La Fiscalía del Estado [de Jalisco] está evidentemente rebasada por la cantidad de casos que debe resolver.

Es lamentable, por decirlo con corrección política, la lentitud con la que se avanza en la procuración de justicia ante la cantidad de delitos que se denuncian.

¿Qué ocurriría si el 100% de los hechos delictivos que ocurren en el estado se convirtieran en carpetas de investigación? Seguramente las instalaciones de la Calle 14 en la Zona Industrial quedarían convertidas en un gigantesco e inútil archivo.

Entre 2010 y 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuadruplicó su cartera vencida.

En el 1er. año en referencia tenía adeudos por 13,490 millones de pesos, pero al cierre del año pasado cerró en 55,587 millones. Son los créditos que superaron los 30 días de vencimiento.

"Los adeudos de los gobiernos estatales y municipales y el sector agrícola aportan 78% de la cartera vencida del corto y mediano plazos. Y en cuanto a los adeudos mayores a un año, el sector doméstico representa 70% de éstos", según el Informe Anual 2019 de la CFE.

Aunque en este año Jalisco se encuentra en el 3er. lugar de las entidades con más trámites de reconexión, después del Estado de México y la Ciudad de México, que ocupan la 1a. y 2a. posición, respectivamente, no está entre los estados con mayor grado de morosidad.

De acuerdo con la auditoría al desempeño de la CFE en 2019, 8 de las entidades federativas adeudaron 87% de la cartera vencida (Estado de México, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Veracruz).

La empresa señaló que los aumentos en la morosidad son principalmente por las problemáticas sociales, tales como el movimiento de resistencia civil al pago como protesta por los altos costos tarifarios en Tabasco, en donde gran parte de los usuarios de los sectores doméstico y comercial han dejado de pagar el servicio eléctrico desde 1994; el no pago del sector doméstico y comercial de algunos municipios del Estado de México, así como de la Ciudad de México, el cual fue heredado por Luz y Fuerza del Centro.

También el movimiento zapatista en Chiapas, desde 1994; la problemática agrícola en los estados de Guanajuato, Chihuahua y Guerrero, donde un gran porcentaje de los productores agrícolas se ha mantenido en resistencia al pago del servicio eléctrico desde 2009, y el movimiento de resistencia al pago por operación de la central nuclear "Laguna Verde", en Veracruz, desde 2007.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó que se implementen estrategias con los gobiernos estatales, con el propósito de reducir y contener la tendencia creciente, en las que se consideren el tiempo de morosidad, el monto determinado, los sectores de consumo con pagos pendientes y la problemática social de cada región.

Las agresiones a inspectores tapatíos por parte de ambulantes no paran. Este fin de semana, 2 supervisores fueron agredidos. Uno de ellos fue atacado con un cuchillo por un par de ambulantes y se encuentra en estado delicado.

En otro caso, un inspector fue amenazado con un machete por un vendedor de imágenes religiosas. Lo que ocurre en el centro tapatío empieza a convertirse en un foco rojo.

¿Qué inspector va a querer hacer su trabajo cuando hay esos niveles de violencia? Por otro lado, debido a la crisis económica por la pandemia, existe una mayor necesidad de los informales por ganarse la vida.

Se trata de un problema complejo que requiere una atención más allá de la simplificación de acatar o no una norma municipal. Detrás hay una necesidad social y derechos fundamentales a un trabajo digno, un salario competitivo y oportunidades.

Es mejor atacar de raíz el problema que contenerlo o, peor aún, sólo dejarlo crecer.

El crecimiento de la violencia criminal azota a México desde hace décadas con un proceso corrosivo de las instituciones que amenaza no solamente su correcto funcionamiento sino la existencia misma del principio de autoridad pública y por ende las bases de la legitimidad democrática. Desde hace años el estado mexicano ha intentado revertir sin éxito la degradación y ha recibido también llamados y asistencia externa en ese sentido. Reformas legales de gran valor como la del artículo 1 de la Constitución se han sucedido para intentar mejorar el desempeño, pero los resultados son magros. También se han aplicado fórmulas de fuerza como los programas de seguridad respaldados por la llamada Iniciativa Mérida en coordinación con los Estados Unidos con resultados también muy relativos.

Las instituciones encargadas de asegurar la paz y la justicia mantienen su debilidad, no solamente por la escasez de recursos económicos y la falta de capacidad para atraer talento sino sobre todo por que son "extractivas" en el sentido de ser excluyentes dado que privilegian a grupos específicos de la sociedad sobre otros propiciando la concentración del poder en segmentos muy reducidos que actúan en su propio beneficio. Tal y como lo describieron Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y James Robinson, profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard, en su famoso libro publicado en 2012 Why Nations Fail y que provocó tantos comentarios en el Departamento de Estado en aquellos años en los que muchos se sintieron ofendidos.

Ese sentido excluyente implica la tentación constante para los actores políticos de adueñarse de los mecanismos de aseguramiento de la paz y la justicia para influir o controlar sus funciones.

Para revertir la tendencia de deterioro y la penetración de la criminalidad en ellas requiere del respaldo de los factores de poder con visión de largo plazo comprometidos con una visión por encima de las disputas políticas. La formación profesional de la policía, la mejora en la calidad de los servicios de justicia, el entrenamiento constante y la cultura del respeto a la ley, deben ir acompañados del compromiso para trasformar ese criterio excluyente que genera privilegios para grupos muy reducidos para transformarlos en la defensa del Derecho como el único camino correcto. El estado mexicano se enfrenta a un desafío equivalente a una insurgencia de grupos, que si bien no disputan abiertamente el poder, lo han influido irregularmente provocando una corrosión institucional sin precedentes. La solución no vendrá con actos espectaculares sino con el trabajo serio, ordenado y consistente durante años.

Las vidas humanas sacrificadas injusta y cruelmente, como las que se cegaron en los últimos días deben ser símbolos que estimulen una iniciativa nacional por recuperar la paz y la justicia. La mejor forma de honrar a las víctimas es actuar con seriedad y paciencia porque la concordia, el acceso a la justicia y las instituciones sólidas que promuevan la igualdad son los pilares para construir sociedades sostenibles y equitativas que respeten la dignidad de la persona mediante la aplicación de la ley.

El asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz figura en un listado de sucesos similares a los que la justicia no ha llegado.

Durante la actual administración estatal han ocurrido otros homicidios de alto impacto contra funcionarios, políticos y empresarios con un denominador común: permanecen impunes, pues no hay sentencias.

Un ejemplo reciente es el del empresario Luis Felipe Tomé. Su cuerpo fue encontrado en Nayarit, informó el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, luego de 2 días de haberse reportado la privación ilegal de su libertad en Puerto Vallarta. Por ese caso no hay siquiera detenidos.

En otro hecho, el 26 de julio de 2019, el fiscal regional del estado, Gonzalo Huitrón, fue emboscado y asesinado en Poncitlán, en la carretera Santa Rosa-La Barca. A un año y medio del hecho tampoco se han reportado detenidos.

En el actual sexenio también han ejecutado a 48 elementos de seguridad: 29 en el año pasado y 19 en lo que va de 2020, de acuerdo con registros de la organización Causa en Común. Entre ellos, Oswaldo García Vallejo, director de Seguridad Pública y Tránsito de Jalostotitlán, abatido el pasado 31 de mayo.

2 semanas después, el comisario interino sufrió un ataque a tiros del que salió ileso.

Por esos hechos, la Fiscalía no ha reportado detenidos o procesamientos, incluido el de la emboscada y asesinato del comisario de Tepatitlán, Arturo Gómez, y su escolta. Delincuentes los mataron el 3 de agosto de 2019.

La ejecución de Aristóteles Sandoval es la confirmación de que en Jalisco existe un entrelazamiento de soberanía y que no existe un estado legalmente constituido que imponga la ley, sino un terreno pantanoso de funciones, facultades y negocios lícitos e ilícitos que parecen definir a un narco-estado.

El ase­si­na­to del ex go­ber­na­dor Aris­tó­te­les San­do­val de­jó ver la fal­ta de se­gu­ri­dad e im­pu­ni­dad que hay en el país, en Ja­lis­co y en Puer­to Va­llar­ta, se­ña­ló Ru­bén Or­te­ga, miem­bro del Ob­ser­va­to­rio de Seguridad y Jus­ti­cia de la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra (Udeg).

"Nos tie­nen en una im­pu­ni­dad de 99% o más en ho­mi­ci­dios. Se con­vir­tió en un fac­tor cri­mi­nó­geno en don­de cual­quie­ra pue­de an­dar ar­ma­do y co­me­ter es­te ti­po de ho­mi­ci­dios", in­di­có.

Re­sal­tó que la for­ma "in­efi­caz e in­efi­cien­te" en que ha ac­tua­do la Fis­ca­lía del Es­ta­do, al no ob­te­ner re­sul­ta­dos en las in­ves­ti­ga­cio­nes y sen­ten­cias, ha pro­vo­ca­do que "no ten­ga­mos pu­ni­dad. Vi­vi­mos en un esta­do fa­lli­do de se­gu­ri­dad y pro­cu­ra­ción de jus­ti­cia".

La im­pu­ni­dad, sub­ra­yó, re­sul­ta en ho­mi­ci­dios de es­ta mag­ni­tud y otros de­li­tos de al­to im­pac­to que ha ha­bi­do en el se­xe­nio ac­tual. "Ha si­do una ac­tua­ción muy ver­gon­zan­te y cues­tio­na­ble de par­te de la Fisca­lía".

Ase­gu­ró que, an­te ello, la ciu­da­da­nía "de­be pe­dir la re­nun­cia del fis­cal, del se­cre­ta­rio de se­gu­ri­dad y del coor­di­na­dor de se­gu­ri­dad por­que no han da­do re­sul­ta­dos. (In­clu­si­ve) la del pro­pio go­ber­na­dor, en virtud del es­ta­do fa­lli­do en te­ma de se­gu­ri­dad, pro­cu­ra­ción y ad­mi­nis­tra­ción de jus­ti­cia".

Pa­ra que me­jo­re la pro­cu­ra­ción de jus­ti­cia, agre­gó que den­tro de las ins­ti­tu­cio­nes de se­gu­ri­dad se de­be ha­cer un cam­bio de es­que­ma que in­clu­ya "limpieza com­ple­ta".

"Así co­mo ha­bla el go­ber­na­dor de un es­ta­do li­bre y so­be­rano, es una fa­lla enor­me que no pue­da cui­dar ni al re­cien­te ex man­da­ta­rio que aca­ba de sa­lir", di­jo.

Tenemos municipios y estados que en tiempos de AMLO padecen reducciones en los fondos para la justicia (mismos recursos que, también hay que decirlo, muchas veces en el pasado se desviaron o usaron mal). Y tenemos una Fiscalía General de la República que es buena para hacer cantar a algunos procesados del sexenio pasado, pero ¿para algo más?

En México buscar justicia implica asumir riesgos de padecer la venganza de los criminales. ¿Pero qué sociedad está más destruida, aquella con esperanza, así sea peligrosa o envenene, o aquella que se ha resignado a sobrevivir sumando aniversarios de madres asesinadas por exigir al Estado que cumpla con su función más elemental?

La influencia de los partidos políticos dentro de la labor de las y los funcionarios del Poder Judicial del Estado de Jalisco es un ejercicio habitual que termina por permear en las decisiones que ahí se llevan a cabo, y a su vez, colaboran a nutrir los actos de corrupción que ahí ocurren.

Lo anterior fue uno de los hallazgos encontrados gracias al Estudio del Poder Judicial en Jalisco 2020, presentado este miércoles por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, en el cual, según explicaron trabajadores del mismo sistema judicial, los partidos han logrado involucrarse en la dinámica interna.

Por ejemplo, el documento destacó el caso del Consejo de la Judicatura, institución fundamental para el control y revisión de los procesos interinstitucionales, "el cual, al inicio funcionó bien, pero con el ingreso de grupos partidistas como poderes fácticos, transformaron su funcionamiento, de tal manera que las quejas por corrupción en contra de jueces son menospreciadas".

La influencia de los partidos, indicó el estudio, también se relaciona con presiones aplicadas para inmiscuirse dentro del aparato de justicia colocando, a manera de favor, personas afines a sus intereses, quienes a su vez colocan a otras personas "creando así una cadena de conveniencia y conflicto de interés", que a su vez, devienen en actos de corrupción.

Para los integrantes del Observatorio, los resultados de este estudio cualitativo no deben tomarse a manera de señalamientos, sino como una oportunidad de crear una ruta en busca de mejora, para así erradicar las prácticas de corrupción dentro del sistema y se eficiente la labor en la procuración de la justicia.

"Tenemos que buscar hacer la justicia eficaz, pero para eso necesitamos precisamente una brújula, una ruta, y creo que el estudio nos marca precisamente esa problemática tenemos y buscar soluciones para ello", expresó Daniel Espinosa Licón, nuevo presidente del Poder Judicial, durante su participación en la presentación del Informe en la Coparmex Jalisco, quien añadió que aceptará las recomendaciones del mismo para dar continuidad al trabajo hecho durante la gestión de Ricardo Suro Esteves, y lograr así un sistema judicial más efectivo y transparente.

El Observatorio, explicó Augusto Chacón, coordinador de la organización Jalisco Cómo Vamos, estuvo conformado, además de Jalisco Cómo Vamos, por representantes y académicos de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), la Universidad Panamericana (UP), en colaboración con Demoskópica México.

Para desarrollar este estudio cualitativo, añadió Chacón, se analizaron las experiencias y perspectivas de los propios trabajadores y ex funcionarios del poder judicial, de abogados y litigantes de distintas ramas del Derecho y de académicos de la UdeG, el Iteso y la Univa.

El Congreso del Estado repitió la dinámica de cuates y cuotas en los nombramientos de 9 magistrados del Supremo Tribunal (STJ) y un integrante del Consejo de la Judicatura, consideró Ana López Iturríos, coordinadora de la Red de Abogadas Violeta. Argumentó que, aunque los diputados fueron más cuidadosos en las formas, en el fondo quedaron perfiles ligados a partidos políticos.

Sobre el examen aplicado a los aspirantes, cuestionó que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) no lo elaboró completamente, pues el contenido fue propuesto por representantes de los grupos parlamentarios.

"Ahora los diputados cuidaron un poco más las formas, pero eso no quiere decir que mejoraron el contenido de las designaciones. Desde el principio se dijo que iba a quedar el consejero jurídico del gobernador y quedó", comentó.

La activista rescató perfiles como Ruth Gallardo Vega, que dijo acreditó idoneidad. Recordó que, según la evaluación del Comité de Participación Social, no tienen el perfil idóneo para ser magistrados Bogar Salazar; José Luis Álvarez Pulido; Ana Elsa Cortés y Georgina del Real.

Además, puso en tela de duda a Adrián Talamantes, aunque de última hora corrigió.

En materia de paridad, la abogada consideró que los diputados también quedaron a deber por haber emitido una "convocatoria exclusiva" para hombres.

López Iturríos añadió que los nuevos magistrados y el presidente del STJ Daniel Espinoza Licón deben cumplir con la exigencia de emitir sentencias con perspectiva de género y derechos humanos; transparentar la designación de personal, impulsar el servicio civil de carrera y terminar con las prácticas de nepotismo.

Los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia fueron asignados a las salas en que se desempeñarán. Con esto el STJ tiene formación completa tras más de un año de laborar con magistraturas vacantes.

La magistrada Georgina del Real Vizcaíno y José Luis Álvarez Pulido se integraron a la 1a. Sala Especializada en Materia Penal. Adrián Talamantes Lobato quedó en la 3a. Sala en Materia Civil; Ruth Gallardo Vega se sumó a la 6a. Sala Especializada en Materia Penal. A la 9a. Sala de lo Civil se incorporó la magistrada Ana Cristina Espinoza y José Luis Gutiérrez Miranda se desempeñará en la 10a. Sala Especializada en Justicia para Adolescentes y Penal. A la 11a. Sala de lo Penal se sumaron la magistrada Ana Elsa Cortés Ureña y Bogar Salazar Loza. También se integró oficialmente al Consejo de la Judicatura José de Jesús Becerra Ramírez.

El Poder Judicial del Estado comenzó periodo de asueto y retoma actividades el próximo 4 de enero.

La renovación de cerca de una tercera parte de los magistrados del Supremo Tribunal [de Jalisco] es sin duda una oportunidad de darle un nuevo rostro al poder judicial. Pero cambiar magistrados, si bien ayuda, no resuelve los problemas de fondo: la precariedad y la corrupción del sistema judicial. Contrario a lo que se piensa, el trabajo de jueces y magistrados no es meter gente a la cárcel. Ese es sólo uno de los mecanismos de la justicia, pero no es ni de lejos el más importante. Hacer justicia es resolver conflictos, reparar daños, concertar acuerdos, impedir abusos. Mientras el poder judicial no tenga autonomía política y solvencia moral y económica seguirá siendo la pata coja del sistema de 3 poderes y una extensión y expresión de los poderes del estado.

El poder judicial es un cochinero en Jalisco. La crisis que originó la destitución de Luis Carlos Vega Pámanes -luego de que se supiera que utilizó su cargo para pedir la liberación de presuntos criminales y que llegó al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) a pesar de tener antecedentes penales- no abrió una nueva época en la cúpula del poder judicial. Ricardo Suro, honesto y voluntarioso, no pudo con las resistencias internas y externas. Es innegable que hubo avances, pero el fondo se mantiene inalterado: en Jalisco, no todos somos iguales ante la ley. La cooptación del poder judicial ocasiona que la justicia sea para quien la puede pagar -o para quien tiene el poder-.

La historia de los jueces y magistrados en Jalisco es la historia de la sujeción partidista; es la historia de que las decisiones las toman los políticos y no los jueces; es la historia de la venta de magistraturas; es la historia de un poder que lastra la competitividad de Jalisco. Un chapuzón en los estudios sobre la competitividad estatal demuestra que Jalisco está bien calificado en su capacidad emprendedora, su ciudadanía abierta, sus sectores globalizados, pero hasta el fondo en la certidumbre jurídica. Jalisco no puede ser un estado democrático y con altas tasas de crecimiento económico si antes no se garantiza un mínimo de piso parejo y certidumbre jurídica.

Las y los diputados de esta legislatura nos han demostrado que cuando se trata de saltarse sus propias reglas, se pintan solos. El antecedente de la elección de los 3 consejeros de la Judicatura es desastroso. Califiqué aquél proceso de designación como "fraude". A la vista, creo que me quedé corto. Nos vieron la cara de mensos a los medios, a las universidades, al sistema anticorrupción y a la sociedad en general. Ahora, el desafío es aún mayor.

Podemos darle muchas vueltas. No obstante, las decisiones están en la cancha de unos pocos con nombre y apellido. Enrique Alfaro, Raúl Padilla, Aristóteles Sandoval, Octavio Esqueda. Ellos son los principales jefes políticos del poder judicial. Y no seamos ilusos, las cuotas políticas existen aquí, en Japón o en Suecia. La democracia representativa empuja la conformación de mayorías y lo natural es que los partidos políticos negocien y acuerden para nombrar a aquellos o aquellas que ocuparán las sillas vacías en el Supremo Tribunal de Justicia. Lo único que reclamo, y considero que es sensato y justo, es que respeten las reglas que ellos mismos pusieron. Si acordaron un método de selección basado en quintetas que se configuren por los aspirantes mejor calificados, los diputados están obligados a ceñirse a la ley. Nada de tranzas a última hora.

En el mismo sentido, el gobernador se juega mucho en la designación de quien será el próximo cabeza del poder judicial. Alfaro prometió sacudir el poder judicial, así lo dijo en campaña. Cuando estalló el caso Vega Pámanes, el hoy jefe del ejecutivo declaró que una tragedia así y un escándalo así no podía volver a suceder en Jalisco.

Estudiantes de la normal de Ayotzinapa hicieron destrozos en las instalaciones del PRD estatal a 9 años de que sus compañeros Gabriel Echeverría y Alexis Herrera fueron asesinados en la Autopista del Sol en un desalojo de las policías Federal, estatal y ministerial. Un grupo marchó por las calles del centro de Chilpancingo hasta el edificio del Sol Azteca en donde quebraron vidrios, quemaron papelería, tiraron computadoras y prendieron fuego.

Al terrible fenómeno de la violencia asociada al crimen organizado se sumó el de la desaparición forzada -el secuestro y en la mayoría de los casos asesinato- de personas, inocentes o no (ese dato, contrario de lo que suelen insinuar las autoridades, no es importante), que terminaron en fosas clandestinas, descuartizadas, en bolsas de basura. A golpe de repetición informativa, una fosa aquí, otra allá, hemos dejado de leer la terrible historia que escriben, la macabra partitura que marca la triste melodía y el ritmo de nuestros días.

¿Cómo leer las fosas? ¿Qué nos dice ese silencio sepulcral de cementerios clandestinos, el dolor implícito de los cuerpos desmembrados, el grito acallado de los familiares que no pueden llorar porque tienen que buscar, buscar hasta encontrar? Cuando vino la ola de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, las llamadas muertas de Juárez, la antropóloga argentina Rita Segato escribió un pequeño ensayo titulado "La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez" que nos da algunos indicios de cómo leer y comprender este fenómeno. Lo primero, dice con gran lucidez, es dejar de pensar estos asesinatos como consecuencia de la impunidad y más bien entenderlos como lo que son: productores y reproductores de la impunidad. La fosa con 131 cuerpos en El Salto, en plena zona metropolitana de Guadalajara, es una marca bestial de impunidad. No sólo por el número de cuerpos ahí dispuestos, sino por su ubicación, justo a espaldas del palacio municipal.

La otra clave de lectura que nos aporta Segato sobre este fenómeno, al que nos hemos ido acostumbrando como la rana al agua que sube de temperatura en el caldero, es entenderlo como una marca de cohesión de las mafias y de control territorial. Cito: "...en la capacidad de secuestrar, torturar y matar reiterada e impunemente, el sujeto autor de estos crímenes ostenta, más allá de cualquier duda, la cohesión, vitalidad y control territorial de la red corporativa que comanda". La incapacidad de nuestras instituciones de afrontar el fenómeno de desaparición forzada y las fosas clandestinas es directamente proporcional al tamaño del control territorial del crimen organizado. Mientras las autoridades encuentren fosas, pero no responsables, la mafia seguirá escribiendo con sangre y cuerpos su ley.

El crimen organizado escribe y se comunica con la violencia. Cada cuerpo desmembrado tratado como desecho, tirado en una bolsa de basura, es un mensaje, "un sistema de comunicación (que) se transforma en un lenguaje estable y pasa a comportarse con el casi automatismo de cualquier idioma", dice Segato. En la medida que nos hemos ido dejando de sorprender, de enojarnos, de protestar, de exigirle a las autoridades justicia y paz -que para eso y no para otra cosa están ahí- hemos también naturalizado el idioma de la muerte y de las fosas.

La fosa de El Salto compite con la encontrada el año pasado en la colonia El Mirador, de Tlajomulco de Zúñiga, en la que ni siquiera se sabe si se encontraron los restos de 171 personas, como consignó la federación, o solo 112, como reportó la fiscalía estatal.

Para efectos prácticos, se trata de cientos de crímenes, hasta ahora, impunes... Si la principal razón de ser de la Fiscalía es la procuración de la justicia -el esclarecimiento de los delitos, lo que implica identificar, aprehender, procesar e imponer a los delincuentes las sanciones previstas por la ley-, la desoladora conclusión es la inoperancia del aparato encargado de cumplir tal encomienda.

Así, los autores de los centenares de crímenes descubiertos -que no esclarecidos todavía- y de los muchos más que aún están por descubrirse, pueden dormir tranquilos. Los amparan las estadísticas que consignan que en este país solo se castiga 1 de cada 100 delitos que se cometen.

Los demás -vale reiterarlo- van al limbo del misterio, las incógnitas, los hilos sueltos... La impunidad, en una palabra.

Sólo faltan unos cuantos días más para darnos cuenta si es verdad lo que se ha venido pregonando durante décadas en el poder judicial, en el sentido de querer empatizar con la sociedad a la que representan, y no con la delincuencia organizada -llámense grupos de políticos y/o adinerados- pero sobre todo, si realmente existe la posibilidad de convertirse en el poder que estipulan tanto la Constitución Política de México, como la del Estado de Jalisco, porque hasta el día de hoy es una de las instituciones con menos credibilidad pública.

El día 15 del presente los magistrados de Jalisco habrán de votar para elegir a quien guiará el destino del Supremo Tribunal de Justicia y podremos saber si en verdad buscan limpiar de una buena vez por todas la mala imagen que en no pocos casos les señala como corruptos, incapaces, chambistas, etc., condición que por supuesto no es aplicable a todos los que han alcanzado tan honrrosa posición, pero que unos cuantos se empecinan en mantener, con el único razonamiento que implica el beneficio para esos cuántos.

Lo que hoy por hoy queda bien claro, es que el Poder Judicial de Jalisco -y los justiciables, que somos todos- no merece estar ubicado en los últimos lugares en cuanto a eficacia en el país (lugar 26 de 32 entidades); ni mucho menos el lugar 29 en lo que se refiere al manejo de tecnologías, y para cerrar el círculo perverso, tampoco debe de ser el penúltimo en lo que se refiere al presupuesto asignado, mismo que además les ha sido condicionado durante décadas.

Bien afirma Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, cuando señala que una de las máximas responsabilidades de los académicos, investigadores y universitarios, es aportar soluciones a una sociedad ambrienta de igualdad y harta de la impunidad.

Y si como reconoce Juan Carlos Guerrero Fausto, el Poder Judicial en Jalisco se quedó rezagado y se encuentra en una de las más profundas crisis de su existencia, la propuesta de solución manifiesta en el libro que implica la gobernanza judicial, resulta una provocación de parte de los coautores -todos y cada uno de ellos dueños de su propio prestigio-, así como del magistrado Enrique Villanueva, quien aspira a poner en práctica una forma honesta de trabajo.

Tal parece que el principal enemigo se encuentra en su propia casa -y en el legislativo-, y es éste el que en complicidad con las malas prácticas, no han permitido la independencia de un poder judicial que debe de ser ejemplo a seguir por autoridades, litigantes y sociedad en general, porque el "buen juez por su casa empieza".

La invitación es voltear al gran trabajo hecho por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, (JCM) sobre el muy espinoso tema del documento llamado Informe Policial Homologado (IPH) que es el inicio de cualquier episodio de investigación y búsqueda de justicia.

Platiqué ayer con Augusto Chacón, el director de JCM, y concluimos que el grito que constituyen las 341 encuestas con policías de Guadalajara y 11 jueces del poder judicial, que a diario se enfrentan a elaborarlo los primeros y a analizarlo los segundos, es que el nombre del juego se llama capacitación.

Algo tenemos que hacer urgentemente para que los llamados primeros respondientes sepan que ese 1er. eslabón de la cadena de justicia es clave para empezar a abatir nuestros absolutos índices de impunidad total.

Pero a lo que nos obliga Augusto y su equipo es a voltear atrás y revisar el camino mal andado cuando todos sabíamos de nuestro extravío, pero nadie llamaba a poner atención en la brújula.

La cartografía de ese orientador, tenemos que recordar, es el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, que en teoría iniciamos a construirlo en 2008 para ponerlo en práctica en 2016, con el que el anhelo era sustituir el viejo modelo inquisitivo que colapsó por sus altos niveles de corrupción.

La meta era transitar a una justicia oral, que implicaba según las iniciativas debatidas y acordadas en San Lázaro a "una transformación de las instituciones hacia un modelo que permite abatir la impunidad (...) que ubique a las personas en el centro del sistema, sean víctimas o imputados".

En Jalisco llegamos tarde a aquel arranque. La 1a. sala de juicios orales operó hasta octubre de 2014 en el 6o. Distrito Judicial con sede en Ciudad Guzmán y con jurisdicción en 20 municipios. Las restantes se inauguraron sin estar terminadas por completo.

Fue una improvisación de forma, pero lo peor, de fondo. Los miles de millones de pesos destinados a la implementación y capacitación de toda la cadena jurídica para despegar el nuevo modelo de justicia, se entramparon en los laberintos de la corrupción.

Por eso los policías municipales, que en este nuevo sistema penal son el 1er. eslabón del proceso judicial, nunca tuvieron la capacitación técnica ni la observancia de los derechos humanos para poder llevar o no a juicio a un presunto delincuente.

Por eso hoy, a 4 años de vigente el NSJP estamos lejos de lo proyectado. La prueba es que los índices delictivos siguen al alza porque más de la mitad de los detenidos son liberados por considerar que las detenciones fueron ilegales.

Poner la lupa hoy en lo que pasa en el 1er. momento de la ruptura de la paz social, que es lo mismo que la comisión de un delito, es más que valioso. Atendamos el llamado.

El 19 de enero de 2019, César David esperó a que el conductor de un vehículo se estacionara en su casa en la calle Libertad, en el Centro de Guadalajara, para robarle el auto con un cuchillo y una pistola de juguete. Sin embargo, al intentar huir chocó unas cuadras adelante contra varios coches estacionados.

Éste fue uno de los pocos ladrones de autos que obtuvo una sentencia condenatoria en este año. Y fue porque lo detuvieron en flagrancia casi de inmediato.

En Jalisco, por cada 500 vehículos particulares hurtados, sólo una persona es sentenciada en el poder judicial, en promedio.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, entre enero de 2018 y septiembre pasado solamente 90 personas han obtenido una sentencia condenatoria por robo de vehículos en el nuevo sistema de justicia (en procedimiento abreviado). Sin embargo, en el mismo lapso fueron reportados casi 44,000 vehículos particulares robados en el estado.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que al ser Jalisco uno de los estados donde más robos se cometen (es 2o. lugar nacional en este año), debería contar con más procesos penales iniciados y obtener un mayor número de sentencias. "Es ridículo. Vivimos en uno de los estados donde más robos se cometen y, en contraste, es donde menos sentencias se dictan. Los aplicadores del nuevo sistema de justicia no hacen bien su trabajo... o son incompetentes o están vinculados con la delincuencia... no hay más".

El integrante del Observatorio de Seguridad Pública presumió que la alta impunidad radica, sobre todo, en la permisión de algunas autoridades municipales y estatales. "Esto se debe a la posible complicidad entre algunas autoridades y las bandas de la delincuencia organizada que se dedican al robo de autos".

Por eso recomendó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco para que se investiguen las áreas relacionadas con el combate de este delito.

"Es una desprotección para nosotros", lamenta Alberto después del robo violento de su vehículo y de que el Ministerio Público se negó a capturar a los responsables, pese a la evidencia irrefutable: tenía las fotografías de ellos con el auto robado y sabía la ubicación de los criminales.

Alberto circulaba en su auto sobre Javier Mina, al oriente de Guadalajara, cerca de la media noche. Al llegar al cruce con Aquiles Serdán lo frenó la luz del alto en el semáforo, por lo que detuvo su marcha, lo que fue aprovechado por 3 sujetos que aguardaban en la esquina, los cuales se le aproximaron con armas de fuego.

Tras apuntarle con sus pistolas, lo obligaron a que descendiera de su vehículo y después se fueron en éste (le robaron también su celular y su cartera).

La víctima se dirigió hacia la tienda de conveniencia que está en la esquina y pidió ayuda, por lo que rápido se pudo comunicar con las autoridades para denunciar el robo. Luego, sus familiares lo asistieron.

Un par de horas después, Alberto pudo tener acceso a internet y trató de cambiar las contraseñas de las cuentas y de las tarjetas.

En ese momento se percató de que comenzaron a subir a la nube de su cuenta de Google las fotografías de los ladrones, quienes posaban frente a su vehículo dentro de un motel que él identificó.

"Hay muchos moteles, pero ese en particular yo lo conocía, estaba por esa zona, por lo que le informe al Ministerio Público que yo tenía fotos de los delincuentes y en dónde estaban".

Para su sorpresa, los investigadores le repitieron "que esa evidencia no les servía, que con eso no podían obtener una orden de un juez para verificar el motel... y que podían violar sus derechos humanos".

No habían pasado 3 horas del robo, por lo que les insistió en que fueran a verificar el motel, pues se escondían en el lugar para no ser localizados tras el reporte.

"Me metí casi a la fuerza a las oficinas de la Policía Cibernética y me sacaron a empujones. Hay una colusión entre todos, lo aseguro como civil. En este momento, la policía no me protege de nada".

El vehículo fue recuperado una semana después con las llantas ponchadas, sin estéreo. Se presume que fue utilizado para delinquir. Se lo entregaron en 2 días y sin más trámites, pese a que él insistía en que investigaran el hecho con la evidencia que mostró.

"Ahí está la carpeta de investigación en la Calle 14 de la Fiscalía General de Jalisco. Les imprimí todas las fotos de quiénes eran los delincuentes y me dicen que no las pueden anexar porque no son personas que estén presentadas ante la autoridad".

Es uno de los casos pendientes en Jalisco.

A Abel le robaron su Chevy y 2 años después lo encontró almacenado en un corralón; sin embargo, la Fiscalía de Jalisco se lo negó durante 8 meses. Cuando por fin se lo entregaron, medio año después, lo llamaron para que identificara al delincuente sobre quien pesaban los cargos por una docena de vehículos. "Al año, el tipo ya estaba otra vez en la calle".

En Jalisco, de las personas detenidas por robo de auto prácticamente liberaron a la mitad, pues de 2,245 detenidos desde el 2016 a septiembre pasado, sólo se vincularon a proceso a 1,164, según la Fiscalía del Estado. Incluso, en este año detuvieron a menos personas que en 2019.

Aunque según las cifras oficiales hubo un descenso en el robo de vehículos en 2020, la percepción de inseguridad se mantiene porque la impunidad no redujo, expuso Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio "Jalisco Cómo Vamos".

"En todos los delitos tenemos una deuda pendiente con la impunidad. Está bien que roben menos, pero de los que se roban a quién atrapas, a cuántos vinculas a proceso... y de esos cuántos son sentenciados, porque el más importante inhibidor del crimen es que el que lo cometa tenga la sospecha de que lo atraparán. Pero aquí es al revés: hay la certeza de que te puedes ir sin castigo".

Francisco Jiménez, integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que los pocos resultados se deben al inadecuado funcionamiento del sistema de justicia, desde el 1er. respondiente hasta falta de pericia del agente del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación, donde el juez de control no encuentra los resquicios para vincular.

"Si no se llevó un debido proceso, es una investigación deficiente que va a redundar en una libertad de un delincuente de una manera relativamente rápida".

Chacón insistió en que la baja en los robos no implica una mejor estrategia. "Que sepamos quiénes se los roban y por qué, pero en esa parte todavía no llegamos, porque incluso el sistema financiero tiene que participar de algo tan grande y complejo de mover".

La Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía de Jalisco informó que desde el año de 2018 y hasta septiembre pasado, solamente se han sentenciado a 90 personas por el robo de vehículos, en procedimiento abreviado.

No obstante, la mayoría de estas corresponde a municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.

La Fiscalía Regional reporta que solamente se han logrado 3 sentencias condenatorias por robo de vehículos: 2 casos ocurridos en Lagos de Moreno y Puerto Vallarta en 2018 y uno más en este último municipio en 2019.

En 2020 no hay sentencias condenatorias.

Tlajomulco es el municipio con más personas detenidas: 237 en este 2020.

Sólo hay 4 más detenidos en el año: 2 en El Salto, 1 en Zapotlán y otro en Lagos de Moreno.

El año pasado fueron 159 detenidos en Tlajomulco y otras 15 personas en otros municipios.

Cuando se levantó José Luis Rodríguez en su casa en Zapopan, su camioneta ya no estaba. Sin embargo, el vehículo pudo ser recuperado 2 semanas después, ya que la encontraron en el municipio de Magdalena. Hasta se la habían "enchulado", con vidrios polarizados, llantas, rines y chicharra de judicial. "Le hicieron de más".

De 2018 y hasta septiembre pasado, han denunciado en Jalisco el robo de 43,898 vehículos, de los que se han recuperado 15,252, de acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Fiscalía del Estado.

Aunque esta última cifra incluye vehículos robados de años anteriores a 2018, en general representa la recuperación de 3 unidades particulares por cada 10 robadas en la entidad en ese periodo.

Sin embargo, Jalisco aún se mantiene en el 2o. lugar nacional en el robo de vehículos, al sumar entre enero y septiembre pasados 7,853 ilícitos, sólo por debajo del Estado de México, que acumuló 23,371 denuncias.

Al estar convencido de que las autoridades están involucradas en la dinámica que hace tan exitoso e impune el robo de autos en Jalisco, el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, consideró necesario que la Fiscalía Anticorrupción indague a las dependencias de impartición y procuración de justicia.

"Debe jugar un rol muy importante la Fiscalía Anticorrupción para que de manera ejemplar se castigue a los funcionarios corruptos cuando hay una denuncia".

Sin embargo, para llegar a este punto, la dependencia debe depurar y mejorar sus capacidades, pues en 3 años de operar solamente ha podido sancionar penalmente a un servidor público. Y fue por abuso de autoridad. "Los órganos internos de control del poder judicial deben actuar".

"La responsable directa de la impunidad, una vez que el delito fue denunciado, es la Fiscalía. El que exista impunidad es imputable a ellos", declaró Augusto Chacón Benavides.

Aunque desde septiembre de 2017, la Comisión de Responsabilidades resolvió proponer destituir al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE), Alberto Barba Gómez, e inhabilitarlo por 10 años; el asunto sigue suspendido pues el juzgador interpuso diferentes recursos de los cuales siguen activos 6 procesos de amparo.

En el expediente del juicio 15/2016 se expone que se comprobó que el magistrado autorizó la edificación de un inmueble en Zapopan, no permitido por la ley e incurriendo en una conducta ilegal. La denuncia fue presentada por Harold Dutton en calidad de habitante del Fraccionamiento El Roble, acompañado por el alcalde Pablo Lemus Navarro.

Además el expediente del juicio 19/2016 plantea que se comprobó que Barba Gómez autorizó la construcción de edificaciones verticales en un lugar prohibido por la ley, en el área de Los Colomos. Este juicio fue impulsado por el entonces alcalde de Guadalajara y actual gobernador.

De los 751 sitios que han sido detectados en el país con el mayor número de cuerpos exhumados durante el actual sexenio, las 2 fosas clandestinas más grandes corresponden a Jalisco, según información de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En total, suman 2,290 cadáveres extraídos de fosas clandestinas en el país del 1 de diciembre de 2018 al 23 de noviembre de 2020.

Jacobo Dayán, especialista en Justicia Transicional y Derechos Humanos, declara que si bien las autoridades federales y estatales realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas, ésta continúa sin ser acompañada por investigaciones judiciales.

"¿Dónde están las sentencias o el esclarecimiento de todos los casos que están encontrando en Jalisco o de las cifras de desaparecidos?".

De todos los desaparecidos que hay en cualquier estado, insistió, las sentencias son mínimas frente al problema que se vive en el país. "La obligación del Estado no termina en la búsqueda, termina en la reparación (del daño) a las víctimas, en la verdad y en la justicia. Y las fiscalías se encuentran saturadas y sobrepasadas".

Consideró que si a nivel federal no se cumple con la implementación de una Comisión de la Verdad que esclarezca los patrones, los fenómenos, el contexto de las desapariciones y un mecanismo contra la impunidad, los estados tampoco se hacen cargo.

"Las fiscalías serán incapaces de entregar justicia a las miles y miles de víctimas de desaparición, más las de ejecución, más las de tortura que hay en el país".

La ley impone normas obligatorias que deben cumplirse aun en contra de la voluntad de las personas; la ética propone normas voluntarias que pueden ser aceptadas o no por los individuos. Una persona que rechaza acatar una norma legal debe ser objeto de sanción; quien desobedece una norma moral, y la ética no es más que el conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona, puede ser objeto de desaprobación, pero no de sanción, por lo menos no en un régimen de libertades. Es muy peligroso confundir unas normas con las otras, porque esto lleva al autoritarismo.

Las normas jurídicas son exteriores, coercibles y objetivas; las morales, interiores, incoercibles y subjetivas. Las 1as. surgen de las leyes, las 2as. de la conciencia o de la costumbre. Durante mucho tiempo, antes del liberalismo, los gobernantes no prestaban atención a esta diferencia. Así, los reyes de la Europa medieval o los clérigos de la Santa Inquisición condenaban a muerte a quienes cometían "faltas morales", cosa que siguen haciendo los gobiernos teocráticos de algunos países islámicos. En la década de 1960 el gobierno de Cuba, a través del trabajo de Ernesto el Che Guevara, castigaba a los homosexuales con reclusión en campos de concentración.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la República, parece consciente del riesgo de confundir los 2 tipos de normas. Por eso señaló ayer en Twitter, al presentar la Guía Ética para la Transformación de México, que los 20 "principios y valores universales" son simplemente temas de reflexión: "Su observación es voluntaria. No se trata de imponer nada a nadie". Que así sea. Imponer normas morales a la sociedad sería absolutamente... inmoral.

En este caso, sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿por qué un Estado moderno, que se dice liberal, aunque con frecuencia asuma posiciones conservadoras, debe publicar una guía ética, afirmar que esta servirá para "la transformación de México" y gastar dinero del erario para imprimir 8 millones de ejemplares?

No hay, no puede haber, una ética universal. Las normas morales son, por naturaleza, subjetivas. Por eso las compilaciones de preceptos morales son controvertidas o meras listas de generalidades. Esto último es lo que tenemos en este decálogo, no de 10 sino de 20 preceptos, elaborado por un grupo de "sabios" de la 4a. Transformación.

La guía de lugares comunes nos dice que "No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas", "No se debe humillar a nadie", "El amor al prójimo es la esencia del humanismo" o "Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va". Añade sin recato: "El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe", "No se debe enfrentar el mal con el mal", "No mentir, no robar, no traicionar", "El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", "No es más rico el que tiene más sino el más generoso", "Los compromisos se cumplen".

Por lo menos el 1er. mandamiento nos dice que "Evitemos imponer 'nuestro mundo' al mundo de los demás", pero todo el ejercicio es un intento de impulsar una visión moralista en una sociedad cada vez más compleja. El presidente ha insistido que el periodo liberal trajo consigo "una crisis por pérdida de valores morales, culturales", pero es falso. Las libertades individuales han hecho surgir una sociedad más diversa y fuerte. El problema es que para un gobierno conservador siempre es un agravio que alguien tenga normas morales distintas.

AMLO se ha comprometido a nunca ordenar la represión contra las libertades ciudadanas; muy bien, pero un ejemplo de que no se trata de que una vía anule a la otra, sino de usar el derecho legítimo de la fuerza cuando la seguridad y el orden general estén amenazados, es la "libertad" de maestros en Michoacán para bloquear durante meses vías de ferrocarril. Esa situación no da la impresión de seguridad sin menoscabo de libertades, sino de pérdida de autoridad para mantener el orden conforme a derecho.

No existe ningún régimen político que no establezca criterios de orden y seguridad; todo depende del contenido específico, tanto discursivo como práctico con que se manejen esos criterios en los hechos. Aún en medio de mayores alteraciones, la disyuntiva es entre dos vías: orden sin menoscabo de libertades políticas, de asociación, de expresión, de prensa, etcétera, o seguridad (cuestionable) a costa de anularlas.

En América Latina, entre octubre y noviembre ha habido manifestaciones masivas en Perú, Colombia y Guatemala, que fueron detonadas por distintos motivos, pero que tienen causas de fondo en una visión de futuro cancelado. La violencia con que fueron reprimidas esas movilizaciones, causó en Perú la renuncia del presidente interino a menos de una semana de haber ocupado el cargo; en Colombia provocó más de una decena de muertos y en Guatemala motivó que Naciones Unidas recomendara investigar el "uso excesivo de fuerza" que causó varios heridos.

La situación general, en América Latina, indica que la idea de seguridad ocupará un lugar cada vez más destacado en los discursos y que es grande el peligro de que sean más los gobiernos y las sociedades que subroguen las libertades en aras de la seguridad y el orden.

Se acercan momentos en todas partes y en México, por supuesto, en que el descontento por la pérdida de ingresos de prácticamente todos los sectores y por el corrimiento de clases medias a la pobreza y el aumento de pobres en condición extrema, sin perspectiva de pronta mejoría, pongan a prueba las capacidades del gobierno para mantener la estabilidad general de la nación.

Las capacidades de gobierno, hay que reconocerlo, están debilitadas porque al mismo tiempo que crecen las necesidades sociales, se cuestiona severamente la eficacia institucional, objetivamente disminuida.

Hasta ahora, las protestas en México las están promoviendo el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) y líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gustavo de Hoyos, con Claudio X González.

Falta conocer la reacción que tendrán los grupos desprotegidos, que por primera vez vieron un gobierno que los representara e indujera en ellos expectativas de atención efectiva a sus reclamaciones ancestrales, las cuales no serán ni medianamente satisfechas.

Hoy por hoy ya parece inevitable que la mayor parte del sexenio se vaya en tratar de volver a los niveles de crecimiento, empleo, ingresos y pobreza que había el año pasado; el ascendiente del presidente sobre sus bases sociales será crucial para evitar estallidos incontrolables.

Como ha sido observado por columnistas como Jorge Zepeda Patterson, el verdadero peligro para México hoy, es que el descontento de medianos y pequeños empresarios, de clases medias y de los millones de pobres se enderece en contra del gobierno y se salga de cauces, sin mayor motivo ni proyecto político, que expresar resentimiento.

Jalisco otra vez sobresale en materia de fosas clandestinas. En el último informe de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hay datos alarmantes.

Desde diciembre de 2018, cuando inició esta administración, a la fecha, Jalisco tiene las 2 fosas clandestinas más grandes de México.

Se trata de la fosa de Los Sabinos, en El Salto, con 115 cadáveres, y la de El Mirador, en Tlajomulco, con 171 cuerpos exhumados.

La Fiscalía estatal asegura que estas cifras se deben a que ellos sí investigan y reportan estadísticas a la federación. Pero les lanzamos una pregunta: ¿cuántos detenidos hay por esos homicidios? Ahí es donde se quedan calladitos.

Quizá no sean exclusivas, pero en México hay anomalías institucionalizadas. Una de ellas, que muchos delitos no se denuncian... En el caso de asaltos, robos y similares, por ejemplo, es un lugar común refugiarse en el consuelo de que "los bienes van y vienen" -o en el cristiano "sea por Dios..."- al tomar la decisión de "dejar así las cosas".

Denunciar -lo sabe cualquiera que haya pasado por ese calvario- es engorroso, ordinariamente es inútil... y puede resultar contraproducente. La tramitología (filas, documentos, eventualmente testimonios...) es lenta y compleja; las perspectivas de que la denuncia genere una investigación son mínimas; las de que esa investigación resulte exitosa, prácticamente nulas; y si llegara a identificarse y detenerse al delincuente, la víctima del delito teme a las represalias; es decir que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. De ahí que la denuncia, en los casos en que se realiza, corresponde más a un requisito legal vinculado con un seguro -el robo de un automóvil, que debe denunciarse para que la agencia liquide la suma convenida, verbigracia- que a otra razón práctica.

Noticias como el hallazgo de una fosa clandestina en la colonia El Sabino en el municipio de El Salto, por ejemplo, en la que se encontraron los restos de 113 personas, incorporan el dato de que varias de ellas -30, para ser exactos: 28 hombres y 2 mujeres- han sido identificadas por el Servicio Médico Forense, y subrayan que las mismas "contaban con una carpeta de investigación en el área de desaparecidos".

Que el 25% de las víctimas hayan sido identificadas se explica porque, a diferencia de lo que sucede con los delitos patrimoniales, la desaparición de personas ordinariamente se denuncia. Se sabe que en un porcentaje significativo de los casos, las personas "desaparecen" voluntariamente y de la misma forma regresan... aunque hay, por desgracia, otro porcentaje en que aparecen en circunstancias similares a las de las encontradas en fosas clandestinas.

Lo más lamentable, sin embargo, es que en la casi totalidad de los casos, tales delitos no se esclarecen. Solo excepcionalmente llegan a saberse sus causas y a identificarse, aprehenderse, procesarse y sancionarse a sus autores.

Si las cifras de la criminalidad no solo se mantienen sino se incrementan incesantemente -las estadísticas lo demuestran-, es porque el potencial delincuente actúa con la relativa tranquilidad de saber que el castigo al delito, en este bendito país, es una quimera.

Vinculación a proceso, libertad condicionada y una apelación tras otra. El camino a la verdad, a un veredicto justo o a la libertad puede ser tan abrupto en los cánones de justicia como doloroso para las víctimas en el proceso, pero qué sucede cuando transcurre un juicio sin tener equilibrio en ambas caras de la moneda.

¿Presunto culpable o presunto inocente? Un docente en estas condiciones ve transformada su realidad tras una acusación de abuso sexual infantil: destitución, dudosa reputación y perder la licencia para ejercer su profesión son algunas de las consecuencias, válidas todas en caso de ser culpable. Pero si hubo errores en la investigación, en el proceso, las pruebas no fueron suficientes o no se le ha dado oportunidad a un imputado de probar su inocencia, la imagen en el espejo puede ser otra.

El caso de Miss Sonia N, una maestra auxiliar en una escuela acusada de abuso sexual a un menor de seis años con síndrome de Down (el presunto agravio fue en 2018), detenida en septiembre de este año y posteriormente puesta en libertad en octubre para continuar su proceso fuera de prisión, ha sido mediático en todo sentido. La comunidad académica hizo lo propio brindando su apoyo a la docente y solicitando su liberación con manifestaciones pacíficas y mantas en los principales cruceros de la ciudad tras su detención.

Luego de mes y medio, Miss Sonia obtuvo la libertad; la familia del menor no tardó en buscar la manera de responder a la decisión con una apelación y una petición de apoyo al pequeño en Change.org y colocar el caso ante los ojos de cibernautas que con un clic aprueban o desaprueban la iniciativa desde cualquier rincón del planeta y con ello ejercen una justicia bajo presión. Mientras, el proceso sigue su curso, con una profesora que debe apegarse a nuevas condiciones de vida: reactivarse en el campo laboral lejos de las aulas, a las que no podrá volver, y presentarse durante los próximos 6 meses a firmar su libertad condicionada.

Mientras se llega al momento de acceder a la información del ojo que todo lo vigila, la justicia está en manos de las instituciones, de los profesionales y de las pruebas que cada parte presente en el proceso legal.

De acuerdo con el último "Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal", elaborado por la organización México Evalúa, Jalisco tiene un índice de impunidad de 96.2%, por arriba de la media nacional, que es de 92.4%, ubicándose en el lugar 10 de los estados con mayores problemas.

Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, declaró que el tema del actual sistema de justicia le sigue pegando muy fuerte al estado. "Estamos en el 10o. peor lugar de impunidad a nivel nacional y creo que tiene mucho que ver con el tema del poder judicial... y mucho con el tema de las deficiencias en la investigación de parte de los agentes del Ministerio Público".

Estas deficiencias se pueden reflejar, dijo, en la reducción de personas que se encuentran en las cárceles estatales, pues muy pocos asuntos se judicializan, "y muchos jueces se prestan para no librar órdenes de aprehensión y decretar detenciones ilegales".

Insistió en que las cifras de judicialización de los casos son muy bajas. "Y eso tiene a menos personas dentro de prisión... y también los jueces buscan cualquier pretexto para liberarlos. No hay un criterio homologado entre lo que ve el Consejo de la Judicatura, con lo que ve en sí el Supremo Tribunal de Justicia ¿Y qué tiene que ver con eso? Que no hay reuniones entre ellos para homologar criterios en el actual sistema de justicia".

Los senadores aprobaron una reforma con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá bloquear las cuentas de una persona cuando tenga indicios suficientes de que está relacionada con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia ilícita, sin la necesidad de una orden judicial.

Con 45 votos a favor y 27 en contra, los legisladores avalaron cambios a la Ley de Instituciones de Crédito.

El poder judicial en el Estado de Jalisco -y el de todo el país- se encuentra en una interesante coyuntura que le puede llevar a convertirse en lo que nuestra Constitución mandata (sic) y la sociedad demanda, pero... nunca falta un pero, no es un paso fácil de dar, porque son muchos los intereses y los maleantes que están dispuestos a "jugarse su resto", con tal de que no se logre la cabal profesionalización que los propios magistrados y demás miembros del sistema judicial esperan con ansia.

Durante décadas se ha buscado -sin éxito- consolidar un poder judicial apegado a todos los mandatos constitucionales: que dé certeza a la ciudadanía y que al margen de los "juncionarios" deshonestos y/o improvisados -que ¡por supuesto que existen!-, medran y ofenden la dignidad de los buenos servidores públicos y la propia sociedad, con la corrupción e impunidad de la que todo mundo habla, pero a la cual nadie -hasta el momento- ha enfrentado con las agallas y eficiencia necesaria para lograr una verdadera transformación a favor de la gente.

De continuar con la visión y actuar tradicional, los resultados no podrán ser más que los mismos -si no es que peores-. Empero, si se logra alcanzar y fortalecer lo que bien establece el doctor Luis F. Aguilar Villanueva (uno de los especialistas más reconocidos en lo que a la Administración Pública se refiere) en cuanto a la necesaria participación de los sectores público, privado y social, para lograr el cumplimiento de objetivos sociales bien definidos, entonces podremos esperar que la gobernanza judicial sea una realidad.

Se trata de un proceso que no se puede implementar de la noche a la mañana, pero si se logra conjuntar la voluntad de los magistrados en su próxima elección, Jalisco tomará un nuevo rumbo en materia de respeto a los más elementales Derechos Humanos, como lo son: la legitimidad, eficacia, certeza y honestidad.

Pronto sabremos si el rescate, fortalecimiento y profesionalización del poder judicial se podrá lograr, aunque claro está, que para que esto se lleve a cabo, es necesario enmendar también el poder legislativo, en donde subsisten otros intereses -muy particulares-, sobre todo de quien aspira a convertirse en el "Sancho" de otro "Quijote" empeñado en seguir los pasos del originario de Macuspana.

La presidencia de Trump ha sido quizá el periodo en el que más se ha atentado contra la vigencia del Estado de Derecho en los Estados Unidos a partir de construir una narrativa que muchas veces sustentada en falsedades asumidas como verdades. El adueñarse de la iniciativa para comunicar y establecer una agenda épica con enemigos a quienes hay que destruir es un camino peligroso para la libertad. Y la reacción de la mayoría de los estadounidenses al respaldar a Joe Biden responde a la intuición del peligro de transitar por los caminos impredecibles que dejan de lado a la ciencia y a la sensatez en aras del control del poder.

El proceso que ha seguido a la elección es una prueba para las instituciones políticas democráticas y para los contrapesos constitucionales en la nación vecina. Quizá Trump nunca acepte su derrota públicamente, pero esa será su decisión personal, lo que realmente importa es que las instituciones funcionen y generen un proceso de solución legal de las controversias. Para el mundo es una buena noticia que una persona comprometida con la ley, la sensatez y con visión global asuma el liderazgo de los Estados Unidos. Joe Biden tiene como desafío reunir a los ciudadanos luego de las divisiones irracionales que genera la descalificación soportada por teorías de conspiraciones inexistentes, eso en un entorno de crisis económica y una pandemia incontenible.

Para México la llegada de Biden representa la oportunidad de reafirmar que la transformación supone el fortalecimiento del Estado de Derecho como la única ruta hacia la convergencia social, política y económica con el mundo. La visión más progresista de su equipo puede plantear presiones en temas como la reforma laboral que aún no se aplica, la protección al ambiente y el impulso a las energías limpias, y sobre todo hacia medidas encaminadas al estado del bienestar en las que seguramente puede tener convergencias con el Gobierno de México.

En 2019, el Poder Judicial del Estado [de Jalisco] reportó 1,305 vinculaciones a proceso bajo el sistema acusatorio para adultos y el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pero esa cifra representa apenas 0.83% de los crímenes que se denunciaron ese año, que fueron 156,654, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es decir, se procesó a menos de una persona por cada 100 delitos registrados en Jalisco.

Además, en ese mismo periodo se decretó la no vinculación a proceso de 294 detenidos.

Las causas penales rezagadas en el sistema de justicia de Jalisco aumentaron otra vez en 2019, pues mientras ingresaron 10,447 nuevos expedientes a los juzgados, solo se concluyeron 1,401, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2020.

De acuerdo al documento, la entidad ya acumulaba 28,458 causas penales pendientes de resolución en ese año.

De las causas penales concluidas, no todas resultaron en sanciones penales para las personas procesadas, pues en 2019 únicamente hubo 623 sentencias condenatorias, reveló el mismo censo del Inegi.

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, explicó que la principal causa del rezago en la justicia es el presupuesto, ya que se requiere invertir más en recursos materiales, personal y tecnología para acelerar los procesos.

Un ejemplo de la tardanza en impartir justicia en Jalisco es el siguiente caso: en julio pasado, la Fiscalía del Estado informó que se logró la conclusión de un proceso penal a través de una sentencia condenatoria en contra de 2 hombres, señalados por secuestro e inhumación de una persona, en hechos ocurridos en la colonia Arenales Tapatíos, Zapopan, hace 13 años: en 2007.

"Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la patria" (Juan Bautista Alberdi).

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en varias ocasiones no realizar una cacería de funcionarios de gobiernos anteriores. En su discurso inaugural ante el Congreso el 1o. de diciembre de 2018 declaró: "Al contrario de lo que podría suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación... En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo; en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad".

La promesa no se ha cumplido. Esto lo demuestra el caso de Rosario Robles, la expresidenta del PRD y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que tuvo en su momento diferencias con López Obrador y posteriormente fue secretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto. Robles se encuentra en la cárcel enfrentando un proceso por "ejercicio indebido del servicio público" ya que, presuntamente, no informó a su superior, el presidente de la república, sobre unos desvíos de recursos. Como he señalado en este espacio, hay razones para procesarla, pero la omisión no amerita prisión preventiva, especialmente cuando consideramos que ella vino del extranjero para presentarse ante el juez. No hay riesgo de fuga; debería enfrentar su proceso en libertad, como dice la ley.

Las dudas generadas por este caso se ratifican por las acusaciones que la Fiscalía General de la República ha presentado contra Luis Videgaray. Las declaraciones de Emilio Lozoya obligan, por supuesto, a citar a declarar al exsecretario de Hacienda y excanciller, pero por sí solas no son suficientes para iniciar un proceso, especialmente porque sabemos que Lozoya es un "testigo colaborador", al cual se le dan beneficios a cambio de "delatar" a altos funcionarios de gobiernos anteriores. El ánimo de venganza, más que de justicia, se manifiesta en el hecho de que la FGR esté presentando acusaciones no solo por financiamiento ilegal de campañas y cohecho, sino, increíblemente, por traición a la patria. La petición de la Fiscalía ha sido rechazada en 2 ocasiones por un juez federal, pero al parecer la Coordinación General de Investigación está preparando un nuevo expediente para pedir, por 3a. vez, la aprehensión.

A los casos anteriores podemos agregar la insistencia del presidente López Obrador de realizar una consulta popular para enjuiciar a sus predecesores. La pregunta tendenciosa que él redactó fue rechazada por la Suprema Corte, pero esta aportó una nueva pregunta, vaga y sin personalizar, al mismo tiempo que determinó que el resultado de la consulta no sería vinculatorio. Este fallo a la medida ha sido cuestionado por muchos juristas.

Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en perdonar a nadie por delitos cometidos, y menos a exfuncionarios. El borrón y cuenta nueva de López Obrador no es ni ética ni legalmente aceptable. Las leyes están hechas para acatarse, y con más razón por quienes han jurado cumplirlas y hacerlas cumplir.

Pero si va a haber acusaciones, que sean justas. Aunque hay razones para procesar a Robles, no las hay para mantenerla encarcelada sin que se le haya declarado culpable. También hay elementos para que declare Videgaray por presuntos delitos electorales y quizá cohecho, pero no para acusarlo de traición a la patria. Estamos viendo esa cacería de brujas que López Obrador prometió no realizar.

Ya de regreso rumbo a Guadalajara fui víctima, como cientos de mexicanos que viajan por las carreteras del país, de una toma de caseta.

A la altura de Zinapécuaro, Michoacán, un grupo de jóvenes, y otros no tanto, se habían apoderado de cada uno de los cruces y con la cara semicubierta, más como forajidos que como quien se quiere proteger de contagios, detenían amenazadores a cada uno de los automóviles.

En ningún cartel o lona se mencionaba cuál era el motivo de su "protesta".

Operaban en pequeños grupúsculos perfectamente organizados donde mientras uno le cerraba el paso al vehículo, 2 más con intimidantes palos y bates de beisbol escoltaban a un 4o., en este caso una mujer, y era ella quien obligaba a bajar la ventanilla:

-Caballero, su caseta ha sido tomada... son 150 pesos.

Y a unos pasos, elementos de la Guardia Nacional simplemente observaban.

Molesto por la prepotencia y la amenazadora presencia de los de los bates, se los externé; que yo supiera, la "cooperación" es voluntaria, pero inmediatamente se acercaron a mí todavía más y más.

Y a unos pasos, elementos de la Guardia Nacional simplemente observaban.

Cuando me cambiaron un billete, porque no traía cambio, alguno de ellos me llamó "llorón", a lo que contesté que más llorones, los que tienen que tomar casetas para vivir.

No les gustó, pero después de un intercambio verbal el incidente no pasó a mayores.

Y a unos pasos, elementos de la Guardia Nacional simplemente observaban.

Por la noche me enteré que en esa misma caseta, un automovilista mucho más molesto que la mayoría, les aventó su auto a los manifestantes, los atropelló y mató a uno.

Creo que en esa caseta, como todas las que son tomadas todos los días frente a la tolerante mirada de los guardianes federales, vivimos una síntesis de lo que está pasando en este momento en el país.

Por un lado, estamos quienes queremos seguir adelante, trabajando y haciendo nuestro mejor esfuerzo por sacar nuestro proyecto personal, siguiendo las reglas, pagando impuestos, y llevando la fiesta en paz.

Pero por el otro lado, están los herederos de la desigualdad y la injusticia que se sienten con el derecho de hacer justicia por propia mano y afectar a los primeros, violando impunemente leyes y reglamentos.

Frente a frente, sin alguien que haga de mediador y todo bajo la permisiva tolerancia de los guardianes federales.

Lo que pasa en este momento en las casetas, a final de cuentas, es un choque entre esos 2 Méxicos, reales los 2, pero a los que alguien que vive en Palacio le ha apostado a que vivamos confrontados.

Alto riesgo, porque ante la pasiva mirada de la Guardia Nacional estamos a punto de que más automovilistas pierdan la paciencia y avienten su automóvil a aquellos jóvenes, así como que los de los bates y los palos revienten más de un parabrisas.

Ni la intermediación de las autoridades del gobierno estatal ha ayudado a que se logre un acuerdo entre los hermanos González Uyeda, que protagonizan una abierta y cada vez más enconada disputa por el control de la empresa Lechera Guadalajara S.A. de C.V. (Sello Rojo), fundada por su padre Roberto González de la Torre en 1961.

Como lo hemos comentado aquí en otros episodios de conflicto en empresas privadas familiares, este nuevo asunto entre particulares se torna en un tema de interés público por las denuncias que exhiben por enésima ocasión la corrupción incontenible en el poder judicial y su falta de controles internos que blinde o sancione a los juzgadores que actúan de manera facciosa y atentan contra el Estado de Derecho.

Estos escándalos de incertidumbre jurídica han sido un factor determinante para que Jalisco siga bajando en los Índices de Competitividad Estatal, que realiza el IMCO y en el que este año nuestra entidad salió del Top 10 al presentar un retroceso en 7 de los 10 subíndices analizados. En el de Derecho, que analiza el entorno de seguridad pública y jurídica con indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos, Jalisco va ya en el lugar 18, mientras que en el renglón de Sistema político estable y funcional que mide incidencia y percepción de corrupción, entre otros, aparece en el lugar 17.

Por eso, no es cosa menor (y debería tener muy preocupados y ocupados a los operadores del gobierno estatal para contribuir a ello), la resolución de este conflicto que además tiene en vilo más de 4,000 empleos de los que obtienen el sustento igual de número de familias.

Porque es claro que nadie en el poder judicial ni en el infiltrado Consejo de la Judicatura ha podido hasta ahora deslindar responsabilidades para aclarar cuáles de los múltiples señalamientos que en contra de los jueces han lanzado ambas partes en lo público y en lo privado, son los acreditados.

Conflicto privado, pues, que vuelve a poner el sello de desprestigio en nuestro poder judicial que sigue afectando gravemente la competitividad de Jalisco sin que nadie haga nada por evitarlo.

Habrá que ver, pues, en qué acaba este conflicto privado que vuelve a golpear la casi nula credibilidad que tiene el Poder Judicial en Jalisco.

Fue la suya, en días pasados -el jueves, concretamente-, una de las voces que con mayor contundencia se han pronunciado para señalar la inoperancia de los aparatos encargados de la administración de justicia en México. Lo dijo en un foro público, en ocasión del Día del Ministerio Público. Lo dijo con los pelos pardos de la burra en la mano; canceló a priori, por tanto, la posibilidad de que algún interesado en defender la pureza de tales aparatos la contradijera, suscribiéndose al cliché de que "otros datos" la desmienten... No dejó margen para que nadie la tildara de "conservadora", ni mucho menos de defensora de "la mafia" que propició, durante los 5 sexenios anteriores al actual, la hegemonía del hoy por hoy satanizado "neoliberalismo"...

Se alude a Olga Sánchez Cordero. En su intervención en el evento conmemorativo, la secretaria de Gobernación esgrimió -convalidándolos, se infiere- los datos duros del Inegi, según los cuales en México se cometen 33 millones de delitos al año, con una cifra negra de más del 90%, porque solo se denuncia 1 de cada 10 delitos. Adicionalmente, apuntó que solo uno de cada mil delitos que se cometen, se resuelve con una sentencia condenatoria o absolutoria...

La conclusión es atroz: en palabras de la propia funcionaria -que calificó de "absolutamente demoledoras" las cifras que exhiben el abismo entre los delitos que se cometen y la eficacia de los organismos encargados de perseguirlos y esclarecerlos-, en México un delincuente tiene una en mil posibilidades de ser castigado por las autoridades.

"¿Por qué hay corrupción? -inquirió la funcionaria, sin tomarse la molestia de excusarse por la incorrección política de dar un mentís al discurso oficial de que el cáncer de la corrupción ya es cosa del pasado-: porque hay impunidad -respondió-... ¿Por qué hay extorsiones? -continuó-: porque hay impunidad. ¿Por qué hay violaciones?: porque hay impunidad. ¿Por qué hay secuestros?: porque hay impunidad. ¿Por qué hay homicidios?: porque hay impunidad...".

Decir, como también dijo la secretaria de Gobernación, que "se requiere una procuración de justicia profesional, eficaz y comprometida en abatir la impunidad", significa que esa es -o, para ser justos, ¡que sigue siendo!- una de las grandes carencias de la sociedad... y, en consecuencia, una de las mayores asignaturas pendientes de las autoridades.

La ineficacia, la ineptitud que explica la impunidad, es, por donde quiera verse, una de las formas más escandalosas de la corrupción.

Arturo Zaldívar, que hace un año declaró que los 2 grandes poderes que enfrentaba la Corte y el Poder Judicial era el nepotismo y los focos de corrupción, fue una pieza instrumental del gobierno para deshacerse el año pasado de Eduardo Medina Mora, quien envuelto en un escándalo de corrupción, fue forzado a renunciar de la Corte, sin que Zaldívar lo defendiera. Ahora, la mirada del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha estado sobre un colega, el ministro Luis María Aguilar, que tiene una larga carrera en el Poder Judicial, a quien ha solicitado a las autoridades federales que lo investiguen.

La denuncia de corrupción en el Poder Judicial que hizo Zaldívar -quien es muy cercano a Palacio Nacional- hace un año, tienen fondo. Una ex ministra, en uno de los casos más extremos de abuso, llegó a tener a 11 personas que trabajaban en su servicio doméstico, en la nómina de la Suprema Corte. Otros han aprovechado su cargo para promover a familiares dentro del Poder Judicial. Y un número de miembros jueces y magistrados se han visto envueltos en temas de corrupción, que es lo que quiere eliminar el presidente de la Corte.

Sus ojos están volcados en una limpia en el Consejo de la Judicatura y en el ministro Aguilar, por lo que Zaldívar fue recogiendo elementos de presunta corrupción de su colega y los puso a disposición de las autoridades, para solicitarles que determinen sus responsabilidades. Las pesquisas están dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienday Crédito Público (SHCP), y se está elaborando la red con las preguntas irregularidades y presuntas ilegalidades del ministro.

El rezago que ya se tenía de expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), organismo que se encarga de impartir la justicia laboral en Jalisco, se incrementó durante la actual administración estatal.

Actualmente hay 115,000 juicios laborales pendientes, contra los 100,000 que había al cierre de 2018.

Sergio Javier Ramírez Contreras, presidente de la JLCA, reconoció que la pandemia de COVID-19 provocó que se incrementaran los casos y no se avanzara con el rezago previo.

"Por la pandemia disminuimos 50% las actividades, 30% en algunas juntas", mencionó.

El funcionario admitió que se avanzará con los laudos pendientes hasta que entren en función los centros autónomos que operarán con la nueva reforma laboral.

"Su aplicación iniciará en una 1a. etapa en 8 estados de la república y Jalisco va para junio del 2022, cuando ya tendrán que estar funcionando las nuevas instituciones o instancias que son los centros de conciliación como órganos autónomos y los juzgados laborales que van a dependen de poder judicial", indicó.

Cuando estos centros operen, la JLCA no recibirá más asuntos nuevos, pero tendrán que culminar con los casos pendientes.

Carlos Villaseñor, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, dijo que se tiene que resolver el rezago porque afecta tanto a trabajadores como a patrones.

"Afecta en ambos sentidos porque no se resuelven los problemas y de los 2 lados se pierde, la justicia no es expedita y es lamentable que esto haya crecido", concluyó.

¿Qué es la JLCA?

Es el espacio donde se dirimen los conflictos obrero-patronales de naturaleza ordinaria y colectiva.

Está conformado de manera tripartita por un representante del gobierno estatal, un portavoz de los patrones y una figura que defiende a los trabajadores. Está integrada por 17 juntas especiales.

Actualmente, 349 servidores públicos atienden este espacio, que brinda atención a cerca de mil usuarios al día.

Desde que tengo uso de memoria existe corrupción en México. Me acuerdo, por ejemplo, cuando era niña, que mi papá hablaba de "mordelones" y siempre que lo hacía sabíamos que se refería a un agente de tránsito y no a un perro. La "mordida" era (¿es?) la dádiva, pedida u ofrecida, para que el "tamarindo" (esto en la Ciudad de México por el color del uniforme) se hiciera de la vista gorda ante una infracción vial y dejara ir al conductor sin multa. También pasaba que se inventaban las infracciones y el conductor terminaba abriendo la billetera ("gánale al PRI"); si el ciudadano optaba por no dar dinero, estaba consciente de que tendría que perder un día o más para pagar la multa. Creo, en general, que estamos familiarizados con estos casos.

Este era el nivel inferior de la corrupción, porque las "mordidas" se acostumbraban casi en todas las dependencias de gobierno (municipal, estatal y federal) donde el ciudadano debía realizar algún trámite; también había coyotes que encarecían cualquier gestión; o burócratas de ventanilla que, si no recibían un "detalle" o "regalo", retrasaban la conclusión del trámite, lo dificultaban con cuanto obstáculo o de plano negaban los permisos. Luego había que lidiar con los sindicatos, las grandes centrales obreras que amenazaban con huelgas si no se les entregaba una mensualidad.

Un gobierno puede llegar a ser tan corrupto como sus ciudadanos se lo permitan. Es por esto que la ciudadanía es la que mitigará los problemas por medio del discernimiento entre lo que quieren y no dentro de su país. El respeto a las normas y a la consolidación de un verdadero Estado de Derecho basado en honradez partiendo de los ciudadanos generará a su vez reciprocidad por parte del gobierno. Esto es, el 1er. paso para transicionar (sic) a un zapato más adecuado es tener ciudadanos activos que denuncien irregularidades y hagan valer sus derechos.

La crítica no solo se dirige al marco jurídico, sino a la mentalidad colectiva de los ciudadanos. No podemos esperar florecer en un ambiente de adversidad mientras nuestra responsabilidad y acciones no vayan de la mano con las necesidades de nuestro país. En lugar de seguir moldeando el zapato que alguna vez necesitamos, pensemos en formas de eficientar (sic) el sector público atendiendo al funcionamiento social y trabajemos hacia un zapato a la medida de lo que merecemos.

La organización México Evalúa presentó su estudio Hallazgos 2019 sobre la procuración de justicia en México y en las entidades.

Es triste darse cuenta que no hemos aprendido nada. En el país sólo una de cada 10 carpetas de investigación abiertas termina ante un juez. Hablamos de robos, extorsiones y hasta homicidios.

En el caso de Jalisco, 96% de los delitos quedó sin sanción, lo que revela nuestros niveles de impunidad. Por si fuera poco, 6 de cada 10 presos en la entidad no tienen sentencia.

Lo más preocupante es que estos indicadores no son muy distintos a lo que ya diagnosticó el estudio anterior. Parece que no hemos aprendido nada.

2 asaltantes y un hombre murieron la madrugada del jueves, después de que un grupo de pasajeros, cansados de los robos en el transporte público, sometió a 2 hombres que intentaron despojarlos de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 45 de la autopista México-Querétaro en un autobús de la línea de Autobuses Coyotepec y Anexas que se dirigía al Metro Politécnico, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, los asaltantes dispararon contra un hombre lo que provocó la ira de los pasajeros, que, al ser mayoría, lograron someter a los 2 sujetos.

Alrededor de las 6 de la mañana, el camión arribó a la caseta de peaje de Tepotzotlán, en donde el conductor pidió ayuda y dijo que dentro del autobús estaba un pasajero herido, resultado de un asalto.

Elementos de una ambulancia de Caminos y Puentes Federales constataron que un hombre de 60 años de edad había fallecido, luego de haber recibido varios disparos.

Durante el rastreo de los ladrones, en el acotamiento del kilómetro 47.8, se localizaron los cuerpos de 2 hombres con heridas de bala, por lo que regresaron a entrevistar al conductor del autobús de pasajeros.

El operador explicó que los ladrones fueron sometidos por los pasajeros, les quitaron un arma que fue usada para dispararles y decidieron tirar sus cuerpos a lado de la autopista.

"Un pueblo puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calle" (Francisco Zarco).

Es inquietante la denuncia penal de Pío López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola por "divulgar conversaciones privadas". La acción se refiere a la difusión de los videos grabados por David León en 2015 cuando entregaba al hermano del presidente sobres con dinero en efectivo para financiar a Morena. Una sanción a Loret por llevar a cabo su trabajo periodístico sería un golpe brutal a la libertad de expresión en nuestro país.

Pío no ha denunciado a Loret por daño moral, ni lo ha demandado civilmente por difamación. La acusación es difundir indebidamente información o imágenes obtenidas en una comunicación privada, delito federal que implicaría sanciones de 6 a 12 años de cárcel y multas de 300 a 600 días de salario mínimo.

En principio no debería haber mucha preocupación. El video no fue grabado por Loret, lo cual podría, quizá, haber sido considerado una violación del artículo 177 del Código Penal Federal, sino por el propio David León. Lo que se divulgó, por otra parte, no era una comunicación privada, sino un acto delictivo perpetrado en un lugar público. El problema es que en un gobierno en que las instituciones de justicia parecen depender cada vez más del poder ejecutivo, la posibilidad de que un hermano del presidente pudiera recibir un trato preferencial se volvía ominosa.

Fincar responsabilidades penales a un periodista por divulgar un acto delictivo del hermano del presidente para beneficio del partido de gobierno sería un golpe a las libertades. Equivaldría a prohibir el periodismo de investigación y a darle validez formal a la censura. Abriría también las puertas a una mayor corrupción.

Alegra que el presidente haya entendido las posibles repercusiones de la denuncia. Ayer lo señaló en su conferencia de prensa: "No estoy de acuerdo. Yo creo que no debe pedirse castigo así para nadie, más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Yo deslindo lo público de lo familiar".

Habría que añadir que el rechazo a la denuncia no debe provenir del hecho que los adversarios del régimen pudieran utilizarla para cuestionar al presidente o al gobierno, sino porque es inaceptable que las autoridades impulsen una acción que, de fructificar, cancelaría de facto el periodismo de investigación en el país.

No basta, sin embargo, con una declaración del presidente. La Fiscalía General de la República debe estudiar la denuncia y, si efectivamente carece de méritos, como todo parece indicarlo, tiene que señalarlo públicamente. Por otra parte, tanto la FGR como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fepade, deben investigar la entrega de dinero en efectivo que reveló el video. El presidente ha prometido en repetidas ocasiones que nadie ni nada estaría por encima de la ley. Sería incorrecto que su hermano sí lo estuviera.

La capacidad de los medios para investigar y difundir información sobre presuntos ilícitos y actos de corrupción es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Sancionar penalmente a un periodista por divulgar información de un ilícito negaría esta posibilidad. Esperemos que las autoridades dejen claro con sus acciones que ni siquiera un hermano del presidente más poderoso desde los tiempos del viejo PRI puede castigar a un periodista por el hecho de exhibir un acto de corrupción.

La presunción de inocencia -de la que tanto se ha hablado en los recientes y escandaloso casos de Rosario Robles o Emilio Lozoya, detenidos y procesados en México, como en los de Genaro García Luna, Naasón Joaquín García o el general Salvador Cienfuegos Zepeda, asimismo figuras públicas en México, detenidas y procesadas en Estados Unidos- está muy bien. Se trata del derecho que tienen todas las personas a que en principio se les suponga inocentes de cualquier delito, hasta que se pruebe su culpabilidad. Se trata de una premisa básica de un régimen que de manera sistemática y reiterada se ostenta como garante del Estado de Derecho...

Ahora bien: si los procesos contra García Luna y Cienfuegos Zepeda aún se encuentran en las etapas iniciales -o preliminares incluso-, se supone que la presunción de inocencia de ambos opera a plenitud; que solo cuando las autoridades judiciales estadounidenses prueben de manera indubitable su culpabilidad en los delitos que se les imputan, los hoy indiciados perderán ese beneficio.

Es prematuro, por tanto, asegurar -como hizo el sábado, en Tabasco, el presidente López Obrador- que las detenciones de los que fueran prominentes funcionarios públicos en los sexenios de Felipe Calderón (García Luna fue su secretario de Seguridad) y Enrique Peña Nieto (Cienfuegos fue su secretario de Defensa), "es lo suficientemente representativo para demostrar -¡ojo con ese verbo...!- la crisis de México, la decadencia de México que produjo la política neoliberal...".

Demostrar implica pasar de la simple presunción, creencia o sospecha a la certeza; para ello se requiere aportar pruebas... Puesto que en ninguno de los 5 casos señalados se ha llegado a ese punto, conviene subrayar que 3 de ellos se ventilan en tribunales estadounidenses, y que, una de 3: o (1) se trata de personas cuyas conductas en el desempeño de sus cargos fueron jurídicamente irreprochables, o (2) las autoridades mexicanas fueron incapaces de detectar actitudes o movimientos irregulares -en sus finanzas, en su estilo de vida o en las acusaciones que en México se hubieran encausado contra ellas, por ejemplo- e investigar la comisión de posibles delitos..., o (3) los señalados estuvieron protegidos, aquí, por sendos mantos de corrupción y/o contubernio.

Tanto "la crisis" como "la decadencia" de México, señaladas por el presidente, son indudables. La gran pregunta es por qué, en casos tan notorios, tienen que ser los aparatos judiciales de otros países, y no los de México, los encargados de ponerles dedo.

Pues nada, que el Ejército, ese en quien el presidente ha descansado la parte fundamental de su lucha contra la corrupción también es corrupto. El general en retiro Salvador Cienfuegos, acusado en Nueva York por narcotráfico, no es el 1er. general señalado por proteger al crimen organizado, y seguramente tampoco será el último. La novedad en todo caso es que esta noticia se da en medio de la mayor militarización de las actividades gubernamentales desde que los mandos castrenses dejaron el poder en este país, allá en 1952.

Tiene razón el presidente, no se puede juzgar a todo el Ejército, decir que todas las fuerzas armadas son corruptas, por la presunta corrupción de un mando, como tampoco se puede decir que todos los fideicomisos eran corruptos porque en alguno hubo corrupción, ni que todas las estancias infantiles eran corruptas porque en alguna hubo falsas inscripciones, ni que toda la industria farmacéutica es corrupta porque en algunos casos se vendió a sobreprecio. La presunción de inocencia no es, o no debe ser, un obsequioso decreto presidencial sino un derecho de todo mexicano.

El Ejército no es más o menos corrupto que el resto de las instituciones gubernamentales, particularmente las de seguridad. Hace apenas 7 meses hablábamos aquí de los contratos sin licitación y del uso de empresas fantasma por parte del Ejército en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en otros espacios, un año antes del riesgo de corrupción que implica para las fuerzas armadas el manejo de tantos proyectos sin que existan los mecanismos de vigilancia y contrapesos suficientes y necesarios.

La corrupción no es un problema de uniformes, lealtades, disciplina o falta de ella. Donde exista presupuesto público y poder la corrupción surgirá como el hongo en la humedad. La corrupción no se combate con discursos, peroratas moralistas o convicciones sino con esquemas institucionales de vigilancia, contrapesos y participación social efectiva. Dicho de otra manera, no es desde las mañaneras, ni desde la Secretaría de la Función Pública ni dando la seguridad y las obras públicas al Ejército como vamos a acabar con la corrupción, sino con transparencia, vigilancia ciudadana y un efectivo Estado de Derecho.

El golpe al general Salvador Cienfuegos si bien abona al discurso de corrupción del pasado, la verdad es que es sólo una gota más en el mar de podredumbre conocida, sospechada e imaginada. El problema de fondo es que abolla la credibilidad del Ejército mexicano y cimbra la estrategia de militarización de la vida pública del presidente López Obrador. ¿Podemos confiar la seguridad pública a una institución que hace apenas 2 años estaba involucrada hasta el tope con el crimen organizado? ¿Hasta dónde permeó la corrupción? ¿Qué certeza tenemos de que los mandos actuales no son o fueron parte de ello? ¿Brincarán más nombres durante el juicio?

Los índices de delincuencia no organizada se han disparado en las últimas 2 décadas debido al crecimiento de la impunidad.

Los delincuentes saben que el grado de riesgo que corren de ser castigado es mínimo, se estima que apenas recibe castigo 1% de los delitos cometidos. Se atribuye el aumento de la delincuencia a la actitud laxa de las autoridades en vez de castigar delitos, fomentan la cultura de la impunidad. Los vasos comunicantes entre la delincuencia ya trascendieron fronteras y ahora tenemos centro y sud americanos que nos visitan para delinquir disfrutando de la impunidad.

La Secretaría de la Función Pública más sirve para convalidar que para fiscalizar a los funcionarios públicos, las sanciones que se aplican son irrisorias.

La enciclopedia libre Wikipedia define la impunidad como una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Está comprobado que la severidad de las penas inhibe la comisión de los delitos, véase si no el buen resultado que hizo la imposición de multas severas a quienes invaden el acceso a una rampa para incapacitados o bien estacionarse en lugar exclusivo para inválidos, que sobrepasa los 12,000 pesos.

En la zona metropolitana las calles están sucias, lo contrario de cualquier localidad de los Estados Unidos, en donde la multa por tirar basura en las calles es de 500 dólares en adelante.

El mejor aliado de la impunidad es la corrupción. A casi 2 años de la 4T no hemos visto resultados del combate a la corrupción, a pesar de lo que se ha invertido en crear e instalar un aparato burocrático impresionante, no hemos tenido resultados del combate en el cual campea la impunidad.

La impunidad es un concepto que comprende una cierta cantidad de acciones que el mismo Estado de Derecho apoya en muchas ocasiones dando luz verde para causar daños y estragos al pueblo; las diversas instancias, amparos, revisiones, y recursos de sentencias y otras instancias de poderes superiores son en beneficio de la impunidad, dando lugar a una supresión del castigo, que los exime o lo minimiza.

La cultura de la impunidad es el mejor impulso de la delincuencia, es indispensable combatirla sin abrazos, con mano dura y cero tolerancia.

En México, las vías férreas han permanecido bloqueadas 123 de los 289 días que han transcurrido en uno o varios puntos de la red, lo que significa que prácticamente se duplicaron estos eventos, en comparación con 64 eventos de todo el 2019.

Al 15 de octubre, de los 289 días transcurrido el 43% representan bloqueos.

La última irrupción en las vías comenzó el 2 de octubre en Caltzontin, una comunidad ubicada en Michoacán que impide el traslado de mercancías desde el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes en el país, hacia la Ciudad de México y la zona del Bajío. Hasta anoche el bloqueo se mantenía, afectando a 35 trenes con 12,000 contendores con productos de exportación que no pueden circular en una semana.

"Los bloqueos provocan que no se pueda tener certeza de la operación y programación de trenes, además de generar gastos incuantificables. Es difícil calcular las pérdidas económicas, ya que son diferentes las industrias afectadas por los bloqueos", refirió Óscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

El pasado miércoles, diversas cámaras de comercio publicaron un desplegado en varios medios impresos en los que hicieron un llamado al gobierno federal y a los de Chihuahua y Michoacán, para solucionar los conflictos que mantienen bloqueados desde hace más de 50 días las vías férreas de la entidad que gobierna Javier Corral y por más de 12 días las de estado que encabeza Silvano Aureoles.

Las afectaciones a la cadena de suministro afectan a diferentes industrias como la acerera, la automotriz, la cementera e incluso a Pemex.

"Es difícil calcular las pérdidas económicas, ya que son diferentes las industrias afectadas por los bloqueos (...), por lo que las afectaciones no sólo son a la industria ferrocarrilera", agregó del Cueto.

Según datos de la industria ferroviaria, el bloqueo del paso del tren les cuesta a las concesionarias entre 30 y 50 millones de pesos diarios, esto sin contar los daños económicos a las industrias que no reciben sus insumos en tiempo para poder transformarlos, como en el caso de la industria automotriz.

Las irrupciones en las vías también generan una saturación en los puertos, pues los contenedores no pueden salir de la zona de recepción debido a que los trenes se encuentran impedidos en el paso.

Tan sólo en la última semana de bloqueo en Michoacán, la afectación al transporte intermodal desde el puerto de Lázaro Cárdenas suma más de 2,800 contenedores, de los cuales 1,075 están pendientes de carga y el resto son contenedores ya cargados sin poder salir del puerto, uno de los más importantes del país.

El número de días de bloqueos de 2020 contrasta con lo registrado en periodos anteriores. Por ejemplo, entre 2016 y 2019, la Agencia Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) contabilizó 146 días de obstrucciones, lo que les costó a las compañías ferroviarias, logísticas y de productos más de 7,586 millones de pesos.

Entre las entidades que sufren el bloqueo de vías se encuentra Puebla, que al inicio del año vivió una interrupción en el paso del ferrocarril en la comunidad de Grajales.

Michoacán es otro de los estados que registra varios bloqueos en lo que va del año, al igual que Sonora, en donde se reportan pérdidas por más de 75 millones de pesos.

La liberación de las vías es otro de los problemas que enfrentan las ferrocarrileras, al no diseñarse un mecanismo para saber qué orden de gobierno, federal o local, debe atender cuando se realizan manifestaciones en las vías.

El presidente de la AMF destacó la relevancia de garantizar el Estado de Derecho a las empresas como Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern de México, las principales concesionarias ferroviarias del país.

"Las concesionarias piden que se haga valer el Estado de Derecho y que los acuerdos se hagan sin afectar al tren y a los productos que se transportan por este medio", solicitó del Cueto.

Al caudillo de la 4T le tembló la mano y perdió una oportunidad preciosa de demostrar que, efectivamente, su proyecto iba por la aplicación del Estado de Derecho y un real combate a la corrupción.

A Andrés Manuel López le tembló la mano para promover que se investigue y, en su caso, enjuicie a los ex presidentes y ex funcionarios de primer nivel sobre los que pesan espesas nubes de sospecha de haber sido especialmente corruptos.

Tal parece, y es lo que queda a la vista, que efectivamente ha existido y sigue existiendo un pacto de no agresión con el gobierno inmediatamente anterior, de tal forma que ni se le investigará ni se le tocará bajo ninguna sospecha.

Porque las dudas, por lo menos en los 2 más recientes sexenios, son hartas. Por citar tan sólo los casos más emblemáticos y públicos en el gobierno de Felipe Calderón fue la "Estela de Luz", esta torre monumento enorme que se construyó en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, que se disparó en costos de una manera fuera de proporción con zonas muy oscuras en el manejo de recursos; y en el caso de Enrique Peña Nieto están los sobornos de la empresa Odebrecht, que mientras en varios países incluso "más atrasados" que México llevó a ex presidentes y funcionarios a la cárcel, aquí cuando más sirvió para que uno de los presuntos operadores de los sobornos, Emilio Lozoya, esté tranquilamente en su casa, presumiblemente bajo proceso pero protegido por ser un testigo que colabora.

Si el caudillo de la 4T efectivamente hubiese tenido voluntad, hubiera ordenado, o amablemente solicitado, que las investigaciones iniciaran el día 2 de su mandato, y hubiera promovido que siguiera el proceso ágil y expedito.

No fue así, y desde entonces obstruyó que se hiciera justicia.

Y recientemente, con su manejo de llevar a cabo una encuesta para saber si el pueblo estaría de acuerdo, o no, con el juicio, declaró que no era un asunto jurídico, sino un asunto del que llamó al Tribunal del Pueblo que debía decidir.

Aquí se pasó por el arco del triunfo todo el sistema de leyes y ordenamientos de nuestro país, que con sus defectos, le cuesta una millonada al erario público.

Le tembló la mano para ser él quien tomara la decisión histórica, y al estilo de Pilatos prefiere dejar la responsabilidad en manos "del pueblo", que ya sabemos qué va a decidir.

Quizás recordó aquello de que "Los carniceros de hoy serán las reses del mañana".

Y ahora sólo falta escuchar el veredicto del pueblo, que al calor de la indignación, clamará por "la crucifixión", aunque, y como suele pasar con la 4T, al final no pase nada.

Hay aspectos de los mercados informales que suelen ser defendidos por amplios sectores de la sociedad, e inclusive por funcionarios públicos. Los argumentos, esencialmente, se dirigen a referirse a estas prácticas como "mal menor", en el sentido de que estas formas "atenuadas" de piratería son aceptables, en la medida en la que evitan que amplios sectores de la población se dediquen a otra clase de delitos de mayor impacto. El otro argumento que se escucha, incluso desde cúpulas intelectuales, apunta al beneficio aportado por la piratería, haciendo accesibles a amplios sectores de la población, bienes que de otra forma no lo serían.

Estos "consuelos", que de suyo implican una claudicación de graves consecuencias, escalan hasta niveles criminales cuando involucran productos que ponen en riesgo la salud humana. Aún y cuando la venta de medicamentos falsos encabeza la lista, son diversos los artículos que tienen efectos gravísimos en este mismo nivel, desde tabaco y bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas hasta cables eléctricos de mala calidad o balatas de bajo desempeño para los frenos de un automóvil.

Algunos laboratorios privados que han conducido investigaciones profundas sobre las redes que distribuyen medicamentos falsos y robados las describen como complejas, encubiertas y cambiantes, dejando a la vista, solamente, los eslabones finales de la venta callejera. De hecho, muchos de los insumos para su manufactura deben pasar controles aduaneros para su ingreso al país. Estamos hablando, en sí, de rutas, redes y puntos de venta muy similares al de las drogas ilegales.

El asunto ha cobrado relevancia, 1o., a partir de las muertes que causó la heparina sódica a diversos pacientes en hospitales públicos, y en 2a. instancia, por el robo que fue denunciado de miles de medicamentos oncológicos, cuyas amplias redes de distribución han sido exhibidas por investigaciones periodísticas de bajo perfil. Redes que operan de una manera tan abierta, que hacen manifiesto el alto nivel de impunidad imperante.

Un 1er. elemento que vale la pena recordar es que, en nuestro país, se sanciona con mayor rigor el comercio de productos falsificados a través de un establecimiento formalmente establecido, que los vendidos a través del comercio informal. Esta anomalía, presente en nuestro sistema desde 1994, sigue apareciendo en nuestra recientemente estrenada ley de propiedad industrial, sin que nadie haya reparado en el punto.

Lamentablemente, no existe a la fecha un programa, esfuerzo o instancia que declare como objetivo explícito coordinar esfuerzos en contra de la piratería, ni siquiera para los casos de mayor gravedad como los relatados. El concepto engloba no solo a medicamentos robados, sino también a los caducos, a los falsificados, a los adulterados y a las muestras médicas. En todos los casos, un manejo totalmente alejado de las buenas prácticas hace que la mayor suerte de quien los consume es que no tengan efecto alguno.

En muchos de los casos de compra de medicamentos, el resorte que la detona radica en la escasez o en el precio elevado, lo que amplifica la gravedad de la conducta, que toma como presa fácil el estado de extrema necesidad del usuario. En este momento, la escasez está arrojando a los consumidores a la única fuente posible de suministro: el mercado informal. Es claro que el caso de la heparina sódica visibilizó el problema por el número de casos en corto tiempo ¿alguien está llevando la cuenta de los casos "aislados" en plazos más largos?

"Aprovecho para decirles a quienes están tomando esas casetas que ya se terminó este asunto completamente irregular" (Andrés Manuel López Obrador).

El viernes pasado, 9 de octubre, fui a Cuernavaca desde la Ciudad de México. La caseta de Tlalpan, como ya se ha vuelto costumbre, estaba tomada por encapuchados. Estos no mostraban pancartas ni presentaban exigencias políticas. Simplemente cobraban por cruzar, como negocio. Un pequeño grupo de elementos de la Guardia Nacional estaba al pendiente a cierta distancia, pero sin hacer ningún intento por detener el robo de peajes que estaba teniendo lugar frente a ellos. Gracias a que yo iba en motocicleta, pude cruzar sin pagar y evadirme, cosa que los conductores de automóviles, autobuses o camiones no podían hacer.

El domingo 11 de octubre regresé a la Ciudad de México. Una vez más la caseta de Tlalpan estaba tomada por encapuchados, no sé si los mismos u otros. También me escapé en la motocicleta, pero los conductores de otros vehículos no tenían más opción que pagar el tributo que se les exigía.

El presidente López Obrador no parece tener mucha idea de lo que está ocurriendo en las casetas. Apenas el pasado 21 de septiembre se vanagloriaba del éxito de su gobierno para evitar los robos de peajes. "Desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados. No había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas y se están ahora evitando estas tomas, y ya se está recuperando lo que se perdía, lo que perdía la hacienda pública, lo que perdía el pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, por eso es dinero sagrado, lo tenemos que cuidar más".

Según el presidente, desde el 28 de junio de 2019 hasta el 21 de septiembre de 2020 su gobierno "ha impedido la pérdida" de 7,019 millones de pesos en tomas de casetas de peaje. Es curioso. Mi impresión es que estas acciones, que lastiman al erario y a las empresas concesionarias, no solo no se han reducido, sino que se han incrementado de manera muy importante, y con la complicidad o negligencia de la Guardia Nacional.

La Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada originalmente por Lázaro Cárdenas, es bastante clara. Establece en su artículo 533 una sanción de 3 meses a 7 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el salario mínimo a quienes "dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte".

Las facultades le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la jurisdicción es federal. La Guardia Nacional es la fuerza pública que debe intervenir a petición de la SCT. Los funcionarios de la SCT están obligados a tomar medidas para liberar las casetas y a presentar demandas para castigar las faltas. La omisión es causa de responsabilidades legales. El actual gobierno, sin embargo, no parece preocuparse por aplicar la ley. Por otra parte, no sabemos que haya habido consecuencias para algún funcionario por haber sido omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El propio presidente reconoce el daño que estos robos ocasionan y dice que ha tomado medidas para evitar la toma de casetas. Pero basta con darse una vuelta por las casetas del país para entender que los encapuchados tienen otros datos.

El problema de las fosas clandestinas en el estado sigue siendo un flagelo y parece que cada vez más nos acostumbramos a ese horror.

Ahora la Fiscalía del Estado informó que localizó una nueva fosa clandestina en Tlaquepaque, en donde se ubicó un cadáver y 9 bolsas con restos óseos. Los trabajos apenas comienzan.

Pero no sólo eso. La Fiscalía trabaja en otros 3 puntos adicionales. Una fosa en Zapopan de donde ya se extrajeron 15 cráneos y 55 "bolsas con indicios". Y finalmente las de Ixtlahuacán y El Salto de las que se han exhumado 49 cuerpos.

¿Hasta cuándo dejarán de sólo cavar hoyos y comenzarán a prevenir y castigar esos homicidios?

2 notas distintas publicadas esta misma semana nos obligan a mirarnos en el horror en que se encuentra Jalisco en materia de desapariciones: por un lado, nuestra entidad encabeza el número total de desaparecidos de todo el país en lo que va del actual sexenio federal. De otro lado, información de la fiscalía confirma el altísimo nivel de impunidad que existe para quienes cometen este delito. Ambos hechos, desapariciones al alza y altas tasas de impunidad, no están separados, al contrario. La altísima impunidad, o la alta ineficiencia para detener, juzgar y penalizar a quienes cometen este nefasto delito alienta que se siga cometiendo la privación ilegal de la libertad por parte de particulares o, peor aún, por servidores públicos.

Desde hace al menos 3 años se ha advertido que el número total de desapariciones crecía exponencialmente en Jalisco. Y ocurre aparentemente en circunstancias paradójicas, pues es justo en este periodo que el Estado mexicano y los gobiernos estatales han creado legislaciones y agencias especializadas en combatir y perseguir las desapariciones forzadas o cometidas por particulares.

Sabíamos que Jalisco era uno de los estados con más personas desaparecidas, pero no que encabezábamos la lista, por mucho, frente al resto de los estados del país.

En el Informe de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, presentado el miércoles por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, una de cada 4 desapariciones que ocurren en todo México, se lleva a cabo en Jalisco. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciembre 2018 hasta septiembre de este año, se han reportado 13,821 personas desaparecidas, de las cuales 3,568 han sucedido en Jalisco, lo que representa 25.82% del total de desapariciones en este sexenio.

A Jalisco le siguen Guanajuato (8.80%), Tamaulipas (8.73%), Ciudad de México (8.62%), Nuevo León (7.17%), Sinaloa (7.04%), Michoacán (5.32%), Veracruz (3.94%), Guerrero (3.29%) y Chihuahua (2.85%). Estos 10 estados concentran 81.57% (11,274) del total nacional de desaparecidos ocurridos desde diciembre de 2018. De hecho, Jalisco triplica a Guanajuato, el 2o. estado con más casos.

De acuerdo a informes de la fiscalía estatal, de 2018 al mes de agosto de este año se han reportado 4,974 personas desaparecidas y en ese mismo lapso la fiscalía especializada en la materia consiguió 58 carpetas con vinculación a proceso penal, lo que representa apenas el 1.1%, según nota del colega Enrique Osorio (Mural, 8 octubre). En la misma nota se consigna cómo la fiscalía especializada ha duplicado los casos que presenta ante los jueces: en 2018 fueron 8 carpetas, 22 en 2019 y en lo que va del año suman 28. Pero este avance parece minúsculo y extremadamente lento para el tamaño del reto. Todavía existe una impunidad de 98.9%.

Mientras los grupos que cometen las desapariciones, privados o ligados al aparato público, sigan impunes cometiendo este atroz delito, seguiremos viendo cómo siguen al alza las desapariciones y sus fenómenos relacionados, como las fosas clandestinas. Es necesario cambiar los números: dejar de ser el campeón en desapariciones y reducir sustancialmente las tasas de impunidad.

No creo que haya un mexicano al que no le hierva la sangre cuando ve políticos, funcionarios públicos o líderes sindicales del presente y del pasado disfrutar una vida de lujos y placeres al más alto nivel y de una riqueza equivocadamente llamada "inexplicable", porque se explica perfectamente por medio de la corrupción y el desvío de recursos públicos, el abuso de poder, la venta de influencias y los contubernios.

Este solo motivo -el del hervor de la sangre con la corrupción de alto nivel, porque la poquitera y de bajo perfil la toleramos sin mayor problema- fue suficiente para que un personaje como López Obrador, quien prometió acabar con décadas de corrupción e impunidad, haya llegado a la Presidencia de México.

Pero el organizar ahora una consulta para hacer a los ciudadanos la rebuscada pregunta aprobada por la Corte me parece un acto censurable.

Lo digo porque cualquiera que sea el resultado, el Estado de Derecho se verá afectado: si se decide no investigar se habrá legitimado la impunidad, y si se decide investigar se confirmará que en este gobierno la aplicación de la ley es discrecional o depende de la opinión pública.

Si alguien, y en especial el presidente, tiene pruebas de la comisión de un delito lo que procede es denunciar, y si lo único que hay son sospechas, lo que procede es investigar, atendiendo siempre al principio de presunción de inocencia, aunque a muchos les produzca "urticaria" la presunción de inocencia en ex presidentes que han sido sentenciados por la opinión pública y no por un tribunal.

Abogar por este derecho no significa estar a favor de la corrupción, significa estar a favor del debido proceso, tal y como quisiéramos que ocurriera en el caso de que alguno de nosotros fuésemos injustamente acusados o detenidos: pediríamos se nos trate como presuntos inocentes y no como presuntos culpables.

El presidente ha reiterado en múltiples ocasiones que nadie está por encima de la ley, y al someter su aplicación a una consulta no sólo se contradice, sino que abre la puerta para legitimar la impunidad.

Si el resultado de dicha consulta es que la mayoría de los participantes opinaron que se debe emprender un proceso de investigación a los ex presidentes, el Estado de Derecho habrá sido respetado. Pero si el resultado es que no se investigue y aplique la ley, será simple y sencillamente haber dado un salvoconducto, una garantía de inmunidad a los hasta ahora sospechosos.

La aplicación de la ley no puede depender de la opinión pública.

Aunque la pregunta de la consulta en cuestión no menciona a ningún político en particular, todo mundo sabe, y el discurso oficial del presidente lo confirma, que se trata de investigar ex presidentes cuya impopularidad es manifiesta, por lo tanto el resultado de la consulta es previsible: los ex presidentes serán "investigados", pero no debido a una voluntad política para aplicar la ley sin miramientos a quien sea, sino a la impopularidad de los ex presidentes, y al hervor de la sangre por el pasado (y presente) corrupto.

Hay delincuentes queridos y sospechosos o inocentes odiados. Por ello la representación visual de la justicia es una mujer sosteniendo una balanza con los ojos vendados, lo que da pie a la famosa expresión: "La justicia es ciega".

Y debe ser ciega, porque la aplicación de la ley, la impunidad o la imposición de castigos, no pueden depender de la popularidad o impopularidad de una persona o de la animadversión o benevolencia que los gobernantes en turno le tengan.

A menos que el presidente de la república y la Corte estén apostando a que el resultado de la consulta será a favor de la aplicación de la ley, o sepan desde ya que el conteo de votos estará manipulado para ello, hacer una consulta para decidir si se investiga y en su caso enjuicia a personajes impopulares, más que un acto de justicia será un burdo linchamiento social.

Distintos expertos han deplorado, con fundadas razones, la actuación de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la consulta que le regalaron a Andrés Manuel López Obrador. Al atropello a la Constitución, sin embargo, hay que añadir la irresponsabilidad de una mayoría de ministros que entregaron al presidente de la república un instrumento político con el que manipulará no sólo las elecciones venideras, sino lo que, en última instancia, les tocaba resguardar: la justicia.

Hay gente que piensa que todo nuestro problema nacional se debe a que Ya Saben Quién ganó la Presidencia. Desde entonces, las puertas de los avernos se abrieron por una "mala decisión" del pueblo de México, están convencidos los del bando Se-Les-Dijo.

Ese sector, no menor en poder pero sí minoritario, nunca se ha hecho cargo de las enormes deudas que los pasados sexenios contrajeron con los mexicanos. Esa élite político-empresarial explica la victoria de AMLO como un error que era evitable, no como una consecuencia inevitable de su histórico desdén ante el reclamo de tener un país de justicia y democracia plenas.

Por el otro lado, también es cierto que desde su triunfo López Obrador ha tomado una serie de medidas -y lo que falta- que configuran una receta para el colapso económico e incluso retroceso político.

Pero si esto último ha sido posible, no necesariamente es sólo por el resultado del 1 de julio de 2018, sino por lo que muchos han dejado de hacer, o de ser, desde esas elecciones hasta ahora.

Ganó AMLO, sin duda, pero desde esa fecha no pocos o no quisieron o no pudieron seguir siendo los que habían sido cuando no había un presidente fuerte. Como la Suprema Corte, o más precisamente su cabeza actual, Arturo Zaldívar.

La votación de la semana pasada en la Corte, que con voto dividido aprobó una consulta que nadie sino 6 ministros -con endebles justificaciones- consideraron constitucional, tendrá consecuencias serias, pero de eso no podemos culpar a López Obrador, sino a Zaldívar.

Porque el macarrónico argumento del presidente de la Corte de que había que atender algo más que la Constitución para revisar la petición de López Obrador, ha dado por resultado que le regalaran al tabasqueño la redacción de una pregunta que puede ser usada para todo, mas no necesariamente para avanzar en la justicia.

El texto de la pregunta no es un galimatías, pues no es un problema de lingüística lo que está en juego. Con el argumento, que será comprado sólo por gente de muuuuy buena fe, de que la Corte pone en la mesa una pregunta que derivará en comisiones de la verdad, se escondió la 2a. sumisión de los ministros que aprobaron esa consulta: le regalaron al presidente una redacción totalmente maleable, tanto que ahora Monreal anuncia que la aplicarán en las elecciones de 2021.

Si la Corte hubiera detenido una consulta que los expertos consideraron aberrante, no estaríamos ahora rumbo a la posibilidad de que AMLO esté en la boleta, con su muletilla de enjuiciar a los ex presidentes, en la elección del año entrante. Al final, y gracias a la Corte, manoseará a la justicia para hacer politiquería.

Claro, habrá quien culpe de todo este garlito al ejecutivo. Sin duda éste intentó la jugada, pero fue la incapacidad de ministros como Zaldívar de ser quienes en el pasado fueron, lo que abrió de par en par a Andrés Manuel la portería.

Así que ojalá cada quien revise cuánto ha hecho, o dejado de hacer, para que lo que nos está pasando no sea sólo culpa de AMLO, o de quienes le votaron.

Para el periodista Jesús Lemus la justicia en México no existe, es un espectáculo mediático en el que la corrupción y la ambición de poder reinan sin consecuencias realistas y significativas para el ciudadano mexicano.

Ahora sí que, parafraseando a uno de mis clásicos favoritos, Groucho Marx, López Obrador podría decir, "yo soy muy respetuoso de la ley, pero si no me sirve, hago otra". De hecho, lo dijo, con otras palabras. Primero amenazó a la Corte que si no le daban la consulta modificaría el artículo 35 para cambiar las normas de la consulta popular. Después dijo que el pueblo estaba por encima de la ley, y lo que decida el pueblo, esa entelequia que él y sólo él representa, se hace. Finalmente, el senador Ricardo Monreal, por instrucciones o para quedar bien con el presidente -o quizá alentado por esa profunda convicción democrática de que lo que es bueno para Morena es bueno por lo tanto para el pueblo-, propone modificar la Constitución para que la consulta sobre el juicio los expresidentes sea el mismo día de la elección constitucional del 2021.

Aislada cada una de las frases parecen un desatino, más aún de lo que nos tienen tan acostumbrados los políticos. En conjunto, parecen más una declaración de principios, un fuera máscaras de cara a la elección intermedia que será un referéndum en más de un sentido.

Nada tiene de extraño que un partido que llega al poder plantee los cambios que considera deben hacerse. Para eso fueron electos: Morena está ahí entre otras cosas con el mandato de evitar la corrupción y los abusos de sucesivos gobiernos de PAN y PRI. El presidente, muy a su estilo, interpretó el triunfo arrollador en las elecciones del 2018 como un mandato de cambio de régimen que implica transformaciones sustanciales a la estructura del país. Esas grandes transformaciones, dijo, serían en la 2a. parte de su periodo (tal como lo hizo en su momento Carlos Salinas de la mano del PAN).

La pandemia, la crisis económica derivada de ella, la falta de resultados y problemas de operación del gobierno morenista han llevado al presidente a subir el tono y buscar estrategias políticas que le permitan fortalecer su posición de cara a la próxima elección. Una de ellas ha sido llevar al límite la relación con otros poderes y elevar al máximo la figura presidencial. Lo que estamos viviendo es un populismo autoritario donde en nombre del pueblo que el presidente se abroga el derecho de representación exclusiva, el ejecutivo usa el poder para minar todo aquello que le estorba.

El poder es para ejercerlo, diría un clásico. Y sí, sin duda, y las instituciones y las leyes para evitar el abuso de poder de quien sea. El pueblo es soberano y su representación en la Cámara de Diputados tiene la facultad de cambiar las leyes que considere necesarias. Lo que no pueden hacer ni el presidente, ni los diputados, ni los senadores ni el pueblo mismo es estar por encima de la ley.

Aunque la Corte pretendió actuar con cierta inteligencia para no ser totalmente arrollada por las amenazas del ejecutivo federal -sic- (con el mismo argumento "de soltar al tigre"), es claro que no se puede servir a 2 amos. Luego entonces, o se actúa conforme a esencia de las leyes o se le da gusto a quien despacha en Palacio Nacional, y que conste que éste no es ningún tonto y ni tardo, ni perezoso aprovecho el temor de los magistrados para salirse con la suya y además presumirlo en todas sus redes sociales y medios de comunicación masiva, engañando una vez más a quienes por desconocimiento, desidia, ceguera o el mismo miedo, aplauden a quien vulnera el Derecho y a la Constitución que juró respetar y defender.

El cinismo traducido en su sonrisa mostrada en la "mañanera" vulnera, no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la hace ver chiquitita, pues aunque ésta se defendió cambiando la redacción de lo exigido -que no sólo solicitado- para no darle el pleno de la razón, para efectos mediáticos la decisión de seis magistrados es argumento más que suficiente para demostrar que, pese a todas las decisiones equivocadas y el incumplimiento de lo prometido, aún cuenta con la fuerza suficiente para imponer su palabra.

Ante los hechos, la situación puede calificarse de grave, pues el poder judicial era el único que podía hacer contrapeso al ejecutivo, toda vez que el legislativo se ha convertido en un remedo de representación popular, para funcionar como un validador de las propuestas de quien "con su arrastre popular" les llevó a ocupar una curul o escaño, y en donde una vez ahí, sin ningún escrúpulo aplastan a la oposición, "mayoriteando", pero sin ofrecer argumento alguno.

Aunque sustantivamente me había estado negando a las versiones según las cuales se afirma que nuestro país corre el peligro de ser convertido en otra Venezuela (populista, ineficiente, hambruna y en quiebra), incluso si fuera al margen de derechas o izquierdas, nada positivo para los mexicanos se alcanza a vislumbrar.

¿Será que México avanza por el empedrado camino al infierno con el disfraz de buenas intenciones, pero por el mismo rumbo de la dictadura venezolana?

En los siguientes días que inicie el debate en las cámaras de Diputados y Senadores por el asunto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que ya quedó más descafeinada, desdibujada y ambigua que en su origen, estará como telón de fondo la enorme preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió la oportunidad de consolidarse como el único contrapeso real al poder ejecutivo en la era de la autollamada 4a. transformación, donde han aparecido claras tentaciones autoritarias.

Y es que, sin duda, las y los ministros que no respaldaron el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales en el que proponía declarar inconstitucional la solicitud que hizo el presidente para realizar una consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y hacerse del lado del presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, que optó por una visión menos restrictiva para aprovechar la "oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular", dejó mal parada a la SCJN, más aún cuando para salvar el tema de los derechos humanos de los expresidentes, reformularon la pregunta y la dejaron sin pies ni cabeza.

Al quitar sus nombres, y sólo poner a juicio popular si se juzgan o no "las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos" para "garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas", los ministros asemejaron la rifa del avión presidencial que no fue, al engendrar una consulta en la que no se precisan nombres, ni tiempos, que hace aún más estéril este ejercicio. Es la consulta que no será la consulta sugerida inicialmente por el presidente, pero que se realizará con un enorme costo para el erario, tan reducido por los efectos de la pandemia y la mala marcha de la economía en los últimos 2 años.

Pero lo mas grave es que la SCJN no hizo valer la autonomía del poder judicial frente al poder ejecutivo como ya lo había hecho cuando invalidó la Ley Bonilla que soterradamente apoyaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando asomó claras tentaciones reeleccionistas.

Esta vez la mayoría de las y los ministros prefirieron complacer el capricho presidencial que fungir como el contrapeso obligado ante un gobierno que ha mostrado con creces un profundo desprecio por los que no se ciñen incondicionalmente a sus dictados y visiones. Mala noticia para el país que la Corte se haya puesto en tela de juicio, más aún cuando la embestida de la 4T a todo lo que huela a crítica e independencia como ha sucedido con el debilitamientos de los organismos constitucionales autónomos que fueron un anhelo social largamente buscado y que costó décadas construir.

Javier Sánchez, Luis Durán y Fernando Lomelí forman parte de los trabajadores afectados durante la crisis sanitaria. Al 1o. lo despidieron, al 2o. lo descansaron sin sueldo y al 3o. le rebajaron el salario. Por eso pretenden interponer una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco.

El problema es que, precisamente por la pandemia, empeoró la justicia laboral en el estado.

Mientras en Nuevo León existe un 100% de resolución de los casos anuales por despidos injustificados o conflictos entre patrones y empleados, en Jalisco se solucionó apenas 46% de las 22,280 demandas laborales individuales presentadas en 2019.

Sin embargo, entre enero y agosto de este año hubo 13,128 juicios y solamente 36% se arregló por cualquier vía.

Lo anterior provoca un mayor rezago en las demandas acumuladas. En 2013, la pasada administración estatal indicó que se tenía un registro de 80,000 casos en Jalisco. En mayo pasado la cifra se disparó a 130,000 juicios laborales pendientes.

De acuerdo con datos del Inegi, en 2016, Jalisco era 2o. lugar nacional en conflictos laborales individuales con 23,555 casos, sólo superado por la Ciudad de México, con 31,373 juicios registrados.

En ese entonces, en Jalisco se resolvieron 14,767 demandas (62.6%). En Nuevo León, por ejemplo, se documentaron 15,582 y se resolvieron 16,181 (103.8%).

El año pasado, el porcentaje fue de 46% en Jalisco, todavía más bajo, y eso que recibieron menos juicios.

En 2020, el porcentaje va en 36%, casi la mitad de lo registrado en 2016.

Paco Calderón
(4 de octubre de 2020).

6 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron el ridículo.

Pero no sólo eso. Esta exigua mayoría destruyó la credibilidad del máximo tribunal como contrapeso y límite para evitar el abuso del poder presidencial. Arturo Zaldívar, quien fuera un encomiable defensor de los derechos humanos y las libertades, abrió la puerta al despropósito: permitir que se realice una consulta que no consulta nada y que sólo faculta al poder ejecutivo para obtener raja política de una cuestión que debería quedar en el ámbito de la justicia. El presidente ya tiene su campaña amparada por la Corte: ¡meta usted a la cárcel a los expresidentes! (aunque la pregunta no tenga nada que ver con eso). López Obrador sabe que llegará a la elección intermedia sin resultados, con un país en crisis, y sólo podría retener la mayoría absoluta si agita los sentimientos de hastío de tantos mexicanos que quieren justicia luego de décadas de impunidad. La decisión de la Corte supone que cayó el último muro. México está frente a una cooptación muy preocupante de las instituciones públicas. ¿Qué impide que López Obrador haga lo que se le dé la gana?

La postura de los ministros, que avalaron la pseudo-consulta -y lo digo así porque la pregunta no supone debate alguno-, es tramposa y peligrosa. Tramposa porque dichos letrados tratan de desvincular la pregunta propuesta por el presidente del instrumento mismo de la consulta. Como si una (la consulta) no dependiera de la otra (la pregunta). Y peligrosa, porque esa desvinculación es el camino para preguntar y consultar por cualquier derecho humano y que una mayoría decida si debemos o no gozar de garantías y libertades. Es decir, consideran que es fundamental hacer una lectura "expansiva" del derecho humano a la participación pública para obviar que la cuestión a consultar es inconstitucional. Para dejarlo en claro. Lo que argumentaron ministros como Ríos Fajart, Zaldívar Lelo de Larrea, Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara, Pérez Dayán o Esquivel Mossa es que si alguien propone un plebiscito, consulta o referéndum, y la interrogante contiene elementos que atentan contra el marco constitucional, los derechos humanos o los tratados internacionales que México ha firmado, lo que debe hacer la Corte es afinar la pregunta, cambiar la redacción y que la consulta se lleva a cabo. Los señores ministros olvidaron una máxima ineludible: "los derechos no se consultan, se garantizan", como bien lo señaló en su brillante intervención Javier Laynez.

Pongamos algunos casos hipotéticos para entender como los ministros retorcieron la argumentación para satisfacer a López Obrador. Por ejemplo, propuesta de pregunta: ¿está usted de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pueda reelegir? Y estos 6 ministros dirían: la pregunta es inconstitucional (porque nuestra carta magna prohíbe la reelección del Jefe del ejecutivo federal), pero hay que hacer una lectura expansiva del derecho a la consulta, entonces se podría preguntar: ¿Está usted de acuerdo, que en consonancia con el marco constitucional y sin violar ley alguna, los actores políticos correspondientes impulsen reformas que permitan que los proyectos presidenciales no sean de corto plazo y puedan dar seguimiento puntual a las políticas públicas que se han estado impulsando? Qué más da, no es vinculante. Qué se pregunte lo que sea.

U otra. ¿Está de acuerdo con la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el ejecutivo pueda nombrar un tribunal constitucional que sí goce de legitimidad popular? La Corte diría: señor presidente, eso no se puede preguntar porque es inconstitucional. Sin embargo, haciendo una lectura expansiva del derecho humano a ser consultado en una democracia semi-directa (como la calificaron los ministros): ¿está usted de acuerdo que los actores políticos incumbidos comiencen un proceso de renovación estructural del estado mexicano, permitiendo que la Corte sea menos onerosa, con menos privilegios, que responda al pueblo y que sus integrantes sean nombrados luego de un debate social que esté apegado al Estado de Derecho y a la legalidad constitucional? Total, el chiste es garantizar la consulta, los efectos de dicha consulta ya se verán en un 2o. momento. Parece broma, pero la puerta que abrió la Corte nos pone en riesgo a todas y a todos.

La decisión de la Corte supone un mensaje inequívoco: López Obrador puede hacer cualquier ocurrencia y siempre habrá una mayoría de ministros que estén dispuestos a caer en la indignidad con tal de evitar el naufragio de las propuestas presidenciales. Detrás de la decisión de la Corte hay un miedo fundado. Los ministros sabían que un no rotundo a la consulta supondría una guerra discursiva del presidente contra la Corte. Y en lugar de aceptar que las decisiones valientes acarrean confrontaciones con el poder, 6 de los 11 ministros prefirieron pasar a la historia como arquitectos de uno de los mayores despropósitos constitucionales. El proyecto de Luis María Aguilar no dejaba espacio a dudas: la Consulta es un atentado contra aquello que sostiene la Constitución: la justicia, la rendición de cuentas, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia son derechos inalienables. Es difícil encontrar tantas aberraciones en una sola propuesta.

El ministro Zaldívar fue muy valiente en el pasado. Mi admiración al proyecto que encabezó para denunciar el montaje del estado mexicano en torno al caso de Florence Cassez. A pesar de la presión ejercida por Felipe Calderón en este caso, Zaldívar nunca claudicó. El efecto corruptor es uno de los conceptos más ilustrativos para entender por qué la presunción de inocencia es la base del Estado de Derecho. Zaldívar se traicionó a sí mismo con esta última resolución. Su cara lo decía todo: sabía que había transgredido los límites éticos. Del resto de magistrados que votaron a favor de la consulta y en contra del proyecto de Aguilar, realmente no espero mucho. Casi todos son alfiles del gobierno federal en el máximo tribunal. Sin embargo, nunca pensé que Zaldívar pisoteara su trayectoria y sumiera a la Corte, siendo él presidente, en una de las crisis más importantes desde que tenemos división de poderes en México.

López Obrador ganó la partida. La democracia mexicana perdió. Habrá una consulta, posiblemente en agosto, en donde no se preguntará nada. No habrá ninguna consecuencia vinculante, por una sencilla razón: la pregunta es un monumento a la vacuidad. Léala usted: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? El debate se llevó cualquier alusión a los expresidentes, sus nombres y los juicios. La consulta costará miles de millones de pesos y no hay nada en juego. Si gana el sí, no pasa nada. Si gana el no, no pasa nada. Un monumento a la simulación.

Sin embargo, el costo no es lo más importante. Tampoco lo es que buena parte de la argumentación de los ministros se fincaba en la idea de que no era una consulta vinculante (de obligado cumplimiento). Lo realmente preocupante es que el presidente dobló a una mayoría de ministros de la Corte. Lo más preocupante es que, como lo dijo Zaldívar, los ministros entienden que el análisis que deben hacer de consultas como la que propone López Obrador debe ser "político", no jurídico.

Lo preocupante es que cuando se derriba el muro de la Corte, del tribunal encargado de defendernos frente a los abusos del poder y las mayorías, ya no queda nada. Frente a la claudicación del poder judicial, la concentración de poder y el autoritarismo pueden caminar a sus anchas.

En un mundo perfecto resulta absurdo organizar una consulta para saber si el pueblo desea que se castiguen los delitos cometidos por sus gobernantes. Incluso en uno imperfecto tal ejercicio sería ocioso, pero no en México en donde la ley camina o no camina en función de otras razones: por lo general el poder y la riqueza, o la falta de ellas. Es comprensible la molestia de muchos juristas, intelectuales y politólogos que consideran una soberana payasada y un espectáculo de circo consultar lo obvio. Un desgaste de tiempo y recursos inadmisibles en un país con tantas carencias como el nuestro, se ha dicho. Afirman que la ley ya contempla la posibilidad de llevar a juicio a los ex presidentes, por lo cual no se requiere el permiso de los ciudadanos para hacerlo. Y, en efecto, la ley ya lo contempla, pero la realidad no.

El problema es que en nuestro país las leyes no escritas siempre se han impuesto a las leyes escritas cuando se trata de la impunidad de las élites. Denuncias en contra de los mandatarios han existido, pero no pasan del papel. Para no ir más lejos, el escándalo de Odebrecht, a partir de la confesión de los propios dueños, exhibió evidentes actos de corrupción en las altas esferas de varios países de América Latina, México incluido. En todos los casos se tradujo en investigaciones penales que, incluso, alcanzaron a ex presidentes y ministros de estado, salvo en el caso de nuestro país.

Los usos y costumbres impusieron entre la clase política un código de facto: inmunidad presidencial. Un mandatario protegía a los anteriores, independientemente del partido al que pertenecieran, porque la obediencia a este precepto era también la garantía de su futura inmunidad.

López Obrador lo ha roto y ahora quiere asegurarse de que el sistema judicial también lo haga.

El resultado de la consulta popular carece de una obligación concomitante y en eso los críticos tienen razón. Para efectos formales no cambia nada, pero para efectos prácticos cambia todo. El hecho mismo de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte haya votado a favor de la consulta envía un poderoso mensaje a los jueces: termina el veto presidencial. Y una vez que la consulta se realice y arroje un resultado categórico (y no nos engañemos, el resultado será apabullante) habrá una presión decisiva sobre el aparato judicial para que lleve estas denuncias hasta las últimas consecuencias legales.

Las razones para que el presidente haya impulsado este proyecto y los motivos por los cuales los ministros lo aprobaron pueden ser objeto de toda suerte de interpretaciones. Por lo que toca a AMLO la lógica es obvia. Llevar a los tribunales a un ex presidente tiene un impacto mediático brutal y arrojará una ganancia política significativa. Todos sabíamos que era un as bajo la manga que el presidente utilizaría en algún momento durante su sexenio: un "rómpase en caso de emergencia". Y tal cual, el malestar provocado por la pandemia y las penurias económicas han anticipado el uso de esta opción política.

Algunos interpretan el cambio de la pregunta que habrá de someterse a consulta como una respuesta hábil y salomónica a la presión del ejecutivo. Les permite darle trámite pero la deslactosan con una formulación inofensiva. Al eliminar los nombres de los expresidente queda como una consulta de perogrullo, pero consulta al fin. No es lo que esperaba López Obrador, aunque le servirá. Si se pudo hacer una rifa del avión sin avión, también se podrá hacer una consulta sobre los crímenes de los expresidentes sin el nombre de los ex presidentes.

Lo judicial se volvió político en este país pero, en los hechos y para efectos prácticos, ése vendría siendo un problema menor. A primera vista parece escandaloso el sometimiento de la Suprema Corte a los designios del jefe del poder ejecutivo. Ocurre, sin embargo, que la respuesta del mentado tribunal constitucional ha desvirtuado el propósito original de la iniciativa presidencial para consultarle al pueblo soberano si en esta nación la justicia es un asunto de opiniones.

Acabamos de presenciar una triquiñuela indigna de los más altos magistrados de la nación -más allá de que haya sido avalada por 6 ministros y de que los otros 5 hayan suscrito la postura expresada en el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar de que "el objeto de la consulta popular que se solicita es inconstitucional"- en la que, debido a la inspirada y sagaz reformulación de la petición expuesta primeramente por el presidente de la república, la respuesta a la solicitud de consulta ya no lleva nombres y apellidos (de ex presidentes) sino que termina siendo de una inocua vaguedad.

Autorizan la consulta, es cierto, pero el tema a consultar ya no es el mismo: ahora se trata, literalmente, de estar "¿de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

¿Dónde quedó el siniestro Salinas, oigan? ¿Qué pasó con Calderón y "sus muertos"? ¿Fox es un "actor político", merecedor de un "proceso de esclarecimiento", pero sus achichincles son meros figurantes en la trama y no deberían de ser sometidos a las "acciones pertinentes"? O, por el contrario, ¿todos son "actores políticos" y entonces a los afanosos empleados de los de arriba les van a caer sobre el lomo los "procesos de esclarecimiento" derivados de esas mentadas acciones "pertinentes" (las hay que no pudieren serlo, amables lectores, aunque no necesariamente llevarían la categoría de "“impertinentes") encaminadas a "garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas"? ¿Las "decisiones políticas" son delitos? ¿Los "actores políticos" son delincuentes sujetos a la acción de la justicia independientemente de que el pueblo bueno, oportunamente consultado, determine su culpabilidad?

Nuestros insignes magistrados han exhibido una suprema habilidad, oigan. Tejieron muy fino y, aunque no parezca, se salieron con la suya en el tema estrictamente jurídico aunque den la impresión de haberse sometido a los designios del ejecutivo: enterados de que vivimos tiempos difíciles, se adaptaron a la realidad y, a su manera, diluyeron totalmente el espíritu de la embestida presidencial. ¡Bravo!

Contra todo pronóstico, el "concierto de inconstitucionalidades" del ministro Arturo Zaldívar sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta consulta preguntará a la gente si está de acuerdo en que se aplique la ley, un absurdo jurídico. Además de no cumplirse, ahora también se puede lucrar políticamente con la ley.

Los ministros modificaron la pregunta, y en lugar de "ex presidentes" se habla de "actores políticos", pero además habla de "esclarecer las decisiones políticas tomadas" por esos actores. En resumen, otro absurdo jurídico, pero además confuso.

Para que la consulta sea válida debe participar al menos 40% de los inscritos en la lista nominal, unos 36 millones de mexicanos. Ese será el verdadero rasero para saber si el ejercicio es un éxito o fracaso.

Según el jurista Miguel Carbonell, la consulta podría costar unos 8,000 millones de pesos. ¿Será? La elección federal de 2018 costó cerca de 28,000 millones de pesos.

Habemus consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hacerle la tarea al presidente. Atentos a la petición que López Obrador les hizo desde la mañanera, 6 de los 11 ministros del más alto tribunal de la nación dejaron claro de qué lado masca la iguana. Nadie está, ni puede estar, en contra de que se juzgue a los ex presidentes si cometieron algún delito por el simple hecho de que dicha decisión no depende de la voluntad de nadie, da igual si es 1 o 10 millones, si ese 1 es el presidente o si esos 10 millones son personas buenas o malas.

La consulta, tal como la avaló la Corte, es un acto político. No será, como lo dijo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, vinculante, ni obligatorio para las fiscalías. ¿Entonces para qué sirve? Para linchar política y mediáticamente a los ex presidentes, pero no es cierto que pagarán por lo que hayan hecho mal, para que eso suceda lo que se necesita es una buena investigación de la fiscalía, y si eso no se hace la consulta es judicialmente inútil.

La Corte decidió, pues, entregarle en bandeja al presidente una consulta para contribuir a eso que él llama la moralización de la vida pública. No sólo le aprobaron una consulta que sirve a los intereses del partido en el poder, sino que le hicieron la tarea de redactarle una pregunta que sí pasará el filtro en lugar de simplemente regresarle la que había mandado por inconstitucional. Es decir, la Corte se abrogó tareas que no le corresponden, como enmendar los errores del solicitante de una consulta, pero cambió una pregunta improcedente (de otra manera no la habrían modificado) por una que es incomprensible y jurídicamente intrascendente. La cito textual: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

De entrada, ya no se trata de un juicio a ex presidentes, sino a los actores políticos, así en general. Pero la redacción es tan mala que lo que plantea es hacer un proceso para esclarecer las decisiones políticas, no los delitos cometidos. Finalmente, preguntar si "estás de acuerdo o no" permite más de una respuesta, porque yo puedo contestar que no estoy de acuerdo pero que sí se haga, o al revés. Una pregunta así sólo causará confusión (quizá deberíamos hacer una consulta para preguntar si los miembros de la Corte deben pasar un examen de redacción antes de ser nombrados, pero eso lo dejamos para otro momento).

Me encantaría ver a Felipe Calderón en un juzgado explicando por qué nombró a García Luna y qué sabía de sus actos y acuerdo con el crimen organizado, o a Peña Nieto dando cuentas de su patrimonio y explicando los sobreprecios de las obras, pero eso no va a suceder, simple y sencillamente porque nadie los está investigando. En síntesis, lo que hizo ayer la Corte no fue un acto jurídico, sino uno burdamente político. Habemus consulta, pero me temo que hemos perdimos a la Corte.

Tras un acalorado debate se declaró ayer constitucional la consulta en una cerrada votación de 6 contra 5. El ministro Aguilar consideraba que al señalar a los ex presidentes se violaban sus derechos humanos al vulnerar su presunción de inocencia, además de que la justicia no se podía someter a consulta, dado que las autoridades están obligadas a denunciar cualquier delito, sin embargo la mayoría apoyó la postura en contra, del presidente de la Corte Arturo Zaldívar, quien planteó que se debía tener una visión menos restrictiva y aprovechar la "oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular".

Para salvar el tema de los derechos humanos de los ex presidentes mencionados en la 1a. pregunta, las y los ministros la reformularon y quitaron sus nombres, con lo que le concedieron la consulta al presidente, pero no con la pregunta original.

Así las y los ministros de la Corte, que decepcionaron a muchos por darle el avión al presidente, y permitir que se haga esta consulta, decidieron darle una salida política a este encargo, con lo que evitaron una eventual confrontación con el titular del poder ejecutivo.

Lo cierto es que con los términos de la nueva pregunta la consulta popular se hace más estéril y ambigua al quedar indefinidos quiénes son los actores políticos a los que se refieren y también el tiempo de su gestión.

Pero por lo pronto López Obrador ya logró que se siga hablando más de ese tema ahora que regrese al poder legislativo, donde se tendrá que seguir el debate por esta ocurrencia presidencial que ya enredó también a la SCJN.

Tan digno que hubiera sido para la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir al presidente Andrés Manuel López Obrador: no necesita una consulta popular para llevar a juicio a 5 ex presidentes; lo que requiere es que la Fiscalía General inicie un proceso judicial y que el gobierno haga su trabajo. En cambio, decidieron seguir el juego del presidente y optar por el circo sobre la justicia, alegando varios ministros que era una avance de la democracia, cuando en realidad le pegaron un tiro de gracia a la democracia al convertir el poder judicial en la caja que resuelve las necesidades políticas de López Obrador. No lo hicieron de manera letal, pero encontraron una puerta de salida para salvar cara al presidente y que, conforme a la ley, le permite saciar su deseo: la consulta va, pero con otra pregunta.

La pregunta planteada por López Obrador en su solicitud de consulta fue señalada por varios ministros como inconstitucional, por lo que deberán formular una nueva que no atente contra los derechos humanos de los ex presidentes, acorde con el Artículo 35, que señala que "no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución". La pregunta que quería López Obrador para la consulta, en palabras del ministro Alberto Pérez Dayán, era "tendenciosa" y emitía "juicios de valor", con lo cual se minaba la presunción de inocencia y el debido proceso.

Ahora los ministros le darán la vuelta y reformularían la pregunta, lo que no excluye que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves, sienta el precedente que los derechos humanos pasarán a ser un tema de las mayorías y las minorías, o de qué político o partido moviliza más gente a consultas populares para defender sus intereses y pretensiones. La Corte rodeó el Artículo 35 en una sesión penosa, por el comportamiento de varios de los ministros y lastimosa, por cómo actuó la mayoría. La estrella al principal ministro ignominioso se le coloca sin dudar al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Zaldívar, quien tomó el 1er. uso de la palabra, cuando el presidente de la Corte lo hace al final, votó a favor de la consulta con un argumento eminentemente político, no jurídico, y soslayó por completo que la responsabilidad del gobierno, si considera que hay violaciones a la ley, debe proceder, y no esperar que sea la sociedad la que le exija que cumpla con su trabajo. Peor aún, aclaró que el resultado de la consulta no debería ser obligatorio para que ejecuten los deseos populares las fiscalías o los poderes judiciales. Está clara su posición. Bienvenido el circo, porque la justicia puede esperar.

En su largo alegato justificativo que su postura abona la democracia, en realidad le dio un tiro a la democracia. Los derechos humanos de los ex presidentes, para él, valen menos que los derechos humanos de la gente, al interpretar el Artículo 35 constitucional como no violatorio de los derechos humanos, porque no rige la "política criminal". Su posición fue tramposa al vincular las 2 variables, sobre la base de su propio récord. Zaldívar se comió sus palabras de cuando desarrolló la doctrina sobre el efecto corruptor en el caso Cassez, en el que dijo que la exposición mediática alteró su debido proceso e influyó en los jueces, minando la presunción de inocencia de la francesa.

En su argumentación el 23 de mayo de 2013 en la sesión sobre Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, Zaldívar afirmó: "De nada sirven estos derechos -la presunción de inocencia y el juicio justo- cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo". A Zaldívar no le pareció que en el caso de los ex presidentes, López Obrador los haya sentenciado en el atril mañanero de Palacio Nacional como responsables de todos los males que aquejan a México, tanto por corrupción -porque no los hizo presuntos- como por daños a la nación -las políticas públicas no son motivo de juicios penales como quisiera- y haya influido previamente en la posición de los ministros.

Ayer, dijo lo contrario: la consulta no afectará la decisión de los jueces, porque el poder judicial es maduro. Las presiones de López Obrador horas antes de celebrarse la sesión, en el sentido que si el fallo era contrario a sus deseos de cualquier manera haría la consulta y enviaría una iniciativa de ley para modificar el 35 constitucional, tampoco fueron razón para que se pronunciara sobre la independencia de un poder del Estado, como es el Judicial. No extraña su postura, porque Zaldívar se ha convertido en el instrumento de Palacio Nacional para respaldar las decisiones y acciones del presidente, quien por esa razón lo impulsó a la presidencia de la Corte.

El hipergarantismo que encabezó Zaldívar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasó a ser un entreguismo en el de López Obrador. El sofismo fue la característica en la sesión en la que decretaron constitucional la consulta propuesta por el presidente, pero a la que le enmendarán la pregunta. "Ignorar la ley escrita es la nueva normalidad de la Corte", comentó un constitucionalista. "Vivimos una crisis de Estado de Derecho, de igual magnitud a la económica, de seguridad y sanitaria".

Los ministros le regalaron un lavamanos a Poncio Pilatos, y le permitirá a López Obrador mantener el dicho que él no quería enjuiciar a los ex presidentes, al tiempo que abre la puerta a la justificación para que por la vía de la "exigencia" popular concrete su espíritu vengativo disfrazado de mandato popular. En buena hora está nuestra Corte de los milagros, operando no como uno de los 3 poderes del Estado, sino como ramificación pusilánime del ejecutivo.

No ha cambiado mucho lo que sabemos sobre lo sucedido en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La "verdad histórica" sigue prevaleciendo. Una cosa que ya no es igual es que, en parte por el esfuerzo del GIEI y de los líderes del movimiento de Ayotzinapa, unas 70 personas involucradas en el secuestro y matanza de los normalistas han sido liberadas por los jueces. Otro cambio es que la actual Fiscalía General de la República está persiguiendo no a quienes mataron a los normalistas sino a quienes investigaron el caso.

El nuevo enfoque se basa en un dogma repetido mil veces: no hay verdad histórica. "No sé qué los llevó a crear la llamada verdad histórica -dijo el presidente López Obrador el 28 de septiembre-. Debieron de actuar con transparencia, sin consideración para nadie. Es un absurdo el querer tapar las cosas. Siempre se conoce la verdad".

"Verdad histórica", sin embargo, es el término jurídico que en el sistema penal inquisitivo describía la hipótesis que daba sentido al cúmulo de pruebas presentadas ante un tribunal. La expresión se contrapone al de "verdad legal" o "jurídica" que surge del fallo del juez.

La propuesta de verdad histórica para la noche del 26 de septiembre es que un grupo de normalistas de Ayotzinapa llegó a Iguala en autobuses robados en Chilpancingo, tomaron otros en Iguala, fueron confrontados violentamente por policías municipales, decenas fueron detenidos y entregados a policías de Cocula, que a su vez se los dieron a sicarios de Guerreros Unidos que pensaban que eran integrantes del grupo rival Los Rojos. Algunos de los normalistas fueron llevados al basurero municipal de Cocula, donde fueron asesinados y sus cuerpos quemados.

No hay hasta el momento una versión alternativa. Se ha planteado que quizá solo fueron 19 los estudiantes quemados en Cocula, pero esto no cambia la verdad histórica en lo fundamental. El GIEI declaró que no era posible que se hubiera consumido un solo cuerpo en el basurero, pero los especialistas han determinado que la incineración sí pudo tener lugar. Aun si ningún normalista hubiera sido quemado, empero, no cambiaría la verdad histórica, ya que esta respalda acusaciones por secuestro y homicidio, no por una disposición ilegal de cadáveres.

El gobierno hoy señala que está presentando acusaciones contra elementos del Ejército y la Policía Federal, pero los acusa de haber sido omisos, no de haber secuestrado y ejecutado a estudiantes. También se han promovido cargos contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación de la PGR, pero no por haber ordenado o cometido los secuestros y homicidios, sino por haber torturado a presuntos responsables y haber obstruido la justicia.

Los líderes de Ayotzinapa y los integrantes del GIEI han tenido logros, pero son logros políticos: han desacreditado la verdad histórica y han conseguido la liberación de decenas de los que participaron en la matanza. No han ofrecido, sin embargo, una versión distinta de los hechos. Propusieron que fue un crimen de Estado y exigieron que se abrieran las puertas del cuartel del 27o. Batallón de Infantería para buscar a los normalistas en las mazmorras y exhibir los hornos crematorios. Nada de eso se encontró en el interior.

La verdad legal no debe definirse por dogmas políticos. Les debemos a los familiares de las víctimas saber lo que sucedió. Es obsceno que los políticos pretendan manipular la verdad a su conveniencia.

Tal cual, la legisladora priista Mariana Rodriguez Mier y Terán lo escribió en Twitter: "Como si el principio de #PresunciónDeInocencia no estuviera en la Constitución ni el derecho al #DebidoProceso, aquí sólo quieren que cuente el juicio mediático sin oportunidad para defenderse. Brillan por su ausencia la #Legalidad y el #EstadoDeDerecho".

¿Por qué Claudia Sheinbaum, la 1a. jefa de Gobierno electa en la CDMX, quemó en leña verde a Beatriz Gasca incumpliendo la Constitución? Eso sólo ella lo sabe. Pero la contestación de Beatriz, que le dio a Fernanda Familiar en radio, es digna de una ovación de pie: "Si llevarle desayuno a las mujeres víctimas de feminicidio y violación es un delito, entonces sí soy una delincuente".

Hay un factor que ya por añejo se convirtió en parte natural del escenario: la violencia (robos, homicidios, venta y tráfico de estupefacientes). Puede decirse de otra manera, y es que con transformaciones o refundaciones, pero a todos les queda claro que vivimos en un medio donde generalmente se impone el más fuerte, no quien tiene la ley de su lado.

Tal vez porque en el informe que el fiscal Alejandro Gertz Manero les presentó el sábado pasado a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, al cumplirse el 6o. aniversario de su desaparición en la conocida como noche negra de Iguala ocurrida el 26 de septiembre del 2014, no hubo mayores novedades, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que insistir ayer en su rueda de prensa mañanera que en este caso no habrá impunidad, no se protegerá a nadie, pero tampoco habrá juicios sumarios ni linchamientos políticos.

