En mi opinión, la venganza -en sus formas antiguas o modernas- no es mala. Resulta higiénica para la salud mental, y frustra mucho verse privado de ella. Lo que ocurre es que, para que la sociedad no sea un continuo e incómodo navajeo, los hombres resolvimos confiar al estado el monopolio de nuestros ajustes de cuentas. Ofendidos, queriendo venganza y reparación de quienes nos ofendieron, cedemos ese impulso natural a la institución que nos rige y representa; y a ésta corresponde resarcirnos del daño recibido, alejar o anular el peligro social que el ofensor pueda suponer, y satisfacer, castigando adecuadamente a éste, nuestro lógico, instintivo, atávico deseo de venganza. No es casual que sean precisamente los grupos marginales, que no creen en la sociedad o comparten sus códigos, los que procuran siempre tomarse la venganza por su mano. O que, en las películas, nos guste y tranquilice que al final muera el malo.

Y es que el problema, a mi juicio, surge cuando el estado se revela incapaz de corresponder al compromiso. De cumplir con su obligación. Viene entonces la frustración de quienes se ven sin reparación, indefensos ante el mal causado. De quienes ven al asesino pasear impune por la calle, al estafador disfrutar de su dinero, al violador salir el fin de semana para repetir exactamente lo que lo puso entre rejas. De quienes ven sus deseos bloqueados en la maraña de incompetencia, burocracia, desidia, demagogia y mala fe que caracteriza a toda sociedad humana. Y además, como guinda, deben tragarse el discurso mascado por quienes ahondan cada vez más, por ignorancia, estupidez o cálculo interesado, el abismo entre la teoría y la realidad. Entre vida real y vida ideal. Y el de los simples que se lo tragan. El de los ciudadanos razonables y civilizados que dicen odiar el delito pero compadecer y ayudar al delincuente: discurso que queda chachi en la tele, en el editorial de periódico o en el café con los amigos, pero que se esfuma cuando sale tu número. Cuando roban en tu casa, asaltan en tu calle o violan a tu hija.

Sólo una sociedad firme y segura de sí, dura con los transgresores -e implacable con los vigilantes de los transgresores cuando cruzan la raya- hace innecesaria la venganza personal. Una sociedad capaz de protegerse con justicia y serenidad, pero sin complejos. Sin tonterías de telediario. Cuando no es así, las leyes hechas para proteger a la gente honrada se vuelven contra ella misma. La atan de manos, convirtiéndose en escudo de sinvergüenzas, depredadores y bestias sin conciencia. Frustran la esperanza de los ofendidos y les hacen lamentar, a veces, verse privados de la posibilidad de satisfacer ellos mismos el ansia legítima de venganza que el estado timorato, torpe, ineficaz, no resuelve en su nombre. Puestos a eso, uno acaba prefiriendo -y ahí está el verdadero peligro- un calibre 12, cartuchos de postas, dejadme solo y pumba, pumba. Lo demás, en última instancia, es retórica y son milongas.

Arturo Pérez-Reverte
(v.pág.31 del periódico Público del 28 de diciembre de 2008).

(V.pág.9 del periódico Público del 28 de diciembre de 2008).

Cardenal Juan Sandoval Iñiguez
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 22 de diciembre de 2008).

Se sabe que el Ministerio Público juega un papel clave en la cadena de la impunidad en México. Está estudiado. Se sabe que una averiguación previa mal armada desarma a un juez. Se sabe que esta parte determina todo el proceso en beneficio o en detrimento de un acusado. ¿No ayudaría que en algún momento alguien revisara el quehacer de un MP? Sin ninguna duda: el hecho de que sepa que tarde o temprano habrá una revisión de su trabajo, lo llevará a esmerarse. Pero a partir de la aprobación de esta reforma, no se podrá saber nunca cómo se hizo una investigación. Los familiares de una víctima no podrán saber si se efectuó adecuadamente, si se tardaron en empezar a investigar, o si el delincuente salió libre meses antes porque "no había elementos" para mantenerlo detenido.

El cambio mismo en la ley se hizo a oscuras. No se debatió en el contexto de la Ley de Transparencia aprobada en 2002, eso al menos hubiera despertado polémica. Más bien se "coló" dentro de la reforma al Código de Procedimientos Penales, amparada en el clamor general por la seguridad.

El IFAI ya puso el grito en el cielo e hizo públicas sus consideraciones en un documento. Afirma que se trata del "primer gran retroceso en materia de acceso a la información pública". El propio instituto, basado en la Ley de Transparencia, había considerado otorgar el acceso, "en versión pública", a las averiguaciones previas concluidas. Pero la PGR ya había decidido actuar de otra manera: desde marzo de 2007 (cuando se pidió la información relativa a Amigos de Fox) no atendió ninguna de las órdenes del IFAI de transparentar averiguaciones. Cada vez acudió al tribunal.

Ahora, como si la transparencia tuviera la culpa de la impunidad, los legisladores avalan el trabajo en lo oscurito. A menos que se echen para atrás. Si tuviéramos un MP que funcionara, yo no diría nada. Pero...

Luis Petersen Farah
(v.pág.14 del periódico Público del 21 de diciembre de 2008).

En tanto se desarrollaba la manifestación, que desquició el tráfico en el centro de la ciudad, en 587 centros de salud y en servicios de consulta externa de los hospitales de Jalisco se efectuaba un paro general de labores por tercer día, que igualmente la autoridad intentó paliar por tercera jornada con personal eventual y del Seguro Popular.

A partir de las 11:00 am, la marcha avanzó desde la avenida Constituyentes por 16 de Septiembre. Ante la desesperación de los automovilistas, una columna de batas blancas bloqueó la circulación de sur a norte.

A la protesta, que obligó a cerrar calles y desviar el tráfico mientras pasaba el contingente, se sumaron representantes del sindicato del IMSS, del SIAPA, del magisterio y de la Federación de Servidores Públicos al Servicio del Estado, "en solidaridad" con el movimiento.

(V.pág.6 del periódico Público del 19 de diciembre de 2008).

De acuerdo con el Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de Guadalajara, está "estrictamente" prohibido colgar o clavar anuncios en los árboles de la ciudad. En el cruce de las calles Fray Juan de San Miguel y Diego Rivera, en Guadalajara, se observa este anuncio que el propio "gobierno municipal" colocó en un árbol.

Lo único que un ayuntamiento debe hacer es cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos que de ella emanen, y es precisamente la autoridad municipal la que viola las disposiciones de ley. Nosotros, los ciudadanos, ¿En manos de quien dejamos el "poder público"?

Horacio Villaseñor Manzanedo
(v.pág.17 "correo" del periódico Público del 19 de diciembre de 2008).

Soberanes Fernández dijo que sólo el 1% de las víctimas aspira a recibir justicia y probablemente a que se les repare el daño causado, "frente a un 99% de delincuentes que ante la falta de eficacia de las políticas de seguridad pública han hecho del delito una forma de vida con la alta expectativa de que si son aprehendidos rápidamente serán liberados si se enfrentan a policías corruptos, ministerios públicos que no conocen su función o que si la conocen la pervierten, así como un sistema judicial con grandes deficiencias".

Destacó la urgencia de modificar los planes de seguridad pública, pues éstos son los mismos que los de hace 10 años y ya fueron rebasados.

María Elena Morera, presidenta de la organización México Unido Contra la Delincuencia, lamentó que las cifras que presentó la CNDH sólo confirman que la impunidad y la corrupción siguen avanzando en México.

"Se están manejando esos índices desde hace 10 años, los mismos número de delitos denunciados".

Morera dijo que el Ministerio Público es el cuello de botella del sistema de seguridad y justicia. "Requiere una reforma completa tanto en profesionalización de los servidores públicos como en la implementación de un sistema que envíe todas las averiguaciones previas a una central, a fin de que no puedan ser modificadas, es la forma de romperle la columna vertebral a la corrupción en el MP".

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 16 de diciembre de 2008).

Ello equivale a un aumento del 71.3% con relación a los actos de corrupción cometidos en 2006.

(V.Agencia Efe, 15 de diciembre de 2008).

De acuerdo con datos del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, se estima que de este 10% de delitos que se denuncian ante la autoridad competente, sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables. Es decir existe, en este rubro, un nivel de impunidad de 99%.

Además, según el organismo, hay alrededor de 400,000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Esta situación refleja, según la CNDH, el retraso que prevalece en las agencias de Ministerio Público cuando una víctima acude a ellas para denunciar un delito.

El Programa de Atención a Víctimas del Delito advierte que entre las personas que sufren algún hecho delictivo tienen desconfianza hacia las autoridades encargadas de perseguir a los criminales y procurar la justicia, además de que la mayoría de la víctimas reconoce la corrupción que impera en el sistema de seguridad pública .

Debido a la corrupción, la CNDH propone la creación de una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que se encargue de investigar los delitos en los que se encuentran involucrados policías y otros servidores públicos del sistema de seguridad pública.

La CNDH considera que ante el embate de la delincuencia y el crimen organizado, las víctimas son quienes se encuentran más desprotegidas y son el último eslabón en la cadena de la seguridad pública.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2008).

Pero... y, ¿cuando no se trata de una equivocación, de un error, sino de un acto de premeditación, de alevosía, de maldad, de perversidad, en donde se pone en juego la vida de una o más personas?. ¿Cuando la vida de otro ser humano depende de la información proporcionada por alguno de los delincuentes apresado, pero éste insiste en guardar silencio, ya sea por solidaridad con su o sus compinches, o como estrategia para no agravar la sentencia del juez que le habrá de tocar en su juicio?

¿Cuando los cómplices libres pueden actuar en contra de su víctima o su familia?

Sin duda alguna que se trata de una encrucijada difícil, en la que en ambos casos, la humanidad pareciera estar del lado de cada cual, empero, ¿qué es lo justo?, ¿qué es lo que se debe de hacer?, ¿qué es lo práctico?, ¿qué es lo que usted haría o desearía que se hiciera en caso de estar en alguna de estas situaciones?, sobre todo en tiempos como los que se están viviendo en el país, en donde podemos percibir que son los criminales los que le están ganando la partida a toda una nación cuya vocación es vivir en paz, pero que en la realidad se encuentra en la lona y tras las rejas que buscan detener a los delincuentes y salvaguardar a la familia, pero que de cualquier manera, quienes estamos secuestrados, amedrentados e impotentes, somos los más, los que respetamos la ley.

Por los siglos de los siglos, en ésta y todas las culturas del planeta, la lucha en favor de la civilidad y en contra de la tortura ha sido una búsqueda permanente ante el abuso cometido por "autoridades" incapaces de cumplir con su cometido de manera adecuada, no obstante, siempre habrá circunstancias en las cuales a los que no somos autoridad nos podría parecer casi, casi como un mal necesario, aunque, "en el pecado se lleve la penitencia".

Cuauhtémoc Cisneros Madrid. presidente de Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2008).

Lo importante no es que no exista corrupción, sino que no exista impunidad. En la medida que todos sepamos que si cometemos un delito vamos a ser castigados por ello, les aseguro que la corrupción y todos los delitos se reducirían. ¿Queremos que los índices de inseguridad o de corrupción se reduzcan? Preocupémonos por reducir la impunidad, que se castigue a todos los que obren en contra de la ley, no importa si es presidente, gobernador, jefe de gobierno, presidente municipal o hijo de familia.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de diciembre de 2008).

Luego de que el miércoles atribuyó responsabilidad a la iniciativa privada por su falta de apoyo y recursos para el combate a la inseguridad pública, ayer aclaró que "su pleito" no es contra los empresarios, sino contra el poder judicial, que muchas veces echa por tierra los esfuerzos del ejecutivo. Puso como ejemplo el caso del asesinato de Gloria Malloy, esposa del empresario y vicepresidente de la Coparmex Jorge Gutiérrez Topete, pues uno de los detenidos por su presunta relación con el crimen fue liberado este año por un juez luego de ser detenido por el mismo delito (no aclaró si asesinato o robo).

El mandatario soslayó la responsabilidad del ejecutivo en circunstancias como ésta y solicitó el apoyo "de quienes crean que esto no es correcto" para presentar la iniciativa de reformas a la ley de modo que jueces, ministerios públicos y policías investigadores también sean sometidos a pruebas de control de confianza, tal como ocurre con los 168 mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Pablo Lemus Navarro, también arremetió contra el poder judicial y aseguró que la puesta en libertad del sospechoso del crimen de Gloria Malloy "no es el único caso que conocemos de este tipo".

Añadió: "Nos indigna como sociedad que estas cuestiones sucedan, por eso queremos que los jueces estén del lado de los intereses de los ciudadanos y no de los intereses de los delincuentes".

(V.pág.6 del periódico Público del 12 de diciembre de 2008).

Reconoció que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez "no sólo no termina por resolverse, sino que se ha generalizado a todos, en gran parte, por la lucha brutal de los delincuentes por controlar, no sólo el territorio donde pretenden realizar sus actividades o sus rivales, sino por dominar y doblegar a la sociedad".

Al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos a Esther Chávez por su lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez y de manera póstuma, la medalla summa cum laude a los padres de Fernando Martí, secuestrado y asesinado por sus captores, el presidente Calderón dijo que ambos casos evidencian la suma de muchos males que se dejaron crecer y que hoy amenazan a las familias mexicanas.

"Simbolizan la corrupción e inoperancia de las instituciones de justicia y las limitaciones de las leyes y autoridades. Simbolizan, sobre todo, la impunidad que tanto daño le ha hecho y le hace a México".

(V.pág.24 del periódico Público del 12 de diciembre de 2008).

El funcionario detalló que actualmente este ingenio adeuda 45 millones de pesos a sus abastecedores de caña, lo que ha sido motivo de inconformidad de los cañeros que el pasado miércoles bloquearon por 4 horas la salida norte-poniente de la zona metropolitana.

(V.pág.37 del periódico Público del 12 de diciembre de 2008).

Al entrar al Estado de México lo detuvieron por circular en los carriles centrales del Periférico con carga y querían quedarse con su licencia en garantía del pago de la multa.

Solicitó que únicamente le hicieran "el folio" y le devolvieran su licencia, pero para acceder a ello le pidieron 3,000 pesos. Después de ver reglamentos y de mucho discutir, lo dejaron ir por 1,000 pesos. Seguramente encontraron en el reglamento consultado un párrafo que les permitía devolverle su licencia a cambio de un donativo para ser entregado por ellos mismos al Teletón.

Yo creo que mi amigo andaba salado o le hicieron un "trabajito", porque al día siguiente lo detuvieron por otro motivo más absurdo. Saliendo de un bar en Polanco abordó, con su esposa y 2 amigas, un taxi rumbo a Santa Fe y poco antes de llegar a su destino los detuvo una patrulla.

Supusieron que estaban deteniendo al taxi por algún motivo, mas no a ellos, pero para su sorpresa les pidieron que bajaran del taxi. Ridículamente, los acusaron de tener aliento alcohólico, y mientras reclamaban que el delito no es oler a alcohol sino manejar ebrio, llegaron dos patrullas más.

Todo parecía un teatro montado para asustarlos y sacarles dinero. Al taxista aparentemente lo detuvieron y se lo llevaron en una unidad. Luego llegaron 2 sujetos, supuestamente representantes de la empresa de taxis, quienes después de discutir con el oficial "Francisco Jesús Gutiérrez" le dijeron que no había más que hacer: o les daba 2,000 pesos o se llevaban a las mujeres en una unidad, a él en otra. Les dio el dinero.

Y hubo una tercera vez... El domingo, ya de regreso, al pasar por el mismo lugar del Periférico, pero esta vez sin carga, lo detuvieron por no tener pegado en el cristal el engomado de las placas (lo traía, como muchos, en la guantera).

Le mostró al oficial el engomado y le ofreció pegarlo en ese momento, independientemente de que le hiciera o no "el folio". Sin embargo se querían llevar el vehículo. Le informaron, amablemente, que lo podría recoger hasta el día martes, porque el lunes no circulaba, pero si quería podía pagar en ese momento la multa que era de 4,000 pesos.

Molesto por tanto abuso, no quiso darles nada y les pidió que lo guiaran al corralón para dejar su camioneta.

En el trayecto el agente se paró en un lote baldío con muy poca luz, se le unió otro oficial en motocicleta y ambos lo amenazaron con añadirle otros cargos, refiriéndose a una caja que traía detrás de su asiento, la cual podría ser considerada como carga (prohibida en el carril central).

Ya harto, accedió a darles mil pesos para que lo dejaran ir.

"Chulada de país".

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 11 de diciembre de 2008).

Sin embargo, es preciso recordar que el castigo con la pena de muerte tiene una característica poco deseable en un mecanismo de justicia, es irreversible.

Agregando a lo anterior, si como se ha reconocido, los cuerpos policiacos y los mandos subsecuentes no están exentos de tener elementos que trabajan para el crimen organizado, sería en principio muy complicado discernir si los cargos y los procesos de justicia están libres de intereses de las mafias. Del mismo modo, aún cuando no haya injerencia de estos intereses particulares, los errores que se cometan serán imposibles de reparar.

Para complicar aún más los ejemplos señalados, la legislación vigente distingue entre delitos del orden federal y del fuero común, así, sería necesario que las entidades federativas modifiquen su normatividad. En apariencia la pena de muerte es una medida adecuada en un clima de inseguridad y la violencia que se esparce por el país, sin embargo, en la realidad, sólo es una propuesta demagógica, surgida en una de las entidades federativas que ha sufrido más de cerca estos infortunios.

Es sabido que los representantes del poder ejecutivo estatal son particularmente poderosos y que tienen una injerencia directa en los aparatos de justicia locales, pero la medida pareciera ser una ventana de elusión de responsabilidad. A lo anterior faltaría hacer la pregunta: ¿están los gobernadores dispuestos a asumir los costos políticos de condenar a una persona a la muerte y que después se demuestre su inocencia? Estamos hablando de los mismos gobernantes que no están dispuestos a pagar los costos políticos de aumentar sus impuestos locales, o de administrar ordenadamente el cobro del impuesto predial.

Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal perredista
(v.pág.9 del periódico Mural del 11 de diciembre de 2008).

Cuando uno tiene noticia de las aberraciones que cometen las bandas de secuestradores de manera "natural" se activa el resorte de la venganza. Esos miserables -piensa uno- no merecen ningún tipo de consideración. Y cuando uno además se pone en los zapatos de los familiares o amigos de las víctimas entiende las ganas de hacerles pagar por los sufrimientos que han perpetrado a sus víctimas. Malos tratos, mutilaciones, torturas, violaciones a lo largo de la retención, hasta llegar al asesinato. Y por supuesto que el resorte y la fantasía que se activan son los de castigarlos con un trato similar. Es comprensible (no justificable). La vieja idea de que "el que a hierro mata a hierro muere" alimenta todo tipo de ensueños "justicieros" por propia mano. Pero precisamente el estado -esa construcción civilizatoria- está ahí para que esas pulsiones de venganza, de desquite sanguinario contra los delincuentes, no sean la vía para la impartición de justicia. El estado -se supone- debe estar por encima de esas pasiones, está obligado a "enfriarlas" no a incrementarlas. El estado se separa de manera radical de esas pulsiones sociales porque la justicia no puede ser sinónimo de revancha, ni las instituciones del estado una réplica invertida de las bandas de hampones.

En la base del estado democrático de derecho está la noción de que el estado no ataja la delincuencia con las mismas armas que esta última utiliza.

José Woldenberg
(v.pág.10 del periódico Mural del 11 de diciembre de 2008).

Pregúntenle a Peña Nieto, Montiel, Madrazo, Mario Marín, Elba Esther, Bejarano, falta espacio para hacer la lista.

Héctor Hernández
(v.pág.10 "Cartas del lector" del periódico Mural del 11 de diciembre de 2008).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.El Siglo de Durango del 11 de diciembre de 2008).

A partir de hoy le restan 4 años al presente sexenio. Dentro de los próximos 100 días nos encontraremos en pleno proceso electoral. Es la hora de los ciudadanos.

Alejandro Martí, presidente de Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana
(recibido por e-mail el 10 de diciembre de 2008).

Por otra parte, resulta comprensible que la opinión pública reclame orden y aplicación de la ley, y que al no obtenerlo le seduzca la idea de aplicar penas más severas, pero esta percepción se produce por la falta de eficiencia en las instituciones públicas, reforzadas por hechos delictivos indignantes que se suceden día a día a lo largo y ancho del país. La propuesta de aplicar esta pena es un acto demagógico que debe entenderse en el marco de la inminente lucha electoral, pero que debe llamar la atención de todos para reflexionar que luego de 60 años de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en México tenemos sed de justicia eficiente, pronta y expedita. Ansiedad por la seguridad en los espacios públicos y una desesperación ante la impunidad.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de diciembre de 2008).

Es por ello que la declaración hecha por Cuauhtémoc Cárdenas, con el no definitivo a la pena de muerte, resulta además de clara, de una enorme importancia en la reflexión que la situación actual merece para ofrecer a la población la seguridad que requiere, sin salidas que distorsionen los objetivos y sí que ofrezcan un clima de seguridad, donde la población puede contar con los mínimos de garantía que su estado le debe proporcionar y que no le ha dado.

Porque si bien una adecuada legislación contribuye a lograr mejores niveles de seguridad, esta labor no es suficiente cuando se realiza de manera aislada. Es necesario que el sistema judicial haga su tarea, acción hoy ausente a pesar de la legislación existente, a pesar de las declaraciones de autoridades. Sin un sistema judicial eficiente, el trabajo de dar seguridad a la población no podrá ser llevado a cabo. En cambio, es indispensable la evaluación y la aplicación de las medidas correctivas al aparato judicial y a las policías.

Y no hace falta buscar mucho para saber por dónde empezar, Felipe Calderón reconoció que alrededor de la mitad de los policías son corruptos. Entonces, la tarea de verdaderamente limpiar los cuerpos policíacos, es una prioridad a realizar en todos los niveles, antes de pretender cargar sobre la legislación el peso de una pena que, aun "bien" aplicada, resulta simplista para la magnitud del problema que se enfrenta.

Porque esa ruta es la de los absolutistas, quizá para ocultar lo que Cárdenas señaló tan claramente: "El crecimiento y el desbordamiento de la delincuencia (...) guardan una relación directa con la bajísima calidad de la justicia, la creciente desigualdad social, la pérdida y escasez de empleos, el estancamiento económico, la baja calidad de la educación, la falta de acceso a la atención de la salud y a la seguridad social, acentuados en más de un cuarto de siglo de régimen entreguista, elitista y neoliberal".

El trabajo que el estado debe hacer para frenar la delincuencia, para combatir al crimen organizado, resulta complejo, pero debe empezarse por asumir la responsabilidad y sanear al aparato judicial, sanear a las policías, hacer que en las cárceles los castigos sean tales y no la réplica de una sociedad corrupta.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de diciembre de 2008).

El incidente ocurrió en la comunidad de Santiago Ixtlahuaca, 95 kilómetros al noroeste de Pachuca, donde los vecinos capturaron al hombre desde el jueves y lo vincularon con los constantes robos de vehículos en la zona.

Los pobladores exigieron que el procurador del estado se presente en el lugar para denunciar la situación de inseguridad en la zona, además de que se les entreguen 90,000 pesos a cambio de liberar al presunto ladrón.

El hombre permaneció desde las 10:00 horas hasta poco después de las 15:00 horas frente a una fogata alimentada con neumáticos y a un lado de la carretera Zimapán-Huichapan, donde un centenar de personas cerró el tráfico en ambas direcciones como medida de presión, causando un intenso congestionamiento vehicular.

Los inconformes aseguran que la región es muy insegura, por lo que han tenido que organizarse para aprehender a los delincuentes y que el actual detenido fue sorprendido el jueves cuando intentaba robarse una camioneta.

Luego de más de 5 horas, los habitantes de Santiago Ixtlahuaca levantaron el bloqueo sin más incidentes y se llevaron al detenido atado de manos y vendado a su población, donde lo mantienen encerrado.

Eduardo Méndez, vecino de la región, indicó que ninguna autoridad acudió al lugar por lo que el detenido continuará en poder de la población.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 8 de diciembre de 2008).

Un informe del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del Partido Revolucionario Institucional, consideró que de ese total entre 2 y 3% serán entregados en "aguinaldo-extorsión" a policías y funcionarios aduanales.

Destacó que por las recurrentes y "tradicionales" prácticas de extorsión en el ingreso de los connacionales por la frontera norte del país, se entregarán el equivalente a entre 100 millones y 150 millones de dólares.

