Pachuca y Guerrero.

La protesta de los choferes también abarcó desde Tamaulipas hasta Chiapas.

"Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas", expuso al delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, William de Jesús Arellano.

Como en otros lugares del país, la manifestación en Chiapas comenzó a las 8:00 horas, cuando instalaron unas 100 unidades sobre el camino de San Cristóbal-Chiapa de Corzo y la carretera internacional Ciudad Comitán-Cuauhtémoc.

La organización aseguró que desde hace 10 años los transportistas han señalado al gobierno las rutas más violentas, pero las autoridades "se vieron rebasadas".

Aunque ya es la 2a. protesta nacional en lo que va del mes, el presidente López Obrador afirmó que "hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y, como vienen las elecciones (del 2 de junio), aprovechan el viaje".

"Sí, porque se les ofrece: A ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren los líderes. Por eso, aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos", expresó en su conferencia matutina.

(V.pág.10 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2024).

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Este jueves 15 de febrero, la Alianza Mexicana de Transportistas A.C anunció el paro nacional en diferentes carreteras del país, luego de que no se llegara a un diálogo constructivo en materia de seguridad con las autoridades correspondientes.

Por lo que algunas de las vialidades afectadas a partir de las 8:00 de la mañana serán:
- Amecameca-Chalco
- Autopista México-Puebla a la altura de Zaragoza
- Autopista México-Cuernavaca a la altura de Tepojaco
- Vía Morelos en Ecatepec a la altura Auto Zone de Laureles
- Autopista México-Tulancingo
- Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal
- Carretera México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepozotlán
- Arco Norte a la altura de Tula
- Texcoco-Lechería a la altura del Mexiquense.

¿Qué piden los transportistas?

- Seguridad en carreteras.
- Prohibición del vehículo doblemente articulado.
- Emplacamiento por parte de la SICT.
- Tarifas oficiales.
- Reclasificación de carreteras.
- Reglamento de grúas.
- Permiso Municipal.
- Abusos y extorsiones.
- Devolución de las carreteras federales.

En Jalisco la manifestación tendrá lugar a partir de las 09:00 am. La Alianza Mexicana de Organización de Transporte AC tendrá su concentración sobre la carretera Chapala, a la altura de periférico, punto donde se encontrarán los choferes de unidades de carga pesada, por lo que se espera que el congestionamiento vial se observe afectado en dicho lugar.

Estando en ese punto determinado acordarán si realizarán un recorrido por la ya anunciada vialidad, o si sólo permanecerán obstruyendo el área (en 1 o 2 carriles).

Los Transportistas denuncian que alrededor de las carreteras hay 3 focos rojos identificados que los ponen en un riesgo considerable:
- El Macrolibramiento de la carretara Colima hacia Chapala.
- En la carretera de Zapotlanejo el tramo de Tepatitlán a San Juan de los Lagos.
- Los alrededores de Guadalajara.

(V.periódico El Informador en línea del 15 de febrero de 2024).

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La evidencia de que se dispone en México permite pensar que hay una modalidad diferente, más dañina y más amenazante para la población, por la magnitud de la fuerza que se despliega y por los daños que se generan a la economía, a la democracia y a la integridad y bienes de la población civil.

Por ello es importante pensar en una noción que podría denominarse como Criminalidad Total. Si bien debe consolidarse como un concepto académico, puede adelantarse que se trata de una forma de actuación de grupos de delincuencia organizada que tienen al menos las siguientes características: a) controlan territorios de facto; b) participan tanto de la economía informal y formal de los territorios que controlan por la fuerza armada; c) planean, organizan, controlan y ejecutan todas las formas de criminalidad posible, desde tráficos ilícitos hasta los considerados "delitos menores"; d) intervienen directamente en los gobiernos locales vía la imposición de funcionarias y funcionarios; y d) participan abiertamente en la determinación de candidaturas locales, ya sea por el veto ultra violento (secuestro o asesinato de candidatos), o por el control directo del proceso electoral, financiando campañas o alterando la normalidad de las jornadas electorales.

Explicar e interpretar las condiciones de la violencia en México, y sobre todo determinar por qué las estrategias de seguridad pública han fracasado en los últimos 20 años, implica no sólo un nuevo y más comprensivo diagnóstico, sino ante todo, una nueva explicación del fenómeno en toda su complejidad y amplitud.

La distinción clásica de "delitos federales" y "delitos del orden común" se ha, por decir lo menos, difuminado; pues no se tiene claridad de hasta dónde, por ejemplo, el robo a transporte público, el robo a negocios, la extorsión, el homicidio, y la larga lista de delitos que se cometen todos los días, son perpetrados por delincuentes comunes o por empleados de organizaciones criminales que además, muy probablemente también controlan parte o la totalidad de las corporaciones policíacas.

La criminalidad total forma parte estructural de las economías locales, pero también de las dinámicas sociales, políticas y hasta culturales de los territorios de los que se ha apoderado o en los que disputa el control. Por ello, no hay ya otra ruta sino la intervención total del Estado. Y eso implica una poderosa estrategia de intervención para hacer valer la Constitución y sus leyes, sin violaciones de ningún tipo a los derechos humanos, pero de tal magnitud y uso legítimo de la fuerza, que pueda reestablecerse una normalidad aceptable de vida en comunidad.

La vigencia del Estado Social de Derecho depende directamente de la capacidad que se tenga, en los próximos años, para garantizar que el desarrollo tenga como supuesto fundamental a la paz, porque lo inaceptable es que continúe creciendo este fenómeno que ya ha puesto en una severa crisis a nuestros más básicos principios y procesos democráticos.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 12 de febrero de 2024).

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Las víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI) no siempre verbalizan lo que les sucedió, dolorosamente lo callan y lo guardan como si fuera un secreto... por temor, por pena, por amenazas, por cuidarse y cuidar a su familia, por el efecto traumático o hasta por culpa. Que rompan el silencio es indispensable para pedir y recibir ayuda, para que se eche a andar el andamiaje judicial y se sancione al agresor, y que la víctima pueda tener acceso a la reparación del daño (si es que este puede repararse). Pueden pasar meses o años para que la víctima lo hable, o hay quienes se lo llevan a la tumba, sin contárselo a nadie.

Esta semana fue sentenciado a 22 años de prisión el ex diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona. El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla lo encontró culpable por el delito de abuso sexual contra un adolescente de 15 años, que valientemente lo denunció el mismo día que fue agredido. No lo calló.

Esta es la 2a. condena que recibe el morenista, ambas han sido por violación y abuso sexual contra menores de edad. Ya en noviembre del 2021, en la capital del país, le dictaron 3 años y 4 meses de cárcel, y el pago de 18,000 pesos como medida compensatoria a otra víctima (sí, tan solo 18,000 pesos para otro joven al que se le destrozó la vida). Hasta hoy se habla de que, al menos, 3 menores de Puebla y Ciudad de México habrían sido agredidos por Huerta Corona; se trata de jóvenes que vienen de familias en situación vulnerable y a quienes invitaba a trabajar.

Así fue como en abril del 2021 el ex legislador llegó a un hotel de la Ciudad de México acompañado del menor, como su asistente y quien iba cargando las maletas; en el video de seguridad se les ve entrar a la habitación. El chico denunció que dentro del cuarto fue violentado; tras la agresión salió del hotel y pidió ayuda, regresó con 3 policías. Aunque el legislador fue detenido ahí mismo, lo liberaron horas después por tener fuero como diputado, es decir una "protección" ante actos judiciales.

El caso se hizo público y los focos se pusieron sobre el entonces diputado federal, quien aseguró en una rueda de prensa que se le acusó falsamente y habían violentado sus derechos al detenerlo de manera arbitraria. A solicitud de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados le quitó el fuero para poder juzgarlo. Y fue hasta agosto del 2021 cuando Huerta Corona finalmente se entregó.

Para Teófilo Benítez Granados, abogado del adolescente, la pena de 22 años de cárcel debió ser mayor y apelarán para que se incremente la sentencia al doble, tomando en cuenta que al momento de la agresión Huerta Corona era servidor público y existen pruebas de que el menor fue drogado. Hoy el chico y su familia están fuera del país, tuvieron que salir huyendo ante las amenazas que han recibido desde que denunciaron al morenista.

En casos con temas tan delicados como este, el seguimiento y los espacios en medios de comunicación son fundamentales para los denunciantes y sus familias. Es así como se hacen visibles, se hace eco y se generan redes de apoyo para las víctimas.

El abuso sexual infantil es una realidad silenciosa que sucede en nuestro país, en cualquier familia, de cualquier estrato social. Es fundamental apoyar a quienes rompen el silencio para que se haga justicia y evitar que los agresores sigan dañando a más personas. Si un menor habla con usted sobre ese tema, lo que se recomienda por especialistas es responderle: te creo y tú no tuviste la culpa. El interés superior de niños y niñas es prioritario.

Vania de Dios
(v.pág.2 del periódico El Informador del 10 de febrero de 2024).

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Los populismos del siglo XXI suelen tener como principal blanco a aquellos con opiniones heterodoxas o diferentes a la verdad oficial. Por eso persiguen con especial denuedo a periodistas, intelectuales o académicos, cuya obligación es la crítica del poder.

A la persecución tradicional, los nuevos inquisidores han agregado la censura en contra de expresiones calificadas como política o socialmente incorrectas. En nombre del legítimo derecho que tienen las minorías a no ser ofendidas, los nuevos Torquemadas se aprovechan de los avances morales de nuestra sociedad, para limitar la libertad de expresión. No lo hacen para defender a las verdaderas víctimas, sino para evitar ser legítimamente criticados en el mal uso que hacen del poder.

Es una pena que así sea, pues cosas como la violencia política de género sí existe y debe ser combatida. Pero su frivolización, en lugar de fortalecer a las víctimas, les hace un flaco favor.

Esto quedó claro en un caso ilustre. En agosto del año pasado una diputada demandó a la periodista Denise Dresser por una expresión que empleó en un canal de televisión. Se le acusaba de violencia política de género contra la congresista. En una 1a. instancia, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una serie de sanciones a la periodista, que eran claramente desproporcionadas.

Afortunadamente, nuestro sistema judicial admite revisiones a sentencias. Fue así que la Sala Superior del mismo Tribunal determinó que el contexto en el cual se emiten opiniones debe tomarse en cuenta y que, en general, no se puede usar la violencia política de género para coartar la libertad de expresión de las personas.

Es curioso que el presidente suela defenderse y defender a sus simpatizantes y colaboradores aludiendo al derecho que tienen para expresar sus opiniones. En esto tiene razón. Sin embargo, pareciera que este derecho sólo aplica al gobierno y sus amigos y no a sus críticos. En esto su régimen es injusto, pues la justicia consiste en aplicar la ley de manera general y sin importar simpatías políticas.

Las buenas noticias son que esta determinación del TPJEF ha establecido un precedente para que políticos y servidores públicos dejen de utilizar mecanismos de defensa legítimos para coartar la libertad de expresión, con el objetivo manifiesto de salvaguardar su poder.

La defensa de la periodista estuvo a cargo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que se ha convertido en una institución ejemplar de defensa de causas justas.

Nuestro país aún cuenta con instituciones republicanas en defensa de nuestro derecho a expresar nuestras opiniones e ideas. Y eso es otra buena noticia.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de febrero de 2024).

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A 34 semanas de dejar el poder quiere terminar su obra -espera que Claudia Sheinbaum gane la elección presidencial y la continúe- con una batería de reformas en donde destaca la del poder judicial, el último bastión que se mantiene autónomo y que ha impedido que arrase con la Constitución y viole la ley.

La exposición de motivos del proyecto de decreto para reformar al poder judicial que presentó al congreso lo dice todo. Ministros, magistrados y jueces, considera el presidente, no son imparciales y privilegian los intereses de los grupos de poder creados, que afirma, son contrarios al interés público. No es nueva la apreciación de López Obrador, pero con la iniciativa de ley que presentó ayer al congreso eleva cualitativamente su ataque al poder judicial y lo ubica como uno corrupto, sin legitimidad y abusivo. Implacable, quiere castigar al único de los 3 poderes del Estado mexicano que ha servido como contrapeso a sus excesos legales.

El presidente está actuando con una estrategia de 2 pinzas contra el poder judicial, que ha frenado iniciativas de ley por ser abiertamente inconstitucionales, como su "Plan B" electoral que violó los procedimientos legislativos, su pretensión de clasificar sus megaobras como un asunto de seguridad nacional -y así mantener en secreto la forma como se administraron y gastaron los recursos del erario-, o como sucedió hace unos días en la 2a. Sala de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la [contra]reforma eléctrica.

La 1a. parte de la pinza para estrangular al poder judicial como hoy lo conocemos, se dio precisamente como consecuencia de ese voto al dictamen que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán. López Obrador, bastante molesto con lo sucedido en la Corte, como trascendió en Palacio Nacional, habló con el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y le pidió que armaran una embestida política contra el ministro, que sirviera para inhibir que otro ministro o ministra vuelva a votar contra sus proyectos. Servicial, Mier le informó posteriormente que irían por un juicio político contra Pérez Dayán y contra quienes se le cruzaran al presidente en la Corte.

La Suprema Corte de Justicia, como institución, respondió valientemente. Pérez Dayán, no quien esté al frente del máximo tribunal, la ministra Norma Piña, pronunció el discurso en la conmemoración de la carta magna en Querétaro, donde dijo que el Poder Judicial siempre invalidará cualquier acto que no respete la Constitución, lo que lo mantuvo en la ruta de colisión con el presidente. Agregó que habría que alejar al Poder Judicial de la política, porque "militancia y judicatura no son afines". Pérez Dayán no se inmutó ante las amenazas de Morena en el congreso, y el poder judicial tampoco se asustó ante la belicosidad de López Obrador y su intento por desaparecerlos, modificando su esencia y destino.

López Obrador es un populista que va caminando hacia el autoritarismo. Lo que le resta del sexenio no será suficiente para instalarse en ese estadio, pero la apuesta por la reforma al poder judicial y su ataque a quienes se le enfrenten con la ley en la mano, apunta a su interés por dejar un nuevo edificio institucional a quien le suceda en el poder.

El presidente va a trabajar en los meses que le quedan del sexenio para ir amartillando su objetivo, mediante ataques sistemáticos al poder judicial que le servirán de manera dual para ir debilitándolo aún más en la opinión pública, y como discurso electoral, cuyo objetivo será que le aporte los votos suficientes para que en los últimos días de su sexenio tumbe la última frontera de la legalidad como la conocemos, y con la mayoría calificada en el congreso transforme la Constitución en su constitución.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2024).

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La Constitución Política Mexicana se ha reformado 770 veces en diversos artículos desde 1917. De 136 ordenamientos sólo 19 se han mantenido intactos.

Busqué alguna reforma promovida en 1982, año de mi nacimiento. Encontré que en el periodo de López Portillo se modificó el artículo 73 constitucional para establecer que "el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado y no será objeto de concesión a particulares" (ya llovió).

En 1928 se modificó la carta magna para ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años. En 1933 se estableció el principio de no reelección. En 1947 se incorporó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Pero hasta 1953 se incluyó de manera expresa a "las mujeres" como ciudadanas de la república y se suprimió el precepto constitucional que restringía su participación sólo en elecciones municipales. En 1980 se dotó de autonomía a las universidades. En 2011 se reconocieron a nivel constitucional los derechos humanos y se obligó al Estado a cumplir los tratados internacionales de los que México es parte. Todos fueron cambios trascendentes y positivos para nuestra sociedad.

Antes del año 2000, el presidente era el gran legislador constitucional, pero esto cambió con la alternancia democrática. En los últimos 24 años se aprobaron 106 reformas constitucionales de las cuales sólo 56 las propuso el ejecutivo federal.

Fox mandó 17 iniciativas y le aprobaron sólo 6 (35%); Calderón envió 9 y le aprobaron 5 (55%). Peña propuso 20 y pasaron 13 (56%). AMLO ha enviado 10 y le han aprobado 5 (50%). Entre propuestas del ejecutivo federal y el legislativo en el sexenio foxista se reformaron 31 artículos; con Calderón 110 artículos; con Peña 156 artículos (ha sido el más reformista) y el sexenio de AMLO acumula cambios a 64 ordenamientos.

Este lunes López Obrador anunció 20 iniciativas de reforma a la Constitución, el número más grande presentado por un presidente en un solo acto desde 1917.

Entre los temas destacan reformas en el ámbito electoral, Poder Judicial, pensiones, eléctrica, salario mínimo, Guardia Nacional, programas sociales, maltrato animal, organismos autónomos, drogas y revocación de mandato.

Desde una perspectiva histórica, los cambios a la Constitución Política de México responden a la necesaria adecuación entre la norma y la realidad. Cada sistema político y cada época ha intentado empatar esos dos ámbitos que, como nunca, me atrevo a decir, habían estado tan separados uno del otro.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2024).

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La tortura es una práctica generalizada y sistemática cometida habitualmente por las fuerzas de seguridad de Jalisco. La tortura es una práctica represiva de las fuerzas de seguridad que no sólo busca intimidar e incriminar a los detenidos, sino también provocar terror u sometimiento a manifestantes o detenidos por motivos políticos.

Su práctica es mucho más cruel y degradante de lo que se cree. Va más allá de una detención violenta y de golpes a la víctima. Sirva de ejemplo este testimonio de un quejoso recogido en la recomendación 10/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitida el 30 de marzo de 2023. Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2009 en la Colonia El Maloaste, en Tequila, por elementos de la Policía Investigadora del Área de Homicidios Intencionales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco.

El quejoso relató que tenía un convivio con unos amigos cuando entraron agentes ministeriales. Luego de detener al quejoso lo acercaron a una camioneta Toyota Hilux para ver si una persona que estaba adentro lo reconocía, lo cual negó. De todos modos lo detuvieron y lo subieron a una camioneta RAM 2500 gris, y lo llevaron a Guadalajara por la carretera libre. En el transcurso del viaje empezaron a golpearlo y metieron su cabeza en una bolsa negra con la que intentaron asfixiarlo, en varias ocasiones.

La tortura arreció, según contó la víctima: "Después se detuvieron sobre una brecha donde me bajaron y empezaron a golpearme cada vez más fuerte y continuamente. Para posteriormente oír que se cerrojaban una pistola, la cual me la pusieron sobre la cabeza y jalaban el gatillo, esto en dos ocasiones, burlándose de mí por el miedo que me daba al pensar que me iban a matar, diciéndome que esto no era un juego y que más valía no haber nacido, porque hasta ese día iba a vivir, ya que me iba a cargar la chin...".

Este es el repertorio de actos de tortura que le practicaron a esta persona, según la queja de la CEDHJ.
- Asfixia con bolsa plástica.
- Asfixia con trapo húmedo y agua.
- Se sentaban a ahorcajadas sobre él para inmovilizarlo.
- Patadas en los testículos.
- Le vendaron el rostro cubriendo sus ojos.
- Le colocaron una venda desde el pecho hasta las rodillas y lo acostaron en el suelo.
- Orinaron en su cara y sobre su cuerpo.
- Toques en la cara interna de ambos muslos cerca de los testículos.
- Golpes con un palo de madera en el espacio interglúteo y en el ano.

Al final, la CEDHJ acreditó la tortura cometida por 3 elementos de la Policía Ministerial de la ex Procuraduría General de Justicia de Jalisco. Reproducimos este testimonio de tortura ahora que el pasado 31 de enero la 2a. Sala de Justicia de la Nación ordenó al Gobierno de Jalisco crear una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura y Tratos Crueles, inhumanos o degradantes. Esta Fiscalía debió ser creada desde 2017 cuando entró en vigor la ley general de la materia, sin embargo los gobiernos de Jalisco fueron omisos y crearon en su lugar una Unidad Especializada en Tortura, que en la práctica no ha judicializado ningún caso, por lo que no hay detenidos ni sentencias por la comisión de este delito, de acuerdo a la investigación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

De acuerdo a esta organización, entre 2006 y 2020 se han presentado más de dos mil denuncias por tortura en Jalisco, pero el resultado es 100% de impunidad. Por eso el gobierno (poderes ejecutivo y legislativo) debe cumplir la sentencia de la Corte y crear lo más pronto posible la Fiscalía Especializada contra la Tortura. Los tratos crueles y degradantes deben cesar en la entidad.

Rubén Martín
(v.pág.2 del periódico El Informador del 3 de febrero de 2024).

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Hace poco solicité por transparencia al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco el número y monto de los inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jalisco. Dicho de otro modo, padres que con una sentencia en firme se niegan a pagar la pensión alimentaria de sus vástagos.

Después de varios meses y un recurso de revisión, la Judicatura me informó que hay 104 registrados en este padrón. Los nombres no son públicos. Sin embargo, me sorprendió encontrar que el deudor alimentario con el monto más alto es de 2'950,000 pesos. Le sigue otro con un adeudo de 2'765,000 pesos. Un par más por 1'585,000 pesos y 1'407,000 pesos respectivamente.

Según el Código Civil de Jalisco, la condición para ser inscrito es el incumplimiento de pago por más de 90 días. Generalmente el varón utiliza el dinero y a los menores para ejercer presión contra la madre. El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios ha denunciado que la corrupción en los poderes judiciales estatales favorece a los morosos sobre todo cuando tienen poder económico o político. En esa lista de 104 deudores, puedo asegurar sin temor a equivocarme, que hay hombres con ese perfil. ¿Quién los obliga a cumplir?

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de enero de 2024).

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Por más que Andrés Manuel López Obrador asegure que "no le quita el sueño" lo revelado por el periodista Carlos Loret de Mola, quien ha exhibido a los 3 hijos del presidente incurriendo en diversos delitos; desde conflictos de interés, nepotismo y tráfico de influencias, entre otros posibles actos de corrupción, es un hecho que las denuncias administrativas y penales en contra de los juniors y sus amigos serán presentadas ante las instancias correspondientes por legisladores panistas, y entonces se verá el trato que la justicia les dará, así como si deberá ser motivo o no para robarle el sueño al inquilino de Palacio Nacional, quien, sin nada más que su palabra, rechaza las acusaciones por el simple hecho de que sus hijos "están tranquilos".

En contraparte, hay que decir que cada una de las investigaciones en las que se muestra cómo operan los juniors ha estado sustentada con documentos, videos, audios e imágenes, sin que el padre de estos 3 "talegones", -como les llama Xóchitl Gálvez-, haya podido desmentir las afirmaciones del ex conductor de noticias de Televisa.

El presidente de México ha sido incapaz de argumentar a favor de sus hijos porque las pruebas de su enriquecimiento están a la vista de todos.

Lo cierto es que, al parecer, de parte del panismo existe la intención de que esta serie de evidencias y pruebas que contienen la serie de reportajes presentados por Loret en Latinus -y que amenaza con seguir publicando-, no quieren que quede en parte del anecdotario o que vayan a dar a un cajón a dormir el sueño de los justos y por ello el diputado federal blanquiazul Héctor Saúl Téllez, anunció la presentación de denuncias penales y administrativas para que se investigue y sancione a los 3 hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador: José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán, por presuntas redes de tráfico de influencias.

Ya veremos hasta dónde logran llegar estos recursos, en dónde se atoran, quién los atora y/o cuánto lograrán avanzar por tratarse de los hijos del presidente y sus amigos. ¿Usted cree que habrá justicia? Yo no, al menos no en este sexenio.

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de enero de 2024).

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Podría ponerme ingenuo y decir que las y los diputados de la actual legislatura cambiarán la historia, y por 1a. vez en Jalisco el proceso de selección que corre para renovar 7 posiciones de magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) no será más una simulación.

Que esta ocasión votarán en conciencia, pondrán por encima su dignidad y su compromiso con sus votantes, y mandarán a volar a sus jefes políticos que les dictan el sentido de su voto para que cumplan con la lógica de los "cuates y las cuotas" sin importar que el o la suspirante incumpla hasta con los requisitos de la convocatoria.

Que ahora, por ningún motivo ni presión de las más altas esferas del poder darán su voto para favorecer al recomendado que quiere ser magistrado o magistrada sin tener el conocimiento, la experiencia o la reputación intachable que un cargo como este exige.

Actuarían así, porque por fin tomaron conciencia de la urgencia y de la grave responsabilidad que tienen, de contribuir para empezar a limpiar un poder judicial podrido e infiltrado por la delincuencia organizada por los altos niveles de corrupción con los que opera.

Porque por fin cayeron en la cuenta de que la crisis desbordada de inseguridad y violencia que padecen poblaciones enteras en Jalisco y que cada día alcanza más a la clase política y gubernamental a la que pertenecen, se debe también a las ineficiencias y parálisis de un poder judicial que lejos de combatir, fomenta la impunidad para quien tiene el dinero para sobornarlos y comprarla.

Por eso ahora que voten por las 7 nuevas magistraturas las y los diputados del Congreso de Jalisco votarán por los postulantes con las mejores evaluaciones, y atenderán por primera vez, aunque no sea vinculante, la opinión del Consejo de Participación Social (CPS), este cuerpo colegiado ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y sus ponderaciones sobre la reputación de cada aspirante. Ahora, en vez de perseguirlos con toda la furia del poder por denunciar el tráfico de influencias y lo desaseado del proceso, negarán su voto a las fichas de los "perfiles controversiales" que les comparte el CPS, para cambiar la inercia de nepotismo y corruptelas en el Poder Judicial e inyectarle voluntad ética y jurídica renovada y honesta.

Pero puedo, y debo también, ponerme realista y decir que eso no pasará y que las y los diputados volverán a ignorar olímpicamente méritos y reputaciones y nos impondrán de nuevo magistradas y magistrados fruto de la partidocracia. Porque como ciudadanos seguimos sin exigir los diseños institucionales que garanticen designaciones públicas ajenas a estos vicios, además de seguir sin saber elevar el precio a los políticos y políticas que los cometen.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 25 de enero de 2024).

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Uno de los vecinos sufre una epidemia de violencia. Es cierto que ha bajado un poco en los últimos años, pero sigue siendo una de las mayores del mundo. En 2022 México registró 25 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes (INEGI). La cifra es menor que los 29 de 2018 a 2020, pero sigue siendo muy elevada, tanto en comparación con nuestras cifras históricas como respecto de otros países. El otro vecino es en cambio mucho más pacífico: Estados Unidos registró en 2022 una tasa de 6.3 homicidios por cada 100,000 habitantes (FBI y Statista.com).

Si los mayores controles de armas llevaran a una disminución de la violencia, estas cifras serían paradójicas. México tiene, por obra y gracia de Luis Echeverría, una de las legislaciones más restrictivas del mundo en venta y posesión de armas. Estados Unidos, en cambio, cuenta con el mercado más abierto. Según la lógica tradicional, debería ser más violento, pero la realidad es que el número de homicidios dolosos en México ponderado por población es casi 4 veces superior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha vanagloriado de un triunfo legal en una apelación en la demanda que presentó en agosto de 2021 contra los fabricantes estadounidenses de armas, en la que exigió el pago de daños y perjuicios por los daños que estos instrumentos han provocado en nuestro país. La demanda fue considerada improcedente por un juez en septiembre de 2022, pero un fallo de la corte de apelaciones del 1er. circuito con sede en Boston obligará ahora al juez a revisar el fondo del asunto. El gobierno mexicano ha considerado esto como un "hecho sin precedentes".

Al proceso legal le falta un largo camino por andar. Los fabricantes de armas tienen todavía numerosos recursos legales por lo que es muy probable que el proceso se extienda varios años. De lo que no hay duda es que las ventas de armas en la Unión Americana no son un factor relevante en la violencia en México. Si lo fueran, la prohibición en nuestro país habría generado hace ya mucho tiempo un menor índice de homicidios. Lo que ocurre es exactamente lo contrario: a pesar de la prohibición de las armas, México es mucho más violento que Estados Unidos.

La Unión Americana es el país que tiene el mayor número de armas en el mundo, 120.5 por cada 100 personas (Small Arms Survey). Países como Canadá, Finlandia, Islandia, Austria, Noruega, Suiza y Suecia registran también niveles muy altos de posesión de armas, pero con niveles muy bajos de homicidios: de 0.5 en Suiza a 2.3 por cada 100,000 habitantes en Canadá. México tiene 12.9 armas por cada 100 habitantes, pero 25 homicidios por cada 100,000 personas. El Salvador, en contraste, ha alcanzado una transformación notable. El país tiene 12 armas por cada 100 habitantes, un poco menos que México, pero llegó a tener en 2015 una exorbitante tasa de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. En muy poco tiempo, sin embargo, ha reducido radicalmente esta cifra, a 7.8 en 2022. No hubo para esta disminución ningún cambio en las leyes sobre la compra o posesión de armas, pero sí una política de mano dura contra la impunidad.

No sé cuál será el resultado de la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos; pero, el que sea, no tendrá ninguna incidencia sobre la violencia en México. No es el número de armas lo que produce la violencia, sino la impunidad, y mientras la impunidad en México se mantenga en los niveles actuales, la violencia no terminará, aunque no crucen ya más armas desde Estados Unidos por las porosas aduanas mexicanas.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 24 de enero de 2024).

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Marcos ha sido testigo de la violencia homicida y las desapariciones en Jalisco desde un lugar muy distinto al de todos: un laboratorio y la escena de cientos de crímenes. Hablar con él permite asomarnos, aunque sea un poco, a lo que ocurre en ese edificio de Batalla de Zacatecas 2395, en Tlaquepaque, a donde acuden cada día decenas de familias a buscar a sus desaparecidos y sus muertos.

Escuché con cuidado a Marcos Raygoza. Pocas veces tienes oportunidad de hablar con un perito en antropología forense. Pero no cualquier perito. Sino con el fundador de la especialidad en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hace 23 años.

La conversación fue posible porque Marcos ahora puede hablar con libertad, sin riesgo de perder su trabajo: se jubiló el pasado 1o. de noviembre.

Marcos expresó duras críticas al IJCF, pero sin rencor. Habló más desde la compasión y la consternación: "Necesitamos ayuda", me dijo, "No nos damos abasto".

Marcos refutó la versión oficial que niega una crisis forense. Puso un ejemplo. En la atención de emergencias, cuando un fenómeno, digamos, el huracán "Otis" en Acapulco, rebasa la capacidad de respuesta de la autoridad, se cataloga como un desastre.

En este sexenio se han exhumado 1,725 cadáveres de cuerpos en fosas clandestinas, muchos fragmentados. Además, el Registro de Personas Fallecidas sin Identificar del IJCF consigna 4,430 cadáveres desde 2018 a la fecha. El CEPAD, sin embargo, ha señalado que hay más de 9,000 cuerpos sin identidad acumulados desde 2006. Finalmente en Jalisco, en este sexenio, asesinan a 6 personas en promedio al día y desaparecen a 5, según datos del Secretariado Ejecutivo.

Todo este trabajo, me contó Marcos, lo encaran sólo 7 antropólogos forenses. 3 menos de los 10 que reportó el Inegi en el apartado de servicios periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia 2023.

"Yo creo que aquí estamos ante un desastre. No es una crisis forense. Es un desastre porque sobrepasó ya nuestra capacidad de respuesta. Tenemos que atender esto", me contó.

Marcos hizo una reflexión. El análisis de un cuerpo demora una semana en promedio. En Jalisco hay más de 14,000 desaparecidos. Si mañana hubiera que analizar ese número de cadáveres, cada uno de los 7 antropólogos forenses en el IJCF tardaría 40 años.

"Tenemos un Instituto no estresado, al borde de la locura porque trabajamos a ritmos que yo podría decir inhumanos", me relató. Marcos cobraba 18,000 pesos mensuales: "Eso es el perito A pero hay peritos B que ganan todavía menos".

La saturación, el estrés laboral y la pobreza salarial generan otro riesgo. Marcos reconoció que rechazó "dádivas" por acelerar peritajes. Un sistema colapsado es caldo de cultivo para la corrupción. Familias de personas desaparecidas han denunciado cobros ilegales y extorsión en peritajes. Revictimización y negligencia del Estado. El peor escenario.

Pregunté a Marcos la relevancia de un perito en antropología forense en la crisis de desaparecidos: "Somos la última oportunidad de que se haga justicia", me contestó. Tiene razón, pero en condiciones de trabajo normales, no bajo el actual escenario de desastre que ni siquiera reconoce la actual administración.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 22 de enero de 2024).

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Además de robo de mercancías, asalto a mano armada, extorsiones por circular en las carreteras, ahora los transportistas enfrentan el grave problema de la quema de camiones por parte de grupos de la delincuencia organizada que realizan bloqueos en las carreteras.

Durante los últimos meses los bloqueos carreteros con tráileres incendiados se han incrementado. Solamente el mes pasado fueron más de 25 unidades las que incendiaron en diferentes estados del país.

Elías Dip Rame, presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) exigió una mayor seguridad en las carreteras ya que afecta el patrimonio de los transportistas.

"Es el patrimonio de muchos de mis compañeros que tienen una unidad o 2 y en la quema pierden totalmente su patrimonio. No hay compañía de seguros que pague un siniestro de estos porque no está considerado dentro del contrato de la póliza", dijo.

El dirigente aseguró que hace falta más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras de Jalisco y la participación de patrullas de Seguridad Pública.

"La Guardia Nacional dice tener más de 100,000 elementos, pero no los vemos, las carreteras están casi solas; no puede ser que caminemos 200 kilómetros y solamente veamos 2 patrullas, eso no es darle el servicio a la población, todos los días vemos los asaltos y balaceras, incendian automóviles, camiones y autobuses", dijo.

Añadió que desafortunadamente el problema no se está resolviendo y la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad no están cumpliendo con su objetivo.

"Yo les exijo a las autoridades que cumplan con su obligación que es darnos la seguridad que nos merecemos todos los mexicanos", aseguró.

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció que las aseguradoras evaden el pago de la póliza de los tráileres incendiados por bloqueos. De acuerdo con los transportistas, en lo que va de este sexenio suman más de 100 unidades que no han sido incendiadas y no han sido pagadas con el pretexto de que se trata de actos vandálicos.

"Sí nos afecta gravemente porque en muchos de los casos, las compañías aseguradoras no nos quieren pagar porque dicen que es vandalismo", afirmó Diego Javier Bolio Corona, delegado en Jalisco de Conatram. En entrevista, explicó que los transportistas son los más afectados con los bloqueos carreteros.

"Es un problema nacional, pero en Jalisco se han dado demasiados hechos donde desafortunadamente nosotros sufrimos un daño colateral por el problema de la inseguridad con las bandas delictivas que utilizan nuestros camiones para hacer barricadas e incendiarlos y evitar que la autoridad pueda llegar a esos lugares".

De acuerdo con el entrevistado, las pérdidas económicas por unidad van de los 2 a los 5 millones de pesos, independientemente del valor de la carga.

"Muchas veces a la carga ni siquiera le llega la lumbre, pero luego resulta que llega la gente y se lleva la mercancía y somos víctimas de la rapiña. En muchas ocasiones están las autoridades y no evitan que se lleven la carga", aseguró.

Cuestionó que se paguen demasiados millones de pesos a las aseguradoras para que no hagan frente a la reparación de los daños.

"Son muchas las unidades que en algún momento han sido quemadas, no nada más en Jalisco, Colima, Michoacán y otros estados donde han tenido el problema de que les quitan las unidades para quemarlas", agregó.

Añadió que, en algunos de los casos, los transportistas denuncian el robo de la unidad y posteriormente aparecen incendiadas.

"Yo creo que el que debería de pagar la reparación del daño es el gobierno del estado, el gobierno federal, que son los que están obligados a darnos la seguridad”, concluyó.

(V.pág.7 del periódico El Informador del 22 de enero de 2024).

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La disputa que se dio recientemente en la Ciudad de México respecto de la negativa de ratificación de la titular de la Fiscalía local reveló la crisis permanente en que se encuentra la procuración de justicia en los ámbitos estatales, donde se tiene la responsabilidad de investigar y perseguir la mayoría de los delitos que se cometen en el país, y donde prolifera la inmensa impunidad que se padece en todo el territorio nacional.

Hay numerosos casos en los que, además, se hace patente el conflicto que existe entre poderes locales. En Nuevo León, la fiscalía estatal fue un actor clave en el desenlace que tuvo el abandono de la fallida candidatura presidencial de Samuel García. En Morelos, la disputa entre el fiscal estatal y el gobernador ha sido constante y terminó en un severo conflicto con la propia fiscalía de la Ciudad de México.

En Veracruz, el escenario fue similar, pues a la llegada del actual gobernador, el conflicto entre fuerzas no se hizo esperar y terminó en la destitución del entonces titular de la fiscalía estatal.

Hay otros casos preocupantes, pues el diseño institucional que se hizo de las fiscalías estatales a partir de la reforma al sistema nacional de justicia penal no garantizó, por un lado, que la designación de las fiscalías garantizara que llegarían a los cargos las y los mejores; pero por otro lado, tampoco existen los mecanismos de control para evitar que se encumbren ahí personajes que abiertamente han llegado de la mano de la delincuencia, como ocurrió en Nayarit; o casos de permanencia inexplicable, como es el caso de la Fiscalía de Guanajuato, el estado con más homicidios dolosos de México, y donde el fiscal se ha mantenido en el cargo por más de una década.

En México, de acuerdo con la información que capta el INEGI vía la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, se cometen anualmente más de 30 millones de delitos cada año. Y aunque no existen estudios tipo panel, no es difícil inferir que, a lo largo de la última década, al menos el 80% de la población nacional ha sido víctima de algún ilícito. Frente a ello, el nivel de la cifra negra se mantiene de forma constante por arriba del 90%.

Todo esto permite enmarcar también la disputa abierta por el ejecutivo federal en contra del poder judicial; y el tema es relevante de ser destacado, porque de todos los delitos que se cometen, cerca del 90% son del fuero común; es decir, son materia de procuración e impartición de justicia estatal.

Frente a ello, la pregunta es cómo garantizar que las fiscalías llevan a cabo su trabajo de manera adecuada, para evitar el fenómeno conocido como "la puerta giratoria"; y cómo se garantiza que las y los tribunales pueden impartir justicia de manera expedita si los recursos de que disponen son siempre limitados, al grado de que en algunos casos se utilizan computadoras que no cuentan con paquetes informáticos originales o con licencias vigentes.

Todo lo anterior, en un escenario en el que la violencia es cada vez más compleja y diversa; y donde, dada la dinámica sociodemográfica del país, son cada vez más numerosos los casos donde la demanda de justicia se encuentra en el ámbito familiar y civil, desplazando a las materias penal y mercantil en número de casos que se encuentran en litigio en los tribunales, donde se acreditan, una y otra vez, las constantes violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pero también de las personas imputadas.

La construcción de un país de bienestar requiere que la justicia sea uno de los bienes más preciados, pero también más protegidos. Debe comprenderse que somos un país con demasiadas víctimas; con un interminable e innecesario dolor que es la base de la epidemia de llantos que recorre al país.

Transformarlo inicia con una auténtica justicia, y esta deberá, si pretendemos que sea perdurable y eficaz, construirse desde lo local.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 21 de enero de 2024).

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El góber que heredará la estafeta de mando este año pretende acuñar un despacho jurídico de ensueño, con poder jurisdiccional para avalar todo lo avalable y defender todo lo defendible. Y lo mejor: pagado por todos los jaliscienses, porque estará integrado por jueces y magistrados.

Tanto en el Supremo Tribunal de Justicia como en el Tribunal Administrativo del Estado, las piezas naranjas están en la lista de favoritos para ocupar uno de esos puestos de ensueño que tienen sueldos de 6 dígitos, prestaciones de no creerse y un mes 13 que se merecen porque trabajan de sol a sol y sin límite de tiempo.

Y lo mejor: son trabajos garantizados por 10 años, con la posibilidad de repetir por 4 más. 2 sexenios de blindaje e impunidad para quien dio la orden de entregarles el privilegio.

Es la operación perfecta. Sin cicatrices y con una recuperación inmediata.

Dicho por los que le saben a lo que esconden las paredes del Judicial, la selección que el partido Movimiento Ciudadano ha hecho de magistrados y jueces está repleta de servilismo. Aunque el adjetivo es más suave que los que surgen de la fuente original: chupatintas y lamesuelas.

La meta del góber de los días históricos es simple: perdurar. Aunque ha dicho que este es su último puesto en la política, Enrique Alfaro ha preparado el terreno para convertirse en el poder fáctico de quienes están a cargo de la justicia pronta y expedita. Cada autorización de uso de suelo y cada terreno susceptible de construirse contarán con el aval de quienes le deben el puesto.

"Todos lo saben: el que controla el Judicial es Rafa Martínez". La fuente no miente: el hermano de la ex esposa del gobernador Alfaro (Lorena Martínez) es el poderoso operador que se encarga de proteger a los camaradas y embestir a quienes no se cuadran, y desde cuya oficina se decide cuál expediente se envía a qué juzgado. El poder detrás del poder, pues.

Desde que Aristóteles Sandoval era gobernador, en el ejecutivo se acuñó la "estrategia" de conformar cotos de poder en el Judicial. En esta ocasión, el góber quiere la combi completa, y a partir de ello se han hecho una gran cantidad de negocios en escrituras. Pero... ¿quién va a exhibir un acuerdo así de jugoso cuando el pastel alcanza para todos?

El plan perfecto para que las licitaciones a modo se entreguen sin obstáculos ni críticas está en los periodos vacacionales: julio y diciembre. Ahí están las luminarias multimillonarias de Zapopan o Parkimovil. Y si uno es malpensado, que lo es, un dinerito extra para las campañas electorales no cae nada mal cuando es 2024 y, como dije, quieres la combi completa.

La renovación de puestos ya es un hecho y los nombres están en la mesa. 3 perfiles a modo para al TAE y otros 7 para el Supremo Tribunal. Todos, ungidos por el fundador del alfarismo.

¿Por qué es tan jugoso el control del Judicial? Pues porque representa el control de los grandes casos a través de resoluciones judiciales. Desde inmobiliarias (donde esta administración ha dejado su sello) hasta mercantiles y penales. Todo el esquema de justicia.

Hoy, por lo pronto, goza de una amplia mayoría en la Justicia Laboral. La mayoría de juzgadores en la nueva sede de Ciudad Laboral son alfaristas. Y con un presupuesto histórico del 2% que cuenta con su firma, ¿cuál Daniel Espinosa Licón podría hacer que el timón cambie de rumbo?

Así es el alfarismo: acapara, no negocia y a quien no le sirve lo deja fuera del plato. Ahí está el PAN reducido a nada, aunque fue gracias al PAN, con Emilio González Márquez, con quien obtuvo notoriedad estatal y, a la distancia, la posibilidad de ganar la gubernatura.

Por eso hay que fijar la mirada en el Judicial. El primer mandatario que disfruta regañar en público va por todo. Quiere convertirse en un poder que trascienda a su sexenio. Un poder fáctico, por cierto, como el que tanto le molestaba en la figura de Raúl Padilla.

Isaack de Loza
(v.pág.2 del periódico El Informador del 20 de enero de 2024).

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Francisco Jiménez Reynoso, especialista e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, lamentó que las autoridades encargadas de la impartición de justicia poco hayan podido hacer para que los asesinatos en la entidad se resuelvan y se alcance la justicia, para que no queden impunes, como ha quedado el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Dijo, por una parte, que la Fiscalía no ha dado resultados de haber depurado la dependencia luego de que, en junio de 2020, se admitiera públicamente que la misma se hallaba infiltrada por el crimen organizado.

"Todos creímos que luego de ello iba a haber cambios significativos, que iban a anunciar la depuración de la corporación y que íbamos a ver mayor agilidad en la resolución de los casos, pero esto no fue así", lamentó el académico.

A esto, consideró, se le suma que el poder judicial se ha quedado corto al momento de juzgar los pocos casos que logran llegar ante un juez, y que terminan por no llegar a condenas debido a que el sistema de justicia penal que entró en vigor en 2015 no logra consolidarse, y ante diversas fallas en la conformación de las carpetas de investigación se deja en libertad a las personas aprehendidas.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 18 de enero de 2024).

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Prueba de que falta mucho por evolucionar, además de las últimas sanciones a casi una decena de fedatarios públicos, es el jalón de orejas que acaba de dar un Tribunal Colegiado al Colegio de Notarios de Jalisco por la "violencia institucional" ejercida en el caso de la sustentante María Guadalupe Sánchez González, a la que han aplicado una larga cadena de argucias y tácticas jurídicas dilatorias en complicidad con la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, para buscar que desista de un litigio, que se ha prolongado por más de 5 años, para hacer valer sus derechos en la búsqueda de uno de esos fiat.

Como se sabe, Guadalupe presentó su examen en 2018 y al pedir una revisión por no aceptar la calificación reprobatoria que le anunciaron, empezó todo un calvario, hasta que por intervención de la justicia federal el Colegio de Notarios tuvo que mostrar la prueba, que para sorpresa de todos estaba mutilada. Tuvo que venir toda otra odisea jurídica para que se le hiciera justicia, y aunque no se le otorgó la notaría como uno de los juzgadores propuso como resolución, sí se ordenó que se le volvieran a aplicar las preguntas mutiladas. El jurado del Colegio de Notarios, al que nunca se le investigó por la mutilación del examen, arbitrariamente modificó las preguntas y acortó el tiempo de respuesta. Por eso nuevamente el Tribunal Colegiado volvió a ordenar que se le aplique un 3er. examen, con las mismas preguntas aplicadas en 2018 y que alguien arrancó, y que se le dé el tiempo suficiente para contestarlas.

Habrá que ver si esta vez la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y el Colegio de Notarios no incurren de nuevo en argucias "de mala fe" como las aplicadas el año pasado y que juzgó así en su fallo la justicia federal.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de enero de 2024).

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Vecinos de las colonias El Capulín y Liberales de 1857 mantienen bloqueados desde hace 2 meses los accesos de las obras del Tren Interurbano México-Toluca sobre la calle Río de Tacubaya en la alcaldía Álvaro Obregón, donde denuncian que derivado a los trabajos de excavación y perforación tres casas aledañas han sufrido daños.

Son 40 las personas que se turnan durante el día y noche para vigilar las entradas a la zona de construcción, con sillas de plástico, una carpa color rojo y un anafre donde preparan la comida del turno, es como los vecinos comienzan las vigías en los 2 puntos de acceso para impedir que continúen las labores.

"Comenzamos a las 8 de la mañana y nos cambiamos en la tarde entre nosotros para vigilar que no entren ni salgan trabajadores hasta que nos digan quién se hará responsable de los daños en las casas", Karla Néstor, vecina afectada por las obras del "Insurgente".

A principios de noviembre del 2023, se alertó a los habitantes de la caída de pedazos de la loza en sus hogares, por lo que solicitaron dialogar con los encargados de la obra para llegar a un acuerdo en sus reparaciones; Comentaron que la empresa "González Soto y Asociados" en el 2021 realizaron levantamientos de pruebas en las viviendas afectadas y les entregaron la póliza de seguro vencida.

"Tomamos la decisión de cerrar la obra porque no tenemos nada, no tenemos ningún papel que nos garantice la seguridad de nuestras casas y nuestras vidas, vivimos en un riesgo", agregó Karla.

Los corredores estrechos impiden el acceso vehicular y peatonal, la zona de obras se encuentra detrás de unas láminas de metal que se dividen de la acera a unos pasos de las fachadas de los hogares de los denunciantes.

Algunos mencionan que llevan 2 años desde que comenzaron las construcciones viviendo entre los escombros, pesadas máquinas que taladran todo el día y que generan trombas de polvo.

"Solo pedimos que nos garanticen que no va a pasar nada, nos den un seguro de que si llega a pasar algo ellos se harán responsables, un seguro a daños a terceros y si lo tienen nosotros no sabemos cuál es", Gabriela Néstor, habitante de la colonia Liberadores de 1857.

Durante el recorrido se observaron estructuras completamente abandonadas, donde la constante vigilancia de los vecinos impide la continuación de la obra.

(V.periódico El Informador en línea del 18 de enero de 2024).

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De momento tenemos estabilidad económica, pero seguimos sin tener seguridad, y habría que calibrar lo que cada mexicano gasta de manera adicional en protegerse, dado que las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni federales han cumplido con su obligación de salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía. En este punto todos nuestros presidentes han fallado y el problema no ha hecho sino crecer de manera exponencial a tal punto que hasta el propio gobierno debe someterse a los dictados de la delincuencia, con lo cual el Estado de Derecho se ha vuelto una quimera.

En el entretanto, las candidatas siguen en campaña que no es todavía campaña, y ya de entrada nos demuestran el poco aprecio que tienen ambas a las instituciones y a las leyes, y la manera tan fácil en que se someten al chanchullo de cada periodo electoral, hacer campaña anticipada con el recurso subrepticio de que solo es campaña "interna", y que toda la publicidad que circula en los medios está dirigida exclusivamente a los miembros de los partidos involucrados, la demás gente, favor de hacer como si no oyera ni viera nada, y que esta corruptela a ojos vistos sea seguida de inmediato por candidatas que prometen que todo va a cambiar. ¿Quién se los va a creer?

Pero el hambre es canija lo mismo si es de poder que de dinero, nadie va a ponerse escrupuloso por una infracción o un tramposo más, lo importante es ganar, de esta suerte lo que se sigue imponiendo es nuestra idiosincrasia corrupta y la fe ciega en que nadie se da cuenta o si lo hace, no le importa, y si le importa, de todos modos no puede hacer nada, las fuerzas políticas que operan en México son verdaderas aplanadoras.

Armando González Escoto
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de enero de 2024).

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Usuarios del transporte público del norte de Zapopan, bloquearon la Avenida Juárez, luego de que las autoridades del rubro los dejaron plantados.

Representantes de la Dirección de Asuntos de Internos del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Transporte (SETRAN) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), tenían programada una cita a las 11:00 con los manifestantes, pero las autoridades nunca llegaron.

Ante esta situación, los pobladores de Ixcatán, San Isidro y San Esteban decidieron bloquear la circulación de la Avenida Juárez, a la altura de Ramón Corona.

Durante media hora, los manifestantes cerraron la vialidad alrededor de las 12:00 horas, mientras que oficiales de la Policía de Guadalajara vigilaban la protesta que transcurrió de forma pacífica.

La circulación se mantuvo cerrada hasta que un grupo de funcionarios, entre ellos Isaac Caballero Sandoval, dialogaron con los vecinos del norte de Zapopan y acordaron una nueva reunión para el próximo martes a las 14:00 horas.

A la cita de este miércoles incumplieron su asistencia Víctor Hugo Gómez Reyna de Asuntos Internos, Sergio Solis Hernández de la SETRAN y José Sedano Rubio, subdirector de autotransporte de la SICT.

Al ser cuestionada sobre este tema, la SETRAN respondió que su dependencia no estaba citada a la reunión.

¿Qué exigen los manifestantes?

Desde noviembre del año pasado, los pobladores de esta zona al norte de Zapopan han realizado diversas manifestaciones para exigir un transporte público que cumpla sus necesidades y a un precio justo.

A los poblados de San Isidro, Ixcatán y San Esteban sólo llegaba una ruta federal privada de la empresa Ómnibus, pero desde que aumentó su costo de pasaje a 15 pesos, los usuarios han exigido que las autoridades regulen su precio.

Ante la imposibilidad hasta ahora de someter a la empresa a mantener la tarifa de 9.50 pesos que se aplica en la zona metropolitana de Guadalajara, la SETRAN ha implementado diversas rutas camioneras que llegan hasta esas localidades, sin embargo, esto no satisfizo a los usuarios, ya que los derroteros no llegan hasta la zona de la Glorieta de la Normal, a diferencia de la empresa Ómnibus.

Además, los pobladores señalan que las rutas emanadas del Sistema de Transporte Eléctrico Urbano, que sirven de alimentadores para Mi Macro Periférico, tienen una frecuencia de paso muy baja.

Los usuarios buscan que los derroteros aumenten su trayecto para bajar a lo largo de Avenida Alcalde y que las unidades de Ómnibus ajusten su tarifa.

(V.periódico El Informador en línea del 10 de enero de 2024).

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La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, presentará una denuncia ante las autoridades electorales para que se investigue el presunto uso de recursos públicos en la campaña de Morena de Claudia Sheinbaum.

Luego de las revelaciones que hizo la exdirectora de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano, Sanjuana Martínez, donde el actual secretario del Trabajo le exigió el 20% de su liquidación para apoyar las actividades de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez afirmó que esto demuestra que la virtual candidata oficial no juega derecho.

"Marcelo Ebrard denunció cómo la Secretaría del Bienestar estaba al servicio de la candidata Claudia Sheinbaum, fue dicho por Marcelo Ebrard, entonces yo estaría pidiendo al INE que investiguen estos 2 casos de corrupción, y le diría a Claudia (Sheinbaum) que no le saque, que juegue derecho, que ya basta de usar el dinero público para su campaña política, que explique de dónde salieron los cientos de espectaculares que fueron colocados a lo largo y ancho del país, que nunca dejó claro de dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país, de dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes".

"Ésta no es una competencia derecha, no es una competencia como debe de ser en un ámbito democrático, entonces estaremos presentando las denuncias para que se investigue", advirtió.

Gálvez afirmó que le cree a la exdirectora de Notimex, "porque es muy curioso cómo los trabajadores de Notimex han tenido que sufrir todas las penurias con su liquidación, ya lo vimos que lo hicieron con la gobernadora del Estado de México, Delfina (Gómez), cómo le detuvieron a los trabajadores el 10% de su salario, quedó probado, acreditado ante las instancias electorales que esto sucedió".

La precandidata presidencial opositora recordó que el uso de recursos públicos en actividades proselitistas es un delito electoral: "Ella va a decir que no sabe nada, porque eso suelen decir, pero sí me parece que el llamado que yo le hago a Claudia es que deje de usar dinero público en su campaña".

(V.pág.8 del periódico El Informador del 10 de enero de 2024).

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El presidente está en campaña. Todos los días pide el voto para la continuidad del proyecto que él encabeza. Nada tiene de extraño, en cualquier país del mundo es la vida cotidiana y parece una exageración que nos estemos fijando en eso. Todo es cierto, salvo que en México la ley lo prohíbe expresamente y esa prohibición tiene un origen: las quejas de López Obrador por lo que él consideró intromisiones de Vicente Fox en la elección de 2006.

Que López Obrador diga una cosa y haga otra sólo debe sorprender a sus seguidores fanatizados. Antes era peor, van a argumentar. Pero no, como político es tan ruin y falso como la mayoría de quienes luchan por el poder. Cuando López Obrador dice que Peña Nieto se portó bien, y por eso no lo toca ni con el pétalo de una mañanera, es porque no hizo lo que está haciendo el hoy presidente.

El problema es por qué nadie aplica la ley, por qué el INE y el Tribunal no se inmutan ante las violaciones evidentes a la legislación electoral. Por una sencilla razón: porque las presidentas de ambos organismos piensan que su misión es la continuidad de la auto denominada 4a. Transformación y no la estricta aplicación de la ley, la ley vigente y no la ley que se imaginan que el pueblo y su intérprete máximo, el presidente de la república, quiere y requiere.

Necesitamos una reforma que elimine el exceso de regulación que tiene hoy nuestro sistema electoral. La ley está plagada de absurdos que nadie está dispuesto a cumplir. El principal de ellos son los famosos topes de campaña. Todas las candidatas y los candidatos, comenzando por Claudia y Xóchitl, y todos los poderes ejecutivos, desde López Obrador y cada uno de los 32 gobernadores, mienten en el gasto ejercido y en los apoyos de los gobiernos a sus candidatos. Las campañas cuestan en promedio 10 veces más que lo que permite la ley.

9 de cada 10 pesos que circulan en las campañas son por debajo de la mesa. El INE lo sabe, los partidos lo saben, todos lo sabemos y al final lo normalizamos. Los apoyos de los gobiernos a sus candidatos son un asunto mucho más complejo y delicado. Apoyar verbalmente a los candidatos del propio partido es parte de la vida democrática. Usar recursos públicos, condicionar o chantajear con apoyos sociales, o usar las obras y las compras públicas para canalizar dinero a un candidato distorsiona la competencia electoral.

No es sólo el presidente, es todo el gobierno el que está en campaña y eso sí es un riesgo para la democracia.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de enero de 2024).

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Sucedió este martes 2 de enero, pero de ella no se hizo mucho eco. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco convocó a una sesión oculta (extraordinaria, le dicen) para comenzar a repartirse el gran pastel de 3,342 millones de pesos que recibirán este año.

No podían esperar más. En un sexenio repleto de días históricos, el Poder Judicial de Jalisco marcó un hito para despabilarse el 2o. día del año y comenzar a discutir en qué ejercerá el presupuesto que, según el gobernador, les garantizará autonomía y permitirá "hacer frente a los retos que este Poder tiene de cara al desarrollo del estado".

El problema -que lo hay- es que dicha sesión se realizó a puerta cerrada.

Y el tema es que las y los magistrados de nuestra entidad pueden discutir lo que quieran en lo privado, pero si se reúnen en un recinto público a tratar asuntos relacionados con la asignación de recursos, obligadamente el debate debe ser público. Ese es el principio rector de los poderes institucionalizados en México.

Confiados en que el ojo público siempre está en lo que hacen los diputados, los alcaldes o el gobernador, los representantes de mayor nivel en el Poder Judicial de Jalisco se dieron el lujo de iniciar el año electoral con una de las peores prácticas en la función pública: la opacidad.

Bueno: opacidad entre comillas, porque siempre hay quien se entera y habla. Y quien se enteró comparte que lo primero que se discutió es la compra de muebles de oficina para "dignificar" las instalaciones del Judicial. A ver con cuántos escritorios de caoba se lucen los próceres de la justicia pronta y expedita.

Fue justo esa noticia la que caló entre los trabajadores que sí acuden día con día a trabajar: la tajada más grande va a ser para "enchular" la fachada del Judicial, en tanto que el incremento salarial será de 5% y ya: conforme a la inflación. No se habló de mejores condiciones, incentivos por acudir y mucho menos depuración de nómina.

De esta manera, la pista de aterrizaje en el edificio de la Avenida Hidalgo y la calle Belén, en el 1er. cuadro de Guadalajara, seguirá habilitada para cientos de aviadores, quienes mantendrán sus salarios estratosféricos solo por ser bonitos y existir. Ah, y por venderle el alma al funcionario o funcionaria correcto.

En la teoría, esta dignificación presupuestal al Poder Judicial les permitiría todo: meter tecnología para acabar con las piletas interminables de archivos empolvados y enmohecidos, construir más tribunales, contratar personal que sí acuda, sí trabaje y sí reduzca la carga de trabajo en los juzgados, y hacer valer la misión que venden: justicia pronta y expedita.

Esta vez, la papa caliente pesa 3,342 millones de pesos, y queda en manos del presidente en turno que esos fondos se usen para actualizar al personal que vive en la prehistoria y mantiene en mano cincel y martillo para llevar registros. Porque sí: los hay.

En este año que recién inicia, Daniel Espinosa Licón tiene a su cargo un avión inmenso, pero si destina la mayoría del presupuesto en el fuselaje para que luzca bien por fuera y deja de lado el combustible (y en capacitar al personal que va a operarlo), el futuro de su avión va a quedar muy lejos de las nubes.

Así, sin despegar. En el mismo sitio que ha ocupado en las últimas décadas.

Isaack de Loza
(v.pág.3 del periódico El Informador del 7 de enero de 2024).

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Tras documentar 122 casos en los que personas desaparecidas han sido borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, madres buscadoras del norte del país promovieron amparos para evitar que sus familiares sean invisibilizados desde las bases de datos del gobierno federal.

Luego de que más de 70 familiares de víctimas no lograran rastrear a sus familiares en el sistema, Delia Quiroa, activista y fundadora del Colectivo 10 de Marzo, promovió esta iniciativa para la cual diseñó un formato de amparos individuales con los que cualquier persona pueda solicitar un juicio contra el borrado de sus familiares.

En redes sociales, la abogada, quien busca a su hermano Roberto, desaparecido desde 2014 en Reynosa, Tamaulipas, informó que al momento se han concedido 70 suspensiones para que los desaparecidos no sean eliminados de dicha base de datos y que entre ellas se incluye el amparo que promovió para su hermano Roberto.

La activista denunció desde el 28 de diciembre que cientos de familiares de personas desaparecidas recurrieron a ella para denunciar que sus hermanos, hijos, esposos y padres, no están considerados en el sistema de Búsqueda Generalizada que la Secretaría de Gobierno puso en marcha tras la presentación del nuevo Censo de Desaparecidos.

(V.primera plana del periódico El Informador del 6 de enero de 2024).

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Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió el cargo ayer y lanzó críticas al máximo tribunal.

Batres, quien fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió en su discurso de incorporación contra sus colegas, asegurando que la Corte se ha "extralimitado" y ha caído en "excesos" que demuestran que "no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución".

"La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables".

Ante esto, a la ministra le llovieron críticas en redes sociales. Por ejemplo, el economista Isaac Katz dijo que Batres "no entiende el rol de la SCJN como guardiana de la Constitución y de los derechos y libertades individuales".

En el mismo sentido, el ex diputado Ricardo Pascoe comentó que "recibió el nombramiento por 15 años sin tener la menor calificación profesional, ni política, ni ética".

Además, la Barra Mexicana de Abogados emitió un documento en el que llamó a la integrante de la Suprema Corte de Justicia a que "prevalezca siempre el espíritu republicano, el respeto a la división de poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad".

(V.primera plana del periódico El Informador del 5 de enero de 2024).

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El término kakistocracia quiere decir el gobierno de los peores. La experiencia nos muestra que este tipo de gobiernos suelen ocurrir cuando un régimen carece de pesos y contrapesos que eviten que un líder autoritario designe, por la vía de los hechos, importantes carteras del gobierno o incluso miembros del Poder Judicial.

El caso de la designación directa por parte del presidente de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ilustra el punto.

Tal parecería que López Obrador se preguntó quién sería la persona menos capacitada para ocupar el cargo y luego la designó.

Pero más allá de la evidente falta de preparación de la nueva ministra hay algunos asuntos que deben preocuparnos.

En 1er. lugar, un procedimiento de designación de los ministros de la SCJN que incluya entre las opciones el nombramiento presidencial directo de ellos, tiene que considerarse deficiente. La práctica viola el espíritu del pacto constitucional que debe establecer salvaguardas para que no haya interferencia clara del Poder Ejecutivo en el Judicial. A la luz de esto se hace necesario pensar en una reforma al procedimiento para que se vuelva imposible una designación directa del presidente de un ministro o ministra en el futuro.

En 2o. lugar, es alarmante que la 1a. intervención pública de la ahora ministra Batres haya sido una apología de la línea ideológica del ejecutivo, una indicación de que sus decisiones van a estar supeditadas a los designios del líder populista, quizás incluso cuando este ya haya dejado el poder. No es imposible un escenario donde una persona que no ocupa la silla presidencial -en un maximato del siglo XXI- ejerza influencia decisiva en la actuación de los ministros que integran nuestro tribunal constitucional. Dependiendo de la extensión de este poder, podríamos estar frente al fin de nuestra república.

Al parecer, la ministra no entiende, o pretende no entender, que su lealtad es al pacto constitucional suscrito por la ciudadanía y no a ninguna otra instancia. El hecho de que la nueva ministra sea partidaria de la idea demagógica según la cual los ministros deben ser elegidos por "el pueblo" aumenta las señales de alarma.

Gracias a que 2 ministros dejaron de serlo este sexenio -uno por renuncia forzada y otro por intereses políticos- el presidente ha podido nombrar a un número extraordinario de miembros del más alto tribunal nacional, lo que aumenta su influencia en el Poder Judicial. Esto es ciertamente peligroso, pues es posible que la SCJN deje de cumplir con su máxima función de servir como un dique a la voluntad extra-constitucional de un líder que se cree el único representante del pueblo.

Con 3 ministros que nunca tomarán decisiones que contravengan la voluntad presidencial, el espacio de maniobra de la SCJN es cada vez más estrecho.

Si hay buenas noticias en todo esto, es el aprendizaje sobre la necesidad de mejorar los medios jurisdiccionales de control constitucional de las leyes y acciones del gobierno.

Y por otro lado, hemos entendido que la desenfrenada ambición del oficialismo por controlar otros poderes reclama cambios inmediatos en los procesos de designación, mecanismos de integración y reglas de operación de los órganos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 5 de enero de 2024).

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El gobierno federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación, el decreto para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos "chocolate".

De esta manera, el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024.

El gobierno federal sostiene que está obligado a implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, "como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país".

Los estados en donde aplica este decreto son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), hasta el momento se han regularizado aproximadamente 1'916,327 vehículos que se importaron de manera ilegal al país.

Y ahora, se cuentan con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos, aseguró el gobierno federal.

Además, con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar aproximadamente 4 mil 790 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización.

"Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos de contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin", dijo anteriormente Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.

(V.periódico El Informador en línea del 29 de diciembre de 2023).

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Este 26 de diciembre la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, publicó en X: "Desde el año pasado varios columnistas han querido hacer grande un infundio sobre un supuesto adeudo de renta en un inmueble que habité. Con la ley en la mano, presenté una demanda por daño moral, puesto que la renta de ese departamento fue siempre pagada, en tiempo y forma". Y añadió: "No busco una reparación monetaria, sólo que se aclare, que se corrijan los infundios que dieron como ciertos".

Claudio Ochoa Huerta, uno de los demandados, respondió: "Señora ministra, Lenia Batres, mejor explíquele a la gente que usted presentó la demanda en mi contra ante el juez incorrecto, el cual se la desechó. ¿Con ese nivel de conocimiento jurídico impartirá justicia en el máximo tribunal del país?".

Si es falso que la ministra Batres se negó a pagar el alquiler de un inmueble que habitaba, tiene derecho a exigir una aclaración o a promover una demanda por daño moral. Pero el problema es la ignorancia jurídica que ha mostrado. La ministra presentó su demanda ante un juez de distrito, un juez federal, cuando le correspondía a un juez civil de la Ciudad de México; por eso el juez de distrito se declaró incompetente. Además, aunque en la demanda exigió el pago de "daños y perjuicios", en su cuenta de X afirmó que no quiere una reparación monetaria, sino una aclaración. Si así fuera, no debería haber presentado la demanda. El jurista Francisco Burgoa de la UNAM me comentó ayer que debió haber recurrido al "derecho de réplica", el cual se pide al medio y no a un juez.

La ministra Batres no puede echarle la culpa de estas muestras de ignorancia jurídica a su abogado, ya que no nombró ni autorizó a nadie para representarla. Ella misma presentó el documento. Alguien con mayores y mejores conocimientos de derecho no se habría equivocado de juez. Pero el presidente López Obrador la nombró ministra, sin el aval del Senado, no por sus conocimientos de derecho, sino por su probada obediencia. Ya AMLO había calificado como "traidores" a los ministros que propuso antes, pero que no han votado como ha querido.

En la 1a. entrevista en su despacho como ministra, publicada el 21 de diciembre, Batres declaró: "Creo que es muy importante que la gente sepa que la justicia es posible, desinteresada, y puede haber resoluciones que no estén amarradas a intereses predeterminados, que son casualmente los de los poderosos de siempre". Se refirió además a los fallos de la Corte que invalidaron el "plan B" de reforma electoral: "Cuando la Suprema Corte o cualquier órgano jurisdiccional se toma la libertad de anular normas constitucionales, debemos preocuparnos, algo no está funcionando bien". No se enteró la ministra de que las normas invalidadas no eran constitucionales, sino secundarias, y que se anularon precisamente porque en su aprobación se violaron los procedimientos establecidos por la Constitución.

No, no debe preocuparnos que la Corte invalide normas inconstitucionales, pero sí la falta de conocimiento jurídico de la ministra y su decisión de apoyar medidas del presidente aun cuando violen la Constitución. Ni siquiera Arturo Zaldívar llegó a tanto: votó contra el plan B, porque la rapidez con la que se aprobó generó "un efecto corruptor", y contra la prisión preventiva oficiosa, porque "castiga la pobreza".

La ministra Batres difícilmente aportará fallos disidentes como estos mientras subsista el actual régimen. No tiene el conocimiento jurídico suficiente, pero la razón principal es que fue nombrada para defender las posiciones del presidente.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 28 de diciembre de 2023).

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Han pasado ya 6 años y es fecha que se desconoce el protocolo para la aplicación de sanciones contra quienes realicen llamadas falsas o de broma a través de los números de emergencias en el estado.

Fue a finales de 2017 que los entonces diputados del Congreso de Jalisco aprobaron una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, y con ello endurecer las multas contra las personas que infringieran las disposiciones.

Hasta ahora, las modificaciones hechas al Artículo 168 de dicha legislación de poco o nada han servido, pues nada se sabe del protocolo para poder identificar a las personas que hagan una llamada falsa con el objetivo de sancionarlas.

Según dicho artículo del Código Penal del Estado, como parte de la reforma se establecieron sanciones de 1 a 5 años de prisión y multa por el importe de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo cual equivaldría a 2023 sanciones de entre los 10,374 a los 31,122 pesos.

Desde 2018, luego de la publicación de las determinaciones en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el entonces director del Centro Integral de Comunicaciones indicó que todavía no estaba bien definido cómo proceder ante tales modificaciones, tanto para la multa económica como para el cobro.

El entonces diputado impulsor de la Reforma, Augusto Valencia, señaló que para poder establecer y cobrar las multas, éstas debían quedar instauradas en la Ley de Ingresos del Estado, sin embargo, desde entonces estas no han aparecido, ni siquiera en el Proyecto de la Ley para el ejercicio fiscal del 2024 aparecen.

Por tratarse de un delito instaurado en el Código Penal del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal sería la encargada de abrir las investigaciones para encontrar a las personas que infrinjan la ley; sin embargo, dijo que el tema corresponde completamente al Escudo Urbano C5, encargado de operar la línea de emergencias 911.

Aunque se consultó tanto a la Secretaría de Hacienda del Estado como al Escudo Urbano C5, respecto de la aplicación y cobro de multas por este concepto, así como por el protocolo para identificar y sancionar a los "bromistas telefónicos", al cierre de esta edición ningún organismo emitió alguna respuesta.

(V.pág.6 del periódico El Informador del 23 de diciembre de 2023).

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Por donde se le analice, esta historia resulta horrible. Sus aprehensores se convirtieron en verdugos, la autoridad se volcó en su contra y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco advirtió del caso nada más 11 años después de que prácticamente todas las instituciones le pasaran por encima.

A la víctima la vamos a llamar Roberto. En la Recomendación 030/2023 de Derechos Humanos evidentemente se elimina el nombre para evitar que alguien más lo pisotee.

El tema es que, en agosto de 2010, Roberto afirma que se encontraba privado de la libertad en un hotel ubicado en Zapopan, que un grupo del crimen organizado se lo llevó y lo mantuvo ahí. Por "fortuna", el día 26 de ese mes, personal de la Unidad de Combate al Secuestro, que entonces pertenecía a la extinta Procuraduría de Justicia, llegó a "rescatarlo".

El mismo Roberto narra que, lejos de salvarlo de la reclusión, los elementos lo llevaron a un anexo de la Procuraduría donde lo vendaron de los ojos, lo ataron de los pies y lo golpearon en las manos con un martillo. ¿Con qué motivo? Para que él reconociera que había cometido 2 secuestros y ser miembro del crimen organizado.

Por el terror de que lo siguieran torturando, o bien, que lo mataran, terminó por reconocerse como miembro de "la maña".

Evidentemente, ningún abogado estuvo presente y, de la manera más sencilla, lo llevaron a prisión. 11 años han pasado desde entonces, y ningún juez se ha tomado la molestia de revisar su expediente. Simplemente lleva más de una década en prisión y, aunque existe un dictamen especializado en psicología y medicina conforme al Protocolo de Estambul, sus papeles se encuentran debajo de una pila eterna, o como lo llaman los jueces: "en periodo de juicio".

La queja, con pruebas fundamentadas, se presentó el 11 de octubre de 2021, pero ésta la derivó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 16 días después, Derechos Humanos Jalisco acudió a Puente Grande para entrevistarse con él y se admitió el 8 de noviembre. Citó al agente del Ministerio Público Octavio Rizo García, pero éste simplemente ignoró a la defensoría y nunca se presentó a dar su versión.

Derechos Humanos tomó en cuenta que el Comité Contra la Tortura de la ONU también había constatado que esta "era una práctica común y generalizada" para que los detenidos aceptaran que cometieron delitos. Y, por si fuera poco, a Roberto no se le hicieron los exámenes médicos justo después de su arresto ni se reportaron lesiones en él. Por esas pruebas, la defensoría afirma que "no existe evidencia que demuestre las afirmaciones de los servidores públicos".

Para enero de 2022, un policía investigador identificado como Gustavo Martínez, quien cuenta con una recomendación de 2018 y 2 expedientes de quejas, negó "tajantemente" cada aseveración de Roberto, aunque reconoció que sí tuvo contacto con la víctima. Éste asegura que se actuó conforme al protocolo y que, al entrar a la habitación del hotel donde estaba un hombre secuestrado, 2 personas se arrojaron desde una altura de 6 metros. Lastimados, ambos sospechosos fueron aprehendidos con facilidad. Uno de ellos, afirmó, era Roberto.

El investigador añadió que las heridas en las manos que tenía Roberto eran por la caída y no porque le estrellaran un martillo en ellas, y que en los interrogatorios siempre estuvo presente su abogado. Esa versión fue respaldada por otros elementos: Luis Fernando Ceballos, Luis Limón Hernández y Carlos Roberto Prado.

La Comisión le hizo una prueba psicológica a la víctima, en la cual confirmó que no hay trastorno por estrés postraumático, pero sí secuelas emocionales permanentes en su estado emocional y psicológico. En suma, se concluyó que sí fue torturado para que reconociera que era un secuestrador.

La conclusión, fuera del delito por el cual se le acusa y por el que no ha sido sentenciado, es que los entonces miembros de la Procuraduría sí violaron su derecho humano a la integridad y seguridad personal por tortura. Cometieron un crimen.

Ahora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exige una justa reparación integral del daño para Roberto, ya que sufrió un detrimento físico, mental y emocional al ser martillado en las manos por agentes del Estado. Por ello, pidió atención médica y psicológica, una disculpa pública del titular de la Fiscalía en la que se acepte la responsabilidad de sus elementos, que se cubran gastos médicos y mentales, y se garanticen medidas de no repetición.

Eso, y sancionar a los servidores públicos que, por la naturaleza de sus actos, no deberían estar en una tarea operativa que involucre martillos para obtener confesiones.

Y sí: acá nos quedamos en esta realidad Kafkiana donde todo absurdo puede ser superado con una facilidad sorprendente y, sobre todo, aterradora.

Isaack de Loza
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de diciembre de 2023).

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Salvatierra, 3a. ciudad colonial de Guanajuato, recibió la distinción de Pueblo Mágico en 2012. Desde el sábado pasado también es un Pueblo Trágico tras la masacre de 11 jóvenes en una posada. Se repite la historia violenta de otros Pueblos Mágicos, sin ir muy lejos, en Jalisco: Lagos de Moreno, Mazamitla, Tapalpa...

Esta tragedia tiene ese rasgo imposible e inexplicable dentro de la taxonomía criminal. ¿Por qué un comando realizó 195 disparos contra medio centenar de jóvenes? El 5% de esas balas fueron letales; dejaron además 14 heridos.

La versión oficial de Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, apunta a que los criminales intentaron ingresar a la posada, se los impidieron y regresaron a cometer la masacre. ¿Por qué la represalia desproporcionada? Sólo hay una explicación, la más sencilla: porque pueden.

Piensen en la psicología criminal. Comparemos el caso -guardando las proporciones- con un automovilista que se pasa un alto cada mañana. La 1a. vez desobedece la luz roja tras cerciorarse de la ausencia de un agente vial que lo multe. Después lo hace de manera automática y rutinaria.

Traslademos esa certeza -nadie te ve, por tanto, nadie te castiga- a la figura de un criminal que dispara contra un grupo de jóvenes con absoluta libertad.

En el caso del automovilista, la ausencia de un "tránsito" en un crucero específico le permite pasarse el alto cada día. En el caso de Salvatierra, la ausencia del Estado en la mente del criminal lo habilita para quitarle la vida a un grupo de jóvenes por capricho. Insisto en que empleo esta comparación sólo como un recurso didáctico.

La ruta de salida es clara. ¿Qué pasaría si nuestro hipotético automovilista se ve sorprendido por un agente vial? La infracción dejaría de cometerse.

¿Qué pasaría si fueran castigados los responsables de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, los asesinos de Aristóteles Sandoval, el homicidio de los 5 estudiantes de Celaya a principios de mes y tantos otros en el país?

En todos los casos, el acto criminal sólo tiene 2 posibles génesis: el delincuente confía en la ceguera del "agente vial" o éste es su socio y compadre.

Enviar más soldados con armas a vigilar ciudades enteras nunca será tan efectivo como procesar y castigar ejemplarmente a los homicidas. Disparar más balas y detener capos, lo hemos comprobado durante los últimos 3 sexenios, nunca le harán entender a un delincuente que cruzar la línea hay consecuencias. De otra manera estamos condenados a que Salvatierra se repita todos los días.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de diciembre de 2023).

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Si le preguntamos a Enrique Alfaro cuál fue la peor herencia que recibió, seguramente dirá que el problema de seguridad. Todos los gobernadores, invariablemente, dicen que recibieron un cochinero y que les dejaron un estado mucho peor de lo que imaginaron en materia de seguridad (lo cual sólo significa que imaginan poco o no leen nada). La peor herencia que dejará el gobernador Alfaro a su sucesor será el mismo, y no sólo por los eventos violentos que hemos visto en los últimos días, sino por razones que, desde ya, podemos adelantar, argumentará la próxima o próximo gobernante.

Las cifras que hoy aplaude el mismo candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, tienen un pequeño problema: hablan de denuncias presentadas, no de realidades. Después de recorrer los municipios en campaña, el candidato oficial y las candidatas de oposición se darán cuenta de lo obvio: en el terreno las cosas se viven distintas a como se ven desde Casa Jalisco y están mucho más complicadas de lo que dicen las cifras oficiales.