Y es que las palabras del fiscal general estuvieron lejos de cumplir con las grandes expectativas que se habían generado luego de que desde la llegada del gobierno de la autollamada 4a. transformación se echó abajo la "verdad histórica" que acuñó el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para tratar de detener, sin lograrlo, todo el desprestigio y desgaste que costó a Enrique Peña Nieto el mal manejo que dieron a esta serie de desapariciones forzadas en apenas su 2o. año en la Presidencia. El caso Ayotzinapa y meses después el escándalo de la "casa blanca" eclipsaron para siempre el ciclo reformador con el que inició su sexenio y dinamitaron para siempre su popularidad.

Pero como muchas otras cosas en el gobierno de la 4T, lo que se dice en la narrativa no se corresponde con la realidad. Y es que más allá de la localización de los restos de Christian Alfonso Rodríguez en julio pasado, que sería el 3er. normalista identificado; la orden de aprehensión por tortura contra Tomás Zerón, responsable de la primera investigación; y la omisión del nombre de quien era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, impulsado para ese puesto por AMLO y hoy preso, junto con su mujer María de los Ángeles Pineda, por sus presuntos vínculos con el cártel de los Guerreros Unidos, que habrían desparecido a los estudiantes, la versión que dio Gertz Manero no fue muy distinta a la del priista Murillo Karam, excepto por no suscribir que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hasta para el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo dado a conocer el sábado lo único que dejaba claro es que no se ha llegado a la verdad de lo ocurrido aquella noche.

Tal vez lo más novedoso, pero que aún no rinde efectos ni un cambio sustancial en la investigación, fue lo anunciado por el presidente y que reiteró ayer, en el sentido de que se ejecutarán órdenes de aprehensión en contra de policías federales, agentes del Ministerio Público y del Ejército Mexicano que habían sido solapados por el pacto del silencio, que aseguró, se está rompiendo.

Pero por lo pronto Ayotzinapa ya no tiene "verdad histórica", y la "verdad auténtica" no acaba por ser descubierta.

Sobre la manifestación de ayer en la Ciudad de México en favor del aborto, el presidente López Obrador dijo que están garantizadas las libertades de todos, pero hizo un llamado a que se abandone la violencia y reiteró que en su gobierno no habrá presos políticos.

"Hoy estábamos viendo las señoras, mujeres jóvenes, tirando bombas molotov, claro que están identificadas, pero ¿qué vamos a ir al ministerio público para girar ordenes de aprehensión? Mujeres detenidas, dirigentes feministas, presas políticas, libertad, libertad, no. Si eso es lo que nosotros demandábamos antes, no queremos presos políticos".

El titular del ejecutivo conminó a estos grupos y a todo su entorno, familiares, conocidos a la lucha pacífica, que más difícil; "Mandela estuvo 27 años en la cárcel... esto de una manifestación y tirar bombas, puede ser muy espectacular, pero es por un tiempo, pero se debe luchar toda la vida, cuesta más, es mucha la fatiga, pero es mucho más efectivo para transformar, por eso un llamado a que se abandone la violencia".

Luego de que ayer Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acusara a una mujer por presuntamente financiar la toma de la sede de la CNDH, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que hay gente infiltrada que busca perjudicar su movimiento de transformación, por lo que pidió no caer en provocaciones "porque eso es lo que buscan".

"Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido también en los movimientos de gente que está interesada en perjudicarnos, porque atenta en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando".

Y agregó: "Entonces si que darle la vuelta, hay que evadir el acoso no caer en las provocaciones, la gente lo sabe bien, entonces mi recomendación es que haya manifestaciones pacificas, no violentas y reconocer el trabajo responsable de la ciudad, de la jefa de Gobierno, de no caer en provocaciones porque eso es lo que buscan".

La renuncia de Jaime Cárdenas al INDEP la semana pasada, trajo al debate coyuntural un viejo tema de estudio de la ciencia política, que es la tensión que se presenta entre la autonomía de los aparatos burocráticos y el control de los políticos electos sobre las decisiones de política pública. Una de las razones de la renuncia, expuesta en una carta pública y en entrevistas para medios de comunicación, fue el conflicto entre el cumplimiento de las normas administrativas y el logro de objetivos políticos. Enfrentado al dilema de cumplir instrucciones superiores o atender la letra de la ley y reglamentos, Cárdenas prefirió renunciar. Se trata de una vieja discusión sobre la que no hay consenso en la literatura sobre administración pública. Por un lado, la literatura desarrollista apoya la edificación de una burocracia profesional y políticamente autónoma, que ayude a atemperar con datos y argumentos técnicos los impulsos políticos irracionales de los funcionarios electos. Por otro, la teoría basada en elección racional y en el problema agente-principal, sugiere una mayor supervisión de los políticos sobre los burócratas para evitar la corrupción y encauzar su trabajo hacia el logro de resultados.

Hay muchos ejemplos de la tensión entre las necesidades políticas y la realidad normativa. Tal vez uno de ellos, muy citado en México cuando se intenta explicar nuestra falta de apego a la ley, es la fórmula de "acátese pero no se cumpla", que se usó durante la etapa colonial para darle la vuelta a leyes y normas impuestas por la Corona Española y por tanto legítimas, pero que no eran viables de ser aplicadas aquí por contradecir leyes y normas locales o bien, usos y costumbres muy arraigados.

"En términos de crecimiento económico -escribió el politólogo de Harvard Samuel P. Huntington en 1968-, la única cosa peor que una sociedad con una burocracia rígida, sobrecentralizada y corrupta, es una sociedad con una burocracia rígida, sobrecentralizada y honesta". Huntington argumentaba que el cumplimiento irrestricto de un entramado normativo farragoso, impenetrable y selvático por una burocracia inconmovible, era un obstáculo para el desarrollo del comercio y en general, para el crecimiento económico de un país. La corrupción en estos casos, dice Huntington, tiene un papel funcional, pues opera como una especie de aceite lubricante que ayuda a echar a andar las pesadas y oxidadas ruedas de la maquinaria burocrática; cumplir con la norma en estos casos, es condenar al gobierno a la inmovilidad. La visión de corrupción o de la violación a las normas como "aceite" para que las cosas sucedan ha sido ampliamente rebatida con razón por activistas y expertos anticorrupción, aunque existen situaciones específicas en donde la violación a la norma no solamente es aceite, es una necesidad de supervivencia. Un ejemplo clarísimo es Cuba, en donde las normas y controles han provocado que la mayor parte de los alimentos y bienes de consumo que compra la poblacion de la isla provengan de un robusto mercado negro, bastante tolerado por las propias autoridades. En un artículo publicado en la revista Harper's en 2010 (Thirty days as a Cuban), Patrick Symmes relata su experiencia viviendo en Cuba alimentándose exclusivamente con las raciones de alimento oficiales. En un mes (enero) bajó 6 kilos y calculó que si seguía con esa dieta, para el otoño moriría de inanición. Su experiencia lleva a concluir que probablemente, la población entera de Cuba tiene acceso abierto a alimentos que se comercian gracias a la corrupción y el mercado negro.

En los 90s se hizo muy popular el trabajo del peruano Hernando de Soto, sobre cómo la tramitología impedía el despliegue del capitalismo y la creación de riqueza en países en desarrollo. De Soto encontró que para abrir una fábrica en Perú se requerían 278 días laborales (8 horas cada día) de trámites. Para abrir una panadería en Egipto, 548 días. Y no solamente se trata de la incomodidad de hacer trámites, sino de la relación del gobierno con los ciudadanos y la estabilidad de la sociedad. Si consideramos que el movimiento conocido como la "primavera árabe" inició originalmente cuando un vendedor callejero en Túnez se inmoló por la dificultad para obtener un permiso, la burocracia y el exceso normativo se convierten en temas de la mayor seriedad.

En el caso de la renuncia en el INDEP, creo que se trata de un dilema falso: la ley y las normas deben cumplirse, aunque eso signifique retrasar o cancelar objetivos políticos. Colocar a alguien en el trance de optar entre atender instrucciones políticas superiores o cumplir con la ley, no solamente es injusto, pues deja al funcionario expuesto a ser sancionado, sino también abiertamente contradictorio con la intención del gobierno de combatir la corrupción y por tanto, de acabar con las violaciones normativas de los servidores públicos. Más aún, si consideramos que el gobierno y su partido mantienen un fuerte control en el congreso, está claro que se podrían cambiar leyes y reglamentos a voluntad para asegurar el cumplimiento normativo de las decisiones de política pública y actuar con mayor libertad. Tal vez este caso representa una oportunidad para impulsar una revisión integral del marco normativo con el que opera la burocracia federal. No solo es posible sino deseable eliminar, mejorar y sistematizar trámites para liberar a ciudadanos y al propio gobierno de la camisa de fuerza que se ha colocado a sí mismo a lo largo de décadas de crecimiento de una espinosa nopalera de normas y procesos, que a la luz del desarrollo tecnológico y la digitalización, podrían eliminarse.

Quién lo dijera: la pandemia ha sido utilizada por los vándalos, dolosa, alevosa, ventajosamente, como pretexto y hasta como cómplice por encubrimiento de sus atropellos.

Es probable que, a estas alturas de la película, las pruebas ya hayan sido borradas por trabajadores de dependencias públicas, con dinero de los impuestos. Pero ahí estuvieron. Los testimonios constan en las imágenes profusa y oportunamente difundidas por los medios y en las redes sociales...

Se trata de las leyendas garrapateadas impunemente, con pintura en aerosol, en la acera, la calle, las paredes y la puerta de Palacio Nacional, por hordas de transgresores con el rostro cubierto, ya no con pasamontañas sino con cubrebocas: "Fue el Estado"; "Nos faltan 43"; "Ni perdón ni olvido"; "Derrocar a López Obrador con violencia revolucionaria"; "26 de septiembre no se olvida"; "Ayotzinapa vive", etc.

Se trata de las huellas físicas del paso de la marcha conmemorativa de la desaparición, hace 6 años, de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de los que, a despecho de múltiples imperfecciones en las pesquisas y otras tantas irregularidades en el proceso, se sabe lo siguiente: 1) que secuestraron dos camiones para participar, en la Ciudad de México, en una protesta por la matanza del 2 de octubre del '68 en Tlatelolco; 2) que fueron detenidos por policías de Iguala; 3) que por instrucciones de las autoridades locales fueron entregados al grupo delincuencial "Guerreros Unidos", so pretexto de que se trataba de una banda rival de narcotraficantes; y 4) que fueron asesinados, y sus restos -o la mayoría, o muchos de ellos...- calcinados en el basurero de Cocula.

Un poco por las señaladas irregularidades en el proceso, y un mucho por las cuestiones políticas que lo han contaminado, entorpecido y enturbiado aún más, el tema, lejos de aclararse, se enreda y oscurece conforme pasa el tiempo. Se cumple la máxima de los criminólogos: "Cada día que pasa -desde la comisión de un delito- nos aleja de la verdad"...

El asunto, así, se suma al caudal de las asignaturas pendientes: desde las célebres y añejas (Tlatelolco, San Miguel Canoa, Aguas Blancas, las explosiones del Sector Reforma en Guadalajara, el "granadazo" de Morelia...) hasta las cotidianas que se revelan cuando ocasionalmente se descubren fosas clandestinas, por ejemplo, y que se "conmemoran" así: mediante actos de vandalismo perpetrados impunemente ante la tibieza y dejadez de una autoridad temerosa de que si cumple y hace cumplir la ley, la tilden de represora.

Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse 6 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen "deleznable" no había sido cometido sólo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino era consecuencia de una conducta "delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja (ba) los niveles de corrupción de un régimen", donde desde lo más alto a lo más bajo, "encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad". Apenas podía uno respirar con ese arranque, pero al terminar de oír las 1,613 palabras de su discurso el sábado, la "verdad histórica" de ese régimen que marcó con fuego, seguía en pie.

Gertz Manero dejó mucho que desear después de tantas cosas prometidas. Recicló las investigaciones del gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva cronología de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala que prometió, no existió. No hubo explicación de nada, como la investigación que lo llevó a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos de un 3er. normalista, Christian Alfonso Rodríguez. La "verdad auténtica" de Gertz Manero es igual a la "verdad histórica" del ex procurador general Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. Para éste, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula; para el fiscal "fue una matanza", pero no precisó dónde.

Gertz Manero informó que "hay acusaciones" de que no fueron 43, sino 80 personas las asesinadas por "diferentes grupos delictivos". No se sabe de dónde salió ese número, salvo que haya sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la desaparición de los normalistas, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense, que revisó varios de los restos humanos, dijeron que no pertenecían a los normalistas. Tampoco se tiene conocimiento de que otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que está documentado en grabaciones que tiene la DEA -no solicitadas por la Fiscalía- fue el responsable de la desaparición, participara en el crimen, como afirmó Gertz Manero.

Así de vociferante en sus acusaciones sin pruebas, calló sus nuevas acciones, o dejó los reflectores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó lo único nuevo, las órdenes de aprehensión contra policías federales -en ese entonces bajo el mando en Guerrero de Omar García Harsfuch, hoy secretario de Seguridad en la Ciudad de México-, y militares que probablemente pertenecían al Batallón 27o. de Infantería, que se encuentra en Iguala, y sobre quienes, desde el principio, cercanos al presidente han querido sentar en el banquillo de los acusados, acusándolos de haber participado en las acciones de la desaparición y del crimen.

El Ejército siempre lo ha negado. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una bitácora de lo que sucedió esa noche, donde una tercera parte de sus elementos estaban en comisión en la zona de Taxco, en un operativo contra criminales, otra tercera parte estaba franca, y el resto, compuesta básicamente por personal administrativo, de cocina y mantenimiento, fue enviada a las calles de Iguala para que reportaran qué estaba sucediendo. De hecho, gracias a la información de uno de ellos, que abandonó su bicicleta para huir corriendo cuando lo descubrieron los criminales, se supo que un grupo de normalistas había sido entregado a delincuentes en la zona del Palacio de Justicia local.

Gertz Manero nunca explicó el móvil por el cual el gobierno federal desapareció a los normalistas y encubrió el crimen, pero omitió culpar de nada al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien apoyó López Obrador para que llegara al cargo, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores y jefes iniciales de Guerreros Unidos, pese a que figuran de manera prominente en las grabaciones de la DEA. Básicamente todos los hallazgos que informó se encuentran contenidos en el informe especial que realizó el fiscal Blanco cuando entregó la investigación a la entonces PGR, y en la Recomendación y Ampliación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 y 2018.

El 11 de abril de 2016, se preguntó en este espacio: ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de sucedido? La noche del 26 de septiembre de 2014, la Secretaría de Gobernación no reaccionó con celeridad. La 35a. Zona Militar en Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27o. de Infantería, dijo no tener información. Murillo Karam dijo el 28 de septiembre en Los Pinos que se trataba de una "depuración" de narcotraficantes, por lo que se decidió que el gobierno no interviniera, pese a que el delito era desaparición forzada. Ya sabemos cómo quedó, acusado de un "crimen de Estado".

¿Cómo quedará López Obrador después de este informe?

El gobierno salió con una narrativa pendenciera, pero sin novedades. Usó el trabajo de quienes denunció de corruptos y criminales. Lo único que cambió radicalmente es el tono acusatorio contra el anterior gobierno, y el reconocimiento del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que la única verdad, es que no hay verdad. Ni la "histórica" de Murillo Karam, ni la "auténtica" de Gertz Manero. Seguimos como hace 6 años, sin saber dónde están los normalistas, pero hay un cambio importante: hoy son todas las autoridades federales y estatales, quienes están formalmente en el banquillo de acusados, mientras los criminales están libres o son "testigos protegidos", y Guerreros Unidos obtuvo las indulgencias del lopezobradorismo por este crimen que cometió.

Una burda e ilegal farsa politiquera es la consulta propuesta por López Obrador para preguntarle al pueblo bueno y sabio si procede o no juzgar a cinco ex presidentes por los delitos que el propio AMLO les imputa. Si la Suprema Corte se rindiera a la demagogia del tabasqueño estaría abdicando de su función de preservar el orden jurídico frente a la voluntad caprichosa del poderoso en turno. Yo tengo confianza en el máximo órgano jurisdiccional, y espero que será unánime el voto en contra de esa aberrante iniciativa, pues quien opinara en favor de esa absurda e ilegal propuesta sería visto como obsecuente instrumento del caudillo y no como custodio de la Constitución por encima de quien a todas luces pretende violentarla para establecer su dominio personal. La recta aplicación de la ley no debe estar sujeta a la opinión de los obligados a cumplirla. Ninguna consulta o votación puede determinar si se castiga o no un delito. Si López Obrador afirma, como lo ha hecho tantas veces, que esos ex mandatarios incurrieron en ilegalidades, la ley le ordena presentar la denuncia correspondiente. Eso de hacer una consulta pública para determinar si la Constitución y las leyes que derivan de ella se aplican o no es una aberración jurídica que se ha de desechar sin más. Soy abogado (eso no se quita nunca). La mitad de mi vida fui maestro de Derecho. Pero sobre todo soy un mexicano que ama a su patria y cree en la ley y en las instituciones. Por eso confío en la Suprema Corte.

La última renuncia en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador no deja margen para duda alguna: el presidente no acepta de sus colaboradores remilgos legales para no cumplir lo que se les encarga. Y esto abre un escenario desconocido en décadas.

Comencemos precisamente con eso de los encargos. López Obrador lo ha dicho, pero ahora podemos calibrarlo debidamente. Él expresa, y lo repite, que para él no es importante el cargo, sino el encargo.

Eso se traduce en que un nombramiento tiene una formalidad que pasa a un 2o. plano dado que más que los límites y acotaciones que imponen la ley y la normatividad a quienes ocupan esos cargos, el mandatario espera de tales funcionarios resultados específicos sobre sus 'encargos', que no son tan claros, o cuyos umbrales resultarían subjetivos o de plano ilegales sino que imposibles de aterrizar.

En el caso mismo de la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tenemos un ejemplo de la irresoluble tensión de esa dinámica. Ni alguien tan históricamente leal y comprometido con AMLO pudo conciliar, dentro de la ley, las contradicciones de lidiar desde un cargo con un encargo que implica lealtad ciega.

En Cárdenas tenemos a alguien que ante la incompatibilidad entre ambas lógicas decide cuidar su prestigio, y no es exagerado decir que también su libertad, y renuncia. ¿Y el resto del gabinete?

Porque el gabinete, para los términos que estamos hablando, tiene 2 dilemas. Todos y cada uno de los secretarios, subsecretarios y directores de organismos recibieron un encargo. Y el presidente no aceptará que no se intente llevarlo a cabo, y menos con argumentos de límites legales. Así que, 1er. dilema, tienen que cumplir lo que les establece el cargo y lo que demanda el encargo.

El 2o. dilema es más complejo. Hoy la sociedad tiene motivos para cuestionarse qué harán aquellos funcionarios que no sólo tienen que resolver su actuar en primera persona, sino cómo enfrentarán la responsabilidad que tienen de hacer cumplir leyes o normas a otros funcionarios, organismos, niveles de gobierno, poderes, ciudadanos, etc.

En otras palabras: una cosa es que Jaime Cárdenas renuncie al saber que no puede cumplirle al presidente su 'encargo', y otra que funcionarios como Irma Eréndira Sandoval pueda quedarse impávida ante denuncias de corrupción realizadas por el exconsejero electoral.

Este es el gran dilema. En el gobierno hay gente cuyo trabajo es hacer que otros, dentro y fuera de la administración, cumplan leyes y normas. Entonces, si Jaime Cárdenas se va, mala tarde, pero tal renuncia saca a flote la disyuntiva que enfrentarán no pocos funcionarios.

Por ejemplo: qué va a hacer la Secretaría de la Función Pública frente a denuncias como las de Jaime Cárdenas. ¿Revisar la posible ilegalidad de actos señalados por el exfuncionario, o poner eso en 2o. plano, pues lo que el presidente quiere es que se le den cosas sin detenerse a cumplir la normatividad correspondiente?

Pero lo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es sólo un botón de muestra. El tema es que el presidente ha dejado claro que él quiere no sólo obediencia irrestricta, sino hacer a un lado leyes y normas que, a su criterio, se interpongan entre su proyecto de gobierno, que él llama transformación, y la realidad.

Estamos advertidos de que exigirá al SAT obedecer sin chistar al presidente, no a su esquema de leyes. Pero también a otras dependencias, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la que depende (no se rían) la Guardia Nacional. O Protección Civil. O la Unidad de Inteligencia Financiera.

Es decir: la autoridad tributaria perseguirá a quienes diga el mandatario, y la SSC dejará sin protección a Chihuahua porque osó disentir con el ejecutivo; y los estados con desastres naturales pero retobones con el presidente no tendrán recursos del Fonden y cuídese cualquiera que no sea tapete del tabasqueño porque la UIF se le puede ir encima.

¿Hacen falta ejemplos? Dejen ustedes la captura de órganos reguladores mediante el nombramiento de leales, para que no haya dudas el presidente decreta que varios de éstos deben favorecer sin más a la CFE.

En pocas palabras: AMLO ya se ha descarado. Cree que las leyes constituyen una "maraña de normas" que resultan en que no se puede hacer nada por la normatividad, como lo dijo ayer en la mañanera.

En el fondo, la renuncia de Germán Martínez, una de las primeras de la administración, fue por lo mismo de Jaime Cárdenas: porque se quería atropellar lo normativo, lo institucional.

16 meses después de la salida de Germán del IMSS, y con 2 megacrisis haciendo más difícil la marcha del gobierno, lo que estamos atestiguando es la radicalización de una postura: los nombramientos no son cargos ni encargos, AMLO lo que realmente pretende son viles mandaderos.

Para quien estime que la aplicación de la ley está supeditada a los impulsos del corazón o del hígado del pueblo "bueno y sabio", una consulta a mano alzada puede bastar para -como planteaban los rótulos instalados en los módulos en que se intentó la fallida recolección de firmas- "meter a la cárcel" a los expresidentes.

Si nunca, sobre la faz de la tierra, se ha dado el caso de un presidente electo por la mayoría de los potenciales electores, es probable que, en México, muchos expresidentes sean reprobados por la mayoría de los ciudadanos, convencidos de su ineptitud y deshonestidad, y defraudados por el caudal de promesas de campaña que dejaron incumplidas... Sin embargo, una cosa son los defectos y aun los vicios de los expresidentes, y otra muy diferente que hayan incurrido en delitos... o que haya elementos para imputárselos.

Los expresidentes, en efecto, como todos los ciudadanos, pueden ser procesados por la eventual comisión de delitos... pero a condición de que se presenten las correspondientes denuncias. Si incurrieron en robos -a muchos la vox populi los tilda de "rateros"-, abusos de autoridad, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, omisiones en el ejercicio de sus funciones u otras faltas previstas tanto en las leyes que regulan las conductas de los funcionarios públicos como en las civiles y penales a las que todos los ciudadanos están sometidos, basta la denuncia que por ley está obligado a presentar todo ciudadano que tenga conocimiento de dichas faltas.

Colofón: La aplicación de la ley no está supeditada a consultas, antojos ni zarandajas similares.

Quizá lo más notable estos días es constatar lo profundo de la cultura de la tolerancia (¿o de la resignación?) de los chilangos: les pones este minicampamento en Reforma y Juárez y todo mundo lo ve como normal. Qué otra cosa se puede esperar en una ciudad donde todo mundo viola el derecho de los otros.

Y no me vengan con que "es que es pandemia y pocos hoy pasan por ahí". Es pandemia, sí, pero muchos ya están al 100, muchos ya necesitan ahorrar cada minuto del día a día, muchos no quieren una protesta más, una que ni siquiera les está diciendo qué reclaman y desde dónde.

A principios de su mandato el presidente López Obrador lanzó una vigorosa campaña para combatir el robo de gasolina. Si bien algunas de las acciones que emprendió, como el cierre de ductos, generaron una costosa escasez de combustible, y la estrategia fue un factor en la explosión de Tlahuelilpan del 18 de enero de 2019, que dejó un saldo de 137 muertos, mucha gente respaldó la posición del gobierno. Y con razón. Era inaceptable seguir permitiendo el robo de combustibles, lo cual se hacía muchas veces con la aquiescencia de funcionarios. La fuerza que el gobierno federal empleó contra el huachicoleo, sin embargo, ha estado ausente ante el robo de peajes o los bloqueos de vías férreas.

El presidente reconoce el daño producido por estas acciones, que son una forma de extorsión, pero piensa que, al contrario de lo que hizo para combatir el robo de combustible, basta en estos casos con hacer un llamado a la gente para que "todos nos portemos bien".

Andrés Manuel afirma que su gobierno ha hecho un gran trabajo para evitar las tomas de casetas. "Desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas -dijo el 21 de septiembre- porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados. No había causas de fondo. Ya era sacar dinero al tomar las casetas. Y se está ahora evitando estas tomas y se está recuperando todo lo que se perdía, lo que perdía la hacienda pública, que perdía el pueblo... Entonces, ya no se permite". Según el mandatario, "lo que llevamos recuperado es bastante, son 7,000 millones de pesos que se perdían, es como el huachicol".

Las cifras del presidente surgen de datos presentados por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el viernes 18, cuando afirmó que la "prevención de pérdidas" por tomas de casetas fue de 3,425 millones de pesos en Tepozotlán, en la autopista México-Querétaro, y de 1,231 millones de pesos en Tlalpan, en la México-Cuernavaca. Con la liberación de otras casetas, como las de Palmillas y Baja California, se acumula un monto de 7,019 millones de pesos. Quizá, pero la Asociación Nacional de Concesionarios en Infraestructura Vial afirma que solo en este 2020 las pérdidas por tomas de casetas superan los 3,000 millones de pesos.

A las pérdidas por las tomas de casetas hay que sumar las provocadas por los bloqueos de vías de ferrocarril. Estas acciones se han hecho cada vez más comunes, pero este pasado fin de semana integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron bloqueos simultáneos en 4 puntos de Michoacán para exigir dinero y plazas magisteriales. Las pérdidas han sido de 30 a 50 millones de pesos por día, según Carlos Alberto Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. El periódico Reforma publicó fotografías que muestran que los bloqueos se realizaron frente a elementos de la Guardia Nacional, que no hicieron nada para impedirlos. El presidente respondió ayer que "quie- ren que se use la macana, porque son muy conservadores", pero al final la policía de Michoacán liberó las vías en un operativo sin violencia.

Es positivo que el presidente reconozca el daño de robos y bloqueos. Tiene razón cuando afirma que son como el huachicoleo. Lo que no tiene sentido es pensar que un simple llamado a la buena voluntad resolverá el problema.

Gabriel Regis López, juez 16o. de Distrito en Materia Administrativa, pudo haber hecho historia, pero se le escapó la oportunidad por la mediocridad y la mirada obtusa que lo llevó a definir las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador como una acción legítima. Al rechazar la petición de amparo de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, contra las imputaciones de López Obrador por haber alterado, argumentó, su presunción de inocencia, señaló sobre los márgenes de libertad del presidente en sus eventos matutinos en Palacio Nacional: "El objetivo de las conferencias de prensa permiten a la sociedad tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar información e ideas, lo cual es imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país".

Regis López no entiende nada del experimento presidencial y por ignorante ha causado un enorme daño a las libertades. El presidente no ejerce su derecho de réplica, porque no refuta con datos; ejerce el ataque con premeditación, alevosía, ventaja e impunidad. El juez redujo su posición al segmento donde se simula una conferencia de prensa, pero la mañanera es mucho más que eso. La Presidencia de la República la definió al arrancar el gobierno como "comparecencia pública", cuyo formato incluye un mensaje presidencial, actos de gobierno -incluso internacionales-, sirve para difusión de programas, propaganda, oficialía de partes, y respuestas a preguntas de periodistas, activistas y paleros, así como para sermonear y difamar.

La respuesta del juez omite todas esas características y desconoce que la figura presidencial implica una concentración de poder político al ser titular del ejecutivo federal. Por ello sus expresiones no son personales, sino reflejan al Estado Mexicano. La conexión entre sus apreciaciones y sus seguidores está documentada, y cada denuesto, infamia y agresión, detona linchamientos civiles que, en algunos momentos, han estado a punto de convertirse en agresiones físicas en las calles.

Las palabras del presidente deben que ser vistas en el contexto nacional, al ser México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión, defendida primariamente por periodistas y medios de comunicación, principales destinatarios de los exabruptos violentos y sistemáticos de López Obrador. A los altos riesgos para ejercer la libertad de expresión, la palabra del presidente abona en la incertidumbre para mantener ese derecho.

El Estado debe cumplir con su obligación convencional de garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor de manera simultánea, como los establece y protege la Convención Americana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que México suscribió y ratificó.

Regis López omitió los antecedentes y la jurisprudencia en la materia, establecida en el caso Kimel vs. Argentina, fundamental para este tipo de querellas.

Ese litigio comenzó en noviembre de 1989, cuando Eduardo Kimel, periodista y escritor, publicó su libro "La masacre de San Patricio", que analizaba el asesinato de 5 religiosos durante la dictadura argentina en 1976, y criticaba la actuación de las autoridades, en particular la de un juez, que lo demandó por calumnia y por lo cual lo sentenciaron a un año de prisión y multa. Kimel impugnó la sentencia, y al final ganó, tras un juicio donde las partes presentaron alegatos en los que subyacía un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos.

La resolución señaló que era necesario garantizar el ejercicio de ambos, subrayando que la prevalencia dependería de la ponderación que se hiciera a través de un juicio de proporcionalidad.

Es decir, no todos, dependiendo su responsabilidad, son iguales, visto en forma aristotélica. Así lo dejó sentado: "Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. Esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno".

"Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohibe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional, y no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa".

"Por su parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección".

La Corte argentina determinó que se había violado el principio de la proporcionalidad, afectando los derechos de Kimel y dictó una sentencia de fondo, reparaciones y costas, que el Estado Argentino cumplió. La dimensión de este caso y la jurisprudencia que tuvo a la mano el juez Regis López, muestra en toda su magnitud las limitaciones, deliberadas o no, en su fallo contra Ancira y lo más transcendente, su impacto contra las libertades en México, autorizando de esa forma que el presidente, todas las mañanas, pueda seguir difamando.

Un sujeto que había asaltado una tienda fue asesinado a golpes presuntamente por vecinos de la zona. El incidente se registró la tarde de este domingo en la calle Teodomiro Manzano, entre las calles Carlos Arturo Carrillo y Adolfo Cisneros, en la colonia Lomas de Polanco.

El fallecido aparentaba entre 25 a 30 años de edad y al momento de la llegada de elementos de la Policía de Guadalajara presentaba varios golpes en la cabeza y heridas aparentemente provocadas por una varilla.

"Mencionan que un grupo de personas lo venían siguiendo, lo alcanzan y le causan la agresión. No tenemos esa información (de que haya asaltado una tienda), pero muy probablemente eso es lo que ocurrió", comentó uno de los policías que acudió al lugar de los hechos.

Las autoridades no reportaron personas detenidas por este hecho, ni se logró la identificación del fallecido.

Son tal la cantidad de agravios, insultos, faltas de respeto, crímenes y corrupciones que la clase política gobernante ha cometido contra la sociedad mexicana, que casi con seguridad una mayoría quisiera que los responsables por estos agravios paguen con juicios justos y penas de cárcel y patrimoniales. Y sin duda, en la lista de responsables de ese imaginario popular de justicia, estaría encabezado por ex presidentes.

Por eso, más allá de las lagunas jurídicas, resulta innecesaria y probablemente contraproducente la solicitud de una consulta para enjuiciar a los ex presidentes que ha tenido México de 1988 a la fecha.

En su sano juicio y sin ser del círculo íntimo de estos ex mandatarios, ¿quién se opondría a que se les enjuicie y en caso de encontrarlos culpables, que paguen con cárcel y daño patrimonial sus fechorías o crímenes?

Pero el camino seguido por López Obrador y organizaciones afines parece más interesado en obtener titulares y reflectores antes que ir a fondo en la persecución de los delitos cometidos por los ex presidentes.

La posición actual de López Obrador parece contradecir la que mantenía como candidato y ya como presidente electo: decía que no era partidario de la venganza y que no quería distraerse investigando las corruptelas y anomalías del pasado.

Pero algo ocurrió y la postura de López Obrador cambió a un tenaz impulsor de enjuiciar a los ex presidentes. Todo indica que es la coyuntura política, con caída en la popularidad presidencial, con movilizaciones contra su gobierno, por las críticas a su gestión de la pandemia, por los videos filtrados donde aparece su hermano recibiendo dinero para actividades de Morena, o por la articulación de sus adversarios ya sea tras bambalinas impulsando desde videos y bulos, coaliciones electorales, hasta cartas de abajofirmantes.

Pero además, un eventual rechazo de la consulta decidida por la Corte, le daría a López Obrador una justificación frente a sus seguidores para no llevar a cabo una consulta de juicio a ex presidentes. Así podría decir: "yo lo intenté, pero otros poderes dicen que no se puede, ni modo".

Y esto puede ocurrir por las eventuales inconsistencias jurídicas de esta solicitud. El mismo día que el presidente envió la petición al Senado, consultados por La Jornada, media docena de expertos jurídicos comentaron las inconsistencias de este procedimiento. El ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, dijo que la justicia no puede estar sometida a consultas populares: "No hay necesidad en modo alguno de abrir un procedimiento de consulta para determinar si las autoridades deben o no cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales. Un proceso judicial debe regularse por razones técnicas basadas en las normas jurídicas y no en el voto popular", señaló.

No se necesita una consulta para integrar expedientes...

Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en mayo pasado la llamada "Ley Bonilla", con la que el gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, electo en 2018 para gobernar sólo por 2 años, pretendía ampliar delincuencialmente su mandato a 5 años, por considerarlo un fraude a la democracia, a la Constitución y a los votantes de Baja California, así las y los 11 ministros que son la representación máxima del poder judicial deberán batear la última ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a votación la impartición de justicia.

El asunto de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, que no tuvo el eco ni el respaldo popular que esperaban en la recolección de firmas para convertirla en iniciativa ciudadana y que necesitó la intervención directa del presidente para involucrar al Senado en este absurdo y estéril debate, parecía el nuevo distractor para sustituir la también malograda historia de la fraudulenta rifa del avión presidencial.

Lo que faltó decir es que en esta intentona López Obrador vuelve a poner en entredicho una de sus principales banderas políticas como es su promesa de la lucha anticorrupción y contra la impunidad, cuestionada ya por el manejo faccioso que el gobierno de la autollamada 4a. transformación ha hecho de las instituciones de justicia con el contraste del manejo del caso Rosario Robles a la que se trató con absoluto rigor, y la laxitud otorgada al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Y aún más con el silencio que ha mantenido la Fiscalía General de la República ante el caso de su hermano Pío López Obrador, quien fue pillado recibiendo dinero de parte de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, postulado por el Partido Verde, Manuel Velasco, y hasta agosto pasado director nacional de Protección Civil del gobierno de la 4T.

El condicionar la impartición de justicia a la que está obligada la Fiscalía con la aportación de pruebas en contra de quien presuma actos delictivos, al resultado de una encuesta no sólo lesiona más gravemente la lucha anticorrupción prometida por el tabasqueño, sino que pone al país en una ruta de regresión al volver a los tiempos de los juicios sumarios que dicte la voluntad popular.

La inadmisible justicia por aclamación que propone López Obrador volverá a poner a prueba a la SCJN que deberá demostrar que sigue sin ser infiltrada ni estar convertida en un poder judicial a modo del gobierno morenista. La pregunta que les mandó analizar vía el Senado, el presidente a la Corte no les tiene que llevar más de 20 días para invalidarla y poner fin a lo que será el nuevo pilar distractor de las mañaneras.

Es absurdo preguntar si se debe aplicar la ley. Si cualquier persona, expresidente o no, cometió un delito, la obligación de las autoridades es presentar la acusación correspondiente ante los tribunales; si no ha cometido delito, no lo debe hacer.

La pregunta supone que el pueblo sabio debe rendir primero su veredicto y la autoridad después investigar. Es una tergiversación del orden jurídico, en el que un fiscal 1o. investiga un delito y, de encontrar indicios, somete las pruebas a un juez que, con conocimiento jurídico y de los hechos, juzga y rinde un fallo.

Pero ¿cómo se puede ofrecer un fallo si no hay claridad en las acusaciones? En la exposición de motivos el presidente afirma que "el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones...". Añade que "en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari... crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres". A Ernesto Zedillo lo acusa de haber continuado "las políticas privatizadoras de su predecesor"; a Vicente Fox, de haber intervenido "indebida e ilegalmente en el proceso electoral"; a Felipe Calderón, de haber aplicado una "estrategia militar" para "'combatir el narcotráfico' que exacerbó la violencia"; a Enrique Peña Nieto, de complicidad en los sobornos de Odebrecht y en la compra fraudulenta de Agro Nitrogenados.

La aplicación de políticas liberales, sin embargo, no es un delito. La desigualdad en el sexenio de Salinas, según el índice de Gini, bajó en lugar de aumentar. Privatizar empresas públicas no es ilegal. Las intervenciones indebidas de Fox en la campaña de 2006 fueron detenidas por el IFE. Calderón aplicó una fallida estrategia militar contra el narco, pero dentro de la ley (AMLO la ha continuado con peores resultados). Sí hay indicios de responsabilidad de Peña Nieto en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, pero los asuntos deben dirimirse en los tribunales; una consulta no puede ni debe concederle impunidad.

Sorprende que Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, no le haya informado al presidente del absurdo jurídico del escrito. Ricardo Monreal, doctor en derecho, no debió haber remitido el galimatías a la Corte. Pero nadie se atreve a decirle NO a López Obrador. O quizá todos saben que la consulta no tiene propósitos de legalidad, sino simplemente de propaganda.

La consulta popular para enjuiciar a expresidentes, solicitada finalmente por Andrés Manuel López Obrador, es legalmente un absurdo y un circo. ¿Desde cuándo la justicia se somete a consulta?

Como si eso fuera poco, el presidente quiere que se aplique el 6 de junio del 2021, fecha en que se celebra la elección intermedia. Detrás existe una apuesta por lograr más un impacto político electoral que jurídico.

Ante los cuestionables resultados en este gobierno, la mala gestión de la pandemia y los problemas económicos, el presidente quiere que los mexicanos nos enfoquemos en los males del pasado sin reparar en los del presente.

Lo que busca López Obrador en realidad es un juicio popular y no un acto real de justicia.

El 15 de septiembre de 2020 será un día muy difícil de olvidar. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos mostró el tipo de país que está construyendo: las leyes emanadas de la Constitución no sirven; los juicios sumarios son los que valen. La voluntad popular es una frase de pacotilla; la única voluntad que vale es la suya. Los instrumentos de procuración y administración de justicia son secundarios; la Unidad de Inteligencia Financiera es la que se ocupa de perseguir a quien señale el presidente. Colonizado el poder legislativo y amedrentado el Judicial, el presidencialismo mexicano se encuentra en el ideal que no alcanzó ninguno de sus predecesores: un líder fuerte, utilizando todos los recursos metaconstitucionales con los que cuenta su oficina, fugándose hacia el autoritarismo.

No le gusta a López Obrador que lo llamen autoritario, pero no hay otra descripción que le venga como anillo al dedo. Definitivamente no es un demócrata, y ha dado pruebas incontrovertibles de ello, ni está interesado en la construcción de un país de leyes y un Estado que funcione a través de contrapesos, rendición de cuentas y transparencia. Su corifeo en el gobierno y en las cámaras están para servirle y acomodar la realidad real, a la realidad presidencial. A quien no le guste, que afronte las consecuencias de la persecución del gobierno y esté dispuesto, o dispuesta, a que el linchamiento público disponga de su reputación, porque esto es para lo que la mayoría del electorado le dio el mandato en 2018, para utilizar los recursos de la democracia y levante un sistema autócrata.

Como botones de muestra:

1.-López Obrador había dicho reiteradamente que él no estaba en la lógica de enjuiciar a ex presidentes, pero si una consulta popular se lo pedía, acataría el mandato del pueblo. El lunes, la recaudación de firmas para pedir la consulta popular, cuyo plazo para hacerlo terminaba ayer, alcanzaba apenas 50% del total. El presidente dijo ayer que tenía información que ya habían juntado todas las firmas restantes -como siempre, sin posibilidad de corroboración-, lo que habría sido un milagro moreno, pero por las dudas y por si acaso, mandó un escrito al Senado para que se realice la consulta sobre "el posible enjuiciamiento", siempre, precisó, "de acuerdo al debido proceso".

El debido proceso tiene como principio la presunción de inocencia, que a López Obrador le da igual. Durante los gobiernos de sus 5 predecesores, afirmó en el escrito, "ocurrieron quebrantos monumentales al erario, corrupción generalizada, prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado, violación masiva de los derechos humanos". La presunción de inocencia no existe, como tampoco un sistema de leyes. Si estuviera apegado a Derecho, no necesitaría la pira en el Zócalo, sino una investigación para determinar si esos presuntos delitos por los que los acusa, se sostienen en un tribunal.

Pero el presidente explicó ayer por qué no recurre a la ley. "En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político", dijo, al recordar su discurso de toma de posesión. "Si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del privado, no habría juzgados ni cárceles suficientes". O sea, no le importa nadie salvo los ex presidentes. Son culpables políticos, históricos y morales, a su juicio, tanto ellos como los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones -algunos muy cerca de él-, pero sobre quienes no procederá. Para que sean culpables los ex presidentes, de acuerdo a Derecho, tendrían que probarse las acusaciones. La mañanera no es para probar. Ahí se juzga sumariamente y se sentencia a la muerte civil.

2.- López Obrador tiene lugartenientes que no actúan con la ley en la mano, sino abusando del poder. La semana pasada, el presidente dijo que había políticos detrás de la toma de la presa La Boquilla, y el lunes, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, congeló las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, y del presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar.

Nieto, sacando de la chistera un medio conejo, afirmó que el congelamiento de las cuentas de Reyes Baeza es por el desvío de recursos del ISSSTE en la llamada "Estafa Maestra", señalando implícitamente que no se trata de ninguna revancha presidencial. ¿Por qué no se ocupó del tema antes? No lo explica, y tampoco tiene mucho margen para rebatir que no sea culpable de intimidar disidentes y castigar penalmente la acción social. Alcántar tiene en sus cuentas 26,000 pesos, sin que Nieto aclare, todavía, el porqué de su acción represora.

3.- López Obrador agradeció que se hayan vendido boletos para la no rifa del avión presidencial, sorteado este martes. Se quedó corto en la meta de recaudar 3,000 millones de pesos, que era casi 30% de lo que se debe aún para cubrir el costo total del avión que adquirió Banobras, sin contabilizar que de los premios -que terminó de cubrir con subsidios federales-, faltarían por cubrirse otros 800 millones por impuestos que tienen que pagarse, salvo para los ganadores vivieran en la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el erario capitalino cubriría los impuestos. De cualquier forma, 1,800 millones de pesos, más los otros millones en subsidios para comprar boletos y repartirlos gratuitamente, salieron del presupuesto de la Austeridad Republicana, casi la mitad de lo que saldría en solventar el precio de la aeronave.

El circo sirve para los objetivos políticos del presidente, y cuando se le atraviesan, aplica el terror. Vaya día este de la Independencia lleno de barruntos y amenazas. ¿Qué nos depara el futuro? Esperemos la siguiente mañanera.

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, detenido en España en mayo del año pasado por varios presuntos delitos, entre ellos la venta de Agronitrogenados a Pemex, acaba de iniciar un proceso judicial que hará historia por 2 razones: demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exigió que se pronuncie el Poder Judicial sobre las mañaneras. El alcance de la demanda trasciende el caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las mañaneras.

Las mañaneras son un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce la gobernanza, difunde las acciones de su gobierno, hace propaganda, y responde preguntas de periodistas, paleros para reorientar o desviar temas candentes, y de grupos de interés o gestores que llevan sus propias quejas, denuncias o demandas al presidente. En sus respuestas suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones. En el caso específico de Ancira, de acuerdo con el pliego, "ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable".

La demanda de amparo indirecto que fue presentada el miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se refiere a las afirmaciones que hizo López Obrador en las mañaneras, lo que al mismo tiempo coloca ese instrumento de poder en el banquillo de acusados. "El poder que detenta el Presidente de la República tiene un alcance de enorme magnitud y las declaraciones que ha realizado implican un amedrentamiento a los Juzgadores nacionales", apunta la demanda de amparo de Ancira. "Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia".

A lo que se refiere es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. La reacción de López Obrador fue casi inmediata. Tras el fallo del juez, indica la demanda, entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre, el presidente se empezó a referir a Ancira "como culpable de los hechos delictivos que se le imputan", y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de "manera irregular".

El litigio de Ancira está corriendo en los tribunales mexicanos, pero ante la forma como López Obrador se ha expresado en las mañaneras, aduce, se altera el debido proceso, como quedó plasmado en la doctrina del "efecto corruptor" que elaboró el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el Caso Cassez.

"Los actos que se reclaman", dice la demanda, "son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial".

Pero la dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que reclamaron, dé respuesta a las interrogantes que envuelven los problemas jurídicos que se enfrentan:

1.-¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?

2.- ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?

3.- ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?

4.- ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?

5.- ¿Qué autoridad del Estado Mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?

6.- ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del presidente?

7.- ¿Cuál es el alcance del principio de división de poderes?

8.- ¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?

9.- El principio de división de poderes ¿protege las facultades de los órganos constitucionales autónomos?

10.- ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia?

11.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?

12.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?

13.- La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?

14.- ¿Qué naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?

15.- ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un tribunal competente?

16.- ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputado que repare el daño de un delito?

17.- ¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aun no ha sido juzgado?

Todas estas preguntas son una radiografía de las declaraciones del presidente en las mañaneras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la Ley, que será tarea del juez determinar si lo son.

En otros tiempos y otras latitudes, pudiera ser...; aquí y ahora, en cambio, aun si los sermones presidenciales tuvieran la elocuencia de las obras maestras de la oratoria sagrada, sería discutible su eficacia. Lo más probable es que palabras tan sensatas como las admoniciones a los grupos de la sociedad civil que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Ciudad de México, para plantear una serie de protestas, demandas y aun "exigencias" a las autoridades, por estimar que han sido negligentes u omisas tanto en la prevención como en la persecución de delitos, y para hacerse oír pintarrajearon y dañaron la fachada del edificio, "tomaron" las instalaciones y grafitearon una imagen de Don Francisco I. Madero, a los autores de tales estropicios, literalmente, les entren por un oído y les salgan por el otro.

"El supremo Gobierno, que no se equivoca nunca" -que dijera Pito Pérez-, ha sido reiterativo: no reprimirá las manifestaciones, cualesquiera que sean sus causas y sus métodos; interpretará los excesos de los manifestantes como ejercicio de las prerrogativas ciudadanas consagradas por la Constitución, y no como infracciones a leyes y reglamentos y aun como delitos... incluso cuando, ostensiblemente, alcancen ese rango.

Sería ocioso hacer el inventario de daños, tanto en el mobiliario urbano, en instalaciones, equipamiento o inmuebles de utilidad o de interés público (el Monumento a la Independencia, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional en la capital del país, el Palacio de Gobierno de Guadalajara...) como en la propiedad privada (comercios, construcciones, automóviles...), ocasionados lo mismo por manifestantes que por simples provocadores o malhechores infiltrados entre ellos; otro tanto vale decir acerca de las lesiones causadas a guardianes del orden público.

Vale reiterarlo: no se trata de "provocaciones" que la autoridad -diría el susodicho- tienen "la arrogancia" de desoír, si les place, aplicando la máxima de "a palabras de marrano, oídos de chicharronero". Se trata de excesos que la misma ley previene, y que, al desnaturalizas, restan legitimidad a las protestas justas de los ciudadanos: quebrantos al orden y la paz pública; daño en las cosas; perjuicio de terceros...

En una palabra, son delitos; delitos que se cometen en la vía pública, ostensiblemente; delitos que, al quedar impunes, por impotencia o por simple tibieza de las autoridades, invitan a los revoltosos a porfiar en ellos.

Decía bien Víctor Hugo: "El derecho que triunfa no necesita ser violento".

El lunes 31 de agosto fue detenido Gerardo Sosa Castelán, personaje hidalguense que desde hace décadas es visto como un ejemplo de cacicazgo. Falta desahogar el juicio con respeto a los derechos de tal persona.

El caso de Carlos Romero Deschamps obliga a ir con tiento antes de ceder a la idea de que ha llegado el cambio que los mexicanos demandaban a gritos.

Porque Romero Deschamps perdió la secretaría general del sindicato petrolero sin que a la fecha sepamos de procedimientos que revisen sus décadas de poder incontestado dentro de ese gremio.

Entonces, ¿con la salida de Romero Deschamps ahí muere? ¿No se investigarán los abusos que vimos exhibidos en las redes sociales y que fueron denunciados por años?

Es decir, cada uno de las "renuncias por causa de salud", así como los procesos judiciales por escándalos del pasado, tendrían que probarse, cada uno de ellos, en su exhaustividad.

E incluso en los casos que sí están en tribunales, como el de Rosario Robles, se advierte un patrón dispar: contra ella todo -cárcel sin derecho a libertad y frío glacial-, mientras que en los procesos contra el equipo de Robles que tuvo que haber ejecutado la "Estafa Maestra" -léase Emilio Zebadúa, por ejemplo- se dan dilaciones en cada uno de los recursos y pareciera que ni a fiscales ni a jueces corre prisa alguna.

Otro patrón dispar: con Emilio Lozoya hay alfombra roja, mientras que con el abogado Juan Collado pareciera que la consigna es que no salga de la prisión bajo ninguna circunstancia.

Estamos pues ante una realidad poco clara. Procesos legales contra "peces gordos" que la normalidad era que no ocurrieran, pero disparidad en la forma en que se trata cada caso e incluso dudas sobre lo que motiva esta cruzada justiciera.

Si Tomás Zerón es un torturador -y los videos filtrados apuntan en ese sentido- qué buena cosa será que se le capture y juzgue, pero ello no podrá ser presentado como justicia en el caso Ayotzinapa. Faltan muchas piezas de esa pesadilla y el procesamiento del ex policía no debe ser utilizada como la jugada maestra del caso.

Y lo mismo aplica al show de la supuesta consulta para llevar a juicio a los expresidentes.

Prometedores adelantos en justicia al emprender casos de alto perfil se ven opacados por la propaganda que no tiene apego alguno al debido proceso; esto para empezar, porque la mayor autoridad del país no solo no se despega del asunto para que sea un asunto de fiscales y jueces, sino que se convierte en incendiario promotor de un linchamiento mediático.

De forma que buenas noticias como el enjuiciamiento de Sosa Castelán abren la esperanza de que algo en la justicia sí está cambiando en este sexenio.

Ojalá que en cada uno de esos juicios se respeten los derechos de todas esas personas y no se abuse de los aparatos fiscalizadores del sistema. Y ojalá, sobre todo, que no sean solo motivados por venganzas (Rosario Robles), o para negociar recambios a modo en posiciones poder gremiales, universitarias, etc.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una brújula muy extraviada en el tema de los derechos humanos. Aunque tiene una preocupación auténtica por los miles de desaparecidos y las cientos de fosas clandestinas en amplias regiones del país, cuando se trata de aterrizar su interés a acciones de gobierno, no sabe qué hacer. Afirma que este tema es prioridad, pero los esfuerzos para enfrentar el problema los ha deshidratado y dejado sin presupuesto. Pensaba incluso desaparecer la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la última guillotina a la administración pública, que se evitó hasta que entendió lo que significaría en costo para su imagen en México y el mundo. Ha mostrado gran ignorancia en este tema que lo llevó a cometer un error estratégico: abrirle la puerta a la ONU para intervenir en los asuntos internos del poder judicial.

López Obrador propuso reconocer la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas "ante la magnitud de la crisis" -reconocimiento tácito del fracaso de su política- y el martes pasado el Senado, que vio la parte noble de la iniciativa presidencial, la aprobó por unanimidad. No hubo debate parlamentario, ni discusión en la opinión pública. Este cambio radical en una política de Estado, entró tan fácil como una daga en mantequilla. La crítica de los abogados se ahogó en la gritería de los asuntos públicos, y la molestia dentro de las fuerzas armadas, como siempre, es silenciosa. Potencialmente, le abrieron la puerta al diablo.

Ni el presidente ni los senadores levantamanos, tienen memoria. En 2012, el Gobierno de Guatemala y la ONU crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un órgano independiente que apoyaría las instituciones de procuración y administración de justicia de esa nación centroamericana en la investigación de grupos paramilitares y clandestinos de seguridad. La Comisión estaba encabezada por el venezolano Iván Velásquez, y antes de que el gobierno guatemalteco se diera cuenta, caminó por rutas paralelas y llevó a la investigación de corrupción en el sistema aduanero que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de manejar una organización criminal que cometió fraude de 20 millones de dólares en 2015. El juicio comenzó en marzo pasado.

En agosto de 2014, cuando esa comisión hacía tambalear a las instituciones guatemaltecas, uno de sus arquitectos, Michael Mörth, dijo en una entrevista con la agencia rusa Novosti, que cuando fue concebida, "siempre la entendimos como un modelo que se (podía) expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras".

Esta comisión surgió de la ONU, pero siempre contó con la inspiración jurídica y el apoyo político del gobierno del demócrata Barack Obama en Estados Unidos, y desde entonces se han registrado presiones contra el gobierno mexicano.

Abrirle la puerta López Obrador al Comité contra la Desaparición Forzada, no se va a parar en los miembros de la delincuencia organizada. Se investigará a la Policía Federal y a las fuerzas armadas, pero no sólo del 1o. de diciembre de 2018 hacia atrás, como debe pensar el presidente, sino que se extenderá a la actualidad. En lo que va de su administración no han cesado los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales por parte de autoridades, como probablemente tampoco las desapariciones. Por estar anclado ciegamente en el pasado, López Obrador no ve el presente y menos aún vislumbra al futuro.

Desde varios años, la preocupación en Estados Unidos ha sido el respeto al Estado de Derecho, la certidumbre jurídica y la lucha contra la impunidad, que si bien eran puntos muy flacos en el gobierno de Peña Nieto, se han extendido en el de López Obrador. La aplicación del Estado de Derecho es selectiva -con una Suprema Corte cada vez más complaciente con el ejecutivo- no hay certidumbre jurídica -se ve todos los días- en las mañaneras, ni hay lucha contra la impunidad, porque la cruzada contra la corrupción, enmarcada en la narrativa y las vendettas políticas, no significa elevar las barreras y los costos jurídicos para reducir la impunidad.

Que un organismo internacional venga a México para realizar las funciones que ni la Fiscalía General, ni las áreas de derechos humanos dentro del gobierno, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni el poder judicial ha podido hacer y están rebasados, como admitió la Presidencia, puede parecer una gran iniciativa de López Obrador, pero es la claudicación del Estado en la administración y procuración de justicia. Es el 1er. paso para que haya un tribunal extraterritorial que juzgará a los criminales, a las fuerzas federales de seguridad y a funcionarios del gobierno, del pasado y del presente. No son diferentes los de antes y los de ahora, como cree López Obrador. Son iguales y de esa manera serán juzgados eventualmente y sentenciados. Ahí está Pérez Molina como ejemplo.

En la escenografía de las mesas de recepción de firmas para promover que los ex presidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto "vayan a la cárcel" (sic), sobresalían 2 elementos: en 1er. plano, las fotografías de los interfectos, perfectamente identificables... aunque con los ojos (pudorosa ¿o perversamente?) cubiertos con un especie de antifaz, como se estila en la prensa cuando se trata de personas cuyos procesos judiciales apenas comienzan; como telón de fondo, líneas horizontales similares a las que se señalan la estatura en las fotografías de frente y de perfil en las fichas signalécticas de los procesados.

(En efecto: a quienes crecieron en la cultura de los "comics" solo les faltaron las camisas de rayas horizontales, blancas y negras, para recordarles las historietas de "Los Chicos Malos" obsesionados en saquear la caja de caudales de Rico McPato).

Se trata del 2o. capítulo de la farsa que comenzó con la ocurrencia de que los ex presidentes -todos, pero en especial los 3 citados líneas arriba- "sean investigados y eventualmente procesados por presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país".

Ocurrencia, valga el subrayado, porque el Código Penal establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un delito, debe denunciarlo al Ministerio Público; y si no lo hiciere, "será acreedor a las sanciones correspondientes".

Que el autor de la ocurrencia que va tomando forma sea impermeable a las opiniones de sus críticos (sus "adversarios", supuestamente), no debería impedirle solicitar la asesoría o pedir el consejo de sus aliados; por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; ella, como jurista, catedrática universitaria y antigua ministra de la Suprema Corte de Justicia (desde enero de 1995 hasta noviembre de 2015), debe suponer que, una vez que la promoción en curso se formalice, lo más probable es que la Corte le dé "palo".

No puede ser de otra manera, porque, como ya se apuntó, cualquier ciudadano que tenga indicios de que se cometió un delito, está obligado a denunciarlo; así, la aplicación de la ley, la investigación de un posible delito y el proceso a un posible delincuente, no dependen de ninguna consulta pública.

Y, además, en todo caso, ¿por qué solo se apunta a los ex presidentes...? ¿No tendría que hacerse extensiva a decenas de ex gobernadores, cientos de ex presidentes municipales y miles de ex funcionarios públicos que hubieran utilizado los cargos que desempeñaron, ilícitamente, para su personal beneficio...?

Fue la clásica "bola de nieve": a raíz del "Caso Lozoya" y sus denuncias a funcionarios de administraciones anteriores por presuntos casos de corrupción, en una de las consabidas "mañaneras" se sugirió que algunos ex presidentes pudieran ser enjuiciados; de ahí se pasó a la posibilidad de realizar una "consulta", para que los ciudadanos decidan lo conducente, y de ahí a las inquietudes que ya han recogido algunos "representantes populares", para que el congreso tome formalmente la iniciativa de promover dicha consulta.

Si la iniciativa prospera y la consulta se realiza -simultáneamente con las elecciones intermedias del año próximo-, los ciudadanos deberían responder a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo en que se investigue y, en su caso, se promueva proceso judicial contra los expresidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) que fungieron de 1988 a 2018?".

Considerando que, según todos los indicios disponibles, el consenso mayoritario con respecto a los expresidentes es reprobatorio, porque ninguno ha cumplido sus seductoras promesas de campaña y el sentir generalizado ha sido de que todos se han enriquecido a costillas del pueblo, lo más probable sería que, como en el consabido pasaje evangélico, la turba irrumpiera el imperativo "¡Crucificadles...!".

El prestigioso jurista José Barragán Barragán, en un texto sobre delitos de los servidores públicos, difundido en la Enciclopedia Jurídica Online, señala que "El artículo 109 reformado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, establece que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal, en la cual efectivamente se han previsto (en el) Código Penal del Distrito Federal, 11 tipos diferentes: ejercicio indebido del servicio público (artículo 214); abuso de autoridad (artículo 215); coalición de servidores públicos (artículo 216); uso indebido de atribuciones y facultades (artículo 217); concusión (artículo 218); intimidación (artículo 219); ejercicio abusivo de funciones (artículo 220); tráfico de influencia (artículo 221); cohecho (artículo 222); peculado (artículo 223); y enriquecimiento ilícito (artículo 224). Todos estos tipos versan sobre la idea del uso indebido del cargo o función pública que se desempeña y sobre el uso indebido de los recursos económicos de la federación".

Ahora bien: cualquier servidor público (incluidos los ex presidentes) puede ser acusado, mediante indicios de prueba, por cualquier ciudadano, sin necesidad de consulta pública.

Moraleja de la historia: "¿Para qué echar tanto brinco, estando el suelo tan parejo...?".

López Obrador, y lo ha dicho explícitamente, tiene una visión en la que separa claramente la justicia de la ley. Su visión es que hay que buscar la justicia.

Supone que hay leyes justas e injustas, y no siente la obligación de cumplir las que son injustas.

La justificación que dio a la recepción de aportaciones en efectivo a su movimiento, que probablemente violaron la ley, se sustenta en lo mismo. La ley es un formalismo que se puede o no cumplir porque el bien superior, la justicia, es lo que importa.

Y esa visión ha causado muchos problemas en el país.

Este martes se reportó el linchamiento de una persona en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el linchamiento se registró la noche de este lunes cuando un sujeto robaba por la zona y fue ejecutado por más de 15 personas supuestamente a golpes y machetazos.

La Policía de Tlajomulco informó que recibió un reporte al 911 y acudió la unidad sobre la calle Sierra Colorada al cruce de la calle Sierra Colorada Norte, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en donde reportaron un masculino lesionado por arma blanca.

Al arribo de los Oficiales localizaron en la calle al masculino sin signos vitales, de 35 años aproximadamente, con vestimenta color negro, tenis negros, tez morena, barba, con lesiones en su economía corporal.

Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco corroboran el deceso, a causa de la lesión con arma cortante de la región occipital al rostro, de 20 centímetros aproximadamente.

El tiempo en que Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto eran -por así decirlo- intocables, ya pasó. Y no precisamente porque, por obra y gracia de la cacareada "Cuarta Transformación", ahora sí puedan perseguirse, implacablemente, conductas delictivas otrora inimputables, sino porque, para salvaguardarlos de interferencias eventualmente perversas, mal intencionadas, los presidentes no pueden ser sometidos a proceso por asuntos de carácter civil... mientras estén en ejercicio de su encargo. Desde el momento en que perdieron esa potestad y volvieron a ser ciudadanos de a pie, los señores Salinas, Calderón y Peña -como un Pérez, un González, un Zedillo o un Fox cualquiera- perfectamente pueden ser denunciados y procesados por los delitos que hubieren cometido, si los mismos no han prescrito.

La posibilidad de que los 3 ex presidentes citados en las primeras líneas pudieran ser sometidos a juicio por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción, surgió la semana pasada, a raíz de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que los involucra en las turbias maniobras que supuestamente compraron voluntades para fraguar la llamada Reforma Energética que sirvió de marco a una serie de operaciones que facilitaron contratos al margen de la ley, y representaron graves quebrantos financieros para la empresa paraestatal y espectaculares beneficios económicos tanto para quienes propiciaron tales maniobras como para quienes participaron directa o tangencialmente en ellas. Sobornos, "mordidas" o como quiera llamárseles, si puede probarse que tales conductas estaban tipificadas como delictivas en las leyes entonces vigentes, se supone que la Procuraduría General de la República no tiene margen de maniobra. Al aparato encargado de hacer cumplir la ley y sancionar a quienes la quebrantan, solo le queda un camino: actuar. Punto.

Si, como se ha planteado, se convoca a una consulta para que el pueblo decida "si los ex presidentes mencionados deben ser llevados a juicio por casos de corrupción", la respuesta no cabe en un monosílabo. La respuesta seria tendría que ser: "Depende...". Y de haber, en efecto, indicios de que cualquiera de ellos le torció el cuello al cisne de la ley que solemnemente protestó "cumplir y hacer cumplir" al asumir su encargo, no hay, en absoluto, necesidad de someter el asunto al dictamen de la opinión pública...

(Claro: salvo que aquello de "Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie", no pase de ser retórica químicamente pura).

En Jalisco se abrió también una temporada local con el video que denuncia actos de corrupción en el poder judicial.

Desde la noche del jueves pasado empezó a circular en cuentas de WhatsApp y redes sociales un video en el que, visiblemente alterado y nervioso, en ropa de playa, Mariano Gil Mejía, quien fungió como secretario relator de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia desde que asumió la titularidad Ricardo Suro Esteves en 2017 (hasta el mes pasado que ya no se le renovó contrato por incurrir en faltas de asistencia injustificadas), denunció que se le involucraba injustamente en un caso de violación y habló de entregas de dinero entre abogados y funcionarios del poder judicial, incluido el presidente.

Involucra en sus señalamientos al consejero de la Judicatura, Pedro de Alba, al ex fiscal central Fausto Mancilla Martínez y al magistrado Antonio Fierros. Vincula además a los litigantes Juan Soltero Meza y a Luis Chávez, que estuvieron enfrentados jurídicamente porque defendían a partes distintas en el conflicto de la familia Verdín por el control de la empresa Sulfatos El Águila.

Esa misma noche, el presidente del STJ escribió en un par de tuits: "Circula en redes sociales un video en el que se me menciona y se me pretende vincular en algo indebido. Niego y rechazo de forma categórica lo que ahí se intenta aludir respecto a mi persona". "Quien protagoniza el video fue trabajador del #PJEJ y nunca fungió como mi secretario particular. Lo conocí y aprecié, pero hoy me doy cuenta que sus problemas personales lo rebasaron, lo lamento".

Desde luego este deslinde de Suro Esteves vía sus redes sociales no basta para que el caso quede simplemente en el anecdotario político.

La gravedad de los señalamientos que hace el ex funcionario del poder judicial obliga a que la Fiscalía Anticorrupción abra un expediente al respeto y cite a declarar a Gil Mejía para que abunde en la supuesta trama de corrupción que aseguró en el video existe en el Supremo Tribunal de Justicia.

Aunque repita lo difundido en su cuenta de Twitter, el magistrado presidente también debe comparecer para que sus afirmaciones queden en actuaciones, al igual que el resto de los mencionados que han rechazado hacer declaraciones al respecto.

La 1a. pregunta para Gil Mejía debe ser quién o quiénes lo convencieron o presionaron para que grabara el video y lo ayudaron a realizarlo y difundirlo. Saberlo podría dar luz de las verdaderas motivaciones de estos señalamientos que hablan nuevamente de las pugnas internas de un poder judicial que, como dijimos aquí la semana pasada, no se limpiará con el simple cambio de jueces. El presidente del STJ debe ser el principal interesado en que el caso se aclare cuanto antes, para iniciar el proceso de su sucesión sin sobresaltos.

Desde hace décadas, pero particularmente desde la gestión de José López Portillo (1976-1982), los niveles de corrupción en el gobierno, todos sus órdenes y en todos sus estratos, han ido en constante aumento. Quizá algunos altibajos por aquí y por allá, tal vez intentos de emprender una "renovación moral", pero nada contundente que parara la red de corrupción (tráfico de influencias, privilegios, peculado, lavado de dinero) en este país, todo alimentado muy convenientemente por nuestros impuestos y negocios poco claros, sin duda alguna ilícitos, definitivamente, sumidos en la más oscura impunidad.

Desde entonces, cada sexenio se ha perseguido a uno que otro servidor público corrupto, muchos chivos expiatorios, algunos "actores" de teatros bien montados, pero nunca, nunca, se ha hecho nada para arrancar de raíz la corrupción que nos afecta a todos y es un lastre que urge erradicar porque ha impedido que como país salgamos adelante mientras se profundiza la desigualdad.

¿Cuántos años? ¿50? ¿80? Sobre bases que dejaron los fundadores del PRI, el fino entramado de corrupción en México se fue tejiendo con paciencia y, de verdad, niveles de maestría, con una solidez y una fuerza que hasta el día de hoy no ha sido posible destruir.

Los gobiernos panistas de Fox y Calderón sólo se sumaron y operaron para llevarse una tajada del gran botín de la administración pública federal. El servicio civil de carrera fue pervertido, como tantas cosas en las que intervinieron, con el propósito de inocular el aparato gubernamental y abrir la puerta a gente leal pero no necesariamente eficiente ni mucho menos honesta. Como lo hizo el PRI por tantos años sin el servicio civil. Como en todo, hay excepciones, pero son eso, excepciones.

Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde la campaña a combatir la corrupción hasta erradicarla, pero, la verdad, no alcanzará un sexenio para lograrlo. El entramado es fuerte, cimentado en roca dura y difícil de remover y destruir, pero se tenía que empezar por algún lado y en algún momento, y creo que eso se está haciendo para satisfacción, debería ser, de todos los mexicanos.

Las inercias y las resistencias internas, sin embargo, los boicots que se hacen desde los intestinos de la administración pública federal, son frecuentes y obstaculizan los procesos; y también están las tentaciones. Nadie está exento de caer ante la ganancia fácil, aunque sea ilegal u oscura o implique el pago de algún favor.

A raíz de las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, los mexicanos podemos darnos una idea, quizá ni siquiera cercana, a la inmensidad de la cloaca que se está destapando. Sabemos que presuntamente podría abarcar hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por lo menos, como expresidente o como personaje con una gran influencia en la política mexicana y probablemente beneficiario de las generaciones posteriores a él en el "servicio público".

Está bien si todos estos adelantos simplemente son la noticia de lo que viene, de que se hará justicia y de que se llegará a las últimas consecuencias; está bien, si podemos tener la certeza de que pagará quien tenga que pagar con los tiempos y los montos acordes al tamaño del desfalco, fraude, soborno, daño al erario, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y de lo que sea que se les esté imputando; pero no está bien si se queda en espectáculo mediático y de redes sociales para el uso como bandera o precampaña de unos y de otros; y tampoco está ni estará bien, si se mide con distintas varas. Sin perder de vista los niveles, la gravedad, los personajes, el daño al erario, todo lo que implique actos de corrupción o los presuma, debe ser investigado. De una vez. Si se trata de ir a fondo, no puede quedar nadie ajeno porque fue poquito, o porque fue "aportación" y no soborno. La diferencia estará en la sanción.

Todo lo que se hace fuera de la ley debe ser investigado y, en su caso, perseguido y castigado, tanto lo que revelan los videos que aportó en su proceso Emilio Lozoya, como los videos que implican al hermano del presidente y a David León. No es suficiente reconocerlo, como en todo, es preciso también que se llegue a las últimas consecuencias. No debe haber excepciones de ningún tipo. Y así tiene que ser, más allá del trasfondo electoral que siempre se vislumbra en estos casos. Por supuesto, la ocasión obliga a revisar los esquemas de financiamiento.

Ya se informó también que algunas agrupaciones, como la de Felipe Calderón, que aspira a conseguir el registro como partido político, pudo haber recibido financiamiento ilegal: que se investigue y se resuelva.

De una vez que se destape todo, todas las cloacas, de todos los colores; que se sepan nombres y cantidades; que se comprueben todos los presuntos delitos, que se finquen cargos y se dicten sentencias. Que se haga justicia y que nadie, pero nadie, de los que justamente hayan sido encontrados culpables, se salve.

Aunque son frecuentes los escándalos por las actuaciones de jueces, principalmente por no vincular a proceso a criminales, la mayor parte de las sanciones queda en amonestaciones, extrañamientos y suspensiones temporales.

Entre 1993 y 2020 han sido castigados 340 juzgadores en Jalisco, pero sólo 15 fueron destituidos del cargo en pasadas administraciones del Consejo de la Judicatura del Estado.

El último caso polémico se atribuye al juez de Puerto Vallarta, Jorge Solís Arana, quien no vinculó a proceso a un funcionario de ese municipio que abusó sexualmente de una menor de edad. Ya fue separado del puesto.

En la mayoría de los casos los jueces sancionados recurren al amparo y terminan siendo reinstalados por las fallas en los procesos.

Tras recibir 2 denuncias por parte del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación para revisar el actuar del juez de Puerto Vallarta, Jorge Solís Arana. "Un par de días antes recibimos una vista por parte de la Visitaduría (de la Fiscalía estatal); es decir, el agente del Ministerio Público nos envió una copia de la carpeta de investigación de origen, sobre el abuso sexual infantil de donde nace todo esto (por parte de un funcionario de Vallarta)... y sí, nos dice que el juez no vinculó (a proceso)", informó el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz.

Se precisó que, debido a que las denuncias no llegaron acompañadas de las actuaciones o los motivos por los cuales el Consejo consideró que el actuar del juez fue indebido, para valorar cómo se condujo y qué resolvió, el 1er. paso será recabar las actuaciones completas, tanto de la carpeta de investigación como de la carpeta administrativa, donde están los audios y videos de las audiencias.

El pasado 17 de agosto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se congelaron las cuentas bancarias de Luis Alonso "N", director de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, acusado de corrupción de menores, y del juez Jorge Solís Arana, quien no lo vinculó a proceso.

El funcionario federal destacó que se actuó de esta manera como parte del compromiso que tiene para combatir la trata de personas. "No podemos permitir la violencia contra las niñas y los niños".

En diciembre pasado, este medio informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tenía 249 carpetas de investigación contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

De éstos, los jueces concentraban el mayor número de expedientes (con 154), seguido por los secretarios (43) y los magistrados (16). El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, asegura que se han logrado vincular a proceso a secretarios del poder judicial.

En febrero de 2004, la sanción emitida por el Consejo de la Judicatura contra José de Jesús Sánchez, juez de Cihuatlán, cambió de cese definitivo a suspensión sin goce de sueldo por 4 meses. En 2003 había promovido un amparo contra el Consejo General del Poder Judicial.

Rosalinda Hernández Arias, directora de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura de Jalisco, reconoce que 8 de cada 10 servidores públicos sancionados recurren al amparo. "Son muy pocos los que no recurren (tras ser sancionados por anomalías), aunque sí hemos registrado sentencias firmes. Se van al amparo, pero una vez que se substancia... si les conceden el amparo por alguna situación (porque faltó alguna fundamentación o algún detalle), cumplimentamos y nos tienen por cumplido y se mantiene firme nuestra sentencia".

Entre 2017 y 2020, la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades ya emitió 118 sanciones, de las cuales, 18 han sido contra jueces. Ninguna ha sido destitución del cargo, sólo suspensiones por no más de 3 meses, amonestaciones públicas y extrañamientos.

Este medio informó en marzo del año pasado que, desde 2017 y hasta los primeros meses de 2019, 29 jueces del Poder Judicial de Jalisco habían recibido sanciones como un extrañamiento, una suspensión o la destitución. Todos recurrieron al amparo.

En febrero de 2019, los jueces Roberto Ramos, Sergio Peña y José Luis Álvarez Pulido recibieron una sanción, pero ésta consistió sólo en separarlos de su cargo, por lo que un mes después fueron reinstalados.

Hernández Arias acentúa que hay sanciones que pueden salir en 2 o 3 meses, pero hay otras que pueden tardar más de un año por la presentación de los amparos.

"Precisamente porque cada una de esas etapas puede ser recurrida por alguna de las personas que participan en ésta, y entonces tienen a su alcance los medios de impugnación... ellos pueden recurrir a esas determinaciones".

Una vez que su área emite la sanción, el servidor público todavía puede irse al amparo o presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Aunque asegura que desde hace un año no le han revocado alguna sentencia.

"De las anteriores que no fueron resueltas por tu servidora, sí hemos tenido algunas modificaciones, pero no son tantas. A lo mejor la mitad sí puede ser revocada".

Entre 2019 y 2020, el Consejo de la Judicatura sólo remitió un caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave, cometida por un juez menor, informa la directora de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades.

Recuerda que su área sólo puede emitir sanciones por procedimientos administrativos relacionados con faltas no graves.

El órgano investigador del Consejo de la Judicatura se encarga de determinar si se trata de un asunto grave. "Una vez que nos mandan el caso a nosotros, el procedimiento ya viene con la calificación y dice: es una falta grave del servidor público. Lo recibo, emplazo al servidor público y una vez que desahogo una audiencia lo mando al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras éste es el que debe resolver las faltas graves".

Las faltas graves están relacionadas con delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones y actuación bajo conflicto de interés, entre otros.

Aclara que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene otros 5 procedimientos que fueron remitidos por el consejo por recursos de reclamación presentados contra los procedimientos. Corresponden a 4 jueces y un secretario, los cuales se encuentran en las distintas salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa.

Puntualiza que han enviado 4 oficios a las salas para que les informen por qué no les han respondido. "Probablemente ellos estén en algún impedimento... a lo mejor contra su resolución presentaron algún amparo o pasó algo. Pero ya deberían de avisarme".

La semana pasada firmó otros oficios que serán presentando en las salas del Tribunal de Justicia Administrativa, con la misma petición. Si ya se concluyeron deben regresar a la Judicatura para emitir una resolución.

A más de 2 años y medio de la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción, en Jalisco ningún juez ha sido vinculado a proceso, reconoce el fiscal Gerardo de la Cruz.

En ese periodo se han presentado 70 denuncias contra integrantes del poder judicial, de las cuales, 10% fueron judicializadas. "Se han presentado acusaciones en contra de 5 jueces, pero no hemos logrado vincular a ninguno".

En febrero pasado se esperaba que el juez 8o. de Control en Materia Penal, Sergio Salvador Peña Sánchez, se convirtiera en el 1er. juzgador en ser vinculado a proceso. Éste fue señalado por los ejidatarios de El Zapote por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de la justicia por el presunto despojo de terrenos del Aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, Juan José Rodríguez Velarde, juez 2o. de Control en Materia Penal, lo exoneró. En su momento, se informó que también sería denunciado por corrupción.

A mediados del año pasado, el fiscal reconoció lo complicado que resulta que los jueces lleven a juicio a uno de sus pares. "No creo que sea sencillo que un juzgador sea el 1o. que vincule a un compañero, pero eso pasará en algún momento".

Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, declara que la Fiscalía "va muy lenta" en estos procesos, "pero no tiene que ver con las capacidades de investigación de la Fiscalía, sino por el tema del fuero".

Coincide en que los mismos jueces pueden frenar los procesos. "Ahí nos vemos a lo mejor con un impedimento que, finalmente en el ámbito de los jueces, todos se conocen. A lo mejor no todos son amigos, pero sí se conocen y, previendo que les pudiera suceder a ellos, seguramente van a tomar sus reservas con respecto a las posibles sanciones".

Los jueces de Jalisco no sólo gozan del fuero para evitar ser sometidos a los procesos penales, sino que también libran las investigaciones internas iniciadas por el Consejo de la Judicatura del Estado, ante las quejas recibidas por sus malas actuaciones.

Entre enero de 1993 y junio de 2020, se han sancionado a 666 servidores públicos de la Judicatura, de los cuales 340 son jueces. En gran medida son extrañamientos, amonestaciones y suspensiones que van desde los 3 días hasta los 3 meses, por lo que la mayoría son reinstalados. En esas más de 2 décadas, sólo 15 jueces han sido destituidos del cargo, pero desde 2017, ningún juzgador ha sido cesado.

El juez de Puerto Vallarta, Jorge Solís Arana, quien decidió no vincular a proceso a un servidor público detenido por abuso sexual infantil, podría convertirse en el 1er. juez destituido en los últimos 4 años. El pasado 16 de agosto sólo fue separado de su cargo sin goce de sueldo.

Rosalinda Hernández Arias, directora de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades de la Judicatura, declara que no puede dar mucha información "porque está substanciándose el caso y se están realizando las investigaciones".

Aunque son de los servidores públicos más denunciados, en Jalisco tampoco se han sentenciado a juzgadores por corrupción. El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, precisa que se han presentado 70 denuncias contra integrantes del Poder Judicial del Estado, pero sólo 10% de las carpetas de investigación fueron judicializadas. "Se han presentado acusaciones contra cinco jueces, pero no hemos logrado vincular a proceso a ninguno".

La entidad se ubica también en los primeros lugares con mayor número de cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde el año pasado, esta instancia anunció el congelamiento de cuentas de magistrados locales y federales.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se mantiene sin un órgano interno de control para investigar el actuar de los magistrados, los auxiliares, los notificadores, los actuarios y los secretarios relatores, entre otros.

En septiembre pasado, este medio informó que, entre enero de 2013 y hasta el 1er. semestre de 2019, el Supremo Tribunal había recibido 15 quejas contra sus magistrados; sin embargo, ninguna terminó en sanción.

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por el Poder Judicial del Estado, en todas se informaba que fueron presentadas por "cuestiones jurisdiccionales", pero no se brindaban más detalles y se reportaban como concluidas por parte de la autoridad.

La presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Lucía Almaraz, recuerda que todos los entes públicos deben contar con estas áreas para prevenir los actos y las omisiones que pudieran constituir faltas administrativas.

Debido a que es el único poder que no cuenta con este organismo, aunque el Consejo de la Judicatura sí lo tiene, Lucía Almaraz informa que en la penúltima sesión del Comité se aprobó realizar una propuesta al titular del Supremo Tribunal del Estado, Ricardo Suro, para que ya opere esta figura.

"Porque de otra forma, pues los magistrados no pueden ser vigilados ni observados ni sancionados. Es el único poder que no cuenta con este organismo".

Se le propuso que, para no crear mayor burocracia y aumentar el presupuesto, el Centro de Control y Confianza del Supremo Tribunal sea el que se encargue de estos procesos.

"Pero como éste todavía no se ha instalado, traen un retraso en ese tema. Tendríamos que estar urgiendo a que se instalara esa comisión para que empiece fungir".

La propuesta ya se entregó de manera formal. "Ahora falta impulsar que este comité de control de evaluación y confianza opere en Jalisco. Sí hay una resistencia de este poder judicial para ser observado; es decir, no es que esté recibiendo con alegría tener un órgano interno de control. No hay nadie que los vigile, los observe ni los sancione".

La Fiscalía General de la República se deslindó de inmediato de la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya. "La copia... que está circulando en los medios de comunicación -dijo- no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución".

El deslinde es necesario, ya que difundir una denuncia en proceso es un delito. De por sí la FGR estaba en un brete ante la filtración primero, y difusión abierta por el presidente después, de un video que presuntamente sería una prueba en la denuncia de Lozoya. Por eso la Fiscalía añadió a su deslinde una petición muy controvertida: "Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío". Quizá tendrían que preguntarle a López Obrador.

Filtrar pruebas y denuncias es la forma más fácil de asegurar la impunidad de criminales o corruptos puesto que constituye una violación de la presunción de inocencia y del debido proceso. Si el presidente quisiera realmente combatir la corrupción, sería el principal interesado en impulsar procesos jurídicamente impecables. Pero no. Él mismo, molesto porque a su parecer los medios no le dieron suficiente difusión al video, lo exhibió en su mañanera y convirtió la filtración en un acto de gobierno. También dijo que todo el mundo debería leer la denuncia filtrada. La indignación de la FGR palidece ante esta invitación del presidente.

¿Quién filtró? El documento en principio lo tenían solo Lozoya (con sus abogados) y la FGR. Tanto el exdirector de Pemex como la Fiscalía han dicho que ellos no fueron, aunque no tenemos forma de verificarlo. La FGR está impedida legalmente de entregar información o pruebas de una denuncia al presidente o a cualquier otro funcionario, pero tampoco sabemos si no lo hizo. Ciertamente el presidente López Obrador y su partido, Morena, son los beneficiarios políticos de las filtraciones, porque virtualmente todos los señalados son sus adversarios. Y no hay duda de que el mandatario las ha difundido y promovido.

López Obrador afirmaba en una entrevista con Jorge Ramos de Univisión el 14 de mayo de 2017 que Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto habían tenido conocimiento de los videos de actos de corrupción de René Bejarano y Eva Cadena antes de que fueran filtrados para dañar su imagen política. La pregunta hoy es si Andrés Manuel conocía los videos y la denuncia antes de su filtración.

El que López Obrador haya exhibido el video en su mañanera, y haya invitado a leer la denuncia, sugiere que le interesa más aprovechar el efecto político que combatir la corrupción o acabar con la impunidad. Le tienen sin cuidado los "efectos corruptores" de las filtraciones, para usar el término de la Suprema Corte al liberar a Florence Cassez por su exhibición en un video. Se entiende: los caminos de la justicia son largos e inciertos, como lo demuestra el que René Bejarano haya sido al final exonerado, en parte porque los videos no se podían usar como prueba. En política, sin embargo, las impresiones pesan mucho; y cuando lo que importa es ganar votos, una imagen vale más que mil palabras en una sentencia.

Este enfoque, sin embargo, es triste. López Obrador alcanzó la Presidencia con la promesa de acabar con la corrupción. Para lograrlo es importante eliminar la impunidad. Pero esto es imposible cuando el propio presidente anula las pruebas en los procesos contra los corruptos.

La Fiscalía General, atrapada en el desaseo legal, va a investigar quién filtró la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el miércoles por la tarde. La secrecía explotó un documento para el conocimiento único de la autoridad, la defensa del inculpado y eventualmente de los imputados, convirtiéndose en material público al alcance del que quisiera. La filtración lo exhibió, pero sobre todo, afectó el debido proceso y viola la presunción de inocencia. La buena, es que una gran pista está más cerca de lo que parece. Está en Palacio Nacional y las pruebas las encontrará en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1er. filtrador de la nación.

El presidente siempre dice que su pecho no es una bodega y es cierto. No miente, aunque suele confundir lo que tiene que ser mantenido bajo el sigilo profesional, y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley pero en beneficio -lo que es relativo- de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidió al fiscal que actúe con apego de la ley, cuando sistemáticamente hace lo contrario.

López Obrador lleva toda la semana, de lunes a jueves, animando a todos, incluido a Gertz Manero, a que violen la ley y que difunda lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró lo que leyó en periódicos y vio y escuchó en la televisión y la radio -porque dijo que no terminó de leer la denuncia- como algo "muy grave, muy escandalosa".

Esta parcialidad sobre una investigación en curso y un juicio que apenas comienza borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que sólo le importe esto último y que la ley sea irrelevante para sus fines. Pero cuidado. En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso por parte de un funcionario, se viola el Artículo 225 del Código Penal Federal, en cuyo inciso XXVIII prohíbe "dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales".

Ese es nuestro presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. En el caso de Lozoya, ha dejado constancia de haber adelantado procedimientos legales, a partir del conocimiento que tenía -no se explican de otra forma sus afirmaciones- del expediente en manos de la Fiscalía General, que no deja de decir que es autónoma, aunque cada vez queda más de manifiesto que la línea de independencia de Gertz Manero, se estira y achica en función de los intereses de Palacio Nacional.

Un botón de muestra: en la mañanera del 12 de agosto le preguntaron sobre las informaciones periodísticas que daban cuenta de la imputación de Lozoya del ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. López Obrador afirmó que, de acuerdo con las imputaciones de Lozoya, tendrían que declarar los 2, además del ex presidente Felipe Calderón, que también había sido señalado por el ex director de Pemex. Hasta ese momento nadie sabía que Calderón había sido imputado por Lozoya, puesto que la primera referencia de ello se publicó en este espacio el lunes pasado, lo que fue confirmado hasta el miércoles.

Esa es una filtración importante al venir del presidente y ensució el caso más importante que sobre corrupción tiene el gobierno de López Obrador. Pasó desapercibida la violación presidencial de la ley, por la polarización que genera el presidente, y la convicción de muchos de que más importante que la justicia -aunque el discurso sea distinto- lo esencial es la denuncia para lograr la inhibición moral.

La moral, sin embargo, no resuelve la corrupción ni su factor determinante, la impunidad, pero la forma como el presidente está manejando las cosas, con un énfasis en la política, el escarnio y la sanción pública, la impunidad no borrará la corrupción. Peor aún es que acabe López Obrador con un sistema corrupto, lo que sería muy bueno, para instalar otro sistema corrupto, lo que sería muy lamentable.

La investigación de la Fiscalía General de la filtración de la denuncia de Lozoya, no es la única donde se está tratando de determinar su origen. El gobierno está investigando las filtraciones del gabinete de seguridad que han encontraron exposición pública en una columna de Héctor de Mauleón, de Raúl Rodríguez, de Salvador García Soto y en 2 más de quien esto escribe. Hay otras filtraciones internas que se están investigando sobre asuntos intragabinete, pero el perfil de la filtración de la denuncia de Lozoya está en el contexto de la investigación sobre de dónde obtuvieron su información los columnistas.

Lo que estamos observando con estos casos es un absoluto caos en el manejo de la información confidencial del gobierno y las contradicciones y choques dentro de Palacio Nacional, donde dirimen asuntos de seguridad nacional en la prensa. En el caso de Lozoya, las filtraciones son más graves, porque se supone hay una lucha contra la corrupción, y lo que se pone en riesgo es la legalidad y la legitimidad judicial del mismo, agravado por el hecho que el 1er. incitador y violador de la secrecía de las investigaciones es el Presidente de la República.

Gertz Manero tendrá que investigar el origen de las filtraciones, pero 1o. debería persuadir a López Obrador que si su pecho no es una bodega, ello no significa que por sus creencias y desconocimiento violente sistemáticamente la ley y afecte los objetivos de una procuración y administración de justicia imparcial. Eso es a lo que todos debemos aspirar, aun cuando se enoje el presidente.

Que los dichos de Emilio Lozoya sean creíbles, no necesariamente significa que sean ciertos. La Fiscalía General de la República ya dio entrada a la denuncia cuyo contenido (63 páginas) se difundió el martes y ha sido inagotable tema de especulaciones y comentarios desde entonces. Lo que sigue es que el denunciante aporte documentos o testimonios para probar sus dichos, y que las personas incriminadas en la acusación -y que tienen a su favor, a priori, la presunción de inocencia-, comparezcan y esgriman los argumentos que a su defensa correspondan, para que, finalmente, los jueces emitan la sentencia. Entonces, y solo entonces, podrá hablarse de inocentes o culpables.

En lo que se llega a ese punto, Lozoya está desempeñando un papel patético, verdaderamente lamentable. Lo suyo, en términos objetivos, es una delación (acción de revelar a la autoridad un delito, señalando a su autor). Con una salvedad: que el delator actúa voluntariamente, por convicción, por congruencia moral, por integridad ética, o porque sabe que la ley establece que quien tiene conocimiento de un delito, está obligado a denunciarlo.

Hasta donde se sabe, no es el caso. Lozoya, desvinculado de la vida pública, fue acusado de participar en un esquema de corrupción como director de Pemex en la administración anterior. Localizado por la Interpol en España, negoció con las autoridades, según se infiere, acogerse al "criterio de oportunidad" para señalar a otros funcionarios que se beneficiaron en ese esquema, a cambio de no ser encarcelado. Por más que él se diga "presionado, coaccionado e instrumentalizado" para participar, todo indica que, aun sabiendo que se trataba de algo ilícito, no solo no lo denunció en su momento, sino que se benefició y supuestamente benefició a sus familiares (madre, esposa, hermana...) con esa conducta.

Lozoya, pues, más que como un delator honesto, se ha comportado como un soplón; como un chivato, como se denomina en el caló de la delincuencia a quien traiciona a sus cómplices, no como indicio de su inocencia sino para conseguir, a la manera de los "testigos protegidos" que contemplan otras legislaciones -la norteamericana, por ejemplo-, un trato preferencial por parte de las autoridades.

El caso es un "chayote caliente" que involucra demasiados intereses y demasiados personajes, con el que tendrán que hacer malabares las autoridades judiciales durante un buen rato...

Algo puede anticiparse: si el combate a la corrupción va en serio y todos los corruptos acabarán en la cárcel, en este bendito país van a faltar cárceles.

Puerto Vallarta es uno de los 11 destinos mexicanos del país que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) ubicó, desde 2014, como "de alta incidencia de trata de personas", a la par de otros puntos costeros como Los Cabos, Baja California Sur y Acapulco, Guerrero.

Pese a ello, la localidad jalisciense está entre las que registra menos investigaciones por ese delito. En los últimos 5 años cuenta con sólo 2 carpetas de investigación. Sólo Matamoros y Nogales (una investigación en cada una desde 2015) están por debajo, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En contraste, los sitios del país que más indagatorias han iniciado son Tijuana (104 investigaciones), Ciudad Juárez (70) y Cancún (41 carpetas).

Los otros sitios en la lista de la UNODC con mayor incidencia de trata de personas son Mexicali, Nuevo Laredo y Tapachula, aunque el documento también señala, sin especificar municipios, a la Ciudad de México, Veracruz y Tlaxcala.

Las consecuencias de los videos que han sido noticia en los últimos días, eran previsibles. Más aún: se diría que esa era precisamente la intención de filtrarlos a la prensa y propiciar su difusión masiva tanto en los medios electrónicos como en las redes sociales: que de la premisa de que 2 o 3 personas -perfectamente identificadas, por cierto- contaban pacas con gruesas cantidades de dinero, se saltara a la conclusión de que ese dinero fue aportado por una empresa interesada en obtener contratos en forma ilícita, y terminaría en manos de funcionarios públicos -diputados federales, para ser exactos- de los que eran colaboradores, y que realizarían maniobras o tomarían decisiones que propiciarían los perversos propósitos de la susodicha empresa.

Exhibir a los supuestos participantes en una igualmente supuesta red de corrupción, es someterlos a la vindicta pública. Contar dinero es una cosa; repartir un botín, otra muy diferente. Lo 1o. puede ser perfectamente lícito; lo 2o. implica la comisión de un delito. Insinuar, en el caso, esto último, se traduce en un juicio sumario en que la opinión pública ejerce como juez y eventualmente como verdugo. Lo de menos es la falta de pruebas; lo de menos es el derecho de todo acusado a ser oído; lo de menos es la cacareada "presunción de inocencia"... La sentencia del juez, en ese juicio sumario, cabe en el proverbial "mátalos en caliente" o en el igualmente proverbial "jusílenos; después viriguan...".

En efecto: se trata de una forma un tanto sofisticada -incruenta, supuestamente- de linchamiento (por definición, acción de castigar o ejecutar, sin proceso, a un sospechoso o un reo). Se trata de una suerte de venganza pública, vigente en muchos países hasta el siglo XVIII, en que no solo los jueces sino los gobernantes (Poncio Pilato, el ejemplo más célebre de la historia) delegaban en la colectividad la valoración de las conductas punibles y la aplicación de los castigos... incluso en casos en que ni las conductas estaban tipificadas como delitos, ni los castigos estipulados en las leyes.

Es probable (verosímil, pues... a reserva de que se demuestre lo contrario) que detrás de los videos haya delitos, y que sus protagonistas merezcan ser tratados como delincuentes. Lo curioso es que, en el caso, la sentencia -y la ejecución de la misma- no ocurrieron como conclusión... y sí como preámbulo del proceso.

18 de agosto de 2020 es un día para no olvidar y para luchar de ahora en adelante porque lo que se sembró este lunes no florezca. Este fue el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplastó la ley y demostró que el Estado de Derecho le hace lo que el viento a Juárez, que el debido proceso es una sopa de la que no come, y que a quienes deben ser guardianes de la ley, los utiliza, manipula y desecha con desparpajo. El fiscal general independiente al que tanto presume, luce como su apéndice, y el presidente de la Suprema Corte, parece su operador legal por sus silencios injustificables. Habrá quien aplauda el corto plazo de la lucha contra la corrupción, pero el largo plazo corrompe la esencia de nación y mina la certidumbre jurídica de sus ciudadanos.

López Obrador usó el atril presidencial para referirse a un video donde aparecen 2 ex funcionarios del Senado vinculados a panistas, recibiendo dinero en efectivo. No hay nada más ahí. Ni quién llevó el dinero, ni quién lo enviaba, ni qué destino tendrían los recursos. El video se volvió viral en las redes sociales 5 horas después de que López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que diera a conocer el que entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como prueba de corrupción en el gobierno anterior. La sola sugerencia presidencial violenta la Ley, a la que juró defender sobre la Constitución. Lo llamó "asunto de Estado", que es una rara forma de concebirlo al pedir la difusión del video que para que se respete la ley, hay que violarla.

El presidente se dijo sorprendido por la viralización de un video que materializó su sueño, y apretó la marcha. Aunque jurídicamente el video no prueba nada, y probablemente tampoco sirva como una prueba ante un juez, López Obrador dio su propia versión de lo que informaba el video que, por si alguien no lo había visto, reprodujo en la mañanera: "Este video es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos".

¿De dónde sacó el presidente que ese dinero era para comprar la conciencia de legisladores? De su imaginación. "La declaración del señor Lozoya...", agregó. "Parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, los columnistas, intelectuales orgánicos". Con esta afirmación, el presidente vinculó el video, que hasta ese momento no era parte del expediente del ex director de Pemex. Tampoco forma parte de la declaración de Lozoya, y López Obrador carecía de pruebas para afirmar que fue utilizado para los fines corruptores que describió como verdaderos.

López Obrador tejió una narrativa donde vinculó verdades con verosimilitudes que injertó en la cabeza de millones de personas. La única verdad es el video donde se recibe de manera irregular -lo ilegal tendrá que demostrarse-, que incorporó en las verosimilitudes -las acusaciones de Lozoya que falta que pruebe-, y acomodó en el marco mental mexicano que ataca todos con la frase de que todo el pasado, en el universo de los últimos 36 años, fue corrupto. Con esas imputaciones, el presidente violó la presunción de inocencia y generó el llamado "efecto corruptor".

Este "efecto corruptor" lo desarrolló el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la revisión del amparo directo de Florence Cassez en 2011, que se quejó de que la autoridad violó el debido proceso y su presunción de inocencia por no haber tenido la asistencia consular -es ciudadana francesa-, ni haber sido puesta inmediatamente al Ministerio Público, y haber formado parte de un "montaje" o recreación ante la prensa de su detención, en un operativo contra una banda de secuestradores, como fue sentenciada tiempo después por un juez.

En esa memorable tesis, Zaldívar señaló: "Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos hechos ajenos a la realidad, que (afectaron)... el reconocimiento del derecho de la presunción de inocencia por el artículo 20 de la Constitución... un principio general del derecho que (se ha convertido) en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata".

La escenificación que hizo López Obrador ayer con la reproducción del video en Palacio Nacional como anexo a sus acusaciones, aniquiló la presunción de inocencia y el debido proceso, al afirmar que era un acto de corrupción de todo un sistema -no de individuos, en dado caso-, y que las reacciones que había generado eran una aceptación de validez. ¿Reconocimiento de qué? La respuesta se encuentra en el framing, el ángulo o la perspectiva desde la cual se cuenta una información, que empleó, y que vinculó automáticamente Lozoya-corrupción-políticos de oposición-Reforma Energética-compra de votos. "Siempre lo he dicho", remató el presidente. "Es un régimen en el que encontramos en decadencia, con una corrupción generalizada".

En su opinión sobre Cassez, Zaldívar precisó: "Las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas por parte de las autoridades... producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria". El ministro subrayó: "Es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, (hubo) el efecto corruptor al haber subvertido el material probatorio (que) impide determinar la culpabilidad de la quejosa".

Zaldívar dejó abierta la posibilidad de que las ilegalidades de las autoridades hubieran sido de manera no intencionada. En el caso de López Obrador, esa posibilidad no existe. Fue deliberado, con premeditación y dolo, llegando al extremo de pedirle a quien debe aplicar la ley, que la viole. Este 28 de agosto, no lo debemos olvidar.

Enrique Peña Nieto ya mandó decir que si se le cita para comparecer ante un juez, se presentará; Felipe Calderón Hinojosa comentó, muy a la mexicana, que tanto la amenaza de someterlo a juicio como el ínclito autor de la misma, "le hacen los mandados"...

Se trata, en ambos casos, de reacciones a la ocurrencia presidencial -que no iniciativa formal- de que una consulta popular determine si los ex presidentes, a los que ha dedicado reiteradas referencias en sus cotidianas "mañaneras", particularmente cuando la tónica de las mismas ha sido la corrupción que -en tiempos supuestamente ya superados- permeaba al aparato gubernamental en todos sus niveles, deben ser sometidos al escrutinio del aparato judicial, para determinar si incurrieron en delitos como pudieran ser el ejercicio indebido de sus funciones, la malversación de fondos públicos que pasaron por sus manos, o el enriquecimiento ilícito, en cualquiera de sus múltiples variantes, y aplicar, llegado el caso, las sanciones correspondientes.

Puesto que la experiencia mexicana en materia de mecanismos de consulta -como el plebiscito y el referéndum que en otros países se aplican cuando se estima pertinente (el muy reciente caso del "Brexit" en que Gran Bretaña se separó de la Unión Europea por decisión mayoritaria de los ciudadanos)- es prácticamente nula, se comprende la división de opiniones que la propuesta presidencial generó entre los legisladores en ejercicio. "Consultas" ha habido, ciertamente (sobre la cancelación de las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, por ejemplo), cuestionadas por su pertinencia técnica y su validez jurídica... aunque sus resultados están en marcha.

La reciente difusión de "videos" en que el manejo de paquetes con grandes sumas de dinero se asocia a actos de corrupción, generó un sentimiento generalizado de repulsa e incluso de condena contra quienes supuestamente recibirían esos dineros. De ahí la pertinencia de la posición de algunos senadores, al señalar que todo posible delito debe manejarse a partir de denuncias o señalamientos responsables, y que el aparato judicial debe investigar y llegar a las últimas consecuencias.

La posibilidad de que una conducta sea delictiva o no, como la inocencia o la culpabilidad de las personas, no puede estar a expensas de las opiniones ni mucho menos de las emociones de una "vox populi" ávida, muchas veces, de ver sangre.

En la lucha libre, pasa. En el ámbito de la justicia, es inadmisible.

El rumor generado por el presunto secuestro de un niño en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó un saldo de 5 unidades incendiadas, 5 vandalizadas, múltiples destrozos, el incendio de un módulo COVID-19, así como un menor de edad herido de bala.

Alrededor de las 8 de la noche de este martes, a través de redes sociales comenzó a difundirse un supuesto intento de secuestro de un niño de 13 años de edad, y se convocó a los ciudadanos a reunirse en la sede de la alcaldía para linchar a los presuntos responsables, quienes ya habían sido aprehendidos y se encontraban en las galeras.

Al lugar llegaron unas 200 personas, quienes intentaron sacar a los sospechosos por la fuerza. En un intento de desactivar la protesta que se salía de control arribaron las fuerzas policiacas, quienes con gases lacrimógenos buscaron dispersar a la multitud, y se detonaron armas de fuego que hirieron a un menor de edad.

Tras este hecho, los pobladores arremetieron en contra de los vehículos: 5 fueron incendiados, 4 de éstos pertenecientes a la policía y la unidad donde se transportaban las 2 personas señaladas del delito. Además también fue incendiado un módulo COVID-19 y vandalizaron la alcaldía.

Familiares de los 2 presuntos responsables dijeron que se trató de un engaño del menor debido a que éste vendió un celular en mal estado por 4,000 pesos, y que cuando los afectados acudieron a reclamar y pedir que se les devolviera el dinero, se dio el percance.

Según dijeron, el menor fue citado por el joven que había sido "engañado" con la venta del celular quien se hacía acompañar de uno de sus tíos, en el lugar de la cita subió al automóvil y dijo que enfilaran a su domicilio donde les daría el dinero, sin embargo en el camino encontraron una patrulla y gritó que lo secuestraban. Por este hecho, Jesús Cabrera de 53 años se encuentra internado grave y su sobrino Jesús Garamendi está detenido.

Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha declarado que no congelará las cuentas bancarias de los expresidentes mientras no se haga una consulta ciudadana. Con esto reconoce la alta discrecionalidad de sus congelamientos y acepta que los linchamientos son hoy una manera aceptada de procurar justicia en México.

En términos de Estado de Derecho nada habla tanto de una sociedad como el maltrato a los menores.

3 casos recientes deben ponernos en alerta. El 1o., el sonadísimo caso de un servidor público, encargado de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, que fue sorprendido abusando de una niña de 10 años, pero el juez no encontró "pruebas suficientes" para condenarlo.

El poder judicial ya tomó cartas en el asunto para investigar ahora al juez. Otro caso sucedió en Tala, a unos kilómetros de la metrópoli, una zona azotada por la violencia y el crimen organizado.

Ahí una niña de 12 años que salió en busca de un cargador para su celular fue privada de su libertad cuando caminaba rumbo a un rancho y luego asesinada. La encontraron sin vida tirada en un cañaveral. Otro niño fue agredido a golpes brutalmente por un adulto en un albergue en Zapopan donde, en teoría, deberían cuidarlo. La Fiscalía detuvo al presunto agresor.

Como sociedad no pudimos evitar ninguno de estos 3 casos. Pasaron en nuestras narices, en nuestras calles, en nuestras instituciones. Uno de ellos, un funcionario público de seguridad, otro un supuesto cuidador de niños en un albergue. Lo que sí podemos y debemos exigir es que ninguno de ellos quede impune, que se haga justicia, por ellos, por el resto de los niños, por nosotros. Si los dejamos pasar, si se tratan estos casos con displicencia, como otro asunto más dentro del mar de violencia en el que estamos sumergidos, terminaremos por normalizarlos, como hemos hecho tristemente con otras formas de violencia.

La respuesta de las autoridades no puede ser, como lo hacen con los delitos patrimoniales, pedirnos que nos cuidemos más, que nos hagamos responsables de nuestra seguridad, que cuidemos a nuestros niños. Si renunciamos a la posibilidad de que los niños crezcan libres, que puedan caminar en las calles, que tengan derecho a una infancia feliz y libre de violencia, habremos perdido cualquier esperanza de un futuro mejor. Por ellos, por nosotros, lo que tenemos que exigir es que se haga justicia.

Casos como el del escándalo del juez Jorge Luis Solís Arana que exoneró a Luis Alonso "N", director de recursos humanos de la Policía de Puerto Vallarta, acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años de edad, bajo el argumento de que "la niña no sintió placer", son una muestra clara de la pudrición que vive el Poder Judicial de Jalisco y los ya insostenibles niveles de corrupción e impunidad que eso genera.

El jueves pasado se anunció con bombo y platillo la rotación de 64 jueces mercantiles, civiles, familiares, penales y foráneos, al estilo del Poder Judicial de la Federación, para romper con intereses y pactos entre litigantes y juzgadores y buscar erradicar así las malas prácticas y los actos de corrupción. Una sacudida que era el inicio de la renovación del Poder Judicial en Jalisco, dijeron los más optimistas. Un cambio de manos de las riendas que desde el poder ejecutivo controlan a ese poder para que todo siga igual, pensaron los más escépticos.

Lo cierto es que es una especie de oxigenación a medias por al menos 2 claros factores:

1) La rotación se decide en un Consejo de la Judicatura tocado e infiltrado por intereses político partidistas.

2) Además de todos los retrasos que implicará esta rotación de jueces, que deberán llegar a conocer los casos ya en proceso, los vicios que hoy se quieren combatir podrían volver a crecer porque sigue siendo la Oficialía de Partes del poder judicial a la que toca repartir los turnos para que los expedientes pasen a un juzgado o a otro, convirtiéndose en el inicio de la cadena de la corrupción. Es un secreto a voces en los pasillos del poder judicial y en los despachos de abogados, que el que paga en la oficialía de partes puede enviar su asunto a un juzgado a modo. Ese proceso de corrupción es el que se debe romper con un sistema digitalizado que haga de verdad aleatoria esta asignación de casos.

Falta, pues, mucho por ver y revisar, y no por la simple rotación de jueces echar las campanas al vuelo.

El 26 de julio fue detenido el director de Recursos Humanos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso "N" con una menor de 10 años desnuda y sometida en su vehículo. Luego de su captura fue separado del cargo.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres exigió al ayuntamiento de Puerto Vallarta y a la Fiscalía de Jalisco hacer las investigaciones para determinar quiénes pudieran estar protegiendo a Luis Alonso.

Sandra Quiñones Dominguez, miembro del Comité, declaró que se ha detectado que el inculpado se movía en algunas áreas de Puerto Vallarta en donde operan redes de pornografía y de turismo sexual, "por lo que podría ser que haya más personas detrás", apuntó.

Tan solo en los últimos meses han sido registrados en la zona de manera oficial 67 casos de niñas y niños que han sufrido violencia y abuso sexual.

El funcionario fue destituido y encarcelado. El pasado viernes un juez definió que el detenido no podría ser procesado por corrupción de menores ya que "la menor no sintió placer" y que el acusado estaba vinculado a otro proceso por abuso sexual infantil.

La Fiscalía General de Jalisco anunció que apeló la decisión del juez de Puerto Vallarta debido a que existe "una inexacta aplicación de la ley".

Argumentó que la resolución violenta los derechos de la víctima, vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor y deja de lado la perspectiva de genero.

El juez también ha sido desvinculado de su cargo tras la decisión de minimizar la responsabilidad del detenido, informó el Consejo de la Judicatura de Jalisco.

El suceso indignó a la comunidad de Puerto Vallarta y colectivos de defensa de derechos de mujeres han protestado el fin de semana en diversas instancias con la consigna de "Las niñas no se tocan".

Quiñones Domínguez afirmó que la familia de la menor vulnerada es de origen humilde y ha sido acosada por diversas instancias, como ocurre en la mayoría de los casos que pretenden denunciar un caso similar.

Jalisco es la única entidad en donde los jueces son percibidos como las autoridades más corruptas. En el resto de estados, el policía de tránsito tiene esa "honrosa" distinción, según datos del Inegi.

Al cumplir un año en prisión, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, escribió una carta en la que acusa que se encuentra encarcelada "porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer".

"Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí", señaló la exintegrante del gabinete del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto.

Robles Berlanga, quien se encuentra vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de servicio público, afirmó que se le acusa "de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia".

También dijo que "a quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado en libertad".

Rosario Robles fue privada de la libertad el 13 de agosto de 2019. Lleva un año en la cárcel sin que un juez la haya declarado culpable. La ley no obligaba a la prisión preventiva, ya que los 2 cargos por ejercicio indebido del servicio público que se le atribuyen no son graves. Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna, de tiempo atrás enemiga de Rosario, le decretó prisión preventiva porque argumentó que la exsecretaria podía tratar de escapar.

Lo paradójico es que Robles se encontraba fuera del país cuando recibió el citatorio a la audiencia en que se le detuvo, pero viajó de regreso a México y se presentó voluntariamente ante el juez: "Aquí estoy -dijo-. Vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila". Emilio Lozoya, en cambio, huyó del país para tratar de evadir la justicia y solo aceptó regresar cuando se le detuvo en España y se inició un proceso de extradición en su contra. A pesar de eso, y de que se le está juzgando por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, está enfrentando su proceso en libertad.

Lo lógico es que Robles, quien se presentó ante el juez de manera voluntaria, y cuyo presunto delito es una simple omisión de información a sus superiores, hubiese sido juzgada en libertad, mientras que Lozoya, que escapó del país y cuyos delitos son corrupción y lavado de dinero, estuviera en la cárcel. O quizá los 2 deberían estar libres. Pero en México la justicia sigue siendo discrecional.

La prisión preventiva es un castigo que se ejerce contra un acusado antes de que sea declarado culpable. En los países que respetan los derechos humanos es una excepción que se aplica solo a los delincuentes más peligrosos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "el abuso de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho". El Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que la medida es "violatoria del derecho a la libertad personal" y del "principio de presunción de inocencia que es la columna vertebral del derecho a un debido proceso".

Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, el trato diferenciado de Robles y Lozoya es consecuencia de que ella no ha colaborado con el gobierno: "La jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado mexicano para poder descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior".

Sin embargo, la exsecretaria no ha sido acusada de los fraudes de la Estafa Maestra, que realizaron universidades públicas en colusión con empresas privadas, algunas de ellas fantasma, ni de haber causado un daño al erario; tampoco de haberse quedado con recursos públicos. Su presunto delito fue no haber informado al presidente de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a las operaciones de la Estafa Maestra. Ella dice que sí informó, pero solo verbalmente.

Es correcto que se esté juzgando a Robles, quien quizá sabía más de lo que dice sobre la Estafa Maestra. Pero no es correcto haberla mantenido un año en la cárcel sin que haya sido declarada culpable. El trato diferenciado a Lozoya, con acusaciones más serias y un intento previo de evadir la acción de la justicia, subraya que en México sigue habiendo criterios políticos en la impartición de la justicia.

Es evidente que el ex presidente Felipe Calderón tiene razón al afirmar que no puede someterse a consulta popular "algo que debe ser decidido por las leyes y por los jueces".

De hecho, las leyes prevén los asuntos en que la "vox populi" puede pronunciarse. Sin embargo, si se trata de posibles delitos como pudieran ser el blanqueo de capitales -los provenientes de sobornos como los que supuestamente distribuyó la empresa Odebrecht, y que se habrían repartido entre funcionarios públicos para asignar contratos y "representantes populares" para aprobar leyes "a la carta"-, en un país en que impera, en efecto, el Estado de Derecho, el aparato judicial se activa a partir de que las conductas potencialmente delictivas se denuncian, y el mismo aparato determina culpabilidades o inocencias.

En pocas palabras, se aplica la ley... al margen de las muy respetables o doctas opiniones de Juan Cuerdas y Perico de los Palotes.

Tras difundirse -por cuenta del fiscal Alejandro Gertz Manero- las aseveraciones de Emilio Lozoya, que involucran a prominentes personajes, funcionarios públicos de la administración anterior, en conductas inmorales, deshonestas, reprobables, aún faltaría dar 3 pasos: el 1o., probarlas (¿quién dijo que "podrán acusarme de ratero, pero no calificarme de tarugo"...?); el 2o., que tales conductas constituyan delitos; y el 3o., que, de serlo, no hayan prescrito.

Si así ocurre, es probable -y deseable, además- que los delincuentes sean sancionados como corresponde, porque se supone que las leyes están para cumplirse..., pero no porque los participantes en una consulta, en nombre de la información de que dispongan (o de su simple simpatía o aversión hacia los señalados), así lo determine.

Andrés Manuel López Obrador arrancó su gobierno prometiendo que no haría una cacería de brujas. "Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie -declaró en su discurso inaugural en San Lázaro-, no apostamos al circo y a la simulación". La venganza no es su fuerte, dijo, sino "el perdón y la indulgencia".

La justicia, sin embargo, no puede repartir perdones a discreción. Tiene reglas que deben aplicarse de manera obligatoria a todos. Por eso se creó una Fiscalía General de la República autónoma, en una reforma que empezó en 2016 y concluyó en 2018. El presidente no puede ya ordenar justicia y gracia a los amigos, mientras aplica la ley a secas a los enemigos. Procurar e impartir justicia son hoy tareas separadas de la de gobernar.

A Emilio Lozoya se le acusa de cohecho, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Los sobornos procederían tanto de Odebrecht como de AHMSA, en este último caso para la compra de Agro Nitrogenados por Pemex. Las otras 2 acusaciones se desprenden del cohecho. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita no serían ilegales si los recursos son lícitos. La asociación delictuosa, que en algún momento significó formar parte de una banda del crimen organizado, hoy es cualquier delito que implique la colaboración de 3 personas o más. En su intento por convertirse en testigo colaborador y recibir beneficios, Lozoya ha presentado una denuncia de hechos en que culpa a sus exjefes, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haberle ordenado usar varios cientos de millones de pesos para sobornar a legisladores y a otros políticos con el propósito de aprobar las reformas estructurales. La denuncia de Lozoya va acompañada de un video y de recibos.

La FGR no puede descartar la denuncia con el argumento de que el presidente López Obrador prometió no perseguir a sus predecesores. Por ley está obligada a darle seguimiento, a citar a los presuntos involucrados y a indagar más a fondo. Tanto Peña Nieto como Videgaray tendrán que declarar, ya es inevitable. Aun cuando nieguen las afirmaciones de Lozoya, si hay indicios o pruebas tendrán que ser procesados también.

López Obrador fue electo por una sociedad molesta con la corrupción de los gobiernos anteriores. Aunque el presidente no quiera en lo personal exigir cuentas a los 2 más importantes miembros del gobierno anterior, la justicia no puede ni debe detenerse. Los señalados deben tener oportunidad de defenderse. Es absolutamente inaceptable que el presidente diga que hará una consulta popular para ver si deben ser juzgados. Una consulta así sería un verdadero linchamiento y despojaría a los indiciados de la posibilidad de defenderse. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir justicia.

Al final, la fiscalía autónoma, parte crucial de las reformas del sistema de justicia que empezaron en el sexenio de Peña Nieto y concluyeron con AMLO, evitará la situación de pasar por un linchamiento o por un perdón político. La justicia debe aplicarse a todos, incluso a un expresidente. López Obrador fue electo por una sociedad cansada de la corrupción. Hoy le toca a un sistema de justicia creado para evitar estos abusos demostrar que realmente puede aplicar la justicia a secas, tanto a los amigos como a los enemigos del presidente.

Por la pandemia, apenas ayer retomó actividades el Consejo de la Judicatura del Estado con miles de demandas pendientes que se vieron frenadas desde hace casi 5 meses. Sin embargo, el trabajo de los juzgados se realiza con un esquema de citas y aforo al 30%.

De acuerdo con abogados consultados por este medio, urge combatir este rezago con digitalización de expedientes y tribunales electrónicos, pues se agilizarían los trámites, habría resoluciones a través de juicios en línea y seguimiento de los casos por internet.

En ese sentido, Nuevo León, el Estado de México y Aguascalientes le ponen el ejemplo a Jalisco.

Nuevo León cuenta, desde 2016, con un sistema de procesamiento de información electrónico donde se inician juicios, se integran y se da trámite a expedientes electrónicos en todos los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales. También celebran audiencias vía remota.

Desde 2018, el Estado de México implementó su Tribunal Electrónico con el establecimiento de la Firma Electrónica Judicial, lo que permitió que litigantes y ciudadanos resolvieran vía digital sus asuntos.

La Ciudad de México arrancó con el programa "justicia virtual", en el contexto de la contingencia, con el cual evitaron el traslado de imputados, aplicaron medidas de protección a mujeres y facilitaron convivencias de padres e hijos mediante videoconferencias.

Las audiencias en línea también fueron impulsadas durante la pandemia por el Poder Judicial de Aguascalientes. El Tribunal Electrónico de Tamaulipas posibilita, a través de este sistema, llevar a cabo juicios familiares, civiles y mercantiles, además de que se puede consultar el estado que guarda un expediente, sin necesidad de ir a un juzgado.

En Jalisco sólo hay un sistema de notificaciones electrónicas para los procesos en juzgados y 2a. instancia (magistrados).

Académicos, litigantes y hasta magistrados convinieron en que, por distintas causas, los jueces no aprovecharon la tecnología para evitar la acumulación de asuntos tras la suspensión de actividades presenciales a causa de la pandemia, sobre todo en juzgados familiares, civiles y mercantiles.

"Ya en algunas materias se estaba viendo temas como la firma electrónica, acuerdos electrónicos, eso hubiera facilitado el trabajo. Fue un descuido del aparato de justicia tanto local como federal por no prever ante un acto de esta naturaleza", apuntó José de Jesús Becerra Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, José Luis Tello Ramírez, pidió habilitar más trámites electrónicos como la consulta de expedientes, notificaciones o envíos de acuerdos, para que solamente las audiencias para sentencias sean de manera presencial. Otra propuesta del litigante es habilitar, sin cita y de forma virtual, la presentación de demandas o promociones.

Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco (31 de mayo de 2016) hasta enero pasado (antes de la parálisis del poder judicial por la pandemia), la Fiscalía del Estado obtuvo 539 sentencias por el delito de robo, de las 180,280 carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo (0.3%). En otras palabras, en sólo 3 casos por cada mil robos se llegó a una sentencia.

Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explica que esto no significa que sólo se resolvieran las denuncias que concluyeron en sentencia, pues el nuevo sistema de justicia admite otras sanciones a través de los mecanismos alternativos y la conclusión anticipada.

Sin embargo, la tendencia de robos con violencia y armas está en aumento en Jalisco.

Por eso Javier García, abogado penalista, lamenta que en el robo a vehículos había una impunidad de 90% en el anterior sistema, mientras en el actual subió a 96%, principalmente por la constante rotación de los agentes del Ministerio Público, lo que dificulta a los nuevos dar seguimiento a las investigaciones y sancionar con cárcel sobre todo a los reincidentes peligrosos.

Según la Fiscalía del Estado, de las 180,280 carpetas de investigación sólo se lograron 5,977 detenciones, de las cuales 687 fueron ilegales.

Hasta 55% de los asuntos que llegan al Instituto de Justicia Alternativa (IJA) son para mediar por el delito de robo, informó su director, Guillermo Zepeda Lecuona; el resto es por conflictos generados en materia familiar, civil, mercantil y otros delitos susceptibles de acuerdo reparatorio, como el fraude, el daño a las cosas o hasta lesiones y homicidio culposo.

No obstante, de los casos que se atienden, sólo la tercera parte se resuelve. Por ejemplo, de los 1,585 conflictos por robos atraídos en 2019, solamente se logró un acuerdo en 555.

En el caso de los robos, existen condicionantes para que los asuntos puedan resolverse a través de la justicia alternativa. La primera es que no sea un hecho violento, pues cuando es a mano armada, ni la víctima se puede desistir ya que el sistema se activa de oficio para evitar que el caso quede impune.

"Los únicos casos que van a la justicia alternativa, en el caso del robo, son de menores cantidades y sin violencia, que pueden resolverse con la reparación del daño con la aprobación del denunciante", subraya Zepeda.

El IJA, por pertenecer al poder judicial, atiende los asuntos después de que fueron presentados ante un juez. No obstante, la mayoría de los casos que se resuelven por las vías alternas es atendida antes de judicializar el expediente, a través de la Dirección de Métodos Alternos de la Fiscalía del Estado.

Zepeda apunta que esta dinámica es la más adecuada, pues los conflictos tienen más posibilidades de resolverse antes de que se polaricen y las partes decidan ir a un proceso más complicado.

Si un conflicto por robo no violento no se resuelve a través de la mediación, donde se garantiza la reparación del daño para la víctima, entonces llega a los juzgados, lo que puede resultar en una dilapidación de los recursos públicos. “La carpeta de investigación, hace 3 o 4 años, costaba (al erario) 16,000 pesos, más otros 22,000 del proceso penal por alguien que se robó unas galletas".

Por ello, los asuntos que deben ir a los juzgados deben reservarse sólo por delitos de alto impacto.

¿Cómo se sanciona el robo en el nuevo sistema?
-Un criminal comete un robo y la autoridad logra detenerlo.
-La policía lo envía ante el Ministerio Público.
-La Dirección de Mecanismos Alternos de la Fiscalía revisa si el caso puede resolverse mediante la reparación del daño antes de llegar ante un juez, sólo en los ilícitos donde no hubo violencia.
-Si el robo fue violento o la víctima no admite un acuerdo reparatorio, el Ministerio Público solicita ante un juez el control de la detención.
-Si no se le capturó en flagrancia, no hubo lectura de sus derechos, si no fue puesto a disposición del juez de manera inmediata o si el Ministerio Público no justifica la detención, ésta se decreta como ilegal y el sujeto es puesto en libertad.
-Si se decreta la detención como legal, se procede a la formulación de la imputación (el delito del que se le acusa) y la vinculación a proceso.
-Tras vincularse a proceso, se pueden solicitar las salidas alternas de nueva cuenta.
-Una de éstas es el acuerdo reparatorio, que sólo implica pagar los daños causados a la víctima. Si ésta lo admite, concluye el proceso sin sentencia.
-La otra es el procedimiento abreviado, el cual siempre concluye en sentencia, pero puede terminar en menor tiempo que si se llegara hasta el juicio oral. Esto implica que el imputado admita haber delinquido y se declare culpable. El procedimiento concluye antes y las penas son menores.

A 4 años de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, las denuncias por hechos delictivos en la entidad han aumentado comparadas con ese periodo, lo que significa que no ha tenido el suficiente impacto en la reducción de la inseguridad, apunta Álvaro Ruvalcaba Ascencio, académico de la División de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara.

"El sistema es muy bueno, nos obliga a todos a estudiar más, particularmente a las autoridades, a saber integrar bien una carpeta. Lo que no ha funcionado es la forma de operar, me encuentro a mucha gente que no se ha capacitado, que no se ha puesto a estudiar, que no ha puesto de su parte... y eso es lo que atora el sistema".

Este sistema, explica, tiene que ser más severo, pues si permite a los delincuentes seguir su proceso en libertad, se debe aplicar con más firmeza con los reincidentes, ya que se han documentado muchos casos en los que los criminales vuelven a las calles para delinquir.

"Una medida que debe aplicarse es dotar a las policías municipales de tecnología para alimentar de manera directa las bases de datos y que el antecedente criminal sea automático, que es una de las fallas constantes en el nuevo sistema", añade Álvaro Ruvalcaba Ascencio.

Es común que un delincuente detenido quede libre sólo para volver a delinquir. Y en varias ocasiones, recuerda Javier García, abogado penalista con experiencia en la Procuraduría Social, quien señala que una de las principales causas para que esto ocurra es la rotación del personal en la Fiscalía.

"En el robo a vehículo había una impunidad de 90% en el anterior sistema; en el actual hay una impunidad de 96%. Y se supone que es un sistema más eficaz. ¿Qué pasa?", se pregunta.

En los casos que ha atendido el litigante desde que era defensor público comprobó una constante rotación de los agentes de los Ministerios Públicos, lo que dificulta a los nuevos dar seguimiento a las investigaciones.

"Por ejemplo: le roban a Juan Cuerdas un vehículo y denuncia. El Ministerio Público recaba información y luego lo cambian, entonces días posteriores agarran a una persona con el auto robado y a quien procesan es al que iba conduciendo, pero jamás investigan el origen del robo porque no es el mismo Ministerio Público".

Esto ocasiona el fenómeno de la "puerta giratoria", cuando un criminal ingresa a prisión y poco después queda libre.

"Viene de una desorganización institucional que ha estado desde que inició el sistema, porque me consta, no hay ese seguimiento por los cambios en Ministerios Públicos y policías investigadores... y eso se refleja en cifras, como las sentencias".

Ya atendió casos donde la persona que defiende cuenta con un antecedente de robo, que significa prisión preventiva automática; sin embargo, durante la audiencia sólo ven el asunto actual porque no llevan las otras carpetas que demuestran que es reincidente. Por eso queda libre.

Para mejorar la efectividad del sistema, los abogados particulares deberían generar menos dilaciones con amparos y aprovechar más la justicia alternativa, acentúa. "La Fiscalía del Estado debe tener una mayor disposición para admitir métodos alternativos. Es necesario un módulo de atención a las víctimas en las salas de los juicios orales, pues las personas pasan horas antes de encontrar una sala. Todas las audiencias deberían ser públicas, sin que los jueces limiten el ingreso cuando cierran las puertas. Esto genera discrecionalidad".

Añade que "los jueces deben respetar la hora en la que citan a las audiencias. Es desastroso en Jalisco, aquí te señalan a las 9 de la mañana y empiezan a las 12 del día. Y esto es generalizado".

El área de Atención a Víctimas también es insuficiente; por ejemplo, en el Distrito 1 sólo hay 7 asesores, que atienden cerca de 50 víctimas cada uno, cuando lo ideal es que sean 5 víctimas por asesor.

"En la defensoría pública es necesaria un área de ciencias forenses, pues el Instituto Jalisciense está saturado tan sólo por lo que le solicita la Fiscalía del Estado, lo que retrasa sus casos".

Por último, explica que todas las sentencias deben estar publicadas, lo cual no ocurre en Jalisco.

Ante el rezago de asuntos en el poder judicial que ya existía antes del inicio de la pandemia, "pero que ya es demasiado", los miembros del Consejo de la Judicatura deben promover entre los jueces el desahogo de las audiencias de manera remota, señala Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

"Deben hacer todo a través de videoconferencias. Eso puede agilizar muchísimo y no estar parados como estamos ahorita, pero implica implementar tecnología, ese es el pretexto. Lo cierto es que si los jueces quisieran, ellos ponen su computadora, su teléfono, y desahogan la audiencia. Hay jueces que así lo hacen, ponen su equipo, pero no todos lo quieren hacer...".

Dada la renuencia de muchos, el Consejo de la Judicatura del Estado debe impulsar que los juzgadores desahoguen las audiencias con los medios existentes, que en otros poderes sí han sido eficientes para evitar el rezago en el trabajo, como las sesiones por la plataforma Zoom en el poder legislativo.

A través de las videoconferencias se pueden evitar los traslados de los detenidos y citar de manera presencial a los participantes en los juicios.

"Si esto no se implementa ahora, es posible que cuando se reabran todos los juzgados, se saturen" [más de lo que ya estaban - el webmaster].

"En este momento es más sencillo como litigante ser defensor de un presunto delincuente que ser asesor jurídico de la víctima. Es más difícil obtener justicia que obtener la libertad de un delincuente", declara Álvaro Ruvalcaba Ascencio, academico de la UdeG.

La mayoría de los padres defienden a sus hijos a pesar de que éstos obren mal, sin darse cuenta de que respaldar o justificar a quienes violan las normas establecidas o actúan al margen de la ley, lo único que les enseña es que el fin justifica los medios.

Defender los errores de las personas que amamos es como pagarles su inscripción en la universidad de la injusticia, de la que luego muchos desgraciadamente se gradúan con honores y doctorados en corrupción.

Estudios científicos han demostrado, por ejemplo, que niños de 3 a 5 años son sensibles al daño a los demás, y si se les da a elegir, prefieren ayudar a la víctima que castigar al victimario. Es decir, prefieren una justicia restaurativa que una punitiva.

Esto quiere decir que, en algún momento de la vida, cambiamos la empatía y la generosidad por egoísmo y codicia, y la justicia restaurativa por venganzas.

La clave para un desarrollo social y familiar sano está en la defensa de principios, y no de las personas que los pisotean, así sean nuestros amados hijos.

Taparse un ojo o solapar personas que mienten, hacen trampa, abusan de los mas débiles o violan la ley nos convierte, además de cómplices, en promotores de injusticias y corrupción, encaminando a todos los que nos rodean y confían en nosotros a una vida en la que al final terminarán solos, odiados, arruinados, presos... o muertos.

El proyecto ecológico Huub Sak, junto a la laguna de los 7 colores de Bacalar, es un sueño hermoso. Sobre 69.9 hectáreas la asociación Selva y Laguna Bacalar A.C. busca crear un vivero de especies endémicas, un apiario y un centro de aprendizaje. Se trata de una reserva ecológica privada, registrada formalmente como "área destinada voluntariamente a la conservación" por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El predio, sin embargo, está en riesgo ante la falta de un Estado de Derecho en Quintana Roo. En estos momentos está invadido... y no es la primera vez que sufre tal suerte.

Los últimos invasores ignoraron los sellos de la Fiscalía General de Quintana Roo, que había recuperado y asegurado la propiedad tras una invasión anterior. Según aristeguinoticias.com, los líderes ofrecieron a los invasores darles terrenos por 60,000 pesos. Quienes han tomado posesión ya han empezado a desmontar selva para lotificar. A los posibles clientes les dicen que establecerán un nuevo poblado y les tramitarán títulos de propiedad. El terreno, sin embargo, tiene un certificado como área de conservación voluntaria por 99 años, lo que impide la urbanización.

Quintana Roo ha sido durante décadas tierra fértil para invasiones. Los líderes de muchos de los grupos que se dedican a esta actividad argumentan que la Constitución otorga a toda familia el derecho "a disfrutar de vivienda digna y decorosa", aunque cuando ocupan los terrenos buscan revenderlos o exigen dinero a los propietarios, en un rentable negocio de extorsión. El gobierno de Roberto Borge, de 2011 a 2016, utilizó juicios laborales para despojar a dueños de hoteles o terrenos valiosos.

Según Gustavo Rodríguez Elizarrarás, de Selva y Laguna Bacalar A.C., el predio del proyecto formó parte del Rancho 5 Hermanos, adquirido en 1990 y escriturado legalmente. En 2010 se convirtió en área destinada voluntariamente a la conservación, lo que asegura su preservación natural sin perder su condición de propiedad privada.

Las zonas vecinas a la laguna, sin embargo, han adquirido por su belleza un creciente valor, lo cual ha fomentado las invasiones. La 1a. se registró el 26 de julio de 2017, cuando un centenar de personas armadas con machetes ingresaron a la propiedad. Estos invasores sufrieron a su vez otra invasión, en abril de 2018, por un grupo que pidió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) les otorgase el terreno. El número de ocupantes fue disminuyendo, sin embargo, y cuando ya no quedaba nadie, en diciembre de 2018, los dueños lo recuperaron y colocaron mantas que señalaban que el área era de preservación natural.

En enero de 2019, sin embargo, un grupo de hombres armados entró y expulsó a los vigilantes, y el 1o. de febrero de 2019 se produjo una nueva invasión. 3 semanas después elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Quintana Roo liberaron el predio y pusieron sellos de aseguramiento. Esto no impidió, sin embargo, una nueva invasión, en abril de 2020.

Uno de los mayores obstáculos a la inversión productiva en nuestro país ha sido siempre la falta de un Estado de Derecho y de un registro confiable de la propiedad. En este caso la afectación no es para un desarrollo, sino para una reserva ecológica. Lo relevante es que en Quintana Roo sigue prevaleciendo la ley del más fuerte. O quizá en el país.

La negociación de Emilio Lozoya con el fiscal general Alejandro Gertz Manero comenzó hace bastante tiempo, antes de que el ex director de Pemex se fuera de México. Hablaron en la oficina del fiscal con un compromiso previo, acordado a través de altos funcionarios que sirvieron de intermediarios: Gertz Manero no lo detendría en ese momento -aún no había orden de aprehensión-, pero Lozoya tendría que aportar información útil para el caso que estaba construyendo. Gertz Manero lo escuchó 20 minutos y lo interrumpió. Hasta ese momento, le dijo, no le había dicho nada que no supiera. 85 minutos después, el fiscal acabó la plática. Que no le quitara el tiempo, le dijo, y lo despidió.

Gertz Manero presionó a su abogado, Javier Coello Trejo, para que dejara la defensa de Lozoya, y ante la negativa se reactivaron casos penales para obligarlo a ello a través de su familia. No funcionó con él, pero repitió la táctica con Lozoya. Mientras se escondía, inició procesos contra su madre, su hermana y su esposa, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión. Lozoya, presionado por su padre, aceptó terminar la negociación truncada con Gertz Manero, pero al llegar a México, siguió sin dar la información prometida.

Gertz Manero se deshizo de Coello Trejo de manera indirecta. El abogado de Lozoya se negó a participar en el montaje que había negociado su padre para que se entregara a cambio del criterio de oportunidad que le permite la ley para cambiar su libertad si declara contra quienes fueron sus jefes. Entre los puntos centrales que había aceptado con la Fiscalía General, fue que denunciaría ante el Ministerio Público al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Gertz Manero le quiere transferir la carga de la prueba a Lozoya, y darle una salida al presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a su antecesor a través de la denuncia de un tercero. Él no incumplirá su palabra al no perseguir a Peña Nieto, pero tampoco pagará el costo político de no hacer nada en su contra. Lozoya no ha cumplido lo pactado, aunque por la parte de gobierno las cosas avanzaron como quedaron. Salió a la libertad condicional directo del hospital donde lo trataban de una anemia, aunque el ex director de Pemex carga bastantes kilos más de los que tenía en sus mejores épocas.

Hasta ahora, ni pruebas, ni denuncia ante el Ministerio Público, lo que ha generado molestia en la Fiscalía General por la palabra incumplida, y preocupación porque no tienen todavía nada sobre lo que puedan trabajar. Lozoya estaba jugando con Gertz Manero, pero el fiscal ya le reviró. Por petición suya, la policía alemana hizo un cateo la semana pasada en la casa donde viven su esposa y sus hijos en Alemania. Se desconocen las razones y los resultados del cateo, pero sirvió como recordatorio a Lozoya de que tiene que cumplir para que recupere su libertad plena. Tampoco le han quitado las acusaciones a su madre y a su hermana.

La pelota está del lado de Lozoya, por lo que toca a la Fiscalía, pero entrará en otro terreno. En el momento en que empiecen las denuncias y el juez llame a declarar a los imputados, el ex director de Pemex comenzará a enfrentar a los abogados de los señalados, que irán por su cabeza. Jurídicamente será un momento muy importante, y puede entrar en un terreno de fuerte turbulencia, más allá de probar sus dichos con hechos. Un alegato posible es la improcedencia del criterio de oportunidad negociado con Gertz Manero, al haberse aplicado sin que mediara la sentencia de un juez. La vida alegre de Lozoya de la que goza, en el entendido que la alternativa era estar encerrado tras las rejas, puede acabarse.

Si esto llegara a suceder y Lozoya se ve desprotegido, ¿cómo podría reaccionar ante la Fiscalía General que estará a punto de despellejarlo por romper el pacto acordado? Una posibilidad, argumentando violación al proceso. Para efectos legales, podría alegar privación de su libertad. Hasta el día de la audiencia el 28 de julio, no se sabía realmente dónde estaba el ex director de Pemex. Se supone que llegó el 17 de julio y fue directo al hospital, pero no hay registro de ello. Por 8 horas entre su detención y su presentación ante la autoridad judicial, el caso de Florence Cassez provocó un conflicto internacional y descrédito al gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo se vería entonces un caso donde ese proceso tardó 11 días?

La defensa de Lozoya tiene elementos para enjuiciar a quien lo está enjuiciando, mientras se defiende de lo que lo acusen los imputados que señalará ante el Ministerio Público, cuando decida acudir al Ministerio Público a cumplir su parte del compromiso. Este es un escenario crucial para el caso, si al final Lozoya reconoce lo negociado, por lo que el problema se transferirá a quien quizás no lo está viendo de esta manera en estos momentos, el poder judicial.

López Obrador, que siempre dice lo que piensa y normalmente anticipa públicamente lo que sucederá, le ha dado toda la credibilidad a Lozoya como el ariete contra un pasado corrupto, y señalado que la gente no debe fijarse en lo que suceda en los tribunales -o sea, la ley no es el referente-, sino erigirse en un jurado popular y sentenciar a los imputados como culpables. La ley es secundaria en su caprichosa racional para erradicar la corrupción. Las cosas están claras, y la anulación del poder judicial que se ve en el horizonte, debería ser motivo de preocupación de la cabeza del mismo Arturo Zaldívar, un apologista del régimen que debería ver que quieren acabarlo. El apretón a Lozoya, también es a él.

Si no son "el pan nuestro de cada día", los linchamientos, en México, son sumamente frecuentes...

Una búsqueda en internet es más que suficiente para comprobarlo. Los casos en que grupos de personas consiguen detener a un delincuente y lo someten a una golpiza que ocasionalmente culmina en su fallecimiento, abundan. Estadísticamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado en lo particular y rendido informes acerca de agresiones y aun asesinatos perpetrados por turbas airadas (impunemente, además, en parte porque el linchamiento no está tipificado como delito en los códigos penales, y en parte porque no hay noticias de que alguna vez se hubiera identificado, procesado y sentenciado a quienes han participado en ellos), que se incrementan incesantemente.

En los últimos días, en las redes sociales y en los medios de comunicación se han difundido escenas de tundas tumultuarias, inmisericordes, propinadas a rateros sorprendidos en flagrancia, o interceptados por testigos o por sus propias víctimas. Entre las reacciones ha habido, por supuesto, alegatos en que se reprueba la aplicación de la justicia por propia mano. Las más, empero, concuerdan en que la insuficiencia del aparato policiaco para garantizar la seguridad de los ciudadanos, previniendo los delitos, y la ineficiencia del aparato judicial para sancionarlos, explica plenamente -aunque no las justifique- reacciones de esa índole.

Los linchamientos, en efecto, no pueden tener una justificación ética. Sin embargo, tienen una explicación lógica. Si en México, según datos del Inegi, la impunidad es del 95%, el 90% de los delitos que se cometen ni siquiera se denuncian y con mucha frecuencia los delincuentes -probados, detenidos en flagrancia; no presuntos- son puestos en libertad, ya sea por imperfecciones en la averiguación o por venalidad de los jueces, el ciudadano común se sabe indefenso. De ahí que cuando se le presenta, como caída del cielo, la ocasión de aprovechar un descuido o un error del delincuente para hacerse justicia por su propia mano, ni se toma la molestia ni se da tiempo para reparar en las implicaciones éticas o jurídicas del caso; simplemente actúa de conformidad con su instinto, para no correr el riesgo de que, como en el juego de "damas", le castiguen la pieza, "por boba".

En todo caso, a quienes, en teoría, deberían generar las condiciones propicias para prevenir los delitos o los mecanismos adecuados para sancionarlos, pero en la práctica no lo hacen, habría que endosar los correspondientes remordimientos de conciencia (si la tuvieran, desde luego).

Todavía no me repongo de la impresión. Esa noche fue perturbador ver a una multitud de casi 200 personas, integrada por adolescentes, mujeres embarazadas, adultos y ancianos, todos enfurecidos y sin control, pidiendo apaciguar el odio que los movía en esos momentos. Nadie pudo con ellos, la idea de que alguien se les cruzara en el camino provocaba terror. El objetivo era poner fin a la vida de quien presuntamente privó de la libertad, abusó sexualmente y asesinó a un menor de 4 años de edad.

En la historia de este año y del actual gobierno se debe registrar lo que muchos consideran el 1er. linchamiento de esta magnitud en Jalisco; el castigo que una multitud impone a un sospechoso sin ser juzgado.

Ocurrió cerca de la medianoche del lunes 27 de julio en la Colonia El Faro, del municipio de Juanacatlán. En la misma cuadra estaban el cuerpo del pequeño, acompañado solo por unas cuantas veladoras, y unos metros después, en estado agónico, el supuesto agresor. Los pocos paramédicos y policías que permanecían al lado del hombre de 35 años tuvieron que simular y decir que ya estaba muerto para calmar a la gente que exigía justicia sin cansancio, con golpes, patadas, machetes y lanzándole piedras de grandes dimensiones a la cabeza.

Una vecina del lugar declaró retadora al día siguiente frente a una cámara de televisión, mostrando el puño cerrado: "Con esto yo le di golpes, porque las autoridades no iban a hacer nada".

Detrás de estas 2 muertes está la ineficiencia y quizá la carencia de un protocolo para buscar al niño, que desapareció desde las 5 de la tarde. La furia vecinal inició ahí, los policías municipales estaban estacionados en su patrulla, platicando y fumando. Eso generó las primeras acciones de la gente en solidaridad con la mamá del menor. Fueron puerta por puerta hasta que lo localizaron en una finca, debajo de un sillón; sin ropa, con golpes y una soga al cuello. La puerta la abrió el hombre que fue linchado y perdió la vida horas después cuando fue sacado del lugar.

Durante el hallazgo, en el intento de reanimar al niño, los mismos vecinos pidieron una ambulancia que tardó en llegar. La desesperación se apoderó de todos, mientras en las frecuencias de radio de la policía se escuchaban los gritos de los elementos de seguridad que pedían apoyo. Hubo todo un despliegue de policías del estado, El Salto, Zapotlanejo, Guadalajara y Tlaquepaque. El comisario de Juanacatlán tuvo que ser auxiliado por el de Zapotlanejo, quien asumió el aparente control de la situación.

