Durante la tarde de este domingo, pasajeros de la terminal aérea de Chihuahua, tomaron el mostrador de la empresa Interjet y bloquearon el filtro de seguridad de otras aerolíneas; con el fin de protestar por los retrasos en los vuelos con destino a la Ciudad de México.
Los usuarios acusaron a Interjet de no responder, por lo que exigen sean enviados en avión este mismo día.
El bloqueo en otras líneas provocó conatos de peleas con pasajeros de los demás vuelos.
Algunos de los usuarios afirmaron que los retrasos los han tenido varados en el aeropuerto de Chihuahua desde el sábado.
Añadieron que una mujer que se identificó como gerente de la aerolínea les había informado que será hasta el lunes que se les pueda resolver.
Los inconformes pidieron solución con gritos como: "Me canso ganso, queremos el avión"; además amenazaron con extender la protesta a otras áreas del aeropuerto.
(V.MSN Noticias del 31 de diciembre de 2018).Maestros jubilados de Hidalgo realizan un megabloqueo en al menos 15 puntos carreteros de toda la entidad en demanda de que el gobierno estatal cumpla con la entrega de un bono anual por 6,500 pesos, dinero que señalan las autoridades estatales, suma 100 millones de pesos y con el que no se cuenta.
La toma de carreteras afecta las vías México-Pachuca, México-Pirámides, México-Tampico, Ixmiquilpan, México-Laredo, Pachuca-Tulancingo, Actopan, Mixquiahuala Real del Monte, Álamo-Tamazunchale, Tula, Corredor de la Montaña, Arco Norte, así como las carreteras en Mixquiahuala, Progreso, Tepatepec.
Los trabajadores jubilados y pensionados del SNTE señalaron que son alrededor de 14,000 jubilados los afectados a quienes no se les ha entregado el bono de fin de año.
(V.periódico El Universal en línea del 21 de diciembre de 2018).Es difícil aproximarse a la noción estado policial porque al final del día es una forma de "Estado de Derecho", ya que antes del estado constitucional -del cual nos estamos apartando-, "se establecía como fundamento del Estado de derecho la exigencia de que el el propio Estado 'fije y determine exactamente los cauces y límites de su actividad, así como la esfera de libertad de los ciudadanos conforme a derecho (in der weise des Rechts)' (…) Con un concepto tal de Estado de Derecho [propio de los regímenes totalitarios], carente de contenidos, se producía, sin embargo, un vaciamiento que omitía lo que desde el punto de vista propiamente político-constitucional era, en cambio, fundamental, esto es, las funciones y los fines del Estado y la naturaleza de la ley. (...) Al final todos los 'estados' por cuanto situaciones dotadas de un orden jurídico habrían debido llamarse genéricamente 'de derecho'. Llegaba a ser irrelevante que la ley impuesta se resolviere en medidas personales, concretas y retroactivas; que se la hiciere coincidir con la voluntad del Führer, de un Soviet de trabajadores o de cámaras sin libertades políticas, en lugar de un parlamento libre; que la función desempeñada por el Estado mediante la ley fuese el dominio totalitario sobre la sociedad, en vez de la garantía de los derechos de los ciudadanos' (Zagrebelsky, El derecho dúctil).
Y sí, hacia allá vamos, hacia un Estado de Derecho de esa naturaleza afín al autócrata. Arbitrario para toda la gente, con el uso de la fuerza del estado ilimitado. De un estado aconstitucional de facto, donde la Constitución a sumo terminará como un bonito adorno, protegiendo a la autoridad y no a la población. Y ahora peor, descaradamente utilizando al Ejército para esos fines.
Sergio AguirreProfesores del Sector Indígena de Michoacán iniciaron una serie de bloqueos carreteros este viernes en diferentes puntos de la entidad.
Los agremiados exigen que se les cubran los adeudos que tienen los gobiernos estatal y federal relacionados a su nómina y prestaciones.
Los más de 4,200 profesores indígenas explicaron que se les deben 2 quincenas, el aguinaldo, bonos y otras prestaciones.
De acuerdo a su plan de acciones, los bloqueos serán permanentes, indefinidos, hasta que se les cubran los pagos pendientes.
Los afectados del Sector IX indígena del magisterio michoacano instalaron uno de los bloqueos sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del crucero de San Juan Tumbio.
En la Región Lago, sobre carretera libre que comunica a Pátzcuaro con Santa Fe de la Laguna.
En la Región Zamora, sobre la carretera libre Paracho-Uruapan, sobre el crucero de Carapan conocido como las 3 esquinas.
En la Región Zitácuaro, sobre la carretera Zitácuaro-Toluca, a la altura del Conalep.
En la Región Costa, sobre carretera 200 Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de la comunidad de Colola del municipio de Aquila.
Por el mismo motivo, la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició la toma de casetas de cuota, donde permiten el paso sin pago a los automovilistas.
La CNTE también instaló un plantón sobre la principal avenida de la ciudad de Morelia, al pie de Palacio de Gobierno, como parte de sus movilizaciones.
En su conjunto, el magisterio michoacano advirtió que no descarta radicalizar sus acciones si en el transcurso de este viernes no se les cubren los pagos pendientes a su salario y prestaciones que les adeudan.
(V.periódico El Informador en línea del 21 de diciembre de 2018).En abril de este año, el Consejo de Abogados de Jalisco afirmó que 4 de cada 10 empleados del poder judicial en el estado están "corrompidos".
José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo de ese consejo, sostuvo que es necesario rescatar a los buenos elementos del poder judicial y evitar que la justicia "se siga vendiendo al mejor postor".
"Basta que el Consejo de la Judicatura esté atado de manos, a encomienda del poder legislativo, y esté tolerando malos funcionarios. Hemos hablado con el fiscal anticorrupción para celebrar un convenio y atacar de fondo el tráfico de influencias y la corrupción", dijo en su momento.
Afirmó que, hasta entonces, había 20 denuncias presentadas por el gremio de abogados ante la Fiscalía del Estado por prácticas que van desde abuso de autoridad, simulación de actos jurídicos, demora en los acuerdos, datos falsos en la expedición de títulos de profesionistas y la dilatación de hasta un año en las sentencias.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2018).La prisión preventiva es una medida cautelar que sólo debe proceder cuando las circunstancias lo ameriten, y ser decidida sobre la base de cada caso en particular, por ejemplo, para prevenir que la persona imputada pueda substraerse de la acción de la justicia cuando existan circunstancias que así lo demuestren.
Los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que la prisión preventiva debe ser excepcional. No obstante lo anterior, el pasado 6 de diciembre, el Senado de la República, con la aprobación abrumadoramente mayoritaria de todos los partidos políticos (salvo por Movimiento Ciudadano, 5 senadores del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 de Morena y el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, que votaron en contra), aprobó la ampliación del número de delitos que obligan a los jueces a ordenar la prisión preventiva de manera automática.
La minuta aprobada por el Senado ha sido enviada a la Cámara de Diputados. En caso de que la Cámara de Diputados la apruebe por una mayoría de 2 tercios, posteriormente tendría que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, para después ser promulgada por el poder ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Expertos de derechos humanos de la ONU, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, así como el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales y especialistas han enviado comunicados en los que exhortan al poder reformador de la Constitución, no solamente a no ampliar la lista de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, sino a eliminar por completo tal figura del orden jurídico mexicano. Dicho sea de paso, lo mismo han hecho diversas instancias internacionales en torno a la figura del arraigo. En abril pasado, la Cámara de Diputados adoptó la positiva medida en tal sentido y la remitió al Senado. Desafortunadamente, el Senado, en lugar de aprobar dicha reforma positiva, decide destinar su tiempo para aprobar una medida regresiva y negativa.
Santiago Corcuera Cabezut, profesor de Derechos Humanos de la Universidad IberoamericanaMás allá del discurso demagógico del ahora Presidente con el tema de bajarle los sueldos a todos los funcionarios públicos, ha sido muy elocuente la reacción de jueces y magistrados. Se han sentido tocados.
La parte de los salarios es apenas la parte visible de toda la intención de que exista una mayor participación pública y social en el quehacer del poder judicial. Están las iniciativas de una rotación constante de los cargos en los distintos tribunales, la instalación de los controles de confianza de todos los integrantes del poder judicial y que sea el Senado, y no los propios jueces y magistrados, quien designe a los consejeros de la Judicatura, que en teoría son quienes supervisan y sancionan el quehacer de ellos mismos.
Reacciones públicas de jueces como convocar simultáneamente a conferencias de prensa en todo el país, hasta acciones encubiertas en caso de ser cierto lo que señala el senador morenista Monreal en el sentido de que fueron integrantes de los distintos tribunales quienes asesoraron a los senadores de oposición que interpusieron el recurso que hoy tiene frenada la disminución de los salarios de jueces y magistrados, hablan ya de un enfrentamiento abierto con el presidente López Obrador.
Y es que el poder judicial, responsable de la impartición de justicia, es a todas luces una zona muy oscura de la que como ciudadanos muy poco sabemos. Hay escasa rendición de cuentas y una gran opacidad. Es un misterio cómo intervienen diversos intereses políticos y económicos en la designación de los distintos procesos, por lo que existe una enorme sospecha de que hay veredictos y sentencias a modo, o que los distintos tribunales son fácilmente corruptibles.
Pero sobre todo hay un factor de realidad que es innegable: los números. Si consideramos la eficiencia de jueces y tribunales con base en sus resultados, saldrían mucho menos que reprobados. La mayoría de los estudios sobre impartición de la justicia en México concluyen que el índice de impunidad varía entre un 85 y un 99%. En promedio sólo se castiga 1 de cada 10 delitos.
Esto significa que todo ese aparto de magistrados, jueces y secretarios apenas funciona en aproximadamente 1 de cada 10 casos.
Si lo viésemos en términos de eficiencia, como si fuera una empresa obligada a rendir resultados, ya los habrían corrido a todos por ineficientes.
O para ponerlo en términos más prácticos: si cada integrante del poder judicial recibiera sus percepciones en función de sus resultados, cada uno de ellos estaría cobrando (si bien le va) la décima parte de su sueldo actual.
Pablo LatapíLa eficiencia, credibilidad y transparencia del poder judicial en el país y en las entidades de la república está muy, pero muy lejos de la aplicación, diligencia y vigor que han desplegado algunos jueces, magistrados y ministros para tratar de preservar sus súper sueldos y otras canonjías. Se ven motivados como nunca para combatir la Ley Federal de Remuneraciones que promueve el nuevo gobierno federal para que nadie gane más de los 108,000 pesos que se fijó como sueldo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese activismo contrasta con la indiferencia y las resistencias que han mostrado siempre para abrir el poder del Estado mexicano más opaco, discrecional y opulento, que en mucho ha contribuido a tener los altos niveles de corrupción e impunidad que padece el país.
Esa falta de autoridad moral ha hecho que los representantes del poder judicial vayan perdiendo claramente en la opinión pública la batalla que han emprendido contra el presidente por el tema de los sueldos.
En ese sentido, son un contrapeso muy débil para el ejecutivo, y eso tampoco es una buena noticia para la nación. El poder judicial puede alegar intromisiones del ejecutivo, pero también aparece con un claro conflicto de interés con la suspensión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la aplicación de esta ley que regula los sueldos, y ante la cual los ministros mostraron su desacuerdo desde julio pasado.
Por eso lo mejor que nos puede pasar como país es que esta disputa entre el presidente y la Corte, sacuda al poder judicial para hacerlo que autorregule y elimine sus megasalarios y privilegios. Esas sanas y deseables decisiones podrían convertirse en los primeros pasos para que este poder, a nivel federal y local, salga del desprestigio en el que está instalado desde hace décadas. Eso le daría un mucho mayor peso e influencia para episodios futuros de discrepancias con el ejecutivo o el legislativo.
Jaime BarreraA quienes siguieron en esta columna las entregas relativas a un caso de robo de identidad, y posteriores fraudes en establecimientos bancarios y departamentales, donde a la persona a la que le robaron su INE le metieron goles por 400,000 pesos, les tengo novedades.
Gracias únicamente al esfuerzo de la víctima, hoy los cargos de los 7 bancos y las tiendas departamentales han sido borrados. No fue sin costo: esta persona dejó de trabajar días enteros, que suman más de 20 a lo largo de los últimos 5 meses (el robo ocurrió a principios de julio) para atender esa contingencia.
Pero hay 2 puntos pendientes. 1: si después de que visitas Profeco, Condusef, PGJDF, PGR y cada una de las instituciones bancarias donde pidieron crédito a tu nombre, si tras eso te quitan los cargos que te hicieron, ¿ya te repararon el daño? Si no hay investigación sobre los que te robaron la credencial y sobre los que hicieron los fraudes, ¿ya te repararon el daño? Si la propia PGR te invita ya dejar las cosas por la paz, a que aceptes que archiven tu caso sin siquiera haber intentado una pesquisa sobre los rateros (porque de que hubo quién se llevó a casa productos y dinero por casi medio millón de pesos), ¿ya te repararon el daño?
Entonces, el 1er. asunto pendiente es que si eres víctima de robo, prepárate a hacer una peregrinación que ni las del Jesús de Iztapalapa en Semana Santa. Y cuando logres que te borren lo que tú no consumiste, prepárate para que la Procuraduría General de la República (PGR) reconozca, en tu cara, que no ha iniciado la investigación, que no piensa hacerlo y que ojalá como cosa tuya comprendas que se van a dedicar a otra cosa (no sabemos a qué).
El otro asunto pendiente es que, dado que no habrá pesquisa y, por ende, será imposible que detengan a nadie de los que perpetraron ese robo, ¿qué garantía tenemos de que tú, o yo, mañana no pasemos por similar calvario? Dicho de otra forma, si hay un ciudadano que no se resignó a que le robaran sino que ha insistido sin éxito a la autoridad para que encuentren a los rateros, entonces estos -en total impunidad- lo intentarán de nuevo... porque entre otras cosas también queda en duda qué tanto colaboran en este asunto, el de evitar futuros fraudes, los bancos.
Nuestra víctima me cuenta que en su caso "todos los bancos resolvieron a su favor, pero aunque la Condusef les pidió la documentación relacionada con la denuncia -contratos, registro de movimientos y personal involucrado, etc.-, ellos contestan que ya hicieron una indagatoria interna, que ya aceptaron la conciliación y eliminaron la deuda, así que no entregarán documentación, en parte, con el argumento de que la Condusef no es autoridad judicial, y en parte porque ya aceptaron asumir el costo". Eso significa, por otra parte, que la víctima no tendrá esa documentación (fotografías y biométricos de los defraudadores, por ejemplo), por lo que tiene que rogarle a la PGR, autoridad competente (es un decir), que sí solicite esos documentos... solo para luego descubrir que si a la PGR le valió madres Odebrecht, más madres le valdrá usted o yo en un robo de identidad y fraudes relacionados.
Salvador CamarenaLa semana pasada, la mayoría de senadores (con 91 votos a favor y 18 en contra) aprobó cambiar la Constitución para ampliar la lista de delitos para los que la prisión preventiva se aplica de forma obligatoria. A la larga lista de delitos que establecen esta medida (que incluye violación, el homicidio, el secuestro, los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, ente otros), se agrega ahora el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito, el robo a transporte de carga, delitos en materia de desaparición forzada y desaparición, delitos en materia de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y corrupción. La propuesta busca que para todos estos delitos se niegue, por ley y sin atender a las circunstancias del caso, la posibilidad de llevar el proceso penal en libertad hasta que se dicte sentencia. Basta que se inicie un proceso penal, señalado a alguien como posible responsable, para que aplique la medida y quede en prisión los meses -o años- que dure el juicio, sin importar si es culpable o no. De aprobarse la reforma en la Cámara de Diputados, se estará anulando la presunción de inocencia que exige que nadie sea castigado hasta que no sea declarado culpable.
Suena bien que el Estado asegure que quienes cometan estos delitos sean efectivamente sancionados. Después de todo, ¿quién no desea impedir que delincuentes salgan libres a cometer nuevos delitos? La realidad, sin embargo, es que la prisión sin sentencia rara vez sirve para combatir la impunidad. Más bien premia la ineficiencia de los ministerios públicos, fomenta el uso arbitrario del derecho penal y alienta la fabricación de culpables.
Hoy, para cualquier delito que no esté incluido en la lista de prisión preventiva oficiosa, existe la posibilidad de usar esta medida, pero el ministerio público debe pedirla ante el juez y argumentar que es necesaria para que los jueces la ordenen. No lo hacen por falta de preparación y porque hacerlo implica trabajo. La prisión automática es la salida fácil para subsanar la incapacidad de los ministeriales. De manera preocupante, hace de lado a los jueces, cuya función es prevenir el uso discrecional del derecho penal por parte de los ministerios públicos. No olvidemos que serán los ministerios públicos que hacen de la denuncia un viacrucis -y que frecuentemente fabrican culpables-, quienes tendrán en sus manos la aplicación de esta norma. Recordemos además que nuestro sistema suele castigar la pobreza, no la violencia. Las cárceles mexicanas están llenas de personas jóvenes de bajos recursos que cometieron delitos menores o que carecieron de una defensa seria. Estos mismos jóvenes serán quienes queden en prisión sin sentencia. Sus familias, pagarán el costo económico y emocional de tener a un familiar en prisión. Sancionados todos por ser señalados, sin necesidad de que el gobierno demuestre su culpabilidad.
La prisión preventiva tiene poco de preventiva. Lleva años existiendo en el derecho mexicano, sin ningún efecto positivo en la reducción de delitos. En 2008, se agregó al texto constitucional una lista taxativa de delitos en los que debía ordenarse la prisión preventiva de manera oficiosa. Incluía al secuestro, los homicidios y los delitos de delincuencia organizada. Pero a pesar de su inclusión, los años posteriores al 2008 vieron el crecimiento más pronunciado de estos delitos. Los índices sin precedentes de homicidios que hoy tenemos se dieron a pesar del marco legal que ordena la prisión sin sentencia para quien cometa ese delito.
En lugar de corregir los errores del sistema, medidas como ésta aseguran que la incompetencia de las autoridades subsista y, por tanto, que perdure la impunidad.
Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDELos arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el poder judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica.
El presidente López Obrador es quien estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los "estratosféricos" salarios de los ministros, como si fuera sinónimo de corrupción.
La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y un avasallamiento de los poderes ejecutivo y legislativo contra el judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.
Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales.
No se puede soslayar algo muy relevante, que es la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones indefendibles. El último caso fue el escándalo del fraude en jueces de ascenso, conocido en febrero pasado, cuando un concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.
No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.
Raymundo Riva PalacioLa Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó saldo blanco tras la movilización en la que participaron cerca de 120,000 personas en el marco de la conmemoración del aniversario por la promulgación del Plan de Ayala.
En el despliegue de la SSP para evitar actos delictivos participaron policías apoyados con vehículos y un helicóptero. Vialidades importantes como Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, entre otras, se vieron cerradas a la circulación.
(V.Pág.9-A del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2018).Imposible no hablar de la experiencia de visitar la ciudad de Shanghái en donde por motivos de trabajo estuve hace unos días.
Edificios de más de medio kilómetro de altura (632 metros de altura tiene la famosa Torre Shanghái) y cuyas fachadas se iluminan por la noche, con efectos e imágenes como si se tratara de pantallas de televisión de 100 niveles; señalizaciones en el piso de los cruceros de las calles que utilizando placas de concreto translúcido iluminan los "pasos de cebra" en rojo cuando no se debe cruzar y en verde cuando el paso está permitido y en sincronización con los semáforos; macetas de flores en las banquetas o colgando de los postes de iluminación, y en cada uno de ellos, cámaras que videograban día y noche la actividad y movimientos de los automóviles y transeúntes. Una ciudad vigilada que disuade cualquier intención delictiva.
Me di cuenta del alcance y severidad de las leyes chinas, cuando me platicaron que el tiempo que transcurre entre la detención y la ejecución (pena de muerte) de, por ejemplo, un violador, es de tan sólo 3 meses y la ejecución se lleva a cabo de manera ejemplar, arrodillando al violador frente a su familia para luego darle un balazo en la nuca. Y por si fuera poco, a la familia del ejecutado le cobran la bala.
Acusados por venta de drogas y asesinato han sido sometidos a juicios públicos en estadios y ejecutados frente a miles de personas inmediatamente después de la sentencia.
Cámaras por todas partes, policía secreta y sanciones ejemplares meten al orden a todo mundo, si no por convicción, por miedo a las consecuencias.
¿De que otra manera se podría gobernar un país con más de 1,300 millones de habitantes? ¿Perdonando delincuentes y consultando a los ciudadanos?
El resultado de la aplicación draconiana de las leyes es un país en el que la seguridad no es un problema. Su tasa de asesinatos es similar a la de Inglaterra y Canadá, y menos de la mitad que la de Estados Unidos.
La razón porque México, con una población 12 veces menor, tiene un problema de seguridad mucho mayor, es el régimen de impunidad que impera. La impunidad por delitos generales es nada menos que del 99.3%. Con incentivos de este tamaño es prácticamente imposible abatir la delincuencia.
Aquí nos sorprendemos si una persona es arrestada por haber cometido algún delito, cuando debiera ser al revés, que nos sorprendiéramos si una persona luego de delinquir sigue en la calle como si nada hubiera pasado. Aquí se encarcela sólo a los tontos que entran a negocios y actividades ilícitas sin saber corromper.
Pienso que la razón por la que la mayoría de los legisladores se opone a sanciones severas, es porque todos tienen cola que les pisen o porque su vida económica está basada no en sus sueldos, sino en la venta de influencias. Si el problema de seguridad en México es de magnitud extraordinaria como lo es, lo que debería hacerse aunque fuese temporalmente, es aplicar sanciones extraordinarias que inhiban la comisión de delitos hasta que los índices criminales y de impunidad bajen a niveles de países considerados seguros o menos corruptos.
No nos debería asustar que a un violador o a un secuestrador le apliquen la pena de muerte si viola o secuestra. Que se asusten los que tienen intenciones de violar o secuestrar. En China hay 55 delitos por los que se puede aplicar la pena de muerte, incluyendo el de corrupción. Si así fuera acá, quisiera ver que un funcionario público se atreva a robarse el dinero de todos, si lo que se juega en ello es la vida. En China basados en una virtud moral inspirada en las ideas de Confucio, hay leyes que hasta obligan a los ciudadanos a visitar regularmente a sus padres ancianos. La pena por no estar al pendiente de los padres es incluir su nombre en una "lista negra" que regula el acceso a créditos y a empleos, o el recibir beneficios sociales. Mero sentido común que si bien no premia la responsabilidad, sanciona la irresponsabilidad.
La única manera de revertir la inseguridad e impunidad que está ahogando a México, es con incentivos para hacer el bien en lugar de incentivos para hacer el mal, como lo es la imposición de penas ridículas a los delincuentes comunes y la corrupción que permite a todos burlarse de la ley y de los ciudadanos decentes.
"Es preferible vivir con miedo a los castigos que con miedo a los delincuentes".
Ricardo Elías, arquitecto y empresarioLos sucesos de finales de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala y Cocula, Guerrero, ocurrieron, casi seguramente, como lo refirió a la opinión pública, pormenorizadamente, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de ese mismo año. La "verdad histórica" -como la denominó el funcionario- corresponde, según todos los indicios, a la verdad sin apellidos... Sin embargo, para los autores de los horrendos crímenes que ahí se perpetraron, muy probablemente no habrá castigo.
4 años después el tema recobra actualidad por cuenta del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, al decretar la libertad de 4 de los principales implicados en uno de los crímenes más horrendos de la historia de México. La resolución judicial -como se indica en la misma- no cuestiona que las cosas no hayan sucedido como se informó en su momento, sino que, en los 4 años transcurridos desde entonces, el Ministerio Público no ha podido aportar pruebas dotadas de validez jurídica, que acreditaran, 1o., la correspondencia de los hechos con la versión original y, después, la presunta responsabilidad de los inculpados.
Colofón: Una derrota más de la justicia; una victoria más de la impunidad...: un rotundo y escandaloso mentís a quien proclama que en este bendito país impera el Estado de Derecho.
Jaime García ElíasLas modificaciones al Código Penal de Jalisco hechas para sancionar las malas prácticas de abogados que simulen actos jurídicos o pruebas para obtener una sentencia favorable, se han quedado en el papel y a 3 años de su entrada en vigor ninguna persona ha sido sancionada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que desde 2016 hasta el 1er. semestre de este año se abrieron 172 averiguaciones previas por ese ilícito. Indicó que 6 personas fueron consignadas, pero no se registró ninguna sentencia condenatoria.
Los ajustes al Código Penal local se promovieron luego de las denuncias hechas en 2013 contra un grupo de abogados a los que se acusó de recurrir a prácticas irregulares para obtener sentencias en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los llamados "talibanes" encabezaron casos donde reclamaron pagos millonarios a dependencias como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
A 5 años de distancia, los litigios siguen en proceso. Se solicitó entrevista al SIAPA para conocer el estado del proceso, pero descartaron fijar postura porque los casos no están concluidos.
Victor Hernández Escobedo, representante de la comunidad de Abogados Independientes, apuntó que las reformas no son efectivas básicamente porque el delito no se denuncia, aunque las malas prácticas se siguen presentando.
"Muchas veces quien incurre en esa conducta lo hace con la complicidad de algunas autoridades y eso desanima que ese delito se denuncie y se persiga para llegar a las últimas consecuencias, que es sancionar al responsable. El grado de impunidad que esto genera hace que la gente se desista de continuar con el trámite de denuncias", explicó el abogado.
Tampoco por el delito de fraude procesal ha llegado la sanción contra abogados "talibanes" que cometen irregularidades. La FGE informó que por este ilícito iniciaron 43 carpetas de investigación en los últimos 2 años. Indicó que fueron consignadas 3 personas, pero en ningún caso se emitió sentencia condenatoria.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 19 de noviembre de 2018).La Procuraduría General de la República (PGR) se lanzó contra el Poder Judicial de la Federación, luego que un juez federal declarara ilegal la información financiera que presentó en contra de Javier Nava Soria, presunto contador del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, advirtió que "se corre peligro" de que los casos contra presuntos colaboradores de Duarte se caigan, porque los jueces están aplicando a "modo" el criterio aprobado desde el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual consiste en que para allegarse de información financiera el Ministerio Público debe contar con una orden judicial.
"Cuando tenemos criterios a modo generamos impunidad, yo estoy de acuerdo con el criterio pero que el criterio se aplique a partir de cuando se adopta hacia adelante, no de manera retroactiva, porque de manera retroactiva el Ministerio Público tenía esa facultad de poderlo hacer", reviró.
Muñoz Vázquez aseguró que respeta al poder judicial, pero lo que "no comparto, a veces, son este tipo de criterios".
Al cuestionarle si existe línea en los jueces para aplicar este criterio como si fuera jurisprudencia, el subprocurador respondió que la PGR no comparte el criterio porque lo único que se genera es impunidad.
En el caso de Nava Soria, el funcionario señaló que el juicio continúa y "esperamos lograr una sentencia condenatoria con los medios de prueba que nos quedan y estamos pensando en una estrategia para que el resto de los involucrados".
(V.periódico El Informador en línea del 12 de noviembre de 2018).Este lunes se cumplieron 6 horas del cierre de la autopista México-Pachuca por pobladores, luego del operativo que realizaron policías de la Ciudad de México en calles de San Juan Ixhuatepec.
"¡Justicia!,¡Justicia!", es el grito central de esta protesta que obstruye ambos sentidos de la autopista México-Pachuca, en Ixhuatepec, justo en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México.
La ira de unos mil pobladores mexiquenses, se originó luego de la incursión de un agrupamiento de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX y la ausencia total de policías mexiquenses y de Tlalnepantla.
Ante la falta de respuesta de autoridades, durante esta madrugada vecinos quemaron troncos, llantas y 2 patrullas de la policía municipal de Tlalnepantla, sobre carriles centrales de la autopista.
La noche del domingo, decenas de autos y negocios quedaron destrozados por operativo de policías de la Ciudad de México en San Juanico, quienes presuntamente perseguían a delincuentes.
Vecinos documentaron con videos el paso de granaderos y policías de la CDMX, que dejaron a hombres golpeados e inconscientes, destrozaron parabrisas de vehículos y negocios de venta de antojitos y elotes, apedrearon ventanas, especialmente a lo largo de calles como Morelos e Insurgentes en San Juan Ixhuatepec, también conocido como San Juanico.
En tanto unas 40 patrullas, tanto camionetas y cómo autos, de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, recorrieron calles de San Juanico y fueron estacionadas en la avenida Río de Los Remedios, en territorio mexiquense, reportaron vecinos que vivieron momentos de terror.
El operativo de la policía capitalina dejó al menos 2 taxistas severamente lesionados.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, descartó en los primeros minutos de este lunes, que haya registro de personas muertas en los hechos violentos de San Juanico.
El enojo de los habitantes de Ixhuatepec, los llevó a concentrarse en la autopista México Pachuca, donde prendieron fogatas.
Miles de pasajeros, autos y camiones están varados tanto en la autopista México-Pachuca, como en vías alternas que están colapsadas por el bloqueo que mantienen pobladores de San Juanico, esta mañana de lunes.
La fila de vehículos es kilométrica en la autopista México-Pachuca, de Ixhuatepec en Tlalnepantla, hasta Ecatepec.
(V.periódico El Informador en línea del 12 de noviembre de 2018).Una patrulla quemada y otra más volcada, fue el saldo de un intento de linchamiento a manos de pobladores del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan.
Los hechos ocurrieron en la colonia Domingo Arenas, donde los ciudadanos retuvieron a un sujeto después de intentar robar en una vivienda.
Unas 100 personas se concentraron en el lugar de los hechos para empezar a golpear al sujeto señalado de cometer otros robos en meses anteriores.
Minutos más tarde arribó la policía municipal y se llevó al individuo a los separos de la comandancia de Santa Rita Tlahuapan.
La situación se tranquilizó por unas horas, pero la población se enteró que el presunto ladrón estaba en la comandancia, entonces tocaron las campanas para reunirse y exigir les entregaran al sujeto.
Aunque elementos de la Fiscalía General del Estado y policía municipal trataron de calmar los ánimos de la turba, ello no sucedió pues al final sacaron al individuo de los separos para tratar de lincharlo.
Segundos más tarde se oyeron detonaciones de arma de fuego, aunque se desconoce de dónde provinieron, lo que permitió salvar al presunto ladrón para llevarlo finalmente al arco de seguridad del municipio de Huejotzingo.
La población enardeció y decidió quemar una patrulla y otra más fue volcada, mientras que los uniformados se resguardaron en la azotea de la comandancia, en tanto se tranquilizaron los ánimos.
(V.periódico El Informador en línea del 10 de noviembre de 2018).Luego del paro en el sector aguacatero, que detuvo la actividad económica de 16,800 empleos directos y más de 70,000 empleos temporales en Michoacán, la exportación se normalizó en 11 municipios. Los embarques del fruto pudieron salir, luego de que fueron liberadas las carreteras de la zona de Uruapan, tras haberse logrado un acuerdo entre agricultores y comercializadores.
Durante una semana, los productores paralizaron el corte de la fruta e impidieron la salida de aguacate de exportación y venta nacional. En total, y de acuerdo con cifras de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), durante el conflicto fueron detenidos 328 camiones cargados con aguacate, 200 de los cuales tenían destinos nacionales y 128 exportación a los Estados Unidos. Sumado a esas afectaciones, 2,000 transportistas y 12,000 cortadores de aguacate vieron mermados sus ingresos.
El conflicto inició por el reclamo de los productores para que las autoridades permitieran la entrada a Michoacán de aguacate cultivado en otras entidades. Aseguraban que aprovechaban la certificación de ese Estado y adquirían el fruto de otras entidades a menor precio, haciéndolo pasar como producto michoacano.
Finalmente, se acordó ajustar los candados para evitar esa situación.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2018).Los ladrones han birlado 39 kilómetros de cable que alimenta el alumbrado público en el Periférico y otras vialidades de Guadalajara en lo que va del año. Una parte fue retirado directamente de los postes y otra de los brazos de alimentación de las luminarias; también se han robado 36 transformadores. Los delincuentes han desmontado las placas de acero que dividen los carriles aun cuando tales tareas habrían requerido herramientas y vehículos pesados. Ni las cámaras ni los rondines policiacos han servido para impedirlo. Unos días antes, un funcionario de la alcaldía declaró que se invertían 2 millones de pesos a la semana en promedio para reponer el robo de cables en las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y desde luego no se trata de un fenómeno tapatío. El saqueo indiscriminado asume modalidades igualmente preocupantes en otras latitudes: perforación masiva de ductos de Pemex por los guachicoleros, descarrilamiento de trenes de carga por parte de comunidades, retenes de extorsión en caminos secundarios en la red de comunicaciones. En ocasiones el fenómeno tiene ribetes ridículos, pero no menos preocupantes: esta semana un individuo fue detenido cuando arrastraba en un diablito una de las estatuas del Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, que recién había desmontado. ¡A las 9 de la mañana!
Si sumamos todos estos hechos terminamos por entender que está pasando algo más grave que un simple repunte de la inseguridad. El fenómeno me hace recordar un escenario más propio de una película de ciencia ficción distópica, en la que una devastación natural, un virus o una invasión alienígena provocan la desaparición del entramado institucional, del orden, del Estado.
Parecería suicida que una sociedad con tantas carencias, con tanto por construir, pierda incluso lo poco que se ha avanzado por obra de miembros de la población a la que se intenta beneficiar. Los que descarrilan un tren provocan daños multimillonarios con tal de hacerse de unos sacos de arroz o frijol. El cable eléctrico vendido por kilo representa una fracción de los que cuesta comprar e instalar uno nuevo. El daño que causa un retén no es solo ni principalmente el valor de lo que desvalijan a un viajero, sino la cancelación de esa ruta para muchos otros, a pesar de lo que costó construirla.
El fondo de todo es la corrupción y su verdadera madre, la impunidad. Eso es lo que tienen en común los escenarios del fin del mundo llevados a la pantalla: la ausencia de autoridad, la necesidad de resolver el día a día de manera individual sin que importen las consecuencias para los otros.
¿Cómo llegamos acá? Esencialmente por la corrupción desenfrenada de los responsables de la vida pública. Por un lado, ellos abrieron las puertas al saqueo implacable del patrimonio sin ninguna consideración al daño que dejaban atrás. No es que la corrupción sea nueva, es que adquirió niveles de irresponsabilidad nunca antes vistos. El resto de la sociedad no ha hecho sino imitarlos.
Por otro lado, entretenida por su rapacidad y su frivolidad la clase política no hizo nada para impedir que el sistema de justicia y las policías se desfondaran ante el crimen organizado y las muchas variantes que este asumió, gracias a la impunidad creciente.
En el año 2000 sucumbió el sistema político con el que habíamos operado en el siglo 20, la llamada dictablanda del PRI-gobierno. Lejos de sustituirlo por algo mejor, la vida pública y las instituciones están siendo desbordadas por tensiones que no han podido procesar. Los demonios sueltos ya son demasiado poderosos para ser regresados a sus cofres, a menos que hagamos algo radical.
El llamado de López Obrador a la austeridad puede parecer rústico y elemental, pero al menos intenta regresar al punto a partir del cual las cosas se descompusieron. Comencemos con los de arriba y veamos a donde nos lleva. Habría que estar conscientes de que si esto falla la única alternativa a los descarriladores de trenes y desvalijadores del alumbrado es una dictadura. Y allí perdemos todos.
Jorge Zepeda PattersonMientras el próximo gobierno sometía a una "consulta patito" la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, en Guadalajara la terminal aérea era "tomada" por enésima vez por ejidatarios de El Zapote, que reclaman cantidades millonarias a la SCT por las tierras que fueron expropiadas en los 60s para la construcción del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo.
De nueva cuenta un centenar de ejidatarios estrangularon la llegada de viajeros al aeropuerto y "toman" el estacionamiento, sin que la policía federal o estatal muevan un dedo para impedir la afectación, o las autoridades federales o estatales hayan hecho un intento serio de clarificar los hechos y resolver el conflicto.
La SCT se mantiene en el dicho de que ya todo está pagado, que no hay deuda, mientras que el líder del ejido Nicolás Vega afirma que la deuda, entre actualizaciones e intereses, asciende a más de 3,000 millones de pesos.
Raúl Frías LucioCuando el presidente electo lanzó la "consulta", su consulta, sobre el NAIM nadie quiso ver que estaba por comenzar a desaparecer el país que conocíamos hasta ahora.
No es que sea malo cobijarse en la Constitución para sentirse a salvo de iniciativas tan gelatinosas como el ejercicio que se llevó a cabo la semana pasada. Pero como quedó demostrado, la ley no amparó a nadie del golpe político que ha dado López Obrador, quien cambió la realidad mediante un mecanismo que ni siquiera se puede denunciar como ilegal porque nunca quiso cumplir con los requisitos para ello.
Desde ese limbo, construido mediante discursos suyos, demasiada autoconfianza de sus adversarios y una pizca de miedo por parte de los mismos a enfrentarlo (incluido el Gobierno de la República), el tabasqueño montó una coyuntura para borrar del mapa, literalmente, una obra que tenía 5 años de avance, que ha consumido más de 60,000 millones de pesos y que tiene comprometidos al menos el doble de eso.
Todos aquellos que se quejaron de que estábamos ante una farsa de consulta no han sabido reconocer que los únicos que creyeron que habría una consulta legal fueron ellos. Y quién sabe por qué lo creyeron si por principio fue convocada por un político sin poderes legales para ello y realizada ni siquiera sabemos bien a bien por quién.
El truco era burdo pero nadie lo denunció como tal: López Obrador convocó a un ejercicio político, cientos de miles le respondieron y él ha dicho que atiende ese mensaje.
A partir de ayer las instituciones, y no pocos de sus mecanismos, construidos por los mexicanos hasta el día de hoy podrían ser revisados, ajustados o desaparecidos mediante mecanismos igual de polémicos.
Porque si no les gustó la consulta espérense a que nos presenten los resultados (y los alcances) del censo a los más pobres que, en el mismo espacio de alegalidad, el próximo gobierno realiza desde hace semanas.
Tenemos frente a nosotros el arranque de un dramático cambio en los equilibrios construidos desde 1988, principalmente por PRI y PAN.
Esos equilibrios posibilitaron estabilidad, pero también supusieron no pocos frenos a cambios que en su momento intentaron Vicente Fox, Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto.
El cambio de régimen, sin embargo, se da sin planos a la vista, con una promesa de renovación moral, austeridad y honestidad que hasta el día de hoy es tan vehemente como carente de traducción en propuestas de leyes o mecanismos que brinden de nuevos equilibrios y contrapesos.
Ya cada quién decidirá si se inventa, y cómo, una manera de incidir en ese cambio de régimen, porque gritar "farsa" no será suficiente.
Salvador Camarena
Después de casi un mes de constantes robos a casa habitación, a personas y de vehículos en el fraccionamiento Fuentes del Nilo, en Tonalá, los vecinos decidieron colocar una manta para expresar las acciones que tomarán si sorprenden a algún ladrón.
"A todas las personas que sorprendamos robando las vamos a linchar. Nosotros vamos hacer justicia por nuestra propia mano y no vamos a acudir a las autoridades", se destacó en la lona.
"No vamos a lincharlos, vamos a entregarlos. Pero al menos, en lo que llega la policía, (vamos a) darles unas cachetadillas y unas pataditas, ¿por qué no? No les pasaría nada, es para advertirles que no se anden metiendo aquí", dijo Víctor, uno de los inconformes.
David Carrillo, miembro del recién establecido comité vecinal, acentuó que antes de estos eventos no había cohesión entre los colonos. Comentó que cuentan con un botón de pánico en sus celulares que acciona una alarma que se escucha en todo el fraccionamiento.
"A lo que llegamos fue a organizarnos. Tienes que poner mantas, hacemos guardias nocturnas. Imagínate a los vecinos: teniendo que estar vigilando en la madrugada para que no se nos meta la gente".
Carrillo dijo que solicitarán a la administración municipal permiso para colocar una cerca de ingreso.
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 30 de octubre de 2018).La futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que el nuevo gobierno planea una ley de protección y estímulos para informantes que reporten y delaten corrupción en instituciones públicas y privadas.
Dijo, y con razón, que para acabar con la impunidad los principales aliados deben ser los ciudadanos.
Pero la corrupción e impunidad tienen unos efectos colaterales en la vida cotidiana que imposibilitan la convivencia armónica y la marcha ordenada de la sociedad, me refiero a la prepotencia y el desdén a las leyes y a los comportamientos ético-cívicos.
Los prepotentes que se burlan de la ley y de la gente saben que si acaso se descubren sus fechorías o alguien se atreve a denunciarlas, al final la corrupción y el tráfico de influencias los dejarán impunes.
En una sociedad como la nuestra, con poca o nula cultura cívica, en la que las influencias y el dinero están por encima de la ley, nadie respeta nada y todo mundo se siente superior al otro. Todos creen tener una influencia y capacidad corruptora superior que presumen como los niños que se ufanan diciendo: "mi papá tiene una pistola más grande".
Si la prepotencia y la irresponsabilidad tuvieran consecuencias serias, el comportamiento de los mexicanos en México sería otro. Y digo en México porque cuando estamos fuera somos -por lo general- ejemplo de responsabilidad y civismo (salvo algunos trasnochados que les da por mancillar monumentos patrios apagando llamas eternas con orines).
En otros países estamos atentos al cumplimiento cabal de leyes y reglamentos porque sabemos que las consecuencias a cualquier falta pueden ser graves y costosas, y porque nos sentimos vigilados, no sólo por la policía sino por la misma sociedad.
Si alguien se mete adelante de una fila, tira basura en la calle o se estaciona en un lugar prohibido los ciudadanos lo denunciarán, la policía hará su trabajo y ninguna influencia o dinero servirá para salir impunes. Al contrario, cualquier insinuación corrupta agrava considerablemente la situación.
¿Como transformar las incívicas actitudes prepotentes y el desdén a las leyes que caracterizan a los mexicanos en México?
Pongo "sobre la mesa" ideas que con la debida asesoría legal se podrían convertir en propuestas.
La 1a. es la de diputar ciudadanos.
Explico el concepto con una escena típica de las películas americanas del Viejo Oeste, en la que el sheriff del condado, al requerir apoyo para atrapar bandidos que sobrepasan su capacidad de acción, nombra como ayudantes a ciudadanos honestos y valientes que aceptan colaborar con él, colocándoles una estrella metálica en el pecho. Esta acción se llama en inglés "deputize" (diputar), lo que significa darle a un civil la autoridad para arrestar a alguien.
En español diputar significa "destinar, señalar o elegir a alguien para algún ministerio, o para representar en algún acto o solicitud".
Los legisladores sabrán mejor cómo hacerlo, pero lo que conceptualmente propongo es establecer la figura de "diputados civiles protegidos" (por la Ley de Protección y Estímulos que el nuevo gobierno planea).
Su función central sería observar el comportamiento cívico de la sociedad y denunciar a las personas que violen leyes y reglamentos que tengan que ver principalmente con el orden y la civilidad. Sus testimonios tendrían validez oficial, como si fuesen una especie de notarios públicos civiles que dan fe de hechos que alteran el orden, y obliguen a la autoridad a actuar en consecuencia.
Esto sería algo similar, pero en materia de civismo y ética, a la campaña que se inició hace algunos años en la ciudad de Nueva York a raíz de los ataques terroristas perpetrados en esa ciudad y cuyo eslogan era: "If you see something, say something" (si ves algo, di algo).
Todo comienza con una idea. Y como no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, creo que ya llegó el tiempo de que los mexicanos nos civilicemos y aceptemos que la ley está por encima de nuestras pistolas.
Ricardo Elías, arquitecto y empresarioDespués de que "el tráiler de la muerte" se volvió noticia, las notas periodísticas que dan cuenta de cadáveres encontrados en costales, en automóviles estacionados, tirados en calles de la ciudad, en caminos vecinales o sepultados en fosas clandestinas, o de asesinatos perpetrados en la vía pública, siguen siendo, literalmente, "el pan nuestro de cada día". Así, la declaración del presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, en el sentido de que, como sociedad, "no debemos acostumbráramos a ver como normales" esos hechos, obliga a plantear una pregunta:
-¿Y entonces...?
La declaración del empresario tapatío remite a un par de temas vinculados con la violencia y la impunidad rampantes...
1: el fenómeno se ha vuelto cotidiano, habitual, repetitivo -normal, pues- porque el aparato gubernamental supuestamente encargado de investigar y sancionar los hechos delictivos, es ineficiente e insuficiente: ni dispone de los métodos científicos que le permitan avanzar en las investigaciones, ni cuenta con el personal necesario para abordar con seriedad, a conciencia, cada uno de los delitos que se cometen. Eso explica por qué sólo 3 de cada 100 delitos se resuelven, y que la impunidad en México sea de 97%. Quien toma la decisión de cometer un crimen, lo hace a sabiendas de que sólo excepcionalmente lo alcanzará el brazo de la justicia.
2: Caryl Chessman, uno de los más célebres reos del penal de San Quintín, California -célebre porque asumió su propia defensa, por los libros que escribió y porque nunca quedó plenamente probada su culpabilidad en los delitos por los que fue ejecutado en la cámara de gas en 1960-, en "Celda 2455, Pabellón de la Muerte", escribió que "el criminal es un fruto perfecto de la sociedad en la que surge"... En el caso de México -y de Jalisco, obviamente-, la proliferación de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, el robo y los secuestros, la ya señalada impunidad y la falta de opciones laborales -asunto en el que el sector empresarial podría tener una aportación significativa- dan la razón a Chessman: como que 2 y 2 son 4.
Colofón: Una cosa es que las cosas no debieran ser así. Pero como "normal" significa "lo que ocurre como siempre o como es habitual, por lo que no produce (o no debería producir) extrañeza", tanto la violencia como la incapacidad de la autoridad para contenerla, en nuestro medio, son enteramente normales. Gústenos o no.
Jaime García ElíasDespués de casi un mes de constantes robos a casa habitación, de vehículos y a personas en el fraccionamiento Fuentes del Nilo, en Tonalá, los vecinos decidieron colocar una manta de advertencia al ingreso: "A todas las personas que sorprendamos robando las vamos a linchar. Nosotros vamos a hacer justicia por nuestra propia mano y no vamos a acudir a las autoridades." En la colonia ya se organizan guardias durante la madrugada para vigilar. Además, se hicieron de un botón de pánico que acciona una alarma que se escucha en el fraccionamiento.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 18 de octubre de 2018).En las calles de México hay 2 tercios de delincuentes libres por delitos del fuero federal, principalmente por narcotráfico o portación de armas.
Mientras el gobierno federal presume la detención de la mayoría de los 122 criminales o narcos considerados como objetivos prioritarios, la Auditoría Superior de la Federación revela en su última fiscalización que existe un rezago de 52,000 averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República, ante las fallas y la insuficiente capacidad operativa en materia de investigación.
En otras palabras, si el Ministerio Público Federal ejecutara las órdenes de aprehensión y encarcelara a los delincuentes, se triplicaría el número de presos en las cárceles federales, pues sólo hay 24,000 internos en los 17 centros de readaptación social.
En general, el Ministerio Público en México se encuentra en condiciones prácticamente colapsadas.
Las fallas de la PGR se extienden a la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues entre 2013 y 2017 apenas se han desarticulado a 4 bandas por lavado de dinero, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, tiene fichadas a 309 empresas mexicanas por sus nexos con el crimen organizado, de las cuales 156 operan en Jalisco.
En la medida en que no se combaten los recursos de los delincuentes, "lo único que vamos a hacer es simple y sencillamente atender los efectos de inseguridad y nunca debilitar a los delincuentes", lamenta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. "La procuración de justicia se utiliza políticamente contra los enemigos y a los amigos se les protege. El caso de Odebrecht es el ejemplo de que no hay una independencia del Ministerio Público".
Por lo pronto, la Ley de Extinción de Dominio continua siendo un fracaso, en México sigue paralizada la nueva fiscalía general autónoma y la implementación del sistema nacional anticorrupción, instituciones que prometen terminar con las irregularidades y deficiencias actuales, aunque sería en el largo plazo.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de octubre de 2018).Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores en Tabasco en 1995 que dejaran de pagar la electricidad en protesta por lo que consideró un fraude electoral tras su derrota en los comicios estatales de 1994, en los cuales el priista Roberto Madrazo fue declarado ganador. Muchos de sus simpatizantes estuvieron más que dispuestos a suspender sus pagos de luz; y cuando tanto ellos como sus vecinos se dieron cuenta que la Comisión Federal de Electricidad no les dejaba de proporcionar el servicio, el boicot se generalizó.
La morosidad ha tenido un costo enorme para la CFE, una empresa pública, y para el país. Lo que dejan de pagar algunos, lo cubrimos los demás, a través de mayores impuestos y precios de la luz, de un peor servicio o de menores inversiones. Las ventas de electricidad en Tabasco representaban a principios de 2014 el 1.62% del total nacional, pero la cartera vencida en la entidad ascendía a 18.28%. No hay duda que el llamado de López Obrador a no pagar la electricidad sí tuvo éxito.
La morosidad que afecta a la CFE a nivel nacional alcanza los 43,000 millones de pesos. No es poca cosa. Equivale al presupuesto anual de la UNAM, que ascendió en 2018 a 43,196 millones de pesos.
La CFE tendrá ahora que absorber el costo de esa deuda que ya no podrá cobrar. López Obrador ya había prometido en campaña a sus simpatizantes morosos que si ganaba la elección no les cobraría el dinero. Era una promesa de cuestionable ética porque implicaba una oferta de compra de votos en que el costo final recaería sobre los usuarios cumplidos y los contribuyentes puesto que, como sabemos, nada en la vida es gratis. Ahora como presidente electo ha ratificado que cumplirá esa cuestionable promesa.
En Villahermosa, Tabasco, este 14 de octubre, López Obrador declaró ante sus simpatizantes: "Borrón y cuenta nueva en el caso de la luz. No va a haber deuda, pero sí les pido que para adelante hay que cumplir, ¿de acuerdo? Porque si no, nos desacompletamos y ¿de dónde va a salir el dinero para el programa social? ¿Qué les dejo en garantía? Que todo ese dinero que van a pagar por los servicios de luz, nadie se lo va a robar. Se va a acabar la corrupción, me canso ganso. Nadie se va a robar los impuestos de los contribuyentes. Es un cambio de verdad".
El mismo político que promovió el boicot perdonará ahora la deuda que provocó. Lo bueno es que ahora López Obrador sí invita a sus simpatizantes a pagar, para no "desacompletar" las finanzas del nuevo gobierno. Antes no importaba, ahora sí.
El precedente es negativo. Se está generando un incentivo perverso para que los políticos promuevan boicots en el pago de impuestos o servicios públicos, perdonen a los morosos al llegar al poder y los inviten a pagar solo si ganan la elección. Esta estrategia solo ha funcionado, sin embargo, porque ha habido tolerancia ante la falta de respeto a la ley, como la que mostraron la CFE y los gobiernos federales que no se atrevieron o no pudieron cortar el servicio de quienes no pagaban.
López Obrador dice que los adeudos pasados se borrarán, pero que ahora sí todo el mundo tendrá que pagar la luz. Ya nadie se va a robar el dinero del pueblo, se cansa ganso. Yo no sé qué vendrá después; pero, por lo pronto, a los mexicanos ya nos desplumaron como gansos 43,000 millones de pesos.
Sergio SarmientoUna vez más se registraron ayer una serie de manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Ahora fueron organizaciones campesinas que, como siempre, exigieron dinero al gobierno federal. Esta forma de extorsión se ha convertido en una práctica habitual en nuestro país. Tiene un costo de miles de millones de pesos en productividad perdida, pero es muy rentable para los líderes de organizaciones políticas.
Sergio SarmientoEs clarísimo que la crisis no es sólo de violencia; también es de percepción de inseguridad, de impunidad y de parálisis en la Fiscalía General del Estado y en las policías metropolitanas que, quizá porque recién iniciaron las administraciones municipales, están acoplándose.
Si el poder judicial ha sido también incapaz -culpan al nuevo Sistema de Justicia Penal- de brindar justicia y castigar a los responsables de cometer delitos, lo que parece contundente es que en Jalisco hay una condena a soportar la crisis de violencia hasta que concluya la actual administración y su fracaso en materia de seguridad.
Jorge Octavio NavarroCon los ojos vendados y las manos atadas, Adrián fue golpeado por un grupo de vecinos de la colonia Olimpiada 68, en Naucalpan, quienes casi lo desnudaron y amenazaron con rociarlo con gasolina y prenderle fuego "¡para que aprendas a no venir a robar!".
Tras la golpiza, el joven fue entregado a una patrulla municipal, pero, al no haber quien lo acusara directamente y acudiera al Ministerio Público a ratificar su denuncia, quedó en libertad, informaron autoridades de este ayuntamiento.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 15 de octubre de 2018).El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en Tabasco habrá "borrón y cuenta en nueva" en el caso de los adeudos por concepto de luz [energía eléctrica], pero llamó a sus paisanos a cumplir de aquí en adelante "porque si no, nos desacompletamos".
(V.periódico El Informador en línea del 14 de octubre de 2018).La corrupción en México equivale hasta 10% de 2.1 billones de pesos anuales, cifra total del Producto Interno Bruto, señaló el rector de la UNAM Enrique Graue.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 9 de octubre de 2018).Hay una premisa fundamental que es la aplicación de la ley. La ley debe aplicarse, debe cumplirse, y eso no se ha hecho. Hay una terrible impunidad, se comete un delito en Jalisco y lo más probable es que no pase nada. Tiene que acabar eso; la gente que cometa un delito debe saber que en automático se expone a una sanción.
Macedonio Tamés Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad del próximo Gobierno de JaliscoLa cifra de personas presentadas ante un juez por cometer robo a transporte de carga pesada es casi nula. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de enero del 2017 a agosto del 2018 solamente 3 personas fueron consignadas por este delito en la entidad.
Esto, a pesar de que en ese mismo periodo se iniciaron 1,227 carpetas de investigación por ese delito; es decir, que la impunidad prevalece en 99.8% de los casos, aunque podría ser en todos, pues los datos no especifican la fecha del inicio de la averiguación por la que fueron consignados, por lo que pudiera tratarse de robos cometidos en otros años.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2018).Por supuesto que decepciona que Javier Duarte haya sido condenado a solo 9 años de cárcel por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La multa de 58,890.60 pesos parece, incluso, un insulto. Si se considera el tiempo que ya lleva en la cárcel, el ex gobernador de Veracruz podría alcanzar la libertad provisional en apenas 3 años.
Duarte ha sido el rostro de la corrupción en México desde hace años. Las acusaciones por presuntos desvíos en su contra han alcanzado cifras de hasta 75,000 millones de pesos. La Procuraduría General de la República, sin embargo, solo acreditó el desvío de 1,650 millones de pesos y la propiedad por él o por prestanombres de 21 terrenos y otras 20 propiedades, que serán devueltos al erario.
Duarte consiguió la imposición de la pena mínima al declararse culpable en los términos que permite el nuevo sistema penal. Esta declaración formal, sin embargo, no quiere decir que él mismo se considere culpable. Ricardo Sánchez Reyes Retana, su abogado, ha señalado que el defendido se declaró culpable para lograr un procedimiento abreviado, sin el cual el juicio podría haberse prolongado durante años. No hay constancias en el expediente, afirma, que acrediten que "algún recurso proveniente del gobierno del estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de manera ilegal".
El nuevo sistema penal acusatorio con el que se juzgó a Duarte está hecho para facilitar este resultado. El procedimiento abreviado implica un beneficio para el inculpado, al darle una sentencia más ligera, pero les ahorra a él y a la sociedad un juicio prolongado y costoso, durante el cual el acusado habría tenido que permanecer en la cárcel, aunque no hubiera sentencia definitiva en su contra. "La ley mandata [sic] beneficios -declaró el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez- y la ley no puede ser a modo".
Los casos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, sin embargo, no son el final de los procesos contra Duarte y sus allegados. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado un centenar de acusaciones por presunto peculado. También hay numerosas acusaciones promovidas por el actual gobierno de Veracruz, que se ventilarán en el fuero estatal.
También a Elba Esther Gordillo, recordemos, se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por las que quedó exonerada después de casi 5 años de proceso. La maestra, sin embargo, no enfrentó denuncias por peculado, que debió haber presentado el SNTE, mientras que Duarte sí las tiene.
Sin duda, las primeras sentencias contra Duarte tienen castigos decepcionantes, pero cuando menos el ex gobernador ya no ha quedado oficialmente impune, como tantos otros políticos. Otras acusaciones pueden llevar a castigos más severos, pero los procesos serán prolongados. Si no nos gusta este sistema, tendremos que modificar las leyes. Lo que no podemos es tener unas leyes para algunos y otras distintas para los demás.
La corrupción es una de las principales preocupaciones de nuestro país y explica en buena medida el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1o. de julio. El nuevo sistema anticorrupción parece ser un avance importante para impedir casos como el de Duarte. Es importante, por lo tanto, que se complete el sistema y que se nombre al nuevo fiscal anticorrupción. Hasta ahora no ha habido prisa.
· GUERREROS LIBRES
Un juez federal ha absuelto a 8 miembros de la banda Guerreros Unidos que confesaron su participación directa en la ejecución y quema de los normalistas de Ayotzinapa. La campaña del movimiento de Ayotzinapa está resultando, terrible y paradójicamente, en la liberación de los presuntos asesinos de los normalistas.
Sergio SarmientoPobladores del municipio de Metepec, en el estado de Hidalgo, lincharon a 4 personas, acusadas de "robachicos". Una de ellas, identificada como agente del Ministerio Público del distrito judicial de Tulancingo, murió luego de que le prendieran fuego.
De acuerdo con reportes de la policía estatal, durante la mañana de este jueves corrió el rumor de que 2 personas tomaban fotografías a los menores por lo que la población de Metepec comenzó a juntarse en el centro del municipio.
Vecinos del lugar atraparon a 4 personas y a una de ellas le prendieron fuego. Minutos más tarde murió y las otras 3 personas fueron rescatadas por la policía estatal.
(V.periódico El Informador en línea del 27 de septiembre de 2018).Había un enorme cúmulo de evidencia contra José Luis Abarca por su presunta responsabilidad en el homicidio de Arturo Hernández Cardona, a mediados de 2013.
Es más, la fiscalía de Guerrero había entregado miles de fojas de aquella investigación al gobierno federal desde un año antes de la noche de Iguala.
En 2015, los alumnos de la maestría de periodismo del CIDE tuvieron acceso al expediente y publicaron en Nexos un reportaje que se puede leer aquí: https://goo.gl/Ni9CzU, y que concluye: "La revisión de más de 7,000 fojas del expediente de aquel homicidio dice algo escalofriante: autoridades estatales y federales, instituciones de seguridad y justicia de todos los ámbitos, legisladores de Guerrero y federales sabían que Abarca era presunto responsable de esos homicidios, y tal vez de otros. Lo sabían desde por lo menos un año antes de la noche de Iguala. Lo discutieron en reuniones privadas y se debatió en público, incluyendo la tribuna del Senado de la República".
René Bejarano, entonces líder de la corriente política en la que militaba el asesinado, ha dicho que él personalmente se reunió desde aquellos lejanos días con Murillo Karam y... sí... Osorio Chong, para que se atrajera el caso y se actuara contra Abarca. Nunca quisieron hacerlo.
Hasta después de la noche de Iguala. En noviembre de 2014, la detención de Abarca se dio por aquel asesinato que la PGR ignoró año y medio y reaccionó después de la desaparición de los normalistas.
"Si Abarca era presidente municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, no fue por falta de pruebas en su contra, sino por la omisión deliberada de las autoridades facultadas para investigarlo y consignarlo. Y la tragedia de aquella noche tal vez podría no haber sucedido".
Carlos PuigEntre las 21:26 horas del lunes y las 1:29 horas de este martes, se reportó la presencia de varias personas atadas a postes y desnudas en distintos puntos de Puerto Vallarta; según indicaron las autoridades, fueron golpeados, rapados, desnudados y amarrados con señalamientos de que se dedicaban a robar, informó la Policía Municipal.
A las 21:26 horas del lunes policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia sobre las calles Gardenia y Herberto Castillo, a un costado del panteón ubicado en la colonia Progreso, localizaron a una persona atada a un poste. Era un hombre desnudo con huellas de tablazos y golpes en el cuerpo.
Poco después, a las 22:30 horas, se reportó que había otra persona en las mismas condiciones atada a un poste en la calle Durango, entre 10 de Mayo y 16 de Septiembre, en la colonia Bobadilla.
Minutos después, a las 23:00 horas, se informó de un 3er. hombre en un poste a la entrada del panteón ubicado en la calle Brasilia en la colonia 5 de Diciembre.
Y a las 01:29 horas se informó de otra persona más amarrada en el cruce de Río Ameca y Río Grande, en la colonia López Mateos.
El comandante y subdirector operativo de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, René Méndez Vásquez, informó que su corporación se dedicó a atender los reportes de los hombres desnudos, a quienes cuestionaron sobre lo ocurrido, pero que en los 4 casos no quisieron abundar con detalles sobre los agresores. "Inclusive uno de ellos se fue del lugar corriendo". La dependencia informó del hecho al agente del Ministerio Público.
(V.periódico El Informador en línea del 25 de septiembre de 2018).Maestros de la Sección 16 del SNTE tomaron hoy las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Educación de Jalisco en todo el estado, debido a que algunos de sus agremiados continúan sin que se regularicen sus nóminas.
Cientos de docentes tomaron la Delegación Regional ubicada en la avenida González Gallo, llegando incluso a bloquear la circulación de la avenida. La toma de las delegaciones se extendió de las 8:00 a las 15:00 horas.
(V.periódico El Informador en línea del 24 de septiembre de 2018).Si ante un evento como el macabro descubrimiento de los tráileres mortuorios en una entidad como Jalisco la sociedad y el gobierno no pueden encontrar no sólo un mecanismo para no acumular cadáveres, sino uno para que se entregue pronto a la investigación cada caso, y a las familias cada cuerpo identificado. Si todo va a consistir en cavar pozos, les va a faltar territorio. Si se trata de que sólo el gobierno estatal (el actual o el que viene) lo resuelva, va a ser imposible.
Jalisco termina el sexenio de la única manera posible. A pesar de los esfuerzos por cambiar la narrativa, por hacer que de esa entidad se hable de su economía, de sus destinos o de su folclor, la fuerza de su realidad oscura se impone. Nada prevalecerá si el crimen no es arrinconado. Todo se puede hacer o intentar, pero si no se resuelve lo esencial, si no se abate la impunidad, el autoengaño en que vivimos -en Jalisco y en México- será evidenciado una y otra vez por la muerte.
Salvador CamarenaEl conductor de un camión de paquetería, después de una discusión y un desencuentro con los 2 tripulantes de una motocicleta, murió víctima precisamente de un disparo. Al parecer, tanto al chofer del camión como a los motociclistas les ganó la calentura del pleito y llevaron el altercado más allá de las amenazas y los cerrones, y llegó el momento que uno de los tripulantes de la moto de plano se bajó, sacó una pistola y le disparó al chofer.
Murió ahí mismo.
De terror.
Cuesta trabajo creer que alguien pueda perder la vida así, "tan fácil", y que además sea una historia que podría repetirse y repetirse porque jamás se dará con los tripulantes de la moto (es más; difícilmente se intentará dar con ellos) y podrán seguir con su vida cotidiana con total impunidad y con el riesgo de repetir su acción, porque ni la ley, ni el aparato de justicia del Estado, intentarán ponerles un alto.
Es la falta total del Estado de Derecho.
En Jalisco hechos como el del camión de paquetería es el precio de tener todo un aparato de justicia que castiga únicamente 1 de cada 100 delitos. El resto queda en total impunidad. La probabilidad de que un delincuente sea detenido y castigado es mínima, por lo que resulta incluso un buen negocio ser malandrín, ya que al parecer se tienen menos riesgos que alguien que emprende un negocio legal.
Por bien intencionados que lleguen los "nuevos" gobiernos, tanto a nivel estatal como nacional, se antoja difícil el recomponer esta situación. La impunidad también ha significado no castigar a funcionarios corruptos ni a quienes omiten precisamente aplicar el Estado de Derecho.
La gran paradoja del Estado mexicano es que destina cantidades millonarias de presupuesto para sostener procuradurías, ministerios públicos, jueces y juzgados, para que al final del camino reciban de calificación 1, en una escala del 1 al 100.
Mucho menos que reprobado.
Y mientras tanto, la ciudadanía, usted y yo, vivimos sencillamente en la indefensión.
Pablo LatapíEl Nuevo Sistema de Justicia Penal lo convirtieron en botín político. La forma en que se dio el nombramiento de los nuevos jueces, manoseado por los magistrados, más preocupados por darle chamba a los parientes que por resolver el problema de justicia, hizo que el sistema naciera mal y a la postre que se convirtiera en la explicación y la excusa de todo político. Está probado que en los estados donde se aplicó correctamente el nuevo sistema bajó la impunidad. En Jalisco, por el contrario, aumentó.
Finalmente, el Servicio Forense, que es la entidad fundamental para la investigación y la aplicación del sistema de justicia penal, fracasó. La administración de Aristóteles Sandoval no entendió, o no quiso entender, que el Servicio Forense era el elemento clave para el desarrollo de un nuevo sistema de justicia y nunca se le dio presupuesto ni se tomó con la seriedad que debía su desarrollo.
Los macabros tráileres con cadáveres no son, pues, sino una especie de macabra metáfora del fracaso del sistema de justicia en el estado.
Diego Petersen FarahEs una vergüenza que el tráiler refrigerado para guardar cadáveres que ya no cabían en la morgue estuviera afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) desde hace 2 años y que apenas se convierta en un escándalo nacional e internacional. La crisis del tráiler con los muertos errantes revela varios puntos.
El 1o. de ellos es la incompetencia y la irresponsabilidad del Gobierno de Jalisco para atender y resolver con apego a la ley y a la dignidad de las familias, el problema de los cuerpos asesinados y desaparecidos. Las familias han denunciado desde hace tiempo que el gobierno estatal no busca a sus desaparecidos, no investiga los asesinatos y no brinda los recursos suficientes para que los peritos hagan su trabajo de identificación. El caso de los muertos errantes revela también que no se atendió a tiempo la demanda de construir cementerios forenses, antes de que la morgue del IJCF se viera rebasada.
El ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, cesado tajantemente por el gobernador Aristóteles Sandoval el pasado lunes, sostiene que avisó a la Fiscalía General del Estado desde hace años. De hecho el almacenamiento de los cuerpos en los tráilers comenzó en junio de 2016. Y ahora el gobernador amenaza con castigos ejemplares a quienes ordenaron su traslado por varios municipios metropolitanos, cuando tuvo más de 50 meses desde que comenzó a guardarse cuerpos en tráileres. Tuvo tiempo de sobra para atender este problema y no lo hizo.
Pero el tráiler no sólo cuestiona la capacidad del gobierno. Algo grave debe estar pasándonos como sociedad para que sea más urgente construir cementerios forenses que hospitales o museos.
El tráiler con los muertos errantes también nos confronta sobre el tamaño de la guerra que enfrentamos. El problema de fondo no es que haya espacios insuficientes en al morgue estatal, sino la gran cantidad de homicidios violentos y desapariciones que se están cometiendo.
Y la exigencia no debe ser por una paz ambigua que no distingue enemigos, sino denunciar y combatir el narco-estado que resguarda sus intereses, protege y deja en la impunidad a quienes matan y desaparecen. Esa es la batalla que debemos librar de fondo. Entre tanto, que se dé trato digno a los cuerpos que esperan ser identificados.
Rubén MartínLas instalaciones del Servicio Médico Forense ya son insuficientes para almacenar los cadáveres que se le remiten en función de la incidencia de muertes violentas -5 diarias, en promedio- que ocurren en la zona metropolitana de la otrora "Ciudad Amable", y que nadie reclama quizá porque los familiares denuncian su desaparición, pero se ahorran el desagradable trámite de buscar entre los difuntos que se acumulan en la morgue.
Las penurias de las autoridades para almacenar esos cuerpos, habida cuenta de que la ley obliga a "llevar el control de la admisión, custodia y entrega" de los mismos a los familiares que los reclamen, y prohíbe expresamente incinerarlos, remite a reflexiones pretéritas acerca de las muertes violentas que ocurren en Guadalajara y anexas: más concretamente, que las autoridades encargadas -teóricamente- de esclarecer esos hechos, de investigar las causas, identificar a los autores y someterlos a proceso, difícilmente cumplen siquiera con la fase preliminar de ese trámite: la identificación de las víctimas.
Por lo demás, en la hipótesis de que se encontrara, primero, la fórmula que resolviera el conflicto de índole sanitaria que se volvió noticia, y, después, ocurriera el milagro de que se hicieran pesquisas, se identificara, procesara y sentenciara a los culpables, el siguiente embrollo consistiría en disponer de los espacios necesarios para encarcelar a los autores de tales crímenes.
Si uno de los más graves problemas que confronta el sistema penitenciario en México consiste en la saturación de los pomposamente denominados "Centros de Readaptación Social" -lo que genera fenómenos como el "autogobierno" de las cárceles y los que de ahí se derivan-, no obstante las notorias insuficiencias de los mecanismos teóricamente encargados de la procuración de la justicia, sería terrorífico imaginar las dimensiones que tendrían los penales capaces de alojar a la mayoría de los criminales... y cómo sería la vida dentro de los mismos.
Jaime García ElíasLas detenciones de los autores de agresiones a balazos son escasas. Según un análisis, sólo en 18 de los 133 incidentes registrados en la metrópoli se reportó que se detuvieron a los atacantes tras cometer el crimen.
Por municipio, el más "efectivo" es Guadalajara, con arrestos en 11 de 56 incidentes. Le siguen Tlaquepaque y Zapopan, con 3 de 39 y 3 de 21, respectivamente. En Tlajomulco es 1 de 13 y en Tonalá no se logró ninguna detención en los 4 casos contabilizados.
El problema es el modus operandi de los delincuentes: arriban en motocicleta o convoy; luego se dan a la fuga inmediatamente después de la agresión.
De hecho, en la mayoría de los casos donde sí hubo detenidos se trató de enfrentamientos entre policías y civiles, incidentes en los cuales los elementos lograron someter a los delincuentes.
Fernando Espinoza de los Monteros, de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, consideró que el aumento de hechos en los que están involucradas las armas de fuego, incluso balaceras como la de mayo en Chapultepec, obedece principalmente a cambios de conducta en la población.
"Por un lado es la transculturación del narcotráfico, que a través de corridos o series los hacen ver como héroes. Eso va generando un relajamiento en la conducta normal de los individuos y van adoptando este comportamiento".
Remarcó que el aumento en los reportes como detonaciones refleja que la gente empieza a hacer los actos que hacen los delincuentes.
"Creen que es normal sacar la pistola. Además, estamos invadidos de narcotraficantes que gozan de impunidad absoluta... si se emborrachan, avientan balazos, llega la policía y ve que es el delincuente y ni se meten".
Por otro lado, los cuerpos de seguridad no están respondiendo de manera adecuada, lo que hace que la gente busque la forma de protegerse por sus propios medios.
"Aquí en Chapalita de repente ocurren balaceras, se está volviendo una constante en toda la zona metropolitana y, a veces, ya ni las reportan. Hago un llamado de atención a la sociedad a que no se deje influir por las conductas que afectan la tranquilidad y seguridad, somos más los buenos que los malos".
El presidente de la organización México SOS capítulo Jalisco, Anuar García, adelantó que trabajan en una iniciativa para que signifique prisión oficiosa el delito de portación de armas de fuego sin permiso y sin importar el calibre.
Afirmó que los programas de canje de armas por aparatos electrónicos no servirán de mucho si el Código Nacional de Procedimientos Legales no se modifica.
"El programa de despistolización ya no es interesante desde el momento que dejó de ser un delito. Las personas saben que si van armadas salen libres, ya nadie está entregando las armas. Los programas ya no se han incentivado. La entrega bajó en un 85% a partir de la reforma de 2016".
Indicó que, por los cambios en la ley, la única manera como pueden lograr los Ministerios Públicos la prisión es motivar ante el juez de control una medida cautelar. "Ni a nivel nacional en 2 casos lo han podido probar. Si no existe una modificación, los delitos van a seguir".
Recordó que antes de la reforma constitucional, portar armas de fuego de cualquier calibre o de uso exclusivo del ejército significaba un delito grave que ameritaba prisión preventiva de manera automática.
"Las personas afuera están armadas porque saben que el delito ya no es grave, ese ha sido el problema, ahora todo mundo puede estar armado".
Agregó que desde el cambio en la legislación han detectado un aumento de interés por adquirir armas. "Hay grupos de Facebook que las ofrecen, fábricas de armas de fuego en Jalisco, ya no es necesario que las traigan de Estados Unidos".
Sobre este tema, el comisario jefe de Seguridad Pública de Zapopan, Jorge Arizpe, coincidió en que ahora es más fácil que las personas consigan armas de fuego, "Aunque normalmente son calibres bajos".
Explicó que hay muchos casos en donde los disparos los sueltan en fiestas en las que los ciudadanos abusan de sustancias como el alcohol. "Si llega la patrulla por un informe de detonación, pero resulta que hay un lesionado, se apunta el reporte como lesionado, no como detonación".
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2018).Policías de Seguridad Pública de la Ciudad de México evitaron que 2 presuntos delincuentes fueran linchados en la delegación Iztapalapa. Los sospechosos robaron un taxi, por lo que el conductor pidió ayuda a varios testigos, quienes los interceptaron en el camino y golpearon a los implicados.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2018).La tarde del pasado 24 de abril, Juan Antonio Ramos, de 59 años, salió de su casa, ubicada en la Colonia Oblatos. Iba por comida para la familia en su día libre, recordó Carlos, uno de sus 4 hijos. "Iba a San Onofre porque le gustaban mucho las carnitas; de ahí se iba a regresar a la casa. Él trabajaba como guardia de seguridad".
Sin embargo, ya no volvió. En algún punto del trayecto fue golpeado por personas que lo señalaron como "robachicos" por alguna causa.
Cuando Juan Antonio era encarado, una unidad de la Policía de Guadalajara pasó y los oficiales detuvieron su paso para ver qué sucedía.
"Según eso vieron que todo estaba bien y lo dejaron ahí, pero cuando se fueron una señora de una estética comenzó a gritar que lo agarraran. Ahí es cuando pasó todo".
Lavacoches, apartalugares y vecinos de San Onofre comenzaron a agredirlo. Se unieron más personas y entre todos lo golpearon hasta que la patrulla regresó. Los agresores incluso le tomaron fotografías y las publicaron en redes sociales.
Los oficiales resguardaron a Juan Antonio y solicitaron una ambulancia, la cual lo llevó a la Cruz Verde. Alguien le informó a su mujer lo que ocurrió y ella fue a su encuentro. Por los traumatismos que le provocaron, fue trasladado a la torre de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En el área de traumatología, detectaron fracturas en nariz y en 3 de sus costillas. También le rompieron todos los dientes. Se le programó una cirugía en 10 días, pero durante ese tiempo la fractura en el tórax comenzó a perforar uno de sus pulmones.
"Le drenaron sangre pero no fue suficiente. Dijeron que era mejor hacerle una traqueotomía y 4 días después le dio un paro cardiorrespiratorio. Murió el 17 de mayo a las 2:30 de la mañana".
La familia de Juan Antonio interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado por el delito de homicidio doloso, pero no les han mostrado avances en las investigaciones. "Muchos compartieron la publicación, pero después se dieron cuenta de que mi familia había denunciado y todos borraron la información".
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2018).Desde el pasado 25 de enero se publicaron en el Periódico Oficial de Jalisco, las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, además de endurecer las multas contra las personas que infringieran las disposiciones; sin embargo, han pasado 8 meses y tales modificaciones quedaron en el papel. No existe una coordinación estatal para aplicar las sanciones.
De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del total de llamadas realizadas al 911 solamente 11% es real.
Con un total de 2'802,953 llamadas improcedentes (falsas o bromas) durante los 6 primeros meses de 2018, Jalisco se coloca en el 3er. lugar nacional, sólo por debajo del Estado de México (3'214,133) y de la Ciudad de México (4'477,153), de acuerdo con las "Estadísticas nacionales de llamadas de emergencia al número único 911".
Los estados con menos llamadas improcedentes son Morelos (420,937), Zacatecas (34,787) y Baja California Sur (284,664).
El estudio analiza el total de llamadas recibidas durante los primero 6 meses de 2018 a la línea telefónica del 911, en los 194 Centros de Atención en la República.
(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 14 de septiembre de 2018).2 presuntos ladrones fallecieron al recibir impactos de bala de un pasajero que se opuso a ser asaltado en una camioneta de transporte público, donde una joven resultó lesionada.
Los hechos se registraron en la zona de San Esteban, en Naucalpan, cuando vecinos escucharon una serie de detonaciones, en una camioneta tipo Urban de pasajeros.
El cuerpo de un hombre cayó en las inmediaciones del Canal del Tornillo, en avenida San Esteban, junto a Chedraui y otro más a una distancia de unos 15 metros, cerca de la puerta 7 del Campo Militar número 1.
Autoridades municipales reportaron que en esta balacera también resultó herida una joven de 17 años, identificada como Karla "N", quien recibió un impacto de bala en el abdomen, quien fue trasladada al hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS.
El "justiciero", presuntamente es un militar que viajaba como pasajero, quien se perdió entre curiosos en la zona aledaña al Campo Militar número 1.
(V.periódico El Informador en línea del 13 de septiembre de 2018).El lunes un grupo de habitantes en la colonia San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, detuvieron y golpearon dentro de una iglesia a un hombre de 24 años, quien fue acusado de intentar robarse a una menor de edad.
La Secretaría de Seguridad Pública local informó que a las 21:30 horas se desplegó un operativo para rescatar al presunto delincuente, porque los vecinos respondieron de forma violenta.
Luego de tener contacto con el agredido y pedir atención médica, el joven murió abordo de una ambulancia por los golpes recibidos.
Por este hecho, se realizó el aseguramiento de 8 personas, de entre 20 y 59 años, mismas que obstaculizaron la entrada y salida de las unidades médicas y personal de seguridad pública, asimismo por el delito de resistencia de particulares.
(V.periódico El Informador en línea del 11 de septiembre de 2018).Es la tarde de un día entre semana, el bullicio no cesa en uno de los grandes mercados urbanos, de pronto surge de entre la multitud de visitantes un hombre menudo, saludador y dinámico, llega a un puesto y le dan de inmediato varios billetes, va a otro y sucede lo mismo, sin chistar, sin dar recibo, sin mediar otra cosas que la sonrisa y el saludo del recaudador y el gesto resignado del aportador.
Empleados y dueños siguen su rutina, ofrecer sus productos a los posibles clientes, desde que amanece hasta que llega la tarde, vender y regatear, cuidar la mercancía, llevar los registros, otorgar recibos y facturas, mantener lo que se vende en las mejores condiciones, a veces permanecer de pie por varias horas.
Nada de eso importa al "recaudador" vespertino, el sólo va a recoger una parte de las ganancias que otros logran con su trabajo de todos los días. Sin duda el dinámico recaudador recibe a cambio algún sueldo, para luego entregar un buen maletín repleto de billetes a su jefe ¿a cambio de qué? De seguridad, dirá la gente, de una seguridad ofrecida a cambio de una aportación cotidiana, de lo contrario el mismo que protege puede dañar.
En la jerga de nuestros días a eso le llaman "pagar plaza", y los comerciantes la pagan por una simple y contundente razón: no existe autoridad alguna capaz de protegerlos en caso de negarse a este tipo de chantajes. Su puesto puede ser asaltado de día o de noche, incluso el mercado entero podría arder en llamas sin que el gobierno lo pueda impedir, los mismos dueños no están seguros, ni ellos ni sus familiares, por lo tanto no les queda de otra que transigir, recibir al cobrador, darle la cuota asignada y seguir viviendo.
Los empleados de los mostradores se dan cuenta. Ellos trabajan 8 o más horas por un salario pobre, mientras que éste y otros tantos ganan mucho sólo por ofrecer seguridad o ir de puesto en puesto recibiendo cuotas; los pensamientos vienen y van, también las tentaciones, total, en este país todo se vale, todo se puede, si otros lo hacen ¿por qué no ellos también?
De momento la vida continúa, hay dinero para todos, para los que trabajan y para los que sólo roban, también para un gobierno inepto que sin embargo de sus pésimos resultados, sigue ganando, ¿hasta cuándo?
Armando González EscotoMaestros de 200 escuelas de la zona montañosa central de Veracruz mantienen un paro de labores por la inseguridad que se vive en varias regiones. Los profesores de los municipios de Orizaba, Soledad Atzompa, Acultzingo, Ciudad Mendoza y Nogales, entre otros, decidieron parar en protesta por los aumentos en secuestros, "levantones" y extorsiones en su contra. Se trata de 177 escuelas de educación básica, a las cuales se les unieron telesecundarias y telebachilleratos para hacer un total de 200 colegios que se encuentran sin clases.
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2018).Al darse a conocer que uno de los presuntos homicidas de los 2 policías de Zapopan que fueron asesinados el lunes había sido detenido y liberado en 10 ocasiones por robo de auto, las autoridades prometen que darán seguimiento a cada uno de los casos relevantes en las mesas de seguridad que se realizan semana con semana.
El gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que "cada semana se va a ver el estado procesal de cada detención para revisar en dónde están las fallas y evitar que se les dé la libertad a estos generadores de violencia bajo cualquier argumento legal o argucia legaloide".
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 6 de septiembre de 2018).En México, los mecanismos para salvaguardar los derechos de las víctimas de delitos no funcionan de manera eficaz. Las víctimas sufren desatención y los encargados de representarlas se ven sometidos a cargas de trabajo insostenibles.
Si bien en el informe de México Evalúa se aprecian pasos firmes del SNSP para consolidar el sistema penal acusatorio y atender las necesidades en materia de seguridad, esto no ha permeado en lo que se refiere a la atención a víctimas. La ley creó servicios para salvaguardar y garantizar derechos, que no han sido fortalecidos para su efectividad.
Esta deficiencia crea situaciones de revictimización y coloca a las personas encargadas de atender y representar a las víctimas en una situación vulnerante, sometiéndolas a cargas de trabajo insostenibles y llevándolas a tener fallas por la simple imposibilidad de hacer frente a la cantidad y complejidad de los casos.
El Estado debe escuchar las quejas constantes de las víctimas que refieren esta desatención, pero es necesario que identifique las razones reales que las generan: a nivel estatal y federal, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas operan con el mínimo indispensable. La falta de personal e infraestructura es evidente, tanto en la práctica como en los números que reporta el informe de México Evalúa.
Lo ideal, por supuesto, sería bajar el índice delictivo y que dejen de existir estas alarmantes cifras de víctimas en todo el país. A la par, debemos tener las condiciones adecuadas para que, desde el 1er. contacto que tengan con las personas que las atiendan, comience su necesario proceso de sanación y reparación.
Ana Pamela Romero Guerra y Daniela García GonzálezEl lunes en su último Informe el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que deja un país mejor de lo que recibió en el 2012. La enorme mayoría de los ciudadanos pensamos muy diferente. Esta administración, como la de Calderón y la de Fox, tuvo la oportunidad de transformar al país, de raíz, particularmente en el gran pendiente: la legalidad. Ninguno de los 3 gobiernos abono en ese sentido.
La pobre transición política de nuestra democracia en los últimos 18 años no ha dado los resultados que los ciudadanos esperaban de la política y las instituciones. ¿Cómo habría cambiado el país si estos 3 sexenios se hubiesen abocado a convertir a México en un país de un verdadero Estado de Derecho?
En cambio, México sigue bajando en todos los índices internacionales que miden injusticia, ilegalidad, inseguridad, impunidad y corrupción. Muy pronto en el sexenio la administración de Peña Nieto se quedó sin la legitimidad política y la autoridad moral necesarias para defender su visión de país e impulsar su plan de gobierno.
Julio MadrazoDe enero de este año a la fecha se han registrado un total de 15 linchamientos, en los cuales por lo menos 11 personas, fueron quemadas vivas. En todos los casos, las autoridades municipales se vieron rebasadas ante los actos de las turbas frenéticas.
Las autoridades siguen sin entender y por lo tanto, sin erradicar el problema de origen.
¿Qué es lo que propicia estos actos desmesurados? Pareciera que el objetivo es atribuir todo a las "fake news" o a la propagación de información falsa mediante redes sociales o páginas web que, a pesar de la reacción adversa que generan, son sólo un eslabón de la cadena.
El sistema de justicia en México está colapsado. El índice de impunidad es más de 90%. Cada vez son más las personas que han sido víctimas de algún delito y no han obtenido justicia por parte de la autoridad.
Que quede claro, absolutamente nada justifica que los ciudadanos, movidos por emociones primitivas, pretendan cobrar justicia por propia mano.
Pero también, que no se nos olvide que los funcionarios siguen reciclándose y justificándose; que cada vez son más indolentes, omisos, e incapaces ante los nuevos contextos sociales, propiciados en gran medida por su incapacidad.
¿Vamos a permitir que los linchamientos crezcan y se normalicen ante nuestra indiferencia, tal como ocurre con los casos de personas desaparecidas o asesinatos que aumentan desmedidamente? ¿Qué estamos esperando?
Gabriela AguilarNo se puede culpar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por explorar nuevas y creativas medidas para mejorar la seguridad pública y hacer frente al crimen organizado y a la violencia. Sin embargo, su reciente propuesta de amnistía para quienes cometan delitos menores relacionados con drogas, no solamente está destinada al fracaso en el aspecto táctico, sino que también es contraria al trabajo vital que México está haciendo para desarrollar un sistema de justicia penal basado en el Estado de Derecho.
Mientras las organizaciones delictivas en México sean capaces de controlar el acceso al lucrativo mercado de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, así como el mercado interno en México, la amnistía no va a cambiar las dinámicas subyacentes que alimentan la situación de violencia generalizada que ocurre en México.
Los jugadores clave en el ámbito del crimen organizado no pueden simplemente renunciar. Cualquier intento por irse puede ser manejado de forma violenta por los grupos -es la versión plata o plomo de los criminales ("mordida" o "bala")-. Por otra parte, qué apoyo económico y social puede reemplazar lo que las organizaciones delictivas le ofrecen a sus integrantes. Aun en el caso de que un número considerable de delincuentes reclamen la amnistía, inevitablemente las pandillas reclutarán reemplazos, ya sea voluntaria o involuntariamente.
Es importante notar que la inmunidad de largo alcance para los infractores violaría directamente el proyecto de México de desarrollar un sistema de justicia imparcial y efectivo. En su núcleo central, el Estado de Derecho descansa en la noción de aplicación imparcial de la norma y rendición de cuentas para quienes violan la ley.
La amnistía podría crear una generación de personas que "se salieron con la suya", además de generar una expectativa de que los futuros delincuentes podrían también recibir amnistía algún día. Asimismo, existe poca garantía de que quienes reciban esta amnistía no regresarán a la actividad criminal, ya sea en el futuro o inmediatamente. En resumen, la amnistía no solamente fracasaría como un asunto práctico en el corto plazo, sino que podría ser significativamente perjudicial para el desarrollo de México a largo plazo.
En lugar de legitimar la impunidad del proceso legal que existe hoy, AMLO debería apoyar y avanzar en el desafío histórico de reformar y fortalecer el sistema de justicia penal en México. A pesar del impresionante desarrollo económico y social que ha tenido México en los últimos 30 años y de los esfuerzos de una reforma democrática, destacados por el progreso en implementar un sistema electoral confiable y justo, el principal fracaso institucional en México se relaciona con el Estado de Derecho.
Para revertir esta situación se requieren acciones en múltiples frentes. El 1er. paso clave es reformar la Procuraduría General de la República (PGR). Ninguno de los presidentes recientes que ha tenido México, ni sus partidos políticos, han confrontado las debilidades congénitas integradas en la PGR. Los esfuerzos actuales de reforma se han enfocado en el reemplazo del sistema inquisitivo al adversarial. Si bien es laudatorio en sus propios términos, este cambio en el "proceso" no hará nada por abordar los problemas de raíz en la PGR. Así como tampoco el establecer un "Fiscal General" independiente lograría mucho sin la creación de una organización, bajo tal oficial, que sea profesional, competente y honesta.
Las insuficiencias de las reformas son obvias a la fecha. La corrupción es endémica, la violencia continúa siendo generalizada, falta un verdadero sistema de justicia civil, y las cortes siguen siendo débiles y poco confiables. El único elemento de disuasión real de la justicia penal en los últimos 25 años ha sido la posibilidad de ser extraditado y enfrentar un juicio en los Estados Unidos. Sin embargo, esto ha aplicado solamente a los líderes de los cárteles, como "El Chapo" Guzmán. La gran mayoría de los infractores de la ley no tienen, y actualmente no se enfrentan, a la posibilidad real de rendir cuentas por sus crímenes.
Los efectos adversos en México son reales. Las víctimas de la violencia y el crimen no reciben justicia; además, se ha erosionado la fe y confianza públicas en la capacidad del gobierno. Fallar en llevar a los criminales ante la justicia genera más violaciones de la ley y más violencia.
Con el tiempo, la corrupción y la ausencia de un Estado de Derecho socavará el continuo crecimiento de la economía mexicana. Si México aspira a ser la 4a. o 5a. economía más grande del mundo, como algunos proyectan que podría ocurrir en los próximos 30 años, las comunidades de negocio e inversión requerirán garantías de previsibilidad y recursos que sólo se encuentran en el Estado de Derecho y no en un clima contaminado por la corrupción masiva y las amenazas persistentes de violencia.
Por supuesto, la transformación del sistema de justicia en México no será fácil ni rápida. La corrupción sistémica plagó a los Estados Unidos hace 100 años, y la mafia fue una fuerza poderosa en muchas de sus grandes ciudades. Construir un departamento de justicia fue un largo proyecto de décadas, a la par de agencias de aplicación de la ley y un sistema judicial que pudiera manejarlos con habilidad y disuadir a otros actores, incluidos a los políticos, de encontrar ganancias ante la ausencia de la ley.
En su campaña, AMLO se pronunció fuertemente contra la corrupción, y un elemento central de esta elección fue la creciente repulsa popular hacia la corrupción sistémica en el Estado de Derecho, en una clase media cada vez más educada. No hay atajos, pero se debe empezar y AMLO fue elegido para instituirlo. Esto debería iniciar con una profunda reforma de la PGR, o el desmantelamiento de ésta y la creación de algo nuevo, a la par de nombrar a un procurador general capaz de encabezar a un equipo de "intocables" no comprometidos y profesionales para que esto suceda.
Alan BersinPobladores de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, lincharon a un hombre y dejaron herida a una mujer, a quienes acusaron de ser secuestradores.
De acuerdo con información preliminar del caso, la gente arrinconó a la pareja, a la cual persiguió por las calles hasta alcanzarla. La golpearon, amarraron y prendieron fuego.
Autoridades locales confirmaron la muerte de una persona y el traslado de una mujer a una clínica de la región, con quemaduras y lesiones de gravedad (quien por la noche falleció por un paro cardiaco).
Al lugar acudieron policías municipales quienes ya acordonaron la zona, mientras que el grupo de pobladores que protagonizó el incidente se dispersó por calles aledañas.
Las personas atacadas son originarias del municipio Tezontepec de Aldama.
Tras recibir el reporte, policías municipales se trasladaron a la comunidad, en donde vecinos tenían retenida a la pareja por ser presuntos secuestradores.
Los policías municipales se retiraron del sitio sin rescatar a la pareja y fue después del asesinato que la corporación tomó control del lugar.
El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, reveló que ya se tienen detectadas a algunas personas como probables responsables de la difusión de noticias falsas por redes sociales donde se alerta por el supuesto robo de niños.
Vargas Aguilar señaló que los rumores esparcidos en redes sociales sobre la presencia de personas desconocidas que sustraen a menores en diversas comunidades, pueblos y municipios, ya tuvo un efecto e impacto negativo.
Mencionó que se ha reiterado el mensaje de no dejarse llevar por cadenas de redes sociales y caso de tener información de algún caso en particular, hacer la denuncia.
Respecto a las investigaciones por el delito de lo que resulte de la muerte de 2 personas, un hombre de 40 años y una mujer de 50, ocurrido la tarde del jueves cuando fueron linchados y quemados por la población, el secretario de Gobierno de Hidalgo dijo que se citará a todos los involucrados, tanto autoridades locales como responsables de la comunidad, vecinos y personas de la zona, a fin de dar con los responsables.
(V.periódico Milenio Jalisco en línea de los días 30 y 31 de agosto de 2018).Habitantes de una comunidad del estado de Puebla lincharon y quemaron vivos a 2 presuntos secuestradores que sacaron de la cárcel, informó hoy la Fiscalía General.
Los presuntos criminales, 2 hombres de 53 y 22 años, fueron señalados como secuestradores de niños por pobladores, que los detuvieron y entregaron a las autoridades de la comunidad de San Vicente Boquerón, en el municipio de Acatlán de Osorio.
No obstante, la muchedumbre forzó a los policías a retirarse de la prisión para sacar a golpes a los 2 detenidos, que fueron golpeados y quemados vivos.
Decenas de personas que estaban presentes optaron por tomar vídeo con sus teléfonos móviles para subirlos a las redes sociales.
La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, condenó el linchamiento y lamentó el hecho de que las autoridades se vean rebasadas en la demanda de dar seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla informó que se investigará el linchamiento y también la razón por la cual la presidencia municipal de Acatlán de Osorio "no informó en tiempo para activar el protocolo" de seguridad.
(V.periódico El Informador en línea del 29 de agosto de 2018).Luz María Ortega Tlapa se aseguró de que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, no sea procesado.
A pesar de que el antiguo director de Odebrecht en México, Alberto de Meneses, lo acusó de haber recibido 4 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto -a cambio de futuros contratos- la juez del 8º distrito de amparo penal prohibió, sin determinar límite temporal, que se aprehenda o investigue al ex funcionario.
La argumentación jurídica de Ortega Tlapa es cuestionable porque con su resolución obstaculiza la tarea de la justicia en uno de los casos más escandalosos y emblemáticos, no solo de México sino de América Latina.
Esta actuación de la juzgadora debe recibir toda la potencia de los reflectores públicos. Sin ingenuidades: ¿cómo es qué Ortega Tlapa decidió proteger a Lozoya Austin? ¿Qué razonamientos legales y extralegales la influyeron? ¿Qué presiones o complicidades la llevaron a conceder este preciso amparo? ¿Por qué no quiso o no pudo rebelarse? ¿Por qué no logró dejar la política fuera de su juzgado?
Nuestra época es una en que la roca sólida de la impunidad sólo podrá quebrarse a partir del cincel filoso de la actuación judicial. Como el escultor, el juez actúa modelando -caso tras caso- una sociedad de leyes, o bien una comunidad de complicidades y privilegios.
Por fortuna, al caso resuelto por Ortega Tlapa en favor de Lozoya Austin se oponen otros -de jueces que sí son notables-, que están dispuestos a hacer que la distancia entre lo legal y lo justo deje de ser un abismo en nuestro país.
Para quebrar la roca de la impunidad se necesitan jueces fuertes, autónomos, valientes éticos y, sobre todo, muy bien hechos.
Detrás de cada juez corrupto hay un abogado corrupto que mueve la cuna. Son esos operadores del derecho el peor cáncer que invade nuestro sistema de justicia. Un día, también a ellos debería caerles encima un reflector implacable.
Ricardo RaphaelAl menos 500 taxistas suspendieron sus actividades en Acapulco, Gro., y bloquearon las calles para denunciar la inseguridad y las extorsiones a las que son sometidos al ofrecer sus servicios. Los taxistas señalaron a las autoridades que entre jueves y viernes se registraron al menos 6 ataques contra sus compañeros en diversos puntos del puerto.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 25 de agosto de 2018).Los casos de Elba Esther Gordillo y Javier Duarte han puesto nuevamente en evidencia a la Procuraduría General de la República. Ya no sabemos si es ineficiente a secas o intencional y perversamente ineficiente. Ojalá fuera lo segundo, que las pifias, los hierros y la falta de pericia para perseguir delitos de corrupción sean porque hay una mente macabra pensando cómo ayudar a sus "carnales", pero me temo que no, que el problema es la ineficiencia a secas, sin adjetivos, que, efectivamente, en este país la justicia es ciega, pero también sorda, muda y lerda: da palos de ciego, no escucha a nadie, no tiene una voz autorizada y hace tonterías por sistema.
Uno puede entender que políticamente el sistema tenga interés en que el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, salga de la cárcel lo antes posible, quizá hasta para cumplir algún pacto tipo "compadre, te tienes que ir a la cárcel pero yo me comprometo a que salgas antes de que yo me vaya y te quedes con tu lana para que sigas mereciendo la abundancia", pero me cuesta muchísimo trabajo pensar que la PGR y el gobierno federal hayan tenido la más mínima intención de ayudar a que la maestra Gordillo saliera del bote y revivir al enemigo. La debilidad política con la que saldrá el grupo de Peña Nieto, quizá sea el ex presidente más débil de los últimos años, y particularmente el ex secretario de Educación y responsable de la desastrosa campaña de Meade, Aurelio Nuño, por supuesto que no les conviene tener en la calle, empoderada y enojada, a quien le hicieron la guerra, por las razones que hayan sido.
Me temo, pues, que no estamos ante una justicia selectiva sino ante una Procuraduría tan ineficiente que cualquiera que tenga dinero y abogados la puede vencer. Los pobres seguirán siendo la carne de cañón y los que engrosarán las cifras del informe presidencial el 1o. de septiembre, pero los llamados "peces gordos" se libran de la cárcel literalmente como peces en el agua.
Diego Petersen FarahEl próximo jefe de la Oficina de la Presidencia del nuevo gobierno, Alfonso Romo, adelantó que entre sus funciones estará de manera primordial ayudar a los empresarios para agilizar su labor y dejó claro que necesitarán al empresariado para sacar al país adelante.
Asentó que el México moderno seguirá caminando y que el reto de la administración de López Obrador será transmitir la confianza de que el país se convertirá "en un paraíso de la inversión", para lo que será necesario -dijo- Estado de Derecho y mucha seguridad física.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2018).Es una guerra entre bandas del crimen; es una pugna entre células criminales; 2 cárteles se están disputando el control de la plaza; hay una pelea por el territorio...
La frase puede cambiar un poco, pero en esencia, este es el mensaje que el Gobierno de Jalisco da en toda ocasión para tratar de explicar el aumento sostenido e indignante de la guerra que tenemos en Jalisco. Esta oleada de asesinados, masacrados, desaparecidos y las consecuentes fosas clandestinas y centros de exterminio que se van sembrando en todo el estado.
Lo escuchamos en marzo de parte del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz cuando se presentó una oleada de asesinatos y desde entonces advirtió: "Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar, lo que sí podemos, y estamos obligados, y lo que vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo para impedir que esta crisis sacuda nuestra entidad". Durante el intento de asesinato del ex fiscal y entonces secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera, en mayo pasado, el gobernador dio la misma explicación.
Es aún más recurrente escucharlo de parte de los fiscales estatales. En diciembre de 2016, el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer, reconocía un aumento de la violencia y lo atribuía a una escisión del cártel Nueva Generación (CNG).
En este diario se dieron a conocer la versión de la Fiscalía del Estado sobre los crímenes en el 1er. semestre del año. Según sus cuentas, de 1,043 víctimas, 841 están relacionados con el narco. Sin embargo, también datos de la Fiscalía entre enero y agosto de 2017 decían que sólo 1 de cada 3 homicidios dolosos tenía relación con algún cártel. Como se puede ver, no hay consistencia en las afirmaciones de la autoridad. Y no la puede haber porque en realidad hay una incompetencia mayúscula en combatir todos los delitos y en particular los homicidios dolosos.
Entre enero y junio de este año se abrieron 699 carpetas de investigación, de las cuales apenas 133 cuentan con un detenido y del total de crímenes sólo se ha dictado sentencia contra 3 personas. El año pasado hubo 1,369 carpetas de investigación por homicidio doloso de las cuales sólo 112 resultaron en alguna consignación con detenidos (8%). Los niveles de impunidad son mayúsculos. El año pasado 92% de los crímenes violentos quedaron impunes; en lo que va del año la impunidad es de 99.5%.
Con estas tasas de impunidad, ¿con qué seguridad la autoridad asegura que es una guerra entre narcos, por qué se afirmó que 8 de cada 10 muertes violentas estaban relacionadas a bandas criminales? Las mismas estadísticas oficiales los desmienten. Si las investigaciones no se terminan, si los que cometen los homicidios, las desapariciones, y cavan las fosas clandestinas no son detenidos, ¿por qué el gobernador y el fiscal aseguran que es una guerra entre narcos o bandas del crimen organizado? Al generalizar que la mayoría de las muertes "son entre ellos", el gobierno se exculpa y se lava las manos. Evade su responsabilidad.
Rubén MartínLo que mal empieza, mal termina. Esa máxima aplica perfecto con lo que sucedió en Jalisco con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), cuya aplicación inició en junio de 2016. A 2 años de su entrada en vigor, nuestra entidad está entre los estados peor evaluados en los diversos indicadores que miden la eficacia con la que se ha aplicado éste nuevo modelo.
La impunidad lejos de disminuir aumentó. 99.3% de los delitos queda sin castigo según el reporte "Hallazgos 2017", que hizo México Evalúa para revisar lo sucedido en los primeros 2 años de que entró en vigor en México el NSJP y que se presentó la semana pasada. Que Jalisco sea el estado más impune, por arriba incluso de la media nacional que está en 87.3%, es el mayor estímulo para que la delincuencia organizada, o no, siga cometiendo homicidios y tirando cuerpos en fosas clandestinas o fincas abandonadas; para que siga disputándose el territorio y convierta las calles de la ciudad en campos de batalla donde mueren y se echan a perder vidas de muchos inocentes, como el bebé Tadeo y su madre, que siga el robo de autos, tráileres, negocios, casas habitación y transeúntes. Puedo delinquir y la probabilidad de que me detengan o me investiguen es prácticamente nula. Una muy mala noticia que tiene su origen en la negligencia de los gobiernos por no haber preparado debidamente a los actores y operadores del NSJP desde el 2008, pues por ley debieron haber planificado su implementación en un plazo de 8 años.
Del 2008 a febrero de 2013, durante la administración del panista Emilio González Márquez, prácticamente no se hizo nada y se perdieron 4 años para sentar las bases de este nuevo modelo de justicia basado en la oralidad como una alternativa ante el fracaso del viejo esquema. A la llegada del gobierno del priista de Aristóteles Sandoval se tuvieron que aplicar para tratar de abatir los rezagos, pero las prisas y las improvisaciones se impusieron. No hubo la supervisión debida en cada fase de la capacitación, y al igual que en muchos estados del país, la inversión multimillonaria que se hizo para la implementación del NSJP fue desaprovechada, e incluso manejada con altos grados de opacidad y discrecionalidad que pudieron haber incluso degenerado en corrupción.
Cuando se debatía de la conveniencia o no de tomar el camino de la oralidad, una de las conclusiones fue que la única forma de demostrar que había sido una buena decisión era disminuir los índices delincuenciales y los niveles de impunidad. El caso es que hoy en Jalisco no podemos hacer ese juicio porque nunca hubo una preparación real para su aplicación. El modelo funciona, los que lo aplican no.
Jaime BarreraAyer la organización México Evalúa presentó su nuevo reporte de seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México.
Es una gran radiografía de cómo va funcionando el nuevo sistema, buenas y malas prácticas, avances y desastres.
Un dato entre los muchos del informe me llamó la atención.
En el nuevo sistema, los ministerios públicos han encontrado la manera de hacer lo mismo que en el viejo sistema. Colapsados, sin herramientas ni presupuesto, sobrepasados, lo más sencillo con una denuncia era mandarla a "la reserva", donde moría para siempre.
El nuevo sistema cambió la figura, se llama archivo "temporal".
El nuevo sistema otorga a los ministerios públicos la facultad de archivar un asunto durante la investigación inicial cuando no haya suficientes datos o elementos que puedan servir para establecer líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Se trata de una decisión temporal, pues implica únicamente "ponerle pausa" a la investigación.
Pues ahora, ahí se manda todo lo que nunca se resuelve. Lo temporal se vuelve permanente, como la impunidad.
Así lo dice el reporte: "El uso indiscriminado de esta medida pone en evidencia la incapacidad institucional de policías y ministerios públicos (quizá debido a la falta de una coordinación efectiva entre ellos) para esclarecer los hechos, es decir, para realizar la investigación. Por otra parte, su uso resulta conveniente a la autoridad pues genera que esas investigaciones no cuenten en las cifras de rezago, pues estadísticamente están determinadas, además de ayudar a evitar el uso del tan estigmatizado no ejercicio de la acción penal".
Carlos PuigEl debido proceso se convirtió en una expresión de uso común en los medios de comunicación después del desastre provocado por el caso de la francesa Florence Cassez, quien pudo dejar la cárcel y volver a su patria después de provocar un incidente diplomático por sus alegatos, validados con pruebas, de que se violó su derecho como extranjera a tener asistencia consular en las primeras horas de su captura, que por lo demás fue una puesta en escena de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna para las cámaras de Televisa.
Culpas aparte de la mujer y el nexo con una banda de secuestradores encabezada por su novio Israel Vallarta, él aún preso, el incumplimiento del debido proceso fue la rendija legal que hallaron los gobiernos de Francia y México para facilitar que la Suprema Corte fallara en beneficio de Florence. De entonces a la fecha el término es cada vez más familiar y no por algún tipo de masiva habilidad en el derecho, sino por las recurrentes pifias de las autoridades que indagan casos, ejecutan detenciones y arman expedientes.
No fue diferente el caso de Elba Esther Gordillo. La maestra, que heredó el poder de su mentor Carlos Jonguitud, lo ejerció a su antojo con la complacencia del propio Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero quiso jugar a las vencidas con Enrique Peña en torno a la reforma educativa y ahí se acabó su estrella.
El hecho de que recupere su libertad al quedar absuelta justo cuando se declara electo al nuevo presidente nunca será una coincidencia, inexistentes en política, y sí la enésima señal del podrido sistema mexicano de procuración de justicia y de las formas primitivas del ejercicio del poder. Sin tener elementos de certeza, entonces, para saber si la señora incurrió en los graves delitos que se le imputaron con una seguridad temeraria, dadas las resoluciones de los jueces, debe ser imperativo saber cuáles fueron las violaciones al proceso, del personal del MP y de Hacienda que confeccionaron el expediente, y actuar en consecuencia.
Alfredo C.VilledaA 2 años de la implementación del Sistema de Justicia Penal existen deficiencias graves que se deben atender para conseguir el proceso de pacificación que México requiere, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.
Advirtió la necesidad de que todo tiene que estar regido por la imposición de las normas jurídicas.
"No puede haber proceso de paz restaurativo o tradicional si no se tiene un sistema penal eficientísimo porque si no aquello que termine en paz o perdón volverá a recaer y aquello no volverá a tener ningún sentido, las víctimas quedarán profundamente ofendidas, profundamente lastimadas y no habrá un proceso de paz posible", dijo.
El ministro participó en la conferencia organizada por México Evalúa, donde se dio a conoce que a 2 años de la aplicación de los juicios orales prevalece la ausencia de una estrategia y planeación integral a nivel nacional que se traduzca en una política pública efectiva.
María Novoa, coordinadora del programa de justicia de la organización civil, dijo que en el estancamiento del Sistema de Justicia Penal apenas 6% de las denuncias se judicializan, además de que no hay transformación de las instituciones, los policías tienen un sueldo bajo, falta capacitación y el sistema penitenciario no cumple la función de reinserción.
Para atender esas deficiencias, insistió el ministro Cossío, "hay que poner el tema de la justicia penal como un tema central".
"No va a haber un proceso de pacificación, no va a haber transición a nada si una vez concluido ese proceso, pase lo que pase, después no va a haber las condiciones de recuperación. Se va a caer en el mismo problema con una sociedad mucho más lastimada, mucho más dolida, mucho más sacrificada", comentó.
De acuerdo con México Evalúa, el promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio para 2016 era de 87.3% y hoy en día, en 17 entidades hay mayores niveles de impunidad como Guerrero, Campeche, Hidalgo.
(V.periódico Milenio en línea del 9 de agosto de 2018).Hace unos días, el juez Fernando Silva García ordenó al Senado de la República y al aún presidente Enrique Peña Nieto, la ratificación o no de los magistrados que habrán de determinar si un funcionario o un particular comete una falta administrativa grave, es decir, un acto de corrupción.
Con más de un año de retraso, la decisión del juez -producto de un amparo promovido por el Comité de Participación Ciudadana- podrá llevar al nombramiento de los 18 magistrados que tendrán que investigar, procesar y sancionar conductas como cohecho, peculado, soborno.
La necesidad de promover tribunales capaces e independientes ha sido una preocupación constante en democracias poco consolidadas como la mexicana. Como condiciones determinantes se han identificado criterios para los nombramientos, mecanismos de verificación de la trayectoria de candidatos, duración del cargo distinto al gobierno en turno y la existencia de procesos de destitución. En este sentido, la sentencia reconoce la inconstitucionalidad de la omisión del Senado y señala la ausencia de transparencia promoviendo que los responsables justifiquen la idoneidad de los candidatos propuestos.
Experiencias en otros países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, así como varios países miembros de la Unión Europea, muestran que la selección del personal judicial se hace a partir de criterios objetivos y verificables como la competencia, la excelencia profesional, la buena reputación y la honorabilidad. Estos procesos de designación basados en el mérito dan certidumbre y blindan a los jueces de posibles sesgos políticos.
En el caso mexicano, los requisitos de ley establecidos para estos tribunales son bastante generales, ya que prácticamente solo se pide que sean mexicanos, cuenten con periodo de formación, tengan más de 35 años y sean honorables. No se establecen formas precisas de verificación. Tanto el Senado como el ejecutivo tienen en sus manos la posibilidad de avanzar o retroceder en el andamiaje pendiente del combate a la corrupción, uno de los temas centrales en el último proceso electoral.
En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción y en sus homólogos en las entidades federativas se pensó que una instancia ciudadana daría sustento social, contrapeso institucional y credibilidad a las acciones emprendidas contra el Goliat de la descomposición en México. Sin embargo, desde su creación hasta ahora, el Comité de Participación Ciudadana, presidido ahora por Mariclaire Acosta, ha venido remando a contracorriente y en una frágil canoa. Los 24 comités homólogos en las entidades federativas no están mejor. La mayoría suelen ser mayoriteados, cooptados o simplemente ignorados por las instituciones dominadas por intereses político-partidistas. La sentencia del juez Silva reconoce el interés legítimo del Comité de Participación Ciudadana para exigir rendición de cuentas.
Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de CuentasHemos dejado de pensar en nuestra relación con la autoridad, a la que culpamos de todos los males y pedimos todos los bienes, y esto sirve como ejemplo. No aceptamos con facilidad que cometimos una infracción (la responsabilidad individual no está de moda). Una vez obligados a aceptar, no acatamos las reglas de la autoridad para que se nos imponga una sanción. Y aunque hemos logrado que la autoridad sea cada vez más competente, los ciudadanos parecen cada vez más irresponsables.
Me queda claro que las autoridades deshonestas buscan agujeros para llevarse dinero extra, pero esos agujeros los proporcionan los ciudadanos. Toca cambiar eso.
Ivabelle ArroyoAnte el clamor "ni perdón ni olvido" de familiares de las víctimas de la violencia, López Obrador respondió: "olvido no; perdón sí".
Pocas cosas hay tan complejas de administrar como la memoria. En una situación de violencia como la que vive el país, que ha tocado a cientos de miles de familias, encontrar el punto medio entre el perdón y el olvido se vuelve sumamente complicado. No se puede castigar todo, por más que hubiese esa voluntad y esa capacidad, porque el sistema no puede procesar de golpe 10 años consecutivos de delitos. Toda acción de pacificación implica dejar delitos sin perseguir, poner una raya para decidir cuáles delitos se persiguen y cuáles no. Pero, por más que sea una decisión racional no deja de ser arbitraria, pues implica una discriminación, decidir a quién se castiga y a quien no, a quién se perdona jurídicamente se vuelve sumamente complejo porque siempre habrá quien no olvide el delito sufrido.
La construcción de la paz que propone López Obrador, que formalmente comenzó ayer con el foro en Ciudad Juárez será, si funciona como lo tienen planeado, un proceso largo y tortuoso, lleno de decisiones controvertidas y por lo mismo de personas que se sentirán traicionadas por el gobierno.
La amnistía, dijo Alfonso Durazo, quien si no hay más cambios en el gabinete que aún no es gabinete, será el próximo secretario de Seguridad Pública, no aplicará para delitos graves ni de lesa humanidad. En la práctica la famosa amnistía se trata de perseguir únicamente delitos graves o de alto impacto, dejar de llenar las cárceles de primodelincuentes portadores de mariguana (como se hizo en los 2 últimos sexenios) o de delincuentes menores, de ir solo por aquellos que provocan la parte más importante de la violencia. En el papel suena muy bien y muy lógico, es prácticamente una decisión de mercado, concentrar las fuerzas en perseguir los delitos que te generan la mayor parte de la violencia, el problema es cuando hay que convencer a una víctima de un pandillero de que es mejor dejarlo en la calle que enviarlo al penal; cuando alguien espera una respuesta de la justicia que por decisión política no llegará.
El gran riesgo de esta amnistía es que se convierta en un perdón administrado magnánimamente desde la Presidencia, que la arbitrariedad, que por definición es antidemocrática, cause un efecto contrario al buscado en las víctimas, que se sientan abandonadas o peor, traicionadas por la justicia.
La construcción de la paz pasa primero por la justicia.
Diego Petersen FarahLa Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) alertó sobre la intención de legalizar vehículos importados de manera ilegal, coloquialmente conocidos como chocolate, en Baja California.
En el 1er. semestre del presente año se incrementó 24.5% la importación de autos usados (13,455 vehículos adicionales), debido a la evasión de los mecanismos de control en las reglas de entrada de este tipo de vehículos.
En total, se importaron 68,456 autos usados provenientes de Estados Unidos, equivalente a 10.1% de las ventas de vehículos nuevos.
AMDA aseguró que la mayor parte de los vehículos que se han importado de manera ilegal están declarados como pérdida total en EU y evaden la prueba de emisiones contaminantes, lo cual debe ser impedido por la autoridad mexicana.
Los distribuidores están a la espera de una reunión con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pues está pendiente la actualización de las reglas para la importación de autos usados, aunque ya hubo avances en el trabajo técnico, pero a la fecha no se han autorizado y publicado estas actualizaciones.
"No podemos dejar que el periodo de transición sea un pretexto para soltar responsabilidades y dejar pasar las cosas", dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA.