La Fiscalía del Estado, esa que Alfaro prometió transformar cuando era candidato y luego como gobernador electo, está en el abandono político y presupuestal. En algún momento el gobernador se convenció o lo convencieron de que la mejor forma de bajar los delitos era bajar las denuncias, y para ello es mejor una fiscalía que genere miedo y no confianza; que ahuyente la denuncia, no que la promueva; que obedezca y no que tenga autonomía. El gobernador dijo, cuando el famoso asunto de la represión a los manifestantes que se quejaban en la Fiscalía de la represión del día anterior, que la institución estaba tomada. Nada se hizo para resolverlo, así que, si aquello fue cierto y no un simple paro para justificar la violencia contra los jóvenes, el siguiente gobernador recibirá una fiscalía anquilosada, empobrecida y encima, infiltrada por los malandros.

Las policías no están mucho mejor. Dejemos de lado la de Vialidad cuyo desastre en este sexenio es mayúsculo. El gobernador Alfaro entregará una policía estatal más o menos igual a la que recibió. Por supuesto que el gobierno actual tendrá datos para argumentar todo lo que han hecho, pero en esencia es lo mismo. Esto es, no hubo en este sexenio un impulso de transformación de las policías, se dedicaron sólo a administrar el problema. Ni que decir de la Policía Metropolitana, que sólo existe en la cabeza del gobernador, pues los alcaldes de la zona metropolitana, supuestos beneficiados directos de la existencia de este cuerpo policiaco, no la conocen ni la reconocen.

Pero sin duda, la peor herencia que entregará el gobernador Alfaro será más territorios perdidos, más barrios y municipios donde, para decirlo bonito, la seguridad depende de otros.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de diciembre de 2023).

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Ayer se cumplieron 3 años del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero ni los autores materiales ni los intelectuales están tras las rejas.

Eso sí, el Gobierno de Jalisco insiste en que se trata de un crimen "resuelto".

La familia exige justicia, pero todo sigue igual.

Nadie se sorprende de que no estén en la cárcel los principales responsables de la ejecución del exmandatario. Y es que de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian. Y de cada 100 delitos que se denuncian, apenas 14 se resuelven, de acuerdo con organizaciones civiles (como Impunidad Cero), basadas en carpetas de investigación.

Allá en La Fuente
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de diciembre de 2023).

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La reciente tragedia de Texcaltitlán, Estado de México, donde los habitantes enfrentaron a extorsionadores que demandaban un "derecho de piso" a los agricultores, refleja una crisis de seguridad profunda en nuestro país. Este evento resalta la violencia atroz y el descaro de los grupos criminales y pone de manifiesto hacia dónde transita la respuesta ciudadana en una situación de ingobernabilidad generada por el crimen y una autoridad desbordada.

Sólo el Estado tiene la legitimidad del uso de la fuerza para salvaguardar a la ciudadanía. En la práctica, la efectividad de este mandato parece desvanecerse ante actos violentos como los ocurridos en el Estado de México. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad ha llevado a la ciudadanía a tomar medidas extremas que culminan inevitablemente en tragedias. No se puede poner en duda que estos terribles eventos son un claro indicativo de que el Estado está rebasado y de la urgencia que existe de replantear la estrategia de seguridad.

La situación en Texcaltitlán asimismo es reflejo de un problema más amplio: la coexistencia en un territorio de corporaciones policiales de los distintos órdenes de gobierno, los grupos criminales y los grupos de autodefensa que operan fuera del marco legal. Esta compleja dinámica tiene graves implicaciones en la gobernabilidad, ya que afecta la capacidad del Estado para ejercer su autoridad y garantizar seguridad y el ejercicio de sus derechos a las personas.

Es imperante reconocer que enfrentamos una crisis institucional y una profunda necesidad de repensar nuestro enfoque hacia la seguridad. Es urgente dejar de pensar solo en la intervención estatal como respuesta; la participación activa de la sociedad es la única forma de recuperar nuestras comunidades. La "coproducción de seguridad" implica la colaboración activa entre el Estado y la ciudadanía para abordar, y sobre todo, prevenir los riesgos y atender las causas subyacentes que generan la violencia y el delito. Es urgente anticipar más y reaccionar menos frente al empoderamiento de grupos criminales que detentan autoridad de facto en las comunidades.

Un enfoque multifactorial es crucial para incorporar medidas preventivas y de control de la criminalidad; a estas alturas, sobra evidencia de que la militarización beligerante no reduce la violencia ni el crimen. Es indispensable hacer frente a problemas como la falta de cohesión social, la pobreza, la desigualdad y exclusión social, la impunidad y la proliferación de armas ilegales, por enunciar solo algunos de ellos.

Ismael del Toro Castro
(v.pág.2 del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2023).

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Para muchas personas es casi indispensable contar con un carro que pueda llevarlos de forma segura a cualquier lugar. Pero como no siempre se cuenta con mucho presupuesto, se suelen buscar opciones para adquirir un modelo fácil, rápido y más barato, y los autos chocolate podrían parecer interesantes. Pero cuidado, no son una buena inversión.

Si tienes pensado comprar un auto de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como chocolate, aquí te decimos por qué no es la mejor idea.

Autos chocolate, más desventajas que ventajas

Antes de explicar las razones por las que es una mala inversión el comprar un auto chocolate, te explicaremos a qué se refiere este término.

De acuerdo con Autofact, empresa de venta de carros usados, los autos chocolate son vehículos importados de Estados Unidos, Canadá u otros países, cuyas versiones o marcas no se encuentran comercializadas en México, también pueden ser modelos descontinuados que ya no operan bajo las normas de emisiones vigentes de nuestro país.

Este tipo de autos siempre han existido y circulado en México. Sin embargo, esto ha representado una amenaza para el mercado nacional de modelos nuevos y usados.

Quizá pienses que la compra de autos chocolate se ha desestimado solo por el riesgo que representan para el mercado automotriz nacional, pero la realidad es que estos vehículos tienen desventajas que te harán pensar más de dos veces antes de adquirir uno.

Son autos descontinuados

La gran mayoría de estos autos son modelos o versiones que las marcas dejaron de fabricar, por ende, no solo estás comprando un carro que ya no se comercializa en nuestro país, sino que también se trata de un coche obsoleto sin piezas de repuesto, lo que puede llegar a ser un verdadero problema en caso de que sea necesario cambiarlas.

No cuentan con el respaldo de una concesionaria

Si llegas a notar cualquier anomalía en tu auto lo más probable es que se te dificulte repararlo ya que al no tener un taller especializado disponible tendrás que buscar uno por tu propia cuenta. Al ser versiones que ya no se fabrican, es muy probable que gastes mucho dinero en la reparación, además de que eso no te garantiza que el coche quede completamente funcional.

Son más difíciles de asegurar

Aunque la adquisición del auto se haga de manera legal, la compra de un seguro será difícil ya que las empresas no se arriesgarían por un vehículo sin respaldo oficial de alguna marca o empresa.

Problemas mecánicos

Es común que estos autos lleguen al país con daños mecánicos, los cuales no se pueden componer ya que no hay disponibilidad de piezas o las reparaciones son muy costosas.

(V.periódico El Informador en línea del 17 de diciembre de 2023).

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Las imágenes de lo ocurrido en Texcatitllán, Estado de México, son expresión de mucho más que un mero evento anecdótico. De acuerdo con varias notas periodísticas, el día sábado, en Malinalco, en la misma entidad, se reportó una nueva agresión con disparos de armas de fuego a elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, en un hecho que al parecer está relacionado con lo ocurrido en Texcatitlán.

De ninguna manera puede ser motivo de alegría el hecho de que una comunidad, harta de las extorsiones y agresiones de un grupo delincuencial se haga justicia por propia mano, más aún cuando en el hecho murieron integrantes de la comunidad, que tuvieron que exponer así sus vidas, y porque ello no garantiza que ese evento vaya a conseguir la expulsión definitiva del grupo criminal de su comunidad.

Lo ocurrido revela cuando menos 3 cuestiones fundamentales para el Estado Mexicano. La 1a. está relacionada con la ausencia del aparato de inteligencia civil, el cual debería ser el principal coadyuvante de las fuerzas federales para evitar que este tipo de hechos ocurran.

Las tensiones que debieron vivirse en esa comunidad, previas al sangriento enfrentamiento que se dio, no fueron al parecer identificadas, de tal forma que la autoridad hubiera podido evitarlas. Asociado a ello, se encuentra también la idea, más peligrosa aún, de que, a pesar de que quizá se contaba con información y la decisión fue no intervenir. Si ese fuera el caso, estaríamos ante la claudicación del Estado, en los hechos, a su responsabilidad de servir y proteger a la población.

La 2a. cuestión es la relativa a la confirmación del dominio territorial que tienen los grupos delincuenciales en amplias franjas del país. Y este dominio no es ya sólo relativo al control de carreteras y caminos, sino también sobre las actividades económicas y sociales de numerosas poblaciones.

La 3a., que no es menor, es la aparentemente nula coordinación que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, no sólo en esa Entidad, sino en todo el país; porque todo se llevó a cabo en un espacio público, abierto, y, de hecho, un espacio de reunión comunitaria, como lo son las canchas deportivas.

Si hubiese una coordinación efectiva, desde el inicio del evento la autoridad municipal pudo y debió solicitar el auxilio de las autoridades estatales y federales. Si no ocurrió así, debe haber una investigación de por qué; y si se llevó a cabo, la pregunta es nuevamente por qué se dio la negativa en los hechos de acudir con oportunidad a la comunidad.

Preocupa pensar que, ante la aparentemente deliberada inacción estatal y federal, este tipo de eventos se repitan en otras comunidades con iguales niveles de extorsión y agresión perpetradas por el crimen organizado. Porque otro de los temas de preocupación se encuentra en el hecho de que la insurrección civil se dé ante grupos delincuenciales; porque esto podría calificarse como una especie de "guerra civil no convencional", en la que las autoridades del Estado toman una inaceptable postura de inacción y retraimiento.

Sorprende, además, que las autoridades informen que el líder de la célula criminal, y que terminó muerto, estaba plenamente identificado, y de hecho se le responsabiliza de otros graves eventos, como el asesinato de 13 elementos de seguridad pública en Coatepec de Harinas, perpetrado aparentemente bajo las órdenes del mismo sujeto.

Eso indica que la procuración de justicia tiene enormes yerros, pues por lo visto en las imágenes, el sujeto no estaba escondiéndose, sino antes bien, actuando a plena luz del día y a la vista de la población.

Estamos ante un contexto sumamente crítico, que toma un cariz especial de cara a las elecciones del 2024; porque lo que no puede pecarse es de ingenuidad y no comprender, de una vez por todas, que el crimen organizado dejó de ser, desde hace mucho, un actor marginal en la economía y en la política de nuestro país.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 16 de diciembre de 2023).

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Aunque el nombramiento presidencial de la candidata Lenia Batres Guadarrama como ministra de la SCJN se apegó al texto constitucional, lo cierto es que tal acontecimiento deberá conducir a una profunda reflexión sobre el proceso de nominación y aprobación de los ministros de la SCJN y también de los miembros de órganos constitucionales autónomos. Esto es así porque es ciertamente indebido que los poderes del ejecutivo y del legislativo puedan impedir el funcionamiento de órganos de gobierno fundamentales para la marcha de la república.

En el caso de la SCJN, la situación es muy grave. En 1er. lugar, la nominación de Lenia Batres Guadarrama ha sido muy criticada debido a que su perfil no es suficiente ni adecuado para ocupar el puesto de ministra. Pero el punto más sustancial es el que se refiere a la intromisión del ejecutivo en el judicial en un contexto en el que este último ha sido un dique privilegiado para limitar el poder presidencial. Una y otra vez hemos visto, a lo largo de este sexenio, cómo a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias o amparos, la SCJN ha impedido que leyes anticonstitucionales puedan ponerse en marcha. Esto ha sido esencial para mantener nuestro orden republicano, aún ante el asedio del presidente.

Ahora bien, con el nombramiento de la nueva ministra cercanísima al obradorismo, el presidente podría estar por lograr obtener los aliados ideológicos que necesita en la SCJN para evitar que se reúnan 8 votos en el pleno del tribunal constitucional, que es el requisito para que las acciones de inconstitucionalidad alcancen la votación calificada necesaria para lograr la declaratoria general de la invalidez de Leyes -especialmente cuando son contrarias abiertamente a la Constitución -como sí se logró, por ejemplo, con las leyes del llamado Plan B contra el INE.

Por todo lo anterior, nos encontramos en un momento de gran riesgo para la autonomía e independencia de nuestro máximo tribunal constitucional.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2023).

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¿Hay exceso de gasto en los organismos autónomos como dice el presidente? Sí. ¿Son necesario los organismos autónomos para la vida democrática? Sin duda.

Los organismos autónomos no son otra cosa que agencias del Estado cuya función es hacer valer derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos o excesos del gobierno en turno. El 1o. de ellos fue nada menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nació para denunciar y en lo posible limitar los abusos de poder por parte de las policías, las otrora procuradurías hoy llamadas fiscalías, los militares y los poderes ejecutivos, sean municipales, estatales o el federal. Otro importantísimo fue el Instituto Federal Electoral (IFE) hoy Nacional (INE) que le arrancó al gobierno la organización de las elecciones para garantizar el derecho al voto.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) -la nueva pluma de vomitar del presidente- nació tras una larga batalla ciudadana por el derecho a la información. Aunque el derecho se plasmó en la Constitución desde 1976 no fue hasta el gobierno de Fox que tuvimos una ley que garantizara a los ciudadanos que toda la información de lo que pasa en los gobiernos -pagos, gastos, decisiones, etc.- no sólo tenemos derecho a conocerla, sino que es nuestra. Las únicas excepciones son aquellas que, por Seguridad Nacional, es decir, por el bien de todos, deben resguardarse por un tiempo.

Hay otra categoría que son los órganos reguladores en materia económica cuya función es regular y hacer cumplir la normatividad en materias específicas, como telecomunicaciones, energía o competencia económica. Su función es que ningún jugador económico, incluyendo por supuesto al gobierno en turno, esté por encima de la ley. Si el gobierno actual odia, por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía es porque limita la toma de decisiones de los funcionarios actuales, llámese Bartlett en la CFE o Romero en Pemex que más allá de sus visiones personales están obligados a cumplir la ley.

Podemos y debemos discutir amplia y acaloradamente si estos organismos de estado están cumpliendo su función, si se pueden mejorar, si la forma de elegir a sus comisionados es la mejor, si los poderes fácticos tienen un comisionado aquí y otro allá, si hay corrupción y si lo que ganan es o no lo correcto. Todo eso debe estar en discusión permanente para mejorar la calidad y el servicio que prestan estas instituciones y siempre será una opción construir acuerdos parlamentarios para cambiar las leyes que los rigen. Lo que no debemos permitir es su desaparición porque eso significa un retroceso de 50 años en nuestra democracia.

Los organismos autónomos nacieron para limitar al poder y sus abusos, no importa quién ocupe la silla presidencial. Entre más los odie el presidente en turno, más necesarios son.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2023).

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Texcaltitlan, en Estado de México, se cansó de que los criminales acecharan la comunidad. Se enfrentaron a machetazos y balazos para acabar con los excesivos cobros por el derecho de piso por parte del crimen organizado.

En Jalisco la situación no es diferente. Es secreto a voces que el cobro del derecho de piso existe, pero, no se denuncia.

Los criminales te tienen ubicado, conocen tu negocio, han estudiado quién eres, qué hora abres, a qué hora cierras, quién se encarga de las labores de caja. Todo.

Así ocurrió con "Omar", quien hace unos 4 años puso un bar cerca de la zona de Chapalita. Poco a poco comenzó a llegar la gente, hasta que un día llegaron 2 hombres que pidieron hablar con el dueño. Salió, los criminales le dijeron que venían de "la plaza" y se metieron a la oficina.

Ahí le dijeron que si quería seguir operando el lugar tenía que pagarles 20,000 pesos al mes o tendría que despedirse de su negocio. El monto que le pedían era incluso más alto que la renta que pagaba, les dijo que lo que producía el bar no llegaba a esas cantidades y pidió negociar.

Los criminales, "por su apertura", le dijeron que si no quería pagar debería dejar que un sujeto, todas las noches, fuera a ofrecer droga al lugar para nivelar el monto. Omar, por miedo, accedió. Así por varias semanas "el de la oficina", como se presentaba el cartel al llegar, se metía a los baños a ofrecer droga.

Como no se vendía, "la plaza" decidió dejarlo al ver que el negocio ni daba para pagar el cobro del piso, ni para la venta en los baños. Se fueron, no sin antes amenazar con que irían periódicamente para comprobar que sus adversarios no se metieran a vender, y que si veían más gente regresarían a pedir el dinero. Tuvo suerte.

A quien no le fue de la misma forma fue a "Luis", quien puso un puesto de tacos en la zona de Oblatos hace un par de años. Los criminales llegaron a las pocas semanas para avisarle sobre el pago que tenía que hacer para dejarlo vender.

Eran unos 5,000 al mes, calculó poco más de mil pesos a la semana y se aventuró a entrarle por vender y darse a conocer, pero muy pronto se dio cuenta que los gastos no salían y cerró.

Así la historia de muchos comerciantes y productores en la entidad. Apenas el pasado fin de semana el Cardenal afirmó que tiene conocimiento de que el crimen organizado también cobra derecho de piso en Jalisco, mientras que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) incluso ha contabilizado los daños por este tipo de hechos, contemplando a Jalisco dentro de las entidades donde las cuotas son más altas, llegando a montos de entre los 3,000 a los 20,000 pesos.

En estados como Aguascalientes y Guerrero puede llegar incluso a los 50,000.

El derecho de piso es solo uno de los tantos "negocios" diversificados del crimen organizado emprendidos para obtener ganancias, como lo pueden ser los secuestros virtuales, el robo de vehículos con fines de recarmarcaje y reventa, falsificación de dinero, entre muchas otras ramas.

El derecho de piso no tiene un delito etiquetado por sí mismo, sino que le incluye en las denuncias por extorsión, que en Jalisco han rondado en un promedio de 650 al año, considerando solo aquellos quienes sí denunciaron, por lo cual es muy complicado generar estrategias que puedan acabar con él.

El problema de su erradicación además es que mientras no se desarticulen los grupos criminales desde su cabeza y mandos medios, este tipo de situaciones no va a terminar, pues sus ramas operan de la misma forma que una empresa: aunque llegue a faltar un empleado u otro salga del puesto, el sistema ha sido establecido para seguir operando buscando sus remplazos.

Y al final es eso, esperar a que un día se recobre el Estado de Derecho y no tengamos la necesidad de tener que enfrentarnos a los criminales por defender lo que es nuestro, como ocurrió, en Texcaltitlan.

Rubí Bobadilla
(v.periódico El Informador en línea del 14 de diciembre de 2023).

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El viernes pasado hizo crisis en la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, otra de las múltiples expresiones delictivas de los grupos del crimen organizado: el llamado cobro por derecho de piso.

Hartos de tener que compartir desde hace al menos una década el fruto de su arduo trabajo en la siembra y engorda de diversos productos agropecuarios con una célula de la mafia de "La Familia Michoacana", comandada por "El Payaso", que los extorsionaba y les exigía pagarles distintas cantidades por cada hectárea sembrada o kilogramo cosechado, y hasta por los migrantes que se iban a Estados Unidos, los habitantes de este pequeño poblado se armaron con piedras, machetes y viejas escopetas, y enfrentaron a más de una decena de sicarios fuertemente armados que los habían citado para despojarlos de parte de sus modestos ingresos.

La desesperación, la impotencia y el coraje de verse por años abandonados por la autoridad, de este y de los anteriores gobiernos priistas, y vulnerables ante este cártel, los hizo hacerse justicia por su propia mano y a pese todas sus desventajas, abatir a 11 de sus explotadores, incluido "El Payaso", con el costo perder a 3 de los suyos.

3 días después de esta batalla, que hizo recordar los grupos de autodefensa de Michoacán surgidos desde el sexenio de Felipe Calderón hace más de 10 años, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió a Texcapilla, acompañada de su gabinete de seguridad, para reunirse con el alcalde Javier Lujano, luego de que desde el viernes que ocurrió el enfrentamiento se mandaron 600 elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal. Como suelen hacerlo siempre los políticos y gobernantes, dijo que fortalecerán la vigilancia, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que atenderán "las causas que generan la violencia".

A los pobladores poco los reconfortó el discurso de la gobernadora. Ellos temen que venga la venganza en cuanto soldados y policías se vayan a apagar otro desafío del narco a otro lugar. No van a sus tierras, no abren sus negocios ni llevan a sus hijos a la escuela.

Ese miedo que sienten en la comunidad de Texcapilla asoma en muchas otras comunidades del país. Como pasa aquí en Jalisco, en Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ocotlán, Pihuamo, Lagos de Moreno entre otros.

Si eso pasa en una comunidad de la entidad más rica y poderosa del país, qué nos espera en otros municipios rurales y urbanos de estados que también son víctimas de la extorsión desde hace años y que han pensado muchas veces también, sin hacerlo aún, tomar la justicia por ellos mismos, ante la pasividad del gobierno federal, y de los gobiernos estatales y municipales.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2023).

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Después de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Texcaltitlán, Estado de México, en donde 10 sicarios de La Familia Michoacana fueron asesinados por pobladores que llevaban una década pagando extorsión a este grupo criminal, algunos pobladores finalmente se decidieron a hablar.

Narraron que La Familia Michoacana les cobraba cuotas por "el agua, la madera, el combustible, por tener animales, por comprar comida, por las cosechas y hasta por hacer fiestas".

"Ya no eres libre ni de ir al monte a cortar una rama porque te la cobran, el azúcar, huevo, la carne... si teníamos una fiesta, teníamos que avisar", relataron.

Hace apenas unos meses, otro municipio del Estado de México, Valle de Bravo, se quedó sin gas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas y Empresas Conexas reveló que el desabasto se había desatado a causa de las cuotas impuestas a los distribuidores por la Familia Michoacana.

Se denunció entonces que expendios de pollo, mercados, vendedores de materiales de construcción, propietarios de camiones de carga, conductores del transporte público, parapentistas, lancheros, gasolineros, restauranteros, panificadores y hoteleros se hallaban en la misma situación.

En muchos casos, La Familia Michoacana obligaba a los propietarios a surtirse con un mismo proveedor.

Un cuartel de la Guardia Nacional se instaló en la zona, pero no ocurrió nada. La extorsión sigue vigente.

Hace unos meses, también, empresarios de Tamaulipas denunciaron que en el estado prácticamente todas las actividades productivas se encuentran bajo renta por parte del crimen organizado. Zetas, Ciclones, Escorpiones, Metros, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo azotan las 43 alcaldías que componen la entidad. Ahí nadie se salva: desde taxistas hasta locatarios, desde propietarios de talleres hasta dueños de hoteles, desde vendedores de llantas y de carne, hasta dueños de bares, hospitales y restaurantes.

Matamoros, Reynosa, San Fernando, El Mante, Victoria, Río Bravo, Miguel Alemán, Abasolo, Aldama, Camargo, Díaz Ordaz, Padilla, Güemez, Burgos, Cruillas, San Nicolás y Jiménez son solo algunos de los municipios en donde la extorsión forma parte de la vida diaria, y en donde las cuotas se pagan a tiempo y en silencio.

En Cuautla, Morelos, hasta los salones de fiesta son víctimas de extorsión. En los últimos meses, toda clase de comercios han sido incendiados o atacados por los grupos criminales que dominan la zona.

Sólo en el mes de noviembre, 9 negocios fueron presa de las llamas. En la lista había carnicerías, fruterías, fondas, bares, lotes de venta de autos y locales del mercado Hermenegildo Galeana.

Incluso organizaciones de taxistas y representantes de los recolectores de basura denunciaron que el crimen organizado les había impuesto el pago de cuotas.

Los afectados intentaron hacer una marcha de protesta, para exigir la protección de las autoridades. Pero solo asistieron 25 personas, pues nadie quiso ponerse en evidencia frente a los 3 grupos criminales que hoy dominan la extorsión en la 2a. ciudad más importante del estado: Los Acapulco, El Comando Rex y Gente Nueva.

El obispo de Cuernavaca ha declarado que el 50% de los negocios de Cuautla se hallan bajo extorsión.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, acaba de declarar que este delito ha crecido 20% en el estado durante el último año.

Los agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos denunciaron que al menos 30% de sus agremiados se encuentran bajo amenaza de algún grupo del crimen organizado.

El Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos reveló que el delito se ha disparado en la zona sur y oriente del estado, y que las víctimas no solo son los propietarios de los establecimientos, sino también los proveedores del maíz, lo que "ha forzado el incremento en el precio del producto".

En Chilpancingo, Guerrero, 14 negocios fueron quemados en una semana a principios de año: marisquerías, locales del mercado, pequeños negocios de venta de ropa, así como ferreterías... Al mismo tiempo, propietarios de distintos negocios fueron asesinados: eran dueños de funerarias, talleres de motocicletas y tiendas de telefonía celular.

Miembros de la Canaco revelaron que los grupos del crimen organizado exigían hasta 100,000 pesos anuales "para dejarlos trabajar".

En Chilpancingo es célebre la extorsión a los distribuidores de pollo: en una granja situada a solo 300 metros del retén de la Guardia Nacional fueron asesinadas 6 personas entre las que se encontraba una niña de 12 años. En esa ciudad son extorsionados también los vendedores de carne de res y de cerdo.

En Acapulco, antes de la llegada de Otis, 14 negocios ardieron en un sola noche y 50 locales del Tianguis Campesino fueron incendiados.

Varios locales de la Central de Abastos quedaron calcinados.

Denunciaron empresarios: "La gente de trabajo pierde todo y es asesinada: Acapulco se desangra".

Desde la Tierra Caliente hasta la Costa Grande, empresarios de la construcción, de negocios gaseros y de la industria de la tortilla han denunciado la extorsión de los grupos criminales, sobre todo en Zihuatanejo, Tecpan y Petatlán.

En Sonora se ha denunciado el cobro de cuotas a los mineros, los empacadores de fruta, los distritos de riego y los campos pesqueros.

La extorsión a aguacateros y limoneros de Michoacán provocó este año desabasto y encarecimiento de los productos.

Según datos presentados por Integralia, en 5 años del gobierno de López Obrador el delito que más creció fue la extorsión, que registró un incremento de 56% a nivel nacional.

Los hechos de Texcaltitlán son solo la punta más visible del iceberg: la constatación de un avance criminal que no se había visto en la historia de México: el legado de un gobierno que prefirió cerrar los ojos a una realidad que ahoga a cientos de miles de mexicanos.

Héctor De Mauleón
(V.periódico El Universal en línea del 13 de diciembre de 2023).

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Texcaltitlán dijo basta. Un pequeño poblado del Estado de México fue noticia este fin de semana porque los pobladores pusieron el alto al crimen organizado. Contra todo pronóstico, el saldo mortal fue favorable a los pobladores: murieron 3 y lograron matar a 11 miembros del grupo criminal "La Familia Michoacana". Los pobladores prefirieron correr el riesgo, perder a algunos de sus familiares antes que pagar el tributo que les exigían los criminales.

La tragedia no termina ahí. Falta ver cuál será la respuesta del crimen organizado ante este desafío de un poblado de apenas 15,000 habitantes en las faldas del Nevado de Toluca, y sobre todo cuál será la respuesta o no respuesta de los gobiernos estatal y federal.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, como todos los gobernadores del país, se saca el bulto porque se trata de crimen organizado y ese es un asunto federal. Lo más patético es que dijo que el criminal asesinado, conocido como "El Payaso", era uno de los objetivos prioritarios, pero el gobierno nunca lo pudo detener.

El presidente López Obrador, muy a su estilo, se salió por la tangente y volvió a hablar de prevenir el consumo de drogas como la solución frente a grupos del crimen organizado que "cobran piso", como se llama al impuesto que exigen los llamados "jefes de plaza", 2 conceptos que han adquirido carta de naturalidad y que son por definición la derrota del Estado. Seguro hoy en la mañanera dirá que la respuesta del gobierno ha sido el envío de miembros de la Guardia Nacional, tropa que moverán de otro poblado y que en automático lo dejará al descubierto. La política pública en materia de seguridad no es otra que la del gato y el ratón. Hay nula prevención, no digamos investigación. Aplicar la ley y asegurar la vigencia del Estado de Derecho es lo único que no está en el radar.

¿Cuántos poblados hay como Texcaltitlán en todo el país? ¿Cuántos productores son extorsionados todos los días por el crimen organizado? ¿Cuántos mexicanos están hartos de vivir bajo el yugo de un sistema criminal que cobra impuestos y de pagar impuestos a un Estado que no le regresa lo esencial: seguridad?

La masacre de Texcaltitlán, 14 muertes, pudo haber sido mucho peor, e insisto no sabemos qué represalias habrá por parte del grupo criminal. No es masacre, dirá el presidente, porque el gobierno no los mandó matar. Y tiene razón en una cosa: no los mató el Estado, los mató la falta de Estado.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2023).

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La senadora morenista y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se manifestó en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular pues sostuvo que el diseño constitucional para elegir esos cargos es correcto.

Dijo que ella si tendría algunos temas importantes que plantear dentro de la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, el fortalecimiento de la carrera judicial y la capacitación de jueces y magistrados.

Asimismo una reforma a la Ley de Amparo, en el de que las resoluciones judiciales deben ser de fondo y no de forma y, generalmente son forma y "eso a mi me puede molestar demasiado; y por qué me molesta demasiado que sea una resolución de forma, porque no damos una respuesta al justiciable", indicó.

En medio de la fractura en el bloque de oposición en el Senado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca aprovechar esta coyuntura y anunció en febrero de 2024 presentará su último paquete de reformas constitucionales que contendrá la iniciativa para reformar el Poder Judicial con el objetivo de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto de los ciudadanos.

(V.Crónica del 7 de diciembre de 2023).

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El 10 de marzo del año pasado en Madrid, España, Juan Silva Meza, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2011/2014), denunció internacionalmente -durante el Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional- las intenciones de Andrés Manuel López Obrador de querer controlar el Poder Judicial. Sin mencionar el nombre del mandatario, habló de los desafíos que sufren muchos países, que ante una ola de gobiernos autoritarios en el mundo están amenazando a las democracias. "La voluntad individual, por encima de los procesos institucionales y de las reglas que rigen... el Poder Judicial comienza a ser blanco de control por parte del gobierno, a toda costa".

Un mes después -6 de abril, 2022- legisladores estadounidenses alertaron sobre el asedio al Poder Judicial en México desde la Presidencia. "El gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales, que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno... que atentan en contra de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho", según publicó la agencia Associated Press.

La semana pasada, el tema de la independencia del Poder Judicial en México desde una tribuna norteamericana volvió a salir a la luz pública. Y la voz fue del embajador Ken Salazar, quien en la clausura del Diálogo en Materia de Extradición, en la que estaba presente la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, señaló que "reconocemos la importancia del Estado de Derecho, la aplicación de justicia y la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL... Litigar no es fácil, y llegar a decisiones justas es una gran tarea".

Y aunque el embajador hacía referencia a castigar a quienes "violenten las comunidades, llevando el veneno del fentanilo", fue muy explícito en la importancia del tema del Poder Judicial y entre líneas envió "un mensaje claro", al decir, "CUENTEN CON NOSOTROS para desarrollar las capacidades de todos los actores EN EL SECTOR JUSTICIA".

Son muy claras las intenciones de López Obrador de tener "a su merced" al Poder Judicial. Solo hay que recordar el llamado que hizo el pasado 28 de septiembre para que se logre una reforma a ese poder, al que considera "corrupto y contrario a los intereses de la nación. Tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad, y no dejarnos engañar... es una tarea pendiente, pero que se puede resolver ya en 9 meses -en la elección del 2024-, si la gente vota porque continúe la transformación". Un cambio al que los vecinos del norte no ven con buenos ojos y han enfocado sus baterías desde diferentes trincheras para impedir que se disipe la división de poderes y ponga en riesgo la democracia.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 6 de diciembre de 2023).

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Samuel García tejió una maraña jurídica en torno a un mandato muy claro: "Si la licencia (del gobernador) fuere por más de 30 días naturales (...), el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo" (Artículo 122, Constitución Política de Nuevo León). Eso hizo el congreso al concederle la licencia y luego nombrar a Luis Enrique Orozco como interino.

La Corte tuvo que explicarle a Samuel un sencillo enunciado. El mismo congreso que le otorgó la licencia debió revocarla, pero Samuel la revirtió a través de un acuerdo consigo mismo y un tuitazo. Evidencia su desprecio por la ley.

Samuel alega que ganó la gubernatura con 786,000 votos de los neoleoneses (36.7%), pero olvida que para conformar el Congreso de Nuevo León el PAN y el PRI obtuvieron juntos 1'196,000 votos (55.8%) y MC sólo 419,000 (19.6%). Los ciudadanos dieron la mayoría legislativa al "Prian". Sólo en la fantasía dictatorial y mediática de Samuel los neoleoneses le entregaron el mando absoluto para gobernar.

Samuel confunde carta magna con "manga ancha", pues el Poder Legislativo, según el artículo 96 de la Constitución de Nuevo León que juró respetar, se configura como contrapeso del Poder Ejecutivo y vigilante del cumplimiento de las leyes. Esa función cumplen los parlamentos. Si lo duda que consulte a sus 6 autores favoritos: Alexander, Hamilton, James, Madison, John y Jay (sic).

Samuel cometió un error que resume su esencia: manejó una crisis política como una crisis de comunicación. Y lo hizo a base de mentiras y sesgos discursivos.

Por eso Samuel García es una peligrosa versión previa de lo que podría venir. Ante la crisis de los sistemas democráticos y el hartazgo que la clase política despierta en la población, su novelón sólo abre un poco más la puerta a un verdadero "[Javier] Milei" el día de mañana.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 5 de diciembre de 2023).

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El galimatías que ha provocado Samuel García en Nuevo León se ha convertido en un bochornoso momento político en la historia de ese estado. El deseo, intención, arrebato o decisión de volver al cargo de gobernador -posición a la que él mismo renunció-, además de olvidarse de sus aspiraciones presidenciales, omitiendo los trámites y resoluciones jurídicas y legales que están vigentes, demuestran que -el hasta ahora oficialmente ex gobernador- se quiso pasar de listo y al final de cuentas solo quedó exhibido.

No se necesita ser erudito en términos legales o legislativos para darse saber que ante una decisión del Congreso del Estado de Nuevo León y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revertir la determinación de permiso se debería haber recurrido por las mismas vías, en tiempo y en forma, pero de ninguna manera haciéndolo verbalmente o solo publicándolo en el Diario Oficial.

Fue muy obvio, a la vista de todo el mundo, cuando la disposición marcaba que en el 1er. minuto del 2 de diciembre tomaba posesión el nuevo gobernador interino -para cubrir la ausencia del solicitante- y se iniciaba el periodo de permiso, la decisión -vamos llamándolo- de arrepentimiento de Samuel García se hizo pública después de ese plazo y no por los conductos apropiados.

Y es que no hay justificación a la irreflexiva reacción de Samuel García, quien en su historial educativo tiene título en derecho y finanzas, maestría en derecho público y doctorados en política, administración pública, derecho fiscal, constitucional y gobernabilidad.

En todo este barullo y con la voluble posición del joven neoleonés, el que pierde credibilidad es Samuel -al margen de que regrese a la gubernatura-, pierde Movimiento Ciudadano lo que parecía una prometedora ficha para su ajedrez político y pierde López Obrador, quien fue el que lo proyectó y lo promocionó para su conveniencia. Aunque hoy, lo más contentos con todo este escándalo, puede que sean los de la oposición.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 4 de diciembre de 2023).

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El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una denuncia de responsabilidad administrativa contra el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con la finalidad de que sea sancionado "ejemplarmente" por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber renunciado al máximo tribunal para sumarse al proyecto político de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, afirmó que la impunidad en México constituye una de las principales fuentes de nuestras desgracias nacionales.

"Zaldívar tenía el deber de respetar la Constitución, no de infringirla. Confío en que se le imponga una sanción, con el fin de establecer jurisprudencia y marcar un precedente histórico: la Constitución no es un trapo que un ministro pueda usar para limpiar el piso".

"Debemos ir hasta las últimas consecuencias para invalidar su renuncia y demostrar la quebrantación de la Constitución. La Constitución se acata, no se ataca. Punto", advirtió.

En su denuncia, Rojas Díaz Durán señala la posible infracción a lo dispuesto en el artículo 101, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de Zaldívar Lelo de Larrea.

Argumenta que antes de que el Senado aprobara su renuncia, Arturo Zaldívar reconoció expresamente que su renuncia se dio para sumarse a un proyecto político de un aspirante a la Presidencia de la República.

"Esto podría llevar a la conclusión de que, siendo ministro, aceptó un empleo o cargo o encargo de una particular, sin que el cargo sea en una asociación científica, literaria o de beneficencia, por lo que constituye una infracción a lo dispuesto en el 1er. párrafo del artículo 101 de la Constitución".

El legislador suplente recuerda que, en 1a. instancia, el presidente de la República, y luego el Senado, debieron haberse cerciorado de que la renuncia era por razones graves, pues nada la dispensa del cumplimiento de ese mandamiento de naturaleza fundamental. "Se debió haber entendido que la aceptación de la renuncia era procedente a condición de que mediara una causa grave", por lo que el presidente de la República y el Senado fueron omisos en la observación del precepto.

En su denuncia, también remarca que el artículo 110 de la Constitución establece que serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona de este u otro poder.

Además, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos e incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores y de gestión.

En el escrito, destaca que "de conformidad con el último párrafo del artículo 101 de la Constitución, las sanciones que se le pueden imponer al hoy exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea son la pérdida de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por haber ejercido el cargo de ministro", independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.

"El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia en contra del doctor Arturo Zaldívar debido a que se denuncian hechos cometidos durante el ejercicio de su encargo como ministro de la Corte", finaliza.

(V.periódico El Universal en línea del 3 de diciembre de 2023).

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Higinio Trinidad de la Cruz, de 44 años, habitante de la comunidad indígena de Ayotitlán, fue localizado sin vida el sábado en la carretera que va de Cuautitlán de García de Barragán a la localidad Las Marías, aquí en Jalisco. Higinio Trinidad de la Cruz era uno de los defensores más activos del territorio perteneciente a la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.

El asesinato de este defensor del territorio de su comunidad se suma a una larga lista de ejidatarios y dirigentes indígenas a lo largo de varios años. A la muerte de Higinio Trinidad de la Cruz se suma el hecho de que se trata de una desaparición forzada, pues, según testigos, desde el jueves por la noche fue citado a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, a donde acudió por la mañana del viernes 24 de noviembre. Y según los mismos testimonios, fue visto cuando era sacado por la parte trasera de la alcaldía. Al día siguiente fue encontrado asesinado por una herida de arma de fuego.

De confirmarse esta versión, estaría ante un grave caso de desaparición forzada y eventualmente de un asesinato extrajudicial que cuenta con la participación, posiblemente, de autoridades municipales y con la aparente complicidad del crimen organizado.

Eduardo Mosqueda, director de la agrupación civil Tsikini Pro Justicia y Dignidad y abogado de la comunidad de Ayotitlán, informó que la población exige que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por la fiscalía estatal, ya que se desconfía de las autoridades locales. El abogado de Tsikini ha denunciado la presencia del "crimen organizado que llega para reprimir y destruir cualquier atisbo de resistencia en esta zona". En declaraciones para el diario El País, Mosqueda señaló que "cada reunión que hacen ellos, llega el cártel Nueva Generación a tratar de desintegrarla".

La comunidad indígena nahua de Ayotitlán ha luchado durante décadas por la defensa y restitución del territorio. A finales del siglo XVII, la Corona Española reconoció a este pueblo con cerca de medio millón de hectáreas. 2 siglos y medio después, el Estado mexicano apenas le reconoció una décima parte de su antiguo territorio, mediante resolución presidencial, y apenas han tomado posesión de 35,000 hectáreas.

Las muertes y desapariciones con las que ha pagado la comunidad se deben, en buena medida, a la riqueza de su territorio en minerales, bosques, agua y biodiversidad. En la comunidad está asentada la minera Peña Colorada, propiedad de la compañía extranjera ArcelorMittal. La minera ha devastado tierras y aguas de la comunidad, por lo que esta ha exigido la reparación del daño. Y si bien ha llegado a acuerdos con el ejido mediante la cual reparte unos 90 millones de pesos a los ejidatarios de Ayotitlán, hay desacuerdo con las actuales autoridades del núcleo agrario.

Justo para tratar de cambiar esta situación, a comienzos de 2021 J. Santos Isaac Chávez se postuló para presidir el ejido, pero fue detenido y desaparecido por un grupo de hombres armados el 1 de abril de ese año. 3 días después su cuerpo fue encontrado en su camioneta desbarrancada.

10 años antes, Celedonio Monroy Prudencio, abogado y defensor de la comunidad, fue detenido también por un grupo de hombres armados el 23 de octubre de 2012. Desde entonces Celedonio sigue desaparecido. Desde 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, ocurridos en 2001 y 2003; el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras y Rogelio Rosales Ramos, según consigna Analy Nuño en un reportaje sobre la violencia en la sierra de Manantlán (https://cutt.ly/YwOhCWdl).

La violencia, estatal o criminal, que se cierne sobre Ayotitlán es un ejemplo extremo del alto precio que pagan habitualmente los pueblos y comunidades indígenas por la defensa de su territorio y bienes comunes. El asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz debe ser investigado y sus asesinos deben ser castigados. Asimismo, debe investigarse si la autoridad municipal colaboró con quienes cometieron este crimen.

Rubén Martín
(v.pág.3 del periódico El Informador del 30 de noviembre de 2023).

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Pobladores de Santo Domingo Teojomulco, en Oaxaca, bloquearon la entrada de la Ciudad Judicial y protagonizaron actos violentos como respuesta al presunto incumplimiento de autoridades en la entrega de apoyos para la Sierra Sur de la entidad. También amarraron a un poste a Édgar Gandarillas, subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2023).

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Ernestina Godoy ha estado librando una batalla muy fuerte para ser ratificada como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, ante la falta carece de consenso, y las críticas a su gestión de haber violentado la ley y ponerla al servicio de los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la ex jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. En su apoyo hay una campaña oficial, encabezada por López Obrador, a la cual se sumaron mujeres respetables, algunas de las cuales la critican privadamente por incompetente, que solo se entiende si en el fondo del respaldo está el arropamiento de Sheinbaum, la precandidata presidencial, quien tras la derrota de su delfín para el gobierno local, Omar García Harfuch, otra derrota sería demasiado.

Godoy llegó a la Fiscalía por decisión de Sheinbaum, aunque el programa de justicia para la Ciudad de México no lo hizo ella, sino Ana Laura Magaloni, que cuando se enteró del nombramiento, se mostró decepcionada. Magaloni, por cierto, ha sido una de las apologistas de Godoy, sin cuestionar las violaciones a la ley que abiertamente cometió. Incluso el fiscal general Alejandro Gertz Manero le envió una tarjeta al presidente sobre los excesos que cometió Godoy, incluida la persecución del ex alcalde de Benito Juárez y precandidato al gobierno capitalino, Santiago Taboada, y a sus principales colaboradores, a quienes infructuosamente trató hasta ahora de vincular al llamado cártel inmobiliario.

Los informes de Gertz Manero sobre Godoy no son inusuales. En este año le ha entregado al presidente reportes sobre presuntos actos de corrupción, pero López Obrador no les ha prestado atención. La última nota que le entregó la semana pasada, evaluando las críticas de quienes fueron víctimas de sus excesos y en los medios que han resaltado sus abusos, fue tomada con ligereza por el presidente sin que le causara aparentemente interés alguno.

Godoy ha sido un alfil político al servicio de Sheinbaum y López Obrador. 2 casos sumamente graves carga en su equipaje de omisiones que si no son deliberadas, revelan incompetencia. El 1o. es la investigación de la tragedia en la Línea 12 del Metro en 2021, donde murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas. Godoy llamó a declarar a varios funcionarios, pero nunca citó a la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, que estaba protegida por el presidente. López Obrador también ordenó que no se investigara el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en 2022, y así lo hizo, por lo que llevó las pesquisas indebidamente García Harfuch.

Otro caso paradigmático de su gestión, otro escándalo, fue la manera exprés como exoneró a la ministra Yasmín Esquivel de haber cometido plagio en su tesis de licenciatura, tratando de limpiarle la imagen y siguiendo los deseos de Palacio Nacional, pese a que ni siquiera era un asunto de su competencia. Transgredir la Constitución no ha sido algo inusual durante su gestión. Así lo hizo en la persecución contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, como respuesta al abuso cometido por este al espiar a Sheinbaum durante una visita a Morelos. La represalia política torciendo las leyes le permitieron encarcelarlo por el feminicidio de Ariadna Fernanda en 2022 y acusarlo de tortura, pero Godoy no pudo sostener la acusación y perdió en 4 instancias, saliendo Carmona libre.

En octubre de 2020, para satisfacer los deseos vengativos de Gertz Manero contra la pareja de su hermano Fernando, se dejó manipular por el entonces brazo ejecutor del fiscal, Juan Ramos -fallecido hace pocos meses- y de Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para reactivar el caso que había perdido en tribunales federales, y sin ninguna orden de aprehensión detuvo a Alejandra Cuevas, la hija de la pareja de su hermano, y la dejó en la cárcel un año y medio hasta que la Suprema Corte, por unanimidad, ordenó su liberación porque los delitos por los que la acusaron eran inexistentes.

Otras víctimas de delitos la han acusado de ocultar información, omitir diligencias y perder evidencias, como en un multihomicidio en la Colonia Narvarte en 2015, o de revictimizar a mujeres, como sucedió con una denuncia de 2 adolescentes contra policías capitalinos por abuso en 2019, donde Godoy no detuvo a nadie porque, dijo "no vamos a fabricar culpables".

Irónica declaración para quien ha manufacturado culpables, actuando en acatamiento de instrucciones -dadas ex profesamente o implícitamente-, y se prestó a vendettas personales, como las de Gertz Manero contra su familia, o políticas, como las de Sheinbaum contra Carmona, o electorales, como la cacería contra Taboada, a quien no quiere Morena que aparezca en la boleta electoral el próximo año.

Recientemente, el periódico The New York Times publicó que la Fiscalía capitalina espió a cuando menos 14 políticos de oposición, y 2 de Morena. El Times dijo que Telcel reconoció en un documento oficial que había recibido los requerimientos y entregado los registros de 2021 a la fecha. Godoy ha negado las imputaciones y señaló que el documento era falso. Informes que se enviaron en su momento a Palacio Nacional de la Fiscalía General, sugirieron que el espionaje realizado por los colaboradores de Godoy se había realizado con el equipo con el que se espió a políticos durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Los señalamientos contra la fiscal Godoy de irregularidades, arbitrariedades y legalidades han seguido apareciendo en la prensa, al igual que denuncias de trabajadores de la dependencia, señalando que los han estado obligando con amenazas de retención de sueldo, si no firman una carta donde piden su ratificación.

Este proceso debió haber concluido el martes de la semana pasada, pero se atoró porque Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo por un nuevo periodo de 4 años. Godoy ha politizado el proceso, y ha dicho que la batalla no la pueden ganar los corruptos y quienes creen que quedarse con el dinero del pueblo es un derecho político y no un delito. Puras palabrerías de quien es indigna, a partir de sus acciones, para permanecer en la Fiscalía.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 28 de noviembre de 2023).

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Este viernes marcharon unas 300 personas que resultaron desplazadas por el levantamiento armado en Chiapas en 1994, por las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, esto se debió más que nada, para exigir la indemnización de 42,900 hectáreas invadidas por el Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN).

Después de caminar un poco más de 2 kilómetros hasta un hotel donde interrumpieron la reunión de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) con maestros indígenas, en la que le exigieron su intervención ante el gobierno de Rutilio Escandón.

"Por más de 28 años nos han mantenido al margen, hemos hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos canaliza con el gobernador de Chiapas para dar solución al problema; sin embargo, éste no nos atiende, es por eso que venimos a pedir la intervención de la Cocopa", señaló Margarita Gamboa Morales, unas de las desplazadas.

Los manifestantes portaban pancartas con frases como "¡28 años de haber perdido nuestro patrimonio, Justicia!", "¡Ya basta de mentiras, queremos justicia!", "¡Basta de apatía gobernador!", entre otras.

Los afectados señalaron que aunque han pasado casi 30 años, todavía recuerdan cómo fueron despojados de sus tierras. Es el caso de Víctor López Gómez, indígena tzeltal de Altamirano, quien desertó a un año de participar con los llamados zapatistas."Por un año participamos con el EZLN, dijeron que nos regresarían las 400 hectáreas, pero después nos dijeron que ya no porque no teníamos papeles, pero si tenemos la documentación que acreditan la compra desde 1982", dijo López Gómez.

De este levantamiento armado, resultaron afectadas 4,000 personas que continúan presionando sobre la indemnización de las 42,900 hectáreas, ubicadas en 3 municipios: Altamirano, Ocosingo y Margaritas, aunque no se precisó el monto."No estamos pidiendo que se nos pague todo lo que implica este despojo, sólo queremos que se nos pague la tierra", dijo Jorge Manuel Pimienta Calvo, otro de los desplazados.

(V.periódico El Informador en línea del 27 de noviembre de 2023).

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No solo Jalisco, México es un país de carpetas abiertas que rara vez logran cerrarse. La cifra actual de 85 asesinatos cada 24 horas debería poner fin a todas las precampañas de todos los precandidatos, pues se requiere carecer de vergüenza para seguir dándole vida a un sistema electoral en un escenario de fracaso completo de la seguridad, razón primera que justifica la existencia del estado y su periódica renovación.

Que una precandidata deba reforzar su seguridad, aconsejada por el ejército, si va a moverse en tales o cuales territorios, o que un gobierno admita la permanencia de una alcaldía sin alcalde, porque el crimen organizado no lo permite, o que una y otra vez soldados, comisarios, policías, agentes de investigación, sean asesinados y solo sepamos que ya se abrió una carpeta de investigación, acaba siendo la señal de que no va a pasar nada, cuando mucho, muy forzados, darán con los sicarios, pero no con quienes los envían.

Capturar a un capo de 2o. o 3er. nivel en Sinaloa, y que se les escape otro en Jalisco, no parece que sea mero accidente o cosa del destino, hay algo muy podrido que está funcionando a la perfección, y cuyo costo es la vida de numerosas personas, pero ese costo, en manos del gobierno, acaba siendo mera estadística, cuestión de puntos porcentuales, de rayas que suben o bajan.

El México o el Jalisco que todos queremos es solo un slogan emotivo y aspiracional que puede encontrar eco en personas poco informadas o de verdad muy idealistas, pues ese deseo lo tenemos desde hace sexenios y sirve únicamente para hacer campaña.

Al drama de esta nuestra realidad se añade el complemento de los videos captados por cámaras de vigilancia, que la gente ve como si se tratara de una serie policiaca, y no acaba de advertir, de asumir, que son hechos reales, que un ser humano vivo, que entra a un café en una zona supuestamente segura, es atacado arteramente por 2 hombres y 2 mujeres, y en cuestión de segundos ese ser humano ha dejado de existir, dejando una secuela de dolor a su familia, de frustración para la ciudadanía, y un sentimiento de terrible desamparo. Y apenas la televisión transmite esa grabación, viene enseguida un promocional de las señoras candidatas o de los señores candidatos, alegres, rozagantes, felices de lo que están haciendo y de lo que han hecho para alcanzar sus altas metas, criticando a los gobiernos anteriores, como en automático, como parte del libreto que todo precandidato debe aprender, pero muy conscientes de que a fin de cuentas, ellos, de ganar, harán lo mismo, es decir, seguirán ignorando el grave problema que significa para la gente, no para ellos, vivir en un país sometido por la delincuencia.

Tenemos que entender que la función política se ha vuelto inútil, y con ella, todos los partidos. Lo que la sociedad requiere son administradores profesionales apoyados en equipos profesionales, y en lo que mira a la seguridad, contratar equipos igualmente profesionales donde los haya y cuya paga dependa estrictamente de resultados constatables y plazos de tiempo establecidos. Lo mismo deberá valer para los administradores. No podemos seguir en manos de las improvisaciones trienales y sexenales donde lo único que no se pide a los funcionarios es capacidad y resultados.

Armando González Escoto
(v.pág.2 del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2023).

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Luego del tránsito a la ilegalidad en la competencia política al pasar del piso parejo que por años tanto exigió el [ahora] presidente Andrés Manuel López Obrador como opositor, al delito parejo en el que hizo caer a la oposición a la que provocó también violar desde junio, como él, los tiempos electorales, hoy inician las precampañas de quienes aspiran a llegar a la Presidencia de la República.

Desde luego se trata de una bochornosa y riesgosa simulación, ya que las 2 principales alianzas que disputarán la titularidad del poder ejecutivo federal tienen definidas ya a sus candidatas, lo que en teoría apenas tendrían que buscar en esta 1a. fase del proceso electoral 2023-2024.

Por parte de la 4T, dejarán la farsa inicial al cambiar el cargo de Claudia Sheinbaum, de "coordinadora de la defensa de los comités de la 4a. transformación" a precandidata única de la coalición Morena-PT-Verde, y por la oposición, cuando Xóchitl Gálvez pase del cargo de "responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor" a precandidata única de la alianza PAN-PRI-PRD.

El único partido que esperó a los tiempos que marca la Ley Electoral fue Movimiento Ciudadano más por su conveniencia fallida de esperar para ver si el morenista Marcelo Ebrard rompía con López Obrador y se convertía en su candidato, que por la convicción de acatarla. Por eso, el único que no arrancaría hoy como precandidato único sería el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, aunque de última hora eliminaron de un plumazo a sus contendientes para ungirlo, por haber sido incluso destapado por López Obrador.

La gran diferencia entre las primeras precampañas ilegales que arrancaron desde junio con la venia presidencial y que dejaron muy mal paradas a las autoridades electorales, tanto al INE como al Tribunal Electoral, será la utilización de los spots de parte de cada aspirante presidencial.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2023).

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Pedro Sánchez ha logrado repetir en la Presidencia de España, a cambio de perdonar la sedición de un grupo de catalanes corruptos.

Sacrificó el Estado de Derecho para mantenerse en el poder.

En México tambien la ley quedó en un lugar secundario frente al arreglo político.

López Obrador ha destruido el Estado de Derecho casi por completo. Está también destruyendo a medios y empresarios, a críticos y adversarios e incluso a colaboradores y amigos.

La humillación que ha sufrido su candidata la hace ya irrelevante.

En México, la defensa nacional en contra de la locura pende de la Corte pero, sobre todo, de una ciudadanía que hace un año empezó a defenderse públicamente.

Fuerza, ciudadanos.

Macario Schettino
(v.periódico El Financiero en línea del 17 de noviembre de 2023).

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La resolución de casos de homicidios dolosos empeoró en Jalisco, al registrar una impunidad directa del 100% en 2022, de acuerdo con México Evalúa, cuando en 2021 el porcentaje fue del 99.7%. Según la organización, que hace cálculos a partir de los Censos de Procuración e Impartición de Justicia Estatales y solicitudes de acceso a la información pública, la impunidad directa se mide como la falta de atención, investigación o resolución de los eventos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea al "no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien, encontrarse sin sentencia".

Luis Campos, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, dijo que es necesario detectar los motivos por los cuales no se da respuesta a los casos.

Jorge Luis González Monteón, académico de la UdeG, subrayó que hace falta más personal. "Hay una simulación en la forma en que investigan, procesan y sancionan".

México Evalúa explicó que algunos estados lograron menor impunidad en homicidio doloso porque canalizaron los asuntos a través del procedimiento abreviado.

Jorge Luis González Monteón señala que una de las problemáticas más graves que impiden el acceso a la justicia está relacionada con los grupos criminales. "La delincuencia organizada está infiltrada en las corporaciones policiacas, incrementa la impunidad. El gobierno federal es el encargado, responsable de atacar a la delincuencia organizada, y cada día es mayor el avance que tiene la criminalidad en todo el territorio. Eso es lo que estamos observando, impunidad por simulación en la investigación. Simulaciones en el procesamiento, y los reclusorios están atiborrados".

Indica que, por ejemplo, acaba de conocer un caso en el que tardaron 6 años en dictar una sentencia a 4 personas y a 3 las absolvieron. "6 años privadas de la libertad en prisión preventiva, a 3 les dicen que no son responsables. ¿Cómo queda la justicia que después de 6 años les digan que quedan libres porque no pudieron comprobar el delito? Eso refleja ineficacia en la investigación. Es realmente desesperante para mucha gente. La Constitución dice que en un año se les debe juzgar y no deben durar más de 2 en prisión preventiva".

Remarca que el país está viviendo una crisis de seguridad pública, donde la sociedad no ha podido exigir al gobierno la función que le corresponde. "¿Dónde están los responsables materiales e intelectuales del homicidio del exgobernador, ni a estas alturas investigan? ¿Qué le espera a Juan ciudadano? Es una tarea de todos. Y como ya vienen las campañas, nos van a volver a prometer lo mismo".

Por su parte, Luis Campos comenta que hay cuestiones que a veces la autoridad no puede controlar, donde los casos quedan abiertos por falta de evidencia. "Y quedan como asuntos inconclusos. Se quedarán pausados mucho tiempo, hasta que los tiempos que la ley penal determina para que la facultad de investigar del Ministerio Público (MP) concluya. Es decir, las sanciones que pudieron haberse impuesto a alguien no se pudieron identificar, prescribe y no se le puede perseguir penalmente, y el caso se guarda y archiva".

Por ejemplo, añade, hay un caso donde atropellan a una persona y quizá hay un testigo que aporta datos de una placa, y resulta que investigan y el dato del vehículo estaba mal. "Entonces no puedes encontrar al responsable. Allí el MP abrió su investigación, mandan oficio a la policía para acordonar el área del evento, tomar fotografías. Ya tienes todo eso agotado. Entonces de quién es responsabilidad, ¿del MP o que no había tantos testigos?", indica.

Juicios orales en Jalisco, los más tardados del país

El derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, garantiza el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal competente e imparcial, con resoluciones prontas, en un máximo de 4 meses para delitos con pena máxima de 2 años, y un año para penas mayores, a menos que la defensa requiera un plazo mayor.

Según el reporte Hallazgos 2022 de México Evalúa, la duración promedio de las causas penales mediante juicio oral en México fue de aproximadamente 484 días para hombres y 504 días para mujeres.

Jalisco destaca como la entidad con mayor demora a nivel nacional, con un promedio de 817 días para la conclusión de causas penales mediante juicio oral, superando el límite legal de 2 años.

La organización señala que Jalisco, junto con Puebla, Baja California Sur y Coahuila exhibe duraciones más largas, atribuibles, en parte, a la suspensión de audiencias por la contingencia sanitaria. Esto afectó principalmente a los procesos más extensos y a tribunales que demoraron en adoptar audiencias virtuales.

En Jalisco, el 59.99% de las causas penales en el fuero común concluyó mediante suspensión condicional del proceso, el 23.34% por acuerdo reparatorio, el 10.74% por sentencia en procedimiento abreviado, el 2.67% por sustracción de la justicia, el 1.63% por criterio de oportunidad, el 0.99% por sentencia en juicio oral y en el 0.64% no se identificó el proceso.

A nivel nacional, solo el 4.7% de los casos judicializados termina mediante juicio oral, pero esta forma es más común en delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, secuestro, desaparición de personas, homicidio, feminicidio, tortura y trata de personas, según México Evalúa.

México Evalúa Sugiere incorporar el servicio profesional de carrera en el Artículo 116 de la Constitución, "mismo que deberá comprender el ingreso, capacitación, evaluación del desempeño y capacitación del personal de las fiscalías, defensorías públicas, comisiones de víctimas, unidades de medidas cautelares, tribunales y sistema penitenciario".

Plantea que los poderes judiciales en ambos fueros implementen un mecanismo de seguimiento de personas imputadas bajo prisión preventiva por más de 24 meses, mismo que detone la revisión oficiosa de estos casos en audiencia, en sintonía con el desarrollo jurisprudencial reciente.

México Evalúa analizó que el robo fue el delito más común en Jalisco en 2022. Los delitos de robo simple, narcomenudeo y extorsión tuvieron un 99.9% de impunidad. Según México Evalúa, en el caso del robo simple, al ser un delito de bajo impacto, "lo esperable es que las instituciones no se desgastaran en esfuerzos investigativos o bien que se aprovechara el uso de salidas alternas. La principal salida que se otorga a este delito son los criterios de oportunidad, seguida de la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado".

En cuanto al narcomenudeo, alertaron que se refiere a casos de posesión, no de comercio o suministro. A pesar de tratarse solo de posesión, la forma principal de resolución es la sentencia condenatoria a través del procedimiento abreviado, sin dar suficiente prioridad a los criterios de oportunidad u otras salidas. En estos casos, se enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque restaurativo y de salud pública.

(V.primera plana y pág.6 del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2023).

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Hasta el martes pasado que por casualidad militares y policías se toparon con una mujer que huía con un cadáver en la cajuela de su coche en Tonalá, a lo largo de 2023, como en 2022, no había un solo detenido sorprendido en el acto. Ningún Informe Policial Homologado (IPH) de algún elemento de cualquier corporación que hablara de la detención de algún sujeto o algún grupo de sicarios descubiertos subiendo, trasladando o bajando a una de sus víctimas mortales que esparcen por cualquier rumbo que les plazca.

Por eso la conclusión y el llamado urgente sigue siendo el mismo de hace un año: terminar con la ausencia de una estrategia policial para hacer frente a estos delincuentes y acabar con el escándalo de tener casi un 100% de impunidad para los tiramuertos.

Ojalá que con estos patrullajes mixtos que se echaron a andar desde el año pasado ante la grave escalada de inseguridad y violencia en la ciudad y en el estado, vengan más detenciones que sean fruto de investigaciones sistemáticas y no del azar o denuncias anónimas como las del martes, para poner fin a ese vergonzoso y cómplice cero en detenciones de los que tiran cadáveres.

Por lo pronto habrá que reclamar a los gobiernos que más de un año después ese 100% de impunidad había quedado intacto hasta la fortuita detención del martes en Tonalá, a pesar de que la tiradera de muertos sigue ahí y va en aumento.

Denunciar también que no hubo mando militar o civil que atendiera esta tétrica asignatura ni gobierno que les obligara a cumplir su deber y no hacer oídos sordos a este fenómeno criminal que es como el elefante en la sala que nadie quiere señalar pero todos ven.

Habrá que ver si los gobiernos federal, estatal y municipales se quieren despedir el año próximo con este imborrable sello de ineficacia y/o complicidad que implica dejar transitar en toda libertad a los repartidores de muerte que parecen invisibles a los patrulleros y a los sistemas de videovigilancia que tanto presumen y tanto nos cuestan.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2023).

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El Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcanarillado (SIAPA) de la zona metropolitana de Guadalajara ha dado a conocer que podrás ponerte al corriente de tus pagos con un descuento.

El SIAPA de Guadalajara invita a liquidar los recargos con hasta el 95% de descuento.

Es importante mencionar que los descuentos que el SIAPA aplicará únicamente es para los usuarios que tienen adeudo en el pago. Esto se hace con la finalidad de que se pongan al corriente y pueden tener su cuenta en ceros.

El descuento se otorgará de esta manera: - Realizando su pago en una sola exhibición, se aplicará un 95% de descuento sobre sus recargos.
- Realizando un convenio se aplicará el 80% de descuento sobre recargos.

Cualquier acuerdo para regularizarse, el interesado deberá presentarse en los centros de operativos y/o sucursales de SIAPA.

Todos los trámites son personales y no tienen ningún costo. Es importante aclarar y tener en mente que el SIAPA no hace convenios ni cobros en domicilios particulares.

Para más información puedes llamar al 33-3668-2482.

(V.periódico El Informador en línea del 15 de noviembre de 2023).

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El Ayuntamiento de Guadalajara informó que a partir de hoy y hasta el 24 de noviembre, se tendrá el 75% en recargos y 80% de descuento en multas en contribuciones como predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de giros comerciales, multas de movilidad, en algunas claves, entre otros.

Durante la presentación del operativo con motivo del Buen Fin 2023 también se dio a conocer que se podrá pagar a meses sin intereses con tarjeta bancaria. El monto máximo será de 200,000 pesos.

(V.periódico El Informador en línea del 13 de noviembre de 2023).

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La titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que a partir del 1o.de diciembre, en Baja California se incluirán los vehículos irregulares, conocidos como "autos chocolate", que provengan de Asia y Europa, pero comercializados en Estados Unidos.

[¡Órale! ¡A comprarse su Mercedes! - el webmaster]

La secretaria de Seguridad informó que ya suman 1.8 millones de unidades regularizadas con este programa. El costo del trámite es de 2,500 pesos por vehículo.

(V.pág.3 del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2023).

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El Gobierno de Tlaquepaque informó que ofrecerán descuentos en recargos y multas como parte de la edición 2023 del Buen Fin.

En recargos, el municipio informó que aplicará descuentos de hasta el 75% al saldar recargos pendientes.

En el caso de las multas, los descuentos serán del 80% en multas asociadas a diversos servicios.

Los servicios incluidos en los que aplicarán los descuentos serán los siguientes:
-Agua Potable
-Predial
-Licencias
-Cementerios

Para obtener los beneficios, la ciudadanía podrá acudir a las recaudadoras municipales, a la dirección de Padrón y Licencias y a los cementerios correspondientes para aplicar el descuento.

Para mayores informes, se habilitó el número telefónico 33-3686-3783 para la ciudadanía.

(V.periódico El Informador en línea del 11 de noviembre de 2023).

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Luego de que diputados de Morena destinaron 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a Acapulco, abogados constitucionalistas y el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) consideraron que no pueden hacerlo, porque ese dinero está detenido por una suspensión provisional y que la maniobra de incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación es diferente a desaparecer los fideicomisos.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director de Jufed, señaló que el destino de los fideicomisos no depende de los legisladores, ni de un acuerdo político, sino de lo que determine en una sentencia constitucional.

A su vez, el abogado penalista Gabriel Regino señaló que hay una figura jurídica llamada sub judice, que significa que está sujeta a una decisión legal y no se puede mover.

Detalló que los legisladores buscarán otras formas para tomar el recurso y es diferente a desaparecer los fideicomisos porque lo autorizó la Cámara de Diputados y lo aprobó el Senado, y el efecto era regresarlos a la Tesorería de la Federación.

"Pero no puede ser porque el Poder Judicial de la Federación ha promovido amparos contra esa reforma que elimina los fideicomisos. Ahora lo que intentan hacer es un fraude legislativo y tratan de meter esa bolsa en el presupuesto y asignarla a otra área", refirió.

Gerardo Romero, especialista en finanzas públicas, indicó que lo preocupante es que no se está haciendo como debería, ya que el Ejecutivo no puede tener injerencia en la Cámara de Diputados.

"Entonces, por el simple hecho de que hay una mayoría de Morena y el Ejecutivo obviamente tiene injerencia con los legisladores, lamentablemente se está politizando el dinero... Lo están haciendo a contentillo, principalmente por el problema del Poder Ejecutivo con el Judicial".

(V.pág.10 del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2023).

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Si tienes multas o adeudos pendientes por pagar en el Estado de Jalisco, podrás aprovechar los descuentos que ofrece la Secretaría de Hacienda Pública en el marco del Buen Fin 2023, que alcanzan hasta un 60% de descuento.

Lo anterior, dijo el Gobierno de Jalisco, se impulsa "con el fin de apoyar la economía individual y colectiva de las y los jaliscienses", por lo que se estarán otorgando descuentos en multas por infracciones en materia de movilidad, tránsito y transporte, así como en los recargos generados por dichas sanciones.

Los descuentos estarán vigentes hasta el próximo 27 de diciembre del presente año y serán válidos tanto en pagos directos en las oficinas de recaudación como en línea.

Para las personas que acudan a cualquiera de las oficinas de recaudación fiscal se les estará otorgando el 50% en pagos en los siguientes rubros:
- Multas no fiscales estatales impuestas por infracciones en materia de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
- Recargos generados a dichas sanciones.
- Multas generadas por omisión de pago de refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, remolques y motocicletas para servicio particular y público.

Sin embargo, habrá un descuento adicional para las personas quienes opten por realizar sus pagos por medios electrónicos, a través de https://gobjal.mx/PagoVehicular. A ellas se les otorgará el 60% de descuento, en los rubros antes mencionados.

Es importante señalar que el descuento no aplica en multas impuestas por conducir bajo el influjo de alcohol o drogas, y las que tienen que ver con la invasión de carriles exclusivos para transporte público, colectivo y masivo.

Además, la condonación solo procederá cuando se realice el pago en una sola exhibición de todos los adeudos fiscales relacionados con el vehículo que corresponda y sea efectuado en el periodo de vigencia, es decir, debe saldarse el adeudo total.

El pago puede ser directo en cualquiera de las 135 Oficinas de Recaudación Fiscal Estatal ubicadas en el AMG y en el interior del estado y podrán localizar la más cercana en el siguiente enlace: https://gobjal.mx/RecaudadorasAMG; para las personas que realicen su pago en línea será a través de la página https://gobjal.mx/PagoVehicular.

(V.periódico El Informador en línea del 8 de noviembre de 2023).

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Arturo Zaldívar llegó a la Corte como el ministro liberal, el jurista moderno que imprimiría a la Corte una visión de derechos humanos y ampliación de libertades. Sus resoluciones en esta materia son históricas. Arturo Zaldívar sale de la Corte como el ministro servil que se va a buscar el hueso a otra parte, el que fue incapaz de transformar el Poder Judicial a pesar de tener todo el apoyo del presidente, el de los acuerdos en los oscurito, el que coqueteó con la reelección ilegal y el que terminó votando los mayores absurdos al lado de las ministras Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, sólo para darle gusto al presidente.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 8 de noviembre de 2023).

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El Gobierno del Estado reportó daños causados a un reducido número de unidades del transporte público con motivo del festejo del Halloween. En general el servicio de transporte público se prestó dentro de los parámetros normales durante la tarde-noche de ayer.

Al cierre de la jornada se reportaron 3 conductores con alguna lesión por objetos lanzados desde el exterior, así como 18 unidades con algún daño en sus carrocerías o cristales, lo que representa apenas el 0.34% del total de los 4,553 camiones que prestan el servicio en el área metropolitana de de Guadalajara.

Las rutas cuyas unidades resultaron con alguna avería son las siguientes: C98, A01, A05, 640, C14, 176-B, C111, T18-B, C34 y T03. Además se registraron afectaciones a unidades de la ruta 622.

(V.periódico El Informador en línea del 1o.de noviembre de 2023).

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La noche del Halloween fue caótica para cientos de usuarios del transporte público que tuvieron que esperar hasta una hora para tomar su pasaje.

Algunas unidades de diferentes rutas dejaron de operar o recortaron su trayecto porque fueron agredidas en algunas colonias de la ciudad por motivo del Halloween.

Por ejemplo, en la ruta 622 los choferes reportaron que algunas unidades fueron apedreadas, vandalizadas con huevos y hasta naranjas.

Daniel Sánchez, chofer de esta ruta, explicó que la indicación era no parar el servicio, pero dependerá de cómo se ponían las cosas.

"Nosotros vamos a darle normal toda la noche, pero ya hay compañeros que han salido afectados, lo peor es que vayan a ventar una piedra y es a lo que más le sacamos" dijo.

"Vamos a trabajar normalmente, pero algunos van a parar temprano por el desorden. Hasta ahorita no nos han dicho nada, pero a algunos compañeros ya les han vandalizado".

"El año pasado a mí me quebraron un vidrio y ahorita nos dijeron los patrones hasta que no pase nada paramos", dijo Cristian Jiménez de la ruta 622.

Las autoridades de la Secretaría del Transporte informaron que el servicio del transporte público se realizaría de manera normal, sin embargo, se constató que hubo varias rutas que pararon.

(V.periódico El Informador en línea del 31 de octubre de 2023).

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El que los pobladores saqueen tiendas en busca de comida o de reponer sus enseres domésticos sin respetar regla o ley alguna; el que se roben la gasolina de los autos estacionados; el que los vecinos se organicen para patrullar las colonias con sistemas de autodefensa armados con pistolas y machetes e impongan un toque de queda, etc., sí pueden considerarse comportamientos que rompen el orden establecido. El nuevo orden, que esperamos sea temporal, es la respuesta espontánea de la sociedad ante la falta de acción de unas autoridades, municipales, estatales y federales absolutamente rebasadas.

La capacidad de respuesta de un gobierno se mide en situaciones límite. Acapulco ha sido una prueba de fuego para el modelo de estado que proponen López Obrador y la llamada 4a. Transformación. En este modelo no cabe la sociedad civil y la capacidad de respuesta del Estado se reduce a lo que hagan o dejen de hacer las fuerzas armadas. El resto de las instituciones, estatales y federales, están ahogadas por la inanición presupuestal y por la incapacidad de tomar decisiones. La respuesta del Estado mexicano está determinada por lo que haga o deje de hacer el presidente.

Al igual que en el terremoto de 1985, en Acapulco el Estado quedó rebasado, aunque con enormes diferencias. Para suerte del gobierno obradorista no se trata de la capital de la república, aunque sí es una ciudad grande, significativa y con reconocimiento internacional. En esta ocasión la sociedad civil no respondió de forma organizada y ejemplar, como en el terremoto, sino de manera bruta y caótica. Si bien, pues, podemos encontrar similitudes en el pasmo de 2 gobiernos desmantelados por razones políticas e ideológicas distintas, las diferencias en la reacción de la sociedad es una radiografía, nada agradable, de la derrota cultural del Estado de Derecho y el triunfo de los sistemas del estado paralelo.

Ni el pueblo bueno es tan bueno como dice López Obrador, ni la sociedad civil idealizada como motor de la democracia salió a relucir en esta emergencia. El vacío de poder se ocupa y en Acapulco lo que hemos visto emerger tras la tragedia es una sociedad llena de rabia, con formas de organización que no pasan por los cánones prestablecidos. Acapulco es la constatación de un sistema político y social roto desde la base.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de octubre de 2023).

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La paciencia de los desesperados habitantes de Acapulco se agotó ayer cuando empezaron a bloquear las únicas entradas a la ciudad para exigir al gobierno la entrega de alimentos y agua 3 días después de que el huracán "Otis" golpeara la localidad.

Las protestas coincidieron con los anuncios de las autoridades mexicanas sobre el arribo a Guerrero de miles de paquetes de alimentos, agua e insumos, que muchos residentes de la zona aseguran que no han visto aún.

Aunque las autoridades permitieron a los pobladores tomar lo que necesitaran de las tiendas de la ciudad, los habitantes de las zonas rurales a las afueras de Acapulco se quejaron de que sus casas estaban destrozadas y que no tenían acceso a víveres.

"Si no atienden a Metlapil y los demás poblados, vamos a tener que hacer paro", afirmó Esteban Domínguez Bacilio, de 19 años. El joven explicó que estaban desesperados "porque a nuestras casas les cayeron árboles; nuestros niños necesitan comer, no tenemos nada" y se quejó de que "ninguna autoridad ha venido".

Más adelante, docenas de enfurecidos habitantes del poblado de Lucio Cabañas, en las afueras de Acapulco, cumplieron la amenaza de bloquear la carretera.

Empujaron a elementos de la Guardia Nacional en una estación de peaje y se acostaron en medio de la vía con carteles en los que se leía "necesitamos ayuda".

Juan Andrés Guerrero, líder de la protesta, también se quejó de la falta de agua, comida y electricidad en su comunidad y aseguró que las autoridades los habían olvidado.

Los residentes bloquearon brevemente el tráfico hasta que los guardias nacionales les convencieron para que dejaran pasar algunos automóviles y unidades de emergencia a cambio de una promesa de ayuda.

(V.pág.2 del periódico El Informador del 28 de octubre de 2023).

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Es el poder judicial el que suele tener la última palabra en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, convirtiéndose en garante de los derechos y libertades. Su independencia es primordial para asegurar que sus decisiones se basen en el derecho y no en presiones políticas. Si el judicial se convierte en marioneta del ejecutivo o del legislativo, los derechos fundamentales corren peligro. Sin embargo, esta coyuntura también permite ciertas reflexiones en su actuar cotidiano.

El poder judicial, al igual que los otros órganos del Estado, no debe operar en el vacío. Es vital (y necesario) que esté dispuesto, al igual que los otros dos poderes, al escrutinio público. Si bien la independencia judicial es crucial, esta no debe confundirse con el aislamiento o la falta de rendición de cuentas. En una sociedad democrática, ninguna institución, por noble que sea su función, debería estar exenta de responsabilidad ante la ciudadanía.

La rendición de cuentas y la transparencia no son enemigas de la independencia judicial. Por el contrario, son herramientas que legitiman su actuación ante la sociedad. Un poder judicial transparente, que comunica sus decisiones y justificaciones al público, y que está dispuesto a rendir cuentas de su gestión, fortalece la confianza ciudadana. El escrutinio público no busca debilitar al judicial, sino asegurarse de que cumple con su deber con integridad y justicia.

Esto nos recuerda que la confianza no se regala, se gana. En un contexto en el que la desconfianza y descrédito hacia las instituciones públicas parece ser la norma, es urgente que el poder judicial demuestre con acciones su compromiso con la democracia. La transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones, son obligaciones inherentes a su función.

Ismael del Toro Castro
(v.pág.3 del periódico El Informador del 27 de octubre de 2023).

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Es ínfima la probabilidad de que un crimen sea perseguido, procesado y castigado (a no ser que sea una venganza política, en cuyo caso no importa si el perseguido cometió o no un crimen). Es momento de fortalecer contrapesos, no de devastarlos.

Jorge Suárez-Vélez
(v.periódico Reforma en línea del 26 de octubre de 2023).

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El Poder Judicial tiene dos funciones centrales: la de impartir justicia, y la de garantizar que todas las leyes que se emitan, así como la aplicación que se haga de ellas, se apeguen estrictamente al contenido y espíritu de la Constitución.

Para realizar lo anterior, el Poder Judicial cuenta con 2 grandes estructuras: el Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resumiendo, quizá en exceso, al 1o. le corresponde fundamentalmente la adecuada operación de todos los juzgados y tribunales que hay en el país; a la 2a., garantizar el control de la constitucionalidad, entre otras funciones sustantivas.

El sistema de justicia en México tiene en ese sentido 2 estructuras básicas: la de la procuración de justicia, que depende de la rama ejecutiva del Estado; y la impartición de justicia, que consiste en determinar si lo que reclaman los particulares o incluso instituciones públicas, tiene fundamento jurídico y con base en ello determinar qué le corresponde a cada quien conforme a derecho.