"Es gran cantidad de dinero, equivale a entre 1,300 y 1,950 millones de pesos, que se reparten entre agentes aduanales de la Secretaría de Hacienda, policías federales de Caminos, elementos de la PGR, de la policía federal, estatales y municipales", agregó.

El coordinador de dicho grupo de trabajo en San Lázaro, Edmundo Ramírez Martínez, expuso que de acuerdo al análisis en cada retén el "aguinaldo-extorsión" es de entre 50 y 100 dólares, porque los agentes federales, estatales y municipales no aceptan pesos.

"Hay ocasiones que un migrante que regresa por vía terrestre en su camioneta, como la gran mayoría, es detenido en al menos siete retenes, ello sin contar las extorsiones de policías municipales y estatales", expuso el también secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

(V.pág.16-A del periódico El Informador del 8 de diciembre de 2008).

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, José María Andrés Villalobos, demandó "abatir la impunidad" antes de pensar en aplicar la pena de muerte en México.

"La impunidad es el gravísimo problema que tenemos en el país. No se puede hablar de justicia ni de estado de derecho si seguimos teniendo una impunidad de 98%", refirió.

(V.pág.7 del periódico Público del 7 de diciembre de 2008).

Para el coordinador de los diputados locales del PRI, "no existe el escenario propicio en México para una reforma de esta naturaleza", principalmente por las carencias del sistema judicial.

A eso habrá que sumar, dijo Castellanos Casillas, la propia formación de jueces y trabajadores del poder judicial ya que, por un lado, podría prestarse a casos de corrupción y, por el otro, a intimidación de parte de los grupos de delincuencia organizada hacia los juzgadores.

Por su parte, Enrique Alfaro afirmó que él tiene dudas "sobre la capacidad de nuestro sistema de impartición de justicia para responder correctamente ante un cambio en nuestras leyes de esta magnitud".

Aunque el legislador admitió estar de acuerdo con la pena de muerte para algunos delitos, como podría ser el secuestro, porque sería la única manera de resarcir el daño, "tengo muy serias dudas de que nuestro sistema esté a la altura de un cambio de esta naturaleza".

De los riesgos que habría, el diputado perredista indicó que "la falta de credibilidad que se ha ido ganando en los últimos años nuestro sistema de impartición de justicia, haría que el tema se use con un sesgo o una tendencia distinta a la de impartir justicia. Me parece que en el fondo de la propuesta hay la indignación ante delitos que deberían tener una sanción de esta naturaleza, pero el fondo del problema es cómo garantizas que no se use de manera inadecuada".

Indicó que no es un secreto que la legitimidad del sistema judicial en México "está muy dañada", por lo que no genera certeza para los ciudadanos de que la justicia se imparta correctamente en nuestro país.

(V.pág.7 del periódico Público del 7 de diciembre de 2008).

"La impunidad hace que la gente se sienta con falta de seguridad. La solución es mejorar la eficiencia [...] Se carece de planificación a largo plazo y de una falta de coordinación entre las corporaciones policiacas, los agentes del Ministerio Público y los jueces. Faltan mecanismos para que los ciudadanos podamos evaluar al sistema", enumeró.

Jorge Rocha Quintero, responsable del programa de los Derechos Humanos y la Paz del ITESO, dijo: "Los sentimientos de venganza surgen cuando la justicia no es funcional... Debemos exigirle a la clase política. Es fundamental combatir la impunidad desde ahí y no sólo satanizar a los policías a pie. Debemos fortalecer a nuestros órganos autónomos: recuperarlos, volverlos ciudadanos, fortalecer su transparencia".

(V.pág.8 del periódico Público del 7 de diciembre de 2008).

Podría celebrarse el acuerdo al que, por fin, llegaron antorchistas y Bucareli. El plantón se levanta con una promesa (en la jerga la llaman "mesa de negociación") y la oferta gubernamental de dar asesoría jurídica a los campesinos para que sus encarcelados en Querétaro puedan quedar en libertad.

¿Qué descomedimiento es este? Vienen, se roban una parte de la ciudad, perjudican a muchos ciudadanos y, 2 meses después, el gobierno se pone de su lado. Los antorchistas hicieron lo que quisieron y se van libres de sanción y sin reparar ningún daño.

"Entiende la sensibilidad", me dijo al respecto hace un par de semanas, con apreciable sinceridad, el secretario Fernando Gómez Mont. "Como están las cosas, no podemos inaugurar una gestión que pueda ser calificada de represión".

El gobierno federal, entonces, no aplica la ley porque teme el calificativo de represor. Y el del DF ni siquiera se asoma; dice que como la solución de origen no está en sus manos, que resuelvan Gobernación, Hacienda, el ISSSTE, la PGR, Presidencia de la República, la Iglesia o Dios Padre. Quien sea, menos Marcelo Ebrard. Que se joda el ciudadano.

Dos meses de dañar a los pequeños comercios de la zona y perjudicar la vida cotidiana de cientos de miles de personas. Un plantón así equivale al nivel magna cum laude de desprecio por el tiempo y el espacio del ciudadano común y corriente. Es una práctica ultrajante.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Público del 5 de diciembre de 2008).

El director de la Policía Vial Metropolitana, Felipe Prado Trejo, informó que el operativo no es nuevo y se aplica desde hace varios meses. Sin embargo, agregó que desde hace dos semanas se intensificó la presencia de agentes, ante el aumento en el número de clientes.

Prado Trejo señaló que es necesario "despejar" la acera derecha de la calle Obregón, pues quienes se estacionan en lugar prohibido o incluso en doble fila o en las esquinas, generan un "tapón" y la hilera de autos llega a la calzada Independencia y bloquea el paso de los autos por esta vía.

Los comerciantes pidieron a los agentes que se les permita estacionarse en la acera derecha, lo cual fue rechazado por el comandante vial. Incluso mencionó que los comerciantes quieren vivir en la "anarquía" y eso no se tolerará, pues la SVT aplicará la ley. Hoy habrá un diálogo entre representantes de la SVT y los comerciantes para buscar poner orden vial en la zona de Obregón, donde hay días que las grúas levantan entre 10 y 15 vehículos mal estacionados.

(V.pág.13 del periódico Público del 5 de diciembre de 2008).

La ley aprobada por el Congreso de Coahuila no es suficiente para empezar a aplicar la pena de muerte en esa entidad, ya que la Constitución federal prohíbe la muerte como castigo. Por eso los legisladores coahuilenses han hecho un exhorto al Congreso de la Unión para que enmiende la carta magna federal y se permita a los estados legislar sobre este tema.

Moreira no es el único político que ha encontrado una veta de popularidad en la pena de muerte. El Partido Verde ha venido haciendo una campaña para promover la aplicación de este castigo. Sus dirigentes han entendido también que el sentir del pueblo mexicano en este tema difiere radicalmente del de la clase política e intelectual.

El argumento de la ineficacia de la pena de muerte como disuasivo sólo persuade a quienes tienen un concepto utilitario del castigo. Otra visión filosófica le da poca importancia a la capacidad de disuasión de las penas. Desde este punto de vista lo relevante es que el castigo sea una retribución por el mal causado. Por ello la sanción debe ser equivalente al daño. Esta idea es tan vieja como la humanidad y se refleja en textos tan antiguos como el Código de Hammurabi o el Exodo de la Biblia.

Yo no encuentro que la pena de muerte pueda ser un instrumento para aliviar el problema del crimen violento en la sociedad mexicana. Mientras el 98% de los delitos queden sin castigo, da igual si el castigo es la muerte o un paseo por el metro de la ciudad de México a la hora de mayor congestionamiento. Sí considero, empero, que hay crímenes tan crueles que merecen la pena capital. Cuando se conoce la saña con la que el mexicano Joe Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y asesinaron a dos niñas adolescentes en Houston, Texas, en 1993 es difícil no aceptar que la pena de muerte fue un castigo justo.

El gran problema en México es la incierta aplicación de la ley. Son tantos los casos de inocentes castigados por crímenes que no cometieron, que tiembla uno de pensar en un estado que, en vez de encarcelar, mate a los presuntos responsables de delitos graves. El consabido "usted disculpe" de nuestros jueces se convertiría en una broma cruel cuando se aplicara a un ejecutado.

No rechazo, pues, la posibilidad de aplicar la pena de muerte en ciertos casos. Pero en estos momentos vale más la pena luchar por reducir la obscena tasa de impunidad que por tratar de revivir una pena muerte que, de hecho, no se había aplicado en décadas.

La popularidad de la pena de muerte es una reacción a los altos índices de delincuencia y a la crueldad con la que se están cometiendo algunos crímenes, especialmente el secuestro, que cada vez más lleva a la tortura, mutilación y asesinato de las víctimas. Si realmente queremos disminuir estos crímenes, la mejor manera de hacerlo es reducir la impunidad y castigar a los perpetradores. Poco importa si se les mata o se les deja en la cárcel toda la vida.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 4 de diciembre de 2008).

Pero en el surrealista Municipio de Zapopan, la lógica es otra. Autorizan construir una tienda del tamaño del Palacio de Hierro y luego se le niega el permiso para ponerle el letrero del Palacio de Hierro. Otorgan permisos para construir un centro comercial completo, y al terminarse condicionan su habitabilidad a la construcción de obras adicionales no previstas.

El ayuntamiento alega que los dueños de Plaza Andares se habían comprometido a hacer "las obras viales necesarias para aminorar los efectos del tráfico que generará el centro comercial", pero un compromiso redactado así es totalmente palacio (totalmente ambiguo). Primero porque el término "aminorar" se puede referir igual a la construcción de un simple retorno, al aumento del número de entradas al centro comercial o a una semaforización sincronizada, que a túneles y pasos a desnivel o a la construcción de nuevas avenidas. Y segundo, porque según lo que el mismísimo director de Infraestructura Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte dijo, "los dueños de Plaza Andares han cumplido su parte al realizar el túnel de ingreso en Patria y Boulevard Puerta de Hierro" (Público, 2 de diciembre), y eso de alguna manera cumple con el ambiguo compromiso asumido.

Pero parece que para el Ayuntamiento de Zapopan las obras viales realizadas por los desarrolladores de Plaza Andares no son suficientes, y pide otras más -quién sabe cuáles y si con ellas se arreglaría el congestionamiento de tránsito-, con la amenaza de no entregar las licencias de habitabilidad y operación definitivas (otorgó unas provisionales).

La verdad es que el caos vial que este centro comercial y el resto de fraccionamientos y torres condominales autorizadas en la zona han ocasionado, debió haber sido previsto por el municipio antes de aprobar los usos del suelo y otorgar las licencias de construcción a todos estos desarrollos.

Ahora, a toro pasado, no se le puede endilgar la responsabilidad y el costo de las soluciones (si es que las hay) a los desarrolladores inmobiliarios, quienes han construido exactamente lo que les fue autorizado y con el agravante que en el caso de los proyectos residenciales, la mayoría de los desarrolladores ya vendieron sus unidades.

Pero lo peor es que el alcalde zapopano ha dicho que de ahora en adelante utilizarán las habitabilidades como arma para lograr que los desarrolladores inmobiliarios acepten la construcción de obras complementarias que el ayuntamiento unilateralmente considere necesarias.

No es posible que los que nos dedicamos a la construcción y al desarrollo inmobiliario, estemos sujetos a este tipo de extorsiones y arbitrariedades.

¿De qué se trata? ¿Con quién estamos tratando? ¿Con Al Capone?

Negar la habitabilidad de Plaza Andares y de cualquier otro proyecto hasta que se construyan obras no acordadas con anterioridad, es un método gangsteril de gobernar que no puede establecerse como procedimiento para tratar a los desarrolladores que cuentan con permisos de construcción y han cumplido cabalmente los acuerdos celebrados.

Con esta forma de resolver su incapacidad para prever las vialidades e infraestructura que el crecimiento de la ciudad y los usos del suelo aprobados demandan, lo único que lograrán es que los que nos dedicamos a esto nos vayamos a construir a otro municipio, a otro estado o inclusive a otro país.

No sé lo que signifique ser "Totalmente Palacio", pero sí sé lo que significa ser totalmente decente, y lo que en este caso significa ser totalmente cabrón.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 4 de diciembre de 2008).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.El Siglo de Durango del 4 de diciembre de 2008).

Caballero, quien conducía anoche una camioneta de lujo Hummer, se pasó la luz roja de un semáforo y en seguida fue detenido por una patrulla de la Secretaría de Vialidad de Monterrey.

El conductor, según reveló, aceptó su responsabilidad y solicitó a los agentes que le impusieran la infracción correspondiente, pero los uniformados le exigieron una "mordida" para completar su aguinaldo para estas fechas de Navidad.

Los agentes, siempre según Caballero, le amenazaron entonces con que si no cedía a su pretensión le acusarían de conducir ebrio y como prueba presentarían una botella de vino que el empresario llevaba cerrada dentro de la camioneta.

Por negarse a darles la "mordida", los agentes pidieron el auxilio de una grúa de la Secretaría de Vialidad para llevarse la camioneta al depósito de vehículos. Fue entonces cuando Caballero se metió a la Hummer y ya no salió sino hasta 16 horas después.

Antes de abandonar su actitud, Caballero recibió expresiones de apoyo de la ciudadanía e incluso una manifestación de unas 60 personas que bloqueó el acceso al depósito oficial de autos, localizado en la avenida Revolución, la más transitada del sur de la ciudad.

La presión social obligó a una autoridad superior a acudir a conversar con Caballero para que depusiera su actitud, saliera de la camioneta y pagara una multa del equivalente a unos 35 dólares por pasarse la luz roja, cosa que el conductor cumplió.

"El está exigiendo una disculpa pública de las autoridades y que reconozcan que violaron sus derechos", dijo la abogada Estela Villarreal Landeros, quien encabezó a un grupo de personas que con pancartas protestó contra la corrupción.

(V.Agencia Efe, 3 de diciembre de 2008).

"El narcotráfico apareció para volver violenta la ilegalidad. Distintos tipos de ilegalidad compartieron metodologías, recursos, se aliaron entre sí y eso llevó a una transición de un contrabandista que decía: ‘Yo hago contrabando, pero soy un contrabandista honrado porque nunca mato, ni secuestro’. De ahí se pasó a una delincuencia que combina todas las formas, todas las estrategias, que obviamente es mucho más peligrosa".

Ante este panorama, enfatizó que debe trabajarse en programas que fomenten la cultura de la legalidad desde la plataforma básica de la educación y devolverle, en parte, la credibilidad y reputación a los representantes más cotidianos de la justicia: los policías.

De acuerdo con la encuesta "Promoción de la Cultura Ciudadana para el Mejoramiento de la Seguridad y Convivencia", que el propio Antanas Mockus realizó en México, Colombia y Brasil, tan sólo 15% de los ciudadanos confía en los policías, mientras que 12% en los jueces.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 3 de diciembre de 2008).

Mientras el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, rendía su segundo informe de gobierno, al menos unas 50 personas de distintas agrupaciones sociales se congregaron frente al palacio municipal para protestar por la actual gestión tapatía.

"Las siete ya van a dar, ponchito quiere informar, las siete van a sonar y es cuento de no acabar porque ponchito es un llorón que siempre sale con esta canción", entonaron miembros del Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público, para parodiar una canción de Cri-Cri.

El conglomerado de personas incluso bloqueó por momentos Avenida Hidalgo ocasionando congestionamientos viales en la zona.

(V.pág.2-B del periódico El Informador del 2 de diciembre de 2008).

Nelson está atrapado en las redes del sistema, lo intuye pero no puede admitirlo, porque su hija es rehén de una banda criminal. Mientras Nelson y su familia son rehenes de la Procuraduría General de la República, de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva. Y al lado de la familia Vargas el resto de la sociedad es rehén del Sistema.

Quienes se han enfrentado al sistema de justicia, saben bien de qué hablo. Los funcionarios de la PGR son expertos, saben que las víctimas dependen de su "buena voluntad", de su "deseo de ayudar". Con el cinismo propio de los cómplices de la impunidad, los especialistas en derechos humanos de la PGR tienen como tarea apaciguar la ira y la desesperación de las familias victimizadas. Cuando el perfil del caso es público y notorio, utilizan siempre la misma estrategia. Reciben a la víctima, personalizan la conversación, muestran fotografías familiares, establecen vínculos de empatía, juran que ya pronto se resolverá. Piden paciencia. Con la sutileza del más cruel de los torturadores emocionales explican en voz bajita que si se sigue haciendo ruido en los medios, se afectarán las investigaciones. La familia secuestrada por la autoridad se llena de angustia, algo dentro de su pecho duele, quiere llorar, mira al funcionario público experto en mentir, protector de los intereses políticos de una falsa estabilidad.

Por un momento decide volver a creer. Al día siguiente aportan más pruebas, el Ministerio Público las ignora. Vuelve la ira, la desesperanza. La familia investigadora se profesionaliza, abandona su vida normal para resolver el caso. La autoridad falla reiteradamente. Vuelve a pedir paciencia. Así el ciclo se perpetúa, hasta que las víctimas se saben secuestradas por la autoridad.

Todas y todos somos la familia Vargas, aunque secuestrados por un sistema viciado e incompetente, exigimos la libertad y soñamos con un país en que nuestras hijas e hijos no vivan con miedo. Silvia no está sola, su familia tampoco.

Lydia Cacho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de diciembre de 2008).

El sistema de justicia necesita "urgentemente" ser depurado, modernizado y profesionalizado, señala el estudio.

(V.Agencia Efe, 27 de noviembre de 2008).

(V.pág.11 del periódico Mural del 27 de noviembre de 2008).

Durante la jornada, jóvenes encapuchados lanzaron piedras y destrozaron los cristales de varios comercios y oficinas de Tránsito y del sector agropecuario, así como en la sede estatal del PRI.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2008).

Sergio Chico Méndez, líder del sindicato independiente de la PGR
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2008).

José Manuel del Río Virgen, diputado federal por Convergencia
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2008).

La justicia, en México, no brinda seguridades. Por el contrario, significa un aparato temible, lento e ineficaz, vejatorio, tendencioso y, por encima de todas las cosas, corrompido en sus raíces mismas. No hay peor realidad para un país que ésta. Porque, la esencia de la convivencia civilizada en una sociedad debe estar asegurada, antes que nada, por el imperio de la ley y la preeminencia absoluta de las reglas. La gran guerra que el gobierno ha emprendido contra las mafias criminales se sustenta, así, en bases muy precarias.

No se puede luchar contra la podredumbre desde la podredumbre. Y, más allá de que el gobierno del presidente Calderón haya emprendido una encomiable cruzada contra las mafias, los ciudadanos de a pie deberíamos poder acudir a una agencia del Ministerio Público sin que ello signifique un descenso a los infernos. Por ahí se empieza, creo yo.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 23 de noviembre de 2008).

Escucho a diario los atormentados testimonios de los pequeños comerciantes afectados. Veo cómo miles de personas pierden minutos, horas, ánimos, vida por esta protesta. Ayer, por fin, pude escuchar a la autoridad: al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

-Es un secuestro que lleva 48 días, Fernando.

-Ciertamente es un dato que irrita a la sociedad. El gobierno federal y el del Distrito Federal tendremos que trabajar para articular medidas más razonables frente a esto. Sí, es un dato de desgobierno que tendremos que arreglar los 2 niveles de gobierno.

-¿El ciudadano de a pie, el señor de la papelería, el vecino tendrán que esperar 48 días?

-Yo lo que te puedo decir es que los canales de diálogo están abiertos. Estamos tratando de ser puentes para sensibilizar reclamos con autoridades. Estamos obligados a hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Su plantón ni nos va a mover más rápido ni más lento. Es un esquema agotado, pero entiende la sensibilidad: como están las cosas, no podemos inaugurar uno que pueda ser calificado de represión.

-¿Entonces que el señor de la papelería, los vecinos y los que tienen que pasar por ahí que se aguanten, porque ustedes tienen muchos frentes abiertos?

-Qué te puedo decir. Ofrezco ser más diligente al respecto.

El plantón cumplirá 50 días el fin de semana. Seguramente. Y cuando se vayan, el día que se vayan, los antorchistas no tendrán que reparar ningún daño. Seguramente.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Público del 21 de noviembre de 2008).

(V.pág.10 del periódico Público del 21 de noviembre de 2008).

El director de Servicios Municipales, Fernando Dessavre, reconoció que este problema es una constante pese a los esfuerzos de las autoridades de la Sagarpa para controlarlo.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 20 de noviembre de 2008).

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 18 de noviembre de 2008).

En un mundo ideal, tipo bosquecito de Bambi, todo eso estaría de perlas. Valses de la Cenicienta, ya saben. Eres tú el príncipe azul. Pero éste es el mundo real. La peña sólo respeta al prójimo cuando no cuesta esfuerzo ni dinero; en lo otro va a lo suyo. No hay más eficaz apelación a la conciencia de un ciudadano que prevenirlo por el artículo 14: si delinques, te molemos a hostias. Lo demás es demagogia, buenismo idiota y milongas. Y además es mentira. Lo que tienen que hacer los estados y los gobiernos, y aquel a quien corresponda, no es derrochar cariñitos, sino eficacia: guardias que se hagan respetar por su honradez y radares que trituren carnets. Machacar al infractor, como es su obligación, y ahorrarnos simpatías imbéciles.

Arturo Pérez-Reverte
(v.pág.36 del periódico Público del 16 de noviembre de 2008).

La manifestación, de alrededor de mil personas, ocasionó el bloqueo de avenidas importantes de la ciudad, pues un grupo cerró la calle de Abraham González, cerca de su cruce con Atenas, para solicitar que una comisión de negociación se reúna con autoridades de Gobernación, a fin de buscar una salida al conflicto magisterial en Morelos.

Desde ayer por la mañana, los manifestantes iniciaron sus protestas frente a las oficinas del ISSSTE y advirtieron que las marchas no cesarán hasta que obtengan una respuesta positiva a sus demandas.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 15 de noviembre de 2008).

Alrededor de 160 jóvenes armados con palos y piedras participaron en el secuestro de las unidades.

En la Policía Estatal Preventiva se informó que unos 100 alumnos se apostaron a la altura de la comunidad de Tiripetío, cerrando los 4 carriles de la carretera, y secuestrando después las unidades.

Y alrededor de 60 alumnos más realizaron la misma acción, pero a la altura de Noriega.

Por la tarde, Mario Bautista, director de Seguridad Pública del Estado, informó que los alumnos habían liberado 5 unidades.

Los otros 5 autobuses, todos de la línea Parhíkuni, continuaban anoche en poder de los estudiantes.

Los informes policiales indican que todos los estudiantes que participaron en el cierre de la carretera pertenecen a la Escuela Normal de Tiripetío, uno de los semilleros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Se trata de los mismos alumnos que el mes pasado secuestraron 14 autobuses para transportarse a Morelia y al Distrito Federal, con motivo de las manifestaciones del 2 de octubre.

Según la versión que operadores de los autobuses secuestrados ayer dieron a la policía, los estudiantes pretenden usar las unidades el próximo viernes, sin decir a dónde irán.

(V.pág.5 del periódico Mural del 13 de noviembre de 2008).

Los bloqueos, que continuaban hasta entrada la tarde, iniciaron cerca de las 10 de la mañana, mientras unos 15,000 mentores -apoyados por estudiantes de las escuelas normales públicas- marcharon sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2008).

Los inconformes exigieron que las autoridades estatales y municipales actúen para que se reanude el suministro del líquido, que presuntamente ha sido irregular desde hace mes y medio.

El bloqueo generaba un gran congestionamiento vehicular sobre la autopista hasta los últimos minutos de este sábado.

(V.El Informador en línea del 10 de noviembre de 2008).

Javier Humberto Orendáin Camacho, magistrado de número del poder judicial estatal
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 1o.de noviembre de 2008).

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 30 de octubre de 2008).

Los miembros del Comité Estudiantil de la Normal de Atequiza, que no sobrepasaban las 400 personas, salieron ayer a conmemorar 20 años del enfrentamiento que sostuvieron con elementos de la policía y del Ejército, cuando penetraron a su plantel.

En su recorrido obstruyeron la circulación de Circunvalación hasta Avila Camacho; cerca de 5 patrullas de la Secretaría de Vialidad y Transporte conformaban el operativo para agilizar e paso de los vehículos por calles aledañas.

También transitaron sobre los carriles de sur a norte de la Avenida Alcalde, hasta plantarse en Plaza de Armas, en donde después de las 6 de la tarde, dejaron un pliego petitorio a personal de Palacio de Gobierno.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 29 de octubre de 2008).

En el inicio del paro paulatino de labores indefinido que impulsa la CNTE las autoridades educativas en la entidad calculan que 10% de los niños que cursan primaria y secundaria se encuentran sin clases.