Ha pasado una semana sin que hasta ahora ninguna autoridad o la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos ofrezcan un informe para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido. ¿Quién o quiénes son responsables de la barbarie? ¿Por qué no se hizo el menor intento para localizar con vida al niño y evitar el linchamiento? ¿Es inevitable que pensemos que la marginación no es compatible con la justicia? ¿Será posible que esto no quede sólo en un titular de noticias: "Hombre mata a menor en Juanacatlán y lo linchan"? Y así, apuestan a que los días traigan el olvido.

Ningún mexicano debe consentir que se viole el debido proceso de ningún acusado. Los mexicanos debemos defender la legalidad y exigir que si alguien es culpable, pague por sus delitos. Los abogados están para defender al acusado. Los fiscales para demostrar el delito que persiguen, y los jueces son quienes resuelven si es inocente o culpable.

La prensa está, estamos, para dar seguimiento a los casos e informar de lo que sucede sobre todo cuando hablamos de personajes públicos y más aún si son o fueron autoridades o parte de un gobierno.

¡Ojo!, los procesos contra Lozoya y Robles comenzaron en el sexenio de EPN, todavía en lo que era la PGR, hoy FGR, y no en el sexenio de AMLO.

Las diferencias:

Diferencia 1

Rosario Robles tiene más de 11 meses recluida en Santa Martha Acatitla.

Lozoya lleva 15 días en el Ángeles del Pedregal; no ha pisado un minuto un juzgado y mucho menos la cárcel. Ni la pisará.

Diferencia 2

Es acusada de ejercicio indebido del servicio público por OMISIÓN, delito NO GRAVE que no amerita prisión preventiva. Y aún no se le ha podido comprobar.

Es acusado de DELINCUENCIA ORGANIZADA, COHECHO Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. Crímenes graves que se encuadran en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el artículo 19 constitucional.

Diferencia 3

Rosario Robles se presentó voluntariamente ante el juez para enfrentar su proceso el día en que fue citada; interrumpió un viaje por Europa para hacerlo.

El año pasado se libró orden de aprehensión en contra de Lozoya, y en mayo del 2019 se emitió ficha roja de la Interpol para ser buscado por todo el mundo. Fue aprehendido en Málaga, España, en febrero de este 2020. El 16 de julio, la 4T le mandó un avión privado para extraditarlo a México.

Diferencia 4

Se le vincula a proceso con pruebas FALSAS (fake licencia) presentadas por el MP. Llega a una audiencia para que se le formule imputación por UN DELITO: omisión. El juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, con claro conflicto de interés, reclasifica, modifica la acusación a 2 delitos, con la agravante de "delito continuado", y la encarcela.

Al exdirector de Pemex pretenden quitarle delitos (delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita). Podría ser acusado solamente de cohecho. No pisará la cárcel, entregó su pasaporte y su proceso comenzará en 6 meses. Justo un show antes de las elecciones intermedias más importantes de la historia.

Diferencia 5

A ella se le ha exhibido constantemente ante la opinión pública como un 'trofeo' de un supuesto combate a la corrupción.

Él es considerado por el presidente de la república como un "testigo colaborador".

Diferencia 6

Ha solicitado en 3 distintas ocasiones el cambio de la medida cautelar, demostrando que las pruebas que fueron exhibidas por el MP, como supuesto riesgo para la evasión de la justicia, son falsas. Es más, un juez en su última comparecencia exigió eliminar la licencia por la cual la metieron a la cárcel.

La FGR monta un operativo, tipo García Luna, para burlar a los representantes de los medios de comunicación mientras lleva a Lozoya a un hospital, sin ser presentado ante un juez.

Diferencia 7

Rosario Robles no está acusada por ningún delito grave. Ni lavado de dinero, ni delincuencia organizada, ni cohecho y mucho menos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A Lozoya se le señala de haber recibido sobornos por más de 14 millones de dólares.

Diferencia 8

Pareciera que a Rosario Robles se le juzga por quién es. Representa una figura 'incómoda' para el actual régimen.

Lozoya hoy se presume aliado de la 4T y de la actual administración, para beneficio propio. Pasa de acusado a verdugo.

Diferencia 9

A Rosario Robles se le inició un juicio político que se trata más bien de un 'circo mediático'. Está inhabilitada por la SFP por una cuenta de 2,000 pesos.

El nombre de Emilio Lozoya no aparece en ninguna de las 126 carpetas de juicio político anteriores a la de Rosario Robles.

Diferencia 10

Rosario Robles NUNCA ha solicitado, ni se le ha ofrecido, acogerse al esquema de 'testigo protegido'.

Lozoya viene con 'beneficios pactados' como 'testigo colaborador'. Se le ha ofrecido inmunidad para su familia.

Diferencia 11

Por Covid, la exsecretaria pidió el brazalete, ya que es vulnerable. Existe diagnóstico médico de los padecimientos de RRB (hipertensión arterial, rinitis crónica).

Lozoya, dicen, es atendido por el síndrome de Barrett, pero el gobierno de España aseguró que lo mandó sano y salvo.

Diferencia 12

Se han violado sistemáticamente los derechos de Rosario Robles: al debido proceso, a la presunción de inocencia y al principio propersona.

A Lozoya se le han respetado cabalmente sus derechos.

De la venganza política a la conveniencia política... júzguelo usted mismo.

Ayer a las 4 de la mañana los senadores del gobierno votaron por endurecer las condiciones de la prisión preventiva. La ONU ha advertido que el abuso de esta medida, que castiga antes de juzgar, constituye una violación de la presunción de inocencia. En vez de liberalizar, sin embargo, el Senado la ha endurecido.

Estoy de acuerdo: algunos abogados que llegaron a la Presidencia de la República le hicieron grave daño a este país. Pero, abogado al fin, tengo la impresión de que más daño le han hecho -y le están haciendo- quienes no son abogados. Siquiera sea por deformación profesional un licenciado en Derecho sabe que toda acción de gobierno debe estar sujeta a la ley. Las inquietudes que sufrimos ahora con la 4T derivan de un sistemático desapego de las prescripciones jurídicas. Lo que México necesita es un constante acatamiento de lo normativo, un respeto permanente a la legalidad. Numerosos políticos de todos los partidos e ideologías, de todos los niveles de poder, parecen pensar que la ley se hizo sólo para los gobernados, y que a ellos no les obliga la juridicidad. Se pasan las leyes por el arco del triunfo, si me es permitida esa expresión plebea. Con eso se instaura un ámbito de impunidad que lleva a la inseguridad jurídica, y por tanto a esa indiferencia por el orden jurídico, actitud perniciosa que ahora estamos viendo. Volvamos al respeto a la legalidad. Sólo así viviremos en un Estado de Derecho.

Está claro: sea cual sea la última palabra de los jueces con respecto al "Caso Lozoya", el ex director de Pemex no es "el malo de la película" por antonomasia. Para la "vox populi", convencida de que, en nuestro medio, la perversidad y la ambición desenfrenada son notas distintivas del aparato gubernamental, solo podrá hablarse de justicia si el brazo de la ley alcanza, atrapa y estruja a quienes encabezaron las administraciones en que Emilio Lozoya y sus cómplices -de probarse su participación en conductas ilícitas- fungían, en el mejor de los casos, como alfiles, torres o caballos en el ajedrez de la corrupción, pero nunca como reyes.

Sin perjuicio del cacareado principio de la presunción de inocencia, la "vinculación a proceso" de Lozoya por los 2 enmarañados asuntos en que se le involucra (Agronitrogenados y Odebrecht), implica asimismo presunción de culpabilidad de su parte. Aun si aporta información que envuelva a terceros, Lozoya está sentado, literalmente, en el banquillo de los acusados. Incluso si durante el proceso demuestra que -como aseveró en la primera audiencia en que compareció- fue "presionado, intimidado e instrumentalizado" en el esquema de sobornos en que participó, los descomunales beneficios económicos que obtuvo (3'400,000 dólares sólo en el caso de Agronitrogenados), exigirían, más allá de sus palabras, pruebas contundentes, incontrovertibles, de que fue, en efecto, "beneficiario no doloso".

Más allá de que las consideraciones que se le han tenido desde su extradición a México (el sigilo con que fue trasladado a un hospital, para tratarlo de una afección que no fue detectada por sus captores en España, y no a la cárcel, por ejemplo), robustecen la teoría de que "todos somos iguales ante la ley... pero unos son más iguales que otros", haría falta una mezcla de ingenuidad con tontería, a partes iguales, para suponer que, al final de la película, el tema será la cereza en el helado de la lucha contra la corrupción en México. Después de todo, se trata de un fenómeno atávico que, para institucionalizarse como lo hizo, echó raíces muy profundas y produjo un follaje muy frondoso.

Aun si, como se espera, tras la de Lozoya ruedan algunas cabezas más, es ilusorio esperar que caerán las de todos los que, en mayor o menor medida, se beneficiaron por obra y gracia de un aparato meticulosamente diseñado no para engrandecer a México, sino para saquearlo.

La clausura simbólica del Congreso del Estado que hicieron el martes pasado familiares de desaparecidos y organizaciones sociales que los acompañan y tienen años de lucha por esta causa, fue una especie de cierre de manifestaciones que se dieron en julio para denunciar este flagelo, y que visibilizaron nuevamente a este delito, vinculado al de las fosas clandestinas, como el más importante problema de inseguridad a resolver en Jalisco, que requiere atención urgente, aun en medio de la pandemia.

Aunque lamentablemente nuevos casos de desapariciones se registran todos los días en Jalisco, la presentación a mediados de este mes del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas que hizo la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, en el que nuestra entidad aparece en el 1er. lugar de cadáveres extraídos de fosas clandestinas con 487 entre diciembre y julio, y en el 2o. lugar de desapariciones con 10,239 casos (826 más que la estadística estatal hasta junio) que representan casi el 14% del total en el país, fue un fuerte llamado para recordarnos la dimensión del problema que tenemos con estas expresiones delincuenciales que son las más crueles y las que más dolor causan entre las familias de las víctimas.

En la presentación de este registro, la Secretaría de Gobernación reconoció que el gobierno de Jalisco es uno de los que más ha actualizado las cifras de desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas, y el fortalecimiento presupuestal para las instancias encargadas de afrontar la incidencia de este tipo delincuencial.

A ese respaldo pareció responder el corte que hizo la semana pasada la Fiscalía General del Estado de lo encontrado en lo que va del año en las fosas que han hallado en predios y casas de la muerte. Ahí reveló cifras escalofriantes como las 800 bolsas que han acumulado con cuerpos mutilados, además de 245 cuerpos.

También del insólito hecho de que un solo cementerio clandestino en el que las mafias convirtieron una casa de la Colonia El Mirador II, de Tlajomulco, han exhumado ya 104 cuerpos.

Si bien es de reconocerse el esfuerzo para hacer más sistemática y permanente la búsqueda de las y los desaparecidos por parte del gobierno estatal, deben hacer mucho más que sostener que estas altas cifras se deben a las investigaciones y búsquedas, incluso de fosas, que gobiernos anteriores no hacían.

Hallar desaparecidos con vida es lo deseable; encontrarlos sin vida es una tragedia, pero trae al menos el consuelo a las familias de acabar con la incertidumbre e intentar poner fin al duelo; pero lo obligado y lo que le falta cumplir a las autoridades federal, estatal y municipales es parar las desapariciones. Deben dedicarse a detener y encarcelar a los raptores y asesinos, no sólo a buscar a los muertos.

Ojalá estas alarmantes cifras, hagan reaccionar a una desprestigiada Legislatura LXII, y contribuyan aún en la pandemia que los atacó con todo, a sacar ya, de la mano de las familias y las organizaciones sociales, las tres iniciativas pendientes en materia de desaparecidos, para que contribuyan en algo a parar esta inercia criminal que destruye cada día más nuestro tejido social y enluta a miles de familias jaliscienses.

Este domingo 26 de julio un grupo de policías ministeriales de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Chiapas detuvieron en Tuxtla Gutiérrez a Gerardo Vicente Grajales Yuca, médico de profesión. El juez de instrucción le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; o sea, el doctor tendrá que permanecer en prisión mientras se le juzga y se determina si es responsable del delito que se le imputa. Aunque al final se le declare inocente, será castigado con privación de la libertad durante los meses o los años que dure su proceso.

¿Cuál fue el terrible acto de corrupción que ha llevado a la cárcel al doctor Grajales? Pidió a la familia de un paciente, un político influyente, que aportara los insumos médicos que necesitaba para el tratamiento y que el hospital público en el que trabajaba no le había proporcionado.

Los Colegios Médicos de México, usualmente ajenos a la política y a las exigencias públicas, señalaron en una carta: "Condenamos la detención violenta, abusiva e ilegal en contra del Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, especialista en medicina de urgencias en un hospital público de Chiapas... Seguimos indignados ante el hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento que generan algunos actos de la justicia donde se criminaliza actos médicos sin previa investigación, sometiendo a los profesionales a la privación de la libertad".

La denuncia contra el médico fue promovida por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdirigente del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció de Covid-19 a principios de julio. La denunciante consideró como un acto de corrupción que el médico hubiera pedido a la familia los insumos que le permitirían dar tratamiento al paciente.

No es este el único caso ni en Chiapas ni en el país en que los facultativos piden a los familiares medicamentos o insumos para tratar al paciente. Con los recortes al gasto de salud y el desplome del sistema de adquisición de medicamentos, las instituciones de salud pública están sufriendo una angustiosa escasez de todo. Recientemente narré el caso de Ángel de Paz, quien falleció de Covid también en Tuxtla, en un hospital del ISSSTE, donde el personal solicitó a los familiares "algodón, agua y medicamentos". Pero ni los médicos ni los enfermeros solicitan estos productos porque sean corruptos, sino porque no los reciben de la autoridad que debería proporcionarlos.

No es que falte dinero. El 27 de febrero narré el caso de 10 contratos otorgados simultáneamente y por asignación directa a contratistas sin trayectoria y muchos con direcciones falsas. Todos estos contratos se otorgaron el 11 de diciembre de 2019, al empezar el periodo vacacional, y se concluyeron, milagrosamente, el 31 de diciembre. Los proyectos eran para la instalación de redes de gases medicinales a un precio de más de 68 millones de pesos en total, 10 veces más de lo que debieron costar. Si bien el artículo daba toda la información sobre estos contratos fraudulentos, nadie en el Instituto de Salud de Chiapas ni en el gobierno federal se preocupó.

Mientras estos casos de corrupción se mantienen en la impunidad, la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Chiapas detiene a un médico por el delito de no tener los insumos necesarios para dar tratamiento a un paciente con influencias políticas. La culpa no es del médico, sino de un sistema que sigue permitiendo la corrupción mientras castiga a los inocentes en vez de a los corruptos.

Pese a que ya falleció el hombre acusado de privar de la libertad y posteriormente, asesinar al menor de edad reportado como desaparecido en Juanacatlán ayer lunes, las investigaciones en torno al caso continuarán hasta esclarecer lo sucedido, aseguró esta tarde el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís.

Explicó que luego del reporte de desaparición del niño de 4 años, reconocido como Axel, los vecinos de la colonia El Faro de ese municipio agredieron al hombre que se presume asesinó al menor de edad. Tras el ataque el hombre fue detenido por policías municipales y llevado a un puesto de socorros para su atención médica, sin embargo, falleció más tarde.

"El hombre se puso a disposición del Ministerio Público por los hechos ya mencionados dado que el cuerpo (del menor) fue encontrado en un área que estaba bajo su dominio, no había mayor duda al respecto y esta persona entró al hospital con diversas lesiones. Fuimos informados que perdió la vida a las 4 y fracción de la madrugada. De cualquier manera la carpeta seguirá su curso hasta no determinar en realidad el fondo del asunto", manifestó.

Si se parte de la premisa que en México sólo se esclarece y se castiga menos del 5% de los delitos, sería difícil decidir si es más escandalosa, por una parte, la realidad de que la impunidad es del 95%, y, por otra, de que la mayoría de las cárceles del país albergan al doble o el triple de los internos para los que fueron diseñadas -lo que deja la "readaptación social" de los reclusos en el terreno de los buenos deseos-, o imaginar las atroces condiciones en que estarían los centros penitenciarios (y el costo económico que representaría tal portento) si el sistema de procuración de justicia permitiera identificar, procesar y sentenciar, en efecto, a la mayoría de los delincuentes.

Para justificar su incapacidad para esclarecer -y, mucho menos, prevenir- tantos crímenes, las autoridades suelen escudarse en que sus autores "se están matando entre ellos"...

"...Y lo seguirán haciendo" -diría el inefable Don Teofilito-, porque la solución radical, que consistiría en generar las condiciones propicias para que la mayoría de los mexicanos tuvieran acceso a un trabajo honesto y a un salario decoroso del que pudieran vivir dignamente -desoyendo, por tanto, el canto de las sirenas del dinero fácil que promete el delito-, al menos en el corto plazo no se vislumbra.

Hace más de 30 años corrían las versiones que en algunas zonas de Veracruz y Tamaulipas grupos armados imponían su ley. Eran relatos, que entonces, parecían leyendas, contadas en círculos de personas informadas y que poco a poco fueron conocidas por la opinión pública. Luego de algunos años la constante fue el crecimiento de estos grupos y el repliegue de las autoridades. Estos hechos se extendieron a otras regiones y al poco tiempo se hablaba de que amplias regiones del Golfo de México, Michoacán, Guerrero y Sinaloa vivían una simulación en donde las autoridades reales no eran quienes gobernaban.

Estos hechos se esparcieron como un virus y ahora es del conocimiento público como grupos armados disputan abiertamente el control del territorio a las instituciones.

Esta disputa ha generado la mayor ola de violencia en tiempos de paz en México y significa el mayor desafío para la sociedad en conjunto.

La violencia nos envuelve cada día como una sombra que amenaza con dejarnos en la obscuridad de la desesperanza. Las historias horribles que se difunden como objeto de consumo, son signos sistemáticos de ilegalidad, lo que es en sí grave, pero es aún mayor el daño si lo vemos como el alzamiento de una maldad esparcida por el deseo de romper los límites de cualquier respeto, impulsado por el dinero fácil.

Esa maldad radical es la falta de razón consciente que abre paso a la violencia como expresión de descontento, desafío e insubordinación sustentada en un sentimiento efímero. Esa agitación ha provocado el crecimiento criminal que impulsa la violencia como forma de imponer sus condiciones para acumular riqueza y poder. En muchos casos adueñados de actividades legales, se convierten en un peligroso motivo de admiración social. La sombra entonces se disfraza de brillo luminoso en bares, discotecas y espectáculos. Estos hechos inocultables también preocupan más allá de nuestras fronteras y son motivo de presiones en el exterior.

La ola interminable de homicidios, secuestros y actos violentos de estas décadas ha infectado a muchos órganos del cuerpo social que como un virus, ha dañado el funcionamiento de las instituciones. Se ha convertido en un movimiento insurgente variopinto que, si bien es cierto, no está articulado nacionalmente con una ideología o declara la guerra al Estado, de hecho busca establecer condiciones de convivencia en las comunidades.

Esta realidad impone tomar medidas efectivas para revertir el crecimiento de la maldad radical de la violencia como solución alterna a la ley. Por eso las acciones de seguridad pública han de ser consideradas como esenciales, más allá de las diferencias políticas de la coyuntura. El poder público requiere de la acción concertada de todos los factores de la sociedad que desean reducir el mal radical de la violencia en todas sus expresiones e impulsar a México hacia un estado de respeto a la ley perfectamente funcional con el mundo.

Las medidas que se han tomado por las autoridades para fortalecer la seguridad en puertos, aeropuertos y las acciones para combatir la violencia criminal mediante la Guardia Nacional y las fuerzas armadas son medidas de control necesarias para asegurar una normalidad en actividades económicas esenciales.

No hay que olvidar que nuestro país tiene como principales fuentes de ingresos el comercio exterior y el turismo que requieren condiciones mínimas de seguridad para su funcionamiento regular. El asumir como un hecho irreversible la violencia sería el mayor error que cometiera nuestra generación. Hay que sostener la lucha contra la sombra perversa de la violencia con ley en la mano.

El más reciente episodio relacionado con el descubrimiento de fosas clandestinas se quedó -porque aún no concluye- en que el Servicio Médico Forense encontró 104 cuerpos segmentados en un predio urbano en El Mirador II, del municipio de Tlajomulco, en los suburbios de Guadalajara. Es posible que algún día se sepan los nombres de algunas de las personas cuyas vidas terminaron de manera tan horrenda. Difícilmente se conocerán, en cambio, las causas de los crímenes..., y más difícilmente se identificará, procesará y aplicará a sus autores "todo el peso de la ley".

De hecho, ya pueden irse contando las horas o los días que transcurran hasta que haya más "macabros hallazgos" similares. Los fenómenos criminológicos que culminan de esa manera, forman parte de una inercia funesta que no muestra visos de modificarse. Antes del episodio de El Mirador II, se sabía que en 2019 se encontraron 272 cuerpos en circunstancias similares, y que de enero a mayo de 2020 se encontraron 215 cadáveres en 9 fosas.

En ese lapso -menos de 2 años-, "el supremo Gobierno, que no se equivoca nunca" (Pito Pérez dixit) no ha conseguido mayores avances en esa materia. No disminuyen los delitos. No se persigue con atingencia a los delincuentes. No se aplican estrategias orientadas a reducir la incidencia de esos crímenes. No se toman medidas orientadas a disuadir esas conductas, esclareciendo eficazmente los delitos y sancionando severamente a sus autores.

Los potenciales delincuentes no respetan a la sociedad ni acatan la ley porque no temen a la autoridad. Saben que la impunidad es la regla; que, por ineptitud de los investigadores, por torpeza de los procuradores -las frecuentes "faltas al debido proceso" que se resuelven en la pronta liberación de presuntos malhechores- o por corrupción de los jueces, el brazo de la justicia nunca los alcanzará...

Todo se reduce a reiterar pronunciamientos ridículos, blandengues, sacados de manuales de auto-ayuda: "abrazos, no balazos"...; "la violencia no se combate con violencia"...; "pórtense bien, para que sus mamis no los regañen..."; "fuchi, guácala...".

Colofón: ¿así se cumple la "protesta" de "cumplir y hacer cumplir la ley"...?

Mauri y Kenneth Karger se establecieron en Quintana Roo hace 20 años, provenientes de Texas; les encanta México, sus paisajes, su cultura y su gente, dicen. Llegaron en edad todavía muy productiva; fueron adquiriendo propiedades en la laguna de Bacalar, Puerto Aventuras y un rancho de 2000 hectáreas cerca de Chetumal. Ahora lo dejan todo atrás, impotentes ante repetidas invasiones de sus propiedades, ante la pérdida del dinero que tenían en el banco Monex y ante la total impunidad de quienes los han hecho víctimas de sus fechorías.

La historia del fraude bancario de esa y otras 8 familias estadounidenses radicadas en San Miguel de Allende, fue narrada por la cadena de televisión NBC, por Bloomberg News y otros medios desde septiembre del año pasado; los Krager publicaron su versión, más amplia, el sábado pasado en México News Daily; en ella abundan en experiencias propias y ajenas de horrores vividos durante años en nuestro país, desde épicos asaltos en autopistas hasta batallas legales contra invasores de tierras, una ganada pero que no significa la recuperación del terreno.

Con todo lo grave que son esos delitos, lo extraordinario para los ojos extranjeros, lo que convirtió en reportaje televisivo y de prensa la experiencia de esas familias, fue la impunidad de los victimarios -organizaciones y organismos- así como el hecho de que el daño no sea reparado. No lo ha sido hasta este momento. https://www.nbcnews.com/news/world/american-retirees-mexico-say-their-life-savings-vanished-mexican-bank-n1059666

Los afectados demandaron al grupo Monex por 12 presuntos delitos, según puede verse en la página web https://bancomonexfraud.com/spanish-home/fraude-monex-actual. Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores juega su papel, tendría que estar cerca de las averiguaciones del caso que podrían, eventualmente, llevar a la cancelación de operaciones de Monex en México.

La mayoría de las familias defraudadas se asentaron en San Miguel de Allende, Guanajuato. Relataron a la NBC que Marcela Zavala Taylor fue su ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex, en algunos casos durante más de 9 años, a la que visitaban en la sucursal de ese banco en la ciudad.

Monex, con 5,200 millones de dólares en activos y operaciones en Estados Unidos, tenía la confianza de los 10,000 estadounidenses que viven en San Miguel de Allende.

Cuando Zavala y sus depósitos desaparecieron en diciembre de 2018, los afectados se reunieron con funcionarios de Monex y algunos de ellos supieron -según Bloomberg News- que faltaban unos 40 millones de dólares de unas 158 cuentas, la mayoría pertenecientes a estadounidenses. También dijeron que los estados bancarios que Zavala les enviaba, aparentemente eran falsos.

La mayoría de los afectados dice que el banco les ha dicho poco desde que presentaron sus reclamaciones y algunos comentan que les ofreció arreglos por mucho menos del saldo de sus depósitos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, tendría que apoyar las gestiones de los afectados, que tienen todas las de ganar porque no fueron víctimas de un hackeo o fraude externo al banco, como tantos que se cometen a diario, sino de una representante del organismo.

A pesar de tantos problemas que afrontamos en México y en el mundo, el frágil Estado de Derecho -las reglas de convivencia y de solución de conflictos sin violencia- debe estar más presente en las acciones del gobierno, de los legisladores, del poder judicial y de la sociedad.

Un grupo de motociclistas fueron retenidos durante varias horas en una carretera de Chiapas el 18 de julio por campesinos que les exigieron dinero para dejarlos en libertad. Ellos pudieron pagar, pero otros paseantes llevaban varios días detenidos. Uno de los motociclistas publicó los hechos en Facebook: "Esta gente -escribió- necesita ayuda y el gobierno solo los friega".

Cuando los "macabros hallazgos" eran ocasionales, podían calificarse de hechos aislados. Al volverse recurrentes, y, sobre todo, al no reducirse a 1 o 2 cadáveres encontrados en una barranca, un camino vecinal, una callejuela desierta, un automóvil abandonado o un baldío de los suburbios de la mancha urbana, sino, como ha ocurrido en las "fosas clandestinas" descubiertas en lotes y aun en construcciones, de restos humanos correspondientes a decenas de víctimas -en la más reciente, en el fraccionamiento El Mirador II de Tlajomulco de Zúñiga, conurbado con Guadalajara, se llevaban contabilizados, hasta ayer, 104 cadáveres-, ya no cabe aludir a "hechos aislados".

Se trata, forzosamente, de episodios vinculados entre sí. De crímenes en que las motivaciones deben ser similares -venganzas o "ajustes de cuentas" entre bandas de delincuentes- y en que los asesinos forman parte de los mismos grupos que han hecho del delito su modus vivendi.

Desde Lombroso -el padre de la criminología como ciencia- hasta los autores contemporáneos, hay coincidencia de que la mejor estrategia para combatir el delito como fenómeno social no pasa tanto por la represión, que de ordinario llega tarde y no ataca al fenómeno desde sus causas, cuanto por el conocimiento científico del crimen, de su génesis, su dinámica y sus variables; de las circunstancias del entorno social que lo favorecen, y -lo más importante, lo más eficaz- la aplicación de programas y estrategias orientadas a la llamada "prevención primaria".

"Jalisco es una inmensa fosa clandestina", se ha escuchado esta consigna en distintas manifestaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos y los datos recientes presentados por la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) parecen dar la razón a esa frase: en los trabajos de excavación de cementerios clandestinos se han extraído 800 bolsas con restos humanos y cerca de 245 cuerpos. En este mismo lapso se extrajeron 104 cuerpos de una fosa encontrada en la Colonia Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga, lo que la convierte en el mayor enterramiento clandestino en la entidad.

Son cifras escalofriantes y de espanto. Los datos sobre fosas clandestinas ofrecidos por el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, y por la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, dan cuenta de la dimensión que está adquiriendo este dispositivo de desaparición y asesinato de personas.

Hay que recordar que apenas la semana pasada la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda revelaron que Jalisco es el estado con más cuerpos extraídos de enterramientos clandestinos, con 487 cadáveres entre diciembre de 2018 y el pasado 13 de julio, cuando el gobierno federal presentó una actualización del registro de personas desaparecidas y de las fosas clandestinas encontradas en el país. Jalisco supera con mucho al resto de los estados en el registro de este dispositivo de desaparecer y asesinar personas que cometen células de la engrasada maquinaria de muerte que operan en este territorio.

Las autoridades de Jalisco sostienen que las altas cifras se deben, entre otras cosas, a que ahora se hace más investigación y búsqueda de las fosas, lo que no ocurría en años anteriores. Es decir, según la Fiscalía, ahora se encuentran más porque se busca más. Sin embargo, los datos históricos indican que el fenómeno de cavar fosas clandestinas en Jalisco va en alarmante ascenso.

Los datos del reportaje de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati ("El país de las 2,000 fosas", revelan que entre 2009 y 2016 se encontraron 137 fosas con un total de 214 cuerpos en 43 municipios del estado, esto sin considerar los 75 cuerpos en las fosas de La Barca, dado que la entonces Procuraduría General de la República atrajo el caso. Sólo en los primeros 6 meses de este año se supera el número de cuerpos extraídos en 8 años de referencia del extraordinario reportaje citado.

Con independencia de si ahora la FGJ está investigando más, los datos revelan claramente que se están cavando más fosas de 2017 a la fecha. Este incremento notable indica la operación de una bien aceitada maquinaria que desaparece, asesina y cava fosas clandestinas para deshacerse de cuerpos e intentar borrar evidencias. La proliferación de fosas es la otra epidemia que nos carcome.

La dimensión de lo que ocurre y la producción sistematizada de estas muertes nos hablan de un contexto de necropolítica donde los grupos que cometen estos delitos parecen contar con protección oficial o del aparato político. Es casi imposible de imaginar que se asesine y se intente desaparecer a 104 personas en una finca de un barrio metropolitano como El Mirador II o que se cave una fosa clandestina a unas cuadras de la Comisaría de El Salto, sin que la autoridad lo note. Eventos de estas dimensiones no podrían ocurrir sin la complicidad oficial, como han señalado directamente familiares de desaparecidos en El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos o Chapala.

Cada fosa no es solamente un número. Es un espacio tiempo donde también abre la esperanza para que las familias puedan encontrar a sus desaparecidos, así sea sin vida. La aparición de cada fosa es también una esperanza de cerrar un duelo.

Las familias organizadas que buscan desaparecidos ven avances en la ubicación e identificación de las fosas. Es necesario seguir encontrándolas, pero la prioridad consiste en detener que estas formas de morir sigan ocurriendo. Es necesario desmantelar la maquinaria que produce estas formas espantosas de desaparecer y morir. Y eso pasa con terminar la impunidad que hay al interior de algunas fuerzas de seguridad y estructuras de gobierno.

2 hombres señalados de defraudar a pobladores fueron linchados y quemados en una comunidad indígena del estado de Veracruz, informaron este martes las autoridades locales.

Fuentes policiales detallaron que los hechos ocurrieron en la noche del lunes en la comunidad de Tepotzon del municipio indígena de Soledad Atzompa, asentado en la Sierra de Zongolica.

Una turba de habitantes retuvieron a los 2 individuos, acusados de pedirles hasta 6,000 pesos (unos 275 dólares) para entregarles materiales de construcción para viviendas, y los agredieron físicamente.

Elementos de la policía municipal lograron rescatarlos por varias horas. Sin embargo, los pobladores volvieron a retener a las víctimas, a quienes terminaron quemando vivas.

Los inconformes además le prendieron fuego al vehículo particular en el que viajaban los 2 hombres, que aún no han sido identificados de manera oficial.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación de los hechos.

En febrero del año pasado, en ese mismo municipio indígena, 6 personas fueron linchadas, quemadas y lapidadas por una turba de casi 700 personas.

Los habitantes de Soledad Atzompa hicieron justicia por propia mano contra las 6 personas, presuntos integrantes de una banda delictiva liderada por un delincuente llamado "El Bukanas".

Los linchamientos en México han tenido una tendencia constante al alza en años recientes con un aumento de 190% en 2018 hasta los 174 casos y 271 víctimas, según un informe presentado en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

México vive una ola de violencia sin precedentes y en 2019 registró 34,608 homicidios y 1,012 feminicidios.

En el 1er. semestre de 2020, el país reportó un total de 17,493, un aumento del 1.7% frente al mismo periodo de 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

También acumuló 489 feminicidios en la primera mitad del año, un crecimiento anual de 9.2%.

Familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio, proyectaron imágenes del rostro de la joven en las paredes de Palacio Nacional, donde habita el presidente López Obrador. Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, recordó que a 3 años del asesinato aún exigen justicia. "Las autoridades nos han hecho recorrer 3 largos años sin tener ninguna respuesta. A 3 años no hay ni siquiera una línea de investigación que nos lleve a conocer quién es el asesino".

Aunque Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, reconoce que los casos de corrupción y nepotismo aumentaron en el Poder Judicial Federal, las sanciones contra los servidores públicos presentaron una disminución durante el año pasado, con respecto a 2018: pasaron de 950 a 371.

La baja de castigados es importante si se toma en cuenta que los procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios se duplicaron en la última década. Mientras en 2010 se iniciaron 1,606, el año pasado fueron 3,298 procesos, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, explica que en el caso de la corrupción, la gente se animó a denunciar los ilícitos. "Han faltado las pruebas adecuadas para sostener las acusaciones".

En diciembre pasado, el ministro Zaldívar señaló a Jalisco como una de las zonas críticas en materia de corrupción.

Entre enero de 2013 y mayo de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 148 jueces y magistrados de circuito por actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades.

El Consejo destacó que se emitieron sanciones contra 77 jueces y 71 magistrados, en el periodo mencionado. Aunque no desglosó la información por nombre y casos de corrupción, confirmó que entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco.

De estos últimos, el caso del magistrado Isidro Avelar fue uno de los más polémicos: a finales del año pasado fue detenido por presuntos nexos con un cártel de la droga. Meses antes, sus cuentas bancarias habían sido congeladas.

En ese periodo se realizaron 211 investigaciones contra juzgadores; es decir, 7 de cada 10 concluyó en sanción.

En el ámbito nacional se desarrollan mesas conjuntas con la federación para combatir el problema de la corrupción en el poder judicial, en las que participan el Consejo de la Judicatura Federal, los gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.

En febrero pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció una iniciativa de reforma al poder judicial que tiene entre sus puntos centrales el combate a la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. La propuesta fue respaldada por Andrés Manuel López Obrador, quien informó que la propuesta sería enviada por el poder ejecutivo al Congreso de la Unión, debido a que el poder judicial no tiene facultades para presentarla.

Uno de los grandes retos de la reforma al poder judicial es el combate a la corrupción y al nepotismo. En las últimas décadas se han generado redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores o se pone precio a la justicia, señala un boletín emitido por el Senado de la República.

"Todo eso (se argumenta en la iniciativa que presentó el titular del ejecutivo) ha provocado desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados y genera desconfianza en jueces que no siempre se conducen con ética, independencia e imparcialidad, sino que muchas veces sucumben ante intereses mezquinos".

Con la presentación formal del proyecto constitucional, el pasado 18 de febrero, inició el proceso legislativo para la renovación del sistema de justicia penal y, con ello, realizar un ajuste integral al marco jurídico para fortalecer las facultades para el combate a la corrupción y al nepotismo.

El Senado y el Poder Judicial de la Federación prevén perfeccionar la legislación encargada de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, clasificar sanciones por virtud de su gravedad, así como penas específicas para funcionarios, particulares y personas morales. También pretenden en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial la posibilidad de designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.

Entre los mecanismos de prevención y combate al nepotismo, las relaciones familiares y el corporativismo judicial, la Cámara de Senadores y el poder judicial plantean la armonización legal del plan integral del Consejo de la Judicatura en la Ley de Carrera Judicial e incorporar la facultad de nombramiento del juzgador respecto de su personal, basado en criterios meritocráticos.

Además, en la Ley Orgánica proponen establecer causales de responsabilidad administrativa específica sobre nepotismo y contratación de una persona que posea parentesco con el servidor público que a su vez nombró al contratante.

Durante el año pasado, los jueces federales emitieron 9,581 sentencias (condenatorias y absolutorias), de un total de 19,216 causas penales que se concluyeron tanto a través del viejo como del actual sistema (en total ingresaron 21,145).

De las concluidas en los juzgados de distrito (sistema tradicional), 2,233 finalizaron con sentencia, por debajo del promedio que se tuvo en 2018, cuando se resolvieron la mitad por esta vía.

Por su parte, de las 13,552 causas penales concluidas por los jueces de control (del nuevo sistema penal acusatorio), la mitad fueron sentencias definitivas condenatorias en procedimiento abreviado.

De las 618 concluidas por juicio oral, 510 fueron sentencias.

El especialista Anuar García remarca que esto tiene que ver con la falta de juzgados en materia del sistema penal adversarial.

"El problema es que, recordemos, la Presidencia de la República está implementando una política de austeridad y lejos de más juzgados, están restringiendo más... también recordemos que hubo una reducción importante de los sueldos y ya no hablemos de la contratación de personal y de crear nuevas vacantes para combatir el rezago existente".

Subraya que difícilmente se verá un aumento de personal, debido a la política gubernamental de gastar cada vez menos.

"Eso los hace ineficientes en cuanto a respetar los tiempos. Tienen nada más 2 años a partir de que una persona es puesta a disposición de un juez para que se le dicte una sentencia".

En muchos de los casos, agrega, no se está alcanzando esa meta y obviamente es una violación al debido proceso, "porque los tienen que soltar o fijar alguna otra medida cautelar... y en muchos casos si se quedan dentro es una violación que permite la liberación de una gran cantidad de personas".

Eso mete presión a los juzgados de distrito (en el sistema tradicional) y jueces de control o garantía que tienen la mayor carga de trabajo en el país.

Los circuitos judiciales que concentraron la mayor cantidad de causas penales ingresadas durante el año pasado fueron: 1er. Circuito de la Ciudad de México (2,654), 15o. Circuito de Baja California (1,931), 2o. Circuito de la Ciudad de México (1,580), 17o. Circuito de Chihuahua (1,570), 3er. Circuito de Jalisco (1,294) y 16o. Circuito de Guanajuato (1,141).

De los 48,116 delitos registrados en las causas penales atendidas por los jueces federales durante el año pasado, 16,055 ingresaron mediante el sistema tradicional (que son los juzgados de distrito); es decir, 3 de cada 10 (33.4%). El resto fue a través del nuevo sistema penal acusatorio (jueces de control o de garantías).

"Del total de los delitos registrados en 2019, 44.8% correspondió a los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, seguidos por los delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (14.4%)", se destaca en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 elaborado por el Inegi.

El año pasado, el Poder Judicial de la Federación conoció 21,145 causas penales, de las cuales, 19.5% fue mediante los juzgados de distrito; es decir, bajo el anterior modelo de justicia; el resto fue a través del nuevo sistema penal acusatorio.

Anuar García recuerda que el Artículo 5o. Transitorio de la reforma de 2008, que tiene que ver con la fecha de la comisión de los delitos, establece que si éstos se cometieron antes del 28 de junio de 2016, tendrán que ser conocidos por el antiguo sistema.

Sin embargo, señala que también es utilizado por muchos litigantes o autoridades para cometer actos de corrupción, al ingresar asuntos actuales en averiguaciones previas pasadas, "porque el anterior sistema era menos garantista y les permitía actuar sin ser revisados por un juez de control. Y después permitía, con mayor facilidad, condenar a una persona cuando así se necesitara, puesto que las pruebas estaban tasadas".

Pese a que hay candados, acepta que se sigue presentando esta práctica para que se investiguen los asuntos con la fecha anterior a la que en realidad se cometieron.

Agrega que mientras en Jalisco el poder judicial continúe siendo controlado por los partidos políticos, "en donde no hay piso parejo para la ciudadanía, pues este tipo de casos seguirán sucediendo, aunque existan los candados".

Al cierre de 2019, el Poder Judicial de la Federación contó con 1,370 órganos. De éstos, 915 fueron órganos jurisdiccionales y 455 órganos administrativos y/o unidades administrativas.

También suman 47,123 servidores públicos. De éstos, 3,424 estaban adscritos a la Suprema Corte, 1,443 en el Tribunal Electoral y 42,256 en el Consejo de la Judicatura. Del total del personal, 49.5% son mujeres.

Del régimen de contratación, 32,756 servidoras y servidores públicos eran sindicalizados y 14,359 de confianza. El resto, por honorarios.

Y se registraron 1,437 magistrados y jueces.

Estudiantes de la normal Rural Raúl Isidros Burgos de Ayotzinapa quemaron el Congreso de Guerrero para rechazar la investigación del Caso Iguala que realiza el gobierno del Andrés Manuel López Obrador.

Alrededor de las 11 de la mañana, unos 300 estudiantes de Ayotzinapa arribaron al congreso local en 7 autobuses.

Primero realizaron un mitin donde demandaron al gobierno federal que no haga cortinas de humo con las detenciones que ha realizado y resuelva la desaparición de los 43 normalistas.

Sobre la identificación de Christian Rodríguez Telumbre, los normalistas descartaron darlo por muerto, pues dijeron que una persona puede vivir sin un pie.

Después ingresaron al congreso y quemaron la oficina de vigilancia, las ventanas de la biblioteca y el acceso a las oficinas de los diputados.

Las expectativas levantadas por la llegada de Lozoya son muy altas, alimentadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que admite abiertamente que se negoció con él para que revele el sistema de corrupción del viejo régimen. Habría que ser más cautos sobre qué se puede esperar de las acusaciones de Lozoya. No debemos olvidar que iba ganando su caso, y que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que descongelar parte de las cuentas de él y su familia. Para evitar un naufragio político, la Fiscalía General lo presionó con las acusaciones contra su madre y su esposa para que negociara su libertad a cambio de que imputara a sus ex jefes y a políticos de oposición.

Es decir, más que judicial, la Fiscalía General pretende construir un caso político, que acompañe la estrategia de López Obrador, que ayer mismo reiteró que "hay un compromiso de que va a informar acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos". Odebrecht está en la cabeza del presidente como una gallina de los huevos de oro. La obsesión de que será la llave que muestre el financiamiento de campañas, incluida la de Peña Nieto, no tiene fundamento. El gobierno lo sabe y está presionando a Odebrecht para que aporte información que permita resultados a la altura que espera López Obrador.

Emilio Lozoya Austin, emblema de la casta priista mexiquense que gobernó (es un decir) México de 2012 a 2018, no ha pisado aún suelo mexicano para enfrentar a un juez, y ya ha sido juzgado y sentenciado.

¿Su crimen? Sobornar para el despojo de nuestra riqueza petrolera. ¿Su castigo? Condiciones privilegiadas si a cambio entrega a quienes el sexenio pasado atentaron, al abrir el sector energético, contra la expropiación cardenista.

En otras palabras, no esperen justicia sino ajuste de cuentas; porque quién necesita debido proceso cuando puedes tener un gran juicio mediático. A todo color, y con permanencia voluntaria, asistiremos a un montaje en el que el indiciado no ha llegado a un juzgado, pero ya sabemos la trama del culebrón que atestiguaremos.

Para entender lo que estamos a punto de vivir hay que retroceder los relojes a 2004. Los videoescándalos pusieron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra la pared. Carlos Ahumada, y quienes lo utilizaron, estuvieron a punto de hundir las aspiraciones de "El Peje". Sin embargo, no sólo todo le salió mal al empresario de origen argentino, quien acabó en una cárcel capitalina, sino que ahora, 16 años después, es AMLO quien promete videos, pero con carga explosiva dirigida a otra trinchera.

La llegada de Lozoya Austin podría significar que México por fin comenzara a saber cuál fue el verdadero alcance de las maniobras de corrupción en nuestro país de la compañía brasileña Odebrecht. Somos la única nación -nadie va a citar a Venezuela, ¿verdad?- que no ha ajustado cuentas con ese escandaloso caso de corrupción.

Si en otras naciones, como Perú, le costó la presidencia, la vida o la libertad a mandatarios, en México ni siquiera tenemos claro qué fue de esos dineros entregados por Odebrecht: ¿llegó a campañas del PRI? ¿Alcanzó a Miguel Osorio Chong y algunos de sus colaboradores? ¿Fue Luis Videgaray parte del esquema brasileño de sobornos? Osorio y Videgaray, claro está, por su papel en la campaña presidencial del Enrique Peña Nieto. Y, por supuesto, ¿cuánto supo de esos dineros oscuros el mexiquense?

Lozoya Austin podría tener pistas al respecto. Y lo mismo de transacciones realizadas en Pemex, y no sólo en fertilizantes, que desde que se dieron fueron cuestionadas.

El ex colaborador de Peña Nieto llega a México para enfrentar cargos por 2 procedimientos, uno ligado a la compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México, otro por Odebrecht. Pero si nos atenemos a las filtraciones, y a lo que dice el presidente López Obrador, esos importantes casos pudieran pasar, increíblemente, a un 2o. plano.

Porque a Lozoya Austin ya lo presentan como el gran delator de supuesta corrupción, en la que habría participado activamente él mismo, para lograr que la reforma energética se aprobara. De ser el caso, por supuesto que es relevante, pero ¿no es igualmente crucial saber qué hizo corruptamente Odebrecht en nuestro país?

Hoy todo apunta a que Lozoya ni siquiera tendrá un juicio digno de ese nombre, a que hay un pacto, más allá de lo que permite la ley, para construir un caso en contra de la Reforma Energética.

¿Qué rol jugará el fiscal independiente en esta trama? Porque se trata de hacer justicia. Y si hubo sobornos de Odebrecht, ¿no sería Lozoya el único que se quedó esos dineros, o sí?

No vaya a resultar que así como a la postre Ahumada sirvió para demostrar el complot contra AMLO, hoy Lozoya sólo sirva para justificar todo el gasto que se quiera hacer en Pemex, se recupere o no esa empresa.

Llega Lozoya, pero él y el peñismo ya están sentenciados.

En el caso de la exsecretaria de Sedue y Sedesol [Rosario Robles], claramente se trató de una venganza política.

Si no hubiera sido así, ya estarían procesados otros funcionarios que colaboraron con ella, así como varios directivos de universidades públicas que fueron elementos clave para la trama de la ‘estafa perfecta’.

Para el gobierno de AMLO, la venganza implicó el detener y mantener tras las rejas a una sola funcionaria.

El intento de intimidar el ejercicio profesional de Pedro Mellado que vino del juez y los magistrados "mordaza" (Manuel Edgardo Servín Orozco, titular del Juzgado 4o. de lo Civil, quien fue el 1o. en dar la razón a la acusación del ex diputado Enrique Aubry por daño moral, en un claro atentado a la Libertad de Prensa, y los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, quienes ratificaron este injusto fallo, hasta que la Justicia laboral exhibió su comportamiento faccioso y bajo consigna al invalidar sus sentencias) bien podría convertirse en la semilla, junto con el seguimiento que ha dado a su caso el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para el nacimiento de un Órgano Interno de Control (OIC) del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) para inaugurar un nuevo camino en la búsqueda de cumplir el anhelo social de limpiar el poder judicial en Jalisco.

Partiendo de esta justificación legal, y a partir del desprestigio y falta de credibilidad de una Judicatura secuestrada por intereses político-partidistas (por lo ocurrido el mes pasado cuando la Legislatura LXII la atracó al imponer en un desaseado proceso a dos consejeras y un consejero; y hace unos días con la liberación exprés de Horacio Servín Martínez, acusado por uno de sus hermanos de un fraude millonario en una empresa familiar de sulfatos, tras un sospechoso cambio de la jueza Gabriela de León, es claro que es el momento de construir y articular un OIC, que como lo propone el CPS, esté integrado por los magistrados y jueces sin quejas y otros funcionarios del STJ, para que empiece a realizar la tarea que en teoría tenía la Judicatura cuando nació hace casi 30 años: la de limpiar el poder judicial, y que lejos de cumplir, contribuyó a ensuciar más.

Desde 1964 a la fecha, México acumula un total de 73,201 personas desaparecidas y 3,978 fosas clandestinas, según la Secretaría de Gobernación (Segob).

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, precisó que de ese total, 1,523 corresponden a años anteriores a 2006. Mientras que 71,678 personas han desaparecido en los últimos 14 años.

Encinas destacó que en miles de casos "no se cuenta con la información fidedigna" por parte de las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. Debido a ello, en 11,191 cuerpos "no hay certeza del año de hallazgo, de denuncia y desaparición".

En la presentación del informe "Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas", Encinas precisó que desde diciembre de 2006 se han encontrado 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos. "Comienza a haber resultados. Anteriormente las cifras de identificación y de retorno con familiares, prácticamente no existían".

Además, el funcionario reportó una baja en la desaparición de personas en el 1er. semestre de 2020: 2,332 frente a las 3,679 desaparecidas en el mismo periodo de 2019.

Jalisco se colocó como el 2o. estado del país con más Personas Desaparecidas y No Localizadas, con un total de 3,234 ciudadanos de los cuales se desconoce su paradero desde el 1 de diciembre de 2018, sólo por debajo de la Ciudad de México (CDMX), que reportó 3,867 víctimas de este tipo. En 3er. lugar se ubicó Tamaulipas, con 2,199 sin localizar.

Según las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en total, en Jalisco hay 10,237 personas de las cuales se desconoce su paradero, en comparación con la plataforma local denominada Sistema de información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), que establece sólo 9,131.

La complejidad de la relación del hombre en sociedad y la interacción de ésta y las vicisitudes de la economía, provocan complejos cuestionamientos de justicia social alrededor de los derechos del individuo a gozar de un mínimo vital, a gozar de prerrogativas que le faciliten el acceso a un techo. Sin poner en tela de juicio la innegable obligación del Estado de favorecer un sistema social que facilite la construcción de una vivienda digna para el trabajador ¿verdaderamente tiene nuestra sociedad una obligación moral y económica de facilitar una vivienda para todos?

La pregunta viene a colación, después de que la semana pasada se presentara en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que replantea la naturaleza misma de la figura del arrendamiento inmobiliario para casa habitación, y el derecho de los arrendatarios para servirse del inmueble en condiciones que desequilibran esa relación autónoma e igualitaria que debería de existir frente al arrendador.

En el análisis de la cuestión no pueden tomarse en cuenta los extremos porque no son constantes. Es verdad que existe el caso de arrendadores abusivos que explotan inmoralmente el estado de necesidad de sus inquilinos, como también existen arrendatarios morosos e incumplidos que abusan del cobijo que les ofrece la ley para obtener un beneficio cuantificable en dinero a costa de su casero. Eliminemos las 2 hipótesis de nuestra ecuación.

La fortuna patrimonial de contar con un inmueble adicional que se pueda dar en arrendamiento para obtener una renta que haga más vasta la solvencia para soportar cómodamente la vida, obedece muchas veces a la suerte misma de haber heredado el esfuerzo emprendido por generaciones anteriores; o representa también una alternativa de inversión que realizan muchas personas de clase media, para preservar el fruto del trabajo por medio de la disciplina en el gasto y el ahorro. Un arrendador es, la mayoría de las veces, un trabajador ordenado y ahorrativo con su dinero.

Esta visión intermedia que refleja una amplia realidad, debiera ser el rasero desde el cual se expidieran las normas para gobernar la figura del arrendamiento inmobiliario para casa habitación. Asumir al arrendatario como un usuario cumplido de sus obligaciones, así como al arrendador como justo oferente de un bien a cambio del cual pretende el pago de un precio.

La semana pasada se hizo pública una iniciativa que presentan 2 legisladoras locales de Morena, por medio de la cual impulsan un proceso parlamentario para reformar el Código Civil de la Ciudad de México, con el propósito de transformar significativamente las condiciones legales de conformidad con las cuales se regula el arrendamiento de casa habitación. En su proyecto proponen que al arrendamiento de vivienda se le entienda como "un contrato específico de arrendamiento por medio del cual la relación entre las partes cumple con el objetivo social de coadyuvar al cumplimiento del derecho humano a la vivienda de la parte arrendataria a cambio de un rédito a favor del arrendador".

Con independencia de las observaciones y reflexiones que pueden existir con relación a la iniciativa en toda su integridad, que son muchas, nos ha llamado significativamente la atención el escaño en el que se ubican los derechos del arrendatario a partir de la definición misma del propio contrato para el uso de un inmueble. Se asume la protección del derecho humano a la vivienda como un objetivo social al que todo propietario de un inmueble debe coadyuvar, y por cuyo esfuerzo queda exclusivamente legitimado para cobrar un "rédito".

La visión de los derechos del inquilino frente al arrendador están indebidamente situados en el universo de los Derechos Humanos. Es errado pensar que el Derecho Humano a la vivienda sea oponible o exigible al arrendador. Todo Derecho Humano produce un interés legítimo del individuo para exigir al gobierno del Estado, solamente a la autoridad, el cumplimiento de una obligación concomitante. Los Derechos Humanos no se pueden trasladar a la esfera de derecho privado, entre particulares. Es el gobierno a través de sus distintos ámbitos de desenvolvimiento y órdenes jerárquicas, que está conminado a velar por la observancia de la ley en materia de vivienda, así como para facilitar las condiciones que favorezcan la construcción y puesta a disposición de casa habitación para las personas, a cambio de una retribución de quien se favorezca de ella. En ningún país, en ningún momento de la historia, a los seres vivos se les ha regalado una casa. Ni siquiera en Cuba o en Venezuela se ha llegado a premiar la holgazanería.

Apreciar al arrendamiento como un derecho humano para cuyo cumplimiento debe coadyuvar un particular, el arrendador conduce a imponer una carga económica, social y moral a un individuo, por oposición a otro que puede exigirla legítima y proporcionalmente. Concebir de esa manera al arrendamiento concede al arrendatario un derecho de exigencia y permanencia al arrendador, por el hecho de tener más que él.

La pretensión resulta abominable, no por menospreciar el derecho de toda persona a recibir un trato justo al momento de arrendar un inmueble, sino por imponer una carga social a uno de los individuos involucrados en la relación jurídica.

La intención legislativa que perturba este equilibrio en la relación arrendaticia es peligrosa, si se aprecia la disminución a la que se conducen los derechos inmediatos del arrendador: a recibir un rédito.

Un rédito es una utilidad o un interés por el dinero. Eso quiere decir que el valor de su patrimonio y el esfuerzo implícito que lleva adquirirlo, es equiparable al monetario líquido que en misma proporción existiera en cualquier institución bancaria o financiera. En esas condiciones, la previsión normativa permitiría, en un hipotético caso, que si la extensión del derecho del arrendador abarca el pago de un rédito proporcional por el valor económico de su propiedad, cualquier fluctuación de los mercados con relación al interés por el dinero, podría idéntica y proporcionalmente reflejarse en el pago de la "renta" por el uso de su inmueble.

Evidentemente que la norma no lo dice expresa y tajantemente, pero la posibilidad inserta en el texto de la iniciativa, de que ante situaciones extraordinarias de emergencia, el monto de la renta deba disminuirse, arroja la posibilidad de que la intervención judicial pueda llegar a ser de tal magnitud y gravedad, que dicha renta disminuya al mismo rango que los bancos pagan por concepto de interés a cambio de un valor similar al del inmueble. ¿Una prueba más grave de la reforma? ¿Sabe cuál ha sido el valor considerado por la Tesorería para calcular su impuesto predial? Ahora haga el cálculo de los ingresos mensuales que recibiría por ese mismo dinero si lo deposita en el banco, con vencimientos cada 28 días.

La propuesta parlamentaria se debe de tomar en serio. La mera definición del contrato de arrendamiento tiene aparejadas muchas implicaciones. Quizá las legisladoras pasaron por alto las previsiones que contempla la Convención Americana sobre Derechos del Hombre firmada en San José en 1969, que en su artículo 21, sobre el Derecho a la Propiedad Privada, establece con toda claridad: Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

En la ecuación existente entre arrendador y arrendatario, la norma debe perseguir la construcción de un equilibrio justo y beneficioso para ambas partes.

El tráfico de drogas y armas, la subfacturación en operaciones de comercio exterior, la piratería y el contrabando que pasa por las aduanas cuestan al gobierno mexicano 200,000 millones de pesos cada año.

En 25 años, el TLCAN no pudo acabar con la corrupción aduanera entre México y Estados Unidos y en lo que va del gobierno de la 4T ya desfilaron 2 directores de aduanas.

Pero la corrupción goza de cabal salud y ahora es el turno del T-MEC y sus controles, sobre todo los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que encabeza Mark Morgan.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Cámara Americana de Comercio estiman que por las aduanas mexicanas pasan mercancías de contrabando y productos pirata que menoscaban al erario público.

Operaciones de comercio exterior que por tarifas incorrectas generan una sangría al SAT por unos 65,000 millones de pesos, y transacciones de lavado de dinero que generan otro boquete de 145,687 millones.

Las nuevas Reglas de Carácter General en materia aduanera del T-MEC refuerzan los mecanismos de verificación de mercancías y la cooperación para atacar los ilícitos en las aduanas.

Se trata también de facilitar el trámite aduanero y darle seguridad a los exportadores e importadores acerca del tratamiento que tendrán sus mercancías y reducir el costo de las gestiones aduaneras.

Sin embargo, el tema de corrupción en las aduanas no se resuelve con las nuevas reglas del tratado renovado porque es un delito previsto y sancionado en la legislación penal.

En ese contexto, 2 de los temas que más preocupan a los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador es el paso de drogas a Estados Unidos y el ingreso de armas a México.

En los 2 flagelos están involucrados, tanto los aduaneros estadounidenses, como los mexicanos.

"Verdad histórica" es un término jurídico que en el viejo sistema penal inquisitivo señalaba los hechos con los que el investigador presentaba sus conclusiones al juez, quien declaraba la "verdad legal" en la sentencia. Ese fue el sentido que usó el entonces procurador Jesús Murillo Karam en la conferencia del 27 de enero de 2015. Los hechos eran que decenas de normalistas de Ayotzinapa habían sido privados de la libertad en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por policías municipales, llevados a Cocula y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron porque pensaban que eran parte de un grupo criminal rival, Los Rojos. Los cuerpos "de un grupo numeroso de personas" fueron quemados en el basurero de Cocula y tirados en el cercano río San Juan.

Esta es en esencia la verdad histórica. El delito que perseguía la PGR era el asesinato de los normalistas, no la quema de sus cuerpos. Hasta este momento la Fiscalía no ha presentado otra versión de los hechos. El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien con anterioridad fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), solo ha cuestionado la idea de que todos los cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula. Pero la PGR nunca señaló cuántos cuerpos fueron quemados. Hasta hace unos días, de hecho, solo 2 habían sido identificados por pruebas de ADN.

El resto de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre hallado en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero, no desmiente la verdad histórica. No comprueba que los normalistas no fueron privados de la libertad por policías municipales, ni que estos no los entregaron a Guerreros Unidos, ni que los criminales no los mataron, ni que un número indeterminado de cuerpos no fue quemado en el basurero. El nuevo hallazgo puede significar que alguno o varios de los normalistas fueron asesinados camino al basurero o que sus restos cayeron en el traslado al río San Juan.

Los líderes del movimiento de Ayotzinapa, fundamentalmente un grupo político, han sostenido siempre que "Fue el Estado" y han tratado de acallar o matizar toda información que sugiera otra cosa. Cuando el padre Alejandro Solalinde denunció por 1a. vez la quema de 17 normalistas, los líderes le exigieron callarse. Con el apoyo del GIEI, del que surgió Gómez Trejo, obstaculizaron de manera sistemática las investigaciones.

Pero ahora el viejo régimen ha caído y resulta más complicado acusar al Estado. El Ejército, al que exigieron abrir sus cuarteles para buscar a los desaparecidos, hoy es el cuerpo de mayor confianza del presidente López Obrador. El jefe de la policía federal en Guerrero en el momento de la matanza era Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Los centenares de pruebas y declaraciones, por otra parte, están ahí y no hay forma de ocultarlas.

Las nuevas autoridades declaran que han borrado la verdad histórica, pero no modifican la hipótesis en los casos que se siguen. Se lanzan a perseguir, en cambio, no a quienes mataron a los estudiantes sino a quienes investigaron el caso. Es una abierta politización de la justicia.

En el curso de las conversaciones se abordó un tema interesante: cuánto costaba en cada país, en términos económicos, formar un buen ciudadano, respetuoso de las leyes, ordenado y con sentido de responsabilidad social. Las respuestas fueron muy variadas, pero en general el costo -inversión, precisaron algunos- era muy alto. Yo pensé -lo pensé, no lo dije- que en el caso de México hacer de cualquier persona un ciudadano bueno costaba 15 pesos. Eso era lo que se pagaba entonces en el puente fronterizo por pasar "al otro lado", o sea a Estados Unidos. Tan pronto llegábamos allá se operaba en nosotros, los mexicanos, un cambio milagroso. Nos abrochábamos al punto el cinturón del automóvil, cosa que acá muchos no hacían; obedecíamos las señales de tránsito; no tirábamos basuras en las calles; cumplíamos estrictamente los reglamentos, como ese de no cruzar la calle sino en las esquinas y esperando la señal del semáforo, etc. Todo era cosa de cruzar la frontera para que nos volviéramos buenos ciudadanos. La recta conducta que no observábamos en nuestro país la dábamos a un país extranjero. Recordé eso ahora que vi a López Obrador ponerse cubrebocas al abordar el avión que lo llevó a Washington. En México no acata la instrucción, allá sí. Se vio en el presidente aquel milagroso cambio que antes dije. Obediente también en eso, AMLO cumplió en el vecino país una disposición que acá manda a su rancho.

Una víctima de asalto, ocurrido en el puerto de Coatzacoalcos, persiguió con su camioneta a los 2 delincuentes y los atropelló.

Los hechos, ocurridos el lunes pasado, quedaron grabados por cámaras de seguridad de una agencia de vehículos, cuyos videos se han hecho virales en redes sociales.

Hasta ahora se desconoce si los 2 delincuentes fueron detenidos o internados en algún hospital de la localidad. No hay versión oficial de los hechos.

En las imágenes se observa a una camioneta persiguiendo a 2 sujetos sobre la avenida Zaragoza del municipio de Coatzacoalcos.

Incluso, se ve que los 2 sujetos intentan subirse a un transporte público, pero al ser sorprendidos siguen su huida hasta que frente a una concesionaria de autos la víctima les da alcance y los atropella.

A pesar de arrollarlos, ambos siguen su huida y en el video aparece un elemento de la Guardia Nacional que los sigue, sin que haya un reporte oficial de la detención.

La eliminación de límites morales comienza fijándose en los beneficios que se obtendrían obrando mal, para luego racionalizar los medios para lograrlos, como sería, por ejemplo, justificar el linchamiento de una persona argumentando la impunidad oficial; justificar la tortura a un terrorista con el fin de proteger ciudadanos de sus ataques, o justificar el desvío de recursos públicos argumentando que como antes todos lo hicieron, ahora "es su turno".

Basta hacer lo indebido una sola vez para desconectar el "switch" de los escrúpulos y aumentar poco a poco la cantidad y gravedad de las malas conductas.

Quiero creer que la exhortación de AMLO a los criminales para que se "porten bien" y "ya le bajen" apela un iluso deseo por reactivar sus límites morales.

Sin embargo, pienso que una vez que el "switch" se ha bajado, es muy difícil, si no imposible, volver a conectarlo.

Creo que serían muy pocos los delincuentes que habiendo "aprendido" a robar, matar o secuestrar, aceptaran por razones éticas y morales un empleo formal en el que ganaran en un mes lo que en su actividad criminal se ganan en un día, como tampoco creo que haya muchos políticos o empresarios corruptos que se nieguen a traficar influencias por razones éticas. Lo que sí es posible imaginar es un régimen de aplicación estricta de la ley, en el que los delincuentes comunes se frenarían más por miedo a las consecuencias que por convicción.

Frente a la inviable estrategia de "abrazos y no balazos" que supone una "moralización" de criminales no queda más remedio que la aplicación de la ley y el uso de la fuerza pública.

La misma Fiscalía General de la República (FGR) que puso reparos a la hora de involucrarse en la acusación de familiares ligados a un capo en Guanajuato, alegando supuestos o reales huecos en la carpeta de esa investigación, quedó exhibida horas después cuando en otro caso, ni más ni menos sobre los estudiantes desaparecidos en Iguala, un juez liberó a un detenido, considerado clave para saber por qué y dónde fueron exterminados los de Ayotzinapa. Dime qué presumes y te diré de qué careces, reza el dicho.

Pero no seamos tan injustos. La FGR es una dependencia con nombre y autonomías refulgentes, pero de tradición inocultable: como antes con la Procuraduría General de la República, la FGR falla mucho a la hora de armar casos, tanto o más que las fiscalías estatales.

Los problemas de la FGR para mantener en la cárcel a "El Mochomo", y los de la Fiscalía de Guanajuato para apresar a supuestos cómplices de "El Marro", nos recordaron, en menos de una semana, cuánto hace falta para tener fiscalías eficaces a las que los jueces no les liberen a los detenidos: muchísimo.

Un gobierno que meritoriamente ha prometido justicia a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, comienza a entender por qué Murillo Karam intentó crear una verdad única, una verdad histórica.

Porque en México las verdades jurídicas que fiscales federales o estatales intentan armar te las tira de un plumazo cualquier abogado. Bueno, casi cualquiera, pero para el caso es lo mismo.

Que si la disparidad entre la preparación de fiscales y jueces, que si la incapacidad de cuidar todos los detalles de ley a la hora de recoger evidencias o realizar las detenciones, que si flagrantes disparidades en las versiones policiales sobre los operativos, que si tortura y abusos... El caso es que las acusaciones se caen más que las moscas. Y eso no va a cambiar pronto, porque la falta de capacidades de policías y fiscales los lleva a estrellarse con un muro judicial mejor instruido, más exigido y remunerado.

¿Qué hacer? Los expertos llevan décadas ofreciendo a los gobiernos ideas y ayuda. Volver a ellos es una 1a. idea.

¿Qué no hacer? Lo que el Presidente de la República: tratar de explicar los fallos sólo a partir de la corrupción. Al decir que los jueces son rigoristas o se basan en tecnicismos, al deslizar que podría haber colusión de autoridades con criminales, al no querer ver la realidad e invocar, para todo mal a su sambenito supuestamente redentor, López Obrador manifiesta que a él también le gustaría que lo que los policías -Guardia Nacional y soldados incluidos- digan que sea suficiente para que los fiscales refundan en la cárcel a este o aquel detenido. Es decir, lo que a AMLO le gustaría es tener pronto una verdad histórica para tantos casos, comenzando por Ayotzinapa, donde un juez no "entorpeciera" los "esfuerzos" de los investigadores al pedir que las acusaciones estén fundamentadas y hayan sido armadas sin violaciones a los derechos humanos.

Dicen que al llegar al gobierno todos se igualan. Ojalá que no sea así, ojalá que Andrés Manuel y su fiscal Gertz Manero no impongan verdades históricas y sí, en cambio, den a los mexicanos en cada caso verdades jurídicas a las cuales adherirnos todos. Sería una verdadera transformación.

Sólo en México te pueden capturar con 2 millones de pesos en efectivo y un kilo de metanfetaminas para después soltarte por falta de pruebas o detención ilegal como ocurrió con la mamá de "El Marro", detenida en Guanajuato.

Sólo en México, un presidente es capaz de politizar y repartir culpas de un operativo e investigación desastrosos, y sólo en México un gobernador, como es el caso de Diego Sinhue, responde para deslindarse, politizar más el asunto y repartir culpas.

Mientras el crimen sea el único organizado en México, no habrá manera de acabar con esa otra "pandemia" de seguridad que, al igual que la sanitaria, las autoridades enfrentan por separado.

Las decisiones que adopta el corporativo de Pemex están por darle la puntilla a la petrolera nacional, el baluarte del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre el cual quiere basar parte del bienestar del país.

Todo lo que sucede en la llamada 'empresa productiva del Estado' pasa por las decisiones y acciones del director de Administración, Marcos Herrería, mejor conocido adentro como el 'primer ministro'.

Este personaje ha implementado la estrategia de apretar a todos los contratistas, para lo cual instruye a su esbirro, Alberto Velázquez, el director de Finanzas, a que no pague facturas de trabajos realizados.

El famoso flow cash tiene la orden de Herrería de no pagar a un buen número de contratistas las obras ejecutadas desde hace varios meses, lo que pone a muchas empresas en riesgo de quiebra.

No contentos, Herrería y Velázquez fueron más allá: quieren borrar toda huella en el sistema de Pemex que dé a las empresas elementos para argumentar en un posible litigio que tienen cuentas por cobrar.

¿Cómo? Rechazando desde febrero la recepción de nuevas facturas por trabajos realizados, porque con esa acción no queda evidencia de lo que se debe y tampoco corren los tiempos en el sistema SAP.

De Octavio Romero mejor ya ni hablemos, porque el director general de Pemex está más ocupado en temas personales, lo que se ha convertido en una queja recurrente en los pasillos de Palacio Nacional.

Este manejo bizarro [sic] que se hace desde los escritorios de la Torre de Marina Nacional choca con la realidad de campo, donde los responsables de carne y hueso hacen malabares para cumplir las metas presidenciales.

Para Herrería es muy fácil pedir que se cumpla la instrucción de producción, pero no paga y sí exige a los técnicos que a su vez presionen a los contratistas para que terminen y entreguen en tiempo los trabajos.

Los que no entren a su juego que se atengan a la reducción de sus contratos o cancelación anticipada, no importa que ya lleven hasta 4 meses de atraso en cobros y no puedan pagar a trabajadores y proveedores.

Pero todavía pinta peor la cosa, ya que la nueva orden para los responsables de campo es no aceptar facturar nada nuevo, o sea, que el financiamiento de la obra sea responsabilidad total del contratista.

El fin de esta historia parece claro: con todas estas acciones 1o. quebrarán a los contratistas, especialmente nacionales, sean nuevos y cercanos a la 4T, o los históricos, no importa.

Y después caerá como dominó Pemex, con lo que habrá que agradecerle los resultados de la estrategia de terror al 'ministro Herrerías', el poder real en Pemex, porque Romero simplemente no existe.

Que alguien le avise a López Obrador el batidillo que están haciendo en su baluarte.

En cuestión de horas supimos de 2 hórridas masacres (aquí aplica la reiteración). Casi 3,000 kilómetros separan a Caborca, Sonora, de San Mateo del Mar, Oaxaca. Pero tan disímbolas poblaciones fueron hace días escenario de la descomposición criminal que, con o sin pandemia, carcome al país. ¿Hasta cuándo seguirá eso?

Una decena de cuerpos fueron abandonados en una carretera sonorense. Las imágenes de un viajero nos muestra que en la violencia estamos como frente al Covid-19: todos los días, desde hace como 15 años, son iguales, porque todos los días pueden aparecer, sin que nadie se entere luego de mayor cosa, un montón de cadáveres, una pila de muertos que son reflejo del poderío de un grupo criminal y de la debilidad de las instituciones.

Miles de kilómetros al sur, en la región del Istmo, 15 personas tendrán una muerte violenta que incluirá no sólo las balas, sino torturas y fuego. Ahí no hubo levantón o clandestinidad. Sino un ataque frontal: salvajismo que nos recuerda que la ley es un concepto carente de significado tanto para víctimas que reclaman derechos como para victimarios que se sienten con la capacidad de usurparla sin disimulo.

Mucho antes de que un coronavirus pusiera a México entre la espada (contagios masivos) y la pared (la debacle económica), nuestro país se desentendía de su verdadero problema. Una nación sin imperio de la ley, sin justicia, donde campea la impunidad e impone sus reglas el crimen, organizado o por organizarse. Una nación que no es normal, aunque luego quiera sentarse en la mesa de los grandes países.

Antes de las 2 masacres, un juez federal y su esposa fueron acribillados a las puertas de su domicilio y frente a sus hijas, de escasa edad. ¿Hace falta decir más para enfatizar que eso es una atrocidad intolerable en una sociedad moderna?

Si no hubiera pandemia, ¿habría manifestaciones de indignación y reclamo de justicia frente a las noticias de estos crímenes? Es fácil decir sin temor a equivocarse que probablemente no. Que serían noticias pasajeras. Cómo pensar que eso iba a convulsionar a una sociedad que convive desde hacer meses con un Guanajuato en manos de los criminales, con un Jalisco lleno de fosas, con una Ciudad de México capturada desde tepitos, uniones y penales, desde un Tamaulipas perdido, un Veracruz ingobernable, un Guerrero capturado, un Quintana Roo en manos de mafias, un narcotráfico imparable, redes de extorsión rampantes, asesinatos al alza mes con mes.

Desde tiempos de Peña Nieto se perdió el mediano control de la violencia que en un momento –breve, es cierto– pareció lograrse al final del calderonismo. Y la llegada del nuevo gobierno, con sus reuniones madrugadoras y su creación de un cuerpo policial militarizado, no ha significado la mínima diferencia: los grupos criminales gozan de cabal salud.

Esta cuarentena, este encierro, ha mandado a sus casas a mucha gente. Ha representado una amenaza a la salud pública. En cosa de cinco meses el virus matará a casi la misma gente que los criminales en un año. Pero, sea como sea, la pandemia pasará. En unos meses, o en cosa de un año. Por la llegada de medicinas, de vacuna o de contagio masivo. Pero se irá.

Lo que no se va a ir es el poderío criminal. Que no ha parado ni en pandemia. Que provoca masacres lo mismo en Caborca que en Oaxaca que en Celaya. Y que nos obliga a reformular la pregunta del 1er. párrafo, ya no preguntemos ¿hasta cuándo durará esto?, sino ¿hasta cuándo puede seguir eso? Hasta cuándo sin amenazar la vigencia de eso llamado México.

Estudié la carrera de Jurisprudencia, primero en la Escuela de Leyes que fundó en Saltillo don Francisco García Cárdenas, gran señor cuya sabiduría sólo era igualada por su generosidad, y luego en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde tuve maestros tan ilustres como Ignacio Burgoa Orihuela, Luis Recasens Siches, Andrés Serra Rojas y otros de igual prestigio y nombradía. Durante largos años profesé cátedra jurídica en el plantel de mi ciudad, hasta que sin darme cuenta pasé de la edad de la pasión a la edad de la pensión. Una cosa aprendí en aquellas aulas: un Estado sólo es de Derecho cuando gobernantes y gobernados se someten por igual al imperio de la ley. Donde eso no sucede se instauran el caos y la anarquía. La ley penal castiga a quien propicia en cualquier forma la evasión de un preso o detenido. El castigo que se aplica al que comete ese delito se agrava considerablemente cuando quien incurre en él es funcionario. Con la inconsciencia de quien se siente absuelto de cumplir las leyes el presidente López Obrador declaró públicamente que fue él quien ordenó la soltura de un delincuente a quien se había aprehendido. Con eso se desmintió a sí mismo y desmintió a Alfonso Durazo, pues ambos habían manifestado que la decisión de dejar libre a esa persona se tomó en forma colegiada por el gabinete de Seguridad. (Porque es de saberse, aunque es difícil de creer, que en este país hay un gabinete de Seguridad que se reúne todos los días a las 6 de la mañana, quizá para contar los muertos por violencia habidos en el día anterior). Mal anda una nación cuando su presidente no sólo viola la ley, sino que además miente y presume lo que hizo como si hubiera llevado a cabo un acto de valor, para colmo sin que la declaración viniera al caso después de bastante tiempo de transcurrido desde el malhadado suceso. La suficiencia de López Obrador lo lleva a decir cosas que a él lo comprometen y a los ciudadanos nos preocupan. Debería cuidar más sus palabras, calcular sus efectos. No desperdicie las oportunidades que se le ofrezcan de hacer una valiosa aportación a la República: su silencio.

Pareciera que la justicia se reserva sólo para algunos. Refieren que, por ejemplo, los manifestantes arrestados por el caso de Giovanni López el pasado 4 de junio fueron puestos a disposición de un juez esa misma noche para que horas más tarde se realizara su audiencia de vinculación.

¿Cuáles son los criterios? ¿Las autoridades atienden y presumen la comisión de un delito sólo después de la mediatización del caso?

Pareciera que los protocolos de investigación no alcanzan a las mujeres de comunidades rurales y mucho menos a las indígenas, y ello es el resultado de la poca o nula capacitación de los ministerios públicos que no tienen la sensibilidad y capacidad técnica para realizar su trabajo, el mismo que atiende el robo de una vaca también se encarga de un feminicidio.

A 10 días de que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, las cámaras de comercio de Estados Unidos (EU) y Canadá expresaron su deseo de que el pacto se acompañe de mayor certidumbre para sus inversiones en México.

El nuevo tratado comercial entre nuestro país, EU y Canadá (T-MEC) es "importante" para la American Chamber of Commerce (AmCham), pero "hay mucho trabajo por hacer", afirmó Francisco de Rosenzweig, presidente de Comercio Exterior y Logística del organismo estadounidense.

"Un tema muy importante es el ambiente de negocios que se tiene que acompañar de un fortalecimiento del Estado de Derecho, es fundamental para continuar siendo atractivos para la inversión extranjera", expuso.

El nuevo acuerdo es "una condición necesaria, pero no suficiente para promover las inversiones en Norteamérica", advirtió Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham).

"En el caso de México, requiere que se manden otro tipo de señales a las que se han mandado", dijo, haciendo referencias a temas como los cambios en política energética.

Si continúan los elevados niveles de incertidumbre y las señales confusas en política económica, se exacerbarán la desigualdad y la pobreza, y habrá menos inversión y crecimiento en México, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo expuso que la situación del país es compleja, lo que hace fundamental tomar medidas claras para tener una recuperación de la economía en 2021.

El CEESP enumeró distintos informes, publicados la semana pasada, en los que se muestra el retroceso del país en materia de inversión, como la salida del Top 25 de naciones más atractivas para el capital foráneo, según la consultora Kearney.

El homicidio cometido con todas las agravantes en las personas de un juez federal y su señora esposa no ha de ser meramente parte de una estadística a la cual nos hemos acostumbrado ya, y está muy lejos de constituir sólo "un hecho lamentable". Es, por sus características particulares, un gravísimo crimen perpetrado en contra del sistema judicial de México y que atenta contra el mismo Estado mexicano. Ya se ve que la pazguata prédica presidencial de "abrazos, no balazos" es desoída por la delincuencia, cuyas venganzas e intimidaciones no obtienen respuesta por parte de los encargados de la seguridad nacional. Si este delito queda sin castigo se pondrá en evidencia una vez más el hecho -ése sí muy lamentable- de que en este país la ley es letra muerta, que la inmensa mayoría de los hechos ilícitos quedan sin castigo y que la timorata postura de la 4T frente al crimen organizado, lejos de haber logrado que la violencia disminuya, parece haberla propiciado aún más.

Las autoridades civiles, de conformidad con las sanitarias, han establecido, como corresponde, pautas y protocolos: limitaciones a los giros que se reactivarán, para evitar hacinamientos y propiciar el saludable distanciamiento entre las personas; han sido reiterativas en recomendar que se apliquen escrupulosamente las medidas profilácticas complementarias...

Conscientes, sin embargo, de que el súbito repunte de los contagios fue la consecuencia (inevitable, lógica, previsible) del relajamiento de la disciplina que se tuvo cuando se encendieron las alarmas, y de que no es factible imponer reglas que las personas pueden burlar con la mano en la cintura en nombre del libertinaje -una noción mal entendida de la libertad-, las autoridades han apelado ahora a la "responsabilidad individual": un concepto que endosa a la conciencia de cada uno la aplicación de las medidas conducentes a protegerse a sí mismo y a proteger a los demás, y exime a aquéllas del deber -materialmente impracticable, por lo demás- de vigilar y aun exigir la puntual observación de dichas medidas, e incluso sancionar a quienes así no lo hicieren.

El terrorismo por su acepción original es la forma política mediante la cual se persigue la alteración del orden establecido creando un clima de terror e inseguridad para intimidar a la población.

El Código Penal Federal establece que se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a 1200 días y tipifica en qué consiste el delito, a quién utilizando sustancias químicas o biológicas, material radiactivo, radiaciones, explosivos o armas de fuego o por cualquier otro medio, violente o realice actos en contra de personas, bienes o servicios públicos o privados que produzca alarma o temor en la población para atentar contra la seguridad nacional.

Esas sanciones se aumentarán en un 50% cuando el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, como lo fue el reciente caso de los daños causados al Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco y a su mobiliario y equipo de cómputo, por personas que se ostentan como defensores de los derechos humanos y se unieron a la protesta por la muerte del joven Giovanni López.

El derecho a manifestarse está consagrado por la Constitución, siempre y cuando sea en modo pacífico y ordenado, que no cause molestias a la población o daños materiales. En este caso los daños causados desvirtúan la legitimidad de la manifestación y cometen el delito de terrorismo, por lo que debe abrirse una investigación para capturar a los causantes y juzgarlos por estos delitos. En las redes se puede apreciar que hubo infiltrados que no son de nuestro estado y venían preparados para causar disturbios.

Claudia Sheinbaum tomó una decisión política al no utilizar la fuerza pública para impedir los saqueos y actos de vandalismo de la manifestación del 8 de junio. Sabía las consecuencias, pero prefirió los daños a la propiedad pública y privada que correr el riesgo de que se le acusara de represora.

Con esta decisión, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha mandado un mensaje a los grupos que participan habitualmente en manifestaciones. Los saqueos y los actos de vandalismo están ya permitidos en la capital. Es un mensaje que obliga a las víctimas a aguantar las pérdidas o a defenderse por sí mismas. El gobierno ya no lo hará.

Desde la semana pasada empezó a forjarse este mensaje. La jefa de Gobierno presumió el 5 de junio que había "desaparecido" el cuerpo de granaderos. Poco después, cuando comenzó la protesta contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos y Jalisco, un cuerpo de "no granaderos", con equipo de granaderos, protegió la embajada de la Unión Americana, pero permitió que los manifestantes destruyeran propiedad pública y privada y realizaran saqueos en Paseo de la Reforma. Solo cuando la manifestación llegó a Polanco, una zona comercial y residencial de clase media alta, intervino. Los manifestantes arrojaron piedras a los policías; y, cuando estos respondieron, por lo menos 2 golpearon a una adolescente que cayó a su paso. El gobierno capitalino ha detenido a estos policías, sin tomar ninguna medida contra los saqueadores.

Este 8 de junio se llevó a cabo una nueva manifestación. Ya no hubo ningún intento por detener el vandalismo. Los manifestantes destruyeron y saquearon lo que se les antojó. Con martillos y mazos rompieron cortinas de seguridad y robaron mercancías. Además, agredieron a reporteros. Los no granaderos se mantuvieron a distancia. Los vándalos solo respetaron el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México.

Al cabo de la violenta jornada, la jefa de Gobierno mandó un tweet, pero no mencionó la destrucción registrada en la manifestación. Simplemente señaló que había caído una granizada en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno tiene aspiraciones políticas: es una de las posibles candidatas de Morena a la Presidencia de la República para 2024. Su principal preocupación parece ser no meterse en líos. No quiere que se le acuse de autoritaria. Seguramente piensa que los dueños de los negocios vandalizados o saqueados no representan muchos votos, por lo menos no en comparación con quienes nutren los movimientos de protesta.

El problema es que el mensaje puede tener consecuencias muy negativas. El gobierno capitalino no levantará ya una mano para defender a los comercios o propiedades vandalizados o saqueados. Será como los ferrocarriles, que han tenido que aguantar pérdidas millonarias cuando son bloqueados por activistas políticos. Quienes sufran ataques en protestas, deberán asumir las pérdidas; o, quizá, ante la falta de protección de la fuerza pública, tendrán que defenderse por sí mismos.

Ya en la manifestación del 8 de junio un grupo de comerciantes del Centro Histórico utilizó palos para enfrentar a los vándalos. Estos, que al final son bastante cobardes, prefirieron retirarse y asaltar negocios que no tuvieran defensores decididos. Cuando el Estado abandona el monopolio del uso de la fuerza es inevitable que surjan grupos que llenan el vacío. Es una lección de la historia que la doctora Sheinbaum no puede darse el lujo de olvidar.

Es tal el pavor de algunos gobernantes a que sus adversarios -reales y/o ficticios- los tilden de "represores", que prefieren exhibirse como ineptos o pusilánimes.

Botones de muestra, las secuelas de las manifestaciones del jueves pasado en (y alrededor de) Palacio de Gobierno de Guadalajara [de Jalisco], y del lunes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. En el 1er. caso, el Gobierno del Estado levantó los cargos y puso en libertad a 6 personas detenidas en flagrancia, cuando perpetraban los delitos de daño en las cosas, daños al patrimonio urbano, desobediencia y resistencia de particulares, al degenerar en manifestación de violencia, vandalismo y desorden generalizado la legítima protesta que se realizaba por la muerte de Giovanni López, presumiblemente a consecuencia de un caso de brutalidad policíaca. En el 2o., la jefa de gobierno de la Ciudad de México se jactó de que quienes perpetraron destrozos, agresiones y desmanes, so pretexto de la manifestación de protesta por la brutalidad policiaca contra una joven participante en una marcha previa, en protesta, también, por la muerte de Giovanni, ocurrida la semana pasada, "se quedaron con las ganas" de que la policía los reprimiera, y les diera argumentos para desgarrarse públicamente las vestiduras por tal motivo.

Contra lo que piensan, suponen o se imaginan algunos, especialmente a partir de los sucesos del '68 en México, reprimir no significa agredir, perseguir, ni mucho menos asesinar o masacrar a personas inocentes que ejercen en la vía pública un derecho que la ley les reconoce. Reprimir, diccionario en mano, significa "contener, refrenar, contener por la fuerza el desarrollo de algo". Reprimir algo lícito, como el ejercicio de un derecho, es una arbitrariedad; en cambio, reprimir conductas socialmente condenables, como los actos vandálicos, los saqueos o las agresiones (a policías, como las de la semana pasada en Guadalajara, o a particulares -periodistas, concretamente-, como el lunes en la Ciudad de México), es, por ley, la obligación de las corporaciones creadas por el legislador y mantenidas con los recursos que aportan los ciudadanos a través de los impuestos, para, llegado el caso, mantener el orden, salvaguardar la integridad física y preservar el patrimonio de los mismos ciudadanos, mediante el uso de la fuerza pública.

Reprimir, en la acepción que erróneamente se da al vocablo, es reprobable. Dejar impunes delitos que se cometen en flagrancia, es ineptitud; es tibieza; es incapacidad para aplicar la ley; es dejar la puerta abierta para que esas conductas se vuelvan endémicas.

La presencia policial es mínima y tienen órdenes de no responder. La decisión de Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco son idénticas.

La pregunta es: ¿no se van al extremo? Evitan abusos y represión policial a costa de renunciar a mantener el orden público.

"Celoso de la honra..." -¡ah, eso sí...!-, ofendido por la pedrada que desde media calle le lanzó al tejado el gobernador Enrique Alfaro al afirmar que "su gente" -la de aquél- estuvo tras los desmanes del jueves pasado en el Palacio de Gobierno de Guadalajara [de Jalisco], y que tales tropelías fueron urdidas desde los sótanos de Palacio Nacional, el aludido se interesó más, ayer, por romper una lanza, en su cotidiana plaza pública, en defensa de "la (sacrosanta) investidura" que ostenta, que por el meollo del asunto...

Se supone que la 1a. fue mancillada merced a las declaraciones que Alfaro quiso parchar al día siguiente con otras más mesuradas. Intento fallido. "Esclavos de nuestras palabras y amos de nuestros silencios" como somos, según el proverbio, el daño ya estaba hecho.

Para el vecindario, más allá del morbo que suscita el argüende referido, lo sustancial es que tanto de la muerte de Giovanni como de los episodios que de ahí se desprendieron, se conozca la verdad y se sancione a los responsables de las conductas ilícitas e incluso criminales concomitantes.

Más concretamente: 1) en qué circunstancias ocurrieron la detención, el encarcelamiento y las lesiones que -según la autopsia- causaron la muerte de Giovanni; 2) quiénes fueron los responsables de su deceso; 3) si ya se iniciaron los procesos correspondientes; 4) quiénes -con nombres y apellidos- orquestaron y participaron activamente en los violentos desmanes del jueves en (y a inmediaciones de) Palacio de Gobierno; 5) si ya se emprendieron acciones legales para identificar plenamente e imputar cargos a los autores de delitos (daño en las cosas, pandillerismo, intento de asesinato, etc...) perpetrados en la vía pública; 6) si habrá sanciones para los policías que arbitrariamente detuvieron a jóvenes que presuntamente participarían en manifestaciones, o para los mandos que en ese sentido les dieron instrucciones.

Eso es lo esencial: esclarecer y sancionar delitos; "cumplir y hacer cumplir las leyes", como "protestan" hacer, al asumir sus cargos, los actuales protagonistas de un vulgar pleito de comadres que ofende a los ciudadanos de bien que merecen algo más que escándalos y leperadas de sus gobernantes.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que las pérdidas por daños a establecimientos comerciales en las manifestaciones del 5 y 8 de junio, donde se registraron actos vandálicos a negocios del Centro Histórico, alcanzan los 22 millones de pesos.

Al respecto, Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco CDMX, manifestó su preocupación por la repetición de estos actos, que nuevamente causaron serios daños a establecimientos comerciales, monumentos históricos, edificios y mobiliario urbano.

"Nuestra institución se ha distinguido siempre por defender el principio de legalidad por encima de cualquier propósito o causa. Sin embargo, nos oponemos rotundamente a que la protesta pública derive en actos vandálicos que desvirtúen propósitos que pueden ser legítimos. Nos oponemos a que los comerciantes y sus empleados sigan siendo el centro de los ataques", dijo.

Destacó que las fuerzas de seguridad deben actuar con base en un protocolo de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma. Pero en ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones sean aprovechadas por grupos vandálicos para cometer actos ilícitos, como fue el día de ayer, el pasado 5 de junio, y en otras tantas ocasiones.

Nathan Poplawsky añadió que no se puede reclamar justicia saqueando tiendas, agrediendo a periodistas, dañando inmuebles y monumentos históricos o poniendo en riesgo la vida de policías y transeúntes.

Expuso que las personas encapuchadas representan a grupos de interés y no a un movimiento social.

"Su afán es desestabilizar usando cualquier pretexto y de ello da cuenta su organización y entrenamiento", comentó.

A ver: la aseveración de que "es preferible un delincuente libre que un inocente preso", cojea de las 2 piernas. Ambas situaciones son injustas. Ambas lastiman al tejido social. Ambas exhiben incompetencias de la autoridad para hacer su tarea...

El jueves, en las manifestaciones alrededor de Palacio de Gobierno, en protesta por la muerte -en circunstancias que, mientras no se esclarezcan plenamente, no permiten ni mucho menos justifican calificar de asesinato- de Giovanni López, hubo, posiblemente, justos que, en los enfrentamientos con la policía, pagaran por pecadores. En la decisión del gobernador Enrique Alfaro, el sábado, de dejar en libertad a todos los detenidos por los sucesos de jueves y viernes, es probable que la indulgencia beneficiara a algunos jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria, abusiva e ilegal por parte de policías que se extralimitaron en sus funciones y desobedecieron las instrucciones expresas de sus superiores..., pero también a algunos autores de actos ilícitos y aun decididamente delictivos (daño en las cosas, lesiones, pandillerismo...).

En los sucesos del jueves, hay que distinguir: la manifestación en contra de la brutalidad policíaca es irreprochable; 1o., por lícita; 2o., por justificada: 3o., por ordenada... Los desmanes en que incurrieron algunos manifestantes -o anarquistas infiltrados entre ellos-, y que los medios de comunicación hicieron del dominio público, son reprobables... y muchos, incluso, punibles: la destrucción de mobiliario urbano, el incendio de patrullas, el vandalismo sobre la fachada, las puertas, los vitrales, aparatos, máquinas y muebles en algunas oficinas de Palacio de Gobierno y la Recaudadora del Estado vecina, son conductas tipificadas como delitos; arrojar un líquido inflamable y encender la ropa de un policía, con todas las agravantes posibles, es un homicidio en grado de tentativa...

Los autores de tales tropelías incurrieron -impunemente, por lo visto- en conductas tan censurables como las que motivaron la manifestación misma. La brutalidad ciudadana es tan condenable como la brutalidad policíaca contra la que se quiere protestar. Destruir el mobiliario urbano, o vidrios, escaparates y vehículos, o saquear negocios -para robar televisores o botellas de licor, por ejemplo-, son inadmisibles como argumentos contra los abusos policíacos... aun en los casos en que estos últimos dejan víctimas fatales.

En México hay todos los días actos de abuso por parte de los cuerpos de policía. Pretender defender su actuación con evidencias tan obvias como las que vemos en estos días es contraproducente.

Pongamos atención a que una vez más se trata del respeto a la vida y la dignidad de lo que hablamos. Aquí, la práctica de la extorsión policiaca está tan extendida como las prácticas racistas en la nación vecina y llega la hora de poner sobre la mesa acciones para corregirlas.

El Centro Integral de Comunicaciones de Jalisco informa que recibió 2'181,759 llamadas a la línea 911 en el 1er. cuatrimestre de 2020.

Sin embargo, sólo 271,339 fueron por una urgencia real, según la Secretaría de Seguridad Pública: 9 de cada 10 [fueron improcedentes] en plena pandemia.

En comparación, en 2019 fueron improcedentes 8 de cada 10 enlaces.

De los 12 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia ubicados en las regiones de la entidad, los que reportan más atenciones son los de Costa Norte y Centro (donde está la metrópoli).

Aunque en el Congreso del Estado se endurecieron las sanciones contra bromistas, no hay personas castigadas.

A nivel nacional informan que, de enero a marzo de 2020, se recibieron 17.2 millones de llamadas en el 911, de las cuales 23% fueron procedentes. El 60.68% fue por temas de seguridad pública.

Mientras que las 13.2 millones de llamadas improcedentes en el país se dividen en: 48.06% por marcaciones mudas, 15.69% de otras llamadas de no emergencia, 15.64% fueron incompletas y 13.66% fueron bromas de niños, entre otras.

Rogelio Barba Álvarez (coordinador de la Licenciatura en Criminalística de la Universidad de Guadalajara) indica que el tema de las llamadas falsas ocurre porque muchas personas no tienen un compromiso social y ven esta práctica como una actividad "divertida".

"Una llamada falsa implica un desplazamiento de las autoridades policiales, por eso este tipo de llamadas en algunos países están penalizadas".

En Ecuador, en caso del uso indebido del número de emergencia ECU911, se aplican medidas de suspensión telefónica con distintos plazos, hasta la posible cancelación definitiva, según el nivel de afectación.

Un contingente de aproximadamente 100 anarquistas causan destrozos a locales comerciales sobre Paseo de la Reforma y en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos.

La protesta se da en el marco de las movilizaciones registradas este viernes por abusos policiales relacionados al caso de Giovanni López.

Asimismo, protestan contra el racismo y la muerte de George Floyd, hombre afrodescendiente que murió el pasado 25 de mayo tras ser detenido y sometido por policías en Minneapolis, Minnesota.

Durante los disturbios, los jóvenes agredieron a reporteros y camarógrafos de medios de comunicación.

Después de permanecer casi una hora en Avenida Paseo de La Reforma, cerca del Monumento al Ángel de la Independencia, tomaron camino sobre Thiers.

Fue en esa avenida donde rompieron cristales de tiendas de conveniencia, las saquearon y también rompieron las puertas de sucursales bancarias.

En el Puente a la incorporación hacia Marina Nacional, los grupos de jóvenes con vestimenta negra hicieron una pausa y viraron sobre Río Nazas.

Durante su movilización, integrantes del llamado Bloque Negro agredieron a representantes de medios de comunicación.

Dos horas después del inicio de la manifestación, un grupo de policías con escudos y cascos se acercaron a la zona.

La protesta frente al Palacio de Gobierno estatal, tras el presunto homicidio de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, también refleja el hartazgo de la población ante la lentitud y la omisión de las autoridades para sancionar a los culpables.

Anuar García, presidente de SOS Jalisco, remarcó que la demora en este caso es inexplicable, pues el hecho ocurrió el 4 de mayo, pero la Fiscalía no había reportado avances hasta que se hizo público.

"Tienes los testigos, tienes el video. No necesitas más para llevarlo ante un juez y emplear justicia", dijo.

Resaltó que el hecho de que los agentes no hayan sido separados de sus cargos demuestra que Eduardo Cervantes, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, ha sido omiso.

"Parece que los están premiando y se ve una colusión del presidente municipal junto con sus policías".

Sobre este punto, el penalista recordó que Ixtlahuacán de los Membrillos está integrado a la Policía Metropolitana, una estrategia que involucra al estado como corresponsable.

"(La) Policía Metropolitana pudo haber metido mayor presión desde el Gobierno del Estado y directamente con los mandos como el señor (Macedonio) Tamez y de parte de Seguridad Pública del Estado", añadió.

El especialista también acentuó que la entidad ocupa uno de los últimos lugares en impartición de justicia en México y en el contexto de la pandemia el rezago ha aumentado.

"La Fiscalía del Estado está cerrada, sólo atienden guardias. La gente está reventando, se les ha olvidado la parte de la impartición de justicia".

Sobre la reacción de algunos manifestantes, quienes incendiaron patrullas y atacaron a uniformados, García subrayó que es "injustificable" el empleo de la violencia para demandar justicia.

La nueva Ley de Educación del Estado de Puebla es una muestra más de la falta de respeto al orden jurídico y a los derechos de la persona humana que tienen muchos de los que forman parte de la 4T. Esa mal urdida legislación, de carácter claramente expropiatorio, constituye un flagrante atropello del gobernador morenista Barbosa y de sus diputados. No sólo pone en riesgo a la educación privada: sienta además un peligroso precedente contra la propiedad privada en general. La dicha ley habrá de motivar un alud de amparos que desde luego procederán por la torpeza con que el mamotreto fue concebido, y porque es abiertamente violatorio de la Constitución. Hizo muy bien Monreal en descalificarlo. Esperemos que la encargada de la Florería Bucareli no diga que la Ley Barbosa pervivirá, como lo dijo de la Ley Bonilla. La defensa y protección de las instituciones de educación privada en Puebla será la protección y defensa del Estado de Derecho y de las garantías individuales consagradas por la máxima ley.

Que los ciudadanos tengan derecho a manifestarse contra las restricciones a la libertad dispuestas por la autoridad a consecuencia de la pandemia del coronavirus, no necesariamente significa que tengan razón... ni, mucho menos, implica que la autoridad deba plegarse a sus demandas.

Protestas públicas como las veintitantas registradas sólo en Guadalajara desde que comenzó, a mediados de marzo, la presente contingencia sanitaria, son comprensibles, y son legítimas.

Son comprensibles porque hay sectores de la población que se sienten vulnerados. Los meseros de bares, restaurantes y similares, afectados por los cierres de sus centros de trabajo; los propietarios de gimnasios; los comerciantes de productos "no esenciales"; los encuestadores del Inegi y los policías de Juanacatlán a los que no se han cubierto los salarios; los familiares de reclusos en Puente Grande por las condiciones de salud de éstos, otro tanto. Y son legítimas porque la Constitución, en el Artículo 8, consagra el Derecho de Petición: la facultad que tiene toda persona para solicitar información o demandar la intervención o la prestación de un servicio por parte de la autoridad, y a la que la autoridad está obligada a responder "en breve término" si se plantea por escrito.

Sin embargo -y es aquí "donde la puerca tuerce el rabo"- la misma ley establece, en el Artículo 29, las situaciones en que pudiera verse la sociedad "en grave peligro o conflicto" y debieran suspenderse "las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente" a dichas situaciones. Los analistas de la Constitución concuerdan en que el ejercicio irrestricto de los derechos de todas las personas, ante "una catástrofe natural" (la actual pandemia, por ejemplo), puede constituir un obstáculo para hacer frente "rápida y fácilmente" -como indica el mismo precepto legal- a dicha emergencia.

Hay, por supuesto, derechos que en ningún caso y de ninguna manera pueden restringirse. Verbigracia, el derecho a la vida, a la personalidad jurídica, a la libertad de conciencia y religión, los derechos políticos, etc. Pero en cuanto a la libertad de trabajo (Art. 5) o de tránsito (Art. 11), la misma ley pone como límites las eventuales afectaciones a "los derechos de terceros" o "de la sociedad", y previene los casos en que la misma autoridad puede restringirlos, siempre "por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo".

(Platón -por si sirve de algo recordarlo- dijo, hace 2,400 años, que "El hombre no es libre más que para obrar bien").

La muerte de su hijo, ocurrida la madrugada del 11 de enero de 2015, provocó que la señora María Luisa Puentes buscara justicia por todos los medios y creara el grupo de apoyo "Rene" para brindar acompañamiento a quienes pierden a un familiar en accidentes viales a causa de la mezcla del alcohol-volante. "Estamos en esta concientización diaria... con amor y por honor a mi hijo tengo que salir adelante. Y aquí estoy".

Subraya que entregan volantes en los que escriben una semblanza de lo que sucedió ese día. Hace énfasis en no conducir alcoholizados o en exceso de velocidad, que se respete el semáforo en rojo y no permitir la corrupción.

"No permitas que, al momento de tu dolor, la gente te maneje pidiéndote dinero o cambiando las pruebas".

María Luisa remarca el tema de la corrupción porque le tocó padecerla desde el 1er. minuto cuando fue a reconocer el cuerpo de su hijo, quien fue atropellado en el cruce de López Cotilla y Degollado, en donde se encontraba como parte de su trabajo: integraba un mariachi. Otros 2 de sus compañeros resultaron lesionados tras ser impactados por un vehículo que volcó en ese punto, conducido por un hombre en estado de ebriedad.

En el lugar de los hechos, el personal médico forense "le dijo a mi esposo que el conductor no viajaba alcoholizado, pero meses después, al leer el expediente, se confirmó que sí tenía alcohol en la sangre".

Para obtener el expediente, María Luisa padeció un viacrucis. A los 2 meses de que falleció su hijo acudió a la Fiscalía de Jalisco para conocer cómo ocurrieron los hechos. El personal de la corporación la hizo dar varias vueltas y afuera de la dependencia se acercaban abogados queriéndole cobrar para conseguir el expediente hasta en 11,000 pesos. "Fueron 3 meses... hasta que obtuve el expediente y sin pagar. No es justo".

Ella consiguió las pruebas que no obtuvo la Policía Investigadora. En ese proceso, autoridades de la pasada administración se acercaron para conocer el caso y apoyarla. Finalmente, en octubre de 2015, el responsable fue detenido. "Las autoridades (del Ministerio Público) me respondieron que nunca caería el culpable".

El responsable permaneció en la cárcel un año y 4 meses. María Luisa agradeció que esta persona fuera aprehendida, pero no hubo justicia porque le correspondían más años. Ahora le preocupa que vuelva a conducir alcoholizado, pues durante su primera declaración admitió haber participado en otro accidente de tránsito, pero le otorgaron "el perdón".

Las personas que sufran un accidente vial y requieran asesoría tanto psicológica como legal, pueden comunicarse con el Grupo de Apoyo "Rene", al teléfono 33-1186-3713.

Ya contamos con la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior (declarada anticonstitucional por la Suprema Corte el 19 de noviembre de 2018, pero no derogada aún), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley que creó la Guardia Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Ley de Seguridad Interior está encaminada a proporcionar al Estado Mexicano la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno, y regula el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. Esta ley tiene un efecto amedrentador en los ciudadanos. Los jueces han concedido amparos contra esta ley por varias razones, entre las que se encuentran: que no se cumplen condiciones para que los soldados participen en seguridad pública, y contiene términos vagos y excesivamente amplios y, además, amenaza la libertad de expresión. No obstante la opinión negativa de la Suprema Corte, esta ley no ha sido derogada y constituye una amenaza para los ciudadanos, en cambio a los delincuentes les tiene sin cuidado que la Marina y el Ejército patrullen las calles. Desde 2017 que se aprobó la ley, la delincuencia ha aumentado.

Es la ciudadanía la que teme que este enorme aparato represivo constituya lo que se llama "manu militari", utilizar la fuerza de las armas para llevar al país hacia un régimen de socialismo de estado en donde el único dueño de todos los bienes y servicios es el gobierno y queda en manos de un solo hombre decidir el destino de vidas y haciendas de los mexicanos.

La pandemia se ha cobrado cientos de miles de vidas, ha dañando profundamente la actividad económica y está en proceso de cambiar la conducta social en la mayor parte del mundo. Pero hay un peligro que se expande como el virus y que poco a poco va tomando forma: la tentación de los gobiernos para establecer restricciones a la libertad, medidas tendentes a la discriminación y la profundización de la desigualdad.

Es claro que la forma más segura de volver a las actividades rutinarias es aplicar una prueba a cada persona para saber si ya ha producido una respuesta inmunológica suficiente en su cuerpo que le permita convivir con el virus. En China ya se ha decidido aplicar pruebas a ciudades enteras y en Europa se aplican por cientos de miles al día. En Estados Unidos también inician en algunas regiones a aplicar masivamente estas medidas, mientras en México tímidamente aumentan desde niveles muy precarios.

Establecer el regreso a las actividades a personas vulnerables es un acto profundamente injusto y constituye una violación a sus derechos más elementales, y para saber qué persona es vulnerable hay que hacer pruebas o clasificarla por grupos. Esto para protegerlas. Pero una vez identificada una persona como vulnerable, puede ser sujeta de discriminación de muchas formas, comenzando con la segregación de la convivencia y el señalamiento social.

Más grave aún es el regreso de actividades grupales como la escolar o los ritos religiosos. Solo imaginemos el efecto de un contagio masivo en un plantel escolar o una iglesia y los efectos que puede tener.

También están los casos de personas que se niegan a regresar a sus labores por temor al contagio y que alegan su derecho a la salud y las exigencias laborales en contrario. En esa misma dirección estaría los padres que se nieguen a mandar a sus hijos a las escuelas mientras no se realicen pruebas masivas y se tenga certeza científica real. El daño que se puede provocar a los niños y los efectos pueden ser graves.

Además algunas naciones están aplicando medidas para rastrear los movimientos de sus habitantes y conocer sus contactos e interacciones mediante el acceso a los dispositivos electrónicos, lo que constituye una posible violación al derecho a la privacidad, a la personalidad y otros derechos esenciales.

Todas estas medidas que nacieron como acciones temporales parecen encaminarse a ser mantenidas en el tiempo y constituyen enormes escollos para el ejercicio de los derechos de las personas.

El debate del alcance de los derechos para exigir el cuidado de la salud, como el de las libertades mismas debe ser emprendido con mucho detenimiento, lejos de las pasiones políticas de ocasión, porque se trata de defender la esencia de la dignidad personal. Se trata de cuidar la vida a la par de la libertad. No vaya ser que al final del túnel encontremos una luz que conduzca a un mayor autoritarismo.

En días pasados, grupos parlamentarios del Partido Verde y de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto eliminar los obstáculos para el establecimiento de la pena de muerte en México.

Al respecto, es conveniente resaltar que entre los juristas de renombre hay una gran mayoría que explica todas las razones habidas y por haber que repudian este justiciero castigo. Los argumentos son contundentes y el más elemental es el que sostiene que el castigo no inhibe la incidencia en la comisión de los delitos que ameriten tal castigo.

Los códigos penales estatales no pueden establecer la pena de muerte porque violarían la Constitución. Un intento del que se tiene noticia es del Gobierno de Coahuila que en el año 2008 pidió la pena de muerte para secuestradores que torturen, mutilen o maten a sus víctimas.

Este tema ha removido los rescoldos de una hoguera cuya latente flama permanece viva en las personas que han sufrido en carne propia o muy cerca de su zona de confort el terrible impacto del peor de los delitos que comete la bestia humana. No hay nada tan abominable como infligir dolor físico y tortura psicológica a la víctima y a sus familiares a cambio de dinero.

1o., la angustia de no saber el paradero de la persona desparecida, luego la llamada amenazante, intimidatoria, apremiante; después el suspenso de la espera de una 2a. llamada pidiendo el rescate, lapso que puede ser de varios días o semanas; después el contacto telefónico con la atormentada víctima clamando por ayuda para detener la flagelante tortura. Finalmente, la entrega del rescate y la angustia de la espera para recibir o no, al secuestrado, que algunas veces ya está muerto cuando se paga el rescate, sobre todo si existe la posibilidad de que reconozca a alguno de los victimarios.

La advertencia terminante de no dar aviso a la policía, la duda de si hacerlo es bueno, o sólo empeora las cosas. La inseguridad de si habrá cómplices entre la autoridad y los delincuentes; agravantes que aumentan el sufrimiento.

La dicotomía entre privar de la vida o no al delincuente tiene profundas raíces: religiosas, morales y humanas. ¿Tenemos derecho a cumplir con el precepto bíblico de "ojo por ojo, diente por diente"? La Iglesia Católica la prohíbe, la religión musulmana la aprueba; en algunos países se aplica, en otros no. La conclusión es que la decisión es casuística. Mientras el delito de secuestro fue un hecho aislado no se pensó en la pena de muerte, ahora que su incidencia es alarmante es deseable volver a instaurarla, como estaba antes de la Constitución de 1917, en que se suprimió para evitar venganzas políticas ante la turbulencia revolucionaria de 1911 a 1916.

Ahora el entorno delictivo es otro, las rencillas políticas no se dirimen con la fuerza de las armas, ahora es la sociedad en su conjunto la que está amenazada en su confort, la que teme perder los ahorros de un esfuerzo de trabajo de toda una vida, o más aún la de perder a uno de sus miembros o peor, perder ambas cosas.

Habrá que seguir discutiendo este problema ingente hasta encontrar una solución que acabe con ese cáncer social. En este sexenio no lo esperemos porque nuestros gobernantes apapachan a los delincuentes.

Para evitar nuevas burlas y desplantes propagandísticos de las mafias a los gobiernos y sus fuerzas armadas y corporaciones policiales federales, estatales y municipales, como las ocurridas la semana pasada con el reparto de narcodespensas al menos en Zapopan, Tonalá, Tecalitlán y Tuxpan, deberán hacer mucho más que simplemente combatirlas acusándolas de orquestar puestas en escena para generar confusión.

Y más aún para detener no ya sólo homicidios, sino multiasesinatos en serie y hasta en 3 distintos puntos cometidos por el mismo comando que se traslada en ostentosas camionetas sin que nadie le diga nada, como pasó el domingo pasado en Guadalajara cuando ejecutaron a 9 personas, entre ellas 2 mujeres, en 3 domicilios distintos cercanos entre sí y con apenas unos minutos de diferencia. A las 12:00, a plena luz del día, se registraron las primeras detonaciones en la calle José María Castellanos, donde mataron a 3 hombres y a una mujer. Luego los sicarios se trasladaron a la calle Gerónimo Treviño y a las 12:04 asesinaron a otros 4 sujetos, para terminar su estela de muerte a las 12:12 en la calle 1 de Octubre, con el asesinato de otra mujer.

Desde luego esta nueva expresión delincuencial, que representa un giro más en la espiral de violencia que sigue creciendo mientras todos hablamos y nos ocupamos de la pandemia del coronavirus, es mucho más grave que los actos de propaganda de los capos. En aquellos reparten despensas para montar puestas en escena, pero en estos cruentos ataques lo que reparten son estruendosas ráfagas de plomo que dejan escenarios reales de sangre y muerte.

Ante este nueva estridencia delincuencial, la Fiscalía General del Estado de Jalisco no hizo tampoco nada nuevo más allá de acudir a la salida habitual de explicar que se trataba de narcotienditas y que el móvil de estos multihomicidios fue la venta de droga y la "lucha por los territorios" entre diferentes bandas de narcotraficantes.

Habrá que insistir en que la obligación y la prioridad de las autoridades es, aun en medio de la pandemia del coronavirus, justamente evitar que las ciudades se conviertan en arenas y campos de batalla de los grupos delincuenciales, que cada día cobran más vidas de las llamadas víctimas "colaterales", entre las que empiezan a aparecer menores y ciudadanos y ciudadanas inocentes que nada tienen que ver con las disputas de los mafiosos.

Es por este hecho que quedan descalificadas también las justificaciones recurrentes de muchos gobiernos, incluido el del Estado [de Jalisco], de que la violencia y los homicidios se deben a los ajustes de cuentas entre los delincuentes y a que "se matan entre ellos".

Por eso, además de una profunda revisión de sus sistemas de inteligencia, y de sus estrategias policiales y de patrullaje, las autoridades deben hacer los deslindes correspondientes de quienes operaban el sistema de videovigilancia C5 y de los policías que estaban destacamentados en las zonas donde los delincuentes transitaron tanto para grabar videos entregando alimentos, como para atacar domicilios particulares, y qué pasó con los protocolos policiales que debieron aplicarse para no dejar impunes estos hechos delictivos y para saber, a ciencia cierta, si se trató de fallas o de complicidades por la grave infiltración delincuencial que hay en nuestros cuerpos policiales.

El gobierno enfrenta factores claves por los que hay resistencia o apatía a seguir las medidas de aislamiento. Uno, es el tradicional 40-60, es decir, de siempre es sólo el 40% de la población el que suele acatar las normas, seguirlas, pagar impuestos, y apostarle a hacer las cosas correctamente.

El 60% restante, para ponerlo en términos coloquiales, suele hacer "de su vida un papalote", no paga impuestos, vive en la informalidad, se pasa las normas por salva sea la parte y hace muy difícil la convivencia. Suele asumir permanentemente que "no pasa nada" si no se respetan las reglas, y suele salirse con la suya porque la impunidad (el no castigo a quien no observa las leyes) es muy alta, de más del 90%.

La mezcla de la apatía del 60%, más la limitada difusión de los mensajes, provoca una distorsión en la forma en que la comunicación llega a los sectores más populares.

Sólo así se explica que la medida obligatoria de utilizar cubrebocas haya sido tomada como una imposición autoritaria del gobierno (y no una medida de prevención contra los contagios) y que por tanto una buena cantidad de personas se rebelaran no contra el cubrebocas, sino contra los policías que les obligaban a utilizarlos.

Los mismos policías municipales tampoco entendieron claro el mensaje, pues en lugar de enfocar sus baterías a evitar que estén en las calles quienes nada esencial tienen que hacer, le dieron la vuelta al tema y prefirieron ocuparse del tema del cubrebocas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que autoridades municipales y ciudadanos han restringido o controlado el acceso en 340 municipios de 15 estados de la república durante la contingencia por el coronavirus, lo cual constituye una violación al derecho de libre tránsito.

En su informe Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Subsecretaría indicó que estos 340 municipios, que sufren de estos actos de manera intermitente o temporal, equivalen al 20% de los que hay en total en el país.

El estado de Campeche destaca porque el acceso a todas sus 11 localidades quedó restringido o controlado. En la misma situación se encuentra el 80% de los municipios de Guerrero; el 36% de Veracruz, y el 25% de Oaxaca.

La Subsecretaría también criticó que, hasta el 22 de abril, en 31 municipios de 11 estados se ha implementado un "mal llamado 'toque de queda'". Las entidades donde ocurrió esto son Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.

"Los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito. Los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios", señaló la Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas.

Las bancarrotas son dolorosas, es cierto, pero también son parte fundamental de la economía. Limpian los mercados, eliminan a las empresas débiles y fortalecen a las más eficientes. Sabemos hoy, por ejemplo, que muchas aerolíneas quebrarán por la pandemia. Rescatar a las más débiles sería un acto de competencia desleal contra las que sí han tomado las medidas necesarias para sobrevivir. El Estado no debe intervenir en el proceso.

Lo que sí es responsabilidad del gobierno es eliminar las barreras a la inversión y a la actividad empresarial. Esto debe hacerse con reglas justas aplicables a todos. Nada ni nadie debe estar por encima de la ley.

El gobierno debe garantizar que las empresas tengan certeza sobre la aplicación de la ley. Cancelar proyectos, como la cervecera de Mexicali que cumplía con todos los requisitos legales, manda un inquietante mensaje para quien quiera hacer una inversión en México: el gobierno puede cancelar cualquier proyecto aunque cumpla todas las leyes y reglamentos. Yo habría sido el 1o. en protestar por un subsidio a Constellation Brands, pero la empresa está en su derecho de exigir que el gobierno respete la inversión que ha hecho, particularmente cuando ya ha erogado 1,400 millones de dólares.

Las reglas deben ser las mismas para todos. No se vale prohibir las "actividades no esenciales" de los privados cuando el gobierno exime a sus propios proyectos políticos. Este es un ejemplo de un gobierno que se pone encima de la ley.

El gobierno tiene la responsabilidad de cuidar la salud pública, es verdad, pero con acciones que tengan fundamentos científicos. Tomar medidas contra las empresas simplemente porque son privadas, y por lo tanto deben ser ricas y malvadas, es tan inaceptable o más que usar recursos públicos para subsidiarlas. Pero hoy todos los pequeños dictadores del país parecen empeñados en imponer restricciones, como el alcalde de Miguel Hidalgo, que ha ordenado la ley seca los fines de semana, o el gobernador de Nuevo León, que ha restringido el transporte para generar saturación y contagios.

Hace ya un par de semanas había un acuerdo para reanudar la actividad minera en el país, con las lógicas salvaguardas para preservar la salud de los trabajadores. Esto es importante porque la minería es la base de muchas de las cadenas de producción. Si las minas no producen, no habrá insumos cuando el resto de las actividades regresen a operar. El acuerdo se detuvo, sin embargo, porque algunos miembros del gobierno piensan que la minería expolia los recursos de la nación. Con este tipo de razonamientos, será imposible reanudar la actividad económica en el futuro, y quienes más van a sufrir no serán los empresarios, que siempre podrán invertir en otros países, sino los trabajadores.

Nos acercamos a la peor recesión mundial desde los tiempos de la Gran Depresión. El gobierno afirma que no hay que subsidiar a las empresas... y la verdad es que yo le doy la razón. Pero ponerles piedras en el camino como hoy es irracional y dañará primero a los pobres, a esos mismos pobres que el gobierno dice querer proteger.

En situaciones excepcionales como las que vivimos el apego a la ley resulta especialmente importante para construir soluciones realmente sólidas. En el caso de nuestro país eso es aún más indispensable ante la crisis crónica de inseguridad y la debilidad de los servicios de justicia. Es hora de luchar por el derecho, como decía el jurista Karl V. Ihering al incitar a los jóvenes a mantener una actitud firme ante el autoritarismo.

La crisis provocada por una proteína incontrolada que se pasea por el mundo implicará la revisión de muchos conceptos jurídicos en los que seguramente habrá que luchar por defender los valores de la igualdad y la libertad, frente a la puerta falsa de la concentración de poder como solución a todos los problemas. Habrá que llamar a mantener los principios trascendentes por encima de las reglas operativas. Habrá seguramente una revisión de las instituciones internacionales y de los principios constitucionales que deben aplicarse en situaciones emergentes como esta. La emergencia justifica restricciones como una excepción a la regla, pero estas no deben ser extendidas injustificadamente. La vuelta a la normalidad supone la lucha por el derecho como garantía de la dignidad de la persona.

Elegir entre la vida de un joven y un viejo es más tarea de Dios que de burócratas que han sido rebasados por la pandemia.

En lugar de haberse preparado desde que la OMS alertó sobre el Covid-19, se tardaron más de 3 semanas para empezar a buscar con desesperación todos los insumos médicos, como los respiradores y ahora ante la enorme demanda que significará la atención médica de los contagiados, el Consejo de Salubridad General dictaminó que hay que matar a un viejo para dar paso a la atención médica de un joven.

Nunca en la historia contemporánea de la medicina se ha hecho pública, por parte de un gobierno, tal medida que viola los derechos fundamentales del hombre, amén de encuerar la incapacidad del Estado de atender a sus ciudadanos, con un sistema público de salud eficiente, suficiente y capaz.

La emergencia rebasó al gobierno de López Obrador y ahora ante lo inminente, asumen el rol del todopoderoso para determinar quién vive y quién muere en caso de estar contagiado.

Dice el reconocido abogado Raúl Carrancá que esta decisión conlleva un homicidio. Salvo casos extremos de incertidumbre, dilemáticos que la doctrina comprende, el médico no puede ni debe ser juez. Su misión es sanar.

La "Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica", elaborada por el Consejo de Salubridad General es una guía nacista para llevar al matadero a los adultos mayores.

Una decisión de esta naturaleza es inhumana e irresponsable, sobre todo cuando el gobierno mexicano tuvo tiempo suficiente para preparar una estrategia integral y comprar el equipo necesario para enfrentar la emergencia sanitaria, reclamaron los diputados perredistas y en general las fracciones partidistas del congreso, claro a excepción de Morena y aliados.

Según la propia Guía, la misma sólo debe aplicarse en caso de que la capacidad de algún centro de salud esté sobrepasada o cerca de ser sobrepasada para atender a pacientes en estado crítico y, al mismo tiempo, no pueda remitirlos a otros centros.

Mediante un sistema de puntaje ante riesgos clínicos en caso de sobredemanda, la Guía elaborada por el Consejo prioriza la atención a enfermos de Covid-19 demandantes de atención urgente de menor edad, sin otras enfermedades o comorbilidades y que, en suma, tengan mayor esperanza de vida frente a otras también enfermas de coronavirus.

La Secretaría de Salud, en donde cobra Jorge Alcocer como titular, ha tratado de justificar el homicidio a adultos mayores mediante argumentos científicos que no tienen nada que ver con la negligencia y la ineptitud del gobierno.

"Cuando la escasez de recursos alcanza niveles catastróficos, los médicos están éticamente justificados, y de hecho están éticamente obligados, a utilizar los recursos disponibles para mantener la vida y el bienestar en quien tiene mayor probabilidad de sobrevivir al evento en la mayor medida posible".

Pero esta justificación no puede ni debe confundirse con el adjudicar a la edad cronológica un supuesto valor incuestionable de probabilidad de supervivencia, dice la Secretaría de Salud. "En un escenario extremo, en el que México no se encuentra aún en este momento, la estimación de la probabilidad de beneficiarse de la hospitalización y de los cuidados críticos, en particular la ventilación asistida debe tomarse en función de estimaciones objetivas de la gravedad y el estado funcional, pero nunca tan sólo con base en la edad cronológica".

Cada vez queda más claro por qué el presidente López Obrador ha considerado que la crisis le viene como anillo al dedo. Muchas de las medidas que está tomando buscan fortalecer su proyecto político antes que proteger la salud de los mexicanos o fortalecer la economía.

Lo vimos este 6 de abril cuando se emitió una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación con el fin de fijar lineamientos técnicos para la emergencia sanitaria. Estos ratificaron que "las empresas de producción de acero, cemento y vidrio mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación", pero con una excepción: "Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con sus compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico [sic, por 'Transístmico']; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad".

En un momento en que el gobierno suspende las actividades productivas que considera "no esenciales", generando un importante daño a empresas y trabajadores, se otorga a sí mismo una excepción. No hay razón sanitaria o económica para hacerlo. El mensaje, de hecho, es inquietante. Nos dice que el presidente considera que sus proyectos son más importantes que los del resto de la sociedad.

La idea de la excepcionalidad del gobierno ante los gobernados ha hecho un enorme daño a México y a otros países. Los políticos, sin embargo, no son seres superiores. Su obligación es ajustarse a las mismas reglas que ellos aplican a los demás.

Me queda claro que las autoridades deben tomar medidas para reducir los contagios en esta contingencia. Mantener una sana distancia entre trabajadores, o requerir equipo para reducir contagios, como mascarillas o guantes, son acciones lógicas para centros de trabajo. Prohibir una gran cantidad de actividades, aunque no difieran en riesgo a la salud de otras que sí se permiten, no tiene sentido sanitario, pero sí implica un costo enorme para la sociedad.

El presidente se da cuenta, tanto así que ha decidido otorgar una exención a sus proyectos favoritos. Todos los demás, aunque sean igualmente importantes para las empresas o los trabajadores, están siendo detenidos, además con órdenes del gobierno para que las compañías sigan cubriendo sueldos, aunque sus operaciones estén paradas, y paguen impuestos, aunque no tengan ingresos. Esto puede llevar a la quiebra de muchas.

El gobierno olvida un concepto fundamental del Estado de Derecho: todos somos iguales ante la ley. El viejo principio liberal que López Obrador cita con frecuencia, "Nada ni nadie por encima de la ley", queda abrogado por esta medida de excepción.

Uno supone que las autoridades entienden el daño que están haciendo a la economía con sus restricciones. Si las fijan es porque las consideran indispensables para preservar la salud de la población. En principio esta estrategia debe contar con el apoyo de la población. El problema surge cuando el gobierno se exenta a sí mismo de sus propias medidas.

Ser gobierno no significa tener derecho a saltarse las reglas. Implica establecer medidas sensatas para todos y ser el 1o. en acatarlas. Si no, la autoridad perderá el respeto de la sociedad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los partidos políticos a donar al menos la mitad de su financiamiento para atender la crisis generada por el COVID-19. Incluso, el mandatario dijo que este miércoles iba a publicar la lista de los que accedieron a donar y los que no.

Nada más que Ciro Murayama, consejero electoral del INE, le respondió con la Ley General de Partidos en la mano: los partidos no pueden donar sus recursos; pueden, en todo caso, renunciar al financiamiento.

Pero ya sabemos que eso al presidente le tiene sin cuidado. Si no les gusta, se aguantan. Y si no se puede por ley, cambiamos la ley. O mejor aún: publicamos un decreto por encima de la ley.

Supervisores del Inegi pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues -acusaron- fueron despedidos de manera anticipada en la 2a. fase de la pandemia del coronavirus.

Afuera de la clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Cuernavaca, donde el mandatario realizará un recorrido, unos 30 supervisores se manifiestan con pancartas y esperan al titular del ejecutivo para exponerle su situación.

"Inegi no respeto los contratos AMLO, !Ayuda para que nos paguen!", se lee en una de las cartulinas.

Berenice Navarrete comentó que el Inegi despidió a más de 1,500 supervisores en Morelos sin importarles que muchos de ellos trabajaron una semana después que inició la fase 2 de la contingencia.

"Desafortunadamente el Instituto no nos está respondiendo, nos pidió compromiso, ética, de nuestra parte la tuvimos, trabajamos en campo una semana después de que se decretó la fase 2, exponiéndonos a nosotros y a nuestras familias, y ayer nos dieron que ya estamos dados de baja".

Al lugar llegó Hugo Erik Flores superdelegado del gobierno federal para dialogar con los manifestantes.

El propio mandatario parece haberlo aceptado. "Como se nos va a venir muy fuerte la crisis económica -dijo este 28 de marzo, en San Luis Río Colorado, Sonora-, vamos a otorgar un millón de créditos de 25,000 pesos a un millón de pequeñas empresas... Es una inversión adicional de 25,000 millones de pesos, 500,000 para empresas de la economía formal y 500,000 para pequeñas empresas familiares de la economía informal".

El que el presidente entienda que se viene una crisis económica es un paso en la dirección correcta. Difícilmente se podían tomar medidas cuando el propio López Obrador afirmaba que había condiciones inmejorables para crecer. Pero no nos hagamos ilusiones. Los 25,000 millones de pesos no servirán para nada.

Los 25,000 millones de pesos de créditos a pequeñas empresas son una gota de agua en una sequía brutal. Pero además el gobierno está mandando un mensaje que tendrá repercusiones. Al dividir su escaso paquete de rescate entre empresas formales, que pagan impuestos, e informales, que no, está reiterando el mensaje de que conviene más mantenerse en la informalidad. Aunque no pagues impuestos, el gobierno te dará tu crédito... que después seguro no pagarás.

Cer­ca de 11,000 alum­nos de la Fa­cul­tad de Cien­cias Po­lí­ti­cas y So­cia­les de la UNAM se han vis­to im­po­si­bi­li­ta­dos pa­ra to­mar cla­ses en lí­nea du­ran­te la con­tin­gen­cia por el co­ro­na­vi­rus, lue­go de que los servido­res fue­ran da­ña­dos por las pa­ris­tas que tie­nen to­ma­do el plantel.

En un co­mu­ni­ca­do la fa­cul­tad se­ña­la que "es­te ac­to de­li­be­ra­do de sa­bo­ta­je, au­to­ad­ju­di­ca­do por las Mu­je­res Or­ga­ni­za­das de la FCP­yS, se reali­zó des­de el in­te­rior", por lo que no se pue­de pre­ci­sar la gravedad.

Aunque Jalisco mantuvo la misma calificación en el Índice del Estado de Derecho en México 2019-2020, elaborado por World Justice Project (WJP), descendió y pasó del sitio 23 (en 2018) al 26 (el año pasado). Eso porque 15 entidades avanzaron y provocaron que bajara 3 peldaños.

El índice tomó en cuenta 8 factores. Jalisco obtuvo 0.37 en una escala del 0 al 1 (donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho).

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado de Derecho es "un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades (públicas y privadas) están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual".

La calificación de Jalisco lo ubica debajo de la media nacional, que es de 0.39. El mejor evaluado fue Yucatán (0.46); el peor, Guerrero (0.33).

En Jalisco hubo claroscuros. Las evaluaciones que retrocedieron fueron en Orden y seguridad, así como Justicia civil; se mantuvieron iguales Ausencia de corrupción, Gobierno abierto y Justicia penal, mientras que se avanzó en Límites al poder gubernamental, Cumplimiento regulatorio y Derechos fundamentales.

Este último presentó el principal avance, aunque se debió a la calificación que se obtuvo en el apartado de Libertad religiosa, calificado con 0.77, y que además está mejor evaluado que la libertad de expresión, que retrocedió de 0.55 a 0.52.

Nota: En la medición, 1 significa la máxima adhesión al estado de derecho.

En 2019, el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco se incrementó sin precedentes por la cantidad de denuncias que se recibieron desde 2018, al sumar señalamientos contra 2,422 servidores públicos por irregularidades, lo que encendió los reflectores sobre la problemática.

Pese a eso, Jalisco presentó un nulo avance en el Índice del Estado de Derecho en México 2019-2020, documento que muestra los avances y retrocesos en materia de corrupción, seguridad, gobernanza y consolidación del Estado de Derecho, en general, en las entidades federativas.

"En el factor de Ausencia de corrupción, Jalisco permaneció estancado con la misma calificación que en la evaluación de 2018, con 0.31."

"Los resultados de esta edición muestran retos persistentes en todas las entidades federativas en materia de corrupción y justicia, y un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de éstas. A pesar de lo anterior, existen diferencias importantes en el desempeño y avance de éstas".

Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, consideró que el índice revela que, en esta nueva administración, la corrupción prevalece.

"En realidad no ha cambiado muchísimo... al final de cuentas no se ha movido gran cosa. Después del Sistema Estatal Anticorrupción, después de todo lo que se dice, estamos más o menos igual".

Anuar García, presidente de la organización México SOS (Capítulo Jalisco), destacó que ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción ha sido factor para incidir en una reducción de la corrupción. "Ha tenido asuntos relevantes, pero solamente pareciera que son los que le interesan al gobernador, porque los demás asuntos tienen dos mil y tantas carpetas de investigación y se ve muy poco movimiento para castigar a funcionarios corruptos".

Dijo que ni siquiera la falta de recursos y de personal es justificación para los resultados de esta dependencia, pues han sido selectivos en los casos y han enfocado todos sus medios en unos pocos.

El factor Ausencia de corrupción evaluó a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, donde este último registró un importante retroceso al pasar de 0.39 en 2018 a 0.35 en 2019; el legislativo permaneció con 0.27, mientras que el ejecutivo y las instituciones de seguridad y procuración de justicia avanzaron una centésima.

En el último año aumentó la cantidad de publicaciones sobre jornadas violentas en Jalisco, donde es común que los medios sumen la cantidad de homicidios para presentar un conteo de 10 o más registros por día de personas asesinadas, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

Aunque en Jalisco hubo una ligera reducción en las denuncias de delitos del fuero común, el aumento en los homicidios incidió significativamente para que el factor de Orden y seguridad, evaluado en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, se mantuviera con el mismo puntaje.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se recibieron 156,651 denuncias por delitos del fuero común, 3.8% menos que en 2018, cuando se registraron 162,756.

Pero esa fuente de información indica que el 1er. año de la nueva administración del Gobierno del Estado fue el más violento de la historia de Jalisco, al registrar 2,668 víctimas de homicidio, 10 % más que en 2018, que tenía el récord de 2,408 víctimas.

"El resultado más preocupante del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el retroceso en el Factor 5, Orden y seguridad, que bajó su puntaje en 19 estados del país (todos estadísticamente significativos), como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas, y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos", advierte el documento.

Anuar García explicó que esto radica en la baja capacidad de la Fiscalía del Estado para reducir la impunidad en este delito. "Hay un gran contraste entre el discurso oficial con lo que realmente ocurre. Se registran cifras de inseguridad como jamás antes se habían vivido: ayer hubo 12 ejecutados; hoy 6... y eso te marca que no hay investigación. Hay un temor de parte de los agentes ministeriales para hacer investigaciones porque todo gira alrededor del crimen organizado y se ve una total impunidad".

La labor de los medios de comunicación, organismos no gubernamentales y el poder judicial, principalmente, han permitido fijar mayores límites al poder gubernamental en Jalisco, con lo que la entidad obtuvo una mejor calificación en este factor incluido en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.

"Algunos medios de comunicación han tratado de ser un contrapeso, lo han sido de cierta medida, pero no está tan fuerte el espacio de juego para los medios de comunicación", señaló Augusto Chacón.

Esta entidad presentó un ligero avance en el factor Límites al poder gubernamental al obtener 0.43, cuando en 2018 había sido de 0.42.

Los Límites al poder gubernamental son el 1er. factor que se evalúa en el índice elaborado por World Justice Project, donde se miden los contrapesos que limitan el actuar de los gobiernos estatales. Esta calificación aumentó en 26 estados del país, como Jalisco, aunque no está entre los 9 que incrementaron su puntuación de manera estadísticamente significativa.

"El incremento en los puntajes del Factor 1 fue ocasionado por cambios en las percepciones ciudadanas sobre la efectividad de los sistemas estatales para sancionar a funcionarios públicos que abusan de sus funciones y por cambios en las percepciones acerca de la libertad y transparencia en los procesos electorales", advierte el estudio.

En la evaluación de 2018 se confirmó que "los contrapesos más efectivos de los ejecutivos estatales son la sociedad civil y la prensa", señala el documento.

En este factor en Jalisco, mientras que aumentaron los contrapesos no gubernamentales, redujo en el poder que ofrece el legislativo en 2019.

La alternancia se ha presentado en diferentes ocasiones en el estado y ningún gobierno o sector de la sociedad ha mostrado la voluntad para avanzar hacia un Estado de Derecho, lo que se refleja en que incluso en la actual administración no se presenten mejoras, opinó Marco Antonio González Mora, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa.

"Lo veo muy difícil porque al final de cuentas ya nos han demostrado que han cambiado las administraciones y realmente tenemos un retroceso en cuestión de corrupción y que no hay un Estado de Derecho".

El académico dejó en claro que el contar con una constitución, leyes y reglamentos no debe confundirse con con un Estado de Derecho, pues no hay cumplimiento de éstas.

"El problema es que nosotros como ciudadanos no estamos haciendo el rol que nos corresponde, independientemente de si somos jueces, magistrados, parte de las instituciones o parte de la sociedad".

Por ejemplo, si un juez no desempeña su labor de manera imparcial y justa, desencadena actos de corrupción y de impunidad que terminarán por permear a toda la sociedad y continuar con el retroceso.

Así, los primeros pasos para una adhesión a un Estado de Derecho radican en la voluntad política y en que la sociedad no participe en la corrupción y que la denuncie.

"Vemos que no estamos en un estado de derecho porque no aplicamos la voluntad".

Uno de los factores evaluados en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es la Ausencia de corrupción, que además de calificar a los poderes estatales evalúa la Ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Jalisco obtuvo 0.29 de calificación en este rubro.

Al margen de una de las tronantes declaraciones del día, en "La Mañanera" de ayer, en el sentido de que las autoridades "no tolerarán" conductas delictivas so pretexto de las inevitables implicaciones económicas de la pandemia, cualquiera advierte, 1o., que, a partir de la necesidad, conductas como los saqueos o los robos que ya han ocurrido en algunas ciudades del país, tenderán a repetirse; (por cierto, saquear se aplica comúnmente al apoderamiento ilegítimo, violento y multitudinario de alimentos, sobre todo; robar, a apropiarse de teléfonos celulares, pantallas de televisión, vehículos, etc., como también ha sucedido); y 2o., que del dicho de que esas conductas supuestamente no se tolerarán, al hecho de que haya capacidad para prevenirlas, evitarlas y -llegado el caso- sancionarlas..., hay un largo trecho.

La decisión de negar los permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Constellation Brands para construir una planta cervecera muestra que el gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

El grupo empresarial advirtió que las consecuencias de realizar una consulta pública, como la del fin de semana que violenta el Estado de Derecho no se verán solamente en Mexicali, sino en el país entero, porque "la señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo".

Agregó que la decisión gubernamental contra Constellation Brands, propietaria de las cervezas Corona, Negra Modelo y Pacífico, "es arbitraria, autoritaria y unilateral", además de violentar la legalidad y el Estado de Derecho, pero lo peor es que el daño que genera al futuro económico del país es "incalculable".

Tras anunciar el resultado oficial de la consulta favorable al "No", la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, informó que el gobierno no otorgará permisos de operación para la planta de 1,500 millones de dólares que está construida ya en cerca de 2 tercios.

Varios funcionarios públicos, como los secretarios de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Economía, seguramente han dormido mal desde que el gobierno federal avaló la 'consulta patito' del pasado fin de semana. Votó menos de 5% del padrón registrado en el municipio

Los empresarios organizados sufrieron probablemente la peor de las decepciones.

Todos los intentos, de muchos meses y decenas de reuniones, del CCE, del Consejo Mexicano de Negocios, del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, para convencer al presidente de que alentara la inversión privada, se vinieron al piso tras el anuncio de ayer en la conferencia mañanera.

Estamos en un punto de quiebre y en el peor momento posible.

La inversión ya venía en picada desde el año pasado. Tuvo una caída de 4.7% en el último trimestre del año pasado. Este año, espere caídas que van a estar por arriba del 10%.

El gasto público va a enfrentarse a muchos problemas porque la recaudación va a frenar drásticamente. No crea que el gobierno va a pagar.

La decisión de cancelar de facto la inversión de Constellation Brands es un punto de quiebre que muestra que no le importa generar desconfianza empresarial ni tampoco acentuar la crisis económica.

La inminente cancelación de la nueva planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, después de una inversión de 900 millones de dólares y pese a cumplir con todos los requisitos de ley, ofrece un peligroso mensaje para quienes quieran invertir en México. Vivimos en un país sin Estado de Derecho.

Es un momento clave para garantizar a los inversionistas un Estado de Derecho estricto, urgió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

El líder de la bancada de Morena fue cuestionado, en rueda de prensa, sobre la consulta realizada el fin de semana en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con el legislador zacatecano, es indispensable generar condiciones de confianza a los inversionistas y observancia del Estado de Derecho por encima de todo.

"A los empresarios tenemos que atenderlos y tenemos que otorgarles confianza. Son los que generan empleos y el gobierno no puede por sí atender todos los reclamos sociales. Creo que es un momento clave para poder garantizarles a los empresarios inversionistas un Estado de Derecho estricto y también la observancia a la ley para poder recobrar o recuperar o reforzar la confianza", aseveró.

Tras 7 años en prisión, un juez ordenó la liberación de Mónica Esparza, torturada para que se autoinculpara de secuestro.

En el 1er. año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las libertades se deterioraron y la percepción de mayor corrupción aumentó. La gobernabilidad declinó, pero el poder centralizado incrementó. Las palabras sobre democracia se han quedado en una retórica hueca y sin sustento. El futuro no pinta bien, como deja ver el Proyecto de Justicia Mundial, que en la 1a. vez que mide al gobierno López Obrador, lo reprobó. Esta organización sin fines de lucro con sede en Washington, que fue crítica con el gobierno de Enrique Peña Nieto, muestra que si antes estábamos mal, ahora estamos peor.

Ayer fue dado a conocer mundialmente el Índice 2020 sobre el Estado de Derecho, una revisión sobre cómo se están aplicando las leyes para combatir la corrupción, la pobreza y las enfermedades, cruzada con las variables de seguridad, derechos, justicia y gobernabilidad, donde se ve lo mal que le fue a México el año pasado. De 128 países, México se encuentra en el lugar 104, una caída de 3 lugares, superada sólo por los gobiernos autócratas de Venezuela (128), Nicaragua (118) y Bolivia (121), y por Honduras (116), cuyo gobierno está infectado por el crimen organizado. El gigante latinoamericano, Brasil, está lejos, en el lugar 67, y Chile, la democracia más acabada de la región, en el 26. Entre los países de ingresos medios y altos, a México sólo le ganan en pérdida de libertades, Venezuela, Irán y Turquía.

El informe trae sorpresas amargas. Una es en el capítulo de Ausencia de Corrupción, considera como formas de corrupción el soborno, influyentismo de intereses públicos y privados, y desvío de recursos públicos en el ejecutivo, el judicial, el legislativo y los militares. El mandato de las urnas a López Obrador de combatir la corrupción ha sido incumplido y causó decepción. La caída, en comparación con el último año del presidente Enrique Peña Nieto, fue de 0.03 puntos. La percepción de que el presidente ha optado por la impunidad, le costó al país en el ranking, al ser situado en el lugar 121; superando sólo 7 naciones que están peor evaluadas que México.