Frente a lo anterior, resulta a todas luces excesiva la forma en cómo el titular del ejecutivo federal ha arremetido en contra del Poder Judicial, responsabilizándolo exclusivamente de las condiciones de impunidad y fragilidad del Estado de derecho, recurriendo al argumento reduccionista de que "los jueces liberan a delincuentes".

La cuestión es mucho más compleja, pues la detención de una persona comienza en muchas ocasiones con intervenciones deficientes de las corporaciones policíacas municipales, estatales e incluso ministeriales. Luego viene un 2o. momento, que consiste precisamente en la investigación que realizan las fiscalías, lo cual genera la integración de carpetas de investigación, que son con base en las cuales, en los juzgados y en los tribunales se evalúa su legalidad, se pondera si las pruebas son las idóneas para acreditar determinados hechos; y con base en ello, si las personas imputadas son o no responsables de la comisión de delitos.

La otra función sustantiva la realiza la Corte a través de 3 mecanismos: la acción de inconstitucionalidad; las controversias constitucionales; y la resolución de juicios de amparo, que pueden derivar en jurisprudencia.

Frente a lo anterior es que se revela lo maniqueo de la propaganda gubernamental bajo la consigna de que "los jueces no hacen nada a favor del pueblo"; porque no es su tarea participar en mítines, y menos aún en proselitismo político. Su deber es garantizar el Estado de Derecho y la primacía de la legalidad, comenzando por el respeto irrestricto de la Constitución y a partir del 2011, también de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Para un modelo presidencialista, que los poderes Legislativo y Judicial actúen como contrapesos y de hecho, como órganos de control, constituye incluso una "afrenta"; pero eso es lo que debe desmontarse en la mentalidad política nacional, y normalizar la construcción de procesos de diálogo y acuerdo entre los representantes de los poderes, porque, debe también subrayarse, quienes están ahí no son dueños de los cargos, sino las y los responsables de hacer que las instituciones funcionen apropiadamente.

Un Poder Judicial plenamente autónomo siempre será una buena noticia para una república democrática. Y siempre, el uso de la política o de los recursos públicos para intentar someterlo constituirá un grave atentado a las condiciones de normalidad democrática. Eso hay que hacerlo valer en toda su magnitud y dimensión.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.4 del periódico El Informador del 23 de octubre de 2023).

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El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y responsable de la investigación del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, fue hecho a un lado del gobierno. Oficialmente presentó su renuncia, que tiene olor a cese, sometimiento y derrota. Encinas se va con una marca indeleble de fracaso. Ni encontró a los normalistas que dijo que hallarían vivos hace casi 6 años, ni cambió la verdad histórica sobre el crimen del procurador Jesús Murillo Karam, quien sin embargo, está en la cárcel.

El presidente le tiró un salvavidas legal, al colocar los cimientos para un deslinde jurídico para cuando Encinas tenga que responder ante el Ministerio Público las denuncias por usurpación de funciones y violaciones al Estado de Derecho de la defensa de 5 militares presos a quienes acusó de asesinato y complicidades en el crimen contra los normalistas. López Obrador admitió que Encinas pudo haber sido manipulado por el ex fiscal Omar Gómez Trejo, a quien responsabilizó de omisiones puntuales en la investigación.

Gómez Trejo, que había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue reclutado por Encinas, con quien compartía la misma idea: en Iguala se dio un crimen de estado y el Ejército había jugado un papel central en la desaparición de los normalistas. López Obrador resumió lo que el ex fiscal dejó de hacer: "Por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba que se habían practicado los Protocolos de Estambul (sobre tortura). No se hicieron. Ni siquiera se cumplió con solicitar la información a la Comisión (Nacional) de Derechos Humanos y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense (en eso), y como comprenderán, no es casual".

A lo que se refirió el presidente comienza en 2018, cuando la sentencia del juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado 1o. de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en donde se ampararon los asesinos de los normalistas, advirtió que había un número importante de casos donde se actualizaba el supuesto de tortura, y pidió a la nueva Comisión del Caso Ayotzinapa que practicaran otros Protocolos de Estambul porque los que tenían estaban viciados de origen, al haber sido practicados por personal de la PGR, a quienes se imputaba ese delito. Para garantizar imparcialidad, el juez requirió a Gómez Trejo acudir a una instancia certificada para obtenerlos.

A punto de terminar el plazo fijado por Ventura Ramos, el ex fiscal pidió una prórroga de 10 días, y aunque se le autorizó, no hizo nada. Al dejar pasar los términos, como recordó el presidente, el juez dejó en libertad a unos 50 miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, incluido Gildardo López Astudillo, "El Gil", quien dio la orden de matar a cuando menos 17 normalistas. De esos 50, Gómez Trejo reclutó a 20 como testigos colaboradores, incluido López Astudillo, a quien convirtió, autorizado y animado por Encinas, en "Juan", el principal testigo del caso, y quien imputó -algo que nunca hizo antes- a militares en la desaparición y asesinato de los normalistas. Era lo que ambos necesitaban para impulsar la teoría del crimen de estado.

López Obrador dijo que Gómez Trejo no cumplió con solicitar información a la CNDH. A lo que se refirió es que la investigación del crimen de la CNDH realizada por José Larrieta incluyó nuevos Protocolos de Estambul que confirmaban la tortura únicamente en 9 casos. Tampoco envió 114 restos óseos del basurero de Cocula -donde la verdad histórica establece que ahí incineraron a los normalistas- al laboratorio en Innsbruck, lo que siempre despertó dudas de por qué no lo hicieron. Se puede conjeturar que si resultara positivo el análisis, confirmaría una parte de la teoría de Murillo Karam, que la dupla quería desmontar.

Gómez Trejo no utilizó delitos para evitar que salieran los criminales de la cárcel, como acusarlos por secuestro, extorsión y contra la salud, sobre los cuales hay pruebas, pues de haberse quedado en prisión, no funcionaría a sus propósitos. Tampoco actuó contra José Luis Abarca, el alcalde de Iguala cuando se dio el crimen, señalado también por su relación con la desaparición, que pese a estar preso por recursos de procedencia ilícita, nunca le aseguró su centro joyero ni su plaza comercial Tamarindos en esa ciudad.

El ex fiscal renunció en septiembre de 2022, aparentemente como reacción a la cancelación de 20 órdenes de aprehensión -16 a militares-, sin que las hubiera autorizado él. Detrás de lo mediático, la renuncia se dio en el contexto de una auditoría interna que ordenó el fiscal Alejandro Gertz Manero, en donde encontraron irregularidades, ilegalidades y uso exclusivo de testigos colaboradores que no fueron corroborados con otros elementos de prueba.

Gómez Trejo huyó a Estados Unidos, escapando de posibles acusaciones penales en su contra, que deslizó el presidente ayer, podrían fincarle. Hay bases sólidas para ello, pero por más que intente deslindar de delitos el presidente a Encinas, no fue ajeno a las ilegalidades, sino un entusiasta apoyador del temerario ex fiscal.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 20 de octubre de 2023).

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De todas las reformas que necesita el Poder Judicial, y vaya que requiere muchas, ninguna tiene nada que ver con lo que está haciendo Morena, por órdenes del presidente López Obrador, ni con lo que está proponiendo su candidata Claudia Sheinbaum. Una cosa es coincidir en que el Poder Judicial necesita grandes reformas y otra muy distinta es que lo que requiera este poder sea recorte y elección popular de sus miembros. Ambas son pésimas ideas.

¿Ganan mucho los jueces, magistrados y ministros de la Corte? Todo es relativo, pero si algo debemos tener claro es que los funcionarios mejor pagados del Estado deben ser los miembros del Poder Judicial, deben ganar más, mucho más que el presidente de la república, por una sencilla razón: nuestros jueces y magistrados deben ser funcionarios de carrera, que ganen el puesto por oposición, y aspiren a que su poder sea hacer justicia y equilibrar a los poderes, no hacer política.

Por tanto, y aquí la pésima idea de la propuesta de Claudia Sheinbaum (que ni siquiera puede presumir que sea propia, pues es una repetición de lo que dijo el presidente), los jueces jamás deben estar sujetos a la elección popular. Con lo único que deben quedar bien es con la ley. Su trabajo es que ésta se cumpla. No es con el pueblo, en abstracto, sino con la Constitución y a través de ello a cada uno de nosotros. Si los legisladores cambian la Constitución el deber del Poder Judicial es velar porque se cumpla lo que los legisladores decidieron, una vez revisado que lo hayan hecho correctamente, nada más. Elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte por voto popular desvirtúa la esencia de su trabajo. Ninguna de las 2 propuestas fortalece al Poder Judicial, todo lo contrario. Son populismo puro y duro.

México tiene un gravísimo problema de procuración y administración de justicia. Al Poder Judicial le toca solo juzgar. Investigar, llevar a juicio a los presuntos culpables y ejecutar las penas nada tiene que ver con este poder. Las 2 primeras tareas son menester de las procuradurías, hoy supuestamente autónomas. La última, administrar las cárceles, es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Por supuesto que hay corrupción en el Poder Judicial, aunque ni más ni menos que en las otros áreas de la cadena de administración de justicia. Es cierto, todo el proceso judicial necesita transparencia y eficiencia; y nada tiene que ver con recursos, ni con fideicomisos, ni con la elección directa o indirecta de sus miembros.

Lo que busca el presidente, secundado por su candidata, es debilitar al Poder Judicial, minar su credibilidad, de por sí mermada, para combatir mediáticamente sus resoluciones. Lo que está en juego es mucho más que los fideicomisos el los trabajadores del Poder Judicial, que en sí mismo es grave, sino el equilibrio de poderes de la República.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de octubre de 2023).

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Cada mes Enrique Alfaro nos reitera que Jalisco ha reducido la incidencia delictiva en más de la mitad. ¿Pero ese decremento tiene reflejo en la realidad y se debe al "buen trabajo" del gobierno como nos aseguran?

Además de las comparaciones a modo del gobierno estatal para maquillar las cifras delictivas, hay otro factor: el sistema de denuncias de la Fiscalía del Estado de Jalisco es de los peores en el país.

Comparto 4 datos a partir del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 del Inegi, un documento amplísimo y aún sin desmenuzar a fondo.

1. No hay personal suficiente. La fiscalía estatal reportó apenas 61 funcionarios y funcionarias dedicados a la atención ciudadana y recepción de denuncias. En el Estado de México hay 515 servidores públicos; en Sonora 246; en Nuevo León 222; en Guanajuato 173 y en Veracruz 113.

2. Una vez que denuncias, nadie te informa de los avances de tu expediente. La Fiscalía en Jalisco carece de un servicio clave a diferencia de otras fiscalías estatales: carece de un área de Seguimiento a Denuncias y Quejas (es recurrente la molestia de las víctimas que ignoran la evolución de sus expedientes). Esto desincentiva el seguimiento y ratificación de casos.

3. Las opciones para denunciar son obligatoriamente fijas y presenciales. La Fiscalía del Estado cuenta sólo con 12 módulos fijos y ninguno móvil de atención ciudadana para recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias. El Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, por poner un ejemplo, tienen casi medio centenar cada uno. Por otra parte, la Ciudad de México reporta un módulo móvil.

4. Finalmente Jalisco informó que carece de mecanismos para el registro de denuncias vía correo electrónico, página web, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones móviles.

No obstante, en la página web de la Fiscalía estatal se ofrece el servicio para realizar 3 tipos de denuncias en línea: extravío de documentos, extravío de placas y extravío de teléfono (ninguno de los delitos "que más lastiman a los jaliscienses"). En cambio, el Estado de México cuenta con un portal de "Pre denuncia en línea" de robo de objetos y robo de vehículos. El año pasado registró más de 143,000 querellas por esta vía.

Si las víctimas no denuncian, no significa que hay menos delitos, sino más apatía ante las instituciones de procuración de justicia y menos mecanismos efectivos para querellarse. La desconfianza y la dificultad para interponer una denuncia son un factor que no se ha discutido ni seria ni suficientemente ante esta "disminución histórica" de la incidencia delictiva.

Jonathan Lomelí(v.pág.3 del periódico El Informador del 18 de octubre de 2023).

¿Quién cambiaría una estrategia que está dando resultados... si en 5 años hemos bajado 24% la incidencia delictiva, 80% los secuestros en nuestro país?, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad si hoy estamos teniendo estos resultados? Pregunta, oronda y segura de sí misma la secretaria de Gobernación, María Alcalde, ante una Cámara de Diputados llena y con una mayoría dispuesta a aplaudir.

Un par de preguntas para la secretaria, esas que no hicieron los diputados: 1: ¿bajó el índice delictivo o se redujo el índice de denuncias? Y 2: ¿dónde y cómo contabilizamos a los desaparecidos?

Para ayudarla a contestar la 1a. pregunta valgan algunos datos ilustrativos. Sólo hay 2 delitos en los que no hay cifra negra, el asesinato y el robo de autos. El primero se contabiliza el día que se encuentra el cadáver, independientemente de que se denuncie o no. En el robo de autos prácticamente todos los delitos se denuncian, sea para cobrar el seguro o sólo para asegurar que no te atribuyan un delito que se cometa en un auto que está a tu nombre. Pues bien, entre el 2022 y el 2023 los asesinatos se redujeron 1.2%, contabilizados del 1 de enero al 11 de octubre de cada año para que no haya engaño: mismos días de un año a otro. Más aún, los 73 asesinatos diarios en promedio en los últimos 2 años son más que los 71 al día durante el sexenio de Peña Nieto. En robo de autos las cosas no están mejores. De un año a otro la diferencia es nula, 0.01%. Son 435 autos diarios los que se roban frente a 202 en promedio en el sexenio de Peña Nieto ¿Qué celebra, señora ministra, qué celebra?

En el caso del secuestro la cifra es todavía más engañosa. Aceptando sin chistar que hay 80% menos de denuncias por secuestro la pregunta es dónde contabilizamos a los desaparecidos. Pasamos de un promedio diario de 25 personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 31.8 diarias en lo que va de este año. La crisis es tan brutal y la visión del gobierno tan obtusa ante el problema que provocó la renuncia de la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana. ¿Qué defiende, señora ministra, qué defiende?

Nomás para no dejar, revisemos la impunidad. En delitos del fuero común está en 96.3%, esto es, sólo se resuelven 3.7% de los casos. En 2018 el índice de impunidad estaba en 96.1. En el caso de los delitos federales, el último dato sobre la impunidad es de 2022, que fue también 96.1 frente a 94.6 del 2018.

Tiene razón, secretaria, ¿por qué alguien desearía cambiar la estrategia de seguridad si vamos tan, pero tan bien?

Para atajar las imputaciones de que el Ejército era responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente atropelló, como también suele hacerlo, a la Comisión de la Verdad que él creó, y desmintió su acusación que el Ejército obstruía y destruía documentos del período de la Guerra Sucia, y soltó una frase inaudita: "Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda que hay injerencia de... grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo".

En el bloque de "grupos conservadores", como lo ha dicho antes, incluye al ex fiscal para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a las organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, los abogados de las víctimas, la prensa, la oposición y toda aquella persona o ente que haya dicho algo distinto a lo que piensa López Obrador. La verborrea, en todo caso, es lo de menos. Lo de más es que informó en Palacio Nacional que estaba usurpando funciones.

López Obrador no puede conducir una investigación, porque es una invasión de esferas y atribuciones. La responsabilidad de investigar le corresponde al Ministerio Público, no al presidente. El Ministerio Público, en este caso federal, depende de la Fiscalía General de la República, que se ha cansado de repetir que es autónoma. Al afirmar que él dirige la investigación de manera directa está violando la ley y pisoteando el Estado de Derecho. Para efectos de argumentación, si fuera exitoso en llegar a la verdad verdadera de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus conclusiones no podrían ser judicializadas porque carece de representatividad, y por tanto, serían desechadas por un juez.

Cuando queda tan clara la intromisión en asuntos que no le competen, como en tantos a lo largo de su sexenio, se puede entender que el colapso de los casos y los amparos en contra de sus políticas, no tienen que ver con ese enfoque conspiracionista patológico que sostiene, sino con la incompetencia de su gestión. La declaración sobre el Caso Ayotzinapa es la rúbrica de su desaseo.

Lo que dijo ayer forma parte de una serie de declaraciones extrañas que ha hecho en las últimas semanas, donde no parece entender los temas ni ver la dimensión de las galimatías políticas y legales en las que incurre. Varias de ellas son contradictorias, que es lo que sucedió ayer sobre el Caso Colosio.

Comenzó aludiendo una columna en este espacio sobre lo que debería ser la inminente liberación de Mario Aburto -jurídicamente justificada, como se planteó en un 2o. texto aquí-, donde se argumentó con información que ello formaba parte de una estrategia que eventualmente pudiera ser utilizado el asesino de Colosio para acusar al ex presidente Carlos Salinas de tortura y que fuera parte de su narrativa de campaña el próximo año. López Obrador apoyó su crítica a quien esto escribe, diciendo que él no era perverso, ni actuaba de esa manera.

Pero momentos después, dijo que cuando asesinaron a Colosio "llegué a la conclusión de que fue un crimen de estado, y en esos casos, si no hay voluntad, lleva mucho para esclarecerse". Un crimen de estado es cuando lo cometen las autoridades de un Estado o por particulares que actúan en complicidad con ellas, por lo que, agregó, deberían de ampliarse las investigaciones porque "ese tipo de casos no prescriben". Vaya desorden en la cabeza del presidente.

Aburto recuperará su libertad porque fue juzgado indebidamente en un tribunal federal, pese a que Colosio no era funcionario en el momento del asesinato, que lo condenó bajo el Código Penal Federal. Su defensa alegó que era un homicidio del fuero común que debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima concluye el próximo 24 de marzo. Ignorando lo que dice la ley, dijo que cuando se trata del asesinato de un candidato presidencial, no puede tratarse como un delito del fuero común, dejando abierto el camino de la persecución de Salinas.

El sabor de boca que deja la mañanera de ayer es que hemos perdido al presidente, al enseñar una brújula desorientada, asumiendo funciones y decisiones que no le competen, donde viola la ley pero, sobre todo, estableciendo una cadena de mando sobre ilegalidades que terminan en él, lo que en un momento futuro, le podrían traer serios problemas de orden penal.

¿Por qué nadie persigue los delitos sexuales de Naasón Joaquín García en México? Por la misma razón que nunca fueron investigadas, no digamos castigadas, las denuncias por delitos sexuales de personajes como Marcial Maciel o el mismo padre de Naasón, Samuel Joaquín Flores, y decenas de otros líderes religiosos. Es cierto que en los últimos años se procesó a algunos sacerdotes pederastas, qué bueno que estén en la cárcel, pero ninguno de ellos era un jerarca importante.

Todas las iglesias tienden a proteger a sus delincuentes sexuales. En parte es un tema económico: las instituciones tienen que responder por las demandas civiles en su contra, sobre todo cuando desde la jerarquía se protegió y se protege a pederastas y violadores. Los delincuentes no son, por supuesto, la mayoría en ninguna iglesia y nada tienen que ver con las creencias. Sin embargo, la protección de estos predadores sexuales fue una política sistemática en las iglesias con el argumento que había un bien superior a proteger: la imagen de las instituciones ante sus creyentes. El ocultamiento de delitos y delincuentes por parte de las iglesias es éticamente reprobable, y también podemos decir que económicamente explicable. No así la complicidad y pasividad de las autoridades, desde gobernadores y presidentes hasta fiscalías estatales y federales. Por razones electorales o de complicidad de poder, en México ningún gobierno quiere tener problemas con las iglesias.

En el documental "La oscuridad de la Luz del Mundo" que está ya en la plataforma de Netflix, uno de los testigos narra cómo 2 agentes agentes investigadores de la Policía Judicial de Jalisco interrogaron muertos de miedo y a domicilio a Samuel Joaquín Flores tras las denuncias por violación en los años 90 para luego archivar la denuncia. Ni qué decidir de la protección a al sacerdote pederasta Marcial Maciel desde Los Pinos en tiempos del presidente Zedillo. La impunidad es la norma.

En defensa del estado laico, del derecho de todos los ciudadanos a creer en lo que queramos, los gobiernos deberían fiscalizar más a las iglesias. No, por supuesto, en lo referente a su cuerpo de creencias, eso es decisión y responsabilidad de los creyentes, pero sí en lo que tiene que ver con sus finanzas, ingresos y gastos. Que estén exentas del pago de impuestos no significa que no deban rendir cuentas. La impunidad de personajes como Naasón Joaquín o Marcial Maciel está directamente ligada a su poderío económico nunca fiscalizado.

En el origen fue el dinero, el dinero se convirtió en poder y el poder les permitió habitar impunemente entre nosotros. Si Maciel fue defenestrado, si Naasón Joaquín está preso, no es por las autoridades mexicanas que no sólo han sido omisas sino en muchos casos cómplices de estos delincuentes. Aunque a las iglesias no les guste, tenemos que hablar de lo que pasa en ellas.

En México existe "una situación generalizada de desapariciones" y "la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación", de este delito por lo que existe una impunidad casi absoluta para castigar este fenómeno. Asimismo, es de suma preocupación el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Estas son algunas de las principales conclusiones y recomendaciones que el pasado 29 de septiembre dio a conocer el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en un informe en el que establece conclusiones después de su visita al país en noviembre de 2021 y del diálogo que establecieron con algunos funcionarios del gobierno mexicano entre el 13 y 15 de septiembre de este año, durante la 25ª sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza.

El CED forma parte de las agencias de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que México forma parte.

En ese contexto, el gobierno mexicano aceptó la visita de una comisión del CED en noviembre de 2021, posteriormente ha emitido observaciones que han sido respondidas por el Estado mexicano, quien reconoce la competencia de esta instancia de la ONU para revisar la política mexicana en materia de desaparición de personas, incluidas las desapariciones forzadas.

Si bien es de sobra conocido en el país que la crisis por desaparición de personas es uno de los problemas sociales y políticos más graves que aquejan a la sociedad mexicana, no deja de llamar la atención la afirmación de este comité de la ONU de que en el país existe "una situación generalizada de desapariciones" con más de 111,000 personas ausentes.

En el "informe final sobre la información complementaria presentada por México" se hace un repaso general a la situación de las desapariciones en el país y somete a revisión la política pública sobre este fenómeno, y luego establece decenas de recomendaciones al Estado mexicano.

En concreto, los integrantes del CED dividieron su análisis en 4 apartados: a) política nacional de prevención y erradicación de desapariciones; b) la investigación y justicia; c) búsqueda y coordinación efectiva; y d) identificación y entrega de restos de personas fallecidas.

Sobre el 1er. apartado concluye la alarmante situación de "desapariciones generalizadas" que existe en el país, así como la "ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones" y el escaso impacto de las mesas de seguridad nacional y estatales para la construcción de la paz en la prevención y erradicación de este crimen; a la vez que cuestiona que las autoridades mexicanas no reconozcan la "responsabilidad de los agentes estatales" en los casos de desapariciones forzadas, cuestiona "la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad". En este punto, subraya la gran cantidad de personas desaparecidas que existen en el país y los pocos casos de personas detenidas por este delito, lo que revela la situación casi generalizada de impunidad que impera en México. El documento de la CED 18 páginas establece más de 50 recomendaciones al Estado mexicano para tratar de contener y sancionar este delito y entre otras cuestiona la política de militarización de la seguridad pública y pide establecer un plazo para que estas tareas sean asumidas plenamente por policías y mandos civiles. Hacia final del documento, los integrantes del CED hacen patente la grave crisis forense que existe en el país con más de 53,000 restos humanos sin identificar en los servicios forenses de todo el país.

El informe del CED ha sido acogido con beneplácito por los colectivos de familiares que buscan a sus desparecidos, y llaman al Estado mexicano a acatar y aplicar sus recomendaciones, con la esperanza de que así sea posible detener la crisis por desapariciones en México y que pone al país en el epicentro mundial de este fenómeno.

En su discurso inaugural del Zócalo de la Ciudad de México, cuando dio a conocer sus 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió: "Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables". Este pasado 2 de octubre afirmó: "Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese".

Hay buenas razones para cuestionar que, de sus 100 compromisos, solo le falte este por cumplir. El caso Iguala, sin embargo, ha sido un fracaso mucho mayor de lo que él mismo admite. Permitir la liberación de los responsables de la matanza y encarcelar a quienes investigaron el caso y detuvieron a los perpetradores no es un error, es una injusticia monumental.

Este 2 de octubre el presidente reconoció cándidamente que, para detener al exprocurador Jesús Murillo Karam y ordenar la aprehensión del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, tuvo primero un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar: "Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte [de Alejandro Encinas], porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarlos para conocer la verdad y hacer justicia". Es una confesión de parte. El presidente no puede lícitamente dar instrucciones a un fiscal independiente y al presidente de la Corte para coordinar acusaciones contra nadie.

Claro que "ahí pasó algo muy raro: hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la fiscalía especial y se negaron", señaló AMLO. "Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce". Pero por supuesto que hubo una rebelión. Cualquier abogado sabe que no es lícito encarcelar a un procurador por proponer una tesis sobre un crimen, aunque sea incorrecta, y la tesis de Murillo Karam, la "verdad histórica", fue ratificada en los tribunales que procesaron a más de un centenar de responsables de la matanza de los normalistas. El indebido encarcelamiento de Murillo Karam se convierte en un abuso de Estado cuando lo acuerdan el presidente, el fiscal general y el presidente de la Corte. Un acuerdo entre funcionarios para llevar a cabo una privación ilegal de la libertad es un acto de asociación delictuosa.

A Murillo Karam, en una venganza política, le hicieron acusaciones de todo tipo. La de "delitos contra la administración de justicia" podría sostenerse con el argumento de que su hipótesis sobre lo sucedido en Iguala fue no solo falsa sino dolosa, pero habría que comprobar el dolo y no se entiende, entonces, por qué la actual hipótesis de Encinas es virtualmente la misma. La de tortura se cae por su propio peso: nadie ha señalado al exprocurador de haber torturado a nadie o de haber dado instrucciones para hacerlo. La de desaparición forzada es alucinante: significaría que el exprocurador secuestró u ordenó el secuestro de los normalistas. No hay ni el más remoto indicio de ello.

Este 3 de octubre el presidente exclamó, quizá para quedar bien con sus simpatizantes de izquierda: "Claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras". Pero quien ha fabricado mentiras es él, en confabulación con el fiscal general y el expresidente de la Corte. Podemos decir que "Fue el Estado", pero no en la matanza de los normalistas, sino en la invención de una hipótesis sin sustento, en la liberación de los responsables de la masacre de estudiantes y en el encarcelamiento de un exprocurador por el delito de aprehender a los criminales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer recientemente los datos oficiales sobre la mortalidad en nuestro país. En ello destaca la cifra definitiva sobre defunciones por lesiones intencionales (homicidio doloso), las cuales ascienden a 32,223 víctimas, cifra apenas comparable con la del año 2017, cuando en la administración pasada el país ya se consideraba un infierno.

Es cierto que se trata de la menor cifra de esta administración, pero debe subrayarse que estamos en el periodo más violento desde al menos el año de 1990. Y para ponerla en perspectiva, la cifra del 2022 es 363% superior a la registrada en el año 2007, cuando el registro fue de 8,867 víctimas de homicidio intencional. Igualmente, si se compara con la mejor cifra de la administración 2012-2018, la cual se registró en 2014, la diferencia absoluta es de 12,213 víctimas, y en términos relativos, es 61% mayor.

Este dato es preocupante y doloroso a la vez, más aún si se entiende en el contexto de violencia social generalizada en que nos encontramos. Desde esa perspectiva, se hace necesario pensar una vez más en las responsabilidades y competencias asignadas en la investigación y persecución del delito. Porque hoy todo se confunde y permite evasiones y argumentos fáciles para evitar la responsabilidad política que se tiene ante la violencia y la delincuencia.

Hoy se tienen a la mayor corporación policíaca federal de nuestra historia. Pero su incidencia en la reducción de la criminalidad y la violencia está resultando marginal. Se permite incluso la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y el escenario, lejos de mejorar, incorpora cada vez más elementos de terror y amenazas a la población.

Aunque es difícil realizar una lista exhaustiva del conjunto de atrocidades que se ven todos los días en el país, es importante nombrarlas, a fin de evitar su invisibilidad, pero, sobre todo, hacer un llamado a que las autoridades, de todos los niveles, construyan lo que es necesario y urgente para detenerlas. En efecto, el terror tiene nombres cada vez más siniestros: extorsión, quema de viviendas, cobro de piso, robo en vía pública o transporte público, robos a particulares en carreteras, quema y destrucción de negocios, secuestro, desaparición forzada, lesiones dolosas, violación y el resto de los delitos sexuales; y en el ámbito de la vida privada, los feminicidios, la violencia familiar, el incumplimiento de responsabilidades familiares y el conjunto de delitos que atentan contra las familias.

Como se observa, si la violencia homicida un indicador síntesis de las condiciones generales del país, esta no debe llevarnos a perder de vista que en realidad debe hablarse en plural, de violencias, pues son múltiples y todas ellas con rostros horrendos.

Podrá decirse que todo esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo; y es cierto; pero la diferencia hoy es que se comente en una escala masiva, nunca antes imaginada, y que ha llenado de temor, angustia y llanto a prácticamente todos los municipios del país. En efecto, no hay una entidad de la república que no tenga una tasa delictiva superior a la de los países con sociedades pacíficas y en los que se ha conseguido construir un estricto apego a la legalidad y una intolerancia social generalizada a la corrupción y a la violencia.

No hay evidencia respecto de que la reducción en el número de homicidios registrados en el último año sea producto de la estrategia que se sigue en materia de seguridad pública. Y antes bien, pareciera que se debe a reacomodos y a formas de intervención de los grupos delincuenciales, que en cualquier momento pudiera llevarnos a una nueva escalada que definitivamente nadie puede querer.

No, señor Presidente. El afectado con estos hechos no es usted, sino el país y todos los mexicanos que sufrimos las consecuencias de su absurda política de "abrazos, no balazos". La información e imágenes de lo que ocurre en el país, y que de alguna manera le es desfavorable, no son propaganda.

Propaganda es presentar información parcial o sesgada para influir una audiencia. Mostrar videos auténticos, informar la realidad de lo que ocurre es simplemente el derecho humano de acceso a la información, derecho clave para la libertad de pensamiento y opinión de las personas.

Su discurso de que "la violencia no se combate con violencia" no lo hará pasar a la historia como un "humanista", sino como un iluso con delirios de grandeza, como un remedo cómico de Gandhi, quien en un contexto distinto y por razones completamente diferentes veía en la no violencia una forma de lucha más auténtica y efectiva que la simple ley del talión, que acaba multiplicando por 2 la maldad.

La India de hace un siglo no es el México de hoy. La lucha pacífica de ciudadanos en contra de la discriminación y la opresión de un gobierno no es lo mismo que la lucha de un gobierno establecido contra delincuentes, narcotraficantes y asesinos que todos los días matan, secuestran y extorsionan impunemente a miles de personas. En este caso el presidente no es un ciudadano inconforme que lucha contra el Estado; es y representa al Estado mismo, y su inacción incumple con la jurada obligación de respetar y hacer respetar la ley.

Cada vez que ocurre una masacre, cada vez que asesinan a alguien en algún lugar del país, cada vez que los narcotraficantes agreden y retan impunemente al Estado, en lugar de actuar y usar la fuerza pública para mantener el control y el Estado de Derecho, lo único que el gobierno hace es "desplegar" elementos de la Guardia Nacional, pero siempre después de los hechos. Nunca antes ni durante. Son expertos en acordonar sitios a posteriori y en organizar faramallas de seguridad con camiones camuflados repletos de soldados armados circulando por las ciudades. Despliegues y movilizaciones militares que no sirven más que para hacer como que hacen, porque al final todo sigue igual.

De este victorioso narcodesfile en Chiapas, que mostró poderío y control territorial por encima del gobierno, el presidente dijo también que se trató de un hecho único, aislado, pues "no es que el narcotráfico controle otros estados o por completo Chiapas".

Pues no, efectivamente el narco no controla estados por completo, pero es un hecho y con sus declaraciones así lo admite, que controlan parte de ellos.

Las preguntas entonces son: si el narco controla no todo, pero sí una parte del país o, aunque fuese una sola población, ¿no es eso motivo suficiente para que el Estado intervenga y recupere el control? ¿Cuántos estados o municipios necesitan estar al mando de narcotraficantes para considerar a México un narcoestado? ¿Cuántos muertos tiene que haber, cuántas industrias, comercios y ciudadanos debemos pagar derecho de piso, derechos de paso y extorsiones para que se justifique el uso de la fuerza pública?

¿Por qué si es sabido dónde y quién controla municipios enteros, por qué si todo esto es un "secreto a voces", el Estado no actúa en defensa de los ciudadanos, del Estado de Derecho y del mismísimo territorio nacional?

Sólo encuentro una respuesta lógica que cuadra con todo: el Estado y el crimen organizado son uno mismo.

Fueron cientos los que formaron parte de la marcha llevada a cabo en la capital del país para acompañar a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hace 9 años en Ayotzinapa. En la concentración del martes por noche en el Zócalo -frente a Palacio Nacional que estaba cercado con vallas de metal-, se escuchaban los gritos de "26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa" y se veían pintas con leyendas de "Fue el Ejército" o "Narco Estado Militar". En ese contexto, todo estaba dentro del marco de la ley.

Lo que no estaba en el sentido de lo que la ley permite, fueron las demostraciones de violencia -ya recurrentes en cualquier tipo de protesta-, en donde sujetos vestidos de duelo -negro-, supuestamente en apoyo a los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes hicieron de la suyas para cometer desmanes en comercios aledaños a Palacio Nacional, lanzando petardos, destruyendo cristales y mobiliario de negocios -como el restaurante Sonora Grill, la cafetería Starbucks, una sucursal bancaria de HSBC, etc.-, pintaron paredes de edificios y monumentos públicos, además del pánico que provocaron entre comensales, clientes y transeúntes.

Nuestra Constitución es muy clara en lo que se refiere a "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito", como lo señala el Artículo 9. Pero en ese mismo mismo precepto constitucional -mismo párrafo- se señala que "No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, NI SE HICIERE USO DE VIOLENCIA O AMENAZAS para intimidarla u obligada a resolver en el sentido que se desee". Y la violencia existió con el destrozo de inmuebles, mobiliario y lanzamiento de petardos y bombas molotov.

La libertad que nos proporciona la misma Constitución y la garantía de manifestarnos para expresar nuestras inquietudes, nosotros mismos las invalidamos con estas actitudes de violencia innecesaria, que desafortunadamente es provocada por personas ajenas a los movimientos que claman -en este caso- más que saber la 'histórica verdad', es que se haga justicia de la injusticia cometida.

Sin embargo, así como tenemos el derecho a manifestarnos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar nuestra protección. Y en la manifestación del martes, a pesar de las ilegales acciones de algunos sujetos inmiscuidos en el evento, nunca hizo acto de presencia la autoridad o representación de seguridad del Estado para que la protesta se llevara dentro del marco de la ley.

El vandalismo que hubo justificaba la presencia de los cuerpos de seguridad -llámese policía de la Ciudad de México o Guardia Nacional-, que nunca aparecieron. Fue algo insólito, como inaudito fue ver los videos de las redes sociales del pasado fin de semana en Chiapas, donde integrantes de grupos delincuenciales 'desfilaban' entre vítores por las carreteras como si hubieran ganado el Super Bowl, donde tampoco aparecieron las fuerzas del orden público. Entonces, ¿a qué se dedican?

Omar Gómez Trejo, el 1er. fiscal para el Caso Ayotzinapa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha detonado una bomba con repercusiones inimaginables, que aniquila la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para a esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y que coloca a varios miembros del gobierno y al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el umbral de procesos penales.

La bomba de Gómez Trejo, que renunció a finales de septiembre del año pasado y huyó a Estados Unidos por temor a represalias, se detonó en sintonía con el 9o. año de la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al difundirse una entrevista que le hizo John Gibler, periodista estadounidense con amplia experiencia en México, para Quinto Elemento Lab, y que publicó este martes Animal Político. Sus palabras son demoledoras.

Gómez Trejo revela un desayuno el 15 de agosto de 2022 donde López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar -cuya participación y complicidad es inexplicable-, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, donde, sugirió a Gibler, todos se pusieron de acuerdo y dieron luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del Caso Ayotzinapa.

Lo que detalla el ex fiscal son invenciones y encubrimiento de ese grupo que se reunió en Palacio Nacional, que paradójicamente son las mismas imputaciones que hizo Encinas contra el gobierno peñista, por lo que está preso el ex procurador general, Jesús Murillo Karam. Encinas sale crucificado, no sólo por haber cometido los mismos presuntos delitos que le cargaron a Murillo Karam, sino por dejarlo exhibido por haber inventado mensajes de chats que utilizó para acusar a militares de rango de estar vinculados con el crimen, y por haber utilizado a un testigo protegido identificado como "Carla", como refuerzo de sus acusaciones.

La publicación de la entrevista apuntala las críticas contra Encinas de los padres de los normalistas y de Vidulfo Rosales, la cabeza más visible de su equipo de abogados, que tras reunirse con él y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el lunes por la noche, denunciaron que el gobierno de López Obrador regresó a la narrativa de la "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto, y de querer criminalizar a los normalistas, señalando que la escuela estaba infiltrada por la banda criminal de Los Rojos, como lo hizo también Murillo Karam.

Sin embargo, como todas las cosas, las revelaciones que levantarán ámpulas y serán motivo probablemente de denuncias penales contra los señalados, tiene muchas otras caras. Una tiene que ver con el propio Gómez Trejo, artífice central para allegarse de los criminales de Guerreros Unidos como testigos cooperantes, y utilizarlos para llevar al banquillo de los acusados al Ejército y al Estado Mexicano. 2 testigos claves para ese propósito fueron parte de su creación, estimulado y apoyado todo el tiempo por Encinas: "Juan", Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de plaza y sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, que dio la orden de asesinar a los normalistas, y "Carla", cuyo nombre se desconoce, pero era un halcón de la banda criminal.

Gibler, que revisó declaraciones ministeriales, asegura que "Carla" mintió. El "halcón" de Guerreros Unidos fue reclutado por Gómez Trejo, al igual que hizo con unos 20 miembros de Guerreros Unidos, para manipular las declaraciones de los criminales -dispuestos a todo, a cambio de su libertad-, para acusar a militares y funcionarios y construir lo que Encinas llamó la "verdad alterna". El periodista también encontró que "Juan" mintió. El principal testigo de Encinas y Gómez Trejo declaró más de 6 veces, hasta que su relato se fue acomodando a la "verdad alterna".

Decenas de Guerreros Unidos fueron puestos en libertad por un juez en Tamaulipas porque sus declaraciones habían sido extraídas mediante torturas, pero Gómez Trejo, en lugar de subsanar los errores de las consignaciones de Murillo Karam con pruebas supervenientes, dejó correr los plazos legales -incurriendo en probables responsabilidades penales y administrativas-, para aliarse con los delincuentes y hacerlos testigos cooperantes.

En la entrevista, el ex fiscal le hizo 2 revelaciones fundamentales a Gibler. Una fue la orden de Gertz Manero para judicializar al vapor la acusación contra Murillo Karam, a quien estaba investigando pero no podía probar aún la cadena de mando que lo inculpara, lo que exhibe desde adentro la fabricación de casos en la Fiscalía General. Gómez Trejo no renunció por esa razón, ni por los inventos de Encinas con los chats, pero dejó entrever que se estaba cerrando un cerco en torno a él. Un 1er, golpe, como se aprecia en la entrevista, fue el 30 de agosto de 2022, 15 días después del desayuno donde sugiere se fraguó el encubrimiento del gobierno de López Obrador.

Gómez Trejo acaba de regresar de Tel Aviv, muy optimista por la posibilidad de que el gobierno israelí extraditara Tomás Zerón, que fue el investigador en jefe del Caso Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto, pero Gertz Manero, en lugar de celebrarlo, le dijo que dejara de investigar porque se iban a realizar auditorías en la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa que él encabezaba. En la entrevista no emergen los detalles de las auditorías, pero ha trascendido que entre lo que le encontraron fue el uso excesivo e ilegal de "Juan", cuyas declaraciones no fueron corroboradas ni se verificaron los datos que aportó.

La bomba del ex fiscal también le impacta a él, cuya magnitud podría alcanzar a verse si el gobierno difunde los resultados de las auditorías. Por lo pronto, parece que Gómez Trejo buscó un golpe preventivo, que se empezó a dar con la publicación de más de 20,000 chats de la DEA sobre Guerreros Unidos en The New York Times, y que continuó con la entrevista. La partida la va ganando Gómez Trejo, aunque en el camino sigue sumando enemigos con capacidad para revirarle, política y legalmente, con fuerza.

En la mañanera del día de ayer el presidente se enfrascó en una absurda discusión con un reportero en la que sostuvo que él tenía otro punto de vista sobre lo que había sucedido en Chiapas: para él todo lo que se publica en medios que no están bajo su control es una exageración de sus adversarios los conservadores.

El desfile triunfal de un grupo del crimen organizado entre San Gregorio Chamic y Frontera Comalapa, en Chiapas, fue sin duda una acción propagandística del cártel y muy probablemente los aplaudidores estaban ahí porque les pagaron o los amenazaron. Eso es lo de menos, la pregunta es cómo llegaron hasta allá los sicarios, pues es evidente que las camionetas blindadas y artilladas no fueron fabricadas en el pueblo vecino, sino que atravesaron el territorio nacional en absoluta y feliz impunidad. El Ejército, la Guardia Nacional, al menos 10 policías estatales y cerca de 100 corporaciones de policía municipal los vieron pasar de un municipio a otro, de un estado a otro, de una zona militar a otra, sin que nadie chistara.

Para el presidente, una manifestación como esta no es grave. Es un acto propagandístico que en nada modifica el estado actual de la seguridad. Y tiene razón, aunque no por las razones que él esgrime. El problema no es la impunidad como la que se manifestó con el desfile de este grupo, sino la impunidad generalizada en la que vivimos. La marcha triunfal es sólo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que se llama control territorial y pérdida de territorios por parte del Estado mexicano. Lo que muestra y demuestra este video terrible es que los programas de apoyo gubernamental no bastan para quitarle la base social al crimen organizado. Combatir la pobreza es un imperativo ético, es una necesidad económica y social, o cualquier otra cosa que se quiera, todo menos una política de seguridad.

La paz es mucho más que la ausencia de guerra; es una construcción social que permite la convivencia en igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, no basta con que las fuerzas del Estado no disparen para construir la paz, es necesario que se construya un Estado de Derecho en el que no se necesario vitorear a ningún grupo de crimen organizado ni al arribo tardío y reactivo de las fuerzas armadas.

La diferencia entre un estadista y un politiquero, para usar las palabras del propio presidente, es que el primero busca generar políticas para que las cosas estén mejor y el segundo sólo busca convencernos de que las cosas están mejor. Negar todo, incluso la verdad, es un acto de propaganda tan descarado y reprobable como el de los grupos de crimen organizado.

El sábado se registró la narco-caravana de sicarios del cártel de Sinaloa, en la que recibieron aplausos y vítores de los pobladores de los municipios chiapanecos de Frontera Comalpa y San Gregorio Chamic, que colindan con el país de Guatemala.

Ahí lo grave fue que los habitantes atribuyeron la recuperación de las carreteras bloqueadas por el cartel Nueva Generación y que habían paralizado la economía de esa zona, a la llegada del cártel Sinaloa y no a las autoridades, que brillan por su ausencia en esa región, que como muchas otras en el país, están sometidas y bajo el control del crimen organizado. Aunque en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador lo minimice y denuncie que es amarillismo de los demonios del conservadurismo para afectar a su gobierno.

Hace unos días llegó a la redacción la denuncia de varios padres de familia que meses atrás identificaron que el ex profesor de futbol de sus hijos en el parque de la Plaza de La Bandera, José Martín "N", les hacía insinuaciones explícitas de contenido sexual y les pedía a las niñas fotografías desnudas.

Las primeras denuncias se presentaron en febrero de este año. La madre de familia de 2 de esos niños recibió los folios correspondientes, apoyo psicológico para los menores e incluso un botón de pánico. La investigación quedó en la carpeta, punto. Luego vinieron otras más. Pese a que las denuncias se iban acumulando no se avanzó en las investigaciones, el sujeto en cuestión cambió de domicilio y no ha puesto un pie en la Fiscalía.

Hace 3 años que la Ley Olimpia se aprobó en Jalisco; sin embargo, se estima que hay aproximadamente un 96% de impunidad en los delitos que ésta persigue. De las más de 1,200 denuncias que la Fiscalía del Estado recibió el año pasado, se judicializaron menos de 50 de ellas, lo que deja en el limbo cualquier cantidad de abusos para que los ciberacosadores encuentren nuevas víctimas.

Evidentemente corresponde a los padres proteger la integridad de los hijos, pero también es una responsabilidad de las autoridades sancionar como corresponde a un hombre que hostiga a menores de edad, ya que no se trata de la acusación de un niño sin manera de comprobar lo que dice, son varios y hay mensajes que lo prueban, pero aún así el sujeto sigue libre ¿qué está mal en la ecuación? ¿Acaso no brindar justicia no es una forma de revictimizar? Quiero pensar que no es necesario involucrar a otros organismos para obtener la sanción que corresponde y evitar que haya más casos como este, porque imagino que para todos lo más importante es el interés superior de la niñez.

A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, están en la cárcel el ex procurador general Jesús Murillo Karam, el general José Rodríguez, que era el comandante del 27º Batallón de Infantería en esa ciudad, otros 5 militares de menor rango, Tomás Zerón, el jefe investigador del caso se encuentra prófugo y hay órdenes de aprehensión contra otros 20 militares en activo y en retiro. En cambio, decenas de miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, los autores materiales de la desaparición, están libres.

Los criminales se han vuelto aliados del ala civil del gobierno federal. Gildardo López Astudillo, "El Gil", jefe de los sicarios de la banda Guerreros Unidos en Iguala, y a quien el subprocurador de Derechos Humanos llamó como uno de los "principales perpetradores" de la desaparición de los normalistas -la PGR de Peña Nieto lo identificó como quien dio la orden para incinerarlos-, es ahora el testigo estrella del gobierno para acusar a generales y soldados del crimen. Otras 2 decenas de Guerreros Unidos son testigos colaboradores, como Patricio Reyes Landa, "El Pato", y Agustín García Reyes, "El Chereje", quienes participaron en la detención y desaparición de los normalistas.

Es el mundo al revés.

En el sexenio pasado se persiguió a los criminales y los metieron a la cárcel, aunque salieron todos porque un juez en Tamaulipas determinó que habían sido torturados. El ex fiscal Omar Gómez Trejo no hizo nada por evitarlo, lo que de alguna forma se entiende. Antes de ser nombrado fiscal fue secretario técnico del Grupo Interdisciplnario de Expertos Independientes (GIEI), que siempre quiso culpar al gobierno y particularmente al Ejército del crimen, y al no presentar pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel -respaldado por Encinas-, los volvió testigos colaboradores para acomodar las versiones a sus imputaciones contra el Ejército -"El Gil" declaró al menos 6 veces para esos fines-, que es lo que deseaba el GIEI.

A 9 años estamos peor que como terminó el gobierno de Peña Nieto. En ese momento había criminales que estaban siendo procesados por sus delitos, y funcionarios que habían abusado de sus funciones y violentado el Estado de Derecho. Hoy son los acusadores de ayer los acusados hoy, por los criminales, por Encinas y por Gómez Trejo, pero se desdibujaron los 2 bandos claros de buenos y malos como hubo hasta 2018, y se convirtió el caso en una mescolanza en la que está atrapado el gobierno de López Obrador.

Quienes han cargado con todo este tiempo son los familiares de los normalistas desaparecidos, acompañados por sus abogados. Siempre estuvieron insatisfechos y molestos con los resultados del gobierno peñista, y siguen ahora en la misma situación con el lópezobradorista. Reconocen las detenciones de exfuncionarios y militares, pero, como lo dijeron en una reunión con el presidente el viernes pasado, les siguen ocultando información y, apoyándose en el GIEI, la Secretaría de la Defensa ha escondido documentos. López Obrador dice que no hay más, y la Defensa afirma que el registro incompleto que pidieron el viernes, repitiendo un alegato del GIEI, no era un reporte oficial, sino externo.

En la Fiscalía General y en la Secretaría de Gobernación, están convencidos de que quien sí extrajo documentos y los desapareció -sin precisar cuáles-, fue Gómez Trejo, quien en una reciente entrevista con The New York Times, dijo que tuvo que huir a Estados Unidos por temor a las repercusiones que su postura sobre el caso pudiera tener.

El alegato de Gómez Trejo, e indirectamente de Encinas, contra los militares, fue reforzado por la publicación en el Times a principios de septiembre de un extracto de alrededor de 23,000 mensajes que entregó la DEA al gobierno, donde concluye que todas las ramas de gobierno en esa zona llevaban meses trabajando para Guerreros Unidos, lo que puso la maquinaria del Estado en manos de ese cártel.

El Caso Ayotzinapa ha tenido muchas rutas fallidas, aunque la base de las investigaciones en este y el anterior gobierno, fue la averiguación previa que realizó en los primeros 3 días de la desaparición el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, a quien Zerón y Gómez Trejo quisieron meter a la cárcel. La paradoja no para ahí.

Para fortalecer su acusación contra el Ejército, Encinas y su equipo, inventaron chats donde se acusaba a un general del asesinato, y utilizaron a López Astudillo, como el testigo inculpador. El viernes, en una entrevista en Milenio Televisión, el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, cuestionó las afirmaciones de El Gil y dijo que habría que contrastarlas para dilucidar sus contradicciones.

El túnel negro de Ayotzinapa es largo. Las comunicaciones que entregó la DEA no incluyeron 9 horas interceptadas, entre las 10 de la noche del 26 de septiembre, y las 4 de la mañana con 16 minutos del 27. Es decir, las horas clave para determinar qué hizo Guerreros Unidos con los normalistas, con qué autoridades se comunicaron -sin contar a las policías de Iguala y Huitzuco, que estaban en sus nóminas-, y cómo se deshicieron de los cuerpos y en dónde los dispersaron, que siguen siendo de conocimiento exclusivo del gobierno de Estados Unidos, el único que sabe la verdad sobre lo que pasó esa noche.

Los embates que han caracterizado la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el Poder Judicial, así como el más reciente anuncio de la reducción de su presupuesto, son acciones que atentan contra la democracia y el Estado de Derecho, advierten especialistas en la materia.

El académico de la maestría en Política y Analítica Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jesús Ibarra, detalla que atentar contra la democracia y concentrar el poder desactivando a otros poderes públicos nos afecta a todos.

"Es importante que las candidatas que ahora aspiran a la Presidencia tengan claridad sobre la relevancia del Estado de Derecho en México, que a nivel mundial somos los que más hemos caído. Básicamente cuando falta el orden constitucional, tenemos como resultado más violencia, menos instituciones que nos salvaguardan derechos fundamentales".

Ibarra resalta que el ejemplo más reciente fue que no invitó a los otros poderes al Grito de Independencia. "Rompe con todo el marco jurídico constitucional, confunde el Estado con el gobierno. El Grito es una conmemoración de estado donde tendrían que estar los 3 poderes".

"A los constitucionalistas nos pareció un escándalo, pero a la base popular no afecta que exista este desdén hacia el estado. El Estado de Derecho lo ha buscado domesticar".

Por su parte, Arturo Argente Villarreal, profesor de derecho de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tecnológico de Monterrey, recuerda que la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes plantea que "todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites".

El académico considera que el actuar de AMLO, principalmente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasará a la historia y será recordado por la frase "no me vengan con que la ley es la ley", donde evidencia su desdén hacia el Estado de Derecho.

"El presidente ha privilegiado el aspecto político que el actuar acorde a los lineamientos constitucionales. La enseñanza que nos deja es que cualquier persona que llegue a tomar las riendas de alguno de los 3 poderes debe de saber los lineamientos constitucionales, los límites para su ejercicio político".

Destaca que el actual es un retroceso. "En la administraciones del PRI no había contrapesos, se actuaba conforme a lo que el presidente quería. La Suprema Corte actuaba como simple comparsa. Por fin hemos visto a una Suprema Corte como contrapeso real, ante sus intentos, por violar la Constitución".

El 8 de agosto de 2018, al recibir de la presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, su constancia de presidente electo, en la sede del Tribunal, prometió que no intervendría en la autonomía de los poderes. "En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen", afirmó López Obrador.

Jesús Ibarra recuerda que al inicio de la gestión del mandatario Andrés Manuel López Obrador, en 2019, fue cuando ocurrió la renuncia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, nombrado con Enrique Peña Nieto.

"No nos quedó claro por qué. Parece que había un caso de corrupción, pero no había datos claros sobre lo que ocurrió. Él renuncia y López Obrador nombra a 4 ministros, lo cual es clave, y con eso lograba evitar acciones de inconstitucionalidad".

Después, rememora que llega el ministro Arturo Zaldívar, y con los ministros nombrados busca anular el contrapeso de la SCJN.

"Pero no le respondieron como él esperaba, el mismo presidente reconoce que se equivocó con el nombramiento. El ministro fue muy cercano a los intereses de Obrador, y fue su etapa de mayor influencia, para evitar que invalidaran varias iniciativas y proyectos de ley".

Ibarra abunda en que después viene la 2a. etapa, con el nombramiento de la actual ministra presidente, Norma Piña, donde actúan con mayor autonomía e invalidan proyectos como el "plan B" electoral, que pretendía otorgar mayor control al gobierno.

"Con este nuevo momento de la ministra Norma Piña, se detiene el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de Zaldívar ha sido un verdadero contrapeso. Eso no ha ocurrido con el poder legislativo, donde tiene una mayoría simple, aunque no logra tener la mayoría calificada para cambiar la Constitución".

Añade que será importante ver los cambios que tendrá el poder judicial con el recorte presupuestal anunciado.

"Visto en términos de política, es la venganza o reproche al poder judicial, en términos de justicia perdemos todos. También hay un recorte al Tribunal Electoral en pleno proceso electoral, y eso podría causar problemas que ya teníamos resueltos".

Jesús Ibarra, opina que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está a modo con la llegada de Rosario Piedra, a quien nombra como alguien cercana.

"Esto evita que la CNDH se pronuncie en temas como la militarización, o del Tren Maya, que se construye sin estudios de impacto ambiental, y violando directamente tratados internacionales, que obliga a que se consulte a la población".

Además, subraya que todos los proyectos emblemáticos de su gobierno los ha llevado la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que por medio de Transparencia haya información sobre asignación de contratos a empresas.

"No hay información ni rendición de cuentas sobre ejercicios presupuestales. Eluden la transparencia argumentando un concepto de seguridad nacional".

También recuerda que el Inai estuvo inhabilitado cuando no hubo nombramiento de comisionados, y que fue gracias a la Suprema Corte que el organismo volvió a funcionar.

Coincide en que al inicio de la administración el Legislativo no fue un contrapeso para el Ejecutivo, donde incluso llegó a sumar a la oposición para que avanzaran temas presupuestales o el acuerdo de la Guardia Nacional.

Arturo Argente Villarreal analiza que cuando AMLO llegó al poder tenía mayoría en el Congreso, por lo que pecó de soberbia. "Pensó que en las intermedias iban a mantener las 2 terceras partes, pero perdió el control del congreso. Lo importante en las próximas elecciones va a ser cómo se va a conformar el Congreso de la Unión".

Lo que durante tanto tiempo se denominó como "elección de Estado" (para significar la ruptura en los hechos del orden democrático por parte de las autoridades y el partido en el gobierno para mantener el poder) ha vuelto a aparecer en la operación política y electoral que durante los últimos meses se ha desarrollado en México. Ante la fuerza del uso de los recursos de facto que significan ventajas indebidas, aparece aquella vieja resignación anticipada que se vivía en los años del PRI, ante la dimensión del aparato que se preparaba para pasar por encima de cualquier regulación. Pareciera que estos últimos procesos como el del Estado de México o el proceso vivido por Marcelo [Ebrard] hubiesen sido un ensayo de lo que sucedería en el proceso electoral que culminará con la elección presidencial. De ser así, serían muy malas noticias para México, que tiene todas las condiciones para consolidar el proceso de transición a la democracia, convirtiéndose en una nación más moderna, abierta y respetuosa de los derechos de las personas, mediante procesos democráticos generalizados que propicien la amplia participación de los ciudadanos.

La discusión de fondo, la que está detrás de los intereses de coyuntura, es precisamente esa: la voluntad de seguir fortaleciendo la democracia real o aceptar las simulaciones impuestas. Es decir, respetar realmente la voluntad de las personas que participan en la vida pública. Porque no se trata simplemente del respeto al voto, sino de las condiciones en las que se compite y en los recursos empleados para el juego democrático; por eso el continuo rechazo popular a los partidos y sus prácticas viciosas. Es evidente que el haber adelantado el proceso político para designar de facto candidatos fue una estrategia partidista para saltarse las regulaciones legales, lo que es en sí misma una irregularidad.

Lo peligroso para la democracia mexicana ahora mismo es que en el cambio aparezcan signos de regreso al pasado y en la continuidad que derrotó a Marcelo también. En el fondo y la forma, hay mucha similitud en la operación de corte autoritario del siglo pasado, con las formas que se están asumiendo con cada vez más naturalidad en el oficialismo. El debate, pues, está en si vamos a respetar la democracia y si es así, en elegir entre propuestas claras y no solamente entre dos opciones que, en los hechos, cada vez se parecen más.

El año pasado se asesinó a 177 personas por defender el territorio en todo el mundo, pero 88% del los asesinatos ocurrieron en países de América Latina, de acuerdo al informe "Siempre en pie: Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática", que presenta la organización no gubernamental Global Witness.

La clasificación mundial de defensores asesinados el año pasado la encabeza Colombia con 60 casos, casi el doble de asesinatos que en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas. Brasil es el 2o. lugar en este ominoso listado: 34 personas perdieron la vida el año pasado. México ocupó el 3er. lugar con 31 asesinatos, muchos menos que los 54 homicidios registrados en 2021.

Desde que comenzó a llevar este registro anual, Global Witness ha registrado 1,910 personas asesinadas. La organización no gubernamental insiste que el registro no es completo, pues existen muchos casos no denunciados y no reportados. En esta década, de 2012 a 2022, 3 países de América Latina concentran las víctimas mortales por defender su tierra, bienes comunes, idioma y cultura. Con 1,335 defensores asesinados, América Latina concentra 7 de cada 10 casos ocurridos en el mundo. Colombia ocupa el 1er. lugar mundial con 382 casos que representan 20% del total mundial, y apenas debajo Brasil con 376 asesinatos, el 19.68% de todo el mundo. México registra 185 defensores del territorio asesinados desde 2012, con casi el 10% mundial.

Aunque Global Witness señala que las causas de estos crímenes son múltiples, por lo regular están asociados a proyectos de inversión, privada o púbica, de las industrias extractivas. Los asesinatos ocurren en medio de proyectos de acumulación de capital de actividades extractivas, como la agroindustria, minería y explotaciones forestales.

Justo sobre la estrategias no letales de agresiones a defensores del territorio, Amnistía Internacional México acaba de publicar su informe "México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente", en el que afirma que "las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos". Concretamente, Amnistía Internacional documentó 4 casos en los que los defensores del territorio son criminalizados mediante la aplicación de tipos penales deliberadamente confusos, que son utilizados por empresas o gobiernos para intimidar, reprimir y criminalizar a quienes atentan en contra sus medios de reproducción de vida.

Jalisco no es ajeno a este contexto de violencia asociado a la defensa del territorio como pueden atestiguar los pueblos indígenas wixárika, nahua, coca o tepehuano, pues todos son acosados y criminalizados por defender su tierra, bienes comunes y cultura, además de organizaciones que desde entornos urbanos defienden también bosques, parques o colonias de proyectos inmobiliarios o megaproyectos estatales o privados. Las luchas de los defensores del territorio defienden no solo la vida en su entorno. Arriesgan sus vidas para defender la vida para todos. No dejemos que siga esta guerra contra los defensores.

El Senado ha aprobado una ley que castiga con 6 a 12 años de cárcel a quienes difundan imágenes, audios o videos en una investigación o proceso penal. Como no pueden detener el crimen, se lanzan ahora contra quienes den a conocer imágenes. Los videos han resultado la mejor defensa de los ciudadanos contra abusos y crímenes, pero los senadores quieren que el crimen prospere en la oscuridad.

Ha pasado ya más de un mes del terrible y conmocionante episodio de la violenta desaparición de los 5 jóvenes amigos de Lagos de Moreno, y aparte de que no se ha dado con su paradero, en aquel municipio de la región Altos Norte de Jalisco se siguen dando historias que hablan de la sensación de desamparo en la que viven sus habitantes, que ahora ven con azoro cómo hasta las autoridades le temen a los grupos del crimen organizado que tienen el control de esa zona.

Además de los constantes enfrentamientos que se dan entre las células del cártel Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se disputan el control de Lagos de Moreno y de municipios aledaños como Teocaltiche y Encarnación de Díaz por su estratégica situación geográfica en el país, ahora sus pobladores observan desconcertados cómo policías y autoridades parecen estar sometidos también por el poder de estas mafias que los tienen intimidados.

Según acusó el viernes 4 de agosto el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, en Jalisco, donde debió iniciarse la investigación por oficio, se incumplió porque en la delegación de la Fiscalía del Estado en Lagos de Moreno no se les quiso aceptar por miedo la denuncia de los familiares de las jóvenes, con lo que se perdió tiempo clave para dar con su paradero. Ante esta negativa, los angustiados padres tuvieron que trasladarse a Aguascalientes, donde sólo les ayudaron a difundir las fichas de desaparición, pero no pudieron recibir la denuncia porque la privación ilegal de la libertad había ocurrido en territorio jalisciense.

Ayer se dio otra muestra similar de cómo el Estado mexicano, desde las autoridades federales, hasta las estatales y municipales y sus corporaciones policiales se han achicado ante los grupos de la delincuencia organizada, que ni siquiera los jueces y quienes operan las cárceles en Lagos de Moreno se sienten protegidos para impartir justicia y sancionar a los generadores de violencia.

Por eso el juez de Lagos de Moreno decidió no seguir con el proceso en contra de Enahu y Emanuel "A", los 2 hermanos acusado de incinerar cuerpos en una ladrillera de Lagos, por considerar que no había las condiciones para mantenerlos presos con seguridad por su alta peligrosidad y el poder de fuego de las bandas a las que pertenecen.

Así, al declararse incompetente este juez, los detenidos fueron trasladados al Reclusorio Metropolitano y el caso al Distrito Judicial número 1 de Puente Grande, para consumar así una muestra más del sometimiento de la autoridad ante el crimen organizado.

Vecinos del fraccionamiento Arvento en Tlajomulco se manifiestan esta tarde y realizan bloqueos parciales en la carretera a Chapala, en sentido de norte a sur, a la altura del crucero de Cajititlán. Los quejosos demandan mejores servicios públicos, particularmente un transporte público eficiente.

Por la distancia de este fraccionamiento, cerca de Cajititlán, los vecinos acusan que las rutas de camiones que pasan por la comunidad dejan de prestar servicios a temprana y no hay manera de llegar por las noches hasta sus domicilios.

El grupo de manifestantes, aproximadamente 20 vecinos, dejó un solo carril libre en la carretera en el sentido de Guadalajara a Chapala, provocando una fila de coches que llega hasta el crucero de la carretera a El Salto. Debido al cierre, la fila de coches llega hasta el crucero del Macrolibramiento, generando un embotellamiento de aproximadamente 10 kilómetros.

Originalmente los vecinos mencionaron que realizarían el bloqueo de la avenida Adolf Horn, pero optaron por cerrar carretera a Chapala para aumentar la presión a las autoridades y que sus demandas sean atendidas.

Al sitio ya acudieron representantes de las autoridades, tanto municipales como estatales, para tratar de mediar con los inconformes.

El Poder Judicial en México pertenece, tanto a la tradicional división de poderes planteada por Montesquieu y los padres fundadores en Estados Unidos, como a las instituciones autónomas que se administran de manera independiente. Bajo esta idea, existen varios fideicomisos creados por el Poder Judicial para gestionar mejor sus recursos.

Sin embargo, varias voces del régimen que hoy gobierna México, sobre todo las que provienen del Congreso de la Unión, intentan persuadir a la ciudadanía de que los recursos que maneja el Poder Judicial, a través de sus fideicomisos, son suntuarios o frívolos.

Nada de esto es cierto. Los fideicomisos han probado ser una buena forma de utilizar los recursos para, por ejemplo, proveer a quienes laboran en el Poder Judicial -tanto magistrados como personal operativo- de las mejores condiciones para llevar a cabo sus actividades.

Ahora que el Congreso de la Unión está a punto de aprobar el presupuesto para el próximo año, han surgido voces demagógicas que piden reducir los recursos para el Poder Judicial de manera significativa. Esto no ocurre de ninguna manera en el vacío. En lo que va del presente sexenio no ha dejado de reducirse el presupuesto para la rama judicial.

Esto ocurre, además, cuando se vienen importantes reformas en la administración de justicia del país, como las que tienen que ver con la reforma del proceso penal acusatorio, el relativo al nuevo modelo de justicia laboral, así como cambios en la justicia civil y familiar. Pretender reducir los recursos al Poder Judicial cuando este necesita más, es una afrenta a la nación.

Ahogar financieramente a nuestro sistema de administración de justicia va en contra, además, de lo estipulado por el derecho internacional y por instituciones multilaterales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas han señalado la necesidad de que se otorguen garantías salariales y prestaciones justas a las personas juzgadoras.

Esperemos que se rectifique a tiempo y que la propuesta de una austeridad mal entendida no dañe a nuestro Poder Judicial. De ser el caso, nuestro país comenzaría a recorrer una senda directa hacia la tiranía.

El pasado 27 de mayo, colectivos de madres buscadoras localizaron restos óseos en la Delegación de El Colorado, en la zona rural de Puerto Vallarta. Hasta la fecha no han sido identificados, a pesar de que ingresaron a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que están en ese municipio.

La crisis forense del IJCF se extiende a las sedes regionales. Por ejemplo, vía Transparencia, la dependencia indicó que en Vallarta se tiene una capacidad de almacenamiento para 21 cuerpos, pero el 5 de julio anterior había 72.

Los espacios del IJCF en Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno o El Grullo presentan el mismo problema.

Ante esta situación, Héctor Flores, integrante del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, señaló que las autoridades niegan la saturación.

"Nos pintaron una realidad muy diferente, muy contrastante a lo que nos han informado: que casi no hay cuerpos, no hay fosas", comentó.

Jorge Ramírez Plascencia, académico de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, dijo que es usual que las sedes forenses en la entidad estén rebasadas, sobre todo por los constantes hallazgos de restos humanos y cuerpos en fosas clandestinas.

"Es indudable que los servicios forenses están saturados, no tienen el personal ni los recursos suficientes, que están siempre trabajando al límite, en cantidades que se han mantenido prácticamente en los mismos niveles de saturación, estamos hablando de que en este sexenio se están agregando más de 4,000 restos de víctimas conocidas como personas fallecidas sin identificar y eso habla del nivel de retraso, de rezago que hay".

Para Ramírez Plascencia, la crisis forense no ha alcanzado la magnitud que tuvo a finales de la administración estatal anterior, cuando se reveló el caso de los llamados tráileres de la muerte, aunque insistió en que la situación se agrava poco a poco.

Jonathan Ávila, investigador del Eje de Desaparición del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), precisó que una de las fallas en el conteo que lleva el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) respecto a cuerpos de personas fallecidas sin identificar es la clasificación de los restos óseos: ya sean cráneos, extremidades o cualquier otra parte, estos son clasificados como cuerpos "completos".

"No son personas completas, son restos: un brazo, un torso, puede ser una cabeza; ahí la complejidad, y recae en responsabilidad del Instituto que de ese monto, 7,000 u 8,000 (cuerpos estimados), la mitad sean restos. De esa mitad tienes la claridad y no los has identificado, puedes decir que no son una sola persona cada resto (o segmento óseo). La responsabilidad del Instituto es identificar esos restos, analizarlos para tener la certeza de decir cuántos cuerpos son".

Según el portal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, desde diciembre de 2018 hasta julio pasado se han localizado 141 puntos de inhumación clandestinos en Jalisco.

De acuerdo con el Análisis sobre Servicios Periciales, presentado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Jalisco se ubica dentro de los 5 estados del país que más cuerpos sin identificar acumuló en el 2022.

Según reveló la estadística, Jalisco se ubicó, al cierre del año pasado, en el 5o. puesto a nivel nacional con el mayor número de cadáveres que ingresaron a las instalaciones de su Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que no pudo identificar, con un total de 827 cuerpos. En su mayoría, indicó el Inegi, se trató de víctimas de homicidio, según revelaron las autopsias practicadas a los mismos.

Lo anterior representa un 18.4% del total de 4,486 cadáveres que entraron al Instituto para que se les practicara la autopsia para conocer las causas del fallecimiento, y confirmar o descartar que hubieran sido víctimas de algún ilícito.

Con este porcentaje Jalisco se ubica también en la 5a. posición de los estados con el mayor porcentaje de cadáveres sin identificar en comparación con el total de cuerpos que ingresaron a las unidades forenses de cada entidad. Los primeros 3 puestos están ubicados por Coahuila (no desglosó por año, señala 95% de cuerpos sin identificar en 2022), Tlaxcala (26.4% de cuerpos ingresados en 2022 sin identificar) y Michoacán, (25.5%).

El Registro de Personas Fallecidas sin Identificar (PFSI) a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) comenzó a operar en octubre de 2019, como parte de las acciones derivadas del Gobierno del Estado para contener la crisis forense que fue exhibida en septiembre de 2018 con los llamados "tráileres de la muerte".

Entonces el registro daba cuenta de 814 descripciones de cuerpos de personas que llegaron al IJCF desde el 19 de septiembre de 2018 y hasta el 28 de octubre de 2019 que no habían sido identificados por sus familias.

Sin embargo, ante la violencia vivida en Jalisco y el número de fosas clandestinas halladas en Jalisco (que asciende a 141 puntos de inhumación clandestina en lo que va de la actual administración, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas), el número de registro de cuerpos o restos humanos sin identificar (PFSI) asciende ya a 4,926, es decir, la cifra ha crecido al menos 5 veces en 4 años.

Una de las causas que -según han denunciado diversos colectivos en distintas ocasiones, entre ellos Luz de Esperanza- han ocasionado el retraso en la identificación de los cuerpos corresponde a las confrontas genéticas, pues en gran medida los cuerpos suelen ser encontrados en piezas, y las familias deben primero acudir a encontrar similitudes en partes humanas a partir de imágenes, para luego solicitar las pruebas genéticas y averiguar si se trata de su familiar.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 del Inegi, al cierre de 2022 el IJCF apenas contaba con 31 especialistas dedicados a la identificación de genética forense.

Tan solo en 2022 el IJCF tuvo la solicitud de realizar 13,217 pruebas de genética forense, es decir, en promedio y según dichos datos, cada especialista puede realizar únicamente entre una o 2 pruebas diarias a cuerpos o restos humanos, considerando que cada pieza debe tener su propio procesamiento (en aquellos casos en los que el cuerpo está segmentado).

En junio de 2021 la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU identificó que en México existe una emergencia forense, misma que es reconocida por las propias autoridades, señalando que "una de las principales dificultades para enfrentarla es la falta de un consenso técnico en prácticas de identificación humana".

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su más reciente Análisis sobre Servicios Periciales presentado la semana pasada, revela que en México existen 43,749 cuerpos o restos humanos almacenados por la Fiscalía General de la República y las unidades forenses de los 32 estados del país que no han sido reconocidos.

En el 1er- puesto se encuentra Coahuila con 38,361 cuerpos o restos humanos sin identificar, seguido de Jalisco, mientras que en el 3er. puesto se ubica Guerrero, con 706 cuerpos sin identificar.

Por otro lado, en México existen 111,234 personas de quienes se desconoce su paradero, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), lo cual quiere decir que alrededor del 40% de las personas desaparecidas podrían encontrarse entre los cuerpos pendientes por identificar.

Los robos que sufren los negocios reportan una cifra negra alta, pues solamente 1 de cada 10 se denuncia, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

"Por ende tienen impunidad y tampoco se puede avanzar en la prevención", expuso.

El líder empresarial indicó que esto ocurre porque las víctimas consideran que no sirve denunciar, desconfían de las autoridades y tienen miedo de los grupos delincuenciales.

"Las carpetas de investigación de robo a negocio se han incrementado 17.5% en la presente administración, por lo que el trabajo en coordinación de las diversas autoridades es crucial".

Transportistas de Tizayuca, Hidalgo, cerraron la autopista México-Pachuca, así como la carretera libre, para exigir al gobierno federal mayor seguridad, debido a que son víctimas de extorsiones, lo que ha derivado en la cancelación de corridas.

Durante la noche del martes 29 de agosto, un grupo delictivo bajo al pasaje de una de las unidades de autobuses México-Tizayuca y posteriormente la roció de gasolina y le prendió fuego, ante ello la empresa decidió la cancelación de su corrida.

Unidades de las líneas México-Tizayuca, Baltasar, así como ODT, se encuentran atravesadas en diversos puntos de la carretera y entrada a la ciudad.

Las unidades bloquearon varios puntos de Tizayuca entre ellos Tepojaco, Emiliano Zapata, la 30 -30, así como el Arco Norte, la entrada a Tizayuca y la salida a Pachuca.

Ante ellos, cientos de ciudadanos se encuentran en espera de transporte, algunos han tenido que caminar para poder llegar a sus destinos. La fila de vehículos varados tiene ya varios kilómetros.

En la ciudad de Pachuca, agentes de seguridad impiden ya el paso hacia la autopista.

Por su parte, la alcaldía emitió un comunicado, donde recomienda tomar precauciones y de ser posible utilizar rutas alternas a la autopista, debido a la presencia de manifestantes de organizaciones en dichas zonas.

De igual manera, se dio a conocer que se inició una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales.

Ayer jueves, el gobernador Julio Menchaca indicó que no es necesario tomar medidas de presión, ya que su gobierno se encuentra atento y no abandonará a los transportistas.

Las madres de algunas de las 111,000 personas que han desaparecido en México a lo largo de varias décadas de violencia conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con protestas y exigencias de que el gobierno haga más para localizar a sus seres queridos.

Se cree que la mayoría de los desaparecidos han sido raptados por cárteles del narcotráfico o por secuestradores, y que sus cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas o fueron quemados.

Algunas de las personas que marcharon por una de las principales avenidas [de la Ciudad de México] también protestaban por el aparente intento del gobierno de minimizar el problema.

La falta de recursos financieros y humanos han hecho que los policías y fiscales sean incapaces de llevar a cabo siquiera las búsquedas más básicas, dejándole la tarea a grupos de voluntarios compuestos de madres, quienes a menudo caminan con palas y hunden varillas de acero en el suelo para detectar el olor de los cuerpos en descomposición durante sus recorridos por lugares donde sospechan que se ubican las fosas.

"Si nosotros no buscamos a nuestros hijos, nadie lo va a hacer", dijo Edith Pérez Rodríguez, una de las manifestantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la cifra de personas desaparecidas está inflada y que muchos de ellos podrían haber regresado a casa y no se molestaron en notificar a las autoridades. El mandatario ha lanzado una enorme campaña en la que personal militar y civiles poco calificados van puerta por puerta para preguntar a los residentes si sus familiares desaparecidos han regresado, y después cotejar sus nombres con los listados de vacunación.

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plascencia, México está en un estado de alarma, no sólo ante las poco más de 111,000 personas desaparecidas, sino ante lo que representa la salida de la comisionada nacional de Búsqueda, pues existe la posibilidad de que en el marco del levantamiento de un nuevo censo de desapariciones "se esté actuando para desaparecer la cifra de personas de quienes se desconoce su paradero".

Esto, dijo, pone en doble indefensión a las víctimas y a sus familias, ya que de "recortar" los registros, el sesgo se vuelve más amplio, considerando que existen muchos casos que no se denuncian por diversos factores, como el miedo o las amenazas perpetradas por quienes llevaron a cabo las desapariciones y quienes tienen la información directa de las familias de sus víctimas.

"También porque existen fiscalías en el país que no han entregado los datos reales sobre las desapariciones que ocurren en sus entidades. En el marco de la conmemoración de este día hay que lamentar el estado en el que estamos en este momento, un estado de alarma, aunado al fracaso del Estado en esclarecer la verdad sobre los casos, perseguirlos y sentenciarlos para impartir justicia", expresó el académico.

Ante ello, dijo, tanto las autoridades estatales como las nacionales deben hacer un reconocimiento de la crisis y abrir la puerta a las autoridades internacionales para solicitar su ayuda, ya que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares son delitos complejos en los cuales hay instancias con mayor experiencia en la materia que podrían apoyar para solventar la crisis.

En algo parecido a una representación de las miles de familias que padecen en Jalisco la desaparición de más de 14,000 de sus seres queridos, cifra que mantiene a nuestra entidad como la que más comete este delito, hoy volverán a salir a las calles a reclamar justicia, pero sobre todo, mayor celeridad y acompañamiento de la autoridad en las búsquedas que ellas mismas hacen de sus familiares que no encuentran.

Tras años de lucha no han tenido una respuesta efectiva de las autoridades para enfrentar el problema de las desapariciones, y el fenómeno delincuencial de las casas del terror y de las fosas clandestinas que van ligados, y que ha provocado todo un colapso forense que prolonga el dolor y la indignación de quien busca a algún familiar del que no se sabe su paradero.

Las y los manifestantes saldrán con la solidaridad y empatía de la Iglesia Católica, que no han encontrado ni con las autoridades estatales ni con las federales. Apenas el domingo el cardenal José Francisco Robles Ortega llamó a las autoridades a no dejar impunes las desapariciones, pero sobre todo prevenir que no se sigan dando, así como proteger a las madres que arriesgan la vida en sus búsquedas. Ese mismo día, en el Semanario de la Arquidiócesis lanzaron fuertes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de cercanía mostrada en el caso de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, así como por querer rasurar la lista de desaparecidos del país.

Lo dicho, hallar desaparecidos es un avance insuficiente de los gobiernos. Se debe sí, mantener la búsqueda sistemática de fosas clandestinas sin ningún tipo de ocultamiento de los hallazgos, pero es indispensable empezar por detener a alguno de los que tiran cadáveres a diario o que privan ilegalmente de la libertad a muchos hombres y mujeres sin que se les castigue ni se les persiga.