Los profesores cerraron las aulas para viajar a la capital del país y al Estado de Morelos para manifestarse en contra la Alianza por la Calidad de la Educación y en apoyo a los profesores morelenses.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 25 de octubre de 2008).

Epigmenio Ibarra
(v.pág.21 del periódico Público del 24 de octubre de 2008).

Los manifestantes se apoderaron de calles y avenidas, además de mantener tomada durante poco más de 16 horas la sede de la rectoría y las principales facultades y preparatorias.

Finalmente el rector se reunió con los integrantes del STEUABJO, quienes entregaron a las autoridades universitarias las instalaciones de rectoría y Ciudad Universitaria.

(V.periódico Milenio del 24 de octubre de 2008).

Apenas amanecía y más de una centena de maestros que rechazan la Alianza por la Calidad de la Educación tomaron el edificio de gobierno. Clausuraron las puertas con cadenas y candados, sin permitir la salida de los 8 elementos de la policía preventiva de la zona metropolitana y los 4 vigilantes internos del inmueble, ni la entrada de los trabajadores para la siguiente jornada.

En día y medio, los vigilantes comieron lo poco que les quedaba de comida, refrescos, galletas de la máquina de monedas y pasaron la primera noche sin saber con exactitud lo que pasaba. Inclusive sus familiares supieron el motivo de la tardanza inusual a través de los noticiarios de televisión y radio.

Al tercer día, los maestros permitieron que sus esposas e hijos se acercaran a uno de los accesos para pasarles comida y cambios de ropa.

El 27 de septiembre los maestros permitieron la salida de los 12 y el cambio de elementos cada 24 horas como establece la jornada.

El 9 de octubre los maestros se replegaron a la Plaza de Armas y liberaron el inmueble.

(V.periódico Milenio del 24 de octubre de 2008).

Más de 50,000 alumnos podrán reincorporarse este jueves a sus clases, luego del paro magisterial que duró 2 días.

En lo que va del mes, la máxima casa de estudios de Michoacán ha perdido 3 días de clases debido a la toma de instalaciones por parte de grupos internos.

(V.pág.13 del periódico Mural del 23 de octubre de 2008).

Desde las 8:00 horas los inconformes cerraron la carretera que comunica los poblados de Ayotzingo, Huitxilcingo y San Pablo Atlazalpa para exigir a las autoridades que regularicen el servico.

Denunciaron que la falta de agua obedece a la sobreexplotación del único pozo que abastece la zona, luego de la creación de al menos 2 conjuntos de casas-habitación.

Dicha situación ha provocado desabasto para más de 20,000 habitantes de 2 poblados de Chalco, por lo que decidieron efectuar el mencionado bloqueo que ha generado molestia entre cientos de automovilistas que utilizan esta vialidad.

Al respecto, el ayuntamiento ofreció enviar 20 pipas e iniciar una investigación para conocer las causas que ha generado la falta del líquido.

(V.Notimex del 20 de octubre de 2008).

Los integrantes del movimiento Bases Magisteriales, provenientes de las secciones 16 y 47, entre otros organismos civiles, marcharon por la avenida 16 de Septiembre hasta llegar a su cruce con Juárez, donde detuvieron la circulación por espacio de 2 horas.

De acuerdo con el vocero de Bases Magisteriales, Moisés Guerrero Rincón, la justificación para la escasa asistencia a la movilización convocada a inicios de semana es que "el SNTE organizó hoy los juegos del magisterio y los profesores prefirieron ir al futbol".

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 18 de octubre de 2008).

(V.pág.13 del periódico Público del 17 de octubre de 2008).

Jaime Preciado Coronado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología
(v.pág.23 del periódico Público del 17 de octubre de 2008).

Como ejemplo le puso el caso de la liberación del ex funcionario de la Procuraduría General de la República que había sido acusado del secuestro de Carlos Antonio Pilgram.

"El secuestrador está libre... la justicia no cumplió su cometido, había que tener a este secuestrador 29 años en la cárcel, pero hoy está libre", expuso Martí a Ortiz durante la reunión que sostuvo el grupo Iluminemos México con los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal el 24 de septiembre pasado.

Alejandro Martí hizo saber al ministro y a los consejeros que "hay un enorme desprestigio de nuestras autoridades judiciales, de nuestros jueces. Por otro lado -agregó- requerimos recuperar la confianza en nuestras instituciones".

En respuesta a su petición, Ortiz Mayagoitia le explicó que en este caso, así como en otro en el que se liberó a una presunta secuestradora apodada "La Güera", ya no se puede hacer nada.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 15 de octubre de 2008).

Osorio Izaza relató la transición por la que pasó Colombia con un sistema inquisitivo que daba lugar a equivocaciones y errores además de ser lento, a un sistema acusatorio.

El diplomático habló de los juicios orales y explicó que la sociedad le exige al estado eficacia y transparencia, que tenga contundencia a través del Ministerio Público para perseguir a la delincuencia, "y básicamente esa es la mayor fortaleza de un sistema de juicios orales, la transparencia".

Consideró que con ello aumenta la responsabilidad del Ministerio Público, pues ya no podrán inventarse las evidencias, todo tiene que ser verificado; "es un reto para el MP, pues tiene que volverse más eficiente".

Sin embargo, dijo, este sistema de juicios orales tiene muchos enemigos, pues los jueces corruptos, ineficientes e ignorantes, los fiscales no idóneos y los abogados tramposos, pululan en el sistema actual que no funciona.

Aseguró que en un sistema de juicios orales, "se acabaron estas historias dramáticas de gente firmando documentos que no sabe qué está firmando y montando un proceso que no existe", dijo.

Previamente los asistentes al foro vieron el video "El túnel", que describe el caso judicial de Marco Antonio Arias, quien debido a las ineficiencias del actual sistema de justicia fue sentenciado a siete años de prisión, comprobándose posteriormente su inocencia.

(V.Notimex del 14 de octubre de 2008).

Docentes y habitantes del poblado Tres Marías, en Morelos, bloquearon el tramo carretero en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 8 de octubre de 2008).

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 7 de octubre de 2008).

Recordó que la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2005 reveló que 59% de la población percibe que las leyes se utilizan para defender los intereses de gente poderosa "o como una excusa para cometer arbitrariedades".

Cabeza de Vaca Hernández hizo ver que la cultura de la legalidad es una realidad en un país "cuando su gente está convencida de que se vive mejor respetando las leyes que no haciéndolo".

Comentó que en el Plan Nacional de Desarrollo se han establecido como ejes fundamentales el fomento a la cultura de la legalidad, garantizar la certeza jurídica y fortalecer el sistema de justicia en general.

El funcionario indicó que la primera estrategia para ello es reducir el grado de discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de las normas.

La segunda consiste en hacer más eficiente y profesional la defensoría de oficio, así como extender su cobertura, mientras que la tercera es combatir la corrupción en todo el proceso de impartición de justicia, para ofrecer condiciones equitativas en la solución de disputas.

(V.Notimex del 6 de octubre de 2008).

José Antonio Caballero Juárez, director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE
(v.pág.16-A del periódico El Informador del 6 de octubre de 2008).

Y por parte de los gobernantes, desde hace décadas se hacen compromisos y promesas de que se "reformará" y entonces "mejorará y se modernizará" el sistema de justicia, para que los mexicanos se animen a denunciar cuando son víctimas de la delincuencia.

Y las reformas se hacen, pero nunca son suficientes; se hacen, y los mismos legisladores les conceden casi la perfección, pero las leyes producto de esas reformas, nuevecitas, modernas, de primer mundo, consensuadas, resultado del ejercicio parlamentario, no se respetan.

Poco a poco, gracias al avance de la misma delincuencia y del contubernio con las mafias de servidores públicos de todos los niveles, en todos los órdenes de gobierno, las leyes que recién estrenamos se van convirtiendo en letra muerta. Y luego alguien propone otra reforma y luego otra y otra, y así nos la hemos pasado mientras en las calles y en las casas no se nota la bondad de los marcos legales, esos que son ponderados como un avance para dar protección y seguridad a los mexicanos.

Y la gente sigue sin denunciar, porque para hacerlo, para empezar, teme por su seguridad, y porque por lo general implica perder muchas horas de varios días, pedir permisos sin goce de sueldo y a veces pagar abogado para finalmente ser testigos, una vez más, de la injusticia, por falta de pruebas, por averiguaciones mal integradas, porque le llegaron al precio al juez, por cansancio...

Pero entonces, ante su incapacidad e ineptitud, ante la tentación del recurso fácil de la imposición y la represión que conlleva un mayor castigo para la sociedad mexicana que sólo paga sus impuestos y se desvive día a día por ganar lo suficiente para cubrir las necesidades mínimas, se señala, se critica y se cuestiona a los mismos mexicanos porque no tenemos la cultura de la denuncia.

Y cuando hay iniciativas ciudadanas para decirles qué y cómo a los gobernantes, cuando más allá de denunciar se proponen acciones concretas, y se conciben y se dan a conocer ideas a veces geniales o simplemente producto del sentido común, los gobernantes las ignoran, las menosprecian, seguro hasta se ríen. Ellos creen que saben qué y cómo hacerlo, pero la seguridad sigue siendo una deuda del estado.

Laura Castro Golrate
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de octubre de 2008).

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 2 de octubre de 2008).

De acuerdo con informes de la Policía Estatal Preventiva, las unidades fueron interceptadas en el tramo Morelia-Pátzcuaro y conducidas hasta las instalaciones de la Escuela Normal Vasco de Quiroga, en la comunidad de Tiripetío.

Los estudiantes bloquearon la carretera con piedras y palos para luego dirigirse a los autobuses que se iban quedando varados.

Entre las 9:00 y las 11:00 horas ya tenían en su poder 14 unidades de las líneas Parhikuni, Primera Plus, Autovías y Purépechas.

Los pasajeros fueron obligados a descender y permanecieron varados en la carretera hasta ser "levantados" por otros autobuses de pasajeros.

Los estudiantes condujeron los autobuses hasta el interior de la Escuela Normal Vasco de Quiroga, donde anoche permanecían.

El movimiento estudiantil explicó que las unidades serán utilizadas hoy jueves para trasladarse a la Ciudad de México y a la capital michoacana, para participar en las marchas conmemorativas a la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Las escuelas normales representan además un semillero para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida por sus protestas callejeras y paros escolares.

Ayer, la CNTE realizó incluso una manifestación paralela: bloqueó algunas oficinas federales y estatales en Morelia, en rechazo a la Alianza por la Calidad Educativa.

En tanto, transportistas bloquearon también tres puntos carreteros en el occidente de Michoacán para protestar por el mal estado del tramo Cotija-Los Reyes.

El bloqueo carretero duró alrededor de 7 horas.

(V.pág.10 del periódico Mural del 2 de octubre de 2008).

La crítica a la democracia de baja calidad con que contamos debe ser para custodiarla y perfeccionarla.

José Luis Rodríguez Flores, presidente de Socialdemocracia APE
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de octubre de 2008).

El acuerdo nacional suprime la posibilidad de que los maestros hereden o vendan su plaza cuando se jubilen, pero además los obliga a certificarse cada año.

La segunda marcha duplicó la participación de los padres de familia en protesta con el magisterio disidente, que mantiene sin clases desde el inicio de este ciclo escolar a más de 400,000 alumnos del nivel básico.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2008).

Los bloqueos se realizaron desde las 12:00 horas en la avenida Plan de Ayala, frente a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a unos metros del entronque de la avenida con la Autopista del Sol (México-Acapulco).

Un segundo bloqueo se registró en la glorieta de la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca, sobre la avenida Domingo Diez, en una de las principales salidas de la ciudad hacia la Autopista del Sol.

Finalmente los mentores bloquearon la avenida Morelos Sur, pero los maestros terminaron por impedir el libre tránsito en todos los carriles de la Autopista del Sol, en el entronque con esa avenida.

Fue la presión de los automovilistas lo que obligó a los docentes a levantar los bloqueos en la glorieta de la Paloma de la Paz y en la Autopista del Sol, pues a gritos, mentadas de madre, reclamos y empujones los usuarios de las vialidades exigían su apertura.

El caos abarcó casi todas las calles y avenidas de Cuernavaca, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana.

"Solamente hubo algunos detalles, conatos de bronca entre automovilistas y los maestros; algunos automovilistas amenazaban con aventarle el coche a los maestros, pero no pasó a mayores", indicó la dependencia municipal.

Miles de automovilistas quedaron atrapados en el tráfico y a pesar de que los maestros permitieron el "libre" acceso de ambulancias y vehículos con personas enfermas, las largas filas de autos parados impidieron el tránsito de los automóviles de emergencia.

Ignacio Díaz, de la comisión de organización del movimiento magisterial, ofreció disculpas a los automovilistas afectados por los bloqueos luego de un conato de bronca en la movilización realizada en la avenida Plan de Ayala, donde maestros y padres de familia se enfrentaron.

Michell Menchaca fue una de las madres, que como otros 3 maestros, resultaron con lesiones leves tras el enfrentamiento.

Menchaca pidió a los profesores que liberaran la vialidad, en el bloqueo realizada sobre la avenida Plan de Ayala, para que un camión con niños enfermos lograra llevarlos a su domicilio tras una sesión de rehabilitación con equinoterapia.

"Hay un grupo de niños que desde las doce del día están atorados por estas pendejadas, son 30 niños que están en un camión, niños especiales que tienen autismo, problemas, y los tienen en un camión desde hace 2 horas".

Desde las 12:00 horas unos 30 maestros integrantes de la comisión negociadora, representantes de los docentes en paro; Abraham González, subsecretario de Gobernación; Marco Adame, gobernador de Morelos; Sergio Alvarez, secretario de Gobierno e Iván Elizondo, subsecretario de Educación, participaron en la reunión.

(V.pág.3 del periódico Mural del 25 de septiembre de 2008).

Luego de que policías estatales detuvieron en La Paz y 16 de Septiembre la caravana de ganaderos que derramaron leche en distintos puntos desde la carretera a Los Altos, y tras casi hora y media de forcejeos que generaron caos vial, los productores arribaron al centro de Guadalajara y remataron su protesta tirando cientos de litros en las alcantarillas.

(V.primera plana del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2008).

El tianguis regularmente se instalaba los lunes sobre la calle Fray Angélico, pero el proyecto de transporte articulado contempla la extensión de la ruta por esta vialidad.

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara pretende reasentar a los comerciantes en una unidad deportiva que se encuentra en Artes Plásticas y Hermenegildo Bustos. Sin embargo, los vendedores rechazaron esta propuesta del gobierno municipal ya que aseguraron que sus ventas se verán afectadas con el traslado de sus puestos a un espacio cerrado.

Tras 4 horas de bloqueo que entorpecieron el flujo vehicular en la arteria, los tianguistas aceptaron retirarse del lugar con el compromiso, por parte de la autoridad, de darles una respuesta a su problemática este martes a las 10:00 horas.

(V.El Informador en línea del 23 de septiembre de 2008).

Somos una nación profundamente dividida, un pueblo sin noción de comunidad y sin el menor respeto por el principio del bien común. Se puede hablar, en este sentido, de un país fragmentado que avanza a varias velocidades: una parte de la sociedad mexicana, la que conforman aquellas personas de bien dispuestas a acatar reglas y principios, subvenciona a una plomiza masa de haraganes y tramposos. Hay un México que trabaja y que quiere trabajar; hay otro país en que los estudiantes le birlan las respuestas al vecino de pupitre y en que el taxista cobra de más porque no le da la gana llevar taxímetro. La parte de la población que se arremanga la camisa todos los días mantiene, por así decirlo, a los demás.

Naturalmente, se escuchan voces que denuncian la intrínseca malignidad del modelo económico neoliberal y que, en una extraña relación de causa y efecto, explican la aparición del delincuente como una consecuencia directísima de la pobreza y la falta de oportunidades. Pero, esta ecuación miseria = criminalidad es una falacia: los más pobres no son los que más roban ni los que más matan ni los que más secuestran. El problema no está ahí, por más que llevemos décadas enteras de crisis y postración económica. Las que han fracasado, más bien, son las instituciones. Han fracasado los modelos, los paradigmas y los ideales: ha fracasado la escuela, ha fracasado la familia, ha fracasado la iglesia, ha fracasado el estado. ¿Quién le cree al gobierno? ¿Quién le cree al juez, al policía, al maestro, al cura? ¿Quién le cree al diputado, al ministro, al regidor? El marido golpeador, el padre abusador y el maestro sinvergüenza son tan incapaces de trasmitir valores como el politicastro ratero.

Estamos hablando, pues, del catastrófico resquebrajamiento de los principios morales en México. Los secuestradores y los asesinos son apenas la parte más visible de un fenómeno que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida nacional. Nos resistimos a ver una relación entre el estudiante que compra un examen y el maleante que extorsiona al tendero de la esquina pero ambas son expresiones del mismo mal. Y así, de pronto, descubrimos, horrorizados, una sangrienta realidad de asesinatos, secuestros y violaciones sin recordar que la incontenible ola de delincuencia que nos azota resulta directamente de la infinita multiplicación de los delitos menores. La moral no conoce de matices ni de cuotas. Es un asunto de valores absolutos. Cuando los individuos deciden ignorar la diferencia esencial entre el bien y el mal, la comunidad entera corre el peligro de desintegrarse.

Justamente, está en juego la viabilidad misma de la nación mexicana: el segmento corrompido de la sociedad está ganando terreno y amenaza con instaurar un siniestro modelo de extorsiones, secuestros y asesinatos pero, también, un mundo sin reglas y sin garantías, un entorno incierto donde ni siquiera el orden público más elemental estará asegurado. Anteayer, una turba de taxistas irregulares destrozó dos coches policiales en Ecatepec, Estado de México, aparte de golpear salvajemente a cuatro agentes. La televisión nos ofreció inquietantes imágenes de anarquía y barbarie. Los sublevados se oponían a que se realizaran las obras para que un barrio tuviera drenaje; mientras tanto, a una veintena de kilómetros de allí, maestros de Morelos bloqueaban arbitrariamente las calles de la capital de todos los mexicanos: estos profesores, habiendo abandonado a sus alumnos durante un mes entero, reclamaban derechos absolutamente espurios que nada tiene que ver con los intereses de la educación nacional.

Están muy podridas las cosas en este país.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 21 de septiembre de 2008).

La protesta de los cañeros implicó el bloqueo de la calle Corona, frente al Palacio de Gobierno, donde se concentraron algo más de 300 agricultores y algunas mujeres que se trasladaron a esta ciudad en 8 camiones de transporte de pasajeros.

(V.pág.33 del periódico Público del 19 de septiembre de 2008).

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 18 de septiembre de 2008).

Miguel Angel Granados Chapa
(v.El Siglo de Durango del 18 de septiembre de 2008).

En el momento en que cada mexicano cuestione su actuar y ponga por encima de sus conveniencias momentáneas el deber cumplido, las cosas empezarían a cambiar, pero tristemente, el entorno de descomposición e impunidad en que ha desembocado el bajo nivel de cumplimiento que en conjunto damos a nuestras normas, leyes y reglamentos, hoy nos tiene decepcionados como nación.

Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de septiembre de 2008).

La experiencia del juicio oral fue dramática y emocionante para todas y todos los involucrados, incluido el propio juez, quien hizo un buen trabajo; hasta los policías estaban entusiasmados.

Por un lado el Ministerio Público, representando a la Procuraduría del Estado, presentó una solicitud al Juez de Garantía para que se negara el juicio oral, quería un juicio abreviado. En su propuesta, el sicario se declararía culpable y obtendría el beneficio de la pena más baja por haber aceptado matar a la mujer. La abogada argumentó que eso se podría considerar sólo si el sicario, a cambio, proporcionaba información para procesar al autor intelectual, quien se fue de la ciudad sin dejar rastro y a quien el Ministerio Público jamás investigó.

El juez escuchó a todas las partes, debatieron abiertamente con buenos argumentos, la víctima se sintió validada por el juez e incluso pudo decirle al Ministerio Público lo que todas las víctimas de delitos en este país quieren decir cuando la autoridad en lugar de defender los intereses de la sociedad, defiende a los criminales.

La víctima y su abogada argumentaron mientras el juez, considerablemente azorado ante la parcialidad del Ministerio Público hacia el sicario, anotaba las contradicciones. Al final se dio la razón a las mujeres y se admitió un juicio oral por un delito de violencia de género.

Imagine usted que algún día, todas y todos los mexicanos tengamos derecho a ser escuchados, a evidenciar claramente cuando el representante de la Procuraduría representa a los criminales. Un día en que las víctimas y sus familiares ya no serán interpretados en cientos de hojas escritas en lenguajes anacrónicos con términos legales incomprensibles; sometidos a la opacidad de un sistema en el que las decisiones se toman con discrecionalidad, y sin que la jueza o el juez pueda escuchar toda la historia en vivo, de una buena vez.

En unas semanas comienza ya este juicio oral, en el estado que durante más de una década ha sido desgarrado por la destrucción sistemática de vidas, cuerpos y dignidad de mujeres y niñas.

Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio, Lucha Castro con amenazas de muerte del crimen organizado de Chihuahua; pero allí estuvieron, en el juzgado, preparadas, fuertes, congruentes; haciendo historia.

En medio de tanto dolor y tragedia, podemos celebrar que en México no se vale darse por vencido. Aunque siga el debate sobre el costo millonario del sistema de juicios orales, sobre el poder que perderán abogados que cobran sumas millonarias para resolver casos en la opacidad y la corrupción, y sobre las dificultades para su implementación, lo cierto es que hoy podemos celebrar un paso pequeño para la justicia; inmenso para las mujeres de Chihuahua.

Lydia Cacho
(v.periódico El Universal del 15 de septiembre de 2008).

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Público del 12 de septiembre de 2008).

Ante la inseguridad, la respuesta del estado debe ser contundente, pero todos sabemos que el problema no se resuelve con armas. No es con más armas ni con penas de muerte o cadenas perpetuas como vamos a combatir la impunidad. A un delincuente que expone su vida todos los días, la amenaza de muerte le tiene sin cuidado. Aumentar las penas puede aumentar la sensación de justicia (sólo la sensación, porque la justicia es otra cosa) pues las víctimas del delito podremos sentir que el delincuente pago algo del mucho daño que causó.

La impunidad es un fenómeno que comienza con los pequeños detalles cotidianos. Si desde la infancia nos parece normal estacionarnos donde no se debe, dar mordidas, brincar la fila porque lo mamamos en la casa, en la escuela, en el vecindario; nos parecerá normal también que más adelante la mordida no se dé sólo al policía sino también al juez; si nos brincamos la fila también los trámites; si engañamos al maestro ¿por qué no al fisco?

Hay que actuar, de eso no hay duda, nadie está pensando en el mediano y largo plazo, en cambiar la cultura de la impunidad. Además de invertir en armas, patrullas y chalecos, hay que gastar en educación para la legalidad y en generación de tejido social a través de la recuperación del espacio público.

Estamos repitiendo la receta de 1997. Estamos recetándonos otra vez los mismos antibióticos, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos. Si no acompañamos la receta de emergencia con un cambio en la forma de vivir, dentro de diez años estaremos exactamente donde mismo, porque si algo es cierto, es que los bichos son cada día más resistentes a las receta tradicional.

Diego Petersen Farah
(v.pág.3 del periódico Público del 12 de septiembre de 2008).

La manifestación de los mentores, que inició en la sede de la secretaría estatal de Educación, bloqueó por varias horas la avenida Kukulkán, que va del centro al área de hoteles, lo que provocó caos vial y afectaciones a turistas nacionales y extranjeros.

Miles de maestros de la Sección 19 del SNTE transitaron por la Autopista México-Cuernavaca, en el sentido de sur a norte, para llegar la Ciudad de México y exigir al presidente Felipe Calderón la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación.

La movilización ocasionó un severo congestionamiento vial en algunas arterias de Cuernavaca, mientras que los dos carriles de la carretera libre a la Ciudad de México se saturaron debido a que fue utilizada como vía alterna por los automovilistas que viajaron de Morelos al Distrito Federal.

Tanto en la terminal de Taxqueña como en las de Cuernavaca se cancelaron o retrasaron corridas de autobuses y se colocaron anuncios que advertían a los usuarios sobre la lentitud del viaje y el bloqueo de la vialidad.

Frente al auditorio de Tres Marías, un camión del PRI con los logotipos tapados con una bolsa para basura y periódicos, repartió pan para elaborar tortas, agua y jugo.