El mismo sitio ocupa el capítulo Orden y Justicia, que mide la manera como la sociedad evalúa qué tanto hace el gobierno por la seguridad de las personas y su patrimonio. "La seguridad es uno de los aspectos que definen cualquier sociedad de leyes, y es una función fundamental del Estado", dice el índice. "También es precondición de la concreción de los derechos y las libertades que el Estado de Derecho busca promover". La seguridad es la razón por la cual nacieron los estados modernos, para proveerlas a sus ciudadanos y súbditos. El documento no aclara si la evaluación se dio antes o después del "cualiacanazo", la demostración más clara de la claudicación del estado mexicano a las leyes.

Los Derechos Fundamentales, que es otra de las categorías del Proyecto de Justicia Mundial, se refieren a los derechos humanos y la libertad de expresión. Una vez más, el Índice no registra todavía las largas campañas de hostigamiento y control sobre la libertad de prensa, acompañadas por un sistemático y masivo golpeteo en las redes sociales y, de manera sobresaliente, en las comparecencias matutinas del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Tampoco incorpora el sentir y pensar de los mexicanos del atraco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el presidente nombró a una neófita en la materia que se rodeó de profesionales que no son abogados, y que planteó una agenda de trabajo con intereses particulares. No sería raro que el sitio 78 donde ubicaron a México en el documento, tuviera un retroceso el próximo año, superior a la caída de 0.02 puntos en 2019.

Uno de los factores que registró el Proyecto de Justicia Mundial como negativo, fue la pérdida de contrapesos que tiene el gobierno. Ese factor cayó 0.01 puntos con respecto a 2019, al notarse la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en los poderes del Estado así como en la prensa. No entra el Índice en detalles de dónde se registró ese retroceso que colocó a México en el lugar 89 de la tabla, pero se puede argumentar que los mexicanos se empezaron a dar cuenta de la subordinación del poder legislativo, en particular la Cámara de Diputados, y de la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Arturo Zaldívar, que parece apéndice de la Conserjería Jurídica de la Presidencia, y melosamente solícito con López Obrador.

La transparencia fue una de las reformas democráticas de 2a. generación que la sociedad civil -universidades y medios- forzó para que el presidente Vicente Fox aceptara una legislación. La opacidad es una característica de los regímenes autoritarios, y entre más transparente es un gobierno al compartir su información y empoderar a la gente con herramientas para que rinda cuenta, mayor fortaleza adquiere el sistema. El de López Obrador es un gobierno esencialmente opaco, como las murallas al público al esconder procesos de licitación resueltos en adjudicaciones directas o acciones de seguridad pública. El Índice tiene a México en el lugar 36, que se puede interpretar como inercial, donde no se avanzó, pero tampoco cayó.

La justicia en México, no extraña, también se empantanó. La Justicia Civil (116) y la Justicia Criminal (119), reflejaron las deficiencias en el sistema de procuración y administración de las leyes, y externalizaron las dudas sobre su imparcialidad y eficiencia como mecanismo de resolución de disputas. Esta parte, esencial del Estado de Derecho, tampoco pasó la prueba del 1er. año de gobierno de López Obrador, que en materia de derechos y libertades, para todo lo que se esperaba de él, ha sido decepcionante y preocupante.

Los terremotos no causan tanta destrucción y muerte como la corrupción y la impunidad. Eso lo tienen claro los ingenieros y los físicos de la UNAM.

Una cosa es el movimiento de las placas tectónicas, y otra las posibles consecuencias del sismo resultante. Esas consecuencias no son parejas, uniformes ni (en buena medida) impredecibles. Por esto último, la ciencia ha desarrollado modelos que ayudan a mitigar los daños que un temblor puede provocar.

Las lecciones de la ingeniería han hecho de la Ciudad de México una comunidad mejor preparada ante la eventualidad de un terremoto.

Pero ni la ingeniería más avanzada puede incluir en sus fórmulas de daños sísmicos los efectos que tendría un temblor si las normas no se cumplen, si las leyes son basura mojada, si la autoridad prefiere no castigar a quienes, al desacatar ordenamientos, pudieron haber aumentado la capacidad destructiva de las ondas telúricas. Como en el caso del helipuerto en la calle Nuevo León de la Hipódromo Condesa, donde la señora fiscala Ernestina Godoy ha apostado a que ella puede vencer a la ingeniería, al sentido común y a su deber de procurar justicia. Y va requetebién en ese propósito de omisión y negligencia.

El caso no es nuevo y resumo el contexto en forma que no hace justicia al titánico esfuerzo de un puñado de vecinos que lo único que demandan es que el Gobierno de la Ciudad de México, que prometió un cambio, se muera en la raya demostrando que está del lado de las víctimas del sismo.

El 19 de septiembre de 2017, en Nuevo León 230 se registraron daños severos. Los vecinos de ese edificio plantearon legalmente un alegato razonable: cuánto de la magnitud de esos destrozos fue porque el inmueble contiguo tenía una sobrecarga indebida e ilegal: un helipuerto, estructura prohibida en el plan parcial de desarrollo de la Hipódromo Condesa, adefesio normativa y estructuralmente hablando que fue oportunamente denunciado... por esos mismos vecinos que luego resultaron dañados.

Desde ese fatídico 2o. 19S, los vecinos han padecido un procedimiento legal (es un decir) aberrante.

Ellos han tenido que acudir al menos 12 veces a audiencias, mientras que la PAOT -que debiera fungir como aliada de las víctimas- y el denunciado sólo han acudido en una ocasión.

Hoy la noticia es que a los vecinos les han arrebatado la calidad de víctimas (sí, ellos que fueron los que denunciaron, ya no pueden ver ni su expediente), porque la gente de Ernestina Godoy cree que la PAOT y el Invea, que no han sido en forma alguna actores del juicio, representan a la sociedad (no se rían) y que por tanto las víctimas ya ni audiencia tendrán. Ya ustedes me dirán si la PAOT o el Invea tendrán interés en litigar una cosa en contra de Ricardo Monreal (exjefe delegacional cuando ocurrieron los hechos, y bajo cuyo mandato se permitió no sólo construir el helipuerto, sino desmontarlo sin que se hicieran peritajes independientes: ahogado el niño, destruyeron el pozo).

El juez del control del caso se ha cansado de regañar al ministerio público y otras autoridades por no hacer su chamba. De probarse el delito de daño a propiedad privada tendría que encontrarse cómplices a la delegación morenista y al Invea. Y eso a Ernestina parece no gustarle nada.

Pero más absurdo resulta el argumento con el que se desestimó la denuncia por violación al uso de suelo. Los del MP dijeron que no podrían abrir esa causa pues cuando se construyó el edificio (años 60) no existían las leyes que ahora se citan. Así que si te hacen una edificación ilegal en 2017, y te tiembla ese mismo año, olvídate de los avances en ingeniería y leyes, la gente de Ernestina Godoy verá el acta de nacimiento del edificio y dirá: uy, joven, está difícil, porque eran otras leyes. Eso sin contar que el MP se la pasaba de chalán del denunciado, un empresario ligado a Monreal, según comentan los vecinos, al justificarle sus inasistencias.

"Después de 2 años, 12 audiencias, decenas de chicanas y 4 audiencias con Juez de Control, @FiscaliaCDMX resuelve NO ejercicio de acción penal contra gandallas de #HelipuertoCondesa #SismoS19", publicó el martes Mony de Swaan, uno de los vecinos afectados, en Twitter. "Aquí no pasó nada, no hay víctimas ni violación a uso de suelo, concluye @ErnestinaGodoy_"

"Los vecinos están cansados y nos hemos quedado sin abogados", agregó el exfuncionario de telecomunicaciones y consultor. "Esa es justo la apuesta que hace la @FiscaliaCDMX en colusión con los gandallas: cansar a las víctimas para que terminen abandonando. Seguiremos".

Hay consenso: cualquier esfuerzo orientado a revertir un patrón cultural censurable, como el machismo en cualquiera de sus expresiones, es plausible. Pero es probable que también lo haya en la reprobación a los actos vandálicos -perpetrados por mujeres- ocurridos so pretexto de (y en paralelo con) las marchas dominicales: las "pintas" en las paredes y la puerta de Palacio Nacional; en la plancha del Zócalo, en las fachadas de varios edificios, en los pedestales de algunas estatuas, en los escudos y uniformes o directamente sobre el cuerpo de los (y las) policías que trataban de mantener el orden y evitar desmanes; los daños al mobiliario urbano; los destrozos en cristales de comercios; las ofensas y agresiones; el empleo de bombas molotov, elaboradas con la única y deliberada intención de lesionar indistintamente a quien se ve como adversario o a personas inocentes e indefensas: incidentes como los que fueron ampliamente difundidos en los medios de comunicación y las redes sociales, y ameritaron atención médica e incluso hospitalización de varias personas.

Fiel a su consigna de evitar actitudes represivas -para no seguir el ejemplo de los regímenes autoritarios de antaño... aunque los niveles de permisividad a que se ha llegado hagan pensar que omitir sistemáticamente el uso racional y moderado de la fuerza pública para salvaguardar el orden es equiparable a la irresponsabilidad-, la autoridad se ha abstenido de detener a quienes de manera flagrante cometen delitos (lesiones y daño en las cosas, concretamente) y de aplicar la "investigación" y la "inteligencia" de que ocasionalmente se pavonea, para identificar, detener y procesar, por ejemplo, a quienes el domingo lanzaron artefactos explosivos.

Después de 3 días de bloquear las vías del tren en Michoacán, normalistas liberaron los 2 tramos ferroviarios que mantenían cerrados.

Las pérdidas económicas provocadas por el bloqueo pudieran llegar a los 150 millones de pesos, informó la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán.

Durante ese lapso, 21 ferrocarriles quedaron varados y cargados de diversas mercancías en la ruta ferroviaria Lázaro Cárdenas-Morelia.

Los cierres se ubicaron en las comunidades rurales tanto de Tiripetío como de La Vinata, pertenecientes a los municipios de Morelia y Arteaga, respectivamente.

Entre los sectores más afectados por los bloqueos de las vías del tren destacan la industria acerera, automotriz, la agroindustria, marítimo intermodal y Pemex.

Por su parte, los normalistas accedieron a liberar las vías porque el gobierno estatal se comprometió a pagar las becas alimenticias que demandan.

Padres de familia de la escuela primaria Jesús González Ortega bloquean el cruce de Eje 5 Sur, a la altura de Calzada de Tlalpan, en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, para exigir que el plantel vuelva a ofrecer el servicio de comedor.

Los manifestantes están en la entrada del bajopuente que cruza la calzada, donde piden ser atendidos por autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Indicaron que ya han realizado varias peticiones sobre el servicio en la primaria, sin embargo, no han recibido respuesta.

De acuerdo con especialistas en distintas disciplinas, cuando una nación o comunidad cuenta con pocas leyes -de esas que pretenden regular la convivencia humana-, es un claro reflejo del desarrollo integral que existe en la misma. Es con base en ello que no se puede seguir pensando que en nuestro país y estado se pueda solucionar la crisis de inseguridad que vivimos, creando cada ves más leyes (por más severas que éstas pudieran ser).

Ni los diputados, ni los senadores, y mucho menos los ejecutivos constitucionales parecen estar conscientes de ello, pero no pueden, ni deben de seguir cobrando por crear cada vez más leyes sólo para hacer parecer que están trabajando, porque los resultados alcanzados hasta ahora son vergonzantes, preocupantes y fuera de toda realidad.

Con la finalidad de transformar la forma de impartir justicia en el país y mejorar sus dinámicas de implementación, en 2008 se aprobó una reforma constitucional al Sistema Penal Acusatorio, y en 2016 el nuevo sistema se terminó de implementar a nivel nacional.

En Jalisco, los cambios y su aplicación se consolidaron en mayo de 2016, durante la administración de Aristóteles Sandoval.

El gobierno estatal invirtió 986 millones de pesos para la creación de 12 distritos judiciales y 29 salas de control y oralidad con "equipamiento de vanguardia", así como en el diseño de un sistema informático para la captura de información de los más de 23,711 operadores del nuevo sistema de justicia, entre los cuales se encontraban policías, agentes del Ministerio Público, peritos y defensores, entre otros.

Y pese a que el objetivo principal era mejorar el sistema de impartición de justicia, Jalisco no ha visto la luz, pues no consigue mejorar los índices de impunidad.

En septiembre pasado, este medio informó que, de acuerdo con Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, de la organización Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas 0.6%, cifra con la cual se ubica en la antepenúltima posición a nivel nacional en la probabilidad del esclarecimiento de un ilícito.

Además, la Encuesta 2019 de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que 7 de cada 10 jaliscienses perciben a los jueces como corruptos, poniéndolos en el 1er. lugar de las autoridades más señaladas, por encima del Ministerio Público y las policías municipales.

Para mejorar la percepción, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado puso en marcha la estrategia #EsLoJusto, con la cual buscan demostrar que la justicia es "abierta y cercana a la sociedad".

Por ello, se abrieron oficinas del Poder Judicial del Estado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Allí se ofrece información y orientación jurídica referente a los casos, además de que se da a conocer el trabajo de magistrados, consejeros y jueces.

Si algo nos han enseñado los últimos años es que si queremos corregir la impunidad y la corrupción, debemos tomar nota de lo que pasa en las notarías. Sí, en esas oficinas que gobernadores como Bonilla regalan como si fueran títulos nobiliarios.

Durante años, por ejemplo, los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre muchos otros periodistas, se han topado con una constante. En la creación de empresas fantasma o fachada, o de entidades mercantiles que se usan para simular operaciones o desviar recursos, siempre sale a relucir que hubo notarios a quienes pasó de largo que las gentes que estaban suscribiendo como suyas varias empresas eran, notoriamente, personas de escasos recursos e improbable perfil empresarial. Si eso lo descubre un reportero a simple vista, ¿por qué un notario ni se da por enterado?

El papel de los notarios en las presuntas tramas de corrupción que han sacudido a México no es menor. En las historias de sistemas de desfalco y de las redes de empresas fantasma, ellos son los que, en muchas ocasiones, unen las piezas. Constituyen un nodo del que se pueden extender hilos hacia otras empresas fachada, otros socios de paja, otros desvíos, otros políticos y sus escándalos.

Por ejemplo, en Nuevo León, el Registro Público da cuenta que un mismo notario dio fe a 15 empresas catalogadas como fantasma que participaron en esquemas de desvío con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la llamada "estafa maestra". ¿Mucha coincidencia?

En otra región: empresas de Veracruz cumplen más o menos el mismo patrón, en una sola notaría se crean, con horas de diferencia, racimos de compañías que tienen en común tanto accionistas como representantes legales.

En Quintana Roo fue a través de notarios como funcionarios del entonces gobernador Roberto Borge se hicieron de terrenos de alto valor comercial a precios de risa al simular juicios laborales o adeudos. Un esquema de despojos que afectó intereses nacionales y extranjeros.

Ejemplo final: los despojos de Nayarit en tiempos del gobernador (es un decir) Roberto Sandoval y del fiscal narco Edgar Veytia, eran legalizados por notarios.

El argumento de algunos notarios es que ellos no pueden discriminar a quienes van a abrir empresas, que la ley (promovida por ellos, por cierto) así los obliga. Según eso para evitar discriminación. Pero, al mismo tiempo, están obligados por la Ley Antilavado a dar parte de acciones sospechosas, como que una misma persona tenga acciones en más de 10 empresas creadas en menos de 3 años.

Ejemplos, pues, sobran. Pero mientras los gobernadores las den a sus cuates, y ellos se hacen los que la virgen les habla, seguirán las estafas, maestras o burdas.

En el tema de la inseguridad, las propuestas de algunos legisladores por reimplantar en la Constitución y en los códigos penales la pena de muerte para crímenes como los que en fechas recientes han conmocionado a la sociedad y tienden a volverse recurrentes, invitan a ir más allá de los dimes y diretes, las mutuas descalificaciones, los debates teóricos o las consideraciones doctrinales.

Invitan a recordar la máxima de que "es mejor tener malas leyes y buenos jueces, que buenas leyes y malos jueces", y a reconocer que en la deficiente persecución del delito y la raquítica administración de la justicia (repásense, al efecto, las escandalosas cifras de la impunidad), allá por incompetencia, acá por corrupción, está, sin darle demasiadas vueltas al asunto, el Talón de Aquiles de la sociedad mexicana.

El tema, remite, pues, necesariamente, a replantear -así sea como mero ejercicio de pizarrón- la pertinencia de restablecer la pena de muerte en los códigos penales, y aplicarla en casos excepcionales por la indignación social que ciertos crímenes suscitan.

En uno de los textos más documentados sobre el asunto ("Pena de Muerte, Ya"), Emilio Silva de Castro, catedrático de derecho en varias universidades brasileñas, reúne múltiples argumentos en contra de "la paradoja de invocar los derechos humanos de los criminales, mientras prácticamente los silencian o invitan a violarlos, al dejar de proteger debidamente a sus potenciales víctimas inocentes".

El autor señala que el "No matarás", del Decálogo, alude a "la muerte causada por la violencia de un hombre contra otro hombre; no a la que proviene del legítimo ejercicio de la justicia" por parte de la sociedad. Apunta, apoyado en Aristóteles y Santo Tomás, que "así como es lícito extirpar una parte del cuerpo para salvar el todo, así también lo es, en el organismo social, la supresión del individuo que, con su conducta criminal, pone en peligro la salud del todo". Alega que "el Estado, condenando a muerte al criminal, no sólo no hace nada contrario al mandamiento de No Matar, sino, al contrario, prueba el amor que debe a los no criminales, procurando salvaguardar sus vidas, mientras que a los que lo son, la muerte les sirve de expiación, y a todos de lección"... Apunta, en fin, que aunque la muerte del homicida no restituye la vida de su víctima, castigar con la pena de muerte al homicida "no repara los efectos del desorden, sino el orden que el desorden violó".

La pena de muerte estuvo presente, durante siglos, en la legislación penal de casi todos los países del mundo. Los métodos para su aplicación han sido diversos: la lapidación, la crucifixión, la horca, la guillotina, el fusilamiento, la cámara de gas, la inyección letal... Y aunque algunas legislaciones la suprimieron en el Siglo XIX, la corriente abolicionista sólo cobró fuerza ya bastante avanzado el Siglo XX. Alemania la eliminó de su legislación en 1949; Inglaterra, en 1969; Estados Unidos, en 1972, aunque varios estados la mantuvieron vigente y la aplican hasta la fecha.

En México, el Artículo 22 de la Constitución prohibía "las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie (...) y cualesquiera otra penas inusitadas y trascendentales"; reservaba la pena de muerte "al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar". Abolida en la práctica, finalmente fue suprimida del texto legal el 9 de diciembre de 2005.

Los juristas modernos concuerdan en que "en México nadie debe tener derecho a matar; ni el Estado mismo" (Francisco González de la Vega); "La pena de muerte es, en México, radicalmente injusta e inmoral, pues el contingente de delincuentes amenazados con ella se compone de hombres humildes del pueblo; se aplicaría, por tanto, a (...) victimas del abandono (...) por parte del Estado; víctimas de la incultura, de la desigualdad económica, de la deformación moral de los hogares en donde se han desarrollado (...), siendo los culpables no ellos, sino el Estado y la sociedad que (...) los suprime lisa y llanamente por medio de la pena de muerte" (Raúl Carrancá y Trujillo); "No puede ser lícita cuando (...) no se aplica por igual al débil que al poderoso, o mejor dicho, nunca se impone a éste, entrañando por lo tanto una manifiesta injusticia; tampoco resulta útil si (...), lejos de contribuir a la disminución de la delincuencia, ésta crece en los países en donde (...) tiene mayor aplicación" (Fernando Castellanos Tena).

Y ahora, considerando que "los presuntos asesinos de Fátima solicitaron a las autoridades (...) vigilancia especial, porque han recibido amenazas de que 'tarde o temprano' les harán lo mismo que ellos le hicieron a la niña" ("El Universal", II-24-20).

Como la sentencia de los presuntos secuestradores, violadores y asesinos de Fátima Cecilia será emitida por un juez, a partir de los elementos que se acumulen en el curso del proceso y con base en la legislación penal vigente, al margen de cualesquier tipo de consulta pública, es de suponerse que los culpables serán condenados al equivalente a la cadena perpetua -hasta 170 años de cárcel, al acumularse las penalidades correspondientes a todos los delitos perpetrados-... pero no la pena capital que muchos, si en su mano estuviera, les desearían, toda vez que la misma ha sido eliminada de las leyes mexicanas.

Ahora bien: si los inculpados solicitaron "vigilancia especial, ante las amenazas de que 'tarde o temprano' les harán lo mismo que ellos le hicieron a la niña", es probable que tanto el juez, al emitir la sentencia, como las autoridades penitenciarias, al cumplimentarla, deban tomar medidas especiales, extraordinarias, al efecto de reducir la posibilidad de que dichas amenazas -creíbles, por lo demás, por la irritación social que generó el caso... y porque "la ley del hampa", vigente en el interior de los penales, no reconoce derechos humanos y sí tiende a aplicar la máxima de "ojo por ojo, diente por diente"- se vean cumplidas, y el epílogo de la historia sea el linchamiento o el suicidio (es decir, la muerte violenta, aunque extrajudicial) de los susodichos inculpados. Dichas medidas implicarían mantenerlos aislados, de por vida, de la población carcelaria.

Y aquí, de manera tangencial, hay que abordar un tema en que el sistema de administración de justicia no profundiza cuanto sería deseable...

Se piensa en el esclarecimiento de los delitos, en la sanción del delincuente, en la reparación -muy relativa, por lo demás- del daño; se piensa en la ejemplaridad de la pena... pero no en la suerte del delincuente.

Más allá de la utopía de que las cárceles, en efecto, propicien una "readaptación social" impensable para los condenados a penas prolongadas -que sería el caso-, está el aspecto correctivo de la pena; la posibilidad y la pertinencia de que se someta al penado a tratamientos sicológicos y educacionales que le permitan dimensionar a plenitud el daño que causó a su víctima y a la sociedad en pleno... aun en el entendido de que la condena que previsiblemente le será impuesta, cancela la posibilidad de su reintegración (deseable... pero imposible en el caso) a la vida social.

Apenas ayer el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, dijo que Jalisco tiene un retraso de 50 años en la creación de sus leyes sobre desaparición forzada.

En el caso de mujeres desaparecidas, el año pasado Jalisco encabezó la lista con 275 casos. El año pasado, cada mes se desapareció a 23 mujeres, y el registro histórico que reconoce el propio gobierno de Jalisco es que hay 1,077 mujeres desaparecidas.

Habitantes del municipio nahua de Aquila viven en total incertidumbre, amenazados por integrantes de supuestos grupos de autodefensa dedicados a actividades ilícitas, aseguraron comuneros de la región Sierra-Costa, cercana a los límites con Colima. Señalaron que la organización criminal Los caballeros templarios se dispersó y sólo tiene unos cuantos integrantes.

Vecinos de Aquila dijeron desconfiar de Cemeí Verdía Zepeda, expulsado de su lugar de origen, Santa María Ostula, donde inició grupos de autodefensa, y de Germán Ramírez, El Toro, quien fue su 2o. y ahora es su enemigo. Indicaron que últimamente se ha visto cerca de Cemeí a Agustín Ramírez, quien organizó a autodefensas en la cabecera municipal de Aquila, y junto con 2 de sus hermanos estuvo preso más de 4 años.

Semanas antes del 24 de febrero de 2013, cuando se levantaron en armas ciudadanos de Tepalcatepec y de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, en la región Sierra-Costa de Aquila, 2 grupos civiles armados se organizaron para enfrentar a los Templarios.

En Ostula, a 15 kilómetros de la costa, Cemeí Verdía reunió a unos 500 seguidores, algunos de los municipios de Coahuayana y de Chinicuila. Era una persona muy estimada, su padre y su tío fueron desaparecidos y debió huir a los 12 años de edad por temor a ser ejecutado por delincuentes. Regresó años después y se convirtió en líder.

En Aquila, Agustín Villanueva Ramírez dio a conocer en junio de 2013 a un grupo de autodefensa que lucharía contra El Lico, El Tena y Los Guaracheros, cabecillas de los Templarios, que asolaban la región.

En agosto siguiente, a poco más de 2 meses de haberse integrado formalmente como guardias comunitarias, 41 integrantes del grupo que operaba en Aquila fueron detenidos por fuerzas federales junto con su líder Villanueva Ramírez y sus 2 hermanos. Se liberó a los autodefensas, pero Agustín y sus consanguíneos permanecieron presos hasta octubre de 2017 acusados de secuestro, lo que, según comuneros de Aquila, fue una imputación fabricada.

Agustín Villanueva fue autoridad comunal de Aquila. En 2012 logró que la empresa Ternium entregara al menos 15,000 pesos mensuales a cada uno de 465 comuneros por la renta de sus tierras y por concepto de regalías, cuando anteriormente les daba 1,200 pesos al año, lo que no le perdonaron los directivos de la minera.

Los 465 comuneros de Aquila erogaron entre 2012 y 2015 al menos 40 millones de pesos por cuotas al crimen organizado, y en promedio la empresa minera extrae más de 10,000 toneladas diarias de hierro.

Cemeí Verdía estuvo preso unos meses en 2015. Al ser liberado se alejó de las autodefensas. Su 2o. de a bordo, Germán Ramírez, tomó el cargo, y desobedeció la orden de desarme en mayo de ese año. El Toro fue acusado de abusos y de involucrarse en actividades ilícitas, a pesar de haber sido comandante de la policía municipal. Actualmente se atribuye a Germán Ramírez estar implicado en narcotráfico.

Cemeí fue designado integrante de la policía rural que formó el entonces comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Al ex líder de autodefensas no le agradó esto e incursionó en política; a mediados de 2018 fue candidato a diputado local en el distrito de Coalcomán por el Partido Acción Nacional, y perdió la elección.

Entonces aseguró que se dedicaría a cultivar papaya en un predio cercano a los límites con Colima. Ante las fechorías de El Toro, emprendió la lucha nuevamente junto con Agustín Villanueva y en la región nahua se habló de algunos enfrentamientos.

En noviembre de 2019 corrieron versiones de que Cemeí fue víctima de un atentado. Esto fue desmentido y se le vio en Morelia días después. Ex compañeros de Cemeí aseguran que éste anda en malos pasos del lado de Jalisco.

En la región de Aquila sólo el comandante Tetos, que estuvo con autodefensas de Coahuayana (municipio vecino de Aquila), mantiene gente armada para impedir el retorno de grupos delictivos. La zozobra persiste, las comunidades nahuas siguen amenazadas y nada bueno se espera de las guardias comunitarias que hace 7 años comenzaron a combatir al crimen organizado y ahora se dedican a delinquir.

La mañana de este domingo, elementos de Zapopan y de Protección Civil del Estado llevaron a cabo un operativo con el fin de proteger a los habitantes del Cerro de El Colli que vivían en zonas de alto riesgo antes de que comience la temporada de lluvias y el estiaje.

A través de un comunicado, Protección Civil detalla que los elementos acudieron a la zona para retirar poco más de 40 asentamientos en la colonia 12 de Diciembre, cuya situación estaba en riesgo debido a lo inestable del área, propensa a deslaves y deslizamientos de tierra, lo que pone en peligro la vida de quienes habitan ahí.

Las viviendas, la mayoría de ellas improvisadas y ubicadas en zonas de alto riesgo, estaban vacías al momento en el que las autoridades comenzaban su trabajo; sin embargo, poco después de enterarse del operativo llegaron los supuestos propietarios de los terrenos, quienes agredieron a las autoridades municipales y estatales. Informan que estas personas apedrearon patrullas, unidades de bomberos, colocaron obstáculos en el acceso a los asentamientos y provocaron incendios.

Derivado de estos hechos, autoridades detuvieron a un total de 7 personas por agredir a los oficiales de Protección Civil, uno de los cuales resultó herido, y por obstruir el trabajo de las autoridades.

La crisis de inseguridad e injusticia en México se agudiza, y la herida está abierta como nunca antes en relación a los feminicidios. La recompensa de 2 millones de pesos por los asesinos de la niña Fátima es un acto minúsculo ante la impunidad absoluta en relación a estos crímines.

La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió su reporte sobre justicia en el mundo. México cayó al lugar 99 en la escala. En el componente de justicia criminal somos el país 115 de 126; ocupamos el lugar 117 en corrupción y también en seguridad y orden.

El reporte es un crudo reflejo del colapso absoluto de nuestro sistema de seguridad y justicia.

Durante 2018 y 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Justicia (Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas), congregó a estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado a fin de acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Paz, la Justicia y la Inclusión. El reporte es muy claro y aboga por: situar la justicia en el centro del desarrollo sostenible, colocar a las personas en el centro de los sistemas de justicia, así como pasar de un sistema de justicia para pocos a un sistema de justicia para todos.

Hace décadas que esa ha sido la agenda de un grupo amplio y plural de activistas y académicos, promoviendo un sistema judicial que les permita alcanzar su única misión: defender la justicia y los derechos de víctimas y sus familiares. Algunas de ellas son parte del colectivo #FiscalíaQueSirva, como Fundar, Serapaz, el IMDHD, Causa en Común, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otras. Cualquier esfuerzo de reforma por parte del gobierno, la Corte y el legislativo debe incorporar a éstas y otras organizaciones en la tarea de transformar nuestras instituciones de justicia.

Las autoridades mexicanas pueden ser muy eficaces cuando quieren. La investigación que ha llevado a la detención de los 2 presuntos homicidas de la niña Fátima son un ejemplo. Con el uso de imágenes de cámaras de vigilancia y de investigación tradicional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras instituciones dieron con los presuntos responsables en unos cuantos días.

¡Qué contraste con la situación cuando no hay una instrucción superior o presión de los medios! Miles de denuncias se quedan olvidadas en cajones... porque no son consideradas importantes o porque nadie ha aportado dinero para darles relevancia.

En México se cometen 32 millones de delitos al año, de los cuales 99% quedan impunes, según el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Con este grado de impunidad es un milagro que no tengamos más delitos. 2 factores pesan en esta impunidad. Uno es, simplemente, la falta de recursos: no hay capacidad física en los ministerios públicos para recibir todas las denuncias, mucho menos investigarlas y darles seguimiento. El otro factor son las leyes que complican innecesariamente las acciones de justicia.

Los ministerios públicos se han convertido en oficinas de transcripción de declaraciones. Las denuncias se presentan solo cuando hay necesidad de tener un documento legal del agravio, como en el robo de automóviles, pero casi nadie las levanta si no hay esa obligación, porque se sabe que son una pérdida de tiempo. Las únicas investigaciones que se hacen son aquellas en que la víctima paga. La falta de recursos en los ministerios públicos se ha traducido en una privatización de la procuración de justicia y en una veda práctica para que los pobres tengan acceso a la justicia.

Las complicaciones burocráticas son otra barrera. En los países desarrollados cualquier policía puede llevar a cabo una detención; la flagrancia se entiende de manera amplia; las órdenes de cateo o aprehensión se expiden de manera rápida y eficaz; las denuncias llevan a acciones legales sin necesidad de dar dinero a los agentes. En México, los obstáculos para la investigación son enormes: la flagrancia se interpreta de manera muy estrecha; un delincuente que se introduce a una casa ya no puede ser detenido; los jueces se tardan demasiado y ponen demasiados obstáculos para girar órdenes de aprehensión o de cateo.

Consideremos el caso de los presuntos responsables del asesinato de Fátima. Una vez que la Fiscalía capitalina los identificó, había que ubicarlos y detenerlos. La Fiscalía dio a conocer sus fotografías y una denuncia ciudadana llevó a la aprehensión. No faltará, sin embargo, el abogado que afirme que esta divulgación de sus imágenes fue una violación de sus derechos humanos. Y es muy probable que los jueces estén de acuerdo. Ayer por la mañana, por otra parte, estaban detenidos por cohecho, por haber ofrecido dinero a los policías, porque no habían llegado a Atizapán las órdenes de aprehensión.

Necesitamos una reforma al sistema de justicia. No me refiero a la reestructuración interna del poder judicial que ha propuesto el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Requerimos reglas que hagan más fácil la detención y castigo de los criminales. Debemos, además, dar a las fiscalías y ministerios públicos los recursos suficientes para hacer su trabajo. Si no lo hacemos, seguiremos viviendo en un país en que solo los casos importantes se resuelven.

TC Energy, antes Transcanada, ha sufrido las consecuencias de la incertidumbre legal. El presidente López Obrador prometió a unas comunidades indígenas mover la ruta del gasoducto Tuxpan-Tula, que ya está casi terminado. Esto vuelve inviable el proyecto. Parece que en México la ley no sirve para nada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) canceló el proceso de desalojo de los trabajadores que tengan adeudos en el pago de su crédito.

Incluso, durante su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario federal sugirió: "La gente que escuche por el teléfono: 'si no paga los van a desalojar', pues que cuelgue", y aseveró que "se canceló todo el proceso de desalojo".

Integrantes del Movimiento Nacional Taxista se enfrentaron con policías de la Ciudad de México en la avenida Insurgentes, a la altura de Eje 1 Norte, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, lo que dejó varios lesionados.

Los taxistas arrojaron piedras a los uniformados, luego de que estos intentaron impedir el paso de la caravana, cuando se dirigían al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, donde realizan un mitin desde las 9:00 horas.

Debido a la protesta y al enfrentamiento, la circulación en la avenida Insurgentes estuvo cerrada por casi 30 minutos, en los carriles con dirección al sur.

En una comunidad indígena de Oaxaca, uno de los cerca de 50 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por el padre católico Gerardo "N" y detectados por un grupo de sacerdotes salió a la luz a principios del siglo XXI. Un traje de monaguillo develó la agresión sexual que sufrió Leonardo -nombre ficticio- cuando cursaba la primaria, y de la que no habló durante años.

Uno de sus familiares narró que cuando fue a la parroquia a entregar la prenda que el niño usaba en misa, se enteró de que él podría estar dentro de las víctimas del religioso: "Hablé con el nuevo sacerdote y me preguntó por el niño. Le platiqué que intentó suicidarse, que tuvo unos cambios de comportamientos muy feos y raros. No dimos con lo que tenía... Así fue como nos platicó que hubo casos de pederastia".

Entre lágrimas, Leonardo confirmó los hechos. Su familia se sintió traicionada porque le tenía confianza al sacerdote, le abrió las puertas de su casa e incluso comió con él.

Nadie lo consideró un riesgo porque se llevaba bien con los jóvenes: "En ese momento había un paro magisterial aquí en Oaxaca y no estaban yendo a clases, considerábamos que la iglesia era el mejor lugar", recordó.

8 estados castigan la pederastia. A nivel federal y en Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y en Sonora -que, aunque no lo nombra así, lo reproduce del Código Penal Federal- se contempla la pederastia como un delito.

En el resto del país es considerado un agravante de la pena en algunos delitos de violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, cuando es cometido por una persona que sostiene un vínculo religioso con la víctima, aunque en seis entidades esta relación no se contempla textual, arrojó un análisis de los 32 códigos penales y el federal.

Existen 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación por dichos delitos sexuales agravados, pederastia, corrupción de menores y atentados contra el pudor, que pueden contener una o varias víctimas mayores y/o menores de edad de 2009 a 2019.

De los expedientes, 152 son del fuero estatal y cuatro del federal, indican datos de las fiscalías y procuradurías estatales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), obtenidos vía transparencia.

Entre los señalados como presuntos agresores sexuales se encuentran sacerdotes, pastores, maestros de catecismo, músicos de las iglesias e integrantes de diversas asociaciones religiosas.

Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo auxiliar de Monterrey, dijo que "los sacerdotes o clérigos que han sido notificados al Ministerio Público en el caso de la CEM son 106".

Sin embargo, a principios de este año indicó en una conferencia que la cifra ascendía a 271 investigados. Se le buscó nuevamente para hablar de la discrepancia, pero no se obtuvo respuesta.

En cuanto a la colaboración de la Iglesia en estos casos, Alberto Athié, ex sacerdote y activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual, explicó que ésta siempre argumenta: "Sí voy a contribuir para ver qué hacemos, pero no te voy a decir los nombres, quiénes son, dónde están, qué penas están purgando, qué Ministerio Público les está llevando el asunto. Es más, quieres tú saber de un caso, vete a la diócesis y pregunta allá. Si ellos quieren decirte de quién se trata, ellos verán".

4 fiscalías y procuradurías indicaron que tienen registro de 6 sentencias por los delitos analizados para este reportaje.

"Tenemos un sistema judicial que no es confiable, políticos en general que no quieren tener broncas y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, las víctimas están totalmente desprotegidas", señaló Elio Masferrer Kan, antropólogo de las religiones.

En 2010, un grupo de sacerdotes envió una carta a Roma, dirigida a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que pidió intervención por casos de pederastia presuntamente cometidos por el cura Gerardo "N" en las parroquias de Santiago Camotlán y Villa Alta en Oaxaca.

Se indicó que desde 2009, los padres advirtieron de la situación a los entonces arzobispo y obispo auxiliar. Asimismo, señalaron que tuvieron conocimiento de que el sacerdote Gerardo "N" les hacía caricias obscenas a los jóvenes y a uno le practicó sexo oral.

En 2011, la conclusión indicó que "de la investigación llevada a cabo no se desprende que el Rev. [Gerardo "N"] haya cometido los delitos que se le imputan". Decidieron apelar y solicitaron que la investigación se realizara escuchando directamente a las víctimas, a sus familiares y a los pueblos afectados. No obtuvieron respuesta.

La comunidad de Leonardo no tomó a bien que alzaran la voz por la agresión del padre Gerardo "N", porque pocas personas creyeron lo que sucedió.

"Quedamos en pelear, en tratar de hacer algo para que [el abuso] no se repitiera con otros jóvenes. Por desgracia, el problema a nosotros como familia nos rebasa. Nos estábamos debatiendo con un gigante que era la Iglesia", dijo un familiar de Leonardo.

En 1976, Fernando "N" figuró en una carta que redactó Juan José Vaca para renunciar a la orden y en la que expuso una serie de abusos sexuales de los que fueron víctimas él y un grupo de jóvenes, perpetrados por el líder de la congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

El sacerdote Fernando "N" estuvo en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo, pero tras denuncias de violación a menores de edad fue enviado a Salamanca, España. "Se convierte en abusado, encubridor -promotor para que Maciel abuse de otros- y en victimario", afirmó en entrevista Fernando Manuel González, psicoanalista.

Fernando "N" pasó más de 2 décadas en España y en 2016 se trasladó a Roma, donde -a sus 80 años- se encuentra en una casa religiosa. La única consecuencia por sus actos fue quedarse sin ministerio sacerdotal, lo anterior de acuerdo con un comunicado de los Legionarios de Cristo.

Gerardo "N" fue movido en las comunidades de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán, Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec, en Oaxaca, indicó información del Foro Oaxaqueño de la Niñez. En 2017, el padre fue sentenciado a 16 años y seis meses de cárcel por el delito de corrupción de menores, por el caso de dos niños, pero no por el de Leonardo.

Alberto Athié enfatizó que lo que falló en estos casos fue el mecanismo de protección y de encubrimiento, porque, al final, lo que hacen es soltarlos cuando ya ven que no les queda de otra, los entregan a otros grupos de poder, de autoridad o, como en el caso de Maciel, los mandan a su casa sin un castigo.

Ricardo tenía 13 años cuando entró de monaguillo a la parroquia de San Francisco Javier, en Chihuahua. Al sacerdote Juan José "N" ya lo ubicaba de vista porque lo veía los domingos cuando iba a misa con su familia. Con el paso de los días, notó que el hombre lo trataba distinto, le daba privilegios en la misa y le ofrecía llevarlo a su casa.

El 1er. abuso sexual ocurrió a los pocos meses de conocerlo, durante una función de cine: "Me tocó la pierna y de repente ya tenía su miembro de fuera y puso mi mano ahí". Al final de la función, el religioso le dijo: "Lo que hiciste está mal, yo soy sacerdote, no lo vuelvas a hacer". Eso hizo sentir al adolescente culpable y tuvo miedo.

"[Los pederastas] van preparando el escenario, examinando el terreno, conociendo los puntos de vulnerabilidad de su víctima, su familia y sus espacios. Van diseñando cómo van a actuar para tener toda esta libertad, porque si tuviera la claridad de que yo iba a decir algo, que mi familia iba a actuar de alguna manera, te aseguro que no hubiera pasado", explicó Ricardo.

Las agresiones de Juan José "N" fueron escalando hasta que violó a Ricardo a lo largo de varios años. Él denunció en 2017, pero la Fiscalía General del Estado de Chihuahua determinó el no ejercicio de la acción penal por la prescripción de los delitos. Sin embargo, un año después se integró una nueva denuncia con apego a tratados internacionales que indican que los delitos contra menores no deben prescribir.

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús señaló en 2018 que Juan José "N" fue suspendido en el oficio de sus ministerios y se notificó a Roma del caso de Ricardo. Posteriormente, el sacerdote salió de la congregación.

"Algo que le ha costado mucho trabajo a la Iglesia ver y se le ha tenido que imponer es que se trata de delitos graves contra niños. No son conductas inmorales o indecentes, eso es otra cosa", explicó Alberto Athié.

Enfatizó que en otros países se tiene muy clara la diferencia entre delito y pecado. Si se trata del primero, la persona tiene que ser investigada.

Las cada vez más comunes imágenes de asaltantes llegando a restaurantes a despojar a los comensales de sus pertenencias a punta de pistola sin importar si es de mañana, tarde o noche, son la prueba fehaciente que lejos estamos en Jalisco de avanzar en el combate a la ilegalidad, la injusticia, la corrupción y la impunidad, flagelos sociales entre los que nace y se desarrolla sin freno el crimen, en sus cada vez mas variadas expresiones.

Esta debilidad del Estado de Derecho en Jalisco y en México quedó en evidencia en la 2a. entrega del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, realizado por la organización civil internacional World Justice Project (WJP).

A nivel nacional, como era de esperarse, el Índice evalúa a todos los estados por debajo del 0.5. Es decir, en ninguna de las entidades de la república se cumplen los estándares institucionales para lograr los desempeños necesarios que cubran los requerimientos para garantizar un pleno Estado de Derecho.

Con los 0.37 que alcanzó Jalisco, se ubicó por debajo de la media tabla y más cerca de los peor evaluados. De hecho, en relación al 1er. Índice publicado e 2018, nuestra entidad cayó del lugar 23 al 26.

El hecho de que de los 8 indicadores sea el de orden y seguridad (bajó del 0.29 a 0.27), y el de ausencia de corrupción (se mantuvo en 0.31) los que tuvieron la evaluación más baja en el caso de Jalisco, habla de la debilidad de nuestros cuerpos policiales y sus estrategias, y el poco impacto que ha tenido el Sistema Estatal Anticorrupción, en sus más de 2 años de existencia, para combatir prácticas irregulares en gobiernos en el manejo del erario y patrimonio público.

El año pasado, Rolando decidió no pagar el refrendo vehicular de su motocicleta debido a que la autoridad no le devolvió 336 pesos erogados por una fotomulta que no cometió.

Cuenta que en la recaudadora le dieron la razón y resolvieron que fue un error de la captura de placas, pero el dinero no le fue reembolsado. Para evitar dar más vueltas, pidió que con el saldo a favor se cubriera el refrendo, pero le dijeron que no.

Tras evadir el pago en los primeros meses del año, se le generó una multa y gastos de ejecución por el orden de los 1,300 pesos.

El incumplimiento que Rolando tuvo forma parte de 1'374,000 adeudos de dueños de vehículos, que se acumularon durante 2019 en Jalisco por este concepto, con adeudos por 723.6 millones de pesos (MDP), que representan más del doble del monto por morosidad que se tenía en 2015.

La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado informa que, en 2015, se debían 323.3 MDP por refrendo vehicular, correspondientes a 777,962 adeudos.

A pesar de las deudas, la secretaría emitió menos requerimientos el año pasado y envió 245,076 notificaciones a los incumplidos, mientras que en 2018 fueron 289,126.

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Secretaría de la Hacienda Pública, en 2019 se realizaron 2.6 millones de pagos por refrendo vehicular en sus diferentes modalidades, mientras que hace dos años se tuvieron 2.4 millones.

Si se toma en cuenta que en Jalisco hay un total de 3.9 millones de automotores, significa que durante el año pasado solamente 7 de cada 10 propietarios cumplieron con esta obligación.

Por "desidia", Andrés incumplió con el pago del refrendo vehicular durante 2019. Este año, en lugar de pagar 590 pesos (costo de esta contribución durante el año pasado), deberá cubrir multas y gastos de ejecución por cobranza.

"Lo íbamos a pagar en octubre, pero dije: 'ya de aquí a enero o febrero los pago los 2 juntos, no creo que haya problema'. Ya lo había hecho así con otro carro que tengo, pagaba los 2 juntos".

Comenta que realizará los pagos el próximo mes, una vez que baje el flujo de contribuyentes que acuden a las recaudadoras estatales durante los primeros meses del año.

Andrés añade que las multas le parecen elevadas y también el aumento que se ha tenido en los últimos años en el costo del refrendo.

"Pero también se sabe que se están haciendo muchas obras en Periférico y en muchos lados, los cuales está cubriendo el estado porque el gobierno federal (está enviando menos recursos), pero sí se me hizo demasiado".

Agrega que los contribuyentes no deberían hacer frente a esas disminuciones de recursos federales. "Lamentablemente nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos de las diferencias entre los gobiernos".

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Hacienda Pública, con la proliferación de motocicletas que circulan en Jalisco también se agravó la tendencia a la morosidad entre los propietarios de este tipo de vehículos. En 2015 no cumplieron con este pago 130,973 motociclistas, cantidad que casi se duplicó durante el año pasado. Hasta noviembre pasado se registraban 227,525 morosos.

La Secretaría de la Hacienda reportó que durante el año pasado sólo 4% de las unidades tiene una póliza de seguro. Además, apenas 30% de los motociclistas cuenta con el permiso para conducir vigente. Las autoridades estatales esperaban recibir mayores beneficios a través de pagos adicionales realizados por los propietarios de motos. En la Ley de Ingresos 2020 se proyectaba obligar a los motociclistas a presentar la licencia y seguro de daños a terceros, al momento de realizar el pago de refrendo, pero finalmente se retiró la propuesta.

Es difícil decirlo mejor -con más claridad, con menos palabras- que como lo escribió Víctor Hugo en "El 93": "El derecho que triunfa no necesita ser violento"...

La legitimidad de las protestas de mujeres y de grupos feministas -que, aunque parezca lo mismo, no es igual-, la semana pasada, en la Ciudad de México, es incuestionable. Lo mismo si se entendió la propuesta del fiscal Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que por cuestiones de técnica jurídica sería pertinente reclasificar el feminicidio como homicidio con agravantes, para tipificarlo y sancionarlo con más eficacia, que si se le malinterpretó en nombre de la justa indignación que causa un crimen cuando la víctima es mujer, es lícito que haya manifestaciones públicas en demanda de una respuesta más eficaz por parte de la autoridad. Es igualmente comprensible que las protestas también se orientaran hacia los medios de comunicación que difundieron fotografías del cadáver descuartizado de una joven atrozmente asesinada (hasta donde se infiere por las primeras declaraciones públicas del presunto homicida) por su pareja. Sería aberrante que se reprimieran las marchas en que se demanda priorizar la prevención, investigación y sanción de esos delitos que agreden a uno de los sectores más frágiles de la sociedad -las mujeres-, sobre cierta comedia de enredos (la rifa del avión presidencial) urdida por un mal autor, a la que se han dedicado tanta saliva y tanto tiempo.

Sin embargo, es lamentable que para externar esas protestas -justas por donde quiera vérseles, reiterémoslo- contra una de las formas más deplorables de la violencia, las manifestaciones se significaran, precisamente..., por la violencia. Que las notas informativas correspondientes llamaran más la atención por la forma que por el fondo. Que las agresiones a los y las policías (guardianes del orden público y protectores, por ende, de las manifestantes), las ofensas a los reporteros -varones- que cumplían con su deber de informar, los destrozos al mobiliario urbano, los daños en la propiedad privada, el vandalismo sobre los espacios públicos (las pintas con aerosol en pisos y paredes o el intento de incendiar la puerta principal de Palacio Nacional), prevalecieran sobre los testimonios de víctimas de abusos y las demandas de sus voceros, dirigentes o representantes.

También Cicerón lo dijo de manera impecable: "La fuerza es el derecho de las bestias"...

El respeto no se mendiga ni se arrebata; se gana. Por tanto, la moraleja cae por su propio peso: "¿Quieres respeto?: respeta".

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se investigue y sancione a los responsables de la agresión a estudiantes y padres de los normalistas de Ayotzinapa del domingo en Chiapas.

"Condeno lo que sucedió en Chiapas es un abuso", señaló el mandatario en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que este hecho debe ser investigado y castigado.

Ayer un grupo de policías estatales de Chiapas agredió a la Caravana Sur en Busca de los 43 que se encontraba en la escuela Normal Rural Mactutzá.

Unos 200 policías estatales, con tanquetas y gases lacrimógenos, se presentaron en ese plantel y, sin ninguna razón aparente, empezaron a tirar los proyectiles de gas lacrimógeno hacia los padres y madres de los 43 y estudiantes normalistas.

La agresión tuvo un saldo de 3 estudiantes, 2 madres y una menor de 3 años heridos; 2 estudiantes fueron impactados con un proyectil en la cabeza, uno de ellos de Ayotzinapa, y se reportan como graves.

Sin embargo, la Fiscalía estatal de Chiapas dijo que los uniformados solo replegaron una protesta y que fueron agredidos con bombas molotov, piedras y cohetones.

Por la noche, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó su respaldo a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y pidió una investigación "exhaustiva".

Policías estatales de Chiapas desalojaron este domingo con gases lacrimógenos a estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez y a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que difundían sus inconformidades y bloqueaban un tramo del libramiento norte hacia la carretera Tuxtla Gutiérrez - Plan de Ayala - San Fernando.

Los normalistas participaban en una actividad de difusión con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos que acudieron a la Mactumactzá, como parte de la "Caravana en busca de los 43" que esta mañana realizarían una marcha al centro de la capital de Chiapas. Los manifestantes cerraron las vialidades y obstruyeron el tránsito vehicular.

Equipos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) desalojaron a los inconformes a la altura del bulevar Vicente Fox, "de acuerdo con el protocolo de desalojo y restableció el orden".

La Secretaría de Seguridad informó que policías estatales acudieron a la zona de bloqueo para establecer una mesa de negociación con los manifestantes y escuchar sus demandas; sin embargo, éstos "agredieron a 2 elementos de la Unidad 026 de la Policía Estatal y vandalizaron dicha patrulla".

La policía respondió. "Los normalistas agredieron lanzando a los uniformados bombas Molotov, piedras y cohetones que dejaron a un elemento con una lesión en la cabeza, que fue trasladado para su atención médica".

De manera preliminar preliminar se reporta un policía herido, por parte de la autoridad, y 3 jóvenes presuntamente detenidos.

El Centro de Derechos Humanos Kuuntik calificó el desalojo como represión del gobierno. Reportó que "hasta este momento hay 4 personas hospitalizadas, entre ellas una niña, hermana de uno del 43 desaparecidos de Ayotzinapa".

El bulevar Vicente Fox, situado en las inmediaciones de la Mactumactzá, ha sido escenario de desalojos y enfrentamientos entre policías y alumnos de esa escuela que se han caracterizado por retener y vandalizar camiones de empresas privadas, patrullas policíacas y vehículos oficiales.

Un año más y no hemos podido impedir el hundimiento del Estado de Derecho. Incluso, se puede argumentar, vamos en retroceso. Arrastramos deficiencias crónicas de años atrás, y con una quinta parte del sexenio caminada por la nueva administración, que es muy visible en el discurso a favor de los derechos humanos y el combate a la corrupción, los resultados siguen siendo decepcionantes. Se puede hablar de mucho ruido y nada sustantivo. Hay problemas sistémicos, como la corrupción, que son transversales -funcionarios, policías y jueces en las nóminas del crimen organizado-, y hay batallas que parecen imposibles de ganar, como el freno a la impunidad. El andamiaje legal parece más débil hoy que hace un año, y fuera del descrédito reputacional, que en la mayoría de los casos se irá evaporando, nada profundo y de largo aliento ha sido concretado. En síntesis, un año más perdido.

El Proyecto Mundial de Justicia, una organización independiente y multidisciplinaria en Washington, dio a conocer el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, que es resultado de una encuesta a más de 25,000 personas, y una muestra con más de 2,600 abogados y expertos. Los resultados son deprimentes, particularmente en lo que se refiere a Orden y Seguridad, donde el país viene en franca picada desde 2014-2015. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un desastre en esa materia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo colapso en el restablecimiento a la seguridad va a seguir impactando a este gobierno y, probablemente, a quien le siga. En poco ayuda que el actual gobierno, al igual que el anterior, haya equivocado su estrategia, al pensar que siendo laxos con el cártel de Sinaloa en el combate y en voltear a ver hacia otra parte con sus negocios ilícitos, serían sus jefes quienes se encargarían de pacificar al resto del país.

Los resultados que más sobresalieron, pero en sentido negativo, fueron los que tienen que ver con ese factor. El índice apunta un retroceso en 19 entidades, estadísticamente "significativas": Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Esto fue como consecuencia, explica, del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas, y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos. El otro factor que se encuentra en la parte alta de las preocupaciones del Proyecto es el de Justicia Civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias. "En la mayoría de los estados, los subfactores que tienen los puntajes más bajos son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil", señala el informe.

Esto explicaría la reciente radicalización de las policías comunitarias en Guerrero y la tendencia al alza de los linchamientos: la justicia civil ya no es una opción para muchos. Por eso, el alta tasa de delitos que no se denuncian, 9 de cada 10, según el Inegi. Asimismo, estos 2 factores explican en buena medida la forma como los medios de comunicación proyectan una realidad violenta y roja en sus noticieros y primeras planas, generando ansiedad y sentimiento de zozobra entre los ciudadanos, como se aprecian en distintas encuestas realizadas por instituciones mexicanas. El problema por delante es que no se ven puertas hacia la solución del fenómeno, sino mayores complicaciones de inseguridad y violencia, cuando menos, en el corto plazo.

En los datos generales, el Índice muestra que las entidades que más han hecho por mejorar el Estado de Derecho, son las mismas del reporte de 2018, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, mientras que quienes ocuparon los sitiales más bajos en la tabla fueron Guerrero -último lugar por 2o. año consecutivo-, Puebla y Quintana Roo. En estas 2 entidades, aunque con mayor profundidad en Puebla, el deterioro en materia de seguridad ha sido galopante. Entre los datos de 2018 y el nuevo Índice 2019-2020, los puntajes ascendieron en 15 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Sobresale el dato en Veracruz, al tener el gobernador Cuitláhuac García una de las peores percepciones como gobernante dentro del gobierno de López Obrador. Entre los que descendieron, que son el resto, sobresale, la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, la número 1 del presidente para la candidatura en 2024, y a quien más apoyo en seguridad, logístico y presupuestal le han dado en el país. Todos los gobiernos de Morena, salvo Veracruz, tienen malos resultados.

El informe aparece un mes antes de que la organización de a conocer el Índice a nivel global. En el reporte del año pasado, que se basó en los datos del último año de gobierno de Peña Nieto, los resultados fueron horribles. De 126 países encuestados, en la mitad de los 8 factores analizados, México estuvo en el último segmento en cuanto a Orden y Seguridad (117), Ausencia de Corrupción (117), Justicia Criminal (115) y Justicia Civil (113). Fue el lugar 87 en Aplicación de Regulación, el 84 en Contensión a los Poderes Gubernamentales, el 73 en Derechos Fundamentales, y el 35 en Gobierno Abierto. Si vemos lo sucedido el año pasado, se podría esperar una reducción en estos últimos 4 rubros al haber desaparecido los contrapesos, los ataques sistemáticos a la libertad de prensa, la colonización de los órganos autónomos, y la opacidad en la que navega López Obrador.

El Índice del Proyecto Mundial de Justicia mostrará lo mal que estamos. El problema es que de seguir así, estaremos peor en 2021.

A pesar de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Jalisco, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, estudio realizado por el World Justice Project (WJP), señaló que la entidad se estancó en la materia.

De acuerdo con la medición de esta organización civil internacional, que se dedica a evaluar los avances en el tema, los indicadores orden-justicia y ausencia de corrupción son los más rezagados.

En el caso del 2o., se considera la existencia de prácticas irregulares en el gobierno, como sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos. En ese tema, el estado obtuvo una calificación de 0.31 (en una escala de 0 a 1). Es la misma nota que registró en 2018.

Desde hace 2 años, cuando arrancó el SEA, se han destinado 153.7 millones de pesos para la operación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

En el apartado de seguridad, pasó de 0.29 a 0.27. Para determinar el alcance, se tomó en cuenta la percepción de las personas, la medición de homicidios y la victimización. Los 3 puntos tuvieron retrocesos. Por ejemplo, el 1o. bajó de 0.45 a 0.38.

Además, en la evaluación global, Jalisco cayó del lugar 23 al 26. Tuvo 0.37 puntos.

Para el WJP, los 8 factores que representan manifestaciones clave del Estado de Derecho (y que se consideran en el análisis referido) son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

A nivel nacional, las entidades con los puntajes más altos son Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). En los últimos sitios están Guerrero (0.33), Puebla (0.35) y Quintana Roo (0.35).

El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es una adaptación del Índice de Estado de Derecho producido por el WJP a nivel global.

Se ajustaron los indicadores para reflejar características únicas del contexto mexicano y diferencias entre los 32 estados del país.

Según su metodología, se hicieron 25,600 entrevistas cara a cara en hogares, 800 por estado a población de 18 años y más, y 2,673 encuestas a especialistas.

Y hablando de lo recuperado del Infonavit, qué les cuento, que el dinero debió de regresarse al Instituto, NO al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Puesto que NO es dinero público, es dinero de trabajadores que aportaron con sus cuotas. Y ojo, con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, cualquiera puede denunciar delitos relacionados con este hecho. En estricta justicia, y hablando con manzanas: Pedro le robó a Juan, y Pepe recuperó el dinero de Juan, peeeeero ¡se lo dio a otro!

La comisión de la ONU sobre Derechos Humanos se ha manifestado en contra de la prisión preventiva oficiosa por las múltiples violaciones que encierra a los derechos humanos.

La presunción de inocencia es un derecho que es inviolable porque nadie puede ser enviado a prisión mientras no haya suficientes elementos de culpabilidad; es el más importante entre otros derechos como la vulneración de la independencia judicial, la vulneración del derecho a la integridad personal, -léase tortura- la violación al principio de igualdad ante la ley.

En efecto, la excesiva amplitud que se contempla de los supuestos de aplicación, de la prisión preventiva oficiosa que puede convalidar la falsa imputación de delitos que constituye una regresión en la protección que otorgan los derechos humanos.

La aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una medida a la que las autoridades recurren con el fin de anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines fiscales.

Es preocupante que las autoridades tengan facultades para llevar a cabo detenciones para imputar la comisión de delitos que amerita la prisión preventiva oficiosa, persiguiendo fines de amedrentar a los contribuyentes, dando lugar al fenómeno que ya padecimos en el gobierno de Carlos Salinas que se conoció como la época del terrorismo fiscal.

No deja de ser complicado alcanzar los estándares sobre la existencia de datos que den lugar a configurar la comisión de un delito y que exista la posibilidad de probar sin lugar a dudas que se ha cometido ese hecho y que existe también la posibilidad de que el contribuyente indiciado lo cometió o participó en su comisión y, por lo tanto, sin violar la Constitución se le puede vincular a proceso por medio de la consiguiente imposición de la prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible con el contenido del Artículo 1 constitucional que establece el principio de progresividad en las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva cautelar, trastoca la naturaleza procesal y lesiona los derechos de liberad personal y el debido proceso que ya, en otras ocasiones, ha servido para dejar en libertad a sujetos cautivos a los que no se les siguió el debido proceso.

La ONU solicitó al Congreso de la Unión la abolición de la prisión preventiva oficiosa y a rechazar las iniciativas que aspiren a ampliar los supuestos de procedencia establecidos en el Artículo 19, 2o. párrafo de la Constitución.

El temor que nos inspira esta medida es, que sea un paso más, que nos lleve hacia un régimen socialista de estado en el cual se van quitando poco a poco las libertades del individuo al considerar que el Estado es protector y benefactor del pueblo y que está obligado a proporcionar casa, vestido, sustento, salubridad, educación y trabajo a todos los ciudadanos en una comunidad igualitaria en la que se reparte la pobreza por igual porque se acaba con la riqueza al acaparar el Estado los bienes productivos. Ya se ha demostrado en otros países que este tipo de socialismo es un fracaso como doctrina económica y, al parecer, hacia allá vamos.

En Jalisco hay 2 casos de liberación de feminicidas confesos, los de Heidi Jurado y Yolanda Palomar Bonilla, que hacían ver una grave tendencia de casos de juzgadores que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, y dejando en libertad a agresores y asesinos de mujeres, factor que agrava el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

Por estas liberaciones, que sospechosamente se dictaron el día que iniciaban la vacaciones decembrinas del poder judicial, el Congreso del Estado exigió un informe al Supremo Tribunal de Justicia, desde el año pasado, para conocer a detalle las razones jurídicas de jueces y magistrados para excarcelarlos.

De este informe no se han tenido noticias, pero este lunes trascendió que la Fiscalía General del Estado reabrirá ambos casos para retomar otras líneas de investigación debido a que las pruebas que se tienen hoy en los expedientes son insuficientes, pese a que con ellas se dieron sentencias condenatorias.

Por ello, y para evitar malinterpretaciones y suspicacias, urge que tanto en el congreso como en el poder judicial aclaren si esto significa que los jueces y magistrados bajo sospecha por estos casos fueron o no ya exonerados.

Entre los años 2013 y 2019, la Fiscalía de Jalisco acumuló 7,744 órdenes de aprehensión y 3,390 de reaprehensión, que hasta diciembre pasado se encontraban pendientes de ejecutar; es decir, un total de 11,134.

Vía Transparencia, la dependencia también informó que en ese periodo se habían promovido 862 amparos contra las órdenes de detención y 298 en contra de las reaprehensiones.

De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, la entidad tiene una efectividad de 64.9% en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

En el 1er. Informe de la presente administración de Jalisco, se informó que entre enero y septiembre de 2019 se cumplimentaron 2,280 órdenes de aprehensión por parte de la Policía Investigadora.

Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que el problema es el rezago y lo que se sigue acumulando. Explica que las autoridades respondieron vía Transparencia que se archivaron 50,000 órdenes de detención. "Ésta es la realidad, de nada sirve que la gente esté denunciando si todo lo tiran a la basura".

Lo lamentable, dice, es que se están dejando sin efecto órdenes de aprehensión que son de homicidios. "Esos asesinatos no han prescrito, son homicidios que tienen hasta 25 años, que deben estar siendo investigados. En el caso de las desapariciones forzadas, esas nunca van a prescribir de acuerdo con los tratados internacionales; sin embargo, las vemos archivadas".

Destaca que esto obedece a la falta de eficacia de la institución, la falta de personal y de profesionalización de los elementos investigadores. "Tienen de 5 a 6 agentes del Ministerio Público para 10,000 carpetas de investigación. ¿Dónde creen que va a tener la capacidad el Ministerio Público para hacerlo? Esto no va a funcionar", añade Partida Caballero.

De acuerdo con el estudio de Impunidad Cero, Jalisco tiene 4.4 agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Es la 2a. entidad a nivel nacional con la menor cantidad.

"Las detenciones, las puestas a disposición de un juez y las sentencias, son apenas una gota en un océano de delincuencia. De cualquier forma que hagamos la métrica, la autoridad nos sale debiendo y bastante a la sociedad", subraya el experto de la UdeG.

Durante el año pasado se judicializaron 11,669 carpetas de investigación (de un total de 156,653). De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, sólo se emitieron 1,551 sentencias condenatorias. En 2013, fueron 3,755.

"Ahí está el problema, cada vez hay menos sentencias. Como ciudadanos no sólo queremos ver judicializaciones, queremos ver sentencias", señala Partida Caballero.

Mientras que la población penitenciaria disminuyó en los últimos 7 años en el estado, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura del Estado también bajó el número de personas detenidas y vinculadas a proceso.

Por ejemplo, mientras en 2018 se realizaron 8,535 detenciones, de las cuales 4,716 fueron legales, durante el año pasado se registraron sólo 3,530. De estas últimas, 2,021 fueron legales.

Por otra parte, durante el año pasado se vinculó a proceso a 3,207 personas, mientras que en 2018 fue casi el doble, con 6,078.

Cuestionado sobre estos datos, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, dijo que investigaría los datos.

A pesar de que los acuerdos reparatorios suscritos a través de la justicia alternativa registraron un aumento en el último año, al resolver 10,644 casos penales, este trabajo avanza lentamente.

Lo anterior significa que del total de denuncias presentadas durante el año pasado (156,653), sólo 6.7% se solucionó por esta vía.

Alfonso Partida Caballero, recuerda que cuando fue presidente de la Comisión de Implementación de los Juicios Orales en el Estado, "se proyectaba que 48% de los asuntos se resolverían con métodos alternos. Aquí estamos hablando de menos del 7%, claro que necesitan ponerse las pilas".

Remarca que estos acuerdos han registrado un aumento, pero obedecen a delitos menores como robos de celular, reloj o dinero. "No veo mal eso, el problema son los delitos de alto impacto, los homicidios, los secuestros, los feminicidios, los robos a casa habitación o de vehículo, las extorsiones. Ahí es donde está el problema".

Subraya que pone en tela de juicio los métodos alternos porque en muchas ocasiones obligan a la gente a llegar a acuerdo aunque no se demuestre la culpabilidad. "Eso no es justicia". Lo anterior lo hacen para no investigar y ese no es el espíritu de los mecanismos alternos. "Hemos tenido conocimiento en el Observatorio que pasa eso".

De acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa, Jalisco se ubicó en la antepenúltima posición a nivel nacional en derivar sus procedimientos penales a métodos alternos (sólo 3.8 de cada 100), y en el último lugar en resolverlos por estas vías. "Los estados que presentaron el mayor porcentaje de procedimientos derivados a la justicia alternativa (resueltos) fueron Veracruz, Sinaloa y Querétaro... mientras que Jalisco, Puebla y Tabasco son los que tuvieron la tasa de resolución más baja", se destaca en el informe.

Vía Transparencia, la Dirección de Mecanismos Alternativos en Solución de Conflictos de la Fiscalía, informa que al 30 de noviembre del año pasado se habían recuperado 186.3 millones de pesos a través de estos acuerdos reparatorios, y se tenían pendientes los pagos de 72'048,000 pesos.

La semana pasada, Carlos y sus acompañantes tenían 5 horas en la Calle 14 a la espera de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para ampliar la declaración y dar continuidad a la denuncia que presentaron en septiembre pasado por robo a negocio.

Fueron citados a las 15:00 horas, pero pasadas de las 20:00 apenas les estaban informando que ya pronto ingresarían.

"Es día que todavía no se resuelve y estamos intentando que se dé con los responsables, para que se tenga alguna responsabilidad penal. Sí se tardan mucho, somos víctimas y nos tienen aquí muchísimo tiempo".

Carlos explica que hace 5 meses, unas personas ingresaron armadas a un negocio de abarrotes ubicado en el municipio de Guadalajara y se llevaron 3,000 pesos en mercancía. "Estamos tratando de integrar el expediente, vienen y nos entrevistan y demás, pero no sale todavía el asunto".

Debido a que no tenían cámaras de vigilancia en la tienda de abarrotes, los testigos de los hechos destacan que tienen "la pura memoria" de quienes cometieron el delito.

Aunque ya se presentó la denuncia y los documentos necesarios sobre el robo, añade que ha estado tardado el proceso. "Hoy nos citaron desde muy temprano y realmente no nos han atendido".

Desde que se abrió la carpeta de investigación, dice, han acudido como en 4 ocasiones a la Fiscalía para ampliar la información. "Representa gasto y tiempo. Queremos justicia y realmente liquidar el asunto, ya no más vueltas, y que sí enfrenten alguna responsabilidad penal estos delincuentes".

Las autoridades les informan que "sí están tras la pista, que probablemente han participado en más robos, pero ahí va el asunto".

La víctima de robo señala que hay lentitud en los procesos, pero comprende que es muy poco el personal. "Sí que son lentos, tampoco es toda la culpa del sistema, es muchísima la delincuencia que hay, pero a ver qué pasa".

Durante el año pasado, en Jalisco se registró un promedio de 9 víctimas de homicidios al día. En total se cometieron 3,497, de los cuales, 2,672 fueron dolosos, lo que significó un nuevo récord de asesinatos. Mientras éstos aumentaron, las sentencias condenatorias por este delito disminuyeron en los últimos 5 años.

Por ejemplo, en 2015 se dictaron 460 sentencias condenatorias en el 1er. Partido Judicial (área metropolitana), Especializados Foráneos y Mixtos, y durante el año pasado se emitieron 337, según datos del Consejo de la Judicatura.

En el estudio "Impunidad en homicidio doloso en México: Reporte 2019" se da cuenta de la baja capacidad de investigación criminal. Además de la falta de elementos y equipamiento para investigar, se encuentran los asesinatos del personal que labora en esas áreas.

"En Jalisco, en 8 años 2 titulares del área de investigación de homicidios fueron asesinados, lo mismo que 4 agentes del Ministerio Público, en tanto que otro agente desapareció en 2017. De esta forma, un área que presentaba 41% de impunidad (en este delito) en 2008 pasó a 88.5% en 2018".

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en la asociación México Evalúa, recuerda que hay un déficit de recursos y capacidades en las fiscalías estatales. Subraya que la saturación de los elementos de los Ministerios Públicos es uno de los principales problemas. De los casos, dice, puede haber desde el robo de celular hasta homicidios.

Por ello, destaca que están planteando a las autoridades que se tenga una mejor gestión de los recursos. "Deben priorizar en aquellos delitos que tienen mayor impacto en la sociedad".

En el caso de Jalisco, acentúa, deberían enfocarse en resolver los temas más complejos, como es el homicidio, y dar salida distinta al resto de delitos menores.

Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), declara que el homicidio es de los delitos que tienen menos sentenciados. Explica que las carpetas de judicialización se ven afectadas por las detenciones ilegales. "El problema aquí es la falta de investigación de los crímenes".

Tras destacar que han bajado los delitos patrimoniales durante el 1er. año de la actual administración estatal, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, reconoce que se tienen rezagos en delitos violentos.

Con el objetivo de reducir los homicidios y desapariciones, insiste en que la federación debe brindar apoyo a la entidad en este tipo de delitos. "Porque la gran mayoría de homicidios y desaparición de personas está vinculada al crimen organizado, el cual es un tema del orden federal".

-¿Qué le respondió el gobierno federal?

-No han dicho que no, simplemente estamos esperando su presencia de actividad contundente en contra de esos delitos. Mientras tanto en Jalisco hacemos lo que está en nuestras manos, con los recursos que tenemos.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, recuerda que las autoridades locales no pueden deslindarse del problema de homicidios y desaparecidos. Considera que el discurso de que estos delitos están relacionados con la delincuencia organizada "ya está muy desgastado".

Remarca que "sabemos que sólo 5% de las víctimas recibe asesoría jurídica por parte de los asesores que tiene el gobierno para cubrirlos. También sabemos que solamente 8 personas recibieron una reparación del daño de parte del estado de acuerdo con la Ley General y la Estatal de Víctimas".

El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, informa que los delitos que se están llevando ante los jueces son, en mayor proporción, delitos menores, y no aquellos de alto impacto como el homicidio doloso y los ilícitos con violencia que tanto afectan la integridad física y patrimonial de las personas, así como la percepción de inseguridad.

El pasado 26 de enero concluyó la caminata por la Justicia, la Paz y la Verdad en el Zócalo de la Ciudad de México.

Más allá de los hechos conocidos y el hecho de que el presidente se hubiere rehusado a recibir a quienes encabezaban la caminata y haberlos mandado con el gabinete de seguridad, quisiera hacer mención al contenido de las propuestas que fueron entregadas y que eran el motivo principal de la marcha, claro, derivado de la alarmante situación de inseguridad, las ejecuciones, las desapariciones, las personas desplazadas forzadamente, que ascienden a decenas de miles en todos los casos.

La propuesta presentada se deriva de que, a pesar de haber pasado más de un año desde que AMLO asumió la Presidencia, la situación de inseguridad sigue empeorando. La estrategia de militarización prevalente no ha sido, si será, la solución. Por ello, además de las propuestas presentadas, es necesaria la paulatina desmilitarización de la seguridad pública y la reconfiguración de la política de drogas que conduzca a su legalización, supervisión y prevención; con una política de efectiva persecución, procesamiento y sanción del lavado de dinero, con una visión, no recaudatoria, sino de desmantelamiento de los carteles del crimen organizado.

Pero, aún si ya se hubiere logrado la paz, la "guerra contra el narco" que comenzó con Calderón, ha producido cientos de miles de víctimas que requieren satisfacer sus derechos de verdad, justicia y reparación integral. Por justicia debemos entender, por un lado, procesamiento y castigo a los culpables, cuando esto sea posible; y cuando no lo sea, justicia alternativa y restaurativa. Así, las propuestas entregadas a las autoridades se refieren, por un lado, a un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México (MICIM) y por otro, una Comisión de la Verdad y la Memoria.

He notado mucha confusión entre la opinión pública al respecto. Se habla de justicia transicional, metiendo en el mismo cajón tanto al mecanismo internacional extraordinario de justicia con la comisión de la verdad, cuando son cosas completamente distintas. Tal vez ambas podrían calificarse de "transicionales" o "transitorias", en el sentido de que no son permanentes, ni definitivas; pero no es sólo ese sentido el que engloba el concepto de "justicia transicional".

El MICIM sería un mecanismo contra la impunidad; es decir, busca que quienes sean responsables de crímenes atroces, sean investigados, procesados y de ser encontrados responsables, entonces, ser castigados. Un modelo similar, no carente de defectos, fue instalado en Guatemala (CICIG-Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala) con muy favorables resultados. No se trata de hacer "copy paste" de ese modelo, pero sí tomarlo como inspiración para adaptarlo en México. Es necesario que sea "internacional", pues, en un acto de humildad y objetividad, tenemos que aceptar que la justicia mexicana no ha sido capaz de llevar a cabo esa tarea. Se requiere del apoyo de la ONU, para lo cual se requeriría de la celebración del convenio internacional correspondiente. Debemos despojarnos de patrioterismos mal entendidos. No es que vayan a venir "los extranjeros" a realizar las funciones de justicia. No se debe confundir el derecho internacional con el derecho extranjero. Sí, la persona que encabezaría el Mecanismo no sería mexicana, lo que además es conveniente por motivos de seguridad. Una vez concluido el proceso, el Mecanismo desaparece y quien lo encabezó abandona el país.

Los casos que no sea posible judicializar, tendrán que ser tratados alternativamente, con mecanismos de justicia transicional, a través de la Comisión de la Verdad y la Memoria, con programas eficientes de reparación integral para las víctimas.

Estaremos atentos a la respuesta del gobierno federal. Es urgente comenzar cuanto antes.

Una juez federal determinó la madrugada de este sábado no vincular a proceso al presunto líder de La Unión Tepito, Óscar Andrés "F", alias "El Lunares" y 2 sus cómplices, detenidos en enero, y ordenó su libertad inmediata del penal de máxima seguridad del Altiplano, a donde fueron trasladados el martes.

En una audiencia que duró 13 horas, Beatriz Moguel, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, estableció que hay "contradicciones insuperadas e insuperables" sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que los presuntos delincuentes fueron detenidos el 31 de enero pasado durante un operativo de la Marina Armada y de la policía de la Ciudad de México, en el fraccionamiento Los Amores de Don Juan, ubicado en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo.

"No puedo conceder la vinculación a proceso que exige la Fiscalía, hay una insuficiencia de datos de prueba para vincular a proceso", determinó la juzgadora.

A su criterio, el Informe Policial Homologado presentado por el Ministerio Público Federal es nulo y no coincide en tiempo y hora en que transcurrieron los hechos.

La presentación que realizó la defensa de un video en el que se observa la captura de Hugo Armando "D", uno de sus presuntos cómplices, por elementos de la Marina Armada, fue determinante para que el caso diera un vuelco, luego que la juez rechazó la exhibición de los videos de las cámaras de seguridad del fraccionamiento, al no comprobarse la obtención de manera lícita por los abogados de los imputados.

En dicho video, se observa cómo elementos de la Marina sacan de su domicilio a Hugo Armando "D", lo que contradice lo señalado en el Informe Policial Homologado, donde se indica que los elementos hicieron una detención en flagrancia cuando los involucrados circulaban en una camioneta, en posesión de dosis de cocaína y mariguana, así como de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada.

La controvertida reforma judicial, que consensuada y corregida iba a presentarse ante el Senado, está en entredicho. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión el miércoles por la mañana, antes de ir a Querétaro a conmemorar la Constitución, y dentro del gabinete se espera su cancelación. No se ha dado explicación clara del porqué, y varios funcionarios se sorprendieron por la decisión, después de haber trabajado el paquete de iniciativas la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia. La decisión del presidente parece, de concretarse en los próximos días, eminentemente política.

La reforma, preparada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, provocó polémica y una airada protesta por la violación de los derechos humanos que pretendía normalizar y legalizar, junto con la restauración del poder en el ministerio público ante lo que consideraba como fracaso del sistema penal acusatorio. Gertz Manero nunca estuvo de acuerdo con el sistema, desde que empezó a ser planteada en el gobierno de Felipe Calderón, así como durante el proceso que fue llevado a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo gasto incontrolado e ineficiente en la Secretaría de Gobernación para la capacitación y consolidar el cambio, nunca se dio. La posición de Gertz Manero siempre fue pública, y por la coyuntura que se le abrió en la actual administración y empoderado por una autonomía para consolidar lo que antes era una barrera infranqueable, marchó sobre todos para alcanzar su objetivo, argumentando que el ejecutivo no podía impedirlo.

3 imponderables, jurídicos y de la política real, se le atravesaron. El 1o. fue que la Fiscalía no puede presentar iniciativas de Ley; el 2o. fue el reclamo dentro del gabinete que había sido pasado por alto, y el último, el presidente. Para quienes valoran las garantías individuales y los derechos humanos, son buenas noticias que la Ley Gertz, que las vulneraba, si las señales desde el despacho presidencial se mantienen inalterables, no vaya a caminar. También, que en la decisión salomónica de conciliar los deseos de la Fiscalía con el resto del gobierno, se evite una mini reforma. El presidente quiere cancelarla en su total, con lo que también evitaría que el encono y la confrontación se acentuaran dentro de su equipo de trabajo, al decidirse por una reforma que no recogiera a plenitud las propuestas de Gertz Manero, quien está muy enojado por lo que sucedió al frustrarse la presentación de su reforma. No hay fecha para una nueva reforma judicial, pero se podría pensar que no se cruzaría con el proceso electoral del próximo año. López Obrador tiene demasiados fierros calientes sobre la estufa para añadir uno más que afecte lo que sí le preocupa, los votos.

La valoración de cancelarla ha sido unilateral, pero no se puede entender sin el contexto y el ánimo con el que anda el presidente últimamente. Funcionarios federales apuntaron el enojo que carga el presidente desde hace unas semanas ante el escenario complejo y difícil que está enfrentando, donde las cosas no están saliendo como deseaba.

Ni consultó a nadie de su equipo, ni lo pasó por un proceso previo de deliberación. El miércoles por la mañana comenzó a plantear la posibilidad, que tomó desprevenidos a todos. Pero nadie dijo nada. Si López Obrador quiere cancelar la reforma judicial, lo hará. Sus consideraciones no atraviesan, como ninguna de sus decisiones, salvo cuando se le convirtieron en un problema insalvable, por cálculos político-electorales. La reforma judicial se contaminó demasiado por los atropellos a la libertad, y se ha convertido en una papa política demasiado caliente. Un problema más, no lo necesita el presidente.

Un grupo de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas cerró Periférico Sur, en la Ciudad de México, para pedir una mesa de trabajo al Cento Nacional de Energía. Los sindicalistas señalaron que hace un año entregaron los papeles necesarios para crear una empresa de suministro básico de energía pero no han recibido una respuesta. Además, los inconformes exigieron el cumplimiento de los acuerdos de revisión de tarifas, de programas de cómputo, garantías y demás herramientas que permitan comenzar a operar la empresa.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, en México 7 de cada 10 autos en circulación no cuentan con un seguro, con el riesgo que eso implica a la sociedad.

El martes en la madrugada un grupo de hombres y mujeres buscó infructuosamente cerrar violentamente la Facultad de Derecho de la UNAM, agrediendo a los profesores que encontraron a su paso.

Pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras, que lleva 3 meses en paro, para exigir acciones contra la violencia de género, resumida en 72 denuncias anónimas en las redes sociales de acoso y abuso sexual. Agrupadas en el colectivo Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía, plantearon en noviembre 11 demandas que, según las autoridades universitarias, todas han sido respondidas, salvo una difícil de conciliar, si la denuncia anónima, como quieren ellas, es suficiente para la remoción o sanción del señalado. No se sabe si quienes buscaron cerrar Derecho forman parte de este colectivo, pero lo que sí está claro, es la existencia de grupos que están desestabilizando la UNAM. El problema es que nadie sabe cuál es la mano, si existe una como tal, que está meciendo esa cuna.

8 escuelas de la UNAM están en paro, con lo que afectan a unos 70,000 estudiantes que apenas habían regresado a clases, y otra facultad, la de Arte y Diseño, que se ubica en Xochimilco, fue tomada ayer contra el deseo de la mayoría. El martes se realizaron asambleas en las facultades de Arquitectura, Ciencias y Economía, en los colegios de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo, la Prepa 5 y las facultades de Estudios Superiores de Iztacala y Cuatitlán para hablar sobre el problema. Tampoco nadie, autoridades universitarias o gubernamentales, han identificado los vasos comunicantes de la movilización, o si como piensan algunos, son pequeños grupos que su activismo ha despertado fuerzas dormidas dentro de la UNAM que, incluso, no respondan a ninguna directriz externa.

Hay individuos que están en el universo del conflicto. Dentro de la Facultad de Filosofía y Letras existe comunicación entre el colectivo de mujeres con Alejandro Echavarría, que adquirió notoriedad hace 20 años como "El Mosh", uno de los líderes que ocasionó la huelga más larga en la historia de la UNAM -10 meses-, y quien en la actualidad está registrado como maestro en Michoacán, afiliado a la Coordinadora magisterial. "El Mosh" se ha reunido varias veces con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sin que se haya informado de ello a las autoridades responsables de la educación superior. No se conocen los detalles de esas pláticas, celebradas en las oficinas de Durazo.

Otra línea de contacto político con fuerzas antagónicas dentro de la UNAM proviene del alcalde de Gustavo A.Madero, Francisco Chíguil, quien ocupó el cargo en 2008, cuando sucedió la tragedia del antro News Divine, donde murieron 9 jóvenes y 3 policías, en una redada que envió la entonces delegación. Chíguil, a través de una funcionaria en la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, mantiene relación con porros de Prepa 9, que tienen tomada la escuela.

El fondo de la demanda de las mujeres es irrebatible, el punto final al acoso y abuso sexual, y que haya seguridad. El rector Graue ha dicho que la violencia contra las mujeres es inaceptable, inadmisible y no cabe en la UNAM. Sin embargo, las cosas no avanzan; empeoran. Las autoridades universitarias no han visto cabezas visibles para poder establecer un diálogo con representantes de la comunidad.

Pero el problema no se detiene ahí. Los servicios de inteligencia federales y de la Ciudad de México, tampoco tienen información sobre los diversos grupos que se han movilizado en la UNAM, ni sobre sus liderazgos reales o si tienen vinculaciones con grupos políticos ajenos a la institución, pero que quieran causar desestabilización en esa casa de estudios. López Obrador no está en la lógica de la inestabilidad en la UNAM, y alentó la reelección de Graue conteniendo a cercanos a su proyecto para no interferir en el proceso universitario. El presidente no necesita un conflicto en una institución que por su magnitud y diversidad puede ser explosiva e incontrolable, por lo que pudiera descartarse, en principio, que cercanos a él estén buscando alterar la vida universitaria y lograr el descarrilamiento de Graue.

Lo que se está experimentando en estos días en la UNAM está focalizado, y la institución no se está incendiando. Pero así comienzan las cosas. La UNAM ha sido un microcosmos del país de donde han surgido movimientos transformadores y reaccionarios. Ha sido un botín acariciado por políticos que han visto en ella un instrumento de presión y chantaje para el gobierno en turno.

Gracias a los descuentos en las multas y los recargos, además de los convenios, el año pasado los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan lograron la regularización de 25,000 cuentas que debían el impuesto predial.

La tesorera tapatía, Sandra Tovar, informa que las rebajas de los últimos 2 meses fueron aprovechadas por más de 10,000 tapatíos, pero todas las acciones derivaron en una recuperación de 15,000 cuentas en 2019.

Por su parte, Rubí Gómez, directora de Ingresos de Zapopan, explica que de 500,000 cuentas prediales, cerraron con 395,697 pagadas el año pasado. En 2018 cumplieron 385,469 cuentas, lo que representa una recuperación de 10,228.

Sin embargo, pese a los avances reportados, en Guadalajara y Zapopan se mantiene un porcentaje de cuentas sin pagar entre 19% y 21%, respectivamente.

En Zapopan, en este año ya se iniciaron 66 procesos de embargo en viviendas de zonas con mayor plusvalía, como Acueducto, Zona Real, Ciudad del Sol o Paseos del Sol. Y el año pasado comenzaron 157. A la fecha no se ha rematado ninguna finca para recuperar el recurso.

La tesorera tapatía, Sandra Tovar, informa que los ciudadanos tienen la posibilidad de liquidar sus adeudos a través de la firma de convenios para realizar el pago en parcialidades. Detalla que en 2018 se firmaron 200, mientras en 2019 la cifra subió a 4,000.

Subraya que los tiempos para liquidar los convenios varían según la fecha en que se acuerden. "Ahorita estamos otorgando 6 meses, la gente se acerca, firma un convenio con un pago inicial de 30% del total del adeudo... y hasta 6 mensualidades".

Menciona que se cobra un interés del 1% mensual, aproximadamente. Se analiza cada caso, por lo que el plazo puede extenderse o reducirse.

Sobre los principales motivos del atraso en el pago del predial, responde que los ciudadanos comentan que son diversos, desde predios heredados hasta imprevistos económicos o la pérdida del empleo.

Guillermo Amezcua, director de Ingresos de Tlaquepaque, puntualiza que en 2018 se recaudaron 214 millones de pesos por predial, mientras en 2019 la cifra fue de 227 millones de pesos. Para 2020 proyectan aumentar 34 millones de pesos.

Para disminuir la morosidad, recalca que la meta es emitir alrededor de 30,000 requerimientos de pago. "Para 2020 estamos tratando de abatir este rezago, para requerir a 30,000 cuentas. El año pasado hubo una gran respuesta de los contribuyentes".

Recuerda que en cartera vencida figuran los que adeudan de un bimestre en adelante. Por ese motivo, el año pasado otorgaron beneficios de 80% en descuentos de multas, así como 75% de descuento en recargos. Y se ofreció la posibilidad de llegar a un convenio.

Adelanta que el departamento jurídico estudia la posibilidad de llegar a los embargos, pero necesitan cumplir con los pasos estipulados.

Soy estudiante de último semestre de Derecho y, sin temor a equivocarme, puedo decir que el lenguaje jurídico y las leyes que nos rigen no están formuladas de una manera clara y sencilla. Es raro que aun estudiando Derecho todos los días, podamos abrir una ley y entenderla sin tener que leerla más de una vez y analizarla críticamente. Los años que llevo inmerso en el mundo del Derecho no son muchos; sin embargo, un tema que me lleva molestando desde hace casi 5 años es la falta de claridad en el lenguaje jurídico. Podemos entender a éste como el lenguaje técnico y peculiar que engloba al Derecho.

Si las leyes y el ordenamiento están hechos para la totalidad de los mexicanos, ¿no tendría sentido que al abrir la Constitución cualquier mexicano la pudiera entender? Fabio Vélez formuló un escrito interesante denominado "El lenguaje claro en el lenguaje jurídico", dentro del cual toca este problema y propone un par de soluciones. Parte de la premisa de que toda sociedad moderna debería garantizar a los ciudadanos conocimientos mínimos de Derecho durante la etapa de educación básica. Posteriormente, menciona que el propósito del lenguaje claro es allanar la especificidad del lenguaje jurídico para poder bajarlo al lenguaje común. Esta es una tarea que únicamente pueden realizar los juristas.

Dentro de las soluciones a la complejidad del lenguaje, Vélez propone en un 1er. momento que los juristas se propongan parafrasear el lenguaje. Seguido de esto, pretende que se cuide la ortografía y prescindir lo más posible de un estilo barroco. Estoy de acuerdo que esto se debe hacer, pero aparte, los funcionarios públicos y los juristas deberían tomar algún curso básico cada cierta cantidad de tiempo que los impulse a generar un lenguaje más claro en sus labores.

Resulta frustrante que un mexicano tenga que padecer las ineficiencias y lagunas del sistema sin entender lo que está escrito en puño y letra por aquellos que lo elaboran. La mayoría entendemos el funcionamiento práctico de muchas de nuestras leyes sin entender cómo son en teoría y, por ende, cómo deberían funcionar. Estamos tan acostumbrados a padecer el "ser" por una falta de entendimiento que se nos olvidó hace tiempo cómo deberíamos aplicar el "deber ser".

Es importante enfatizar que no se trata de rebajar el lenguaje jurídico, sino de facilitar a cualquier mexicano la comprensión del mismo. No pretendo en ningún momento que se sacrifique la precisión a costas de la claridad. Creo que ambos pueden coexistir en un punto medio y que debemos empezar por encontrar dicho equilibrio. Al aumentar el porcentaje de comprensión del lenguaje jurídico seguramente aumentará el Estado de Derecho y tendremos una nación más próspera en muchos sentidos.

Los mexicanos nos encontramos viviendo ya en una sociedad en la que el valor de la vida humana y el respeto a las leyes se miden en función de análisis de costo beneficio. Si conviene violar la ley, se viola, si conviene despojar, se despoja, si conviene que alguien muera, muere.

El gobierno ha perdido su fuerza disuasiva, y no hay escrúpulo, ética o moral que frene la ambición de quienes tienen o sienten tener el poder para hacer lo que les venga en gana y salir impunes de sus atropellos.

En casi todos los ámbitos, el lenguaje utilizado y la forma de actuar para resolver diferendos y controversias es similar al de las pandillas, cuyos miembros se alían para defender a sus cómplices, desplegar fuerzas y amenazar a todo aquél que se atreve a reclamar sus derechos, inclusive por los cauces legales.

La injusticia, la violencia y el sufrimiento de los demás es cada día más "aceptable", más "normal", y poco a poco, sin darnos cuenta, hemos ido evolucionando hacia una cultura de crueldad que utiliza la ley del más fuerte como método efectivo para la obtención de riquezas y la resolución de conflictos.

La sociedad acepta y convive con personas adineradas a sabiendas que su riqueza es mal habida. La comisión de delitos, la violación de leyes y reglamentos y la corrupción son conductas tan normalizadas que han llegado a "estetizar" los beneficios que producen.

La vida de lujos y placeres que disfrutan los corruptos sin esfuerzo ni talento alguno es envidiada, tambalea principios, escrúpulos y valores éticos y lleva a muchos a cuestionarse si el camino de la ley y del trabajo honesto es el adecuado.

No es visible la superioridad de la justicia y del Estado de Derecho sobre los delincuentes, en cambio es muy visible y muy tangible el triunfo de la corrupción y la prevaricación que la acompaña, sobre las víctimas, los ciudadanos decentes, estudiosos y trabajadores. Podemos decir que, en la vida real, desgraciadamente, los malos van ganando.

Seduce y se valora más un auto de lujo que un grado escolar, un despliegue de poder y fuerza, que un repliegue para acatar la ley y el orden. La jerarquización de valores está invertida.

Ganar a como dé lugar es lo único que importa. Hoy más que nunca, tanto en la sociedad civil como en la política y el gobierno, el fin justifica los medios.

La ética y el respeto a la ley es irrelevante, es de timoratos.

El diagnóstico es claro, y los únicos caminos que hay para transitar de esta cultura de crueldad, corrupción, impunidad e irresponsabilidad social, hacia una cultura de valores cívicos y humanos son el de la aplicación de la ley por un lado, y por otro, el de la educación, o más bien el de una re-educación que reclame la superioridad del valor cívico, que enfrente y modifique las costumbres públicas que producen odio, crueldad, violación de leyes y derechos y que son parte del discurso y comportamientos cotidianos.

Debemos inconformarnos con el estado moral-intelectual de la sociedad actual y actuar en consecuencia.

Padecemos un analfabetismo cívico y ético. La educación se ha trivializado.

Vivimos y pasamos la mayor parte del tiempo en ambientes obsesionados por el dinero y las cosas, despreciando las sensibilidades y emociones del individuo y de su espíritu.

El acatamiento o desdén a las normas es directamente proporcional a los beneficios o perjuicios inmediatos que producen.

Las nuevas generaciones no se preocupan por el futuro, ni el personal y mucho menos el colectivo, y frente a ello las viejas generaciones hemos claudicado.

El honor, la palabra, el respeto y la decencia que una vez nos guiaron y ponían límites quedaron en el olvido.

Enseñamos muchas cosas a los hijos y a los alumnos, pero pocas de ellas tienen que ver con la manera en que se van a comportar fuera de la casa o fuera del aula. La educación escolar y familiar elude cuestiones fundamentales de la existencia y de la convivencia armónica.

De no re-educarnos y educar a las nuevas generaciones para que todos como sociedad adoptemos una nueva cultura cívico-ética, terminaremos por destruir todas las relaciones sociales y familiares, y todas las instituciones que hacen posible la democracia. El tiempo para ello se acaba.

Lamento mucho que haya caído sobre el profesor Sergio Aguayo toda la mugre de nuestro sistema de justicia. No necesito relatar los hechos, que son del todo conocidos. Sólo subrayo que Sergio ejerció su derecho a opinar, como lo hacemos muchos mexicanos a través de distintas tribunas, y que ese derecho está protegido en nuestras leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra en este asunto, que nunca debió de haber llegado tan lejos.

Este caso enseña distintas cosas, todas preocupantes. En principio, la prevalencia de la impunidad, que fue precisamente el tema-eje de la columna periodística que le valió la demanda a su autor. En 2o. lugar, que nuestros juzgadores no siempre actúan conforme a la ley y que los mecanismos de control y disciplina de las judicaturas no siempre son efectivos. Y 3o., la amenaza que se cierne sobre nosotros si se legisla en materia penal bajo la lógica de que la efectividad está reñida con la protección de derechos. Lo digo de nuevo: lamento que el caso del profesor Aguayo nos dé tantas lecciones a costa de su propia tranquilidad.

Comienzo con la impunidad. En este país es casi total. No hay sanción para el corrupto y el delincuente. Las instituciones son débiles o convenencieramente omisas ante los infractores. El artículo de opinión que provocó la demanda legal señala a Humberto Moreira como corrupto y omiso ante atrocidades que ocurrieron en Coahuila durante su periodo de gobierno. Entiendo los argumentos de Aguayo porque he leído lo que ha escrito y documentado sobre la violencia en el estado desde entonces a la fecha. Y lo que ahí sucedió es indecible. Pongo una pieza de evidencia sobre lo que él documentó: el penal de Piedras Negras como campo de exterminio particular del grupo criminal que lo tenía bajo su control, con la anuencia u omisión de las autoridades de distintos niveles. Si en algún momento se abriera en este país un genuino proceso de búsqueda de la verdad y la justicia, difícilmente Humberto Moreira saldría bien librado. Mucho nos falta para llegar ahí.

El punto es que, en nuestro contexto, el trabajo analítico y periodístico y los espacios que hay para la expresión de la opinión son los únicos reductos para dar a conocer realidades que las instituciones esconden o resguardan. Por eso es tan importante cuidar y proteger estos espacios de libertad. Sin ellos el país entraría en una profunda oscuridad.

El 2o. tema es la justicia. Es un secreto a voces que nuestros juzgadores hacen de las suyas, sobre todo en el ámbito estatal. Hay muchos intereses filtrados entre ellos, que los hacen perder la imparcialidad. Y el gobierno judicial y los mecanismos disciplinarios son insuficientes o están capturados. Hay desconfianza en los jueces por parte de los usuarios de los servicios de justicia y también entre los ciudadanos, y esa desconfianza no es infundada. Casos como éste nos recuerda la necesidad de reformarlos. Pero también de mantenerlos alejados, blindados de los factores de poder a los que deben, eventualmente, juzgar y controlar. Por eso es tan importante que estos temas estén en la agenda del ministro presidente Zaldívar. Creo que pronto conoceremos su propuesta, a nivel de la justicia federal. Y sería muy importante observar si ésta desplaza a las propuestas que se le adjudican al fiscal general, que buscan crear un mecanismo para sancionar penalmente a jueces en un esquema que podría desvirtuarse y comprometer la independencia judicial. Lo que está en juego es algo bastante grande: el equilibrio de poderes, nada más.

Por último, el caso del profesor Aguayo nos presenta los riesgos de debilitar nuestros derechos frente a la autoridad. He hablado ya en otras columnas sobre el riesgo del arraigo para todos los delitos; el de validar pruebas obtenidas de manera ilícita en un juicio, entre otros despropósitos. Me ha faltado mencionar el riesgo que implica para la libertad de expresión llevar al Código Penal, de nuevo, asuntos como la difamación. Lo reitero: el caso que hoy nos ocupa podría estar poniendo al profesor Aguayo al borde de la prisión, si aquella adición al Código Penal prosperara. Esa amenaza nos callaría a todos.

Me alegra que este caso haya ameritado múltiples muestras de apoyo a Sergio y un rotundo rechazo hacia cualquier iniciativa que pretenda ser una mordaza. Porque la indefensión del profesor Aguayo puede ser la de todos. Espero constatar que no estamos desprotegidos.

Guadalajara, para oprobio de sus habitantes y vergüenza -si la tuvieran- de sus gobernantes de entonces, fue noticia a nivel mundial en septiembre de 2018, por obra y (des)gracia del Trailer de la Muerte… El asunto sirvió para que se intentara encontrar un punto intermedio entre el derecho de los difuntos a ser sepultados decorosamente, y la necesidad de las autoridades de acceder a los cadáveres de las víctimas de delitos ante cualquier posibilidad de esclarecer esos crímenes... aunque la solución dejó dudas en ambos aspectos.

Ahora se informa que en los 17 meses transcurridos desde entonces, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tiene bajo su resguardo 1,068 cadáveres (830 de los cuales en el curso de 2019) a los que se archivó como NN (del latín Nomen Nescio: nombre desconocido).

La cifra es aterradora. 1o., por la criminalidad que refleja. 2o., por la impunidad que pone en evidencia. Mil y tantos cadáveres sin identificar siquiera, son otros tantos delitos que no han sido esclarecidos… ni sancionados.

Pensar, ilusoriamente, en la prevención de esos delitos, tendría que pasar, necesariamente -se ha dicho hasta la saciedad- por la identificación de las víctimas y llegar hasta el esclarecimiento de los hechos, la identificación, aprehensión, procesamiento y sentencia de sus autores. Si para la búsqueda de personas desaparecidas -de las que hay miles en Jalisco- las autoridades disponen de una plantilla de 32 empleados, de los cuales sólo 20 realizan trabajo de campo, es poco probable que haya muchas más para dar seguimiento a las "carpetas de investigación" que supuestamente se abren ante cada homicidio del que se tiene conocimiento.

Se supone, por ejemplo, que las "Ciencias Forenses" incluyen, entre otras disciplinas, la balística (aplicable, obviamente, para los delitos cometidos con arma de fuego). Dicha disciplina estudia y analiza las características de los proyectiles -en los que quedan grabadas las "huellas digitales" del arma con que fueron disparados-, y procura determinar la correspondencia entre los proyectiles hallados en el sitio del suceso o en el cadáver mismo de la víctima, con algún arma encontrada en poder de un sospechoso o con las utilizadas en otros crímenes...

Y como la balística, otras disciplinas auxiliares que, si se aplicaran adecuadamente, harían posible la única fórmula eficaz conocida hasta hoy para disuadir a posibles criminales: la convicción de que, vía de regla -y no excepcionalmente, como sucede ahora-, "el que la hace, la paga".

El problema es grave, pero es el síntoma de algo mucho peor. Que el Estado no pueda prestar correctamente el servicio forense es terrible, pero más lo es lo que ello significa. Nadie podía prever que el número de asesinatos crecería en Jalisco de esa manera. Sabíamos, nos lo advirtió el gobernador saliente, que la situación iba para peor, pero nadie pensó, ni en sus peores pesadillas, que llegaríamos a estas cifras: 2,672 asesinatos en un año en Jalisco, 7.3 diarios, casi uno cada 3 horas.

El problema es que la crisis del servicio forense es parte del círculo vicioso de la crisis. Si no sabemos quién mata, cómo mata y por qué mata, que es en gran medida lo que aporta el estudio forense, el Estado queda como un observador más, como un perplejo actor de reparto en medio de una guerra. De acuerdo con las propias cifras de la Fiscalía del estado, del total de asesinatos poco más de la mitad se estima que están vinculados con el crimen organizado, esto es que en la carpeta de investigación presume algún vínculo. La forma en que lo establecen es literalmente un prejuicio, un juicio previo por la forma en que encontraron el cadáver, el tipo de armas, la violencia ejercida, la manera de vestir, etc., pero no es que haya estudios profundos o investigación sobre cada caso. Del resto no sabemos. El gobernador ha estimado que son hasta 90% los asesinatos que tienen que ver con el crimen organizado (de ahí al se matan entre ellos hay sólo un impulso verbal) pero eso es mera especulación, pues no hay datos para sostenerlo. La falta de capacidad institucional del Semefo no sólo provoca que se preste una pésima atención a los familiares de las víctimas, sino que el gobierno va a ciegas, de prejuicio en prejuicio, tratando de resolver un acertijo llamado inseguridad que a todas luces lo rebasa.

Si queremos resolver el problema de la desaparición de personas y generar políticas públicas que nos lleven a reducir sustancialmente el número de asesinatos, tenemos que comenzar por conocer el problema, por tener toda la información necesaria y la mayor posible no solo para identificar a personas reportadas como desaparecidas y que podrían estar muertas, sino para generar políticas públicas de prevención.

Hay cosas de las que los gobiernos quisieran desentenderse, pero resulta imposible. La crisis en el Semefo es real, es urgente y resolverlo es lo menos que podemos hacer por las víctimas, por sus familiares y por el bien de todos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó en nuestro país en el año 2004 para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de que se realizan operaciones vulnerables, analizarlas y, en su caso, presentar las denuncias ante la autoridad correspondiente.

Las principales funciones de la UIF son la prevención y detección de actos que constituyan delitos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.

Para combatir el lavado de dinero se aplican las leyes que permiten la extinción de dominio y la prisión preventiva oficiosa, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y otros delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación y recientemente se han incorporado delitos fiscales y outsourcing doloso.

Lo malo que tienen estas disposiciones es que son de una gran discrecionalidad y que, manejadas con fines políticos u otras causas pueden dar lugar a que por el solo echo de la presunción de un delito, se incauten los bienes de una persona física o moral, se rematen sin sentencia previa para que, en caso de inocencia se entregue el producto del remate, menos los gastos del juicio, en grave daño moral y económico por eliminar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Al respecto la ONU hizo 9 observaciones sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa que son: La violación del derecho a la presunción de inocencia, vulneración de la independencia judicial, vulneración del derecho a la integridad personal, violación al principio de igualdad ante la ley, desviación de la política de seguridad ciudadana, afectaciones al funcionamiento del sistema de justicia penal, excesiva amplitud de los supuestos de aplicación, falsa imputación de delitos y regresión en la protección a los derechos humanos.

Sergio Aguayo, académico, investigador y colaborador semanal de Reforma, perdió una demanda por daño moral frente al ex gobernador de Coahuila y ex líder del PRI, Humberto Moreira, por lo que tendrá que pagar 10 millones de pesos. Eso determinó un tribunal de la Ciudad de México, donde pasaron por alto el conflicto de interés de su juzgador, que borró la legitimidad en el proceso. Aguayo no va a pagar esos 10 millones porque, con la defensa adecuada, lo ganará en la Suprema Corte de Justicia, si nos atenemos a los precedentes, y será Moreira quien pierda el juicio.

Todo esto, aclaro, si en este país la justicia en materia de libertades se mantiene dentro de la certidumbre, porque las señales e intenciones en la actualidad indican lo contrario. Morena quiere legislar que se prohíba la crítica al Presidente, la Fiscalía General quiere volver a penalizar criminalmente la difamación y el daño moral, e iniciativas como la llamada "ley del olvido" en el Senado, son expresiones que atentan contra la libertad de expresión, y tratan como enemigos a medios de comunicación, periodistas y a todas aquellas personas que la ejerzan.

El caso de Aguayo se remonta a administraciones pasadas, cuando Moreira presentó una demanda por daño moral porque el académico habló de las imputaciones de corrupción al ex gobernador, en el contexto de haber sido detenido y encarcelado en Madrid como parte de un proceso en la Corte Federal de San Antonio, donde lo vinculan con Los Zetas. El daño moral, está claro, no se lo hizo Aguayo. Su reputación, cuestionada durante mucho tiempo en México, se colapsó con el juicio en los tribunales federales de Estados Unidos. Si algo le afectó su imagen pública, fueron las acusaciones de sus viejos asociados de tener vínculos con el narcotráfico, no un artículo periodístico.

Moreira utilizó un recurso usado por el PRI durante largo tiempo para control de daños mediante la intimidación y la previa censura, y encarcelar a periodistas mexicanos mediante recursos poco convencionales -demanda por daño moral utilizando recursos mercantiles, que se emplean para embargos-, espionaje, investigaciones personales para hacerlas públicas, seguimiento, difamaciones en espacios de mercenarios en los medios. Esto no ha cesado en la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos colaboradores revisaron las finanzas de algunos periodistas, sus propiedades, lanzó campañas ininterrumpidas de difamación -ya van, en algunos casos, guerras cibernéticas de 18 meses-, y un hostigamiento que está tocando los extremos.

Este martes, el periodista Alejandro Lelo de Larrea, solicitó su adhesión al Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación ante las agresiones verbales en la vía pública y una campaña negra de difamación en Twitter. No se sabe qué suerte tendrá, porque un periodista que lo intentó por las mismas razones anteriormente, tuvo como respuesta prácticamente el que tendría que ser golpeado antes de analizar su caso. Hay periodistas que tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quejarse de las difamaciones del presidente López Obrador en su contra durante sus comparecencias matutinas, que han provocado como acompañamiento las campañas cibernéticas, y se están preparando casos para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se han presentado demandas por daño moral contra sus personeros.

Cuando Aguayo habla de lo que le ha significado en tiempo y dinero defenderse de Moreira, también tendría que incorporarse a esa ruta del proceso la tensión y la presión durante años, alerta siempre que un juez o su asistente, no caigan en la tentación del dinero para cambiar un fallo. En la anterior administración capitalina, un juez pidió 4 millones de pesos a un demandante para que fallara a su favor. Como no lo hizo, falló en contra, presumiblemente porque sí recibió el dinero del denunciado. Ese juez fue despedido tan pronto llegó el nuevo gobierno, pero el caso aún no cierra. Otro juez le confió al demandante que tenía que presentar un dictamen en su contra, no porque hubiera perdido el caso, sino porque tenía instrucciones "de arriba" para hacerlo.

Las penurias de Aguayo son transexenales. En la actualidad están utilizando los funcionarios la ley de protección de datos personales para buscar previa censura en los medios, en una confrontación de 2 derechos. Hasta ahora va ganando la censura. Este es aún terreno gris porque las decisiones son casuísticas, pero recientemente el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa, la llamada "ley del olvido", que da cuerpo legal a lo que ahora es discrecional, con lo cual blinda a cualquier funcionario señalado documentalmente de corrupto o que haya abusado de su poder, de cualquier infracción. O sea, impunidad legal.

Otra regresión son las reformas al sistema judicial de la llamada "ley Gertz", que regresa a México más de una década, cuando la difamación y el daño moral se castigaba con cárcel. La ley cambió en 2007 para ajustarla a un sistema democrático, pero Gertz pretende -hasta que demuestre lo contrario- revertirlo, empatando a López Obrador con líderes autoritarios como los de China, Corea del Norte, Rusia, Turquía y Venezuela.

López Obrador se ha autoproclamado defensor de la libertad de expresión y para comprobarlo afirma -con razón-, que no pide que se censure a periodistas ni que se les despida. Pero en los hechos, hace todo lo contrario. No lo pide en forma directa, pero todo el tiempo descalifica y eleva los costos para todos que quieren salvaguardar el régimen de libertades. La forma como su maquinaria de propaganda sirve para profundizar el daño reputacional e incitar linchamientos no la condena, sino la estimula. Las libertades están en riesgo, y el caso de Sergio Aguayo es un recordatorio público de lo que estamos perdiendo aceleradamente.

El despropósito y claro atentado contra la libertad de expresión que implicó la sentencia dada a conocer el martes pasado en contra del académico y editorialista, oriundo del barrio de San Andrés de Guadalajara, Sergio Aguayo Quezada, en la que sin ningún recato el titular del juzgado 16 de lo Civil en la Ciudad de México, Francisco Castillo González, ordenó embargar los bienes del opinador en caso de no pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, nos remite de inmediato al caso de manipulación judicial que sufrió aquí el columnista Pedro Mellado, que por fortuna no llegó a tal extremo, pero que sigue en la impunidad total.

El permitir que en el poder judicial y en el Consejo de la Judicatura de Jalisco se salgan con la suya de darle carpetazo al caso Mellado, sería un muy negativo incentivo para que otros juzgadores sigan atendiendo en total sumisión los dictados del poder para acallar voces que señalan sus abusos y corruptelas, como pasó en el caso de este juez civil que se prestó a tratar de consumar la venganza del político coahuilense en contra de Aguayo Quezada.

Como se sabe, al autor del libro "La Charola" se le juzgó culpable de daño moral el 20 de enero de 2016 por un artículo en el que cuestionaba la impunidad y el poco rigor del gobierno mexicano para investigar las acusaciones de corrupción en contra de Moreira, quien días antes había sido detenido en España, y liberado una semana después al no acreditarse los delitos de lavado de dinero, desvío, cohecho y organización criminal.

A Aguayo, lo debe proteger la justicia federal que corrija el abusivo y faccioso fallo del juez civil, como pasó el año pasado en el caso Mellado, quien tras una ejemplar defensa legal que duró 3 años se logró sacudir también una acusación de daño moral que le había hecho el ex diputado Enrique Aubry, quien exhibió como juzgadores mordaza al juez 4o. de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, quien fue el 1o. en dar la razón al acusador en un claro atentado a la libertad de prensa, y luego a los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, quienes respaldaron el fallo inicial del Juez.

El caso Aguayo nos recuerda que seguimos en espera de la investigación que el Sistema Estatal Anticorrupción pidió al poder judicial local por el actuar tendencioso de estos juzgadores, y si incurrieron o no en lo estipulado en el Capítulo X sobre los Delitos cometidos en la Administración de la Justicia por "dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos injustificados y no por simple error de opinión".

Esa respuesta, que debe exigir el Comité de Participación Social del SEA, es indispensable y urgente para no sumar a la creciente violencia en contra de periodistas y la pauperización de sus condiciones laborales, una nueva amenaza a la libertad de prensa: la corrupción en el poder judicial de jueces y magistrados que actúan por consigna en contra de periodistas para intimidar y evitar publicaciones incómodas para actores de la clase política y gubernamental, así como de los grupos fácticos.

Todos los datos oficiales referentes a la violencia organizada que azota a la sociedad mexicana indican que estamos en el pico más alto de la guerra. Así lo confirmaron los datos sobre más de 61,000 desaparecidos y 3,631 fosas clandestinas reportadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, y por la Comisión Nacional de Búsqueda. El año pasado fue el más violento de la historia reciente con 34,582 homicidios dolosos, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ahora además sabemos que esas dimensiones de la violencia organizada se alimentan de un sistema de procuración e impartición de justicia que ni procura ni imparte justicia, sino que administra impunidad y perdón para quienes cometen los peores delitos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República acaba de enviar al Congreso de la Unión el informe anual de actividades 2019 en el que reportan alarmantes tasas de impunidad.

En total, en 2019 se registraron 8,972 averiguaciones y carpetas de investigación en las fiscalías y unidades especializadas en temas de migrantes, desaparición forzada, tortura, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, trata y derechos humanos, según reseñó Arturo Angel en Animal Político.

De ese total, solo 107 averiguaciones y carpetas se presentaron ante un juez, 7,342 casos siguen abiertos sin resultados, y 1,478 fueron cerrados sin proceder en contra de probables responsables. Es decir, sólo 1.19% de casos consignados en toda la Fiscalía de Derechos Humanos llegaron ante un juzgador.

Las tasas de impunidad pueden ser incluso más altas al revisar cada uno de los delitos que investiga la Fiscalía de Derechos Humanos.

Por ejemplo, el año pasado se presentaron 1,363 denuncias por desaparición forzada de las cuales apenas se consignaron 4, lo que representa 0.29% del total. Justo en uno de los años con más incidencia de desapariciones, las autoridades federales encargadas de procurar justicia apenas consignaron a 4 responsables de ese delito. La tasa de impunidad es de 99.71%, lo que quiere decir que casi todos los que cometen este delito quedan sin pagar por su crimen. Siguen sueltos y casi con seguridad siguen desapareciendo personas y eventualmente cometiendo otros delitos asociados como las fosas clandestinas o los centros de exterminio.

La de torturador es otra profesión cuyos perpetradores prácticamente tienen la impunidad garantizada. De 4,838 denuncias por la posible comisión de este delito, sólo se consignó ante un juez a un torturador. La impunidad fue de 99.98%.

En el caso de violencia contra mujeres, se llevaron ante un juez 47 investigaciones de 1,724 denuncias, es decir 2.72% del total de casos. El resto: impunes.

En delitos contra migrantes se presentaron 383 casos, de los cuales 3 se llevaron ante un juzgado, es decir 0.78%. El año pasado se denunciaron 268 delitos contra los derechos humanos y 14 fueron consignados, para una tasa de castigo de 5.22%. Finalmente, se reportaron 351 delitos contra la libertad de expresión, de los cuales 38 fueron consignados, es decir 10.82%, lo que lo convierte en el delitos contra los derechos humanos con "menos" impunidad.

Como muestran las cifras del informe de la Fiscalía de Derechos Humanos, las tasas de impunidad por la comisión de este delito son altísimas, son escandalosas y no se falta a la verdad si se les califica de criminales.

No hace falta ser un experto para asumir que las altas tasas de impunidad en la comisión de estos delitos alienta a tramas criminales o estatales que producen desapariciones, torturas, o violaciones a derechos de mujeres, migrantes o periodistas. Los datos sólo confirman que en lugar de combatir los delitos y la violencia organizada, el Estado parece estar administrando la guerra con propósitos de control de poblaciones y territorios.

Nadie cuestiona que haya legislación que sancione el daño moral, la difamación o la calumnia. Pero hay que castigar las faltas y no utilizar las leyes como herramientas para que los poderosos coarten la libertad de expresión. Este uso lo vimos en el caso de Lydia Cacho y por eso se eliminó la difamación de los códigos penales. Ahora lo vemos en la demanda civil por daño moral que Humberto Moreira ha promovido contra Sergio Aguayo.

Aguayo, académico de El Colegio de México, columnista y comentarista, fue demandado por Moreira en 2016 por un artículo en el que hablaba del "hedor corrupto" del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. Moreira había sido detenido en España por presuntos actos de lavado de dinero y corrupción, aunque el caso fue sobreseído posteriormente.

Aguayo fue absuelto en 1a. instancia en 2019, pero la 6a. sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX revocó la absolución y lo condenó a pagar una indemnización por 10 millones de pesos. En el tribunal participaba el magistrado José Huber Olea Contró, cuyo hermano recibió una notaría en Coahuila de Rubén Moreira, hermano de Humberto, según publicó Luis Carlos Plata en el periódico Zócalo de Coahuila.

Parte del problema es que el artículo 1916 del Código Civil establece que el daño moral se comete cuando se comunica una imputación a una 3a. persona, física o moral, "de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien". La clave es que el hecho imputado sea cierto o falso. Esto significa que la verdad no es defensa.

En 2007 se añadió el artículo 1916 Bis para aclarar: "No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República".

Aguayo está buscando ahora un amparo directo al fallo del tribunal. El juez de 1a. instancia autorizó el embargo de las propiedades de Aguayo para cubrir el pago de 10 millones de pesos de la sentencia del tribunal. Ayer Aguayo informó que la amenaza de embargo ha sido conjurada tras haber transferido 450,000 pesos que servirán de garantía para proceder al juicio de amparo.

En los países democráticos las leyes castigan la difamación y la calumnia, pero también protegen la libertad de expresión. Lo mismo pretenden lograr las leyes mexicanas, como lo hace el párrafo 1916 Bis, que salvaguarda los derechos de opinión, crítica, expresión o información. Por eso asombra la decisión del tribunal ante lo que es claramente una opinión crítica. En los países democráticos, cabe añadir, la crítica a los políticos o funcionarios públicos tiene mucha mayor libertad que las opiniones sobre personas sin un papel público.

El caso de Aguayo obliga a revisar los intentos de algunos políticos de revivir la difamación como delito penal que podría castigarse con cárcel. Esta fue la legislación que permitió al exgobernador de Puebla Mario Marín promover una orden de aprehensión contra Lydia Cacho que se aprovechó para secuestrarla y torturarla por haber denunciado una red de pederastas.

Es importante tener leyes que protejan a las personas de imputaciones falsas y dolosas, pero sin restringir la divulgación de hechos ciertos, como la detención de un político en España, o de opiniones críticas. Un Estado que prohíbe llamar corruptos a los corruptos se convierte en una dictadura corrupta.

La semana pasada el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, aseguró que siguen en la integración del informe que pidió el Congreso del Estado por las 2 cuestionadas resoluciones de jueces y magistrados que dieron la liberación anticipada a un hombre que estaba sentenciado a 38 años de cárcel acusado de feminicidio, y por la revocación de la sentencia de otro detenido que había confesado ser el asesino de su pareja.

Esta petición vino luego de que organizaciones feministas denunciaron irregularidades en los procesos y en las sentencias que liberaron a los culpables del homicidio de Heidi Jurado y Yolanda Palomar Bonilla.

El reclamo es que ven una grave tendencia de casos de juzgadores que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, y dejando en libertad a agresores y asesinos de mujeres, factor en contra que agrava el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres, al sumarse a las fallas institucionales del gobierno federal, y de las autoridades estatales y municipales para implementar debidamente las alertas de género y hacer efectivas las órdenes de protección.

Estos casos despertaron sospechas desde que las revocaciones de sentencias y las posteriores liberaciones de los inculpados se tomaron el año pasado justo el último día laboral y cuando al otro día se irían de vacaciones de fin de año. Una especie de sabadazo para buscar que el asueto y el bullicio de las festividades de fin de año distrajera la atención de estos 2 asuntos.

Pese a esta petición expresa del poder legislativo para analizar en el congreso local los detalles, los razonamientos y argumentaciones jurídicos de jueces y magistrados para autorizar estas liberaciones, en el Consejo de la Judicatura, cuya obligación es vigilar el trabajo de los juzgadores y sancionar conductas irregulares, descartaron entrar a investigar estos expedientes con el argumento de que nadie había acudido a hacer la denuncia correspondiente.

Esta postura de indiferencia ante el creciente e imparable problema de los feminicidios que los debería obligar a abordar los casos por oficio e iniciativa institucional, golpeó una vez más la casi nula credibilidad en este órgano que nunca ha cumplido su papel de limpiar la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, sino que se ha convertido en otra fuente de abusos y opacidades.

Paco Calderón
(26 de enero de 2020).

El viejo sistema penal mexicano se sustentaba en la presunción de culpa. Uno es culpable hasta que demuestre fehacientemente lo contrario o tenga el dinero o las "palancas" para librarse de la prisión. El Ministerio Público no investigaba. Extraía, legal o ilegalmente, declaraciones y con eso garantizaba que el inculpado estuviera meses en prisión a la espera de reunir más evidencia incriminatoria. Esta forma de actuar nos llevó al horror de que más de la mitad de los reos no tenían sentencia. Y usted me dirá, ¿y qué problema con eso? Pues simple: se rompe la columna vertebral del Estado de Derecho.

Mucha gente no lo entiende, pero todos somos inocentes hasta que un juez determine lo contrario. Cualquier persona que se encuentra, en este momento, en prisión preventiva es inocente. Nuestra cultura legal nunca afianzó estos valores y, por ello, hay quien considera que pisar la prisión es sinónimo de culpabilidad. Por ello, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que se sustenta en el garantismo y el respeto a la presunción de inocencia, buscó reducir al mínimo los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Porque en la práctica, la prisión preventiva es meter inocentes en prisión (aunque la actual legislatura federal ha dado marcha atrás a muchas de las conquistas del nuevo sistema). Es quitarle a un ciudadano lo más sagrado de nuestra existencia: la libertad.

Sin embargo, la prisión preventiva existe para evitar males mayores. La Constitución y el Código Penal consideran que es justificable ingresar inocentes en prisión si existe un riesgo razonable de que el imputado pueda provocar males mayores estando en libertad. Por ejemplo, que el imputado pueda volver a cometer el delito por el que es juzgado. Sobre todo si es grave. Pongamos un ejemplo: un secuestrador que pudiera cometer, de nuevo, dicho crimen. Un asesino, un feminicida o un traficante de blancas. Todos esos son delitos que lastiman a la sociedad, que son graves y que debemos hacer todo lo posible para llevarlos a su mínima expresión. Y más si el imputado tiene antecedentes penales. La posible reiteración delictiva es un elemento para privarle de su libertad.

Otra justificación de la prisión preventiva es el riesgo de fuga. La posibilidad de que imputado evada la acción de la justicia. Solamente en Jalisco, pudimos contemplar dos casos mediáticos -Joao Maleck y Keila "N"- en donde el juez otorgó la prisión preventiva por un justificado riesgo de fuga. El 1o. por no comprobar domicilio y jugar en un equipo extranjero, y la 2a. porque huyó luego de embestir con su auto a un grupo de personas que estaban viendo los arrancones a las afueras del estadio de las Chivas.

Y una, 3a., es la posibilidad abierta de que el imputado atente contra la integridad física de un testigo o alguna persona importante en la investigación. Es decir, que trate de alterar el curso del juicio o que ponga en riesgo la vida e integridad de alguien. Todas estas razones son variables que el juez puede tomar en cuenta para definir el alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen que estar estrechamente relacionadas con el riesgo que corremos como sociedad frente a una persona que está siendo juzgada. Las medidas cautelares no tienen que ser un capricho de un juez, sino un análisis con criterio en donde se busque defender la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, impedir un mal social mayor.

Lo que a veces no entendemos es que las cárceles tienen una misión. Quienes creemos en la reinserción social como el principio que debe regir el sistema penitenciario, consideramos que sólo debe pisar prisión aquél que es un riesgo para los demás. Y las razones deben estar aún más justificadas cuando hablamos de esa anomalía que es la prisión preventiva. En Holanda, optaron por un modelo de justicia no punitivo y ya son 19 cárceles nacionales las que han cerrado desde 2014.

La contrarreforma judicial que el fiscal Alejandro Gertz Manero infructuosamente, hasta ahora, quiere imponer, tiene como justificación que el nuevo sistema penal acusatorio que opera en México desde 2016, fracasó y provocó más violencia. Quienes tienen memoria legal dicen, empero, que Gertz Manero recicló reformas que 1o. quiso que se legislaran cuando era secretario de Seguridad Pública del presidente Vicente Fox, y después, como diputado de Movimiento Ciudadano. En ese entonces, el nuevo sistema penal acusatorio sólo vivía en el deseo de algunos. Hoy es la justificación para la Ley Gertz Manero, que no es sólo una regresión, comentó un observador, sino algo inédito porque mucho de lo que propone, jamás ha existido en México. O, se puede agregar, en ningún país salvo las dictaduras.

Rodolfo Félix Cárdenas, que tiene memoria legal y fue procurador de Justicia en el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, circuló un documento de 35 páginas en donde desnuda la maniobra de Gertz Manero al enmarcar su contrarreforma en el contexto donde la violencia y la inseguridad que abaten al país podría generar apoyo popular a la "manodurísima" que propone. En ello ve "la destrucción de los derechos más elementales de todo justiciable". Y agregó: "No se trata de anteproyectos de reforma legal para el beneficio de los ciudadanos, para la sociedad mexicana, sino para que sufran. Para que con la mayor facilidad el ciudadano y el extranjero en México pierdan su libertad, su patrimonio, su proyecto de vida, su familia".

Cárdenas le hace 10 preguntas a Gertz Manero a partir de sus iniciativas de ley:

1. ¿Se puede pensar con seriedad, que cuando alguien es denunciado y lo investiga un juez, que después lo va a procesar y dictará su sentencia, tiene la más mínima posibilidad de una defensa?
2. ¿Se puede pensar con seriedad, que cuando alguien es denunciado y la propuesta de Anteproyecto de un Nuevo Código Procesal exige de su abogado defensor que lo delate, va a tener en verdad un abogado a su lado que le defienda?
3. ¿Se puede pensar con seriedad, que el libre ejercicio de la profesión como abogado de defensa penal pueda tener realidad, cuando se le conmina a delatar a su defendido y se le amenaza con procesarlo si al argumentar al ministerio público le parece que no lo hace con verdad?
4. ¿Se puede pensar con seriedad, que el derecho a la no autoincriminación sea una realidad si, cuando es invocado por el acusado en juicio este se activa en contra del propio acusado produciendo prueba en su perjuicio si decide no declarar?
5. ¿Puede alguien pensar con seriedad que una persona denunciada por cualquier delito pueda tener defensa si no tiene acceso a conocer los datos de prueba que existan bajo la idea del expediente cuasi secreto, porque ahora será solo lo que el ministerio público le quiera mostrar por considerar que ello es lo que le relaciona en la imputación y con ello tratar a todas las personas y a todos los delitos como en su origen se trataba a la delincuencia organizada en este país?
6. ¿En verdad, desaparecer a los jueces de Control -que tutelan derechos frente a actos u omisiones del ministerio público- y al Tribunal de Enjuiciamiento previstos como órganos con competencia distinta, para sustituirlos por un mismo juez que investiga, procesa y sentencia bajo el argumento de la compactación y celeridad el proceso, garantiza un juicio justo?
7. ¿Puede existir defensa en verdad, cuando no solo la persona es investigada, procesada y juzgada por el mismo juez, sino que se presume su culpabilidad?
8. ¿Puede existir defensa en verdad, cuando no solo la persona es investigada, procesada y juzgada por el mismo juez, sino que ello se hace a puerta cerrada evitando la publicidad?
9. ¿Puede la policía además de investigar ser parte en el proceso penal con derecho a ofrecer pruebas y, como parte procesal a intervenir en el proceso?
10. ¿Puede evitarse -como sucedía en ocasiones antaño-, que eliminando ahora la argumentación oral en una clausura y exigiendo de las partes que su alegato sea escrito -por oficialía de partes- para que el Juez días después se dicte fallo -ya no en 24 horas y de forma oral en audiencia-; que el juez sea llamado para recibir instrucciones de qué hacer, de cómo resolver; que sea visitado; que reciba un mensaje -amenaza- para guiar el sentido de la sentencia (aunque la propuesta ya le pone desde la investigación en posibilidad de tener la sentencia y guardarla en el cajón para ese momento) pues de no considerar que sea así, podría ser sometido a un proceso por un "tribunal especial" conformado por jueces de ascendencia política?

El alegato central del documentado escrito es la desaparición de los derechos y garantías de cualquier mexicano o extranjero, que viva aquí o simplemente cruce por el territorio nacional, de las personas físicas, pero también de empresas, industrias, nacionales y extranjeras establecidas en México, que verían desaparecer los derechos de defensa y de imparcialidad judicial. Hace unos días, en su comparecencia pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la difusión de los avances de la contrarreforma que no se iba a retroceder en nada ni afectar la libertad y la democracia.

"Qué bueno, porque si en su pensamiento está no retroceder en nada, por ser libertad y democracia real, auténtica, estoy seguro que no avalaría una reforma al sistema de justicia penal, como la que se pretende impulsar desde la Fiscalía General de la nación que, a costa del sacrificio de los derechos humanos, vuelve al Siglo XIX y principios del XX". Qué bueno, sí, como dijo Cárdenas. Falta que en los hechos sea congruente con lo que dijo.

Miguel Castro pagó cara la osadía de hacer caso omiso a un juez. A muchos, a él antes que a nadie, debe parecerles injusto que en un proceso en el que no ha sido declarado culpable, se le atraviese la prisión por no haber esperado en casa como se le ordenó.

No pretendo juzgarlo, no sé si de todas formas merecía castigo por corrupción o si iba por la vida de inocente con mala suerte.

Pero lo que sí puedo juzgar es la actitud de las autoridades judiciales y la del entorno de Castro ante la detención, pues me sorprende que esta actitud advierta sobre la durísima vara utilizada con Castro y use el argumento de la indolencia ante yerros y delitos más graves como pretexto para exonerarlo a él.

Ese, justamente, es nuestro problema con el Estado de Derecho: no lo tomamos en serio si la conducta a sancionar la consideramos poco grave o si el sujeto sancionable no es un villano. Para empeorar esta mala tradición cívica, consideramos poco grave algo que debería ser delicadísimo: hacer caso omiso de la autoridad.

¿Por qué se llevaron a esta madre de familia si sólo se estaba defendiendo -a golpes- de un policía? ¿Por qué multaron a ese anciano si sólo estaba festejando en la calle? ¿Por qué encarcelan a un político por salirse de su casa y no a todos los que nos robaron?

La respuesta a todos esos por qués es la misma: porque violan la ley pero sobre todo, porque ponen en entredicho una autoridad. El anciano no respeta a una autoridad administrativa, la madre por muy madre que sea no respeta a un policía, el político no respeta a un juez. Con esas actitudes, no es posible que combatamos la impunidad a gran escala, la de los bribones. Si pedimos que el anciano de este mundo no sea juzgado por una autoridad administrativa, ¿en qué mundo descabellado el criminal será juzgado?

La derivación lógica es esa, no la inversa que utilizamos con frecuencia. No se trata de pedir clemencia para lo poco porque lo mucho no se atiende, sino de construir un Estado de Derecho a partir de lo poco para que lo mucho funcione.

Entiendo que puede haber casos en los que los jueces apliquen la ley con severidad asombrosa y casos en los que volteen a ver a la Virgen o al Whatsapp, pero esa no es razón para desacatarlos. ¿Sabían que la Suprema Corte está saturada por todas las violaciones que hubo a los amparos decretados por jueces de 1a. instancia? Los alcaldes, los gobernadores, los diputados se pasan las decisiones de los tribunales por el arco de Vallarta y en no pocas ocasiones, también las decisiones de los ministros de la Corte.

Castro, que ha mostrado ser un político responsable, debe saber que cometió un error y que es su carga. En Jalisco no se le conoce como villano y más de algún adversario ha alabado públicamente su probidad, pero esas no son razones para desestimar una investigación en curso -aunque esté equivocada, aunque sea política-, y mucho menos, la orden de un juez.

La justicia mexicana atraviesa una de sus peores crisis; y esto es grave, porque su adecuado funcionamiento es el sustento insustituible para la consolidación de nuestro régimen democrático. Sin justicia, sin la vigencia del Estado social de Derecho, las libertades peligran, la seguridad y patrimonio de las personas se encuentran constantemente amenazadas, y la vida de miles está siendo arrancada literalmente de tajo, dejando un atroz reguero de sangre por todo el territorio nacional.

Frente a lo anterior, tenemos un gravísimo problema de impunidad; los delitos son muy poco castigados; del total de los ilícitos que se cometen, muy pocos se convierten en denuncias ante las instancias de procuración de justicia; un porcentaje menor llega a tribunales. Ahí se dictan muy pocas sentencias, con un elemento a considerarse; de acuerdo con varios expertos, tenemos un índice de sentencias condenatorias, al menos inusual, respecto de lo que ocurre en otros países; lo cual nos ha llevado a ser una auténtica "fábrica de culpables".

De acuerdo con los informes que ha presentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno al sistema penitenciario, en México hay recluidas alrededor de 140,000 personas; pero de ellas, alrededor del 40% se encuentra ahí sin haber recibido una sentencia; en miles de casos, lo están después de varios años, violando el mandato y sentido constitucional de impartir justicia pronta y expedita.

Nos hemos convertido en un país de víctimas: en 1er. plano, quienes han sufrido el embate de la delincuencia; y por el otro, quienes reciben el embate del Estado, el cual se realiza de manera ilegítima, pues no se apega al espíritu constitucional de garantizar en un sentido amplio los derechos humanos e impartir una justicia ejemplar, que permita la auténtica reintegración social de quienes han violado la ley.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar, en la sentencia que propuso respecto de la Guardería ABC, presentó un diagnóstico que era demoledor: la administración del Estado se encontraba -y se encuentra-, en un estado de desorden generalizado: incumplimiento de normas, opacidad y ausencia de perspectiva de derechos humanos.

Es uno de los diagnósticos que pueden considerarse ejemplares, porque desde el ámbito de la impartición de justicia se plantea una perspectiva mayor respecto de lo que es urgente transformar: un profundo déficit de estatalidad, pues las autoridades no cuentan con las capacidades para dar cumplimiento a lo establecido en el orden jurídico nacional.

La crisis se profundiza. De acuerdo con los últimos reportes de organismos internacionales y de la sociedad civil, en México se encuentran en análisis forense alrededor de 10,000 cráneos; y hay cerca de 200,000 fragmentos de restos humanos que han sido exhumados de las llamadas fosas clandestinas, que auténticamente son fosas infernales de maldad y sadismo.

Esos datos son de escándalo; y a fuerza de verlos a diario, hemos entrado en un extraño estado de normalización en el que lo escandaloso se mira como cotidianidad inevitable y frente a la cual no queda sino la resignación. Pero aceptarlo así es una calamidad. El escándalo se mantiene y crece; y el horror toma cada vez más un cariz inenarrable, cuyas raíces debemos ser capaces de cortar de tajo.

En México se ha instalado lo que Adorno y Horkheimer llamaron la lógica de la furia; y que involucra mucho más que la mera violencia asesina; porque la que enfrentamos es una que parece anclada e intrínseca al modelo económico; consideración que debe retomarse con la seriedad requerida, porque además, es evidente que el crimen organizado y sus estructuras han penetrado a varios espacios de gobiernos estatales y municipales.

No podemos seguir siendo un país en el cual los tétricos "hallazgos" de calaveras y huesos sean el telón de fondo en que crecen nuestras niñas y niños. No podemos seguir siendo un país sin justicia; y sin duda es urgente recobrarla como uno de los pilares de la cohesión social; y en uno de los bienes sociales y democráticos más preciados.

Con el argumento de que las obras públicas representan un beneficio para la comunidad y detenerlas es un perjuicio a la economía del país, el líder de Morena en el Senado presentará una serie de reformas para evitar que éstas sean frenadas por amparos.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en la cámara alta, anunció que prepara 2 propuestas para "colocar el interés colectivo por encima del interés particular" en obras que por su naturaleza no deben suspenderse.

El senador no hizo alusión a algún proyecto pública en particular, sin embargo, la conversión de la base aérea militar de Santa Lucia en un aeropuerto comercial ha sido una de las obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con más impugnaciones en lo que va de su gestión.

En 2019 el colectivo #NoMásDerroches integrado por organismos de la sociedad civil, empresariales y grupos de abogados integraron 147 juicios de amparo en contra del proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, mismos que lograron retrasar el inicio de las obras de construcción, luego de que se establecieran suspensiones provisionales.

El gobierno federal se liberó de esta ola de amparos al establecer esta obra pública como asunto de seguridad nacional.

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal propone establecer en el artículo 25 de la Constitución que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público sea considerado de interés social y está protegido por la Constitución y las leyes.

También propone integrar al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública en dichos sectores.

Monreal aseguró que la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que colocan el interés colectivo por encima del interés particular.

A pesar de presumir mayores acciones contra la tortura, desde 2016 la autoridad estatal ha recibido apenas 61 denuncias por este delito, informó la Fiscalía de Derechos Humanos. Y justo ese año fue el que más acumuló, con 20 carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas.

César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), lamentó que, pese a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en 2016, que supone ser más garantista, la práctica no se haya erradicado.

"Supuestamente este modelo de justicia iba a garantizar el debido proceso y, sin embargo, seguimos viendo casos de tortura".

Explicó que el nuevo esquema implica que la persona detenida tiene que ser salvaguardada en sus derechos, en principio con la lectura de los mismos, así como garantizar su integridad física. Y no obstante eso, los golpes y daños físicos para obtener información o lograr confesiones, persisten.

Los 61 casos, añadió, tampoco son significativos en cuanto a la frecuencia que este fenómeno registra en la cifra negra (los casos que no se denuncian por temor a represalias).

Recordó que la última Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (Enpol) levantada de octubre a diciembre de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que, en Jalisco, 7 de cada 10 personas recluidas en prisión aseguraron haber recibido agresiones físicas durante su detención, desde patadas, golpes, quemaduras y hasta descargas eléctricas, entre otras. El porcentaje superó la media nacional: 63.8%.

De entre todas las corporaciones municipales y estatales que hay en Jalisco, la Fiscalía estatal es la que más quejas registra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ): son 8 de cada 10, expuso Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento.

"Desafortunadamente es la más señalada. En un 80% u 85% de los casos que nosotros tenemos conocimiento de las que se presentan ante la Dirección de Quejas, señalan como presuntos responsables a elementos o servidores públicos de Fiscalía: llámese ministerios públicos, secretarios o policías investigadores, sobre todo".

Reiteró que ni las capacitaciones, ni las áreas de prevención y sanción, ni los muchos discursos de las autoridades, han logrado erradicar la práctica de la tortura en la Fiscalía y el resto de las corporaciones.

"Tienen sus áreas de control dentro de la propia Fiscalía contra la tortura, que si bien es cierto son mecanismos de prevención, detección y sanción, eso no ha inhibido el que se siga dando este flagelo que sigue aconteciendo en Jalisco".

Una de las prácticas más comunes que han documentado es cubrir el rostro con tela y mojarla para provocar asfixia, de modo que no se dejan huellas de maltrato mientras se obliga a las personas a confesar.

También utilizan la tortura psicológica con amenazas en contra de familiares o amigos.

TESTIMONIO ANÓNIMO

Sucedió el 3 de octubre de 2018. Una ostentosa movilización policial se registró en la población de Ajijic, ubicada en el municipio de Chapala, donde se informó de una balacera entre autoridades y civiles unos 800 metros antes del Instituto Superior de Chapala.

Posteriormente se confirmó que se trataba de un operativo de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía estatal.

Paula, quien tiene miedo de que se publique su verdadero nombre, fue detenida por individuos encapuchados que la relacionaron con esos hechos. A ella la encontraron junto con un menor de edad, a quien ella aseguró que protegía de los proyectiles detonados durante el enfrentamiento.

Cuando se la llevaron, los encapuchados no le leyeron sus derechos ni la pusieron bajo resguardo. Tampoco fue puesta a disposición del Ministerio Público de inmediato, según relató a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

"Lo primero que hicieron fue golpearme, preguntando por personas que no conocía. Me pegaron en la cara con una pistola y me caí con todo y la bebé. Después me patearon en el estómago y luego de un rato me levantaron y me dijeron que ya sabían que yo no era, pero que me iban a llevar a la Fiscalía".

Lo hicieron. Con la cabeza tapada y en una camioneta negra, donde la continuaron golpeando. "Me decían que iban a matar a mi familia si yo no me echaba la culpa".

Debido a tantos golpes le provocaron una hemorragia interna, pues comenzó a sangrar. "Me llevaron a un lugar donde me sentaron y un hombre me empezó a manosear. Yo estaba esposada de mis manos. Como podía me defendía, pero ya estaba cansada".

Siguieron golpeándola, le quitaron la blusa y le dijeron que eso se merecía "por tonta". Paula recuerda que incluso le pegaron con las 2 manos en los oídos. Y aunque ocasionalmente la entrevistaba una persona que le decía que todo iba a estar bien, los golpes volvían después.

Sólo entonces, una mujer la asistió.

"Me quitó la prenda que tenía en la cabeza y se asustó al ver cómo me tenían. Mi cara estaba toda roja, la sangre molida y tenía mi ojo izquierdo cerrado. Mi pómulo con una bola enorme, no tenía cabello, la mayoría me lo arrancaron con las manos, me arrastraron. La pobre muchacha me veía y ella se agachaba, se veía que estaba triste. Yo le dije: ¿En dónde estamos? Ella me dijo que en (la Unidad) Antisecuestros".

Allí supo que estaba detenida, y hasta ese entonces la hicieron firmar sus derechos, pero pese a ello, la volvieron a golpear en varias ocasiones. "Me daban cachetadas y me apuntaban con una pistola en la frente. Me decían que me iba a matar".

Por esta queja, la CEDHJ emitió la recomendación 29/2019 dirigida al fiscal Gerardo Octavio Solís para que instruya a la reparación del daño, a orientar a la víctima jurídicamente e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos involucrados en este caso de tortura.

Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), reconoció que el fenómeno de la tortura en la entidad se ha mantenido pese a los constantes esfuerzos por erradicarla.

En 2018 recibieron 61 quejas; éstas derivaron en 6 recomendaciones. En 2019 recibieron 47, y 2 de ellas ya concluyeron en recomendaciones. "Con estos indicadores, quiero precisar que (la práctica de golpear a un señalado para obtener su confesión) no ha bajado, se ha mantenido. Insisto: no debe haber, a estas alturas, ni un sólo caso".