Rosales comentó que en la próxima legislatura del Congreso de la Unión, que entra en funciones en septiembre, hay varios legisladores de los estados fronterizos interesados en promover una ley que permita la regularización de los vehículos chocolate, bajo el falso argumento de que una gran parte de la población necesita un vehículo.
"No queremos que se caiga en la tentación fácil de aprobar esta legislación, que en aras de un aplauso momentáneo cuyo efecto profundo estaría lesionando los intereses del país", indicó.
Los autos chocolate no cuentan con la calidad que debería tener un auto usado, se importan bajo distorsiones de precio, evaden la presentación de las pruebas de emisiones contaminantes, la emisión de facturas, pagos de aranceles y, en general, con el marco regulatorio para la importación de autos, según la AMDA.
En Baja California, como parte de la Cruzada por la Seguridad, Tarea de Todos, la Secretaría de Planeación y Finanzas está preparando un Censo de Autos Irregulares, para poder presentarles a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía la situación de miles de bajacalifornianos por no tener acceso a un programa de importación de vehículos.
Las autoridades de Baja California quieren revisar los actuales esquemas de importación, tanto en costos como en años de los modelos de importación, para flexibilizarlos y evitar la importación de manera ilegal.
Los autos chocolate circulan sin tarjeta de circulación y placas, lo que también representa un riesgo para la seguridad pública.
En tanto, en Tamaulipas también se está analizando la legalización de los autos chocolate.
(V.periódico El Universal en línea del 8 de agosto de 2018).La propuesta de "borrón y cuenta nueva" a deudores de energía eléctrica, planteada por el próximo presidente, fue rechazada por integrantes del sector empresarial del estado. Es el caso del Consejo Mexicano del Comercio Exterior (Comce), delegación Occidente.
"Estamos definitivamente en contra. Sentaría un precedente muy negativo porque a quienes sí cumplen con sus obligaciones los desestimula a seguirlas cumpliendo, tendría que haber una estrategia para facilitar o para ayudar, pero no para perdonar, porque eso contraviene el orden legal", indicó Miguel Landeros, presidente del organismo.
(V.periódico El Informador en línea del 3 de agosto de 2018).
El 31 de julio, el presidente electo, Andres Manuel Lopez Obrador, anunció que la CFE nacional cancelaría la deuda de usuarios morosos en el estado de Tabasco.
AMLO aclaró que la medida aplicará solo para miembros del grupo "Resistencia civil", formado en 1995. Se calcula que la deuda condonada podría ascender a unos 43,000 millones de pesos.
- Luis.
Paco CalderónA pesar de que el 9 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Estado [de Jalisco] la norma técnica con la cual operarían las cuencas de servicio (con unidades geolocalizadas, botón de pánico y vehículos tipo Van con capacidad mínima para 9 pasajeros), y a que en julio de 2016 el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Servando Sepúlveda, aseguró que los mototaxis desaparecerían y en su lugar operaría el nuevo servicio, las motocicletas siguen y continuarán en la ilegalidad y sin problemas.
En un recorrido por las colonias Santa Fe y Chulavista se pudo observar que decenas de mototaxis están presentes en las calles Nuestra Señora de Las Mercedes y Américas, en puntos estratégicos como afuera de tiendas departamentales y de autoservicio. Víctor Benítez, quien es dueño de su propia unidad, comentó que, en promedio, en una mañana realiza hasta 30 viajes.
El director de Atención a Municipios e Inspección de la Semov, José Vargas Michel, indicó que desde 2016 han sancionado a unos mil mototaxis cuyos choferes han sido detectados en flagrancia mientras cobran por el servicio. Y sólo en los primeros 7 meses de 2018, 100 de ellos han sido llevados a los corralones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).
(V.primera plana del periódico El Informador del 1o.de agosto de 2018).La conmemoración ayer del Día Mundial contra la Trata de Personas nos vuelve a alcanzar con Guadalajara y Puerto Vallarta ubicados por organizaciones internacionales como focos rojos por la alta incidencia de este delito que golpea principalmente a mujeres y a menores.
El último reporte de la Organización de las Naciones Unidas calcula que en el mundo 71% de las víctimas son mujeres y niñas, y un tercio, niños y niñas menores de edad, que, en la mayoría de los casos, son privados de su libertad por la fuerza o con engaños para explotar sexualmente a las víctimas en el mundo de la prostitución y otros trabajos forzados.
Las ganancias ilícitas por la trata de personas están ya en 3er. lugar, sólo por debajo del narcomenudeo y el tráfico de armas. Urge por ello dar más visibilidad a este delito que, como muchos otros en el país, crece por los altos niveles de impunidad.
Las denuncias caminan muy lentamente. El último ejemplo de esta lentitud y burocratismo ocurrió en Puerto Vallarta. Desde noviembre del año pasado se denunció la existencia de una amplia red de complicidades que permitía la operación en Puerto Vallarta de una banda que estuvo a punto de violentar a al menos 50 niñas de entre 13 y 16 años, ante la falta de respuesta de autoridades municipales y estatales.
Las primeras denuncias de esta mafia las hizo la Fundación Find, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas y que preside Juan Manuel Estrada. Ante la falta de acciones de las autoridades locales, llevaron el caso hasta la Secretaría de Gobernación desde donde se coordinó un amplio operativo en Puerto Vallarta, apenas en junio pasado, para que elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR) rescataran a estas menores que estaban a punto de subastarse.
Hubo 8 detenidos, entre hombres y mujeres, pero las investigaciones continúan. Se presumen complicidades de autoridades y policías municipales y la participación de extranjeros que cooptan desde taxistas, empleados de hotel, entre otros. Han encontrado también papelería y escritos en los que están las tarifas de los cobros por los servicios de las menores.
En la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Unidad Especializada en Investigación de tráfico de menores, personas y órganos de la PGR, así como de la Fundación Find, entre otras instancias, se da el seguimiento al caso y a la valoración de los casos en que se requiere atención psicológica, asistencia jurídica, de albergue, así como de la evaluación de la relación de las menores con los padres de familia.
Ante casos como este, es preocupante que las autoridades locales tengan menos de una decena de investigaciones sobre trata y sólo una sentencia, por lo que urge que atiendan y combatan la impunidad de este lastre.
Jaime BarreraEl conflicto del aeropuerto [de Guadalajara] se eterniza. Pasan los meses y los años y lejos de encontrar solución se va haciendo más y más complejo sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Los ejidatarios exigen, con razón, que se les paguen sus tierras conforme a la resolución judicial. La discusión es cuál es el precio al que se debe indemnizar, el de los años 50 cuando se construyó el aeropuerto o el de los 70 cuando finalmente se reconoció que eran los propietarios y se expropió el terreno. Ellos, con razón, pelean el precio del momento de la expropiación que se estima es 10 veces más. Podemos estar de acuerdo o no con sus métodos de presión, pero merecen una respuesta.
El gobierno federal, concretamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el gran responsable de todo este lío. Simple y sencillamente no tienen ganas de resolverlo. Ellos son en todo caso los obligados por la resolución del juez y no han hecho más que decir que esto ya está pagado, pero sin voluntad de escuchar o al menos pedirle al juez que defina cómo debe calcularse el monto.
Finalmente, el Gobierno del Estado que, debiendo ser el principal interesado en arreglar el problema pues lo que está en disputa no es la propiedad de un terreno sino el desarrollo de Jalisco, ha jugado un papel ambiguo, sin exigirle al gobierno federal que se siente a resolver el asunto y sin capacidad real para sentar a los ejidatarios para que no afecten las operaciones del aeropuerto.
Los gobiernos que se van seguramente no van a hacer nada; si no lo hicieron cuando tenían pleno poder mucho menos ahora que están en pleno ocaso. El reto es para los que llegan. Guadalajara es el 2o. aeropuerto de carga del país y 3o. de pasajeros. Por ahí pasa una buena parte del desarrollo económico. De no construirse la 2a. pista las exportaciones de Jalisco, el único de los estados grandes que sigue creciendo sus exportaciones, se verán seriamente afectadas.
Resolver el tema del aeropuerto debería ser considerado por López Obrador y por Alfaro un tema de máxima prioridad y por los jaliscienses de máxima exigencia.
Diego Petersen FarahAlrededor de 200 conductores de Empresas de Redes de Transporte, principalmente de Uber, bloquearon desde las 15:00 hasta las 17:40 horas los 4 carriles disponibles del Periférico Norte, a la altura de avenida Parres Arias, para manifestar su inconformidad por el poco personal que hasta ayer atendía a quienes acudían a realizar su registro en Calle 2. Al respecto, la Secretaría de Movilidad informó que aumentó de 5 a 30 el personal encargado de distribuir los turnos para agilizar la entrega de fichas a los choferes que buscan regularizarse.
(V.primera plana del periódico El Informador del 24 de julio de 2018).En todas las naciones el ejercicio de la justicia ha sido crucial para su desarrollo y estabilidad. En el origen de las sociedades humanas establecer árbitros de recto juicio y por lo mismo inapelable fue siempre un asunto fundamental que requería de perfiles exigentes, que generaran confianza en la sociedad y en los litigantes, pero además, árbitros sujetos igualmente a leyes que castigaran con severidad cualquier desvío en el desarrollo de una función de la mayor importancia, pues estaba de por medio el valor de las leyes y el respeto a los valores asumidos.
La corrupción de los jueces genera impunidad, y la impunidad trae consigo la anarquía y el caos. México es uno de los países donde esta realidad se ha visto con la mayor crudeza.
Desde la antigüedad la importancia de los jueces a la hora de hacer justicia sobre cualquier asunto los ha hecho un blanco permanente para el soborno, el chantaje y la amenaza, incluso hace apenas algunos años en un país sudamericano, los jueces debían presentarse en la corte enmascarados a fin de tomar las decisiones que debían sin temer represalias por parte de los afectados.
En México no es necesario, ya que muy frecuentemente las sentencias se dictan en favor de los fuertes, de los recomendados, o en acato a la línea que reciben de aquel que les dio el cargo y quien por lo mismo los protege frente a cualquier agravio.
Haber decidido que para evitar la corrupción de los jueces era necesario otorgarles un jugoso salario fue un error muy serio y costoso. Para evitar la corrupción de los jueces se debe castigar con la mayor severidad, pues a todo mundo le consta que aun los salarios más elevados no impiden aceptar sobornos, la avidez nunca ha tenido límite.
El problema es que las conductas corruptas vienen desde muy alto, ni más ni menos desde la llamada Suprema Corte de Justicia que ahora legisla y hace jurisprudencia para protegerse a sí misma frente al riesgo de la transpaerencia. Establecer como norma que por 5 años no están obligados a transparentar sus acciones es una decisión escandalosa que abre inmediatamente el universo de las sospechas ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué hicieron mal que no desean que se sepa? ¿Es para eso que la sociedad les paga los muy onerosos salarios que reciben?
Armando González EscotoLos múltiples problemas del país dan cuenta precisa de la dimisión del Estado para cumplir con las funciones primigenias que le impone un régimen democrático, constitucional y de Derecho.
La discrecionalidad permeó desde la cúpula hacia todos los niveles de gobierno, echando raíces profundas que avanzaron sin control hasta formar un enredijo perverso que dio paso a la corrupción, impunidad e ingobernabilidad.
La pobreza, la violencia y el mal uso de los recursos públicos son la más acabada expresión de la otrora clase dominante en el poder público.
Paola Félix Díaz, diputada federalLa impunidad es un banco de 3 patas. Policía, fiscalía y poder judicial han logrado, juntos, que la impunidad en Jalisco sea superior al 95%. Estamos en los últimos 5 lugares en el país casi en todos los rubros. Curiosamente los que más han avanzado son los que en lugar de echarle la culpa al nuevo sistema de justicia penal lo han implementado bien, es decir, capacitaron a sus policías y a sus ministerios públicos y no nombraron jueces a los hijos de los magistrados, entre otras cosas.
De las policías tendrán que encargarse los ayuntamientos y el Gobierno del Estado. Del poder judicial el Tribunal Supremo, todos, por supuesto con presión de la sociedad, pero la gran oportunidad en este momento es cambiar el modelo de la fiscalía siguiendo los lineamientos de las últimas reformas para hacerla autónoma, pero sobre todo para hacer una fiscalía que sirva.
Convocados y arropados por 50 organizaciones de la sociedad civil el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde están representados el poder judicial, la Contraloría del poder ejecutivo, la Auditoria del poder legislativo, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Social enviaron al congreso un documento con los mínimos para tener una fiscalía que tenga no solo toda la autonomía, también la mayor eficacia en el combate al crimen en una sociedad como la nuestra.
La vara que le pusieron a los diputados y al poder ejecutivo está alta. Se trata de crear una institución que, desde su nacimiento, tenga no solo independencia sino eficacia y que al ser el vínculo entre el trabajo policial y el poder judicial pueda exigir resultados de uno y de otro lado.
En un contexto político en el que López Obrador ha dejado claro que no permitirá la autonomía de la fiscalía federal (él le nombró en sus 50 puntos "autonomía de facto" que en buen español significa "por la gracia presidencial") crecerá la tentación de los gobiernos estatales a seguir el camino del Presidente. Para cualquier hombre de poder no controlar la fiscalía significa cortarse un brazo, el brazo ejecutor de la ley. Enrique Alfaro, candidato electo y próximo gobernador de Jalisco se comprometió en campaña a que él sí iría por la fiscalía autónoma, pero hasta que sus diputados no voten la reforma y veamos con claridad a qué sí y a qué no están dispuestos no podemos cantar victoria.
El combate a la impunidad es un proceso largo y nada sencillo. Tener una fiscalía autónoma, que esté al servicio de la sociedad y no del poder en turno, pero sobre todo que sirva, es el 1er. paso, quizá el más importante, en este largo recorrido hacia la justicia.
Diego Petersen FarahEl maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de desaparición, Darwin Franco, recuerda que las fosas clandestinas forman parte de la actividad criminal de un cártel hegemónico en Jalisco. Al igual que las casas donde incineran cuerpos o disuelven en ácido los cuerpo.
"Todo es parte estructural de sus actividades delictivas. No hemos visto en su justa dimensión que si no se han localizado a tantas miles de personas, estas personas estarían en algún punto". Aunque existan periodos con menos reportes de localización de fosas, explica, no significa que baje el índice, ya que las autoridades no realizan operativos para buscarlas. "Muchas veces se encuentran a través de un reporte ciudadano o porque se está llevando a cabo otro tipo de investigación, como en días pasados en Tlajomulco, que ocurrió tras el reporte de un cuerpo abandonado".
Recuerda que así ocurrió en La Barca, donde la PGR localizó el sitio porque buscaba a 2 agentes desaparecidos. "Cuando se presume que la fosa tiene que ver con delitos de delincuencia organizada, entonces la PGR atrae la investigación, pero la mayor parte de los casos es investigada por la Fiscalía".
Considera que las principales deficiencias en la identificación de cuerpos son la falta de personal y presupuesto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que muchas pruebas son costosas.
Además, afirma, si bien es cierto que el Instituto es un órgano independiente, no lo es en términos de procedimiento pericial. "Un perito solamente puede practicar aquellas pruebas que le sean solicitadas por el Ministerio Público; de lo contrario, implicaría una falta administrativa. Eso ha amarrado mucho su trabajo".
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de julio de 2018).
Alrededor de las 11:30 horas de hoy lunes, decenas de conductores de Uber y otras Empresas de Redes de Transporte (ERT) comenzaron una manifestación con bloqueo a la circulación en la zona de La Minerva.
Los conductores están inconformes con el registro que les exige la autoridad para este tipo de plataformas y cuyo plazo para el cumplimiento venció justo ayer 15 de julio. Los quejosos señalan que las exigencias de la autoridad estatal son excesivas.
Previo a llegar a este punto, los conductores inconformes realizaron una marcha lenta por avenida Vallarta y después de estar en la Minerva partirán hacia las instalaciones de la Secretaría de Movilidad en Prolongación Alcalde y Circunvalación.
En tanto, la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad tiene presencia en la zona pero no han podido evitar que al menos 3 de los carriles en la glorieta estén bloqueados por los manifestantes.
La semana pasada la Secretaría de Movilidad había anticipado que a partir de este lunes empezarían los operativos para revisar "y en su caso, proceder a sancionar a aquellos vehículos que no han obtenido las autorizaciones e inscripción como prestadores del servicio de transporte público de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles".
(V.periódico El Informador en línea del 16 de julio de 2018).No soy incondicional de López Obrador, pero estoy convencido de que las otras opciones agotaron sus posibilidades de hacer algo significativo para paliar (ya no digamos resolver) la corrupción, la ausencia de Estado de Derecho, la inseguridad, la desigualdad y la pobreza. PRI y PAN gobernaron durante los últimos 18 años y más allá de que lo hayan intentado o no, fueron incapaces de resolver estos problemas. Peor aún, da la impresión de que el país se les ha estado disolviendo en las manos, sobre todo en regiones en las que el crimen organizado o la corrupción han tomado el control. No, todavía no estamos ante una situación de Estado fallido, pero cómo se le parece en algunas zonas en las que las comunidades se toman justicia por propia mano o el narco impone autoridades locales y la extorsión se generaliza hasta convertirse en una suerte de carga fiscal.
Jorge Zepeda PattersonEntre los 10 compromisos que guiarán al gobierno de López Obrador, destacan los siguientes:
- Un Estado Democrático de Derecho; que aplicará al pie de la letra el criterio de que "al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie".
- Se convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Se eliminará la corrupción.
Margarita Camarena LuhrsCiudadanos que no alcanzaron a votar en una casilla especial instalada en un hospital de la Ciudad de México cerraron la Calzada de Tlalpan en ambos sentidos, entre otras avenidas en distintos puntos, por la falta de boletas electorales. Molestos y al grito de "¡Queremos votar!", cientos de personas obstruyeron el paso vehicular debido a que solo había boletas para 750 votantes, como se estipula en la ley.
(V.pág.13-A del periódico El Informador del 2 de julio de 2018).Damnificados de un condominio tras los sismos de septiembre bloquearon la Calzada de Tlalpan para exigir al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, que firme un compromiso para la reconstrucción de su inmueble. Tras el fenómeno, 390 condóminos del inmueble de Tlalpan 550 tuvieron que deshabitar sus departamentos y mudarse a otros sitios de la capital. En la búsqueda de apoyo, se incorporaron al colectivo "Damnificados Unidos de la Ciudad de México" que propuso que 36 inmuebles, incluido el suyo, accedieran al fideicomiso.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de julio de 2018).Por unanimidad, los procuradores y fiscales de todo el país (de gobiernos de todos los partidos) dejaron claro ayer que la novedosa, inatacable pero inaplicable resolución del tribunal colegiado de Tamaulipas relacionada con el caso de los 43 transgrede las atribuciones del MP, la autonomía de la CNDH, la separación de poderes, los efectos del juicio de amparo y la supremacía constitucional.
Y es que la sola instrucción de que se conforme una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia contraviene inclusive la misma sentencia, dado que invoca postulados del Protocolo de Minnesota que no admitiría que los representantes de los padres, la CNDH y la CIDH (en versión del GIEI) intervengan, porque únicamente acepta la participación de quienes no hayan sido parte o estén vinculados con las víctimas o con la investigación.
Tremenda manifestación de las cabezas estatales y federal del MP, porque un poder le dice a otro que no acatará la resolución.
Las razones de fondo son tan simples como que los servidores públicos nada más pueden hacer lo que la ley les faculta y lo que no, pues no.
Carlos MarínEl gobierno no puede evitar que alguien saque una pistola y dispare contra otra persona, aunque quisiera no podría hacerlo, no puede capturar la voluntad de nadie. Lo que sí puede y debe hacer el Estado es asegurar que quien lo haga pague unas consecuencias mayores conforme a la ley. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, desde la policía municipal hasta el juez resultan, por corrupción o ineptitud, incapaces de asegurar el castigo? La respuesta es obvia. Matar se vuelve muy barato. Y barato no es eufemismo, hoy en día se paga menos a un delincuente por un asesinato de un candidato que por el robo de un auto de lujo.
Un extraordinario reportaje de Animal Político hace una radiografía de esta impunidad. Solo 5 de cada 100 asesinatos terminan en condena. Estamos hablando del peor de los delitos que es quitar la vida a otro, pero 95 de cada 100 no tienen costo social alguno.
La cadena de impunidad comienza con el policía municipal o preventivo que es normalmente quien tiene el primer contacto con el homicidio. Su incapacidad manifiesta para resguardar la escena del crimen (el promedio de sueldo de los policías municipales en el país es de 2,500 pesos) se convierte en el 1er. eslabón de la impunidad. La principal herramienta de investigación sigue siendo la tortura. No es que no existan métodos científicos, sino que la mayoría de los policías de investigación no están capacitados y siguen siendo los mismos torturadores de antaño. La tortura, lejos de ayudar a resolver los asuntos, se convierte en el principal aliado de los delincuentes en el raro caso de que lleguen ante un juez. Los médicos forenses, que deberían de aportar pruebas concluyentes no se dan abasto, lo cuerpos se acumulan en las morgues y las autopsias no aportan elementos.
Lo más grave, dice el reportaje, es que el gasto en seguridad aumenta, pero se va a funcionarios y equipos que nadie usa ni sabe usar, y los policías de campo terminan siendo utilizados como choferes de los funcionarios medios que hoy abundan, gracias a que hay mucho presupuesto, en las procuradurías.
Jalisco está en la parte baja de la tabla, junto con Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Ciudad de México y Yucatán. Nuestra efectividad es de 11 condenas por cada 100 homicidios; Yucatán resuelve 43, muy cerca del promedio asiático que es de 48 y lejísimos del europeo que es de 81.
La impunidad no se resuelve con dinero: tenemos un Estado obeso y débil que gasta mucho pero no tiene fuerza. La culpa de la impunidad no es del nuevo sistema de justicia penal, es la incapacidad institucional.
Diego Petersen Farah"Pedro" tiene más de 20 años de formar parte de corporaciones de seguridad. Actualmente es policía estatal acreditado en las pruebas de control y confianza, y previo a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal fue capacitado durante medio año para las intervenciones que debe realizar como primer respondiente. Sin embargo, revela que no cuenta con el equipamiento necesario.
En la encuesta institucional que se realizó en 2017 para evaluar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), solicitada por los gobiernos estatales, el 59% de los policías entrevistados en Jalisco respondió no contar con el equipamiento suficiente para desarrollar las funciones de primer respondiente.
Por otra parte, el kit del primer respondiente se encuentra entre los equipamientos que se perciben con menor calidad, junto con el chaleco balístico, confirmó 41% de los encuestados.
Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG, declaró que las consecuencias de no contar con el equipo necesario son graves, pues las pruebas se pueden deteriorar o desvanecer en el juicio. "Es muy grave porque se sigue generando impunidad. Será un delincuente más que no es castigado, y esto genera la famosa puerta giratoria de la que tanto nos hemos quejado: que entran y salen por deficiencias en la investigación".
"Según el procedimiento de primer respondiente, debemos tener equipamiento para tal función. Pero la mayoría de los compañeros no lo tenemos (de un grupo de cerca de 300)", señaló "Pedro".
A 2 años del Nuevo Sistema de Justicia Penal, declaró que conoció el equipamiento con el que deberían trabajar porque es policía acreditado, "duré 6 meses en capacitación para tal función, para ser primer respondiente y procesar el lugar de los hechos". Sin embargo, comentó que el 85% de los compañeros que forman parte de su escuadrón no cuenta ni con la cinta que es básica para acordonar el lugar de los hechos, "el que los tiene, a veces los compra, porque la dependencia no lo da a todos. Lo debería de dar".
Destacó que para intervenir el lugar de los hechos deben hacerlo con un equipo profesional, pero "sólo lo vi en la capacitación, hace dos o tres años que nos capacitaron, solamente ahí vi el equipo que debo utilizar para (intervenir) en el lugar de los hechos. De ahí en más no lo he visto en ningún lugar".
Debido a que fueron más de 300 los elementos capacitados durante seis meses sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y su labor como primer respondiente, el grupo cuestionó si contarían con el equipo.
"Porque solamente lo vi en la capacitación... Si en verdad tuviéramos ese equipo, fuéramos una policía profesional a nivel internacional... pero si en verdad nos apoyaran, porque tenemos las habilidades y el conocimiento para hacer las funciones".
Explicó que requieren cintas, guantes, bolsas y las tenazas para levantar los indicios. "Son tenazas, no son así a la mano o ahí agárralas, es algo profesional. Es un maletín que tiene todo lo necesario para sacar las huellas de los vasos. Todo lo que quieras hacer, lo podemos hacer. Es un maletín científico".
A pesar de que se informa que la policía cuenta con el equipo necesario, "si se acude a las revisiones -denunció- se podrán dar cuenta de que no lo tienen, es más, muchos ni lo conocen".
Para colmo, algunos de los elementos que fueron capacitados durante medio año fueron enviados a módulos o están en servicios establecidos, "pero no en la calle como se requiere y, aún así, si anduvieras en la calle, no tienes el equipo".
Otro de los problemas a los que se enfrentan los policías en sus intervenciones como primer respondiente son los formatos que deben llenar, pues la Fiscalía y el Ministerio Público no se ponen de acuerdo sobre éstos.
"Mi dependencia me da un formato, lo llenamos y vas al Ministerio Público y éste te lo rechaza porque no es el formato que ellos quieren", señaló el policía "Pedro".
Esto implica, detalló, buscar de nuevo a las víctimas de un delito: "Los volvemos a molestar, los volvemos a hacer que vivan el momento de 6 horas antes, tenemos que regresar con ellos para que nos firmen… y son daños a las víctimas. No es algo profesional".
El agente ya padeció este tipo de diferencias en los formatos durante un servicio donde intervino como primer respondiente. Recordó que se tardó una hora y media en el llenado del informe, pero al final le tomó más de 10 horas entregarlo, "porque al Ministerio Público no le gustó cómo se describieron los hechos. No le gustó el formato". Sin embargo, el policía afirmó que los formatos dicen lo mismo, pero tienen un diseño diferente, "no se ponen de acuerdo".
Del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), se remarca que existe una ausencia de coordinación entre policía y el agente del MP, "esto se debe a que, por un lado, la policía no confía en el Ministerio Público y, por el otro, el Ministerio Público tampoco confía en el trabajo de los policías".
A 2 años de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las autoridades reconocen que persisten las fallas en Jalisco, aunque se trabaja en su consolidación a través de un proceso de adaptación y ajuste, informó Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para su implementación.
Una de las estrategias de ajuste fue la puesta en marcha de un laboratorio de análisis de casos, en el que se revisan las audiencias en las cuales los jueces decretan la libertad de los imputados para conocer dónde estuvo la falla y quién la cometió.
En estas mesas de trabajo se ha detectado que el principal problema está en las fallas cometidas por el primer respondiente, lo que provoca que más del 50% de las detenciones sean ilegales.
Morán Ferrer puntualizó que 205 casos fueron vinculados a proceso, los cuales derivaron en 10 juicios orales. Sin embargo, de éstos últimos sólo 6 han sido condenatorios.
Entre las principales fallas, puntualizó, figuran el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), problemática que se ha ido solucionando con el apoyo de la Fiscalía y de las comisarías. En su mayoría, estas últimas cuentan con un equipo de abogados que asesoran a los policías en la calle para el llenado de los formatos.
"Ahorita el problema lo traemos en los actos de molestia. Las causas por las que las jueces están decretando la libertad tiene que ver con este acto de molestia. Nos señalan que las detenciones que realiza el policía son ilegales porque no hubo circunstancias suficientes que justificaran la revisión corporal de la personal y, por consiguiente, la detención".
Debido a que con el nuevo sistema algunos delitos, como los robos, no ameritan prisión preventiva oficiosa, acentuó que esto fue aprovechado por los delincuentes para seguir delinquiendo.
Para hacer frente a este problema se trabaja en replicar una buena práctica que lleva a cabo el municipio de Zapopan, que es el único que cuenta con una unidad de seguimiento de medidas cautelares para dar seguimiento a los detenidos que están bajo libertad, "saben a qué detenidos estarles dando un seguimiento cercano".
Para Francisco Jiménez Reynoso, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado "va muy lenta", con carencias y con falta de voluntad política, sobre todo para que éste marche de forma adecuada.
Consideró que es muy preocupante porque reina la impunidad y quien pierde es la ciudadanía, que prefiere no denunciar los delitos y, en su lugar, decide hacer justicia por su cuenta, como ya ha ocurrido en algunas colonias.
Lo que hacen los ciudadanos, explicó, es advertir a los delincuentes que no los entregarán a la policía porque no les harán nada, porque si los entregan a las corporaciones los soltarán en la esquina, o a los 15 días.
Esas son las consecuencias, señaló, de tener una mala policía, un mal primer respondiente o un mal sistema de judicial. "Todo esto es muy delicado porque se están multiplicando los linchamientos en las calles de nuestra zona metropolitana, incluso en el interior del estado se está multiplicando la autotutela".
Explicó que estos actos de justicia por propia mano contradicen la Constitución, "pero la gente lo está practicando porque de forma desesperada ve que las autoridades están siendo rebasadas por la delincuencia, tanto común como la delincuencia organizada".
Como revelan las encuestas realizadas a los policías, hay muchas fallas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal porque los jueces de control tienen que resolver en contra de las acusaciones de los fiscales por fallas en la preservación de los indicios, concretamente por errores en la llamada cadena de custodia, destacó Jorge Tejeda Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.
Y son los policías quienes deben de acordonar las áreas y empezar a señalar adecuadamente todo lo que se encuentre en la escena y tomar de testigos a quienes estén presentes, "esos kit que dicen ellos que llevan, contienen principalmente adhesivos para poner sellos y bolsas de plásticos, que llaman elegantemente bolsas para embalaje, para empacar".
Sin embargo, precisó que policías de algunos estados tienen unas bolsas de plástico que se rompen, otras que tienen sellos como el "ziploc" o bolsas de plástico como las del tianguis.
"En algunos estados no tienen ni con qué cerrar esas bolsas, y en otros lugares esas bolsas tienen algún color o vienen ya perforadas... o no les dan etiquetas, o las etiquetas tienen adherentes muy corrientes, que antes de que ellos regresen a las comandancias o las entreguen a los fiscales, las etiquetas ya se despegaron".
(V.primera plana y págs.2-A y 3-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2018).Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, estuvo convencido de que el ataque contra los jóvenes de Ayotzinapa fue porque no tenía duda de que eran "sicarios" de Los Rojos.
Así consta en su declaración ministerial y en las de El Pato, El Jona, El Chereje y El Duva, entre muchos otros, creídos de que entre los estudiantes había "contras".
La confusión fue confirmada con los mensajes de la banda en Chicago que la DEA entregó a la PGR.
El Cepillo acató la orden de El Cabo Gil de matar a los estudiantes, pero saldrá libre gracias al amparo que otorgaron los magistrados de Tamaulipas.
Carlos MarínDurante una manifestación para protestar por la falta de suministro de agua en la delegación Ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México, un conductor embistió a las personas que se encontraban en las calles. A pesar de lo aparatoso del incidente no hubo lesionados de gravedad. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de la capital informó que detuvo a un hombre de 24 años, quien fue acusado de causar lesiones.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 12 de junio de 2018).Más de 200 pobladores de las comunidades de Filo de Caballo y Corralitos, pertenecientes al municipio de Leonardo Bravo, Gro., arrebataron a policías estatales a 4 detenidos que habían sido aprehendidos con armas, luego de que atacaran a los elementos desde una vivienda.
Se recibió a las 11:00 horas el reporte de que había vehículos atravesados en la carretera a la altura de Xochipala y que en la comunidad de Corralitos había un enfrentamiento.
La Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía del Estado y Policía Rural Estatal se movilizó, y al llegar a Corralitos a las 14:00 horas se efectuó un reconocimiento cuando desde una vivienda delincuentes agredieron a balazos a los policías.
Los elementos repelieron la agresión y aseguraron a 4 personas con 4 armas largas, 2 fusiles AK47 y 2 AR15, y una arma corta calibre 38 súper.
Al trasladar a los 4 detenidos con las armas aseguradas para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, un grupo de pobladores encabezados por el comisario ejidal de Filo de Caballos les impidió el paso y con actos violentos les arrebataron a los detenidos.
(V.periódico El Informador en línea del 10 de junio de 2018).A la vez que se intensifican los crímenes de la delincuencia organizada en varios estados, entre los que sobresalen Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Guerrero, el robo con violencia cobra un auge preocupante en gran parte del país, y en la capital está volviéndose alarmante.
Peor: tiende a socializarse.
El incidente letal del militar que enfrentó a sus atracadores y mató a uno de éstos llevó a las familias y amigos de los delincuentes a intentar desquitarse yendo en busca del subteniente en retiro al hospital de Balbuena, aun a costa de enfrentarse con la policía. Y si bien uno de los asaltantes había delinquido años atrás, lo común está siendo que estos delitos sean cometidos por ex convictos liberados unas cuantas semanas antes, gracias al nuevo sistema de justicia.
Muy a tiempo lo advirtió el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera: urge reformar las nuevas normas del orden penal para evitar que quienes roban a mano armada entren y salgan de la cárcel sin mayores consecuencias.
En 2012 había en las cárceles de la capital 41,000 reos y ya fueron liberados 14,000... que están fuera de control.
Carlos MarínUno de los grupos de Andrés Manuel López Obrador trabaja en un proyecto nada nuevo, pero amenazador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Supremo, que sería la más alta instancia del Poder Judicial. Recuerde que López Obrador ha descalificado todas las veces que ha podido a los ministros de la Corte tachándolos de maiceados y criticando sus sueldos y pensiones.
Joaquín López-Dóriga V.Los magistrados determinaron en una decisión unánime que la investigación del caso Iguala "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial". Pero fueron más allá al señalar que, como "en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia".
Esta comisión estará formada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero solo los 2 primeros podrán determinar las líneas de investigación y las pruebas que se desahogarán. El MP perderá su autonomía y tendrá que limitarse a obedecer instrucciones. Los 2 primeros podrán también validar la incorporación a la comisión de otras organizaciones nacionales e internacionales.
El fallo en un juicio de amparo del 1er. tribunal colegiado del 19º circuito de Reynosa, Tamaulipas, ha sido considerado como "inédito" y lo es. Quizá más. Algunas de las disposiciones parecen ser incluso inconstitucionales.
El juicio de amparo es un arma muy poderosa para salvaguardar las garantías individuales, pero tiene límites como todo instrumento jurídico. Un tribunal colegiado puede suspender la acción de una autoridad, ordenar la reposición de un juicio o poner en libertad a un detenido, pero ninguna ley le da facultades para crear una comisión de la verdad. En todo caso, esto sería atribución del poder ejecutivo. En nuestro orden legal, recordemos, ninguna autoridad puede hacer más que lo que dispone la ley.
El artículo 21 de la Constitución establece que "la investigación de los delitos" y "el ejercicio de la acción penal ante los tribunales" corresponden al ministerio público. El tribunal, sin embargo, está dando a la comisión de la verdad la parte sustancial de esta responsabilidad en el caso Iguala. Como esto sería ilegal, señala que los "representantes de las víctimas" y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinarán las líneas de investigación y las pruebas. Al ministerio público se le convierte en simple mensajero para entregar la documentación a los tribunales. La posibilidad de incorporar todavía más organizaciones a esa comisión de la verdad inquieta de igual manera. Los magistrados que inventaron este esquema no se han enterado que, como dice la sabiduría popular, demasiados cocineros echan a perder el caldo.
No hay indicación de que los "representantes de las víctimas" sean organismos imparciales para encabezar una investigación. Las organizaciones y abogados que han venido representando a algunos padres de los normalistas desaparecidos -no a todos- son altamente ideológicos y politizados. Desde el principio su objetivo ha sido culpar al Estado mexicano. Nunca les ha interesado conocer la verdad sobre lo sucedido en Iguala. Los normalistas son usados como bandera para un proyecto político.
Otra decisión preocupante del tribunal es separar del caso a todo el equipo que lleva actualmente la investigación. Casi 4 años después de los hechos, habrá que empezar de nuevo, pero con investigadores que no conozcan el caso, que no tengan facultades para establecer líneas de investigación y que obedezcan instrucciones de un grupo de activistas políticos. No parece que los magistrados del 1er. tribunal colegiado del 19º circuito estén tomando las medidas adecuadas para lograr una justicia pronta y mucho menos efectiva.
Alrededor de 30% de las tiendas de abarrotes en México es víctima de extorsión o se ven obligadas a participar en actos de corrupción para continuar sus operaciones, reveló la Octava Encuesta de la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 6 de junio de 2018).El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió aplicación de la ley sin excepción ante los inaceptables niveles de inseguridad e impunidad que se registran en el país, y que ya derivaron en el cierre de centros de distribución de Coca Cola-Femsa y Lala, así como de la Mina Dolores.
"Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno".
"Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia", dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
Aseveró que "los altos niveles de violencia" que se registran en México generan un mal ambiente para la inversión, obstaculizan la actividad productiva, además de cierre de empresas y reducción de las posibilidades a tener una economía próspera.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que "la impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables".
Castañón consideró que se debe actuar sin mayor dilación en la implementación de la fiscalía general autónoma y en la formación de ministerios públicos independientes, porque el peor enemigo actual es que el 95% de los delitos cometidos en el país se queda en total impunidad.
El líder de la máxima cúpula empresarial aseguró que subieron los robos en autotransporte, se registró el asesinato de 90 políticos en este período de proceso electoral, y siguen los ilícitos al alza.
"Esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar", afirmó.
(V.periódico El Informador en línea del 29 de mayo de 2018).El síndico del ayuntamiento de El Bosque, Chiapas, Ramiro Gómez Patishthán, cumplió 15 días retenido por indígenas tzotziles de la comunidad Los Plátanos, quienes demandan la liberación de 18 millones de pesos de recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
(V.pág.8-A del periódicoEl Informador del 29 de mayo de 2018).Si bien es cierto que el número de presos en las prisiones más grandes de Jalisco ha bajado tras la implementación del nuevo sistema de justicia, muchos imputados también han evitado caer en prisión por errores en las carpetas de investigación. José Luis Guízar Abarca, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, dice que así como hay "facilidades", también existe "impunidad".
"Como los encargados de la cadena de custodia son los policías y les hace falta preparación, entonces la integran mal y eso es motivo para que los jueces, ajustándose a derecho, suelten a criminales".
En su experiencia, de cada 10 casos que atiende en los que el imputado queda en libertad, la mitad es por errores tanto de policías como de agentes del Ministerio Público. "Entonces, ¿cuál es la solución? Policías bien preparados y bien pagados. Tienen al menos que preparar una policía de élite que conozca los delitos para que no haya problemas".
No sólo el nuevo sistema de justicia y su diseño para no privar de la libertad a quien no lo amerita contribuyen a la despresurización de las cárceles. También la “incompetencia” de las autoridades que, por falta de capacitación, cometen errores en los procesos que derivan en que un presunto criminal salga libre.
"Pensemos más allá. No es solamente el sistema sino la falta de eficacia y de eficiencia en muchas de las corporaciones policiales y de procuración de justicia, que no realizan la actividad correspondiente para la detención y medida cautelar de prisión", dijo Rubén Ortega, (académico del Centro Universitario de la Ciénega).
Previamente, el juez de Control y Oralidad, Daniel Espinoza Licón, reconoció a este medio que ocurren casos en los que hay errores en la detención que inciden en la libertad de delincuentes. "He visto compañeras juezas y compañeros jueces con cara de cruda moral: 'Tuve que dejar ir a un homicida (porque) no le leyeron los derechos, hicieron mal los registros o no estuvo presente el defensor'".
Para evitarlo, Ortega propuso que se generen grupos de especialistas, como policías científicos, que atraigan las carpetas de investigación más delicadas y garanticen que los jueces otorguen la prisión preventiva a quienes cometen delitos de alto impacto.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de mayo de 2018).Una persecución se registró sobre la prolongación López Mateos. La Policía de Tlajomulco informó que un ciudadano encontró a un par de ladrones cuando éstos salían de su casa y los siguió. Al estar cerca, le disparó en 3 ocasiones a uno de ellos; fue trasladado en condición grave.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 27 de mayo de 2018).Hay lugares en que el Estado mexicano simplemente parece haber desaparecido. La empresa Lala se ha visto obligada a cerrar su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas; Coca-Cola Femsa hizo lo mismo en Ciudad Altamirano, Guerrero; Colima sufre un verdadero huracán de homicidios. Los criminales ya no se detienen ante nadie. Los periodistas han sido, desde hace mucho, víctimas favoritas; 11 fueron asesinados en México en 2017, según Reporteros Sin Fronteras, solo detrás de los 12 de Siria, un país en guerra. A esto hay que añadir los ahora numerosos homicidios de políticos, que en la última cuenta sumaban cerca de 80 desde que empezó el proceso electoral en septiembre.
Ni siquiera los funcionarios de seguridad están exentos. Luis Carlos Nájera, ex fiscal general de Jalisco, fue objeto de un ataque este lunes 21 de mayo que dejó 3 muertos, entre ellos un bebé de 8 meses, y 15 lesionados. Un día después un comando asesinó al comandante regional de la policía de investigación de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Israel Sotelo Corona. El 12 de abril otro comandante de la fiscalía mexiquense, José Luis Mendoza Espinoza, fue ejecutado junto a un escolta.
Lo peor es que ningún candidato parece proponer soluciones realistas. Mejorar la capacitación, certificar a los policías o purgar las fuerzas de seguridad son promesas que hemos escuchado una y otra vez y que se han aplicado sin modificar la situación. La única propuesta original, la amnistía de Andrés Manuel López Obrador, puede empeorar las cosas.
El Estado mexicano ha abdicado de su responsabilidad de preservar la seguridad de los mexicanos. Solo así pueden explicarse los ataques constantes e impunes a ferrocarriles y ductos de combustibles. Estamos de regreso a los tiempos en que el bandidaje impedía el desarrollo del país. ¿Tendremos que recuperar la ley fuga de Porfirio Díaz?
Sergio Sarmientoopción: venganza... "Muerte para los responsables del sacrificio de vidas inocentes"; "castración a los violadores"; "mochar las manos a los rateros"...
El tema había vuelto a la palestra, anecdóticamente, propuesto por uno de los participantes en el 1er. debate de las actuales campañas, entre los aspirantes a la Presidencia de la República. La propuesta de Jaime Rodríguez Calderón ("El Bronco") fue interpretada por los analistas, en su momento, como mera ocurrencia, y descalificada, por tanto, como una iniciativa seria. Replanteada en el contexto de la muerte de Tadeo, el bebé de 8 meses alcanzado por las llamas del autobús urbano en que viajaba en brazos de su madre, incendiado presumiblemente por cómplices de los autores del fallido atentado contra la vida del ex fiscal Juan Carlos Nájera, una propuesta similar ("pena de muerte a los asesinos") encuentra eco en una opinión pública naturalmente dolida y justamente indignada por el hecho.
La violencia en México ha alcanzado los niveles que pueden constatarse a diario; pero no por insuficiencia en la fuerza coercitiva de las leyes, sino por la incapacidad de los aparatos teóricamente encargados de ejecutarla, para llegar -como proclaman cada vez que episodios como los aludidos soliviantan a la opinión pública- "caiga quien caiga" y "hasta las últimas consecuencias".
La aplicación de leyes draconianas, como las que ahora se piden a gritos, emparentadas de alguna manera con la proverbial Ley del Talión ("Ojo por ojo, diente por diente..."), han sido erradicadas de casi todas las legislaciones del mundo, incluidas las de México. El Artículo 22 de la Constitución señala expresamente que "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie (...) y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales", en parte porque el legislador siempre quiere dejar abierta la puerta a la posible enmienda, regeneración y reinserción social del delincuente, y en parte porque tales penas serían irreparables en caso de error judicial.
La solución, pues, debe buscarse en la aplicación de otro añejo concepto: "Es mejor tener malas leyes y buenos jueces, que buenas leyes y malos jueces" (como los que, por desgracia, son la regla y no la ocasional excepción en nuestro medio).
Jaime García ElíasNo es legalmente una secuestradora, aunque sí secuestraba y pedía dinero para liberar a sus víctimas. El caso de Nestora Salgado volvió a llamar la atención después de que José Antonio Meade leyó en el segundo debate la transcripción de una llamada que la comandante le hizo a un campesino: "Soy la comandante Nestora Salgado y sólo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija".
Nestora, quien llevaba años de residir en Estados Unidos, creó una policía comunitaria en Olinalá en 2012 bajo el sistema de usos y costumbres, aunque ella no es indígena y el municipio no tiene ese régimen. Se afilió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Al amparo de esta policía comunitaria secuestró a decenas de personas que supuestamente habían cometido faltas diversas.
Dulce Rubí Burgos Pérez, la niña por la que Nestora pidió 5,000 pesos de rescate, fue retenida el 8 de junio de 2013 y recluida en una "cárcel" comunitaria: "El lugar donde estuvimos -declaró- era horrible. Fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años. Nos golpeaban. Nos maltrataban". El entonces síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, fue secuestrado también, por 40 hombres armados al mando de Nestora, quien exigió 500,000 pesos por su liberación.
Nestora fue detenida el 21 de agosto de 2013 y acusada de 50 secuestros. Su caso se convirtió en causa célebre entre políticos, como Ricardo Monreal, e intelectuales, como Elena Poniatowska, quienes exigieron su liberación. El entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, de izquierda, pidió al fiscal que retirara los cargos, pero éste se negó. A Nestora se le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo en 2014.
La comandante contó con la defensa del despacho Gómez Mont, uno de los más caros del país. El abogado Emiliano Robles Gómez Mont me dijo en 2015 que, si acaso, ella era solo culpable de "ignorancia", porque aplicó castigos de usos y costumbres en Olinalá, un municipio mestizo y no indígena. En 2016 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la detención de Nestora había sido arbitraria e ilegal.
El que Nestora haya secuestrado a decenas de personas, incluso a menores, no la hace una secuestradora bajo la ley mexicana. Verificado 2018 señaló como falsa la afirmación de Meade en el sentido de que Andrés Manuel Lopez Obrador había postulado a una secuestradora como candidata al Senado. Los jueces que vieron los casos, dijo Verificado, determinaron que la detención de Nestora había sido ilegal. 3 de los casos están todavía en apelación, pero Verificado tiene razón: La candidata al Senado no es legalmente una secuestradora, aunque haya secuestrado a muchos.
Las leyes mexicanas, en especial las que permiten la aplicación de usos y costumbres en municipios indígenas, han legalizado el secuestro cuando lo cometen "policías comunitarios". Olinalá no es uno de esos municipios, pero no importa. Gracias a las presiones de políticos e intelectuales Nestora está ya en libertad. Además, va a demandar a Meade por difamación y está en camino de convertirse en senadora. Cuando lo sea, ya no tendrá problemas. Gozará de fuero. Las víctimas no tendrán forma de conseguir justicia.
Sergio SarmientoUnos 300 pobladores obligaron a permisionarios a quemar 3 camiones de la línea Transporte Crucero para exigir el pago y gastos hospitalarios a lesionados de un accidente ocurrido hace un mes. Los inconformes se ubicaron en la carretera Amomulco-Ixtlahuaca, en Santa María Tetitla, entre Toluca y Xonacatlán, donde retuvieron al menos 9 camiones. Expresaron su enojo por la desatención de la empresa y de la Secretaría de Movilidad para cubrir el pago del seguro del viajero, tanto a familiares de un pasajero fallecido como los gastos médicos y de indemnización de 3 personas lesionadas.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 22 de mayo de 2018).Miles de viajeros que circulaban por la carretera y autopista que conectan Toluca con la Ciudad de México quedaron varados por al menos 3 horas debido al bloqueo que 2,000 transportistas del Valle de Toluca mantenían como protesta contra la nueva norma del gobierno mexiquense para regular las concesiones. De acuerdo con las nuevas disposiciones, los transportistas interesados en renovar sus concesiones tienen que cambiar sus vehículos por modelos recientes e instalar en cada uno sistemas de seguridad como botones de pánico, videocámaras y un sistema GPS.
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 18 de mayo de 2018).La Ley de Movilidad [del Estado de Jalisco] establece la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con un seguro, por lo menos contra daños a terceros; no obstante, 7 de cada 10 unidades en el padrón incumplen con este requerimiento; es decir, sólo 952,000, de un padrón de 3'256,000.
El problema es que, en caso de accidente, el deslinde de la responsabilidad puede tomar muchas horas, mientras que cuando están respaldados por una póliza de daños a terceros el índice de solución en el crucero es del 96% de casos, demorando un promedio de una hora.
"Si una persona no tiene el seguro y tiene un choque laminero, lo primero que hace es no reconocer la responsabilidad, y esto genera una controversia, que a su vez generan la falta de la protección, entonces no se mueve hasta que lleguemos a una instancia con una autoridad y podamos deslindar y determinar quién tiene la culpa", detalla Carlos Jiménez, titular de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de mayo de 2018).En los últimos años México sacudió a la prensa internacional con imágenes de cuerpos colgados, cadáveres sin cabeza y sepulcros masivos; escenas que el mundo había creído haber dejado atrás, confinadas a las fotografías en blanco y negro procedentes de guerras terribles sufridas en décadas pasadas. Para escándalo y repulsa de todos, los cárteles de la droga exhumaron y actualizaron la barbarie en México hasta convertirla en una experiencia recurrente. 170,000 muertos después parecería que ya nada podría sorprendernos.
Sin embargo, no puedo quitarme de la cabeza un par de imágenes recientes, menos sangrientas pero igualmente inquietantes. Una docena de cadáveres dejó de provocarme insomnio hace tiempo, pero volvió a quitarme el sueño la fotografía de un tren saboteado por un centenar de pobladores, mujeres y niños incluidos. Y algo parecido había experimentado días antes con la noticia de un supermercado saqueado por los vecinos cuando el propietario se negó a pagar la extorsión de los matones del pueblo.
Estos 2 últimos incidentes, el tren y el supermercado, me parece que constituyen un salto cualitativo en la degradación moral del tejido social y en la descomposición del Estado de Derecho en México.
En los 2 casos se trata de un involucramiento de comunidades completas en la violación de la ley ante el vacío de la autoridad y la corrupción endémica. No se trata de un caso aislado. Hay zonas del país en el que el descarrilamiento de trenes por parte de pobladores (azuzados por las bandas) se ha hecho endémico; el linchamiento de presuntos delincuentes y violadores una práctica recurrente; el cultivo masivo de mariguana y amapola una actividad socialmente justificada. Lo pudimos observar cuando la policía intentó combatir a los huachicoleros (saqueadores clandestinos de gasolinas y combustibles) y fueron arropados por comunidades aledañas a los ductos. No sólo se trataba de actos de complicidad; la comunidad entera formaba parte del saqueo, transporte, almacenamiento y venta de los energéticos robados. Una actividad que, ahora sabemos, ha escalado a niveles industriales y montos millonarios.
Parecería que muchas personas han decidido que si la ley no es respetada por los de arriba no hay razón para que los de abajo tengan que hacerlo. Si la clase política decidió que la cosa pública era "cosa nostra", hay comunidades que comenzaron a asumir que también podía ser de ellos. ¿Si los gobernadores se embolsan fortunas absurdas qué impide a un poblado saquear el almacén de un rico?; ¿si los que administran Pemex reciben sobornos de Odebrecht impunemente, por qué razón una comunidad habría de abstenerse de ordeñar un ducto petrolero?
Recuerdo la entrevista de un reportero de televisión a una maestra que marchaba en Oaxaca en protesta por la reforma educativa: ¿Considera correcto para nuestros niños que ustedes los maestros se pasen la plaza de padres a hijos sin importar la calidad de la enseñanza?. La respuesta fue inapelable: ¿y por qué no, si los gobernadores hacen lo mismo con todos nosotros? El reportero, quien procedía de la Ciudad de México, tardó unos segundos en recordar que el apellido del mandatario local era el mismo que el de uno de sus predecesores.
Hay bolsones geográficos que han comenzado a interpretar sus propias normas de la misma manera que hay estamentos de la élite que durante años han operado con las suyas. Esta semanas nos enteramos de que Aurelio Nuño, en sus últimos 2 años como secretario de Educación Pública, tenía autorizado por el congreso un gasto en publicidad de 146 millones de pesos y erogó poco más de 3,000 millones en su afán de impulsar su candidatura a la Presidencia. Y no fue el único. Todos los días la opinión pública constata esa perniciosa costumbre que tienen los gobernantes de convertir el patrimonio público en botín personal. Y, por desgracia, hay comunidades completas dispuestas a adoptar el mismo hábito.
La metástasis de la corrupción a gran escala ha proliferado en el cuerpo social. Combatirlo será una tarea compleja que entraña operar el tejido mismo de la sociedad. Pero me queda claro que, en efecto, nada podrá hacerse mientras la cabeza no cambie sus pautas de comportamiento. No hay diferencia entre robar de un ducto y robar de un presupuesto con dineros públicos; entre un soborno de Odebrecht a cambio de contratos inflados y saquear los anaqueles de una cadena de supermercados.
Jorge Zepeda PattersonLa información cimbró a muchos la semana pasada. Más de mil aspirantes a cargo de elección popular a nivel federal, así como a presidencias municipales y diputaciones locales, decidieron desistir de su objetivo. El dato salió del Instituto Nacional Electoral. La mayoría, se reportó sin precisiones, era por la inseguridad y el temor a perder la vida. ¿En qué país se da un volumen tan alto de renuncias de candidatos a cargos de elección popular como la opción para mantenerse vivos? En ninguno, de acuerdo con los buscadores en internet. "Este es el proceso más violento", declaró a la agencia alemana de noticias DPA Rubén Salazar, director de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que difundió la semana pasada su Cuarto Informe de Violencia Política.
El informe que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros 8 meses del proceso electoral -que arrancó en septiembre pasado-, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados -35 eran precandidatos y candidatos-, principalmente a nivel municipal. En 6 de cada 10 casos, identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su 3er. informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un "notable" crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.
Parecía ser un tema cuantitativo, a mayor número de cargos en juego, los porcentajes de violencia necesariamente iban a multiplicarse. Es decir, con más de tres mil cargos de elección popular en disputa, las condiciones de inseguridad e inestabilidad en varias regiones del país arrojarían un número de asesinatos en porcentajes mayores. El análisis cuantitativo, sin embargo, no permite conocer con certeza cuáles fueron los motivos de los asesinatos con origen en el crimen organizado. Los asesinatos de este tipo suelen responder a 2 variables: o se negaron a pactar con los criminales y empezaron a afectarles sus intereses, o negociaron con ellos y luego los traicionaron. En este caso, resulta extraño que el crimen organizado se diera a la tarea de asesinar preventivamente a decenas de candidatos o precandidatos.
Un seguimiento de los crímenes a políticos durante este proceso electoral que ha hecho EjeCentral, muestra que los asesinatos se han concentrado en el centro del país, con incidencias mayores en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Los crímenes en estados con fuerte presencia y violencia del narcotráfico como Tamaulipas y Chihuahua, suman números bajos, y en Sinaloa, donde hay un fuerte choque de cárteles, no se ha registrado ninguno. Esto lleva a otra hipótesis, que se están aprovechando las condiciones de inestabilidad y tensión electoral, para viejos ajustes de cuentas. El caso que la ilustra es el de Abel Montúfar, candidato a diputado local del PRI y alcalde de Coyuca de Catalán, asesinado la semana pasada a manos, según Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, de la delincuencia organizada.
Pero Érit Montufar, hermano del malogrado político, afirmó en su funeral que el crimen había sido perpetrado por sus adversarios políticos. La declaración le dio otro matiz a ese asesinato. Cuando Érit Montufar fue nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en febrero, resurgieron las acusaciones contra él y su familia de ser talamontes y tener nexos con el crimen organizado. Montúfar, fue señalado hace tiempo de estar detrás de varios asesinatos, entre ellos el de Juventina Villa, una líder ecologista, y su hijo, en 2012. Él siempre lo negó, pero reconoció que existe un viejo diferendo de su familia con los ecologistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que degradó su lucha social y se volvió una narcoguerrilla. Uno de los asesinos de la activista, Tereso Díaz Núñez, dijo que la habían matado por la disputa por territorios para la siembra, cosecha y trasiego de droga, reveló en su momento el entonces fiscal estatal Iñaky Blanco.
¿Podría haber sido el asesinato del candidato a diputado local una secuela de las viejas rencillas en Tierra Caliente? De todos los Montúfar, de Abel no se hablaba como alguien que tuviera relaciones peligrosas o que se hubiera visto involucrado en episodios criminales oscuros como varios de sus familiares. Pero su eventual llegada al congreso, en la dinámica de ese choque entre enemigos a muerte en Coyuca de Catalán, le ampliaba el poder político a la familia. ¿Cuántos casos similares existen, donde no está clara la línea entre un crimen para conquistar espacios territoriales y control sobre el mercado de las drogas, y donde las venganzas son el detonante de asesinatos?
Es difícil determinarlo con la información disponible hasta ahora. Pero abrir a más posibilidades la explicación de los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, no ayuda para la respiración. Subraya, en cambio, la terrible debilidad institucional que priva en México donde los grupos de interés violentos y armados pueden seguir cometiendo asesinatos sin que existan inhibidores para semejantes acciones. Lo que sí puede explicarse es que si la violencia es rampante en contra de personas tan prominentes, es porque existe la confianza de los asesinos que pueden cometer cualquier delito porque es más fácil que se salgan con la suya a que paguen por ellos. Es decir, una cara más de la impunidad, calamidad nacional.
Raymundo Riva PalacioLas comunidades wixárikas de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños han emprendido una de las movilizaciones indígenas más fuertes y relevantes de los últimos años en Jalisco y en el país.
El 29 de abril proclamaron un desafío mayor al Estado mexicano ante la ausencia del Estado de Derecho en su territorio. Ese día, las autoridades comunales y agrarias, a nombre de la asamblea comunitaria, exigieron al gobierno federal resolver de una vez por todas la restitución de 10,000 hectáreas de sus tierras invadidas por ganaderos de Nayarit, en la zona de Huajimic.
Como se sabe, estas comunidades wixárikas tienen ganados varios juicios donde los Tribunales Agrarios han sentenciado la restitución de sus tierras, sin embargo dichas sentencias han quedado sin efecto por los amagos de violencia de los invasores nayaritas, apoyados tradicionalmente por el Gobierno de Nayarit.
Además de emplazar al titular del ejecutivo federal para asistir a su asamblea el 10 de mayo, la autoridad comunitaria decretó la cancelación de todas las actividades electorales en su territorio y el impedimento para que candidatos y partidos ingresen a sus tierras. Para cumplir con ese mandato, se instalaron 4 casetas de vigilancia con presencia de unos mil wixaritari.
Ubaldo Valdez, vocero de la Caseta de Vigilancia de Mesa del Tirador, expresó con elocuencia esta decisión política: "Ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México, puesto que todos los mexicanos ya no nos sentimos representados, tenemos un estado fallido, tenemos la ausencia del Estado de Derecho y creo que no nada más los wixaritari, estamos sufriendo estos vacíos jurídicos del Estado mexicano".
Las comunidades wixárikas anunciaron un 2o. momento de su protesta: el cierre de los planteles educativos y centros de salud; y al mismo tiempo advirtieron que llevarían su reclamo a instancias internacionales.
Rubén MartínSi bien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción [de Jalisco] cuenta ya desde este mes con un edificio arrendado, el personal con el que inicia su operación es a todas luces insuficiente.
Tan solo del 1 de noviembre del 2017 al 23 de abril del 2018, las carpetas de investigación contra presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales y municipales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sumaron 707.
Aunque casi un 75% de todas estas denuncias se concentran en hechos ocurridos en el área metropolitana de Guadalajara (en el Top 5 están, en ese orden, Guadalajara con 279, Zapopan con 71, Tonalá con 62, Tlaquepaque con 57 y Tlajomulco con 33) el 25% provienen al menos de 55 municipios de todas les regiones del estado.
De estas investigaciones, 4 ya están en litigio por lo que están en la fase que ya requiere de audiencias.
Este cúmulo de trabajo es con el que arranca la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Gerardo de la Cruz. La tarea rebasa por completo, de entrada, la capacidad laboral de su equipo inicial conformado por un agente del Ministerio Público, un actuario, un notificador y un asistente.
Por ello, y para no repetir los rezagos que siempre se han acumulado en las distintas áreas de la antigua procuraduría y en la Fiscalía General actual, que empantana y paraliza los procesos de persecución de los delitos, y la consecuente impunidad que se quiere combatir, es inaplazable el cumplimiento de la entrega de más apoyos presupuestales y humanos que prometió públicamente el gobernador Aristóteles Sandoval la semana pasada, para fortalecer esta nueva instancia que forma parte sustancial del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción en ciernes.
Se debe incrementar ya el número de ministerios públicos y robostucer el equipo inicial para darle forma institucional, cuidando siempre que parta de una justificación clara y transparente.
Lo primero es que se demuestre con presupuesto para la Fiscalía Anticorrupción, la verdadera voluntad de la clase política y gubernamental actual, de que están listos para existir sin el manto de impunidad bajo el que siempre operaron.
Jaime Barrera4 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara señalaron que se tienen documentados 293 casos de ciudadanos que realizaron capturas en su mayoría por robos a persona, a negocio y a casa habitación.
A la cabeza está Tlajomulco, con 246 hechos desde 2016. Le sigue Guadalajara, con 41 reportes a partir de octubre de 2017.
Si bien Tlaquepaque no cuenta con un registro puntual de estas acciones, informó que en la que va de 2018 ha tenido conocimiento de 5 eventos de este tipo. Zapopan resaltó que hubo un arresto este año en Lomas de la Primavera.
El Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que es legal y procedente que un ciudadano pueda llevar a cabo una detención cuando se comete un delito en flagrancia.
"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención", se acentúa en la carta magna.
Fernando Espinoza de los Monteros, académico de la Universidad de Guadalajara, apuntó que por desconocimiento las policías municipales creen que el Nuevo Sistema de Justicia Penal impide las detenciones ciudadanas.
"En lugar de beneficiar al ciudadano lo están perjudicando, porque hay una confusión entre si el ciudadano puede participar o no en una detención y obviamente que sí puede seguir participando", dijo el investigador.
(V.primera plana del periódico El Informador del 7 de mayo de 2018).La cantidad de crímenes cometidos cada día en México es alarmante. Suceden a toda hora y en todas partes y afectan a todas las capas sociales.
Nunca como ahora los funcionarios y los candidatos a puestos de lección habían sido blanco de homicidios, lo que ha esparcido una ola de temor en las organizaciones sociales, los partidos políticos y las propias autoridades. Muchos de los homicidios son verdaderos desafíos o respuestas a fuerzas políticas de parte del crimen que impone sus decisiones en muchas regiones de nuestra geografía.
Con estupor nos enteramos apenas ayer de los asesinatos del alcalde de Pacula, Hidalgo, y de un candidato en el Estado de México, como antes de muertes de funcionarios y candidatos en Guerrero, como las últimas muestras de una cadena creciente de este tipo de hechos. No es casual que antes de la despedida de la embajadora de Estados Unidos en México, la señora Jacobson se refiriera a los crímenes contra periodistas y que el presidente Trump dijera públicamente que considera que en México vive una crisis generalizada de delincuencia.
Hay elementos para pensar que en el proceso electoral que vivimos las fuerzas de crimen han reforzado sus posiciones en muchas regiones para mantener sus privilegios, áreas de control e influencia política en muchas regiones del país. Por eso, sea cual sea el resultado de la elección, uno de los principales retos en el proceso de entrega recepción del poder ejecutivo será el mantenimiento del orden y la tranquilidad.
Pero más allá de los meses de transición, el enorme reto es plantear un hasta aquí a un proceso creciente de deterioro de la seguridad pública. Los disparos han sido enfocados hacia todas las fuerzas políticas y contra la autoridad misma. No se trata de una cuestión electoral sino una afectación al funcionamiento del sistema constitucional.
Por eso, quienes resulten electos en los procesos electorales tendrán la enorme responsabilidad de plantear un nuevo derrotero en la estrategia para fortalecer el imperio de la ley, como el derecho fundamental para garantizar la libertad mediante las instituciones. En muchas regiones las cosas han llegado demasiado lejos como para pensar en soluciones parciales o pactos efímeros. Por eso habrá que estar preparados para que una vez resuelto el proceso electoral, todos respaldemos las acciones dirigidas a fortalecer el estado de derecho.
En el fondo del descontento contra los privilegios está el enojo contra los enormes despojos materiales, políticos y morales que los grupos de la delincuencia hacen cada día a los habitantes de este país. Ese es el más inaceptable de los privilegios: el de matar, secuestrar, amenazar y robar sin consecuencias. Quizá ese sea uno de los motores que impulsan el enorme deseo de cambio que se ha generado en una gran parte de la opinión pública.
Quizá por eso, a pesar del crecimiento económico, la mayoría no quiere la continuidad de un deterioro social que parece no tener final. Después de la polarización electoral será indispensable la unidad en el tema de coyuntura más trascendente para México.
Luis Ernesto Salomón, doctor en DerechoEl dueño de las 2 tiendas El Surtidor en Arcelia, Guerrero, tomó la decisión este lunes 30 de abril de cerrarlas definitivamente. No sorprende. En la madrugada del domingo un grupo de delincuentes rompió las cadenas de las puertas de estos comercios y robó objetos de su interior. No contentos con ello, los delincuentes amenazaron al personal de seguridad, dejaron las puertas abiertas y azuzaron a la población para que entrara a saquear. Los 2 locales quedaron limpios de todo objeto de valor. Las pérdidas se han calculado en 35 millones de pesos.
Aunque los locales se encuentran a unos 300 metros de la Presidencia Municipal, según Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, no se informó a las autoridades estatales y federales sino hasta horas después. Para cuando llegó un contingente de policías estatales y federales, el saqueo ya era total. Arcelia, como muchas otras localidades de Guerrero, no cuenta con policía municipal.
El saqueo de estos comercios fue consecuencia de que el dueño no aceptó pagar una cuota de protección a un grupo delincuencial. Ya el propietario había sido secuestrado en 2 ocasiones anteriores.
Las tiendas de El Surtidor no son las primeras inversiones que se cancelan en Guerrero como consecuencia de la inseguridad. Coca-Cola FEMSA cerró su centro de distribución en Ciudad Altamirano, cerca de Arcelia, a partir del 23 de marzo. La medida se tomó para garantizar la seguridad de más de 160 colaboradores que laboraban en el centro de distribución.
Guerrero no es el único estado en el que se están cancelando inversiones debido a la inseguridad. 2 de los 3 ductos privados para gasolina y diesel de Tuxpan, Veracruz, al centro del país están detenidos. La ordeña, la inseguridad y la falta de certeza jurídica en la obtención de derechos de vía han hecho que los inversionistas se desistan de estos proyectos.
En Tamaulipas múltiples negocios han sido simplemente abandonados ante el cobro de cuotas de protección y los actos de violencia. Del otro lado de la frontera, en cambio, ha surgido una multitud de nuevos negocios creados por mexicanos que con estas inversiones buscan obtener visas de residencia en Estados Unidos y dar una oportunidad a sus hijos de vivir en un medio sin violencia.
La inseguridad tiene un costo enorme para la sociedad mexicana. La carga más importante la llevan las víctimas directas de la violencia, en especial los miles de personas que pierden la vida o sus propiedades por la acción de los criminales. Pero hay un costo adicional, que surge de la cancelación de inversiones debido a la inseguridad. Esto significa empleos que se pierden o que nunca se crean.
La principal responsabilidad del Estado es cuidar la seguridad de los ciudadanos. Lo sorprendente es que en algunos lugares de la República, como Arcelia, el Estado mexicano parece haber abdicado completamente de esta responsabilidad.
Sergio SarmientoDe acuerdo con los registros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Jalisco, las manifestaciones y bloqueos de casetas en carreteras se han intensificado en lo que va de este año, por lo que una de las principales preocupaciones del delegado José Antonio Rivas Barba es que este tipo de contingencias afectan la llegada a tiempo de mercancías y ponen en riesgo los productos perecederos. Además, los bloqueos pueden representar penalizaciones por parte de los clientes, ya que así lo marcan en contratos de prestación del servicio.
"Tenemos afiliados que han perdido clientes por cuestiones de llegadas tardías, las empresas ya no manejan grandes inventarios, sino en trayecto estamos siendo su bodega, llegamos a destino y entra a línea de producción".
El problema es el vacío de la autoridad y la falta de consecuencias ante las afectaciones por los bloqueos y manifestaciones en las carreteras, "muchas veces la Policía Federal está en el punto, pero no se toma una acción... cualquier persona se manifiesta, cierra el tránsito o limita la circulación y no hay consecuencias. La preocupación es que se vaya incrementando cada vez más al no haber consecuencias".
De acuerdo con Rivas, es complicado limitar el derecho a manifestarse; sin embargo, "pedimos que haya una autoridad que se siente a negociar, que tomen acciones y apliquen mesas de negociación para ver cuáles son las problemáticas y alternativas para abrir el tránsito".
En algunas ocasiones los equipos de control de tránsito son inutilizados o vandalizados por los manifestantes, lo cual hace imposible determinar el número y el tipo de vehículos que omitieron el pago de peaje, ya que el personal se resguarda para evitar riesgos de enfrentamiento.
Aunque la libre manifestación de las ideas es un derecho fundamental en México, la Constitución estipula que sólo serán objeto de inquisición judicial o administrativa en el caso de que ataquen los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público.
Para Alberto Bayardo, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, en el caso de los traslados en carreteras, gran parte tiene fines económicos como el transporte de carga con productos perecederos cuya entrega puede retrasarse por las manifestaciones en las vías de tránsito, "las entregas pueden llegar tarde y eso afecta la distribución de alimentos, puede haber mermas porque estaba calculado un tiempo de entrega".
También se puede ver afectada la derrama económica por el turismo, "si los turistas llegan tarde al destino dejan de consumir". Incluso, los bloqueos pueden complicar una emergencia médica en traslados hospitalarios y disminuir significativamente los ingresos de las empresas concesionarias de autopistas.
Por su parte, Francisco Jiménez Reynoso, académico del Departamento de Derecho de la UdeG, asegura que la manifestación es un derecho constitucional; sin embargo, "este tipo de protestas generan daños a otras personas y aquí es donde los responsables deben reparar el daño".
Por ejemplo, si un transportista de alimentos perecederos resulta afectado por el congestionamiento provocado por un bloqueo carretero, recomienda iniciar un procedimiento de deslinde de responsabilidades, contemplado en la legislación federal y estatal de responsabilidad patrimonial.
"Los ciudadanos están ejerciendo un derecho constitucional al manifestarse, pero si hay un daño se tendría que deslindar la responsabilidad, hay un culpable que debe absorber los daños ocasionados", comenta el investigador, quien detalla que los retrasos de los conductores que se dirigen a sus centros laborales son solo una de las afectaciones de las tomas de carreteras.
Al respecto, David García, presidente de los Productores en Encarnación de Díaz, admite la afectación hacia los conductores y señaló que las casetas se toman durante cierto tiempo para no perjudicar a terceros.
Para Mayela Flores, activista de Resistencia Civil Pacífica, la liberación de casetas no genera caos vial, "si la caseta está liberada es imposible que exista tráfico, que nos digan en qué afectamos a terceros, si fuera ilegal ya nos tuvieran en Puente Grande". Reconoce que los conductores no pierden ningún beneficio al no pagar peaje, "solo se ven afectados los empresarios".
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de abril de 2018).Una de las peores figuras que había adoptado nuestro derecho penal es la figura del arraigo, ya que a pesar de haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestros decentes legisladores lo elevaron a rango constitucional para que no pudiéramos volver a interponer juicios de amparo alegando la inconstitucionalidad de dicho proceder, incorporando para ello la figura precisamente en el artículo 16 de nuestra carta magna.
En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del arraigo al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2003, la cual dio origen a diversas tesis jurisprudenciales que dieron fin a dicha medida cautelar, De manera posterior, insisto, el arraigo fue elevado a rango constitucional mediante la reforma penal del 18 de junio del año 2008.
De Igual forma, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue reformada el 23 de enero de 2009.
Lo anterior no obstante que por reforma constitucional nuestro país se obligó de conformidad con el artículo 1º. Constitucional a que "...todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" y en varios tratados internacionales se prohíbe claramente el arraigo. En principio debemos señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 5.1 y 5.2 que norman lo relativo al derecho a la integridad personal y los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6, los que sistematizan el derecho a la libertad personal, además el arraigo corrompe el espíritu de los artículos 8.1 y 8.2 de este convenio interamericano, los cuales hacen referencia a las garantías judiciales que afectan la figura del arraigo. En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, la multicitada figura se contrapone a lo que establece el artículo 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes; la libertad y seguridad personal; prohibición de detenciones arbitrarias; el derecho a ser juzgado en un plazo razonable por un juez y sabiendo de que se le acusa al procesado; así como los tratos apegados a la dignidad humana a que deben ser sometidos los individuos privados de su libertad.
En materia de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos es basta al respecto al fijar jurisprudencia. Por todo ello debemos aplaudir que los señores diputados voten por la eliminación de ese nefasto párrafo de nuestra Constitución Política (gaceta del 26 de abril de 2018) y el Senado convoque a una sesión extraordinaria para aprobar su derogación ya que urge ese control de convencionalidad en nuestro país que elimine prácticas como esta, y por ende obligue al Ministerio Público a ser más eficiente en sus investigaciones.
Héctor Romero Fierro[Jaime Rodríguez] "El Bronco" entendió foro y objetivo. Lanzó una idea que se quedó en el nivel de la amnistía pero como lado contrario: castigo físico. Mochar la mano para el que pida moche. Bárbaro pero efectivo para una sociedad que ha optado por el linchamiento antes de entregar a la justicia a criminales.
Gonzalo OliverosEn el desgobierno que vivimos y el cada vez más acentuado proceso de descomposición en materia de inseguridad que se expresa en esta inacabable escalada de violencia, cada vez más escalofriante y sanguinaria, mucho tiene que ver también el inexplorado mundo de corrupción que es cosa de todos los días en el Poder Judicial.
Las presiones y bien ganadas críticas y reclamos por la crisis de seguridad que padecemos en Jalisco en todo lo que va del 2018, y que se atribuye a una disputa entre cárteles del narco cuyas últimas víctimas fueron los estudiantes del CAAV, se han centrado en el gobierno estatal, pero sin duda, pronto alcanzarán, o deben alcanzar también a jueces y magistrados, tanto estatales como federales.
Fue cuando un Juez de Control ordenó la liberación de los 4 policías hombres y una mujer policía que fueron los primeros en llegar al lugar de donde se habían llevado a los 3 jóvenes el 19 de marzo, y quienes se negaron a atender el llamado de auxilio que hizo la novia de uno de los jóvenes que los raptores, por órdenes de sus jefes mafiosos, dejaron en el Periférico en Tonalá. El juez consideró que la detención de estos policías ordenada por el Ministerio Público había violado el debido proceso. Por esta decisión no fue posible esclarecer el motivo por el cual los policías pidieron a los familiares de las víctimas acudir a denunciar el hecho a la Fiscalía en vez de redactar el Informe Policial Homologado y dar aviso a sus superiores para iniciar de inmediato la búsqueda de los desaparecidos.
En el Poder Judicial muchos funcionarios, jueces y magistrados han contribuido con creces a sostener el paraíso de impunidad que ha fortalecido a la delincuencia organizada. Ya lo dijo, en días pasados el Consejo de Colegios de Abogados: ven corrupción en 4 de cada 10 empleados del Poder Judicial.
Jaime BarreraYa hemos comentado que en Singapur se estableció la pena de muerte y en muchos de los castigos se encuentra darle fuetazos a los delincuentes, además de pagar elevadas multas y semanas en prisión. Lo que sin duda ha generado temor a delinquir. Y eso es precisamente lo que los delincuentes mexicanos ya no tienen.
Si queremos hablar de erradicar la corrupción tenemos que aceptar que la sociedad le debe temer a romper la normas y reglamentos sociales.
Nos queda claro que los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel, por muchas razones, en especial porque nunca llegan a ella o suelen salir pronto. Además, si están allí no sucede nada peor de lo que ya están acostumbrados a vivir en la calle.
Otro de los conceptos esenciales que se necesitan tener muy claros, y que no los escuchamos en boca de los candidatos, fue el no dejar espacio a las excepciones. Es decir que la ley se aplique a todos por igual. Empezar por quitar el concepto de influyente, privilegiado y con palancas, que es de las acciones más practicadas por los corruptos. Una sola llamada por teléfono al compadre y asunto arreglado. Vivimos en un sistema que hace muchas excepciones. Y por consiguiente es muy fácil escabullirse de las consecuencias, y con cinismo estar convencidos de que "aquí no pasa nada".
Si de verdad se quiere combatir la corrupción, se necesita acabar con esta opción. Y que la ley se aplique a todos por igual. Y esta costumbre tan extendida en la cultura del poder en México ni siquiera se toca. Porque los mismos políticos la practican ampliamente con sus propios familiares y amigos, creando así una casta de privilegiados que parecen intocables.
Ciertamente no se puede avanzar si las mismas policías son cómplices o hasta participan en los actos delictivos. Por lo que acabar con la corrupción es reestructurar la forma de vigilancia y persecución de los delincuentes, y en eso la tecnología puede ayudar mucho, si además dotamos a la sociedad civil con más recursos para poder denunciar y dar testimonio de los delitos, sin temor a las represalias.
Dentro de todo un esquema anticorrupción el sistema judicial, necesita una reforma completa. No puede ser que desde los mismos agentes del ministerio público como secretarios y jueces estén al servicio del poder y no sólo de la ley y la justicia.
Es indispensable que se aplique la ley en forma honesta y consistente, sin la influencia de los intereses de la corrupción. Mientras que ese aspecto no cambie, no habrá manera de que extinguir la impunidad y las excepciones. Que el poder, a cualquier nivel, no meta la mano en los procesos contra los delincuentes.
Guillermo DellamaryLos jóvenes están furiosos, y tienen razón. No quieren aceptar que los criminales pueden salirse con la suya, que pueden desaparecer los rastros de sus asesinatos, que pueden matar a los buenos o a los malos y, con unos tambos, lavarse las manos.
Los jóvenes piden a gritos -al gobierno- que el gobierno se responsabilice, que la inseguridad se acabe y que alguien llegue ya de una buena vez a arreglar el negro hoy para componer el futuro.
Pero ni Aristóteles Sandoval ni Enrique Peña Nieto ni Andrés Manuel López Obrador ni Enrique Alfaro, ni el ejército norteamericano acabarán en un santiamén con el jugoso negocio del narcotráfico, con los delincuentes internacionales que trasiegan la droga, ni con los crímenes que trae consigo.
No es a ellos a quienes hay que pedir el futuro. Pero a ellos, sí, a los gobiernos, se les puede exigir el castigo (el buen uso del Derecho) y se les puede exigir la verdad (el uso de la ciencia). En el terreno inmediato, llegó la hora de los forenses.
Ivabelle Arroyo4 de cada 10 empleados del Poder Judicial en Jalisco están corrompidos. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Consejo de Abogados de la entidad, que aprovechará el reciente nombramiento de Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar como fiscal anticorrupción para firmar un acuerdo que permita denunciar a los miembros de ese gremio, y en lo inmediato, las "constantes" irregularidades que ocurren en Ciudad Judicial.
José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados, sostiene que es necesario rescatar a los buenos elementos del Poder Judicial, y evitar que la justicia "se siga vendiendo al mejor postor".
"Basta que el Consejo de la Judicatura esté atado de manos, a encomienda del Poder Legislativo, y esté tolerando malos funcionarios. Hemos hablado con el fiscal anticorrupción para celebrar un convenio y atacar de fondo el tráfico de influencias y la corrupción".
Afirma que hay 20 denuncias presentadas por el gremio de abogados ante la Fiscalía del Estado por prácticas que van desde abuso de autoridad, simulación de actos jurídicos, demora en los acuerdos, datos falsos en la expedición de títulos de profesionistas y la dilatación de hasta un año en las sentencias. José Luis Tello sostiene que una de las denuncias está dirigida al consejero Pedro de Alba Letipichía, quien fue nombrado consejero de la judicatura apenas en septiembre de 2016.
"Hay gente buena, pero también hay otra que mancha la buena imagen de quienes quieren transparentar la justicia (...) Los perfiles que se buscan son a modo de los consejeros, y ellos son sirvientes del Poder Legislativo; pagan aquellos favores que les dieron para ser designados. No podemos permitir que se siga abusando y se ponga en riesgo la justicia y la paz social".
Esta mañana, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Consejo de Colegios de Abogados firmarían el convenio para denunciar a los malos servidores públicos del Poder Judicial, pero el titular de esa Fiscalía no acudió.
(V.periódico El Informador en línea del 24 de abril de 2018).El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" fue objeto de burlas cuando dijo que en México deberían cortarles la mano a los funcionarios que roben.
Pero en un país plagado ahora por grupos de autodefensa y violencia relacionada con el narcotráfico, la propuesta ya encontró un sangriento eco.
El hallazgo fue hecho a las 04:45 horas del pasado 23 de abril en la vía federal México-Acapulco.
A la llegada de los agentes de la Policía Ministerial, localizaron el cuerpo desmembrado a un costado de un contenedor de basura, acompañado de 3 mensajes.
Una de las cartulinas decía: "Ya lo Dijo el Bronco Cortarle las Manos a los lacrosos que roban. Aquí está el primero. ATT los Enterradores".
Según se informó, se encontraron las extremidades del cadáver, pero no el tronco.
(V.periódico El Informador en línea del 24 de abril de 2018).Tras el arranque del nuevo sistema de justicia que evidenció que el estado no se hallaba bien preparado, reflejado en la gran cantidad de detenciones ilegales decretadas con las que los presuntos criminales son puestos en libertad, el Poder Judicial asegura que las fallas comienzan a subsanarse con la implementación de los conversatorios, en los que participan además la Fiscalía y las policías municipales, expuso su presidente, Ricardo Suro.
El 26 de abril de 2017 la Secretaría General de Gobierno anunció el inicio de las mesas de conversatorios entre la Fiscalía y Poder Judicial, en principio. Los primeros acuerdos fueron aumentar el número de defensores de oficio y que la Fiscalía implementara acciones para que no se retrasaran las audiencias, lo que ocurría por la falta de presentación de las carpetas de investigación a las partes.
Suro admitió que la falta de coordinación entre las instancias involucradas es la que incide en los pobres resultados. "Es la descoordinación, pero no únicamente tienen Fiscalía y Poder Judicial, yo diría que también las policías municipales de la zona metropolitana [de Guadalajara] que es con la que nos hemos estado reuniendo en los conversatorios".
Al incorporar en las mesas a representantes de los municipios metropolitanos, dijo, han aumentado las detenciones. "¿Qué déficits hemos estado viendo? Las detenciones ilegales, que ya son menos".
Explicó que muchas de las detenciones ilegales provenían del llenado de los informes policiales, que eran en principio engorrosos y distintos para cada corporación. Éste pasó de unas 30 a 17 páginas, casi la mitad menos para ser llenado.
"Dentro de los conversatorios nos pusimos de acuerdo que lo ideal sería ajustarnos al informe policial homologado de manera más reducida. Si un policía municipal debe llenar un informe de 30 páginas, puede haber errores humanos que restan credibilidad en caso de que haya detención y que influya en el procedimiento".
Ahora lo que se pretende es que los conversatorios se extiendan a los municipios fuera de la zona metropolitana, donde aún persisten los errores y la falta de coordinación entre las distintas dependencias.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 16 de abril de 2018).Antes de que comenzara a aplicarse el nuevo Sistema de Justicia Acusatorio -inventado para hacer "más" expedita y "más" eficiente la administración de la justicia-, según indicaba el director de la Unidad de Investigación de Delitos Dolosos de la Fiscalía General de Jalisco, Gonzalo Huitrón Reynoso, tanto el Ministerio Público como la Policía Investigadora ("if any") tenían "una facultad más amplia" para operar. Si uno u otra tenía indicios de quién era "el probable responsable" de un delito, la ley les permitía "entrevistarlo" y aquéllos "podían obtener una confesión".
Los métodos de tales "entrevistas" forman parte del museo de los horrores del combate a la criminalidad en México. Era fama que el carácter "científico" de los dizque investigadores, en este bendito país, consistía en no dejar huella visible de las atrocidades que les permitían obtener "confesiones". Cuando las comisiones (nacional o estatales) de los derechos humanos comenzaron a admitir denuncias de supuestos confesos por las torturas que sistemáticamente se les aplicaban, los legisladores quitaron a la confesional el rango de prueba plena; los investigadores, a su vez, aducían que los mismos delincuentes se ocasionaban lesiones para imputárselas a aquéllos y sembrar la duda sobre la espontaneidad y la veracidad de la confesión.
En lo que son peras o son manzanas, el dato duro está a la vista. "En 2017 se documentaron 1,369 carpetas (antes las llamaban actas) de investigación", de las cuales sólo 112 (8%) derivaron en la detención de presuntos culpables. La estadística omite el número de sentenciados -omisión comprensible, porque un proceso por el delito de homicidio es prolongado-... pero tampoco puntualiza los datos correspondientes a años anteriores.
En todo caso, aplica lo que un antiguo policía judicial apuntaba:
-Si la mayoría de los delitos se castigaran, habría que construir cárceles de 40 pisos... y no habría presupuesto para mantenerlas.
Jaime García ElíasEn 2017 se documentaron 1,369 carpetas de investigación por homicidio doloso en Jalisco, el número más alto en 2 décadas. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía estatal, sólo 112 resultaron en alguna consignación con detenidos (8%), la cantidad más baja en lo que va de la administración estatal.
En comparación, cuando arrancó el actual sexenio, de los 1,099 homicidios dolosos registrados, sólo se consignaron 297 asuntos (27%) por las autoridades.
El director de la Unidad de Investigación de Delitos Dolosos de la Fiscalía, Gonzalo Huitrón Reynoso, explicó que las dificultades para resolver las investigaciones de estos ilícitos se deben al Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio.
"Cuando se integraban las averiguaciones previas, el Ministerio Público tenía una facultad más amplia junto con la Policía Investigadora. Si yo tenía conocimiento de quién era el probable responsable, la ley me permitía entrevistarlo y de ahí se podía obtener una confesión y testigos, pero con este sistema no podemos entrevistar a los imputados en la calle", destacó el funcionario.
Alfonso Ibarra Rivas, investigador de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y experto en temas de seguridad, atribuyó el fenómeno a la falta de capacitación, personal y recursos.
"No tenemos los recursos materiales ni humanos. He visto, en la práctica, mucha improvisación en la Fiscalía. No tenemos la policía científica que necesitamos y hacen falta más herramientas y capacitación", dijo el especialista.
Al respecto, Huitrón Reynoso, admitió que la obtención de pruebas es un obstáculo. "En este sistema la ley nos exige más pruebas directas para obtener una orden de aprehensión. Sabemos que 80% de los delitos que se cometen son sin la presencia de testigos, como las ejecuciones que comete el crimen organizado. Ahí se nos dificulta dar con los responsables".
De acuerdo con la Fiscalía, actualmente, hay 3,422 órdenes de aprehensión pendientes por homicidios dolosos y culposos. La dependencia reportó que en 2013 había 3,500 que estaban sin cumplimentar.
(V.primera plana del periódico El Informador del 15 de abril de 2018).Lógico es pensar que un rastro opera porque los matanceros, los trabajadores, los médicos veterinarios, los administradores y el director han sido y están constantemente siendo capacitados. Que los rastros municipales, privados o de Tipo Inspección Federal operan cumpliendo todas las normas porque son inspeccionados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que conocen los reglamentos, las leyes y las normas con las que debe operar un rastro.
Pues no...
Esta semana ha dado mucho de qué hablar Saúl "El Canelo" Álvarez. Y es que desde que se canceló su pelea del 5 de Mayo en Las Vegas por una situación de dopaje (clembuterol en sus muestras de orina), no ha dejado de culpar a la carne mexicana, incluso insinuando la posibilidad de hacerse vegetariano.
Sus declaraciones han desatado, nuevamente, el debate sobre el uso del clembuterol en la ganadería industrial en México. Esta discusión no es nueva. Todos los mexicanos recordamos los escándalos que se han dado en torno a este fármaco. La realidad es que desde hace años, las autoridades, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Cofepris, saben que algo no está bien en la carne que consumen gran parte de los mexicanos: está contaminada con clembuterol.
El clembuterol, un fármaco empleado contra enfermedades respiratorias, también es usado en animales para aumentar su masa muscular y, por lo tanto, su peso. Y aunque su empleo en la industria càrnica está prohibido en México desde 2002, muchos productores lo siguen usando para obtener la máxima ganancia en la comercialización de la carne, a pesar de que éste es particularmente dañino para quienes padecen problemas cardíacos.
En este punto surge la pregunta que a todos nos ronda en la cabeza: ¿están Sagarpa y Cofepris atendiendo intereses unilaterales para beneficiar a la industria ganadera sin importar la salud humana ni el bienestar de los animales o bien, la administración, verificación e inspección de los más de mil rastros de los que se tiene registro, sin contar los clandestinos, sencillamente los ha rebasado?
Como respuesta a las denuncias interpuestas por Igualdad Animal y otras organizaciones de protección animal, Sagarpa anunció el 2 de abril el inicio de un programa de capacitación y un día después, el 3 de abril, la Cámara de Diputados saca un punto de acuerdo exhortándolos para que capaciten. Nadie quiere asumir el hecho de que en México los rastros están operando fuera de las normas y que existen problemáticas mucho más severas y oscuras que nada tienen que ver con la pericia o conocimientos de los trabajadores sobre la normativa federal.
Durante casi 2 años Igualdad Animal ha mostrado que es un problema mucho más a fondo. Particularmente, la investigación que realizamos en más de 31 rastros municipales puso en evidencia el alarmante incumplimiento de 3 normas oficiales mexicanas. 2 específicamente tienen que ver con el trato que se le da a los animales, normas de Bienestar Animal, la NOM-033-SAG/ZOO-2014 y la NOM-051-ZOO-1995, y otra de Salud Pública, la NOM-194-SSA1-2004.
El cumplimiento de estas 3 normas fue el gran ausente en esta investigación. Los investigadores encontraron animales con tuberculosis, hematomas, úlceras y heridas en sus cuerpos, sin mencionar la brutal forma en la que son movilizados para finalmente matarlos. Todo en presencia de veterinarios.
Sagarpa y Cofepris aseguraban que era un hecho aislado, que en los rastros de Tipo Inspección Federal sí se cumplían las normas; pero después, surge el documental Matadero, una investigación en más de 50 rastros de México, incluidos rastros TIF, que reiteraba los hallazgos.
Con todo lo revelado en investigaciones relativas a la falta de controles en los rastros para detectar el uso de clembuterol y en las investigaciones de ONG´s preocupadas por los animales que están siendo brutalmente masacrados en los rastros de México, no sólo ha quedado al descubierto la práctica impune y extendida entre productores de engordar a los animales con clembuterol, sino la actuación -o falta de ella- de Cofepris para proteger los intereses de la industria cárnica antes que la salud de la población mexicana y el sufrimiento de millones de animales.
No basta con capacitar señores y señoras. El incumplimiento a las Normas Mexicanas debe ser un delito. Sí o Sí. No hay lugar para más paliativos. Ni para la corrupción ni intereses partidistas. Los animales están siendo masacrados y torturados todos los días con sus noches y la salud de las personas está siendo vendida a particulares.
Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal MéxicoPobladores del ejido La Libertad, en Chenalhó, Chiapas, liberaron a la alcaldesa Rosa Pérez Pérez; al síndico Lorenzo Pérez Gómez y al secretario del ayuntamiento, Manuel Arias Vázquez, tras asumirse los acuerdos para realizar las obras comunitarias demandadas por los inconformes, informó el gobierno estatal.
Un grupo de 21 funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal que permanecían cautivos por miembros de comunidades de la microrregión de Tsomanotik (Manos Unidas en tojolabal), Chiapas, quedaron en libertad, en tanto se tramitan los recursos para la construcción de un camino de 2.4 kilómetros, informaron los funcionarios del municipio de Las Margaritas.
Sin embargo, permanecían retenidos 3 funcionarios de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ayuntamiento y delegación de gobierno.
Además, se encuentran en la comunidad, 4 funcionarios del ayuntamiento y Gobierno del Estado, en espera que Hacienda libere los recursos.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 14 de abril de 2018).Esperanza Reyes Aguillón, una trabajadora doméstica de 46 años, con 2 hijos pequeños, acudió a una papelería de San Luis Potosí a comprar una libreta. Pagó con un billete de 100 pesos que resultó que era falso. No lo sabía.
Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2011. Ese día la policía detuvo a Esperanza Reyes. Al 3er. día fue liberada, pero la denuncia en su contra continuó. Un año después, el 8 de mayo de 2012, la trabajadora doméstica fue detenida nuevamente para purgar una pena de prisión por 5 años.
El juez nunca tomó en cuenta que no pretendió engañar, que no sabía que el billete era falso. El abogado de oficio que se le asignó, no la defendió. Ya en prisión contó con otro abogado que logró sacarla de la cárcel en enero de 2014. Pasó casi 2 años en la cárcel.
Rubén MartínNos dijeron que con el cambio del sistema penal inquisitorial a uno acusatorio y garantista se respetaría por fin en México la presunción de inocencia. La verdad, sin embargo, como lo saben tantos mexicanos sin influencias, es que en nuestro país primero se castiga y después se averigua.
La muestra de hoy es el caso de José René Bárcenas Ramírez, coordinador de educación a distancia, modalidad abierta, del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. El maestro es casado, con 2 hijos; vive desde hace años junto al apartamento de sus padres y carece de antecedentes penales. Sin embargo, está en la cárcel por un testimonio falso de un testigo que nunca se presentó a ratificar su declaración.
De nada ha servido el cúmulo de pruebas que apuntan a su inocencia. El profesor debe permanecer en la cárcel en espera de que aparezca nuevamente el testigo y sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad bajo fianza. En México no hay presunción de inocencia, se sigue castigando antes de juzgar.
Al maestro Bárcenas se le acusa del homicidio por arma de fuego de Alfredo Martínez Velázquez el 22 de diciembre de 2017 en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. La víctima tenía antecedentes penales, estaba en libertad condicional y había recibido amenazas de muerte de la familia de su pareja.
3 días después apareció de manera espontánea un supuesto testigo, Miguel Ángel Matus Hernández, quien declaró que en la noche del crimen vio un Chevy blanco con franjas negras del cual se bajó el maestro Bárcenas para disparar contra la víctima. Matus Hernández dice que identificó claramente al agresor pese a ser de noche y estar a una distancia de entre 45 y 50 metros.
El maestro Bárcenas fue detenido el 9 de marzo de 2018 al salir de su trabajo en el Tecnológico de Chimalhuacán mientras se dirigía a su domicilio. De poco le sirvió señalar que el día del homicidio se encontraba en casa con su esposa e hijos, que el vehículo que describe el testigo no es de su propiedad, que no posee ningún arma, que no conocía ni al occiso ni al acusador. El testigo, que afirmó que sí lo conocía, señaló, sin embargo, que el maestro vivía en un lugar a 8 kilómetros de distancia de su verdadero domicilio, ubicado en la colonia Santa María Nativitas de Chimalhuacán.
Con el docente detenido, Matus Hernández fue citado a ratificar sus declaraciones el 15 de marzo, pero no se presentó. Aun así, el juez de control, Felipe Reyes Hernández de Ciudad Neza, vinculó a proceso al maestro y dio al ministerio público 2 meses para completar la investigación. En el injusto sistema mexicano, esto significa que el acusado deberá permanecer en la cárcel, con todos los costos económicos y personales, mientras se determina si hay alguna prueba en su contra.
En un país en el que realmente se respetara la presunción de inocencia, el maestro no habría sido vinculado a proceso o estaría enfrentando el proceso en libertad. La única prueba en su contra es la declaración de un testigo que mintió y no ratificó su dicho. La vivienda donde ha vivido más de 34 años puede ser garantía de una fianza. Sus vecinos y compañeros de trabajo testifican acerca de su carácter.
En México, sin embargo, se sigue manteniendo la presunción de culpabilidad. Todos somos culpables hasta demostrar lo contrario, pero incluso si demostramos nuestra inocencia, podemos ser encarcelados durante meses antes de ser juzgados. No hay justicia en un sistema que castiga sistemáticamente al inocente.
Sergio SarmientoLa violencia cuesta, y cuesta mucho; el año pasado en promedio 26,369 pesos a cada jalisciense, de acuerdo con el informe Índice de Paz México 2018. No es mucho, es muchísimo, si lo comparamos con los poco más de 9,000 que le costó a cada yucateco. Esto es, vivir en Jalisco cuesta en términos de erogaciones derivadas por la violencia 3 veces más que en Yucatán. Claro que hay peores: los colimenses erogaron por el mismo concepto 95,000 pesos en promedio por habitante. La violencia es un buen negocio para unos cuantos, y una losa económica para la mayoría de la población.
Pero no basta con reducir la violencia, nos recuerda el informe, es necesario construir la paz. Dicho de otra manera, si solo atacamos la violencia, pero no reducimos el miedo, si no generamos las condiciones de vida y la fortaleza institucional, la paz no está completa.
La paz no es solo la ausencia de violencia, la paz se construye sobre 8 pilares que nada tienen que ver con policías y armas. Los pilares de la paz son: bajos niveles de corrupción, buen funcionamiento del gobierno, libre flujo de información, aceptación de los derechos de los demás, entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, distribución equitativa de los recursos y buena relación con los vecinos. Jalisco está entre los estados con un índice medio alto de paz positiva, en el 6o. lugar, por debajo de estados como Yucatán, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Campeche. Esto quiere decir que tenemos con qué construir la paz, pero hay 3 grandes áreas a trabajar: corrupción, funcionamiento del gobierno y calidad del capital humano.
Mauricio Meschoulam nos recuerda, en un ensayo sobre la dimensión del miedo dentro del mismo informe, que el miedo es una construcción social que parte en el hecho violento pero que se contagia a través del chisme barrial, de los medios de comunicación, de las redes sociales y por supuesto la publicación premeditada de los grupos criminales de actos de intimidación o amenaza.
Reducir la violencia es una chamba fundamentalmente del Estado. Construir la paz es tarea de todos. Bajar nuestro costo de violencia a los niveles de Yucatán significa nada menos que 133,000 millones de pesos al año destinados a otra cosa, 10% de nuestro producto interno bruto destinado a ser más felices.
Reducir la violencia es una tarea urgente; construir la paz es un buen negocio de todos y para todos.
Diego Petersen FarahLa primera función del Estado y por lo mismo la primera obligación de cualquier gobierno, es brindar seguridad y construir las condiciones para que se logre. Es un tema al que los candidatos le sacan la vuelta porque, ya lo hemos comentado, cualquier propuesta más o menos seria, no nos va a gustar.
Partiendo de eso, lo 1o. que podemos decir de la propuesta [de Enrique Alfaro] es que es sólida pero poco novedosa. Y quizá es mejor no tratar de inventar el agua tibia. Los 10 ejes: Delincuentes en la cárcel; con los delincuentes no se pacta; abatir la impunidad; 1o. las víctimas; hacer cumplir la ley; todos trabajaremos por la seguridad; cultura de mediación y solución pacífica; prevención sobre la reacción; proyecto de vida de los policías; y auténtica y efectiva reinserción, son, palabras más o menos, lo que hemos oído desde hace 20 años. La diferencia está en hacerlo o no hacerlo. Esto es, lo novedosos no son las ideas, lo novedoso sería que realmente las llevara a la práctica y eso lo podremos evaluar hasta que concluya su periodo.
Lo que sí podemos evaluar ahora es la consistencia de la propuesta, y ésta la dan fundamentalmente quienes están detrás de ella: tanto Guillermo Zepeda Lecuona como Macedonio Tamez Guajardo son gente seria y con experiencias muy distintas pero complementarias en el tema. Guillermo Zepeda es el mejor investigador en materia de seguridad en el estado y uno de los mejores en el país. Conoce el tema como pocos y, si todo sale según los cálculos naranjas, él será quien encabece desde el congreso la política de seguridad. Macedonio Tamez, actual diputado federal, ha sido alcalde de Zapopan, director de seguridad pública en Guadalajara y pasó por la Secretaría de Gobernación en áreas de seguridad. Ninguno de los dos es policía, lo que asegura que piensen la seguridad en términos más amplios.
Quizá lo que le falta a la propuesta alfarista es incorporar algunas de las ideas novedosas que se están discutiendo en el país. Cito solo una que se ha discutido últimamente: ante la incapacidad de cualquier gobierno de implementar todo de golpe, se ha planteado comenzar por construir lo que se llama "islas de legalidad", espacios donde el Estado pone todo su peso para comenzar a dar resultados en temas concretos. ¿Podríamos construir, por ejemplo, una isla de legalidad en los penales de Puente Grande, que no haya ni un preso con privilegios, ni una actividad que no controle el Estado, ni un solo delito cometido dentro ni desde dentro de las prisiones, adiós al autogobierno?
Diego Petersen FarahUna de las preguntas más importantes sobre los hechos de Iguala es qué hacían ahí los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. La explicación oficial del movimiento, que estaban pidiendo dinero para acudir después a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México, no tiene mucho sentido. Los estudiantes solían recabar dinero en Chilpancingo, donde se movían en terreno conocido, y no tenían que dar un desvío enorme a Iguala para ir a México. Además, faltaba una semana para el 2 de octubre. ¿Qué iban a hacer en ese tiempo? ¿Turismo?
Quizá la clave radique en Omar Vázquez Arellano, que utilizaba también otros seudónimos y cuyo verdadero nombre es Manuel Vázquez Arellano. Este joven después se autodenominaría el 44, el otro de los 43 desaparecidos. Vázquez Arellano no era estudiante de Ayotzinapa, pero sí miembro del Comité Estudiantil que determina las actividades políticas de los normalistas. Era hermano de Narciso Vázquez Arellano, miembro del grupo criminal Los Rojos fallecido en un enfrentamiento en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, el 1o. de junio de ese 2014.
La noche del 26 de septiembre, el estudiante que al parecer dio la instrucción de ir a Iguala, Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco, estuvo en comunicación telefónica con Omar Vázquez Arellano y le pidió refuerzos porque, dijo, "Nos están matando". Vázquez Arellano llegó a Iguala en una camioneta blanca con otros jóvenes, pero ya los estaban esperando y los recibieron a balazos. César Nava, subjefe de la policía de Cocula, informó al grupo de Guerreros Unidos: "Ya llegó el hermano del Rojo que mataron en Carrizalillo".
Vázquez Arellano fue uno de los sobrevivientes que el movimiento de Ayotzinapa presentaría después en reuniones para pedir apoyo. Varias veces dio su versión de los hechos, pero se negaba a declarar ante la PGR, cosa que hizo finalmente un año después. Entre sus abogados estaban el chileno Francisco Cox, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y Vidulfo Rosales, uno de los activistas que encabezan el movimiento. Cuando surgió la información sobre el parentesco de Vázquez Arellano con el integrante de Los Rojos, los líderes lo dejaron de incluir en las presentaciones.
Es difícil saber si algún normalista estaba vinculado con Los Rojos. Los señalamientos más serios apuntan al Cochiloco y a Vázquez Arellano. De lo que no hay duda es que los líderes de Guerreros Unidos estaban convencidos y por eso ordenaron la ejecución.
Los líderes de Ayotzinapa han exigido que se suspenda esa línea de investigación. Han buscado desacreditar todo el expediente acusando a la PGR de haber torturado a los delincuentes y policías detenidos. Lo peor es que la PGR parece haber cedido a la presión política y abandonado la hipótesis, pero esto deja enormes huecos en la historia. Uno de ellos es por qué los normalistas fueron enviados a Iguala en 1er. lugar.
Sergio SarmientoIntegrantes de la Asociación de Urvan's Alimentadoras de Transporte Masivo y un grupo de vecinos se manifestaron esta mañana en carretera a Saltillo, en demanda de que les regresen un par de camionetas que les fueron retiradas por autoridades de movilidad, vehículos con los que ofrecen traslados como"“cuencas de servicio", sin autorización.
Este sábado una unidad de las pertenecientes a dicha organización se retiró de circulación, debido a que al transitar por la carretera a Saltillo, el chofer se pasó un alto, al solicitarle documentos resultó que no cuenta con la licencia de conducir y la unidad no tiene seguro, explicó Gustavo Flores Delgadillo, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad.
El funcionario indicó que la movilización se realizó en un intento de que no se les retirara la unidad que infringió las normas de movilidad.
Bloquearon la circulación en la carretera a Saltillo por alrededor de una hora; sólo dejaron abierto el acotamiento en cada sentido.
Se prevé que ambas partes tengan una reunión mañana.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2018).Los delitos violentos en el país rompen récords y se acumulan en los últimos 2 sexenios más de 200,000 homicidios dolosos, según las cifras oficiales.
La inmensa mayoría de ellos, impunes. Muchos ni siquiera investigados.
Más de 50 aspirantes a candidatos municipales y líderes políticos, de diferentes partidos, han sido asesinados de septiembre pasado a la fecha.
Y aunque la violencia toca no sólo a los ciudadanos sino a los políticos locales -los más vulnerables frente al poder del crimen organizado- los candidatos presidenciales, sus equipos y sus partidos, se mantienen encerrados en su propia realidad.
La violencia, la impunidad que la perpetúa y la corrupción que la cobija están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Los candidatos y sus equipos hablan de generalidades, hacen chistes en redes sociales y estrenan spots en televisión y radio en los que hablan sonrientes de un futuro maravilloso.
Carlos Loret de Mola A.Colonos afectados por las obras del Paso Exprés en Cuernavaca, bloquearon 2 carriles de la autopista, con dirección a Acapulco, y provocaron caos vehicular para los paseantes con destino a las playas de Guerrero. Los habitantes, cuyas casas se encuentran en las laterales de la autopista, denunciaron que la SCT no termina las obras aledañas a la vialidad que había prometido.
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 28 de marzo de 2018).Hay consenso en el país en que los 2 problemas más graves que sufre México son la inseguridad pública y la corrupción.
En medio del ruido político, no tuvo suficiente atención la información que respecto al tema de corrupción dio a conocer el Inegi la semana pasada, mediante su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
No se trata de la corrupción en todas sus dimensiones, pero sí la que padece de manera más frecuente el ciudadano promedio, cuando realiza trámites y gestiones ante la autoridad.
De entrada, el 1er. hecho que hay que destacar es que las cifras del Inegi sí muestran un incremento en la percepción de corrupción.
En 2013, el porcentaje de los encuestados que manifestó haber padecido un acto de corrupción en su contacto con algún servidor público fue de 12.08%. En 2017, ese porcentaje subió a 14.63%.
No es sorpresa que el ámbito en el que haya más corrupción, de acuerdo con el estudio del Inegi, sea el de la seguridad pública. En este caso, 59% de los entrevistados refirieron haber padecido corrupción.
El 2o. lugar se lo llevan los trámites relacionados con la propiedad, con 30.7%; y el 3er. lugar lo tienen las gestiones relacionadas con el Ministerio Público, con 25%.
¿Y quiénes son los campeones de la corrupción en el país?
En el 1er. lugar aparece la Ciudad de México, con una tasa de 20%; la medalla de plata se la lleva Quintana Roo, con 17.6%; mientras que el 3er. lugar corresponde a Morelos, con 17.2%.
En el otro extremo, el estado con menor prevalencia de corrupción a escala nacional es Guanajuato, con una tasa de 8.9%.
Finalmente, la encuesta pregunta por el nivel de confianza que los ciudadanos tienen a diversas instituciones.
Los más desprestigiados son los partidos políticos, a los que sólo les tienen confianza 17.8% de los ciudadanos; luego están los diputados y senadores, con 20.6% de confianza; y en antepenúltimo lugar el gobierno federal, cuyo nivel de confianza es de 25.5%.
Enrique QuintanaEl Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Jalisco carecen de toda capacidad para disuadir a unos criminales. Vivimos en un Estado insolvente, que no puede hacer válida la premisa que lo funda.
En Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos (Anagrama, 2015) Sergio González Rodríguez denuncia que lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa era "un ejemplo exacto de la vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal". Leamos estos extractos con la mirada puesta en Jalisco:
"Para alguien como yo, que creció bajo la bandera de una generación en pos de un mundo mejor, luce inaceptable el presente. Los jóvenes, excepto una minoría, son extraños en su tierra, ya que están expuestos, más que a las necesarias oportunidades de educación, empleo, cultura, justicia, civilidad, a los riesgos de la violencia, el crimen, la toxicomanía, la economía informal, el pandillerismo, las armas, la explotación laboral o la de tipo sexual".
"Aunque no haya una política explícita de violación de los derechos humanos, sí existen y se toleran prácticas de violación de los derechos humanos en el sistema político. Ésta es la razón por la que protestan personas y multitudes contra la barbarie normalizada".
"El mal se ha instalado entre nosotros inscrito entre los pliegues de la fe en el dinero, la guerra y la técnica. Hay que evitar, con el mayor ímpetu, contra toda ficción, contra toda vileza de cínicos y zafios, volverse parte de él".
"Debemos recobrar la lucidez ante la actualidad del horror consentido, y ejercer la libertad de transformar lo aciago".
Las consecuencias del "horror consentido" están por doquier. Que la pasividad no sea opción ante los criminales y los gobiernos omisos, que los jóvenes escuchen al Sergio que otros desoímos: "La inadvertencia ayuda a vivir, sí, pero al final resulta una usura que no se puede pagar".
Salvador CamarenaSegún la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los últimos 5 años han desaparecido poco más de 14,000 personas en Jalisco. Lo anterior equivale a decir que -en promedio- 8 jaliscienses parecen evaporarse cada día sin rastro aparente.
El discurso-justificación de las autoridades de que muchas de estas desapariciones son autoría de bandas criminales, se agotó. Estos días hemos sido testigos de una sociedad cansada de escuchar pretextos.
En medio de la delincuencia, la impunidad y la indiferencia de nuestras autoridades, cualquiera de nosotros podría ser el siguiente que no regresa y que se queda olvidado en algún archivero.
Pensar que las desapariciones solo le ocurren a quienes andan en malos pasos es contarnos una mentira peligrosa. Si ellos quieren dejar que el tiempo pase, nosotros no vamos a permitirlo. Recuerdo a quien fuera procurador general de la República, Jesús Murillo Karam quien declaró que "ya se había cansado" cuando ocurrió lo de Ayotzinapa. Duele pensar que esa es la apatía de nuestras autoridades, pero no podemos contagiarnos. Ahora más que nunca tenemos que ser solidarios, cerrar filas, seguir buscando.
Gabriela AguilarAl inicio de la administración del presidente Peña Nieto, se aprobaron grandes reformas estructurales avaladas practicamente por todos los actores politicos del pais comprometidos con el desarrollo, cuyos resultados se verán reflejados en beneficio de nuestro país en el mediano plazo.
Pero las 2 más importantes reformas necearias para que las estructurales se desarrollen adecuadamente aun no se perfeccionan, me refiero al fortalecimiento del Estado de Derecho y la correlativa Seguridad Jurídica.
El gran problema de nuestro país es al que se refirió el doctor Agustín Carstens, hasta hace poco gobernador del Banco de México, que señalo: "El gran reto de México es lograr que se cumplan las leyes", también el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en París, declaró: "El principal problema que impide el crecimiento de México es la falta de seguridad y certeza jurídica, ya que inhiben la inversión extranjera y nacional. De la actuación de los abogados dependerá el desarrollo nacional".
Recientemente en el estudio "The Missing Reform. Strengthening the rule of law in México", publicado por el Instituto México del Wilson Center, concluye que el potencial de esas reformas para inducir en el desarrollo de México, no se ha materializado cabalmente. La transformación más relevante sigue pendiente: el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en su publicación "Getting it Right", señala la necesidad del fortalecimiento de las instituciones legales y de justicia, como el principal reto de nuestro país. Concluye que la vigencia del Estado de Derecho en México es frágil, especialmente en estados y municipios. Reconoce que "México tiene muchas fortalezas que puede aprovechar para generar crecimiento: un ambiente macroeconómico estable, un alto grado de apertura comercial, su cercanía con la economia más grande del mundo, una poblacion joven y abundantes recursos naturales. El país también ha logrado avanzar considerablemente en la cobertura de la educación y de los servicios de salud... y cuenta con uno de los programas de reducción de pobreza más innovadores del mundo..." y propone: "Mejorar el Estado de Derecho: Para que las políticas estruturales surtan efecto, es importante que las instituciones legales sean sólidas. Las debilidades en el sistema jurídico perjudican la eficiencia de los contratos y la seguridad de los derechos de propiedad, lo que reduce el tamaño y la inversión de las empresas. En muchos estados aún no se han instrumentado reformas legales que mejoren la eficiencia y la justicia de los procesos ante los tribunales".
El reto más apremiante es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Requerimos leyes, mejores instituciones y mejores funcionarios públicos. No en todos los casos son necesarias nuevas leyes y mucho menos una nueva Constitucion, simplemente con que todos acatemos los ordenamientos existentes es suficiente. Actualmente padecemos un sistema de justicia poco confiable con un acceso desigual y altamente corrupto en lamentables ocasiones, que inicia desde las oficialías de partes hasta altos niveles.
Esto se complementa con 2 grandes problemas, la impunidad y la corrupcion. Aunque se ha iniciado un sistema anticorrupcion, los ciudadanos estamos muy distantes de la efectividad de sus resultados, la percepción del alto grado de corrupción prevaleciente en el sector público, independientemente de qué partido politico sea el tìtular y lo podamos apreciar en los gobiernos estatales y municipales, generando un problema extedido, costoso y persistente donde en muchos casos tambien están involucrados empresarios amorales. El sistema anticorrupción debe solucionar el que México ocupe el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la OCDE, y que haya empeorado en el índice de Percepción de la Corrupción. De los 180 países evaluados por esa organización, México ocupa un trágico y penoso lugar 135. El ciudadano señala que el problema más grave es la inseguridad pública, Jalisco esta rompiendo records espeluznantes de homicidios y desaparecidos, los responsables de haber arrancado el sistema estatal anticorrupcion, esto es los Diputados del Congreso del Estado, no se ponen de acuerdo para siquiera nombrar el tercer magistrado del Tribunal Administrativo del estado, el recientemente nombrado Fiscal Anticorrupcion no cuenta ni con una oficina para desempeñar sus importantes funciones, pero eso sí, ya muchos de ellos ya solicitaron o están por solicitar licencia para buscar otros cargos de elección popular, dejando a medias la tarea más importante de su función. Y esto no es privativo del estado de Jalisco, en otras entidades federativas están peor, y a nivel federal no avanzan tampoco, teniendo un sistema anticorrupción fallido. El Senado de la República no se logra poner de acuerdo para nombrar el Fiscal Anticorrupción, tampoco han sido designados los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quienes tendrán a su cargo juzgar las faltas graves en materia de corrupción.