Tras una asamblea de emergencia, las comisiones que integran el movimiento decidieron a las 18:00 horas partir a bordo de los autobuses hasta la caseta de Tlalpan, donde fueron esperados por un grupo de aproximadamente 150 granaderos de la Policía Federal Preventiva.

Los profesores planeaban impedir el cobro del peaje, sin embargo, la presencia policiaca se los impidió, por lo que sólo transitaron sin pagar cuota por uno de los carriles de la plaza de cobro.

Hasta el cierre de la edición, los maestros pretendían ingresar a Ciudad Universitaria para pasar la noche.

(V.pág.4 del periódico Mural del 11 de septiembre de 2008).

Miguel Angel Martínez Espinoza, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, informó ayer que tiene conocimiento que en por lo menos 4 planteles, donde la FEG tiene presencia, se está negando la entrada de maestros acreditados en el concurso para dar lugar a profesores afines a la federación.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 11 de septiembre de 2008).

El caso es que le secuestraron a su hijo de 12 años y, tras dolorosas negociaciones, se lo devolvieron la tarde del sábado 30 de agosto, durante la marcha contra la inseguridad que se organizó en el Distrito Federal.

La nota le ha dado la vuelta a México y se ha publicado en varios medios internacionales por el escandaloso valor simbólico que tiene que un grupo de secuestradores haya liberado a una víctima en plena marcha.

Como suele suceder con la izquierda mexicana, lo primero que se dijo cuando se supo esto fue que la señora estaba mintiendo, que jamás le secuestraron a su hijo y que todo era un truco para perjudicar al gobierno capitalino.

Luego pasó que las autoridades del Distrito Federal se pusieron a investigar por su cuenta y filtraron a la opinión pública una placa del supuesto auto de donde salió el hijo de doña Laura al momento de ser liberado.

La placa no era de un vehículo que se pareciera al que la señora había descrito. Imagínese usted cómo quedó su propietario.

¿Qué hizo Laura Martínez? Contó lo que le sucedió en diferentes medios de comunicación.

¿Qué hicieron las autoridades? El presidente mandó "su ayuda" y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México le pidió que denunciara, ya que, si no hay denuncia, nadie puede hacer nada.

Sí, yo sé lo que usted está pensando: ¡A quién le interesa la ayuda del presidente después de haber pasado por un secuestro! ¡Qué cinismo el de Marcelo Ebrard de pedirle a una madre de familia que levante una denuncia para hacer su trabajo!

Cómo se nota que a Felipe Calderón jamás le han curado una herida con 'ayuda' y que don Marcelo nunca ha ido a levantar una denuncia.

Ahora, no finjamos demencia. Ni usted ni Laura Martínez ni yo hubiéramos esperado una respuesta diferente de las autoridades.

¿Por qué Laura Martínez no denuncia el secuestro de su hijo? Primero, porque debe estar furiosa como mamá, como mujer y como mexicana.

A su hijo, que no pertenece a ninguna familia de alcurnia, lo secuestraron y lo pudieron haber matado. Matado.

Segundo, doña Laura no denuncia porque denunciando no va a conseguir nada.

Los encargados de atenderla la van a tratar mal, la van a humillar y probablemente hasta le pidan una mordida para agilizar el trámite.

A final de cuentas nadie va a resolver nada y al dolor que ella lleva por dentro se le van a sumar muchísimos otros dolores.

Tercero, la señora Martínez tendría que estar loca para denunciar el secuestro de su hijo, porque si lo hiciera estaría haciéndole publicidad a Marcelo Ebrard, se volvería cómplice del sistema que permitió que a su hijo lo secuestraran y estaría enviándole a la sociedad el peor de los mensajes.

Pero aquí hay algo todavía superior a la historia del secuestro, a la reacción de las autoridades y a la no denuncia que yo no entiendo por qué no ha sido analizado a profundidad: Laura Martínez prefirió hablar con los medios de comunicación que con la policía.

¿Sí alcanza a entender lo que significa esto? Significa que los medios se mueven más y mejor que la justicia y que los mexicanos confiamos más en los medios de comunicación que en nuestras autoridades.

Que para nosotros vale más una denuncia hecha en radio que en un escritorio y que nos sentimos mejor atendidos por un periodista que por un juez.

¡Es brutal! Porque es un acto de desconocimiento frontal hacia cualquiera de nuestros niveles de gobierno y el otorgamiento de una facultad que no le corresponde a un puñado de empresarios.

Alvaro Cueva
(v.pág.13 del periódico Público del 7 de septiembre de 2008).

Los números todos, unos más, otros menos, dicen que la impunidad tiene muchas caras pero es el gran motor de la inseguridad.

Hay quienes señalan que de cada 100 delitos denunciados, sentencian a 4 o 5 responsables. El resto está en la calle protegido por ese alo de impunidad, legal o ilegal, pero siempre inmoral; esa impunidad que es fruto de todo el círculo perverso que va de las policías a las mismas leyes, que protegen más al delincuente que a la víctima, pasando por las instituciones encargadas de procurar justicia, las de impartirlas y el desastroso sistema penitenciario mexicano.

¡Cuántas historias hay de delincuentes en la calle, de expresiones cínicas, y a veces socialmente celebradas, de impunidad en todas las vertientes de la delincuencia!

El caso del secuestro y asesinato de Fernando Martí disparó la indignación contenida ante la inseguridad y todos lo hicimos nuestro. Alejandro, su papá, se convirtió en símbolo de esa rabia y su sentencia: "Si no pueden, renuncien", en un referente.

Pero no obstante todo, hoy, este secuestro y asesinato convertido en el caso más simbólico de la inseguridad, sigue impune.

¡Qué será de los demás!

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Público del 5 de septiembre de 2008).

(V.pág.18 del periódico Público del 5 de septiembre de 2008).

Lo primero que hay que valorar es ¿hasta dónde nuestros sistemas judiciales trabajan con una técnica y ética inquebrantable para no incurrir en un error judicial?

José González Jiménez, director de Prevención y Readaptación Social
(v.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 4 de septiembre de 2008).

(V.pág.8-B del periódico El Informador del 2 de septiembre de 2008).

La furia del cuñado rinde otros frutos: un agente judicial va acudir al hospital a tomar la declaración a la víctima. El trayecto, sin embargo, hay que hacerlo en su coche policial. A medio camino, se quedan sin gasolina porque el colega que estaba de servicio en el turno anterior dejó vacío el depósito del auto. Hijo y cuñado empujan entonces el vehículo hasta la estación de servicio más cercana y sufragan de su bolsillo la mitad de lo que dispensa la bomba de combustible. Una hora más tarde, llegan al hospital. Marta no sólo cuenta su odisea sino que pide explicaciones. El agente sabe de los secuestradores. La policía tiene ya retratos hablados de ellos. ¿Por qué no los atrapan? "Estamos tratando", responde, sin demasiado convencimiento. No es un mal tipo. Hace lo que puede. Se le ve "triste, impotente, derrotado", cuenta la secuestrada, y es la primera vez que suelta adjetivos en el texto rebosante de sobriedad que nos ofrece a los lectores.

Hasta ahí, las derivaciones del suceso. Hasta ahí, la posibilidad de que a un ciudadano se le haga justicia, aquí y ahora, en México. De ahí, también, la impunidad de que gozan estos criminales, como miles de otros. No será fácil, acabar con un problema tan tremendo en un país tan podrido.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 31 de agosto de 2008).

Esto quiere decir que olvidan la cuestión fundamental, la base misma del edifico cuya cúspide ocupan: la cuestión de la seguridad que debe proveer el estado. Esta seguridad empieza en la calidad y eficacia de la policía.

Cuando digo que los gobernantes deben ocuparse de la seguridad pública como su prioridad, lo que quiero decir es que deben ser los primeros policías de la nación, pues el primer problema de gobierno que tiene la nación es un problema de policía, de aplicación de la ley.

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 29 de agosto de 2008).

Jurídicamente, el trabajo del fiscal fue un fracaso y su gestión quedó marcada por dudas sobre su honestidad personal y su capacidad profesional. Pero aunque la perversidad de su persecución no logró ese fallo de culpabilidad que tanto anhelaba, sí obtuvo la ejecución extrajudicial de un anciano. El capitán De la Barreda Moreno sufrió, mientras estaba prófugo, en 2006, un triple infarto y enfrentó convaleciente los últimos casos en su contra. Falleció finalmente en junio de este 2008.

El doctor Luis de la Barreda Solórzano, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente presidente del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, ofrece hoy un volumen, El pequeño inquisidor: crónica de una infamia (Océano), que es no sólo una narración absorbente de la cacería emprendida por Carrillo Prieto sino un entrañable homenaje a su padre.

En sus acusaciones, el fiscal Carrillo Prieto desechó cualquier indicio de inocencia, inventó hechos inexistentes e hizo inferencias sin sustento. Responsabilizó sin pruebas al capitán de la Barreda Moreno de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra. Afirmó que el funcionario había planeado y dirigido personalmente la represión del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, a pesar de que ese día se encontraba hospitalizado tras una intervención quirúrgica. Lo señaló, nuevamente sin pruebas, como responsable del ataque de los Halcones a una manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971.

Una tras otra las acusaciones cayeron por tierra. Incluso en un sistema de justicia tan viciado como el mexicano era imposible que fructificaran. Pero el fiscal presentaba siempre una nueva acusación cuando se desmoronaba la anterior.

Uno podría pensar que la izquierda mexicana, aquella que sufrió las persecuciones del estado en los años 60 y 70, se habría inconformado con la actuación de un inquisidor cómo éste. Pero no. Una izquierda vieja, con aspiraciones autoritarias, exige venganza contra hechos reprobables de represión, sin preocuparse de si los nuevos perseguidos son culpables o inocentes.

Si bien un digno Luis González de Alba, ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968, renunció al Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía cuando ésta organizó un homenaje a la Liga 23 de Septiembre, que mató a policías y secuestró a empresarios, como Eugenio Garza Sada, un grupo de intelectuales y políticos, supuestamente de izquierda o independientes, firmaron un desplegado en 2004 respaldando al fiscal y exigiendo la detención de Luis de la Barreda. Cuando surgieron voces que recordaron que en los años 70, cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de Gobernación, se concedió una amnistía a todos los guerrilleros y presos políticos, el perredista Pablo Gómez declaró: "Las amnistías son para los rebeldes, no para los criminales de estado".

¿Por qué la saña contra el capitán de la Barreda, a pesar de que no había una sola prueba que sustentara las acusaciones? El doctor De la Barreda Solórzano cita al ex guerrillero Gustavo Hirales, quien en una conversación le dijo: "Está claro que es porque en el PRD les ardió mucho que exhibieras a Samuel del Villar, uno de los santones del partido, y la manera de vengarse de ti es señalando a tu padre como represor".

"Del Villar fue procurador de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Irritado por las críticas "injustas" que se hicieron a ese gobierno tras el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, Del Villar montó una acusación falsa -sustentada en un testigo primero comprado y después presionado para mantener su testimonio- en contra de una joven edecán llamada Paola Durante. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, encabezada entonces por el doctor De la Barreda Solórzano, emitió una dura y contundente recomendación que exigía el retiro de los cargos en contra de la joven. Del Villar se negó a hacerlo, aun cuando al final los tribunales decretaron la inocencia de Paola y sus coacusados.

Hoy el doctor De la Barreda Solórzano ofrece en este pequeño volumen un recuento absorbente de la injusta persecución de Carrillo Prieto contra su padre. Pero lo que mayor huella me ha dejado del libro es la imagen de ese hombre a quien nunca conocí, el capitán De la Barreda Moreno, quien cumplió cabalmente con su trabajo y se jubiló en la modesta medianía de un servidor público honrado... hasta que un pequeño inquisidor lo persiguió hasta la muerte.

César Augusto Osorio y Nieto fue destituido como investigador de los hechos del 2 de octubre de 1968 en la fiscalía especial de Carrillo Prieto porque, según dijo, se negó a obedecer una orden del fiscal de que incluyera en el pliego de consignación a 25 personas sin tener pruebas para ello. Osorio presentó una denuncia contra el entonces fiscal, la cual fue desechada por la PGR en junio de este 2008.

Sergio Sarmiento
(v.El Siglo de Durango del 28 de agosto de 2008).

Jorge Verea Saracho, abogado
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2008).

No ha pasado nada. En esos 11 años, precisamente, es decir, desde 1997, la incidencia de delitos de todos los fueros y de todos los niveles ha ido creciendo hasta llegar a los índices que se registran hoy, con cifras de muertos superiores a las de los países en guerra.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2008).

Si poco a poco comenzamos a ver mejores policías, jueces y ministerios públicos, entonces la población comenzará a confiar. Si paso a paso comenzamos a ver cómo los delincuentes son detenidos, juzgados, sentenciados y verdaderamente castigados, entonces los criminales la pensarán dos veces antes de actuar. Si gradualmente comenzamos a ver cómo los ciudadanos nos organizamos para dar la batalla desde la comunidad, vigilando calles y colonias, denunciando delincuentillos locales y exigiendo cuentas a las autoridades, entonces, todos nos podremos organizar. Sólo así se podrá generar una epidemia para combatir la epidemia. Sólo así podremos, en conjunto, cambiar la mentalidad y modificar el ambiente que permite el florecimiento de criminales.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2008).

Luis García López-Guerrero, director del Programa de la CNDH para la Atención a Víctimas del Delito, manifestó que sólo en 1% de los casos que son denunciados se logra procesar y sentenciar a los responsables y reparar el daño a las víctimas.

Por ello, señaló que a través de esa alianza, el estado tendría que asumir la responsabilidad de reparar el daño en aquellos casos donde no se haya logrado procesar a los responsables por falta de pruebas o por omisiones y actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Indicó que las policías de todos los niveles y el Ministerio Público son las instituciones de las que más desconfían las víctimas.

Indicó que las víctimas del delito que están en mayor grado de desamparo son los niños y las mujeres que son abusados sexualmente, además de los indígenas y las personas con discapacidad, pero también aquellos que resultan afectados por los crímenes de alto impacto como son las personas secuestradas y asesinadas, así como sus familiares.

(V.periódico El Universal del 23 de agosto de 2008).

Arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, así como autoridades del ayuntamiento.

Autoridades y habitantes iniciaron pláticas para llegar a un acuerdo y así desbloquear la vía.

Los vecinos manifestaron la necesidad de tener un paso libre del lado poniente de Coyula hacia el oriente, informando que antes lo hacían entre matorrales y gran cantidad de hierba, pero ahora ni eso debido a la construcción de un nuevo fraccionamiento cuyos trabajadors les impidieron el paso.

Se acordó por ambas partes una charla en el ayuntamiento, a fin de solucionar definitivamente el problema, que es terminar la Prolongación Gigantes, que de acuerdo con los planos aparece como tal hasta el Periférico, pero el camino está inconcluso.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 19 de agosto de 2008).

La maquinaria y la tecnología construida por la corrupción son la causa principal de la inseguridad dominante. Han diseñado una suerte de círculo perverso en el que se confina a la gente en su vida cotidiana y en el que se les mantiene sujetos a sus normas y designios, y con pocas esperanzas -ya no de ser felices que eso es una quimera-, de vivir en condiciones de normalidad.

Son muchos los hechos por los que la sociedad ha perdido la confianza en los gobiernos. La policía es considerada la enemiga pública número uno. La agencia policiaca, el ministerio público o el juzgado, se convierten en un infierno para el ciudadano que solicita un servicio al que tiene derecho. Una persona común y corriente que tenga que acudir a una de estas instancias, inevitablemente vivirá, un verdadero suplicio.

Cuando un político habla para proponer medidas para sofocar la ola de criminalidad, como la pena de muerte o una medida semejante, la sociedad lo mira con escepticismo o hasta con desprecio. Cuando gobernantes como Marcelo Ebrard se revuelca en la frivolidad para decir que sólo ira a una cumbre para tomar medidas contra la inseguridad, asume la actitud del mimado, del político que piensa y actúa en función de su imagen, del que hará sólo lo que le beneficia, en una perspectiva narcisista y amoral.

Por eso la gente no les cree; ni a unos ni a otros. Fruto de las experiencias recientes, la nuestra se ha vuelto una sociedad incrédula y, por desgracia, algo cínica.

En la impotencia o en la relajación de este ambiente que cruza todas las estructuras sociales, parte de ella se ha dejado llevar y corromper. Han optado por sujetarse a esas reglas no escritas que impone la fuerza persuasiva de la corrupción y prefieren el camino de la violación de la ley, evadiéndola todos los días, desde no cubrir impuestos o pagando una mordida para que la vida se les facilite. ¿Cómo no hacerlo, si el gobierno "roba" nuestros impuestos o los aplica para beneficio de unos cuantos? ¿Cómo no proceder contra el derecho si otros se vuelven ricos de la noche a la mañana, por trabajar en el sector público o por manejar un negocio privado y tener amigos en el gobierno?

La corrupción del narcotráfico mata y corrompe. Hay más de 2,000 asesinatos en lo que va del año y una extensa red de cómplices en los gobiernos y entre los particulares, en la que se sostiene su operación. Pero desde el narcotráfico, la pederastia, el robo de menores, el tráfico de seres humanos, la prostitución y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado del más alto nivel internacional, hasta los delitos menores que surgen por la actitud pasiva de las familias, tienen que ver con este mal.

Lenta e inexorablemente estamos deformando la convivencia. Los abusos cotidianos de los servicios del monopolio telefónico, de las gasolineras que venden litros de 700 mililitros, de los bancos, de las compañías de aviación, de los restauranteros, de los libreros, de los concesionarios de los estacionamientos, y así, hasta en el infinito, desde el propietario hasta el empleado menor, tratan, como se acusan ahora los políticos, de sacar raja, perjudicando al ciudadano.

De esa manera funciona hoy la sociedad. Termina por imponerse la ley del más fuerte o la del más cínico, del que no se inmuta cuando le reclamas por el abuso cometido, pues se sabe impune. La ley de la selva.

Sí, hay que combatir a los grandes criminales y al crimen organizado con toda la fuerza del estado. Pero también dar la lucha contra una corrupción que, sin contrapesos morales, va degradando la vida social y nos está arrebatando el futuro.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 17 de agosto de 2008).

Como sanciones administrativas aplicadas, la secretaría informó de las medidas de cuarentena a 58 animales, lo que supone un castigo económico al ganadero responsable, al que se le obliga a mantener al ganado sin que éste se pueda comercializar para su sacrificio.

En relación con la reciente intoxicación de 21 personas en Tlajomulco, según informó la Secretaría de Salud, la Sagarpa detalló que estos casos se debieron a la ingesta de carne del mismo animal.

(V.pág.31 del periódico Público del 15 de agosto de 2008).

Este jueves un empleado de la tienda señaló que después de la apertura, y con clientes en el interior, llegaron inconformes e impidieron la entrada y salida de las personas.

Ya por la tarde, una señora realizó una campaña de recaudación de firmas para permitir que la tienda abra sus puertas.

De acuerdo con los trabajadores de la tienda y vecinos del lugar no pudo continuar su operación a las 8:30 de la mañana porque fueron objeto de agresión por parte de comerciantes del mercado.

Cabe señalar que también algunos comerciantes de la zona de Atzapotzalco han realizado movilizaciones ya que creen que sus ventas disminuirán por la apertura de este tipo de tiendas tan cerca de sus negocios.

Fuentes de Wal-Mart desconocen si las muestras de inconformidad en Azcapotzalco son por alguna de sus tiendas o por otra cadena de autoservicios.

Dijeron que ellos cuentan con todos los permisos y han cumplido con el procedimiento adecuado para una apertura en ese lugar.

(V.pág.32 del periódico Público del 15 de agosto de 2008).

Durante mucho tiempo la sociedad mexicana ha desarrollado una especie de tolerancia a la informalidad, a la trampa, la corrupción, el ingenio que rompe y evade la ley; esta cultura se ha desarrollado al tal grado que muchos de los modelos sociales de la niñez y la juventud incorporan estas "habilidades", lo que nos ha alejado del trabajo consistente y riguroso como ruta del bienestar, para dar paso a una admiración de los malabares ingeniosos de lo irregular. Tanto es así, que ahora el éxito en cualquier sentido es sospechoso de tener tras de sí algo ilegal, en lugar de convertirse en objeto de admiración y respeto social.

Mientras esta situación se mantuvo en términos manejables todos toleramos este hecho, pero ahora que los efectos están tocando a la mayor parte de las comunidades del país nos alarmamos. Hemos sido parte de una estructura que necesita sacudirse para hacerse más rigurosa.

Es hora de hacer una revolución para hacer respetar la ley a cabalidad, que implica la participación de la sociedad y la fuerza del estado. Para esto se requiere mucha visión, valor, patriotismo y altura de miras que deje de lado las diferencias partidistas. En estos momentos es cuando se prueba la grandeza de los hombres y se distinguen los verdaderos liderazgos.

Por eso es especialmente decepcionante que ante el momento de indignación producido por los asesinatos y secuestros, las propuestas sean simplemente un aumento de penalidad, cuando todos sabemos que tenemos leyes inoperantes, autoridades coludidas y una sociedad tolerante. Salir a la opinión pública a decir que la situación no es tan grave es una ofensa a la dignidad de todos los ciudadanos, que muestra signos de incapacidad de los responsables para enfrentar un hecho ineludible: México y Jalisco enfrentan una crisis en la aplicación de la ley, y ya es hora de que cambiemos la tendencia de deterioro por un fortalecimiento de las instituciones.

El verdadero cambio que México necesita es una transformación de sus instituciones públicas para hacerlas eficientes, rigurosas, respetables, admiradas; mientras esto no suceda seguiremos en medio de una crisis de las instituciones que día a día se corroen más.

Luis Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de agosto de 2008).

Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de agosto de 2008).

Les ruego que abran su mente y dejen que fluya su conocimiento, que actúen con ética profesional y humana. De lo contrario, habrán condenado a Jalisco a que se convierta en el estado que privilegia y protege a quienes cometen estos delitos.

Elsa Stettner
(v.pág.16 "correo" del periódico Público del 8 de agosto de 2008).

En el curso "La administración de justicia analizada desde un punto de vista multidisciplinario", destacó la importancia de analizarla como un tema de estado ligado a los valores de imparcialidad, transparencia y equidad para superar las disputas políticas e intereses gubernamentales en turno.

En la modernidad, indicó en un comunicado el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la justicia dentro de un estado democrático de derecho no puede pensarse a partir de usos y costumbres tradicionales o de la voluntad de individuos.

La justicia tiene que administrarse a la luz de la construcción de un orden legal que haga posible que los miembros de una comunidad sepan con oportunidad y precisión sus derechos y obligaciones a partir de ordenamientos jurídicos positivos plasmados en leyes, constituciones y reglamentos.

La institucionalidad, dijo, requiere atención en los esquemas de división de poderes, con el fin de evitar las concentraciones autoritarias; y la paz social tiene que ver con la cultura social y de legalidad, y con la manera en que una determinada comunidad interpreta sus órdenes jurídicos, los asume y los hace funcionar.

Para tratar esas dos líneas es necesario inculcar valores y una cultura de la legalidad que debe pasar por nuevas prácticas en espacios distintos, como las universidades, los sindicatos, las sociedades de padres de familia, entre otros.

(V.Notimex del 5 de agosto de 2008).

Los inconformes marcharon desde la Alameda hasta la Presidencia Municipal interrumpiendo la circulación vehicular en Hidalgo y Alcalde por algunos minutos.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de julio de 2008).

Aprendí pronto en la escuela, como muchos, que la ley es el supremo recurso de una sociedad para resolver las diferencias que de manera obvia y esperable se suscitan entre sus integrantes cuando se encuentran por causa de sus intereses o deseos. De ahí su importancia al fijar normas, criterios, principios, valores y procedimientos para atender a quien acude a su regazo para pedir solución al conflicto irresoluble por el mejor método del acuerdo entre personas maduras. Más pronto aprendí en la calle que la ley se negocia y quien cuida de la ley puede hacerla hablar a favor de uno u otro adversario, según reza dicho huizachero: "Para ganar un pleito, una mitad es que tengas la razón legal; la otra mitad es que te la den".

Y desde que empezó la transición a la democracia (1968) he aprendido que no se puede respetar la ley por 2 motivos. El más importante, por la impunidad: porque cuando no se respeta en los hechos es muy probable que no le suceda nada al trasgresor. Tampoco la sociedad se inmuta por tal. Ahí están las tristes cifras que atestiguan el abismo entre delitos, denuncias, sentencias y número de reclusos.