César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), consideró que la falta de resultados empata con el interés que tienen las autoridades en atacar el fenómeno. "No es un tema al que le estén poniendo un particular interés".

En su opinión, no fue a partir de la Unidad Especializada que se debió atender la tortura, pues desde 1993 se generó el 1er. marco legal para investigar esos casos y a la fecha no hay una sola sanción contra los responsables.

¿Por qué persiste la práctica?

El 26 de noviembre de 2018 se anunció que la Unidad Especializada contra la Tortura estaría conformada por un equipo de 10 personas y un coordinador, quien mantendría comunicación constante con el poder judicial y organizaciones defensoras de los derechos humanos. También la integraría un médico, un psicólogo, un agente del Ministerio Público, 2 secretarios, 2 actuarios, un relator y 2 policías investigadores.

Para inhibir la práctica de la tortura, los agentes de todas las corporaciones en Jalisco son capacitados constantemente en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, las consecuencias administrativas y penales que pueden tener, y además les advierten que cualquier antecedente se incorpora a su expediente, lo que dificultará acreditar los controles de confianza y que obtengan empleo en el servicio público. En la CEDHJ hay antecedentes de servidores que tuvieron algún antecedente por tortura de hace 10 años y que solicitan que se elimine de los expedientes, debido a que no pueden conseguir empleo.

En México, quien sea hallado culpable del delito de tortura podrá enfrentar una pena de entre 10 a 20 años de prisión, y de 500 a 1000 días de multa, al servidor público que incurra en alguna de estas conductas ilícitas.

Sería pertinente -aunque tal vez no sea posible...- puntualizar: ¿bajó, efectivamente, la incidencia delictiva en Jalisco durante 2019, como aseveró el gobernador Enrique Alfaro, o lo que bajó, en realidad, fueron las denuncias...?

Todas las estadísticas relacionadas con los delitos patrimoniales, en México, puntualizan que en esa materia hay un subregistro. No todos los robos a casa habitación o a transeúntes se denuncian. Las víctimas, vía de regla, estiman, primero, que los trámites son engorrosos, y tienen la convicción, después, de que serán, al cabo, estériles; de que las procuradurías de justicia carecen de los elementos humanos y técnicos necesarios para dar puntual seguimiento a las denuncias que se presentan. Éstas se realizan, en la mayoría de los casos -los de robo de automóviles, por señalar el ejemplo más común-, simplemente por cumplimentar un requisito para gestionar que el seguro cubra la pérdida.

En lo que el punto se aclara -que lo mismo da si no...-, el propio gobernador admitió que el número de homicidios dolosos en la entidad se incrementó en 2019 (con 2,465 asesinatos hasta el mes de noviembre, para un promedio de poco más de 7 al día) con respecto a 2018, cuando se registraron 2,218 (poco más de 6 diarios en promedio).

La declaración de que "hace falta apretar el trabajo, en coordinación con el gobierno federal (...), para combatir al crimen organizado" -a partir de la hipótesis de que las víctimas corresponden, casi siempre, a las infanterías del narcotráfico u otras variantes de la delincuencia-, parece una confesión tácita de que no hay, en efecto, mecanismos eficaces para combatir ese delito. Los pocos que se han dado, pues, han sido palos de ciego.

Si los "avances en las líneas de investigación", en las "carpetas" que supuestamente se abren en cada caso se que se tiene conocimiento -no porque haya denuncia, sino, simplemente, porque aparece el correspondiente cadáver-, se circunscriben, en la gran mayoría de los mismos, a la identificación de las víctimas, y solo excepcionalmente (en menos del 3% de los casos, según las estadísticas más optimistas) se llega al esclarecimiento de las causas y a la identificación, aprehensión, procesamiento y sentencia de los autores, ni siquiera hay elementos para fundamentar la teoría de que el crimen "organizado" está detrás de este fenómeno, o para aventurar cuántos y cuáles casos deben atribuirse al crimen "desorganizado".

A 5 años de su liberación, Sandra Ávila Beltrán "La Reina del Pacífico" podrá hacer uso de 8 cuentas bancarias que le fueron congeladas desde 2002, y de los rendimientos que se hayan generado hasta el momento.

El 1er. Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) levantar el aseguramiento de las cuentas debido a que la extinta PGR nunca pudo acreditar que Ávila Beltrán tiene vínculos con Ismael "El Mayo" Zambada, líder del "Cártel de Sinaloa" y que coordinaba los envíos de cocaína a Estados Unidos, como se afirmó.

El aseguramiento está vigente desde el 7 de agosto de 2002 y fue ordenado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

A casi 3 años y medio que terminó el plazo de 8 años para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, cuyo pilar son los juicios orales y alternativos, aquel 18 de julio del 2016, se abrirá nuevamente en México todo un debate sobre este modelo al que se le apostó todo y está muy lejos de contribuir al combate de la corrupción y la impunidad, y a la pacificación del país como se esperaba.

En el Poder Legislativo se trabaja desde ayer en un paquete de 9 iniciativas para tratar de fortalecer y corregir procesos en el ámbito de la procuración, impartición de justicia y la ejecución de sanciones, a saber:

1) Que propone reformas constitucionales a los artículos 5 (respecto al trabajo de los presos a favor de la comunidad); 16 (sobre las detenciones y arraigos); 18 (sobre el trabajo penitenciario); 19 (proponen eliminar el auto de vinculación a proceso y se cite de inmediato a audiencia inicial); 20 (sobre el desahogo de pruebas y valoración de los datos); 21 (para garantizar a la víctima u ofendido un carácter más activo y cuente con la asesoría técnica y jurídica adecuada); 73 (para facultar al Congreso de la Unión a expedir el Código Penal Nacional y la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica); 76 (que el Senado designe a jueces y magistrados y conozca de los delitos que cometan); 94 (sobre la nueva conformación del Poder Judicial); 97 (sobre plazos y ejercicios del cargo de magistrados de Circuito y jueces de Distrito); 101 (sobre la prohibición para ministros de la Corte, magistrados, jueces, secretarios y miembros de la judicatura de desempeñar otros cargos); 102 (para otorgar autonomía presupuestal a la Fiscalía General de la República); 116 (para armonizar la autonomía entre órganos de procuración de justicia federal y locales); y 122 (sobre la autonomía de la procuración de justicia en la Ciudad de México).

2) Para reformar, adicionar y derogar artículos de la Ley de Amparo. 3) Decreto para la creación de un Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. 4) Para reformar, adicionar y derogar la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 5) Para expedir la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica. 6) Para reformar y adicionar artículos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 7) Para expedir el Código Penal Nacional. 8) Para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República. Y 9) Para reformar, adicionar y derogar la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La escalada de violencia e inseguridad que padecemos en todo el país obliga sin duda a revisar lo que no ha funcionado de la oralidad con la que se aspiraba a sustituir un modelo de justicia inquisitiva que colapsó por sus altos niveles de corrupción.

Habrá pues que estar muy pendientes del debate de estas reformas por venir, en espera de que aporten más que las reformas que en esta misma materia se aprobaron el 18 de junio del 2008 cuando se estableció que el nuevo sistema procesal acusatorio debería entrar en vigor en un plazo de 8 años.

El equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al Senado, donde presentaron 9 iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia. Voluminoso paquete para que el Senado lo estudie y, eventualmente lo apruebe. Cuidado. Las reformas son una manzana envenenada y constituyen una regresión importante al modelo de justicia que se construyó con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que modificó el sistema penal con el fin de resolver la creciente impunidad. "No ha dado los resultados esperados", dice la exposición de motivos del paquete entregado. Por lo tanto, se colige de las iniciativas, hay una profunda regresión al sistema de justicia mexicano bajo la máscara de "garantizar el acceso a la justicia que tanto reclama la sociedad". Difícilmente se puede pensar que la sociedad quiere que se legalice la tortura, como pide la reforma, y que México regrese a un sistema donde el autoritarismo sea el que marque el destino de los ciudadanos.

La manzana envenenada comienza en los 2 últimos párrafos de la exposición de motivos, que señalan: "Conforme a lo dispuesto en la fracción IX apartado A del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la nulidad de 'cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales'. En ese sentido, se considera 'prueba ilícita' a toda aquella obtenida bajo estos términos y se aplica en beneficio del imputado su exclusión... Este tipo de elementos probatorios representan una de las problemáticas más complejas en la materia, pues lleva consigo por un lado el interés público de la persecución del delito y por el otro, la protección de los derechos individuales".

"Nuestro sistema procesal penal considera como regla general la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, con el objeto de eliminar del caudal probatorio aquellos elementos obtenidos en contravención a derechos fundamentales del imputado", añade la exposición de motivos, que subraya la existencia de "diversas interpretaciones" de la Suprema Corte de Justicia para establecer excepciones, como la jurisprudencia sobre la "teoría del vínculo o nexo causal atenuado", donde le permite al juez de la causa (que elimina, por cierto, la iniciativa), o el tribunal de apelación, lleve a cabo la valoración respecto de la exclusión de la prueba ilícita, tutelando la adecuada defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción.

Otra "hipótesis" que menciona la iniciativa es la relativa a la "teoría del descubrimiento inevitable", en la que las pruebas "no necesariamente deben declararse ilícitas y excluirse, pues toda prueba que se hubiese producido sin necesidad de recurrir a la prueba determinada como ilícita, será válida en virtud de que las circunstancias hubieren llevado necesariamente a su descubrimiento, desvirtuando así el nexo antijurídico que ésta presupone". La Fiscalía y la Consejería Jurídica de la Presidencia buscan que "ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley".

Por ello, proponen reformar la fracción IX del Artículo 20 constitucional, que originalmente establece que "cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula". La modificación plantea que "los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable".

En lenguaje simple y llano, abre la puerta a que cualquier prueba ilícita, como la obtenida mediante tortura, pueda ser considerada por el juez como prueba lícita, que también se refuerza por otra reforma en la que se permite al Ministerio Público retener a una persona durante 48 horas sin orden judicial. Durante ese tiempo, podrían cometerse abusos contra esa persona para obligarla -hablando hipotéticamente- a realizar cualquier declaración que la impute -la 1a. declaración ante el Ministerio Público vuelve a tener un alto valor en la reforma propuesta-. Las reformas contradicen los postulados que ha planteado el gobierno y algunos funcionarios prominentes.

Lo que se propone, por ejemplo, habría permitido que las denuncias de Florence Cassez de tortura por parte de comandantes policiales para que reconociera su culpabilidad en secuestros, fueran tomadas como válidas, sin necesidad de que se probara en el marco de los instrumentos de la ley su propia culpa, con lo cual los argumentos del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a favor del debido proceso, y del garantismo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sean enviados a la basura. Las reformas también eliminan la posibilidad de realizar por sí actos de investigación, y se limita el derecho de interponer recursos.

Esta reforma afectaría directamente a los padres de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y tácitamente revertiría la decisión del 1er. Tribunal Colegiado del 19o. Circuito, en Reynosa, en septiembre de 2018, que permitió la creación de una Comisión de la Verdad y la coadyuvancia de los padres y sus abogados. Este punto contradice al subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que aplaudió la resolución de aquel tribunal. Otras propuestas también afectan su trabajo, como, sobre el mismo caso de Ayotzinapa, que las pruebas que consideraba ilegales dentro de lo que se conoce como "la verdad histórica", sean ahora legales, dando legitimidad al cuestionado trabajo del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Las reformas propuestas chocan con los postulados garantistas que dice defender el gobierno del presidente López Obrador al obligar al juez a valorar las pruebas obtenidas por métodos poco convencionales o ilegales, y no considera los convenios internacionales suscritos por México. Son un salto al pasado autoritario que el Senado no debe permitir.

Ayer, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho publicó el balance "¿1 año de justicia y autonomía de la Fiscalía General de la República?" La respuesta a esta pregunta no les va a gustar a los que confiaron en que iban a cambiar las cosas en materia de impartición de justicia en este sexenio.

Vale la pena señalar de dónde son los integrantes que realizaron este estudio. Los académicos y especialistas forman parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC; de la Fundación para el Debido Proceso; Impunidad Cero; Causa en Común AC; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y por supuesto, de la fundación antes mencionada.

Los focos rojos después de 12 meses de operación se centran en la definición de autonomía al interior de la FGR, la rendición de cuentas, el trato y cercanía con las familias de las víctimas, y en la violación sistemática a su propia ley orgánica.

Punto por punto, la fiscalía ha fallado en momentos capitales:

El balance es negativo por la gravedad de las omisiones, incluso desde la llegada y designación del fiscal y del poco respeto a su propia Ley Orgánica. Ayer nadie pudo explicar qué pasó en el Senado con una anunciada presentación de un paquete de iniciativas sobre procuración de justicia que no fue. Antes de eso, es fundamental revisar el funcionamiento y debilidades de la FGR, que sirva como prólogo para una revolución en materia de justicia que está por venir.

Para los políticos siempre es importante culpar a alguien, a quien sea, en los casos con gran repercusión en medios. Todo sea para evitar que la gente responsabilice al gobierno. Por eso el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, culpó 1o. a un videojuego del asesinato de una maestra por un niño de 11 años en Torreón. Como la gente no quedó convencida, la Fiscalía de Coahuila ha detenido al abuelo, quien con la abuela se hacía cargo del pequeño tras la muerte de la madre y la ausencia del padre. La Unidad de Inteligencia Financiera ha decidido además congelar las cuentas bancarias del abuelo, para que no pueda contratar a un abogado.

El fiscal Gerardo Márquez Guevara ha explicado: "A esta persona le estamos atribuyendo el homicidio de la maestra que pierde la vida en este lugar, desde luego por haber asumido una conducta omisiva, siendo negligente en la tenencia de un domicilio particular en donde cohabitaba con un menor de edad".

"Las armas estaban en la casa y... no hay hasta el momento ninguna justificación legal para tenerlas en su domicilio". Una de las armas era calibre .25 y no hay indicios de que haya tramitado permiso de tenerla en casa, mientras que la otra, calibre .40, era de uso exclusivo del Ejército, por lo que no podría haber tramitado permiso. Estas fueron las justificaciones para detener al abuelo.

En realidad, como resabio de un olvidado pasado liberal, el artículo décimo de la Constitución reconoce el derecho a tener armas en el domicilio. Es verdad que se excluyen las de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero violar este precepto es una falta administrativa y no un crimen.

Al abuelo se le acusará de homicidio "por haber asumido una conducta omisiva que tiene que ver con haber sido negligente en la tenencia de armas de fuego en el domicilio, en particular en donde habitualmente cohabitaba un menor de edad". La pena podría ser de 18 a 35 años de cárcel.

Es muy injusto. La idea del castigo en los sistemas modernos de justicia es disuadir a los criminales de cometer nuevas faltas. Al abuelo, sin embargo, se le castigaría por un homicidio que no cometió. Si alguna conducta se estaría disuadiendo es la de apoyar a un huérfano, a pesar de que el propio presidente ha dicho que los abuelos cuidan mejor a los niños que las estancias infantiles. Si los tutores van a ser considerados responsables de las faltas de los menores, el mensaje es que sería mejor enviar a los niños a instituciones. Este caso, por otra parte, es singular: el niño tenía buena conducta y un desempeño adecuado en la escuela.

No es inusitado que en México se castigue a inocentes por razones políticas. El 20 de junio de 2008 la policía del Distrito Federal llevó a cabo un operativo en la discoteca New's Divine que, al parecer, tenía el propósito de detener a jóvenes para extorsionarlos. Murieron 13 por asfixia, la mayoría que solo cometían el delito de divertirse. No se castigó a los jefes policiacos que llevaron a cabo el operativo ni a los políticos ante los que respondían. Solo permanece en la cárcel Alfredo Maya Ortiz, dueño y administrador del establecimiento, quien ni organizó el operativo ni cerró las puertas para evitar que los jóvenes escaparan. Su verdadero delito fue no ser político ni comandante de policía.

Hoy vemos una historia similar. El abuelo es detenido y sus cuentas son congeladas porque hay que castigar a alguien. Así es la justicia mexicana.

Con apenas un mes de diferencia, el activista Rodrigo González Barrios ha sufrido un 2o. atentado. A inicios de diciembre, el nayarita escapó -junto con su hija y maniobrando su vehículo- a un intento de asesinato. Esta semana, de nueva cuenta, han pretendido matarle.

Todo esto ha ocurrido en Nayarit, donde González Barrios preside un grupo ciudadano llamado Comisión de la Verdad. Los autores intelectuales de estos atentados pretenden acallar a un activista que ha sido fundamental en la documentación de fraudes masivos a clientes del Infonavit, y en la presentación de denuncias por despojos de tierras orquestados, con la tolerancia del entonces gobernador (es un decir) Roberto Sandoval, por el narcofiscal Édgar Veytia.

En esta ocasión, según reportes periodísticos, González Barrios ha sobrevivido a casi una veintena de disparos.

La reiteración de los intentos de asesinato muestra que la corrupción y el narco, incrustados en aparatos gubernamentales durante los últimos sexenios en Nayarit, gozan de salud plena.

El ex fiscal Veytia habrá sido detenido en Estados Unidos hace ya casi 3 años (marzo de 2017), pero la justicia para sus víctimas no solo se ve lejana, sino que el escenario que se está configurando es uno donde quienes se atrevieron a levantar la voz en contra de los abusos podrían recibir, más que reparación del daño, graves escarmientos.

Bien sea porque miembros del poder judicial buscan venganza, lastimados como están por las denuncias de González Barrios sobre los miles de despojados, con juicios amañados, de inmuebles del Infonavit, bien sea porque los policías que ayudaron a Veytia siguen activos y a las órdenes de los criminales, el tema es que ni las autoridades de Nayarit, pero sobre todo las de la federación deberían dejar pasar esta nueva llamada de atención para brindar a González Barrios y su familia todo el apoyo necesario para salvaguardar su seguridad y el desempeño normal de sus actividades.

Más allá de que la impunidad no debiera imponerse como una cosa normal en nuestro país, situación que en México ha sucedido, hay coyunturas en las que un Estado es exigido a mostrar el máximo de sus capacidades.

Entre esas situaciones, que incluyen el procurar total justicia en eventuales magnicidios o atentados en contra de reporteros, la integridad de los activistas debe ser prioritaria para los distintos gobiernos y agencias del Estado, más aún si hablamos de algunos que resulta obvio que son altamente incómodos para los criminales, como es el caso de González Barrios.

México necesita un mensaje claro. Ese mensaje es que en casos de alto impacto no habrá impunidad (Bavispe), y que aquellos que pretenden imponer silencio a ciudadanos que enfrentan a los criminales no lograrán de ninguna manera su objetivo.

La prensa ha reportado la impunidad con la que actuó Veytia durante varios años ante la cómplice pasividad del ex mandatario Roberto Sandoval.

Ha sido precisamente gracias a la valentía de víctimas y activistas que se ha empezado a conocer la delincuencia que operaba desde la más alta esfera del mal llamado gobierno de Sandoval.

Terminado ese sexenio, es preciso que el nuevo gobierno estatal dé las garantías de que la justicia llegará a las víctimas y que no se permitirá ningún mártir más de ese periodo oscuro.

Ha sonado una 2a. llamada para autoridades y sociedad. No puede haber 3a. oportunidad para los criminales. Que los ciudadanos constaten que el Estado es el que impone las condiciones y no los delincuentes, es lo único que permitirá abrigar la esperanza de que haya más denuncias y más mexicanos dispuestos creer en las instituciones, así sea asumiendo riesgos.

El servicio público de justicia está en crisis desde hace décadas en México. Los alarmantes índices de impunidad son producto de la ineficacia operativa de un sistema que agotó su horizonte; ha desembocado en reformas que han introducido cambios profundos en materia judicial. El asunto ha sido parte de la agenda de todos los gobiernos desde la transición democrática. Sin embargo los avances han sido tan lentos que han provocado que en los últimos años la crisis se profundice.

En este caminar lento se ha fortalecido la independencia judicial, se ha implementado un enfoque garantista en la vigencia de los derechos, se instauró el sistema penal acusatorio, se creó una fiscalía independiente y se han dado pasos en el sistema procesal, sin embargo, se mantiene una inmensa maraña en la legislación de los estados y una crónica situación en los penales que colapsa cíclicamente.

Se ha producido de hecho una contienda entre los criterios del gobierno federal y las entidades en materia judicial, carcelaria, de policía e investigación en donde las competencias y los resultados locales son muy distintos en cada región del país.

Parece que el siguiente paso en esa ruta, que debe acelerase por el bien de todos, se dará en los próximos días cuando se presenten en el Senado de la República un paquete de iniciativas para modificar el sistema de procuración y administración de justicia.

Por lo que se sabe hasta ahora, en ellas se contienen propuestas específicas para contar con un Código Penal Único, eliminar o regular el arraigo como medida que adelanta un castigo sin resolución judicial, y otras medidas para fortalecer la labor de la Fiscalía General de la República.

Habrá que estar atentos a que estas propuestas respeten los derechos fundamentales de las personas y, especialmente, los principios de presunción de inocencia y debido proceso. En ese sentido, vale la pena recordar que México ha aceptado cientos de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también recibe asistencia de programas de cooperación internacional para el fortalecimiento de las tareas judiciales.

Las reformas que se discutirán en las próximas semanas en el Congreso de la Unión serán cruciales en la agenda de defensa de los derechos y libertades y, por tanto, habrá que estar atentos a la calidad de los debates para evitar que la opinión pública se distraiga con aspectos superficiales.

La cuestión fundamental es el acceso a la justicia como derecho fundamental de todas las personas y para ello es indispensable contar con la independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, como requisitos previos esenciales para defender el Estado de Derecho y garantizar que no haya discriminación en la administración de justicia.

El respeto al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias es uno de los temas más importantes en este sentido. Más si tomamos en cuenta el caso tan lamentable de los miles de homicidios y desapariciones que tenemos en México. Esto junto al derecho al debido proceso que tienen las personas que enfrentan juicios por este motivo son los asuntos más visibles en el debate.

Pero al mismo tiempo, las reformas que se discutirán abren el espacio para avanzar en la implementación de medidas para fortalecer el derecho a que los servicios sean expeditos, gratuitos y eficientes, para lo cual es necesaria una gran inversión de recursos para la formación de capital humano, instalaciones y fortalecer las capacidades de cobertura de las autoridades en materia de justicia.

La ruta para salir de la crisis en materia de justicia es de largo aliento, requiere insistir en una política de estado construida por encima de intereses partidistas, por lo que habrá que cuidar que las reformas que se presentarán no signifiquen un retroceso en el camino para ampliar el ámbito de respeto a los derechos de las personas, ante la tentación del uso oportunista del tema.

El acceso a la justicia es el reclamo más profundo de la sociedad mexicana del siglo XXI. Ante ello la respuesta corresponde al Estado Mexicano.

Pobladores de una comunidad de Chiapas lincharon y le prendieron fuego a un sospechoso de la muerte y violación de una menor de edad, informaron este viernes las autoridades locales.

Después de encontrar el cadáver decapitado y con huellas de violación de una menor de 6 años, un grupo de habitantes de la población Faja de Oro, en el municipio de Cacahoatán, detuvieron a un hombre identificado como Alfredo, como presunto responsable del crimen.

La policía local rescató al sospechoso de manos de los habitantes, pero no lograron retenerlo y los habitantes se los arrebataron, le rociaron combustible y le prendieron fuego, indicaron las autoridades.

Durante el linchamiento de Alfredo, se escuchó el grito de "ojo por ojo", de acuerdo con testimonios de los habitantes que denunciaron que el sospechoso tenía poco de haber salido de la cárcel por el delito de violación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó en un comunicado de prensa que se han iniciado sendas carpetas de investigación por los homicidios, tanto el de la niña de 6 años como por el de Alfredo

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca reiteró que no habrá impunidad a ninguna conducta antisocial y no se permitirá que la ciudadanía haga justicia por su propia mano, por lo que se investigará el linchamiento.

Los linchamientos en México han tenido una constancia al alza en los años recientes con un aumento de 190% en el año 2018, el último de un estudio elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que fue presentado a mediados del 2019.

Entre las causas principales, según la CNDH, los linchamientos se atribuyen a la desconfianza de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley y la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones de convivencia pacífica.

También el hartazgo e impotencia de las personas ante una realidad que las vulnera y lastima, y que en ocasiones incurren en acciones violentas "en contra de aquellos que consideran, o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen", señaló la CNDH en su estudio.

Reventada se encuentra la impartición de justicia en México.

Son años y años en que, entre rezagos, falta de voluntad, corrupción y también poco interés ciudadano, la combinación entre los que deben procurar la justicia (procuradurías y fiscalías) y los que deben impartir la justicia (jueces y magistrados) provoca que estén atorados y como resultado hay una vergonzosa cifra de efectividad que oscila entre el 1 y el 3% de castigo a la mayoría de los delitos.

Hablar de que cerca del 99% de los delitos que se cometen (de todo tipo) no son castigados es navegar en un auténtico océano de impunidad donde por más que queramos no se ve la orilla.

Y más allá de que los delincuentes (desde el malandrín que roba en el camión hasta el político que sustrae fondos públicos) estén tranquilos y quitados de la pena, genera en nosotros como sociedad la incertidumbre de que en caso de que fuese necesario recurrir (o ser recurridos) por la justicia llevamos las de perder.

Como señalan los expertos, el sistema de justicia es como "un ritual de guerras", donde unos ganan y otros pierden, o donde todos pierden y se liquida la comunicación entre partes. Y por el énfasis de los abogados en cuestiones de forma (aplicar leyes y reglamentos), se olvidan de efectivamente hacer justicia y los procesos se hacen muy largos y caros.

Aparece, como gran alternativa, el sistema de mediación, que con trabajo y a trompicones empieza a ganar terreno en la resolución de conflictos en nuestro país.

Se plantea como una opción en que ya no se necesita de un tercero como un juez que tome una decisión (y que muchas veces acrecienta el conflicto que llevó al juicio), sino que son las partes involucradas, orientadas por un mediador (que no tomará decisión alguna) que se sentarán a dialogar y a buscar una solución que deje a ambos suficientemente satisfechos sin necesidad de ceder demasiado.

La mediación, ya reconocida por la ley en nuestro país, significa que un mediador profesional (no necesariamente empleado público) convoca a ambas partes y facilita el diálogo para llegar a un común acuerdo. Resuelve la gran mayoría de los conflictos, y el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones adquiridas es altísima. Es un proceso mucho más rápido y económico que un juicio.

Además, es una figura que reconoce el Sistema de Justicia en México.

Obviamente, de resolverse la mayoría de los conflictos por vía de la mediación, afectaría los intereses de aquellos jueces y abogados con tendencias corruptas que ven en los procesos largos, escabrosos y caros, interesantes formas de ingreso.

A nosotros como sociedad nos debe interesar ser promotores de la mediación, tarea en la que contaríamos con toda seguridad con apoyo de los gobiernos (por ejemplo, el de Jalisco) interesados en sanear la impartición de justicia y reducir cuanto antes esa cifra fatídica de impunidad de más del 96%.

Pobladores de los municipios de Petatlán y Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero, y autodefensas de Teloloapan, en la Región Norte, bloquearon carreteras federales para exigir seguridad. Al menos 100 autodefensas del grupo Tecampanera bloquearon la carretera federal que comunica a Iguala con la región de Tierra Caliente. Junto con las autodefensas, transportistas colocaron sus camiones sobre la carretera, lo que provocó el bloqueo total de la vía.

Si algo definió el año 2019 en Jalisco fue la crisis de los desaparecidos. Cerramos el año como el estado con más casos reportados de desaparecidos, 2,100 personas, la mayoría hombres jóvenes. La cifra es espeluznante. Prácticamente 3 de cada mil jóvenes jaliscienses de entre 15 y 30 años desaparecieron un día de la faz de la tierra. El problema dejó de ser un asunto "entre ellos" o de "los que quién sabe en que andaban metidos", como solían descalificar irresponsablemente las autoridades cuando se hablaba de ello, para convertirse en un problema social, prácticamente en una epidemia.

Las explicaciones sobre el aumento repentino de desaparecidos en el estado pueden variar, si se trata de un nuevo modus operandi de la delincuencia, si tiene que ver con una lucha entre miembros del mismo cártel Nueva Generación por el control de la zona metropolitana de Guadalajara, que si se matan entre ellos como afirma el gobernador, lo cierto es que durante el año pasado se encontraron 75 fosas clandestinas con 213 cuerpos desmembrados y solo fueron consignados por ello 15 personas. Es decir, la justicia va, por decirlo suavemente, detrás y muy lejos del fenómeno de las desapariciones. Se logró encontrar a más personas, identificar a más cuerpos, pero no se investiga ni se castiga a los responsables de esas desapariciones y muertes.

El que sean Tamaulipas y Jalisco los estados con más desparecidos apunta claramente a que se trata de un fenómeno vinculado a grupos del crimen organizado sumamente violentos, los Zetas y el CJNG, pero no podemos esperar a que sean ellos mismos quienes decidan cuándo y por qué dejan de usar estos métodos. Aliviar la crisis de desapariciones forzadas requiere reconocer puntualmente lo específico de las desapariciones en cada lugar y por supuesto recuperar el control de los territorios hoy en manos de crimen. Lo 1o. requiere investigación seria, con metodologías apropiadas y personas expertas. Lo 2o. una articulación de los 3 niveles de gobierno, federación, estado y municipios, que hoy se ven más distantes que nunca.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno mexicano, Alejandro Encinas, refirió que durante 2019 -un año que, también estuvo precedido de felicitaciones y buenos deseos- fueron exhumados 1,124 cadáveres de un número indeterminado de fosas clandestinas en todo el país. Jalisco, por supuesto, aportó su cuota bochornosa a esa cifra: algo que se explica por ser una de las entidades más pobladas del país, y asiento de la 2a. ciudad de la república... aunque ya no haga honor al mote que cargó orgullosamente durante generaciones: "Ciudad amable".

Es inevitable, por más que resulte fastidioso, el colofón de la historia: lo peor de estos sucesos es la casi certeza que puede tener el ciudadano común, de que la mayoría de esos crímenes, por la ineptitud, insuficiencia e incapacidad de la autoridad para ir más allá de la identificación de las víctimas -y eso apenas en el 35% de los casos-, quedarán impunes.

La decisión de asesinar a un líder iraní en territorio de Iraq tomada por la administración de Donald Trump es un hecho que, además de constituir una violación al derecho internacional, supone un incremento a los riesgos de terrorismo en el mundo occidental, incluido México.

Se ha escrito sobre la posible interferencia de los grupos iraníes con la delincuencia organizada mexicana, lo que puede ser real o imaginario, pero es un hecho posible y por tanto significa que nuestros vecinos han tomado y tomarán medidas para protegerse. Lo pueden hacer en coordinación con México o de forma unilateral. Por ello es de capital importancia que nuestras instituciones de seguridad interna, la inteligencia y las policías asuman un rol de mayor eficacia en su desempeño para fortalecer nuestra capacidad operativa.

Hemos llegado quizá al punto de inflexión en la escalada violenta interna y esperamos resultados de la acción coordinada, pero en caso de que esto no suceda, la presión de nuestros vecinos irá en ascenso para trabajar de forma coordinada, cuando menos contra las potenciales amenazas terroristas que les puedan afectar.

Quizá la seguridad sea el mayor reto inmediato para el Estado mexicano, y, por ende, involucra tanto aspectos internos como externos de las actividad de gobierno.

Las instituciones de seguridad y justicia requieren de una fortaleza desgastada enormemente en los últimos años por la acción criminal, por la falta de resultados y por una creciente percepción de impunidad, injusticia y debilidad institucional que amenaza a nuestra democracia.

Aunque parezca un contrasentido, la defensa de la libertad, de la democracia y la constitución, pasa por el fortalecimiento de la seguridad interna y el poder judicial. Seguir con la tendencia inercial nos puede llevar a una debilidad que produzca acciones indeseables que vengan del norte.

Habitantes de la metrópoli afirmaron que, además del Circuito JVC, en donde el pasado viernes una competencia de arrancones terminó en un accidente que dejó un muerto y 5 heridos, hay al menos otros 5 puntos en los que se realizan esos eventos.

Se trata de Patria y Clouthier, Periférico Nuevo a la altura de Camino a Matatlán, Aviación y Santa Margarita, Avenida Cañas (en el Álamo Industrial) y Parres Arias.

En enero, el comisario zapopano, Roberto Alarcón, dijo que es complicado que los policías frenen esas actividades ilícitas, pues necesitan sorprenderlas en flagrancia.

La presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, Alma Chávez, criticó el trabajo de la actual administración en el tema.

"Nosotros hicimos labores de acompañamiento en administraciones anteriores precisamente para inhibir los arrancones. Este tema no ha sido de importancia para el gobierno y estamos viendo las fatales consecuencias", resaltó Chávez.

La activista acentuó que la Policía Vial y los ayuntamientos deben enfrentar el problema, pues en los arrancones se combina la conducción a exceso de velocidad con el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

La Secretaría de Seguridad afirmó que ha implementado 38 operativos en Zapopan y en Tonalá durante 2019. En ellos se han interpuesto 138 folios y 36 vehículos han sido remitidos.

Las carreras ilegales no son recientes. Entre 2010 y 2015, Zapopan recibió 27 reportes al respecto. En 2018 fueron 797.

6 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad, y un hombre muerto, fue el saldo que dejó un choque en la "zona de arrancones" del Circuito JVC del Estadio Akron en Zapopan.

Sucedió poco antes de las 23:00 horas en la zona de El Bajío. En el lugar, el cual es conocido como un sitio en el cual se realizan, ilegalmente, carreras de vehículos. De acuerdo con testigos en el lugar, un automóvil deportivo trató de realizar una maniobra que salió de control y arrolló a varias personas que ahí se encontraban, impactando también contra varios automóviles y al menos 2 motocicletas.

Constantemente las autoridades aseguran que en la zona se realizan distintos operativos para inhibir este tipo de prácticas, sin embargo, de poco han servido, porque los arrancones continúan llevándose a cabo y, hasta la fecha, no hay alguna propuesta para aplicar sanciones severas en contra de los conductores que participan en carreras clandestinas.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se aplica una multa de 21 a 30 medidos en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y arresto administrativo de hasta 36 horas a quien se sorprenda realizando este tipo de actividades, además de la remisión del vehículo a depósitos vehiculares.

Las posibilidades de que un delincuente, en México, sea condenado, son apenas de 0.3%.

La aseveración sería discutible si la hubiera emitido alguno de los críticos sistemáticos ("nuestros adversarios", dizque) del gobierno; se replicaría con la mano en la cintura, en alguna de las consabidas "mañaneras", aduciendo que "otros datos" -más amables, por supuesto- la desmienten. Sin embargo, lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ayer, en su "encuentro" con los medios; ergo, cabrá suponer que el aserto es absolutamente veraz...

El tema está relacionado con una de las más legítimas demandas sociales, aquí y en China: la justicia. Un tema, como la seguridad, la salud y la educación, prioritario para todos los habitantes de un país.

La declaración de la funcionaria -considerada "el brazo derecho del presidente López Obrador"- redondeó las cifras relacionadas, 1o., con los delitos que se cometen en México; 2o., con los que se denuncian; 3o., con los que se judicializan; y 4o., con los que se resuelven mediante sentencias absolutorias o condenatorias. En el 1er. capítulo, apuntó que en México se cometen más de 3 millones de delitos (entre ellos, alrededor de 30,000 homicidios) anualmente: más de 8,000 diarios. En el 2o., según cifras de la organización no gubernamental "México Evalúa", el 93% de dichos delitos no se denuncian; el 34% de los ciudadanos se abstiene de hacerlo porque estima que representa una pérdida de tiempo; 16% expresa abiertamente su desconfianza hacia la autoridad; 10% no denuncia por no tener pruebas. La misma ONG señaló que, a falta de criterios técnicos, profesionales y transparentes, se infiere que los pocos delitos que se investigan y resuelven, obedecen a privilegios emparentados con la corrupción -el cáncer social que la actual administración asegura haber erradicado- o a presión mediática.

En un informe del año pasado, denominado "La corrupción que mata", la organización Open Society Justice apuntaba que en los delitos atribuidos al crimen organizado, cabe la sospecha de que la colusión o el encubrimiento entre las autoridades y los delincuentes, acentúa las limitaciones del sistema para realizar una eficaz investigación y persecución policíaca, y lograr, a la postre, la deseable resolución judicial. "Las continuas debilidades en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado -apunta el informe-, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente".

(Subrayémoslo: "Necesidad urgente"... O sea, para ayer).

Un tribunal colegiado ha otorgado las primeras suspensiones contra la Ley de Extinción de Dominio que permite al gobierno vender propiedades confiscadas antes que los dueños hayan sido declarados culpables por algún delito. La ley está hecha para castigar antes de juzgar y viola la presunción de inocencia.

En diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) se comercializa etanol como oxigenante para gasolinas, pese a que eso no está permitido por las leyes nacionales. La Norma Oficial Mexicana (NOM) 016 establece la prohibición del uso de etanol en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

Dicha normatividad precisa que, con excepción de esas ciudades, sólo se permite un contenido máximo de 10% en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium. Sin embargo, en la metrópoli tapatía esta sustancia sí se puede adquirir en diferentes puntos, e incluso de diferentes marcas, sin problemas.

En un recorrido, este medio confirmó la venta de etanol disfrazada de publicidad, pues se vende como "aditivo para gasolina". En Zapopan, por ejemplo, se comercializa a un precio de entre 15 y 16 pesos por litro.

"Este está hecho de celulosa de caña, pero también puede ser de maíz o de remolacha, de muchas otras cosas, y lo hacen aquí en México", dijo el encargado de uno de esos establecimientos, quien explicó que, manteniendo las proporciones de 10% de mezcla con gasolina común, "no tendrían problemas".

En Jalisco hay 1'131,695 personas que tienen su licencia [de manejo] vencida, informó la Secretaría de Transporte del Estado. El 31 de diciembre expiran otras 25,679.

Sin embargo, el titular de la dependencia estatal, Diego Monraz, admitió que los módulos para refrendarlas y expedirlas están saturados.

México fue en 2019 el país del mundo con más periodistas asesinados por su trabajo, según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

El organismo, con sede en Nueva York documentó 5 asesinatos de informadores mexicanos durante los últimos 12 meses, lo que supone la mitad de todos los casos a nivel global.

A la creciente violencia en contra de periodistas y la pauperización de sus condiciones laborales, se ha sumado una nueva amenaza: la corrupción en el poder judicial de jueces y magistrados que actúan por consigna en contra de periodistas para intimidar y evitar publicaciones incómodas para actores de la clase política y gubernamental, así como de grupos fácticos.

De esta última amenaza se registró este año un caso paradigmático en Jalisco con lo que le sucedió al prestigiado periodista y columnista Pedro Mellado, a quien le cayó la carga de todo el poder perverso de los grupos políticos y de interés del Estado, a los que en su larga trayectoria ha cuestionado.

Con una reputación intachable labrada en 45 años de ejercicio periodístico, y valiente como es, Mellado emprendió una ejemplar defensa legal hace tres años por una acusación por presunto daño moral que hizo en su contra el ex diputado del Partido Verde, Enrique Aubry, y que evidenció el trabajo faccioso del juez 4o. de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, quien fue el 1o. en dar la razón al acusador en un claro atentado a la libertad de prensa, y luego los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, que respaldaron el fallo inicial del Juez, a quienes les anuló su resolución tendenciosa la justicia federal.

Mellado refrendó así su verticalidad a toda prueba y finalmente ganó la batalla legal.

Pero aquí lo grave es que hasta ahora el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, no haya respondido a la petición del Comité de Participación Social del Sistema Estatal de Corrupción de investigar el actuar de los juzgadores y ver si no les aplica lo estipulado en el Capítulo X sobre los Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, que se plantean en el Artículo 154 que establece que se impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los servidores públicos que incurran, por ejemplo, en lo que dicta la Fracción XI de "dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos injustificados y no por simple error de opinión".

La petición registrada formalmente el 20 de mayo del 2019 por el Consejo de la Judicatura, nunca tuvo un seguimiento. No hay hasta hoy resultados ni deslinde de responsabilidades de la actuación de los jueces ni magistrados involucrados. La impunidad es absoluta. El caso está, como muchos otros, archivado en los sótanos de la complicidad y la simulación. El CPS tampoco ha alzado la voz para denunciar que el Caso Mellado esta impune. Mala señal.

A pesar de las visitas de Alfonso Durazo, el secretario nacional de Seguridad, a pesar del proyecto de Policía Metropolitana y la presencia de la Guardia Nacional, queda el convencimiento general de que los ladrones y delincuentes tienen todas las ventajas.

Es de llamar la atención que en México se hable tanto de la lucha contra la corrupción, convertida en bandera por la "4a. Transformación", y que hasta antes de la consignación de Genaro García Luna por parte de las autoridades estadounidenses, señalado, entre otras cosas, por haber recibido millonarios sobornos, en dólares, de narcotraficantes para permitirles sus operaciones, en las cárceles mexicanas hubiese una sola persona que hubiera desempeñado cargos públicos de relevancia, imputada por asuntos de corrupción: Rosario Robles.

De entrada: ni Rosario ni Genaro han sido condenados aún. De hecho, ni la que fuera Secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación en el de Vicente Fox y de Seguridad Pública en el de Felipe Calderón, han sido procesados. Ambos tienen a su favor, pues, la presunción de inocencia. (Si antaño, en la práctica, toda persona era culpable de un delito hasta que ella no demostrara su inocencia, ahora, en teoría, todas las personas son inocentes hasta que no se pruebe su culpabilidad).

Rosario Robles está acusada de haber sido omisa, en algunos de los cargos públicos que desempeñó, "ante actos de terceros"; sin embargo, aunque sus procesos se encuentran en una fase preliminar, dichos "terceros" están en libertad; no están expuestos, por tanto, al escarnio público de las redes sociales.

García Luna fue detenido por las autoridades estadounidenses, y será juzgado por conspiración para tráfico de drogas y falsedad de declaración (no por haberse dejado extorsionar por narcotraficantes mexicanos) en la misma corte y por el mismo juez (Brian M. Cogan) que a principios del año condenó a cadena perpetua al "Chapo" Guzmán. Las declaraciones de algunos testigos en ese juicio, en el sentido de que los narcos hicieron aportaciones millonarias para campañas electorales o las entregaron directamente a altos funcionarios gubernamentales, no generaron -hasta donde se sabe- reacción alguna de las autoridades mexicanas.

Se trata -subrayémoslo- de los 2 casos más notorios; de los más mediáticos. Muchos otros, en los que hay indicios de que hubo irregularidades -por decirlo amablemente- en el manejo de los recursos públicos, tampoco han generado las acciones judiciales correspondientes.

Aun sobre la premisa de la presunción de inocencia, en ambos casos, está por verse si la guerra declarada a la corrupción en México se manifiesta en sanciones ejemplares a los corruptos... o se queda en palabrería químicamente pura.

Como resultado de los operativos implementados de manera conjunta por la Policía Vial y las comisarías municipales contra las motocicletas que circulan de manera irregular en la metrópoli, 8,688 vehículos han sido enviados al corralón entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de este año, confirma la Secretaría de Seguridad. Lo anterior equivale a 26 aseguramientos al día.

Las sanciones son principalmente porque los dueños o conductores de las motos no tienen el refrendo o la licencia de conducir vigentes. De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco existe un padrón de 533,000 unidades en la entidad, pero entre enero y noviembre solamente 306,000 habían pagado su refrendo vehicular. Esto significa que únicamente 6 de cada 10 tienen permiso para circular.

Además, sólo 4% de las motocicletas tiene una póliza de seguro vigente y apenas una tercera parte de los choferes cuenta con un permiso de conducir actualizado, confirma la Secretaría de la Hacienda.

Sobre los operativos contra los conductores o las motos con irregularidades, Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, lamenta: "todos los días sabemos de compañeros a los que les quitan su moto cuando es una falta menor, cuando debería ser sólo una infracción. Vamos a tomar acciones legales contra estos operativos porque ya tenemos más de un año batallando".

Manifiesta que el año en curso ha sido complicado para el gremio por estos operativos viales, los cuales incluyen la obligación para los conductores de portar un chaleco con el número de placas. Se suman las intenciones que se dieron en el Congreso del Estado para aumentar el refrendo vehicular hasta los 679 pesos.

No obstante, luego de que se propusiera que el costo del refrendo para las motocicletas aumentara 4 veces para igualarlo al de los automóviles (con la posibilidad de hacer un descuento a quienes contaran con póliza de seguro y licencia vigentes), el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos para 2020 y lo dejó en 260 pesos, sin condiciones.

De 8,688 motocicletas aseguradas durante 2019 en los depósitos vehiculares del Gobierno del Estado, apenas 5,726 fueron recogidas por sus dueños, informa la Secretaría de Administración. Eso significa que reclaman sólo 6 de cada 10, en promedio.

Elizabeth Rodríguez indica que no es raro que un "biker" decida dejar su motocicleta en un corralón del estado cuando le resulta más barato adquirir otra unidad, sobre todo cuando el vehículo tiene demasiados adeudos.

México es un país en el que de manera sistemática se ha incumplido, de manera generalizada, un amplio número de derechos humanos, y de manera señalada, esto ha ocurrido en el ámbito de los derechos económicos, sociales ambientales y culturales de la población.

El orden jurídico nacional es ampliamente protector en ese sentido; y constituye un marco de referencia, pero también de mandatos específicos para el Estado mexicano en su conjunto. De manera lamentable, aun cuando ya casi ha transcurrido una década desde la reforma constitucional de junio de 2011 en esta materia, la comprensión de lo que implica el contenido de los artículos 1o., 4o. y 26o. de la Constitución, no ha permeado, ni en las estructuras del gobierno federal, ni mucho menos en las de los gobiernos estatales y municipales.

Porque si algo es cierto es que son pocos los organismos que, en las entidades de la república y la Ciudad de México, constituyan referentes destacados en cuanto a su autonomía y capacidad de incidencia en las decisiones públicas.

A pesar de que cada gobernante tiene una visión de la realidad, lo cierto es que esa visión no pude ni obviar ni ir en contra de lo que dice la carta magna. Por ejemplo, en el artículo 26 se establece que "Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática".

Si se es estricto en la interpretación de este artículo, los fines del desarrollo nacional no pueden ser otros sino el cumplimiento universal, integral y progresivo de los derechos humanos, en concordancia con lo que establece el artículo 1o., el cual dice, en su 3er. párrafo: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

Por todo esto, no debería haber duda de que todos los programas y acciones públicas, cada peso que el Estado mexicano eroga, debe tener como meta cumplir uno de los 2 grandes objetivos establecidos en la Constitución: a) Garantizar a plenitud los derechos humanos; o, b) fortalecer y potenciar a la democracia como forma de vida.

Lograr la urgente y rápida reducción de la mortalidad evitable en México, avanzar decididamente hacia la erradicación de la pobreza; atemperar las desigualdades; garantizar cobertura universal en educación y salud, con calidad y pertinencia; garantizar las libertades públicas desde el criterio más amplio posible, son todas metas obligadas del gobierno federal, pero también, debe insistirse, de los gobiernos estatales y municipales.

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados refrendó su rechazo a la Ley de Amnistía que la mayoría de Morena prevé dictaminar en comisiones y aprobar esta semana en el pleno, pues podría implicar la probable liberación de 300,000 delincuentes.

Eso oficializará la impunidad para los que roban y envenenan con drogas a la población, advirtió el líder de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks.

Explicó que esa ley, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el argumento de que se trata de beneficiar a la población pobre que delinquió y no pudo tener una defensa, pero "la realidad es que están dejando en libertad a quienes han robado o causado daño a la sociedad".

Esa ley ofrece beneficios a quienes estén privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados por haber cometido delitos menores o de baja cuantía, como aquellos que hicieron robos sin violencia a casa-habitación, pero son precisamente estos ilícitos los que afectan a los sectores con menores recursos, aseguró el legislador.

Con la proliferación de motocicletas que circulan en Jalisco también se agravó la tendencia a la morosidad entre los propietarios de este tipo de vehículos. En 2015, no pagaron 130,973 motociclistas, cantidad que casi se duplicó en lo que va de este año, pues se registran 227,525 morosos.

Con este escenario, el saldo pendiente de pagar acumulado en los últimos 5 años también se ha engrosado y asciende a 111'983,000 pesos, a lo que se debe sumar los recargos que se calculan por el tiempo de impago en cada caso.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda [estatal], por el impago registrado este año dejaron de ingresar a las arcas estatales 38'224,000 pesos, más los recargos que acumulan los morosos.

Autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) retuvieron a 15 agentes de la Guardia Nacional (GN) en la carretera federal Tecoanapa-Chilpancingo para exigir la liberación de 10 de sus compañeros detenidos el pasado 11 de noviembre en Xaltianguis, Acapulco.

El vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, informó que ayer en un retén de la Upoeg instalado sobre la carretera que conecta a la región de la Costa Chica con la capital, un grupo de autodefensas y pobladores del municipio de Tecoanapa retuvieron 2 patrullas de la GN.

Los inconformes llevaron a 15 uniformados a una casa comunitaria donde hasta anoche seguían retenidos. Álvarez Heredia explicó que los agentes habían sido agredidos.

En la pasada administración, Antonio tuvo un percance vial con un taxi en avenida Américas. El peritaje de la Secretaría de Movilidad salió a su favor, pero como el otro se negó a pagar los daños, ambos interpusieron recursos ante la Fiscalía.

Sin embargo, le sorprendió que el análisis del poder judicial resolviera que tenía la culpa. "Me dijeron que a mi abogado lo sobornaron. Me pidieron 25,000 pesos para el juez y 5,000 para el secretario de juzgado. Preferí darles ese dinero porque de otra forma me saldría en más de 70,000 pesos el conflicto".

El hombre responde que no pensó en reportar o interponer una queja al respecto porque le urgía arreglar su auto, ya que no tenía otro vehículo y lo necesitaba para trabajar. También menciona que se dio cuenta que los abogados de los taxistas tienen una mayor relación con los juzgadores, por lo que es más fácil que ganen los casos.

"No solamente funciona así en el ramo de lo civil, también en el comercial las cantidades que reciben son más grandes. No creo que una queja hubiera servido, lo que funcionó y lo comprobé fueron los 25,000 pesos que entregué".

Opina que si el proceso hubiera sido justo no hubiera tenido que dar ese dinero. Además, lamenta que ahora enfrenta una acusación de fraude por parte de la aseguradora, ya que el juez firmó un oficio para que se reparara su automóvil, contrario a lo que se había indicado en la prueba.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco informa que hay 249 carpetas de investigación contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

Los jueces lideran la estadística, con 154 expedientes. El 2o. sitio es de los secretarios (43) y el 3o. de los magistrados (16).

Las cifras son preliminares, ya que en una carpeta de investigación puede estar involucrada más de una autoridad, precisa la Fiscalía Anticorrupción.

Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado, dice que desconoce las investigaciones, pero remarca que algunos abogados podrían usar este recurso para ejercer presión en los juicios. "Es muy sencillo que cualquiera que se sienta ofendido (al perder un caso) presente una denuncia bajo ese esquema. Y, al terminar la investigación, resulta que no se trató de algún acto de esa naturaleza, sino que fue por un tema que debió haberse manejado dentro del procedimiento".

En las presuntas anomalías se acentúa el caso de los peritos. El Consejo de la Judicatura detalla que entre 2010 y 2019 recibió 57 quejas ciudadanas por la actuación de los auxiliares de la administración de justicia: 35 están relacionadas con peritos valuadores.

Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, resalta que el trabajo de los peritos es fundamental en el sistema acusatorio penal, ya que la prueba pericial es la concluyente.

Hace un par de semanas, los municipios de Guadalajara y Zapopan (y según entiendo el resto de los municipios del estado también) sumándose al espíritu de las "gangas" del Buen Fin, anunciaron que durante el mes de noviembre ofrecerían descuentos del 50% de multas y 75% en recargos del impuesto predial, así como 50% en las multas de estacionamientos, y el pago de estos hasta en parcialidades.

Esta oferta municipal me parece injusta e indebida, y el Buen Fin que persiguen y suponen beneficiará las arcas municipales, se traducirá a la larga en un Mal Fin.

Los que pagamos a tiempo, los que tenemos nuestros permisos y licencias en orden, los que respetamos los reglamentos de tránsito, lo hacemos más por convicción y responsabilidad, por buena costumbre y no tanto por las amenazas de multas y recargos, clausuras o embargos que se nos pueden venir encima.

Pero al ver que a los morosos e incumplidos les minimizan las consecuencias, dan ganas de sumarse a ellos, solo para no sentirnos como estúpidos.

Las rebajas a multas y recargos provocan sentimientos de coraje e injusticia que desmotivan la responsabilidad ciudadana, similares a los sentimientos provocados por los programas de bienestar clientelares en los que el gobierno federal regala dinero a holgazanes, o la política de "abrazos, no balazos" que perdona delincuentes y tolera vándalos y manifestantes violentos que destruyen bienes ajenos y bloquean vías de comunicación, causando enormes daños a la población y al país sin ninguna responsabilidad o consecuencia.

Las razones esgrimidas por los legisladores que propusieron y aprobaron estas rebajas generalizadas son equivocadas. Unos argumentaron que el descuento solo debía hacerse a "grupos vulnerables" (aunque ser pobre no es razón para pasarse un alto), otros que debía ser generalizado, ya que "se está viviendo una situación difícil", y otros porque el descuento "motiva la recaudación y ayuda a las haciendas municipales".

Los apoyos a los grupos vulnerables ya existen en las tablas progresivas de tarifas e impuestos, las cuales han sido pensadas precisamente para que los que menos tienen paguen poco y en algunos casos nada. Y si hubiera que modificar su gradualidad para beneficiar a más personas, me parece válido revisarlas y en su caso ajustarlas. Lo que no es válido es premiar la irresponsabilidad o la holgazanería en cualquier estrato social.

Y para los más privilegiados, no hay argumento que justifique el rebajarles una sanción por su morosidad o valemadrismo.

Las multas y recargos se establecen para castigar incumplimientos de pago o violaciones a leyes y reglamentos. Hacer descuentos generalizados a las sanciones establecidas es un incentivo negativo que fomenta una cultura de "no pago", además de ser totalmente injusta para los ciudadanos cumplidos.

Con los descuentos municipales ofrecidos, lo que sigue antes de pagar el predial o una multa a tiempo, es sacar cuentas y analizar el costo de la oportunidad y el riesgo de no pagar.

Veamos si el 25% de las multas y recargos que terminaremos pagando pasado un año o más es menor a los intereses que nos cobra un banco o una tarjeta de crédito, o si nos conviene más utilizar ese dinero en nuestro negocio, en pagos más urgentes o en aquellos cuyos beneficios sean mayores a los perjuicios.

Señores presidentes municipales, lo que están ofreciendo no es un descuento, sino un financiamiento del predial y las multas a uno o más años de plazo, a una tasa del 25% o 50% de las multas o recargos. Los descuentos y facilidades ofrecidas incentivan la morosidad en lugar de la puntualidad, animan a la violación de leyes y reglamentos en lugar de a su respeto, y deterioran la de por sí deficiente educación cívica y responsabilidades ciudadanas.

Sería más justo y recaudarían más y a tiempo, si los ayuntamientos en lugar de dar descuentos y premiar a los morosos, por un lado aumentan las multas y recargos y por otro, establecen descuentos financieramente razonables a quienes paguen anticipadamente la totalidad de sus impuestos prediales.

Pagar a tiempo es la obligación, pagar antes debiera premiarse, y pagar tarde debe castigarse sin miramientos ni concesiones generalizadas.

Si no se hubieran vuelto cotidianas, las cifras de la criminalidad, la violencia y, sobre todo, de la impunidad en nuestro medio, serían escalofriantes. La incompetencia de los organismos teóricamente encargados de la persecución del delito y la administración de la justicia, primero para contener y luego para revertir la incidencia delictiva, es evidente y, por tanto, indemostrable.

Hace unas semanas fueron las fosas clandestinas descubiertas en "El Zapote", municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se encontraron los cadáveres de 25 hombres y 6 mujeres; fragmentados y embolsados, lo que denota la saña con que actuaron sus asesinos. Posteriormente, apenas el sábado pasado, una de esas notas policiacas que el común de los lectores ordinariamente lee por encimita, porque hace un largo rato dejaron de ser noticia propiamente dicha, daba cuenta de un "macabro hallazgo múltiple" más: personal de la Fiscalía del Estado encontró 7 cadáveres en un camino vecinal del municipio de Lagos de Moreno; el lunes, en la misma zona, se encontraron 7 cuerpos más.

Es factible que, como en el caso de "El Zapote", haya información, en breve, en el sentido de que han sido identificados algunos de esos cadáveres; es probable que se incorpore "información" adicional: si algunos tenían antecedentes legales; si otros habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos; varios, casi seguramente, se irán a la tumba (mejor dicho, a las gavetas del Servicio Médico Forense en que se confinan, muchas veces hacinados, los cadáveres que no son reclamados por sus familiares) sin que jamás se sepan, siquiera, sus nombres.

A las declaraciones consabidas, acerca de que tales macabros hallazgos dan pie a la apertura de sendas "carpetas de investigación" -¿cuántas habrá...?; ¿cuántas se habrán epilogado con el esclarecimiento de los móviles y la identificación, aprehensión, procesamiento y sentencia de los asesinos...?- se sumó, esta vez, un comentario tangencial del coordinador de Seguridad en Jalisco, Macedonio Tamez, absolutamente desolador porque sólo puede interpretarse como una confesión de incompetencia de las autoridades para combatir delitos y aplicar "todo el peso de la ley" -como dice la fórmula que condensa un buen deseo que pocas veces se concreta- a los delincuentes: "Establecer una relación de causa a efecto entre un detenido y un cadáver enterrado, es muy difícil: requiere muchas pruebas, testimonios y demás...".

En efecto ("como El Viejo decía"): "Si las cosas a las que se comprometen los gobernantes fueran fáciles..., cualquiera las haría".

La justicia (bueno, su procuración) debe ser pronta y expedita, pero estos y los otros datos nos dicen que no es así para las mujeres, y menos en Jalisco.

Lo decimos porque Sofía, la agredida [por #LordCafé], estuvo más de 6 horas en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Parece que un ciudadano, si quiere interponer una denuncia, debe resignarse a perder todo el día. Y luego nos preguntamos por qué la cifra negra de delitos es abismal.

Con bloqueos, trabajadores de la Secretaría de Educación Pública protestaron sobre la Avenida Universidad, a la altura del Metro Coyoacán en la Ciudad de México, para exigir que no recorten el pago extraordinario que reciben anualmente.

Decididamente, por lo visto, revisto, declarado y reiterado en todos los tonos, con las palabras y en los hechos, el Gobierno de la 4a. Transformación ha hecho suya la bandera ideológica surgida en el Siglo XVIII y condensada por Vincent de Gournay, en Francia, en su forma más conocida: "Lessais faire, lessais passer" (dejar hacer, dejar pasar).

Originalmente, en Europa, en los albores de la Revolución Industrial Inglesa, la frase representaba la oposición a la ingerencia gubernamental en asuntos económicos, a partir de la convicción de que las leyes del mercado operan por sí mismas. Aquí, ahora, se aplica como política oficial con respecto a muchas manifestaciones delincuenciales que han hecho de la inseguridad y la violencia las principales preocupaciones de los mexicanos, y a las conductas antisociales, declaradamente anarquistas, de grupos como los que han perpetrado acciones vandálicas (contra las cosas) y agresivas (contra las personas) en ocasión de recientes marchas y manifestaciones en la Ciudad de México.

Que el Hemiciclo a Juárez, ayer, ya estuviera limpio, y que el Monumento de la Independencia hubiera sido en gran medida reparado, después de las pintas con aerosol y los daños con tubos, martillos y otros objetos, no significa que quienes deliberadamente perpetraron tales estropicios no deban ser considerados delincuentes (el daño a las cosas es un delito)... ni exime a la autoridad de la obligación de sancionarlos.

Es respetable y válida la decisión de no reprimir sistemáticamente, cuando la represión implique abuso por parte de la autoridad... pero es irresponsable eludir el compromiso legal y moral de contener por la fuerza, si es preciso y hasta donde sea menester, una conducta ilícita. Es probable que, en efecto, "la violencia genera más violencia"... pero también es cierto que la impunidad, hija tanto de la declarada pasividad como de la demostrada incompetencia de la autoridad para "cumplir y hacer cumplir la ley" -como reza la fórmula-, para todos sus efectos, propicia la repetición de conductas que deberían ser punibles.

Detrás de las acciones de los (y ahora mayoritariamente "las") anarquistas hay, evidentemente, resentimiento; odio de clase. Y eso es algo que no se corrige con violencia, ciertamente... pero tampoco con la tibieza que se ha convertido en bandera gubernamental, sino con la aplicación decidida de la ley, y con energía, entendida como el uso adecuado e inteligente de la fuerza.

Después de todo, tenía razón Oscar Wilde: "Hay algo peor que la fuerza bruta: la inteligencia bruta".

Que ahora sí en el Consejo de la Judicatura Federal habrá cero tolerancia a la corrupción y eso se demostrará "con acciones y no con discursos" para que el Poder Judicial de la Federación sea "una institución sólida y confiable para la población".

Con esa promesa cerró el comunicado emitido el viernes por el CJF en el que daba cuenta de un hecho que muy poco sucede en el país y que es sólo un botón de muestra de la infiltración delincuencial que existe entre jueces y magistrados en todo el país: la detención en Guadalajara por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue remitido a la Ciudad de México.

El CJF acusó el 24 de mayo pasado a este magistrado federal por "irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales", pero antes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado a Avelar Gutiérrez de tener vínculos con la banda delincuencial que lideran Los Cuinis, así como con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de los que habría recibido fuertes sumas de dinero a cambio de resoluciones judiciales a su favor.

Una golondrina no hace verano, por eso ojalá que esta detención se trate de un caso aislado, porque sin duda el Poder Judicial Federal, y el país en general, serían otros con un verdadero combate a la corrupción y no las simulaciones que hoy tenemos.

Esta importante detención coincide con el debate y los litigios que se han dado contra la reforma al poder judicial, que entre otras cosas, pretende aplicar pruebas de control y confianza para jueces y magistrados para depurar el poder judicial.

De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los resultados de esos exámenes no se consideren confidenciales, sean transparentados y objeto de máxima publicidad.

Pese a este recurso en marcha, y otros amparos tramitados en lo individual por jueces y magistrados que se oponen a ser examinados, en el poder judicial ya eligieron, en un proceso discrecional y poco claro, una terna para que en el Congreso [de Jalisco] se defina al primer titular del Centro de Evaluación que aplicaría las pruebas de control y confianza. El hecho de que estos candidatos no hayan sido fruto de una convocatoria abierta ha provocado que se les descalifique y se cuestione su idoneidad.

Ante todos estos vericuetos y dificultades para lograr un mecanismo fuerte e independiente para acabar con la impunidad y la corrupción de muchos jueces y magistrados locales, que como Avelar Gutiérrez no podrían explicar el origen legal de sus ingresos y de sus patrimonios, lo que queda claro es que nada de eso haya sido necesario si el Consejo de la Judicatura local haya hecho su trabajo, y no se haya convertido en otra fuente de corruptelas más. Por eso, ante el ejemplo del CJF, es momento de revisar si la Judicatura local tiene o no razón de ser.

Los motociclistas que se oponen al alza del refrendo subieron el volumen a sus manifestaciones y llegaron al Congreso [de Jalisco] con rugir de motores.

Luego de exigir a gritos la presencia del diputado Jonadab Martínez, los ánimos se caldearon y algunos proponían ingresar al inmueble montados en sus motos, idea que al final se desechó.

Ante el escenario hostil, el legislador atendió a algunos inconformes, pero en el interior del edificio. La votación de la Ley de Ingresos se aproxima y quienes rechazan el "refrendazo" advierten que las manifestaciones seguirán.

Más de 475,000 motocicletas, según las cifras del Inegi, circulaban en Jalisco durante 2018. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) precisa que sólo 21,000 de ellas tienen un seguro contratado. Es decir, apenas 4 de cada 100.

La tarde de este viernes fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, relacionado al Cártel Nueva Generación (CNG).

Avelar Gutiérrez, acusado de presuntamente recibir sobornos del Cártel Nueva Generación, fue suspendido en mayo de su cargo por el CJF sin goce de sueldo.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal señaló que el imputado está siendo trasladado a la Ciudad de México, y que su detención es derivada de la denuncia que interpuso el pasado 24 de mayo, "por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales".

Apenas en mayo pasado, un juez federal en Zapopan frenó la posibilidad de aprehender al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez.

El juez 5o. de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió un amparo provisional a favor del magistrado para frenar la posibilidad de su aprehensión, en caso de que el delito del que se le acusaba no fuera grave. Para mantenerlo debía pagar una suma de 200,000 pesos como garantía.

El magistrado fue señalado la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG), el cártel encabezado por Nemesio Oseguera, "El Mencho", y por lavado de dinero.

Al sumarlo a su "lista negra", el Departamento del Tesoro lo acusaba de recibir pagos de dicho cartel, así como del grupo delictivo Los Cuinis, a cambio de fallos judiciales favorables a sus integrantes.

En 2018 Avelar Gutiérrez ordenó la liberación de Francisco Aguilar Santana, quien había sido vinculado "El Mencho". Además, entre las investigaciones seguidas por la FGR se encuentra el hecho de que el magistrado otorgó 2 amparos a 2 personas de ese grupo criminal.

Simultáneamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que congeló las cuentas del magistrado a quien le detectó depósitos por más de 70 millones de pesos que no coinciden con los ingresos que percibe en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Siguen apareciendo cuerpos y fosas en la ciudad. En Guadalajara los cementerios clandestinos del crimen organizado están a la vuelta de la esquina, casas aquí y allá convertidas en tiraderos de cadáveres. "Y van a salir más, porque las estamos buscando", dicen las autoridades de seguridad del estado. Y qué bueno: parte esencial del compromiso con los familiares de las y los desparecidos es justamente buscar hasta encontrar, vivos o muertos, y una de esas estrategias tiene que ver justamente con dar con esas fosas donde podrían estar los cuerpos de personas que son buscadas.

El discurso es que este gobierno está haciendo lo que nadie había hecho antes (histórico, en los términos de la narrativa del alfarismo) pero eso no basta. Y no basta porque lo que esperamos no es sólo que sean mejores que los anteriores (si no hubiéramos pensado eso, no habríamos votado por ellos), sino que hagan justicia y para ello tenemos que saber no sólo dónde hay cuerpos, cuántos son y quiénes son los que están ahí enterrados, sino quién los mató, por qué los mató y quién facilitó o permitió que los cuerpos fueran enterrados ahí. De cerca de una veintena de enterramientos clandestinos que se han encontrado este año no tenemos ningún caso judicializado o una información de las autoridades de que se haya detenido a algún presunto responsable.

Es momento de ponerle rostro, nombre y apellido (el apodo viene por default) a "ellos", a esos ellos que "se matan entre ellos", pero dejan un regadero de sufrimiento en las familias y han hecho de esta ciudad un lugar inseguro. No podemos separar la seguridad de la construcción de un Estado de Derecho, que implica que se investiguen todos los asesinatos, porque de ahí saldrá la información que nos permitirá generar políticas de prevención; que se lleven ante un juez, porque eso permitirá que tengamos elementos para evitar que se repita la conducta y una posible reparación del daño; y que se castigue a los culpables, pero en penales controladas por el Estado para evitar que sigan delinquiendo desde la cárcel.

Las fosas clandestinas son una nueva modalidad del crimen a la que no estábamos acostumbrados, pero son parte de una escalada de violencia que viene desde el 2015 en este último pico, y si queremos de más atrás, desde los años 80, cuando la sociedad tapatía recibió y aceptó al narco en su seno. Es cierto, no es un problema que haya nacido con este gobierno, pero sí son ellos, el gobernador, el fiscal, el secretario de seguridad y el coordinador de seguridad, los responsables de resolverlo. Pero cuando nuestros diputados prefieren irse de puente que pedir explicaciones y exigir resultados al gabinete de seguridad hay algo de poco esperanzador en esta ciudad de las fosas.

La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas 0.6%. De acuerdo con el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, Jalisco se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad del esclarecimiento de un delito.

A Jalisco lo acompañan Quintana Roo y Chiapas. Los últimos 2 en la tabla son Tamaulipas y Guerrero, mientras que la media nacional fue de 1.3%.

Este indicador resulta de la disposición de los ciudadanos para reportar los ilícitos y la efectividad de las fiscalías para determinar los asuntos. "En la medida que mejore la efectividad en la investigación, la expectativa de obtener resultados positivos por parte de la ciudadanía, su percepción y confianza, se incrementarán", se destaca en el estudio.

"Te van a costar lágrimas", le dicen a José Covarrubias después de que levanta una infracción a un motociclista por estacionarse sobre la banqueta de la calle Juan Manuel.

El infractor, un joven de menos de 30 años, simplemente no le recibe el folio. "Y usted, ¿qué es o por qué me quiere dar eso?". Le responde: "Lo acabo de infraccionar por estacionarse sobre la banqueta".

El joven toma la papeleta y la arroja al suelo. Momentos después, una mujer, la pareja del infractor, llega a recogerla.

"Es lo de diario", se sincera. "Hay una moto que fácil tiene 50 infracciones y otra, que la maneja un chavo que vende birotes, a la que le he puesto como 10. Deben un montón y te aseguro que ni van a pagar", comparte el agente de Movilidad de Guadalajara.

No tiene ni una hora y José ya ha aplicado 5 multas, sólo sobre Juan Manuel, a vehículos que bloquean un carril. "Uno cumple con su trabajo, pero nadie no lo ve así. Se enojan cuando ellos son quienes están violando la ley. Y batallamos, pues todo el día está así. No hay cómo hacerle para terminar con esto".

Su frustración es notable. A todos los que obstruyen "les vale" y no lo respetan, pues aunque ya tienen su infracción no se retiran. Su trabajo consiste en aplicar multas y aguantar ofensas o hasta amenazas.

Si alguien tenía duda de que uno de los problemas fundamentales del país era la vigencia del Estado de Derecho, solo tiene que voltear a la Cámara de Diputados.

El artículo 74 de la Constitución dice lo siguiente en su fracción IV: "La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre".

Hoy es 19 de noviembre y el Presupuesto no ha sido aprobado.

Para dar la apariencia de que no se violó la Constitución, los legisladores decretaron un receso a la sesión en curso que es, ¡imagínese!, la del 6 de noviembre. La sesión se va a restablecer mañana 20 de noviembre.

Pero, en la discusión del Paquete Económico de este año no ha sido el único retraso que implique "violación legal".

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece lo siguiente en su artículo 42 fracción III: "La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre".

En este periodo, tras el ir y venir de cambios con motivo de la propuesta para legalizar los "autos chocolate", la aprobación quedó hasta el 5 de noviembre.

La defensa que han hecho algunos legisladores de estos retrasos es que son irrelevantes porque tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos se hacen efectivos hasta el 1 de enero de 2020.

Tiene razón este argumento respecto al escaso efecto que tienen los retrasos, pero no en el hecho de que sea irrelevante.

Bajo ese criterio, se permitiría que se viole la Constitución siempre y cuando los efectos de esa violación no sean relevantes.

Es cierto que no es la 1a. vez que no se cumple con los plazos, no solo de la aprobación del Presupuesto sino para la realización de nombramientos o para la emisión de legislación.

Esa práctica, por ejemplo, se usó el sexenio pasado en la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción, que quedó mocho.

Sin embargo, hoy pareciera que existe un ánimo más permisivo aún. Si, de acuerdo con los criterios de los legisladores, o del grupo mayoritario, Morena, se puede interpretar libremente la ley para salvar algún obstáculo, como por ejemplo no rechazar la idoneidad de la candidatura a presidir la CNDH por parte de Rosario Piedra (por ser parte de la directiva de Morena), bienvenida la violación.

Hay más. Existen leyes que son abiertamente anticonstitucionales. Como por ejemplo, algunas partes de las leyes secundarias de la reforma educativa, que violaron las propias reformas constitucionales que fueron aprobadas por unanimidad. O, claramente la Ley Bonilla.

Desde hace años, hemos padecido un gran déficit en cuanto a cumplimiento de la ley.

Pareciera que el incumplimiento de la ley se ve como algo natural incluso para quienes están encargados de elaborarla.

Por eso resulta tan fundamental el papel de la Suprema Corte y del Senado. Si al final de cuentas hay decisiones de política pública basadas en leyes que se no se apegan a la Constitución, la Corte debe fallar por la inconstitucionalidad de esas legislaciones.

Y si se quiere modificar la Constitución a contentillo, el "bloque de contención" como se ha denominado la alianza de PAN-PRI-PRD-MC en el Senado, debe tener la capacidad de impedirlo a través de evitar la mayoría calificada de Morena y sus aliados.

Además del millón de refugiados que, de hecho, se calcula que hay en México, muchos millones más se sienten refugiados, desplazados o agredidos en su propia tierra. La falta de respeto a los derechos fundamentales es evidente, por lo que resulta esencial fortalecer a las instituciones de seguridad, justicia y específicamente a la CNDH. Una situación como ésta es la ocasión perfecta para la actuación del ombudsman que señale puntualmente las fallas en las políticas públicas, en la falta de recursos para atender a migrantes o para investigar delitos o impartir justicia, como los abusos de las autoridades administrativas. Sin embargo en la agenda de los asuntos públicos nos distraemos con otros temas que aunque vistosos no resultan de la misma trascendencia en función de los intereses políticos de coyuntura. El ombudsman ha de hacer valer su independencia y autoridad moral basada en el estricto respeto a la ley.

El proceso seguido por el Senado para designar al nuevo titular ha sido una vergüenza tanto por la forma como por el fondo. La sonrisa de satisfacción de los senadores contemplando el zafarrancho es muestra del poco aprecio que parecen tener por el respeto a la dignidad de las personas y las instituciones. Resulta inaceptable una designación del ombudsman que pase por el cuestionamiento de la independencia, capacidad y requisitos de elegibilidad y que al final de cuentas se imponga como una decisión política de coyuntura en medio de graves cuestionamientos. Se trata de una responsabilidad de Estado y como tal debe considerar el máximo respeto a la Constitución, más allá de las mayorías, de los partidos y de las consignas.

La CNDH es un órgano técnico, no un espacio de activismo, constituye un ámbito de análisis y estudio que propone soluciones para ensanchar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la población en relación con las autoridades administrativas. Contribuye a mejorar el desempeño del gobierno al señalar y hacer públicas sus fallas. Es una fuente de asuntos para la agenda legislativa y un espacio que permite captar la inconformidad de los excluidos.

Debilitar deliberadamente a los organismos constitucionales autónomos con decisiones como la imposición en la CNDH, reduce la eficacia del respeto a los derechos y sienta un precedente negativo para el país y para el mismo gobierno. Por eso es deseable que las impugnaciones que se han anunciado prosperen y conduzcan a fortalecer una institución que contribuye al derecho a tener derechos, en una realidad que peligrosamente los diluye.

"A confesión de parte, relevo de prueba". El principio general de derecho condensado en esas 7 palabras, aplica al caso de la flamante -y acaso espuria- presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra. Claro indicio -por no decir "prueba plena"- de ello, que ella misma declaró haber renunciado a su militancia y a su carácter de dirigente nacional de Morena, el pasado 7 de noviembre; es decir, menos de una semana antes de su polémica designación por parte de la Cámara de Senadores. La Ley de la CNDH establece expresamente que los aspirantes o candidatos a la presidencia de la misma que hubieran militado en un partido político, deben haberse desvinculado del mismo "un año antes" de su elección.

Más claro, agua.

Más allá del ya señalado impedimento formal para ser elegida -ostensiblemente desestimado por sus electores-, Rosario Piedra arrastra varios lastres adicionales. Uno, la declaración del presidente López Obrador, al confesarse "contento con esta decisión" -su nombramiento-, porque su calidad de "víctima" (por la desaparición de su hermano) la califica para el cargo mejor que la acreditada ciencia jurídica o la probada experiencia en encomiendas afines. Otro, que las inconformidades por su designación pueden promoverse "en la OEA o en cualquier organismo internacional"... aunque él mismo, al proponer su candidatura, quebrantó su "protesta" de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan", y, de paso, su elocuente coletilla adicional de que "al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie".

Las cuentas claras: 116 senadores votaron para designar presidente (o presidenta) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; hubo 76 votos a favor de Rosario Piedra Ibarra; para alcanzar la "mayoría calificada" -2 tercios del quórum- que la ley establece, necesitaba 77; ergo, le faltó un voto. Así de simple... Perderse -deliberadamente- en un chapucero laberinto de vericuetos dialécticos para eludir la conclusión de que lo conducente era reponer el proceso -en lo que inicialmente parecía haber consenso-, derivó en el espectáculo que compitió, el martes, con el enfrentamiento callejero, no entre policías y delincuentes, sino entre elementos de 2 corporaciones policíacas: el bochornoso zafarrancho entre los miembros de la ("honorable", según eso) Cámara de Senadores.

El "show" de la sesión en que Rosario Piedra Ibarra rindió protesta de su cargo, fue vergonzoso: empellones, manotazos, jaloneos...; un senador (Gustavo Madero) derribado por mujeres... Las crónicas tuvieron que tomar prestados vocablos que parecían exclusivos de las campales de lucha libre: jaloneos, trifulca, herradero, camorra, gresca... Los epítetos que intercambiaron los más belicosos miembros de la ("honorable", reiterémoslo) Cámara Alta -así: con mayúsculas-, por lo consiguiente: cerdos, cochinos, marranos, tramposos, ladrones, defraudadores...

Si, como con tanta frecuencia se pregona, en México impera el Estado de Derecho ("modelo de orden por el cual todos los miembros de una sociedad están sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente"), se supone que hay recursos jurídicos que esgrimir, procedimientos a los cuales recurrir e instancias a las cuales apelar, para que se determine la validez o nulidad de una decisión colegiada.

Si eso vale para el ciudadano común, vale, con mayor razón, por la trascendencia de las decisiones que se toman en su seno, para las entidades gubernamentales. Cuando los integrantes de un poder legítimamente constituido protagonizan un espectáculo tan lamentable como el que dieron "los senadores" (no todos, por supuesto, pero como los que guardaron la cordura fueron incapaces de prevalecer sobre los que optaron por la brutalidad, la generalización es inevitable... aunque paguen justos por pecadores), la autoridad moral de ese estamento en pleno, y el de cada uno de sus miembros en lo particular, se desmorona.

Duele tener que decirlo, pero cuando los encargados de hacer las leyes se apartan de las mismas, se convierten en delincuentes.

Tal vez nosotros ya nos acostumbramos a esto, no estoy seguro de que aparezca en la portada de los medios de circulación nacional hoy por la mañana, pero lo que sucede con algunos elementos de la Policía Federal en México paralizaría a cualquier otro país del mundo. Lea con atención el 1er. párrafo de la crónica publicada en el portal Animal Político: Elementos de la Policía Federal, que se oponen a unirse a Guardia Nacional, bloquearon este martes durante casi 6 horas el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México [...] La Policía de la Ciudad de México informó que al menos 12 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron retenidos, esposados y despojados de parte de sus uniformes; 32 más resultaron con heridas leves. Minutos después de las 13:00 horas, los policías federales lanzaron gas lacrimógeno contra los uniformados de la Secretaría de Protección Ciudadana capitalina. Sí, policías federales reteniendo policías locales, agrediéndolos y lanzándoles gas lacrimógeno. Ellos son elementos que podrían formar parte de la apuesta más importante de este gobierno contra el crimen organizado, por supuesto me refiero a la Guardia Nacional, y su examen previo es someter a otros policías, y no sólo eso, también impedir el acceso a una zona federal.

Así se le sale de las manos a Durazo otro problema que viene arrastrando desde inicios de julio pasado cuando el gobierno en turno se reunió con policías federales para "anunciarles" que no había vuelta atrás, que este órgano de seguridad desaparecería en un lapso no mayor a 18 meses. Aunque en aquel momento se habló de una indemnización, muchos de los elementos no quedaron conformes y contrataron abogados para su defensa, el gobierno federal prometió mesas de diálogo; sin embargo, como ayer pudimos constatarlo a las afueras de la Terminal 1 del Aeropuerto hay al menos 200 elementos de la Policía Federal que siguen inconformes.

La realidad es que en México es muy difícil desarrollar una investigación creíble en los casos que afectan a las organizaciones criminales de alta peligrosidad. Los ministerios públicos son fácilmente corrompibles, incluso en mayor medida que las policías (en parte por descuido institucional y en parte porque su labor es más difícil de monitorear). Es por eso que, incluso si se destinan recursos y hay buena voluntad de los mandos, en la ejecución de las diligencias suelen surgir mil y un errores y contratiempos.

Otra razón por la que no se construyen expedientes sólidos es por las presiones políticas que surgen cuando una investigación llega demasiado lejos. Averiguar la verdad sobre el crimen organizado implica poner al descubierto las redes de corrupción dentro del propio gobierno.

de incompetencia de aquéllas.

Un reportaje de la NBC (National Broadcasting Corporation), publicado la semana pasada, consigna -a propósito del "Culiacanazo" del mes pasado y de la masacre de hace una semana en la sierra de Sonora y Chihuahua- la opinión de Duncan Wood, director del Instituto de México, del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, de Washington: "Hay grandes partes del territorio mexicano donde hay una ausencia del Estado, y la población es muy vulnerable".

Claros ejemplos de lo anterior: uno, la inoperancia de las policías preventivas, manifiesta en los más de 30,000 crímenes (100 diarios de promedio) reportados en menos de un año de la actual administración: otro -en palabras de Wood-, "la incapacidad efectiva de las autoridades para investigar", que se refleja en las inamovibles, aplastantes cifras de la impunidad.

Según Miguel Ángel Gómez Jácome, de la asociación civil Impunidad Cero, "una vez que un presunto delincuente es puesto a disposición de un juez, la probabilidad de que reciba una resolución judicial adversa -es decir, de que reciba sentencia condenatoria- es mayor a 70%".

Ese sería "el vaso medio lleno". Pero también hay "el vaso medio vacío": la tasa de delitos que no se denuncian y no se investigan, según la misma fuente, es de 93.6%, y el nivel de impunidad es de 98.86 %, lo que significa que las posibilidades de que un delito se esclarezca en este bendito país ("tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", según la frase que se atribuye a Porfirio Díaz) son de 1.14%.

Esta mañana, un camión más fue incendiado y 4 establecimientos recibieron amenaza de bomba en Ciudad Juárez, Chihuahua; el gobierno estatal reiteró que solo es una respuesta del crimen organizado a la estrategia de seguridad implementada en el Centro de Readaptación Social (CERESO) 3.

La 1a. sucedió a las 8:30 horas de la mañana en centro comercial, ubicado en Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria.

Después, se recibió una alerta de bomba en el monumento a Benito Juárez, en el centro de la ciudad.

2 llamadas más fueron registradas en el 911 para alertar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez y en el Cecyt 14.

Durante la madrugada, sujetos prendieron fuego a un camión de comida en el fraccionamiento El Colegio, mientras que el jueves por la noche incendiaron otro vehículo sobre boulevard Independencia.

Por estos hechos, 3 personas fueron detenidas, sumando 7 los capturados por incendiar vehículos en la ciudad; desde el martes pasado. El gobierno estatal aseguró que estos sujetos fueron contratados por el grupo delincuencial de "Los Mexicles" que trata de impedir los operativos de revisión en el CERESO número 3 de Ciudad Juárez.

"Lo que hemos podido ver es que fueron a contratar a adictos para llevar a cabo las acciones del incendio de camiones, por lo que no podemos equipar estos hechos a lo que ocurrió en Culiacán", aseguró Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

Estamos esperando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva acerca de la llamada ley Bonilla. Ese asunto va mucho más allá de un mero caso de política o de una cuestión puramente electoral: está en suerte el futuro de México como nación libre y democrática. La resolución de los ministros nos dirá si en nuestro país rige la Constitución o si por encima de ella está la voluntad de un solo hombre (que no es, desde luego, el tal Bonilla). Sabremos también por esa determinación si vamos rumbo a una dictadura o si se mantiene el imperio de la ley como freno a cualquier intentona autoritaria que anule el orden jurídico y las instituciones. Todo eso depende de la resolución de los ministros de la Corte. Su responsabilidad, entonces, es muy grande. Están frente a la Historia. Deberán optar entre defender la Constitución y las leyes que de ella emanan o someterse al poderoso, abdicando de toda dignidad y poniendo en riesgo grave a la República. De eso se trata, nada menos. ¿Pervivirá la ley Bonilla o México prevalecerá? Estamos esperando...

Un autobús de pasajeros y 2 tractores fueron quemados en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, a la altura del municipio de Petatlán, donde hace 8 días presuntos integrantes de la organización criminal Guardia Guerrerense incendiaron 6 autos.

El vocero de la Coordinación Estatal para Reconstrucción y la Paz, Roberto Álvarez Heredia, informó que alrededor de las 6:30 de la mañana de este viernes, hombres "desconocidos" quemaron el autobús de pasajeros y los 2 tractores.

Álvarez Heredia indicó que al lugar arribaron policías estatales y de la Guardia Nacional para impedir que bloquearan la vía como hace 8 días.

El viernes pasado unas 200 personas bloquearon la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, a la altura del municipio de Petatlán.

Los manifestantes dijeron ser pobladores de comunidades serranas de ese municipio y acusaron a policías estatales de cometer abusos en sus pueblos.

Después de 3 horas de protestas, policías estatales y federales los desalojaron; en respuesta los pobladores quemaron 2 autobuses de pasajeros, un tráiler, un auto y una camioneta repartidora.

El gobierno de Guerrero vinculó a los protestantes con la organización criminal Guardia Guerrerense.

Horas después, en el municipio vecino, Zihuatanejo, hombres armados quemaron 3 camionetas del transporte público en distintos puntos.

Después de estos hechos, tanto en Zihuatanejo y Petatlán, transportistas de ambos municipios suspendieron el servicio durante 4 días.

El miércoles se reanudó después de que el gobierno de Guerrero se comprometió a darles vigilancia a los choferes en sus recorridos, sin embargo, la mañana del jueves un taxista fue asesinado en la comunidad San José Ixtapa, en Zihuatanejo.

Normalistas de Michoacán robaron 4 camionetas de carga en la carretera Morelia-Pátzcuaro, de los cuales, 2 son propiedad de la empresa "La Violeta" y están cargados con mercancías con un valor superior a los 500,000 pesos.

Los normalistas obligaron a los choferes a llevar las unidades a la Escuela Normal Rural de Tiripetío, donde desde ayer mantienen bloqueadas las vías, así como en la comunidad indígena de Caltzontzin.

Por el bloqueo, el dirigente de la Asociación de Industriales de Michoacán, Carlos Alberto Enríquez Barajas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador aplicar la ley en contra de los normalistas, ya que el gobierno federal tiene la obligación garantizar el libre tránsito.

También hizo un llamado a restablecer el Estado de Derecho en Michoacán, debido a que por la protesta de normalistas se han perdido al menos 50 millones de pesos diarios.

Desde hace 3 semanas, los normalistas han bloqueado 8 veces las vías en los municipios de Arteaga, Uruapan y Morelia, para exigir que les otorguen mil plazas para maestros a la generación 2019.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra los normalistas por ataques a las vías generales de comunicación.

Activistas de la organización provida México Vive bloquearon las carreteras federales México-Pachuca y México-Tulancingo en exigencia de que el Congreso del Estado de Hidalgo deseche 3 propuestas que promueven la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la 12a. semana de gestación.

En el caso del bloqueo en la carretera México-Pachuca este se lleva a cabo a la altura de la entrada al Arco Norte.

La vocera de México Vive, Nancy Alejandra Cordero Cazares, defendió el derecho de manifestación que les asiste para defender un derecho fundamental que es la vida.

La peor de las excusas de los políticos cuando hablan de seguridad es la de "se matan entre ellos", excusa que normalmente viene acompañada con un análisis de los estados o municipios con mayor incidencia de homicidios para de ahí concluir que se trata de un fenómeno aislado, focalizado, que no debe preocupar a los ciudadanos. Lo he oído desde hace al menos 20 años, a gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora de Morena y MC. El problema de este argumento no es sólo que busca evadir la responsabilidad del gobierno sobre el número de homicidios, sino que invariablemente llegan casos como el de la familia LeBarón en Chihuahua, que no sólo destrozan el argumento sino la credibilidad misma de los gobiernos.

Las víctimas de Chihuahua no podían ser más inocentes: 6 niños y 3 mujeres. Para efectos prácticos da igual si se trata de una confusión o de un atentado directo, la impunidad es exactamente la misma. Y ese es justamente el problema del discurso de "se matan entre ellos", que si lo hacen es porque tienen la absoluta certeza de la incapacidad del Estado no para impedirlo, sino para investigarlo y castigarlo.

De los más de 30,000 homicidios que hemos tenido este año (poco más de 2,000 de ellos en Jalisco), menos de 1% termina siendo judicializado. Esa es la omisión y, por lo mismo, la responsabilidad del Estado en un caso como el de Chihuahua. Es cierto, el gobierno no puede estar ahí, detrás de cada persona, evitando que un ciudadano cometa un delito. A lo que sí está obligado es a investigar y a perseguir cada uno de ellos para evitar, en lo posible, que el asesino de hoy repita mañana, y pasado, y dentro de 10 días.

Es momento de cambiar la estrategia de seguridad y con ella también el discurso. La criminalidad no es un problema de moralidad pública; no es un problema que se resuelva con programas sociales, aunque estos a la larga ayuden a disminuir los incentivos para pasar al bando del crimen. La criminalidad es, sobre todo, un problema de instituciones y debilidad del Estado y esto se resuelve con un trabajo sistemático, complejo, que implica a los 3 poderes y a los 3 niveles de Gobierno, y que es necesariamente de largo plazo.

El gobierno federal tiene que comenzar por reconocer que su estrategia, si todavía queremos llamarla así, es incompleta, obtusa y voluntarista. Que, aunque el gobierno y el presidente detesten a "eso que llaman sociedad civil", es ahí donde está el conocimiento y la posibilidad de una política pública más allá de partidos y sexenios, y que los que se hizo en el pasado, por esos gobiernos tan criticados y vapuleados, vale mucho simplemente porque hay una experiencia qué contar para, al menos, no cometer los mismos errores.

Por las mujeres y los niños de Chihuahua digamos adiós de una vez y para siempre a esa forma de negación de la realidad que se esconde detrás del "se matan entre ellos".

Hace 2 semanas, a raíz del "culiacanazo", fue el reconocimiento tácito de que "los delincuentes", en cuanto se lo proponen, pueden poner de rodillas al gobierno. Ayer, a raíz de la agresión contra mujeres y niños -12 muertos en el episodio hasta la tarde de ayer-, el reconocimiento del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, fue expreso. Literalmente, que "una de las posibles causas de la agresión -mera especulación, 12 horas de ocurrida la misma- sería que una de las camionetas en que viajaba la familia LeBarón (ostensiblemente niños y mujeres) pudo haber sido confundida por grupos -criminales, se infiere- que se disputan el control de la región".

Si el funcionario gubernamental de más alto rango en materia de seguridad en el país declara que se disputan el control de la región 2 grupos delincuenciales dedicados ostensiblemente al narcotráfico, el secuestro y la extorsión, sus palabras tienen que interpretarse como reconocimiento implícito de que el gobierno, ahí, como en muchos otros rincones del país, cumple una función meramente simbólica; de que carece de capacidad para evitar que los malhechores sienten sus reales e impongan su ley a la gente de bien.

Entre las reacciones que el suceso generó, sobresalen 2: el mensaje del presidente norteamericano, Donald Trump -explicable porque las víctimas y sus familias tienen la doble nacionalidad-: "Si México necesita o solicita ayuda para librarse de esos monstruos, los Estados Unidos están listos, deseosos y dispuestos para intervenir y hacer ese trabajo rápida y efectivamente"; y, por supuesto, la respuesta del presidente López Obrador, menos ambigua de lo que a simple vista parece: "Si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en caso de que se necesite, en el marco de la legalidad vigente, pero no es que vengan agentes de otro país a México...". (En lenguaje llano: "No, gracias").

Si la violencia, en el marco del crecimiento y la multiplicación de los "cárteles" delincuenciales que se han enseñoreado de buena parte del país, ocasionalmente tiene cierta lógica -circunstancias que, sin justificarlas, explican muchas aberraciones que parecen haberse institucionalizado-, masacrar mujeres indefensas y criaturas inocentes es, por donde quiera mirarse, una monstruosidad.

"Habrá justicia", sentenció el presidente, en el entendido de que merece el beneficio de la duda... Pero, también, quizá, de que la impunidad reinante en este país no permite alimentar demasiadas esperanzas de que su promesa vaya a cumplirse.

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco anunció que los propietarios de vehículos que tengan adeudos con esa entidad recaudatoria tendrán descuentos de 50% en las multas no fiscales estatales impuestas por infracciones, así como en los recargos que se hayan generado con dichas sanciones.

El objetivo es promover la regularización vehicular y que el plazo para aprovechar los descuentos vence el 20 de diciembre.

La condonación es de la mitad en las multas y recargos, pero no aplica para las sanciones por alcoholimetría, estupefacientes ni las impuestas por autoridades municipales.

Las multas fiscales por la omisión del pago de refrendo anual se podrán saldar a meses sin intereses (MSI) con tarjetas bancarias.

La mañana de este miércoles 6 de noviembre, taxistas organizados volvieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse.

El contingente de taxistas inconformes más importante hasta el momento se encuentra sobre calzada Ignacio Zaragoza.

Desde las 8 de la mañana, los taxistas bloquean tres carriles centrales de la vialidad a la altura de la calle Justina.

La organización de taxistas Quetzales entorpece la circulación con mantas de protesta en contra del Gobierno de la Ciudad de México, así como con sus mismos vehículos de trabajo.

De acuerdo con declaraciones hechas a los medios por los dirigentes del movimiento taxista en la capital del país, solicitan al Gobierno de la Ciudad de México, en concreto a la Secretaría de Movilidad (Semovi), que respeten las concesiones que estos transportistas hicieron con la administración pasada.

También piden que se tome en cuenta el reemplacamiento y el costo de refrendo.

Los taxistas inconformes señalan que quienes iniciaron esta serie de trámites en el año 2017 se vieron afectados con el cambio de gobierno, pues sus procesos fueron detenidos y en algunos casos no se les tomó en cuenta.

Habitantes de la comunidad de Tambaca, en la Huasteca Potosina, intentaron linchar a un hombre que se metió a robar y apuñaló a un sacerdote en la casa parroquial.

El hombre, identificado como expolicía municipal, apuñaló al sacerdote Manuel Camacho Méndez, al ser sorprendido en la casa parroquial en la comunidad de Tambaca, municipio de Tamasopo

El sacerdote fue hospitalizado y su salud es delicada.

"Les hablamos a los policías y los policías por ningún lado. Están, yo creo que son cómplices de las mismas personas que hacen sus cosas aquí", apuntó un habitante de Tambaca.

Habitantes de Tambaca lograron capturar al presunto agresor; lo golpearon y amarraron a un poste cercano a la capilla.

"Por favor muchachos, en verdad no miento, por favor Andrés", gritaba el presunto delincuente.

Los pobladores dijeron que entregarían al agresor sólo si se presentaba personalmente la alcaldesa Rosario Chavira Baca.

La fiscalía regional tuvo que intervenir para que el atacante fuera llevado a un hospital.

El Ayuntamiento de Guadalajara otorgará, durante todo el mes de noviembre, descuentos de 50% en las multas y 75% en recargos del impuesto predial, así como 50% en las multas de estacionamientos.

Sandra Tovar, tesorera tapatía, añadió que al margen de esta campaña de descuentos, "estamos con la apertura total de escuchar a cada uno de los contribuyentes y apoyarles con algún tipo de descuento en sus cargos por mora, respecto del predial".

La tesorera señaló que estos descuentos aplican si el contribuyente hace su pago mediante un convenio hasta en 4 parcialidades mensuales.

Al revelar el nombre del responsable del Operativo Culiacán en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se violaron varias leyes, afirmó el analista y consultor especializado en Uso de la Fuerza y Derechos Humanos, Daniel Gómez-Tagle.

"1o. la Ley General de Transparencia. El artículo 113 fracción 5a. que dice que como información reservada se clasifica aquella que puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. La responsabilidad está en el artículo 24 de esa ley. Los sujetos obligados deben proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial", señaló.

Indicó que también se violó la Ley Federal de Responsabilidades que menciona que "es obligación mantener la información con reserva o secrecía conforme lo determinen las leyes", explicó.

Gómez Tagle detalló que, al colocar el nombre del militar en la esfera pública, "esa persona entra dentro del supuesto del artículo seis de la Ley General de Víctimas y aplica el artículo 40, fracción 3a. que dice toda información o actividad administrativa relacionada con la protección de personas debe ser reservada".

Además, también se violó de la Ley de Seguridad Nacional, que dijo, "también es gravísimo, por la participación de todas las dependencias", mencionó.

Al referirse a que el general secretario, Luis Cresencio Sandoval se vio obligado a revelar el nombre del oficial al cargo del Operativo Culiacán, Daniel Gómez-Tagle dijo que lo pudo haber señalado sólo como Juan 'N', pero destacó que lo preocupante de este asunto es que o no hay conocimiento de las leyes o no se respetan.

Indicó que lo ocurrido en Culiacán "es gravísimo, no sólo por la protección de la persona que está siendo expuesta a los medios y al crimen organizado, sino porque nos habla de que no hay una coordinación jurídica, no hay una estructura", afirmó.

El gobierno más autoritario que hemos tenido es el gobierno con menos autoridad que hemos tenido. En efecto, el régimen que de un dedazo canceló el aeropuerto de Texcoco, las estancias infantiles, el Seguro Popular y la reforma educativa es el mismo que ha doblado las manos ante la insaciable CNTE, los vándalos anarquizantes, los normalistas secuestradores y el narcotráfico, tal como sucedió en la mil veces explicada, pero absolutamente inexplicable toma de Culiacán por la delincuencia organizada. Ahora la rendición del régimen se da frente a los taxistas, quienes lograron que la administración federal se convirtiera en su cómplice para atentar contra los usuarios de Uber y otros sistemas de taxis que prestan un servicio mucho mejor que el de los taxistas pertenecientes a los sistemas oficiales, protegidos por el gobierno al estilo de lo que sucedía en los tiempos de la dominación priista. Ya se ve que basta con bloquear calles o carreteras para que la autoridad recule a pesar de que eso se oiga feo. Cuando la invasión norteamericana del 47 un comerciante de mi ciudad vendió vituallas al ejército enemigo. Alguien le preguntó: "¿Y el patriotismo?". Respondió el hombre, confuso: "Pos viera que no lo vide". Preguntamos nosotros a los autoritarios sin autoridad: ¿y la ley?

Normalistas bloquearon el tramo ferroviario Arteaga-Lázaro Cárdenas, en Michoacán, para continuar con sus protestas por plazas magisteriales.

Este bloqueo se suma al de Morelia-Uruapan, instalaron el pasado martes a la altura de la comunidad indígena de Caltzontzin, en el municipio de Uruapan. La semana pasada, también realizaron otro bloqueo a la altura de la tenencia de Tiripetío, en el municipio de Morelia.

Los normalistas amenazaron continuar bloqueando las vías del tren hasta que el gobierno federal les otorgue mil plazas automáticas para maestros en el estado.

Las protestas continuarán a pesar de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por los ataques a las vías.

La Asociación de Industriales de Michoacán es una de las más afectadas por el bloqueo, por lo que condenó la toma ferroviaria y reiteró su llamado a las autoridades a que se aplique el Estado de Derecho en Michoacán.

La asociación pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordene el desalojo de las vías para que se restablezca el tránsito de mercancías que se encuentran varadas en el tramo Lázaro Cárdenas-Morelia.

El sector empresarial de Michoacán estima que las pérdidas económicas por bloqueos de vías del tren ascienden a al menos mil millones de pesos.

La carretera Guadalajara-Chapala registró esta mañana saturación debido a la manifestación de la Alianza de Mexicana de Organización de Transportistas.

Benjamín Gómez Saldivar, coordinador nacional del sector "Hombre-Camión", explicó que se reunieron alrededor de 50 transportistas, pero podrían llegar más en las próximas horas.

"Pedimos mil disculpas a la ciudadanía como a los automovilistas, vamos a estar lo que se necesario hasta que nos indiquen que hagamos el retiro de las unidades, puede ser hoy o mañana", comentó.

La manifestación se realiza a nivel nacional por parte de esta organización en demanda de una mayor seguridad, disminución en los precios de los combustibles, prohibir los dobles remolques y una tarifa mínima en el costo de los fletes, entre otras peticiones.

"No tenemos un horario depende de la negociación que se haga hoy, nuestro líder está citado en Segob hoy a las 6 de la tarde, pero puede haber un cambio si en el trascurso de la mañana acontece algo a favor para nosotros nos retiramos", concluyó.

El punto central de los problemas de la justicia y la administración pública en nuestro país están en la aplicación de las disposiciones legales, comenzando por la propia Constitución. La pretensión de resolverlos a partir de reformas o nuevas leyes ha demostrado su ineficacia durante décadas. Las estructuras locales del Estado mexicano están agotadas, no por su diseño legal, sino por su desempeño, y de eso se aprovechan muchos, entre ellos, las organizaciones criminales. Las capacidades del servicio púbico de justicia son tan limitadas que las instituciones sólo pueden dar trámite a una porción reducida de los asuntos que se surgen cada día. Esto ha provocado una crisis de proporciones enormes tanto en la resolución de conflictos civiles, mercantiles y del mundo de los negocios, como de los temas administrativos y que se manifiesta de forma más notable en materia criminal.

Tenemos la calidad del derecho que realmente aplicamos y no la del que está redactado en las leyes. Las crisis de la justicia que se han presentado en la historia de otras naciones se han resuelto generalmente mediante la atención pública, la inversión de recursos, y el empoderamiento de las funciones judiciales y de aquellas encaminadas a resolver los conflictos entre los particulares.

En México hemos emprendido esfuerzos en este sentido desde la reforma al Poder Judicial de la Federación de los años 90. Sin embrago, la demanda de servicios ha crecido de forma alarmante en estos años, al grado que los esfuerzos parecen simbólicos. Quizá lo más visible es el caso de los homicidios y las desapariciones, pero el crecimiento de las denuncias de robos, asaltos y otros delitos es inmenso y la capacidad operativa es reducida.

Esta debilidad ha generado fisuras por donde han penetrado intereses aviesos generando un círculo vicioso de desconfianza pública y debilidad institucional. La peligrosa tendencia a denostar la función judicial cómo las tareas policiales es un hecho que alimenta esa desconfianza y estimula una debilidad, que hace al poder judicial más dependiente de las cuestiones políticas y de la voluntad necesariamente transitoria de los gobiernos, propiciando la llegada de intereses ajenos a la justicia. La debilidad judicial y policiaca siempre beneficia al crimen.

Medir el desempeño judicial y la eficacia en la aplicación de la ley es una cuestión estratégica, comenzando por conocer la cantidad de asuntos que existen y la cantidad de funcionarios que los atienden, como los recursos que se destinan a los procesos aplicativos. Para tener una idea del desafío, habría que considerar que, solamente en materia penal, en el año 2017, según los datos públicos de Inegi se cometieron 3'788,860 delitos en el país con 1'540,694 víctimas de todo tipo y los asuntos penales abiertos superaron apenas los 100,000 en los tribunales, a lo que habría que agregar la insuficiencia en materias civil, administrativa, mercantil y otras.

Ante semejante reto, es necesario emprender un esfuerzo planificado de largo plazo para reconstruir las estructuras judiciales, sobre todo en los estados y municipios, preparar personal idóneo, agilizar los procedimientos y generar confianza pública.

Es un esfuerzo que debe emprender el Estado mexicano como una prioridad, dado que es éste servicio público más endeble en este momento y el que mayor demanda social tiene. Precisamente al ver estos hechos desde el exterior se consideran poco confiables las promesas de aplicar eficazmente reformas como la laboral. Y es por eso que se reclama la existencia de mecanismos externos de verificación. Hechos como lo sucedido en Culiacán, indican el grado de aceptación social y política que tienen los hechos violatorios de la ley. Más allá de cuestiones políticas de coyuntura, el fortalecimiento del servicio de justicia, expresado entre otras cosas, en las funciones judiciales es un imperativo de Estado.

Un grupo de civiles, presuntamente armados se movilizó en el municipio de Santa Clara del Cobre, se apoderó con violencia de 3 camiones comerciales y les prendió fuego para bloquear la carretera que lleva a Opopeo.

Los primeros reportes oficiales señalan que se trató de una reacción a un operativo policial que se realizó en ese lugar ubicado a 66 kilómetros de la capital michoacana.

También se informó que los delincuentes, quienes supuestamente arribaron en una camioneta, portaban machetes.

En la última semana, en Michoacán se han registrado diversos bloqueos y retenes en Tocumbo, Los Reyes y la región de Tierra Caliente, que se suman a la ola de violencia que vive esa entidad.

Normalistas liberaron parcialmente las vías férreas que tomaron en días pasados con la condición de que les entreguen las 900 plazas laborales.

El centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán confirmó el desbloqueo a la altura de la localidad de Tirepetío.

Desde el lunes 21 de octubre están bloqueadas nuevamente las vías de ferrocarril que salen de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora lo han hecho unos 80 normalistas de la Escuela Normal de Tiripetío que piden plazas magisteriales. Las pérdidas son de unos 50 millones de pesos diarios. El bloqueo es un delito federal, pero el gobierno ha decidido no intervenir.

La manifestación, ayer, de una veintena de "franeleros", frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara, en protesta por los operativos de la autoridad para retirarlos de la vía pública -impidiéndoles el ejercicio de su "modus vivendi"-, remite, en mínima medida, casi simbólica si se quiere, al debate que generó, a nivel nacional, la declaración con que el presidente López Obrador intentó apagar el incendio del "culiacanazo" de la semana pasada: que "la justicia está por encima de la ley".

Rotunda, como corresponde a una frase confeccionada para los bronces, la aseveración obliga a considerar que la justicia es una abstracción; un ideal; un valor intangible. La ley es el precepto, el estatuto o la norma de conducta mediante los cuales la autoridad legítimamente constituida -valga el pleonasmo- pretende aplicar el concepto de justicia a cada caso concreto.

Quienes desempeñan cargos públicos -desde el secretario de Seguridad Pública hasta el presidente de la república, pasando por los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina y demás integrantes del hoy por hoy bocabajeado Gabinete de Seguridad- "protestan (es decir, juran, se comprometen formalmente a) cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan". No tienen, pues, por más honestos que se precien de ser, la potestad discrecional de cumplirlas y hacerlas cumplir, siempre y cuando les parezcan justas... o pasárselas por lo que eufemísticamente se conoce como "el arco del triunfo" si las consideran injustas.

Luego de algunas horas de manifestación en la carretera a Chapala a la altura de El Álamo y el entronque del aeropuerto y carretera a Nogales, las vialidades que habían sido tomadas por los chatarreros, quedaron libres.

En distintos puntos de la ciudad de Guadalajara personas que se dedican al reciclaje o chatarreros, se manifestaron por una iniciativa de reforma a la Ley de Residuos en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los agremiados esta pretende privatizar la industria del reciclaje y dejará a sus familias sin sustento. Rafael Hernández quien es dueño de un negocio de chatarra aseguró que acudió a la manifestación porque de privatizarse "se quedaría mucha gente sin empleo y muchos dependemos de la gente que junta basura en las calles, además yo le doy empleo a al menos 10 personas", dijo.

Además de los cierres carreteros, también hubo un contingente que avanzó por la Av.González Gallo hasta Río Tizapan, este se dispersó a las 12 de la tarde debido a que un pliego petitorio del gremio fue recibido por el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que ellos sumaron cerca de 1,870 personas. En el hecho participaron 273 camiones de carga y 130 automóviles.

El secretario general de Gobierno Enrique Ibarra Pedroza informó que fueron detenidas 2 personas que intentaron bloquear la circulación en el ingreso de carretera a Nogales.

El funcionario estatal negó que se haya reprimido el derecho de los vendedores de chatarra a manifestarse, pero advirtió que no permitirán que se impida la circulación en los accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara.

"Es absurdo que se quiera asfixiar la ciudad bloqueando los accesos y además no es justificable el que perjudiques a miles y miles de personas", comentó.

A nivel nacional también hubo bloqueos en las carreteras de la Ciudad de México.

El discurso presidencial continúa naufragando en contradicciones y confusiones. Con esto enrarece más el ambiente, genera más dudas, y muestra de manera creciente que la crisis por la humillación del gobierno en Culiacán por parte del cártel de Sinaloa, pegó por debajo de la línea de flotación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entre más explica su orden -dejar en libertad a una persona que las fuerzas federales habían capturado para salvar vidas-, más alarma lo que dice. Ahora suplantó el derecho por la justicia, alegando que cuando se trata de vidas, la justicia está por encima de la ley. Veamos.

El martes pasado afirmó: "Por encima de las leyes está la vida humana. No es un asunto de tipo legal, jurídico. No es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia... Es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir, en los momentos difíciles, los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el derecho, pues la justicia".

López Obrador antepuso la justicia al derecho. Por justicia se entiende, de acuerdo con la definición clásica, como un conjunto de valores sobre los cuales debe basarse una sociedad, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. El derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una nación o entre estados, que comprende un paquete de normas y leyes determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación. "Yo creo que no hubo ningún delito", respondió el presidente a las preguntas.

Sin embargo, olvidó el Artículo 87 constitucional, que establece que al tomar posesión de su cargo, el presidente protesta "hacer guardar y guardar la Constitución". La misma carta magna señala, en el Artículo 16, que "la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal". El jueves pasado agentes mexicanos detuvieron a un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y ante la posibilidad de que se perdieran vidas si lo extraían de donde se encontraba detenido, López Obrador ordenó su libertad.

Un factor adicional de confusión es sobre la persona a la cual se refirió para emplear la justicia ignorando el derecho. La única persona beneficiada de su decisión fue Ovidio Guzmán López, a quien habían detenido las autoridades mexicanas en cumplimiento de una petición de captura de Estados Unidos con fines de extradición. A quien dejó en libertad fue a un delincuente. Su concepto de justicia se aplicó a un miembro importante del cártel de Sinaloa, sin haber ordenado un operativo de seguimiento y un comando especial que lo persiguiera y capturara una vez que no hubiera vidas en riesgo. Es decir, le extendió un salvoconducto.

La abundancia de eficaz retórica presidencial es perturbadora en este caso. Guzmán López estaba siendo buscado por el Gobierno de Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana, por lo que un juez federal de Washington autorizó su captura en 2018. La decisión del presidente López Obrador contraviene las leyes. "El derecho", respondió a los periodistas, "es un medio para que haya justicia; ese es el fin". ¿Justicia para una persona acusada de delitos en Estados Unidos y reconocidos por su gobierno al grado de montar un operativo para capturarlo y extraditarlo? La forma como se expresó el presidente parecería sugerir que él no considera a Guzmán López un presunto delincuente, sino una persona a la que se le tiene que hacer justicia, para lo cual, hay que devolverle su libertad. No es así, sin embargo, pues el mismo presidente anunció que en algún momento en el futuro, buscarán capturarlo nuevamente, lo que agrega a su confusión y menosprecio a orden jurídico que juró respetar.

Lo que queda de ello es su aplicación del término justicia para explicar la liberación del hijo de "El Chapo" Guzmán, reforzado por declaraciones reiteradas que no va a combatir a los cárteles con el fuego que las organizaciones criminales sí utilizan, y que no va a cambiar su estrategia de convencerlos con argumentos morales que pregonan que el camino que escogieron es el del mal. La Constitución supeditada a su cristianismo, sin importar que las leyes hayan sido aplastadas por sus valores morales a favor de un presunto delincuente. Hasta la ignominia ha tomado el lado de los criminales, lo que levanta cejas en muchos lados.

En su defensa política, el presidente ha dicho que, si hay una denuncia contra él, acudirá a comparecer para explicar el porqué aplicó la justicia e ignoró la ley. Podría haber fundamento legal que probara que incurrió en un delito, por las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales que él mismo promovió, y que ampliaron los delitos para que pueda someterse a proceso al presidente, no sólo por traición a la patria, sino por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y aquellos que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Materia para someterlo a un proceso existe, pero eso no va a suceder. El poder judicial no es lo autónomo que dice ni lo independiente que presume. El congreso tampoco iniciará un juicio político. México seguirá siendo un país donde lo más fácil de violar, si se tiene poder, político o por las armas, es la ley.

Lo 1o. que hay que entender es que la prisión preventiva es un castigo que se impone antes de un juicio. En México, los medios y las autoridades han creado una cultura autoritaria que ha acostumbrado a la gente a pensar que una persona que enfrenta un juicio en libertad está gozando de impunidad.

La Organización de las Naciones Unidas y los defensores de los derechos humanos tienen otra opinión. "El abuso de la prisión preventiva -señala un documento de la ONU sobre México- es contrario a la esencia misma del Estado democrático de Derecho, ya que por un lado es abiertamente violatoria del derecho internacional de los derechos humanos y por otro es un factor determinante de la calidad de administración de la justicia".

En los países en que se respeta la presunción de inocencia, la prisión preventiva es excepcional; se aplica solamente a algunos acusados considerados muy peligrosos o que presentan alto riesgo de escapar. Michael Jackson, a quien se acusaba de pederastia, enfrentó su juicio de 2005 en California en libertad, sin que nadie se asombrara.

En México habíamos avanzado bastante. La reforma de 2008, que estableció el sistema penal acusatorio oral, fortaleció la débil presunción de inocencia que ya existía en la Constitución. El artículo 20 constitucional estableció con claridad que una persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".

Desde entonces, sin embargo, hemos retrocedido. En 2011 se modificó el artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa, esto es, obligatoria, para los acusados de formar parte del crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En 2019, ya en la 4a. Transformación, se ha modificado el artículo para incorporar más causas, como robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción en las modalidades de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, robo de hidrocarburos, desaparición forzada y desaparición por particulares. Además, los legisladores han aprobado ya leyes que definen a un contribuyente al que la autoridad considere omiso por un monto de más de 7.8 millones de pesos como miembro del crimen organizado, por lo que también sufrirá prisión preventiva oficiosa.

Antes de que alguien diga que todos estos son delitos muy graves, y que por lo tanto merecen sanciones severas, cabe recordar que la prisión preventiva se aplica antes del inicio de un juicio. Castiga antes de que haya una declaración de culpabilidad. Además, algunos de los delitos para los que se establece esta sanción sin juicio, como los de corrupción, pueden manipularse para venganzas políticas.

Con esta legislación se ha revertido la presunción de inocencia. México ya no está en el grupo de países democráticos respetuosos de los derechos individuales. Vuelve a formar parte de las naciones autoritarias en las que se impone la presunción de culpabilidad ante una mera acusación. La prisión preventiva es una manera de violar sistemáticamente los derechos humanos.

Aun en los casos en que la ley no lo ordena, los jueces pueden aplicar este castigo sin juicio para realizar venganzas personales. Esto es lo que ha hecho, a todas luces, un muy molesto juez Felipe Delgadillo Padierna al ratificar la prisión preventiva a Rosario Robles, a pesar de que un magistrado de distrito determinó previamente que no estaba justificada en este caso.

Pequeños agricultores de aguacate armados con rifles AR-15 hacen turnos para gestionar la seguridad de un puesto de control contra ladrones y extorsionadores de los cárteles de la droga en San Juan Parangaricutiro, en el estado de Michoacán, el corazón de la producción de esta fruta a la que los locales llaman "oro verde".

El auge de los aguacates de la región, alimentado por el aumento del consumo en Estados Unidos, sacó de la pobreza a zonas del oeste del México en apenas 10 años. Pero el olor del dinero atrajo a pandillas y cárteles hiperviolentos que han colgado cadáveres de puentes y han amedrentado a la policía, y el aumento de la violencia está amenazando esta nueva prosperidad. La reciente advertencia de Estados Unidos de que podría retirar a los inspectores de los huertos provocó un escalofrío en un sector con exportaciones de 2,400 millones de dólares anuales.

Algunos productores están tomando las armas. En el puesto de control de San Juan Parangaricutiro, los vigilantes están tranquilos pero alerta. Dicen que sus cultivos son algo por lo que merece la pena luchar.

"Si no hubiera aguacate, saldría a buscar trabajo, posiblemente a los Estados Unidos o a otro lado", señaló uno de los guardas, Pedro de la Guante, cuya pequeña plantación le da más beneficios que cualquier otro cultivo, legal o ilegal.

Luis, otro guarda que pidió que no se utilizase su apellido por temor a represalias, enumeró los problemas que llegaron al pueblo con el boom del aguacate: extorsión, secuestros, cárteles y robo de fruta. Estos son los motivos por los que se movilizan, apuntó.

Los productores de aguacate mexicanos llevan años viviendo con el miedo a los asaltos y chantajes, pero la situación adquirió un cariz internacional a mediados de agosto, cuando un equipo de inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue "amenazado directamente" en Ziracuaretiro, una localidad al oeste de Uruapan, en Michoacán. Aunque la agencia no explicó lo ocurrido, las autoridades locales señalaron que una banda asaltó la camioneta en la que viajaban los inspectores a punta de pistola.

"En futuras situaciones que resulten en una violación de la seguridad o muestren una amenaza física inminente al bienestar del personal del APHIS, suspenderemos de inmediato las actividades del programa", señaló el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) en una carta, refiriéndose al Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas por su acrónimo.

Una medida de este tipo podría bloquear los envíos y devastar a la industria que abastece a los consumidores estadounidenses hambrientos de guacamole y tostadas de aguacate. En 1997, Washington levantó el veto impuesto en 1914 a los aguacates mexicanos para evitar la llegada de gorgojos, costras y plagas a los huertos locales.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, con sede en Michoacán, publicó la carta, un hecho inusual que algunos en Uruapan interpretaron como un gesto para alertar a los delincuentes del riesgo de acabar con la industria más próspera del estado si los inspectores estadounidenses dejan de aprobar las exportaciones.

El jefe de la policía de una localidad del oeste del cinturón del aguacate, que pidió no ser identificado, describió cómo es convivir con el cártel de Los Viagra. La organización está tan presente que él no va a la cercana Uruapan sin una escolta de guardaespaldas armados.

"Han hecho de todo, extorsiones, cobro de piso, nos han volado drones", dijo el policía. "Querrían meter laboratorios (de drogas) en las huertas".

Pero ahora los Viagra también son el objetivo. El violento Cártel Nueva Generación está tratando de entrar a Michoacán en varios frentes. En agosto, el grupo colgó 9 cadáveres en un paso elevado en Uruapan y dejó otros 10 despedazados o tirados en la carretera.

En el sur de Michoacán, en una región más calurosa donde se cultiva lima, pistoleros del cártel emboscaron y mataron a 13 policías estatales a mediados de octubre. El ataque aterrorizó tanto a la policía que cuando fueron a recuperar los vehículos calcinados de sus compañeros trabajaron con tanta rapidez que se dejaron atrás un cráneo aplastado, carbonizado y con disparos de bala.

Los cárteles, la policía y los vigilantes están asustados por igual.

En la localidad ganadera de Tepalcatepec, que está en la frontera de Jalisco, vigilantes fuertemente armados, al parecer contratados por una pandilla local, hacen guardia las 24 horas del día en un puesto de francotirador en lo alto de una colina para hacer frente a las incursiones del cártel. Uno de los hombres, con un rifle de asalto al hombro y que se negó a ser identificado, bajó la ladera para echar de la zona a un reportero gráfico diciéndole que tenía un arma apuntándole a la cabeza.

Como en gran parte de Michoacán, la violencia está enmascarada en gran medida por la aparente prosperidad generada por la fruta: kilómetros de cercas encierran plantaciones aparentemente interminables de aguacates, cuyas ramas soportan la pesada cosecha. Las nuevas plantas de empaque parecen surgir de la noche a la mañana.

Pero según Hipólito Mora, que en 2013 fundó el movimiento civil de autodefensa del estado, las apariencias engañan. Las nuevas plantas fueron asaltadas a mano armada 3 veces en una semana por ladrones que al parecer sabían exactamente cuándo tendrían efectivo para pagar a los agricultores.

"Si llegaran los empresarios a cerrar sus negocios, la economía se iría abajo por completo en la región", señaló Mora, quien también cultiva limas.

El 43% de las exportaciones mundiales de aguacate procede de México, en su mayoría de Michoacán.

El USDA tiene una delegación casi permanente de inspectores en el país.

Unas pocas semanas después del incidente con los inspectores del USDA, el gerente y un empleado de una plantación de aguacate fueron secuestrados a punta de pistola en Ziracuaretiro, presuntamente por la policía municipal. 7 agentes están siendo investigados por el caso, y el departamento policial se ha desmantelado.

El alcalde de Ziracuaretiro, José Rodríguez Baca, está preocupado. Tiene a 7 agentes municipales en prisión, a madereros ilegales talando pinos en el municipio y una posible crisis económica en ciernes.

"Es una preocupación para todos", manifestó Rodríguez Baca acerca de la advertencia estadounidense y la violencia en su localidad. "Si nos cierran las puertas a los Estados Unidos se vendría todo abajo".

Su municipio ejemplifica las deficiencias de las estrategias estatales y federales contra la delincuencia, por las que la policía, el ejército y la Guardia Nacional acuden a zonas en problemas, hacen una demostración de fuerza durante unas semanas y después se van. La policía estatal patrulló Ziracuaretiro a principios de año, antes de que los inspectores estadounidenses fuesen agredidos, pero se retiraron en julio para trasladarse a otra zona con problemas.

Los productores de aguacate se sienten asustados, solos y atrapados en el medio de esta situación.

Carlos Martínez es un agricultor de 3a. generación con una plantación de 2.5 hectáreas en Ziracuaretiro que, en un buen año, puede producir hasta 50 toneladas de aguacates, valoradas en unos 100,000 dólares.

"Todo es cuestión de inseguridad (...) que afecta a terceros", afirmó Martínez refiriéndose tanto a productores como a clientes.

A Martínez todavía no le han sustraído ningún cargamento de aguacates, una queja recurrente en Michoacán, pero sí le suelen robar las frutas de los árboles. Como la mayoría de productores, colocó cercas de cadenas y contrató un guarda. Pero el miedo a un secuestro o a un llamado para pagos de protección es lo que más le asusta.

"No contesto a números que no conozco", afirmó Martínez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que si hubo algún acto ilícito o un delito en avalar que se suspendiera el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, que se proceda legalmente, pero "por encima de las leyes está la vida humana".

La autoridad está precisamente para aplicar la ley, sin refugiarse en un discurso que hasta el más recalcitrante moralista se ruborizaría en suscribir: que la vida humana -incluso cuando los delincuentes la manejan como moneda de cambio para poner de rodillas a la autoridad- está por encima de las leyes.

Las 3 primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero de El Universal, Alberto Morales, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas. Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el gabinete de seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen ser transcritas:

"A mí me informaron por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo... Comenzó alrededor de las 3 de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación".

"Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente".

La respuesta del presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:

1.- Que la ley, para él, es discrecional.

2.- Viola el Artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo 4 establece: "La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal".

3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien las tiene.

4.- Las declaraciones del presidente lo hacen un delincuente confeso, al violar el artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:

"Se aplicarán de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta 20 años de prisión.

"Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de 8 a 12 años".

5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:

"El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
1) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
2) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento".

6.- Violó 3 convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.

Las declaraciones del presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrió el gabinete de seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral sólo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado -amnistía o no confrontarlos-, ni lo que vendrá después.

Las primeras planas de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del Estado de Derecho y la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la suerte de la nación. Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea. Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump de que si las fuerzas armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se encargará de ello.

Todo esto no es una hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y señales desde Estados Unidos sobre este país sin leyes, por decisión, públicamente señalada, del presidente López Obrador y mensajes de la familia Trump de que México es un país sin leyes.

Puede entenderse que un gobierno débil -y México siempre ha sufrido gobiernos débiles- tome decisiones pragmáticas que no son las óptimas. Evitar una matanza es una buena razón para hacerlo, aunque esto signifique liberar a un peligroso criminal. Lo que no tiene mucho sentido es enorgullecerse de esta debilidad y afirmar que la decisión ha sido muy humana.

"Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana, en el conflicto de Culiacán, Sinaloa -declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de octubre-. No nos importa que los conservadores, autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera".

Sin embargo, quienes tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, cometieron un delito. El artículo 150 del Código Penal Federal establece una sanción de "6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión... Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte... Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de 8 a 12 años".

El único funcionario que ha sido destituido y que está siendo investigado por los hechos de Culiacán, no obstante, es Eduardo Bailleres Mendoza, quien fue despedido de su cargo como director del penal de Aguaruto de Culiacán por la fuga de 55 reos el 17 de octubre. Parece injusto.

Las decisiones pragmáticas que no se ajustan a la ley suelen tener costos elevados. La liberación de Ovidio, por ejemplo, manda un mensaje no solo al Cártel de Sinaloa sino a otros grupos criminales que la mejor forma de liberar a sus jefes cuando son detenidos es pegar de balazos y quemar vehículos para bloquear avenidas y carreteras. Ningún capo importante podrá ya ser detenido en México.

Preocupa también el mensaje de que la ley solo se aplica en ciertos casos y a determinadas personas. Muchísima gente está detenida en nuestro país por acusaciones diversas, incluso antes de ser juzgada. El congreso ha aprobado además modificaciones legales que convierten por decreto en miembros del crimen organizado a contribuyentes acusados de evasión fiscal por más de 7.8 millones de pesos. A estos se les despojará de sus garantías individuales y de la presunción de inocencia: se les congelarán las cuentas bancarias, se les decretará prisión preventiva oficiosa y se les confiscarán sus bienes antes de empezar el juicio. En México a los verdaderos criminales se les libera, pero a los contribuyentes se les castiga severamente ante una simple acusación.

Un gobernante siempre tendrá que tomar decisiones difíciles. Había argumentos a favor y en contra de la liberación de Ovidio tras su detención. Entiendo que cuando un gobernante depende de un Estado débil debe hacer concesiones a la realidad si quiere evitar pérdidas de vidas. Pero esta no es una decisión humanista ni puede ser la base de una estrategia que nos permita esperar que pronto se resolverá el reto que representa el crimen organizado. Es, en todo caso, una decisión pragmática forzada por la debilidad de las instituciones, pero que lleva a una situación problemática en la que el gobierno tendrá que decidir constantemente a quiénes aplicará la ley y a quiénes dejará vivir en la impunidad. No hay panorama que genere mayor incertidumbre, sobre todo a quienes quieren vivir en un real Estado de Derecho.

Ovidio Guzmán fue liberado por las amenazas del Cártel de Sinaloa. Rosario Robles sigue en la cárcel a pesar de que no se ha iniciado el juicio en su contra. No parece que se esté sirviendo la causa de la justicia.

La legalización de los llamados 'autos chocolate' refleja una forma de funcionamiento del gobierno que puede ser profundamente inhibitoria para las inversiones.

La mecánica con la que se instrumentó la medida fue al más viejo estilo priista.

Casi a punto de votarse la Ley de Ingresos, se encomendó a un diputado morenista de un distrito de la frontera, San Luis Río Colorado, en Sonora, que hiciera la propuesta para incluir un transitorio en la ley para abrir la puerta a la regularización de los autos ilegales.

El resultado de la votación refleja el momento. Hubo 160 ausencias. Pero de los 339 presentes, hubo solo 6 votos en contra. 1 de Morena, 4 del PAN y 1 del PRD.

En esta votación, se reflejó el interés esencial de los partidos, que es tener una base de votantes, al margen de las consecuencias de la decisión.

El argumento del diputado morenista Manuel López Castillo, que propuso la adición es que si ya están los autos chocolate en México, más vale legalizarlos porque ni modo que llegue "el ejército de la ONU" (sic) y los saque.

E hizo cuentas alegres para Hacienda: 50,000 millones de pesos, lo que implica que la legalización costaría en promedio 2,777 pesos por vehículo, si se asume que serían 18 millones, lo que de acuerdo con la industria automotriz está inflado.

El argumento es que la compra de autos ilegales es el recurso que tiene la gente de menos recursos para hacerse de un auto.

Bajo esa lógica, se puede justificar cualquier violación a ley que se encuadre en la necesidad de la población de menores ingresos.

Creo que la industria automotriz exagera un poco cuando se habla de que la medida producirá una caída de 30% en las ventas. Pero no sería nada difícil que se sumara otro 10 a 15% a la caída que ya tiene.

En septiembre de este año se vendieron 23.6% menos vehículos que en el mismo mes de 2016.

Pero la lógica morenista es que se trata de los fabricantes y los distribuidores. Ni modo, que pierdan.

Y por si algo faltara, la medida hace ver como mentirosos o sin poder a funcionarios como el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía o el jefe de la Oficina de la Presidencia, que ofrecieron a la industria que eso no ocurriría.

Ante la medida se va a incentivar la internación de más autos ilegales.

Si se consiguen a menor precio en Estados Unidos que en México y si se percibe que el poder legislativo tiene buena disposición para legalizarlos después de internados, apelando a que se trata de un hecho consumado, el golpe es completo.

Hasta ahora, ninguno de los funcionarios del ejecutivo que habían ofrecido que esta medida no pasaría, han dicho 'esta boca es mía'.

¿Será que se percibe que hubo línea desde arriba o que es políticamente inconveniente rechazar una medida así?

Más allá del efecto en la rama más importante de las manufacturas, el tema de fondo es que se sigue imponiendo el violentar las reglas o cambiar la ley, en función de intereses políticos.

Pareciera que van ganando terreno dentro del gobierno de AMLO quienes piensan que generar confianza entre los inversionistas es un asunto 'muy fifí'.

Total, los empresarios son muy ricos, y si no les gustan las nuevas reglas del juego, pues que se vayan.

Más vale que quienes sí saben que esta estrategia es suicida para el gobierno de AMLO y para la economía del país tomen medidas pronto, antes de que ya vaya a ser demasiado tarde.

El cumplimiento de la ley no puede ser materia de negociación, ni las autoridades deben de condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o que tenga como respuesta de aquel al que se le intenta aplicar, explicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.

De ocurrir lo anterior, dijo, solo representa un mayor incentivo para que los delincuentes se fortalezcan, que continúe la impunidad y que se perpetúe la violencia del país.

"El que el Estado busque la conciliación y la pacificación en el país no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a los servidores públicos públicos encargados de hacer valer la ley y defender a las instituciones", explicó. Durante su discurso en la inauguración del Foro Nacional de Causa en Común, Sumemos Causas.

El ombudsman nacional dijo también que el combate al crimen organizado no es una cuestión que deba atender a cuestiones políticas o ideológicas, sino que es una necesidad que requiere la participación y articulación efectiva de las distintas instancias y órdenes de de gobierno, mediante la suma de esfuerzos, capacidades y recursos.

Explicó también que si bien las policías deben hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos, también sus derechos son violados cuando no se les capacita lo suficiente y se les manda a actuar en operativos mal planeados "abandonando a su suerte a los elementos involucrados".

"En Culiacán, más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objetivo de evitar un número mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la sociedad, los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado, probablemente hubiera arrojado un resultado distinto", dijo.

Él ombudsman añadió que se solicitará que se realicen las investigaciones correspondientes para garantizar la reparación del daño y la no repetición de lo ocurrido.

Por último, dijo que si bien no se realizó una queja de oficio por parte de la Comisión (y que este día se reunirá un equipo de trabajo para considerar si es necesaria o no) la CNDH recibió una queja vía electrónica, por lo cual se buscará contactarlo para que la ratifique y se de el seguimiento adecuado para darle respuesta, con lo cual, si resulta necesario emitir medidas cautelares, se hará.

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, dijo por su parte que lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán representa la preocupación de que la fuerza legítima del Estado no es caer en una "tentación" como comúnmente se piensa y por el contrario, pone el hecho en el centro de la discusión sobre la seguridad en general y sobre el tipo de país que tenemos y el que queremos.

"No tenemos claro qué rumbo es el que nos proponen. Por un lado la militarización sin desarrollo policial; por otro instrucciones de no enfrentar a la criminalidad. Por un lado, más prisión automática y por otro liberación de jefes del crimen organizado. Da la impresión de que lo que vemos es una serie de ocurrencias que al final deriva en márgenes de discrecionalidad, cuando lo que urge es certidumbre, y definiciones y reglas claras acordes con nuestras leyes", expresó.

Por último, la presidenta exhortó a las autoridades para que asuman plenamente sus responsabilidades frente al alza de la violencia y del crimen organizado en el país, pues de hacerlo contará con todo el apoyo de las organizaciones civiles y de la sociedad mexicana.

Arturo Nahle, exprocurador de Zacatecas y hermano de Rocío, secretaria de Energía, declaró por el tema de Sinaloa. Ante la pregunta de Paco Elizondo: ¿cómo queda el presidente ante la nación?, respondió: "Sumamente debilitado, no sólo ante la nación, yo creo que ante el contexto mundial es una derrota".

"El Estado no puede ceder al chantaje, la extorsión de la delincuencia, si lo haces, estás derrotado, si lo haces claudicas, si lo haces estás rendido".

-Paco: ¿Qué viene, no nos agarraron ya el modo y será el modus operandi de aquí para el real?

-Nahle: "Por supuesto, ahora vas a detener a El Mencho, el líder del Cártel de Jalisco, pues te van a paralizar Guadalajara y vas a soltarlo, y luego van a detener a El Marro, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y te van a paralizar Guanajuato y pues a liberarlo. Por eso te digo, el Estado de ninguna manera puede rendirse. El mandato constitucional está muy claro, el Estado debe combatir a los delincuentes, el Estado debe detenerlos y aplicarles la ley, es el Estado de Derecho, es terrible lo que pasó. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional?, haciéndole la chamba a Trump en la frontera sur, cuidando que no entren guatemaltecos, salvadoreños, que no entren panameños, africanos. Ahí está la Guardia Nacional haciéndole la chamba a Donald Trump, y ¿dónde está el Ejército?, de albañiles construyendo el Aeropuerto de Santa Lucía, y la delincuencia a toda madre".

La organización Causa en Común advirtió que si el gobierno no asume su papel frente al crimen organizado, el país entrará en ingobernabilidad de imprevisibles consecuencias.

En un comunicado, denostó el actuar de autoridades federales ante la ola de violencia que se registró en Culiacán, Sinaloa.

La ONG llamó al Estado mexicano a hacer un alto en el camino para utilizar sus capacidades de inteligencia, investigación y de operación.

Aplaudimos -y con ambas manos para mayor efecto- la defenestración de funcionarios y líderes enriquecidos en sus cargos, pero notamos que otros que lo mismo hicieron, pero que son adictos a la 4T o que con ella han hecho pacto, campan tranquilamente y sin poner a remojar sus barbas cuando ven cortar las del vecino. Muy selectivo se muestra el régimen en esto, y a algunos a quienes debería llevar a la justicia les da gracia. Todos somos iguales ante la ley, pero parece ser que hay unos más iguales que otros.

Un presunto delincuente perdió la vida y uno más resultó herido cuando un asalto a una unidad de transporte público fue frustrado por los mismos pasajeros. Otros 2 pasajeros y el chofer de la unidad también salieron heridos del incidente.

Los hechos fueron registrados la mañana de este jueves, alrededor de las 6:00 horas, cuando dos hombres se subieron a un autobús de pasajeros que circulaba por la avenida Tlalnepantla-Tenayuca, a la altura de Retorno de Las Petunias, colonia Valle Ceylán.

"¡Ya saben a lo que subimos!" gritó uno de los ladrones, quien portaba un arma de fuego en su mano. El otro delincuente se puso a recorrer los lugares y a despojar a los pasajeros de su dinero y sus teléfonos celulares.

Cuando uno de los pasajeros se aferró a sus pertenencias, los ladrones lo comenzaran a golpear. Esta distracción fue suficiente para que otro pasajero le disparara a los agresores, lo que los obligó a resguardarse en el estribo, al frente del autobús.

"¡Párate y vas a ver de a cómo nos toca!" gritó el hombre que había surgido como justiciero. Cuando los otros pasajeros intentaron someter a los ladrones, hubo más detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en la muerte de uno de los delincuentes.

Los usuarios de la unidad alertaron a los servicios de emergencia. Se reportó que el chófer del camión se quejaba de un rozón de bala en un pie; mientras que un pasajero de 59 años y una mujer de 62 años tuvieron heridas en brazo, pierna y hombro.

El cómplice del ladrón fallecido fue detenido por la policía y trasladado al Ministerio Público.

Queman a policías para evitar desalojo en CDMX.

Durante un operativoen un edificio de la alcaldía Álvaro Obregón, miembros de las familias que iban a ser desalojadas agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Mientras los ayuntamientos metropolitanos refuerzan las notificaciones a los morosos del predial y aumentan los ingresos, en los últimos 7 años han condonado el pago de 19,242 cuentas: 8 diarias, en promedio.

Lo anterior tiene un motivo: las pasadas administraciones no notificaron a los contribuyentes sobre los adeudos y éstos prescribieron tras 5 años.

El municipio con la mayor cantidad de prescripciones es Tlaquepaque (9,327). Entre 2010 y 2017, por omisiones en la cobranza, dejó de percibir 131 millones de pesos.

Le sigue Tlajomulco, con 4,268 cuentas condonadas. La tesorera, Irlanda Baumbach, dice que se trata de adeudos "muy viejos". Explica que ya se tiene cubierto todo el territorio en materia de notificaciones, por lo que estos casos están a la baja.

En esto coincide la tesorera tapatía, Sandra Tovar, quien aclara que aún se tienen solicitudes para la cancelación del pago. "Las prescripciones que aplicamos son muy pocas porque ya cuidamos el proceso de notificación".

Mientras en Guadalajara se han autorizado 3,221 prescripciones, que corresponden a 36 millones de pesos, la estrategia para garantizar que los ciudadanos se enteren del adeudo es a través de la pega de documentos en las puertas de las fincas.

Esto se aplica sólo en aquellas cuentas que arrastran muchos años de mora, algunas desde 1992, o cuando la cantidad es cuantiosa. La funcionaria asegura que estas "etiquetas" no tienen datos personales ni el monto.

En Zapopan se "perdonó" a 2,426 contribuyentes en el periodo mencionado.

Además de las prescripciones, las alcaldías enfrentan amparos para exigir las devoluciones. En Zapopan, de 2,523 promovidos en los últimos 3 años, a 889 les regresaron sus pagos.

Y se tienen otras 311 devoluciones en proceso.

Los contribuyentes adeudan 5,128 millones de pesos del impuesto predial a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. Algunas de las cuentas tienen pagos pendientes desde hace más de 20 años.

La deuda de predial más alta corresponde al Ayuntamiento de Zapopan, con 2,073 millones. La morosidad corresponde a 123,410 cuentas.

Le sigue el ayuntamiento tapatío, en donde más de 82,000 contribuyentes adeudan 1,642 millones de pesos. Aunque el monto es alto, la tesorera Sandra Tovar López recuerda que en 2018 cerraron con 22% de rezago en esta contribución, "pero ahora vamos en 18% y aún no se termina el año; es decir, ya le avanzamos 4% en el número de cuentas pagadas... y alrededor de 20% en el incremento del ingreso por este impuesto".

Puntualiza que las acciones de cobranza que han disminuido la cartera vencida se realizan a través de 3 vías: el incremento en el predial a las propiedades de mayor valor, el trabajo de un equipo de 60 ejecutores fiscales (a quienes se les paga conforme van recuperado las cuentas morosas) y la contratación de 2 empresas a las que también se les paga 14% sobre las cuentas recuperadas. "Si no hay recuperación por ninguna de estas vías, no le cuesta al municipio".

De los 1,642 millones de pesos que se adeudan al municipio de Guadalajara en materia de predial, la cuenta con mayor retraso corresponde a una persona física con un adeudo por el orden de los 35 millones de pesos. El adeudo se viene arrastrando desde 1992.

Durante el año pasado, el municipio informó que 10 cuentas de personas físicas y jurídicas debían 212.2 millones de pesos al ayuntamiento.

En Tlaquepaque, 70,801 ciudadanos no se han puesto al corriente. El adeudo es de 924.8 millones de pesos.

La cartera vencida de Tlajomulco es de 488.2 millones, pero es donde se tiene la mayor cantidad de morosos (218,943). Esto representa alrededor de 65% del padrón del municipio (334,000 cuentas). La tesorera Irlanda Baumbach Valencia destaca que la mayor parte corresponde a retrasos de 2018 hacia atrás.

Reitera que una de las principales problemáticas del municipio de Tlajomulco es la elevada cantidad de casas desocupadas. "De todas formas se hacen las gestiones de cobro, aunque estén abandonadas".

Acentúa que el ingreso del predial se ha incrementado 7% con respecto a la recaudación que se tenía el año pasado.

Desde 2010, el ayuntamiento trabaja con 2 empresas que se encargan de notificar y recuperar los recursos.

Con el objetivo de que los contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos de predial, el ayuntamiento tapatío ha iniciado 14,000 procesos de embargo durante la actual administración.

De estos 14,000 procesos ya se logró recuperar el pago de 36% de las cuentas.

Acentúa que están siendo "muy flexibles" en los plazos para ponerse al corriente con esta obligación fiscal. "En lugar de decirlo de una manera intimidatoria de que mañana van y le embargan, diría que las puertas de la Tesorería están abiertas (para que se regularicen)".