Mientras persista este nivel de impunidad, no habrá freno a las desapariciones, el mayor problema de inseguridad en Jalisco, por el que nuevamente clamarán por justicia las familias que viven muertas en vida por no saber dónde y cómo está alguno de sus seres queridos.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad artículos reglamentarios de 4 municipios de Jalisco que sancionan la práctica de juegos y deportes en las calles.

El factor común de estos reglamentos es que se usaba el término "molestia a las personas o sus bienes", para definir una sanción de la autoridad. Los ministros establecieron que la palabra "molestia" es un término subjetivo y ambiguo que no puede ser base o parámetro para la aplicación de una sanción.

Los municipios que tienen este tipo de regulación en sus Reglamentos de Policía y Buen Gobierno son Zapopan, San Juan de los Lagos, Tamazula de Gordiano y Talpa de Allende. En el caso de Zapopan, cuando se aprobó esta regulación a finales del año pasado, se le bautizó a esta norma como "Ley Anticascarita".

"Por provocar molestias a las personas o sus bienes por la práctica de deportes o juegos individuales o de conjunto, fuera de los sitios destinados para ello: de 21.98 a 136.39 UMA (Unidad de Medida y Actualización)", cita el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Si bien Zapopan ya amonestaba las prácticas de deportes en las calles, se aprobaron multas que pueden superar los 14,000 pesos; mismo costo que en Tamazula. En San Juan de los Lagos, la multa supera los 15,000 pesos, mientras que en Talpa de Allende asciende a 12,800 pesos.

"Su redacción es ambigua y delega un amplio margen de discrecionalidad, tanto a las autoridades municipales como los particulares que consideren que la conducta sancionada les generó molestia; para la individualización de las sanciones es necesario determinar si existió alguna molestia a una persona o sus bienes y conlleva una apreciación subjetiva de la autoridad", explicó la ministra responsable del proyecto, Loretta Ortiz Ahlf.

La revisión de estos reglamentos fue por 2 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los ministros también declararon como inconstitucionales otros artículos de leyes de ingresos municipales, por presentar cobros indebidos en tarifas del agua o cobros no autorizados para la obtención de documentos en materia de transparencia.

Vivimos expuestos al criterio de muchos zorros que piensan que la ley es como una masa amorfa que debe adaptarse dócilmente a la voluntad del poder, que se convierte en equivalente de lo correcto por decreto, ignorando que el derecho no es un mero instrumento de la política, sino el marco en el cual debe desenvolverse. Es el límite necesario del poder ante la dignidad personal. Porque como decía Aristóteles: "es mejor que gobierne la ley a cualquiera de los hombres" aunque se trate del mejor de todos.

Mención especial merece la discusión respecto a la profunda crisis de violaciones a los derechos más esenciales que se presentan en los casos de desaparición de personas, homicidios sin justicia y otras atrocidades que se han convertido tristemente en parte de nuestra narrativa cotidiana. Ante esta realidad, es necesario hacer un alegato en favor de esos principios que deben ser aplicados y respetados por todos. Pretender encontrar soluciones de facto con rostro político equivale a considerar que la injusticia es inevitable, o que las circunstancias responden a un destino manifiesto. Cuando los mecanismos técnicos se usan para evitar el estudio de estos temas en los tribunales, o se alegan razones políticas, provocan la enfermedad de la desconfianza que debilita las instituciones. En la medida que tengamos mayor certeza de la aplicación de estos principios, más fuerte será la nación y más legítima será la solución de sus problemas.

Fue a inicios de septiembre de 2018 cuando el escándalo de un par de tráileres refrigerantes con cuerpos de personas fallecidas sin identificar en su interior, luego de que uno de ellos deambulara por las calles de la ciudad, puso a Jalisco en el ojo internacional, exponiendo la crisis forense en materia de identificación y entrega de cadáveres.

Aunque entonces se emprendieron diversas acciones para dar salida a la emergencia forense, las cifras parecen indicar que la crisis no ha terminado, pues hoy el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) resguarda los restos de 4,275 personas fallecidas sin identificar que no han podido ser devueltas a sus familias.

Al respecto de lo que ocurrió hace casi 5 años, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal, quien fungía como titular del IJCF cuando se reveló la crisis, y que fue vinculado a proceso por el caso, detalla lo sucedido entonces, da nombres de funcionarios responsables quienes nunca fueron señalados en las indagatorias y brinda su opinión respecto del trabajo necesario para poder dar salida a la problemática, pues mientras miles de cuerpos y restos humanos sin identificar esperan en el Servicio Médico Forense, más de 14,000 familias de Jalisco buscan a sus seres queridos desaparecidos.

-Usted quedó absuelto del caso donde se le imputaba el delito de abuso de autoridad por el caso de los cuerpos guardados en 2 tráileres en 2018. ¿En quién recae la responsabilidad de lo ocurrido?

-En 1er. lugar, el entonces fiscal, porque el Código Penal del Estado y la Ley de Salud establecen que, para que un cuerpo llegue al Instituto de Ciencias Forenses, debe ser a petición del Ministerio (Público). Ya que se trasladan al Instituto, donde se tiene su área para aplicar todas las pruebas que sean necesarias, como la autopsia, que es la más complicada por ser donde se conoce la causa de la muerte, así como la toma del ADN. Cuando no hay quien reclame el cuerpo, que no hay quien vaya a identificarlo, se debe buscar a la familia, cosa que tampoco se hace por tantos cuerpos que hay ahí. La familia se la pasa buscando, y quienes no son llamados es porque no se les ha aplicado el examen de genética, porque todas las personas quienes denunciamos desaparición de familiares, desde luego vamos de inmediato a que nos tomen la muestra de genética para para ver si algún día encuentran a nuestros hijos, que nos avisen, cosa que nunca sucede.

-Los informes trimestrales desde poco antes daban cuenta de la crisis general del Instituto. Incluso hubo un documental antes, de Mauricio Bidault, que exponía cómo los cuerpos tenían que ser acomodados en el piso y que adelantaban el problema. Usted llega en 2015 al IJCF. ¿Cómo fue ir viendo crecer la crisis forense? ¿Lo denunció?

-Cuando todavía estaba el doctor Mario Rivas Souza, practicaba las autopsias, y a quienes iban a reclamar los cuerpos se les entregaban, y quienes no eran reconocidos se cremaban, esto cuando todavía podía ser así. Llega el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 2015 y se establece entonces que estos cuerpos no identificados no se podían cremar hasta que se agotaran y resolvieran la investigación. Sin embargo, con el aumento de la violencia en Jalisco se volvió casi imposible, porque la Fiscalía no investiga, está rebasada, entonces los cuerpos ahí se tienen. Cuando yo llegué ya había un rezago de genética, y solicité el apoyo de la Iniciativa Mérida de Estados Unidos, que nos ayudó mucho, tenía muy bien al Instituto, el problema era qué hacer con los cuerpos. Le estuve diciendo al entonces secretario de Gobierno, Roberto López Lara, pero solo me decía "espérame", pero nunca le dio salida. No había una justificación válida, simplemente no le importaba, no le interesaba.

-¿Cuál fue la respuesta de López Lara a lo denunciado? ¿Por qué cree que ocurrió esto?

-El secretario general de Gobierno no le quiso entrar nunca. Yo ya había tenido con ellos una incidencia antes, con el caso de los muchachos cineastas. Quizá ese fue el colmo, dijeron que los habían asesinado y desbaratado en ácido y que lo poco que había quedado lo habían regado en distintos predios, pero nadie fue a confirmarlo. Un periodista vino a preguntarme que si científicamente estaba comprobado que los muchachos habían sido disueltos en ácido, porque ellos (el personal de la Fiscalía) ya habían armado su trama. Yo respondí que no habíamos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores; luego pasó lo de los tráileres, y fue muy lamentable, porque lo habíamos posicionado a nivel internacional. Creo que fue un irle sumando para ir contra mí porque estaba denunciando lo que estaba pasando.

-¿Dónde estaban los cuerpos antes de que se decidiera adquirir las cajas refrigerantes?

-El edificio fue siendo insuficiente. Ahí había aproximadamente 80 refrigeradores para poder conservar ahí los cuerpos. Una vez que se llenaron, en la planta alta del edificio, en un cuarto por no decirle de otra manera, de cuatro por cuatro metros, ahí los estuvimos metiendo, poniendo porque no teníamos dónde ponerlos, los refrigeradores ya no alcanzaban. Yo le mandaba fotos a Roberto: "Mira, ve todos los que van, esto ya es imposible". Él solo decía "ponte de acuerdo con Almaguer", y a él no le importaba. Hasta que un día le dije de bravucón a Rafael Castellanos, entonces fiscal central. "Mira, si no van por ellos los voy a poner aquí afuera de la Fiscalía porque es su responsabilidad, no la mía". Entonces fue Rafael, él en físico y él ahí que fue el que le dijo a Almaguer que la situación sí era grave, y entonces contrataron el 1er. tráiler, y fue cuando se empezó a guardar ahí los cuerpos.

-¿Qué se decide hacer luego de que vieron los cuerpos ahí apilados?

-Desde luego que no. Rafael Castellanos me dijo que citara ahí en el Instituto a la gente del tráiler para ya quitarme la responsabilidad. Entonces hicieron el convenio, que firmaron en enero del 2017 también Eduardo Almaguer como fiscal y Marisela Cobos como testigo, donde ellos tenían la responsabilidad del tráiler, porque se reconocía que los cuerpos sólo entraban al IJCF para dictaminaciones periciales. Yo creo que el 1er. tráiler lo llenamos en 6 o 7 meses, y digo llenando porque sólo se pusieron en el piso de la caja, y fue cuando se tomó la foto que hizo el escándalo por verlos en esas condiciones. Todos tenían su información básica, y estaban ahí porque la Fiscalía, rebasada, no tenía dónde más dejarlos.

-¿Cuándo se decide que salga el tráiler del Instituto?

-Se decide que salga el tráiler del Instituto para meter otro, otro tráiler porque ya era insuficiente el que estaba ahí, entonces se contrató otro tráiler. Se saca y se lleva ahí a La Duraznera, en Tlaquepaque, en una bodega de un compadre de uno de los mandos terceros de la Fiscalía, y de ahí la gente y la presidenta municipal pegaron de gritos cuando se dieron cuenta, entonces lo sacaron y comenzaron a deambular y es cuando se hace el escándalo.

-¿Quién va por el tráiler para llevarlo a La Duraznera? ¿Por qué no hay un solo responsable de los hechos?

-Un operador de la Fiscalía y un trailero, chofer de ellos mismos, dueños del tráiler. Porque era la pura caja, tuvieron que llevar el camión para sacarlo, llega el chofer lo ensambla y ya lo saca. A mí solo me dijeron "a tales horas van a venir por él", y yo le dije al doctor Eduardo Mota, entonces director del Instituto, y como supuestamente no había ningún problema, sólo le dije "nada más estese pendiente, pero no se meta en más. Ya que se lo lleven y nos quitamos ese problema". Hasta ahí era nuestra intervención entonces, por eso de determinó que también Mota fuera exonerado. Yo nunca me imaginé todo lo que iba a pasar por ese problema, todo fue un acto de mala fe de la Fiscalía, vincularnos a proceso cuando no teníamos qué ver. A las demás personas que firmaron nunca se les consideró en las investigaciones pese a ser las responsables de los cuerpos, como señalaba el acuerdo firmado y las leyes.

-¿No había entonces otra solución?

-Desde antes que yo llegara, ya se había intentado construir un cementerio forense en Magdalena, pero la gente no los dejó construirlo. Luego se intentó en Tonalá, donde Sergio Chávez nos había cedido un terreno para construirlo ahí, se empezó a hacer, pero ante la desinformación la gente también se opuso. Necesitábamos un panteón forense en la metrópoli para poder resguardar los cuerpos, pero entonces no se había podido construir por esa cuestión. Desde luego que podíamos inhumarlos, pero no teníamos dónde hacerlo, hasta después del escándalo que se le compró a Guadalajara 200 espacios en el Panteón Nuevo, y nuevamente la gente se opuso a que se construyera en Panteón Forense en El Salto, lo mismo pasó antes en Atotonilco, se construyó un edificio muy bonito para el Semefo, pero la gente tampoco nos dejó usarlo. No obstante que todos seremos parte de la muerte un día, la gente se ha opuesto constantemente a estos temas, también eso es parte del problema.

-¿Cree que el Centro de Investigación Humana va a resolver la crisis forense que vive Jalisco?

-En ese sentido pareciera que no se está avanzando y solo se están adornando que lo están construyendo. De cualquier manera el Centro de Identificación Humana no es la respuesta única, necesitan meterle recursos sin escatimar en lo que se requiera. Presupuesto para contratar más gente, porque el presupuesto actual todo se va en nómina. De nada les servirá tampoco si no acaban con la corrupción de la Fiscalía y si no empiezan a resolver los homicidios. Yo creo que van a necesitar que les hagan otra fiesta de ese tamaño, como la que me hicieron a mí para que se pongan a trabajar.

La Fiscalía de Jalisco está haciendo, y bien, una parte de su chamba: buscar indicios para saber qué pasó con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Lo que no está haciendo la Fiscalía del Estado, ni la de la República, ni ninguna otra entidad del gobierno estatal o federal es buscar a los responsables de la desaparición y probable asesinato de 5 jóvenes con lujo de violencia y publicidad. No detenerlos es una derrota para el Estado; sin embargo, eso no parece preocuparle mayormente ni al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ni al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien, pese a su promesa de dar información el día de ayer, simplemente dijo que no había novedades, restándole toda importancia al asunto.

A ninguno de los 2 se le ha ocurrido que sería un buen gesto hablar con los padres de las víctimas; ni uno ni otro se ha atrevido a anunciar un viaje a Lagos de Moreno para escuchar a los habitantes de la zona. Los 2 quieren hablar de otra cosa, de lo que según ellos están haciendo bien. Ah, y por supuesto de su popularidad en las encuestas, faltaba más: uno presume que es el 2o. presidente mejor evaluado del mundo; el otro cacarea en redes que pasó del lugar 28 al 12 entre los gobernadores del país. Para eso sí hay tiempo y presupuesto, faltaba más. Hay prioridades.

El mensaje del crimen organizado está clarísimo: en este territorio mandamos nosotros. Disponemos de las vidas y causamos terror a conveniencia (ahora es Lagos, pero puede ser cualquier parte del país). Tristemente el mensaje del gobernador y del presidente también está muy claro: la vida de los jaliscienses y los mexicanos no importa, lo que importa es la seguridad en abstracto, las cifras a modo, esas que siempre dirán que vamos bien. Por favor no los distraigan con nimiedades, ambos tienen enfrente una elección que ganar. Esto es lo que importa: Claudia y Clemente; Marcelo y Pablo.

Si me tapo la cara con un cojín nadie me ve, piensa el niño siempre autorreferencial. Si no hablo de los desaparecidos nadie me puede echar la culpa, piensan nuestros políticos que sólo se ven el ombligo. Lo primero es infantil e ingenuo; lo segundo es premeditado y perverso.

Hablemos de desapariciones, escuchemos a las familias rotas porque les falta uno de sus miembros y en ocasiones más de uno, porque sólo así vamos a entender que el dolor de cada madre y cada padre, de cada hermana o hermano de un desaparecido es el dolor de todos. En ninguna sociedad, en ninguna circunstancia la desaparición y la violencia son normales. No las normalicemos.

El 6 de julio pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cometió el ataque más grande a la libertad de expresión de su historia al aprobar unánimemente que para el proceso electoral que arranca en octubre, los programas de opinión, análisis y debate van a ser monitoreados. Esto significa, para efectos prácticos, que las consejeras y consejeros, violando dos artículos constitucionales y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, votaron por la previa censura, colocaron un candado al pensamiento crítico, y pretenden imponer la ley electoral más regresiva y antidemocrática del continente. En síntesis, quieren asesinar la libertad de expresión.

El acuerdo que modifica un criterio de 2014 fue presentado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, 24 horas después de haber conversado con el vocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda gubernamental, Jesús Ramírez Cuevas. No se sabe si, como se comentó en la prensa, Ramírez Cuevas le fue a dar instrucciones a Taddei, pero las sospechas tienen sustento.

Taddei es una persona ligada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente también del Consejo Nacional de Morena, que ha ido colocando a sus cercanos en el INE. Por el otro lado, la óptica: ¿un día después de hablar con el emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el acuerdo? Ni las formas cuidó, más allá de que pudiera haber sido ese el tema de su encuentro en la víspera. Pero si ella, por ignorancia, incompetencia o en acatamiento de una orden, trabajó el acuerdo y lo presentó ante el Consejo General, ¿en que estaban pensando sus miembros para aprobarlo sin objeción?

El criterio que modificaron estaba muy claro. El 22 de octubre de 2014, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo que definió el catálogo para el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales para el proceso 2014-2015, donde se precisaba que serían vigilados únicamente los programas de radio y televisión que difundieran noticias, excluyendo la opinión y el análisis, así como aquellos de debate y entretenimiento. Fue ratificado para las elecciones en 2018, reforzado por un estudio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde se establecía que los programas donde se opinara, analizara o debatiera, estaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Ese criterio partía de algo muy obvio. La valoración "positiva" o "negativa" establecida para las noticias, es imposible de aplicar a la opinión, el análisis y el debate, que por definición son subjetivos. Para comprender su magnitud, hay que ir al periodismo básico, que señala claramente las diferencias entre los géneros de información (las noticias) y opinión.

Este género no exige, como en el informativo, ser justo y balanceado, plural o factual, porque la opinión puede partir de un hecho, pero la idea que surge de él es completamente interpretativa.

A diferencia de la noticia, donde se cumple el derecho de la sociedad a ser informado, la opinión es un complemento donde se aportan argumentos, ideas y se confrontan, con lo cual, en ese trabajo en binomio, se contribuye a la toma de decisiones individuales y se fortalece la democracia, que es el orden social dentro de un régimen de libertades bajo el cual millones de mexicanos nacieron sin haber vivido los largos años de cerrazón y la lucha para demoler la muralla autoritaria.

El INE nos quiere regresar a esa etapa oscurantista donde el pensamiento crítico era reprimido. Lo que pretende es controlar la mente de quienes expresan una opinión y una idea, o chocan con argumentos en los debates, y prohibirles el pensar.

El acuerdo viola el artículo 6 constitucional que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo dos excepciones incorporadas en una gran parte de las leyes de países democráticos, que tenga un discurso de odio o que incite a la violencia. Infringe el artículo 7, que establece la inviolabilidad de la libertad para difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y atenta contra el artículo 256 de la ley secundaria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que dispone que la programación debe incluir diferentes géneros con diversidad y pluralidad en las ideas y opiniones.

Lo que ha hecho el INE, hay que insistir, es una transgresión democrática que lleva a la previa censura, prohibida en la Constitución de la Ciudad de México. Quiere monitorear 73 programas durante las precampañas y 503 en las campañas con la misma regla: eliminar la jerarquización periodística, anular la confrontación de ideas, e inhibir a periodistas y medios. Uniformidad total es lo que quiere el INE, como hacían los regímenes totalitarios.

Indolencia y omisión: ese es el cáncer de la desaparición de personas. Esa es la realidad a la que se enfrentan miles de familias que buscan a sus seres queridos y que, en medio del dolor y la desesperación, se topan con burocracia, malas caras e indiferencia del otro lado del escritorio.

Las herramientas que habilitó el Estado Mexicano: la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, han quedado ampliamente rebasadas ante una realidad que, en ciertos lugares del mundo, sólo estaría ligada a creaciones literarias o de un guión para el cine.

Aquí, el sello de la casa es impunidad y falta de rendición de cuentas. Los casos se investigan hasta que hay presión mediática o de redes sociales y, cuando eso ocurre, rara vez los responsables encaran la justicia. ¿El resultado? Un ciclo de impunidad que perpetúa la comisión de estos delitos.

Y si a eso sumamos que no hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de brindar seguridad, falta de capacitación y de recursos, el cóctel del horror que vive nuestro país sólo suma y suma ingredientes.

La depuración policial es otro añadido. Ningún intento por frenar la incursión del narcotráfico en las instituciones -policiales o no- ha dado frutos. Son miles de millones de pesos del erario que se han arrojado al drenaje de este país en donde los ciudadanos carecen de cobijo institucional.

¿Y las víctimas colaterales? ¿Qué pasa con las madres, padres, hijos de quienes un día se van para no volver? Ellos se ven obligados a librar obstáculos para obtener información sobre sus seres queridos, carecen de apoyo psicológico, legal y económico. El Estado como institución encargada de hacer valer el Estado de Derecho cierra su papel dejando a los deudos en una posición vulnerable y desamparada.

5 años después de iniciado el sexenio, el gobernador de Jalisco reconoce que "nos han robado la paz". 5 años después de que rindió protesta, la estrategia de abrazar antes que disparar del presidente ha demostrado ser un rotundo fracaso. Lo que nos queda como ciudadanos es alzar la voz, condenar cada hecho y exigir a la autoridad que responda, porque a eso se comprometió.

Porque normalizar la violencia y replicarla sin ejercer presión, tal y como ocurre con los 5 de Lagos, con los 6 de Tlajomulco, con las 4 de Encarnación de Díaz, sólo añadirá ingredientes a este desastroso cóctel de impunidad, indolencia y omisión en el que se ha convertido México entero.

Hay también versiones de clérigos, políticos en campaña y funcionarios estatales que narran cómo no han podido llegar a Lagos a cumplir con sus responsabilidades, ya que patrullas de la policía municipal les han impedido el paso bajo el argumento que "los que controlaban la plaza" no sabían de su llegada.

Así, por años de complicidad policial e inacción y ausencia gubernamental, en Lagos, como en muchas otras regiones de Jalisco y del país, se ha impuesto "la marca de la muerte" que ahora ahuyenta y aterroriza no sólo a la sufrida población que ahí habita sino hasta a los más experimentados periodistas que por esta tragedia han llegado a ese municipio alteño convertido en una tierra sin ley.

Dicen que huele tanto a muerte, que hasta las escenas del crimen quedaron ayer sin resguardo, porque ni los soldados, policías federales, estatales o municipales se atrevieron a desafiar a los "halcones del narco" que no dejan de circular en sus motos cuidando su territorio del que han expulsado toda autoridad del Estado mexicano.

En México el Estado no existe. Acaso gobiernos, pero sólo para recolectar impuestos, otorgar contratos, apagar uno que otro incendio, honrar algunas fiestas y declarar cosas que no existen o que no existirán.

¿Dar seguridad? Qué ingenuos. Esa la da el crimen organizado, no el supremo Gobierno. Éste declara: bajamos el índice delictivo otra décima en este mes. ¡Qué bien vamos! Por qué las madres seguirán regateando la clara tendencia a la baja. Dejen de llorar oportunistas, politiqueras.

El crimen organizado da seguridad. La seguridad de que si eres joven y saliste a pasear, a cenar, a bailar y a un criminal le gustó tu novia o amiga, seguro te levantan. Si a ellos no les gustó como viste a una chava que va con ellos, también, es seguro, te levantan. ¿Llamen a la policía? También la levantan.

Los criminales son desalmados. ¿Por qué no tienen compasión y matan así? Difícil saberlo. Pero no es por el pasado, eh, ni por un preso en Nueva York, ni por un expresidente.

Son desalmados pero saben 2 o 3 cosas. Saben que el Estado no irá tras ellos. Saben que son más que el Estado. Y saben cálculo. Si mato a 1, me sale igual de caro que matar a 5. Si mato a 5 provoco más miedo que si solo mato a 1. ¿Mato a 1 que "me la debe" o ese con todo y sus amigos? Lo 2o. es más redituable: crece la idea de mi poder, y el costo es el mismo: cero reacción del Estado, ensimismado en sus humos de vanidad. Maten a todos.

Un minuto de silencio por esas familias y esos sueños rotos a golpes, vejaciones, balazos y salvajismo propio de la prehistoria, de los tiempos sin Estado.

Ya hemos dicho que un gobierno, municipal, estatal o federal, no puede evitar que una persona mate a otra. Lo que deben garantizar, todos, es que ese crimen tenga consecuencias. El gobierno municipal que encabeza Tecutli Gómez es responsable de lo que sucede en el territorio. El gobierno de López Obrador tiene que ver con las desapariciones, porque el crimen organizado anda a sus anchas. El gobierno de Alfaro tiene que ver con lo sucedido en Lagos de Moreno por la impunidad con la que los grupos de crimen organizado se mueven en esa región; tiene que ver porque el mes pasado, en Encarnación de Díaz desaparecieron 4 mujeres y tampoco pasó nada; tiene que ver porque el crimen organizado controla municipios y carreteras sin que nadie les ponga un alto; tiene que ver porque en lo que va del sexenio han desaparecido y no han sido localizadas 8,400 personas; tiene que ver porque hay más de 4,000 personas muertas sin identificar en el Semefo; tiene que ver porque sólo han logrado enviar a prisión a 21 criminales por desaparición, esto es, que hay un detenido por cada 400 casos.

Si se siguen preguntando qué tiene que ver el Gobierno del Estado, la respuesta es nada más todo. Decir que es un problema federal y que eso le toca al Gobierno de la República es otra forma de sacarle al bulto. El combate al crimen organizado desde lo local no sólo es posible sino obligado. Es un asunto de voluntad política. No de voluntarismo traducido en fuertes declaraciones, miradas a los ojos, o vergüenzas y palabras empeñadas, que es lo que suelen poner sobre la mesa nuestros gobernantes, sino de construcción de acuerdos políticos para que la Fiscalía tenga capacidades y recursos para desarrollarlas; para que tengamos una policía estatal fuerte que controle el territorio y los caminos allá donde las policías municipales no pueden o están amenazadas por el crimen organizado; para que el poder judicial tenga suficientes recursos no sólo para desahogar el rezago, sino para hacer algo parecido a impartir justicia; un gran acuerdo para arrebatarle las prisiones al crimen organizado y sobre todo, para regresarle la paz a las familias localizando e identificando a los desaparecidos.

Sí. Algo tiene que ver el gobierno con todo esto. Se llama gobernar.

Mientras nada de se sabe desde la noche del viernes pasado del paradero de Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Dante Hernández, Diego Alberto Lara y Jaime Miranda, los 5 jóvenes amigos desde la infancia vecinos del municipio de Lagos de Moreno, su caso se puede contar ya como la 5a. desaparición múltiple de diciembre pasado a la fecha en Jalisco.

Ayer uno de los vehículos de los jóvenes privados de su libertad en Lagos de Moreno apareció ardiendo en Encarnación de Díaz con restos humanos en su interior, lo que confirma que en esta región, como en muchas otras de Jalisco y del país los sicarios del narco transitan y delinquen sin que nadie les ponga freno o los detenga por los crímenes que cometen.

5 desapariciones múltiples de diciembre a la fecha en Jalisco es algo inadmisible y debe ser un urgente punto de inflexión para que autoridades municipales, estatales y federales hagan algo efectivo para cumplir su obligación constitucional de garantizar la seguridad e integridad de la población.

Hace 8 meses Ciro Gómez Leyva se salvó de morir. Una célula criminal que atentó contra su vida fracasó porque el blindaje nivel 7 de la camioneta en que viajaba, lo evitó. El ataque le arrebató el libre albedrío, pero sobre todo la certidumbre. ¿Si no lo mataron, no es lógico pensar que quien ordenó su asesinato buscará que se cumpla el trabajo? Nadie puede saberlo porque en todo este tiempo, las autoridades de la Ciudad de México no han podido resolver el crimen o no han querido hacerlo.

Es incomprensible que el ataque contra Gómez Leyva se mantenga en las tinieblas, por lo que significa en términos de seguridad del Estado mexicano, que trasciende en alcance a la capital federal. Fue una operación criminal que contó con recursos, trabajo de inteligencia y un comando de ejecución, que quiso asesinar a una persona pública que, como ingrediente políticamente explosivo, es constantemente agredida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se necesitan 2 dedos de frente para saber que un asesinato de tan alto impacto, golpearía directamente al presidente. O se requiere un exceso de perversidad y odio para que aun así, sea más importante la molestia de López Obrador con la visión crítica del periodista, que encontrar a los culpables. Sólo una visión estrecha y ensimismada sería incapaz de ver que la impunidad en un atentado de esta escala estimula a las mentes detrás del ataque para poder repetirlo contra él, contra otro periodista, o contra quien quieran. La otra opción, que no puede dejar de manejarse como hipótesis, es que el autor intelectual del crimen tenga motivaciones políticas.

López Obrador mismo deslizó esta posibilidad días después del ataque, al decir que "pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros". Al presidente siempre le gusta ser el centro de atención y victimizarse. Pero de haber existido sospechas que probablemente se trató de una acción de un grupo político adverso al presidente que quisiera dañarlo políticamente, la investigación tendría que haber transcurrido de manera expedita, porque no sólo aclararía el caso, sino le serviría a sus intereses político-electorales. No fue así.

La Fiscalía General de la República no atrajo la investigación pese a ser un atentado de alto impacto con implicaciones políticas y, a decir de las autoridades capitalinas, con el narcotráfico. Las pesquisas se quedaron en la Fiscalía de la Ciudad de México, cuyo trabajo ha sido deficiente. 13 personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el atentado -que originalmente fueron aprehendidas por narcomenudeo-, no han podido ser vinculadas al ataque. Tampoco ha mostrado estar interesada en los procedimientos.

De manera insólita, en términos de metodología de investigación, jamás, hasta ahora, establecieron hipótesis para ir descartando sospechosos, que se hace mediante la revisión de su trabajo profesional que permita ir definiendo quiénes podrían haber estado molestos al grado de querer asesinarlo, por lo que se trabajaría sobre un posible móvil. Nunca revisaron las copias de audio o video de su trabajo, que permitiera ir eliminando o identificando probables sospechosos, o que hubiera permitido aclarar si la hipótesis de que fue trabajo del cártel Nueva Generación que deslizó el secretario capitalino de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tenía algún sustento.

Una forma de establecer el nexo entre el comando de ejecución y las personas detenidas es mediante el reconocimiento de voz, para poder determinar si las grabaciones interceptadas en los móviles de los presuntos responsables, corresponden con alguno de los que están detenidos. Las audiencias para que el juez instruyera los peritajes, se pospusieron en 2 ocasiones. Ayer, a una semana de que termine el plazo para que la Fiscalía presente las pruebas complementarias, se tenía programada una 3a., sin saberse aún qué sucedió.

Otra irregularidad de la investigación fue la filtración de los videos de la cámaras del C5 donde se ve la operación para asesinar a Gómez Leyva y el seguimiento que hacen de vehículos y la motocicleta en donde iba el tirador principal. La difusión de estos videos perjudicó la investigación, al haber dado elementos a los criminales para saber qué sabían de ellos las autoridades y eliminar los cabos sueltos. Es decir, la filtración fue, para efectos prácticos, una acción de sabotaje por parte de alguna autoridad capitalina.

Sobre todo este caos, deliberado o no, López Obrador aseguró sin un solo elemento objetivo de investigación, que no era un atentado relacionado con su trabajo, por lo cual, se supondría que sería un tema personal. Pero tampoco hubo ninguna línea de seguimiento en ese sentido, pues ni la víctima del atentado, ni su círculo cercano fueron llamados a declarar, por la sencilla razón, se infiere, que no había nada que, remota o forzadamente, podría conducir por el tema de un ataque derivado de asuntos personales.

A 8 meses del intento de asesinato de Gómez Leyva, hay 13 personas detenidas a las que no se les ha podido probar la relación con el ataque, se tiene el nombre de Armando Escárcega, "El Patrón", que supuestamente era el jefe del comando de ejecución, que según García Harfuch se encuentra en Estados Unidos y por el que se pidió la emisión de una ficha roja a Interpol, hace meses, sin resultado alguno. Las autoridades afirman tener a los autores materiales del atentado, pero pese a meses de interrogatorios, no han podido construir una red de vínculos mayor, que pudiera ayudar a determinar quién es el autor intelectual del frustrado crimen y cuál fue el móvil del ataque.

Es decir, no hay nada.

La entidad gobernada (es un decir) por el morenista Cuitláhuac García padece un incremento de detenciones arbitrarias.

Animal Político publicó esta misma semana un reportaje sobre ese tema. Firmada por Andro Aguilar, la información expone que "a su llegada a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García endureció el código penal y abrió la puerta a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos". Cito párrafos centrales de esa historia:

"Desde la administración de Javier Duarte, en la entidad se creó el delito de ultrajes a la autoridad y ataques a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, a su llegada al gobierno estatal, el morenista endureció las penas y potenció las detenciones policiales a través de los artículos 331 y 371, en un decreto publicado el 11 de marzo de 2021 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz".

"Antes de la llegada de Cuitláhuac García, el artículo 331 del Código Penal de Veracruz imponía de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones".

"Con la reforma impulsada por García en 2021, se agregaron y se reformaron las agravantes a este delito".

"La reforma adicionó que se encarcelara de 5 a 7 años de prisión cuando se realice por una o más personas armadas o 'portando instrumentos peligrosos'".

Con esos cambios, las detenciones pasaron de 49 en 2018 a 224 en 2021. Abogados y activistas, según publica Animal Político, alertan preocupantes ambigüedades de esta ley. Cito de nuevo a Animal:

"Los juristas advierten que la elevación de ultrajes a la autoridad como un delito grave a partir de la reforma impulsada por Cuitláhuac García derivó en una inercia en la que elementos policíacos tenían manga ancha para cometer abusos, lo que a su vez desencadenó en mayores extorsiones a ciudadanos ante la posibilidad de ser detenidos y puestos a disposición por ese delito".

Por cierto, Animal Político también publicó esta semana cómo hay denuncias de que García usa el poder judicial en contra de adversarios.

Algo estaba podrido en Veracruz antes de la llegada de García a la gubernatura. Y por lo visto esa podredumbre no se ha corregido. Y la peor noticia de la alternancia veracruzana sería el haber perdido la oportunidad, e incumplido el deber, de corregir lo que ocurría ahí en tiempos de Javier Duarte, cuando -como Paris Martínez contó en podcast en Así Como Suena-, de cada 10 casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuidos ocurridos en tiempos modernos en Veracruz, 8 sucedieron en los años del ex gobernador famoso por las empresas fantasma. Eso era lo que había que corregir, y no empoderar, en el nuevo gobierno.

Convengamos que las conferencias matutinas no son un ejercicio de diálogo, sino uno propagandístico. No hay diálogo en ninguna de sus 2 acepciones: conversación entre 2 o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa o discusión sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo. Cuando "interactúa" con periodistas -las más de las veces a modo- lo que sigue es un largo soliloquio.

Han sido el principal instrumento de gobierno de López Obrador, de campaña permanente, de propaganda, de exaltación de su persona, de mentiras respecto al estado que guarda la nación, de exclusión de voces discordantes, de insultos a otros poderes, órganos autónomos, medios, formadores de opinión, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

No estoy clara si en sí mismas son ilegales o, al menos, de dudosa legalidad. Pienso, por ejemplo, en los párrafos 7 y 8 del artículo 134 constitucional que dice que: "Los servidores públicos... tienen... la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos... sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos"; que "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social" y, que, "en ningún caso... incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada...".

De lo que sí estoy clara es de 2 cosas. La 1a. es que ha violado repetidamente lo que las autoridades electorales, en pleno uso de sus facultades, le han ordenado callar en las conferencias matutinas. En no menos de 14 ocasiones, ya sea el INE o el TEPJF, le han ordenado abstenerse de emitir expresiones en contra de sus opositores o en favor del movimiento que encabeza.

Haciendo alarde de que, como presidente, se percibe a sí mismo por encima de la ley (y lo está), las 14 veces ha burlado o ignorado las resoluciones de las autoridades.

Quién fuera presidente para desacatar las órdenes de las máximas autoridades electorales.

La 2a. es la cantaleta de que él es un ciudadano y que como tal tiene el derecho de réplica: "Como a mí todos los días me agravian, tengo derecho de réplica, ¿no? hasta me quedan a deber, tengo un déficit. Ya voy a ir poco a poco reponiéndome, porque no alcanzo a replicar todo" (13/04/23) o "me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y dónde queda la libertad de expresión, y el derecho a la réplica y el derecho a disentir" (14/07/23).

Insólito que exija para sí un derecho que no estuvo dispuesto a otorgar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien interpuso un procedimiento judicial de acuerdo con la ley que establece que "toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado... y que le cause un agravio". La solicitud al sujeto obligado -el presidente- fue hecha en tiempo y forma para simplemente aclarar que ella no se había pronunciado por desaparecer las pensiones para adultos mayores.

Quién fuera el presidente para negar el derecho de réplica a pesar de que un juez así se lo ordenó.

Curioso que el presidente quiera convencernos que las mañaneras son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas cuando la mayoría de los contratos de sus obras emblemáticas y hasta el proceso de elaboración de los programas y planes de estudio que deben anteceder a la elaboración de los libros de texto son clasificados y, por tanto, ocultos a quien quiera consultarlos.

O cuando ha habido un retroceso inimaginable en la disponibilidad de "la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos".

Quién fuera presidente para ocultar la información que no queramos que conozcan las dependencias públicas sin temor a ser sancionados.

Extraño también que se moleste e insulte a los periodistas o a los investigadores que, a partir de documentos oficiales obtenidos por la vía legal, informan sobre actos de corrupción cometidos en su administración, pero él acusa sin pruebas y haciendo uso indebido e ilegal de datos personales protegidos por la legislación.

Otra vez, es el caso de la senadora Gálvez y los documentos difundidos sobre sus empresas, las de su marido y de su hija.

Quién fuera el presidente para obtener ilegalmente información protegida que se refiere a la vida privada y los datos personales de otras personas.

Quizá habría que recordarle al presidente que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros".

Las mañaneras están llenas de estos 3 ataques: a la senadora, a otros integrantes de la oposición, a los periodistas, a los académicos, a los opinadores y a quien se atreva a disentir con él.

Pero no, querido lector, ni usted ni yo somos presidentes y sí estamos sujetos a la ley.

¿Cómo se ve un estado fracasado? Se puede ver en el dato escalofriante de que 18 choferes de rutas han sido asesinados en Guerrero en menos de un mes.

Hoy el trabajo más peligroso de México es manejar una unidad de transporte público en Chilpancingo.

Ayer no sólo mataron al conductor, sino también a los pasajeros y le prendieron fuego al vehículo.

Cuando el crimen organizado toma el control del traslado de personas y bienes por carretera, toma control efectivo sobre el territorio. Y eso es lo que está pasando en Guerrero.

El frcaso de un estado se ve en el desempeño de una gobernadora que no puede garantizar la seguridad de la población civil y ni siquiera la de su círculo familiar.

Hace una semana asesinaron a un tío de su pareja; y este fin de semana fue el esposo de una prima.

Esas estampas se suman al álbum de pesadillas cotidianas que viven las y los guerrerenses: asesinatos, extorsión, despojos ocurren diariamente en torno a hoteles, sitios de taxi, tortillerías, pollerías, mercados públicos...

Por supuesto esta crisis brutal tiene décadas en gestación, el problema no empezó con AMLO, ni con la gobernadora Evelyn Salgado, pero "sí se agravó con la actitud de ambos de minimizar la tragedia y culpar al pasado".

Lo de Guerrero no son hechos aislados de violencia: "es un ecosistema que se sustenta en el atropello y la brutalidad". ¿No será hora de reconocer que ya es un estado fracasado?

Desde Cancún, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, retó al jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a continuar con la distribución en el país de los polémicos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo reparto fue prohibido por una orden judicial.

El también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, que disputará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Presidencia de la República, en 2024, indicó que si López Obrador desacata la instrucción de jueces federales, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Lo reto desde Quintana Roo a que se atreva a distribuir los libros de texto. Va a ver la reacción de quienes somos los padres de familia", sostuvo, al señalar que, de no hacer caso a las instituciones judiciales, López Obrador tendrá que enfrentar las manifestaciones de padres de familia en todo el país.

"Ya iniciamos las acciones jurídicas y asesoramos a los amparos que se han resuelto y al presidente ya le dijeron que no debe distribuir esos libros. Si lo hace, es en contra de una sentencia y de un juez federal, eso se llama desacato, si hay desacato que ese juez le vuelva a decir al presidente que debe cumplir y sino ese asunto lo llevaremos a la SCJN, y veremos si desacata una resolución de la SCJN y si no, las manifestaciones con padres de familia".

Creel detalló que el juez que vio el asunto concluyó que no se cumplió con la consulta tripartita entre autoridades, docentes y padres de familia, además de referirse al contenido.

"¿Cómo es posible que se atrevan a presentar unos libros de texto gratuitos con los sesgos terribles que tienen? Las ciencias que quieren enseñar, la historia que quieren manipular. Matemáticas... 10 hojas".

"Pero eso sí, ensalzan la figura del presidente y solamente dan una visión de la historia. Son 163,000 homicidios violentos (en este sexenio)... ¿cómo se atreve a criticar a (Felipe) Calderón, cuando hoy son 3 veces más los homicidios violentos que con Calderón?".

Llantas y varios vehículos fueron quemados y la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo, fue bloqueada por civiles tras la implementación de un operativo contra talamontes de la zona. En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la alcaldía Tlalpan, la situación fue controlada por parte de las autoridades tras poner en marcha un importante despliegue de seguridad. Los cuerpos federales fueron apoyados por múltiples unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la Ciudad de México.

"Al momento, compañeros de @SSC_CDMX se encuentran desplegados, en Topilejo, CDMX, por los hechos ocurridos en Huitzilac, Morelos. Estamos atentos y pendientes para mantener el orden y por cualquier apoyo que se requiera", detalló Omar García Harfuch, titular de la SSC.

Se presume que estos hechos se encontrarían directamente relacionados con el operativo que fuerzas del orden federal y del estado de Morelos (límite Morelos-CDMX) llevaron a cabo en la localidad de Huitzilac, en donde aseguraron aserraderos clandestinos y varias personas fueron detenidas.

En tanto la Secretaría de Gobierno de Morelos informó que los disturbios no llegaron al sitio en el que se llevó a cabo el operativo contra la tala ilegal.

"Al momento no se reportan personas retenidas ni disturbios en el municipio de Huitzilac, derivado de los hechos de este medio día", indicó.

Un grupo de personas del municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, atacó la casa del alcalde Edgar Moreno Gayosso por lo que el edil tuvo que huir por la azotea de su domicilio.

Los disturbios en este municipio ubicado en la sierra de Hidalgo comenzaron la mañana del martes 1 de agosto, luego de que se diera a conocer que el señor Estanislao Hernández, de 60 años, falleció supuestamente a causa de los golpes que recibió por parte de 2 policías municipales.

De acuerdo con diarios locales, el adulto mayor falleció el 31 de julio en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que los pobladores acusan que fue debido a los golpes que recibió.

Por ello y durante su sepelio, realizado este martes, la camioneta donde viajaba el féretro del adulto fue colocada frente al palacio de gobierno en señal de protesta.

Vecinos y familiares del señor Estanislao portaban pancartas que pedían el esclarecimiento de la muerte del esta persona.

En ese lugar comenzaron los disturbios, al tiempo que los pobladores denunciaron y acusaron abuso de autoridad por parte de los policías. Videos compartidos en redes sociales muestran una patrulla y otro vehículo incendiados como parte de las protestas.

Sin embargo, los ánimos fueron incrementando hasta que los pobladores vandalizaron las oficinas del ayuntamiento. Además, la turba acudió a la casa del alcalde donde varias personas ingresaron al inmueble para saquearla y destruir el mobiliario. En tanto, una camioneta Jeep que se encontraba en el garage del lugar fue incendiada.

Grabaciones e imágenes compartidas en redes sociales muestran también como el alcalde tuvo que huir por la parte trasera de la vivienda ante el temor de que fuera agredido. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional para controlar la situación.

La detención del señor Estanislao se dio en las inmediaciones de la colonia 10 de mayo del municipio, en donde las grabaciones compartidas por internautas muestran el uso excesivo de la fuerza con la que los agentes municipales suben a la camioneta al adulto mayor.

Una orden de aprehensión es una solicitud que realiza el Ministerio Público ante el juez para detener a una persona después de que recabó indicios de que cometió un delito. No significa que sea culpable -para eso es el juicio-, sólo se presume que lo es y se exige su presencia para que rinda cuentas ante un tribunal.

Pedí por transparencia a la Fiscalía del Estado de Jalisco las órdenes de aprehensión ejecutadas y pendientes por homicidio doloso. Después de un recurso de revisión y varias semanas, me entregó la información a regañadientes.

Lamentablemente, la base de datos que me entregó la Fiscalía no distingue homicidio doloso (intencional) del culposo (accidental). Sin embargo, los indicadores globales son valiosos para comprender mejor el sentido de esa manoseada palabra que ha perdido su significado de tanto que la repetimos: impunidad.

En este sexenio la Fiscalía ha detenido con una orden de aprehensión a 1,516 presuntos homicidas. Significa que dio el 1er. paso para investigar a un presunto asesino. El Ministerio Público analizó y procesó información para imputar al probable autor de un homicidio y lo detuvo.

Sin embargo, hay que decir que de 2019 a junio de este año se cometieron 12,078 homicidios dolosos y culposos según datos del Sistema Nacional de Seguridad. Esto significa que la Fiscalía capturó sólo al 12.5% de los probables culpables.

Si añadimos que la Fiscalía todavía debió someter a juicio a los imputados y en el desahogo de pruebas demostrar su culpabilidad ante el juez para conseguir una sentencia, así se explica cómo llegamos a la mentada tasa de impunidad en donde 9 de cada 10 homicidios quedan sin castigo en Jalisco. Datos sobre impunidad no faltan. Lo que falta es empezar a hacer algo con ellos.

La cifra de órdenes de aprehensión por homicidio doloso y culposo pendientes de ejecutar por la Fiscalía del Estado: 3,448 mandamientos judiciales concedidos por un juez para detener a un presunto asesino, según datos que obtuve vía transparencia. En este universo hay órdenes de captura recientes y de hasta 20 años atrás.

La capacidad institucional de la Fiscalía del Estado para localizar, procesar y castigar a los responsables de estos homicidios -ya no digamos de los miles que ni siquiera tienen una orden de captura vigente- es muy poca.

Los datos del estudio "Hallazgos desde lo local 2021: Jalisco", de México Evalúa, revelaron que la entidad está por debajo de la media nacional en número de policías investigadores, ministerios públicos y peritos. En Jalisco hay 1,284 agentes investigadores, que equivalen a una tasa de 15.9 por cada 100,000 habitantes, 5.1 puntos por debajo de la tasa nacional que es de 21.

A la falta de personal y la saturación de trabajo, sumemos que la Fiscalía carece de un servicio civil de carrera. Éste sólo se cumple en los procesos de formación y evaluación en el ingreso, pero una vez contratados, se desvanecen las posibilidades de ascender en el escalafón por méritos propios. Todo queda a criterio y subjetividad de los jefes o las cuotas políticas.

La generación de resultados requiere investigaciones basadas en protocolos, uso de tecnología, equipamiento, personal y presupuesto suficiente, capacitación y conocimientos para garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

No sé si lo han pensado, pero creo que la labor de un policía investigador es una de las más delicadas y adversas en el servicio público. Tras el reciente atentado con explosivos en Tlajomulco ahora es una actividad de más alto riesgo.

Me pregunto quiénes son esos hombres y mujeres que todos los días salen a la calle a intentar armar las primeras piezas de un rompecabezas cada vez más grande y difícil de entender. Habrá malos elementos, seguramente, pero quiero creer que la mayoría son ejemplares y esforzados. Son la tropa y el 1er. eslabón en esa larga "tubería procesal" de nuestro sistema de justicia al que le urge mucho más que un arduo trabajo de plomería.

Para hacer posible la vida en sociedad, hemos creado un orden jurídico al que debemos ajustar nuestra conducta. Dicho sistema establece principios, define roles, señala límites y sanciones para los trasgresores. Cuando ese orden se violenta y se rompe la fuerza constitucional que lo sujeta, sobreviene la dictadura o la anarquía: se pierde la libertad.

La ley garantiza la convivencia, iguala personas, repara daños, armoniza intereses, acerca a los distantes y promueve la justicia. Para lograr esos objetivos, existe el gobierno, cuyo fin es ejercer la autoridad con imparcialidad y buen juicio, velando siempre por el interés general. El gobernante, por representarnos a todos, no debe actuar facciosamente. El gobierno no debe excluir, sino integrar. No condena el éxito ni sataniza la riqueza. Tampoco debe exaltar la pobreza ni la ineptitud como virtudes. No hace negocios, por el contrario, propicia la creación de empleos y la justa distribución del ingreso. En el gobierno no debe haber cuates ni adversarios, sino profesionales del servicio público, honestos, capaces y eficientes.

Acostumbrados a vivir en medio de la violencia (basta leer los periódicos o incursionar en las redes para darse cuenta de la gravedad del tema), hemos perdido, además de la capacidad de asombro, la noción del riesgo y las posibles consecuencias de vivir en la anarquía. El problema es que, frente a la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo federales el próximo año, el presidente de la república, rompiendo con las leyes e instituciones nacionales ("…no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley"), actúa como vulgar delincuente electoral, colocándonos al borde de una crisis política y de gobernabilidad cuyos resultados pueden ser terribles para nuestras vidas y para las siguientes generaciones. Afortunadamente, la dictadura o la anarquía se mantienen, hasta este momento, solo como una amenaza, debido al papel que desempeña la Suprema Corte de Justicia como garante de la constitucionalidad de los actos de los poderes ejecutivo y legislativo.

Frente a un gobierno fallido, ¿qué debemos hacer? Como Jacinto Cenobio, ¿liar nuestras pertenencias y abandonar nuestra tierra y nuestros afectos? ¿Renunciar al derecho de crecer y desarrollarnos aquí, en nuestra patria? ¿A dónde iríamos? ¿Qué no vemos las caravanas de centro y suramericanos cruzar nuestro territorio, arrastrando su pobreza, vejados por las policías, persiguiendo un futuro que se les niega? Aún estamos a tiempo de defender nuestro derecho a una vida digna, en libertad y con justicia. Que la historia no nos juzgue por timoratos. Ganémonos el título de ciudadanos.

Desde hace rato, nuestra democracia sufre el embate de la judicialización de nuestra política, del uso de las cortes no para lo que son, un medio para impartir justicia, sino para extorsionar a contrapesos o a opositores legítimos del gobierno en turno.

AMLO lo padeció cuando Fox intentó desaforarlo. Más recientemente, los casos contra Ricardo Anaya y Eduardo Medina Mora sientan un funesto precedente.

Cuando la campaña de Anaya empezaba a despegar, el gobierno de Peña inventó una acusación de enriquecimiento ilícito que se centraba en distorsionar la venta lícita de un almacén.

Al candidato se le amenazó, incluso, con proceder contra su familia. Funcionó, su campaña se desplomó.

Hoy seguimos pagando las consecuencias. Si bien era improbable que éste remontara la ventaja de Morena, quizá tendríamos más balance en las cámaras, impidiendo las peores decisiones de este gobierno.

Una vez pasados los comicios, Anaya fue totalmente exonerado.

A Medina Mora, ministro de la Suprema Corte, se le acusó en base a depósitos "cuantiosos" en sus cuentas personales, eventualmente reconociendo una confusión, pues los tomaron en libras esterlinas, cuando se trataba de pesos, es decir, que se exageraron los montos "sólo" 25 veces. Con ese pretexto, congelaron no sólo sus cuentas, sino todas las de su familia, liberándolas un sábado, una vez que renunció. No hubo acusación posterior.

López Obrador necesita desaforar a la senadora Xóchitl Gálvez para que procedan los cargos que su gobierno le levantó en la FGR y en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde Ernestina Godoy sería leal cómplice judicial de la treta política. ¿Por qué otra vez tan burda táctica?

Xóchitl es kryptonita para la narrativa que AMLO deseaba enmarcara la campaña.

Él necesita ahondar la división entre los mexicanos, sabiendo que su bando es el más nutrido. Pero ella habla de un México en el cual todos cabemos, y de unirnos buscando propósitos comunes.

AMLO necesita un candidato de oposición con un pasado privilegiado. Pero se topa con una mujer que vino de la pobreza, que enfrentó violencia doméstica y que se hizo sola; se topa con quien se atrevió a aspirar a más e invita a que quienes vienen de donde ella, también se atrevan.

AMLO quisiera un candidato de oposición con larga carrera política, militancia en PRI o PAN y muertos en el clóset, y se topa con una mujer sin militancia, que ha votado en el Senado en forma independiente y con una reputación inusualmente limpia.

AMLO quisiera un opositor que amenace con dar vuelta en U, y ella sostiene que mantendrá -y profundizará- los programas sociales, y se manifiesta tan enemiga de la pobreza como él dice serlo.

Quienes afirman que Xóchitl es el peón de la oligarquía, no la conocen; peor aún, no entienden que su meteórico despegue ha sido totalmente orgánico y que esos "oligarcas" difícilmente podrían mover la aguja como ella la ha movido.

No es cosa de dinero, sino de carisma.

La improvisación y frescura detrás de sus primeros actos públicos, que incluso la han llevado a cometer errores, confirman que no es instrumento de nadie.

Judicializar las ficticias carpetas contra Xóchitl sería un error de proporciones épicas. No me cabe duda de que, si procede, millones saldrán a las calles. Ella no es Anaya o Medina Mora.

Nada aseguraría su llegada a la Presidencia más que una acusación en la misma fiscalía de la candidata de Morena. AMLO lo sabe.

Su propósito real es distraerla atacando a su familia, apagar su alegría, incrementar sus negativos. A diferencia del ataque contra Anaya, con sigilo usando a los medios, éste es frontal y obvio.

Para 2024, y de ahí en adelante, 2% del presupuesto que tenga el Estado de Jalisco se irá, sí o sí, para el Poder Judicial: ese ente encapotado y lejano a los reflectores que se ha mantenido en las sombras durante décadas, y que en cada atención al micrófono suelta la misma letanía: acá lo que se necesita es varo.

Sin darle vueltas, a partir del próximo año el órgano encargado de impartir justicia, o lo que eso signifique en Jalisco, recibirá al menos 3,200 millones de pesos.

El discurso de arranque que da el mero-mero de ese poder, Daniel Espinosa Licón, es que los mil millones (quizás sean más) se van a ir a infraestructura y equipo, porque "hay computadoras obsoletas" y casas rentadas habilitadas como juzgados... pero todavía no hay garantía de que se cumpla la premisa de rapidez y libertad de obstáculos a la hora de impartir justicia.

En sus propias palabras, que se les garantice un buen presupuesto "no es magia para el Poder Judicial y (así) cambiar las condiciones". Porque "no toda la culpa es del Poder Judicial" cuando el Inegi nos revela que impera una impunidad de 95%. Porque, lejos de dotarlo de autonomía, el Judicial queda atado de manos frente al todopoderoso Ejecutivo que, con una firma del gobernador, se sacó la lotería.

¿La justicia necesita recursos dignos? Por supuesto. Así como el medio ambiente, la cultura, la educación, la salud, el agua y todas las áreas que tengas en mente. Pero independientemente de eso, ¿es justo para el ciudadano escuchar que la "Reforma Estructural" demore 10 años "más o menos" para comenzar a verse?

Porque así fue como lo dijo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco este miércoles en la emisión vespertina del noticiero de UDGTV Canal 44.

"Ustedes me dirán que es mucho tiempo, pero yo les pregunto sobre la justicia penal del nuevo sistema de justicia. ¿Hemos visto al día de hoy los resultados que esperábamos? No, porque no hemos tenido los 10 años que se habla de cuando hay una reforma profunda".

Almacenes, archivos y juzgados dignos. A decir del tío Licón, es ahí donde se va a centrar el jugoso presupuesto que recibirá el Poder Judicial de Jalisco a partir de 2024. Ya después hablamos de acortar los tiempos para los juicios, luego hablamos de erradicar esa mala práctica de acumular expedientes en archiveros sin fin.

En otra ocasión preparamos a las y los burócratas que no quieren atreverse a abordar la justicia digital, después acabamos con el influyentismo, al ratito depuramos los cientos (sí: cientos) de aviadores que rondan el edificio y, eventualmente, le damos una verdadera satisfacción a la comunidad a quien le prometimos "consolidarnos (...) como un órgano que genere confianza y credibilidad".

Pero ahorita no, joven. Ahorita que lluevan los billetes. A inundarnos de ellos, que ya está en curso el temporal. Quizás y a lo mejor en 10 años le resolvemos su expediente. Quizás.

Por 5a. vez en un mes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó imponer medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad, la comisión ordenó la modificación o eliminación en todas las plataformas oficiales de la conferencia matutina del pasado 26 de julio, en la que el mandatario mostró encuestas que favorecen a Morena de cara al proceso electoral federal de 2024.

Además, se aprobó una tutela preventiva, a fin de que el titular del ejecutivo federal evite realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral de 2024, al considerar que se pueden vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad.

El presidente López Obrador expresó en dicha conferencia que "ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación".

En este contexto, la consejera del INE Claudia Zavala subrayó que no hay ninguna censura a la libertad de expresión, sino que se está aplicando el cumplimiento del deber de un servidor público de alto nivel.

"Pedir que se entienda desde el INE o el Tribunal no tiene ningún significado porque no es de entendimiento, porque es hacer efectivo lo que dice la Constitución", sostuvo.

"Esta medida cautelar que nuevamente se dicta para solicitar al presidente de la república que cumpla con su deber de neutralidad que está impuesto en la Constitución, es un llamado para el cuidado de los procesos electorales", subrayó la consejera.

Enfatizó que esta nueva medida constituye un exhorto al cuidado de los procesos electorales, por lo que hizo un llamado a no generar condiciones de tensión en el sistema y en la sociedad.

En ese sentido, la consejera Rita Bell López reiteró que no es una persecución de parte de las autoridades electorales, sino que se trata de la aplicación de la Constitución.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral será la encargada de estudiar el asunto de fondo, es decir, si las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyeron violaciones a la ley electoral y los principios constitucionales.

En caso de confirmarse la existencia de las infracciones, puede ordenarse la inscripción de su nombre en el registro de sujetos sancionados de la Sala Especializada, aunque no constituye una sanción.

Al tratarse del servidor público de más alto nivel en el país, la ley tampoco contempla una sanción por violación a la Ley Electoral para el presidente de la república.

Una corriente de agua que descendió del cerro de El Tapatío durante la tromba de la madrugada de ayer causó daños en el fraccionamiento Revolución y la colonia Las Huertas, ambas en Tlaquepaque. Sin embargo, vecinos denuncian que la inundación que se presentó en sus calles, y que derivó en el arrastre de 40 vehículos, se originó por falta de captación de agua de uno de los 2 vasos reguladores que hay en la zona.

Un depósito pluvial se ubica en el nuevo bosque urbano de Tlaquepaque, en el cruce de Solidaridad Iberoamericana y Lázaro Cárdenas, mientras que el otro está en el parque urbano Revolución, sobre la avenida Salvador Orozco Loreto y la calle Chico.

Los habitantes del fraccionamiento Revolución acusan que desde hace meses una empresa constructora que finca unas torres de departamentos en el área, usa el vaso regulador del parque urbano Revolución como depósito de escombros y ello restó capacidad de contención en la última tormenta.

Afirman que el hecho ha sido reportado a las autoridades, sin que hasta el momento obtengan una respuesta.

"Necesitamos que nuestras autoridades realmente recuperen este vaso regulador, que tanto nos ayuda a mitigar las inundaciones y evitar que se siga rellenando con escombro. Nosotros lo hemos reportado a Tlaquepaque, a la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano), también a la Procuraduría de Medio Ambiente. Dentro del SIGMetro del IMEPLAN (Instituto Metropolitano de Planeación), toda esta zona está catalogada como de alto riesgo de inundación", expresó Josué Moreno, vecino de la zona.

Los quejosos piden a las autoridades se haga la limpieza del depósito pluvial, pero también se sancione a la constructora que presuntamente tira el escombro dentro del vaso regulador.

Las llamadas falsas a la línea 911 aumentaron en Jalisco en los últimos años. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que fueron presentadas esta semana, 80% de los enlaces en el estado fueron improcedentes en el 1er. semestre de 2023.

En comparación, en 2021 el indicador fue de 74%. Estos números ponen a la entidad en el 3er. lugar nacional en esa materia. Sólo la superan el Estado de México y la capital.

Ante esta situación, el Escudo Urbano C5 subrayó que esta práctica afecta a los habitantes que, ante una emergencia, requieren el apoyo de policías, elementos de Protección Civil o de Servicios Médicos.

"Es importante que la ciudadanía vigile y concientice a menores de edad para que durante este periodo vacacional no se hagan llamadas falsas o de broma al 911, pues ponen en riesgo la vida y/o patrimonio de otras personas".

Por otra parte, hace 5 años se aprobó en el Congreso del Estado una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, y con ello endurecer las multas.

Sin embargo, las modificaciones que fueron hechas al Artículo 168 de dicha legislación sólo quedaron en el papel, pues hasta la fecha nada se sabe del protocolo para identificar a los responsables.

Las sanciones por hacer esto van de los 10,374 a los 31,122 pesos, pero luego de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, no quedó claramente definido cómo proceder, tanto para la multa económica como para el cobro.

El entonces diputado impulsor de la reforma, Augusto Valencia, señaló que para establecer y cobrar las multas, estas debían quedar instauradas en la Ley de Ingresos del Estado; sin embargo, desde 2018 éstas no han aparecido.

Se consultó al respecto sobre la aplicación y cobro de multas por este concepto a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Escudo Urbano C5 a cargo del 911, así como a la Fiscalía Estatal sobre las investigaciones jurídicas pertinentes por este delito, pero al cierre de esta edición ningún organismo emitió alguna respuesta.

Aunque toda la pauta y el ritmo de la iniciativa que garantizará al menos el 2% del presupuesto estatal al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ) vino del poder ejecutivo, es por donde se le vea una buena noticia que habrá que ver si se capitaliza con un ejercicio verdaderamente autónomo en la administración de la justicia y con una verdadera limpia a un poder judicial que sigue siendo uno de los peores evaluados del país.

Sin duda es alentador que el presupuesto del STJ, supeditado económicamente siempre al poder ejecutivo, eleve casi mil millones de pesos su presupuesto el año próximo por esta iniciativa, al pasar de los 2,213 millones de pesos ejercidos este año a los más 3,177 millones en el 2024 que por ahora equivalen al 2% de los 158,860 millones de pesos del presupuesto estatal. Pero lo más importante es que en lo sucesivo habrá un porcentaje fijo, que debería crecer al menos al 3%, para no dejar al criterio del gobernador en turno el presupuesto del poder judicial.

Si se ejerce con transparencia y honestidad, desde luego que esta crecida presupuestal servirá para edificar más espacios y contratar más jueces, para combatir así la sobrecarga de casos que tienen colapsados los juzgados, y se convierten en fuente de corrupción e impunidad.

Pero lo que hay que dejar claro es que sólo con autorizar más dinero al Poder Judicial de Jalisco no se logra en automático su autonomía y su verdadera independencia del poder ejecutivo, para hacer realidad la separación de poderes y normalizar el orden constitucional.

En Jalisco, como en muchas otras entidades, estamos lejos de tener equilibrio de poderes, como por 1a. vez empieza a asomar en el país, con el contrapeso al ejecutivo federal en el que se ha convertido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de la ministra Norma Piña.

Pese al avance democrático y las alternancias políticas que hemos vivido en nuestra entidad, ni en los gobiernos priistas, panistas o el actual emecista, el STJ y su titular en turno han tenido el carácter para cumplir su obligación de emanciparse de los dictados que les llegan de Palacio de Gobierno y convertirse, como la 1a. presidenta mujer de la Corte, en los defensores del cumplimiento de las leyes en el estado.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de un joven desaparecido el pasado 21 de julio en Tlaquepaque, se manifestaron en la avenida López Mateos a la altura de El Palomar. Los quejosos bloquearon el sentido de sur a norte, en demanda de la localización del muchacho, visto por última vez en la colonia Haciendas de San José, del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La víctima está identificada como Héctor Adrián Aguilar Corona de 27 años de edad. Entre los manifestantes hubo empleados de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), compañeros de trabajo de Héctor.

El grupo de aproximadamente 60 personas cerró el sentido de ingreso a la ciudad. Al sitio llegaron elementos de la Policía del Estado y Policía Vial, quienes liberaron uno de los carriles para desfogar el tráfico. Hubo altercados entre manifestantes, autoridades y automovilistas molestos por el cierre de la arteria vial.

Debido al cierre parcial de la vialidad, el embotellamiento llegó hasta las Plazas Outlet. Personal de la Fiscalía arribó al sitio para dialogar con los familiares del joven y liberar la circulación.

"El salió de la casa de unos amigos y ahí se perdió, alguien se lo llevó en ese transcurso, atrás del ITESO y Hacienda Santa María. Ahí fue su pérdida de él. Ya encontramos su carro, sus cosas, pero él no está", expresó la señora María Teresa Corona Navarro, madre de Héctor Adrián.

[¿Y las cámaras del C5? - pregunta el webmaster.]

Después de hora y media de bloquear López Mateos, el contingente se retiró con la promesa de personal de la Fiscalía que mañana habrá una reunión con los padres del joven en Palacio de Gobierno. Los padres del joven advirtieron que si no hay avances en las indagatorias, bloquearán de nuevo López Mateos a la misma hora este jueves.

Un policía municipal de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, atropelló a una mujer mayor luego de que condujera a exceso de velocidad para pasarse el alto.

Además de la mujer, la patrulla se llevó consigo a otros 2 peatones, que quedaron tendidos sobre el asfalto. De acuerdo con testigos, después del accidente el policía intentó darse a la fuga, pero fue golpeado y detenido por personas que se encontraban en la escena, y que estuvieron a punto de lincharlo.

En el video compartido en redes sociales, puede verse la unidad detenida sobre un carril exclusivo, el parabrisas hecho añicos, y al elemento acorralado y con heridas sangrantes.

Vecinos de la zona cerraron la calle hasta que no se llegó a un acuerdo con las autoridades. Las tensiones provocaron enfrentamientos entre pobladores y uniformados.

Los hechos ocurrieron ayer, 24 de julio, alrededor de las 2 de la tarde en la colonia Nuevo Laredo. El policía afirmó que llevaba las luces de la patrulla encendidas y que se dirigía a una llamada de auxilio, razón por la cual se pasó el alto, hecho que ha sido desmentido por los testigos.

La mujer de 56 años fue llevada a servicios de emergencia con heridas severas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las respectivas investigaciones para aclarar el caso.

México requiere de una estrategia nacional efectiva e integral ante el problema de la inseguridad si se quieren enfrentar los inéditos niveles de violencia, los cuales se convierten en un obstáculo para el crecimiento económico, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

"La garantía de la seguridad pública es indiscutiblemente la principal obligación del Estado en todos los regímenes democráticos, y México está lamentablemente fallando. Es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico que permitan el progreso social", apuntó.

Por un lado, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizaron las campañas anticipadas de los aspirantes a la Presidencia, tanto de las "corcholatas" de Morena como de los suspirantes del Frente Opositor, al rechazar la propuesta de la magistrada Janine Otálora de ordenar suspender los actos proselitistas que iniciaron hace un mes los candidatos oficialistas y días después los aspirantes opositores, ya que eran claramente actos anticipados de campaña, disfrazados por un lado con la elección del "coordinador de los comités de defensa de la 4T", y por el otro, para elegir al "responsable nacional para la construcción de un frente amplio opositor".

Antes el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Comisión de Quejas, les había permitido a las "corcholatas" seguir con las giras de cara a la encuesta interna sugiriendo que no hicieran promesas de campaña y que los eventos fueran en lugares cerrados del partido.

También el Tribunal Electoral pidió al INE definir lo que pueden y no pueden hacer los aspirantes en esta etapa, mientras que el órgano electoral acordó que empezarán a supervisar contenidos y contabilizar gastos de las giras de suspirantes oficialistas y opositores.

Este actuar lento, poco oportuno y condescendiente muestra el sello del nuevo INE morenizado. Ese que la mayoría oficialista y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron imponer para sesgar hacia su lado la elección de 4 de las y los 11 consejeros electorales que integran el Consejo General del INE, así como la presidencia. Esta captura de la 4T del órgano electoral, con Guadalupe Taddei Zavala al frente y la y los nuevos consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo ha asomado claramente en esta falta de rigor para hacer cumplir la Ley Electoral, que marca septiembre como el inicio de los comicios y la 3a. semana de noviembre para que arranquen las precampañas.

Está en juego, pues, el voto de confianza al nuevo INE. La tibia salida para querer poner orden, sea simulación o no, los compromete a hacer cumplir la Ley Electoral, que simple y sencillamente señala que quien comete actos anticipados de campaña y oculte los gastos debe ser inhabilitado como candidato o candidata.

Lo demás será una simulación que inhabilitaría la autoridad del INE para conducir debidamente el muy ríspido proceso electoral que se ve venir en el 2024 que estará en juego la permanencia o la expulsión del poder de la 4T. Nada menos y nada más es la gobernabilidad democrática de este país la que está en juego.

Ya se cumplió un mes del denominado 'corcholatour' de los -llamémoslo por su nombre- precandidatos de Morena por la nominación presidencial y muy a pesar de la prohibición de la ley y la 'súplica' del Instituto Nacional Electoral (INE) de que se abstengan de hacer campaña política, los 'bendecidos' de Palacio Nacional continúan en su recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y lo mismo sucede desde el púlpito mañanero, donde a pesar de la medida cautelar para impedir que siga operando como 'jefe de campaña' y dirigente de partido, Andrés continúa violando la ley e ignorando a la autoridad electoral.

Y en el pleno de consejo del INE, que ayer por la tarde sesionó, gran parte del tiempo estuvo dedicado al tema de los beneficios económicos que generan a Morena la venta de los muñequitos de peluche, como 'amlitos', 'monrealitos', 'clauditas' o 'ebrardsitos', pero no en implementar medidas más drásticas en contra de todos los precandidatos de partidos que se encuentran en plenas campañas electorales valiéndoles 'olímpicamente' las disposiciones de la ley electoral.

La realidad, es que el asunto ya se le fue de las manos al INE, que prácticamente está imposibilitado ante las 'triquiñuelas' de López Obrador con su 'novedosa' sección en la mañanera denominada 'No lo dije yo', que es una ratificación del enunciado presidencial de que "A mí no me salgan con eso de que la ley es la ley" o la descarada propuesta de Marcelo Ebrard a Xóchitl Gálvez de tener un debate "cuando quiera", cuando sabe perfectamente que no está en los tiempos de la ley de llevarlo a cabo.

El apresuramiento de los tiempos, los destapes anticipados y el abrasamiento por llevar la contra y a la vez ‘la voz cantante’ en el proceso presidencial por el inquilino de Palacio, en una acción de 'ignorancia deliberada', nos tiene en medio de este torbellino de 'delincuentes' de la ley.

Vecinos del fraccionamiento Parques del Castillo bloquearon el tránsito de la carretera Guadalajara–El Salto, en protesta por la falta de agua que los aqueja desde hace 3 días. Aunque el Ayuntamiento de El Salto se comprometió a resolver la exigencia desde el jueves, el servicio no se había restablecido y por ello se convocó al cierre de la vialidad.

La violencia se hizo presente, luego que policías municipales y un grupo de quejosos se agredieron. El saldo de esta trifulca fue una mujer detenida.

Los manifestantes también frenaron el paso de vehículos de carga y transporte de personal de las naves industriales que hay a los alrededores. Afirmaron que si bien el problema se agravó hace 3 días, tienen meses batallando con el suministro; pues sólo llega agua algunas horas del día y carece de presión.

"Tenemos mucho con esto y no se vale, nosotros pagamos por un servicio que no se nos da, no de manera digna. Hemos platicado con la gente del ayuntamiento y nos dicen que ya se va a resolver, que ya se harán las reparaciones y nada. Antes de menos teníamos el chorrito, ahora ni eso", expresó Joséfina Rayas, una de las afectadas.

El grupo conformado por aproximadamente 60 personas portaban pancartas donde demandaban la resolución del conflicto hídrico.

Un funcionario municipal que acudió a la manifestación afirmó a vecinos que el tema ya se trabaja y que laboran para restablecer el servicio lo más pronto posible. Una falla mecánica en el sistema de bombeo sería la causante del problema.

Los quejosos presentaron un documento que data de agosto del año pasado donde había compromisos firmados por las autoridades en el tema de agua. Se afirmó que Cima Serena y Villas de Guadalupe también tienen problemas con el suministro.

El embotellamiento se presentó en ambos sentidos de la carretera a El Salto, hacia el norte llegaba hasta el Nuevo Periférico, mientras que hacia el sur inicia en San José del Castillo.

Una jueza me confesó una vez la diferencia entre un asunto de tipo penal y la disputa de una pensión alimenticia en un juzgado familiar. El 1o. llega a una sentencia condenatoria o absolutoria tarde o temprano mientras que el 2o. nunca termina. Duran años o toda la vida.

El Registro Civil del Estado me informó por transparencia que tiene registrados sólo a 97 deudores alimentarios en Jalisco. La cifra es irrisoria. Según la activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina que establece sanciones más severas para los morosos, en la entidad hay 250,000 padres que incumplen con el pago de la pensión alimenticia.

Los nombres de los deudores no son públicos, a diferencia de la CDMX. El Registro Civil me proporcionó el adeudo de sólo 17 incumplidos que a la fecha deben 5'954,000 pesos de pensión alimenticia a sus parejas. El monto más alto es de 804,000 pesos. Le sigue otro por 707,592 pesos y un 3o. que ha dejado de pagar 688,100 pesos.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos se creó en 2019 tras una reforma al Código Civil de Jalisco. La condición para ser inscrito es el incumplimiento de pago por más de 90 días. La realidad es que nunca ha funcionado.

Esta omisión de los varones se traduce en un tipo de violencia económica, psicológica y patrimonial, pues entre más poder adquisitivo del deudor, menos probable es que pague gracias al sistema de corrupción y tráfico de influencias que prevalece en el Poder Judicial de Jalisco.

Las artimañas para evadir el pago de la pensión alimenticia son innumerables: se bajan el sueldo, falsean sus ingresos, alteran cuentas de sus negocios.

El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios realiza a menudo tendederos de denuncia en espacios públicos del país. Colocan el nombre, fotografía y número de expediente. El último en Guadalajara se realizó el 21 de junio en Ciudad Judicial con motivo del Día del Padre. Participaron un centenar de madres que exigieron el pago de la pensión alimenticia de sus ex parejas y denunciaron corrupción en los juzgados para beneficiar a los deudores.

En mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por el Senado, la llamada Ley Sabina, que obliga a crear un padrón público de deudores. A los morosos se les restringirá la emisión de permisos de conducir, pasaporte y la compraventa de inmuebles ante notario. También se les impedirá presentarse a cargos de elección popular y postularse para jueces o magistrados. Las entidades tienen hasta octubre para armonizar las leyes locales.

Se trata de un golpe brutal para el negocio corrupto de funcionarios y litigantes mañosos dueños de un sistema que garantiza impunidad a padres negligentes con juicios eternos.

Pronto sabremos quiénes son esos deudores alimentarios. Entre ellos hay funcionarios, políticos y hombres de poder ocultos en un padrón anónimo. Por fortuna, eso acabará.

El Estado no puede dejar de buscar. Buscar los cuerpos de las personas desaparecidas no es una opción o una graciosa concesión, es una obligación. Por supuesto que tiene que hacerlo asegurando la seguridad de los elementos de las policías municipales e investigadoras que acompañan las diligencias, y sobre todo de las madres buscadoras y familiares. Pero esa también es su obligación: darnos seguridad a todos.

El verdadero dilema de los gobernantes no es reconocer las obligaciones del Estado, esas están perfectamente descritas en las leyes, sino administrar los recursos del erario, siempre escasos, para decidir cuáles, de todas las obligaciones que están en la ley, son su prioridad.

La ley mandata dar seguridad, la ley mandata otorgar servicios públicos, educación, salud, recreación, cultura, protección al ambiente, etc. Detrás de cada uno de los ministerios del Estado a nivel federal, estatal o municipal hay una obligación que cumplir. La violencia que hoy padecemos es el resultado de muchos sexenios en el que la seguridad y la justicia han sido conscientemente relegados por los políticos. Todos sin excepción, de 15 años a la fecha, se quejan de que recibieron un Estado violento, policías corruptas y un sistema judicial igualmente corrupto. Ninguno ha hecho nada por cambiar la tendencia. El dinero público se ha invertido invariablemente en obras de infraestructura, algunas sin duda importantes, otras intrascendentes para la vida pública y no pocas francamente inservibles por no decir fraudulentas.

Hay 2 razones por las que los políticos han preferido hacer obras y no combatir la inseguridad. La 1a. es política: el votante (es decir nosotros como sociedad) premia más la inversión en cosas tangibles y de corto plazo. La 2a. y quizá concreta es económica: la obra pública es la gran fuente de corrupción.

De nada sirve tener más carreteras si éstas están en manos del crimen organizado o si los ciudadanos tenemos miedo. Un gobierno diferente, ahora que vienen las grandes promesas de las campañas para la Presidencia y la gubernatura, no será el que prometa levantarse temprano para atender personalmente la mesa de seguridad ni el que diga dar la cara y prometa presentar mes a mes los números de la inseguridad. Los que se van ya fracasaron, aunque ellos digan lo contrario.

Un gobierno distinto será el que ofrezca poner en 1er. lugar el tema de la inseguridad y comprometa su capital político y el presupuesto en el combate al crimen. Un gobierno distinto será el que decida buscar los cuerpos de los desaparecidos, pero sobre todo las causas de la desaparición. Porque en las madres buscadoras se sintetiza el horror y la esperanza, el problema y la posibilidad de salir de él, concentrémonos en construir un gran pacto social por la seguridad con ellas en el centro de una gran política pública de seguridad de mediano y largo plazo.

Sólo buscando los cuerpos encontraremos la salida.

La historia de impunidad y de tráfico de influencias en el gremio notarial de Jalisco se seguirá exhibiendo en las próximas semanas porque la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lejos de investigar y deslindar responsabilidades en el caso de las irregularidades en la aplicación de exámenes para obtener los Fiat por parte del Colegio de Notarios, decidió solapar esos abusos, aunque ello implicara ignorar los términos de una sentencia de amparo dictada por el Tribunal Federal Administrativo.