El segundo motivo, menos visible, hoy más grave: la mala calidad de las leyes. Alguien dice, en broma, que hay 2 clases de leyes: las buenas e inaplicables y las obsoletas. En Jalisco se ha inaugurado una nueva clase: las elaboradas para legitimar prácticas de grupos concretos, sin cuidar el interés general, esa entelequia tan querida por jurisconsultos y abogados. Es el caso del Código Urbano y del Código Electoral. ¿Quién gana si se respetan esas leyes? Para responder, siga al dinero.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 27 de julio de 2008).

(V.pág.5 del periódico Mural del 17 de julio de 2008).

Pero también sería deseable que las personas que acudieran a presentar alguna denuncia referida a estos delitos, a las instalaciones de la Procuraduría en la Calle 14 de la Zona Industrial, fueran atendidas por personal bien capacitado, amable, educado y sensible, que recibiera con el debido comedimiento a quienes solicitaran orientación y ayuda.

Algunas campañas de gobierno se escuchan muy bonito en la radio y se ven atractivas en la televisión, pero cuando los ciudadanos acuden en busca de ayuda, son tratados en forma desconsiderada, prepotente, abusiva y grosera. De la misma manera como se pone énfasis en la propaganda se debería supervisar la atención a los quejosos, para que estas iniciativas no se queden atrapadas en el pantanoso y fétido terreno de la demagogia.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 17 de julio de 2008).

Los agricultores, que mostraban mantas en las que acusaban a otros dirigentes de intentar engañarlos, exigían el pago de 288 millones de pesos que, afirman, el ingenio azucarero les adeuda en concepto de pago por 2 ciclos de zafra.

Finalmente, personal de la Subsecretaría para Asuntos del Interior del gobierno estatal intervino para garantizarles que se efectuarán negociaciones con la empresa azucarera. Los cañeros levantaron el plantón con la garantía de que tendrán solución a sus demandas la semana entrante.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 16 de julio de 2008).

Cada media hora una niña o niño es violado en México. Imagine ahora que esa criatura es suya. La mayoría identifica a su abusador porque en más de 80% de los casos los pederastas son familiares, maestros, sacerdotes o conocidos. Aun cuando existen fiscalías especializadas en menores, el trato es ignominioso.

Las autoridades forzarán a su criatura para que narre 9 o 10 veces el abuso con lujo de detalles. Ministerios públicos, médicos legistas y jueces pondrán en duda la palabra de la víctima (como resultado de una cultura que durante milenios ha ocultado la pederastia, normalizándola como un asunto privado). Se someterá a las niñas a estudios ginecológicos bajo el falso precepto de que deben existir desgarres físicos visibles, negando la elasticidad vaginal y que los violadores usan condones o lubricantes. A los niños de 0 a 15 años los forzarán a brutales exámenes proctológicos para expandir la zona anal, y dependerán de un médico que, sin conocimientos de victimología y sexualidad, dictaminará sobre si hubo o no penetración de objetos u órganos.

El juicio tardará entre 1.5 y 4 años, durante los cuales el abusador podrá interponer tantos recursos como quiera y su cartera le permita. Si la víctima es una niña de entre 12 y 18 años, usted deberá rezar para que no le asignen a un juez convencido, aunque la ley diga lo contrario, de que las niñas provocan al violador y les gusta ser abusadas (el efecto Lolita). Usted deberá tener tiempo y dinero para dedicar la mitad de su vida a visitar procuradurías, médicos, legisladores, y burócratas del DIF rebasados por el trabajo y sin herramientas para ayudarle. Deberá conseguir abogados especializados en abuso sexual infantil, y que no se alíen al pederasta y sus redes de apoyo.

Usted tendrá que resolver el trauma secundario que dejan el abuso y la denuncia: miedo, depresión, angustia, discusiones producto de la ignorancia sobre el patriarcado, los mecanismos del abuso sexual infantil y los métodos para corromper menores.

Deberá usted mantener la tranquilidad para acunar a su criatura en las incontables noches de pesadillas. Ser paciente cuando llamen de la escuela porque su pequeño no se concentra, no juega ni hace tareas. Si es adolescente, podrá enfrentarse a la fuga, adicciones, anorexia o bulimia.

Buscará organizaciones civiles especializadas, y si corre con suerte, en su estado no habrán cerrado porque los gobiernos federal y local les niegan recursos. Sólo 2 de cada 100 pederastas acabarán en la cárcel. Una posibilidad demasiado endeble como para sacrificar a cambio la vida de su criatura.

Habría que tratar a todas las víctimas como si fueran nuestra familia; lo fundamental es sanar su alma, su cuerpo y proteger su derecho a un futuro feliz. En cuanto a los pederastas, habrá que someterlos al escarnio público mediante los registros en internet y las denuncias ante ONG. Puede ser poco efectivo, pero no menos de lo que ofrecen los tribunales. Se nos conmina a denunciar al pederasta, pero en tanto que la justicia siga violentando a las víctimas, no hay derecho a exigir semejante sacrificio.

Lydia Cacho
(v.periódico El Universal del 14 de julio de 2008).

Carlos Monsiváis
(v.pág.16 del periódico Público del 13 de julio de 2008).

Paola Lazo Corvera
(v.pág.20 del periódico Público del 11 de julio de 2008).

Cerraron la circulación en las carreteras Carapan-Uruapan, Carapan-Zacapu y Uruapan-Pátzcuaro, todas al oriente del estado.

Los manifestantes fueron identificados como miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Asociación Civil, los que reclamaron la intervención del Gobierno estatal ante la supuesta falta de apoyos para los productores locales de maíz.

"Lo que nos dan es una burla, es de verdad algo irrisorio", dijo Maximiliano Chávez, secretario general de la CIOAC.

En declaraciones telefónicas, Chávez explicó que mientras en 2007 los productores recibían apoyos de 1,500 pesos por hectárea, la actual Administración del Gobernador Leonel Godoy Rangel redujo el subsidio a 400 pesos.

"Hay países como Estados Unidos donde los agricultores reciben subsidios cercanos al 100%; aquí el apoyo es de apenas un 8%", dijo.

(V.pág.10 del periódico Mural del 10 de julio de 2008).

Una vez más, miembros de las barras de las Chivas causaron desmanes en la vía pública, al intentar entrar al juego amistoso entre el Guadalajara y Tecos, pues al no poder ingresar al inmueble, arremetieron contra todo aquel que se cruzó en su camino.

Aunque de antemano sabían que el partido sería a puerta cerrada, poco les importó y, aproximadamente un centenar de barristas rojiblancos, la mayoría menores de edad, se colocó sobre Avenida Patria, exigiendo al personal de la UAG que los dejara pasar.

Al no tener una respuesta positiva, los que pagaron las consecuencias fueron los automovilistas que circulaban por Avenida Patria en dirección a Avenida Vallarta.

Los barristas sacaron de sus mochilas las mantas que usualmente llevan a los estadios y las utilizaron como vallas para detener a los coches que pasaban por la arteria vehicular, provocando un congestionamiento que afectó incluso a algunos jugadores del Rebaño.

Poco después de las 10:00 horas, el grupo de animación de las Chivas se colocó fuera del estacionamiento ubicado a un costado del 3 de Marzo para saludar a los jugadores, amontonándose cerca de sus vehículos cada vez que éstos llegaban.

Incluso, un aficionado logró burlar la seguridad al subirse en la parte trasera de la camioneta de Alberto Medina, lo que provocó más gritos y desorden de los barristas.

Cuando el caos vial creció, luego de la valla que colocaron sobre Patria, los integrantes de la barra pedían cigarros a los automovilistas para dejarlos pasar.

Una camioneta que transportaba mermeladas fue saqueada por los barristas, quienes presumían gustosos su obra, sin saber siquiera qué era lo que habían robado.

Algunos automovilistas prefirieron hacer caso a las peticiones de los barristas para evitar que sus autos sufrieran daños y, una vez que cooperaban con ellos, podían seguir su camino.

Antes de que terminara el partido entre Tapatío y Tecos de Primera A, la Policía logró disipar en su mayoría al grupo, sin embargo, hubo algunos que se quedaron con la esperanza de poder entrar al inmueble.

Al final, unas 30 personas lograron ingresar al estadio con la autorización de los elementos de seguridad de la Autónoma, para evitar más desmanes en la vía pública. El partido estuvo resguardo por elementos de la Policía de Zapopan.

(V.pág.6 de la sección "Cancha" del periódico Mural del 10 de julio de 2008).

¿Qué pasa en este país? ¿No hay orden? O, más bien ¿no se puede poner orden, no se puede gobernar, no se puede ejercer la autoridad? ¿No hay normas? ¿No hay leyes? ¿Las turbas de la Appo pueden colapsar impunemente una ciudad histórica y ahuyentar el turismo que sostiene la economía de sus habitantes? ¿Los manifestantes de la capital de la república tienen el derecho de bloquear calles y avenidas, provocando perjuicios millonarios, cada vez que les viene en gana? ¿Los sindicatos pueden poner en jaque a las grandes entidades de asistencia social del estado mexicano? ¿Los jueces deben gozar de la facultad de soltar a los criminales que las policías logran trabajosamente aprehender?

¿Quién manda aquí? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién decide que el interés de las mayorías debe ser sacrificado en el altar levantado por los grupos de presión? Dicho en otras palabras ¿por qué es más importante Napoleón Gómez Urrutia que sus trabajadores, que los transportistas de Lázaro Cárdenas o que los compradores de varilla corrugada? ¿Quién dispone que miles de automovilistas deban quedar atrapados durante horas enteras porque una horda de manifestantes tuvo a bien cerrar la carretera? Lo cual nos lleva a preguntarnos sobre nuestros funcionarios y responsables políticos: ¿no tienen conciencia, no tienen, sobre todo, vergüenza?

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 6 de julio de 2008).

Muchos padres de familia temen el peligro de que sus hijos adolescentes caigan en las garras de un policía, tanto como caer en las manos de delincuentes.

Son tantas las anécdotas de jóvenes extorsionados y casi obligados a sobornar, por las abusivas y ventajosas maneras de chantajear a los atrapados por cualquier delito leve.

Es un hecho muy patente que la población también le tiene miedo a sus propias autoridades policíacas, no sólo porque llevan armas y tienen la autoridad para hacer la ley de su lado, sino que representan un poder que no siempre está en manos de la ley, por los caprichos y arbitrariedades de algunas personas ineptas y prepotentes.

Tenemos que hacer un verdadero cambio de imagen y auténticas modificaciones de actitudes y comportamientos de los cuerpos de seguridad.

La policía está para cuidar a los ciudadanos, para darles confianza y seguridad, para protegernos de la delincuencia organizada. No para sospechar que tras de cualquier ciudadano hay un delincuente en potencia o un candidato a ser llevado tras la rejas.

Queremos que la sociedad respete y haga caso de las autoridades. Que todos cumplamos con la ley.

Queremos que las policías y cuerpos de seguridad respeten a la población y que no cometan abusos, que no actúen fuera de la ley, que demuestren combatir la corrupción y no ser parte de ella.

Deseamos que nuestros hijos salgan a la calle y sientan la protección de una patrulla, y no que vean en ella una amenaza de la cual hay que huir.

Que los policías sepan que no son impunes, que también están sujetos a las mismas leyes que pretenden vigilar.

Guillermo Dellamary, filósofo y psicólogo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de julio de 2008).

En nuestro país, "a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles" la Constitución establece que un procedimiento administrativo especial, denominado licitación pública, es la regla general a seguir para celebrar los contratos administrativos y sólo por excepción debidamente regulada y justificada, puede optarse por otro procedimiento.

La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que la licitación pública para contratar obra pública es obligatoria para la administración pública en general.

Horacio Villaseñor Manzanedo
(v.pág.21 del periódico Público del 4 de julio de 2008).

En este país, aunque nos duela reconocerlo, parece que hay dos bandos solamente: el de los pillos y el de los tarugos. Y en ese contexto ¿Quien querría ser el pen... el tarugo, el pelele o el güey?

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 3 de julio de 2008).

La justa indignación, entonces, me parece que no toma en cuenta una forma de proceder -en la capital y en la dizque "provincia"- tan antigua y tan arraigada que ya forma parte de las imágenes clásicas del cine de oro mexicano: el momento en que el muchacho chicho, el hijo del pueblo, le mostraba el México profundo, y la muy mexicana alegría, a su enamorada de "buena familia" (es decir, rica), o al billetudo progenitor de ésta, apocado si fuera interpretado por Joaquín Pardavé, o arrogante si se tratara de un actor "de carácter".

Esas entrañables imágenes del rancho o de la vecindad, con sus personajes vernáculos, simpáticos y dicharacheros, nos proveyeron de los mejores momentos de grandes actores de soporte como Oscar Pulido, el Chicote, Mantequilla o el enano Santanón. Pasitos de mambo o gritos desgarrados entre séntidas canciones rancheras, lo mismo da: en pleno auge de bailongo o mariachi, anegados todos con harto tequila, surgiría el malentendido o o el "¿qué me ves?" que desembocaba en batalla campal, a poco interrumpida por los vilipendiados tecolotes o genízaros, que con unos cuantos silbatazos, muchos macanazos y el consabido grito: "¡jálenle pa' la delegación!", terminaban con el jolgorio.

La siguiente escena era muchas veces suprimida, por obvia: en fila india y con unos cuantos garrotazos como aliciente, todos trepaban a la camioneta enrejada o "julia" para ser descargados poco después en la mentada delegación, a comparecer ante un juez calificador. Ahí, el nazareno, entre gritos, alegatos y empujones, repartía con singular celeridad culpas, multas y/o pases a un conveniente dormitorio con barrotes.

Bueno, pues, ¿no fue ese el mismo procedimiento aplicado en la noche de marras de la Delegación Atzacoalco? La presunción de que todos son criminales hasta que prueben los contrario es muy, muy nuestra, desde tiempos inmemoriales.

Lo que ha cambiado, entonces, no es la mentalidad de "las autoridades", sino la realidad: lo que era caricaturesco hace cincuenta o sesenta años, ahora adquiere tintes de pesadilla criminal. O tal vez sí ha cambiado la manera de abordar la acción policial en las reuniones públicas, pero para empeorar. Como decían mis viejos profesores, se ha "lumpenizado".

Paco Navarrete
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de julio de 2008).

Por segundo día consecutivo, durante 2 horas y a través de 4.5 kilómetros, más de 350 operadores concentrados en el Frente Nacional de Camioneros Unidos de México dejaron a su paso una vialidad paralizada y filas de vehículos con conductores consternados.

Pudo haber sido peor. La protesta estaba programa para iniciar a las 8:00 horas, pero se aplazó a las 12:30 para esperar la llegada de más autobuses, los cuales aguardaban estacionados por decenas a un costado de la carretera.

A las 12:00 horas Rubén Avila Hernández, presidente del Frente Nacional de Camioneros Unidos de México, informó de los avances a alrededor de 100 operadores que se encontraban concentrados junto al Parque Montenegro: lograron que los autobuses turísticos con más de 18 años de antigüedad circularan un mes más sin molestias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, como un "hasta luego", los camioneros encendieron las más [de] 350 unidades y comenzaron a andar a vuelta de rueda por los 3 carriles que van de Periférico al aeropuerto.

En 5 minutos la vialidad tronó. Generó una fila de vehículos detenidos más allá de Periférico. Los transportistas circularon en "carrusel" hasta el ingreso a El Salto y retornaron hasta Periférico, para luego disolver la comitiva a las 14:00 horas.

El enojo radica en que la SCT no reemplaca las unidades debido a que algunas tienen más de 18 años de antigüedad, pero no ha habido una solución concreta para los más de 100,000 transportistas que se dedican al negocio turístico con camiones modelo 1973 o más viejos.

"Están dejando a más de 100,000 gentes (sic) sin empleo", reclamó Avila Hernández.

La medida federal también ha generado reacciones en otros estados como Colima, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, San Luis Potosí y Ciudad de México.

De acuerdo con Avila Hernández, si la SCT no resuelve el asunto a más tardar el 31 de julio, día en que concluye la prórroga, autobuses de todo el país viajarán a la Ciudad de México a exigir soluciones urgentes a la SCT.

"Si no hay una contestación, en un mes nos vamos a manifestaron ya no aquí, vamos a manifestarnos con todo el equipo a nivel nacional, a la Ciudad de México, en marcha lenta de donde salgamos", expuso el líder de transportistas.

La exigencia de la Federación es que bajo una previa revisión, dejen trabajar a los camiones que pese su antigüedad estén en buen estado, ya que no tienen dinero para comprar nuevos vehículos.

"Todos los modelos que anden en condiciones de trabajar, que la revisión la hagan ellos (la SCT)", propuso Avila.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de julio de 2008).

Un centenar de vehículos viejos, en su mayoría autobuses de pasajeros, obstaculizaron parcialmente de las 9:00 a las 12:30 horas de ayer, ambos sentidos de la carretera a Chapala, entre el Periférico y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los manifestantes, afiliados al Frente Nacional de Camioneros Unidos, demandan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que les otorgue placas a las unidades anteriores a 1991 para poder circular en carreteras federales. Las autoridades lo rechazan, con base en un decreto llamado de "deschatarrización", que obliga a los transportistas a renovar sus vehículos ante la falta de condiciones de seguridad que ofrecen a sus usuarios.

(V.primera plana del periódico El Informador del 2 de julio de 2008).

El día que por culpa de una de esas "manifestaciones pacíficas" se ahogue un niño famoso -toquemos madera...-, empezarán a tomarse medidas para tapar ese pozo legal. Menos, no.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de julio de 2008).

El damnificado final de esta cadena es el ciudadano, ese individuo particular que, por no contar con las garantías que ofrece un auténtico estado de derecho, se encuentra en una circunstancia de aterradora indefensión.

Un país que cada vez se encuentra más cerca de lo irremediable.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 29 de junio de 2008).

Se puede dar el caso y de hecho se ha dado, de alguien que se deshace de la papa y, en menos de 20 minutos, ya la tiene de regreso. Tal es el caso de nuestro amigo (es un decir) Pancho Chilli Willi, delegado en la Gustavo A.Madero, lugar donde la ley hace ya un buen rato que se ausentó. A Chilli Willi ya le había caído la papa, pero se deshizo de ella con enorme destreza diciendo que él ya se había enterado muy tarde del operativo y que desgraciadamente no había podido cooperar como él hubiera querido. A esto, el populacho respondió: Chilli Willi: no te hagas güey, claro que sabías, pero te hiciste pato por razones que hay que investigar. Y ahí viene de regreso la ardiente papa. Chilli Willi es un hombre de muchos recursos y todo lo que Dios le quitó en el terreno de lo estético se lo dio en conocimiento de las mañas, los atajos legales y las mil y una maneras que hay en México para brincarse la legalidad y no tener ningún delito en la conciencia. En esas agencias anda Chilli Willi quien ya se dio cuenta de que Joel Ortega trae cara de que ni la debe, ni la teme. Ahí va un navío, navío, cargado de... Así dijo Chilli Willi mientras se deshacía de su molesta carga que vino a caer en las distraídas manos de Joel que de pronto no supo ni de qué se trataba.

Ahora Joel organiza su defensa mientras busca un cliente al que se le pueda arrojar tan noble alimento. Lo que ocurre es que ya todos andan muy almejas y cargando un inmenso tolete para batear papas rápidas, papas en curva y cualquier otro tipo de lanzamiento que pretenda caerles encima. Sin embargo, siempre, siempre, hay algún incauto. En este caso fue Joel Ortega. Es de esperarse que si la papa sigue ascendiendo, acabará alojándose en el rostro mismo de Marcelo Ebrard y éste ni modo que se la aviente a Felipe. Como que no.

Quizá por esto, Marcelo salió muy jarifo a defender a su secretario de Seguridad Pública: Joel Ortega, dice Marcelo, ha sido un verdadero encanto, un funcionario ejemplar y una chulada de policía. Nadie tiene ninguna prueba real en su contra, pero ya lo están llevando al baile y ésa es una actitud muy perra. Por cierto, Marcelo Ebrard pide encarecidamente que no se politice este asunto. El jefe de Gobierno siempre suele terminar sus alocuciones con un chistorete. Tomamos nota.

Mientras tanto, ahí siguen los familiares de los muertos y de los heridos. A ellos les toca contemplar cómo la justicia, según les dicen, está para allá y luego que está para acá y luego que no está. Viene después el mágico proceso de "desvanecimiento de pruebas" cuya terminación queda marcada por una compensación para los deudos, la reaparición de Joel Ortega como Delegado en la GAM, la de Chilli Willi como Jefe de Policía y la de Alejandro Garniño, policía ejemplar que a veces le toca medalla y a veces le toca tambo, como Asesor Personal de Marcelo.

Germán Dehesa
(v.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 26 de junio de 2008).

Ante diputados federales y locales, así como alcaldes de dicho partido, reafirmó que el PRD mantendrá la promoción de la resistencia civil del no pago por el consumo de energía eléctrica, que se realiza desde principios de los años 90.

Según el nuevo dirigente, el acuerdo signado para una tarifa más baja y la condonación de la deuda histórica "fue un engaño".

Por eso, asentó, mientras no exista en la facturación una tarifa preferencial y no se concrete el "borrón y cuenta nueva", su partido mantendrá el movimiento.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 23 de junio de 2008).

Va manejando y da una vuelta prohibida, la patrulla lo detiene, amerita una multa y restarle puntos a su licencia. El empresario se arregla con el policía con 1,500 pesos. Es mucho, pero tiene prisa.

Una joven de 15 años, hija del rabino más connotado del Distrito Federal, teme perder su beca en una escuela privada y compra su examen final por 20,000 pesos en efectivo.

Un conductor de noticiero radiofónico sale de la estación luego de fustigar la corrupción política. No trae placas desde que compró su camioneta hace seis meses. Pero su chofer le consigue permisos en Tránsito usando la fama del jefe.

Cerró la fecha de inscripción a universidad pública y 230 alumnos quedaron fuera por falta de espacio, un secretario de estado llama al rector y le insiste en que tres jóvenes de calificaciones mediocres deben entrar porque son hijos de sus compadres. La conversación va de la extorsión a la amenaza; el rector cede y deja fuera a tres estudiantes que habían ganado legítimamente su derecho a estudiar.

Un obispo da misa, al terminar se encuentra con un representante del cártel del Golfo y lo confiesa en privado. A cambio, una narcolimosna en efectivo de 300,000 dólares. Se persigna con ella y le dice al narco: "Que Dios te cuide, hijo mío".

Todos los días la gran mayoría de los casi 60 millones de personas adultas mexicanas buscan justificaciones para violar las leyes. ¿Por qué?

Octavio Paz explica en un ensayo las raíces de la cultura de la corrupción. En el periodo colonial las leyes fueron diseñadas desde España, basándose en el sistema de vida español, trazadas por gente que nada conocía de los usos y costumbres mexicanos, ni del clima y la vida cotidiana.

En algún momento hubo 200,000 ordenanzas que regían la vida de la Nueva España hasta los últimos detalles, pero cuya aplicación real habría hecho la vida imposible. Durante 300 años los habitantes de este lado del Atlántico crearon una cultura de negociación fraudulenta cotidiana. Cada día, sobre cada ordenanza de la corona española, alguien creó atajos para incumplir leyes absurdas y arbitrarias.

Para toda la población las leyes eran legales pero no legítimas. No gozaban de consenso y respeto de la gente. Durante tres siglos nuestros antepasados aprendieron a desconfiar de leyes impuestas por conquistadores. Leyes en esencia racistas, sexistas, producto de un doble discurso.

Durante 3 siglos se cultivaron valores fincados en estrategias para quebrantar leyes, para negociar su incumplimiento sin castigo.

La corrupción en México es un valor cultural añejo. Un valor que cotidianamente alimentan ricos y pobres, políticos y narcotraficantes. Policías y ladrones, burócratas y empresarios. Lo cierto es que todos los días quienes moralizan sobre corrupción, la ejercitan. Corrupción significa descomposición. Descompuesto está nuestro sistema de justicia, porque no se aplican las leyes sino la interpretación para quebrantarlas.

La cultura se transforma en la medida en que la sociedad descubre, acepta y favorece el cambio de sus costumbres, e implementa nuevos sistemas, principios y valores. Es un asunto de congruencia individual y colectiva, ¿podremos?

Lydia Cacho
(v.periódico El Universal del 23 de junio de 2008).

Ayer, el CJE, órgano de administración y control del poder judicial, recibió la sentencia del juez primero de Distrito en Materia Civil, que le ordena a pagar o de lo contrario todos los consejeros serán destituidos por no atender una orden judicial.

Celso Rodríguez González, presidente del CJE y del Supremo Tribunal de Justicia, afirmó ayer que promovieron un incidente en el que se dicen imposibilitados de darle cumplimiento a la sentencia, por la afectación que tendrían la procuración de justicia y los derechos de los trabajadores del organismo.