El próximo mes se pondrá en marcha una nueva campaña de pago. Además de 75% de descuentos en los recargos, se aplicará un 50% en las multas.

En los últimos 7 años, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara han realizado 17,957 convenios para que los contribuyentes se pongan al corriente con el pago del impuesto predial.

En estos años, los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga han recuperado 217 millones de pesos a través de estos compromisos de pagos.

Según datos del Inegi, en México una de cada 4 niñas son abusadas sexualmente y, si tomamos en cuenta que nuestros códigos penales dictan la prescripción de este delito a los 5 o 10 años, cuando las víctimas deciden hablar, la mayoría de las ocasiones ya no existe nada legal por hacer. Solo hasta agosto de este año, en nuestro país han sido abiertas más de 22,000 carpetas de investigación por delitos sexuales, mientras que el total de 2018 fueron casi 19,000 casos reportados ante las autoridades. Ante estas alarmantes estadísticas, la justicia permanece indiferente.

De acuerdo con información de Animal Político, "de mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio; y de ahí, solo 1 llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor". Uno de los puntos más preocupantes de esta situación es que a lo largo de la historia, cuando las víctimas de abuso sexual deciden denunciar, 1o. frente a sus familiares y después ante las autoridades, se enfrentan a cada paso con la incredulidad. En el momento en el que hacen pública su verdad, los demás dudan de ellas y de sus palabras hasta el cansancio. Nada debe ser tan humillante como aquello y la constante en su mente es: ¿Por qué no me creen?

6 años, 10 meses y 11 días: 2,501 noches que Lorena González pasó acusada y encerrada por un secuestro que no cometió. Los responsables: la procuraduría local, a cargo de Miguel Mancera, subordinado de Marcelo Ebrard; y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por Edgar Elías Azar. Así lo indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 64/2018.

La pesadilla comenzó el 6 de septiembre de 2008, cuando Lorena fue privada de su libertad y presentada ante medios de comunicación como integrante de una banda de secuestradores, que con el tiempo se comprobó que nunca existió, y que supuestamente habrían secuestrado al hijo de Alejandro Martí. Como miles de mexicanas y mexicanos, Lorena padeció las injusticias de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, y fue el centro de un espectáculo vergonzoso. Respecto a la 'investigación', las acusaciones en su contra fueron sustentadas en testimonios de personas que nunca existieron y que fueron fabricadas por las autoridades.

Lo inverosímil y absurdo del asunto no termina ahí. En el fuero federal se abrió un proceso penal en contra de otra mujer por los mismos hechos y delitos que le fueron imputados a Lorena y, pese a que se presentaron sentencias condenatorias en contra de ella y otras personas que sí participaron en el secuestro del joven Martí, esto no fue suficiente para liberarla. Va de nuevo: 2 mujeres detenidas por un mismo delito, y claramente establecida la tomadura de pelo de la procuraduría; se armaría el escándalo, Lorena saldría libre, y se abrirían procesos contra los fabricadores de culpables. Pero no fue así. En lugar de enmendar, las más altas autoridades de la ciudad, preocupadas por sus endebles reputaciones, decidieron continuar y ampliar la injusticia. Le fabricaron a Lorena otros 16 secuestros y 3 homicidios, de nueva cuenta sin pruebas. Una vez concluida la etapa probatoria en todos los juicios, y luego de casi 7 años, el Ministerio Público se desistió del ejercicio de la acción penal y Lorena recuperó su libertad el día 15 de julio de 2015.

De acuerdo con la CNDH, a Lorena le fueron violados sus derechos humanos al debido proceso, al acceso a la justicia, a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a la vida privada, al honor y a la dignidad. En dicha recomendación, se instó a la procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a que, entre otras medidas de reparación, ofrecieran un acto de disculpa pública en favor de Lorena y de su familia, el cual tuvo lugar el jueves pasado. Una disculpa por semejante infamia siempre será tardía e insuficiente, y debe insistirse en que se le dé una reparación integral a Lorena y a su familia, y en que se sancione a los funcionarios involucrados.

Durante el acto de disculpa pública, la procuradora de la Ciudad de México se comprometió a investigar y llevar ante las autoridades jurisdiccionales a los funcionarios involucrados en esta injusticia. Si bien es un buen 1er. paso, lo cierto es que no habrá justicia si no se libera a las otras 5 personas que, al igual que Lorena, se les acusó de pertenecer a la banda de secuestradores que nunca existió, y que por 11 años han estado privadas de su libertad y alejadas de sus familias. Si las autoridades de la Ciudad de México se toman en serio este acto de disculpa pública, deberán empezar por revisar de inmediato estos casos y devolverle la libertad que le arrebataron a estas personas.

Luego de que el juez Roberto Martínez obtuvo una suspensión contra la reciente reforma al Poder Judicial del Estado, que lo obligaría a presentar pruebas de control y confianza; el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Javier Romo Mendoza, llamó a los ciudadanos a presentar denuncia de juicio político en contra del juzgador; que es hermano del ex senador panista José María Martínez.

El legislador emecista sostuvo que tiene "fuentes fidedignas" de que el juez ha tejido una red de corrupción en el poder judicial. Comentó que luego de que se dio a conocer la suspensión obtenida por el juez; a su oficina han llegado al menos 7 personas inconformes por la situación.

"Así como el juez tuvo herramientas para acudir a un amparo por la vía legal, también los ciudadanos tienen una herramienta y ese instrumento se denomina juicio político. Tenemos también de acuerdo al acercamiento de estos ciudadanos fuentes fidedignas de que el susodicho Roberto Martínez ha construido una red de corrupción al interior del poder judicial. Esto es lamentable y nuestra función ha sido simplemente decirles a estos ciudadanos que estamos abiertos en el congreso para que presenten este recurso de juicio político y que de este lado tienen a muchos aliados", expuso.

El diputado dijo que está asesorando a los ciudadanos inconformes para que en los próximos días presenten la solicitud de juicio político.

El juez 15o. de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión al juez Roberto Martínez Martínez que promovió un amparo contra la reforma que obliga a los juzgadores a presentar pruebas de control y confianza.

Un grupo de alrededor de 500 migrantes se manifiestan este jueves en las inmediaciones del Puente Nuevo Internacional de Matamoros, Tamaulipas, luego de que intentaron cruzar hacia Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos decidieron cerrar este puente que comunica a Matamoros con la ciudad texana de Brownsville en ambos sentidos, por lo que hasta ahora se mantiene sin servicio a los usuarios.

Versiones de medios comunicación locales indican que los manifestantes decidieron subir al puente, con cobijas en mano y sus pocas pertenencias, para dormir en este cruce fronterizo.

Los migrantes buscan de esta manera presionar al gobierno de Estados Unidos, a fin de que se resuelva lo antes posible su trámite del asilo humanitario.

El más absoluto desaseo privó en la renuncia que Eduardo Medina Mora hizo a su cargo de ministro de la Suprema Corte. Por principio de cuentas el presidente López Obrador no debió haberla aceptado, pues en ella no constaba la causa de la renuncia, y por tanto el documento que presentó el renunciante estaba viciado: el cargo que ostentaba es irrenunciable, y sólo se puede abandonar por causa grave en los términos de la Constitución. También fue grande falta su inasistencia al Senado, el cual dio igualmente validez a la renuncia sin que se cumpliera el requisito constitucional. El actual presidente proclamó hace años: "¡Al diablo las instituciones!". Puntualmente se está cumpliendo esa proclama.

La Secretaría de Gobernación accedió a entregar 84 plazas de maestros a estudiantes de la Normal Rural de Tenería, en el Estado de México, a cambio de 92 choferes secuestrados. El gobierno sigue promoviendo el secuestro y la extorsión.

Siempre es un error negociar con un extorsionador. Peor aún es mandar el mensaje de que para conseguir una negociación con el gobierno primero hay que hacer daño a terceros. En cualquier país hay siempre razones para protestar; pero si quienes protestan dañando a la sociedad son premiados y reciben un trato especial, el gobierno genera un incentivo para hacer movilizaciones que dañen a terceros.

En México estas negociaciones se han convertido en una forma habitual de hacer política. El gobierno está siempre abrumado por agravios y exigencias, pero no hace caso a la mayoría de los agraviados. A los que sí presta atención es a quienes organizan marchas y protestas, y se concentra más en aquellos que más daño hacen. Esto ha generado una competencia malsana de los grupos de poder por ver quién lastima más a la sociedad. Los gobernantes siempre dicen que presentarán denuncias para castigar a los que hayan cometido delitos, pero ya sabemos que estas o no se presentan o no llevan a ninguna sanción.

Quizá haya alguna justificación de las quejas de los líderes de los taxistas porque las aplicaciones les están comiendo el negocio, pero no solo el de transporte sino el de ser gestores ante la autoridad. Los choferes se han venido cambiando sin problemas a las aplicaciones porque estas les dan más libertad, más seguridad y mejor ingreso. La operación de un taxi requiere de una excesiva serie de trámites así como el pago por una placa especial que, por lo menos antes de las aplicaciones, era muy elevado. Los servicios digitales han acabado con el negocio de las placas. Lo lógico es buscar una cancha pareja, pero no subiendo los trámites para los conductores que usan aplicaciones, sino eliminando los que no sean absolutamente necesarios para los taxis y haciendo que estos adopten también tecnologías más avanzadas para mejorar el servicio a los consumidores.

El tema de fondo, sin embargo, no es lo que buscaban los líderes, sino que el gobierno haya permitido a un grupo de 400 taxistas hacer tanto daño a millones con absoluta impunidad. El que los líderes hayan ofrecido una disculpa a los ciudadanos a nadie ayuda. La política del gobierno, tanto el capitalino como el federal, de privilegiar las negociaciones con extorsionadores, y dejar todos los demás agravios de la sociedad a un lado, no solo es perjudicial, sino que multiplicará las agresiones a los ciudadanos.

Si el gobierno no se atreve a usar la fuerza pública para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, lo menos que debe hacer es no dar un trato especial a las organizaciones que agreden a la sociedad. No hay incentivo más perverso que premiar a quienes atacan a los ciudadanos.

Los hoteles están sufriendo una situación similar a la de los taxis. Un hotel necesita hacer 170 trámites y un año de trabajo antes de empezar a operar, dice un hotelero. Un lugar de Airbnb requiere de solo 45 minutos. Lo ideal, sin embargo, no es subir los trámites de Airbnb, sino reducir la carga que se impone a los hoteles.

El asunto de la desaparición de personas es doblemente sensible para los gobiernos porque desnuda la incapacidad, la corrupción y las taras de los sistemas de procuración e impartición de justicia, de investigación y de procesamiento de información. Los gobiernos están, todos, federales, estatales y municipales, rebasados. En lo que va de esta administración en Jalisco se han denunciado 1,951 personas desaparecidas, que se suman a las 8,173 de gobiernos anteriores. Hay un crecimiento exponencial de este delito. Cada día se reportan 13 desaparecidos más, pero también cada día se localiza a más personas (poco más de la mitad de las personas denunciadas como desaparecidas son encontradas, la gran mayoría con vida). Pero la otra mitad se suma a ese enorme número de personas en todo el país que desaparece sin dejar huella, que rompe el sueño de las familias, que evidencia los límites y las negligencias de los gobiernos y que enfrenta al Estado a su propio laberinto burocrático.

Es loable el esfuerzo del gobierno de Alfaro y sobre todo que tome en serio el problema y dé la cara a los familiares. Pero, tan importante como buscar a los desaparecidos es evitar las desapariciones. La batalla la vamos a ganar no cuando encontremos a todos (que ojalá así sea) sino cuando no desparezca ninguno, cuando los grupos del crimen organizado dejen de levantar, asesinar, descuartizar y tirar personas en cementerios clandestinos. Dicho de otra manera, atender los efectos y sobre todo a las víctimas de este delito es de urgente humanidad; transformar las instituciones para que den respuesta a la búsqueda y localización es lo mínimo que se espera de un gobierno en materia de derechos humanos. Todo ello es plausible, sin embargo, el problema de fondo sigue siendo la inseguridad, esa que todos los días deja la enorme estela de muerte y desapariciones y que requiere el concurso de todos los niveles de gobierno para enfrentarla.

Mientras haya crimen organizado, control de territorios y corrupción institucional que los proteja no saldremos del laberinto que genera la desaparición.

Era importante saber las causas graves, esas que se aludieron para aceptar la renuncia del ministro Medina Mora.

No tengo una bola de cristal para ver las respuestas que sólo el ex ministro conoce en su fuero interno y lamento que el Senado haya perdido la oportunidad de aclararle a un país aún políticamente convulso dónde está y cuál es el muerto de esta historia. Así como lo hicieron nos dejaron con todos los sospechosos: el propio Medina Mora, claro está, pero también el ejecutivo y Santiago Nieto. No queda claro si los otros ministros deben poner sus barbas a remojar porque son susceptibles de presión y por lo tanto, renunciables, y por lo tanto, carentes de independencia.

No es un asunto menor. Si Medina Mora no es culpable de los delitos que se le imputan, esta renuncia apesta a lo más podrido de la más rancia recuperación del poder ejecutivo todopoderoso y peligroso. Pero si Medina Mora es culpable y su renuncia es negociación, entonces esto también apesta a lo más podrido de la más rancia maña para recuperar el poder central. ¡Por todos lados el sistema se pone en entredicho!

Queda la posibilidad, no se niega, de que todo esto no tenga nada qué ver ni con la Corte ni con el nuevo gobierno ni con lo apetitoso de ese ministerio, sino única y exclusivamente con Medina Mora.

Habitantes de la comunidad Santa Rita amarraron y arrastraron con una camioneta al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, a quien le exigen proyectos productivos y la rehabilitación de un camino.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que un grupo de alrededor de 20 personas saca al alcalde del palacio municipal y a jaloneos lo amarran a la parte trasera de una camioneta negra tipo pickup.

De acuerdo con medios de comunicación locales, momentos después los habitantes se enfrentaron con al parecer funcionarios públicos del municipio; sin embargo, la camioneta logró arrancar, por lo que el alcalde quedó colgado de la camioneta y fue arrastrado por la calle.

El funcionario fue rescatado por elementos de la policía municipal, quien utilizó la fuerza pública para evitar que éste fuera retenido por los habitantes del ejido, y presenta lesiones diversas en el cuerpo.

Es falso que un gobierno de izquierda deba abstenerse de evitar los bloqueos de vías de comunicación y los actos de vandalismo. Después de las movilizaciones que llevó a cabo ayer un grupo de taxistas de la Ciudad de México, que buscaban hacer el mayor daño posible a los ciudadanos, no pude evitar recordar la manera en que Lázaro Cárdenas Batel reaccionó, cuando era gobernador de Michoacán, ante una movilización de taxistas que pretendieron bloquear el 29 de enero de 2003 el centro histórico de Morelia.

El gobernador y su secretario de gobierno, Leonel Godoy, no dudaron y mandaron a un grupo de granaderos con toletes, gases lacrimógenos, caretas y escudos a levantar los bloqueos. El contingente estaba encabezado por el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Gabriel Mendoza Jiménez. Cuando los líderes de los taxistas pidieron dialogar, él respondió: "Nosotros no negociamos en la calle... La ciudadanía no tiene por qué sufrir este tipo de conductas... Manifestarse es manifestar su voluntad políticamente; es decir, marchar, gritar consignas. Pero interrumpir el derecho de terceros al libre paso, no".

Un gobierno de izquierda, presumiblemente, se pondría del lado de los ciudadanos cuando un grupo de poder busca extorsionar a la sociedad para sacar beneficios especiales. La decisión de permitir todo bloqueo y todo acto de vandalismo puede ser conveniente desde un punto de vista político, ya que un operativo con la fuerza pública siempre puede salir mal y poner en riesgo el puesto público de quien lo ordene. Este es un riesgo, sin embargo, que debe correr con valentía quien decida asumir un cargo de responsabilidad pública.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México declaró el domingo previo que no entendía por qué los taxistas realizaron estas movilizaciones porque ya había una "mesa de negociación". Los líderes de los taxistas, sin embargo, no quieren negociaciones: quieren un gobierno que los obedezca y prohíba el transporte contratado a través de aplicaciones.

Los líderes de los taxistas podrán hacer tanto daño como quieran a los ciudadanos, pero la verdad es que les será muy difícil, si no imposible, detener el avance de la tecnología. Es como si los conductores de carruajes de caballos hubieran realizado bloqueos para impedir la adopción de los vehículos de combustión interna. De hecho, las movilizaciones que hemos visto, si acaso, fortalecen la posición de muchos usuarios y choferes de que el triunfo de las aplicaciones es inevitable. Sí, también los conductores. Los líderes no representan realmente los intereses de los taxistas, quienes se inclinan de manera creciente por afiliarse a alguna de las plataformas digitales.

Ayer miles de personas no pudieron llegar a trabajar o a sus escuelas. A muchos se les descontó el día de trabajo. Los líderes cumplieron su amenaza de volver la vida de los capitalinos una pesadilla. Un gobierno que se niegue actuar en estos casos no es de izquierda. Es conservador o cobarde.

Quizá la jefa de Gobierno debiera buscar el consejo de Cárdenas Batel. No debe ser difícil. El ex gobernador michoacano es actualmente jefe de asesores del presidente. No sería descabellado que Claudia Sheinbaum lo pidiera prestado a López Obrador para que la aconsejara sobre el uso legítimo de la fuerza pública. Y ¿por qué no? Quizá podrían contratar a Gabriel Mendoza Jiménez, el que declaró que "la ciudadanía no tiene por qué sufrir este tipo de conducta", para que encabece los operativos en defensa de los ciudadanos.

La justicia no sólo es un concepto inherente al de la democracia; en la vida cotidiana de los estados, constituye el basamento sobre el cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en el ejecutivo o el legislativo, hasta el más operativo de los espacios de las administraciones públicas municipales.

En las democracias contemporáneas, uno de los principios más relevantes para garantizar su conservación es el relativo a la separación de poderes; y en ese sentido, nuestra Constitución Política establece, en su artículo 49, que: "El Supremo Poder la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación...".

El poder judicial, de acuerdo con el propio texto constitucional, tiene su fuente de legitimidad como un poder autónomo y de hecho, del mismo nivel de relevancia que el legislativo y el ejecutivo; y en ese sentido constituye uno de los pilares del equilibrio democrático del país.

Es entonces tarea del poder judicial garantizar la plena vigencia del orden constitucional, pero también el orden jurídico nacional, no sólo a través de la impartición de justicia, sino de una de las tareas, quizá menos visibles de su mandato: la hermenéutica de la Ley, es decir, el establecimiento de los criterios de interpretación de todo el orden jurídico nacional, y del establecimiento de tesis y el marco jurisprudencial que rige en el territorio nacional.

Todo lo anterior tiene relevancia frente a la renuncia del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien ha sido señalado de -cuando menos- prácticas que se alejan de la ética que debe regir y determinar la conducta de quienes imparten justicia en el país.

Esto cobra una dimensión mayor, en un país en el que reina, cohabitando con la corrupción, una impunidad rampante que ha hecho de uno de los bienes sociales más preciados, la justicia, un "artículo de lujo" accesible de manera mayoritaria para quienes tienen recursos para pagarla.

México tiene un enorme reto en ésta materia, sobre todo en un contexto en el que las víctimas se cuentan todos los años por millones: según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se cometen más de 30 millones de delitos por año, y prácticamente uno de cada 3 hogares en el país es víctima de alguno de ellos; para colmo, solo en 6 de cada 100 casos se tiene una sentencia de un juez, y se estima que en sólo 1 de cada 10 de esos casos en que se llega a una sentencia, las víctimas tienen acceso a la reparación del daño.

No es casual pues que, de acuerdo con el INEGI, a través de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), luego de las policías de tránsito y de las policías preventivas, la categoría de "los jueces" sea la 3a. respecto de la que se tiene una mayor percepción de prácticas de corrupción en el país.

Lo anterior aplica respecto del Poder Judicial de la Federación, pero también de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, en cuyos estrados y mesas es común escuchar que aquel expediente que no es acompañado de una "gratificación" es puesto a "dormir el sueño de los justos".

La certeza jurídica, la plena vigencia del Estado de Derecho, debería comenzar pues en la garantía sin cortapisas, del acceso a la justicia para todas aquellas personas que han sido víctimas, tanto de la delincuencia, como del Estado, porque tampoco es menor el hecho de que seguimos siendo, para mal del país, un territorio lleno de "presuntos culpables".

Sin resolver todos esos problemas será difícil que nuestra democracia encuentre respaldo ciudadano mayoritario; pues no es exagerado decir que estos elementos son en buena medida factores definitorios del malestar ciudadano respecto del régimen democrático de gobierno.

Una democracia sin justicia es inconcebible; de hecho lo que le hace a la democracia ser lo que es, está sustentado en que todas y todos somos formal y realmente iguales ante la Ley; que la justicia es la 1a. garantía para toda la ciudadanía; y que la fuerza del Estado para hacerla valer se aplicará siempre y en todo momento de manera no sólo "ciega", sino ante todo, con sabiduría.

2 distintas fuentes confiables con acceso privilegiado a los más altos círculos del poder me confirman que hace unos días, el polémico ministro Eduardo Medina Mora recibió un mensaje desde la élite del ejecutivo: renuncia a tu asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los procesos que se han abierto en la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República conducirán a tu encarcelamiento y el de tus hermanos.

Medina Mora no la pensó. Sacó la bandera blanca y en una carta sin fecha y de 2 párrafos que no explican el porqué de su salida, presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El jueves que sucedió esto, me cuentan, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tuvo que hacer una visita a Palacio Nacional.

Vale la pena recordar que la llegada del presidente López Obrador al poder pareció condenar desde un inicio los destinos de Medina Mora. Fueron acérrimos rivales políticos. Era públicamente conocido.

Medina Mora, quizá preocupado por que el presidente AMLO y los suyos hurgaran en su historia como funcionario federal durante 3 sexenios consecutivos, aceptó la 1a. petición que le llegó de Palacio Nacional en la recta final del año pasado: votar por Arturo Zaldívar para que fuera presidente de la Corte. Se resistió, pero por poco tiempo. Le hablaron fuerte y entendió.

Se interpretó siempre que él votaría como parte de un bloque anti-Zaldívar (un bloque que se asumía en contra del presidente López Obrador) con los ministros Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo y Margarita Luna. Calculaban que con el voto de Medina Mora tendrían 6 de los 11 posibles, y uno de este grupo podía ser presidente de la Corte (Gutiérrez, Pérez Dayán o Pardo).

Pero desde Palacio Nacional se activó la operación política a favor del ministro Arturo Zaldívar, más cercano al nuevo gobierno tanto en lo personal como en el discurso. Y así, tras esa resistencia inicial que fue hábilmente desactivada desde el poder, el ministro Medina Mora comprometió su voto para Zaldívar.

A partir de ahí se cristalizaron 2 grupos antagónicos de ministros, que ya venían teniendo diferencias. La elección del nuevo presidente de la SCJN, en el contexto de la llegada al poder del presidente AMLO, fue punto de quiebre. Y en el bloque derrotado hubo quien se preguntó qué le sabía el nuevo gobierno al ministro Medina Mora, que lo habían hecho cambiar su voto.

Ya sin el voto de Medina Mora, la ministra Margarita Luna también avisó que votaría por el ministro Zaldívar, quien así sumaba 7. Victoria holgada.

Llegó el día de la votación. Triunfó el ministro Zaldívar con 7 votos. El ministro Gutiérrez tuvo 2 votos: el suyo y el del ministro Pérez Dayán. El ministro Pardo tuvo también 2: el suyo y el del presidente saliente Luis María Aguilar.

Todo lo anterior, según varias fuentes de 1er. nivel con las que he hablado para reconstruir esta historia.

La salida de Medina Mora abre la puerta para que el presidente López Obrador coloque en la Corte a otro personaje cercano a él y vaya blindando su proyecto de nación, tomando el control del poder judicial.

Defender la autonomía del poder judicial, expresar una preocupación por el debilitamiento de los contrapesos al presidente López Obrador, no es defender a Eduardo Medina Mora. Claro, eso es lo que quieren hacer creer desde Palacio Nacional. Es cierto que muchos presidentes postularon aliados para ser ministros, pero México ya no quiere esas complicidades y por eso votó como votó... Parece que lo están traicionando.

Hoy los líderes de los taxistas del Valle de México buscarán presionar nuevamente al gobierno para prohibir las aplicaciones de vehículos de transporte. Causarán enormes problemas a la población, pero no lograrán detener una tecnología que se impone en todo el mundo.

Tras al menos 10 horas de protesta, en las que bloquearon algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México e incluso los accesos al Aeropuerto Internacional, integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) informaron que en una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación lograron 4 acuerdos básicos, entre ellos el no realizar más bloqueos.

"Le ofrecemos una disculpa a la ciudadanía", dijo el secretario de Finanzas del Movimiento Nacional Taxista (MNT), Ángel Morales, en conferencia de prensa, sobre los bloqueos en puntos como Reforma, Santa Fe, Insurgentes y los accesos carreteros a la capital.

A las 19:00 horas, se reportó que los taxistas ya se habían retirado de Paseo de la Reforma.

Uno de los acuerdos mencionados por el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, es establecer una ruta jurídica y que participen instancias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades del Estado de México y la Ciudad de México, para determinar si son legales o no los servicios que proporcionan transporte con apps o aplicaciones.

Otro de los acuerdos planteados es que, si se determina que el uso de apps es legal para el transporte privado de pasajeros, se construya una aplicación génerica, que funcione para todos los taxis, incluyendo a los integrantes del Movimiento Nacional Taxista, en la que todos puedan sumarse en igualdad de condiciones.

Un 3er. acuerdo es armonizar, que todas las entidades y municipios puedan tener actividades relacionadas con transporte publico y privado que tengan igualdad de competencia.

Los conductores exigen que igual que ellos, las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y Beat se regulen y cuenten como ellos con una concesión.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en los bloqueos de este lunes, que afectaron a muchos capitalinos, en realidad participó el 0.4% del universo de los concesionarios de taxi de la ciudad.

Ante los bloqueos a la terminal aérea, la aerolínea Interjet informó que apoyará a los pasajeros con origen en la Ciudad de México y sean afectados por la protesta de taxistas. Los viajeros podrán cambiar fechas de boletos sin costo, entre otros beneficios.

Por la mañana, tras su mensaje en un templete colocado al pie de la columna de la Independencia, una comisión de unos 30 taxistas se dirigió a la Secretaría de Gobernación para reunirse con funcionarios de "alto nivel".

Por su parte, el gobierno capitalino informó antes en un comunicado que la mesa de diálogo con taxistas siempre ha estado abierta pero no puede regresarse a prácticas opacas que benefician a unos cuantos y que afectan a la mayoría de los taxistas, y a sus usuarios.

Añadió que en los últimos 3 meses se han realizado más de 20 reuniones con diferentes liderazgos del Movimiento Nacional Taxista para atender sus demanda.s Además se ha pedido a la Secretaría de Gobernación a que abra una mesa de diálogo para los manifestantes de otras entidades de la república.

El gobierno local destacó que la Secretaría de Movilidad ha tomado varias medidas para acabar con la corrupción en diversos trámites relacionados con concesiones de taxis; como es la digitalización de la Revista y con ello el cierre de los centros El Coyol y La Virgen.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, informó que el Juzgado 1o. de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas ordenó la liberación inmediata a favor de Carlos "C" y Raúl "J", probables implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A los 2 probables implicados en la desaparición de los jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, indicó, no se les pudo procesar por los delitos delincuencia organizada, y en el caso de Raúl "J", tampoco por desaparición forzada.

"Por lo anterior, los integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotizinapa, lamentan que el sistema de impartición de justicia interprete la ley mecánicamente subordinando el derecho de las víctimas y renunciando a su mandato", difundió Gobernación.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que ayer jueves se dictó una sentencia absolutoria a 3 presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, por lo cual serán puestos en libertad.

El funcionario informó que Samuel Ventura Ramos, un juez de Tamaulipas, eximió de sus cargos por delincuencia organizada y secuestro a Oziel Benítez, Carlos Canto Salgado y Raúl Javier Crespo.

El subsecretario detalló que el juez Ventura Ramos argumentó violaciones a los derechos humanos de los sospechosos, por lo cual les otorgó su liberación; entre las irregularidades se encontrarían actos de tortura y dilaciones en la puesta a disposición.

Hizo referencia al caso se Carlos Canto Salgado, pues hace unos meses se dio a conocer un video donde era interrogado por Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad del Estado de Michoacán, al mismo tiempo que lo torturaban.

Alejandro Encinas lamentó que en un solo mes, el juez Ventura Ramos liberó a 29 personas implicadas en el caso Ayotzinapa, por lo que ahora solo quedan 64 personas detenidas.

"Yo estoy consciente de que no solo hubo gravísimos problemas en la integración de la averiguación de la PGR, que hubo prácticas ilegales como la tortura, pero esta clase de resoluciones nos deja en el peor de los mundos: por un lado agravia el derecho de las víctimas y en 2o. lugar no se castiga a quienes incurrieron en omisiones", dijo.

Más de 100 elementos de la Policía Federal inconformes con la Guardia Nacional, bloquean la tarde de este viernes de nueva cuenta el Circuito Interior a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Se trata del grupo Policías con Dignidad, Valor y Justicia, encabezado por el abogado Enrique Carpizo y los agentes Mario Lover y Adrián López, quienes acusan amenazas a su representante legal, Enrique Carpizo.

El tránsito está interrumpido en dirección al norte de la capital, mientras que los usuarios del aeropuerto están siendo trasladados en unidades de la SSPC para no perder su vuelo.

Acusaron al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, de estar detrás de un supuesto atentado que sufrió su abogado Enrique Carpizo, ayer jueves, quien supuestamente fue encañonado en un restaurante de la colonia Condesa.

"Acto cobarde que reprobamos y del que ya nos había informado Miguel Ángel Urrutia Lozano, operador de Alfonso Durazo, pues dicho sujeto de viva voz nos dijo que levantarían al licenciado Carpizo los huachos, circunstancias que fueron dadas a saber al secretario y no ha querido responder ni dar la cara, tampoco su equipo".

En el lugar hay presencia de la policía capitalina, quienes se encuentran apostados en la vialidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llamó a los policías federales inconformes a liberar las vialidades bloqueadas y no afectar a la ciudadanía como condición primordial para el diálogo.

"No es válido afectar a terceros y al mismo tiempo negarse a dialogar civilizadamente para encontrar alternativas, como lo hacen quienes están bloqueando el Circuito Interior, incitados por personas ajenas a la corporación", indicó.

Más temprano, otro grupo de agentes bloqueó carriles centrales y laterales de Periférico, a la altura de la Torre Pedregal, la ahora sede de la Guardia Nacional.

López Obrador está convencido de que se puede hacer que los méndigos vándalos bárbaros entren al camino del orden, el respeto a las personas y la evangélica bondad sin más medida que hablar con sus papás y con sus abuelitos. Yo, que en ese renglón tiendo un poco al pesimismo, pienso en la ley como en una especie de vara de membrillo que daría mejores resultados que la plática con los abuelos y los padres, que en algunos casos andan quizá en los mismos pasos que sus hijos y sus nietos. Aplíquese la ley a quien cometa algún delito.

Uno de los problemas de la justicia en México, y eso incluye a los medios, es que somos más rápidos para juzgar que para investigar. El "mátalos en caliente y después averiguas" que Porfirio Díaz envió a Mier y Terán tras una rebelión en 1879 fue luego utilizada por Villa en la Revolución ("Fusílenlos, luego viriguamos") y se instauró como cultura política hasta nuestros días. Eso es lo que hace el presidente en las mañaneras con los que le caen mal (el caso más reciente fue la falsa acusación contra el ministro José Ramón Cosío por apoyar al grupo de litigio estratégico) y lo que se hizo ayer con la lista de beneficiados con la condonación de impuestos por parte de las administraciones anteriores.

Entre las beneficiadas y junto a un grupo selecto de empresas, empresarios, políticos y personajes de la farándula, aparecieron algunos personajes de la actual administración como la lideresa de Morena, Yeidckol Polevnsky, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, o la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara. No sabemos si fue autogol o fuego amigo, pero para el caso es lo mismo, pues en ningún momento está claro si los que aparecen en la lista cometieron algún delito o fueron beneficiados de algo ilegal. Más aún: no está claro si lo que les condonaron fueron impuestos o recargos y gastos de cobranza, pues todo se hace en la más profunda opacidad, sin explicitar criterios ni dar explicaciones.

¿Por qué en México no podemos nunca encontrar el justo medio? Hemos pasado del Estado represor, que el 2 de octubre de 1968 mandó tropas armadas a disparar en contra de una concentración pacífica de jóvenes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, al Estado ausente, que permite a los manifestantes bloquear vías de comunicación, pintarrajear monumentos históricos, destruir ventanales de hoteles, restaurantes y comercios, prender fuego a librerías e incluso agredir a policías o soldados.

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, están conscientes de que los ojos del país estarán al pendiente de las manifestaciones de este 2 de octubre. La explicación de que los actos de vandalismo son realizados por "conservadores" no ha servido para tranquilizar a las posibles víctimas. Por eso Sheinbaum ha anunciado que va a establecer "cinturones de paz" para evitar que haya infiltrados en las manifestaciones.

No sé si estos cinturones van a funcionar, ojalá que sí. Los actos vandálicos han generado miedo entre los comerciantes y residentes del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. No es que la fuerza pública no tenga capacidad para enfrentar a los vándalos. En la violenta manifestación del 26 de septiembre los comerciantes de Motolinía y Cinco de Mayo simplemente se armaron con palos para detener a los vándalos, pero estos, cobardemente, prefirieron retirarse para atacar otros objetivos que la policía tenía órdenes de no proteger.

El gobierno capitalino sabe que los destrozos están teniendo un impacto negativo en su imagen. Hasta este momento no ha habido víctimas mortales, pero los daños suman decenas, quizá cientos, de millones de pesos.

Haciendo eco del presidente López Obrador, Sheinbaum ha afirmado que los vándalos son "de grupos conservadores, que no les interesa realmente la democracia en la ciudad, las libertades, sino que, al contrario, están esperando que nosotros respondamos con violencia, pero nosotros no vamos a responder con violencia". Nadie cree, por supuesto, que los anarquistas de izquierda de siempre se hayan súbitamente transformado en conservadores; pero en el nuevo régimen una mentira abierta es mejor que contradecir al gran líder de la nación, quien ya declaró que quienes hacen desmanes y prenden fuego a librerías no pueden ser anarquistas porque los anarquistas son personas buenas y lectoras como Ricardo Flores Magón. En la mitología de la 4a. Transformación el pueblo bueno es incapaz de recurrir a actos de violencia.

La verdad, sin embargo, es que poco importa si los vándalos son anarquistas o conservadores. Lo relevante es que el gobierno ha decidido no actuar para evitar los desmanes. En los países democráticos las protestas son legales, pero los manifestantes deben cumplir ciertas reglas: ninguno permite que ataquen a personas, propiedades o monumentos históricos.

En México debemos encontrar todavía el justo medio. No es éticamente aceptable que el gobierno mande soldados a disparar contra estudiantes desarmados que protestan contra el gobierno sin afectar a terceros, pero tampoco que se lave las manos de su responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

La verdad es que en México siempre ha habido anarcos. Claro, antes no se les llamaba conservadores: se les decía léperos, barbajanes o hijos de la chingada. Eran sujetos de la más baja estofa, viciosos y haraganes, que en determinadas fechas se entregaban al desorden y a causar daños en propiedad ajena sin que los reprimiera nadie. El 15 de septiembre de cada año, por ejemplo, las tiendas de españoles cerraban sus puertas y protegían sus escaparates, pues al grito de "¡Viva México y mueran los gachupines!" una turba de ebrios y mariguanos causaba destrozos en esos establecimientos para cobrar venganza -así decían- por lo que Hernán Cortés le hizo a Cuauhtémoc. En nuestro tiempo la herida del 68 convoca la memoria de los mártires del 2 de octubre, pero esa recordación sirve de pretexto a grupos violentos para cometer toda suerte de desmanes. No es prudente ni legítima la invitación hecha a los ciudadanos de formar "cordones para la paz" que aíslen a los vándalos y eviten o frenen sus desmanes. Eso puede dar lugar a enfrentamientos. A los civiles no se les debe encomendar una tarea que corresponde a la autoridad, obligada a emplear su fuerza legítima para impedir la comisión de actos delincuenciales. El problema es que existe una especie de "síndrome del 2 de octubre" por el cual algunos funcionarios llaman represión a lo que es aplicación de la ley. Eso da lugar a que los hombres -y las mujeres- de esas bandas incurran en toda suerte de desmanes y tropelías en la seguridad de que no se les castigará. Ya se ve que quienes juraron solemnemente cumplir y hacer cumplir las leyes no están haciendo ni una cosa ni la otra.

Resulta que Javidú aplicaba en su política económica las deudas viejas no se pagan y las nuevas hay que dejarlas hacer viejas para no pagarlas, y al parecer el góber Aureoles lo está imitando. Resulta que en agosto del año pasado, ante la falta de libros de texto para el curso escolar, el gobierno encargó a la editorial Criba la impresión de los mismos, tanto para primaria como secundaria, en materias como Matemáticas, Cultura, Sociedad, Desarrollo lingüístico integral, y Ciencias. En total hablamos de que la editorial entregó más de 350,000 libros al gobierno de Michoacán, para lo cual la empresa incluso tuvo que pedir un crédito para cubrir los costos de la producción, pues se trataba de un caso de emergencia, y aunque el contrato establecía el pago a 30 días, ya pasó más de un año y nada de nada.

Obvio, la empresa ha solicitado de diversas maneras la liquidación del adeudo a las autoridades.

Por favor, siéntense para seguir leyendo, pues la respuesta del señor Guillermo Loaiza, director general de Adquisiciones, ha sido -fanfarrias y agárrense- que prefiere irse a tribunales que pagarles, porque en lo que dura el juicio ¡ya terminó su gestión de gobierno! ¡Quihúboles, con el cinismo!

Leído lo anterior sólo me queda escribir: aguas, porque en Michoacán no sólo priva la inseguridad, sino también el nulo Estado de Derecho.

La prensa política amaneció el lunes con críticas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.

Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune.

La racional de Sheinbaum es que si aplican la fuerza -legalmente la tiene un gobierno- para evitar desmanes y hacer respetar la ley, la respuesta que tendrán es el búmeran de mayor violencia y las críticas de ser un gobierno represor, como solían calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las acciones de fuerza del gobierno para impulsar una agenda política y generar apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente, que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.

Los anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009, cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que circuló por internet, se identificaron como miembros de la "Brigada de Acción Simón Radowiski" -un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que murió en México 45 años después-, y se adjudicaron la responsabilidad de esos ataques y de otros 6 bombazos para demostrar que "siguen activos".

Un informe del CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte, Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución Inmediata "Praxedis G. Guerrero", Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.

Entre 2010 y 2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una sucursal bancaria en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue reinvindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata "Práxedis G. Guerrero", que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo -que al fusionarse se convirtió en el Procup-, y del EPR.

En ese comunicado también mencionaron a 4 camaradas suyos detenidos en diciembre de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y por robo durante los disturbios callejeros en la capital durante la marcha del 2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el colectivo "Auditorio Che Guevara", un "espacio autónomo de trabajo autogestivo" que existe como "territorio liberado" dentro de Ciudad Universitaria en lo que hasta 1968 se conoció como el Auditorio "Justo Sierra".

Ese colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelióny el taller "Ricardo Flores Magón", el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente López Obrador. Entre al menos 2 de las organizaciones que reivindicaron aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación evidente con las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización guerrillera las Milicias Insurgentes "Ricardo Flores Magón", que nacieron en 1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y Chimalhuacán.

Los grupos anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los "conservadores". El artilugio retórico es sus contradicciones, pues algunos de esos grupos tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos asesoran informalmente a miembros del equipo del presidente. Como movimiento, no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad externa o la gobernabilidad interna.

En el Poder Judicial del Estado [de Jalisco] sigue el jaloneo por la controversia constitucional contra la reforma aprobada por los diputados para eliminar el haber de retiro a los magistrados y aplicarse pruebas de confianza.

La presión sobre el presidente del judicial, Ricardo Suro, se ha incrementado; los juzgadores que rechazan las modificaciones exigen que deje de darle largas al asunto. A los magistrados les queda una semana de plazo para recurrir a la Suprema Corte.

Transformar el Poder Judicial es quizá el reto más importante del estado. Siempre se piensa que dicha transformación es una tarea del gobernador en turno, o que se trata simplemente de que el congreso apruebe nuevas leyes y reglamentos y ese es el principal error que hemos cometido. La paradoja estriba en que si bien es cierto que ninguna transformación podrá hacerse sin el consenso del propio Poder Judicial, también está claro que sin la presión que viene de fuera ningún poder tiene el impulso del cambio. Son muchos los jueces y magistrados conscientes de que el Poder Judicial debe cambiar, pues en muchos casos ellos mismos son víctimas de la corrupción que los rodea. Otros, sin duda, se benefician de la corrupción y apelarán a la autonomía para no cambiar el estatus quo que les permite vivir del cochupo.

La declaración del diputado Enrique Velázquez, quien, a propósito de los cambios al Poder Judicial recién aprobados en el congreso, dijo que era una reforma que probablemente nunca veríamos aplicada, pone sobre la mesa el problema político en el que estamos metidos.

Claramente se trata de una reforma que no tuvo el consenso del Poder Judicial, pero sobre todo que se hizo para la tribuna, para buscar el aplauso del público, no la transformación de una realidad. El famoso haber de retiro o liquidación a los que tienen derecho los magistrados del Poder Judicial nos puede parecer, a simple vista, injusta, abusiva, desmesurada y cualquier otro adjetivo que se le quiera poner, tiene una razón de ser, y sobre todo está muy lejos de ser el problema más importante. Centrar las discusiones en ello impide ver y resolver los problemas de fondo.

La verdadera reforma al Poder Judicial tendrá que surgir de un gran acuerdo entre los poderes y los organismos de la sociedad civil que participan y están involucrados, pero sobre todo de quienes desde dentro quieren ese cambio. Nadie sabe mejor qué le duele, qué no funciona y sobre todo cuál es la trama de intereses al interior de este poder que los magistrados, jueces, secretarios que lo padecen todos los días. Echarle luz al Poder Judicial desde la sociedad civil y los medios ayudará sin duda a que salgan las ratas y a que se sientan vigiladas. Pero antes que eso hay que escuchar tanto a los impartidores de justicia como a los usuarios, a los que padecen todos los días una justicia inoperante.

Si queremos resolver el problema tenemos que verlo completo. La administración de justicia comienza en el ejecutivo (policías municipales, policía ministerial, Fiscalía) y termina en el Judicial, pero atados siempre a las decisiones del legislativo. O vamos todos juntos y con un verdadero impulso desde dentro del Judicial o lo que tendremos son nuevas leyes, pero ninguna reforma.

El legislador que redactó el texto del Artículo 9o. de la Constitución ("No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito...", etc.) no tenía una esfera de cristal; no podía, por tanto, anticipar situaciones que tienden a hacerse sistemáticas en las marchas y manifestaciones que en las grandes ciudades -la de México, muy particularmente- se han vuelto casi cotidianas: desmanes, agresiones, destrozos, vandalizaciones...

Si la hubiera tenido, seguramente habría incorporado algunas salvedades adicionales a las que previó entonces. Señaló, sí, que "no se considerará ilegal (ni podrá, en consecuencia, ser objeto de persecución por parte de la autoridad) una asamblea o reunión (o manifestación o marcha) que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea".

Si hubiera anticipado los "disturbios aislados" -como los calificó, tibiamente, cierto sector de la prensa- que acompañaron a las recientes protestas callejeras por la violencia contra las mujeres, el 5o. aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o a favor de la despenalización del aborto, es probable que hubiera señalado que, en cambio, sí se considerará ilegal -y motivo de acciones de la autoridad- que se hiciera uso de la violencia (hacia personas, comercios, oficinas y monumentos públicos), se profirieran injurias ("gobierno asesino", "fue un crimen de Estado", etc.)...; y, además, que ninguna protesta o demanda, lo mismo si razonable que si descabellada, sirviera de pretexto para hacer destrozos, alterar la paz y el orden público u ocasionar daños y/o perjuicios a terceros.

La tibieza -por decirlo amablemente- de las autoridades ante esos incidentes, a partir del concepto equívoco de que salvaguardar el orden público es -¡horror de los horrores!- reprimir (reprimir significa contener, refrenar; impedir que cundan el desgarriate y la violencia injustificada, pues), tienen un costo económico considerable y uno social incalculable. El 1o., en los casos señalados, se ha tasado en varios cientos de millones de pesos. El 2o. consiste en que se proyecta la imagen de que vivimos en ciudades sin ley... o en las que -aunque "protestan solemnemente" hacerlo al asumir ciertos cargos públicos- nadie parece estar dispuesto a hacerla cumplir.

Es loable, sin duda, que el presidente de la república haya hecho de la lucha contra la corrupción, desde su campaña electoral, una de sus principales banderas y compromisos. Lo es igualmente que en los primeros meses de su gobierno mantenga como uno de sus principales frentes de acción el freno al saqueo de la nación.

Sin embargo, en ese proceso, hace falta hacer mucho más para que en toda la administración pública federal; así como en todas los gobiernos estatales y municipales se replique el mismo compromiso anticorrupción de parte de las y los mandatarios locales; y que ocurra lo mismo en los municipios, sobre todo en aquellos de mayor densidad poblacional y acceso a recursos públicos.

Hay que considerar además las poderosas resistencias que para desarraigas las prácticas corruptas se enfrentan en todos los niveles; que quienes se han beneficiado históricamente no sólo resistirán, sino que pueden actuar en rebeldía y no necesariamente en buena lid; y que la conciencia de los corruptos no necesariamente es sensible a la transformación y a las convocatorias a su transformación.

Las teorías del desarrollo institucional advierten que voluntarismo no es suficiente para garantizar gobiernos honestos; que es bajo el imperio de la ley y del fortalecimiento institucional como puede lograrse el control de la corrupción y el uso faccioso de los recursos ciudadanos. Pero ello requiere de un Estado fuerte, capaz de hacer cumplir la ley, y de un poder judicial sólido, capaz de impartir justicia en el más amplio sentido de la palabra.

Finalmente, dadas las profundas condiciones de desigualdad y pobreza que hay en el país, es urgente también modificarlas, porque éstas, como precondición existente en la realidad nacional, son también fuente de prácticas de corrupción, y detonadoras de un círculo de reproducción en el que, a más pobreza y desigualdad, más corrupción, y a la vez, con mayor corrupción, se profundizan y agudizan esas condiciones.

Los últimos 100 días la Fiscalía Anticorrupción judicializó carpetas de investigación por delitos y montos menores. La prueba de que fueron casos de bajo pelo es que ningún funcionario está en la cárcel.

En cambio, los grandes escándalos como los desvíos de Salud en el sexenio pasado, con cientos de millones de por medio, duermen el sueño de los justos. Pero ya sabemos por qué esa fruición por judicializar casos como tortillas.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco se metió al Reto de los 100 Días con la Contraloría estatal y el Tribunal de Justicia Administrativa, auspiciados por USAID, una agencia gringa. El ejercicio consistía en sacar al menos 4 casos en el lapso referido.

¿Y si jugamos mejor a combatir los casos emblemáticos de corrupción?

Los integrantes del Poder Judicial de Jalisco se colocaron como las autoridades más corruptas relacionadas con la seguridad pública y "destronaron" a los agentes viales por 1a. vez.

Hasta el 2017, los elementos de tránsito mantenían una hegemonía en esta materia.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 73.2% de los encuestados consideró que los juzgadores eran corruptos; mientras que 72.9% vio de la misma forma a los agentes viales.

Además de Jalisco, otras 3 entidades más posicionaron a los jueces en el 1er. peldaño: Guerrero, Tlaxcala y Yucatán.

Este cambio se da luego de un año en el que jueces y magistrados en la Entidad han sido señalados por presuntos actos de corrupción, tanto del Supremo Tribunal de Justicia como del Tribunal de Justicia Administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con 50 carpetas de investigación en contra de ellos.

A nivel nacional, la tendencia indica que los encuestados perciben a las dependencias de tránsito como las autoridades más corruptas, seguidas de las comisarías municipales.

En contraste, las que observan como menos corruptas son el Ejército y la Marina.

Sube percepción de inseguridad

Aunque la tasa de prevalencia delictiva en 2018 por cada 100,000 habitantes descendió 1.95% en Jalisco, con relación a la registrada en 2017, la percepción de inseguridad aumentó a una cifra histórica en el último corte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019.

Según las cifras del estudio, en 2017 hubo 31,050 víctimas de delitos por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2018 descendió a 30,445.

Sin embargo, la percepción de inseguridad entre ambos años aumentó de 65.7% a 73.6% de la población encuestada que percibió a la entidad como insegura.

Al último corte de marzo-abril de 2019, la percepción de inseguridad aumentó a un porcentaje histórico de 77.7%, superando la cifra previa más alta registrada, que fue de 75.9% en 2013.

De acuerdo con el finado economista Rüdiger Dornbusch, el problema de América Latina es que "mientras en los países desarrollados tienen leyes flexibles de aplicación rigurosa, los países latinoamericanos tienen leyes rigurosas de aplicación flexible". Una frase que describe muy bien nuestro marco institucional. Para agravar la situación, en México no existe una justicia expedita -y una justicia lenta, no es justicia- mientras impera la corrupción y la deshonestidad. Nuestro sistema de justicia está colapsado por la fallida "Guerra contra las Drogas".

La radiografía de las prisiones en México es devastadora. La Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad, elaborada por el INEGI, muestra un sistema carcelario proclive a encarcelar a pobres, que no pueden tener acceso a buenos abogados, no sentenciados, personas que no tuvieron ni las mínimas garantías en su juicio, personas torturadas y un nivel altísimo de cooptaciones de los penales por parte del crimen organizado. Es realmente paradójico que creamos que esos pueden ser centros de reinserción social. Más bien, son realidades oscuras que preferimos no mirar, no ocuparnos de ellas.

La Fórmula Blackstone, piedra angular del debido proceso, estipula que siempre será mejor "dejar en libertad a un culpable que privar de ella a un inocente". Por ello, la presunción de inocencia es columna vertebral del Estado de Derecho. En México, todas las deficiencias del proceso de impartición y procuración de justicia se subsanan con un sistema carcelario injusto y corrupto. Difiero que la propuesta de López Obrador sea una amnistía como tal, es en el mejor de los casos una rectificación del Estado mexicano. Es cambiar el enfoque de la política criminal, y no ensañarse con quien también es víctima de la guerra contra el narcotráfico. Tener a un drogadicto en la cárcel no te sirve de nada, tendría que tener cabida en el sistema de salud. Tener a una mujer que abortó, tampoco. A cientos de sembradores pobres, menos. La Ley de Amnistía tiene sentido en un país en donde centenares de miles de personas tienen alguna relación con el mercado de las drogas, pero la mayoría de ellos nunca le han hecho daño a nadie. Sin embargo, la letra chiquita será fundamental, escuchar a las víctimas y construir una ley robusta que señale a los verdaderos responsables de la ola de violencia que afecta al país desde 2007. Dice López Obrador que la quiere sacar en 2 meses, la envió como preferente, pues las prisas podrían ser nocivas para una legislación que tiene sentido en un contexto como el mexicano.

Algo anda muy mal en lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia, a nivel federal y a nivel regional, porque la impunidad es más alta que nunca y las cifras son de terror. A nivel nacional se castiga únicamente 1 de cada 100 delitos que se cometen, y recientemente conocimos de cifras sobre la efectividad de la Fiscalía de Justicia de Jalisco y el estudio optimista señala que resuelve una de cada 100 investigaciones, mientras que el pesimista habla de sólo una de cada 300.

Imagine en una sociedad como la nuestra todo lo que depende de la aplicación de la justicia para castigar todo tipo de delitos e inhibir así a los malandrines o a quienes quisieran serlo. ¡La aplicación de la justicia tiene que ver con todo! Desde el ciudadano que todas las mañanas va a esperar su camión a la esquina para ir a trabajar y sabe que puede ser asaltado en la parada o en el camión con total alevosía de los delincuentes y que no se les va a castigar. Y va hasta los grandes mundos de los negocios donde el propietario de un terreno, por ejemplo, sabe que malandros incluso de cuello blanco pueden invadirlo y merced a la ineficacia de la fiscalía, combinada con la sospechosa complicidad de jueces y magistrados, se traduzca en que simplemente pierde el terreno.

Imagine otras instituciones u organizaciones que tuvieran una eficiencia de 1 en 100 intentos (nos vamos con el estudio optimista); una compañía de aviación, por ejemplo, que consiga que aterrice únicamente 1 de cada 100 vuelos; o un hospital que pueda curar sólo a 1 de cada 100 pacientes. De terror.

Y sentimos que el grave error que están cometiendo desde hace tiempo los gobiernos, tanto federal como local, para enfrentar la inseguridad y la violencia crecientes está en el enfoque de seguir viendo el cargo de fiscal, antes procurador, como una cartera más del gabinete; como un burócrata más que vendría a administrar un área, en este caso la de comisión de delitos. El perfil de los encargados de procurar la justicia es algo así como burócratas de la maldad.

Y es que, viendo sus resultados, y la información que recibimos de lo que hacen (abrir carpetas de investigaciones una tras otra), se asemejan como alguno de los personajes de El Principito que vive en su planeta rodeado de carpetas abiertas (donde sólo cierra una de cada 100) contando y contando delitos.

A grandes males, grandes remedios. Es necesario un enfoque completamente diferente para hacer justicia y erradicar la impunidad. Tomarlo como una prioridad. No sirven perfiles de fiscales que lleguen a administrar el número de delitos. Debe ser una especie de súper colaborador del gobernante en turno que, con todas las herramientas del mundo moderno, incluidas desde luego las plataformas digitales, que se dedique por encima de cualquier otra tarea a someter a los delincuentes y castigarlos.

Es obvio que mientras no haya justicia y Estado Derecho, no se puede hacer nada más, y si se hace son discursos y acciones huecas que lejos de atender el problema lo agravan.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que casos como el de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ponen en evidencia la fragilidad del sistema de procuración y imparticipación de justicia y de las instituciones de este ámbito.

Agregó que las fallas, omisiones o conductas indebidas de la autoridad repercuten en la imposibilidad de que las víctimas de delitos y abuso de poder puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación a la que tienen derecho.

El titular de la CNDH reiteró que "las consecuencia de que los derechos humanos no se respeten y que no se escuchen y atiendan los llamados y recomendaciones de las instancias encargadas de su protección y defensa. Todo eso ocasiona que hoy -cuando deberíamos estar hablando de que alcanzó justicia-, estamos reconociendo que la impunidad persiste y que los reclamos y dolor de las víctimas deben esperar más tiempo para que sean atendidos".

El ombudsman demandó que en México se requiere de una auténtica política criminal y una política nacional de reparación integral que tome en consideración a todas las personas -en particular a las víctimas-; que busquen esquemas para abatir la impunidad; el reconstruir el tejido social y recupere la confianza de la sociedad en las instituciones.

González Pérez conminó a las autoridades de la presente administración a revisar el apartado que se integró sobre el caso Ayotzinapá "este caso visibilizó la aparente normalidad que vivíamos y visibilizó el flagelo del fenómeno de la desaparición que vivimos en décadas".

"Sobre la recomendación de este caso, espero que las autoridades se asomen a la recomendación que hizo la Comisión donde implicó un gran esfuerzo, abarca 36 rubros y sintetiza el análisis de un millón de fojas, en 108 recomendaciones, 220 líneas de investigación y hay restos humanos que se pueden periciar (sic), así como rutas que pueden retomar para hacer una investigación robusta sobre Ayotzinapa", concluyó el presidente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la reciente liberación de 24 presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, y expresó que desde hace 4 años se había alertado sobre la posbilidad de que todas estas personas salieran de prisión.

"El hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, no resta valor ni anula al resto de las evidencias", señaló el organismo.

Aunque los 5 principales municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara reportan que los ingresos por el concepto del impuesto predial han venido en aumento en los últimos 6 años, el número de contribuyentes cumplidos bajó. En promedio, 4 de cada 10 no lo pagan.

De acuerdo con información reportada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de más de 1'678,000 cuentas catastrales en la metrópoli, 1'117,000 acudieron a cubrir sus adeudos durante el año pasado, lo que representó un ingreso de 2,715 millones de pesos.

5 individuos, uno de ellos menor de edad, quienes el 9 de septiembre pasado fueron resguardados en la Comandancia de la Policía Municipal de Tepetlaoxtoc, puesto que pobladores los querían linchar, fueron vinculados a proceso por el delito de robo con violencia.

Los elementos de prueba recabados y aportados por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron determinantes para que la autoridad judicial con sede en Texcoco determinara iniciar un proceso legal en contra de Jonathan "N", Arnulfo "N", José Moisés "N", y Salvador "N", además, les fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación.

En tanto que un juez especializado en adolescentes con sede en Zinacantepec también vinculó a proceso a un menor de 17 años de edad, quien habría participado en el robo junto con los 4 adultos.

Estos 5 individuos fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal de Tepetlaoxtoc, luego de que habrían asaltado a 4 personas en la calle Zopilo, del Barrio La Asunción, a quienes despojaron de dinero y teléfonos celulares.

Cabe mencionar que los detenidos fueron llevados a la Comandancia de la Policía Municipal, donde permanecieron resguardados ya que pobladores querían lincharlos. Horas más tarde fueron presentados ante agentes del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de robo con violencia.

Numerosos elementos del Ejército Mexicano han sido agredidos y humillados en los últimos meses por grupos delincuenciales, que utilizan cobardemente a mujeres, niñas y niños como "escudos humanos". La orden que han recibido es resistir y no repeler las agresiones; y como integrantes de un cuerpo castrense, su responsabilidad es acatar las órdenes de sus superiores, so pena de llegar a ser acusados incluso de rebelión.

Esa es una de las cuestiones que poco se han destacado en la discusión pública: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, deben ser entendidos como "cuerpos" cohesionados y hermanados en disciplina y propósito: mantener la seguridad frente a enemigos exteriores o internos que pongan en grave riesgo a la República.

Los uniformes y las insignias militares -y también policiales-, no sólo tienen el propósito de generar identidad al interior de las instituciones, sino también de representar, sin lugar a duda, a la autoridad legítimamente depositaria del uso monopólico de la violencia y la vigencia de la justicia y del orden legal.

De hecho, esa es quizá la principal característica del mando y la obediencia legal -como le denominó Max Weber-: aceptamos el mandato de la policía o del Ejército, porque sabemos que hay un marco legal que rige su actuación y que sus determinaciones no debieran ir nunca más allá de lo que expresamente le está permitido en el orden jurídico nacional.

El presidente de la república tiene razón cuando sostiene que el Ejército Mexicano es "pueblo armado", destacando su origen popular y no aristocrático; pero también es cierto que nuestras fuerzas armadas son "pueblo uniformado" con un mandato explícito formado desde la vocación de la carrera de las armas.

También debe reconocerse la vocación de paz del presidente López Obrador: "nunca daré la orden de reprimir al pueblo", ha repetido en incontables ocasiones. Sin embargo, hay que señalar que hay una diferencia abismal entre reprimir al pueblo y reestablecer el orden social mínimo en una comunidad y, sobre todo, en los territorios que literalmente han sido tomados por el crimen organizado, el cual obedece además a lógicas complejas de criminalidad trasnacional.

Construir legitimidad en democracia se logra no sólo a través de las urnas, la creación de consensos en diálogo con la pluralidad política y social del país, sino también garantizando la vigencia del Estado de Derecho; el respeto a los mandatos de la Constitución y sus leyes, y, sobre todo, dándole a la ciudadanía la garantía de que su patrimonio y sus vidas están a salvo ante la feroz y violenta amenaza de la delincuencia, en todas sus formas.

Es importante decir que no se trata de "permitir" que el Ejército Mexicano "se defienda" de los delincuentes; antes bien, el Gobierno de la República tiene el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la Ley; porque de otro modo, al dar la orden de "no repeler las agresiones", se está cayendo en una lógica peligrosa de incumplimiento del orden jurídico y de aplicación selectiva de la justicia. ¿Cómo determinar a quién sí y a quién no repeler?, ¿a quién sí y a quién no perseguir? ¿A quién sí y a quién no presentar ante los tribunales?

En la democracia, ya se dijo, el único criterio aceptable es el orden legal; porque todos sabemos que éste es de aplicación general y que está constreñido a la interpretación de otro de los poderes del Estado: el Poder Judicial.

La justicia mexicana liberó a otros 24 detenidos vinculados a la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero en septiembre de 2014.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de Gobernación, anunció el domingo las liberaciones que tuvieron lugar la víspera, en lo que calificó de la vieja práctica del "sabadazo" y en día de puente.

En conferencia de prensa en Ciudad de México, Encinas denunció que la liberación se dio tras una resolución por parte del juez de distrito en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, "del cual no encontramos fotografía alguna, ni registro alguno".

El subsecretario federal achacó al juez la libertad de los involucrados porque, por ejemplo, "habla de torturas pero no finca ninguna responsabilidad".

"Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad", dijo. "Y muestran la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país".

Con estas liberaciones, están en libertad 77 de los 142 sospechosos que fueron arrestados relacionados con uno de los casos de mayor impacto nacional e internacional de los últimos años.

Encinas destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos legales contra el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam; el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y contra José Aarón Carro, extitular de la unidad especial del caso.

Los padres de los estudiantes y abogados de las familias criticaron esta semana la lentitud de la fiscalía y su falta de colaboración para evitar nuevas excarcelaciones, todas producidas debido a los numerosos errores en la investigación, sus inconsistencias y las violaciones al debido proceso, incluidas torturas, que fueron evidenciadas tanto por la justicia mexicana como por investigadores de la ONU y la Organización de Estados Americanos.

La liberación más impactante fue la de Gildardo López Astudillo, "el Gil", a finales de agosto, principal sospechoso de la desaparición de los jóvenes, y quien obtuvo la primera sentencia absolutoria de un caso en el que nadie ha sido condenado todavía.

Muchos otros capitalinos decidieron aprovechar el puente, pero su viaje comenzó con una nota de histeria cuando encontraron que el camino al aeropuerto estaba bloqueado por una protesta de policías federales. Se trataba de apenas un puñado de manifestantes, pero afectaron la vida de cientos de miles en el norte de la ciudad y muy gravemente a los que perdieron un avión. En esta misma semana, maestros de la CNTE impidieron que la Cámara de Diputados sesionara durante algunos días. El miércoles, comerciantes de la Central de Abastos bloquearon durante varias horas Palacio Nacional para impedir la conferencia de prensa de López Obrador y una reunión de ministros.

Habría que preguntarnos si hemos entrado en un camino de no retorno en materia de convivencia o falta de ella. Los capitalinos se han acostumbrado a las incomodidades que provocan las movilizaciones sociales desde hace años; pero en general se asume que constituyen eso: una incomodidad (demora en el tráfico y todo lo que conlleva). Sin embargo, comienza a cambiar el tono cuando la protesta de un grupo imposibilita tomar un avión o se impiden tareas esenciales para la sociedad como el derecho del congreso a legislar o del gabinete a trabajar.

Nadie murió ciertamente ni se causó un daño irreversible. Todavía. Pero queda la sensación de que la vida de las personas o el patrimonio construido trabajosamente por todos queda a merced de las necesidades políticas de grupos sociales con reivindicaciones puntuales. El único límite parecería ser la temeridad o el sentido de responsabilidad de los líderes. Es decir, no hay límite. Una medida de fuerza que no da resultado pero que tampoco es impedida (como bloquear el acceso al aeropuerto) derivará, por lógica, en una acción aún más severa o radical, sea por parte de ese mismo movimiento o el que surja al día siguiente. De hecho, los mismos policías que bloquearon el viernes aseguraron que si sus peticiones no eran concedidas tomarían el aeropuerto para impedir el despegue o aterrizaje de aviones. Y si la única garantía de que eso no suceda es el sentido de responsabilidad de los líderes sociales, estamos perdidos: el vocero afirmó que si no obtenían la indemnización pedida se verían obligados a pasarse al crimen organizado.

La gran mayoría de estas reivindicaciones son legítimas, ni duda cabe. Razones para protestar hay todas en un país con tantas carencias e injusticias. El tema es ¿qué vamos a hacer para que estas protestas no terminen por arruinar la vida de todos los demás que también tienen otras razones para protestar?

La impaciencia es explicable. Durante años los grupos desprotegidos han visto a los de arriba apropiarse impunemente de los bienes públicos. La llegada de un gobierno "para el pueblo" extendió la sensación de que había llegado su turno y disparó la exasperación. Muchos asumen que están en su derecho de tomar por medio de acciones particulares lo que no llegue o no se cumpla por vía de las políticas públicas. Estos policías están convencidos de merecer una compensación sustantiva tras años de estar fungiendo como guaruras de políticos que se embolsaron todo o de acompañar, proteger a las esposas de funcionarios en sus compras en Masaryk o arriesgar la vida. ¿Por qué habrían de limitarse ahora que exigen algo para ellos? La pregunta es legítima, pero también es legítimo que el resto nos preguntemos: ¿y si no se limitan en su protesta qué hacemos?

Los movimientos llegan a la calle porque no encuentran una vía dentro del sistema para canalizar su exigencia. "Te pego para que me escuches y te sientes a negociar". Sin embargo, el gobierno "del cambio" ha dicho que está dispuesto a escuchar. Por desgracia muchas de estas peticiones habrán de desbordarlo, sea porque algunas son exageradas, otras porque son instigadas para desestabilizarlo o, la mayoría, porque simple y sencillamente superan a los recursos públicos. Pero esto último no le importa al movimiento, por lo cual su planteamiento se modifica: "te pego para dañarte y obligarte a ceder". Con lo cual transitamos a una situación absurda si consideramos la cantidad de reivindicaciones legítimas y no legítimas que existen y el hecho de que irá aumentando el daño que pueden desencadenar para obtener lo que buscan.

Ciertamente la represión unilateral no es una respuesta. Y justamente para que no sea el último recurso, tendríamos que discutir ahora y entre todos los derechos de las minorías (potencialmente lo somos todos), los límites aceptables e inaceptables al daño que puede infligirse a los demás, el derecho a expresar la rabia provocada por la desesperación pero también el derecho que gozan los que sustentan otras rabias para no ser perjudicados por todas y cada una de las reivindicaciones pendientes.

Entre enero y agosto del presente año se han documentado 109,161 carpetas de investigación en Jalisco, reporta la Fiscalía General del Estado, principalmente robos en todas sus modalidades. La cifra es alta si comparamos que, en los años completos de 2013, 2014 y 2015 se registraron 101,000, 91,000 y 95,000 denuncias por afectaciones de la delincuencia, respectivamente.

Sin embargo, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas 0.6%, revela el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero.

La entidad se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad del esclarecimiento de un ilícito en México.

Por su parte, Baja California es el estado con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es el de menor efectividad (0.2%).

"En términos generales no se observa una mejora en la procuración de justicia en nuestro país. Los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior del índice (2018). La carga de trabajo promedio para los agentes del Ministerio Público descendió ligeramente. Por su parte, en el tiempo promedio que le toma a una víctima denunciar un delito ante la Fiscalía se observó un aumento, por lo que es necesario que se revisen los modelos de atención inmediata", subraya el estudio.

Una falla más detectada en Jalisco es la falta de personal. Apenas se tienen 4.4 agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes, cuando la media nacional es de 8.4.

El estado se mantiene en el sótano en procuración de justicia y combate a la impunidad. De acuerdo con los resultados del índice la entidad se ubica en el lugar 23 del ranking (con 43.34 puntos sobre 100), tras descender 4 posiciones con respecto al año anterior.

Por 3a. ocasión, Chihuahua se ubicó en la 1a. posición, con un promedio de 71.89 puntos. Mientras que en el peor lugar se sitúa Tlaxcala, con 36.9.

En el documento se destaca que, en términos generales, no se observa una mejora en la procuración de justicia a nivel nacional, pues los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior del estudio.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, señala que en la entidad, la tasa de judicialización es prácticamente nula. Esto obedece a la falta de personal, pero sobre todo se observa que no hay voluntad de parte del ejecutivo estatal para inyectarle más recursos a la Fiscalía. "Antes de que entrara el actual gobierno prometieron depurarla. Y más de 400 elementos se tenían que ir, pero no se fue nadie. Tenían detectados focos rojos de corrupción y no se depuró".

El presidente de la organización México SOS en Jalisco agrega que falta mayor capacitación al personal, pues 54% de las detenciones es considerado como ilegal, "se les caen... y no es que el poder judicial sea corrupto como se ha manejado, sino que las formulaciones de imputación y las audiencias de vinculación son de muy bajo nivel, entonces sí hay que meterle mano por parte del gobernador".

Al igual que lo establecido en el documento de este índice estatal de desempeño, García remarca que el sistema de justicia penal acusatorio sí ha mostrado ser más efectivo que el anterior.

En el documento se destaca que si bien hacen falta muchos aspectos de mejora, es necesario que no se permita una contrarreforma que merme el avance actual. "Como se ha mencionado, dotar de recursos a las fiscalías y procuradurías estatales es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar los indicadores de resultados, por lo que es necesario que se revisen los modelos de atención a las víctimas y se fomenten las unidades de investigación especializadas que permitan revertir la espiral de impunidad, principalmente en delitos de alto impacto, lo cual se verá reflejado en los indicadores de la política criminal y efectividad", añade Impunidad Cero.

Presupuesto

- El presupuesto per cápita en procuración de justicia en Jalisco es de 266.54 pesos, mientras que el de la Ciudad de México sube a 740.57; es decir, casi 3 veces más.
- La capital del país se sitúa de nuevo en la 1a. posición del índice estatal en esa medición per cápita, seguida por Chihuahua y Nuevo León (con 655.06 y 607.83 pesos, respectivamente).
- Tlaxcala se mantiene en el fondo de la tabla, al situarse como la entidad con el menor presupuesto por persona en procuración de justicia, con 106.11 pesos.

En Jalisco, casi 9 de cada 10 asesinatos no se resuelven. De acuerdo con datos arrojados por el Índice Estatal de Desempeño, la impunidad en homicidio doloso es de 84.9%.

Estos datos se registran en medio de un alza de este delito en la entidad. De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año se han registrado 1,608 homicidios en el estado; es decir, un promedio de 8 víctimas al día.

A nivel nacional se tuvo una disminución en materia de efectividad del sistema penal acusatorio, pero Jalisco mejoró al pasar de 4.9% a 7.8 puntos. Sin embargo, aún se ubica en la antepenúltima posición junto con Quintana Roo.

Además de éstas, las entidades con menor efectividad en la resolución de investigaciones fueron Guerrero, con 6.3%, Aguascalientes, con 8.9%, y Chiapas, con 9.1%.

La baja a nivel nacional de 2 puntos porcentuales (en el índice anterior se ubicó en 21.4%), obedece a que algunos estados como Colima, Guanajuato y Aguascalientes tuvieron un descenso significativo en los niveles de dicho rubro.

De acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa, presentado en agosto pasado, Jalisco se ubicó a media tabla en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal (en el lugar 15 nacional), al sumar sólo 371 puntos de un máximo de 800.

El trabajo reveló que prácticamente todas las entidades del país se encuentran rezagadas.

Aunque algunas organizaciones como México SOS Capítulo Jalisco han buscado un acercamiento con la Fiscalía del Estado, ésta sigue "cerrada" a recibir recomendaciones para mejorar la situación, señala el presidente de ésta, Anuar García.

El investigador resalta que, a la fecha, no hay una mejoría del trabajo que realiza la dependencia estatal y se observa una falta de voluntad, a diferencia del acercamiento que se ha logrado con el resto de las áreas de seguridad.

El presidente de la organización añade que la gran apuesta de las autoridades para mejorar en materia de seguridad es la Guardia Nacional, la cual, junto con la Policía Metropolitana, entrega detenidos, pero el Ministerio Público está incapacitado para llevar a cabo acciones adecuadas para que los delincuentes se queden presos. "Esto nos va a traer más impunidad, por eso están las cosas como están en Jalisco. Urgen cambios, voluntad y recursos".

Recuerda que el problema no está en materia de detenidos, sino a la hora de llevar a cabo las investigaciones, pues no se tiene la capacidad tanto humana como material y los recursos necesarios. "Es prácticamente imposible. Las audiencias están a reventar, pero les falta muchísimo personal. Falta voluntad política para que camine esto. Ojalá que el gobernador Enrique Alfaro preste atención, porque no lo hemos visto enfocado en el aparato de justicia para que exista una verdadera respuesta ante tanta impunidad".

Durante el año pasado, en Jalisco se tuvo un subejercicio que superó los 824 millones de pesos en materia de seguridad, de acuerdo con el presupuesto aprobado y lo que finalmente se gastó.

Por ejemplo, en la plataforma del presupuesto dinámico que el Gobierno reporta en su página de internet para dar seguimiento al ejercicio fiscal, durante el año pasado, la Fiscalía General tuvo un presupuesto de 6,779 millones de pesos, de los cuales sólo se ejercieron 5,955 millones de pesos.

En los últimos 7 años, el ejecutivo estatal gastó un promedio de 15.4 millones de pesos diarios en materia de seguridad, pero la violencia no cesa.

El presupuesto de 2019 y lo ejercido entre 2013 y 2018 suman 39,568 millones para tareas operativas y ministeriales en Jalisco.

Pese al incremento anual del presupuesto en Jalisco, no se ha visto una contención del delito.

Según la incidencia delictiva del fuero común reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras de enero a julio de 2015 se abrieron 51,740 carpetas de investigación en Jalisco, en el mismo periodo de este año hubo 95,410.

En todo el lapso en análisis, la entidad registró un alza en homicidios, lesiones, fraudes, violencia familiar y robos, según el Secretariado. Aunque se destaca que, en el caso de los robos y lesiones, en 2019 hay una disminución en comparación con el 1er. semestre de 2018.

En 2013, de acuerdo con lo reportado en el presupuesto dinámico del gobierno, Jalisco gastó 3,556 millones de pesos en seguridad (policías operativa y ministerial), mientras que en 2018, el gasto fue de 5,955 millones. Y para este año se tienen etiquetados 7,041 millones.

Ahora la apuesta está en la nueva Policía Metropolitana, en apoyo con la Guardia Nacional.

Según el estudio de Impunidad Cero, Chihuahua se mantiene en la 1a. posición a nivel nacional respecto al número de Ministerios Públicos (MP), con 25.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que Puebla es la entidad en el último lugar, con apenas 2.8.

En promedio, los agentes del Ministerio Público de Baja California, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro reciben más de 310 carpetas de investigación al año cada uno. Son las entidades con el mayor número de carpetas de investigación.

A nivel nacional, la cifra negra es de 93.2% (delitos no denunciados), y la efectividad en la investigación es de 19.4%. La probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.3%.

Yucatán es la entidad donde más personas reportan "mucha confianza" en el Ministerio Público (20.4%), mientras que la Ciudad de México fue la peor evaluada (2.7%).

A nivel nacional, la efectividad en la resolución de carpetas de investigación disminuyó de 21.4% a 19.4% entre 2018 y 2019.

Nayarit es la entidad con mayor efectividad (40.2%) en resolución de asuntos penales, mientras que las entidades con menor efectividad son Guerrero (6.3%), seguido de Quintana Roo y Jalisco (7.8% cada una), Aguascalientes (8.9%) y Chiapas (9.1%).

La entidad que más se acerca a los valores óptimos en el Índice 2019 es Yucatán, con apenas 322.01 puntos de los 600 disponibles. Chiapas, por su parte, ocupa la última posición con 145.93 puntos.

El Estado de Derecho, quizás la prioridad número 1, tuvo un golpe terrible cuando se cuestionaron los contratos relacionados con los ductos. El asunto afortunadamente se enderezó.

Pero sigue habiendo preocupación sobre el caso de Santa Lucía, donde se ha amenazado pasar por encima de los amparos, para asegurar la construcción de ese aeropuerto.

Hay ciertos temores respecto a la forma en la que se apliquen los criterios en materia de extinción de dominio o la equiparación de la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.

Hay dudas respecto a la prevalencia de la honestidad, no solo en los altos niveles del servicio público, sino en todas las instancias operativas o de ventanilla.

Casos como el de los privilegios a la CNTE cuestionan la real eliminación de los privilegios en el país.

Alrededor de las 21:15 horas de este viernes comenzó el retiro del bloqueo que policías federales mantuvieron durante casi 8 horas en Circuito Interior, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los policías federales inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional liberaron, en principio, uno de los carriles con dirección al norte, pero advirtieron que de no resolverse sus demandas este sábado volverían a realizar bloqueos y otras acciones.

De esa manera comenzó el desahogo de los vehículos atrapados en el Circuito Interior, al oriente de la Ciudad de México, bajo la supervisión de elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina.

Aunque aún no llega la solicitud oficial, en el Congreso de Jalisco se contempla la posibilidad de avalar un nuevo periodo de descuento en el cobro de recargos a personas con pagos atrasados al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda, adelantó que esperan que el organismo formalice el planteamiento para darle el trámite legislativo.

"Existe la posibilidad, falta que se defina la postura del SIAPA. Está la posibilidad de volver a ofrecer el descuento de 90%, en el caso de pago en una exhibición. Sería solamente para lo que resta de 2019", comentó.

Como parte de su estrategia para recuperar cartera vencida, en mayo pasado el poder legislativo autorizó al SIAPA ofrecer alternativas de convenio a sus deudores. El pasado 31 de agosto venció el plazo para quienes buscaran regularizarse y acceder al descuento. El anterior acuerdo, que se podría replicar, daba la posibilidad de reducir 90% los recargos, cuando los deudores hicieran el pago en una sola exhibición. La rebaja fue de 75% a quienes llegaron a un acuerdo para pagar en parcialidades.

En la argumentación de su pasada solicitud, el SIAPA refirió que alrededor de 411,000 cuentas presentaban atraso en el pago.

En México tenemos leyes para todo, tanto para regular los actos civiles como los mercantiles, financieros, económicos, ambientales, tecnológicos, penales y cuanta actividad humana sea parte del conglomerado social, así como los de tipo fiscal que en estos días se discute en el Congreso de la Unión.

Se da el caso recurrente de que cuando nuestros gobernantes no pueden resolver un problema, crean una ley para dejar sentada su preocupación por resolverlo, a sabiendas de que en México las leyes no se cumplen.

En las normas del derecho común existe la presunción de inocencia y en el derecho fiscal todo contribuyente es culpable hasta que demuestre lo contrario.

La actitud de nuestros gobernantes no es pareja, no es el mismo trato a la delincuencia fiscal que al crimen organizado. A las empresas "factureras" se les aplica todo el rigor de la Ley y a los extorsionadores, secuestradores, traficantes de drogas, cobradores de piso y otros delitos perjudiciales se les suplica que no se porten mal, que hablen con sus mamacitas, que platiquen con los chavos, que les den buenos consejos, que no sean malitos. El crimen organizado se apodera de una región, sustituye al Estado, ellos tienen la fuerza pública, ellos cobran los impuestos, van con toda actividad que les produce dinero. Las drogas, el "huachicol", los secuestros, la extorsión, compran la policía y la ponen a su servicio, hay zonas del país en Veracruz, en Michoacán, en Tamaulipas, donde es el crimen organizado el que se ha apoderado del gobierno; en el sexenio pasado se optó por no enfrentar a la delincuencia; notoriamente se observa que se pactó con ella haciendo más grave el problema. No les interesaba molestarse en gobernar, se dedicaron a robar y dejar en paz a la delincuencia. Ahora el problema es mayúsculo y no se va a resolver por la buena.

Pero, el principal "pero" está en la falta de Estado de Derecho en Jalisco, y la abrumadora impunidad que, según nuestros datos, ronda el 99%. Hablar de que aquí sólo se llega a castigar el 1% de los delitos desanima a cualquiera.

Y ese es el sistema de procuración e impartición de justicia en general, porque si revisamos las cifras recientes de la eficiencia de la Fiscalía de Jalisco, la efectividad se desploma ya que se llega a investigar efectivamente sólo 1 de cada 300 delitos que se denuncian, incluidos los de todo tipo.

Y, en definitiva, así como la violencia del narco está fuera de su control, sí está en manos del Gobierno del Estado el empezar a trabajar en serio para que funcione el aparato de justicia.

Momentos de tensión se vivieron anoche en el ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México, cuando un grupo de pobladores se enfrentó con policías estatales y municipales, en un intento de linchamiento. La razón fue que los pobladores exigían a las autoridades que les entregaran a 5 sujetos acusados de robar celulares.

Consideraban que los presuntos delincuentes serían dejados en libertad luego de pagar una fianza de 500 pesos.

A las 20:00 horas del 9 de septiembre sonaron las campanas del pueblo y en minutos se reunieron cientos de personas que tuvieron fricciones con los policías.

Algunos de los uniformados resultaron con golpes y dos patrullas fueron volteadas y una más incendiada. También hubo daños en la fachada de la presidencia municipal.

A los inconformes se les replegó con gas lacrimógeno y en ese momento los 5 detenidos fueron trasladados al ministro público de Texcoco, en donde se inició la investigación correspondiente.

Alrededor de 150 pobladores de Apango, en el municipio poblano de Acajete, se enfrentaron la víspera a elementos del Ejército que resguardaban una bodega con vehículos robados y mercancía diversa, a quienes agredieron mediante palos y piedras.

En México se insiste que para acabar con la corrupción se debe acabar con la impunidad. Esto sería suficiente. Los expertos nos dicen que además de correlación hay causalidad. Esta teoría se basa principalmente en observaciones de países donde hay poca impunidad y corrupción basados en el indicador de Transparencia Internacional. El análisis es igual de simplista que el de las alas y las plumas de las aves que según los expertos era lo que se requería para que el ser humano pudiera volar. Ejemplo: De acuerdo con el Índice Global de Impunidad los Estados Unidos tiene un alto nivel de impunidad. Está en la posición 12 de 69 (de peor a mejor) y México en el 5 y, en cambio en el Índice de percepción de corrupción 2018 (de mejor a peor) EU está en la posición 22 y México en la 138. Claramente aquí no se observa ninguna correlación. Por otro lado, no suena lógico que, si hay más de un 90% de impunidad en el país, pensemos que en todos esos casos hubo corrupción.

No se quiere aceptar que existen otras raíces que son los valores culturales (o más bien antivalores) como la irresponsabilidad, deshonestidad, desconfianza, impuntualidad, y falta de respeto (de todo tipo) entre otros. Es difícil creer que daremos con la solución si el diagnóstico sigue estando equivocado o incompleto.

La crisis de impunidad que vive nuestro país se ha gestado a lo largo de décadas cuando el sistema de procuración de justicia ha buscado culpables, más que averiguar la verdad; y en donde el efecto de contar para generar percepción resulta más relevante que la aplicación de la ley con sus principios éticos implícitos. Las respuestas para modificar la estructura y funcionamiento de los sistemas de justicia han sido constantes desde la década de los años 90 del siglo pasado, pero han llegado tarde y sin suficiente profundidad. Desde las decisiones de estado que promovieron el fortalecimiento del Poder Judicial Federal, la autonomía de la Corte; las mejoras salariales, las reformas al sistema de justicia penal; la nueva Ley de Amparo; la creación de sistemas policiales más robustos; las modificaciones a las leyes mercantiles; la autonomía del Ministerio Público, hasta las más recientes reformas en materia laboral, se han enfrentado a enormes resistencias políticas que han deteriorado los resultados. Quizá el común denominador de estos obstáculos es la falta de recursos para dotar de suficiente solidez a los cuerpos de prevención, investigación y a los jueces. Dicho de otra forma el servicio público de justicia del estado mexicano se encuentra en crisis, tanto por su alcance como por su profundidad. El baño de sangre provocado por la inseguridad y la actuación a gran escala de la delincuencia ha puesto de relieve la fragilidad de las instituciones de tal forma que se considera una urgencia el proponer cambios estructurales que reviertan las tendencias.

A pesar de la crisis es necesario considerar que cualquier solución que se plantee debe estar enfocada al respeto de la ley como principio. Entre las muchas razones por las que este tema es esencial está precisamente el cuidado del régimen democrático de libertades bajo el cual se erigen la mayor parte de los estados contemporáneos. Sin duda es necesario emprender con determinación el desafío de mejorar el servicio público de justicia, y especialmente para los menos favorecidos. Un ejemplo de esta realidad es la reforma laboral que establece la libertad de afiliación sindical aprobada hace casi un año y que a la fecha no se ha aplicado eficazmente. Las presiones de los congresistas estadounidenses y de las centrales obreras de aquella nación no se han hecho esperar, al grado que en últimas semanas se han intensificado los encuentros para explicar y dar garantías de que la reforma se traducirá efectivamente en una ampliación del ejercicio de los derechos democráticos. Y así como sucede en este campo, en materia de penal hay preocupación externa y una enorme presión interna para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Las propuestas que se planteen en el ámbito de la legislación deben considerar el asunto como una cuestión de estado, mucho más allá de los criterios de la coyuntura política, porque el acceso a la justicia de calidad y expedita es uno de los principios de la igualdad, y es quizá sea ahora mismo la necesidad estratégica más importante para fortalecer a México.

Unos manifestantes atacaron con palos a los soldados que trataron de impedir que colocaran tiendas de campaña sobre los muros de Palacio Nacional. Los soldados se retiraron, aunque algunos resintieron heridas. Ninguna autoridad hace ya nada ante quienes vandalizan monumentos o edificios o atacan a policías o soldados en manifestaciones. Es un error.

No se trata de una metáfora sobre inacción o desánimo en la tropa. Nada de eso. Es literal: en uno de los estados más peligrosos del país, el Ejército Mexicano es rechazado por los despachadores de gasolina cuando llegan a las estaciones de servicio para cargar combustible que les sirva para el transporte de su personal desplegado en la zona.

El reporte que ha llegado al gobierno estatal y al gabinete de seguridad del presidente López Obrador es que los narcotraficantes, concretamente el Cártel del Noreste, tienen bajo amenaza a los empresarios gasolineros de la región: "Si le surten combustible al Ejército, nos vamos contra ustedes".

Y como en esa entidad desde hace años manda más el narco que cualquier autoridad política, los gasolineros acatan ante la amenaza. Así que los camiones verdes de la Secretaría de la Defensa Nacional llegan a las estaciones de servicio y los despachadores se niegan a surtirles, impidiéndoles la operatividad.

(Ayer mismo, la secretaria de Gobernación recibió al gobernador. Ahí se dijo que para que las pipas puedan llegar a su destino deben ir custodiadas por tierra y aire. También se acordó pedir a los concesionarios que presenten denuncias por las amenazas).

Tampoco es que los militares tengan tantos alicientes para salir a la calle a enfrentar a los criminales. Y aunque tengan la disposición para hacerlo, la orden que reciben es otra. La población se da cuenta de que las fuerzas federales están ahí, pero no hacen nada frente a las balaceras, matanzas, secuestros. No salen de sus cuarteles y cuando salen, no tienen permitido disparar. Así que, en la mayoría de los casos, mejor llegan después de que concluyeron los eventos delictivos.

La excarcelación de Gildardo López Astudillo (a) "El Gil" no prueba, en absoluto, su inocencia en el "Caso Ayotzinapa". Sí prueba, en cambio, la incapacidad casi absoluta del aparato encargado, supuestamente, de investigar delitos y sancionar a sus autores, en México, para hacer con pulcritud y eficiencia su trabajo: sin atropellar derechos; sin violar la ley.

"El Gil" era uno de los personajes principales de todos los crímenes convergentes en el "Caso Ayotzinapa": desde la privación ilegal de la libertad de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, hasta la desaparición y probable asesinato e incineración de los restos de 43 de ellos, hace cinco años. Detenido un año después por "delincuencia organizada" y "delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico", López Astudillo había sido señalado como miembro del grupo delincuencial "Guerreros Unidos", que participó activamente en todas las decisiones que concluyeron en el asesinato de los estudiantes.

Al excarcelarlo, el Juez 1o. de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas no argumentó que 81 de las pruebas aportadas por investigadores, peritos y testigos en contra de "El Gil" fueran falsas. Argumentó que fueron conseguidas de manera ilegal; es decir, a base de irregularidades; entre ellas, muy particularmente, el empleo de la tortura por parte de investigadores y otros funcionarios de la Procuraduría General de la República, contra varios implicados en el caso.

Lo reconoció abiertamente el subsecretario de Derecho Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas: no se trata de un hecho aislado; la tortura se aplica de manera sistemática en México. El margen de eficiencia en la administración de justicia -que sería ridículo si no fuera trágico-, de 5% en números redondos (contra el 95% de impunidad), exhibe, de manera escandalosa, la incapacidad de los investigadores para emplear procedimientos científicos.

Es la brutalidad la que permite avanzar en los procesos mediante confesiones o declaraciones inculpatorias. Ese es el sistema que se utiliza en la generalidad de los delitos que se consigue esclarecer. Eso propicia, en casos como el que en su momento exhibió a los ojos del mundo una reedición atroz del "México Bárbaro" de hace 100 años, que los jueces se vean, a veces, obligados a condenar a inocentes..., y a veces -como ahora-, obligados a dejar en libertad a presuntos culpables.

(Por cierto: ¿quién proclamó, el domingo pasado, que en México "ya existe un auténtico Estado de Derecho"...?).

Por presuntos actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades, el Consejo de la Judicatura Federal castigó a 148 jueces y magistrados de circuito en los últimos 7 años. Entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco.

El caso del magistrado Isidro Avelar fue uno de los más polémicos: recientemente fue suspendido por 6 meses sin goce de sueldo por presuntos nexos con un cártel de la droga, por lo que se congelaron sus cuentas bancarias.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura de Jalisco aplicó 54 sanciones contra jueces por presuntos casos de corrupción, excesos en el desempeño de sus funciones y por golpear a subalternos, entre otras anomalías, en el periodo 2013-2019. Sin embargo, los magistrados siguen intocables, con excepción del polémico caso de Luis Carlos Vega Pámanes, quien fue inhabilitado por el congreso local.

El académico del ITESO Jorge Tejada destaca que, a diferencia de las investigaciones locales, a nivel federal se puede ser más contundente porque éstas se amplían a las familias; además, los funcionarios que las realizan pertenecen a otros circuitos. "Tienen más de independencia".

Para el académico del ITESO, las investigaciones que se desarrollan en contra del actuar de los jueces a nivel local no son rigurosas.

Considera que estas funciones preventivas y permanentes de vigilancia a cargo del Consejo de la Judicatura son muy deficientes. Señala que, a pesar de que son "vigilados", en realidad se trata de revisiones aleatorias.

"La revisión consiste en ir a ver sus oficinas, en revisar sus registros estadísticos, el orden en el que llevan los archivos, pero no entran a revisar la forma en que se hizo justicia, si fue conforme a las pruebas o si hubo irregularidades. En eso no consisten las revisiones".

Señala que, generalmente, las investigaciones por irregularidades se llevan a cabo después de que un ciudadano denuncia. Sin embargo, la mayoría de estas quejas se hace de manera verbal e informal. "Los litigantes acostumbran a ser muy prudentes", y no pasa que se quejen de un auxiliar del propio juez o, en vez de quejarse, presentan algún amparo o un recurso de apelación, pero sólo para "componer" el problema que había en el juicio.

Algunas de las quejas que se realizan en las revisiones aleatorias, dice, son las de abogados que señalan a funcionarios que solicitan dinero para realizar el trámite, "pero luego estas investigaciones no tienen seguimiento o sustento porque los litigantes se niegan a corroborar esas versiones. Es muy raro que apliquen sanciones".

Sobre las quejas y denuncias presentadas, el académico opina que el panorama es muy triste porque el procedimiento de investigación "es muy pobre, casi inexistente. Formalmente, en el papel se dice que se abre una investigación". Sin embargo, las investigaciones no se extienden para conocer los nexos con grupos de poder o delincuenciales. "Se limita a que el ciudadano que se queje de una autoridad, sea quien presente todas las pruebas".

Tejada Montaño comenta que generalmente se desconoce una situación que es "muy grave", que es precisamente el que los magistrados no pueden ser revisados por el Consejo de la Judicatura del Estado.

"El único modo o metodología que hay para revisar el tema de los magistrados es presentar una queja ante ellos mismos; es decir, a los magistrados no los toca nadie. Ellos van a resolver las quejas que se presenten en contra de ellos".

Recuerda que éstos alegan que es correcto porque si hubiese algún otro órgano o autoridad de categoría inferior que pudiera sancionarlos, perderían autonomía y poder. "Es un pensamiento equivocado".

Otra situación que hace muy difícil que se tengan sanciones contra los magistrados, agrega, es el temor de los abogados a represalias que les impidan trabajar de manera autónoma y con seguridad en nuevos casos, pues son ellos quienes se enteran cómo incurren en actos de corrupción, de abuso de autoridad o por el ejercicio indebido de las funciones.

Sin embargo, recuerda que se encuentra la vía del juicio político, a través del Congreso del Estado.

A la fecha, el único magistrado sancionado es el ex presidente del Poder Judicial de Jalisco, Vega Pámanes, quien fue inhabilitado por 9 años por haber ocultado sus antecedentes penales y mentir para obtener el cargo.

El resto de los juicios políticos en el legislativo se encuentran detenidos por los amparos presentados por los magistrados. Entre éstos se encuentran los de Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, del Tribunal de Justicia Administrativa.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó la investigación "Los virreinatos del Poder Judicial", en donde se retratan los casos de nepotismo que se presentan.

De acuerdo con la investigación, que se desarrolló durante un año, el Tercer Circuito de Jalisco es uno de los que concentra el mayor problema. Se suman San Luis Potosí, Querétaro y Baja California, en donde los magistrados contrataron a familiares.

Señalan que la mayoría de parientes se desempeñaba como oficiales administrativos, con sueldos mensuales de 29,585 pesos en promedio.

Sobre Jalisco, se da cuenta del caso de la magistrada en retiro Alicia Guadalupe Cabral Parra. De acuerdo con la revisión, 7 familiares ingresaron a laborar al poder judicial cuando aún se desempeñaba como presidenta del 5o. Tribunal Colegiado en Materia Civil (cargo que finalizó en 2018): un hijo, 2 hermanos y 4 sobrinos.

"Mientras ella presidía dicho tribunal, su hijo Diego Armando (a quien procreó con el señor José Luis López Ávalos), ingresó como oficial administrativo en la ponencia del magistrado José Manuel Mojica Hernández, del 3er. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el mismo Circuito".

Se aclara que en la página del Consejo de la Judicatura Federal no se tienen disponibles los datos académicos ni de la trayectoria de Armando.

La organización "logró hablar con la magistrada en retiro Alicia Guadalupe Cabral Parra. A su juicio, ella no influyó en que 7 de sus familiares obtuvieran cargos en el poder judicial", se remarca en la investigación.

Cabral Parra les respondió que sus familiares trabajaban por "méritos propios". Añadió que algunos son "parientes lejanos con quienes ni siquiera trato".

El trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es un seguimiento a una publicación realizada en julio de 2017, en donde se informaba sobre la investigación elaborada por el entonces consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada. En ésta se señalaban a 500 jueces y magistrados federales que tenían a familiares trabajando en el poder judicial. "Ahora buscamos ponerles rostros, nombres y apellidos a quienes han incurrido en estas prácticas".

También se señalaba que el circuito correspondiente a Jalisco ocupaba el 3er. lugar con más juzgadores que tienen parientes en el poder judicial.

"Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de 31 circuitos revisados en el estudio", finaliza la investigación.

Finalmente, el Congreso de Veracruz cumplió un objetivo: que se unieran las fracciones de Morena que representaban los intereses del gobernador Cuitláhuac García, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del superdelegado en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para un propósito claro: tener la mayoría para suspender al fiscal del estado, Jorge Winckler, y sacarlo del cargo. Requirieron una mayoría simple por ser una suspensión con carácter temporal, que tendrá que ser calificada si se busca la definitiva. En todo caso, fue anulado, y el fiscal heredado de la administración de Miguel Ángel Yunes, que había aprovechado la pugna entre las fracciones de Morena, dejó de ser una pesadilla para el gobernador. El problema es que para lograrlo, en Veracruz violaron flagrante y cínicamente la ley.

El martes se publicó una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Veracruz, el Tomo III, donde se informó del "Acuerdo de la diputación permanente de la Sexagésima Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de fiscal general del estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo".

Con fecha del 17 de mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019 establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza: "La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación".

Es decir, desde mayo la ley protegía a Winckler, como lo hacía con Eric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada (sic) por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso, cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas agencias y declinado invitaciones para ir a Washington.

En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica al del ex presidente Enrique Peña Nieto durante su 1er. año: no combate a criminales, deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador priista.

La manera por la que optaron para suspenderlo es una violación a la ley y a los acuerdos que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el gobierno federal. Violar la ley para que se alineen las fuerzas veracruzanas al gobernador es una ruptura del Estado de Derecho. A muchos no les importa eso en México, hoy y antes, para ser claros, pero ante las dificultades que enfrenta la economía mexicana y la creciente incertidumbre jurídica que está transmitiendo el gobierno, no le conviene al presidente ni al país la reiteración de atropellos como el que se acaba de dar en Veracruz.

Tan grande ha sido el esfuerzo de los activistas por demostrar que "Fue el Estado" que han conseguido un logro paradójico: la liberación de decenas de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los normalistas de Ayotzinapa. Hoy, que tenemos un gobierno de izquierda aliado con el Ejército, queda claro que solo han abonado a la impunidad.

La liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los dirigentes de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, es preocupante. A López Astudillo se le presentó en su momento como uno de los principales responsables del secuestro y posterior homicidio de los estudiantes. Fue el primero en declarar que los normalistas habían sido divididos en dos grupos, uno entregado a policías de Iguala y el otro a policías de Cocula. Estos últimos fueron presuntamente ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.

El periódico Reforma dio a conocer en abril de 2018 una serie de mensajes de Blackberry presentados como pruebas en un juicio en Chicago contra 8 líderes de Guerreros Unidos. Los mensajes ratificaban que esta banda había estado involucrada en el secuestro de los normalistas ya que sus dirigentes pensaban que los estudiantes estaban infiltrados por integrantes del grupo de Los Rojos. Los capos ordenaron la detención de los normalistas o pidieron que la policía municipal de Iguala lo hiciera. Dieron cuenta también de las ejecuciones. Uno de los mensajes del juicio de Chicago señalaba: "Algunos [de los estudiantes] ya están con San Pedro". Otro apuntaba: "Ya les dimos trámite". Uno más reportaba: "No estuvieron los verdes ni los del estado", en otras palabras, ni los militares ni la policía estatal participaron en los hechos.

A López Astudillo se le atribuye la confirmación de la muerte de los estudiantes. Presuntamente él le escribió a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, un mensaje que decía: "Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua".

Él y decenas de otros procesados reclamaron después que sus declaraciones habían sido extraídas por tortura. Esto lo negaron quienes realizaron los interrogatorios, pero en estos casos los jueces y las organizaciones de derechos humanos les creen más a los acusados que a los investigadores.

Los activistas del movimiento de Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presionaron a las autoridades y a los jueces para rechazar la llamada "verdad histórica" de la PGR. Para ellos, por razones políticas, el Estado tenía que ser el responsable del crimen. Por eso exigieron revisar las "mazmorras" del Ejército y buscaron desacreditar de manera sistemática la investigación. Rechazaron que los estudiantes pudieran haber sido secuestrados por elementos del crimen organizado. Sostuvieron que era imposible que los cuerpos pudieran haber sido quemados en un basurero. Respaldaron a los imputados cuando estos afirmaron que sus declaraciones habían sido arrancadas con tortura.

Hoy vemos las consecuencias de este trabajo político. Más de 40 de los implicados, entre ellos López Astudillo, han sido liberados en amparos y por el juez de Tamaulipas que ha llevado el caso. Lo peor es que la información disponible sigue señalándolos como presuntos responsables. Un movimiento que buscaba defender los derechos de las víctimas ha logrado, paradójicamente, liberar a quienes presuntamente secuestraron y ejecutaron a los normalistas.

La CNDH cuestionó que en 4 años no se hayan aportado más elementos de prueba contra El Gil que las declaraciones supuestamente arrancadas con tortura. Pero al parecer el juez desechó todos los demás elementos aportados por la fiscalía.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que la liberación de Gildardo López Astudillo, "El Gil", identificado como jefe de Guerreros Unidos en Iguala vinculado con la desapareció de 43 estudiantes de Ayotzinapa, sienta un precedente grave que podrían dejar en libertad a 50 implicados más.

Dijo que ya fueron liberados 53 sospechosos de los 142 detenidos. Si se libera a otro medio centenar, quedarían 39 en prisión.

Por ello, el gobierno federal exhortó a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación y subsane las irregularidades.

Encinas Rodríguez dijo que por instrucción del ejecutivo abrirán un proceso de investigación en contra de jueces, ministerios públicos y los responsables de la entonces PGR encargados de la investigación.

Encinas Rodríguez no descartó que la indagatoria llegue hasta el ex titular de la PGR Jesús Murillo Karam, así como Tomás Zerón, encarado de la investigación de la desaparición de los normalistas.

México ocupó el 6o. lugar entre 8 países de América Latina en el índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019 (CCC), publicado en junio y elaborado por Americas Society/ Council of the Americas en conjunto con Control Risk. La calificación obtenida a partir de 14 variables fue de 4.65 puntos en una escala del 1 al 10, es decir, reprobatoria; Chile con 6.66 puntos tuvo el puntaje más alto lo que significa que es considerado como el país con mayores posibilidades de sacar a la luz, castigar y detener la corrupción, según el índice.

"La relación entre disminuir la corrupción y fortalecer los ingresos disponibles del Estado, tiene su corazón en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho construye una relación de igualdad entre todos y la libertad personal, pero si se fragmenta, esa igualdad se pierde", señaló Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción.

Para frenar la salida de flujos hacia paraísos fiscales se puede buscar un mecanismo que desincentive el traslado de esa riqueza y para la reducción de la corrupción. "Tenemos que volvernos más eficientes para resolver técnica y legalmente la definición de una empresa fantasma y garantizar que esa empresa fantasma no se le asigne ningún contrato público", dijo.

Al cabo de una investigación sobre diversas políticas implementadas a lo largo del mundo, el FMI identifica 3 grandes áreas de arranque de la estrategia: Promover integridad y rendición de cuentas entre instituciones; invertir en tecnologías para elevar la transparencia y apoyarse en una prensa libre que dé a conocer la información y la explique.

Todavía el gobierno actual mantiene una proporción de 75% de las compras públicas, hechas por adjudicaciones, sin un proceso de transparencia que incentive la competencia.

"Necesitamos darle la vuelta a esa proporción, en lugar de que 3 de cada 4 compras sean adjudicaciones directas, que sean 1 de cada 4", dijo el investigador de Mexicanos contra la Corrupción.

También el organismo internacional señala la necesidad de poner atención en la administración de ingresos y gestión de recursos naturales con un marco de gobernanza fiscal que requiere un servicio civil profesional y ético como pilar. El erario pierde muchos recursos en que los gobiernos no sean claros en cómo escogen los proyectos de infraestructura cuando construyen, expuso Mariana Campos, coordinadora del área de gasto en México Evalúa.

"En México es muy clara esa oportunidad que hay porque el gobierno federal no tiene una ley de infraestructura que pueda regular al sector, tiene reglamentación de la SHCP pero es de los pocos países, incluso de América Latina, que no tiene una ley de infraestructura que ordene la planeación de los proyectos y vigile la corrupción en ellos", señaló.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, lamentó las deficiencias de las consignaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del caso Ayotzinapa, mismas que permitieron que Gildardo López Astudillo "El Gil" saliera de prisión.

"Ahí están las debilidades, lo anticipamos, para que no digan que es nuevo, busquen el primer reporte de mayo de 2015", señaló.

Expresó su pesar porque esta clase de liberaciones dejan la incertidumbre sobre alcanzar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

Además, dijo que es necesario que exista una reparación integral del daño y, sobre todo, que se den las garantías de no repetición en términos de sostener procesos fortalecidos.

González resaltó que la CNDH anticipó, en 2015, por medio de una recomendación, violaciones a derechos humanos en ese caso.

"Ahora, ahí hay elementos también, yo desconozco si, por ejemplo, de los chats que se dieron a conocer, incluso, por los medios de comunicación que se dieron, si no de ahí se desprenden algunos elementos que pudieran referirse a esta persona y si fueron autorizados o no para el proceso", mencionó.

El presidente de la CNDH consideró que esta clase de acciones exhiben la debilidad institucional en procuración de justicia y confió que se puedan rectificar con esta Fiscalía autónoma (?).

También pidió recordar las 220 propuestas de investigación que han planteado y las más 128 recomendaciones, ya que "queremos conocer la verdad".

Para ello, propuso que se manden a periciar (sic) 114 restos; "si corresponden a los estudiantes, avanzamos, si no corresponden, tienen una identidad y hay 40,000 desaparecidos".

Reconoció la importancia de Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil", en los hechos, pues dio datos de una de las rutas de desaparición, mientras que la CNDH planteó una 2a.; "no solamente la del basurero sino la de Huitzuco, eso fue un aporte de la Comisión".

González insistió en que se debe retomar integralmente una averiguación de todas las pruebas, "no de un solo testimonio, ahí hay otras testimoniales que no están, digamos, viciadas de tortura, que aportan elementos que deben ser tomados en cuenta".

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y familiares de los estudiantes desaparecidos consideraron que esta 1a. sentencia absolutoria confirma el fracaso judicial de la investigación del caso de Ayotzinapa.

Acusaron que la liberación de "El Gil" es consecuencia de las irregularidades y violaciones graves a derechos humanos cometidas por la extinta PGR de la anterior administración, hasta hoy impunes.

En su posicionamiento, reprocharon que la actual Fiscalía General de la República (FGR) no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias de dichas acusaciones.

Por ello, no descartaron que sean absueltos en breve más acusados que presumiblemente cuentan con información sobre el paradero de los estudiantes.

Conformes: ni Roma se hizo en un día... ni el "cochinero" que recibió de las administraciones "neoliberales" y "la mafia del poder" precedentes, se limpia en 9 meses.

Convendría que se justificara, por cierto, la insistencia en que "al margen de la ley, nada, y por encima de la ley nadie", si la criminalidad -es decir, la violación sistemática de la ley-, lejos de decrecer, se incrementa notoriamente, y si la impunidad (la incapacidad gubernamental para investigar delitos -incluidos algunos tan sonados como los recientes en Uruapan, Coatzacoalcos y Tepalcatepec-, e identificar, procesar y sancionar delincuentes) se mantiene en los acostumbrados, escandalosos niveles de ineficacia casi absoluta.

Más allá del triunfalismo, la autocomplacencia y el autoritarismo -que también caracterizaron, por lo demás, a la casi totalidad de los tlatoanis sexenales que registra la historia de este bendito país-, está la posible validez de los planteamientos (que no necesariamente ataques) de sus críticos (que no necesariamente adversarios, ni mucho menos enemigos).

Al fin del cuento, "el juicio de la historia" -que dijera Fidel Castro- pondrá a cada quién en el lugar que le corresponde. Sin falta.

Desde mayo, cientos de audiencias en materia penal se han suspendido en los 24 juzgados ubicados en Puente Grande. Esto ha provocado un cuello de botella en el desahogo de los juicios.

Tras una visita al penal, los litigantes que compartieron sus testimonios, y quienes pidieron mantener el anonimato, coincidieron en que, si hay unas 20 audiencias al día, entre 10 y 15 son suspendidas y reprogramadas para llevarse a cabo hasta un mes después.

"Traigo algunos asuntos de ofendidos. En uno, por ejemplo, van 4 o 5 veces que me han suspendido la audiencia y se lo puedo acreditar con papel. Si no te salen en los juicios orales con un pretexto tonto, te salen con otro y eso retarda la impartición de justicia. No la hay, no es expedita, no es pronta, no hay celeridad, no hay salida".

De acuerdo con el informe Hallazgos 2018, de México Evalúa, en ese año sólo se finalizó 30.5% de las causas penales que estuvieron en trámite en el poder judicial y sólo en 13.6% hubo sentencia.

"Te dicen que la sala no sirve porque no tienen audio, o están descompuestas las cámaras o que el servidor está descompuesto. Cuando no te salen (con eso), es que el juez llegó tarde o se retrasó con otra audiencia", compartió otro abogado.

Ante esta situación, el director de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, Juan Diego Omar Martínez, argumentó que esto se debe a la falta de recursos.

Con la nueva "Ley Nacional de Extinción de Dominio", todos los ciudadanos que tenemos alguna propiedad en renta corremos ahora el riesgo de perderla, y no por nuestra culpa, sino por causa de terceros.

¿Por qué los que nada tenemos que ver con el crimen o la delincuencia organizada, con el lavado de dinero o con cualquier actividad delictiva debemos estar temerosos de perder nuestro patrimonio, para el cual hemos trabajado toda la vida?

Sin ser abogado, el sentido común nos dice que esta ley viola derechos fundamentales, en especial la presunción de inocencia.

¿Los legisladores que redactaron y aprobaron esta nueva ley no se dan cuenta de la injusticia, del daño, incertidumbre y freno a la inversión que causan?

No quiero pensar que la intención detrás de ella sea utilizarla como arma o instrumento de venganza en contra de cualquier adversario político o persona que les resulte incómoda al gobierno, simplemente porque no comulga con sus ideas.

He escuchado a defensores de esta ley decir que la intención no es despojar a ciudadanos inocentes de sus propiedades, y que debemos estar todos tranquilos. Pero ¿cómo se puede estar tranquilo cuando actos de terceros, fuera de nuestro control, pueden ocasionar la pérdida de nuestro patrimonio?

A los ciudadanos no nos corresponde hacer labores policiacas, además de que nos es imposible investigar si nuestros inquilinos están o no metidos en actividades ilícitas, y que en caso de estarlo, obviamente ocultan.

Tampoco podemos estar al pendiente si alguno de ellos introduce en la vivienda o local rentado, armas, drogas, dinero o mercancía de procedencia ilícita. Lo más que un ciudadano común puede hacer antes de rentar una propiedad es pedir referencias personales, financieras y comerciales, obtener la máxima información pública disponible y hacer contratos con las protecciones que la ley y las prácticas comerciales permitan. No más.

Esta nueva ley hace trizas la presunción de inocencia y mete a ciudadanos honestos en la imposible situación de tener que demostrar su inocencia en lugar de que sea la autoridad quien deba probar sus acusaciones.

Con esta ley los ciudadanos ya ni siquiera somos presuntos culpables, sino delincuentes sentenciados, sin juicio previo, a pagar penas económicas en especie, cuyo monto además es fortuito, porque igual pudo tratarse de la renta de un pequeño local que de una bodega o un edificio completo.

Es sospechoso que si la autoridad decide aplicarle a un arrendador la ley de extinción de dominio, porque supuestamente es cómplice o encubridor de la delincuencia organizada, sólo quieran quitarle su propiedad y no meterlo a la cárcel por los delitos que le imputan. O sea que si le quitan su propiedad deja de ser cómplice o encubridor. ¿Extraño no? Les importa más quedarse con un bien que castigar delincuentes.

La verdad es que esta ley, más que de extinción de dominio, es de extinción de inocencia.

Si hasta los peores criminales tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, con mayor razón debe presumirse la inocencia del propietario de la vivienda o local que el presunto criminal en algún momento ocupó.

Así lo advirtió Tatiana Clouthier el 25 de junio pasado, durante la sesión extraordinaria en San Lázaro en la que se aprobó el dictamen de esta ley: "Lo que estamos aprobando es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos".

Pidamos al presidente López Obrador que, en un acto de congruencia y de demostración de respeto a la constitución y derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, vete esta ley que atenta contra el patrimonio de mexicanos honestos, y se modifique de manera tal que los únicos que sientan miedo de perder sus bienes sean los delincuentes y criminales, y no los ciudadanos que de buena fe decidimos rentar nuestro patrimonio.

Padres de familia y alumnos con mochila a los hombros se manifiestan en el cruce de Arcos de Belén y Avenida Chapultepec [Ciudad de México] para exigir la reparación de su plantel escolar.

Los inconformes de la Primaria Revolución protestan por la saturación de grupos, así como la falta del mobiliario escolar, por lo que decidieron suspender clases.

También piden la reparación de la escuela debido a que resultó dañada tras el sismo del 19 de septiembre.

"No a la saturación de grupos en la escuela Revolución" es lo que se lee en las cartulinas que muestran.

Por su parte, decenas de conductores se encuentran molestos, entre ello uno que bajó de su vehículo y reclamó que no lo dejaban pasar que llegaría tarde a su cita de la embajada.

Algunos conductores se enfrentan con los padres de familia y hay empujones y reclamos.

Cabe destacar que el servicio del Metrobús también se encuentra afectado, por el bloqueo, por lo que realiza circuitos de la estación Tenayuca a Buenavista y Obrera Mundial a Cuauhtémoc.

Tuvieron que pasar 9 horas de bloqueo en Periférico Sur [Ciudad de México], varios accidentes y la desesperación de miles de automovilistas para que una comisión de elementos de la Policía Federal saliera a mediar con sus compañeros. Los disidentes se niegan a participar en la Guardia Nacional.

Ricardo "N", uno de los presuntos responsables del ataque al centro nocturno "El Caballo Blanco", que dejó 28 personas fallecidas y 9 lesionadas en Coatzacoalcos, Veracruz, fue capturado y liberado en 2 ocasiones por autoridades federales.

Bloquear el acceso a un aeropuerto no debería ser la forma de protestar, pero los pacientes de cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez de la Secretaría de Salud no tienen ya medicamentos como el Metotrexato o el Purinethol. Entiendo la desesperación de los padres.

Padres de familia bloquearon el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigieron tratamientos para sus hijos con cáncer, pues desde hace mes y medio no hay medicamentos como el Metotrexato. Canifarma ha dicho que Cofrepis tiene permisos pendientes.

López Obrador se enfrenta a una coyuntura decisiva. Por un lado, el presidente ha enfatizado la autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero para llevar la investigación sin que la política se entrometa. "Ya no es el viejo régimen", dice López Obrador. De lograrse como lo describe el jefe del ejecutivo, estaríamos frente a un caso en donde realmente opera un ministerio público autónomo, en donde la motivación no es política ni selectiva y las pruebas hablan más que la voluntad del presidente. No es exagerar, estaríamos frente a un parteaguas en el sistema de procuración de justicia en el país. Y, si se jala el hilo con solvencia, no se puede descartar que la Estafa Maestra se lleve "entre las patas" a toda una generación de políticos que nació con Peña Nieto y el entorno más cercano a Carlos Salinas, y que pueden morir con el juicio. Como sucede en otras latitudes con grandes causas judiciales como Gürtel en España o Lava Jato en Brasil, los jueces deben dictar sentencia a una época entera. Es como si el peñanietismo y el grupo Atlacomulco, en pleno, se sentaran en el banquillo de los acusados.

Juicio a una época, pero con todas las garantías del Estado de Derecho. El fiscal no se puede permitir fallas en el debido proceso. Tiene que ser escrupuloso para que sea la prueba de que en México es posible desmontar tramas de corrupción atendiendo al debido proceso y al respeto a las garantías procesales. El pasado mexicano está repleto de causas políticas, grandes "quinazos" que se prenden como fuegos artificiales en la opinión pública, pero que se apagan con el paso del tiempo. Encarcelamientos para fortalecer al Presidente en turno, pero que debilitaban a todas las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

No obstante, convertir el juicio al peñanietismo en una escenificación política nos demostraría la pervivencia del viejo régimen. Incluso, la utilización de la justicia para cobrarse revanchas como los vídeo-escándalos de 2004. No es menor el cruce de caminos, la justicia selectiva de siempre frente a una auténtica causa que sacuda al país y los cimientos del sistema que agoniza.

El 13 de marzo de 2018, Jesús Antonio Cervantes, de 27 años, regresaba en su moto de un partido de futbol junto con su novia, Alejandra. Transitaban por la calle Ejido, en la colonia San Andrés. En su cruce con Pensador Mexicano, cuando el semáforo se puso en verde, avanzaron, pero también lo hizo una camioneta que no vio el alto. El conductor iba alcoholizado y el motociclista falleció tras el impacto. Alejandra estuvo en coma 9 meses.

A pesar de ello, no hubo sanción para el conductor: "Habló con la policía en cuanto llegaron y ni siquiera le dijeron nada, como que tenía 'palancas'. De hecho, la familia lo quiso demandar, pero lo pusieron en libertad porque fue homicidio no culposo, ya que, afirmaron, al semáforo no se le veían bien los colores", explicó Alejandrina Mayorga, amiga de "Tony", como le decían.

Para evitar que esto siga sucediendo, desde el poder legislativo se trabaja en reformar la ley. Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco, señala que, pese a que ya tenían lista una iniciativa para aumentar las multas, la modificarán luego del accidente en el que Joao "N" mató a una pareja.

"Nos quedamos cortos en la iniciativa, vamos a replantearla para aumentar las sanciones a quienes conducen bajo los influjos del alcohol. No sólo será en cuestiones monetarias, eso no lo vamos a tocar, sino en las consecuencias. Para que ni siquiera tengan la oportunidad de fianza y paguen las consecuencias en la cárcel".

Nada más loable de un gobierno que se jacta de ser "políticamente bueno" o "políticamente correcto" que resistirse a caer en la tentación de reprimir protestas y manifestaciones. Pero es muy difícil ser "bueno" o "correcto" cuando llevas años apostándole a la división y al desencuentro entre mexicanos.

Esa apuesta, tanto de López Obrador como de la señora Sheinbaum, de promover la división entre "chairos" y "fifís", y además calentar los ánimos para que del desencuentro se pase a la confrontación, lleva obviamente a ambas partes a caer en la posición fácil y generalizada de moverse a los polos y criticar y satanizar todo lo que venga del otro lado.

Y es así como en el auge de las redes sociales caemos en "la fácil" de criticar todo lo que venga del otro bando, al grado de comparar la escalada de violencia contra las mujeres (y la impunidad grosera que la acompaña) con cristales rotos o pintas en monumentos.

Es muy fácil caer en el extremo de culpar a los medios tradicionales (porque el propio presidente los ha llamado "fifís") y provocar agresiones en su contra en marchas como la del viernes, como es muy fácil caer también en el extremo de culpar a las mujeres que se manifestaban por las acciones de los infiltrados y extremistas que vandalizaron la ciudad y agredieron periodistas al amparo de la protesta.

Se olvida y se pierde el objetivo, ese que sí es responsabilidad de los gobiernos, tanto de López Obrador como de Sheinbaum: el combate a la impunidad (en todo tipo de delitos), y entonces se desvía la atención a temas anecdóticos que poco tienen que ver con la esencia del problema, que es la no aplicación del Estado de Derecho.

Elementos de la Policía Federal bloquearon el Periférico Sur de la Ciudad de México en protesta contra su integración a la Guardia Nacional. Alrededor de 100 elementos se manifestaron en la zona y bloquearon la vía con 2 vehículos de transporte público. Como en demandas similares previas, los uniformados exigieron la destitución de altos mandos de seguridad, así como del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, además de su indemnización de 100% en caso de ser separados de la corporación para enlistarlos en otra dependencia.

Hay consenso: utilizar la violencia para protestar contra la violencia, es irracional; es absurdo; es propio de trogloditas; desacredita, por tanto, la protesta.

Sobre los hechos que motivaron las marchas del viernes pasado en la Ciudad de México, hay versiones confusas; contradictorias, incluso. No se tiene la certeza de que, en efecto, una joven hubiera sido violada por 4 policías, o si dicha versión fue un infundio. En lo que el asunto se aclara, se judicializa y eventualmente concluye con sanciones a los culpables, es incuestionable que la violencia que impera en México no distingue rangos ni discrimina géneros (o, mejor dicho, sexos). Lo mismo hay hombres que mujeres entre las víctimas... Que la intrafamiliar es una de sus variantes más lamentables, es incuestionable. Que la capacidad de la autoridad para prevenir o reducir los niveles que ese fenómeno ha alcanzado en los últimos tiempos es limitada, ídem.

Es improbable que realizar marchas de protesta tenga alguna utilidad práctica. Se explica, sin embargo, el empleo de ese recurso: aunque es una manifestación de impotencia, ciertamente, quizá contribuya a concientizar e involucrar en el tema a los indiferentes...

Ahora bien: si la causa que motiva la protesta es justa -como lo es-, y si la ley otorga a los ciudadanos el derecho de "hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad" (Artículo 9º. de la Constitución), la manifestación es legítima... a condición, como la misma norma establece, de que las injurias, la violencia o las amenazas -no sólo en contra de la autoridad sino de terceros- no sean utilizadas por los ciudadanos "para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea".

Vandalizar comercios, bancos o monumentos -el Ángel de la Independencia-; destruir una estación del Metrobús, incendiar una estación de policía o agredir a personas (hubo varios policías y particulares lesionados), desacredita no sólo a los manifestantes, sino también a sus causas..., por legítimas que sean.

Paco Calderón
(18 de agosto de 2019).

No hay manera de festejar cuando vemos vicios en el juicio que dejan ver más un afán de venganza que una ciega y estricta aplicación de la justicia: el hecho de que el juez que, en lo que parece un exceso de protagonismo y estirando la liga más allá de lo razonable, envió a la cárcel a Rosario Robles sea sobrino de Dolores Padierna, esposa a su vez del señor de las ligas, René Bejarano, deja un sabor de boca poco agradable. Por momentos, la prisión preventiva dictada en contra de la ex secretaria sabe más a vendetta que a justicia.

En cualquier caso, muy pronto sabremos de qué lado masca la iguana del gobierno de López Obrador. Si la Fiscalía procesa en los próximos días no solo a los presuntos cómplices de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa, sino que va por todos aquellos funcionarios que participaron en este mecanismo fraudulento, que se calculan en 300 entre secretarios de estado, directores de organismos públicos, rectores de universidades, prestanombres y funcionarios; si imputa a otros altos colaboradores de Peña Nieto que pudieron haber conocido del asunto y al mismo presidente; si sigue la huella del dinero y pone, en caso de haber recibido dinero ilícito, al PRI en la picota, entonces tendremos claro que se trata de una nueva forma de hacer justicia en este país.

Si el fiscal se queda solo en el caso de Rosario, se ceba en la ex funcionaria y sus colaboradores y mantiene intocables al resto de los implicados, estaremos ante un uso faccioso de la justicia, exactamente igual que en los gobiernos anteriores.

Lo que está en juego en este asunto no es solo la culpabilidad o no de Rosario Robles, sino la autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero y el manejo faccioso del poder judicial. López Obrador se negó a pasar la reforma que daba autonomía a la Fiscalía General de la República argumentando que el fiscal sería autónomo de facto: este caso será una buena prueba para ver el alcance de la autonomía. Pero más riesgoso aún es tener jueces y magistrados con filias y fobias partidistas, con correas que van a parar a manos de políticos.

Hay un rosario de asuntos que deben ser aclarados en el caso Robles; cuando la justicia juega a la política no sólo amarga el sabor de boca, sino que atenta contra los cimientos mismos de la república.

Por los altos niveles de corrupción y de impunidad que siempre han existido en nuestro país, y las resistencias que nuestras clases política y gubernamental han presentado para sabotear intentos que por décadas se han hecho para construir un andamiaje anticorrupción que castigue e inhiba este lastre, hoy hay muchos que celebran el encarcelamiento de altos funcionarios.

A nivel nacional destaca la detención de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, acusada de estar involucrada en el desvío de al menos 5,000 millones de pesos de ambas dependencias federales hacia más de una decena de universidades públicas, que a su vez contrataron a cientos de empresas fantasmas para pagar bienes y servicios que nunca existieron. Pero también está la orden de aprehensión contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el Caso Odebrecht que sólo en México y Venezuela continuaba impune. No podemos dejar de mencionar la detención de poderosos abogados del poder, como Juan Collado, hoy también detenido.

A nivel local sacudió la detención de Antonio Gloria Morales, ex dirigente panista, ex coordinador de políticas públicas y ex secretario de Educación en el sexenio del panista Emilio González Márquez, acusado de haber participado en el fraude que significó la compra a sobreprecio de un residencia para instalar la Casa Jalisco en Chicago, Illinois. Desde luego, no se puede dejar de mencionar en este contexto el congelamiento de las cuentas bancarias de los magistrados Celso Rodríguez, Armando García y Alberto Barba, que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también por presuntos casos de corrupción.

Para la base electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos casos son la mejor prueba de que el gobierno de la 4T está respondiendo a la principal demanda ciudadana de combatir la corrupción por la que recibió una cantidad de votos récord en la pasada elección presidencial, y que incluso está contagiando para que los gobiernos locales hagan lo propio.

Sin embargo, el espejismo de una impunidad rota no puede cegarnos ante los claros excesos procesales de los que no han estado exentos, en distintos grados, estos casos. Debemos advertir, hoy más que nunca, la necesidad de limpiar y fortalecer al poder judicial y de retomar un sistema anticorrupción sólido e independiente que castigue los abusos de los funcionarios de ayer y de hoy, pero que también contenga las tentaciones del populismo judicial que pone en riesgo de cárcel a cualquier ciudadano incómodo al poder.

Los abogados de Rosario Robles están convencidos de que la ex secretaria de estado no pasará ni 2 meses en la cárcel, que es la fecha en que se prevé la 2a. audiencia para desahogar pruebas. Todo indica que su diagnóstico está mal, y lo más probable, como se ve el caso de Robles en este momento, es que pase una larga temporada en prisión. No debió haber pisado la cárcel, pero los yerros de la defensa y una comparecencia ante un juez que se excedió en sus atribuciones, se combinaron para que duerma en Santa Martha Acatitla. Para entender cómo se hundió ella misma, y las dificultades que enfrentará en el proceso ante un juez en sus 15 minutos de fama.

Los yerros de Robles y su defensa, no impiden ver, sin embargo, la extralimitación en la que incurrió Felipe de Jesús Delgadillo Padierna [sobrino de Dolores Padierna, quien culpa a Rosario por el encarcelamiento de su esposo René Bejarano - el webmaster], un juez de Control que cuando Robles presentó como prueba el acta entrega-recepción en la Sedesol, dijo que "era una joyita porque de este papel pueden devenir acusaciones para otros servidores públicos". El exceso de Delgadillo fue patente al actuar como un juez de Instrucción, que es una figura que existía en el viejo sistema penal.

El nuevo sistema penal acusatorio lo obliga a cumplir con los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal, cuya valoración violó, además que socavó la ley que defiende porque el juez de Control no puede ordenar diligencias ni estimular y dirigir líneas de investigación, como lo hizo al pedir a la Fiscalía General que determinara antes de este viernes si era o no procedente que se iniciara una investigación, por los mismos delitos imputados a Robles, en contra de Meade, que estuvo al frente de Sedesol por poco más de un año. Con su protagonismo, Delgadillo violó la autonomía de la Fiscalía General al socavar el Artículo 20 de la Constitución y sus leyes secundarias.

Visto de esta manera, si Robles fue a la cárcel de una manera clara al violar la ley, también debería de ser sancionado -administrativamente, en este caso- el juez Delgadillo, por violar el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su fracción VIII obliga a preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo, lo que claramente incumplió. Con el juez no va a suceder nada. Es la estrella en estos momentos, el Baltazar Garzón y el Sérgio Moro de los tiempos mexicanos de la revolución de terciopelo. Tampoco se espera un extrañamiento del poder judicial, que, si bien trata de mantener autonomía e independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae más veces en la sumisión pusilánime que en el equilibrio entre poderes, por lo menos hasta lo que va del sexenio.

La actitud de Delgadillo dejó mucho que desear al querer dirigir a la Fiscalía General hacia una investigación específica, que es prerrogativa única de los fiscales. También sorprendió el mutis que hicieron los fiscales ante la irrupción ilegal del juez, cuya responsabilidad tiene como fin resolver la situación jurídica de la persona sujeta a proceso, no ordenar oficiosamente diligencias.

Delgadillo rompió de paso con el principio de presunción de inocencia de Meade, al provocar con su desafortunada declaración el llamado "efecto corruptor", inspirado en la doctrina constitucional estadounidense, que el ministro Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, introdujo en 2013 para alegar a favor de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, porque el manejo de medios sobre su detención, alegó, había afectado la decisión imparcial del juzgador.

Desde luego yo no metería al fuego la mano de ninguno de mis amigos por Rosario Robles. Sin embargo tengo para mí que las acciones en su contra son más un linchamiento político que un acto de justicia. Desde el punto de vista estrictamente jurídico el proceso que se le sigue está prendido con alfileres. Cualquier abogado huizachero o rábula podría echarlo abajo fácilmente si las cosas se condujeran con apego a la ley y no en acatamiento de consignas. Decir esto no implica en modo alguno defender a la señora ni oponerse a la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente. Significa, sí, expresar la idea de que la iniquidad que se comete contra algún miembro de la sociedad podrá ser cometida alguna vez contra ti, contra mí o contra cualquiera. Así las cosas se debe invocar permanentemente el apego a la ley incluso en relación con los culpables, de modo que todos seamos juzgados conforme a derecho y no según la caprichosa voluntad del poderoso en turno.

Para Francisco Jiménez Reynoso (académico de la Universidad de Guadalajara) la conclusión es simple: El que haya más reportes a los números de emergencia en el estado se debe a que hay más impunidad.

"Las autoridades no están haciendo su trabajo ni cumpliendo con sus obligaciones. La policía ve cuando se cometen faltas administrativas y no dice nada. Esto trae como consecuencia su multiplicación".

Sobre el número de llamadas, tanto para delitos relacionados con drogas como con armas, el académico señaló que se mantiene una cifra negra importante en ambos casos.

"Pero la gente no denuncia porque no va a pasar nada. Pierde el tiempo y se expone a alguna represalia porque (creen que) la autoridad puede estar involucrada con grupos delictivos", dijo.

Esto, agregó, va de la mano con las detonaciones de armas de fuego, pues los grupos delictivos se han multiplicado y las disputas por las zonas de venta de estupefacientes, a través de la violencia, también.

En su opinión, es importante que la ciudadanía se atreva a denunciar para que las autoridades actúen. "De lo contrario, la autoridad puede pensar que en este estado no pasa nada, que todo está bien y que, como hay menos denuncias, estamos mejor".

No obstante, también precisó que debe haber una mayor proactividad en la recepción de los llamados "sin tantas trabas y peros hasta aplicar conceptos como inteligencias, redoblar esfuerzos, aplicarse, cumplir y hacer cumplir las leyes".

En este lugar rara vez se va la luz. Sus pobladores invirtieron recursos propios para comprar dos transformadores, cableado y lámparas para que ninguna Comisión Federal les viniera a cobrar su electricidad.

También tienen agua potable, pero no drenaje. Debajo de sus casas instalaron sistemas de captación para separar y desviar el "agua jabonosa", como ellos la llaman, de los desechos. Estos últimos entran a una cisterna con capacidad de hasta una tonelada.

Don Antonio Fierro, uno de los residentes de ese particular espacio en la metrópoli, detalla que una empresa a la que contratan les ayuda a vaciarla con un extractor especial.

Don Tony es vecino y representante de este sitio que nació hace 11 años a la orilla de la calle Independencia, poco antes de la Colonia Residencias del Prado, en Tonalá. El núcleo, conocido como el Rancho Antigobierno, lo integran 50 casas de ladrillo y cemento y fue levantado entre calles de tierra y piedras que, también con recursos propios, se mandan a "emparejar" de vez en cuando.

Se llama Rancho Antigobierno porque allí la seguridad es otro servicio público que debería brindar la autoridad pero los mismos habitantes costean. ¿Cómo? Con sus propias manos; sus propias armas de fuego.

Cansados de la inseguridad que prevalecía en la zona, desde hace 3 años los Antigobierno se organizaron para conformar su propia policía y, literalmente, someter a palos, piedras o incluso a puño limpio, a todo aquel que altere la paz de su espacio.

Es una zona que, legalmente, el municipio no reconoce, pues se trata de un asentamiento irregular. Pero las plataformas digitales de posicionamiento satelital, como Google Maps, sí reconocen al Rancho Antigobierno.

En 2017, los ciudadanos del Rancho golpearon brutalmente a un hombre. Don Tony asegura que sólo se "ensañan" con quienes "hacen dagas" (causan desorden) pero que antes se les invita a salir de allí.

-Han dicho, incluso, que hay quienes han muerto por las golpizas. ¿Esto es verdad, han llegado a matar a alguien?

-Nosotros nunca hemos matado a nadie. Si alguien se ha muerto después de la golpiza que le hayamos dado, eso ya no lo sé.

En una ocasión, un tipo que se identificó como sicario se acercó a amenazar de muerte a un joven que arreglaba una casa. El homicida en potencia se había equivocado de víctima y se le informó que realmente buscaba a un tipo que rentaba una vivienda. El hombre armado se disculpó y se fue.

Dicha amenaza corrió de boca en boca y Don Tony fue con la arrendataria a hacerle un ultimátum: o sacaba del rancho a su inquilino para evitar conflictos, o ella se iba. La mujer no tuvo otra opción y pidió la casa al joven.

No aprendemos, como lo acabamos de ver en Cohuecan y Tepexco, municipios poblanos en la puerta de la región Mixteca, donde durante 10 horas, la furia se apoderó de esa comunidad que cazó personas que acusaron de secuestradores. Al final de la jornada, 7 nombres quedaron en el registro de las muertes que podrían haberse evitado.

La pregunta ya no es a dónde hemos llegado, sino para dónde vamos. La cronología de la masacre, publicada por el diario digital Cambio de Puebla, da cuenta de un Estado fallido, donde las autoridad, para efectos de su responsabilidad, fue inexistente, y la fuerza militar de la Guardia Nacional o las fuerzas federales, no intimidaron a nadie, pese a que en algún momento llegaron a tener 148 elementos en la zona de violencia.

Las autoridades aseguraban que se habían aplicado correctamente los protocolos sobre linchamientos, pero que como la gente estaba muy enojada y había gente armada, optaron por no actuar.

Abiertamente, la autoridad claudicaba de su responsabilidad primaria, proveer seguridad. Para que no sucediera algo más, desplegaron Guardia Nacional, policía estatal y municipales. La Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, les habían dejado libre la noche para la cacería, porque como los vieron descontrolados, se replegaron.

La capacidad de fuerza policial era muy superior a la de los mixtecos enajenados, pero la instrucción fue no actuar para evitar actos qué lamentar. Decisiones políticas que no protegen vidas. No es novedad. Hace muchos años que el gobierno perdió el uso legítimo de la fuerza, que es un derecho único, y es rehén gente como la de Cohuecan y Tepexco. Cuando se apoya el uso legítimo de la fuerza -que está regulado y se sanciona el abuso-, la respuesta colectiva es que es un acto de represión. Es falso. La interpretación es amañada e ignorante, pero sirve políticamente, a costa de muertos y proliferación de linchamientos. Muchos piensan que es mejor ese costo que el que pueda significar evitarlo. Seguiremos apáticos frente a este horror. Ya cambiaremos cuando este crimen nos pegue cerca de casa.

Por la tarde de ayer, habitantes de los municipios de Cohuecan y Tepexco [en Puebla] lincharon a 5 presuntos secuestradores, además, en los hechos murió un civil por disparos, informaron autoridades estatales.

Señalaron que todo se originó por el secuestro de un hombre que viajaba en una camioneta, en localidad de Tepexco, lo que originó una persecución mediante la que los pobladores capturaron a 2 presuntos secuestradores, a quienes colgaron en un árbol en Los Reyes Teolco, municipio de Cohuecan, lo que les causó la muerte minutos después.

Posteriormente, fueron capturados otros 3 presuntos delincuentes, a quienes también lincharon.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que tras los hechos de violencia registrados el día de ayer en el municipio de Cohuecan, en los que 5 hombres fueron linchados, por la noche hubo 2 más, relacionados con el secuestro de una persona, con lo que suman 7.

Explicó que las fuerzas estatales se replegaron para permitir las labores ministeriales y así distender la situación que prevaleció a lo largo del día, acción que fue aprovechada por un numeroso grupo de pobladores, quienes emprendieron una persecución que derivó en el linchamiento de 2 personas más.

A través de un comunicado, la SSP comentó que se realizan labores para contener el clima de tensión que se registra y reestablecer el orden en la región.

Los 5 agentes de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública que permanecían secuestrados por militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo fueron liberados con la intermediación de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pero no entregaron los fusiles y pistolas que llevaban al momento de ser interceptados. Los policías estaban secuestrados desde el 18 de julio, cuando retornaban al municipio de Tila y al pasar por la comunidad Río Florido fueron detenidos por militantes del FNLS.

Aunque Jalisco se encuentra en el antepenúltimo lugar nacional en derivar sus procedimientos penales a la justicia alternativa, con sólo 3.8 casos de cada 100, la entidad se ubica en último lugar en resolver esos conflictos con métodos alternos, pues apenas en la tercera parte se logra llegar a un acuerdo, indica el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa.

La justicia alternativa es uno de los mecanismos más eficaces para concluir una investigación, no sólo por su utilidad para descongestionar el sistema de justicia sino también porque, al lograr acuerdos entre ofensores y ofendidos, contribuye al restablecimiento del tejido social.

"Los estados que presentaron el mayor porcentaje de procedimientos derivados a la justicia alternativa (resueltos) fueron Veracruz, Sinaloa y Querétaro... mientras que Jalisco, Puebla y Tabasco son los que tuvieron la tasa de resolución más baja", menciona el diagnóstico presentado ayer.

El fin de la justicia alternativa es celebrar acuerdos entre las 2 partes involucradas en la comisión de un delito, con la intención de que se repare el daño. Por ejemplo, los bienes de una víctima de robo.

Sin embargo, los métodos alternos son desaprovechados en la mayor parte de las entidades, insistió María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. "En términos de lo que se canaliza a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sólo 6.1% del total de las investigaciones en el país se canaliza a mecanismos alternativos. Aquí vemos un porcentaje a nivel nacional muy bajo".

En algunos estados, indicó, se alcanzó hasta 30%, como es el caso de Tlaxcala, pero esto puede "explotarse" más para reducir la carga de las investigaciones en rezago. "A nivel estatal, prácticamente 60% de los ingresos (presos) podría salir por mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero lo que nos llama la atención es que muchos están en trámite; es decir, que tampoco se están resolviendo… tenemos un problema grave (de saturación)".

Esto deriva en el congestionamiento del sistema de justicia.

El pasado 24 de julio fue detenido por robo violento Juan Raymundo "N", señalado de cometer numerosos atracos a tiendas de conveniencia, cuyos botines han sumado más de medio millón de pesos. El caso destaca porque, un mes antes, el sujeto había sido detenido por robar en una de éstas y seguía libre, lo que exhibió fallas en la aplicación del sistema de justicia.

Jalisco se encuentra en el sitio 15 a nivel nacional en el ranking de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, al sumar sólo 371 puntos de un máximo de 800, según el estudio Hallazgos 2018.

El trabajo reveló que prácticamente todas las entidades del país se encuentran rezagadas.

Durante la presentación del informe, Edna Jaime, directora de México Evalúa, destacó que el país se encuentra en una encrucijada. Por un lado, está el camino que lleva a la consolidación de la reforma al sistema, mientras que el otro conduce a un proceso de contrarreforma: "Un regreso al pasado". Lo mejor, dijo, es consolidar el nuevo sistema y, para lograrlo, se deben fortalecer las capacidades de investigación, invertir en instituciones en el ámbito estatal, legislar con evidencia y aprovechar la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia, comentó que el principal escollo que se tiene es en la toma de decisiones de las autoridades, pues en muchos momentos del proceso se convierte en una "caja negra".

El reporte Hallazgos 2018, que da seguimiento y evalúa la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, arrojó que éste todavía contiene niveles importantes de impunidad, en el que Jalisco rebasa la media nacional.

El promedio a nivel país es de 96.1%, mientras que en Jalisco se ubica en 98.8%; es decir, se encuentra dentro del top 10, junto con Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Tlaxcala y Morelos.

Los estados que tienen los menores niveles de impunidad son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California.

"En suma, el Índice de Impunidad 2018 demuestra que no se ha presentado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal para proporcionar justicia a los ciudadanos", se señala en el informe.

Agrega que aún y cuando algunos estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto. "Y de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos".

Durante el año pasado, el índice de impunidad a nivel federal (que es la proporción de casos que son conocidos, pero no son satisfactoriamente resueltos por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal) fue de 94.6%. "Se observa un nivel de impunidad en las instituciones federales realmente preocupante, consistente con los índices reportados en el ámbito estatal".

María Novoa acentuó que, a nivel federal, se tiene una efectividad del proceso penal de 5.4%. "Es aquí donde vemos que decisiones sin lineamientos, decisiones sin supervisión, es igual a impunidad institucionalizada".

Señaló que algunas de las fallas en el sistema son precisamente las decisiones arbitrarias. "Toda decisión dentro del proceso penal afecta tanto a víctimas como a los imputados. Es aquí donde tendremos que decir bajo qué criterios determinan los fiscales las salidas alternas y la terminación anticipada del proceso. No sabemos cuáles son los criterios que tienen los operadores para tomar estas decisiones o no tomarlas".

Remarcó que actualmente se tiene un 40% de congestión ministerial a nivel nacional. "Esto significa, en promedio, que cada fiscal está a cargo de 159 investigaciones. Ahí tenemos un problema de sobrecarga del Ministerio Público".

El problema es que esas 159 carpetas de investigación van desde un robo de bicicleta hasta un homicidio. "Es ahí donde tenemos problemas en la toma de decisiones".