Héctor Romero FierroDe todos los riesgos de la elección de 2018, el mayor, el que potencia y puede hacer catastróficos todos los otros, es el de la deslealtad democrática de los contendientes.
Ninguno de los partidos respalda a la autoridad electoral; por el contrario, se dedican a disminuirla y quitarle crédito.
Ninguno de los contendientes cumple tampoco rigurosamente con las normas que ellos mismos, sus bancadas en el congreso, han establecido.
De un lado, descalifican a los árbitros de salida, para vacunarse de antemano por sus posibles derrotas, sin medir que un árbitro descalificado para decretar sus derrotas queda también descalificado para cantar sus victorias.
Del otro lado, abruman a la autoridad con demandas y querellas sin fin contra sus competidores, saturando los canales de queja con trivialidades, exageraciones, triquiñuelas y simple mala fe. Como si retrasar el veredicto y manchar la victoria del otro hicieran más llevadera su derrota.
"Sabemos que no es parte de la cultura política del país la aceptabilidad de la derrota", dice el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
"Hay un problema de madurez política de los actores en cuanto a aceptar los resultados", dice Janine Otálora, presidenta del Tribunal Federal Electoral. "Hay 2 grandes males que acechan a los actores políticos en contienda: el infantilismo y la victimización".
La tarea de la autoridad, sigue Otálora, "es decirles a los actores políticos cuándo están violando la ley. El problema", añade, "es que lo que están violando son las reglas que ellos mismos pusieron... Aquí no estamos ante cualquier ciudadano común y corriente que viola un código. No, aquí estamos hablando de algo más grave: actores políticos que fijan las reglas del juego y luego buscan cómo vulnerarlas".
Difícil una descripción más precisa de la conducta de los actores a las reglas que ellos mismos han puesto: su empeñosa deslealtad democrática.
Este es el gran riesgo de las elecciones de 2018 y el hoyo grande de la democracia mexicana: es una democracia sin demócratas. Están brincando de más en una cuerda estirada.
Héctor Aguilar CamínDesde el 2014 la UDLA de Puebla publica su índice global de impunidad, con lo que promueve un debate serio, técnico y con base en evidencia, sobre este grave cáncer de nuestra sociedad. El panorama que el índice nos revela es desolador. La impunidad no ha mejorado, por el contrario, la mayoría de las variables del índice se han deteriorado.
En términos generales el país empeoró en la calificación global y estatal. A nivel nacional teníamos un indice en 2016 de 67.42 y en el 2018 de 69.84 puntos. Los estados con los índices de impunidad más altos son Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Vivimos en un país que tiene 4 veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada 100,000 habitantes). El homicidio no se castiga, el porcentaje de encarcelados por homicidio en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.
La cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel superior al 90%. Esto confirma que los mexicanos no tenemos ninguna confianza en las instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos. Y con todo y eso, con el 8% de los delitos que sí se denuncian, el sistema judicial está saturado. ¿Qué pasaría si la cifra negra fuera de 70%?
Es decir, estructuralmente la aplicación de la ley está colapsada: ni ministerios públicos, ni jueces, ni policías, ni un andamiaje capaz de dar respuesta a los delitos. De ahí la impunidad. Los delincuentes no serán sansionados. Ninguno, ni los de cuello blanco, funcionarios públicos, o del crimen organizado, pagarán por sus crímenes. ¿Qué incentivos tienen para dejar de delinquir?
Ese país, en el que los contratos no se respetan, en el que la justicia no es eficaz, en que los crímenes nadie los castiga, no podrá crecer ni generar bienestar para la mayoría de los habitantes. La impunidad es el gran lastre del desarrollo social, económico y humano de México.
Julio MadrazoEl director del Instituto de la Judicatura Federal, Salvador Mondragón Reyes, renunció a su cargo al frente del área debido al robo y compra-venta ilegal de los exámenes para jueces de distrito ocurrido a finales del año pasado.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2018).En días pasados se publicó la Ley Fintech que tiene por objeto regular las Instituciones de Tecnología Financiera ITF. Esta es una más de las 294 leyes federales que existían hasta 2015, más las que se acumularon en 2016, 2017 y las que se seguirán decretando. En México no queda la seguridad jurídica por falta de leyes, sino que no la hay porque no se cumplen.
Luis Jorge Cárdenas DíazEn México, al menos 4 de cada 10 personas detenidas en los centros penitenciarios del país no ha recibido sentencia, revelaron los resultados del Índice Global de Impunidad 2017 de la Universidad de las Américas Puebla.
Según el análisis, el 43% de la población detenida se encuentra a la espera de recibir una sentencia. Tomando en cuenta que en el país hay 236,338 internos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, más de 100,000 presos no tienen sentencia.
Según el Índice, México cuenta con apenas 4.2 jueces por cada 100,000 habitantes, cifra muy por debajo del promedio global, que es de 16.23 juzgadores y se encuentra bastante lejos del país con menor impunidad del mundo, Croacia, donde hay 45 jueces por cada 100,000 habitantes.
El Poder Judicial de la Federación cuenta con 1,469 titulares de los órganos jurisdiccionales en tribunales unitarios, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Cada uno atiende 715 casos nuevos sin contar los que ya estaban pendientes, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2016.
Esta problemática complica seriamente la calidad de la impartición de justicia, que debe ser pronta y expedita, pues provoca la acumulación de casos, tardanza en la emisión de sentencias y con ello se abre la puerta a la corrupción.
El Índice recalca en la necesidad de contar con más jueces dentro del sistema de justicia para aumentar las capacidades de impartición de justicia, porque explica que "esta acción tendría un efecto inmediato sobre los juicios, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles".(V.pág.3-A del periódico El Informador del 14 de marzo de 2018).Ernesto Canales Santos, subprocurador anticorrupción de Nuevo León, detalló que en los casi 18 meses de operación han atendido alrededor de 300 denuncias de presuntos actos de corrupción, de las cuales ninguna ha concluido y sólo en 40 siguen los procesos penales.
El funcionario atribuye la falta de sentencias a que se presentan denuncias que no están bien estructuradas y no dan pauta para iniciar una investigación. Además de que los procesos enfrentan apelaciones, amparos y la lentitud de los tiempos para fijar las audiencias.
"Los procesos así son, para iniciar las audiencias se fijan a los 3 o 4 meses, lo cual ya en sí atenta contra el principio de justicia pronta y expedita. Luego los amparos, el amparo contra actos procesales se otorga como quien da un vaso de agua, hay que atenderlos y ganarlos. Todo eso viene a entorpecer el desarrollo del proceso", expuso.
Cuestionado sobre la propuesta para que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco arranque con 3 ministerios públicos y 9 policías investigadores, el subprocurador comentó que es una estructura mínima que luce insuficiente para que la nueva área comience a operar; explicó que en el caso de Nuevo León arrancaron con 15 agencias de ministerio público, con personal que se reubicó de la procuraduría estatal, y sobre la marcha han contratado otros 15 agentes especializados en el nuevo sistema de justicia oral.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 12 de marzo de 2018).Al asumir el cargo de presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje este 1o. de febrero, José Francisco Maciel Amaya se encontró con un regalo que supongo no fue inesperado. El juez primero de lo familiar de la Ciudad de México, José Luis Zavaleta Robles, decidió echar para atrás un pago de pensión alimenticia en favor del hijo y ex pareja de Maciel Amaya que había decretado con anterioridad.
No podrá quejarse el nuevo presidente de la Junta que la justicia no es expedita en nuestro país. El juez canceló la pensión alimenticia el 31 de enero; al día siguiente publicó la cancelación de la pensión, entregó el oficio de cancelación e hizo llegar el documento al lugar de trabajo del funcionario el mismo día en que éste asumió el cargo. ¡Qué tal la eficiencia de la justicia mexicana!
Las víctimas son el niño Emilio Kaleb Maciel Sicilia, de cinco años, y la madre y ex pareja del funcionario, Liliana Sicilia García. "De un día para otro -me dice la abogada de esta mujer- y justamente el día 1o. de febrero de 2018 se canceló la pensión como un acto de magia". Maciel Amaya ha sido denunciado por haber llevado a cabo actos de violencia económica, psicológica y de otros tipos en contra de su hijo y de su ex pareja.
Vivimos en un país de declaraciones políticas, pero pocas acciones concretas. Hoy se celebra el día internacional de la mujer con discursos, pero en los hechos las mujeres siguen desamparadas. Los candidatos nos prometen un país de justicia, pero los jueces siguen favoreciendo a los influyentes. El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el año pasado reformas para garantizar la justicia cotidiana, la que afecta directamente a la gente común y corriente, pero la realidad que viven en los tribunales mujeres como Liliana Sicilia es otra: el tráfico de influencias se sigue imponiendo.
El 16 de agosto de 2017, cuando Maciel Amaya era todavía secretario general de conciliación en la Junta, el juez primero de lo familiar en la Ciudad de México consideró justo otorgar el 30 por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios del funcionario como pensión a Liliana Sicilia y a su hijo. El juez también otorgó a la mujer el 50 por ciento de la propiedad del inmueble adquirido durante el concubinato. Según la abogada de la ex pareja, "el auto es firme ya que el demandado y sus abogados se abstuvieron de promover recurso alguno". La directora de nómina de la Junta Federal declaró entonces que el funcionario tenía un ingreso bruto de 172,134.58 pesos mensuales. Supongo que la cifra debe haber aumentado ahora que es presidente.
Posteriormente, Maciel Amaya negó la relación de concubinato con la madre de su hijo y afirmó que no tenía dinero para pagar la pensión, pero como ésta ya había sido decretada y estaba firme la mujer y su abogada pensaron que no habría ninguna consecuencia de estas afirmaciones. Todo cambió, sin embargo, cuando Maciel Amaya fue ascendido a presidente de la Junta. Sin que mediara recurso de apelación, el juez canceló la pensión y dejó sin protección al niño y a la madre.
Maciel Amaya es sobrino del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Tiene un hijo más, producto de otra relación, al cual no ve. Estos hechos no deberían prejuzgar el caso, por supuesto, pero preocupa el aparente tráfico de influencias. No puede justificarse que un juez cancele una pensión, que por ley corresponde a un niño y a su madre, solamente porque el demandado fue nombrado presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Sergio SarmientoSería sensacional si, en un plazo razonable, las autoridades judiciales consiguieran armar el rompecabezas -valga el símil- a partir de las piezas encontradas, las primeras horas del martes, en la caja de una camioneta abandonada en la populosa y relativamente céntrica Colonia Morelos: los cuerpos mutilados de 8 jóvenes del sexo masculino.
Sería sensacional -reiterémoslo-... pero no sería lo normal.
Un crimen aislado, o 2, o aun los 3 que regularmente se producen a diario en la zona metropolitana de Guadalajara, pueden resultar inconexos entre sí. Pueden interpretarse como la consecuencia -hasta cierto punto lógica- de los conflictos entre personas que son naturales, inevitables incluso, en casi todas las sociedades. Es una historia que no ha dejado de repetirse desde la primera que se tiene documentada: la de Caín y Abel.
La solución de los conflictos entre personas por la expeditiva vía de la violencia es mucho más frecuente en los núcleos sociales en que impera la impunidad, merced a la incompetencia de las autoridades para investigar y sancionar los delitos conforme a la ley. Cuando ésta, en la práctica, es letra muerta, los individuos tienden a hacer justicia por propia mano... y a hacerlo, ocasionalmente, de manera brutal.
Entre los muchísimos botones de muestra de la incapacidad de las autoridades encargadas -en teoría- de la administración y aplicación de la justicia, sobresalen 2, por recientes y por sus dimensiones extraordinarias: uno, la desaparición de 3 italianos en el municipio de Tecalitlán; otro, el hallazgo de los 8 cadáveres mutilados en la Colonia Morelos. En el 1o., las investigaciones llegaron al punto de atribuir a 3 policías municipales la entrega de los desaparecidos a "grupos delincuenciales". Y hasta ahí se ha llegado, a 35 días de distancia del suceso... En el otro, los avances en la investigación consisten en haber identificado -hasta ayer- a una de las 8 víctimas... y a atribuir el episodio a "una pugna entre 2 diferentes cárteles".
Esta "explicación" significa, en la práctica, que la autoridad se lava las manos; que el asunto le queda grande; que se declara incompetente para ir más allá de la identificación de las víctimas (algo que no demanda un trabajo por demás acucioso de investigación), y deja la posibilidad de determinar las causas, identificar, aprehender, procesar y sentenciar a los criminales, totalmente a la buena de Dios.
Significa, en otras palabras, que, en esos casos, "es demasiada rata para tan poco gato...".
Jaime García ElíasExiste la prohibición para el Estado de convertirse en tutor de dogmas, creencias o convicciones religiosas específicas, sean cuales fueren. También tiene vedado cualquier intento de colocar la vida pública bajo la influencia de una o varias creencias religiosas, así como acompañar o sustituir a la persona en el acto de fe. El Estado no puede hacer juicios de valor sobre las concepciones religiosas, no puede juzgar ni la legitimidad de las creencias ni el modo de su manifestación.
De ahí que la legislación no autoriza exhibiciones electorales o políticas en edificios religiosos, así como tampoco la utilización de simbología religiosa, tanto en la publicidad como en el discurso proselitista electoral de los candidatos, con miras a evitar la posible confusión entre los fines u objetivos religiosos con los propósitos estatales. Persiste la limitación en cuanto al reconocimiento del voto pasivo de los ministros de culto: pueden ejercer este derecho político siempre y cuando se separen formal y materialmente de su ministerio 5 años antes de la elección.
Cuando la autoridad interviene en asuntos propios de la religión violenta la laicidad del Estado. Los ejemplos abundan. Para muestra, los más recientes: el año pasado el gobernador Miguel Márquez consagró al estado de Guanajuato al Sagrado Corazón de Jesús, del mismo modo que el gobernador César Duarte lo había hecho antes en Chihuahua y también la otrora alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, entregó las llaves de la capital neolonesa a Jesucristo.
Un Estado laico es aquel que no se identifica con una Iglesia o confesión religiosa alguna. Es garante del pluralismo religioso y de la convivencia pacífica de las religiones en la sociedad, donde las personas pueden expresar públicamente su fe. Es un principio esencial.
¿Qué pasa cuando el gobernante se torna en parcial? Lesiona la autonomía del Estado y las religiones. El Estado es incompetente para juzgar la verdad o falsedad de las religiones e incluso para dar juicios de valor en torno a cuestiones relacionadas con la fe de sus ciudadanos. El Estado no puede pronunciarse acerca de cuál religión es mejor o peor. En contrapartida, tampoco puede excluir al creyente de la vida pública, so pretexto de que la religión pertenece al ámbito privado.
Las ideas, las creencias o las convicciones, cualquiera que sea su naturaleza, por sí mismas, no forman parte de la naturaleza del Estado y de los poderes públicos.
Alberto Patiño, académico del Departamento de Derecho de la Universidad IberoamericanaMuchas declaraciones, muchas posturas, muchas mantas, pero cuando se trata de hechos concretos el "esfuerzo" de la UNAM para combatir al narco en sus instalaciones se reduce a un dato duro: En los últimos 20 años han detenido a un narcomenudista dentro de Ciudad Universitaria.
El personal de vigilancia de la UNAM [es] el único autorizado para resguardar Ciudad Universitaria y remitir a quienes cometen un delito en sus instalaciones.
Con el argumento de defender su autonomía, la casa de estudios no permite que ninguna otra fuerza de seguridad pública ingrese a sus instalaciones para prevenir o perseguir delitos, incluido el narcomenudeo.
No pocas instituciones mexicanas usan el pretexto de la autonomía para obtener un amplio margen de maniobra y no rendir cuentas ni actuar frente a los problemas.
Hoy el asunto está a debate y genera crispación en la opinión pública y la comunidad universitaria.
La impunidad disfrazada de autonomía ha llevado a escándalos con aroma político: recientemente la Auditoría Superior de la Federación denunció a universidades estatales que se escudan en la autonomía para dar contratos a empresas fantasma, triangular dinero y hacer negocios con recursos públicos. Más de 10 universidades públicas han sido exhibidas en los últimos años por la Auditoría, porque son el eje de un esquema de defraudación que involucra empresas fantasma y simulación de contratos.
¿La UNAM pierde autonomía si pide ayuda? ¿La UNAM pierde autonomía si reconoce la realidad cotidiana en sus instalaciones? Aceptar que en 2 décadas no ha combatido al narcomenudeo en Ciudad Universitaria sería un 1er. paso.
Carlos Loret de Mola A.
De aquí en adelante, los productores de leche de Jalisco coordinados con otras entidades participarán en bloqueos y manifestaciones constantes hasta que les aumenten el precio a ocho pesos el litro, pues desde hace 5 años operan con pérdidas, aseveró Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores de Leche.
"Nosotros de aquí para adelante no vamos a hacer tregua, necesitamos una respuesta seria del gobierno mexicano. (...) Aunque no puede hacer otra cosa más que exhortar a los empresarios de la leche en México, que les diga que se pongan serios y paguen la leche a como debe valer y no permitan el abuso que están haciendo".
Recordó que desde hace 5 años la leche ha aumentado al público 3.54 pesos, pero que en ese mismo lapso a los productores sólo les han ajustado 54 centavos más. "La industria y las grandes cadenas comerciales se quedan con 3 pesos, es hasta una burla".
Este lunes los productores tomaron la caseta de cobro en la carretera que va de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, cuyo bloqueo provocó congestionamiento de hasta 10 kilómetros, según informó la Policía Federal.
David García, presidente de los productores en Encarnación de Díaz, señaló que además del precio también han bajado sus ventas debido al exceso de importaciones de leches de mala calidad.
Este martes tomarán ahora la caseta de Aguascalientes-Lagos de Moreno, a la altura de Encarnación de Díaz; y bloquearán más día a día hasta obtener respuesta.
"No quiero saber la crisis que se venga porque ya la gente ya no se está pudiendo controlar, porque ya están atentando contra el patrimonio de las familias y ya cuando la gente tiene hambre, pelea. Ojalá y fueran puras manifestaciones, yo veo una cosa que puede ser hasta un estallido social".
(V.periódico El Informador en línea del 26 de febrero de 2018).Tenemos un Estado débil. Un intento de desarmar a "policías comunitarios" por marinos y agentes judiciales llevó ayer a un bloqueo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco en Xaltianguis. Nadie se atreve ya a hacer nada contra los bloqueos. Como los marinos y policías detuvieron a un comunitario, los rebeldes secuestraron a un agente.
Sergio SarmientoUna de las estrategias más recurrentes, y torpes, de las autoridades es criminalizar a las víctimas. Lo hacen y lo han hecho todos los gobiernos, porque creen que así, al menos ante la opinión pública, se liberan de cualquier responsabilidad. Lo torpe estriba en que sembrar la duda sobre la honorabilidad de la víctima no cambia ni la situación ni la responsabilidad del Estado frente a la comisión de un delito e invariablemente se termina revirtiendo. Pensémoslo así: si la mala fama fuera argumento suficiente para no tener derechos, los políticos no tendrían ninguno. No digo que todos sean criminales, por supuesto que no, pero la reputación del oficio no es la mejor.
Criminalizar a las víctimas no solo es un asunto de violación de derechos humanos, de por sí grave, es, en el fondo, una forma de claudicación del Estado a sus obligaciones que no podemos permitir.
Diego Petersen Farah3 años 4 meses de prisión recibió Kevin Alberto Aldapa Estrada el pasado 31 de enero, por un caso de robo calificado, de acuerdo con la carpeta de investigación 49339/2016.
En otro de los expedientes la detención fue decretada como ilegal y la Fiscalía ya no interpuso un recurso, mientras que en un tercer asunto se le decretó no vinculación a proceso, por falta de pruebas.
Una 4a. causa permanece abierta y continúa detenido, indicaron fuentes del poder judicial.
"El Kevin", como es conocido el joven entre vecinos de Jardines de San Sebastián, se hizo famoso por acumular 10 capturas en menos de 2 años por diversos delitos y faltas administrativas en Tlajomulco.
La sentencia que le fue dictada es baja y por el momento tiene el beneficio de solicitar la suspensión condicional de la pena, es decir, el derecho a pedir que el castigo le sea cancelado.
Especialistas consultados indicaron que las caídas en prisión de "El Kevin", al menos 6 bajo el actual Sistema Penal Acusatorio, evidenciaron la falta de capacitación de policías, del Ministerio Público y jueces.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de febrero de 2018).Por antiguo, cultural y tumultuario, el reto no es insuperable pero sí descomunal.
Corrupción e impunidad son el mal endémico nacional que subyace en casi todos los demás problemas de México (incluida la creciente criminalidad), y combatirlo no está en manos de un presidente, sino en el simple respeto a la legalidad.
Más que luchar como Chespirito contra la corrupción, quien gane, simplemente, no debe estorbar en la tarea propia del fiscal y los magistrados cuya designación sigue postergando el Senado.
La deshonestidad está tan arraigada en amplias capas de la sociedad como el fervor guadalupano, el futbol, la herencia de plazas y el agandalle en los saqueos a tiendas y trenes o en la actividad huachicolera y narca de pueblos enteros.
Carlos MarínEn todas las longitudes y latitudes hay corrupción, pero en algunas de ellas ese ilícito se castiga, no pasa desapercibido. El poder político es, con frecuencia, el atajo más corto para llegar a la corrupción. Sobra decir que muchos miembros de la clase política recorren ese camino. La robustez (o la debilidad) de un Estado de Derecho permite "medir" hasta qué punto puede escalar la corrupción y el castigo correspondiente. Ejemplos sobran. En América Latina es muy probable que Brasil sea el país que más ha enjuiciado y encarcelado a políticos (y empresarios también) de alto nivel: la ley no es letra muerta.
Guatemala ofrece también casos emblemáticos.
Independientemente del grado de desarrollo de un país, el eje de la justicia yace en un solvente Estado de Derecho. Éste, sobra decirlo, es deficitario en el caso mexicano.
José Luis ReynaPara el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, José Luis Guízar Abarca, la violencia que azota al estado en los últimos meses es consecuencia de la corrupción de quienes procuran y de quienes imparten justicia.
"En realidad vivimos en un sistema corrupto, en un sistema donde todo se vende y todo se compra [...] en donde todas las cosas tienen un precio".
Para el litigante, las fallas del nuevo sistema de justicia penal han propiciado más actos de corrupción: "los juicios orales los estamos corrompiendo, los estamos echando a perder".
Asegura que el gobernador "nos deja como herencia un estado corrupto de la A a la Z, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Los magistrados lo saben, los jueces lo saben, los policías lo saben, los ciudadanos lo sabemos y no hacemos nada".
La impunidad en delitos considerados como menores, por el Código Único de Procedimientos Penales, ha llevado a delincuentes a regresar a las calles a pesar de ser reincidentes, como El Kevin, un sujeto que pisó la cárcel una decena de veces, mismas que recobró la libertad, ya que la ley no contempla al robo como delito grave que amerite prisión.
(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 16 de febrero de 2018).Son pocos los que en México hacen el reconocimiento que busca afanosamente el presidente Enrique Peña Nieto a lo que ha hecho su gobierno. ¿Cómo podría comprender la sociedad lo que se ha alcanzado en su mandato?, preguntó el otro día Peña Nieto a una audiencia en Sonora. Con memoria, respondió. El presidente se refería a las reformas negociadas en los primeros 18 meses de su gobierno, que ciertamente fueron de gran envergadura y que necesitaron coraje político para hacerlo. Pero esas reformas son nada sin un Estado de Derecho. Un país sin leyes no tiene cuerpo ni sangre. No hay reforma que perdure si no está blindada por la ley. Tampoco hay ley que funcione si está dominada por la impunidad.
El martes hubo una audiencia en el Comité Selecto de Inteligencia en el Capitolio donde los jefes de la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos hicieron su evaluación de las amenazas mundiales para ese país. México fue uno de los 7 países latinoamericanos que son motivo de su preocupación, pero el que más tinta invirtieron para subrayar la vulnerabilidad en que se encuentra este país durante 2018.En su declaración pública Daniel Coats, director de Inteligencia Nacional, explicó: "Las elecciones presidenciales, incluidas las de México, se realizarán en un momento donde el apoyo a los partidos políticos y las instituciones de gobierno están en sus niveles más bajos y pueden impulsar la preferencia para candidatos no oficiales. Los mexicanos están enfocados en las elecciones presidenciales y legislativas de julio, en el cual la corrupción, la alta violencia y la desilusionadora economía serán los temas claves".
El jefe de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos se mostró decepcionado del gobierno de Peña Nieto. Ha tenido un lento avance para implementar las reformas al Estado de Derecho, dijo, cuestionando que las iniciativas que lo apuntalarían se encuentren en la congeladora legislativa ante la complacencia del ejecutivo, como la aprobación de un fiscal general y otro anticorrupción. El presidente podrá clamar todo lo que quiera por el reconocimiento público de sus reformas, pero lo único que va a encontrar, en aquellos lugares donde la pasión no existe y se evalúa a partir de la medición de los edificios institucionales, es que en lo importante, la procuración y administración de justicia, que es lo que cubre y da viabilidad a largo plazo a las reformas en una democracia, nos debe a todos.
El Estado de Derecho, en la definición universal de la Organización de las Naciones Unidas, es "un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, son responsables ante las leyes promulgadas, aplicadas equitativamente y adjudicadas independientemente, que sean consistentes con las normas internacionales y los estándares de derechos humanos. Asimismo, requieren medidas para asegurar la adherencia a los principios de la supremacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas a la ley, justifica en su aplicación, separación de poderes, participación en el proceso de toma de decisión, certidumbre legal, alejamiento de las arbitrariedades y transparencia legal". ¿Cuántos de estos preceptos se violan sistemáticamente en México todos los días, son omitidos en la vida cotidiana o soslayados en función de intereses políticos particulares?
El World Justice Project, que mide el Estado de Derecho en 113 países, reportó una caída de 4 lugares en su índice global del último registro en 2016 al informe de 2017, dado a conocer a finales de enero pasado. México ocupa el lugar 92 del total de países evaluados, el 5o. peor en América Latina y el Caribe, y el antepenúltimo entre las 36 naciones de ingreso medio alto. Su ubicación dentro del ranking mundial es vergonzosa: en límites al poder gubernamental, está en el lugar 83; en ausencia de corrupción, en el 102; en gobierno abierto, en el 36; en derechos fundamentales, en el 72; en orden y seguridad, en el 99; en cumplimiento regulatorio, en el 87; en justicia civil en el 113; y en justicia penal, en el 105.
La impunidad es la externalidad del pobre rendimiento del gobierno peñista en la construcción de un país de leyes. La impunidad se da en ecosistemas donde la corrupción tiene infectadas a las instituciones por la mala gestión y administración de sus cabezas. El reclamo al Presidente se centra en la falta de aplicación de la ley que detona abusos. En el extranjero, el fenómeno se ve en su justa dimensión y es más grave. Por ejemplo, en el Capitolio, el jefe de la comunidad de inteligencia habló del crimen organizado trasnacional, como uno de los riesgos más altos para esa nación. "En los casos más severos en el extranjero", dijo Coats, incluyendo a México en ese paquete, "las empresas criminales contribuyen a aumentar la violencia social, erosionan a las autoridades y los gobiernos, minan la integridad de los sistemas financieros internacionales, y dañan críticamente la infraestructura".
Sólo hay que sumar 2 + 2 y unir los dichos con los hechos para llegar a la conclusión sobre el enorme deterioro que tiene el gobierno de Peña Nieto por su complacencia y limitación de miras para construir un Estado de Derecho. Está obsesionado en el reconocimiento de sus reformas, sin ver que lo más importante, lo fundamental sobre lo que se levanta todo, ni siquiera le importa o, peor aún, no se da cuenta de lo que significa.
Raymundo Riva PalacioJalisco está en el ojo del huracán en materia de violencia. Una vez más el centro de las disputas del crimen organizado se corrió hacia esta zona del país. Las explicaciones oficiales suelen ser cortas y malas, lo único que dicen es que hay una disputa entre cárteles. Vieja explicación, nuevos muertos. Alejandro Hope, experto en estos temas, abunda bastante más en lo que puede estar pasando en esta confrontación. La explicación sería, desde su punto de vista y planteado como hipótesis, una confrontación con un disidente del cártel Nueva Generación dedicado al robo de combustible llamado "El Marro". Pero eso, aclara el autor, explica algunas muertes recientes, no las de enero, no las de diciembre. Hay algo más profundo en la descomposición de la seguridad en el estado.
La pregunta de fondo no es quién mata ni a quién matan sino por qué estos grupos pueden matarse en plena luz del día con la confianza de que nadie los molestará ni se interpondrá entre ellos y sus enemigos, por qué no hay una investigación y tampoco un solo detenido. Es verdad que no hay nada que pueda hacer el gobierno, cualquiera que este sea, para evitar que una persona que quiere matar a otra lo haga; no hay manera de intervenir su voluntad. No puede hacer nada, excepto, darle la certeza al asesino de que si lo hace será castigado. Cuando esto no sucede, cuando el asesino sabe que puede hacer su voluntad sin consecuencias, entonces sí hay una responsabilidad del gobierno y del Estado en su conjunto. Dicho en pocas palabras, la impunidad sí es responsabilidad del gobierno en turno.
La inseguridad en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara tiene una clara tendencia a empeorar. Los números, las circunstancias (enfrentamientos de grupos, elecciones, etc.) y la falta de respuestas institucionales no hacen sino presagiar malas noticias. Como ninguna autoridad quiere mojarse, su única respuesta es aventar la bolita a otra cancha o a otro nivel de gobierno.
Es momento de prender alertas. Hay 2 cosas seguras: algo está pasando en el entorno y no estamos haciendo nada para evitarlo. Un enemigo del que nuestras autoridades parecen saber mucho y hacer poco.
Diego Petersen FarahMás de un centenar de pobladores de la comunidad de San Gabriel Momoxtla, en Puebla, lincharon y mataron a un presunto ladrón, informaron este lunes fuentes oficiales.
"Detuvimos a 4 personas tras el linchamiento de un presunto ladrón", dijo el subsecretario de Coordinación de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, José Tlachi.
Los hechos se registraron el domingo, cuando pobladores de San Gabriel Momoxtla retuvieron y golpearon hasta matar a un sujeto, luego de ser sorprendido en el interior de una casa.
De acuerdo con medios de comunicación locales, los pobladores estuvieron a punto de prenderle fuego al presunto ladrón, lo rociaron con gasolina y fue exhibido por las calles del pueblo.
Por varias horas lo retuvieron maniatado en el teatro del pueblo. Las autoridades arribaron al lugar, pero no consiguieron negociar su entrega con los pobladores.
El joven, aún sin identificar y quien portaba un arma de fuego, murió a causa de los golpes cuando se encontraba colgado de los pies. Los pobladores después permitieron el acceso del personal de la Fiscalía General de Puebla, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.
Este es el 2o. caso de linchamiento en lo que va del año en Puebla, después del ocurrido el 23 de enero cuando cientos de habitantes de San Juan Tuxco lincharon a un sujeto acusado del robo de una motocicleta.
(V.periódico El Informador en línea del 12 de febrero de 2018).Cancha pareja para todos, ahí nace la justicia y la paz. Los problemas, en el juego y en las sociedades, comienzan cuando no se respetan las reglas, cuando se privilegia a unos por encima de otros, sin otra razón que su poder económico o político. Peor se pone la situación cuando los jueces temen imponer su autoridad o la venden. El Estado de Derecho desaparece.
Por eso no importa quién gane el próximo primero de julio, lo indispensable es, 1o., que candidatos y partidos se comprometan a respetar a las instituciones y cumplir sus normas. 2o., y más importante, contar con un sistema de justicia y jueces autónomos y capaces. Sin embargo, la subordinación de la PGR y casi todas las fiscalías estatales a los gobiernos en turno, las hacen instrumento de impunidad, no de justicia.
El pasado 31 de enero, el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, integrado por 300 organizaciones de la sociedad civil y cientos de ciudadanos, lanzaron un reto a los precandidatos a la Presidencia de la República: que demuestren su liderazgo y capacidad de acción, y persuadan a sus dirigencias partidistas y a los legisladores de su partido para reforzar el Artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México.
Ningún discurso es y sera creíble si no pasan, aquí y ahora, a la acción. Necesitamos una #FiscalíaQueSirva, libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado del gobierno. Una Fiscalía donde el personal esté debidamente capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos.
Para saber si los precandidatos y sus partidos asumen este reto, está la plataforma www.reforma102.mx. Ahí revisamos que cumplan con los siguientes pasos: 1. Manifestación pública de compromiso claro. 2. Compromiso público de coordinadores parlamentarios. 3. Consideración seria del Dictamen Ciudadano para la #Reforma102. 4. Garantizar un esquema de participación cívica efectiva. 5. Trabajos legislativos deben realizarse en conferencia para armonizar acuerdos entre ambas cámaras.
Les quedan 2 meses y medio a los legisladores federales para hacer esta reforma. Hasta hoy, de los 3 precandidatos a la Presidencia, sólo Ricardo Anaya ha manifestado disposición para impulsar la discusión y aprobación. Meade se limita a manifestarse por la fiscalía autónoma, mientras los líderes parlamentarios priistas no le hacen el menor caso.
AMLO acostumbra a burlarse y descalificar a instituciones clave para la impartición de justicia. Una forma de aumentar su porcentaje de preferencias electorales es comprometerse a cumplir este reto. El 64% de los votantes que dudan de su respeto a las leyes e instituciones cambiarían su percepción y no tendrían temor a su triunfo.
No importa quién gane el próximo primero de julio. Lo indispensable es que demuestren su respeto a la Ley, asumiendo aquí y ahora el reto #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.
Isabel SepúlvedaSi cualquiera de los candidatos sale mañana y nos dice: "no los voy a engañar, el tema de la violencia ha rebasado al Estado y sí tiene solución, pero es a largo plazo y en un sexenio que es lo que dura el encargo del presidente, lo único a lo que podemos aspirar es a detener el deterioro institucional y poner los cimientos de un nuevo modelo de justicia cuyos resultados se verán en 10 o 15 años", la chifliza se oiría hasta la Patagonia y nadie votaríamos por él. Los primeros que deseamos ser engañados en estos temas somos nosotros mismos, vivimos en el pensamiento mágico, en la ilusión de que algo pasará milagrosamente por intervención de quién sabe quién.
Como en muchos otros temas, hay quien considera que el problema de seguridad está sobrediagnosticado. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que hemos escuchado muchas veces el mismo diagnóstico, pero nadie ha sido capaz de explicar por qué entre más fuerza empleamos para combatir la violencia más violencia generamos y muy pocos diagnósticos le ha dado a la corrupción el peso que tiene en la generación de violencia.
Una de las mejores propuestas que he escuchado, yo se la oí a Luis Carlos Ugalde, pero sé que hay otros que la han trabajado, es la de las islas de legalidad. Partiendo del hecho de que no podemos arreglar todo de golpe y simultáneamente en todo el territorio, la propuesta es crear lo que ellos llaman islas de legalidad, esto es, puntos muy significativos que se conviertan en modelos a seguir. Ugalde propone las prisiones como punto de partida: aseguremos que el Estado tendrá el control de las prisiones y que ahí dentro imperará la ley. Parece una locura, pero no lo es. En la medida que vayamos recuperando la legalidad y la credibilidad institucional podemos ir acometiendo nuevas y más ambiciosas empresas y en un mediano plazo podremos aspirar a un cambio real.
Dejemos que los candidatos digan lo que quieran, o más bien que digan lo que creen que queremos oír, y paralelamente construyamos políticas eficientes con temporalidades realistas.
Diego Petersen FarahLa forma en la que ha evolucionado la incidencia delictiva en el país, pone en evidencia que la violencia ya no es monopolio de la delincuencia organizada, que el discurso que repetía que los homicidios "son ajustes de cuentas entre delincuentes", ya no es vigente; que relativizar datos y estadísticas, achacando todo al negocio del narcotráfico ya no funciona, aun cuando la violencia desatada por la criminalidad organizada sigue causando terribles estragos en nuestro país. Debemos recordar que quienes cometen robos con violencia a transeúntes, negocios, casas o vehículos, son principalmente delincuentes comunes y estos delitos son los que más nos afectan como ciudadanos.
¿Será la incidencia delictiva, la inseguridad y violencia, un factor clave que influya en las elecciones? ¡Muy probablemente! si esclarecemos qué se entiende por "influir en las elecciones".
Una persona en un contexto social violento puede dejar de salir a votar por temor a lo que le pueda suceder.
Es probable que muchas personas opten por votar por un candidato de oposición al actual gobierno federal o local como sanción ante la falta de resultados en materia de seguridad.
En un contexto de alta presencia de delincuencia organizada, un grupo criminal puede intentar que sea electo un candidato a modo, tanto por la compra de votos como mediante el sometimiento de voluntades a través del ejercicio de la violencia.
Las actuales condiciones del país requieren partir de reconocer cómo estamos, para de ahí poner en marcha acciones puntuales para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, al tiempo que se implementan políticas públicas específicas que reduzcan la violencia, que debiliten la capacidad de los grupos criminales, que promuevan el respeto de la ley y que fomenten la credibilidad en las instituciones.
Sin embargo, vemos exactamente lo contrario, según declaraciones públicas, para el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida no hay focos rojos en materia de seguridad de cara al proceso electoral.
Indudablemente deben preocupar estas declaraciones, si seguimos negando u ocultando la realidad, difícilmente podremos iniciar las acciones que nos lleven a mejorar las condiciones en la que la mayor parte de los mexicanos vivimos.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional CiudadanoAcabamos de vivir uno de los capítulos más recientes de la política de los jueces, o de la cárcel, al estilo Brasil, una estrategia que estamos comenzando a copiar de la nación sudamericana. Para obtener recursos presupuestales y presionar a dirigentes priistas, en una investigación absolutamente oscura, el gobierno de Javier Corral ordenó la detención de un importante dirigente priista a nivel federal, Alejandro Gutiérrez, miembro del CEN del tricolor durante la presidencia de Manlio Fabio Beltrones y cercano colaborador de éste.
La jugada era triple: mostrar la corrupción del gobierno de César Duarte, pedir 700 millones de pesos adicionales al presupuesto para el estado de Chihuahua y darle un golpe al PRI, en un momento de confusión y lealtades, supuestamente, en entredicho dentro del priismo, buscando, incluso con tortura, que Gutiérrez involucrara en el caso a Beltrones.
El propio Gutiérrez había sido involucrado y detenido con la sola prueba de un exfuncionario que apareció como testigo protegido por el fiscal del gobierno estatal, César Peniche, que a su vez está acusado (pero no procesado, por supuesto) de estar involucrado en el asesinato de la periodista Miroslava Brecht. El fiscal, como otros 2 dirigentes panistas que están acusados del involucramiento en ese crimen, no han sido procesados por el gobierno local, están protegidos. El fiscal tiene una denuncia de la PGR por haberse negado a entregar la documentación sobre la detención de Gutiérrez y, además, una denuncia en la CNDH por la violación de los derechos humanos y la presunta tortura al priista.
Lo cierto es que en todo ese ambiente catalizado por la prisión de Gutiérrez, y cuando en unas pocas semanas ha habido decenas de muertos en Chihuahua, sobre todo en la capital y en Ciudad Juárez, el gobernador Corral se lanzó a una marcha, evidentemente, proselitista que ha recorrido buena parte del país y que concluyó ayer con un mitin en el Ángel de la Independencia.
Pero el sábado en la noche, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunión con Corral y llegaron a un acuerdo que implica, prácticamente, un intercambio de rehenes. El gobierno le dará a Corral 900 millones de pesos y quita la denuncia en la PGR contra el fiscal Peniche, mientras que el gobierno del estado acepta enviar a Gutiérrez a un penal federal, donde podrá librarse de las presiones extralegales que sufría.
El lenguaje corporal de Navarrete y Corral durante el anuncio del acuerdo, sobre todo esa lectura que hacía Corral del documento mientras leía Navarrete, demuestra más que cualquier declaración lo incómoda que debe haber sido la negociación que llevó a cabo Navarrete sacándola de ámbito de Hacienda, donde se había tornado intransitable para llevarla a Gobernación, porque ese era un conflicto político, no presupuestal.
Desde el ámbito del gobernador se quiso hacer ver el acuerdo como un gran triunfo político. En el corto plazo lo fue, pero habrá que ver cómo se desarrolla el resto de la historia, porque habrá que esperar la investigación de la CNDH sobre Gutiérrez, pero también cómo evoluciona la indagatoria de la propia PGR sobre el caso de Miroslava y el involucramiento en el crimen de funcionarios locales, más allá de la insostenible situación de inseguridad que vive el estado.
Pero lo ocurrido en Chihuahua ilustra los graves peligros de utilizar la cárcel como instrumento de negociación política, e insistir en que apreciemos las graves consecuencias que ello genera en Brasil, donde se ha llevado al máximo.
En Chihuahua se intercambió un rehén por recursos presupuestales, mientras que en Quintana Roo, la detención de 2 funcionarios centrales de la administración de Roberto Borge, el exsecretario de gobierno, Gabriel Mendicuti y el expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, que incluso fue quien compitió contra el ahora gobernador Carlos Joaquín por el gobierno del estado, tuvo una rápida respuesta: a nivel federal se detuvo, acusado de lavado de dinero, a uno de los más cercanos operadores políticos y financieros del gobernador, Juan Vergara, quien se había convertido en estos días en candidato a diputado federal del Frente. Quizás sean simples casualidades, pero parecen respuestas a decisiones judiciales con indudable influencia política.
Lo cierto es que con la política de cárcel, la de utilizar la justicia para negociar, presionar o hacer proselitismo, nadie ganará, todos tarde o temprano perderán y la estabilidad y gobernabilidad del país seguirá sufriendo.
Jorge Fernández MenéndezEs probable que algo ande mal en la sociedad cuando se ve la violencia como algo completamente natural e inevitable...
Ayer, por ejemplo, la prensa -que se documenta, para el efecto, en las actuaciones ministeriales-, dio cuenta de que el sábado se registraron 13 "asesinatos violentos" (pregunta tonta obligada: ¿hay de otros...?) en la otrora "amable" zona metropolitana de Guadalajara.
El ciudadano común da por hecho, por una parte, que hoy, mañana y pasado se repetirá la historia; que las cifras podrán diferir, pero que los "asesinatos violentos" son, "desde endenantes" -diría el paisano-, el pan nuestro de cada día en estas benditas tierras "de Dios y de María Santísima", según eso; y da por hecho, por la otra, que la gran mayoría de esos crímenes quedarán impunes.
Con respecto a la certeza de que se repetirán los episodios, se admite que es materialmente imposible que las autoridades puedan meterse en la cabeza de quienes hoy hayan decidido proceder al "ajuste de cuentas" que mañana o pasado será estadísticas sin pasar por el capítulo de las noticias -una nota rutinaria, volandera, que no interrumpirá el bostezo ni amargará el desayuno de los lectores-, ni podrán, por ende, detenerlos o disuadirlos de su intención. Y con respecto a la impunidad, igualmente se da por descontado que a las autoridades encargadas, en teoría, de perseguir los delitos, les queda grande el paquete; que carecen del personal, el tiempo, los recursos y la metodología necesarios para investigar esos hechos; que sólo excepcionalmente -cuando la víctima tiene la discutible ventaja de ser una persona conocida más allá de su ámbito familiar y social más estrecho- se aplican a ahondar en las posibles causas, a inferir los móviles, a dar seguimiento a "líneas de investigación" -que en la generalidad de los casos son inexistentes-, y a identificar, localizar, detener, procesar y sentenciar a los responsables.
Había, antaño, un programa radiofónico denominado "El que la hace, la paga"...
Y es que hubo tiempos en que, en efecto, el que la hacía, la pagaba...
Jaime García ElíasEl fin de semana, civiles bloquearon vialidades de Ocotlán con neumáticos y les prendieron fuego. Las protestas, según autoridades, se debieron a que "pobladores" rechazan la presencia de la Policía Federal.
El fiscal Raúl Sánchez Jiménez apunta a que se trata de familiares de 28 ocotlenses abatidos por federales -de un total de 42- en mayo de 2015, en el rancho El Sol de Tanhuato, Michoacán.
Se dice que fue una represalia de la autoridad por la emboscada y asesinato, 2 meses antes en Ocotlán, de 5 gendarmes.
Allá en La Fuente
La tarde de este sábado se reportó la presencia de bloqueos en varias calles de la cabecera municipal de Ocotlán, Jal., al parecer, producto de manifestaciones de civiles que rechazan la presencia de la Policía Federal en el municipio, informaron autoridades.
En 8 puntos, ciudadanos colocaron hileras de llantas y prendieron fuego en algunas para evitar la circulación de los vehículos en protesta por la presencia de las autoridades federales.
Los hechos ocasionaron que el fiscal General, Raúl Sánchez, se dirigiera hacia Ocotlán para evaluar la situación, que se restableció a la normalidad poco después de las 17:00 horas.
Según el fiscal, eran sólo algunas personas las que protestaban en contra de la presencia de los policías federales.
"Al final de cuentas es autoridad, si les gusta o no es una autoridad, está haciendo su trabajo, los tres órdenes de gobierno y cada quien estamos obligados a trabajar. (...) Esto no es normal, una protesta simplemente porque llega unidades de la Policía Federal, las vemos recorriendo la ciudad, carreteras y todos lados".
El fiscal insistió en que mantendrán presencia en el municipio hasta que se garantice que la situación no se vuelva a repetir.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2018).Choferes del Sindicato de Avanzada del Transporte Urbano se manifiestan en el centro de Guadalajara esta mañana para exigir el pago justo por los Transvales, pues aseguran que más del 50% de los que reciben son falsos.
Cerca de las 10:30 de la mañana, alrededor de 100 transportistas cerraron el cruce de avenida Juárez y Ramón Corona.
Exigen diálogo directo con Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco para aclarar el tema de Transvales falsos, el aumento del costo de combustible, entre otros.
Transportistas amenazan que en caso de no tener respuesta del Gobierno del Estado este mismo día, pararán cerca de 4,000 unidades del transporte público.
(V.periódico El Informador en línea del 1o.de febrero de 2018).México posee un sistema de justicia criminal peor que el de Irán y un nivel de acceso a la justicia más bajo que el de El Salvador, según el informe "Rule of law index 2017-2018", el cual mide a través de 8 puntos el nivel del Estado de Derecho en el que se desarrollan 113 países del mundo.
El documento, que fue presentado en Washington por la organización World Justice Project, encuestó a mil ciudadanos y expertos de cada país para evaluar varios ámbitos y así definir su nivel de Estado de Derecho. Entre esos elementos se encuentra la restricción al poder del gobierno, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo y la justicia civil y criminal.
En ese listado de 113 países, México se ubica como uno de los peor calificados en el puesto 92, según la percepción que sus ciudadanos tuvieron de esos 8 factores, mientras que Irán se encuentra en el 80 y El Salvador en el 79. La evaluación general de México fue de 0.45 en una escala donde la máxima puntuación es uno y representa un mayor apego al Estado de Derecho.
Esa misma lista la encabezaron Dinamarca, Noruega y Finlandia en el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.
La justicia criminal, referida entre otras cosas a la calidad de las investigaciones contra presuntos delincuentes y la efectividad para dictarles sentencia, fue la peor calificada por los mexicanos, con una evaluación de 0.30, número que está por debajo de los 0.45 puntos que Irán acumuló en ese rubro.
En otro apartado, el de justicia civil o acceso a la justicia, El Salvador rebasó a México por 0.10 puntos.
Otro de los ámbitos en los que México perdió contra esos dos países, reconocidos por el nivel de violencia que ha imperado en ellos, fue el de orden y seguridad, puesto que en ese punto específico esa nación se colocó en el lugar 99, mientras El Salvador lo hizo en el 96 e Irán en el 54.
En total, nuestro país reprobó 7 de los 8 rubros ligados al Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.
La restricción al poder, referida a la existencia de instituciones autónomas con capacidad de evaluar las tareas del ejecutivo, obtuvo un promedio de 0.46; los derechos fundamentales, alusivos al respeto de los derechos humanos, tuvieron una percepción reprobatoria de 0.52.
El rubro de cumplimiento normativo, relacionado con el respeto de las leyes en general, alcanzó 0.44.
México tuvo su 2o. punto peor evaluado en la ausencia de corrupción, puesto que se ubicó en el lugar 102 e incluso nuevamente fue superado por El Salvador, que se colocó en la posición 76, mientras Irán lo hizo en la 52.
Nuestro país sólo aprobó el rubro de gobierno abierto, en el cual se evaluaron los niveles de transparencia de información pública, así como la participación ciudadana en el acceso a la información. En ese caso la calificación fue de 0.61.
En la lista que México integra junto con otros países latinoamericanos y caribeños también en referencia a la percepción sobre el Estado de Derecho se ubica en la posición 25 de 30 y a 16 puntos de Uruguay, que resultó con la mejor evaluación de ese listado.
México también integra la lista de las naciones donde sus ciudadanos tienen un ingreso medio alto, aunque en ese caso este país se fue hasta el antepenúltimo lugar, ocupando el puesto 34 de 36.
"Más allá de las evaluaciones a cada país, y más allá de los 0.40 o 0.30, con este estudio queremos reflejar percepciones y lo que la gente piensa y siente con base en las experiencias que ha tenido. El estudio que realizamos es como una boleta de calificaciones, en la cual el gobierno puede ver cuáles son sus principales áreas de oportunidad y estimar en qué debe poner más energías", explicó Leslie Solís, analista de justicia penal perteneciente al World Justice Project.
Para avanzar en el Estado de Derecho, la analista Leslie Solís pidió no centrar la atención únicamente en el ámbito de la corrupción en México, pues "lo interesante del estudio es que los ocho factores que forman parte de éste se complementan y son igualmente importantes; no podemos avanzar y dejar olvidados los demás, sino que es algo en conjunto que debe apoyarse", añadió.
"El rubro de justicia penal es de los peor evaluados para México; sin embargo, dentro de los factores de la medición de justicia penal vemos avances en el debido proceso y eso se debe al Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero lo que sí quedó rezagado es la investigación policial. En la medida en que ese sistema se aplique de forma más ambiciosa, por ejemplo, a las fiscalías o a las cárceles entonces todo irá mejor", señaló la abogada y académica.
(V.periódico El Informador en línea del 31 de enero de 2018).Este jueves se difundió una fotografía perfecta del México contemporáneo. Un grupo armado al servicio de Gloria María Sánchez, alcaldesa de Oxchuc, en Chiapas, ingresó a la cabecera municipal, disparando a mansalva en la calle y la iglesia, e incendiando media docena de casas. Los paramilitares buscaron el mayor daño posible contra los seguidores del ex presidente municipal en esa comunidad indígena, en venganza porque Sánchez no ha podido gobernar desde que ganó las elecciones en 2015. 5 heridos y ríos de sangre seca por todos lados sintetizaron el conflicto permanente y, sobre todo, la impunidad.
Tamaulipas, en las primeras planas de los periódicos, es otra fotografía del México rojo. 10 bloqueos se establecieron casi simultáneamente en Reynosa, donde paramilitares del cártel del Golfo se agarraron a tiros con el Ejército, la Marina y la policía estatal, prolongando la angustia en aquella ciudad fronteriza. A 262 kilómetros, también sobre la franja fronteriza, un acto del alcalde Enrique Rivas en un parque, fue interrumpido por una lluvia de disparos que obligó a todos zambullirse en la tierra. En ningún caso se reportaron víctimas fatales, lo que no quita lo ominoso que en materia de seguridad se vislumbra en el estado, donde la violencia subió de 2016 a 2017, 35%.
El desacuerdo político reinante en el país está crecientemente conduciendo a la violencia. La actividad política, produciendo asesinatos. En Guanajuato, donde la violencia ha ido creciendo en los últimos meses, un empresario de León pagó con su vida. En Tlaxcala, un choque entre bandas de huachicoleros produjo la muerte de 3 personas, mientras que en Tlalnepantla, 2 hombres fueron asesinados dentro de su casa. En Zacatecas, un comando armado del cártel del Golfo exhibió un video donde un comandante policial, bajo amenaza, daba nombres de jefes policiacos presuntamente vinculados con el narcotráfico; tras decirlo, fue degollado.
La violencia está desatada, no sólo en aquellos gobiernos del PAN que están en el inicio de sus administraciones, sino en priistas y perredistas. Colima, gobernado por un priista, tiene poco más de 13 meses de descomposición sin precedente. En Tlaxcala, un estado otrora limpio, gobernador por el PRI, la seguridad se volvió un tema de preocupación con asesinados vinculados al crimen organizado. Nayarit, en la secuela de otro gobernador priista, fue el estado de mayor violencia en el país el año pasado. Chihuahua está viviendo una etapa de narcopolítica.
Cuando llegó el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración de Felipe Calderón le entregó un país con casi 70,000 muertos y problemas complejos en 3 entidades. Al cierre del 5o. año de gobierno, la violencia criminal se extendió a otras 30 entidades y el número de homicidios dolosos es más de 20% superior al registrado en el gobierno de Calderón en el mismo periodo.
No toda la responsabilidad puede adjudicársele al gobierno federal. En el Congreso, los diputados aplazaron 2 veces el mandato legal de pasar a policías federales, estatales y municipales, por controles de confianza. La pregunta de cuántos crímenes se hubiera evitado de haberse aplicado es retórica, pero ayuda a imaginarse los escenarios positivos que habrían existido con el cumplimiento de esa ley como estaba mandatado (sic).
El cuerpo político federal es culpable del desastre, pero las cámaras tienen también su alta cuota de responsabilidad. De manera permanente, hasta estos días, se han negado a legislar sobre un nuevo modelo de policía civil, y escondieron en diferencias de artículos y la aprobación de la Ley de Seguridad Interna -que eternizará a los militares en tareas de seguridad pública porque abre zonas de confort para los gobiernos locales-, que por encima del problema que más preocupa a los mexicanos, están sus negociaciones políticas que sólo buscan rascar más poder.
A ellos también se les puede achacar el adefesio que legislaron sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que construyó una puerta giratoria para cuando menos 11,000 criminales -no incluye a quienes eran inocentes de un delito o habían cometido faltas menores-, por la sutileza de que delinquir con un cuchillo, un cuerno de chivo o un portaviones nuclear, no es un delito grave y les permite regresar a la calle. Les quitan el arma y, como se ha probado, compran otra en la calle y vuelven a cometer el mismo delito. Esta impunidad se ha extendido de manera creciente al poder judicial, donde se ha demostrado que jueces que dejan en libertad a criminales de envergadura, no por miedo -que es un factor de vulnerabilidad existente-, sino por corruptos.
Este país no está en paz. En términos cuantitativos, el número de muertos lo colocan en la categoría de una nación en guerra civil. Pensar en sus responsabilidades es una obligación política, ética e histórica. No lo olviden, como hasta ahora ha sido.
Raymundo Riva PalacioEl gobierno federal se queda corto en la persecución del lavado de dinero, pues es mínimo el número de organizaciones criminales desmanteladas, pese a las reformas y la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Procuraduría General de la República revela que, en lo que va del sexenio, sólo han desarticulado a 4 organizaciones delictivas que realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita (según los 5 Informes de Enrique Peña Nieto). Ni siquiera una por año en promedio. Mientras tanto, el gobierno estadounidense señala a 294 empresas, asociaciones civiles o personas -entre las que destacan 14 grupos criminales- con nexos con el narcotráfico, considerado el principal delito relacionado con el blanqueo de capitales.
En lo que va del presente sexenio (inició en diciembre de 2012), según datos de los Informes Presidenciales de Enrique Peña Nieto, solamente se han registrado 49 condenas por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras que, de septiembre de 2012 a junio de 2017, sólo se logró asegurar poco más de 950.7 millones de pesos, cuando la Cámara de Diputados estima que se generan 52,844 millones de pesos anualmente por este tipo de actividades.
Casos como el de Zhenli Ye Gon, a quien le fueron confiscados más de 205 millones de dólares en su vivienda en el 2006, son la excepción a la causa, pese a que expertos en el tema de lavado señalan que hay cientos de casas como ésa en el país.
El número de investigaciones también es bajo, pues en el mismo periodo se iniciaron 1,124 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales sólo 302 fueron consignadas o judicializadas; es decir, ni siquiera el 30%.
Por otro lado, se contabilizan 250 detenidos, de manera que si sólo se lograron 49 sentencias, en el 81% de los casos las personas fueron liberadas o siguen su proceso. Aunque el porcentaje podría ser más alto, pues algunas condenas podrían ser de procesos iniciados antes de este sexenio y porque una sola persona puede recibir varias condenas.
Según el informe de evaluación "Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo" del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el problema se debe a que la PGR no utiliza la inteligencia financiera de forma adecuada para iniciar y llevar las investigaciones para rastrear los activos.
Hay "un alto grado de ineficacia en el modo en el que se inician las investigaciones (...) sin fundamentos suficientemente razonables y en el modo en el que se conducen por ejemplo, deficiencias en la metodología de la investigación, procedimientos extremadamente largos, falta de coordinación interna entre los diferentes organismos especializados a nivel federal y estatal y falta de experiencia", explica el documento.
Para GAFILAT, la corrupción es también un factor, pues socava la capacidad de las autoridades para investigar y perseguir penalmente los delitos graves. Además, señala que rara vez se identifica al beneficiario final del lavado de dinero.
"Las instituciones financieras solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad".
La delincuencia organizada, la corrupción y la evasión fiscal son los principales delitos generadores de recursos ilícitos en México, señala el informe de evaluación "Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo" del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Sin embargo, hace especial énfasis en la corrupción, la cual no sólo es una fuente de fondos ilegales, sino que también hace posible la comisión de los delitos determinantes del lavado de dinero al debilitar de manera significativa a las instituciones y al sistema legal.
"El tradicionalmente débil sistema de justicia penal ayudó a promover un sector público que se percibe como altamente corrupto, al menos en el ámbito local y de las entidades federativas", explica el documento. "En parte, esto se debe a la ineficiencia de un sistema legal que persigue penalmente pocos delitos determinantes y lavado de dinero, también es el resultado de otras debilidades institucionales en las fuerzas de seguridad locales en áreas que son centros para la delincuencia organizada (por ejemplo, Veracruz, Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco)".
El diagnóstico explica que los grupos de delincuencia organizada tienen la capacidad de sobornar o intimidar a las autoridades, aunque señalan que resulta difícil medir con precisión el producto del delito asociado con la corrupción.
Pese a ello, la evaluación revela que no existe determinación por parte de las autoridades de investigar y de combatir a las 3 actividades generadoras de recursos ilícitos por igual, pues dan prioridad a la lucha contra el crimen organizado en vista de las serias amenazas que representa para la seguridad nacional. De hecho, la corrupción ni siquiera es reconocida como una amenaza principal de lavado de dinero en la Evaluación Nacional de Riesgos 2016 elaborada por el gobierno federal.
"Sin embargo, existe un creciente reconocimiento de riesgos de lavado de dinero relacionados con la corrupción por parte de la Unidad de Investigación Financiera y la PGR, entre los que se incluyen los principales canales y métodos para lavar el producto de la corrupción (...) tal como se demostró en algunos casos, inclusive la corrupción a gran escala y la connivencia entre la delincuencia organizada y ciertos funcionarios públicos".
La GAFILAT espera que la implementación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción respalde la efectividad del combate al lavado de dinero al eliminar las lagunas legales y al crear fiscalías y tribunales especializados.
Rodrigo Lazo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, considera que el marco jurídico no es el problema para combatir el lavado, pues cuando se aplica con rigor, los castigos son adecuados. Sin embargo, explica que hace falta mayor voluntad política para aplicar la ley.
"Quienes nos gobiernan deberían realmente investigar y perseguir el lavado de dinero porque lo tenemos muy a la vista en muchos ámbitos. Creo que como sociedad podemos acudir a la denuncia anónima".
Considera que los organismos empresariales deberían ejercer más presión a las autoridades para combatir este delito porque ellos son los principales afectados por el lavado de dinero, que representa una competencia desleal.
Jorge Tejada, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, afirma que el principal problema para combatir y eliminar a las operaciones con recursos de procedencia ilícita son las autoridades que eligen no perseguir el lavado de dinero pese que cuentan con un marco legal sólido y las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso "hay una falta de voluntad de la autoridad para quitarle el dinero al narcotráfico, porque sí saben dónde está ese dinero".
Es la autoridad, remarca, "la que no revela o no cierra la pista en las investigaciones para asegurar este dinero. Escuchamos que el Ejército y la PGR presentan aseguramientos de droga y que localizan laboratorios, pero casi nunca hay detenciones. Cuando las hay, efectivamente no escuchamos del aseguramiento de dinero, sólo de armas con poco valor".
Señala que, con el Sistema Nacional Anticorrupción, la transparencia y la rendición de cuentas serán claves para presionar a las autoridades y que cumplan con su labor.
(V.primera plana y págs.2-A y 3-A del periódico El Informador del 25 de enero de 2018).Se ha mencionado que sólo el 3% de las denuncias alcanzan seguimiento oportuno por parte de la autoridad. En cuanto a mujeres agredidas, 7 de cada 100 consiguen protección y sanción contra los delincuentes. Mientras tanto persisten robos, asaltos, secuestros, extorsión, desapariciones, delitos financieros y el nefasto lavado de dinero. La delincuencia organizada sigue vigente y su combate es promesa difícil de cumplir.
Carlos Cortés VázquezCualquier episodio de inseguridad, por menor que parezca, debe ser una señal de alerta para ponerle remedio. Dejarlos pasar, porque se les considere "aislados" en la búsqueda de soslayarlos con intereses políticos, origina una acumulación que más tarde no solo causa el disparo de las cifras y de las víctimas, sino también consecuencias imprevisibles.
Eso parece suceder ahora con el caso del robo a mano armada en el transporte público, individual o colectivo, en Ciudad de México y sobre todo en la zona conurbada mexiquense. El fenómeno no es nuevo, por supuesto, pero como se escondía debajo de la alfombra, ha tomado dimensiones inocultables y propiciado la aparición de otro jugador, uno que en varias oportunidades ha demostrado ser tan avezado que hace dudar sobre su presunta espontaneidad o aparición azarosa: el justiciero.
Porque una cosa es que un policía vestido de civil vaya en un microbús en el momento de un asalto, se defienda y lesione o mate al agresor con su arma de cargo, episodios en los que suele salir herido algún pasajero, y otra que un hombre armado elimine a 3 asaltantes con destreza tal que nadie más resulte lesionado y el tirador se retire con la complicidad entendible de los pasajeros y del chofer de la unidad.
En 2016 la cifra de justicieros pasó de 6 a 27 en la zona en cuestión, con mayor incidencia en Naucalpan con 9 casos, Ecatepec, Cuajimalpa y Toluca con 4, así como Tlalnepantla con 3. En municipios mexiquenses fueron 18 los delincuentes muertos por pistoleros y uno más linchado por una turba para 2017, cuando la inseguridad en el servicio de transporte colectivo siguió al alza: solo en la capital el robo aumentó 21% con 14,081 episodios, 11,234 de ellos con violencia a bordo de camiones, microbuses y metro.
Poco se hizo contra el asalto a pasajeros y ahora el entorno es propicio para la ley de la selva, para la justicia por propia mano y la desaparición del estado de derecho. Es una bomba de tiempo porque luego siguen las autodefensas y los escuadrones de la muerte. Y luego...
Alfredo C.VilledaPor los indicadores adversos en materia de seguridad, que cada año empeoran más, queda demostrado que el modelo de seguridad en el estado [de Jalisco] no sirve. "Éste ha colapsado".
Guillermo Zepeda Lecuona, investigador de El Colegio de Jalisco, opina que mientras otras entidades han apostado por reforzar sus áreas de investigación para resolver más delitos, Jalisco "sigue en la arrogancia de creer que su modelo de gestión funciona, cuando está colapsado y la corrupción impera".
Jalisco, dice, puede aprender del éxito de entidades como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila, pues allí se han aplicado nuevos mecanismos con resultados favorables. "Por ejemplo, en Nuevo León se inventó una Unidad de Tramitación Masiva de Causas: un sistema para esclarecer delitos. Aquí mejor apuestan por bodegas de casos archivados".
Opina que también es necesario profesionalizar la labor del Ministerio Público y establecer metas para mejorar su rendimiento, pues "si un Ministerio Público no puede esclarecer más de 2 casos de 10 que recibe, hay otras áreas de Fiscalía en donde puede hacer menos daño".
En tanto no se advierta una mejora en el trabajo de la autoridad, los delincuentes seguirán obrando en total impunidad. Por ejemplo, en homicidios hay una tendencia que se mantiene con relación a 2017. "Se supone que en Jalisco hay hegemonía de un solo grupo. Los homicidios se achacan a una pugna entre células. Y lo que no se dice es que esta pugna se da entre el vacío institucional".
El académico afirma que el escenario de impunidad en materia de asesinatos está claro, en función de la constancia con la que ocurren estos hechos.
"Si privar de la vida a un rival y 'calentar la plaza' con homicidios implicara una mayor vigilancia, no se optaría por la violencia. Y como no pasa nada, la impunidad marca el camino a seguir".
Concluye que aún no se ha puesto orden a los protocolos que marca el nuevo modelo de justicia, y no necesariamente por las reglas, sino porque aún se percibe capacitación "insuficiente".
"El Ministerio Público sigue siendo el cuello de botella del sistema".
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 17 de enero de 2018).Hay cosas que un jefe de estado estaría obligado a saber muy bien. En el caso del jefe de estado mexicano, por ejemplo, que una de las principales preocupaciones de sus gobernados se relaciona con la inseguridad, y que la mayoría entiende que la causa principal de la misma es la impunidad, y que ésta se debe, primordialmente, a la probada incompetencia de la autoridad para perseguir y sancionar los delitos más graves -asesinatos, secuestros, desapariciones, robos...- que se cometen en el país.
Sorprende, en esas circunstancias, que el presidente Peña Nieto, ayer, leyera, con todo el énfasis de que fue capaz, frases como esta: "Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes; no puede haber borrón y cuenta nueva". O que proclamara, sin atragantarse, que "dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significa fallarle a la sociedad y traicionar a México...".
En efecto: si no constara que esas aseveraciones, textuales, estuvieron incluidas en el discurso que pronunció, cualquiera pensaría que las pronunció algún "precandidato" de oposición, de los que andan en plenas "precampañas"..., precisamente porque subrayan el contraste entre el deber ser y el ser; entre la teoría y la realidad: entre el México ideal que prometen quienes aspiran a ser sus redentores, y el México real en que viven -¿o sobreviven...?- 120 millones de mexicanos.
Jaime García ElíasUna trágica paradoja parece retratar a la perfección uno de los rasgos dominantes del México actual: la violencia...
Por una parte, es del dominio público que las cárceles mexicanas están superpobladas; que, salvo contadísimas excepciones, la regla es que en los Centros de Readaptación Social (ejemplo perfecto de eufemismo) la cifra de internos para los que fueron proyectados y a los que supuestamente podría darse la atención que les permita purgar sus crímenes y reintegrarse a la sociedad transformados en personas "de bien", excede entre el 30 y el 300% la capacidad instalada.
Por la otra, las estadísticas aportan un par de datos aterradores: el 1o., las muertes ocurridas en el año a causa de la violencia: en números redondos, alrededor de 27,000, para un promedio de 75 al día; el 2o., que del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias; es decir que más del 95% de los crímenes que se cometen en México, quedan impunes. Lo cual lleva a la conclusión de que si los encargados de investigar y sancionar los delitos que alegre y despreocupadamente se cometen en este bendito país fueran realmente eficaces, no habría dinero para construir y mantener en operación a los dizque Centros de Readaptación Social que serían necesarios para "readaptar" al menos a la mayoría de los delincuentes.
Un estudio sobre el fenómeno de la impunidad en México, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, a partir de las informaciones oficiales disponibles -actas ministeriales, principalmente- establece que México es, en materia de estricta y puntual aplicación de la justicia, como las estadísticas apuntadas lo sugieren, uno de los países más retrasados del mundo. México, para ser más exactos, ocupa el lugar 58 entre los 59 países con mayores niveles de impunidad estudiados por el Índice Global de Impunidad (IGI).
Entre las conclusiones del estudio se señala que "la crisis de inseguridad, violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, tiene una raíz muy clara: la impunidad", y se subraya que "al constatar que pueden quebrantar la ley sin ningún castigo, los delincuentes encuentran un aliciente para cometer sus ilícitos".
Puesto que el Estado es -mejor dicho: debería ser- el responsable tanto del sistema de seguridad, como de la investigación de los delitos y de la operación del sistema penitenciario, la conclusión es desoladora: el mexicano, en esa materia al menos, es, con todas sus letras, un Estado fallido.
Jaime García ElíasEn el sexenio de Felipe Calderón la tragedia de más de 120,000 mexicanos que fueron asesinados. 25,000 desaparecidos y las instituciones públicas cooptadas y al servicio de los delincuentes. Durante el actual sexenio, la historia se repite, pero con especial intensidad: cerrará Enrique Peña Nieto la administración más violenta de la historia contemporánea del país y, de mantener la tendencia, en junio habrá superado la cifra del sexenio anterior.
Peña Nieto prometió en su campaña reducir a la mitad los homicidios. Para ello, centralizó en la Secretaría de Gobernación la facultad de conducir la política de seguridad. Desapareció de un plumazo a la Policía Federal Preventiva -la apuesta del calderonismo- y prometió una Gendarmería nacional, que hoy es un fantasma. Pero más allá del reacomodo burocrático, Peña Nieto no tocó ni un ápice la estrategia del calderonismo. El único cambio fue "cambiar de tema". Es decir, ya no hablar de la violencia. Olvidar a las víctimas y a los victimarios, y emprender una política de comunicación que acentuara las reformas y dejara de hablar de la violencia. El fracaso del peñanietismo es absoluto y sin matices. El año que cerramos el domingo pasado, será el más violento en 20 años: 25,000 carpetas de investigación por homicidio y una espeluznante cifra de 30,000 mexicanos asesinados. Es decir, durante 2017, 3 mexicanos fueron asesinados por hora.
Las cifras de horror que deja el peñanietismo no dan espacio a la duda. No hay ni un solo indicador a la baja: secuestros 6% por encima de 2016; extorsiones 10%, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y de acuerdo con el último corte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), había en el país 33,993 desaparecidos. Y para comprobar que es una realidad nacional, sólo basta con ver como la violencia incrementó en 27 estados del país. El fracaso es inmatizable.
En Jalisco, las decisiones tampoco han devenido en mejores resultados. El proyecto de Fiscalía General, unir toda la cadena de detención e investigación, no ha servido para reducir los índices de inseguridad. No es un asunto de percepción, los datos están ahí. De 2013 a la fecha, si comparamos los números de ambos años vemos un incremento de 18% en homicidios. Lo mismo podemos decir de los delitos del fuero común achacables al estado y a los municipios: incremento en robo a casas, tráiler, transeúntes. Ni la Fiscalía ni las nuevas comisarías han dado en el clavo a la hora de resolver el principal problema que afecta a los ciudadanos. Excusas hay muchas -el nuevo sistema de justicia penal, el atraso tecnológico y de equipamiento- sin embargo, el fracaso está a la luz de todo el mundo.
De la misma forma, la politización de la seguridad pública ha hecho mucho daño no sólo a la colaboración entre fuerzas del orden, sino también la percepción que tienen los ciudadanos sobre las instituciones públicas. 2016 y 2017 fueron años en donde los políticos de uno y otro bando buscaron cómo quitarse la responsabilidad de los malos indicadores, partidizando el debate sobre la seguridad, antes que buscar los consensos necesarios para reencausar los esfuerzos. Así, concluye 2017 mucho peor que cualquier año de la década anterior.
La solución debe ser integra, comenzar desde cero a repensar todas las instituciones que hoy se encargan de combatir a los criminales: policías, ministerios públicos, inteligencias, jueces, prisiones. México reclama un gran pacto de transformación que se centre en el combate decidido contra la impunidad. El objetivo tiene que ser reducir la violencia.
En Jalisco, y sus municipios, el cambio sólo puede empezar luego de aceptar el desastre en el que estamos parados. No es el Nuevo Modelo de Justicia Penal el culpable del monumental fracaso. El Nuevo Sistema defiende la presunción de inocencia, el garantismo y los derechos humanos, pilares de la democracia y el estado de derecho. Son las policías autoritarias, mal preparadas y sin capacidad tecnológica; los ministerios públicos adictos a la flagrancia y los mecanismos ilegales de la investigación; los jueces y el poder judicial azotados por la corrupción endémica y la politización. El diagnóstico es la base de la solución y, lamentablemente, en muchos sectores comienza a impregnar la idea de que el modelo de justicia penal es el responsable de la terrible situación que se vive en Jalisco. No es cierto, pero una percepción así nos podría llevar hacia una regresión autoritaria aún más profunda que la que vivimos.
Enrique Toussaint OrendáinLa cadena de tiendas de autoservicios Walmart de México y Centroamérica (Walmex) reporta que la mayor afectación derivada de los saqueos de últimas fechas se registra en sus tiendas del Estado de México, aunque todavía no tiene un monto definido sobre las pérdidas.
"En Walmex lamentamos los hechos ocurridos el día de ayer y rechazamos cualquier tipo de acto vandálico que comprometa la seguridad de las familias mexicanas", comentó la directiva.
En las últimas 24 horas se han registrado más de 80 detenciones por delitos de robo contra negocios y tiendas departamentales en el oriente del Valle de México, según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Algunos de los saqueos fueron convocados en redes sociales y las autoridades ya han desplegado operativos para disuadir los actos vandálicos en municipios como Zumpango, Ecatepec y Tecámac.
(V.periódico El Informador en línea del 6 de enero de 2018).Como anticipamos, México no iba ser bien calificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de evaluar lo que hacen los países contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En pocas palabras, el país tiene un marco legal adecuado, pero se aplica poco.
Llama la atención el énfasis que hizo el GAFI en 2 organismos públicos: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.
De la UIF, señaló lo que todos vemos: produce muchos reportes sobre actividad en el sector financiero, pero tienen poco intercambio con la PGR.
Y sobre la Procuraduría, hay muchas observaciones interesantes, como su poca iniciativa para investigar el lavado de dinero y el hecho de que tiene 2 unidades especializadas con escaso presupuesto y dudosos resultados.
Cuenta la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, que tiene un presupuesto de 67 millones de presupuesto para 2018.
Y también tiene la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que fue creada por este gobierno en julio de 2013 y tendrá 34.8 millones de pesos de presupuesto.
Emilio MahuadEn apoyo a los suyos y pese a ser un servicio prohibido por la Ley de Movilidad, mototaxistas estrangularon por un par de horas la circulación en Carretera a Morelia.
Desde las 16:00 horas de ayer, unas 40 personas se plantaron en la vialidad con rumbo a Guadalajara, a la altura del Fraccionamiento Banus, dejando sólo un carril abierto y provocando congestionamiento de 5 kilómetros hasta el Libramiento Sur de Guadalajara.
Con pancartas, objetos y hasta un mototaxi se pronunciaron en contra de las autoridades por el aseguramiento de siete vehículos y la detención de tres de sus compañeros por dañar patrullas.
El martes pasado ya se habían manifestado en la Fiscalía estatal para exigir la liberación de los imputados.
Luego de 2 horas, la manifestación se levantó. Los quejosos concertaron una reunión para hoy, a las 11:00 horas, en el Centro Administrativo Tlajomulco, con el área de Atención Ciudadana, confirmó el gobierno municipal.
Esperan que el ayuntamiento sea el intermediario para dialogar con la Secretaría de Movilidad.
(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 4 de enero de 2018).Sin duda una lectura imprescindible para recibir el año 2018 es "¿Y ahora qué? México ante el 2018" que a través de breves ensayos muy bien escritos, repasa cada uno de los problemas reales del país.
Sobre el problema de la corrupción corresponde a María Amparo Casar en 1a. instancia, precisar el orden que deberá seguirse para su combate, al referir que: "institucionalmente hablando, lo natural sería empezar por el principio; es decir, por la prevención, pero curiosamente en este caso es necesario empezar por el final: por el sistema de justicia. Es innegable que uno de los mayores incentivos para la corrupción es la certeza de que la justicia, salvo raras excepciones, no lo alcanzará a uno. Por ello, la reforma más importante en el combate a la corrupción es la procuración e impartición de justicia. No en las normas, sino en los hechos". Para luego dar paso al ensayo de Ana Laura Magaloni, quien escribe acerca de la impunidad y nos invita a "abandonar esa ilusión de que la investigación y persecución de los delitos sólo es una cuestión de voluntad política. No basta con designar un fiscal independiente, capaz y con convicciones. Las cabezas cuentan, pero lo que garantiza la autonomía de una fiscalía es su fortaleza institucional". De ahí que "la agenda política de 2018, tanto en el ámbito federal como local, es construir unas fiscalías que, por 1a. vez en México, estén al servicio de la seguridad pública y la justicia de los ciudadanos. Fiscalías que sirvan a la sociedad, no al poder".
Roberto Arias de la MoraLa seguridad interna es el mayor desafío para las instituciones públicas en México. Las organizaciones criminales significan por sí mismo un riesgo para el Estado de Derecho y su acción está afectando el funcionamiento institucional de tal forma que resulta indispensable tomar medidas efectivas para combatirlas.
En ese sentido, las policías municipales y estatales son insuficientes en dimensión, alcance, profundidad, profesionalismo y capacidad de fuego. Más aun cuando muchas de ellas han sido infiltradas por los grupos criminales.
La actuación del Gobierno de la República con la Policía Federal ha sido insuficiente y la presencia de las fuerzas armadas a lo largo de los años se ha convertido en la única solución para combatir a grupos que cada vez son más peligrosos y han desquiciado la seguridad en muchas regiones del país. La aprobación de un marco jurídico que regule su actuación es una medida correcta por sí misma.
Es mejor contar con régimen legal que carecer de él; sin embrago, la discusión respecto a la temporalidad de la medida ha dado lugar a un intenso debate, que según parece será dirimido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda es necesario que la ley establezca plazos y límites a esa temporalidad, que de hecho los tiene, aunque de forma general.
Desafortunadamente el tema se ha vuelto materia de discusión política, y esperemos que al final de cuentas la solución aporte elementos para fortalecer su aplicación adecuada conforme a la Constitución. En ese sentido es importante recordar que mucha le capacidad técnica de combate al crimen hoy día depende de la tecnología aplicada, tanto los mecanismos utilizados para los trabajos de inteligencia y de control son adquiridos mediante acuerdos regulados internacionalmente que requieren de un marco jurídico preciso para su uso.
Actualmente muchos de estos instrumentos no pueden ser utilizados por las fuerzas armadas para las tareas policiales porque se carece del marco jurídico suficiente, y podrían existir limitaciones en las condiciones en las que se provee por parte de empresas y gobiernos de estas herramientas.
En este sentido la ley aprobada puede significar un instrumento de gran importancia para fortalecer las tareas de seguridad interna que de hecho las fuerzas armadas desarrollan todos los días. Este es un factor poco señalado que debe ser considerado entre las razones por las que resulta necesaria una Ley de Seguridad Interior que regule la actuación militar.
El riesgo de los abusos que pueden cometer los órganos militares es mayor si se carece de un marco que limite su actuación, respecto a una actuación que no está prevista en la ley.
Ahora la Corte podrá establecer, si el alcance de las limitaciones establecidas, o la forma como el Presidente puede decidir la actuación militar es constitucionalmente adecuada, o deben establecerse más precisiones, pero al fin de cuentas es claro que la es, por sí mima, un instrumento necesario dadas las condiciones actuales de la seguridad interna de México.
Luis Ernesto Salomón, doctgor en DerechoEl secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, calificó como una burla la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PES-PT, de ofrecer diálogo al crimen organizado. "La propuesta es la negación y la burla de la justicia mexicana para las millones de víctimas que ha dejado el crimen organizado. López Obrador se equivoca al creer que se puede negociar con la delincuencia".
Explicó que el diálogo con criminales no ha sido solución en ningún lugar del planeta en donde se hayan intentado. "Ésta es una propuesta que se burla de las víctimas", insistió y consideró que "les ofrece amnistía porque se está llenando de ladrones y corruptos".
Por ello, consideró que López Obrador con esta propuesta propone la instalación de un narco-estado, pues la delincuencia debe enfrentar a la justicia y no debe obtener un perdón como propone el precandidato presidencial de Morena, expresó el líder perredista.
Cuestionó que parece "que ni él ni su familia ha sufrido en carne propia una injusticia y una desgracia de ese tamaño, por eso se atreve a presentar una propuesta absolutamente insensible con las millones de víctimas en este país".
En ese sentido, subrayo que el PRD rechaza absolutamente esta propuesta de "diálogo y amnistía" para la delincuencia. "Aspiramos a vivir en un país en donde todos seamos iguales ante la ley, que quien comete un delito debe pagar su condena, un país en donde se respeten los derechos humanos y sobre todo aquellos que han sido víctimas de la delincuencia. No podemos hacer un 'borrón y cuenta nueva', ésas son salidas falsas al grave problema de la violencia", anotó.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 24 de diciembre de 2017).Un presunto asaltante murió y 2 más resultaron lesionados luego de que 2 pasajeros se opusieran al robo en un autobús del transporte público, cuando circulaba por la autopista México-Querétaro.
Según fuentes locales 3 sujetos amagaron con armas de fuego a pasajeros de un autobús de la línea México-Zumpango, que salió del Metro Cuatro Caminos y se dirigía a Santa Teresa, en Huehuetoca, lo que ocurrió al pasar la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro.
Aseguraron que a la altura del kilómetro 45 de la vialidad, en las inmediaciones de Tepotzotlán con Teoloyucan, 2 pasajeros se opusieron al asalto y dispararon contra los 3 probables delincuentes.
Añadieron que uno de los supuestos asaltantes murió a bordo de la unidad y los otros 2 resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales para su atención médica, al igual que un pasajero, que fue herido de bala en el tobillo.
Afirmaron que los 2 presuntos "vengadores" descendieron de la unidad y se desconoce su paradero.
Autoridades municipales y estatales han implementado operativos para disminuir los asaltos a bordo de las unidades del transporte público, aunque hasta el momento no han podido disminuir dicho delito.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 24 de diciembre de 2017).México vive momentos ominosos.
El autor Edgardo Buscaglia, en su libro "Vacíos de Poder en México", advierte del abandono por parte de los responsables de la seguridad pública, la persecución e investigación del delito, la administración de justicia y la readaptación social. La cadena que debería ser virtuosa, por la corrupción está rota en todos sus eslabones y tiene como resultado violencia, impunidad, injusticia.
Beatriz Mojica Morga, secretaria del PRDEncuesta publicada por Nexos: "Contrario a lo esperado, la mayor parte de los mexicanos no cree que los elementos castrenses incurran en abusos o violaciones de derechos humanos. De hecho, la mayoría (64%) cree que si el Ejército regresara mañana a los cuarteles los delitos subirían". Porcentaje de mexicanos que están de acuerdo o muy de acuerdo con que el Ejército combata a la delincuencia organizada: 85%. Este sí es clamor público. Conclusión de quienes mandaron hacer la encuesta: "Aunque los resultados deben tomarse con muchísima cautela -justamente por la naturaleza de desesperación en que vivimos-, la evidencia que nos dejan es la desconexión entre el círculo rojo de activistas y lo que los mexicanos -nos guste o no- siguen pensando sobre las instituciones, los derechos humanos, y la inseguridad".
El Ejército no es ese ente violador sistemático de los derechos humanos que afirman muchos de los opositores a la LSI. Si lo fuera, la encuesta referida tendría resultados muy diferentes: a la pregunta ¿Qué siente al ver a un militar en las calles? 50% de los ciudadanos respondió de manera espontánea: protección, mientras que solo 13% dijo que miedo. Ni tampoco el Ejército es el responsable del fracaso de la estrategia o del crecimiento de la violencia. Esos juicios son de una simpleza que no resisten un debate serio. La causa habría que buscarla más en lo que no se ha hecho (reconstruir las capacidades policiales del Estado en todos sus niveles frente a un crimen expandido, fragmentado y violento, pero controlable y reducible si hubiera instituciones de seguridad y justicia sólidas) y en lo que se dejó de hacer (prevención social contra la delincuencia y la violencia) que en la evidente insuficiencia de los operativos militares.
La ley de seguridad interior está lejos de ser el antecedente de los apocalipsis que dibujan algunos de sus ideologizados críticos. Tiene aciertos y tiene fallas, pero para mi tiene un gravísimo problema, no en su contenido, sino en una omisión: la ausencia del compromiso integral de reformar todo aquello que sea necesario para que la seguridad pública esté lo más pronto posible en manos de instituciones civiles, como lo mandata (sic) la Constitución en el artículo 21. Si desde 2011 el Ejército solicitó esta protección jurídica para su actuación en materia de seguridad, en 2010 ya estaba la iniciativa para reforma de las policías locales, que en aquel año vetó el PRI. ¿Porqué se pospone la reforma para construir policías locales y se evade el diseño de un programa político, técnico y financiero para en un plazo determinado disponer de cuerpos policiacos suficientes, confiables y eficaces?
Que aprobar la LSI vaya significar un autogolpe de estado, generalizar las violaciones a los derechos humanos o militarizar el país, son locuras con probabilidad de ocurrencia cercana a cero. Lo que quizá no lo es, es que el Ejército esté pensando, ante la ausencia de policías locales y una Policía Federal cada vez más disminuida, no en regresar a los cuarteles, sino en crear una policía nacional, militar o civil, que esté a sus órdenes, dentro de la Secretaría de la Defensa, como en Colombia. No legislar sobre la reforma policial ahora, nos puede acercar, dentro de algunos años, a una 2a. reforma para darle vida a esa opción. ¿Por qué mejor no recuperar, al menos, el crecimiento de la Policía Federal? ¿Adónde quieren llevar el país?
Guillermo Valdés CastellanosIntentar erradicar la corrupción del mundo de la política y de la administración pública, es lícito; suponer que ese objetivo va a conseguirse mediante la designación de un personaje honesto y lleno de buenas intenciones, que oriente los afanes que en ese sentido se realicen, es ingenuo.
Lo dijo muy bien, ayer, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara: no es algo que vaya a lograrse por arte de magia.
Por definición, la corrupción es "la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos". Se incurre en ella cuando se dejan de aplicar las leyes o se aplican de manera chapucera en beneficio propio o de familiares, amigos, socios... o cómplices.
Una de las modalidades más socorridas, en México, es la "mordida", entendida como una dádiva que el ciudadano ofrece o que un funcionario público -generalmente de nivel inferior- solicita para agilizar un trámite o para evitar la sanción correspondiente a la infracción de una norma. Otra, tan arraigada (y aun institucionalizada) como la anterior es la de los "moches" o "mochilas", consistente en la entrega, por parte de los particulares, mediante un convenio privado, de un porcentaje del presupuesto destinado a una obra pública, al o a los funcionarios públicos encargados de asignarla. Esta práctica se realiza a partir de una especie de consenso en el sentido de que obtener un beneficio ilícito a costa de las arcas públicas, ni es inmoral ni constituye un delito.
El tráfico de influencias, hermano carnal de las anteriores modalidades, ha alcanzado niveles escandalosos; de los más recientes, el Caso Odebrecht, manejado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, consistente en el sofisticado esquema de coimas y sobornos de una empresa constructora brasileña, con filiales en todo el mundo, utilizado de manera sistemática en los últimos 20 años, en beneficio directo de funcionarios gubernamentales de 12 países -entre los cuales México- para obtener preferencias o beneficios en contratos de obra pública.
La corte federal de Nueva York que lleva el caso, consigna acusaciones contra la empresa, supuestamente por haber pagado sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos. Se afirma que por esa vía se construyó el gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y el complejo petroquímico Etileno XXI, de Coatzacoalcos, considerado el más grande de su tipo en América Latina. Se estima que tales obras redituaron a la empresa beneficios equivalentes al 300% de las cifras "invertidas" en sobornos.
La designación de supuestos fiscales anticorrupción, así, será tan efectiva como la estampita de San Martín Caballero detrás del mostrador del estanquillo.
Jaime García ElíasAnte la pregunta ¿para qué sirven las leyes?, no cabe otra respuesta que para ser cumplidas. Una vez aclarado lo anterior, resulta entonces ofensivo para el país en las condiciones actuales en las que estamos que quienes han gestado las normas decidan abandonarlas a su suerte.
En un país democrático, cuando se ha sigue el proceso legislativo estipulado y se han superado las distintas etapas que éste contempla, no hay que permitir que las leyes se conviertan en un cadáver.
Nuestro Estado de Derecho es frágil, ante la gran oportunidad de fortalecerlo dejando vivir el marco jurídico que se ha gestado, hay que dejar que crezca, que madure y acompañarlo como sociedad. La cuenta regresiva está corriendo, espero que se cumpla con lo que se ha consensado, votado y publicado.
Dra.Yurixhi Gallardo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad PanamericanaEn casi todos los casos en donde se habla de amnistía, el origen del conflicto es de naturaleza política. En el caso del narco, no lo es.
¿Es deseable otorgar una amnistía a un capo que ordenó el asesinato de una familia entera? ¿Avanzamos en el combate a la impunidad si se otorga amnistía a quien ejecutó el secuestro de decenas de personas o la ejecución de otras tantas? No sabemos si López Obrador habló en serio cuando propuso eso o fue simplemente un brote de verborrea electoral, pero queda claro que olvida lo que las amnistías han significado para un país como México.
Leyendo un poco de historia del narcotráfico en México, y su relación con el poder político, es imposible no verlo como el régimen de la impunidad más absoluta. O utilizando la nueva gramática: de amnistía universal. Como soltó el exgobernador de Nuevo León Sócrates Rizzo en su ataque de sinceridad, el Estado ordenaba al crimen. Definía pautas y ponía límites. Muchos participan del negocio y garantizan la impunidad a través de las instituciones del Estado. ¿Y qué significaron tantos años de amnistía en pro de tener un narco en paz y que no alterara la estabilidad pública? Simple: que el narco creció a tal nivel que se volvió inmanejable para el Estado. La amnistía de aquellos tiempos, aquella que olvida López Obrador o que niegan el PRI y el PAN, provocó que el crimen organizado se convirtiera en un problema de seguridad nacional que amenaza al Estado mismo. El narcotráfico se infiltró por doquier y domó a los aparatos del Estado.
La amnistía, más que impunidad, porque no aplicaba para todos, sino que protegía a los grandes capos, a sus familias y amigos, nos tiene hoy en un escenario de ingobernabilidad y sin las corporaciones necesarias para enfrentar al crimen organizado. El olvido tiene sentido, o podría llegar a tener sentido, si aseguramos plenamente que, como sociedad, pudiéramos obtener un bien mayor que valga la pena sacrificar el estado de derecho. ¿Es confiable sentarse y pactar con el narcotráfico? ¿Es un acuerdo cumplible por las 2 partes? ¿Quién representa al crimen? ¿Por qué hacerlo con los narcotraficantes y no con el resto de delincuentes de una sociedad? El problema de la declaración de López Obrador no es su inaplicabilidad, sino la irresponsabilidad de soltar una idea vaga, simplemente para ganar titulares, pero que no tiene ni detalles, límites, ni seriedad programática.
La auténtica amnistía, la que están emprendiendo decenas de países a nivel mundial, es enterrar el prohibicionismo y apostar por la legalización de las drogas.
Enrique Toussaint OrendáinMuchos de los mitos que se propalan a punto de nacer la ley de seguridad nacional son reflejo de la confusión, de lecturas descuidadas o mero activismo de los "políticamente correctos".
Lejos de que el dictamen contemple "perpetuar la militarización" del país, delimita la participación del Ejército y la Marina en funciones policiacas.
Prevé, eso sí, una desagradable supletoriedad, pero a plazo fijo, del mando civil que, sin embargo, impone la obvia incapacidad de todo tipo de autoridades locales.
La ley dispone que se notifique a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; tiene controles legislativos y se mantienen intactas todas las garantías individuales durante el periodo en que se lleve a cabo la actuación militar.
Marchas de protesta y de las expresiones políticas no son consideradas como "afectaciones" a la seguridad interior; y no es inconstitucional en el sentido que advierten los demagogos.
Aun mejor: disminuye considerablemente la discrecionalidad del Presidente para utilizar a las tropas contra las pandillas del crimen organizado, puesto que fija una normatividad y un protocolo.
Carlos MarínEl objetivo fundamental de la Ley de Seguridad Interior es indiscutible: dotar a las fuerzas armadas de un marco legal que les permita actuar en situaciones de emergencia en tareas de seguridad pública. ¿Pero y qué con el fortalecimiento de las policías y la responsabilidad de los estados de hacerse cargo? Sobre todo cuando justamente con la ley, en principio, no se buscaba "normalizar la excepción".
Como muchos especialistas han apuntado, no se trata de un asunto que se resuelva con un marco jurídico para las fuerzas armadas. Además de este problema está el de la seguridad pública y justicia. Mientras los legisladores no aprecien la gravedad de esto y quieran hacer una reforma que contemple el conjunto no vamos avanzar y nos vamos, como dice Pedro Salazar, a meter más al túnel del que queremos salir. Se ha señalado por Naciones Unidas, la CNDH, especialistas y las más relevantes [organizaciones de la sociedad civil] OSCs que la ley es vaga e imprecisa. Tiene artículos preocupantes que deben ser revisados y requieren de una redacción muy diferente. En el texto de la iniciativa de los diputados, pareciera que la ley busca militarizar al país para favorecer la imposición e intromisión castrense en nuestra vida cotidiana. Los propios militares han dicho que no es esto lo que están buscando, ni merecen ese juicio; pero esa caracterización es producto de las deficiencias en la ley en los términos en los que se aprobó.
El Senado tiene la enorme responsabilidad de generar un espacio serio de revisión y trabajo para corregir las deficiencias. Hacer esta tarea de la mano de la CNDH sería de una enorme sensatez y madurez. Nuestras fuerzas armadas requieren de un marco jurídico, sin duda, pero no a costa de su desprestigio y de errores graves que amenacen los derechos humanos y la integridad de las personas.
Julio MadrazoEl director general del IMCO, Juan Pardinas, dijo que estamos en el peor año de inseguridad y homicidios, algo que preocupa, porque no se han tomado acciones para combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública, como reformar el artículo 102 para tener una fiscalía que sirva.
Para el IMCO, ante la falta de Estado de Derecho las perspectivas son que "de no enfrentarse, México será un país más pobre, violento y con menos oportunidades de prosperidad".
Propone combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública; fortalecer la implementación de las reformas educativa y energética; cero Impuesto Sobre la Renta para asalariados formales que ganan menos de 10,298 pesos mensuales y crear un sistema de seguridad social universal.
(V.pág.15-A del periódico El Informador del 30 de noviembre de 2017).A partir de éste día comenzará a aplicarse un descuento del 70% a las multas por el no pago de las fotoinfracciones y el refrendo vehicular y holograma. El descuento se otorgará sólo durante un mes.
[Y a los que pagaron a tiempo ¿les harán una bonificación? Lo que promueven es la cultura del incumplimiento de obligaciones, "al cabo después nos perdonarán el adeudo" - el webmaster]
(V.pág.7 del periódico Milenio Jalisco del 29 de noviembre de 2017).La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que se hace uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar a modo del anterior sistema penal a pesar de que el acusatorio ya está en plena vigencia.
Por ello, se pronunció para que quienes estén sujetos a proceso privados de la libertad no permanezcan en las cárceles por un tiempo mayor al establecido en la Constitución como plazo razonable de la prisión preventiva.
"Este organismo nacional se pronuncia porque la restricción a la privación de la libertad de la persona detenida no vaya más allá de los límites establecidos en la Constitución, y de ser necesaria una modificación de medida cautelar no sea por otra restrictiva de la libertad", indicó el organismo.
"La dilación en el plazo razonable de la prisión preventiva por causas no imputables al ejercicio de la defensa de la persona procesada implica afectación a su persona y a los derechos de las víctimas que en el proceso se ven perjudicados en muchas ocasiones".
Llamó a que la prisión preventiva sea considerada como una medida cautelar excepcional en el país y se reconozca la presunción de inocencia de los imputados.
(V.periódico El Informador en línea del 26 de noviembre de 2017).A una semana y media de dejar el timón del banco central, el mejor consejo que Agustín Carstens hace a los mexicanos es generar conciencia social para fortalecer la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y rechazar la corrupción.
"Así como en un momento dado los mexicanos expresamos nuestro hartazgo por inflaciones altas, desórdenes fiscales, tenemos que manifestar nuestro hartazgo por esa parte fundamental para la convivencia humana y que sí está erosionando los pilares de nuestro país. Espero que se encuentren maneras institucionales dentro del Estado para canalizar ese hartazgo y para que se dé un México mejor", dijo Carstens.
(V.pág.12-A del periódico El Informador del 21 de noviembre de 2017).De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Jalisco, los gobiernos emanados del proceso democrático por el cual se rige nuestra nación, son los únicos autorizados a usar la fuerza policial y toda aquella que se encuentre a su alcance, siempre y cuando el ejercicio de la misma sea para mantener la paz, un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Empero, para que la esencia de éstas disposiciones no sea sólo "letra muerta", se requiere que a la voz de YA, nuestras autoridades ejerzan esa fuerza con todos los mecanismos de inteligencia de que se dispone, pues no podemos seguir tolerando que personas sin escrúpulos diezmen la paz social.
Y es que hoy en día, a sólo unos pasos de los inmuebles que ocupan los 3 poderes de nuestra entidad, además de la propia presidencia municipal, se suscitan robos a cualquier hora del día. Una vez que empieza a oscurecer, el centro de la ciudad se ve desolado, impidiendo la convivencia social y la dinámica comercial tan necesaria para el desarrollo de nuestra economía.
Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara no debemos de seguir viviendo encarcelados en nuestros propios domicilios por temor a ser asaltados, secuestrados, violados o asesinados en cualquier esquina. La venta de droga se ve por todos lados y los "dueños de la plaza" se pavonean de ser ellos los que mandan y hasta amenazan (o sobornan) a las propias fuerzas policiales para salirse con la suya.
Los moto-ratones o conejeros salen todos los días a quitarle a la gente trabajadora los bienes que con su esfuerzo y sacrificio logran adquirir, dejándolos desconcertados, molestos e impotentes por no poder defenderse de esta plaga, que ya sea de connacionales o extranjeros, debe de ser exterminada a la brevedad.
Cuauhtémoc Cisneros MadridErrores humanos cometidos en la aplicación del nuevo sistema de justicia adversarial han generado la percepción de que no da resultados, pero se trata de un modelo eficaz, afirmó el presidente del poder judicial en Jalisco, Ricardo Suro Esteves.
Sostuvo que la medida que se requiere es trabajar en equipo, para evitar esos "errores humanos", que provocan que un delincuente, que debería de estar en la cárcel, permanezca en las calles.
"El echar culpas de la policía a la Fiscalía y de la Fiscalía al poder judicial y luego del judicial a la Fiscalía a nada nos va a llevar. Todos son errores humanos, todos cometemos a lo mejor alguna inconsistencia que puede trascender más allá. Cada error de un individuo trastoca a las 3 instituciones y al ciudadano poco le importa de quién es la culpa, si es del policía o del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el sistema y la impartición de justicia lo que está mal en la percepción pública" expuso.
Suro reiteró que requieren presupuesto y que las 3 dependencias estatales y los 3 niveles de gobierno trabajen en conjunto para que el cambio de modelo dé los resultados esperados.
Sobre el tiempo que llevará cerrar los procesos abiertos con el anterior modelo penal inquisitivo, el magistrado dijo serán años y subrayó que el cambio de modelo de justicia es el más radical e importante en los últimos 100 años en México y trabajan en su consolidación. "Se está trabajando día y noche en concluir todos los procedimientos y poderlos preparar para que migre a otro juzgado", planteó.
En tanto, el juez de Control y Juicio Oral, Damián Campos García, advirtió que aunque el nuevo sistema no esté funcionando adecuadamente, no se puede caer en ocurrencias como reformar para volver al viejo modelo y subrayó que es indispensable apoyar a los policías que son el eslabón más desprotegido del esquema.
"Debe haber ajustes, pero no una reforma estructural, ajustes para que la gente sienta que realmente hay justicia. No nada más se trata de que digan: 'el policía tiene la culpa de que las cosas no funcionan'; no funcionan porque no los han capacitado adecuadamente", explicó el juez.
La aplicación del nuevo modelo de justicia en Jalisco empezó en octubre de 2014, en el distrito judicial de Zapotlán el Grande. A partir de junio de 2016 se aplica en todo el estado.
El riesgo de que se abandone el anterior sistema penal y que ya no se le invierta incrementaría el rezago que históricamente arrastra, señaló Jorge Tejada Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Comentó que el cierre de 6 juzgados penales, en el distrito judicial del área metropolitana de Guadalajara, aumentará la carga de trabajo en los entes que permanecen en funciones y atrasará los tiempos de atención a los casos iniciados con el anterior sistema penal.
El especialista planteó como una posible solución que se refuercen los métodos de justicia alternativa para tratar de desahogar los asuntos para que no sigan en juicio y resolver de esta manera, para evitar que el sistema colapse. Añadió que habría sido aconsejable que se hubieran mantenido 75% de los juzgados abiertos para que el rezago se terminara más pronto.
"Falta todavía muchos años, por lo menos unos 5 para que se termine desahogar todos los casos con el anterior sistema. No estoy diciendo que se haga una inversión muy fuerte para el sistema que se está dejando, pero sí creo que la tecnología se puede aprovechar para esos asuntos", comentó el académico.
Tejada Montaño puntualizó que aún es pronto para sacar conclusiones respecto a la efectividad y resultados del nuevo modelo de justicia; indicó que es poco tiempo para sacar conclusiones y todavía falta ajustar las fallas y problemas detectados ya en la marcha.
Sobre la incorporación del personal de los juzgados penales al nuevo modelo, Tejada Montaño dijo que no todos los trabajadores se podrían incorporar y se tendría que revisar caso por caso antes de integrarlos, y entre otras cosas verificar que comprendan la naturaleza del nuevo sistema, sostuvo que en muchos casos deberían jubilarse porque ya no estarían a la altura del nuevo esquema y sus exigencias.
Para el juez de Control y Juicio Oral, Damián Campos García, el personal que sea reasignado para migrar de los juzgados penales extintos, al nuevo modelo adversarial, debe entender que no pueden seguir desempeñándose con las mismas reglas, pues son otros los principios que sigue el sistema que busca ser novedoso. El juez reconoció que podrían arrastrar usos y costumbres del anterior sistema que resultarían nocivos para los cambios que se pretenden aportar con el esquema de oralidad.
"Creo tiene que ver con una cuestión cultural. La corrupción se daba desde las más bajas esferas, hasta las más altas esferas. El actuario te pedía dinero, el auxiliar te pedía dinero, o si no te lo pedía directamente tú se los ofrecías como litigante y hacían ahí la mancuerna. Con el nuevo sistema ya no, este personal es administrativo y por el principio de mediación el juez tiene que estar en todas las audiencias y debe tomar la decisión" argumentó el juzgador.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2017).Vivian Lang, embajadora de Singularity University en México fue puntual al señalar que los mexicanos deben superar las deficiencias si es que quieren convertirse en una potencia tecnológica. Es la gran tarea.
Y coincide con la revisión anual sobre la economía mexicana que hace el Fondo Monetario Internacional donde urge a nuestro país a priorizar en reformas encaminadas al buen gobierno, seguridad, Estado de Derecho e impunidad, pero sobre todo la implementación real y efectiva de un Sistema Estatal Anticorrupción.
Ahí estamos atorados, y parece que lo seguiremos mientras sigamos considerando como prioritarios los temas políticos por sobre los temas estructurales.
Le estamos dando la vuelta al verdadero enemigo.
Los problemas derivados de la impunidad, la corrupción, la falta de Estado de Derecho y de buen gobierno saltan a la vista desde que se pone un pie en Jalisco. Para empezar, y por las razones que usted quiera, hay un grupo de manifestantes que todos los lunes ya se han convertido en parte del paisaje en el Aeropuerto. Esa es la bienvenida. Ya algo está mal si el problema lleva años y no se resuelve.
Y ya circulando por las calles se ve la impunidad con que circulan vehículos tanto particulares como oficiales cometiendo infracciones a diestra y siniestra. Nada más arcaico que el sistema de transporte público que se traduce en camiones viejos y maltratados, y en el florecimiento de la piratería en todas las ramas de los autos de alquiler, incluidas las mototaxis.
Echar un vistazo a los expedientes judiciales (las famosas carpetas abiertas) es de terror ya que la inmensa mayoría de ellos navegan en la incertidumbre fomentando la impunidad.
Así, cuesta trabajo creerse aquello de capital de la innovación, no hay condiciones, cuando las políticas públicas parecen sólo navegar de muertito mientras lo que sí avanzan son los temas políticos (grillas).
¿Quién se va a animar a hacer algo aquí?
En tiempos electorales seguimos a la espera del estadista visionario que por lo menos redescubra el verdadero problema. ¿Lo habrá? Es poco probable.
Pablo LatapíRespecto al problema de seguridad en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara, los gobiernos estatal y municipales se pusieron de acuerdo para decir que el deterioro en la seguridad se debía al Nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo decía el hoy ex fiscal, Eduardo Almaguer, y lo repite cada vez que puede el comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro. Lo dijeron tanto y con tal seguridad que por un momento pensamos que podía ser cierto. Sin embargo, el estudio realizado por Impunidad Cero y Jurimetría demuestra que eso no es así. En los estados donde se está aplicando bien y a conciencia el Nuevo Sistema de Justicia Penal la impunidad va a la baja, mientras que en Jalisco todos los indicadores de violencia e impunidad van al alza. En Chihuahua y Nuevo León se tomaron la tarea en serio, tienen el sistema penal acusatorio operando al 100% y han logrado bajar los índices delictivos. Entre los peores están el Estado de México y Jalisco y ambos son, junto con la Ciudad de México, los líderes en delitos. Chihuahua, uno de los que sí ha hecho la tarea tiene 65% de efectividad en sus órdenes de aprehensión; Jalisco 40%. La justicia alternativa tampoco ha funcionado. Mientras que en el último año Jalisco resolvió por esa vía apenas un poco más de 2,000 casos, en Guanajuato, que es más pequeño pero que es otro de los que sí se tomaron en serio el asunto, resolvieron 26,000.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal es una mala excusa para los pésimos resultados en todos los niveles, estatal y municipal, en materia de seguridad. Ya no se puede echar la culpa a los de atrás pues, suponiendo que efectivamente no hayan hecho nada, el Gobierno del Estado ha tenido 5 años para avanzar en el tema y los municipios 2 y aun así somos el lugar 28 en la implementación del sistema.
Diego Petersen FarahDesde hace muchos años las instituciones de educación superior han disfrutado de una especie de extraterritorialidad de facto, amparada por la triple aura de la juventud, el saber, los universitarios -y el fantasma del 68. Como es lógico, la existencia de ese espacio que prácticamente se exceptúa del cumplimiento de la ley, o de según qué leyes, ha servido para toda clase de propósitos. Abrir un buen surtidor de recursos financieros sin supervisión tiene una utilidad inapreciable. En algún momento fue para apaciguar a cierta izquierda, sirve a las mil maravillas si se quiere usar el espíritu combativo de los "compas" para proteger los negocios de la clase política.
No digo nada nuevo: la preocupación de los universitarios por la transparencia y la legalidad tiene límites muy claros.
Fernando Escalante GonzalboLa sorpresa general y la indignación de los afectados (por cierto, menos de 50% de los arrendatarios ha dado la cara) por el cateo de 1,500 cajas de seguridad incautadas y hurgadas por la Seido en Cancún se explica por un desafortunado equívoco: suponer que se trata de un servicio regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda.
Pero sucede que First National Security es una empresa mercantil, tan alejada del sector de préstamos, ahorros, inversiones, traslado y resguardo de valores como son las tiendas de abarrotes, bodegas para almacenar tiliches o lockers comunes en gimnasios, escuelas o aeropuertos.
De ahí que tal vez, en acatamiento a una orden judicial, ni la Seido ni la PGR se ocupen de informar ese importante detalle, en virtud de que para el Ministerio Público el operativo en Cancún es algo tan vulgar como el allanamiento de un almacén donde se sospecha que se guardan armas o drogas.
La percepción pública y las quejas de los arrendatarios en el sentido de que el cateo es una arbitrariedad se habrían evitado con solamente informar.
Carlos MarínEn lo que sí se puede avanzar es en recoger algunas recomendaciones del FMI, que podrían potenciar el crecimiento en el largo plazo. No son ningún descubrimiento, pero respaldan lo que algunos pensamos.
Se resumen en 3 grandes objetivos: fortalecer el Estado de Derecho; profundizar la lucha contra la corrupción; y reducir la informalidad.
Enrique QuintanaHace unos pocos días un reconocido académico e investigador en materia de seguridad, a nivel estatal y nacional, Guillermo Zepeda Lecuona, presentó el "Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías", para la organización Impunidad Cero.
Hay datos dramáticos: en Jalisco hay 4.5 agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes; estamos en el 27o. lugar nacional. Al año, cada agente en Jalisco atiende 267 investigaciones (es un promedio), más que en otros 24 estados del país. En nuestra entidad, el promedio de tiempo para presentar una denuncia es de 118 minutos y 40 segundos; en Chihuahua tardan 85 minutos (es el más rápido).
Y hay otros indicadores, como la efectividad en la resolución de una "carpeta de investigación". En Jalisco es de 5.2% del total... en Coahuila es del 69.8% y en Guanajuato del 63.1%. Y cuando se trata de cumplir las órdenes de aprehensión, Jalisco está en el lugar 27, pues su porcentaje de cumplimiento es de apenas 39.5%.
¿Cuál es la probabilidad de que un delito se denuncie y después se esclarezca en Jalisco? Apenas 0.47%. Y en materia de presupuesto para resolver todas las carencias, la entidad aparece en la posición 28 en el país.
Jorge Octavio NavarroEsta semana nos enteramos de la causa por la que la impunidad criminal en Jalisco es casi absoluta. El investigador Guillermo Zepeda Lecuona dio a conocer un estudio comparativo del desempeño de las 32 procuradurías del país. Ahí nos enteramos que incluso Chiapas, Oaxaca y Guerrero destinan más recursos per cápita que Jalisco a la instancia encargada de investigar y castigar los delitos. Para ser exactos, nuestro estado ocupa el lugar 28 en ese indicador, según el citado reporte respaldado por los thinktanks Jurimetría e Impunidad Cero.
Ese indicador presupuestal explica en buena parte el resultado que obtiene la Fiscalía General en el panorama nacional. Ocupa, por ejemplo, el lugar 25 en número de investigaciones asignadas a cada agente del Ministerio Público. El 28 en efectividad de resolución de averiguaciones criminales: 93 de 100 averiguaciones son abandonadas y quedan sin que se resuelva el ejercicio de la acción penal. El 28 en cumplimiento de órdenes de aprehensión. El 24 en probabilidad de esclarecimiento de delitos. El 25 en desempeño general de las procuradurías del país. Estos datos explican por qué Jalisco tiene un índice de impunidad criminal cercano al 100%.
El lugar relativo de Jalisco en el país es más revelador cuando advertimos que según el Proyecto de Justicia Mundial de 2016, México ocupa el lugar 108 de los 113 países evaluados en Justicia Criminal. Nuestro país sólo está mejor que Venezuela, Bolivia, Honduras, Liberia y Afganistán. ¿Qué podemos deducir del hecho de que Jalisco esté a la zaga en un país que está a la zaga? Una realidad bochornosa: que si Jalisco fuera un país pelearía por el último lugar del mundo.
El grado de casi absoluta impunidad en nuestro Estado de Derecho no es exclusivo de la justicia criminal. Los lugares que ocupa Jalisco en materia de persecución de delitos según el estudio de Jurimetría son consistentes con el lugar 23 que ocupa en el rubro de seguridad jurídica en el Índice de Competitividad Estatal elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2016. Para dar significado a este resultado es pertinente recordar que México ocupó el lugar 101 de 113 países en el indicador de Justicia Civil del ya mencionado World Justice Project 2016. Y cómo no recordar otro hecho vergonzoso a propósito del estado de descomposición de nuestro sistema de justicia civil: Jalisco saltó con trampas del lugar 26 al 15 en el reporte Doing Business de 2016, proporcionando al Banco Mundial información falsa sobre supuestos avances de su sistema judicial civil y mercantil.
La gravedad del diagnóstico del Estado de Derecho en Jalisco es un impostergable llamado a su corrección porque sobre esa piedra angular se construyen las sociedades modernas. Los ciudadanos deben vivir bajo la premisa de que quien incumple la ley será sancionado. Es la anticipación de la sanción lo que inhibe a los individuos a infringir la ley. En Jalisco tienen la garantía contraria: la casi absoluta seguridad de que su infracción, su delito, su incumplimiento de contrato, quedarán impunes. Los efectos metastásicos de esta falta de respeto a la ley saltan a la vista: cuando la impunidad impera, el infractor es implícitamente alentado a pasar por encima de los derechos de los demás.
La violación del derecho al descanso y a la salud que cometen vecinos y negocios ruidosos es un buen ejemplo de que la impunidad corroe todos los ámbitos de la vida en Jalisco. Los municipios siguen abandonando a su suerte a las víctimas. El combate a este abuso emprendido por algunos Municipios fue cosmético. No se acompañó de ninguna reforma a las instituciones de inspección, ni se destinó a éstas mayor presupuesto en 2017.
En Jalisco los infractores tienen prioridad. La cultura de la legalidad es una amenaza, no un ideal.
Los municipios no han impuesto ninguna multa por ruido vecinal desde que se fundó la ciudad en 1542.
Alberto García RuvalcabaUn bloqueo de una vía de comunicación es una agresión a terceros inocentes tolerada en México por gobiernos de todos los niveles y a veces fomentada por ellos. La costumbre se ha extendido tanto que se reclama ya como un derecho adquirido. Cuando la autoridad llega a intervenir para liberar una vía de comunicación los organizadores afirman que se está violando el derecho a la manifestación o se está criminalizando el derecho a la protesta.
Hay quien dice que en los bloqueos se produce un conflicto entre 2 derechos: el de libre tránsito y el de protesta. La verdad es otra. Nadie en su sano juicio cuestiona ya el derecho a la protesta. Hemos dejado atrás los tiempos en que el Ejército podía asesinar a manifestantes por el delito de llevar a cabo un mitin pacífico. El tema es si el derecho a protestar otorga también el de agredir a terceros.
No es una agresión, me dicen, porque los afectados son los automovilistas y el derecho al libre tránsito no ampara a los vehículos. No es una agresión, afirman otros, porque los afectados son los ricos, los que tienen coche, mientras que los que protestan son pobres.