El caso se remonta al 2002, cuando María de los Angeles Benítez se amparó en contra del embargo de 13 tapetes de su propiedad, ordenado por el juez segundo en Materia Mercantil, Luis Martín Chan.

El juez primero de Distrito en Materia Civil, Luis Enrique Vizcarra, le concedió el Amparo y ordenó que los tapetes fueran regresados.

El juez segundo de lo Mercantil, procedió a la entrega de los tapetes, pero cuando lo hizo, la quejosa afirmó que no eran los suyos, por lo que volvió a acudir al juez federal, quien finalmente determinó que si esos no eran los tapetes, debía entregarse el dinero equivalente.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de junio de 2008).

Por una hora y media, el servicio de trolebuses fue suspendido debido a que empleados sindicalizados del DIF Guadalajara y otros gremios afiliados a la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios protestaron frente a la Secretaría del Trabajo, ubicada en la calle Independencia, por diversas irregularidades de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Los 42 centros de atención infantil del DIF Guadalajara se quedaron ayer sin su personal sindicalizado. Desde las 8:00 horas comenzaron a concentrarse cerca de 200 trabajadores, vestidos con playeras rojas, quienes trataron de impedir el paso de cualquier persona a las oficinas estatales.

Martha Elia Naranjo, líder del gremio municipal y secretaria general de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, aseguró que las irregularidades que han detectado en la dependencia se refieren particularmente a obstáculos que, aseguran, están poniendo a los sindicatos afiliados a su organización.

La líder sindical reconoció que con la manifestación afectaron a 12,000 usuarios de las guarderías del organismo, por ello, se informó previamente del paro a los padres de familia.

A los manifestantes los atendió el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Alfonso Gutiérrez Santillán, y les prometió revisar sus peticiones, además de que aseguró que la dependencia actúa con imparcialidad.

(V.págs.1 y 6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de junio de 2008).

Recordó que actualmente en el país "más de 90.000 personas están privadas de su libertad sin sentencia condenatoria", y que el hecho de abrir un paquete de galletas puede ser considerado hasta robo con violencia.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 18 de junio de 2008).

• En la percepción pública, la idea de la justicia hace las veces de trampa de la que únicamente se salvan los capaces de adquirir su impunidad (su libertad) a precio costoso.
• En la percepción pública, a veces es posible obtener el reconocimiento de los derechos. Basta con que le toque a la persona un buen juez.
• Los pobres, los de recursos económicos no renovables, se sienten de antemano perdidos ante el poder judicial. La confianza en la injusticia orgánica de la justicia es el equivalente de la sensación de fracaso en la educación primaria y secundaria. Dice el dogma: hasta donde llega la persona en sus estudios, hasta allí llega en la vida, a menos que opte por las vías del deporte o la delincuencia. Se cree en verdad en una justicia tarifada, y, además, también, se considera posible "tener suerte" en los juzgados, fíjate, si todo estuviere mal habría revolución.
• Los ricos (ya no se diga los muy ricos) se muestran indiferentes a los procedimientos judiciales, se desentienden de escándalos y denuncias, y la asesoría legal a sus órdenes conoce a la perfección los vericuetos y los puntos débiles de la administración pública. Si oyeran lo de "La ignorancia de la ley no implica su no observancia", dirían que les pagan suficientemente a sus abogados como para tener becada a la observancia de la ley.

En la década de 1950 se implanta la figura del abogángster, el personaje devastador, bastante más extendido de lo que se pensó. El modelo es Bernabé Jurado, de vida que exige el calificativo de tumultuosa, dueño de la fama que es prontuario. Así por ejemplo, circula una leyenda que no lo es tanto: en un descuido real o inducido de los empleados de un juzgado se come el documento comprometedor de un expediente; además, y para enriquecer la trayectoria, paga testigos falsos, patrocina torturas que obtienen la confesión de inocentes, anda siempre con un amparo en la bolsa, golpea a sus esposas y novias, se ostenta como el influyentazo. Es, de seguro una leyenda local, un penalista de la Ciudad de México al que nadie le informó de la existencia de los escrúpulos. Es eso y es la representación demencial del poseedor de un título universitario que no se fija en los límites porque las leyes, al radicar con demasiada frecuencia en su interpretación, a eso se prestan, a ser calificadas de papeles ajustables a la voluntad del mejor.

Téngase en cuenta el tiempo histórico del que surgen los abogángsters y en donde se prodiga el término abogado huizachero (por el árbol espinoso que usan los curanderos indígenas) cuyos engaños son los propios de un falso chamán. "Su problema tiene arreglo, señora, su hijo sale pronto, sólo que necesito un anticipo". El contexto ideal de esta idea de justicia, como el tianguis que se irá convirtiendo en mal, es el sexenio de Miguel Alemán, con el despojo masivo de los terrenos ejidales, la disolución a golpes y asesinatos de derecho de huelga, el encarcelamiento sin pruebas de "los subversivos", el atropello de los derechos patrimoniales, etcétera, etcétera. A eso se añade, a la salida del poder de los militares, y desde el gobierno del licenciado Miguel Alemán, la irrupción múltiple de los abogados, que bien pueden actuar como sociólogos, planificadores, incluso economistas. Antes de la cultura jurídica está el imperio de los licenciados en Derecho.

Carlos Monsiváis
(v.pág.14 del periódico Público del 15 de junio de 2008).

A las 16:00 horas, la Subsecretaría de Asuntos del Interior del poder ejecutivo, recibió a una comisión negociadora, y los manifestantes, entre los que había profesores del Movimiento de Bases Magisteriales, estudiantes, maestros de Atequiza, y padres de familia, abandonaron el crucero por espacio de una hora, aguardando en la Plaza de Armas, sin embargo, tras "fallar las negociaciones", regresaron al crucero tomado, y se extendieron a la calle Ramón Corona.

Dos horas después, la comisión regresó a Palacio, y los manifestantes liberaron los cruceros definitivamente. De acuerdo con Francisco Montero Romero, portavoz de Bases Magisteriales, el martes regresará la comisión a negociar.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 14 de junio de 2008).

Desde el mes de julio de 2007, el uso de esa sustancia en la engorda de ganado está tipificado en México como delito federal.

(V.Agencia Efe, 8 de junio de 2008).

Estimado secretario:

Le escribo esta carta porque, con los últimos acontecimientos en Oaxaca, mi paciencia ya se agotó. Ya no puedo -ni quiero- soportar el abuso de unos cuantos lidercillos de quinta que se dedican a boicotear mi país.
Ya me cansé de tolerar la tibieza de mis gobernantes.
Ya me cansé de que no se respete el estado de derecho.
Y ya me cansé de que unas lacras como Flavio Sosa y Ezequiel Rosales hagan con ustedes lo que quieran.
Les cierran carreteras en Oaxaca, les bloquean puentes, dejan sin escuela a 1'300,000 niños, y ustedes... como si nada.
Como si dejar sin escuela a 1'300,000 alumnos fuera una cosa de todos los días.
Las demandas para levantar el paro son unas mariguanadas.
Mariguanadas como liberar a sus presos políticos, que no son ni políticos ni están presos por sus ideales.
Nada por el estilo... sino todo lo contrario...
Son una bola de ratas y asesinos que están en la cárcel porque merecen estar ahí.
Ya pasaron 7 días y ustedes no han hecho nada...
¿Por qué?
¿Por qué permiten que esta bola de delincuentes cierre la Guelaguetza y dañe la economía del estado?
¿Por qué permiten que los negocios de los pequeños empresarios que viven del turismo se afecten hasta ese grado?
¿Se imagina la situación de un pequeño empresario o empleado de esa empresa, que no tiene trabajo y que su hija no va a la escuela por culpa de estos lidercillos?
Visualice esa situación y póngase en sus lugares... y verá cómo se siente.
Muchos de nosotros ya estamos hartos de los bloqueos en Reforma, que las marchas no se regulen y que algunos diputados y senadores de quinta cierren -por sus pantalones- el congreso y el Senado.
Estamos hartos de lo complaciente que es el gobierno federal.
Y no es que esté en contra de marchas, protestas, etc.
Al contrario, es parte de nuestra democracia.
Lo que me tiene harto es el abuso de unos cuantos, que por su culpa la mayoría ciudadana se vea perjudicada.
No entiendo por qué permiten que los niños no vayan a la escuela.
No entiendo por qué permiten que la lacra de Flavio Sosa siga haciendo de las suyas.
Y, sobre todo, no entiendo por qué esa tibieza de parte de ustedes.
Le doy mi palabra de honor de que un Gutiérrez Barrios o un Bartlett jamás hubieran permitido eso.
Ellos, o negociaban con ellos, o los obligaban a negociar...
Pero jamás permitirían que los desmanes siguieran así.
Y no lo digo porque ellos eran de otro partido, sino lo digo porque ellos no desayunaban huevos tibios...

Secretario:

Entiendo su agenda.
Entiendo sus prioridades.
Y también entiendo sus broncas...
Le pido que también nos entienda a muchos de nosotros que ya estamos hartos de tanta impunidad.
Le pido que entienda a los oaxaqueños.
Y no por el hecho de ser demócratas debemos permitir manifestaciones fuera de la ley.
Desayune huevos rancheros y haga que se respete el estado de derecho.
Al final, lo único que queremos es que los niños regresen a sus clases, los trabajadores a su trabajo y las lacras se vayan a... donde deben estar...

Carlos Alazraki
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 7 de junio de 2008).

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de junio de 2008).

Carlos Dragonné
(v.1o.de junio de 2008).

Luego de una hora de esperar para ser atendidos por Emanuel Ordóñez Hernández, los manifestantes, a quienes se les prohibió el ingreso al ayuntamiento, decidieron bloquear el ingreso a Tonalá por Avenida Tonaltecas y Tonalá.

Durante una hora, la circulación se vio afectada, pues los comerciantes exigían ser recibidos por el presidente municipal, quien finalmente les abrió las puertas del ayuntamiento pasadas las 14:00 horas.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 31 de mayo de 2008).

Durante más de 4 horas, sindicalizados de la región del Istmo de Tehuantepec bloquearon más de 120 comercios que se ubican en los centros comerciales Plaza del Valle y Oaxaca, por lo que sus encargados tuvieron que cerrar y retirarse.

"Vamos a cerrar, por favor, salgan, somos maestros que estamos en lucha, sólo va a ser un ratito", expresaron, lo sindicalizados al llegar a uno de los inmuebles.

A los trabajadores, comerciantes y clientes que se rezagaron en la salida, los dejaron encerrados en el interior de la plaza comercial.

Esta situación generó la molestia de los comerciantes quienes ya habían iniciado labores, lo que derivó en un enfrentamiento verbal con los manifestantes.

"Que se vayan a generar molestias a su región, los de la costa que se manifiesten en la costa, los del Istmo en el Istmo; nosotros siempre tenemos que pagar los platos rotos, estamos en medio de este conflicto", argumentó la encargada de una cafetería de la plaza.

Ante el reclamo, los profesores argumentaron que buscan presionar al gobierno estatal.

"Lo único que queremos es que nos den la convocatoria para renovar nuestra dirigencia, no hay respuestas", contestaron los sindicalizados.

Los maestros amenazaron a los comerciantes que si no cerraban, se llevaban el mobiliario.

Ayer, unos 11,000 profesores de la región del Istmo llegaron a la capital del estado para relevar a sus compañeros de la Costa; hasta el viernes, ellos encabezarán las acciones de protesta.

(V.pág.14 del periódico Mural del 29 de mayo de 2008).

Se debe tipificar mejor el Artículo 400 bis del Código Penal Federal, que no incluye la conversión de propiedad por "lavado" de dinero, o bien "arreglar defectos en la misma tipificación de la norma", agregó el coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del ITAM.

"Lo que nosotros hacemos en estos trabajos es darle insumos a las autoridades para que ellos tengan en cuenta los defectos de implementación de los controles, para que lo hagan mejor. Ellos dicen que están cumpliendo, pero determinamos que en artículos específicos no, por eso tienen que mejorar", expuso.

La Procuraduría General de la República funciona, pero bajo un impulso de capacitación tradicional, esto es, yendo contra la persona física y lo que falta es dimensionar financieramente al crimen organizado, ya que éste no sólo opera con drogas, sino con armas, trata de blancas y hasta negocios, explicó.

El impulso de causa penal para una persona física debe ser derivado de un trabajo de inteligencia preventiva a cargo de dependencias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero hay problemas de coordinación.

Otro ejemplo, dijo, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tarda meses en proporcionar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la información que debía tener inmediatamente.

Buscaglia expuso que en lo referente a los jueces federales mexicanos sólo han tenido 35 horas de capacitación en los últimos 12 años, lo que plantea un reto para la tipificación de nuevos delitos.

Sobre la aplicación de los acuerdos, indicó que México ratificó las convenciones de Mérida, de Palermo, y la Convención Antilavado de Dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero no abarca la vigilancia a casas de cambio, centros cambiarios, las remesas o las compras de bienes.

En ese sentido, refirió que "por ejemplo, operaciones de casas de cambio, casas de préstamos o remesas no están reguladas adecuadamente, no están bien vigiladas y por ello no se está cumpliendo".

También está el "lavado" de dinero a través de sindicatos mexicanos en España o mediante la compra de casas y tierras en Argentina, que tampoco se investigan, pero en la medida en que haya una mejor cooperación se podrá avanzar.

(V.Notimex del 28 de mayo de 2008).

En lo personal, no nos hemos escapado a esta ola delictiva, verdadera crisis de seguridad pública que ya lleva varios años de estar presente, y sin visos de desaparecer; al contrario, se continúa manifestando con fuerza en todas sus facetas, en sus variadas y diversificadas manifestaciones.

Pero, de manera solapada a todo esto -hay que aceptarlo-, existe una contraparte que debería estar a la altura de las circunstancias, y no lo está, ni lo estará quién sabe hasta cuándo. Se trata de la manera de impartir justicia en todas y en cada una de sus instancias.

El ejemplo clásico de nuestro sistema de justicia es lo que se denomina comúnmente "justicia de barandilla", o sea, las agencias del Ministerio Público, ahora llamadas con un nombre rimbombante y apantallador, donde el quejoso acude en primera instancia a presentar o a denunciar su queja, levantar el acta correspondiente, a fin de que se inicie el proceso llamado de la averiguación previa, con o sin el acusado. Si el monto del delito es bajo, queda en suspenso, porque resulta caro investigarlo.

Por necesidad tuvimos que acudir a una de esas agencias, a la que nos corresponde, que además es una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México, y la primera impresión que se recibe es el aspecto sórdido, siniestro, sucio y mal oliente de esas oficinas de marras, en donde, ¡oh sorpresa!, abundan aquí y allá altares con diversas imágenes de santos, seguramente los favoritos o de la devoción de los acusadores y de los acusados, como para que un milagro resuelva en última instancia, aquello que la "justicia a la mexicana", o de barandilla ha sido incapaz de resolver, conforme a derecho.

Tener que recurrir a los impartidores de justicia es algo peor que caer en un vacío en donde la impotencia y imposibilidad de lograr una respuesta que se asemeje a un remedo de justicia está totalmente ausente, fuera de contexto ante unos funcionarios escapados de la parafernalia kafkiana, empezando por la agente del Ministerio Público, asaz deshumanizada, prepotente y arrogante.

Lo cierto es que en materia de justicia en este nivel, y tal vez también en los superiores, es una justicia típica de un país subdesarrollado, pero con un esquema totalmente obsoleto. ¿Llegará algún día, por estos recintos donde se imparte justicia en primera instancia, habrá algo que se parezca a la modernidad, o a los buenos modales, porque lo cortés no quita lo valiente? Al agraviado, con las afectaciones a su patrimonio personal, porque la doña justicia y los que la imparten están fuera de contexto.

Manuel López de la Parra
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de mayo de 2008).

Los crímenes que se cometen en México difieren mucho de otros países, pues son perpetrados por personas de la clase media, media alta y media baja; incluso pueden venir de un profesionista a quien se le hace fácil ganar mucho dinero de la noche a la mañana.

Aquí el hecho es que México carece de un sistema de justicia penal que aplique las leyes en igualdad, ya sea a ricos o a pobres. Esta cultura de la impunidad está afectando a sectores que son el futuro de México. Y esto se está reflejando en el hecho de que personas que tradicionalmente no estarían involucradas en actos criminales, ahora sienten que pueden delinquir con absoluta impunidad. Entonces, en México nos enfrentamos a grupos de criminales que delinquen no por hambre. sino por avaricia.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de mayo de 2008).

Bloquearon además los accesos y salidas de la terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos Refinación en Santa María de El Tule, a 15 kilómetros de esta capital, lo que originó la suspensión del suministro de gasolinas y gas en al menos 2 entidades de esta área del país.

El colapso carretero se generó luego de que unos 5,000 maestros de Valles Centrales tomaron la caseta de cobro de la Carretera Internacional en Huitzo; permitieron el paso libre a automovilistas.

Profesores de Zimatlán, Miahuatlán y Ocotlán se concentraron en el crucero del aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca y realizaron bloqueos intermitentes, lo que de todas maneras hizo que los viajeros tuvieran que llegar, o salir, a pie.

(V.periódico El Universal del 21 de mayo de 2008).

Los profesores de la llamada "ala democrática" marcharon en las 7 regiones del estado.

Algunos cerraron carreteras federales, otros calles, unos más se plantaron en el zócalo de la capital y hubo quienes sólo marcharon, pero todos suspendieron sus labores académicas en casi 13,000 centros educativos.

Las consignas eran de todo tipo, pedían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, la libertad de los presos políticos y se manifestaron en defensa de Pemex, contra la ley del ISSSTE y a favor de la consolidación de la educación pública.

También demandan que los gobiernos federal y estatal cumplan con los acuerdos suscritos en octubre de 2006, tras el largo paro magisterial que colapsó la vida de la capital oaxaqueña, entre ellos, "la devolución de más de 100 escuelas" ocupadas por la opositora sección 59 del SNTE.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de mayo de 2008).

Algunos otros, dadas su ignorancia supina y su total falta de interés en estos tópicos tan trascendentes e importantes, ignoran por completo esas anomalías y terminan su gestión sin beneficio ni gloria.

Ing.Bernardo Vázquez Rodríguez
(v.pág.12-A "Buzón de nuestros lectores" del periódico El Informador del 12 de mayo de 2008).

María Romero
(v.pág.20 "correo" del periódico Público del 9 de mayo de 2008).

Para el 13 de mayo, la Asociación Red Ciudadana anunciará sus nuevos movimientos, y en los próximos días vecinos de Arcos Vallarta planean cerrar algunas avenidas para llamar la atención de los gobernantes.

¿Reaccionarán las autoridades antes de esa fecha? Se ve difícil.

S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 8 de mayo de 2008).

El bloqueo provocó algunas manifestaciones de estudiantes afuera de Ciudad Universitaria, sin que se registraran mayores incidentes.

(V.pág.10 del periódico Mural del 8 de mayo de 2008).

La denuncia apunta a que ciertos líderes campesinos, junto a algunos distribuidores de tractores de una marca competidora, lograron por medios muy cuestionables, al parecer ilegales, atribuirse la venta de casi la totalidad de los tractores apoyados por el programa.

Lo curioso es que ante una denuncia sistemática, ordenada y valiente, al final no pase nada, tal parece que la lucha contra la corrupción como muchas otras acciones de gobierno, es más mediática que otra cosa.

Lo único concreto que logro este comerciante fue el comentario de que para este 2008 se "pondrían candados" para que no vuelva a ocurrir lo del programa 2007. ¿Será?

Fernando Mayorga Castañeda
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 8 de mayo de 2008).

A pesar de que el Juzgado Quinto rechazara el recurso legal que presentó la organización estudiantil, siguen con sus acciones para presionar a la Secretaría de Educación Jalisco e incluso ayer al mediodía bloquearon las instalaciones de la Normal Superior de Especialidades, ubicada en Jardines del Sol.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 8 de mayo de 2008).

Para dejar de cumplir con estas obligaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió un juicio, que ella misma se encargará de resolver en los próximos días, con el cual busca que todos los órganos del poder judicial de la federación dejen de pagarle a los estados y al Distrito Federal el servicio de agua potable y el ISN, por los cuales, en conjunto, se calcula, paga anualmente más de 270 millones de pesos.

El ministro Mariano Azuela Güitrón inició dicho juicio, con el aval de varios de sus compañeros de la Corte, porque considera que la Constitución no permite que se le cobren impuestos o servicios como el del agua a las instituciones que forman parte de la federación.

En caso de que la Corte decida concederse la razón a sí misma, de inicio, el más afectado será el Gobierno del Distrito Federal porque dejará de recibir, tan sólo por el cobro del ISN, más de 100 millones de pesos anuales, de acuerdo con datos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

Pero, después, el impacto puede incrementarse en todas las entidades, porque el mismo criterio que se use para que el poder judicial deje de pagar estos rubros también podrá aplicarse a todas las dependencias de los poderes ejecutivo y legislativo, que forman parte de la federación.

Actualmente, también le pagan a los estados el ISN y el consumo de agua que realizan.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2008).

Este "diálogo" se tiene que llevar de tal manera que no se vuelva un incentivo para cualquier grupo que tenga exigencias sociales y podría interpretar la negociación con el EPR como una razón para atacar la infraestructura energética del país.

Desafortunadamente muchas veces el intento de negociar puede ante este tipo de grupos puede traducirse en más violencia.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de mayo de 2008).

(V.pág.5 del periódico Mural del 1o.de mayo de 2008).

Por la falta de credibilidad de los interlocutores gubernamentales, deficiencias en los procesos legales y políticos para resolver difíciles problemas sociales, para muchos grupos e individuos, la violencia es la única forma de conseguir un interlocutor con quien dialogar y que se les escuche. Para otros el uso de estos mecanismos, en el México en donde existe una marcada cultura de impunidad, las movilizaciones violentas son mecanismos viables de expresión y promoción política. Otro factor importante que facilita el uso de violencia por parte de grupos e individuos como forma de protesta social, es en parte el temor de las autoridades de usar mecanismos represivos, además de que el aparato de justicia no tiene la capacidad de enfrentar protestas violentas.

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de abril de 2008).

"En la percepción de la ciudadanía, en México no hay aún justicia, ni pronta ni expedita. Esa es la verdad", dijo Calderón, quien afirmó que de aprobarse las reformas constitucionales en materia penal se brindarán mayores garantías procesales.

Los acusados, los ofendidos y particularmente las víctimas "hasta ahora no han gozado, hay que reconocerlo, de la protección y atención debida del estado", insistió Calderón ante Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Calderón reprobó así a los encargados de administrar y procurar justicia, durante su participación en el congreso El Sistema de Justicia Penal en México, al que acudieron ministros de la Corte y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

(V.pág.24 del periódico Público del 25 de abril de 2008).

Una decisión a todas luces injustificable fue la expropiación de los ingenios de 4 grupos: CAZE, Machado, GAM y Santos.

Si con el golpe de timón la idea era resolver la problemática de ese rubro, hoy su situación no ha cambiado mucho.

De hecho la mayoría de las afectadas lograron la devolución de sus activos y aún ahora se desahogan expedientes.

Un asunto que colateralmente quedó atrapado en la decisión estatizadora y que afectó a varios particulares, entre ellos a la Almacenadora México, Pepsi Bottling Group y a Louis Dreyfus, comercializadora de azúcar.

El tema por cierto lo originó el ex de Sagarpa Javier Usabiaga, y ha generado desde entonces múltiples acciones penales y civiles por una operación de crédito amarrada a 39,000 toneladas de azúcar con CAZE.

Hay sentencias en firme a favor de Almex que el actual gobierno que en realidad heredó el lío, es decir Sagarpa y FEESA eventualmente tendrá que cumplir.

Son contratos de azúcar por la cifra señalada de los que FEESA dispuso, pese a que estaban comprometidos con la almacenadora a favor de PBG y la misma Dreyfus. Significan unos 30 millones de dólares.

La historia se originó 11 días antes de que Fox expropiara 27 ingenios, cuando cañeros ligados a CAZE bloquearon la Autopista del Sol.

Dado que CAZE no tenía liquidez armó el esquema de crédito mencionado con Almex para disponer de 108 millones de pesos que eran 80% de la liquidación que exigían los productores.

os certificados de depósito y sus bonos de prenda de azúcar serían pagados en especie con la zafra 2001-2002. Incluso Usabiaga Arroyo agradeció a los de Almex su valiosa colaboración en los contratos referidos en una misiva del 6 de septiembre.