Me refiero al caso de la sustentante María Guadalupe Sánchez González, quien el 29 de junio de 2018 presentó su examen en busca del Fiat que le permitiera ejercer como notaria pública. Como no estuvo conforme con el 60 de calificación que le dictaminaron y para el Colegio de Notarios no existe la revisión de examen por la total opacidad con la que procesan sus convocatorias, tramitó un amparo para poder corroborar sus respuestas. Pese a todas las tácticas dilatorias emprendidas por el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica del gobierno estatal para alargar el litigio y hacer desistir a la sustentante de continuar esa batalla legal, Lupita logró que la justicia federal obligara a que se le mostrara su examen.

Sobrevino así la sorpresa que dejó en evidencia todas las triquiñuelas que existen para traficar con los Fiat, que ponen en entredicho la honorabilidad y confianza de los dirigentes de los fedatarios públicos y la complicidad de los gobiernos estatales en turno: el examen había sido mutilado, le habían arrancado 7 hojas que contenían 27 respuestas de las 50 preguntas abiertas que contenía el examen. La parte de las 50 preguntas de opción múltiple estaba completa.

Pese a esta flagrante prueba del delito por parte del Colegio de Notarios, tras otros 4 años de litigios, el Juzgado de Distrito -que para especialistas en la materia debió haber ordenado la entrega directa del Fiat a Lupita porque le destruyeron parcialmente su examen-, sólo mandató que se le aplicaran las 27 preguntas que le habían sido arrancadas.

Muchos pensamos que, por el tamaño del escándalo, tanto el Gobierno del Estado como el Colegio de Notarios no sólo abrirían una investigación urgente para deslindar responsabilidades por este trama de corrupción, sino que aplicarían con total apertura y transparencia las preguntas faltantes a la víctima.

Sin embargo, y para la indignación de no pocos dentro y fuera del gremio notarial, el pasado 10 de julio que se le citó a la sustentante, la Consejería Jurídica estatal y el Colegio de Notarios cambiaron las 27 preguntas originales y le pusieron como tiempo límite 48 minutos con 6 segundos, que además de constituir una clara trampa, incumplían con lo dictado en el amparo de la justicia federal.

El claro ejemplo, sin duda, de que existe una casta notarial con protección gubernamental en Jalisco.

Poco les importa tener en riesgo la reputación del gremio notarial jalisciense, en el que nadie levanta la voz, pese a seguir bajo la lupa de la justicia federal por el caso de Lupita.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó la nueva edición del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) donde detectó un aumento en el riesgo de corrupción en compras públicas en 184 instituciones federales entre 2021 y 2022. En 76 dependencias este riesgo bajó.

En su informe señala que 7 de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021, además, detectó la falta de competencia y de transparencia como las prácticas de riesgo que persisten en las compras públicas.

Detalló que en 2022, las instituciones públicas federales adjudicaron 2'500,000 pesos a empresas fantasma, 107'868,000 a empresas sancionadas y 3,474 millones a empresas de reciente creación.

El Instituto señaló el incumplimiento de la ley, la falta de competencia, de transparencia como algunos factores de riesgo en las compras hechas por instituciones del gobierno federal.

De acuerdo a su informe, en cuanto a la falta de competencia, el IMCO puntualizó que en las compras públicas de 2022 el 38% del monto gastado se adjudicó directamente y el 25% de los concursos tuvieron 3 participantes o menos.

Respecto a la falta de transparencia, el Instituto explicó que más de 13,000 adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposiciones del público y poco más de 2,000 licitaciones incumplieron con la publicación de uno o más documentos. Además, indicó que el 4% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.

Refirió también que el 45% de las compras públicas hechas en 2022 fueron publicadas en la plataforma de Compranet días después de la fecha de inicio del contrato. Detalló que el 9% se cargaron a la plataforma entre 1 o 2 meses después.

También precisó que en dicho año el gobierno contrató proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública en los cuales ejerció un gasto de más de 107 millones de pesos.

La agresion de Lopez contra la ciudadana Xóchitl Gálvez confirma todas las preocupaciones de que el presidente violará la Constitución para no entregar el poder.

Ante la agresión, Xóchitl sólo tiene como recurso la ley. Pero el presidente no acata la ley.

Usó información del SAT para iniciar una persecución legal contra ella. ¿Denuncia correspondiente? ¿Por qué? ¿Cuál es el delito? Ninguno.

Pretende quitarle, su conexión con los sectores populares: "miren, la candidata opositora tiene dinero, y ustedes no".

El ataque presidencial refleja sus resentimientos: el que tiene dinero es enemigo... salvo que se ponga sus órdenes.

Talento, esfuerzo, estudio, sacan de sus casillas al presidente.

A López Obrador le queda el recurso de reventar la elección antes de junio, si es que para entonces no ha logrado demoler a Xóchitl.

No deja de sorprender la rabia con que López Obrador ha decidido emprender una persecución politica en contra de Xóchitl Gálvez.

Y parece que está dispuesto a todo.Le ha escamoteado la condición de pobreza en que creció, sus raíces indígenas, su éxito como empresaria, y el que sea desfachatadamente libre.

Ha ido desde la abierta grosería hasta la violación del secreto fiscal.

Para muchos se trata de un error estratégico del presidente, combinado con su necedad.

Por lo pronto, hay que salir en defensa de Xóchitl frente a la rabia presidencial y que a López lo juzgue la historia.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las giras y actos que realizan las 6 "corcholatas" son proselitistas, pero los "frenó" a medias.

La presidente de esa comisión, Claudia Zavala, planteó la prohibición de estos actos de los seis aspirantes a la candidatura presidencial porque están ocasionando daños irreversibles a la equidad de la contienda electoral. Sin embargo, los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell rechazaron prohibir las giras.

Solamente se ordenó a los involucrados que todos los actos públicos que se programaron o se efectuarán, no contengan elementos proselitistas. Y deberán realizarse conforme a lo siguiente: los actos referidos como recorridos o "asambleas informativas" se llevarán a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales. Deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes del partido Morena. No deberán emitirse expresiones de índole electoral. Previo al inicio de cada acto, ya sea un recorrido o una asamblea informativa, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido y revisar los discursos de las personas que están participando por la titularidad de la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4a. Transformación, para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas en los acuerdos. "Se deberán ajustar a los parámetros constitucionales y conducirse con legalidad y equidad".

La senadora y aspirante a la candidatura a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, rechazó que los contratos otorgados a sus empresas asciendan a 1,400 millones de pesos, y señaló que procederá legalmente por violar la ley para investigarla.

En su cuenta de Twitter, la legisladora respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el documento donde presuntamente presenta los contratos de sus empresas "deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración".

"Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar", retó la aspirante.

"Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable", sostuvo Xóchitl Gálvez.

Expuso que si bien el presidente dijo que su empresa recibió ese dinero del gobierno, pero según su propio documento no llegan ni a 80 millones.

"Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras", añadió.

La senadora subrayó que el mandatario ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar.

"Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia", manifestó.

"Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme. En el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor, le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va", advirtió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió unas gráficas con presuntos montos que suman más de 1,400 millones de pesos en negocios que las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), propiedad de la senadora Xóchitl Gálvez, firmaron en los últimos nueve años con empresas privadas y el gobierno federal, incluido el suyo.

Entre las dependencias que han firmado contratos bajo el actual gobierno con estas 2 empresas de la senadora están Petróleos Mexicanos (Pemex), Salud (Ssa), Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En su cuenta de Twitter, el jefe del ejecutivo federal señaló que envía esta información para que el empresario Claudio X. González y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo analicen y verifiquen.

Indicó que el empresario y MCCI puede ampliar la información "y hacer la denuncia legal correspondiente".

"Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en 9 años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente", dijo López Obrador.

La senadora del PAN respondió en entrevista con Ciro Gómez Leyva que esto es falso, y que si le comprueban estos contratos renunciará a la candidatura a la Presidencia por el Frente Amplio por México.

"Reto al presidente López Obrador a que demuestre que en 9 años mis empresas han obtenido contratos por 1,400 millones de pesos. Si me lo demuestra, yo renuncio a la candidatura, pero sino puede demostrarlo que él renuncie a la Presidencia", sostuvo.

Durante su conferencia mañanera, el presidente expuso que estos contratos se han otorgado con gobiernos anteriores, desarrolladores y de construcción.

"La información que me llegó es que en 9 años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos, 1,400 millones de pesos. Estamos hablando como de 120 millones por año", expuso.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal cometieron actos anticipados de precampaña y campaña al participar en un mitin en Coahuila en 2022, antes de la elección local en el Estado de México y Coahuila.

Por unanimidad, resolvió que también cometieron campaña anticipada los entonces gobernadores electos de Hidalgo, Julio Menchaca; Tamaulipas, Américo Villarreal; y Quintana Roo, Mara Lezama.

Además, se propuso imponer una multa al partido Morena, a su dirigente Mario Delgado y a la secretaria general, Citlalli Hernández, por estas infracciones a la ley electoral.

En dicho evento, Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, no estuvo presente debido a que dio positivo por COVID-19.

Tras analizar los discursos emitidos en el evento, se concluyó que "estos constituyeron actos sistemáticos o planificados para beneficiar a Morena".

El que el crimen organizado comience a utilizar explosivos para generar terror social, utilizándolo especialmente contra las autoridades en materia de seguridad, representa para las personas especialistas en la materia, la ejemplificación del retar a las autoridades y mostrar hasta donde son capaces de llegar, pues saben que existe impunidad y que no se les podrá enfrentar.

Para Nancy Angélica Canjura, investigadora nacional de Causa en Común, estas acciones demuestran que el crimen organizado tienen el objetivo de probar hasta dónde puede escalar la violencia, ocasionando una presión a las autoridades.

"Llevamos ya varios años con esta lucha infructuosa contra la delincuencia organizada que nos ha llevado a tener escenas dantescas en distintos puntos de la república; sin embargo, y afortunadamente, estos ataques no han sido constantes, pero lo que vemos es una especie de descaro, donde muestras que no tienen límites, que su nivel de confrontación extremo, donde es necesario que exista una respuesta contundente por parte del Estado mexicano", señaló la especialista en seguridad y políticas públicas.

Por su parte, Arturo Villarreal Palos, investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en seguridad y justicia, consideró que, si bien el crimen organizado siempre ha hecho uso de estos artefactos, se ha identificado recientemente y han sido utilizados precisamente para generar miedo en la población, aprovechándose de que conocen exactamente cómo actuarán las autoridades en las trampas que les ponen. Indicó, su uso demuestra la falta de inteligencia policial, pues han logrado, en la mayoría de los casos, atacar a las autoridades.

"La autoridad está actuando a ciegas. No sabe a qué se está enfrentando ni cómo va a atacar el enemigo. Pero quienes sí tienen información de cómo operan las policías son ellos, porque ellos sí tienen un despliegue y análisis de sus movimientos, y ahí están en una gran desventaja los cuerpos policiales", indicó el especialista.

Añadió, lo ocurrido la noche del martes, así como lo sucedido el pasado 29 de junio en Celaya, Guanajuato, evoca a las acciones emprendidas por el crimen organizado en Colombia, entre finales de 1980 e inicios de los 2000, lo cual habla de que las tácticas han comenzado a replicarse aprovechándose de la impunidad y la inexistencia del Estado de Derecho.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se vanaglorió del desenlace de los hechos violentos de Chilpancingo. "Sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos... Mediante una mesa de trabajo que instruí llevar a cabo al titular de la [Secretaría General de Gobierno], Ludwig Marcial Reynoso Núñez, construimos acuerdos con los manifestantes, siempre, como se ha privilegiado, dentro del marco de la ley".

No sé si el resultado sea un triunfo político para la gobernadora, pero es falso que se haya privilegiado el "marco de la ley". Después de todo, se permitió el bloqueo del libramiento de Chilpancingo, un ilegal ataque a las vías de comunicación que afectó a miles, y el secuestro de 13 funcionarios. Y sí se trató de un secuestro; la expresión "fueron retenidos" es un eufemismo para describir la privación ilegal de la libertad. Los manifestantes también robaron un vehículo blindado, un Rhino, que utilizaron como ariete para embestir un edificio público. No hay detenidos ni consignados.

Si esto fue un triunfo para la gobernadora, para la gente común fue un desastre. El bloqueo de vías de comunicación duró dos días. No solo afectó a los habitantes de Chilpancingo, sino también a los de Acapulco y otros lugares de Guerrero. La capital quedó paralizada. Se suspendieron las actividades gubernamentales y las clases. Los comercios tuvieron que cerrar sus puertas. Mucha gente perdió sus ingresos. A los políticos y a los burócratas no les inquieta, porque el gobierno les paga de cualquier manera, pero a la gente del pueblo sí le importa y mucho.

La gobernadora de Guerrero afirma que la liberación de los secuestrados y del libramiento se logró después de que los manifestantes firmaron un acuerdo para la construcción de "obras sociales". Los líderes de los manifestantes habían declarado desde un principio que este era el propósito de sus movilizaciones, pero la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, desmintió ayer a la gobernadora en la mañanera en Palacio Nacional al declarar que la movilización fue motivada por "la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas". Estas dos personas, añadió, pertenecen "a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada... por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal".

Supongo que la secretaria Rodríguez no mintió -ya que en la 4T los funcionarios no mienten, ni roban, ni traicionan- y los manifestantes actuaban realmente en representación de Los Ardillos. Cabe preguntarse, entonces, si la negociación tuvo que ver únicamente con la realización de obras sociales o si se hicieron otras concesiones a este grupo criminal. No olvidemos que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, se reunió con Celso Ortega, uno de los líderes de Los Ardillos, y no sabemos qué le prometió.

Si se hicieron concesiones a los criminales, es lamentable. El Presidente afirma, después de todo, que en el pasado se vivió un narcoestado, pero narcoestado es el que hace acuerdos con el narco, como habría ocurrido en este caso. Aun si el gobierno solo negoció la realización de obras sociales, sería un error acordarlo con quienes lo extorsionaron bloqueando una vía de comunicación y secuestrando a funcionarios. Ceder ante un extorsionador es crear incentivos para más movilizaciones que violen el marco de la ley y los derechos de inocentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este martes que su gobierno no será rehén de nadie, en alusión a la situación que se vive en el estado de Guerrero, donde pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, bloquearon ayer lunes un tramo de la Autopista del Sol.

"Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, y no estén pensando que nosotros vamos a ser represores como eran los de antes, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones", declaró el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa "mañanera" de este martes.

Los inconformes en Guerrero indicaron que tras la reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que decidieron iniciar el bloqueo.

"La instrucción que dio Rosa Icela y que fue apoyada por el gabinete de seguridad, es no caer en ninguna provocación, porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que no se va a enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien", señaló López Obrador, desde Palacio Nacional.

Además, el mandatario agregó: "Decirle a la gente de Guerrero, y a los que van a viajar hacia Acapulco, que si toman la carretera, pues que nos comprendan. Que nos ayudan si tenemos que padecer un poco, que ofrecemos, ¿no?, disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia. Imagínense que ayer se les enfrenta, traían armas".

Ayer, En su cuenta de Twitter, Capufe informó del cierre de circulación en la Autopista del Sol en ambos sentidos en el libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró que no separará del cargo tras la crisis de violencia que vive la capital y después de que fue exhibida en fotografías y un audio en una reunión que sostuvo con un presunto líder de la organización criminal "Los Ardillos".

En conferencia de prensa, Hernández Martínez dijo que está sufriendo una campaña en su contra y que la violencia que se vive es provocada por "fuerzas oscuras y perversas" que no están de acuerdo con su gobierno.

La tarde de ayer lunes, en el estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, un grupo de transportistas y pobladores de comunidades de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenango se enfrentaron a elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional.

La gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció sobre el tema y señaló su "política es de diálogo y no represión".

Por esta situación se reportó la suspensión del transporte público en la capital de Guerrero, así como el cierre de comercios y la suspensión de clases, además de que mantuvo bloqueada la Autopista del Sol.

De acuerdo con informes oficiales, las organizaciones criminales "Los Ardillos" y "Los Tlacos" mantienen una disputa por la capital.

Esta violencia ha dejado escenas de terror como el hallazgo de 7 cadáveres desmembrados regados en frente del barrio de San Mateo, desde el 24 de junio.

Además, junto con 5 cabezas humanas, dejaron un mensaje a la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez. "Saludos, presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo".

Sin embargo, la alcaldesa, Norma Otilia Hernández, negó tener un vínculo con el crimen organizado. Pero se filtraron imágenes en donde desayuna con el líder de "Los Ardillos", desde esa publicación, la alcaldesa no se presenta al ayuntamiento y ha cancelado todos sus eventos públicos, su última aparición fue un evento social en Acapulco.

Durante el fin de semana, 9 unidades del transporte público de Chilpancingo, de la comunidad de Petaquillas, Chilapa y Mochitlán fueron incendiadas, atacadas a balazos y con granadas de fragmentación en la capital de Guerrero.

La ola de violencia comenzó el sábado en la madrugada con el ataque a un taxi de Chilpancingo y una camioneta de la ruta a la comunidad de Colotlipa, en el municipio de Mochitlán.

En los 2 ataques, hombres armados interceptaron las unidades, luego les dispararon y les prendieron lumbre. El servicio del transporte público fue suspendido en las rutas de Petaquillas, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Chilapa, Tierra Colorada y en Chilpancingo.

La violencia desató miedo y zozobra en la población: escuelas anunciaron la cancelación de clases y ceremonias de graduación, se suspendieron fiestas y el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.

Por el miedo, reportan que en la ciudad desapareció el tráfico y apenas unas combis y taxis pasan por las calles, muy pocos choferes se atrevieron a salir a trabajar. Muy pocas personas salieron a la calle, muchos de los negocios no abrieron, en la Plaza Cívica y el Zócalo no había movimiento.

Las rutas de transporte público hacia Chilpancingo suspendieron el servicio, al igual que las que salen de la capital de Guerrero a la comunidad de Petaquillas y a los municipios de Chilapa, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y Juan R. Escudero. Además de que las bases estaban vacías.

Cientos de personas caminaban por las calles en busca de un transporte que los llevara a sus casas. La mañana de ayer, la escena fue similar: las paradas estaban llenas de pasajeros esperando una combi o taxi. Sin embargo, comenzaron a salir algunas unidades con la advertencia de que al 1er. balazo el servicio se suspendía la circulación.

Transportistas y pobladores de comunidades de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenango entraron a la ciudad tras romper el cerco de la policía estatal y la Guardia Nacional, lo cual provocó un enfrentamiento.

La irrupción de unos 3,000 pobladores de los municipios de Mochitlán y Quechultenango y de la comunidad de Petaquillas, obligaron a replegarse a los elementos de seguridad.

Los manifestantes tomaron un vehículo de la policía estatal, de los conocidos como rinocerontes, y con ese han ido avanzando por la ciudad hasta llegar al edificio del Palacio de Gobierno, donde rompieron las rejas para entrar.

El gobierno del Estado de Guerrero difundió un comunicado en el que informó que el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, estaba atendiendo a una comitiva, pero se desconocían sus demandas.

La gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció sobre el tema y señaló que el diálogo con el funcionario tiene lugar como parte de su "política de diálogo y no represión".

En un mensaje publicado en redes sociales indicó: "El objetivo es transitar con quienes realizan esta protesta hacia la ruta del entendimiento y los acuerdos, todo dentro del marco de la legalidad y con ello garantizar el libre tránsito a la ciudadanía de esta capital".

Pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, bloquearon ayer en la tarde un tramo de la Autopista del Sol.

Los inconformes indicaron que tras la reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que decidieron iniciar el bloqueo.

En su cuenta de Twitter, Capufe informó del cierre de circulación en ambos sentidos en el libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués.

La secretaria de Seguridad Pública de Chilpancingo, Martha Icela Velázquez Adame, afirmó que la violencia que se vivió el sábado, donde fueron asesinados 6 choferes y fueron atacadas 9 unidades del transporte público, se debe a una reacción del crimen organizado por una detención que hizo la policía estatal.

El pasado 5 de julio fueron detenidos Jesús Echeverría Peñafiel, "El Topo" y Bernardo "C" por la Policía Estatal de Guerrero, en la carretera nacional México-Acapulco, en Chilpancingo. Esta tarde ambos fueron vinculados a proceso y prisión preventiva.

"El Topo" se ostentaba como integrante de la Policía Comunitaria UPOEG, brazo armado del grupo delictivo "Los Ardillos", es señalado por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

Bernardo "C" es señalado por su probable responsabilidad en los ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea.

Ebrard, al ponderar el papel de la Guardia Nacional se preguntó: "¿Para qué se creó la Guardia Nacional? Para hacer valer la ley. La Guardia Nacional está entrenada para enfrentarse a la delincuencia". Sin embargo, a la fecha no se ha hecho valer la ley y con el ejemplo de ayer en Chilpancingo. El ofrecimiento se escucha muy "hueco".

Por derechos de autor, la mañanera de hoy jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bajada en algunos canales oficiales del gobierno federal en YouTube.

Esta mañana de jueves, el mandatario pidió poner la canción “Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, como parte de su selección de canciones contra corridos tumbados.

"Este video incluye contenido de The Orchard Music, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor", es la leyenda que aparece en el video que ya no se puede reproducir.

Todos están violando la ley. Empezó el presidente, al lanzar la campaña interna anticipada de Morena y sus aliados; lo hará la oposición si continúa con sus planes de empezar la suya. Los consejeros del INE no se atreven a intervenir: ¿Se imagina usted las consecuencias políticas de descalificar a todos los candidatos presidenciales? La reforma electoral de 2007 ha fracasado en su intento por evitar campañas anticipadas.

A nadie parece importar ya que la ley electoral vigente marca septiembre como el inicio de la contienda y la 3a. semana de noviembre para que arranquen las precampañas, y ya todos se pusieron a jugar mientras el INE morenizado de Guadalupe Taddei Zavala nada ha hecho para hacer respetar la norma, con lo que todos y todas juegan en la cancha del piso ilegal parejo.

Así como en este mismo espacio lo leyó hace ocho días con Banjército, ahora, en el mejor llamado Banco del Malestar, dirigido por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, también se agandallaron las utilidades, las cuales ascendieron a más menos 800 millones de pesos en el ejercicio de 2022. ¡Así como lo están leyendo!

Y ya ni para qué decir esta boca es mía de Luisa Alcalde, quien por poner su bonita cara fue premiada en Gobernación sin tener, vamos, ni el 10% de experiencia que la 4T pedía. Bueno, y no está por demás comentarles que, haciendo gala de que ellos son diferentes... ok, no, 7 miembros de su familia trabajan en el gobierno. ¿No que con ellos ya no habría nepotismo?

Calladitos creen que se ven mejor, pero...

Increíblemente, los trabajadores del Banco del Bienestar una vez más me buscaron para denunciar la nueva arbitrariedad que, claramente, vulnera sus derechos laborales, y que nadie dentro de la institución bancaria se atreve a dar una explicación. Ni al mismo Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco del Bienestar (Sntbabien) les han querido responder, aseguran.

"El sindicato (Sntbabien) sí metió una queja, pero no, o sea, de todos modos la echaron para atrás", comentó con coraje uno de los empleados que ha entregado más de 10 años de trabajo a la institución antes conocida como Bansefi y quien todavía recuerda que por el ejercicio de 2018 recibió por última vez utilidades, equivalentes a 50,000 pesos.

La dirección general a cargo de Lamoyi Bocanegra calla ante la solicitud de los empleados, a pesar de que en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 del Banco del Bienestar queda plasmado que la institución puede entregar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, mejor conocido como el PTU.

Uno de los empleados, que decidió alzar la voz, me contó que el ambiente laboral es un infierno porque, además de trabajar en promedio entre 10 y 11 horas, sin goce de pago de horas extra, no pueden cuestionar el atropello a sus derechos porque inmediatamente los tienen "en la mira", o de plano les exigen renunciar, porque tampoco se puede hablar de despido con todas las de la ley.

"Aunque no tengamos trabajo en puerta, decimos 'si me dan mi liquidación, vámonos, ya así', pero, como te comento, el problema es que no quieren pagar, no nos quieren tampoco liquidar".

"De hecho, en algún momento del año pasado corrieron a mucha gente, la amenazaron, le dijeron que pues mejor renunciara que porque ellos tenían todo solucionado para que no te pagaran, te ibas a pasar 3 años y no te iban a pagar y mucha gente optó por decir 'ok, te renuncio', pero otra gente no, hubo gente que metió pleito laboral", sostuvo.

Esto no es nuevo, pero ¡les vale!

No está por demás recodarles que el año pasado comencé a darle seguimiento al tema y publiqué el 18 de mayo la columna titulada Malestares que Bienestar ya no puede ignorar, que revela la ola de despidos en la institución y cómo estaban dejando en puestos clave a personas que no contaban ni con la formación académica ni experiencia y cuyo perfil profesional dejaba mucho qué desear.

"El director general dice que no es priista porque sólo es una persona que empezó a trabajar en aquellos ayeres, pero sí se atreve a juzgarnos a los demás por no ser morenistas o tabasqueños, no queremos ser más que trabajadores y seres humanos, hombres y mujeres, tratados con dignidad y respeto", contaron a la periodista en ese momento.

Sin embargo, y a pesar de ese llamado, las cosas siguieron la línea de vejación para los empleados, lo cual dejé documentado en una nueva columna del 12 de octubre de 2022, bajo el título El Banco del Congal, donde di cuenta de que, según testimonios, en un mensaje de WhatsApp que circuló entre trabajadores de la institución se señala a Lamoyi Bocanegra y a algunos de sus colaboradores más cercanos de sostener relaciones sexuales "con la nómina".

Por si no fuera suficiente, en esa ocasión otros empleados me contaron que el covid-19, en el mal llamado Banco del Bienestar, fue tratado como una "enfermedad general", porque quienes se contagiaron y debían aislarse se quedaron sin premio de prima de vacaciones y otros bonos, "porque hasta enfermarse en el Banco del Congal está prohibido".

Esto, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece la obligatoriedad de pagar a los trabajadores una parte de las ganancias generadas por la actividad productiva que ofrece una empresa en el mercado, y que para este 2023, las personas morales (empresas) tenían como fecha límite el pasado 30 de mayo, mientras que las físicas (patrones) hasta el próximo 29 de junio.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que, de no cumplir en tiempo y forma con las utilidades, las empresas y patrones pueden hacerse acreedores a multas que van de los 50 a los 5,000 salarios mínimos vigentes.

Ahora bien, ¿será también el responsable Arturo Herrera y corresponsable "el fantasma de SHCP", Ramírez de la O, de dejarlos sin sus utilidades, alegando austeridad por la pandemia?

Amenazar es lo suyo...

Así pues, y a 15 meses de que termine el gobierno de la llamada 4a. transformación, los trabajadores del Banco del Malestar siguen con la incertidumbre y su lucha contra una administración quesque se pronuncia a favor de la clase trabajadora, pero que intimida y obliga a callar a quienes exigen respeto a sus derechos laborales.

Se ve que la máxima de "los carniceros de hoy serán las reses del mañana", creen que ¡jamás les aplicará!

Leído lo anterior, les vuelvo a preguntar a las corcholatas Sheinbaum, Ebrard y López, ¿ustedes también les quitarán sus derechos laborales a los empleados de Banjército y del Banco del Bienestar o los defenderán?

Con la cancelación de la 2a. parte del llamado "Plan B", la reforma electoral hecha sobre las rodillas y sin consenso de los partidos de oposición, vamos al proceso electoral del 2024 con las mismas leyes que el 2018. Efectivamente, se trata de elecciones sobre reglamentadas, con una injerencia mayúscula del INE en la vida de los partidos y restricciones absurdas, pero esas son las reglas, diseñadas e impulsadas desde la izquierda, 1o. el PRD y luego Morena, para atarle las manos al Gobierno en turno en los procesos electorales. Esas normas que ellos promovieron y que ahora tendrán que cumplir.

La votación de la Corte contra el "Plan B" fue de 9 contra 2. En esta ocasión ni el ministro Arturo Zaldívar se atrevió a considerar constitucional una ley que, de acuerdo a lo expresado por el ministro ponente, no hubo manera que los diputados conocieran antes de votarla. Sólo la ministra Yasmín Esquivel se atrevió a defenderla porque, dijo, a quién le importan las cuestiones de forma y las nimiedades de los procedimientos legislativos. Claramente a ella no.

Ya con la claridad de cuáles son las reglas vigentes para la elección del 2024, la pregunta es si el Instituto Nacional Electoral se atreverá a aplicarlas, porque es evidente que en la campaña interna de Morena está fuera de toda norma y que se están gastando en promoción mucho más de los recursos autorizados por la ley. El partido puso a las "corcholatas" una absurda cifra de gasto de 5 millones de pesos. Eso no ajusta ni para pagar los espectaculares que tiene Adán Augusto López en la carretera de Guadalajara a Chapala o para costear los boletos de avión de cualquiera de los candidatos y sus equipos a lo largo de 3 meses. Por supuesto que es una simulación y la dirigencia de Morena se hará de la vista gorda, pues Mario Delgado es parte esencial de esta simulación. La pregunta es si el INE también lo hará.

No es una cuestión de personas. Hasta ahora, como cuerpo colegiado el Consejo General ha mantenido la pluralidad y la deliberación democrática. La amenaza no es interna, sino externa, la reiterada voluntad del poder ejecutivo, del partido en el poder y de los partidos de oposición de jugar más allá del límite de lo legal.

Para que una democracia funcione tienen que existir reglas claras y aceptadas por todos (ese sigue siendo el principal defecto del destronado "Plan B"), pero sobre todo demócratas: políticos y ciudadanos convencidos de que el poder se gana y se pierde en las urnas, que las leyes se cambian de acuerdo al consenso de mayorías y a los procedimientos legislativos establecidos, y que los poderes existen y coexisten en equilibrio. Así de fácil, así de difícil que los poderosos lo cumplan.

Las nuevas acusaciones de la Fiscalía para el Caso Ayotzinapa contra 16 mandos y soldados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en 2014, no son nuevas. Son, en términos generales, un reciclado de los que la fiscal especializada en Asuntos Internos, Adriana Campos López, desestimó el año pasado por estar basadas en una investigación deficiente que no probaba la responsabilidad de los militares en el crimen, por lo que se cancelaron las órdenes de aprehensión.

En el 2o. envión de un nuevo fiscal para investigar el crimen, se mantienen las mismas deficiencias, la falta de pruebas y la reiteración que todo el caso se sustente en imputaciones sin evidencias o declaraciones de oídas de testigos protegidos, que eran jefes y sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos. Una vez más, el presidente López Obrador autorizó a Encinas utilizar criminales para imputar militares.

La orden de aprehensión que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo le obsequió a la Fiscalía General la semana pasada únicamente agrega ampliaciones de las declaraciones de varios testigos protegidos. Gildardo López Astudillo, "El Gil", identificado como Juan en el expediente, continúa siendo el testigo estelar de las autoridades, y fue quien declaró que los militares daban protección a Guerreros Unidos a cambio de sobornos. "El Gil", identificado plenamente como uno de quienes ordenaron asesinar a los normalistas, obtuvo su libertad a cambio de imputar a los militares.

Lo que más llama la atención es la grave inconsistencia de Encinas, que utilizó chats de WhatsApp para acusar, justificar y meter a la cárcel a los altos mandos de los batallones de Infantería 27 y 41 en Guerrero, mientras que Juan, según la declaración incluida en el pliego para solicitar la orden de aprehensión, señala que el sistema de comunicación que utilizaba Guerreros Unidos era mediante Blackberry, no WhatsApp.

Las mismas omisiones que tuvo Murillo Karam las tiene ahora Encinas. Una de las más graves, probablemente sea que José Luis Abarca, que era el alcalde de Iguala en ese tiempo, no haya sido acusado por el crimen de los normalistas, como sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, o haya recuperado su libertad en el gobierno de López Obrador, porque los ministerios públicos federales no utilizaron como prueba superviniente 2 declaraciones de funcionarios municipales -contenida en el voluminoso expediente del Caso Ayotzinapa-, que dijeron haber escuchado a Felipe Flores Velázquez, que era director de la Policía Municipal en Iguala, señalaba que A1, el nombre clave de Abarca, había ordenado dar un "escarmiento" a los normalistas.

La investigación del Caso Ayotzinapa sigue sin dar resultados creíbles, por tantas contradicciones, deficiencias y omisiones, y la insistencia de culpar sin pruebas a los militares de la desaparición de los normalistas, que es el objetivo prioritario de Encinas, no va a resolver el crimen, pero sigue enturbiando el caso todavía más y tiene en su horizonte su probable colapso, de la misma forma o peor, de lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto.

Las campañas adelantadas de la y los suspirantes presidenciales lopezobradoristas encierran algo más pernicioso que una franca violación a la ley electoral. Estas giras abren la puerta al cáncer más dañino de la democracia mexicana: la corrupción.

El proceso inventado, con parches y remedos cotidianos, por Morena para promover a sus suspirantes en aras de encuestarlos y definir a quien buscará suceder a Andrés Manuel López Obrador, es no sólo legalmente grotesco, sino pernicioso más allá del hecho, ya grave, de que dinamita la equidad electoral.

Lo que hemos visto en apenas 3 días difícilmente costará al final menos de 5 millones de pesos, que es el tope de recursos que Morena ha dispuesto para cada uno de los 4 suspirantes del partido fundado por AMLO.

Más aún: lo que vemos ahora no es para nada el inicio del ilegal proceso. Los actuales desfiguros tuvieron una precuela en donde al menos 3 de los suspirantes (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard) pudieron haber abierto la puerta a la corrupción.

Desde meses atrás, al menos estos 3 suspirantes se han venido publicitando con dudoso financiamiento en bardas y espectaculares.

¿Cómo pagaron todo eso? ¿Desviaron recursos públicos en metálico o humanos para ello? ¿Están cobrando uno o varios favores? ¿O están hipotecando su futuro al llenarse de compromisos?

Son preguntas que no gustan, pero no son insinuaciones: es lógica pura. Todos esos costos serán fantasmas para este triste INE, y para la más triste Función Pública, pero no son virtuales: suponen dinero que alguien dispuso, y por el cual espera algún retorno.

Y eso fue antes de que Morena sacara sus lineamientos (es un decir, porque luego luego los han ido enmendando) de lo que se valía y no en este proselitismo disfrazado de actos intrapartidistas.

Una vez iniciado el lunes el periodo en que las llamadas "corcholatas" se podían promover libremente, el riesgo de corrupción resurgió.

Ricardo Monreal le ha puesto el cascabel al gato. Viendo lo que ve cualquiera que sale a la calle y advierte espectaculares y pintas de las "corcholatas" por aquí y por allá, ha pedido moderación a sus cocompetidores.

Él hará una campaña testimonial y acaso si le alcance el monto que le dieron para viajar por la república llamando a que si alguien pregunta en la encuesta, digan su zacatecano nombre.

Pero mítines con cientos de personas, como los de Claudia, o un poco menores para el caso pero con reportes de acarreo como los de Adán, sólo pueden explicarse con la viejísima fórmula de que se transa con liderazgos cobrando favores o prometiéndolos.

O desviando dineros gubernamentales o partidistas que eran para otros fines y que se maquillarán en el eventual reporte a la respectiva autoridad fiscalizadora.

No hay de otra: lo que vemos no suena lógico, no hay manera de que a ese ritmo el metálico de 5 millones les alcance. Si esto es así, hay corrupción hoy, pero su volumen escalará y mucho cuando se tengan que pagar estos favores.

El pragmatismo político a ultranza del presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo olvidar toda la agenda por la gobernabilidad democrática por la que luchó por años, 1o. desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y luego desde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuando pasó por sus dirigencias nacionales.

Luego de la 1a. elección presidencial que perdió en 2006 y en la que asegura le hicieron fraude para entregarle la Presidencia al panista Felipe Calderón, y 6 años después que reclamó falta de equidad en la contienda del 2012, cuando perdió ante el priista Enrique Peña Nieto, se lograron reformas electorales que endurecieron las reglas de la competencia entre los partidos políticos, que aunque excedidas, ciertamente contribuyeron a poner piso parejo y avanzar en la consolidación democrática del país.

Por eso es tan paradójico que el mayor impulsor y beneficiario de aquellas reformas como es López Obrador, hoy desde el poder haya intentado 1o. destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), que es fruto de otras luchas previas por la democracia en México, y ahora haya echado a andar una contienda interna para elegir al candidato presidencial de Morena violando los tiempos electorales, bajo la simulación de una competencia para ver quién es la o el "coordinador de los comités de defensa de la 4a. transformación".

Con esa maniobra, a todas luces ilegal, el propio AMLO pasó a dinamitar las reglas para conquistar el poder que los propios partidos políticos que él ha dirigido lograron desde la oposición, con los partidos dominantes en el poder, autoridades y sociedad.

Ese mal ejemplo tenía que cundir, y estamos ya en una especie de tránsito a la ilegalidad en la competencia política, al pasar del piso parejo que él tanto exigió al delito parejo que busca la oposición en una reacción tardía.

Prueba de ello es el anuncio hecho ayer por la alianza opositora Va por México, integrada por el PAN-PRI-PRD, de que será el próximo lunes 26 de junio cuando dará a conocer su método para elegir a su candidato presidencial, de entre 8 aspirantes, 2 de cada partido y 2 postulados por organizaciones de la sociedad civil.

A nadie parece importar ya que la ley electoral vigente marca septiembre como el inicio de la contienda y la 3a. semana de noviembre para que arranquen las precampañas.

Con el arranque de los tours de las "corcholatas" morenistas se rompió el principio de equidad y por eso la oposición está resuelta también a violar la Ley por mera sobrevivencia, mientras el INE morenizado de Guadalupe Taddei Zavala hace las veces de florero.

En nada conviene a la incipiente democracia en este país que aún sin iniciar el juego, el árbitro electoral esté ya nulificado, así que ojalá despierte y ponga orden antes de que sea demasiado tarde y la competencia electoral que viene sea un caos.

Hoy, en la cancha política, en la carrera por ganar las elecciones del 2024, Morena y sus aliados han decidido violar las leyes electorales sin pretender ocultar la mano. Lo hacen a la vista de todos, en cámara lenta, con miles de lentes como testigos, con grabaciones como evidencias y con la soberbia de quien se sabe intocable.

López Obrador y Mario Delgado, con el descaro que presumen los cínicos, cambian las palabras, una vez más, para legitimar la mentira: "No son precandidatos, son coordinadores nacionales de la defensa de la cuarta transformación". La trampa.

Así, el desfile de impunidad marcha solapado por los que criticaron los mismos hechos en el pasado y frente a los ojos del árbitro electoral que solamente los ve pasar desde la tribuna. Un Instituto que quizás ha negociado silencio y permisividad con tal de tener "autonomía" y presupuesto. Espero equivocarme.

No hay forma de ocultar lo evidente. Las precampañas van con todo. Las llamadas corcholatas se vestirán con su mejor sonrisa estudiada, comerán tacos cuando estén los ciudadanos grabando "espontáneamente", se pondrán una máscara de honestidad de los pueblos originarios cuando les convenga, bailarán con trajes folclóricos al son que dicte el presidente y recorrerán el país dejando una estela de cinismo que ensuciará el juego limpio.

Por su parte, la oposición se encuentra frente a una encrucijada: Si denuncian y no pasa nada, pierden terreno en la carrera electoral. Si se suman a la simulación y tratan de competir, validan el engaño.

El oficialismo hace trampa, la oposición los acusa. Si el INE no los castiga, los partidos opositores harán trampa. Si sus militantes y seguidores los apoyan, todos serán cómplices. Si todos normalizamos la trampa, el juego está perdido. Así la 4a. transformación de la vida pública de México.

Al final, Morena y quienes entren en este juego, se les desvanecerá el maquillaje con el que pretenden engañar a la ciudadanía y quedarán con la cara deslavada frente a la verdad. Porque no se trata de una jugada dudosa, son unos mentirosos y están violando la ley.

Es verdad que en el futbol existe la ley de la ventaja, la cual permite al árbitro dejar pasar una falta para beneficiar al equipo que tiene el balón y no cortar la jugada, pero en el caso de Morena y las precampañas para la Presidencia, la ley de la ventaja se la están otorgando al infractor.

El presidente Andrés Manuel López Obrador necesita encontrar culpables suficientemente atractivos para la opinión pública, también por razones político-electorales, y cumplir con su promesa de campaña de resolver el crimen de los normalistas de Ayotzinapa.

El presidente no podía aproximarse a la próxima campaña presidencial y finalizar su sexenio sin resolver el crimen. Tampoco podía permitir que la investigación siguiera cayéndose a pedazos, poniendo en riesgo a Encinas y a los fiscales a quienes les encargó resolver la desaparición de los 43 normalistas, quienes establecieron la verdad alterna, que lejos de esclarecer el crimen, lo enturbiaron y permitieron que criminales confesos recuperaran su libertad.

Teóricamente, si no se daba una acción presidencial de esta envergadura, para ocultar omisiones, ineficiencias o la agenda particular de sus fiscales, deberían ir a la cárcel el próximo sexenio acusados de lo mismo por lo que Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, se encuentra en prisión: inventar la verdad histórica de Ayotzinapa, con torturas, desapariciones forzadas y obstrucción de la justicia.

Para ello, López Obrador autorizó lo inaudito: reactivar 17 órdenes de aprehensión contra militares de diferente rango y un civil, que habían sido desechadas por una jueza. La solicitud fue hecha el 13 de junio pasado.

La Fiscalía para el Caso Ayotzinapa que encabeza Rosendo Gómez Piedra, un abogado tabasqueño cercano a López Obrador, acusó en esta nueva cargada contra el Ejército a un militar por el delito de delincuencia organizada, y a otros 15 y a un civil por el delito de desaparición forzada. Estas imputaciones, sin embargo, no parecen diferentes a las que hizo su antecesor, Omar Gómez Trejo, que en agosto del año pasado solicitó a la Fiscalía General 83 órdenes de aprehensión, entre los cuales se encontraban 16 mandos militares y tropa.

Gómez Trejo renunció de manera abrupta a la Fiscalía porque el 13 de septiembre del año pasado, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en Israel, la Fiscalía General solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión. Gómez Trejo filtró a la prensa la cancelación, lo que pareció un carpetazo por parte del gobierno para encubrir al Ejército, pero omitió la resolución de Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, que encontró grandes anomalías y deficiencias en el trabajo del entonces investigador en jefe del Caso Ayotzinapa.

En un oficio fechado el 9 de septiembre dirigido a Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos, Campos López señaló que en cuanto al delito de vinculación con la delincuencia organizada, no acreditaron la probable responsabilidad de los inculpados, ni su vinculación con Guerreros Unidos, de donde obtuvieron testimonios anónimos que no aportaron evidencias, sin que Gómez Trejo pudiera tampoco determinar sus tareas específicas. Con respeto al delito de desaparición forzada, precisó, tampoco pudo probar la responsabilidad de los inculpados ni establecer la circunstancia de modo en cuanto a la comisión del hecho, por lo cual resultaba difícil establecer la probable responsabilidad de los acusados. "Deficiente" es como calificó el trabajo del fiscal.

La nueva petición de órdenes de aprehensión acusa de vinculación con la delincuencia organizada a un militar -no a 16 y un civil, como el año pasado-, y a 15 militares y un civil por el delito de desaparición forzada. En los oficios consultados no queda claro cuáles fueron las pruebas adicionales que los llevaron a modificar las acusaciones originales del 2022, y habrá que esperar que se informe públicamente de ellas, para determinar si hay algo verdaderamente novedoso que los inculpe, o continúan siendo imputaciones de oídas, declaradas por criminales.

Las órdenes de aprehensión recicladas se dan en un momento crítico de la investigación. Por insuficiencia, ineficiencia o perversidad de quienes prefirieron negociar con criminales para llevar a la cárcel a militares con mando y soldados, el Caso Ayotzinapa se ha venido derrumbando. Hace 20 días, un tribunal absolvió del secuestro de los normalistas al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos cuando desaparecieron los jóvenes, porque la Fiscalía General no acreditó la existencia de esa organización criminal, lo cual deja muchas dudas sobre la integridad de los fiscales.

Haber dejado en libertad a los criminales fue una terrible irresponsabilidad, que pudo haber evitado la Fiscalía General con pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel. Pero prefirieron tenerlos libres y como testigos contra militares, arrinconando en el final del sexenio a López Obrador, a quien han dejado sin opciones para cumplir su promesa de campaña de resolver el Caso Ayotzinapa, salvo ir en contra del pilar que sostiene a su gobierno.

Aunque en 31 entidades del país el maltrato animal es considerado como un delito que se sanciona con penas de prisión y multas de diversos montos, se estima que solo se castiga el 0.01% de los casos, según una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El estudio titulado "El maltrato animal y sus sanciones en México", advierte que el problema del maltrato animal es mucho más grande de lo que se puede ver en los videos difundidos a través de las redes sociales, pues se calcula que 7 de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.

La investigación, elaborado por César Alejandro Giles Navarro, señala que, aunque la legislación mexicana no reconoce derechos a los animales, existe un marco jurídico que los protege y que parte del derecho al medio ambiente sano reconocido en el artículo 5 constitucional.

En ese sentido, explica que las leyes federales utilizan los conceptos de "bienestar animal" y "trato digno y respetuoso a los animales", mientras que algunas constituciones locales reconocen a los animales como “seres sintientes” para promover un trato respetuoso hacia ellos.

Chiapas, único estado en el que el maltrato animal no se considera delito.

Por otro lado, el estudio revela que 27 de las 32 entidades tienen leyes de protección o bienestar animal que establecen disposiciones para garantizar el trato digno a los animales.

"El problema es que estas leyes no siempre se cumplen, debido a cuestiones como la ausencia de denuncias, la falta de capacitación y de recursos de las instituciones encargadas de procurar el bienestar animal, así como la dispersión de atribuciones entre los niveles de gobierno", subraya.

Ante este escenario, la investigación apunta la necesidad de revisar las políticas públicas, los presupuestos y, en general, el compromiso y la efectividad de las instituciones para prevenir y atender el maltrato de los animales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota, lo que suma un total de 80 millones de mascotas en nuestro país, de las cuales 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y los 20 millones restantes son ejemplares de diversas especies pequeñas.

Coincido con los que piensan que las normas diseñadas para acotar las precampañas y las campañas son inadecuadas y obsoletas en muchos sentidos. En un afán de controlar los excesos, la legislación electoral es el típico caso de una excesiva reglamentación destinada a concentrarse en las faltas puntuales mientras se dejan pasar los pecados capitales.

La ley autoriza precampañas en noviembre de este año, no antes. Para realizarlas Morena tuvo que inventarse un eufemismo denominado Comités de Defensa de la 4a. Transformación y lo que ahora está eligiendo sería, en teoría, un coordinador para dirigirlos. Pero todo México, empezando por López Obrador, entiende que lo anterior no es más que una simulación. Podría sostenerse que esto no es inmoral tratándose de una ley en muchos sentidos absurda y concebida teniendo en mente otro tipo de abusos, pero deja un mal sabor de boca. Particularmente tratándose de un movimiento que entre sus objetivos persigue dignificar los valores que rigen a la vida pública del país. Habría sido deseable, y posible, modificar la ley utilizando sus mayorías en el congreso para evitarse la necesidad de infringirlas a la vista de todos.

El evidente riesgo de que, al margen del título que reciban estas precampañas, los no-candidatos cometan violaciones flagrantes a la ley y que eso desencadene procesos desgastantes o, incluso, explosivos. Recordemos que al menos hay 2 gobernadores de Morena que tuvieron que entrar al "reemplazo" de candidatos objetados por las leyes electorales (Guerrero y Michoacán).

No hay normas que impidan a 6 personas luchar para presidir un Comité de Defensa de un partido, un cargo que no existe en la legislación electoral y, por lo mismo, no está prohibido. Lo que sí está prohibido explícitamente antes de noviembre es pedir financiamiento, solicitar votos y desplegar promesas y proyectos de lo que van a hacer si llegan a la Presidencia del país. ¿Cómo imaginarse una campaña sin solicitar el voto a favor, hacer promesas o mostrar la bondad de sus planes para gobernar? Y en materia de financiamiento tendrán que hacer malabares para pintar bardas y espectaculares, organizar actos masivos, imprimir volantes, realizar viajes y mítines, y un largo etcétera, y pretender que eso no tuvo ningún costo. Y, por lo demás, no será fácil controlar a los tontos con iniciativa, que en su afán de lucirse y hacer méritos terminen cometiendo abusos groseros.

Con la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama del INE, ahora presidido por Guadalupe Taddei, la mezcla es menos hostil a la 4T, pero su composición sigue siendo variopinta. Frente a una violación ostensible no sería improbable que se sientan en la obligación de tomar medidas, al menos en contra de los casos más groseros, para salvar su imagen. Y el Tribunal Federal Electoral, última instancia al respecto, es de una inconsistencia que desaconseja cualquier certidumbre. Morena tendría que asegurar que ninguno de sus 2 verdaderos candidatos se encuentren en situación vulnerable.

Morena tiene que estar consciente de que, por razones políticas, decidió transitar por una ruta no autorizada por la ley vigente. Lo menos que puede hacer es ir a ello de manera consciente, minimizando riesgos y sin aspavientos. No hay nada en el pasado reciente que lleve a pensar que el Gobierno posee una patente de corso o una exención que le permita operar por encima de las normas, salvo la soberbia injustificada.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y compañeros de Rubén Alain Franco Orozco, desaparecido el pasado 10 de junio, han tomado medidas drásticas para exigir su localización con vida. Cerraron el Periférico Poniente con el objetivo de llamar la atención de las autoridades estatales. En solidaridad con la situación, empleados de las oficinas del gobierno federal bloquearon inicialmente el carril lateral de la vía.

Más de 100 trabajadores cruzaron la vía para cerrar ambos sentidos del periférico entre las avenidas Guadalupe y Vallarta, en la colonia Ciudad Granja del municipio de Zapopan. Su demanda es clara: exigen mayor seguridad para los jaliscienses debido a la creciente ola de violencia que impera en el estado con total impunidad.

No sé qué predomina. Si el descaro o la soberbia. El descaro de violar la ley electoral. El descaro de violar la libertad de expresión. El descaro de violar la democracia. O la soberbia de sentir que ya ganó, que él confecciona las reglas, las vuelve órdenes y termina seleccionando a quien lo suceda en el poder.

Antier, el Consejo Nacional de Morena, por instrucción del presidente López Obrador, votó a favor de violar la ley electoral. Ya tienen precandidatos y la ley dice que eso puede ser hasta la 3a. semana de noviembre. Van a hacer precampaña desde junio cuando la ley marca que tiene que ser a partir de noviembre. Y van a tener candidata(o) la 1a. semana de septiembre, cuando la ley electoral marca que debe ser hasta febrero del 2024. Para poder violar la ley, se ponen un disfraz: a los precandidatos le llaman "corcholatas" o aspirantes; a los actos de campaña les llaman asambleas informativas; y a la candidata(o) le llaman "Coordinador(a) de Defensa de la Transformación".

Como si toda esta pantomima no fuera suficiente, el toque final: el franco acecho a la libertad de expresión. Uno de los puntos que resalta el acuerdo de Morena es que los participantes "evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4a. Transformación y partidarios del viejo régimen". El presidente quiere heredar a sus corcholatas su propia cobardía para no dar entrevistas a periodistas que le puedan hacer preguntas incómodas. Veto abierto. La censura es el único resorte que queda a los autócratas que no pueden desmentir las denuncias en su contra.

¿Qué sigue? ¿Hacer también una lista de periodistas amigos y extender certificados de buena conducta? ¿Prohibir la existencia de medios de comunicación que resulten incómodos al poder, como lo acaba de hacer Cuba? ¿Condenar a la cárcel o el exilio a los medios no autorizados? La lista negra anunciada por Morena es un peldaño antes. Frente a un gobierno como el de AMLO, estar en la lista negra es un honor.

Instalado en la soberbia del que se siente histórico -aunque sus resultados sean una triste historia-, López Obrador está tratando de crear en sus "corcholatas" modelos a escala de sí mismo: mini-AMLOs que por obligación firmada ante el partido tengan que comprometerse a seguir la ruta del (mal) gobierno de él, a hacer campaña como él, a violar la ley como él, a rehuir a los debates y las entrevistas como él, y a heredar sus filias y sus fobias. Se trata de despojarlos de toda personalidad propia. De hacerlos copias malas. Y así, a través de estas pequeñas reproducciones de sí mismo, gobernar 6 años más. Menudo ego.

El otro tema que sorprende porque cándidamente lo presentan como una gran consecución, es la fecha que han establecido para hacer campaña, y que han denominado "recorrido por el país para conseguir apoyo ciudadano". Se trata, en estricto sentido, de una precampaña electoral que está fuera del marco legal, incluso si se cayera en el supuesto de que sólo se dirigirán a militantes y simpatizantes, como eufemísticamente lo promocionan en todos los partidos políticos.

Del 16 de junio y hasta el 27 de agosto, quienes se registren como aspirantes a la candidatura presidencial de Morena tienen permitido por su partido (y obvio, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque de forma indirecta) recorrer el territorio nacional para recolectar el apoyo de la ciudadanía. Ahora sí, sin ninguna "prohibición", harán campaña, participarán en mítines y sus simpatizantes organizarán eventos para promocionarlos... todo está bien, sólo que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula con toda claridad en su artículo 226 que las precampañas en una elección presidencial pueden efectuarse a partir de la 3a. semana del mes de noviembre previo a la elección constitucional, y no podrán durar más de 60 días.

¿Qué va a suceder? Simple: viene una lluvia de quejas por violación a la legislación electoral que presentarán los partidos de oposición... ante un Consejo General del INE encabezado por una persona cercana al presidente, Guadalupe Taddei.

Si ya están violando flagrantemente la legislación electoral, es poco probable que dejen de hacerlo y el INE lo sancione.

Un punto más en las reglas de Morena: los aspirantes deben firmar un documento en el que se comprometen a aceptar el resultado de la encuesta y a apoyar a quien gane la candidatura. ¿Renuncian a su derecho de inconformarse?

De plano, en Morena estructuraron reglas para una elección que se encamina a ser denunciada y que sólo fingirá ser democrática.

Además de la escalada de embates y descalificaciones presidenciales desde su púlpito mañanero a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que se intensificó desde enero que llegó la primera mujer a la presidencia, la ministra Norma Piña, Andrés Manuel López Obrador ha decidido ignorar los fallos que vienen del poder judicial, incurriendo en abiertos casos de desacato.

Aunque no es el caso con mayor repercusión, no es cosa menor y también de suma preocupación que esta inercia se haya repetido ayer que bateó el amparo que otorgó el Juzgado 2o. de Distrito en Materia Civil a la senadora Xóchitl Gálvez para que el presidente le conceda su derecho de réplica en la rueda de prensa mañanera, desde donde, como a muchos mas, le lanzó críticas a su desempeño político y aseguró que cuando fue candidata a la gubernatura de Hidalgo amenazó con cancelar los apoyos para la 3a. edad, cosa que la política panista rechazó haber dicho.

Con su taquillero tono burlón y sarcástico, López Obrador, calificó como "una jugarreta de muy bajo nivel, muy vulgar" ese mandato judicial, dijo que se reservaba "el derecho de admisión" a su mañanera, y que para dar su réplica hiciera su propia conferencia, ya que él debía cuidar el "nivel" de su foro y no abrirlo a políticos que están en campaña como ella, ya que era sólo para "informar y comunicar".

A reserva de ver lo que pase el próximo lunes que la legisladora acuda "con papel en mano para ejercer" su amparo como, asegura, le prometió acatar el presidente, es ominoso que de los rasgos autoritarios que afloran cada vez con más frecuencia en el discurso y las acciones del inquilino de Palacio Nacional esté a punto de degenerar en un estado de autocracia que rompa el orden y los equilibrios constitucionales de la república.

Y es que esa postura de ignorar los mandatos del Poder Judicial la asumió también el mes pasado que la SCJN declaró la invalidez del Acuerdo Presidencial que promulgó en noviembre de 2021 para que sus obras prioritarias y emblemáticas fueran declaradas de seguridad nacional y se les exentarán permisos, trámites ambientales, pero sobre todo que se blindaran a cualquier solicitud de transparencia. En lugar de acatar este fallo, el presidente reviró emitiendo un nuevo decreto que en el fondo declaraba de nuevo intocables sus grandes obras de infraestructura, aun y cuando legalmente no se puede enjuiciar 2 veces ningún caso.

No recuerdo un antecedente en la historia reciente del país en que un presidente desafíe tan abiertamente a la Corte y al cumplimiento de la Constitución, por eso aunque las y los ministros difícilmente se atreverán a sancionarlo por desacato, deben declarar al menos, y los más pronto posible, nuevamente inválido este 2o. decretazo.

Jalisco es el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional, pero este delito no es castigado. Por ejemplo, se registró 100% de impunidad, con relación a las sentencias emitidas por el poder judicial, según el último estudio "Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco", publicado por México Evalúa. Los asesinatos se acercan a ese porcentaje.

De acuerdo con el análisis, una de las problemáticas detectadas es que las carpetas de investigación inician sin detenidos en todos los casos de desaparición.

Sobre los castigos en esta administración, el Consejo de la Judicatura reveló que, entre los años 2019 y 2022, apenas se emitieron 9 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Lo anterior fue informado mediante una solicitud de información. Para dimensionar el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado, suman 14,979 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las cuales 6,548 ocurrieron en el actual sexenio de Enrique Alfaro.

Rubén Ortega Montes, académico de la UdeG, acentúa que el grado de impunidad en estos delitos es preocupante porque habla de la ineficacia de las instituciones, las cuales están reprobadas. "Es una impunidad terrorífica... es indolente".

En Jalisco, el 93% de los delitos no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Es la cifra más alta desde 2017.

Andrés Rojas cuenta que hace 3 semanas fue víctima de un asalto, por la zona del auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Detalla que le quitaron su celular y su cartera, y que no ha podido ir a denunciar porque no tiene tiempo por su trabajo.

"Todos sabemos que es ir a perder todo el día. Los hombres me amagaron y se fueron en un coche negro pero por los nervios no recuerdo más detalles, como placas, pasa tan rápido todo".

Agrega que canceló sus tarjetas pero no ha tenido tiempo de volver a sacar su identificación, además de que para recuperar su credencial de estudiante de Universidad de Guadalajara debe presentar una denuncia.

"Me dijeron que tengo que ir a hacer la denuncia para que me pidan otra nueva, pero he preferido pagar los pasajes enteros que ir... quizá tenga que ir en algún momento si veo que me piden la denuncia para algún otro trámite de reposición".

La cifra negra en el Estado de Jalisco corresponde al 93% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

A través de un sondeo, usuarios de www.informador.mx respondieron que el principal motivo por el cual no denuncian un delito es por las pocas probabilidades de que se resuelva, con el 68% de los votos.

La ENVIPE estima que en 2021, en Jalisco, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 35.4% y desconfianza en la autoridad con 12.5%, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad. A nivel nacional, se estimó que la principal razón por la que las víctimas no denuncian es la pérdida de tiempo con un 33.5%.

Por causas atribuibles a la autoridad se entiende por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. Por otras causas se entiende por miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.

Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se estima que la cifra negra por tipo de delito, se observa que el secuestro y el fraude al consumidor fueron los que tienen un 100% de cifra negra, seguidos por extorsión con 96.7% y la violación sexual con 96.1%.

En tanto que los delitos con menor porcentaje de cifra negra son amenazas con 87%, otro tipo de delitos con 79.2% y robo total de vehículos con 50.5%.

La ENVIPE también indica las razones por las cuales las personas víctimas de delitos no denunciaron ante el Ministerio Público en Jalisco, entre las que destacan la pérdida de tiempo y que se trataba de un delito de poca importancia.

"Cabe precisar que la Envipe (Inegi) reporta el indicador de cifra negra del año anterior a su publicación, por ello se refiere como dato más reciente 2020".

"En este sentido, puede que haya diferencias entre los valores reportados de cifra negra por tipo de delito y la incidencia delictiva, generada por el SESNSP", se explicó en el "Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco", de México Evalúa.

Los resultados finales demuestran la problemática social del país.

Durante el periodo de 2017 a 2020 en Jalisco, la confianza ciudadana hacia las instituciones del sistema de justicia penal ha seguido una tendencia decreciente, en contraste con lo ocurrido en años precedentes, así como similar a lo ocurrido a nivel nacional.

En 2020, el índice muestra que hubo un ligero incremento de la confianza a nivel estatal, mientras que una reducción a nivel nacional. No obstante, las autoridades con mayor confianza neta en Jalisco (consideradas dentro de la encuesta) fueron la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras que aquellas con menor confianza fueron los jueces y la policía preventiva, de acuerdo con el análisis de "Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco".

Por otro lado, la ENVIPE estimó que el 62% de la población de 18 años y más en Jalisco considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa, seguido del aumento de precios con 39.9% y la salud con 31.8%.

El espacio donde la población de 18 años y más se sintió más insegura fue en los cajeros automáticos en la vía pública, con el con 76.2%. Le siguieron el transporte público, los bancos, las calles y las carreteras.

Francisco Ruiz, académico del ITESO especialista en derecho penal dijo que, por un lado, es negativo que la gente no se anime a denunciar, pero si todos lo hicieran, la Fiscalía colapsaría. "Me dedico al litigio y las agencias del MP (Ministerio Público) están cargados de trabajo, no se dan abasto".

Explicó que, por ejemplo, si alguien padece el delito de despojo de una vivienda, y denuncia para recuperar su hogar, el trámite puede durar hasta 2 años, si es que no se dan "mordidas". "Las carpetas inicia pronto, tienen un buen sistema de atención temprana, el problema es que las agencias están cargadas de trabajo. Los juzgados no pueden desahogar las audiencias, humanamente no pueden".

De acuerdo con el especialista, el embudo está principalmente en la etapa de investigación complementaria. "Tardan meses en llevar al imputado ante un juez, porque al menos necesitan duplicar la cantidad de personal que trabaja en juzgados".

En el mismo ejemplo, si la persona padece el despojo, las audiencias iniciarían ente 5 y 6 meses después, calcula. "Mientras usted está sufriendo el despojo de su casa. Anteriormente en el sistema tradicional, 15 personas daban el trámite; un juez, hasta 4 secretarios, cada secretario un auxiliar, y 2 notificadores, además de personal de oficialía de partes. Ayudaban con trámites de amparo".

En comparación, remarca que ahora solamente trabaja un juez y otras 3 personas más, por lo que humanamente no se dan abasto. "Suena extraño pero si la gente denunciara, no podrían darse abasto las autoridades con los recursos que hay. Se tiene que disminuir el índice delictivo y existir políticas de prevención del delito".

Agrega que también hace falta ver en qué se gasta el dinero el Poder Judicial, y que los recursos se utilicen de buena forma. "No ay una verdadera revisión... hay magistrados ricos y el personal que hace el trabajo es pobre y está sobresaturado. Hay que revelar cuántas horas reales trabaja un magistrado y cuántas horas invierte el personal en los juzgados de oralidad penal para ver la diferencia".

El presidente sigue mandando señales de cordialidad al crimen organizado. El lunes dijo que los criminales respetan a los servidores de la nación, que incluso en los retenes de la delincuencia organizada el trato es cordial. Ayer apoyó públicamente el llamado de una mujer buscadora de Tamaulipas a los líderes de los grupos delincuenciales más conocidos para reducir la violencia. "Claro que lo respaldo", dijo, como si el problema con los grupos criminales fuera que nadie les ha hablado bonito.

No es la 1a. vez que López Obrador insinúa o dice con todas sus letras que hay que pactar con el crimen organizado. Tampoco el único político que lo ha planteado. Más allá de consideraciones morales la pregunta es si efectivamente se puede llegar a un acuerdo con organizaciones delictivas y cómo son esos acuerdos. En los años del partidazo esto era posible, entre otras cosas porque el narcotráfico, y antes el contrabando, eran una especie de extensiones o concesiones del Estado: el trafico de drogas se controlaba desde la Dirección Federal de Seguridad -todos los grandes capos tenían credencial de la DFS- y el contrabando desde el Ejército: los Arellano Félix en Tijuana y Juan Guerra en Tamaulipas son hijos de aquellos acuerdos. Más aún, contaba Manuel Camacho Solís que cuando llegó de regente del Departamento del Distrito Federal en 1988 invitó a Javier García Paniagua como director de la Policía y que éste de inmediato pactó con los criminales y les puso cuotas por delito. García Paniagua había sido director de la temida y controversial Dirección Federal de Seguridad.

El gran cambio en los últimos 35 años es que ya no son las agencias del Estado las que controlan al crimen, sino el crimen el que controla gran parte de las agencias del Estado, desde policías municipales hasta áreas completas de las fiscalías, pasando por policías estatales, jueces y magistrados del fuero común y federal. Ya no controlan puertos y rutas, sino territorios; no son más estructuras verticales sino pirámides interconectadas. En la situación actual la violencia no es un deseo maligno de un capo igualmente malo; la violencia hoy es un lenguaje y una forma de ejercicio del poder.

Ojalá el presidente tuviera razón. Que bastara pedir el apoyo de madres y abuelas; que el problema de la violencia se solucionara con 3 o 4 programas sociales y una amnistía; que los desaparecidos aparecieran porque alguien logró tocar el corazón de los criminales.

La paz no se implora, se construye. La paz se conquista recuperando territorios, construyendo Estado de Derecho, fortaleciendo instituciones, igualando oportunidades y derechos, exigiendo a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer.

La ex secretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, ex jefa de Gobierno sustituta de la Ciudad de México en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas y presidenta del PRD cuando el famoso escándalo de las ligas que embarró a López Obrador, fue liberada de las órdenes de aprehensión en su contra. La habían encarcelado preventivamente acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada por la famosa "Estafa Maestra", un mecanismo de desvío de recursos del gobierno a las campañas políticas del PRI en tiempos de Peña Nieto.

¿Esto quiere decir que la "Estafa Maestra" no existió? No, por supuesto que no. La estafa se dio, el dinero de las Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Territorial y Urbano, que debía alivianar las necesidades de los más pobres, terminó en campañas políticas. Eso fue un crimen y está probado. Animal Político documentó el desvío, dio cuenta de las empresas fantasma y las simulaciones, de las instituciones en los estados que se prestaron para sacar ese dinero e incluso de los servicios de seguridad que se contrataron para mover millones de pesos en efectivo. Que no nos quede la menor duda: la estafa existió.

Lo que no existió fue una buena estrategia de la Fiscalía de Gertz Manero. Animados más por el afán de venganza del presidente (y eso que no es su fuerte) que nunca le perdonó a Rosario Robles que los videos de su secretario particular René Bejarano metiéndose dinero a las bolsas a manos llenas hayan salido de su entorno personal, la Fiscalía procesó a Robles por delitos que a la postre no pudo probar.

El presidente obtuvo lo que quería: un [¿varios?] año de cárcel para su enemiga política. Lo que no hubo y no hay es un efectivo y verdadero combate a la corrupción. Eso no le interesa a López Obrador, como quedó demostrado en el caso Segalmex, la "Estafa Maestra 2.0". En este país la persecución a la corrupción, esa sólo existe en el discurso político, no en la procuración de justicia.

Para la Fiscalía de Gertz Manero es tan sólo otro fracaso acumulado, una raya más a un tigre muy moteado. Para los ciudadanos esto es la comprobación de que no son los gobiernos ni los gobernantes quienes van a combatir la corrupción; para ellos siempre ha sido y será un asunto político. O revivimos los esquemas ciudadanizados, como el Sistema Nacional Anticorrupción -y sus correspondientes estatales- o no habrá combate a la corrupción.

Inhibir y perseguir la corrupción es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos, el que sea.

¿Quién sabe en qué andarían metidos? Suele ser la pregunta de las autoridades cuando se denuncia una desaparición, como si la desaparición fuera una especie de condena inapelable de un juez superior, el "señor de la plaza".

Los gobiernos estatal y federal no quieren hacerse cargo de esta relativamente nueva y atroz forma de criminalidad. En ambos niveles de gobierno hay personas que hacen lo imposible con los pocos recursos que tienen, pero ni el presidente López Obrador ni el gobernador Alfaro le han dado la importancia que merece un tema tan doloroso y socialmente trascendente, porque saben que ahí no hay ganancia política. La falta de sensibilidad ante el dolor de las familias de las y los desaparecidos es quizá el mayor déficit de los gobiernos de estos 2 personajes que han decidido que les es más redituable políticamente administrar la inseguridad que combatirla.

Como sociedad son pocas las herramientas que tenemos para combatir la desaparición, aunque evidentemente nos ha faltado mucha solidaridad para acompañar las a las víctimas en su justo reclamo. El periodismo ha hecho lo suyo: lo poco que sabemos del fenómeno de desaparición es gracias a trabajos periodísticos y algunos académicos, pero claramente no es suficiente, se requiere mucha más investigación para entender el fenómeno macro y las realidades específicas por región, por municipio e incluso, en algunos casos, colonia por colonia.

Las causas de la desaparición en Jalisco son diversas, no todas responden a una misma lógica. Algunas tienen que ver con trata, otras con reclutamiento forzado, muchas con control de territorios y muy probablemente otras causas que hasta hoy no han sido suficientemente exploradas. Justamente, encontrar esos patrones y generar políticas de prevención y contención es el papel de los gobiernos estatal y federal. Investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos es lo que se espera de la Fiscalía del Estado.

Roxana Ruiz se defendió de su agresor sexual y lo mató. En mayo de 2021 la joven indígena asesinó al hombre que acababa de golpearla y violarla en su propio domicilio; la detuvieron cuando trataba de trasladar el cadáver y la enviaron a una prisión en el Estado de México. En febrero de 2022, con el apoyo y acompañamiento de colectivos feministas, logró su libertad provisional, para llevar su proceso fuera de la penal.

Hace unos días la condenaron a 6 años y 2 meses de prisión, además de pagar $280,000 pesos a la familia del agresor. De ser la víctima, Roxana fue juzgada como victimaria y sentenciada por homicidio simple con "exceso de legítima defensa". ¿Será que en medio del terror y el miedo una víctima de agresión sexual tendría que racionalizar si está "excediéndose" al tratar de defenderse? ¿O que su defensa no es "proporcional" a la agresión que se recibe?

En su recomendación No. 1 "Legítima Defensa y Violencia Contra las Mujeres", el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) plantea la necesitad de juzgar con perspectiva de género en estos juicios, donde las mujeres víctimas de agresiones han terminado con la vida o le han provocado una lesión a sus agresores.

"La aparente 'desproporción' que ocurre en algunos de estos casos, entre la respuesta defensiva y la agresión, puede obedecer al miedo de la mujer a que de no ser eficaz en el medio que usa para defenderse, el agresor puede recuperarse prontamente y descargar toda su ira contra la mujer", puntualiza el Comité de Expertas, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El caso de Roxana se volvió centro de la opinión pública y en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la joven, incluso habló de concederle un indulto. Y entonces, el asunto dio un giro: fue absuelta. La Fiscalía del Estado de México -como parte acusatoria- se desistió. Pero el caso no ha concluido porque la familia del agresor tiene hasta este viernes para apelar la decisión. Algo que probablemente sucederá.

Al caso de Roxana Ruiz se sumó esta misma semana el de Alina Mariel Narciso, una policía municipal de Tijuana que había sido condenada a 45 años de prisión por matar en defensa propia a su agresor (quien era su pareja y también policía). Su sentencia fue revocada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, al considerar que no se juzgó con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto de violencia física, psicológica y sexual que enfrentó Alina antes y durante la agresión.

Eso implica juzgar con perspectiva de género: considerar el contexto en el cual se da la agresión y la respuesta. "Existe una relación entre la defensa empleada y los medios con los que las mujeres en estos casos disponían para defenderse", subraya el Comité de Expertas de la OEA.

Si Roxana y Alina no se hubieran defendido la agresión podría haber terminado en feminicidio, y ellas serían quienes estarían muertas.

Culpar a las víctimas de violencia es ponerse del lado del agresor.

En varias ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los empresarios que paguen sus impuestos y respeten la ley. También ha repetido el principio liberal que señala que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie". Sin embargo, él mismo piensa que no tiene por qué obedecer las leyes. Incluso lo ha declarado: "Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley".

El presidente decretó este 19 de mayo una "ocupación temporal" de 3 tramos de vías férreas concesionadas a Ferrosur en un momento en que se estaban llevando a cabo negociaciones con la empresa para permitir el uso de esas vías para el ferrocarril transístmico. No rescindió la concesión, sino que mandó tropas armadas para ocupar las vías. El 18 de mayo, unas horas después de que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad del acuerdo que clasificaba como proyectos de seguridad nacional las obras de infraestructura de su gobierno, emitió un nuevo decreto, ligeramente distinto al anterior, que designaba como asuntos de seguridad nacional 5 obras gubernamentales, entre ellas el Tren Maya y el Corredor Interoceánico Transístmico.

Ayer, por otra parte, una juez de distrito otorgó una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito garanticen el cumplimiento de las leyes antes de publicar los nuevos libros de texto; lo increíble es que en México se necesite una suspensión judicial para que el gobierno se comprometa a cumplir la ley.

Hay leyes buenas y malas, por supuesto, pero la falta de ellas es un problema mayor que una mala ley. Daron Acemoglu y James A. Robinson han escrito en ¿Por qué fracasan los países? que el "Estado de Derecho" es "el principio de que las leyes no deberán aplicarse de forma selectiva o arbitraria y que nadie está por encima de la ley". La aplicación de leyes a los gobernados, pero no al monarca o a sus allegados, impide el surgimiento de sociedades con igualdad de oportunidades.

AMLO se ha servido de sus mayorías absolutas en ambas cámaras del congreso para modificar leyes que le incomodaban. Ha enmendado también reglamentos a través de decretos y acuerdos. Muchas de estas leyes y reglas son peores que las anteriores, pero los gobernados tenemos obligación de acatarlas.

Él mismo, sin embargo, no está dispuesto a respetar las leyes que no le gustan; prefiere violarlas para demostrar su poder. El presidente, por ejemplo, pudo haber logrado la aprobación del plan B o de las leyes que eliminan el derecho a la transparencia en sus proyectos favoritos sin violar las normas parlamentarias, pero ordenó la dispensa de trámites en el congreso para desechar el derecho de la oposición a debatir o incluso a leer las iniciativas. Quizá la propuesta para declarar sus proyectos de infraestructura obras de seguridad nacional habría logrado la aprobación de la Suprema Corte, si no hubiera sido porque no quiso que la oposición pudiera presentar siquiera sus puntos de vista. Ahora ha violado una vez más las leyes al ordenar una "ocupación temporal" armada de unas vías férreas concesionadas.

Sin la protección de las leyes, los mexicanos vivimos y permaneceremos en la ley de la selva. Sin leyes, el gobierno puede hacer lo que quiera, incluso mandar a marinos con armas largas a tomar una instalación concesionada porque al presidente no se le dio la gana de llegar a un acuerdo o de iniciar un proceso legal de rescisión de la concesión.

AMLO decretó una "ocupación temporal" de 3 tramos de vías de Ferrosur. ¿Cuánto tiempo durará la ocupación? "Depende de la actitud de la empresa", dijo ayer. "Lo único que quiero es la devolución de ese tramo de la concesión". Reconoce que utilizó a los marinos como pistoleros para presionar al concesionario. Así negocian los gángsters, que no acuden a los tribunales.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco se manifestó ayer afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cerraron uno de los carriles de la Calzada Lázaro Cárdenas y exigieron la entrega de cuerpos de personas desaparecidas que ya fueron localizadas.

En política los eufemismos son una forma de engaño o incluso de autoengaño, cuando no de reírse del otro, de ese que se considera el enemigo. En la Revolución Mexicana las tropas tenían prohibido robar, pues se había convertido en una extendida mala costumbre; se inventaron entonces los préstamos forzosos, que nunca se pagaban y terminaban siendo un robo, pero para la causa. Los cristeros no mataban, "ajusticiaban" al enemigo en el nombre de Dios. Los guerrilleros de los años 70 no robaban, "expropiaban" bienes de bancos, supermercados, tiendas departamentales. Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Gobierno de López Obrador no expropió las vías férreas en el sur del país, sólo las "ocupó temporalmente".

La expropiación es un mecanismo del Estado para hacerse de un bien en beneficio del país. Está satanizada porque implica una apropiación forzosa de un bien privado y atenta contra el principio básico de la seguridad jurídica de la tenencia de un bien; sin embargo, existe como figura en nuestras leyes y está perfectamente establecido no sólo cuándo, sino cómo debe llevarse a cabo una expropiación. Y no es exactamente como lo hizo el gobierno lopezobradorista, pues había un acuerdo previo que el gobierno desconoció.

El presidente sigue mandando mensajes de que le estorba la ley. Los 3 pequeños tramos de ferrocarril que fueron expropiados y tomados a la fuerza por la Marina se requieren para los proyectos estratégicos que se construyen en el sur del país. Son esos pequeños kilómetros que hacen la diferencia entre tener o no tener un sistema. Tan es así que se había llegado a un acuerdo para compartir el derecho de vía, pero a la postre el gobierno decidió que fuera sólo para él. ¿Se puede argumentar sólidamente la utilidad pública de la expropiación?, ¿era esa la única salida o había posibilidad de construir un acuerdo con el concesionario?, ¿por qué así, sin diálogo y por la fuerza?

Más allá del fondo, la forma es fatal. El mensaje, también muy revolucionario, es primero mata y después "viriguas"; primero la fuerza y después analizamos lo legal. Los eufemismos del secretario de Gobernación lejos de generar tranquilidad suenan a burla, y el uso de la Marina para la toma de instalaciones nada tiene de amoroso. Pareciera que el presidente ya decidió que hará su voluntad sin importarle ningún otro poder o freno legal, y que la política ha fracasado como forma de generar acuerdos en este país, lo cual es sumamente desalentador y preocupante.

Digámoslo sin eufemismos: los signos de una presidencia autocrática, que desconoce los límites y los equilibrios de poder, son cada día más evidentes. Ni los proyectos, ni el presupuesto, ni las instituciones, ni el pueblo, ni el país son propiedad del presidente.

El día 14 de este mes, la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, recibió el premio de Derechos Humanos 2023 en Marruecos durante la celebración de la 16a. Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esta organización, que agrupa a más de 1,400 juzgadoras de 143 países, es reconocida por su seriedad. No otorga premios "patito". Debemos estar muy orgullosos de que la ministra -primera mujer mexicana en obtener tan alta distinción- lo haya recibido en nombre de México.