Estos argumentos violan el principio ético fundamental que Immanuel Kant llamó el imperativo categórico y que establece que hay que comportarse sólo de acuerdo con aquella máxima que pueda convertirse en regla universal. Postular una ética que permite agredir a algunos, sólo porque usan vehículo privado o porque tienen más dinero, enviaría a la sociedad directamente a la ley de la selva.
Lo peor es que estos argumentos ni siquiera coinciden con la realidad. Para un automovilista el bloqueo usualmente representa una molestia que retrasa su traslado, pero no le impide cambiar de ruta y llegar a su destino, aunque sea con retraso. Para un usuario de transporte público puede llevar al descuento del día de trabajo o a la pérdida del empleo. Sólo hay que ver la desesperación de los usuarios del Metrobús cuando los activistas bloquean sus rutas para entender quiénes son las víctimas.
Ayer una organización de damnificados del sismo anunció bloqueos en 6 puntos del sur de la Ciudad de México y logró conseguir simpatizantes para realizar cuando menos 4. Eran grupos pequeños, de entre 50 y 80 personas en cada lugar, pero que se organizaron para lograr el mayor daño posible a los demás. Un día antes un automovilista trató de atravesar un bloqueo en avenida Centenario y estuvo a punto de ser linchado antes de ser rescatado por la policía. Algunos casos han resultado peores. El 19 de junio de 2016, un intento de liberar la autopista Oaxaca-México, bloqueada durante semanas, resultó en un saldo de 6 muertos y 108 heridos.
Los políticos permiten los bloqueos para no meterse en líos. Los organizadores tienen incentivos para montarlos porque con ellos chantajean a los gobiernos y obtienen dinero y canonjías. Las comisiones de derechos humanos castigan a los policías que tratan de liberar las vías de comunicación, pero no se preocupan por la gente común y corriente afectada por los bloqueos.
En estas circunstancias es inevitable la multiplicación de los bloqueos. El costo para la productividad y para los terceros agredidos será cada vez mayor. Nuestros políticos están creando condiciones para que se imponga la ley del más fuerte. Esto significa violencia.
Un conductor de una camioneta de carga trató ayer de atravesar un bloqueo en la capitalina colonia Doctores, pero fue detenido por la policía y su auto enviado al corralón por "violaciones a la Ley de Movilidad". Ninguna autoridad actuó contra quienes al bloquear realmente afectaban la vialidad.
Sergio SarmientoDesde 2005 -hace 12 años apenas-, el Artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente (y los códigos penales de todos los estados acatan esa prohibición) las penas de muerte, mutilación, tormento y otras igualmente "inusitadas y trascendentales". Como ejercicio de pizarrón, en cambio, sigue habiendo alegatos a favor de la primera, por considerarse que sería ejemplar y por ende eficaz para disuadir posibles conductas delictivas. Además, se aduce que entre eliminar o mantener por largos años en la cárcel, a costa del Estado -es decir, de la sociedad cuyas normas de convivencia quebrantaron de manera atroz-, a criminales "incorregibles", "lo mejor" es lo primero.
Entre los penalistas que, mucho antes de la reforma constitucional referida, se pronunciaban en contra de la pena capital, Raúl Carrancá y Trujillo señalaba ("Derecho Penal Mexicano") que la misma, en México, es "radicalmente injusta e inmoral, pues el contingente de delincuentes amenazados por ella se compone de hombres humildes (...); se aplicaría, por tanto, a víctimas del abandono en que han vivido por parte del Estado; víctimas de la incultura, de la desigualdad económica, de la deformación moral de los hogares (...), siendo los culpables no ellos sino el Estado y la sociedad...".
Francisco González de la Vega, por su parte, recuerda ("Derecho Penal") que México arrastra, por desgracia, "una tradición sanguinaria"; puntualiza que en México "se mata por motivos políticos, sociales, religiosos, pasionales y aun por el puro placer de matar"; establece que "es indispensable remediar esa pavorosa tradición, proclamando que en México nadie tiene derecho a matar, ni el Estado mismo". Y concluye: "El Estado (...) debe enseñarnos a no matar; la forma más adecuada será el más absoluto respeto a la vida humana, así sea la de una persona abyecta y miserable".
Jaime García ElíasElke Tepper, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, informó que hay 81,092 expedientes activos, de los cuales 47,233 tienen un rezago mayor a 3 años. La titular de la junta aduce falta de personal y presupuesto, además de que algunos juicios son alargados de manera deliberada.
(V.primera plana del periódico El Informador del 9 de noviembre de 2017).Muchos nos preguntamos si el dinero de Odebrecht llegó a la campaña presidencial del PRI en el 2012. Pero no hay pruebas contundentes.
Tengo una idea: ¿por qué no entramos a Los Pinos y abrimos todos los escritorios, archiveros, estantes, cajones, cajas fuertes, todo?
El gobierno federal no nos lo podría reprochar. Es lo que hicieron en Cancún los agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR: llegaron a las instalaciones de la empresa de resguardo de valores First National Security y se metieron a la fuerza para incautar y abrir las 1,500 cajas de seguridad privadas que había ahí.
De inmediato, los abogados de la compañía y los dueños de las cajas que vieron vulnerada su propiedad privada exigieron que se mostrara la orden de cateo. No sucedió. A tantos días de distancia, no parecer haber respaldo judicial a la actuación de la PGR. Menudo desaseo.
Pero tampoco parece haber empacho por parte del gobierno: la PGR incluso anunció que su área de Derechos Humanos revisó su procedimiento de actuación... y lo avaló. Vaya caradura.
Se dice que están investigando crimen organizado, se dice que seguían una pista de Doña Lety (la detenida mandamás del narcomenudeo en Quintana Roo), se dice que era algo relacionado con Roberto Borge y sus encumbrados cómplices. Se dice, se dice. Pero nada se sabe y nada se explica.
No sólo eso. Exigen a los afectados que si quieren recuperar sus cosas, que muestren las facturas que acreditan la propiedad. ¿Factura de las joyas de la abuela? ¿Del reloj del abuelo? Botín de guerra para los abusivos: cuántas cosas no desaparecerán en el camino de la caja de seguridad al juzgado cuando no haya modo de acreditar la propiedad. Abrir mil 500 cajas de seguridad a lo bestia sólo exhibe la falta de precisión de la indagatoria, revela una investigación poco profesional y errática.
Es como si la estrategia, de cara a las elecciones de julio del 2018 (su única preocupación), sea mostrar los dientes del Estado. Exhibir de lo que son capaces. Que lo pueden hacer, que lo deciden hacer, que saben cuáles son los costos y que les vale. Que se sepa y que se vea de qué tamaño es el músculo.
El problema de abusar del músculo del Estado es cuando el brazo lo dejas de controlar tú y lo empieza a controlar tu adversario.
Carlos Loret de Mola A.En los municipios de Chilapa, Atlixtac, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín Herrera, en Guerrero, 673 escuelas de nivel básico están cerradas desde hace 46 días.
Los profesores denuncian que han sido amenazados mediante redes sociales, por los grupos delictivos de Los Rojos y Los Ardillos.
La falta de clases afecta a casi 60,000 alumnos de nivel básico.
(V.Notisistema del 7 de noviembre de 2017).Las estadísticas en materia de criminalidad en Jalisco son inciertas. Algunos medios de comunicación llevan el registro de las muertes violentas que ocurren en la zona metropolitana de Guadalajara, a partir de la única información oficial de que se dispone: los boletines de la Procuraduría de Justicia. Los mismos medios elaboran una síntesis mensual. Llegados a ese punto, es frecuente que las cuentas de los medios no concuerdan con las que la autoridad, a su vez, elabora y difunde. La regla es que los registros oficiales se queden por debajo de los extraoficiales.
Independientemente de las cifras relacionadas con las víctimas del transporte público -que se manejan aparte porque en esos casos se trata de homicidios imprudenciales-, el hecho es que el promedio de homicidios dolosos (probables asesinatos, pues) fluctúa entre 3 y 5 diarios; es decir, entre 90 y 150 al mes; es decir, entre 1000 y 1,800 anuales.
Al margen de si hay o no el "subregistro oficial" de que hablan los medios en ese tema, lo cierto es que el asunto se limita, vía de regla, a llevar, bien o mal, la cifra de tales hechos. Puesto que todas las víctimas tienen nombre y apellido y casi todas una familia, el "avance en las investigaciones" que las autoridades refieren, se circunscribe a identificarlas. Pretender que de cada caso se integre un expediente y se realice una pesquisa para ir más allá de la autopsia que permite puntualizar la causa física de la muerte, es ilusorio. Dar con las causas, identificar a los responsables, aprehenderlos, someterlos a juicio y hacer caer sobre ellos "todo el peso de la ley", un buen deseo que sólo excepcionalmente se hace realidad.
Jaime García ElíasEl informe presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señala que: “Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis. La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías, son los factores que alimentan la desconfianza”. Así, en este contexto hay un aumento multiplicado de desapariciones y un deficiente trabajo de las autoridades del actual sistema judicial, que está pasmado.
Lourdes BuenoLos políticos nos dijeron que el nuevo sistema de justicia en México privilegiaba la presunción de inocencia. La forma en que la PGR ha intervenido 1,500 cajas de seguridad de la empresa First National Security de Cancún, sin embargo, revela que esa presunción de inocencia, si acaso, se ha debilitado en nuestro país.
Sergio SarmientoA un año de que termine la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ésta sufre una crisis en la procuración de justicia tras la salida del jurista Raúl Cervantes Andrade.
En efecto, durante la gestión del que pudiera ser el último procurador general de la República, Cervantes Andrade pudo contener y sufrir los embates de la lucha política por el control de dicha institución.
Hoy, el ámbito de procuración de justicia se encuentra sin fiscal anticorrupción porque los mismos grupos políticos toman como presa y bloquean la designación para que la clase política actual no pueda ser investigada, no sólo eso, sino que a unos meses de la elección presidencial que será sin duda de vital importancia para el futuro de México la fiscalía de delitos electorales fue decapitada con un alto costo para nuestra incipiente democracia y más aún la discusión sobre la futura Fiscalía General, está paralizada por la política, y por el temor y terror de quien pudiera ser el nuevo fiscal quien investigaría, entre otros, a la saliente clase política.
Es claro, las 3 fiscalías que podrían investigar a la clase política están acéfalas. El presidente Peña Nieto, en el único tema que han coincidido con el líder y candidato a la Presidencia del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, es señalar que la designación del fiscal general sea después de los próximos comicios presidenciales.
La importancia de su elección es vital para el Estado de Derecho y para el embate a la corrupción que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana.
Es fundamental la independencia con que debe de contar quien sea ungido en esta nueva Fiscalía General de la Nación.
En México la tarea se aprecia que será difícil, la participación de la sociedad civil es fundamental en la construcción de la nueva Fiscalía. Es la hora de regresar a la política de verdad, la que no atiende a intereses grupales, y pugna por el Estado Social y Democrático de Derecho.
Ulrich Richter MoralesLas empresas que invierten en México no sólo valoran los costos fiscales, sino otros factores como la disponibilidad de mano de obra calificada; la infraestructura; la logística y de manera destacada, la seguridad jurídica.
Si lográramos mejorar en el tema de la seguridad jurídica y Estado de Derecho, probablemente podríamos más que compensar la desventaja que podría surgir en materia de costos fiscales.
El desafío de México es asegurar que con o sin TLCAN; con o sin reforma fiscal en EU, logremos generar la expectativa de que vamos a ganar en temas como el Estado de Derecho.
Enrique QuintanaEstado de Derecho, cultura de la legalidad, seguridad jurídica y física, ausencia de corrupción. Siempre sigo alertando: el indicador a seguir es el de la impunidad. Ahí es donde se debe uno de enfocar. Sin impunidad no hay corrupción, hay seguridad, una cultura de respeto a la ley, un Derecho efectivo.
Como lo he leído recientemente, hay necesidad de matizarlo. La impunidad cero es una utopía. Evidentemente invertirla como he sugerido es un error. 90% de no impunidad es imposible. Pero debe de ser tal, cuya información le resulte al agente, previo a cometer un ilícito en todos sus niveles orgánicos, ya sean civiles, administrativos y penales, convencerse sobre el mayor riesgo de ser arrestado, procesado o pagar, en lugar de no serlo. Modificar el no me van a atrapar, por el casi seguro me atrapan. Sin despreciar las cifras. Pero lo relevante es la percepción de peligro ante la trastada. Y eso lleva de la política nacional hasta la más local.
Imposible hacerlo sin una inversión considerable. Excepcional. Casi de urgencia. Todo cuesta. Y salir de esto nos costará un verdadero dineral. Y es necesario bajar costos innecesarios para poder sufragar la guerra contra la impunidad. ¿Cómo? No mediante un Estado policiaco. Sería la negación de nuestra pretensión como nación y seguir despilfarrando sin sentido. Sino bajo la regla de menos leyes más orden. Bajando duraciones de penas irracionales. Degradando delitos a sanciones administrativas. Incluyendo "legalización" de drogas. Metiéndole más lana a la transición del sistema acusatorio. Y a la transacción sobre la controversia. Y a la reparación como una regla sin la cual no importa nada. Darle la preferencia al "cómo nos arreglamos" pero legal y ético.
Cambiar los incentivos perversos por funcionales.
Sergio AguirreEl Proyecto Mundial de Justicia, una organización no gubernamental con sede en Washington, le ha preocupado tanto el Estado de Derecho en México, que este año lanzó una investigación especial para determinar el alcance de su deterioro. Durante el verano realizaron más de 20,000 encuestas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cuyos resultados aún no han sido dados a conocer. Pero en su informe de 2016 sobre el estado de las leyes en el mundo, los resultados de México son desalentadores, y demuestran el deterioro institucional.
El índice revisó a 113 países y ubicó a México en el sitio 88 general, y en el 24 de 30 naciones latinoamericanas. México se encuentra como Rusia (autoritario), Myanmar (dictatorial) y Liberia (controlado por jefes tribales de guerra), pero muy debajo de las principales economías de América Latina e, incluso, detrás de países como El Salvador (que se encuentra aún en transición tras su guerra civil). A México le va mal en prácticamente todo, con retrocesos en la desconcentración del poder gubernamental y en los derechos fundamentales, como el debido proceso y la libertad de expresión. La corrupción mancha a todas las instituciones, que es el factor que coloca a México casi en el sótano entre todas las naciones de la región.
Los síntomas del deterioro, que en algunos momentos se presentan como enfermedad, son ignorados por la búsqueda de objetivos particulares en la clase política.
Raymundo Riva PalacioEl sueño del mexicano es vivir en un país gobernado por el Estado de Derecho, en donde se respeten y cumplan las leyes, en donde se castigue al infractor. Pero, desgraciadamente, el ser humano, dotado de libre albedrío, consciente o inconscientemente infringe las leyes. La 1a. vez, quizá por descuido, negligencia o apatía; pero si no recibe castigo alguno, puede caer fácilmente en la mala costumbre de violar las leyes como una forma de vida habitual. Desde el que soborna a un agente vial, el que instala un "diablito" para robase la energía eléctrica, hasta el que comparte sus ganancias de contratos con el sector público, coludiéndose con los funcionarios respectivos. El ser humano es honrado, hasta que quiere dejar de serlo, hasta que puede dejar de serlo o hasta que le dan la oportunidad de no serlo. El castigo es lo único que puede inhibirlo para delinquir.
Luis Jorge Cárdenas DíazEl incendio provocado por un grupo de encapuchados a las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada dañó el inmueble en su totalidad hasta quedar "al borde del colapso", por lo que se requiere demolerlo, advirtió la Secretaría de Educación de Chiapas. La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con videos e imágenes del circuito cerrado, los responsables de los hechos son presuntamente integrantes -unos 40, según las grabaciones- de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, con quienes actualmente hay mesas de diálogo.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 1o.de noviembre de 2017).El sistema democrático, definitivamente, no es lo nuestro. Lo vemos claramente a través del pulso que miden las redes sociales, y su expresión grandilocuente en los medios y las instituciones. Funciona muy bien en el discurso y en la retórica, pero es anulado constantemente con nuestros dichos y actos. En la última semana se han dado ejemplos claros en el tipo de debate que se suscitó sobre la remoción del fiscal electoral y la acción del gobierno español contra la autoridad secesionista catalana. En ambos casos no es el Estado de Derecho lo que es supremo, sino que los resultados se acomoden a nuestras creencias. Sin leyes no hay normas; sin normas hay desorden y domina la ley del más fuerte. Paradójicamente, de esta confusión se fortalecen los regímenes autoritarios que se quieren anular. En estas nos encontramos: pensamos que caminamos hacia adelante y realmente vamos para atrás. Retrocedemos a un Estado primario. Veamos:
Santiago Nieto, el fiscal electoral, fue removido por violar la ley al hablar sobre una investigación en curso que daña el debido proceso. Políticos de oposición reconocieron que estaba bien que violara la ley porque la información era de interés público, que tuvo eco en las redes sociales donde defendieron su derecho a expresarse. El tratamiento fue el que podría tener un ciudadano cualquiera, que no lo era Nieto. Difundir detalles de una investigación no fortalecían el proceso; lo anulaban. Quien lo defendió avaló la impunidad de sus investigados, pero reclamaba lo contrario.
El poder actuó con fuerza, aunque no en los mejores términos que pudo haberlo hecho. A Nieto lo sancionaron por un delito que había cometido reiteradamente durante año y medio, lo que alimentó la percepción de que no fue la ley, sino un ajuste de cuentas con un fiscal que consideraban en el gobierno que se inclinaba a la izquierda.
La aplicación de la ley fue desvirtuada por la torpeza política de las acciones de gobierno, pero este no fue un matiz considerado por políticos o mexicanos en las redes sociales. La alternativa a que si las leyes están mal hay que cambiarlas, fue superada por el porqué molestarse en cambiarlas si es más fácil ignorarlas. Las leyes no existen cuando no se ajustan a lo que pensamos y creemos. Lo que predomina son las ideologizaciones y las posiciones cómodas y frívolas, ante la pereza de quien piensa diferente.
Raymundo Riva PalacioNo tengo idea del cadáver en el closet que puedan estarle fincando a Santiago Nieto ni meter las manos al fuego por su inocencia (nadie llega a fiscal en este sistema por ser la Madre Teresa de Calcuta). Lo que sí me queda claro es que con el aparato mediático al servicio del poder, pueden destruirlo. En todo caso, es evidente que Nieto ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Por lo pronto ya le avisó a Gamboa Patrón y a sus otros Torquemadas, que renuncia a sus intentos de ser reinstalado en la fiscalía y se dedicará a defenderse de las denuncias jurídicas. O en palabras de Andrés Manuel López Obrador, ya tiró la toalla.
Las reconversiones de Santiago Nieto en los últimos 10 días ilustran, mejor que cualquier otra cosa, la sociedad política pre moderna en la que vivimos. El ex fiscal de Delitos Electorales pasó de ser un funcionario más del sistema y relativamente desconocido, a efímero paladín de la honestidad, para convertirse, horas después, en un paria perseguido por el sistema. El mensaje es evidente: "al que se mete con nosotros lo destruimos".
Habrá que ver qué juez o fiscal se atreve a procesar a un poderoso del primer círculo después de la moraleja que deja este terrible capítulo. Y si lo hace, ahora ya sabe que no terminará como héroe sino como mártir o, peor áun, como delincuente.
Jorge Zepeda PattersonDe acuerdo con organizaciones civiles y con expertos, la actual inseguridad, en todas sus formas, es reflejo del desorden que permea en las instituciones de procuración de justicia, a lo que se suman otras causas, como: la debilidad institucional para controlar y combatir el delito; la corrupción de autoridades; entrega de territorios a grupos de la delincuencia organizada, pobre capacitación, equipamiento, salarios, prestaciones y motivación a las policías y ministerios públicos.
Pero, de acuerdo con Santiago Roel, director de la asociación civil Semáforo Delictivo, el aspecto que más incide es que "no se toca el recurso delincuente; y un delincuente con dinero sigue teniendo recursos para seguir delinquiendo". En este sentido, el sistema penitenciario se vuelve un cómplice involuntario, pues desde dentro de los penales se continua lastimando a la población. Por si fuera poco, hay una pobre capacidad del Estado, voluntaria o no, frente al lavado de dinero.
Los esfuerzos del Ejército tienen resultados, pero al concluir su estancia, la inseguridad regresa, porque la estrategia del actual gobierno federal es corta y mala, pues elige una única vía: el Ejército. En lugar de hacer un trabajo exitoso similar al realizado en Chihuahua, que por cierto ya no se ha continuado, y atacar la problemática de inseguridad de manera interdisciplinaria.
Y si a lo anterior se agrega la impunidad existente en todas las áreas, especialmente las dedicadas a la seguridad ciudadana, se tiene un triste panorama que bien podría ser la definición de este sexenio.
Lourdes BuenoEn México hacen falta mecanismos de seguimiento efectivo para atender las denuncias de prácticas depredadoras de compañías mineras canadienses, así como proporcionar reparaciones a las víctimas.
Carlos Heredia Zubieta, profesor asociado en el CIDEDeficiencias en los procesos de investigación, falta de capacitación, violaciones a los derechos humanos y mala atención a las víctimas; son algunas de las fallas que arrastra el modelo de procuración de justicia en el país; advierte la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de octubre de 2017)México es el país que menos ha avanzado en la investigación sobre los presuntos delitos de corrupción de Odebrecht y el que menos transparente ha sido. No quisieron pactar un acuerdo con Odebrecht para que suministrara información lo que no se alcanza a entender, pero que lleva a preguntar si la razón por la cual la PGR rechazó esa cooperación fue para frenar la investigación y para alargar el encubrimiento a funcionarios o ex funcionarios federales. Los prejuicios sobre este caso son inevitables por el andamiaje de protección a todos los involucrados que han levantado las autoridades.
Raymundo Riva PalacioEn México los gobiernos son pésimos para castigar a los criminales. Quizá por eso prefieren castigar a empresas, aunque no tengan nada que ver con los delitos.
Vemos un ejemplo en Puebla. Este pasado 17 de octubre el gobernador Antonio Gali anunció que suspendería la operación de Uber como consecuencia del asesinato de la joven estudiante Mariana Fuentes por unos hombres que utilizaron un auto registrado en Uber que no estaba dando servicio de transporte en el momento. El gobernador rectificó después y dijo que no ha cancelado Uber, sino que dará a conocer una nueva regulación de los servicios de transporte privado.
Con anterioridad, el 18 de septiembre, Gali canceló la licencia de Cabify porque un chofer violó y mató a otra estudiante, Mara Fernanda Castilla Miranda. El argumento fue que la empresa había permitido que el chofer colaborara con ella pese a haber participado previamente en robo de combustible. De nada sirvió que Cabify presentara el certificado de falta de antecedentes penales emitido por el propio gobierno de Puebla. También fue clausurado el bar The Bronx en Cholula, en el cual había estado la joven con unos amigos con anterioridad, a pesar de que el lugar tampoco tenía nada que ver con el crimen.
¿Por qué castiga un gobierno a empresas por delitos en los que éstas no tienen responsabilidad? Porque es más fácil castigarlas a ellas que a los criminales. Lo único que preocupa a los políticos es convencer a los electores de que ellos sí son duros frente al crimen.
No ha sido el gobierno de Puebla el único en castigar a empresas por delitos en los que no tienen culpa. Recordemos el caso de la discoteca News Divine de la Ciudad de México de 2008. Un operativo policial (que al parecer buscaba detener y extorsionar a jóvenes por el delito de divertirse) se saldó con la muerte de 12 personas, entre clientes y policías, atrapadas y asfixiadas cuando los comandantes dieron 1o. la orden de desalojar el local y después de cerrar las puertas para evitar que los jóvenes escaparan a su detención. Los responsables del operativo nunca fueron castigados; pero el dueño de la discoteca, Alfredo Maya Ortiz, una víctima, ha estado en la cárcel 9 años, mientras que el local fue confiscado por el gobierno.
Otro caso es el Bar Bar del sur de la Ciudad de México. Ahí tuvo lugar un ataque con arma de fuego contra el futbolista Salvador Cabañas en 2010. El gobierno capitalino ordenó la clausura del lugar y detuvo al gerente, Carlos Cázares, quien fue liberado cuando los tribunales determinaron que no tenía ninguna responsabilidad. El Bar Bar, sin embargo, permanece cerrado.
El propósito de una sanción penal es proteger a la sociedad y disuadir de la comisión de nuevos delitos. Castigar a inocentes no logra ninguno de estos propósitos. Cuando se sanciona a empresas de manera indebida, la injusticia se multiplica. No solo no se logran los objetivos de un castigo penal, sino que los trabajadores y colaboradores pierden empleos e ingresos y los clientes un servicio.
Sergio SarmientoDe los poderes el más oscuro es el Judicial, y mire que es un decir, porque los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se han ganado a pulso la fama de oscuros y corruptos, y han llevado a que nuestro país sea percibido por nosotros sus habitantes como el más corrupto de la América Latina.
El Poder Judicial se nos presenta como un gigantesco árbol gris y tenebroso, con un entramado de jueces, secretarios y tribunales, que a pesar de haber sido cuidadosamente pensado para una real impartición de la justicia, en sus pasadizos e intrincadas ramas cuelgan cantidad de casos sospechosos de colusión y manipulación de las leyes para favorecer a quienes se acercan a su sombra para recibir sus favores. Baste con decir que si en México la impunidad es del 99% (sólo el 1% del total de los delitos se castiga) ello nos habla de un pasmoso distanciamiento del sistema judicial de toda ética jurídica.
La ley, merced a ese entramado de jueces, secretarios y tribunales, se maneja al antojo de intereses particulares y políticos.
En Jalisco, con una gran vocación inmobiliaria, los tribunales y la impunidad han permitido el saqueo de terrenos, y recientemente la construcción de conjuntos y edificios que van contra todos los reglamentos urbanos de la ciudad. No es desconocido el proceso: un constructor solicita un amparo contra un reglamento, el Tribunal Administrativo le concede una suspensión provisional, el municipio, en colusión con el constructor, ya no pelea el caso, lo pierde, y el constructor puede entonces hacer lo que le viene en gana. Resulta muy redituable para el constructor, el juez y la autoridad municipal; todos ganan, aunque pierda la ciudad.
Por ello llama la atención que apenas la semana pasada Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, se haya dejado ir con todo (por lo menos en el discurso) contra el Tribunal Administrativo del Estado. Palabras más, palabras menos, dijo que le eran indiferente a las resoluciones y advertencias del Tribunal, y que él no sólo no les haría caso sino que no permitiría que ninguna fuera acatada porque se trata de construcciones y desarrollos que contravienen los reglamentos urbanos. Es un alcalde en rebeldía.
En teoría, desobedecer un mandato judicial es desacato, y la pena es inhabilitación y cárcel, pero difícilmente el TAE, que hoy goza de la peor reputación dentro del ya desprestigiado poder judicial, actuaría contra Lemus.
Al alcalde, además de la popularidad, le favorecen los tiempos políticos: todo parece indicar que será el 1er. alcalde de la zona metropolitana que busque la reelección, lo que le da todavía casi 4 años de maniobra para enfrentar las resoluciones del TAE. Y sin lugar a dudas las instancias jurídicas superiores le favorecerán, la ley está de su lado, el tema es que pueda resistir, que siente un precedente, y que encuentre el respaldo de otros munícipes dispuestos a echarle una saneadita a ese, de los poderes el más oscuro.
Pablo LatapíEl secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dijo que si pudiera pedir un deseo para México sería que existiera Estado de Derecho.
"Si tuviéramos Estado de Derecho, con eso compramos inclusión y combate a la pobreza, con eso compramos seguridad y con eso compramos crecimiento".
"Si tuviéramos Estado de Derecho, al final del día de lo que hemos hablado aquí es de hacer efectivo el derecho que los mexicanos tienen a educación, salud, alimentación, vivienda y servicios a la vivienda", dijo Meade.
"Si tuviéramos estado de Derecho tendríamos un México seguro, un México en que nosotros y nuestros hijos pudieran salir a la calle y a la casa sin preocuparse de que una y otra fueran vulneradas", indicó.
(V.periódico El Informador en línea del 16 de octubre de 2017)Habitantes de un municipio serrano de Veracruz bloquearon una autopista y retuvieron a 10 elementos policiacos en protesta por el aseguramiento de 2 camionetas y la detención de uno de sus vecinos. Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un fuerte operativo de rescate de los oficiales en la autopista Veracruz-México, a la altura de Nogales, lo que generó un fuerte enfrentamiento y la quema de 2 patrullas. El gobierno estatal señaló que los responsables del bloqueo pertenecen a bandas dedicadas al robo de trenes en los límites entre Puebla y Veracruz.
(V.pág.13-A del periódico El Informador del 16 de octubre de 2017)Un enfrentamiento entre estudiantes de las diferentes escuelas normales del Estado de Michoacán y elementos de la policía estatal dejó 74 detenidos durante una de las movilizaciones estudiantiles. Del encontronazo, 2 elementos policiales resultaron con lesiones. Los normalistas confrontaron a los policías antimotines luego de que uno de sus compañeros fuera detenido por causar disturbios en la vía pública, por lo que exigían su liberación.
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de octubre de 2017)Un hombre fue amputado de las manos la tarde de este viernes en San Pedro Tlaquepaque, señalado de un presunto robo, de acuerdo a información recabada por las autoridades.
La Fiscalía confirmó que, hacia las 18:00 horas, se recibió el reporte de una persona lesionada por parte de un tercero, tras lo que unidades de la Fuerza Única, primeros respondientes, se dirigieron al cruce de Martín y Gabriel, en la colonia El Tapatío.
A la llegada de los primeros oficiales encontraron a un hombre, de unos 25 años, amarrado con alambre de púas y amputado de sus manos. Al parecer el objeto utilizado para lesionarlo fue un machete. Personal de Servicios Médicos Municipales lo atendió y trasladó al puesto de socorros de la Unidad Marcos Montero.
El hombre tenía dibujada en la frente una leyenda donde se presumía que había cometido algún delito; no obstante, ni los vecinos de la zona o la persona proporcionaron datos sobre lo que había ocurrido.
(V.periódico El Informador en línea del 14 de octubre de 2017)Habitantes de San Martín Peras, Oax., golpearon y desnudaron a 2 funcionarios del Instituto Electoral estatal. Su inconformidad es por la validación de las elecciones extraordinarias del 26 de agosto.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 12 de octubre de 2017)La historia de terror para la maestra Laura Carranza empezó el año pasado, luego de que su madre, quien padece esquizofrenia desde hace 50 años, terminó de pasar unos meses en su casa, a donde llegó a vivir para mejorar su tratamiento. La madre de Laura Carranza se regresó a una ciudad de la frontera donde vive con otra de sus hijas. La maestra Laura se dio cuenta de que su madre olvidó una bolsa con medicamentos. Laura Carranza contrató a una empresa de mensajería para regresar los medicamentos a su madre: 30 pastillas y un frasco de 2.5 mililitros de Clonazepam. Pasaron días sin que los medicamentos llegaran por lo que la familia llamó a la empresa de mensajería. Le dijeron que el paquete con medicamentos había sido decomisado por la Policía Federal.
A los días, agentes del ministerio público federal llegaron al domicilio de Laura Carranza para entregarle un citatorio. Lo que la maestra Laura Carranza y su esposo Javier Reyes (académico del CUCBA de la Universidad de Guadalajara) creyeron que sería un simple trámite aclaratorio, se convirtió en una historia surrealista de persecución e imputación falsa de delitos.
A fin de probar su inocencia, Laura Carranza llevó a la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, a cargo de Rodrigo Toriz Sangeado, copias de las recetas médicas y un documento firmado por el psiquiatra donde avalaba la enfermedad y las dosis administradas, y otras pruebas. Sin embargo, el agente del ministerio público no tomó en cuenta dichas pruebas ni el contexto en el que surgió el incidente por lo que ahora se le acusa de "delitos contra la salud en su modalidad de transporte". Así lo escribe Laura Carranza en una petición en línea para exigir su libertad: "Yo, que sólo actué como una hija preocupada, enviando a mi madre sus medicamentos prescritos por su psiquiatra, ahora para la ley estoy considerada una narcotraficante". A partir de entonces, Laura Carranza se encuentra apartada de su familia y escondida, pues la "justicia" mexicana no le permite enfrentar sus cargos en libertad.
Es un caso surrealista que demuestra lo podrido que está el sistema de impartición de justicia en el país. En México hay miles de políticos, narcotraficantes, asesinos, defraudadores, saqueadores que han causado verdaderos perjuicios a la sociedad, y sin embargo están libres. La maestra Laura Carranza, una hija preocupada por la salud de su madre, en cambio, corre el riesgo de pasar 25 años en una cárcel de máxima seguridad.
Rubén MartínUna nota publicada en mayo del año pasado y que pasó prácticamente inadvertida en México, supongo que porque estas ideas no les convienen a los políticos, decía que "el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los 463,000 dólares".
Lo interesante de esta ley es que si el acusado confiesa el delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspende, lo que significa la conmutación por cadena perpetua, que es la condena habitual para los casos de corrupción en China.
Adicionalmente, los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad si no denuncian la corrupción de colegas cercanos, incluso si estos forman parte de su familia.
La nota terminaba diciendo: "Mientras que en México los políticos corruptos huyen en helicópteros (...) y, si acaso son detenidos es por medio de autoridades extranjeras, los chinos acaban de aprobar la pena de muerte a sus políticos corruptos".
Luego de esto, el primer ministro chino, Wen Jiabao, recomendó a los países emergentes aplicar la pena de muerte para crímenes comprobados.
"Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos atemoriza al resto de delincuentes".
"(Con la pena de muerte) crecerá la seguridad pública, su gasto se reducirá drásticamente, y a futuro se reflejará en la cultura y comportamiento de las personas".
Los políticos corruptos merecen severos castigos, dijo. "Ustedes no los castigan, principalmente a los del régimen de turno, que diezman las arcas públicas. En China: pena de muerte y devolución".
"(...) El político debe entender que es un funcionario público obligado a entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país y no un 'rey'".
Así, ¿o más claro?
Este es un tema que debe ponerse en la discusión pública para hacer algo contundente al respecto, porque ningún fiscal anticorrupción tendrá jamás la fuerza disuasiva que la pena de muerte tiene.
En México ninguna pena o sanción disuade a nadie. Y no es así, porque todo mundo sabe que si viola cualquier ley, si roba, extorsiona, desfalca, secuestra y hasta mata, con dinero e influencias es muy probable que nada le pase, o que las penas a pagar sean mínimas.
La sociedad mexicana ya no cree ni confía en su gobierno; no respeta las instituciones y no cree en sus leyes.
Nos acostumbramos al desorden oficial y vemos normal la corrupción, las amenazas y el deterioro de los servicios públicos.
La corrupción es tan grave que afecta e impide la vida normal de muchas regiones y amenaza el futuro como país y como sociedad.
La situación amerita medidas extraordinarias, y el instaurar la pena de muerte a los corruptos, es una opción que no debe descartarse.
Lo veo como un asunto de seguridad nacional que hace necesario declarar el estado de emergencia. Como si estuviéramos en guerra, en este caso contra la corrupción y la impunidad (narcos involucrados).
¿A qué le tenemos miedo?
Algunos dirán que a Dios. Yo le tendría más miedo a que la misma corrupción termine exonerando delincuentes y matando inocentes. Pero veo más fácil de solucionar esto último y prefiero correr ese riesgo, a continuar viviendo en un estado corrupto hasta los huesos en el que las probabilidades de morir en manos de un delincuente son mayores que las de morir en manos de un tribunal especial que nos condene a muerte.
Quienes se oponen a la pena capital por la razón que fuere, recuerden que si hacemos como en China, con solo confesar el delito y devolver lo malversado, la pena de muerte se conmutaría por cadena perpetua.
De esta manera, la decisión de vivir o morir estaría en manos del propio delincuente, por lo que llegado el caso, más que considerar el hecho como un asesinato, habría que verlo como un suicidio asistido.
"Mucha gente viviría hoy si hubiera pena de muerte" (Nancy Reagan).
Ricardo Elías, arquitecto y empresarioSi alguien por ahí de nuestra clase política llegó a pensar que la corrupción era frívola, o hasta divertida (por aquello de "robar poquito" o "todos lo hacen") lo ocurrido con el terremoto en Ciudad de México le da su verdadera dimensión; al hablar de corrupción estamos hablando ya de un tema de asesinato.
Independientemente de construcciones que pudieron haberse venido abajo por un historial de licencias irregulares, hay 2 ejemplos puntuales que develan los verdaderos alcances y perjuicios de la corrupción generalizada: los edificios que se vinieron abajo porque en el techo ya no soportaron estructuras de enormes anuncios espectaculares, y su versión más infame que fue el desplome del hoy tristemente célebre colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños, y que se debió a que arriba del edificio se construyó todo un departamento extra con jacuzzi incluido en una edificación que de origen no estaba estructurada para ello.
Aunque se dirá que es difícil comprobar que tanto los anuncios como el departamento se instalaron gracias a licencias conseguidas por moches y propinas a las autoridades, quienes hemos vivido la Ciudad de México, antes Distrito Federal, esta de los gobiernos perredistas-morenistas sabemos que la tónica ha sido la masificación de la corrupción por una permisividad cómplice que provoca hoy en día que prácticamente todo trámite relacionado con permisos y licencias se consiga mediante un moche o una "aceitada" para que el trámite avance.
Así se explica que conseguir una licencia para operar un restaurante o una cafetería sea tarea poco menos que imposible, mientras exactamente enfrente, sobre la banqueta, se levanten puestos de tacos, mariscos y jugos, con gas y luz eléctrica, que están perfectamente anclados en la tierra y operan todos los días sin regaño o amonestación alguna.
En el caso de la caída de edificios esa corrupción, aparentemente menor y sin importancia de la tramitología en delegaciones y Gobierno de la CDMX se ha desenmascarado como asesina, porque en esos desplomes murieron decenas de personas, lo que no hubiera ocurrido si las cosas se hubieran hecho correctamente y en apego a la legalidad.
Con esta exhibición de la corrupción perredista-morenista, el cuadro está completo: todos los partidos son iguales, con la misma motivación, unos más intensos que otros, pero igual de "peores". Por el PAN supimos de los diputados y sus moches, ese fondo privilegiado que les permite llevar recursos a los municipios a cambio de una comisión. Por el PRI una historia larga de señalamientos que han quedado impunes, y que se está castigando en casos como los de los ex gobernadores presos pero porque se dio en estados donde hubo alternancia, y tiene más que ver con una revancha política o personal que con un caso de justicia.
Pablo LatapíHace unas semanas, por el rumbo de la iglesia de la Covandonga me tocó ver cómo una camioneta Windstar, tras desatender el semáforo que le marcaba rojo, tumbaba a un motociclista, de esos que reparten comida.
Enseguida pasó lo habitual. El conductor de la camioneta desapareció a toda velocidad. Algunos auxiliaron al motociclista herido. Otros dijimos a una grúa que por ahí pasaba las señas del vehículo causante del percance y el rumbo que había tomado (con la ilusión que por radio alertara). Por supuesto que a la media hora al motociclista lo habían recogido sus compañeros, de la camioneta agresora ni sus luces, y en el lugar de los hechos apenas si quedaron restos de los focos de la moto. Nada más.
En un país con un récord de impunidad casi total, el causante del percance apostó a que lo que más le convenía era no atender al herido y huir del lugar, así fuera cometiendo otra infracción al saltarse de nuevo a toda velocidad otro semáforo.
Las probabilidades de que ese conductor fuera detenido eran francamente bajas. Así que ese ciudadano decidió tomar ventaja del ineficiente sistema en el que vive, y antes que aceptar su responsabilidad y enfrentar a la justicia, maniobró todo lo que fue necesario para evitar pagar por su negligencia.
En ciertas coyunturas queda demostrado que los ciudadanos somos iguales que nuestros políticos, o ellos a nosotros: nos comportarnos de manera indecente a la hora de tratar de salvar el pellejo.
Porque lo conocen, porque forman parte de él, todos apuestan en contra de un sistema ineficiente y corrupto. Lo mismo en un percance vial que en casos donde hay muertos, sea en una mina, en una guardería, en una escuela, en oficinas: los ciudadanos también demandan beneficiarse de la impunidad. Faltaba más.
Salvador CamarenaEl Frente Ciudadano por México no está integrado por hermanas de la caridad, y puede tener todas las limitaciones que se quiera, pero su esperanza de credibilidad radica en que contribuya a lograr una #FiscaliaQueSirva.
¿Van a llamar ante la justicia a gobernadores, secretarios, presidente? ¿Aquí van a meter a la cárcel a quien resulte culpable tras ser escuchado en juicio? En Brasil, Perú y Guatemala ya ocurrió. ¿Pueden los políticos panistas y perredistas y de MC apostarle a una fiscalía sin justicia selectiva, sin componendas, sin simulaciones? Suena a un sueño, pero el país ya no aguanta más.
O sea, un gran entendimiento nacional (sin el PRI) en torno al clamor que sube hasta el cielo: castigo a los corruptos.
Carlos Heredia Zubieta, profesor asociado en el CIDEAlumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa liberaron hoy a los 4 policías municipales de Tixtla que mantenían retenidos una vez el Gobierno de Guerrero hiciera lo mismo con otros 10 estudiantes que habían sido detenidos, afirmaron fuentes oficiales.
Los hechos se iniciaron la mañana de este miércoles cuando los alumnos salieron del plantel, a la que asistían los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, a Tierras Prietas, donde se apoderaron de un camión cisterna con 30,000 litros de combustible y otros vehículos.
Los jóvenes se encontraron con policías estatales en la autopista Chilpancingo-Tixtla, donde los agentes detuvieron a 10 de ellos.
Se produjo una persecución y los estudiantes que lograron huir regresaron a Tixtla y se apoderaron de los 4 agentes y de una patrulla municipal, con el fin de negociar la liberación de sus compañeros.
(V.periódico El Informador en línea del 13 de septiembre de 2017)En un país en el que la reforma pendiente más importante es el Estado de Derecho, el diseño institucional de la futura Fiscalía General de la República está en el centro del huracán político. Que bien que el debate sobre qué fiscalía, con qué estructura, con qué contrapesos y cómo elegir al fiscal, regresan a la Cámara de Diputados.
Ahora resulta que los diputados no pusieron atención a la minuta que aprobaron hace 2 años, con el voto de todos los partidos. ¡Así de grave es el tema! Si nuestros legisladores no hacen la tarea cuando están diseñando una institución de esta importancia, ¿en cuáles sí pondrán más atención?
Julio Madrazo, director y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C.La impunidad, la corrupción y la tibieza de las leyes son las principales causas del incremento en los índices de la delincuencia en todas sus modalidades. Estamos muy lejos de acabar con la criminalidad en nuestro país, pues todavía no nace el hombre con mano de hierro haga a un lado prejuicios y derechos humanos que hacen más daño que beneficio.
Ante la impotencia de las autoridades para abatir la delincuencia, se ha hablado de formar un cuerpo de vigilantes civiles voluntarios, seleccionado por los secretarios de Seguridad Pública de cada entidad; estos vigilantes serían honorarios, voluntarios, sin remuneración, capacitados en artes marciales dotados de equipo de comunicación y armas defensivas eléctricas y de gases que paralicen al delincuente sin causarle la muerte. La selección debería ser muy escrupulosa, de ciudadanos de reconocida buena conducta, sin problemas mentales de agresividad, a los que se les darían cursos de capacitación en defensa personal, en el caso de que tengan que actuar porque su labor más bien sería encaminada a informar de situaciones que pueden constituir actos delictivos.
Las autoridades culpan al sistema. El jefe de Gobierno de la CDMX asegura que los delitos han aumentado por culpa del sistema penal que no retiene a los delincuentes, la policía los captura y los ministerios públicos o los jueces los liberan. El nuevo sistema penal parece haberse diseñado por delincuentes, para protegerlos en vez de castigarlos, porque es hipergarantista pues pone al delincuente de manera pronta y expedita en las calles y sucede que en algunos casos la víctima se encuentra de nuevo con el ladrón. No debería haberse suprimido la prisión preventiva pues se ha convertido en una puerta giratoria por un lado entran y por el otro salen, según lo expuso.
Una buena estrategia sería la formación de comités de vecinos vigilantes en barrios y colonias, dispuestos a acudir de inmediato al llamado de cualquiera que esté en peligro, lo cual se puede hacer activando alarmas eléctricas o silbatos como los que usan los agentes de movilidad.
El sistema de denuncia debe actualizarse para evitarle a la víctima el engorroso trámite de la ratificación que, en esta ciudad en ocasiones debe hacerse en la unidad de Puente Grande. Las instalaciones deben modernizarse y dar facilidades de estacionamiento y personal suficiente y competente para el gran número de víctimas de delitos que cada día crece más.
El careo con los delincuentes debe modificarse o suprimirse para evitar que las víctimas sean objeto de represalias.
Debe permitirse a los particulares que detengan a delincuentes in fraganti; que los entreguen personalmente a las autoridades competentes, sin que constituya delito.
Hace falta una campaña de difusión que dé a conocer al público la forma en que operan los delincuentes; las medidas de seguridad que deben tomarse para prevenir asaltos, la conducta que se debe adoptar en caso de ser agredidos, los lugares más peligrosos para robo de automóviles o asaltos, así como la mejor forma de proteger las viviendas.
En cuanto a la tibieza de las leyes se sugiere que se vaya al extremo de endurecerlas aun con la pena de muerte y cadena perpetua a los reincidentes de delitos infamantes.
Luis Jorge Cárdenas DíazPetróleos Mexicanos entregó 3,576 millones de pesos a 96 empresas fantasma, con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país con las que firmó 39 convenios, entre 2011 y 2014, reveló una investigación del diario digital Animal Político.
Aunque las universidades declararon por escrito que tenían la capacidad para cumplir con todos los convenios y se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos, contrataron a otras empresas, que tampoco podían dar el servicio, por lo que emplearon a unas más.
Pemex-PEP entregó, además, como parte del fraude, contratos por 932 millones de pesos a 7 compañías que pertenecen -tienen entre sus integrantes- a 10 ex funcionarios de la misma filial petrolera.
(V.primera plana del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2017)Estafa descubierta y difundida por la asociación civil "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad" y el diario digital "Animal Político", en el sentido de que "entre 2013 y 2014, el gobierno federal -una entelequia, por lo que en rigor debería decirse que "alguien, en el gobierno federal..."- otorgó contratos ilegales por 7,670 (léase bien: ¡siete mil...!) millones de pesos, a través de distintas dependencias, y utilizando como intermediarias a (personas vinculadas a...) al menos a 8 universidades de los estados de México, Morelos y Tabasco".
De ese monto, añade la nota, "no se sabe dónde quedaron 3,433 millones". ("¡Cualquier baba de perico!", diría el paisano).
Se trata, pues, de un escandaloso desvío multimillonario de recursos públicos. Se trata de la desaparición sistemática de caudales aportados, vía impuestos, por el pueblo, y que supuestamente tendrían que invertirse en obras o servicios que beneficien a los ciudadanos. Se trata de una maniobra realizada en el curso de 2 años, y en la que estarían involucrados funcionarios de varias universidades estatales: algo que sugiere que "desvíos" similares podrían haberse dado desde mucho tiempo atrás, y que tras esas ingeniosas maniobras pudieran haber participado muchas personas más, asignadas a (o conectadas con) dependencias públicas...
Con una sola diferencia: que quienes eventualmente sean descubiertos y señalados como responsables, habrán sido menos listos que quienes ya se enriquecieron merced a su habilidad para meter las manos en las arcas públicas, y volaron, sin dejar huella, al cielo de la impunidad.
Jaime García ElíasEs vergonzoso reproducir el discurso de los poderosos, de que no pasa nada, de que hay democracia y libertad y Estado de Derecho, si la autoridad no tiene preocupación por aplicar la ley, si Sandra Luz Hernández, una madre de familia y activista que buscaba a su hijo Édgar al mismo tiempo que vendía productos Avon, fue asesinada a balazos en Culiacán, y el responsable de su muerte sale libre por falta de pruebas. Si no hay justicia y va ganando espacio el olvido.
Javier Valdez CárdenasGracias al nuevo Sistema Penal Acusatorio, en los próximos meses esperan ser liberados miles de adolescentes acusados de delitos graves en México, señaló María del Refugio Esparza López, directora operativa del Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica, A.C. (CEDAT), quien advirtió su preocupación sobre el futuro de estos muchachos, hoy en conflicto con la ley.
"Con el nuevo Sistema de Justicia van a preliberar casi a 50,000 jóvenes a nivel nacional. Lo que no se tienen son programas integrales o basados en evidencia que identifiquen qué tratamientos se pueden dar para evitar que estos chavos reincidan", explicó Esparza.
En Jalisco el homicidio y el robo calificado son las principales causas de la retención de adolescentes. Más de la mitad (51.59%) de los 130 jóvenes encuestados están acusados de homicidio; mientras que 4 de cada 10 (42.06%) fueron señalados de robo. Se acusó de secuestro a casi el 4% (3.97%) y el porcentaje restante se diluye entre "otros delitos no especificados" (1.59%) y delitos sexuales (0.79%).
Entre quienes cometieron homicidio "fue muy impactante saber que el 77% no lo había planeado con anticipación", resaltó Esparza.
En más de la mitad de los casos (58.4%) no conocían a la persona victimada. Tan sólo 2 de cada 10 jóvenes sí planeó el homicidio. Y en la mitad de los casos, otra persona también fue sentenciada por el mismo delito. María Esparza destaca 2 variables: esa otra persona era mayor de edad y, por lo general, un familiar.
(V.pág.10 del periódico Milenio Jalisco del 1o.de septiembre de 2017).México se convirtió por 2a. vez en el país con mayor impunidad de América Latina, situándose en la 4a. posición de 69 naciones de la ONU evaluadas en el informe de la Universidad de las Américas Puebla, solo después de Filipinas, India y Camerún.
El Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, analiza y compara la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, posiciona a México en 4o. lugar a nivel mundial con un índice de impunidad de 69.21 puntos.
En el informe de 2015, México quedó en la 2a. posición de las 59 naciones que aparecían en el documento, sólo después de Filipinas.
Entre los puntos más críticos de México está que sólo hay 4.2 jueces por cada 100,000 habitantes, frente a una media de 16.23 jueces. Ello lleva a que 43% de la población detenida no haya recibido sentencia y a que, por desconfianza, solo 7 de cada 100 delitos se denuncien.
El país cuenta con 359 policías por cada 100,000 habitantes, por arriba de la media de 319 agentes. Pero este no se considera "un oficio digno" y, al tener tan bajos salarios, se termina en un "círculo vicioso" donde el cuerpo de seguridad utiliza su posición para extorsionar, remarcó el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 29 de agosto de 2017)En México damos por sentado que la autoridad es ineficiente. Y no sólo eso, también nos anticipamos a que será gandalla. Desconfiamos de los policías lo mismo que de los políticos y nos gusta creer en la figura del ciudadano como víctima de varias circunstancias a las que no puede escapar. Esto es cierto en muchas ocasiones. Negarlo sería absurdo, pero se nos olvida que en toda historia hay 2 caras de una misma moneda.
Hace [más de] 10 años nos enteramos de un ejemplo claro de lo anterior cuando el gobierno de Vicente Fox se enfrentó a los actos de violencia en Tláhuac en la Ciudad de México. Cerca de 300 personas rodearon a 3 miembros de la Policía Federal Preventiva que investigaban sobre narcomenudeo. Después de haber sido acusados de secuestro, los policías fueron detenidos, interrogados y agredidos durante más de 3 horas. Luego les prendieron fuego. El término "linchamiento" adquirió un significado real y atemorizante desde ese día. Los medios de comunicación de todo el país mostraron ese acto despiadado en el que la ciudadanía furiosa sometió a los representantes de la autoridad. Lo triste es que con el tiempo fue cada vez más normal escuchar situaciones de este tipo.
Ahora que se habla tanto de las "detenciones ciudadanas" (término utilizado institucionalmente por las autoridades) que no se olvide que esto se realiza entre iguales, es decir, entre ciudadanos. No se han hecho esperar las historias en las que "los buenos" y "los malos" cambian de papel repentinamente. Por ejemplo, la semana pasada nos enteramos del caso del ladrón que amenazó al empleado de una farmacia con un arma blanca para que le entregara el dinero que tuviera en caja. El empleado se resistió y forcejeó para defenderse. Al ladrón lo encontraron después, muerto sobre un charco de sangre ocasionado por una herida en el abdomen.
Días después, 2 supuestos asaltantes abordaron el camión público, no contaban con que uno de los usuarios, sin previo aviso terminara con la vida de ellos en circunstancias que la autoridad sigue investigando.
Aun cuando en estos casos había una evidente necesidad de actuar en defensa propia, el argumento pierde validez. Hay que llamar a las cosas por su nombre: estos casos de legítima defensa son linchamientos.
Parece que cada día se harán más frecuentes las historias en las que los ciudadanos tomarán el control, tristemente no para organizarse, sino para hacer justicia por propia mano. En lugar de esto es necesario cuestionar a las autoridades de su incapacidad para mantener el orden de la ciudad. De otra forma los papeles cambian de nuevo y nos convertimos en ese personaje detestable del que tanto nos quejamos.
Gabriela AguilarEn poco más de un año de vigencia del nuevo sistema de justicia acusatorio en el Distrito Judicial 1 de Jalisco, que abarca Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapotlanejo, 4 de cada 10 detenciones han sido decretadas como ilegales por los jueces de control, arrojó un informe del Consejo de la Judicatura del Estado.
En la experiencia de Daniel Espinoza Licón, uno de los jueces del Distrito Judicial 1, los principales factores que han incidido en las detenciones ilegales han sido las deficiencias en la capacitación y la falta de comunicación y de coordinación entre el Ministerio Público y las policías.
Espinoza Licón explicó que en una detención, el policía debe llamar a la Fiscalía para que se designe un agente del Ministerio Público; sin embargo, hay casos donde tardan hasta 2 horas en contestar. También hay errores en el llenado de formatos, conocidos como informes policiales homologados. En ocasiones, por ejemplo, los policías son obligados a volver a rehacerlos, por lo que se pierden datos en las transcripciones.
Esto es motivo para decretar la detención ilegal. "Llegan con el juez y ordena la libertad porque dicen que el policía no levantó el registro de la detención o, si lo levantó, al transcribir cometió errores. He visto compañeras juezas y compañeros jueces con su cara de cruda moral: 'Tuve que dejar ir a un homicida... no le leyeron los derechos... hicieron mal los registros... no estuvo presente el defensor'", expuso Espinoza Licón, quien ha vivido casos similares. Remarca: "me han tocado homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y delitos sexuales donde tengo que liberar a personas por errores. Eso es imperdonable, que por un error humano se vaya un responsable".
¿De quién es la culpa? Responde: "Es culpa de todos, desde el ejecutivo, en su momento, de no haber dado la capacitación correctamente y de haber esperado a que el otro lo haga... y así echarnos todos la culpa".
El fiscal de Derechos Humanos en Jalisco, Dante Haro, reconoció que falta capacitación en el Ministerio Público, pero también en el poder judicial, pues no siempre se eligen jueces con los mejores perfiles.
Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Colegio de Jalisco, advirtió: "Ese 40% (de liberación de presos), que ya se había presentado en Zapotlán, habla de unos criterios judiciales estrictos", por eso deben corregirse las malas prácticas registradas en este 1er. año.
Durante el 1er. año de vigencia del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Judicial 1 en Jalisco se registraron 5,154 detenciones, lo que significó un aumento de 43% en comparación con los 12 meses anteriores en los municipios que lo conforman, cuando se registraron 3,599, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, en este 1er. año acaso 1 de cada 3 llegó ante un juez de control para que se le califique la detención y determine si amerita o no la prisión preventiva, pues de los 5,154 detenidos, solamente 1,577 detenciones fueron calificadas en los 12 juzgados del Distrito Judicial 1, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.
Esto ocurre principalmente porque el Ministerio Público, que es el que se encarga de recibir a las personas detenidas por los primeros respondientes, no encuentra los elementos necesarios para que un juez de control considere que la detención fue legal, por lo que decide no ponerlos a su disposición.
Daniel Espinosa Licón, juez de oralidad en el Distrito Judicial Uno, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapotlanejo, explicó que el nuevo sistema de justicia ahora es más estricto para justificar las detenciones.
Primero se debe determinar si amerita prisión preventiva: oficiosa si son delitos graves, como homicidio, secuestro, violación, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad o los señalados en Ley de Delincuencia Organizada y la Ley de Salud. Y prisión preventiva justificada, que se decreta cuando el Ministerio Público, con datos de prueba, establece que existe riesgo de que el imputado se evada de la justicia, por ejemplo, que no tenga domicilio establecido, que haya incumplido anteriores citatorios, que tenga procesos pendientes, que haya amenazado a la víctima o testigos, o al intentar sobornar. Pero debe haber flagrancia.
Antes de la reforma de 2008, detalló, había 3 supuestos de detención en flagrancia:
1o.: Cuando eran detenidos en el momento mismo, llamada flagrancia pura.
2o.: La cuasiflagrancia, cuando ocurría el delito y comenzaba una persecución material y continua:
3o.: Y la presunción de cuasiflagrancia, la cual requería el señalamiento de la víctima y que no hubieran transcurrido 72 horas, figura que desapareció.
"¿Sabes cuántas detenciones bajo presunción de cuasiflagrancia ocurrían? La mayoría. Pero esta figura desaparece y nada más nos quedamos con la flagrancia pura y la cuasiflagrancia. ¿Por qué el legislador federal quitó esta figura? Porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no era acorde al respeto a los derechos humanos. De todas las detenciones legales antes de 2008, el 70% eran bajo esta figura que desapareció".
La población y el Gobierno se han percatado del incremento en los índices delictivos en Jalisco, lo que ha derivado en la justicia por la propia mano de los ciudadanos para castigar culpables.
Y es que el nuevo sistema de justicia, más garantista, está diseñado para encarcelar a los delincuentes sólo cuando el delito es grave o cuando hay riesgo de que se evada de la justicia, ya no sólo por robar un teléfono, a menos que reincida.
En medio de este panorama, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ha solicitado al legislativo federal ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, como los robos, dado que no ven otra manera para castigar a los presuntos responsables por su incapacidad para someterlos ante la nueva ley, expuso Guillermo Zepeda Lecuona.
"Lo que se está buscando es esta nostalgia de un Ministerio Público que extraña los subsidios de sus ineficiencias, porque lo que se está usando la prisión preventiva como una sanción de consolación".
Una víctima de un delito lo que pretende es que se le resarza el daño, que se le restituya el bien. Con el nuevo sistema los infractores deben restituir el daño, pero tienen la posibilidad de pasar su proceso en libertad, lo que no significa que no vayan a recibir castigo. No obstante, las autoridades deben conducir adecuadamente el asunto para que esto ocurra, pero como falta capacitación y personal, los casos han caído rápido en el rezago.
Es por ello que muchos infractores están en la calle aun si ya cuentan con antecedentes, pues como sus expedientes anteriores se encuentran archivados en rezago, el Ministerio Público muchas veces no se da cuenta y suelta a los reincidentes.
Así, ante esta deficiencia, en lugar de perfeccionar el proceso y dar salida a los asuntos pendientes, la propuesta de la Conago es mejor encerrar a más detenidos.
"No va a hacer una aportación real a las capacidades de investigación del Ministerio Público, solamente a su capacidad de sancionar a unos cuantos con unas penas desproporcionadas como espectáculo público o para estadísticas".
Esto sólo costará más al erario, unos 220 pesos diarios por prisionero, lo que además saturará las cárceles sin que se haya resarcido el daño de las víctimas, pues los casos seguirán atorados, pero ahora con más gente en prisión, insistió el investigador.
Daniel Espinoza Licón coincidió con la lectura de Zepeda en que no debe ampliarse el catálogo de delitos sino corregir errores.
"Yo creo que tenemos ante nosotros un excelente sistema de justicia, pero tenemos malos operadores. Creo que la solución serían buenas prácticas, capacitación y consolidar el modelo, no buscar reformas para dar marcha atrás a lo que ya hemos obtenido como ganancia. La lectura ha sido mala, no creo que sean los gobernadores los que llegan y afirmen que se necesita ampliar el catálogo de delitos, yo creo que sus asesores les informan del aumento de los robos. No es aumentar el catálogo, es hacer eficiente el actual".
Entre los fines del nuevo sistema de justica hay un verdadero respeto a los derechos humanos, de víctimas y detenidos, que se repare el daño a los primeros y se reduzca la población en las cárceles. Pero en lugar de eso, los delitos han aumentado, así como la impunidad, pues los infractores que ameritan estar encerrados, como contempla el sistema, están libres.
Pero esto no se debe al sistema, sino a los operadores, que al momento no han podido consolidar el modelo, que es ineficiente, porque la solución de los asuntos ha demorado más de lo esperado. Es ineficaz, porque existe un rezago que se traduce en impunidad, manifestó Daniel Espinoza Licón.
"Yo creo que tenemos un sistema de justicia que cumple con todos los estándares internacionales, el problema es que los operadores somos los que fallamos. Si tengo una persona ineficaz, que no fue debidamente capacitada; si tengo un servidor público corrupto del sistema tradicional y me lo llevan al modelo acusatorio, buscará la manera de seguir haciendo corrupción en este modelo".
Lo que deben revisar, añadió, es encontrar los errores y corregir las fallas para consolidar el modelo, donde la capacitación juega un papel primordial.
"Hubo una inequidad en torno a la capacitación: el poder judicial capacitó mucho a sus jueces, el Ministerio Público capacitó medianamente a su gente, y la policía capacitó deficientemente a sus policías, pero no fue porque quisieran, sino por los recursos, los malos profesores... mil cosas contribuyeron a que no hubiera una capacitación adecuada".
Aunque el estado tuvo 8 años para prepararse para el nuevo sistema de justicia, lo implementó casi al término del plazo constitucional. "¿Qué pasó? Como buenos mexicanos dejamos todo al final, 5 días antes de que cobrara vigencia el modelo y que estuviéramos obligados, ahora sí vamos a entrar".
(V.primera plana y págs.2-A y 3-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2017)En Guadalajara ya llevan varias. La más reciente, apenas el martes. Refieren las notas periodísticas que 2 jóvenes abordaron un autobús urbano de la ruta 275-F. A cierta altura del recorrido desenfundaron las armas que portaban y procedieron a asaltar al chofer y a los pasajeros. Uno de ellos forcejeó con uno de los ladrones y le arrebató el arma. Los 2 asaltantes bajaron de la unidad. Otro tanto hizo el pasajero armado. Los siguió y les hizo sendos disparos a la cabeza, mortales ambos.
Unos días antes, el empleado de una farmacia logró arrebatar el cuchillo y herir con él a un sujeto que pretendía robar la caja registradora; el fallido ladrón murió en la calle, cerca de la farmacia, a raíz de las heridas. Meses atrás, varias personas persiguieron a un individuo que supuestamente había cometido un asalto en calles céntricas, y lo golpearon hasta causarle la muerte.
Se trata, en efecto, de casos en que, de manera sumaria se asume la culpabilidad de una o varias personas, y en forma expedita, obviando careos, desahogo de pruebas y demás trámites judiciales que -nadie lo ignora- se caracterizan por engorrosos... y con demasiada frecuencia terminan siendo estériles, se aplica una forma extrema de justicia por propia mano: "ejecuciones extrajudiciales", para decirlo con un tecnicismo.
En el caso más reciente -el de "El Justiciero" del autobús- las autoridades confían en que las cámaras de seguridad hayan captado algunas imágenes que permitan identificar al doble homicida... Y más les vale que así sea. Porque si se atienen a que los testigos -que, en casos así, ordinariamente toman partido a favor de quienes hacen justicia por propia mano- aporten la información necesaria para que la policía y los jueces hagan el resto, "¡ya estuvo...!", como dicen por ahí.
Jaime García ElíasCon base en los testimonios y los avances en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el homicidio de 2 presuntos ladrones la tarde de este martes en Zapopan a manos de uno de los pasajeros de la unidad del transporte público que habían robado, pudo tratarse de un ajusticiamiento.
"Los alcanza ya abajo del camión, desarma a uno de ellos y les dispara a los 2, les quita las pertenencias que habían robado, regresa, se las entrega (a los pasajeros) y también al chofer del camión. Es extraño, o sea, todo el proceso es extraño", declaró el fiscal.
Pese a lo anterior, el secretario general [de Gobierno], Roberto López Lara, negó que se tratara de un ajusticiamiento; en cambio, calificó el hecho como defensa propia. "Hay una legítima defensa y no es de justicia por su propia mano, sino son circunstancias por el acto delictivo que se dio en ese momento y la Fiscalía del Estado está investigando".
Y aunque las autoridades constantemente han llamado a la ciudadanía a no tratar de confrontar a los criminales, según López Lara, el acto del ciudadano fue "valiente", pero también "imprudente".
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 24 de agosto de 2017)
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2017)
2 personas fueron asesinadas a balazos ayer por la tarde en Zapopan, al parecer, después de que habían intentado asaltar una ruta del transporte público, de acuerdo a información preliminar recabada por las autoridades.
Poco antes de las 15:30 horas reportaron a cabina 2 personas agredidas con arma de fuego, tras lo que se trasladaron unidades de Servicio Médicos y Policía Municipal al cruce de Periférico y Juan Gil Preciado, en Arcos de Zapopan.
Se presume que los 2 baleados abordaron un camión urbano donde sacaron un arma con la que intentaron asaltar. Fue que uno de los pasajeros los despojó del arma.
Al parecer descendieron y una vez en el suelo el pasajero les disparó, pues se encontraron casquillos calibre 9 mm en el piso.
Los balazos no fueron hechos a diestra y siniestra, sino que les acertó a los 2 en la cabeza; al que fue a dar a la Cruz Verde además le dio en el tórax. Tras esto, según un testigo, el hombre se retiró del lugar en otro camión.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2017)Un efectivo Estado de Derecho reduce la corrupción, el combate a la pobreza, la inseguridad y protege a las personas de las injusticias, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo de investigación y análisis del sector privado recordó que en éste se basa un ambiente de paz, de oportunidades y equidad, que sustenta el desarrollo, un gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales.
Expuso que durante las últimas 3 décadas se han instrumentado diversas políticas económicas en busca de fortalecer el crecimiento de la economía.
Medidas de política monetaria, fiscal, de competencia y en materia inversión, entre otras, que si bien lograron establecer un entorno de estabilidad macroeconómica, no han podido concretar su objetivo de elevar el ritmo de crecimiento, señaló.
El CEESP sostuvo que la corrupción y la impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico, y añadió que un ambiente así es la base de un entorno de desconfianza que inhibe una mayor inversión productiva, y por lo tanto limita la generación de nuevos puestos de trabajo mejor remunerados.
(V.periódico El Informador en línea del 21 de agosto de 2017)Sin decir agua va, los asistentes a una especie de convención promovida por los llamados hijos de la Luz del Mundo bloquearon por 10 horas la zona de la Minerva hasta la avenida Américas el pasado domingo 13 de agosto. El caos fue total, mientras los Oxxos se abarrotaban con los congregados, los restaurantes se quedaban sin clientela ya que ésta no podía llegar dado el embotellamiento vehicular.
Qué bueno que estas personas decidieron salir del closet, pero que no lo hagan a costa de la ciudadanía. Que las avenidas de nuestra ciudad sean utilizadas para marchas, manifestaciones, desfiles o lo que sea, es algo que ocurre pero en 2, 3 horas ya todo volvió a la normalidad, pero 10 horas fue un abuso consentido por la autoridad y no sabemos qué precio.
Si por años esta congregación ha sido más bien ignorada por los tapatíos ahora ha comenzado a ser detestada a causa de su neurótica búsqueda de protagonismo.
Razón y AcciónAllá por mayo, cuando recién estrenaba el puesto de presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera lanzó un ¿operativo? policíaco en Guerrero, hasta donde se trasladaron elementos y equipo policíacos de la capital. Consulté entonces a un abogado sobre la legalidad del uso de esos recursos de la CDMX allende Cuautitlán y esto fue lo que mi fuente contestó:
"Cada fuerza de seguridad solo puede operar en su jurisdicción. Cualquier acción fuera de ella es ilícita".
"Quien ordena actuar fuera de la jurisdicción incurre en el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública según el artículo 262 fracción II del Código Penal de la CDMX. Por ello, se le impondrían de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas use ilegalmente la fuerza pública".
"Asimismo, en virtud de que los policías de la CDMX deberían estar actuando en su jurisdicción y no en otra", según esa fuente, "queda encuadrado el tipo penal de 'uso ilegal de atribuciones y facultades' si nos atenemos al artículo 267, fracción II, comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades aquel servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieran destinados...".
En el operativo en Guerrero, Mancera movió aparte de los elementos policíacos, camionetas, patrullas, camiones, e incluso elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la PGJ. Chulada.
E incluso las detenciones que se hubieran realizado en Guerrero serían ilícitas e incluso los policías podrían ser acusados de incurrir en delitos al estar operando fuera de su jurisdicción.
Y es que, según me explicaron, "las únicas ocasiones en que se justifica enviar apoyo a otros estados es por temas de protección civil y hay marco jurídico para tal efecto".
Claro, Mancera no ha hecho más operativos estatales, ahora "solo" regala patrullas que, según medio ha dicho él mismo, ya no eran funcionales para la CDMX.
¿Por qué en la capital no se ha convertido en un tema si es legal o no lo que hace su (no se rían) gobernante?
Quizá sea porque nadie se toma en serio a Mancera. Ni en la capital (ya para qué), ni en la República, donde a "los mismos" del Frente y del PRI conviene que siga tristeando en las encuestas, por si se le requiere en 2018 para atomizar el voto.
Salvador CamarenaLa Arquidiócesis Primada de México aseguró que es la sociedad quien padece las carencias en la implementación adecuada del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y de cómo se han aprovechado sus deficiencias para que se puedan cometer delitos que no ameriten prisión, pero que siguen lastimando a los mexicanos.
A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la Iglesia señaló que este sistema "agarró a los impartidores de justicia con los dedos en la puerta" y a poco más de un año de su puesta en marcha "pone en la mesa más preguntas que resultados contundentes en beneficio de una sociedad agobiada por los delitos y la acción imparable del crimen".
"Puerta Giratoria" es el título del artículo que afirma que los ciudadanos no dieron crédito cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de más de diez mil presos de las cárceles de la Ciudad de México. "El supremo tribunal determinó en julio pasado que a los procesados bajo las reglas del antiguo sistema penal se les debían aplicar los beneficios del Nuevo Sistema Penal Acusatorio".
Aquellos procesados y reos que no hayan cometido delitos como crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos e infracciones graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, podrán quedar libres, apuntó el editorial.
Se retoman datos del Informe Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A C, (CIDAC), que dice que el sistema de justicia enfrenta graves problemas para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
"Hay defectos legislativos producto del escaso análisis parlamentario, además de las deficiencias institucionales en las procuradurías y policías debido a la escasa profesionalización para llevar a los criminales ante la justicia. En las movedizas determinaciones del poder judicial, los jueces locales ven rebasadas sus capacidades, difiriendo audiencias o bien decretando sanciones en libertad para que los culpables cometan otros ilícitos".
El mismo reporte manifiesta que, ante la Procuraduría General de la República, de 2 carpetas de investigación iniciadas, una esté pendiente de solución, "lo que arroja evidencias del fracaso en cuanto a la agilidad e impartición de justicia expedita conforme a los propósitos de la reforma. En el colmo, al año de haberse echado a andar el sistema, el procurador general de la República habría reconocido la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia".
Subraya que bastaron 8 años para adoptar la reforma penal y a pesar de ese tiempo, se admite que no era lo que se esperaba. "Vicios arraigados, corrupción e ineficiencia han hecho que quien esté pagando la incapacidad de algunos sea la sociedad mexicana que ya no sabe cómo librarse de estas lacras".
Al final, el texto afirma que algunos magistrados locales admiten que el Sistema Penal Acusatorio es una peligrosa puerta giratoria "los criminales entran y salen de los juzgados como si nada pasara, y sólo para elevar los índices delictivos que algunos se empecinan en minimizar".
(V.periódico El Universal en línea del 13 de agosto de 2017).La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, a quien ya deberían haber cambiado, debe actuar de inmediato y enfrentar su importante responsabilidad de resolver el problema del Aeropuerto Miguel Hidalgo en Guadalajara con los ejidatarios, que día a día continúan bloqueando con sus marchas la eficiente circulación de vehículos de las personas que tienen necesidad de llegar a tiempo para tomar su vuelo a la hora que se les ha asignado, muchos pierden el avión.
Sin embargo, se ven filas interminables de vehículos detrás de las marchas de los ejidatarios, ¿y la SCT? bien, gracias. ¿Qué no se dan cuenta que tienen que solucionar este problema inmediatamente, que perjudica a todos los que quieren estar a tiempo para abordar su vuelo y por supuesto a Guadalajara, a su economía y desarrollo?
José Manuel Gómez Vázquez AldanaEn el 2o. día del foro "La Justicia que México necesita: Mitos y Realidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio", el especialista Santiago Corcuera, advirtió que el problema no es la ley sino los operadores.
María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común; Alejandro Hope, analista en materia de seguridad, y Cecilia Real, investigadora de México Evalúa, sostuvieron que los ministerios públicos y los jueces son responsables de las deficiencias en la instrumentación del nuevo modelo de justicia.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Álvaro Vizcaíno Zamora, ubicó en las Unidades de Medidas Cautelares a la afamada "puerta giratoria", esto es, que inculpados salen a la calle a la brevedad por las normas de la Justicia Penal Acusatoria.
Existen 29 unidades estatales y en 26 casos salen reprobadas en su funcionamiento. Con todo, argumentó que la realidad nacional amerita que el catálogo de prisión preventiva, de 8 causas, incluya las de posesión de arma de uso exclusivo del Ejército y el robo de hidrocarburos.
En tanto, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado del Senado, Luis Humberto Fernández Fuentes (PT), señaló que el Sistema Penal Acusatorio no ha dado los resultados esperados, porque el Estado no se adaptó a la aplicación del nuevo modelo.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2017)El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, rechazó que el nuevo Sistema Penal Acusatorio sea el responsable del aumento de la incidencia delictiva y del incremento de homicidios.
Consideró que los jueces y el mal funcionamiento de los investigadores son los causantes de que los delincuentes queden libres.
"No quiero decir que el nuevo sistema sea una panacea o perfecto, obviamente tiene sus problemas en el 1er. año de su introducción a escala nacional", expresó.
Calificó de "preocupante" la atmósfera del populismo penal que lleva a políticos a criticar públicamente el nuevo sistema y a los jueces por liberar a delincuentes, cuando en la mayoría de los casos esto se debe al mal funcionamiento de investigadores que registran deficiencias técnicas, además de que no pueden contar siempre con la cooperación espontánea de los ciudadanos por la falta de confianza.
(V.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 11 de agosto de 2017).Es preciso explicar en qué consiste el cambio respecto a la prisión preventiva. En el anterior sistema penal se abusaba de manera sistemática de dicha figura. Como regla general, se encarcelaba a las personas antes de determinar si eran culpables o no y existía una larga lista de delitos merecedores de prisión preventiva forzosa. El juez no podía distinguir las circunstancias entre un caso y otro.
Debido a estas reglas, hoy en día, aún permanecen tras las rejas hombres y mujeres sin ser juzgados. Esto causó también un enorme problema de sobrepoblación carcelaria y descontrol en las prisiones, llegando al punto de que se tenían hasta 40 personas en una misma celda. Era un escenario dantesco.
A diferencia de lo anterior, el sistema de justicia acusatorio vigente le exige al juez que haga su trabajo y con ello asuma el rol de ponderar elementos sobre el riesgo para al final determinar si aplica o no la medida cautelar. Se mantiene un catálogo de delitos de prisión preventiva de oficio, pero es posible -sin necesidad de reforma alguna- que el juez aplique dicha figura en todos los delitos que merezcan como castigo la cárcel y se justifique que el imputado pueda escapar, sea un riesgo para el proceso, la víctima o la sociedad.
La prisión preventiva, además de ser muy costosa, no sirve para el esclarecimiento de los hechos, tampoco para evitar la impunidad y mucho menos para reparar el daño a las víctimas. Al contrario, incentiva las investigaciones mal hechas, los fiscales mal preparados y las argucias para incriminar sin motivo a un imputado, además de ser contraria a la presunción de inocencia.
En estos momentos de coyuntura política y electoral, aderezada de enojo ciudadano consecuencia de la inseguridad, debemos apostar por la consolidación del nuevo sistema de justicia penal y exigir a nuestros gobernantes hacerse responsables de sus acciones.
Lo que México necesita son soluciones de fondo: reingeniería de las instituciones de seguridad, administración y procuración de justicia, mejor investigación, así como la capacitación y evaluación efectiva de los operadores del nuevo sistema penal acusatorio. De lo contrario, no sólo tiraremos a la basura los más de 18 mil millones de pesos que se han erogado para ponerlo en marcha, sino también se perderá una oportunidad histórica de mejorar un sistema de justicia tan lastimado y tan necesario para nuestro país.
Bartha María Alcalde Luján, profesora-investigadora del Instituto Nacional de Ciencias PenalesUno de los argumentos que los políticos nos dieron para cambiar el viejo sistema penal inquisitivo por el acusatorio es que esto generaría una mayor transparencia. En el nuevo sistema las audiencias serían públicas. Tendríamos así juicios como los que vemos en las películas estadounidenses o francesas. Se aplicaría en México por fin el "principio de publicidad" en los juicios, una verdadera transparencia.
Una vez más nos engañaron. Los problemas y costos del traslado al nuevo sistema han sido enormes. El cambio ha coincidido con un aumento en la criminalidad, lo que ha hecho que algunos culpen al nuevo sistema por esta tendencia. Pero un beneficio tan simple como la mayor transparencia de los juicios simplemente no se ha manifestado.
Samuel González Ruiz, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, me explica que los mexicanos que queremos saber qué pasó en la audiencia de Javier Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero del 22 de julio tenemos que confiar en el trabajo y conocimiento jurídico de los reporteros presentes. El público no tiene acceso a los registros y grabaciones de la audiencia.
La publicidad de la información de un juicio mejora la impartición de justicia. Cuando cualquiera puede revisar las pruebas y declaraciones, es más difícil que un proyecto se corrompa. Supongo que por eso el principio de publicidad se quedó en promesa.
Sergio SarmientoUna de las secuelas más crueles de la crisis de violencia en México durante los últimos años se expresa en las fosas clandestinas: inhumaciones ilegales con el propósito de ocultar cadáveres y evitar que se investiguen y sancionen estos crímenes atroces.
Resulta indignante constatar que las autoridades responsables apuestan al olvido, y que el tema únicamente resurge en aquellos casos que alcanzan a tener un impacto político y mediático. En la mayoría de los casos, son los propios familiares de los desaparecidos quienes se organizan y forman brigadas, en ocasiones con pico y pala (sin comillas), para encontrar los restos de sus seres queridos, sin tener siquiera constancia de su muerte.
Por lo pronto, y por la naturaleza clandestina de las inhumaciones, no se sabe, ni siquiera con mediana aproximación, cuántas fosas hay en México. De acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, emitido el pasado mes de abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre enero de 2007 y septiembre de 2016, los estados que reportan mayor número de fosas localizadas son Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y Coahuila; sin embargo, de acuerdo con otras fuentes que cita el informe, también se tienen que considerar a Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco.
En dicho informe se reporta el hallazgo de 855 fosas clandestinas con 1,548 restos humanos, de los cuales sólo la mitad ha sido identificada. Ahora, lo más probable es que estos números sean mayores, pues el informe, al citar también otras fuentes, reporta hasta 1,143 fosas y 3,230 restos localizados. Un posible parámetro de la magnitud de la catástrofe podría ser el hecho de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas señale que, para abril de 2017, habían sido reportadas como desaparecidas 31,053 personas en las procuradurías estatales y 1,093 ante la PGR.
En todo caso, la existencia de estas fosas es un signo alarmante de impunidad que no puede seguir siendo ignorado, tolerado y, mucho menos, olvidado. Tenemos que exigir que el Estado realice mediante las instituciones responsables (es decir, las policías y las procuradurías), las investigaciones para conocer el tamaño del infierno que se oculta detrás de las fosas clandestinas; para que se acredite la identidad de las personas inhumadas y se apoye a sus familiares; para que haya justicia esclareciendo las causas de su desaparición, identificando a los homicidas y castigándolos conforme lo dicta la ley.
Desde luego, esta tragedia nacional, como muchas otras, desnuda las incapacidades de nuestras policías y fiscalías. Por ello, y con más razón, debemos insistir en su transformación institucional. Sólo así tendrá sentido exigirles lo elemental: homologar en todo el país procedimientos para la localización de fosas y restos, y que, además, opere en cada entidad federativa un área forense especializada, responsable de alimentar un sistema nacional de información genética que permita la pronta identificación de cuerpos y restos localizados. Se trata, en suma, de construir un verdadero Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
¿Qué esperan las autoridades para empezar a trabajar? Ahí están las fosas de Jojutla, Morelos; de Cocula e Iguala, en Guerrero; de San Fernando, en Tamaulipas; de Colinas de Santa Fe, en Veracruz; de Ciudad Juárez, en Chihuahua; o las de Durango... y sabemos que no son las únicas.
No permitamos que las autoridades claudiquen de su responsabilidad institucional.
María Elena Morera, presidenta de Causa en ComúnLa Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que presentó el INEGI hace algunos días, supone la arquitectura de un sistema judicial fallido. Policías que detienen sin atender a los principios más mínimos del debido proceso; ministerios públicos adictos a presionar por confesiones, y que no vacilan en utilizar cualquier tortura física o psicológica para obtenerlas; prisiones en donde se paga por protección, electrodomésticos o hacer llamadas telefónicas. Lo que falla no es el nuevo sistema penal acusatorio, sino las autoridades encargadas de detener, investigar y reinsertar bajo principios democráticos y apegados al estado de derecho.
Ya intuíamos el perfil de quién está en prisión, y los datos de la encuesta confirman dicha percepción. Los convictos son, sobre todo, jóvenes de entre 18 y 39 años. Hombres en edad de plenitud laboral. El 72% sólo cursó educación básica: primaria y secundaria. Y si partimos del hecho, probado por distintos estudios -entre ellos el de movilidad social intergeneracional del propio INEGI- de que hay una fuerte correlación entre nivel educativo y estatus socioeconómico, podemos inferir que en la cárcel hay, en su amplia mayoría, pobres. El arquetipo es innegable: jóvenes poco educados y pobres.
Aunque haya sido negado por décadas en público, la tortura es la regla en nuestro país. Ya sea para obtener información, conseguir confesiones o cualquier otra meta, pero el sistema hace de la tortura una herramienta cotidiana de actuación de policías y ministerios públicos. Las cifras del estudio no dejan lugar a dudas: 2 de cada 3 detenidos en México son violentados físicamente; 46% son desvestidos o desvestidas, y las amenazas contra los familiares son comunes. Esto arroja una de las piedras angulares de nuestro podrido sistema de procuración e impartición de justicia: arrancar confesiones a través de tácticas violatorias de los derechos humanos. La tortura es el sistema mismo, no una excepción como suelen decir fiscales, mandos policiacos y jueces. Y luego nos preguntamos por qué los sistemas garantistas no funcionan.
La tragedia es aún más dramática cuando entendemos que el 30% de las personas privadas de su libertad no tienen sentencia y el 14% tienen más de 2 años esperando que su juicio concluya. ¿Cuántos inocentes esperan en soledad una sentencia? ¿Cuántos hombres y mujeres fueron arrebatados de su familia a través de casos fabricados y corrompidos ante la médula? La invisibilización de las prisiones, la indiferencia social ante lo que sucede en ellas, provoca el caldo de cultivo propicio para que el sistema coopte e impida la reinserción social. La corrupción endémica de las prisiones: la mitad de los reos ha pagado para obtener electrodomésticos; 30% para hacer llamadas telefónicas, y 17% lo hace por protección. Todo administrado por el jefe de custodios, el gestor de la corrupción y la impunidad.
Las deficiencias del sistema carcelario, la ausencia de eso que llamamos "reinserción social", es la llave maestra que conduce no a la reinserción, sino a la reincidencia. En México, 1 de cada 4 presos es reincidentes. La mayoría por robo y por posesión ilegal de drogas. Los penales han sido convertidos en espacios aptos para la reproducción del crimen, no sólo por la estructura corrupta de cooptación de nuestro país, sino también porque los ciudadanos no entendemos la importancia para una sociedad cohesionada y con perspectiva de futuro.
Hay quien cree, legítimamente no lo dudo, que el problema de violencia en México es producto de la desintegración de la familia. Dicen: los divorcios, los problemas familiares, están detrás de una especie de "crisis moral" que sacude a la sociedad mexicana. Es un argumento típico del conservadurismo. Sin embargo, lo que muestra el estudio demoscópico del INEGI, es que la mayoría de los criminales (68%) surgen de familias biparentales y el mínimo de núcleos familiares que han sido desintegrados con anterioridad. Nadie niega que la familia es importante, pero no es una variable que explica la delincuencia en un país como México.
No exagero si sostengo que el futuro del país pasa por arreglar el sistema judicial. Sin estado de derecho no hay economía justa posible y tampoco condiciones mínimas de igualdad entre los ciudadanos. La impunidad y la corrupción se perpetúan, reproduciéndose a gran velocidad, en un pantano de detenciones ilegales, investigaciones amañadas y que violan derechos humanos, jueces que ayudan a abogados con poder y sistemas carcelarios controlados por los delincuentes. Siempre es seductor inventar el hilo negro y creer que un nuevo "sistema anticorrupción" va a barrer con todos los vicios de un modelo de impartición de justicia podrido hasta la médula. Las cárceles son el espejo del fracaso del sistema. Una tragedia a la que nadie le quiere entrar de fondo.
Enrique Toussaint OrendáinEl nuevo Sistema de Justicia Penal aún no requiere ajustes sino que se refuerce la capacitación de los involucrados y se trabaje en políticas reales de prevención del delito, aseveró Víctor Hugo Hernández Escobedo, representante de la Comunidad de Abogados Independientes de Jalisco, quienes salieron en defensa del nuevo modelo. Argumentó que el periodo de un año de aplicación de este sistema no es tiempo suficiente para evaluarlo y pretender hacerle cambios. El abogado afirmó que las reformas al sistema, que han solicitado actores como el gobernador y los alcaldes metropolitanos, no son necesarias y podrían convertirse en una regresión.
"Las voces oficialistas que atacan al nuevo sistema de justicia y que buscan sepultarlo con la contrarreforma, son precisamente los que fallaron en su fortalecimiento y evadiendo su responsabilices. La capacitación a la que se le destinaron millones en muchos casos se redujo a 2 días de instrucción. Realmente la capacitación a los policías, al 1er. respondiente que es el sustento es prácticamente nula", expuso.
Hernández Escobedo sostuvo que, para que el nuevo sistema arroje mejores resultados, se requiere el diseño de una política de prevención del delito y fortalecimiento de las capacidades de investigación, profesionalizar a policías, ministerios públicos y unidades de apoyo al proceso.
Añadió que propuestas como la de ampliar el catálogo de delitos en los que se aplica la prisión preventiva son riesgosas pues se volvería al sistema inquisitivo, donde todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. El especialista dijo que se debe dar un periodo de por lo menos tres años para que el cambio de modelo dé resultados en aspectos como combate a la corrupción, despresurización de prisiones, dar más transparencia a los procesos y garantizar el derecho de acceder a una justicia pronta y expedita.
Calificó como grave la decisión del Consejo de la Judicatura de trasladar a los titulares de los juzgados del anterior sistema, conforme van cerrando estos juzgados, y convertirlos en jueces de control en el nuevo modelo. Argumentó que se trata de una decisión arriesgada ya que el sistema de justicia adversarias requiere una preparación y formación totalmente diferente.
(V.periódico El Informador en línea del 2 de agosto de 2017)En Jalisco tenemos déficit de Ministerios Públicos, saturados de trabajo y acostumbrados a "catalizar" sus investigaciones con métodos violentos y agresiones físicas.
La película completa la cuentan estudios recientes del CIDAC, Jurimetría y el INEGI: hay 381 fiscales para más de 7 millones de habitantes en el estado -6o. lugar en déficit nacional-, que atienden más de 650 casos al año cada uno.
Por si fuera poco, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del INEGI reveló que 61% de los presidiarios en cárceles del estado reportó agresiones físicas infligidas por personal ministerial.
Patadas, puñetazos, golpes con objetos, quemaduras y hasta descargas eléctricas. Esos son los "usos y costumbres" en una agencia del Ministerio Público.
Lo que se llama justicia "pronta, expedita y puñetazos para todos".
Allá en La FuenteAnte el incremento de la inseguridad y rebasados por la violencia, ya 3 estados del país, Nuevo León, Baja California Sur, Guanajuato, han modificado su código legal, ampliando la figura de legítima defensa, para proteger a los ciudadanos que maten en defensa propia. 7 más avanzan hacia la despenalización: Tamaulipas, Baja California, Quintana Roo, Tabasco. Y en Jalisco, la diputada Ruiz Moreno busca lograr cambios al código penal para establecer una ampliación del término legítima defensa para que cualquier persona pueda defenderse, disparando, de un robo en su domicilio, por ejemplo.
Así, esta ampliación que legitima la defensa propia, es una acción de respuesta, ante la realidad que vive el país, que es vista por los legisladores de distintos partidos como un mal necesario... sin embargo, esto llevará al aumento de la posesión de armas... y, claro, de muertes.
Y mientras esto ocurre, mientras los legisladores buscan escapes a la amenazante situación que viven los mexicanos, mientras la ciudadanía se armará para proteger su integridad en legítima defensa, ¿qué razón esgrime el Estado que le disculpe el incumplimiento de su primigenia obligación: la protección de su ciudadanía?
Lourdes Bueno2 personas fueron detenidas por su presunta participación en el video de los "Justicieros de Santa Julia", en el que enmascarados golpean a un hombre que se dedicaba a asaltar.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 25 de julio de 2017).Un real combate a la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado es lo que hace falta en este país: modificar las leyes para castigar a quienes delinquen y no olfrecerles garantías.
Adela Navarro BelloNo obstante que en la casi totalidad de las 430 cárceles que hay en el país -según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- hay sobrepoblación, hasta el punto de que en algunas de ellas se triplica o cuadruplica el cupo para el que idealmente tienen capacidad (solamente de alojamiento, valga el subrayado), la realidad es que más del 90% de los delitos que se cometen en el país quedan impunes. Eso significa que sólo una minoría de los delincuentes están encarcelados.
La misma CNDH, en un informe de marzo pasado, sostiene que en 65% de las cárceles mexicanas impera el autogobierno, consistente en que, ante la incapacidad de la autoridad para imponer sus normas o para simplemente mantener el orden y la disciplina en una población penitenciaria que la rebasa notoriamente, el crimen organizado controla la vida cotidiana dentro de los reclusorios, ante la complacencia de las propias autoridades.
Para los teóricos del derecho penal, la privación de la libertad del delincuente debe crear en él, por el sufrimiento que la sanción implica, "motivos que lo aparten del delito en lo porvenir, y reformarlo para readaptarse a la vida social" (Cuello Calón). Las prisiones, así, deberían ser -y de hecho así se denominan- Centros de Readaptación Social. En ellas, supuestamente, los internos deberían ejercer un oficio, tanto para obtener ingresos que contribuyan a su manutención y la de sus familiares, como para facilitarles la posibilidad de reinsertarse en la sociedad una vez que, purgada la pena, se reintegren a ella... En teoría, excelente. En la práctica, un mito.
Jaime García ElíasLa guerra contra el crimen organizado nos heredó más que un país sumido en una profunda crisis de inseguridad. Nos heredó, también, un relato institucional y político. Una narrativa que justificó y justifica la violencia. Felipe Calderón, como presidente del país, fue el artífice de ese estribillo que se repitió hasta el cansancio: los malos se están matando entre ellos. México vive 2 realidades: la de los buenos que no tienen nada que temer, y la de los malos que se aniquilan sin compasión. Colgados, descabezados, cuerpos abandonados, ajustes de cuentas, levantones y desapariciones, todo obedecía a la misma causa: los criminales se están matando entre ellos. Los mexicanos de buena conciencia pueden estar tranquilos, la violencia nunca extenderá sus tentáculos hasta poner en riesgo su vida. Mientras andes en buenos pasos, no tienes nada que temer. Los asesinatos son patrimonio exclusivo de los criminales.
El relato se reprodujo cual metástasis. Se fue Calderón, pero la narrativa perduró. Enrique Peña Nieto o Miguel Ángel Osorio Chong explican la violencia a través del mismo espejo. El gobernador de Jalisco, el fiscal general del estado, los presidentes municipales. Todos, al unísono, nos quieren convencer de que los miles de asesinados en México son producto de un ajuste de cuentas entre culpables, entre aquellos a los que no hay que dedicarles ni una investigación. Son malos y punto final. Un thriller en donde los buenos llevan su vida con absoluta normalidad, mientras a su alrededor, los "malos" caen fulminados. Una narrativa eficaz porque transmite una falsa paz y que, a su vez, resulta una hipótesis incomprobable e infalseable. ¿De dónde sacan los políticos que en un país donde mueren más de 20 mil mexicanos asesinados al año, sólo caen los narcos y los criminales? ¿Existe un solo dato que confirme esa hipótesis en un país, que como refería Alejandro Hope, tiene una tasa de impunidad altísima en materia de homicidios? ¿Sólo 43,000 personas pagando por homicidio, cuando ha habido de 2000 a 2015, 250,000 homicidios en México?
El relato que normaliza la violencia es preocupante por varios motivos. En 1er. lugar, porque viola la columna vertebral de lo que implica la presunción de inocencia y la investigación en un estado de derecho. La criminalización automática de todo aquél que es víctima de un homicidio, que tiene características de ajuste de cuentas, despresuriza al Ministerio Público de hacer una investigación consistente y dicta sentencia en un juicio sumario que no garantiza los derechos procesales del indiciado y de la víctima. Es ante todo una puesta en escena que tiene como objetivo lavarse las manos frente a la inoperancia de las autoridades.
Divide a la sociedad en buenos y malos, acentuando el carácter de "guerra" entre los mexicanos. Al ser una novela de ciencia ficción, en donde los responsables de la seguridad prefiguran una sociedad dividida en donde los buenos viven en paz y los malos en un pantano de violencia desmedida, se fortalece la idea de que el objetivo de la estrategia de combate al crimen debe ser "acabar con los malos". No partimos de un modelo que permita la reconciliación y la paz entre mexicanos, por el contrario. En algún momento el propio presidente Felipe Calderón dijo que el incremento en los asesinatos era una consecuencia lógica de enfrentamientos entre los cárteles ante el asedio del Estado. A tal nivel llegó que incluso esbozó que el incremento en los homicidios nos acercaba al objetivo de acabar con el narcotráfico. Un razonamiento sumamente peligroso y más proveniente de un gobierno.
Sabemos que la política tiene mucho de impostura. En la mayoría de las ocasiones, lo relevante para un gobernante no es ser preciso en su análisis o dar la respuesta adecuada a un problema particular. Sino imponer su relato; la narrativa que justifica sus acciones y le permite eludir responsabilidades. "Se matan entre ellos", "ajustes de cuentas", "la culpa es del nuevo sistema penal", son explicaciones a la inseguridad que vivimos que, al repetirse de forma incesante, parece que son verdades indebatibles. Es una forma de mentirnos. En realidad, como lo demuestra "marcados para morir", un lúcido artículo de José Merino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro en Nexos, los homicidios más que con los "criminales", se ensañan con los pobres y excluidos.
Tras una década de una irresponsable guerra contra el narco, sustentada en una estrategia que sólo ha generado más violencia, es tiempo de comenzar a deconstruir el relato que ha justificado lo que vivimos todos los días. Que ha normalizado miles de muertos, el ejército en las calles, violaciones a los derechos humanos, abuso de las autoridades y una violencia cotidiana naturalizada.
Enrique Toussaint Orendáin"La vida no vale nada" es una frase cada vez más cierta en México donde, con mayor frecuencia, la muerte resulta una oferta gratuita en la violencia generada, solapada, acrecentada. Ya no se busca a los culpables, tampoco se procura justicia, y los cadáveres son sepultados en tumbas clandestinas. Todo parte de la cancelación de la vida que Calderón definió como "daño colateral".
Lourdes BuenoEl nuevo sistema de justicia penal ha sido atacado por implementar restricciones a la prisión preventiva. Se busca resarcir las graves consecuencias que el encarcelamiento discrecional tiene en los acusados.
Cynthia RamírezEl núcleo más desprotegido en la cadena de impartición de justicia está en un engranaje clave del sistema: los policías que a diario recorren las calles.
David Quiñones Soto, coordinador de la carrera de Criminalística en la UdeG, afirma que, al obtener ingresos que "difícilmente" permiten mantener a sus familias, los oficiales optan por buscar recursos de otras formas, aunque éstas no siempre sean éticas. La excepción, agrega, está en los mandos altos, pues ellos ya reciben un salario mayor.
"Esos ya sabemos que ganan otras cantidades de dinero que se aprueban entre el ejecutivo y el legislativo, y que hacen toda una maraña para que cuadre con el objeto de que no perciban salarios bajos. Pero la gente, todo el resto de la tropa, la que anda en la calle y no tiene acceso a hacer esos 'business', en realidad no cubren sus necesidades más elementales. Por ello, cuando se les presenta alguna oportunidad, la toman".
Hay otra realidad y se encuentra en el interior del estado. Los policías de los municipios más alejados de la ciudad tienen un obstáculo adicional y es el de su capacitación.
Porque, si hay algo que "atora" la aplicación del nuevo modelo de justicia, es el inicio de la investigación. Y esta arranca con el 1er. respondiente: los policías que llegan 1o. al lugar en que ocurrió algún delito. "No es óptimo el trabajo que desempeñan ellos. De ahí, en parte, el fracaso parcial que ha tenido el sistema: al actuar del primer respondiente. Hay muchas deficiencias".
Además, considera un contrasentido el presupuesto que año con año se autoriza para las estrategias de seguridad y que los oficiales reciban una mínima fracción de éste. "Todos: desde la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública, los gobernadores, las fiscalías o procuradurías estatales y las policías municipales, le rasuran a ese presupuesto, de tal manera que cuando se habla de una aplicabilidad, no hay el dinero suficiente".
En conclusión, el sueldo actual de los uniformados fomenta la corrupción. Y ninguna de las iniciativas que buscan mejorar sus condiciones laborales, para evitar que sigan creándose estos escenarios, ha dado el resultado esperado. Cambiar la situación actual, remata, depende de que los gobiernos prioricen el factor humano en sus cuerpos de seguridad, para así garantizar que éstos se descontaminen.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 14 de julio de 2017).Uno sufrió 2 atracos seguidos, otro lo vivió a punta de pistola en la puerta de su casa, a una más la bajaron del carro en 2 segundos. Actores, directores, empleados de foros. Nada nos distingue de otros tapatíos: entre los teatreros de Guadalajara, los asaltos en la calle también son una constante. También nosotros estamos hartos y abrumados.
Y aun peor: los propios policías le dicen a los afectados que denunciar no sirve de nada y, para más asco, que si detienen a los ladrones vale más golpearlos, porque quedarán libres. Eso es lo que recomiendan los policías y luego lo repiten en las oficinas de Ministerio Público.
Atención con esto, señores Enrique Alfaro, Pablo Lemus, María Elena Limón y otros alcaldes tapatíos. No se le olvide esto, señor Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, ni deje de tomar nota, señor Eduardo Almaguer, fiscal general del estado.
Porque, igual que le ocurre a todos los demás tapatíos, en el teatro vemos con vergüenza y con impotencia que ni las autoridades de Alfaro ni las de Aristóteles -ningún extremo de nuestro supuesto espectro político, pues- pueden con la criminalidad cotidiana. Y desde nuestros simples valores deploramos en Facebook los atroces videos de quienes intentan linchar a supuestos ladrones.
Parafraseo a un recién afectado: ¿cuánto más desesperadas se quedarán las víctimas de crímenes tan destructivos como una extorsión? ¿Qué se sentirá que un pariente tuyo desaparezca y desalienten tu denuncia?
Es doloroso que te digan que eres igual al repugnante tipo al que un video de Facebook dice que detuvieron robando, pero es peor cuando te dicen que era inocente, que lo golpearon porque sí y que nada evitaba que el sospechoso hubieras sido tú.
Somos iguales.
Somos ciudadanos comunes. Somos fabulosamente incapaces de combatir a la delincuencia -para eso votamos y pagamos funcionarios públicos-, pero estamos listos para trabajar por nuestra ciudad, por nuestros vecinos.
Necesitamos refundar el pacto que permite que nos llamemos "ciudad" y "vecinos". Muchos teatreros lo intentan, con sus pequeños recursos; nos recuerdan que tenemos la solidaridad y humildad para hacernos fuertes y para no olvidar que la justicia por mano propia se vuelve en contra nuestra.
Hoy mismo, muchos tapatíos la consideran legítima, y los demás estamos en el límite de empezar a comprenderlos en silencio. Eso no es una farsa, señores Sandoval, Alfaro y similares.
Es una simple tragedia.
Iván González VegaLa prisión preventiva no castiga a un culpable, sino a un sospechoso antes que un tribunal lo juzgue culpable. No se debería aplicar más que en casos extremos.
Muchos políticos, activistas y comentaristas, sin embargo, están molestos con el nuevo sistema penal acusatorio porque dicen que ha acortado la lista de delitos que obligan a aplicar la prisión preventiva. Según ellos, esta decisión ha provocado un aumento de los delitos. Es difícil saber en realidad cuáles son las razones de esta alza, pero la impunidad y el recrudecimiento de las guerras entre grupos de narcotraficantes parecen ser las causas. Encarcelar a inocentes no revertirá la tendencia.
¿Por qué digo que encarcelar a inocentes? Porque en buena medida esto hace la prisión preventiva.
Pero empecemos por el principio. El nuevo sistema penal acusatorio no tiene nada que ver con la prisión preventiva. La decisión de eliminarla para una serie de delitos es independiente y se tomó por una razón práctica, disminuir la sobresaturación de las cárceles mexicanas, y por otra ética, dejar de castigar antes de juzgar. Esta última es la más importante.
El ánimo de linchamiento que prevalece en nuestro país hace pensar que todo detenido es culpable. Pero la realidad es otra. Mientras que en otros países se investiga para detener, en México, hasta ahora, se ha detenido para investigar. Con la prisión preventiva, esto ha hecho que primero se castigue y después se juzgue.
De manera paralela a la reforma del sistema penal se fortaleció la presunción de inocencia en nuestro país, la cual es garantizada por los artículos 18 y 19 de la Constitución, mientras que los procedimientos del sistema penal acusatorio se modificaron en el artículo 20. En los países avanzados, como Estados Unidos, Canadá o los de Europa, la presunción de inocencia sigue siendo más fuerte que en México. Aun en casos de homicidio doloso se puede otorgar libertad bajo fianza. Los jueces no están obligados a encarcelar a quien no ha sido encontrado culpable sólo porque se le acusa de un delito grave. El juez considera la peligrosidad del acusado antes de decidir si concede o no la fianza.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra entre los políticos preocupados por el debilitamiento de la prisión preventiva. Advierte que, nada más en la capital, serán liberados 4 mil presuntos delincuentes con la aplicación retroactiva de la nueva presunción de inocencia.
El doctor Mancera me dijo ayer que en los países avanzados, donde la presunción de inocencia es más fuerte, la policía tiene instrumentos más eficaces para realizar su trabajo: "En Estados Unidos se puede detener a una persona sólo con la declaración de un policía... No hay comparación entre lo que puede hacer un policía en Estados Unidos y uno en México". Por eso no es tan necesaria allá la prisión preventiva, argumentó.
Quizá. Habría entonces que reconsiderar las facultades de la policía y hacerlas más similares a las de los países desarrollados. Pero debería revisarse también su preparación, porque nuestros agentes son menos profesionales, independientemente de las facultades que tengan.
Debilitar la presunción de inocencia no hará que dejen de crecer los delitos. Castigar a inocentes no elimina la impunidad. Si acaso, la aumenta.
Sergio SarmientoEl escándalo que ahora campea en la opinión pública sobre el espionaje viene a catalizar el problema político real: la falta de confianza casi absoluta en la autoridad. La pérdida de crédito moral de la autoridad, por su corrupción, por su ineficacia y por su incompetencia, agravando las cosas el ecosistema de impunidad en el que vivimos en este país.
Si se acepta que el bien público, el bien común, está antes que el particular, la intervención de comunicaciones, justificada, controlada y debidamente fundada y motivada, sería un motivo para sentirnos seguros y con acceso a la justicia. Nos sentimos vulnerados porque vemos en la autoridad a un agresor y a nosotros como los agredidos. No hay confianza, porque no hay castigo para el que no cumple la ley. El problema no es el espionaje, es la impunidad.
Rodrigo Soto-Morales, especialista en Seguridad Nacional y académico de la Universidad PanamericanaTras la liberación de un conductor que se impactó contra varios vehículos en el fraccionamiento Solares y causó afectaciones en la vía pública, Emilio Sandoval Delgado, investigador de la Universidad de Guadalajara, afirmó que es necesario que se ajuste el nuevo sistema de justicia penal y que se evalúe el trabajo de los policías y agentes del Ministerio Público.
El académico destacó que si bien el Código Nacional de Procesos Penales es muy garantista con los inculpados y en ocasiones se pone "a su favor", en el caso ocurrido el pasado domingo, las autoridades tuvieron que ordenar un examen de alcoholemia para demostrar si el hombre conducía "en estado inconveniente".
"Nosotros estamos impugnando en el Congreso de la Unión para hacer una reforma donde haya garantías para el gobernado. Aquí se argumentan las formas que no manejó al parecer el elemento policial. Por una forma lo dejan en libertad y dejan el fondo del asunto a la deriva".
Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, José Luis Guízar Abarca, dijo que, sin importar que el seguro se hizo cargo de los daños a otros vehículos, el automovilista tuvo que ser castigado "severamente" por los daños que causó al municipio y porque puso en riesgo a las personas.
"El ayuntamiento debió de tomar cartas en el asunto. Debió querellarse por todos los daños. ¿Qué pasó? Falló la policía o el agente del Ministerio Público no cumplió al pie de la letra".
Agregó que este caso demostró una vez más que las autoridades no están bien preparadas para llevar a cabo correctamente la cadena de custodia, en la que deben aislar el lugar, recoger evidencias e informar correctamente sobre los hechos.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 6 de julio de 2017).La condena a los actos de vandalismo lleva dedicatoria por partida doble...
Por una parte, intenta reconvenir a los jóvenes que han hecho del grafiti su pasatiempo predilecto, como consta en los miles de ejemplos dispersos por toda la mancha urbana y en las decenas de intentonas -fallidas, obviamente- de la "h." autoridad por disuadir esas conductas. Quienes atentan contra el mobiliario urbano pueden tener, ocasionalmente, no una disculpa, pero sí un pretexto: el beneficio económico que consiguen al malbaratar en las fundidoras -tan pecadoras ellas, al detenerles la pata, como los ladrones, al matar la vaca- lo mismo cables eléctricos que la espada de la estatua de un prócer y hasta una pieza escultórica íntegra. Los grafiteros, hasta donde se sabe, invierten en latas de pintura en aerosol, pero nada ganan -nada tangible, al menos- al "rayar" paredes, portones, cortinas metálicas, edificios o monumentos públicos.
Por la otra, pretende recriminar a las autoridades. Los jóvenes que fueron detenidos la madrugada del lunes en el centro, pagaron el precio de la temeridad en que incurrieron al hacer sus "gracias"... precisamente en la única zona de la ciudad en que la vigilancia policiaca se aproxima a lo aceptable: una zona deshabitada -salvo por los parias que la han convertido en su dormitorio- en horas de la noche desde hace muchos años. En las demás zonas de la mancha urbana, ante la extremada deficiencia de la vigilancia policiaca, los grafiteros -a la par con los rateros y malvivientes de toda laya- son los reyes de la noche.
Quede claro, pues, que una cosa es aplaudir que se sancione a quien incurre en el delito de daño en las cosas, y otra aprobar la incapacidad de los supuestos encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, para perseguir y sancionar delitos tanto o más graves que ese.
Jaime García ElíasA los muchachos esta vez se les pasó la mano. Pudiendo desahogar la necesidad vital de expresar sus convicciones ideológicas, sus habilidades estéticas o sus inquietudes filosóficas mediante alguno de sus criptogramas en alguna pared recién pintada del vecindario, decidieron hacerlo de manera más rotunda y ostensible. Optaron, pues, por dejar constancia de sus dotes para el arte urbano en varios monumentos y edificios públicos del centro de Guadalajara: las paredes del Museo Regional, la escultura de Quetzalcóatl, la placa de la Plaza Tapatía y las columnas del Teatro Degollado. Los autores del estropicio, 2 mozalbetes de 16 años, esta vez sí fueron detenidos en flagrancia por la policía, y remitidos a la autoridad ministerial.
Es probable, pues, que el episodio quede registrado como excepción a la regla de impunidad que es la constante en esos casos; que los padres de los grafiteros paguen el costo de la reparación de los daños, y que los jóvenes reciban la sanción privativa de la libertad que la ley establece, un poco por escarmiento y otro poco para que el episodio sirva de advertencia a quienes eventualmente quisieran seguir el ejemplo.
El grafitti, por donde quiera mirarse, no es una moda inocua y efímera como los tatuajes, la indumentaria o los cortes de pelo en boga. El grafitti es una expresión de barbarie; denota, por una parte, el afán de notoriedad de quienes "rayan" un espacio con la intención de marcar su territorio; por la otra, el nulo respeto a la ley (el daño en las cosas es un delito), a la propiedad privada, al derecho de los particulares al decoro de su morada, y, en este caso concreto, al respeto a los espacios públicos representativos de la cultura.
Jaime García ElíasAprovechando la complicidad de la noche, la madrugada del lunes fueron vandalizadas con grafiti las columnas frontales del Teatro Degollado, la fachada del Museo Regional (restauración de esa pared a cargo del INAH Jalisco), la placa simbólica de la Plaza Tapatía y la cabeza de la serpiente de Quetzalcóatl, esta última de Víctor Manuel Contreras Contreras. Un acto del cual la Fiscalía del Estado ya tiene detenidos a 2 presuntos responsables de los hechos.
Víctor Manuel Contreras, artista creador de la cabeza de Quetzalcóatl habló con este medio para expresar su sentir frente a estos actos a los que categorizó como "vergonzosos".
Al respecto, el artista considera que el grafiti debería estar prohibido en todas partes del mundo pues según refirió, la ciudad de Nueva York algún día estuvo totalmente "grafiteada", sin embargo, dijo que en aquel entonces el alcalde la ciudad encerró a los culpables 3 años y los puso a limpiar todo ellos mismos y a dejarlo como estaba.
"Pero nosotros los dejamos libres, que sigan haciendo sus fechorías, ojalá nuestras autoridades tomen más seriamente el daño que causan. Es penosa esta clase de gente, tan resentida, tan mal educada, tan criminal, porque es un crimen", manifestó el maestro.
La Policía de Guadalajara informó que llevó a cabo la detención de 2 jóvenes de 16 años, quienes fueron sorprendidos mientras vandalizaban el Teatro Degollado; al momento de la detención se les confiscó una mochila con 15 latas de pintura en aerosol.
¿Qué podría pasar con ellos? De acuerdo a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Artículo 52 refiere que: Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado.
Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.
Por su parte, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, refiere en el artículo 261Bis del Capítulo XI que: A quien utilizando cualquier sustancia o por cualquier medio plasme signos, códigos, mensajes, figuras, dibujos o cualquier otra representación, en bienes muebles o inmuebles, sin consentimiento del dueño o de quien legítimamente posea la cosa, modificando su apariencia original, se le impondrá de 10 a 50 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 210 días de salario mínimo.
La sanción se aumentará hasta en 2 terceras partes de la señalada en el párrafo anterior, cuando este delito afecte bienes de dominio público, monumentos, edificios, o sitios de valor histórico o arquitectónico, o se perjudique bienes de cantera, piedra, o cualquier otro material de difícil o imposible reparación.
Al reincidente se le aplicará además, la pena de 2 a 4 años de prisión.
(V.pág.1-B del periódico El Informador del 27 de junio de 2017).La madre catastrófica de los males de nuestro país: nuestra aterradora impunidad. De 10 ilícitos incluyendo delitos y todo casi siempre las cifras de los castigados ronda sobre 1 o 2. En el mejor de los casos un 80% no castigados.
Con impunidad no hay justicia. Sin justicia no hay seguridad personal o jurídica como para afianzar el cumplimiento de contratos. Eso espanta a la inversión nacional y extranjera (son lo fundamental para el camino). Con impunidad la corrupción muere de risa. Solo no roban los que no quieren. Así, no podremos jamás deshacernos de tanto delincuente haciéndose pasar por político o funcionario. Por eso cuando se les exhibe, ni se inmutan: no los investigarán. También idolatra al clientelismo: compra del voto y fidelidad a cambio de un cargo, dinero o servicio. Por eso la política está infestada de lacras. Y hay una muy justificada furia social, aderezada por una economía poco pujante respecto de su potencial.
López Obrador no quiere ese destino. Además de expresamente pretender regresar al México previo a su apertura económica de a partir de 1982; es decir, al de López Portillo y Echeverría, su principal discurso es el de la impunidad como receta para terminar con la corrupción e inseguridad. Para mí, eso es veneno mortal.
Dice: si el de arriba no es corrupto el de abajo no. Es un disparate como el contrario: si el de abajo es corrupto, el de arriba también. Y siniestro. Para lograr la santidad de los gobernadores, y todos los funcionarios públicos del país, con tan solo su arribo al poder, habrá de perdonarles todo y hacerse pato para al menos aparentar.
Combate a la delincuencia, otra tontería. Su llegada terminará al narcotráfico, sus reyertas violentísimas, los secuestros, los robos y demás. Nítido: no va a combatir las mafias, tal como se ha hecho -y no puede ser distinto-. Esto implicaría un pacto tácito o expreso con el narco. Significaría regalarles nuestra soberanía para su control territorial.
Recapacitando y abjurando de la famosa "Mafia en el Poder" -a la cual pertenecemos todos sus opositores-, habrá patente de impunidad y se limpiarán todos los pecados. Pero ojo, no hay una mafia en el poder, son varias. Y MORENA es una. ¿Si no, como explicar el nombramiento del Lagartopeje de los Abarca; narcos y matones -entre ya no sé cuántos detenidos- de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Y tanto dinero yendo y viniendo? ¿Y sus siempre sospechosas cuentas personales? ¿Y las triangulaciones ilícitas, y tantas cosas y sepa que más?
La furia social mexicana puede cometer un dramático error. Llevar al poder al cuya principal propuesta y prácticas son la razón de su desasosiego.