Ya con la expropiación y por la incertidumbre de Almex, en otra carta Usabiaga pidió a la almacenadora: tener la seguridad de que el gobierno honrará los compromisos adquiridos.

No fue así: unos días después, primero Ignacio Lazcano, asesor de Usabiaga, y luego su coordinadora jurídica, Lilia Isabel Ochoa, y su oficial mayor, Xavier Ponce de León, desconocieron la operación gestionada por su jefe.

En más de un escrito Ochoa Muñoz fue enfática en que no podía reconocer el contrato e instruyó en tal sentido, el 22 de marzo del 2002, al entonces director del FEESA, Jorge Laborín.

A Almex la misma funcionaria le escribió el 4 de abril del mismo año: Sagarpa no tiene facultades para asumir compromisos de pago por operaciones celebradas entre particulares con anterioridad a la expropiación.

Más tarde al propio Laborín, hermano del actual director de Nafin y Bancomext, lo instó a que requiriera a la almacenadora las bodegas que se tenían habilitadas dentro de los ingenios con el azúcar de los contratos.

Almex enfrenta hoy demandas de PBG y Dreyfus, dado que no han logrado recuperar el azúcar utilizada en la operación para apoyar a CAZE y a Usabiaga con los campesinos.

El tema de Almex que fue encajado en el concurso mercantil de los ingenios de CAZE, se ha convertido en una papa caliente. El mismo Francisco Mayorga al sustituir a Usabiaga eludió el asunto, pese a que el nuevo coordinador jurídico Manuel Barquín hizo ver a FEESA la obligación que tenía el gobierno de cumplir las condenas.

Como ve, se trata de otro ejemplo de la falta de seguridad jurídica que lamentablemente prevalece en el país.

Alberto Aguilar
(v.pág.36 del periódico Público del 25 de abril de 2008).

1. Al donar dinero para la construcción de un templo, sin importar para cual religión esté destinado, el Gobernador de Jalisco violó el Artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establecen la separación entre los asuntos de las iglesias y del estado, que por mandato de ley es laico, ajeno a cualquier religión y al margen de cualquier preferencia por devoción religiosa alguna. Por tales razones, Emilio podría ser sometido a juicio político, con base en lo que establecen los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estaría en riesgo de ser destituido e inhabilitado para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
2. Al entregar dinero público para la construcción de un templo, el gobernador habría violado una de las facultades que le confiere el Artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que le advierte sobre su responsabilidad de aplicar e invertir "los caudales del estado, con arreglo a las leyes". Emilio habría violado disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, que en el Artículo 53 señala que "ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuestal expresa. Para que proceda una erogación, ésta deberá de sujetarse al texto de la partida contenida en el clasificador por objeto del gasto que lo autorice y a la suficiencia presupuestal".
3. El mandatario habría pasado por alto también la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, que en ninguno de sus artículos contempla que la construcción de templos esté entre las actividades consideradas para recibir subsidio gubernamental, como promotoras del desarrollo económico y el empleo, de conformidad con las prioridades que señala el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas respectivos. Por otra parte, habría ignorado Emilio las disposiciones que establece la Ley de Promoción Turística del Estado de Jalisco, que en ningún artículo contempla la posibilidad de destinar recursos públicos para la construcción de templos o para el fomento del turismo religioso.
4. Tampoco existe alguna disposición que contemple la construcción de templos con dinero público, en alguna región del estado o en la zona metropolitana de Guadalajara, como política pública de promoción del desarrollo y del empleo, ni en el Programa Sectorial sobre Desarrollo y Fomento al Turismo, en particular, ni en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, en lo general.
5. Con base en los supuestos anteriores, Emilio habría cometido el delito de peculado, contemplado en el Artículo 223 del Código Penal Federal y en el Artículo 140 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, por haber desviado de su objeto original los recursos públicos que donó al Santuario de los Mártires Cristeros.

Desde hace ya muchos años, una forma común de obtener beneficios indebidos ha sido romper con normas que son consideradas como "menores" por los actores políticos. Así comenzamos con las manifestaciones en la Ciudad de México en los años 90, cierres de carreteras, despojos de edificios públicos, marchas para resolver conflictos, hasta bloqueo a obras como el aeropuerto alterno de la capital.

Cuando hechos como estos quedan impunes, el ejemplo a la sociedad es muy negativo, porque queda de manifiesto que hay mecanismos que permiten que la ley no se aplique. Esto es una corrupción a la ley, o mejor dicho un fraude a la legalidad, que es legitimado por la política.

En la construcción de nuestra democracia, la impunidad es el mayor riesgo, y en lugar de avanzar hacia su combate pareciera que los acontecimientos abonaran a fomentarla. Es difícil explicar a un niño mexicano que en el lugar donde se hacen las leyes, las reglas no se respetan, como es complicado explicar por qué todos los días aparecen decenas de personas asesinadas, sin que la autoridad pueda imponer el orden.

Los legisladores y funcionarios públicos, pero sobre todo el presidente de la república, deben tomar en cuenta que la espiral en la que estamos metidos nos conducirá a una situación caótica, si no nos decidimos a fortalecer el imperio de la ley, y dejamos de lado la simulación.

La páginas de los periódicos, como las notas en los noticieros, son una amplia colección de casos de impunidad y simulación. Si hacemos una revisión de una publicación en unos minutos y distinguimos la información que implica en sí misma un acto de impunidad, corrupción o simulación, nos sorprenderemos de ver cómo estamos rodeados de un ambiente que evade la aplicación rigurosa de las normas.

Este es el escenario en que estamos formando a las nuevas generaciones, son ellos los que perciben con mayor agudeza los mensajes que se envían a cada momento, que muestran que hay una salida lateral a los problemas; que el camino del esfuerzo y el trabajo debe ser evitado para privilegiar la astucia y la habilidad para hacer trampas que son vistas como atajos válidos.

Por eso los legisladores, como los órganos de procuración de justicia, los responsables del gobierno de las comunidades deben tomar en cuenta que en cada declaración, actitud, palabra y acción que emiten están transmitiendo un ejemplo a la juventud, que poco a poco se desencanta de la vida pública.

La degradación de los temas de la vida pública en la escala que percibe la opinión pública es un hecho ganado a pulso, que costará mucho recuperar. Los escándalos que parecen sólo cuestiones superficiales, se convierten en testigos de una historia de simulación e impunidad en capítulos cotidianos, que degrada la conciencia solidaria, y exalta el egoísmo que corroe a las instituciones.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de abril de 2008).

Gabriel Pérez del Peral, responsable del área económica de la Universidad Panamericana
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 21 de abril de 2008).

El director de Infraestructura Vial de la SVT, José de Jesús Mejía Mendoza, informó que el sentido de las calles seguirá como hasta el miércoles, y únicamente habrá cambios si así lo acuerdan los colonos en una asamblea que esté avalada por la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guadalajara.

(V.pág.10 del periódico Público del 18 de abril de 2008).

(V.pág.7 del periódico Mural del 17 de abril de 2008).

El organismo empresarial advirtió que de no contenerse estos actos, deberá pensarse en convocar al Ejército para restablecer el estado de derecho en las calles.

El líder empresarial lamentó que los actos vandálicos del martes, en los que miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha incendiaron una patrulla, detonaron bombas caseras y cerraron las calles del centro histórico, no hayan arrojado detenidos.

La incursión estudiantil se suma al paro que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron el pasado jueves y viernes en casi todas las escuelas públicas del nivel básico en el estado, así como a una marcha masiva realizada en el centro histórico.

Aunado a ello, empleados del Gobierno del Estado cumplieron 16 días en huelga y mantienen cerradas 250 instalaciones gubernamentales.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, las marchas y actos de vandalismo en el centro histórico han dejado pérdidas por 10 millones de pesos al comercio en la última semana.

"Es lamentable que mientras se hace un esfuerzo para tener una mejor imagen a nivel nacional e internacional para fomentar el turismo, un grupo de delincuentes ahuyenta todo", reprochó su presidente.

(V.pág.7 del periódico Mural del 17 de abril de 2008).

Si a ello le agregamos que la sociedad está aceptando la violencia de la delincuencia como parte de la vida cotidiana, en donde las ejecuciones, las torturas y venganzas públicas aparecen en las primeras planas y titulares informativos, la niñez y la juventud está admitiendo como normal la mayor de las anormalidades en la vida institucional: la corrosión violenta de las estructuras del estado. La tolerancia social a la impunidad, el crecimiento de la corrupción generalizada en muchos ámbitos y la simulación de muchas autoridades que prefieren no ver lo evidente por no enfrentar problemas mayores, nos coloca en un estado fragilidad.

La impunidad se ha convertido en el signo más preocupante para el futuro de México. La violencia alcanza la vida política, en donde las autoridades temen a las amenazas de grupos que viven en el límite de la legalidad. El estado de derecho en México ha perdido terreno que debe ser recuperado por las autoridades con firmeza.

Luis Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de abril de 2008).

Cerca de las 11 horas de ayer, vecinos de los municipios de El Salto y Juanacatlán salieron de la Plaza Juárez hacia Palacio de Gobierno para manifestar su molestia por los altos niveles de contaminación que sufren sus poblaciones por el Río Santiago.

Alrededor del mediodía sumaban 2,000 inconformes de aquellos municipios, entre ellos jóvenes de la Preparatoria de El Salto y vecinos de las inmediaciones de Puente Grande en la Plaza de Armas, en donde exigían dialogar con algún funcionario de primer nivel del poder ejecutivo para entregar un pliego petitorio.

Al no cumplirse esa exigencia, los manifestantes bloquearon el cruce de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, lo que ocasionó caos vial por un lapso de más de 2 horas.

Cerca de las tres de la tarde, el subsecretario de Asuntos del Interior, Salvador Ávila Loreto salió desde Palacio de Gobierno acompañado por un fuerte operativo de seguridad y llegó al plantón, luego de pedir a los más de 300 inconformes que se ubicaron en la carretera libre a Zapotlanejo a la altura de Puente Grande que disiparan la manifestación que protagonizaban a la par de la que ocurría en el centro de la ciudad, pues de lo contrario no escucharía sus peticiones.

Minutos más tarde, los manifestantes le entregaron al funcionario estatal, un pliego petitorio de nueve puntos, entre ellos "que declare de forma inmediata zona de emergencia ambiental El Salto y Juanacatlán". Antes de despejar las avenidas bloqueadas advirtieron que si en 15 días no reciben respuesta realizarán nuevas muestras de inconformidad con nuevos bloqueos.

(V.primera plana del periódico El Informador del 15 de abril de 2008).

(V.resumen informativo de Notisistema del 9 de abril de 2008).

Unas 50 unidades de microbuses y combis del estado de México cierran los 2 carriles de la mencionada arteria, por lo que miles de usuarios tienen que caminar varios kilómetros para tomar otro transporte que los lleve a su destino.

Los transportistas fueron encabezados por Jesús Melitón Ruiz Hernández, dirigente de la ruta 39, que corre del centro de Chimalhuacán hacia el paradero del Metro Pantitlán.

La policía del Estado de México intentó retirar con grúas el bloqueo de las unidades pero, debido a la fuerte oposición de los choferes, tuvo que retirarse.

A pesar de ello, hay una fuerte presencia de granaderos de la Agencia de Seguridad estatal y de elementos de la Dirección de Seguridad Publica del municipio de Chimalhuacán, porque podría llevarse a cabo una intervención para retirar el bloqueo.

(V.Notimex del 7 de abril de 2008).

¿Para qué se inventó la realidad sino para ponerla a salvo de la demanda de justicia?

Carlos Monsiváis
(v.pág.14 del periódico Público del 6 de abril de 2008).

En México, 4 de cada 10 personas encerradas en las atiborradas jaulas que llamamos "cárceles" no han sido juzgadas y, por lo tanto, no han sido sentenciadas por delito alguno. Si a esto sumamos otra espeluznante cifra, que el 98% de los delitos en México permanece impune (y muchas veces, ni siquiera es investigado), entonces, ¿quiénes están en las cárceles? O, para que nuestras tías y abuelitas pierdan el sueño, ¿qué rufianes no están encerrados en ellas?

Más grave es que se encierre a los inocentes, y hasta por años enteros, sí, pero la injusticia mexicana es tal que prácticamente no aplica a los poderosos.

Paco Navarrete
(v.pág.7 del periódico Mural del 3 de abril de 2008).

La reforma judicial aprobada por los diputados no resuelve el problema de la presunción de culpabilidad sino que lo agrava. No reforma la figura de la prisión preventiva que permite al gobierno castigar primero y juzgar después. De hecho, en los últimos años los legisladores han venido aumentando el número de "delitos graves" que permiten a la autoridad encarcelar a un acusado aun cuando no haya sido declarado culpable por un tribunal.

Los diputados, por otra parte, han fortalecido la presunción de culpabilidad de manera muy importante al elevar a rango constitucional el arraigo, con lo cual le dan la vuelta a un fallo muy importante de la Suprema Corte de Justicia que previamente había considerado inconstitucional esta perniciosa práctica. El arraigo es la privación de la libertad de una persona no sólo sin el fallo en contra de un tribunal sino, incluso, sin una acusación formal por parte de un Ministerio Público. La práctica deja en estado de indefensión a las personas durante periodos prolongados. La autoridad puede detenerlas sin molestarse en consignarlas ante un juez y sin tener que presentar pruebas.

Otro paso regresivo de la reforma es la "extinción de dominio" la cual permite a la autoridad confiscar los bienes de una persona sin tener que pasar "por años de litigio", como lo declaró el propio presidente Felipe Calderón el 28 de febrero. Los acusados, pues, serán castigados con la confiscación de sus bienes antes de ser juzgados.

¿Por qué entonces nos dicen y reiteran ad nauseam los diputados que con la reforma judicial "todo acusado será inocente hasta que se demuestre lo contrario, como ocurre en los países avanzados y democráticos"? Porque incluyeron en el artículo 20 de la Constitución una frase que afirma que todo acusado será considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Pero los diputados ocultan en sus anuncios que, al mismo tiempo que colocaron esta declaración de presunción de inocencia tomaron medidas mucho más fuertes para asegurar que todos los mexicanos sigamos siendo considerados culpables hasta que podamos demostrar nuestra inocencia. Nada ha cambiado en las leyes para obligar al Ministerio Público a investigar primero y a castigar después.

Con la nueva legislación, las cárceles mexicanas seguirán estando llenas de personas que no han sido condenadas por un tribunal. La falta de peligrosidad de los acusados no podrá ser criterio para que un juez les permita enfrentar en libertad las acusaciones en su contra, como ocurre en "los países avanzados y democráticos". De hecho, la injusticia del sistema que nuestros diputados se negaron a cambiar queda de manifiesto en el hecho de que, como señala Arturo Arango del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, el 70% de los sentenciados tienen al final penas de un año o menos, por lo que el sistema de justicia les queda debiendo tiempo tras encarcelarlos antes de ser sentenciados.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de abril de 2008).

(V.pág.2-B del periódico El Informador del 24 de marzo de 2008).

[En México] en la vida política, tanto como en la económica y la social, el estado fue un actor enorme, incontrolado, con frecuencia abusivoy faccioso. Gobernó aplicando la ley según las conveniencias y los intereses, abriendo un gran espacio a la vieja cultura monárquica de las concesiones y las mercedes, despojando a los ciudadanos de la certidumbre sobre su igualdad ante la ley, piedra de toque de las libertades. La influencia, no la ley, fue nuestra regla. Lo sigue siendo.

Liberalizar el estado quiere decir devolverle, si la tuvo alguna vez, esa imparcialidad legal que echamos tanto de menos en el comportamiento de nuestras autoridades. Quiere decir hacerlo un estado de derecho, no el espacio de negociación discrecional de la ley, como sigue siendo en tantos órdenes.

Sólo de la certidumbre absoluta de la igualdad ante la ley puede propagarse la libertad de los ciudadanos en todos los ámbitos, esa libertad restringida sólo por el mandato de la ley que a la vez obliga y libera a todos, pues les impide hacer lo que está expresamente prohibido, pero los deja libres en todo lo demás.

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 21 de marzo de 2008).

El propio López Obrador se da cuenta de ello. Por eso trató de curarse en salud en el mitin de este 18 de marzo: "Ya sabemos que se nos vendrán encima con sus campañas de desprestigio en los medios de comunicación. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes. Dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México".

Por supuesto que habrá muchos que lo digan. Y con toda la razón del mundo. Cualquier país puede considerar un peligro a un político que amenace con paralizar la vida económica de la nación si el gobierno no obedece puntualmente sus instrucciones. Ya imagino lo que haría ese gobierno cubano que tanto admira López Obrador si algún disidente se atreviera a lanzar una amenaza que fuese siquiera una pálida sombra de la que él mismo ha dado a conocer.

Sergio Sarmiento
(v.pág.4 del periódico Mural del 20 de marzo de 2008).

(V.pág.4 del periódico Público del 14 de marzo de 2008).

Alberto Aguilar
(v.pág.32 del periódico Público del 14 de marzo de 2008).

Ninfa Monarres, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Jalisco, informó que ayer se llegó a un acuerdo por escrito y notariado con autoridades de Seguro Social en el cual intervino como mediador personal de la subsecretaría de Asuntos del Interior del Gobierno del Estado [de Jalisco].

La dirigente de la asociación civil detalló que será después de Semana Santa cuando los 110 pacientes registrados vuelvan a recibir el medicamento Rebif y no una fórmula genérica llamada Neurauxa, misma que según denunciaron, generó efectos secundarios entre algunos enfermos como ansiedad, temblores y debilidad.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de marzo de 2008).

"Hasta con tu familia negocias, con tus hijos, tú negocias que vaya a la escuela y le das o no cosas", reiteró.

Incluso se le cuestionó si la negociación no se tomaría como una debilidad gubernamental ante la coerción que estarían infringiendo grupos delictivos a las autoridades, pero el diputado insistió en su postura.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de marzo de 2008).

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de marzo de 2008).

Hoy es común y cotidiano encontrarse con dos situaciones que ponen en duda esa confianza. Por una parte la hechura de las leyes. En los años del PRI las leyes fueron hechas con criterios homogéneos. Las autoridades, todas, y el partido tenían los mismos intereses y criterios. Ahora, con la alternancia, los gobiernos divididos y la democracia los intereses y criterios básicos de la tarea legislativa se vuelven heterogéneos y sobre todo se han convertido en mercancía. Las minorías legislativas negocian su voto a cambio de beneficios políticos o de otras leyes que favorezcan los intereses de esas minorías. Se ha roto la coherencia en las leyes mexicanas. Los criterios dependen de poderosos y de territorios. Las consecuencias aun no son graves pero ya asoman: Hay leyes sobre el mismo tema, audaces unas timoratas otras. Las hay decimonónicas y otras del siglo XXI.

Por otra parte, la aplicación de la ley se negocia según convenga. Esta situación es más grave para la certeza y la seguridad jurídica. Por ejemplo, vimos en 2006 cómo se omitió aplicar el código electoral y sancionar ilícitos de ciertos actores. Vimos aprobar una ley (Radio y Televisión) contraria a la Constitución por presiones de los poderes fácticos. Recientemente vimos aprobar un nuevo código electoral que permite la intervención de partidos políticos en decisiones de la autoridad electoral, en abierta oposición a los principios legales de imparcialidad y certeza.

En Jalisco tenemos tres ejemplos: Uno, el conflicto de límites con Colima, que transcurre omiso de legalidad y no parece importarle a nadie. Dos, la grave demanda contra el procurador, hoy estancada. Y otro reciente y flagrante: la remoción del alcalde de Tonalá por el ayuntamiento del lugar sin ninguna base legal. Tres casos graves que a parece no interesar, ni siquiera a quienes la ley manda vigilar la legalidad del gobierno. ¿Se cumplen las leyes en Jalisco? Según sea.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.17 del periódico Público del 9 de marzo de 2008).

Se pusieron bajo los rayos del sol, a pesar de los mareos y dolores de cabeza propios de su condición, que aseguran ha empeorado en estos 36 días. "Estamos hartos de ser ignorados", gritaron. María Eugenia caminaba hace quince días. Ayer no. Al intentar levantarse de la silla de ruedas atravesada en plena avenida, ahora custodiada por elementos de Vialidad, las piernas se le doblan. Al fondo, algunos conductores sorprendidos se quejan del intempestivo cierre. Un hombre maldice y quema llanta.

Los enfermos continúan su protesta. Exigen el tratamiento médico original para la esclerosis múltiple (Interferon beta 1a de 12 millones U.I. de nombre comercial Rebif) que hasta diciembre pasado el IMSS les estaba suministrando y que, cortesía de la "liberación de patentes", fue sustituido por un "genérico" que se elabora con el nombre de Neurauxa, el cual produce la farmacéutica jalisciense Laboratorios Pisa, ganadora de la licitación nacional correspondiente a 2008.

Hacia las 2 de la tarde arribó un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, quien trató de intermediar. La avenida Belisario Domínguez continuó cerrada, entorpeciendo el flujo de vehículos en un trecho mayor que el de la protesta, de la avenida Circunvalación hasta Pablo Valdés. El acuerdo que obtuvo es que se les daría un medicamento original, pero en dosis menor: de 8 millones U.I y que tendrían que aplicarse 2 ampolletas para completar la dosis. El bloqueo se levantó hasta las 4 de la tarde. El campamento no. Hoy el bloqueo promete repetirse a partir de las 12:00 horas.

(V.pág.8 del periódico Público del 7 de marzo de 2008).

Resulta que el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, José Antonio Muñiz, ya da señales de alarma porque, según sus cuentas, ya hay tantos vehículos ilegales circulando en México como los legalmente establecidos.

Sólo en el transporte federal de pasaje, donde operan poco más de 30,000 unidades legales, la cámara calcula que hay por lo menos otras 30,000 que son irregulares y de contrabando.

Los empresarios formales ya de plano le están echando el ojo a la ventaja de pasarse al "lado oscuro".

Cheque el dato: los camiones piratas no pagan impuestos, ni seguridad social, tenencia, Infonavit, ni peaje.

Además no tienen problemas con el IETU, pues el SAT ni sabe de su existencia.

No cuentan con seguros de responsabilidad civil ni están obligados a invertir.

Y no habiendo autoridad que los persiga eficazmente, con razón hay tantos que de plano le dan el sí a la informalidad.

(V.pág.2 del periódico Mural del 6 de marzo de 2008).

Las autoridades policiacas señalaron que el grupo que se manifestó en la Ciudad de México, provocando caos vehicular en las principales avenidas del centro, fue de poco menos de 10,000 personas.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2008).

La correcta instrumentación de esa modalidad implica contar con un sistema de justicia penal eficiente y confiable, además de que tendría consecuencias graves aplazar cambios de fondo propios de una reforma integral en cuyo análisis y discusión debe participar la sociedad en su conjunto.

A su parecer, la aplicación progresiva del juicio oral contradictorio demandará quintuplicar las capacidades de los poderes judiciales de los 3 niveles de gobierno. "Si un juez atiende un promedio anual de 500 expedientes, con la reforma sólo podrá ocuparse de una quinta parte, o sea unos 100".

Ello significa que en 8 años deberán multiplicarse por 5 los actuales presupuestos del poder judicial federal y de los estatales, a fin de contar con el personal suficiente que dé efectividad a la nueva disposición.

El periodo de 8 años para que entre en vigor esa parte de la Reforma Judicial, "un término que supera el del mandato de todos sus promotores, arroja incertidumbre acerca de la necesaria continuidad institucional que se requiere para implantar un sistema de naturaleza tan compleja".

Insistió en que los poderes judiciales locales y federales podrían ver rebasadas sus ya limitadas capacidades de actuación con la Reforma Judicial, debido a una excesiva carga de trabajo y retardar aún más la aplicación de la justicia.

Soberanes Fernández alertó sobre el riesgo de que los juicios orales multipliquen los casos en los que se envía a prisión a personas que, por "el atraso cultural de grandes segmentos de la población y otras desigualdades sociales", carecen de una defensa jurídica profesional.

También se podría pervertir su verdadera finalidad "para no juzgar a nadie y sí en cambio convertir la justicia penal en un espacio donde se negocien en lo oscurito las sentencias, con evidente beneficio para los ricos y los poderosos y en perjuicio para los pobres y los ignorantes".

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 3 de marzo de 2008).

El Senado modificó un párrafo y eliminó otro: allanamiento de domicilios y acceso libre a información reservada para los agentes del Ministerio Público, ambos sin orden judicial. Aunque la modificación senatorial sobre los allanamientos no cambiaba el contenido fundamental del párrafo, sirvió para devolver el proyecto a los diputados y ganar tiempo para denunciar la pretensión del gobierno.