Resulta paradójico que el desempeño realizado a lo largo de una vida de honestidad y congruencia se visibilice y reconozca primero en el extranjero, mientras que en México el presidente descalifica, un día sí y otro también, el trabajo de los integrantes del poder judicial, acosándolos, imputándolos, denostándolos, e incluso exponiendo sus vidas ante quienes, con razón o sin ella, han desarrollado animadversión en contra de esos servidores públicos.

Los tiempos por venir no serán fáciles. Abusando de los recursos a su disposición, AMLO insiste en intervenir, sin recato alguno, en la vida de los poderes en los que está soportado el orden constitucional de nuestra nación. Su empecinamiento por apropiarse o eliminar a las instituciones y modificar las leyes que sujetan o limitan al ejecutivo augura momentos de tensión y probables agresiones verbales y físicas, lamentablemente, estimuladas desde Palacio Nacional por quien está obligado a sembrar la concordia entre nosotros. Siempre que una persona, en este caso el presidente, pierde la noción de la realidad y se asume como dueño, conciencia y brazo armado de sus propias ideas, el riesgo de incrementar su beligerancia para disuadir a "sus enemigos" se multiplica, sobre todo cuando, por años, ha alentado el odio entre los compatriotas, erigiéndose a título personal como el "salvador de la patria". ¿Qué sigue? ¿Incendiar pozos petroleros, convertir en letrina el Paseo de la Reforma o patrocinar la violencia, como lo hizo en el pasado?

¡Cuidado! Sin caer en provocaciones, debemos mostrar nuestra solidaridad con quienes, como los ministros que integran la Suprema Corte, tienen la enorme responsabilidad de mantener vigentes las instituciones que hacen posible nuestra vida democrática, garantizando los derechos individuales y sociales de los mexicanos.

Una precondición para que el ejercicio de los derechos humanos y la democracia sean por lo menos posibles, es la libertad de las mujeres y los hombres. Y una condición para que la libertad sea un bien accesible y permanente consiste en que aquellos a los que la libertad de los ciudadanos en democracia otorgó una posición de poder público, se atengan a las leyes, para que por sobre la libertad y los derechos humanos no prive la voluntad convenenciera de un grupo o de un solo sujeto.

La Suprema Corte desechó el decreto con el que en 2021 el presidente dictó reservar la información de sus obras más costosas y dispensarlas de trámites medioambientales porque, según él, son estratégicas para la seguridad nacional. El festejo por la independencia de los ministros se unió a los previos; duró sólo unas horas. Con otro decreto (eso le pasa a la nación cuando el presidente decide habitar el Palacio Virreinal) López Obrador refrendó que la información de sus queridas obras, hechas con dinero público, debe quedar oculta, y lo hizo además con un gesto que equivale al del pistolero del oeste que se abre el saco para exhibir la Colt 44: el documento lo firmaron el almirante secretario, el general secretario y su fidelísimo amigo de Gobernación. (Ya entrados en el símil vaquero: al terminaron de firmar el documento, López Obrador sopló al humeante cañón de su metafórica arma). Nada desconocido para la historia política de México: una transformación de mera propaganda que implosiona y devasta.

El viernes pasado Gabriela Warkentin, en W Radio, entrevistó a la jurista, brillante y didáctica, Ana Laura Magaloni, que le dijo: "hay muchas cosas para saber si esto [el nuevo decreto] es un desacato o no; la Corte aún no acaba de debatir. Todavía no hace el desglose de la sentencia [ni establece sus efectos], el caso no está completamente concluido". Pero, sigue Magaloni, "a lo que resolvió la Corte el presidente acaba de decir: no. ¿Qué consecuencias tiene eso? A mí me parece que hay que irnos con cuidado, que hay que ser cautelosos con respecto a qué decimos y qué no decimos. Pero me parece que es una forma de debilitar a la Corte, de quitarle autoridad".

Volvamos al comienzo: una precondición para que el ejercicio de los derechos humanos y la democracia sean por lo menos posibles, es la libertad de los individuos. Entonces: qué decir, qué no decir de la actitud, una más, retadora del presidente. Con todo y que la postura de Ana Laura es correcta, si desde uno de los tantos análisis posibles que el caso provoca se nos impone expresar algo aparentemente exagerado y no lo decimos ¿luego podría ser demasiado tarde? O, en términos coloquiales, instalado el maximato a plenitud ¿ya para qué lo decimos? Por lo pronto, no dejemos de tomar en cuenta la sensatez de la Dra. Magaloni y unámosla a la libertad que nos pertenece: no perdamos de vista al emperador-alteza-serenísima-tirano en ciernes, y seamos críticos respecto a la dictadura perfecta que se nos está formando a plena luz del día.

Dada la relevancia de lo que ocurre en el ámbito político y social a nivel nacional, estoy plenamente convencido de la urgente necesidad de que las distintas organizaciones que concitamos la participación política de muchos miles de ciudadanos y en general la sociedad civil formemos una gran alianza para impulsar a los partidos políticos con claro carácter progresista y sobre todo democrático, ya que además de los temas a mediano plazo, es imperativo unirnos en defensa de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy particularmente cerremos filas en torno a su presidente, la valiente y honorable Norma Lucía Piña Hernández, quien está siendo víctima de una cruenta andanada de agresiones de todo tipo, vituperios y feroces ataques con el principal objetivo de hacerla caer, para "doblarla" -como también dicen algunos-, a fin de tener el camino libre hacia sus más obscuros intereses que no son otra cosa que gobernar sin contrapesos, sin rendir cuentas, sin que se les corrija, y pasando por encima de leyes y normas establecidas sólo para perpetuarse en el poder.

Expuse la imperativa necesidad de que el poder legislativo federal se mantenga autónomo y brinde su apoyo al poder judicial de la federación, que en estos momentos se ha tornado en el nuevo objeto de destrucción que el titular del poder ejecutivo de la nación tiene en la mira al considerar que le estorba.

Dejé muy claro lo que la gran mayoría de ciudadanos piensa: Ya no queremos gobiernos encabezados por iluminados, por quienes se suben al ladrillo y se quedan en las nubes y se consideran a sí mismos como dioses omnipotentes alejados de realidad del pueblo.

Gobiernos que tengan equilibrio, con respeto a la división de poderes, con respeto al poder judicial, con respeto al legislativo, un legislativo que sea equilibrio del poder ejecutivo y judicial, que siga siendo el garante del Estado de Derecho y legalidad en México, del imperio de la ley.

No queremos el riesgo que hoy vivimos de una tiranía, de una monarquía disfrazada de republicanismo, en la que sólo manda la voz de un enano en palacio de gobierno, alguien que está a punto de romper con el equilibrio global y que tiene al país sumido en un camino incierto.

Compartí una reflexión: Estamos contentos, sí, porque tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezada por una mujer que ha demostrado pasión social por el país, apego al Derecho, amor a las leyes y la Constitución, pero tenemos un grave riesgo, que queremos evitar.

Queremos decirles a las y los senadores que no permitan que el amedrentamiento, el hostigamiento, las amenazas, el intento de lapidar políticamente, inicialmente a la Suprema Corte, haga que las ministras y ministros, sobre todo la presidente Norma Piña, se doblen.

Tienen en puerta una decisión muy importante -y aquí hago énfasis-, no debe permitirse que la Corte se venza y declare adecuada, sino que al respecto declare nula la sesión espuria que sin mayoría y sin cumplimiento de quorum y sin apego al procedimiento legislativo senatorial, sesionaron en lo obscurito, entre cuates, entre amigos para modificar normas, leyes que no solamente afectan a la sociedad, afectan a México.

Si se permite que se declare efectiva esa sesión, dejaremos la puerta abierta con un gravísimo precedente, habrá el riesgo de que una minoría inadecuada, ilegal, solamente ellos, declaren juicio político a las ministras y ministros, declaren que ya no son ministros, los saquen por la fuerza del palacio del poder judicial, e impongan a nuevos personajes para que dicten justicia a su modo, y lo grave del asunto es que en ese momento el país estaría en manos de un monarca absolutista, se estaría concretando un auto golpe de estado que no podemos permitirnos.

Como ya lo comenté antes, solamente una mente enferma puede ser capaz de pensar en desbaratar de un plumazo toda institución republicana y federalista para convertirse en un tirano a sabiendas que no habrá nada que se lo impida, dado que puede hacer uso pleno de las fuerzas castrenses y con dicho presunto alevoso respaldo, perpetrar una asonada, y además destituir, perseguir, e incluso encarcelar a integrantes de las funciones judicial y legislativa del poder público del Estado, cumpliendo el anhelado sueño de "su mundo ideal", que no es otra cosa que su propia dictadura.

De hecho, lo más delicado es que se estaría tratando de incoar a ministros y ministras juicio político desde la Cámara de Diputados o el Senado, sin tener la mayoría necesaria para ello, activando un burdo e ilegal esquema de destitución, y ordenando lo que deba hacer la Fiscalía General de la República (FGR), contando además con el apoyo de la Guardia Nacional, separar del cargo e incluso por la fuerza sacarlos de su recinto a las y los ministros de la Corte para después declarar que ya no existen esos nombramientos y, sin nadie que se los anule siendo juez y parte designar a nuevos ministros del alto tribunal para tener un nuevo poder judicial a modo y le avale todas sus ocurrencias al sujeto que vive en Palacio Nacional y todo ello con el apoyo de las fuerzas armadas, a las cuales ha venido alimentando, maiceando y sobornando para que estén de su parte en esto que sería ya un golpe de estado fraguado desde el ejecutivo y con resultantes funestas, entre ellas, el evitar la elección de 2024.

El secuestro de 50 migrantes que viajaban en un camión vuelve a poner una gran interrogante sobre la política de seguridad pública del Gobierno de López Obrador. ¿Basta con la presencia de la Guardia Nacional para disuadir al crimen, particularmente al crimen organizado? ¿Ampliar el número de cuarteles -dato que el presidente suele poner por delante para hacer ver que sí están trabajando- se puede considerar como una política de seguridad? ¿Los programas sociales sirven para acabar con la criminalidad o, dicho de otra manera, es cierto que la causa de la criminalidad es la desigualdad?

De acuerdo con el informe denominado "Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena", realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, la política de seguridad real del presidente López Obrador es exactamente la misma que en sexenios anteriores. Cambiaron los nombres, cambió el discurso, pero se siguió haciendo exactamente lo mismo, con los mismos malos resultados que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Y mientras en las mañaneras la secretaria de Seguridad nos presume una disminución 16% en el número de asesinatos con respecto al inicio de esta administración, nadie en el gobierno da seguimiento a los casos de personas desaparecidas, 26 diarias en promedio durante 2022 en el país. Estadísticamente hay una alta probabilidad de que la mayoría de ellas estén muertas, enterradas en fosas clandestinas, pero de eso jamás se habla en la mañanera. El fracaso de la política de seguridad -que nunca fue tal- del presidente López Obrador tiene un terrible efecto secundario: es sumamente desmoralizante llegar a otro fin de sexenio más sin resultados.

Lo que no hicieron ninguno de los 3 últimos presidentes es investigar. De acuerdo con datos del mismo estudio, en este sexenio sólo en 22 de cada 100 casos de asesinato con violencia se inició alguna acción legal y sólo a 8 de cada 100 se les dio algún tipo de seguimiento. Ninguno de los 3 gobiernos hizo nada por la procuración de justicia excepto cambiarle el nombre a la Procuraduría para llamarle Fiscalía.

Si no queremos volver a fracasar partamos de algunas premisas de cara al futuro: 1, ninguna política de seguridad puede obviar el uso de la fuerza. 2, los programas sociales deben ser evaluados por su eficacia en el combate a la pobreza y no en relación con la criminalidad. 3, no hay solución mágica. 4, ninguna política por sí sola soluciona el problema. Y 5, sin procuración de justicia no hay justicia ni paz.

Mientras el gobierno estatal y el federal se ponen de acuerdo en si son 14,000 o 15,000 las personas desaparecidas en Jalisco, es altamente preocupante el emplazamiento hecho en días pasados por el Congreso del Estado a la Secretaría de Gobierno del poder ejecutivo estatal, para que apure la publicación del reglamento de la Ley de Personas Desparecidas, que de acuerdo a un artículo transitorio de esa propia norma, debió haberse hecho a más tardar 90 días después del 25 de febrero del 2021 cuando fue aprobada la ley en el congreso.

La prioridad que, el discurso oficial asegura, tiene en la agenda gubernamental el más cruel delito como son las desapariciones, y que en incidencia Jalisco está en el deshonroso 1er. lugar en el país, queda en entredicho con este retraso de 2 años que a decir de la presidenta de la Comisión de Gobernación del poder legislativo, Ángela Gómez Ponce, ha traído consecuencias negativas para los colectivos de familiares de personas desaparecidas que advierten que por la falta de ese reglamento no hay una aplicación plena de la ley y las búsquedas siguen sin avanzar ni mejorar.

Este incumplimiento del gobierno estatal ha desinflado también el optimismo que surgió entre las organizaciones de familiares de desparecidos, madres buscadoras y especialistas cuando en febrero de 2021 se puso fin al rezago, también de más de 2 años que tenía la Ley de Personas Desaparecidas para su aprobación, y más aún porque las y los diputados, por fin respetaron los términos en que quedó luego de más de un año de trabajo con organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición, expertos nacionales e internacionales en un proceso de parlamento abierto con las y los legisladores.

Por la gravedad del problema y por las miles de familias que padecen el infierno en vida que es no saber del paradero de alguno de sus seres queridos, el gobierno estatal debe atender cuanto antes el llamado del congreso y explicar los motivos de tanta tardanza pese a tan delicado problema.

Tuvieron que cerrar la circulación de López Mateos para que los tapatíos y el Gobierno de Jalisco voltearan a ver a los familiares.

El fenómeno de la desaparición en Jalisco no es nuevo, pero va en aumento año con año. Es una forma de criminalidad que comenzó a crecer en el estado los últimos años del gobierno anterior, con Aristóteles Sandoval, y que en el sexenio del gobernador Alfaro ha ido en aumento. Si comparamos el mismo periodo de un sexenio a otro el aumento es de 72%. Si lo vemos en números absolutos en lo que va de este gobierno hay, hasta abril de 2023, 8,127 personas que han sido reportadas desaparecidas y no localizadas. En promedio 153 al mes, 5 diarias en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro.

¿Qué tiene que ver el gobierno con ello?, preguntaría el gobernador. Ellos quisieran que nada, que su trabajo sólo fuera llevar la cuenta de esos problemas entre particulares, como simples administradores del desastre. Pero no, la desaparición de personas no es un fenómeno entre particulares, no es un problema entre vecinos, sino una forma sistemática de violencia que ejerce el crimen organizado; es una forma de ejercicio del poder de esos que -por ingenuidad o por componenda tanto de la sociedad como del gobierno- hemos denominado "jefes de plaza", los que ejercen el poder real en el territorio.

Tenemos que voltear a ver el fenómeno de la desaparición y hablar de él por varias razones. La 1a. es la más elemental solidaridad con las familias que sufren la desaparición, el más cruel de los crímenes, el del dolor que nunca cesa, el sufrimiento que se instala en los hogares para habitarlos y devorarlos. La 2a., más egoísta si se quiere, es porque todos estamos expuestos a sufrir la desaparición. Pasamos del "quién sabe en qué andaban metidos" como explicación del gobierno anterior al "quién sabe por qué los desaparecen" del actual. La 3a. es una razón de estado; mientras existan estos poderes hiper locales, en las colonias, barrios y municipios, que deciden quién vive y quién no merece vivir sobre un territorio concreto, el Estado está fallando a la 1a. y más importante de sus razones de ser que es darnos seguridad.

Hay que voltear a ver el fenómeno de la desaparición en Jalisco. Lo que está en juego no es sólo la paz de más de 15,000 familias que perdieron su tranquilidad, sino la seguridad de todos nosotros.

Familiares y amigos de desaparecidos de las zonas de Santa Ana Tepetitlán y Miramar se reunieron en la plaza principal del 1er. poblado para hacer una protesta "por el poco apoyo" que reciben de la Fiscalía de Jalisco para resolver los casos. Luego avanzaron por la calle de Santa Ana hasta el cruce con López Mateos, donde bloquearon esta vialidad durante la tarde de ayer. Fue a las 19:00 horas cuando el contingente se disolvió de forma voluntaria.

Las compras de pánico de gasolina en la capital del estado de Sinaloa duraron unas cuantas horas debido a los bloqueos de 3 plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Topolobampo, Guamúchil y Culiacán por parte de productores de maíz y trigo, ante el anuncio de los distribuidores de combustible de que tienen suficientes reservas.

Entre la tarde y noche del jueves, al conocer que los hombres del campo que reclaman que se fijen precios de garantía de 7,000 pesos por tonelada de maíz y 8,000 para el trigo, se habían apostado con su maquinaria en la planta de distribución de Culiacán. En redes sociales corrió el rumor de que habría escasez de gasolinas y diésel.

Las compras de pánico que generaron largas filas de automovilistas en varios expendios de la capital del estado, pronto desaparecieron, las gasolinerías volvieron a operar de forma tradicional, sin aglomeraciones o largas filas.

Pese a que los productores de granos se mantienen firmes en sus bloqueos a las 3 plantas de Pemex, en los municipios de Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán, la demanda de gasolinas y diésel en los expendios autorizados se normalizó.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de la Organización de Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que están citados el próximo lunes a una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para volver analizar la situación de la comercialización de las 5.5 millones de toneladas del maíz y el precio de 7,000 pesos.

Dio a conocer que en caso de que no se tenga una respuesta convincente para los hombres del campo, el próximo movimiento sería la toma del aeropuerto internacional de Culiacán como medida de presión para ser escuchados.

El pasado 10 de mayo, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, convocó a los manifestantes liberar los bloqueos de las plantas de Pemex, ante el riesgo que se presente desabasto de combustible y se afecte a terceras personas ajenas al conflicto.

Les ofreció que, previo a la reunión con el secretario de Gobernación, celebrará con ellos, una mesa de análisis para analizar las condiciones de los mercados de consumo.

Las amenazas de Andrés Manuel López Obrador no se pueden tomar más a la ligera cuando nos ha dado muestras fehacientes de su cada vez más marcada falta de cordura. Si espeta que el Poder Judicial debe desaparecer y lo mismo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se debe asumir ya existe una estrategia y en marcha toda la maquinaria del Estado para llevar a cabo tal fin. Es decir, después de lo observado en lo que va de su gobierno, se debe tener por cierto que cualquier idea, por más que suene a ocurrencia a tontería o a chunga, no cesará hasta conseguirlo.

Y los antecedentes ahí están; cuando dijo "al diablo las instituciones", no dudó en ir por ellas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE) -que afortunadamente la sociedad civil y la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) pudimos defender aunque otras no corrieron con tanta suerte.

Cuando ha propuesto reformas nada le ha significado un obstáculo; se ha dado el lujo de exigir a sus deshonestos diputados y aliados "no mover ni una coma" a sus iniciativas y obligarlos a incurrir en ilegalidades.

En un acto de excesiva prepotencia y soberbia, los mexicanos fuimos testigos de la alta afrenta a nuestra carta magna cuando gritoneó: "Y no me salgan con que la ley es la ley".

Afortunadamente la Suprema Corte está demostrando todavía tener la fuerza, el coraje, y la convicción para defender e imponer y hacer cumplir las leyes que emanan de nuestra Constitución, mayormente desde que la ministra Norma Piña Hernández tomó las riendas del más alto tribunal de nuestro país haciendo gala de un enorme aplomo y un respeto irrestricto a nuestra carta magna.

Debemos preocuparnos y ocuparnos en apoyar a las ministras y ministros, expresándoles reconocimiento y respaldo, pero además solicitarles persistan y no se doblen ante los amagos, amenazas y ataques del dolorido tabasqueño, que ahora lanza ofensas y vituperios al Poder Judicial por actuar responsablemente en favor de la nación y del pueblo.

El "podrido" es en todo caso quien los acusa, pues pretende imponer un modelo de dictadura omnipotente sin contrapesos ni obstáculos a su perversidad para seguir en su aberrante empeño por destruir las instituciones, pues "su mundo ideal" es, sin duda, presidir sin Poder Judicial y con Poder Legislativo dominado y pelele a su fétida conveniencia política personal.

De tal suerte que en este momento cobra fuerza una parte muy importante que ha sido fundamental en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), y me refiero al apoyo de la sociedad.

Norma Piña, y las ministras y ministros que no le responden al ejecutivo de la nación nos está otorgando a la sociedad y al pueblo de México la certeza de que aún no todo está perdido bajo la égida del actual régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador y es menester que las mexicanas y los mexicanos respondamos como lo hicimos en defensa del INE.

No podemos ser negligentes u omisos a lo que está a la vista de todos. Si es que desde cualquier óptica se perciben alarmantes señales que se envían cada vez más insistentemente desde las cámaras del poder legislativo, la mañanera, Palacio Nacional, las redes sociales y todos los medios que dispone la llamada 4a. Transformación. El riesgo ahí está y lo que queda es alertar a la gente, resistir, salir nuevamente a las calles a defender a nuestra Constitución, a la SCJN, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad, la vida y la dignidad de los mexicanos.

El fallo es muy importante para la preservación del Estado de Derecho en nuestro país. El gobierno tomó la decisión de forzar la aprobación de las reformas electorales a pesar de que sabía que eran inconstitucionales, como lo advirtió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; pero además quiso hacerlo con un abierto desplante de arrogancia, violando leyes y reglas parlamentarias, humillando a la oposición, pretendiendo que en este régimen el papel de las minorías es "callar y obedecer".

La arrogancia, sin embargo, tiene costos. Si bien los ministros pueden haber discrepado, el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, muy cercano al presidente, declaró: "Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió".

El apabullante voto, 9 contra 2, no deja lugar a dudas: la forma en que el poder legislativo procesó la 1a. parte del llamado "Plan B" electoral está fuera de las normas que marca la Constitución para aprobar una ley. Sí, no basta tener mayoría, hay un proceso legislativo que se debe cumplir y que implica, entre otras cosas, que todos los ciudadanos y nuestros representantes sepamos qué se está discutiendo (máxima publicidad, le llaman); que quienes tengan algo que decir al respecto puedan expresar sus argumentos (por eso es parlamento); y que se someta a votación sólo hasta que esté suficientemente discutido. Así es la democracia. No es un invento de "los corruptos neoliberales" o de "los conservadores", son cientos de años de aprendizaje parlamentario.

Desde hace varios sexenios la Suprema Corte de Justicia ha echado para atrás todas las leyes producto de los llamados albazos. Nadie se puede llamar a engaño: el presidente, el secretario de Gobernación, los líderes de las bancadas y muchos de los diputados sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era ilegal, y sin embargo lo hicieron. (Algunos de los llamados diputados levanta dedos que no leen ni en defensa propia seguro no sabían, no saben de proceso legislativo y les importa un comino, pero ese es otro tema.) La pregunta entonces es: ¿por qué lo hicieron, por qué lo siguen haciendo?

La única respuesta posible es que lo hacen para estresar a las instituciones de la República. Lo que están haciendo, conscientemente, es generar una animadversión contra la Suprema Corte de Justicia. Ayer mismo el pregonero de la 4a. Transformación, Epigmenio Ibarra, comenzó una campaña contra la Corte que él mismo llamó "Plan C", una reforma al poder judicial, que, como lo han esbozado desde principios del sexenio, no es otra cosa que nombrar una corte constitucional por encima de la SCJN. Para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el "Plan C" es ganar la elección federal con mayoría suficiente para modificar la Constitución. Si en el 2024 los mexicanos le damos mayoría constitucional en las cámaras al presidente, el que sea, éste podrá plantear las reformas al INE, al INAI, e incluso a la Corte que considere convenientes. El planteamiento es absolutamente democrático, si y sólo si el gobierno no mete las manos en la elección.

Lo que es una canallada o una estupidez (el poder no sólo envilece, también embrutece) es argumentar que los ministros no tienen legitimidad porque no fueron electos por el pueblo. A los ministros los propuso un presidente electo por voto popular (el actual, por ejemplo, propuso a 4 de ellos) y los escogieron y nombraron de una terna 128 senadores electos en las urnas: 96 de forma directa y 32 por vía plurinominal. Si los ministros carecen de legitimidad democrática es porque el presidente y los senadores no la tienen.

El mensaje de la Corte es claro: en democracia las reglas importan. Ojalá algún día ese sea el "Plan D" de quienes se abrogan el deseo de transformación.

Lo que ocurrió en el pleno de la Suprema Corte arrancó aplausos atronadores en un sector político del país, y también provocó una tremenda molestia en el otro sector, en particular en la oficina de la Presidencia, y tanto así que antes de la sesión del pleno de la Corte habían lanzado una amenaza: si rechazaban el "Plan B" lo considerarían una intromisión en la división de poderes.

¿Qué se propone la Presidencia? ¿Desacatar lo que ya determinó el pleno de la Corte? ¿Imponer la legislación que ha quedado anulada? Parece descabellado, pero los tiempos que corren en nuestro país dan para todo. Pero ese asunto ya corre por su propia vía y habrá que esperar la reacción del presidente López Obrador, seguramente en su mañanera, en la que hablará mal de los ministros que votaron contra su reforma electoral.

La Corte, hay que apuntarlo, avaló el proyecto del ministro Pérez Dayán, quien no reprobó la reforma en sí, sino las formas: el desorden legislativo y la votación realizada sin apego a lo que marca la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo. Deberá servir de lección a los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde, que acostumbran imponer sus posturas por el solo hecho de ser mayoría, y además, atropellando las reglas más elementales. Así no puede concretarse ninguna transformación nacional.

Además, vale considerar que el rechazo al "Plan B" de la reforma electoral atiende las demandas ciudadanas que se habían expresado en 2 megamanifestaciones en defensa del sistema democrático y el Instituto Nacional Electoral (INE) en decenas de ciudades de la república.

Aunque la determinación de la Corte no obedece a lo que demandaron miles de ciudadanos en esas movilizaciones, sí tiene peso la exigencia de cientos de miles de mexicanos que se movilizaron y que expresaron su desacuerdo con la reforma propuesta por la Presidencia para disminuir el área de influencia de las instituciones ciudadanas.

Los objetivos que sí han merecido aprobación generalizada, como la reducción en los costos injustificados de los organismos electorales y los procesos electorales, merecen otra oportunidad. El problema de Morena y sus legisladores, incluso la propuesta presidencial de reforma, se plantearon mal desde el principio: desde una postura de revancha, no con el ánimo de mejorar el sistema. Su proyecto fue vencer a los adversarios, a las élites neoliberales. Pero no trabajaron las propuestas, no hicieron la tarea y confiados, no consideraron que la Suprema Corte se convertiría en la última frontera de la legalidad en el país.

El "Plan B" está liquidado. Ya vendrá la siguiente batalla.

Expertos constitucionalistas señalaron que con la resolución el máximo tribunal dio muestras de independencia y de no dejarse presionar. Asimismo, aseguraron que la 2a. parte del "Plan B" y las reformas aprobadas durante la llamada noche negra correrán la misma suerte.

Francisco Burgoa, profesor de Derecho por la UNAM, consideró que haber declarado la invalidación total del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas por vicios en el procedimiento legislativo "es un mensaje contundente hacia Morena y sus aliados".

"Me parece una sentencia sumamente impecable. Era importantísimo que la Suprema Corte pudiera mandar este mensaje a la mayoría parlamentaria que conforma Morena y sus aliados, es un mensaje de defensa del orden constitucional y decirle a la mayoría parlamentaria que, aunque tengan mayoría, no pueden faltar al procedimiento legislativo, tienen que respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República".

Burgoa aseguró que la Suprema Corte queda como "último dique de defensa de la Constitución", pues los ministros "no se están dejando presionar ni intimidar", y recordó que para la 2a. parte del "Plan B" el ministro ponente es Javier Laynez, quien votó a favor de la resolución.

"Pareciera que el magistrado también se va a centrar en el estudio de la forma y del fondo. El objetivo es dejar en claro que cualquier reforma que se apruebe en el congreso debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, y yo espero que esta votación sea un preludio de lo que ocurrirá al momento de que se revuelva la 2a. parte del ‘Plan B’ electoral, lo que será en los próximos días".

Por su parte, el doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo, señaló que la Suprema Corte "rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría".

"No fue un tema en el que la Corte haya tenido que batallar, realmente fueron tantas las irregularidades y las inconsistencias que el máximo tribunal comprobó a través de sus precedentes que estas reformas se aprobaron en fast track, sin que se justificara la urgencia para dispensar todos los trámites, lo cual deja descubierto el desaseo monumental que hubo en las cámaras del congreso".

Consideró que lo anterior abre un precedente sobre lo que debe ocurrir en el análisis de la segunda parte del "Plan B" y de las reformas avaladas en la llamada "noche negra".

"En estos 2 episodios se cometieron, de igual forma, importantes errores legislativos, por lo que auguro que igualmente serán sujetos de declaraciones de inconstitucionalidad".

Astudillo advirtió que se aproxima un momento de tensión política importante y adelantó que "es probable" que la bancada de Morena busque que renazcan estas iniciativas, entre otras cosas.

"Van a redoblar esfuerzos para acosar a la Corte. Puede que quieran reformar a la Suprema Corte, que quieran quitar a estos ministros y a poner a nuevos, y esto a final del día nos habla de un endurecimiento de recursos hacia el final del sexenio".

Ante este escenario, Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, señaló que el congreso mexicano "tiene que estar consciente de que vivimos en una etapa de madurez en la que todas las personas y todas las instituciones pueden tener criterios y opiniones diferentes, pero que lo que cuenta es que una vez que se da una resolución como la que ha emitido la Corte todos tienen el deber de cumplirla y de acatarla".

Sobre el futuro de la 2a. parte del "Plan B" y las reformas aprobadas en la noche negra, Valadés consideró que el máximo tribunal "ha dado muestras de independencia en su criterio y en su actuación".

"Lo más probable es que también se invaliden, porque la alteración o el incumplimiento del proceso legislativo parece que fue generalizado, pero hay que estudiarlo todo de manera muy severa, muy seria, muy responsable, y sin anticipar ningún tipo de decisión”.

Desde el 1er. día, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demostró su desprecio por la ley y el Estado de Derecho, pero ahora, con el reiterado tráfico de influencias por parte de sus hijos, México entró en la peor etapa de corrupción del país, de una cínica y abierta impunidad, afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado, el líder panista denunció que México "está siguiendo los pasos de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los hijos y más cercanos de los presidentes se enriquecen a manos llenas, a la vista de todos, sin que haya fiscalías o procuradurías de justicia que se atrevan a investigar sus actos ilegales y mucho menos a castigarlos".

Destacó que el propio López Obrador promueve y justifica la corrupción de sus más cercanos. "Esta actitud es clarísima en un ejemplo reciente. Cuando se reveló que un secretario de estado utilizó aviones militares para irse de vacaciones con su familia e invitados, pagando hoteles y restaurantes de lujo, el presidente respondió: '¿Y qué? ¿Cuál es el problema?'".

Señaló que hay muchos ejemplos a lo largo de 4 años, "pero hay uno que tiene que ver con otro de sus hijos: los contratos por 100 millones de pesos entregados por el gobierno a sus amigos. Cuando el presidente López Obrador dijo que 100 millones de pesos "no son nada".

En este contexto, preguntó Cortés Mendoza: ¿Quién se va a atrever a investigar a los hijos del presidente? ¿El amigo al que puso en la Fiscalía General de la República? ¿La fiscal que puso en la Ciudad de México para encabezar la persecución política en contra de la oposición?

"Las y los mexicanos merecemos una investigación a fondo sobre los delitos en los que han incurrido de manera sistemática y reiterada los hijos y cercanos del presidente de la república. López Obrador les debe una explicación a todos los que ya estamos hartos de los abusos de poder, del nepotismo, de la corrupción y el robo de dinero al erario", recalcó.

Recordó que para el mandatario el proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco era sinónimo de corrupción y ahora resulta que mediante el llamado "Cártel de Andy", los amigos del hijo del presidente obtuvieron millones de pesos para encargarse del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, un proyecto que se ofreció en campaña y que no se concreta.

El presidente nacional del PAN apuntó que los conflictos de interés son habituales, pues otro hijo del jefe del ejecutivo, José Ramón López Beltrán, primero vivía en la Casa Gris de Houston y luego en una casa de Coyoacán, ambas, propiedad de personas que reciben contratos del gobierno federal.

"El buen juez por su casa empieza, así es que le exigimos, presidente, que empiece por su casa, usted dijo que las escaleras se barrían de arriba hacia abajo, ahora cumpla", demandó Marko Cortés, quien sostuvo que claramente esta es la razón por la que Morena busca desaparecer al INAI, "porque quiere evitar a toda costa que se conozcan los contratos millonarios que benefician a su familia. Este gobierno se ha convertido en el más corrupto, en el más cínico y el que más abusa de su poder".

El Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional de Policía (Interpol) rescataron a 4,549 personas extranjeras en condición de estancia irregular, que transitaban por territorio mexicano durante 2022.

Sin embargo, como lo han denunciado activistas y organizaciones contra la trata de personas, es mínimo el número de personas detenidas y procesadas por el delito de trata de personas en México.

Rosendo González Torres, de 56 años, marakame (médico tradicional) de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, fue asesinado junto con su nieto de 17 años el 7 de enero de 2022. Sus cuerpos fueron encontrados en una barranca cercana a su comunidad. Rosendo González era reconocido como un defensor del territorio comunitario frente a los intentos de despojo emprendidos por empresas ganaderas y mineras.

Verónica Guerrero era una abogada ambientalista que representaba al Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, en la lucha legal contra la operación irregular del basurero de Matatlán. Fue asesinada en el Centro de Tonalá el 3 de febrero de 2022. La abogada había recibido amenazas previamente.

Rosendo González y Verónica Guerrero son 2 de los 24 defensores del territorio y de los derechos de la comunidad que fueron asesinados en el año 2022, de acuerdo con el "Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2022", que publica el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las agresiones letales contra defensores del territorio es el último recurso en un catálogo de violencias que parten desde las intimidaciones y hostigamiento, incluyen el espionaje y la difamación y pueden llegar a la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. La lista del Cemda incluye un listado de 23 distintos tipos de agresiones.

A ese catálogo de agresiones se enfrentan quienes defienden sus territorios, ya sea un bosque, un río, una playa, o bien una colonia o un parque público. Todos los bienes comunes que están expuestos, por lo regular, a los intereses mercantiles y de valorización del territorio por empresas particulares, y en ocasiones asociados con las autoridades o el crimen organizado.

Desde que Cemda lleva a cabo estos informes en 2014, 2022 es el año con más eventos de agresión. Un evento de agresión es el momento y el lugar donde ocurren las agresiones que pueden ser una o varias por ser ataques a varios defensores en un mismo episodio. El año pasado ocurrieron 582 agresiones en 197 momentos de agresión.

En 2014, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, hubo 78 momentos de agresión, y en 2019, el 1er. año de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 39 episodios de agresiones, pero fueron aumentando año con año: 65 en 2020, 108 en 2021 y 197 en 2022. La agresión más constante, según Cemda, es la intimidación con 148 casos, seguido del hostigamiento con 116. Lamentablemente la violencia va en aumento con 17 homicidios, 7 desapariciones, 3 privaciones ilegales de la libertad, 2 secuestros y 2 casos de desaparición forzada. El estado con más agresiones letales fue Guerrero, con 7 defensores asesinados, seguidos de Oaxaca, Puebla y Chihuahua con 3 defensores que perdieron la vida el año pasado.

De acuerdo al informe de Cemda, casi la mitad de las víctimas (46.2%) son integrantes de comunidades, en su mayoría pueblos originarios como fue el caso de Rosendo González. Y la mayoría de las agresiones ocurren en contextos donde operan las empresas mineras, con casi 20% de los casos, a los que le siguen la defensa de la biodiversidad con 19.3% y forestal con 16.8%. A la cabeza de perpetradores de agresiones aparecen actores de gobierno con 45% de los casos, seguido de delincuencia organizada con 13%. En 21% de los episodios violentos los agresores no están identificados.

Lo más preocupante de todo este recuento de violencia es que se ataca justo a los sujetos que están al frente de la defensa de la casa común, las personas y comunidades que defienden los bosques, el agua, la biodiversidad que son patrimonio de todos.

La Suprema Corte de Justicia se ha convertido en el último bastión de defensa de la Constitución.

Y por el hecho de cumplir ese papel, también se ha vuelto en "el villano favorito" del presidente de la república.

Eso explica el enojo de López Obrador ante la decisión de la mayoría calificada de los ministros respecto al tema de la Guardia Nacional, la cual rayó en lo insultante y grotesco.

La Corte ejerció la función que tiene encomendada, y determinó que la reforma a la ley de la Guardia Nacional era violatoria de la Constitución.

El responder: "No les tomen ni el teléfono", da la dimensión de la molestia del presidente.

Afortunadamente, la mayoría de los ministros ha entendido el rol que está jugando, resistiendo la presión que implica la actitud agresiva de López Obrador.

Con su determinación, la Corte no estaba juzgando la eficacia de la política para combatir la inseguridad ni tampoco estaba legislando. Lo único que hizo fue revisar la constitucionalidad de una ley.

Desde que se aprobó, diversas voces señalaron la inconstitucionalidad de la medida.

El Artículo 21 de la Constitución establece lo siguiente: "La federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional".

La mayoría de la Corte estableció que la reforma de septiembre del año pasado contradecía los términos del artículo 21 constitucional.

En nuestro sistema jurídico, cuando esto sucede tiene preminencia la ley fundamental sobre las leyes secundarias, por lo que deben anularse las que contradigan la Constitución.

El presidente López Obrador había señalado originalmente que su pretensión era reformar la Constitución, pero al darse cuenta de que no contaba con los votos suficientes para hacerlo, entonces optó por saltársela mediante una reforma legal que solo le exige mayoría absoluta, con la cual sí cuenta.

El enojo de AMLO aumentó cuando percibió que la presidenta de la Corte buscaba hablar con la responsable de la Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, sobre los detalles del cumplimiento de la resolución de la Corte, en una actitud de racionalidad y cortesía política entre poderes.

A la Corte como a otros tribunales, como el Electoral, le esperan grandes desafíos, pues hay temas pendientes que deben resolverse y otros que probablemente aparecerán en el futuro próximo.

Se va a requerir que los ministros perciban el respaldo público frente a la agresión presidencial.

La marcha del pasado 26 de febrero fue crucial para darle a la mayoría de los integrantes de ese tribunal la certeza de que hay respaldo de la población.

Una encuesta publicada el pasado 21 de marzo reveló que el 61% de los entrevistados tenía confianza en la Corte, una cifra superior al nivel de aprobación del presidente López Obrador, algo que tampoco le gustó nada al jefe del ejecutivo.

El reto para el bloque mayoritario de los ministros será resistir presiones porque las habrá más intensas aún, y seguir haciendo hablar a sus sentencias... aunque el gobierno federal no les tome ni el teléfono.

El llamado bloque opositor en el Senado celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional sea quien controle y esté al mando de la Guardia Nacional, así como se ordena que dicha institución creada en este sexenio regrese al mando civil.

Las bancadas oficialistas señalaron que respetan la decisión de la Corte, pero el ala dura de Morena repudió a los ministros que votaron a favor del proyecto y felicitaron a quienes se opusieron al mismo.

Del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo en rueda de prensa que con esta sentencia se frena la espiral militarista impulsada por este gobierno y también se pone freno al espionaje del Ejército sin orden judicial.

"1o. porque la Suprema Corte reivindica su papel de defensa de la Constitución, 2o. que la Constitución no puede modificarse de forma fraudulenta y 3o. es un poderoso mensaje, este, junto con declarar inconstitucional el espionaje de parte del Ejército sin control judicial, porque entonces eso evita avanzar en la militarización indebida de México, avanzar en el militarismo".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, dijo que fue un reconocimiento a que el bloque de contención está cumpliendo con su responsabilidad y que la corte dio una lección muy importante de cumplimiento del Estado de Derecho.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), comentó que siempre fue un despropósito el traslado de la Guardia Nacional al ámbito militar y aplaudió a los 8 ministros que votaron por el respeto a la Constitución.

"Era un despropósito trasladarle a la Secretaría de la Defensa y a mí me da mucho gusto que, por mayoría, por dignidad, le dé la razón al bloque de contención", indicó.

Lamento la actuación de la ministra Yasmín Esquivel, quien no debería estar en la Corte y sobre el voto de Arturo Zaldívar lamentó que defiende el militarismo que rechazó en otros tiempos y con ello pierda cada vez más prestigio.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que el máximo tribunal del país le dio la razón a la oposición y a la sociedad civil que se opuso a la militarización del país y a la confusión de este gobierno en materia de seguridad pública, que debe ser civil.

"Es muy importante para el bloque de contención porque representa una victoria legal y representa un tenían razón, pero es más importante para México, el que exista por fin, en definitiva, una resolución que marque qué es militar y qué es civil y cómo no se puede confundir, particularmente en lo que se refiere a tareas de seguridad".

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que la decisión de acatarse y recordó su voto cuando se aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que la decisión debe acatarse y recordó que en lo personal votó diferente a su bancada.

"Bueno, yo expresé en su momento un voto particular y no puedo agregar más, no quiero ponerle sal a la herida, respeto la decisión de la Corte porque finalmente es la última instancia, ya no hay otro tribunal que enmiende esa resolución, va a ser una decisión difícil, porque finalmente ya estaba trabajando la Guardia Nacional bajo el mando operativo de la Sedena ahora regresa a Seguridad Publica".

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, reconoció que la sentencia de la Corte es inatacable y deberá ser acatada.

La resolución de la SCJN, que declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, "es un acierto para garantizar el carácter civil" de ese cuerpo de seguridad, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En redes sociales, el dirigente nacional del tricolor dijo que construir un México más seguro y en paz es posible desde las instituciones civiles.

Por eso, recordó, "en la Cámara de Diputados y en el Senado votamos en contra" de la iniciativa de Morena.

Alejandro Moreno sostuvo que "militarizar no es la solución a los problemas de la nación".

Por separado, el CEN del PRI celebró la decisión de la SCJN que declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Como lo argumentamos al votar en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, la militarización no es la solución a los problemas de México", expuso la dirigencia nacional.

Por otro lado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, también celebró la "histórica" resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció por mayoría que es inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El tiempo nos da la razón", señaló el líder panista, quien recordó que los partidos de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte ante el intento del gobierno federal para tener una policía militarizada.

"Reconocemos que se mantenga a la Guardia Nacional con carácter civil, una demanda que el PAN ha hecho desde un inicio. Es un triunfo y felicitamos a los ministros por su independencia e imparcialidad, dieron un gran paso y demuestran a los mexicanos que existen los contrapesos en este país y que el poder judicial pondrá freno al autoritarismo que se ejerce en Palacio Nacional".

El jefe nacional de los panistas alertó que se debe detener el avance del militarismo y velar por el Estado de Derecho y la democracia, porque el presidente y Morena le otorgan a las fuerzas armadas atribuciones que no tiene y las expone a la corrupción, lo que pone en riesgo la seguridad del país.

Marko Cortés expresó su respeto y agradecimiento a las fuerzas armadas por su invaluable servicio a los mexicanos y la dedicación y entrega en el cumplimiento de sus funciones, pero insistió en que no deben ser los principales responsables de la seguridad pública.

"No a la militarización de México, sí a la seguridad, la paz y la tranquilidad con policías civiles bien pagados, capacitados y entrenados", concluyó.

Alejandro Hope, experto en seguridad, indicó que lo resuelto en la Corte este martes no sólo es importante por el tema de la Guardia Nacional. "Es también un macanazo seco a la lógica de los 'Planes B'. Esto manda el mensaje de que no se puede legislar contra la Constitución", dijo Hope.

El experto comentó también en sus redes sociales que, "intentaron darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita. Y la Corte les dio palo, porque no se puede legislar contra la Constitución. Todo lo demás es ruido".

En días anteriores había anticipado que, "al menos no en el plano operativo. Después de un fallo de esa naturaleza, la Guardia Nacional seguiría haciendo lo que hace hasta ahora: muchos rondines, poca investigación, pocas detenciones. Tan útil o inútil como hoy... tampoco habría mayor cambio en la relación cotidiana con las fuerzas armadas. La Guardia Nacional seguiría siendo un apéndice de la Sedena, con 80% de su personal manteniendo plaza y cobrando sueldo en el Ejército. La mayoría de los cuarteles y el equipo de la Guardia Nacional seguiría siendo patrimonio de la Sedena, como ha sido desde el principio", afirmó.

Por mayoría de 9 votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de proponer al Presidente de la República al titular de la Guardia Nacional.

Lo anterior, porque vulneró la adscripción de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de poner en tela de juicio el carácter civil de la institución mandatado en el artículo 21 constitucional.

"El hecho de que sea el secretario de la Defensa Nacional quien proponga al ejecutivo federal el nombramiento del titular de la comandancia, vulnera la regla de adscripción a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública y pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional", señaló el ministro Juan Luis González Alcántara, al proponer la invalidez de la porción normativa del artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional, párrafo primero que señala que a "propuesta de la Defensa Nacional", el ejecutivo federal designará al comandante de la GN.

"De igual forma, la introducción de un requisito consistente en contar con un grado jerárquico al interior de la Guardia Nacional, cuyo equivalente en las fuerzas armadas también ya está previsto en el decreto impugnado, direcciona el perfil de la persona titular de la comandancia hacía uno proveniente de las fuerzas armadas".

Circulan sin licencia, sin póliza de seguro, sin placas, sin haber tomado jamás un curso de educación vial y manejo, sin el refrendo vigente, sin casco certificado, a exceso de velocidad, sin precaución, en grupos de 3 o más, con menores y mientras hablan o mensajean por celular.

Invaden las banquetas, rebasan por el carril derecho, transitan sobre las ciclovías, se pasan los altos, zigzaguean entre carriles, se meten a los pasos a desnivel, no respetan la distancia de los autos, rebasan entre los vehículos cuando el tráfico está detenido, se estacionan en la acera; los he visto cruzar una avenida por el puente peatonal, no respetan los pasos para viandantes, toman tramos de la calle en sentido contrario y se meten a los carriles exclusivos del Macrobús o el Bus Bici de Avenida Hidalgo.

Las conducen menores de edad aunque lo prohíbe la ley, organizan rodadas nocturnas e invaden las avenidas como enjambres, a toda velocidad, se suben a las banquetas y las ciclovías, se ponen en riesgo ellos, pero también a los peatones y automovilistas; un centenar puede cerrar el Puente Matute Remus o Avenida López Mateos, pero la Policía Vial no puede hacer nada.

[¿Estará ocupada cazando a los que no vewrifican? - pregunta el webmaster.]

Las usan los motoladrones para delinquir. Estos motoladrones roban y se van, en cada esquina arrebatan un celular, una cartera, una computadora, roban y se van. A veces con un arma, otras sólo arrebatan y se van.

Mientras tanto la Policía Vial ausente. La Secretaría de Transporte es omisa para impulsar una sola campaña de cultura y seguridad vial, y ha renunciado a impartir cursos de capacitación para motociclistas. Por su parte, el Gobierno del Estado se muestra omiso o ignorante (o ambos) para atender la contaminación que generan. ¿Sabías que las motos contaminan más en esta ciudad que los autos? Pero regular la emisiones contaminantes de los motociclistas no es negocio.

No fue difícil elaborar el listado anterior. Sólo tomé la nueva Ley de Movilidad, aprobada en diciembre pasado, y enumeré todas las obligaciones y prohibiciones para los motociclistas. Todo está en esa ley, quizá la más ninguneada en Jalisco, pero nadie la cumple. Ni la autoridad ni los ciudadanos.

Las motocicletas se triplicaron en la última década. Cuando conduces el auto, caminas o circulas en bicicleta, salen al paso de la nada. Las plataformas digitales de reparto han aumentado el padrón y las presiones para monetizar con entregas rápidas propician la conducción riesgosa y más inseguridad vial.

El problema, les aseguro, no dejará de crecer. Y nosotros con él. Porque el motociclista no es el único responsable de la movilidad caótica de la ciudad. Sólo es un engrane más que ha ganado terreno. La educación vial del automovilista y el respeto por la ley están lejos de ser impolutos. El 3er. engranaje es una Policía Vial ausente, recaudatoria, corrupta y sin la solidez institucional para abordar integralmente un problema. Los operativos para decomisar motos sólo alimentan la mafia cómplice que tienen con gruyeros.

Menudo problema: hace tiempo que se nos desbordó.

Más de un centenar de motociclistas detuvieron la circulación vehicular durante unos minutos ayer por la tarde en avenida López Mateos, a la altura de la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, según varios videos que circulan en redes sociales.

El hecho, según se reportó ayer alrededor de las 17:00 horas, en el desnivel de avenida Adolfo López Mateos Norte y Joaquín Ángulo.

La mayoría de motociclistas iba en motocicletas de bajo cilindraje y la mayoría sin medidas de seguridad, como el casco.

En Twitter reportaban que incluso habían golpeado a algunos coches que intentaban circular por ahí.

El artículo 178 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su fracción XVI, señala que serán sancionados los motociclistas que circulen por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente prohibida su circulación.

Ahora el Inai está paralizado por la falta de designación de 2 de sus consejeros, lo que representa un hecho políticamente negativo para la democracia y jurídicamente inaceptable en términos del funcionamiento del sistema constitucional.

Los senadores tienen la responsabilidad política de actuar a pesar de la lamentable actuación del secretario de Gobernación y pasar a regularizar el mecanismo legal del acceso a un derecho constitucional. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido llamada a pronunciarse en una controversia constitucional que puede destrabar el entuerto.

Las disputas políticas partidistas deben respetar el marco del ejercicio de los derechos fundamentales, como parte de las reglas esenciales de la democracia. Es hora de un llamado a la cordura porque no se trata de un asunto menor, sino del respeto al derecho a saber y de la palanca de equilibrio que significa evitar el manejo patrimonialista de la información pública que caracteriza a los regímenes autoritarios.

Llamar a la acción política en favor de la democracia mexicana es más que oportuno, necesario. Urge que los senadores, los funcionarios y los jueces resuelvan de forma constructiva la cuestión, poniendo el interés superior de la nación por encima de las coyunturas políticas.

Una bomba sacudió el martes por la noche a la opinión pública. La Fiscalía General de la República informó que había abierto una investigación en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por una presunta conducta delictiva al incumplir con sus obligaciones de protección y seguridad de las personas y los centros provisionales migratorios a su cargo. Pareció un acto de justicia tras la tragedia en Ciudad Juárez, pero no lo es. Fue una acción política y mediática más que una de justicia, y una invitación indirecta del presidente Andrés Manuel López Obrador a su viejo amigo Garduño para que renuncie, con la certeza de que está blindado y nunca terminará en la cárcel.

Es una nueva farsa del gobierno. López Obrador, el político, se sacude la tragedia donde murieron 40 inmigrantes en una cárcel migratoria, enviando la papa caliente al fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero López Obrador, el presidente, ratifica que el Estado de Derecho no le importa. El crimen de estado, que es lo que sucedió en Ciudad Juárez, quedará acotado políticamente y ya sabemos en qué terminará.

Si Garduño no entiende la señal que le están mandando y no renuncia, será responsabilizado de omisión, un cargo no grave que no amerita cárcel, aunque la misma acusación fue formulada contra Rosario Robles -conductas ilegales y omisas-, por lo que la ex secretaria de estado pasó 3 años en la cárcel por la llamada Estafa Maestra.

Si renuncia, lo acusarán de cualquier forma de omisión por el delito de ejercicio indebido de funciones, como a Robles, y podría ganar el sobreseimiento o cancelación de la causa penal, que equivale a una sentencia absolutoria, también como ella, por violaciones al debido proceso, con el escudo protector del presidente, que ayer mismo volvió a dar la cara por Garduño, de quien dijo "es bueno su trabajo, en general siempre ha tenido un buen desempeño". Tanto cree eso de su amigo "de muchos años", que ha salido impune de todos los escándalos provocados de violencia, corrupción y maltrato a inmigrantes, y pese a cargar con más de 40 muertos y decenas de inmigrantes heridos en los centros de detención bajo su responsabilidad.

El comunicado de la Fiscalía General donde informa el inicio de la investigación en su contra es una burla del gobierno a los mexicanos, al mostrar cómo a lo largo del sexenio se ha utilizado un doble rasero en la ley y se han violentado los procesos. En la investigación de antecedentes, apuntó, se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, donde murió una persona y 14 resultaron lesionadas, que generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que indica un "patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos".

En aquel trágico incidente, la Fiscalía General de Tabasco fue la que investigó, y la Fiscalía General no intervino, pese a ser un asunto del fuero federal, ni abrió actuaciones judiciales. A Garduño ni lo tocaron. ¿Por qué ahora sí y entonces no? ¿Por qué si antes fue no, ahora se utiliza como antecedente para fortalecer la imputación a Garduño? Porque en aquel momento el contexto político era diferente. López Obrador vivía los momentos de mayor fuerza de su sexenio, y hoy va en declive con un proceso de sucesión presidencial en marcha. Ayer la tragedia le hizo lo que el viento a Juárez, como dice, pero hoy le ha costado en la opinión pública. Hace 3 años tenía un aura internacional que lo protegía, y ahora recibió reclamos fuertes de gobiernos como el salvadoreño, que no sólo le exigió investigar lo que sucedió en Juárez, sino pedir la renuncia a los responsables.

Garduño ignoró la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no le pasó nada. Tampoco hubo consecuencias tras los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años, mencionados en el comunicado de la Fiscalía General, que "vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados".

David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior, no presentó denuncias penales contra Garduño, según funcionarios federales, lo que de ser cierto, representaría una omisión en sus funciones. Si las presentó, como lo ha hecho en otros casos y no se atendieron, la responsabilidad recaería en la Fiscalía General. Por lo pronto, lo que se tiene es una especie de complicidad en el caso de Garduño y el INM, para cuidar el garrote del presidente López Obrador que ha utilizado para apoyar a la política migratoria discriminatoria e indignante del Gobierno de Estados Unidos.

Los desaseos que se ven al deconstruir el comunicado de la Fiscalía General incluyen una extraña -e ilegal- usurpación de tareas de la Secretaría de la Función Pública, al investigar las adjudicaciones directas que dio el INM a una empresa de seguridad privada para atender y cuidar los centros migratorios. Esta es una tarea que no correspondía en primera instancia a la Fiscalía General, sino a la Función Pública, que debió de haber investigado los contratos y sancionado administrativamente en su defecto, para después proceder a una denuncia penal en la que ya intervendría Gertz Manero. Hasta ahora, se desconoce si esto existió en algún momento, quedando por lo pronto, la ausencia del secretario Roberto Salcedo, y la arrogación de sus responsabilidades por parte del fiscal.

Ciudad Juárez galvanizó en la opinión pública el desastre de la política migratoria de López Obrador y las miserias de un gobierno que hoy quiere salvar a la política y a los amigos, sacrificando a la justicia. ¿Alguien se sorprende? No habría porqué. Es consistente con lo vivido desde 2018.

En el último año se registraron cerca de 3,000 denuncias por mujeres desaparecidas en México. La mayoría sigue sin localizarse. Algunas pasan de la estadística de "desaparecidas" a la estadística de víctimas de feminicidio. Sí, se puede formar parte de más de una estadística. El año pasado se registraron cerca de mil feminicidios, sin considerar los homicidios culposos que no fueron investigados con perspectiva de género.

La impunidad sigue ganando la partida, es por ello que la violencia de género va en aumento y las investigaciones se quedan estancadas. Sólo el año pasado se registraron casi 340,000 llamadas al 911 para denunciar algún tipo de abuso, la cifra más alta desde 2015 ¿Cuántas mujeres, niñas y adolescentes no pudieron hacerlo?

Podemos alarmarnos con los números fríos, ¿sería lo mismo si somos nosotros quienes formamos parte de ellos? Seguramente no, pero el año pasado más de 127,000 mujeres en México fueron víctimas de violencia familiar, se reportaron más de 23,000 víctimas de abuso sexual y 67,000 sufrieron lesiones dolosas. Y cualquiera podría ser nuestra vecina o compañera de trabajo.

Sin importar la magnitud del caso, ninguna víctima debe ser olvidada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) encontró al Estado mexicano responsable por la violación de diversos derechos de 2 hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

El presidente de la CoIDH, Ricardo Pérez, notificó este miércoles la sentencia en un acto llevado a cabo por videoconferencia y en el que estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.

La CoIDH, con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.

El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.

García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.

"Para esta corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria", indica el fallo de la CoIDH.

El tribunal internacional también concluyó que Daniel García Rodríguez "fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México", situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados.

"Los maltratos psicológicos que fueron descriptos por Daniel García son de una extrema severidad pues consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras personas", indicó la CoIDH.

En cuanto a Reyes Alpízar, la CoIDH determinó que el Estado no investigó con la debida diligencia las denuncias de tortura que presentó.

En su sentencia, la CoIDH ordenó a México concluir los procesos penales, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares, y excluir del proceso los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción o tortura.

"El uso de la tortura como mecanismo para obtener confesiones o antecedentes incriminatorios del imputado o acusado no puede tener otra consecuencia que la exclusión de la prueba. De lo contrario, la prohibición de tortura quedaría vaciada de contenido, convirtiéndose en un derecho meramente formal sin ninguna consecuencia operativa", advierte la sentencia.

la ley está hecha para proteger la libertad de expresión, no para que el gobierno la sofoque. AMLO ataca a sus críticos de manera personal desde la sede del poder ejecutivo, y usa recursos públicos para hacerlo. Sus mensajes y ataques se difunden íntegramente en la televisión y los medios oficiales, que a su vez se multiplican exponencialmente en las redes sociales. La persecución que ejerce AMLO busca inhibir la libertad.

¿Hay vías legales para enfrentarla? En teoría, sí. En la práctica, no. Uno de los timbres de orgullo de la Constitución Mexicana es el llamado Juicio de Amparo, que protege a los individuos contra los abusos de autoridad del gobierno. Apelando a esa figura, los agraviados podríamos reclamar la afectación de varios derechos humanos tutelados por la Constitución, como el derecho al debido proceso y garantías judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad o vida privada, a la honra o la reputación, a la libertad de expresión, el derecho a la difusión de las ideas, el derecho de réplica. Podríamos incluso esperar la reparación del daño moral que se nos ha infligido.

Pero el presidente no respeta los amparos.

Los agraviados podríamos acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México para luego apelar, en su caso, a instancias internacionales que podrían generar alguna forma de protección. Pero en la práctica la CNDH mexicana está enteramente supeditada al gobierno. Y aun si un organismo internacional emitiera un dictamen favorable, el presidente tampoco lo acataría.

A la vista del mundo, AMLO busca destruir el sistema electoral de México y encaminarnos a la senda conocida de un Estado de partido único controlado por un solo hombre. Para acabar con la democracia le estorba la libertad. Los fastidiosos críticos estamos empeñados en señalarlo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) rechazaron la iniciativa enviada al Congreso de la Unión mediante la cual el gobierno federal busca modificar 23 leyes para poder terminar los contratos con empresas de manera anticipada y sin necesidad de pagar las indemnizaciones correspondientes.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex a nivel nacional, explicó que esto genera incertidumbre porque en todo contrato, cuando alguna de las dos partes no cumple, tiene que haber una pena.

"El hecho de que el gobierno pretenda cancelar contratos que hayan sido licitados, que hayan sido de alguna manera firmados y no resarcir la pena genera incertidumbre y desde luego que muchas empresas preferirán ya no ser proveedoras", dijo.

César Castro, coordinador del CCIJ, afirmó que esta medida alejará a las inversiones.

"Esto está fuera de lugar completamente, queremos que se respete la ley porque eso también va a afectar la inversión extranjera, eso no puede ser, estamos perdiendo la legalidad".

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) también rechazaron la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante la cual los proyectos prioritarios podrían arrancar sin los permisos ni justificaciones legales a los que se encuentra obligado, entre ellos los estudios de impacto ambiental.

José Medina Mora se pronunció porque se hagan estudios de impacto ambiental, que se están considerando eliminar en la nueva propuesta.

"Es fundamental que haya estudios de impacto ambiental para cualquier obra pública o privada y que simplemente se justifique por temas de seguridad tendrá un costo para todos en el corto y mediano plazo", sentenció.

Dijo que Coparmex pide que se respete la Ley. "Queremos un Estado de Derecho donde si para un privado en un proyecto es necesario un estudio de impacto ambiental, también debería ser obligatorio para el gobierno".

El ejecutivo presentó el pasado 23 de marzo, ante la Cámara de Diputados, la eliminación de obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas.

El proyecto prevé modificar 23 leyes a fin de que el gobierno ya no pague indemnizaciones al sector privado cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada.

Además, este paquete de reformas le daría nuevas facultades a las empresas del Estado para que éstas puedan iniciar la construcción de proyectos de infraestructura sin perder el tiempo cumpliendo con regulaciones largas, entre ellas los ya citados estudios de impacto ambiental, la aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de organismos reguladores, tal y como lo hacen los particulares.

De acuerdo con esta iniciativa, el argumento central es que la regulación no puede aplicar igual al Estado que a particulares; uno de los ejemplos más claros se dio en la construcción del Tren Maya, que no ha sido objeto de estudios de impacto ambiental, ya que se trata de temas de "seguridad nacional".

César Castro, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), también cuestionó que el gobierno federal pretenda realizar obras sin realizar proyectos de impacto ambiental.

"Eso no puede ser, es lo que está pasando ahorita con el Tren Maya, están acabando con la flora y la fauna, eso está mal, se están saliendo de la realidad, deben ubicarse y pensar lo que es realmente", concluyó.

El paquete de reformas fue entregado el 23 de marzo pasado y elimina estudios ambientales, de factibilidad, proyecto ejecutivo y otras exigencias de ley para iniciar una obra del gobierno.

De acuerdo con lo establecido en el paquete de reformas, "salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad de las personas e instituciones nacionales".

Para los casos en los que sea inevitable el pago de la indemnización, señala el proyecto, se ponen límites para impedir "reclamaciones fraudulentas (sic) o desproporcionadas (sic) en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras", de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Con lo que sería la reformada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para los proyectos de "notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y seguridad nacionales", se dispensan los permisos legales correspondientes.

"Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía y expropiaciones de inmuebles podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate, de manera simultánea al inicio de la obra".

La senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, calificó como inadmisible el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque reformar 23 leyes para que se le autorice terminar contratos de manera unilateral y anticipada con particulares, bajo el argumento de "causas de interés público", añadiendo que así dejaría indefensos a quienes han invertido recursos y han generado empleos en proyectos de infraestructura.

A esto, la legisladora añadió que hay un interés especial del gobierno federal por hacerse del control total de las obras que se realizan en el país, pues dijo que durante la presente administración el 80% de las adjudicaciones son directas y muchas de estas han sido para amigos y familiares del presidente, por lo que esta iniciativa es una muestra más de la corrupción en este sexenio.

"Si de verdad lo que quieren es mejorar la forma de contratar, deben de dejar de realizar tantas adjudicaciones directas y obviamente hacer licitaciones públicas", afirmó.

La vicecoordinadora de los senadores del PAN añadió que esta administración es sinónimo de uso ineficiente de los recursos públicos, pues indicó que cada proyecto que ha cancelado arbitrariamente el presente gobierno ha afectado a las finanzas del país, además de que cancelar contratos con empresas que le son "incómodas" al presidente se ha convertido ya en una práctica común.

"Este gobierno quiere generar pobreza, seguramente porque piensan que así van a manipular las siguientes elecciones, pero el pueblo se da cuenta de su inhumana ambición de Morena y de López Obrador", apuntó.

Cuando parecía que el presidente lograría su objetivo de subordinar al poder judicial y a las autoridades que regulan los procesos electorales de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia nos demostró que, por encima de la voluntad de alguien, así sea el hombre más poderoso de México, están los principios. La suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo en contra de las modificaciones constitucionales promovidas por el jurídico de la Presidencia de la República es una bocanada de aire fresco para nuestra incipiente e imperfecta democracia. No sé si las presiones ejercidas desde la Presidencia logren cambiar la resolución, pero la sola suspensión alienta la esperanza de que en nuestro país las cosas públicas tomen otro derrotero y logremos, finalmente, crear una nación en la que se privilegien el derecho y la ley.

Laura demandó al papá de su hija porque, tras separarse, dejó de hacerse cargo de los gastos de la niña. Él es dueño de un famoso grupo musical y tiene varias propiedades, pero todas las cambió de nombre y reportó un sueldo falso, así que únicamente les deposita 2,000 pesos mensuales. El juicio de pensión alimenticia lleva 12 años en los juzgados de Jalisco, y él ya se fue a vivir a Estados Unidos.

Leticia tuvo gemelos y ha vivido la maternidad prácticamente soltera porque, apenas supo del embarazo, el papá desapareció. Así empezó el engorroso camino para que reconociera la paternidad y se hiciera cargo de la pensión alimenticia. Él trabaja en una secundaria, y también le ayudaron a que reportara otro sueldo.

Son historias similares: mujeres abandonadas a su suerte, con ex parejas omisas y que se valen de artilugios legales para evadir sus responsabilidades; mujeres víctimas de violencia económica y que terminan sacando adelante a sus hijos e hijas ellas solas. Mujeres que se enfrentan con un sistema de justicia patriarcal que beneficia a ellos y pone en desventaja a ellas. Y son precisamente historias como esas las que han dado vida a la llamada "Ley Sabina".

Esta comenzó a forjarse en los "tendederos de deudores alimentarios", que colectivos y grupos de mujeres han venido instalando en plazas públicas del país para exhibir -con fotos y nombres- a los padres que se niegan a hacerse responsables económica y emocionalmente de sus hijos e hijas.

La oaxaqueña Diana Luz Vázquez, mamá de Sabina, comenzó a convocar a esos tendederos, pero vio que exhibirlos no arreglaría el problema de fondo: obligarlos a que cumplan con las pensiones que les corresponden. Para eso surgió la "Ley Sabina", una serie de reformas para que los padres cubran: alimentación, vestido, habitación, atención médica y recreación de las y los menores; gastos que terminan sorteando las madres solas.

Las reformas, que ya fueron aprobadas por el Senado, incluyen la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y quienes estén en esa lista no podrán tramitar documentos como la licencia de conducir, el pasaporte o su [credencial del] INE. En esa base de datos, que sería pública, aparecerían aquellos que incumplan con la pensión alimenticia por 90 días.

La "Ley Sabina" ha sido impulsada por Diana Luz Vázquez y lleva el nombre de su hija. Al igual que otras iniciativas como la Ley Olimpia (contra la violencia digital y la difusión de material íntimo sin consentimiento) o la Ley Malena (contra los ataques con ácido y sustancias químicas), también fue cobijada y acompañada por feministas y colectivos. Otra vez mujeres promoviendo la justicia y el respeto de los derechos de las mujeres.

Y como dice en su cuenta de Twitter @DianaLuzVa: "No es normal abandonar infancias. No es normal que #DeudoresAlimentarios sigan impunes y no sepamos quienes son. No es normal revictimizar a las madres. No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables".

Estas son algunas artimañas legales del varón para evadir el pago de la pensión alimenticia tras un divorcio en donde hay menores. Se bajan el sueldo o mienten sobre sus ingresos apoyados por su empresa o alteran las cuentas de su negocio. Incluso llegan a renunciar a su trabajo para evadir el pago. En algunos casos han pedido a su madre (la de ellos) que les demande pensión alimenticia para reducir la que darán a sus hijos. Como estrategia legal también pelean la custodia de los menores y luego demandan ellos la pensión a la mujer (conozco un caso en donde ella paga pensión a pesar de que él gana 3 o 4 veces más).

Y hay una paradoja. Entre más poder adquisitivo, menos probabilidad de que el deudor pague pensión, pues posee mayor capacidad corruptora para sobornar funcionarios, notificadores, actuarios y jueces. Nuestro sistema judicial, lo sabemos, sirve al dinero.

Por eso Diana Luz Vázquez, una activista oaxaqueña, fundó el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, que promueve la Ley Sabina tras luchar cuatro años por una pensión alimenticia para su pequeña Sabina de 7 años.

Su organismo propone un registro público nacional y estatal de deudores alimentarios para que se les retire la licencia de conducir, el pasaporte, y sean inscritos en el buró de crédito, además de otras medidas que ya existen en Jalisco como limitarles la compra-venta de bienes inmuebles al dar aviso al Registro Público de la Propiedad.

Porque, ¿qué creen? Ya existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jalisco operado por el Registro Civil del Estado y creado en 2019 a partir de una reforma de la pasada legislatura, pero tiene apenas una veintena de inscritos, según reportes periodísticos. Desde luego, no es público.

En otras palabras, carece de difusión y utilidad en un estado como Jalisco en donde 1 de cada 3 hogares es encabezado por una madre jefa de familia, lo que se traduce en 270,000 mujeres que potencialmente podrían demandar un sustento para sus hijos. Porque según el Inegi, 3 de cada 4 madres separadas no reciben una pensión para sus hijos.

Diana Luz me comentó que confía en que, si se aprueba un registro público de deudores alimentarios, la Corte no lo revertirá por violar datos personales, pues existe un criterio de temporalidad que marca cuándo se inscribe y cuándo se retira al moroso (si paga), a diferencia del registro de agresores desechado por los ministros que carecía de este criterio.

Diana Luz reside en la Ciudad de México, pero este martes estuvo en Plaza Liberación de Guadalajara para montar un tendedero de fotografías de deudores alimentarios locales junto a otras feministas de la ciudad. En esa protesta nació una nueva colectiva en el Estado, integrada por 15 mujeres, que pugnarán por la Ley Sabina a nivel local y su 1a. actividad la realizarán el 10 de mayo.

El vía crucis de una madre para cobrar una pensión alimenticia representa un grave problema social de urgente atención porque afecta directamente a los niños y niñas. Sabemos que en este país cambiar una ley no cambia la realidad, pero sería un buen comienzo. La histórica Bancada de Mujeres con mayoría en el Congreso de Jalisco tiene ahí una oportunidad de dar la cara por las madres jaliscienses.

El 2022 ha sido el año más letal y violento para la prensa en México, al registrar 12 periodistas asesinados y la cifra récord de 696 agresiones documentadas, es decir una cada 13 horas, en un contexto de asedio, estigmatización, espionaje, amenazas e intimidación desde el poder público, de acuerdo con la organización Artículo 19.

Las más de 50 estaciones del Instituto Nacional de Migración no son albergues, no son refugios, sino funcionan como cárceles migratorias con hacinamiento, maltrato y manejo discrecional de los casos, en donde en ocasiones los extranjeros permanecen hasta 10 meses detenidos cuando la Constitución señala que no pueden ser más de 36 horas, aseveró Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

Dijo que lo ocurrido en Ciudad Juárez es una cadena de hechos: del encierro ilegal de miles de migrantes en el país, la falta de protocolos, las instalaciones no adecuadas para mantener por semanas o meses a los extranjeros y la negligencia de las autoridades frente al incendio.

En entrevista, la experta rechazó la postura del presidente en el sentido de que lo ocurrido fue responsabilidad de las propias víctimas. "El gobierno no puede decir que fue a causa de los migrantes que comenzó el incendio. Es responsabilidad del Estado porque están bajo detención migratoria, en una instalación que es del Estado federal, él es responsable del Estado porque están en custodia del Estado federal".

Argumentó que las 50 estaciones del INM "no son centros de alojamiento, no son albergues, no son centros donde las personas están resguardadas. En realidad, las estaciones son iguales o peores que las cárceles mexicanas, pero lo más grave, y se vio con la tragedia de Juárez, que no cuentan con protocolos, no son espacios óptimos para mantener encerrados por semanas o meses a los migrantes".

La autora del libro "Detención Migratoria: prácticas de humillación, asco y desprecio", expuso que México es el país de América latina que tiene más centros de detención migratoria, y desde hace ya más de 20 años permanece esta política de seguridad y de militarización. La actual administración no solamente ha continuado, sino fortalecido con la Guardia Nacional en labores de detención, declaró.

Subrayó que ingresar a México sin papeles no es un delito, sino sólo es una falta administrativa. Sin embargo, la Ley de Migración contempla plazos de detención migratoria que son contrarios a lo que establece la Constitución, donde dice que sólo podrán ser detenidos por 36 horas como máximo.

La investigadora de la UNAM indicó que el artículo 111 de la citada ley tiene plazos de 15 hasta 70 días hábiles de encierro y lo más grave es que en la estación migratoria de Juárez incluso había personas con el estatus de refugiados o con estatus o visas por razones humanitarias y que estaban detenidas con si hubieran cometido un delito.

Dijo que es paradójico que aunque la mayoría de las estaciones migratorias están resguardadas por la Guardia Nacional, el Ejército o agentes de Migración, en Ciudad Juárez nadie apoyó, ni rescató a los migrantes que fallecieron.

En los últimos días hemos visto crecer el tono de confrontación entre México y Estados Unidos. Un tema central es la inseguridad, donde Estados Unidos reprocha a México haber cedido control al crimen organizado, y México acusa a Estados Unidos de entremeterse en asuntos nacionales. Finalmente, la culpa por las muertes de mexicanos en territorio mexicano es culpa del Estado mexicano, al ser incapaz de proveer de seguridad a sus ciudadanos. En eso, México se parece mucho a los viejos Estados europeos de la Edad Media.

Que el Estado lograse el monopolio de la fuerza fue sumamente difícil, con implicaciones históricas enormes. Como dice el gran historiador estadounidense, Charles Tilly, "no subestimes la dificultad y la importancia del cambio". En su reconocido libro "Coerción, Capital y los Estados Europeos", comenta que los monarcas europeos tuvieron que desarmar tanto a individuos como a aristócratas con ejércitos privados. A los primeros les quitaron las armas a través de la instalación de cuerpos de policía permanentes y negociaciones con autoridades municipales. A los segundos, a través de la cooptación y, en ocasiones, la guerra civil. Sin embargo, aún continúan rezagos medievales, como la mafiosi italiana. En México, nunca hemos logrado salir del todo de la Edad Media.

Ya durante los siglos XIX y XX surgieron testimonios de la inseguridad en el país. Con Juárez, los salteadores de caminos aprovecharon la guerra civil e invasión extranjera para sembrar terror en la población; Los Plateados fueron los bandidos más conocidos, retratados en la novela de Ignacio Manuel Altamirano, "El Zarco". Fue bajo la dictadura de Porfirio Díaz que se pudo pacificar al país, aunque de la mano de los existentes cacicazgos, cooptando a unos y sometiendo a otros, como en el medioevo europeo; Gonzalo N. Santos, aunque vivió en tiempos posrevolucionarios, es el epítome del caciquismo mexicano, célebre por afirmar que "la moral es un árbol que da moras". El régimen autoritario priista tuvo la incapacidad de construir cuerpos de policía profesionales, ya sea una sola policía nacional (Francia, Inglaterra, Alemania) o una policía federal acompañada de policías locales (Estados Unidos).

El México del siglo XXI padece de los problemas del medioevo europeo. 1o., tenemos los ríos de armas que navegan de Estados Unidos a nuestro país, donde tan solo en 2018 se calcularon en 230,000. 2o., se estima que el crimen organizado controla el 30% del territorio nacional, de acuerdo al general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos. 30., el crimen organizado no es el único actor que disputa el monopolio de la fuerza -y en ocasiones, el derecho a gobernar- al Estado: también tenemos guerrillas e incontables autodefensas.

No hay país desarrollado sin un Estado con el monopolio de la fuerza, la capacidad de control territorial, el poder para aplicar la ley. Europa salió del medioevo -en gran medida- porque el poder central terminó con individuos armados, ejércitos privados y señores feudales. Para que México salga también, tendremos que hacer lo mismo.

Para exigir que se endurezcan las sanciones en contra de los padres que incumplen con el pago de la pensión alimentaria, integrantes de colectivas feministas se manifestaron en Plaza Liberación, donde colocaron un tendedero para evidenciar los casos de hombres que han incumplido con la entrega de pensión.

Diana Luz Vázquez, quien impulsa una reforma al Código Civil nacional para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, afirmó que no se debe normalizar la violencia que padecen las infancias cuyo progenitor no se hace responsable. Sostuvo que se deben romper las redes de corrupción que permiten que sean omisos con su responsabilidad.

"Abandonar infancias debe de dejar de ser normal en este país, que estos señores que son agresores económicos, que son agresores emocionales de las infancias y de las madres sean visibilizados, que sean sancionados. Que los jueces y juezas dejen de tejer pactos de corrupción patriarcales con estos señores. Ya no van a gozar más de la impunidad y de la comodidad de nuestro silencio. Un agresor no es un buen padre y un deudor alimentario es un agresor", afirmó.

Las activistas del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Backhome y de Las Paritaristas entregaron en el Congreso de Jalisco una petición para que se legisle en el tema.

Diana Luz Vázquez impulsa la llamada "Ley Sabina", que incluye elementos como que los deudores alimentarios ingresen al Buró de Crédito, alertar al Registro Civil cuando deseen contraer matrimonio nuevamente y crear un registro de deudores alimentarios. Llamó la iniciativa con el nombre de su hija, pues su padre biológico, Martín Rosado Chávez, abogado y militante del PRI en Oaxaca, se ha negado a reconocerla y a pagar la pensión alimentaria.

Las activistas exigieron que el Congreso de Jalisco legisle en el tema luego de las reformas aprobadas en el Senado de la República, para establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para la realización de trámites y procedimientos tales como la obtención de licencias, permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje.

En este país la impunidad tiene muchos rostros, pero cuando se trata de evidenciar la falta de garantías para la integridad de las mujeres tiene uno particularmente cínico. Hace unos días leía que la ex jugadora del equipo femenil del América, Scarlett Camberos, decidió dejar al equipo mexicano y migrar al club estadounidense Angel City FC, ya que las autoridades no respondieron con sanciones contundentes al señalar el ciberacoso que sufría. Lamentable.

Días más tarde se dio a conocer que Selene Cortés, la jugadora del equipo Pachuca, sufría la misma situación a través de mensajes explícitos sobre intenciones de abuso sexual en sus redes sociales que provenían de un usuario anónimo, fue entonces cuando me di cuenta que la situación es más grave de lo que pensamos y eso sólo en una escala pública, con jugadoras de primera división.