Además, cada juez tiene un promedio de 104 casos. "Tenemos un estándar en América Latina, donde hay 10 jueces por cada 100,000 habitantes, pero en México tenemos sólo 0.9. Otra vez tenemos un déficit importante y sobrecarga".

El tránsito de las procuradurías de justicia hacia fiscalías "autónomas" estatales es necesario para erradicar la subordinación de estas dependencias a los poderes ejecutivos de sus respectivas entidades y así evitar toda posibilidad de manipulación de las investigaciones.

Hasta mediados de este año suman 22 entidades que cuentan con una fiscalía "autónoma", expone el reporte Hallazgos 2018. Y Jalisco está entre éstas.

Según el reporte, una fiscalía es "autónoma" cuando la Constitución Política de su estado o la ley orgánica prevén dotar a la institución de independencia técnica, de gestión y financiera, "lo que implica que no existe una subordinación al poder ejecutivo".

También existe la "autonomía relativa", cuando la fiscalía no cuenta con presupuesto; mientras que las fiscalías sin autonomía no cumplen con ninguno de los criterios anteriores.

4 estados suponen un proceso de transformación hacia una fiscalía "autónoma"; sin embargo, en 3 casos no se cumple ningún criterio de autonomía (Chihuahua, Durango y Campeche) y en 1 solamente se acata con un criterio (Yucatán).

La Ciudad de México y Tamaulipas se hallan actualmente en proceso de transición.

Las otras 4 entidades: Baja California, Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala, aún operan con esquemas de procuradurías.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, lamentó que muchas de las fiscalías estatales y la federal comenzaron a aprovecharse de la "autonomía" para cerrarse y ser más opacas, lo cual se evidenció al tratar de obtener información de estas dependencias para el análisis.

"La autonomía no nos tiene que llevar a cerrar las instituciones, más bien es transparentarlas y lograr rendir cuentas de lo que está sucediendo adentro. Ya tenemos prácticamente 80% del país con autonomías a nivel de las fiscalías".

Este cierre de las dependencias también incide en la falta de disposición para coordinarse con las otras instituciones que participan en el nuevo sistema de justicia penal, lo que impacta de manera negativa en el avance de su implementación.

Resaltó que mientras no exista disposición de las fiscalías a ser más transparentes, la sociedad debe exigir a estas dependencias más información para forzar su apertura.

"La autonomía no te quita la obligación de rendir cuentas y de transparentar... estamos en riesgo de que la autonomía sea mal usada. No tienes que estar en la oscuridad; por el contrario, debes rendir más cuentas".

- Bajo el modelo que sostuvo durante casi 6 años, en los que concentró la seguridad pública y la procuración de justicia, la Fiscalía General de Jalisco se mantuvo con malos resultados, al registrar indicadores bajos tanto en su estructura como en su operación.
- De acuerdo con los resultados del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, la dependencia de Jalisco se ubicó en el último lugar de efectividad en la investigación de delitos en ambos sistemas: el tradicional y acusatorio, con apenas 4.5%.
- En la probabilidad del esclarecimiento de éstos se localizó en los últimos 3 lugares, con apenas 0.37%.
- Según el estudio de la organización Impunidad Cero, en la medida en que se mejore la efectividad de las investigaciones crecerá la motivación por denunciar. Por eso las políticas de investigación criminal y persecución del delito deben ir encaminadas a lograrlo.
- Otro de los indicadores en los que la entidad se ubicó en los últimos lugares fue en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, con una efectividad de 40.6%. Aunque este indicador es fundamental en la eficacia de la persecución penal, se ubicó en el lugar 27 a nivel nacional.

Para Jorge Volpi (coordinación de Difusión Cultural en la UNAM), autor de "Una novela criminal", que habla sobre cómo funcionó el sistema de justicia mexicano en el caso de la francesa Florence Cassez, la reforma de 2008 y las sucesivas que han dado vida al nuevo sistema de justicia penal, son la única buena noticia en los últimos años en estos temas. "Pero ha sido un sistema de muy lenta implementación, con una enorme cantidad de resistencias internas dentro del aparato de justicia y dentro del propio ejecutivo federal y los ejecutivos locales, constantemente frenado, que no ha permitido que los posibles avances lleguen".

Sin embargo, coincidió en que éste se debe consolidar y no dar paso a una contrarreforma. "Tratar de revertirlo sería el regreso a una situación infinitamente peor a la que ya estamos viviendo. Sí vemos avances en algunos estados".

Recordó que durante el periodo de presentación de su novela, constantemente era cuestionado con relación a si México era un estado fallido. Aunque le costaba trabajo reconocerlo, dijo, si esto se ve en términos de justicia, "por supuesto que esta cifra entre 94% y 96% de impunidad habla de que México, en términos de justicia, por supuesto que es en estado fallido".

Reconoció que la situación actual parece más alarmante, pues "lo terrible" que ha ocurrido en este gobierno es que se consideraba que la reforma al sistema sería una de las prioridades, "pero ya en funciones parece haberse olvidado en buena medida de esto".

Insistió en que la prioridad debe ir hacia la consolidación de la reforma.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de 3 magistrados jaliscienses ante la sospecha de que tienen recursos de origen ilegal.

Este medio tuvo acceso a un informe de la dependencia en el que se acentúa que los 3 miembros del Poder Judicial del Estado, cuyos nombres se omiten para respetar el debido proceso, cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas, viajes y estilo de vida que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos. Además, no se detectaron otras actividades que justifiquen esos patrimonios.

Los 3 han sido cuestionados por presuntamente desempeñarse de forma contraria al interés de la sociedad jalisciense. Se les ha señalado por resoluciones controversiales en casos relacionados con el desarrollo inmobiliario irregular, por permitir operaciones de negocios fuera de norma y otras acciones que afectaron a Guadalajara y Zapopan.

También se destaca que han tomado decisiones que dejaron en libertad a integrantes del crimen organizado. Por este motivo, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como mero ejercicio de pizarrón, supongamos que al circular por una carretera se percata de que una caseta de cobro fue "tomada" por manifestantes. Supongamos que los motivos de la "protesta" -una exigencia social de discutible legitimidad, una inconformidad colectiva por algún probable abuso de autoridad...- sean explicados en las inevitables "pintas", pancartas y cartelones. Supongamos que algunos participantes en la manifestación se aproximan a usted, bote en mano; le comunican sumariamente sus motivos y le notifican que aunque de ordinario se paga en esa caseta una cuota -digamos- de 150 pesos, le permitirán pasar si usted aporta para su causa (la de ellos, claro) una "cooperación voluntaria" de 100 pesos...

¿Qué hace, en tales circunstancias, la inmensa mayoría -por no decir que la totalidad- de los automovilistas…? ¿Qué haría usted, lector amable...? ¿Negarse, considerando que los manifestantes están incurriendo en un delito, por una parte, al obstaculizar, impedir o condicionar el libre tráfico de los ciudadanos por las vías generales de comunicación, y, por otra, al impedir que los concesionarios cobren la tarifa aprobada por las autoridades... y, para empeorar el asunto, imponen una cuota arbitraria -aunque la planteen como "voluntaria"- en beneficio (en el mejor de los casos) de su causa...? ¿Estacionar el automóvil, apagar el motor, pedir a sus acompañantes que se armen de paciencia y aprovechen para estirar las piernas o dar cuenta de un sándwich y un refresco en lo que llegan las autoridades, retiran a los manifestantes, restablecen el orden, recuperan el control de la caseta, le cobran los 150 pesos y le franquean el paso mientras le ofrecen una atenta disculpa por las molestias y contratiempos...?

Más allá de que, por poner algunos ejemplos tomados de la historia, el plantón en Reforma que paralizó la Ciudad de México durante meses tras las elecciones federales de 2006, o la toma del Zócalo y el Monumento a la Revolución en defensa de los privilegios del sindicato de maestros, en su momento fueron defendidos como "legítimas reivindicaciones sociales, amparadas por la Constitución", la penalización de ciertos abusos, atropellos, arbitrariedades e injusticias, tradicionalmente asociadas a las manifestaciones, recientemente dispuesta por el Congreso de Tabasco -la llamada "Ley Garrote"-, encaja en la máxima de que la libertad de cada individuo termina donde comienza la del vecino..., y -variante del consabido apotegma juarista- en que el respeto al derecho ajeno es la norma suprema de la convivencia social.

Ningún acusado ha sido más condenado en la corte de la opinión pública. En 2007, en la casa de Zhenli Ye Gon en Las Lomas, Ciudad de México, fueron encontrados 205 millones de dólares en efectivo, además de 17 millones de pesos, 201,000 euros, 113,000 dólares de Hong Kong, 11 centenarios y joyas diversas.

Las contradictorias explicaciones que ofreció el acusado no ayudaron. 1o. dijo que el dinero le había sido entregado por un político, "Javier Alarcón", quien supuestamente le advirtió: "Coopelas o cuello". Muchos identificaron al político como Javier Lozano Alarcón, entonces secretario del Trabajo, pero el acusado no pudo ni recordar bien el nombre ni lo reconoció cuando se le mostraron fotos. Posteriormente sus abogados afirmaron que era común que los chinos, que desconfían de los bancos, guardaran efectivo en casa.

A Zhenli se le acusó de importar ilegalmente pseudoefedrina, pero el producto se introdujo claramente identificado como tal y con el propósito declarado de producir medicamentos legales. Su laboratorio no era clandestino, sino una instalación farmacéutica de 14,000 metros cuadrados en Toluca.

Un tribunal de Estados Unidos exoneró a Zhenli en 2009, quien después comenzó un prolongado proceso de extradición por las mismas acusaciones que se habían presentado allá y que culminó en 2016. En estos últimos 10 años ha permanecido en cárceles de alta seguridad en Estados Unidos y en México. Hasta la fecha no ha sido hallado culpable por ningún tribunal. Hoy regresa a la atención pública porque el presidente López Obrador quiere subastar la mansión en la que se encontró su fortuna para pagar becas a los atletas mexicanos que han participado en los Juegos Panamericanos.

El gobierno dice que puede subastar la casa porque fue declarada abandonada, ya que el acusado no hizo ningún esfuerzo por reclamarla después de que el inmueble y el dinero fueron incautados en 2007. La ley dice que el plazo para inconformarse por una incautación es de 90 días... a partir de la notificación, pero el abogado, Juan Luis Gómez Jardón, afirma que, hasta la fecha, no se le ha notificado formalmente, a pesar de que el gobierno sabe perfectamente bien dónde se encuentra Zhenli porque lo tiene recluido en una prisión federal.

Yo no sé si Zhenli es culpable de lavado de dinero -aunque no entiendo cómo pueda serlo si tenía el dinero en efectivo en su casa-, delincuencia organizada o narcotráfico. Me parece inquietante, sin embargo, que si en Estados Unidos se le juzgó y exoneró en 2 años, lleve una década en la cárcel sin una sentencia.

La decisión de subastar la casa ya la ha tomado el presidente, quien ha decretado hasta el destino del dinero: "Se va a licitar la casa como se acordó ayer [el martes] y sin violación a ninguna ley, es decir, no es un acto arbitrario". ¡Qué bueno que el presidente diga que no es una arbitrariedad!, aunque tengo la impresión de que esto lo debe decidir un juez. "Llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando, a los deportistas que están en Perú, en Juegos Panamericanos".

Nadie puede evitar las sospechas ante un individuo que tenía tanto efectivo en casa. Pero no olvidemos que en Estados Unidos fue exonerado y que en el proceso mexicano se le ha mantenido 10 años en la cárcel sin sentencia a pesar de lo mediático del caso.

Para que la confiscación y la subasta no sean un acto arbitrario, habría que esperar cuando menos una sentencia. Si no la hay, esto parece más bien un caso de: te despojo primero y luego viriguamos.

El gobierno federal también tiene mucho qué explicar en torno al asesinato de Martín Arzola Ortega, alias "El 53", uno de los fundadores del cártel Nueva Generación. Él fue el objetivo abatido en la balacera del miércoles en Zapopan.

Registros periodísticos indican que fue detenido en 2011 en Tlajomulco. 4 años más tarde lo sentenciaron a 24 años de prisión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego. ¿Qué pasó entonces? Que "El 53" dejó la cárcel un año después de ser sentenciado.

La información extraoficial que tenemos es que gracias a un amparo le repusieron el procedimiento y una 2a. sentencia lo exoneró. No era un capo menor.

Las crónicas periodísticas de 2011, cuando fue arrestado, lo refieren como fundador del cártel Nueva Generación junto con Nemesio Oseguera, "El Mencho", y Erick Valencia, "El 85". Ese era el tamaño del capo.

No hay mayor garantía contra la tiranía que la propiedad. Una persona o familia con propiedades tiene mayores incentivos para oponerse a los abusos del gobernante. La propiedad lo ata a la tierra y lo obliga a defender su patrimonio ante la autoridad. No sorprende que los dictadores hayan buscado siempre acabar con la propiedad, especialmente la de sus enemigos.

La Ley Federal de Extinción de Dominio, para la confiscación de propiedades, no es nueva. La impulsó Felipe Calderón en 2009 y la enmendó Enrique Peña Nieto en 2016. Aunque la ley original estaba acotada a casos de narcotráfico, le daba al gobierno la facultad de tomar propiedades aun cuando los propietarios no hubiesen sido declarados culpables por un tribunal.

Los legisladores han hecho enmiendas a la ley, pero en lugar de corregir sus errores los han profundizado. Primero modificaron el artículo 22 de la Constitución el 14 de marzo. Ahora han aprobado la nueva ley reglamentaria.

La diputada del PRD Guadalupe Almaguer me dijo ayer que la nueva legislación "vulnera la presunción de inocencia". No es ya el Estado el que tendrá que comprobar la veracidad de las acusaciones que justifiquen la extinción, sino el ciudadano el que tendrá que demostrar su inocencia. Esta reversión de la carga de la prueba hará que quienes no cuenten con buenos y costosos abogados sean despojados de sus propiedades de manera muy fácil.

El juicio por la extinción se lleva a cabo de manera independiente al de la acusación principal. El gobierno no solo puede confiscar la propiedad antes de que el propietario sea declarado culpable, sino que podrá venderla antes de la sentencia. Si la venta ya se ha realizado, el inocente despojado no podrá recuperar su propiedad; a lo mucho tendrá derecho a una indemnización.

Los recursos por la venta serán manejados por el "gabinete social" encabezado por el presidente, quien podrá decidir discrecionalmente qué hacer con el dinero. El jefe del ejecutivo tiene así un incentivo enorme para extinguir bienes y utilizarlos para propósitos "sociales" que le generen respaldo político.

Si antes se limitaba la extinción de dominio al narcotráfico o al crimen organizado, la diputada Almaguer señala que el número de tipos penales sobre los que puede aplicarse pasará de 5 a 245. Algunos, como corrupción o encubrimiento, son muy vagos y pueden promoverse por razones políticas. El delito de moda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha sido incluido entre los que pueden motivar la extinción. En los últimos años, sin embargo, hemos visto cómo esta figura se utiliza en casos en los que realmente no hay prueba de delito. En la ley de la Ciudad de México se ha propuesto incluso la extinción de dominio en faltas administrativas, como la remoción o violación de sellos de clausura, aunque el acto sea realizado por un inquilino y no por el dueño.

En varias ocasiones los políticos que han promovido las leyes sobre extinción me han dicho que la gente honesta no tiene de qué preocuparse. Quizá esto haya sido parcialmente cierto cuando la extinción se aplicaba solo al narcotráfico. Con la ampliación de los tipos de delito, y ante el hecho de que el acusado ni siquiera tiene que ser declarado culpable para que se le despoje, encontraremos crecientes razones de preocupación. El Estado mexicano está atentando contra uno de los derechos individuales más importantes: el de la propiedad.

Este martes ocurrió un extraño hecho delictivo en el que un ladrón de autos robó una camioneta sin darse cuenta de que había una niña dormida en la parte trasera y al interceptarlo subió a un templo donde lo agarraron literalmente de "piñata".

A las 14:28 horas, policías de Tonalá recibieron el reporte de un robo violento de una camioneta Ford Ranger 1995 roja, la cual traía una menor de edad de 5 años en la parte trasera.

"La menor de 5 años se encontraba dormida en la caja del vehículo cuando el responsable se lo lleva en presencia de los progenitores".

Oficiales que circulaban en el cruce de las calles Benito Juárez y Tonaltecas lograron avistar a la camioneta reportada, tras lo que fueron tras ella, informó la dependencia.

"Su conductor se da a la huida, ingresando a un templo que se ubica en el cruce de Alberca y Juárez, donde sube a la parte superior y ahí permanece por un lapso considerable de tiempo". A la par, las autoridades lograron poner a salvo a la menor al asegurar la camioneta.

Arriba del templo, el sujeto amenazó con arrojarse al suelo, por lo que intentaron sujetarlo del pie con una cuerda para evitar que se lastimara.

El sujeto quedó pendiendo del pie desde la azotea cuando una multitud de personas se aproximó a ver la escena. En ese momento una persona tomó un palo de escoba y subió a una barda con la que le comenzó a pegar al ladrón; entonces las personas que presenciaban aquello comenzaron a gritar: "¡Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino...!". Finalmente, las autoridades aseguraron a la persona, la cual se negó a proporcionar su nombre. Ésta fue entregada al Ministerio Público.

La condena a "El Chapo" es el fin de un capítulo, no de la historia. Qué bueno que se haga justicia, aunque esta tenga que venir de fuera; qué triste que esta justicia no tenga nada que ver con el Estado de Derecho en México.

Agrupaciones de productores agrícolas bloquearon varias carreteras y casetas de peaje en, por lo menos, 19 estados de la república en reclamo de mayores recursos para el campo al gobierno federal. Pidieron apoyo con certificaciones, maquinaria e implementos agrícolas, sistemas de riego, invernaderos, acompañamiento técnico y capacitación para este sector. En entidades como Jalisco, los campesinos también exigieron un precio más alto al maíz, pues consideran que el actual, que va de los 3,800 a los 4,000 pesos la tonelada, es muy bajo.

Un signo evidente del subdesarrollo en que vivimos los mexicanos son las manifestaciones y plantones que sufrimos. En ellas suele suceder que un pequeño número de personas atenta impunemente contra el derecho de todos los ciudadanos. Quienes así actúan hacen suyas las calles o las carreteras, aunque sea por unas horas, y privan de su uso a los demás. "Son cosa de la democracia", dicen algunos para justificar esas apropiaciones de la vía que por causa de los manifestantes deja de ser pública y se vuelve cosa privada, propiedad de unos cuantos, y a veces hasta de uno solo. López Obrador, por ejemplo, puede jactarse de que durante unas semanas fue dueño absoluto del Paseo de la Reforma, cosa de la cual no pudo ufanarse ni el mismísimo emperador Maximiliano, creador de esa hermosa rúa. No hay democracia ahí donde unos pueden conculcar el derecho de otros pasando por encima de las normas básicas de la convivencia. Los perpetradores de esas ocupaciones de la calle las llaman "manifestaciones pacíficas". Lejos están de serlo. Son en verdad actos de violencia, pues unos cuantos imponen por la fuerza su voluntad sobre todos. Tal acción atenta en forma grave contra la ley y vulnera injustamente el derecho de las personas. Eso podría justificarse en un país en el cual estuviesen cerrados todos los caminos de la participación civil. En México, sin embargo, esos caminos están abiertos. No usarlos, dar la espalda a lo que se ha ganado legítimamente para actuar con ilegitimidad, es entregar a la violencia el sitio que la razón debe ocupar.

Publicado en el año de 1651, el Leviatán de Thomas Hobbes propone por 1a. vez en la historia de la Filosofía Política, la necesidad de un pacto social para que el Estado sea el único ente con la facultad de hacer uso legítimo de la fuerza pública.

"La causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica [...]".

Con la aceptación de un Leviatán habría un poder común capaz de garantizar la ley, justicia y paz. Y sin embargo, en México parecería que ese único poder común comienza a fragmentarse.

Policías federales dieron paso libre a los conductores en la caseta de cobro de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, en protesta por las condiciones que se les han planteado para ser integrados a la Guardia Nacional, informó Caminos y Puentes Federales.

Se sumó la denuncia que hizo públicamente el gobernador Enrique Alfaro y luego formalizó la Fiscalía ante el Consejo de la Judicatura, en contra del juez de Control del 3er. Circuito Judicial, Enrique Velázquez Martín, por ordenar la liberación de Alexis "N", alias "El Chofo", presunto líder del cártel Nueva Generación en Lagos de Moreno y en otras zonas de los Altos de Jalisco.

Lo cierto fue que días después se supo de las múltiples irregularidades que presentaba el Informe Policial Homologado (IPH) que hacen los uniformados como primeros respondientes, pero también en las actuaciones del agente del Ministerio Público que impidieron que el juez Velázquez pudiera vincular a proceso a este presunto delincuente al que se le acusaba sólo de tentativa de robo, cuando autoridades locales le atribuyen una larga y muy variada trayectoria delictiva.

En la carpeta de investigación hay errores del lugar de donde supuestamente se iban a robar una camioneta Ford 350 blanca. Los agentes decían que estaba dentro de un corralón y el dueño que fuera. En el dictamen de identificación vehicular se consigna que el corralón está en el municipio de Teocaltiche, cuando en realidad está en Lagos de Moreno. Además, en la carpeta se habla de 2 camionetas de características similares, pero con números de serie distintos.

Por todo ello, el Consejo de la Judicatura de Jalisco exoneró de toda responsabilidad en este caso al juez Velázquez.

Esta exoneración, y las también muy evidentes fallas en los peritajes para la integración de la carpeta de investigación en el caso del futbolista Joao Maleck que provocó la muerte de una pareja de recién casados en un accidente automovilístico, por parte de policías y agentes de la Fiscalía debe obligar a que el ejecutivo, además de denunciar presuntas irregularidades en el poder judicial, revise también a detalle las actuaciones de policías y ministerios públicos, donde en muchos casos puede empezar el ciclo de corrupción para liberar delincuentes.

Durante julio y agosto, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que inició con una campaña para aplicar descuentos de 90% a los usuarios que tengan recargos en sus estados de cuenta con la finalidad de que se pongan al corriente y puedan tener su cuenta en ceros.

Los descuentos se pueden hacer con tarjetas de crédito participantes (3 y 6 meses sin intereses), así como con tarjetas de débito y en efectivo; el pago debe hacerse en una sola exhibición.

Además, se detalló que se otorgará un descuento del 75% en pagos diferidos con previo acuerdo a quienes acudan a cualquier centro de atención Siapa. Las mensualidades son aplicables sólo hasta el 31 de diciembre de 2019. Para este beneficio se tiene que dar un pago inicial de 30% del total del adeudo ya aplicado el descuento.

[Y los que no quieran pagar... pues que se esperen a la campaña del año próximo y, mientras, jineteen el dinero - el webmaster.]

En Jalisco la tortura es una práctica que todavía ocurre de manera impune. Esto a pesar de que se han impuesto 517 denuncias al respecto entre 2015 y 2018, según detalla la CEDHJ en el Informe Especial sobre la Tortura en el Estado de Jalisco 2018.

A pesar de las 25 recomendaciones emitidas por la comisión en los años mencionados, la respuesta de las autoridades ha sido mínima, pues solamente se ha logrado una sentencia por tortura en la entidad, dictada por el juez de 1a. Instancia de Tala en contra de 2 policías de ese municipio, cuya pena fue incrementada de 12 a 24 años de prisión, explica el documento.

Además de esta sentencia, el documento también señala un proceso penal vinculado al delito de tortura en Puerto Vallarta, donde se dictó auto de formal prisión a los señalados.

En años recientes, las quejas por este delito ante la CEDHJ experimentaron un alza que no se había visto en una década. De 2015 a 2017 los señalamientos ante el organismo fueron más de 100, cifras no vistas en el estado desde 2006.

Se le llama "sociedad" al conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo con unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias (costumbres), y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados.

Pero como los mexicanos tenemos siempre nuestra propia versión de todo, hemos conformado una sociedad sui géneris, en la que las reglas jurídicas establecidas son violadas por los usos y costumbres. La costumbre, la mala costumbre diría yo, es ignorar las leyes establecidas por y para todos.

Esta costumbre de ignorar la ley se ha convertido en una enfermedad que llamaría "miopía social", la cual impide ver cómo los abusos, atropellos y el incumplimiento cotidiano de leyes, reglamentos y normas de conducta afectan al todo.

Creemos que mientras individualmente estemos bien, las afectaciones conscientes o inconscientes que provocamos al conjunto social no tienen consecuencias para nadie, y por lo tanto ni nos importan ni nos perturban.

Y así lo creemos porque los efectos negativos de violar la ley o de abusar de alguien no se ven inmediatamente, en cambio los beneficios sí, especialmente cuando la impunidad en México es casi una garantía (99.3% de los delitos cometidos no se castigan). Este solo dato nos dice que lo que debemos combatir es la impunidad (la causa) y no la corrupción (el efecto).

Pensamos que nuestros "pecadillos" son irrelevantes y de ninguna manera nos sentimos corresponsables del deterioro social, el cual atribuimos a los grandes pecadores, a los grandes delincuentes, sin ver que éstos emanan de nosotros mismos.

En una sociedad enferma de "miopía social", la creencia es que: "todos es nadie", mientras que en una sociedad sana el pensamiento colectivo es al revés: "todos son yo".

Cumplir la ley significa pensar en los demás y en muchos casos, elevar costos, posponer beneficios, esperar turnos o hacer rodeos; violarla, en cambio, significa pensar en uno mismo, ganar más, pasar primero, una vida de lujos y placeres inmediatos. Estoicismo versus epicureísmo.

Ese mundo sin escrúpulos, de placeres y dinero fácil, que además es socialmente tolerado y hasta valorado, es sumamente atractivo para aquellos cuyas ambiciones son mayores a las ganas de trabajar.

Gracias a la impunidad, el camino más rápido y seguro para ganar dinero es el de la delincuencia. El ahorro, el trabajo arduo y honesto es el camino de los timoratos.

¿Qué hacer frente a esta realidad social? Para mí lo 1o. es combatir la impunidad que propicia la corrupción. No al revés como se está haciendo.

2o., poner énfasis desde la educación pública en la importancia de la responsabilidad social y los deberes cívicos. Y 3o., curar la "miopía social" haciendo visible la relación causa-efecto del incumplimiento de leyes y reglamentos y los efectos nocivos de la indiferencia.

Enseñemos qué pasa si no se castiga a los delincuentes, si no reclamamos, si no denunciamos, si todos circulamos en sentido contrario, si nadie paga impuestos, etc.

Cicerón, filósofo y jurista romano, en el libro de Los Deberes habla sobre los deberes que tiene el hombre hacia la sociedad y hacia él mismo y propone que existe sólo una ley verdadera. Esta ley es la recta razón, la cual de acuerdo con la naturaleza, gobierna sobre todos los hombres, es eterna, no cambia, e impulsa a los hombres al cumplir con sus deberes, prohibiéndoles hacer el mal.

Si todos fuésemos niños, coincidiría con las exhortaciones que López Obrador hace en sus discursos para que "nos portemos bien", y así lograr una convivencia pacífica y ordenada. Pero como los que causamos los males de este país somos los adultos desobedientes, lo que toca es aplicar la ley sin miramientos en lugar de limitarse a dar consejos y exhortos paternales. Me parece ridículo y pueril pedirle a sicarios, ladrones y corruptos que se porten bien.

La sociedad mexicana cambiará el día en que asumamos la responsabilidad y deberes sociales que como ciudadanos nos corresponden y dejemos de vernos a nosotros mismos como entes individuales, egoístas y apáticos ajenos a todo y a todos.

Imagínense, como dice con tanta frecuencia el presidente López Obrador, que Miguel Ángel Yunes Linares, electo para gobernar Veracruz por un tiempo de 2 años, de 2016 a 2018, hubiera negociado con el congreso estatal para ampliar su periodo. Se habría registrado una verdadera revuelta que habría encabezado, sin duda, Cuitláhuac García, el morenista que ya tenía puesto el ojo en la gubernatura para las elecciones de 2018.

Y hubiera tenido razón. No es posible hacer una elección para un periodo determinado -de 2 años, por ejemplo- solo para modificar este después del voto. Hacerlo equivale a cambiar las reglas del juego después del juego. No es ético, por supuesto, pero tampoco es, me parece, legal.

Pero esto es exactamente lo que ha hecho el Congreso de Baja California al ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, el gobernador electo, de 2 a 5 años. Es bien sabido que los 2 años le sabían poco a un empresario y político muy ambicioso que desde hace años soñaba con llegar al gobierno de la entidad y que hoy cuenta con el respaldo abierto de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando Bonilla se postuló en 2019, sin embargo, lo hizo con el conocimiento de que sería gobernador por solo 2 años. No se vale salir a la contienda en estas condiciones solo para cambiar las reglas una vez que ha concluido el proceso electoral.

El presidente López Obrador niega haber dado órdenes para ampliar el mandato de Bonilla, quien lo llevó en 2016 al Juego de Estrellas de las Ligas Mayores de Beisbol en el Petco Park de San Diego, donde pudo tomarse una foto con el legendario toletero de los Medias Rojas de Boston David Ortiz. En su mañanera del 9 de julio el mandatario afirmó: "Si hay una manipulación, una cosa indebida, van a resolver los del Tribunal Electoral. Lo que sí puedo decir es que nosotros no intervenimos, no hay línea".

Si bien la iniciativa en el Congreso de Baja California fue presentada por un diputado de Morena, Víctor Manuel Morán, esta nunca habría prosperado sin el apoyo de los diputados del PAN. La votación final fue de 21 a favor, ninguno en contra y una abstención. La iniciativa ha sido ratificada por los municipios en fast track, pero el gobernador panista, Francisco Vega, dice que no la firmará.

En realidad el tema no debe ser resuelto por el Tribunal Electoral, como ha sugerido el presidente. Los magistrados de esta corte solo resuelven casos de carácter electoral y nadie cuestiona la legitimidad del proceso que llevó al triunfo de Bonilla. Lo que ha dicho Marko Cortés, presidente nacional del PAN, es que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la retroactividad de la ley. Cortés también ha declarado que "expulsaremos a los legisladores que se corrompieron con Morena".

Serán así los ministros de la Suprema Corte quienes tomen la decisión. Pero sería un pésimo precedente permitir el cambio de un periodo de gobierno después de que la elección ha concluido. Habría sido inaceptable si lo hubiera intentado Yunes Linares en Veracruz. Pero es lo mismo si quien lo pretende es un gobernador electo de Morena, como Bonilla. En ningún Estado de Derecho puede haber leyes que se apliquen de manera retroactiva. Si los legisladores quieren cambiar los periodos del gobierno estatal, que lo hagan mirando al futuro y no para premiar al actual gobernador electo. Ninguna ley debe modificarse para el beneficio de una persona.

Cuauhtémoc Cárdenas ha sido claro: "El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende la inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo".

Lejos de detener este nuevo intento de sacar al poder judicial de la discrecionalidad y opacidad con la que opera y que ha provocado altos niveles de corrupción e impunidad que han agravado la crisis de inseguridad y violencia que padecemos, la controversia constitucional, bien puede venir a enriquecer el debate para lograr una verdadera y profunda reforma que corrija vicios y fortalezca auténticamente su independencia frente al poder ejecutivo y el legislativo.

En el tema de haber de retiro, puede discutirse no desaparecerlo para no eliminar uno de los incentivos que hace atractiva la vocación de magistrado y le da independencia al juzgador, pero sin duda habrá que reducir sus desmedidos montos e incluso definir criterios para saber con quién sí aplica y con quién no.

Por lo que toca a los exámenes de control y confianza, esta apelación abre la oportunidad de revisar el modelo que ciertamente no ha dado los resultados esperados en la depuración policial. En 1er. lugar habrá que cuidar la constitución del órgano que aplique estos exámenes para cerrar cualquier posibilidad de que se haga un uso faccioso de él, y privilegiar sobre cualquier otra prueba, los estudios socioeconómicos y un trabajo de inteligencia financiera que a partir de las declaraciones patrimoniales se haga un seguimiento de los patrones de gasto de cada una de las y los juzgadores, empezando por los integrantes del Consejo de la Judicatura, instancia que a todas luces ha incumplido su misión de supervisión y control para jueces y magistrados, y se ha convertido en una fuente más de corrupción.

En lo que sí no habrá que dar marcha atrás es en romper con la lógica de los "cuates" y las "cuotas" para la designación de nuevos magistrados y jueces, para sustituirlo por un sistema que premie el mérito y la trayectoria de los aspirantes.

Desde la sociedad civil, pues, habrá que cuidar que la reforma no quede sólo en una disputa de poder de la clase política por controlar el Supremo Tribunal de Justicia, sino que provoque los cambios que repercutan en un mejor servicio al ciudadano que acude a procurar justicia, y que hoy lo único que recibe son humillaciones, exigencia de dádivas y largas, muy largas esperas para que sus casos sean atendidos.

Es evidente que a ningún poder le gusta que otro le imponga cambios y reformas, pero ese justamente es el equilibrio necesario, la mezcla entre la independencia de un poder y la vigilancia de los otros 2. No hay duda de que el Poder Judicial de Jalisco tiene que reformarse y que es uno de los grandes lastres no solo para la seguridad pública y jurídica sino de la economía del Estado. Pero, si bien es cierto que la presión tiene que venir de fuera, la reforma necesita forzosamente tener una base sólida desde dentro.

Una reforma del tamaño y profundidad que se busca en el Poder Judicial del Estado no puede hacerse ni al vapor ni por decreto. Romper las ataduras políticas, las tramas de intereses, las formas burocráticas, la proclividad a la corrupción no será de la noche a la mañana y por supuesto no será sin resistencias. Se requiere de esa presión externa -que ya existe y no necesita de manifestaciones orquestadas desde otro poder- pero sobre todo de aliados internos. Votar en el congreso una reforma que no tuvo ni siquiera el aval de los aliados internos del poder judicial no nos lleva a ningún lado.

Los malos políticos quieren tener la razón; los buenos buscan la transformación. Los 1os. logran primeras planas y ruido en las redes; los 2os., objetivos. Si no hay un cambio de estrategia política en la renovación profunda del Poder Judicial vamos directos al impasse, con mucho ruido mediático y pocos o nulos resultados.

Cuando se proyectó la Plaza Tapatía en la década de los 70s del siglo pasado -hace cerca de medio siglo ya-, con la intención de generar un espacio amable, peatonalizado, libre de tráfico vehicular, propicio para la convivencia social de los lugareños y atractivo para los turistas, no faltó, en medio de las loas a las hipotéticas bondades del proyecto, el vaticinio pesimista del inevitable profeta de desastres:

-Esto va a ser el paraíso del ambulantaje.

Dicho y sucedido. Aunque los afanes de la anterior administración municipal encontraron resistencia por parte de muchos comerciantes callejeros -de artesanías, principalmente- que defendían derechos (a su parecer) adquiridos y negaban que su actividad constituyera una competencia desleal para los comerciantes establecidos, la autoridad hizo su tarea: devolvió a los paseantes la zona que se había convertido -por las tardes, sobre todo- en un tianguis que, en efecto, generaba suciedad y ruido, y deterioraba la imagen de la misma.

Conforme la autoridad bajaba la guardia, el ambulantaje recuperaba, gradualmente, su territorio. Hijos de la necesidad -el comercio callejero es la antesala de la delincuencia-, los vendedores ambulantes no son delincuentes, ciertamente, porque al ejercer su oficio no atentan contra la vida, la salud o los bienes de terceros; sí son, empero, infractores de la ley -de los reglamentos municipales, concretamente-, porque ejercen su actividad económica en espacios en que la norma lo prohibe de manera tajante y categórica, con las salvedades consabidas: Semana Santa, la noche de El Grito y la Romería a Zapopan.

Si, como consta en actas, las gallinas volvieron a salirse del huacal, el fenómeno se debe a que la presión del ambulantaje es continua, por una parte; por la otra, a que la capacidad de reacción de la autoridad es insuficiente y la norma, por laxa, es inadecuada.

Cuando ha habido motivos extraordinarios -la Cumbre Iberoamericana de 1991, por ejemplo- para evitar la invasión de los ambulantes, se dispuso de vigilancia policiaca suficiente... Se supone que la autoridad puede (y debe) recurrir al uso de la fuerza pública, si es menester, para hacer cumplir la norma. Si se abstiene de hacerlo por el temor de que se le tilde -por parte de los infractores, sobre todo- de arbitraria y represora, habría que recordar lo que se dijo con todas sus letras en el inicio de la administración anterior: que el cumplimiento de la ley no es negociable.

Parece que no tiene futuro ningún cambio impulsado para implantar justicia en el ámbito judicial. Hace menos de un mes, el 12 de junio, se aprobó la "reforma al Poder Judicial" en el Congreso jalisciense. Todos los diputados, menos los 6 que forman parte de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), votaron a favor de cambios en la Constitución estatal a fin de aplicar exámenes de control de confianza, limitar a 12 años el ejercicio de los magistrados y eliminar beneficios como el famoso haber de retiro que les permite regalarse varios millones de pesos cuando dejan el cargo.

Jamás, hasta donde se sabe, los dirigentes de los partidos y miembros influyentes de la clase política han admitido abiertamente que los nombramientos en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados y en el resto de los tribunales, estaban previamente asignados para los partidos políticos. Este nombramiento era para el PRI, el siguiente para el PAN, después el PRD y así, sucesivamente.

También eso quedaría eliminado, supuestamente, con la reforma constitucional ya referida.

¿Por qué los diputados de Morena votaron en contra? En sus argumentaciones subrayaron que se trataba de una reforma fingida, que no tendría aplicación porque los afectados impugnarían. Tuvieron, como dice el dicho, boca de profeta.

La semana pasada (5 de julio), el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro, anunció -eso sí, con tono comedido y modales impecables- que magistrados y jueces están inconformes con la reforma. No dijo quiénes ni cuántos. Anticipó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de Jalisco, presentarán una controversia constitucional para eliminar su aplicación. La ley les concede plazo de un mes para hacerlo.

¿Entonces por qué el tono festivo de los diputados que aprobaron la reforma, en especial los que forman parte de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC)? ¿Por qué también el regocijo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien además es designado directo del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción en los poderes judiciales estatales del país?

El coordinador de los diputados de MC, Salvador Caro Cabrera, lanzó ayer un ultimátum público para que el Supremo Tribunal presente su contrapropuesta de reforma. Nadie lo toma en cuenta.

Y es difícil hacerlo porque los diputados no han hecho siquiera el esfuerzo de impulsar su propuesta en los municipios: al hacerse una reforma a la Constitución del Estado, al menos la mitad más 1 de los ayuntamientos deben aprobarla para que ésta sea válida. Resulta que apenas 30 de los 125 municipios han realizado el trámite, y se necesitan 63 aprobaciones. Claro que al vencerse el plazo de un mes, al no enviar respuesta automáticamente se toma como afirmativa, pero no es así como se promueve una reforma que pretende meter en cintura al poder judicial.

En vista de que seguramente habrá una controversia constitucional y ésta apunta a ser ganada por jueces y magistrados, pueden entenderse dos razones de fondo: o los diputados se lanzaron a una reforma sin conocimiento, o ya sabían que estaba destinada al fracaso y vendieron, otra vez, gato por liebre.

Una tragedia ocurrida en días pasados ha llamado la atención de la ciudadanía y la mantiene atenta, luego de tantas promesas de erradicar la impunidad y la corrupción.

Es el caso que un joven matrimonio perdió la vida al ser impactado su vehículo por otro auto conducido a exceso de velocidad por un ebrio. La sucesión de los hechos pinta magistralmente a buena parte de los mexicanos, ya que varias personas se apresuraron a modificar la escena del accidente para proteger al victimario, tal vez las mismas personas que en otras circunstancias claman por la justicia y se dicen contrarias a la corrupción, y hasta marchan con cartelas exigiendo justicia.

El conductor ebrio bajó de su auto gritando que era futbolista, como si tal ejercicio le diera garantía de impunidad y libertad para conducir alcoholizado e incluso para ser causa de la muerte de ciudadanos inocentes. Ninguna sorpresa, esa ha sido nuestra mentalidad, considerar que por tener un cargo o ejercer una profesión ya se es inmune, igual podía haber gritado "soy artista", "soy cantante", soy "diputado", "soy del cártel", o "soy el apóstol de Jesucristo".

No cabe duda de que seguimos siendo una sociedad infantil, inmadura, porque la madurez de un ser humano consiste justamente en la capacidad para aceptar las consecuencias de los propios actos, mientras que los niños por su edad tienden a negar su responsabilidad, a echar la culpa a otros, a no admitir que se debe pagar por lo que se hace.

Esta misma inmadurez la padecen quienes a toda costa buscan defender y proteger a los infractores porque son estrellas del deporte, del espectáculo, de la política o de alguna religión, lo cual los ciega tan profundamente que ya no razonan ni aceptan mancha alguna en sus queridos ídolos que tanto bien les han hecho, a ellos, por supuesto, lo cual al parecer debe otorgarles la absoluta impunidad.

En esta ciudad donde los agentes de tránsito brillan por su ausencia, donde los automovilistas muestran cada día lo poco que les importan las normas, donde las cámaras de vigilancia son desacreditadas, y se medio matan por negarles capacidad de testificar, donde unos avisan a otros dónde se ubican los alcoholímetros, es natural que pase este tipo de tragedias todos los días, y que las consecuencias dependan de la condición y "calidad" del que ocasiona los "accidentes", independientemente del daño y del dolor que se generan.

¿Y entonces como de qué sirve el que exista una comisión de vialidad en el congreso? ¿Sólo para aumentar el monto y la especie de las multas? Tanto la secretaría respectiva como esta comisión deberían estar integradas por personas capacitadas para ese campo, con mirada amplia que les permita advertir que el problema de fondo es la ausencia permanente de educación vial lo mismo para conductores que para peatones, que buscar imponer la norma por medios solamente coercitivos modifica muy poco la realidad, sobre todo en un ambiente donde sigue imperando la corrupción, esa corrupción que lo mismo puede anular una multa, que eliminar los agravantes en un accidente como el referido, para beneficio del que se presenta gritando que es esto o aquello.

La división entre los liderazgos de los policías federales inconformes con los planes de integrarlos a la Guardia Nacional acentuó la crisis y prolongó el paro nacional en esa corporación luego de que más de 100 elementos rompieran con sus representantes en la comisión negociadora con las autoridades, y rechazaron acuerdos alcanzados.

Como parte de sus medidas de presión, los policías bloquearon el tránsito en distintas autopistas del país por 2o. día consecutivo.

A un año de la elección del 2018 tal vez el dato más revelador de la encuesta de Mitofsky es que 75% de la población considra que está mal que el presidente opte por "privilegiar la visión hacia el futuro y no castigar a corruptos".

No cabe duda que el hartazgo con la corrupción desmedida del gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos estatales de PRI, PAN y PRD fue uno de los factores que más ayudó a López Obrador en su victoria electoral. Su diagnósitico y mensaje permanente en ese sentido hizo eco y capturó el malestar social: "La corrupción es la principal causa de nuestros problemas", ha repetido incansablemente el presidente. Tiene razón, la corrupción está en el corazón de la inequidad, la inseguridad, los malos servicios públicos, la injusticia y la impunidad.

No solo se trata de que su administración sea honesta, los mexicanos también exigen justicia con quienes atracaron el país dejándolo en las condiciones que AMLO heredó. A diario escuchamos a miembreos del gabinete federal afirmar que les dejaron su institución "deshecha". La opinión pública merece información más específica de las condiciones en que están esas instituciones y de los excesos e irregularidades de quienes gobernaron el sexenio anterior.

El gobierno anterior los exacervó. Como bien apunta Roberto Zamarripa, parecería que el sexenio de Peña no exisitrió, "salvo para entregar las llaves". Hace un año que AMLO ganó y Peña dejó de gobernar. Un país de leyes y Estado de Derecho no puede nacer de tan solo poner la visión en el futuro. Si la 4T acaba con la impunidad, habrá iniciado una nueva y mejor etapa en México.

Rebeca tardó más de 3 horas en llegar desde el lugar donde vive, en Tlajomulco, a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en la Calle 14, para denunciar que un familiar suyo desapareció. Allí le dijeron que en ese sitio no se reciben denuncias de ese tipo, por lo que le pidieron que fuera a las oficinas de la Calzada Independencia.

"Perdió todo el día y está toda triste y desilusionada porque no le resuelven nada. Nada más vino a decir que su familiar está desaparecido. ¿Tú crees que esa señora vuelve?", dijo al respecto Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).

De acuerdo con el colectivo, al menos 2 de cada 10 personas que se acercan a solicitar apoyo reconocen que no acuden a levantar sus denuncias porque desconfían de las autoridades. En estos casos, la organización les ofrece ayuda alternativa... con sus propios medios.

"En el colectivo han llegado muchas señoras que prefieren no denunciar porque no tienen confianza en la Fiscalía; lo único que quieren es encontrar a sus hijos. Como sea: vivos o muertos", añadió.

Fundej también ha conocido casos de personas que desisten debido a los trámites, y otros de habitantes del interior del estado que de plano desconocen a dónde hay que acudir a denunciar que un familiar ha desaparecido.

Guadalupe Aguilar afirmó que "sigue la simulación de que va a haber, de que vamos a hacer un protocolo, de que vamos a hacer y deshacer, y no lo hacen. Nosotros ya sabemos cuántos y cuántos desaparecen y ellos hasta ahorita están hablando de las cifras".

El 24 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los desaparecidos eran la peor herencia que le habían dejado las administraciones pasadas y dijo que daría "todos los recursos" para atender el problema.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que no existe información pública disponible que dé cuenta de la cifra de personas no localizadas a nivel nacional.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no ha sido actualizado desde el 31 de mayo de 2018, a pesar de que su ley y su reglamento establecen que las fiscalías especializadas de las entidades deben compartir información para nutrir la base de datos dentro de los 3 meses de haber recibido información sobre la desaparición de alguna persona.

Jacobo Dayán, miembro del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México indicó que aunque las autoridades federales han anunciado aumento de recursos y esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas, no se han registrado avances en esta materia.

"La ciudadanía sigue teniendo desconfianza con ir a denunciar. Estamos en el mismo punto que estábamos hace meses o años. Nada más con anuncios triunfalistas por parte del gobierno federal y en los estados hay un caos".

Recordó que en la última reunión, hace un par de semanas, entre la federación y colectivos de víctimas, se repitió el discurso oficial de darle prioridad a los casos y que cuentan con todos los recursos. Sin embargo, dijo que esto no se ve reflejado en la realidad.

"Sigue siendo la prensa la que está reportando y no las fiscalías. Es obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) recopilar la información de las fiscalías estatales. No tiene que ser el gobernador de Jalisco ni el de ningún lado el que salga a dar cifras, se tienen que dar cifras nacionales desde la FGR", remató Dayán.

El colectivo Por Amor a Ellxs compartió, a través de redes sociales, recomendaciones de prevención y apoyo para las familias que se enfrentan a una desaparición.

Entre ellas destacaron las de autocuidado, redes de seguridad y plan de acción.

Por ejemplo, se resaltó que en caso de sospecha de desaparición hay que guardar la calma, hablar con los que pudieran haber tenido comunicación con la persona no localizada, determinar con certeza las circunstancias en las que se le vio por última vez y no denunciar hasta hacer búsquedas en Locatel, hospitales, centros de detención y el Servicio Médico Forense (Semefo), entre otras medidas.

En el documento, que se puede consultar en la cuenta de Twitter de Por Amor a Ellxs, se acentuó que antes de 72 horas nadie puede negarse a recibir una denuncia.

Se recomendó imprimir 5 copias de una fotografía, información básica sobre datos personales, media filiación, señas particulares, teléfono celular, tarjetas bancarias y autómovil.

Se agregó que se pueden solicitar las primeras diligencias, firmar éstas y el escrito de la denuncia sólo si se está conforme, y tomar nota de todo, incluso el número de averiguación y nombres de funcionarios como policías investigadores.

El profesor de Oxford, Ronald Dworkin, decía que una voz dominante se escucha en la sociedad respecto a la justicia y la injusticia y sobre lo que una sociedad tolerará y lo que no.

Planteó la cuestión respecto del punto hasta el cual una sociedad soporta la injusticia o la hace parte de su ser orgánico y cuáles son los límites de esa aceptación. En nuestro país el grado de tolerancia a la injusticia se ha vuelto cada vez más flexible, al grado que los episodios de violencia extrema se asimilan con enorme rapidez.

La conducta ha asimilado cada vez más formas de impunidad.

Lo que resulta peligroso porque los límites se difuminan. En el punto preciso de esta línea divisoria está la acción de la autoridad para establecerlos o reforzarlos. Formalmente la frontera a la injusticia está contenida en los principios establecidos en la ley fundamental, sin embargo, en la realidad las sociedades son más o menos elásticas para tolerar espacios de incertidumbre o de impunidad.

Cuando la autoridad pierde la capacidad para establecer con claridad estos límites se propicia un ámbito ingobernable sujeto a la violencia, la intimidación, al arbitrio del más fuerte.

En los últimos años México ha relajado los límites a la injusticia en muchos sentidos, el políticamente más visible es la desigualdad, pero el más agudo es la impunidad en ámbitos específicos que pasaron de ser marginales a ocupar espacios territoriales y aun a disputar o determinar el poder político. Y ante eso la sociedad está ahora mismo hablando del tema quizás tímidamente.

Vale la pena puntualizar que en la frontera con la injusticia lidian los servicios públicos destinados a hacer valer los límites: por una parte, las policías, el ministerio público, los servicios penitenciarios y, por la otra, los jueces y los tribunales. Sobre los hombros de ellos recae la percepción de certidumbre legal, seguridad personal, y confianza.

La voz de la que hablaba Dworkin nos indica que la sociedad mexicana ha comenzado a impacientarse por la debilidad de los límites al percibir que cada vez la injusticia, la violencia y la delincuencia está más cerca de su vida cotidiana. La percepción que los técnicos han denominado de inseguridad probablemente no refleje con precisión esa voz que susurra en el interior de las comunidades.

Esa, la que en pocas semanas ha hecho crecer la resistencia a la migración y la que ha invadido en pocas semanas a la Ciudad de México. El despliegue de la Guardia Nacional ha despertado esperanza de seguridad en algunos y temor de arbitrariedades en otros, sin embargo la sola presencia y acción no resulta suficiente para establecer de nuevo estos límites a la injusticia si no se acompaña de una mejora en la capacidad y alcance de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y un crecimiento en la capacidad y calidad de los servicios de los tribunales.

El ejemplo de la migración es elocuente: de nada sirve detener a personas que se internan a México ilegalmente si no hay la capacidad para tramitar para cada uno de ellos un procedimiento administrativo que respete las normas del debido proceso y garanticen su trato digno.

La sola detención es una simple barricada temporal, para establecer un límite a la injusticia habrá que establecer un sistema institucional capaz de respetar los derechos de todos.

Lo mismo pasa con los casos de asaltos, robos u homicidios, en donde es necesario mejorar la cantidad y calidad de los servicios públicos encargados de hacer valer los límites. La mayor desigualdad es la falta de acceso a la justicia. Y el verdadero cáncer que puede reproducirse es la percepción de que la impunidad, la flexibilidad y la tolerancia a la injusticia es parte de nuestra cultura, porque entraríamos en el camino de considerar irremediable la acción de la delincuencia en la normalidad de la vida cotidiana. La voz está ahí soterrada, se le oye aun en tono suave.

Estamos en la encrucijada. Pero no se entiende bien. Quizás por eso AMLO le dio luz verde a Bartlett para generar la peor señal económica desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, al cuestionar los contratos con los constructores de gasoductos.

Vaya, AMLO estuvo dispuesto a dinamitar la imagen de México como un país amigo de los migrantes, con tal de que no nos pongan aranceles... pero ahora permite una medida que nos puede mandar al fondo en materia de confianza en la seguridad jurídica en México.

Que alguien le diga que esto también puede causar una crisis financiera.

En el México de la 4T, pareciera que lidiaremos permanentemente con esas contradicciones.

A ver: a casi 5 años de los hechos -se cumplen el próximo 26 de septiembre-, ¿estamos más cerca de la verdad con respecto al Caso Ayotzinapa, o, por el contrario, nos hemos alejado...?

Una vez que se han presentado nuevos indicios de que a los presuntos autores de la desaparición, muerte e incineración de los restos de los 43 normalistas se les torturó durante los interrogatorios, y en la hipótesis de que se probara que los policías "investigadores" utilizaron ese método de manera sistemática, ¿habrá que llegar a la conclusión de que la "verdad histórica" -por utilizar la expresión, que en un santiamén se volvió clásica, del entonces procurador Jesús Murillo Karam- sería, en todo caso, una absoluta y escandalosa mentira a la que se pretendió dar el cariz de verdad oficial de los hechos...?

Fuera máscaras: es del dominio público que, en México, la tortura -física y sicológica- es el procedimiento habitual de que se valen las corporaciones policiacas para llegar a la verdad con respecto a los delitos que persiguen... y que son -valga el subrayado- una mínima parte apenas de los que se cometen.

La notoriedad que adquirió el Caso Ayotzinapa, por la cifra de víctimas y por los indicios de que detrás de aquel episodio había una cadena de complicidades -sistemáticas también- entre bandas de narcotraficantes, por un lado, y policías y políticos por el otro (usted dirá, lector amable, quiénes, en este caso, serían los malos... y quiénes serían los peores), dio pie a la intervención de organizaciones no gubernamentales, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En marzo del año pasado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa, en que reporta haber realizado "un análisis pormenorizado de 63 casos" relacionados con los interrogatorios 'en 51 de los cuales tuvo indicios de tortura', y en 34 más, 'fuerte elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos'".

Conclusión: no es, necesariamente, que se pretenda dar validez jurídica a falsedades sustentadas en métodos de "investigación" que la misma legislación mexicana, ¡en teoría!, reprueba y descalifica. Es que si sólo fuera a procesarse y sentenciarse a presuntos delincuentes sentados en el banquillo de los acusados mediante irreprochables y asépticos métodos científicos..., quizá aún estuviéramos esperando al primero.

El estudio "Legalidad contra las Cuerdas", presentado hoy por las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción, Causa Ciudadana y Nexos, identificó 20 acciones impulsadas por el gobierno federal que a su juicio son ilegales, 7 de dudosa legalidad y 4 "leyes a modo".

María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción, así como José Antonio Polo Oteyza y María Elena Morera, ambos de Causa en Común, precisaron que el estudio cubre de diciembre de 2018 a mayo de 2019 e identifica las acciones de gobierno que han tenido consecuencias negativas para la población.

Casar opinó que una de las frases más utilizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido "al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", pero en los hechos una gran cantidad de actos del nuevo gobierno han sido motivo no sólo de cuestionamientos, sino de litigios por parte de ciudadanos, gobiernos locales, funcionarios públicos, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.

El estudio identifica como acciones ilegales la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el inicio de Santa Lucía, la omisión en la desocupación o bloqueo de vías férreas en Michoacán y el cierre de comedores comunitarios.

Asimismo, el reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional, la cancelación de recursos para estancias infantiles, la adjudicación directa sin justificación en compra de pipas de Pemex, el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la consulta participativa para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, la militarización de las funciones de seguridad pública, entre otras.

El documento también incluye como acciones de dudosa legalidad el nombramiento de los llamados "súper delegados", la adjudicación directa del estudio costo-beneficio del Tren Maya, la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, la reducción de recursos para combatir el VIH Sida y cáncer, los programas sociales sin reglas de operación.

En tanto, enlista como "leyes a modo" la llamada "Ley Taibo", para que Paco Ignacio Taibo II pudiera asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE); la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en una dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar.

También el cambio al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que las asociaciones religiosas e iglesias puedan participar en proyectos de reconstrucción del tejido social; y el reglamento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Polo Oteyza indicó que el estudio será publicado en Nexos, y aclaró que no se hizo para ganar dinero, pues "en todo caso nos estamos ganando una bronca".

A su juicio, desde el gobierno se inventan problemas para tapar la realidad que se vive, por ejemplo, con una recesión en materia económica y un grave tema de inseguridad.

En tanto, María Elena Morera criticó el hecho de que se haga a un lado a las organizaciones de la sociedad civil, cuando "no nacimos ayer" y tenemos el derecho de participar y opinar de diversos temas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que más de 8,000 cuerpos se encuentran sin identificar en planchas, refrigeradores y contenedores de los Servicios Médicos Forenses (Semefos) a nivel nacional.

De acuerdo con un informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, al 31 de marzo de este año, suman un total de 8,116 cuerpos sin identificar en los Semefos de todo el país.

El documento revela que los cuerpos se encuentran en planchas, refrigeradores y contendedores. Además, en el documento titulado "Acciones para Atender la Emergencia Forense" cuenta con un apartado que se denomina crisis forense en el que revela que a nivel nacional se cuenta con 217 laboratorios de genética y 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5,171 cuerpos, lo que implica una sobreocupación de 2,945 cadáveres.

El informe detalla que los Semefos y Servicios Periciales de la mayoría de las entidades federativas identifican mensualmente menos del 20% de los cadáveres que ingresan.

En un diagnóstico de la capacidad forense, la Segob explica que existen diversos problemas como la falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales; escasez de personal especializado y suficiente; recursos limitados que impiden la operatividad efectiva de todas las especialidades forenses; falta de criterios homologados para la conservación de cadáveres; desconocimiento de la normatividad aplicable a la materia e insuficiencia de cementerios forenses.

¿Qué tienen en común el caso Marcial Maciel, las acusaciones contra Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, y el juicio al líder del grupo Nxivm, Keith Raniere? Los 3 escándalos revelan cómo se mezclan actos criminales y sistemas de creencia, pero sobre todo cómo estos sistemas son la fachada perfecta para encubrir conductas criminales.

Si algo ha quedado claro en estos casos, es la falta de normatividad por parte del Estado mexicano que permita atajar a tiempo este tipo de abusos, donde los signos del poderío económico se entremezclan con mesianismos personales y sometimientos sexuales. Las maquinarias de las congregaciones permiten evadir la justicia: ni Marcial Maciel ni Samuel Joaquín González (padre de Naasón) fueron jamás juzgados en México, a pesar de los testimonios públicos presentados a lo largo de los años. Igual sucede con multitud de crímenes cometidos por diversos sacerdotes y pastores que quedan solo en denuncia, sin afectar o encausar averiguaciones contra las iglesias que los han resguardado para cometer delitos. Los castigos vienen de fuera o no vendrán, porque en este país las iglesias están blindadas ante la justicia.

Urge salirnos de la casuística y el escándalo de moda para pensar qué mecanismos hay detrás de estos abusos, cuál es la red de complicidades que los hace posibles e invisibles. El 1er. control tiene que ver con el dinero: fiscalizar más y mejor a las iglesias y congregaciones y una mayor transparencia de sus actos y decisiones permitirá atajar muchos delitos antes de que se cometan.

Ante la decisión del gobierno federal de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y sustituirlo por uno en Santa Lucía, decenas de ciudadanos, agrupados en el colectivo #NoMásDerroches, presentamos ante tribunales federales diversos amparos con un doble fin: conservar las obras realizadas para el aeropuerto de Texcoco y suspender el proyecto de Santa Lucía, en tanto no se tengan los dictámenes y permisos necesarios que acrediten, entre otros temas, su factibilidad ambiental y la seguridad aérea para su operación. Al día de hoy, diversos jueces y magistrados han coincidido en que proceden estos cuestionamientos jurídicos.

Hasta aquí, todo normal para cualquier país que se precie de tener un Estado de Derecho: dada una inconformidad con una decisión de gobierno, un ciudadano acude a los tribunales para defender sus derechos. Pero no son tiempos normales, y el presidente ha lanzado "advertencias" de exhibir a los firmantes de los amparos. Lo hará "para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses". Hay que decirlo: es grave convertir el ejercicio de un derecho en un supuesto agravio contra el país; es grave engañar cuando lo que va contra el interés nacional es dilapidar recursos escasos; y es grave denostar a quien ejerce un derecho, abriendo la puerta a linchamientos mediáticos y, eventualmente, a posibles restricciones de libertades y derechos de acuerdo a definiciones políticas.

No debe olvidar el jefe del Estado mexicano que promover un amparo forma parte de esas libertades y de esos derechos, y que el acceso a la justicia es un derecho humano consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México. Es probable que el proyecto de Texcoco tenga cosas por mejorar, como cualquier obra, pero cancelarlo sin una alternativa viable, es incomprensible. Que quede claro, nadie en el colectivo está defendiendo algún contrato, ni está ganando dinero, influencia, comodidad, ni nada. Al contrario, lo hacemos porque somos muchos los que queremos que el gobierno cuide un dinero que no es suyo, sino de todos.

Si el presidente considera que su decisión de construir el aeropuerto en Santa Lucía está debidamente sustentada, que así lo acredite en tribunales. Los principales expertos del mundo en aeronáutica coinciden en que es muy mala idea, pero al menos que se cumpla con la ley. Minar el Estado de Derecho desde la Presidencia puede traer consecuencias graves para todos, en momentos muy difíciles para el país.

La corrupción no ha desaparecido, la inseguridad se agrava, la economía se estanca y, por si fuera poco, se propició un problema migratorio que puede desatar una crisis humanitaria. Ante estos problemas, "advertir con exhibir" a quien ejerce derechos, o atacar a medios de comunicación y a periodistas, o a organizaciones sociales, es una irresponsabilidad.

El discurso presidencial puede cambiar. Coincido con el jefe del Estado mexicano cuando afirma que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie". Es más, debería usar los amparos del colectivo como una oportunidad para cambiar de opinión y para que pueda decir: "yo creo en la ley, y si ésta me pide que cambie... lo cambio". Nuestro país requiere un régimen de libertades amparado en un Estado de Derecho, y fortalecido por una ciudadanía activa, crítica y propositiva. Un régimen en el que la tolerancia no sea una dádiva, el ejercicio del poder no sea pretexto para abusos, y en el que los ciudadanos no se confundan con súbditos. Ley, libertades, tolerancia, ciudadanía... no a todos les gustan. Yo opino, en cambio, que son esos los valores a defender, hoy y siempre.

Con el fin de disminuir el número de llamadas falsas a los números de emergencia, el 25 de enero de 2018 se publicaron en el Periódico Oficial de Jalisco las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal, para establecer como delito los reportes ficticios. Sin embargo, a más de un año todavía no existe una sola persona que haya sido sancionada por esa práctica, según confirmó la Secretaría de la Hacienda Pública.

Al cierre de 2018, el estado ocupó el 3er. lugar a nivel nacional en llamadas improcedentes al 911, de acuerdo con estadísticas nacionales.

Y no hay sanciones debido a que todavía no existe un procedimiento administrativo para ejecutar la multa que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del Estado, va de los 3 a los 20 días de salario mínimo, que se cobrarían "al dueño o usuario de la línea telefónica que llame anunciando emergencias falsas, haga uso indebido del servicio o llame con fines ociosos que distraigan el servicio telefónico de emergencia".

"Estas cosas sólo pasan en México", diría alguien. "Esas cosas jamás sucederían en un país civilizado", acotaría alguien más...

Los hechos: el miércoles por la noche, dos individuos, jóvenes, muy quitados de penas comían hamburguesas en algún puesto callejero de la alcaldía Xochimilco en la capital del país. Simultáneamente, como miles de personas que hacían otro tanto, ya en casa o en los consabidos bares que ofrecen ese "plus" a sus parroquianos, acaso veían por televisión el partido México-Canadá de la Copa Oro... En esas estaban cuando de un automóvil Volkswagen -la nota no precisa el modelo- descendieron otros 2 sujetos, que les dispararon con sendas armas de fuego. Uno de los jóvenes murió en el lugar de la agresión; el otro, en la ambulancia en que lo trasladaban a un puesto de socorros... De las pesquisas iniciales se desprende que, previamente, las víctimas habrían asaltado a los pasajeros de una unidad del transporte público y huído en una motocicleta. Una de las víctimas del asalto habría rastreado a los ladrones mediante el localizador del teléfono celular, que estaría en poder de los rateros.

Publicada en la página electrónica de "El Universal", la nota generó comentarios de esta índole: "Perfecto: así debe ser"; "Un aplauso para este vengador anónimo: hace mucho más que las autoridades"; "Por ausencia, ineptitud o incapacidad de la autoridad, esto será lo mejor"; "Hizo el trabajo de la policía"; "Esta noticia es la mejor de la semana"; "Un mata-ratas efectivo; deberían patentarlo"; "Ya compré un cel. con localizador; espero no hacerlo, pero si llegase el caso, con gusto hago lo mismo"; "Es la única salida que nos deja la autoridad, ante la falta de aplicación de justicia"...

Con mínimas variantes -incluidos los casi inevitables epítetos ofensivos o despectivos para las autoridades-, el consenso aprobatorio hacia los autores de la agresión fue unánime. Nadie se planteó la posibilidad de que se hubieran equivocado al identificar a los asaltantes. Nadie señaló que, aun si los agresores tenían la certeza absoluta de que sus víctimas habían sido los autores del robo, su reacción, en 1er. lugar, corresponde a una ejecución extrajudicial -delito por sí mismo equiparable al homicidio calificado-, y, en 2o., fue brutal; desproporcionada...

Colofón: A eso conduce la incapacidad de la autoridad para combatir el delito: a que se aplique el principio bárbaro de "mátalos en caliente"... y el ciudadano de a pie aplauda.

Campesinos de los municipios de Chilapa, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Quechultenango mantienen bloqueados los 4 carriles de la Autopista del Sol, en Chilpancingo para exigir al gobierno federal la entrega del fertilizante.

Mientras que campesinos de Zapotitlán Tablas bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilpancingo a la altura de la comunidad Tlatlauquitepec, en el municipio de Atlixtac en la región de la Montaña.

En el municipio de Leonardo Bravo, en la Sierra, campesinos mantienen retenido al alcalde, el priísta Ismael Castulo, en las instalaciones del ayuntamiento.

Desde las 11:00 horas, unos 500 campesinos bloquearon los 4 carriles de la Autopista del Sol.

Los campesinos advirtieron que llegaron a la vía para tomar los tráiler con fertilizante para llevárselos a sus pueblos.

A la autopista llegaron funcionarios del gobierno estatal para negociar la liberación de la vía.

En la carretera federal, los campesinos de Zapotitlán bloquearon la vía después de haber tenido retenido al alcalde de ese municipio y al delegado regional del gobierno federal en la Montaña para exigir la entrega.

La Barra Mexicana de Abogados aseguró este domingo que las advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre mostrar a quienes promuevan amparos contra las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, atentan contra el Estado de Derecho.

A través de un comunicado, la asociación señaló dijo que es "inapropiado que el ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole".

Además, resaltó que las acción del poder ejecutivo "que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes", no son saludables para el equilibrio de poderes.

Luego de que se anunciara la suspensión de la obra en Santa Lucía, el presidente López Obrador atribuyó a los "corruptos" la suspensión por parte de un juez de la obra para convertir la base militar de Santa Lucía en el nuevo aeropuerto capitalino.

"La obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos", afirmó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde Palacio Nacional.

Tras una polémica consulta ciudadana, López Obrador decidió transformar la base militar de Santa Lucía en un aeródromo civil y cancelar el aeropuerto de Texcoco, una obra de 13,300 millones de dólares impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que llevaba más de un 30% de avance.

El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) era la gran obra pública de su antecesor, Enrique Peña Nieto, pero según López Obrador era una infraestructura que ejemplificaba la corrupción en la nación latinoamericana.

El pasado 12 de junio, un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó una nueva suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, lo que obliga al gobierno federal a conservar las obras realizadas en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco.

Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios, informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Apenas el lunes de esta semana, el Director General del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua, anunció que se inundará la losa de cimentación del NAIM, por lo que la destrucción de los avances de dicho proyecto es inminente.

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos, plantearon que el Poder Judicial de la Federación ordene a las autoridades tomar las medidas necesarias para preservar el avance que actualmente tienen las obras del NAIM en Texcoco hasta que éstos se resuelvan en definitiva.

La medida tomada por el 10o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 1er. Circuito ordena detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad conducentes a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su Reglamento. Además, ordena que se mantengan las obras del NAIM sin que sean destruidas hasta que se revisen a fondo, por parte de un juez de distrito, todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente.

Gerardo Ferrando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), rechazó haber incurrido en una falta porque las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía aún no comienzan.

"Como gobierno procuraremos no incurrir en ninguna falta y cumplir cabalmente con la ley, en el caso de Santa Lucía tenemos conocimiento de que hay una prevención sobre los trabajos, no hay trabajos en marcha y se está en el proceso de gestión de la manifestación de impacto ambiental. Las obras en Santa Lucía no han iniciado", dijo en entrevista a medios en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre la decisión de un tribunal federal que prohibió al gobierno ejecutar obras para el Aeropuerto de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica, el director del GACM explicó que hasta el momento "no hay ninguna decisión del juez que afecta las actividades en Texcoco, en la terminación anticipada de los contratos".

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos se manifestó a través de su cuenta de Twitter en favor de los amparos. "Yo También apoyo al amparo y promoví un juicio para que se respete la ley. A MX no le conviene la construcción de Santa Lucía y que lo ya edificado con recursos públicos en el NAIM sea destruido. Confío en que pronto, a través del poder judicial, la razón se imponga".

Aunado a ello, en redes sociales se hizo tendencia el hashtag #YoTambienApoyoElAmparo, en el que diversas personalidades de la política y el sector empresarial se han han sumado a la postura de De Hoyos.

Un gran protagonista crece su papel en la narrativa de nuestro tiempo: el Derecho, que se manifiesta en los derechos de millones de personas. Todos los días exigen respeto a la dignidad en todos los ámbitos de la vida social. En todas partes se levantan voces contra la injusticia y la desigualdad.

La conciencia individual de los derechos ha provocado un crecimiento inmenso en los procedimientos judiciales en las naciones. La calidad de los servicios de justicia se ha convertido en referencia obligada para calificar el nivel de desarrollo institucional de las naciones.

Tener derecho a algo se ha convertido en un grito de lucha. Esa pretensión es muchas veces exigible, pero en otras se trata de simplemente de aspiraciones declaradas. No es lo mismo exigir el derecho a recibir un pago por la entrega de una mercancía; que exigir el derecho respirar aire limpio, lo 1o. se puede exigir en un tribunal de forma directa e individual; mientras que lo 2o. es un lineamiento que debe orientar las políticas públicas. Una cosa es proclamar un derecho y otra distinta satisfacerlo. Nuestro protagonista avanza en los 2 ámbitos: en lo que podemos exigir judicialmente y en las proclamas públicas con sustento ético.

Cada vez es más común escuchar respecto al trámite de un amparo, la obtención de una suspensión o la referencia a principios como la presunción de inocencia o la irretroactividad en la aplicación de la ley. Estos términos se difunden con más o menos acierto, pero cada día se incorporan a las expresiones de millones de personas.

El lenguaje de los derechos crece también para dar fuerza a las reivindicaciones de nuevas exigencias materiales y morales, hay cada vez más personas que se declaran sin derechos, o que exigen el respeto a nuevos derechos. Este hecho de alcance mundial, es especialmente visible en nuestro país en estos tiempos aciagos cuando los servicios de justicia y seguridad están en punto crítico.

En México, como en el mundo, las expectativas de justicia van al alza, con más derechos exigibles, mejor protegidos por instituciones eficientes y más atención al respeto efectivo de los mismos.

La vigencia del Estado de Derecho supone que el servicio público de justicia 1o. se expanda para ser suficiente, y simultáneamente mejore su calidad. Ahí está la cuestión, a la vista, hay una crisis de impunidad a corregir.

El tiempo de los derechos no se va a revertir, por el contrario, afortunadamente cada vez tendremos más conciencia de su ejercicio y más presión a las instituciones para hacerlos efectivos.

México Evalúa advierte que, en los últimos 25 años, se han modificado en reiteradas ocasiones leyes y códigos penales para incrementar las sanciones y los delitos graves que otorgan prisión preventiva. "A pesar de eso, los delitos graves van en aumento, lo cual indica que incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no tiene efecto alguno sobre la comisión de delitos. En otras palabras: la prisión preventiva oficiosa no reduce la incidencia".

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, advierte que será difícil que los delitos reduzcan, pues se requiere que el sistema de justicia se consolide. "Ellos creen que, con esta medida, se detendrán más personas, pero tengo mis dudas por la impunidad que estamos viviendo en México, y Jalisco no es la excepción".

La reducción en la incidencia se logrará, en cambio, con más capacitación entre los policías, Ministerios Públicos y jueces. "Y que se den castigos por un trabajo deficiente".

El 4 de abril pasado, el Senado de la República declaró reformado el Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva, tras el aval de 20 legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Con esto, ni tres años le dieron al nuevo sistema de justicia para su consolidación, que se estimaba tomaría entre los 5 y 9 años, según diversos estudios.

"Con estas medidas están contaminando un nuevo sistema de justicia con prácticas que tuvimos en México con el sistema inquisitivo, en virtud de la ineptitud e ineficacia de las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia en México", considera Francisco Jiménez Reynoso.

La reforma aprobada, explica, va contra el espíritu del nuevo sistema y de la presunción de inocencia, avances que se habían logrado con la implementación del mismo.

Fue el camino más fácil para las autoridades, pues optaron por aumentar las sanciones en lugar de enfocarse en una profunda capacitación de los operadores del nuevo sistema, que son los generadores de la famosa "puerta giratoria" de la impunidad.

Ésta consiste en que las personas detenidas por algún delito que amerita prisión entran y salen fácilmente en libertad debido a los errores y fallas de policías, agentes del Ministerio Público y jueces.

"Si tuviésemos autoridades que trabajaran pulcramente desde el primer respondiente, pasando por el juez de control, por los Ministerios Públicos y el juez de oralidad, esta reforma sería innecesaria. Si todos hicieran su trabajo, el que se atreviera a proponer una reforma de esta naturaleza lo tildarían de que está mal. Es un remiendo, un parche, en virtud de la impunidad que tenemos en la puerta giratoria, pero que atenta contra el espíritu mismo de la reforma que tuvimos el 18 de junio de 2008".

Delitos de prisión preventiva antes de la reforma del 19 de febrero:
- Delincuencia organizada.
- Homicidio doloso.
- Violación.
- Secuestro.
- Trata de personas.
- Delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Delitos que se agregaron al catálogo de prisión preventiva:
- Uso de programas sociales con fines electorales.
- Enriquecimiento ilícito.
- Ejercicio abusivo de funciones.
- Delitos en materia de hidrocarburos.
- Abuso sexual en agravio de menores.
- Violencia sexual en agravio de menores.
- Feminicidio.
- Robo a casa habitación.
- Robo a transporte de carga.
- Desaparición forzada.
- Desaparición cometida por particulares.
- Delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Según la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el decomiso de armas de fuego se desplomó en comparación con lo logrado durante la gestión de Felipe Calderón en 77%, en el acumulado entre ambos periodos. La cifra más alta se alcanzó en 2011, cuando se decomisaron 40,966, mientras que en 2018 (hasta octubre) sumaban sólo 4,976.

Este desplome se presentó pese a que el anterior sistema de justicia estaba vigente y las procuradurías y fiscalías de todo el país podían hacer uso pleno de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa. Esto significa que, aunque había más facilidades para encarcelar a los presuntos delincuentes, las autoridades no aseguraban más armas de fuego.

Tal observación se advierte en el trabajo "La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego", de México Evalúa.

El documento cuestiona la efectividad de la reforma constitucional del 19 de febrero, donde se amplió el catálogo de delitos que ameritan privar de la libertad a los señalados mientras enfrentan su proceso, de 6 a 18 ilícitos. Entre los delitos en esta ampliación están los relacionados con las armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y fuerzas armadas.

Este análisis explica que, desde 1997, el congreso mexicano había abordado 149 iniciativas de reforma relacionadas con el uso de armas de fuego, de las que 96.6% fueron rechazadas, retiradas o congeladas durante años. "“De este total, 13 buscaron incluir los delitos relacionados con armas de fuego en el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva de manera oficiosa".

Durante todos estos años, el legislativo ha tratado de justificar esta ampliación en los delitos como una medida para combatir la violencia en el país; incluso, el análisis reconoce que la proliferación de armas aumentó los homicidios.

No obstante, el trabajo de México Evalúa puntualiza que la posesión y proliferación de armas de fuego no depende de la prisión preventiva para las personas detenidas por delitos relacionados con ellas.

"El problema central de la violencia con armas de fuego es la falta de capacidades institucionales. La mejor vía para evitar el uso de éstas es obstaculizar cada vez más el acceso a éstas, en contraste con la penalización con cárcel temporal y sin juicio destinada a las pocas personas que llegan a ser descubiertas en posesión de un arma", detalla el trabajo.

La obstaculización al acceso a las armas puede aumentarse con la creación de una agencia, ajustes a la legislación para el comercio de armas y mecanismos de control, rastreo e investigación, entre otras propuestas que hace este estudio.

En 5 años, casi se duplican armas en casas.

En casi 5 años, los hogares donde se han adquirido armas de fuego casi se han duplicado en el país, al pasar de 463,151 en 2013 a 818,843 en 2018, según el estudio "La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego".

El trabajo cita y compara cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

México Evalúa pone de relieve que la cantidad de hogares que han adquirido un arma de fuego en 2018 contrasta con la cantidad de armas registradas por la Sedena, que sumó apenas 109,698 en ese año.

"Es obvio que el número de armas en circulación supera por mucho a las legalmente registradas por la autoridad. Esto preocupa, mucho, pues evidencia que el país tiene un grave problema de circulación de armas a través del mercado negro. Lo más alarmante es que el Estado no cuenta con las herramientas para combatir el problema".

El incremento de armas de fuego en circulación en los hogares se puede justificar con la creciente violencia que se vive en el país; no obstante, va a la par del aumento del uso de las armas.

"El número de personas asesinadas con este tipo de armas pasó de 10,464 en 2015 a 23,873 en 2018, lo que implica un crecimiento de 128% en apenas 36 meses".

Para dimensionar el problema, se recordó que en 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios dolosos se perpetraba con armas de fuego, mientras que en 2018, 70 de cada 100 homicidios fueron a través de este medio. La misma tendencia se mantiene en las lesiones dolosas.

César Octavio Pérez Verónica, presidente del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cuestiona que las autoridades quieran reducir la violencia al aumentar las penas por delitos relacionados con armas de fuego, cuando a la par buscan armar al país.

"Es un contrasentido el hecho de que el propio gobierno federal esté señalando que va a dar facilidades para que las personas puedan contar con armas de fuego. Hace unas semanas fue un boom porque decían que habría una laxitud para que las personas fueran a registrar sus armas para la legítima defensa".

Acentúa que una medida de este tipo es para dejar la responsabilidad de la seguridad pública en manos de la ciudadanía. "La situación de la violencia y la inseguridad está enredando al propio gobierno y nos está llevando como siempre".

Aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva podrá reducir en el corto plazo los ilícitos, pues más personas serán procesadas dentro de las cárceles. Sin embargo, esto solamente será temporal, pues cuando salgan libres, si no eran criminales consumados, dentro de los centros penitenciarios terminarán por adiestrarse y ser verdaderos criminales, considera José Luis Guízar Abarca, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco.

"Los que están entrando y son primodelincuentes (que delinquen por vez primera) y no tienen conocimiento pleno en la delincuencia, entrando a la penal van a salir contaminados, eso es por lógica, y vamos a tener muchísimos delincuentes. Y si hay muchísimos delincuentes habrá muchos delitos y entonces la sociedad va a tener más problemas".

Considera que el nuevo sistema de justicia penal comenzaba a marchar bien. En el Colegio ya han dialogado sobre las pasadas reformas y concluyeron que éstas atentan contra la presunción de la inocencia y que provocarán una mayor saturación en los penales, más violaciones a los derechos humanos de las personas que delinquen por primera vez y habrá más personas inocentes que son inculpadas.

"Vamos a pensar en que un detenido al final sea declarado inocente. ¿Quién le va a resarcir o regresar lo que sufrió durante un año o hasta 2 en prisión preventiva? Sale absuelto y esos años que se pasó adentro, ¿quién le va a reparar el daño?".

El Estado puede implementar otras medidas para no mezclar a los verdaderos criminales en las cárceles con las personas que cometen delitos por vez primera o que incurren en ilícitos de bajo impacto, como colocarles brazaletes o mantenerlos bajo supervisión en libertad.

De este modo se pueden concentrar en mantener en prisión a los verdaderos criminales y tratar de reinsertar a la sociedad a los que cumplan sus condenas.

Los integrantes del Colegio de Abogados buscarán ahora prepararse para afrontar las reformas. "Nosotros estamos en contra de este catálogo y veremos qué es lo que el Colegio de Abogados puede hacer técnicamente desde el derecho, con controversias constitucionales, los amparos y tendremos que echar a andar la maquinaria técnica del derecho".

A principios de abril de 2017, Javier se enteró de que un amigo suyo fue detenido por un delito, por lo que se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía, en la Calle 14, para apoyarlo para que le designaran un abogado, pues éste trabajaba en la Policía del Estado. En el ingreso le tomaron una fotografía.

A la par, el Ministerio Público avisó a una víctima que había interpuesto un par de denuncias por otro hecho meses atrás (por robo a casa habitación), en una ocasión donde ni siquiera hubo detenidos. A ésta le mostraron las imágenes del detenido y también de Javier.

La víctima reconoció en la fotografía a Javier como una de las 3 personas que habían participado en el robo en el que sustrajeron una computadora, un celular, 250,000 pesos en joyas (que no se acreditaron con peritajes) y alrededor de 300,000 pesos en efectivo, según sus dichos.

Con este señalamiento detuvieron a Javier el 7 de abril. El juez de control lo vinculó a proceso y dio al Ministerio Público un año y medio para realizar las investigaciones, así como un año más para la investigación complementaria, pues la víctima añadió a la denuncia que la habían amenazado con un arma, detalle que había omitido meses antes. Javier estaría ese tiempo en prisión preventiva.

Sin embargo, el día del incidente el policía se encontraba asignado a un incendio en el bosque La Primavera desde las 7 de la mañana. Como prueba estaba la bitácora, que indicaba la unidad en la que partió y un registro de las actividades que realizó en atención al incidente. "Era imposible que estuviera donde cometieron el lugar del ilícito", refirió Felipe, su defensor.

El Ministerio Público tomó el expediente del policía para solicitar al juez un aumento en la pena, pues es un agravante en robos que un servidor público cometa el delito. El legajo de documento incluía la bitácora con la asignación, que probaba su inocencia.

Pese a esto, el Ministerio Público lo señaló por robo calificado por el monto total del dinero, joyas, computadora y teléfono.

Así, la defensa mostró al Ministerio Público que la bitácora comprobaba que Javier no pudo haber participado en el robo. Pero en lugar de desistir, la autoridad sacó del expediente la presunta arma de fuego y reclasificó la acusación a robo indeterminado. Con esto, el procedimiento se extendería casi un año y medio más.

El defensor ofreció entonces a Javier concluir el caso con un mecanismo alterno, en el que debía reconocer el robo y resarcir a la víctima con 50,000 pesos sin que éste tuviera la responsabilidad. "Ese acuerdo reparatorio cuenta como sentencia absolutoria porque se extingue la acción penal", dijo el abogado.

Con esto, a mediados de abril pasado, Javier pudo recobrar su libertad tras más de 2 años de prisión preventiva. Este escenario es contemplado en el documento de México Evalúa sobre la prisión preventiva, publicado el 2 de junio.

"Los ciudadanos que encaran la incertidumbre sobre su respectivo proceso y contemplan la posibilidad de pasar hasta 2 años privados de la libertad -el tiempo que puede durar una investigación- son fáciles de presionar para admitir hechos que no cometieron. Esto, a nivel de hipótesis, representa un grave problema porque propicia que personas inocentes entren a la cárcel, al tiempo que las autoridades dejan de invertir tiempo y esfuerzo para dar con los verdaderos responsables; es decir, desincentiva la investigación. Aunado a la injusticia de encarcelar a inocentes, puede ocasionar una mayor saturación del sistema penitenciario".

Sólo en México la ley sirve para frenar la ley. Un ejemplo de ese supuesto es la reforma al Poder Judicial del Estado [de Jalisco]que acabará entrampada por amparos.

Es también un eufemismo que Ricardo Suro diga que el poder judicial evalúa impugnar los controles de confianza a juzgadores y la eliminación del bono de retiro. Sabemos que lo hará de la mano de magistrados y jueces.

Otro ejemplo es la polémica lista de jueces de reserva que fue "eliminada" por el Consejo de la Judicatura, pero 33 amparos echarán abajo ese avance.

Esa reforma tiene un destino y no será la realidad: serán los tribunales. De allí no pasará.

Diputados locales avalaron que los ayuntamientos puedan autorizar descuentos de hasta 75% en recargos a las personas que hayan incurrido en impago de contribuciones municipales. A esta prestación sólo podrán acceder los contribuyentes que paguen la totalidad del adeudo o firmen un convenio de pago en parcialidades.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hizo un llamado a la población a no caer en el juego de algunas organizaciones que defraudan a los dueños de un auto "chocolate" [de contrabando], haciéndoles creer que con una cuota de afiliación legalizarán sus vehículos.

De acuerdo con los distribuidores, existen decenas de organizaciones que prometen regularizar los vehículos a cambio de dar una cuota por el "registro en la organización", con el cual les otorgan un cartón que carece de cualquier respaldo legal.

"Esto se ha convertido en una espiral de mentiras, ilegalidad y extorsión: introducen al país vehículos de contrabando y de procedencia dudosa, en mal estado mecánico, incluso robados".

"Luego les cobran una cuota para pertenecer a una organización bajo el engaño de que les facilitarán la circulación y la legalización, dicen que está por venir una regularización y les vuelven a cobrar", dijo Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA.

La Asociación destacó que no hay ningún avance en la regularización de autos "chocolate" en el congreso, pues la elaboración, presentación e incluso emisión de un "punto de acuerdo" no es vinculante, es decir, sólo es un documento que el legislativo emite al ejecutivo con algún comentario o recomendación pero no implica ninguna acción legal.

Rosales invitó a la gente a no dejarse engañar ya que su patrimonio está en riesgo, por lo que recomendó comprar un auto usado a uno importado de manera ilegal con el riesgo de que las autoridades puedan confiscarlo en cualquier momento.

La tan conocida, nacionalmente, reciente tragedia de San Gabriel es gravísima. Todo por la codicia de los más que oscuros aguacateros, que ahora tienen asolada y desgobernada esa región y tantas otras. Lo que pasó es una interpelación directa para el gobernador Alfaro, para el alcalde y su cabildo, para el Congreso del Estado, para la Secretaría de Gobernación... una interpelación que están obligados a contestar, y a actuar en consecuencia.

No es un asunto simplemente ecológico. Es toda una problemática profunda de gobernanza territorial y social. La 1a. obligación de un gobierno es mantener el poder y cuidar su territorio. Esto no está sucediendo desde hace tiempo en Jalisco. Ningún funcionario debería poder dormir tranquilo mientras grupos de facinerosos, armados o no, organizados o no, funjan como señores de horca y cuchillo en amplias regiones del estado. El acontecimiento de San Gabriel, el aluvión de agua con troncos que criminalmente destruyó parte del pueblo hace unos días es una muestra más que patética de la ausencia de autoridad, escenificada casi en las afueras de un importante asentamiento, de un emblemático pueblo jalisciense. O qué: ¿nadie se había dado cuenta de que un grupo de energúmenos estaba criminalmente deforestando la sierra cercana? ¿No se actuó por flojera, miedo, complicidad, o qué otra razón podría haber? Alguien que lo explique, si no es mucho pedir.

Obviamente lo más grave es la pérdida de vidas humanas sucedida, y la pérdida también de los haberes de la gente, ahora echados a perder. Pero el territorio es sagrado. Hasta ahora no se sabe de ninguna autoridad que haya tomado medidas efectivas contra la incontenible invasión de los aguacatales en distintas latitudes de la entidad, perjudicando el equilibrio ambiental, destruyendo el paisaje y ahora asesinando personas.

"¿En qué país estamos, Agripina?" preguntaba Juan Rulfo. En el de la irresponsabilidad, tendríamos ahora que contestar. La impunidad, la dejadez, la corrupción y la codicia. En el de la fealdad rampante y la injusticia con los buenos vecinos de su pueblo, San Gabriel.

"Las ejecuciones que se están dando como parte de las disputas entre grupos del crimen organizado son un tema que genera un ambiente de violencia; sí claro, pero se están matando entre ellos". Esas fueron las palabras del gobernador Enrique Alfaro el 2 de enero de este año, a menos de un mes de haber comenzado su administración. No sé si tenga o no razón, creo que no, pero a 5 meses de esa declaración y ante un clima sostenido de violencia la pregunta obvia es ¿quiénes son Ellos?

Ellos, suponemos son los malandros, los grupos de crimen organizado que en la batalla por eso que llaman "la plaza" han decidido enfrentarse en nuestras calles en busca del control de nuestros barrios y comunidades. Pero, qué pasa cuando Ellos matan niños, gente inocente, policías o funcionarios públicos. El problema cuando un gobernador (Alfaro no ha sido el único) habla de Ellos como la explicación de la violencia no solo es que criminaliza a todas las personas asesinadas, que le avientan a los muertos la carga de la prueba y son sus familiares quienes deben demostrar que no son parte de Ellos, sino que ciega a las instituciones y reduce las posibilidades de entender lo que realmente sucede.

Por lo que se puede ver Ellos están muy ocupados en matarse, la pregunta es qué tan ocupadas están las autoridades en evitarlo. Es cierto, lo hemos comentado antes, que ninguna autoridad puede impedir que alguien cometa un delito, pero su deber es que no quede impune. En 2018, de acuerdo con datos oficiales, de los 2,412 homicidios, las autoridades, entiéndase policías, fiscalías y poder judicial, solo fueron capaces de llevar a la cárcel a 161 personas. Es decir, Ellos no solo se matan entre Ellos, y a otros que no son Ellos, sino que gozan de absoluta impunidad.

Ojalá qué en la rueda de prensa de julio, las autoridades nos den no solo las cifras de cuántos de Ellos se mataron entre Ellos sino cuántos de estos asesinatos fueron investigados, cuántos fueron detenidos por dichos delitos, cuántos consignados ante un juez y cuántos ya fueron sentenciados. Esos son los datos que nos permitirán pensar que la reducción de la delincuencia tiene que ver con que el Estado funciona, que las autoridades están haciendo lo que tienen que hacer para imponer el Estado de Derecho y no porque algunos de los Ellos están masacrando a los otros Ellos.

Hace poco se viralizó un video del 26 de mayo en el cual un asaltante de una tienda de conveniencia de Manzanillo, Colima, mata por la espalda a un cajero de 15 años a pesar de que este no había opuesto resistencia y se encontraba hincado. Matar es barato en México.

En los 4 primeros meses de este 2019 se han registrado 9,549 homicidios dolosos en el país, 6,716 con arma de fuego. En enero-abril de 2018 fueron 8,983, 6,143 con armas de fuego (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Las cifras están creciendo: 6.3% en el caso de homicidios dolosos, 9.3% en los cometidos con armas de fuego.

Otros delitos también preocupan. En enero-abril 2019 se registraron en el país 337,547 delitos contra el patrimonio, frente a 333,745 del mismo periodo de 2018. Es un aumento pequeño, de 1.1%, pero aumento. El problema en este caso es que las cifras oficiales no son confiables. La señora Elena, que trabaja en labores de limpieza en el centro de la Ciudad de México, ha sido asaltada cuando menos 6 veces en los últimos años en su ruta cotidiana de Ecatepec. Nunca ha levantado una denuncia. Las estadísticas oficiales en los delitos contra el patrimonio solo muestran la punta de un fenómeno mucho más amplio.

Andrés Manuel López Obrador es presidente de la república por 2 factores principales. Los electores percibieron un fuerte grado de corrupción en el gobierno anterior y quisieron elegir a un presidente que consideraban personalmente honesto. El otro factor que influyó en el ánimo de los votantes fue el crimen, que había venido aumentado de manera sistemática. En esto no hemos visto hasta la fecha una mejoría sino, por el contrario, un deterioro.

El presidente López Obrador afirma que "esto va a ir mejorando mucho, considerablemente... En la medida que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a cambiar mucho el ambiente y se irán aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social... Cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad. Yo creo que en 6 meses ya van a estar operando todos los programas, en este año" (22.4.19).

La verdad es que no hay ninguna indicación de que los programas sociales o la prosperidad disminuyan la delincuencia. Tenemos estados prósperos con altos niveles de delincuencia y estados pobres con baja incidencia. Los factores de origen del crimen son mucho más complejos, pero la impunidad parece ser el más importante de todos.

La verdadera apuesta del nuevo régimen contra el crimen no son los programas sociales sino la Guardia Nacional. Es una apuesta sensata ya que busca acabar con la impunidad. A todos nos conviene que sea fructífera.

Que los ciudadanos paguen por tener seguridad en las colonias que habitan significa un doble desembolso para ellos, pues los impuestos que tanto el estado como los municipios reciben deberían bastar para garantizarla. Además, así lo establece la Constitución.

José Colomo Guajardo (académico de la UP) consideró que ese fenómeno comienza a quitarle responsabilidades al Estado, pues "si no se está garantizando la seguridad para sus ciudadanos, son ellos quienes buscan las formas de garantizársela y, al comenzar a contratar a empresas externas, el Estado también está perdiendo capacidades".

El Artículo 23 de la Constitución establece que la seguridad pública está a cargo de la federación, el estado y sus municipios, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como sus bienes patrimoniales. También dice que tienen la obligación de contribuir a la generación y preservación del orden público, de perseguir y sancionar los delitos y aplicar las infracciones administrativas necesarias.

El académico añadió que, si bien en una 1a. instancia suena positivo el que una empresa de seguridad privada vigile el patrimonio de los ciudadanos, éstos deben tener cuidado y corroborar que se trate de una firma bien establecida y que cuente con los permisos necesarios por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública para operar, pues se ha detectado que existen negocios "patito" que ni siquiera brindan las capacitaciones necesarias a sus elementos.

Colonias con inversión propia en seguridad:

Guadalajara
- Monraz (motonetas y motocicletas propias con seguridad privada).
- Jardines del Country (seguridad privada, alarmas vecinales y un auto-patrulla prestado a la policía).
- Jardines Alcalde (cámaras y alarmas vecinales).
- San Juan Bosco (patrulla en préstamo a la policía).
- Vallarta Poniente (auto-patrulla en préstamo a la policía).
- Independencia (seguridad privada).
- Higuerillas (seguridad vecinal).

Zapopan
- Chapalita (seguridad privada).
- Ciudad del Sol (seguridad privada).
- Bugambilias (seguridad privada).
- Lomas del Valle (seguridad privada).
- Colinas de San Javier (seguridad privada).
- Mariano Otero (cámaras).
- Jardín Real (patrulla en préstamo a la policía).
- Chapalita (patrulla en préstamo a la policía).

Más de 8,000 transportistas de la zona metropolitana del Valle de México protagonizaron ayer un bloqueo en varias avenidas centrales de la capital del país en contra de los taxis de plataformas. Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional de Taxistas, explicó que se reunieron en la Secretaría de Gobernación y las negociaciones seguirán en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el jueves 13. "Que las cosas sean parejas para todos, mientras eso no suceda, esos servicios de aplicaciones móviles son ilegales".

La corrupción de jueces federales en Jalisco lleva a sospechas de un grupo infliltrado por el crimen organizado, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El ministro se refirió al problema de corrupción que ha detectado en el Poder Judicial de la Federación, especialmente en Jalisco, tras 5 meses en el cargo.

"Por ejemplo, en materia jurisdiccional, si bien es cierto que la mayoría de nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas son honestos, también es cierto que hay un número que no son dignos de ser juzgadores federales y que incurren en conductas indebidas, algunos lo hacen de manera aislada y otros de manera casi organizada", afirmó Zaldívar.

Si bien señaló que la corrupción no es generalizada, hay varios circuitos en el país con esa problemática y Jalisco sobresale.

"Hay otros, si bien ninguno con el tamaño de la problemática de Jalisco. Cuando se empiecen a tomar medidas en otros circuitos, oportunamente se informará a la opinión pública", dijo.

Al preguntársele qué se ha detectado en el circuito Jalisco, Zaldívar explicó: " En ese circuito en particular sí tenemos sospechas, información de que pudiera haber una intervención del crimen organizado con algún sector de juzgadores".

Sin embargo, no especificó qué grupos criminales estarían involucrados.

"No quiero dar más datos, no me corresponde, a mí me toca hacer investigaciones y una vez que tengamos los resultados tomar las decisiones que nos corresponde y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) aquello que pudiera llegar a ser un delito".

Sobre las acciones para combatir la corrupción, el presidente de la SCJN destacó que se han realizado cambios trascendentes.

"Ya estamos tomando medidas, ya hemos hecho, por ejemplo en el circuito Jalisco, cambios muy importantes y trascendentes, yo espero que en poco tiempo podamos hablar ya de que ese circuito se encuentra saneado y empezaremos a tomar otras medidas para ir generando un Poder Judicial Federal que sea más confiable para la ciudadanía", afirmó.

El tema constante de las actuales administraciones estatal y federal, ha sido abatir la corrupción y la impunidad, y desde luego que en este enorme reto el poder judicial ocupa un sitio primordial. Algunos piensan que el problema radica en la capacitación de toda la gente que constituye este poder, desde los actuarios hasta los jueces pasando por sus infinitas dependencias, lo cual es en cierto modo correcto, y de ahí la necesidad de la evaluación de los responsables. Pero no basta, la cuestión de fondo no es la incapacidad de los jueces para aplicar las leyes, sino su notable capacidad para subvertirlas, algo que han mostrado siempre muchos de estos funcionarios; el problema es también la facilidad con la que se han establecido normas capaces de permitir la liberación de un criminal confeso por la profunda razón de que faltó una coma en el expediente; por lo mismo, aun los actuarios, conocedores de estos intríngulis, son los primeros que pueden, intencionalmente, levantar expedientes defectuosos, sabiendo que este tipo de fallas no se sancionan, se premian.

El buen propósito se empantana cuando sale a colación la separación de poderes, que en México rara vez ha funcionado, excepto cuando se trata, como ahora, de que un poder busque sanar a otro. Al conjuro del derecho y de la emergencia desfilan por los claustros del poder judicial cuanto experto y especialista existe que pueda abonar y lo hacen, en defensa de la autonomía amenazada.

En el entorno la vida sigue igual, urgiendo se pongan en el centro de la ciudad todo tipo de anuncios preventivos: no use el celular en la vía pública, se lo pueden robar, no se saque fotos en las plazas urbanas, le arrebatan la cámara, evite llevar cualquier tipo de joya en su adorno personal, se lo arrancan sin el menor escrúpulo, si va a abrir un negocio, piénselo bien, puede gastar más en seguridad privada que lo que va a ganar, cuidado con ciclistas y motociclistas, no pocos se dedican al robo, atención, va a pasar junto al Palacio de Justicia, símbolo de un poder que abona todo el tiempo a la impunidad, esa impunidad que hace inevitable ese tipo de anuncios.

Finalmente la frase salvadora: "todos coludos o todos jolinos", si se trata de evaluar al poder judicial, que se evalúe también al poder ejecutivo, y de una vez al legislativo, todos parejos. Fin de la película. La mutua evaluación lleva siempre a compromisos cuando los que se evalúan carecen de honestidad, lo mismo ocurre cuando un funcionario es sucedido por otro de su mismo partido con la carga enorme de cubrirle las espaldas.

Ayer en Guerrero, campesinos de 27 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, retuvieron a un grupo de unos 40 militares y policías estatales como una medida de presión para que el gobierno federal y estatal entreguen fertilizantes para sus cultivos. Expresaron que "han sido engañados" por el gobierno de López Obrador.

El domingo, elementos del Ejército realizaron un operativo "contra el crimen organizado" en esa población de la Tierra Caliente de Michoacán. 2 personas -un niño entre ellas- resultaron heridas. Los pobladores -mujeres y niños principalmente- se enfrentaron, detuvieron y desarmaron a 11 soldados, a los que sólo liberaron cuando éstos, por órdenes superiores, asumieron una actitud pasiva y les regresaron armas de grueso calibre con las que fueron atacados y que, por lo mismo, les habían decomisado minutos antes.

El presidente López Obrador, en la "Mañanera" del día siguiente, encomió "la valentía" de los soldados. Dijo valentía como pudo haber dicho prudencia. Preferible que en el recuento de daños de un enfrentamiento de la tropa con la población civil haya gritos destemplados, ofensas y algún puñetazo -de los civiles a los militares- sin mayores consecuencias, a que haya víctimas en toda forma.

Ahora bien: por una parte, los civiles que detuvieron a los militares, incurrieron en delitos: privación ilegal de la libertad, resistencia de particulares y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros. Por otra, su actitud en episodios como la crisis del huachicol en el estado de Puebla, en enero, o los bloqueos de las vías férreas, en Michoacán, por parte de "trabajadores de la educación", unos días después, denotan el "modus operandi" que ahora se replicó en La Huacana: la estrategia de particulares que deciden actuar al margen o en contra de la ley, de enviar a mujeres y niños por delante, a manera de escudos humanos.

¿Cómo seguir ensalzando sistemáticamente al "pueblo bueno y sabio", aun cuando incurre en actitudes delincuenciales, sin reparar en que esa actitud sólo abona el terreno a favor del delito...?

Por eso, precisamente por eso, cabe la conclusión de que cualquiera puede criticar... pero no cualquiera puede gobernar.

Las imágenes de los hechos de La Huacana, Michoacán, de este 26 de mayo son dramáticas. Un grupo de civiles secuestró durante horas a 11 soldados a los cuales amenazó y vejó exigiendo que se le devolvieran unas armas que le habían sido decomisadas previamente. "Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a La Huacana -gritaba el líder en una llamada telefónica a un comandante militar-. Somos el pueblo, no somos gente armada... Aquí están los muchachos y vieras las caras que tienen". Al final la Secretaría de la Defensa decidió devolver las armas a cambio de los militares secuestrados.

Ni las policías ni las fuerzas armadas parecen tener la capacidad o la voluntad de enfrentar a los grupos armados que proliferan en Michoacán y en otras zonas del país. No es este el 1er. caso de personal de seguridad secuestrado y vejado por activistas o delincuentes. Lo peor es que los comandantes optaron por la peor solución posible: dar a los secuestradores lo que exigían.

No hay peor incentivo para los criminales que la impunidad. Cuando una persona se da cuenta que un acto criminal no solo no es castigado sino premiado buscará repetirlo. Los llamados grupos de autodefensa o policías comunitarios saben también que hoy pueden secuestrar a policías o soldados para recuperar armas o para cualquier otra petición.

Los especialistas en seguridad saben que ceder ante un extorsionador es la peor política posible. Lo único que se consigue es multiplicar las acciones criminales. El que los mandos militares hayan optado por esta opción en La Huacana es una pésima señal. No solo este grupo estará armado y podrá violar la ley a discreción, sino que otras organizaciones antagónicas no tendrán más opción que armarse para defenderse de sus rivales.

No sorprende que la violencia en Michoacán esté aumentando. En los 4 primeros meses de 2018 se registraron en la entidad 406 homicidios dolosos, 324 con arma de fuego; en 2019 se han registrado ya 431 homicidios dolosos, 353 con armas de fuego (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). La decisión de gobiernos anteriores, que no ha sido revertida por el régimen actual, de permitir la proliferación de grupos armados, supuestas autodefensas o policías comunitarias, solo se ha traducido en una creciente violencia.

En ningún país desarrollado se permitiría a un grupo civil secuestrar a militares e intercambiarlos por armas decomisadas. Tampoco en esos países se considera aceptable que los policías, o los soldados, sean vejados y amedrentados. En Estados Unidos un policía tiene derecho a disparar en contra de cualquier persona que lo amenace, aunque no sea con un arma de fuego. Quizá por ello las tasas de criminalidad y de violencia son mucho menores a las que se registran en nuestro país.

El ex presidente Felipe Calderón tiene razón cuando señala que "Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse... ¡Los militares también tienen derechos humanos!". Si algo nos dicen la teoría y la experiencia es que el Estado, en las palabras de Max Weber, debe tener "el monopolio del uso de la fuerza". La razón por la cual vivimos una situación de tanta violencia e inseguridad en varias entidades del país es precisamente por la falta de capacidad del Estado de asumir ese monopolio.

Las denuncias de juicio político presentadas en contra de integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco han sido desechadas o congeladas por suspensiones judiciales.

En el archivo del Congreso de Jalisco quedó el dictamen avalado en septiembre de 2017 por diputados de la Comisión de Responsabilidades, en el que propusieron destituir e inhabilitar por 10 años al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE), Alberto Barba Gómez, quien fue señalado por presuntas irregularidades por ciudadanos que, en su momento, fueron acompañados por el entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus.

Por estas denuncias, el magistrado promovió una serie de amparos que detuvieron el proceso y se evitó que el tema se abordara en el pleno del congreso.

Durante la pasada legislatura también se desecharon denuncias contra los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez y Gonzalo Julián Rosa. El único antecedente de sanción a un integrante del Poder Judicial fue el juicio a Luis Carlos Vega Pámanes, quien en febrero del año pasado fue inhabilitado por 9 años por haber ocultado sus antecedentes penales e incurrir en irregularidades en la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial.

La diputada María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, informó que heredaron de la LXI Legislatura los procesos abiertos con las suspensiones. Dijo que están obligados a acatar los recursos que les impiden dar seguimiento a los procesos.

"Hay suspensiones que tenemos que obedecer, son 3 suspensiones que tenemos vigentes de 3 juicios en específico del magistrado de la 6a. Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Estamos pendientes de que se resuelvan para ver cuál es el siguiente paso dentro de lo que compete al Congreso del Estado", comentó.

Otros que libraron solicitudes de juicio político fueron los ex consejeros de la judicatura Mario Pizano Ramos, María Carmela Chávez Galindo, Alfonso Partida Caballero y Jorge García González, quienes estaban señalados por anomalías en la operación del estacionamiento de Ciudad Judicial pero los diputados los excluyeron de cualquier sanción. También se desestimaron señalamientos contra otros juzgadores como Armando García Estrada, magistrado del TJAE.

Diputados de la Comisión de Hacienda autorizaron al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), dar descuento a los contribuyentes que hayan incurrido en morosidad.

El acuerdo especifica que el descuento podrá ser de hasta 90% sobre recargos, cuando los deudores hagan el pago en una sola exhibición, la rebaja sería de un 75% cuando el pago se realice en parcialidades a través de un convenio de los contribuyentes con el organismo descentralizado.

El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la comisión, comentó que el SIAPA solicitó se autorizara el esquema como parte de la estrategia para recuperar su cartera vencida. Comentó que son alrededor de 411,000 las cuentas que presentan atraso en el pago.

"El Siapa nos ha dicho que en caso de que todos los deudores quisieran hacer uso de este programa tendrían ingresos por alrededor de 3,000 millones de pesos. El Siapa busca hacer una actualización para tener un ingreso extraordinario para hacerle frente a distintas necesidades y por otro lado tener una cartera más sana para implementar políticas públicas", precisó.

El legislador aclaró que el descuento también aplicaría para empresas o dependencias públicas que tengan pagos pendientes. Los interesados en acceder a la excepción de los pagos tendrán hasta el 31 de agosto para solicitar el acuerdo.

Más que a debatir, los magistrados y jueces del Poder Judicial de Jalisco acudieron al Congreso del Estado, pero a mostrar músculo.

Al grado de que desbordaron el evento organizado por el diputado Enrique Velázquez y su aliado Héctor Pizano, en donde analizan la reforma constitucional que pretenden hacer a dicho poder.

Los magistrados de todas las salas fueron a defender su autonomía y a cuestionar las pretensiones de algunos diputados y del propio gobernador para someterlos a exámenes de confianza, despojarlos del derecho a ser ratificados otro periodo y a cobrar su haber de retiro.

Quedó muy claro que el poder judicial acudió en bloque y escogieron como interlocutor al diputado Velázquez, quien recientemente se enfrentó con Salvador Caro y con el gobernador porque ventilaron que el padre del perredista fue el juez que liberó a un criminal.

Paco Calderón
(21 de mayo de 2019).

Durante la 2a. mesa de análisis de las reformas al poder judicial, realizada en el Congreso del Estado, jueces locales pidieron que cesen los señalamientos y acusaciones en su contra, por presuntos actos de corrupción.

Héctor Núñez Alfaro, juez 12o. de lo civil, afirmó que han sido sometidos a una serie de ataques públicos para atribuirles la responsabilidad de la alta impunidad de delitos y el fenómeno de "puerta giratoria" con la liberación de detenidos.

"Cuando al poder judicial se le ataca porque sale una persona, porque lo detienen 5 veces y vuelve a salir; no quiere decir que el actuar del juez está mal. Si el fiscal no cumplió en una carpeta de investigación, el juez debe cumplir la norma y no puede perfeccionar lo que el fiscal dejó de hacer", comentó.

Afirmó que son autocríticos con su labor, dijo que no se puede olvidar que cada juzgador atiende en promedio más de 4,000 asuntos, cuando la media nacional es de 500.

La juez 1o. de lo mercantil, Irma Ramírez Mendoza, llamó a que se cambie la percepción sobre su trabajo y aseveró que están comprometidos con su función, pidió que se valore la carrera judicial al definir nombramientos.

"Es muy preocupante para mi escuchar todas las denostaciones que se nos han hecho, al poder judicial, que bueno que se está pensando en hacer una reforma. Ojalá pudieran cambiar la percepción del justiciable. Que no nos juzguen, que no sea nada más con el ánimo de desgastarnos", expuso.

El presidente de la Asociación de Jueces del Estado, Bogar Salazar Loza, planteó que la intención de la reforma debe ser reforzar la autonomía y transparencia, además de considerar todas sus necesidades y no sólo cómo se hacen los nombramientos. Propuso que las designaciones de magistrados se hagan en el poder judicial con la intervención del Comité de Participación del Sistema Anticorrupción y sin la interferencia de los otros poderes.

En sus exposiciones, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) reiteraron su rechazo a que les apliquen pruebas de control de confianza, defendieron el derecho a reelegirse y el pago de haber de retiro; además de mantener la inamovilidad de jueces sin condicionarla a evaluaciones cada 4 años.

Ricardo Suro Esteves, presidente del STJ, destacó que en el debate de la reforma el poder judicial no es el enemigo; apuntó que apostarán por reforzar la carrera judicial, la transparencia y rendición de cuentas.

Desde cierta óptica ciudadana, digámoslo así, el linchamiento consiste en aplicar la justicia por propia mano. Los sociólogos lo interpretan como una reacción espontánea ante la probada ineficiencia de la autoridad para combatir delitos que se vuelven endémicos en un grupo social determinado. Para los juristas, se trata de una acción ilícita por cuanto quienes la aplican se apropian del derecho a castigar ("ius punendi"), entendido en todas las legislaciones modernas como prerrogativa del Estado, basada a su vez en el derecho de los particulares a ser sometidos a juicios justos y a que se les presuma inocentes hasta que no se pruebe de manera indubitable su culpabilidad.

En muchos linchamientos ocurridos en México, con demasiada frecuencia ha habido funestos -y, por desgracia, irreparables- equívocos, en la génesis de los cuales está, ciertamente, el instinto primario de venganza de ciertos grupos sociales... pero también, por desgracia, la sensación de que la justicia, en este bendito país, es una planta bastante exótica.

La procuración de justicia no es tarea del poder judicial, pero el desorden en la Fiscalía [de Jalisco] se ha combinado con el creciente poder del crimen organizado y con la aplicación muchas veces absurda del sistema oral, que golpea a la población por la visión garantista y selectiva de muchos jueces; se ha hecho común la queja de los alcaldes, porque los policías municipales detienen y el juez libera.

¿Resultado? El caos y la percepción de que magistrados y jueces son corruptos y responden al interés del dinero, sin importar el origen de éste.

Por eso es imposible volver atrás. Por eso los magistrados y los jueces deben aceptar mecanismos como los exámenes de control y confianza; dejar de argumentar como si fuera sacramental la famosa independencia de poderes; admitir, investigar y castigar quejas. Retirar del cargo a quienes evidentemente son hallados en conflictos de interés o de plano, en actos de corrupción, y eliminar privilegios como el haber de retiro.

No es sencillo. Habrá grandes resistencias. Por eso hay que revisar si las reformas son auténticas y de fondo, o se trata de otra estrategia gatopardista.

La justicia pronta y expedita no se ha visto en el caso del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez.

A principios de abril fue señalado en un reporte del senador Ricardo Monreal entregado al ministro Arturo Zaldívar por proteger a miembros del cártel Nueva Generación.

¿Qué hizo el poder judicial federal? Reubicó a Avelar Gutiérrez del 3er. Circuito en Jalisco, en donde operaba a favor de criminales, para enviarlo a Guerrero, ¿para que mejor ayudara a "Los Rojos"?

La semana pasada Santiago Nieto, titular de la unidad antilavado de Hacienda, reveló que a un juez federal de Jalisco se le habían congelado cuentas por 50 millones de pesos probablemente provenientes del narco.

¿Qué hizo el poder judicial federal? Nada. Tuvo que emitir el Departamento del Tesoro de Estados Unidos una lista señalando el nombre de Avelar Gutiérrez por recibir sobornos del cártel Nueva Generación para que actuaran.

Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura Federal removió al polémico juez 6 meses del cargo sin goce de sueldo.

Así los tiempos de la justicia al interior del Poder Judicial de la Federación.

Como se esperaba, la iniciativa de reforma al poder judicial que envió la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro al Congreso [de Jalisco] relanzó el debate de propuestas que, por años, se han planteado para sacarlo de la discrecionalidad y opacidad que lo tiene sumido en el desprestigio y la ineficacia por sus altos niveles de corrupción.

Como se sabe, en la apuesta del ejecutivo destaca respetar la paridad de género, reducir los tiempos de ejercicio de jueces y magistrados, desaparecer las millonarias indemnizaciones de retiro, modificar los métodos de elección de jueces y magistrados para hacerlo por reputación y méritos y desterrar la lógica de los "cuates" y las "cuotas" que hoy rige, así como la aplicación de exámenes de control y confianza a todos los jueces y magistrados en activo.

Es en este último punto en el que más se ha centrado la discusión y el que más resistencia ha encontrado entre los juzgadores, empezando por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro, quien el mismo día que fue presentada la iniciativa dijo que la aplicación de exámenes a jueces y magistrados era una clara violación del poder ejecutivo a la autonomía del poder judicial.

Aunque muchos creemos que una medida excepcional e incluso transitoria como esa es pertinente y urgente por la degradación social que están provocando los crecientes grados de impunidad que provocan los jueces y magistrados corruptos, es entendible y hasta obligado que el titular del poder judicial asuma esa postura de defensa a su soberanía.

Pero lo que también deben entender en el STJ es que está más que demostrado que han fallado en su autoregulación y que es muy poco probable que la limpia pueda venir desde dentro y sin una intervención externa.

El más claro ejemplo de esta imposibilidad es lo ocurrido con el Consejo de la Judicatura, creado como una instancia de supervisión y control para jueces y magistrados, y que lejos de mejorar y depurar el poder judicial, se convirtió en un catalizador de su descomposición.

Una salida al dilema de la autonomía que tanto preocupa a los juzgadores, para que no sea sólo el ejecutivo quien los examine, pero tampoco sólo ellos por la falta de credibilidad que padecen, bien podría ser la propuesta que hizo ayer la bancada del Partido Acción Nacional para crear un órgano mixto y ciudadano para supervisar su aplicación. Lo integraría el presidente del STJ, 2 magistrados, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia y el titular del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Así no sólo se podría sanear sino consolidar la tan reclamada e invocada autonomía del poder judicial, para que por 1a. vez se ejerza para ser un contrapeso y garante de la legalidad y probidad del ejecutivo, el legislativo y de la convivencia social, y deje de ser utilizada sólo para el cochupo y las ambiciones personales de voraces y corruptos jueces y magistrados.

Antes -septiembre del año pasado- fueron "los tráileres de la muerte". Ahora son las fosas clandestinas... Pruebas fehacientes, ambos casos, de que en estas latitudes aplica al pie de la letra el consabido retruécano de José Alfredo Jiménez: "No vale nada la vida; la vida no vale nada...".

Más allá de la impericia de las autoridades que, incapaces de esclarecer la mayoría de los crímenes que día a día ocurren en la zona metropolitana de Guadalajara y el resto del estado, o, simplemente, de identificar a las víctimas, almacenaron centenares de cadáveres en carros frigoríficos que circularon sin destino fijo, durante meses, por diferentes rumbos de la ciudad, se señaló en su momento que haberlos sepultado de cualquier manera, como se hizo, de ninguna manera resolvía el problema principal: la certeza de que el crimen, aquí, sólo excepcionalmente se castiga.

En los 8 meses transcurridos desde entonces, se ha mantenido, hasta donde se sabe, la media diaria de 4 "macabros hallazgos" en Guadalajara y municipios conurbados. Es probable que se haya implementado algún mecanismo que permita identificar... o, al menos, manejar con un mínimo de decoro a los cadáveres. Es seguro, en cambio, que la impunidad de esos crímenes sigue siendo la regla.

Presionado por las investigaciones periodísticas sobre las fosas clandestinas que se han encontrado en todo el país, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio algunas cifras: por un lado, que en una década, de 2006 a 2016, se encontraron cerca de 3,000 cuerpos en cerca de 2,000 fosas; por otro, que sólo en los últimos 5 meses descubrieron 347 cuerpos dentro de 222 fosas.

En esa información hay discrepancias. Ejemplo: la federación reporta que en Jalisco se han encontrado 20 cuerpos en 8 fosas clandestinas desde el 1 de diciembre al pasado 13 de mayo... pero sólo en la última semana se descubrieron 38 cadáveres -casi el doble- en 3 fosas localizadas en Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco.

Más allá de la metodología utilizada en esos descubrimientos -o del azar que los hizo posibles-, el caso es que la prensa internacional, que ha hecho de la violencia en México un tema recurrente, ha publicado ("El País", V-15-19) que "diferentes estudios e investigaciones periodísticas publicadas estos años ofrecen una imagen desoladora del país, convertido en una enorme tumba".

(Corrección obligada: en tiradero de cadáveres... Tumba es una palabra demasiado elegante para el caso).

Más que cifras mensuales de seguridad, urgen investigaciones criminales sólidas que resulten en condenas. Aunque, pensándolo bien, si tras el crimen archimediático de Alondra se tardaron 2 años en detener al presunto culpable, seguro por asesinato de 5 taxistas no les corren las prisas.

Muy abusados salieron los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Están de acuerdo con las pruebas de control y confianza a juzgadores... siempre y cuando ellos sean quienes apliquen la evaluación.

En resumen, lo que piden es ser, literal, juez y parte. Lo que resulta cuestionable es que ya existe un órgano como el Consejo de la Judicatura que en teoría debería dar seguimiento y castigar a los malos juzgadores, pero destaca por su ineficiencia y opacidad.

Como cuando peleó la inconstitucionalidad de la ley de austeridad, todo indica que en el Poder Judicial del Estado no darán su brazo a torcer.

Podríamos decir que la cultura de la transparencia llegó formalmente a nuestro país hace aproximadamente 15 años con la creación de los organismos públicos encargados de garantizar, proteger y promover el derecho a la información.

Desde entonces, con avances y algunos retrocesos, hemos sido testigos de la importancia del conocimiento de la información pública, ya sea para descubrir grandes casos de corrupción mediante el periodismo de investigación, o bien, para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

En una sociedad imperfectamente democrática, la información pública también sirve para perfeccionar o crear políticas públicas, modificar prácticas en el servicio público o simplemente para conocer quienes cumplen con su responsabilidad de transparentar aquello que es de interés público.

Pero hay una entidad que pareciera dormir el sueño de los justos pero nada más alejado de la realidad: los poderes judiciales de los 32 estados del país.

La semana pasada la organización civil Equis Justicia para las Mujeres dio a conocer el informe denominado (In)Justicia Abierta, en el que reveló que ninguno cumple con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana, es decir, todos están reprobados.

En el caso de Jalisco, su puntaje de 12.5 puntos de 100 posibles, lo ubicó en el lugar número 23 a nivel nacional. El mejor evaluado fue el de Yucatán, con apenas 47.5 puntos, mientras que los órganos judiciales de Aguascalientes, Morelos, Puebla y Estado de México fueron los que obtuvieron los peores resultados.

Los datos son contundentes: 96.9% de los poderes judiciales estatales no considera que todas las sentencias sean de interés público, y más de 56% ni siquiera tiene el control y registro del número de sentencias que emite.

Ana Pecova, directora de la organización, explicó que las sentencias son la sustancia del quejacer judicial, y si no se garantiza el libre y fácil acceso a ellas, los ciudadanos no podrán de qué tipo es la justicia que se imparte en México.

Mala señal para los jaliscienses que en medio del hartazgo y la desconfianza en las instituciones, el presidente del Poder Judicial del Estado, Ricardo Suro Esteves afirme que no existen redes de corrupción en su interior, que no hay quejas contra jueces y que han asumido el compromiso de combatir este mal, cuando al mismo tiempo nos enteramos del nulo interés que tienen por cumplir con algo tan esencial como la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo pronto, se cocinan leyes en el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión, que podrían ayudar a avanzar en la materia.

3 personas muertas y una lesionada por arma de fuego fue el saldo de un enfrentamiento en las calles de Tepito. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) implementaron un operativo policiaco para tratar de detener a los responsables sin que se tengan resultados.

El informe policiaco preliminar detalla que el incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en las inmediaciones de la calle Ribero, a decir de los testimonios, 5 sujetos que pasaron a cobrar la "cuota" a locatarios del mercado fueron sorprendidos por gatilleros que ya los esperaban.

Ambos grupos se dispararon en por lo menos 10 ocasiones. Dentro del mercado, entre los pasillos y en medio de los puestos quedó el cuerpo de un hombre de 40 años de edad apodado "El Cholo", sus cómplices intentaron escapar, pero fueron alcanzados en la calle donde los remataron, estos tenían entre 20 y 25 años de edad.

El sector fue acordonado por elementos de la SSC-CDMX para evitar que se tomen represalias y el grupo afectado intente tomar venganza.

Los locatarios cerraron sus negocios ante la intensa movilización policiaca.

Los jueces y magistrados de cualquier poder judicial, no sólo el de Jalisco, son expertos en impartir justicia (en teoría) pero también en torcer la ley y recurrir a artilugios para no cumplirla (en la práctica).

Allí es en donde se librará verdaderamente la batalla del gobernador Enrique Alfaro y su iniciativa para "limpiar" el Poder Judicial del Estado de corrupción con un nuevo mecanismo de designación de juzgadores.

La reforma constitucional será aprobada en los términos que pide el gobernador, pero la aplicación de los controles de confianza, que ya anticipó Ricardo Suro que no están de acuerdo, se dirimirá en tribunales.

El propio Adrián Talamantes, titular de la consejería jurídica estatal, ya adelantó que los asiste la razón. Pero la "razón jurídica", esa es muy distinta y puede inclinarse para cualquier lado.

Según el gobierno, son más de 40,000 personas desaparecidas. Pero según representantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), los desaparecidos podrían ser hasta 200,000 según me dijo Yolanda Morán. Le pregunté cómo es que llegan a esta cifra y responde que en reuniones internas del movimiento de desaparecidos, se pide que levanten la mano quienes presentaron denuncia, y dice que apenas una de cada 5 la levanta. Las demás no denuncian, no por indolencia sino por temor fundado a ser asesinadas o desaparecidas.

Ahora esperan cambios reales y radicales del nuevo Gobierno. En el documento leído ayer le dijeron a Andrés Manuel López Obrador: "Y si promete un cambio, debe de verdad comprometerse a cambiar este infierno".

Los signos hasta ahora no son muy alentadores. A pesar del discurso, los recursos no están llegando a las instancias de búsqueda; y la crisis nacional forense, no es atendida con medidas extraordinarias, como debería hacerse.

Muy saludable y oportuno para seguir abriendo puertas y ventanas del poder judicial en Jalisco para que entre luz y aire fresco que contrarresten la opacidad y discrecionalidad con la que siempre ha funcionado y que ha propiciado niveles de corrupción que han podrido su credibilidad, y de impunidad que han agravado el problema de inseguridad y violencia en Jalisco, será la iniciativa que enviará hoy el gobernador Enrique Alfaro al congreso.

En ella se recogen por 1a. vez planteamientos hechos por organizaciones de la sociedad civil y expertos en temas de justicia durante muchos años, para modificar los métodos de elección de jueces y magistrados que hoy se rige con la lógica de los "cuates" y las "cuotas".

La propuesta de que una instancia como el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción sea un filtro para medir reputaciones, trayectorias y capacidades de los futuros magistrados y jueces, es sin duda un procedimiento clave para pasar a un esquema de méritos y desterrar al manoseo partidista, la compra venta de estos espacios y el influyentismo para nombrar improvisados e impresentables que pervierten la impartición de justicia.

Este método de selección nos podría dar una depuración del poder judicial a mediano y largo plazo, pero lo que puede catalizar esta limpia es la aplicación de las pruebas de control y confianza a jueces y magistrados en activo que igual incluye la iniciativa de Alfaro al hacer suya también una vieja exigencia social que expuso recientemente el presidente de la Cámara de Comercio, Xavier Orendáin, al llamar en marzo pasado a la construcción de un Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco.

Si bien es cierto que estos instrumentos que se empezaron a aplicar hace una década a funcionarios de las áreas de seguridad y a mandos y elementos policiales de todos los niveles de gobierno están lejos de haber ayudado a lograr la depuración policial que se pretendía, su aplicación en el poder judicial puede servir para revisar y hacer los ajustes necesarios para mejorar estos procedimientos.

Como se sabe lo exámenes de control y confianza consisten en la aplicación de maratónicas pruebas en el polígrafo, y test que en teoría revisan aspectos psicológicos, socioeconómicos, de entorno y de salud.

El principal cuestionamiento de funcionarios y mandos policiales es que en estos años se ha comprobado que muchos buenos policías han reprobado el polígrafo y se han tenido que ir de las coproraciones, mientras que malos elementos lo han aprobado y se quedan.

Sin duda habrá que atender esos reclamos y revalorar el peso que se da a cada una de las pruebas. Con jueces y magistrados bien se puede empezar dando poco valor a la prueba del polígrafo, y mucho más peso a la revisión socioeconómica de estos servidores públicos para ver si lo que perciben puede cubrir sus pertenencias, hábitos y estilos de vida.

Así los primeros en irse serán los que han sucumbido al poder corruptor de las mafias, y eso sería un gran paso, que pronto se reflejaría en menos corrupción e impunidad y por ello en un mejor poder judicial. Por eso esta iniciativa debe ser aprobada cuanto antes por las y los diputados [locales].

Otra vez el Poder Judicial del Estado [de Jalisco] es nota y se cuela al "cuadro de horror" en materia de opacidad en el país.

El informe "(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México" reveló que ocupa el lugar 23 a nivel nacional por ocultar sentencias y carecer de mecanismos eficientes de rendición de cuentas y transparencia.

¿Su calificación? 12.5 puntos de 100 posibles. Si bien el resto de los estados reprobaron, apenas es creíble que Jalisco sea sotanero en la materia.

Tanto Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, como el presidente López Obrador han anunciado una gran cruzada para sanear y poner en orden al poder judicial, empezando por estudiar a detalle (y en su caso exhibir) el quehacer de varios jueces locales que han tenido comportamientos y sentencias sospechosamente irregulares.

Se presume una gran corrupción entre los jueces que han permitido que delincuentes visiblemente sospechosos hayan quedado en libertad.

El detonante fue la liberación por parte de un juez en Jalisco de un peligroso delincuente, argumentando problemas en la redacción del informe con que fue presentado sin acercarse al fondo del asunto, que era ver si era o no culpable.

El caso se volvió aún más escandaloso cuando se dio a conocer que ese presunto delincuente, recién liberado, aparentemente había estado involucrado en el asesinato de uno de los policías que participaron en su captura.

Nada más urgente y necesario que sanear y transparentar el quehacer de los jueces. 2 variables acompañan dolorosamente la vida nacional: la impunidad, que araña entre el 98 o 99% de delitos que se cometen en nuestro país, y la falta de Estado de Derecho, que inhibe la confianza y tiene repercusiones en lo social y sobre todo en lo económico. ¿Quién va a querer hacer una fuerte inversión a sabiendas de que un juez debidamente alineado a algún interés puede ir contra las leyes para perjudicar al inversionista?

Pero llegar a ese momento en que se aplique el Estado de Derecho y se castigue efectivamente a los delincuentes no pasa únicamente por los jueces, aunque ellos son los actores centrales del problema.

En este gran ejercicio de renovación del poder judicial sería muy sano conocer a todos los actores y grupos que en su momento promovieron el nombramiento de los jueces y los mantienen en el cargo. Son actores y grupos muy poderosos que en una complicidad muy conveniente obtienen sentencias a modo para hacer negocios sobre todo en el terreno inmobiliario y por tanto seguir siendo poderosos.

Detrás de cada nombramiento de un juez hay un interés que lo llevó ahí, y que obligadamente buscará verse beneficiado de su ejercicio.

Conocer a los padrinos de los jueces (con nombre y apellido) ayudaría a tenerles bajo la mira y estar atentos al ejercicio del juez.

No sería tarea fácil, porque si efectivamente el gobernador y el presidente buscan limpiar al poder judicial, van a encontrar una férrea resistencia de esos actores y grupos (a los que no se debe minimizar aunque hayan pasado años desde que apadrinaron a los jueces), y también porque esa facilidad para "aceitar" procesos también ha sido muy conveniente para ciudadanos con recursos cuando se han visto envueltos en un proceso judicial.

Es una tarea titánica esa cruzada, porque obliga a enfrentarse a intereses y grupos muy poderosos y a los jueces mismos, pero también necesita de un cambio cultural en una población acostumbrada a entrarle al juego, y sacar sus propios beneficios de tener corrupción en el sistema.

Para superar la contracción del 1er. trimestre, y conservar las posibilidades de crecer 4% al año en el sexenio, es importante mantener la inversión productiva, pero esto no ocurrirá si seguimos viendo casos en que los políticos extorsionan a los inversionistas.

La mina de Peñasquito en Zacatecas es un ejemplo. Desde el pasado 27 de marzo sus accesos han sido bloqueados por integrantes del ejido de San Juan de Cedros, así como por líderes de la empresa transportista CAVA, también formada por miembros de ese ejido. El senador de Morena José Narro Céspedes parece ser el organizador de este bloqueo.

La empresa señala que el mismo 27 de marzo que empezó el bloqueo el representante de los ejidatarios, Felipe Pinedo, asesor de Narro Céspedes, presentó "como principal exigencia un pago de 442 millones de dólares por la presunta afectación a un cuerpo de agua en dicha comunidad. Socios de CAVA indicaron que Pinedo y 2 asesores jurídicos recibirían 80 millones de dólares de dicho pago". La empresa ha afirmado que no cederá a lo que tilda de extorsión.

El cierre de la mina ha tenido consecuencias negativas importantes en la zona. Peñasquito ha creado 6,000 empleos directos y unos 14,000 indirectos. Es la 2a. generadora de empleo en Zacatecas. La empresa ha tenido ya que suspender pagos a trabajadores, empleados, proveedores, contratistas y comunidades a las que otorga ayuda desde hace años.

No es esta la 1a. vez que Peñasquito, la mayor mina de oro de América, enfrenta problemas con algunos ejidatarios o sus líderes, pero los problemas han sido fundamentalmente con los integrantes de San Juan de Cedros. Desde que se empezó a estudiar el proyecto, los dueños han logrado acuerdos con 25 comunidades ejidales adyacentes, cosa indispensable dada la magnitud de la operación. Mazapil, el municipio donde se asienta la mina, es uno de los más pobres de Zacatecas y del país. Fuera de la minería, no tiene forma de prosperar. La empresa ha aportado, sin embargo, pozos, una planta de tratamiento de agua y apoyos a las comunidades.

Los líderes del movimiento afirman que se ha secado una fuente de agua conocida como el Socavón. La Conagua señala que no hay indicios de que esto se deba a la mina. Si hubiera una afectación, la forma de proceder sería solicitar una reparación o presentar una denuncia ante los tribunales, pero no bloquear los accesos. La empresa ha ofrecido realizar cualquier reparación necesaria, aunque no haya provocado los daños, pero los líderes han respondido que primero tiene que pagar y solo después se permitiría a sus ingenieros acercarse al Socavón. La idea no es obtener justicia o agua, sino dinero, mucho dinero. Es una simple extorsión.

La economía mexicana resintió un tropiezo en el 1er. trimestre. El propio jefe de la Oficina de la Presidencia dice que fue una cachetadita, pero muestra optimismo sobre el futuro. Quizá haya razones para ello. Pero si los inversionistas nacionales y extranjeros se dan cuenta de que los políticos de la 4a. Transformación están usando su poder para extorsionar, la cachetadita del 1er. trimestre se va a convertir en un desplome económico.

La transición a la democracia no pudo con los jueces. El congreso se abrió; los partidos políticos tuvieron que ir democratizando sus estructuras; se formaron órganos autónomos a diestra y siniestra; el poder ejecutivo enfrenta legislaciones muy duras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el Poder Judicial se mantuvo como una estructura amurallada, que se rige por sus propias normas, que rara vez rinde cuentas y que protege sin sonrojarse sus privilegios burocráticos. La cúspide de la endogamia y las prácticas autoritarias.

La supuesta independencia sirvió como coraza para justificar la impunidad. A cada propuesta para democratizar, abrir, ventilar y transparentar el Poder Judicial, la respuesta de la élite que controla el Poder Judicial era la misma: no metan sus manos en nuestros terrenos. Cualquier insinuación legislativa provocaba la reacción en cadena de aquellos que lucran con la impunidad negociada en el Poder Judicial. La corrupción y la opacidad -primos hermanos- tienen 2 razones que son innegables.

La 1a. son los nombramientos. No habrá un Poder Judicial autónomo si no cercenamos el cordón umbilical que une a los jueces y magistrados con el poder político y económico. No me cansaré de decirlo: el problema no son las cuotas partidistas. En Estados Unidos, Francia, España o Reino Unido, los partidos políticos se pelean por nombrar a las principales cabezas de la justicia. El asunto es que existen leyes de designaciones que impiden cruzar líneas rojas. Impide nombrar magistrados que pasan del partido a una sala. Impide las puertas giratorias del ejecutivo al judicial. Y, también, limitan el nepotismo y el influyentismo a la hora de designar a quien ocupara las sillas de las magistraturas. La negociación política engendra cotos de poder, aquí y en China, la diferencia es si somos capaces de poner un listón alto en los perfiles que toman las decisiones en los distintos poderes del Estado.

La 2a. es el legalismo exacerbado, y el conocimiento especializado, como formas de evadir la rendición de cuentas democrática. He podido conversarlo en múltiples ocasiones con los abogados Jorge Torres y Manuel Ayala, y sostienen que las sentencias deben ser redactadas, y explicadas, en criterios y palabras que cualquier ciudadano pueda entender. El lenguaje especializado en las sentencias no sólo aleja al público de los principales debates jurídicos, sino que también funciona para perpetrar atrocidades sin aparente consecuencia para los juzgadores. Es lo que pasa con el Tribunal Administrativo en Jalisco (TAE): los magistrados defienden una cosa y la contraria en sentencias sucesivas. El criterio que utilizan para un caso, es inservible para otro, y viceversa. La única forma de luchar contra esta discrecionalidad es a través de mecanismos de justicia abierta que permita que medios de comunicación y sociedad civil puedan supervisar las decisiones judiciales. Incluso, la transparencia y la simplificación de las sentencias nos puede permitir saber quién falla: ¿el ministerio público que no integra bien la averiguación o no reúne las pruebas necesarias para poner tras las rejas a un delincuente? ¿Los policías, al detener a sospechosos en violaciones al debido proceso? ¿O los jueces que se hacen de la vista gorda para dejar salir a criminales por supuestos fallos en los procedimientos?

Hacen bien el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en apuntar la mira hacia un poder que se resiste a rendir cuentas. No habrá un combate eficaz a la violencia y a la impunidad, sin jueces, magistrados o ministros que atiendan únicamente al Estado de Derecho y la legalidad, y no a otros intereses que pueden ser partidistas, empresariales o delincuenciales. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial, cimentada en la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia, no puede ser una cruzada exclusivamente de los ejecutivos. El sistema constitucional es un complejo entramado de poderes, que se deben contrapesar unos con los otros, pero que deben mantener su razón de ser. La independencia del Poder Judicial no viene de la ratificación popular en las urnas, pero sí de la Constitución. Una reforma, tanto a nivel federal como estatal, en donde los ejecutivos impongan sus mayorías parlamentarias, sin atender a un consenso amplio, nos podría llevar a un indeseable contexto gatopardiano. Es decir, mover todo para que todo quede igual. Cambiarlo todo, pero que los jueces sigan teniendo dueños (ahora otros dueños).

La reforma al Poder Judicial debe ser un platillo cocinado a fuego lento. Las prisas no son las mejores consejeras. Sé que urge, la impunidad es insoportable. Es frustrante que el país se cae a pedazos con feminicidios, homicidios por doquier, desapariciones y demás, y, empero, los jueces, los ministerios públicos y los policías siguen siendo ineficaces para mantener a los criminales detrás de las rejas. Es uno de esos temas en donde la urgencia puede devorarse la idoneidad reformista.

Enrique Alfaro puede y debe convocar a un gran debate estatal sobre el tema. Sin embargo, la participación social tiene que ser amplia. Universidades, academias, juristas, el sistema anticorrupción, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones, todos tienen que aportar su granito de arena. Conozco miembros destacados del Poder Judicial que saben que son otros tiempos y que la reforma es inevitable. La corrupción en el Poder Judicial supone no sólo incertidumbre jurídica para las familias, también es un freno a la competitividad económica de Jalisco. La prevalencia del Estado de Derecho es uno de los cimientos para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Sin ley no hay confianza. Por ello, la reforma al Poder Judicial reclama amplios consensos para poner luz sobre esos jueces y magistrados que se mueven cómodos en la opacidad y la oscuridad. Apuntar al Poder Judicial no debe ser un distractor que nos haga olvidar que los ministerios públicos son igual de corruptos y que los policías detienen sin atender los protocolos más elementales -y fallan en cosas muy básicas de los informes policiales-. La liberación de criminales no es sólo culpa de los jueces, sino de un proceso corrompido e ineficaz que falla permanentemente.

México es un país de leyes, de muchas y buenas leyes, pero que no se cumplen. Ahí está la esencia de la impunidad.

Son promulgadas como si tuviésemos un país con los suficientes elementos policiacos (y además bien calificados) para hacerlas cumplir.

Si bien es cierto que urge mejorar la forma de operar y actuar de los responsables de aplicar las leyes, también es tiempo de que quienes hacen las leyes al momento de idearlas revisen objetivamente la posibilidad de que sean cumplidas, y ayudar a que sea así.

Al ir las leyes por un lado, y los responsables de hacerlas cumplir por otro se abre esa enorme brecha entre ambas que propicia y promueve la impunidad.

No hay estrategia de seguridad que funcione solo con más policías, o militares con uniforme de policías en las calles. Cualquier intento serio por recomponer la seguridad pasa al menos por otros 3 procesos igualmente complejos e importantes: limpiar el sistema de justicia, recuperar las cárceles y construir paz en las comunidades afectadas por la violencia. Si me apuran, diría que el más fácil o más bien el menos complejo de los 4 procesos es el de las policías. No es raro pues que los políticos, de López Obrador para abajo, pongan siempre el énfasis en ello. Por eso también es raro y digno de ser tomada en cuenta, la propuesta de Enrique Alfaro de echar luz a los procesos de justicia y combatir la corrupción.

El poder judicial es el más opaco y menos observado de los poderes. Quizá tenga que ver con lo especializado del tema, pero lo cierto es que existen observatorios legislativos que vigilan paso a paso el proceso de construcciones de leyes, tenemos observatorios para vigilar el poder ejecutivo a través de Alcalde Cómo Vamos o Gobernador Cómo Vamos, pero no se ha logrado aún construir (aunque sé que está en proceso) un observatorio que mida la eficiencia y vigile la corrupción en el poder judicial. Tampoco hay reporteros especializados en el tema de justicia (son muy pocos los que han asomado la cabeza en ese poder) ni medios que se hayan comprometido en esas causas.

Si queremos avanzar en la seguridad de la ciudad y el estado tenemos que revisar el proceso de impartición de justicia. El gobernador ya aventó la primera piedra e hizo las primeras olas: lo llevó al seno de la Conago e incluso recibió el espaldarazo del presidente para que la Fiscalía General de la República apoye en las investigaciones sobre corrupción. Lo que sería un error de parte del gobernador es que se revise solo a los jueces y magistrados y se obvie que el sistema penal inicia con las actuaciones de los policías municipales y sobre todo de los policías investigadores dependientes de la Fiscalía del Estado. Dicho de otra manera, la corrupción del sistema de justicia que deriva en la gran impunidad en la que vivimos, comienza en el ejecutivo y vive su máxima expresión en las cárceles, otra instancia que controla el poder ejecutivo.

Sin negar la importancia que tiene hacer una limpia de fondo en el poder judicial, si no se hace al mismo tiempo una limpia en la Fiscalía del Estado y en el sistema penitenciario. la impunidad seguirá a tope y la inseguridad también.

Aunque el gobernador Enrique Alfaro no hizo pronunciamiento alguno de la exhibida que les puso la justicia federal al juez 4o. de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, por atentar contra la Libertad de Prensa al fallar a favor del ex diputado Enrique Aubry en la denuncia que hizo por presunto daño moral en contra del periodista Pedro Mellado Rodríguez, por fortuna sí lo hizo ayer en contra del juez de Control del 3er. Circuito Judicial, Enrique Velázquez Martín, quien ordenó la liberación el fin de semana de Alexis "N" alias "El Chofo", presunto líder del cártel Nueva Generación en Lagos de Moreno y en otras zonas de los Altos de Jalisco.