Al modificarse el párrafo de los allanamientos se abrió la posibilidad de su completa eliminación, tal como ocurrió. Por desgracia, esto no era posible en los demás párrafos del proyecto. Lo que la cámara de origen podía discutir, a partir del reenvío del Senado, eran sólo 2 párrafos.

Así, se sucedieron declaraciones de defensores de derechos humanos, las cuales fueron decisivas para que el PRI (una parte de éste) rompiera el acuerdo con el PAN y el gobierno en cuanto a la licencia para allanar.

El arraigo de detenidos es ahora inconstitucional, aunque aparece en las leyes contra la delincuencia organizada. El gobierno necesitaba su elevación a la Carta Magna. El arraigo hasta por 80 días fue aprobado con la oposición del PRD. Se trata, en efecto, de la negación de garantías para los detenidos que escoja el Ministerio Público. Pero hay más violaciones a derechos fundamentales en ese proyecto, entre ellas la incomunicación de personas encarceladas.

La partida de madre -lo dije así en tribuna- que le están dando a la Constitución es el acto más agresivo contra derechos fundamentales en la historia de las 3 cartas principales que ha tenido México. El gobierno del PAN, con la complicidad del PRI, se propone llevar a cabo una agresión a los derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico: los narcos le ganan la pelea al estado haciendo a éste más autoritario y represivo.

Pablo Gómez, senador perredista
(v.pág.18 del periódico Público del 29 de febrero de 2008).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.7 del periódico Mural del 28 de febrero de 2008).

(V.pág.4 del periódico Mural del 28 de febrero de 2008).

Otras enmiendas que debieron hacerse, que condujeran por lo menos a la eliminación del arraigo (una nueva forma de prisión preventiva que puede privar de su libertad hasta por 80 días a una persona a la que se quiere acusar pero no se sabe si merece ser acusada).

Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.7 del periódico Mural del 28 de febrero de 2008).

El problema es que a casi 7 años de que se publicó en El Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el Reglamento de la Ley Estatal de Salud en materia de protección a no fumadores, se conoce poco, no se respeta al 100% y no se sanciona a quienes lo han violado.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 28 de febrero de 2008).

No encontraron ni secuestrados, ni armas, ni drogas, simplemente a tres ciudadanos durmiendo en su hogar. Más tarde se supo que la llamada a la PFP era falsa. Lo que es real es el asesinato del ciudadano. Gracias a que la familia pudo contratar a una buena penalista, el agente asesino fue detenido.

Durante este sexenio, militares y policías asignados a la "guerra contra el narco" han cometido incontables actos similares de abuso y violencia. Pero ahora podrán hacerlo avalados por la reforma judicial.

Al margen de las consideraciones ciudadanas, la clase política ya decidió por nosotros. De la mano de Emilio Gamboa y Héctor Larios, las y los legisladores panistas y priistas están a punto de convertirla en ley. En diciembre, las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática la aprobaron, pero ahora la cuestionan argumentando que hubo cambios en la minuta del Senado.

¿Qué propone la reforma constitucional en materia de justicia que será aprobada esta semana? Lo bueno es que contempla los llamados juicios orales, que permitirán agilizar la impartición de justicia y hacer transparentes los procesos. Además, prevé un apartado de "derechos de las víctimas", donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección. (Aunque esas garantías ya estaban supuestamente protegidas por la Constitución y por los tratados internacionales).

Lo peligroso es que establece cambios constitucionales al Artículo 16, en lo referente a cateos y allanamientos. Esto significa que cuando la reforma judicial sea adoptada por la mayoría de los estados, permitiría cateos y allanamientos sin orden judicial, "cuando se trate de situaciones extremas o de excepción y cuando esté en peligro la vida o integridad de alguna persona".

La reforma incluye el nombramiento de "jueces de control" encargados de la resolución rápida de solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y de realizar las audiencias preliminares en el juicio. Esto lo podrán hacer por escrito, o si hay prisa, de "manera oral".

Más peligroso es que para emitir órdenes de aprehensión se reducen los requisitos para el juez, quien ya no requerirá "la acreditación del cuerpo del delito", ni la probable responsabilidad del inculpado. Aunque el arraigo es "exclusivamente para casos de delincuencia organizada, en México se sigue aplicando el "primero arresta y después averigua".

También el estado podrá quedarse con los bienes de las organizaciones y grupos de delincuentes aún cuando no se haya dictado sentencia, si se determina responsabilidad penal; esto incluye los delitos de lavado de dinero.

Efectivamente, esta reforma tiene un lado positivo, pero como no va acompañada de un cambio estructural, lo más probable es que se convierta en un aval para la ya evidente y grave violación sistemática a los derechos humanos de las y los mexicanos. Porque quien opera estas leyes es el sistema mismo que las corrompe y las utiliza a su antojo. El problema central con esta reforma es que quienes la enarbolan son los mismos que han protegido el enriquecimiento ilícito de gobernadores y familiares de presidentes. Los que avalan la colusión de servidores públicos para defensa de delincuentes.

El problema central de esta reforma constitucional es que otorga un margen de discrecionalidad mayor al eslabón que siempre falla: los estratos corruptos del aparato de justicia. En pocas palabras, dejará en mayor indefensión jurídica a la sociedad y protegerá a los policías que primero torturan o matan y después averiguan, y a los ministerios públicos y jueces que por corrupción o ineptitud se hacen cómplices del crimen organizado.

Lydia Cacho
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2008).

Los estudiosos del derecho no dejan de elogiar, unos más y otros menos, estos cambios en lo que se refiere al trabajo de los jueces, el desarrollo de los juicios, el tiempo de los procesos judiciales y la presentacion de testimonios, pruebas y peritajes, revolución que dejará atrás la lentitud, opacidad y poca productividad que caracterizan el trabajo que se realiza hoy día en todos los juzgados del país.

Por desgracia no podía faltar el negrito en el arroz y deploran de forma unánime que a esta gran y trascendente reforma del sistema judicial se le adicionará en su apartado de seguridad un articulado que otorga a las policías facultades que, sin duda alguna, violan las garantías individuales y los derechos humanos.

Son dos las atribuciones que gracias a esta reforma tendrán los cuerpos de seguridad y que ponen los pelos de punta al más templado: la legalización de los allanamientos de morada o cateos policiacos, así como de los arraigos sin orden judicial.

Más allá de los grandilocuentes y presuntuosos argumentos de los legisladores, la Constitución es absolutamente clara cuando determina que en territorio mexicano ningún individuo podrá ser molestado en sus bienes o su persona sin orden expresa de un juez, medida que tiene como objetivo defender a los ciudadanos ante posibles excesos en la acción del estado y su gobierno.

Pero los legisladores de PAN y PRI pretenden justificar este atropello a los derechos de las personas que por su voto estarán indefensas ante los excesos de las procuradurías, pues al parecer los congresistas olvidaron que tocará poner en práctica su reforma a la putrefacta estructura policiaca mexicana. Ciegos, se ufanan de su obra como si hubieran entregado un bisturí a un neurocirujano, cuando en realidad lo que hicieron fue regalarle un garrote a un orangután.

Néstor Ojeda
(v.pág.2 del periódico Público del 24 de febrero de 2008).

Porque con la pena, primero habría que hacer la espléndida pregunta de quién fue el genio (o sea, the big wiseass) que decidió mezclar la magnesia con la gimnasia. Y dejó fuera de esta fiesta al verdadero monstruo de múltiples cabezas urgido de mecanismos para acotarlo, modernizarlo y transformarlo llamado... Ministerio Público.

Porque es precisamente ahí donde está el arreglón, la corrupción y el nudo marino aprovechado por los poderosos intereses que empujan esta delicada reforma que, con la novedad, los célebres juicios orales -los cuales implican una modificación marca ACME de todo el complejo sistema judicial- aterrizarán hasta dentro de 7 u 8 años mientras que, al día siguiente de la aprobación por parte de nuestras distinguidas lacritas legislativas de este espectacular bodrio, se da pie a una reacción en cadena de peligrosa represión e impunidad en estados donde lo que priva es el capricho, los deseos y la voluntad del mandatario en turno.

Marcela Gómez Zalce
(v.pág.30 del periódico Público del 22 de febrero de 2008).

La reforma judicial, esto contraargumentan los perredistas, será un "mazazo jurídico" contra el artículo constitucional que ha sido pilar indiscutible de la defensa de las garantías individuales, estipulado así desde el Primer Congreso Constituyente de 1824: el Artículo 16, que reza: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

La oposición a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional teme que con la reforma judicial la gente pueda ser acusada de haber cometido delitos inventados, o incluso por causas ajenas a la justicia.

Vicente Bello, en su columna "Tren Parlamentario"
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de febrero de 2008).

Dos factores importantes ayudan a que esto sea así: la fragilidad del estado de derecho que incide en el funcionamiento de los órganos policiacos, y la ausencia de la virtud pública de la razonabilidad, entendida ésta como la virtud civil de ser justo y que debe orientar a las instituciones bajo los principios de la tolerancia, la libertad y la igualdad (Luis Muñoz Oliveira, 2008).

Dice el mismo filósofo Luis Muñoz: la actuación injusta de instituciones que deberían ser justas es fuente de desintegración social. No debe sorprendernos, entonces, que nuestra maltrecha y entrañable ciudad sea ese espacio que el narcoterrorismo ha seleccionado para elevar la mira de sus objetivos bélicos.

Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 17 de febrero de 2008).

Los argumentos de las organizaciones subrayan además que el Ministerio Público podría actuar con parcialidad durante la averiguación que realiza, porque el hecho de contar con una persona privada de la libertad lo impulsa a orientar su investigación e interpretar los indicios, en el sentido de justificar a posteriorila imputación hecha a priori.

El arraigo constituye una detención arbitraria violatoria del derecho a la libertad personal, previsto en el artículo 7 de la Convención Americana, así como de las garantías judiciales de debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, contenidos en el numeral 8 de la misma.

Las organizaciones indican que la carencia de una investigación científica, objetiva y profesional, no se debe a que la policía no tenga autonomía, sino al hecho de que nuestro país arrastra una práctica inquisitiva en la que no había necesidad de desarrollar técnicas y métodos de investigación científica, pues se obtenía la confesión de la persona acusada, lo que ahora además se pretende reforzar.

(V.pág.18 del periódico Público del 17 de febrero de 2008).

No me queda duda que después de 10 o 20 carros aplastados nadie se atreverá a estacionarse de nuevo en el lugar destinado a los peatones. La duda es si ese acto puede considerarse un delito. Desde el punto de vista del derecho civil, habría claramente un daño a propiedad ajena. Desde el punto de vista del derecho al libre tránsito, el peatón puede y debe brincar un obstáculo que le impide el tránsito, como si fuera la raíz de un árbol, un bote de basura o una pila de ladrillos (todas esto hay en las banquetas). El peatón no debe bajarse al arroyo porque pone en peligro su vida y además, en caso de un accidente, se diría que fue imprudente al invadir la calle. Podría discutirse el punto legalmente, pero representa un riesgo de conflicto y sobre todo puede ser considerado como un acto ilegal. Lo que sí es legal es quitar el obstáculo sin dañarlo. Esto es, mover el automóvil y ponerlo donde debe ir, de patitas a la calle. Eso provocará problemas viales, mentadas de madre y un terrible dolor de cabeza al dueño del auto. Ese es su problema. Una marabunta de 20 puede mover los obstáculos sin mayor sufrimiento.

¿Qué pasa cuando el obstáculo no es un automóvil sino un elemento fijo, llámese mobiliario urbano o un puesto de tacos, churros o papitas que invade el espacio público y obstruye el libre tránsito de los peatones con autorización de los ayuntamientos? Es curioso pero a nadie le dan permiso de poner un puesto a la mitad de López Mateos, porque provocaría un caos vial, pero sí se permite que se instale todo tipo de cosas encima de las banquetas. La marabunta no puede atentar contra el mobiliario urbano, aunque sea un absurdo mueble de teléfono sin teléfono, porque terminaría en los juzgados municipales. Lo que sí puede hacer es pedir, exigir, a las autoridades municipales que respeten y hagan respetar el espacio público tapizando de calcas los elementos que impiden el libre tránsito hasta que se deje de ver el espacio público como el lugar de nadie y comencemos cuidarlo y apreciarlo como el lugar de todos. Marabunta.

Diego Petersen Farah
(v.pág.3 del periódico Público del 15 de febrero de 2008).

Mientras 78 funcionarios de primer nivel defienden ante el Tribunal de lo Administrativo la legalidad de su cuestionado incremento de hasta 33%, los empleados de base se enfrentaron ayer a policías para exigir 8%, en vez del 5 que les dieron.

El alcalde panista repelió con policías y antimotines a más de 500 trabajadores que bloquearon, por más de 8 horas, las principales calles de la cabecera municipal.

Además de los enfrentamientos y el acta administrativa por faltar a laborar, a los empleados les esperan denuncias penales por obstrucción de vialidades, que interpondrán los funcionarios que defienden su propio incremento salarial.

La quinta manifestación de este año contra la actual administración incluyó golpes -a hombres y mujeres por igual-, empujones e insultos, 7 empleados detenidos y 2 policías lesionados.

El sonido de los antimotines azotando con fuerza los toletes contra los escudos no intimidó a los trabajadores de los sindicatos Zapopan y de los Servidores Públicos del Ayuntamiento.

A las 13:30 horas hubo golpes y empujones para desalojar Avenida Américas, Laureles y Avila Camacho. Tres horas más tarde se dio el segundo enfrentamiento.

Tras el enfrentamiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió el acta de investigación 38/2008 para conocer las posibles violaciones a las garantías individuales contra los manifestantes y contra quienes fueron detenidos.

(V.primera plana del periódico Mural del 14 de febrero de 2008).

El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana exigió un aumento del 15% directo al salario, según su líder Ernesto Núñez.

Alrededor de 2,500 profesores pararon sus labores desde las 7:00 horas y se apropiaron de Ciudad Universitaria, así como de los edificios administrativos, centros de investigación y las escuelas que operan en sedes externas.

En Chilpancingo, Guerrero, unos 1,500 niños quedaron sin clases en Tixtla porque 100 maestros pararon las clases para exigir la salida de 2 mentores presuntamente impuestos por autoridades educativas.

(V.pág.10 del periódico Mural del 14 de febrero de 2008).

En la capital mexicana es común ver protestas de todo tipo, peregrinaciones religiosas y eventos deportivos en la calle que perturban el tráfico de la ya congestionada urbe, habitada por 18.3 millones de personas, según el último censo.

De las protestas, 892 fueron por problemas de carácter local, 1,582 por asuntos de orden federal y 458 correspondieron a eventos religiosos, deportivos y culturales, indicó en un comunicado la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

De acuerdo con las clasificaciones oficiales, del total de movilizaciones 1,158 fueron concentraciones, 466 bloqueos de vías, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones públicas, 3 huelgas de hambre, una protesta individual y 458 eventos distintos.

Con base en el informe anual de movilizaciones de la ciudad, los eventos culturales, religiosos y deportivos fueron los que más personas convocaron, ya que en ellos participaron el año pasado 11.3 millones de personas.

Por el contrario, a las expresiones en la vía pública con reivindicaciones de tipo local asistieron 150,322 personas, y a las protestas federales acudieron 882,525 personas.

El pasado mes de enero se registraron en la ciudad 194 movilizaciones, apuntó la alcaldía, con motivos diversos como dotación de energía eléctrica, educación, demandas de empleo, políticas agrarias, jurídicas, salud y transporte.

(V.Agencia Efe, 10 de febrero de 2008).

Carlos Dragonné
(v.pág.13 del periódico Público del 10 de febrero de 2008).

Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 6 de febrero de 2008).

Decenas de miles de manifestantes ocuparon desde la mañana las principales avenidas de la capital para marchar hacia el Zócalo. Por la mañana, sólo un indicente sin consecuencias que lamentar en la Plaza de la República.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que en la Plaza de la Constitución un tractor lesionó al policía Gaspar Cruz Ignacio, elemento de la Unidad de Protección Ciudadana del sector Nápoles, al pasarle una de las llantas sobre su pie.

Las autoridades capitalinas informaron que fue detectado un grupo de aproximadamente 50 "punketos" que se infiltraron en la movilización campesina.

Los jóvenes con rostro cubierto con paliacate hicieron pintas sobre Paseo de la Reforma., entre estas, "Alto al imperialismo rapaz" en la Cámara de Comercio.

Sobre avenida Juárez y Humboldt, elementos de protección ciudadana, intentaron detener a un joven que pretendía hacer otra pinta. Los manifestantes, para impedirlo, aventaron comida y líquidos a los uniformados, quienes desistieron de la detención.

Luego del arribo de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, los jóvenes que lo acompañaban comenzaron a aventar a la gente, lo que derivó en un intercambio de golpes.

Sin más, algunos inconformes lanzaron gas lacrimógeno que causó ceguera momentánea e irritación a por lo menos 10 personas, entre estas al diputado de la Comisión del Trabajo, José Antonio Almazán, quien fue conducido de inmediato a servicios médicos. Luego se incorporó al mitin sin problemas.

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, convocó a los presentes a tomar el 7 de febrero la Cámara de Diputados para hacer sentir a los legisladores su profundo rechazo hacia las reformas energética y laboral, y exigir la renegociación del TLCAN.

Un motor fue la Confederación Nacional Campesina, que se volcó con cuadras y cuadras de grupos con banderolas verdes y leyendas de cada estado, con su veintena de legisladores federales y con un líder, Cruz López, de discurso radical inimaginado para uno de los sectores del viejo PRI.

De esa faz rural habló Miguel Luna por el frente de 16 organizaciones llamado Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, que se ufanó en que así "unidos obligaremos al gobierno de Calderón a tratarnos distinto"; Gabino Gómez García por las 13 centrales del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, los que vinieron en marcha desde Chihuahua y promovieron la campaña "Sin maíz no hay país".

El contingente más numeroso fue del Sindicato Mexicano de Electricistas; por el de la Unión Nacional de Trabajadores, el jefe de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez; por la nueva coordinadora de trabajadores universitarios, el dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes.

Por las organizaciones sociales y no gubernamentales también se eligieron voces de otros frentes amplios: Artemio Ortiz, de la sección 18 de maestros, habló por las coordinadoras, como la Nacional de Trabajadores de la Educación; el padre y escritor Miguel Concha fue el comisionado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Civiles y Max Agustín Correa, jefe de la Central Campesina Cardenista, por los sectores sociales que hacen frente en la UNT.

(V.págs.25 y 26 del periódico Público del 1o.de febrero de 2008).

Los invasores intentaron llegar a un arreglo para adquirirlas a través de un crédito, pero cuando les informaron que no podían porque estaban vendidas, se originó la discusión y bloqueo.

(V.pág.10 del periódico Mural del 31 de enero de 2008).

Vecinos de la calle de Juan A.Mateos aseguraron que desde el miércoles pasado, día de los ventarrones en la ciudad, se quedaron sin energía eléctrica y hasta el momento no se ha repuesto el servicio, pese a que Luz y Fuerza aseguró haberlo restablecido 100%.

(V.pág.18 del periódico Público del 27 de enero de 2008).

Así estamos: jaque al rey. Bueno, a unos caballitos medio desechables, pues. Falta ver la respuesta oficial: si deciden seguir haciéndose patos y crece la bomba, o si van a ponerse (al fin) a trabajar por los que los pusieron en el cargo...

Paco Navarrete
(v.pág.8 del periódico Mural del 24 de enero de 2008).

Lázaro Cárdenas, una de las arterias más importantes de la ciudad, estuvo cerrada ayer por 2 horas, de Mariano Otero a López Mateos, debido a una protesta de vecinos en contra de una gasolinera.

Este bloqueo fue encabezado por el diputado local del PRI, Jorge Arana, y el regidor en Zapopan por el PRD, Manuel Villagómez, ambos vecinos de la zona.

Unos 50 colonos fueron los que se encargaron de apostarse desde las 12:00 horas sobre la vialidad con pancartas, para evitar el paso de los vehículos en el cruce de Lázaro Cárdenas y la Avenida Chapalita, frente a la construcción de la estación.

El vicepresidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco y Nayarit, Pablo González Córdova, también estuvo presente en el bloqueo, porque, dijo, sus oficinas están en esa zona y la estación viola la legislación estatal y federal.

La ilegalidad que señalan los inconformes es que la gasolinera está a 5 metros de ductos de PEMEX y Tractebel instalados en el subsuelo de Lázaro Cárdenas, motivo suficiente para que el Ayuntamiento negara la licencia de construcción.

"Aquí lo que nos llama la atención es que si en un mes han trabajado día y noche para que prácticamente esté terminada, lo hacen con el fin de eludir la autoridad, ¿dónde está la autoridad para parar la obra?", señaló González Córdova.

A las 13:50 horas se abrió nuevamente la vialidad, después de que el secretario general del ayuntamiento [de Guadalajara], Alfonso Rejón Cervantes, les informó vía telefónica a los inconformes que hoy los recibirá el alcalde Alfonso Petersen Farah en su oficina.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 24 de enero de 2008).

(V.pág.12-A del periódico El Informador del 23 de enero de 2008).

De acuerdo con el SAT, al cierre del programa, el 31 de diciembre del año pasado, las 66 oficinas de administraciones locales de Servicios al Contribuyente recibieron una cifra poco superior a las 30,000 solicitudes de condonación. "El número de contribuyentes originalmente sujetos al programa de condonación es de 205,000 con créditos por un importe histórico de 193,000 millones de pesos", explica el SAT.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, comentó los resultados del programa: "Lamentablemente no se agotó el universo total; entonces, la Secretaría de Hacienda y el SAT van a tener que seguir cumpliendo con sus responsabilidades".

En la última semana del año el Servicio de Administración Tributaria recibió la solicitud de 90% de la población que buscó acogerse al citado programa. "Durante la última semana se atendieron aproximadamente 27,000 contribuyentes en todo el país", detalló Hacienda.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2008).

En estos momentos la Cámara de Diputados está en falta a la Constitución, por el fracaso en la negociación de PAN, PRD y PRI, quienes no pudieron llegar a un acuerdo y pospusieron una decisión, aún por encima de la Carta Magna.

(V.pág.19 del periódico Público del 20 de enero de 2008).

Una multitudinaria manifestación de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que exigen la derogación de la nueva Ley del ISSSTE, con una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Palacio de Justicia Federal, generó caos vial en las principales vialidades del centro histórico del D.F. Además de los maestros, en la movilización participaron contingentes de los sindicatos Mexicano de Electricistas y del Colegio de Bachilleres, así como de diversas universidades y de organizaciones del Frente Nacional Sindical.

(V.primera plana del periódico El Informador del 19 de enero de 2008).

Por espacio de 40 minutos, los campesinos y grupos de organizaciones civiles que los apoyan bloquearon el citado cruce internacional.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de enero de 2008).

(V.pág.10 del periódico Público del 18 de enero de 2008).

(V.pág.4 del periódico Mural del 17 de enero de 2008).

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 17 de enero de 2008).

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de enero de 2008).

[Si se esperan, capaz que les perdonan el 100%... al cabo ahí tienen a los cumplidos para que los sigan manteniendo - el webmaster.]

(V.pág.2-B del periódico El Informador del 16 de enero de 2008).

(V.Hoja Parroquial de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R. del 13 de enero de 2008).

El tesorero Armando González Cantú, informó ayer que 80,000 cuentas, de las 443,000 que tienen registradas en el padrón tapatío tienen retrasos en sus pagos desde 1995 a la fecha.

De acuerdo a la información publicada en la página web del ayuntamiento, hay 422 cuentas con deudas mayores a los 100,000 pesos, siendo 29 millones de pesos la más alta.

La dependencia inició de junio pasado a la fecha 300 procesos para el embargo de bienes, de los cuales 155 ya se ejecutaron.

[A ese paso, 300 procesos por año, se van a tardar casi 267 años en embargar a todos, por lo que hay tiempo de sobra para esperar que les perdonen años atrasados, multas y recargos, como acostumbran hacer como premio a los morosos - el webmaster.]

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de enero de 2008).

Tras permanecer bloqueando durante casi 30 minutos avenida Hidalgo, una comitiva de comerciantes sostuvo una reunión con el secretario general, Ignacio Alfonso Rejón Cervantes para negociar la devolución de los productos.

"El acuerdo al que llegamos es que se nos va a devolver la mercancía que se nos decomisó, estamos hablando de un triciclo y algo de fruta, que seguramente, ya está echada a perder", dijo Cabrera Vera.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 8 de enero de 2008).