¿Qué sucede con todas aquellas que no son figuras públicas ni tienen los reflectores sobre ellas, pero viven el mismo infierno? No imagino que un padre o madre de familia pueda dormir tranquilo sabiendo que hay alguien allá afuera que en cualquier momento puede agredir física o sexualmente a una joven; menos aún permitir que un impresentable así esté libre luego de manifestar sus intenciones.

¿En qué país vivimos que luego de que un sujeto declara en redes sociales su deseo de agredir sexualmente a una mujer, el responsable sólo reciba 36 horas de arresto domiciliario como llamada de atención? Absurdo. Eso sucedió en el caso de Scarlett. No hubo autoridad que garantizara la integridad de la jugadora. Se dejó libre al acosador para encontrar a su siguiente víctima. ¿Qué sucederá si esa chica no tiene los recursos para salir del país también? ¿Y si el depredador cumple su propósito?

Como ese caso miles. Por ello la percepción de seguridad de las mujeres es mínima, por eso, lamentablemente, 9.7 millones de mujeres en este país hemos sido víctimas de ciberacoso, cada una a su manera, pero todas las que hemos pasado por ahí sabemos lo que es superar esa violenta ola de odio, porque no se le puede llamar de otra manera al estímulo que permite que una persona agreda a otra, ya sea físicamente o a través de la red. De entre las modalidades de acoso como del que fueron víctimas las jugadoras mexicanas, de acuerdo al Inegi, el 32.3% de las víctimas recibió insinuaciones sexuales; el 32.1% recibió contenido sexual y el 20% recibió llamadas ofensivas.

La jugadora del Pachuca se atrevió a denunciar y exhibir el acoso a todo color en sus redes sociales, luego todos los medios de comunicación hicieron eco. Lamentablemente, hasta ahora no hubo una respuesta para sancionar al responsable, pero a través de un comunicado evidenció en su cuenta oficial de Twitter lo que tanto lamentamos en este país con el siguiente mensaje: "Cosas que para algunas personas son 'normales' porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos que esto se vuelva 'normal' o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar".

Esta problemática tan sensible en México no es ajena al resto de los países; sin embargo, si se dejan de ignorar los vacíos legales al respecto y se toman acciones la percepción de seguridad de las mujeres será distinta, se dará un giro a la impresión de indolencia de parte de las autoridades y dejaremos de normalizar la violencia que lamentablemente está cobijada por la impunidad.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de la Secretaría de Gobernación publicó el mapa y la estadística de las 2,710 fosas clandestinas halladas desde el 1 de diciembre del 2018 al 30 de enero del 2023.

Los estados con mayores fosas clandestinas encontradas en el actual sexenio son Veracruz con 323; Sinaloa con 246; Colima, a pesar de ser uno de los estados con menor población y extensión territorial, con 305; Guerrero con 229; Michoacán con 213; Jalisco con 168; Guanajuato con 144 y Sonora con 152. El estado con menos fosas es Yucatán con solo un hallazgo.

Por municipios, donde se han encontrado más fosas clandestinas destaca Tecomán, en Colima, con 206; Acapulco, Guerrero con 127; Ahome, Sinaloa con 112; Cajeme, con 61 y Puerto Peñasco, Sonora con 52; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con 54; Uruapan, Michoacán con 27. Dicha plataforma, que es pública, es un registro interno realizado desde la CNB a partir de la información que comparten la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

La plataforma muestra la información por estado y cuando los hay, de municipios, así como las fechas de los hallazgos. La plataforma permite tener una visualización espacial y geográfica de fosas clandestinas. Además de la visualización desde la dimensión geográfica, podrán obtenerse datos numéricos sobre las fosas clandestinas por estado y municipio. Cualquier información que no se visualice, puede ser consultada con la FGR y/o fiscalías.

Se subraya que la FGR y las fiscalías no comparten a la CNB la información a detalle solicitado en todos los hallazgos, por lo que se despliega aquella con la que se cuenta desde el año 2006 a la fecha de corte que se indica en la plataforma.

Es importante destacar, como se ha manifestado en diversas ocasiones, que la fecha del hallazgo no permite determinar la fecha del ilícito, es decir, cuando se haya realizado la desaparición y muerte de las personas y/o realizado las fosas clandestinas. La probable fecha de muerte, así como su causa, solo puede ser determinada por personal forense, aunado al avance de las investigaciones ministeriales.

También es importante mencionar que existen, desde las instituciones ministeriales, diversos criterios de definición de fosas clandestinas, que la determinación de fosa clandestina no coincide con el número de cuerpos atendiendo a la diversidad de modos de operación en que se realizan y que existen diferentes contextos de hallazgo destacados en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

La CNB carece de facultades para conocer de las investigaciones, denuncias y sus resultados, pues no es el órgano responsable del registro de los hallazgos localizados, por tanto, la plataforma no refleja las atribuciones de la CNB.

Entiendo y me parece bien pensado que la decisión de quién o quiénes serán los candidatos de oposición no se haga pública antes de tiempo, pues cualquier candidato de oposición que surja, sería hecho pedazos por el presidente en la carnicería de prestigios que son sus conferencias mañaneras, en las que él, sin empacho alguno, miente, difama, viola la ley e interviene ilegalmente en los procesos electorales con total impunidad.

¿Acaso el INE declarará inválida la votación que hubiera a favor del candidato de Morena porque la contienda fue inequitativa?

Claro que no. La ley será violada y el daño estará hecho. Lo que pasará si Morena pierde la elección sería al revés, idéntico a lo que Trump quiso hacer: reclamar que hubo fraude, acusar de corruptos al servicio de los conservadores y la oligarquía a los consejeros del INE que no le son afines, como lleva haciendo años, y convertir todo el proceso electoral en un caos. Y en este caso, siguiendo el dicho popular que dice "a río revuelto, ganancia de pescadores", los pescadores serían los militantes de Morena, y el dicho popular se convertiría en "a México revuelto, pérdida de opositores".

Si el partido en el poder y el propio Presidente no juegan limpio, mienten y usan el dinero de todos para hacer campañas anticipadas y comprar votos; si sus mafias y aliados gansteriles amenazan, extorsionan y hasta asesinan candidatos de oposición con posibilidades de triunfo, entonces es inocente pensar que se puede ganar una elección jugando limpio, sin mentiras, sin acuerdos oscuros y con candidatos honestos y bien intencionados.

La verdad es que la única manera de combatir una mafia en el poder como la de la 4T que hoy nos gobierna, es con otra mafia igual o más poderosa.

La única esperanza de avance para los ciudadanos es que la nueva mafia tenga algo más de escrúpulos que la anterior, y ya en el poder, aspirar y trabajar para una transformación, tanto de la clase gobernante como de la sociedad toda.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores rechazó la ampliación hasta junio de 2023 del decreto que regulariza a los autos que se importan de manera ilegal desde Estados Unidos. Ayer el presidente anunció que se ampliaría el decreto.

A José Noriel Portillo Gil le decían "El Chueco". Un personaje violento que trabajaba para el grupo de Sinaloa y tenía el control de la zona de la Tarahumara en Chihuahua. Se hizo famoso por el brutal asesinato de 2 jesuitas que trabajaban en la misión, Javier Campos y Joaquín Mora, y un guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma, en junio de 2022. Durante 9 meses los gobiernos de Chihuahua, Sinaloa y el gobierno federal no pudieron detenerlo para llevarlo a la justicia. El sábado alguien, nadie sabe quién, se "les adelantó" y lo mató para acabar con el problema. Tenía varios balazos en el cuerpo y un tiro de gracia en la cabeza.

El final de la historia deja en claro que ni los gobiernos estatales, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República fueron capaces de hacer justicia en un caso que, se suponía, era prioridad nacional por su visibilidad y sensibilidad social. En el inter detuvieron a 32 personas presuntamente delincuentes de la banda de "El Chueco"; ninguno de ellos responsable por lo ocurrido aquella noche. "La justicia", si es que se le puede llamar así a un asesinato más, la hicieron otros, los que mandan en la zona. Ni a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ni al fiscal Gertz Manero, ni al presidente López Obrador parece preocuparles gran cosa que sea otro quien decida en ese territorio, otro el que haga una justicia chueca.

La justicia chueca en el caso de los jesuitas asesinados en la Tarahumara coincide fatalmente en el tiempo con la declaración del secretario de Estado del vecino del norte, Antony Blinken, quien, ante la pregunta del senador Graham sobre si consideraba que parte de México estaba en control del crimen organizado y no del gobierno, contestó: "Creo que es justo decir que sí". Por supuesto que el Departamento de Estado no está descubriendo el agua tibia. No necesitan decirnos lo que ya sabemos, el problema es que los gobiernos de todos los niveles en México siguen sin hacerse cargo de aquello que no sólo es su responsabilidad sino su 1a. razón de ser como Estado: brindarnos seguridad y administrar la justicia.

Las pataletas y rabietas del presidente en la mañanera sirven para que la tribuna aplauda, pero no para resolver el problema. El Estado mexicano tiene que recuperar el control de su territorio no para darle gusto a los gringos sino para darnos paz y justicia a los mexicanos. Para eso los elegimos, para eso les dimos el poder, para eso están ahí.

La ONG de seguridad y derechos humanos Causa en Común reportó al menos 80 masacres ocurridas en México durante los 2 primeros meses del año, que contrastan con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ocurran este tipo de sucesos.

Según el recuento realizado por la organización, entre enero y febrero de 2023 los medios de comunicación registraron al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres "con crueldad extrema" y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres.

Esto suponen cerca de 1,106 "atrocidades", un promedio de 19 al día y 24% más que en el mismo periodo del año anterior, indicó el informe "Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos".

Por el contrario, según el informe bimestral de seguridad presentado esta por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el número de homicidios dolosos repuntó un 4.23% en el 1er. bimestre hasta llegar a los 4,882 asesinatos, un promedio de 83 al día.

Entre las "atrocidades" recopiladas por Causa en Común están "el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causa la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror".

Los estados que más sucesos registraron durante el inicio de año fueron Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Morelos.

Tarde de domingo y puente vacacional sin tráfico ni prisas. En una ciudad semivacía, nuestra pareja conduce por Avenida Lázaro Cárdenas. No conocemos más datos, sólo que él tiene 46 años (eso informará su esposa más tarde a la Policía de Zapopan).

A la altura de Avenida Vallarta, exactamente por Los Cubos, la camioneta Highlander en la que viajan los esposos tiene un incidente vial. Un alcance con otro vehículo, un Nissan Sentra gris modelo atrasado (tampoco tenemos más datos del ocupante). Sólo sabemos que ambos hombres descendieron de sus autos, discutieron y el del vehículo compacto sacó un arma y disparó 2 veces.

Estas noticias quedan relegadas a un 2o. plano. En febrero, en Tlaquepaque, un hecho similar terminó con un joven acribillado a balazos tras una discusión vial. Nadie lleva la contabilidad de los conflictos viales, vecinales o comunitarios que derivan en una forma de violencia a veces letal.

¿Cuántos eventos similares pasan desapercibidos cada día? ¿Cuántos en esta ciudad salen diariamente con un arma, dispuestos a utilizarla a la menor provocación? Qué es más fácil en estos días, ¿conseguir un arma o dispararla contra cualquiera?

Se llama violencia comunitaria (no escatimemos fuerzas en señalarla). Se traduce en un odio soterrado contra el otro en donde la individualidad anula el sentido de colectividad. Prevalece lo individual sobre lo vecinal.

Otro ejemplo es el caso de la menor Norma Lizbeth, golpeada por su compañera del colegio hasta la muerte en un caso fatal de acoso escolar. O la piñata de la ministra Norma Piña incendiada en el Zócalo. La materialización y el ritual incendiario son expresiones del mismo padecimiento.

Regreso con nuestra pareja en Avenida Lázaro Cárdenas. El agresor erró o perdonó a su víctima. La 1a. bala dio en el glúteo izquierdo y la 2a. en el muslo del mismo lado. Después el atacante huyó en su Sentra. Ninguna cámara de videovigilancia o patrulla lo detuvo. ¿Por qué el C5 Escudo Urbano nunca registra estos hechos?

Un video difundido en redes sociales muestra el ingenio de un ladrón que con una maniobra logró escapar de un hospital, a donde fue llevado luego de recibir una golpiza por vecinos de la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando fue descubierto en flagrancia cometiendo un robo.

El hombre permanecía sentado en la banca de un hospital, esperando atención médica, esposado a un descansabrazos de metal.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado, según la fecha que exhibe el mismo video, a las 04:55 horas.

En el material se observa a Mario "N" esposado a una banca del hospital, pero comienza a jalar con fuerza para lograr zafarse de la estructura; lo hace en repetidas ocasiones hasta que lo logra. La sala de espera permanece sola y el joven carece de supervisión.

Cuando se libera, el hombre camina por un pasillo, con la estructura de metal que logró arrancar, pero a la que permanece unido por las esposas que porta. Observa por una ventana, aunque decide continuar por la ruta de evacuación. La acción duró apenas 5 minutos.

Las autoridades capitalinas buscan al joven para reaprehenderlo.

Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual sobre derechos humanos al presidente Andrés Manuel López Obrador por "desacreditar" a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.

El documento, elaborado por el Departamento de Estado y relativo a 2022, vuelve a expresar preocupación por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado.

Sobre la situación de la libertad de prensa en el país, recoge que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado y que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor.

Estados Unidos considera que "los altos niveles de impunidad" en estos crímenes generan "autocensura y reducen la libertad de expresión y de prensa".

"Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones", recoge también el informe, pero añade que "políticos, incluso el presidente López Obrador, los desacreditaron públicamente para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos".

Sobre los defensores de derechos humanos, el documento también destaca que "el presidente López Obrador reprendió a grupos de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas".

El informe destaca que el crimen organizado perpetra crímenes violentos en México como homicidios, torturas, secuestros, extorsiones y tráfico de personas.

"El gobierno investigó y persiguió algunos de esos crímenes, pero la mayoría permanecen sin investigar", sostiene el Departamento de Estado.

También destaca la colusión de criminales y autoridades en algunos crímenes que "a menudo quedan impunes".

El informe recoge reportes de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.

En un país donde la gente pobre no tiene posibilidades de ser respetada, porque carece de influencias, de palancas, de un gobierno que los defienda y haga aparecer a sus desaparecidos, vivos o muertos, con la misma rapidez con que fueron localizados los norteamericanos secuestrados en Tamaulipas.

El riesgo para las autoridades ha sido perder la calma y dar paso a la represión. El riesgo para los manifestantes es perder la lógica de sus ideales y caer en una radicalización destructiva y estéril, como si agrediendo personas y bienes públicos sus problemas se resolvieran con mayor prontitud. No creo que al gobierno le importe más defender piedras que personas, pero tampoco creo que causa alguna justifique destruir lo que es patrimonio de todos.

De cualquier modo, el radicalismo nace siempre de la frustración repetida, de los nulos resultados a legítimas demandas, de la perpetuación de conductas y actitudes equivocadas y aún, legitimadas, y cuando todas las frustraciones de todos los sectores de una sociedad se juntan y combinan, la estabilidad del país puede venirse abajo.

"La impunidad es el ejercicio del poder sin responsabilidad... en una frase, la impunidad es la idea de que 'la ley es para los tontos'". Así comienza "El Atlas de la Impunidad", una reciente publicación que ha sido muy comentada a nivel global y que analiza la relación entre impunidad y democracia. Pasó desapercibida en México, aunque analizan nuestro caso, y los resultados no son halagadoras. De esperarse porque, en México, efectivamente hay muchos que piensan que "la ley es para los tontos".

Democracia e impunidad no son lo mismo. Un país puede ser democrático y tener altos niveles de impunidad y, por el contrario, puede ser autoritario y tener bajos niveles de impunidad. Por ejemplo, mientras que Singapur no tiene elecciones libres y competitivas, sí tiene un robusto Estado de Derecho que asegura que todos respeten la ley. Por ello, en el país asiático hay menos impunidad que en países democráticos que inclusive son desarrollados, como Italia. De los 163 países analizados, donde el primero es el más impune y el último el menos, México se encuentra en un penoso lugar 45. Es decir, estamos entre los 50 países más impunes.

La ingenuidad mexicana de los últimos años consistió en creer que democracia significaba menos impunidad. El gran error del régimen autoritario priista no fue su autoritarismo, sino el no haber terminado de consolidar el Estado mexicano a través de mayor recaudación fiscal y mayores y mejores cuadros burocráticos. La relativa paz durante los años del régimen no se debió a la presencia del Estado, sino a los acuerdos con el crimen organizado. La llegada de la democracia provocó su ruptura y el comienzo de las desapariciones y los asesinatos masivos. Si durante los 17 años de la dictadura chilena de Augusto Pinochet desaparecieron alrededor de 3,000 personas, en el México democrático de 2006 a 2022 han desaparecido alrededor de 80,000 mexicanos. Y en ese mismo lapso de tiempo han asesinado a 206 periodistas.

Las actuales políticas no ayudan. A estas alturas queda claro que desde Palacio Nacional existe una nostalgia por el autoritarismo del pasado, agravado por la falta de vocación de Estado (los priistas de antaño tenían mucha mayor vocación en ese sentido). El asedio al Instituto Nacional Electoral (INE), por no mencionar los ataques a todo aquel que ose desafiar al presidente, son prueba clara de lo primero. El creciente papel de las fuerzas armadas en la vida pública nacional son prueba clara de lo segundo. Y a todo esto añadamos el constante desprecio a la ley, visto a través de innumerables reformas políticas que son a todas luces inconstitucionales, secundadas por las palabras del presidente: "no me vengan con que la ley es la ley".

En México, conquistamos la democracia sin terminar de construir el Estado. Esto eventualmente trajo una falta de resultados que debilitaría nuestra democracia. Y hoy, vemos de manera prístina el peor de los mundos: creciente autoritarismo con disminuida capacidad gubernamental.

El juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado y sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico, fue considerado por muchos como un juicio al mismo tiempo al Estado mexicano asociado al crimen organizado, especialmente a las bandas del narcotráfico.

El mismo juicio a García Luna permite confirmar otra característica del Estado mexicano: la impunidad que impera en México, pues finalmente al ex secretario de Seguridad se le juzga y sentencia en otro país revelando las serias deficiencias que existen en materia de impartición de justicia en el país y la impunidad estructural.

La pregunta es por qué si desde hace años había sospechas, denuncias, reportes, trabajos periodísticos y ciertas evidencias de las maniobras ilegales de García Luna, entre otras cosas su riqueza inexplicable, por qué no se le investigó, juzgo y sentenció en este país.

Rolando Herrera, periodista del Grupo Reforma, publicó el pasado 5 de marzo un reportaje donde recoge denuncias en contra de García Luna al menos desde hace 25 años, cuando trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Hubo al menos 4 serias acusaciones en contra de García Luna como funcionario que violaba la ley en los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. Rolando Herrera recuerda que en 2001 Alejandro Gertz Manero (actual fiscal federal), en ese entonces como secretario de Seguridad Pública, acusó a García Luna por haber desviado al menos 42.5 millones de pesos de la Policía Federal. En lugar de investigarlo, García Luna fue apoyado por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y premiado por Fox encargándole el nacimiento de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Un año después se hizo otra grave denuncia contra García Luna, entonces flamante director de la AFI. En 2002 García Luna fue acusado de proteger a bandas de secuestradores de alto impacto. La denuncia fue presentada por José Antonio Ortega, entonces presidente de la Comisión de Seguridad de Copamex, quien reportó que un secuestrador de nombre Marco Tinoco Gancedo, "El Coronel", acusó a García Luna "de proteger a Alberto Pliego Fuentes, que había sido su subordinado en la PFP y quien extorsionaba a los jefes de las bandas de secuestradores antes de capturarlos", recuerda Rolando Herrera. La denuncia llegó otra vez hasta el procurador Macedo de la Concha, pero de nuevo decidieron protegerlo.

La vinculación de García Luna con la protección de bandas de secuestradores llegó incluso al conocimiento de Felipe Calderón, obviamente al cambio de sexenio, con la denuncia que le presentó Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien conoció a García Luna a la década de 1990 en la corporación. Herrera Valles le escribió una carta al entonces presidente Felipe Calderón y acusó a García Luna de cometer graves delitos. "En mi carta al presidente Calderón", reveló a Reforma, "le hice referencia de la gente que estaba involucrada desde que estaban en la AFI en hechos relacionados con delincuencia organizada, homicidios de comandantes, pérdida de droga" e incluso el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas. Herrera Valle sostuvo que no tuvo respuesta de Presidencia y entonces denunció a García Luna directamente ante el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, pero no pasó nada.

Tuvieron que pasar más de 10 años para que García Luna fuera detenido, pero en Estados Unidos, por colaborar con el narcotráfico. El mes pasado en la Corte de Nueva York, el ex narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", aseguró que García Luna estuvo en la nómina del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes desde 2001 y hasta 2006 le pagaron 1 y 1.5 millones de dólares mensuales a cambio de protección, eso suman unos 75 millones de dólares, o unos 1,350 millones de pesos. Todo esto se sabía desde hace años, pero aquí no pasó nada. En México impera la impunidad, hay una impunidad estructural.

El despliegue del gobierno federal para encontrar a 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados fue el que se esperaría cuando una tragedia similar involucre a mexicanos. Por eso fue noticia, porque fue totalmente inusual. El que no exista nada parecido cuando se trata de nacionales deja un reguero de indignados doblemente huérfanos de justicia.

Las madres buscadoras tienen que rascar la tierra con sus propias manos y muy pocas veces son acompañadas o apoyadas por algún agente gubernamental. Esa realidad contrasta con lo visto en Matamoros: una rueda de prensa para informar del secuestro de los ciudadanos de Estados Unidos ameritó la presencia de 3 secretarios de estado.

El que el martes hayan podido dar con el paradero de los secuestrados el viernes, el que afortunadamente hayan sido encontrados con vida al menos 2 de esas víctimas, es una realidad desconocida, e impensable, para las familias mexicanas que denuncian la desaparición de uno de sus integrantes.

Pero al mismo tiempo, esta eficacia selectiva enervará a miles de hogares en todo México, a madres, padres y hermanos de desaparecidos que nunca se cansan de ir a fiscalías donde los expedientes de sus seres queridos son solo peso muerto en un archivo.

El Estado mostró que puede, pero nada más en casos de excepción, solo cuando la presión amenaza con desbordarle en otras agendas, en otros ámbitos. Si el que reclama es nacional, entonces a lo más que llegará el gobierno federal es a dar informes de esos llamados cero impunidad desde el cómodo estrado de la mañanera.

Así será en tanto las víctimas no acumulen el poder suficiente para forzar que el Gobierno les atienda con diligencia, para que lo que hoy es una obligación desdeñada se vuelva un tema impostergable.

Encima, las víctimas de crímenes -desapariciones, secuestros, asesinatos, "confusiones", etc- ven con impotencia que no hay partido o agente social con influencia que acompañe y menos abandere su lucha.

El sistema de partidos no quiere abanderar esa causa. El oficialismo, que en parte llegó al poder por los agravios de la falta de justicia del prianismo, hoy atiende a cuentagotas ese drama nacional. Ha despreciado cualquier encuentro con víctimas que no sean de Ayotzinapa, y Palacio Nacional voltea a otro lado cuando se reclaman desaparecidos, feminicidios, asesinatos, masacres.

La oposición tampoco ofrece alternativa: prácticamente todos sus gobiernos estatales han sido caracterizados por la indolencia y la ineficacia. Esta semana, para no ir más lejos, un reportaje de Nmas desenmascaró al gobernador de Nuevo León, quien con más de 900 mujeres desaparecidas en esa entidad no se dio tiempo para recibir a la reportera Alejandra Barriguete, que durante meses le pidió declarar sobre esa historia a fin de explicar por qué no hacen nada a la altura del gran estado que presumen ser.

De ahí que la pregunta es si habrá algún actor político, actual o por surgir, que pueda hacer que la falta de justicia se vuelva el tema prioritario que hoy no es. O si serán varias madres buscadoras las que de alguna manera articulen la resistencia y la protesta políticas que logren que su lucha se vuelva central en la agenda pública.

Los filos de la falta de justicia calan más porque el presidente López Obrador carece de la empatía indispensable para entender que lo ocurrido en Matamoros revictimiza a mexicanas que no han recibido del Estado ni una diligencia, ni una pesquisa, ni una cosa que no sea tortuguismo y desprecio.

¿Alguien logrará que la falta de justicia se convierta en tema electoral, o todos ya descontamos el agravio de vivir en la impunidad?

Así como las semanas previas a la marcha del 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fustigó todos los días a organizadores y simpatizantes, la semana anterior orquestó toda una escalada de embates cotidianos desde su púlpito mañanero en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de su ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

A los cuestionamientos hechos desde su elección entre los que destaca aquella afirmación de que Piña se había convertido en la 1a. mujer presidenta del Poder Judicial de la Federación por él, por no haber impuesto a nadie como antes se estilaba, el 1 de marzo la cuestionó como nunca cuando se le preguntó por la decisión de un juez de Tamaulipas que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el ex gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Si ya la había criticado porque otro juez ordenó descongelar las cuentas bancarias de la esposa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, justo el día que lo declararon culpable en Nueva York, el miércoles pasado aprovechó el caso Cabeza de Vaca para poner en tela de juicio su capacidad y honestidad al afirmar que desde que tomó el cargo "se desató una ola a favor de delincuentes". Le reprochó incluso que mientras estuvo su antecesor Arturo Zaldívar había "un poquito mas" de vigilancia sobre los jueces.

Aunque es innegable que urge una profunda reforma al poder judicial por los altos niveles de corrupción que siempre ha presentado, es claro que la campaña de señalamientos contra la presidenta de la Corte responde más a que no era su favorita para representar a la Corte y a su estrategia para tratar de erosionar su legitimidad y ejercer presión ahora que las y los ministros deberán analizar la constitucionalidad o no de las reformas electorales del presidente.

A ese plan de defensa del cuestionado "Plan B" y contra el que marcharon cientos de miles de mexicanos el domingo antepasado, se sumó el viernes pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien desde la mañanera y muchos otros medios salió a contrarrestar las descalificaciones a las reformas al INE, argumentando que sólo se estaba erradicando a la "burocracia dorada" del órgano electoral y todos sus privilegios, además de que sólo se darían de baja a 1,200 vocales y no los más de 6,000 empleados como asegura el presidente saliente del INE, Lorenzo Córdova.

Así, con toda la influencia y poder de un presidente que mantiene altos niveles de popularidad, la 4T operará con todo para estar muy cerca y apretando a las y los ministros de una Corte que no está sometida, pero en la que buscarán, que por ningún motivo, se alcancen los 8 de 11 votos obligados para invalidar su "Plan B" que defenderán con uñas y dientes.

Ayer el presidente López Obrador despidió su mañanera con el anuncio de que iba a tener una videollamada con Elon Musk. Puede ser importante para el país. Musk está considerando construir una nueva planta de Tesla y el destino lógico sería México.

AMLO presumió que iba a hablar con el hombre más rico del mundo. "Tengo una llamada -dijo-. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? Con el dueño de Tesla y quiero estar puntual. Es por teleconferencia y ya mañana les platico...".

No imagino, sin embargo, que cuando Cemex o Bimbo hacen una inversión en Estados Unidos sus directores generales deban hablar con el presidente de esa nación. En los países con Estado de Derecho las inversiones simplemente deben cumplir reglas que se aplican a todos.

En México no. El presidente López Obrador había declarado que no permitiría que la nueva planta de Tesla se estableciera en Nuevo León porque "no hay agua". Era un golpe injusto para los neoleoneses. Pidió, además, que se construyera cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque quiere apoyar a su hasta ahora fallido proyecto. Al final, sin embargo, parece que la planta sí quedará en Nuevo León, con otras fábricas en distintos lugares del país.

No es esta la 1a. vez que AMLO utiliza la excusa del agua para cerrar la puerta a una inversión. En 2020 canceló la planta cervecera que Constellation Brands construía en Mexicali, pese a que contaba con todos los permisos y una manifestación de impacto ambiental, tenía un avance de 70% y había requerido ya una inversión de 1,400 millones de dólares. Dijo que la planta debería construirse en su estado, Tabasco, aunque finalmente aceptó una propuesta para edificarla en Veracruz. El presidente también ha pedido a la empresa Lala, mexicana, que deje la Comarca Lagunera, donde ha operado siempre, para irse a producir al sur del país.

Estas "sugerencias" dejan en claro que el presidente, que nunca ha trabajado en una empresa, desconoce los factores que se toman en cuenta para realizar una inversión. El propio López Obrador ha iniciado sus proyectos del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya sin estudios previos de factibilidad porque sabe que las pérdidas las tendrán que cubrir los contribuyentes. Las empresas privadas no tienen esa opción. Una compañía toma en cuenta, por supuesto, la disponibilidad de agua y electricidad, pero también la infraestructura de transporte, la disponibilidad de personal técnico, la cercanía de proveedores y la distancia a su mercado. Aunque Constellation Brands ya compró terrenos en Veracruz, la construcción no ha empezado; la compañía está usando solo sus plantas ya existentes de Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora.

El presidente nunca entenderá por qué en toda la zona árida de Estados Unidos hay inversiones industriales muy importantes, o por qué Israel, en un desierto, es un gigante económico; y es que el agua es muy importante, pero las inversiones en infraestructura permiten superar el problema. Tampoco comprenderá que la cancelación de la cervecera de Mexicali, que habría usado solo el 0.2% de la oferta de agua de la zona, habría mejorado el abastecimiento de líquido para los cachanillas por las inversiones de la empresa en infraestructura hídrica.

Al presidente no le gusta el sistema en el que se establecen reglas para todos. Prefiere negociar directamente con los directivos de las grandes corporaciones. A esta forma de gobernar se le llama corporativismo, y genera malas decisiones y muchas oportunidades de corrupción.

Caímos. Estamos en una espiral en descenso que nos regresa al punto de partida, como si fuera un déjà vu. Hace 20 años vimos lo vulnerables que somos las mujeres en este país con un fenómeno que nos puso en el ojo internacional, primero con las desapariciones en la fronteriza Ciudad Juárez, después con la expansión al resto del país.

El auge laboral de las maquiladoras convocó a mujeres de la región entre mediados de los años 90 y principios del 2000, pero a la vez fue un imán para los depredadores que encontraron la manera de sustraerlas impunemente y abandonarlas con huellas de tortura. La sociedad visibilizó el fenómeno de las desapariciones o los hallazgos de los cuerpos a través de las cruces rosas con las que se identificaron a "Las muertas de Juárez". Una cicatriz en el tejido social no sólo de Chihuahua.

No por nada la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2009 por la muerte de 3 jóvenes a quienes las autoridades de Chihuahua no buscaron luego de su reporte de desaparición en 2001. El caso conocido como Campo Algodonero obligó a las autoridades a construir un memorial para recordar la omisión de las autoridades y la violencia de la que son víctimas las mujeres.

Hace 2 décadas hablábamos de las desapariciones como algo que ocurría "allá", en Chihuahua, pero pronto vimos que "allá" es como "aquí", sin maquiladoras, pero con la misma impunidad en el delito de feminicidio. Basta con abrir los portales de los diarios en cada ciudad y darnos cuenta que se vive el mismo infierno. Le ha costado la vida no sólo a las víctimas, sino a la familia de cada una de ellas. Madres que se convierten en activistas, buscadoras y que también sufren la misma violencia feminicida en la búsqueda de justicia, como Marisela Escobedo.

Entre el año 2000 y 2019 se registraron más de 42,000 homicidios de mujeres en México y más de 62,000 desapariciones; sin embargo de esos homicidios sólo el 30% aproximadamente se califica como feminicidio y de éstos el 56% de las niñas y mujeres asesinadas fue a manos de sus parejas o familiares cercanos. No hay lugar seguro para las mujeres. Tampoco justicia.

Caemos. Todavía no encontramos la forma de frenar este descenso, no hay partido que proponga la estrategia que detenga por lo menos los 10 feminicidios que se registran al día. Hemos visto la alternancia en estas 2 décadas y no se ha encontrado la solución para la seguridad de las mujeres. El pasado feminicida de Juárez es el presente feminicida de México y en él todos los factores cuentan: desde el machismo hasta el crimen organizado, pues en el ajuste de cuentas las mujeres fungen como el objeto donde expresan la violencia.

El año pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 3,754 muertes de mujeres y sólo 947 se investigaron como feminicidio, es decir, sólo el 33.7% se investigó con perspectiva de género. El año 2021 reportó 980 feminicidios y 2020 registró 943.

Por fortuna la sociedad se ha organizado, las redes sociales y los colectivos han hecho la diferencia en las últimas décadas. Se manifiestan, tejen lazos de acción. Algunos casos han tenido un final positivo con el regreso a casa con vida, la mayoría no puede contarlo así y permanece en la búsqueda.

¿Cuántas sentencias más se requieren para cambiar el paradigma? ¿Se necesitan cementerios rosas en cada ciudad? Yo confío que no, porque el daño no se repara ni con cruces ni con glorietas ni con parques para el recuerdo. Es válido exigir que ni una sola mujer sea víctima y que ninguna denuncia sea ignorada. Si las generaciones anteriores no lo consiguieron, trabajemos para que la siguiente encuentre las respuestas y no sigamos viviendo siempre el mismo día.

Eugenio Ruiz Orozco recuerda que las leyes establecen el orden jurídico y son las vías sobre las que gravita la sociedad, por lo que hacer cambios a las leyes es positivo cuando se detectan imperfecciones. Sin embargo, el llamado "Plan B", considera que tiene otro objetivo. "No es el cambio a la ley con el propósito de mejorarla, es el cambio de la ley con el propósito de establecer control sobre los organismos electorales. El presidente lo que quiere es apropiarse de los mecanismos, de las estructuras electorales, para él decidir, y entonces el problema de fondo es la tenacidad de este señor para modificar un orden jurídico que ha funcionado y que ha funcionado bien".

Ruiz Orozco indica que la única posibilidad de parar los cambios es lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "La única instancia que queda para defender a la democracia es la Corte. Ya no hay otra. Si la Corte aprueba las modificaciones que hicieron en el poder legislativo ya no hay vuelta para atrás. A ustedes les va a tocar vivir un régimen verdaderamente atroz".

Destaca que es preocupante el intento de sustituir al sistema electoral por una burocracia que atiende a las instrucciones del presidente. "Eso no se había visto antes en algún otro régimen".

Sobre la marcha para defender al INE, dice que es prioridad que los mexicanos defiendan la democracia. "Tenemos que protestar por los cambios que el Senado autorizó. Miles de mexicanos no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo".

La autonomía del INE "es violada" con las modificaciones avaladas dentro del "Plan B", explicó la académica María Marván Laborde, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien detalló que los principales riesgos son que le dan facultades al gobierno federal para intervenir de manera directa en la elaboración del padrón electoral, en puntos como la ubicación de los módulos de atención ciudadana hasta la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el empadronamiento de los mexicanos que residen en el extranjero.

Acentuó que lo vital es la elaboración del padrón electoral. Refirió que el INE, a lo largo de 3 décadas, perfeccionó los mecanismos de seguridad de ese registro para que sea confiable, introduciendo medidas de seguridad que dificulten la falsificación de las credenciales con micro textos y hologramas. "El INE ha hecho tan buen trabajo en el proceso del cuidado de la integridad de la base de datos, vinculada a la expedición de credenciales electorales, que hoy es el medio de identificación más confiable con el que cuentan los mexicanos mayores de 18 años".

Otro punto en el que se afecta la autonomía es que obliga al INE a trabajar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el desarrollo del voto electrónico, lo que sin duda es otra injerencia más del poder ejecutivo. También prohíbe al INE para disponer del dinero que pudiese resultar del subejercicio en otro proyecto de desarrollo institucional, lo que interfiere en la autonomía presupuestaria, sumado a que obliga al despido del secretario ejecutivo.

Con argumento de reducir la burocracia electoral, las reformas implican la desaparición del 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

El investigador de El Colegio de México, Mariano Sánchez Talanquer, precisó que la desprofesionalización de la función electoral sería una grave consecuencia que derivaría en la fractura del derecho igualitario al voto en elecciones libres y auténticas. Por eso remarcó que la reforma embiste la estructura ejecutiva del INE.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que, con la reformas, Morena busca judicializar el próximo proceso electoral desde antes de que comience.

Al haber retrasado la discusión del tema en el Senado, afirmó, se acortaron los tiempos para la promoción de las controversias constitucionales y eso obligará a la Suprema Corte a tener que resolver a contrarreloj todos los recursos de inconformidad que reciban.

"Lo que Morena está haciendo, de manera perversa e irresponsable, es dejar a la Corte con el menor tiempo posible para que cuando tenga que conocer del caso ya esté prácticamente a unos pasos el proceso electoral formal... y eso sería gravísimo. Y es por una razón sencilla: el presidente de la república, Morena y sus aliados, apuestan al caos electoral porque sienten que ellos ganan en el caos electoral".

Sin hacer mucho ruido, porque la consigna era que no se notara, Margarita Torres Arreola ocupa temporalmente la titularidad de la Junta Local del INE en Jalisco, después que dejó el cargo Carlos Manuel Rodríguez, quien se postuló para ser fiscal de delitos electorales en el estado.

Cambió el personaje que ocupa la oficina, pero las líneas de trabajo siguen siendo las mismas. Y es que, al ser cuestionada sobre las sanciones a los políticos que hacen precampaña sin que la ley lo permita, como por ejemplo las "corcholatas" que pintan bardas por toda la ciudad, su respuesta fue que no han aplicado ninguna sanción. ¿Pero no se actúa de oficio?, le preguntaron. "No", respondió con contundencia. "Estamos facultados para actuar de oficio, pero luego dicen que somos parciales". ¡Ah bueno!

Para que no digan nada, déjenlos que sigan violando las leyes electorales. Total...

La manifestación de transportistas que ayer arribó a las oficinas del Centro SCT Jalisco, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas casi esquina con Niño Obrero, se apoderó de los carriles laterales de la avenida en ambos sentidos. Solamente dejaron un carril para el paso de los vehículos.

Diego Bolio, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Jalisco, entregó un documento en las oficinas de la SICT en Jalisco y confió en que con la manifestación realizada durante gran parte de ayer tengan respuesta sus demandas.

El líder de la Conatram en Jalisco dijo que la principal exigencia es la publicación del reglamento de grúas que permita a las empresas de transportistas tener una certeza para su operación y no verse afectados por los servicios de estas grúas.

"Esperamos que el nuevo reglamento de grúas para los prestadores de este servicio se autorice y se publique en el Diario Oficial de la Federación y con esto evitemos los problemas que hemos tenido con los prestadores de grúas, pues al no existir un reglamento nos hacen cobros excesivamente altos", dijo.

Explicó que la publicación del reglamento de grúas le dará certidumbre a las empresas que se dedican al transporte en vehículos pesados, ya que son objeto de abusos cuando requieren de algún servicio de grúa.

"Hay veces que nos llegan a cobrar 200,000 a 300,000 pesos por una maniobra y en algunos casos hasta 500,000 pesos por un servicio cuando se requieren varias horas, pero realmente son cobros que no entendemos de dónde los sacan", comentó.

Aclaró que por muy costoso que sea un servicio, éste no debería superar los 30,000 ó 40,000 pesos.

Diego Bolio ofreció disculpas a la ciudadanía por los problemas viales causado por la manifestación y explicó que ante la pasividad que ha tenido la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no tuvieron otra alternativa más que realizar su movilización.

Añadió que en caso de no tener una respuesta positiva seguirán manifestándose en los próximos días.

En la movilización participaron alrededor de 150 unidades que partieron desde 4 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara: autopista Zapotlanejo, prolongación López Mateos Sur, avenida Vallarta y carretera a Saltillo. Un grupo hizo plantón en las instalaciones de la Secretaría de Administración y Movilidad del Gobierno del Estado, que exigió el pago de los adeudos pendientes con operadores de grúas.

Luego de que la Conatram realizó ayer manifestaciones en diferentes ciudades del país como Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Colima para exigir la publicación del reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre con Depósito de Vehículos, conocido como el reglamento de grúas, la SICT ofreció llegar a una solución integral.

En encuentro realizado en la Ciudad de México, el subsecretario de Transporte de la SICT, Rogelio Jiménez Pons, ofreció atender de manera prioritaria la situación que padece el autotransporte federal de carga, tras señalar que dicho fenómeno registra niveles que exigen la pronta intervención del Estado mexicano.

Además, reconoció la necesidad de contar con un reglamento que ponga fin a los abusos tarifarios contra el sector, así como adoptar medidas adicionales que impliquen el apoyo e intervención de otras instancias gubernamentales, tales como la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para ello, refirió que a la brevedad quedarán instaladas mesas de trabajo que atienda de manera específica dicha problemática y se puedan tomar acciones inmediatas o en el corto y mediano plazo toda vez que urgen decisiones impostergables, pues el tema del autotransporte federal es un asunto de interés nacional.

Los diputados Cecilia Márquez Alkadef Cortés y Francisco Javier Borrego Adame, ambos de Morena, respaldaron las manifestaciones de transportistas para exigir la creación de un reglamento de grúas.

En conferencia de prensa, acompañados del presidente de la Conatram, Elías Dip Ramé, luego de participar en las movilizaciones de la confederación en las diferentes oficinas de la SICT alrededor del país, los legisladores manifestaron su compromiso con este sector.

Borrego Adame señaló que estas concentraciones fueron pacíficas y tenían como objetivo manifestar la inconformidad del sector ante la falta del citado reglamento.

El también secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados dijo que "se tuvo que llegar a estos extremos por la falta de respuesta" de la dependencia.

Por su parte, la diputada Márquez Alkadef Cortes enfatizó que los transportistas son víctimas de "corralones clandestinos" a donde se llevan sus vehículos, en los que son extorsionados con cuotas que superan el costo de la carga.

La legisladora también llamó a la Secretaría de Transporte de Jalisco a poner atención en este tema, pues los transportistas son importantes para la seguridad alimentaria.

También solicitó a todas las autoridades encargadas de la seguridad nacional que atiendan a los transportistas, pues continuamente son abordados por el crimen organizado y a veces son extorsionados por policías municipales o estatales.

La manifestación realizada por miembros de la Conatram en la ciudad de Guadalajara tiene un beneficio para todos los sectores de la sociedad, consideró Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, al señalar que el exceso en cobros por servicios de grúas tiene una afectación directa al bolsillo de la ciudadanía.

El académico agregó que otra de las demandas de la Conatram, con respecto a la disminución en el costo de las casetas tiene a su vez una repercusión directa en la población, pues más allá de quienes tienen que realizar el pago más elevado año con año, la mayoría de las mercancías de consumo diario son transportadas por pista, lo que a su vez eleva el costo de los productos en las ventas a menudeo.

Afirmó que si los costos de traslados se incrementan esto se ve reflejado en los precios que pagan los consumidores al adquirir mercancías que ya de por sí tuvieron un aumento por los efectos de la inflación en el año 2022 y lo que falta de este 2023.

Señaló que el gobierno federal debe emitir un reglamento de grúas que les permita a las empresas transportistas tener una certeza para su operación.

A 9 meses de que Rebeca Beatriz Gómez Santos, una joven de 29 años edad, perdiera la vida en un accidente automovilístico provocado por Omar Juárez Gálvez, quien conducía en estado de ebriedad el pasado domingo 22 de mayo de 2022, no se ha hecho justicia. De acuerdo con sus familiares no hay fecha para su juicio ni se ha presentado a firmar con las autoridades correspondientes.

En entrevista con Manuel Zamacona para Zona de Noticias de El Heraldo Radio, Jerónimo Gómez comentó que el incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando su hija se dirigía hacia su domicilio luego de haber ido a festejar su cumpleaños 29, a la altura de Cuemanco frente a la Cruz Roja y el Mercado de las Flores.

Rebeca solicitó un Uber que era conducido por Margarita Herrera Belmont; sin embargo, a la altura de ese mercado, el auto en el que viajaba su hija fue impactado por otro de la marca Honda Civic que conducía Omar Juárez Gálvez a exceso de velocidad, golpeando la parte trasera del Versa donde viajaba su hija, quien salió proyectada hacia el parabrisas, mientras que el la unidad de Uber se estrelló contra un muro de contención.

Agregó que el conductor del Honda Civic salió por su propia cuenta de su vehículo, pero al ser detenido por los policías que arribaron al lugar de los hechos, gritaba que detuvieran a la conductora del Versa porque ella había impactado a su vehículo, aunque en realidad había ocurrido lo contrario.

De acuerdo con el padre de Rebeca, al conductor se lo llevaron detenido, mientras que su familia emprendió la búsqueda de su hija durante muchas horas, y fue gracias a una persona que los ayudó a localizar el celular de la joven que había quedado al interior del Versa, que pudieron dar con su paradero.

Tras enterarse que Rebeca había sufrido un accidente, sus familiares iniciaron la búsqueda y los trámites necesarios, empero en ese momento Jerónimo se encontraba trabajando en Saltillo, por lo que no se enteró de nada, fue Margarita, otra de sus hijas y su esposo, los que se dedicaron a hacer los trámites y declaraciones correspondientes, así como la identificación y recepción del cuerpo.

Omar Juárez Gálvez fue liberado poco tiempo después de su detención. En el primer examen toxicológico que le realizaron "no podía ni decir su nombre", aseguró Jerónimo; sin embargo, le dieron un periodo de recuperación y un gramo de tiamina y otra sustancia, por lo que al realizarle de nuevo el examen ya aparecía normal.

Además, hasta ahora llevan 2 audiencias a las que no se ha presentado y el Ministerio Público de Xochimilco calificó de homicidio culposo, no de doloso, ya que aseguran que no fue su intención causar el daño; sin embargo, Jerónimo destaca que desde el momento en que una persona bebe y consume otras drogas como cocaína, anfetaminas y marihuana que se señalan en el examen toxicológico, no puede ser considerado como un delito imprudencial.

El padre de Rebeca destaca que hay diversas omisiones en el caso de su hija, ya que no solo Rebeca perdió la vida, la conductora del Uber quedó en silla de ruedas y perdió parcialmente la memoria. Por otro lado, asegura, que la empresa Uber solo ha hecho 2 llamadas con un familiar y ha querido llegar a un arreglo dando una simbólica cantidad.

"Quiero que se haga justicia conforme al delito que cometió porque no nada más fue en la persona de mi hija ni en la familia de mi hija, sino también afectó a segundas y terceras personas, la señora conductora y los bienes materiales y a las vías de comunicación".

"Los de la Fiscalía declaran que porque no me presenté al día siguiente como parte acusatoria, por eso lo dejaron en libertad", expresó.

De acuerdo con Margarita, la hermana de Rebeca, recientemente contrataron a un abogado para que los asesorara en este caso y han comenzado su difusión en medios.

Ahora los familiares de Rebeca, quien era profesora de primaria y se preparaba para presentar un examen de maestría, están buscando apoyo para que su caso sea difundido en medios de comunicación y tenga la resonancia necesaria.

La 3a. audiencia está por realizarse y esperan que el responsable se presente por primera vez, ya que en las anteriores no lo ha hecho señalando que no puede por motivos laborales.

Yasmín Esquivel Mossa obtuvo el jueves una suspensión provisional en contra de los lineamientos para la integración del Comité de Ética de la UNAM, que analiza su situación. Y a nadie sorprende que la medida cautelar que por el momento beneficia a la togada fuese emitida por el Juzgado 5o. de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, quien admitió la demanda de amparo y otorgó la suspensión provisional en contra del origen del Comité de Ética universitario, encargado de revisar las posibles sanciones que se derivarían por el plagio del ensayo con el que se tituló Esquivel Mossa.

La suspensión emitida por la jueza, que muchos piensan la hizo bajo presión por tratarse de una ministra de la SCJN, establece además que las autoridades involucradas deben abstenerse de emitir comunicados o conferencias relativas al caso puesto que ello atenta contra el principio de presunción de inocencia.

Así es, leyó usted bien, la ministra que en septiembre de 2022 votó a favor de la prisión preventiva oficiosa que niega la presunción de inocencia (para congraciarse con su mesías, Andrés Manuel López Obrador) es la misma que en febrero de 2023 ha obtenido un amparo para ser protegida por el principio constitucional de la presunción de inocencia. La hipocresía, pues, en su máxima expresión.

El asunto es que si algo hay que reconocerle a la ministra plagiaria es su capacidad para torcer las leyes, para encontrar leguleyadas y cambiar las los hechos, porque no hay que olvidar que de acuerdo con la propia Universidad Nacional Autónoma de México, fue ella quien plagió la tesis de otro estudiante que la presentó un año antes que ella, y el sujeto, quien ya había asegurado haber sido el autor original de la tesis, terminó declarando que fue él quien la plagió, aunque sus palabras, sus historias y sus argumentos no tengan lógica ni gocen de credibilidad.

La pregunta es: ¿hasta dónde será capaz de llegar la ministra Yasmín Esquivel para evitar perder su posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

En lo que va de este año cada semana se suman en promedio 24 personas más a la lista de desaparecidos. El número de personas desaparecidas y no localizadas cada día en Jalisco pasó de 4.1 en 2018 a 6.1 en 2022 y 7.5 en los 45 días que llevamos de este año. En los últimos días en una zona específica, la llamada Zona Real, han desaparecido 6 jóvenes con perfiles similares. Cada semana 4 mujeres fueron asesinadas durante 2022. Las primeras semanas de este año los casos aumentaron en número y notoriedad. Y más de alguno preguntará: ¿qué tiene que ver el gobierno con todo esto?

Si atendemos a la lógica del gobernador Alfaro, si un criminal levanta a un joven por la razón que sea, lo mata, lo mutila y lo entierra en un predio privado es un asunto entre particulares que en nada interpela al gobierno. Y es cierto, el gobierno no puede evitar la casuística, salvo casos excepcionales en que un policía se topa con el delito nadie puede evitar que una persona en específico mate a otra. Lo que puede y debe evitar el gobierno es que tantas personas se sientan con derecho a matar, que haya en Jalisco tantos criminales que se saben impunes.

Para ponerlo en términos futboleros, que tanto gustan en Casa Jalisco, un árbitro no puede evitar que un defensa le dé una patada al delantero, o que un delantero le dé un codazo al portero del equipo contrario. Son decisiones personales de cada jugador. Lo que sí puede y debe hacer el árbitro es sancionar proporcionalmente las faltas conforme al reglamento. Eso es lo que se espera de él. Si el partido se le sale de las manos y los jugadores se olvidan de las reglas para darse patadas a discreción es porque el árbitro dejó de hacer su chamba. El partido se le salió de las manos, decimos.

Claramente algo no están haciendo las autoridades estatales, federales y municipales, algo han dejado de hacer que esos criminales que se matan entre ellos y matan incluso a los que no son como ellos, o a sus parejas, se sienten y se saben impunes.

Las estadísticas de secuestro en un 2013, año donde Enrique Peña Nieto iniciaba su gestión, reportaba más de 123,000 secuestros, impensable considerar esa cifra, pero las denuncias fueron por mucho, menores. Aproximadamente 4,400 y ya no hablemos de las carpetas de investigación o las detenciones.

El tiempo ha pasado y el delito sigue vigente. Las autoridades abren el año con estadísticas a la baja; sin embargo, el secuestro es una realidad que lacera no sólo a las administraciones para encontrar la manera de bajar las cifras, también a la sociedad con el clima de incertidumbre sobre la seguridad que se vive.

Prácticamente toda víctima de un abuso o de un incidente que entraña tribunales y abogados puede atestiguar el triunfo más que probable de quien tiene dinero. La cantidad de casos en que los jueces son comprados por criminales o por aquellos que pueden pagar su impunidad están a la vista. El poder judicial ha sido remiso para sanearse a sí mismo. El nepotismo que caracteriza a las instituciones del 3er. poder es endémico. Y en efecto se ha necesitado la presión de la opinión pública para que los ministros hayan comenzado a hacer algo al respecto.

[...]

Pedirle a los jueces que fallen en función de lo que es justo y no de lo que es legal, significa entrar en una dimensión subjetiva sumamente peligrosa.

Dictaminar que alguien es criminal solo porque al juez se lo parezca, al margen de las pruebas que demuestren su culpabilidad, es abrir una caja de pandora para la arbitrariedad, ya no digamos para una corrupción aún más flagrante. Y corremos el riesgo de confundir tecnicismos con lo que en realidad es negligencia de parte de las fiscalías.

En ocasiones los jueces están obligados a liberar a un criminal aparente, incluso contra su pesar, porque los expedientes se caen de las manos por la incapacidad, indolencia o corrupción de la autoridad como parte acusadora. En la mañanera se critica duramente que las cuentas de un corrupto sean desbloqueadas por un juez, pero lo que no se dice es que la fiscalía no cubrió los requisitos mínimos que exige la ley para justificar tal bloqueo. Y francamente, en ese caso, muchos preferimos optar por priorizar la defensa del interés ciudadano.

Sería absurdo que existiera la posibilidad de congelamientos de cuentas de empresas y particulares, ya no digamos detenciones, por la mera sospecha de un funcionario que no está obligado a presentar razones. Se puede entender la molestia del presidente por los casos que se pierden, pero pretender hacer justicia al margen de la ley sería calamitoso. En todo caso, cambiemos leyes y procedimientos. Incluso los obradoristas tendrían que pensar que, una vez retirado López Obrador, lo que está proponiendo nos dejaría a todos al arbitrio de los Gertz Manero y equivalentes.

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Palacio Nacional había intentado influir en la composición de la Corte para presionar desde adentro reformas del poder judicial. Lo seguirá haciendo en los siguientes relevos de ministros, pero con la elección de Norma Piña como cabeza del poder judicial, una figura contraria a sus posiciones, el presidente ha pasado a la ofensiva abierta. Y esta no es otra que influir en la opinión pública para meter presión a los jueces o encarecer la factura política por cada decisión cuestionable, a los ojos de la 4T. Tampoco es para espantarnos, son estrategias políticas; pero vale la pena transparentarlas para entender lo que está detrás de una frase provocadora, un chiste a medias o una queja indignada.

El sistema de frenos y contrapesos propio de la división de poderes es mucho más frágil de lo que imaginábamos hace una década. Hoy sí entiendo por qué el Poder Judicial, cuando ese sistema se debilita, es el más vulnerable de los 3. La principal tarea de las y los jueces federales es dibujar y hacer efectivos los límites constitucionales a los que están sujetos los 2 poderes electos. Su debilidad es que no cuenta con la legitimidad que dan las urnas. El Poder Judicial solo cuenta con la calidad de sus sentencias. ¿Por qué acatan los otros 2 poderes las decisiones judiciales? Esa me parece una pregunta de fondo de este entramado institucional. El Poder Judicial no tiene instrumentos de coacción propios. El poder coactivo se concentra sólo en el Ejecutivo. Una parte toral de la gobernabilidad democrática es que los detentadores del poder obedecen las sentencias de los jueces. Qué delicado cuando este principio se ve amenazado. Ello es justamente lo que está sucediendo con el Tren Maya.

Este proyecto de AMLO va a pasar a la historia como el ecocidio más grave de los casos que han llegado a la Suprema Corte. Nunca ha existido un asunto que signifique 485 hectáreas de selva deforestada, la destrucción de un sistema de cuevas único en el mundo, la alteración de los flujos hídricos de ese bosque tropical, la posible extinción de especies tan notables como el jaguar, por mencionar sólo los efectos más visibles. Una obra como el Tren Maya se debió haber diseñado y ejecutado de formas radicalmente distintas para que el ecocidio no sucediera. En términos constitucionales, el Tren Maya claramente no cumple con los estándares que ha fijado la Corte para que este tipo de obras no violen nuestro derecho a un medio ambiente sano. A pesar de los esfuerzos de un montón de personas para que los jueces federales apliquen dichos estándares, no ha habido manera de que la devastación se detenga.

Esta semana nos enteramos de la buena noticia de que un juez federal volvió a conceder una suspensión definitiva para frenar la construcción del Tramo 5 y, al siguiente día, también nos enteramos de que Fonatur decidió simplemente desacatar esa sentencia. Me pregunto: ¿en qué casos sí y en qué casos no el presidente y las autoridades federales van a cumplir las decisiones de los jueces? El desacato a las sentencias es lo más grave que puede suceder en el país.

A diferencia de los litigios en el sector eléctrico, en donde algunos de los mejores despachos de México están defendiendo a las empresas afectadas y, además, es un asunto que forma parte toral de la relación bilateral con Estados Unidos, los litigios en contra del Tren Maya, en cambio, tienen detrás a personas comunes y corrientes y a algunas organizaciones civiles defensoras del medio ambiente. Es una causa ciudadana, como en su momento fue la lucha por la democracia del propio López Obrador o la batalla por la transformación del sistema penal de muchas organizaciones civiles. Estas son las causas de las que está hecha la base axiológica de un régimen democrático. Lo que se defiende no son inversiones ni dinero. Lo que está en juego es la preservación de la selva, su majestuosidad y todo lo que ello significa para México y para la humanidad.

Existen recursos legales para que los quejosos puedan intentar que Fonatur cumpla la suspensión. El presidente sabe que, al ritmo en el que se resuelven esos recursos, ya ganó: en ese tiempo se va a consumar la destrucción. Me pregunto: ¿qué debería suceder para que Fonatur no diluya la autoridad de los jueces federales? ¿Cómo deberían la ministra presidenta y la Corte en general hacer frente a este problema? ¿Existe o no forma de frenar judicialmente el ecocidio en Quintana Roo? No tengo respuestas. Lo que sí sé es que el desacato de las decisiones judiciales por parte del ejecutivo federal es un riesgo mayúsculo para la división de poderes y para la independencia judicial. Dicho desacato produce una de las formas más profundas de indefensión ciudadana frente al capricho y el abuso de autoridad. Ojalá la Corte haga algo al respecto.

El pleno del Congreso de Jalisco avaló la aplicación de descuentos a quien presente adeudos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). En lo autorizado consideran aplicar una reducción de hasta 95% en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución, cuando el pago se realice en una sola exhibición.

En los casos en los que el pago se haga vía convenio, el descuento sería de 80% y no aplicará para contribuyentes que tengan antecedentes de incumplimiento en otros convenios de pago.

"Prácticamente presentan adeudo el 50% de las cuentas del Siapa, es una alta cantidad; el año pasado de esas cuentas con adeudo se recibió prácticamente un 70% de pago una vez que se hicieron los descuentos", comentó la diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda.

La posibilidad de buscar los descuentos estará vigente a partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado y hasta el 15 de diciembre de este año.

Vía solicitud de transparencia el Siapa informó que el monto total de su cartera vencida suma 14,060 millones de pesos, al corte de 2022. El monto se duplicó pues cuando asumió la dirección del Siapa, Carlos Torres Lugo, informó que les habían heredado una cartera vencida de 7,548 millones de pesos (MDP).

También avanzó una modificación a la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta para realizar descuentos de hasta el 60% en el pago de derechos por concepto del servicio de agua potable de uso doméstico, a ciudadanos insolventes económicamente que habiten en colonias con mayores índices de marginación, previo estudio socioeconómico que así lo acredite, realizado por el sistema DIF Municipal.

Es obvio que los instrumentos jurídicos que dan conducción y certidumbre a nuestras vidas deben actualizarse a la luz de las transformaciones que vivimos en todos los campos de la actividad humana. El problema es pretender modificar la Constitución en términos voluntaristas para adecuarla a una visión parcial de la realidad. Más grave aún es que, desde la Presidencia de la República, se intentara la modificación constitucional del INE (que evitó el Senado) y ahora traten de alcanzar los mismos fines mediante el denominado "Plan B" para convertir al presidente de la república en el factótum del próximo proceso electoral. Eso es subvertir, mediante "huizachadas", el Estado de Derecho. "Si el obstáculo para alcanzar mis propósitos es la Constitución o las leyes, ¿qué son las leyes? ¡Cambiémoslas!", ha dicho López Obrador en un exabrupto que revela su poco respeto por el orden jurídico.

Resulta alentador que, en su 1a. entrevista, a solicitud del secretario de Gobernación en representación del titular del poder ejecutivo, la señora presidenta de la Suprema Corte, doña Norma Lucía Piña, ante la presión que quiso sujetarla el secretario, haya puntualizado los términos de relación y límites entre los poderes. La Corte, como revisora de la constitucionalidad de los actos del poder público y como garante de los derechos humanos fundamentales, tiene la última palabra. Eso significa, ni más ni menos, la preeminencia del Estado de Derecho por encima de pretensiones mesiánicas o juicios de valor, vengan de donde vengan. Al hecho en sí, se le ha dado poca difusión, pero es un hito digno de celebrarse en la historia de nuestro país. La presidenta del máximo tribunal de la nación le plantó cara al ejecutivo, obligándolo a reencausar sus intenciones y devolviendo al Poder Judicial de la Federación el lugar que nunca debió perder. Digna conmemoración de nuestra vapuleada Constitución.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está “destazando” y “asesinando” la Constitución de 1917.

Así lo aseguró ayer en el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En 1903 el partido liberal de Flores Magón denunciaba al gobierno porfirista afirmando 'la Constitución ha muerto'. Hoy, en el marco del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el gobierno de López Obrador intenta asesinarla", declaró en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva aseguró que esta administración mantiene al país "al filo de la inconstitucionalidad", tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral y las reformas a las leyes secundarias de la industria eléctrica.

"La obsesión de atentar contra la legalidad por parte de López Obrador se evidencia en su conocida frase: 'no me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento', expresada cuando los ministros de la SCJN rechazaron las reformas de la industria eléctrica. Ya nomás falta que para dejar constancia de dicha obsesión quieran que esa frase quede con letras de oro en el Senado de la República", aseveró.

El líder perredista calificó como "preocupante" que el Presidente de la República considere "que la justicia debe estar por encima de la ley", como afirmó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva para quienes cometan delitos fiscales.

En Jalisco 93 de cada 100 delitos que suceden no son denunciados o, aunque se presentó denuncia no derivaron en una carpeta de investigación, estos casos conforman la "cifra negra" en incidencia delictiva que es la más alta desde el 2016.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública detalla que entre las principales razones por las que las víctimas no denuncian están las causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a una extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.

Sobre el tiempo que lleva el trámite de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, 57.5% de los afectados dijo que tardó de una a 4 horas; 9.7% respondió que dedicó menos de una hora y 29.2% que demoró más de 4 horas.

La revisión hecha por la agrupación México Evalúa al Sistema de Justicia Penal de Jalisco, concluyó que es necesario trabajar en la profesionalización y capacitación del personal encargado de brindar atención a víctimas de un delito.

Policías, fiscalías, tribunales, servicios periciales y forenses, defensorías públicas, unidades de seguimiento de medidas cautelares y suspensión condicional de proceso, centros penitenciarios y centros de internamiento son lo que el Gobierno de la República denomina "operadores del sistema de justicia", dichos así o según la denominación que de entidad en entidad tengan.

En teoría, cada uno de ellos se rige por lo que mandan la Constitución y las leyes complementarias y de este modo conforman un sistema, o sea un "conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto" (Real Academia Española), lo correcto es suponer que el objeto de un sistema de justicia sea ésta, la justicia.

¿Tenemos un sistema? Sucede un crimen, interviene la policía, toma la estafeta el ministerio público, que a su vez ocurre a los tribunales en los que, apoyado por peritos y forenses, presenta evidencias, en tanto que el acusado o la acusada cuenta con un defensor de oficio o puede recurrir a uno particular; de lo que el juez determine podría ser necesario dar seguimiento a las medidas cautelares y si la sentencia dispone prisión entran al relevo, último engranaje del sistema, los centros penitenciarios (o de readaptación).

Es un resumen apretado, sabemos que hay varias instancias para agotar un proceso y sabemos que cada uno de los "operadores del sistema de justicia" está subrepticiamente regido por una burocracia implacable atravesada en buena medida por la corrupción. Y con todo y esto no queda sino responder: sí, tenemos un sistema de justicia, aunque ésta se apersona sólo en el membrete, pues el tal sistema no la procura, tampoco la administra, la impunidad es muestra de lo anterior, también lo dilatado e incierto de sus procesos, en los que no es extraño que las víctimas terminen pasando penurias e indignidades y tampoco es raro que inocentes estén en la cárcel, además de una certeza común entre quienes deberían ser sus beneficiarios: la justicia cuesta, queda más próxima a quienes pueden pagar los costos que los operadores imponen ilegalmente, y esto incluye a presuntos delincuentes.

Justicia. Ameritaría una definición, ojalá lo que dicta el diccionario bastara para fijar un horizonte compartido; recurramos a Amartya Sen (La idea de la justicia), premio Nobel de Economía: "A veces se dice que la justicia no es en absoluto una cuestión de razón, sino de tener la sensibilidad apropiada y el olfato adecuado para la injusticia". Líneas más adelante cuenta: "Lord Mansfield, el poderoso magistrado inglés del siglo XVIII, dio un famoso consejo a un gobernador colonial recién nombrado: 'Considere lo que usted crea que la justicia demanda y actúe en consecuencia. Pero nunca dé razones; pues su decisión será probablemente correcta, pero sus razones serán ciertamente erróneas'".

Así, la justicia, la noción de ella, en relación con la que tengamos de injusticia. Entonces Se refiere uno de los enfoques que en la Ilustración surgieron sobre el concepto: "identificar los esquemas institucionales justos para la sociedad", "más que en comparaciones relativas de la justicia y la injusticia", lo llama "institucionalismo trascendental" y pasa al 2o. enfoque: "el institucionalismo trascendental se dedica de manera primaria a hacer justas las instituciones, por lo cual no se ocupa directamente de las sociedades reales. La naturaleza de la sociedad que eventualmente resulte de un marco institucional determinado también depende, por supuesto, de aspectos no institucionales, como el comportamiento real de la gente y sus interacciones sociales". Y, nos figuramos, ese "comportamiento real de la gente" aplica también para los operadores del sistema de justicia.

Una de las ventajas de un sistema es que para repararlo puede intervenir pieza por pieza, no es un todo incoherente; pero, en nuestro sistema de justicia ¿por dónde empezamos? Al plantear esta cuestión comenzamos a notar que bien poco tiene de sistema y mucho de caótico, y que atravesado por gestos inconexos de justicia.

Está fracturado; y la persistencia de sus daños, bien identificados, invita a sospechar que su malfuncionamiento es intencional: quienes sucesivamente han mantenido el estado roto de las cosas de la justicia han superpuesto otro sistema para mantener las apariencias: el político. Este sí funcional, no para efectos sociales, sí para los operadores de este otro sistema, políticos, partidos, poderes fácticos y los mercados que cada cual atiende, legítimos e ilegítimos.

¿Fallan las policías, las fiscalías o el poder judicial? Interviene, caso por caso, algún componente del sistema político. ¿Alguien, un grupo, necesita justicia? Que recurra al diputado, a la diputada, al alcalde, gobernador, etcétera, quien se la procurará como un acto de magnanimidad personalizado o, si su cartera lo permite, que busque al abogado o personaje influyente que lo introducirá al omnipotente sistema político. ¿No tiene acceso a ninguno de estos? Bienvenido al sistema de justicia que, ni modo, se atiene a lo que dice la ley. Recomendamos recorrerlo con espíritu todo terreno.

Renovar el sistema de justicia tiene que ver con presupuesto, con volver a las bases: respetar la Constitución, con otorgarle autonomía de vuelo a partir de que sus operadores se ciñan a su objeto: la justicia, y con que el sistema entero se quite de encima el modelo de que es tributario del otro, del político.

Luce arduo. No, luce imposible. El sistema político es literalmente avasallador, fabrica vasallos, de eso se nutre, a eso ha concentrado su funcionalidad y nos hemos prestado a su juego: ahí estamos, lampareados frente a las declaraciones de los políticos anunciando todo tipo de futuros, liderados por un presidente cuya persona es, según él, el sistema de sistemas: el político, el de justicia y el moral.

¿Pruebas? Hoy la vida política de la nación está volcada hacia las elecciones de 2024. ¿Y la justicia? A quién le importa, si las corcholatas y sus rivales hacen las delicias grotescas del sistema político y de su tribuna que, en una de ésas (es la periódica esperanza) esta vez sí traerá bajo el brazo una reforma para que la justicia... etc.

Luego del principal eje de inseguridad y violencia que padecemos en Jalisco conformado por las desapariciones, las fosas clandestinas y el colapso forense provocado por el alto número de homicidios, vuelven a aparecer los feminicidios en este arranque de año, como el 2o. más grave problema que amenaza la convivencia social en el estado.

Si el 2022 cerró con una infausta cifra de al menos 180 feminicidios en Jalisco, los 19 que ya se cometieron en enero trazan una preocupante inercia que haría crecer el luto en muchas otras familias.

Todo un reto que debe ser prioridad de gobiernos más ocupados en muy prematuras pugnas de poder.

Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, Coahuila, demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Cámara de Diputados, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al Diario Oficial de la Federación por emitir y publicar un decreto inconstitucional.

Dijo que piden a los ministros que desechen el Decreto del 27 de diciembre de 2022 sobre el "Plan B electoral" que emitió ilegalmente el presidente de la república porque en materia de comunicación social viola la autonomía municipal y la soberanía de los estados.

Pide que analicen con detalle los agravios a la autonomía municipal, fundados en el artículo 115 fracción 2a. y el artículo VI constitucionales porque se atenta contra el derecho de la libertad de expresión.

Monclova se suma a Chihuahua y a los ayuntamientos de Mérida, Yuc., León, Gto., y Puebla, que también demandaron en tiempo y forma la controversia constitucional por el decreto presidencial, apuntó.

Cuestionó que el mandatario haya emitido el mandato en esa fecha, cuando faltaba poco para finalizar el año y era temporada de descanso, por eso hubo quienes ni cuenta se dieron de lo que dispuso.

Los recursos para difusión "los bajó" del 3% al 0.1%, los cuales son necesarios para los gobiernos, por eso están incluidos en la ley para difundir la información y el trabajo de los ayuntamientos y los estados, subrayó.

Son necesarioz para que la gente se entere que hacen los alcaldes (y gobernadores) en beneficios y servicios (de salud, educación, desarrollo social, seguridad...) y obra pública, por ejemplo, mencionó Dávila Delgado.

López Obrador incurrió en abuso de autoridad, porque viola lo dispuesto en la Ley de Comunicación Social y la Ley Administrativa, informó el director Jurídico del municipio de Monclova, Jorge Luis Garza Calvillo.

El recurso es en contra de la Cámara de Diputados por aprobarlo y del Diario Oficial de la Federación por publicarlo.

Refirió que el 26 de enero presentaron la demanda vía virtual y en la víspera lo hicieron directamente en la Oficialía de Partes de la SCJN.

Los ministros de la Corte deben tomar en cuenta que se viola la carta magna en cuanto a autonomía y soberanía y se está violentando el Estado de Derecho, por eso ese mandato ilegal debe ser desechado, subrayó Garza Calvillo.

Si las autoridades quieren que Jalisco deje de ser la entidad donde más desapariciones se cometen, deben pasar de sólo localizar fosas y exhumar los cadáveres que ahí se encuentran, a detener a los raptores para que privar de la libertad a ciudadanos, inocentes o culpables, deje de ser un crimen sin castigo y que por ello crezca día con día.

Un caso muy serio de espionaje ha pasado a ser, inexplicablemente, tema de 2o. plano ante la banalización del delito y las obscenidades de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con las que respondió a Proceso, de que publicó varios chats que revelaban actos ilegales de sus cercanos contra el líder del PRI, Alejandro Moreno. Sansores agregó que las conversaciones, que sugerían también peculado al financiar campañas electorales, eran un "invento" y los diálogos habían sido fabricados. El último episodio sobre la impunidad de la gobernadora al utilizar información obtenida ilegalmente para sus fines políticos, terminó así, en dimes y diretes.

Más de 60 horas de conversaciones telefónicas le fueron proporcionadas por el Centro Nacional de Inteligencia para neutralizar a Moreno y obligarlo a aprobar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sansores, que está alineada con Claudia Sheinbaum en la lucha por la candidatura presidencial, usó intercepciones telefónicas para dañar a uno de los adversarios de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal.

Lo que dio a conocer Proceso escaló aún más en el andamiaje del espionaje descarnado en estos tiempos mexicanos, donde es posible violar la ley si se está del lado correcto de la historia, el que narra López Obrador. Sansores refutó el contenido y la manufactura de los chats, que es lo mismo que ella y su equipo han hecho con chats de políticos que ha dado a conocer en el llamado "Martes del Jaguar". Pero la esencia de lo publicado no fue refutado, pese a su trascendencia por dar a conocer un presunto centro de inteligencia armado por el fiscal de Campeche, Renato Sales, con un equipo que había comprado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El espionaje campechano nunca lo investigó la Fiscalía General, pero el Tribunal Electoral abrió un camino importante al dictar una sentencia el año pasado en donde habla de la intervención ilegal de la plataforma de WhatsApp. Meta, su matriz, podría denunciarla en tribunales, como recomendó el Tribunal Electoral, y replicar lo que hizo contra la empresa israelita NSO en Estados Unidos por espiar a políticos y periodistas.

Si lo hace, forzará una investigación sobre el espionaje que está encubriendo el gobierno mexicano, y podrían abrirse los chats difundidos por Sansores con una orden judicial en Estados Unidos, que es su jurisdicción, para establecer cómo se realizó el espionaje y los orígenes de la intervención de las comunicaciones.

La gobernadora es una delincuente confesa, y de proceder la investigación en Estados Unidos, Sansores no sería la única que podría pagar las consecuencias, sino también las áreas federales que presuntamente realizaron el espionaje, y los responsables en autorizarlos o tolerarlos, donde quedarían en entredicho no sólo el fiscal Gertz Manero, sino el propio Presidente de la República.

Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López transitaban en su coche cuando fueron detenidos en la carretera México-Veracruz. Era el 12 de enero de 2006 cuando una patrulla de la policía les confiscó el vehículo. Durante 2 días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Los consignaron y les decretaron arraigo lo que implicó fueran trasladadas a una casa de la Procuraduría, en la Ciudad de México, ahí fueron confinados por más de 3 meses hasta que, 3 meses después les decretaron la "formal prisión" por el delito de delincuencia organizada en modalidad de terrorismo. En el juicio penal fueron mantenidos en prisión preventiva por más de 2 años. Fue hasta el 16 de octubre de 2008 cuando fueron absueltos de los cargos y fueron liberados.

Historias como ésta tristemente se repiten con frecuencia y constituyen un testimonio de la crisis del sistema de justicia en la cual estamos inmersos desde hace décadas. Estos jóvenes nunca se imaginaron entonces que 15 años después su historia se encaminara a ser la base para un cambio jurídico profundo en México.

Efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en días pasados condenó a México mediante una sentencia que declaró que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

El caso llevó al análisis de 2 figuras que se encuentran establecidas en la ley mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Y la resolución es de enorme trascendencia porque obliga a nuestro país a reformar la Constitución, las leyes y a fijar criterios interpretativos en el orden judicial para eliminar la figura del arraigo y para exigir que la prisión preventiva sea plenamente justificada en cada caso, obligando a eliminar el criterio de la aplicación oficiosa injustificada.

La Corte Interamericana ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en el ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de costas y gastos.

El Gobierno de México ha sido notificado y "analizará con atención los resolutivos del tribunal interamericano en su resolución para estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones, asegurando el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a sus procesos democráticos".

"El caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y la sentencia que de él se deriva podrán orientar en un sentido positivo las acciones del Estado para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad."

De la misma forma, el Estado Mexicano refrenda el compromiso para trabajar con las familias de las víctimas en lo relativo a la reparación del daño y garantías de no repetición.

Así México ha perdido un juicio en la Corte Interamericana y ha ganado un enorme impulso para la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Esto significa que habrá reformas a la Constitución, a las leyes y se cambiarán los criterios judiciales. Este caso sienta un precedente fundamental para la protección de la presunción de inocencia y se establecen las bases para que las labores de investigación sean plenamente respetuosas de los derechos de las personas.

Es una buena noticia para el sistema jurídico mexicano y un paso adelante para generar cambios efectivos que permitan el acceso más expedito a la justicia. Así que la arbitrariedad sufrida por los hermanos Tzompaxtle Tecpile ha generado un legado de justicia, que levanta una ola de esperanza en la mejora de la aplicación de la ley, en medio de la tormenta de impunidad que nos azota.

No recuerdo alguna ocasión en que un secretario de Gobernación se mostrara comiendo garnachas antes que dar a conocer alguna información relacionada con las acciones inherentes a su cargo. Tampoco recuerdo a un jefe de Gobierno que estando en funciones abandonara su estado los fines de semana para placearse por todo el país en una campaña disfrazada. Mucho menos recuerdo a un secretario de Relaciones Exteriores haciéndose el cómico y pintándose la cara para ganar seguidores en redes sociales o haciendo circular un peluche con su figura. Y lo más grave, no recuerdo que un presidente "destapara" a sus "corcholatas" con un año y medio de anticipación, ni que se registrase tal desprecio por el órgano que garantiza la democracia en este país, sus autoridades y todo lo que representan.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha catapultado como el gran destructor en lo que va de su gobierno. Lo mismo destruye personas y trayectorias, que instituciones, programas, servicios, estrategias, políticas públicas, obras, aeropuertos y leyes. Para el todopoderoso presidente mexicano no hay nada ni nadie que merezca permanecer en pie si él así lo determina.

AMLO está resuelto a desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano garante de que prevalezca la democracia en México y al que al menos un millón de personas salieron a las calles a defender en noviembre pasado.

Su vilipendio hacia el instituto que tutela Lorenzo Córdova es tal que ha permitido y alentado que sus "corcholatas" protagonicen una abierta pelea por ganar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024 sin que se hayan abierto aún los tiempos electorales.

De manera que teniendo la bendición de su jefe máximo para romper las leyes electorales, a los suspirantes del partido guinda les han tenido sin cuidado los llamados al orden, los extrañamientos y las sanciones por parte del INE.

En este contexto, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no le preocupó qué pensaría el INE cuando tapizó el país con pinta de bardas y colocación de lonas, así como la difusión en redes sociales con la frase "#EsElla", "EsClaudia", y "para que siga la transformación", al tiempo que recorría la República Mexicana dictando conferencias para compartir "sus éxitos de gobierno en CDMX". (Por el caso de la pinta de bardas y colocación de lonas la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la procedencia de medidas cautelares, al considerar que existía una estrategia de publicidad atípica y actos anticipados de precampaña y/o campaña).