Sergio AguirreEl comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, consideró que el incremento delictivo que se registró en el mes de mayo, considerado como el más violento de los últimos 20 años, se debe a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal dejó fuera la prisión preventiva a delitos cometidos con arma de fuego.
Reconoció que se tuvo una alta incidencia de homicidios, por lo que se han planteado reformas al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Hay un delito que es la portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, que ahora no amerita prisión preventiva oficiosa, antes de junio del 2016 sí. Esto ocasiona que al detener personas con armamento de alto poder, por ley, el juez ordena que sigan su proceso en libertad.
"Nosotros decimos es muy elemental, pero si se suelta a personas con AK47, Barret calibre 50, R15 a la calle, pues esas personas van a matar, de lo que se trata es que se reforme la Ley Federal de Armas de Fuego y el Código Federal Nacional de Procedimientos Penales, para que estas personas sigan su proceso en prisión preventiva de oficio", describió.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 23 de junio de 2017).El conflicto del Aeropuerto Internacional de Guadalajara llegó ya, al parecer, al punto límite: al punto en que se solicita, de manera apremiante, la intervención del Presidente de la República. Nada menos.
La pregunta obligada, llegados a ese punto, sería esta: ¿servirá de algo...?
Los ejidatarios aducen haberse limitado a ejercer el derecho a la libre manifestación, "siempre pacífica" y respetuosa, "en lo posible", de los derechos de terceros.
Puesto que son públicos y notorios los perjuicios, las incomodidades y aun los atropellos a esos "terceros" a los que el texto constitucional pide no afectar, porque de hacerlo los manifestantes se estarían extralimitando en el ejercicio de sus derechos, es obvio que el conflicto rebasó ya a las autoridades, que se han visto tibias y parecen haberse suscrito al añejo y cómodo expediente de propiciar que se resuelva por cansancio lo que no ha podido resolverse en apego estricto al Estado de Derecho que supuestamente nos rige.
Jaime García ElíasPara el ciudadano común -los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, las personas que ven entorpecido con demasiada frecuencia su tránsito por la carretera Guadalajara-Chapala, los vecinos afectados por las manifestaciones que en las últimas semanas se han vuelto casi cotidianas-, al conflicto entre los ejidatarios de "El Zapote" y la empresa Grupo Aeroportuario del Pacífico no habría que darle demasiadas vueltas: si los primeros ya fueron indemnizados por los terrenos que hace más de medio siglo les fueron expropiados (por causa de utilidad pública, obviamente), no hay lugar para sus reclamaciones; si no, la empresa está legal y moralmente obligada a responder por las exigencias de los primeros.
Si, como se dice con tanta insistencia, vivimos en un Estado de Derecho, el conflicto debió haberse resuelto -como todos, en teoría- de manera pronta y expedita. Puesto que el decreto expropiatorio data de 1975 (hace 42 años, pues), y desde entonces se han hecho pagos en efectivo y en especie, se supone que existen los cauces legales para asegurarse de que las resoluciones judiciales que se emitieron conforme se avanzó en el proceso que permitió que a las que alguna vez fueron tierras labrantías se les diera otro uso, se cumplieron puntualmente.
Recalentar el litigio, en perjuicio de los terceros que se ven afectados por las manifestaciones, sugiere que hay puntos opacos en el acatamiento de los fallos, y demuestra que ha habido tibieza por parte de los teóricos encargados de "cumplir y hacer cumplir las leyes", lo que abrió las puertas a los oportunistas que aplican al pie de la letra el consabido "a río revuelto, ganancia de pescadores".
Jaime García ElíasSi la corrupción ha crecido al amparo del más fuerte e influyente, es tiempo de regresar al imperio exclusivo de la ley. Aunque sea el camino más difícil.
Jorge Octavio NavarroA fin de impulsar la recaudación de impuestos y regularizar la situación de los contribuyentes morosos, los ayuntamientos de Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque han aplicado descuentos de hasta 75% en el pago de multas y recargos por predial y servicios municipales.
Entre 2016 y lo que va de 2017, el monto de los descuentos y condonaciones en multas y recargos aplicados alcanzó los 67'892,000 pesos a través de 6,348 descuentos. Con 45'657,000 pesos de esa bolsa, Tlajomulco se lleva de calle a sus contrapartes.
De todos los ayuntamientos de la metrópoli, Zapopan es el que más descuentos aplica a empresas: 3'487,000 pesos en 2016 y los primeros 4 meses de este año. Son 187 giros comerciales los que han sido beneficiados con descuentos en el pago de multas y predial.
En el listado aparecen escuelas, universidades, restaurantes, tiendas de conveniencia, bancos, fraccionamientos, clubes deportivos, gasolineras, constructoras y hasta hospitales.
Pero sólo 10 personas morales fueron beneficiadas con el 65% (2'267,000 pesos) de los descuentos en multas.
Luis García Sotelo, tesorero de Zapopan, aclaró que las multas y recargos no se pueden condonar al 100%, "lo máximo en recargos es de 75% y en el caso de las multas, dependiendo del tipo, lo más común es de entre 50% y 70%...".
Sobre las personas físicas beneficiadas fueron 1,821 cuentas con descuentos y condonaciones por 8'342,000 pesos entre 2016 y 2017."
(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 20 de junio de 2017).Las manifestaciones de los ejidatarios de El Zapote en la carretera a Chapala provocaron molestias a los usuarios del aeropuerto, pues el embotellamiento que se generó sobre la carretera a Chapala ocasionó que algunos llegaran retrasados a tomar su vuelo, mientras que otros tantos debieron caminar con su equipaje desde la carretera a Chapala.
(V.periódico El Informador en línea del 19 de junio de 2017).Al hablar sobre la inseguridad que viven las empresas, Salvador López, presidente de la comisión de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, señaló que uno de los principales problemas que ellos han detectado es que al momento de la detención de un presunto delincuente, los responsables del arresto no se ciñen a los protocolos que marca la ley.
Por ello, es frecuente que los detenidos aleguen que sus derechos fueron violados durante el arresto. Si el juez coincide con esta apreciación, pueden quedar libres de inmediato.
A ello se suma que el porcentaje de denuncia no es tal alto, pues sólo denuncia 60% de los negocios que sufre ilícito. "Las empresas que no lo hacen es por falta de confianza en las autoridades", refirió, por lo que destacó la importancia de generar en los empresarios la cultura de la seguridad en todos sus niveles.
Los focos rojos para los negocios de la capital, por los altos índices delictivos, son las delegaciones Gustavo A.Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 10 de junio de 2017).En la policía de Guadalajara se quieren engañar solos y evaden una realidad que parece estarnos alcanzando, considera el regidor coordinador de la fracción del PAN Alfonso Petersen Farah en torno al tema de los linchamientos.
"No reconocer que son medidas que la población está tomando para tratar de defender su integridad y patrimonio ante la falta de respuesta de las autoridades, es tratar de no ver la realidad que tenemos enfrente".
Los linchamientos son una medida que la sociedad adopta como consecuencia del hartazgo y falta de confianza hacia las autoridades en la obligación que tienen para garantizar el derecho a la seguridad, señaló.
"No está por demás insistir en que una de las peores cosas que pueden pasar en una sociedad es que sean los propios integrantes de la sociedad los que se tienen que hacer responsables de su integridad y seguridad, porque eso trae como consecuencia una descomposición social", por lo que llamó a asumir la realidad y actuar en consecuencia.
Puso el dedo sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal, al que han tomado la medida los delincuentes reincidentes.
(V.pág.9 del periódico Milenio Jalisco del 9 de junio de 2017).La golpiza que sufrió un par de mujeres a quienes locatarios del mercado Libertad en abril señalaron de robar, las persecuciones a presuntos ladrones en motocicleta por parte de civiles o la aparición de mantas en algunas colonias que claman por seguridad en la zona metropolitana, son algunos de los casos de ciudadanos que -víctimas de la inseguridad- intentan hacer "justicia" por su propia mano.
El Artículo 17 de la Constitución Política de México establece que "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". Aunque en Jalisco no era común alguna manifestación de este tipo, en tiempos recientes se ha tenido noticias de agresiones, golpizas e incluso aparentes linchamientos a presuntos delincuentes, algunos divulgados en redes sociales.
En una revisión de los casos en Jalisco, este tipo de casos aumentó considerablemente en 2016, cuando ocurrieron 5 eventos, comparados con años anteriores que sólo se tenía noticia de un hecho de este tipo al año.
En el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), elaborado por Raúl Rodríguez e Ilse Veloz y publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, se incluye un recuento de casos relacionados con el linchamiento entre 1988 y 2014.
Éste arrojó un total de 366 eventos tanto en tentativa como consumados. El Estado de México encabezó la lista con 109 de esos casos, seguido del Distrito Federal con 54. Jalisco, con tan sólo 3 casos registrados por el estudio hasta 2014, se colocaba en el lugar 15 en el país.
Ya en 2015, según la revisión de notas, hubo 2 casos documentados de ciudadanos que buscaron justicia por su propia mano, en ambos casos conductores que persiguieron a motociclistas que los asaltaron poco antes.
Aunque la víctima no los arrolló, el comisario de Seguridad, Salvador Caro, cuestionó la acción del ciudadano. "En nuestra ciudad no hay condiciones para que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, ni la ley ni las instituciones lo permiten".
En lo que va del presente año se ha tenido noticia de 7 presuntos casos: las 2 mujeres golpeadas en San Juan de Dios, un hombre amarrado a un poste, un supuesto ladrón en Tabachines, un "arresto ciudadano" en la colonia Atlas, un aparente "conejero" en la colonia La Paz, un hombre golpeado tras agredir a una mujer embarazada y el caso del cadáver de un hombre encontrado en el centro tapatío que, se dijo, fue linchado.
Aunque no se pudo confirmar ni desmentir el móvil de este último caso, el gobernador, Aristóteles Sandoval, insistió al respecto que no se debe hacer justicia por mano propia y que en su lugar la ciudadanía debe denunciar los delitos.
Por su parte el alcalde tapatío, Enrique Alfaro, advirtió que su gobierno no tolerará este tipo de actos; mientras que el fiscal del estado, Eduardo Almaguer, descartó que los casos reportados hubieran sido linchamientos, pues los mismos ciudadanos han entregado a los señalados a las autoridades.
Aunado a esto, en la colonia Prados Tonalá, en Tonalá; y en La Moraleja, en Zapopan, aparecieron el pasado mes lonas con advertencias hacia los ladrones: "Te vamos a linchar, nosotros no llamamos a la Policía".
En el estudio Ciudadano Metropolitano: el perfil del tapatío, según datos de Jalisco Cómo Vamos, de cada 10 tapatíos, 2 estarían dispuestos a tomar acciones por su propia mano en contra de la delincuencia.
Guillermo Zepeda Lecuona, investigador en temas de seguridad en el Colegio de Jalisco, explicó que el fenómeno en el que ciudadanos tratan de tomar justicia por su propia mano obedece a la percepción de escasa efectividad de la justicia e impunidad. En el caso de Jalisco, es el estado número 7 en donde la población menos denuncia porque la gente piensa que no habrá resultados, por lo que prefieren no hacer el trámite.
"Se tiene una escasa efectividad de las autoridades y los ciudadanos, sobre todo de un ámbito de alta victimización y vulnerabilidad, están organizándose en autodefensas o en advertir que el siguiente caso en flagrancia que se tenga se puede dar una escalada hacia un linchamiento", abundó el especialista.
Un factor más reciente tiene relación con el número de delitos que se denuncian y de éstos, los que se resuelven. "Algunas policías uniformadas detienen a personas y el Ministerio Público, en una combinación de falta de pericia, capacitación y pánico a la sala de audiencias, pues se han desplomado hasta en 80% los casos judicializados".
De este modo, para reducir los casos de justicia por mano propia, las autoridades deben ser más efectivas, insistió Zepeda Lecuona.
Existen estados que han implementado estrategias que han aumentado el porcentaje de denuncias, como Guanajuato y Baja California. En estos estados, de acuerdo con el estudio de la UAM, sólo se presentó un caso relacionado con linchamiento en 27 años.
El especialista señala que en las entidades en donde ha habido más linchamientos coinciden con estados que denuncian menos y desconfían más de la autoridad.
En Monterrey aumentó la cultura de la denuncia porque se le facilitó a la población el trámite al instalar ocho Centros de Orientación y Denuncia (Code), y donde el tiempo de atención era de 17 minutos. Los centros además alimentaban una base de datos que exhibía las zonas de mayor incidencia delictiva.
"El que dirigía los centros, Iván de la Garza, ahora sé que es asesor de la Fiscalía. Abrió 8 Codes en Monterrey, aquí seguimos con un solo centro de denuncia, entonces sí me extraña eso".
"De fondo, el problema no es reprimir este síntoma de inconformidad ciudadana sino sus causas, que es revertir la espiral que vivimos de impunidad y de violencia".
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 6 de junio de 2017).Hoy en día se viven tiempos sumamente difíciles en todo el país, en donde se percibe que la impunidad es uno de los peores males que se padecen, pues desde delincuentes comunes hasta la delincuencia organizada parecen verse beneficiados con el principio de que nadie es culpable hasta en tanto no se le acredite jurídicamente el acto delictivo (lo que en principio y en la letra, parece perfectamente justo, no obstante, en nuestro país es una cultura que apenas se empieza a implementar, con fallas que suelen ser garrafales, pues tal pareciera que son precisamente los delincuentes quienes mejor conocen el nuevo sistema de justicia, y lo aprovechan en su beneficio).
Mientras tanto, autoridades de todos los ámbitos y niveles desconocen los principios y forma de implementar las leyes y los procesos mismos, lo que en no pocos casos ha sido factor determinante para que los delincuentes se salgan con la suya, debido a que en su momento (2008) y hasta la fecha no han recibido una capacitación adecuada, de tal manera que no pueden aplicar lo que no conocen. Y de lo poco que conocen, requiere tal proceso -que ellos consideran burocrático- que de plano le dan la vuelta para no tener que ejecutarlo.
Y en el caso de la ciudadanía, la situación está igual o peor, pues entre el desconocimiento del cómo se deben de llevar a cabo los procesos, así como de los nuevos términos utilizados en éstos, el desamparo y la impotencia suelen embargarnos a tal grado que la inconformidad se escucha por todos lados -tanto en el de la ciudadanía, como en el de los responsables de aplicar las leyes-.
Si desde 2008 se hubieran aplicado los millones y millones de pesos autorizados hasta la fecha para capacitar a policías, Ministerios Públicos y demás mandos, seguramente ahora estaríamos en mejores condiciones, pero vaya usted a saber qué hicieron con tanto dinero las "autoridades" de entonces.
Hoy, lo único que queda claro, es que o nos capacitan -a las autoridades y a los encargados de impartir justicia en todos sus niveles y a la propia ciudadanía-, o los delincuentes seguirán burlándose de nosotros como hasta la fecha parecen estarlo haciendo.
Cuauhtémoc Cisneros MadridEl Estado de Derecho queda en entredicho porque los abusadores sexuales con sotana se convierten en prófugos de la justicia cuando son denunciados penalmente.
Sanjuana MartínezEl estudio sobre la "Percepción de la Corrupción en Jalisco 2017" presentado ayer por el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco confirmó una verdad que no por obvia es menos alarmante.
Entre los jaliscienses, "el Poder Judicial es considerado por mucho como el más corrupto de los 3 poderes en el estado", revela.
¿Qué ven los ciudadanos en esta esfera de poder? "Se considera que la impartición de justicia es inadecuada, ya que prevalece la impunidad. Y la impunidad es considerada como el mayor acto de corrupción. Es la corrupción sobre la corrupción", consigna el documento.
A eso se suma que "emiten sentencias muy apegadas a Derecho pero altamente injustas" y es un espacio de cuotas políticas además de ser el menos fiscalizado.
Allá en La FuenteEl miércoles 24 de mayo se dio a conocer la noticia del hallazgo de un hombre muerto y atado en el centro tapatío. La víctima fue señalada por robo, pero tanto la Comisaría como la Fiscalía negaron que se tratara de un linchamiento.
Cerca de las 14 horas del día viernes, en Federalismo y Plan de San Luis, un grupo de ciudadanos enojados y policías confundidos se enfrentaban al sujeto que presuntamente se subió al automóvil de una mujer embarazada con la intención de agredirla. La Secretaría de Movilidad intervino para evitar que quienes habían estado cerca del incidente resolvieran el problema a golpes. En sus declaraciones posteriores aseguraron que lo que pasó no cuenta como linchamiento.
Ese mismo día, a las 19 horas, un muchacho recibió una paliza en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres después de haber sido sorprendido robando. Eso tampoco cuenta como linchamiento porque a pesar de la trifulca no hubo ejecución.
Técnicamente tienen razón porque nuestra Constitución en su Artículo 16 contempla la figura de las detenciones ciudadanas, es decir, establece que cualquier persona tiene el derecho de detener a un criminal "en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana".
Pero la verdad es que, aun con las especificaciones, la violencia sigue siendo violencia.
Ante la ausencia de fortaleza en materia de seguridad estatal y municipal, aumentan los casos de justicieros urbanos que no esperan la llegada de la autoridad para tomar cartas en el asunto. De cierta manera se entiende: la policía es la institución peor calificada en cuanto a confianza (sitio que comparte -por cierto- con los diputados, los sindicatos y los partidos políticos). Ante un delito no sabemos cuánto tardará la policía en llegar -si es que llega- o si está coludida con el crimen. Con esto en mente, ¿quién de nosotros se quedaría con los brazos cruzados al momento de un robo si tuviera la posibilidad de desquitarse?
Los ciudadanos estamos cansados de la impunidad y de sentirnos vulnerables, pero imagine usted las repercusiones de esta ira social. Dicho de otra manera, ¿qué sucedería si en la necesidad de tomar justicia por propia mano se agravara la situación? ¿Cómo se le pone un alto a la violencia que tanto nos disgusta, sin responder con esa misma violencia?
No debemos concedernos justificar la violencia en ninguna de sus presentaciones. Queremos que las autoridades respondan y que el ciudadano se dedique a vivir en paz.
Gabriela AguilarEl coraje y el temor que han detonado los asesinatos de los líderes sociales Miguel Vázquez Torres, último ex presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, y de su hermano Agustín, en los municipios de Bolaños y Mezquitic, han provocado que vuelva la inquietud de hacer justicia por propia mano.
Mi compañero Agustín del Castillo publicó el parte que la autoridad tradicional de esa comunidad indígena dio a la Fiscalía General del Estado de estos homicidios, que atribuyen a sicarios del narco contratados por ganaderos nayaritas radicales, y donde vuelven a amagar con la creación de autodefensas, e incluso con el levantamiento armado.
En la ciudad también se han registrado otras de las modalidades de la defensa por propia mano, como es el caso de los linchamientos, sin duda otra mala práctica que pone en entredicho la vigencia de las instituciones y las leyes del Estado. Que usurpa y rompe el contrato social democrático de que el monopolio de la fuerza lo tiene que hacer valer el Estado para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Es claro que esos caminos sólo reproducen y aumentan los niveles de inseguridad y se revierten al final como nuevas amenazas a la integridad de todos, por ello los 3 niveles de gobierno deben supervisar y exigir mejores resultados a sus policías para cumplir con el derecho ciudadano de tener justicia.
La inquietud de las comunidades de autodefenderse continuarán mientras no se resuelvan las deficiencias de la procuración y administración de la justicia, como la desconfianza, el burocratismo para atender las denuncias y la impunidad, y siga creciendo la percepción de inseguridad que orilla a muchos ciudadanos a la pistolización.
La autoridad, pues está obligada a redoblar la atención en la agenda de seguridad para llenar los vacíos y apagar los focos rojos de violencia en la lejana sierra norte y en las céntricas calles de al área metropolitana de Guadalajara.
Jaime Barrera RodríguezEn Jalisco, 7 de cada 10 automóviles incumplen con el requsito de contar con un seguro que cubra daños a terceros.
(V.primera plana del periódico El Informador del 25 de mayo de 2017).Si Elba Esther Gordillo no es corrupta, si no se robó nada, si no lavó dinero, ¿cómo le hizo para acumular tanta riqueza? ¿Cómo le hizo para tener esos departamentos en Polanco, esas casas en San Diego, con un sueldo de maestra, incluso con un sueldo de dirigente sindical?
El poder judicial se alista para regalar otra perla que enardecerá a la ciudadanía y reforzará la imagen de corrupción que le golpea: Gordillo está a punto de quedar libre y no por enfermedad, sino porque resultó ¡inocente! de los 3 delitos de los que fue acusada cuando la detuvieron a inicios de este sexenio.
El comportamiento de las altas esferas del poder judicial raya en el escándalo: en la acusación contra Elba Esther por declarar menos ingresos de los que realmente obtenía, la autoridad anunció que presentó como pruebas los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, débito y servicios; con depósitos que le entraban en efectivo y los gastos millonarios que realizaba en lujos inimaginables. Un juez dictó formal prisión. Una magistrada confirmó esa formal prisión tras la apelación. Otra magistrada le negó el amparo. Pero, vaya sorpresa, el asunto llegó a un Tribunal Colegiado, y con el criterio del magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, el cielo empezó a pintarse de azul para la poderosa y multimillonaria "Maestra", como se le apoda en el mundo de la política.
Por si no bastaran los privilegios, Gordillo no lleva 4 años en la cárcel, sino en un hospital, según se ha dicho, por su mala condición de salud. Sin embargo, revelaron que no hay ningún documento oficial que valide que en realidad está enferma, ni ningún médico que trabaje para el gobierno ha dejado constancia de haber acudido a su cama para evaluar si está en condiciones de regresar a la celda o quedarse en el cuarto. Entrevistados, los abogados de la maestra argumentaron que todo era legal. Presumen que es cosa de días para que salga.
Ahí viene otro escándalo que suma a la imbatible percepción de corrupción e impunidad.
Carlos Loret de Mola A.En México o bien hay un Estado sin ley, o bien un Estado bárbaro donde la impunidad es la referente que agobia a nuestra sociedad.
Hay, entonces, un país muy al estilo de los países totalitarios y hay uno -el mismo- que es igual al Viejo Oeste norteamericano donde la ley no existía sino la de las armas, la de la violencia, la de la muerte aquí y allá. Y no afecta este país bárbaro sólo a los periodistas, sino también a la sociedad entera. Es nuestro país, uno muy cruel con su propia sociedad: aquí el Estado mata, aquí el narco asesina, aquí la sociedad toma en sus manos la "justicia" y aniquila a inocentes y culpables sin mirar. Una lástima de país. Un país muy triste y entristecido. Una sociedad disminuida en su progreso por la violencia que impera.
Alejandro Durán CárdenasLos criminales se benefician de un clima de impunidad creado por las autoridades, que también ganan con el silenciamiento -por autocensura, exilio o muerte- de los periodistas.
Porque tan temibles son los criminales que incluso tienen códigos para sancionar a periodistas -en Tamaulipas pueden ser castigados con "manitas (cachetadas), tablazos (golpes de madera en la espalda y nalgas), tijera (corte de extremidades), fogones (quemada en partes del cuerpo) y piso (asesinato)", como el poder mal usado de los políticos.
Meses antes de ser asesinado Javier Valdez denunció la plaga que silencia a comunicadores y activistas: autoridades omisas y/o corruptas que no enfrentan a los criminales, sumiendo a la ciudadanía en la indefensión.
Salvador CamarenaCausas y consecuencias delictivas han enraizado en el territorio mexicano por la complacencia, o complicidad, de autoridades sujetas al temor de perder el apoyo necesario para un ejercicio de poder, que no de gobierno, a modo de beneficiar intereses propios o ajenos a costa de la miseria de una población atenida a los sistemas jurídicos donde priva la negligencia y anida la corrupción; donde no existe respeto y el menor temor a la aplicación estricta de la ley.
Carlos Cortés VázquezEn unas semanas más el Congreso del Estado tendrá que elegir a un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los partidos estarán sin duda pensando en quién les conviene. Algunos lo que buscan es una buena comparsa, otros las plazas en la comisión, que no son pocas, pues si han logrado en los últimos años es burocratizar la institución defensora de los derechos humanos.
Sin embrago, en el momento que vive el país y el estado es fundamental recuperar para la sociedad civil esta institución. Dicho de otra manera, es momento de presionar a los diputados para que se elija un ombudsman jalisciense que represente los intereses de los ciudadanos y no de la clase política. No es fácil, ya la mayoría de los legisladores representan a la clase política y son parte de ella; están ahí porque algún padrino político los colocó o porque son parte de un grupo de interés. Aun así, todos dependen finalmente de nuestro voto y la vigilancia ciudadana ayuda.
Existe la tentación de relajar la vigilancia y darle manos libres a las fuerzas del Estado para acabar con los delincuentes. Nada más peligroso. La diferencia entre los delincuentes y las fuerzas del Estado es y debe ser el cumplimiento de la ley. La violencia y la ley del más fuerte es lo que define a los grupos de crimen organizado. Si caemos en el juego de permitir que las fuerzas del Estado actúen fuera de la ley con el pretexto de la seguridad, los que perdemos somos los ciudadanos, que terminaremos, inevitablemente, a fuego cruzado.
Necesitamos, pues, recuperar la Comisión de Derechos Humanos para los ciudadanos. Un o una ombudsman que nos represente. Que le cuide las manos a las fuerzas del Estado, no para entorpecer su trabajo, sino para recordarles que la ley y el respeto a los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos es lo que hace fuerte a un gobierno y segura a una sociedad. Que vigile el debido proceso, porque de otra forma no habrá justicia. Que nos recuerde que los derechos no son graciosas concesiones de los poderosos que pueden aplicarse o no al capricho del gobernante en turno, sino los cimientos de nuestra libertad.
Diego Petersen FarahLas cifras no pueden ser más dolorosas: de los 45 asesinatos de periodistas en el sexenio de Peña Nieto no se ha resuelto uno solo. Balas 45; letras 0. La goliza es descomunal, como descomunal es la impunidad en este país.
Cualquiera puede alegar, con razón, que la impunidad de los crímenes a los periodistas no es distinta a la de los crímenes de todo tipo. Tampoco se busca a los desaparecidos, ni se investigan los homicidios, ni se resuelven los robos, ni se detiene a secuestradores, ni se procesa a los corruptos. 9 de cada 10 delitos no se procesan; 999 de cada mil quedan impunes. Las cárceles están llenas, es cierto, pero la mitad de los detenidos por crimen organizado en realidad lo están por posesión de mariguana. Vivimos en el mundo al revés: metemos a las cárceles a quienes en el peor de los casos deberían recibir una multa, pero nunca detenemos a quienes han sido responsables de decenas de miles de muertos en la última década (y cuando van a la cárcel es para seguir delinquiendo desde ahí).
Se creó una Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (el nombre es pomposo y las siglas espantosas: FEADLE) que no ha servido para nada. Se requiere mucha ingenuidad, y ganas de creer para pensar que de una procuraduría que no investiga ni resuelve nada iba a salir una fiscalía ágil, inteligente y expedita. Se han gastado 154 millones de pesos desde el momento de su creación y la fiscalía no ha servido siquiera para tener al día los datos de los ataques contra periodistas, no digamos para resolver un solo caso.
Las balas siguen ganando terreno en nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a su voz y hemos reconocido su lenguaje como idioma oficial. Todos sabemos leer un tiro de gracia, un descuartizado, un encobijado, etc. Son signos que el narco ha terminado por imponer: es el idioma de la violencia.
Diego Petersen FarahDespués de 26 días de mantener un plantón afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, padres de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, retiraron las carpas que bloqueaban el carril lateral de Paseo de la Reforma.
Vidulfo Rosales, vocero y abogado de los padres de las víctimas, anunció el levantamiento del plantón tras llegar a un acuerdo con autoridades federales donde se estableció seguir las 4 líneas marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Estos 4 puntos exigen la investigación y detención de policías municipales de Huitzuco; investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago; investigación de la probable participación de elementos del Ejército Mexicano en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
"No significa que paremos movilizaciones, sólo nos retiramos de aquí", informó Vidulfo.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 17 de mayo de 2017).Los tiros cada vez pegan más cerca porque los criminales saben que nadie, y menos que nadie gobiernos llenos de pretextos y de frases huecas, hará algo para detenerlos, para castigarlos.
Salvador CamarenaNo es la Tierra Caliente de Guerrero el único lugar del país en el que parece haber desaparecido la autoridad del Estado. La batalla de Palmarito Tochapan en Quecholac, Puebla, del 3 y 4 de mayo, mostró cómo los grupos que controlan el robo de combustibles se han convertido en un poder que rivaliza el del gobierno. En Reynosa, Tamaulipas, se ha generado una oleada de violencia a raíz de que elementos de la Marina abatieron a Julián Manuel Loisa Salinas, El Comandante Toro, presunto líder del Cártel del Golfo, el pasado 22 de abril. Después de los bloqueos e incendios de vehículos y comercios, se han registrado cuando menos una veintena de homicidios dolosos desde el 2 de mayo.
El gobierno mexicano ha perdido ese monopolio del uso de la fuerza que Max Weber declaró condición indispensable para el Estado. Esto no debería ser motivo de festejo, ni siquiera entre quienes se precian de libertarios. El anarquismo es una posición de moda, pero la falta de un Estado que garantice la seguridad se salda con abusos e injusticias. En la condición natural anhelada por algunos, "el miedo y el peligro de la muerte violenta" son constantes, y "la vida del hombre, solitaria, pobre, bruta y corta", escribe Thomas Hobbes en Leviatán.
Steven Pinker muestra en The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (Penguin Books, 2012) cómo un "proceso civilizatorio" ha reducido la violencia en naciones con un gobierno sólido. "Las sociedades más pacíficas tienden también a ser más ricas, sanas, mejor educadas, mejor gobernadas, más respetuosas de las mujeres y más inclinadas al comercio". El Leviatán, "una monarquía u otra autoridad gubernamental que encarna la voluntad de la gente y tiene un monopolio del uso de la fuerza", disminuye radicalmente la violencia. "Al aplicar castigos a los agresores, el Leviatán puede eliminar el incentivo para la agresión".
En México hemos pasado de un gobierno autoritario a uno ausente. Los criminales de todo tipo, desde narcotraficantes hasta huachicoleros, retan al Estado porque se creen o se saben más fuertes. Los grupos políticos protestan y exigen recursos públicos bloqueando vías de comunicación y agrediendo a terceros. La sociedad termina pagando el costo de la debilidad de un Estado que ha abdicado del monopolio del uso de la fuerza.
Pero quizá podamos ser optimistas. Pinker documenta que antes de la consolidación del Estado moderno las sociedades hoy desarrolladas eran tan violentas o más que México. Hoy tienen cifras de homicidio doloso 20 veces inferiores. Se puede lograr una reducción dramática de la violencia, pero el primer paso es tener un Estado que logre el monopolio del uso de la fuerza y lo utilice para la justicia y para impedir abusos.
Sergio SarmientoMiriam Rodríguez perdió a su hija, secuestrada y asesinada en 2012. Esa burla llamada justicia no la derrotó. Por sus propios medios, y luego de 2 años de búsqueda, encontró los restos de su hija y el paradero de los victimarios. Sin embargo, un par de estos se fugaron el 22 de marzo de una cárcel.
Tras la fuga dejó de trabajar. "Yo no tengo la seguridad de irme a sentar a mi negocio a trabajar", dijo en una reunión con una alta funcionaria del Gobierno (es un decir) de Tamaulipas el 18 de abril.
Habían pasado 4 semanas desde la fuga y sabía que estaba en riesgo. "No ocupamos guardaespaldas, ocupamos un botón de emergencia", explicó a las autoridades que le ofrecieron que un policía se ocupara de ella.
A ese policía la madrugada del viernes 14 de abril le habló "como 30 veces". El policía nunca contestó. Tampoco hubo respuesta cuando marcó al 911.
Todo lo anterior Miriam Rodríguez lo denunció ante la autoridad tamaulipeca, tan omisa e incompetente en tiempos del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca como lo fue con el priista Egidio Torre.
Miriam, una abuela de San Fernando, Tamaulipas, pedía al gobernador Cabeza de Vaca 2 muestras de voluntad política:
Que presionara "a quien tenga que presionar" para que se abran todas las fosas, y que los presos federales fueran llevados a un Cefereso de donde no escaparan.
"Se dieron a la fuga y se van a volver a dar. Todos los familiares estamos en riesgo", dijo Miriam Rodríguez tres semanas antes de que la mataran a balazos en su casa, el 10 de mayo.
Como en su tiempo Marisela Escobedo, y como tantas otras personas como ellas, Miriam Rodríguez representaba una mayor amenaza para los criminales que las autoridades.
Porque como ella decía, no habrá paz ni se podrá "cerrar los círculos de dolor mientras no sepamos el destino final de nuestros desaparecidos. Vamos a luchar todos unidos hasta encontrarlos".
No la detuvo el miedo, ni la apatía social, ni autoridades omisas. Por eso mismo la mataron. Como a Marisela.
Salvador CamarenaYa no sabemos ni para dónde hacernos, o incluso a quién(es) culpar de lo que nos sucede, y "lo más fácil" es condenar a las instituciones -tal y como suele hacerlo cierto personaje que lleva más de 3 lustros intentando ser presidente de México, y amenaza con volverlo a intentar-, sin embargo, es tiempo de que la sociedad civil organizada también hagamos nuestra parte para que el resto de la comunidad también cumpla con los mandatos de ley.
Es tiempo de dejar de culpar a otros -incluso a las autoridades- por lo que nos sucede en la vida comunitaria, y de adoptar las medidas necesarias para lograr una verdadera y eficiente prevención del delito. Con independencia de la infracción de que se trate, el 1er. paso lo debemos de dar los ciudadanos, acatando las leyes y normas de convivencia social que son aplicables en prácticamente todas partes del mundo.
Para lograrlo, debemos de contar con esquemas de comunicación e información más efectivos, de tal manera que nadie se diga sorprendido o ignorante de la ley.
Cuauhtémoc Cisneros MadridEl Gobierno del Estado de Guerrero aseguró ayer que luego de desactivarse 14 bloqueos en carreteras de la región de Tierra Caliente, se ha restablecido el orden y la seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan, donde el Ejército, Policía Estatal y Federal asumieron el control de la seguridad.
El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, dijo que se estableció que en las acciones violentas, donde hombres armados realizaron bloqueos y quemaron vehículos, participaron integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana y de "Los Tequileros".
"San Miguel Totolapan, por su parte, se encuentra en calma después de que el gobierno federal y estatal asumieran el control de la seguridad del municipio", dijo y agregó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la Fiscalía General del Estado concluyó que los vehículos fueron incendiados por los delincuentes.
Álvarez Heredia detalló que en estos bloqueos, los miembros de la delincuencia incendiaron 8 autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, 4 camiones tipo torton, una grúa y un vehículo particular.
Además, se encontraron abandonados 3 autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, 5 tráilers, 18 camiones tipo torton cerrados, 2 camiones y 3 vehículos de volteo, también utilizados por estos grupos para bloqueo de carreteras.
(V.pág.13-A del periódico El Informador del 15 de mayo de 2017).El Ejército está de nuevo en el centro del debate, dado que continúa en labores de combate al crimen organizado sin que se destrabe la propuesta de Ley de Seguridad Interna en el congreso y por la difusión de videos no de sus cámaras, sino de equipos caseros en Palmarito, Puebla, donde los operativos contra una red de robo de combustible el 3 de mayo pasado terminaron con 10 muertes, las imágenes de la ejecución militar de un civil, el asesinato por la espalda de un soldado y la presunción de una emboscada contra los uniformados.
¿Cuándo estrenará el Ejército sus cascos con cámara, si no es en estas encomiendas tan delicadas? De continuar esta situación, no solo pone el pecho a las balas de la delincuencia, sino también a las de la grilla política.
Alfredo C.VilledaDe acuerdo con el Análisis Penitenciario 2017, elaborado por la asociación civil Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho AC, en Jalisco el promedio de internos sin condena por delitos de competencia local, a enero pasado, es del 52.6%; es decir, sólo 4 de cada 10 reos están sentenciados, uno de los niveles más bajos a nivel país.
Por debajo de Jalisco, en no sentenciados, sólo están Durango, con 76.2% de sus internos sin condenar, Baja California Sur, con 67.5, Quintana Roo y Oaxaca, con 62.3 y 58.2% respectivamente.
Guillermo Zepeda Leucona, investigador del Colegio de Jalisco y especialista en temas de seguridad pública de Jurimetría, dijo que además del grave problema de sobrepoblación que se tiene, existe otro problema: que muchos de los internos son reincidentes.
"El otro dato, que el 41.6% de los que ingresan a uno de los reclusorios de Jalisco ya habían sido condenados por un delito, es la tasa más alta de reincidencia a nivel nacional, estas circunstancias que no son las adecuadas para una reinserción adecuada", detalló.
(V.pág.10 del periódico Milenio Jalisco del 12 de mayo de 2017).Hace un par de días Miguel Ángel Mancera lanzó una especie de llamado de auxilio a la Conago para que se modifique el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Como lo ha venido haciendo desde hace unos meses, insistió en culpar al nuevo Sistema de Justicia Penal del incremento de delitos en la ciudad.
Se quejó, por ejemplo, porque alguien que robó un reloj no se pudre en la cárcel.
En marzo había sido más directo: "Hay un incremento (de delitos) que obedece a que tenemos (libres a) muchas más personas que antes estaban en prisión, ése es un factor que se tiene que analizar, pero es (a escala) nacional. Hoy la Ciudad de México tiene fuera a 12,000 o más personas que estaban en prisión preventiva o compurgando alguna pena".
Ah, los pretextos. El sistema, señor Mancera, tuvo 8 años para implementarse, usted era procurador en ese tiempo. Cierto, el sistema exige más a policías, investigadores y ministerios públicos. Exige que hagan su trabajo, que investiguen, que no inventen delitos, que los prueben frente a un juez.
Sí, el sistema pretende que no haya en las cárceles personas por delitos menores o que en las prisiones la mitad sean procesados, es decir, inocentes hasta ese momento.
Sí, señor Mancera, proceso civilizatorio que se llama.
El problema, pues, tal vez no está en el sistema sino en lo que los gobiernos hacen.
Ayer, por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong sugirió 4 ejes. Lo cito:
1o. El fortalecimiento de las policías locales. Para lo cual se les debe capacitar y también dignificar en su labor; para que cuenten todas y todos ellos con las herramientas y habilidades que necesitan para su buen desempeño.
2o. Fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias... porque nos permiten ir más allá de una justicia estrictamente punitiva, para instaurar un paradigma conciliatorio, que repare el tejido social.
3o. Consolidar la atención a víctimas.
Y 4o. La creación de las Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Para evitar la saturación de los sistemas penitenciarios y para que la prisión preventiva solo se aplique en los casos que realmente lo ameritan.
¿Cómo va en estas 4 Ciudad de México, señor Mancera?
Digo, antes de regresar al sistema por el de antes, el de las confesiones forzadas, los procesos de años, los inocentes que llenan las cárceles.
Carlos PuigLa Ley Federal de Delincuencia Organizada, los códigos penales nacional y estatal, y ambas constituciones (la de Jalisco y la federal), se han tenido que adaptar para aceptar herramientas más eficaces de combate a la delincuencia organizada, entre ellas la policía encubierta. No es un tema mexicano: lo tienen Alemania, Colombia, España, Argentina, Perú, Estados Unidos, entre muchos otros países. Con muchos candados normativos y muchos llamados de atención porque están en la rayita del Estado de Derecho, pero las fuerzas del orden pueden tener policías no identificables.
¿Para qué? Para conocer estructuras del crimen organizado, redes, operación, logística e involucrados. Para descubrir criminales responsables de delitos graves, bueno, hasta para provocar acciones que permitan una detención en flagrancia. Todo esto puede parecer bueno, pero impacta negativamente en la seguridad de los agentes, en su actuación y protección dentro de los grupos criminales, en fallas en el debido proceso, en obstáculos para la acusación y en la tranquilidad de ciudadanos inocentes.
Por eso sólo se permite con candados: para delitos graves, con una investigación en curso y bajo órdenes del Ministerio Público.
Lo que a nadie se le iba a ocurrir, y esa es la genialidad del equipo bajo las órdenes de Salvador Caro, es que los ciudadanos iban a necesitar de la protección de 5 agentes encubiertos para combatir el peligro que representa un individuo en una motoneta sin placas. No sé nada de ese individuo, pero es un hecho que no estaba bajo ninguna investigación. De ningún tipo. Fue detenido por hombres sin uniforme, se resistió, lo golpearon. Pasaron fuerzas estatales, intentaron detener a todos y se armó la de San Quintín: llegaron el fiscal estatal y el comisario tapatío y este último defendió a sus hombres no uniformados. Desde su perspectiva, estaban trabajando y los estatales se metieron donde no les llaman.
La verdad es que hay que agradecerle a Caro. Su intervención en ese caso y los subsecuentes intentos por justificar a sus agentes nos permitió ver la profunda distorsión que puede tener una autoridad al usar una herramienta tan delicada como la de los agentes encubiertos.
Si triunfara su retorcida visión, los jaliscienses nunca más caminarían tranquilos: en cualquier momento, cualquier persona podría detenernos por una infracción vial y nunca sabríamos si es policía o criminal, si tenemos que resistirnos o acompañarlo y contestarle todas sus preguntas sobre nuestra identidad y nuestro patrimonio.
Caro está equivocado y su postura es peligrosa para la libertad. La organización FIND ha puesto el dedo en la llaga con una denuncia por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Ojalá prospere para detener el camino que empezó a andar la policía tapatía.
Ivabelle ArroyoAyotzinapa, 32 meses después, vuelve a ser noticia. De acuerdo con reportes periodísticos, parece haberse documentado una larga serie de irregularidades que podrían llevar el caso a tribunales internacionales, y de ahí, como desenlace, a la liberación de los imputados -lo mismo si son inocentes que si son culpables- "por violaciones al debido proceso".
El reporte, del que tienen pleno conocimiento las autoridades, enlista una larga serie de anomalías, irregularidades y decididas barbaridades inaceptables en un proceso: desde "diligencias practicadas fuera de la ley" en el río donde supuestamente fueron encontrados los restos de los estudiantes, hasta interrogatorios realizados sin la presencia de los abogados de los inculpados, como corresponde en el ejercicio de todo ciudadano a la legítima defensa, pasando por "retenciones realizadas de manera ilegal y arbitraria" (se afirma que hay "pruebas fehacientes" de que testigos y presuntos implicados fueron sometidos a tortura), "contradicciones en las actuaciones de los ministerios públicos" y un larguísimo etcétera.
Fuera máscaras: las violaciones manifiestas a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en México, son una constante. Se dan de manera cotidiana y sistemática. Ocurren todos los días. Aunque hay avances en materia de respeto a los Derechos Humanos, aún hay más sombras que luces en el cumplimiento de las formalidades que las leyes establecen. Se admite, cínicamente, que si en todos los procesos se cumplieran al pie de la letra los requisitos previstos por la ley, las cárceles mexicanas estarían vacías.
La diferencia, en todo caso, estriba en que el Caso Ayotzinapa ha sido motivo de atención mundial... y todos los demás -cientos, miles tal vez-, como ya se apuntó, "el pan nuestro de cada día".
Jaime García ElíasSegún la ONU, en México asesinan a 7 mujeres cada día. Imagínese cuáles serán los pretextos que se darán para cada una de ellas y cuántos tendrán que ver con la noción de "no haberse dado a respetar".
Es momento de entender que las autoridades están para hacer su trabajo y no para juzgar la vida personal de las víctimas.
Gabriela AguilarEl crimen organizado ha conseguido, una vez más, ampliar nuestro glosario, ahora con la palabra huachicolero. Dícese de alguien que se dedica a "la actividad ilegal de robo de combustible (gasolina o diesel) en México. La palabra deriva de huachicol, una bebida alcohólica adulterada y también se utiliza para nombrar al combustible robado el cual puede estar igualmente adulterado".
Lo de huachicolero es algo más que una nueva palabra. Lo que sucedió en Puebla, en donde cientos de pobladores se enfrentaron al Ejército para defender una actividad claramente ilícita, representa una nueva escala en el desdibujamiento de los poderes del Estado que venimos padeciendo.
Las autoridades estiman que el monto de la ordeña solo en esta región, conocida como el Triángulo Rojo, supera los 2 millones de pesos diarios. Se afirma que la venta de combustible en las gasolineras ha caído a la mitad en Puebla, lo cual nos indica al menos de bulto, el enorme impacto de este fenómeno y su repercusión económica. Al atacar al Ejército y bloquear la carretera, los vecinos están defendiendo su modo de subsistencia. El único problema es que se trata de una actividad criminal. Puedo entender que tiangueros, ejidatarios o transportistas (y para el caso cualquier comunidad de interés) defienda con machetes y garrotes lo que considera un patrimonio o un derecho. Salvo que en este caso se defiende el derecho de apropiarse de lo que no es suyo y pertenece a todos.
Ups. Creo que acabo de definir a la clase política (¿o no es eso la reivindicación de Hank González, el padre del Grupo Atlacomulco, cuando enunció su célebre "un político pobre es un pobre político"?). Nos hemos acostumbrado tanto a la impunidad de las casas blancas y las riquezas inexplicables, a que un gobernador sea millonario y a que un diputado porte en ropa y reloj un valor superior a su sueldo mensual que olvidamos que estamos frente a una actividad que violenta al Estado de Derecho; más o menos como el caso de los huachicoleros.
¿Una exageración de mi parte? Después de todo estos vecinos, seguramente instigados e infiltrados por miembros del crimen organizado, la emprendieron a balazos contra los soldados que llegaron a desmantelar sus ordeñas. Pero la comparación no es del todo desproporcionada: más de la mitad de las agresiones contra la prensa (desapariciones y asesinatos incluidos) proceden de políticos y funcionarios. Como los huachicoleros, ellos también se defienden de aquellos periodistas que al difundirlo ponen en riesgo "su derecho" a robar el patrimonio público.
El presidente Enrique Peña Nieto ha prometido que el crimen de los soldados no quedará impune (murieron 4 en el 1er. enfrentamiento). La ordeña de combustibles en esta región será desmantelada, afirmó al país el mandatario mexicano. Bien. La mera existencia de este Triángulo Rojo en el corazón del país es un síntoma inadmisible de la posibilidad de derivar a un Estado fallido.
Jorge Zepeda PattersonSegún reportes periodísticos, en los estados de Puebla y Tlaxcala esta actividad lleva generaciones implantada en comunidades pequeñas. Pero en Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco se han reportado una gran cantidad de acciones. Lo sucedido en Palmarito la semana pasada, donde perdieron la vida 10 personas, entre ellos cuatro militares, es una muestra de la fuerza y la implantación en la vida social que han logrado tener quienes ahora poseen una actividad que implica cientos de millones de pesos con la participación de miles de personas.
La población ha asumido como aceptable el huachicol y como irregular la acción de los militares. La situación es compleja no solamente por este componente social sino porque además implica a una enorme red de compradores desde estaciones de gasolina, transportistas, como comerciantes y productores del campo. Es evidente que quienes manejan esta actividad no son los campesinos sino grandes operadores. El desafío de las acciones del gobierno federal está enfocado en restaurar el Estado de Derecho en esta región, que como en otras vive una crisis de autoridad.
Las organizaciones criminales han encontrado una fuente inmensa de recursos que alimentan la venta de armas y la violencia. Ha llegado el momento de actuar decididamente contra las bandas que controlan el robo y tráfico de combustibles, porque cada trago que consume la nación es un golpe al Estado de Derecho. La embriaguez del huachicol ha llegado demasiado lejos.
Luis Ernesto Salomón, doctor en DerechoBajo el título Seguridad o socialización del delito, con el problemón que representan los huachicoleros de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Jalisco, este lunes insistí en la necesaria legislación que el congreso federal viene escamoteando a los mexicanos.
En una veintena de municipios poblanos, sobre todo en Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco y Acajete, poblaciones enteras (las excepciones, de haberlas, han de residir aterradas) viven de crímenes que van del robo de combustible y otros giros negros al asesinato de civiles y, en los últimos días, de soldados.
Si se quiere que "el gobierno" (autoridades de los 3 niveles electas por mayoría) pueda enfrentar este flagelo (irresoluble apostando solo a fuerzas federales, policías municipales y estatales o alcaldes honrados y demás ilusiones cándidas), los diputados y senadores tienen la obligación de diseñar un mando policial único o mixto, y la cada vez más urgente ley de seguridad interior.
Pero a ellos, en su muladar político, les tiene sin cuidado que la peste cunda.
Carlos MarínTodos, incluidas las víctimas o los familiares de las víctimas, deben pagar por mantener un sistema carcelario que se lleva de calle a miles de inocentes y fortalece las redes de quienes se quedan en el camino del crimen.
La reparación del daño es la otra cara de la justicia. Ha costado mucho trabajo incorporar esa visión a nuestro sistema de procuración de justicia y, aunque lento, ahí va: el Estado mexicano se ha visto obligado a compensar a las víctimas de abusos de actos de gobierno; hay normas que incluyen compensaciones en el ámbito civil y también en el espectro ambiental. Pero aún estamos lejos de construir una justicia que no ponga todo el peso en el castigo.
Ivabelle ArroyoLa justicia por mano propia es un símbolo inequívoco de que las instituciones de seguridad y justicia no están funcionando. Habla de la descomposición social, sí, pero sobre todo de la desconfianza institucional. Cuando ya no creemos que las instituciones del Estado son capaces de protegernos y hacernos justicia, recurrimos a estos intentos desesperados.
Las manifestaciones que hemos visto recientemente de intentos de hacer justicia por mano propia no son sino el reflejo de la crisis de las instituciones.
El problema es que la justicia por propia mano es, casi siempre, una salida falsa. Suele discutirse mucho en términos éticos si la justicia por mano propia es aceptable o no. Casi siempre la respuesta es sí, con decenas de condicionantes previas a ese "sí" ético a que una persona busque procurarse justicia, pues en el fondo a nadie puede negársele el derecho primigenio y fundamental que es la justicia. El problema no es pues, me parece, de índole ético, sino práctico: la justicia por mano propia pierde la dimensión social del problema y termina, invariablemente, generando una justicia de la ley del más fuerte, anulando el propio sentido de justicia.
Los vacíos se llenan; la omisión se suple. El detalle es con qué se llenan esos vacíos y quién suple la falta de autoridad. Estamos muy lejos, no tengo duda, de situaciones como la de Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, donde el Estado perdió el control de la seguridad y la justicia y los vacíos los llenó el crimen organizado. Pero también estoy cierto que así se empieza a perder el control y el derrotero es claro. No nos podemos llamar a engaño.
Las imágenes y manifestaciones de justicia por mano propia que vimos en días pasados no deben ser leídos como una anécdota sino como un síntoma de hartazgo social y de que urgen reformas al sistema de seguridad y justicia antes de que nos reviente en las manos. Los enfrentamientos entre policías, la liberación de detenidos, la ineficiencia del sistema judicial, todo eso que los políticos interpretan, y sobreinterpretan, como parte de sus luchas por el poder, los ciudadanos lo leen como símbolos inequívocos de la ineficiencia del Estado y de la indefensión ante el crimen.
Diego Petersen FarahTras las agresiones hechas públicas en redes sociales y la aparición de mensajes en al menos dos colonias de Tonalá y Zapopan mediante los que vecinos amenazan con tomar justicia por propia mano y linchar a los delincuentes, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, dijo que son las autoridades las que deben intervenir para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Robles urgió a desalentar este tipo de medidas, ya que el mensaje de amenazas de linchamiento "es un mal indicador porque toca a las autoridades en apego a la ley y en apego a derecho, velar por la seguridad de todos. Si no se cumple con esta misión, entonces la sociedad puede verse coaccionada, puede verse obligada a tomar medidas que mejor hay que desalentar".
El cardenal reconoció que el sentir de la población puede ser una reacción de hartazgo. "Si las autoridades no hacen lo que les corresponde, siempre habrá el riesgo de que la sociedad tome medidas por sí mismas y no siempre serán las más adecuadas".
(V.primera plana del periódico El Informador del 1o.de mayo de 2017).En una "leal ciudad", civilizada, dizque "amable", custodiada -la Minerva dixit- por los espíritus de justicia, sabiduría y fortaleza -de justicia, sobre todo-, se antoja inadmisible que haya linchamientos.
Y, sin embargo, los hay...
Los casos más recientes de linchamiento, en Guadalajara, se produjeron esta misma semana. La agresión fue difundida en las redes sociales, no tanto en plan de testimonio del episodio, cuanto de advertencia: un poco a la manera de los rótulos que hace tiempo llegaron a proliferar en varios mercados de la ciudad, el Estado de México y Puebla: "Ratero: si te agarramos no vas a ir a la comisaría: te vamos a linchar".
La Policía de Guadalajara reaccionó -¡valiente reacción!- difundiendo un boletín en que advierte que "no habrá tolerancia a estos actos ilegales y de justicia por propia mano"...
En lo que se comprueba si la advertencia va en serio (o, como de costumbre, se limita a ser pura palabrería), vale consignar el apunte de Raúl Rodríguez Guillén, del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, en el sentido de que "en los últimos 30 años, México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se refleja directamente en violencia social", y que "los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad", incapaz de hacer valer el legítimo monopolio en la aplicación de la justicia.
El investigador concluye: "La imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, propicia que las personas tomen justicia por su propia mano".
Jaime García Elías2 nuevos casos donde la ciudadanía se hace justicia por mano propia se divulgaron a través de redes sociales: en la plazoleta de San Juan de Dios, locatarios lincharon a un par de mujeres a quienes acusaron de ladronas; y en otro video, un grupo de sujetos torturó a un tipo que confesó haber robado llaves de autos.
De acuerdo al video sobre el incidente del mercado Libertad, a las señaladas les cortaron el cabello, las patearon y a una le fracturaron la nariz ya que presuntamente habían hurtado calzado y teléfonos celulares del 3er. nivel del inmueble.
La Policía de Guadalajara reaccionó a estas imágenes y afirmaron, a través de un comunicado, que no habrá tolerancia a estos actos ilegales y de justicia por propia mano.
Salvador Sainz, uno de los líderes de locatarios del mercado Libertad, dio su versión: "Es cotidiano que raterillos de toda índole irrumpan aquí en el mercado. El 3er. nivel es el más vulnerable porque tienen muchos objetos a la mano".
Explicó que, después del presunto robo, otros locatarios comenzaron a seguir a las mujeres hasta la plazoleta donde las detuvieron, aunque una, la de la mercancía, escapó.
"Se llamó a la policía, al famoso 911 y te estoy hablando de 45 minutos para que llegaran... ¡no manches! En un momento dado los afectados se desesperaron y una de esas muchachitas broncudas descontó a una de las ladronas y en seguida se desató un linchamiento".
Señaló que si estos hechos proliferan, es por negligencia de la autoridad. En la versión de Guadalajara, el reporte se recibió a las 16:28 horas y se atendió en 3 minutos. Al llegar las mujeres sólo les pidieron que las escoltaran fuera del mercado sin presentar una queja contra los agresores.
En el caso del presunto ladrón de llaves, ni la Fiscalía ni la Policía de Guadalajara determinaron el lugar donde ocurrió el incidente.
La falta de cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía, la desconfianza en las autoridades y hasta los tediosos procedimientos del nuevo sistema de justicia son elementos que contribuyen a que se presenten cada vez más casos de personas que tratan de hacerse justicia por su propia mano, advirtió el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes.
"Las autoridades pueden decir que no actúan si no hay denuncia y la gente dice que no denuncia porque no confía, entonces se vuelve un círculo vicioso. Se tiene que romper esa dinámica".
Hacerse justicia por propia mano genera la vulnerabilidad de que no se cumpla la ley, porque la persona que es presunta responsable no tiene el debido proceso, no se valora su dignidad y no se presume su inocencia.
Haro señaló que las autoridades deben [tener] mecanismos apropiados para garantizar la justicia, entre ellos avalar la confianza hacia ellas.
Haro Reyes instó a implementar mecanismos de participación ciudadana y admitió que un factor que incide en la pronta respuesta de las autoridades está en el nuevo sistema de justicia, en el primer respondiente, que es el primer servidor que atiende una denuncia.
"De manera urgente se tiene que trabajar en una reforma, sobre todo en el protocolo del primer respondiente. En la Policía de Nueva York se llena una tercera parte de los formatos que se llenan aquí con nuestra policía. No tienen que hacer tanto papeleo como nosotros".
"Se está cayendo en esta 'papelitis' que al final de cuentas inhibe a que se quiera actuar como primer respondiente, esto perjudica a todo el proceso. El problema es que nadie quiere ser el primer respondiente por todo lo que implica, aquí se tiene que reformar de inmediato".
La justicia por propia mano es un tema que tomó relevancia para la metrópoli esta semana: en las colonias Prados de Tonalá y La Moraleja en Zapopan aparecieron lonas donde advierten a los delincuentes de represalia si cometen delitos en sus comunidades.
La autoridad ya reaccionó al respecto: este martes, la fiscal central, Marisela Gómez Cobos, advirtió que habrá sanciones contra las personas que se hagan justicia por su propia mano: "Finalmente se comete un delito, no se puede hacer justicia por su propia mano, se tiene que recurrir a las autoridades".
Mientras en las calles vecinos de diferentes colonias se organizan para hacer frente a la delincuencia e incluso colocan mantas para lanzar advertencias a los criminales, en las redes sociales la lucha contra la inseguridad va un paso más allá y en los últimos meses proliferaron perfiles y grupos, muchos de ellos privados, donde no sólo exhiben a los delincuentes, sino que incluso divulgan datos personales.
Tras la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la autoridad omite los datos personales de los detenidos buscando proteger su identidad e impulsando la presunción de inocencia; sin embargo, en muchas de estos perfiles de Twitter o Facebook esto no se aplica: se divulgan los nombres completos de los acusados, sus rostros e incluso sus domicilios. En algunos post incluso hacen llamados a la ciudadanía para denunciar, pero en otros casos para que la gente se haga justicia por propia mano.
"Asaltantes de la zona de Infonavit Estadio y colonia Independencia, uno de ellos se llama Óscar V..." cita un tuit de uno de estos perfiles, mostrando los rostros en 1er. plano de 2 acusados. "Martin E... narcomenudista de la zona Zalate, Benito Juárez, Oblatos y colonia Jalisco" cita otro tuit donde muestran una foto personal de un hombre acompañado de una joven.
Tanto en Facebook como en Twitter las publicaciones de denuncia son replicadas y compartidas, sin que existan denuncias formales contra las personas acusadas.
CRONOLOGÍA:
24 de noviembre de 2015
Policías evitan el linchamiento de un hombre acusado de matar a su hija, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, en Lagos de Moreno. El hombre apareció un día después de descubierto el crimen.
17 de octubre de 2016
Un grupo de 5 hombres y una mujer con las manos mutiladas aparece en un camino de Tlaquepaque, junto al cadáver de otro varón. Un letrero junto a ellos firmado por un supuesto grupo de justicieros afirma que los mutilados son ladrones "castigados".
27 de octubre de 2016
Policías de Tonalá intervienen para rescatar a un asaltante apodado "La Alimaña", y a quien un grupo de vecinos capturó y amenazaba con linchar. 3 vecinos son retenidos mientras otros colonos exigen que los dejen libres.
23 de diciembre de 2016
Socorristas trasladan a la Cruz Verde Tonalá a un hombre de 40 años, malherido después de una golpiza y al que recogen afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Privada de la Reina; el hombre fallece en la clínica, con heridas que incluyen lesiones con arma blanca y un balazo. El reporte policial indica que el hombre era uno de 3 ladrones que intentaron atracar el negocio y fueron perseguidos por vecinos; los otros 2 huyeron.
100 campesinos de Santo Domingo Ingenio bloquearon la carretera Panamericana 190 La Ventosa/Tapanatepec. Demandan la liberación de 11 de sus compañeros tras el desalojo del parque eólico "Cinco Palmas".
(V.pág.10-A del periódico El Informador del 24 de abril de 2017).El 18 de junio pasado entró en vigor un nuevo sistema de justicia penal. En él se han invertido ingentes cantidades de dinero para capacitación de policías, ministerios públicos, jueces y personal de los juzgados. Además, se gastaron millonadas en la adecuación de las salas judiciales a los nuevos formatos, que incluyen grabación y publicidad de los procesos.
En la ceremonia en el Altar a la Patria en la que hace 10 meses fue anunciado formalmente el inicio de esa revolución en la manera en que son llevados los juicios estaban, acompañando al presidente Enrique Peña Nieto, Javier y César Duarte, hoy emblemas de políticos evasores de la justicia.
Mal haría cualquiera en sorprenderse de que un día un gobernador aplauda un sistema judicial y a los pocos meses salga del país en un intento de sustraerse del mismo, pero además de un cinismo nada raro en la clase política, qué esconde la huida de alguien que ocupó un alto puesto en la administración pública.
De una manera torcida los Duarte nos recuerdan que el sistema de justicia mexicano es poco o nada confiable.
El escenario ideal sería uno donde el sistema judicial fuera tan robusto y serio que a nadie se le ocurriera -salvo en una desesperación irracional- intentar probarse más listo que la justicia cuando ya ésta ha puesto los ojos en uno.
En cambio, los Duarte et al no se evaden por temor a la efectividad de nuestro sistema, sino a sabiendas de sus grandes defectos, vicios que encima pueden ser utilizados discrecionalmente para torcer los hilos de la justicia hacia cualquier lado.
Si un criminal común, digamos "El Chapo", huyó fincando su éxito en la alta probabilidad que tendría de corromper a los policías que le persiguieran, se puede decir que un político que huye espera lograr lo mismo en una negociación de alto nivel. El 1o. huye esperanzado en la debilidad institucional a ras del suelo, el 2o. quiere ampliar sus capacidades extralegales de defensa negociando con los de su clase, encargados en buena medida de perseguirle.
Salvador CamarenaUna de las situaciones que más molestan a los gobernados es notar el uso faccioso de las instituciones públicas por parte de los gobernantes, en especial de las de impartición de justicia para favorecer a sus cercanos o por intereses políticos o monetarios.
Antes la corrupción en los sistemas de justicia estatal y federal era la excepción, ahora con honrosas excepciones es la regla. En el caso de los juzgados federales siempre recomendé a mis clientes esperar a la resolución de estos ya que prácticamente eran incorruptibles, ahora lamentablemente tenemos que dudar de la honestidad de algunos de sus miembros a pesar del alto conocimiento del derecho que estos normalmente poseen, esto aunado al terrible tráfico de influencias, que en exceso de sus límites constitucionales realizan algunos funcionarios, solo viene a perjudicar la inversión tanto nacional y extranjera.
Héctor A.Romero FierroLa figura del testigo protegido, de la que ha echado mano la Procuraduría General de la República en los últimos 17 años, le ha costado a la institución más de 210 millones de pesos, a pesar de que una buena parte de los casos que llevó a juicio se le vinieron abajo, porque los delincuentes mintieron o no les constaban los hechos que declararon.
El penalista Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol-México, y quien estuvo encarcelado porque fue acusado con pruebas falsas de estar ligado al narco, dijo que la utilización de los testigos colaboradores se "distorsionó".
"Nació como una herramienta de investigación, pero fue utilizada como moneda de cambio con miembros de la delincuencia organizada, donde a cambio de beneficios se obtuvieron declaraciones sobre hechos nunca investigados; esas declaraciones no se sostuvieron ante los jueces federales".
"Los testigos colaboradores colapsaron ante el ejercicio de la contradicción, y ahora me pregunto: ¿dónde están los que le mintieron al Ministerio Público federal? ¡Libres, al darles el beneficio de la impunidad sin corroborar sus dichos!", expresó.
La figura de testigo colaborador, comúnmente llamada testigo protegido, es una de las más polémicas, porque en el sexenio pasado varios inocentes fueron llevados a prisión por los dichos de estas personas.
Legisladores de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados cuestionaron el abuso de la utilización de testigos protegidos para subsanar deficiencias de las investigaciones ministeriales y formular acusaciones sustentadas en dichos de criminales dispuestos a mentir, a cambio de alguna prebenda.
(V.pág.15 del periódico Milenio Jalisco del 14 de abril de 2017).8 policías de la Secretaría de Seguridad Pública y 3 integrantes del Frente Popular Francisco Villa lesionados fue el saldo que dejó un enfrentamiento con piedras y palos que sostuvieron un grupo de antimotines con poco más de 300 manifestantes ayer en la tarde, cuando los inconformes cerraron las calles aledañas a la procuraduría de la Ciudad de México. Los rijosos llegaron al llamado "búnker" de la PGJ poco después de las 16:00 horas, obstruyeron el paso sobre la calle General Gabriel Hernández y exigieron que 5 de sus compañeros (detenidos por invadir predios) fueran liberados de inmediato.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2017).Se ha vuelto lugar común el que los funcionarios públicos traten de tranquilizar a la ciudadanía, ante determinados hechos violentos, diciendo que se trata de "ajuste de cuentas", de crímenes entre delincuentes, que se están matando entre ellos y que por lo tanto nada debe temer la pacífica y honesta ciudadanía; lo ha dicho recientemente el gobernador de Veracruz, siguiendo desde luego el modelo de muchos otros funcionarios.
Tal vez dichas personas no se han puesto a pensar lo que significan semejantes declaraciones. En 1er. lugar están admitiendo que los delincuentes gozan de total impunidad a la hora de hacer cumplir sus propios códigos. Por tanto aceptan tácitamente que en México impera con iguales derechos tanto el código civil como el criminal. Igualmente legitiman dichos ajusticiamientos sin que les conste que se trataba efectivamente de un ajuste de cuentas, ¿o es que lo averiguan cada vez que sucede? Pero además tendríamos que pensar que los criminales no son ciudadanos mexicanos y que por lo mismo el que otros tipos semejantes a ellos les quiten la vida ni es delito, al parecer, ni si lo es, debe ser perseguido. Que se arreglen entre ellos, dirán, pero diciendo eso están renunciando a su papel como representantes del único Estado de Derecho que rige en el país, o que regía. Por otra parte dichos ajustes de cuentas no ocurren fuera de México ni se limitan a espacios estrictamente privados, donde en efecto, puedan ejecutar a quien les dé la gana sin afectar a terceros, todo lo contrario, asesinatos y batallas suceden en el espacio público, por donde transitan y viven los mexicanos, que en innumerables ocasiones han sido víctimas inocentes de esta debacle de la autoridad constituida.
No es precisamente cómodo vivir en una nación donde el gobierno ha decidido dejar a los delincuentes pelearse los territorios a sus anchas, porque no es cómodo vivir en un estado de guerra. Aunque pueda sonar a deporte extremo, caminar o transitar por calles o plazas, tiendas o restaurantes donde de pronto se arma una balacera o un ciudadano es "ejecutado" no es atrayente para persona alguna y además, resulta altamente perjudicial para las personas que tienen la desgracia de que en su negocio ocurra ese tipo de tragedias. ¿Cómo hacer entender entonces a las autoridades que si no pueden hacer declaraciones más inteligentes, mejor se callen?
Poco futuro tienen entonces las hermosas campañas que a través de todos los medios de comunicación hoy se hacen invitando a los mexicanos a conocer su país, a viajar por él, a hacer turismo por esta tierra tan llena de maravillas naturales y herencias arquitectónicas invaluables, porque las autoridades no están en capacidad de garantizar la seguridad de los alegres paseantes, no sólo ante el eventual caso de hallarse en medio de un "ajuste de cuentas", sino por el hecho evidente de moverse siempre a lo largo de un territorio gobernado por delincuentes y poderosas mafias que los amparan, hasta donde se ve, con la protección también de muchas autoridades que fueron constituidas precisamente para lo contrario.
Y si alguien se pregunta cómo es que a pesar de los graves y profundos problemas que atraviesa el país, ya anden tantos aspirantes moviéndose para ocupar cargos públicos, la respuesta es muy simple, los candidatos quieren los cargos con sus respectivos beneficios legales y extralegales, de ningún modo les preocupa resolver la problemática local o nacional.
Armando González EscotoEl Instituto para la Economía y la Paz subraya la importancia de mejorar la capacidad general de la justicia en un país en el que la ratio de funcionarios de este segmento es de 3.5 por cada 100,000 habitantes, casi 4 veces inferior a la media mundial, y llama a seguir el camino emprendido en 2011. "La reciente mejora es sustancial", destaca el "think tank" con sede en Sídney: entre 2011 y 2016 el gasto público en el sistema de justicia ha subido un nada despreciable 41%. También ha mejorado la recolección y precisión de los datos de criminalidad, "pero la calidad de las cifras oficiales sigue siendo baja", añade. En 2015, el último año del que hay estadísticas en este ámbito, el porcentaje de homicidios que no fueron contabilizados oficialmente fue elevado: el 10%. Sin embargo, este guarismo es inferior al registrado en los 12 meses anteriores: 15%. El pasado año, 4 estados -Baja California, Morelos, Sonora y Tabasco- siguieron sin reportar ningún ataque con arma de fuego, una realidad a todas luces imposible.
"México ha dado y sigue dando importantes pasos para mejorar su Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley", destaca el Instituto. "Pero los desafíos siguen siendo formidables y los recientes aumentos en la tasa de homicidios, muy preocupantes", concluye.
Ignacio FarizaEn los 80's, El Salvador se convirtió en el lugar donde de manera sistemática, se comenzó a ver a los periodistas como enemigos. Eran los primeros años del final del entorno de seguridad que tenían los periodistas para hacer su trabajo en zonas de conflictos. En la Guerra de los Balcanes, los riesgos aumentaron al buscar las fuerzas enfrentadas silenciar a la prensa.
Según el Comité de Protección a los Periodistas, sólo 3 salvadoreños fueron asesinados de 1992 a la fecha, una vez terminada la guerra. En los Balcanes murieron entre 54 y 75 periodistas -la cifra incluye traductores, choferes y asistente- hasta 1992, cuando la ONU logró un cese al fuego, similar al número de periodistas muertos en la Guerra de Vietnam, y casi el total que falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajar como periodista en un país en guerra tiene altos riesgos, pero también, en la gran mayoría de los casos, existen reglas no escritas que permiten a los periodistas minimizar el peligro. Otros países, que oficialmente no están en guerra, carecen de reglas no escritas. No hay límites ni garantías de ninguna especie. México es el ejemplo más dramático.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. En su barómetro de 2017, ubica a 6 periodistas muertos, Irak, 2; Siria 2; Afganistán, 1; y México, 1. Los datos no están actualizados. A la fecha, en México han asesinado a 4 periodistas, lo que hace casi el total de caídos en aquellas naciones asiáticas, todas envueltas en profundas guerras.
La impunidad es el nombre del juego en México. Artículo 19 reportó que desde 1990 se han documentado los asesinatos de 102 periodistas en México, de los cuales casi el 30% del total han sido durante el actual gobierno. En su informe sobre la situación de la prensa en 2016 -que será revisado este jueves-, Artículo 19 señaló que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en México. "En la actual administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas", añadió. "Hubo 326 ataques contra periodistas y medios de información en 2016. Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro con el 43% de los casos. Le siguen las intimidaciones con 16%, las detenciones arbitrarias con 14%, y las amenazas con 13%".
El deterioro sobre la libertad de expresión ha sido continuo. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 al 31 de diciembre pasado, hubo 798 denuncias por agresiones contra periodistas, 47 por asesinato, pero sólo se lograron 3 sentencias condenatorias, una en 2012 y 2 en 2016. O sea, el 99.7% de los casos registrados por la Fiscalía, no ha recibido sentencia alguna.
La inseguridad de los periodistas en México es reflejo de la debilidad de las instituciones. No hay autoridad, sobre todo estatal, que pueda proveer seguridad a los medios y sus trabajadores. Desde hace más de una década hay regiones del país donde los periodistas están al arbitrio de criminales, sometidos o amenazados. En estados como Michoacán, la ley fue plata o plomo, donde organizaciones criminales reclutaron a periodistas. Similares ejemplos se dieron en Tamaulipas y Veracruz, que produjeron un éxodo de profesionales que prefirieron dejar todo antes que involucrarse con criminales o arriesgar su vida por hacer su trabajo.
La violencia contra los periodistas en México ha tenido carta de impunidad. "Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra, han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección", señaló Artículo 19. "Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad a favor de su seguridad". El silencio avanza en los medios, acalladas cada vez más sus voces independientes. Es ominoso. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Sin ella, la democracia está coja y retrocede, porque permite que una sociedad carezca de información para tomar mejores decisiones, que es lo que está pasando hoy en día en México.
Raymundo Riva PalacioDe pronto la mano justiciera se abatió sobre diversos miembros de la casta política mexicana dándonos hasta el momento 2 gobernadores oficialmente prófugos, más de uno en proceso, uno que otro ya en cárceles mexicanas o extranjeras, muchos más bajo sospecha, más los que atrapa la justicia norteamericana cualquiera sea el puesto que desempeñaban, como es el caso del fiscal de Nayarit, de cuyas actividades presuntamente ilícitas, el señor gobernador, presuntamente, no tenía la menor noticia, como cuando en las nóminas de los ayuntamientos aparecen personas que colaboran activamente con algún cártel, sin que los alcaldes supieran nada al respecto, ni siquiera cómo es que llegaron. Lo cierto es que ahí seguirían de no haberse descubierto el entuerto.
Claro que mientras este vendaval inusitado de la justicia se cierne sobre varias cabezas, los jueces siguen haciendo de las suyas dando amparos o liberando capos de robacoches, secuestradores, violadores y lo que se junte siempre y cuando actuando así junten lo suficiente para paliar las consecuencias de su proceder retirándose de ese mundo sinuoso con las bolsas retacadas de dinero.
Pero luego de tantos sexenios, repetitivos y romos, la inteligencia mexicana ya no se impresiona fácilmente.
Armando González EscotoTres casos de los últimos días han puesto nuevamente a debate nuestro sistema de justicia y en particular, el papel de los jueces.
El que ordenó no cambiar a una cárcel más segura a El Azulito que luego escapó de una cárcel de Culiacán; el que otorgó un amparo exprés a un ex funcionario de Chihuahua acusado de corrupción, que no pudo asumir como diputado y conseguir el fuero, y que lo esperó atrincherado en la Cámara de Diputados para no ser detenido; y sin duda el más sonado: el del bautizado como el Juez Porky, que dio un amparo a uno de los 4 jóvenes acusados de violar a la menor de 17 años Daphne, por considerar que él sólo tocó a la menor en el coche y no se acreditaba su intención "lasciva" porque no fue el violador.
La reacción de linchamiento social, especialmente en las redes digitales y sobretodo en el caso conocido como el de Los Porkys, es un claro síntoma de la desconfianza ciudadana en las autoridades y en particular en los jueces y en el poder judicial, por los altos niveles de corrupción y opacidad con los que se ha manejado siempre. En ese sentido, la visibilización del trabajo de los jueces y magistrados por estos casos que han atrapado la atención pública ayuda a generar una cultura de mayor escrutinio al trabajo de los juzgadores, y que ellos sientan una mayor vigilancia en su actuar.
En lo que habrá que tener cuidado es con los juicios sumarios a los que es muy fácil caer tras los "linchamientos cibernéticos y mediáticos" que empuja lo políticamente correcto. Habrá que superar el susceptible prejuicio por la mala reputación de los jueces ganada a pulso y analizar cada caso a fondo de forma imparcial. Poco ganaremos si nos deslizamos de nuestro incipiente nuevo sistema de justicia penal, al otro extremo, y empezamos a tener juzgadores que resuelvan pensando más en evitar el linchamiento mediático que en un estricto sentido de justicia.
En el caso del Juez Porky, por ejemplo, expertos que leyeron ya la resolución completa, que por cierto se puede encontrar en la página de la SCJN, abren la posibilidad de que el Ministerio Público, por deficiencias o intencionalmente, no haya aportado los elementos suficientes para que el juez negara el amparo al acusado. En fin, eso será justo lo que deberá analizar el Consejo de la Judicatura Federal, que sin duda por toda la crítica social que despertó este fallo, apresuró separar al juez sin que mediara fallo de algún tribunal colegiado, para estudiar si fue o no procedente haber otorgado la suspensión definitiva, y con base en ello, sancionar o no al juez.
Lo que debemos perseguir es un sistema que efectivamente imparta justicia pronta y expedita, y no que suministre venganzas que exijan mayorías. Caer en esa tentación nos regresaría a la barbarie, más que a lograr un verdadero esquema de justicia que acabe con la impunidad y la corrupción, castigue al delincuente y logre la reparación del daño a las víctimas.
Jaime Barrera RodríguezHace unos años, 2012, fuimos a investigar en Nayarit la detención de un joven empresario, Eduardo Valencia, que tenía un duro pleito legal con un grupo de inversionistas canadienses apoyados por el Gobierno del Estado y sobre todo por el fiscal, entonces procurador Edgar Veytia, por unas propiedades inmobiliarias en Nuevo Vallarta. No puedo juzgar si se había cometido un delito o no aunque lo que se percibía en el expediente era que se trataba más de una venganza que de un deseo de hacer justicia. El empresario había sido detenido literalmente a la mala, más allá de lo complejo del caso, nos pidió que investigáremos su caso. Eso hicimos.
El reportero que fue a Tepic y Nuevo Vallarta se encontró con durísimas amenazas de la Fiscalía, que luego se hicieron extensivas a un servidor, acompañada de una campaña impulsada por Veytia en medios locales contra el programa Todo Personal y sus conductores y terminaron con un recrudecimiento de las condiciones carcelarias del empresario. El propio Veytia nos amenazó judicialmente a través de una carta, simplemente por haber aireado uno de los muchos casos de aparente corrupción judicial en el estado. A la familia del empresario, el fiscal simplemente les dijo que como habían aireado su tema en los medios les costaría mucho más sacarlo de prisión. Por lo pronto, la última información que tuve sobre ese caso es que al empresario le había costado todo su patrimonio tratar de salir de prisión y todavía permanecía detenido.
Jorge Fernández Menéndez¿A quién importa la muerte de un periodista? La respuesta es demoledora. No importa a nadie. ¿Y por qué importa poco o nada? Porque la muerte de un periodista no produce renta política. La renta político-electoral está en la defensa de criminales como los que fueron abatidos en Tlatlaya, de vándalos como los de Nochixtlán o, en un caso emblema, en el secuestro, desaparición e incineración de los normalistas de Iguala.
El caso de los 43 de Ayotzinapa ha sido tan rentable que casi tira a un Presidente y casi lleva a los cuernos de la luna a un precandidato presidencial.
Según diversas organizaciones, en lo que va del sexenio han sido asesinados a 30 periodistas: 4 en 2013; 6 asesinados en 2014; en 2015, 7; y en 2016 fueron asesinados 10. En 2017 se han producido 3 ejecuciones. En total, 30 periodistas muertos en 5 años.
Los estados con más periodistas muertos son Veracruz, con 10, y Oaxaca, con 8.
Y a pesar de esa persecución, algunos políticos, gobernantes y candidatos, como AMLO, El Bronco, Javier Corral y otros, usan la plaza pública para la siembra de odio contra los periodistas. ¿Hasta cuándo?
Ricardo AlemánHace días, Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, renunció al cargo que ocupaba desde hace 9 años.
El movimiento fue extraño porque si algo le interesaba a Elías era eternizarse en el poder: consiguió que se modificara la ley local no una, sino 2 veces, para ocupar el puesto por lo menos una década. El proceso de reelección fue tan controvertido que varios jueces locales se rebelaron y presentaron amparos para evitar que sucediera.
El motivo de la renuncia fue su posterior nominación como embajador ante los Países Bajos, nombramiento para el cual dista de estar calificado.
Es larga la estela de acusaciones que deja tras su paso por el Tribunal Superior.
Fue señalado en Estados Unidos por supuestamente permitir sobornos a jueces del TSJ a cambio de fallos favorables (http://bit.ly/2mVwISt); perdió 120 millones de pesos del erario por invertir en Ficrea, a pesar de que la institución financiera que lo asesoraba le dijo que era mala inversión (http://bit.ly/2o9EDwD); semanas después de oponerse a su 2a. reelección, una magistrada fue investigada penalmente (http://eluni.mx/29sxPoO); por último, hizo negocios inmobiliarios poco éticos y transparentes. Por ejemplo, invirtió el Fondo de Retiro de los magistrados en comprar un estacionamiento público que los propios empleados del Tribunal pagan por utilizar cuando trabajan (http://bit.ly/1wEcpMO).
Lo anterior es apenas una pequeña muestra de todo lo que se le ha acusado. Los motivos para que no sea embajador abundan.
Pero no hay mal que por bien no venga: abogados y jueces de la Ciudad de México están de fiesta. Al fin se libran del hombre que hizo de la justicia capitalina su negocio personal.
Esteban IlladesEl video es horrible. Un tipo, de tenis, jeans y camiseta negra, golpea a un policía vial que está en su patrulla. El policía trata de defenderse, pero es imposible: el agresor está de pie; el policía sentado. El agresor puede moverse libremente; el policía está encerrado, a merced de los golpes que se repiten una y otra vez sobre su rostro. Una mujer se acerca, no sabemos si a tratar de impedir o a ordenar la golpiza: el joven la hace a un lado y continúa. La gresca había iniciado desde antes. Eran tres contra uno. Nadie se metió a defenderlo. La imagen final es terrible: la cara hinchada es una bola de sanguinolenta.
Sólo una pregunta: ¿qué hubiese pasado si hubiera sido al revés, si el golpeador fuera el policía y el golpeado un joven? ¿cómo hubiéramos reaccionado si hubiéramos visto un video de un ciudadano indefenso golpeado de esa manera por policías? Todos sabemos la respuesta: las redes sociales hubieran colapsado de indignación; los grupos organizados de la sociedad civil se estarían preparando para salir a la calle; las universidades hubiesen manifestado su indignación; todos los políticos, independientemente del partido de origen, se habrían pronunciado sobre el tema; más de un diputado oportunista estaría sacándose de la manga una iniciativa de ley para aumentar el castigo a los policías golpeadores, y los medios lo habríamos, todos, llevado en primera plana o abriendo los noticiarios.
Por supuesto que la reacción de todos y cada uno hubiese estado más que justificada pero, como el golpeado fue un policía que estaba haciendo su trabajo, nadie hicimos ni dijimos nada.
El policía de Movilidad estaba haciendo su trabajo; quienes actuaron fuera de la ley son los golpeadores y la mujer que lo mandó golpear, que se dedica a "ordenar" el flujo para que los camiones, en segunda fila en pleno periférico, suban y bajen pasaje, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y provocando un embotellamiento, uno de esos de los que nos quejamos todos los días.
Nadie tiene derecho a expropiar el espacio público: ni los aparta lugares, ni los valet parking, ni los guaruras de políticos y empresarios. Nada justifica una agresión a una autoridad que está haciendo su trabajo.
Hay mil y una explicaciones para justificar nuestra indignación selectiva. Hay mucha historia detrás que puede explicar la frialdad que manifestamos como sociedad ante un acto de violencia contra un policía, pero sea cual sea el argumento no solo es inválido sino irracional. Si como sociedad no defendemos a quienes les hemos encargado el cumplimiento de la ley y los reglamentos, difícilmente podremos aspirar a la construcción de un Estado de Derecho.
Diego Petersen FarahLo publicado en este espacio el 19 de enero de 2015, se mantiene 26 meses después: Elba Esther Gordillo es prisionera política del presidente Enrique Peña Nieto. El viernes pasado se le volvió a negar el beneficio de la prisión domiciliaria para que ahí, por razones de edad, enfrentara el proceso que se le sigue. Hasta ahora, ninguno de los delitos por los que se le acusa se ha probado, y está en la cárcel porque los jueces avalan el argumento de la PGR que puede escaparse. Para un gobierno al que uno de los gobernadores consentidos de Peña Nieto, Javier Duarte de Veracruz, se le fugó hace más de 150 días y dicen no saber en dónde se encuentra, y permitió que por razones de salud pagara su condena en casa uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, la forma como se enfrenta a la maestra Gordillo en tribunales, toca la sevicia.
Desde enero de 2015, las cosas no han cambiado mucho en la sustancia del caso. El expediente mantiene las mismas fallas, omisiones y errores tan grandes como inexplicables. En aquél entonces se planteó: "El pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el Ministerio Público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria, y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación."
"No es el único desaseo. El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no tiene sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedente ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no ha presentado, hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra."
Dentro de la PGR no hay mucha convicción que pueden mantenerla en la cárcel, con la imputación por defraudación fiscal interpuesta en octubre de 2014, parte del expediente cuestionado, pero no se trata de la ley, sino de que no salga de prisión por razones políticas. No aceptan en el gobierno que así se le llame, pero no hay argumentos que sostengan lo contrario.
Raymundo Riva PalacioEl término que mejor define al sistema político mexicano es "Corruptocracia": un gobierno de y para la corrupción.
El objetivo y fin supremo de quienes llegan al poder, sea al ejecutivo, al legislativo o al judicial, es enriquecerse, y permitir que sus correligionarios de partido y colaboradores cercanos hagan los propio.
El caso en Jalisco del magistrado Alberto Barba nos ofrece un poco de luz de la forma en que están conectados los distintos poderes para abusar del poder y hacerse de recursos de manera irregular.
El magistrado está acusado de haber resuelto procesos judiciales en beneficio de particulares para que pudiesen construir desarrollos inmobiliarios en terrenos públicos o privados con vocación ambientalista. El magistrado, como un hombre experto en leyes, elaboró y ejecutó sus órdenes con apego a las leyes y reglamentos existentes, es decir, desde ningún punto de vista su proceder es ilegal; sí es injusto porque utilizó el sistema legal y sus múltiples vericuetos para beneficiar a un particular contraviniendo los intereses de la ciudad y sus habitantes.
Pero para que un juez actúe de esa manera hay que tratar de explicarse el porqué. Los magistrados son designados en el Congreso pero por diputados que se han puesto de acuerdo para repartirse estos puestos del poder judicial como cuotas de los operadores del momento en los distintos partidos políticos. Cada partido, por acuerdo, tiene un determinado número sillas entre los magistrados. Esto se traduce en que esos magistrados defenderán los intereses de los principales actores de los partidos, especialmente en temas como este de las disputas por terrenos, algo tan fundamental en la vida económica en Jalisco. Esto es independiente de que el magistrado, más allá de su lealtad al partido que lo encumbró, pueda hacer negocios por cuenta propia y en beneficio personal. Es por ello que los hay tan ricos.
Todos los procesos que orquestan los jueces son legales porque es un hecho que las leyes en México (promulgadas por el legislativo) permiten utilizarlas tanto a favor como en contra de la justicia. Y quién mejor que los jueces para conocerlas. Todos hemos conocido de inocentes que son condenados, y de culpables que resultan absueltos. Impunidad muy conveniente sobre todo cuando se habla de temas de corrupción.
Si los políticos hacen las cosas correctamente, a pesar de que abusen, jamás serán culpados.
Imposible pues hablar de un sistema anticorrupción eficiente, o de algún idealista que pretenda cambiar las cosas desde adentro. El propio sistema, de años, los abruma.
Y el costo final como país es el que usted y yo vivimos todos los días: una economía que a pesar de su dinamismo y tamaño no crece lo suficiente (exceso de regulación a favor de la corrupción) y una cuota del PIB que está cerca del 10% que se va en corrupción.
Pablo LatapíEn cuanto a la reforma al Poder Judicial [de Jalisco] es indispensable ser menos ambiciosos. O dicho de otro modo, ambicionar lo posible, no lo irrealizable. ¿Cómo acabar con los vicios, las formas disimuladas, los acuerdos no escritos en favor de los privilegios excepcionales, y todo lo que ha hecho del Poder Judicial lo que es actualmente, gracias a décadas de las mismas prácticas (y aún peores)?
La verdad es que no hay respuesta para una pregunta así.
¿Qué puede hacer el Congreso [del estado]? El nuevo presidente apuesta por darles más autonomía por la vía del presupuesto... y más responsabilidades, más candados, más obligaciones.
Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y de los otros órganos judiciales se han acostumbrado a negociar con el gobernador. A pedir y conceder. No. Ya es tiempo de que se les asigne un presupuesto constitucional, y si hay quienes aseguran que eso sería como entregar la iglesia a Lutero, hay que subrayar algo: los magistrados deben resolver sus propios problemas y no esperar que otros lo hagan. Si se equivocan, que sean responsables ante la ley que tan bien conocen para aplicar en su favor.
Visto de otra manera: ya es tiempo de que maduren, y para eso deben cortarse el cordón umbilical que convenencieramente mantiene el Poder Ejecutivo, no importa quién viva en Casa Jalisco.
Jorge Octavio NavarroDatos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señalan que México ocupa el 1er. lugar a nivel mundial en abuso sexual y violencia física en menores de 14 años. Apenas el 19 de noviembre el mismo Congreso de la Unión declaró la fecha como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Ahí se habló de las 900,000 violaciones anuales de adolescentes y niñas, sólo el 5% llega a tribunales.
Gabriela AguilarDesde el viernes en el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco avisaron que el magistrado Alberto Barba había solicitado una incapacidad (sin dar más detalles).
Este lunes el Congreso de Jalisco no encontró al juzgador en su oficina para notificarle del inicio del juicio político que avalaron en su contra. Comienzan las leguleyadas para retrasar el proceso.
Y algo debe saber Barba sobre el tema porque su tesis de maestría en derecho se tituló "Solución a la problemática de la prescripción del procedimiento de juicio político en Jalisco".
Allá en La Fuente
Alrededor de 70 familiares y normalistas de Ayotzinapa protagonizaron este mediodía destrozos en la gasolinera ubicada en la esquina de la avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México en protesta por la falta de resultados en las investigaciones de la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.
Los manifestantes, quienes se taparon el rostro, regalaron aditivos, aceites y permitieron a automovilistas tomar gasolina sin pagar.
Durante media hora, los manifestantes realizaron pintas en la gasolinera exigiendo la presentación de sus compañeros, así como y manifestaron que ese fue un acto por la poca respuesta que ha tenido el caso de los jóvenes desaparecidos.
Al terminar de vandalizar la gasolinera, encapuchados y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se dirigieron al Centro Prodh.
Una docena de policías de tránsito de la Ciudad de México permanecen en las inmediaciones del establecimiento.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 12 de marzo de 2017).Quizás en el campo que más hemos fallado por décadas como país es en fortalecimiento de nuestras instituciones, lo cual no significa hacer parecer más fuerte al gobierno federal y sus dependencias, o más presente al Ejército en las calles, más bien quiere decir fortalecer el Estado de Derecho y todo lo que de él deriva.
Con un Estado de Derecho fuerte y un sólido aparato de justicia que la aplique, se reduce la incertidumbre ya que se pueden prever las consecuencias de los actos; sin esto todo queda a expensas del influyentismo, la corrupción y todas las anomalías a las que tristemente estamos acostumbrados.
Sabemos que el Estado de Derecho y las instituciones no se fortalecen por decreto, ni a base de discursos. Se fortalecen aplicando la ley con fuerza, denunciando y rechazando la corrupción, no colaborando con el crimen organizado y asumiendo toda la población, empezando por los servidores públicos, legisladores, funcionarios partidistas y un larguísimo etcétera, un comportamiento responsable que cumpla cabalmente con las leyes correspondientes.
Lo grave no es lo lejos que estamos de éste ideal, sino que quien hoy tiene mayor reconocimiento popular para poder llegar a la Presidencia de la República en 2018 sea el mismo que hace unos años se hizo famoso por querer "mandar al diablo a las instituciones".
Razón y AcciónDespués de una comida salí conduciendo de Tijuana hacia Ensenada por la Escénica, una autopista por el borde del mar. Un grupo de unos 20 activistas había tomado la primera caseta con unos carteles exigiendo "Libre tránsito" y dejaba pasar a los automovilistas sin pagar. Los empleados de Capufe no hacían nada (el daño es al ciudadano y no a los empleados o funcionarios). No había, por supuesto, ningún policía.
En Veracruz otro grupo tomó la presa de Yuribia. "Retuvo" (secuestró) a 2 funcionarios y amenazó con cerrar las válvulas para dejar sin agua a Coatzacoalcos y Minatitlán. Es la misma presa tomada durante casi un mes por miembros de Morena hasta que el entonces gobernador de Veracruz Javier Duarte aceptó pagarles 2.5 millones de pesos al mes. El grupo que ahora tomó la presa protestaba porque se había dejado de cubrir ese dinero. El nuevo gobierno aceptó reanudar los pagos.
A principios de este 2017 vimos bloqueos de carreteras en protesta por el aumento a la gasolina. Cuando los líderes se percataron de que la autoridad estaba paralizada, los bloqueos se convirtieron en saqueos. Cientos de comercios fueron destruidos y robados. Decenas permanecen cerrados hasta la fecha. La policía no intervino en la mayoría de los casos y cuando lo hizo fue para unirse a los saqueos.
México ha pasado de un extremo a otro. En 1968 decenas de estudiantes fueron abatidos a balazos en Tlatelolco por militares pese a que su protesta no afectaba a terceros. En 1971 el gobierno de la Ciudad de México utilizó a un grupo de golpeadores, los Halcones, para desbandar una manifestación de estudiantes en un acto que dejó un número indeterminado de muertos.
Hoy los mexicanos gozamos de una gran libertad para protestar, pero como son tantas las protestas los líderes optan por agredir a terceros con bloqueos u otras acciones para lograr notoriedad. Las protestas se han convertido en un negocio cuyo propósito es exigir dinero y privilegios del gobierno y en el que participan organizaciones como Antorcha Campesina, los 400 Pueblos, el Frente Popular Francisco Villa, El Barzón y muchos más.
Del Estado autoritario hemos pasado a uno débil y aterrado. Los activistas políticos saben que pueden hacer lo que quieran porque cualquier acción del gobierno para proteger a los ciudadanos llevará a sanciones a los responsables. Las comisiones de derechos humanos se han convertido en cómplices del negocio de extorsión. Ahí está el caso de Nochixtlán, en que el operativo de la policía en junio de 2016 sólo se realizó tras semanas de bloqueo de la autopista Oaxaca-México.
Nuestros políticos y comisiones de derechos humanos han creado un sistema perverso en el que la extorsión es premiada y la defensa de los derechos de los ciudadanos castigada. Esto genera incertidumbre y reduce la productividad. Con razón tantos mexicanos prefieren vivir y trabajar en Estados Unidos a pesar de la discriminación. Ahí el Estado sí cumple sus funciones básicas.
Sergio SarmientoSegún los datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en los 8 meses transcurridos desde que se implantó en la entidad, con los bombos y platillos de rigor, el "nuevo modelo de impartición de justicia", sólo en Guadalajara y sus municipios satélite, 463 personas murieron de manera violenta, sin que, en ese mismo lapso, ninguna persona hubiera sido sentenciada por tales delitos.
Que los crímenes se aclaren y los criminales sean identificados, procesados y sancionados, pasa en las películas. En la realidad, en nuestro medio, el quehacer de "las autoridades correspondientes consiste en "contar los muertos"... y gracias.
Jaime García ElíasLa democracia supone una ciudadanía despierta y crítica. El caso de las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa supondría la caída de un procurador en cualquier país medianamente civilizado del mundo. Supondría una indignación nacional que sacaría a la calle a millones de personas. Más indignación que la subida de 2 pesos en el precio de la gasolina o la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es el uso de la justicia para atentar contra los más débiles, contra los más indefensos. Tal vez no nos damos cuenta, pero un Estado que no respeta los procesos, nos amenaza a todos. La violación al debido proceso es la destrucción del Estado de Derecho y su principio rector: todos somos inocentes, hasta que se demuestra lo contrario. Todos somos Jacinta, Alberta y Teresa.
No hay forma de escribir sin conectar emocionalmente con la tragedia de 3 mujeres indígenas víctimas de un sistema corrompido hasta la médula. Un sistema que criminaliza al inocente y protege al culpable. Un país en donde ser pobre es un delito que amerita cárcel y ser indígena es sinónimo del abandono. Jacinta, Alberta y Teresa son condenadas a 21 años de prisión, mientras que Javier Duarte huye bajo las narices de las autoridades. Saqueos públicos un día sí y el otro también, e impunidad garantizada. Ése es nuestro gran fracaso. Un sistema judicial que es capaz de alterar, engañar, falsificar y hacer todo lo necesario, para poner tras las rejas a tres indígenas que venden aguas frescas, pero que consiente y garantiza la podredumbre del sistema.
Jacinta, Alberta y Teresa son 3 mujeres condenadas a 21 años por secuestrar a 6 elementos de la Agencia Federal de Investigación. La mera querella es un absurdo indescriptible. Un atentado contra la razón. ¿Cómo es posible que 3 mujeres priven de la libertad a 6 elementos de la AFI, fuertemente armados y entrenados? Todo ello derivado de un enfrentamiento público con comerciantes informales en agosto de 2006. Jacinta, Alberta y Teresa fueron las víctimas fáciles para tomar venganza. De ahí en adelante, todo fue corrupción y simulación. Todo fue falsificación. Fueron sentenciadas sin traductores a su lengua, como la marca la ley. Fueron sentenciadas a 21 años de prisión sin desahogo de pruebas. Hasta le falsificaron su declaración en perfecto castellano. La consigna era refundirla en prisión, al precio que fuera.
3 años en prisión a base de mentiras y manipulaciones. En 2009 se probó su inocencia ante un juicio mediatizado por la invaluable compañía del Centro Miguel Agustín Pro que llevó la causa hasta sus últimas consecuencias. Y hasta 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material, interpuesta por en contra de la PGR. Casi una década batallando contra la mentira; casi una década luchando contra un país en donde la injusticia es la moneda corriente. No deja de ser indignante que el Ministerio Público, la PGR, que defiende el interés público en contra de los actos de los criminales, haya decidido hacer todo lo posible para incriminar y someter a 3 indígenas pobres que viven de vender agua fresca en el centro de Querétaro. Es una radiografía dolorosa de la podredumbre institucional.
No digo nada nuevo que cuando señalo que la transición a la democracia no tocó a la justicia en México. Jacinta, Alberta y Teresa son el espejo de un sistema que no sólo no se reformó, sino que incluso se ha deteriorado más en los últimos años. Como ciudadanos lo hemos permitido. Hemos blindado al Poder Judicial con nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Las injusticias se apilan y nuestra respuesta siempre es la misma: seguro andaba en algo. Sabemos que el Poder Judicial y los órganos de procuración de justicia están corrompidos hasta el fondo y nada pasa. El sistema judicial es una caja oscura, repleta de intereses y que nadie se atreve a tocar. No tenemos que echar la mirada demasiado para atrás para acordarnos de presunto culpable y las tropelías de los expedientes armados para criminalizar selectivamente. Los escándalos suben y bajan, pero tal vez en nuestra conciencia está la tranquilizadora idea de que a nosotros no nos va a pasar.
No nos damos cuenta que la historia de estas 3 indígenas es tan común como indignante. Cuántos mexicanos inocentes aguardan silenciosamente en prisión la intervención del destino. Cuántos casos de mexicanos inocentes no se mediatizan, no tienen la atención de la ciudadanía y se desvanecen en el anonimato. Un abogado con recursos para corromper, un ministerio público dispuesto al soborno y un juez seducido por el dinero, pueden meter a una persona a la cárcel por 30 años y acabar con su vida. Y si es pobre, sin influencias y relaciones, la injusticia está asegurada.
La disculpa pública de la PGR es un avance, pero un avance obligado. El procurador dio disculpas públicas el pasado 21 de febrero por una orden manifiesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El verdadero acto de constricción del Ministerio Público sería admitir que la realidad de Jacinta, Alberta y Teresa es la realidad común; la de todos los días. Hasta abril de 2015, 40% de los presos en México no tenían sentencia. ¿Cuántos inocentes hay ahí? ¿Cuántos inocentes que ni siquiera son capaces de tener un abogado que los defienda adecuadamente? ¿Cuántos inocentes que sufren en la oscuridad, la corrupción del sistema? Sólo hay un peor mal que no castigar a un culpable, y es criminalizar a un inocente.
El Sistema Penal Acusatorio, los juicios orales, son una buena ruta para respetar el debido proceso de los acusados. A pesar de su duro comienzo, el Sistema Penal Acusatorio es garantista, protege los derechos humanos y el debido proceso. Un cambio paradigmático que nos tocará buen tiempo asimilar. Sin embargo, no hay modelo que pueda contra un sistema corrompido hasta la medula. No hay sistema que aguante abogados corruptos, ministerios que no defienden el interés público y jueces o magistrados que solo piensan en favorecer sus negocios o intereses personales. No hay y nunca habrá sistema que pueda con la corrupción generalizada.
El sistema está roto, corrompido y viciado. Lo primero es limpiar y dotar de autonomía al ministerio público. En 2018 entra en funciones la Fiscalía General de la República, con autonomía constitucional. Investigación e integración de expedientes son fundamentales, particularmente en el nuevo sistema. Luego, el Poder Judicial. La corrupción es más acentuada a nivel local que a nivel federal, pero es tiempo de que alguien le entre a fondo a limpiar al Poder Judicial y asegurar jueces imparciales, que no estén vendidos ni al crimen ni a intereses externos a la justicia. Necesitamos parar de cabeza el sistema, el actual está obsoleto.
Enrique Toussaint Orendáin3 hombres fueron linchados hasta la muerte cuando supuestamente intentaban robar un automóvil. La Fiscalía del Estado de Chiapas explicó que pobladores del municipio de Chiapilla detuvieron el jueves por la noche a 3 hombres que pretendían robar un vehículo y que fueron sorprendidos en flagrancia.
(V.pág.12-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2017).Mayor seguridad en la zona solicitaron médicos residentes del Hospital La Raza, quienes por más de 3 horas bloquearon la Calzada Vallejo, afirmando que en los últimos meses ha aumentado la delincuencia en el lugar. El hecho que detonó la protesta fue el homicidio del médico Carlos Cruz Salinas.
(V.pág.12-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2017).Qué lejos estamos de que el malestar y el hartazgo de la clase media mexicana le haga mella a la clase política. Por ello siguen operando como es su costumbre en medio de una nube de opacidad, corrupción e impunidad.
Y me voy a los hechos. Desde hace tiempo dejé de creer y participar en marchas porque si bien en nuestra juventud universitaria repartíamos el tiempo entre estudiar, trabajar y participar en movilizaciones, cuando las viví desde el otro lado, el de los afectados, me prometí no volver a participar en una marcha por muy noble y plausible que fuese la causa.
Cuando te quedas impotente atorado en el tráfico, o te ves obligado a rodear sectores y sufrir largas demoras y contratiempos porque alguien organizó una marcha, sea cual sea su razón, aborreces la idea de marchar y a quienes organizan marchas.
Además, como reportero en la Ciudad de México fui testigo de cómo una ambulancia se quedó varada y no pudo llegar a recoger a una mujer herida; el vehículo quedó atorado en el tráfico por los célebres bloqueos de Paseo de la Reforma por las huestes inconformes de Andrés Manuel López Obrador. La mujer murió, y quizás hubiera muerto de igual manera aún con el auxilio de la ambulancia, pero me pareció una aberración que no tuviera "esa" oportunidad porque no llegó la ayuda merced a que había un señor que para protestar estranguló durante semanas una de las principales avenidas de la capital.
Pablo LatapíTenemos un sistema de justicia que cotidiana y sistemáticamente encarcela inocentes, o pobres, o indígenas o disidentes políticos. Lo cotidiano es la fabricación de pruebas y el castigo a los débiles, mientras que los poderosos que cometen grandes crímenes, o quedan impunes, o se van a su casa a pagar su condena...
Rubén MartínTiene razón el cardenal Sandoval Íñiguez cuando señala que"“ante el fracaso del aparato de justicia y la policía, viene la Comisión de Derechos Humanos, como ésta no funciona formulan la Ley de Transparencia, y como esta tampoco funciona andan ahora creando Tribunales Anticorrupción", los que tampoco van a funcionar, porque el problema de fondo de nuestro país es la ausencia de Estado de Derecho.
Javier HurtadoEn México a la corrupción infligida le sigue la otra, la impunidad del aparato del Estado que evanescente, deja escapar a los culpables... Porque ante la actual fuga de Javier Duarte, sólo puede haber 2 posibilidades: o de verdad está tan bien escondido que ni todas las policías del país lo pueden encontrar, lo que hablaría de enorme ineficacia; o muchos y muy poderosos no quieren que aparezca. Y ambas respuestas, impunidad ejercida, quiebran la debilitada democracia.
Lourdes BuenoLa cifra de casos de su competencia (delitos federales) que la PGR ha sido incapaz de atender da idea del estado comatoso de la institución: 74,310 averiguaciones previas que el Ministerio Público no ha podido integrar.
De ese total quién sabe cuántas ni siquiera ha comenzado a indagar.
Y la cosecha de denuncias continúa: con el nuevo sistema penal acusatorio, la PGR acumula ya más de mil carpetas de investigación.
A duras penas, por lo visto, resolvió "irregularidades internas" que derivaron en 135 despidos de servidores públicos adictos a la corrupción, el abuso de autoridad y la extorsión.
La vetusta estructura burocrática resiste el paso de cualquier procurador que, en los últimos 10 años, ha durado en promedio tan inútil como triste año y medio.
Carlos MarínLa implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco ha fracasado y el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, sólo hizo mención a dicho tema en un párrafo del 4o. Informe de Gobierno, en el que no se incluyeron avances del sistema, que arrancó a finales del mes de junio del año pasado.
"De las 12,000 carpetas de investigación que se abrieron en Jalisco, sólo el 5.9% se concluyó y tiene que ver con la falta de capacitación, con un modelo de gestión que ya está colapsado. Se supone que el nuevo modelo de justicia es informal y lo han llenado de formatos", expuso Guillermo Zepeda Lecuona.
Cuando en otros estados se reporta solución al 50 y hasta 70% de carpetas de investigación, en Jalisco se siguen ejecutando acciones del viejo sistema dentro del nuevo modelo, como por ejemplo, el levantar las declaraciones en mecanografía o hacer expedientes conformados por cientos de hojas.
Por tal razón, hay un colapso la nueva forma de impartir justicia en Jalisco, expuso el académico del ITESO. Por otra parte, la capacitación ha sido insuficiente para el personal e impartida por otros que no contaban con la experiencia necesaria. El exponente afirmó que el fracaso en Jalisco no se debe a fallas en el código nacional del sistema, pues en otras entidades como en Juárez o Nuevo León éste ha funcionando.
(V.pág.16 del periódico Milenio Jalisco del 17 de febrero de 2017).No es un secreto el rampante crecimiento de la corrupción, al grado de convertirse en una de las principales preocupaciones de la Iniciativa Privada.
Y es lógico, hay onerosos costos involucrados, puesto que se calcula que esas prácticas llegan al 9% o 10% del PIB, según diversas evaluaciones del Banco Mundial, BANXICO y el CEESP.
Para COPARMEX este es uno de los temas nodales en su plan estratégico. De ahí que vaya a insistir, a fin de lograr que se implementen los mecanismos que acoten el flagelo.
Simplemente este miércoles volvió a aplazarse por 3a. ocasión el nombramiento del fiscal anticorrupción, asunto en el Senado y que es nodal para sancionar y perseguir a quienes se beneficien de la perniciosa práctica.
La Junta de Coordinación Política del Senado que encabeza Fernando Herrera y las comisiones involucradas han preferido hilar delgado pese a que hay 25 candidatos aprobados.
Incluso ya funciona el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción.
También están pendientes los 32 sistemas estatales para replicar las estructuras que a nivel federal se construyen. Como se sabe en Veracruz, Chihuahua y QR los ex gobernadores intentaron crear sistemas a modo, frente a lo cual PGR, ahora a cargo de Raúl Cervantes debió salir al paso y activar controversias constitucionales.
En este expediente aún hay espacio, ya que el plazo límite es el 18 de julio.
Pero si el fiscal anticorrupción avanza a paso lento, en el mismo estatus está la Ley de Seguridad Interior, para lo que son los protocolos que den certeza al Ejército y la Marina en su accionar en temas de seguridad.
En la misma tesitura está la Ley General de Archivo para la información pública y su resguardo, activo esencial para lograr más transparencia.
Hoy el INAI que preside Ximena Puente y muchos de sus magistrados se ven obligados a litigar en tribunales para poder entregar información.
Tras el gasolinazo y con los 600 establecimientos comerciales que fueron saqueados de forma impune en el país, COPARMEX igual busca empujar una legislación relativa al uso de la fuerza del Estado mexicano para ese tipo de situaciones.
Ya con el conflicto magisterial en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en donde se quemaron oficinas públicas y se paralizaron carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos el asunto estaba en la mira.
El punto es confeccionar reglas para que en esas situaciones las fuerzas policíacas puedan actuar y con ello el Estado se libere del famoso trauma del 68.
Por desgracia el Congreso se maneja a sus tiempos, frente a lo cual COPARMEX y sus 65 centros empresariales no van a cejar, a fin de hacer realidad toda esta relevante agenda.
Alberto AguilarEl problema real es la incapacidad del Estado, todo en su conjunto, desde los municipios hasta el gobierno federal pasando por el poder judicial, para brindarnos seguridad. Las fuerzas armadas en la calle no es lo que genera la violencia (sí una gran parte de las violaciones a derechos humanos, pero ese es otro tema) pero tampoco es la solución. Darle atribuciones de seguridad pública al Ejército es normalizar una situación que no es deseable, pero sobre todo es rehuir la discusión de fondo: tenemos un Estados que es esencialmente ineficiente y corrupto. Mientras no agarremos ese toro por los cuernos la violencia y el crimen organizado seguirán imponiendo sus condiciones en el país.
Diego Petersen FarahEste año, Chimaltitán, Jal., pretende recaudar 700,000 pesos por concepto de predial, pero su tesorero Pascual Magallanes Arteaga señala que "es rara la persona que asiste a pagar... prácticamente cada año las personas nunca pagan contribuciones ni servicio de agua".
En ese municipio, con una población de 3,771 habitantes, "paga la persona que quiere, la gente está bien acostumbrada a que todo servicio sea gratuito"; sin embargo, en lo que va de la administración no se ha ejecutado ninguna multa y tampoco existe una estrategia para ampliar la base recaudatoria.
En la misma situación está Jilotlán de los Dolores, Jal., con ingresos propios de 1'817,000 pesos, que representan 3.8% del total de sus ingresos.
La gente tampoco está acostumbrada a pagar, "siempre se recauda entre 60% y 70% de predial porque los otros casi nunca pagan". Sobre las medidas que han emprendido para que la población pague, el tesorero añadió: "Hemos mandado muchas invitaciones para pagar, pero no hemos todavía implementado ningún requerimiento o multa".
En estos municipios coincide que la población vive en situación de pobreza.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2017).A algunos políticos les da por decir que mientras la violencia sea entre grupos del crimen organizado eso no impacta la seguridad de los ciudadanos. La premisa no sólo es falsa sino que lleva a malas decisiones en materia de seguridad pública. Es cierto que es poco lo que el gobierno puede hacer cuando un ciudadano, por el motivo que sea, quiere matar a otro, excepto -y ahí está el detalle diría el clásico- investigar y sancionar al culpable de manera que quede muy claro que da igual a quién se le antoje matar a quién, el Estado no lo tolerará. Que todas las vidas, incluyendo las de presuntos delincuentes cuentan y valen, pero sobre todo que nadie puede abrogarse el derecho de matar a otro, sea cual sea el motivo. Da igual si es un malo matando a otro más malo, todo crimen debe ser investigado, en lo posible resuelto, presentado ante un juez, y en su caso sentenciado. No investigar los asesinatos, porque suponemos cómodamente que son vendettas del crimen organizado, es fomentar la impunidad.
El problema de que el Estado no actúe ante las que supone son ejecuciones del crimen organizado es que terminan impactando fuertemente en la sensación de inseguridad e indefensión de las personas. La violencia, en cualquiera de sus expresiones, termina provocando miedo y descomponiendo el clima social necesario para el desarrollo de las actividades cotidianas.
Algo no está funcionando correctamente en materia de seguridad en el Gobierno del Estado y los municipios.
Diego Petersen FarahEn México, 87 de cada 100 delitos cometidos simplemente no ingresan a los archivos de las instituciones encargadas de brindar seguridad. Ya sea porque la denuncia realizada no da lugar a una averiguación previa, porque si se sufrieron varios delitos en un solo incidente únicamente se integra una carpeta de investigación, porque la víctima decide no denunciar o de plano porque hay deficiencias en el sistema estadístico oficial.
Es una de las conclusiones del Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública 2016, proyecto en el que participó una docena de expertos y académicos en la materia, y que advierte que hay entidades como Tlaxcala, Campeche y el Estado de México en las que esta "cifra negra" (delitos no registrados) llega al 90%.
Por otro lado, se reconoce que hay entidades con un alto nivel de confianza en las instituciones, como Baja California Sur, que tiene una cifra de no denuncia del 53%; Colima, con 57%, y Durango, de 58%. "Se presume que son estados donde la población tiene mayor confianza en las instituciones de seguridad".
Sin embargo, advierte que hay delitos con una "cifra negra" mínima, como los homicidios, porque "la gran mayoría de los cadáveres aparecen y son contados"; en tanto que en situaciones de secuestro y violación los casos no contabilizados son más remarcados.
Sobre el secuestro, "uno de los delitos que más laceran a la sociedad y una de las expresiones más graves del crimen organizado y de la impunidad prevaleciente en el país", se considera que la estadística oficial no revela el estatus real, pues se calcula que sólo 3 de cada 10 casos son denunciados.
En octubre de 2015, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, apuntó que el 98% de los crímenes cometidos en México "quedan sin resolver" y que "la mayoría nunca son propiamente investigados".
Calificó de "impactantes" las cifras calculadas de homicidios en el periodo 2006-2015. Especialmente porque las más de 151,000 víctimas consideradas hasta ese punto se dieron en un país que no se encuentra en guerra.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2017).La impunidad "está en todo" y no sólo en la impartición de justicia. Se observa en las compras de gobierno, en la educación, en cómo se comportan los grandes grupos económicos y en la naturaleza de los sindicatos. "El país es un gran espacio de impunidad", dice el presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, Luis Rubio.
Si se parte del principio de que todo en lo que no hay rendición de cuentas implica impunidad, entonces el país "está saturado de situaciones de esta naturaleza".
"No es posible vivir ni un minuto en nuestro medio sin encontrarnos con la impunidad en pleno. Los taxistas -los formales y los tolerados- cobran lo que les da la gana y viven en la impunidad. Los revendedores de espacios de estacionamiento en la vía pública son parte de la decoración cotidiana que ya tomamos por natural. Los automovilistas cometemos faltas frecuentes y hasta nos ofendemos cuando un policía nos para y, peor, cuando nos sugiere compensar nuestra violación al reglamento con un pago 'a su criterio'".
Evasores de impuestos, sindicatos y, por supuesto, ex funcionarios que hoy "dictan cátedra a los responsables actuales", cuando ellos son quienes heredaron la impunidad. Todos comparten responsabilidad respecto a la realidad actual.