El reclamo lo hizo el gobernador desde Lagos de Moreno, donde ayer sesionó el gabinete de seguridad, luego de que el domingo hubo un ataque a policías en el que resultó lesionada una agente y murió el policía municipal, Juan Carlos Hernández, quien hace poco más de una semana participó en la detención de "El Chofo", por lo que las autoridades estatales sospechan que el ataque fue en venganza por su aprehensión.

Casos de liberaciones fast track de peligrosos delincuentes que parecen tener la justicia comprada, se dan todos los días en muchas partes del país, por eso es más que oportuno revisar los criterios expuestos por el juzgador, y la actuación de policías, ministerios públicos, magistrados y demás funcionarios, en este y otros casos, como anunció ayer que se hará el propio gobernador con la participación de la Fiscalía General de la República.

Como lo planteó ayer Alfaro, vendría muy bien que se pronunciara sobre este caso el poder judicial, que en Jalisco lo representa Ricardo Suro Esteves. ¿Qué consecuencias están teniendo jueces y magistrados, que como en el caso de este delincuente liberado, el de los juzgadores "mordaza" que actuaron por consigna contra la Libertad de Prensa y otros tantos casos que han afectado la imagen y la eficacia del poder judicial en Jalisco y han contribuido al crecimiento de la corrupción, la violencia y la impunidad en Jalisco?

Ojalá que de verdad se haga realidad esta estrategia de revisión que anunció ayer el gobernador para "ponerles un alto contundente" a los que tuercen la Ley para favorecer delincuentes y obtener sobornos a cambio.

No debe ser admisible que se ordene liberar a un peligroso delincuente que pese a ser señalado de cometer homicidios, de delincuencia organizada y robo de combustibles, se le consigne sólo por tentativa de robo, y a quien el Ejército y los policías tuvieron que enfrentar a balazos para su detención, y que por omisiones mínimas, que también habrá que ver si fueron o no deliberadas al momento de su detención, por alguien que desde ese momento quiso dejar una rendija legal para su liberación casi inmediata.

El tufo a corrupción e impunidad que se despide en este como en otros muchos casos, es una evidencia más del poder corruptor de las mafias, que tienen a la justicia a sus órdenes.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que pidió la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para investigar a jueces, ministerios públicos o funcionarios que tuercen la ley para generar impunidad, favorecer a delincuentes y sacar beneficio personal.

El mandatario estatal puso como ejemplo del mal actuar de los jueces, los hechos registrados la semana pasada en Lagos de Moreno donde se detuvo a Alexis "N" alias "El Chofo", identificado como presunto jefe de plaza del cártel Nueva Generación, pero fue puesto en libertad por un juez que argumentó "minucias" en el proceso.

"Lo que le pedí al fiscal, al licenciado (Alejandro) Gertz es que nos metamos a fondo porque si no nunca vamos a terminar. La respuesta que me dio es que vamos a diseñar la estrategia para que quien esté torciendo la ley para generar impunidad o para hacer negocios paguen las consecuencias de sus actos. Espero que haya un posicionamiento de apoyo del poder judicial, no es contra el poder judicial, no es generalizar, pero aquellos que no han entendido el mensaje necesitamos ponerles un alto contundente" aseveró.

La impunidad se refiere a la falta de castigo de quien comete un delito. El castigo es la pena que se impone; la falta de castigo es el motivo por el cual se ha degenerado el tejido social que se manifiesta en el aumento de la delincuencia en todas sus modalidades.

La impunidad es la falta de ser sancionado, es una excepción de castigo, es una forma de escapar de la justicia. En México se ha desarrollado la impunidad por la corrupción que llega hasta la aplicación de los derechos humanos en favor de los delincuentes que atiende con prontitud y esmero las más mínimas violaciones al debido proceso.

Carecemos de una tradición del imperio de la ley, sufrimos de corrupción política y se abusa del mecenazgo; nuestro poder judicial es débil y se encuentra igualmente contaminado por la corrupción. Ante la imposibilidad de llevar a los violadores de derechos humanos ante la justicia y así el daño queda sin reparación a las víctimas.

Las causas de impunidad son circunstancias personales que impiden la aplicación de la sanción, dejando subsistentes todos los elementos del delito, comenzando por una consignación débil que puede ser anulada por cualquier abogado de mediana capacidad y con facilidad elimina los cargos atribuidos a su cliente. Otro caso de impunidad es el de la maestra Gordillo que con la intervención de un buen abogado se desvanecieron los cargos y salió liberada porque no se pudieron probar los delitos de que le acusó: enriquecimiento ilegitimo y fraude al fisco, de tal manera que dejó de ser considerada delincuente por razones políticas por lo que fue liberada sin responsabilidad civil y solo queda la responsabilidad moral que no se la podrá quitar hasta que restituya los bienes, que indebidamente la enriquecieron, y ya le fueron devueltos, siendo un departamento en Galileo Nº 7 en Polanco y 2 inmuebles más, 3 vehículos, 1 de colección, 7 cuentas bancarias y una colección de obras de arte.

La impunidad se incrementa ante la ausencia del miedo al castigo. El delincuente sabe que de ser capturado tendrá muchos recursos para eludir el castigo y en última instancia si tiene que compurgar una pena, la prisión no será un obstáculo para no pasarla bien porque el sistema carcelario está igualmente contaminado por la corrupción.

Otro ejemplo de impunidad es el de los 22 gobernadores acusados de desvío de fondos por 258,829 millones de pesos, por la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales solo 12 están en la mira de la justicia y únicamente 2 han sido encarcelados y uno de ellos ya fue liberado.

Robert Klitgaard, profesor de Harvard, especialista en combate a la corrupción, ilustra la impunidad con una sencilla formula: C= M+D-T. La corrupción se favorece cuando existe monopolio + discrecionalidad - transparencia. Hay monopolio cuando tú puedes decidir lo que recibo; hay discrecionalidad cuando tú puedes decir cuánto recibo y donde no hay transparencia, hay tentación a la corrupción.

No se nos olvidan otros sonados casos de corrupción que están impunes: la estafa maestra y el caso Odebrecht. Nos da la impresión de que nuestro presidente pactó con las autoridades anteriores para no acusarlos a cambio de que no obstaculizaran su ascenso a la Presidencia de la República. Este es el caso más notorio de los efectos de la impunidad, apadrinada por nuestro presidente.

Además de que el juez 4o. de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, quedaron exhibidos como 4 juristas que atentaron contra la Libertad de Prensa, la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información de las y los ciudadanos al fallar a favor del ex diputado Enrique Aubry en la denuncia que hizo por presunto daño moral en contra del periodista Pedro Mellado Rodríguez, hasta que la injusticia fue corregida por los magistrados federales del 1er. Tribunal Colegiado en Materia Civil del 3er. Circuito, sus conductas profesionales deben ser revisadas no sólo al interior del poder judicial, sino incluso por el Sistema Estatal Anticorrupción.

Y es que si partimos del antecedente de que se atrevieron a actuar bajo claras consignas en contra de un periodista de la talla, la trayectoria y el prestigio de Mellado, qué no se atreverán a hacer en otros casos de impartición de justicia para ciudadanos comunes y corrientes.

Por eso lo menos que se espera es que en el poder judicial que encabeza Ricardo Suro Esteves es que este caso no quedé simplemente en el palo que les dio la justicia federal, sino que en el Consejo de la Judicatura les abran un procedimiento para investigar los criterios aplicados para fallar en contra del trabajo periodístico de Mellado en la 1a. y 2a. instancia, y si violaron o no con su actuar preceptos del propio Código Penal de Jalisco.

Habría que explorar si aplica lo estipulado en el Capítulo X de este Código, sobre los delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, que se plantean en el Artículo 154 que establece que se impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los servidores públicos que incurran, por ejemplo, en lo que dicta la Fracción XI de "dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos injustificados y no por simple error de opinión".

Este procedimiento bien podría ser exigido por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que tiene un asiento por cierto el presidente del Supremo Tribunal de Jalisco, quien debería ser el principal interesado en que este caso sirva para dar un prueba contundente de que algo se quiere hacer para desterrar los múltiples vicios que tienen al Poder Judicial de Jalisco entre los más corruptos e ineficientes del país con una efectividad procesal de apenas 0.67 según el ranking nacional de México Evalúa.

Como lo he señalado aquí, eso es fruto del poco seguimiento y casi nulo escrutinio público que se hace del poder judicial por los altos niveles de opacidad con los que opera. Hoy tenemos, con este caso, una inmejorable oportunidad de parar esa inercia de impunidad.

Con una reputación intachable y con la convicción inamovible que ha guiado su quehacer periodístico de más de 45 años, de que la libertad de prensa, de expresión, y el derecho a la información de las y los ciudadanos nunca, y bajo ninguna circunstancia, se negocia, Pedro Mellado Rodríguez emprendió una ejemplar defensa hace casi 3 años por una acusación por presunto daño moral que hizo en su contra el ex diputado del Partido Verde, Enrique Aubry.

El ex legislador acudió a tribunales el 13 de julio de 2016 por considerar que el trabajo editorial de Mellado en su columna Puntos y Contrapuntos lo calumniaban.

La razón que la justicia federal le dio finalmente esta semana a Mellado, dejó claro que la acusación fue sólo una bravata para tratar de intimidar y acotar la independencia periodística y que creció por los altos índices de discrecionalidad, opacidad y corrupción con los que opera el poder judicial en Jalisco.

Pedro y sus abogados encabezados por José de Jesús Bailón y Armando Castaño tuvieron que enfrentar inicialmente una batalla legal claramente desigual y con juzgadores que actuaron claramente bajo consigna a juzgar por el fallo final de los magistrados federales del 1er. Tribunal Colegiado en Materia Civil del 3er. Circuito que descalificaron los argumentos del Juez 4o. de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, quien fue el 1o. en dar la razón al acusador en un claro atentado a la libertad de prensa. Mellado apeló esta decisión en segunda instancia, pero se topó con los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, que respaldaron el fallo inicial del juez. Por eso, ellos también fueron exhibidos por los magistrados federales luego de revisar las 9 columnas de Mellado que publicó entre el 5 de mayo de 2016 y el 7 de febrero de 2017, y concluir que el fallo del juez y de los magistrados atentaban contra la libertad de expresión ya que en esos textos el columnista criticaba la actuación de Aubry como funcionario público sin invadir nunca asuntos de su esfera privada.

En su resolución, los magistrados federales invocaron una tesis sustentada por la Suprema Corte desde el 2013, que transcribo para tratar de inhibir más actuaciones autoritarias e intolerantes de otras autoridades que gustan también de enfadarse con la crítica periodística: "Libertad de expresión y derecho a la Información. Su protección en el denominado 'periodismo de denuncia'. El 'periodismo de denuncia' es la difusión de notas periodísticas, opiniones, declaraciones o testimonios que tienen por objeto divulgar información de interés público, ya sea para toda la sociedad o para una comunidad determinada, como la denuncia de irregularidades en el ejercicio de la función pública, o de un trato diferenciado en la aplicación de la ley en favor de grupos privilegiados, ya que es de interés público que no haya privilegios o excepciones en la aplicación de la ley. Por tanto, no puede sancionarse un escrutinio intenso por parte de la sociedad y de los profesionales de la prensa, en aquellos casos en donde existan indicios de un trato privilegiado o diferenciado no justificado". Enhorabuena Pedro y como bien dices, a seguir apuntando el reflector "a los rincones más oscuros, donde se refugian las alimañas que envenan la vida pública y la pudren".

Habló López Obrador -en eso es pródigo- y dijo que la justicia está por encima de la ley. Hacer tal afirmación equivale a abrir la puerta a la inseguridad jurídica, por el riesgo que implica la posibilidad de que cada uno, en forma subjetiva y arbitraria, determine por sí mismo lo que es justo y lo que no lo es. Se supone que la ley vigente es expresión de la justicia. En caso contrario se le debe cambiar, pero sin apartarse nunca de ella, porque el derecho positivo es el único marco seguro en que la vida en sociedad puede cumplirse en forma pacífica y ordenada. Es de lamentarse, entonces, la manifestación hecha por el presidente López. Si la hizo impensadamente es malo, y si la hizo en forma calculada es peor, pues anuncia toda suerte de desgracias para México...

Para empezar, reprochar al Presidente de la República la inseguridad generalizada en el país y exigir respuesta puntual a casos concretos como la señalada masacre de Minatitlán, donde fueron arteramente asesinadas 13 personas, incluido un niño de un año, no significa culparlo de esos hechos. Significa responsabilizarlo -como Primer Mandatario de la República que es- de que esos hechos se esclarezcan; de que los autores de esos crímenes sean identificados, procesados y sancionados, y de que se tomen medidas para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de que esos episodios se repitan... O, peor aún, que se vuelvan recurrentes.

Culpar a una abstracción (la "política económica antipopular y entreguista") o a un fantasma (el "cochinero" que dejaron los gobiernos anteriores), es una salida tan fácil como estéril. Ni los actores materiales o intelectuales de esos crímenes -los de Minatitlán o los cerca de 8,500 documentados en el país los 3 primeros meses del año... todos ellos, por cierto, correspondientes al período de la dizque "4a. transformación"- fueron "los gobiernos anteriores", ni éstos tienen personalidad jurídica para orientar denuncias formales o proceder judicialmente contra ellos.

Pretender desviar la atención y la justa preocupación de la sociedad en pleno hacia gobernantes a los que "lo único que les importaba era saquear, robar", y que "no estaban hechos para servir al pueblo", es tirar palos de ciego. Aquellos gobernantes, en efecto, dejaron "un cochinero", pero corresponde a los actuales, como ya se apuntó, la responsabilidad de investigar y aplicar a los autores de todos esos crímenes las sanciones previstas por la ley.

La manera más efectiva de inhibir la criminalidad es enviar a los potenciales delincuentes, con hechos fehacientes, el mensaje de que en este país se aplica al pie de la letra la máxima de la que tomó su nombre un célebre programa radiofónico de antaño: "El que la hace... la paga".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que el memorándum emitido por Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de derogar la reforma educativa del 2013, es inconstitucional y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.

"La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución (...) genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes".

La CNDH también consideró que el memorándum del presidente está al margen de la ley y fuera de las normas, por lo que pidió al presidente rectificar su decisión: "Este organismo nacional formula un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo rectifique las instrucciones que ha girado y considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país".

De igual forma añadió que "nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar, pues los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política".

Y recordó que, en caso de que el actual marco normativa en materia educativa no resulte adecuado, es tarea del poder legislativo realizar las adecuaciones conducentes.

La tarde del miércoles un hombre fue detenido por pobladores de San Salvador El Seco, en el estado de Puebla.

El sujeto fue señalado de intentar asaltar al chofer y pasajeros de un autobús que circulaba sobre la carretera El Seco-Acatzingo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido disparó con un arma de fuego en el parabrisas del autobús para que detuviera su marcha y poder subir para asaltarlo.

Luego de detenerlo, los pobladores le propinaron golpes y minutos después elementos de la policía municipal y estatal, llegaron para detener al presunto delincuente y posteriormente lo trasladaron a la comandancia del municipio.

Los pobladores llegaron a la comandancia para pedir que les entregaran al detenido y lincharlo, sin embargo los policías no accedieron a la solicitud.

De acuerdo con Jesús Ramos, enlace de comunicación social de la Secretaria General del Gobierno del estado, se evitó el linchamiento aplicando los protocolos necesarios, y el detenido fue remitido a un Ministerio Público.

El director general de Caminos y Puentes Fedrales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe), Genaro Utrilla Gutiérrez, informó que derivado de los bloqueos en las diferentes casetas que opera en el país, registra una pérdida al día de más de 4 millones de pesos.

Un grupo de vecinos de la colonia La Palma, perteneciente a la alcaldía Tlalpan, bloquean la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 22.

Molestos por la falta de agua en su colonia, los manifestantes decidieron protestar con el bloqueo de la vialidad que afecta a cientos de automovilistas que salen de vacaciones.

Fue alrededor de las 18:30 horas de este viernes, cuando los manifestantes arribaron al punto para obstruir el paso de vehículos. Así lo dio a conocer el Capufe.

El bloqueo ha generado una larga fila de automovilistas en el sentido a Cuernavaca, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Diputados de la Comisión de Hacienda [del Congreso de Jalisco] autorizaron que los 125 ayuntamientos puedan convenir descuentos de hasta 75%, en recargos de pagos pendientes en servicios como agua potable, alcantarillado, impuesto predial y todas las contribuciones municipales.

El presidente de la comisión, Ricardo Rodríguez Jiménez, explicó que cada una de las administraciones municipales definirá el monto y términos de los descuentos que ofrezca, así como los requisitos que deban cumplir quienes deseen sumarse.

"Es para cualquier ayuntamiento, es opcional que tengan capacidad de que los contribuyentes morosos puedan ir y pagar el principal de lo que deben y encontrar hasta un 75% de descuento en cuanto a los recargos que hayan acumulado", comentó.

Una vez que el acuerdo se apruebe en el pleno del Congreso, las administraciones municipales podrán aplicar la rebaja a partir de mayo, y hasta fin de año.

En el acuerdo se especifica que los descuentos sólo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades cuando así lo autorice el ayuntamiento.

La medida se avaló para reducir la cartera vencida en los municipios y regularizar a los contribuyentes.

Un hombre identificado como Eduardo falleció luego de que fuera linchado por pobladores del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, quienes lo acusaron de haber ingresado a un establecimiento para robar, por lo cual fue atado a un poste y despojado de su ropa, mientras recibía una golpiza.

El incidente ocurrió alrededor de la 13:30 horas, luego de que los vecinos lo señalaran como responsable de robo a un establecimiento, lo que derivó en su retención por parte de los habitantes de esa demarcación, ubicada en el Valle del Mezquital, quienes por varios minutos obligaron al hombre a caminar por las calles del lugar hasta llegar a la plaza principal.

Mediante insultos y amenazas de quemarlo vivo, el sujeto fue obligado a subirse a un poste donde lo ataron.

"De una vez lo crucificamos", "que entregue a sus cómplices", gritaban los vecinos. Uno de los habitantes, quien portaba un machete, lo revisó para constatar si traía dinero del robo, el cual no encontró en sus bolsillos.

Pese a las suplicas del presunto delincuente, quien aseguraba que no había cometido el atraco, hombres y mujeres lo señalaron como responsable de haber ingresado a robar al establecimiento donde dijeron había 2 niños.

Los pobladores exigieron que entregará a sus cómplices ya que aseguraban estaba acompañado de otros 2 hombres y una mujer. Después de varios minutos en que fue golpeado, agentes de la policía municipal lograron que les fuera entregado.

La víctima fue trasladada a un hospital donde perdió la vida por las lesiones que le ocasionaron.

Con este caso son ya 6 linchamientos los que se registran en esta entidad en lo que va del año.

Ante ello la policía estatal hizo un llamado a que los municipios pongan en marcha el protocolo de actuación ante violencia comunitaria para evitar que los linchamientos terminen en deceso de las víctimas.

Tras más de 3 horas de cierre, la circulación en la carretera México Toluca ha sido liberada, luego de que un grupo de manifestantes mantuviera un bloqueo a la altura del municipio de Ocoyoacac.

Estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa bloquearon por más de 3 horas y media la Costera Miguel Alemán, a la altura del Centro de Convenciones Copacabana, en demanda de plazas para los egresados.

La movilización ocasionó caos vehicular y molestia entre los automovilistas, al bloquear los 2 sentidos de la Costera, una de las principales avenidas del puerto.

Los inconformes atravesaron el autobús de pasajeros en el que llegaron para bloquear frente a las instalaciones del Centro de Convenciones Copacabana y a la altura del Club de Golf, exigiendo a la Secretaría de Educación de Guerrero se entreguen las plazas automáticas a los egresados.

José Ángel López, estudiante de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, informó que su protesta es porque a los foros que se realizan para analizar las leyes secundarias de la Reforma Educativa, no se les está dando la importancia debida.

Señaló que, además, no se abordaron temas que contemple a las escuelas normales y que se asigne plazas automáticas a los egresados de las más de 9 normales que hay en el estado.

En las instalaciones del Centro de Convenciones Copacabana, se realiza un Congreso Estatal para el Fortalecimiento y para la Transformación de las escuelas normales, pero los estudiantes impidieron el paso al lugar para que no se continuara su realización.

Pidieron los normalistas que los foros educativos sean más amplios, en donde se incluya a las normales y se aborde el tema de los nuevos trabajadores de la educación.

Alrededor de las 14:30 horas, los normalistas retiraron su bloqueo y manifestaron que se acordó una reunión con una comitiva de estudiantes y autoridades educativas para instalar una mesa de negociación.

López Obrador advirtió que cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides de forma, no de fondo, por mal integración del expediente o cualquier otra excusa, "lo vamos a denunciar".

Se va a denunciar cualquier delito de corrupción: "Se acaba la impunidad", anotó al dejar claro que la denuncia pública es muy importante, ayuda mucho, por lo que convocó a todos los mexicanos actuar como guardianes, a denunciar cualquier acto de corrupción, para que los funcionarios no actúen en la ilegalidad.

En el país ocurren 7 desapariciones diarias; en los últimos 10 años se han registrado más de 25,000; en total hay 40,000 denuncias no resueltas; en ese lapso se han encontrado 1,300 fosas clandestinas; en morgues, fosas comunes o criptas adquiridas ex profeso, hay 26,000 cadáveres sin identificar.

Algunos reportajes coinciden en que el problema rebasa ampliamente a las autoridades. Las denuncias caen en el vacío. No hay protocolos de búsqueda. No hay recursos -ni económicos ni de personal- para ello. Los propios familiares, en apenas 1% de los casos, contratan detectives o indagan por su cuenta... infructuosamente casi siempre. Se tiene una estimación aproximada sobre la cifra de desaparecidos... pero ninguna idea de cuántos habrían sido secuestrados o privados ilegalmente de su libertad, y cuántos habrían desaparecido por su propia iniciativa, ni mucho menos de sus motivos para hacerlo.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que por más que se reforman las leyes y se crean organismos orientados a atacar ese problema, ni siquiera hay información precisa y confiable sobre las dimensiones del mismo... ni, por ende, investigaciones prontas y efectivas.

Hasta ahora, pues, casi todo ha quedado en palabrería.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS), a través de su titular Marco Valerio Pérez Gollaz, aseguró que la inspección laboral en Jalisco ha presentado diversas irregularidades durante los últimos años, como requisas laborales incompletas y expedientes desaparecidos.

"En la anterior administración se concluían procesos de inspección sin ningún documento que avalara sus resultados, es decir, se abría la inspección y luego no había nada, ni sanción a la empresa ni cierre de acta que estableciera si la inspección resultó bien o mal", afirmó el secretario de Trabajo.

"Hablamos de miles de expedientes sin sustento formal, en los que se dejaron vencer procesos para imponer una multa o declarar que estaban bien, pero sin ser concluidos de manera cabal, y no había ni sanción ni reconocimiento expreso de que la empresa cumplía con la ley", puntualizó.

El funcionario también acusó olvido o descuido en el manejo de documentos por parte de los inspectores laborales. "Están carcomidos por animales donde tiraban comida para que los mismos roedores los desaparecieran", dijo.

Los conflictos mercantiles en México se dirimen como hace 200 años y Jalisco no se queda atrás, afirmó el director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Guillermo Zepeda Lecuona.

"En México, resolver un conflicto ante tribunales mercantiles en 1a. instancia se lleva 275 días; Jalisco lamentablemente ocupa el lugar 29: dura 360 días. Tenemos que hacer una reingeniería de procesos".

El funcionario destacó que, de acuerdo con Doing Business México, las entidades más efectivas en esta materia son Durango y Nuevo León, con 228 y 236 días, respectivamente.

Aunque el Poder Judicial [del Estado de Jalisco] es el más señalado por corrupción, ningún magistrado ha sido juzgado por anomalías.

La gente debe conocer lo que implica ser acusado por un delito de prisión oficiosa, y comprenderán por qué unánimemente quienes integramos las barras y colegios de abogados, hemos expresado nuestro absoluto rechazo.

Bajo las reglas procesales del viejo sistema de justicia penal, cuando alguien era investigado por el Ministerio Público en la fase de Averiguación Previa, la autoridad tenía obligación de citar al inculpado, para que éste se defendiera dentro de la etapa de investigación. El Ministerio Público no podía solicitar al juez penal el libramiento de una orden de aprehensión sin antes citar y permitir que el inculpado ofreciera sus pruebas para demostrar su inocencia. Así, muchas veces, el inculpado lograba demostrar que no existía delito alguno que perseguir, o bien, que existiendo un delito, éste no era responsabilidad de dicha persona. Además, la persona bajo investigación podía obtener las constancias de las investigaciones ministeriales antes de que se iniciara un dramático juicio penal en su contra.

Ahora, bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal que aparentemente fue concebido y diseñado bajo la premisa de la presunción de inocencia, el Ministerio Público a cargo de una investigación penal, ya no tiene obligación legal de citar al imputado, por lo que ahora sí es perfectamente legal que se le investigue a sus espaldas sin necesidad de ser citado.

El nuevo sistema justifica lo anterior, bajo el argumento de que bajo las reglas del viejo sistema de justicia penal, en la mayoría de los casos se solicitaban órdenes de aprehensión a los jueces penales, y por ello era importante escuchar previamente al inculpado. Sin embargo, el nuevo sistema establece que los jueces deberán privilegiar la libertad personal del imputado, por lo que en el momento en que el Ministerio Público ejercite acción penal en contra del imputado, no solicitará orden de aprehensión, sino únicamente el juez penal girará un citatorio al imputado para que acudiendo en libertad ante el juzgado, se entere de la imputación que existe en su contra.

Hasta ahí todo suena bien. Es decir, no resulta tan relevante el que no le citen e incluso le investiguen a sus espaldas, siempre y cuando el juez penal ante quien se le acuse, no le mande detener y le permita enfrentar su proceso en libertad. El problema es que cuando se trata de los delitos de prisión oficiosa, la investigación será llevada a sus espaldas, y aquí el Ministerio Público sí está obligado a solicitar la orden de aprehensión al juez penal, y una vez ejecutada y detenida la persona y puesta a disposición del juez, no podrá gozar de libertad durante todo el tiempo que dure su proceso.

Al no ser citado y escuchado previamente, el Ministerio Público tendrá una única versión de los hechos, por lo que le será muy sencillo ejercitar acción penal en su contra, y como resultado de no existir un contrapeso ni versión alguna de defensa, el juez penal fácilmente obsequiará la orden de aprehensión.

El día menos pensado, saliendo de su domicilio, o trabajo, sin que nunca haya sido escuchado por ninguna autoridad, será detenido con una orden de aprehensión, y será puesto a disposición de un juez penal al interior de un reclusorio sin derecho a libertad durante el proceso legal, y sin tener conocimiento alguno hasta ese momento de que existía una investigación y acusación en su contra. A eso, de ninguna manera le podemos llamar presunción de inocencia.

Un principio jurídico fundamental en los países con Estado de Derecho es que toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Primero se juzga y solo si se determina una responsabilidad se sanciona. En los países autoritarios, en cambio, primero se castiga y después se juzga. México está en este último grupo.

La muy parchada Constitución Mexicana incorpora todavía la presunción de inocencia en su artículo 20, el cual establece que todo imputado tendrá derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". Al mismo tiempo, tenemos una lista de delitos llamados "graves" en los que se aplica "prisión preventiva oficiosa", que no es otra cosa que castigar antes de juzgar. Lo peor es que el gobierno y el Legislativo están ampliando el catálogo de estos delitos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 11: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". La actual versión de la Constitución Mexicana, sin embargo, elimina la presunción de inocencia en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. El presidente está buscando incluir entre estos "delitos graves" la corrupción, las faltas electorales, el abuso sexual a menores y el robo de combustibles. Ayer, en uno de esos desplantes de una lógica peculiar, un non sequitur dirían los lógicos, preguntó cómo era posible respetar al INAI cuando la institución se creó en los tiempos del neoliberalismo en que se eliminó la clasificación de corrupción como delito grave.

La verdad es que la ampliación de los llamados delitos graves es muy preocupante. El presidente está aprovechando el enojo de la sociedad ante la impunidad, pero castigar antes que juzgar no ayuda a disminuir la impunidad. "Tal vez la medida sea de utilidad política -escribió en Reforma el 7 de marzo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-, pero en modo alguno corregirá los problemas de fondo ni acabará con la impunidad, además de generar el riesgo de que se cometan abusos en contra de personas inocentes".

En los países donde prevalece el Estado de Derecho no hay listas de delitos graves que obliguen a los jueces a encarcelar 1o. y después juzgar. Cuando un detenido es considerado peligroso, o tiene antecedentes que permitan suponer que tratará de evadirse de la justicia, se puede aplicar la prisión preventiva, pero nunca de forma sistemática y menos obligatoria.

Dado que en estos delitos graves la sola acusación basta para encarcelar a un inocente, es muy preocupante que se aplique a delitos como corrupción o robo de combustible, que pueden tener motivaciones políticas. Bastará con una acusación del presidente o su fiscal para encarcelar durante varios años a un enemigo político, aunque los tribunales lo declaren inocente después. Esta arma es particularmente peligrosa en manos de un gobernante que dice que va a someter a consulta popular la decisión de si acusa o no de corrupción a sus predecesores.

Un radioescucha de California me llama preocupado. Alquiló su casa en México a una mujer que guardó ahí un auto robado. La mujer ya está libre, pero a la casa le han aplicado la extinción de dominio. En México el gobierno puede despojar a cualquiera de sus propiedades sin que se le declare culpable de ningún delito.

Para este año, el apartado de justicia tiene 10,000 millones de pesos menos con respecto a 2018. El presupuesto pasó de 113,328 millones de pesos a 103,135 millones de pesos en 2019.

Las 3 instancias que integran el poder judicial presentan recortes significativos: el Tribunal Electoral de la Federación con una reducción de 37.2%, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una baja de 20.4% y, el Consejo de la Judicatura Federal, con un recorte de 12.1%.

En materia de procuración de justicia, la disminución es de 932.2 millones de pesos, de los cuales 859 millones corresponden a la ahora Fiscalía General. Esto, a pesar del rezago que existe en la materia y que se arrastra desde 1984. El fiscal Alejandro Gertz afirma que se tienen 205,000 averiguaciones previas en trámite y en reserva.

Desde 2017, 29 jueces del Poder Judicial de Jalisco han recibido sanciones como un extrañamiento, una suspensión o la destitución.

Sin embargo, todos han recurrido al amparo para evadir el castigo: según el Consejo de la Judicatura, 95% lo ha conseguido.

"Van varios asuntos en los que sancionamos a los funcionarios públicos y por medio de una concesión de amparo los reinstalamos o levantamos las medidas", reconoció el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves.

Explicó que los señalamientos han sido por irregularidades como no redactar un acuerdo en tiempo, dilatar una sentencia, fallar a favor de una de las partes, no haber notificado en tiempo y forma y no llevar a cabo una audiencia.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Capítulo Occidente, destacaron en un desplegado que sus agremiados habían sido perjudicados por la corrupción de parte de jueces y magistrados que otorgan discrecionalmente medidas cautelares.

Tales medidas retrasan por años la decisión sobre algún caso, lo que ocasiona que los proyectos se estanquen y se pierdan empleos.

Hace unos días se publicó el índice 2018 del Programa para la Justicia Mundial (World Justice Program). México salió peor que en el 2016, ocupando el lugar 99 de 126 países. Era de esperarse. Peña Nieto y su gobierno llevaron a México del lugar 50 en 2012 al 99, es decir perdimos 49 posiciones. Ese, entre tantos otros indicadores, es testimonio del legado de su pésima gestión.

El lugar que ocupamos es patético. Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda ocupan los primeros 5 lugares respectivamente (pero son nórdicos, nos podemos justificar). Sin embargo, más cerca de nuestra geografía, Costa Rica es el lugar 24, Chile el 25, Argentina el 46, Brasil el 57 y Perú el 70. Les siguen Colombia y El Salvador que ocupan los lugares 80 y 84; Guatemala número 96 en el índice, nos está pisando los talones.

En cada una de las 8 categorías que se míden en el índice estamos reprobados. En equilibrio de poderes ocupamos el lugar número 84; en ausencia de corrupción el 117; en derechos humanos fundamentales el 73; en seguridad y orden el 117; en cumplimiento de regulación el lugar 87; en justicia civil el 113 y en justicia penal el 115. Sólo en gobierno abierto y transparencia México tiene una posición aceptable, ocupando el número 35.

La 4T tiene la enorme oportunidad para revertir esta tendencia y encausar a México en la ruta de la cultura de la legalidad, tanto en el sector público como en el privado. Si en 6 años regresamos al lugar número 50 se habrá avanzado de manera fundamental en el factor más importante que el país necesita: "nada, ni nadie por encima de la Ley".

Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al poder judicial en ese país, declaró en una entrevista que al concebirla, "siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras". El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el gobierno.

El año pasado se obtuvieron 161 fallos por homicidio: 6 por cada 100 casos ocurridos en 2018, cuando sumaron 2,413.

"Las condenas en este tipo de delitos son muy pocas. Hay un déficit en el tema de investigación, en procesos para llegar a sentencias definitivas", dijo Daniel Espinoza, juez oral en el Distrito Judicial I, con sede en Tonalá.

En análisis previos realizados por el juzgador, encontró que en Alemania alrededor de la mitad de los casos de homicidio era archivada definitiva o temporalmente, en reserva de obtener más datos de prueba.

"Evidentemente con las sentencias por homicidios en Jalisco tenemos más de 90% de impunidad".

Jorge Tejada Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), advirtió que esta cifra es atribuible a la falta de capacidades de investigación del Ministerio Público.

"Debería haber muchas más condenas, pero no es algo que se le achaque al Nuevo Sistema de Justicia, sino a la fase de investigación, a que el Ministerio Público es un cuello de botella donde se atoran los casos".

Agregó que las sentencias ejecutadas en 2018 provienen de homicidios que se documentaron 1 o 2 años atrás, pues ese es el tiempo promedio que dura el proceso entre la investigación, localización y detención de los imputados, así como la celebración de las audiencias, el juicio, las apelaciones y amparos.

Durante 2018, la Fiscalía del Estado emitió sólo 18 comunicados por obtención de sentencias condenatorias por homicidio doloso. De ellas, 14 fueron por hechos suscitados entre 2000 y 2015; el resto, en 2017.

Y sobre los móviles, únicamente en un caso fue atribuible a pugnas entre la delincuencia organizada. Los demás fueron por motivos personales; es decir, que la víctima conocía a su homicida, aunque también hubo casos por robos y riñas.

En el año más violento en la historia de Jalisco [2018], donde el número de víctimas por homicidio doloso aumentó 57% en comparación con 2017, las personas detenidas por este delito sumaron apenas 60, según información de la Fiscalía del Estado.

Si se toma en cuenta que en 2018 hubo 2,413 víctimas de homicidio doloso (en 2017 sumaron 1,536), sólo hubo 2.4 detenciones por cada 100 casos.

Las bajas cifras de sentencias condenatorias por homicidio doloso seguirán al menos este y el próximo año, anticipó Jorge Tejada Montaño, experto en Derecho Penal y Seguridad.

"Actualmente hay una reingeniería de la Fiscalía en su sistema de gestión de casos en los que se está tratando de devolver la eficiencia en la investigación para llegar a cifras mejores, como las que se presentan en Chihuahua, Durango, Nuevo León, donde las fiscalías tienen una efectividad 10 veces mayor que en Jalisco".

Además, desde 2015 existen pugnas entre la delincuencia organizada que han disparado los homicidios en el estado, por lo que la Fiscalía enfrenta un gran rezago en las investigaciones.

Incluso si se aumentara el personal, abatir ese retraso heredado por la pasada administración les tomará al menos un par de años.

El investigador indicó que solamente se logrará un mayor número de sentencias si se fortalecen las áreas de investigación de la Fiscalía del Estado con personal, tecnología, vehículos y al respetar la integración de los grupos.

"Que no sean distraídos en tareas emergentes para apoyar otras áreas como el robo de vehículos, secuestros o desaparecidos".

Las autoridades también deben seleccionar los casos para abordar primero aquellos que tienen más posibilidades de solucionarse con pruebas y con la identificación de los presuntos responsables. Así se podrá diseñar una estrategia de corto, mediano y largo plazo para reducir la impunidad.

"Hay una regla de la investigación, que entre más reciente es el hecho hay más probabilidades de obtener las pruebas. Entonces, es una espiral entre los casos antiguos, que son muy numerosos, y también hay una mayor dificultad en obtener las pruebas para procesarlos", concluyó.

Jalisco se convirtió en la entidad más rezagada en impartición de justicia, al obtener 0.67% posibilidades de que un caso sea resuelto, según el Ranking de Efectividad publicado en la herramienta digital "LAB Justicia", lo que da cuenta del alto índice de impunidad en el estado, que tiene su origen desde la labor del Ministerio Público y continúa en las pocas sentencias dictadas por el poder judicial. En contraste, Guanajuato fue el estado más efectivo, con 43.2%.

En el caso de Jalisco, en 2017 se iniciaron 70,198 investigaciones, de las que sólo se obtuvieron 6 sentencias condenatorias y 459 salidas alternas, además de que 350 casos fueron desestimados, lo que se tradujo en el índice más bajo en impartición de justicia.

En el cada vez más acentuado proceso de descomposición en materia de inseguridad que se expresa en esta inacabable escalada de homicidios y robos (ayer la Cámara de Comercio de Guadalajara estimó en 177,600 pesos el gasto anual de cada negocio para buscar protegerse -lo que significó 7% más que en 2017- porque 4 de cada 10 de sus agremiados sufrieron algún tipo de delito, principalmente robo a negocio (35%), de auto (26%) y asalto en vía pública (25%) en el último cuatrimestre del año pasado), mucho tiene que ver, además de las ineficiencias y la infiltración delincuencial en las policías, los altos niveles de incapacidad y corrupción del poder judicial en Jalisco.

Generalmente, y no sin justificadas razones, las críticas y los reclamos por los incumplimientos de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos recaen en los 3 niveles del poder ejecutivo (federal, estatal y municipal) pero sin duda esto se debe atribuir también a las negligencias y redes mafiosas en las que están atrapados jueces y magistrados, tanto estatales como federales.

Los altos niveles de impunidad son el principal estímulo para el crecimiento de las actividades delictivas. El que roba al erario, al ciudadano, quien asesina, secuestra, extorsiona o comete cualquier otra conducta delictiva, sabe que la probabilidad de que se le detenga es mínima, y que si eso ocurre, sus posibilidades de evadir la justicia son amplias al llegar a los juzgados, que en su mayoría tienen precio.

Sin duda, esto es fruto del poco seguimiento y casi nulo escrutinio público que se hace del poder judicial por los altos niveles de opacidad en los que opera.

Así, el cumplimiento de la promesa del reelecto presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, de limpiar el poder judicial está muy lejos de cumplirse. Urge por ello que desde la sociedad civil se presione para que se sancionen las malas prácticas de muchos funcionarios, jueces y magistrados que, insisto, han contribuido enormemente a perpetrar el paraíso de impunidad que ha fortalecido y ampliado la actividad delincuencial que todos, hasta ellos, padecemos.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo que la pérdida del erario por el bloqueo de casetas se estima en alrededor de 4 millones de pesos diarios.

Detalló que la pérdida por la toma de casetas, en unos casos esporádicamente y en otros casos lamentablemente de manera permanente, por distintos grupos, se traduce en 1,400 millones de pesos anuales.

Hace casi 25 años, Larry Summers, un connotado profesor y alto funcionario en el gobierno de Bill Clinton, en Estados Unidos, decía que el principal problema que tenía México para un desarrollo pleno era su debilidad del Estado de Derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario del Tesoro, las inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que tenía. Las inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los regímenes, neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre mercado, capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno sociopolítico es desfavorable, el dinero nunca llega.

López Obrador recibió un país con grandes deficiencias en cuanto al respeto de las leyes [lo cual ha sido promovido por el mismo López - el webmaster].

Desde hace unos 20 años, como reacción a la crítica internacional que sintetizaba Summers, México ha construido una arquitectura institucional llena de normativas y leyes, pero con un Talón de Aquiles del tamaño del Sol: su incumplimiento. El gran diseño legal carece de contenido, y como es nuestra cultura, todo ha sido sibilino. No estamos bien y la tendencia medible, cuando menos hasta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que íbamos para atrás. La última prueba de ello está en el informe anual del World Justice Project, una organización independiente en Washington que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo, que hoy se da a conocer.

Por 2o. año consecutivo, México está en la parte baja de respeto a la ley. El índice de 126 países que se divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos posiciones con respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la inclusión de 13 nuevos países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido el mismo número de naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se muestra hoy. No estamos solos en este deterioro, que está asociado con el repunte del autoritarismo en el mundo. Según el índice del WJP, de los 8 factores que se miden, el de “Límites al Poder Gubernamental” fue el de mayor caída, donde más de 50% de las naciones experimentaron retrocesos.

De acuerdo con la tabla de puntajes, las áreas de mayor preocupación en México son corrupción, seguridad y justicia penal, donde se encuentra casi en el sótano del ranking. En los 2 primeros factores se ubica en el lugar 117 de 126 países, y en el 3o., ocupa el 115. Sólo en el factor de Gobierno Abierto México está evaluado moderadamente bien en las 3 categorías, global, regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el lugar 29 de 30 en corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de ingreso. Es decir, para la escala de su economía, es el país más corrupto de todos. En el factor de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el ranking regional y el último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.

Los datos corresponden al gobierno de Peña Nieto y, sólo hasta la siguiente medición anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este momento, las evaluaciones sobre México lo han colocado de manera regular en el fondo de los rankings en los temas de corrupción, efectividad del sistema judicial, derechos humanos y debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno en estos campos son variopintas. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar por los derechos humanos y los responsables de ello han estado muy comprometidos con ese tema desde hace varios años, por lo que se podría esperar una mejora en los próximos índices.

En los otros temas, López Obrador y su gobierno dejan mucho que desear. El debido proceso ha sido escandalosamente violado en los últimos días, cuando al hablar de conflictos de interés han establecido casi en forma mecánica actos de corrupción sin establecer líneas causales, y aun si encontraran violaciones a la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y apellido a presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual violaron el eventual derecho a un juicio justo.

La corrupción es el tema de batalla de López Obrador, pero no ha avanzado más allá de la retórica. Inclusive ha declarado que él no actuará en contra de funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir tiempo, que considera como una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con su proyecto de nación. La declaración es política, pero legalmente es una aberración.

López Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se encuentre en el campo de lo jurídico, y cuidar la percepción de que es permisivo con violadores de la ley, alegando que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede darle réditos en México, pero no pasa las pruebas de ácido en el mundo. Hablar de corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo moral y los principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para fortalecer el Estado de Derecho. Aunque es presidente con amplio mandato y respaldo popular, no tiene carta blanca para burlar las leyes. Esto no debe olvidarlo: es la línea con la que lo clasificarán como un autócrata o un demócrata.

Marco del Toro, abogado penalista, dice que en Jalisco existe una "mafia" que se ha permeado en el poder judicial por conducto de medidas cautelares "que no están previstas en la ley civil, penal ni administrativa, que tienden a ser un mecanismo de extorsión".

Mientras las cúpulas empresariales del estado exigen que se combata la corrupción en este poder (representadas por Mauro Garza, de Coparmex; Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, y Rubén Masayi González Uyeda, del Consejo de Cámaras Industriales), Marco del Toro remarca que en estos casos siempre intervienen los mismos abogados y jueces. "Esta red se construyó por jueces y magistrados corruptos que se valen de abogados sin escrúpulos para que les sirvan de peones".

En las irregularidades, explica, la Oficialía de Partes también es clave, principalmente en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Penales, así como en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE). "Están controladas y amañadas", con la intención de que los casos sean dirigidos.

Acentúa que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las medidas cautelares; por ejemplo, la prisión preventiva, no salir de una demarcación territorial y el uso de brazalete, entre otras. "No existen las medidas cautelares como las que se otorgan en Jalisco".

Un ejemplo de anomalías es un centro comercial que se estaba construyendo y lo paralizaron a través de medidas cautelares. Marco del Toro detalla el caso: "Aquí rentaron una casa adjunta y, con una medida cautelar, extorsionaron al empresario del centro comercial. Lo que hacen es que el centro va a la mitad de la construcción, se renta una casa cercana, denuncian daños en la vivienda, sacan una medida cautelar que impide la construcción del centro comercial y extorsionan al empresario obligándolo a pagar fuertes cantidades de indemnización por supuestos daños en la vivienda o temas de medio ambiente. Y siempre son un tal Soto y un tal Cárdenas, que son los abogados que generan estas extorsiones".

Ante las irregularidades, Del Toro subraya que la Fiscalía de Jalisco debe procesar penalmente a los jueces y abogados que intervienen en esta cadena. Por su parte, el Consejo de la Judicatura debe destituir a los juzgadores involucrados. "Y el Gobierno del Estado debe, desde sus atribuciones, evitar que estos aspectos sucedan. Donde existen estos patrones es con el juez 6o. de lo Mercantil, con el juez 8o. Penal, con el juez 11o. Penal. Y lo más grave, hay quienes manejan las Oficialías de Partes".

Marco del Toro, tras su experiencia, detalla 3 patrones que evidencian las irregularidades.

1o.: "En estos casos siempre intervienen los mismos abogados y los mismos jueces y magistrados (relacionados). Esta red se construyó por jueces y magistrados corruptos que se valen de abogados sin escrúpulos".

2o.: "El otro patrón es la Oficialía de Partes. Sin ésta no podrían garantizar que los juicios lleguen a los mismos jueces y magistrados. Esto implica que hay Oficialías de Partes en los juzgados que están controladas y amañadas".

3o.: "Siempre presentan las solicitudes de medidas cautelares, violando jurisprudencia y leyes".

Todo este fenómeno, recuerda, comenzó en el TAE para las cuestiones de obras o edificios, "con la intención de frenar las obras o extorsionar a los empresarios. Luego se pasaron a los Juzgados Mercantiles y Penales, así empezaron a otorgarse medidas para efectos como el caso del Tequila Centinela, en donde 66% de la sociedad se ve maniatado por el 33%. Le entregan todo al 33%".

Afirma que esas medidas cautelares "son ilegales". "Una medida cautelar real es para resguardar un derecho. Pero en este caso, otorgan estas medidas no para resguardar un derecho... lo hacen construyendo derechos, como el caso Centinela, donde le dan al 33% la administración de la sociedad cuando no la tenía, de tal suerte que lo perpetúan en el tiempo, que riñe con el carácter provisional de una medida cautelar. ¿A quién impactan? A desarrolladores y particulares, hay una red que genera millones y millones de pesos a través de extorsiones, se dan pagos seguramente en efectivo, por lo que se da el lavado de dinero y delincuencia organizada".

Remarca que el caso del Guadalajara World Trade Center es otro juicio similar. "No es un problema aislado, es general. Los jueces relacionados la libran porque el sistema se pervierte. 1o. sacan la medida cautelar, luego presentan los amparos blindaje, que son una barbaridad porque se trata de demandas de amparo con hechos falsos, en donde van y dicen que quieren promover amparos en contra del mismo juez que da la medida cautelar 'porque lo presionaron y lo van a retirar'. Pero esto es, obviamente, con el acuerdo del mismo juez (que emitió las medidas). Mienten en la demanda de amparo para obtener una suspensión, de tal suerte que cuando la víctima real promueve su propio amparo se da cuenta que ellos tienen una suspensión que blinda su medida, y siempre parte de los mismos hechos falsos. En los expedientes siempre plantean este tipo de amparos con hechos falsos. Es el siguiente eslabón en la cadena".

José Pablo Ramos, litigante en materia administrativa: Tenemos detectados abusos en temas urbanísticos. Lo delicado es que, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado, si alguien concede una suspensión es definitiva y los recursos pueden llegar a durar años en resolverse. Si paralizas una obra, el constructor está en una indefensión compleja para levantar la medida cautelar.

Entre las violaciones graves, el tribunal admite estas demandas cuando es contrario a la ley. Y conceden medidas cautelares para paralizar obras, cuando el sistema jurídico no lo permite.

Superior para atacar estas anomalías. Y en el punto de vista práctico, faltan estrategias de sanción. En general, hace falta voluntad política contra estas anomalías.

A lo que mi práctica me dice, sí hay corrupción en el poder judicial, se están permitiendo medidas cautelares que no deberían existir.

Guillermo Gatt, presidente electo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco: En Jalisco se requiere una reforma de fondo al poder judicial. Hay gente valiosa, pero hay un grupo de complicidades y corrupción que se pueden intuir con enorme facilidad. Es sospechoso que ciertos asuntos caigan siempre a los mismos juzgados, con los mismos abogados.

El problema tiene que ver con la estructura del poder judicial. Tenemos supuestamente una Oficialía de Partes que turna de manera aleatoria los asuntos, pero es una práctica conocida que algunos litigantes pueden dirigir sus asuntos a juzgados específicos.

Es clave disminuir la impunidad. Debemos apoyar a los funcionarios que están combatiendo la corrupción, hay que dar todo el apoyo, como al actual fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz. Existe el Sistema Estatal Anticorrupción, hay casos en los que se está cuestionando el trabajo de los jueces. Eso es importante.

Si logramos que se sancionen estas medidas e impulsamos a los mejores en el poder judicial, es el buen camino. La exigencia a todas las autoridades es que tenemos que generar certidumbre, tener un Estado de Derecho.

En el poder judicial, los cargos han sido por dedazo, no por meritocracia. Tenemos que reconocer que, afortunadamente, Ricardo Suro (presidente) y algunos consejeros tienen esa preocupación de combatir la corrupción e impulsar la carrera judicial para que lleguen los mejores.

Pablo Medina, de la asociación Abogando por Jalisco: Como miembro de Abogando por Jalisco hemos conocido problemas graves, sobre todo en la Oficialía de Partes, que ha dado pauta a este sistema de medidas cautelares. Estamos en una situación atípica. Debería ser un sistema aleatorio... yo mejor acudo a las instancias federales para evitar la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco.

Es importante que sigamos con el tema de sacar todos los "trapitos al Sol", denunciar, presentar quejas ante la Judicatura. Debemos presionar para que sancionen a los malos jueces. Es una cloaca el poder judicial.

Nosotros presentamos un juicio político contra Luis Carlos Vega Pámanes (ex titular del poder judicial), pero la corrupción no es nueva. Antes se conocía que se vendían los cargos, desde allí empezaba la corrupción.

Lo lamentable es que la corrupción está hasta la cúpula... eso es preocupante. Deben blindar al poder judicial, aunque es importante la unión de la sociedad en apoyo a los funcionarios que hacen bien su trabajo, con la intención de que se sientan apoyados. Tenemos que limpiar al poder judicial.

Líderes empresariales consideran prioritario el combate a la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, ya que un sistema de Derecho confiable atrae inversiones al estado.

Coinciden en que el caso del juez 8o. de Control en Materia Penal, Sergio Peña Sánchez, que enfrenta un proceso por presuntos delitos de abuso de autoridad, podría ser el inicio de acciones al respecto (aunque el pasado viernes no fue vinculado a proceso).

"Si existen casos se debe actuar conforme a Derecho e ir a las últimas instancias para lograr erradicar este problema en el estado. En la medida que se pueda dar certeza jurídica seguirá llegando la inversión", remarca el presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza.

Detalla que, sin entrar en asuntos personales, lo que un empresario busca es la tranquilidad de que personas, instituciones y entidades estarán sujetas a cumplir la ley. "Tenemos los casos de Corea del Sur y Singapur: 30 años atrás tenían un ingreso per cápita muy por debajo de México, pero brindaron ese Estado de Derecho para seguir avanzando".

Recuerda que la Coparmex ha exigido en muchas ocasiones que se reduzca la impunidad, para que de esta forma la gente pueda denunciar. "No puede existir nadie por encima de la ley. Hoy más que nunca hay que recuperar la confianza del poder judicial y actuar conforme a Derecho, es lo que nosotros esperamos que se dé en nuestro estado".

Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), comenta que las malas prácticas destruyen la confianza en las dependencias públicas. "Si algún juez, funcionario público o algún pseudo empresario están incurriendo en actos de corrupción, que se persiga hasta las últimas consecuencias. El Sistema Anticorrupción que cumpla su función. Debe existir una limpia en muchos sectores".

Por su parte, el nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda, opina que apenas es el inicio de las irregularidades que podrían existir dentro del poder judicial. "Vamos a ver el resultado, creo que no estamos ni empezando. Es un tema más grande que una persona, la corrupción del Estado de Derecho tiene una base muy grande, muy sólida, que tendrá que ser manejada por los gobiernos".

Agrega que el sector industrial apoyará todas las acciones para erradicar las malas prácticas, que afectan a una gran parte de la población. "Que vayan por un juez no es la solución, pero puede ser el principio. La gran noticia será cuando Jalisco sea ejemplo en Estado de Derecho, cuando la corrupción esté prácticamente desaparecida".

El 70.1% de los jaliscienses percibe a los jueces como corruptos, según el indicador de MIDE Jalisco, actualizado el 31 de diciembre del año pasado, que toma como referencia la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018.

Además, el estado se encuentra en la posición 23 a nivel nacional en el subíndice del Sistema de Derecho Confiable del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que consta de 9 variables: incidencia delictiva, tasa de homicidios, percepción de inseguridad, imparcialidad de jueces, calidad institucional de la justicia, duración de procedimientos mercantiles, eficiencia en la ejecución de sentencias y ejecución de contratos.

Este medio publicó el pasado 24 de abril de 2018, que el Consejo de Abogados de Jalisco indicó que 4 de cada 10 empleados del poder judicial en el estado estaban corrompidos.

A nivel nacional, México se ubica como uno de los países peor calificados en Estado de Derecho. De acuerdo con el informe "Rule of law index 2017-2018", el país ocupa la posición 92 de 113 naciones evaluadas, que mide 8 índices, tales como restricción al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, seguridad, cumplimiento normativo y justicia civil y criminal.

6 supuestos delincuentes fueron linchados por habitantes del municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, informaron este viernes autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en la localidad Los Colorines, en la Sierra de Zongolica de la zona montañosa central de este estado, donde en la noche de ayer mataron a 4 personas y la mañana de hoy a 2 más.

Las primeras investigaciones oficiales revelaron que las víctimas podrían estar vinculadas a una organización delictiva encabezada por el "Bukanas", un expolicía dedicado al robo de combustible a ductos de la empresa estatal Pemex, al robo de trenes y a otro tipo de delitos.

De acuerdo con un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, 4 sujetos a bordo de un vehículo intentaron secuestrar ayer en la noche a maestros rurales, pero fueron interceptados por policías municipales.

En una persecución hubo intercambio de disparos hasta que los oficiales lograron la detención de los delincuentes; sin embargo, un grupo de entre 700 y 800 personas les arrebataron los detenidos a los policías.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, pero los pobladores les impidieron el acceso a la comunidad, quemaron 3 vehículos y lincharon a los 4 detenidos.

2 de las víctimas fueron lapidadas y presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, y junto con las otras 2 fueron también quemadas.

Por la mañana del viernes, la población ubicó a 2 presuntos delincuentes que habían logrado huir y también los linchó quemándolos.

La dependencia estatal lamentó la manera en que sucedieron los hechos y anunció que reforzará la vigilancia en esta región montañosa, principalmente en carreteras.

De 1988 a 2017, según un recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registraron 862 casos de linchamiento en México, de los cuales el 21.1 % se cometieron en el estado.

En ese periodo, el Estado de México suma 242 linchamientos y con ello tiene el 1er. lugar en el nivel nacional. Le siguen Puebla con 182 casos, Ciudad de México con 79 y Oaxaca con 60.

Las altas tasas de impunidad y la desconfianza en la policía y en el sistema judicial han dado paso a una oleada de linchamientos en México.

Según la propia CNDH, hasta noviembre del año pasado al menos 25 personas fueron linchadas y hubo otros 40 intentos frustrados, cuyas víctimas sufrieron lesiones de distintos grados.

La introducción de los nuevos ilícitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa significa que las personas que sean acusadas de ellos ante el juez y se les inicie proceso deberán ser puestas en prisión de manera preventiva, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.

Entre protestas contra el dictamen y acusaciones sobre violaciones al procedimiento, la Cámara de Diputados aprobó ampliar la lista de delitos que la Constitución define como meritorios de prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos donde los probables responsables serán encarcelados de forma automática si un juez determina iniciarles proceso. Esto sin necesidad de que el Ministerio Público acredite el riesgo o perfil del inculpado.

Previo a la reforma que se aprobó el día de ayer, el artículo 19 Constitucional solo contemplaba una lista de 6 ilícitos que eran meritorios de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

El dictamen aprobado por el congreso triplica esa cantidad al agregar los siguientes: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

La introducción de los nuevos ilícitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa significa que las personas que sean acusadas de ellos ante el juez y se les inicie proceso deberán ser puestas en prisión de manera preventiva, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.

Con anterioridad a esta reforma una persona acusada por estos delitos ya podía quedar en prisión preventiva, sin embargo, para que ello ocurriera el Ministerio Público tenía que "justificar" ante el juez la necesidad de imponer esta medida cautelar en vez de alguna de las otras 15 que contempla la ley y son menos invasivas como un arraigo domiciliario, un brazalete, entre otros.

Al convertirse en delitos de prisión oficiosa el juez de la causa está obligado a imponerla en contra del probable responsable, aun cuando legalmente continúe siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario.

La legisladora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, consideró que la prisión automática era una "sentencia sin condena" y criminalizara sobretodo a personas de bajos recursos.

Varios de los diputados de oposición coincidieron en diversos argumentos en contra, entre ellos, que la prisión preventiva automática violenta el principio de presunción de inocencia, que va en contra de estándares internacionales en derechos humanos, que es una regresión, que los niveles de hacinamiento en las cárceles empeorarán, que no resuelve de raíz el problema de la impunidad.

El dictamen aprobado establece en sus artículos transitorios que la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva es una medida temporal y cuya efectividad deberá ser evaluada dentro de 5 años.

Mientras en otras entidades federativas hay suspensiones y procesos penales contra magistrados y jueces, en Jalisco no existen sanciones ejemplares. Por ejemplo, en los procesos administrativos a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado, la mayoría de las 1,265 denuncias ciudadanas interpuestas entre los años 2015 y 2017 finalizó en "no aplica" por improcedente, infundada o desistimiento, así como "no determinada".

Por ejemplo, en 2017, de los 440 expedientes investigados solamente en 19 casos se declararon "extrañamientos" y "amonestaciones públicas". Y sólo 2 denuncias terminaron con 2 suspensiones "sin goce de sueldo por 15 días". Sin embargo, no involucran a jueces.

En uno de los casos anteriores fue sancionado con la suspensión de 15 días sin goce de sueldo Guillermo Olivares, del Juzgado 7o. de lo Penal, quien es secretario de acuerdos, pero fue por anomalías en sus vacaciones. En el otro expediente resultaron sancionados de forma similar Gabriela Valdés (del Departamento de Difusión Social), Iván Osvaldo Jacobo (secretario del Juzgado 2o. de lo Mercantil), Óscar Eduardo Zaragoza Cerón (secretario del Juzgado 7o. de lo Mercantil) y Paola Elizabeth (se omiten los apellidos), "por la omisión en presentar la declaración patrimonial inicial".

El consejero de la Judicatura, Jorge García González, añadió ayer que entre 2018 y 2019 se sumaron 732 expedientes; es decir, se documentó un incremento en la presentación de denuncias. En términos generales, el área de estadística corrigió que entre 2015-2019 se han registrado 122 diferentes sanciones, de las cuales sólo 47 fueron contra jueces. En los números no se incluye el polémico juez Sergio Salvador Peña Sánchez, separado a petición de la Fiscalía por el caso World Trade Center.

Los 1,997 expedientes documentados entre 2015-2019 fueron por los siguientes motivos contra los juzgados del estado:

- Presumibles actos de corrupción.
- Actuar de forma parcial y corrupta en perjuicio del quejoso.
- No remitir un expediente para apelación.
- Retardo en emitir sentencias y acuerdos.
- Tardanza en dar un trámite al recurso de apelación planteado por el agente del Ministerio Público en contra de la resolución que negó una orden de aprehensión.
- Notoria ineptitud, descuido y conducirse con parcialidad.Porque el quejoso refiere que se violentó el procedimiento favoreciendo a la parte demandada.
- Descuido en el desempeño de sus funciones.
- Por inactividad jurisdiccional.
- Porque los funcionarios públicos señalados vulneraron los principios de honradez, equidad e igualdad procesal.
- Por no notificar a la codemandada.
- No se pudieron desahogar audiencias.
- Por una simulación de la reparación del daño a la víctima.
- Por el desalojo de forma violenta de un inmueble, sin respetar los derechos del quejoso, ya que en sentencia definitiva se le reconoció como propietario.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco suma 62 carpetas de investigación por denuncias presentadas contra jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. En el desglose, 60 son contra el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, mientras las 2 restantes son contra el Tribunal de lo Administrativo del Estado.

Gerardo de la Cruz, fiscal Anticorrupción, acentúa que en 7 denuncias, por lo menos, hay indicios de posibles corruptelas. "Contra magistrados tenemos 3 (carpetas de investigación). En general, ya tenemos 2 casos judicializados (contra jueces)".

Las investigaciones involucran a juzgadores en todas las materias: "(Están involucrados) jueces de oralidad, que son los más, pero también mercantiles, civiles, mixtos y familiares".

Hay una situación que llama la atención. Hay quejas que se dan en materia mercantil, familiares, que tienen que ver con no respetar los términos, pero en el ámbito penal llama la atención una constante que tiene que ver con una figura que se maneja en el sistema acusatorio adversarial, que es la tutela de derechos. Hay cosas que la ley te permite hacer y, en ocasiones, se exceden en lo que la ley les permite, utilizando esa tutela de derechos. Allí es donde terminan cometiendo una conducta irregular. No estoy hablando de un hecho de corrupción que tenga que ver con dinero de por medio, no es lo que se está evidenciando, pero no se respetó la regla del procedimiento. Llama la atención que son asuntos de muchos intereses donde se presentan esas situaciones.

Aunque el fiscal evita nombres por ser procesos abiertos, en la estadística se remarca el juez Peña Sánchez. Con el nuevo sistema de justicia, será el primero en ser llevado al banquillo de los acusados por la Fiscalía.

El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, fue multado por "incurrir en prácticas dilatorias" para retrasar el desahogo del juicio de amparo que interpuso para no retirarse del cargo.

El 7o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 3er. Circuito impuso la sanción en respuesta a 2 recursos de reclamación presentados en 2018 por el propio magistrado y por la jueza Rosa María del Carmen López Ortiz, quien fue designada como magistrada, pero no ha logrado asumir.

La sanción impuesta al magistrado Celso Rodríguez por alargar el amparo que lo mantiene en el cargo podría destrabar el proceso para resolver el tema, afirmó Rosa María del Carmen López, jueza designada por el Congreso del Estado para llegar al Supremo Tribunal de Justicia (STJ). La sanción económica impuesta asciende a 12,673 pesos y se da vista al Ministerio Público Federal para investigar si incurrió en acciones constitutivas de un delito.

Los bloqueos de las vías ferroviarias en Michoacán y las huelgas en Matamoros, Tamaulipas, preocupan al sector empresarial porque mandan una "señal negativa" de la aplicación del Estado de Dderecho, dijo el presidente saliente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez.

Al dirigirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que es necesario fortalecer el Estado de Derecho mediante el combate a la corrupción y a la impunidad.

Resaltó que los cambios en materia laboral en favor de la libertad sindical son importantes, aunque añadió que se podrían perder miles de empleos por causa de un sindicato que extorsionó a 45 empresas maquiladoras y a sus trabajadores en Matamoros y extendió sus presiones sobre 1,260 compañías en 3 ciudades.

Ramírez comentó al mandatario que también les preocuparon los daños que dejó la toma de vías ferroviarias en Michoacán por un pequeño grupo magisterial.

"La parálisis que ocasionó a diversos sectores del país, entre ellos el automotriz, maquilador, energético, agroalimentario y acerero por la toma ilegal, durante varias semanas, de las vías ferroviarias en Michoacán por un grupo reducido de manifestantes", lo que ocasionó daños por 24,000 millones de pesos.

El combate a la corrupción emprendido por AMLO se ha centrado en lo abstracto y no en lo concreto. Dice que quiere acabar con la corrupción, mas nunca ha dicho que va a acabar con los corruptos.

La corrupción es sólo una idea abstracta, y como tal existe independientemente de si se desarrolla, o si se llega a materializar. Y como los corruptos son quienes materializan esta idea, la única manera de acabar con la corrupción es acabando con los corruptos. Así de simple.

La pregunta que habría que hacerse entonces es: ¿Dónde están, quienes son los corruptos detrás de las transas del NAIM, del huachicol, de las estancias infantiles, y de tantos señalamientos de corrupción hechos por AMLO? ¿Cuál es la estrategia para acabar con los corruptos y en consecuencia con la corrupción?

Los actos corruptos que hasta ahora se han descubierto en sí no son nada nuevos. Así como el robo de combustibles era un secreto a voces, es sabido que en prácticamente todas las obras públicas, en todas las compras del gobierno, en todas las concesiones, licitaciones, concursos, subsidios, programas de ayuda social, pago de nóminas, de licencias, etcétera, ha habido y sigue habiendo moches, extorsiones y malos manejos.

Ningún presupuesto se cumple. Ningún insumo u obra cuesta lo que debe costar, y ningún permiso importante se otorga con la ley en la mano y de manera expedita. Para las autoridades los ciudadanos somos clientes extorsionables de manera proporcional a la urgencia y tamaño de los emprendimientos.

Y si llegamos a pagar dinero por debajo de la mesa, en la mayoría de los casos no es como parte de un acto de corrupción voluntario, sino como pago de una extorsión oficial para que nos apliquen la ley tal y como procede.

Siempre hay trabas basadas en ambigüedades sujetas a interpretaciones legales y onerosas que se destraban con dinero. La honestidad y la eficiencia es la excepción y la corrupción la regla.

Los corruptos y funcionarios-extorsionadores públicos que hasta ahora no han sido tocados, llevan a cabo directamente o a través de enviados todas las formas de corrupción posibles, desde el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, etc., hasta facilitaciones institucionales para operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y muchas de las actividades del crimen organizado.

Y adicionalmente a esto, me parece insultante que se asuma y de por hecho que ahora los únicos mexicanos honestos son los funcionarios y representantes del nuevo gobierno o de su partido Morena, y que todas las organizaciones de la sociedad civil, empresariales o profesionales somos corruptos por "default".

Pareciera que más que acabar con la corrupción lo que se busca es acabar con las instituciones, organismos y entidades que se requieren para el mejor funcionamiento del país y de la sociedad y que están en manos de gente honorable que dedica tiempo y dinero a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen.

Si la lógica detrás del combate a la corrupción de AMLO es cerrar todo lo que haya estado infiltrado por ella, sea un ducto, un aeropuerto o una guardería, habría que cerrar el gobierno entero.

Acabar con la corrupción es un fin noble, loable y deseado por todos, pero su reducción, que no su erradicación, se logrará sólo si se descubre, persigue y castiga a los corruptos.

Querer acabarla de otra manera es tan inútil como querer acabar con la comisión de delitos sin detener delincuentes.

Lo que AMLO debe entender es que la corrupción es una consecuencia y no la causa del problema. La causa son los corruptos que no ha querido tocar argumentando que "no es vengativo", pero olvidando que la aplicación de la ley no es discrecional y mucho menos sujeta a consultas populares.

La corrupción no se acabará cerrando los lugares donde los corruptos actúan ni "cerrando las arcas" para evitar que los justos pequen, sino aplicando la ley, promoviendo la justicia y castigando a los pecadores.

Si el crimen se combate deteniendo criminales, los homicidios deteniendo homicidas y el robo deteniendo ladrones, ¿por qué se pretende combatir la corrupción sin detener corruptos?

¿Por qué están detenidos los gasoductos? No ha sido falta de capacidad técnica o financiera de las empresas encargadas de construirlos. Los trabajos han sido frenados por grupos políticos que buscan extorsionar a los constructores o impulsar agendas conservadoras que se oponen al desarrollo económico.

Está ahí el caso del gasoducto Ramal-Tula, al que faltan solamente 1.6 kilómetros. La construcción, a cargo de la empresa canadiense ATCO, está detenida desde 2015. Un político hidalguense, Julio César Ángeles Mendoza, ha sido el principal responsable; originalmente era miembro del Partido Encuentro Social y después pasó a Morena. Primero amenazó a la empresa con detener el gasoducto si no contrataba a un sindicato en particular. Después interpuso amparos en nombre de ejidatarios, a pesar de que, como él mismo reconoció en una entrevista a Reforma, estos "ya habían recibido su pago de lo acordado". ATCO ha acusado a Ángeles Mendoza de haberle pedido 60 millones de pesos a cambio de permitir que continuara la construcción del gasoducto, pero la empresa señaló que no podía entregar el cohecho porque la legislación canadiense castiga a los ejecutivos de su país cuando dan sobornos, incluso en el extranjero.

López Obrador no tendrá muchas dificultades para localizar a Ángeles Mendoza si quiere conversar con él. Actualmente es legislador por Morena y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La responsabilidad seguramente se le otorgó por su eficacia para detener el gasoducto.

Este es uno de los 7 gasoductos que no se han podido concluir debido a los bloqueos o amparos de grupos políticos. En ningún caso la responsabilidad recae sobre las empresas contratadas para hacer el trabajo. La mayoría de las veces la estrategia de quienes se oponen a los proyectos ha sido recurrir a amparos que permiten a grupos minoritarios detener inversiones aun cuando sea con un costo enorme para la sociedad.

El propio López Obrador ha cuestionado a los grupos que no han permitido concluir el gasoducto de Huexca, Morelos, que permitiría proveer combustible para una nueva termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Un exasperado López Obrador respondió en Cuautla el 10 de febrero a las protestas de los grupos que se oponen al gasoducto y la planta generadora: "Y aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Y también yo entiendo que hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados". Uno de los argumentos del presidente es que la planta de Huexca sí hay que echarla a andar porque es de la CFE. Si fuera privada, al parecer, no tendría el mismo respaldo del gobierno. Esta posición viola el principio liberal de que la ley debe ser la misma para todos.

Preocupa la incertidumbre en que viven los proyectos productivos en nuestro país. El argumento que se ha utilizado para combatir el gasoducto y la termoeléctrica de Huexca es que generarán contaminación y afectarán la provisión de agua. Los estudios técnicos señalan que los miedos son infundados, pero eso no ha impedido que tribunales y grupos políticos bloqueen las inversiones. Si México sigue deteniendo proyectos productivos aunque tengan las certificaciones técnicas necesarias, simplemente estaremos hundiendo al país. Una economía sin gas y sin electricidad está condenada a la pobreza.

El jurado ya emitió su veredicto: "Culpable". El juez emitirá la sentencia -cadena perpetua, casi seguramente- el próximo 25 de junio. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (a) "El Chapo", la mayor celebridad en la historia del hampa en México, actualmente de 61 años, cumplirá la sentencia.

Un elogio de los observadores a la eficiencia del sistema judicial estadounidense, y una crítica a las deficiencias del que impera en México. En aquel, la impunidad es la excepción; en éste, la regla: sólo 5% de los autores de los delitos denunciados pisan la cárcel; muchos de ellos continúan su carrera delincuencial dentro de los reclusorios, donde el hacinamiento hace imposible la readaptación social de los internos y propicia el "autogobierno".

Por otra parte, considerando que el proceso se desarrolló en el extranjero -en Brooklyn, concretamente-, los tratados de extradición exigen que las autoridades mexicanas reciban un reporte pormenorizado del mismo. Así, sabrán que los testigos involucraron a notorios mandos policiacos, altos funcionarios públicos e incluso al ahora ex presidente Peña Nieto -a quien se dio el mérito de su recaptura y quien dispuso su extradición- en la sofisticada red de complicidades que facilitaba sus "negocios".

La gran pregunta es si a partir de esos reportes se emprenderán acciones legales, acá, en contra de quienes, incluso en los años en que el gobierno federal emprendió la cuestionada "Guerra contra el Narcotráfico", hacían como que jugaban con los buenos, pero medraban cerrando un ojo (y cruzados los dedos)... a favor de los malos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá demandas ni vetos contra las empresas Carso, IEnova y TransCanada, dueñas de 7 gasoductos que están parados y por los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene que hacer pagos millonarios aunque no le llegue el producto.

"No es un asunto legal, que nadie se espante, que nadie se inquiete, ni se ponga nervioso, se van a respetar los contratos que son compromisos que se firmaron en situaciones muy especiales", dijo el titular del ejecutivo en su conferencia matutina.

El presidente López Obrador insistió en que su gobierno buscará por la vía del diálogo y el convencimiento un acuerdo con esas empresas para modificar los contratos para el bien de los mexicanos.

"No va a haber sanciones, no somos leguleyos, esto es un asunto de Estado y tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de gobierno".

Señaló que su administración no se pondrá a "pelear" con los empresarios, que "tienen muy buenos abogados, han sacado de la cárcel a gente que uno pensaba que no podían salir o son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberían estar".

Incluso mencionó que este tipo de contratos se tienen que litigar en tribunales internacionales porque están contemplados en tratados comerciales.

López Obrador expresó que no vetaran a ninguna empresa para participar en alguno de los proyectos del gobierno federal como el Tren Maya, solo que incumplan sus contratos o comentan un acto ilegal.

Que el Presidente de la República sea respetuoso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las recomendaciones de la misma, a tenor de las quejas de los ciudadanos por eventuales abusos en el ejercicio de la autoridad por parte de los poderes constituidos, es de celebrarse. En cambio, que promueva "una queja" -que sería, en todo caso, una solicitud-, como se anunció la semana pasada, para que dicha comisión le indique cómo manejar el espinoso asunto del bloqueo a las vías del ferrocarril por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, es lamentable. Es patético... Sería hasta cómico si no fuera trágico.

El asunto, bien visto, no tiene vuelta de hoja. El Presidente de la República tiene muy claramente definidas sus facultades y responsabilidades en la Constitución. La que viene al caso está expresamente consignada en el Artículo 89, Fracción VI, de la misma: "Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior -que sería el casi concreto- y defensa exterior de la Federación".

En sus comentarios a la edición de la LI Legislatura de la Constitución -plenamente vigentes-, en 1982, Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero apuntaban que "La seguridad de México requiere que existan fuerzas armadas bajo un solo mando, y éste la Constitución lo otorga al jefe del Estado mexicano, porque -¡ojo con esto!- él tiene la obligación de velar por la paz y el orden dentro del territorio nacional...".

Invocar a la CNDH para que ésta "recomiende qué hacer" en una situación en que se está cometiendo un delito, afectando los derechos de terceros y ocasionando graves perjuicios económicos, denota una ignorancia supina acerca de las funciones específicas de la misma. Dichas funciones están condensadas en el Artículo 3º de su Ley orgánica: "La Comisión Nacional de Derechos Humanos -reza el texto- tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación".

Y -lo peor- denota una tibieza mayúscula para hacer efectiva la "protesta" formal de "cumplir y hacer cumplir" las leyes vigentes, digna -permítase la ironía- de Poncio Pilatos...

En el marco del 102 aniversario de Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, comentó que la Carta Magna ha recibido tantos cambios que sólo han quedado sin modificarse el artículo 15 y algunos fragmentos.

Al ser cuestionado sobre la prisión preventiva, recordó que en 2008 el poder judicial hizo una reforma para establecer los juicios orales y el proceso penal acusatorio.

"Se estableció ahí muy pocos delitos con los cuales se podía ir a prisión preventiva... La idea general fue: no queremos que las personas vayan a la cárcel, que enfrente su proceso en libertad, y sí claro, si resultan condenadas, a la cárcel", aplicó.

Lo que estamos viendo en este momento, observó, es una idea de generar más delitos para que las personas puedan estar durante su proceso en la cárcel.

Cossío refirió que durante muchos años la mala calidad de las investigaciones policíacas y ministeriales hacían que "el delito preferido para someter a las personas a estos procesos era la portación de arma de fuego, que es cualquiera, o la portación de arma de fuego prohibida, que es la de calibre 38, 9 milímetros, para arriba, que es el propio de las fuerzas armadas".

Con la reforma, apuntó, si una persona trae un arma de su automóvil o 'fajada al cinto', no debe enfrentar la prisión.

Expuso que Morena ha presentado una iniciativa para que se incluya la prisión preventiva a 9 delitos.

"Al final se están discutiendo 3: la corrupción, el uso indebido de los programas sociales, vinculados con las elecciones y el robo de los hidrocarburos", abundó.

Respecto a la Guardia Nacional, citó el artículo 129 de Constitución el cual establece que "en tiempos de paz, los miembros de las fuerzas armadas no pueden realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Explicó que con la modificaciones que se hicieron en la Comisión de Puntos Constitucionales, en el Congreso de la Unión, sí hay un problema importante, porque los miembros de la Guardia Nacional gozarán de lo que se llama fuero en la justicia militar.

"Es decir, son personas que por la comisión o la realización de ciertas conductas, estarán sometidas a tribunales militares no a tribunales civiles", acotó.

En 2o. lugar, añadió, hay una mezcla muy grande entre el mando civil y el mando militar.

Un 3er. punto, destacó, es un artículo transitorio (cuarto), el cual indica que hasta que funcione la Guardia Nacional, se retirará el Ejército.

"Si se precisaran las condiciones en las cuales se haría la sustitución, o aún mejor, el retiro del Ejército, sería bueno. Yo no estoy a favor de que estén, pero tomando esa lógica, sí es mejor señalar condiciones muy puntuales, 'una vez que pase esto y esto', pero definidas y desglosadas, no nada más 3 menciones generales o poner de plano que en 2 años se regresan", subrayó.

El jurista consideró que México está ante una "emergencia" en materia de seguridad y justicia.

"Cuando hicimos la reforma penal dijimos 'es judicial, ocupémonos de los jueces, todo lo demás no forma parte de la reforma porque no es judicial'. Yo creo que hubo una miopía enorme, no entrenamos policías, no tenemos servicios forenses, más allá de que tengamos los camiones llenos de cadáveres, es una cosa horrenda, pero más allá de eso, no tenemos habilidades forenses", sostuvo.

En esas condiciones, afirmó, "es muy difícil hacerle frente a una delincuencia tan bien organizada como la que está padeciendo el país".

El ministro en retiro compartió que le preocupa la falta de liderazgo, pues "nadie está hablando de lo que se tiene que hacer en materia de justicia penal".

La reforma que se cocina en el congreso al Artículo 19 de la Constitución, que determina prisión preventiva para aquellas personas acusadas de extracción, posesión y robo de hidrocarburo, volverá a llenar nuestras cárceles de personas en situación de vulnerabilidad.

Ante la corrupción y falta de profesionalización en el sistema de procuración e impartición de justicia, la constante es que aquellos que no tienen dinero para pagar un buen abogado o que no cuentan con recursos para navegar en el torcido sistema, terminan tras las rejas, sean o no culpables.

La prisión preventiva oficiosa se ha vuelto una bandera política que los legisladores -y el propio ejecutivo- han optado por usar sabiendo que no ayuda a prevenir la delincuencia, es violatoria de la presunción de inocencia y atropella los derechos humanos.

Culpable hasta que compruebe ser inocente parece el lema de nuestro sistema de justicia. Preso, pero sin sentencia. Si llegaran a comprobar, años después, que un acusado nada tuvo que ver con el delito, bastará un "disculpe usted". Siempre y cuando se le declare inocente. En este espacio hemos contado historias de quienes sin ser culpables, son encerrados por un sistema que, no pocas veces, fabrica culpables para cerrar expedientes. Un inocente en prisión, es un culpable en la calle.

El sistema de justicia está mal diseñado, no solo no se cumplen las leyes, están diseñadas para proteger a los poderosos, mal implementado en la parte penal y la corrupción alcanza todos los niveles y garantiza la impunidad.

Sin duda la corrupción que el gobierno actual intenta combatir, no es lo único, el sistema es muy ineficaz.

En México tenemos una infinita cantidad de casos que no se han resuelto, precisamente porque la impunidad en el país es tan grande que no sabemos la verdad de muchísimas cosas, por supuesto que está la oportunidad de que periodistas, escritores, abogados tratasen de investigar alguno de estos casos para intentar encontrar otras verdades que el sistema de justicia no nos está dando.

AMLO anunció que para combatir el "huachicholeo" cada familia de las comunidades por donde pasan los ductos de PEMEX recibirá entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales. Pagar para que se respete la ley me parece un despropósito y una injusticia.

Es un despropósito porque esta dádiva no impedirá que los ladrones sigan robando. Virtudes como la honestidad no se compran, se inculcan, se imbuyen en el individuo por medio de la conciencia no de la cartera, con educación y buenos ejemplos.

Lo que único que se logrará regalando dinero, es que los ladrones y los flojos vivan más cómodos; que los que trabajamos honestamente nos sintamos como idiotas porque los impuestos que pagamos y que son producto de nuestro esfuerzo diario se destinen a subsidiar holgazanes y bandidos, o tengan fines político-electorales. No soy abogado constitucionalista ni nada que se le parezca, pero mi sentido común dice que los que pagamos impuestos, la base tributaria que sostiene al país, tenemos el derecho a impedir que el gobierno regale nuestro dinero a los que no trabajan, o pague para que no roben.

Nuestros impuestos no deben ser utilizados para manipular políticamente la pobreza y la ignorancia, ni para disfrazar burdamente al populismo como ayuda social.

Este "coraje constitucional" me nació luego de leer un "meme" que circuló en las redes sociales y que decía: "Cuando oigo que alguien roba por necesidad, me dan ganas de decirle... seguramente yo trabajo por deporte, hijo de la chingada".

No todos los problemas se arreglan con dinero, y lo que hasta ahora el gobierno federal ha hecho es pagar para "desaparecerlos" en lugar de aplicar la ley.

Si los pobladores de una zona huachicolera roban combustible, en lugar de detenerlos se les paga para que no roben; si los jóvenes que ni estudian ni trabajan ("ninis") se vuelven delincuentes, se les paga para que en lugar de delinquir, estudien y trabajen; si maestros bloquean vías de comunicación y ahorcan la economía del país, se les paga para que las liberen; si hay corrupción en el NAIM, se paga para cancelarlo...

Siempre he pensado que la mejor forma de "educar y dirigir" un país y cualquier institución de carácter social, es aplicando los mismos principios y mecanismos que utilizamos para educar y dirigir una familia, me refiero a una decente y trabajadora.

Darle dinero a alguien para que no robe, es como pagarle a un hijo para que se porte bien o para que haga la tarea; tener ciudadanos subsidiados es como tener hijos adultos mantenidos; aceptar chantajes para no utilizar la fuerza pública, es como dejar que los hijos hagan lo que les venga en gana para que no se enojen y nos sigan queriendo.

Los incentivos para "portarse bien" no deben ser económicos sino de conciencia. Debemos hacer lo correcto no por interés sino por convicción.

En lugar de dar dinero para que comunidades enteras respeten la ley y esperar que así se vuelvan responsables, lo que habría que darles es un curso gratuito de civismo y ética que les enseñe las ventajas duraderas que el bien común tiene sobre cualquier beneficio económico inmediato y temporal.

Si cada vez que surja un problema, en lugar de aplicar la ley el gobierno pagará para "arreglarlo" no habrá mejor negocio en México que crear problemas para luego vender cara su solución.

El presidente López Obrador considera que la forma de construir una mayor prosperidad es repartir dinero en subsidios. La experiencia nos dice otra cosa. La caridad no ayuda a generar desarrollo; la inversión productiva y los empleos son el origen de la prosperidad, pero solo pueden darse dentro de un Estado de Derecho, que hoy el propio gobierno está destruyendo.

No puede haber inversión donde no hay certeza jurídica. Una de las razones principales por las que Estados Unidos se convirtió en un país rico mientras que su vecino México se hundió en la pobreza, como señalan Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, es porque en la Unión Americana los "empresarios tenían confianza desde el principio que los proyectos que soñaban podían llevarse a cabo: tenían confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho que estas generaban y no se preocupaban de la seguridad de sus derechos de propiedad".

En el México de hoy no pasa un día sin que el presidente anuncie un programa u otro de caridad. El aumento a las pensiones de las personas de la 3a. edad, las becas a los ninis, los precios de garantía a ciertos cultivos y la ampliación de la canasta básica de productos subsidiados son solo algunos ejemplos. Estos programas pueden tener mayores o menores beneficios; y, siempre que no desequilibren las finanzas públicas, pueden cumplir su papel de comprar votos y lealtades sin causar un daño excesivo a la economía. La creación de prosperidad, sin embargo, requiere de inversión productiva y generación de empleos, para lo cual es indispensable contar con un Estado de Derecho.

Mientras el presidente muestra su generosidad repartiendo dinero de los contribuyentes, rechaza su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Que un gobierno se niegue a liberar un bloqueo de vías férreas que afecta la actividad económica de cientos de empresas equivale a decretar la desaparición del Estado de Derecho. Ninguna empresa tendrá ya la certeza de que el gobierno cumplirá con su función fundamental de garantizar la seguridad.

De nada sirve que López Obrador haga "un llamado a los maestros en general", que se queje de los líderes de la CNTE que no consultan a sus bases y que actúan "de manera provocadora" o que califique su comportamiento como de "un distintivo del conservadurismo", mientras no esté dispuesto a garantizar el tránsito en las vías férreas, incluso con la fuerza pública.

Las pérdidas que se están acumulando son enormes, pero los líderes de la CNTE están actuando con la confianza de que el presidente les permitirá seguir con la extorsión. La gran pregunta es si esto se le acepta a la CNTE porque apoyó la candidatura presidencial de López Obrador o si también se le admitirá a cualquier otro grupo de presión. Otra pregunta es si la extorsión tiene luz verde en Michoacán porque el gobernador, Silvano Aureoles, es del PRD o si también se podrá aplicar a gobiernos de Morena.

Por lo pronto, toda la generosidad con sombrero ajeno de la que hace gala el presidente se diluye ante las pérdidas provocadas por el bloqueo, pero más aún por la extinción de lo poco que había de Estado de Derecho en el país.

Vestidos de rojo con negro, un centenar de trabajadores de base del poder judicial como notificadores, actuarios y de servicios administrativos, bloquearon la circulación de avenida Hidalgo, afuera del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, para exigir un aumento de salario y que se les respeten las prestaciones que tenían en diciembre.

En una esquina -coinciden diversas notas periodísticas publicadas ayer- "unos 200 elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal y Fuerzas Especiales", a los que se encomendó "un operativo contra el huachicol en Villagrán, Guanajuato". En la otra, "los pobladores, iracundos, con los rostros cubiertos y armados con palos", que pusieron barricadas para impedir a las fuerzas armadas cumplir con su encomienda. No sólo: también quemaron llantas, bloquearon la carretera Celaya-Juventino Rosas e incendiaron automóviles para bloquear los accesos... Más tarde, según los mismos reportes de prensa, interceptaron un autobús de pasajeros en la autopista Celaya-Querétaro, bajaron a sus ocupantes -se reportó al conductor como lesionado- y lo incendiaron.

En el parte oficial del accidentado operativo se consigna que se aseguraron 24 pipas con gasolina, 7 trailers con adaptaciones y 5,000 litros de combustible en un depósito de 10 metros de largo, 3 de ancho y 2.5 de profundidad, practicado bajo una bodega, en plena zona urbana, y abastecido por 5 mangueras conectadas al gasoducto Tuxpan-Azcapotzalco...

¡Ah!, y otra cosa: se refiere que no hubo detenidos.

Quienes utilizaron barricadas para impedir el paso de la fuerza pública, al oponer resistencia a la autoridad y obstruir las vías generales de comunicación, incurrieron, ostensiblemente, en delitos. Quienes conducían o tenían en su poder las pipas y trailers adaptados, cargados de combustible, al transportar y eventualmente participar en la comercialización de gasolina presumiblemente obtenida de manera ilícita, por lo consiguiente. Los arrendadores y/o arrendatarios de la bodega en que se almacenaba la gasolina "ordeñada" de los ductos, otro tanto... Los vehículos, el combustible y el depósito, materia del delito, están a la vista y constan en el inventario. Si la movilización de "los pobladores" -así, en colectivo, como en "Fuenteovejuna"- impidió la detención de probables involucrados en la comisión, a todas luces deliberada y sistemática, de ese delito, los mismos serían, en el mejor de los casos, cómplices de los delincuentes, por encubrimiento, al facilitar su fuga y propiciar su impunidad.

La reacción de "los pobladores" a la acción punitiva de la autoridad, es sintomática de cuán sofisticado y eficiente es el esquema delincuencial de la gran industria del huachicoleo.

Falta precisar, solamente, cómo se reparten los roles de los contendientes enfrentados en este episodio: "los pobladores" (el pueblo bueno) , que acaso delinquen "por necesidad", serían los técnicos. Las fuerzas del orden que pretenden combatirlos, detectarlos, perseguirlos u -¡horror!- reprimirlos, serían, por tanto, los rudos.

Queda claro, ¿verdad...?

El subsecretario de Gobernación Zoé Robledo Aburto aseguró que el gobierno federal dejará delitos impunes e irá a "aguas profundas" para atrapar los "peces gordos" del robo de hidrocarburos.

El fin de semana presentó ese escenario de duda en un tema que ha dañado a Jalisco, no sólo a la zona conurbada, sino también a amplias zonas de vocación agrícola y rural donde sencillamente, no había gasolina. Pero todo se arregló. Así, como de la nada. Se terminó el problema. Y eso está bien, pero preguntas abiertas, muchos temas sin resolver.

Hay muchos círculos que deben cerrarse. ¿Y los culpables de la corrupción dentro de Pemex? ¿Y los huachicoleros? ¿Y la desgracia de las 115 muertes sólo en Hidalgo? ¿Y el sacrificio de todos; las filas, la espera, las denuncias de fortunas gigantescas construidas con el patrimonio de Petróleos Mexicanos?

No se puede minimizar lo que está pendiente: la aplicación de la ley. Porque si de algo estamos seguros es que no queremos más desabasto de gasolina y también, se exige que sean castigados quienes han saqueado a Pemex.

El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se convirtió este día en el brazo ejecutor de la ley porque el fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, no apareció para dar cuenta de cómo van sus propias investigaciones en la lucha contra el huachicoleo.

Nieto dijo, en un escenario de muchas declaraciones y hechos por comprobar, que "ya comenzaron a presentarse" denuncias contra funcionarios y ex funcionarios de Pemex y el gobierno federal. Son 7 las primeras denuncias, pero no se informa contra quiénes. Se congelaron bienes y están involucrados un ex diputado, un ex alcalde y 4 ex directivos de Petróleos Mexicanos. Están detenidas, según afirma el funcionario de la Secretaría de Hacienda, 558 personas, y se han integrado 2,286 carpetas de investigación. Nota aclaratoria: de éstas, apenas 112 han sido judicializadas.

Del famoso general Eduardo León Trauwitz, a quien se había responsabilizado en principio, el presidente López Obrador confirmó que fue llamado de Panamá, donde estaba comisionado por la Sedena. Ya regresó, pero no ha sido detenido.

Estos datos, por sí solos, no alcanzan para saber si en la guerra contra el huachicol avanzamos o retrocedimos.

Luis González de Alba lo bautizó como el Síndrome del 68: la incapacidad crónica del Estado para aplicar la fuerza en contra de bloqueos, manifestaciones o cualquier otro tipo de protesta que afecte los intereses de la nación. No es un síndrome propio de la izquierda, es un trauma nacional: La dupla Fox-Creel renunció al uso de la fuerza en contra de los macheteros de Atenco porque, así lo argumentaban, no querían pasar a la historia como represores. Es de aplaudir la voluntad de la negociación sobre la del ejercicio de la violencia, pero renunciar al uso de la fuerza legítima termina por negar al Estado y arrinconar a cualquier gobierno.

El bloque de las vías de tren es un delito federal. Eso ya lo sabemos, a nadie le importa, ni siquiera a la secretaria de Gobernación que fue ministra de la Corte, ni al gobernador que se hace el desentendido, ni al Presidente de la República que insiste en que el problema es del Gobierno del Estado. López Obrador dijo, literal, que no había podido hablar con el gobernador Aureoles porque éste andaba de viaje en España; al parecer en la 4T no hay 4G y una llamada a España para resolver un problema que cuesta mil millones de pesos al día es un derroche. Hay, desde donde se vea, una falta de voluntad política para resolver el problema.

Los líderes de esa sección radical de la CNTE (también entre radicales hay niveles) le están tomando la temperatura el presidente. Al gobernador de Michoacán le importa un bledo, no porque carezca de importancia sino porque los recursos están en el presupuesto federal y es a éste al que están chantajeando. Si López Obrador abre la chequera no habrá manera de parar una y otra manifestación durante todo el sexenio; si los desaloja y abre las vías lo van a etiquetar de represor y van a tratar de deslegitimarlo.

El resultado es un espectáculo patético: el gobierno federal y el estatal echándose la culpa y forzando el uno al otro que sea él quien utilice la fuerza pública para aplicar el Estado de Derecho, cuando lo que deberían estar haciendo es trabajar juntos para la solución inmediata del problema. Vamos a suponer que hay algo de legítimo en los reclamos de los maestros y que efectivamente tuvieron que hacer este tipo de acciones radicales para ser escuchados: (que nadie se desgarre las vestiduras, todos lo han hecho: los panistas en reclamos de elecciones libres, los perredistas y morenistas alegando fraudes; los campesinos del PRI pidiendo tratos justo, etc.), pero una vez sentados a negociar no debería el gobierno tolerar un solo día de bloqueo, a menos que existan, como se acusan mutuamente el gobernador y el presidente, agendas ocultas.

Dice Agustín Arriaga, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, que "no puede ser que con un tendedero se esté parando la economía". Alude, seguramente, a los mecates, tendidos de poste a poste, que sostienen los toldos bajo los cuales, como si se tratara de amenos e inofensivos picnics, se han dispuesto sillas, mesas, cobijas, anafres y cajones, e instalado campamentos sobre las vías del ferrocarril, para impedir la circulación de los trenes.

La situación ya dura 2 semanas. Hay 7 campamentos montados sobre las vías, desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta la capital del estado. La estrategia tiende a presionar a los gobiernos estatal y federal, para que liquiden 6,000 millones de pesos, correspondientes a salarios vencidos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El bloqueo de las vías férreas no fue decidido democrática ni mayoritariamente por la CNTE, sino por facciones radicales disidentes de la misma -el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático- cuyos dirigentes están plenamente identificados. En cuanto a los efectos, el balance, hasta el viernes pasado, era de más de 180 trenes (cargados con 1,750 millones de toneladas de mercancías, materias primas y productos terminados) detenidos. Los retrasos han sido valuados por Ferromex en mil millones de pesos diarios.

Dice el señor Arriaga que "no puede ser" que sucedan estas cosas...

Su frase, en todo caso, implica un reproche a la autoridad que lo permite. Y no porque se quiera o se solicite reprimir a quienes participan en esos plantones, sino porque el ejercicio del derecho de los ciudadanos a manifestarse tiene un límite, y porque la autoridad debe hacer que la ley se cumpla, recurriendo, incluso, al uso de la fuerza pública.

La Constitución (Art. 9º.) garantiza "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito", pero condiciona el ejercicio de ese derecho a no hacer "uso de violencia (...) para intimidarla u obligarla (a la autoridad) a resolver en el sentido que se desee". En el ejercicio de otras garantías individuales, el legislador también establece límites: que no se altere el orden público ni se afecten intereses de terceros... como en el caso, evidentemente, ocurre.

Quizá el señor Arriaga quiso decir que "no debiera ser". O que "no sucedería... si hubiera gobierno". Porque tan puede ser, que es un hecho patente, comprobable, continuado y sistemático.

Siempre es un error negociar con un chantajista. La mayoría de los gobiernos del mundo han adoptado el principio de nunca hacerlo. En México, sin embargo, la negociación se volverá la regla, por lo menos cuando los chantajistas sean allegados al partido del gobierno.

Un grupo de activistas de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene bloqueadas varias vías férreas en Michoacán desde el pasado 14 de enero. Las pérdidas que se han acumulado son cuantiosas. La respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo el respaldo de la CNTE en su campaña presidencial, ha sido empujar al gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Silvano Aureoles, a negociar con los chantajistas.

El gobierno de Michoacán se vio obligado a solicitar un adelanto de presupuesto federal para depositar 200 millones de pesos a los líderes el 25 de enero. Prometió, además, que este lunes 28 pagará al sindicato otros 800 millones. Los líderes han tomado el dinero, por supuesto, pero dicen que no liberarán las vías si no se les depositan 5,000 millones de pesos en total.

Utilizar la fuerza pública para liberar las vías, cosa que le tocaría ver al gobierno de López Obrador ya que las vías son concesiones federales, está descartado. La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, la morenista María Itzé Camacho Zapiain, visitó el campamento de los líderes de la CNTE y les dijo: "Tienen todo mi apoyo". Les transmitió, además, un saludo del presidente López Obrador.

¿Qué pasa con las pérdidas millonarias que registran diariamente las empresas ferroviarias y los usuarios de sus servicios? Esas no importan. El gobierno federal, que para combatir el robo de combustible cerró los poliductos de Pemex y dejó a medio país sin gasolina, no se preocupa por las pérdidas que pueda sufrir una empresa privada cuando es tomada como rehén por un grupo político.

Más que el conflicto entre la CNTE y Michoacán, lo que preocupa es el mensaje que está mandando el gobierno federal en el sentido de que no aplicará la ley para evitar chantajes contra gobiernos que no pertenezcan a su partido ni contra empresas privadas. La decisión abre una enorme incertidumbre para quien desee invertir en nuestro país. Un inversionista deberá pensar muy seriamente antes de invertir en un país en el que la autoridad no está dispuesta a actuar contra un extorsionador.

Esta legalización del chantaje tendrá un impacto inevitable en las inversiones. Solo podrá haber apuestas de capital en México que resulten tan rentables que compensen el riesgo de chantajes por grupos políticos. Otra posibilidad es que solo quienes estén cercanos al partido en el poder se atreverán a hacer inversiones. El Estado de Derecho se desplomará para abrir la puerta a un sistema de justicia discrecional en que el gobernante decidirá qué delitos perseguir y cuáles no.

En un Estado de Derecho las disputas que puedan tener un gobierno y un sindicato se dirimen en los tribunales sobre la base de la ley. En México, la indiferencia de las autoridades federales ante un chantaje abierto de la CNTE al gobierno de Michoacán, que toma como rehenes a empresas privadas a las que provoca pérdidas enormes, ofrece una inquietante visión del futuro. Cualquier inversionista sabrá que tendrá que pagar a los extorsionadores porque el gobierno se ha comprometido a no aplicar la ley.

¿Qué pasará si los activistas que se oponen al Tren Maya deciden bloquear la construcción o las vías una vez que el proyecto quede terminado? ¿Utilizará el gobierno la fuerza pública para liberar las vías o mandará a algún negociador a dar dinero a los líderes para que permitan el funcionamiento del tren?

Una vez que pasó del centenar la cifra de víctimas fatales de la tragedia de Tlalhuelilpan, convendrá subrayar que, salvadas las distancias, las personas fallecidas fueron -valga el subrayado- simplemente víctimas. Ni héroes que por su valentía merezcan monumentos, ni pillos que en el pecado de recoger la gasolina que brotaba de los ductos perforados por saboteadores o ladrones, llevaron la penitencia de ser alcanzados por el flamazo. Víctimas, además, de la descomposición social que lo mismo ha generado esquemas de corrupción entre funcionarios públicos e industriales del delito a gran escala (narcotráfico, extorsiones, secuestros, robos...), que ofrecido perdonar a quienes han convertido en modus vivendi recoger y comercializar combustibles -que son de la nación y no de los oportunistas que quieran apropiárselos-... a condición de que declaren haberlo hecho "por necesidad".

Curiosamente -grosera ironía del asunto-, al día siguiente de la amorosa prédica presidencial en ese sentido, una turba de vecinos se enfrentaba con los soldados que resguardaban tomas clandestinas… ¡porque les impedían recoger "su gasolina"!

El perdón tiene que ver con la moral; la aplicación irrestricta de la ley, con la justicia. Ese es el deber de un gobernante... y más si su principal compromiso con los ciudadanos fue precisamente el combate a la corrupción y la impunidad institucionalizadas. El gobernante, por tanto, abandona su papel, falta a su compromiso con los gobernados e incumple su protesta -pública y solemne, además- de "cumplir y hacer la Constitución y las leyes que de ella emanan", cuando se pronuncia por el perdón.

Eso no es bondad: eso es debilidad. Eso no es afán conciliador: eso es incompetencia para aplicar la ley... En síntesis, eso vale para un predicador de plazuela: no para un gobernante.

La recomendación del presidente López Obrador, de no criminalizar a las personas que "por necesidad" se han dedicado a ordeñar ductos de gasolina, invitaría, a golpe de vista, a aplaudir el gesto; a encomiar su buen corazón; a conceder que, aludiendo a la posibilidad de que, en acatamiento estricto a lo que las leyes establecen, se les procesara y sancionara con penas privativas de la libertad, "ningún ser humano merece un castigo así"...

Su declaración no tiene ese carácter, pero podría interpretarse como un indulto en grado de tentativa... El indulto, por definición, es la gracia por la que una autoridad remite una pena, o la conmuta. Indultar, pues, equivale a perdonar. Y aunque en México hay la creencia generalizada de que el Presidente tiene facultades omnímodas, las leyes establecen claramente los casos y circunstancias específicas en que el titular del poder ejecutivo puede, en efecto, decretar indultos. Esa potestad, por cierto, no aplica para delitos del orden común -como el robo, agravado por tratarse de hidrocarburos y porque esa práctica se ha convertido en una industria delincuencial a gran escala-, ni siquiera en nombre de la especie de cruzada que López Obrador ha emprendido contra el "huachicoleo".

Si se va a perdonar a todos los delincuentes que "por necesidad" han quebrantado las normas básicas de convivencia social, muchos ladrones y quizás algunos asesinos y secuestradores podrían solicitar ese gesto. Las leyes, sin embargo, establecen las penas como escarmiento para el delincuente y como advertencia para toda la sociedad. La lección, sobre todo si las leyes se aplicaran a un porcentaje razonable de delincuentes -no a una irrisoria minoría, como actualmente sucede-, debería ser que "el que la hace, la paga". Punto.

Lo peor de la amorosa declaración presidencial -magnífico ejemplo de cosas malas que parecen buenas- consiste en que no sólo los marginados sociales, los pobretones que han hecho del robo de gasolina su "modus vivendi", pueden refugiarse en el pretexto de que la necesidad los llevó a delinquir. Es probable que otro tanto pudieran decir los principales beneficiarios de esa práctica. Y que, aun en el caso de que así no fuera, la autoridad, hasta ahora -la mafia del poder de antes, los transformadores de ahora-, ha sido incapaz de atrapar, procesar y sancionar a uno solo de los "capos" de los cárteles que acaparan la mayor porción del pastel, y dejan las migajas a quienes roban "por necesidad".

¡Bonita justicia...!

Luego de la tragedia de Tlahuelilpan, en la que casi un centenar de personas perdieron la vida debido a la negligencia e impunidad relacionada con el robo de combustibles, el presidente López Obrador dijo que una de las políticas de su gobierno es no detener a aquellas personas que "se ven obligadas a cometer ilícitos".

Estoy de acuerdo con la caritativa política o filosofía, si la quieren ver así, de no castigar a quienes se ven obligados a robar para sobrevivir, pero no estoy de acuerdo en la forma como el presidente externa y aplica esta política, pues en mi opinión fomenta la impunidad e incita a la delincuencia.

Una cosa es robar para sobrevivir, robar por hambre (robo famélico) y otra muy distinta aprovecharse de una situación para saquear, así sea un bidón de gasolina o una pipa completa.

Que el propio Presidente de México diga que no va a perseguir a los que roban "por necesidad" es una invitación al caos, pues la única manera de saber si una persona roba por hambre o para sacar un provecho indebido es con un estudio socioeconómico de por medio.

Al respecto cabe mencionar algunos de los principios establecidos en la "Cartilla Moral" promovida por el propio Presidente que hablan de "la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor".

El Capítulo 8 de dicha Cartilla dice textualmente que "en la sociedad organizada en Estado, en gobierno con sus leyes propias, las sanciones contra las violaciones respectivas ya no se dejan a la mera opinión pública. Son verdaderos castigos: indemnización, multa, destitución, prisión... (...) Robar la propiedad ajena, aprovecharse de la administración de los bienes del Estado, dañar los bienes públicos, agredir o matar a un prójimo, reciben penas mayores...".

La manera correcta de no castigar a quien roba por "necesidad" es con la ley en la mano. 1o. deteniendo a todo aquel que roba, para que luego un juez analice los casos en los que sea posible condonar la pena con base en lo establecido en el Artículo 379 del Código Penal Federal que dice: "No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento".

Y en los casos aplicables, me gustaría saber que los jueces al momento de liberar a quienes se vieron en la penosa necesidad de robar los exhortan a no hacerlo de nuevo y a buscar medios de supervivencia lícitos.

Robar por necesidad es -guardada la proporción- como matar en defensa propia. Y aunque en casos especiales, robar y matar puede estar justificado, todos ricos y pobres debemos saber que son delitos, y que los atenuantes que pudiera haber (necesidad o defensa propia) dependen de la valoración de un juez.

La línea que divide un robo famélico de un simple y vulgar robo es muy fina, y es imposible que un policía o un soldado pueda determinar en el momento de un robo si éste es por necesidad o no.

La policía está para detener a quienes cometen delitos y los jueces para determinar las sanciones o exoneraciones que en derecho procedan.

Si la política punitiva que el presidente López Obrador quiere impulsar es la de no castigar a quienes roban por necesidad (lo cual ya está previsto en la ley), el mensaje que debe mandar a los ciudadanos y a la policía es que nadie de ellos es juez, que toda persona que sea sorprendida robando será consignada a las autoridades y jueces correspondientes, y si quiere y me parece bien que lo haga, recordarle a los jueces que pueden conforme a la ley condonar castigos cuando se trate de robos por necesidad, entendiendo por esto el conseguir una sola vez (para que no se haga costumbre) lo mínimo indispensable para la subsistencia personal y familiar.

Si AMLO no quiere combatir la violencia con violencia, me parece bien el intento, siempre y cuando tenga claro que habrá ocasiones en las que con los protocolos adecuados el uso de la fuerza pública es necesaria y que la corrupción y la comisión de delitos no se pueden combatir con impunidad.

Paco Calderón
(23 de enero de 2019).

Gertz Manero debe trabajar a toda prisa: deslindar responsabilidades, brindar certeza jurídica y además, darle a los mexicanos (los que apoyan al presidente y los que no) elementos para percibir que todo lo que está pasando se justifica porque al final, Pemex quedará limpio de corruptos y los que se enriquecieron con el patrimonio nacional, serán sancionados.

Era difícil esperar que la declaración del flamante fiscal general, Alejandro Gertz Manero, consiguiera un espacio relevante en las primeras planas:

-La investigación (sobre la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo) se centrará en perseguir a quien causó la tragedia, y no en victimizar a las comunidades...

Habrá que ir por partes...

Encontrar la verdad oculta entre las mil hipótesis acerca de qué pudo haber causado la fatídica explosión, se antoja materialmente imposible... Hay quien asegura que alguno de los mismos vecinos que salieron a recoger la gasolina que manaba a chorros del ducto perforado, quiso encender un cigarro y ocasionó el estallido. ¿Quién podría identificarlo? ¿No es lo más probable que él mismo y los eventuales testigos de su imprudencia hubieran sido las primeras víctimas fatales de la explosión?... Hay quien apunta que la fricción de una prenda de ropa de poliéster pudo producir la chispa que desató el infierno...

La tragedia, pues, pudo ser causada por la misma multitud, incontenible para las decenas de militares que se apersonaron en el lugar. O por quien perforó el ducto... La tragedia, sin embargo, fue causada, en el fondo, por quienes hace años discurrieron ese ramo de industria: el huachicoleo. Pero fue causada, principalmente, por quienes, algunos por negligencia, otros por incompetencia, algunos más por complicidad, no sólo toleraron o solaparon esa práctica, sino la hicieron crecer.

Los verdaderos causantes de esta desgracia nunca serán identificados. El episodio, fatalmente, pasará a la historia como un capítulo más en que la vocación de la chusma por la rapiña, la corrupción gubernamental y la impunidad, caminan de la mano.

Si el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y restaurar el Estado de Derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su 1a. marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de pobladores de la zona por diversos delitos, así como también contra los mandos militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.

El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval dijo el sábado que cuando el Ejército llegó al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula el viernes, intentó alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma, las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía Federal -llegó primero la prensa que ellos-, fueron testigos de la explosión y las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del general es una confesión de culpa: tiene desplegados a 10,000 soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque "estaban rebasados". Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia en una situación de alto riesgo, es imperdonable.

Los mandos militares y policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos -al saber que violaban la ley- por acción u omisión de facultades y atribuciones comprendidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso 1, que ordena "cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio", y el inciso 2, que obliga a "“abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público".

En el caso de las personas que robaron combustible -llevar bidones habla de premeditación-, incurrieron en una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia. Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.

Estos 2 últimos párrafos se refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El gobierno federal, se puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto a 124 kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para evitar un conflicto con la población. Para el gobierno del presidente López Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.

Por años, la izquierda en México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.

Apenas hace 8 días, cuando habló del desabasto de gasolina, el presidente dijo que se trataba de "un asunto transitorio" provocado por los "traviesos" que roban el combustible, y pidió a la población no fomentar el robo y la corrupción. "Hay gente que se está portando muy bien", dijo en otro momento, "pero quiero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!".

Tlahuelilpan demostró lo falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un trabajo de educación cívica que bien hecho demorará cuando menos una generación en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da mediante la eliminación de los incentivos para ser malo aunque se le tilde de pueblo bueno.

En México los incentivos inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su intención por restablecer el Estado de Derecho, si aplica la ley en este caso, y utiliza -no lucra- la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar, cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.

La inédita cruzada contra el robo de combustibles que se enquistó por décadas en nuestro país debe continuar como ya lo expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora está obligado a que su gobierno, además de resolver ya la peor crisis de desabasto de combustible, pueda controlar de mejor forma a las decenas de comunidades que viven del huachicoleo, como quedó claramente demostrado en las imágenes de centenas de hombres, mujeres y menores con bidones y recipientes varios robándose la gasolina del ducto pinchado horas antes de la explosión.

Para lograr este objetivo, que evite que se repita una conflagración mortal como la de Tlahuelilpan, será necesario mucho más que el recorrido y las asambleas que iniciará mañana el presidente por las comunidades aledañas al ducto Tuxpan-Azcapotzalco, para invitarlos a no exponerse a los riesgos físicos y jurídicos que implican las tomas clandestinas de los ductos de Pemex, y a cambiar lo que ganan con esta ilícita actividad por los apoyos que les dará con los programas sociales.

Además de la prédica, el gobierno federal, junto con las autoridades estatales y municipales, deben ajustar los procedimientos de acción para enfrentar casos como el del viernes que bien pudieran tratarse de familias azuzadas por bandas delincuenciales como respuesta a la cruzada antihuachicol de López Obrador.

Si nadie debe estar por encima de la Ley, las autoridades están obligadas constitucionalmente a mantener el orden con el uso legal y legítimo de la fuerza pública. Incumplir con esta atribución legal, porque el Gobierno de la Cuarta Transformación no "reprime" ni "confronta" al pueblo bueno, aparte de ser un estímulo para que se repitan estos desafíos masivos a la autoridad, que quedó solamente como testigo del saqueo, abre la posibilidad de que este tipo de tragedias se repitan.

No nos engañemos, el responsable es el crimen organizado y la guerra que ha desatado aparentemente en contra del gobierno federal, pero en realidad en contra de la sociedad en su conjunto. Los huachicoleros no solo sabotean los ductos para provocar desabasto en las ciudades y desencadenar la indignación de los habitantes en contra de la campaña que el gobierno ha puesto en marcha; además usan a la población literalmente como carne de cañón para encarecer los saldos de esta guerra.

Lo de Tlahuelilpan es un ejemplo típico de esta estrategia. Una perforación con la consiguiente fuga y una convocatoria a la población para que acuda a la rapiña. Un crimen tan astuto como cobarde. Buscar ahora otros responsables no hace sino seguirle el juego a este perverso montaje.

El crimen organizado es resultado de la impunidad que se ha instalado en la vida pública en México; la ausencia de Estado de Derecho y la corrupción de las policías han prohijado el surgimiento de poderosos sindicatos dedicados a la delincuencia. Pero en el huachicoleo existe un factor adicional: la extendida cultura de rapiña entre la población.

No solo me refiero al hecho de que acudan a recolectar combustible en una fuga para apropiarse de un bien público o el saqueo y descarrilamiento cada vez más frecuente de vagones de trenes con cereales, camiones con vacas o televisores de una tienda de cristales rotos. Robos en los que participan comunidades completas y recuerdan las escenas que solo habían sido vistas en películas apocalípticas o en emergencias límite provocadas por un desastre natural. Por lo general tales escenas, en las películas de ficción, sobrevienen cuando el orden social se colapsa y las instituciones del Estado dejan de operar, trátese de una invasión de zombis, de alienígenas o un sismo catastrófico.

Por desgracia en México la rapiña comunitaria, por así decirlo, es una imagen cada vez más frecuente en los noticieros y en las redes sociales. Podríamos pensar que es el reflejo de un colapso en las instituciones, pero por desgracia va mucho más allá de eso. La gente roba los bienes públicos (y los privados cuando puede hacerlo impunemente) no solo porque no hay un orden legítimo que se los impida, sino porque asume que los de arriba, los ricos, los políticos, los empresarios, hacen lo mismo. El hombre que llena su bidón de los charcos que rodean a una fuga asume que tiene tanto o más derecho que el funcionario de Pemex que los escamotea a gran escala o que el empresario gasolinero que vende litros recortados.

En las comunidades cercanas a los lugares en los que hay robo de combustible se ha generado una actitud de tolerancia o incluso complicidad con los criminales que realizan dicho robo. Y desde luego hay un desprecio a la autoridad. Por eso, los exhortos verbales de los soldados a que la gente se retirara fueron inútiles el viernes. Las crónicas describen a una comunidad regocijada por la oportunidad de sustraer combustible. Vaya, no se trataba de los huachicoleros, sino de un grupo de personas que quería aprovechar el daño al ducto para sustraer algunos litros de gasolina. La tarea del gobierno no sólo debe ser el crear oportunidades económicas para esas poblaciones, sino que se debe reconstruir el respeto a las leyes.

Estamos padeciendo un paradigma que es una de las causas de toda esta confusión de mandos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha metido en la cabeza que "La fuerza pública no puede aplicar la fuerza, porque va en contra de los derechos humanos".

Y gracias a esta brillante política humanista, se respetan los derechos humanos de los malos quienes violan los derechos humanos de los buenos...

Casi todos los paradigmas son medio idiotas, pero específicamente éste de la CNDH, de veras que se pasa...

Pero una cosa es que los de la CNDH no sean muy brillantes, y otra es que los gobernantes les sigan la corriente.

A ver, señores gobernantes: la única razón de que los ciudadanos paguemos miles de millones de pesos mensuales para tener un cuerpo policiaco, un ejercito y un sistema judicial carísimos, es que los ciudadanos estemos protegidos de los malos, por un ejército de buenos que sea mucho más poderosos que ellos. Una fuerza que los capture y los liquide, obviamente mediante un protocolo: primero hablándoles bonito al oído, si no hacen caso, con un buen golpe en donde más les duela, y si aún así no entienden, con un balazo entre la ceja izquierda y la oreja derecha.

O sea, utilizando la fuerza. Porque para eso son la fuerza pública...

¿Cómo es posible que antier, en la tragedia de Tlahuelilpan, el Ejército y la policía hayan estado presentes y perfectamente pertrechados solo observando el robo descarado de gasolina que estaban llevando a cabo 800 ladrones, y sus altos mandos les hayan dado orden de no intervenir y permitir el robo en sus propias narices, porque así lo demanda la misericordiosa CNDH?

¿Y cómo que por qué? Es que eran pobres... ¡Siiii!. Pero eran ¡ladrones!

La falta de educación, la falta de dinero y la falta de criterio no pueden ser pretextos para no cumplir la ley. Y la ley dice (si no es que ya la cambiaron los diputados del Morena) que robar es un delito y que si alguien es sorprendido in fraganti robando, puede ser arrestado por la fuerza pública. Y si se resiste, doblegarlo por la fuerza.

Por eso se llama fuerza pública... Y precisamente ese es su único motivo de existir.

Mientras el gobierno actual no se ponga los pantalones, y con hechos nos demuestre que no hizo pacto de impunidad con las mafias que nos gobernaron, AMLO está en peligro de perder la confianza de muchos que creyeron en él; aunque sus voceros en redes digan que su popularidad ha crecido gracias a sus sabias decisiones.

La petición de muchas voces reales, es que los ladrones que nos han gobernado, los jueces que han soltado a los pocos que han agarrado, y los burócratas que les han ayudado a lavar lo que descaradamente han sustraído sean aprehendidos y castigados, pero 1o. que nos devuelvan lo que se robaron, 2o. que los metan a la cárcel, y 3o. que no tengan ningún privilegio porque están enfermitos de los nervios y la depresión (Maestra y Granier dixit).

México estaría mucho mejor si la CNDH, en lugar de proteger a los delincuentes, nos protegiera a los ciudadanos de los ataques de todas la mafias, oficiales y privadas, que existen ahora.

Y que respaldara la idea de que la fuerza pública es necesaria y tiene todo el derecho de aplicar la fuerza contra los ladrones.

La corrupción, ciertamente, ha sido, para mal, el signo más característico de la generalidad de los gobiernos que los habitantes de este país han padecido desde tiempo inmemorial. El anecdotario, a ese respecto, es por demás vasto. Pocos gobernantes, pocos funcionarios "de 1er. nivel", de niveles modestos, e incluso pocos militantes en las infanterías de la burocracia, están, en ese aspecto, libres de pecado. La "mordida", las "gratificaciones", los "moches" -porcentajes de los presupuestos para obra pública, otorgados a funcionarios a cambio de las correspondientes asignaciones-, etc., inconcebibles, inauditos, inadmisibles en otras culturas, parecen parte del ADN de la "Raza de Bronce". Si en otros países la incorruptibilidad es la regla, en México sería la excepción.

Concretamente: ayer, en un nuevo capítulo del tema por antonomasia de los últimos días -la lucha contra el huachicoleo-, hubo información: 435 personas detenidas, en lo que va de la actual administración, por robo de hidrocarburos; el Ministerio Público federal ha "asegurado" a 435 personas y abierto, por ese concepto, 1,831 carpetas de investigación; 97 de ellas ya se han judicializado; 165 personas han sido puestas a disposición de las autoridades; 104 ya están sometidas a proceso; 45 más, en prisión preventiva...

Con cifras diferentes, pero esa película "ya la vimos". En esencia, se están reeditando sucesos ocurridos en los 2 sexenios anteriores. También entonces hubo "enérgicos operativos" con resultados similares… pero que no culminaron con sentencias porque el delito que ahora se persigue denodadamente, entonces no estaba calificado como grave. De ahí que los indiciados -en palabras de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero- llegaban a la "puerta giratoria" de la cárcel, por la que salían con la misma facilidad con que habían entrado.

Y es que, más que la corrupción, el mayor problema de este país ha sido el que en buena medida la propicia: la impunidad.

El combate a la corrupción se ha manejado más como tema de campaña política que como una acción verdadera. Se legisló abundantemente sobre el combate a la corrupción pero los encargados de aplicar las leyes posponen su ejecución porque muchos son parte del problema.

El operativo para frenar el robo de combustibles, hasta hoy no ha producido ningún detenido. La forma en que se implementó está causando estragos en la población y pérdidas millonarias a empresas por desabasto y ausentismo. En la parte que nos toca del costo del combate a la corrupción ya lo estamos pagando.

Al parecer faltó logística para evitar el daño colateral a la población, las acciones pudieron haberse hecho mejor pero no podía advertirse porque se perdía el factor sorpresa. La cantidad de delincuentes que están involucrados en este mega robo es enorme y no es posible emprender una cacería de brujas pero sí debe castigarse a los principales culpables, sean funcionarios de Pemex u operadores de cadenas de gasolineras.

Sorprende la cantidad de vehículos decomisados a los huachicoleros, sólo en Guanajuato hay un depósito de más de 400 vehículos. Es decir, ya lleva tiempo el operativo contra el robo de combustible pero no se había dado a conocer.

Pemex llegó a ser la 11a. empresa petrolera más grande del mundo, pero el crimen organizado al más alto nivel, estuvo a punto de acabar con ella. Además, nos la dejan con una deuda de 103,000 millones de dólares.

El grueso de la información gubernamental del robo de combustible se ha dedicado a los ductos y a quienes los pican para extraer la gasolina. En las conferencias mañaneras del presidente se ha hecho sobre todo hincapié en que si se cerraron tales ductos, que si ya se abrió tal pero lo volvieron a "sabotear" y lo tuvieron que cerrar de nuevo, etc. En muchísima menor medida han aparecido por ahí las carpetas de investigación abiertas, las gasolineras coludidas, los miles de millones de pesos lavados en el sistema financiero, la evasión de impuestos.

Sin embargo, lo que nos dicen los especialistas que han estudiado a fondo el fenómeno es que si atendemos a experiencias internacionales, porque el huachicoleo ha sido un problema para muchos países del mundo, una de las estrategias más eficaces para combatirlo no ha tenido que ver tanto con los ductos como con la ruta del dinero:

Con los sistemas de información que tienen Pemex, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera se pueden cruzar datos y rápidamente concluir -al detectar las diferencias entre combustible recibido, ventas e ingresos reportados- qué gasolineras podrían estar comprando combustible robado. Aparentemente el SAT ya identificó a 194.

Un cruce de datos financieros es mucho más sencillo que vigilar miles de kilómetros de ductos. El actual gobierno ha informado que se dedicarán 5,000 militares a los 1,600 kilómetros de ductos más huachicoleados. Considerando que los elementos no pueden estar despiertos las 24 horas y por lo menos tienen que descansar un día, toca como de a un soldado cada 700 metros. Tome en cuenta que muchos ductos están escondidos en la sierra, en sitios de difícil acceso. Por eso soy de los que opinan que funciona mejor cerrar los ductos del dinero que los de gasolina.

Y si a ese mensaje hacia afuera se suma un mensaje hacia adentro de Pemex, con la detención y sujeción a proceso de los funcionarios que permitieron que el problema escalara hasta estos insoportables niveles de asalto, para que a nadie se le ocurra aliarse con los huachicoleros, el presidente podría dar enormes zancadas para resolver el problema, y quizá con un menor sacrificio para los ciudadanos y la economía. Por eso soy de los que opinan que hay que presentar a los culpables de este saqueo.

Tanto el sábado 12 como el domingo 13 de enero estuvieron tomadas las casetas de cobro de la autopista escénica de Tijuana a Ensenada. Un grupo de activistas había desplazado a los trabajadores y cobraba aportaciones a los automovilistas.

No es la 1a. vez que veo que esto ocurre. El 3 y 4 de noviembre de 2018, cuando también utilicé esa carretera, las casetas estaban también tomadas y el grupo que las había ocupado cobraba igualmente dinero. Tras preguntar a los residentes, me dijeron que esto está ocurriendo todos los fines de semana. Es un saqueo sistemático de Caminos y Puentes Federales de Ingreso, Capufe, una empresa pública, y por lo tanto del erario.

En el trayecto México-Acapulco se ha hecho también común que grupos de activistas, particularmente maestros de la CNTE o normalistas de Ayotzinapa, tomen las casetas y cobren el peaje o pidan aportaciones voluntarias. De esta manera financian sus actividades políticas y también sus gastos personales.

Capufe no informa de manera constante acerca de las pérdidas por las tomas de casetas, pero las cifras que se conocen son multimillonarias. En 2014, en un informe llamado "Toma de instalaciones 2014", la dependencia reportó haber tenido pérdidas por 192 millones de pesos, pero solo en 65 días, del 27 de septiembre al 30 de noviembre, por 385 tomas de casetas, con el 77.6% en Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal. Esta forma de robo al erario parece haberse multiplicado en los últimos años debido a la impunidad. No hay información de que una sola persona haya sido castigada por tomar casetas o robarse el dinero que debería recaudarse en peajes.

No es este el único caso en el que el robo al erario es permitido o incluso promovido por grupos cercanos al poder. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) informó que las pérdidas no técnicas de electricidad en 2017 ascendieron a 30,325 millones de pesos. La mayor parte de este monto son robos y en este caso tampoco se sabe que se hayan aplicado sanciones.

Todo lo contrario. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña electoral que condonaría la deuda de quienes dejaron de pagar la luz en su estado de Tabasco a instancias de su propio movimiento político. Ya como presidente electo, en octubre de 2018, dijo en Villahermosa: "Borrón y cuenta nueva en el caso de la luz. No va a haber deuda, pero sí les pido que para adelante hay que cumplir. ¿De acuerdo?... Porque si no, nos desacompletamos...". Se ha calculado que este borrón y cuenta nueva le costará a la Comisión Federal de Electricidad, otra empresa pública, y al erario, unos 43,000 millones de pesos.

El presidente López Obrador ha agradecido a los mexicanos su apoyo en la lucha contra el robo de combustible. En un video declaró este pasado fin de semana: "Muchas gracias de todo corazón por apoyarnos en la lucha del robo contra combustibles. Es una ilegalidad, una inmoralidad, un acto de corrupción que teníamos que enfrentar". El mandatario ha pedido también a los ciudadanos que no compren combustible robado.

Nadie puede estar en desacuerdo. Hay que acabar con el robo al erario. Por eso es importante que realmente sean detenidos y sancionados los responsables del robo de combustible, pero también los que roban electricidad y los que toman casetas de cobro para embolsarse los peajes. Estos robos también son una ilegalidad, una inmoralidad, un acto de corrupción.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace anuncios mochos. Salen a dar ruedas de prensa en donde abunda la retórica y escasea la información. Dan "buenas noticias" que luego generan más dudas. Y en esta ocasión no estamos hablando del robo de combustibles, sino de algo acaso más delicado, como es la justicia en los casos de los llamados "presos políticos".

La información sobre la libertad a "presos políticos" se ha dado en al menos 2 momentos de los últimos días. A partir del 28 de diciembre se supo que algunos "presos políticos" habían obtenido su libertad. Notas de prensa y algunos mensajes en la red social de Twitter dieron cuenta la salida de la cárcel, en concreto, de algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca.

"Con esperanza y ánimo recibimos la noticia de la liberación de compañeros y compañeras de la CNTE, entre ellos Leonel Manzano, Sara Altamirano. Queremos un México sin presos políticos ni personas encarceladas injustamente", publicó en Twitter el día de los inocentes la senadora Nestora Salgado.

Esa información fue retomada este martes en la conferencia mañanera de López Obrador. Ahí, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dio cuenta de que son 16 los "presos políticos" que la actual administración ha liberado ya. La funcionaria agregó que revisan los casos de otras 368 personas en la misma situación. Y poco más dijo. Cuando le preguntaron cuántas mujeres y cuántos hombres estaban en esas listas, dijo no traer el dato. Lo que sí reconoció es que algunos de los liberados son de la CNTE. Pero no ofreció detalle alguno. Ni nombres ni circunstancia de los detenidos, nada. Argumentó que debían cuidar los riesgos que estas personas corrían.

¿La sociedad mexicana debería estar de plácemes porque este gobierno se ha comprometido -y ha iniciado desde su 1er. mes- a liberar a todas aquellas personas que injustamente han sido encarceladas por sus ideas o su activismo? La respuesta correcta es "depende".

Depende de que la ciudadanía tenga la información suficiente para hacerse una idea de a quién está liberando este gobierno, bajo qué esquemas legales ha logrado esas excarcelaciones, cómo se llegó a tener esa lista y por qué se han dado prioridad a unos sobre otros. Depende de eso y de otras cosas.

Depende sobre todo de que cada quien tenga los elementos para hacerse por sí mismo un juicio sobre si damos por bueno que el gobierno encontró que estas personas fueron encarceladas injustamente, quién pagará por esos abusos, a quién se procesará por esas violaciones a la ley, quién ordenó tales persecuciones, qué funcionarios fabricaron casos o cargos... un alud de preguntas que ha dejado sin respuesta la secretaria Cordero.

"Estuve 5 años y 7 meses preso sin una sentencia. El nuevo gobierno llegó el 1 de diciembre y en 26 días se nos abrió el camino a la libertad", dijo Leonel Manzano Sosa, de la CNTE de Oaxaca.

Manzano Sosa en efecto llevaba ese tiempo detenido. Está acusado, con otros integrantes de la CNTE, del secuestro de 2 menores de edad en 2013, caso que tuvo notoriedad porque se trataba de sobrinos del líder empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani.

Diversos organismos de derechos humanos denunciaron que en ese caso se abusó de los detenidos. La CNTE argumentó que les fabricaron crímenes por oponerse a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. En su momento, la acusación fue defendida por Eduardo Sánchez, el vocero del ex mandatario que en aquel tiempo fungía como subsecretario de Gobernación. ¿Entonces? ¿Sí perpetraron el secuestro, pero les violaron el debido proceso y por eso el ministerio público se desiste? ¿O si el rapto no lo hicieron ellos, quién lo hizo, y cuándo va a pagar? ¿O la liberación fue por una negociación política con la CNTE?

La secretaria Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, ha escamoteado la información de este caso y de las otras liberaciones.

Y es que si se trata de proteger el derecho a la presunción de inocencia, es decir, si estamos hablando de encarcelados que no habían recibido sentencia, podrían darse a conocer datos desagregados de cada expediente.

Si se trata de protegerlos de represalias, o si la vida de los liberados corre riesgo, entonces cabe preguntarse si ya fueron inscritos en el mecanismo de protección de la propia Segob.

Pero no sabemos nada. No sabemos ni de qué estado son los liberados, si todos estaban sin recibir sentencia, o la etapa procesal en que se encontraban, o si un juez intervino para revocar alguna sentencia. Nada.

Y lo peor, si la opacidad de la secretaria, si su discrecionalidad impera, los mexicanos serán marginados de uno de los elementos más importantes cuando estos procesos de liberación de presos políticos ocurren: aprender de las graves injusticias para corregir y sobre todo para no repetir.

¿Estamos ante una buena noticia con la liberación de los "presos políticos"? Como dicen en mi tierra: saaaabe.

Hace 5 años que en México venimos discutiendo la urgencia de tener una Fiscalía General de la República que dé resultados. Necesitamos una Fiscalía autónoma e independiente, que transforme a la PGR en una institución transparente y eficaz. Hoy la PGR no le sirve a nadie que busque hacer valer el Estado de Derecho. Es incapaz, está podrida.

En octubre de 2016 un amplio y plural grupo de personas de la sociedad civil, empresarios, académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos y otras, publicó un desplegado en el que urgían al entonces presidente Peña Nieto a reformar la Constitución y crear una Fiscalía sin los vicios de la Procuraduría. Una Fiscalía "desde cero".

Peña Nieto y el PRI se equivocaron y no actuaron en ese momento, cuando debían, para hacer las reformas y definir un proceso de nombramiento distinto del fiscal, así como un mejor diseño institucional. Ante el terror de un fiscal probo e independiente, que los pudiera perseguir, Peña y el PRI optaron por patear el asunto y dejar un encargado de despacho tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Hoy en la 4T se tiene la posibilidad de construir un mecanismo de selección del futuro fiscal que sea transparente, con reglas claras y serio, que abone a la fortaleza y la legitimidad de esta nueva institución. En ese sentido se han pronunciado la CNDH, la CIDH, #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás y el Observatorio Designaciones Públicas en su lucha incansable contra la impunidad.

El Senado tiene todavía la posibilidad de mejorar el proceso que publicó en la convocatoria del 20 de diciembre. Es indispensable que los senadores no escatimen ningún esfuerzo por que la elección del fiscal general de la República esté a la altura de la transformación que el país exige y que responda al mérito, a la honorabilidad y a la trayectoria de quien sea designado. Trabajar de la mano y con el acompañamiento de la sociedad civil es una de las mejores maneras de garantizar que así sea.

México no debe vivir como un estado de guerra. Nuestro Estado ya no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos. Algo extraño ocurre con el derecho penal y es función de la Corte corregirlo.

A pesar de su discurso de "refundación" del estado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, terminó compartiendo la misma noción de la violencia organizada que padecemos en la entidad con el viejo discurso de que "se matan entre ellos".

Si uno revisa información oficial sobre el trabajo de investigación de homicidios intencionales en la Fiscalía de Jalisco, la afirmación de Enrique Alfaro no puede tener sustento, dado que apenas se consigna y detiene a 8% de homicidas intencionales, por lo que la mayoría de los crímenes violentos no se sabe a ciencia cierta cómo o por qué ocurrieron. Entre enero y junio de 2018 se abrieron 699 carpetas de investigación, de las cuales apenas 133 terminaron con un detenido y del total de crímenes sólo se dictó sentencia contra 3 personas. En 2017 hubo 1,369 carpetas de investigación por homicidio doloso y sólo 112 terminaron con la consignación del detenido (8%). Los niveles de impunidad son mayúsculos.

La declaración de Alfaro apuntala la narrativa de que vivimos una violencia entre bandas del crimen organizado, lo que deja mal parado a un gobierno que no puede contenerlos.

De acuerdo: los delincuentes, en palabras del gobernador Enrique Alfaro, "se están matando entre ellos"; es impropio, por tanto, saltar de las estadísticas del año recién pasado, que consignan que en Guadalajara y municipios conurbados se perpetran, en promedio, 5 asesinatos diarios, a la conclusión de que los tapatíos viven en "un ambiente de zozobra y miedo" por el temor de que cualquiera, mañana o pasado, pueda ser alcanzado por una bala.

Sin embargo tampoco significa que las autoridades encargadas, hipotéticamente, de investigar los delitos y, en consecuencia, de identificar, aprehender y procesar a sus autores, estén haciendo la tarea. No por el hecho de que las víctimas de esos crímenes sean asimismo presuntos delincuentes, habrá que suscribirse al fácil expediente de declarar que, después de todo, "ellos se lo buscaron"; ni los organismos teóricamente encargados de la procuración de la justicia pueden lavarse las manos, refugiándose en la falsa premisa de que no les corresponde indagar para dar con los autores de esos delitos... No porque sean delincuentes habituales o porque sus crímenes puedan calificarse genéricamente como "ajustes de cuentas" entre malhechores, las autoridades quedan exentas de la obligación de esforzarse por esclarecer esos episodios y por aplicar la ley: algo que sólo excepcionalmente ocurre.

Por supuesto, no se pretende que las autoridades realicen una labor preventiva tan eficiente que consigan reducir en breve los índices de criminalidad vigentes. Lo exigible, en todo caso, es no incurrir en generalizaciones. Es probable que muchos, acaso la mayoría de los delitos de ese tipo, sean "ajustes de cuentas" entre rufianes... pero es insostenible que todos los sean. Es justo, por tanto, demandar que los deudos de las víctimas y la sociedad en general tengan una noción más clara de la etiología de los crímenes. Es justo asimismo exigir que, en cualquier caso, los niveles de eficiencia en la investigación se incrementen y los de impunidad se reduzcan.

Por lo demás, aun admitiendo que los afanes de la autoridad se orientan a tratar de reducir los delitos del orden patrimonial -robos a personas y domicilios o negocios, robos de automóviles, etc.-, los niveles de eficiencia, sobre todo si se considera que son muchos más los delitos que se cometen que los que se denuncian, tampoco son de presumir.

El fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó la noche de ayer que Marciano "N", presunto asesino de la niña Camila, de 9 años, fue detenido por elementos de la corporación mexiquense.

En tanto, el edil de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, denunciará a 4 habitantes -2 hombres y 2 mujeres- que las cámaras del Centro de Mando policial identificaron como los incitadores de los disturbios del miércoles.

Se les acusará de daños en bienes, pues 10 viviendas tuvieron daños por los intentos de vecinos de detener al supuesto asesino de Camila.

Además, se les imputará el delito de lesiones por la fractura y golpes que sufrió un joven de 17 años a quien varios residentes persiguieron porque lo confundieron con Marciano "N".

En las últimas décadas, los traficantes de personas, conocidos en un inicio como "polleros" (o también denominados "coyotes"), han sido considerados como un mal necesario por parte de las organizaciones defensoras de migrantes. Los polleros actúan de manera ilegal, pero aparentemente por una buena causa: ayudar a los migrantes a llegar a su destino y alcanzar una vida mejor. Los activistas pro-migrantes, que incluyen algunos grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos, no solamente aparentan no darse cuenta de las violaciones a la ley, sino que de manera sistemática han ampliado sus redes de apoyo (y credibilidad) hacia los migrantes que son traficados, así como a quienes los trafican, considerándolos como una especie de "Robin Hoods". En lo que antes parecía un matrimonio arreglado por conveniencia para un noble propósito, los contrabandistas de personas han operado mano con mano con los grupos defensores de derechos humanos a lo largo de los corredores migratorios de México.

Aunque esta dinámica pareciera haber comenzado de manera inocente, en los últimos 10 años el negocio del tráfico humano ha cambiado dramáticamente y se ha convertido en una verdadera empresa criminal. A medida que las condiciones de seguridad mejoran en el lado estadounidense de la frontera México-Estados Unidos y al ser mucho más difícil ingresar a la Unión Americana de manera legal, las cuotas cobradas por los traficantes de personas se han incrementado de forma exponencial.

A medida que se elevan visiblemente las ganancias generadas por el tráfico humano, los grupos criminales que operan a lo largo de las rutas migratorias -incluidos aquellos dedicados al trasiego de drogas, así como autoridades corruptas- se transforman en actores clave y el tráfico de personas se convierte en uno de sus negocios más lucrativos. El estereotipo de los "polleros" tradicionales -que realizaban principalmente operaciones a pequeña escala- dio paso al terror de la trata de personas perpetrado por el crimen organizado. Hoy en día, grupos criminales en la frontera son cotidianamente responsables de extorsiones, secuestros, violaciones y asaltos a los migrantes que realizan el arduo viaje hacia el norte. En este nuevo contexto, a las organizaciones de derechos humanos y a los grupos religiosos pro-migrantes les debe resultar imposible negar de manera creíble estos abusos.

Esta naturaleza alterada del negocio de contrabando de personas y los abusos contra los derechos humanos que le acompañan explican, en parte, el aumento de las caravanas. Los migrantes se sintieron atraídos por el movimiento "en masa", para así evitar los pagos exorbitantes a los traficantes de personas y los enormes peligros asociados al viaje. Iniciadas en un primer momento por organizadores comunitarios en Honduras, las caravanas crecieron de manera orgánica y espontánea. Sin embargo, cuando llegaron a México, algunos grupos que se autodenominan defensores de migrantes -particularmente Pueblo Sin Fronteras- asumieron un rol protagonista en la organización del movimiento, gestión de fondos y manejo de logística para transportar a alrededor de 10,000 migrantes a la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México. Sufriendo una notable transformación, los activistas y defensores de migrantes se convirtieron, en cierta forma, en traficantes de personas que guiaron a víctimas de miseria y violencia hacia el callejón sin salida de la ilegalidad y la desesperación.

La verdad incómoda es que los resultados de la caravana han sido desastrosos, tanto para los migrantes como para los grupos que supuestamente les defienden. Los migrantes y activistas que buscaban una confrontación con la administración Trump lograron su objetivo. Sin embargo, al hacerlo, otorgaron al presidente una victoria real en la frontera durante una coyuntura política crucial: las elecciones intermedias en EE.UU.

Ha quedado claro que las organizaciones que facilitaron la llegada de la caravana a Tijuana no han logrado obtener beneficios para los migrantes. Al contrario, los migrantes han sido explotados como peones políticos y han quedado indefensos en el invierno en una ciudad cada vez más hostil.

Es poco probable que, en este punto, los responsables sean llamados a rendir cuentas por los resultados insatisfactorios, y mucho menos, por los delitos de tráfico humano que implicaron sus acciones. Sin embargo, tal vez se presente una oportunidad para un cálculo que reconsidere la alianza impía y tácita que ha existido entre los traficantes de personas por un lado, y los defensores de derechos humanos y de migrantes, por otro.

Habitantes se enfrentaron a golpes con autoridades de San Martín Texmelucan, Puebla, luego que lo pobladores furiosos reclamaron que una patrulla se pasó un alto y atropelló a 2 personas, causando la muerte de un menor de edad.

Según testigos, las unidades realizaban recorridos por calles de la zona centro del municipio, cuando en la esquina de 16 de septiembre y Florencio Espinoza una patrulla se pasó la luz roja sin percatarse que una madre con su hijo pasaban la calle.

La mamá del menor fue herida de gravedad y el joven perdió la vida minutos más tarde en un hospital de la zona debido al accidente.

El hecho causó molestia de comerciantes y vecinos de la zona quienes difundieron en redes sociales algunos videos del momento de la quema de al menos 2 patrullas y 2 motocicletas.

Gabriela Ratia, vocera del Ayuntamiento de Texmelucan señaló que investigan a los policías que viajaban a bordo de la patrulla, pero que hasta el momento no existen detenidos.