Adán Augusto López García, también con el aval del presidente, se da el lujo de compartir videos comiendo un tamal. Hace que futbolistas graben videos enviándole saludos en TikTok. Y manda circular un periódico como medio de propaganda llamado "A Gusto del Pueblo".

Y qué decir de Marcelo Ebrard, el flamante canciller que lleva años esperando su momento y no está dispuesto a perder la que quizá sea su última oportunidad de llegar a la Presidencia de la República. Marcelo ha estado tejiendo fino y aparentemente cuenta ya con una profusa red de seguidores que, según se dice, estaría dispuesto a llevar consigo a otra trinchera si le niegan la candidatura en Morena. Pero no por ello ha sido ajeno a las tentaciones de adelantarse en la carrera morenista y también ha incurrido en acciones que si bien no constituyen un quebranto a las leyes electorales, sí hablan de que quiere estar en la jugada como ocurrió a finales del año pasado, cuando difundió encuestas que presuntamente lo posicionaban como la persona con más apoyo tanto en la militancia de Morena como de la ciudadanía en general, de cara a la elección presidencial del 2024. Y más recientemente, comenzaron a circular los "Marcelitos", que son pequeños muñecos de tela con la imagen del canciller que fueron repartidos por diputados federales y locales que apoyan al candidato en una conferencia llevada a cabo en Tijuana el pasado fin de semana.

Ninguno de los 3 ha sido ajeno a incurrir en desfiguros; lo mismo hemos visto a Ebrard pintarse la cara de catrín que a Claudia disfrazada de deportistas saltando en un trampolín, o a Augusto dirigirse de manera soez. Sin dejar de mencionar que los 2 últimos cuentan ya con su propia cumbia.

En todo este circo, que como ya decíamos, mucho de él se desarrolla rompiendo o torciendo las leyes electorales, habría que preguntarse sobre los recursos que las "corcholatas" destinan para promocionarse y principalmente de dónde salen esos dineros con los que Sheinbaum puede colocar miles de lonas, pintar igual o mayor número de bardas y recorrer cada fin de semana diversos puntos del territorio nacional. De dónde salen esas grandes cantidades -porque los futbolistas no son baratos- para que famosos envíen mensajes diciendo que se sienten "Augusto" y para publicar periódicos, o para que Ebrard pueda sostener redes de simpatizantes y pague los Marcelitos que seguramente muy pronto veremos circular de manera profusa.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral -hoy INE-, Luis Carlos Ugalde, señaló en días pasados que "la democracia no sólo requiere reglas precisas para jugar, también autocontención de los participantes. No hay ley perfecta que contemple todas las modalidades de comportamientos sancionables. La ley electoral mexicana, por ejemplo, no contiene una sección que prohíba que los jugadores de futbol graben mensajes en TikTok dirigidos a saludar al secretario de Gobernación".

"Por eso es tan importante la responsabilidad política y la prudencia, sobre todo cuando eres el funcionario responsable de mantener las condiciones de gobernabilidad en el país, el diálogo entre poderes públicos y la negociación con los partidos de oposición".

Si bien Ugalde no necesariamente refiere que algunos actos como los aquí señalados signifiquen violaciones directas a la normatividad, sí advierte que "con razón muchos señalan el riesgo de no detener estas simulaciones".

Las "corcholatas" de Morena pueden quebrantar las leyes electorales o manejarse al margen de ellas porque como dije antes, cuentan con la complacencia y complicidad de AMLO. Fue él quien las destapó, quien las puso a competir y es el responsable de la simulación, el despilfarro y el cinismo con el que actúan. La pregunta es ¿hasta dónde piensan llegar y qué tanto el INE estará dispuesto a tolerar?

Alertas de violencia de género van y vienen, tanto a nivel local como federal, y los casos de agresiones a mujeres lejos de disminuir van en aumento en Jalisco.

Un factor para que ese flagelo se multiplique es la impunidad, de ahí la gravedad del caso del desaforado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien cumplió ya un año prófugo de un aparato de justicia que parece no hacer nada para llevarlo ante un juez y responda por las acusaciones de abuso sexual infantil y corrupción de menores, que hizo su ex pareja Blanca Paredes a partir de unos videos en los que se le ve acariciar a su sobrina menor de edad.

Lo preocupante ahora es que a la nociva tendencia de casos de jueces y magistrados, que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, al grado de dejar en libertad a agresores y feminicidas, ahora se suma una especie de blindaje y esquema de protección patriarcal para no enjuiciar a uno de los suyos que va desde el congreso, la Fiscalía del Estado y el propio poder judicial.

Según reconoció esta misma semana el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Jalisco, Daniel Espinosa Licón, el caso de Covarrubias Dueñas mancha al poder judicial (en el que ya de por sí desconfían, por sus altos niveles de corrupción, 8 de cada 10 ciudadanos, de acuerdo a encuestas del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos).

Por eso habrá que ver qué responde el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz al señalamiento de Espinosa Licón de que le corresponde a la dependencia que dirige buscar y detener al magistrado desaforado, al que también llamó a dar la cara y defenderse de las acusaciones para no seguir afectando al STJ.

La que también puso a prueba al fiscal fue Blanca Paredes, la ex pareja de Covarrubias Dueñas, quien ha sufrido toda clase de acosos laborales en el poder judicial donde trabaja por haber denunciado al magistrado al grado de tener que hacer una huelga de hambre a las afueras de Casa Jalisco para exigir justicia.

La tía de la víctima retó al fiscal a dar un informe de las acciones que han realizado para localizar a Covarrubias Dueñas luego de que el 3 de febrero del 2022 lo declararon ilocalizable tras no asistir a la audiencia de imputación.

Esta petición adquiere relevancia por el antecedente que existe de la negativa de la mayoría de diputadas y diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) de llamar al Fiscal a comparecer al congreso sobre las investigaciones para dar con el paradero de Covarrubias Dueñas, a quienes ellos mismos desaforaron. Sin duda, esta renuencia a citarlo pone en entredicho las convicciones de género y de lucha contra la violencia en su contra, de la actual Legislatura donde las diputadas mujeres son mayoría.

Habrá que ver, pues, si el fiscal pasa o no esta prueba en la que lo ha metido un magistrado con 12 meses en fuga.

Los gobiernos, dejan al ciudadano a la deriva, a merced de grupos que se han enquistado y que Morena, el partido que dijo que rompería las cadenas de los monopolios y poderes fácticos, le hace al tío Lolo cuando se trata de intereses de los cuales se ha beneficiado, como los transportistas.

Cancún tiene un problema de movilidad mayúsculo. Es notable cómo siendo la ciudad turística más importante de México es, al mismo tiempo, un ejemplo de las deficiencias institucionales del país.

En diciembre fue noticia que un mal operativo vial, en una obra que lleva meses, provocó todo un desastre internacional. Los pasajeros de vuelos domésticos y foráneos hicieron 4, 5 o más horas al aeropuerto. Muchos terminaron caminando kilómetros. Muchos perdieron su avión. Un desgarriate propio de la falta de gobierno.

Esta semana el bloqueo a los turistas y locales fue a manos de los taxistas, enardecidos porque el fallo de unos magistrados federales abrió la posibilidad a que Uber circule en ese puerto.

Tendríamos que haber advertido el tamaño de la amenaza: el día que iban a sesionar los magistrados en la 1a. semana hábil de este año, elementos de varias corporaciones tuvieron que custodiar la sede judicial ante la posibilidad de que los taxistas irrumpieran.

La protesta de estos ocurrió esta semana y ha escalado: ya también atentan contra turistas internacionales, y EU ya lo avisó a sus ciudadanos. Nice.

A pesar de eso, AMLO dijo que es un tema local y que confía en que la gobernadora Mara Lezama va a resolverlo. A la nueva titular del ejecutivo de Quintana Roo la están calando, veremos de qué está hecha.

Y, por supuesto, este tema importa más allá de los turistas: los bloqueos y el monopolio afectan también a los trabajadores locales.

Se habla de que mañana viernes habrá un boicot en contra de los taxistas. Se habla de que les van a revocar licencias.

¿Uber es el bueno y los taxistas los malos? No necesariamente. Pero algo nos dice de la necesidad de más opciones si vemos que el 11 de enero, apenas se supo el fallo de los magistrados, se dispararon en casi 200% las solicitudes de una licencia de Uber.... y en similar proporción las agresiones de los taxistas a los conductores de plataformas.

¿Qué sentido tiene el Estado si no es capaz de darnos seguridad? ¿De qué sirve una Guardia Nacional diseñada y pensada para disuadir el crimen si no disuade a nadie? ¿Cómo le explicamos a las madres de Pao, Dany, Vivi y Jorge, los jóvenes levantados y asesinados en los límites de Jalisco y Zacatecas, que vamos muy bien? ¿De qué les sirve escuchar que hay una gran coordinación entre los gobernadores David Monreal y Enrique Alfaro con las autoridades federales si no fueron capaces de ofrecer seguridad a sus hijos? ¿Cómo debemos interpretar los ciudadanos la advertencia del alcalde de Colotlán, José Julián Quezada, de que mejor no hay que circular de noche en las carreteras porque nadie nos puede brindar seguridad?

El origen y sentido último del Estado es la seguridad. Para eso vivimos en comunidad; por ello renunciamos a la justicia por mano propia; por y para eso tenemos leyes y autoridades. Algo no está bien, algo está roto, cuando en la Sierra del Tigre, en Puerto Vallarta, en la zona norte de Jalisco o en un barrio de la zona metropolitana de Guadalajara hay alguien más que toma las decisiones en el territorio y no merece la reacción de las autoridades.

Recuperar el territorio y la seguridad debe ser la prioridad de cualquier Estado y cualquier sociedad. Acostumbrarnos, unos y otros, que hay rincones a donde no podemos o no debemos ir es claudicar: el gobierno a su deber primario; la sociedad al más importante de sus valores, la libertad. Al gobierno en turno le toca encabezar, diseñar las estrategias y explicarlas. A los ciudadanos nos toca exigir, y también asumir el costo, esto es, entender que, si la prioridad es la seguridad y la recuperación del territorio, la inversión del tiempo, el dinero y el esfuerzo del Estado y la sociedad deben colocarse ahí.

Los gobiernos de López Obrador y Enrique Alfaro ya renunciaron a dar esa batalla. Nos van a entregar cuentas alegres -números, gráficas y estadísticas- y un territorio fragmentado, con amplias zonas de la geografía estatal y nacional donde hay otros, que no son las autoridades legítimas, quienes toman las decisiones, donde las leyes son distintas a las que nos dimos como sociedad para convivir.

La construcción de la paz es una tarea larga y tortuosa que no saldrá de los políticos, cuyos tiempos tienen otra velocidad y cuyos intereses están en otra parte, sino de la sociedad misma. La paz se construye desde abajo, desde la organización barrial, la exigencia en la calle y la demanda ciudadana. El Estado de Derecho hay que recuperarlo exigiendo a los poderes que cumplan y hagan cumplir la ley. Para eso tenemos el voto.

Por casos de violencia familiar en Jalisco se abrieron 13,747 carpetas de investigación por denuncias presentadas durante el año pasado. Es la mayor cifra registrada según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que la impunidad es el principal factor que alienta la violencia, pues los responsables saben que no les pasará nada por su conducta de abuso.

"La impunidad que prevalece en el estado manda el mensaje equivocado de que se pueden cometer estos delitos porque saben que no les va a pasar nada. Es tal el nivel de impunidad en la administración de justicia que no desalienta el ejercicio de agresividad".

Agregó que, en los 3 niveles de gobierno, persiste la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia.

Acentuó que hay algunas acciones, pero desvinculadas y orientadas a la atención de este problema y no a evitar que suceda.

Jalisco es 4o. lugar nacional en casos de violencia familiar, por detrás de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. A nivel nacional se acumularon 270,546 investigaciones por esta causa el año pasado.

En el informe "Hallazgos. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México", elaborado por la organización México Evalúa, Jalisco tuvo 95.4% de impunidad en la impartición de justicia.

Cuentan que en la Suprema Corte todos tratan de evadir a la ministra Yasmín Esquivel. Cuando camina por los pasillos, cuando se sienta en medio de sus colegas, hay un elefante en medio de la sala: la UNAM ha señalado y ratificado que ella plagió su tesis. Cunde la exigencia de que renuncie pero ella ha asumido la más descarada de todas las posiciones: no se va porque no se va. Su presencia es evidentemente incómoda. Para ella y para todos. Pero nadie está haciendo nada.

Las ministras y ministros no han dicho una sola palabra sobre el plagio de su colega. No ha habido un solo posicionamiento público. No han activado tampoco ningún resorte en privado. Si hubieran querido dar un manotazo en la mesa para no dejar duda, los otros 10 integrantes pudieron haber emitido un posicionamiento público. Si hubieran querido ser más discretos, pudieron haber hablado con ella para que se separara del cargo. No han hecho ni una ni otra, así que con este silencio la Suprema Corte está asumiendo y pagando el desprestigio de una de sus integrantes.

¿Será que su voto a favor del "bloque ganador" de la nueva Presidencia de la Corte le esté brindando un manto de impunidad? Ojalá no sea el caso. Porque eso de que la Corte sólo puede actuar cuando la violación se comete en el desempeño de sus funciones suena a evasiva que empieza a tener un costo. Y en la Corte lo saben.

La legislación mexicana prevé que la salida de un ministro de la Suprema Corte, que goza de inmunidad, sólo puede darse a través de un juicio político que se promueva en el congreso, que actualmente es controlado por el oficialismo y sus fuerzas aliadas, lo que hace improbable que pueda prosperar una iniciativa de ese tipo contra Yasmín Esquivel Mossa, afirmó Sergio Méndez, abogado de la organización civil local Fundación para la Justicia, que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, dijo que aunque "no existe una norma expresa" que faculte al máximo centro de estudios de México para revocar un título, podría recurrir al camino legal e "interponer un juicio de la nulidad de un acto administrativo", como lo es la expedición de un título, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ya algunos abogados han presentado en las últimas semanas acciones legales contra Esquivel Mossa para lograr su salida de la Suprema Corte, pero los analistas coinciden en que es poco probable que puedan prosperar.

Ante ese escenario Méndez indicó que el único camino que quedaría es que la ministra Esquivel renuncie o pida una licencia para ausentarse temporalmente del cargo mientras se aclara la situación. El abogado precisó que los ministros pueden solicitar una licencia de un mes ante el Pleno de la Corte, y si se extiende, pedir un nuevo permiso por 2 años al Senado, que nombrará un ministro interino. Al vencer ese período se debe elegir un nuevo ministro.

"La ministra está descalificada", dijo Méndez al plantear que en este momento Esquivel no cumple un requisito constitucional que prevé que quien ocupe el cargo de ministro debe ser una "persona honorable" y de "buena fama pública", por lo que debería retirarse del cargo ya que está debilitando a la Suprema Corte de Justicia.

En recientes declaraciones a la televisora local Milenio la ministra descartó que vaya a pedir una licencia para separarse del cargo. "Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré".

El Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco manifestó hoy su beneplácito por la sentencia emitida por los ministros de la 2a. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes acordaron sentencia por un amparo en revisión; asimismo, hicieron hincapié en la inconstitucionalidad de la Ley de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.

En un comunicado, el consejo advierte que la 2a. Sala de la SCJN hace hincapié en que la ley promulgada por el Congreso de Jalisco incide en las atribuciones de la federación al ordenar que todos los profesionistas de la entidad acudan a tramitar una cédula profesional temporal y además que la certifiquen periódicamente.

Para los abogados de Jalisco, esta sentencia de amparo protege los derechos de todos los profesionistas ya que en la resolución de la SCJN se establece que el Congreso de la Unión al crear la cédula profesional nunca dispuso la existencia de una cédula temporal ni la obligación de certificarle, por lo que ordena a los estados a circunscribirse sólo a la expedición de títulos conforme a lo que se aplicaba antes de la reforma del Congreso de Jalisco.

El maestro José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, señaló que la organización manifestó su postura de que la Ley de Actividades Profesiones es inconstitucional y se han opuesto a la existencia de un plan recaudatorio que sólo busca captar recursos de los profesionistas de la entidad.

Por lo que consideró que con el amparo 466/2022 los trámites y pagos que se exigieron para la obtención de la cédula temporal y su certificación obligatoria pueden considerarse como cobros indebidos por la Dirección de Profesiones de Jalisco e invitó a todos los profesionistas a que no se dejen engañar.

Conforme a la sentencia del amparo 466/2022, la SCJN declara inválidos los artículos 12, fracción 4a., 13 fracción 2a., 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 80 en sus últimos renglones y la fracción 9a. de los transitorios de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Jalisco.

Se concedió el amparo para efectos de que no se apliquen los preceptos inconstitucionales que obliguen a obtener la cédula temporal y la certificación señalados en la ley de actividades para el ejercicio profesional de Jalisco, a quienes ejerzan actividades profesionales en el Estado de Jalisco.

Los ministros de la 2a. Sala, al acordar la resolución, advirtieron que ningún profesionista debe ser obligado a llevar a cabo trámites o pagos de derechos que no estén contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado informó que acatará la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, organismo que le concedió la razón a una veterinaria que se amparó por condicionarle la cédula a la temporalidad y el refrendo de la misma a la certificación.

"Nosotros en esa lógica estaremos esperando a que a través del Poder Judicial de la Federación nos hagan llegar en qué términos viene la resolución de la Suprema Corte y acatarla de manera inmediata", explicó José Martín Orozco Almádez, director del organismo.

El funcionario aclaró que la resolución de la Corte está dada en lo particular a una profesionista y no en lo general; por lo tanto, se seguirá expidiendo la cédula y se deberá validar periódicamente tal y como lo marca la ley.

"Si en algún momento la ley que nos rige para el ejercicio de las actividades profesionales se cambia o modifica algo, nosotros tenemos que apegarnos a ello, y mientras eso sucede nosotros seguiremos manteniendo nuestro sistema de emisión de cédulas como veníamos haciéndolo antes de la resolución de la Corte", añadió.

Aclaró que la Suprema Corte no declaró inconstitucional la Ley de Profesiones de Jalisco y tampoco que se expidan cédulas temporales.

"El amparo indirecto 466-2022 que es la que se dirige a esta profesionista veterinaria es que se le restituyan sus derechos, que no se le condicione su cédula a la temporalidad y que no se le condicione al refrendo a través de una recertificación", concluyó.

Se estima que en Jalisco alrededor de 80,000 profesionistas tienen la obligación de actualizarse y certificarse cada 5 años. El trámite para la certificación de la cédula tiene un costo de 500 pesos.

Un juez federal dictó sobreseimiento (una resolución que suspende un caso por falta de una justificación) del proceso penal a favor de 5 de los 31 científicos investigados por la FGR. Ellos había sido denunciados por Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción.

La UNAM, una institución respetada y reconocida incluso más allá de nuestras fronteras, ha sido degradada a un organismo solapador y cómplice de fraudes y trampas. 

El rector se escudó en que, luego de las consultas realizadas ante la Oficina de la Abogacía General, se llegó a la conclusión de que conforme a la normatividad vigente la Universidad Nacional y sus autoridades carecen de facultades legales para retirar o anular un título profesional a un egresado por el plagio de tesis, y sólo atinó a sostener que "este tipo de conducta es reprobable, una usurpación de ideas y talentos".

Graue Wiechers descartó encubrir este caso y al contrario subrayó que se analizan acciones sobre todo para corregir los vacíos legales para evitar casos similares en un futuro.

Pero es evidente que no ha existido voluntad por parte de las autoridades universitarias para sancionar como corresponde el actuar de la ministra, aunque tampoco podemos descartar que tras su tibieza para accionarse se encuentre una mano oculta jalando los hilos -como luego también se sabe actuar desde Palacio Nacional y Bucareli-, a fin de someter, coaccionar, amedrentar, amenazar, y perseguir, todo para que se cumpla su voluntad.

En la oficialía de partes de la UNAM, el pasado miércoles 18 de enero, antes de las 11:00 horas, se recibió un documento firmado por integrantes del Foro Plural Jalisco, al que pertenezco, en el cual presentamos a las puertas de la propia Máxima Casa de Estudios las herramientas a su alcance para proceder en contra de la ministra plagiaría, toda vez que existen claramente estamentados los dispositivos legales marcados en el arábigo 97, fracción III, del Estatuto General que rige a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que no solo posibilitan sino que obligan a determinar la anulación de la tesis ilegalmente presentada y por ende anular el título correspondiente, dejándolo sin efectos, llegando a ser acreedor de responsabilidad administrativa y quizá hasta penal el propio abogado general de la Universidad Nacional e incluso el rector si son omisos en cumplir lo que la norma dicta.

Por otro lado, hay que destacar la tibieza para consignar el plagio y la falta de carácter para exigir la renuncia de Esquivel a nombre de quienes antes le otorgaron un título, ello constituye quizá lo más criticable de ese frágil argumento del rector Graue.

Cabe agregar que como parte de las acciones llevadas a cabo en la Ciudad de México por integrantes del Foro Plural Jalisco, también entregamos documentos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los posibles delitos de falsedad de declaraciones ante autoridad ministerial y complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos buscando incriminar a un tercero por parte de la ministra Esquivel.

En la Fiscalía General de la República (FGR) se hizo lo propio, en razón del carácter federal de la posible comitente de ilícitos así como por uso indebido de facultades y atribuciones.

Igualmente, presentamos peticiones en La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto que por directriz de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se instruya al Órgano Interno de Control el dictamen y se turne a resolución, en relación a la valoración para que se determine la remoción de La ministra Esquivel Mossa por carecer de requisitos constitucionales, ya que además del plagio, la señalada carece de la probidad y solvencia moral que representa una condición imperativa para ostentar su cargo.

En la Cámara de Diputados y en el Senado de La República, se entregaron sendas peticiones a efecto que en el ámbito de su competencia se exhorte a la ministra a que renuncie a su cargo y la solicitud al alto tribunal para que valore y determine la remoción, siendo acentuable la participación que tuvo el Poder Legislativo Federal en su designación.

En este contexto será fundamental que las instancias a las que acudimos cumplan a cabalidad su responsabilidad y no la evadan, dado que no solamente está en entredicho el prestigio de la UNAM y sus egresados y estudiantes sino lo mas grave, la certeza jurídica en nuestro país, toda vez que si se parte de que una ministra de la SCJN plagió su tesis de licenciatura; trató de inculpar al plagiado; le habría sembrado supuestas declaraciones notariales; lo calumnió; lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y fue capaz de involucrar a destacados y prestigiosos académicos para hacerlos cómplices de su mentira, en términos simples, tenemos que hablar de que no existe la probidad, se vulnera la certidumbre jurídica, se extingue el imperio de la ley y por ende el Estado de Derecho, y ello, lógicamente, genera un estado de indefensión respecto al marco jurídico y a la forma en que éste se aplicará y fiscalizará.

Un ordenamiento jurídico incapaz de brindar certeza termina, a la postre, impidiendo el desarrollo de diversas actividades por parte de los ciudadanos y genera una inconveniente y no deseable relación de desconfianza entre la ciudadanía y el Estado. Así de grave resulta que la ministra corrupta ocupe una silla en el más alto tribunal de justicia de México.

Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas. Tras un análisis de la presente administración, 2022 fue el año con más fosas localizadas desde 2018, con un total de 41 tumbas clandestinas localizadas hasta noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y de la organización Jalisco Cómo Vamos. En tales puntos fueron encontrados los restos de 301 personas.

En su pasado informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco evitó abundar sobre esta problemática, mencionando únicamente que si se tienen más fosas clandestinas "es porque las autoridades están buscando".

Al respecto, Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, indica que existe un estancamiento en cuanto a las labores de las autoridades para evitar que esta situación aumente, exponiendo así las fallas de las estrategias emprendidas por las autoridades para detener la situación.

Explicó que en lugar de disminuir, las cifras van en aumento. Y es principalmente a las labores que emprenden las familias para buscarlos, así como la presión que hacen para que se les brinde apoyo para extraer a sus seres queridos una vez que se les localiza. "Esto demuestra que el Gobierno del Estado realmente no tiene interés en localizar cuerpos, si lo hubiera habría cifras a la baja. Hay un débil esfuerzo del Gobierno del Estado, tiene mucha resistencia a que se sigan localizando cuerpos".

En noviembre de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la federación dio a conocer que Jalisco tenía 2 de las fosas clandestinas con más víctimas exhumadas de todo el país, halladas en lo que va de la actual administración estatal de gobierno.

Con 171 víctimas, señaló una fosa clandestina hallada en la colonia El Mirador (aunque según los datos de la fiscalía estatal corresponden al menos 2 fosas encontradas en la misma colonia entre 2019 y 2020), seguida de la fosa clandestina de Los Sabinos, en El Salto, de donde se exhumaron los restos de 115 personas.

Desde enero del 2018 a noviembre de 2022 en Jalisco, la entidad con más personas desaparecidas del país, han sido exhumados los restos de al menos 1,872 víctimas de un total de 149 fosas clandestinas, de acuerdo con información de la Plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del IIEG y la organización Jalisco Cómo vamos.

Para Jorge Ramírez Plascencia, el Gobierno de Jalisco no debería cantar victoria al presumir la baja de homicidios sabiendo que existen todas estas víctimas que fueron asesinadas de manera violenta, pues también forman parte de la criminalidad que no ha sido contenida en la entidad, pese a que no se han determinado las causas por las cuales fueron ultimadas.

"También está el hecho de las mismas desapariciones, en las cuales se presupone que en muchos de los casos las víctimas ya fueron privadas de la vida, pero no se han localizado o no se ha logrado identificar sus cuerpos. Todo esto influye en la disminución de homicidios en las cifras oficiales".

Lo anterior se relaciona también con el número de restos humanos bajo resguardo del Servicio Médico Forense de la entidad ya que, de acelerar su identificación, podría ayudar a agilizar las investigaciones de por qué las víctimas fueron asesinadas, incluso podrían ayudar a disminuir el número de personas desaparecidas, pues no es sino hasta que se logra su identificación completa que una persona puede ser considerada como localizada, según lo establecen las leyes locales y federales.

Con un total de 654 cuerpos, comenzó a operar en octubre de 2019 el Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar, a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de los tráileres con cuerpos humanos que deambularon por la ciudad que destaparon la crisis forense vivida en Jalisco. Sin embargo, a poco más de 3 años la cifra se ha quintuplicado, llegando a tener, hasta el pasado 2 de enero, un total de 3,813 registros de personas fallecidas no identificadas por sus familiares a resguardo del Servicio Médico Forense.

Los registros contemplan a víctimas "completas" preidentificadas por sexo, vestimenta, tatuajes, cicatrices, edades aproximadas y, en algunos de los casos, hasta nombres probables, así como osamentas y restos humanos seccionados.

Del total de registros, 335 corresponden, preliminarmente, a mujeres, 2,934 registros corresponderían a víctimas hombres y en 543 registros no se pudo determinar el sexo.

Hay desde cuerpos de bebés recién nacidos, hasta personas adultas mayores. Y otros casos en los cuales no puede verificarse mayor información. Los registros datan desde el 19 de septiembre de 2018, aunque la plataforma señala que es posible que existan restos humanos con data previa a tal fecha.

Aunque especifica que se contempla sumarlos al micrositio, todavía se "está en proceso de consolidación", es decir, que es probable que existan víctimas que ni siquiera han sido registradas en él.

Pese a ser una propuesta del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en 2022, Jalisco debía presentar el proyecto de la construcción de un Centro de Identificación Humana, el cual no fue iniciado sino hasta mayo del año pasado, con un presupuesto de 36 millones de pesos.

Se prevé que trabajen en el Centro de Identificación Humana aproximadamente 50 especialistas, quienes se encargan únicamente de la identificación de los restos humanos que resguarda el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a fin de dar celeridad a su reconocimiento para que sean devueltos a sus familias.

Una vez más la justicia mexicana se hace desde Estados Unidos. Fue allá, en Nueva York, donde finalmente recluyeron, sin posibilidad de escape, a Joaquín Guzmán Loera; fue allá, en Los Ángeles, en 2007, donde juzgaron y condenaron al sacerdote mexicano Nicolás Aguilar por pederastia; fue también allá, en California, donde juzgaron y condenaron por abuso sexual al líder de la iglesia La Luz del Mundo, mientras en México jamás se abrió investigación alguna. Ahora es el ex secretario de Seguridad y ex zar antidrogas, Genaro García Luna, quien es juzgado en Nueva York y quizá gracias a ello nos enteremos un poco de lo que sucede en este país.

¿Por qué en México estas personas -salvo el escapista Guzmán- no fueron juzgadas o siquiera acusadas? Una parte de la respuesta habrá que buscarla sin duda en la debilidad de nuestro sistema judicial, desde la maltrecha procuración de justicia hasta el poroso sistema carcelario, pasando por supuesto por el poder judicial. La explicación de fondo hay que buscarla más allá, en el sistema de poderes fácticos de la sociedad mexicana, donde más que acceso a la justicia para todos lo que hay es acceso a la impunidad para algunos pocos. La justicia se ejerce con demostraciones de poder, no con juicios imparciales y garantías constitucionales. El poderoso en turno decide quién va a la cárcel: De la Madrid encerró a Díaz Serrano, Salinas a La Quina, Zedillo a Raúl Salinas, Fox sigue buscando peces gordos, Calderón permitió el montaje del caso Cassez-Vallarta, Peña Nieto encarceló a la maestra Gordillo y López Obrador a Rosario Robles. La "justicia" en México es un asunto político, vertical, casuístico y de pretendida ejemplaridad. Por lo mismo, la impunidad tiene que ver con el sistema político, con los llamados poderes fácticos.

Tuvieron que pasar muchos años para que la justicia mexicana se animara a tocar a un sacerdote de la Iglesia Católica. Pese a que las denuncias de abuso sexual y pederastia comenzaron a surgir desde finales del siglo pasado fue hasta 2018 que un sacerdote, Carlos López Valdés, fue sentenciado en México por ese delito. Marcial Maciel murió sin ser perseguido jamás por la justicia mexicana.

Las denuncias sobre abusos en la Iglesia La Luz del Mundo tienen años, por no decir generaciones; sin embargo, la instrumentalización política de los feligreses hizo que sus líderes fueran intocables e intocados en México, donde recibían loas de priistas, panistas, emecistas o morenistas. Poco antes de ser apresado por delitos sexuales, en México Naasón Joaquín era homenajeado en Bellas Artes con el apoyo de legisladores de Morena, exhibido como ejemplo de moralidad por Margarita Zavala y exaltado por Enrique Alfaro.

El denostado secretario de Seguridad, Genaro García Luna, es acusado un día sí y otro también en las mañaneras, pero no hay un solo caso en su contra en México. Si se hace justica será, como siempre, made in USA.

Salvador Cosío Gaona, Eduardo Almaguer y Jaime Robles Gómez, abogados del Foro Plural Jalisco, acudieron a la Ciudad de México para presentar denuncias penales contra la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura.

Entregaron documentos ante la Fiscalía de Justicia de la capital del país por los posibles delitos de falsedad de declaraciones ante la autoridad ministerial y complicidad en posibles ilícitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos.

Además, presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) por uso indebido de facultades y atribuciones. También exigieron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se resuelva la sanción contra Esquivel, tras haber confirmado el plagio.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitaron que se instruya al Órgano Interno de Control el dictamen y se turne a resolución, en relación a la valoración para que se determine la remoción de la ministra por carecer de los requisitos constitucionales, "ya que además del asunto inherente al título profesional, la señalada carece de la probidad y solvencia moral que representa una condición imperativa para ostentar su cargo".

En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República dejaron peticiones para analizar y resolver el exhorto a la ministra para que renuncie.

Por otra parte, la UNAM despidió a Martha Rodríguez Ortiz, profesora que asesoró la tesis de Esquivel. Ella dijo que se defenderá ante esa decisión y buscará un amparo para mantenerse en su puesto.

El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, refirió que esa casa de estudios no puede cancelar el título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel debido a que no cuenta con la legislación sobre plagio o copia sustancial de una tesis, y negó que hayan enviado "la bolita" a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El abogado aclaró además que la UNAM, al no tener una normatividad que permita cancelar el título, lo que hizo fue remitir la documentación a la SEP sin determinar qué debía hacer, puesto que la universidad no puede exigir a una autoridad cómo pronunciarse.

Sánchez Castañeda reconoció que la SEP no puede cancelar el título, debido a que lo emitió la UNAM, pero "habría que preguntarse si la secretaría puede cancelar un registro de una cédula profesional".

El representante legal de la máxima casa de estudios del país insistió en que para poder resolver la cancelación de un título, se necesita tener validada la supuesta infracción y no lo está; se necesitaría también tener detallada la supuesta conducta indebida, y tampoco está.

"No se tiene, como dicen los abogados, tipificada, y no puedo yo como abogado hacer una interpretación analógica. Porque decir que 'se parece a y entonces se resuelve en tal sentido', no puedo hacerlo. Tampoco una interpretación extensiva de lo que establece la normatividad", expresó el abogado.

Investigadores, académicos, exalumnos y trabajadores de diversas escuelas, facultades e institutos de la UNAM exigieron a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel.

"Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Riobóo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes", expresaron.

Los 33 integrantes de la comunidad universitaria que hicieron la petición anotaron que en caso de no hacerlo, "se pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra alma máter".

Cuando la joven Jazz cometió aquella irregularidad en los años 80 jamás imaginó 2 cosas: que con el tiempo se iba a desarrollar un software capaz de identificar textos similares entre miles de escritos, y que el grupo político con el que logró los ascensos más importantes iba a cosechar muchos enemigos, sobre todo entre la prensa, ya que el líder se dedicaba a maltratarles y menospreciarles públicamente, y esos periodistas vivían a la caza de una pifia de su gente cercana.

Hoy aquel detalle de Jazz ha salido a la luz y ha provocado un auténtico desastre: ha sacudido terriblemente a las instituciones más honorables y con credibilidad del país: la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de la Nación.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la obligación de certificarse periódicamente para mantener la cédula profesional, el diputado de Hagamos Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, sostuvo que los ministros le dieron la razón a quienes, como él, consideraban que la medida condicionaba el derecho al trabajo e invadía facultades del ámbito federal.

La 2a. Sala de la SCJN resolvió un amparo impulsado por una profesionista contra la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales, aprobada por el Congreso de Jalisco en 2015.

En la resolución se especifica que la ley estatal incide en las atribuciones de la federación, ya que los estados son competentes para regular la emisión de títulos profesionales, pero no para establecer o variar las exigencias para obtener o conservar las cédulas profesionales.

La UNAM dijo que la tesis sí es copiada, pero no tiene facultades para anular un título. La Secretaría de Educación Pública dice que la dependencia puede anular una cédula profesional, pero no un título porque ella no los expide, sólo los registra. En síntesis, en las leyes y reglamentos está muy claro qué se requiere para obtener y registrar un título profesional, para dar el grado de licenciado a un alumno que ha cumplido con todos los requisitos, pero no para quitarlo. No fue una ley hecha para tramposos, y la ministra Yasmín Esquivel lo sabe.

En este caso se podría aplicar fácilmente una de las frases favoritas del presidente López Obrador, "no me vengan con que la ley es la ley". Es cierto que no existe una ley para "deslicenciar" a un licenciado, pero la exhibición misma del plagio y las mentiras y manipulaciones posteriores bastarían para que la ministra Esquivel presentara su renuncia, incluso para que tanto sus pares como sus compañeros de lucha política le retiraran la confianza. No es así: la ministra seguirá, dijo, en su cargo hasta donde tope.

Son 2 los principales afectados con esta decisión de aferrarse a la silla de la señora Esquivel: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente López Obrador.

Dice la conseja popular que un grupo es tan bueno como el peor de sus integrantes, y la Corte acaba de dar un bajón enorme en su calificación. Solíamos decir que en la Corte el más chimuelo mascaba tuercas, que más allá de diferendos ideológicos todos eran grandes juristas que merecían respeto. La permanencia de Esquivel entre los 11 colegiados del más alto tribunal tendrá un costo para toda la Corte, no por la calidad de sus ponencias, que vamos a suponer que las hará bien merced a sus estudios posteriores y la buena formación y cantidad de asesores de los que dispone, sino por la sospecha de su calidad ética.

El 2o. gran afectado con esta decisión es el presidente López Obrador. Si bien en el corto plazo mantener a la ministra en su puesto significa una posición de fuerza, se trata de una victoria pírrica, pues lo que se pone en juego es la calidad moral de todo el proyecto que llegó con la bandera de "no somos iguales". Por supuesto que sería injusto, un abuso de importancia, colgarle a la ministra Esquivel todo el descrédito del gobierno lopezobradorista y la autodenominada 4a. Transformación. Hay muchos otros personajes que abonan a ello, comenzando por la familia del presidente, pero el escándalo de la ministra plagiaria es una de las abolladuras más importantes en la ya muy golpeada carrocería de la "honestidad valiente".

Lo que es común a los poderosos mexicanos es la renuencia a la renuncia, decía el gran Manuel Rodríguez Lapuente allá a finales del siglo XX. En eso tampoco hemos cambiado mucho.

Los gritos retumbaban por los túneles del Metro: "Hay que botar a la Guardia Nacional... fuera la Guardia Nacional del Metro... militarizar el Metro no es cuidar. Fuera Claudia... Metro popular", además de exigir justicia por Yaretzi, la joven que murió en el choque de trenes del sábado de la semana pasada.

El grupo de feministas, que iban encapuchadas, llegó a la estación Bellas Artes del Metro capitalino, en protesta también por el amplio despliegue de 6,000 oficiales de Guardia Nacional que por órdenes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiumbau, fueron apostados en las 195 estaciones de las 12 líneas que tiene el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), después de la serie de accidentes o incidentes (incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes) que han sucedido en las últimas semanas.

A pesar de la presencia de los elementos de la Guardia Nacional (GN), las protestantes primero colocaron cinta adhesiva alrededor de los aparatos de lectura de las tarjetas de acceso, pintaron algunas leyendas en las paredes de la estación y rompieron algunos vidrios de la taquilla.

Posteriormente se dedicaron a destruir los torniquetes de entrada, mientras que con varilla y martillo arruinaron los sensores de los lectores de boletos. Fue la 1a. prueba de fuego al operativo de vigilancia. Y, ¿cuál fue la respuesta de la autoridad?

Actuaron con mucha mesura y gentileza, invitándole a retirarse y de manera paciente ver cómo el caos y destrucción crecía "sin meter las manos" prácticamente. Y por la única detención que hicieron, de un sujeto que con megáfono en mano arengaba a las manifestantes -que fuera identificado como Hendrik Ortega, quien supuestamente es dirigente del PRD México-, 2 agentes de la GN fueron suspendidos(?).

Es urgente que desde Palacio y pasando por el congreso se haga una evaluación y valoración de las asignaciones y responsabilidades de la Guardia Nacional, ubicándolos con la debida autoridad en los lugares donde es necesaria su presencia. Que no se les ponga de adorno como 'policías' -como sucedió en el Metro donde no actuaron ante el desorden provocado, además de la destrucción y daños en las vías de comunicación, que está debidamente tipificado- y que cumplan con el compromiso para el que fueron creados.

El Gobierno de Jalisco presume que en el estado han bajado los homicidios y los robos en la presente administración; sin embargo, 93% de los ilícitos cometidos no se denuncian, por lo que son parte de la llamada "cifra negra".

"Hace 2 meses caminaba por la calle Reforma en el Centro de Guadalajara. Cometí el error de distraerme viendo el celular y de pronto un motociclista me lo arrebató y se dio a la fuga en sentido contrario. Intenté seguirlo, pero se fue. Aunque me recomendaron denunciar, no se recupera nada y sólo se pierde tiempo", lamentó Ramón Suárez, quien labora en el Centro tapatío.

El afectado forma parte de la "cifra negra", que es conformada por los delitos que no se denunciaron o los que sí se reportaron ante el Ministerio Público, pero no derivaron en una carpeta de investigación.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, elaborada por el Inegi, el porcentaje de la "cifra negra" es el más alto en Jalisco desde el año 2016.

La población no denuncia por miedo a que las autoridades los extorsionen, por pérdida de tiempo o por trámites largos y difíciles. Anuar García, presidente de la organización México SOS en Jalisco, subraya que la autoridad provoca que las víctimas no denuncien. "Falta personal para procesar las denuncias y reducir los tiempos de espera".

Entre los motivos que explican la ausencia de denuncias, el 57.8% de las víctimas dijo que no presentó querella por causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. El 41.7% de las víctimas no denunció por otras causas, como tener miedo al agresor, delito de poca importancia, no tener pruebas, entre otros.

"Te desincentivan para no presentar denuncias; dentro de la misma Fiscalía hay un área de delitos no judicializables, es decir que ni siquiera son contabilizados como denuncias porque desde su punto de vista no tendrían porqué investigarlos y no se consideran", comentó Anuar García Gutiérrez.

El especialista añadió que otros factores que influyen a que no se presenten denuncias son la falta de personal para procesarlas y los tiempos de espera.

La ENVIPE refiere que, del total de delitos denunciados en Jalisco, en el 9.7% de los casos se dedicó menos de una hora en denunciar ante el Ministerio Público; en el 36.4% de los casos, la denuncia duró de una a 2 horas; 21.1% de las denuncias duraron de 3 a 4 horas en el trámite y el 29.2% duró más de 4 horas.

Destaca que el porcentaje de las denuncias que duraron más de 4 horas tuvo un aumento de 14.9 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, según el estudio.

Por rangos de edad, considerando a la población con 18 años o más, el grupo de personas con un mayor porcentaje de víctimas de algún delito fue el que tenía entre 30-39 años (31.7%), seguido de 20-29 años (31.0%) y 18-19 años (27.1%). Por sexo de la víctima, los hombres de 20-29 años registraron el mayor porcentaje de víctimas de algún delito (35.0%).

Prisión preventiva en faltas menores

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó su aplicación, la prisión preventiva oficiosa se sigue empleando en Jalisco para los delitos menores.

Por el robo de un autoestéreo, un juez vinculó a proceso y dictó un año de prisión preventiva oficiosa en contra de Juan Pablo R., que fue detenido en diciembre pasado por policías de Guadalajara, tras ser sorprendido intentando robar el equipo de sonido de un automóvil estacionado en calles de la colonia Americana.

En otro caso donde se aplicó la prisión preventiva, un juez de control determinó esta medida en contra de Jesús David S., quien le prendió fuego al árbol de navidad colocado en el andador 20 de noviembre de Zapopan. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero, de acuerdo a las investigaciones, policías municipales que circulaban por la zona vieron que Jesús David S. le prendió fuego al árbol de navidad de entre 10 a 12 metros que se encontraba instalado sobre la explanada del centro, por lo que los policías lo detuvieron y le aseguraron un encendedor.

La prisión preventiva oficiosa es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave sin un juicio y sin sentencia.

La prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que, efectivamente, la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia.

De manera abierta y reiterada, Morena tiene una estrategia, por ahora contenida al Estado de México, donde emprende litigios estratégicos para censurar a la prensa y coartar la libertad de expresión. Lo que está haciendo es acusar a periodistas de violencia de género, para que se dicten medidas cautelares y eliminen sus críticas y blindar que juicios sobre el actuar público, no con el sexo de la persona, sean retomados por más comunicadores. Hasta ahora sus intenciones han sido frenadas, pero nada está escrito en los próximos meses, porque el laboratorio de pruebas de facto de Morena en el Estado de México, si empieza a tener éxito, se extenderá a las elecciones presidenciales y federales en 2024.

El 1er. botón para hacer escarmentar a periodistas y medio se apretó en 2021, cuando Leonardo Kurchenko y quien esto escribe, fueron denunciados por violencia política de género por Michelle Núñez, en ese entonces candidata de Morena a la alcaldía de Valle de Bravo, luego de que publicaron que la candidata de la alianza opositora, Sudykey Rodríguez, había sido privada de su libertad por La Familia Michoacana para intimidarla y forzarla a abandonar la contienda electoral. Rodríguez se escondió y prácticamente dejó de hacer campaña, con lo cual dejó el camino abierto a Núñez.

El Instituto Electoral mexiquense dio entrada a la queja y comenzó un litigio en tribunales, donde los periodistas argumentaron que los planteamientos en sus columnas no se originaban en un tema de género, sino en su actuar público. Las columnas no sugerían un prejuicio contra las mujeres, sino analizaban la forma como el crimen organizado estaba actuando de una forma que en los hechos beneficiaba a Morena. Quien esto escribe apeló y ganó el caso; Kourchenko sigue peleando en tribunales.

El año pasado apretaron el 2o. botón. Decenas de legisladoras de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una queja y solicitaron medidas cautelares en contra de 2 periodistas, Denise Dresser y quien esto escribe, alegando que habían cometido actos de violencia de género en contra de Delfina Gómez, precandidata al Gobierno del Estado de México. El Instituto Electoral mexiquense ordenó la eliminación de todos los comentarios escritos en las diversas plataformas, y abstenerse de volver a referirse a Gómez como una delincuente electoral.

Los señalamientos se sustentaban en que Gómez, cuando fue alcaldesa de Texcoco en 2015, retuvo un porcentaje del salario de trabajadores municipales, y que los más de 2 millones de pesos que les quitaron de manera no voluntaria se usaron para financiar campañas de Morena. En enero del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a Morena por financiamiento ilegal, pero no lo hizo con Gómez, porque pese a que ella había cometido el delito, no había sido beneficiada en lo individual.

Dresser promovió un juicio donde argumentó que las autoridades electorales mexiquenses hicieron un análisis indebido sobre la violencia política en razón de género, porque sus comentarios no fueron discriminatorios ni contenían estereotipos por el hecho de ser mujer. Las medidas cautelares para que se abstuvieran de difundir contenidos similares sobre Gómez, alegó, constituían una censura previa e infringían el derecho a difundir información plural, por lo que eran ilegales. Finalmente, dijo, la resolución de la autoridad producía un efecto inhibidor, inhabilitando la participación ciudadana en el debate político.

La Sala Superior del TEPJF revocó la resolución de los órganos electorales mexiquenses, pero sólo lo aplicó a favor de ella, por lo que se dejaron firmes las medidas cautelares para los demás denunciados. Quien esto escribe nunca recibió la notificación de la queja, pero sus abogados recomendaron presentar de cualquier forma un juicio electoral, donde además de retomar los argumentos de Dresser, se pidió que se reconociera el derecho de acceso a la justicia a quienes no se encuentran inmersos en la contienda electoral, como los periodistas, y que se pronunciara sobre el uso de las denuncias contra periodistas y comunicadores como mecanismos para inhibir la libre expresión de ideas en torno a los procesos electorales.

El último día del año pasado, la Sala Superior del TEPJF revocó las resoluciones de los órganos electorales mexiquenses porque no se acreditaba en la queja la violencia de género en contra de Gómez. Sin embargo, al igual que en la sentencia de Dresser, no se pronunciaron sobre el recurso para inhibir la libertad de ideas, ni hubo una resolución genérica.

Las resoluciones en el TEPJF tienen un sabor agridulce. Aunque en lo particular los periodistas ganaron sus casos, la amenaza permanece no sólo en un grupo, como los comunicadores, sino de cualquier persona en general, por la falta de una resolución que proteja a quienes sean denunciados en casos similares. Pero también dejan completamente desprotegidos a quienes no tengan una asesoría oportuna ni acceso a la justicia o recursos para defenderse. Sus resoluciones dejan puertas abiertas dentro del sistema legal para que se sigan esas prácticas inhibitorias.

El uso de las leyes para acallar a la prensa no es un caso único en México. Por ejemplo, en el contexto de la guerra en Ucrania, varios oligarcas rusos demandaron a una periodista del Financial Times por revelar detalles de sus relaciones con el presidente Vladimir Putin. 31 estados en la Unión Americana tienen leyes que protegen a medios y periodistas de las demandas "SLAPP" -litigios estratégicos contra la participación pública-. Canadá y Australia aprobaron leyes similares y la Unión Europea va por ese camino. En México estamos retrasados, aunque los intentos para alterar y modificar los contenidos en los medios y acallar la libertad de prensa avanza rápidamente.

Leyes, con Morena controlando las mayorías en las cámaras, no habrá. La libertad de expresión en procesos electorales está en las manos del TEPJF, que en las próximas denuncias de violencia de género tendrá la oportunidad, desperdiciada hasta ahora, de emitir resoluciones generales e integrales, que impidan litigios estratégicos emprendidos por los poderosos, como estamos empezando a ver de manera peligrosamente regular.

Me parece de enorme relevancia el que los abogados analicemos deontológica y jurídicamente la gravísima situación por la que atraviesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ante muy severos cuestionamientos sobre la conducta de una, de sólo 11 ministras y ministros que integran el máximo órgano de justicia del país, ni más ni menos. No puede haber un mayor honor para un abogado interesado en la carrera judicial que ser llamado a servir a México desde la Suprema Corte. Ello exige velar por el prestigio que debe caracterizar a la cúspide del Poder Judicial.

Es esencial que cada uno de los ministros observen una conducta ejemplar que sirva de modelo a seguir para magistrados, jueces, abogados y estudiantes de Derecho. De ese modo la sociedad puede tener confianza y reconocer a la institución. Y es que la confianza en la Suprema Corte, así como su credibilidad, derivan en buena medida de la forma de conducirse de ese selecto grupo que la integra.

A raíz de que hubo quiénes hurgaron en el pasado de la ministra, al grado de remontarse a sus épocas de recién egresada de la carrera de Derecho, se conoció del ahora ya constatado plagio de su tesis profesional de licenciatura. Todo apunta a que le buscaron hasta encontrar ese arroz negro que empaña su posición de ministra. Ese pecado en su juventud lamentablemente para ella será recordado por encima de su trayectoria profesional y académica en las demás etapas de su vida. Es obvio también, que esa búsqueda de algo que afectara a la ministra no se hizo para velar por la dignidad de la Corte, sino que tuvo otras finalidades que perseguían poder perjudicarla, lo que también me parece una bajeza, aunque lo más relevante es sin duda, la forma fuera de toda ética con la que la ministra Esquivel se ha conducido.

Partiendo de lo anterior, he de decir que en mi opinión los abogados tenemos el deber de fijar una postura ante hechos como los que acontecen hoy. Para ello, lo correcto es despolitizar el análisis y concentrarnos en las consecuencias que tiene para el sistema de justicia mexicano lo que ha venido sucediendo en torno la Ministra Yazmín Esquivel Mossa.

Entrando al tema de las conductas de la ministra, para mí lo más grave fue cómo pretendió atajar el problema. Ya no como joven recién egresada, sino como ministra de la Suprema Corte en funciones, optó por presentar denuncia penal en la Fiscalía de la Ciudad de México asumiéndose como víctima del plagio de su tesis profesional.

El que haya presentado denuncia penal es gravísimo en mi opinión. Lo es, porque denota una falta de técnica jurídica alarmante. Y es que no existe delito alguno de la competencia de dicha Fiscalía y mucho menos en la codificación penal de la Ciudad de México que resulta aplicable. Imputar como delito el plagio de una tesis profesional ante dicha autoridad ministerial es absurdo, pero denota que privilegió el gestar una campaña mediática por encima del Derecho. Se quiso defender bajo la premisa de que tan era cierto que le plagiaron su tesis, que incluso lo denunció ante el Ministerio Público capitalino. No le importó el que no hubiere delito que perseguir desde un punto de vista técnico. Así no debe comportarse ningún ministro de la Suprema Corte.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo un pronunciamiento en el sentido de que esa conducta estaba prescrita, al haberse cometido tantos años atrás. Eso, es otro disparate que denota una postura también aberrante. Lo anterior es así, ya que para estudiar la prescripción es indispensable hacerlo a la luz de determinado delito y su penalidad. En el caso concreto no hay delito alguno que pueda subsumirse en tipo penal de la codificación sustantiva, por lo que mucho menos pueda efectuarse cómputo de la prescripción. La Fiscalía debió de inmediato pronunciarse en el sentido de que la denuncia presentada no era de su competencia al ser evidente que los hechos denunciados son atípicos. No lo hizo y ello abonó a que la ministra siguiera usando esa denuncia en su defensa pública.

El que la ministra Esquivel haya presentado esa denuncia penal es posiblemente más grave -cuando menos en mi opinión-, que aquello que hizo en su juventud al plagiar una tesis en aras de eludir su obligación académica, faltando a la ética de la manera más tramposa.

Digo que presentar esa denuncia es más grave, ya que imputó a otra persona (que resultó siendo el que realmente hizo su trabajo de tesis), el haberla plagiado. Es decir, acusó ante el Ministerio Público y difamó públicamente a un inocente.

Esa conducta es ilegal y puede ser constitutiva de delito.

ARTÍCULO 312 del Código Penal de la Ciudad de México: "A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el 1er. párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de 3 a 7 años de prisión si el delito materia de la averiguación previa, la investigación o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de 5 a 10 años de prisión".

Después tuvo la desvergüenza de comparecer en el Pleno de la Suprema Corte y hacer una defensa de su integridad aduciendo falsamente no haber plagiado su tesis de licenciatura.

Por si ello fuese poco, difundió falsamente el que supuestamente el abogado al que ella le plagió su tesis, había declarado ante notario público que era él quien lo había hecho.

En suma, las conductas de la C. Yazmín Esquivel de hoy atentan con la ética y el Derecho de una manera más grave y dramática que aquellas de la Yazmín Esquivel estudiante, al plagiar una tesis para hacerla suya y, con ello, haberle puesto un clavo desde entonces al ataúd en el que descansará su credibilidad como abogada.

Le falló al presidente que la propuso, le falló a la comunidad jurídica, le falló a su alma mater (la que por cierto ya puso al desnudo su conducta indebida de plagio), le falló a México.

Lo único que le resta, es renunciar a su cargo. No hacerlo la sigue empañando cada día más y afecta los valores que deben privar en la administración de justicia.

Es grato eso sí, ver cómo las agrupaciones más importantes de abogados en México han fijado su postura públicamente en el sentido de exigir la renuncia de la hasta hoy ministra.

De seguir aferrada a su cargo lastima nuestra profesión y lesiona la institución más importante de administración de justicia en México. Es momento de renunciar al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El año pasado, Andrés Manuel López Obrador reconoció que las bases de datos del Ejército fueron vulneradas por atacantes cibernéticos. En la presente administración federal se han presentado 15 iniciativas en el Congreso de la Unión para endurecer las sanciones contra estos delincuentes, pero todas están en la congeladora ante el desinterés de diputados y senadores.

Los hackeos, delitos informáticos o ciberdelitos van desde el robo de datos e información a personas, empresas e instituciones públicas, como el perpetrado contra la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también incluyen casos de extorsión, acoso digital y sexual.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública no incluye estos delitos en los reportes mensuales que publica e incluso son omitidos en los informes de las conferencias de López Obrador. Sin embargo, la Dirección Científica de la Guardia Nacional publicó un estudio donde se revela que los delitos cibernéticos denunciados en México mantienen una tendencia alcista y se han duplicado en los últimos 6 años.

Por ejemplo, mientras que en el año 2015 se denunciaron 6,393 ilícitos de este tipo, para el 2020 se dispararon a 15,016 ilícitos cometidos por vía digital, según la estadística.

Luego del hackeo masivo del grupo Guacamaya al Ejército Mexicano, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que se alista la aprobación de reformas para prevenir y sancionar estos delitos. Los senadores mantienen 12 iniciativas atoradas, mientras que los diputados federales ignoran 3. Sin embargo, los expertos coinciden en que es necesaria una ley federal de ciberseguridad.

Un análisis del Comité de Asuntos Regulatorios del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad advierte que algunas de las iniciativas presentan vacíos en las definiciones y tipificación de delitos, así como diferencias en cuanto a la infraestructura institucional necesaria para garantizar la seguridad del ciberespacio.

Contar con una agencia nacional de ciberseguridad y elaborar una sola estrategia federal en la materia son acciones que México requiere ante la alta incidencia de este tipo de delitos, planteó Juan Manuel Aguilar Antonio, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

El especialista calificó como alarmante que el gobierno no tenga una estrategia clara de ciberseguridad para proteger las infraestructuras nacionales claves para el país.

Lamentó que actualmente, en materia de ciberseguridad y combate a ciberdelitos, el país carece de una estrategia digital nacional y hay poca o nula información sobre cómo operan las organizaciones criminales a través de las tecnologías de la información. Según un artículo publicado en el portal Insight Organized Crime in the Americas, México reporta altos índices de incidencia en delitos tales como el robo de información, hackeo, sabotaje y pornografía infantil.

El doctor en Derecho Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aseveró que el caso del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz no se puede dar como resuelto hasta que haya detenidos y sentencias a los responsables. Sostuvo que las posturas respecto a que ya se resolvió buscan engañar.

"Tenemos una persona que fue privada de la vida, pero no está identificado con nombre y apellido la persona que lo privó de la vida. Lo que hicieron es como si en todos los homicidios dictaran una orden de aprehensión contra 'N.N.' y decir que con eso están resueltos. El asunto quedará resuelto cuando se dicte una orden de condena, en donde se probó la participación de una persona identificada plenamente con las pruebas que demuestren que es responsable del homicidio", dijo.

El académico consideró que los anuncios de la Fiscalía estatal han sido sólo para salir del paso ante la falta de resultados.

La prisión preventiva es una de las grandes aberraciones de nuestro sistema de justicia. 4 de cada 10 presos, más de 92,000 personas en este país, están recluidas sin que se les haya demostrado que son culpables, la mayoría de ellos por delitos menores.

El abuso de la prisión preventiva termina, invariablemente, convirtiéndose en un arma política. Lo vimos con Rosario Robles, que pudo perfectamente llevar su proceso en libertad, pero alguien decidió castigarla no por los delitos que presuntamente había cometido sino porque así lo quería el señor Presidente. La semana pasada, en una decisión absolutamente arbitraria, 3 jóvenes, entre ellos el ex presidente de la FEU, Javier Armenta, recibieron prisión preventiva por una protesta contra la venta de un predio municipal.

En la mayoría de las protestas se violan reglamentos y leyes. Desde las más simples normas de vialidad y bloqueo del libre tránsito, pasando por daño a monumentos históricos y a propiedades públicas y privadas. En el mundo ideal quisiéramos que las protestas se hicieran sin causar afectación alguna, pero eso no existe. Quienes hoy gobiernan, en el país y en el estado, algún día fueron oposición, protestaron por alguna causa, y muy probablemente afectaron derechos y bienes públicos o privados.

Como cualquier afectado, las empresas propietarias de Iconia tienen todo el derecho a demandar y, si se demuestra que sufrieron daños, exigir que les paguen por ello. Los jóvenes tienen todo el derecho a exigir que el ayuntamiento demuestre la legalidad de los convenios y transparente absolutamente todo lo relacionado con la enajenación de un predio público. Más allá del litigio, la empresa nada gana mandando a prisión a 3 jóvenes; esa es una decisión política que no tiene que ver con la administración de justicia. Es un golpe de autoridad -en realidad de autoritarismo- del gobernador Alfaro en su lucha contra el grupo político de la UdeG.

Tan cierto es que el grupo de control de la universidad instrumentalizó a los estudiantes para generar un problema al gobierno de Alfaro invadiendo el predio de Iconia, como que el gobernador hizo lo propio con el poder judicial, con una gran diferencia: mientras la protesta estudiantil, por más molesta que sea, fue pacífica, dictar prisión preventiva oficiosa a los estudiantes es claramente un acto de represión y abuso de poder.

Si de verdad el Gobierno del Estado no tiene nada que ver con la abusiva resolución del juez Rivera Gallegos, debería ser el principal interesado en que las aguas vuelvan al cauce y que los jóvenes sigan su proceso en libertad. Sin embargo, todo parece indicar que no es así, que el gobierno de Alfaro, en su lucha más personal que institucional contra Raúl Padilla, está dispuesto a ir más allá.

Enrique Alfaro como alcalde tapatío pidió que Guadalajara volteara hacia la Barranca. Ahora como gobernador logró que todos, a nivel local y nacional, volteemos hacia la Barranca, pero por el caso de los 3 estudiantes presos: Javier Armenta, José Alexis Joras e Iván Ilich Vladimir.

Hay 2 visiones del conflicto. La 1a., que defenderá el gobierno de Alfaro, plantea que los estudiantes ocuparon durante 144 días un predio privado al que bautizaron Parque Resistencia Huentitán. Allí pernoctaron, impartieron talleres didácticos y clases de baile a la comunidad para exigir un parque público en vez de un negocio inmobiliario.

Por eso los dueños del predio, Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, demandaron a los 3 jóvenes por el delito de despojo de inmuebles. Suena razonable, ¿no? Yo no puedo ocupar el terreno frente a mi casa, en donde construyen un desarrollo vertical, para exigir allí un parque público. Si lo hago, me demandan y me desalojan.

Pero el predio en disputa no es cualquier terreno. Corresponde a las 13.6 hectáreas, ubicadas en Periférico y Calzada Independencia, que compró en 1980 el ayuntamiento tras un decreto del gobierno estatal para construir allí un gran parque público. Por alguna razón, nunca se construyó.

En 2008, el panista Alfonso Petersen pactó con la empresa española Mecano el proyecto Puerta Guadalajara y cedió el terreno a cambio de una inversión en infraestructura urbana y vivienda por 65.5 millones de dólares (688 MDP según la paridad cambiaria de 10.5 pesos por dólar).

La empresa incumplió con las obras sin que la sancionaran. Al contrario, Francisco Ayón, alcalde interino de Guadalajara, avaló en 2012 un nuevo convenio entregado ahora a Operadora Hotelera Salamanca y rebautizado como Iconia. La compañía volvió a incumplir sin que el siguiente alcalde, el priista Ramiro Hernández, hiciera nada.

Finalmente en 2016 Enrique Alfaro como alcalde renegoció el proyecto y la inversión en obras urbanísticas por los mismos 688 MDP sin considerar que la paridad cambiaria había subido a 18.5 pesos por dólar, por lo que la inversión debía ser del doble.

Y sí, otra vez, la empresa incumplió. En 15 años, los desarrolladores han librado cualquier sanción y multas millonarias. Si estimamos que el metro cuadrado en ese predio ronda los 12,000 pesos, sólo el valor del terreno supera los 1,200 MDP, el doble de lo que "pagarán" Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, las compañías impunes que demandaron a los estudiantes por invadir "su propiedad".

Por eso la protesta de los 3 estudiantes es una acción legítima en defensa de lo público. Su condición sería de presos políticos, pues el juez que les dictó prisión preventiva, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, es un ex diputado panista -partido subordinado al emecismo- cuya esposa María Cristina Estrada Domínguez, ex regidora tapatía así como funcionaria emecista de Guadalajara, está denunciada por los 3 estudiantes ante la Fiscalía Anticorrupción por las anomalías del proyecto Iconia. Este martes el juzgador ratificará o retirará esa medida cautelar desproporcionada a la luz de esta subordinación al ejecutivo y en claro conflicto de interés.

Por eso este episodio trasciende la pugna política UdeG-Alfaro. En el fondo se libra la gran batalla del futuro para esta ciudad: la disputa por el territorio y el espacio público ante los intereses y negocios inmobiliarios con la complicidad del poder público. El desarrollismo y la "neocolonización" de Guadalajara a través de la usura y la corrupción política, y el uso de las instituciones para consolidar esa conquista mercantil de la polis. Por tanto, este asunto compete a la esfera pública y está lejos de ser, como sostiene la narrativa oficial, un pleito entre particulares.

A 7 días de iniciado el 2023, hay 109,743 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, con corte al 7 de enero.

Sobre este tema, ONU Mujeres señala que "las desapariciones forzadas en México constituyen una de las principales violaciones contra los derechos humanos", y enfatiza que el 25% de las personas desaparecidas son mujeres. Este organismo hizo su corte en noviembre de 2022.

Asimismo, reconoce el esfuerzo de colectivas y organizaciones, ya que "aparecen ejemplos de resiliencia, madres buscadoras que se organizan en sus comunidades para defender el derecho de las y los desaparecidos a ser buscados y que luchan por el derecho a la verdad y a la justicia de cada uno de los casos".

La Comisión Nacional de Búsqueda tiene registradas a 27,409 mujeres desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, mientras que 81,593 son hombres desaparecidos.

En Jalisco predomina la impunidad en la impartición de justicia y existen bajos niveles de eficiencia, de acuerdo con el informe "Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México", elaborado por la organización México Evalúa.

Según el estudio presentado, el estado registró 95.4% de impunidad. El documento detalla que revisaron la falta de atención, investigación y resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea porque no se ha logrado un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia.

En comparación con la revisión de un año anterior, el nivel de impunidad en el estado subió, ya que en el estudio Hallazgos 2020 se reportó que quedaban sin castigo 94.5 de cada 100 delitos.

Jalisco es el 7o. lugar nacional con mayor nivel de impunidad. En contraparte, Yucatán, Baja California, Chiapas, Michoacán y Guanajuato; tienen los mejores niveles de eficiencia. La media nacional de impunidad se ubicó en 91.8%, por lo que el estado rebasa ese promedio.

México Evalúa realizó un apartado de impunidad por delito: en materia de homicidio doloso Jalisco tuvo 99.7% de casos sin resolver, en feminicidio fue de 96.4% y por desapariciones llegó al 100%.

"Cada delito presenta particularidades en las formas de conclusión posibles y efectivas desde una óptica del sistema penal acusatorio, y bajo la comprensión de que la justicia no se reduce al castigo. El objetivo principal de estas mediciones es contar con una fotografía más clara sobre la respuesta del sistema", se expone en el documento.

Por 2o. año consecutivo el estado se quedó con 517 de los 1,100 puntos posibles en la revisión que valora el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal (SJP) que realiza el estudio elaborado por la organización México Evalúa.

En el análisis del funcionamiento del SJP, Jalisco se ubicó en el lugar 15 por detrás de Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Estado de México. Es el mismo puntaje registrado en la anterior evaluación, Jalisco no ha podido mejorar en la materia a pesar de haber reportado un incremento de 181% en la asignación de presupuesto para las dependencias encargadas, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía estatal y Defensorías Públicas.

La mayoría de los sistemas de justicia locales carecen de coordinación técnica entre los entes que los componen", comentó Edna Jaime Treviño presidenta de México Evalúa.

Añadió que esa falta de coordinación genera que la persecución penal no priorice los delitos graves como feminicidio, homicidio doloso y secuestro. Destacó que se requiere dotar de personal y herramientas a las dependencias, sin dejar de lado la coordinación.

Durante el año pasado al Sistema de Justicia Estatal ingresaron más de 124,000 asuntos de los cuales solamente se concluyeron alrededor de 23,000, lo que representa apenas el 18.5%; reportó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

"En 2021, en Jalisco se reportaron 124,429 asuntos ingresados y 23,040 asuntos concluidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en todas las materias", refiere el reporte.

Detalla que 32.9% de los asuntos ingresados fueron en materia mercantil y el 31.3% en materia familiar, mientras que el 9.3% corresponden a causas penales. Sobresale que poco más de la mitad de los asuntos concluidos son de materia civil con 54% y el 25% del rubro de lo familiar. En materia penal el nivel de conclusión llegó a sólo 3.

El censo del INEGI precisa que en Jalisco se registraron 12,677 víctimas en causas penales ingresadas en primera instancia durante 2021. El estado se ubicó en el 8o. lugar a nivel nacional en número de víctimas registradas; Nuevo León fue la entidad con el mayor registro, ya que ahí se contabilizaron 25,124 víctimas.

En materia de presupuesto ejercido por el Poder Judicial, el año pasado, Jalisco ocupó el 6o. lugar nacional con 1,772 millones de pesos etiquetados en las labores de administración de justicia. Las entidades con mayor gasto fueron la Ciudad de México; Estado de México y Chihuahua. La nómina de personal reportada a nivel estatal fue de 2,410 trabajadores, entre los que están 271 jueces de los órganos jurisdiccionales.

En un México, el Gobierno de Jalisco informa que los homicidios bajaron 22% según arbitrarias comparaciones estadísticas y extraños criterios para clasificar la muerte, y ese mismo día, en el otro México... amanecen calcinados 2 cuerpos en Lagos de Moreno, en un tiroteo la policía abate a 3 presuntos criminales en ese municipio, más tarde como represalia asesinan a 2 vástagos de una comandante, y en la madrugada se escuchan ráfagas ocasionales y un helicóptero sobrevuela el pueblo casi toda la noche. Todo el mismo día.

En un México, el Gobierno de Jalisco culpa a Zacatecas de la desaparición de 4 ocotlenses (¿colotlenses?). Y Aldo Marín, secretario de Seguridad zacatecano, lo califica como un "problemilla", así en poquito. En el otro México, decenas de jaliscienses exigen seguridad en la zona limítrofe. Entonces ambos gobiernos prometen "reforzar" el patrullaje, como tantas veces anteriores, que podríamos hablar ya del delito de "seguridad reforzada" cuando una autoridad promete que solucionará los altos índices criminales en una región sin que nada ocurra.

En un México, el gobierno y la oposición debaten sobre la independencia judicial que acapara toda la discusión pública. El juego político de unos y otros secuestra la opinión pública por días enteros.

¿Cuál independencia judicial? Si con un operativo criminal, un comando a bordo de furgonetas blindadas liberó a 30 presos de alta peligrosidad, la mayoría sentenciados por delitos graves, y que los jueces ordenaron recluir.

¿Cuál independencia judicial? Si al escritorio de los juzgadores en México sólo llega 1 de cada 10 casos de homicidio porque en el resto simplemente no hay indicios ni avances ni detenidos para juzgar.

¿Cuál independencia judicial? Si ante uno de los flagelos más dolorosos en México, las desapariciones, los jueces han emitido apenas 36 sentencias por este delito en todo el país.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y precandidata prima a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, se ha puesto en medio no sólo de un escándalo, sino del ridículo. Apenas el lunes, al salir en defensa de la ministra Yasmín Esquivel por las acusaciones y críticas por el plagio de su licenciatura, legitimó la resolución de la Fiscalía capitalina que concluía que no había copiado "ni en partes ni en su totalidad" la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Un día después de esa declaración y 48 horas más tarde de haberse difundido el dictamen, la Fiscalía negó tener conocimiento del documento. ¿Qué sucedió? La única respuesta concebible en este momento es que Sheinbaum y su equipo son muy incompetentes.

La nueva posición de la Fiscalía la deja muy mal parada. La resolución fue resultado de una denuncia de hechos de la ministra Esquivel el 24 de diciembre, por lo cual se abrió la carpeta de investigación, la CIEC/ACI/UI-2C/D/00647/12-2022. El documento, publicado inicialmente por El Universal el domingo, tiene fecha del 30 de diciembre, y en cada una de sus 15 páginas están los sellos de la Fiscalía, que pudo deslindarse desde ese día, pero no lo hizo y Sheinbaum menos. La ministra Esquivel, incluso, mencionó la resolución en un discurso el lunes en la Suprema Corte de Justicia.

¡Qué desastre! Ni Sheinbaum, ni la fiscal Ernestina Godoy, ayudan en nada a Esquivel, sino al contrario, la hunden más en su pantano. La Fiscalía informó este martes que la investigación seguía abierta pero, como lo concluía la resolución, el presunto delito de plagio ya prescribió, por lo que se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, lo fundamental en el documento que desconoció, lo ratificó, y lo único que desmiente es que Esquivel hubiera sido víctima de plagio. Según El Universal, esto se debió a que fueron tantas las críticas a la Fiscalía por su resolución, que Godoy quiere "lavarse las manos".

Pero aun así no la libra. La Fiscalía desconoce el documento, pero no lo denuncia. Si Godoy no sabía de su existencia, debió haber abierto otra carpeta de investigación ante la posibilidad de una falsificación de documentos oficiales, porque si está diciendo la verdad, también es omisa a resolver un delito grave, dejando un precedente de impunidad, pues si es posible falsificar algo de tan alto impacto, se puede inventar lo que sea.

Su omisión toca los linderos de su responsabilidad como funcionaria y acaricia los límites de la ilegalidad. Godoy está metida en problemas, y cualquiera que sea la verdad, la coloca en un terreno muy resbaladizo por esto y porque el documento que reconoce implícitamente que es oficial, pero que personalmente desconoce, es una regadera:

1.- La Fiscalía era incompetente para conocer los hechos denunciados. El ministerio público capitalino podría haber actuado dentro del margen de la ley solamente si se hubieran afectado intereses de orden particular, lo que no es el caso, pues como establece el artículo 145 de la Ley Federal de Derechos de Autor -donde se ven los plagios- la competencia es de los tribunales federales. Es decir, no debió haber iniciado una carpeta de investigación.

2.- La Fiscalía señaló que el presunto plagio había prescrito, pero aun así abrió la carpeta de investigación. Según el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podía abstenerse de investigar cuando los antecedentes permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. Pero en contra de los artículos 128 y 129 del mismo código, que obliga a la lealtad, objetividad y debida diligencia, fue omiso al no emitir un acuerdo de abstención de investigar, e inició una carpeta que raya en la ilegalidad.

3.- La carpeta se inició, integró y determinó en seis días, en donde se tomó como base para resolverla el testimonio de la directora de tesis de Esquivel y Báez Gutiérrez, Martha Rodríguez Ortiz, que presentó una hoja supuestamente firmada por el abogado donde reconocía haber tomado parte de la tesis de la ministra -publicada más de un año después de la suya-, que apareció en el buzón de la correspondencia de su casa el 27 de diciembre, mismo día que hizo su declaración en la Fiscalía, otorgándole valor probatorio a sus palabras, pese a que ha sido evidente su parcialidad a favor de la acusada de plagio. En cambio, no se tomó la declaración de Báez Gutiérrez.

4.- La resolución incluyó una fe de hechos realizada por el notario Amado Mastachi Aguario el 29 de diciembre, presentada por Rodríguez Ortiz, en donde se añade una nueva carta de Báez Gutiérrez en los mismo términos del escrito que apareció en el buzón de la profesora.

5.- El mismo día que la ministra presentó su denuncia y se abrió la investigación, la Fiscalía integró un dictamen en informática forense de la perito Verónica Rojas Hernández, que sólo permite conocer las fechas en que fueron subidos los archivos a la plataforma de tesis profesionales, pero no para saber cuándo fueron creados los originales o si fueron alterados. La Fiscalía integró otro dictamen del maestro Ubaldo Martínez Eslava, que incurre en las mismas inconsistencias.

Godoy tiene razones para estar preocupada, pero Sheinbaum todavía más, por su calidad de precandidata presidencial. Aunque se manejan como si la Fiscalía fuera autónoma, no lo es, como quedó demostrado en anteriores ocasiones, cuando trabajó coludida con la Fiscalía General de la República, o conforme a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo sucedido en los 2 últimos días muestra la falta de control por parte de Sheinbaum y su incapacidad y la de su fiscal en la tarea que, o hicieron unilateralmente o les ordenaron de Palacio Nacional: blindar a Esquivel. La defensa que hicieron de la ministra pinta a la jefa de Gobierno y a Godoy como ineptas, que quisieron reírse de todos y al final quedaron en una situación peripatética.

Los ministros eligieron bien y por varias razones. No escogieron a un personaje protagónico para presidir la Suprema Corte de Justicia. Norma Piña ha trabajado de manera discreta desde su elección a la Corte en 2015. Ayer, al darse a conocer su nombramiento, no tenía cuenta en Twitter, aunque de inmediato alguien creó una falsa que empezó a llenarse de seguidores.

La nueva ministra presidenta viene de la carrera judicial. Lo aplaudo. Si bien es correcto que algunos juristas lleguen a la Corte procedentes de otros campos, como el académico, el creciente predominio en el máximo tribunal de nuestro país de juristas sin experiencia en el Poder Judicial es un error que solo ha servido para politizar la Corte. Es inaceptable tener ministros cuya única virtud es ser leales al jefe del ejecutivo.

También me parece positivo que la ministra presidenta haya mostrado en la Corte una trayectoria independiente y liberal donde realmente importa, en los votos, no en los discursos. La ministra Piña votó a favor de detener la militarización de la seguridad pública, del uso recreativo de la marihuana, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y de la despenalización del aborto en Coahuila.

¿Y qué pienso de que sea mujer? Celebro que haya terminado el monopolio masculino en la presidencia de la Corte, pero no estoy a favor de las cuotas para nadie. Me parece loable, en cambio, que la ministra Piña haya tenido méritos para alcanzar la presidencia sin consideración especial por ser mujer. Fue la mejor opción, en opinión de sus pares, sin importar su sexo.

¿Qué viene ahora? Tiempos muy complicados para la Corte. El presidente ha prometido no atacar a los ministros, pero ya uno, Eduardo Medina Mora, se vio obligado a renunciar cuando se anunció una investigación financiera en su contra, la cual fue retirada una vez que el gobierno consiguió la renuncia que buscaba. (Cuando Medina Mora fue nombrado ministro yo cuestioné su designación porque consideré que su principal mérito era su cercanía con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto). A pesar de su promesa, sin embargo, el presidente ha lanzado ataques contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aunque sin nombrarlo, por el "delito" de ser el más rico de la Corte, sin preocuparse por aclarar si la presunta fortuna es bien habida o no. En varias ocasiones, además, López Obrador ha cuestionado la honestidad de los ministros que toman decisiones contrarias a sus deseos.

La verdad es que el presidente quiere una Corte obediente y por eso impulsó, hasta grados que cayeron en la más patente falta de ética, la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel, a pesar de que ya hay una virtual certeza de que plagió su tesis de licenciatura y que después mintió en varias ocasiones para ocultarlo. El que la ministra Esquivel haya obtenido 2 votos en la 1a. vuelta, uno de ella y el otro presumiblemente de Loretta Ortiz Ahlf, es señal del daño que le hace a la Corte la presencia de ministros que en lugar de buscar el respeto a la ley representan al gobierno.

Los ministros, sin embargo, actuaron ayer con juicio y ética al escoger a una presidenta independiente y liberal. Espero que la ministra presidenta Piña tenga un excelente desempeño en el máximo tribunal de nuestro país. Nos hace falta. En un México en que el gobierno pretende mandar al diablo las instituciones, el que tengamos una Corte que defiende su autonomía, como lo hizo ayer, es una magnífica señal.

Si queremos ver cómo la procuración de justicia se ha politizado, ahí está la decisión de la Fiscalía de la CDMX que en solo 6 días determinó, contra toda evidencia, que Édgar Ulises Báez Gutiérrez plagió la tesis de Yasmín Esquivel presentada un año después. Ni siquiera se molestó en tomar la declaración de Báez.

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