"Nuestras leyes e instituciones promueven la impunidad. Si tuviésemos leyes y reglamentos transparentes y cumplibles, el país sería otro. Ha habido algunos avances modestos en estos rubros (...) pero la propensión a incrementar la discrecionalidad y la arbitrariedad es permanente".
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2017).Un grupo disidente de estudiantes y catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, cerró 2 calles del centro histórico, para exigir solución al conflicto de elección de director de ese plantel.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2017).Lo primero que requiere una democracia es demócratas y eso sigue siendo un bien escaso en México: 20 años no han sido suficientes para conformar una generación que tenga cultura de respeto a la ley y una visión distinta sobre el Estado y la justicia que la que se generó a lo largo del siglo XX (la cultura de la justicia a modo, la del que no es tranza no avanza, la de la corrupción somos todos).
Diego Petersen FarahLa debilidad o fortaleza de nuestro Estado de Derecho está profundamente arraigada en el subconsciente del mexicano y se refleja en las consabidas frases de larga data: "Acátese pero no se cumpla"; "Hágase la voluntad de Dios (de las leyes) en los bueyes de mi compadre"; y "El que no transa, no avanza". Nuestra constitución si bien inauguró el paradigma del constitucionalismo social, su gran problema es que no es "normativa" (cuando gobernantes y gobernados la hacen real y efectiva) sino "nominal" (por carecer de realidad existencial), como las clasifica Loewenstein.
Javier HurtadoPasó un tanto desapercibido un ataque a jitomatazos en la Ciudad de México de un activista político en contra de uno de los grandes íconos del priismo; Arne Aus Ruthen Hagg, ex delegado panista que renunció a su partido porque no lo consideraron para una elección, y quien ha ocupado distintos cargos en administraciones panistas, arrojó varios jitomates podridos en contra de César Camacho, priista de cepa que ha ocupado los más altos cargos dentro y fuera de su partido, reclamándole el no haber devuelto como diputado el bono secreto de 150,000 pesos que recibió en diciembre.
Sin olvidar que se trata de un ataque de un político a otro, buscando reflectores, no deja de ser sintomático que el priista se haya quejado del ataque argumentando que la violencia no tiene lugar en una clase política donde las diferencias se discuten con argumentos. Pinta así a toda una clase política como pacífica, y ello nos hizo recordar a uno de los grandes defensores de los derechos humanos en la década de los 60, el arzobispo brasileño Helder Cámara, quien en su libro "Espiral de la Violencia", escribió:
"En los países subdesarrollados, las injusticias afectan a millones de seres humanos, de hijos de Dios, reduciéndoles a una condición de infra-hombres. Existe una miseria hereditaria. ¿Quién ignora que la miseria mata tan eficazmente como la guerra más cruenta? Siempre las injusticias son una violencia. Habremos de decir que son siempre la primera de todas las violencias, la violencia número uno (...) La violencia provoca violencia. Nadie nació para ser esclavo".
Sobre esta consideración, la clase política mexicana es entonces extremadamente violenta: su manera de ejercer el gobierno durante décadas ha provocado que más de la mitad de los mexicanos vivan en condiciones de pobreza. ¿No son violencia acaso los actos de corrupción, el derroche, la impunidad, la falta de aplicación del Estado de Derecho?
Todos quienes viven y han vivido del presupuesto público, deben reflexionar sobre esta idea en un país que cada día es más violento, y han de reconocer que buena parte de esa violencia la han generado ellos, durante generaciones, con su manera de gobernar.
No se justifica agredir a nadie a jitomatazos, es cierto, pero sí se explica el hecho cuando el agredido ha estado agrediendo a una población con distintas ofensas, y lo ha venido haciendo ya desde hace años.
Pablo LatapíDe acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, que presentó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países.
La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior del año 2015, lo que representa 28 lugares menos. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos.
Es decir, 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos.
El organismo, en su capítulo México, advirtió que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no han sido suficientes para reducir la percepción y los efectos de la corrupción en México.
El organismo dijo que no basta con asegurar la transformación institucional, sino que éstos deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a las instituciones públicas del país.
"Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes", advirtió.
Ante ese escenario, Transparencia Internacional emitió una serie de recomendaciones para el Estado mexicano.
"La corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas".
Señala que es necesario crear una Fiscalía General de la República -cuyo proceso se encuentra atorado en el Congreso de la Unión- capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa.
Recomendó que su diseño permita emprender acciones sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción.
Transparencia Internacional urgió al Congreso de la Unión, y en especial a los congresos locales, cumplir con su función de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
El organismo internacional consideró que además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.
"En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales".
Expresó que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
(V.periódico El Universal en línea del 24 de enero de 2017).Un grupo de trabajadoras del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos bloqueó este juves la avenida Constituyentes, casi esquina con Nicolás Régules, como una muestra de inconformidad ante el atraso de pagos.
La enfermera Karla Leticia García dijo que en esta situación están al menos 50 trabajadores sólo en este centro, pero que existen trabajadores de otros centros que están pasando por lo mismo.
(V.pág.9 del periódico Milenio Jalisco del 20 de enero de 2017).La manifestación de ejidatarios de El Zapote en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara causó conflictos en la circulación de la zona de ingreso, ya que 2 carriles fueron cerrados por las obras de remodelación y uno más por los vehículos de los ejidatarios.
Decenas de viajeros sufrieron complicaciones para tomar sus vuelos, por lo que tuvieron que caminar con todo y equipaje desde la carretera a Chapala hasta la terminal aérea.
María del Carmen Virgen, proveniente de Colima, caminó más de un kilómetro cargando 3 maletas para ingresar en medio del contingente y el desplegado de seguridad.
El coordinador estatal de la Policía Federal, Joaquín Rodríguez Juárez, señaló que no permitirán que las protestas de los ejidatarios y el plantón por tiempo indefinido causen complicaciones a los usuarios del aeropuerto, por lo que mantendrán desplegada la seguridad.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 19 de enero de 2017).En noviembre, Jorge "N", alias "El Terror", fue detenido con droga y a bordo de un vehículo robado que usó para cometer un plagio.
Pese a esto, un juez de Tequila lo dejó libre; al menos eso asegura la Fiscalía de Jalisco.
Ese mismo Jorge "N" plagió el lunes al ex alcalde de San Marcos, rescatado luego de un operativo. La víctima está libre; también el plagiario. Nuestro sistema de justicia: ese es el verdadero terror.
Allá en La FuenteEl Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer que en 2015 sólo 3% de los delitos fueron sentenciados.
Si ese mismo año la cifra negra de delitos revela que sólo se denunciaron 10% de los ilícitos... ya sabemos de dónde viene la delincuencia: de la impunidad.
Allá en La FuenteTrabajadores de la Secretaría de Salud participaron en una marcha para pedir la liberación de 7 personas que permanecen cautivas por un grupo de indígenas, que piden 800,000 pesos en efectivo y la construcción de una clínica. El pasado martes, 3 trabajadores fueron convocados a una reunión en la comunidad Nuevo Huixtán para hablar sobre la muerte de una mujer que fue mordida por una serpiente a finales de diciembre, pero al final de la reunión los retuvieron. Al día siguiente se trasladó otra comisión de 4 personas para negociar su liberación, pero también fueron detenidos.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2017).Ante las omisiones de las autoridades estatales y federales por los bloqueos en el Aeropuerto de Guadalajara empresarios jaliscienses de 5 cúpulas interpusieron demandas de amparo.
Se tratan de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco, el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara que señalan a la Procuraduría General de la Republica y a la Fiscalía General de no reaccionar ante la comisión de delitos, de no hacer valer los derechos fundamentales de las víctimas y por la omisión de admitir denuncias penales.
El abogado Rodolfo Monarque Ureña explicó que los organismos empresariales acudieron el 13 de diciembre a presentar denuncias penales ante la PGR y la Fiscalía por los bloqueos en el aeropuerto donde señalaron a los participantes de incurrir en probables actos de oposición a la ejecución de obras públicas y afectación a las vías de comunicación.
Según indicó el litigante, en un principio no quisieron recibir las denuncias al argumentar que supuestamente ya se habían presentado otras similares. Por lo que tuvieron que insistir para que aceptaran los recursos.
Sin embargo, las autoridades fueron omisas a darle trámite puntual a las denuncias y el 16 de diciembre, presentaron 2 amparos ante el juez segundo de Distrito en Materia de Amparos Penales.
"Las autoridades están siendo omisas por la falta de un trámite correcto constitucional y legal para actuar y accionar efectivamente ante la comisión de delitos", explicó Monarque Ureña.
"Los actos reclamados (en el amparo) son que no se ha dado trámite a las denuncias penales interpuestas por el sector empresarial contra probables hechos delictivos están sucediendo en las inmediaciones del aeropuerto y la violacion a los derechos de las víctimas porque no se nos da acceso eficiente a la justicia porque no nos han permitido presentar pruebas".
El abogado explicó que al momento, el juez federal ha requerido a las autoridades responsables para que rondan sus informes sobre los hechos que se les reclaman y que ya se está obligando a las autoridades policiacas y de procuración de justicia a solventar las omisiones.
"La autoridad tiene que reaccionar ante la comisión de eventos delictivos", aseguró Monarque Ureña.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 10 de enero de 2017).Nuestra carta magna señala como derecho humano la tutela a la manifestación de ideas, pero el mismo ordenamiento pone límites ya que también aclara "sino en el caso de que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público", por otro lado, el artículo 9º del mismo ordenamiento señala que las reuniones o asociaciones deben ser pacíficas y deben tener un objeto lícito y al ejercer este derecho al hacer una petición o protesta los participantes no podrán injuriar a la autoridad, ejercer violencia en contra de ella, intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que de desee.
Esas mismas limitaciones son reconocidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo 15 lo siguiente:
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Por otro lado, el derecho de expresión, según el artículo 13 de la Convención solamente puede restringirse en aras de proteger los derechos de terceros o su reputación, así como "la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". En todo caso, estas restricciones deben estar preestablecidas en ley y no deberán estar sujetas a censura previa.
Este es el marco regulatorio de la libertad de manifestación con límites claros establecidos en la Constitución y en el marco interamericano de derechos humanos. Cuando se obstaculizan caminos o calles que impiden que terceros circulen o lleguen a su destino, el derecho de tránsito se ve afectado.
Las autoridades tienen la obligación de hacer posible que se ejerzan los derechos de las personas, y tienen que garantizar el libre e irrestricto tránsito, correspondiendo a la autoridad legalmente constituida garantizar que ambas partes ejerzan sus derechos, esto es, a los manifestantes respetar el derecho de circulación y al resto de ciudadanos nos toca respetar los correspondientes derechos de asociación y expresión.
Sin embargo, no siempre es así y los manifestantes realizan actos que violan el derecho de terceros, y su derecho acaba donde lesiona el de los demás, lo peor es que destruyen la propia confianza de los demás ciudadanos, quienes los ven como alborotadores y su legítima protesta es desdeñada por el resto de ciudadanos afectados muchas veces por sus estupideces.
Pero, además, en casi todas las recientes manifestaciones aparecen sujetos que, totalmente al margen de la manifestación se dedican a atacar a terceros, a provocar a los policías y a saquear negocios establecidos, y si su poca actividad cerebral les indica que una razón social es a juicio de ellos extranjera, pues hay que saquearla y destruirla.
Sin embargo, ahora aparece un nuevo jugador, las redes sociales, y en las últimas protestas con el tema del aumento del precio de la gasolina circularon campañas pagadas en Facebook y Twitter utilizando más de 500 perfiles falsos invitando a saquear tiendas de conocida cadena comercial en la ciudad de México, situación que lograron en varios casos, incluso en Guadalajara y Monterrey. En este tipo de situaciones exigimos a las autoridades mano dura y a los jueces sentencias ejemplares. Que no vuelva a suceder.
Héctor A.Romero FierroA raíz de que el Ayuntamiento de Juchitán, Oaxaca, no le ha pagado 300,000 pesos por concepto de acarreo de materiales de construcción, el constructor Miguel Blas Santiago bloqueó 3 puntos de la carretera Transístmica como medida de presión para que le hagan el pago. En los 3 cierres carreteros participan los familiares del contratista, quien denunció que las autoridades municipales se niegan a cubrir la deuda. En tanto, el alcalde Saúl Vicente Vázquez confirmó que su gobierno, que concluye mañana, tiene una deuda de 18 millones de pesos con proveedores locales.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 30 de diciembre de 2016).Responsables de al menos 200 estancias infantiles bloquearon un crucero vial en la zona conurbada de Oaxaca para exigir a la Sedesol los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.
(V.periódico El Informador en línea del 27 de diciembre de 2016).Se reportó que 3 hombres encapuchados se trasladaban en una camioneta color verde trataron de asaltar una tienda faltando 15 minutos a la media noche de este jueves. Los hechos ocurrieron en la calle Reyna de Mónaco en el cruce de las calles Reyna de Hungría y Reyna de Holanda. Sin embargo, los presuntos asaltantes no lograron su objetivo por lo que trataron de huir.
En su intento, uno de los 3 hombres no logró darse a la fuga como si lo hicieron sus 2 compañeros, pues este fue detenido por vecinos de la colonia. Se reportó que los colonos agredieron con arma blanca al hombre que aparentaba 40 años de edad.
El sujeto señalado como asaltante fue trasladado a la Cruz Verde de Tonalá y a las 12:30 se reportó que habría perdido la vida por las diferentes lesiones ocasionadas por los vecinos. Luego, el Servicio Médico Forense confirmó el fallecimiento, sin embargo, dijo que la razón fue por lesiones por arma de fuego en el cráneo. Se desconoce si hubo agresores detenidos.
(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de diciembre de 2016).Una investigación de la organización Impunidad Cero analiza la impunidad frente a los homicidios dolosos en México en el período de 1997 a 2014. "En casi 20 años, el país no ha logrado mejorar las cifras de impunidad, ya que los datos de 1997 y 2014 son muy similares: 78.2% y 78.6% respectivamente", apunta el texto.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el promedio de impunidad en México es incluso superior, pues llega al 82.3%. Con ello se coloca como el 8o. país con mayor impunidad en ese delito, sólo después de Trinidad y Tobago, San Kitts y Nevis, Guatemala, Barbados, Bahamas, Honduras y Panamá.
(V.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 23 de diciembre de 2016).Más allá de la curiosidad y el morbo que despertó la denuncia de la podóloga del [club de Futbol] Guadalajara contra el entonces entrenador del equipo, Ricardo La Volpe, el caso es otro ejemplo, uno más entre los muchos que se presentan todos los días, de la negligencia exasperante con la que actúan las procuradurías de justicia del país.
En abril de 2014, la joven denunció que La Volpe la obligó, por medio de la violencia física, a tocar su pene, conducta que configuraría el delito que los códigos penales denominan abuso sexual.
Como se advierte, el asunto no presentaba mayores complicaciones técnicas ni requería peritajes complejos y minuciosos. El Ministerio Público solamente debía analizar las declaraciones de la denunciante y el imputado, tal vez ordenar un examen sicológico y, con base en los elementos de prueba disponibles, determinar si procedía consignar el expediente ante un juez o declarar el no ejercicio de la acción penal.
¿Cuánto tiempo, razonablemente, debía llevar el desahogo de esas pruebas, su análisis y la redacción del documento con el que se pondría fin a la fase prejudicial del procedimiento? Una semana, acaso 2 semanas, un mes a lo sumo.
Pues el órgano de la acusación se demoró todo el Mesozoico en ejercitar la acción penal solicitando la orden de aprehensión contra el indiciado. ¡2 años 8 meses, casi mil días! ¡Casi mil días para tramitar una indagatoria que debió desahogar en no más de 30! Y, a juicio del juez, sin haber acreditado la existencia del delito. Tan antiguo es el episodio que el público ya se había olvidado del asunto y La Volpe declaró que su consignación era una venganza porque su nuevo equipo, el América, había eliminado una vez más a las Chivas. Justicia que no es pronta sencillamente no es justicia, ni para el denunciante ni para el imputado. La vida de los mortales, a diferencia de la de los dioses, es breve, muy breve.
Quien denuncia un delito espera que en un plazo razonable se le haga justicia sometiendo al presunto delincuente a proceso. De otro modo, siente que el agravio inferido por el delito queda impune y que esa impunidad se debe a que las víctimas no le importan nada a la autoridad encargada de perseguir los delitos. Al agravio de la conducta delictiva se suman la desconsideración, el desinterés y la desidia de una autoridad de la que cabría esperar un trabajo diligente y profesional.
Por su parte, el indiciado no puede evitar la zozobra mientras no se resuelva su situación jurídica. Tiene sobre sí todo el tiempo la espada de Damocles. Si se sabe inocente, la pura espera es ya una pena a la que se le somete por lapso indefinido. Seguramente en el trabajo, en el descanso, durante la comida, antes de conciliar el sueño, durante el sueño, al departir con sus amigos, al entregarse a su afición favorita o en el momento sagrado del amor, lo asalta la inquietud de que podría verse como inculpado en un proceso penal.
¿Por qué nuestros ministerios públicos funcionan con esa pachorra que sacaría de sus casillas hasta al santo Job? ¿Ineptitud para desempeñar la delicadísima función de perseguir delitos? ¿Formalismos absurdos como el de enviar oficios a la policía de investigación y a los peritos para que realicen tal o cual cosa en lugar de un telefonema o un correo electrónico? ¿Falta de supervisión a los agentes ministeriales por parte de sus superiores jerárquicos? ¿Sobrecarga de trabajo? ¿Horarios absurdos: 24 horas continuas de trabajo, no obstante que a las ocho horas el cuerpo y la mente de cualquier persona exigen descanso?
No hace falta agregar que esa tardanza no se traduce en una mejor integración de los expedientes. Muchos consignados quedan en libertad porque el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, porque no realizó las diligencias conducentes, aconsejables aun por el sentido común, para comprobar el delito o demostrar la presunta responsabilidad del indiciado.
Mientras nuestros órganos persecutores de delitos sigan desempeñándose con tal desidia, el Estado de derecho continuará erosionándose gravemente, pues esa impunidad significa el incumplimiento generalizado de la ley en el ámbito en que más imperioso es cumplirla: el justo y pronto castigo a los delitos.
Luis de la Barreda SolórzanoLa beligerancia social que cada vez que lo desea toma las calles, edificios públicos, propiedad privada y secuestra los espacios ciudadanos, ante lo que la autoridad pacta o tranza para liberar lo tomado, sin atreverse a aplicar la ley.
La Secretaría de Gobernación es un ícono de ello. El Palacio de Bucareli, su sede, cuenta como apéndices permanentes vallas y muros anti manifestaciones porque no saben cuándo llegará una protesta por un problema que en su lugar de origen -más de 95% de las manifestaciones en la Ciudad de México no son por molestias capitalinas- no se resolvió. Esta realidad origina la percepción en el mundo de un Estado fallido.
La semana pasada en Guerrero, donde hay protestas de todo tipo un día sí y el otro también, se dio algo extraordinario en ese estado de condiciones extraordinarias. En acciones simultáneas, normalistas de Ayotzinapa, maestros y activistas, atacaron con bombas molotov la 35ª Zona Militar en Chilpancingo y el 27º Batallón de Infantería en Iguala, mientras que el gobierno de Héctor Astudillo servía de intermediario para que una banda de secuestradores regresara a su rehén a fin de que los familiares de él liberaran a la madre del jefe de la banda criminal, a quien habían secuestrado en represalia. La Ley del Talión ante la imposibilidad de un gobierno para gobernar, mientras que las guarniciones militares recibieron la orden de aguantar sin defenderse. Las fotografías a la entrada del 27º Batallón de Infantería, donde se levantaron barricadas, evocó a los países en guerra donde las bases militares tienen que ser protegidas de sus enemigos.
Pero en Guerrero no había una amenaza militar. Ni siquiera simetría de fuerzas. La capacidad de fuego del Ejército y la Policía Federal supera ampliamente a cualquier organización social. No hay miedo porque no existe un poder asimétrico, sino que es una posición cautelosa y preventiva porque la autoridad carece de legitimidad como autoridad cuando de temas políticos y sociales se trata. Cuando hay un evento de esta naturaleza, los gobiernos hacen a un lado la ley y negocian. La explicación permanente es que no pueden aplicar la ley, que siempre es usada como eufemismo de mano dura, porque las cosas empeorarían más.
¿De dónde viene este argumento? Si están seguros que no habrá mejora sino mayor gravedad si hacen aquello por lo que se pagan impuestos, ¿no significa que hay un problema de fondo con el ejercicio de gobernar? Lo que han demostrado es incompetencia que resuelven con lo que llaman tolerancia institucional. La gobernabilidad está en crisis en este país que nadie se atreve a llamar ingobernable. Lo que han perdido las autoridades mexicanas es lo que define al poder como la capacidad para lograr imponer la voluntad de uno sobre los otros para poder establecer relaciones asimétricas -los gobernantes ordenan a los gobernados-, como lo definió en 1996, poco antes de morir, el filósofo Cornelius Castoriadis.
El gobierno no tiene el poder para gobernar, porque de lo que carece es de los acuerdos institucionales para hacerlo. Si los tuviera, la aplicación de la ley, cuando se violan las leyes, sería algo normal y no algo anormal e imprudente como es hoy en día. Cuando las autoridades hablan de la capacidad de tolerancia frente a la beligerancia social, en realidad admiten su incapacidad para gobernar.
Raymundo Riva PalacioAl señalar que no existe un código de ética de los abogados y que desconoce que se hayan aplicado sanciones por mala praxis, Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Derecho Privado de la UdeG, considera que quienes contratan estos servicios están muy desprotegidos. Aconseja que el cliente se cerciore de que el abogado que pretende contratar cuente con una cédula profesional; de no tenerla puede ser sancionado.
En la Ley de Profesiones se establecen una serie de responsabilidades, y se marca que la persona debe estar debidamente acreditada como abogado. Si se ostenta como pasante o profesionista en el ramo de la abogacía, sin serlo, hay sanciones. También quienes ejercen como abogados sin cédula se les puede amonestar y va en aumento la sanción si reinciden.
Aunque el Código Penal establece sanciones, a consideración de Barba Álvarez hay ambigüedad, por lo que deben revisarse. En esta norma se contempla que si una persona abandona al cliente sin motivo, se le puede imponer una pena de 3 meses a 3 años; además, contempla la inhabilitación para ejercer hasta por 2 años.
Desde su punto de vista, el nuevo sistema de justicia penal va a terminar con este tipo de abogados porque la persona debe tener conocimiento jurídico, del proceso y habilidades. "Estamos muy pobres en legislación para la protección de los clientes".
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2016).En un pequeño pedazo del estado de Guerrero acabamos de presenciar un acto de barbarie, del ojo por ojo, de la ausencia de Estado.
Un secuestro, parte de una cadena de múltiples secuestros. Una comunidad que toma las ramas y secuestra a la madre del presunto secuestrador. Un intercambio de secuestrados y la retención de otros hasta que el gobernador, es decir la autoridad, se haga presente en el pueblo. El gobernador no quiere ir porque "no hay condiciones".
Carlos PuigEl lunes, autodefensas del municipio de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente -región que comprende partes del Estado de México, de Guerrero y de Michoacán-, secuestraron a María Félix de Almonte Salgado, madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero. Esto en respuesta al secuestro, un día antes, de Isauro de Paz Duque, un ingeniero local.
En el tiempo que duraron ambos secuestros, la policía comunitaria -que retuvo a 20 personas en total- obligó a la madre de El Tequilero a grabar un video en que pedía a su hijo liberar al ingeniero.
El Tequilero se dedica, según la Fiscalía de Guerrero, a homicidios y secuestros masivos, como el de 10 personas en Ajuchitlán en noviembre. Los pobladores de San Miguel Totolapan, hartos de la situación y falta de respuesta gubernamental, tomaron la ley en sus propias manos.
El miércoles, a través de otro video, éste filmado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se documentó el intercambio de ambas víctimas entre tequileros y autodefensas.
Guerrero, de los estados más pobres de México, ha sido de los más golpeados por el narcotráfico y su guerra. Bajo Calderón y después Peña Nieto, ha registrado de las tasas de homicidios por 100,000 habitantes más altas del país. De hecho, en 2015 su tasa fue más alta que la de Honduras.
Tan ineficaz ha sido el gobierno de Héctor Astudillo que, después del intercambio de rehenes, se limitó a celebrar por redes que el ingeniero, liberado sin su ayuda, estaba sano. Si castigaría a secuestradores de ambos bandos no dijo nada.
Hay que decirlo: Guerrero en 2016 es un estado fallido.
Esteban IlladesHay un aumento en la violencia cotidiana derivada de una descomposición social y de un descontrol de las policías que no están capacitadas para el nuevo sistema de justicia penal.
Es claro que el nuevo sistema de justicia penal está complicando terriblemente el ejercicio de la autoridad. Pero el problema no es, como proclaman algunos actores, el nuevo sistema, que garantiza los derechos de los ciudadanos, de todos, incluso de los presuntos delincuentes y hace real y efectiva la presunción de inocencia. El problema es de las policías, tanto las municipales como la estatal y la ministerial, que no se prepararon, como tampoco lo hizo el poder judicial, para trabajar con el nuevo sistema. Hay claramente un descuido que es responsabilidad de los alcaldes, los actuales y los anteriores, del Gobierno del Estado, del fiscal actual y el anterior, y del poder judicial, por no haber hecho la tarea. Todos sabían lo que venía desde 2013; nadie puede llamarse a engaño.
Este desajuste está provocando que muchos presuntos delincuentes sean liberados por problemas procesales o por falta de pruebas, lo que genera tensión entre las corporaciones, la que detiene y la que procesa.
Diego Petersen FarahEl Instituto Mexicano para la Competitividad reprobó a Jalisco en el subíndice de Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, que mide el entorno de seguridad pública y jurídica en los estados del país.
En el Índice de Competitividad Estatal 2016 se detalla que en 2012, Jalisco ocupó la posición 20 y en 2014 bajó hasta la 23 (último estudio). Estuvieron por encima de Jalisco 22 estados, de los cuales 19 tuvieron una calificación aprobatoria.
En 2016, el Poder Judicial de Jalisco ejerció 1,298 millones de pesos.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2016).Lo que ocurre en San Miguel Totolapan es un paradigma de lo que sucede en buena parte del país pero sobre todo en la Tierra Caliente de Guerrero, en esos territorios que se han convertido en el refugio y el área de operación de bandas criminales de todo tipo que no sólo se dedican al cultivo de amapola y la producción de goma de opio, expoliando a los campesinos de la zona, sino que también han hecho del secuestro, el robo, la extorsión, el asesinato, su modo de vivir.
La historia es tan sencilla como terrible. Un cártel apodado Los Tequileros, que vienen asolando la región, secuestraron a un arquitecto. La comunidad, harta de extorsiones y secuestros, se levantó en armas y detuvo a 20 personas que consideraban relacionadas con Los Tequileros y a la mamá del líder de ese grupo criminal, apodado "El Tequilero". La amenaza era directa: la vida de esa mujer por el arquitecto.
Hay preguntas que resultan inevitables: si todo un pueblo sabe quiénes están ligados con un grupo criminal ¿por qué no se actúa contra ellos? Es sencillo: porque la policía local trabaja con los criminales. ¿Si se sabe quién es el jefe de ese grupo e incluso dónde viven su madre, su familia, por qué resulta difícil atraparlo? Por que nadie está dispuesto a hacerlo. Si se suceden los secuestros en la zona ¿por qué las autoridades actúan hasta que se presenta una crisis de estas características?
Ahora ya está el grupo de coordinación Guerrero operando en la zona, el Ejército (siempre el Ejército y todavía hay quienes le siguen regateando su respaldo) se encargará de tratar de detener al "Tequilero" y esperemos que a rescatar al arquitecto secuestrado, pero los hechos demuestran la debilidad institucional que viven muchos estados del país, y en particular esa región de Guerrero.
Los Tequileros, este grupo criminal, son una parte más de Guerreros Unidos y están en disputa con varios otros grupos criminales que operan en la zona, entre ellos los socios de Los Rojos, y algunos otros, como el Cártel Independiente de Acapulco, uno de los más activos, no sólo en el puerto sino, con sus derivaciones, en la Tierra Caliente. El líder de este grupo, por cierto, Teté Galeana, fue capturado en el 2013, y su aprehensión anunciada como un gran éxito en los medios, pero resulta que meses después, cuando comenzaba el 2015, un juez decidió dejarlo en libertad. Y ahí sigue, como uno de los más violentos operadores del narcotráfico en la entidad.
Cuando una comunidad se levanta en armas para tratar de defender sus derechos y termina secuestrando a la madre de un delincuente para tratar de lograr la liberación de un secuestrado estamos ante un regreso al estado de la naturaleza diría Hobbes, a la ausencia de instituciones que garanticen la mínima seguridad y la gobernabilidad. Es la consecuencia de un vacío. Y no lo dudemos, ese tipo de vacío es el que siempre terminan llenando los grupos criminales.
Jorge Fernández MenéndezLas autoridades federales han detectado una conspiración de poderosos abogados. Son representantes legales de algunos de los políticos más corruptos de México y tienen el objetivo de minar las facultades de investigación oficiales para conseguir que sus clientes queden libres.
Hasta ahí parecería una acción si bien audaz y desafiante al Estado, también que podría ser considerada parte de una estrategia de litigio controversial pero privada.
Lo preocupante es que han detectado que altos jerarcas del poder judicial están jugando de comparsa de estos abogados, cuyos márgenes de maniobra suelen ser mucho más amplios que los de los fiscales mexicanos.
Detrás hay también una motivación política. Jueces y sobre todo magistrados lucen permeados por motivaciones políticas: la posición de los medios de comunicación sobre el asunto, la relevancia noticiosa de un hecho, la percepción ciudadana... todas, cosas que no deberían interferir en el juicio sobre un expediente.
Por eso en casos como el de la ex dirigente de los maestros, Elba Esther Gordillo Morales, y el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sus defensores han estado impulsando por encima de todo la idea de que son "presos políticos", buscando abrigo en la opinión pública para que sean considerados víctimas del sistema y no protagonistas de 2 de los escándalos de corrupción más indignantes de los últimos tiempos. Ya incluso empieza a circular la intención de meter en este paquete de "perseguidos políticos" al ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa.
Encima de todo, el nuevo sistema penal acusatorio se pone del lado de los delincuentes de cuello blanco, a quienes brinda un fascinante manto protector y, bajo el argumento de que no asesinaron a nadie, los deja con la enorme facilidad de estar en la cárcel por unas horas, máximo días. El coctel es indeseable: en el momento en que la gente está más enojada por la corrupción, hay menos herramientas para encarcelar a los corruptos. Y la ineficacia para perseguirlos, la lentitud para dejarlos huir, se suma al coraje.
Por eso, para que el ex mandatario Padrés se quedara en la cárcel, la PGR tuvo que literalmente esconderle una orden de aprehensión y procesarlo por delincuencia organizada. De otra forma, el plan de sus abogados habría salido a la perfección: comparecer ante un juez y ante delitos financieros y de evasión fiscal (no graves), salir caminando al poco rato.
Carlos Loret de Mola A.Una percepción generalizada en la sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, han debilitado a nuestras instituciones democráticas y dividido a la sociedad.
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDHLa vigente Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas fue publicada hace 30 años (el 26 de diciembre de 1986), durante el mandato de Miguel de La Madrid Hurtado. Y aunque el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos aseveró la semana pasada que "la seguridad interior (de la nación) no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, (sino) de la Secretaría de Gobernación", y aunque el propio presidente Enrique Peña Nieto, al día siguiente, se apresuró a señalar que aun “no siendo la misión que tienen confiada nuestras fuerzas armadas”, haberla asumido redundó en que "tengamos, sí, ciudades y regiones de nuestro país que han regresado a la paz y la tranquilidad", contra el texto específico de la ley no hay argumento que valga.
En el caso, el Artículo 1º. de la citada Ley establece que "El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (...) tienen las misiones generales siguientes": (Inciso II): "Garantizar la seguridad interior".
Jaime García ElíasAl señalar que 62 jueces orales fueron designados de manera irregular pues no cumplían con uno o varios de los requisitos establecidos, abogados pertenecientes a varios colegios demandaron al Consejo de la Judicatura que estos fueran destituidos. Según dijeron, fueron nombrados para cumplir cuotas, por amiguismos o por ser familiares de integrantes del poder judicial.
"Los jueces que incumplieron con los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica fueron designados mediante un acto de corrupción, y si su nombramiento nace por corrupción, su función está corrupta y todo lo que desempeñe", declaró Martín Márquez Carpio, presidente de la Comisión de Análisis Social y Política del Colegio Luis Manuel Rojas.
Los abogados presentaron una lista de 62 jueces quienes carecían de uno o más requisitos para ser nombrados, como no contar con cédula profesional expedida por la Dirección de Profesiones del Estado con una antigüedad de más de 5 años; no contar con una edad mínima de 27 años al momento de su nombramiento; y hasta no contar con carrera judicial.
Algunos de ellos, señalaron, no acreditaron conocimientos en la especialidad del nuevo sistema de justicia, y otros más reprobaron el examen psicológico y de coeficiente intelectual. Pese a ello, fueron nombrados.
"Existe duda y sospecha de tráfico de influencias, porque entre estos nombramientos irregulares de jueces se beneficia a hijos de magistrados, parientes del secretario de Gobierno del Estado, de diputados, partidos políticos y de la Universidad de Guadalajara", advirtió Juan Martínez Álvarez, presidente del Colegio Luis Manuel Rojas.
"¿Cómo queremos tener buenos jueces si toleramos jueces ilegales que cometen delitos para llegar a su cargo, que declaran con falsedad, que mienten ante el órgano que los designa ante el Consejo de la Judicatura? Si mienten le están mintiendo a la sociedad, a la ley y al justiciable. ¿Qué tipo de justicia esperamos? Pues una justicia mala", insistió Márquez Carpio.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 8 de diciembre de 2016).Es ridículo que tengamos una ley restrictiva que cree que impide hacer política a los políticos, pero en fin, es la ley y hay que cumplirla o cambiarla. Los poderosos, por supuesto, no la cumplen: por cada restricción para su aparición en medios de comunicación hay un mercado negro en expansión.
Ivabelle ArroyoEsta mañana el asalto a un autobús en Tlalnepantla, Estado de México, fue frustrado por un sujeto quién hirió a un delincuente cerca de las 6:45 de la mañana.
La unidad de pasajeros se dirigía a Tenayuca, zona de la Esmeralda.
Mientras el ladrón hacia uso de la fuerza pegándole un cachazo en la cabeza a una mujer, fue sorprendido por el "justiciero", quien sacó un arma de fuego y le disparó, lesionándolo en el abdomen.
Al lugar llegaron paramedicos de la Cruz Roja Mexicana para atender a los heridos, la señora y el delincuente, el cual fue trasladado al hospital de Tlalnepantla.
El "salvador" escapó del lugar y el conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.
(V.periódico Excélsior en línea del 7 de diciembre de 2016).Una pasajera de la ruta 622 enfrentó a un hombre que asaltaba a un chofer de ese servicio de transporte y logró ahuyentarlo, según muestra un video de las cámaras de seguridad de la unidad que fue difundido por la empresa.
El video de casi 3 minutos, que la ruta compartió el sábado 3 de diciembre aunque la imagen del video muestra la fecha 25 de noviembre, muestra a un hombre en sudadera blanca, con la cara medio cubierta, que se acerca hasta el chofer mientras conduce la unidad y, al parecer con una navaja en la mano, le exige que le entregue el dinero.
Antes de que la unidad se detenga, una señora, que al parecer viaja con un niño, se acerca poco a poco hasta el ladrón y el chofer y, tras preguntar al conductor si todo está bien, se hace de palabras con el hombre.
Tras un intercambio de palabras, otra pasajera pide la parada y, cuando el camión se detiene, el ladrón forcejea brevemente con la primera señora y escapa a pie. Todavía la mujer le propone al chofer que persiga al ladrón, para detenerlo.
Las autoridades estatales recomiendan en forma permanente no enfrentar a ladrones en sucesos como éste; por el contrario, señalan que el pasajero debe mantener la calma, tratar de tomar en cuenta alguna característica del agresor (sin exponerse) y presentar una denuncia formal tan pronto sea posible, en las instalaciones de la Fiscalía Central: Calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara.
(V.periódico El Informador en línea del 5 de diciembre de 2016).Pobladores de San Francisco del Mar, Oaxaca le arrebataron un hombre acusado de secuestro a las autoridades municipales, para lincharlo y posteriormente dejarlo colgado en el marco de una puerta.
De acuerdo con los reportes policiales sobre el hecho, el hombre fue señalado como responsable de intentar secuestrar a una adolescente de 15 años, por lo cual, policías municipales realizaron su captura en un retén carretero, cuando este intentaba huir a bordo de una camioneta van color blanca.
No obstante, durante la mañana del sábado un grupo de pobladores enardecidos, irrumpió en las oficinas de la Sindicatura Municipal con la finalidad de tomar al supuesto plagiario para tundirlo a golpes y después dejarlo muerto colgando, sin que los policías pudieran contener la situación.
Sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, José Raymundo Tuñón Jauregi indicó que se han girado las instrucciones pertinentes para hacer valer el Estado de Derecho en el poblado perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Cabe mencionar que el occiso se encontraba utilizando la camioneta de su trabajo, en la que transportaba medicamentos de patente.
(V.periódico Excélsior en línea del 4 de diciembre de 2016).Mototaxistas del poblado Palomares bloquean la carretera Transístmica, en la zona norte del Istmo, mientras que campesinos del municipio de Jalapa del Marqués cerraron el paso vehicular sobre la carretera Panamericana.
Los mototaxistas de Palomares, perteneciente al municipio de Matías Romero, demandaron que funcionarios de la Secretaría de Vialidad y Transportes de Oaxaca dejen sin efecto la entrega de 7 concesiones otorgadas sin que mediara un estudio de factibilidad.
Mientras que en Jalapa del Marqués, campesinos de esa población bloquearon la carretera Panamericana 190, justo en la desviación que comunica con la presa "Benito Juárez" e impidieron el paso vehicular hacia la capital oaxaqueña.
Los campesinos reclaman que su dirigente comunal, Gumersindo Ortiz, les entregue los recursos económicos que la Comisión Federal de Electricidad pagó por las afectaciones y uso de tierras comunales para el tendido de sus líneas.
(V.periódico El Informador en línea del 28 de noviembre de 2016).Hay 2 puntos de vista: Los que defienden a los comerciantes, pues, dicen, tienen derecho a ganarse el pan y a trabajar en la vía pública, y los que consideran que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a apropiarse de lo que es de todos: el espacio público. Yo soy de estos últimos. Si bien estoy de acuerdo que todo mundo tiene derecho a trabajar también creo que todos debemos respetar el espacio público. Y cuando digo todos es todos, no sólo los comerciantes ambulantes.
El problema al que se está enfrentando la administración de Enrique Alfaro es justamente que no se trata con la misma vara a unos y a otros. Lo que no se permite a los comerciantes ambulantes se tolera para otros. Valgan 3 ejemplos.
Cuando se hace una obra, sobre todo los edificios de varios pisos, los constructores se apropian de las banquetas y muchas veces incluso de un carril completo de las vialidades y nadie los molesta. Si bien las obras son temporales, en algunas ocasiones estas duran más de un año. Si el ayuntamiento quiere ser parejo debe obligar a los constructores a construir pasos peatonales seguros (así se hace en muchas ciudades del mundo) y a no obstruir la vialidad en horas pico.
Otro caso común es la apropiación de áreas de sesión. Hay un sinnúmero de cotos (la gran mayoría en Zapopan y Tlajomulco, pero en Guadalajara también los hay) cuyas áreas de sesión al ayuntamiento quedaron dentro de los muros negando el acceso a un espacio que por definición es público. En esos casos el ayuntamiento está obligado a levantar las plumas y permitir el libre acceso.
Pero más grave aún es la apropiación de calles. El caso más emblemático, no es el único, es la continuación de Acueducto que fue cerrada con una reja para unir 2 predios de una universidad [privada]. Ese caso lleva más de 40 años y amerita también una acción enérgica del ayuntamiento.
Diego Petersen FarahEl gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, admitió que en la comunidad de San Jerónimo el Grande, Ajuchitlán del Progreso, región Tierra Caliente, surgió un grupo de autodefensa ante los últimos homicidios y raptos; el último, el secuestro masivo de 10 hombres, 2 menores de edad, de los que han recuperado a 3.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2016).Las protestas de los trabajadores del Gobierno de Veracruz, a quienes les adeudan salarios y prestaciones, se extendieron al puerto de Verarcruz, donde bloquearon uno de los principales accesos a la ciudad y con ello decenas de camiones de carga se quedaron varados.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2016)."Cuando la justicia se corrompe las naciones se destruyen" reza una antigua sentencia. Desde luego no me refiero al específico caso del señor Vega Pámanes, sino al sistema que lo llevó al poder y al mismo sistema que lo derrocó, no porque haya hecho ni menos ni más de lo que lamentablemente hacen muchos jueces todos los días, sino porque seguramente hizo algo o dejó de hacer algo que el propio sistema corrupto del 3er. poder le demandaba. Y mientras todo el mundillo local se crispa en torno al caso, otros actores de ese mismo poder dejan en libertad a secuestradores confesos por la podrida y conocida fórmula de que el proceso no había sido bien armado, así, amparados por todo tipo de triquiñuelas "legales" burlan a los ciudadanos que fueron víctimas de secuestro, chantaje y daños a su vida física y emocional. Ciudadanos que mantienen con sus impuestos a esta clase de "jueces" prevaricadores, responsables de que la gente esté ya harta de vivir en este muladar generado por partidos y políticos, y cada vez se convenza más de que en el futuro inmediato no habrá otra justicia posible que la que cada quien logre hacerse por propia mano.
Razón y AcciónTrabajadores de Servicios de Salud del Estado de Veracruz bloquean la autopista Veracruz-Xalapa como protesta para exigir bonos retroactivos, aguinaldos y otras prestaciones que les adeuda el gobierno estatal, sumido en una crisis por desfalco a las arcas públicas atribuido al gobernador con licencia Javier Duarte.
(V.pág.13-A del periódico El Informador del 19 de noviembre de 2016).Por 10a. ocasión quedó arrestado "El Kevin", un hombre acusado de varios delitos, sobre todo robos a casas, y quien tenía tan sólo 3 semanas de haber sido liberado por las autoridades.
Ésta sería la 7a. vez que lo capturan en lo que va del 2016, según mencionan medios locales, que registraron las quejas de los ciudadanos por temer que volverán a dejarlo libre.
Identificado como Kevin Roberto Aldapa Estrada, de 19 años de edad, fue capturado por vecinos luego de que presuntamente robara artículos electrónicos de una vivienda en el Fraccionamiento Villas Terrranova, de Tlajomulco; junto con él fue retenido un adolescente de 16 años de edad.
El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, subrayó que buscarán que se le aplique prisión preventiva para que no quede libre de nuevo, pues cada vez que lo arrestan los montos robados son menores y puede salir con medidas precautorias como la firma semanal.
En el nuevo sistema de justicia penal, los acusados por delitos que no son graves no ameritan prisión preventiva, pero para que se haga válida la condición de reincidencia es necesario que los afectados interpongan la denuncia correspondiente.
Especialistas en ese sistema han subrayado en varias ocasiones la urgencia de que haya denuncias formales, pues se trata del principal insumo con el que podría trabajar el Ministerio Público.
(V.periódico El Informador en línea del 18 de noviembre de 2016).No hay duda de que la justicia por mano propia es el resultado de la falta de seguridad y de la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con la primera y más importante de sus obligaciones, pero también de la certeza de los "asesinos buenos" que ni los delincuentes ni ellos serán detenidos por las fuerzas del Estado.
Los justicieros, las autodefensas, las guardias blancas son la gran trampa para el Estado, pues si bien son una ayuda en su misión fallida para cumplir con la seguridad y la justicia que no puede brindar, son al mismo tiempo la némesis del Estado: lo contradicen y lo anulan.
Aunque sea impopular, el gobierno tiene que perseguir con la misma fuerza a los asaltantes y asesinos que a quienes hacen justicia por mano propia. La vida de la persona inocente que murió ayer a manos de uno de estos Batman chilangos vale más que cualquier justificación. No hay que tener miramientos en demandar a los gobiernos seguridad. Esa es su tarea, para eso fueron electos y no hay excusa que valga, ni siquiera la de nos dejaron el país, el estado o la ciudad hecha un desastre, que es la más recurrida.
Diego Petersen FarahSi hay algo que sigue funcionando con esquemas que hace mucho se pudrieron y huelen mal hasta otros estados es el Poder Judicial de Jalisco. El escándalo de Vega Pámanes no es el único y es más, ni siquiera es lo más relevante. Hace tiempo que ese espacio que tendría que ser un oasis de autoridad, con hombres sabios que imparten justicia, es una cloaca pestilente que resistió la transición política en Jalisco y las reformas que se hicieron en la década de los 90.
Todo resiste esa momia. Resistió la creación del Consejo de la Judicatura, que en lugar de repartir poder, lo concentró. Resistió los cambios en los nombramientos de magistrados (cada que salía uno se amparaba y había que poner más oficinas y destinar millones adicionales y pagar salarios caídos y ampliar el número de magistrados entronizados). El tribunal resistió también al magistrado Celso Rodríguez como presidente, ¿lo habían olvidado? No, si Vega Pámanes no es el primero.
El Poder Judicial requiere autonomía y al mismo tiempo límites. Independencia frente a poderes externos como los diputados o el gobernador y rendición de cuentas judicial, pero además, suficiente autonomía individual de los jueces frente al poder de los caciques judiciales.
Lo importante es lo de siempre. Lo elemental: impartir justicia de calidad. Más que controles para el vértice de la pirámide judicial, hay que darle fuerza a los jueces de 1a. instancia para que los culpables paguen, los inocentes no sean castigados, las acusaciones no sean infinitas, las sentencias sean definitivas, los papelitos valgan y los pleitos entre particulares sean resueltos. Eso es lo importante. Si eso se cumple, habrá justicia también ante los Vega Pámanes, ante ex funcionarios, ante caciques judiciales, ante ladronzuelos y ante ratas grandes.
Ivabelle ArroyoElba Esther Gordillo fue declarada inocente del cargo de defraudación fiscal equiparada y agravada, por lo que un tribunal determinó otorgar su libertad. Sin embargo, la ex lideresa magisterial no saldrá de la cárcel ya que aún enfrenta 2 averiguaciones por defraudación fiscal y por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El 1er. Tribunal Colegiado en materia penal del 1er. Circuito determinó otorgar el auto de libertad por fallas en la actuación de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, la resolución afirma que la PGR ocultó la averiguación previa contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que las pruebas presentadas en contra de Gordillo fueron declaradas ilegales.
(V.primera plana del periódico El Informador del 15 de noviembre de 2016).Otro pasajero "justiciero" sorprendió a 2 ladrones que subieron a asaltar a viajeros que iban en una camioneta de la ruta Valle de México, en Periférico Norte, frente a la Unidad Cuauhtémoc del IMSS a quienes disparó, generando la muerte de los dos presuntos rateros y de una pasajera.
Con este hecho suman una decena de casos registrados este año en municipios metropolitanos del Valle de México donde pasajeros que se han convertido en justicieros espontáneos, enfrentan a ladrones y los balean dejando muertos a una veintena de delincuentes; quienes reciben el apoyo del resto de los viajeros y conductores que facilitan el escape de quien los defendió de un robo.
La noche del domingo, el conductor de la camioneta de pasajeros de la línea Valle de México, que inició su trayecto en San Pedro, en el municipio de Nicolás Romero, cruzó Tlalnepantla e ingresó a Periférico Norte en la zona de Santa Mónica; con pasajeros que se dirigían al Metro Cuatro Caminos, quienes fueron amagados por 2 sujetos armados, cerca de las 11 de la noche.
Testigos relataron que cuando la camioneta de pasajeros, transitaba por Periférico Norte, en Naucalpan, subieron dos jóvenes en la parada de la Unidad Cuauhtémoc del IMSS, metros adelante gritaron "¡esto es un asalto!".
El chofer sólo escuchó detonaciones de arma de fuego y escuchó gritos, en la parte trasera de la camioneta tipo Van. Los pasajeros pidieron al conductor que detuviera la unidad pues 2 de los presuntos ladrones estaban lesionados, al tiempo que uno de los viajeros, que presuntamente hizo frente a los asaltantes con un arma que sacó de entre su ropa, descendió de la unidad y corrió por calles de la zona industrial.
El resto del pasaje, junto con el conductor, decidieron continuar el camino al paradero del Metro Cuatro Caminos, ubicado a menos de un kilómetro de distancia del sitio donde descendió el "justiciero".
Al llegar al paradero, el chofer se percató además que una pasajera que iba junto a él, en el asiento del copiloto, también estaba lesionada por un impacto de bala, que le penetró a un costado del torax, por lo que paramédicos la trasladaron al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, donde falleció este lunes.
El presunto ladrón lesionado afirmó que su nombre era Sergio y que tenía 21 años, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco donde también falleció horas después.
En tanto que el otro sujeto, de aproximadamente 25 años de edad y que presuntamente también subió a asaltar a los pasajeros, quedó tirado en el piso de la camioneta donde falleció casi de inmediato.
(V.periódico El Universal en línea del 14 de noviembre de 2016).Nicolás Vega Pedroza, el hombre detrás de los bloqueos del aeropuerto, se dispone a recibir, por parte del gobierno federal, un 2o. pago de sus predios ubicados en donde ahora se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
¿Qué opina de las afectaciones a terceros?
Es de la única forma en que hacemos reaccionar al gobierno. Había mucha gente que me decía que si no nos manifestamos no nos iban a hacer caso.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de noviembre de 2016).Habitantes del municipio veracruzano de Catemaco quemaron una parte del palacio municipal en una jornada de violencia para exigir la aparición de un sacerdote católico, desaparecido desde el viernes.
Los inconformes mantenían en su poder la sede municipal desde la mañana de este sábado, cuando habían quemado una patrulla de la policía local, cerrado una carretera federal y saqueado la vivienda del alcalde Jorge González Azamar.
Sin embargo, durante la noche decidieron también prenderle fuego al palacio municipal para exigir la aparición con vida del cura y activista social, José Luis Sánchez Ruiz.
(V.periódico El Informador en línea del 12 de noviembre de 2016).Por considerar que el poder judicial tiene actualmente una profunda infiltración partidista, además de padecer de corrupción e incompetencia, este miércoles representantes del Congreso Ciudadano, del Observatorio Legislativo del ITESO, y del colectivo ¡Tómala! -que agrupa a más de 50 organizaciones civiles- exigieron aplicarle una reforma de fondo, expuso Cecilia Díaz Romo, integrante del citado colectivo.
"Consideramos que en Jalisco hay un poder judicial parcial y esta situación tiene implicaciones muy serias para el estado que no solamente pone en riesgo lo político y lo económico, sino que al ser un poder inequitativo afecta libertades y derechos de todos, pero especialmente de los más desfavorecidos. Afecta a las personas cuya economía es deficiente porque la justicia depende ahora del dinero con el que se cuente, si se pueden comprar buenos abogados, o incluso jueces o magistrados".
Los organismos propusieron tres puntos para una reforma al poder judicial. En 1er. lugar que ésta sea profunda y que sea de contrapeso para los poderes y no un "traspatio" del poder ejecutivo, señaló Sergio Beas, del Congreso Ciudadano. Para ello pidieron detener la llegada y permanencia de jueces y magistrados que hayan violado la Constitución o la ley.
Esto, en alusión al actual presidente con licencia del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega, quien no contaba, de acuerdo a la Constitución de Jalisco, con los requisitos para ser nombrado magistrado, toda vez que fue condenado a 4 años de prisión por diversos delitos ocurridos en 1984, (cuando arrolló y mató a una mujer y causó otros daños) pese a que la ley admite sólo un año de pena, si es que se cuenta con este antecedente.
El 2o. punto, señaló Díaz Romo, es el de generar mecanismos de justicia abierta, una estricta rendición de cuentas y que incluso los juzgadores trabajen con una argumentación de sentencias "entendible" para la sociedad. A su juicio, el utilizar sólo términos legales significa una estrategia para "segregar a la ciudadanía".
El 3er. punto es que en los nombramientos de los magistrados y jueces se transparente el proceso y se permita que los procesos sean vigilados por la ciudadanía.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2016).El 14 de junio, justo una semana antes de que concluyera el plazo constitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es aplicable en todo el país a aquellos jóvenes a quienes se le inculpe de incurrir en conductas tipificada como delito por las leyes federales y que tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18, con lo que se da un gran paso para la consolidación y adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio; además de sentar las bases para la modernización de la justicia penal para adolescentes, que deja de ser un sistema amparado en la doctrina tutelar para inscribirse dentro de los sistemas garantistas que privan en la mayor parte del mundo.
Dentro de dichas disposiciones la privación de la libertad se utilizará sólo como medida extrema y será exclusiva para los jóvenes infractores mayores de 14 años. Existiendo la posibilidad de que pueda ser sustituida por la estancia domiciliaria o la prestación de servicios a la comunidad, siempre y cuando el órgano jurisdiccional correspondiente considere que dicha medida es la más adecuada para lograr la reinserción social y reintegración familiar del adolescente, que es uno de los propósitos fundamentales del nuevo sistema.
Asimismo, se destaca la reducción de las penas a un máximo de 5 años de prisión para aquellos adolescentes que hayan sido sentenciados por delitos de alto impacto; es decir, por homicidio doloso, secuestro, violación, extorsión agravada, robo con violencia, posesión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas.
A la par de esta disposición emerge la otra cara de la moneda, pues la enmienda nacional sustituye las legislaciones locales y abre la posibilidad de que los menores que han delinquido y cumplen condenas mayores a cinco años, puedan solicitar la modificación a su sentencia cuando la legislación bajo la que fueron sentenciados en su entidad establezca penalidades máximas de entre 10 y 15 años para delitos graves y a jóvenes que tiene entre 14 y 18 años.
Dicha situación no es una probabilidad ni nace de un propósito especulativo, es una realidad que ya constituye un problema para algunos estados de la república, como Chihuahua, y que favorece desafíos al nuevo sistema de justicia penal, pues dicha medida abre un boquete monumental por donde veremos cómo alcanzan su libertad jóvenes que han participado en enfrentamientos entre cárteles de las drogas y en delitos aberrantes como el secuestro y homicidio doloso. Es hora de que se inicie una reflexión seria sobre este desafío para encontrar medidas apropiadas antes de que el problema nos desborde.
Alejandro Martí, presidente de México SOSUn justiciero exasperado o un sicario de malas pulgas, vaya usted a saber, pero el Ángel Exterminador, como ha sido designado por redes sociales y prensa, ha inflamado la imaginación de la opinión pública en los últimos días.
¿Héroe o asesino a sangre fría? ¿Un ciudadano valiente harto de la impunidad o un sicario a quien no le hizo gracia ser víctima de unos improvisados colegas? La respuesta sólo la tendremos si llega a ser atrapado el misterioso hombre. Lo cierto es que en redes sociales el "justiciero" recibe aplausos. Solo el año pasado fueron asaltados más de 3,000 autobuses foráneos según las propias empresas, lo cual supone decenas de miles de pasajeros. En las ciudades el fenómeno es aún mayor: millones de personas han sido desvalijados en el metro, en taxis, peseros y microbuses en las principales poblaciones del país.
La justicia por propia mano no sólo es aplaudida; también es un recurso creciente de parte de víctimas cada vez más exasperadas por la absoluta incapacidad de la policía. Para no ir más lejos, los 4 asesinados, emparentados entre sí, habían cometido cerca de 30 robos, hasta entonces con absoluta impunidad.
Los diarios reportan que tan sólo en la última semana en el Estado de Puebla se registraron 6 intentos de linchamiento de asaltantes o supuestos asaltantes. En todos los casos los sospechosos fueron golpeados de manera salvaje y uno de ellos se encuentra en riesgo de muerte. Otros habrían fallecido de no haber sido rescatados por las autoridades.
Los que participan en estos linchamientos y otros que incluso simplemente se enteran de ellos, experimentan un desahogo de la frustración acumulada por las innumerables ocasiones en que han sido víctimas de un despojo. Muchos encuentran difícil resistir la tentación de dar un escarmiento a los delincuentes atrapados, pues saben que entregarlos a la justicia resulta inútil en la mayoría de las ocasiones, y que saldrán libres para seguir delinquiendo. El nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio no castiga con prisión de oficio a los presuntos asaltantes, lo cual exige la denuncia de la víctima para que la detención prospere. Resulta sintomático que prácticamente en todos los casos de intentos de linchamiento de esta semana, los presuntos delincuentes quedaron o quedarán en libertad porque nadie quiso hacerse responsable de presentar la denuncia correspondiente.
Y difícil olvidar los terribles casos en los que terminan pagando justos por pecadores. Justamente, uno de los linchamientos de estos últimos días afectó a dos trabajadores de una casa de empeño. Pobladores de San Francisco Totimehuacán, en Puebla, intentaron asesinar a 2 jóvenes a quienes observaron trasladar electrodomésticos robados. Se trataba de empleados de la casa de empeño First Cash, que en realidad movían los aparatos a una bodega de la empresa. O peor aún, el caso de los 2 hermanos que levantaban una encuesta en octubre del año pasado, en Ajalpan, Puebla, quienes fueron tomados por acosadores de menores y resultaron quemados entre golpes y torturas.
Jorge Zepeda PattersonLa madrugada del lunes, 4 individuos abordaron, en la carretera, un autobús que cubría la ruta de San Mateo Atenco a la capital del país. Ocuparon asientos separados. Minutos después, los cuatro se pararon, sacaron armas de entre sus ropas, amenazaron a los pasajeros y los despojaron de sus objetos de valor. Consumado el asalto, obligaron al chofer a detener el autobús y descendieron de él... En esas estaban cuando otro pasajero les disparó con una pistola. Los 4 hampones cayeron heridos. Su agresor, consciente de que aquéllos sólo traían cuchillos y un arma de utilería, se bajó del camión, los remató uno a uno, recuperó los morrales con el botín, regresó a la unidad, puso los morrales en el piso, pidió a los pasajeros que cada quién recuperara sus pertenencias, y solicitó: "Nada más háganme el paro"... Pidió al chofer que arrancara. Unos kilómetros adelante, le solicitó detener el autobús, se colocó una capucha, tomó una vereda... y desapareció.
La nota mereció 2 tipos de reacciones: un artículo editorial de "El Universal" ("¿Justicia por propia mano?") en que consigna que en el Estado de México, en lo que va del año, han ocurrido 7 episodios similares; subraya que sólo el 1% de los delitos que se cometen en México son castigados; apunta que "la solución a la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona", y esboza que "aspiramos a un país de leyes (...) para que aquellos que hayan cometido algún delito paguen por él"... Por contrapartida, un sondeo de un canal de televisión -ilustrativo... aunque sin valor estadístico- concluye que 92% de los encuestados aplaude el desenlace de la historia, porque -apuntó uno- "la probabilidad de que esos delincuentes muertos vuelvan a delinquir, es de 0%", y porque -expresó otro- "el mejor remedio para la rabia es matar al perro".
Colofón: en un país civilizado, el desenlace del episodio sería totalmente reprobable. Pero en México...
Jaime García ElíasSiempre es un peligro cuando la sociedad empieza a defenderse o hacerse justicia por propia mano. En el caso del justiciero de Ocoyoacac hay certeza de que los 4 hombres muertos eran maleantes ya que fueron acribillados al concluir su robo. Son muy comunes, sin embargo, los casos de inocentes linchados, como ocurrió con dos encuestadores en Ajalpan, Puebla, en octubre de 2015.
La autoridad no puede cerrar los ojos ante el hecho de que su incapacidad para detener la oleada de asaltos en el Estado de México promueve la búsqueda de justicia por propia mano. Entiendo que la pena de muerte es excesiva como castigo para un asalto. Pero no me sorprende que la gente, en lugar de exigir la captura del justiciero de Ocoyoacac, le haga el paro.
Sergio SarmientoEsto que hacen los políticos ya empieza a dejar secuelas. La impunidad con la que operan estimula a delincuentes a cometer delitos. En Tlajomulco y Guadalajara los vecinos, hartos de la inseguridad, han comenzado a organizarse para combatirla, eso implica que las cosas pueden salirse de control. El caso de un ratero apodado "El Kevin", que ha sido detenido y liberado 9 veces, ha levantado las voces sobre la revisión del sistema de impartición de justicia que debe reformarse, pero el problema tiene más fondo.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano de Competitividad presentaron la 2a. edición del estudio "México: Anatomía de la corrupción".
De los encuestados, 91% no confía en los políticos, pero 43% considera que sus familiares nunca son corruptos y sólo 20% afirma lo mismo de sus compañeros de trabajo. En términos económicos, 44% de las empresas admite haber sobornado a funcionarios o acudido a "relaciones" para obtener beneficios, esto es, hay quien ponga tentaciones y quien está dispuesto a corromper.
El dato más triste es que sólo 2 de cada 100 delitos de corrupción son castigados y desde 1998 a 2012 sólo 7 personas han sido consignadas. En Jalisco y el país, los sistemas anticorrupción están congelados.
Gabriela AguilarLas 4 personas halladas muertas en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 38, a la altura de La Marquesa, presuntamente eran asaltantes y minutos habrían despojado de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús que iba de San Mateo Atenco a la Ciudad de México.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los presuntos asaltantes subieron a la unidad de transporte en San Pedro Tultepec.
"De los indicios recabados por personal de la PGJEM en el lugar de los hechos, se localizó uno de los boletos que se le entregan a los pasajeros al abordar la unidad, con el cual se pudo identificar al autobús y establecer que éste salió de San Mateo Atenco a las 5:23 horas, con dirección a la Ciudad de México", detalló la dependencia.
"Una vez identificada la unidad de pasajeros fue posible localizar a testigos, quienes rindieron su declaración ante el Agente del Ministerio Público de la PGJEM".
La PGJEM refirió que dichos testimonios son coincidentes en señalar que, posterior a la salida del autobús de San Mateo Atenco, 4 sujetos lo abordaron a la altura de San Pedro Tultepec.
Minutos después amenazaron a los pasajeros con un arma de fuego, para despojarlos de sus pertenencias.
Cuando los presuntos delincuentes se disponían a descender de la unidad, uno de los pasajeros se puso de pie y comenzó a dispararles, causándoles lesiones que ocasionaron los decesos de los 4 individuos.
Posterior a estos hechos, el autobús siguió su camino con dirección a la capital del país.
Metros adelante del lugar de los hechos, el pasajero que realizó los disparos descendió de la unidad, sin que se hayan percatado los testigos entrevistados el rumbo al que se dirigió.
(V.periódico El Universal en línea del 31 de octubre de 2016).La selectividad de la justicia es la atribución que tienen los políticos más poderosos de este país para decidir quién paga por un delito y quién no. Es la atribución para absolver a los aliados y castigar a los enemigos, o a los que ya de plano no tienen ninguna relevancia política. En este sistema de selectividad de la justicia, el fuero se construye y se reconstruye a través de la complicidad y la vigencia política. ¿O no nos acordamos de Elba Esther que fue puesta tras las rejas por oponerse a la propuesta de reforma educativa de Peña Nieto?
El problema de la selectividad de la justicia es que nos puede llenar de espejismos. Qué pasa si mañana vemos a Duarte y a Padrés pagando en prisión por las tramas de saqueo que orquestaron en sus estados. Pensaremos, ¡Por fin! Alguien paga. Sin embargo, aun con Duarte y Padrés en la cárcel, estaremos igual de lejos de construir una democracia sustentada en el Estado de Derecho. Incluso, diría yo que el hecho de que el viejo régimen siga vigente cuando se trata de premiar a los amigos y castigar a los enemigos, nos demuestra que la transición mantuvo intactos esos poderes que al final restan credibilidad a esas apuestas institucionales que prometen regenerar la vida institucional en nuestro país. Un Sistema Nacional Anticorrupción fincado en estas prácticas de complicidad y fuero, el "tapaos los unos a los otros" de María Amparo Casar, será totalmente ineficaz para sancionar a los corruptos.
Cómo romper esa forma de entender las relaciones políticas. Cómo pasar de este pacto de impunidad que perpetua la complicidad y la corrupción, e impide que tengamos una clase política sometida a la ley y a la rendición de cuentas. La respuesta no es sencilla. Estos equilibrios políticos que se han mantenido por décadas se convierten en la gasolina de un sistema corrupto en sus entrañas. Y es que no es un asunto de individuos aislados, de frutas podridas que se corrompen al margen de las instituciones, sino que estos políticos surgen de ecosistemas muy particulares: los partidos políticos. Mucha de la corrupción asociada a la clase política no tiene que ver con el enriquecimiento de los funcionarios públicos en sí mismos, sino de una forma de financiarse de los partidos que se materializan en el desembolso de millones y millones cada campaña electoral. Si en otros países, como España, la cúpula de los partidos ha tenido que responder por casos de corrupción sistémica, en México tendríamos que entender que los corruptos cuentan con cómplices al interior de sus partidos y se convierten en beneficiarios directos de la corrupción de los gobernantes. No podremos regenerar la vida política de este país si no nos tomamos en serio la limpia interna de los partidos.
La política no se rige ni por leyes ni por decretos. La calidad, honestidad y limpieza de la política es reflejo de inercias y condiciones históricas que configuran el sistema político. Es cierto, el 1er. paso para modificar esta preocupante tendencia es reformar a fondo el Poder Judicial y despolitizar la justicia. Una exigencia irrenunciable: transformar todo el sistema de justicia que sigue subordinado a los intereses políticos y partidistas. También es fundamental abrir espacios de decisión para personalidades apartidistas y ciudadanos que se involucren en el combate a la corrupción. Sin embargo, la arquitectura de la impunidad se construye desde lo político y dificilmente se romperá el círculo vicioso si no existen sanciones sociales que afecten los intereses de la clase política. Lo que llevó al PRI a comenzar la caza a Duarte fue el resultado de los comicios de 2016 en donde los ciudadanos castigaron duramente al PRI por proteger a los gobernadores corruptos. Las reformas son fundamentales, pero creo que la voluntad política provendrá de la concientización de los partidos políticos de que, si son cómplices de los corruptos, lo pagarán en las urnas. No hay sanción que le duela más a un partido que perder una elección. El voto tiene esa propiedad de ser capaz de desmontar toda la arquitectura de la impunidad que se ha construido en México.
Enrique Toussaint OrendáinEl especialista Jorge Lara aseguró que en México se "lavan", al año, hasta 60,000 millones de dólares.
"De estos, alrededor de 24,000 millones son por defraudación fiscal, 20,000 millones por el narcotráfico, 5,000 millones por trata de personas. Por supuesto que esto es un cáncer que daña el tejido social", recalcó el presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, Guillermo Siordia Romero.
Una de las conclusiones más importantes de este congreso fue que "es urgente" que se tipifique como un delito penal el lavado de dinero, "ya tenemos la extinción de dominio, que es una herramienta muy importante, pero debemos hacerle frente a este problema, porque es muy poco lo que se actúa al respecto, y no sólo en Jalisco, sino en todo el país".
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 29 de octubre de 2016).El sistema judicial mexicano (no sólo el de Jalisco) queda en evidencia con el asunto escandalosísimo de Luis Carlos Vega Pámanes, hasta el jueves presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Fue necesario sacar a la luz sus antecedentes penales para que el individuo ¡solicitara licencia! Y como presidente, es decir, se deduce que podría seguir siendo magistrado. Es lo que tenemos.
Laura Castro GolarteLa impunidad con que se pueden utilizar recursos públicos y la que permite que apenas un 3% de los delitos denunciados terminen siendo castigados, con el agravante, lo estamos viendo todos los días, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que los pocos delincuentes que son apresados y condenados terminan siendo liberados una y otra vez. Y obviamente no sólo siguen delinquiendo, sino que se van elevando en la pirámide delincuencial. Otros han robado millones, y suelen estar también en libertad.
Jorge Fernández MenéndezEl 17 de octubre el juez Vicente Antonio Zacarías Bermúdez cayó asesinado a manos de 2 sicarios. Un video de la ejecución terminó de sellar el mensaje que los criminales querían enviar: vean el descaro y la frialdad con la que nos atrevemos a desafiar al Estado.
La noticia 10 días después es que incluso los medios de comunicación hemos abandonado al juez Zacarías Bermúdez. Revisar los principales diarios ayer era constatar que ese atentado había desaparecido de la atención periodística.
Una de las principales funciones de los medios es ejercer, a nombre de la ciudadanía, la presión para que los órganos del Estado cumplan de la mejor manera sus funciones.
Ante la salvajada cometida por los criminales en la persona del juez Zacarías Bermúdez, lo único que puede y debe hacer una comunidad es responder de la manera más contundente posible. Detener pronto y bien a quienes atentaron en contra de un representante social como lo es el juzgador. Tramitar de manera expedita la investigación y el juicio que supondrá un castigo ejemplar y un mensaje inequívoco: no puedes matar un juez porque la respuesta del Estado será abrumadora y definitiva. Porque el castigo será ineludible. Porque no te saldrás con la tuya.
Esa es la tarea del Estado. Y la tarea de los medios es que el Estado no abandone casos como el de Zacarías Bermúdez.
El día de ayer, al comparecer al Senado para ser ratificado como nuevo procurador, Raúl Cervantes enlistó sus prioridades como fiscal.
Cervantes ni mencionó al juez asesinado. Sus palabras llenan 25 cuartillas, y en ellas ni una fue para el juez muerto. Así de presente tenía ayer el nuevo fiscal el caso de Zacarías Bermúdez.
No fue un lapsus de Cervantes. Fue un reflejo. Si la prensa no tiene un contador mediático que chicotee pidiendo diario novedades en torno a ese asesinato, si el congreso no presiona, si la Judicatura no hace ruido, por qué Cervantes iba a tener en mente al juzgador ejecutado.
Salvador CamarenaMucha de la inconformidad, de la molestia, del enojo y la humillación que siente y expresa el sentir de la ciudadanía en contra de la autoridad, va en el sentido de padecer una justicia a conveniencia, que es la que ha prevalecido, prevalece y, ojalá dejara de prevalecer, en el ámbito de la penalidad que debería existir, pero que no existe, por cuanto a la delincuencia política.
Hasta la saciedad ha venido quedando como "principio establecido" que auténticos criminales privilegiados por una posición política que los protege dada la investidura de la que gozan -fuero incluído-, una vez descubiertos los delitos que han cometido, son sujetos más de la impunidad que del castigo.
Ya se encargan los altos funcionarios de declarar que, sin excepción de rangos y jerarquías, se aplicará la ley hasta sus "últimas consecuencias", solo que para aplicarla se debe tener físicamente al que la infringió, y si éste desaparece...
Ahí, primero, es cuando aparecen los "renglones torcidos" de la ley, en los cuales se finca la impunidad de la que los delincuentes gozan. Si son detenidos y apresados, las argucias aparecen en los "descuidos", en los errores legales de procedimiento que son las armas de los defensores para conseguirles la libertad, y a disfrutar...
Por segundo, a sabiendas que van a por ellos, se les da el suficiente tiempo para que huyan y desaparezcan, todo, eso sí, en la aplicación legal por parte de los funcionarios que, "respetando" los derechos del delincuente, se ven ante el impedimento de detenerlos y apresarlos, lo que aprovechan para que quede la deplorable situación de buscarlos luego que han huído, sin haber tenido la previsión de VIGILARLOS, en tanto se plantea la legalidad de la aprehensión.
Francisco BaruquiAntes los juzgadores federales estaban lejos de ser tachados de dejarse influir o corromper pero parece que esa regla al menos en Jalisco se está rompiendo, habrá que ver cómo corrige ese punto el Consejo de la Judicatura Federal.
Héctor A.Romero FierroRelacionado con el bloqueo de la carretera a Chapala, ayer, el meollo del asunto estriba en que los ejidatarios, antiguos propietarios de 306 hectáreas que fueron suyas y en las que se construyó, hace 50 años, una pista y algo más de las actuales instalaciones del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, aducen que aún hay pendiente, a su favor -avalada por la correspondiente resolución judicial-, un adeudo por la nada despreciable suma de 2,600 millones de pesos. A raíz de las manifestaciones y bloqueos que desde hace varios días realizan los comuneros -y que han reportado, al decir de los administraciones de la terminal aérea, pérdidas por 15 millones de pesos- se establecieron las consabidas "mesas de diálogo".
En lo que el conflicto se dirime por la vía civilizada -la judicial, se supone-, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, sostuvo que "no se va a coartar el derecho de nadie a hacer manifestaciones pacíficas, pero tampoco se van a permitir bloqueos"...
Una curiosa declaración, de la que no queda claro qué pasa con el derecho al libre tránsito de los ciudadanos comunes y corrientes... ni con los perjuicios a los fallidos viajeros.
Jaime García ElíasEn Colombia, cuando los jueces que llevaban casos relacionados con el crimen organizado se habían convertido en las víctimas recurrentes de los sicarios, se tomó la decisión de tener jueces sin rostro, juzgadores que no eran conocidos públicamente y que llevaban los casos relevantes de narcotráfico para evitar, en lo posible, la coacción o las represalias.
En México se ha propuesto en muchas ocasiones una salida de esas características y siempre se las ha rechazado porque se asegura que tener jueces sin rostro, distorsiona el sentido de la justicia. Puede ser, pero de otra forma lo que tenemos son jueces sin protección que llevan casos muy delicados, como el juez de amparo [asesinado] Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, y que quedan sujetos a todo tipo de represalias, presiones o corrupción.
Jorge Fernández MenéndezSecuestran a 7 personas. Asesinan a una. A las otras 6 les cortan las 2 manos y las devuelven con vida y 2 bolsas de plástico con las 12 manos. Les pintan en el cuerpo que el castigo fue porque se dedicaban a robar. ¿Estado Islámico en algún poblado de Siria? No. Sucedió antier en la zona metropolitana de Guadalajara.
Carlos Loret de Mola A.Los 6 mutilados (5 hombres y una mujer) y la persona asesinada, todos tenían antecedentes penales por robo, asalto y narcomenudeo. Se presume que hubo un doble motivo en mutilarlas y dejarlas vivas: castigarlos por no haber pagado droga que se les entregó para vender, y ponerlos como ejemplo para el resto de narcomenudistas para que paguen.
La persona asesinada era quien encabezaba el grupo de 7. Todos fueron privados de la libertad hacia el mediodía (del domingo) en Guadalajara y El Salto.
En lo que respecta a la mutilación que sufrieron en sus extremidades superiores, no se podrá hacer una reinserción de las mismas, pues según el reporte preliminar la agresión ocurrió entre 1 y 2 días antes de encontrar a las personas.
(V.periódico El Informador en línea del 19 de octubre de 2016).La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, aseguró que suman 65,000 homicidios dolosos en los últimos 3 años y tan sólo en los últimos 12 meses, se registraron 33 millones de delitos cometidos en todo el país.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, expresó su preocupación por las 14,000 víctimas de homicidios dolosos en este año, que Excélsior dio a conocer, con base en la información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
(V.periódico Excélsior en línea del 17 de octubre de 2016).Escuchar a la cabeza del poder judicial interceder por 2 presuntos delincuentes, simboliza mucha de la opacidad que afecta al ámbito de la justicia en Jalisco. Luis Carlos Vega Pámanes niega haber intercedido; dice que buscaba asegurar el debido proceso de 2 presuntos delincuentes detenidos por la Policía de Guadalajara. Eso lo resolverán los jueces, a partir de la evidencia que arrojen las investigaciones de la Fiscalía y de la PGR. Sin embargo, el escándalo nos recuerda la opacidad y sigilo que caracterizan al poder judicial. La transición a la democracia no pudo con los jueces y magistrados, que siguen operando con bajísimos niveles de rendición de cuentas como si nada hubiera cambiado en este país. Ante el cambio político en Jalisco, el poder judicial se atrincheró como mecanismo de protección. En su interior, los vicios del pasado siguen permeando el presente. Desde la cabeza, el poder judicial acarrea inercias muy preocupantes: discrecionalidad, nula transparencia, corrupción, influyentismo, partidización.
El poder judicial resultó intocado como fruto del pragmatismo y los acuerdos políticos en la transición a la democracia. Sólo Alberto Cárdenas intentó y no pudo con la cohesión política de los magistrados. El resto de gobernadores prefirieron entrarle al baile. Optaron por insertarse en el ciclo de la cooptación de uno de los 3 poderes del estado. Ni Francisco Ramírez Acuña, ni Emilio González Márquez y tampoco Aristóteles Sandoval, se comprometieron a sacar las manos del poder judicial. Por el contrario, hicieron todo lo posible para mantener una hegemonía política en las salas del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí está el magistrado Celso Rodríguez que se entronizó en el cargo al frente del Supremo y pactó con González Márquez la sujeción del poder judicial a los designios del gobernador de turno. Algo similar sucede con Luis Carlos Vega Pámanes, impulsado por los "javieres", Galván y Guizar, y que luego ha servido como fiel escudero de los intereses de una parte de la clase política en el estado.
Y es que la separación de poderes en Jalisco es una bonita intención, y nada más. Los jefes políticos en Jalisco extienden sus tentáculos a los 3 poderes y vulneran la autonomía que está en la base del sistema de pesos y contrapesos de la democracia. El poder judicial se integra de cuotas, que ni siquiera responden en sí a una distribución partidista, sino a una serie de familias y apellidos políticos que controlan el rumbo de la justicia. Los Cosío, Arturo Zamora, Raúl Padilla, Aristóteles Sandoval, Fernando Guzmán, José María Martínez, todos tienen sus fichas en el poder judicial. Quien encabeza el poder judicial no se decide en el pleno de magistrados, sino en conversaciones entre políticos.
El control político del poder judicial nos explica la crisis tan aguda del sistema de justicia en Jalisco. Hemos permitido que el poder judicial se convierta en el mandadero de la clase política. Hoy por hoy, es imposible que un perfil con alto nivel de independencia alcance la silla presidencial en el Supremo Tribunal de Justicia. Sin ruborizarse, los partidos políticos se reparten los puestos y designan a sus amigos o aquellos que protegerán eficazmente sus intereses. Si bien se han introducido candados y entrevistas como parte del proceso para elegir magistrados, la decisión final siempre es un acuerdo político que se estructura a través de las cuotas: hoy me toca a mi, mañana te toca a ti. Es la tragedia del poder judicial en Jalisco se encuentra al servicio de unos pocos y en claro abandono de la mayoría.
Reformar el poder judicial no es sencillo. Nos llevará una generación si empezamos hoy. Y aunque todo parezca reducirse al debate sobre la figura del presidente, en este caso Vega Pámanes, la realidad es que el sistema de justicia reclama su deconstrucción casi absoluta y la erección de una nuevo modelo que se finque en la independencia de la justicia. Los países que lograron reformar el poder judicial tras décadas de regímenes autoritarios, España es uno de ellos, lo hicieron a través de una serie de modificaciones legales que dotaron al poder judicial de autonomía presupuestal y autonomía en las designaciones.
Pensemos en que llegue un perfil autónomo a encabezar el poder judicial, ¿Podría aplicar ciegamente la ley, sin importar colores y condiciones, si está atado de manos presupuestalmente? Por supuesto que no. Quien paga manda.
Aunados a la politización, por supuesto que los problemas del poder judicial son muchos más. La corrupción, la infiltración, la escasez de recursos, los salarios exorbitados para una casta judicial y los sueldos bajos para el resto, la falta de juzgados, las dificultades para implementar el nuevo sistema de justicia penal y un larguísimo etcétera. Sin embargo, primero lo primero. No habrá solución estructural a los problemas que aquejan al poder judicial, si antes no entendemos que la cooptación afecta directamente a la naturaleza de su encargo. La justicia es ciega si y sólo si es aplicada por jueces que no tienen una correa de transmisión directa desde las sedes de los partidos o desde las oficinas de los principales jefes políticos. De la misma forma que escuchamos en el audio sobre Vega Pámanes desvelado hace algunos días, ¿cuántos políticos no interceden por sus cuates con magistrados y jueces? Es una práctica cotidiana.
Los magistrados no tienen autonomía, por ejemplo, para entrarle en serio a los casos de corrupción de la clase política, pero sí la tienen para asignarse sueldos ofensivos para la mayoría de los ciudadanos y sí la tienen para poner controversias contra la Ley de Austeridad o contra resoluciones del congreso. Es una autonomía como impunidad, a diferencia de la autonomía como protección de la justicia que deberían reclamar los magistrados.
Los efectos de nuestro disfuncional sistema de justicia son funestos. Es un freno para la competitividad, inhibe las inversiones, promueve la corrupción, desgasta a los ciudadanos en los procesos y mantiene privilegios injustificables. El más opaco de los poderes no puede seguir en esta ruta de descomposición que nos aleja de contar con un poder judicial que responda a las demandas de los ciudadanos. El caso de Vega Pámanes es sólo la punta del iceberg, es sólo la más aparente de las manifestaciones de los problemas que afectan a la justicia en Jalisco. El poder judicial no aguanta más, las reformas son impostergables.
Enrique Toussaint¿Por qué en México parece tan difícil cumplir la ley? ¿Por qué hemos llegado a una especie de violación "consentida" de las normas que aprobamos? ¿Por qué, desde la perspectiva de observadores nacionales e internacionales, en nuestro país existen muchas leyes, pero no se cumple? No se trata de un problema de origen cultural, como algunos han pretendido instalar, e incluso justificar, la situación que vivimos. Se trata de un aspecto que se ha instalado en la clase política, cuya erradicación constituye una de las demandas más apremiantes de la sociedad.
Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la RepúblicaSegundo día de caos en la CdMx por diversas marchas que se movieron otra vez a su antojo en detrimento de los sufridos capitalinos. Trayectos de más de 3 horas, mientras que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ni se inmutó. ¿Esto es gobernar?
Alberto AguilarCualquier persona que atraviese por un problema relacionado al debido proceso tras una detención o esté involucrado en un tema judicial, puede solicitar el apoyo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien señaló en entrevista que ha hecho "miles" de gestiones, siempre de manera "institucional", para facilitar la atención, se les tome sus declaraciones y se citen a testigos en base a las nuevas leyes, para lo cual, dio su número particular de teléfono celular 3310255686 en donde puede recibir llamadas y peticiones.
(V.pág.14 del periódico Milenio Jalisco del 14 de octubre de 2016).En los últimos días el enfrentamiento se fue al ámbito político. El rechazo del Gobierno del Estado a la Agencia de Seguridad Metropolitana tiene, más allá de los argumentos válidos, pero relativamente fáciles de resolver, un claro componente político. La respuesta de MC fue filtrar una conversación donde el presidente del poder judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, le solicita al comisario de Guadalajara, Salvador Caro, que libere a unos detenidos, en posesión de armas ilegales y sospechosos de robo, con el argumento de que trabajaban para una empresa amiga. Al ser negada la petición el magistrado dice que va a hablar directamente a la Procuraduría y el resultado es que las personas fueron liberadas.
El golpe al presidente del poder judicial es letal. El máximo representante de la justicia en el estado no puede andar litigando asuntos ilegales de sus amigos. Cualquier explicación sale sobrando: la llamada habla por sí sola. Muestra un presidente del poder judicial abyecto, operando para otros, haciendo favores, liberando presuntos delincuentes y pasándose por el arco del triunfo el debido proceso. Defendiendo en la llamada la vía corta de la justicia, el magistrado hace pedazos la credibilidad del poder que representa.
Aun suponiendo que el magistrado tuviera razón, que la Policía de Guadalajara hubiese detenido a un par de inocentes y cándidos pistoleros, la falta de respeto a las formas y a la investidura ameritaría la renuncia de Vega Pámanes. No va a suceder, porque en este país nadie renuncia "por esas nimiedades", ni en el gobierno federal, el estatal o el mismo municipio de Guadalajara, mucho menos en el poder judicial o el legislativo.
Diego Petersen FarahVega respondió que su llamada tuvo el fin de solicitar que los detenidos fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes; es decir, negó solicitar su liberación y afirma que actuó de forma "institucional". Que pase su número celular, ¿no? Por aquello de una urgencia.
Allá en La FuenteNo es un conflicto minero. Tampoco una disputa laboral. Lo que ocurrió en la mina de Peñasquito, Zacatecas, ha sido una extorsión que pone en duda si los contratos y las leyes tienen algún valor en México.
Peñasquito es una mina del municipio de Mazapil, uno de los más pobres de nuestro país. Es la mina de oro más importante de México y la 2a. del mundo, después de una en Sudáfrica. Además de oro, tiene plata, zinc y cobre, entre otros metales.
El complejo de Peñasquito empezó a ser desarrollado en 2006 por la empresa canadiense Goldcorp. La inversión ha sido enorme, en parte porque además de la mina había que construir una carretera que comunicara este aislado centro de producción con la carretera federal 54 (Zacatecas-Saltillo). En 2009 fuentes periodísticas se referían ya a una inversión de 1,500 millones de dólares. La planta fue inaugurada oficialmente en 2011. En la actualidad se ha acumulado una inversión de 2,500 millones de dólares, según la empresa.
El proyecto ha sido una bendición para una zona de miseria. Además del alquiler de las tierras ejidales, un contrato que se realiza de conformidad con la ley y la aprobación de los ejidatarios, la empresa ha realizado trabajos y otorgado beneficios especiales a la comunidad, como obras de infraestructura, becas a estudiantes, apoyo para escuelas, apoyo alimentario, pozos de agua, respaldo a micro y pequeñas empresas, programas deportivos y culturales. Su programa de inversiones sociales asciende a 4 millones de dólares al año.
La mina ha creado 3,500 empleos directos, con salarios muy superiores a los pocos disponibles en la comunidad, y más de 7 mil indirectos. Casi toda la actividad económica del lugar, y buena parte de la del municipio de Mazapil, gira en torno a esta mina. El 27 de julio pasado el consejo de administración de Goldcorp aprobó una inversión adicional de 420 millones de dólares para los próximos 3 años, que serviría para desarrollar un proceso de lixiviación de pirita que diversificaría la producción.
Toda la operación, sin embargo, se detuvo como consecuencia de un bloqueo de la mina desde el 26 de septiembre por un pequeño grupo encabezado por 2 líderes políticos, José Narro Céspedes, ex del PT y hoy del PRD, y Felipe Pinedo Hernández, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas. No sólo impidieron el ingreso de insumos o la salida de producto terminado, sino la salida de los trabajadores y el acceso de alimentos para ellos. La mina se vio obligada a suspender operaciones.
El bloqueo no sólo fue ilegal, sino que se convirtió en una agresión a los mineros y a una operación que ha tenido enormes beneficios para la comunidad, que no sólo ha cumplido con cada uno de los requisitos establecidos por la ley y los dueños de la tierra, sino que ha sido enormemente generosa con la localidad. Ayer un juez estatal ordenó el levantamiento del bloqueo debido a la crisis humanitaria para los trabajadores privados de la libertad en el interior y por el riesgo debido a la presencia de explosivos en la mina. Las autoridades respondieron y retiraron el plantón después de 9 días. Las pérdidas, sin embargo, ascendieron a 3 millones de dólares diarios según la empresa.
El de Peñasquito es un caso importante. Si seguimos viendo este tipo de bloqueos, las autoridades estarán reconociendo que en México ni los contratos ni las leyes sirven para nada. ¿Quién invertirá entonces en el país?
Sergio SarmientoPadres de familia de 4 comunidades del municipio de Tecoanapa, en Guerrero, mantienen un bloqueo sobre la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, en demanda de que la Secretaría de Educación de Guerrero les envíe 10 maestros.
(V.pág.17-A del periódico El Informador del 5 de octubre de 2016).Estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Mich., quemaron un camión sobre las vías del tren en ese municipio en demanda de la liberación de 30 de sus compañeros que permanecen en el penal de Mil Cumbres.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de octubre de 2016).El aparato judicial está mintiendo para poder afirmar que no es que el país esté en manos de la inseguridad, sino que los muertos, ya más que en el sexenio de Calderón, andaban en muy malos pasos, luego, la muerte sucedida era su merecido. Mentiras armadas, acciones de vileza de parte de un Estado que se desmorona frente a sus gobernados.
Pero esta corrupta forma de responder de las autoridades en materia de seguridad en México, va más allá. Va hasta inventar delitos y prender a inocentes. Va hasta armar casos ficticios, como el del estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, al que en el aeropuerto de la Ciudad De México se le acusó de transportar droga, cuando ésta en realidad le fue "sembrada". Y fue sólo porque estudiantes, profesores, periodistas y la línea aérea demostraron lo falso de las acusaciones, y porque movieron cielo y tierra, que el inocente culpado fue liberado.
Lourdes BuenoLas diferentes líneas de autobuses decidieron cancelar todas las corridas de entrada y salida del Estado de Michoacán, tras el robo e incendio de unidades a manos de normalistas, quienes exigían la liberación de 30 compañeros.
Desde el 1er. minuto de ayer, los empresarios de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo decidieron cancelar todas sus operaciones hasta nuevo aviso, luego de que los estudiantes de las diferentes escuelas normales de la entidad radicalizaran sus acciones.
Las lńeas de autobuses advirtieron que no prestarán el servicio de transporte de pasajeros hasta que el estado y la federación garanticen la seguridad y el libre tránsito en todas las carreteras y autopistas que atraviesan la entidad.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 1o.de octubre de 2016).La justicia en Jalisco está cada vez peor, y se refleja no sólo en el actuar de algunos jueces y magistrados, sino también en el deterioro de sus instalaciones físicas, solo basta dar una vuelta por la Ciudad Judicial para comprobar el deplorable estado en que se encuentran el edificio y la justicia estatal, donde incluso diversas áreas se quejan que no les surten ni papel para las actuaciones menos los toners de los impresoras, y si a eso le adicionamos la incapacidad para dictar resoluciones apegadas a Derecho y en forma oportuna, como los juzgados Quinto y Séptimo familiar y algunos "mafiaestrados" del Supremo Tribunal de Justicia altamente corruptos. Esto no quiere decir que todo el sistema judicial estatal esté podrido, la gran mayoría de magistrados y jueces son gente de bien, conocedores del Derecho y sumamente honrados, inclusive hay jueces que de su propio bolsillo andan llevando insumos a sus juzgados, pero por unos cuantos pillos la imagen ante la sociedad es terrible.
Héctor A.Romero FierroLas líneas de autobuses ETN Turistar y Primera Plus anunciaron suspensión de viajes hacia Apatzingán, Jiquilpan, La Piedad, Morelia, Sahuayo, Uruapan y Zamora, por falta de garantías y seguridad para transitar en las carreteras del estado de Michoacán.
(V.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 30 de septiembre de 2016).En todos los países, entre todas las nacionalidades, entre todas las razas hay corruptos y hay los que desprecian a la ley. La diferencia es la acción del Estado frente a sus actos; es decir, el costo que las acciones ilegales tienen para quien las comete.
Carlos PuigEnrique Peña Nieto sostuvo que en materia de corrupción "no hay quien se atreva a arrojar la primera piedra" pues todos han sido parte de un modelo que hoy se intenta desterrar y cambiar.
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2016).El director de Seguridad Pública del municipio de Chilchota, Michoacán, fue retenido por un grupo de supuestos normalistas, que exigen la liberación de sus compañeros, tras haber sido capturados durante el operativo realizado en la carretera Uruapan-Zamora.
El teniente Alfredo Lucio Ríos Chávez fue interceptado en Carapan, donde se asegura que fue retenido en contra de su voluntad y bajo amenazas de ser linchado y de ser quemado vivo.
Las autoridades mantienen comunicación con los jóvenes inconformes con la detención de sus compañeros, para a través del diálogo lograr un acuerdo para la liberación a salvo del director de la SSP.
Hasta el momento se desconocen detalles sobre los avances que se han registrado en la últimas 12 horas desde la privación de la libertad del mando policial.
Luego de que los normalistas tomaron la carretera, retuvieron unidades del transporte público y quemaron vehículos, las autoridades policiales del estado de Michoacán organizaron un operativo para la recuperación de las unidades.
Sin embargo, los uniformados fueron recibidos con piedras y palos, lo que generó una gresca que concluyó con la detención de los 49 jóvenes, quienes fueron trasladados la capital del estado y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.
Los estudiantes son acusados de retener 6 camiones de pasaje foráneo, así como camionetas comerciales y por la quema de un autobús y una camioneta.
En la acción, los elementos policiales recuperaron y liberaron 4 autobuses de pasajeros y 4 vehículos de empresas particulares, que los implicados mantenían en su poder.
En fechas recientes, los estudiantes normalistas michoacanos se han manifestado para la exigencia de plazas automáticas y para demandar la liberación de otros normalistas que han sido detenidos por actos vandálicos.
(V.periódico Excélsior en línea del 28 de septiembre de 2016).El número de denuncias recibidas por el Ministerio Público más que ser señal de una elevada incidencia delictiva son un indicador de la confianza de la población en sus instituciones. Esto puede explicar el poco uso de los mecanismos que las autoridades estatales han implementado para facilitar la denuncia, como el Botón de Pánico Jalisco y Denuncia en Línea, la primera con unos 5,000 ciudadanos registrados; y la segunda, con sólo mil descargas.
Pese a las aplicaciones de la Fiscalía, Jalisco apenas está por encima de la media nacional, con 21.7 delitos denunciados por cada 100, contra 19.1 en promedio en el país.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2016).La transición democrática en nuestro país no podrá realizarse si no se fortalece el Estado de Derecho. Esta dinámica solo podrá materializarse si se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que pasa por la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus funciones. Este deber de rendición de cuentas es aún mayor en aquellos funcionarios que ocupan altos cargos, como es el caso del Presidente de la República.
Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la RepúblicaEl incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 012 de pesos y dimensiones por parte de los tráilers, sobre todo los de doble remolque conocidos como fulles, ha deteriorado la calidad de la red federal de carreteras del país, señalan expertos. Al cierre de 2015, el 78% de esa red estaba en condiciones buenas y aceptables, conforme a estándares internacionales.
Everardo MartínezLa Fiscalía General del Estado de Puebla informó que investigan los hechos en los que la población mató a 2 secuestradores y golpeó a su cómplice, quienes presuntamente mantenían retenidos a una mujer y a sus 2 hijos, en Chichiquila, Puebla.
Los secuestradores que fueron linchados en Tepehuaca, en el municipio de Chichiquila, exigieron 4 millones de pesos por la libertad de 2 niños que tienen familiares en los Estados Unidos.
Los 2 menores de edad que ya se encuentran con su familia.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que la mañana del 15 de septiembre, 3 sujetos ingresaron a un domicilio en la localidad de Tepehuaca, municipio de Chichiquila, sometieron a una mujer y a sus 2 hijos.
La mujer entregó 24,000 pesos con tal de que los sujetos se fueran. Ellos intentaron atacarla sexualmente, pero según la Fiscalía no lo consiguieron.
Los atacantes se llevaron a los 2 menores trasladándolos a un cerro de la zona e hicieron una llamada telefónica a un familiar de las víctimas que se encuentra en Estados Unidos.
Cuando los vecinos de Tepehuaca se enteraron, realizaron recorridos para la búsqueda de las víctimas y minutos después fueron halladas y liberadas.
Los mismos pobladores detuvieron a los secuestradores y los mataron a golpes. De estos sólo se sabe que son originarios del Estado de México.
El 3er. secuestrador fue identificado como Janhon "N" de 19 años de edad y también originario del Estado de México, fue asegurado por la gente y trasladado a la comandancia de la policía municipal de Chichiquila.
(V.Sin Embargo del 17 de septiembre de 2016).En el 1er. Informe de Gobierno de Enrique Alfaro, el alcalde [de Guadalajara] le puso un "centro" al gobernador que nomás pasó volando como avioncito frente al mandatario. El 1er. edil le pidió a él y al fiscal avances en torno a las 30 denuncias penales por las anomalías halladas al inicio de su gestión.
Pues que Alfaro vaya sacando su turno y que tome asiento, porque si no avanzan las denuncias por más de 7,000 millones de pesos que interpuso la Contraloría estatal hace 3 años... infieran nomás el orden de las prioridades...
Allá en La Fuente(V.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de septiembre de 2016).
Luego de bloquear 2 cruceros de la capital oaxaqueña con unidades de transporte de pasaje, integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca vandalizaron una oficina pública y agredieron a empleados y civiles que visitaban el lugar.
Una decena de personas encapuchadas a bordo de un camión llegó al Departamento de Certificación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), quienes destruyeron papelería y equipos, y se llevaron algunos bienes, de acuerdo con los trabajadores.
Los agresores también lesionaron a personal que se encontraba en el lugar, destruyeron equipo de cómputo y extrajeron cajas con documentación de certificación y actas de nacimiento de alumnos, así como artículos personales como teléfonos y computadoras, entre otros artículos.
Una mujer lesionada fue trasladada a un hospital.
Los encapuchados asaltaron el Archivo Histórico de Certificación, oficinas que resguardan documentación de certificados de educación básica, preescolar, primaria y secundaria.
Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Estatal que resguardaron por un momento el inmueble, para después retirarse.
Hasta el momento el IEEPO no ha cuantificarlo los daños ocasionados.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 10 de septiembre de 2016).La investigación original del caso Ayotzinapa logró identificar a los responsables del secuestro y el posterior asesinato de los jóvenes, logró la detención de los autores materiales e intelectuales del crimen. Supimos que Sidronio, el jefe del cártel de Guerreros Unidos, fue el que ordenó al Cabo Gil, su jefe de sicarios, que eliminara a los jóvenes, convencido de que éstos eran miembros del cártel rival, el de los Rojos, y que habían ido a Iguala para acabar como los operadores de Guerreros Unidos en esa ciudad.
Esa fue la causa de lo virulenta persecución, del secuestro y la muerte de los jóvenes, de los cuales por lo menos 17 de ellos, según los peritajes, fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hay por ese caso más de 100 detenidos, muchos de ellos confesos sobre su participación, y acusados con distintas pruebas documentales.
Pero esa investigación, realizada en la PGR, se confrontó con el GIEI y con los grupos de familiares que decidieron torcer la historia para invocar un crimen de Estado. No han tenido un solo resultado o dato importante en el cual reafirmar la tesis del crimen de Estado (o del popular "fue Peña"), pero sí le han dado a los acusados por ese crimen coartadas para tratar de librar la prisión. Si no hubo incendio en Cocula no hubo incineradores ni asesinos; si el objetivo fue político, aunque no haya sustento para afirmarlo, entonces no fue un tema de narcotráfico y ni Sidronio, ni los Abarca, ni el Cabo Gil, ni ninguno de los que operaron ese crimen, son responsables de nada, hay que dejarlos en libertad, por lo menos en esa causa. Si se demuestra tortura, aunque hayan pasado dos años de la declaración, Sidronio queda en libertad, será incluso indemnizado y se cancela el proceso.
Es perverso, pero el accionar ideologizado de quienes trabajan con los familiares de los 43 es el principal responsable de que los verdaderos asesinos estén encontrando una coartada para buscar la libertad. Si un personaje como Sidronio Casarrubias Salgado puede ser amparado por la justicia y está en condiciones de conseguir su liberación, que nadie se asombre si el día de mañana los Abarca y muchos otros puedan seguir ese mismo camino. El GIEI, los que asesoran a los familiares, los personajes políticamente correctos que pululan en redes sociales y medios, están logrando un objetivo político perverso: que el crimen de Ayotzinapa quede en la impunidad para construir, a partir de allí, un proceso político que impacte en el 2018 y si es posible que logre llevar a Peña Nieto y a su administración ante tribunales internacionales, aunque el crimen de Ayotzinapa quede impune. Trataron de hacerlo hace exactamente 6 años con Felipe Calderón y no lo lograron. Hoy parecen estar mucho más cerca de ese objetivo.
Jorge Fernández MenéndezAlgunos vecinos de la colonia El Campanario, grabaron un video, en el cual los ciudadanos intentaron linchar a un sujeto, quien presuntamente minutos antes había amagado a una mujer y la despojó de sus pertenencias. Por su parte el Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Gto., César Armando Vázquez Rivera, reconoció que la gente está cansada de la delincuencia pero pidió que no golpeen a los ladrones "porque qué tal si los llegan a matar".
En la grabación se ve a un sujeto tirado en el piso y sangrando de la cabeza, al tiempo que dice que se le hizo fácil el intento de robo.
El sujeto golpeado dijo llamarse Edgar, quien minutos atrás había amagado a una mujer poniéndole un cuchillo en el cuello y despojándola de sus pertenencias.
(V.Sin Embargo del 5 de septiembre de 2016).La Ley de Movilidad de Jalisco establece la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con un seguro de daños a terceros, como mínimo; no obstante, 7 de cada 10 unidades en el padrón incumplen con este requerimiento.
Las reformas legislativas de poco han incidido para que los dueños de vehículos contraten una póliza: en Jalisco apenas se avanzó de 29.3% de autos asegurados en 2014 a 31% en 2015, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Aunque la mayoría de los automovilistas jaliscienses no cuenta con un seguro de vehículos, las sanciones aplicadas a conductores que carecen de una póliza que cubra al menos daños a terceros disminuyeron casi 40% de 2014 a 2015, al pasar de 16,171 a 10,040.
En lo que va de este año (con corte al 16 de junio) suman apenas 6,570 folios, informa Francisco Poe Morales, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad.
La sanción vigente para conductores que carecen de seguro en la Entidad es de 10 a 30 días de salarios mínimos; o bien, de 730 a 2,191 pesos. Sin embargo, es posible cancelar la multa si se presenta la póliza de seguro en los 20 días posteriores a su aplicación. Con lo que cuesta la infracción sí es posible adquirir una póliza de seguro básica de daños a terceros.
"Es mejor que estén asegurados y así se quitan de problemas porque tienen la seguridad jurídica. De otra manera andan buscando al primo, al amigo, al abogado porque dañó patrimonio del Estado de las calles, o peor aún, hay un lesionado o un muerto".
Quien conduce un vehículo está obligado a cumplir la ley; contar con el seguro de daños a terceros es una obligación.
(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2016).Integrantes del sector indígena de la CNTE y pobladores de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, liberaron este sábado cerca de 100 vehículos que mantenían retenidos desde hace más de 2 meses en una de sus trincheras; señalaron que es parte de su flexibilidad para distensar el conflicto magisterial y de normalistas con el Gobierno del Estado [de Michoacán].
Tanto los autobuses de pasajeros, los tráileres, madrinas de traslado de automóviles nuevos, así como camionetas y coches comerciales, fueron conducidas de regreso a sus empresas por los propios choferes.
Entre las unidades se encontraban 2 pipas de Pemex con material peligroso y 14 autobuses de diferentes líneas de transporte de pasajeros, como Parhikuni, ETN y Ómnibus de México.
Los empresarios del ramo continúan con la exigencia a las autoridades estatales y federales de que se recupere el resto de los vehículos que han sido robados con violencia y que mantienen retenidos los estudiantes de las diferentes escuelas normales de la entidad desde hace 67 días.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2016).Profesores de la CNTE mantenían ayer 12 bloqueos, uno de ellos en el crucero del aeropuerto y cortes a la circulación en 2 casetas de peaje en Oaxaca, confirmó la Comisión Nacional de Seguridad.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2016).El viernes pasado se cumplieron 6 años del asesinato de Armando Chavarría, quien era presidente del Congreso de Guerrero. Fue acribillado por la mañana a la puerta de su casa en Chilpancingo. Su crimen causó conmoción en la sociedad política. El presidente Felipe Calderón ordenó a la PGR colaborar en el caso y resolverlo, pero hasta ahora, eso no ha sucedido. El crimen de Chavarría no es uno más de la estadística de la violencia en Guerrero, ni un ejemplo adicional a la ineficiencia del sistema de procuración de justicia. Es uno de los casos más claros de cómo en México la justicia no vale cuando los intereses políticos se cruzan, y fotografía un país donde la ley es aplastada por las complicidades.
La investigación de su crimen se desvaneció con el tiempo, por lo que la llegada del PRD a la gubernatura, con Ángel Heladio Aguirre, parecía ser la oportunidad de aclarar el caso. Fue todo lo contrario: se guardó como secreto en una casa de seguridad en Cuernavaca. El expediente regresó a Chilpancingo en la última etapa del gobierno de Aguirre.
El asesinato, según extractos del expediente a los que se ha tenido acceso, aclara quiénes son los autores intelectuales y materiales del crimen. Se señala a los comandantes "Ramiro" y "Beto", del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), una guerrilla metida en la producción y el tráfico de mariguana y goma de opio para canjear por armas, en un ajuste de cuentas porque Chavarría, según las averiguaciones, incumplió sus compromisos para dar un mayor número de recursos a la guerrilla y ayudar a derrocar a Torreblanca.
En los extractos de las investigaciones a las que se tuvo acceso, aparecen las relaciones de Chavarría con varias de las figuras más importantes del PRD en aquél momento. Aguirre, que era socio político de "Los Chuchos", quiso esconder el origen del asesinato del presidente del congreso porque le perjudicaba a él, a sus aliados, y a otras figuras del PRD, no sólo a sus camaradas de facción, sino también al jefe de Izquierda Democrática, René Bejarano, y su esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes aparecen mencionados de manera central en la indagatoria.
Los vínculos de Bejarano en Guerrero son viejos, y respaldaba a varios dirigentes sociales con vinculaciones a la guerrilla, como Arturo Hernández Cardona, quien se enfrentó con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de acuerdo con una investigación en manos de la PGR, lo mandó matar. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentran presos actualmente y han sido vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La investigación sobre Chavarría incluye testimonios de involucrados en el crimen que afirman que Bejarano y Padierna estuvieron en una reunión en una casa en Tlapa, Guerrero, el 19 de agosto de 2009, en donde se habló del asesinato del dirigente perredista y del propio gobernador Zeferino.
Ni Bejarano ni Padierna fueron llamados a declarar, porque se consideró que no hubo información adicional que los ubicara ese día en Tlapa. Pero el seguimiento de la investigación del asesinato de Chavarría los iba a colocar en una situación muy delicada cuando aparecieran sus nombres, y el de otros diputados federales y locales del PRD que también fueron mencionados directamente como asistentes a la reunión del 19 de agosto. Varios de ellos también fueron vinculados al ERPI y a organizaciones de masa de la guerrilla, el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el FRAP, y otros organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que heredó el caso, conocía los vasos comunicantes con el asesinato de Chavarría, y de los nexos del PRD con guerrilleros y narcotraficantes. Sin embargo, la facción del PRD que quedaba manchada por actividades delictivas, más allá de que sus líderes no estuvieran directamente involucrados en ellas, eran "Los Chuchos", con quienes el gobierno hablaba, negociaba y armaba las votaciones en el congreso para las reformas económicas de Peña Nieto. La facción de "Los Chuchos" tenía que ser protegida, porque cualquier acción que la debilitara, afectaba el entramado del Pacto por México. Que Aguirre escondiera el expediente y buscara desviar el origen del asesinato al gobierno de Torreblanca, respondía a esta lógica de encubrimiento político, donde la ley podía obviarse frente al embate reformador de Peña Nieto. Esto es México, 2016.
Raymundo Riva PalacioHoy será un día clave para saber qué fuerza real tiene la Coordinadora más allá de bloqueos y agresiones, en qué medida puede boicotear el inicio del ciclo escolar, pero también para saber cómo responderá el Estado ante las provocaciones de estos grupos.
Se antoja difícil que se pueda transitar en los próximos días sin utilizar esa fuerza sin la cual la ley se convierte en letra muerta. Y como hemos visto en Tlatlaya, en Tanhuato, en Nochixtlán, no existe ni claridad ni un marco legal que dé certidumbre a los propios miembros de los cuerpos de seguridad sobre cómo responder a agresiones violentas, sea de manifestantes o sicarios.
La reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una muy buena demostración de ello. La CNDH está hablando desde un mundo ideal: habla de ejecuciones extrajudiciales (en realidad, en nuestro sistema de justicia no se contemplan las ejecuciones, así que no existen las extrajudiciales) porque hay personas que tienen disparos que no fueron de frente; dicen que se acomodó la escena porque hay cuerpos que fueron movidos de lugar; que se esperó 4 horas en entregar al MP el lugar donde se había dado un enfrentamiento que duró más de 3 horas e incluso recomienda que de esos hechos no se difunda información para no alterar los procesos.
Estoy muy lejos de sostener que la comisiones de derechos humanos sean organismos, como muchos piensan, que sirven para defender los derechos de los delincuentes, pero también creo que su labor debe, en casos como Tanhuato, partir de las realidades que impone la propia violencia criminal en el país. No sé si hubo o no ejecuciones en Tanhuato, pero sí sé, porque como reportero me ha tocado cubrir sucesos de esas características, que cuando se da un enfrentamiento armado entre un grupo de más de 100 sicarios, en un rancho enorme, enfrentados con más de 50 policías, cuando se tiene el antecedente que esos mismos sicarios días antes habían emboscado y matado un grupo numeroso de agentes federales y derribado un helicóptero del Ejército matando a soldados y policías, se está en un combate donde el uso de la fuerza se limita en muchas ocasiones a matar o morir.
Hay que insistir en que en el rancho El Sol en Tanhuato llegó a haber 700 sicarios entrenándose, que al momento del operativo había más de 100 elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación que no se rindieron, sino que atacaron a las fuerzas de seguridad, ocasionando la muerte de un oficial y heridas graves en otro. Que hubo 42 muertos, pero también detenidos y que más de 60 sicarios escaparon armados hacia la sierra que rodea el lugar. ¿Qué se esperaba? ¿Que los policías fueran uno por uno ante los sicarios a pedirles que, por favor, dejaran de disparar y que se rindieran?
Toda vida humana es importante, pero pareciera que la de los policías, soldados y marinos para algunas voces vale menos que la de sus agresores, sean sicarios, grupos armados o manifestantes. No hay una línea en la recomendación de la CNDH que ponga en contexto los hechos de Tanhuato, respecto a las agresiones que el CJNG había ejecutado contra las propias fuerzas de seguridad, ni tampoco del lugar en que se libró el combate entre sicarios y policías, tampoco respecto al oficial muerto (de un tiro por la espalda).
Pero tampoco se observa el menor interés en el poder legislativo para darle fuerza de ley al uso de la fuerza y de las armas de fuego, tampoco de contar con una ley de seguridad que reglamente con claridad la participación de policías, soldados y marinos en la seguridad interior del país. Y ése es un reclamo público de quienes encabezan esas instituciones civiles y militares no de ahora, sino de los últimos 3 sexenios. Pero los legisladores prefieren crear comisiones en lugar de legislar, prefieren utilizar estos casos para hacer proselitismo, en un sentido o en otro, en lugar de proteger legal y jurídicamente a quienes están defendiendo las instituciones.
Lo que refleja la recomendación de la CNDH sobre Tanhuato es eso: 2 visiones, 2 interpretaciones sobre lo que se puede y debe hacer ante un enfrentamiento armado, en una situación de evidente utilización de la fuerza del Estado. Pero se trata, insisto, de interpretaciones ante un marco legal tan endeble que se presta a eso, a ver cómo lo quiere interpretar cada uno de los interesados, tanto que ahora resulta que se debería hasta indemnizar como víctimas a los sicarios que atacaron y mataron a los elementos de seguridad federal.
Jorge Fernández MenéndezDurante el sexenio de Felipe Calderón se repetía como una especie de mantra: el incremento de los homicidios en México se debe a que "los criminales se están matando entre ellos". Los Pinos trazaban un cordón sanitario artificial que servía de justificación. Los malos son asesinados; los buenos pueden vivir tranquilos. Una escisión de 2 méxicos, el de los narcos en donde se asesina, se secuestra y se viola, y el del resto de la población, que no tiene nada que temer. 2 méxicos que de acuerdo al discurso oficial estaban tajantemente divididos, y no había esta descomposición del tejido social de la que hemos hablado por un buen tiempo. Los datos nunca confirmaron esta división tan tajante como irreal. La guerra contra el narco del presidente Calderón supuso que en el plazo de un lustro, se triplicara la tasa de homicidios en el país. Pasamos de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2007, a 26 a finales de 2011. Y de acuerdo a las cifras que permanentemente registra el investigador Eduardo Guerrero, el crecimiento en los homicidios no sólo se debe a ajustes entre los cárteles de la droga, también la proporción de homicidios por otros tipos de violencias crecieron alarmantemente.
Más allá de cifras, otra de las herencias que el calderonismo tomó prestadas del régimen autoritario, es la justificación de la violencia aludiendo a que "si te portas bien, nada te pasará". Es un asunto entre malos; es un ajuste entre los propios narcos. "Seguro andaba en malos pasos", como reza la frase repetida por mucha gente. La construcción de esta narrativa, que ha tenido una increíble adopción social, ha tenido severos impactos tanto en nuestro incipiente Estado de Derecho como en el imaginario que tenemos los mexicanos del problema del narco. Hubo una gran irresponsabilidad del gobierno de Calderón al utilizar la palabra "guerra" para referirse a un reto que tenía que ver con la política de drogas y el combate a la impunidad en México.
En 1er. lugar, se matan entre ellos, como discurso oficial para explicar el incremento de la violencia, es una justificación para ni siquiera abrir investigaciones por homicidios en México. Las cifras no mienten. La tasa de impunidad en homicidios oscila entre el 92%, su nivel más alto en 2012, al 85% actual. El discurso de se matan entre ellos, funciona para justificar la no investigación de miles y miles de asesinatos. Respalda discursivamente la inacción gubernamental, lo que resulta muy peligroso. ¿Para qué investigar si sabemos que el ajuste de cuentas fue entre "malos"? ¿Para qué abrimos causas si sabemos que se están matando entre ellos?
Así, se viola la presunción de inocencia y se investiga de acuerdo a las condiciones que supuestamente originan los homicidios, pero siempre partiendo de una intuición y no de certezas. Ninguna autoridad, por más segura que esté del móvil de un asesinato, puede pasarse por el arco del triunfo el Estado de Derecho y llegar a una conclusión sin antes haber llevado un debido proceso. El "se matan entre ellos" deslinda al Estado de su responsabilidad con las víctimas y con el esclarecimiento de los crímenes. No puede haber justicia sin debido proceso y, lamentablemente, en México se hacen investigaciones por intuiciones o con bajísimos niveles de pruebas. A veces son simples dichos de testigos. Una narrativa que favorece la impunidad y criminaliza a las víctimas.
En 2o. lugar, este discurso profundiza la dimensión bélica de un problema de inseguridad que debería tener como principal objetivo la reducción de la violencia. Se matan entre ellos constituye un imaginario que divide a nuestra sociedad entre buenos y malos. En algún momento el propio presidente Felipe Calderón dijo que el incremento en los asesinatos era una consecuencia lógica de enfrentamientos entre los cárteles ante el asedio del Estado. A tal nivel llegó Calderón que incluso dijo que el incremento en los homicidios nos acercaba al objetivo de acabar con el narcotráfico. Un razonamiento sumamente peligroso y más proveniente de un gobierno: entre más malos caen asesinados, más éxito tiene nuestra estrategia.
En 3er. lugar, es un discurso que brinda una falsa paz. Es ingenuo creer que en un país en donde han muerto 180,000 mexicanos en 9 años, se puede estar al margen de la violencia. Es una forma de mentirnos constantemente: sólo mueren los malos. Más que un discurso que apele a la realidad o que quiera explicarnos la situación de violencia que vive el país, es una especie de frase tranquilizadora que nos hace olvidar que los desaparecidos y los muertos en este país no sólo tienen que ver con el narco. Incluso, de acuerdo a los datos que tiene la Fiscalía General del Estado, sólo uno de cada 8 desaparecidos se encuadra en el perfil de una pugna entre células del crimen organizado.
Y en 4o. lugar, se desdeñan los procesos judiciales, el entramado institucional que nos da certeza de esclarecer la verdad sobre un asesinato, y se apuesta por el escándalo mediático, por el juicio momentáneo de la opinión pública. Sin embargo, suele pasar otra cosa: los encargados de defender el interés público, sea procurador o fiscal, dan ruedas de prensa en donde se asumen como jueces ad hoc de lo sucedido. "Se matan entre ellos", asumiendo una posición que no tiene nada que ver con las competencias del funcionario y que gravemente viola el debido proceso, así como la presunción de inocencia. A quien le toca dictar sentencias es al juez, para eso existe la separación de poderes. Violaciones al debido proceso de esta magnitud han llevado a que la Suprema Corte deje en libertad a presuntos criminales por la falta de observancia a un derecho humano, como es el caso del debido proceso. Y, ahora, con el Sistema Penal Acusatorio, dichas violaciones al debido proceso constituirán una parte esencial de la cadena judicial. Queda claro que las autoridades no están ni medianamente conscientes de los retos que se les vienen encima.
Enrique ToussaintEn México, la impunidad no deriva exclusivamente del fuero de los funcionarios públicos, sino lo que podríamos llamar como el “fuero social” producto de la corrupción y que está en relación directa con "el número de ceros que cada persona traiga en su bolsillo". No obstante, la impunidad de los funcionarios con fuero es la que mayor irritación y escándalo provoca. Empero, la reforma aprobada en Jalisco es tan solo "el 1er. clavo que se le clava al ataúd de la impunidad", como lo señalara la diputada Rocío Corona, y al que le falta colocarle muchos más, como el sistema estatal anticorrupción, la autonomía de la Fiscalía; y la despartidización del Juicio Político, por mencionar los más importantes.
Flaco favor se le hace a la impunidad con la reforma aprobada cuando al mismo tiempo los propios diputados dicen (quizá queriéndose curar en salud) que de esos 1598 funcionarios que perdieron el fuero 99 de ellos lo seguirán conservando en materia de delitos federales, incluidos ellos.
Javier HurtadoSer impotente ante la violencia o la ilegalidad de un movimiento es una cosa. Otra cosa es sentar a la mesa a los violentos y a los ilegales como interlocutores legitimados precisamente por su violencia y su ilegalidad.
El espacio intermedio es reconocer que el gobierno no puede contenerlos ni desmovilizarlos, pero tampoco les da legitimidad como interlocutores.
El lenguaje de los hechos es que el débil Estado mexicano no puede contener ni reprimir sus protestas ilegales, porque reprimirlas puede desencadenar violencias e ilegalidades mayores, y porque su sociedad se vuelve a las primeras de cambio contra él.
Pero el lenguaje de los hechos diría también que el Estado no reconoce los comportamientos violentos y delictuosos como una forma efectiva de llegar a la negociación, de hacer política.
Una fórmula alternativa de este espacio intermedio sería: "Ni represión ni diálogo".
Es decir, que ni el Estado aplica la ley a rajatabla ni los protestantes adquieren legitimidad violando la ley.
Quedaría claro ante la opinión pública que el Estado es débil, pero no tanto como para además ser obsecuente. Quedaría clara la situación real: el gobierno no puede imponer condiciones a quienes lo desafían ilegalmente, pero estos tampoco pueden imponerlas al gobierno.
Se crearía una especie de empate táctico en el que los protestantes ilegales desgastarían al gobierno, pero no obtendrían de éste ni un gramo de legitimidad.
Quedaría claro ante la sociedad que, en efecto, el gobierno no puede contener ni reprimir las protestas ilegales, pero tampoco les da calidad de interlocutores públicos.
Premiar a los ilegales y los violentos con mesas de negociación establece una pedagogía pública que lejos de resolver los conflictos simplemente los multiplica.
Héctor Aguilar CamínArchivaldo Guzmán, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, había sido detenido el 13 de febrero del 2005. En forma insólita fue absuelto de todos los delitos de los que se le acusaba y fue liberado por el juez (años después destituido y procesado por presuntamente haber recibido dinero del cártel de Sinaloa) Jesús Guadalupe Luna Altamirano, el 11 de abril del 2008, que exoneró a Iván, en los delitos de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Antes había sido absuelto del asesinato de Kristen Paige Deyell una chica canadiense de 20 años de edad, originaria de Calgary, Alberta, estudiante de intercambio en el ITESM de Guadalajara. Fue ejecutada junto con su amigo mexicano, César Augusto Pulido Mendoza, de 23 años. Fue liberado y desde entonces está prófugo.
Jorge Fernández MenéndezLuego del bloqueo del lunes en el cruce de La Magdalena y carretera a Colotlán, en Zapopan, los vecinos del Valle de Tesistán lograron el compromiso de la autoridad para rehabilitar vías alternas. David Zamora Bueno, director de Obras Públicas, informó que buscarán conseguir 35 millones de pesos para reconstruir el camino a Copalita, aunque no cuentan con una partida presupuestal asegurada. El coordinador general de Servicios Públicos, Hugo Salazar, y el secretario general del Ayuntamiento, Ricardo Rodríguez, se comprometieron a entregar un proyecto en 10 días.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 17 de agosto de 2016).Luego de mantener bloqueada la carretera a Colotlán desde antes del mediodía de ayer, vecinos de la zona que reclaman la reparación con concreto hidráulico de la vía, así como la de Lago Real, liberaron el cruce anoche y aceptaron ir a una mesa de diálogo con la autoridad [municipal de Zapopan] esta mañana a las 8:00 horas.
(V.pág.7-A del periódico El Informador en línea del 16 de agosto de 2016).Este martes, estudiantes normalistas incendiaron 3 vehículos más sobre la autopista de Occidente, a la altura del municipio de Huaniqueo, como parte de su 6o. día de movilizaciones.
Los conductores indicaron que sujetos encapuchados los despojaron de sus unidades con violencia y bajo amenazas de atentar contra su vida.
Se trata de un tráiler, un tractocamión y un auto Chevrolet tipo Chevy particular con placas del Estado de México, que fueron robados e incendiados sobre el kilómetro 270 del tramo carretero Maravatío-Zapotlanejo.
Con este hecho suman 14 las unidades siniestradas a manos de los estudiantes de las escuelas de formación docente en 6 días.
Atrincherados en Turícuaro, municipio de Nahuatzen, los normalistas también advirtieron que continuarán con sus acciones hasta que sean liberados sus 38 compañeros detenidos el lunes durante operativos policiales en el municipio de Ecuandureo y en la tenencia de Tiripetío, mientras bloqueaban la circulación en las autopistas de Occidente y Siglo 21.
En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles señaló que no habrá tregua para quienes violenten la paz pública, alteren el orden o vulneren el Estado de Derecho.
Aureoles dijo que su gobierno no va a negociar jamás con grupos que violenten la convivencia y la armonía de la sociedad.
Agregó que ningún hecho que se dé fuera de la ley y que violente el Estado de Derecho hará que las autoridades retrocedan.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la policía de Michoacán han reforzado un operativo de seguridad en la entidad ante las acciones cometidas por estudiantes normalistas durante las últimas horas.
A través de un comunicado, indicó que los operativos de la policía se han desplegado por aire y tierra en todo el estado, principalmente en la autopista de Occidente, donde se cerró la circulación para evitar afectaciones a terceras personas tras la quema de 2 tractocamiones y un auto particular.
(V.periódico El Informador en línea del 16 de agoto de 2016).La propaganda gubernamental nos dice que las leyes y los tribunales protegen a las madres y a sus hijos. La verdad es muy distinta para Doramy Minganti Gurtubay, de 27 años de edad, madre de Camila Flores Minganti, de 6 años.
El padre de la niña, José Alejandro Flores Caballero, secuestró a Camila el pasado 12 de febrero, el día de cumpleaños de la pequeña. La custodia de la niña era compartida. El padre y la madre habían firmado un convenio el 15 de agosto de 2013 en el juzgado 28 de lo familiar de la Ciudad de México que establecía que la niña permanecería con el padre los fines de semana y la devolvería a la madre los domingos. Los gastos se cubrirían al 50%.
Como Alejandro no aportaba los gastos para la niña, Doramy promovió un proceso para el pago y la pérdida de patria potestad. Este proceso fue radicado en el juzgado noveno del proceso oral familiar en la Ciudad de México. En el fin de semana del cumpleaños, sin embargo, el padre simplemente decidió quedarse a la niña y nunca la devolvió. En términos estrictos Alejandro secuestró a su hija, aunque en México las leyes sólo tipifican su acción como "retención de menor".
Doramy presentó una noticia por retención de menor en la Fiscalía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de la Ciudad de México. 6 meses después la investigación continúa.
En un país donde realmente existiera la justicia, Camila habría sido devuelta a la madre de inmediato y el padre transgresor sancionado. Pero en México la madre sigue sin ver a la hija. En México quien transgrede la ley es premiado en lugar de sancionado.
Lo peor de todo es que Alejandro realmente no se interesa por estar con la niña. Como otros jóvenes, prefiere salir los fines de semana. Es la abuela paterna la que quiere tener el control de Camila y convertirse en madre sustituta.
Para justificar el secuestro de la niña el padre ha afirmado que Doramy ha ejercido actos de violencia en contra de la niña. No hay ninguna indicación o prueba (yo conozco personalmente a la madre y a la hija y puedo testificar que la afirmación es falsa). La denuncia no ha sido ratificada, pero ha sido suficiente para dejar a la niña en custodia de un tío que vive en la casa vecina a Alejandro y su madre durante meses, mientras los procesos legales se mueven con lentitud.
Los problemas iniciales de Doramy y su hija surgieron del hecho que cuando los padres se separaron la chica no tenía dinero para contratar un abogado, mientras que la madre de Alejandro trabaja en un despacho legal. Esto hizo posible que los tribunales despojaran a la madre de la custodia de su hija y se la dieran al padre. Condenaron además a Doramy a pagar una pensión al padre.
Cuando ya Doramy logró tener un despacho de abogados que la apoyara, pudo defender sus derechos y los de su hija, pero firmó el acuerdo de custodia compartida de 2013 con la idea de que era la mejor opción para Camila. El padre se ha dado cuenta, sin embargo, que en México la manera más fácil de tener a la niña es secuestrarla.
En este caso el padre, junto con su familia, han mostrado su falta de respeto a la ley. Es increíble, sin embargo, que en México se premie a quien viola la ley y se castigue a quien la respeta con la separación forzada de su hija.
Sergio SarmientoTras la libertad bajo caución de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, principales dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, el presidente en la entidad de la Cámara Nacional de Comercio-Servicios y Turismo, Jaime Zorrilla, reprochó la excarcelación:
"Es aberrante lo que está sucediendo, cómo están conduciendo en este país las cosas; nos tiene muy preocupado la situación, vemos que después de un gran desorden, de lesionar la economía, la paz, la tranquilidad, a los negocios, a los trabajadores de las empresas, las cosas se resuelvan así, no hay consecuencias para el gobierno, no hay consecuencias para los grupos que operan fuera de la ley y finalmente el gobierno sigue cediendo en la totalidad a los chantajes".
Lamentó que en el caso de Núñez Ginez, a pesar de que está acusado del mismo delito de lavado de dinero por el que está encarcelada Elba Esther Gordillo, la ex líder del SNTE continúe en prisión.
Demandó a la Secretaría de Gobernación una solución a fondo del caso e informó que en conjunto con las demás cámaras empresariales analizan otras medidas de protesta en la capital del país, aunque descartó que sean marchas o "plantones", para no actuar como el magisterio.
"Nos dejan en Oaxaca una economía lesionada, con graves consecuencias que vamos a ver no solamente este año sino los próximos; es un tema muy serio, la actitud del gobierno es terrible, el propio gobierno tuerce la ley; seguramente les pagó las fianzas, esto es inconcebible, es abonar a la corrupción, es abonar a la impunidad", manifestó el dirigente empresarial.
(V.periódico El Informador en línea del 13 de agosto de 2016).Estudiantes de las escuelas normales de Michoacán iniciaron un bloqueo sobre la Autopista de Occidente México-Guadalajara, a la altura del municipio de Churintzio, donde atravesaron tráileres para impedir la circulación vehicular.
Los normalistas señalaron que este bloqueo carretero es sólo una parte de las acciones que emprenderán y que cada vez serán más radicales al no existir una mesa de negociación con las autoridades estatales y federales, a las que les exigen el otorgamiento de plazas automáticas para todos los egresados de las carreras de docentes.
Este jueves incendiaron 2 vehículos comerciales, dañaron 2 patrullas y bloquearon por al menos un par de horas la Autopista Siglo 21 y la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, donde también reiteraron su respaldo a la movilización magisterial de la CNTE.
Los normalistas han radicalizado sus acciones tal como lo habían advertido desde la tarde de este jueves.
En distintos pueblos de la Meseta Purépecha y respaldados por los pobladores indígenas, los estudiantes mantienen retenidos, desde junio pasado, camiones repartidores, vehículos oficiales, autobuses de pasajeros, coches nuevos y al menos 5 pipas de Pemex con material peligroso.(V.periódico El Informador en línea del 12 de agosto de 2016).5 encuestadores fueron liberados en un operativo luego de que fueron retenidos por pobladores de Centla, Tabasco, quienes intentaron lincharlos al confundirlos con delincuentes.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 10 de agosto de 2016).La Suprema Corte de Justicia discutirá esta semana, -¡por fin...!- una iniciativa que, sin coartarla del todo, restringirá (regulándola, acotándola, condicionándola al cumplimiento de determinados requisitos y al respeto del derecho de los demás) el derecho que la Constitución tutela para que se realicen marchas, manifestaciones y similares. Se trata, sí, de mantener vigente el derecho que los ciudadanos de este país tienen para "asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito", como establece el Artículo 9º. de la carta magna... pero no de la manera libérrima, abusiva e injusta que hasta ahora ha caracterizado ese tipo de expresiones.
Durante muchos años, el clamor de los ciudadanos que planteaban la necesidad de reglamentar marchas, plantones, manifestaciones y demás, fue desoído sistemáticamente por (con la venia de Pito Pérez) "el supremo gobierno que no se equivoca nunca". So pretexto de que los preceptos constitucionales son intocables, sacrosantos e irrenunciables, se permitía que unos cuantos ciudadanos -decenas, cientos o miles- deseosos de "hacer una petición o presentar una protesta por un acto a una autoridad", como la misma norma establece, alteraran el derecho de muchos miles de ciudadanos igualmente respetables a circular por las calles o espacios públicos de que aquéllos se apropiaban; a no convertirse, como rehenes de los manifestantes, en ciudadanos de 2a. clase.
Marchistas, manifestantes y demás han convertido la libertad que la Ley Suprema del país les reconoce, en vil libertinaje, al poner a la autoridad entre la espada y la pared: o los reprime a ellos... o permite que los menos la chantajeen, conculcando artera e impunemente los derechos de los más.
Jaime García ElíasLa Secretaría de Gobernación dialoga con la Coordinadora a pesar de que ésta mantiene bloqueos de vías de comunicación que afectan a los ciudadanos y conserva cientos de vehículos robados. Pero además Segob no ha ofrecido ninguna información sobre los acuerdos. La Coordinadora es la que ha dado a conocer arreglos que supuestamente han surgido de la mesa de negociación. Segob no ha confirmado nada, pero lo que presume la CNTE preocupa. No ha habido (todavía) un acuerdo para abrogar la reforma, pero Gobernación parece estar dando concesiones para las que no tiene facultades.
La información disponible sugiere que los maestros que no se han presentado a trabajar ya están recibiendo su sueldo. Los que deberían haber sido dados de baja, por haber faltado más de 4 días consecutivos, siguen en la nómina. Han sido también liberados varios activistas de la CNTE acusados de delitos graves y que estaban en proceso.
Hasta donde sabemos el gobierno no ha aceptado abrogar la reforma educativa. No podría hacerlo, supongo, después de haber dicho tantas veces que ésta no está sujeta a negociación. Pero la CNTE se da cuenta que si mantiene sus bloqueos, y si sigue generando daños importantes a empresas y ciudadanos, tendrá al gobierno contra la pared y podrá ir obteniendo concesiones graduales. Por lo pronto ayer Enrique Enríquez, de la sección 9, proclamaba feliz: "La reforma ya se cayó".
El secretario de Gobernación parece también muy satisfecho con la negociación. Ha expresado su extrañeza de que los empresarios se quejen en un momento en que, según él, ha habido avances importantes en el diálogo. Es verdad que los dañinos bloqueos de las vías de ferrocarril en Michoacán se han levantado, y que también han concluido algunos cierres de carreteras, pero para muchos empresarios de Oaxaca, que ayer decretaron un paro de labores y se manifestaron a favor de que el gobierno garantice el derecho al libre tránsito, estos avances no son suficientes.
Los empresarios, especialmente en Oaxaca, siguen pagando el costo de la inseguridad jurídica. Nunca saben si una carretera estará abierta o cerrada, o si un camión o autobús será robado o no. Los hoteles y restaurantes turísticos de la ciudad de Oaxaca y de lugares como Puerto Escondido han perdido buena parte de la temporada de vacaciones escolares con tasas de ocupación y de clientes muy inferiores a las normales. El que el gobierno mande a la Secretaría de Economía a ofrecer créditos especiales a los empresarios afectados parece una burla ante el hecho de que el gobierno se ha negado a garantizar el libre tránsito o a actuar ante el robo de vehículos.
Si preocupa que el gobierno ha tenido miedo de cumplir y hacer cumplir la ley, también inquietan los posibles resultados de esta negociación en lo oscurito. No sabemos a cambio de qué se han dado los "avances" que presume el secretario de Gobernación. La verdad es que esta mesa de negociación está recalcando que en México importa menos la ley que las negociaciones que los grupos de poder tienen en lo oscurito con el gobierno.
Miles de activistas de organizaciones campesinas realizaron ayer por la mañana 4 manifestaciones simultáneas en la Ciudad de México y provocaron un enorme caos vial. ¿Qué pedían? Más dinero del gobierno.
Sergio Sarmiento"La ley no se negocia" dice Miguel Ángel Osorio Chong con especial vitalidad. Son esas frases armadas, puntos comunes que escuchamos un día sí y el otro también. La muestra de un supuesto Estado enérgico, incorruptible y firme. Un Estado que es capaz de hacer respetar el marco normativo de nuestro país y que nunca pondría, bajo ninguna circunstancia, la ley a negociación de terceros. Ese discurso de la simulación, que mientras se muestra firme ante la opinión pública, en la oficina de atrás está negociando puntos concretos de la ley.
Sabemos que tenemos un gobierno doblegado por intereses particulares, y en donde la ley opera como un mecanismo de intercambio político y como producto de una negociación. La justicia selectiva es uno de los cimientos del régimen político mexicano. La ley como instrumento político; la ley como el garrote que se ensaña con el disidente. Es lo paradójico del discurso de la innegociabilidad de la ley. La ley se negocia a diario como una mercancía política, los ejemplos sobran. Niegan lo que vemos a cada momento.
Ahora los empresarios se sumaron a las voces que piden acabar con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y, por lo tanto, reestablecer el Estado de Derecho en dicha entidad. Le pedimos al gobierno federal que aplique la ley y defienda el Estado de Derecho, dijeron en conferencia de prensa. Y un hecho es innegable: los bloqueos han llegado a tal nivel de impacto sobre la ciudadanía en Oaxaca, que la propia CNTE ha perdido enorme credibilidad en las últimas semanas. Los bloqueos son efectivos para presionar a las autoridades, la historia lo demuestra, pero es un arma de doble filo, si pierden fecha de caducidad, sus efectos son regresivos. Y en medio de las presiones, las cúpulas empresariales elevaron el tono de su demanda: si el gobierno no aplica la ley en Oaxaca, nosotros responderemos evadiendo la obligación de pagar impuestos.
El discurso de la ley tiene gran potencia, pero muy poco realismo. 1o., porque México es el país de los privilegios. Y los empresarios son corresponsables en esa cultura de la violación al Estado de Derecho a través del influyentismo. Siguiendo en los impuestos, México es en América Latina, uno de los países con las tasas de presión fiscal más bajas al empresariado. El acuerdo histórico entre el Estado mexicano y las cúpulas empresariales es simple: yo cierro los ojos ante tus evasiones permanentes, pero ustedes no se meten en política (por ello le dolió tanto al PRI en el Congreso que los empresarios presionaran por la Ley 3 de 3 con máxima publicidad).
Como lo mencionaba anteriormente, la justicia es selectiva. La selectividad y el Estado de Derecho no pueden coexistir. La regla de oro de una democracia es que todos somos iguales ante la ley. Que la justicia es ciega. Y, sin embargo, en México la ley no toca a los poderosos. Por ello, sólo los enemigos del régimen están tras los barrotes de las prisiones. Pero lo mismo sucede con algunos empresarios que han hecho de la corrupción su modus operandi y sin embargo siguen en plena actividad y sin ninguna causa judicial abierta. La selectividad de la justicia sirve como una forma de castigar a los rivales políticos, estén en los partidos políticos o en la sociedad civil. ¿Por qué el gobierno mexicano decidió meter a la cárcel a los líderes de la sección 22 hasta que se agudizó el conflicto político por la reforma educativa? Si había pruebas contundentes para actuar contra ellos, ¿Por qué no se tomó la decisión con anterioridad? No puede haber democracia e igualdad jurídica si la ley sigue siendo un instrumento político del gobierno en turno. Sin embargo, mientras la Procuraduría siga atada a los intereses del ejecutivo, poco podremos hacer en la materia.
Somos un país que ha hecho de las leyes un instrumento o para obtener réditos políticos o para secuestrar rentas de los ciudadanos. Siempre hay una forma de negociar la ley, desde lealtad política al gobernante hasta la "mordida" al oficial de tránsito.
Enrique Toussaint¿Es más importante el derecho a manifestarse de un indígena que no sabe contestar qué pretende al bloquear una vía, avenida o ingreso a un espectáculo turístico o un aeropuerto, que el de una ambulancia que tiene que cruzar para llevar al hospital a un paciente de urgencia o un padre de familia que necesita llegar a tiempo a su trabajo para que le paguen el día y poder así mantener a su familia?
Entrar en cuestionamientos como éstos no es un tema de valentía ni mucho menos de retar al intelecto o al conocimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanan, es un ejercicio que nos debemos plantear porque una vez que el Estado ha fallado en defender los derechos de sus ciudadanos, cabe preguntarse entonces cuál es su función y si está en condiciones de desempeñarla.
No es casual que desde que iniciaron los bloqueos masivos hace unos meses, los índices de inseguridad se han disparado, más alcaldes han sido acribillados, el número de asesinados se ha disparado y la sensación de estar en un país sin orden ni autoridad que lo imponga se comienza a generalizar.
Ante estas circunstancias, lo que sigue es que también se generalice el pretender hacer justicia por propia mano y cuando eso empieza, la ley de la selva comienza a regir y sálvese quien pueda.
Así las cosas, cabe que nos preguntemos, ¿de quién es México y quién lo cuida? Los que elegimos para hacerlo no lo están haciendo, ¿a quién le toca?
Razón y AcciónDespués de meses de bloqueos de carreteras, vías férreas, centros comerciales, aeropuertos, puertos, secuestros de camiones, tráileres, robo de mercancías y combustible, de incendiar desde edificios públicos hasta tiendas, pasando por transportes y urnas electorales, luego de un costo económico para los sectores productivos de, por los menos, 10,000 millones de pesos, sólo en los últimos 85 días, los empresarios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y algunos de la Ciudad de México se atrevieron a protestar por los daños sufridos por las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de presentar una demanda en los juzgados para que se les garantice su derecho al trabajo y al libre tránsito, y parte del mundo político en lugar de tener la sensibilidad para respaldar una demanda a todas luces legítima, decidió rasgarse las vestiduras para frenar las "presiones empresariales".
Nunca pudimos observar, en los 85 días que lleva la actual movilización de la Coordinadora, una reacción tan terminante ni del gobierno, del PRI o del PRD, como ante la queja de empresarios que están perdiendo su patrimonio como consecuencia de esas movilizaciones. Nunca el PRI y el PRD, tampoco el gobierno, decidieron, en forma unánime, exigirle un alto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como ahora se lo exigen a los empresarios, insistiendo todos en que no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad.
El problema es que, por una parte, los empresarios no están proponiendo nada ilegal: están ejerciendo un legítimo derecho a presentar ante tribunales una demanda para que se respeten sus fuentes de trabajo y la libre circulación de personas y mercancías. No es verdad, en realidad es un invento, decir que los empresarios están llamando a no pagar impuestos: lo que han dicho es que aquellos que se han visto aquejados de estos daños podrían declarar en ceros, y otros han insistido en que se les debería descontar de sus pagos fiscales los daños que han sufrido por estas acciones, perjuicios que, definitivamente, no son menores.
Estamos hablando de pérdidas, las que se han podido cuantificar, de 10,000 millones de pesos y que incluyen empresas del sector de los lácteos, el cemento, la manufactura eléctrica, las bebidas carbonatadas, el maíz industrializado, las conservas alimenticias, la automotriz, la naviera, de la transformación, vivienda, electrónica, tecnologías de la información y del papel, entre otras.
Los empresarios, grandes y pequeños y sus trabajadores, tienen todo el derecho del mundo a exigir que se les permita trabajar, hacer producir a sus negocios y empresas y poder transitar libremente. Nunca dijeron que dejarían de pagar impuestos, lo que sería un error, pero más allá de eso, resulta una muestra de insensibilidad política, lanzar contra ellos una ofensiva política cuando están recurriendo a una vía judicial y cuando con quienes desde hace meses vienen violando la ley cotidianamente y apelando una y otra vez a la violencia, se los sienta a negociar y se les otorgan concesiones. Se termina privilegiando a una minoría que viola la ley y se amedrenta a una mayoría que sufre las consecuencias de esos abusos.
Tiene razón el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, cuando dice que en las dos últimas semanas ha habido avances en algunos temas con la CNTE, quizás el más importante el levantamiento del bloqueo de las vías del tren que conectan con el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero los bloqueos y los actos de intimidación y violencia continúan, mientras la Coordinadora amenazó el miércoles con no permitir el inicio de clases en sus estados, y bloquear aeropuertos, pasos fronterizos, vías férreas e instalaciones de Pemex, si no se abroga la Reforma Educativa.
Los actores políticos que tanto han criticado las presiones empresariales deben tener la sensibilidad para comprender que nadie puede sentirse esperanzado de que haya resultados rápidos. Porque además, por encima de todo, sobrevuela el fantasma de que, por lo menos, en esos cuatro estados del país la reforma se convierta, como quiere la CNTE, en letra muerta.
Es verdad, no se puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad, pero sí se puede combatir la ilegalidad recurriendo a la justicia y tratando de evitar la impunidad.
Jorge Fernández MenéndezEl grupo delincuencial y brazo político de MORENA, y de su líder amoral MALO y sus secuaces, denominado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se dicen "maestros", ya se pasó. Tiene la razón la COPARMEX, secundada por CANACO Y CONCAMIN, en exigir, como muchos de nosotros, simplemente que se aplique la ley, y cesen de inmediato las graves violaciones de estos tipos, tales como bloqueos a las vías de comunicación incluyendo trenes, carreteras y aeropuertos, centros comerciales, robos a tiendas y vehículos, secuestros a policías, funcionarios y periodistas y otros delitos, provocadas por esos rufianes que tienen secuestrado el sur del país, le recordamos al Presidente, al secretario de Gobernación, a los gobernadores de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas y a la comisión nacional y estatales de Derechos Humanos, que su obligación es hacer cumplir la ley, no negociar prebendas con guerrilleros, así que, a usar la fuerza pública, señores.
Héctor A.Romero FierroOscar Pérez, presidente de la Canirac en Huajuapan de León señaló: "El libre tránsito ya no es posible. ¿Hay ley para unos y no para otros? ¿Somos empresarios de segunda?".
Calificó de "ilógico" que las autoridades digan que es un delito que no paguen sus impuestos"cuando nuestros derechos humanos han sido pisoteados".
Señaló que como cámara ya se hizo una petición al Infonavit y al IMSS para que les condonen 6 meses el pago de estos impuestos, "el SAT no nos quiso recibir".
(V.periódico Milenio Jalisco del 5 de agosto de 2016).Al acudir al Juzgado 1o. de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el presidente de la Coparmex, Gustavo Hoyos Walther, dijo que "el Estado de Derecho no es negociable" y responsabilizó a los 3 niveles de gobierno de permitir que el magisterio disidente en México infrinja las leyes y no cumpla "con sus obligaciones" que es garantizar el orden y la legalidad.
Luego de interponer la demanda de amparo, el presidente de la Coparmex en Chiapas, Enoc Gutiérrez Cruz, refirió que las autoridades han actuado con opacidad "ante un conflicto que nos ha puesto en una de las peores situaciones para los chiapanecos".
Hernández manifestó que "los chiapanecos vivimos una incapacidad de los gobiernos en todos sus niveles para aplicar la ley. Esta descomposición sistemática ha afectado a los sectores social, político y económico".
Antes de ingresar al juzgado federal, el presidente del organismo empresarial enfatizó que las empresas de Chiapas de diversos giros "padecemos las pérdidas económicas y como consecuencia la amenaza constante y lamentable más cercana de la pérdida de plazas de trabajo".
Ejemplificó que en esta entidad sureña 1,500 empleos están en riesgo, aunado a que decenas de comercios han cerrado.
En los comercios del centro de Tuxtla Gutiérrez, donde los maestros mantienen un plantón desde hace 11 semanas, las pymes se han declarado en quiebra y han cerrado definitivamente, apuntó Gutiérrez.
El sector más impactado es el turístico, cuyas empresas y prestadores de servicios reportan afectaciones de 80%; un centenar de empresas del giro han cerrado.
"Los hoteleros han declarado prácticamente perdido este periodo vacacional de verano por la baja ocupación y ya analizan el posible cierre de estas", agregó.
Por su parte, Hoyos dijo que la incapacidad de los gobiernos ante las protestas de la CNTE "es una pésima señal para los inversionistas locales e internacionales, nada más importante para la inversión que es la certeza jurídica".
"Lo que se pretende de manera muy concreta es que se recupere el orden y la legalidad, esa es nuestra exigencia puntual para el gobierno. En otros ámbitos de la activad económica, de la actividad financiera tenemos un trato fluido, los acuerdos están caminando, sin embargo, no podemos dejar ante la forma omisa en que se ha conducido el gobierno en ese tema en particular que es la tutela del estado de derecho".
(V.periódico Milenio en línea del 4 de agosto de 2016).La gran pregunta es si el gobierno de Enrique Peña Nieto puede realmente escoger en qué casos aplicará la ley y en cuáles no. ¿Puede un gobierno lavarse las manos cuando el Estado de Derecho es violado abierta y sistemáticamente por una organización poderosa como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?
Ningún gobernante se atrevería a reconocerlo públicamente, pero en México esto es precisamente lo que está ocurriendo. Ni los distintos órdenes de gobierno, ni otras entidades del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se atreven a cumplir su función cuando los miembros y simpatizantes de la CNTE violan la ley.
Algunas organizaciones empresariales, como la Concanaco y la Coparmex, han decidido demandar a los 3 órdenes de gobierno ante los tribunales y ante la CNDH para que cumplan la ley. Hacerlo, sin embargo, debería ser una acción automática y no discrecional del gobierno. No en balde el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales juran al asumir sus cargos "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen...". De manera increíble ni siquiera estas demandas han sido suficiente para impulsar al gobierno a cumplir con su deber.
La Coparmex presentó ya el 15 de julio una queja ante la CNDH por la inacción de los gobiernos ante las violaciones sistemáticas a los derechos de los ciudadanos que realiza la CNTE. La CNDH al parecer está integrando un expediente, pero hasta el momento no ha anunciado ninguna recomendación o acción.
El problema no es que la CNTE proteste, lo cual tiene derecho a hacer, sino que bloquee vías de comunicación y centros comerciales, robe vehículos que en algunos casos destruye, secuestre y humille públicamente a policías y funcionarios, y agreda a periodistas, entre otras faltas.
La autoridad tiene obligación de proteger a los ciudadanos y de aplicar a los activistas de la CNTE las mismas reglas que usa para los demás. Al resto de los ciudadanos no se nos permite bloquear vías de comunicación o robar vehículos.
En algunos momentos ha parecido que los funcionarios se acuerdan de su responsabilidad. El 1o. de julio, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró: "Las afectaciones a la ciudadanía deben de terminarse. Por ello, en breve, se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades". Tras la declaración, sin embargo, la autoridad ha vuelto a refugiarse en la inmovilidad.
Las organizaciones empresariales han tomado la bandera de defensa de la sociedad que debería estar en manos del Estado. El esfuerzo comenzó con la queja ante la CNDH. Ahora las organizaciones están recurriendo a juicios de amparo. Habrá que ver si alguna de estas soluciones funciona. Tanto la Comisión como los tribunales se han destacado más por proteger a los grupos de presión que a los ciudadanos.
Si ni la CNDH ni los tribunales intervienen para que el gobierno aplique la ley, entonces será mejor que el presidente Enrique Peña Nieto se eche para atrás. Yo me cuento entre quienes piensan que la reforma educativa es una medida justa para recuperar la educación pública que estaba en manos del sindicato. Pero si el gobierno no se atreve a proteger a los ciudadanos que han sido tomados como rehenes por la CNTE, más vale que le devuelva el sistema educativo.
Sergio SarmientoLos afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana presentaron una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial de la Federación en contra del ejecutivo por las omisiones en que incurren al no aplicar la ley y permitir los bloqueos del magisterio a diversas vías de comunicación.
"En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al procurador general de la República, a los gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los secretarios generales de los estados y a los congresos generales entre otras autoridades", dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos al término de la presentación de la demanda en los juzgados de distrito en materia administrativa.
A pesar de que se violan los derechos fundamentales de los mexicanos por parte de la CNTE las autoridades estatales y federales no actúan, incurriendo también en violación a los derechos humanos de las personas, agregó.
La demanda de amparo se turnó al juez de distrito en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, en la que los empresarios se quejan de que durante los más de 80 días de movilizaciones magisteriales existe "una inminente falta de capacidad de la autoridad para impedir los bloqueos", expuso.
Empresarios del país anunciaron que interpondrán una demanda penal colectiva en contra de la CNTE por los daños y perjuicios causados a sus empresas y derechos constitucionales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.
Advirtieron que de no ser atendidos realizarán sus declaraciones de impuestos en ceros e iniciarán paros de labores a partir del próximo 17 de agosto.
En conferencia de prensa, los representantes de los restauranteros, hoteleros y de los servicios turísticos en general, afiliados a la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), informaron que la denuncia colectiva se interpondrá en el curso de los siguientes días.
Los empresarios que podrían presentar su declaración en ceros por la falta de ventas son: Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán.
Es necesario, señaló, que de forma precautoria, no se les regresen las cuentas embargadas ni los bienes inmuebles a los líderes de la CNTE, para garantizar parcialmente los graves daños y perjuicios ocasionados a los comerciantes y que hasta hace unos días ascendieron a 7,500 millones de pesos.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Enrique Solana Sentiés, llamó a que se les exente a las empresas del pago de Impuestos sobre Nómina, del Impuesto Sobre la Renta, del IMSS y del Infonavit, hasta que se regularice y recupere la situación de las empresas y personas físicas con actividad empresarial.
"Que se detengan de manera inmediata las acciones violatorias de los derechos humanos que realiza la CNTE. Que se implemente de forma inmediata el programa de becas de la Secretaría de Economía (Probecat), los programas de la Secretaría de Desarrollo Social para ser otorgadas a los trabajadores y conservar empleos", dijo.
Destacó que los apoyos económicos que prometió la Secretaría de Economía debieran darse para cuando vuelva la paz a las entidades afectadas por las movilizaciones magisteriales como Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán.
Y advirtió: "Los empresarios de estas localidades nos han expresado estar dispuestos a partir del próximo 17 de agosto, si no fueran atendidas las peticiones antes descritas, a reflejar en sus declaraciones de impuestos sobre nómina y sobre la renta, los daños y perjuicios que están enfrentando y en el extremo presentar sus declaraciones en ceros, así como iniciar paros en sus empresas".
Expuso que los empresarios siguen sufriendo daños, mientras el gobierno permite que sigan las violaciones a los derechos humanos, sin que haya resultados claros del diálogo magisterio-autoridad.
La iniciativa privada en Chiapas pidió que el gobierno emita una declaratoria de desastre económico para el estado, debido a las pérdidas y repercusiones que causan las protestas de la CNTE a 80 días de paro laboral, movilizaciones y protestas en contra de la reforma educativa.
Los empresarios anunciaron que derivado de la gravedad de la situación económico-financiera que enfrenta el sector, en los próximos días realizarán un paro técnico ante la falta de recursos para el pago de salarios íntegros, prestaciones sociales, y además podrían realizar un cierre de empresas y comercios.
Los empresarios chiapanecos acusaron que los conflictos en el estado derivan de la falta de atención oportuna del gobierno. Asimismo, responsabilizó a la CNTE de afectar a la niñez -que perdió 2 meses de clases- y a la sociedad en su conjunto.
(V.periódico El Universal en línea del 2 de agosto de 2016).El país asumió una transformación extraordinariamente ambiciosa en materia penal pero no se dedicó a crear las condiciones para poder llevarla a buen puerto; como en tantas otras cosas, saltamos al río sin un mapa que guiara el arribo a la ribera opuesta. Sin embargo, de acuerdo a la legislación aprobada hace años, al menos en la interpretación que ha predominado en el poder judicial, los principios del nuevo sistema entrarían en operación de inmediato, impactando las malas herencias del pasado. Con esto, los riesgos de una transición inacabada podrían tornarse inconmensurables.
La principal preocupación en torno a la instrumentación de la reforma se reduce a la aplicación del debido proceso. Desde que se liberó a Florence Cassez bajo el principio de que se habían violado las garantías que existen en nuestro sistema procesal (para evitar que se violen los derechos de todos, culpables o inocentes), se ha liberado a un gran número de secuestradores, pederastas y homicidas. El fallo respectivo de la Suprema Corte estableció el principio del debido proceso y éste ha sido empleado por innumerables abogados para obtener la libertad de sus clientes, a pesar de que la mayoría había reconocido su culpabilidad. El nuevo sistema está acelerando este proceso de liberación.
La disputa al respecto no se ha hecho esperar. Las víctimas (y sus familias) de secuestros, homicidios, extorsiones y toda clase de delitos argumentan que no es posible aplicar un principio de manera retroactiva y que, en todo caso, el nuevo sistema debe aplicarse a delitos futuros y no a los pasados. Una de las demandantes más articuladas, y madre de un joven secuestrado y asesinado, Isabel Miranda de Wallace, escribió que "El debido proceso tiene que ser integral, es decir, todas las partes deben contar con igualdad de armas... Diversas voces se pronuncian por los derechos de los imputados, pero te pregunto ¿quién voltea a ver a las víctimas? ¿Quién defiende sus derechos humanos que son los primeros que se violentan por los delincuentes cuando son torturadas o mutiladas?".
El planteamiento es moralmente indisputable y descubre el corazón del dilema que el país tiene frente a sí en este asunto. La pregunta es cómo llevar a cabo la transición que el país requiere a partir de las cenizas del viejo sistema político autoritario y corrupto, pero que sigue siendo la norma, a la construcción de una nueva plataforma de civilización, democracia y justicia. Dada la corrupción, disfuncionalidad y, por lo tanto, impunidad que caracteriza al sistema de procuración de justicia, es perfectamente explicable y entendible la virulencia de quienes han sufrido por la delincuencia. Igual de lógico es que los ciudadanos -desde los más modestos hasta los más encumbrados- prefieran ver a un presunto delincuente en la cárcel -o lincharlo- que confiar en las promesas inherentes al debido proceso. La burra no nació arisca...
El punto de partida en materia penal son los bajos mundos de la corrupción donde quienes gobiernan la justicia no son los jueces sino los ministerios públicos y sus peritos y policías, quienes carecen del profesionalismo, laboratorios, capacidades e incentivos para realizar investigaciones profesionales y jurídicamente irreprochables. El énfasis del sistema no se encuentra en la procuración de justicia sino en el procesamiento de quienes los propios ministerios determinan ser culpables; el proceso es tan viciado que inevitablemente entraña violaciones a derechos y procedimientos que son la esencia del debido proceso. Un abogado al que consulté no pudo ser más elocuente: "el debido proceso es un regalo venido del cielo para los abogados defensores porque no hay forma que las procuradurías actuales hagan una buena chamba; siempre es posible encontrar fallas procesales".
Es claro que sólo una transformación cabal del sistema de justicia podría hacer posible que, al llegar al otro lado del río, tengamos procesos abiertos y transparentes, ministerios públicos profesionales y jueces a cargo del proceso. Como en una nación civilizada. El problema es cómo llegar ahí.
El furor que está generando la liberación de personas acusadas de homicidio y secuestro obliga a los políticos a responder. La transición contemplada en la reforma se debió iniciar en 2008 pero, a la mexicana, nunca se dio. La pregunta ahora es qué hacer: congelar la reforma, preservando el sistema de (in)justicia actual, como muchos proponen o crear un mecanismo sancionado por la SCJ que separe al viejo sistema del nuevo, con lo que se crearían incentivos para la pronta implementación del nuevo. Es decir, no sobreponer el nuevo sobre el viejo, sino crear un proceso de transición paralelo.
Lo responsable es no cejar ni por un instante en lo medular: llegar al otro lado del río, al lugar de la justicia profesional e impoluta por medio del debido proceso.
Luis RubioLa Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de México advirtió que de continuar los bloqueos de vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la producción de acero en algunas plantas siderúrgicas se paralizaría a partir del próximo 4 de agosto.
En un comunicado señaló que al día de hoy las afectaciones al sector ya rebasan los 700 millones de pesos, pérdidas que podrían incrementarse considerablemente de continuar las obstrucciones.
Destacó que la toma ilegal de vías férreas impide el transporte de más de 20,000 toneladas al día de mineral de hierro y chatarra, materias primas básicas y fundamentales para la fabricación de acero.
Además imposibilita el abastecimiento de planchones de acero desde Lázaro Cárdenas, Michoacán que sirve de materia prima a varias plantas de laminación en el país e impide la entrega de productos finales de acero a nuestros clientes.
"Rechazamos los bloqueos ilegales al servicio público de transporte ferroviario de carga que han estado ocurriendo en Michoacán en fechas recientes, los cuales no solo afectan a las empresas instaladas en este estado, sino a la industria siderúrgica en general que opera en todo el país", apuntó la Canacero.
(V.24 Horas del 27 de julio de 2016).Un presunto asaltante, que en la tarde de este lunes fue sacado del hospital y linchado por pobladores del municipio de Zongolica, Veracruz, falleció en la madrugada del día de hoy a causa de las lesiones presentadas.
De acuerdo a la información difundida por medios locales, el hombre, identificado como Tayson Samil Munguía, estaba siendo atendido en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando la turba llegó al lugar para sacarlo y lincharlo.
El secretario de Gobernación estatal, Flavino Ríos, informó que ya se identificaron las personas que lo agredieron. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos.
Aparentemente él y otro hombre habían asaltado la caja popular de ahorro de la localidad. Durante el atraco fueron enfrentados por un elemento del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, quien fue herido de muerte.
El incidente, en el que también resultó herida una mujer de la localidad, provocó la molestia de la población, la cual decidió arremeter contra al agresor. Fue así que lo llevaron a la plaza principal del municipio y luego de golpearlo severamente, lo amarraron e intentaron lincharlo.
La intervención de un sacerdote de la localidad evitó que el presunto delincuente fuera asesinado en el sito, tras lo cual las autoridades ministeriales lo trasladaron a otro hospital.
A pesar de lo anterior, el sujeto, quien había quedado a disposición de la Policía Estatal en calidad de detenido como presunto responsable de los delitos de homicidio y robo agravado, falleció este martes en la clínica.
(V.Sin Embargo del 26 de julio de 2016).¿Por qué existen y subsisten los grupos de presión en nuestro país? Porque son muy buen negocio. Antorcha Campesina, Asamblea de Barrios, los 400 Pueblos y los Panchos Villa, entre otros, realizan invasiones y movilizaciones que al final se premian con predios o recursos de los contribuyentes. La CNTE ha hecho lo mismo durante décadas para obtener poder y privilegios laborales.
Estos grupos viven de organizar movilizaciones e invasiones de predios. Exigen al gobierno recursos o que se les escrituren los terrenos o inmuebles que invaden. Cuando obtienen lo que exigen, utilizan sus "utilidades" para financiar nuevas movilizaciones y atraer más "clientes".
Los apoyos sociales del gobierno deberían entregarse por igual a todos los merecedores sin discriminación, pero las organizaciones de presión se han dado cuenta que si acosan a los gobiernos durante un tiempo suficiente serán el vehículo para la entrega de estos subsidios.
Las recompensas llegan tarde o temprano, como lo estamos viendo en Chimalhuacán. El gobierno de este municipio, encabezado por la antorchista priista Rosalba Pineda Ramírez, ha obtenido la "donación" de un valioso predio de 200 hectáreas adyacente al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Un artículo del periódico Reforma señalaba que el 21 de julio se realizó una fiesta en la que participó el líder antorchista César Torres para festejar la entrega del predio a Antorcha Campesina. Estrictamente hablando la donación se hizo al municipio, pero los líderes de Antorcha, como los antiguos monarcas, consideran que ellos son Chimalhuacán. Originalmente el Estado de México cedió el terreno al gobierno federal para propósitos de mitigación ambiental por la construcción del aeropuerto; pero el gobierno de Chimalhuacán, o más bien Antorcha Campesina, piensan usarlo para un politécnico, un centro deportivo y un parque industrial.
Si bien Antorcha es una organización priista, y varios de sus miembros ocupan y han tenido cargos a través del PRI, la organización ha realizado innumerables movilizaciones y bloqueos contra gobiernos priistas, incluido el de Enrique Peña Nieto. Las movilizaciones les permiten obtener las propiedades y el dinero de los que vive un grupo de presión.
Al final es muy triste que los grupos de presión agredan a los ciudadanos para que los gobiernos les entreguen todo lo que piden. Estamos creando un sistema perverso en el que unos extorsionadores se enriquecen cuando los funcionarios los compran subsidiando la agresión a los ciudadanos con dinero de los ciudadanos.
La Concanaco está considerando medidas legales contra los gobiernos que se niegan a aplicar la ley contra la CNTE. La CNDH no se ha atrevido a hacer nada después de la denuncia de la Coparmex contra los funcionarios que permiten los bloqueos. Los distintos órdenes de gobierno están aterrados ante la posibilidad de aplicar la ley.
Sergio SarmientoTodos sabemos o intuimos que en la protesta de la CNTE contra la reforma educativa se juegan intereses que rebasan lo estrictamente educativo. No se trata solo de la sucesión presidencial, que está cercana, sino principalmente el tema de la estabilidad política y la gobernabilidad del país.
Algo peculiar del movimiento de la CNTE es el uso recurrente de la violencia como método de lucha. Entre 2012 y 2016 se registraron acciones violentas de todo tipo: clausura de carreteras, ataque a edificios públicos, actos de pillaje, incendio de archivos, robo de muebles y vehículos, vandalismo en supermercados, etc. etc. En estados como Oaxaca existe, desde tiempo atrás, una "tradición" de luchas colectivas ilegales, pero la historia no puede exculpar a nadie. La violencia, ritualizada o no, es violencia.
Estos sucesos fueron muy graves. De hecho, las protestas políticas violentas en México adquirieron una suerte de legitimidad desde 1994, a raíz de la revuelta indígena del EZLN. Esta pequeña revolución derivó en concesiones (del Estado a los rebeldes) que hicieron posible la creación de un territorio, prácticamente autónomo dentro de la nación.
Chiapas dejó un aprendizaje político de enorme importancia para las fuerzas opositoras de izquierda: la violencia, paga, reditúa, es buen negocio. Desde entonces, no ha habido movimiento de protesta significativo en México que no acuda al uso de la violencia como mecanismo de presión.
Pero no es solo Chiapas. Cuando alguien argumenta: "Se están violando la legalidad" se encuentra, de inmediato, con una respuesta irónica o indulgente: "Por favor, dime, ¿quién en México respeta las leyes? ¿Las respetan los ricos? ¿Las respetan los narcotraficantes? ¿Las respetan los políticos?".
Esta reacción se funda en este principio moral espurio: "Si los demás no, ¿Por qué yo sí?" Este ejemplo ilustra la peor amenaza que enfrenta actualmente el Estado de Derecho -y la paz interna- de México. Se trata de un volver la espalda a la ley y, al mismo tiempo, a la política como medios eficaces para dirimir los desacuerdos entre mexicanos.
El poder judicial sufre grave erosión. Su desprestigio es enorme, por la impunidad rampante en que vivimos -los culpables de los crímenes no son juzgados y castigados como se debe- y por el permanente acoso de las policías y fuerzas armadas sobre la población civil. El Ejército Mexicano no ha sido modernizado.
Es evidente que el orden social y la estabilidad política están en peligro. ¿Cómo conjurar ese peligro? La ecuación de organizar una policía moderna y eficaz ha fracasado, las fuerzas armadas siguen enrocadas en su feudo y renuentes a responder al reclamo democrático. La apuesta de las autoridades, sin embargo, es desencadenar un proceso vigoroso de revisión de las instituciones educativas y re-educar a la sociedad para conducirla hacia una convivencia civilizada.
Gilberto Guevara NieblaEn Morelia al menos 24 vehículos de agencia permanecen en poder de los maestros de la Coordinadora. Los coches fueron robados en la Autopista Siglo XXI, en el tramo que va de Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro. Los tráileres con los coches nuevos se encuentran en Turícuaro, municipio de Nahuatzen, donde hay además otros 75 coches de todo tipo, en ese lugar también hay 2 pipas de gas, una de Pemex y un contenedor con materiales químicos.
Si estos grupos violentos no son gavillas y bandidos organizados, quién sabe qué sean; y si estas acciones no son despojo, asalto y vandalismo, sabe Dios qué sean; y si no estamos ante un ataque directo al Estado y a la sociedad, entonces Gilga es una guacamaya.
El jefe de los grupos de choque de la sección 22, Othón Nazariega Segura, fue liberado al obtener su libertad condicional. Este angelito ha sido acusado de robo, vandalismo, despojo con violencia. Gilga se enteró así de que este activista forma parte del Bloque Negro, grupo que controla las brigadas de choque que coordinan los actos vandálicos en Oaxaca. Muy bonito, el señor Nazariega en plena libertad.
Gil GamésEste pasado 20 de julio un grupo de indígenas de San Juan Chamula, algunos con el rostro cubierto y armados, atacaron el bloqueo que la CNTE mantiene desde el 27 de junio sobre el kilómetro 47 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas. Los atacantes desalojaron el campamento e hirieron por lo menos a dos miembros de la CNTE. Más tarde, sin embargo, la CNTE mandó refuerzos y volvió a bloquear la autopista. Ni la policía estatal ni la federal intervinieron ni en la liberación de la autopista ni en el nuevo bloqueo.
La CNTE y sus simpatizantes han descalificado a las personas que liberaron temporalmente la autopista al llamarlos "policías vestidos de civil" o "paramilitares". Mientras tanto, la organización ha mantenido sus innumerables bloqueos de carreteras, calles, vías de ferrocarril y accesos de tiendas, y ha continuado con el robo y a veces quema de autobuses y camiones, ante la inacción, impotencia o negligencia de policías municipales, estatales y federales.
La Coordinadora mantiene una muy hábil política de comunicación, ciertamente mejor que la del gobierno de la república. Cuando sus miembros y simpatizantes bloquean vías de comunicación, vandalizan edificios y oficinas, roban vehículos, toman casetas de peaje, pintarrajean vehículos, impiden el funcionamiento de comercios, rapan o humillan a maestros, funcionarios o policías, presentan sus acciones como una legítima protesta. Si la policía actúa para hacer cumplir la ley, en cambio, se quejan de represión.
La actual estrategia de la CNTE está dirigida a hacer daño a la población. Los líderes han encontrado que es más eficaz hacer 20 bloqueos con grupos pequeños que uno solo con un mayor número de activistas. Los bloqueos no buscan como en el pasado afectar el funcionamiento del gobierno. No están dirigidos a oficinas de gobierno sino a vías de comunicación esenciales para la actividad económica. Las consecuencias son, por lo tanto, cada vez más importantes. El transporte ferroviario y una parte muy importante del carretero está detenido en Oaxaca y partes de Chiapas y Michoacán. Las ventas de automóviles y de otros productos se han desplomado. El turismo está sufriendo una crisis brutal.
Ni al gobierno federal ni a los estatales les importan estas afectaciones. Los funcionarios buscan simplemente evitar problemas. Rehúyen una confrontación con un grupo poderoso y bien organizado. Quizá lamentan los daños que los activistas están provocando a la actividad económica, pero su prioridad es conservar sus propios empleos y no proteger a los ciudadanos. Olvidan que su responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la ley.
La Coparmex ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares urgentes para obligar a las autoridades a cumplir con la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Hasta la fecha, sin embargo, tampoco la CNDH ha actuado. No es "políticamente correcto" defender los derechos de ciudadanos comunes y correctos.
El problema es que cuando un Estado abdica de su obligación de proteger a los ciudadanos las reacciones violentas se vuelven inevitables. Acciones como las que vimos el 20 de julio en la autopista Tuxtla-San Cristóbal se harán más comunes. Lo hemos visto en otros países. Cuando el Estado deja de funcionar, los ejércitos privados y la violencia se multiplican.
Sergio SarmientoEntre los clientes afectados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están principalmente las navieras.
Para Maersk Line, los cierres provocados por el magisterio disidente perjudican a alrededor de 2,000 contenedores, tanto de importación como de exportación, lo que equivale a una semana de carga, dio a conocer Pablo Flores, gerente de Trade and Marketing en México y América Central.
Ante la decisión de la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM), de ya no recibir contenedores para mover por tren hasta que no se regularice la situación, la naviera danesa busca opciones para los clientes, a fin de sacar la carga del puerto de Lázaro Cárdenas por camión, lo que encarece la operación de transporte entre 24 y 40%.
El gerente refirió que la afectación más grande es un incremento en el costo de la cadena de suministro para los importadores y exportadores del país.
Los clientes que atiende la naviera en esa ruta son de variadas ramas productivas, entre ellas empresas de consumo, tiendas de autoservicio, automotriz, fármacos y mercancía en general que no dan a conocer por razones de confidencialidad.
Explicó que la alternativa de ocupar autotransporte es solo para la carga que no ha salido o que está en los patios intermodales. Todavía no hay alternativas para la que está detenida en algún punto de las vías del ferrocarril.
Los bloqueos disidentes también han impactado al sistema ferroviario de KCSM, por lo que la empresa declaró ayer un "estado de fuerza mayor" al considerar que no hay alternativas de desvío disponibles y que la vía es completamente intransitable.
Otras ramas afectadas por la protesta de la CNTE son restaurantera, de construcción, de transporte, agroalimentaria, cárnicos y lácteos, industria de la transformación, salud y turismo, denunciaron empresarios.
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, informó que los perjuicios se registran principalmente en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.
En un comunicado explicó que las industrias de transportes, ferroviaria y terrestre ha reportado afectaciones a inventarios, cantidades y fechas de entregas, así como toma y quema de unidades.
Indicó que los sectores automotor y acerero, 2 de las actividades productivas más importantes para la economía mexicana, tienen dificultades para el transporte de sus mercancías e insumos.
Herrera Vega dijo que la industria agroalimentaria, incluidos molinos de trigo, ha reportado detenciones de unidades y robo de mercancías; el abasto de hidrocarburos se ha visto seriamente afectado durante varias semanas.
Calificó la situación de insostenible en diversas regiones, con serias y preocupantes afectaciones en la producción, el transporte y la venta de múltiples actividades industriales, con pérdidas incuantificables que provocan el cierre de empresas y pérdida de empleos.
"Los industriales hacemos un llamado urgente a las autoridades, así como nuestro entero respaldo, para que implementen medidas que permitan restablecer el Estado de Derecho en México, en una situación que ya no podemos soportar", señaló.
(V.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 22 de julio de 2016).En el caso de las afectaciones que día a día provocan los delincuentes agrupados en la CNTE es urgente que el gobierno federal ya haga valer el legítimo derecho al uso de la fuerza pública para restaurar a lo largo y ancho del territorio nacional la libertad de tránsito, Felicitaciones a los pobladores de San Juan Chamula que desalojaron a los "maistros" de uno de sus plantones.
Héctor A.Romero FierroPedro Rubén Romero Olivera comenta mi condena a quienes, hastiados de los atropellos y abusos de los mal llamados "maestros" de la CNTE, reaccionan y se enfrentan a esa canalla que, como usted mismo admite, ha causado pérdidas económicas que pueden alcanzar el nivel de las provocadas por un desastre natural.
Pero lo más importante es que han acabado con la paz y tranquilidad que requiere una comunidad para vivir.
La inacción y la cobardía del gobierno federal y de algunos estatales, timoratos y torpes en la aplicación de la ley y la defensa de los derechos legítimos de las mayorías, contribuyen a agravar una situación ya insoportable.
Muchísimos son los delitos cometidos por los vándalos, sin que nadie los detenga.
Y todavía osa usted calificar de "provocadores" y "pendejos con iniciativa" a quienes se atreven a hacerles frente.
Con las palabras que usted usa: ¡Qué poca madre, señor Marín!
Carlos MarínAcalambra el operativo disuasivo para evitar confrontación entre habitantes de San Juan Chamula y activistas de la CNTE que anunció la desconfiable policía chiapaneca, porque puede incendiar el polvorín que significa el violento desmantelamiento de un campamento de profes, ayer, por enfurecidos y supuestos pobladores de la localidad.
Tanto ha ido el cántaro al agua de la regresiva disidencia magisterial que, por los perjuicios causados a la población que tiene la desgracia de padecerla, la irritación llevó a una turba de tzotziles a hacer de mala manera lo que, precisamente, la policía de ese estado ha sido incapaz de concretar con eficiencia disuasiva.
Otro enfrentamiento, éste con la policía, sucedió en una vía férrea de Zitácuaro, Michoacán, cuyo puerto en Lázaro Cárdenas alberga buques en espera de carga. Las pérdidas, se afirma, son equiparables a las de un desastre natural.
Devastadas las economías de tanta gente (¿qué tal oaxaqueños y acapulqueños?), no faltan provocadores ni pendejos con iniciativa con la coartada de que el valiente dura hasta que el cobarde quiere...
Carlos MarínEl nuevo sistema de justicia que recién se implementó en la totalidad del Estado de Jalisco el 31 de mayo pasado ha ocasionado una reducción de la cifra negra de delitos, toda vez que cuando se comete un ilícito ya no es necesario que las víctimas tengan que acudir a denunciar a la Calle 14, sino que los oficiales de las policías municipales, cuando tienen conocimiento de un hecho, inician las carpetas de investigación, explicó Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, enlace de la Fiscalía General para los trabajos de la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Actualmente se han levantado 14,600 carpetas de investigación en el Distrito Judicial I (que corresponde a la zona metropolitana de Guadalajara) desde que inició el nuevo sistema en esta región el 31 de mayo y hasta el 18 de julio. Según Trujillo Cuevas, esto significa un incremento de 30% en el número de denuncias registradas.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 20 de julio de 2016).En Michoacán manifestantes que dijeron ser estudiantes y profesores incendiaron 3 autobuses y un camión de carga como acción de presión para exigir al gobierno la contratación de 1,200 egresados de las normales.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 20 de julio de 2016).Desde que tengo memoria, gobiernos van, gobiernos vienen, de uno y de otro partido, y se diseñan programas y campañas para promover la cultura de la denuncia, que porque dizque nos falta. ¿Deseos de que no se haga justicia? ¿Falta de ganas? ¿O es que acaso queremos ser cómplices de los delincuentes?
En escasos 30 segundos, el creativo contratado por el Senado de la República nos echa toda la culpa: "9 de cada 10 delitos no se denuncian en México". Y luego que es uno de los países con mayores niveles de impunidad en el mundo. Que lo que no se denuncia no se investiga y, por ende, no se sanciona, que la responsabilidad es de todos "la inseguridad es responsabilidad de todos, tú también puedes prevenirla denunciando al crimen; si denunciamos acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes; juntos podemos cambiar, si todos cambiamos, México cambia". Ajá. Y no es que yo quiera impedir o inhibir o promover que no se denuncie, claro que no, al contrario. Siempre será bueno promover la cultura de la denuncia pero ¿y al poder judicial no le toca hacer nada?
Datos apenas de 2015, publicados en Forbes, revelan que México es el 2o. de un listado de 59 países, con mayor impunidad; y no le atribuyen la responsabilidad a los ciudadanos por no denunciar, sino a las deficiencias en el sistema de justicia: 46% de la población detenida carece de una sentencia condenatoria, por ejemplo. El Índice Global de Impunidad recomienda la operación de 17 jueces por cada 100,000 habitantes; el dato para México es de 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y claro que no se trata de abultar la burocracia judicial, sino de hacerla más eficiente y que el indicador "se hizo justicia" se dispare.
Según el Senado todo se debe a que no denunciamos ¿y por qué las cárceles están llenas? ¿Serán todos culpables? ¿Todos tienes sentencia? ¿No es la impunidad en México resultado de un sistema podrido y pervertido?
Por lo general, lo he notado, gobiernos deficientes le echan la culpa de todos los males a su población, que dizque no participamos, ni denunciamos, ni pagamos impuestos. Por si fuera poco, ahora se difunde un spot de que gracias al gobierno los mexicanos creemos en nuestro ingenio. No bueno. Así los niveles de impunidad e ineficiencia. Respecto al retiro del fuero, hasta no ver no creer.
Laura Castro GolarteA poco más de mes y medio de la crisis magisterial, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que normalistas mantienen en su poder 142 unidades automotrices.
El mandatario descartó que el gobierno recurra al uso de la fuerza pública para la recuperación de las unidades, las cuales se encuentran en Turícuaro, Arantepacua, y Carapan.
(V.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 15 de julio de 2016).¿Se acuerda usted cuando el secretario de Gobernación afirmó que el tiempo se había agotado? Fue apenas el 1o. de julio. Ese día Miguel Ángel Osorio Chong declaró: "La única condición de nuestro lado ha sido que se deje de afectar a los ciudadanos. No obstante, no ha habido respuesta y se ha seguido afectando a la sociedad; se ha puesto a los ciudadanos en medio de estos conflictos, lastimándoles... Se ha agotado el tiempo".
La Segob, sin embargo, encontró alguna fórmula para "desagotar" el tiempo. Este 11 de julio por la noche anunció que realizará 3 nuevas mesas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No es un mal resultado para la CNTE. El gobierno prometió que no negociaría la reforma educativa, pero la CNTE lo ha obligado a establecer una mesa para esta reforma, una más sobre política y otra sobre el tema social. Parecería que la Coordinadora se ha convertido en el interlocutor del gobierno para negociar políticas públicas.
¿Ha decidido el gobierno darle a la CNTE este papel inusitado porque ya no está afectando a los ciudadanos? No, todo lo contrario. La Coordinadora ha multiplicado sus movilizaciones y bloqueos, pero con grupos más pequeños de militantes y simpatizantes. Esta guerra de guerrillas la mantiene en Oaxaca y Chiapas, pero también en la Ciudad de México.
En los países democráticos las protestas son usuales, pero los gobiernos no permiten bloqueos de vías de comunicación. En México hemos pasado del "tiempo se ha agotado" a la aceptación de mesas de negociación con la CNTE, y no sólo sobre la reforma educativa sino sobre otros temas. Por su parte, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, pidió el lunes a los líderes: "[Tenemos] absoluto respeto al derecho de manifestación. Ellos se pueden manifestar todos los días, pero hacemos un poco el llamado en los bloqueos... Les pedimos que no duren mucho tiempo, que puedan ser intermitentes y, por supuesto, que no impidan el paso al transporte público".
El problema cuando los gobiernos ceden a extorsiones es que generan incentivos para multiplicar estos actos. Lo estamos viendo. Los bloqueos siguen afectando a los ciudadanos. Los activistas no sólo están cerrando carreteras sino accesos a centros comerciales, y siguen reteniendo y robando carga de transportes de empresas que no les gustan. La policía no se atreve a intervenir o recibe instrucciones de no hacerlo.
La CNTE ha obtenido grandes éxitos con su campaña. No solamente ha logrado sentar al gobierno en mesas de negociación, sino que ha conseguido prácticamente la suspensión de la reforma educativa en muchos estados. Los maestros faltistas, o que no presentan evaluaciones, no están siendo destituidos. Tampoco se están aplicando los descuentos de nómina. Los estados no están contratando maestros por la prelación de los concursos, sino que están aceptando las imposiciones del sindicato. Nos dicen que esto se hace para evitar una mayor confrontación, pero en términos prácticos es una rendición incondicional.
La rendición llevará no sólo a la anulación de la reforma educativa sino a represalias contra los maestros que pensaron que el gobierno prevalecería. En distintas comunidades de Oaxaca se preparan ya acciones contra los maestros que han dado clases o se han presentado a evaluaciones. Los ciudadanos, mientras tanto, siguen sufriendo la pesadilla de los bloqueos cotidianos. El tiempo que el secretario de Gobernación dijo se había agotado, ahora se alarga al infinito.
SIN AUTORIDAD
Activistas de la sección 22 vandalizaron ayer el hotel Casa de Adobe de Oaxaca. Sacaron por la fuerza a 3 personas, a quienes acusaron de trabajar para el Instituto de Educación Pública, y las agredieron con huevos. Ninguna autoridad se atrevió a intervenir.
El Estado de Derecho se encuentra en una de sus mayores debilidades de los últimos 20 años, mientras que la corrupción y la impunidad recuperaron el vigor de antaño, de acuerdo con todos los indicadores.
Raymundo Riva PalacioHay un costo económico y social enorme como resultado de las marchas y plantones, particularmente en las regiones que resultaron literalmente ahorcadas en el sureste en los últimos días. El costo al mediano plazo es aún mayor, porque revela a los grupos inconformes que sólo mediante la violencia el gobierno va a atender sus reivindicaciones. La moraleja que deja este conflicto es que mediante el daño a terceros es la única vía de los sectores agraviados para ser escuchados por el Estado.
Que los pobladores recurran cada vez más al linchamiento para responder al cáncer de la delincuencia, que las comunidades rurales quieran armar a sus tropas de autodefensa o que los grupos políticos marginales se sientan obligados a provocar embotellamientos y entorpecer la vida de cientos de miles de ciudadanos es un fiel reflejo de que el Estado está siendo desbordado por muchos frentes.
La eficiencia de un sistema político se mide en buena medida por su capacidad para gestionar con eficiencia las tensiones que brotan en su seno.
Jorge Zepeda PattersonLa Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó de bloqueos intermitentes en la capital, entre los que destacan los de las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Toluca. También reportó marchas en apoyo a la CNTE en avenidas de diversos puntos de la ciudad.
En Oaxaca, medios locales reportaron que la Coordinadora continúa ocupando las inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así como al menos tramos carreteros de forma intermitente en la zona del Istmo de Tehuantepec, cumpliendo 25 días de bloqueos en ese estado.
En Chiapas, maestros, padres de familia y simpatizantes retiraron hoy por la tarde siete bloqueos, 12 días después de su instalación, entre los que destacan dos ubicados en puntos fronterizos con Guatemala: el Puente Rodolfo Robles sobre el Río Suchiate y el Puente Talismán.
Previamente, las filas derivadas de los bloqueos se extendían por más de 10 kilómetros y entre los afectados estaban 400 camiones de carga con destino a Centroamérica.
El bloqueo ubicado en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas no se retiró pues es defendido tanto por la CNTE como por grupos con agendas distintas a la de los maestros, como trabajadores del sector salud y organizaciones campesinas y de la sociedad civil.
En un comunicado el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional indicó que apoyará a este último grupo con víveres.
(V.Agencia Efe del 9 de julio de 2016).En Michoacán, los profesores y sus simpatizantes tomaron los accesos a los centros comerciales de las 22 regiones donde tienen presencia, mismos que liberaron 6 horas después.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 9 de julio de 2016).No deja de provocar desconcierto lo que ocurre en México. La CNTE tiene más de 2 años realizando actos violentos de manera impune, y cuando la violencia se desborda y hay muertos, entonces las autoridades los invitan a negociar. La moraleja o enseñanza que se infiere es funesta para nuestra democracia y para la legitimidad del Estado.
La verdad es que durante décadas las autoridades no han sabido (o no han querido) hacer frente con seriedad y rigor a protestas colectivas que violan la ley y derivan en violencia, porque temen repetir el síndrome de 1968: no saben si, al reprimir a un grupo, la protesta pueda escalar y adquirir dimensión nacional.
El caso es que la CNTE ya doblegó a las autoridades y hay mesa de negociaciones. Sin embargo: ¿qué se quiere negociar? ¿La reforma educativa? Creo que la reforma educativa no es perfecta, puede mejorarse, como hace días lo afirmó Sylvia Schmelkes, presidenta del INEE. La reforma ha tenido fallas que se pueden corregir.
En ese caso, que se negocie. Pero ¿Está dispuesta la CNTE a negociar la reforma educativa? No hay indicio de que así sea. La demanda de la CNTE nunca ha sido negociar, sino derogarla. ¿Acaso los líderes de la CNTE conocen las leyes que dan sustento a la reforma?
El problema de fondo, y que preocupa a todos, es que no existe ningún ánimo palpable por parte del grupo que dirige la coordinadora para negociar la reforma. Su juego es al todo o nada. O mis adversarios se rinden ante mí o yo continuaré mi protesta violenta impunemente.
Ese juego ha sido un obstáculo, incluso para que las autoridades den respuesta al movimiento magisterial. Echar abajo, de golpe, toda la reforma acarrearía daños mayúsculos a la educación nacional, daños que ni las autoridades ni la sociedad entera están dispuestos a aceptar.
El riesgo de que las cosas continúen así es muy grave. Si la violencia continúa se estará empujando a las autoridades a asumir la postura que debieron haber asumido desde 2013, cuando la CNTE inició su cadena de actos violentos. Es decir, a reprimir. Y cuando se reprime en México, todos lo sabemos, la probabilidad de un desastre aumenta.
Gilberto Guevara NieblaEl presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, estimó daños superiores a mil millones de pesos y la pérdida de al menos 20,000 fuentes de trabajo, debido a las acciones emprendidas por maestros disidentes, grupos sociales y políticos que se les han sumado en Chiapas.
En el sector turismo, el dirigente señaló que se han cancelado más de 25,000 reservaciones, lo que implica que se dejen de percibir alrededor de 72 millones de pesos para esta temporada de vacaciones.
La Concanaco Servytur refirió que las agencias y transportistas que hacen los tours dentro del estado, reportan una caída de 80% en sus traslados.
Tan solo en Tapachula se han reportado cancelaciones turísticas que superarían los 10 millones de pesos; y en San Cristóbal de Las Casas, los 160 millones de pesos.
Este último, es además uno de los lugares más solicitados para realizar eventos sociales (bodas, viajes de incentivos y otros), actividades que presentan una caída de 20%.
En este contexto, el líder del comercio organizado dijo que en Chiapas, y en menor medida en Guerrero y Michoacán, persiste un clima de tensión por las acciones que maestros disidentes, grupos sociales y políticos que se les han sumado.
Si bien ya se ha permitido el abasto de gasolina, todavía persiste el problema en algunas comunidades, lo que ha contribuido a la falta de víveres provocando con ello aumento de precios en algunos productos, así como menor flujo de efectivo.
(V.periódico El Informador en línea del 3 de julio de 2016).La aceptación de la violencia como parte de la vida cotidiana es un cáncer que termina desgarrando los tejidos sociales. Admitir como normalidad el pisoteo a la dignidad de las personas es un veneno para el Estado de Derecho. Ambas cosas suceden en México hoy. Los crímenes terribles suceden en todas partes y están en nuestras narices gracias a la información en línea. Un desafío que exhibe la falta de eficacia de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. El paso siguiente es el llamado a la insurrección para suplantar a las autoridades en sus funciones.
Linchamientos públicos de presuntos delincuentes son una muestra cada vez más frecuente del nivel de irritación social. A este caldo de cultivo le están sembrando la levadura de la rebelión organizada. Los grupos alzados en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen décadas haciendo labores de adoctrinamiento y adiestramiento en muchas comunidades rurales. Muchos de sus monitores e impulsores son profesores formados en las normales rurales.
En las regiones serranas de estas entidades además operan grupos de la delincuencia organizada que propician un ambiente de lucha por el control de territorios y compiten por influir a las autoridades municipales. Los ayuntamientos muchas veces tienen una clara inferioridad en número y capacidad de fuerza ante estos grupos. Ante esto las autoridades estatales y federales han desplegado acciones para revertir el deterioro, pero los resultados aún son limitados.
Este es el contexto en el que se desarrolla el levantamiento de los profesores de la CNTE en estas regiones y son las organizaciones guerrilleras, los activistas y la mezcla variopinta de agitadores y personal de las organizaciones criminales las que pueden confluir en las acciones violentas que tienen colapsadas las carreteras en Oaxaca y otros estados.
Los hechos lamentables de Nochistlán dieron pie al fortalecimiento de la agitación para convertirse en un llamado abierto a la insurrección que las autoridades no pueden dejar pasar, so pena de perder aún más control en territorios en donde estos grupos tienen presencia. Es claro que ahora mismo estos llamados han despertado pequeñas células que actúan en la capital del país, y en otros estados para mostrar que son capaces de generar violencia simultánea en muchos sitios.
Y por otra parte deciden tensar la cuerda del diálogo para desgastar a las autoridades a las que pretenden derrocar. Si bien es cierto que aparentemente la causa es la reforma al sistema educativo, la verdad es que hay muchos grupos que en realidad trabajan para desestabilizar a las instituciones. El gobierno debe actuar con la fuerza de la ley, pero con extrema pulcritud porque la provocación es abierta y el riesgo de cometer errores como los de Nochixtlán es enorme. El desafío está lanzado: negociar la aplicación de la ley para someterla al intercambio y sembrar inestabilidad a partir de querer negociar todo. Si se negocia la ley misma, se debilita la política, se golpea el estado de derecho, se socava la autoridad, y propicia la impunidad.
El derecho a disentir, protestar, expresarse debe ser garantizando plenamente con el límite del respeto a la dignidad de todas las personas. El Estado no puede permitir vejaciones, robos, secuestros, y pérdida de la libertad y del patrimonio de personas inocentes con el pretexto de la expresión de inconformidades. La fuerza está para garantizar la libertad de los inconformes y la de todas las personas.
Cuando la inconformidad organizada se vuelve violenta es simplemente insurrección. Y ante ella no queda sino la ley para imponer las salidas políticas.
Los acuerdos políticos al margen de la ley siembran más indignación y a la larga propician más violencia.
Luis Ernesto Salomón, doctor en DerechoLo que se ve en Oaxaca es más que un desastre. Ahora resulta que por querer aplicar la ley lo único que priva es la anarquía y no se toca ni con el pétalo de una rosa a ninguno de los miles de responsables. Lo peor es que desde que tienen sus muertos, negocian en la mismísima Secretaría de Gobernación cuando lo que merecen es ser detenidos y sometidos a la justicia.
¿Qué no se da cuenta el gabinete presidencial que en la medida en que se va perdiendo terreno para aplicar la ley, se va agrandando el territorio para que prive la impunidad y que los más afectados de este proceso son los más necesitados que se quedaron sin víveres y [sin] los bienes más básicos para su manutención? Se dice que el litro de gasolina ha llegado a costar 50 pesos y que un huevo 40, pero lo mismo estará pasando con la leche, las medicinas, el pan y todo aquello que algunas cuantas manos puedan controlar porque de ellos depende el tránsito por la región. ¿Cómo van a dejar que las cosas cambien si tienen la sartén por el mango?
La falta de autoridad ha creado uno de los peores caos que el país pueda recordar en las últimas décadas y lo quieren arreglar "por las buenas" en la comodidad de las pomposas oficinas de Bucareli. ¿Por qué tanto miedo a ser calificados como un gobierno represor, cuando lo que hicieron fue entregar la plaza, y al paso que va, ceder los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y para allá van Veracruz y otros más?
Más que un represor de unos cuantos que no respetan ni la Constitución ni las leyes que de ella emanan, lo que estamos teniendo es un gobierno ausente, cobarde, débil y mediático; es decir, no estamos teniendo un gobierno que vele por los intereses de los ciudadanos.
Habrá que preguntarse para qué están, pero como no hay quien despache, las cosas seguirán a la deriva.
Razón y AcciónSitiar una ciudad siempre ha sido un movimiento estratégico para ganar una guerra, los ejércitos han sitiado Troya, Palmira, Cartago y Leningrado entre otras. Una ciudad se puede sitiar con un ejército no muy grande. Sitiar la mitad de un país se podría lograr con unos 50 ejércitos perfectamente pertrechados.
Hoy México se ha ganado el título del "Único país del mundo cuya mitad puede ser sitiada por 1,600 delincuentillos".
Todo esto sucede mientras el Presidente se pasea en su nuevo avión, el secretario de Hacienda nos sube la gasolina y devalúa el peso y el secretario de Gobernación recibe con honores a los facinerosos y les pide de favorcito que: "Se porten bien y que si son tan amables ya nos dejen vivir en paz".
¿Como es posible que 1,600 ninis, sin entrenamiento, sin disciplina militar, cuasi analfabetas, pongan en jaque a nuestro país y nos estén haciendo quedar en ridículo en todo el mundo? ¿Acaso nuestro gobierno no tiene miles de policías, un ejército, tanquetas antimotines, helicópteros y toda una red de inteligencia? ¡Claro que si! Lo único que no tiene nuestro gobierno es...
No justifico a los políticos, pero a ellos les vale sorbete lo que le pase a la población, andan muy ocupados cuidando no perder el poder en las próximas elecciones y además, en general los políticos siempre han sido cobardes. Peeero lo que es inexplicable es que 25 de estos mequetrefes puedan poner en sitio una ciudad completa y los hombres de la ciudad no vayan a las casetas y saquen a 25 chamacos desarmados por la buenas... o por las malas. ¿No que muy machos los mexicanos?
Y también es inaudito que los camioneros fuertes y grandotes, se queden calladitos viendo como se pudre su mercancía sin mover un dedo. Si hay 25 sicarios y 50 camioneros parados, ¿no puede cada chofer tomar su llave de cruz, acercarse a los pelaos y convencerlos de que abran las casetas y se larguen, so pena de tremendísima madrina?
Estos idiotas abusan de toda la población porque nadie se defiende. Y la autoridad no nos va a defender ni le interesa ni le conviene ni se atreve. Perdónenme compatriotas, pero somos un país de cobardes, gobernado por cobardes.
Y si no están de acuerdo con mi afirmación, ¡Órale vamos a hacer algo!
Alberto Martínez VaraIndígenas y normalistas de Cherán se trasladaron a la caseta de Zirahuén, ubicada sobre la Autopista Siglo 21, donde despojaron a automovilistas y choferes de camiones repartidores de sus unidades.
Los manifestantes se trasladaron a la citada caseta luego de realizar una marcha en el poblado de la Meseta Purépecha.
Estas protestas son realizadas en respaldo a la acciones de la Sección 18 de la CNTE.
De acuerdo con el reporte policial, decenas de manifestantes encapuchados se encontraban en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, el cual se encuentra bloqueado. En este punto también retuvieron autobuses de pasajeros.
(V.periódico El Informador en línea del 1o.de julio de 2016).12,610 personas tienen en jaque a Chiapas. Pertenecen a 10 organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, y mantienen 18 bloqueos carreteros que han generado desabasto de combustible y de productos de primera necesidad en la entidad.
Estas agrupaciones, vinculadas con la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen entre sus métodos de presión y de lucha, el bloqueo de carreteras y dependencias, retención de funcionarios, marchas, actos vandálicos y de humillación a los "traidores", como ocurrió con seis profesores de Comitán trasquilados.
Otras de las características es que suelen encabezar sus actos embozados y en ocasiones se enfrentan a grupos antagónicos y a las fuerzas de seguridad que quieren contener sus protestas, como la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata, que tiene como bastión el municipio de Comitán y un poder de convocatoria de 250 personas.
Algunos de sus integrantes usan bombas molotov y entre sus acciones destacan la retención y vejación de personas.
Además, mantuvieron un plantón en la plaza central de San Cristóbal de las Casas y en diversas dependencias estatales y carreteras federales. Se han enfrentado violentamente con otros grupos como Lucha por la Vida y las Confederaciones priistas CTM y CROC.
El Movimiento de Resistencia Popular del Sureste-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, opera en Altamirano y Tila; está conformado por 60 personas y mantiene una disputa con la Organización Regional de Cafeticultores Autónomos de Ocosingo. Los 300 afiliados a dicho frente acostumbran retener personas, invadir predios, encabezar marchas y bloqueos con el rostro cubierto provistos de palos y piedras.
Uno de los de mayor poder de concentración es el Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Emiliano Zapata, con 2,000 integrantes que además de realizar las mismas actividades que los anteriores mantienen una actitud agresiva hacia la población.
La Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas agrupa a las 4 normales rurales de la entidad y tiene presencia en 16 municipios. Entre sus acciones de lucha están los paros de labores, bloqueos, toma de casetas y edificios públicos. Existen registros de que en sus protestas realizan actos vandálicos y agreden, con palos, piedras, cohetones y bombas molotov a quienes intenten detenerlos. De acuerdo con la PGJE, estuvieron presentes el 7 de diciembre de 2015 en el cierre carretero en Ocozocoautla, donde se apoderaron de un autobús de pasajeros y lo lanzaron contra los policías que resguardaban la sede donde se aplicaba la evaluación. El vehículo se desvío y arrolló a 2 maestros. Uno murió y el otro resultó herido.
La Unión de la Juventud Revolucionaria de México, de 100 personas; la Organización Campesina Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con 150 integrantes; el Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos, de 250 participantes; los Frentes Popular Revolucionario y el Campesino Popular de Chiapas, ambos con mil simpatizantes, y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y de Campesinos Histórica, con 6,000 afiliados también echan mano de marchas, bloqueos, así como retención de funcionarios.
(V.pág.16 del periódico Milenio Jalisco del 1o.de julio de 2016).Ante la realidad implacable que ha llevado al Estado mexicano a una situación de debilidad extrema, el lunes el presidente Peña Nieto recurrió, parecería que como último recurso de defensa, a "pintar su raya": la reforma educativa no se reforma ni se negocia, porque es ley; de hecho ninguna ley se negocia. Echó mano de lo que por definición es el soporte básico de toda democracia, el Estado de derecho. Él juró "...cumplir y hacer cumplir las leyes".
La aprobación del presidente Peña está en el suelo (35%), al igual que la de su gabinete, pero también la del congreso, jueces y magistrados, policías, y prácticamente todos los elementos del poder público. Peor aún, una parte sustancial de la ciudadanía (42%) no le cree "nada" al Presidente, ni a muchas otras autoridades. Varios gobernadores, entre otros políticos, se hunden en el lodo de la realidad que crearon, con la "concurrencia" del gobierno federal.
Lo más grave es que a esto se suma a la evidencia de la incapacidad del gobierno para usar de manera efectiva la información y la inteligencia políticas, y en su caso la fuerza pública, como instrumentos legítimos para preservar la gobernabilidad, la paz social, y el Estado de Derecho. Por una parte, en materia de combate a la delincuencia y al crimen organizado, la evaluación más generosa sería que hay un empate entre gobierno y criminales. Además, por otra parte, se registra una secuela de pifias operativas para controlar vandalismo, bloqueos, secuestros, extorsiones y demás, lo que erosiona el concepto de que con el gobierno no se "juega", porque cuenta con los recursos para hacer que se cumpla la ley e imponer el orden democrático.
Ahora que el enfrentamiento en Nochixtlán desnudó que lo que priva en Oaxaca es el actuar de la guerrilla (movimientos antisistémicos violentos), las reglas para gobernar cambiaron. Entre los 8 muertos de Nochixtlán, ninguno era maestro y sólo 2 locales del lugar. El asunto no es la CNTE contra la reforma educativa, sino lidiar con "la guerrilla" disfrazada de CNTE. Esa es la tarea para el presidente Peña, con la Secretaría de Gobernación como eje de su estrategia.
El renovado énfasis en respetar los derechos humanos no debe convertirse en México en causal para que el Estado no cumpla sus obligaciones, como no ha sucedido en otros países (Francia, España, Chile). Ya no se legisló a tiempo en materia del uso legítimo de la fuerza pública. Esa gran omisión deberá subsanarse de inmediato con protocolos, precisiones y convenciones públicas que cuenten con la sanción de las múltiples instancias de derechos humanos y justicia, nacionales e internacionales. La guerrilla se disfraza de movimientos sociales, de ONG’s (algunas auspiciadas por gobiernos estatales), y de lo que le sirva para moverse con un disfraz social.
La ley no se negocia, pero ninguna, en ningún caso, y para nadie. Desde los franeleros, los tianguis, las concentraciones públicas, el bloqueo de vialidades y carreteras, pasando por las licitaciones de obra pública, el fraude y la estafa (¿cómo ve usted los desalojos en Tulum?) ¿Cómo puede mantener la gobernabilidad un gobierno impopular, con diversas incapacidades operativas, alejado de la gente, basado en un federalismo disfuncional, que recurre ocasional y erráticamente al uso legítimo de la fuerza pública, al cual denigran turbas, organizaciones no gubernamentales y empresariales, al cual no respetan quienes infringen la ley, al cual la mayoría no le cree, y en el que la mayoría no confía?
Sólo con la ley en la mano. La prioridad del gobierno debería ser reconstruir credibilidad por medio de aplicar la ley a todos, en toda circunstancia, y en todo momento.
Jesús Reyes Heroles G.G.El monopolio del uso legítimo de la fuerza es una de las características fundamentales del Estado. Los gobernantes de la antigüedad aplicaron el principio, Maquiavelo lo recomendó a los príncipes italianos, Hobbes lo asentó en su Leviatán y Weber lo definió con plena claridad. El gobierno mexicano, sin embargo, no se ha enterado.
El uso de la fuerza por parte del Estado puede ser cuestionable en algunos casos. Los gobernantes pueden emplearla, por ejemplo, para mantener privilegios o dictaduras. En países autoritarios, como Corea del Norte o Cuba, las protestas están prohibidas y el Estado utiliza su fuerza para impedirlas. Los gobiernos democráticos, sin embargo, también recurren a la fuerza pública para aplicar la ley o para defender a los ciudadanos cuando son objeto de agresiones. No hacerlo es una omisión de sus responsabilidades.
En México, sin embargo, los gobernantes tienen pavor al uso legítimo de la fuerza. Quizá sea producto de una conciencia culpable que se remonta a la represión del movimiento estudiantil de 1968. En muchos casos, sin embargo, más que culpabilidad lo que se percibe es cobardía. Por eso se establecen "mesas de negociación" que prolongan los problemas, pero no pueden negociar nada.
Cuando un grupo de poder, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquea vías de comunicación con el abierto propósito de dañar a la población, roba vehículos y los quema, o secuestra y humilla públicamente a personas inocentes, la autoridad no tiene el derecho sino la obligación de intervenir.
Me dicen que en México el problema es que la policía, cuando actúa, lo hace de manera inmoderada. Y quizá sea cierto. Pero estas actuaciones fallidas suelen volverse inevitables por la demora en recurrir a la fuerza pública cuando ya es necesario. Al final las autoridades se ven obligadas a ordenar la intervención tardía de la policía, pero cuando lo hacen se enfrentan a grupos más preparados y belicosos que además se sienten protegidos por los tribunales y las comisiones de derechos humanos.
El ejemplo más reciente lo tenemos en el operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio. Durante 5 días la CNTE mantuvo, con el apoyo de grupos afines, un bloqueo sobre la autopista Oaxaca-Puebla que afectaba severamente los derechos de terceros. Cuando finalmente se ordenó un operativo, éste falló completamente: no sólo generó 8 muertos (y uno más en Hacienda Blanca) sino que fracasó en el objetivo de liberar la vía de comunicación, la cual sigue estando bloqueada hasta el momento.
El problema no es nada más de aplicación de protocolos de actuación por la policía. Como los gobiernos han permitido de manera sistemática los bloqueos de vías de comunicación, los grupos de poder piensan que bloquear es un derecho adquirido. Es su "derecho de protesta", dicen.
Al final, un gobierno que quiera mantener su autoridad tendrá que usar la fuerza pública para impedir violaciones a la ley, como bloqueos, robos de vehículos, secuestros de personas o humillaciones públicas de maestros y policías. Si no lo hace, la violencia irá escalando, como ha ocurrido en los últimos meses en Oaxaca y Chiapas. Ante la ausencia de autoridad, la población civil no tendrá más opción que defenderse a sí misma; y el gobierno, que habrá perdido el monopolio del uso de la fuerza, estará perdiendo también el poder.
Desde Canadá, el presidente Peña Nieto apela a la CNTE y a sus aliados a "que no afecten la vida interna de sus comunidades" y añade que no "vamos a caer en las provocaciones". En otras palabras, suplica a quienes están violando la ley que dejen de hacerlo, pero les da la garantía de que no actuará para no caer en provocaciones.
Sergio SarmientoMaestros que se oponen a la Reforma Educativa reanudaron los bloqueos viales. En Oaxaca, centenares de integrantes de la CNTE pusieron retenes en el aeropuerto internacional y en la carretera federal 190 a la altura del crucero de Hacienda Blanca. También reactivó bloqueos viales en la zona del Istmo de Tehuantepec, en los municipios de Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec, Jalapa del Marqués, Tequisistlán, Ixtepec, Zanatepec y María Lombardo. En Chiapas, los maestros bloquearon las 2 principales vías de comunicación del estado, la Panamericana y la Interamericana.
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 28 de junio de 2016).El chantaje al que la CNTE sometió al Estado mexicano -al obligar la negociación luego de 8 personas muertas en un enfrentamiento- no busca una mejor educación, sino el regreso de las prebendas que hicieron de esa mafia magisterial el principal brazo político de grupos guerrilleros. Es decir, busca tronar la reforma educativa.
Avanza viento en popa la alianza Morena-CNTE-AMLO y grupos radicales. Y como es público, esa alianza busca influir -mediante la desestabilización del país- en la elección de 2018.
Todo apunta a que la alianza Morena-CNTE-AMLO y grupos radicales busca implantar en México el esquema que siguieron los grupos radicales que llegaron al poder en Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, entre otros, donde han instalado verdaderas dictaduras.
Y el mejor ejemplo es que hoy Oaxaca es una calca del caos, el atraso social, la ingobernabilidad, la ausencia de estado de derecho y el desabasto que se vive en buena parte de Venezuela. ¿Cuál es hoy la diferencia entre Oaxaca y Venezuela? Lo único distinto es el nombre de las mafias que provocan el caos y el de sus autores intelectuales.
Pero el choque en Nochixtlán -y sobre el cual la CNDH no tarda en culpar a las instituciones- fue apenas el principio. Con dinero y logística de guerrilla urbana el caos se ha sembrado en otros municipios de Oaxaca y en otros estados del país. Y es tan burdo el montaje que, incluso, en los casos de Chihuahua y Jalisco existen presuntos videos de supuestos "maestros" procedentes de Oaxaca, llegando en autobús de línea -horas antes de los desmanes-, y luego aparecen encabezando el vandalismo.
Y la prueba de fuego la veremos en la Ciudad de México el domingo próximo, cuando se lleve a cabo la llamada "marcha del silencio", convocada por AMLO en solidaridad con la CNTE.
Resulta que el gobierno de la CdMx detectó la presencia de los antisociales que vandalizan y provocan caos en Oaxaca y Guerrero, quienes tendrían listo el mismo "espectáculo". Y para "taparle el ojo al macho", la CNTE y Morena marcharán por separado.
¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde las instituciones?
Ricardo AlemánPese a la mesa de diálogo que el gobierno federal instaló para encauzar las exigencias de la CNTE, los bloqueos en 18 puntos carreteros en Chiapas y Oaxaca se intensificaron.
Ante este escenario, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que tras haberse concretado el diálogo con el magisterio es momento de mandar señales para que todo regrese a la normalidad.
“Pueden seguir manifestándose, pero lo que no pueden es seguir afectando a muchos ciudadanos en todo el país", dijo.
Sin embargo, los cercos que han instalado maestros y padres de familia han logrado paralizar la frontera con Guatemala, luego de que la carretera costera de Chiapas, a la altura de Huehuetán, fuera bloqueada por la CNTE.
Por lo que el magisterio cumplió ya con 4 días de bloqueos en la capital del estado, y de 24 horas en los municipios de la Costa y Soconusco de Huehuetán, Villa Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec, en carreteras federales y estatales estratégicas donde hay mayor tránsito.
Hasta el momento, la policía federal y estatal no ha arribado a los sitios ni se han aplicado operativos para liberar las vías, por lo que se espera que estos se mantengan hasta el sábado.
Estas carreteras son las únicas que conectan a la frontera con Centroamérica, por lo que camiones de carga que trasladan mercancías se encuentran varados; mientras que los pasajeros que viajaban en los autobuses han tenido que caminar hasta 3 horas para transbordar y poder llegar a sus destinos.
La SSP informa que los maestros bloquean puntos importantes de la ciudad de Oaxaca, además de que exigen el pago de entre 50 y 100 pesos a los automovilistas para poder pasar.
Juan García, líder provisional de la sección 22 de la CNTE, dijo que las protestas y bloqueos carreteros no cesarán hasta que haya justicia en el caso Nochixtlán y se derogue la reforma educativa federal, además de que se logre la libertad incondicional de sus dirigentes.
Mientras en Tabasco la CNTE convocó a una manifestación que colapsó el tráfico de las avenidas principales, como Gregorio Méndez, Paseo Usumacinta y Paseo Tabasco, además de que logró la suspensión de clases en 70 escuelas.
(V.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 23 de junio de 2016).La CNTE hace mucho tiempo tomó la medida de los gobiernos locales y del federal. Por eso se hizo dueña de la educación pública en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y partes de Guerrero. A través de paros y presiones ha conseguido privilegios que el Estado nunca debió dar porque implicaban entregar la educación pública a intereses privados.
La reforma educativa se hizo con la idea de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Era una reforma administrativa, es cierto, pero necesaria. Mejorar la calidad de la educación es imposible si los maestros no se presentan a las aulas y si no pueden ser evaluados.
La CNTE advirtió desde un principio que no aceptaría la reforma. Hemos visto en los últimos años una gran contienda entre el gobierno y la CNTE para aplicar la reforma. La SEP no ha tenido problemas para operar los cambios en los estados que no son controlados por la CNTE, pero en el sureste del país, en los estados más pobres, los que más necesitan mejorar la calidad de la educación, la reforma no se ha podido aplicar.
La CNTE ya consiguió por lo pronto una nueva mesa de negociación. Éste ha sido un recurso al que ha acudido muchas veces para obtener beneficios o impedir que las autoridades impulsen políticas que afecten los intereses de sus líderes. El diálogo se realiza a pesar de que los maestros no han regresado a clases como exigió el secretario Nuño. Quizá lo peor es que se trata de un premio a los bloqueos que han afectado a cientos de miles de oaxaqueños. Es un incentivo para multiplicar los bloqueos.
La CNTE ha demostrado una vez más que la violencia sí funciona en México. Los bloqueos están diseñados para asfixiar la economía de Oaxaca. Es muy claro, por otra parte, que la organización está recibiendo apoyo de grupos políticos que no tienen realmente nada que ver con el magisterio. Ninguno de los 8 muertos en el intento por liberar la autopista Oaxaca-Puebla en Nochixtlán era maestro. Los bloqueos están siendo realizados por organizaciones políticas más que por docentes.
La CNTE se está jugando su supervivencia. La reforma educativa convierte a la CNTE en un simple sindicato y ya no en la dueña de la educación, y elimina los privilegios ganados en décadas de mesas de negociación en que los gobiernos, para no meterse en problemas, daban concesiones que nunca debieron haber otorgado.
Quizá lo peor es que la negociación la hace la Secretaría de Gobernación en un momento en que la CNTE mantiene rehén a la población de Oaxaca a través de los bloqueos. El gobierno está negociando con un extorsionador. Si algo nos dice la experiencia, es que ésta es una muy mala decisión. El actual gobierno está cayendo en la misma trampa que permitió a la CNTE obtener privilegios inaceptables de tantos gobernantes anteriores.
Sergio SarmientoMe parece muy bien que se dialogue con la CNTE y la Sección 22, pero ¿cuándo defenderá y se reunirá el gobierno federal con los maestros que sí trabajan en Oaxaca, en Chiapas y en el resto del país? ¿Con los comerciantes, los operadores de turismo, los padres de familia, con los transportistas que han perdido desde autobuses hasta trailers, los empresarios a los que les han robado sus productos o que han sufrido daños graves a su economía por los bloqueos o los robos de la Coordinadora, con los propietarios de tiendas departamentales, de conveniencia, de agencias de automóviles que han sido saqueadas, quemadas, bloqueadas? ¿Cuándo con los familiares de los policías heridos, mutilados, quemados? ¿Cuándo con los familiares del fotógrafo Elpidio Ramos, asesinado el sábado en Juchitán por los saqueadores, cuándo con los maestros violentados y trasquilados en Comitán? Porque, hacer política sólo para los que recurren a la violencia más extrema es legitimarles, al tiempo que ignorar a sus víctimas es dejarlas nuevamente en el desamparo legal y político.
Para quienes sufren cotidianamente de la violencia y las agresiones de los grupos más radicales también debe haber respuesta y política.
Jorge Fernández MenéndezMás de millón y medio de personas en Oaxaca están siendo afectadas ante la imposibilidad de las autoridades de abastecer los almacenes de Diconsa y 1,800 tiendas de la entidad han visto afectado su suministro de productos básicos. Han comenzado a escasear el azúcar, arroz y maíz.
En Chiapas el bloqueo de la carretera hacia San Cristóbal de las Casas impide el comercio de productos agropecuarios y el acceso a lugares turísticos, además de que representa una amenaza a la seguridad de los turistas a quenes se ha despojado de sus pertenencias durante los bloqueos carreteros.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 23 de junio de 2016).Enrique Solana, presidente de la Concanaco, detalló que en Chiapas las pérdidas comerciales ascienden a 1,000 millones de pesos, mientras que en Oaxaca suman 1,700 millones desde finales del año pasado a la fecha.
En Oaxaca están bloqueadas entre 12 y 16 carreteras, lo que impide la distribución de mercancías y el transporte turístico. Para los hoteleros, las pérdidas ascienden a 175 millones de pesos y 25% de las reservaciones en la zona de Huatulco han sido canceladas.
A lo anterior se suman los saqueos a tiendas de cadenas comerciales y pequeños comercios.
Los empresarios consideraron que el conflicto no tiene nada que ver con la reforma educativa, sino que es un problema de la CNTE que data de hace más de 34 años en Oaxaca.
Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, agregó que la mayoría de las pólizas cubren daños por huelgas y alborotos populares, pero no vandalismo y pillaje, que es donde entran los saqueos, a menos que la empresa haya contratado esa cobertura adicional, que en su caso cubre hasta 2 millones de pesos a negocios de Oaxaca y Chiapas.
(V.periódico El Universal en línea del 23 de junio de 2016).¿Quién les ha dado a la Coordinadora, a la Sección 22 y a sus aliados, carta de impunidad? ¿Por qué se quiere considerar víctimas de la represión a quienes llevan años cometiendo desmanes, robos, secuestros, asesinatos, escudados en banderas políticas? ¿Por qué estos grupos pueden usar armas y entonces es "violencia legítima", pueden mutilar y asesinar y son expresión del "enojo social", pueden bloquear carreteras, negocios, robar trailers y carros, incendiar oficinas, secuestrar funcionarios y niños, y deben ser tratados como "luchadores sociales" cuando se trata de delincuentes, usen o no una bandera política? ¿En qué democracia del mundo se permite que se realicen actos tan terribles sin esperar una respuesta del Estado? ¿Por qué cuando hay una respuesta del Estado se habla de represión y no de hacer cumplir las leyes?
En Oaxaca, el 95% de las escuelas están abiertas y los integrantes de la Sección 22 movilizados no son más de unos 3,000 afiliados a esa sección sindical. Los demás provienen de organizaciones radicales, extremistas y muchas de ellas ligadas a grupos armados. Durante los 10 días anteriores a los enfrentamientos, tuvieron bloqueados 28 pasos carreteros en todo el estado. En esos bloqueos quedaron varados desde autobuses hasta trailers, desde automóviles particulares hasta servicios de emergencia. En los bloqueos, con el tránsito colapsado, se sucedían los robos, sobre todo de mercancías, las agresiones, las exigencias de dinero: la gente queda indefensa ante los agresores, porque la zona queda paralizada.
En la refinería de Salina Cruz, la cola de pipas cargadas con materiales químicos y derivados petroleros, lo mismo que de desechos de la propia refinería, tenía cinco kilómetros y medio de largo. No sólo no se permitía pasar a las pipas y trailers sino que se amenazaba con hacerlos estallar, independientemente de que la propia refinería no podía seguir soportando, sin poner en riesgo gravemente su seguridad, la acumulación de materiales.
En Nochixtlán, el bloqueo de la carretera que comunica Oaxaca con el centro del país provocaba que comenzara a existir un desabasto constante de alimentos y productos de todo tipo en la entidad. Desde hacía una semana no había corridas de autobuses entre la ciudad de Oaxaca y el centro del país, porque la empresa ADO que presta ese servicio decidió suspenderlo ante la falta de seguridad y por la enorme cantidad de autobuses secuestrados, quemados, varados. La única forma de comunicación era aérea y el aeropuerto también suele estar bloqueado. El turismo y los comercios viven por ello una profunda crisis.
Todas las tiendas de autoservicios y de conveniencia de las principales ciudades han sido bloqueadas, saqueadas, algunas quemadas. En la noche del sábado, unas horas antes de los sucesos de Nochixtlán, en Juchitán se saquearon e incendiaron todo tipo de comercios, desde cines hasta supermercados, incluyendo concesionarias de automóviles: en la Nissan, los "luchadores sociales" se robaron 5 carros. El fotógrafo del periódico local El Sur, Elpidio Ramos, estaba tomando fotos de los actos de vandalismo, fue amenazado por los saqueadores y fue asesinado de un par de disparos en la cabeza, también fueron atacadas dos personas que estaban con él, una de ellas también trabajador de un medio de comunicación que murió poco después. Por cierto, no ha habido un solo reclamo de las buenas conciencias que estallan en las redes sociales cada vez que alguien remotamente ligado al periodismo es objeto de alguna agresión, aunque se trate de la pagadora de los Zetas en Veracruz. Por Elpidio que murió haciendo su trabajo y que fue asesinado por agresores identificados que estaban saqueando comercios no se ha levantado una sola voz.
El domingo en Nochixtlán, los policías fueron agredidos a tiros por personas de civil con el rostro cubierto. 3 policías recibieron disparos antes de que hubiera reacción de fuerzas de seguridad. El propio padre Alejandro Solalinde ha publicado el relato de cómo los manifestantes la emprendieron a balazos contra los policías por intentar desalojarlos. Hubo más de 60 policías heridos por los manifestantes, por granadas caseras, por bombas incendiarias, por ataques con machetes que les han costado los dedos a varios policías, y a uno de ellos un ojo. Los manifestantes quemaron autobuses y hasta 2 trailers con pollos vivos.
Ninguna de las personas muertas en Nochixtlán es maestro ni tiene nada que ver con el magisterio. La mitad de ellos no son siquiera de la zona, sino de Tlaxiaco, una comunidad con una profunda penetración del EPR que está a 3 horas de camino de Nochixtlán.
¿Qué más hay que hacer para esperar una respuesta de las autoridades? ¿Quién les dijo a estos grupos que pueden violar sistemáticamente la ley y el derecho de los demás y salir impunes?
Jorge Fernández MenéndezSiempre he sostenido que somos el país más transparente del mundo, somos el único país del planeta que en televisión nacional, prime time, se mostraron el tiempo real sobornos y ligas y no hay nadie en la cárcel, yo no sé si alguien tenga duda de que los gobernadores perdidosos y algunos entrantes se aprovecharon del erario público, si alguien duda de que muchos funcionarios, todos con nombres y apellidos y que este espacio tan limitado no podría listar, se necesitarían varios tomos de los desaparecidos directorios telefónicos.
Además si algo sobra en este país son leyes, nuestros padres conscriptos tienen una verdadera diarrea legislativa, no hay ocurrencia de la que no pretendan hacer una ley. Hace 2,000 años Tácito estableció con absoluta claridad que "el exceso de leyes implica la corrupción de la cosa pública" la ley debe ser clara y accesible y yo agrego que una buena ley no debe crear más burocracia.
Por esas y otras razones considero que en este país sobran leyes, lo que falta absolutamente es voluntad de castigar a quienes delinquen, lo que en mi criterio tan solo proporcionará información que ya conocemos; a menos de que lo que nos interese sea quedarnos con el argüende.
Carlos EnrigueEn el nuevo sistema de justicia penal acusatorio existe el riesgo de que cualquier falla en la actuación de policías, peritos, investigadores, ministerios públicos, jueces y defensores se traduzca en la liberación de presuntos delincuentes, lo cual generará una mayor percepción de impunidad entre la sociedad, que además desconoce muchos de los cambios clave en la persecución de los delitos, advierten integrantes del Poder Judicial de la Federación.
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alerta: "No hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente. Muchas personas están suponiendo, porque tenemos salas de juicios orales, que porque tengamos, digamos, la escenografía, los juicios van a funcionar, no es una obra de teatro".
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 18 de junio de 2016).Los taxistas insisten en incumplir la ley. Que un carro amarillo use el taxímetro en esta metrópoli es prácticamente un acto de fe y buena voluntad. Ocurre a pesar de que la norma establece clarito su uso, sus modalidades y las fórmulas para cobrar. Nadie los obliga, sólo la ley. Así de paradójico.
Ahora la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco acordó que cobrará 50 pesos por viaje -si el taxímetro marca menos respetarán la tarifa, pero si la rebasa será topada en un tostón- para enfrentar a la competencia de los servicios ejecutivos como Uber y City Drive.
La medida beneficia al usuario. Pero, ¿y la ley, apá?
Otra vez de adorno.
Allá en La FuenteCuando los sediciosos se manifiestan, "ejercen -según ellos- sus derechos"... así afecten notoriamente los de terceros e incluso incurran en delitos; cuando actúa la autoridad (que está, por mandato de ley y del pueblo, precisamente para cumplir y hacer cumplir las leyes), se le tilda de tiránica, represora y violadora de los derechos humanos de aquéllos.
(En otras palabras, lo que en el gobierno es borrachera, en el rufián es alegría).
Jaime García ElíasEn México aunque [la posesión de armas] está prohibida al extremo no hay nadie que sea capaz de hacer cumplir la ley, y las permitimos por la vía de los hechos; cualquier mexicano que desee comprar un arma la encontrará en el mercado negro (en Guadalajara algunos de los centros de distribución son los mismos mercados que venden fruta y verdura). En síntesis, si cualquier ciudadano puede tener acceso a un arma, evidentemente cualquier loco, también.
Cuando la única respuesta a la violencia es combatirla con más violencia (más policía, más armas, más protecciones en las casas, más guardias personales, etc.) es porque la hemos normalizado, la hemos convertido en parte del paisaje, en un dato más dentro de un mundo lleno de amenazas. Cuando normalizamos la violencia nadie piensa en erradicarla, sino sólo en controlarla, en mantenerla bajo ciertos parámetros tolerables.
La normalización de la violencia es el principal signo de que hemos perdido la batalla.
Diego Petersen FarahLa Secretaría de Salud Jalisco clausuró el rastro de Zapopan después que, durante un operativo, detectaron que 8 de 12 reses analizadas tienen rastros de clembuterol, un anabólico utilizado para la engorda de ganado cuyo uso está prohibido.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de junio de 2016).Rosa fue asaltada con violencia cuando caminaba hacia un parque con sus hijas. Tras el hecho acudió a denunciar ante el Ministerio Público, pero tardaron más de 5 horas en levantar la denuncia.
"Pasaban las 2 de la tarde (14:05). Caminaba con mis hijas hacia un parque, cuando 2 jovencitos se acercaron de frente. Yo leía un mensaje en mi celular, entonces uno de ellos con una mano me arrebata el celular mientras con la otra me somete y me tapa la boca para que no gritara. El otro empuñaba algo y le gritaba a la gente que había cerca que no hiciera nada. Mis hijas se quedaron paraditas, asustadas, viendo todo...".
Cuando Rosa llegó a su casa logró detectar la ubicación de su celular robado por medio del GPS, en calles de la colonia Alcalde Barranquitas.
"Mi esposo llamó a la policía. Se quedó de ver con los municipales en un cruce para dar los datos de la ubicación. Luego me llamó para decirme que los policías lograron recuperar el celular y que hay un detenido. Cuando fui a identificarlo, sí era él (15:22 horas). Fue el que me atacó. Entonces los policías me dieron a firmar un papel en el que me dijeron mis derechos de víctima y me indicaron que el causante era menor de edad y que saldría pronto, que la ley protege a los menores. Yo decidí denunciarlo porque creo que no podemos quedarnos callados".
A las 16:25 horas llegaron Rosa y los policías aprehensores con el causante a la Agencia de Menores Infractores en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la Calle 14 en la Zona Industrial. Sin embargo, el agente del Ministerio Público no estaba.
"Esperamos una hora, hasta que llegó una mujer quejándose en voz alta, muy molesta (de nombre Sonia Ávila Luna), porque la sacaron de su casa, criticando y reclamando a los policías impacientes (el reloj marcaba las 17:30 horas). A pesar de eso, los agentes se dirigieron hacia ella y cuando le dijeron licenciada, supe que era la MP. Luego el jefe de Criminalística de la Policía de Guadalajara se me acercó y me pidió disculpas, me dijo que yo no tenía por qué escuchar eso, que le daba más pena a él", continuó la víctima.
Y agregó: "Los policías ya me habían explicado que tenía derecho a un asesor legal y apoyo psicológico. Entonces cuando hablé por 1a. vez con la MP le subrayé que quería asesor legal, le comenté que los policías me hicieron firmar mis derechos y ellos me informaron que la Fiscalía tenía qué proporcionármelo. Entonces me respondió que como, Ministerio Público, era mi defensora... y nunca me dieron asesoría legal ni me ofrecieron apoyo psicológico".
Rosa ya sabía del nuevo sistema de justicia penal, por eso esperaba que todo concluyera rápido para recuperarse un poco de ese momento amargo.
"En las oficinas de la Fiscalía el agresor siempre estuvo custodiado por policías, pero me tenía a la vista, sólo se me quedaba viendo (18:35). El trámite de la denuncia se tardó porque los policías municipales traían unos formatos llenos y les hicieron llenar otros formatos, y luego no había internet y tampoco tenían teléfono. Todo el rato, la agente del MP se estuvo quejando de la falta de capacitación de los policías y hasta de ellos y de la falta de material. En varias ocasiones me aseguró que el joven (agresor) era de una familia humilde y menor de edad, que estaba arrepentido y que era víctima de malos amigos. No me pidió que desistiera de mi denuncia, sólo me lo daba a entender".
En pleno relato, Rosa hizo una pausa. Su semblante se llenó de enojo y siguió: "Como a las 8 y media de la noche, los policías municipales terminan su trabajo y se retiraron. Entonces la MP expresó que no había policías investigadores disponibles para custodiar al detenido, y decidió llevarlo a la oficina donde yo estaba declarando. Lo sentó a 3 metros frente a mí. Él se me quedaba viendo. Hasta podía escuchar lo que yo estaba declarando. No sé si hasta él pueda tener mis datos... si los tenía a la mano".
La víctima acentuó que "antes de salir de la agencia, pregunté varias veces a la MP qué iba a pasar con el detenido y sólo me dio largas, nunca me dijo. No me dio copia de la denuncia y no me dio un número para preguntar qué seguía después. Yo quería largarme de ahí. Salí peor que como llegué, con más miedo y coraje (21:32). No sé qué es lo nuevo y mejor, si todo es peor: más papeleo, más tiempo, burocracia... a la víctima la tratan como cualquier cosa y, eso sí, te insisten para que desistas y no denuncies. Y al agresor, trátenlo con pincitas porque es menor. Ahí a nadie le importa lo que uno haya vivido...".
A una semana de que iniciara el nuevo sistema de justicia penal en Guadalajara, y en los distritos de Ocotlán, Colotlán, y Cihuatlán, autoridades prevén que tardará un año en consolidarse.
Hoy se pretende acabar con los largos procesos y se prioriza la transparencia y la defensa de los derechos humanos. Pero entre los rezagos falta capacitar a 4,400 operativos y 179 policías preventivas, de acuerdo con Ruth Gallardo, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien acepta que deberán hacer ajustes de manera permanente.
El fiscal central Rafael Castellanos subrayó que el órgano implementador nacional olvidó pensar en los abogados particulares y reconoció que los defensores públicos son insuficientes, "en el distrito I tenemos 14 defensores que seguramente no serán suficientes; el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses necesita reforzar su personal".
"En todo sistema nuevo hay resistencias, todavía tenemos 80 compañeros que después de haber recibido 3 o 4 cursos de capacitación seguimos capacitándolos porque tienen resistencia...", dijo.
Para Rodolfo Casanova, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, las fallas son inevitables al iniciar una nueva forma de impartir justicia. Lo que más le preocupa es que la capacitación a las policías preventivas es insuficiente y recomienda apostar a la profesionalización; la otra preocupación es que los abogados deben estar capacitados, pues si en algún momento no se cumple con el procedimiento, "los litigantes van a hacer de las suyas y derrumbar fácilmente los juicios".
"Una parte débil es el tema de las víctimas. Existe una Comisión de Atención a Víctimas; sin embargo, les han dado un presupuesto bastante limitado, casi nulo... no tienen el personal suficiente para atender a las víctimas. Entrar a la defensa y la atención de las víctimas no es cualquier cosa, es una parte muy sensible que va a generar errores en el procedimiento. Se debe atender el interior del estado, sobre todo las regiones de acceso complicado donde no se está pensando en cuánto personal se requerirá, cuánta capacitación... qué sucederá con todas las policías municipales al interior del estado...", dijo.
Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura de Jalisco, explicó: "El pago de salarios e infraestructura. Hay que darle mantenimiento, limpieza, pagar energía, luz, telefonía... hay que pagar todo lo demás. Esa es la parte que hace falta y sobre todo los salarios. El poder judicial no tiene recursos para este sistema, estos recursos llegan del ejecutivo para el pago correspondiente, pero desgraciadamente no los hemos recibido".
"No solamente tendrá que estar el juez en todas las audiencias, también el abogado, tiene que hacer una teoría del caso y no sólo ir al juzgado".
"No podemos decir que en un año todo va a estar bien, Chihuahua gastó 4,000 millones de pesos y va en la 4a. modificación de su propio sistema".
(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 8 de junio de 2016).En cuanto nos enteramos de que el futbolista Alan Pulido había sido secuestrado en Ciudad Victoria, escribimos en Twitter que el narcotráfico ya había votado en Tamaulipas, como lo había hecho 6 años atrás con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato priista y hermano de Egidio (quien se convirtió en su sucesor de esa forma tan traumática) a una semana de las elecciones.
Afortunadamente la historia de Pulido terminó mucho mejor que la de Rodolfo.
Esclarecer lo sucedido con Rodolfo no era ni es responsabilidad de Egidio, comenzando por el simple hecho de que el caso fue atraído desde un inicio por la PGR y luego de unos pocos avances iniciales todo indica que la investigación fue abandonada.
Hasta ahora, ni en el gobierno de Calderón ni en el de Peña Nieto, se ha avanzado en ello.
Lo que nadie duda, es que la muerte de Rodolfo Torre fue un voto criminal en Tamaulipas, como lo ha sido aunque sea en otro contexto y afortunadamente con otro final, el secuestro de Alan Pulido.
Jorge Fernández MenéndezUn hombre quería justicia rápida y expedita, como muchos mexicanos anhelamos. No esperó el tiempo de las autoridades. Decidió por cuenta propia investigar el paradero del presunto responsable de la muerte de su hermano ocurrida el pasado 15 de abril en Guadalajara.
Transcurrieron 43 días para que las acciones emprendidas como investigador tuvieran resultado. El pasado sábado después de las 4 de la tarde, los servicios de emergencia alertaban en la radiofrecuencia sobre una movilización en la calle López Cotilla casi al cruce de 16 de Septiembre, en el centro de la ciudad. Primero dijeron que era un robo e intento de linchamiento. Nada más alejado de la realidad. Lo que ocurría ahí tenía confundidos a los agentes de la Secretaría de Movilidad quienes fueron los primeros en auxiliar al hombre que detuvo a punta de golpes al principal sospecho del homicidio.
Después llegaron policías de Guadalajara, luego la prensa. Pedro pedía a gritos que detuvieran al sujeto que tenía agarrado del cabello porque -decía- era el asesino de su hermano. Entre jaloneos y reclamos entre corporaciones porque no sabían qué hacer con el detenido, algunos agentes recitaban a los reporteros los artículos que protegían la identidad del detenido a partir del Nuevo Sistema de Justicia Penal y exigían no capturar imágenes de lo que ocurría -adelantados a la fecha, la inusual detención era tratada por estas autoridades como una práctica del protocolo a seguir a partir del próximo 18 de junio- situación que generó más enojo, "todavía lo protegen", decía parte de la familia del fallecido que iba llegando poco a poco al lugar para apoyar en el arresto.
Fue el "whatsapp" de Pedro el que permitió que otro pariente le enviara de inmediato las copias del acta escrita por la agencia del ministerio público del área de homicidios dolosos en donde se detallaba la muerte de Uriel de 52 años de edad, casado y con 2 hijos. Las autoridades reunidas tomaron nota y se realizó la detención formal. Se vivieron minutos de tensión. Pedro contó después qué fue lo que hizo.
Aquella fatídica tarde Uriel lanzó una broma verbal relacionada con la vestimenta del supuesto agresor, éste le mentó la madre y antes de escapar sacó de entre sus ropas un cuchillo que penetró el lado izquierdo del abdomen, a la altura de las costillas.
Inició la búsqueda por parte del hermano inquieto, hasta que el sábado por fin lo capturó en la nueva forma de intentar hacer justicia en el país y que cada vez se vuelve más común, a mano propia.
Gabriela AguilarLa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha encontrado un aliado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para mantener plantones permanentes en áreas públicas. La primera visitaduría general ha pedido a las autoridades la adopción de "medidas precautorias" a favor de los activistas en los plantones de la Ciudadela de la Ciudad de México y el parque Central de Tuxtla Gutiérrez. No importa el tiempo que duren ni los daños a los demás.
En México los manifestantes tienen más derechos que los ciudadanos comunes y corrientes (no ocurre lo mismo en Francia, España, Estados Unidos u otros países democráticos). Si yo decido quedarme a vivir en carriles centrales del Paseo de la Reforma, como Andrés Manuel López Obrador en 2006, seré desalojado porque sólo soy un ciudadano. Pero si pertenezco a una organización política puedo quedarme a vivir.
La CNTE busca frenar la reforma educativa porque, entre otras razones, obliga a los maestros a asistir a clases y a ser evaluados. Aceptarla implica perder el control sobre los sistemas educativos de los estados que controla. Una de sus formas de lucha es dejar sin clases a los niños; otra, establecer plantones que asfixian la actividad económica.
Las medidas cautelares respaldan ahora estos plantones. Los daños a terceros nada importan a la CNDH. El derecho a la protesta permite violar los derechos de los demás.
En las últimas semanas la policía en la Ciudad de México ha impedido a los manifestantes de la CNTE llegar al Zócalo, donde se lleva a cabo la Feria de las Culturas Amigas, o al monumento a la Revolución. Cuando la CNTE puso su plantón en avenida Bucareli, las autoridades "persuadieron" a los líderes de mudarse primero a la plaza de Santo Domingo y después a la Ciudadela, aunque luego fueron también forzados a salir de ahí.
Las medidas cautelares de la CNDH, sin embargo, cambian las reglas del juego. Por eso la CNTE se ha establecido nuevamente en la Ciudadela. Y cuidado porque puede hacerlo donde quiera. Para la CNDH quienes protestan tienen derechos superiores a los demás.
Sergio SarmientoLa peor noticia de los linchamientos, ya de por sí compleja la trama por las muertes de delincuentes o víctimas de éstos, es que en la mayoría de episodios Fuenteovejuna dio innumerables avisos de que tomaría la justicia por propia mano, con mantas y denuncias en voz alta ante micrófonos de la prensa y escritorios de las instancias policiacas, y las autoridades desoyeron los barruntos.
Autoridades de todos los niveles. Hay un descontento con la actuación de policías, procuradurías y sus jefes, los gobernantes, desde el municipal o delegacional en el caso de la capital, hasta el ámbito federal y el Presidente.
El fusilero documentó aquí el caso de un barrio popular capitalino, el Olivar del Conde, en el que la incidencia delictiva ha tomado un sesgo de inusitada violencia al pasar, en menos de una década, de robos a transeúntes y pasajeros a asesinatos con el uso de armas blancas y de fuego.
Antes que arredrarse, la población, ignorada por la delegación Álvaro Obregón y por las instancias policiacas y de procuración de justicia capitalinas, se reúne en una iglesia para acordar acciones de protección, de las que salió la iniciativa de advertir con mantas que lincharán al hampón que sea capturado. El gobierno tapó la manta con otra que enlista los números telefónicos de emergencia. Nada más. Y los atracos a mano armada continúan.
La UAM registró de 1988 a 2014 un total de 366 casos de linchamiento, entre intentos y consumados, y el área de documentación en MILENIO obtuvo reportes de 63 más en 2015 y 20 en lo que va del año en curso. A partir de 2010 estos ataques han acabado con la vida de los presuntos delincuentes en 2 de cada 10 eventos, aunque pocas veces se sabe si la víctima era en realidad un hampón. Obvio, Fuenteovejuna no revisa antecedentes penales cuando desata su furia. ¿Ya olvidamos Canoa, Tláhuac?
La autoridad mexiquense determinó en cosa de horas que los linchados esta semana en Teotihuacán eran secuestradores, fallo de rapidez impensable, como si la culpabilidad restara gravedad o, peor, justificara el hecho.
Alfredo C.VilledaAyer, desde muy temprano, un grupo de policías federales impidió el paso de autobuses de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la caseta de cobro de la autopista Toluca-México. Esto llevó al cierre durante horas y en ambos sentidos tanto de la autopista como de la carretera federal.
Cuando no era la policía la que bloqueaba, con sus órdenes de impedir el paso de los maestros, eran éstos los que lo hacían. Las víctimas fueron miles de usuarios que trataban de trasladarse en autos, camiones o autobuses, pero ni activistas ni autoridades se preocupan si los ciudadanos no pueden llegar a sus actividades.
Entiendo que la Secretaría de Educación Pública está defendiendo una reforma educativa muy importante para los niños de nuestro país y que el gobierno de la Ciudad de México quiere evitar bloqueos y manifestaciones en momentos en que la contaminación se ha convertido nuevamente en un problema serio. Lo que no se vale, sin embargo, es que por impedir el paso de un grupo de manifestantes se bloqueen vías de comunicación.
Los grupos que protestan en México recurren con frecuencia a la agresión a los ciudadanos en la forma de bloqueos de calles y carreteras. Piensan que es legítimo afectar a terceros para presionar al gobierno. De hecho, recurren a esta táctica porque funciona, porque ha sido eficaz para generar tratos especiales y recursos a los líderes de las organizaciones. Es muy raro que alguien que participa en un bloqueo sea castigado y en cambio los líderes suelen obtener jugosos premios para levantar plantones.
Con frecuencia son las mismas autoridades las que con el argumento de proteger a los ciudadanos terminan por afectarlos. En la Ciudad de México son muy comunes los llamados "cortes a la circulación" que realizan policías que dañan más a la ciudadanía que las propias manifestaciones y plantones. Estos cortes empiezan mucho antes y se levantan mucho después que las marchas.
Los policías federales que ayer bloquearon la caseta de la autopista de Toluca mostraron el mismo desprecio por los derechos de automovilistas y usuarios del transporte público que usualmente exhiben los manifestantes. Ellos sí tenían derecho de hacer su trabajo y de cumplir sus órdenes, pero los ciudadanos no tienen derecho de llegar a su trabajo o sus actividades.
A México se lo han repartido grupos políticos de un signo o de otro. Organizaciones que quieren seguir teniendo privilegios especiales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, agreden cotidianamente a los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, la sección 22 bloqueó los accesos de todos los centros comerciales de la ciudad de Oaxaca. Pero las autoridades piensan también que tienen derecho a tomar medidas contra los ciudadanos, como lo hizo ayer el contingente de policía que para impedir el paso de los maestros bloqueó la autopista Toluca-México. Lo peor es que al final dejaron pasar a los maestros para realizar las manifestaciones que tenían planeadas en la Ciudad de México.
Estos grupos políticos de signos contrarios que afectan sin recato a los demás viven todos de los recursos que los ciudadanos aportan al erario. Piensan que tienen todos los derechos. El ciudadano sólo puede pagar impuestos, callar y obedecer.
Sergio SarmientoNo hay una campaña contra los jueces, mucho menos contra el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el 18 de junio próximo en todo el país, una reforma que muchos, incluyendo quien esto escribe, hemos impulsado y defendido desde antes de su promulgación hace ya 8 años.
8 años que se dieron para la transformación del sistema judicial y que no fueron plenamente utilizados para una preparación eficiente en buena parte de las entidades del país, que perdieron años en comenzar a prepararse para ese cambio monumental. Lo que sí se hizo fue comenzar a sentar precedentes con una serie de decisiones de la 1a. sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tras una línea calificada como ultragarantista, en un país con un sistema de justicia y de seguridad en transformación, está logrando dejar en libertad a decenas (y serán miles después del 18 de junio) de criminales sobre los que no existe la más mínima presunción de inocencia. Ese es el fondo del problema que se inició con la liberación de Florence Cassez, no porque fuera inocente, sino porque con aquel montaje televisivo en la detención se dijo que se contaminó todo el proceso e ignorando todas las demás pruebas.
Existen casos en que evidentemente un proceso puede ser completamente contaminado por falsedad de pruebas o declaraciones, pero hay muchos otros donde no existe la más mínima duda de la responsabilidad penal de los detenidos y sin embargo se termina aplicando el mismo criterio.
Ya hemos presentado casos de secuestradores que han quedado en libertad (y hasta indemnizados con cifras millonarias) por estos criterios. Estamos hablando de hombres que secuestraron pero que también mutilaron, violaron, agredieron y en algunos casos asesinaron a sus víctimas, contra los que hay pruebas, testimonios, reconocimiento de las víctimas.
Pero no se trata sólo de secuestradores, con estos mecanismos se están liberando desde líderes del narcotráfico hasta pederastas.
No es una campaña contra los jueces y mucho menos contra el nuevo sistema de justicia penal. Es la denuncia de una serie de decisiones erróneas e irracionales que dañan a la sociedad y a las víctimas del delito.
Jorge Fernández MenéndezEn los estados de México, Puebla y Oaxaca, según un estudio de la UNAM, los linchamientos ("ejecuciones sumarias y tumultuarias de un sospechoso o un reo"), principalmente a raíz de robos, secuestros o asesinatos, son bastante comunes. El año pasado se registraron 62 casos en esas entidades. La lógica de esas conductas colectivas parte de la incompetencia manifiesta de las autoridades para investigar, procesar y sentenciar a los delincuentes. A nivel nacional, es público y notorio que sólo el 10% de los delitos que se denuncian -una mínima parte, a su vez, de todos los que se cometen- llegan al punto de la sentencia.
Jaime García ElíasEste miércoles, el secretario de Gobierno del Estado de México, Jorge Manzur Quiroga, confirmó que los 2 hombres y la mujer sí eran integrantes de una banda de secuestradores. El hombre que sobrevivió a los ataques -Pedro Jesús Rivera Rosas, de 28 años y originario de Guerrero- declaró que junto con sus 2 cómplices pertenecían a un grupo delictivo.
(V.Univision Noticias del 25 de mayo de 2016).El Gobierno del Estado de México confirmó la liberación de 18 personas que habían sido detenidas tras los hechos registrados en la comunidad de Atlatongo, municipio de Teotihuacán, por el linchamiento de 2 personas.
En un comunicado, se informó que los detenidos puestos en libertad durante la madrugada de este miércoles 25 de mayo, ya que el Ministerio Público del fuero común no encontró datos de prueba para establecer la flagrancia de alguno de estos sujetos en el delito de homicidio.
Asimismo, señaló que la 3a. persona que resultó lesionada en los acontecimientos registrados en la comunidad de Atlatongo, de igual manera fue certificada médicamente y ha sido señalada por su probable participación en el delito de secuestro, por el cual se le investiga, para deslindar las responsabilidades correspondientes.
Por otra parte, señaló que alrededor de las 2:00 horas de hoy, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, tuvo conocimiento de que elementos de la Policía Federal localizaron a un individuo caminando solo, en la carretera Venta de Carpio-Teotihuacán, y el cual presuntamente habría sido secuestrado por 4 personas en los primeros minutos del martes 24 de mayo, situación que habría originado los hechos que se registraron en la comunidad de Atlatongo.
Esta persona, de unos 25 años de edad, fue localizada en buen estado de salud, y posteriormente trasladado a las instalaciones de la PGJEM, donde se le realizó la certificación médica respectiva, así como también se recabó su declaración, con la cual, se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de secuestro.
De manera preliminar, señaló que estuvo cautivo en un inmueble de 2 habitaciones, sin poder precisar el lugar exacto, y que durante la noche del martes un individuo, que presuntamente estaba encargado de vigilarlo, lo dejó en libertad a unos 30 kilómetros de donde fue secuestrado.
(V.periódico Excélsior en línea del 25 de mayo de 2016).La Procuraduría General del Estado de México informó que la mujer que fue rescatada del centro de la comunidad de Santiago Atlatongo, golpeada por una turba de vecinos, murió al llegar al hospital a donde fue traslada para ser atendida por las lesiones que presentaba.
Fueron 2 personas las que murieron la tarde de este martes al ser agredidas por más de 500 habitantes en la comunidad teotihuacana, al ser acusadas de secuestrar a un joven de la localidad.
La dependencia mexiquense señaló que 18 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público, presuntamente por participar en los disturbios que se generaron el ingreso de la policía estatal al centro de la comunidad.
(V.periódico El Informador en línea del 24 de mayo de 2016).La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ingresó a la comunidad de Santiago Atlatongo para rescatar a un hombre y una mujer que son mantenidos desde la mañana de este martes en el centro del poblado, porque se les acusa del secuestro de un menor de edad.
Los miembros de la Corporación Estatal armados con cascos, toletes y escudos lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a cientos de habitantes que se concentraron en el centro del poblado a donde llevaron a 2 hombres y una mujer.
Uno de los 3 retenidos, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, murió en el kiosko a consecuencia de los golpes que le propinó la turba, revelaron fuentes.
Al otro hombre y a la mujer, de quienes se desconoce su identidad, también fueron golpeados por los vecinos de esta comunidad.
Habitantes de la población realizaron un bloqueo en la Carretera Federal México-Teotihuacán para impedir que ingresaran los elementos de las fuerzas policiacas. Una de las unidades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, la 7234 fue dañada y volcada por los pobladores.
En el operativo también participan elementos del Ejército Mexicano.
(V.periódico El Informador en línea del 24 de mayo de 2016).En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco las deudas de 638,729 cuentas superan los 9,141 millones de pesos.
Zapopan arrastra la deuda más robusta: 3,497 millones. En esa demarcación, tan sólo 10 evasores acumulan deudas por 574.5 millones; sin embargo no se registra ningún procedimiento de embargo en lo que va de la administración.
El tesorero Luis García explica que la cartera vencida es tan grande por 3 situaciones que ya están corrigiendo: el rezago en la información territorial, un exponencial desarrollo inmobiliario que se ha constituido a través de figuras jurídicas que esconden al legítimo propietario y porque en los últimos 6 años no se ha completado ningún procedimiento administrativo de ejecución.
Sigue Guadalajara con 1,764 millones de pesos. 3 de cada 10 cuentas morosas.
Las tesorerías municipales le echan la bolita a las administraciones anteriores. David Mendoza, director de Ingresos de Tlaquepaque, señala: "hemos detectado la falta de vigilancia de la autoridad en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales... si el contribuyente no se ve hasta cierto punto presionado para pagar, pues va haciendo caso omiso".
En Guadalajara, Omar Vargas, director de Egresos, señala que las administraciones pasadas no ejercían el procedimiento administrativo de ejecución adecuadamente, "encontramos que 99% de las notificaciones no cumplen con los requisitos mínimos legales establecidos en la ley".
¿Por qué tienen una deuda tan grande?, se le cuestiona: "El procedimiento no se llevaba a cabo y aun cuando había notificaciones, sólo daban el 1er. paso de notificación y pasado un año volvían a notificar como si fuera la 1a. vez, no le daban continuidad a todas las etapas del procedimiento: requerimiento de pago, embargo y remate de bienes".
El economista Antonio Ruiz Porras acentúa que los municipios han sido omisos e ineficientes en el cobro, "las nuevas administraciones están tratando de recuperar las deudas, pero es un problema añejo porque dejaron crecer el problema"; sin embargo, señala que la población no ha sido consciente de la importancia de estar al corriente en el predial.
Por eso, el investigador de la UdeG lanza un llamado a las alcaldías para incrementar la cultura de pago y simplificar el acceso a los medios de pago.
1,981 cuentas en los últimos 7 meses fueron condonadas por prescripción en Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco. Tonalá evadió responder y Zapopan contestó que ha recibido 177 solicitudes de prescripción, pero ignoró el total de cuentas y adeudo condonado.
Lo anterior significa que los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco dejaron ir 32.8 millones de pesos debido a las omisiones de las administraciones anteriores. Pero de todos los municipios, la administración de Alberto Uribe es la que más deuda ha condonado por prescripción: 23'636,000 pesos correspondientes a 942 cuentas, informó la Tesorería.
La tesorera Sandra Tovar López explicó que las prescripciones aplican para "todos los (usuarios) que no recibieron un requerimiento de pago en los últimos 5 años... estamos condonando cuentas (que no pagaban) desde 1994... lo que se ha condonado son ejercicios anteriores". Y aunque el ayuntamiento perdió varios millones, para la funcionaria las cuentas "no pintan, son mil cuentas (condonadas) de 314,000 activas".
Después de Tlajomulco, Guadalajara es el que más adeudos dejó de cobrar en lo que va de la administración de Enrique Alfaro: 8'024,000 pesos de 966 cuentas. Una arrastraba adeudos por 313,000 pesos.
"En la mayoría de los casos (las cuentas) no estaban notificadas y no tenían ni los requisitos mínimos de notificación que marca la ley de procedimiento", refiere Omar Vargas, director de Egresos de Guadalajara, quien lamenta la falta de vigilancia de las autoridades que gobernaron la ciudad hasta antes de octubre pasado.
Con 73 cuentas condonadas por 1'202,000 pesos, sigue Tlaquepaque. "No es algo que propició la administración actual, es por la falta de vigilancia de las autoridades anteriores al no emitir notificaciones y requerimientos, la ley marca que el contribuyente puede solicitar la prescripción en adeudos anteriores a cinco años si el municipio no le exige el pago en ese periodo", señala David Mendoza, director de Ingresos.
Aunque Enrique Alfaro y Pablo Lemus, alcaldes de Guadalajara y Zapopan, prometieron emprender procedimientos de embargo a los predios cuyos dueños no paguen a tiempo el predial, los ayuntamientos no han ejecutado ningún embargo desde que arrancaron las administraciones actuales.
Sin embargo, en la lista de intocables aparecen incontables fideicomisos constituidos a través de instituciones financieras y crediticias para la construcción de desarrollos inmobiliarios. Uno de ellos debe 160 millones pesos, pero también existen particulares con adeudos hasta por 76 millones de pesos y una constructora en Avenida Acueducto que adeuda a las arcas municipales 105.7 millones desde el año 2004 a la fecha.
Luis García, tesorero de Zapopan, les manda un mensaje: "Vamos a ir por los que más nos deben... vamos a cobrar aunque sea rematando sus bienes". En la mira de la Tesorería están 200 cuentas de grandes contribuyentes.
En Guadalajara, los 10 principales morosos deben 244.8 millones por concepto de predial. [De éstos,] el predio que menos adeuda se ubica en José Guadalupe Montenegro 2119 y adeuda 15 millones de pesos, mientras que la finca en la calle Cometa 2856 debe 47.2 MDP al municipio (no se proporcionaron los nombres).
Pese a los pasivos millonarios y la promesa de Enrique Alfaro de iniciar procedimientos de embargo contra los morosos, hasta la fecha la Tesorería reporta cero embargos y sanciones contra los deudores: "No se han interpuesto sanciones, únicamente requerimientos de pago, por lo tanto no se ha recuperado nada de cartera vencida a partir de sanciones", informó la dependencia.
En los otros municipios tampoco se han embargado ni rematado bienes. En Tlajomulco, 10 morosos arrastran adeudos por 45'724,000 pesos. Mientras que en Tlaquepaque el top 10 de morosos debe 21'724,000 pesos, principalmente fideicomisos.
De todos los municipios, Tlaquepaque y Tlajomulco son los únicos que han impuesto sanciones. El 1er. ayuntamiento reporta un total de 153 multas a través de las cuales se recaudaron 872.3 millones, mientras que Tlajomulco multó a 48,715 cuentas desde octubre pasado.
En Tonalá, las 10 fincas más omisas adeudan 12'580,000 pesos. [De éstas], la que menos debe (574,000 pesos) se encuentra en San Francisco 48, en la Colonia Lomas de San Miguel, mientras que la más morosa adeuda 5'521,000 pesos, en la calle Loma Tototlán 202, en la Colonia Loma Dorada.
Para Antonio Ruíz Porras, antes de que los ayuntamientos piensen en embargar y rematar bienes, deben comenzar por actualizar y modernizar sus registros catastrales, "mientras no se tengan datos actualizados de las cuentas, no vamos a poder hacer evaluaciones ni cobros correctos del predial".
Por eso lanza un llamado para actualizar y reordenar los registros de información, "tienen años de no ser actualizados, muchas veces no se cobra porque no hay una actualización sobre el valor de las propiedades ni se sabe si los dueños y las propiedades existen tal y como están registradas".
De no actualizarse las cuentas, el economista prevé que los ayuntamientos seguirán teniendo miles de cuentas sin posibilidad de cobro. El punto es "actualizar los registros para que puedan cobrar las cuentas y no las den por perdidas porque, si esto sucede, se dan incentivos a otros morosos para que dejen de pagar".
(V.págs.2-A y 3-A del periódico El Informador del 23 de mayo de 2016).Ahora la SEP está aplicando la ley de forma puntual, como debe ser, porque de otra forma daría al traste con el proceso de cambio de modelo de administración educativa que ha planteado. Pero por otra parte el tema se ha convertido también en un asunto de seguridad nacional porque la acción de los profesores insurrectos tiene implicaciones políticas, posibles vínculos con organizaciones violentas y criminales, así como también supone un desafío a las instituciones públicas.
La aplicación de la ley no puede ser objeto de negociación política, como lamentablemente lo había sido durante décadas, porque contraviene los principios constitucionales esenciales. Ahora que las autoridades por fin se decidieron a desalojar a los manifestantes en la Ciudad de México, y que ven los frutos de no pagar a quien no trabaje, la situación está llegando a su punto más delicado.
Luis Ernesto Salomón, doctor en DerechoIncipiente debate se cocina en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el sentido de que deberían posponerse las marchas y plantones, tan comunes en aquellos rumbos, "mientras esté activada alguna fase de contingencia ambiental".
Incluido en el capítulo de las Garantías Individuales, el Artículo 9 de la Constitución garantiza "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente" para "hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad". El precepto establece unas cuantas restricciones: "...si no se profieren injurias contra ésta (la Autoridad), ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".
Los intérpretes de la norma concuerdan en que, de alguna manera, marchas y manifestaciones conllevan cierta dosis de violencia: es decir, "una fuerza o intensidad extraordinarias" (lo ordinario debería ser que no hubiera manifestaciones ni marchas...), o "el uso de la fuerza física o moral". Esto último es tan obvio como que marchistas y manifestantes intentan utilizar el malestar de los miles de terceros, cuyos derechos al Libre Tránsito y demás -igualmente consagrados por la Constitución- se ven conculcados, así sea de manera transitoria, para presionar a la Autoridad, no necesariamente a favor de la aplicación de la justicia, sino a favor de sus demandas.
El asambleísta Armando López-Velarde Campa, de Movimiento Ciudadano, sustenta que "a la Libertad de Manifestación debe anteponerse el derecho a la salud", considerando que marchas y manifestaciones, al entorpecer la circulación de miles de vehículos, deterioran aún más el medio ambiente.
Jaime García Elías"Fue un acto criminal" (mayor Trinidad López Rivas en enero). Se refería al flamazo de una pipa de gas en Tonalá que se estrelló contra un gym: 16 heridos y 2 muertos tras varios días de convalecencia. El accidente ocurrió cerca de un jardín de niños que tuvo que ser evacuado. Pudo ser peor.
El fin de semana, en Chapala, otra pipa se estrelló contra un jardín de eventos. Al impactarse con una fila de autos, se evitó una tragedia mayor. Sólo hubo lesionados. Pudo ser peor.
Desde enero no hay reuniones interinstitucionales para poner en cintura a las gaseras. Ni sanciones ni presión para que las empresas cumplan con mejorar su equipo, planes de mantenimiento y capacitación. Protección Civil de Jalisco tiene apenas 12 elementos para supervisar 80 empresas de gas en todo el estado (más hoteles, industrias y zonas de riesgo).
Es un acto criminal.
Allá en La FuentePermítanme contarles de una experiencia en una plática reciente con alrededor de 300 empresarios. En un momento dado salió el tema de la debilidad del Estado de Derecho, así que decidí preguntarles quiénes conocían entre sus familiares y amigos, a algún joven que al terminar la preparatoria hubiera decidido ser juez. Nadie lo hizo. Este cuestionamiento también lo hice en relación al sistema judicial, respecto a ser un agente del Ministerio Público, obteniendo idéntico resultado.
Entonces pregunté cómo esperaban que las instituciones fueran eficientes si no tenemos suficientes funcionarios para aplicar las normas. Nadie respondió. Ambas posiciones, juez y agente del ministerio público, no son aspiracionales para la juventud mexicana, que los ve como tareas de 2o. o 3er. nivel.
Es prácticamente imposible disminuir la impunidad si carecemos de funcionarios suficientes para ejecutar las leyes. Y peor todavía: no conseguiremos reducir la impunidad si esos funcionarios, además, no están bien formados. En Estados Unidos por ejemplo, un policía debe tener una titulación mínima, generalmente grado universitario, para ser considerado. Luego debe ir a la academia de policía otros 6 meses. México recluta sus policías entre personas con muy escasa formación, en muchas ocasiones ni siquiera con estudios de preparatoria, más urgidos por tener un salario para los alimentos de su familia, que por entender las leyes que deben aplicar. No he conocido en México a un solo policía que haya obtenido una licenciatura en una universidad de prestigio. En cambio, cuando vivía en Washington y mi hijo trabajaba en la policía, conocí a varios de sus compañeros, todos ellos egresados de prestigiadas universidades, de familias de alto nivel educativo o económico y que son altamente respetadas por la comunidad. A diferencia de México, ese respeto se traslada a la fuerza policiaca. El ser policía en Estados Unidos es aspiracional.
El Índice Global de Impunidad IGI 2015, revela que México ocupa el penúltimo lugar entre las 59 naciones estudiadas. México tiene solamente 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que la media de los 59 países es de 17 magistrados por cada 100,000 personas. Croacia, la nación con el índice de impunidad más bajo, tiene 45 jueces por cada 100,000 habitantes.
No es la mejor combinación posible: policías sin la preparación mínima necesaria y sin espíritu de servicio, que encierran a infractores sin que haya jueces en la cantidad necesaria para tratar los casos. Nada de esto mejorará sin un compromiso de la sociedad, de las familias, por formar más y mejores jueces y policías. Este no es un problema que un gobierno en democracia pueda arreglar solo.
Jacques RogozinskiLa difusión de casos de actos injustos que no son resueltos por las autoridades pone en evidencia que como parte de la evolución de nuestras instituciones, ahora mismo vivimos una profunda crisis en el servicio público de justicia. La percepción de crisis no es nueva, ya desde el siglo XIX se planteaban alternativas para resolver el rezago y la falta de supervisión en el poder judicial. En el siglo XX quizá la prioridad fue la conformación de estructuras judiciales que operaran regularmente en los estados y la consolidación de un crecimiento en calidad en el poder judicial federal.
En unas cuantas décadas se han creado una multiplicidad de tribunales y órganos especializados en cuestiones estratégicas como la propiedad intelectual, competencia económica, telecomunicaciones, justicia administrativa a nivel local, sistemas alternativos de justicia, sin dejar de mencionar el crecimiento de los casos de arbitraje para resolver controversias. Al mismo tiempo la cantidad de asuntos que se presentan ante los tribunales ordinarios en materias civil, penal, control constitucional y otros más han crecido de forma muy importante.
La demanda social por la justicia es enorme y la respuesta ha estado históricamente rezagada. Ante eso el Estado mexicano ha dispuesto un crecimiento de las estructuras encargadas de este servicio público, pero que no han sido por mucho suficientes.
Vivimos una transformación del sistema de justicia penal, desarrollamos el sistema de justicia administrativa que brinda a los ciudadanos mecanismos de defensa contra las autoridades, se aprobó una nueva ley de amparo que amplía el ámbito de defensa de los derechos fundamentales, se plantea una reforma necesaria al sistema de justicia laboral y se trabaja en terminar de una vez por todas con los conflictos agrarios.
Sin embargo, aunque la transformación es profunda los resultados perceptibles por los ciudadanos son pobres. La sensación de impunidad es enorme, la inseguridad crece y el respeto a las autoridades encargadas de la justicia se desgasta peligrosamente. Una mejora en la calidad de la justicia es un proceso largo y farragoso porque implica cambiar no sólo los procesos sino la actitud y la inercia, supone capacitar a miles y miles de personas y supone una lucha sin cuartel contra la corrupción y la denegación de justicia. Sin embargo es el único camino para consolidar el Estado de Derecho.
Los cambios en los sistemas judiciales se producen en décadas y la fuerza y respeto de las decisiones judiciales se consolidan mediante la práctica reiterada. La justicia está en crisis, hay que reconocerlo, pero el primer paso para resolver el desafío es levantar la mirada y aportar lo que nos corresponda, en lugar de desgastar cada vez más a las instituciones. Ellas son al fin de cuentas la mejor garantía para la justicia. A más fuerza institucional de las autoridades judiciales menor impunidad.
Nuestro sistema judicial ahora tiene muchas más puertas abiertas en la defensa de los derechos de los habitantes y debemos defender estos avances en los tribunales locales y sobre todo federales. México se va desarrollar sólo si consolida el servicio público que se percibe con mayor rezago: la justicia.
Luis Ernesto Salomón, doctor en DerechoUna de las principales causas de la evasión fiscal es la falta de confianza en la forma en que gasta el dinero de nuestros impuestos el gobierno, por lo que las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción deben enfocarse a considerar como delitos graves penados con resarcimiento del daño y cárcel sin fianza, al peculado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias y abuso de poder, sin excluir al presidente de la república. Además, en lo que debe ponerse especial cuidado es en la forma de castigar a los miembros del poder judicial que por dolo, negligencia, apatía y/o actos de corrupción, faciliten la salida de los delincuentes capturados que se escudan en subterfugios como "el debido proceso", la "falta de méritos", las consignaciones amañadas formulada por los agentes del Ministerio Público que se hacen para facilitar la defensa y conseguir la libertad; como el caso de los asaltos, por poner un ejemplo: se consigna a un delincuente que ataca armado a un individuo al salir de un banco (hecho bastante frecuente) y se le consigna por asalto, cuando las leyes definen que para que se tipifique el delito de asalto deben intervenir varios agravantes, como que tienen que ser en despoblado o debe haber testigos, en vez de consignar por robo a mano armada.
La mayor incidencia de la corrupción está en el poder judicial en todos sus niveles, por ahí debe comenzarse a legislar con las leyes del Sistema Anticorrupción.
Luis Jorge Cárdenas DíazLas víctimas son lo menos importante en el nuevo sistema de justicia penal. Es verdad que las autoridades han creado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para crear más puestos burocráticos y repartir dinero de los contribuyentes, pero defender la seguridad y la vida de las víctimas es algo que se niegan a hacer.
Ahí está el ejemplo de la causa penal 28/2015 de Michoacán en que los jueces de control -Jesús Alejandro Sosa Maya, María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona- tomaron la decisión de liberar a miembros de una banda que secuestró a una niña de cuatro años y a su madre embarazada de dos meses. ¿Cuál fue el criterio para liberarlos y dejar en peligro no sólo a estas víctimas sino a muchas otras personas que pueden ser secuestradas? Que la policía rescató a la niña y a la madre antes de presentar a los detenidos con el Ministerio Público y el juez de control.
Lo curioso es que en esta ocasión sí hubo un buen trabajo policial. Los secuestradores fueron detenidos en flagrancia cuando cobraban el rescate. A los detenidos se les leyeron sus derechos, según la organización Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace, y "sin que mediara tortura, intimidación o coacción, señalaron dónde se encontraban la niña y su madre. Gracias a esta declaración la policía pudo rescatar a las víctimas y detener a los otros dos miembros de la banda", los cuales se encargaban de alimentar y vigilar a las secuestradas.
La policía actuó con oportunidad y tuvo una operación venturosa. Las víctimas fueron liberadas y los cómplices detenidos. Pero los jueces consideran que el operativo no debía haber empezado si primero no se presentaba a los secuestradores detenidos ante el Ministerio Público y el juez de control.
La señora Wallace lamentó "profundamente el nuevo atropello en contra de la pequeña y su madre: primero por los criminales que las secuestraron y ahora a consecuencia de las severas fallas del aparato judicial de Michoacán". En un secuestro, señala a través de un comunicado, la oportunidad de una acción para rescatar a las víctimas es absolutamente esencial. "Si el cobrador del rescate no regresa en determinado tiempo, los secuestradores matan a la víctima". El poder judicial de Michoacán está mandando el mensaje que es más importante "cumplir con las formalidades y tecnicismos del procedimiento" que salvar la vida de las víctimas. "Así de mal está la justicia en México".
Ésta es ya "la 3a. ocasión que los jueces de Michoacán anteponen a la vida y a la libertad de las personas, falsos derechos de los secuestradores que no existen ni en la Constitución ni en la ley... No existe ninguna norma en estos ordenamientos ni en los tratados internacionales que señale que la información proporcionada por un detenido de manera voluntaria no puede ser utilizada para fines de investigación".
Cuando se estableció el nuevo sistema de justicia oral se nos dijo que el propósito era evitar el excesivo apego a los formalismos que caracterizaba el tradicional sistema escrito de nuestro país. Lo que demuestra esta sentencia, y otras que la han precedido, es que el respeto a los formalismos, aun los más absurdos, tiene más importancia que preservar la vida de las víctimas.
El gobierno nos bombardea con spots de radio y televisión en que afirma que con el nuevo sistema de justicia penal "las víctimas ya no están desamparadas". La realidad es otra. Se están aplicando reglas que sólo amparan a los criminales. ¿Y las víctimas? Que las maten, dicen los jueces de Michoacán. Lo importante es presentar al detenido ante el Ministerio Público y concluir el papeleo.
Sergio SarmientoLas leyes de seguridad siguen estancadas en el Congreso; el asesinato de Rodolfo Torre continúa impune (el caso fue atraído por la PGR y ni en la administración Calderón ni en la actual, ha habido avances, en ese crimen de la narcopolítica). Julio César Godoy sigue prófugo y su hermano Leonel nunca fue interrogado o imputado. Greg Sánchez, estuvo preso, fue liberado, lo volvieron a detener en Argentina, acusado de lavar dinero, lo liberaron y ahora es candidato de Encuentro Social, cercanísimo por cierto a Jaime Rodríguez "El Bronco".
Jorge Fernández MenéndezEl problema del gobierno mexicano no se limita a lo que piensan las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo, ni a los medios de comunicación.
Su problema es con el gobierno del presidente Barack Obama, de entrada, y otros líderes europeos, porque lo que hasta hace unos meses era subrepticio, ahora se debate públicamente: no creen que el presidente Peña Nieto sea capaz de establecer el Estado de Derecho en México. Tampoco lo consideran capacitado para construir un país de leyes, ni ven que su sistema de justicia pueda limpiar la corrupción y superar sus deficiencias. La vulnerabilidad de Peña Nieto en materia de leyes es tan grande, que 2 funcionarios internacionales de 2o. nivel lo han regañado -literalmente- en reuniones de trabajo, por violaciones a leyes y procedimientos, así como por lo que ven como falta de voluntad política.
El 1o. fue el primer ministro chino, Li Keqiand, quien durante la visita de Peña Nieto a China en noviembre de 2014, fue sacudido por la forma como canceló el proyecto del tren rápido México-Querétaro y amenazó con llevarlo a un panel internacional sobre comercio. "Aquél viaje fue un desastre", admitió un diplomático mexicano. "El peor error de todos, haber ido". El 2o. fue el vicepresidente Joe Biden en febrero pasado, cuando alzó la voz y reclamó al presidente el mal manejo de políticas internas que afectaban la relación con Estados Unidos. "El presidente no sabía por qué le estaba reclamando", dijo un funcionario que sabía de la sorpresa auténtica de Peña Nieto, desinformado como en tantas cosas de lo que habían hecho sus colaboradores, en buena parte por su desinterés en preguntar detalles y consecuencias con algunos de sus más cercanos.
Las reacciones al informe del GIEI son meramente la secuela de muchos meses en donde se le ha llamado la atención al presidente y a su gobierno por la ausencia de un Estado de Derecho, la proliferación de la corrupción y la impunidad. Las reacciones sobre violaciones a los derechos humanos en México -reflejado en un incremento significativo en el número de páginas en el informe anual del Departamento de Estado sobre ese tema- en su gobierno, es una de las vertientes de la creciente molestia en el mundo contra él. Las críticas en Alemania durante un reciente viaje de estado fueron sustentadas en las quejas de los empresarios alemanes sobre la corrupción en México, que se ha visto como una de las características del regreso del PRI al poder, pero sobre todo, porque ese tipo de prácticas se han concentrado, perciben, en personas que se encuentran dentro del círculo de Peña Nieto.
En 3 años y medio, el gobierno de Peña Nieto acumuló agravios que generaron las presiones internacionales. El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa desnudó sus deficiencias en materia legal y dio el pretexto perfecto para presionar al presidente y empujarlo hacia donde parece buscar Washington: que acepte un modelo de justicia trasnacional, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia, que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina el año pasado, acusado de corrupción. ¿Quiere Washington a Peña Nieto en la cárcel? La pregunta no tiene respuesta aún. Pero lo que definitivamente no quieren en varias capitales del mundo, es que la ley siga de adorno en México como ven que hasta ahora ha sido en su gobierno.
Raymundo Riva PalacioEstá por verse si la Ley contra la Tortura no quita a investigadores y ministerios públicos -que sólo excepcionalmente realizan investigaciones científicas- la única escalera (la tortura) que ordinariamente utilizan... y los deja, literalmente, colgados de la brocha.
Jaime García ElíasAhora nos enteramos que un tribunal federal del Estado de México amparó y liberó a Isidro Solís Medina, integrante de la banda de Los Rojos, quien participó hace 9 años en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, la hija de Nelson Vargas.
Contra Isidro Solís había todo tipo de testimonios y pruebas, no sólo del caso de Silvia Vargas, sino de otros secuestros en los que había participado. De su liberación se supo porque una de sus víctimas, convencida de que su secuestrador estaba preso y condenado a 34 años de prisión, se lo cruzó caminando en la calle. Indagando el caso se supo que era también uno de los secuestradores y asesinos de Silvia Vargas.
Las causas por las que el 3er. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 2o. Circuito le concedió el amparo a Solís Medina son ridículas: una víctima de secuestro en las indagatorias lo reconoció a través de la cámara de Gesell sin la presencia del abogado del imputado. Ante ello todo lo demás, para los jueces, salió sobrando. El magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez, argumentando falta de evidencias, lo dejó libre.
Las faltas al debido proceso, que sirvieron lo mismo para dejar en libertad a Florence Cassez, a un grupo de secuestradores de Tijuana y ahora a este personaje, no pueden ser la coartada para liberar en automático a todo delincuente que argumente esas fallas a su favor. No es ese el espíritu de la ley. Si ha habido fallas al proceso, lo que debe ocurrir es que el mismo se reponga, no que se otorgue en automático la libertad cuando existen pruebas, testimonios, víctimas que reconocen y verifican la responsabilidad de un criminal.
El proceso se debe reponer, no liberar en automático a los criminales. Y eso está sucediendo un día sí y el otro también.
Ello va de la mano con la lentitud de la justicia. Ninguno de la banda de Los Rojos, los que secuestraron y mataron a Silvia Vargas, después de 9 años de cometido el crimen, tiene sentencia en firme. Tampoco la tienen la mayoría de los secuestradores y asesinos de Fernando Martí o de Hugo Alberto Wallace, hijos de Alejandro Martí y de Isabel Miranda, respectivamente. En la medida en que los procesos se alargan, esos criminales, basados en experiencias legales, como las fallas al debido proceso o de que sus propias declaraciones fueron arrancadas bajo tortura, comienzan una ola de amparos que en muchas ocasiones pueden dejarlos en libertad, sólo es necesario que algún juez o algún tribunal interprete mal la ley, tenga miedo o esté comprado para que las condenas se evaporen y la justicia se tuerza.
El tema de la tortura es particularmente sensible. Prácticamente todos los detenidos alegan, buscando su libertad, que han sido torturados. Sin duda en algunos (o en muchos) casos es verdad, pero eso no los hace necesariamente inocentes. Es el caso de Elvira Santibáñez Margarito, y conocida como La Pala, la joven que aparece en el video difundido en estos días y que motivó una disculpa pública del general Salvador Cienfuegos y del comisionado Renato Sales.
Elvira es originaria de Ajuchitlán del Progreso, y está detenida por pertenecer al cártel de la Familia Michoacana. Era conocida en la comunidad por ser parte de la célula que secuestraba, robaba y extorsionaba en la zona. Elvira fue detenida junto con otros 2 integrantes de esa banda con 4 armas largas; un arma corta; 9 cargadores y más de 200 cartuchos. Quienes torturaron a Elvira deben ser juzgados y castigados, pero la joven que fue parte del grupo que victimizó y castigó a toda una comunidad no debe quedar en libertad.
Jorge Fernández Menéndez¿Qué es lo que realmente le preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: la crisis de derechos humanos en México o la crisis de imagen de su gobierno en el extranjero? Por la forma de reaccionar, no tengo duda que es lo segundo.
Las denuncias sobre abusos del Ejército y las policías han sido constantes y al alza desde el gobierno de Felipe Calderón y absolutamente descaradas e impunes en el gobierno de Peña Nieto. No se trata de un caso aislado, sino de una conducta repetida en la que, en nombre de la seguridad pública, se comenten abusos. Evidentemente no todos los policías ni todos los soldados torturan todo el tiempo, lo que sí es una conducta sistemática es la protección de las corporaciones a los elementos que comenten abusos y tortura.
La Policía Federal trae en sus espaldas tantos o más problemas de abusos de autoridad que el Ejército, con la diferencia de que no gozan de la misma fama pública.
Ninguno de los funcionarios ha planteado un mecanismo serio para asegurar una actuación de sus elementos dentro del marco de los derechos humanos.
Diego Petersen FarahTodos los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso el del gobierno de Estados Unidos -aliado cercano- coinciden en algo que los ciudadanos de México saben pero que el gobierno insiste en negar: Hay una crisis de derechos humanos e impunidad en todo el país.
Cada vez que se comete un delito en México, desde un robo hasta una violación, sea una desaparición o un homicidio, la probabilidad de que quede sin castigo es mayor a 95%. La posibilidad de que al denunciarlo la víctima o sus familiares sean revictimizados por las instituciones públicas encargadas de investigar y hacer justicia es igual de elevada. Y cuando las autoridades deciden aprehender a alguien por ello, lo más seguro es que se pasen de la raya para obtener sus confesiones. Bonito retrato.
Es verdad que en algunos círculos de las organizaciones pro-derechos humanos hay una actitud militante y que en algunas ocasiones hay reportes que carecen de rigor y buscan más sacar raja política que hacer justicia, pero el gobierno de México no puede escudarse en esos casos y negar que los abusos son cotidianos.
Pasan los años y no hay un banco genético en el país para la identificación de más de 20,000 personas desaparecidas; el mando único sigue siendo un discurso (que además no acaba de convencer como solución); el aterrizaje del nuevo sistema de justicia es exasperantemente lento y exhibe ineficacia estructural; y por si fuera poco continúan las resistencias para combatir un mal que está presente de principio a fin en la cadena de esta crisis: la corrupción.
Carlos Loret de Mola A.En materia de derechos humanos, el Presidente y su gobierno salieron reprobados severamente la semana pasada. El Departamento de Estado difundió su reporte anual sobre derechos humanos, donde la evaluación es devastadora. "Los problemas más significativos relacionados a los derechos humanos, incluyen el involucramiento de policías y militares en serios abusos, como asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones", indica el informe. "La impunidad y la corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia es un problema serio, con tasas extremadamente bajas de juicios para todo tipo de crimen".
El documento salió al público mientras el Presidente buscaba responder los señalamientos de que en México no hay Estado de Derecho, durante 2 visitas de estado, en Alemania y Dinamarca, que nunca se pensó tuvieran giros tan dramáticos para la credibilidad gubernamental. La crónica del corresponsal del diario El País de Madrid desde Berlín asomó la molestia y la preocupación de los inversionistas alemanes con México. "En México existe un gran vacío en temas de seguridad jurídica. El gobierno debe abordar estos temas si desea atraer a los inversionistas", dijo Erich Schweitzer, descrito por el corresponsal como "el poderoso" presidente de la Cámara de Comercio e Industria alemanas.
El día que arrancaba la visita, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, reportó El País, publicó una carta abierta dirigida al presidente Joachim Gauck -que luchó contra la dictadura de la desaparecida Alemania Oriental- y a la canciller federal, Angela Merkel, donde calificaron de "catastrófica" la situación de los derechos humanos en este país.
El tema del Estado de Derecho ha sido una crítica constante en el mundo contra el Gobierno del Presidente Peña Nieto, quien en prácticamente cada visita que realiza en el mundo, escucha las preocupaciones de los gobiernos anfitriones.
Raymundo Riva Palacio¿No cree usted que se deba legislar con seriedad sobre el tema de las marchas y bloqueos en la CDMX? Lo ocurrido con diversas marchas, sobre todo la del Frente Francisco Villa, es inaceptable en general y en días de contingencia y cuando se están tomando medidas de emergencia como el Hoy no Circula generalizado resultan un insulto a la ciudadanía. Existe, es verdad, un derecho a manifestarse, pero se puede legislar para que, sobre todo en tiempos de emergencia ambiental, ese derecho se manifieste en plazas, estadios, parques, espacios cerrados. Es una limitación, sí, pero también existe un derecho a la libre circulación que es limitado para los ciudadanos con normas como el Hoy no Circula. ¿Por qué no poner límites a las marchas y bloqueos? ¿Por qué un puñado de manifestantes puede paralizar una ciudad que está en emergencia ambiental? Es un insulto para los ciudadanos.
Jorge Fernández MenéndezSe dicen campesinos, pero en realidad son simples grupos de extorsión. El lunes 11 de abril alrededor de 2,500 activistas paralizaron el Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. La contaminación en el centro se disparó de 53 puntos, cuando empezaron a las 11 de la mañana, a 122, cuando concluyeron a las 3 de la tarde. Las manifestaciones y sus vehículos sí circulan todos los días en la megalópolis.
El grupo bloqueó el paso del Metrobús, que goza de un monopolio en Insurgentes, y obligó a miles a caminar por lo menos un par de kilómetros para continuar sus traslados. Algunos eran jóvenes y, tras el coraje, simplemente apretaban el paso. Para las personas de la 3a. edad el bloqueo era una agresión mucho más fuerte.
Ayer estas organizaciones realizaron nuevas marchas y bloqueos que generaron congestionamientos y contaminación. Los líderes saben que la forma más eficaz de obtener lo que quieren es agredir a la ciudadanía. Ninguna autoridad se atreve a enfrentárseles. Las autoridades capitalinas, tan preocupadas por detener a los automovilistas que salen a circular con la calcomanía equivocada, se lavan las manos y dicen que el problema es del gobierno federal (que además pertenece a otro partido). Las federales crean mesas de negociación.
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, El Barzón, el Frente Indígena Campesino de México y Unimoss son organizaciones de extorsión. Los verdaderos campesinos, los que viven del trabajo de la tierra, no pueden darse el lujo de abandonar el campo en la primavera, tiempo de preparación de la tierra y de la siembra, para irse a manifestar a la Ciudad de México. Los manifestantes llegan en autobuses alquilados y reciben alimentos, viáticos y sueldos que alguien paga. No son los campesinos que encuentra uno habitualmente en el campo.
¿Qué piden los líderes que organizan marchas en la Ciudad de México cada aniversario de la muerte de Emiliano Zapata? Dinero y poder. Una de las exigencias de las movilizaciones se repite todos los años: "Más recursos para el campo". La expresión puede traducirse como "Mayores subsidios para nuestras organizaciones". Lo peor es que las autoridades con frecuencia se los dan. Por eso los manifestantes regresan todos los años a pedir más.
Hoy, además, los líderes tienen otras exigencias. Afirman que los campesinos deben ser consultados para la realización de proyectos eléctricos en sus tierras. Pensará usted, quizá, que las empresas que desarrollan proyectos eólicos simplemente llegan y se apropian de los terrenos que quieren o el gobierno los expropia para ellos. Pero las autoridades nunca se atreven a expropiar tierras comunales o ejidales mientras que las empresas de generación de electricidad siempre llegan a acuerdos, usualmente muy generosos, con los campesinos para edificar generadores eólicos en sus tierras.
Ninguna empresa se atrevería a empezar una inversión cuantiosa en un terreno sin permiso de los dueños. En los casos que conozco, las compañías de electricidad pagan más a los campesinos por el alquiler de sus tierras para la generación de electricidad de lo que éstos obtienen por su explotación agrícola. Pero, además, la generación eólica es tan benévola que permite que la tierra pueda seguirse usando para la agricultura.
Lo que quieren los líderes es que los acuerdos no se hagan con los dueños de las tierras sino con ellos. Su propósito no es otro que seguir despojando a los campesinos del producto de sus tierras. No nos dejemos engañar. Los grupos que han desquiciado a la Ciudad de México y elevado la contaminación no son "campesinos". Son bandas organizadas de extorsión que viven de despojar a campesinos y contribuyentes.
Sergio SarmientoEn México tenemos un severo problema con las cárceles. Están llenas a reventar, no cabe un preso más, pero seguimos pensando, torpemente, que la forma de resolver los problemas es metiendo a nuestros jóvenes a la penal. Todos los días hay un encorbatado empresario pidiendo cárcel para los delincuentes (nunca para los evasores fiscales), un diputado proponiendo aumentar las penas, un político en campaña ofreciendo mano dura o un gobernador en problemas prometiendo que meterá al bote a lo corruptos de atrás, porque los de su sexenio todavía no han acabado de robar. Pero, ¿sirve de algo meter gente a la cárcel?
El sistema carcelario en México perdió ya toda proporción y sentido. En todo el país tenemos cerca de 240,000 reos en 359 penales, somos el 7o. país con más presos en el mundo, después de Estados Unidos, por supuesto, China, Rusia, Brasil, India e Irán. Pero la verdadera paradoja es que eso no nos hace un país más seguro, pues ahora los delitos se cometen incluso desde las cárceles. No nos hace un país más justo, pues 4 de cada 10 reos están encarcelados sin haber tenido un juicio o recibido una condena. Mas gente en la cárcel no equivale a menos impunidad, pues con todo sólo 2% de los delitos terminan en una condena, la que sea. Por el contrario, lo que tenemos son penales sobrepobladas donde, de acuerdo al más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las 130 cárceles que pudo visitar durante el año se encontró lo siguiente: el 2015 hubo 2,110 incidentes en los penales, desde riñas hasta motines. 52 personas fueron asesinadas dentro de esas 130 cárceles y otros 23 se suicidaron. Más de la mitad tiene una sobrepoblación de 40% y el algunas hay más del doble de los presos para los que fue calculada la prisión.
Pero el dato más espeluznante es que en Jalisco un joven preso le cuesta al Estado 54,500 pesos, mientras que en un estudiante universitario se invierte sólo 14,600. Por cada persona que no vaya a la cárcel podríamos mantener a otro en la universidad y darle una beca de alimentación de 3,000 pesos mensuales. Visto de otra manera, por cada año que una persona pasa en el penal esperando condena, 4 jóvenes podrían ir a la universidad.
La solución al problema de seguridad no es meter más ciudadanos a la cárcel, sino quitar los incentivos a la delincuencia. Está claro que las penales no son un factor disuasorio, ni para delincuentes comunes, ni para políticos de uña larga o jóvenes consumidores de droga. En la cárcel deben de estar sólo aquellas personas que representen un peligro para la sociedad, aunque nos caigan mal o nos dé coraje que anden sueltos. Mientras las cárceles sirvan como un sistema de venganza social o peor, como un sistema donde se materializan prejuicios sociales, y no para alejar a aquellos que representan un peligro, seguiremos invirtiendo lo poco que hay en convertir a nuestros jóvenes en delincuentes.
Diego Petersen FarahEn Veracruz, una joven y una familia que duda en acudir al Ministerio Público porque sabe que no existe protocolo alguno que ofrezca dignidad a quien denuncia algo así. En el intento de arreglo particular sale perdiendo y cuando acude a la justicia sus peores temores se confirman. Los poderosos influyen, maniobran, obstruyen. 15 meses después del hecho, casi un año después de la denuncia, la justicia no tiene nada. Nada. Bueno, algo sí, la destrucción de la víctima, exhibida, zarandeada. El penar del padre de programa en programa, de entrevista en entrevista. ¿Alguien cree que 15 meses después se puede hacer un juicio justo para las partes?
Ahora que tanto se habla de desigualdad, no queda duda que está ahí, en la procuración de justicia la mayor muestra. Presa de los poderosos, o del miedo a afectar intereses, o simplemente inútil, lenta, corrupta.
Ese sí es un problema estructural que a nadie interesa.
Carlos PuigEn México pese a los grandes escándalos no existe ningún político de 1er. nivel purgando penas, como sí sucede en estos momentos en Brasil.
Ernesto Hernández NorzagarayEs común que el comportamiento violento de algunos "guaruras" de hombres y mujeres de poder es, en no pocos casos, el retrato hablado de la impunidad de sus patrones.
El guarura prepotente, golpeador y que violenta reglas elementales de convivencia comete esas irregularidades porque se sabe protegido, si no es que alentado y hasta premiado por quien le paga.
Y el caso de Alberto Sentíes Palacios -propietario del Ferrari, cuyo "guarura" bajó de su vehículo a un joven al que golpeó y asaltó- no es la excepción. En efecto, el patrón del "guarura" es lo que en la jerga policiaca se conoce como un "pájaro de cuenta".
¿Y eso qué significa? Todos lo saben, un "pájaro de cuenta" es un pillo profesional. Y si apelamos al sentido común, podemos decir que el "escolta" de un profesional del crimen no puede ser otra cosa que el "guarura" que asaltó, secuestró y robó al joven Jaír.
Y es que según diversas investigaciones periodísticas, el propietario del Ferrari cuenta con 3 averiguaciones previas por el delito de fraude, además de que la supuesta empresa de su propiedad es una defraudadora con decenas de denuncias por ese delito.
Lo curioso es que luego del escándalo por la golpiza, el presunto defraudador profesional parece haber perdido los sentidos de la vista y el oído y, por alguna razón sobrenatural, hasta quedó en calidad de idiota.
En efecto, si un curioso revisa la "declaración voluntaria" de Alberto Sentíes -ante la procuraduría capitalina-, el presunto defraudador dice que "no se percató al instante de la situación y pensó que se trataba de un incidente de tránsito". Eso sí, cuando por el espejo retrovisor vio lo que sucedía, ordenó a su escolta que dejara tranquilo al joven golpeado.
Pero el problema de la sordera, la ceguera y la idiotez que pudieran haber picado al dueño del Ferrari, va más lejos. Como ya disminuyó la presión de las explosivas redes y su repercusión en medios, ahora resulta que la ceguera, sordera y la idiotez se trasladaron a las autoridades que debieran castigar al patrón del "guarura" y al "guarura" infractor.
¿Y? ¿A quién le importa? Y es que la "legión de idiotas" en que se han convertido buena parte de las redes ya vocifera detrás de otro escándalo? No importa lo virtuoso o lo vicioso de las redes, lo que importa es que son llamaradas de petate, engañabobos.
¿Cuándo y quién hará justicia en el caso del Ferrari?
Al tiempo.
Y a propósito del tema. Otro que parece ciego, sordo e idiota es el juez que liberó a la secuestradora Nestora Salgado. Otro secuestrador fuera gracias a un podrido Poder Judicial que no rinde cuentas a nadie y que se esconde incluso de secretarios de estado. ¿Hasta cuando?
Ricardo AlemánEl ex presidente de gobierno español, Felipe González, decía sobre el caso del ex mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en una reflexión muy aplicable para nuestro país, que cuando se reclama que haya casos "ejemplares" la justicia "no tiene que mirar al justiciable, sino a la aplicación de la ley. La justicia tiene que ser justa. Y si es justa, es ejemplar para todos por igual. Pero cuando se habla de ejemplaridad, se está pensando que con unos hay que ser más ejemplares que con otros. Y esto no es la aplicación de la justicia". Aquello, decíamos nosotros, de "a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas", será muy juarista pero le ha hecho un daño enorme a nuestra sociedad.
Jorge Fernández MenéndezNo puede haber ejércitos privados recorriendo las ciudades. Lo ocurrido con los custodios de Alberto Senties Palacio, apodado Lord Ferrari por el carro que conducía, es inadmisible y debe ser castigado con toda la fuerza de la ley. Pero se debe ir más allá: no hay control sobre custodias y guardias de seguridad privados, éstos no pasan controles mínimos de confianza, no se rigen por norma alguna. Es un capítulo en el que resulta imprescindible poner orden, establecer derechos y obligaciones y encauzar a ese verdadero ejército privado en normas legales estrictas, acabando con su impunidad.
Jorge Fernández MenéndezEl abogado Juan Velasquez [es] tenaz opositor a que la corrupta "justicia" civil se ocupe de los soldados y marinos que delinquen...
Carlos MarínJorge Emilio Esquivel Muñoz, "El Yorch", uno de los líderes del grupo Okupa Che, que no es ni alumno, ni maestro ni trabajador de la UNAM pero que tiene ocupado el auditorio Justo Sierra desde hace 14 años y que está preso en un penal de Hermosillo, Sonora, podrá quedar libre tras pagar una fianza de 8,725 pesos que le impuso el juzgado 11 de distrito en materia de procesos penales, luego de reclasificar el delito y determinar que las acusaciones en su contra no son graves. "El Yorch" había sido detenido el pasado 24 de febrero en posesión de 50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas de Rivotril y una bolsa con 300 gramos de mariguana. Olvidemos por un momento que, además, fue detenido mientras vendía droga en la zona de Copilco, ¿cómo una juez, la misma que le había dictado el auto de formal prisión, puede reclasificar el delito y argumentar que esa enorme cantidad de droga era para consumo personal? El rector Enrique Graue, con toda razón, se mostró indignado con la juez y con la PGR. Y el Justo Sierra continúa tomado.
Jorge Fernández MenéndezPorque consideran que sus derechos a ejercer su honesto oficio -que es, además, un servicio público- se conculcan al permitirse una (según ellos) "competencia desleal", y porque la Constitución les reconoce (Artículo 9) "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito" y les garantiza que "no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad" (aunque el ejercicio de esa prerrogativa se condiciona a que "no se profieran injurias contra ésta -la autoridad-, ni se haga uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea"), los taxistas salieron a la calle para protestar contra las modalidades que aportan Uber y plataformas similares, y contra la posibilidad de que el Congreso del Estado las incorpore formalmente a leyes y reglamentos.
Los manifestantes aducen que Uber y demás "atentan contra el derecho de 15,000 trabajadores del volante" a prestar ese servicio. Desdeñan 2 realidades evidentes: una, que si los usuarios tienden a preferir a la supuesta "competencia desleal" de los taxistas, es porque la oferta de aquélla es mejor, desde cualquier perspectiva -calidad y precio, principalmente-, a la de éstos; y 2, que si los taxistas tradicionales están -salvo excepciones- en desventaja es porque su gremio se ha contaminado, ante la pasividad (o merced a la complicidad de) la autoridad, de una serie de vicios que van en detrimento de la calidad del servicio que prestan. El acaparamiento y el tráfico de permisos, principalmente, propician, de entrada, la explotación inicua de los verdaderos trabajadores del volante; y, a continuación, el descuido sistemático de la calidad del servicio.
Por supuesto, las agresiones de algunos pelafustanes contra los taxistas que ayer se manifestaban en el Centro de Guadalajara, no se justifican... aunque tampoco se justifican los perjuicios que los manifestantes ocasionaron a miles de personas, al entorpecer, por varias horas, el tráfico en una amplia zona de la ciudad.
Por lo demás, es muy respetable el bien jurídico que se demanda (el derecho a trabajar de 15,000 taxistas), pero hay otro bien jurídico mayor: el de cientos de miles de usuarios a optar por un servicio de más calidad y a mejor precio.
Así que...
Jaime García Elías
Más de 1,800 taxistas se manifestaron ayer contra las plataformas como Uber o CityDrive, pero no consiguieron su objetivo de evitar que el congreso frene la iniciativa para regular los servicios ejecutivos.
Lo que sí lograron fue desquiciar el tránsito vial durante 5 horas en diversos puntos, ya que partieron desde zonas como Plaza de Toros, Las Águilas, González Gallo, ex Penal de Oblatos, Vallarta y Juan Palomar para concentrarse y bloquear el corazón de Guadalajara, provocando una lluvia de críticas de conductores y usuarios del transporte público afectados.
Por si fuera poco, la movilización terminó con un enfrentamiento con comerciantes en el cruce de 16 de Septiembre y López Cotilla, una batalla campal a puñetazos y con ladrillos, palos y tubos de aire acondicionado lanzados por todos lados. El saldo: 47 detenidos, 7 vehículos afectados, una persona lesionada, daños materiales a negocios y la clausura de la Plaza de la Tecnología.
Las afectaciones por la movilización fueron de 9:00 a 14:30 horas. Don Álvaro Zamudio cuenta que se bajó del camión porque llevaba más de 15 minutos parado, pero a sus 72 años padeció la caminata con bastón para llegar a su destino desde Enrique Díaz de León hasta el pleno Centro. 'Es una mentada para todos'. Noé Jarero se sumó a las críticas: 'Es increíble... y más que el gobierno se los permita. No veo estas manifestaciones en ningún otro lugar'."
Evelia García padeció el caos y las groserías disfrazadas de piropos durante su forzado y largo recorrido a pie. Le tocó caminar desde Chapultepec hasta 16 de Septiembre, zona donde taxistas jugaban baraja y comenzaron a silbarle y gritarle. Lamentó que así celebrara el Día de la Mujer: "Les tomaba video para que se callaran", aunque lo peor fue llegar tarde a su trabajo.
Mientras tanto, líderes de taxistas se reunían con diputados, pero no recibieron buenas noticias. Cuando salieron del legislativo, sindicalizados que aguardaban lanzando insultos a los diputados corrieron hacia sus representantes y, en tono fuerte, les exigieron resultados, pero éstos no lograron darles argumentos que los convencieran.
Así, los inconformes tomaron el altavoz que usaba Antonio Álvarez Esparza, de la CROC, para advertirles que de regularse los servicios de Uber, sus líderes habrían demostrado que no pueden defender los intereses del gremio. Álvarez les insistió que se había abierto un canal de diálogo y así terminaba un día caótico para la ciudad, aunque en las redes sociales la crítica siguió: "El mundo según los taxistas: 'Si bloqueamos toda la ciudad, los usuarios van a volver a preferirnos y ya no usarán Uber'", ironizó Luis Torres.
A las 9:30 partieron de Las Águilas sobre López Mateos hacia Hidalgo. Inició el caos.
Sobre los carriles opuestos muchos conductores les gritaban ofensas con sus cláxones o a gritos. Los taxistas respondían y también amedrentaban ante cualquier gesto que desaprobara su lento avance.
Cientos de ofensas después, hacia las 11:00 horas, la caravana había llegado a Hidalgo y se instaló sobre Ignacio Ramírez para bloquear totalmente la circulación del resto de conductores, que en ese punto se desviaban sin más remedio a rutas alternas, mientras agentes viales intentaban dar fluidez.
Otros automovilistas recriminaron a los oficiales para que movieran a los taxistas: "¡Ven y muévenos tú!", respondían desafiantes.
José Ramírez, del Sitio 40, siguió firme en su intención de protestar pese a que, según consideró, no les ha ido mal en los negocios.
Un grito desató la pelea. En tono de broma, uno de los jóvenes que estaban afuera de la Plaza de la Tecnología (16 de Septiembre y López Cotilla) coreó el nombre de la plataforma "enemiga" de los taxistas: "¡Uber, Uber!".
Y se le sumaron otras voces. Los taxistas que habían estacionado sus vehículos amarillos sobre 16 de Septiembre se molestaron. Antes, ya habían sido increpados por peatones y locatarios de otros establecimientos, quienes los acusaban de haber afectado su jornada laboral.
Molestos, los taxistas respondieron la agresión con insultos. Y le siguió un 1er. objeto lanzado al aire y luego los golpes.
Los trabajadores del volante intentaron ingresar por la fuerza a la plaza, pero desde el interior eran expulsados con el gas a presión de varios extintores.
Una decena de policías de Guadalajara corrió a tratar de frenar el enfrentamiento que ya era campal. Una de las oficiales resultó herida en ese intento.
La dimensión del pleito fue creciendo, y también los participantes. Algunos entraron a la plaza y subieron a los pisos altos para, desde ahí, comenzar a arrojar objetos contundentes contra taxistas. 2 reporteros y 7 vehículos fueron alcanzados por éstos.
Ladrillos, palos y hasta tubos por los que hasta ayer circulaba el aire acondicionado fueron arrojados desde las alturas. El actuar de los rijosos rápidamente atrajo a más agentes de la Policía, quienes decidieron resguardarse en el interior del edificio. Los locatarios ya habían bajado sus cortinas para evitar más daños.
Luego la zona se llenó de más policías, agentes viales, paramédicos, bomberos, antimotines y perros entrenados.
(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2016).Desde que inició el bloqueo de los ejidatarios en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara decenas de automóviles están atorados en el estacionamiento de la terminal aérea sin que puedan salir.
El GAP reconoce que esta situación ha provocado molestia de parte de los pasajeros que no han podido retirar sus vehículos y perdidas económicas.
El líder de los ejidatarios Nicolás Vega reconoce la difícil situación y pide comprensión a los pasajeros que se han visto afectados.
"Nos da pena con los usuarios, pero no tuvimos otra alternativa", dijo el líder ejidal.
(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 4 de marzo de 2016).La lucha contra la corrupción está ya presente en los discursos del presidente, gobernadores, diputados, senadores. Pero no pasa nada.
Hay leyes, reglamentos y un presupuesto millonario que se gasta en combatir la corrupción. Hasta existe una Secretaría de la Función Pública. Pero no pasa nada.
Pareciera se habla de la corrupción de otra época, de otro sexenio, pero se acumula de manera grosera en este tiempo con corruptelas ofensivas como Malinalco, la casa blanca, el tren chino, OHL, los moches de legisladores de todos los partidos, la defensa en España de Humberto Moreira y recientemente, apenas esta semana, el desfalco a la de por sí quebrada Pemex, pero por parte de un colaborador cercano de Peña Nieto.
Los principales críticos tanto nacionales como extranjeros señalan que México no avanza precisamente por la enorme corrupción, que duerme en la misma cama con la impunidad y con la no aplicación del Estado de Derecho.
Su combate está en los discursos, en los desplantes, pero no pasa nada. Los principales sospechosos de las corruptelas se pasean con total impunidad por restaurantes y calles de México. Y no pasa nada. Todo es simulación.
La corrupción mexicana va liquidando a todo un país, empezando por los pobres a los que no llegan recursos, los jóvenes que no acceden a educación, los ciudadanos que no reciben justicia, y somos todos testigos de cómo ese dinero va a parar a las chequeras, mansiones, camionetas y viajes de una clase política cada día más desprestigiada y apestada.
Pablo Latapí"Pues es justo que les paguen, lo que no es justo es que afecten a terceros", se quejó Miguel Ramírez, uno de los conductores que ayer no pudo ingresar al estacionamiento del Aeropuerto Miguel Hidalgo, el cual fue bloqueado por personas del ejido El Zapote.
Los ejidatarios demandan que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Grupo Aeroportuario del Pacífico les paguen por el terreno donde se construyó la terminal aérea, pues llevan décadas sin llegar a un acuerdo.
Miguel era uno de los cientos de personas que desde las 11 de la mañana ya no pudieron ingresar a los estacionamientos, por lo que tenían que circular hasta el frente de las salas de los vuelos y estacionarse en 2a. o 3a. fila.
"Pues yo vine a comprar un boleto y me tuve que poner aquí, y mi familia ir caminando hasta allá, y pues causa inseguridad porque puede pasar algo", comentó Enrique, quien se quedó a unos 500 metros de las taquillas.
La fila de vehículos comenzaba apenas después de la glorieta al ingreso de la central aérea; en los rostros de muchos de sus conductores se observaba la molestia al saber que el tráfico lo provocaba un bloqueo; no obstante, al enterarse de las razones reconocían que los ejidatarios estaban en su derecho de reclamar; "ellos tienen razón", dijo Benjamín Zúñiga, quien tuvo que llevar a pie 17 cajas de mercancía que debía enviar por avión.
Nicolás Vega, presidente del ejido, informó por la noche que no se llegó a un acuerdo con las autoridades aeroportuarias, por lo que hoy seguirá el bloqueo en el estacionamiento. Tras una nueva reunión a las 6 de la tarde decidirán si permanecen indefinidamente.
(V.primera plana del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2016).La Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, informó que pobladores del municipio de Chapulco retuvieron esta madrugada a 3 presuntos asaltantes de casa habitación, a quienes intentaron linchar, hechos que causaron la muerte de uno de los infractores.
La dependencia estatal precisó que las autoridades municipales solicitaron apoyo para impedir que aproximadamente 300 pobladores de la comunidad Aquiles Serdán, perteneciente a Chapulco, donde se tenía reporte de cinco presuntos asaltantes, lincharan a tres hombres, a quienes hirieron gravemente.
El delegado de la Secretaría General de Gobierno en esa comunidad, Leonel Bustamante, acudió al lugar junto con elementos de las policías Estatal y Federal, Ejército y Ministerio Público para dialogar con los vecinos, a fin de persuadirlos de su intento de linchamiento.
La dependencia estatal detalló, que el primer rescatado fue Pedro Alexander Regalado Paz, de 32 años de edad, a quien ingresaron a un hospital de la zona de Tehuacán, sin embargo, minutos más tarde falleció en el nosocomio.
Los otros 2 individuos, Javier Sánchez García, de 39 años de edad, y Bernabé González González, de 37, fueron liberados por los pobladores y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público.
Indicó que además fue asegurada una unidad Nissan Frontier, color guinda con placas del Estado de México.
(V.Sin Embargo del 29 de febrero de 2016).Ciudad Universitaria no puede ser un espacio de extraterritorialidad, donde se confunde la imprescindible autonomía (que es un requisito básicamente académico) con la impunidad como para cometer cualquier delito. Es como con el fuero legislativo: debe servir para que nadie sea perseguido por expresar libremente sus ideas en el quehacer político, no como patente de corso, para cometer cualquier delito. El solo hecho de que haya que debatir si se tiene que quitar o no a alguien que ocupa ilegalmente un espacio universitario durante 15 años es la mejor demostración de lo grave del deterioro en los sistemas de impartición de justicia y de su percepción por la sociedad.
Lejos de CU, en el barrio de Tepito, casi al mismo tiempo elementos de la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina, ingresaron a un bodegón en la calle Tenochtitlan donde aseguraron más de 80 kilos de mariguana y detuvieron a 5 posibles distribuidores. Cuando estaban intentando trasladar a los detenidos, los agentes fueron violentamente atacados por un grupo de supuestos vecinos, que golpearon policías y destrozaron patrullas, generando un enfrentamiento que duró varias horas.
En el barrio de Tepito, donde coexisten historias de gran raigambre popular y social, junto con una vieja, antiquísima, tradición comercial, operan los grupos más violentos de la delincuencia en México. Allí tampoco puede existir extraterritorialidad. Cada vez que se intenta un operativo en Tepito las cosas terminan en fuertes enfrentamientos. Ocurrió la semana pasada y había ocurrido la anterior y también en enero. Pero lo cierto es que en Tepito se puede encontrar de todo, desde armas de asalto hasta drogas, desde allí operan desde extorsionadores hasta secuestradores y el hecho es que hay quienes creen que la autoridad, como ocurre con CU, no puede o no debe ingresar a Tepito para no generar violencia.
Es, se ha dicho muchas veces, el síndrome del 68: el temor a que la intervención de las autoridades termine en matanzas. Creo que mucho más allá de eso (han pasado ya muchos años, 3 generaciones para que ese sentimiento siga vivo) lo que hay es una debilidad institucional creciente que va de la mano con una falta de respeto a las leyes, a las normas básicas de convivencia, que son las que generan, al final de cuentas, esa impunidad que tanto nos duele pero que exigimos cuando algún acto legal nos afecta, sin importante si es siquiera justo o no. No puede, no debe haber ni fueros ni espacios de extraterritorialidad, ni impunidad, y eso se aplica tanto a Tepito como a Ciudad Universitaria.
Jorge Fernández MenéndezEl colectivo Okupa Che, que mantiene el control ilegal del auditorio Justo Sierra, desafió ayer a la UNAM. La agrupación aseguró que le pertenece el espacio también conocido como Che Guevara, pese a estar dentro de Ciudad Universitaria.
El rechazo del colectivo, que invade desde el año 2000 el recinto académico y cultural, ocurre a un día de que las autoridades universitarias exigieron la devolución del lugar, tras los actos violentos realizados por un grupo de encapuchados que protestó contra la detención de un narcomenudista ajeno a la institución.
Testimonios de estudiantes denuncian que el lugar se ha convertido en una vecindad, donde se realizan fiestas y desmanes.
(V.periódico Excélsior en línea del 27 de febrero de 2016).De ser estudiantes, en los 16 años que llevan acampando en el auditorio Justo Sierra (que Luis González de Alba, durante el movimiento del 68, rebautizó Che Guevara), los encapuchados que ayer bloquearon algunos accesos en Ciudad Universitaria ya podrían haber cursado 3 o 4 licenciaturas.
Suman quizá 20 los del "colectivo" que, al saber que uno de sus compinches había sido detenido por narcomenudear, quemaron un vehículo de "seguridad" y contenedores de basura, además de lanzar cohetones y bombas molotov en oficinas de vigilancia.
Ante este recordatorio de la impune apropiación del auditorio por una pandilla delincuencial, se reactivan presiones para que el recinto sea recuperado y devuelto a la comunidad universitaria.
En otras palabras: que los paracaidistas sean desalojados.
Sin embargo, el riesgo es que sus contlapaches en otras instalaciones educativas (universitarias o no) utilicen lo que llamarán "acto de represión" para iniciar un movimiento falsamente progresista y tan protofascista como el que protagonizó en 1999 el corrosivo CGH...
Carlos MarínLamentablemente para el director general de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, es un simple chantaje de la FINA por querer cobrar una sanción improcedente, basando su alegato en que el contrato, que este personaje tilda de leonino, contrario a la buena fe, a la moral y a las buenas costumbres, nunca fue firmado por el gobierno de México ni ratificado por el Congreso del Estado de Jalisco, ya que Guadalajara fue seleccionada como sede de los Campeonatos Mundiales de Natación para el año 2017, alegando también que el país entró en crisis y no se podían cubrir los gastos. La verdad, yo no encuentro competencia del Congreso del Estado para sancionar dicho contrato.
Dichos argumentos, considero, sólo afectan la imagen de nuestro país ante los tribunales arbitrales internacionales, ya que el "contrato de cuidad sede" para celebrar el 17 Campeonato Mundial FINA 2017 fue firmado el día 15 de julio del 2011, entre la FINA y el gobierno federal a través de la Conade, representado por el Mtro. Bernardo de la Garza Herrera, el representante del Gobierno del Estado de Jalisco Carlos Andrade Garín y la Federación Mexicana de Natación Kiril Todorov.
Los antecedentes de este contrato fueron las solicitudes formuladas a la Federación Internacional de Natación (FINA) por la Federación Mexicana de Natación, la Conade, el entonces presidente municipal de Guadalajara Jorge Aristóteles Sandoval y el gobernador del estado Emilio González Márquez.
Sin embargo, en el citado "contrato", se pactó que en caso de desear dar por terminado anticipadamente el contrato "(a) La Ciudad, el HMF y/o el OC deberán enviar un aviso por escrito de cancelación, dirigido a FINA con la decisión de retirarse del presente contrato. (b) Dentro de los 15 días siguientes a que dicho escrito sea recibido por FINA, la ciudad, el HMF y/o el OC serán responsables de pagar a FINA una penalidad de 5 millones de dólares de los Estados Unidos".
Independientemente de los errores cometidos al llenar el "contrato" que para algunos abogados chicaneros del rumbo serían maravillosos, debemos señalar que los contratantes incluyeron la cláusula que denominamos compromisoria sometiéndose a las leyes de Suiza y a un procedimiento arbitral ante los tribunales de arbitraje para deportes de Lausanne, Suiza e inclusive renunciaron a reclamar inmunidad en contra de cualquier demanda, y uno de los principios de los tribunales arbitrales suizos es la buena fe de los contratantes, por ello excepciones hechas valer como las señaladas por el director de la Conade en el juicio no gustan a los árbitros.
Si el gobierno mexicano, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Estado de Jalisco no demuestran en el procedimiento arbitral tener la razón en base a las causas del contrato relativas a su recisión sin responsabilidad de estos, serán condenados a pagar sin duda la pena de 5 millones de dólares. En el derecho internacional las defensas de estilo barzonista no funcionan señores, recordemos el principio de los contratos: Pacta sunt servanda adoptado por las leyes de todos los países, que significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos.
Héctor A.Romero FierroSi vivimos, como tanto se dice, en un "Estado de Derecho", incidentes como el que protagonizó la semana pasada el jefe del gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, en una discusión con líderes de locatarios del Mercado Corona, no pueden quedarse a nivel de chismes, ni de conflicto mediático. Lo pertinente, lo conducente es lo que hizo, a instancias de su representación en el cabildo, el comité estatal del PAN: presentar una denuncia ante la Fiscalía, por los delitos -debidamente tipificados en la Ley de Servidores Públicos del Estado- de amenazas, abuso de autoridad, etc.
Claro: podrá decirse que los denunciantes -los dirigentes estatales del PAN- actúan en nombre del despecho; que reaccionan, como podrían hacerlo los priístas, resentidos aún, si no contra los ciudadanos que con sus votos, en julio pasado, decidieron el sentido de la elección, rompieron la inercia del bipartidismo de los últimos años y dieron -tan desencantados de los azules como de los colorados- su voto de confianza a una 3a. fórmula, sí contra un ejercicio gubernamental que había comenzado de manera promisoria, al tomar medidas orientadas a restablecer el orden y acabar con el desgarriate -hijo de la ineptitud y la corrupción a partes iguales- que, por años, fue la norma.
Sin embargo, precisamente para eso se supone que existen los regidores de oposición: para denunciar actitudes autoritarias; no para solaparlas.
Jaime García ElíasEn el Consejo de la Judicatura de Jalisco anduvo perdida casi un año una notificación en donde un juzgador federal solicita que se indague al juez José Reyes Victoriano González, adscrito en ese momento a Arandas, por presuntas irregularidades en un caso.
La notificación llegó el 2 de marzo de 2015 a la Coordinación de Amparos y no se supo de la misma hasta la semana pasada. La coincidencia: se perdió un día antes de que nombraran magistrado a Victoriano González (aunque no ha podido asumir debido a un amparo).
Allá en La FuenteSabemos que las normas en nuestro país muchas veces se hacen para violarlas: todos recordamos, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador no cumplía con los requisitos de residencia cuando fue designado candidato a jefe de gobierno del DF para los comicios del 2000, y en estos días se debate si los cumple Alejandro Murat para serlo en Oaxaca.
Jorge Fernández MenéndezEn la búsqueda de la erradicación de las prácticas de corrupción en el sistema de justicia, el fiscal Eduardo Almaguer sugirió que los integrantes del poder judicial también se sometan a los exámenes de control de confianza. Esto, en el entendido de que no sólo los policías y operativos deben cumplir este requisito.
Esta sugerencia derivó de una serie de inconformidades del fiscal sobre las decisiones de los juzgadores, que concluyó con la denuncia que presentaron contra una jueza que dejó en libertad a un presunto ladrón y homicida, 10 años antes de cumplir su condena.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia [de Jalisco], Luis Carlos Vega Pámanes, reviró que los jueces no están sujetos a pruebas de control confianza. "Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia, yo estoy dispuesto, por mí no hay problema, pero son acuerdos, resoluciones".
Desde la reforma en 2009 a la Ley de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión descartó que el poder judicial se incluyera en este tema, por lo que sólo aplica en términos generales a los policías y agentes del ministerio público.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2016).Lo sucedido entre el empresario Raúl Libien, sus guardaespaldas y Arne aus Den Ruthen es un claro ejemplo de la inexistencia de un sistema de justicia que cumpla con lo que tiene que cumplir. Ayer decía Rommel Moreno, de la PGR, que el sistema está colapsado. Es cierto. Pero a nadie parece preocuparle.
En medio de su mayor crisis del sexenio, después de la casa blanca y la noche de Iguala, el presidente Peña Nieto anunció como prioridad la revisión de lo que llamó "justicia cotidiana".
Exactamente lo que vimos en la última semana: un funcionario público que tiene que utilizar tácticas de vigilantismo para que se respete una norma contra ciudadanos que responden de la única manera en que se resuelven las cosas en México: a madrazos.
Por mandato del presidente, liderada por el CIDE, una multitud de organizaciones hizo el año pasado foros en varias ciudades del país, entregó un reporte, hizo sugerencias y propuso un plan.
Decía aquel documento: "La consulta permitió por primera vez en muchos años poner en el debate público uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad mexicana: la notoria ausencia de incentivos y condiciones para el cumplimiento regular de los acuerdos entre las personas, para la reivindicación efectiva de sus derechos, y para que, quienes los violenten o incumplan sus obligaciones, tengan consecuencias por su comportamiento. En efecto, la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos interpersonales, así como entre la autoridad y las personas, genera incentivos para la autocomposición (justicia por propia mano), la intervención de terceros que toman beneficio del conflicto, o simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y con ello generar alicientes para la impunidad".
Es decir, en México no hay autoridad que medie los conflictos y por lo tanto se solucionan -es un decir- con el ojo por ojo.
El presidente dijo en su último informe que cumplir aquellas sugerencias del CIDE era parte de su compromiso para el resto del sexenio. En la realidad, nada ha sucedido.
Carlos PuigLa Auditoría Superior de la Federación, entre 1998 y 2015, ha presentado en total 656 denuncias penales por actos de corrupción, de las cuales sólo 19 han terminado en consignaciones.
La cifra representa el 2.89%, es decir, que el 97.11% quedan en la impunidad.
En el último lustro, el número de denuncias penales, presentadas por la auditoría, ha tenido un aumento exponencial: 7 en 2010; 53 en 2011; 80 en 2012; 134 en 2013; 186 en 2014 y 157 en 2015.
Pese a que la revisión es cada vez más exhaustiva y, en consecuencia aumenta el número de irregularidades detectadas, las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación no se han traducido en sanciones.
Con fecha de corte del 18 de noviembre de 2015, la ASF reportó que de las 656 denuncias penales presentadas, 601 se encuentran en integración del ministerio público, 19 han sido consignadas, 11 han concluido en el no ejercicio de la acción penal, 9 están en reserva y 16 tienen amparo.
Ante estos datos, el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, es contundente: transparencia sin anticorrupción es igual a impunidad.
"Hay un dique en el ministerio público y sólo 19 consignaciones, (aunque) habrá que ver qué ocurrió con éstas. Es lo que he venido insistiendo por años, mientras estos no sean indicadores de desempeño e impacto del sistema anticorrupción, y mejoren, el sistema seguirá produciendo impunidad". Dice que "la Auditoría Superior de la Federación cumple una función central, pero no es el sistema anticorrupción. Ese fue el error que el país cometió al pensar que una sola dependencia -SFP, ASF, PGR- puede reemplazar a un sistema".
Tras las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación hace las observaciones a las entidades de la administración pública federal, las cuales deben subsanar las irregularidades; de no hacerlo, la ASF presenta la denuncia ante la Procuraduría General de la República.
(V.pág.12-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2016).En los últimos tiempos, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, se infiere que muchas víctimas del narcotráfico y periodistas específicamente "andaban en malos pasos" y que por eso.
Y otra vez Veracruz, la Entidad, hoy por hoy, más peligrosa para ejercer el periodismo en México y, por extensión, en el mundo. Ese estado cuyo gobernador, en tono amenazante, advierte a los reporteros que se porten bien, o si no ¿qué?
Laura Castro GolarteEn el tema de verificación vehicular la Secretaria de Movilidad (Semov) es un juez que por su casa no empieza, los agentes de la dependencia encabezan un operativo en las calles de la ciudad a través del cual pretenden detectar y sancionar automovilistas que no acrediten haber realizado la prueba de control de emisiones, pero para desplazarse, utilizan vehículos que carecen del ese mismo engomado.
El 16 de octubre de 2014, MILENIO JALISCO reveló que ninguna dependencia de gobierno, tanto municipales como estatales, cumplían con la verificación vehicular de los automóviles oficiales, entre estas la Semov, situación que tiene relevancia debido a que son la única instancia con facultades para inspeccionar y castigar a quienes incumplan con la imposición.
La justificación ofrecida por el en ese entonces Secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, fue que existía "un calendario de verificación de todos los vehículos", sin embargo, dicho programa era aplicable para el 2014, y la falta de engomado en los carros observados en un ejercicio periodístico, incluía los años 2012 y 2013.
Para el 17 de octubre del mismo año, la Semov comenzó a enviar sus unidades a verificar, acción a la que no se le dio seguimiento en 2015, ni después del mes de julio de dicho año con el cambio de titular en la dependencia, puesto que los vehículos oficiales carecen de la calcomanía de control de emisiones del año anterior.
Entre los argumentos con los cuales justificó el que sus patrullas no verifiquen, reveló que algunos municipios tampoco lo hacen.
(V.pág.7 del periódico Milenio Jalisco del 12 de febrero de 2016).Uno de los problemas sociales que se ha posicionado como número 1 en México, incluso sobre problemas como pobreza y desigualdad social, es la corrupción, que año con año crece en el sector público. En ese mismo sentido, la impunidad es otro de los problemas que deteriora al país, y se ha mantenido constante, sin cambio alguno desde ya hace mucho tiempo. En consecuencia, los ciudadanos no confían en el sistema de impartición de justicia y ha decrecido la credibilidad y legitimidad del Estado. Si bien son temas que ya se han colocado en la agenda pública por parte de la sociedad civil, así como de expertos e investigadores, hasta ahora lo más que se ha hecho es hacerlos evidentes para la opinión pública.
Muy ligada al índice de la corrupción está la impunidad. Es evidente que la corrupción difícilmente es castigada en México, y los servidores públicos se preocupan más en tratar de ocultar o encubrir los casos de deshonestidad que en descubrirlos.
En el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad. En en el país solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos y las 2 principales razones por las que no se hace son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad; además se señala que en el país menos del 1% de los delitos son castigados, lo que deja ver los profundos problemas estancados en las instancias de impartición de justicia.
A pesar de la prevención y detección de los casos de corrupción de servidores públicos, si no se aplica de manera efectiva la ley para castigar, de poco servirán la creación de más organismos enfocados en estos temas, o que se continúe abriendo procesos de investigación que con el paso del tiempo se pierdan.
Ruth Padilla Muñoz y Brenda Luna Chávez¿Quiere usted saber por qué México es pobre y hemos sufrido regímenes autoritarios durante tanto tiempo? Es culpa de la Constitución de 1917, que remplazó a la carta magna liberal de 1857, y en particular del artículo 27, que abrogó el derecho de propiedad, el derecho fundamental del individuo frente a los poderes del Estado.
Lo entendió desde un principio Emilio Rabasa, no el embajador actual sino el jurista que fue gobernador de Chiapas, senador y director de la Escuela Libre de Derecho. El 12 de marzo de 1917 escribió a José Yves Limantour: "No es posible que subsista como ley fundamental de un país lo que establece como base de organización el desconocimiento de los derechos más elementales y la imposición de la tiranía" (José Antonio Aguilar Rivera, "La imposición legal de la tiranía"; Nexos, enero 2016).
El artículo 27 fue uno de los cimientos de la constitución liberal de 1857. La belleza del artículo radicaba en su sencillez y contundencia: "La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse." Así de sencillo. La propiedad privada era un derecho fundamental que no había siquiera que expresar. El artículo 27 sólo establecía el caso de excepción en que por utilidad pública y previa indemnización podía expropiarse.
La propiedad privada ha sido siempre el baluarte del individuo ante el tirano. Cuando el monarca o el gobierno es dueño de todo, el individuo no tiene forma de defender su libertad. "La propiedad privada -escribía Walter Lipman-fue la fuente original de la libertad."
La constitución de 1917, sin embargo, abolió la propiedad privada. "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada" (Diario Oficial, 5.2.17). La constitución del '17 traicionó la filosofía liberal de la carta del '57 y convirtió la propiedad privada en una simple concesión de una "Nación" representada por funcionarios y burócratas. Era imposible en ese marco jurídico construir un país próspero o evitar el surgimiento de un gobierno autoritario.
Los efectos negativos del artículo 27 los vemos por doquier en el país. Se manifiestan en la dispersión de la población en comunidades diminutas que llegaron a la punta de algún cerro incomunicado porque ahí les repartió tierras "la Revolución". Esas comunidades no pueden tener servicios como electricidad, agua entubada o vías de comunicación en razón de su aislamiento, pero tampoco pueden mudarse porque perderían "su tierra", la cual no pueden vender porque no es propiedad privada sino ejido.
No sorprende que la pobreza extrema en nuestro país se concentre en las tierras ejidales. Si bien la reforma agraria dio parcelas a millones de mexicanos, no lo hizo en propiedad privada sino en ejidos comunales en los que se ha restringido el derecho fundamental de vender. La productividad de los ejidos es, como podía esperarse, muy inferior a la de las tierras privadas. El control lo detenta un comisario ejidal que ejerce poderes dictatoriales con el mandato de una asamblea.
Sergio SarmientoLamentablemente, en México la impunidad de una persona está garantizada por su pertenencia o cercanía al poder o por su nivel económico. La acción de la justicia llega hasta las puertas donde viven los gobernadores, los altos funcionarios o los dueños de las principales fortunas. Existe un grupo de intocables. ¿Quiénes son estos intocables? Se trata de personas, mujeres y hombres que pueden hacer lo que se les dé en gana porque no serán alcanzados por la justicia, entre ellos la familia Moreira.
La impunidad es un sistema que funciona con base en la complicidad, porque se instala en los niveles más altos de algunas de las personas que ocupan alguna responsabilidad pública y mayor nivel económico; la impunidad poco a poco permea al resto de la estructura social y política. De acuerdo al Informe de Impunidad, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en esta materia.
Este mismo informe advierte sobre la necesidad de México de contar con más jueces. Nuestro país cuenta con sólo 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cifra por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100,000 habitantes.
Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la RepúblicaLa impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianeidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados.
En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Ese promedio ya se ubica en el grado de alta impunidad y apenas 10 estados tienen una mejor calificación, aunque todos con niveles reprobatorios.
Sólo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad; y San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas un grado medio.
El resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. Y aunque Colima, Zacatecas y Guanajuato mejoran en calificación al promedio nacional lo hacen por menos de 3 puntos.
Los autores del Índice incluyen a Michoacán como un caso "atípico", pues tras revisar los datos disponibles concluyeron que no reflejan la situación real de la entidad; por lo que la calificación obtenida sobre el nivel de impunidad se consideró de baja confianza.
La diferencia en puntos entre entidades es mínima y la distancia entre el valor máximo y el mínimo del índice no es ni de 10 puntos.
"Un hallazgo adicional radica en que no se encontró alguna correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece en el país, es decir, independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe", cita el reporte de la UDLAP.
Entre algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta para construir el índice están delitos registrados por cada 100,000 habitantes, sentencias, número de policías, ministerios públicos o magistrados y jueces registrados.
Pero también se tomó en cuenta la cifra negra de delitos, es decir, aquellos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa.
Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra, aquellos no denunciados por los ciudadanos, el estudio de la UDLAP concluye una "impunidad simple y llana", es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos.
Aun cuando sólo se tomaran en cuenta los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad -que da seguimiento desde que se inicia una averiguación previa hasta la sentencia- muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia.
Para el Índice Global de Impunidad México 2016, los investigadores no pudieron incluir la variable de derechos humanos.
El equipo consideró "que las estadísticas sobre violaciones graves a los derechos humanos, provenientes de las comisiones estatales de derechos humanos, no son confiables".
(V.Animal Político del 3 de febrero de 2016).En sociedades con ciudadanía de baja calidad los ciudadanos exigen todo a sus gobiernos, pero sobre todo, exigen un cambio de status quo que ellos mismos lo perpetúan. Gritan que hay injusticia mientras agujeran el Estado de Derecho y violan las leyes con la mirada complaciente, corrupta o inepta de sus gobernantes.
En sociedades con individuos responsables, los ciudadanos mantienen sus empleos, se educan, abren empresas o contribuyen con fuerza y talento a las de otros, ganan medallas deportivas y cumplen con la ley, mientras exigen a los gobiernos que administren los impuestos para bienes colectivos y hagan leyes justas que evolucionen con la sociedad. No les piden que cambien una ciudad de verdad por una imaginada por Italo Calvino.
Ivabelle ArroyoPoco más de un año después, algunos de los policías de Iguala y Cocula que participaron en el secuestro de los jóvenes de Ayotzinapa, están reclamando que fueron torturados. En su caso existen numerosas pruebas documentales y testimonios cruzados que muestran su participación en los hechos. Pero también se debe prestar atención a lo que allí ocurra porque, por una de esas extrañas paradojas, vía la partidización incuestionable que han tomado esos casos, resulta que son algunos de los supuestos defensores de las víctimas, los más interesados en que esos criminales queden en libertad: si no son ellos los responsables podrán decir, entonces, que "fue el Estado". Y lamentablemente casi siempre parece haber un juez dispuesto a encontrar fallas en el debido proceso y, en lugar de reponerlo, otorgar la libertad a los delincuentes.
Jorge Fernández MenéndezAnte la ausencia de autobuses y trenes suficientes para mover a la población con puntualidad, decencia, limpieza y, más que nada, seguridad -y no me refiero a sólo a la seguridad contra accidentes, sino contra los ladrones y demás maleantes- queda sobre los hombros del automóvil llevar la gente al trabajo, los niños al colegio y los enfermos al hospital. El detalle es que esto ya es cada día más complicado. Es así por culpa de la autoridad, que no quiere ejercerla como debe con miedo de perder popularidad.
Uno de los cánceres de la circulación son las manifestaciones públicas. Son cada día más frecuentes y ya no como hace unos años, una exclusividad de la capital federal. Guadalajara, por ejemplo, es otra de las víctimas de ese absurdo contra el derecho de circular cometido muchas veces ni siquiera por la población misma, sino por unos cuantos contratados por alguien con intereses específicos.
Sí, entiendo perfectamente bien que muchas veces la única forma en que el gobierno "escucha" a la gente es cuando hace una manifestación. Y esta es sólo una de las deficiencias de la autoridad, no escuchar o dar las respuestas a las necesidades de la población. Pero cuando cierran una calle o una carretera, están cometiendo un crimen sobre el derecho ajeno. Pueden, literalmente, estar matando a alguien por quitarle la capacidad de recibir atención médica a tiempo, por ejemplo. Por lo menos están cobrando muchas y muy caras horas productivas, generando estrés y haciendo pagar a alguien que no tiene ninguna culpa en el asunto.
Tiene que haber otra forma de encontrar soluciones a los problemas. Yo no tengo el derecho de decidir quién pasa por una avenida o no simplemente porque quiero luz en mi colonia o un paso peatonal en algún sitio.
Porque el automóvil sólo es villano por la falta de visión de la misma autoridad que lo transformó en su "política" de transporte colectivo, que no dejó a la gente más alternativa que comprar un auto para trasladarse y ahora no es capaz de permitir que esos autos circulen por la falta de mecanismos para escuchar a sus electores, mucho menos los pantalones para abrir una arteria cerrada por manifestantes.
Sergio OliveiraDentro de las principales obligaciones que establece la NOM-022, se encuentran la de preservar el manglar como comunidad vegetal y garantizar la integridad de su flujo hidrológico. Estas obligaciones no fueron impuestas a FONATUR dado que la evaluación realizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental no consideró relevantes las poblaciones de manglar presentes en Tajamar. Derivado de lo anterior, la evaluación de impacto ambiental realizada no se ajusto a los requisitos legales aplicables conforme a dicha norma.
La SEMARNAT deberá proceder conforme a derecho. La sociedad en su conjunto sigue muy de cerca este proceso y ya se pronunció: no más Tajamares en nuestro país. La ley no medio se cumple, hay que observarla al pie de la letra, no es opcional. Tomando en cuenta la certeza jurídica que hay que brindar a los inversionistas, también hay que cuidar que no se violente el estado de derecho en materia ambiental. Hay que valorar la legalidad de todo lo que el caso envuelve y no guiarse por criterios o intereses meramente económicos/patrimoniales. Me atrevería a decir que la mayoría estamos a favor del crecimiento, de las inversiones, de la creación de empleos y todo aquello que contribuya al desarrollo de nuestro país, siempre y cuando se respete a la ley y a la naturaleza. ¿Sucede esto último en el caso que nos ocupa?
Gustavo Alanís OrtegaLos linchamientos se alimentan de la desesperación y la impotencia, sentimientos muy extendidos en México, un país donde 98% de los asesinatos quedan impunes y el Estado está ausente en algunas regiones.
Azam Ahmed y Paulina VillegasLas conversaciones difundidas en la prensa, resultado del trabajo de inteligencia del Cisen y la Marina, no tenían realmente una bala de plata que demostrara una relación criminal entre la señora [Kate] Del Castillo y [Joaquín] Guzmán. Un funcionario federal explicó que esos diálogos, una vez judicializados, entrarían a la investigación como piezas de un rompecabezas. Con la información que tenía la PGR, sugirió, esas conversaciones irían corroborando y confirmando las sospechas de que los vínculos entre ambos eran más que negocios coyunturales. Los medios habían servido como vehículos de excelencia para darle el pretexto a la PGR de abrir nuevas líneas de investigación a partir de las grabaciones publicadas.
Cuando se quitan los reflectores de la investigación y se disipa la tolvanera que levantó, varias preguntas quedan sin respuesta. Por qué, si las grabaciones son parte de la investigación y se supone que fueron intercepciones telefónicas autorizadas por un juez, fueron difundidas a través de la prensa. Por qué, si pueden ser utilizadas dentro de la averiguación previa, se entregaron a la prensa algunos de los segmentos más picantes y emocionalmente más perturbadores. Queda la duda si, cuando anunció la PGR que las incorporaría en la averiguación, existe la posibilidad de que fueran grabaciones ilegalmente obtenidas, o si hay un interés oculto, personal o relacionado directamente con la investigación. En todo caso, la consecuencia de los materiales que tienen que ver con su fuero interno, en particular las conversaciones con un tono personal, han creado la impresión de que sí tuvo que ver con un criminal. Es decir, el juicio popular la encontró culpable.
Llevar al tribunal popular a la señora Del Castillo, es permear que es culpable. Falta a la PGR demostrar los delitos por los que se le investiga y proceder en su contra, pero aun cuando se llegue a ello, en otras áreas del gobierno, le hicieron un enorme daño al proceso. A la señora De Castillo le han violado sus derechos fundamentales.
Aún no se construye una acusación formal en su contra, y se están colocando los pilares para que se alegue, si llegara a darse el proceso, una violación al debido proceso. El caso de la señora Del Castillo es similar al de la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, a quien la Suprema Corte de Justicia dejó en libertad hace 3 años por considerar que se le habían violado sus derechos fundamentales. La decisión se apoyó en el dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que al describir la forma como se violaron los derechos de la francesa, lo llamó el "efecto corruptor".
Entre las circunstancias que se consideran dentro del "efecto corruptor", se encuentran que "la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio", y que "la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión". Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el acusado no recibe un juicio justo.
El ministro Zaldívar apuntó en una de sus afirmaciones centrales: "Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo".
La señora Del Castillo no es la señora Cassez. La 1a. ni siquiera ha sido acusada de nada, mientras que la 2a. ya había sido sentenciada. Sin embargo, lo que la Suprema Corte tomó como prueba de que se violaron sus derechos, lo que popularmente se conoció como "el montaje", una recreación de su captura, es menos grave, se puede alegar, que las 2 semanas de linchamiento mediático contra la actriz.
Raymundo Riva PalacioLa Policía de Guadalajara, a pesar de la visión reformista del Sheriff Salvador Caro, continúa difundiendo imágenes de detenidos con lo que viola la presunción de inocencia al exhibir a personas sin juzgar. Pero ahora sí fueron demasiado lejos y ayer circularon la imagen con el botín de una presunta carterista en donde destacaban 3 credenciales de elector, una licencia de conducir y tarjetas de crédito con nombres y número. ¿Y la Ley de Protección de Datos? Esos compadres necesitan 2 cosas: un curso de derechos humanos y poquito sentido común.
Allá en La FuenteHay quienes dicen que ese tramo de carreteras que comienzan en La Tinaja, Veracruz y llega hasta Matías Romero, en Oaxaca, cruzando entre otros Tierra Blanca, debería ser llamado la ruta de la muerte. La mayor parte de esa zona es exuberante y rica, pero también está, en buena medida, lejos del Estado de Derecho y de la preocupación de muchas autoridades, ahí en muchas ocasiones se mata o se muere. Es una de esas zonas donde coexisten muchos Méxicos diferentes y que durante décadas, ha sido ganada por la violencia.
En el secuestro y la desaparición en Tierra Blanca de los 5 jóvenes que iban por esa ruta del puerto de Veracruz hasta Playa Vicente, han intervenido policías estatales y por lo menos 2 grupos criminales enfrentados entre sí. Se dice que entre los jóvenes secuestrados (y los que los acompañaban en otro carro que, inicialmente, cuando fueron subidos a una patrulla, los siguieron y luego decidieron no continuar la persecución) había algunos ligados a un grupo con origen en la cercana Tuxtepec, encabezados por un personaje al que llaman "El Brujo", que se dedica a asuntos de droga pero también de robo de ganado y de autopartes.
Entre los policías, de los 7 detenidos, 4 no estaban acreditados, o sea que no habían pasado los controles de confianza, algo que, pese a que es norma desde 2009, sigue siendo un agujero negro en muchas de las policías del país. Se estima que los policías secuestraron a los muchachos por una suerte de venganza contra algunos de ellos y los entregaron a un grupo criminal rival de los de Tuxtepec. Falta saber, aún, cuál ha sido su suerte. Nadie es demasiado optimista.
Esa larga frontera que comparten Veracruz y Oaxaca se alimenta, hay que decirlo, de la violencia, social, criminal y política de todo tipo. Hace muchos años, investigando un tema de narcotráfico, terminé cubriendo una visita a un rancho propiedad de Margarito Montes Parra, un sonorense que se había asentado políticamente en esa zona, quien era entonces líder de la Unión General Obrera Campesina y Popular por el rumbo de Tuxtepec. El rancho era magnífico y había una pequeña multitud festejando mientras las armas largas aparecían por doquier.
El problema era que Margarito y su gente al mismo tiempo que negociaban con gobiernos y otras instancias de poder, arreglaban los problemas agrarios, y muchos otros de los negocios "privados" que tenía el líder, a sangre y fuego. En ese viaje, estamos hablando de hace por lo menos 15 años, tuve oportunidad de platicar con ganaderos de toda la zona, incluyendo Tierra Blanca, y eran innumerables las denuncias por extorsiones, chantajes, violaciones, ocupación de tierras y abigeato realizadas bajo el manto de la UGOCP o de otras organizaciones sociales o simplemente de grupos criminales que a veces usaban una cachucha y en ocasiones otras.
Los de Margarito decían que ellos sólo se defendían y que los propietarios tenían grupos paramilitares que los perseguían. Por lo que investigué entonces, ambos tenían razón: las extorsiones y ocupaciones eran terribles y las reacciones también. En ese entonces, hubo enfrentamientos entre decenas de hombres armados de uno y otro grupo que dejaron más de 40 muertos.
En enero del 2006 se involucró a Margarito con el narcotráfico por su relación con Neguib Manrique Madariaga, ex alcalde de Ixtepec, Oaxaca, asesinado en un ataque ocurrido cerca del aeropuerto de Veracruz. Al ex edil, a su vez, se le relacionaba con un narcotraficante de Coatzacoalcos y con Pedro Díaz Parada, entonces uno de los jefes del narcotráfico en Oaxaca y el Istmo. No pasó nada pero 3 años después, en 2009 durante una reunión en Sonora, Margarito, uno de sus hijos y parte de su familia, en total 15 dirigentes de la UGOCP, en un ataque feroz, que jamás ha sido esclarecido, fueron asesinados.
Hay demasiadas armas y demasiados grupos criminales al margen de la ley en la zona, demasiadas venganzas, las policías estaban y están infiltradas y pese a los esfuerzos realizados siguen estando lejos de los objetivos declarados, incluso de las normas de ley.
Jorge Fernández MenéndezHay que agarrar al toro por los cuernos y al diputado naranja Augusto Valencia por la lengua. Y es que ayer, al recibir de frente el reclamo de los motociclistas que piden derogar el uso del chaleco reflejante con número de placa, Valencia le bajó varias rayitas. Apenas el mes pasado exigía a Servando Sepúlveda, titular de la Semov, castigar a los motociclistas que no usaran chaleco para inhibir a los motoladrones. Pero ante los bikers dijo que mejor iba a pedir que los aperciban antes de multarlos, que consultaría si la medida no viola sus derechos y al final, que la decisión de derogar es del gobernador.
El que también se subió al "tren" de los motociclistas inconformes fue el senador priista Jesús Casillas para pedir al ejecutivo estatal la derogación del uso del chaleco. Para eso llegó a Palacio de Gobierno en moto... y sin chaleco. O sea, ¿para mostrar solidaridad con los bikers se puede infringir la ley? Porque estará muy en desacuerdo, pero la ley y su reglamento de Movilidad están vigentes.
Allá en La FuenteCuando hace ya más de una década la empresa Tractebel comenzó a instalar tuberías para la distribución de gas natural en la zona metropolitana de Guadalajara se desató una guerra de acusaciones entre los distribuidores de gas LP (cilindros y tanques estacionarios) y los concesionarios de gas natural. Ambos se acusaban mutuamente de ser una bomba de tiempo. Los piperos decían que el gas natural en el subsuelo podía provocar una explosión como la del 22 de abril de 1992 y sacaron a pasear todos los fantasmas y los miedos que tenemos bien ganados los tapatíos, que sabemos que la explosión del subsuelo es posible y letal. Los partidarios del gas natural insistían en que en todo el mundo la forma civilizada y correcta de distribuir el gas es por el subsuelo y que las pipas y los cilindros de gas licuado son bombas rodantes que más temprano que tarde causarían un accidente en Guadalajara. A mí ambos me convencieron y me quedó claro que los 2 tenían razón: no podía confiar ni en unos ni en otros. Lo único que nos podía salvar de un accidente era un gobierno que hiciera su chamba, los trajera cortitos y no le diera un centímetro de flexibilidad, porque se lo iban a tomar.
Conforme se va uno alejando del periférico las condiciones de los camiones son cada vez peores. En los pueblos no encontramos un pipa de menos de 20 años de edad y lo peor, esas chatarras explosivas circulan por las carreteras de todo el estado con absoluta impunidad.
Las empresas son tan laxas como lo permita la autoridad. De nada sirven las actuaciones de emergencia como la de la Secretaría del Trabajo que corrió a cerrar la planta de Gas Nieto, en Tonalá, después del accidente. Esa planta ha estado ahí, llena de irregularidades, desde hace años, al igual que los camiones que andan circulando por la calle. Las empresas y vehículos que representan un riesgo para la población tienen que ser revisados periódicamente por la Secretaría del Trabajo, Protección Civil, los municipios e incluso por la Secretaría de Movilidad, que no debería dejar circular camiones que no estén en óptimas condiciones.
No se requiere hacer más leyes o reglamentos (para que no se les ocurra a los diputados salir con que van a hacer mesas de trabajo para sentar las bases que permitan generar una negociación con miras a la implementación de un nuevo marco legal...).
Las normas que existen son suficientes, si se aplican. Lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos; hacerse ojo de hormiga con las normas de seguridad en el manejo del gas es criminal.
Diego Petersen FarahEl discurso del Presidente ante embajadores y cónsules mexicanos, definió la recaptura de Guzmán como "un logro a favor del Estado de Derecho". Está confundido. Atraparlo no fue un logro del Estado de Derecho, pero su fuga sí rompió el ordenamiento jurídico en los poderes ejecutivo y judicial, que no resuelve el que Guzmán regrese a la cárcel. Tampoco se ha avanzado mucho por reponerlo. La impunidad persiste. Quizás a este tipo de matices, donde enredan conceptos, es la razón por la que no encuentran cómo salir de la ratonera.
Raymundo Riva PalacioAmbos escenarios, poderío del narcotraficante y fragilidad de los penales, hablan de las debilidades crónicas del Estado mexicano y del estado de derecho. Aceptar extraditar [al Chapo] para evitar que se fugue desgasta aún más esa percepción de debilidad y ratifica las dudas sobre el Sistema Penitenciario y el poder judicial mexicanos.
Joaquín López-DórigaAsuntos públicos que estuvieron vigentes en 2015 y que, desde mi punto de vista, su seguimiento en 2016 es indispensable:
Reformas al Tribunal de lo Administrativo del Estado: Los polémicos fallos para autorizar proyectos habitacionales en el Bosque Los Colomos con los que inició el año, y que unió al gobierno estatal priista, y al alfarista de Guadalajara para combatirlos, son la mejor prueba de que se deben acelerar las modificaciones legales para acotar la discrecionalidad y la corrupción con la que por años se han manejado muchos temas en este tribunal que no rinde cuentas a nadie y del que se propusieron reformas el año pasado más allá de las que implicó el cambio del Código Urbano.
Abogados Talibanes: De este tema se habló ya en este arranque de año, con la revelación que hizo ayer el secretario del Trabajo, Héctor Pizano, que se presentaron ya 15 nuevas denuncias contra estos abogados que en colusión con las direcciones jurídicas de las dependencias públicas buscan enriquecerse con juicios laborales amañados. El año pasado el fiscal, Eduardo Almaguer (quien como titular de la STyPS inició esta inédita batalla en 2013) encarceló a 2 de ellos, lo que provocó una lluvia de amparos de abogados con negocios ilegales del tipo. Habrá que ver si se logra erradicar esta industria ilegal que ha robado miles de millones del erario y de empresas privadas.
Jaime Barrera RodríguezGustavo de Hoyos, presidente de la Confederacióbn Patronal de la República Mexicana, consideró que la viabilidad económica de la nación depende del fortalecimiento del Estado de Derecho.
"Mientras haya un rincón en el país donde los trabajadores tengan miedo de caminar y los empresarios frenen sus inversiones para evitar ser víctimas de la delincuencia, será imposible consolidar el nuevo modelo económico", dijo.
Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de El Colegio Nacional de Economistas
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